Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20171003s0033312983.html
Timestamp: 2019-06-27 06:23:41
Document Index: 96143446

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 168', 'artículo 187', 'artículo 7', 'artículo 172', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 164', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 164', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 128', 'artículo 139', 'artículo 26', 'artículo 269', 'artículo 27', 'artículo 331', 'artículo 28', 'artículo 344', 'artículo 271', 'artículo 29', 'artículo 367', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 30', 'artículo 382', 'artículo 321', 'artículo 31', 'artículo 394', 'artículo 32', 'artículo 397', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 35', 'artículo 71', 'artículo 36', 'artículo 179', 'artículo 15', 'artículo 144', 'artículo 17', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 158', 'artículo 24', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 224', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 266', 'artículo 259', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 144', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 266', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 266', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 266', 'artículo 24', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'Artículo 266', 'artículo 81', 'artículo 224', 'artículo 259', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 96', 'artículo 311', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 1']

33ª Sesión Ordinaria del 3 de octubre de 2017
N.º 33 - TOMO 571 - 3 DE OCTUBRE DE 2017
–	El señor senador Larrañaga presenta un proyecto de minuta de comunicación, relacionado con la reforma de la seguridad social militar.
–	El señor senador Bianchi solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Prefectura Nacional Naval; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y, además, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, y a la Intendencia de Maldonado para su conocimiento, relacionado con las medidas adoptadas para la protección de la calidad medioambiental de la cuenca de la Laguna del Sauce.
–	El señor senador Mieres solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con la situación de la cobertura de internet en el departamento de Cerro Largo.
–	El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el funcionamiento de una empresa del grupo Ancap.
–	El señor senador Camy solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con el núcleo urbano denominado Barrio Cerámicas del departamento de San José.
–	A solicitud del señor senador Larrañaga, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad de la República, Facultad de Ciencias, relacionado con estudios referentes a los ríos Negro, Uruguay y Santa Lucía y sus respectivas cuencas.
–	A solicitud del señor senador Bordaberry, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar dos pedidos de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyo, relacionados con la construcción y financiamiento de obras del Antel Arena.
9), 15) y 24) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Martínez Huelmo, Passada, Tourné, García, De León y Moreira.
–	Quedan convocados los señores senadores García, Ferreira, Pardiñas, Da Silva, Aristimuño y Preve.
–	Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve enviar a la Unión Interparlamentaria todas las fundamentaciones de voto sobre la licencia otorgada a la señora senadora Passada.
10)	Enseñanza de la técnica de reanimación cardiopulmonar básica en los programas educativos formales
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública, a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, al Codicén de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y a las universidades privadas.
11)	Poeta y escritor Washington Benavides. Su fallecimiento
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a su esposa Nené, a su hijo Pablo, a Carlos –Carlitos–; a la Intendencia de Tacuarembó y en su nombre al pueblo de Tacuarembó; a Agadu y al Ministerio de Educación y Cultura.
12)	Agresión a trabajador rural por parte de su capataz
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la prensa nacional, en especial a la que se dedica a temas rurales o agropecuarios, a la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines, al Sindicato de Peones de Estancias del PIT-CNT y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
13)	Reglamentación de la ley de acoso sexual en el ámbito laboral
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al PIT-CNT.
14)	Situación del peón rural
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Trabajo y Seguridad Social, al Sindicato de Trabajadores Rurales, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.
16)	Planteo de asunto político
–	Manifestaciones del señor senador Mieres sobre una conducta por parte del embajador de Venezuela en Uruguay.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve hacer suya la preocupación que genera la violación de la norma internacional y solicitar a la Cancillería que actúe tomando conocimiento del tema y, al mismo tiempo, con respecto al embajador, corrigiéndolo por esta acción, estableciendo las consecuencias que correspondan.
17)	Postergación del numeral primero del orden del día
–	La presidencia informa que como no se han planteado propuestas, se posterga su consideración.
18)	Alteración del orden del día
–	Por moción de los señores senadores Delgado y De León, el Senado resuelve alterar el orden del día y considerar de inmediato un proyecto de declaración presentado por el señor senador Cardoso con la firma de todos los partidos y, a continuación, el punto tercero.
19)	Declaración de solidaridad ante el terremoto ocurrido en México y los eventos climáticos acaecidos en países de la región
–	Proyecto de declaración presentado por el señor senador Cardoso, con la firma de todos los partidos, expresando su solidaridad con los pueblos y los gobiernos hermanos.
20)	Código del Proceso Penal
–	Proyecto de ley por el que se modifican la Ley n.º 19293 y otras normas para adecuarlas al nuevo Código del Proceso Penal.
21)	Actos de discriminación y femicidio
–	Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal.
22)	Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América y Acuerdo administrativo para su implementación
23)	Señores Mario Juan Bosco Cayota Zappettini y Bernardo Greiver. Designación como embajadores
–	Solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlos en calidad de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la república ante la Santa Sede y ante el Gobierno del Estado de Israel, respectivamente.
25)	Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a dos funcionarios
26)	Suspensión de la sesión del día 4 de octubre
•	Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve suspenderla.
27)	Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 29 de setiembre de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 3 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, relacionados con actos de discriminación y femicidio.
Carp. n.º 435/2015 - rep. n.º 502/17 - anexo I
3.º) por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, y otras normas con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
Carp. n.º 864/2017 - rep. n.º 504/17 - anexo I
4.º) por el que se aprueban el Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América y el Acuerdo administrativo entre las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América para la implementación del Convenio sobre seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, suscritos en Montevideo, el 10 de enero de 2017.
Carp. n.º 793/2017 - rep. n.º 501/17
5.º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la Santa Sede, al señor Mario Juan Bosco Cayota Zappettini.
Carp. n.º 875/2017 - rep. n.º 499/17
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno del Estado de Israel, al señor Bernardo Greiver.
Carp. n.º 893/2017 - rep. n.º 498/17
6.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 31 de octubre de 2017).
Carp. n.º 872/2017 - rep. n.º 505/17
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Beramendi, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintado y Xavier.
FALTAN: con licencia, las señoras senadoras Moreira y Tourné.
• por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de la declaración de la Unesco “El candombe y su espacio socio cultural: una práctica comunitaria” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
• Por el que se autoriza la salida del país de personal de la Fuerza Aérea Uruguaya y la entrada y salida de fuerzas extranjeras a nuestro país, con motivo de la participación en los ejercicios militares combinados Río 2017, a realizarse del 4 al 8 de diciembre de 2017 en el litoral suroeste del país, y el ejercicio Tanque, a realizarse del 27 de noviembre al 1.º de diciembre de 2017 en el área Terminal Durazno.
• por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2016;
• por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 3.º de la Ley n.º 17829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, relativo a la retención de haberes sobre las pasividades.
• Por el que solicita, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para designar a varios doctores en el cargo de fiscal adscripto, escalafón N.
• Por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y el literal a) del artículo 7.º de la Ley n.º 15800, de 17 de enero de 1986, la venia correspondiente a fin de designar en calidad de director en el Directorio del Banco de Previsión Social, al señor Álvaro Claudio Nodale Díaz.
El Ministerio de Defensa Nacional remite un oficio por el que comunica que fue cancelado el ejercicio Cooperación V, aprobado por la Ley n.º 19519, de 17 de agosto del corriente.
El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes presentado por la señora senadora Walkiria Olano el día 11 de julio de 2017, relacionado con el Servicio Nacional de Sangre y el Hemocentro de Maldonado.
–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA OLANO.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con las medidas adoptadas frente a las inundaciones en el litoral de nuestro país.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva, por vencimiento del plazo reglamentario, un mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas.
–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA.
La Comisión de Asuntos Internacionales remite informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo:
• a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno del Estado de Israel, al señor Bernardo Greiver;
• a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la Santa Sede, al señor Mario Juan Bosco Cayota Zappettini.
Asimismo, remite informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América y el Acuerdo administrativo entre las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América para la implementación del convenio sobre seguridad social, suscritos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 10 de enero de 2017.
La Comisión de Constitución y Legislación remite informados los siguientes proyectos de ley:
• por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, relacionados con actos de discriminación y femicidio;
• por el que se modifican artículos de la Ley n.° 19293, de 19 de diciembre de 2014, y otras normas, con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con el núcleo urbano denominado Barrio Cerámicas del departamento de San José.
El señor senador Jorge Larrañaga solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad de la República, Facultad de Ciencias, relacionado con estudios referentes a los ríos Negro, Uruguay y Santa Lucía y sus respectivas cuencas.
El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, solicita la reiteración de dos pedidos de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos, relacionados con la construcción y financiamiento de obras del Antel Arena.
–SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.
La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila María del Rosario Borges, relacionadas con la medicación Spinraza para el tratamiento de la atrofia muscular espinal.
La Junta Departamental de Lavalleja remite nota comunicando la aprobación de una resolución relacionada con la organización de familiares de personas que padecen atrofia muscular espinal.
–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de minuta de comunicación presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación relacionado con la reforma de la seguridad social militar.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Daniel Bianchi solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Prefectura Nacional Naval; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y, además, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y a la Intendencia de Maldonado para su conocimiento, relacionado con las medidas adoptadas para la protección de la calidad medioambiental de la cuenca de la Laguna del Sauce.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con la situación de la cobertura de Internet en el departamento de Cerro Largo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el funcionamiento de una empresa del grupo Ancap.
Se va a votar si se remite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la exposición escrita presentada por el señor senador Camy.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Larrañaga, del que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
Corresponde ahora votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Bordaberry, del que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión extraordinaria del 18 de setiembre no se registraron inasistencias.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 20 de setiembre faltó con aviso la senadora Eguiluz.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 17 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Lacalle Pou y Pintado.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 5 de setiembre faltó con aviso el señor senador Michelini; a la sesión del 19 de setiembre faltó con aviso la señora senadora Eguiluz; y a la sesión del 26 de setiembre faltó con aviso el señor senador Heber.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 12 de setiembre faltaron con aviso los señores senadores Bianchi y Carámbula.
A la sesión de la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral del 6 de setiembre faltó con aviso el señor senador Coutinho.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, setiembre 27 de 2017
En mi calidad de miembro de la delegación del Parlamento nacional ante la Unión Interparlamentaria, y al amparo del artículo 1.º, literal C) de la Ley n.º 17827, me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia desde el día 10 al día 20 de octubre próximo.
Motiva tal petición las convocatorias adjuntas a participar en la 137.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y de la Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe –Grulac–, a llevarse a cabo en San Petersburgo, Federación Rusa.
Saludo a usted con mi más alta consideración y estima personal.
Se comunica que el señor Lauro Meléndez ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: solicitamos la licencia –como corresponde cada vez que surge una misión– para asistir, en este caso, a la asamblea de la Unión Interparlamentaria, que se realizará a partir del próximo 10 de octubre.
En esta oportunidad llevamos un importante deber, que es el de promocionar la presidencia de Uruguay en la UIP. La señora senadora Ivonne Passada disputa, con una parlamentaria mexicana, la presidencia de ese ámbito parlamentario –el más importante del mundo–, que reúne entre 2500 y 3000 parlamentarios de todo el mundo. Se ha dicho –y creo que con razón– que la Unión Interparlamentaria vendría a ser las Naciones Unidas de los parlamentos.
Reitero que vamos con una importante y exigente agenda de trabajo, a los efectos de perfilar a la república y a este Parlamento para tan alta dignidad de la Unión Interparlamentaria en la persona de la señora senadora Ivonne Passada, que dignamente representa y preside esta delegación.
Obviamente, al regreso haremos un informe detallado de otras actividades que están estipuladas en el programa de la agenda de esta reunión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Debo informar al Cuerpo que los detalles del viaje de la delegación fueron repartidos a los coordinadores de las bancadas respectivas.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º, literal C, de la Ley n.º 17827, desde el día 10 hasta el día 18 de octubre del presente año, con motivo de participar en la 137.ª Asamblea de la UIP, a realizarse en San Petersburgo, Federación de Rusia.
Se comunica que el señor Gonzalo Mujica ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Zulimar Ferreira, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: acompaño lo que mencionaba el senador Martínez Huelmo, pero quisiera agradecer en particular el apoyo que ha recibido esta candidatura por parte de todos los partidos que integran el Parlamento. Independientemente del nombre, esta actitud fortalece la política y demuestra que, cuando queremos, podemos ponerla en práctica de muy buen acuerdo, cosa que ha sido reconocida en diferentes ámbitos y reuniones de los que hemos participado.
Agradezco, también, a los integrantes de la Secretaría del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria y, en particular, a aquellos funcionarios que nos proporcionaron todo el material de comunicación que utilizamos. No realizamos ninguna campaña que significara un gasto para este Parlamento. Lo que hicimos fue recorrer cada una de las embajadas y presentar con total austeridad la propuesta de trabajo. El único apoyo que tuvimos –por eso queríamos agradecerlo especialmente– ha sido el de esta casa, a través de los funcionarios y de cada uno de ustedes. Es así que ha salido una candidatura con apoyo de todos los parlamentarios.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: es una ocasión rara y, a la vez, satisfactoria, la de votar una licencia cargada de tanta expectativa para el Uruguay, para el Parlamento y, en particular, para el Senado, a los efectos de llevar a cabo una tarea cuyo objetivo no será fácil de alcanzar.
La senadora Ivonne Passada hacía reconocimientos y expresaba agradecimientos que son más que justos. Creo que todos hemos contribuido desde los distintos ámbitos en los que participamos. Personalmente, acabo de realizar un informe, y me parece que es una tarea que deberíamos incorporar al Reglamento. Entiendo que cuando salimos al exterior, deberíamos elaborar un informe de lo que hemos hecho. Al respecto, damos cuenta de varias cosas: de la tarea que realizamos en lo que tiene que ver con la definición de una ley de roaming internacional –tan necesaria para América Latina–, compartiéndolo como una zona común de llamadas de celulares; de la gestión para una Escuela Latinoamericana de Gobierno; y de la gestión para la candidatura –con buena recepción por parte de las delegaciones de Cuba, Argentina, Curazao, Ecuador, Bolivia y Perú– de nuestra querida compañera Ivonne Passada.
