Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=60565&legiid=488
Timestamp: 2017-09-25 20:46:10
Document Index: 275774212

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 73', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 10', 'artículo 121', 'artículo 13', 'artículo 19']

SOLICITUD PARA TRÁMITE EN COMISIÓN DE GOBIERNO DE PROYECTO SOBRE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR
ENMIENDA A CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA
ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y PROTOCOLO DE ENMIENDA
CREACIÓN DE DEFENSORÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ
CONSULTA POR COBERTURA AUGE PARA LINFOMA NO HODGKIN, DIAGNOSTICADO A SEÑOR NELSON SOLE VIDELA. OFICIOS
ACCIONES PARA PRONTA LIBERACIÓN DE CIUDADANO CHILENO-VENEZOLANO BRAULIO JATAR Y MEDIDAS ANTE VULNERACIÓN DE ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA. OFICIOS
REFORMA A REGISTRO PESQUERO ARTESANAL Y ESTUDIO PARA CREACIÓN DE NUEVAS PESQUERÍAS EN MARES INTERIORES DE CHILOÉ. OFICIO
FALTA DE REACCIÓN DE CHILE FRENTE A SITUACIÓN DE PRESOS PALESTINOS EN CÁRCELES DE ISRAEL. OFICIOS
CRISIS EN SALUD PÚBLICA. OFICIOS
Sesión 12ª, en miércoles 3 de mayo de 2017
(De 16:27 a 19:7)
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE; EUGENIO TUMA ZEDAN
Y PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTES ACCIDENTALES
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo.
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9ª, especial, y 10ª, ordinaria, ambas en 18 de abril del año en curso, que no han sido observadas.
Catorce de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los doce primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
5) El que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N° 10.063-21).
6) El que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica las normas que señala (boletín N° 10.126-15).
7) El que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente de la misma Cartera (boletín N° 10.314-06).
8) El que reduce los aranceles para la importación de mercancías que contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible (boletín N° 10.394-05).
9) El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
10) El que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (boletín N° 10.545-08).
11) El que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07).
12) El que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas de ley:
1) La que crea el Ministerio de la Cultura (boletín N° 8.938-24).
2) La que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370 (boletín N° 11.132-04).
Mediante el cual retira la solicitud para el nombramiento de Ministros Titulares y Suplentes del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta (boletín N° S 1.928-05).
--Se tiene presente el retiro y se manda archivar los antecedentes.
Con el mismo oficio solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministros Titulares del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, a los señores Daniel Guevara Cortés, Mauricio Oviedo Gutiérrez y Marcelo Hernández Rojas, y Ministros Suplentes del mismo Tribunal a los señores Cristián Delpiano Lira y Fabrizio Queirolo Pellerano, haciendo presente para el despacho de este asunto la urgencia contemplada en el inciso segundo del N° 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 1.932-05).
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua (boletín N° 10.683-06) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo indica que aprobó el proyecto de ley que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.315-18) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y a la de Hacienda, en su caso.
Da respuesta a acuerdo del Senado referido a la situación de Venezuela (boletín N° S 1.924-12).
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre el estado de la solicitud individualizada, presentada por Radio Club Copiapó, y fiscalizaciones realizadas en el marco de la licitación de la banda 700 mhz.
Del señor Ministro del Deporte:
Remite respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, para informar sobre las actividades deportivas dirigidas a la población originaria del país, ejecutadas durante los años 2015 y 2016.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del eventual maltrato y hostigamiento a los ancianos individualizados de la comunidad Kawashkar de Puerto Edén por parte de funcionarios de ese servicio, durante la realización de una fiscalización pesquera.
De KPMG Auditores Consultores Ltda.:
Envía informe del Servicio de Auditoría Integral al Servicio Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 18.556, para el período comprendido entre junio de 2016 y marzo de 2017.
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto de ley sobre plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile (boletín Nº 11.209-02).
Con el primero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el segundo señala que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para establecer mecanismos de protección en situaciones de emergencia o de falta de seguridad laboral (boletines Nos 7.547-13 y 9.385-13, refundidos).
Del Senador señor Zaldívar, para ausentarse del país a contar del 6 de mayo en curso.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, me quiero referir a la Cuenta, en la que se dispone que el proyecto de ley que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez pase a la Comisión Especial encargada de tramitar los proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
Yo deseo hacer el punto en el sentido de que nosotros en la Comisión de Gobierno vimos la iniciativa que crea la Subsecretaría de la Niñez y había algunos temas acerca de los cuales pedimos una visión un poco más global respecto de la institucionalidad relacionada con la infancia.
Su Señoría y el Senador Quinteros probablemente recordarán cómo iba a terminar la institución completa respecto a materias vinculadas con la niñez: dentro del Ministerio de Desarrollo Social mediante nuevas atribuciones, con la creación de la Subsecretaría de la Niñez, con la separación del SENAME en dos instituciones diferentes, etcétera.
Y para comprender la institucionalidad con una mirada más general siempre se hizo alusión a que vendría el proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez enmarcado dentro de iniciativas con una misma vinculación. Por lo tanto, íbamos a comprender toda la institucionalidad una vez que llegara el mencionado proyecto.
Por eso, señor Presidente, pido que la iniciativa a que he hecho referencia pase a la Comisión de Gobierno. Porque cuando nosotros veamos los otros asuntos relacionados con la institucionalidad de la niñez es importante que analicemos este proyecto en conjunción con ellos.
En tal sentido, como miembro del órgano técnico respectivo -no lo he conversado con su Presidente-, pido que el proyecto sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez pase por la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, valoro mucho el trabajo desarrollado por la Comisión de Gobierno al analizar el proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez. Pero nosotros adoptamos el acuerdo, que fue unánime en su minuto, de establecer una Comisión Especial encargada de tramitar iniciativas relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, precisamente por dos razones.
En primer lugar, porque las Comisiones, en especial las de Gobierno, de Constitución, en fin, tienen muchos proyectos de ley -¡muchos proyectos de ley!- por examinar y no es fácil crear los espacios para que se traten todos.
Y en segundo término, porque era importante contar con una Comisión que intentara focalizarse en temas de la infancia.
Nosotros, en la lógica de lo que plantea la Senadora Von Baer, aprobamos el proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que, de hecho, aparece en la tabla de hoy. Esa iniciativa se halla mucho más vinculada al proyecto sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que viene de la Cámara de Diputados, que el relacionado con la creación de la Subsecretaría de la Infancia.
No es que quiera hacer una competencia absurda, pero son las dos caras de la misma moneda: el Defensor de la Niñez, cuyo proyecto de ley espero que podamos votar hoy día o el próximo martes en la Sala del Senado, y el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez.
Yo sé de las preocupaciones que hay respecto a esta última iniciativa; sé sobre las discusiones que hubo en la Cámara de Diputados. Y hay muchos puntos respecto del proyecto que puedo, incluso, compartir con la Senadora Von Baer. Pero en este punto estimo que lo lógico es que la iniciativa vaya a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. De lo contrario, señor Presidente -y yo no me enojo-, eliminemos esta Comisión Especial, porque no tendría sentido mantenerla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Propongo a la Sala que este asunto lo discutamos en reunión de Comités.
El señor WALKER (don Patricio).- No, señor Presidente.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, cuando me incorporé al Senado, usted lo presidía. Y llegué pidiendo que se formara una Comisión Especial de Bomberos, etcétera. Pero Su Señoría me explicó algo que después entendí: seguir creando comisiones especiales genera una situación imposible para las comisiones permanentes.
En consecuencia, no me gustan las comisiones especiales, porque terminan dejando sin quorum para que trabajen las comisiones permanentes. Por lo tanto, me parece que va en la línea correcta lo que plantea la Senadora Von Baer. Y si, además, el Senador Patricio Walker está de acuerdo en terminar con estas comisiones especiales, creo que es lo más lógico y lo que tiene sentido.
El señor WALKER (don Patricio).- ¡No he dicho que estoy de acuerdo!
El señor PROKURICA.- ¡Ah! ¡No está de acuerdo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, Su Señoría. El Senador señor Patricio Walker no ha expresado que sea partidario de su eliminación, sino que la acepta si el Senado toma esa decisión.
Insisto: a mi juicio, no debiéramos resolver este asunto en una discusión de la Sala, sino que, más bien, tendríamos que llevarlo a los Comités. Y si allí no hay acuerdo, el tema vuelve a la Sala, donde deberemos resolverlo por mayoría.
La señora MUÑOZ.- Pero la Sala no ha tomado una decisión.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, habiendo un tema de tanta prioridad, como es el de los niños, las niñas y los adolescentes, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, el Senado determinó que estamos ante un compromiso político de mayor envergadura, en que se están definiendo políticas, institucionalidad respecto de esta área. Y uno podría llegar incluso a entender, aunque con dificultad, que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia quisiera entrometerse en este debate con legitimidad. ¡Pero que lo haga la Comisión de Gobierno, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que significa una normativa sobre derechos garantizados de acuerdo a un tratado internacional para un estamento de la sociedad -porque eso es lo que se está discutiendo-, me parece indebido!
Se podría discutir que este proyecto fuera analizado en la Comisión de Derechos Humanos, porque es el órgano técnico donde se consagran derechos universalmente reconocidos y que queremos internalizar en nuestra legislación.
Pero por lo mismo, por la especificidad de los temas de infancia, la Corporación acordó formar una Comisión distinta para este propósito.
No me parece correcto insinuar que esta Sala no es capaz de resolver este tema y que hay que llevarlo a discusión en los Comités, que puede ser algo muy legítimo, pero no necesario. Sustantivamente, el proyecto sobre derechos de niños, niñas y adolescentes tiene tanto que ver con la Comisión de Gobierno como con la Comisión de Defensa, es decir, ¡no tiene nada que ver!
Señor Presidente, hoy la Comisión de Gobierno se encuentra analizando temas de regionalización -son una prioridad- y de construcción de institucionalidad -materia muy importante-. Por lo tanto, pienso que está fuera de discusión si el proyecto debe ir o no a dicho órgano técnico. No tiene para qué.
Uno podría argumentar respecto a si la iniciativa debe enviarse, en segundo trámite legislativo o en uno simultáneo, a la Comisión de Derechos Humanos o a la de Constitución. Pero, evidentemente, no ha lugar la petición de la distinguida Senadora.
En consecuencia, solicito a la Sala resolver ahora este asunto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, tenemos que tomar una resolución sobre la materia. No podemos destinar toda la sesión a esta discusión.
¿Sobre el mismo asunto, Senador señor Quintana?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, esta fue una decisión unánime de los miembros de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, de su Presidente, el Senador Patricio Walker, de la Senadora Van Rysselberghe, de los Senadores Ossandón, Letelier y quien habla. Reitero: fue una decisión unánime que resulta absolutamente coherente con toda la normativa y con todo lo que se está discutiendo en este instante.
Ayer en la Comisión despachamos el proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. O sea, nos hemos abocado al mandato que nos entregó esta Sala.
Por eso, señor Presidente, yo no soy partidario de retrotraer el debate y que los Comités analicen esta situación. ¡Si fue la Sala la que le encomendó a esa Comisión especial hacerse cargo de los temas legislativos propios de la infancia!
Ello sería lo mismo que entrar a rediscutir hoy día si los proyectos relacionados con la Agenda de Probidad y Transparencia -gran parte de la cual ya está despachada- tendrían que ir a una Comisión distinta a la especializada que creó este Senado, que, desde luego, no es permanente.
Por lo tanto, pienso que esta situación debe zanjarla la Sala.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo quiero secundar su planteamiento, porque creo que, efectivamente, aquí hay un asunto bien complejo.
Respecto al tema de la niñez, por ejemplo, me parecería razonable que, dada la importancia de esta en el ámbito de la educación, la Comisión de Educación pudiera reclamar revisarlo. A la vez, se acaba de aprobar en general la iniciativa que crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, tengo la impresión de que se trata de un tema que está presente en demasiados lugares. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene a su cargo el SENAME. En fin, aquí nos hallamos ante una materia cuyo análisis muchos pueden reclamar.
Lo mismo ocurre, como bien señaló el Senador Quintana, con la Agenda de Probidad y Transparencia. ¿Tiene sentido que se mantenga indefinidamente la Comisión especial que se creó, en circunstancias de que hay órganos técnicos que ven dichas materias en forma paralela, como la Comisión de Gobierno o la de Constitución?
A mi juicio, es bueno llevar adelante una discusión. Por lo tanto, sugiero que veamos este asunto en los Comités y, por cierto, que después lo traigamos a la Sala. Yo no pretendo evitar el debate en el Hemiciclo. Si algunos Senadores estiman que esto merece una segunda opinión y el Presidente de la Corporación sugiere que lo analicemos en reunión de Comités, veámoslo en esa instancia. Porque, al final, el tema lo podremos zanjar aquí, en la Sala.
En consecuencia, me sumo a esa petición.
El señor MONTES.- Señor Presidente, yo creo que aquí hay dos discusiones: una reglamentaria, relacionada con cómo nos distribuimos la carga de trabajo, y otra sustantiva.
Y lo que generó esta Comisión especial fue, más bien, una reflexión muy sustantiva: asumir que estamos atrasadísimos en materias relativas a los niños; no sabemos qué hacer con ellos en este país. Estamos creando instituciones, estableciendo mecanismos. Pero claramente nos falta una visión más de conjunto.
No sabemos qué está ocurriendo con los niños, para que la sociedad tenga una propuesta, un proyecto, a través de la educación, de la familia, de los barrios, para los niños.
Nos podemos hacer los lesos con esto y discutir solo aspectos, como lo relativo a los niños infractores de ley. ¡Pero en verdad tenemos un problema con la niñez! ¡Y este fenómeno se da no solo en Chile, sino también en el resto del mundo! Se trata de niños totalmente distintos de lo que fuimos nosotros e, incluso, nuestros hijos.
Entonces, cuando se dice: "Creemos un espacio institucional para que piense y se aboque a esto en profundidad, incluso más allá de los proyectos", yo creo que se trata de una decisión sustantiva. Y me parece que esto no se encuentra en debate ahora.
Otra cosa es que queramos mejorar la forma en que otras Comisiones aportan. Porque, claro, hay dimensiones institucionales. También podría estudiar el proyecto la Comisión de Derechos Humanos o cualquiera otra. Pero como tiene tantas dimensiones, decimos: "Nombremos una Comisión con estas características".
Señor Presidente, creo que el tema de las comisiones especiales, lo reglamentario, podríamos analizarlo en Comités para el futuro. Pero esta Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes es necesaria, es una opción sustantiva. Por lo tanto, hay que mantenerla y, ojalá, profundizarla, que cuente con asesores que ayuden a trabajar, coordinados con la Biblioteca del Congreso Nacional.
¡Es tal el atraso que existe en materia de infancia que cualquier paso atrás implicaría que nosotros mismos nos estamos engañando!
Lo mínimo que este Parlamento, este Senado debe hacer es precisar el problema de la infancia en Chile y trazar líneas para enfrentarlo.
Por eso, a mi juicio, no está en discusión esta Comisión especial, sino un tema reglamentario de otra naturaleza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Durante la Cuenta, el Senado aprobó que el proyecto que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez pasara a la Comisión especial creada para esos efectos. Yo coincido con muchos de los argumentos que derivaron en la formación de dicho órgano especializado.
