Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20180717S00221026829.html
Timestamp: 2020-08-07 14:51:00
Document Index: 279770806

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 168', 'artículo 5', 'artículo 118', 'artículo 29', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'e contrario', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 31', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 3']

22ª Sesión Ordinaria del 17 de Julio de 2018
N.º 22 - TOMO 583 -17 DE JULIO DE 2018
–	El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 18516, sobre trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados.
6), 9) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Michelini, Alonso y Delgado.
–	Quedan convocados los señores senadores Gallicchio, Peña, Draper y García.
7)	Personas afectadas en sus derechos a través de las redes sociales
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
8)	Situación en Nicaragua
–	Por moción del señor senador Mieres, el Senado resuelve tratar el tema como cuestión política.
–	Exposición del señor senador Mieres.
•	Se vota negativamente la moción presentada por los Partidos Colorado, Nacional e Independiente.
•	Se vota por unanimidad la moción presentada por senadores del Frente Amplio.
10)	Promoción del voluntariado social
–	Proyecto de ley por el que se la declara de interés general.
•	Se levanta la sesión por haber llegado la hora de finalización.
«Montevideo, 16 de julio de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 17 de julio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se declara de interés general la promoción del voluntariado social.
Carp. n.º 956/2017 - rep. n.º 671/18 y anexo I
2.º) por el que se establecen normas para los desalojos colectivos y el régimen de prescripción adquisitiva de inmuebles.
Carp. n.º 988/2017 - rep. n.º 674/18 y anexo I
3.º) por el que se declara de interés nacional la conmemoración de los cien años de la inauguración del Palacio Legislativo, ocurrida el 25 de agosto de 1925.
Carp. n.º 1125/18 - rep. n.º 675/18
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Tourné, Vellozas y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga y Castillo.
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se autoriza el suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada, en los términos dispuestos por el artículo 47 numeral 4 de la Constitución de la república.
El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en calidad de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard.
La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se aprueban normas para la prevención y combate de la trata de personas.
Asimismo, comunica que ha aceptado las modificaciones al proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 23 de diciembre de 2011, referente a mozos de cordel.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la conmemoración de los cien años de la inauguración del Palacio Legislativo, ocurrida el 25 de agosto de 1925.
La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para los desalojos colectivos y el régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informado un proyecto de ley por el que se dispone la erección de un monumento en homenaje a los ciudadanos caídos en el cumplimiento de misiones de paz.
La Presidencia de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo presenta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución de la república, 5.º de la Ley n.º 16821, de 23 de abril de 1997 y 9.º del Presupuesto quinquenal de la Comisión Administrativa 2015-2019, de 22 de diciembre de 2015, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa correspondiente al ejercicio 2017, y asimismo remite, con exposición de motivos, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2017, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor suplente del edil Héctor Delacroix, relacionadas con el vencimiento de la actual concesión del Aeropuerto Internacional Carlos A. Curbelo.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.
Las Juntas Departamentales de Artigas, Flores y Montevideo remiten oficios por los que comunican la designación de las nuevas autoridades para el período 2018-2019.
La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Javier Pizzorno, referentes al tema de la seguridad pública.
El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con la Ley n.º 18516, de 26 de junio de 2009, sobre trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados.
–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU».
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Luis Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley n.º 18516, de 26 de junio de 2009, sobre trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del día 11 de julio faltó con aviso el señor senador Coutinho.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 5 de julio faltó con aviso el señor senador Paternain; y a la sesión del 12 de julio, faltaron con aviso los señores senadores Lacalle Pou, Peña y Pintado.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 5 de julio faltó con aviso la señora senadora Tourné.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 11 de julio faltaron con aviso los señores senadores Peña y Viera.
A la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del 3 de julio faltó con aviso el señor senador Garín.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 5 de julio faltó con aviso el señor senador Larrañaga; y a la del 12 de julio faltaron con aviso los señores senadores Delgado y Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 5 de julio faltó con aviso el señor senador Amorín.
A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 4 de julio faltó con aviso la señora senadora Matiaude.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 2 de julio faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Aviaga, Cardoso y Castillo; y a la del 9 de julio, faltó con aviso el señor senador Castillo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 17 de julio de 2018
Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia, por motivos personales, desde el día 25 de julio hasta el día 27 de julio, inclusive, del corriente año.
–16 en 20. Afirmativa.