Deseo a la señora senadora el mayor de los éxitos. No es fácil estar compitiendo con un poder económico importante, aunque se trate de una nación latinoamericana que ha invertido mucho. Ojalá la Unión Interparlamentaria tenga la sensibilidad de poner al frente a una legisladora que representa exactamente lo contrario a la ostentación. A veces se confunde ostentación con inteligencia; sin embargo, se puede ser austero, humilde, inteligente y trabajador, cuatro cualidades que representan muy bien a la senadora Passada.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: si bien Uruguay, a lo largo de los años, ha tenido múltiples responsabilidades en la Unión Interparlamentaria, nunca ha competido por una responsabilidad tan significativa como su presidencia. Eso no lo regala nadie, sino que se conquista a través del trabajo sistemático, serio y responsable.
Uruguay se maneja siempre con delegaciones multipartidarias, lo que significa una carta de presentación que no pueden tener otros países; y lo hace siempre, cuando las circunstancias son buenas y cuando las circunstancias son complejas. Lo considero un valor agregado que tenemos y que, sin duda, es reconocido por las delegaciones de otros países y por el propio staff de la Unión Interparlamentaria, que tiene niveles de exigencia muy altos.
Compensamos las limitaciones económicas de despliegue con estas otras cosas, que son las que valen: el trabajo sistemático, el trabajo amplio y profundo, el encarar todos los temas.
En la Unión Interparlamentaria, en particular, hay temas que son muy caros y Uruguay, con su pequeña dimensión, pero con su coherencia en materia de principios, siempre ha tenido el reconocimiento, y se refiere, nada más ni nada menos, que al tema de la paz. En todas las instancias de conflicto –que lamentablemente nos anteceden y que ojalá no duren mucho más tiempo en el escenario internacional–, Uruguay siempre ha estado atento a promover el intercambio. Además, como los Parlamentos en general son plurales, siempre se ve facilitado el surgimiento de mejores soluciones o, al menos, caminos de entendimiento.
Así que deseo a la senadora Passada y a la delegación que la acompaña el mayor de los éxitos porque, realmente, es una apuesta de muy largo tiempo y un reconocimiento para todos los uruguayos.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: muy brevemente, quiero decir que he participado de esas instancias y creo que estar presente en una organización en la que hay más de 160 países representados tiene una significación superlativa. Esa es la realidad.
He sido testigo y partícipe del esfuerzo de las compañeras y los compañeros en ese ámbito. Recuerdo el esfuerzo y el trabajo de la delegación en instancias en que la senadora Xavier fue electa presidenta del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria.
Por lo tanto –nobleza obliga–, auguramos a la senadora Ivonne Passada el mejor de los éxitos porque se trata de una posición importante y trascendente para el país. Ojalá se pueda lograr el objetivo ya que muchas veces, esos grupos internacionales de países que se forman y que son muy fuertes, les significan dificultades a los representantes de países como el nuestro a la hora de definir un posicionamiento.
En función de esas experiencias, en el marco de rejerarquizar una presencia que es muy importante y a la luz de las expectativas que se pueden generar al país, ojalá que nuestra compañera de Senado, en representación de nuestro Parlamento, pueda alcanzar tan alta magistratura, pues estamos seguros de que defenderá principios importantes en el marco internacional, donde Uruguay no puede dejar de estar.
SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: no es frecuente ni común fundamentar el voto en circunstancias como estas. Sin embargo, creo que el sistema político representado en la Cámara de Senadores ha coincidido, de alguna forma, en la importancia que tiene esta circunstancia.
Por eso, hoy me congratulo de poder estar en este ámbito celebrando que nuestro país, en la persona de la senadora Ivonne Passada, está en condiciones óptimas para acceder a la presidencia de la Unión Interparlamentaria.
Quiero reivindicar el trabajo de las delegaciones uruguayas, pero sobre todo en el caso particular de la senadora Passada porque, como bien se dijo acá –hago mías todas las palabras que se vertieron–, es una legisladora totalmente afiliada al trabajo, a la responsabilidad parlamentaria, al trabajo austero, al trabajo conciliador y ha logrado, a nivel de la UIP, la particularidad de que hoy, en su persona, nuestro país esté en circunstancias óptimas –reitero– para asumir ese compromiso.
Reitero, entonces, que es una distinción para nuestro país, para nuestro Parlamento y, por supuesto, para la senadora Passada, y quiero reivindicar el papel que tiene la Unión Interparlamentaria. Hace un momento la senadora Xavier mencionaba el tema vinculado a la paz, pero podríamos agregar una cantidad de otros más. Sinceramente, creo que el periplo de la senadora Passada en distintos ámbitos de la unión es una carta de presentación importantísima y celebro que todos los partidos políticos de nuestro país –cosa no frecuente respecto de otras delegaciones– hoy estemos apostando a que esta candidatura se haga realidad.
Muchas gracias y felicitaciones a mi compañera y colega, Ivonne Passada.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: me parece pertinente expresar, de nuestra parte y del Partido Independiente, el apoyo a la candidatura de la senadora Ivonne Passada, que expresa y reivindica el papel que, en general, las representaciones parlamentarias de nuestro país han tenido en los foros internacionales.
Es bueno que se sepa expresamente que esta postulación, que es resultado de un largo trabajo, de mucho esfuerzo y responsabilidad, cuenta con el respaldo de todo el arco político de este país. Me parece que eso es parte de la señal que hay que dar.
Así que con mucho gusto hemos votado la licencia solicitada.
SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: es cierto que no es normal que cuando se vota una licencia fundamentemos el voto, pero creo que se trata de una buenísima oportunidad para afirmar la posición de nuestro partido sobre cómo ha estado trabajando el Uruguay desde hace muchos años en la UIP.
Desde hace muchos años, por el trabajo de varios legisladores –de algunos que están y de otros que no están más en el Parlamento– y gracias a un equipo administrativo del Parlamento de primerísimo nivel que, no tengo la menor duda, ha oficiado de hilo conductor y está siempre con todas las delegaciones, Uruguay ha logrado cosas muy importantes. Hoy se llega a un punto que, diría, es culminante: la enorme posibilidad de que uno de nuestros parlamentarios, la senadora Ivonne Passada, pueda presidir la UIP.
Así que votamos con mayor gusto, no la licencia, pero sí para que vayan a trabajar por la candidatura de Ivonne para que nos represente a todos como presidenta de la UIP. Es un enorme gusto y hemos votado con placer.
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: solicito que todas las fundamentaciones de voto sean enviadas a la Unión Interparlamentaria.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el senador.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de octubre de 2017
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días 3, 4 y 5 de octubre inclusive.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en Uruguay, por año, fallecen por muerte súbita cinco mil personas, cinco mil uruguayos, aproximadamente diez veces más –comparando con otra realidad que es muy grave en nuestro país– que en accidentes de tránsito. ¡Cinco mil uruguayos mueren por año de muerte súbita! Eso da un promedio de trece o catorce muertes por día. Quiere decir que, en lo que resta del día de hoy, van a morir poco más de una decena de uruguayos por muerte súbita.
¿Qué es la muerte súbita? Es la muerte de origen cardiovascular, que es inesperada porque prácticamente no da aviso. En el noventa por ciento de los casos se produce fuera de un ámbito de salud –es decir, de un hospital o de una mutualista– y de las veces que sucede en esas circunstancias, casi el ochenta por ciento de las personas entran en paro dentro de su domicilio o en un hogar cercano con alguien que está a su lado, con un testigo, esto es, un familiar, un compañero de trabajo o de estudio.
Cuando esto sucede, nos preguntamos si hay formas de evitar buena parte de estas muertes. ¡Y las hay! Lo mejor de todo es que las hay prácticamente de una forma que no requiere más que destrezas mínimas por parte de ese testigo que está al lado de la persona que entra en paro y que está presente en el ochenta por ciento de los casos en que eso sucede. Lo único que se requiere –insisto– es destreza y las dos manos; ¡nada más! La reanimación básica hoy se limita solamente al masaje cardíaco porque ya no se hace la tradicional asistencia ventilatoria, es decir, la respiración boca a boca, que –como todos sabemos– tenía ciertas resistencias. ¡Alcanza con el masaje cardíaco!
Si recorremos el Palacio Legislativo u otros ámbitos donde transita mucha gente vamos a ver en los corredores los aparatos de desfibrilación automática. Están en esta casa, pero también en centros educativos, clubes deportivos, etcétera. Por eso, a la reanimación básica se le suma hoy el masaje cardíaco y el aparato de desfibrilación que tenemos, por ejemplo, en los pasillos del Palacio Legislativo.
Escuche esto, señora presidenta: por cada minuto que no se realiza masaje cardíaco aumenta diez por ciento la posibilidad de morir. Como contrapartida de esto, en aquellos casos donde se sabe hacer el masaje cardíaco más el aparatito de desfibrilación que tenemos en nuestros corredores y en cientos de lugares del Uruguay, si en los primeros tres minutos se comienza a masajear a la persona que entró en paro, se aumenta setenta y cinco por ciento la posibilidad de salvar su vida. ¡Alcanza con las dos manos y la destreza, nada más!
Por eso, así como han hecho algunos países vecinos –por ejemplo Argentina, que desde el 2013 ha incluido la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica en los programas de estudio–, quiero anunciar que en los próximos días voy a presentar un proyecto de ley para que se incluya obligatoriamente en los programas educativos formales –el currículo de estudios– de nivel secundario y terciario la enseñanza de la técnica de la reanimación cardiopulmonar básica, porque está demostrado que se puede comenzar a enseñar a partir de los doce o trece años por la complexión física de los niños.
Reitero que Argentina ya lo incluyó desde el año 2013, pero también otros países, como Italia, Francia, Portugal y Noruega, y se ha demostrado que por el hecho de haber sistematizado la enseñanza de una técnica como la reanimación básica se ha logrado un grado de sobrevida magnífico.
Por eso, a unos días de finalizada la Semana del Corazón en Uruguay –en la que hubo una cantidad de eventos de diferente índole que promocionaron esto–, tenemos la obligación de adoptar, como un criterio de salud pública, y tomar acciones para prevenir la muerte de decenas, cientos o quizás miles de uruguayos que podrían salvarse si la persona que tienen al lado asume una actitud activa de hacerles masajes mientras espera la llegada de la ambulancia para efectuar otro tipo de reanimación. El solo gesto de saberlo y de comprometerse con la vida de quien está al lado, es de una enorme significación en la vida de la persona, de la salud pública, pero también de una solidaridad inmensa, como es dejar de lado la actitud de «no me meto» –que en otras sociedades existe– con personas que requieren ayuda y adoptar la de «me meto, lo ayudo y, quizás, muchas veces le salvo la vida a aquella persona que tengo al lado».
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, al Codicén de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y a las universidades privadas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Carámbula.
SEÑOR CARÁMBULA.- Señora presidenta: las imágenes del mundo nos conmueven y muestran lo que es capaz de hacer el hombre. Hemos visto –más allá de entrar en el juicio en sí mismo– lo que ha ocurrido en Cataluña, hemos visto con espanto lo que ha sucedido ayer en Las Vegas, situaciones que nos colocan frente a una condición humana que nos estremece, pero quiero rescatar que nos queda la poesía.
La semana pasada falleció el poeta y escritor Washington Benavides, el Bocha. Nació el 3 de marzo de 1930 y fallece el 24 de setiembre de 2017. Nos queda la poesía, su capacidad de estudio, de trabajo, de lectura. Como decía uno de sus alumnos, no hay que dar nada por sentado, hay que trabajar, leer, estudiar.
Aparecen sus canciones identificatorias de un país y de sus distintas expresiones musicales: Como un jazmín del país, con música de Carlitos Benavides; El instrumento, que musicalizó Eduardo Darnauchans; Cuando cante el gallo azul, interpretado por Larbanois-Carrero; Tanta vida en cuatro versos, musicalizado por Alfredo Zitarrosa; Yo no soy de por aquí, interpretado por Daniel Viglietti.
Nos queda el creador, el poeta, el docente, el comunicador en la revista Asir, en la década de los cincuenta. Sin duda, fue uno de los poetas más importantes de su generación. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Quiero recordar aquel episodio de 1955, cuando su primer libro, Tata Vizcacha, es quemado en la plaza de Tacuarembó y que luego el propio pueblo –en esas vueltas que tiene la vida, porque nos queda siempre la poesía– reedita en 2012 y es presentado, casi sesenta años más tarde, en la misma plaza 19 de Abril. Decía Benavides en el Tata Vizcacha: «Lo que es yo, nunca me aflijo. Y a todito me hago el sordo».
Sin duda, encabezó ese formidable grupo de Tacuarembó –que habrá que estudiar en este país de dónde sale– integrado por Larbanois, Eduardo Lago, Eduardo Darnauchans, Numa, Eduardo Milán, Carlitos Benavides, José Carlos Seoane y Tomás de Mattos.
El Bocha Washington Benavides fue poeta, escritor, docente. Cuando se vino –destituido– de Tacuarembó, fue cobrador de Banda Oriental y luego prologuista de gran parte de sus libros, de esa colección tan importante. Algún día habrá que resaltar lo que fue y es Banda Oriental. Fue comunicador en la radio CX 30, en el horario de la tarde; había que ver lo que eran esas joyas de los programas del Bocha Benavides en los tiempos más duros, sin dejar nunca su compromiso político, que fue inalterable. Entre sus obras se destacan: Poesía, Las milongas, Los sueños de la razón, Hokusai –que es una poesía de culto– y Sansueña, donde estará ahora.
Onetti decía que la muerte es un detalle. Nos quedan hoy los ecos de sus versos, el énfasis de sus lecturas –como dice Débora Quiring–, sus incansables recomendaciones, el placer por la lectura, el desafío de la escritura.
Fue docente en secundaria y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La última vez que conversamos fue en su cátedra móvil de la facultad. Yo preguntaba: «¿Dónde está el Bocha?», y lo encontraba en la biblioteca o en la cafetería, rodeado de sus alumnos. No tenía esquemas, dice Numa Moraes.