Ahora bien, la Senadora señora Von Baer planteó la revisión de ese acuerdo.
Por lo tanto, quedan dos posibilidades: o se vota inmediatamente aquí, en la Sala, si se mantiene lo que ya aprobó el Senado en la Cuenta; o bien, en el ánimo de evitar el debate en la Sala, se lleva el asunto a los Comités para resolverlo allí.
Pero el acuerdo ya está tomado: el proyecto irá a la Comisión Especial. Ahora, para revisarlo en la Comisión de Gobierno, conforme a la petición que ha hecho la Senadora Von Baer, tendría que autorizarlo la Sala.
Ese es el procedimiento reglamentario.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, votaremos.
La señora MUÑOZ.- ¡No se vota! ¡Se requiere unanimidad!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señora Senadora, la Sala adoptó un acuerdo que solo la misma Sala puede modificar. Y la Senadora Von Baer está pidiendo que se revise dicho acuerdo.
El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente. La Senadora Von Baer solicitó que el proyecto pasara directamente a la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Cuando se leyó la Cuenta, yo dije lo siguiente: "Si le parece a la Sala, pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes y a la de Hacienda, en su caso".
Y así se acordó. Ahora, si alguien me pide modificar ese acuerdo, tengo que pedir el asentimiento de la Sala. Para ello he dado la palabra con relación a la Cuenta, para que se le hagan observaciones, no por otra razón. Y la Senadora Von Baer hizo una observación que debo someter a la consideración de la Sala.
Yo había propuesto ver el asunto en Comités, pero, si los señores Senadores quieren pronunciarse de inmediato, no tengo ningún inconveniente.
Por lo tanto, someteré a votación la propuesta formulada por la Senadora Von Baer en el sentido de modificar el acuerdo ya adoptado por la Sala.
El señor LARRAÍN.- Para que el proyecto vaya a la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Exactamente.
La otra posición es mantener el acuerdo que se tomó en cuanto a que la iniciativa sea enviada a la Comisión Especial de niños, niñas y adolescentes a que se refirió el Senador Patricio Walker.
Es lo que voy a someter a votación.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, nosotros dimos una dura batalla para constituir la Comisión Especial de la Infancia. Y además somos parte de una bancada por la misma causa. Pero considero que el proyecto debe verse tanto por esa Comisión Especial como por la de Gobierno.
Por lo tanto, lo que yo propongo es que primero pase a una y luego a la otra, estableciéndose un criterio para los efectos de que ambos organismos puedan resolver esta materia.
Le pido que también se considere esta alternativa, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hay que tener un mínimo de coherencia con lo que el Senado ya ha acordado.
Cuando Senadores de todas las bancadas nos reunimos con Estela Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, se dijo que la idea era apresurar el trámite de los proyectos del área por el grave retraso que existe en la política sobre la niñez en Chile. Por lo tanto, se invistió de manera expresa a la Comisión Especial con la autoridad para tratar todas las iniciativas legales que se presentaran al respecto.
Postergar el debate sobre la materia o pretender efectuarlo paralelamente obedece a un claro objetivo. ¡Pero que lo digan! No vamos a discutir ahí la situación de los niños "trans" ni el tema de la identidad de género; se van a discutir proyectos sobre protección del bien superior del niño, que han sido retrasados por todos los gobiernos, no solo por el actual, sino también por el anterior.
Tenemos una política sobre la niñez decadente, que ha propiciado que el SENAME se haya convertido en un riesgo para la vida de los niños.
Hay proyectos de ley pendientes que debiéramos tratar en la Comisión Especial. Si no, ¿para qué creamos comisiones especiales?
Yo exijo coherencia con lo que acordamos los parlamentarios de todas las bancadas en un minuto: establecer una Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, que fue una propuesta que le hice a la señora Estela Ortiz y a los Senadores que me acompañan.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno ha estado tratando materias relacionadas con la niñez, así que coincido en que el proyecto debiera ser enviado a ella.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, si algunos señores Senadores quieren situarse en la perspectiva, equivocada para mi gusto, de que la solicitud hecha por una parlamentaria es un intento por dilatar la discusión, eso es mentir, es mentirle al país.
De lo que se trata en realidad es de trabajar en la iniciativa de manera responsable y seria. ¿Por qué lo digo? Porque, efectivamente, tal como lo ha expresado su Presidente, la Comisión de Gobierno ha tratado la creación de todas las instituciones relacionadas con la niñez. Y la solicitud de la Senadora Von Baer no busca dilatar la discusión, sino profundizarla, para ver cómo se interrelacionan dichas instituciones entre sí. Lo que mi colega está pidiendo es tratar el proyecto en la Comisión de Gobierno con profundidad, pero a la vez con rapidez.
¿Cómo alguien puede negarse a que el proyecto sea analizado de la mejor manera posible, sobre todo considerando los argumentos expuestos, la importancia que la materia requiere y lo que ella significa?
Obviamente, debemos tramitarlo con prontitud, pero también con la profundidad que la Comisión de Gobierno está solicitando, tal como ya se hizo con otras instituciones directamente relacionadas con la materia.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, los Senadores y las Senadoras tenemos todo el derecho del mundo a pedir que los asuntos vayan a las distintas Comisiones, pero yo pido un poquito de coherencia.
Cuando se formó la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, la chantaron respecto al proyecto de reforma constitucional que pone límites a la reelección de autoridades porque tenía que ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y lo tienen parado en el Senado desde hace un año y medio, sin que se pueda votar en la Sala.
Cuando se creó la Comisión de la Infancia, que preside el Senador Patricio Walker, se acordó que todos los proyectos relacionados con la materia fueran vistos en dicho organismo. Pero ahora se dice que no, que, como están relacionados, deben ir a otra Comisión.
Lo único que pido, señor Presidente -y da lo mismo a qué Comisión vaya el proyecto-, es un poquito de coherencia.
Hay un Senador que les ofreció a las personas del ámbito de la cultura la creación de una Comisión especializada en la materia. ¡Hace un año y medio! ¡Y todavía no se concreta!
Entonces, no formemos Comisiones especiales si después les quitamos los proyectos de ley que les corresponden.
Por lo tanto, lo que pido es que haya coherencia con lo que nosotros mismos hemos definido.
Además, le pido a usted, en su calidad de nuevo Presidente del Senado, que haga valer el derecho de la bancada de Amplitud e Independientes, ya que a sus integrantes nos tienen absolutamente fuera de un montón de Comisiones. Se lo he pedido por escrito. Y me cansé de ir a las reuniones de Comités a reclamar lo mismo, sin ninguna posibilidad de solucionar el asunto.
¿Qué sacamos con hacer una modificación reglamentaria si, al final, aquí se vota y los independientes y Amplitud no somos mayoría en los números que existen al interior del Senado? Probablemente afuera sí; aquí, no.
Así que, señor Presidente, pido un poquito de coherencia cuando se forman Comisiones y que cada una de ellas haga su pega. Si enviamos demasiados proyectos a Gobierno, a Legislación y Justicia, las iniciativas no salen porque esos órganos no dan abasto.
Por lo tanto, hagamos funcionar las Comisiones.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, estimo que la Comisión de Gobierno tiene una tremenda tarea y un compromiso con esta Sala en el sentido de sacar otros proyectos, como es el caso de la elección de la autoridad regional, con su respectiva transferencia de competencias y con la ley electoral correspondiente. Y se debe cumplir un compromiso presidencial al que de alguna manera se le está haciendo el quite porque se saca la calculadora para ver si nos conviene que sean electos ahora o que los designe el próximo Mandatario.
Yo creo que eso es escamotear el bulto y por eso pido, con mucho respeto, que cada Comisión se centre en los temas que realmente le son prioritarios.
Hemos creado una Comisión Especial para la Infancia, y me acabo de enterar de que existe una bancada por la infancia. No podría siquiera sospechar que alguien no quisiera pertenecer a ella, pues, obviamente, debemos privilegiar los derechos de los niños. Y si ya hay una Comisión para ello, me parece muy bien que pueda terminar su trabajo.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea de lo manifestado por la Senadora Lily Pérez, considero que aquí tenemos que sincerar lo que estamos haciendo.
Hace un mes sostuvimos una discusión relacionada con el proyecto sobre contrato por obra o faena, la que, si se aprobaba por esta Sala, pasaba a la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa que lleva más de seis años en tramitación.
Acá se dijo que debía ir a la Comisión de Agricultura. No se le consultó a la Sala, sino que usted, señor Presidente, hizo una consulta muy en murmullo, y finalmente la iniciativa se fue a ese organismo.
¿Y se ha tramitado allí el proyecto? ¿Está en tabla?
La idea fue entrampar la tramitación de una iniciativa esencial para miles de trabajadores del país que viven bajo ese contrato injusto.
Hoy día se busca lo mismo: entrampar un debate fundamental.
Se hizo lo mismo con la Comisión Especial de Recursos Hídricos. El proyecto de reforma al Código de Aguas pasó a cuatro Comisiones.
¿Qué se busca? Entrampar un debate fundamental.
Entonces, sinceremos la situación.
Acá no hay temas reglamentarios ni de protagonismo de Comisiones, sino la búsqueda de entrampar debates que son centrales.
¡Y eso hay que decirlo sinceramente, señor Presidente!
Creo que la Sala es soberana para decidir. Y usted, señor Presidente, debería consultar si, por unanimidad, aceptamos la propuesta de la Senadora Von Baer. No hay por qué ir a Comités. Entiendo que la Sala puede pronunciarse sobre si un proyecto va a una Comisión u otra.
En consecuencia, la Sala debería pronunciarse soberanamente sobre la propuesta que se ha formulado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay más inscritos.
En todo caso, señora Senadora, le recuerdo que no se requiere unanimidad para pronunciarnos sobre la solicitud, porque lo que se aprobó en la Cuenta fue que la iniciativa pasara a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, y a la de Hacienda, en su caso.
Ese fue el acuerdo y así quedó registrado.
¿Qué se ha pedido? Que el proyecto -y pedí que se aclarara la solicitud-, además de pasar por la Comisión Especial mencionada, sea enviado también a la Comisión de Gobierno.
Por lo tanto, lo que someteré a votación es la petición formulada por la Honorable señora Von Baer y el Senador señor Chahuán para que el proyecto que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez pase también a dicho órgano.
Y eso se resuelve por mayoría. Pero desde ya el acuerdo tomado es que pase a la Comisión Especial, y a la de Hacienda, en su caso.
El señor CHAHUÁN.- La idea, señor Presidente, es que, adicionalmente, pase a la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Secretario me informa que tendremos que tomar la votación a mano alzada, pues tenemos problemas con el sistema electrónico.
--En votación a mano alzada, se rechaza la solicitud de que el proyecto pase a la Comisión de Gobierno (13 votos en contra y 9 a favor).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En consecuencia, se mantiene el acuerdo adoptado por el Senado en orden a que la iniciativa sea enviada a la Comisión Especial, y a la de Hacienda, en su caso.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el día de ayer quedó pendiente fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo garantía para los bienes durables.
Se ha hecho llegar a la Secretaría una propuesta en el sentido de fijarlo para el lunes 15 de mayo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala para ello?
Boletín N° 10994-10
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho figura el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR", suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.994-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 1ª, en 14 de marzo de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es promover y proteger efectivamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió la iniciativa en general y en particular, por tratarse de aquellas de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Larraín, Letelier y Pizarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que me honro en presidir, acordó aprobar la iniciativa en debate en atención a los antecedentes que tuvimos a la vista, una vez que fueran presentados por la Cancillería.
Sucede que el MERCOSUR aprobó el año 2005 el Protocolo que establece el compromiso de promoción y protección de los derechos humanos, el cual fue suscrito por los Estados miembros de dicha organización (léase Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Sin embargo, el artículo 7 del referido instrumento permite que los Estados asociados, como es el caso de Chile, puedan adherir al Acuerdo.
En lo fundamental, el Protocolo plantea, en forma muy similar a lo que hacen los textos de la OEA y la UNASUR, la defensa de los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, establece, en caso de registrarse violaciones a los derechos y libertades fundamentales que sean graves y sistemáticas, un mecanismo de consulta en cada una de las Partes con el propósito de decidir cómo es posible superar la crisis institucional o la ocurrencia de estados de excepción.
Aclaró también la Cancillería que esta situación no distingue entre Estados miembros y Estados asociados, por lo cual la aprobación de este proyecto de acuerdo nos deja en las mismas condiciones que los Estados miembros.
Por las consideraciones anteriores, este proyecto constituye una manera más de testimoniar nuestro compromiso con tales principios y de asegurar que, siempre que existan violaciones a los derechos humanos, a la democracia y, en general, al sistema democrático de un país, la comunidad internacional, en este caso el MERCOSUR y sus países asociados, podrán tomar medidas y actuar, tal como, por lo demás, lo ha estado haciendo en estos días el sistema democrático a propósito de lo que ocurre en Venezuela.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
Boletín N° 10996-10
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana", suscrito en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.996-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 10ª, en 18 de abril de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es introducir modificaciones al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana para fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Lagos, Larraín, Letelier y Pizarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, brevemente, para complementar lo que ha expresado el señor Secretario al informar el proyecto.
En realidad, se trata de dos proyectos de acuerdo que, deseablemente, deberían ser analizados y votados en conjunto, toda vez que son complementarios.
Uno es el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, que es el que se ha puesto en discusión, y el otro es el que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989.
¿Por qué? Porque ambos instrumentos buscan establecer, en definitiva, una red de coproducción cinematográfica que permita una mayor colaboración e intercambio entre los países firmantes, cuestión que, ciertamente, va en directo beneficio de los creadores y productores cinematográficos chilenos.
Hoy día la producción en el ámbito cinematográfico es sinónimo de coproducción entre países. Y en la región muchos de ellos han establecido numerosos beneficios tributarios y de otra naturaleza para asegurar que puedan participar en tales coproducciones, aprovechando los subsidios o beneficios que los Estados ofrecen para esa finalidad. De hecho, hoy día Chile tiene acuerdos de coproducción internacional con Venezuela, Argentina, Canadá, Brasil, Italia y Francia.
Por otra parte, nuestro país integra la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, organización constituida por las máximas autoridades de veintidós países, incluidos Portugal y España.
Ahora, la aprobación de este instrumento implica que, en vez de ir a buscar convenios bilaterales con cada uno de los países, habrá, en forma automática, convenios de coproducción con todos los países firmantes, que son quince en total (incluidos México, Colombia y España, con los cuales nuestro país no tiene un acuerdo de cooperación bilateral directo).
Por todas estas razones y por los beneficios que genera para la producción cinematográfica chilena, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad estas dos iniciativas, y sugiere a la Sala dar su respaldo, ojalá también en forma unánime, como una señal de apoyo al cine chileno.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
Boletín N° 10997-10
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.997-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto de acuerdo es introducir modificaciones al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana para fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Lagos, Hernán Larraín, Letelier y Pizarro.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor DE URRESTI.- ¿Puede abrir la votación?
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, procedamos de la misma forma que en la votación anterior.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Si hay acuerdo de la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
Boletín N° 10163-14
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y urgencia calificada de "suma".