Por la presente, solicito a usted licencia, por motivos personales, a la sesión ordinaria del 17 de julio de 2018.
7) PERSONAS AFECTADAS EN SUS DERECHOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
En estos tiempos que vivimos, la Internet y otros buscadores se asocian con una actividad que es la de cosificar a la mujer, la de jugar en el mercado ganando dinero con datos personales, con imágenes y con una máquina dirigida a optimizar ganancias.
La semana pasada, en la República Argentina, una reconocida modelo obtuvo una sentencia de segunda instancia de condena contra dos buscadores: Yahoo y Google. No era que estos incluyeran información falsa sobre su persona, sino que asociaban las búsquedas referidas a ella a sitios de Internet con contenido sexual.
La modelo en sí es madre de familia, tiene hijos, y cuando se ingresaba a Yahoo o a Google su nombre automáticamente remitía a ese tipo de sitios de Internet con contenido sexual.
En primera instancia perdió el juicio, pero en segunda instancia –lo que es muy interesante– un tribunal integrado por los magistrados Liberman, Pérez Pardo e Iturbide revocó el fallo y dispuso una indemnización.
Esto puede parecer, quizás, un poco alejado para muchos, pero no lo es; pasa hoy en día. Las víctimas de estas cosas son casi siempre mujeres y se las relaciona así, justamente, para lograr mayor cantidad de conexiones.
Los buscadores –en especial Yahoo– se defendieron diciendo que ellos se manejan con algoritmos que están fuera de su control, con inteligencia artificial, pero el magistrado que redactó la sentencia dijo que era una excusa hipócrita ampararse en la libertad de expresión. Aunque reconoció que estos buscadores gozan de esa libertad de expresión, obviamente –como establece el artículo 29 de nuestra Constitución– ello tiene su correlación con la responsabilidad posterior de la actividad de cada uno; se es libre, pero sujeto a la responsabilidad de cada uno.
Hay mucho para legislar en este campo de las personas que son afectadas o atacadas en sus derechos a través de las redes sociales. En su momento se destinó a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado una iniciativa presentada el 15 de febrero de 2015 –denominada Proyecto de ley por el que se prohíbe la censura previa y se establece el derecho de respuesta en redes sociales–, que pretende atacar el problema del derecho al olvido pero, sobre todo, contemplar el derecho a respuesta que tienen quienes ven afectados sus derechos a través de las redes.
Sería una buena cosa –porque es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y con el que creo que estamos todos de acuerdo– legislar al respecto, teniendo el antecedente de este juicio reciente que ha obtenido una sentencia favorable en segunda instancia en la República Argentina.
Pido que mis palabras, señora presidenta, sean enviadas al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
8) SITUACIÓN EN NICARAGUA
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: como hemos manifestado en la coordinación en el día de ayer, queremos plantear una cuestión política referida a la grave situación que atraviesa el hermano pueblo de Nicaragua, para lo cual estamos solicitando autorización al Cuerpo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va votar lo solicitado por el señor senador.
SEÑORA TOURNÉ.- Queremos solicitar un cuarto intermedio de veinte minutos.
(Así se hace. Son las 09:54).
(Son las 10:29).
–Antes de dar la palabra al señor senador Mieres, léase el literal C del artículo 69 del Reglamento del Senado.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «C. Es asimismo cuestión de orden lo que afecte los fueros del Cuerpo; alguna de sus Comisiones, o de cualquiera de los Senadores.
SEÑORA PRESIDENTE.- Leído el literal C del artículo 69 del Reglamento del Senado, que es el que nos va a regir en esta discusión, tiene la palabra el señor senador Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: hemos solicitado esta cuestión política para plantear una situación que impacta fuertemente la sensibilidad de cualquier ser humano que se preocupe e interese por lo que supone la vigencia y el respeto de los derechos humanos. La situación de Nicaragua es de una gravedad inmensa.
Hace un par de meses, nosotros señalamos esta situación en la media hora previa del Senado y, lamentablemente, en las últimas semanas no se ha visto otra circunstancia que su agravamiento.
