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Timestamp: 2019-07-21 21:05:28
Document Index: 232358598

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 54', 'artículo 103', 'artículo 106', 'artículo 25', 'artículo 16', 'artículo 139', 'artículo 48', 'artículo 123', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 129', 'artículo 124', 'artículo 68', 'artículo 30', 'artículo 62', 'artículo 13', 'artículo 105', 'artículo 111']

Lea íntegramente el Recurso de Reposición que Narciso Romero ha presentado contra el Decreto que multa con 80 euros a los vecinos de Sanse que circulen por La Moraleja
AL EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.
DON NARCISO ROMERO MORRO, mayor de edad, con DNI nº 09772640D, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Municipal PSOE del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, según acredito con el documento que acompaño, con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza de la Constitución nº 1, 28701 de San Sebastián de los Reyes, ante V.E. comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:
Que mediante Decreto 9040 del Director General de Alcaldía, delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, de 18 de octubre de 2013, se dictan Medidas de Restricción y control de Tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes en su acceso desde la carretera M-12. Este Decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de noviembre de 2013.
Considerando que el citado Decreto es un acto no ajustado a derecho, dicho sea con el debido respeto al órgano resolutor, es por lo que, dentro del plazo legalmente establecido, por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, vengo a interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el mismo. Todo ello con base en los siguientes
PRIMERO y único._ DECRETO 9040 DE 18 DE OCTUBRE DE 2013 PUBLICADO EN EL BOCM Nº 267 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2013.
De la publicación de este Decreto procede destacar:
· El objeto del citado Decreto es el de restringir el tráfico rodado de determinados vehículos a partir del 4 de noviembre de 2013, en el Paseo Conde de los Gaitanes de la urbanización La Moraleja de Alcobendas, en su acceso desde la carretera M-12, los días laborables lectivos, de 7.30 a 9.30 de la mañana.
El incumplimiento de esta medida de restricción constituye un ilícito que se sanciona con una multa de 80 euros, según el punto 1.6 del Decreto.
Los motivos para la adopción de esta medida de restricción, según consta en el Decreto, son los siguientes:
Los perjuicios de movilidad que se causan a diario en la Moraleja por un exceso de volumen de tráfico condensado en el horario punta de 7.30 a 9.30.
Que los perjuicios son: la congestión, el ruido, la polución y la disminución de la seguridad vial, porque el Paseo es una calle que carece de capacidad para soportar tanto tráfico.
Que gran parte de dicho tráfico no tiene destino en la urbanización, sino que es tráfico de paso, originándose una gran conflictividad con quién sí tiene como destino dicha urbanización, siendo este su acceso principal y estando justificado su uso.
Los vehículos autorizados para el acceso no son exclusivamente los que tienen como destino la Moraleja. Estos vehículos se definen en el punto 1.3 del Decreto y son:
Vehículos empadronados en Alcobendas.
Vehículos con destino en colegios de la urbanización previamente dados de alta en el SICAM.
Vehículos de dos ruedas, autobuses, microbuses, auto taxis y resto de vehículos de transporte colectivo de viajeros.
Vehículos de asistencia sanitaria, de emergencias, de seguridad y de servicios públicos del Ayuntamiento de Alcobendas o sus organismos.
Vehículos del personal adscrito a los inmuebles de empresas…en general de personas jurídicas radicadas en la urbanización… .
Vehículos del personal adscrito al servicio doméstico que trabajen en la Moraleja… .
Este Decreto lo dicta y lo publica el Director General de Alcaldía, y no el Alcalde, sin que conste referencia alguna a la delegación.
A los presentes hechos le resultan de aplicación los siguientes,
PREVIO. El Decreto 9040 que restringe el tráfico por el Paseo Conde los Gaitanes de La Moraleja tiene como finalidad evitar o paliar los perjuicios que se ocasionan a los vecinos de la urbanización por la utilización masiva de una calle interior como paso o acceso entre la M-12 y la A-1.
Esta medida, (sin duda solicitada por los vecinos de la urbanización, ya que son los únicos perjudicados por el tráfico de paso), se adopta en unos términos que no excluyen única y exclusivamente al tráfico de paso, como ocurriría en el supuesto de que sólo se permitiese el acceso a los vehículos cuyo destino fuere la propia urbanización.
Parece lógico que de esta medida restrictiva se excluyan los vehículos de emergencias, seguridad y servicios –por su interés público-, así como los vehículos de dos ruedas –por su movilidad-, y los colectivos, -por su alta densidad-, pero lo que resulta incoherente con la finalidad del Decreto es la reserva de dispensación que se hace para todos los vecinos de Alcobendas.