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sus principales objetivos son los siguientes: 1) Mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, 2) perfeccionar el impuesto territorial, y 3) establecer un tratamiento tributario específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro y Tuma.
Cabe tener presente que, en el número 3, el inciso tercero del artículo 28 bis A, el artículo 28 bis B, el artículo 28 bis C y la letra b) del artículo 28 bis E; en el número 5, el inciso primero del artículo 36; en el número 6, el artículo 37; en el número 8, el inciso primero que se propone en la letra a) y las letras b), c) y g); y en el número 9, la letra b) -todos numerales del artículo primero-, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 134 a 151 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, esta iniciativa fue debatida ampliamente en la Comisión de Vivienda, que me tocó presidir en su momento. Y durante su tramitación se contó con la asistencia y el aporte de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Paulina Saball -a quien saludamos-, que nos acompaña en esta Sala junto con sus asesores doña Jeannette Tapia y don Enrique Rajevic; y del Subsecretario de Hacienda, don Alejandro Micco, y su asesor don Sergio Henríquez.
Asimismo, concurrieron numerosos invitados, quienes ilustraron detalladamente acerca de los contenidos de esta iniciativa. En efecto, estuvieron presentes los representantes del Servicio de Impuestos Internos; de la Cámara Chilena de la Construcción; del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; del Instituto Libertad y Desarrollo; de la Fundación Techo-Chile; de la Fundación Jaime Guzmán; de la Biblioteca del Congreso Nacional; del Centro de Estudios Públicos; y también el investigador señor Slaven Razmilic y los profesores señores Pablo Trivelli, Francisco Sabatini y José Riquelme.
De manera resumida, y en lo medular, cabe destacar que el proyecto busca mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, para lo cual se propone profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial; facilitar el acceso a la información contenida en aquellos; implementar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un observatorio del mercado del suelo que permita generar mayores simetrías de información entre los agentes que operan en el mercado; y, por último, simplificar el acceso y ampliar la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.
Al mismo tiempo, se plantean modificaciones al impuesto territorial para posibilitar su actualización cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación, asegurando su aplicación ante aumentos importantes en el valor de los bienes raíces y ampliando la operatoria de la sobretasa a los sitios eriazos, para impedir sus externalidades negativas.
Por otro lado, se establece un impuesto orientado a capturar una mayor parte del aumento del valor asociado a las modificaciones de los planes reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano, gravando ese incremento en las transacciones de alto valor con un impuesto de 10 por ciento del aumento, que se cobrará en el momento de la enajenación del inmueble.
Cabe señalar que durante el estudio del proyecto en la Comisión, y a propósito del análisis de una serie de asuntos sustanciales de su texto, quedó de manifiesto la pertinencia de introducir diversos perfeccionamientos en el texto y, especialmente, de examinar en detalle esta propuesta legislativa.
Finalmente, y en tanto se apruebe en general la iniciativa, es necesario fijar un plazo de indicaciones que atienda a sus características y complejidades, por lo que me permito sugerir que sea el día 29 del mes en curso.
Y antes de finalizar, señor Presidente, solicito que se abra la votación, sin disminuir los tiempos de intervenciones, ya que este proyecto requiere quorum especial.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Se ha solicitado autorización de la Sala para abrir la votación.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
La señora SABALL (Ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, tal como ha dicho el Senador Tuma, este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional en esta Corporación, y persigue tres propósitos.
Primero (es muy importante e incluso ha estado en el debate público en este último tiempo), alcanzar transparencia, agilidad y coherencia en los procesos de planificación urbana.
Segundo, generar una participación ciudadana mucho más pertinente en los procesos de planificación urbana. Buscamos que se armonice el proceso de participación ciudadana con el de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planificación territorial, que hoy día corren por cuerdas separadas, sin converger entre sí.
Tercero, generar mayores niveles de transparencia en la información de que dispone la ciudadanía para participar de los procesos de planificación urbana.
En ese sentido, el proyecto de ley propone implementar tres observatorios. El primero, que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene por finalidad exponer al uso público de una manera adecuada, pedagógica y actualizada la situación de todos los instrumentos de planificación territorial vigentes en el país, así como su estado de tramitación.
El segundo observatorio dice relación con la información de que dispone el Servicio de Impuestos Internos respecto del mercado del suelo para saber, en definitiva, cuáles son sus valores, compatibilizando dichos antecedentes con la ley de protección de las personas.
El tercero está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, y entrega, para uso público, información pormenorizada de toda la propiedad pública, fiscal y de otras entidades del Estado que hoy existe, así como también da cuenta del uso y destino que se le da.
Ese es el primer propósito de este proyecto de ley, que ha sido ampliamente debatido y -yo diría- valorado en todas las instancias en que se ha discutido.
El segundo propósito de la iniciativa es asegurar mayores niveles de eficiencia, oportunidad y justicia para determinar la contribución de los bienes raíces. Para tal efecto, se generan dos modificaciones.
La primera es para cuando haya cambio del uso de suelo y, por ejemplo, este pase de rural a urbano. En tal caso, el Servicio de Impuestos Internos deberá reavaluar los bienes para que, de alguna manera, estén conformes con la actualización que se realice.
La segunda apunta a incorporar en la sobretasa que hoy día establece la ley a aquellos sitios eriazos no edificados -propiedades abandonadas o pozos lastreros, ubicados dentro de la ciudad- cuando no se hallen urbanizados, porque la normativa vigente los excluye de tal condición.
Finalmente, el tercer propósito de esta iniciativa legal es contemplar un impuesto muy específico, que permita capturar parte de la plusvalía generada cuando el cambio del uso de suelo de rural a urbano genere para el propietario del terreno una plusvalía que, en este caso, solo va a afectar a los inmuebles con un valor superior a 5 mil unidades de fomento al momento de la venta.
Lo que se busca es que este tributo adicional diga relación solo con el terreno y no con las edificaciones. Estas últimas quedarían aisladas y el destino de este gravamen serán los propios municipios. Una parte les llegará vía fondo común municipal y la otra en forma directa a aquella en cuya comuna se ubique dicho inmueble.
A través de este proyecto queremos hacernos cargo, en primer lugar, de las propuestas que realizó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en materia de mercado de suelo y, también, de la que planteó la Comisión Engel en cuanto a transparencia de la información y de los datos del mercado; y, finalmente, queremos asumir el desafío de lograr que la planificación urbana sea una acción mucho más participativa, coherente, transparente y eficiente para los efectos de generar un desarrollo urbano equilibrado.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Antes de ofrecerle la palabra al Senador señor Montes, solicito la autorización de la Sala para que pueda ingresar al Hemiciclo el Subsecretario de Hacienda, don Alejandro Micco.
El señor BIANCHI.- Está bien.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Acordado.
La señora MUÑOZ.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación.
El señor ARAYA.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES.- Correcto.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En votación la idea de legislar.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, creo que este proyecto es muy importante. Y si bien no resuelve plenamente un problema, nos permite avanzar.
¿Cuál es el problema al que me refiero? La realidad del suelo en Chile, que presenta muchas dificultades para regularlo como un bien y para asegurar que se halle en línea con el desarrollo más general de nuestro país.
El suelo es un factor que permite una gran especulación, en torno a él hay un mal sistema tributario, es fuente de fortunas y no necesariamente está alineado con ciertos objetivos nacionales.
Si uno revisa el libro Guinness de los récords podrá ver que el suelo en Chile aparece como uno de los mejores negocios del mundo, porque, prácticamente, carece de mayores sistemas de regulación y permite sobreutilidades, sin verse afectado por el pago de tributos significativos.
En el curso de los años hemos venido tratando de incorporar algunas medidas para mejorar esta situación. Es así como en la reciente reforma tributaria -cuestión que fue acogida en forma unánime en ambas ramas del Parlamento- se aprobó incorporar la ganancia de capital para un período, a fin de dar cuenta del incremento que se pudiera registrar de un período a otro.
Se han propuesto también otras ideas, como propiciar formas de integración de las ciudades. Por ejemplo, un loteo que se haga dentro de cualquier ciudad de Colombia debe dejar un 25 por ciento para ser destinado a la construcción de viviendas sociales; en Brasil aplica una norma similar y se exige destinar a tales efectos 30 por ciento. Por su parte, en Andalucía esto llega a 65 por ciento. Pero en Chile es nada, y tenemos una de las ciudades más segregadas del mundo: Santiago.
¿A qué apunta el proyecto? A ayudar a enfrentar el problema por tres vías.
Primero, mejorar los instrumentos de planificación para que el crecimiento y el equilibrio en el desarrollo de las ciudades sean más adecuados.
Segundo, dar transparencia al mercado en cuestión a través de los observatorios.
El mercado de suelo es muy poco transparente y, en general, no se conocen los valores a los que se transan las propiedades y no hay nada que nos permita reunir aquella información. Es cierto que existen un par de empresas -una pertenece a Pablo Trivelli- que se dedican a recopilar estos antecedentes -lo logran con mucha dificultad- para decirnos los precios a los que se venden, en promedio, en tal o cual zona de la ciudad.
Lo que ahora se busca es que el Servicio de Impuestos Internos publique dicha información, que tenga un observatorio y sistematice los datos para saber, a lo largo del país, el valor de transacción y así contar con un mercado de este tipo con mayor transparencia.
Y se habla de observatorios con distintas variables, que van a considerar diversos aspectos, tamaños y otras cosas.
Un tercer componente tiene que ver con asumir una posición ante la decisión administrativa, por ejemplo, de cambiar los límites urbanos, cuestión que genera utilidades muy fuertes: ¡inmensas utilidades!
Recuerdo que cuando se cambió el plan regulador metropolitano y se incorporó a buena parte de la comuna de Colina, el conflicto surgió porque los propietarios de esos terrenos trataron de influir tanto en el Parlamento como en todos los organismos del Estado para quedar incorporados dentro de la expansión urbana.
Hace muy poco hubo una extensión en Santiago de alrededor de 10 mil hectáreas. Y se dio bastante presión por quedar incorporado en ella, es decir, dentro de la ampliación del límite urbano. ¿Y qué se logra con esto? Que quien venda los terrenos, luego de haber sido autorizados para ciertos fines, perciba una utilidad muy muy significativa.
Algunos proponen que no haya límite urbano, que se levante, que se ocupe el terreno en la forma que se quiera. Esto ya se hizo en 1979, con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de la época. Afortunadamente, llegó a la Cartera de Vivienda el Ministro Poduje para corregir la idea de que el terreno era un bien que se podía transar como cualquier otro. Eso permitió que no siguiera creciendo el límite urbano. Cuando llegó Miguel Ángel Poduje al Ministerio el precio ya había aumentado cinco veces, se habían multiplicado por cinco los valores de los terrenos, porque al levantar esa frontera los terrenos se transformaban en bienes especulativos de gran significación.
He sabido de numerosas transacciones que hoy día se hacen desde China a través de Internet para comprar terrenos en Chile, dada la ausencia de mecanismos que regulen dicha situación.
¿Qué propone el proyecto en esta tercera dimensión? Simplemente, que la utilidad generada por el cambio del plan regulador signifique una contribución, un aporte para la ciudad, para la comuna y la región. Y que esto se haga de acuerdo con el diferencial entre los valores previo y posterior al cambio del plan, pero que solamente se aplique, se haga efectivo al momento de vender la propiedad, cuando se la destine a otros usos.
Por lo tanto, no se trata de una sobrecarga que se vaya a presentar en determinada circunstancia o en cualquier momento.
A mi juicio, la importancia de esta iniciativa también radica en el hecho de que incorpore lo que acabo de señalar.
¿Cómo se ha hecho esto a través de la historia en Chile? Primero, el Estado compraba terrenos antes de cambiar el plan regulador; los adquiría por distintas vías, con el objeto de compartir la plusvalía, el plusvalor.
Yo creo que es importante apoyar este proyecto que ahora se vota solo en general.
Del mismo modo, resulta trascendente que le demos nuestro respaldo, que lo aprobemos y lo perfeccionemos en el debate en particular -se han dado bastantes ideas, porque se invitó a mucha gente a participar en el trabajo de la Comisión- a fin de mejorarlo y dar un paso significativo hacia adelante.
Estamos atrasados en esta materia y esto tiene que ponerse en línea con los objetivos de país.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, quisiera aclarar que, producto de un problema informático, aparece en las pantallas grandes el proyecto de acuerdo que se aprobó anteriormente. Sin embargo, lo que se está votando en general es el proyecto sobre trasparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliación del límite urbano, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Como contiene normas de quorum orgánico constitucional, requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Senador señor Tuma, tiene la palabra.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto de ley sin duda llega tarde al debate de una legislación que permita al Estado regular de mejor manera el crecimiento y la convivencia de las ciudades y el mundo rural.
La iniciativa da cuenta de los problemas que afectan el crecimiento, desarrollo y consolidación de nuestras ciudades. Tiene el mérito de poner en el centro de la discusión los bienes públicos que se ven afectados por las diversas modificaciones de los planos reguladores y por las decisiones que se adoptan en el mercado del suelo.
Aquí no está en cuestión el derecho de propiedad, pero sí es hora de poner en evidencia las tensiones, limitaciones y los efectos que tiene su ejercicio sin las regulaciones que resguarden el interés de toda la comunidad.
La iniciativa está orientada a mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, el cual, más que opaco, parece bastante oscuro, porque en él se entrecruzan los intereses económicos con decisiones administrativas o públicas.
Se propone perfeccionar el impuesto territorial y establecer un tratamiento tributario específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos en mayor medida con la comunidad.
El mercado del suelo y su gestión presentan baja participación de los ciudadanos y mínima incidencia de estos en las decisiones que se adoptan. El proyecto permitirá profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial, facilitar el acceso a la información contenida en esos instrumentos, implementar un observatorio del mercado del suelo que generará mayores simetrías de información entre los agentes que participan y fortalecer el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el respectivo Ministerio.
Junto con la transparencia se propone mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se captura el incremento de valor asociado al cambio en el uso de suelos a través de un impuesto territorial. Es preciso actualizar dicho impuesto frente a los cambios en los instrumentos de planificación territorial que aumentan de manera considerable el valor de los bienes raíces.
Vía impuesto se propone capturar la mayor parte del incremento de valor asociado a las modificaciones de los planes reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano, gravando ese incremento en las transacciones de alto valor con un impuesto de 10 por ciento del incremento que se cobrará en el momento de la enajenación del inmueble. Esta afectación se contempla para los bienes de mayor avalúo, léase aquellos cuya tasación supere las 5 mil unidades de fomento.
El mecanismo de recuperación de la plusvalía de los bienes raíces para la modificación del instrumento de planificación está presente en la experiencia internacional.
En el caso de Francia, se estableció un impuesto que grava el cambio de uso de suelo cuando pasa desde rural a urbano, para que de esta manera se pueda enfrentar de mejor forma la expansión urbana que ha presionado los territorios y modos de vida rurales. Los recursos recaudados se destinan a un fondo para la promoción y la consolidación de la agricultura y que facilita el acceso a la tierra. El gravamen es de 5 por ciento cuando el precio de venta aumenta entre 10 y 30 veces. Sobre ese umbral se aplica un 10 por ciento e incluye todas las transacciones que son superiores a 15 mil euros.