La violencia es desatada desde el poder, desde el Gobierno de Daniel Ortega, a través de fuerzas militares, policiales y paramilitares que matan a la gente en la calle simplemente por protestar y reclamar libertades. Además de corrupto y depredador del medioambiente, este es un régimen autoritario y violento que todos los días dispara a matar, tal como se señala en el título del informe de Amnistía Internacional, que nadie puede sospechar que sea una organización sesgada. El informe de Amnistía Internacional se titula: «Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua». Esta prestigiosa institución acaba de publicar un informe, como resultado de la visita de una delegación de esta organización a Nicaragua, que concluye que desde el Gobierno se han destruido todas las instancias de diálogo y se ha optado por la represión lisa y llana; en la calle, las «fuerzas del orden» –entre comillas– disparan para matar gente y persiguen a cualquier ciudadano, incluso en instituciones religiosas y sociales.
En tal sentido, señora presidenta, nos parece que el Senado de la república tiene la obligación y la necesidad de emitir una declaración firme y enérgica de condena a la barbarie que está ocurriendo en Nicaragua.
Los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal de Nicaragua –que aceptaron hace un par de meses ser mediadores y promotores del diálogo con el Gobierno–, el sábado pasado emitieron una declaración en la que, entre otras cosas, dicen: «En los últimos días se ha recrudecido la represión y la violencia por parte de los paramilitares progubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente. Lamentamos profundamente tanta muerte, dolor y sufrimiento de nuestro pueblo. Heridos, enjuiciados injustamente, amenazados, intimidados y los ultrajes cometidos contra quienes permanecieron en lugares de protestas pacíficas. Además denunciamos los secuestros y detenciones arbitrarias, de que está siendo objeto la población civil». Más adelante, señalan: «Son condenables jurídica y moralmente los ataques perpetrados por la Policía Nacional, por grupos paramilitares progubernamentales y turbas azuzadas para agredir y sembrar terror al pueblo que se manifiesta cívicamente». Esto lo dice la Conferencia Episcopal que intentó, promovió y apostó al diálogo en Nicaragua, donde ciertamente ya no hay lugar para otra salida que no sea la de una convocatoria a elecciones libres y con garantías para todos los ciudadanos. Por supuesto que cesar la violencia debe ser el primero de los objetivos a señalar. Desde cada uno de los foros de los distintos países latinoamericanos…
SEÑORA PRESIDENTE.- Vaya redondeando, señor senador; dispone de cinco minutos para hacer uso de la palabra.
SEÑOR MIERES.- Sí, señora presidenta.
Quiero señalar que nos parece una buena noticia que, finalmente, el Gobierno uruguayo en el día de ayer haya sumado su firma a una declaración en el ámbito de las Naciones Unidas, donde efectivamente se está reclamando el cese de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.
Finalizo simplemente haciendo mención a una carta que firman figuras intelectuales de primer nivel como Belela Herrera, Gerardo Caetano, Fernando Butazzoni, Gregory Randall, Miguel Fernández Galeano, Rafael Paternain y Rodrigo Arocena, quienes se preguntan: «¿Decimos que el Gobierno y el Estado de Nicaragua tienen menos obligaciones que los de nuestros países?».
SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señor senador. Dispone de cinco minutos; si va a leer toda la carta...
SEÑOR MIERES.- No; voy a leer un párrafo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Vaya terminando, señor senador.
SEÑOR MIERES.- En general, la señora presidenta ha tenido criterio en este tipo de temas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se ha dado lectura al literal C del artículo 69 para que se tenga claro cuáles son las reglas del juego.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: los nicaragüenses mueren en la calle. Si pretende aplicar el Reglamento –que no lo hace en todos los casos–, ¡está bien! Creemos que esto era necesario hacerlo; era necesario que se expidiera el Senado sobre este tema y todavía tenemos la esperanza no de una declaración tibia sino de una que esté a la altura de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que perpetra un traidor a la revolución nicaragüense que es el señor presidente de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a leer nuevamente por Secretaría el literal C del artículo 69, porque parecería que su lectura no fue escuchada.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: espero que hoy terminemos acordando una declaración conjunta del Senado de la república –lamento tener la voz un poco tomada, pero trataré de hablar cerca del micrófono–, pero si este consenso no se encuentra, ocultará motivos muy distintos, preferencias y valoraciones diferentes sobre lo que está pasando en Nicaragua.
Hoy expresamos nuestra más enérgica condena a las violaciones a los derechos humanos en ese país. Señalamos hoy nuestro desacuerdo con Nicaragua, como lo hicimos en una circunstancia parecida en el año 2016. Previo a las elecciones ya tuvimos esta discusión en el Senado y lo miro al señor senador Mieres porque también estuvo en esa iniciativa, pero en ese momento no votamos la cuestión política. Reitero que esto fue antes de las elecciones. Es cierto que se había producido allí una cantidad de irregularidades, proscripción de candidatos y partidos de la oposición, pero nuestro desacuerdo con lo que pasa en Nicaragua es un desacuerdo por izquierda, no es cualquier desacuerdo. En lo personal, creo que hay desacuerdos por izquierda y por derecha.