Para terminar, señora presidenta, quiero decir algo que rescata Circe Maia de un poema inédito, El fin: «… no el polvo, no el hueso, no la sombra. El verdadero fin: esfera blanca de reloj sin horas… la desaparición del tiempo…». ¡Formidable definición!
Agrego lo que él decía en su último libro –que se edita ahora y se publica en estos días–: El doctor, el mago y el juglar, a propósito de Tomás de Mattos:
«No puedo despedirte, Tomás de Mattos:
Ya sé que debes irte
donde no hay bibliotecas,
ni arrebatos […]
Tomás, no puedo
soltarte la mano gordezuela
el solo gesto me consuela
Y me aleja del miedo…
Así que: hasta mañana
Gran Tomás,
no vengas muy temprano,
y en paz».
Señora presidenta: nos queda la vida del Bocha y en este mundo de hoy, tan convulsionado, nos queda su poesía. Mi homenaje a Washington Benavides.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a su familia: a su esposa Nené, a su hijo Pablo, a Carlos –Carlitos–; a la Intendencia de Tacuarembó y en su nombre al pueblo de Tacuarembó; a Agadu y al Ministerio de Educación y Cultura.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: el pasado 8 de setiembre, en la zona norte del país, tuvimos la oportunidad de vivir un nuevo atropello a los derechos de un ciudadano. Me refiero a la agresión física de un trabajador rural en una estancia en Salto. El señor Hugo Antonio Leites Iglesia fue objeto de una repudiable golpiza por parte del capataz de la estancia. La razón: reclamar por su extensa jornada laboral y por la remuneración de su trabajo. No alcanzó con la golpiza, a la que se le sumó la aparente amenaza por parte del patrón de la estancia al exigirle que no denunciara los hechos acaecidos.
El trabajador agredido no fue asistido por sus lesiones. En realidad, pudo tratarlas al día siguiente cuando tuvo oportunidad de desplazarse por sus propios medios hasta un centro de salud.
No obstante esa penosa circunstancia, el trabajador fue conminado a firmar algunos papeles en blanco, lo que parece ser que a la postre fue la documentación esgrimida para presentar un egreso voluntario del trabajador.
El tema tomó una repercusión pública mucho más notoria a partir del 25 de setiembre, fecha en que, a iniciativa del PIT-CNT, se presenta la denuncia de agresión con las correspondientes pruebas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Poder Judicial. A ello se sumó una masiva difusión por cuanto esta noticia se introdujo en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Claramente –y es algo a lo que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos–, las imágenes del triste «destaque» de los rebencazos sobre el cuerpo del trabajador fueron el motivo que seguramente contribuyó a una fuerte repercusión y a una amplia difusión en la opinión pública.
Esta desgraciada circunstancia de la agresión a un trabajador rural –pero podría haber sido a cualquier otro– tuvo la suerte de una pronta respuesta a nivel social e institucional. Rápidamente, a las actuaciones judiciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se han sumado otras acciones que esta casa ha llevado adelante en los últimos días. En particular, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes recibió el pasado viernes al señor Leites, quien dejó un mensaje en el que advierte que la peripecia de violencia que le tocó vivir no es un hecho aislado en el Uruguay del siglo xxi. Esto último, en particular, queremos decirlo con fuerte énfasis: el trabajador reconoció que este no es un hecho aislado en la situación que vive nuestro país en este momento.
También han surgido firmes declaraciones contra la agresión por parte de organizaciones sindicales de diferentes ramas de actividad, así como de gremiales de productores agropecuarios y de varios sectores políticos. Todas han tenido un mismo sentido: el más absoluto rechazo a la agresión física y al avasallamiento de los derechos laborales de que fue objeto este trabajador rural.
Esta intervención, en primera instancia, busca reconocer las acciones adoptadas y en curso, en defensa del trabajo rural y de sus trabajadoras y trabajadores.
Queremos aprovechar la ocasión para sumar un aspecto a la reflexión: la necesidad de avanzar en el cambio cultural. Entendemos que una sociedad de derecho no se puede apoyar sobre una cultura que sea permisiva con la violencia, ya sea ejercida por personas con poder o por ciudadanos o ciudadanas que sienten que tienen asumidas como normales las conductas de agresión física o psicológica, por mencionar algunas de ellas.
Queremos hacer escuchar nuestra voz para promover la disputa a una cultura de la violencia; hacerlo en este lugar y ante este ocasional hecho de violencia hacia un trabajador rural es también una forma de asegurar condiciones para el usufructo y el acceso a derechos legales de la población más vulnerable y bajo relaciones de dependencia económica y social, porque una sociedad de derecho solo puede avanzar si se apoya en la convivencia pacífica, en la aceptación de lo diferente y en el respeto por el derecho de los demás.
Para finalizar, reitero el reconocimiento a la respuesta de las organizaciones sociales y las instituciones, al tiempo que invito a la reflexión sobre un cambio cultural para reducir y erradicar la violencia en nuestro país.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la prensa nacional, en especial a la que se dedica a temas rurales o agropecuarios, a la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines, al Sindicato de Peones de Estancias del PIT-CNT y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: queríamos compartir con los colegas el hecho de que en estos últimos días Uruguay ha reglamentado la ley de acoso sexual en el ámbito laboral. Nos parecía importante informarlo ya que esta ley fue muy elaborada y trabajada desde el 2009. Era necesario contar con una reglamentación que pudiera incorporar, fundamentalmente, un protocolo; también era imprescindible llevar a cabo una capacitación al personal, tanto en el ámbito público como en el privado, para poder cumplir con el contenido de la ley. Una vez elaborada la reglamentación se podrá acompañar con los respectivos protocolos y las medidas necesarias para abordar este tema.
Como sé de la sensibilidad de la señora presidenta en lo que tiene que ver con estos temas, me pareció oportuno plantear que, una vez elaborada la reglamentación, esta casa –justamente donde elaboramos las leyes– pueda contar con una capacitación adecuada, así como con un protocolo de funcionamiento con respecto a esta ley y a la relativa al acoso laboral. Digo esto porque a veces surgen confusiones al momento de presentar determinados casos. Tenemos el ámbito adecuado para desarrollar esta formación, que es la propia Escuela de Gobierno del Uruguay, por lo que no significa ningún gasto. Incluso se podría traer a alguien de dicha escuela para realizar la capacitación de todo el personal de nuestra casa, haciéndolo extensivo a la Cámara de Representantes. Me parece que sería bueno contar con un protocolo de funcionamiento de esta ley.
En definitiva, por un lado, quería informar sobre este aspecto y, por otro, ver la posibilidad de que, desde la presidencia y la secretaría de esta cámara, se pusiera en funcionamiento el protocolo de esta reglamentación que se aprobó.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al PIT-CNT.
SEÑOR BORDABERRY.- Como ya se ha dicho, la zona norte del país vivió incidentes que todavía no han quedado del todo claros, y están siendo analizados por la Justicia. Obviamente, a dicho análisis de la justicia nos tendremos que atener y someter todos, como corresponde; sin embargo, el hecho de que ocurran esos incidentes, el hecho de que ocurran enfrentamientos que tengan esos resultados, nos tiene que llevar a reflexionar. Es algo que nos provoca dolor, porque Uruguay tiene una larga historia de convivencia –en especial en la zona rural– entre quienes trabajan y quienes ejercen cargos de dirección, es decir, entre propietarios y trabajadores. Asimismo, tiene una larga historia de avanzada en normas legales, y para citar una de ellas podemos mencionar el Estatuto del Trabajador Rural –primero en América del Sur–, del año 1946, que ya establecía normas de limitación de jornada, de condiciones de la vivienda y una cantidad de situaciones más.
Que ocurran estos hechos en nuestro medio rural a todos nos provoca dolor, y hasta el momento ello ha sido ponderado –tanto por la Justicia como por las gremiales–con el rechazo a todo tipo de violencia, a la espera de la actuación de la Justicia.
Debe destacarse la rápida respuesta del sistema, porque si bien no se puede asegurar que no volverán a ocurrir estas situaciones, es bueno que intervenga rápidamente la Justicia, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, etcétera. Creemos que en estos casos es de destacar esa intervención porque, quizás, ese peón recorredor –que tiene uno de los trabajos más lindos del campo–, ese que en esta época de pariciones anda recorriendo para ver si hay alguna vaca atracada, o se vuelve con algún cordero guacho en el lomillo porque se murió la madre –es como dice la canción de Cafrune: son como un dios de a caballo–; el mismo que en el verano revisa si las aguadas están llenas o hace falta agua; ese que en el invierno saca a cincha de yegua las vacas que quedan atracadas en los bañados. Uno de esos peones hace mucho tiempo fue asesinado en nuestro campo. Fue asesinado por cumplir con su trabajo, y no tuvo acceso a la Justicia ni pudo defenderse. ¡Vaya si eso nos tiene que llamar a la reflexión!
Ahora surge nuevamente la violencia en el campo y queremos recordar a aquel peón recorredor que en las sierras de Pan de Azúcar, en Maldonado, fue asesinado vilmente sin ser culpable de nada más que de cumplir con su trabajo.
¡Que la violencia y el dolor nunca más se hagan presentes en nuestro campo! Ese es nuestro deseo.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Trabajo y Seguridad Social, al Sindicato de Trabajadores Rurales, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.
Por la presente, solicito licencia por motivos personales a la sesión de la Cámara de Senadores del día 4 de octubre del corriente año.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: queremos plantear un asunto político porque en las últimas horas ha llegado a nuestro conocimiento cierta conducta del embajador de Venezuela en Uruguay que, desde nuestro punto de vista, es violatoria del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Por lo tanto, me gustaría referirme a este asunto para que el Cuerpo pueda tomar definición sobre el asunto. Se trata de la eventual participación del embajador en emisiones radiales desde la embajada, cosa que está expresamente prohibida por la mencionada convención.
Si el Cuerpo lo habilita, me gustaría desarrollar las razones por las que estoy haciendo este planteo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador Mieres.
Ha llegado a nuestro conocimiento que desde fines del mes julio de este año se está emitiendo, desde la Embajada de Venezuela en Montevideo, un programa radial que se llama En clave de revolución. En realidad, se emite a través de Internet, y puede verificarse ingresando en la página web: www.radiocontactosur.blogspot.com.uy.
Esta transmisión –que también se repite a través de la emisora La Gaviota FM 103.3, que está ubicada en Villa García, Montevideo, sobre la calle Libia– ya ha tenido cuatro emisiones –el 28 de julio; el 5 de agosto; el 13 de agosto y, la más reciente, el 16 de setiembre–, y cuenta con la participación directa del embajador Julio Chirino, quien, de hecho, es el conductor del espacio, que dura una hora y media. Hemos escuchado su contenido y observamos que tiene directa relación con una defensa de la Revolución Bolivariana y del Gobierno venezolano. Además, ha entrevistado a varios uruguayos, como Daniel Viglietti o Julio Marenales.
La primera emisión estuvo destinada, obviamente, a defender el régimen venezolano; en la siguiente también hubo una reflexión sobre este tema; la tercera dedicó el espacio a Fidel Castro y, la última, al centenario del natalicio de monseñor Romero. En definitiva, lo que ha habido es una propaganda política en favor del Gobierno de Venezuela, con una postura que no está regulada desde el punto de vista jurídico. O sea que, de alguna forma, el embajador Chirino está violando las limitaciones que corresponden al ejercicio del cargo diplomático.
Ha habido una reiteración de estas actividades y tenemos la información de que esta transmisión –que, reitero, el embajador coordina y lidera, además de que aparece en los audios hablando y sustentando sus posiciones–, se realiza desde adentro de la legación diplomática venezolana en Montevideo.
El artículo 27 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas establece, en su numeral 1, lo siguiente: «El Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados del Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del Estado receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio». Esto específicamente está siendo violado por parte del embajador venezolano en Uruguay.
Por tanto, solicitamos que el Cuerpo haga suya la preocupación que nos genera esta violación de la norma internacional y solicite a la Cancillería que actúe tomando conocimiento del tema y, al mismo tiempo, con respecto al embajador, corrigiéndolo por esta acción y estableciendo las consecuencias que correspondan. Además, consta a todos que el embajador Chirino ya ha tenido otras actitudes inadecuadas que han generado la necesidad de corrección de parte del Gobierno nacional. Esto ha empezado a ocurrir a partir del 28 de julio y la última emisión fue el 16 de setiembre de este año. Son cosas que el Gobierno uruguayo no debe ni puede tolerar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador Mieres.
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: solicito que se altere el orden del día y se pase a considerar de inmediato el asunto que figura en tercer término.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: obviamente, concuerdo con lo que acaba de plantear el señor senador De León porque fue lo que hablamos en el día de ayer en la coordinación. Sin embargo, como este punto tiene que ver con las modificaciones al Código del Proceso Penal y seguramente nos sumirá en una larga discusión, vamos a solicitar al Cuerpo que se trate con antelación una declaración de solidaridad con el pueblo mexicano por los terremotos ocurridos en ese país.
Por consiguiente, solicitaría tratar ahora esta propuesta, presentada por el señor senador Cardoso y que ha sido firmada por todos los partidos, y luego sí considerar el tercer punto del orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se van a votar las mociones formuladas por los señores senadores De León y Delgado en el sentido de considerar a continuación un proyecto de declaración y luego ingresar al tercer punto del orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase un proyecto de declaración llegada a la Mesa.
Los señores abajo firmantes, senadores de la república, proponemos al Cuerpo se promueva el siguiente
La pérdida irreparable de vidas y el daño profundo al patrimonio cultural y material provocado por el terremoto ocurrido recientemente en México, y los eventos climáticos en países de la región, son situaciones que nos conmueven.
El Senado de la república expresa su solidaridad con los pueblos y los gobiernos hermanos, manifestando su confianza en que la fuerza que los caracteriza será el impulso que permitirá superar el impacto y las consecuen
cias de estos dolorosos episodios». (Firman los señores senadores Cardoso, Amorín, De León, Mieres y Delgado).
SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: creemos que el Senado de la república debe expresar su dolor y preocupación por lo acontecido en México. Este episodio natural, que ha causado muchas muertes y destrucción en México, fue muy doloroso para nosotros y para toda América. Por tanto, el Senado de la república debe expresar su preocupación, su dolor y su deseo de que la recuperación de México sea lo más pronto posible.
SEÑORA PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, y otras normas con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. (Carp. n.º 864/2017 - rep. n.º 504/17 y anexo I)».
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: en los últimos meses, la Comisión de Constitución y Legislación de esta cámara ha trabajado sobre otras modificaciones al Código del Proceso Penal, necesarias para la implementación del nuevo proceso, que comenzará a regir el 1.º de noviembre de este año.
Este proyecto de ley pretende ajustar la regulación del proceso penal contenido en el código aprobado por la Ley n.º 19293 y posteriormente modificado por la Ley n.º 19436, de 23 de setiembre de 2016, adecuándolo a los principios fundamentales de un sistema acusatorio.
Se consideró que estas modificaciones eran necesarias para lograr plasmar un sistema verdaderamente acusatorio, adversarial y oral.
Tiempo atrás, cuando este proyecto de ley tomó estado parlamentario, dividimos el trabajo en varias partes: las primeras ya fueron votadas por este Cuerpo, siendo una de ellas la referida a las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia; luego tenemos la que hoy nos convoca, y para la última etapa quedan pendientes otros ajustes, pero la comisión tomó la decisión de dejarlo para el futuro, puesto que no son imprescindibles en esta instancia, máxime teniendo en cuenta los tiempos a los que estamos sometidos.
En esta oportunidad, se plantea sustituir varios artículos del actual Código del Proceso Penal, teniendo en cuenta la necesidad de adecuarlo al nuevo proceso acusatorio que comenzará a regir en poco más de veinte días.
El proyecto de ley consta de treinta y seis artículos. Hasta el artículo 32 inclusive, nos referiremos a la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014. Estos son sustitutivos de los artículos que se detallarán.
El artículo 1.º sustituye al 12 del Código del Proceso Penal, «Otros principios aplicables», anexando la oralidad.
El artículo 2.º sustituye al 24, «Tribunales de apelaciones en lo penal», estableciendo que aquellos que hubieren intervenido en actuaciones previas a la audiencia de juicio, quedarán impedidos de intervenir en esta última y en el dictado de sentencia.
El artículo 3.º sustituye al 25, «Jueces Letrados de Primera Instancia». Esta norma establece la competencia de los jueces en lo penal según la materia, disponiendo su incompetencia en la audiencia y a los efectos de la sentencia si hubieren intervenido en actuaciones previas, garantizándose así la doble instancia judicial, con un juez de garantía. Esto intentará lograr la imparcialidad necesaria para este nuevo proceso acusatorio.
El artículo 4.º sustituye al artículo 29, «Reglas subsidiarias». Aquí se establece quién interviene en caso de que no pueda determinarse el órgano competente, determinando además los impedimentos a los jueces que hubieren intervenido en actuaciones previas. A su vez, dispone que la Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de las subrogaciones.
El artículo 5.º sustituye al artículo 31, «Competencia de urgencia». Aquí se realizan modificaciones en el primer párrafo. Donde habla de que los jueces son competentes para adoptar, dirá: «son competentes para disponer»; y luego, donde expresa: «Si varios jueces concurren», pasará a decir: «Si varios jueces son competentes». Estas son solo modificaciones de redacción.
El artículo 6.º sustituye al artículo 45, «Atribuciones», referidas al ministerio público, agregándose al original los literales j), k) y un inciso final. En los literales se establece la solicitud de antecedentes judiciales del indagado al Instituto Técnico Forense, y se prevé que en el marco de las investigaciones y en forma fundada, se pueda solicitar información a instituciones del Estado, siempre que no se afecten las garantías y los derechos fundamentales de las personas. En el último inciso se expresa que las decisiones del ministerio público se dictarán bajo los principios de legalidad y objetividad debidamente fundados, y que la ausencia de fundamentación se considerará responsabilidad administrativa.
El artículo 7.º sustituye al 96, «Delitos perseguibles a instancia del ofendido». Se excluye de este artículo los delitos de atentado violento al pudor, violación y corrupción.
El artículo 8.º sustituye al 97, «Procedimiento de oficio». También aquí se excluyen los delitos de atentado violento al pudor, violación y corrupción, y se divide en dos el literal d).
Los dos últimos artículos, 7 y 8, que modifican el 96 y el 97 respectivamente, refieren a temas que están dentro del proyecto de ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género, actualmente en discusión en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de este Cuerpo. A solicitud de dicha comisión, los incluimos en este proyecto de ley, pues están dentro del Código del Proceso Penal, eliminándose estas tres figuras delictivas, ante las que se procederá de oficio, sin ser necesaria la instancia del ofendido.
El artículo 9 sustituye al 111, «De los plazos procesales», y establece que estos son perentorios e improrrogables, además de que serán regulados por lo establecido en el Código General del Proceso en lo pertinente.
El artículo 10 sustituye al 119, «Forma y contenido de la sentencia definitiva». En el numeral 4 se dispone que solo se podrá tener por acreditados los hechos contenidos en la acusación, no pudiendo el tribunal aplicar penas más graves que las requeridas. En el numeral 7 se agrega que la sentencia absolutoria o la que dispone el sobreseimiento, ordenará la libertad del imputado y la cesación de las medidas cautelares.
El artículo 11 sustituye al 127, estableciendo la forma y contenido que debe tener el escrito de acusación.
El artículo 12 sustituye al 128 y refiere a cómo deberá ajustarse el escrito de contestación de la defensa para ofrecer pruebas que luego producirá en el juicio oral, y los plazos que tendrán, en caso de que sean varios los encausados.
El artículo 13 sustituye al 139, estableciendo cómo se deberán registrar las audiencias y las prohibiciones al respecto. Además, se dispone que habrá que realizar un acta de las mismas en la que constará la fecha, las partes intervinientes, la ubicación del registro y la decisión adoptada, determinándose en este artículo la responsabilidad del juez en la verificación del correcto funcionamiento de los mecanismos de contingencia establecidos para el sistema.
El artículo 14 sustituye al 142, «Certeza procesal». Aquí se anexa un tercer numeral que dice que las disposiciones establecidas en este artículo no aplicarán al proceso abreviado, el que regirá por lo dispuesto en el Título I del Libro II del código.
El artículo 15 sustituye al 144, «Reglas probatorias», y dispone que los hechos se podrán probar por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren prohibidos por la Constitución o por la ley. Con respecto a este artículo, adelanto que vamos a solicitar un ajuste de redacción en el literal c), lo que haremos una vez finalizado el informe.
El artículo 16 sustituye al 158. Aquí se realiza una única modificación en el numeral 3, estableciendo que el tribunal podrá realizar preguntas aclaratorias a los testigos, eliminándose las ampliatorias.
El artículo 17 sustituye al 164, «Declaración de la víctima», y agrega una serie de disposiciones que prohíben el careo cuando se trata de víctimas de delitos sexuales, de menores de 18 años o de personas con capacidades diferentes. En estos casos, se determina la utilización de la cámara de Gesell u otro medio técnico para el debido control de las partes. En este artículo se considerará la eliminación del numeral 1 del artículo 164, puesto que hace referencia a la redacción de un artículo que no fue votado en comisión. De todos modos, al final del informe volveremos a resaltarlo.
El artículo 18 sustituye al 169 y establece nuevos requisitos para el reconocimiento de personas por parte de los testigos.
El artículo 19 sustituye al 213. Aquí se regulan los supuestos de la prueba anticipada, y se agrega a lo ya existente un literal que refiere a las declaraciones de las víctimas sexuales, menores de 18 años y personas con capacidades diferentes, quienes lo harán de conformidad con lo establecido en el artículo 164.2 de este código.
El artículo 20 sustituye al 230 y alude al trámite de la solicitud de prisión preventiva, que se realizará necesariamente en audiencia.
El artículo 21 sustituye al 260, «Solicitud de diligencias». A la disposición que hoy está vigente, se agrega que la recolección de evidencias estará a cargo del ministerio público, no pudiendo ocultarlas a la contraparte por fuera de la regulación legal. En caso de negativa injustificada, esta podrá recurrir ante el órgano competente y se tramitará en audiencia oral y pública.
El artículo 22, que sustituye al 264, establece cómo debe realizarse el registro de las actuaciones, que no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas internas de registración.
El artículo 23 sustituye al 265, estableciendo la duración máxima de la investigación, que no podrá exceder el año a partir de su formalización. En casos debidamente justificados y en forma excepcional, se podrá prorrogar dicho plazo por un año más.
El artículo 24 sustituye al 266, «Formalización de la investigación», y establece qué debe contener el escrito de formalización, así como las diferentes actividades que se realizarán por parte del juez, las partes y la víctima, y también la resolución sobre las medidas cautelares que se solicitarán por parte de la fiscalía al imputado. Para este artículo, señora presidenta, el senador Mieres propuso una modificación que resuelve la forma de proceder cuando se solicita una medida cautelar al imputado. Al final del informe se leerá el inciso o el numeral donde se establece la modificación.
El artículo 25 sustituye al 268, «Audiencia de control de acusación». Una vez vencido el plazo contemplado en el artículo 128, el juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia de control dentro de los diez días siguientes. Como cuestión previa a la audiencia, la defensa podrá realizar objeciones, oponer excepciones, instar el sobreseimiento y proponer acuerdos. Resueltos los planteos en audiencia, el juez podrá rechazar la prueba cuando resulte inadmisible, impertinente, dilatoria, ilegal o sobreabundante. Además, el juez intentará evitar discusiones y las partes podrán llegar a acuerdos. La audiencia quedará registrada de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de este Código.
El artículo 26 sustituye a los artículos 269, 270 y 271. El artículo 269 refiere al proceso de conocimiento. Allí se determina el órgano judicial que actuará, las partes, la acusación y la contestación admitidas, así como la prueba admitida. Se dictará un auto de apertura a juicio oral y su preparación; además, se citará a las partes, a los testigos, a los intérpretes y a la víctima. En el 270 se regula la apertura de juicio oral y audiencia. Y, por último, en el 271 se regula la producción de la prueba y sentencia, y se establece con claridad las diferentes actividades que desarrolla el fiscal, la defensa, así como la víctima, velándose por un juicio oral.
El artículo 27 sustituye al artículo 331 que refiere a la improcedencia de la extradición. En este caso, la modificación que se realizó fue en el literal h) para ajustar la redacción.
El artículo 28 sustituye al artículo 344, «Procedimiento. Audiencia del debate». En el inciso 344.9 cambia la referencia establecida actualmente y pasa a referirse al artículo 271 de este código.
El artículo 29 sustituye al artículo 367 sobre la prueba en segunda instancia. En el inciso 367.1 se establecía que las partes podrían ofrecer nuevos elementos probatorios sin las limitaciones establecidas en el artículo 253.2 del Código General del Proceso, pero, a partir de la aprobación del proyecto en consideración, se modificará y se establecerá que los elementos probatorios deberán presentarse de acuerdo con las limitaciones establecidas en al artículo 253.2, ya referido.
El artículo 30 sustituye al artículo 382, que refiere a la mediación extraprocesal. Al final, se agrega el inciso 382.7 que establece que la mediación extraprocesal no procederá respecto de delitos de violencia sexual –artículos 272, 273 y 274 del Código Penal– o de explotación sexual –Ley n.º 17815, de 6 de setiembre de 2004– y del delito de violencia doméstica, artículo 321 bis del Código Penal.
El artículo 31 sustituye al artículo 394, «Procedencia». Aquí se anexa un último inciso, igual al mencionado para el artículo anterior, referente a los delitos de violencia sexual, explotación sexual y violencia doméstica.
El artículo 32 sustituye al artículo 397, «Efectos». Aquí se establece que una vez cumplidas las obligaciones o condiciones asumidas para que proceda la suspensión condicional del proceso, quedará extinguida la acción penal. Cumplido el acuerdo reparatorio y quedando extinguido el delito, se ordenará la cancelación de la anotación en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales.
A partir del artículo 33 pasamos a referirnos a otras leyes.
El artículo 33 sustituye al artículo 7.° de la Ley n.º 15750, de 24 de junio de 1985, Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, y agrega un segundo inciso que establece que los jueces letrados de primera instancia en lo penal, los jueces letrados penales especializados en crimen organizado y los jueces letrados de primera instancia del interior con competencia en materia penal que hubieren intervenido en actuaciones previas a la audiencia, estarán impedidos de celebrarla y dictar sentencia. No se considerarán comprendidos en los impedimentos el dictado de decretos de mero trámite. La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de subrogaciones.
El artículo 34 sustituye al artículo 29 de la Ley n.º 19483, de enero de 2017, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, que establece la competencia funcional. Allí queda explicitado que las fiscalías especializadas en crimen organizado, intervendrán en todos los asuntos que sean de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, y sus modificativas.
El artículo 35 sustituye al artículo 71 de la Ley n.º 19483, que determina las sanciones a los funcionarios. En este caso, simplemente se subsana un error de redacción.
El artículo 36, último de este proyecto, deroga al artículo 179 de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.
Luego de realizadas las referencias sobre las modificaciones que vamos a tener que hacer en sala, dado los tiempos, la comisión sugiere al Senado la aprobación del proyecto.
A continuación, voy a detallar las modificaciones que debemos hacer, tal como señalé en el informe.
En el artículo 15, que modifica al artículo 144 de la Ley n.° 19293, su literal c) debe expresar: «los jueces no podrán realizar actividad probatoria ni incorporar de oficio evidencia alguna». En la comisión habíamos hecho un agregado a este literal c) y lo enviamos a la Comisión Interinstitucional y a la Fiscalía General de la Nación para que nos dieran su opinión. A estos efectos, la Fiscalía General de la Nación envió una nota donde explica, desde su concepción, el error de incorporar lo que en comisión habíamos resuelto. La nota dice así: «Por dicha norma se incorpora la posibilidad del dictado de medidas para mejor proveer. Este instituto no se compadece con los principios que regulan el sistema acusatorio y la necesaria imparcialidad objetiva del juez, dado que por medio de las medidas para mejor proveer termina involucrándose en el objeto del proceso. Esta modificación borra en definitiva lo que debe ser el rol del juez y las partes en un sistema acusatorio y adversarial, donde la carga de la prueba corresponde al fiscal, la contradicción a la defensa y la decisión al juez. Se trata de una modificación que va en sentido contrario, en definitiva, a toda la lógica del Código sancionado». Esto que acabo de leer es parte de la nota que la Fiscalía General de la Nación nos manda y que contiene su posición frente a lo que nosotros habíamos modificado. Esta es una de las modificaciones que, después, deberíamos votar en sala.