Por su parte, en el caso de Colombia la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común está amparada en la Constitución. En el marco institucional la recuperación de la plusvalía se establece como un instrumento económico para el financiamiento del desarrollo urbano.
Señor Presidente, este proyecto de ley instala una discusión crucial para el país. No se trata solo de la aplicación de un gravamen. Es fundamental hacernos cargo de los problemas estructurales que afectan a la política pública en materia del mercado del suelo.
La iniciativa abre un debate que llega tarde a nuestras ciudades, desfiguradas por un mercado del suelo sin regulación. Requerimos un análisis urgente y necesario, porque las comunas, las familias esperan políticas del Estado que resguarden los bienes públicos asociados a la gestión del suelo.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor TUMA.- Por último, señor Presidente, solo quiero señalar que existen medidas que el Estado adopta para bien o para mal, y que se deben reflejar en los instrumentos de planificación en el momento de considerar la recuperación del plusvalor.
La construcción de obras públicas como el Metro o la infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el valor del mercado del suelo en el área donde se implementan dichas decisiones públicas.
Del mismo modo, y de manera inversa, las decisiones administrativas ambientales tienen efectos específicos sobre las comunidades y sus territorios. La autorización de un relleno sanitario, un relave de cobre o la instalación de una central eléctrica sin lugar a dudas afectan los territorios.
El Estado que planifica y otorga las autorizaciones también debería considerar contemplar la cuantificación y compensación de los efectos negativos que tienen tales decisiones sobre los territorios.
Esto nos da una gran oportunidad para que el Estado pueda planificar el desarrollo de las ciudades, y no dejar en manos de los privados, y menos de las sanitarias, hacia dónde y cómo se crece.
Voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como lo ha dicho el Senador Montes -no ahora, sino cuando era Diputado-, se han dado muchos debates en torno a cuándo regular el tema del suelo, que es el principal elemento para la construcción de viviendas, mercado que crece de manera desenfrenada.
Cada vez que queremos construir viviendas sociales -la señora Ministra lo sabe- el principal problema que tenemos es que no hay suelo. Y cuando lo hay, es muy caro. El 40 por ciento del subsidio que reciben las familias más pobres va a parar a la compra del terreno. ¡El 40 por ciento!
La especulación inmobiliaria ya es legendaria en Chile, no solo porque los chinos estén comprando por internet. Conocemos la especulación que se produce cuando hay cambios en el plano regulador que establecen nuevos límites urbanos y rurales. Son ganancias millonarias. Así pasó con el Plan Chacabuco, así pasó con Chicureo, así pasó con Colina.
Yo espero que, aunque en forma tardía, se le ponga coto a este problema de manera eficaz.
¿Qué echo de menos en el proyecto? Echo de menos que la regulación que se nos propone para difundir en los sitios web, informar a la sociedad civil, generar todos los procesos de transparencia no fuera ex post.
Se trata de contar con una página completa dedicada a informar muy bien a la comunidad. Pero quien toma la decisión de llevar adelante estos cambios de uso de suelo siempre tiene información privilegiada, y se pueden hacer las compras de los terrenos antes de iniciar el proceso.
Creo que este proyecto debiera considerar "sospechosa" -como diría el Bombo Fica- la compra de una proporción de terreno suficientemente grande antes de iniciar un proceso. Hay que cautelar ex post y ex ante que efectivamente no se produzca la especulación sobre el terreno, porque aquí hay un aumento de plusvalía extraordinario.
Aprovechando que está la Ministra, quiero decir que cada vez que el Estado o los comités de allegados compran un terreno aquel pavimenta, pone luz, alcantarillado, agua potable, con lo cual el valor del predio adyacente se eleva de manera inmediata.
No hay una política pública de compra de terrenos para la construcción de viviendas, pese a que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el propio Ministerio de Vivienda han generado procesos de adquisición.
Está claro que la plusvalía termina beneficiando al propietario que vende la mitad del terreno o al vecino de este, quien ve cómo su predio de la noche a la mañana, debido a la construcción de miles de viviendas, casi duplica su valor original.
Señor Presidente, considero que establecer un 10 por ciento del impuesto a la renta sobre la plusvalía o el mayor valor obtenido no resulta adecuado cuando el incremento -esto debiera ser objeto de un estudio- alcanza el 50, 100 o más por ciento del valor original. Es decir, si la propiedad sube 10, estamos pidiendo que pague un gravamen de 1.
Me parece que debemos evaluar el punto: ¿por qué se fija 10 por ciento? Tengamos presente que la mayor plusvalía de esos terrenos privados se genera gracias a una inversión del Estado.
Espero que este proyecto de ley sobre mercado del suelo contemple no solo mejorar la transparencia, sino también disponer mecanismos de fiscalización y sanción.
Estaba terminando de leer el texto de la iniciativa (estamos en la discusión en general) y veo que se establece la creación de observatorios del mercado del suelo urbano, mecanismos de reclamos, vías de difusión, muchas páginas web.
La pregunta que podríamos hacer -están presentes en la Sala el Subsecretario Alejandro Micco y la Ministra de Vivienda- es qué pasa si son violados los derechos de que se trata. Cuando no se cumplan las normas; cuando se produzcan acciones como las que hemos conocido en este ámbito, lamentablemente -algunos las han utilizado políticamente, como el caso Caval o de las compras especulativas que ocurrieron en la provincia de Chacabuco-, ¿cuál será la sanción? ¿La causa será vista por tribunales penales o civiles? ¿Qué ocurrirá ante la infracción de un funcionario público o de un privado?
Por lo tanto, en una ley regulatoria del mercado del suelo tiene que contemplarse un mecanismo sancionatorio para cuando se violen las disposiciones de ese cuerpo legal.
Me parece bien que se creen los observatorios mencionados para determinar cuál es el precio del suelo que corresponde antes de que se produzca la intervención de este.
Por cierto, pienso que el Estado debe comprar...
Decía que el Estado debe comprar terrenos para el crecimiento urbano habitacional de los sectores más vulnerables.
Además, el aumento de plusvalía se genera no solo por la adquisición del suelo, sino también por las inversiones millonarias del Metro o por las obras públicas en infraestructura; o sea, cuando se pavimenta una carretera, un camino, o cuando llega una nueva línea del Metro.
No hemos tocado ese punto en el proyecto, pero es muy nítido y claro el hecho de que la plusvalía se eleva gracias a las inversiones del Estado.
Solo me queda señalar que tenemos que regular para aquellos que siempre le buscan la vuelta a la ley. Sugiero que no compren antes de que se inicie todo el proceso. Si lo hacen, por muy transparente que sea el sistema, igual se caerá en una situación irregular.
Hay que salvaguardar que no exista ninguna acción ex ante, señor Presidente, para que esta futura ley ex post sea de transparencia y regulación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido la autorización de la Sala para que el Senador señor Tuma me reemplace en la testera.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el problema que aborda esta iniciativa, mirado con mayor perspectiva, es la típica controversia que se genera entre un mercado no regulado y una falta de planificación.
Estimo que en nuestro país dejamos de planificar hace mucho tiempo. Y planificar no implica la labor de un ente burocrático sentado en una oficina y alejado de la realidad, sino trabajar con la gente, interactuar con las comunidades y generar el ordenamiento territorial, entre otras cosas.
Nosotros no contamos con un ordenamiento territorial que esté basado en una ley y que tenga carácter vinculante. En la medida en que esa carencia exista, se van a seguir produciendo problemas como los que aquí se han señalado.
Desde luego, este proyecto apunta en la línea de la transparencia, lo cual nos parece bien, pues permitirá que se sepa con anticipación cuáles serán los cambios en el uso del suelo, las ampliaciones, los terrenos urbanos, todo lo cual posibilitará que efectivamente se tomen decisiones transparentes y no solo de carácter especulativo.
Recién planteaba la señora Ministra un punto: cuándo vamos a tener una mayor rapidez para verificar los planos reguladores y las ampliaciones de los límites urbanos.
Por ejemplo, cuando se produjo el incendio de Valparaíso cuatro años atrás, se estaba en pleno proceso de definir un plan regulador. Como esa tarea toma tanto tiempo, la dinámica del propio quehacer humano hace que los planes queden obsoletos y nunca se aprueben. Ante ello, debemos dictar "leyes del mono" y ver cómo se llevan adelante ocupaciones irregulares, aspectos que finalmente poco ayudan en dicho proceso.
Otro caso que aquí ha sido mencionado -a mi juicio, conviene tenerlo a la vista- es el de los "guetos verticales" que se instalaron en Estación Central. En mi opinión, es un escándalo que algunos institutos políticos planteen que tales edificaciones son una solución a los problemas de vivienda en nuestro país. Según aquellos, es una manera de hacerse cargo de las millones de personas que migran desde regiones, sobre todo de sectores rurales, hasta la Región Metropolitana.
Se desviste un santo para vestir otro de mala manera. ¡Esa no es una solución! Hay que ir a la raíz del punto: evitar que esa migración se produzca, mediante el establecimiento de condiciones favorables en las zonas rurales y en el resto de las regiones de Chile.
Esos centros de estudio debieran aportar para empoderar a las regiones y para contar con autoridades locales electas, en lugar de estar manteniendo un centralismo que, entre otros fenómenos, alienta precisamente la migración.
Reitero que esta iniciativa va en la dirección correcta, pero deberá ser objeto de una profunda reforma.
Ojalá el Gobierno apruebe -espero que no lo deje para el debate del proyecto sobre transferencia de competencias- el que el ordenamiento territorial de una vez por todas sea vinculante. Consideremos que estas crisis se están transformando en crisis mayores. Procedamos igual como hicimos en su minuto con relación a las áreas de costa, cuando logramos por ley que la zonificación del borde costero fuera construida entre los distintos actores y tuviera carácter vinculante.
El ordenamiento territorial espera la misma oportunidad, y lo propio necesitamos para el empoderamiento de las regiones.
El señor TUMA (Presidente accidental).- A continuación, le ofrezco la palabra al Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero felicitar, por su intermedio, a la señora Ministra por este proyecto, que aborda un tema acuciante en muchos territorios.
Y digo "en muchos territorios", porque la situación descrita no solo se ve en las comunas del Gran Santiago, en el área metropolitana, sino también en una gran cantidad de ciudades capitales regionales, donde ya no queda suelo urbano. Y el terreno disponible para ser urbanizado se vende a precios estratosféricos.
Eso impide que los comités de vivienda puedan ocupar sus subsidios en tales áreas. En definitiva, con los costos actuales resulta imposible construir.
Igual situación se da en localidades más pequeñas.
Lo importante es contar con un instrumento; lo importante es saber en qué se destinará el impuesto de 10 por ciento, este canon que se va a cobrar por las utilidades.
Tenemos que comprender que el mercado del suelo, sobre todo para viviendas sociales, no puede ser especulativo y basarse simplemente en esperar que la plusvalía siga creciendo a medida que se hacen las inversiones pertinentes y el terreno pasa a ser urbano. Entonces se obtiene un pingüe negocio y la utilidad alcanzada se concreta en el especulador.
Además de esta propuesta legislativa, creo que es fundamental que el Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales adopten una política activa de adquisición de terrenos.
Junto con varios Senadores hemos señalado año tras año la necesidad de contar con un fondo para la compra de terrenos, un fondo destinado a asegurar esas reservas, lo cual permitirá incrementar el suelo disponible.
Se requiere también cruzar información con el Ministerio de Bienes Nacionales. Muchas veces esta Cartera y grandes guarniciones militares o navales en las distintas ciudades poseen importantes paños de terrenos que no son utilizados adecuadamente, y a veces son puestos en venta sin que se destinen a la construcción de viviendas, que debiera ser la prioridad en el mundo urbano.
Valoro esta iniciativa -la votaré a favor, obviamente-, atinente a "transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliación del límite urbano", como lo dice su nombre. No obstante, considero imprescindible dejar sentadas las bases para una política de adquisición de terrenos por parte del Ministerio, específicamente de los SERVIU, y de los gobiernos regionales.
En la medida que los fondos recaudados se tengan de reserva para futuros proyectos, sin duda que se compensará el valor especulativo que consigan ciertos privados interesados y, asimismo, se dispondrá de terrenos factibilizados para construir.
Por último, debo referirme -lo comentaba ayer con la señora Ministra, aunque el asunto no incide directamente en este proyecto; ella se comprometió a informarnos sobre el particular, y ya ha avanzado en la entrega de antecedentes, lo que le agradezco- a la tenencia de bienes comunes derivados de la reforma agraria.
En muchas pequeñas localidades donde hubo reforma agraria quedaron áreas comunes, y sobre ellas actualmente existe una gran presión desde el punto de vista inmobiliario para construir pequeños villorrios, para regularizar canchas de fútbol y equipamiento comunitario, en fin.
Especialmente hoy día, cuando estamos cumpliendo 50 años de esa gran gesta que fue la reforma agraria, considero importante también, señora Ministra -y sé que usted está preocupada; repito: no incide en este proyecto, pero es una discusión que debemos abrir-, buscar instrumentos desde la Cartera de Vivienda y Urbanismo para darles un manejo eficiente a esos espacios comunes, donde ahora se radica principalmente una serie de villorrios, en los cuales la gente necesita equipamiento.
Específicamente, me plantearon tal situación esta semana en la localidad de Loncopán, comuna de Futrono. Se trata de decenas de lugares donde sin duda podemos avanzar.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, para aprobar un proyecto de ley yo tengo que hallarme convencido de que es bueno para nuestro país. Y, honestamente, debo decir que no estoy convencido de que las ideas matrices del que nos ocupa esta tarde sean lo que Chile necesita.
Se encuentra en esta Sala la Ministra de Vivienda y Urbanismo, quien es muy preocupada del cargo que ejerce, desde el cual ha hecho cosas relevantes, que yo valoro.
Sin embargo, no deja de resultar curioso que esta iniciativa haya entrado como una forma de enfrentar la corrupción en nuestro país y no en función de un asunto de Vivienda.
Yo estuve mirando -como verán Sus Señorías, ¡a ratos soy autoflagelante...!- el Programa de este Gobierno, y me encontré con que en ninguna parte del capítulo Ciudad, Vivienda y Territorio se expresa el propósito de establecer nuevos tributos por ampliación de los límites urbanos. No se dice.
¿De dónde nace la iniciativa? Nace de un caso particular conocido, pero que para lo que me interesa no tiene sentido individualizar. Y la Comisión Engel, en función de la probidad, propone este proyecto. No existe ninguna relación con los temas expuestos por algunos Senadores, quienes, por cierto, tienen pleno derecho a usar de la palabra y plantear una visión distinta.
Esta iniciativa, entonces, no nace de una nueva forma de manejar la especulación con los terrenos o de generar impuestos adicionales para incrementar el erario, sino de la necesidad de contar con un mecanismo que permita evitar el tráfico de influencias.
Ese, y no otro, es el origen de este proyecto. Vean Sus Señorías el encabezado: de ahí nace.
Ahora, si tal es el tema, considero razonable la primera solución que nos plantean: hacer más transparencia en el mercado del suelo, particularmente en todo lo vinculado con el cambio de los planos reguladores. Esto tiene una orientación más propia de la transparencia, para procurar que no haya conflictos de intereses o que no existan acciones indebidas por parte de la autoridad o de algún interesado.