Y en todo caso es una medida discriminatoria para los vecinos de San Sebastián de los Reyes que forman parte de la misma conurbación. De hecho, es la urbanización de La Moraleja la que está separada, por la A-1, de la unidad funcional Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
Y en esto consiste, precisamente, la cuestión que se suscita en relación con esta medida, que -o bien- puede “prohibir” el tráfico de paso, en cuyo caso sólo debe excluir en el punto 1.3.1 del Decreto, a los vehículos empadronados en la urbanización La Moraleja de Alcobendas; o bien “limitar” el tráfico de paso, en cuyo caso debería ampliarse el punto 1.3.1 del Decreto incluyendo a todos los vehículos empadronados en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Existen otros motivos formales de nulidad que igualmente se reseñan en el presente recurso, y que determinan la imposibilidad de aplicar la medida, por lo que se solicita la suspensión de la misma y su revocación de oficio.
Todo ello en la forma y con el contenido que se expone a continuación.
I. NO SE MOTIVA QUE LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN ALCOBENDAS QUEDEN EXCLUIDOS DE LA MEDIDA RESTRICTIVA.
La motivación que contiene el Decreto para la adopción de la medida restrictiva del tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes no sólo no justifica que queden excluidos los vehículos empadronados en Alcobendas, sino que ésta excepción, es incluso contraria a la finalidad que se pretende.
Hay que tener en cuenta que la urbanización La Moraleja al estar situada al este del municipio de Alcobendas y separada del mismo por la A-1, con lo que cualquier vehículo empadronado en Alcobendas, que obviamente no sea de la propia urbanización, constituye un “tráfico de paso” entre la M-12 y la A-1, que es precisamente lo que causa los perjuicios que motivan la restricción.
Los actos discrecionales como el que nos ocupa deben estar motivados, máxime si se trata de excepciones a una norma de general cumplimiento, en cuyo caso deben estar especialmente justificados. Y en éste caso la excepción queda huérfana de toda motivación vulnerando lo dispuesto en el artículo 54. f de la Ley de Régimen Jurídico.
II. LA EXCEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN ALCOBENDAS ES DISCRIMINATORIA PARA LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
Cuando se trata de municipios unidos funcionalmente y separados por la A-1 de la urbanización La Moraleja, comparten el mismo destino en relación a las medidas que pudieran adoptarse tanto en caso de restricción, como de excepción, del tráfico de paso por aquélla.
Por ello, esta medida de exclusión únicamente de los vehículos de Alcobendas es discriminatoria y contraria a las medidas de colaboración que presiden las relaciones interadministrativas y que tantos beneficios reportan a los vecinos de ambos municipios.
Con esta colaboración entre los Ayuntamientos de ambas localidades se ha mejorado la calidad del servicio público ofertado, ya que muchas de las actividades y servicios públicos se utilizan de forma conjunta entre los vecinos de uno u otro municipio. De hecho el 10 de noviembre de 2011 se constituyó una comisión de estudio y análisis de servicios municipales prestados por ambos Ayuntamientos, y ello con el objeto de mejorar el coste y la eficiencia mediante una prestación conjunta entre ambos municipios.
Así, en materia de tráfico, el 25 de septiembre de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración para la prestación conjunta del servicio de retirada y depósito de vehículos de la vía pública; y el 29 de octubre de 2012 se firmó el Convenio para el acceso a información de datos de vehículos y ciudadanos.
Por todo ello no se entiende que la medida restrictiva no afecte de igual forma a los vehículos de Alcobendas que a los de San Sebastián de los Reyes, precisamente porque se trata de municipios unidos, sin solución de continuidad, que comparten accesos, polígonos industriales, zonas comerciales, de ocio….
Si se permite el tráfico de paso a los vehículos de Alcobendas, debe permitirse también a los de San Sebastián de los Reyes, habida cuenta de que no existe ninguna diferencia en relación al uso del viario de La Moraleja, entre unos y otros vehículos. Los accesos son los mismos y los destinos también, ya que ambos municipios están unidos y separados de la Moraleja por la A-1.
III. LAS MEDIDAS POLÍTICAS DEBEN TENER COMO FINALIDAD EL INTERÉS GENERAL.
Según dispone el artículo 103.1 de la Carta Magna, la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Estos intereses generales no se satisfacen con la medida que sólo excluye a los vehículos del municipio de Alcobendas y no a los de San Sebastián de los Reyes, cuando está acreditado que no existe diferencia alguna entre estos vehículos en relación a la utilización del acceso restringido.