Me impresiona cómo, por derecha, se alzan las voces contra Venezuela pero nunca contra Colombia, nunca contra México, nunca contra Guatemala. Es una diferenciación curiosa porque, ¿no son todos derechos humanos? Cincuenta mil asesinados en México ¿no es suficiente responsabilidad del Estado para que este Senado hubiera hecho sentir su voz? Más de trescientos dirigentes asesinados en Colombia –y estoy hablando de una Colombia que entró en proceso de paz, no de antes– y la presencia de paramilitares a lo largo de todos estos años ¿no hubieran ameritado una denuncia de violación a los derechos humanos? ¿No hay corrupción en estos países? ¿No hay paramilitares? ¿No hay violencia?
Por eso, creo que nuestra posición es distinta y voy a hablar por mí pero también por mis compañeros. Somos capaces de tener una mirada crítica aun dentro del mismo campo político que nos comprende que es –de brocha gorda– el de los gobiernos populares, progresistas y de izquierda. Quiero que sea esa conciencia crítica la que nos diferencie: la de ser críticos con Nicaragua, pero también con Israel, con Estados Unidos, que con su sólida democracia ha sido responsable del mayor número de asesinatos y golpes de Estado en las últimas décadas del siglo xx.
Por lo tanto, creo que hay diferencias que nos separan. Una de ellas es el rol que la Iglesia –hoy mediadora en el conflicto nicaragüense– ha cumplido a lo largo de estas décadas. En el año 2003 –previo a las elecciones en que el señor Ortega ganó, en el año 2006– fue la Iglesia la que obligó a Ortega a firmar un acuerdo para prohibir el aborto –aun el aborto terapéutico– en toda circunstancia. Fue esta Iglesia que hoy reclama su papel de mediadora. En eso están las diferencias y quiero dejarlas constatadas. ¡Triste papel ha hecho la Iglesia en este tiempo! ¡Triste papel ha hecho el empresariado también en un país que sigue siendo uno de los que tiene el salario mínimo más bajo de América Latina! ¡La verdad es que Nicaragua ha crecido en quince años a un promedio del 5 % al año! Así que mientras no se produjo la crisis que, entre otras cosas, desencadenó la crisis venezolana, la crisis del petróleo, todos parecían hacer la vista gorda a lo que pasaba en Nicaragua, porque allí estaban todos contentos: el empresariado y la Iglesia.
Nos duele Nicaragua, señora presidenta. ¡Cómo no nos va a doler! Nicaragua… tan violentamente dulce, la Nicaragua de Cortázar, la Nicaragua de la revolución. Hay muchos artículos, entrevistas y reportajes que se han hecho en el semanario Brecha, que dan cuenta de este dolor y de muchos que, habiendo estado en el movimiento sandinista, creen que es posible recuperarlo del nepotismo de Ortega y de Rosario Murillo.
Me siento identificada con esa izquierda nicaragüense que trata de reencauzar lo mejor del movimiento popular, lo mejor de la protesta social, lo mejor de los reclamos de los estudiantes para refundar la izquierda nicaragüense que tuvo un pasado glorioso.
SEÑORA PRESIDENTE.- Redondee la exposición, señora senadora.
SEÑORA MOREIRA.- Nos duele Nicaragua por el nepotismo, por la represión, por la violencia, por el autoritarismo, por el secretismo y la discrecionalidad con que el Gobierno ha operado en este tiempo. Creo que las razones que nos llaman a firmar esta declaración merecen ser suficientemente explicitadas porque cada uno habla desde su campo político.
SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: está muy bien plantear este tema hoy en el Senado; nos parece absolutamente necesario. Nosotros lo haremos desde el punto de vista de quienes creen en la democracia, en la libertad y en la república. ¡No lo haremos desde otro ángulo! No lo haremos desde la visión de alguien de izquierda o de derecha.
Hoy estamos tratando en este ámbito la situación de Nicaragua, y quienes creemos en la libertad, quienes creemos en la república, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en los derechos humanos, debemos condenarlo con total firmeza, con la misma fuerza y el mismo entusiasmo con los que condenábamos hace tantos años la dictadura de Somoza, contra quien se alzó el movimiento sandinista encabezado por Daniel Ortega, que llegó con promesas de cambio, de democracia y de libertad.