Si se persiguiera dicho objetivo, el proyecto me parecería razonable, precisamente porque el proceso de los planos reguladores requiere más transparencia.
El segundo esquema se relaciona con una participación ciudadana más orientadora. Lo considero bueno, a pesar de que no entiendo mucho el léxico que se usa en la iniciativa, por la subjetividad de los conceptos empleados; yo no soy gramático, pero estimo que eso podrá arreglarse.
Hasta ahí yo estaría de acuerdo, pues creo que la orientación sería adecuada.
Sin embargo, este proyecto tiene un elemento adicional: crea un impuesto.
¡Yo no veo justificación para establecer en nuestro país una mayor carga tributaria!
Ahora, el impuesto en cuestión tiene, a mi juicio, dos complicaciones específicas.
Primero, recae sobre una conducta que ya se gravó en la última reforma tributaria tratándose de la ganancia de capital.
En efecto, antes -lo decía el Senador Montes- no se pagaba impuesto cuando había ganancia de capital en el caso de suelos de determinadas características. Ahora, sí: desde la reforma tributaria, existe un impuesto a la ganancia de capital, con una exención de 8 mil UF, cifra a partir de la cual empieza a operar el mecanismo con total normalidad.
En este proyecto -repito- se crea un impuesto adicional, al que no le veo justificación.
El señor NAVARRO.- Es pequeño.
El señor COLOMA.- Podrá ser pequeño o grande; eso lo veremos. Pero no se ha planteado como reforma tributaria. Y yo creo que nuestro país necesita menos y no más impuestos.
Adicionalmente, se establece el nuevo impuesto en función de determinadas obras, respecto de las cuales es muy difícil -estuve viendo la norma pertinente- determinar si obedecen a acciones de la autoridad, a mejoramientos por parte de privados o a otras circunstancias que perfectamente pueden darse en el proceso de desarrollo económico.
¡Yo no veo por qué nuestra economía necesita más impuestos!
¡Ese ha sido un grave error de este Gobierno, y yo no quiero ayudarlo para que siga cometiéndolo!
La segunda complicación deriva de que el impuesto en cuestión es específico.
Eso es bien raro. Porque, según decían las autoridades, los impuestos específicos tenían por objeto evitar ciertas conductas.
Uno de los impuestos específicos típicos es el que se aplica a los combustibles.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Por supuesto, señor Senador.
El señor COLOMA.- Muchas gracias.
Yo no sé, señor Presidente, cuál es la conducta no deseada. ¿El no construir? ¿El no desarrollar?
¿Cuál es la conducta no deseada que se castiga a través del impuesto específico planteado? No lo entiendo. No lo asumo. No logro captar qué se pretende evitar por esa vía.
Ahora, debo subrayar que en esto no somos pioneros. En Inglaterra se ha usado dos veces, pero ha debido revertirse en ambas oportunidades, pues frenó la expansión del desarrollo urbano, el que reviste gran importancia en ciertos lugares.
En una carta que envió al diario El Mercurio a propósito de otra que escribió un Senador, don Marcial Echeñique explica problemas adicionales que tendría un impuesto de tal índole.
Entonces, señor Presidente -lo digo con todo respeto-, creo que aquí hay una mezcla de ideas buenas -transparencia, planos reguladores- con ideas malas (más impuestos, impuesto sobre impuesto, impuesto específico).
Yo por lo menos no voy a aprobar la idea de legislar.
El señor NAVARRO.- ¡Vote por lo bueno y arregle!
El señor DE URRESTI.- ¡Típico momio...!
El señor NAVARRO.- ¡Puros liberales...!
El señor COLOMA.- ¡Yo soy del lado de acá...!
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, como defensora de las ideas de la libertad, quiero recordar que muchos países desarrollados y llamados "liberales" sí ponen impuestos a conductas negativas, como la especulación con los suelos.
En tal sentido, quiero traer a la Sala un asunto que se está investigando acá, en la Región de Valparaíso, a la que represento, producto de una denuncia que hice ante el Fiscal Nacional.
Debido a que como Senadora no tengo facultad de fiscalización, con un miembro del CORE de la Quinta Región le presentamos el año pasado un escrito al Fiscal Nacional, quien en febrero último lo aceptó por considerar que había mérito para iniciar la investigación correspondiente.
Así, con un fiscal anticorrupción, estamos verificando cambios de uso de suelo en la Región de Valparaíso, en nuestro borde costero, particularmente en Los Molles. Pero eso no exime al resto del borde costero.
Me demoré tres años en el levantamiento de información. Porque estos asuntos son complejos. Muchas veces la gente apunta con el dedo y dice: "Existe corrupción". Pero hay que comprobarla.
Señor Presidente, este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, me parece tremendamente positivo, porque no es primera vez que en Chile autoridades, gente elegida popularmente o personas que ocupan cargos de confianza presidencial se conciertan o se ponen de acuerdo con una inmobiliaria, con un privado, para hacer cambios de uso de suelo y especular construyendo en determinados lugares.
Por ejemplo, en Los Molles tenemos dos situaciones.
En primer término, allí existe un área protegida: hay humedales; en el límite con la Región de Coquimbo, en todo el borde costero, existen especies con resguardo legal. Pues bien: misteriosamente, ¡un día antes del remplazo del Gobierno Regional se votó a favor del cambio de uso de suelo...!
En segundo lugar -se trata de algo distinto; lo digo para la Sala-, esa zona es inundable. Quien observa cualquier marejada se da cuenta de ello. ¡Y la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Ligua permitió construir ahí...!
Entonces, uno se pregunta por qué.
Yo no soy fiscal. Tampoco, jueza: ¡me encantaría serlo en algunas oportunidades! Pero la justicia, aunque a veces tarda, siempre termina poniendo las cosas en su lugar, para bien o para mal.
Por lo tanto, lejos de hacer un juicio de valor, quiero expresar que acá, en nuestra Región, esa investigación está a firme; y se han ordenado muchas diligencias.
Considero muy importante que de una vez por todas se zanje una situación que hemos visto en otras regiones. Ahí está el caso Caval. En algunos lugares se registran hechos que son vox populi y a cuyo respecto la gente dice: "¡Aquí algo pasó!". Pero nadie sabe bien qué.
En mi concepto, lo relevante es que quienes tienen competencia en la materia investiguen cada hecho y determinen si se configura o no algún delito.
En el caso que explicité no seré yo quien lo haga, pues no me corresponde. Pero el asunto ya está en la fiscalía respectiva.
Reitero que irá en una línea absolutamente positiva una ley que transparente todo lo relativo a cambio de uso de suelo; todo lo concerniente a planos reguladores, a planos metropolitanos, a planos intercomunales. De lo contrario, no solo se afecta la calidad de vida de la gente, sino que además se alteran por completo la topografía y la estructura de nuestros territorios.
Así que, con todo, voto a favor de este proyecto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, considero que esta iniciativa nos levanta una inquietud más compleja y más amplia que la mera creación de un impuesto o el intento de terminar con las especulaciones. Porque, en verdad, el problema que tenemos hoy día es que no hay mecanismos que nos permitan decir cuáles van a ser los efectos de la expansión urbana sobre las personas y los territorios.
Claro: uno puede pensar que existirá una suerte de especulación por el lado de algunos que van a preocuparse de pedir indebidamente que las ciudades se extiendan en la dirección que ellos quieran, pues, habiendo comprado terrenos dentro del área pertinente, luego podrán beneficiarse gracias a la plusvalía.
Pero no es eso lo que ocurre siempre. También las ciudades necesitan crecer y desarrollarse, sobre todo cuando la gente prefiere, como lo hemos visto, habitar más en viviendas que en departamentos. ¡Qué decir de los famosos guetos verticales, acerca de los que hemos visto mucho en la prensa por estos días!
La pregunta es cómo podemos enfrentar tal situación.
Ahora, creo que aquello no siempre obedece a la acción de particulares.
Y aquí surge mi pregunta: ¿no estaremos ante la evidencia de la falta de un proceso de planificación urbana adecuado, el que, si se realiza bien y con tiempo, puede evitar especulaciones que al final, por el abuso en que incurren algunos al usar información privilegiada, terminan beneficiando a unos pocos a costa de otros?
Si hubiera una planificación urbana apropiada, quizá el problema se subsanaría adecuadamente.
También, si las contribuciones se definieran de modo racional y gradual -es decir, si no se nivelaran tras muchos años sino, a lo mejor, anualmente-, tal vez estaríamos en una situación distinta.
Pero se produce otro problema, señor Presidente.
Porque -repito- estamos mirando el asunto desde la perspectiva del especulador. Pero, de acuerdo con este proyecto, ¿qué pasa con las personas que hoy viven en cierto lugar y, por razones que el Estado determina, ven que sus terrenos adquieren plusvalía y, por tanto, pasan a pagar un impuesto territorial mayor? Esa gente no ha pedido nada ni ha hecho gestión alguna, pero de un día para otro empieza a pagar contribuciones más elevadas.
Está claro lo de los especuladores, que entiendo es el objetivo perseguido. Pero el proyecto incluye también a personas que no especulan; que viven en su propiedad, y que, por determinadas razones -el Estado introdujo cambios en el plano regulador, planificó desarrollo urbano, en fin- y sin haberlo pedido, ven que aquella adquirió plusvalía y, por ende, está sujeta a una contribución mayor, que quizás no pueden pagar.
En consecuencia, considero que estamos ante una iniciativa cuyos efectos van más allá que lo que aparentemente se busca.
De verdad, señor Presidente, siento que nos hallamos frente a una situación compleja.
No sé si hay otros mecanismos para frenar la especulación. Tengo la impresión de que existen algunos. Diversas personas, por haber especulado, afrontan procesos judiciales serios. La Senadora Lily Pérez anotó otros que se están investigando y que pueden permitir el fin de la especulación.
Sin embargo, yo me pongo en el otro caso. Y es lo que quisiera preguntarle a la Ministra: cómo enfrentamos la situación de personas comunes y corrientes, de gente de clase media que tiene una propiedad por la que, debido a artes externas y sin mediar solicitud, termina pagando una contribución mayor y que tal vez no puede pagar por carecer de recursos.
Me gustaría tener una respuesta, para entender mejor el sentido de este proyecto y evitar que se cometa una injusticia contra sectores de la clase media que pueden ser afectados en forma desmedida, en circunstancias de que lo que deseamos es terminar con la especulación, para lo cual, ciertamente, siempre estamos disponibles.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Está pidiendo la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
¿Lo autoriza la Sala para intervenir?
Tiene la palabra, señor Subsecretario.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Solo quiero aclarar algunos puntos, señor Presidente.
Primero: la tasa adicional de 10 por ciento establecida mediante este proyecto de ley se aplica cuando hay cambio de rural a urbano, cuando se cambia el límite de la ciudad.
Esa es la primera cosa importante.
¿Qué ocurre si una persona -como decía recién el Senador Larraín- vive plácidamente en una zona que pasa a ser urbana y no quiere vender su propiedad pues desea seguir habitando en ella? El impuesto está diseñado de tal forma que esa persona no queda afecta al pago adicional, porque el impuesto en referencia no se paga año a año, sino al momento de vender.
Segundo: quedan exentas todas las ventas por debajo de cinco mil unidades de fomento, operaciones que en estas áreas son del orden del noventa y cinco por ciento. Tampoco afectamos a la clase media por este lado.
Y el otro punto, que estimo el más relevante de todos, es que el impuesto no se aplicará si la persona quiere seguir viviendo ahí. Solo tendrá lugar cuando ella realice la utilidad, es decir, cuando venda. Entonces, queda asegurada.
El señor MONTES.- ¡Estamos listos!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, el Honorable señor Patricio Walker me reemplazará en la testera, porque quiero intervenir.
--El Senador señor Patricio Walker pasa a desempeñarse como Presidente accidental.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, me interesaba, en efecto, no guardar silencio y solo emitir mi voto, porque creo que el proyecto reviste mucha trascendencia conforme a dos perspectivas.
Una de ellas es la planificación urbana. Es algo esencial, en el tiempo que estamos viviendo, aplicarla en las ciudades.
Observamos lo que pasa en estos momentos en Santiago. Existen edificaciones de gran altura en sectores populares, donde muchas veces no hay una cultura de vivir en ellas y se enfrentan problemas de servicios y acumulación de población.
La gente normalmente tiende a trasladarse a ese tipo de vivienda, aun cuando se trate de los llamados "guetos verticales". ¿Por qué? Porque, a pesar de que la superficie en la que tiene que vivir es restringida, queda más cerca del lugar de su trabajo. Además, los precios tienden a bajar en la misma medida en que hay una mayor intensidad en el uso del suelo.
Pero es preciso rectificar todo eso. En una capital antigua como París, la edificación es de no más de cinco o seis pisos. ¿Salvo cuándo? Cuando se sale al sector de La Défense, donde se ha levantado la construcción de gran altura. Es decir, hay planificación urbana.
En nuestro país se advierte muy poca. Es posible observar cómo en Argentina las ciudades se han planificado con avenidas de gran amplitud. Acá ocurre todo lo contrario. En cualquier comuna se han construido pasajes estrechos donde a menudo ni siquiera caben los vehículos de emergencia. Repito que es preciso planificar urbanísticamente, para contar realmente con un desarrollo de largo tiempo y no arrepentirnos de cómo hacemos las cosas.
En consecuencia, esta es la parte esencial del proyecto, la más importante.
Pero también se ha hecho referencia a otro aspecto. ¿Qué pasa cuando media un acto administrativo, no una inversión pública? Porque escuché aquí algo cierto. Cuando se contempla una línea de Metro, toda la franja adyacente experimenta automáticamente un cambio de plusvalía que no es propio de la actividad o de los recursos del dueño del terreno, sino del esfuerzo de la autoridad o del Estado al llevar a cabo la medida.
Según cuenta la literatura económica, una de las grandes fortunas en el mundo, la de Rockefeller, se hizo, más que con el petróleo, sobre la base de comprar los "cinturones" de las ciudades. Como estas tienden a expandirse, la plusvalía ganada en el momento de ser ellos declarados urbanos determinaba que el recurso invertido multiplicara su valor por tres o cuatro veces.
Y esta es la segunda parte del proyecto, relacionada con que, por un acto administrativo, como lo es la ampliación del radio urbano, los sectores aledaños, que son rurales, entran a valorizarse, no por la inversión del dueño, sino por la sola intervención de una autoridad.
Por eso, a mi juicio, la Comisión Engel plantea la necesidad de rectificar. ¿Por qué? Porque se pueden generar situaciones de poca transparencia cuando la autoridad decide cambiar el uso del suelo y ampliar el radio urbano. Y empieza el comentario de cómo sucedió, por qué se hizo, cuál fue la razón para favorecer a un sector del "cinturón" y no a otro, o qué determinó a optar por cien metros más allá o cien metros más acá.
Entonces, creo que corresponde que aquello que se gane por un acto administrativo, que es lo que se verificaría, sea objeto del pago de un impuesto, ascendente a un diez por ciento.
Por lo demás, cuando llevamos a cabo la reforma tributaria, en parte ya avanzamos en ese sentido, no solo respecto de este caso, sino también de la llamada "plusvalía" de los bienes raíces,...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- La ganancia de capital.