Otra de las modificaciones es al artículo 17 del proyecto, que refiere al artículo 164 del Código. Ahí sí, debe eliminarse el numeral 1 del artículo 164, que había sido votado en comisión, ya que hoy no tiene sentido referirnos al artículo 158.5 que, al final, no votamos y que tenía que ver con el testigo hostil.
La otra modificación sería en el artículo 24, que refiere al artículo 266 del Código del Proceso Penal. En el artículo 266.6 se incorporaría una modificación planteada por el señor senador Mieres, a la que podríamos dar lectura, si el Cuerpo lo considera conveniente, para ver cómo quedaría el texto. Diría así: «En la audiencia de formalización se escuchará a las partes y a la víctima que hubiere comparecido. En dicha audiencia el juez resolverá:
La solicitud de las medidas cautelares se resolverá atendiendo a la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiere sido controlada por la defensa.
Si el juez, a solicitud de la defensa, lo considerare imprescindible, podrá producirse prueba en la propia audiencia, aun cuando no estuviere contenida en la carpeta de investigación. La prueba a diligenciarse deberá ceñirse estrictamente a los requisitos para la adopción de la cautela. Tratándose de prisión preventiva, los requisitos que deberán reunirse son los establecidos en el artículo 224 del presente código.
Espero que lo leído refleje realmente lo que presentó el señor senador Mieres.
Tal vez sería bueno desglosar estos artículos del proyecto de ley para votarlos al final.
Esto era cuanto tenía para decir.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: la verdad es que el informe de la señora senadora Ayala fue muy exhaustivo y claro, y ese es un gran mérito, porque si algo no resultó fácil fue manejarnos con claridad en una serie de nuevas modificaciones que, aunque lo lamento, fue necesario incorporar. Teníamos la impresión de que las modificaciones al Código del Proceso Penal, desde el punto de vista de la actividad del Poder Legislativo, habían quedado completadas a fines del año pasado, pero en mayo de este año surgieron nuevas propuestas de parte de la comisión interinstitucional que integraban, justamente, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia.
Las modificaciones eran muchas más, pero, por un problema de urgencias que tiene que ver con que el Código del Proceso Penal entre en vigencia el 1.º de noviembre, optamos por analizar algunas. Además, teníamos la intención firme de no volver a prorrogar su vigencia y, entonces, el criterio de la comisión fue incorporar exclusivamente aquellas modificaciones que se consideraban imprescindibles y urgentes.
Fue un trabajo complejo porque se trataba de modificar modificaciones, y esto implicaba, muchas veces, perdernos en el fárrago de normas que habían sido sucesivamente modificadas y que, a su vez, todavía no habían entrado en vigencia. Esto le agregaba alguna complejidad más a este trabajo.
Efectivamente, como se ha planteado por parte de la señora miembro informante, hemos arribado a una solución que nos satisface a todos, más allá de algún detalle que se ha planteado. En definitiva, sabemos también que ni bien empiece a regir el Código del Proceso Penal seguramente va a mostrar, sobre la marcha, nuevas circunstancias que ameritarán, quizás, otros ajustes, porque el cambio es muy importante, verdaderamente muy relevante. No obstante, tanto del lado de la Suprema Corte de Justicia como de la fiscalía hay una opinión satisfactoria sobre lo que se ha avanzado.
Por nuestra parte, nos queda una única modificación que queríamos plantear. En realidad, habíamos planteado dos, y la otra implicaba una modificación del numeral 1 del artículo 259, que había quedado en espera del retorno de la opinión de la comisión interinstitucional, que está dividida a este respecto; la Suprema Corte de Justicia entiende que es pertinente, pero no así la representación de la fiscalía.
Vamos a solicitar que, además del desglose de los artículos señalados por la señora miembro informante, se trate y se discuta la necesidad de incorporar lo que sería un aditivo, ya que no está incluido en la norma original que se presentó al Senado. Ese aditivo sería una modificación del numeral 1 del artículo 259 y lo que hace, exclusivamente, es abrir una eventualidad que tiene que ver con la actividad desarrollada en la indagatoria preliminar. Establece que estas actuaciones de investigación previas a la formalización del proceso no se incorporan al proceso excepto –y aquí viene la modificación– los supuestos que se prevén en este código, y agrega que lo dispuesto en el inciso primero de este artículo –es decir, la imposibilidad de incorporar la indagatoria preliminar– no se aplicará cuando la actividad desarrollada hubiera sido dispuesta con intervención del tribunal.
El artículo 259.1 habla de la excepción de cuando la actividad desarrollada hubiera sido dispuesta por el tribunal, pero no incorpora la frase «excepto los supuestos que se prevén en este código». Nos parece que lo que abunda no daña y que lo que hace esta modificación es prevenir, en la eventualidad de que el código establezca, en algún caso, la necesidad de incorporar estas actuaciones.
Entonces, lo que vamos a plantear es que esta modificación se agregue, y estaría al final. Es decir, de acuerdo con lo que señaló la señora senadora Ayala, votaríamos en general el proyecto de ley, quedarían desglosadas las normas que ella señaló y agregaríamos una modificación que corresponde al numeral 1 del artículo 259.
Respecto a todo lo demás, la verdad es que el trabajo complejo que llevó adelante la señora senadora Ayala en la presentación del informe es digno de destacar porque este, realmente, es un tema bien complicado.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: adelanto que, en el mismo sentido que el señor senador Mieres y con las mismas propuestas que él ha hecho, vamos a acompañar los artículos a los que hizo referencia.
También queremos destacar el buen trabajo que se hizo en la comisión sobre un tema complejo y, sobre todo, urgente, porque este código va a entrar en vigencia dentro de menos de un mes y todavía falta la aprobación de la segunda cámara. Creo que se trabajó muy bien y que el informe de la señora miembro informante –valga la redundancia– es plenamente compartible.
SEÑORA PRESIDENTE.-Tiene la palabra la señora miembro informante.
SEÑORA AYALA.- Quiero aclarar algo.
No incluí en los artículos a ser tratados y modificados en sala al 259.1, en particular, porque entendí en la comisión –en especial, al señor senador Mieres– que su inclusión dependería de la respuesta que obtuviéramos de las instituciones a las que enviamos la propuesta para que nos dieran su opinión; según la respuesta, incluiríamos o no la modificación. Como esas instituciones nos dijeron que sí podíamos incluir la modificación del artículo 266.6, así lo hice. No sugirieron lo mismo sobre la modificación del artículo 259.1, y es por eso que no lo incluí e iba a pedir más adelante que se desglosara.
SEÑORA AYALA.- Propongo que se desglosen los artículos 15, 17, 24 y el aditivo 259.1 propuesto por el señor senador Mieres; que se suprima la lectura, y que se vote en bloque el resto del articulado, porque fue votado por la unanimidad de los miembros de la comisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la propuesta de la señora senadora en el sentido de que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado, salvo los artículos 15, 17 y 24. Luego consideraríamos el artículo aditivo.
Se va a votar en bloque el articulado, salvo los artículos 15, 17 y 24.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: no hice uso de la palabra para referirme a estas últimas reformas o modificaciones porque quiero ser expeditiva, ya que estamos corriendo contra reloj. Como se ha dicho acá, una vez que se eche a andar el nuevo Código del Proceso Penal, seguramente merecerá modificaciones que en los países en los que están más avanzados son llamadas reformas de segunda o de tercera generación. Sin embargo, aunque sea por vía de fundamentación de voto, no puedo dejar de plantear el acuerdo al que se arribó en comisión y la calidad con la que se realizó el trabajo. Como bien planteaban la señora senadora Ayala y los señores senadores Mieres y Bordaberry, fue una tarea difícil porque había que estudiar artículos que ya habían sido modificados y volver a una lógica de trabajo muy compleja, pero pudimos realizarla de una manera acordada.
Esta propuesta debe pasar rápidamente a la Cámara de Representantes para su aprobación, ya que estamos a menos de un mes de que entre a regir el nuevo CPP y es imperioso que estas modificaciones que consideramos imprescindibles estén debidamente votadas y se transformen en ley.
Simplemente, señora presidenta, quería sumarme a lo dicho sobre el trabajo de los senadores, y señalar el apoyo profesional, técnico y muy valorable de la secretaría de la comisión, sin el cual hubiera sido imposible llegar a una síntesis de esta naturaleza, por la cantidad y sucesión de comparativos que tuvimos que hacer. Solo la profesionalidad de un equipo de secretaría como el que tuvimos hizo posible realmente que pudiéramos contar con ese trabajo de apoyo indispensable para la labor legislativa.
SEÑOR MIERES.- Simplemente quiero decir que me parece de orden lo que acaba de señalar la señora senadora Payssé, y no quiero dejar pasar la oportunidad de destacarlo. El trabajo fue realmente bien complejo y quiero resaltar especialmente el apoyo de la secretaría de la comisión, porque nos permitió llegar hoy con un texto claro y ordenado, que resolvió un montón de novedades y contradicciones. La verdad es que esto es digno de destacar, ya que uno se siente muy bien trabajando con un equipo de funcionarios que realmente desempeñó una labor muy compleja.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: no quiero quedar fuera de esta constancia. Simplemente hago mía cada una de las palabras que se han dicho; es como si hubiéramos hablado nosotros. Tenemos que agradecer la colaboración. Fue un trabajo muy árido y difícil de seguir, sobre todo para aquellos que no tenemos formación jurídica. Sin embargo, llegamos a un acuerdo que vale la pena votar.
SEÑORA BERAMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA BERAMENDI.- Señora presidenta: quiero sumarme a las expresiones manifestadas con anterioridad, felicitar el trabajo hecho por nuestra compañera, la señora senadora Ayala y, en particular, destacar un aspecto que llama la atención cuando se ingresa coyunturalmente al Senado, como es mi caso. Realmente, me llamó la atención el clima de fraternidad en el que se planteaban las diferencias. En momentos en que el sistema político muchas veces es cuestionado por la forma de encarar algunos debates, nos parece que la manera en que trabajaron todos los partidos políticos en esta comisión es algo digno de destacar. Asimismo, quiero decir que fue grato encontrarme en esta coyuntura con un Parlamento que fundaba en ideas las diferencias, y así las sostenía.
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 15.
Tiene la palabra la señora senadora Ayala.
SEÑORA AYALA.- Sé que no fundé mi voto, pero también quiero agradecer al Cuerpo de Taquígrafos, que nos tiene mucha paciencia en la comisión.
En el artículo 15, que refiere al artículo 144, proponemos una redacción más sintética para el literal c). Diría así: «los jueces no podrán realizar actividad probatoria ni incorporar de oficio evidencia alguna». Así quedaría la redacción de ese literal.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15 con la modificación propuesta.
SEÑORA AYALA.- El artículo 17 refiere al 164 del Código del Proceso Penal y se estaría eliminando el numeral 164.1, ya que la referencia hoy no condice con lo votado en el proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17 con la modificación propuesta.
SEÑORA AYALA.- Atendiendo la sugerencia del señor senador Mieres, en este artículo estaríamos modificando el artículo 266.6. Ya dimos lectura a la nueva redacción.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde pasar a votar el artículo 24.
SEÑOR BORDABERRY.- Estaríamos votando el artículo 24 con la redacción propuesta por el señor senador Mieres y no como vino de comisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Efectivamente, señor senador.
SEÑOR BORDABERRY.- Entonces, pregunto a la Mesa si primero no debería votarse negativamente el artículo 266.6 y luego la redacción propuesta por el señor senador Mieres.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa está de acuerdo en actuar como propone el señor senador Bordaberry para la claridad del resultado de la votación del artículo 24.
En este artículo 24 lo que se modifica es el artículo 266.6. Por lo tanto, podemos desglosar ese punto, que consideraremos después de votar en general el artículo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24, excepto la parte correspondiente al 266.6.
En consideración el artículo 266.6.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 266.6 tal como viene de la comisión.
Léase el artículo 266.6 en la versión propuesta por el señor senador Mieres.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 266.6.- En la audiencia de formalización se escuchará a las partes y a la víctima que hubiere comparecido.
En dicha audiencia el juez resolverá:
a) la legalidad de la detención si fuese del caso;
c)	el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 81.2 y en los artículos 216 y siguientes de este Código;
Si el juez, a solicitud de la defensa, lo considerare imprescindible, podrá producirse prueba en la propia audiencia, aun cuando no estuviere contenida en la carpeta de investigación.
La prueba a diligenciarse deberá ceñirse estrictamente a los requisitos para la adopción de la cautela. Tratándose de la prisión preventiva, los requisitos que deberán reunirse son los establecidos en el artículo 224 del presente Código.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto que se acaba de leer.
SEÑOR BORDABERRY.- Me permito señalar lo sensible que es este artículo y la madurez con que todos tendremos que actuar en los tiempos por venir, porque este es un cambio radical en el Código del Proceso Penal.
Hoy en día, una vez que el juez entiende que hay semiplena prueba, procesa –y por lo general lo hace con prisión–, mientras que de acuerdo con el nuevo código, lo que se va a hacer en la primera instancia es formalizar y empezar un proceso. Por ende, hay muchas personas acusadas –en el equivalente a lo que era el antiguo procesamiento– que estarán en libertad, esperando la decisión judicial.
Este es un cambio muy importante frente a todos los ciudadanos y a la opinión pública, y a veces de difícil comprensión ante hechos graves que puedan haber acaecido.