Pasados los años, Ortega no es mejor que Somoza. ¡No es mejor! El matrimonio Ortega-Murillo ha destrozado las libertades en Nicaragua, ha destrozado los derechos humanos, y tenemos que ser claros: esta no es una visión de derecha, de centro o de izquierda, sino una visión de quienes pretenden la vigencia de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia y de la república.
Hoy se presenta el tema de Nicaragua. Cuando se presente el de Colombia, el de México o el de quien sea, lo discutiremos. ¡Hoy es el tema de Nicaragua! Y lo que está pasando en Nicaragua, señora presidenta, es lamentable: los peores asesinatos, la peor represión. ¿Contra quiénes? ¿Contra la derecha que se alza? ¿Contra un gobierno popular? ¡No! ¡Contra el pueblo nicaragüense, contra los estudiantes, contra los trabajadores! ¡A ellos los están matando! ¡Los matan todos los días!
Ortega ha violado todo aquello por lo que dijo haber luchado, ¡todo! Y este Senado tiene que condenar eso, y hacerlo con firmeza. Creo que estamos todos de acuerdo en que esas violaciones existen, ¡todos! Entonces, actuemos con firmeza y con dignidad, como demócratas y como republicanos, como personas que creen que los derechos humanos deben ser aplicados en todos lados. ¡En todos lados! No importa la tendencia política de quien gobierne. Reitero: ¡en todos lados!
Así que, nuevamente y cumpliendo con el Reglamento –me parece bien que la señora presidenta lo haga cumplir porque es lo que nos rige– y los minutos que me corresponden, digo que me parece bien importante que el Senado esté discutiendo estos temas, y sería fundamental que pudiéramos sacar una declaración de consenso, firme y dura contra las acciones antidemocráticas y dictatoriales de violación de los derechos humanos por parte del presidente Ortega.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: hasta hace relativamente poco tiempo, Nicaragua era un país estable en una región inestable. Según los datos del PNUD, era uno de los países latinoamericanos con mayor disminución de la pobreza y de la desigualdad social en el período del sandinismo, que tenía altos índices de seguridad ciudadana y, además, un país que en la última década había crecido un 5 %. Todo ello, sin duda, sumaba a la estabilidad a que hice referencia en el comienzo.
Sin embargo, desde las protestas iniciadas el 18 de abril por estudiantes universitarios y jubilados en contra de la reforma de la seguridad social, ha sobrevenido en Nicaragua la peor crisis social de la historia reciente, y esto nos rebela, nos preocupa y nos duele. El Gobierno no ha dejado de reprimir.
Nosotros –cuando digo «nosotros» me refiero a mi partido, el Partido Socialista–, tanto el 3 de mayo como el 6 de junio hacíamos sendas declaraciones, en primer término solidarizándonos con los familiares de las víctimas, esas víctimas que siguieron aumentando desde ese 18 de abril, la mayoría jóvenes de entre dieciocho y veintidós años. Pero además de los muertos, hay numerosas personas heridas y todo tipo de violencia.
Por tanto, en todas estas instancias –que son declarativas pero que expresan la consternación que a las fuerzas progresistas nos da la desviación de un proceso de esta naturaleza–, hemos apelado a la responsabilidad de lo que decimos es la dupla del presidente y de la vicepresidenta, Ortega-Murillo, que aliados a sectores empresariales siguen confirmando, desde ese entonces, el rumbo de un régimen devenido en autocrático, personalista y de partido hegemónico, que apunta a perpetuar una dinastía familiar en el Gobierno.
Sin duda que esas no son las características de una revolución con la que nos identificamos y que generó mucha ilusión por aquel 1979. Pensar que hoy nos genera estos dolores, la verdad es que nos conmociona. La forma de contribuir, desde la izquierda, a terminar con estas situaciones no es negando el bienestar que llevaron a la mayor parte del pueblo, ni ocultando nuestra crítica y rechazo a la situación de violencia de Estado desatada.
En coherencia con ello, nos parece muy bueno que hoy, desde la institucionalidad del Senado, podamos hacer esta declaración que aspiro a que sea conjunta.