El señor ZALDÍVAR.- ... afectos ahora a la ganancia de capital. Con un margen que pase de ocho mil unidades de fomento, se paga un monto por ese concepto, como impuesto a la renta.
Como bien lo explicó el señor Subsecretario, no significa que el tributo se vaya a aplicar de inmediato, sino que se ha de enterar cuando la persona venda el bien raíz que quede dentro del nuevo plan regulador. Pero si no lo hace, mantiene el mismo derecho de propiedad no afecto a ningún impuesto.
Y es preciso tener clara asimismo otra cosa. Se lo hice presente a la señora Ministra y a quienes estaban detrás del proyecto. Nosotros somos parlamentarios de sectores rurales. Muchas veces, la expansión urbana ha hecho que el valor de estos terrenos en el perímetro de Santiago, como en Colina y otros lugares, haya aumentado cuatro, cinco o seis veces. Pero campesinos trabajan ahí la tierra y no cambian el rubro de su explotación. No por el hecho de ampliarse el radio urbano se puede gravar a esa gente con un impuesto...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.- ... mientras no cambie el destino del uso del suelo y no se venda. Porque es esencial mantener también dicho sector.
Incluso dentro de la ciudad hay ámbitos de una determinada actividad que no es urbana, sino agrícola o de otro tipo, y que no están afectos a impuesto.
Por estas razones, juzgo que en el proyecto encuentran un sentido tanto la planificación como una retribución de justicia cuando una plusvalía obedece a un acto administrativo y no a una inversión del titular del derecho de propiedad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, surgen algunas dudas que me gustaría que la señora Ministra y el señor Subsecretario pudieran explicar.
Cuando aprobamos la reforma tributaria, establecimos un instrumento en virtud del cual se gravaban los incrementos patrimoniales que pudieran...
Le hago presente a la Mesa que de verdad necesito la aclaración para el debate.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Ruego a los demás señores Senadores no interrumpir.
El señor CHAHUÁN.- Necesitamos claridad respecto de lo que votaremos, por los impactos que puede provocar.
En la reforma tributaria dijimos que quienes vendieran una propiedad con un incremento patrimonial -hicimos referencia a ocho mil quinientas unidades de fomento, como una cifra de corte- debieran pagar efectivamente por aquello que obedeciese a cambios en el uso de suelo o de condiciones, como si el Metro llegara hasta la puerta de la casa, por ejemplo.
Pero se estableció, además, una contrapartida. ¿Cuál era? Que la persona tenía el derecho de solicitar al Servicio de Impuestos Internos una retasación, para el efecto de que si bien se va a considerar el incremento patrimonial, también se ponderará el punto de partida.
El plazo ya expiró respecto de dicho organismo. Y muchos contribuyentes, muchos dueños de una propiedad que era el único ahorro de su vida, no pudieron acceder a la retasación establecida por el propio Servicio.
Mi duda, entonces, es la siguiente. Si en la reforma tributaria establecimos un impuesto para cuando una persona compra un predio o una vivienda que, por condiciones ajenas, experimenta un incremento patrimonial sobre ocho mil quinientas unidades de fomento al venderla, ¿cómo entra a jugar esa norma con esta otra? Eso es lo primero.
Lo segundo es que se genera también una contrapartida respecto al contribuyente que se verá afectado por un segundo impuesto a la propiedad. Porque ya no estamos haciendo referencia a las contribuciones que pagan todos los chilenos propietarios. Tampoco aludimos al incremento patrimonial fijado en la reforma tributaria. Usted debe recordarlo bien, señor Presidente, por haber sido parte del acuerdo con el que se avanzó a esta última. Ahora nos abocamos a un tributo adicional. Sería interesante saber cómo se conjugan.
Otro elemento: ¿existirá una oportunidad para que el ciudadano pueda pedir una retasación antes de que se comience a aplicar la norma?
Diría que los aspectos mencionados son esenciales para la aprobación. En este sentido, me gustaría escuchar la respuesta de los señores Ministros. En caso de no ser suficiente, voy a abstenerme.
No podemos seguir castigando a quien destinó todos los ahorros de su vida a la adquisición del inmueble donde vive y que debe vender por condiciones diversas.
Ahora, un asunto distinto, mencionado en el debate, dice relación con la política habitacional, para terminar con la cultura de los guetos imperante; con la forma como podemos avanzar en una política integradora; con la manera de generar planificación urbana.
A mí me tocó conocer y traer a nuestro país y nuestra región a los planificadores de Tianjin y de Shanghái, quienes pudieron dar lugar a ciudades sostenibles. Y en la Quinta Región observamos -necesito un minuto para terminar, señor Presidente- una ausencia absoluta de planificación urbana. Uno se pregunta cómo crecen las ciudades nuestras.
¡Para qué hablar de Valparaíso! Con la señora Ministra y mi Honorable colega Lagos hemos estado trabajando con miras a un plan marco para poder avanzar.
Viña del Mar está creciendo hacia el norte sin ninguna planificación y sin la preservación de áreas verdes. Por lo tanto, tenemos un problema. Y con asentamientos irregulares. Es necesario un nuevo estatuto para el uso del suelo, en lo cual se ocupa el municipio.
Entonces, ¿cómo podemos adelantar?
Lo que no resulta posible es seguir castigando al contribuyente que ha destinado todos los ahorros de su vida -repito- a comprar una propiedad y que se encuentra hoy día en el peor de los mundos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en nuestro país se sigue más Ingeniería Comercial que Economía Política. Por mi parte, tuve la fortuna de estudiar esta última, lo que no ocurrió, por cierto, con mi estimado colega Coloma, que se abocó a otras disciplinas. Comprendo que uno no tiene por qué saber de todos los temas. Y otro tanto dice relación con mi querido amigo el Senador señor Larraín. Ambos se fueron por el lado de las ciencias jurídicas.
El Honorable señor Chahuán tiene otra aproximación.
El señor PROKURICA.- ¡Pero dígala...!
El señor LETELIER.- Lo único que quiero recordar es que Adam Smith y David Ricardo, a quienes no podríamos acusar de no ser muy liberales, fueron los primeros en sostener que el suelo presenta particularidades y requiere políticas especiales. No se trata solo de que el recurso sea escaso o limitado, parámetro de cualquier bien, sino también de que el ser humano, según cómo lo use o cómo habita -es decir, lo que hace en torno-, genera externalidades positivas y negativas.
Esa es la razón por la cual los estados establecen políticas sobre la materia. Desgraciadamente, ello fue abandonado algunos años atrás de forma bastante vergonzosa para nuestro país. Por algo se registra el nivel actual de concentración en las grandes urbes.
El asunto que nos ocupa significa un primer paso en dirección de una política de esa índole, que resulta fundamental.
El Honorable señor Montes me recordaba que los españoles incluso contemplan en su Constitución ciertas definiciones por las particularidades del suelo.
A mi juicio, la iniciativa en debate es tremendamente relevante. Tiene que ver con una legislación para el siglo XXI sobre un bien escaso en un planeta -es mi convicción- en el cual, con nuestros actuales patrones de consumo, sea del suelo o de otros bienes, no va a ser sostenible la vida. Uno de los requisitos para la sostenibilidad -lo han planteado todos los organismos informados y de estudio- es contar con políticas sobre el uso del suelo.
Por cierto, a los dueños se les generará una plusvalía.
Insisto en que este es un primer paso entre muchas otras acciones que imagino que podríamos tomar. Seguir políticas como las aquí delineadas permitirá que nos modernicemos.
Invito a mis colegas, en particular al Senador señor Coloma, apasionado de estos temas, a leer un poco de David Ricardo y de Adam Smith sobre las particularidades del bien suelo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, seré bien breve.
Quizás sería importante escuchar al señor Subsecretario de Hacienda, porque se hacen afirmaciones que no logro captar a cabalidad. Tal vez incurro en un error o sufro una limitación.
Se expresa que alguien que compró un único inmueble "con los ahorros de toda su vida" y lo vende enfrentará un impuesto, eventualmente, producto de la ley en proyecto. Con la afirmación se da a entender que ello sería injusto, impropio, para un ciudadano que adquiere un bien raíz -¡su único bien raíz!- "con los ahorros de toda su vida", quien, si lo vende a un precio muy alto, pagará un impuesto mayor.
Ello, más allá de la preocupación por las ocho mil quinientas unidades de fomento. Todo eso está claro.
Entiendo que el texto diría relación con una persona que adquirió un bien raíz "¡con los ahorros de toda su vida!" y que vende con una diferencia significativa a su favor, en relación con el precio de compra, por haberse construido al lado una línea de Metro, una comisaría bonita o una clínica buena, o establecido, por ejemplo, una regulación en orden a que toda un área verde revestirá ese carácter para siempre.
Pensemos, tratándose de Viña del Mar, en la recta Las Salinas, donde se hallaban las instalaciones de COPEC -el Senador señor Chahuán me comprenderá- y se construirán cuarenta torres.
Todos los que viven al lado, a quienes les taparán la vista, ¡van a sonar! Y está bien, porque es propiedad privada.
Si se dijera: "¡No! Ahora el Estado" -o el municipio- "comprará el paño para hacer un parque", ¿cómo subiría el precio?
¿Quién se beneficia del alza del bien raíz como consecuencia, no de mejoras introducidas por el ciudadano "con el ahorro de toda su vida", sino de haberse construido una línea de Metro con los impuestos de todos los chilenos.
¿Quién capitaliza? ¿Quién aprovecha? ¿A quién le reditúa?
Según entiendo -me puede corregir el Subsecretario de Hacienda-, el proyecto señala que, debido a que se implementó con los impuestos de todos los contribuyentes una estupenda línea de Metro que valorizará el barrio, cabe preguntarse por qué la ganancia tiene que quedar solo para el que invirtió ahí y no tal vez para el resto de nuestros compatriotas, como los habitantes de Valparaíso o los que viven en las tomas ubicadas en los sectores altos de Viña del Mar, quienes mediante el pago de un impuesto indirecto, el IVA, financian la construcción de esa línea del Metro. Quizás ellos también deberían recibir un rédito por el alza del valor de esa tierra.
Por eso lo explico así, ya que podría entenderse como una normativa oprobiosa que persigue al chileno que ahorró toda su vida.
Ahora, podría estar equivocado y quizás no sea así.
Por eso, quiero que el Subsecretario de Hacienda nos aclare esa inquietud.
El señor CHAHUÁN.- ¡Ese chileno pagó un crédito hipotecario durante 30 años!
El señor LAGOS.- Lo que sea que haya pagado, Senador Chahuán, aunque se trate de un crédito hipotecario a 30 años.
Si lo importante es saber por qué el bien raíz aumentó su valor: ¿porque le hice mejoras como propietario después de 30 años de crédito hipotecario o porque todos los chilenos me financiaron la construcción de una línea del Metro al lado?
Me parece que queda claro. Pero podría hacerlo mucho mejor el Subsecretario de Hacienda.
El señor BIANCHI.- ¡No lo sé...!
El señor LAGOS.- ¡No sé si va a ser tan pedagógico...!
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Es que en Harvard la formación era...!
El señor MONTES.- ¡Más o menos...!
El señor LAGOS.- ¡Fue un modesto estudiante de Cambridge y no de Harvard...!
El señor PROKURICA.- ¡Estudiante de Cambridge sí, pero modesto no...!
El señor LAGOS.- ¡Modesto siempre...!
El señor MONTES.- ¡Evitemos los diálogos locales...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo más Senadores inscritos...
El señor PROKURICA.- ¡Falta el Subsecretario!
El señor MONTES.- ¡Así es!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No ha pedido la palabra.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, en efecto, este impuesto busca un pago adicional cuando el valor de la propiedad haya aumentado por un cambio en el uso del suelo.
Tengo un terreno que está justo en el límite urbano de la ciudad y vale hoy día cien pesos. Pero por una decisión comunal se empieza a discutir y a plantear la imagen objetivo de ampliar el uso del límite urbano y mi terreno pasaría de estar en una zona rural a ubicarse dentro del límite urbano.
En ese punto se plantea lo siguiente: "Ojo, aumentará el precio del terreno por la decisión de la comunidad -en este caso-, a través de un ente gubernamental, lo cual es del todo ajeno a lo que yo he hecho, ya que simplemente se acordó ampliar el límite urbano".
Si se ha iniciado la implementación de la imagen objetivo, durante todo el tiempo en que aún no se haya materializado el cambio y yo no venda, no pagaré ningún impuesto adicional. Por otro lado, si pasan uno o dos años y se produce el cambio del uso del suelo y vendo mi terreno en 150 pesos (y no en cien), voy a pagar este impuesto a la plusvalía por la acción del Estado solo por el diferencial entre el precio de venta y el valor de la propiedad al momento en que se empezó a discutir la imagen objetivo, es decir, la idea del cambio de uso del suelo.
Por lo tanto, no se trata de cobrar por toda la ganancia de capital, sino por la que se obtiene debido al cambio del uso del suelo, o sea, desde el momento en que se anuncia esa imagen objetivo hasta el instante en que vendo.
El señor LARRAÍN.- ¿Cómo se compatibiliza eso con la reforma tributaria?
El señor MONTES.- ¡Señor Presidente, que no molesten!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Orden en la Sala!
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Hago hincapié en que esta ganancia de precios se debe solo -así lo establece el proyecto de ley- al efecto que tuvo en el valor de la propiedad el hecho de que la comunidad variara el uso del suelo.
Por consiguiente -aquí quiero ser claro-, la base tributaria de este impuesto es distinta a la del impuesto a la ganancia de capital.
El señor PROKURICA.- Se trata de otro impuesto.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Así es.
Por lo tanto, son cosas distintas.
Porque esa persona puede haber comprado el terreno cuando valía, no cien, sino un peso. En ese caso, el impuesto a la ganancia de capital va a ser la diferencia entre el precio de venta -por ejemplo, 150 pesos- y el de compra y no el precio que la propiedad tenía al momento en que se anuncia el cambio de uso del suelo.
En consecuencia, como dije, son bases distintas; la finalidad de ambos gravámenes es diferente: uno se aplica a la ganancia de capital per se -al igual que en las empresas- y el otro apunta a -eso queremos hacer- capturar la plusvalía que se produjo debido a una acción gubernamental en la que el dueño no tuvo nada que ver pero que le provocó un beneficio.
Pretendemos que el 10 por ciento de esa ganancia se comparta con la comunidad, porque recordemos que este impuesto va para ella, no para el Gobierno central.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma y Hernán Larraín.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 29 de mayo.
A continuación correspondería analizar el proyecto signado con el número 2 de la tabla de hoy.
Propongo hacer la relación de la iniciativa y, como requiere quorum especial para su aprobación en particular, postergar la votación y poner la iniciativa en el primer lugar de la tabla del martes próximo.
Boletín N° 10584-07
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.584-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016 (se da cuenta).
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
Sesión 44ª, en 31 de agosto de 2016 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 31 de agosto de 2016.
La Comisión Especial deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 6°, 8°, 19, 20, 21 y segundo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
La mencionada Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, la mayor parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de cinco de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia (artículos 1°, 10, 18, 19 y 20, permanentes, y artículos transitorios primero y segundo) e introdujo una modificación respecto del inciso segundo del artículo 10, en virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado. Dicho inciso había sido enmendado antes por mayoría de votos en la Comisión Especial.