Obviamente, eso tiene su contrapeso en este artículo: la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Entonces, la respuesta inmediata a ese clamor de justicia que muchas veces surge cuando se comete un delito dependerá de la manera en que los jueces apliquen esas medidas cautelares.
Por ende, creo que este es un cambio mucho más profundo del que imaginamos y que, con seguridad, generará reclamos y dudas, por lo que la madurez con que el sistema político y el judicial encaren este tema tendrá mucho que ver con el éxito que pueda tener.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el aditivo propuesto por el señor senador Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: el aditivo refiere a una modificación que sugerimos en la comisión en conjunto con el señor Bordaberry.
Habíamos quedado en esperar la opinión de la comisión interinstitucional a efectos de establecer si se incorporaba o no esta modificación. El problema es que dicha comisión no adoptó una posición única, sino que expresó diferencias entre la opinión de la Suprema Corte de Justicia y los representantes de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que el criterio de la Suprema Corte de Justicia es el correcto.
En realidad, la modificación realizada es muy mínima. Como decía hace un rato en la discusión en general, se abre la posibilidad de que en algún caso, en el transcurrir del texto del código, haya alguna circunstancia que obligue a incorporar elementos de la indagatoria previa en el proceso probatorio a partir de la audiencia de formalización, y no solo el previsto en el original –en el numeral 1 del actual 259–, que establece que esa posibilidad ocurrirá solo en caso de que el tribunal lo establezca. Es simplemente eso, señora presidenta.
Admito que es una diferencia menor que no afecta en nada la estructura general del código. Sin embargo, dado que está claro que en el código hay un incremento sustancial de los poderes del ministerio público, nos parece bueno atender la opinión de la Suprema Corte de Justicia para dar, por lo menos en este punto, un cierto reequilibrio de las definiciones.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero señalar la importancia de lo que hoy se está votando.
Al respecto, quiero relacionar la modificación del artículo 259 con un artículo de la Constitución de la república. En realidad, será la primera vez en la historia –por lo menos, según mi conocimiento– en que daremos cumplimiento al artículo 22, que establece: «Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas». Lo que nos marca este artículo 22 es que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución de la república, rige el proceso acusatorio.
Entiendo las explicaciones del señor senador Mieres, pero creo que no se deberían tomar en consideración, ya que la norma del artículo 259 original –como fue votado– prevé casos en los que se pueden obtener pruebas a través de una investigación preliminar –aquellos casos de prueba anticipada–, y allí está dispuesta la intervención del tribunal.
Creo que si agregamos la propuesta del señor senador Mieres, es decir «excepto en los supuestos en que se prevé en este código», daremos lugar a confusión, y a mi entender es una reminiscencia del proceso inquisitivo que estamos tratando de abolir.
Hay un compromiso político en el sentido de que en un tiempo más vamos a mirar y a estudiar todas las modificaciones que hicimos, porque hoy estamos dando un paso sustancial al pasar de un proceso inquisitivo a un verdadero proceso acusatorio. La norma que votamos en el pasado tenía muchas reminiscencias del proceso inquisitivo, mientras que hoy nos acercamos mucho más a un proceso acusatorio, pero debemos dejar de lado esa perspectiva del proceso inquisitivo y dar lugar al verdadero acusatorio.
Por lo tanto, aconsejo que no se realice ese agregado –que daría lugar a confusiones–, porque la norma del 259 ya ampara esas situaciones de prueba anticipada por parte del tribunal.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: vamos a acompañar la propuesta del señor senador Mieres y, en lo posible, vamos a intentar convencer a la bancada oficialista.
Ante todo, creo que se trata de una modificación menor que deberíamos acompañar, en la medida en que la Suprema Corte de Justicia y sus representantes en la comisión interinstitucional –que son magistrados– sugieren aceptarla porque creen que es buena para su trabajo. A nuestro juicio, ese es el argumento más fuerte.
Personalmente, siento que cuando va a haber cambios a veces se da una suerte de ley de péndulo con la cual tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros ahora decimos: «Se viene el proceso acusatorio; el juez es un mero juez; el fiscal es quien lleva adelante toda la actividad probatoria, acusatoria, etcétera; la parte se defiende» y, por ende, tratamos de dar al fiscal una cantidad de elementos con los que no cuenta en el sistema actual, pero corremos el riesgo de llevar el péndulo hacia el otro lado. Ese fue el motivo por el cual se propuso un artículo –que luego se descartó– que otorgaba al juez penal las mismas posibilidades que, en el Código General del Proceso, tiene hoy el juez civil, de dictar medidas para mejor proveer. Esto no quiere decir que el juez se ponga a hacer prueba para llevar adelante la investigación, sino que, llegado el momento en que tiene que dictar sentencia, si tiene una duda y quiere recurrir a algún tipo de prueba que no se hizo, tenga la posibilidad de hacerlo. En definitiva, ¿a qué apuntaba esto? A lo mismo que la propuesta del senador Mieres, esto es, a que se llegue a la verdad, que es de lo que se trata. Lo importante es que el juez, que es quien tiene que determinar si hay verdad, tenga la mayor cantidad posible de elementos para condenar, si tiene que hacerlo, y para no condenar si no corresponde, porque no hay nada peor que condenar a un inocente o exonerar a un culpable. Entonces, lo que busca esta propuesta es dar más elementos a ese juez.
Ahora bien, hay algo que nos preocupa –lo decimos con todo respeto– y es lo siguiente. La fiscalía tuvo una importante participación –que todos agradecemos y valoramos–, pero no la tuvo el posible acusado, sencillamente, porque no tiene representación–, y también debe ser nuestra preocupación ocuparnos de sus derechos y lograr la mejor sentencia. Digo esto, sin perjuicio de que hay una cantidad de elementos que se propusieron en comisión, los analizamos y sí fueron aprobados.
Reitero que este es un tema menor, pero creo que vale la pena seguirlo. Por su parte, quizás no fuera tan menor el de las diligencias para mejor proveer, pero votamos de la forma en que lo hicimos porque quisimos acompañar el proyecto y no poner más trabas.
En ese sentido, hacemos un llamado a que se acompañe la propuesta de modificación que presentó el señor senador Mieres.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: quien diga, de todos nosotros, que está convencido de que tal artículo, tal coma o tal punto van a ser perfectos, creo que estaría diciendo algo incorrecto, porque en este Código del Proceso Penal hemos ido hacia atrás y hacia adelante. En menos de dos años pusimos dos jueces, después uno, y ahora nuevamente dos, pero hemos hecho estos cambios, sobre todo, desde la perspectiva de no contaminar el proceso. Si bien es muy importante la verdad –todos la defendemos–, también lo es la imparcialidad del juez. El problema que tiene el sistema actual es que el juez se involucra tanto en las pruebas, que después no tiene la imparcialidad para valorarlas y determinar si la persona es culpable o inocente. Entonces, ahora dejamos que la defensa y el fiscal sean quienes tengan que demostrar la culpabilidad o la inocencia en el juicio, la verdad o la irrelevancia de las pruebas, y dejamos al juez como alguien no contaminado, a tal punto que el juez que va a fallar ni siquiera actúa al principio.
Es cierto que la propuesta que hace el senador Mieres y apoya el senador Bordaberry es mínima; en una lectura podría ser aceptable, pero en otra lectura podría confundir, y estamos en un momento en el que necesitamos que no haya confusión. Si en comisión hubiera contado con el apoyo de todos los expertos, sin duda la estaríamos aprobando, pero no hubo acuerdo entre ellos y lo peor es generar confusión respecto al rol del juez. No olvidemos que acá el fiscal y el juez cambian los roles; a algunos les va a costar meterse en el traje de ser fiscal en el nuevo código, y a otros les va a costar meterse en el traje de ser juez en el nuevo código. Posiblemente algunos jueces digan que no hacen nada y no es así; ellos van a determinar si la persona es culpable o inocente, pero de la forma menos contaminada posible.
La bancada oficialista está muy conteste con que el Parlamento, dentro de un año –quizás por noviembre del año que viene–, puede hacer una especie de seminario junto a la fiscalía, a la Suprema Corte de Justicia, a los defensores de oficio, a los abogados y a todos los actores de la Justicia. No digo que sea a puertas cerradas porque, obviamente, debe ser público, pero esto pondría en ambiente a todos los componentes para sacarnos chispas sobre cómo funciona esto, que es una reforma sustantiva. De esta forma, cambiaríamos algunas cosas sobre las que haya grandes consensos para que esto funcione bien. Incluso, veremos cómo actúa la opinión pública y cómo actuamos nosotros frente a ella, cuando una persona, que en principio tiene méritos para ser juzgada, no quede presa porque no está la condena completa; allí veremos cómo la ciudadanía uruguaya –que se supone que es tan progresista– reacciona frente a una situación de esa naturaleza.
Entonces, independientemente de que los señores senadores Mieres y Bordaberry luego nos podrán decir que tenían razón, somos muy cuidadosos en no agregar aquello en lo que no están todas las partes de acuerdo y que puede prestarse a confusión en segundas o terceras lecturas.
Naturalmente, destaco el esfuerzo que hemos hecho todos, oficialismo y oposición, oposición y oficialismo, para trabajar sin ropaje político, pero en este caso somos partidarios de dejar el artículo 259.1 tal cual está porque nos parece que es más claro, sin perder de vista que en un futuro pueda modificarse.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: simplemente voy a dejar una constancia porque veo que hay una posición asumida por parte de la bancada oficialista y, por tanto, no va a tener mayoría la sugerencia del senador Mieres, a la que no quito méritos porque está respaldada por la voluntad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes han trabajado muy bien con nosotros. Realmente, todos nos hemos puesto a disposición de esta sugerencia, por supuesto que razonando el tema. Es más, son los propios jueces quienes están de acuerdo con esta independencia que debe tener el juez y proponen esta vía alternativa para poder conseguir pruebas más contundentes en un caso determinado; es una válvula de escape frente a esta situación.
En definitiva, vamos a acompañar la propuesta y lamentamos que no lo hagan todos los miembros del Senado. Lo digo simplemente a modo de constancia porque vemos que ya hay una posición de bancada. Me parece que la sugerencia de la Suprema Corte de Justicia es de recibo porque –como recién decía el señor senador Michelini– considero que va a ser bastante traumático para la sociedad entender estos cambios, y es importante tener un vínculo que no desdibuja la independencia que debe tener el juez en todo el proceso como una forma de ser más justos. Digo esto, porque lo que queremos es que el sistema sea más justo.
Entonces, en aras de arribar a la verdad y se imparta justicia, es importante que los jueces tengan este recurso, que no van a aplicarlo siempre sino eventualmente, solo si entienden que se necesita un tipo de prueba adicional a la que se ha conseguido en el proceso.
De todas maneras, como no nos vamos a convencer, solamente dejo constancia de que acompañaremos la propuesta del señor senador Mieres.
SEÑOR MIERES.- Apoyo la idea de que esta discusión es, en realidad, pequeña; no estamos discutiendo la esencia de todo lo que hemos acordado. Sin embargo, quiero aclarar que esta propuesta no está modificando, no está moviendo la aguja a favor de las potestades del tribunal, del juez. Al contrario, en la redacción original del artículo 259.1, cuando el tribunal así lo considera, tiene la posibilidad de agregar investigaciones previas a la incorporación de las pruebas. O sea, se está añadiendo la posibilidad de que existan otros supuestos en el texto del código.
Como este es un código nuevo que empieza a aplicarse ahora, es muy probable que del análisis de las normas surjan diversas interpretaciones. Y aquí se está abriendo la posibilidad de que algunas de las normas que estamos aprobando permitan, obliguen o determinen que el juez pueda plantear la incorporación de actuaciones de investigación previas, lo que no tiene nada que ver con aumentar prerrogativas al juez. Simplemente, es una previsión porque estamos ante un código nuevo, que tiene una serie de normas muy amplias y, por lo tanto, puede ocurrir que de la interpretación normativa surja que tal disposición del código establece que deberían incorporarse las actuaciones. Entonces, no genera confusión. Si el tribunal quiere, puede decir que deben incorporarse tales pruebas que se generaron en el proceso de investigación. La prerrogativa del juez ya está, solo se agrega la posibilidad de que haya, en alguna norma del código, algún otro supuesto que deba tenerse en consideración.
Creo que esto es precautorio y que, de alguna manera, tiene un efecto contrario al que se dijo, ya que aumenta las precauciones ante la puesta en marcha de un nuevo código. Pero, bueno, no es nada determinante y se pondrá a votación.
SEÑORA PAYSSÉ.- Quisiera dejar una constancia y no reabrir un debate que ya dimos en la comisión, aunque también está bien que quede sentado en el plenario.
Siento, al igual que toda la bancada de gobierno –y me animo a interpretar que los senadores de la oposición también lo piensan–, que en nuestro carácter de senadores no somos homologadores automáticos de cuanta cosa surge en los intercambios que tenemos con los asesores que oportunamente recibimos.
Quiero pensar que es así y que, independientemente de que son hojas de ruta u opiniones a considerar, la decisión final la tiene el sistema político con la responsabilidad que le asiste, y no como meros homologadores de algunas cuestiones. Es más, considero que lo que emite la comisión interinstitucional que se creó oportunamente –al principio de manera medio sui géneris y después mediante decreto presidencial– no es palabra santa; sí es una guía fuerte de acuerdos entre los actores involucrados, que hace que los legisladores –en este caso, senadores– consideremos la producción que nos arriman y, por supuesto, las opiniones.
Entonces, en lo personal–y creo que interpreto el sentir colectivo–, reitero: no somos homologadores automáticos de lo que puede provenir de esos ámbitos. Sí son constancias u opiniones a considerar y, en el acierto o en el error –porque de eso se trata–, resumimos nuestras posturas políticas intercambiando ideas entre oposición y oficialismo, pero tomando las decisiones que responsablemente debemos tomar, y asumiendo esa responsabilidad. El día de mañana no quiero decir que me lavo las manos porque la comisión interinstitucional, la Suprema Corte de Justicia o la fiscalía expresaron lo que fuere. No, no, no. En el caso particular del artículo 259, lo analizamos, vimos que había opiniones diversas y es el sistema político el que toma la definición porque, de alguna manera, ese es el mandato que tenemos.