Creo que el diálogo es el único camino y que debemos ser ponderados, porque la forma de reclamar ante el mundo de este país pequeño que es Uruguay por las injusticias, dondequiera que ocurran, es con respeto por la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Ello no es óbice para levantar con mucha fuerza nuestra voz y decir que Nicaragua así no puede seguir. Pero serán los nicaragüenses los que decidirán mediante una expresión plural de diálogo que contenga a todas las partes. Ahora bien, no hay diálogo en el marco de la violencia que se ha desatado y, por tanto, no tenemos ninguna duda en decir que la mayor responsabilidad radica en el Gobierno porque, como decía Sandino, «el derecho de los débiles es más sagrado que el derecho de los poderosos». Y en este caso el Gobierno de Nicaragua está del lado de los poderosos, generando violencia y consecuencias que en otro tiempo no hubiéramos podido imaginar que pudieran ser la derivación de un proceso en el cual los uruguayos, en su momento, ayudamos muchísimo, solidariamente, para que pudiera consolidarse.
Nosotros –la señora senadora Tourné y quien habla, pero es patrimonio de toda la fuerza política– teníamos a un querido compañero, el entonces senador José Pedro Cardoso, que estaba al frente del Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua. Pienso que esas cosas tienen que seguir en otras generaciones, con el compromiso de que estas transformaciones que, como decía, tanta expectativa generaron en 1979, nunca más se conviertan en los dolores que estamos sufriendo actualmente.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: celebramos la propuesta oportuna del señor senador Mieres.
Nosotros creemos en la libre determinación de los pueblos, pero sin perjuicio de ello, cuando se violentan derechos humanos, tenemos la obligación –ya no solo el derecho– de hacer planteos, sobre todo cuando participamos de la comunidad internacional. Lo hacemos con Nicaragua, y en algún momento este Senado también lo hará con Venezuela. Cuando se desliguen de intereses políticos, lo va a hacer con Venezuela porque aquí, en los corrillos, todos hablamos, de una manera u otra, de la dictadura venezolana. Por eso no creo en la sanción de un régimen por ser de izquierda o de derecha, o en la crítica desde la izquierda o desde la derecha. Es curiosa esa afirmación, que no es la primera vez que escucho cuando aquí se establece que hay una aplicación virtuosa o defectuosa de una norma constitucional.
Aquí se dice que hay otros países que, de alguna manera, pueden vulnerar los derechos humanos; pues ¡tráiganse aquí esas declaraciones y las discutimos! Nosotros no partimos dogmáticamente de quién gobierna para declarar algunas situaciones. Tampoco se puede decir que este es un régimen o un gobierno popular; ¡es populismo, y del más duro! Alcanza con ver la pobreza de Nicaragua; alcanza con ver en las calles de Managua y del interior del país cuando en campaña electoral camiones del Gobierno –lo vi yo, no me lo contaron– van tirando chapas para comprar los votos. Hay carteles alrededor de Managua y de todo el país que dicen que Ortega gobierna por gracia de Dios. Es un líder mesiánico que ha vulnerado los derechos humanos en su vida personal y, obviamente, como gobernante de un país que está sumido en una crisis democrática. Seguramente Nicaragua sea un país seguro. ¡Cómo no va a ser un país seguro con un gobierno que engendra temor, que militariza su acción de la seguridad humana! ¡Por supuesto, señora presidenta!
Entonces, nuestro partido llega a estas instancias con una enorme tranquilidad. Reitero: ¡con una enorme tranquilidad! ¿Quieren criticar a Estados Unidos? Perdón, pero no fuimos nosotros los que apoyamos las bases estadounidenses en nuestro país. Nosotros no apoyamos comunicados predictadura ni el régimen peruanista. ¡Vamos a discutir todo!
No estamos exentos de errores, señora presidenta. Por eso, hace bien el señor senador Mieres con su iniciativa para que este Senado alce hoy su voz contra un dictador que está masacrando a su pueblo. Como decía el señor senador Amorín: Ortega es mucho más Somoza que Sandino, a quien en su momento muchos le dieron la espalda y fue el doctor Herrera quien lo defendió en la comunidad internacional.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: entendemos que es relevante que el Senado de la república pueda tener un pronunciamiento sobre la situación de Nicaragua. Por lo tanto, nos parece muy bien el planteo que realiza el señor senador Mieres porque, además, todos hemos visto testimonios desgarradores de la situación en Nicaragua: un Gobierno que no tiene vergüenza, un Gobierno que termina siendo enemigo de su pueblo, un Gobierno que mata a la gente, a su pueblo, desatando una violencia que es verdaderamente un signo de terrorismo de Estado. No hay nada más vil, más penoso, más injuriante con los derechos democráticos de una sociedad, que el hecho de que el Gobierno utilice sus armas –que la Constitución y su pueblo le han conferido para custodiar su destino– para apuntar a su gente, a sus ciudadanos.