Lo que evidencia que se trata de una medida que no beneficia por igual a todos los usuarios que reúnen las mismas condiciones. Podría tratarse de un simple olvido que debiera subsanarse, ya que de lo contrario, también podría interpretarse como un acto político cuya finalidad no es la de atender a los intereses públicos, sino que se dirige exclusivamente a los votantes del municipio de Alcobendas con una clara vocación electoralista.
Está claro que la medida restrictiva satisface los intereses de los vecinos de La Moraleja, y que lo hace sin limitar los intereses de los vecinos de Alcobendas, en cuánto electores todos ellos del mismo municipio; en cambio, la única diferencia con los vecinos de San Sebastián de los Reyes, no está en los accesos, los usos y los destinos de la medida restrictiva de tráfico adoptada en relación con los vecinos de Alcobendas, sino que la diferencia está en que estos vecinos no son electores de este municipio, prevaleciendo intereses políticos sobre los intereses del conjunto de la ciudadanía que comparte la misma conurbación.
En éste sentido, el artículo 106.1 de la Constitución somete al control de los Tribunales la legalidad de la actuación administrativa y la coherencia con los fines que la justifican.
IV. EL DECRETO DEFINE UN ILÍCITO QUE NECESARIAMENTE DEBE REGULARSE EN UNA DISPOSICIÓN NORMATIVA, LO QUE DETERMINA QUE EL ÓRGANO COMPETENTE SEA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
El Decreto vulnera una garantía consustancial a nuestro derecho como es la reserva de ley en materia de tipicidad de las infracciones, tal y como dispone el artículo 25 de la Constitución y 129 de la Ley de Régimen Jurídico.
Es cierto que sólo se trata de un desarrollo normativo de una norma legal que habilita para ello, como es el artículo 16 del Texto Articulado de la Ley de Tráfico, y 37.1 del Reglamento, y que según permite el artículo 139 de la Ley de Bases de Régimen Local puede realizarse mediante Ordenanzas. De hecho la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Alcobendas, de 28 de abril de 1998, publicada en el BOCM el 22 de junio de 1998 regula este mismo supuesto genérico en el artículo 48:
“Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de ordenación de tráfico, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, asi como reordenando el estacionamiento”.
Ahora bien, la imposición concreta de estas limitaciones también tiene la naturaleza jurídica de “normas”, en este caso “normas especiales”, como indica la propia Ordenanza del municipio, en el Anexo II, por lo que debe regularse mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria municipal, y no mediante Decreto.
Este Anexo II califica de infracción grave el incumplimiento de las medidas restrictivas que pudieran dictarse, pero, como es lógico, dice expresamente que dichas limitaciones, en su caso, deberán definirse.
V.gr. : “Desobedecer las normas especiales dictadas por la autoridad local sobre limitaciones a la circulación (deberá especificarse en qué consisten las limitaciones)”.
Esta definición de un ilícito necesariamente implica el ejercicio de una potestad reglamentaria, como la modificación o complemento de la Ordenanza, cuya competencia está atribuida según el artículo 123.1 d) de la Ley de Bases al Pleno del Ayuntamiento, y en consecuencia, el Decreto es nulo de pleno derecho por que incurre en la causa del artículo 62. 1 b) de la Ley de Régimen Jurídico, al estar aprobado por un órgano incompetente.
El artículo 7.b) de la Ley de Tráfico vigente, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, atribuye al municipio la competencia en materia de tráfico para regular “mediante Ordenanza Municipal de Circulación” los usos de las vías urbanas. En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ordenanza de Alcobendas dice que su objeto es el de “regular la ordenación y el control de tráfico y la circulación en las vías urbanas de titularidad municipal, así como los usos de la misma y la adopción de la competencias preventivas y ejecutivas en la relación con la materia”.
Según dispone el artículo 129.3 de la Ley de Régimen Jurídico: “Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.”
Mediante Decreto se pueden calificar las infracciones, dentro de los límites de la ley, y regular la cuantía de las sanciones, pero no definir los ilícitos que necesariamente debe venir regulado en una Ordenanza.