Creo que estamos llegando a la culminación del análisis de estas modificaciones que, como bien se dijo aquí –lo señalé en una fundamentación de voto–, serán sujetas a revisión. Y me hago cargo del planteo del señor senador Michelini porque en comisión también vimos que es necesario que, luego de un período de aplicación del nuevo código, los actores involucrados nos sentemos a seguir reflexionando. Reitero que los acuerdos a los que llegamos –fue así en la mayoría de los casos– se dieron como producto del análisis, del pienso, de la reflexión, de incorporar los argumentos que nos fueron llegando desde los distintos ámbitos, y de nuestros propios asesores.
La síntesis es más que valorable, por lo que en esta especie de intercambio –que se dio en la comisión y que vuelve a darse aquí–, me parecía importante que quedara claro lo que señalé al principio de mi intervención: que no somos homologadores automáticos de lo que puede surgir, incluso de ámbitos interinstitucionales que nos aportan su saber y su experiencia porque, en última instancia, la síntesis política se hace aquí.
SEÑOR CARRERA.- No es por no tomar en consideración lo que planteó la Suprema Corte de Justicia, sino que estamos convencidos de que lo mejor para el sistema que va a implantarse es lo que se propone: cuidar la imparcialidad del juez.
Creemos que en el artículo 259, tal como está, realmente se respeta la imparcialidad; las dos partes –fiscal y acusado– estarán aportando prueba y luego un juez va a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado que, en definitiva, es lo que marca la salud del nuevo sistema acusatorio.
SEÑOR BORDABERRY.- No me gustaría que esta discusión sobre un tema que, creemos, es menor empañe el buen espíritu y el trabajo que se ha hecho. Eso es lo primero que quiero señalar.
Nunca nos hemos sentido homologadores de nada ni lo somos. Sí atendemos sugerencias de profesionales serios, con mucha experiencia –más de la que tenemos nosotros en materia penal–, tales como jueces y ministros del Tribunal de Apelaciones. Obviamente, nos parecen importantes sus sugerencias –no las homologamos, sino que las escuchamos–, pero creemos que no es adecuado que por este tema menor se arme una discusión que empañe el buen trabajo que se hizo. Tampoco estamos buscando tener razón y menos aún, decir que la tenemos. Estamos tratando de hacer un aporte, señora presidenta, para que la norma aprobada sea mejor; exclusivamente es eso. Nos parece que sería una mejor ley y una mejor solución con lo que propone el señor senador Mieres, pero legítimamente la bancada oficialista entiende que no es así, se vota y se soluciona, y no por eso tenemos que entrar a hablar de homologadores o decir que queremos tener razón. Ojalá la ley sea muy buena, porque eso es lo único que nos motiva.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto por el señor senador Mieres.
–5 en 22. Negativa.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, relacionados con actos de discriminación y femicidio. (Carpeta n.º 435/2015 - rep. n.º 502/17 y anexo I)».
Voy a leer un titular del martes 3 de octubre de 2017, que dice: «Nuevo femicidio: mató a su pareja a golpes en la cabeza». Policías encontraron a la mujer fallecida con una soga atada al cuello. Un joven de veintiún años mató a su pareja de varios golpes en la cabeza, aunque en primera instancia quiso simular el suicidio de la mujer. Esta vez, ocurrió en el departamento de Artigas. Como siempre, volvemos a decir: mujer asesinada por un hombre que la considera de su propiedad.
El 7 de marzo, en la Comisión de Constitución y Legislación de esta cámara, lamentablemente con otra noticia parecida, dimos nuestra opinión sobre la necesidad de legislar al respecto. Fue por eso que, de común acuerdo, usamos –por decirlo de alguna forma– el artículo 96 de la ley contra la violencia hacia la mujer basada en género, que está tratando la Comisión de Población y Desarrollo y un proyecto emanado del Poder Ejecutivo a los efectos de dar rápida aprobación a la tipificación del delito de femicidio.
El gran debate lo dimos oportunamente, en la sesión del 5 de abril de 2017, luego de que el 28 de marzo de 2017 la Comisión de Constitución y Legislación aprobara el proyecto de ley que modificó los artículos 311 y 312 del Código Penal. El 18 de abril de 2017 tuvimos la segunda sesión en la Cámara de Senadores, en la que se aprobó el proyecto de ley. Recordemos que el 5 de abril dimos el debate en general en una sesión larga, con intervenciones muy interesantes, profundas y abarcativas sobre el tema.
Como ya dije, el 18 de abril aprobamos el proyecto de ley, el 2 de mayo ingresó a la Cámara de Representantes y el 23 de agosto la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de dicha cámara le introdujo modificaciones al proyecto emanado del Senado. El 26 de setiembre, luego de haber ingresado nuevamente al Senado de la república que ofició de tercera cámara, en la comisión correspondiente se consideraron las modificaciones introducidas y se aprobaron.
Al respecto voy a hacer dos o tres consideraciones. Como la señora presidenta sabe, cuando actuamos como tercera cámara aprobamos o rechazamos las modificaciones de la segunda cámara. Por tanto, en este caso, vamos a aprobar las modificaciones, pero haciendo algunas consideraciones que colectivizamos en la comisión y con las cuales creo que coincidimos.
En primer lugar, quiero decir que las modificaciones no cambian en esencia el contenido de lo que oportunamente había aprobado la Cámara de Senadores.
En segundo término, de alguna manera se modifica el ordenamiento que la Cámara de Senadores le había dado a las modificaciones de estos dos artículos.
En tercer lugar, queremos decir que nos hubiera gustado más el texto que salió de la Cámara de Senadores porque nos parecía más concreto y estaba ordenado de forma más adecuada, según el análisis que habíamos hecho. Sin embargo, ahora estamos ante la circunstancia de aprobar o de rechazar estas modificaciones y, como bien dije, vamos a aprobarlas.
Cuando modificamos el artículo 311 del Código Penal hicimos referencia a la circunstancia de que la víctima hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad con el agresor. Sin embargo, la Cámara de Representantes introdujo algo que a nosotros no termina de convencernos porque agrega que esa relación de afectividad e intimidad sea de índole sexual, pero la verdad, señora presidenta, es que nosotros podemos seguir afirmando razonablemente que el femicidio puede ser la consecuencia de una relación de afectividad o de intimidad, aunque no esté implícita una relación de índole sexual. De todos modos, la Cámara de Representantes así lo interpretó. Reitero que nosotros vamos a votar estas modificaciones, pero dejando sentado que la redacción original nos convence mucho más.
Por otro lado, queríamos decir que en esa modificación la Cámara de Representantes incorpora el término «agente» por cuanto el texto dice: «[…] con alguien con quien el agente tuviere o hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad». El término «agente» nos resulta novedoso y posiblemente en legislación más moderna tenga otros usos. Reitero que compartimos el contenido general de estas modificaciones que hizo la Cámara de Representantes porque siguen abarcando los cambios que tuvieron los dos artículos del Código Penal pero, a nuestro juicio, el texto que va a tener vigencia a partir de su aprobación y promulgación no va en una dirección más concreta, como nos hubiera gustado. Si la única modificación hubiera sido la palabra «agente», nos hubiera parecido totalmente banal su incorporación. De todos modos, queríamos dejar sentado que nos causó un poco de sorpresa que se introdujera ese término y se incluyera que la relación de afectividad y de intimidad fuera de índole sexual, cuando para nosotros era mucho más amplia la definición que se había dado en el Senado.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, solicitamos al pleno que apruebe las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a los efectos de que el delito de femicidio quede tipificado en nuestro Código Penal.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Como los señores senadores saben, se trata de una única votación, ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta o rechaza las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.
Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hemos votado afirmativamente porque no haberlo hecho habría significado rechazar el proyecto de ley. Sin embargo, tal como lo señaló la señora miembro informante, nos parece que las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes, sobre todo las vinculadas a la exigencia de intimidad sexual, no son acertadas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, y el Acuerdo administrativo entre las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América para la implementación del Convenio sobre seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, suscritos en Montevideo, el 10 de enero de 2017. (Carp. n.º 793/2017 - rep. n.º 501/17)».
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: efectivamente, se trata de un convenio de seguridad social y un acuerdo administrativo entre las autoridades competentes.
Uruguay ha celebrado varios convenios de seguridad social con múltiples países –no solo del Mercosur, sino de los diferentes continentes–, pero este, sin duda, tiene una importantísima significación. La significativa diáspora de uruguayos en Estados Unidos, estimada en una cifra aproximada de sesenta mil compatriotas, indudablemente da a un acuerdo de esta naturaleza una potencialidad muy importante. El mismo permite a los beneficiarios de este convenio y del acuerdo que lo implementa que, al cabo de su vida laboral y sin cumplir los requisitos mínimos exigibles en cada Estado, puedan acceder a la jubilación o la pensión mediante la implementación de ciertos mecanismos.
El proyecto de ley recoge los principios tradicionales sustentados por nuestro país, como el de igualdad de trato, de territorialidad, de respeto de los derechos adquiridos y en curso de adquisición, de totalización de los períodos de cotización cumplidos en ambos Estados y de pago de prestaciones por el sistema de prorrata temporis.
Este es un convenio que consta de un preámbulo y veintitrés artículos distribuidos en cinco partes.
El artículo 1.º contiene las disposiciones generales de uso corriente en los Estados contratantes.
El artículo 2.º establece las prestaciones alcanzadas con principios de carácter general, pero también aquellas vinculadas a lo contributivo, relativas a riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.
El artículo 3.º define el ámbito de aplicación personal.
El artículo 4.º consagra el principio de igualdad de trato.
El artículo 5.º prevé el principio de territorialidad, «con las excepciones propias del instituto de desplazamiento temporario para cierto tipo de actividades previstas en el artículo 6.º, en las que la persona trasladada, dependiente o independiente, permanecerá sujeta por hasta un máximo de cinco años a la legislación del Estado de origen, evitando así la doble imposición y facilitando el traslado de personal y la radicación de inversiones».
El artículo 6.º contempla como excepciones el principio de territorialidad, las situaciones del personal embarcado y de empresas de transporte aéreo, así como también funcionarios diplomáticos, consulares y gubernamentales que cumplen funciones en el territorio del otro Estado contratante.
La parte III contiene las disposiciones relativas a las prestaciones por vejez, sobrevivencia e invalidez que servirán los respectivos sistemas de seguridad social.
Luego hay «Disposiciones varias», «Resoluciones de controversias» y «Disposiciones transitorias y finales».
Debemos destacar que en el artículo 8.º del acuerdo se establece: «Este Acuerdo Administrativo entrará en vigor en la misma fecha que el Convenio y permanecerá vigente en tanto el Convenio se encuentre en vigor».
Reafirmamos lo dicho al principio: la importancia de que este nuevo convenio de seguridad social, en particular con los Estados Unidos de América, pueda tener ratificación, porque se trata de enormes beneficios potenciales para nuestros compatriotas en ese país.
Con respecto al artículo único que votaremos vamos a sugerir que se le introduzcan algunas correcciones. Por ejemplo, en donde dice: «Apruébase», proponemos que se establezca: «Apruébanse», en función de que son dos cuestiones a votar: el convenio y el acuerdo. Además, en el último renglón de la disposición, en el que se expresa: «suscritos en Montevideo el 10 de Enero de 2017», se debería agregar: «República Oriental del Uruguay».
La unanimidad de la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo aprobar el convenio y el acuerdo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de 6.º año del Liceo Militar.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito la reiteración de las modificaciones que se pretenden introducir al artículo único.
SEÑORA PRESIDENTE.- Las modificaciones son de texto. Una de ellas consiste en reemplazar el término «Apruébase» por el de «Apruébanse», porque se trata de dos aprobaciones; y, al final del mismo artículo, luego de la expresión: «suscritos en Montevideo», se debería agregar: «República Oriental del Uruguay».
Léase el artículo único del proyecto de ley con las modificaciones propuestas.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo Único.- Apruébanse el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, y el Acuerdo Administrativo entre las Autoridades Competentes de la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América para la implementación del Convenio sobre Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, suscritos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 10 de Enero de 2017».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la Santa Sede, al señor Mario Juan Bosco Cayota Zappettini;
Carp. n.º 893/2017 - rep. n.º 498/17».
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 875/2017, correspondiente a la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la Santa Sede al señor Mario Juan Bosco Cayota Zappettini.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales me concedió el gran gusto de informar este proyecto de resolución. Todos saben que tengo una muy larga relación personal con Mario y una valoración muy alta de sus cualidades.
Mario Cayota es un político, diplomático, docente e historiador católico uruguayo. Se doctoró en Filosofía en la Universidad de La Plata. Posteriormente, se dedicó a los estudios históricos y la docencia. Fue profesor de Filosofía e Historia en enseñanza secundaria y dictó numerosos seminarios a nivel universitario en nuestro país, y también en la Universidad de Petrópolis, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Trento, en Italia. Por más de treinta años ha enseñado en la Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler, ex-Instituto Teológico del Uruguay.
Ha participado con múltiples ponencias en numerosos congresos y seminarios, tanto en Uruguay como en el exterior. Ha escrito varios artículos para diarios y revistas en el país y en el exterior.
En el plano político, fue presidente de la Democracia Cristiana, en el Partido Demócrata Cristiano del Uruguay, por varios años. También se ha desempeñado como vicepresidente. En el período 2000-2005 fue electo edil de la Junta Departamental de Montevideo y también presidió ese Cuerpo.
Cayota ya fue embajador ante la Santa Sede en el período 2006-2011. Es integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y ha sido designado recientemente por Tabaré Vázquez para realizar tareas de investigación en los archivos del Vaticano sobre el pasado reciente.
En el ámbito eclesial, además, Cayota es terciario franciscano, y ha sido ministro de la Orden Franciscana Seglar. Tiene numerosos estudios publicados en torno a los movimientos pauperísticos medievales y también sobre la espiritualidad franciscana. Es director del Centro Franciscano de Documentación Histórica, que tiene proyección latinoamericana.