¡Es un Gobierno asesino! Es un Gobierno asesino. Porque quien mata a más de trescientos seres humanos y causa miles de heridos, realmente genera un escenario de caos en una sociedad que merece un mejor destino. ¡Y no se pueden justificar ni justificamos desde nuestra colectividad política las violaciones de los derechos humanos sucedan donde sucedan! No estamos mirando los acontecimientos internacionales en función de una óptica vinculada con una concepción ideológica, sino desde una idea republicana y democrática. Realmente no concebimos cómo los Gobiernos se hacen sordos frente a tanta injusticia, a tanta situación que colide con todos los derechos humanos. Nos extraña verdaderamente y nos causa una enorme molestia e indignación la prescindencia, incluso, de la propia Iglesia, del papa Francisco, que también se ha lavado las manos en este conflicto de manera lamentable. ¡Lamentable! Tenemos que decirlo, incluso, desde nuestra propia fe religiosa: nos parece una falta de autoridad no condenar duramente lo que está pasando hoy en Nicaragua.
Por lo tanto, queremos reflejar nuestra solidaridad con los familiares de los muertos y de los heridos, con este clima de conmoción, y exigimos al sujeto que ejerce la presidencia de ese país avasallando los derechos, que termine con este clima de guerra que se ha desatado en Nicaragua y oiga el reclamo del mundo libre de que se restablezcan las libertades, el Estado de derecho y la realización inmediata de elecciones que puedan traer paz, desarrollo y progreso a la sociedad nicaragüense.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: nosotros, en nombre de la bancada del Frente Amplio, hemos elevado a consideración de la cámara un proyecto que entiende que la difícil y dramática situación que vive la República de Nicaragua y su pueblo debe ser atendida, por lo menos –como se ha dicho acá–, por medio de una declaración que exprese el sentir del Senado de la república. Es un comunicado, un proyecto que intenta sumarse al clamor de toda América Latina en torno a tanto infortunio, llamando a la reflexión y a la prevención de futuras acciones, así como a la solución pacífica de este problema que enluta a Nicaragua y, obviamente, también a nosotros, porque somos todos americanos.
Quiero decir, señora presidenta, que el Gobierno del Frente Amplio ha seguido de cerca este tema y, por supuesto, se ha expresado en cada oportunidad en que debía hacerlo. Tengo presente que hay tres comunicados, cuyo tenor y fecha no voy a citar; ayer se hizo uno, pero anteriormente hubo dos que involucraban todos los sucesos que se estaban dando en Nicaragua. También, señora presidenta, a raíz de algo que señaló el señor senador Mieres –lo aludo porque es un hecho que se registró aquí en la cámara–, promovimos que esa expresión fuera diligenciada en la Comisión de Asuntos Internacionales a los efectos de recabar mayor información. Nosotros mismos, como proponentes de esa idea en la comisión, llamamos a la Cancillería para que nos brindara información acerca de los alcances y las actuaciones de Uruguay en el tema y nos diera una visión realmente objetiva de lo que está sucediendo en Nicaragua. Para eso tenemos a un uruguayo en ese país, el embajador, que informa permanentemente a nuestra Cancillería. Esa información es más que de fiar: son los datos oficiales con los que cuenta el Estado uruguayo sobre este asunto y sobre cualquier otro que involucre a países en los que tenemos embajadores. Es función del embajador brindar esa información.
En febrero de 2017 el canciller concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales. En esa instancia se avanzó mucho, se trató un tema electoral bastante vinculado a esto y quedamos en un impasse, a la espera de nuevas definiciones y nuevos sucesos. Hago esta aclaración porque no queremos que parezca que Uruguay ha estado ajeno al tema y que nuestro Gobierno no se ha interesado por este asunto.