De las enmiendas unánimes, la recaída en el inciso primero del artículo 13 requiere 21 votos favorables para su aprobación, por incidir en una norma de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, la modificación efectuada por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas enmiendas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señora Senadora.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, propongo discutir el proyecto completo el próximo martes.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, naturalmente, me habría gustado debatir y votar la iniciativa en esta sesión. Pero no están en la Sala muchos Senadores que estarán presentes la próxima semana.
Por lo tanto, considero mucho más eficaz hacer todo el martes. Pero ojalá efectivamente el proyecto se coloque en primer lugar de la tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como ya se hizo la relación, en la siguiente sesión los señores Senadores harán sus intervenciones en la discusión en particular.
Pero la relación no se puede borrar, porque ya está hecha.
El señor WALKER (don Patricio).- ¡La relación del Secretario fue completísima!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Además, pondremos el proyecto en el primer lugar de la tabla del próximo martes.
El señor MONTES.- ¡Que hable el Senador Navarro ahora, señor Presidente...!
El señor BIANCHI.- ¡Hora de Incidentes para él...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Propongo a la Sala dar por terminado el Orden del Día y comenzar con la hora de Incidentes.
Al señor Ministro de Energía, efectuándole diversas consultas relacionadas con VALOR Y VOLÚMENES DE VENTA DE GAS DE EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO A METHANEX S.A.
A los señores Superintendentes de Salud y de Pensiones, preguntándoles acerca de razones para DESCUENTOS POR COTIZACIONES DE SALUD A SEÑOR CLAUDIO VIDAL GALLARDO, PENSIONADO POR INVALIDEZ Y USUARIO DE FONASA EN TRAMO A.
Al señor Alcalde de Puerto Natales, solicitándole comunicar MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROYECTO "INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA VILLA CARIÑO Y COLONIA ISABEL RIQUELME".
A las señoras Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso y Alcaldesa de Viña del Mar, pidiéndoles información referida a MEDIDAS TENDIENTES A NO UTILIZACIÓN DE SECTOR DE LAJARILLA, REÑACA ALTO, COMO VERTEDERO ILEGAL.
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole reevaluar RECHAZO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS A DECRETO N° 381, CURSADO A CONTRALORÍA SIN FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA 21 PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole informar sobre ESTADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO CATRICO, DE VALDIVIA.
A la señora Ministra de Educación, planteándole INCLUSIÓN DE NIVEL MEDIO MAYOR DE ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE WE LIWEN, DE COMUNA DE TOLTÉN, EN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
Al señor Intendente de La Araucanía, requiriéndole indicar FECHA PARA ASFALTADO DE CAMINO QUECHOCAHUIN BAJO, EN PUERTO DOMÍNGUEZ, y solicitándole información acerca de PROCESO DE INSTALACIÓN DE APR RADALCO, COMUNA DE CURACAUTÍN.
Al señor Alcalde de Melipeuco, consultándole por SITUACIÓN DE CAMINO EL VAQUEANO, PRESUNTIVAMENTE CERRADO POR PARTICULAR (reiteración de oficio).
Al señor Subsecretario de Salud Pública, solicitándole INFORME RESPECTO DE OBSERVACIONES RECOGIDAS EN CONSULTA PÚBLICA CON MOTIVO DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTO QUE ESTABLECE NORMAS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y ELEMENTOS DE USO MÉDICO EN SERES HUMANOS.
A los señores Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Presidente de CONICYT, Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y Director del Instituto de Salud Pública, consultándoles por POSICIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA EN RELACIÓN CON NORMAS ESTABLECIDAS EN "LEY RICARTE SOTO" PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y ELEMENTOS DE USO MÉDICO EN SERES HUMANOS.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que se gestione ENTREGA DE TERRENO FISCAL EN SECTOR DE LAS ÁNIMAS, EN COMUNA DE VALDIVIA, SOLICITADO POR AGRUPACIÓN ALBERGUE ANIMAL VALDIVIA.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, corresponde el turno al Comité Independientes y Partido Amplitud.
Ofrezco la palabra al Comité Partido Por la Democracia...
El señor NAVARRO.- Señor Presidente...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No estaba pedida la palabra.
El señor CHAHUÁN.- ¡Al final, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Al final puede intervenir, Senador señor Navarro.
Corresponde el turno del Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente. No intervendrá.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la información pública dice que 22 mil chilenos fallecieron el año pasado esperando una atención de salud en los hospitales públicos.
La patología denominada "linfoma no Hodgkin" es un tipo de cáncer que se encuentra incorporado en el AUGE para mayores de 15 años, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Conforme al mismo plan, posee garantía de acceso, oportunidad y protección financiara.
Respecto al acceso, para confirmar diagnóstico, y una vez confirmado, se garantiza el tratamiento y seguimiento.
Por su parte, la garantía de oportunidad se traduce en que el diagnóstico debe ser confirmado en el plazo de 35 días desde la sospecha y la etapificación dentro de los 30 siguientes a la confirmación.
Además, se garantiza el inicio de la quimioterapia en un plazo de 10 días contados desde la confirmación, y de la radioterapia, dentro de los 25 días contados desde la prescripción médica.
He dado esta introducción, señor Presidente, señores Senadores, para exponer un caso en particular.
Don Nelson Sole, vecino de la comuna de Tierra Amarilla, exconcejal, fue operado en enero del presente año de peritonitis. Y ante la sospecha, su apéndice fue enviado a biopsia el 28 de enero. Con fecha 4 de abril se confirmó el diagnóstico de "linfoma no Hodgkin difuso de células pequeñas". Es decir, el diagnóstico se confirmó 66 días después de la sospecha, excediéndose en 31 días el plazo de garantía.
Recién con fecha 12 de abril se envió a interconsulta al Hospital del Salvador de Santiago, del que aún no hay respuesta, a pesar de la gravedad de la enfermedad que nuestro compatriota padece. Ha transcurrido un mes desde la confirmación diagnóstica y aún no se inicia el tratamiento.
El afectado ha denunciado el incumplimiento a FONASA, que le ha informado vía telefónica que su dolencia "No se encuentra garantizada".
Por ello, señor Presidente, me permito solicitar que se oficie al Ministerio de Salud, a la Directora Nacional de FONASA y a la Superintendencia de Salud a fin de que se informe si la patología diagnosticada al señor Nelson Sole Videla, RUT 10.370.146-5, se encuentra garantizada por el AUGE y para que se indique, en el evento de que sea efectivo, el lugar de derivación ante el incumplimiento de los plazos garantizados.
Lo descrito constituye un caso más de la situación que están viviendo muchos, miles de chilenos que mueren esperando una atención de salud.
No es justo, no es digno que una persona, que tiene un derecho garantizado por ley y que, además, ha seguido el conducto regular (no ha pedido saltárselo), sea tramitada de esta manera. En este minuto, él está sufriendo y pasándolo muy mal.
Le pido, ¡por favor!, que estos oficios salgan en forma expresa, porque se trata de un ser humano que está sufriendo y que, de no hacerse un tratamiento ahora, a la brevedad, puede perder su vida.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, hoy día el ciudadano chileno-venezolano Braulio Jatar cumple ocho meses privado de libertad de manera completamente injusta.
En tal sentido, pido que se oficie a la Cancillería a los efectos de que extreme todas las acciones necesarias para que, finalmente, Braulio Jatar sea dejado en libertad. Y no hablo solo de él. En la figura de este chileno-venezolano quiero simbolizar a todos aquellos presos políticos que hoy día se encuentran privados no solo de libertad, sino también de todas las libertades públicas en Venezuela.
El anuncio hecho por el Presidente Maduro, en términos de llamar a una asamblea constituyente con rasgos corporativistas, en que ha convocado a adherentes de distintos gremios del país que todavía creen en la revolución chavista, vulnera claramente la voluntad popular manifestada en las últimas elecciones parlamentarias.
Por lo tanto, pido al Gobierno de Chile, a la Presidenta Bachelet, que en el contexto de la Organización de los Estados Americanos y en el marco de la UNASUR solicite la aplicación de la cláusula democrática por las graves vulneraciones del Estado de Derecho que actualmente tienen lugar en Venezuela.
Pero también expreso con fuerza que no se puede seguir siendo indiferente frente a la detención arbitraria e ilegal de un ciudadano chileno-venezolano, como lo es Braulio Jatar.
El único pecado de este periodista fue simplemente haber develado ante el país la crisis humanitaria que hoy día vive Venezuela.
En consecuencia, reitero mi petición para que se oficie al Canciller a fin de que se extremen las medidas y se lideren las acciones humanitarias que permitan la liberación de Braulio Jatar, para que estos ocho meses en que ha estado privado injustamente de su liberad terminen pronto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Partido Socialista e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, las islas Desertores son el conjunto más oriental del archipiélago de Chiloé, no obstante formar parte administrativamente de la comuna de Chaitén, provincia de Palena.
Hace no más de una semana me reuní con pescadores de estas islas, quienes luego de un viaje de más de doce horas para llegar hasta Puerto Montt me plantearon los problemas que los afectan, que en su mayoría están determinados por sus condiciones de aislamiento.
En particular, me informaron sobre la situación de los habitantes de estas islas que se dedican a la pesca artesanal, quienes producto de esta misma lejanía, en su momento, no fueron debidamente informados para inscribirse en el Registro de Pesca Artesanal.
Por esa razón, a ellos les está vedado el acceso a la mayoría de las especies y solo tienen la posibilidad de ingresar a la categoría de recolectores de orilla con acceso, por ejemplo, a algunas algas.
Pese a que en las costas de las islas Desertores se encuentran varios y ricos bancos naturales de algunas especies de alto valor comercial, como erizos y almejas, los habitantes de estas islas solo pueden ver desde la costa cómo lanchas buceras de otras localidades, autorizadas para explotar estos recursos, los extraen y luego comercializan en otros lugares, por lo que ningún beneficio queda a estos sacrificados pobladores.
Hoy se encuentra en revisión el Registro de Pesca Artesanal, el que mostró graves insuficiencias respecto de su veracidad y acuciosidad luego de la emergencia provocada el año pasado por la marea roja en mi Región.
Es reconocido por los propios dirigentes de la pesca artesanal, por la autoridad del sector y por toda la comunidad pesquera que este Registro actualmente incluye a muchas personas que no se dedican en realidad a la actividad de pesca artesanal, con lo cual se distorsionan muchas herramientas.
Por ejemplo, la distribución de cuotas de pesca se hace entre muchos "inscritos", pero en realidad pocos pescadores, dando lugar a la práctica irregular de la "venta de cuotas" de aquellos que no pescan, pero tienen cuotas, hacia aquellos que sí pescan y tienen poca cuota.
El 31 de diciembre del año 2016 terminó la autorización de la operación de zonas contiguas para pescadores de la Región de Los Lagos en la Región de Aisén. Poco antes de ello, la Subsecretaría de Pesca había iniciado las negociaciones para darle continuidad a esta figura legal, que permite que trabajadores de una región operen en otra, siempre que exista acuerdo y aceptación de los pescadores de la región receptora.
Lo anterior se produce porque el Registro de Pesca Artesanal es regionalizado; es decir, los pescadores de Los Lagos solo están autorizados para trabajar en su región y no en otra, con la excepción señalada de las zonas contiguas.
Pero esta figura solo puede operar cuando en una región existe la fuerza productiva capaz de agotar las cuotas de los recursos que se les asignan anualmente y disponen de capacidades extractivas excedentarias capaces de explotar los mismos recursos en otras zonas del país, mientras que en una región vecina no existe la capacidad de explotación suficiente para la extracción de los recursos asignados por cuotas a esa región.
¿Qué ha pasado, en verdad? En la práctica, los pescadores de una región deben "comprar cuotas" a los de otra, transformándose estos últimos en rentistas del mar y asumiendo una especie de propiedad sobre los recursos.
Del mismo modo, una región ha tenido que compensar a otra con recursos financieros de su presupuesto regional para lograr que otra región autorice la entrada de pescadores a explotar recursos que no son explotados por sus pescadores o que no son capaces de hacerlo por su pequeño número.
Es el caso de la reineta, el erizo, la almeja y la luga, solo por mencionar algunas especies que afectan y tensionan las relaciones entre pescadores artesanales de las Regiones de Los Lagos y de Aisén, se ha llegado, esta última semana, a que pescadores de la Décima Región se movilizaran e impidieran el atraque de naves provenientes de la Undécima a puertos de Chiloé, a modo de represalia por la no aceptación de la continuidad de la operación de zonas contiguas.
Por otro lado, probablemente por efecto del cambio climático, en nuestra región, y en particular en aguas interiores (desde Bahía Mansa, por Osorno), se han detectado importantes masas de atún, jibia y sierra, especies que, al no estar abierto el Registro de Pesca Artesanal para ellas, no pueden ser explotadas por los pescadores artesanales de mi zona.
Naturalmente, es necesario realizar los estudios previos para que estas pesquerías sean sustentables, de modo que nuestros pescadores puedan explotarlas. Pero ello se halla pendiente por parte de la autoridad del sector por falta de recursos.
Todas las situaciones descritas solo confirman la necesidad de reformar a fondo el Registro de Pesca Artesanal y con ello la Ley General de Pesca y Acuicultura, tal y como lo planteamos con las Senadoras señoras Goic y Muñoz a través de una moción.
No es aceptable que los habitantes de las islas Desertores, que deben soportar severas condiciones de aislamiento, no puedan explotar los recursos que existen en sus costas.
No es aceptable que los verdaderos pescadores deban recurrir a comprar cuotas para mantenerse en actividad.
No es aceptable que algunos recursos no puedan ser explotados porque no se realizan a tiempo los estudios correspondientes.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, para que considere la reforma del Registro Pesquero Artesanal, a los efectos de que contemple las situaciones descritas, en especial la posibilidad de que pescadores de zonas aisladas se inscriban en determinadas pesquerías.
Igualmente, la reforma mencionada debe considerar la creación de macrozonas de registro, de manera que estas sean coincidentes con las pesquerías que se desarrollan en ellas. Por ejemplo, la merluza austral debiera considerar una macrozona que incluyera desde la región de Valdivia hasta Magallanes.
Asimismo, solicito que ese Ministerio contemple los recursos para la realización de estudios orientados a desarrollar nuevas pesquerías en los mares interiores de Chiloé (como he dicho, de la sierra, la jibia y el atún), de acuerdo a los cambios que se han producido en los ecosistemas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el New York Times publicó el siguiente artículo:
"Por qué los presos palestinos estamos en huelga de hambre en las cárceles de Israel.
"Por Marwan Barghouti, 18 de abril de 2017.
"Marwan Barghouti es un parlamentario y líder palestino. Se encuentra en prisión acusado de cinco homicidios y de ser integrante de una organización terrorista. Barghouti decidió no presentar una defensa durante el juicio ni reconocer la jurisdicción ni legitimidad de la corte israelí".
Este mes en Ramala se han exhibido los retratos y fotos de miles y miles de presos palestinos en Israel.
