Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38304
Timestamp: 2019-10-18 19:01:17
Document Index: 302589612

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'Artículo 164', 'Artículo 134', 'Artículo 133', 'artículo 6', 'artículo 134', 'ARTÍCULO 134', 'Artículo 134']

Gaceta: LXII/1PPO-65/38304
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA CONTRALORÍA CIUDADANA COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente:
Es un despropósito que la contraloría del Estado, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y corrupción está al servicio, y por tanto al arbitrio, del titular de la máxima magistratura. Figura a la que le responden también las dependencias encargadas de direccionar y ejercer los presupuestos federales -donde se corre el mayor riesgo de incurrir en prácticas de desfalco al erario público-. Esto representa un claro conflicto de intereses, siendo que la administración pública federal se erige como juez y parte.
Nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor del Estado sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo. Que una posición tan importante para el probo funcionamiento de la administración pública, fundamental para elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, sea ejercida por un empleado del Presidente, representa un sin sentido y atenta contra el principio de vigilancia y transparencia.
El nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública por parte del Presidente de la República alienta la opacidad y pervierte la función primigenia de un órgano que, en teoría, debería fungir como censor de toda práctica ilegal en la administración pública. En cambio, vemos que esta instancia se convierte en encubridor de las tropelías propias de un aparato burocrático ajeno al escrutinio ciudadano.
Sólo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder. Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.
Es por lo anterior que se propone ciudadanizar la contraloría del Estado, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar, teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México.
La corrupción, a nadie le es ajeno, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia un estadio de mayor bienestar y desarrollo económico. Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios, ha imantado su imperio a todos los órdenes de gobierno, así como a todos los sectores sociales del país.
Una instancia sólida, queda claro, y ciudadana, debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacía abajo.
En materia de combate a la corrupción México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido: La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales y; apenas en el 2004, nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Estos instrumentos internacionales, de conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.
Con la creación de la Contraloría Ciudadana, México estaría honrando lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente en lo que respecta al artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que a la letra dice:
El nombramiento del contralor ciudadano se logrará tras una ardua auscultación en la sociedad, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propongan a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado. Será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
Países como Venezuela ya cuentan con Contraloría Autónoma (Contraloría General de la Republica). Esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan Poder Ciudadano.
Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería encargarse de coordinar todo el sistema de control y evaluación gubernamental, de igual forma sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.
De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad en los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.
Un punto más a destacar es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción, cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podrá iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.
Es indispensable vigilar, y a ese fin se aboca la presente iniciativa, que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer en carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito.
El primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula:
Es precisamente para honrar el espíritu de este artículo, y en vista de lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO AL ARTÍCULO 134, Y SE RECORREN LOS ACTUALES Y SUBSECUENTES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134, y se recorren los actuales y subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La Contraloría Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, será la encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos. La Contraloría Ciudadana estará presidida por un Contralor Ciudadano General, cuya designación será hecha conforma a la convocatoria emitida por el Senado de la República, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propondrán a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado.
En su funcionamiento, la Contraloría Ciudadana se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
El Contralor Ciudadano General será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Durará en su cargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, no deberá tener filiación partidista alguna, deberá de contar con reconocido prestigio profesional y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. El Contralor Ciudadano General presentará anualmente un informe de actividades ante la Cámara de Senadores.
Corresponde a la Contraloría Ciudadana la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos relacionados con actos de corrupción o uso indebido de recursos públicos, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos. Le corresponderá, de igual manera, solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de estos, vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las correspondientes Leyes reglamentarias dentro de los 60 días de la entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO.- En un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores deberá elegir al Contralor Ciudadano General. Conforme al procedimiento dispuesto por este Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de noviembre de dos mil doce.