Ha publicado varias obras. Una de ellas es Cristianos y cambio social en el Uruguay de la modernización (1896-1919), en coautoría con Carlos Zubillaga. Esta es una obra realmente muy interesante, muy importante, en la que Mario y Carlos Zubillaga muestran una mirada diferente sobre la trayectoria de los católicos en aquellos tiempos de transformación y de modernización. Allí los autores también dan relieve a los católicos progresistas, con preocupación social, particularmente centrándose en la figura de Mariano Soler. También publicó Siembra entre brumas. Utopía franciscana y humanismo renacentista, y Una visión del hermano Francisco desde el sur. Por otra parte, trabajó sobre la figura de José Monterroso en la obra titulada Un ciudadano ilustre y su inicuo destierro, en la que destaca la figura de ese sacerdote tan importante en el movimiento artiguista y como secretario del propio héroe nacional.
Es, además, una gran persona, un ser humano excepcional, dotado de una gran calidez, de una adhesión a los valores sustanciales de la coherencia, del trabajo y de la responsabilidad, a quien me ha tocado tratar desde hace muchísimos años.
Realmente siento que el Uruguay hace muy bien en proponer nuevamente su nombre para asumir la Embajada en la Santa Sede. Particularmente, me parece que Cayota tiene un plus para la Embajada en el Vaticano, por el conocimiento que tiene de la Iglesia católica y de sus autoridades y por su historia. Esto agrega a los uruguayos y a la Embajada de Uruguay en el Vaticano mayores posibilidades de diálogo, de entendimiento y de desarrollo de su actividad.
Por último, como se trata de una persona que no es embajador de carrera, quiero destacar que va a sustituir al doctor Francisco José Ottonelli –quien desempeñó el cargo en estos últimos tres años y de quien también me honro en contar con su amistad–, que tampoco era de carrera. De manera que en este caso no hay un incremento de embajadores políticos que, por otra parte, en la actualidad son seis o siete. Es decir que hay un número realmente bajo de nominaciones de carácter político, por lo cual tampoco desde ese punto de vista esta propuesta nos ofrece ningún cuestionamiento.
Finalmente, quiero trasmitir al Cuerpo la votación unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales al aprobar la solicitud de acuerdo para designar a Mario Cayota, a la que además varios de sus integrantes se refirieron en el momento de la votación.
Por estas razones, con mucho gusto estamos solicitando al Cuerpo que vote esta solicitud para designar a Mario Cayota para ese cargo.
SEÑOR BORDABERRY.- No vamos a acompañar esta designación por el mismo motivo que hemos expuesto en el pasado, más de una vez, cuando han venido propuestas de embajadores que no son de carrera.
Queremos dejar en claro que eso no tiene que ver, ni por un instante, con las condiciones personales y profesionales –que las tiene y muchas–, ni con el valor que indudablemente tiene la persona propuesta. Sí adelantamos que podríamos vernos conmovidos en nuestra posición si el Poder Ejecutivo, al designar a un embajador que no es de carrera, fundamentara especialmente el motivo por el cual desea tener a una persona de su entera confianza al frente de esa embajada. La idea es que no solamente se envíen los antecedentes del candidato, sino los motivos por los cuales se entiende del caso la designación. No estamos cerrados a que no exista ninguno. Entendemos que el presidente de la república y el ministro de Relaciones Exteriores pueden tener motivos para querer embajadores de su confianza en Buenos Aires, en Brasilia, en Washington o donde sea, pero creemos que deberían enviar al Parlamento los fundamentos por los cuales se apartan de la designación de un profesional de carrera.
Como no es este el caso, al igual que lo hemos hecho con otras propuestas de embajadores que no son de carrera, no vamos a acompañar la designación. Reitero que este no es el único caso en el que no acompañaremos una propuesta, y eso es prueba de que ni por un instante dudamos de las capacidades y del valor personal de Mario Juan Bosco Cayota.
SEÑOR MIERES.- Con el ánimo de incidir en la voluntad del señor senador Bordaberry, quiero decir que creo que realmente existen razones especiales para votar la designación de Mario Cayota como embajador en el Vaticano. Incluso cuando se presenta la nominación por parte del Poder Ejecutivo, se destaca esa justa peculiaridad.
Todos sabemos que la Embajada ante la Santa Sede tiene un perfil muy especial. No se trata de un Estado cualquiera, sino que está vinculado directamente con la representación de la Iglesia católica. Por lo tanto, bien vale la especificidad de incorporar a alguien que le agregue un plus. Creo que esa es la mirada que ha tenido el Gobierno al proponer esta venia. Se trata de alguien que conoce muy de adentro, muy a fondo, el funcionamiento de la Iglesia católica, así como a muchas de las autoridades que dirigen la Santa Sede, por lo cual la participación de Cayota al frente de esa misión nos agrega una posibilidad de relacionamiento que amerita hacer una excepción. En realidad, la Cancillería ha tomado como criterio, en términos generales, manejarse con embajadores de carrera. De hecho, en el transcurrir de estos años ha habido una reducción muy significativa del número de embajadores políticos, que en muchos casos han sido sustituidos por embajadores de carrera. En este caso, el Gobierno nos está mandando una señal de especificidad, justamente por la especificidad que la Santa Sede tiene como destino diplomático. Se procura ubicar a alguien que habla el mismo lenguaje, que tiene una larga experiencia al respecto y que puede ayudarnos en lo que supone la presencia de nuestro país allí.
Esto era lo que quería agregar, con el ánimo de intentar convencer al colega senador Bordaberry.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: nos sumamos expresamente a las consideraciones sobre lo acertado de la designación de Mario Cayota para el cargo de embajador ante la Santa Sede.
En primer término, ya lo fue entre los años 2005 y 2011, y desarrolló una excelente labor.
En segundo lugar, todos los aspectos a los que ha hecho referencia el señor senador Mieres con relación al valor agregado que tienen el conocimiento y el involucramiento en toda la cuestión religiosa de Mario Cayota, sin duda lo hacen uno de los nombres excepcionales para llevar adelante esta tarea.
Además, allí quedaron muchas tareas pendientes de profundización, como es todo el tema de los archivos. En este caso, Mario Cayota tiene un compromiso muy importante con respecto a lo que pueda resultar de ellos.
Por otra parte, la multiplicidad de representaciones diplomáticas que existen en la Santa Sede hace que sea un lugar estratégico para un país como el nuestro, que no tiene una cobertura tan grande en materia de representaciones diplomáticas por el mundo.
De manera que por los valores sin duda extraordinarios de Mario Cayota –como persona y en las tareas que lleva adelante– y porque tiene la mejor carta de presentación en la labor que llevó adelante en la Santa Sede entre los años 2005 y 2011, es que votamos con sumo placer esta venia.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Santa Sede al señor Mario Juan Bosco Cayota Zappettini».
En consideración la carpeta n.º 893/2017, correspondiente a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno del Estado de Israel al señor Bernardo Greiver.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: hemos tenido la ocasión de recibir nuevamente al embajador Greiver, quien ha sido propuesto para llevar adelante la representación diplomática en Israel.
Es la segunda vez que se le propone este destino al embajador Greiver, de quien también tenemos las mejores referencias, no solo en el período en que nos representó en el Estado de Israel, sino también en los otros destinos, en particular en México, si bien en este último caso no estaba al frente de la misión. El embajador Greiver tuvo un papel muy importante en dos tratados comerciales que tenemos, tanto con Israel como con México, y en desarrollar el vínculo entre nuestros países. Actualmente se desempeña como director general en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su presentación ratificó su condición de servidor público, pero además la firme convicción de llevar adelante el plan estratégico establecido por la Cancillería como base para el trabajo que va a tener, porque seguramente se le conceda este importante destino. También reivindicó algunos aspectos que parece muy importante reconocer aquí: todo lo que nos une con el Estado de Israel y la ineludible referencia al embajador Rodríguez Fabregat en lo que respecta a su desempeño.
En esa instancia el embajador hizo referencia a muchos temas, de los que vamos a destacar algunos de ellos.
Por un lado, recordó la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya posición es apoyar a Israel y a Palestina para que vivan en paz, así como la importancia del contingente militar de nuestro país en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, desde 1981.
Hizo especial hincapié en la parte cultural del trabajo que como embajador se propone realizar en Israel, que sin duda es una línea de identidad de nuestros pueblos, muy importante desarrollar.
También hizo referencia al tema de la cooperación. Ya existen muchos vínculos en materia de cooperación técnica y científica con Israel, pero esto constituye siempre un importante desafío para un país como el nuestro, que comienza a tener mayor reconocimiento de la importancia de la investigación en su estrategia de desarrollo.
Obviamente, los aspectos económicos y comerciales estuvieron en la presentación, tanto en la relación país a país, como en la del conjunto del Mercosur con Israel. Hay que recordar que tenemos un tratado y que allí hay mucha potencialidad para seguir desarrollando.
El embajador hizo referencia a algunas de sus responsabilidades anteriores, tanto cuando formó parte de la representación en México, como cuando ocupó el cargo de embajador en Israel. Él entiende que la presentación de los embajadores ante la Comisión de Asuntos Internacionales es una buena medida, tanto cuando se está por enfrentar un destino, como cuando se vuelve, porque en este último caso se pueden repasar los logros que se obtuvieron y las dificultades que se generaron en el destino.
También se refirió al aspecto comercial y a cómo Uruguay ha tenido, en particular desde el año 2011, un importante beneficio en esta materia. Nuestro país ha tenido un significativo superávit en la relación, lo que muestra que desde el punto de vista comercial se ha seguido intensificando el vínculo con Israel.
Uno de los aspectos no menores de su presentación es el que tiene que ver con las cuestiones consulares. Israel se encuentra entre los diez países en los que Uruguay registra más actuaciones consulares en el mundo. Esto da cuenta de la importante relación –muchas veces de familias– que se desarrolla entre ambos países. Es un aspecto que llama la atención. En ese país existe una colonia de 15.000 uruguayos, aproximadamente, que tienen intenso vínculo con ambos países.
En suma, creemos que es un muy buen destino para un excelente servidor público. Por lo tanto, pedimos al pleno la aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo.
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: compartimos el informe que realizó la senadora Xavier. Conocemos al embajador Greiver por su don de gentes, por su idoneidad, por su profesionalismo. Por eso nos alegra especialmente esta propuesta.
Vamos a votar con muchísimo gusto su designación como embajador ante el Estado de Israel, sabiendo de su trayectoria, como bien decía la senadora Xavier, en cada lugar donde nos ha representado.
No dudamos, además, de que la relación va a ser muy rica, porque así lo fue cuando se desempeñó como embajador en ese mismo país. Lo conocí, precisamente, cuando ocupaba ese cargo, y recuerdo todo el trabajo que llevó adelante en el relacionamiento entre Israel y Uruguay, tendiendo puentes desde lo político, lo social, lo comercial. Todo ello redundó en beneficio de nuestro país, y estoy segura de que en esta oportunidad va a volver a hacerlo.
Espero que nos contagiemos de algunas prácticas de Israel, tomando en cuenta –como decía el embajador el día que compareció ante la comisión– que, a pesar de ser un pequeño país en aquel lugar tan complejo, casi desértico y sin recursos naturales, ha logrado ser un paradigma como potencia científica, cultural y económica, en temas como el del manejo del agua. Son experiencias que debemos aprovechar a través de la cooperación.
Por último, queremos sumarnos a un deseo de tolerancia, siempre presente y permanente –ha sido la postura de Uruguay en tanto país exportador de diálogo–, para que exista una paz duradera entre Palestina e Israel. Como bien decía el embajador en su informe en la comisión: dos pueblos, una paz.
Por todos esos motivos, vamos a votar esta venia de designación –y en nombre del Partido Nacional expreso que lo hacemos con mucho beneplácito–, deseando muchos éxitos al embajador, que seguramente también lo serán para nuestro país.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: obviamente compartimos las expresiones de nuestra compañera de bancada, senadora Verónica Alonso, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales.
Personalmente, no solo quiero adherir, sino también dejar constancia de que con mucho beneplácito acompañamos la designación del señor Greiver como embajador uruguayo en Israel.
Siendo representante, fui invitado por el Gobierno de Israel e integré una delegación que acudió a aquel país en momentos en que Greiver se desempeñaba como embajador. Así, no solo pudimos apreciar su disposición y su profesionalismo, sino también los vínculos que había generado con ese país amigo del Uruguay, y el respeto y la atención que el embajador Greiver tenía con la comunidad uruguaya en Israel.
Después vino a desempeñarse como secretario general de la Cancillería, donde creemos que desarrolló un trabajo muy profesional y digno de destacar. Ahora, creo que se le asigna merecidamente este nuevo destino en forma reincidente, en función de una labor exitosa anterior. Se le da la oportunidad, una vez más, de coronar una carrera diplomática con muchos éxitos, como le deseamos.
Por todo esto, con mucho gusto vamos a votar la venia solicitada para designar al señor Greiver como embajador uruguayo en Israel.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Israel al señor Bernardo Greiver».
24)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 3 de octubre de 2017
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones personales, desde el lunes 9 al jueves 12 de octubre del 2017.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el lunes 23 de octubre hasta el viernes 27 de octubre de 2017, inclusive.
Motivan dicha solicitud dos invitaciones recibidas. Por un lado, una invitación para participar, el día 23 de octubre, del Seminario de Políticas Públicas que desarrollará el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. Por otro lado, una invitación para integrar una Mesa Redonda de discusión sobre los partidos de izquierda en la actualidad, organizado por el Departamento de Estudios Latinoamericanos (ELA), de la Universidad de Brasilia, a realizarse durante los días 26 y 27 de octubre en Brasilia, Brasil.
Se comunica que los señores Rafael Paternain y Virginia Cardozo han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Federico Preve, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
(Así se hace. Son las 12:39).
(Son las 12:47).
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.
SEÑOR DE LEÓN.- Formulo moción para que se suspenda la sesión ordinaria de mañana.
(Así se hace, a las 12:47, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Ayala, Beramendi, Bordaberry, Carámbula, Carrera, De León, Delgado, Garín, Heber, Martínez Huelmo, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé y Xavier).