Habla Barghouti desde la cárcel de Hadarim, en Israel: "Después de pasar 15 años en una cárcel israelí, he sido tanto testigo como víctima del sistema ilegal de arrestos arbitrarios en masa y del maltrato a presos palestinos implementado por el gobierno de Israel. Cuando ya no hubo más opciones, decidí que el único camino era resistir estos abusos por medio de una huelga de hambre.
"Unos 1.000 presos palestinos han decidido ser parte de esta protesta que comenzó el miércoles 12 de abril del 2017, día que consideramos el `día del preso palestino'.
"Tenía apenas 15 años" -dice Barghouti- "cuando fui preso por primera vez. Con solo 18 años un israelí me obligó a separar las piernas para golpearme en los genitales mientras estaba desnudo en una sala de interrogación. Me desmayé del dolor, y por esa caída llevaré para siempre una cicatriz en la frente. Después, el israelí se burló de mí y me dijo que nunca procrearía porque la gente como yo engendra terroristas y asesinos.
"Los presos y detenidos palestinos han sufrido torturas, tratos inhumanos, degradantes y negligencia médica. Algunos fueron asesinados mientras se encontraban detenidos. Según el último conteo del Club de Presos Palestino, desde 1967 han muerto más de 200 reos por este tipo de acciones degradantes. Los palestinos y sus familias siguen siendo el blanco principal de la política israelí de imposición de castigos colectivos.
"Con nuestra huelga de hambre, buscamos terminar con esos abusos. Según el grupo de derechos humanos Addameer, en las últimas cinco décadas Israel ha encarcelado y ha detenido a más de 800.000 palestinos, el equivalente al 40 por ciento de la población masculina en los territorios ocupados. En la actualidad, casi 6.500 siguen en prisión, entre los cuales hay algunos que cuentan con la funesta distinción de tener los récords mundiales por haber estado detenidos los períodos más largos para un preso político. Difícilmente hay una familia en Palestina que no haya tenido que vivir el sufrimiento del encarcelamiento de uno o varios de sus miembros.
"Entre los cientos de miles de palestinos que Israel mantiene cautivos se encuentran niños, mujeres, parlamentarios, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, académicos, figuras políticas, militantes, transeúntes y familiares de prisioneros. Y todo con un solo objetivo: sepultar las aspiraciones legítimas de todo el pueblo palestino.
"Israel ha intentado etiquetarnos como terroristas para legitimar sus violaciones, en las que hay arrestos arbitrarios en masa, tortura, medidas punitivas y restricciones severas".
Eso señala Marwan Barghouti.
En otra publicación se lee:
"Tras 16 días de huelga de hambre, la salud de más de 20 prisioneros palestinos en cárceles israelíes se deterioró notablemente, por lo cual fueron trasladados hoy hacia hospitales.
"La masiva protesta fue iniciada en abril por unos mil 500 detenidos palestinos" y continúa plenamente vigente.
De acuerdo con un comunicado emitido al inicio de la protesta por la oficina del primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, las demandas son por atención a sus necesidades básicas, derechos como reclusos, fin a los malos tratos, a la tortura, al arresto arbitrario de niños, a las negligencias médicas, al aislamiento, al trato degradante, a la privación de los derechos básicos como visitas de familiares y el derecho a la educación.
De otro lado, ante la ausencia de números precisos, el Servicio de Prisiones de Israel informa que actualmente se mantienen sin ingerir alimentos 843 presos, de los cuales 751 pertenecen al partido Al Fatah.
Al día de hoy, según organizaciones de derechos humanos, en Israel hay 6 mil 500 presos políticos palestinos; entre ellos se cuentan 57 mujeres, 300 niños menores de 15 años y un menor de 7 años; 13 diputados, ante el silencio de la OIP; 500 detenidos administrativos; 18 periodistas, y 800 presos requieren urgente atención médica.
Hoy, 3 de mayo del 2017 (hace 5 horas y 46 minutos), ha muerto el primer huelguista de hambre palestino.
"Más de 800 presos se encuentran en huelga de hambre en la cárcel Ofer de Israel en contra de las condiciones a que son sometidos.
"Un joven palestino falleció este lunes de una enfermedad renal tras participar en una huelga de hambre abierta en la ciudad de Cisjordania, Palestina. Mazan al Maghrebi, de 30 años de edad, murió en su casa en la ciudad de Ramallah, convirtiéndose en la primera víctima de la huelga, informó la agencia de noticias Saba.
"La huelga ha sido impulsada por el exlíder del movimiento Fatah, Marwan Barghouti, con el objetivo de mejorar la situación de las cárceles, aumentar el número de visitas"; en definitiva, mejorar las condiciones humanas a las cuales están sometidos los presos palestinos en Israel.
1.- La instalación de un teléfono público para prisioneros palestinos, para que puedan comunicarse con sus familiares.
2.- Visitas:
-Restablecer la segunda visita mensual, que había sido suspendida, incluso a la Cruz Roja.
-Regularidad en las visitas cada dos semanas y no deshabilitarlas.
-Que ningún pariente de primer o segundo grado sea impedido de visitar a un preso.
-Aumento de la duración de la visita de 45 minutos a una hora y media.
-Permitir al prisionero tomarse fotos con sus padres cada tres meses.
-Tratamiento humano a los familiares que visitan la prisión.
-Permitir a hijos y nietos menores de 16 años en cada visita.
3.- Archivo médico:
-Cerrar el supuesto "Ramla Prison Hospital" por no otorgar tratamientos necesarios.
-Terminar la política de negligencia médica.
-Realizar exámenes periódicos de salud a los presos.
-Efectuar operaciones rápidas y expeditas ante hechos excepcionales.
-Permitir el ingreso de médicos especialistas internacionales.
-Liberación de los presos políticos enfermos, especialmente de aquellos con discapacidad y enfermedades crónicas.
-No cobrar al prisionero el costo del tratamiento.
4.- Responder a las necesidades y demandas de las prisioneras palestinas, tanto de transporte privado como de reunión directa, sin barrera, durante las visitas.
5.- Al Bosta (Bosta es el nombre que reciben los vehículos del Estado de Israel destinados a trasladar presos desde las cárceles hasta tribunales u otros lugares. Sus condiciones imponen diversos tormentos y riesgos para los detenidos, como los de asfixia y caídas dentro de ellos):
-Otorgar trato humano a prisioneros durante sus viajes en bus.
-Retornar a los prisioneros a las prisiones desde las clínicas y tribunales y no dejarlos en los cruces.
Se agrega, además, el fin a la política de la detención administrativa. Israel la utiliza y pasan 10, 15, 20 años sin que haya juicio. ¡No hay juicio, no hay tratamiento, no hay defensoría! Bajo esta modalidad, miles de palestinos han estado presos 6 meses, uno o 5 años sin mediar juicio alguno. Hay detenidos que han pasado más de 10 años en prisión bajo la figura de la detención administrativa, que es una violación absoluta y completa a los derechos humanos.
Se demanda, también, permitir a los presos presentar los exámenes de enseñanza secundaria de la manera formal y acordada.
Señor Presidente, esta es la situación que hoy día atraviesan los presos palestinos en Israel.
El silencio de mi Gobierno me preocupa. Chile tiene la colonia palestina más grande de América: 300 mil palestinos en cuatro generaciones.
Yo hago un llamado al Ministro Heraldo Muñoz, que está más preocupado de la situación de Venezuela que de los derechos humanos en Israel, y al Senador Chahuán, a quien acabamos de escuchar intervenir en favor de un señor que no es ni periodista ni chileno en Venezuela. Yo esperaría que los Diputados y Senadores de la colonia palestina estuvieran hoy día denunciando la agresión, la humillación y la muerte que sufren los palestinos en Israel.
Pido formalmente al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y a la Presidenta Bachelet, un pronunciamiento cuando se violan los derechos humanos, cuando la muerte asedia a miles de hombres y mujeres que luchan por su patria.
¡El Estado Palestino merece existir! Así lo han dicho centenares de resoluciones de las Naciones Unidas.
Señor Presidente, nos encontramos frente a algo que yo jamás esperaría que hiciera Israel: un genocidio. El pueblo de Israel lo sufrió. Y todos somos solidarios con ese pueblo. Pero Israel no puede someter a genocidio al pueblo palestino.
Palestina tiene derecho a ser un Estado, como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas.
Ojalá esta huelga de hambre termine pronto. Pero no va a terminar si los gobiernos del mundo, entre ellos el nuestro, y las comunidades palestinas y árabes, que son innumerables y de gran poder económico, no reaccionan.
No he visto ninguna declaración, ninguna inserción, en ningún diario nacional, de la comunidad palestina, de los árabes en Chile, que son poderosos económicamente, denunciando hoy día este verdadero asesinato que ocurre en las cárceles palestinas.
Esperaría mayor solidaridad, mayor compromiso.
No tengo ninguna duda de que en los colegios árabes, en las comunidades palestinas de la Región del Biobío, de Ñuble, donde existen y son solidarios, va a haber respuesta.
Los llamo a ser solidarios con su patria.
Y pido, exijo y suplico a mi Gobierno una reacción, particularmente del Canciller. Si de verdad decimos defender los derechos humanos, yo esperaría que mi país pudiera generar una declaración.
Lamento profundamente que la coalición de la que alguna vez formé parte tuviera que esperar la llegada del Presidente Piñera para el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero así son las cosas.
Yo esperaría, de verdad, que este Senado se preocupara de temas como este en materia internacional. Y no he escuchado, señor Presidente, ningún pronunciamiento de la Corporación, a pesar de que estos hechos vienen transcurriendo desde hace ya varias semanas y hay descendientes de palestinos que integran el Senado.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República, al señor Ministro de Relaciones Exteriores y a los señores Embajadores de Israel y de Palestina en Chile, haciéndoles llegar copia de mi intervención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, daré a conocer una carta abierta enviada a la Ministra de Salud, señora Carmen Castillo, denominada "Crisis en la salud pública: el exterminio de los pobres".
La salud pública en Chile vive una catástrofe y los costos los están pagando los más pobres de este país, ese 80 por ciento de chilenos que estamos en FONASA. Con orgullo digo que desde hace 34 años soy afiliado y usuario del Fondo Nacional de Salud. Pero este sistema público hoy día está en crisis.
Las estadísticas entregadas por el Ministerio y el FONASA a raíz de diversos oficios a través de la Ley de Transparencia (ORD 573-2017 y 2707-2017) son claras: desde la creación del Repositorio de Listas de Espera del año 2005, han muerto -escuchen bien- 100 mil chilenos que estando en lista de espera para atención con un médico o para una cirugía no pudieron ser atendidos. ¡Cien mil chilenos han muerto entre el 2005 y el 2017!
Y si bien desde el Ministerio de Salud se ha argumentado que no se puede establecer una relación entre la causa del fallecimiento y la no prestación de la atención médica por un especialista, yo quiero denunciar que ese es un hecho muy claro.
Aquí la gente no ha muerto porque atravesó la calle, no ha muerto porque se cayó por una escalera; ha muerto porque estuvo años esperando una operación quirúrgica o un médico especialista.
El 24 de abril presenté una denuncia criminal en contra del Estado de Chile por homicidio omisivo, es decir, por omisión de la responsabilidad fundamental de la prestación que establece la propia Ley AUGE, de 2004, para 80 patologías claramente descritas en dicha legislación.
Las cifras son dramáticas: entre el año 2010 y el 2015 fallecieron 57.551 personas esperando consulta con un médico especialista, y 10.083, esperando una intervención quirúrgica. Y el 2016, en solo 12 meses, murieron 22.459 personas, de las cuales 237 eran niños menores de 15 años que no tuvieron la posibilidad de ser atendidos ni por un pediatra ni por otro especialista ni de que se les practicara una cirugía infantil.
Por lo anterior, señor Presidente, el 19 de enero de 2016 presentamos una denuncia contra el Estado de Chile ante el Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a efectos de que se pronunciara respecto de las denominadas "listas de espera", que afectan y condenan a la vulneración de sus derechos a miles y miles de niños y niñas. ¡34 mil niños están hoy día en lista de espera! ¡34 mil!
Pero lo más grave son los 11.507 chilenos que fallecieron con su garantía AUGE vencida. Esto significa que estos miles de compatriotas murieron sin haber tenido tratamiento para patologías de alta gravedad. Escuchen bien: cáncer, enfermedades renales, diabetes, sida, hemofilia, enfermedades pulmonares obstructivas, fibrosis quística, epilepsia, asma bronquial, párkinson, artritis, esclerosis múltiple, hepatitis, hipotiroidismo, lupus, enfermedades del corazón y el cerebro, infarto al miocardio, marcapasos, accidente cerebrovascular, hemorragia, tumores, cardiopatía congénita, artrosis, neumonía y, por cierto, falta de tratamiento para enfermedades mentales como esquizofrenia, depresión, consumo de alcohol y drogas, trastorno bipolar, solo por nombrar algunas de las patologías protegidas por el AUGE respecto a las cuales el Estado chileno no brindó la atención a que está obligado por ley.
¡Y la gente falleció! ¡Es el exterminio de los pobres!
Las cifras de las personas muertas con garantía AUGE vencida confirma una tesis de la cual tengo el convencimiento más absoluto: ¡en Chile los pobres se mueren! Tenemos una salud clasista: salud para los ricos y no para los pobres. Solo el que tiene dinero puede pagarla.
Nadie en esta Sala, y mucho menos un integrante del Senado, fallecerá por falta de prestación de servicios médicos. Pero los pobres, los trabajadores de Chile, los desamparados y quienes están afiliados a FONASA, sí están muriendo. Y, como consecuencia de ello, se vulnera el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala claramente:
"El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo".
"Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud". Y a cada persona le asiste el derecho a recibir una prestación de salud.
Es una realidad irrefutable que la salud pública está en crisis, y la carencia de médicos es muy clara. La propia Ministra de Salud ha reconocido que faltan 3.795 médicos, que corresponden a 2.791 especialistas y a 1.004 subespecialistas. Y se nos dice que efectivamente habrá cupos, que comenzarán a darse recién en 2018.
Señor Presidente, se requiere una reforma integral al sistema de salud; se requiere un gran acuerdo nacional de salud; se requiere que la señora Ministra Carmen Castillo se haga cargo de la presentación que le hicimos un año y medio atrás, junto con 257 alcaldes de todo el país, cuando le manifestamos: "Ministra, los médicos extranjeros son necesarios y debemos formar más facultativos en Chile para que los pobres no se mueran".
La solución a este problema se encuentra en las manos de la señora Ministra.
Espero -la he emplazado públicamente- tener una respuesta de su parte. Espero que se pronuncie, y que no le siga causando daño a la Presidenta Bachelet, porque la gente reclama en la calle por una salud de calidad. ¡Y tienen todo el derecho del mundo a exigirla!
Nuestras autoridades no pueden seguir con la misma política de salud. Necesitamos enfrentar esta crisis sanitaria de manera franca y abierta, y no dejar que los chilenos se sigan muriendo por falta de atención y por tener una salud clasista.
La Ministra tiene la palabra en esta materia.
Señor Presidente, solicito que se envíe esta intervención a la señora Ministra de Salud, Carmen Castillo; a todos los señores Directores de los Servicios de Salud de Chile, y a la señora Presidenta de la República.
Repito: espero una respuesta.
--Se levantó a las 19:7.