V. EL DIRECTOR GENERAL DE ALCALDÍA CARECE DE COMPETENCIA DELEGADA PARA DICTAR DECRETOS.
Según el artículo 124.4.g) de la Ley de Bases de Régimen Local, el Alcalde es competente para dictar Bandos, Decretos e Instrucciones. Si bien esa competencia puede delegarla, entre otros, en los Directores Generales, según el punto 5 del mismo artículo. En el mismo sentido los artículos 33 y 30.1 respectivamente del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas (ROGA).
La delegación de competencias, según el art. 13 de la Ley de Régimen Jurídico debe ser expresa y debe publicarse en el Boletín que corresponda. Asímismo en el punto 4 del mismo precepto se exige que las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Pues bien, en el Decreto publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013 no consta ninguna delegación, y además concurre que la misma no existe, porque la delegación efectuada mediante Decreto 4794 de 30 de mayo de 2013 que se tiene por válida, no lo es, no al menos para delegar la facultad de dictar Decretos.
En consecuencia, ni existe delegación para la forma que adopta la resolución: “dictar Decretos”, ni tampoco para el contenido competencial de la resolución: “dictar normas reguladoras del tráfico”, que como ha quedado acreditado ni siquiera es competencia del Alcalde.
En el punto segundo letra c), del citado Decreto de Delegación, publicado en el BOCM de 30 de julio de 2013, el Acalde delega su única competencia normativa en materia de tráfico al Director General de Alcaldía, que es la de: “proponer las normas reguladoras de circulación, señalización y estacionamiento del tráfico y circulación”.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 68.2.c) del ROGA, que atribuye a los Directores Generales “la elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones”. En el mismo sentido, el artículo 30.2 del ROGA establece que: “Las delegaciones referidas en el apartado anterior abarcarán, tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo que expresamente se indique lo contrario”; es decir, dirigir-gestionar y resolver, o elaborar proyectos de disposiciones, o proponer las normas reguladoras de la circulación, pero en ningún caso dictarlas.
Tampoco la forma de los actos de los Directores Generales corre mejor suerte en la regulación del ROGA, porque no autoriza a que adopten la forma de Decretos, como –por el contrario- sí lo autoriza expresamente cuando se trata de los actos de los Concejales Delegados de Área, los Concejales-Delegados, Consejero Delegado y Consejero Delegado de Área, “que pueden dictar Decretos”, según puede comprobarse con los artículos 70.1 y 58. 1 y 2 del ROGA respectivamente.
Por esta causa el Decreto también es nulo de pleno derecho, ya que ésta vez incurre en la causa del artículo 62. 1 b) y e) de la Ley de Régimen Jurídico, al estar aprobado por un órgano incompetente, y además estar dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello.
VI. IRREGULARIDADES EN LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE AFECTAN A SU EFICACIA.
Por último y aún cuando el Decreto tiene vicios de nulidad de pleno derecho y no puede ser convalidado, se observan irregularidades en su publicación que afectan, no ya a su validez, sino también a su eficacia.
Como ya se ha apuntado falta en la publicación del Decreto el requisito exigido por el artículo 13.4 de la Ley de Régimen Jurídico, en el sentido de que debe indicarse expresamente que el Director General actúa por delegación y la reseña de la misma.
Otro defecto se refiere a la fecha de entrada en vigor del Decreto, que no puede ser el 4 de noviembre de 2013, porque su eficacia quedaría demorada, en todo caso, al día siguiente a la fecha de su publicación, que es posterior, concretamente el 9 de noviembre de 2013.
En virtud de lo expuesto, y habida cuenta de los vicios de nulidad de los que adolece el Decreto, y teniendo en cuenta las responsabilidades en las que puede incurrir el Ayuntamiento de Alcobendas si lo ejecutara, causando perjuicios injustificados al interés público, procedería la suspensión de oficio del acto impugnado y su revocación, en aplicación del artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico, o bien una revisión de oficio que declare su nulidad. No obstante, en el supuesto de que no se considere esta posibilidad, sometemos el asunto al control judicial de legalidad de la actuación administrativa, en base a lo cual,
Que teniendo por presentado este escrito, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Decreto 9040 del Director General de Alcaldía, delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y protección Civil del Ayuntamiento de Alcobendas, de 18 de octubre de 2013, por el que se dictan Medidas de Restricción y control de Tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes en su acceso desde la carretera M-12, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de noviembre de 2013, y seguido que sea por sus trámites se dicte resolución por la que se acuerde la nulidad del acto impugnado; y hasta ese momento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley procedimental, se solicita la suspensión del Decreto.
Es justicia que pido en Alcobendas a 9 de diciembre de 2013.
Fdo. Narciso Romero Morro.