Debemos decir, señora presidenta, que el Estado de Nicaragua como tal está asistido por el derecho internacional. También es cierto que, desde hace sesenta años a esta parte, como también se ha dicho en sala, a aquellos viejos principios de la autodeterminación y de la no intervención del derecho internacional, se ha sumado una enorme retahíla de grandes principios y de dogmas en derechos humanos que la sociedad contemporánea ha adaptado y que, por lo tanto, hoy conviven en materia de derecho internacional. Precisamente, la declaración que hemos planteado como Frente Amplio está enfocada en estos principios e intenta ser una expresión del Parlamento. Reitero que hemos focalizado este asunto en esos principios a los efectos de que, por lo menos, el Senado de la república pueda expresarse. Si bien no sabemos si esto llegará a los gobernantes y a los partidos políticos de Nicaragua, lo decimos y lo hacemos con la mejor intención de colaborar en la solución de los problemas que tiene la nación hermana.
Es cuanto queríamos acotar. Este ha sido nuestro desvelo desde el día en que el señor senador Mieres planteó el tema electoral; desde ese momento hemos obtenido profusos antecedentes y nos hemos comunicado con la Cancillería para ver cómo se iba diligenciando este asunto. Lamentablemente, nadie pudo prever los alcances que tuvo. No estamos en situación de juzgar a los demás, pero sí de dar una ayuda desde aquí, la República Oriental del Uruguay.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: hace bien el Senado de la república en hacer un alto en su trabajo cotidiano y levantar su voz de sensibilidad y de reclamo de paz ante lo que está pasando con el pueblo de Nicaragua. Digo esto porque lo siento, por convicción y porque he puesto mi firma en una de las mociones que la señora presidenta tiene sobre la mesa. Consideramos que es la moción más sólida, más profunda y más completa. Esta moción, en el punto dos, exige el cese inmediato de la violencia; en el punto tres, insta al diálogo y, en el punto cuatro, solicita que se generen las condiciones de tolerancia y ausencia de miedo para que se ejerzan todos los derechos electorales y constitucionales.
Dejé para el final el punto primero, señora presidenta, porque para mí es el más importante. Dice lo siguiente: «Expresa su enérgica condena a todos los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos, alentando a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes». Esto no es nada menor. No solo estamos diciendo que condenamos con energía todos los actos de violencia, sino que también estamos pidiendo que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes. ¡Le estamos diciendo al pueblo de Nicaragua que desde Uruguay levantamos la voz para que también haya justicia! ¡Justicia que no tuvieron las víctimas de la dictadura uruguaya! ¡Justicia que este Parlamento, en una ley vergonzosa, quitó a todos los uruguayos que habían sido violentados en sus derechos: muchos muertos, asesinados, torturados y desaparecidos por la dictadura uruguaya! Esa misma justicia que exigimos acá también la estamos exigiendo en Nicaragua. Por eso levantamos la voz con más fervor aún a fin de que sea esta la moción que se vote en el Senado para que el tema de los derechos humanos no tenga límite de frontera para el pueblo uruguayo.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: lamentablemente, estas situaciones siguen pasando en América Latina y en el mundo. Uno pensaba –quizás soñaba– que en el siglo xxi estaríamos en camino de resolver muchas de las cosas tristes y lamentables que se relatan, en este caso de Nicaragua, pero que también podrían relatarse de muchos otros. Lamentablemente, la noticia es que no lo estamos.
El retroceso democrático, la violación sistemática de los derechos humanos, el nepotismo y la corrupción siguen campeando en muchos lugares del mundo y también en nuestro continente. Eso no solo mata la economía de un país, no solo mata gente, sino que mata el alma de un pueblo. Cuando eso sucede en países declarados de izquierda o progresistas duele mucho más –reitero: duele mucho más– por el enorme sacrificio que, en este caso el pueblo nicaragüense, realizó para construir un proyecto de esperanza y de futuro, que hoy es traicionado.
En este Parlamento hay cosas que dividen a todos los partidos políticos que integran esta cámara. Nos dividen ideas, concepciones sobre políticas públicas e historias. Pero ¿no habrá cosas que nos unan? ¿No habrá oportunidad de encontrar cosas que nos unan y que vayan por el camino de reafirmar algunos valores que tienen que ver con la idea de lo que debe ser una democracia de calidad? Creo que deberíamos buscar la oportunidad. Cuando discutimos cosas profundas e importantes no tenemos que ver tanto lo que nos divide y las cuentas que podemos cobrarnos, sino si podemos acordar una visión común sobre algunos principios relacionados con la democracia. Ese sería un buen mensaje para los ciudadanos de este país.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: solo a los efectos de dejar una constancia, quiero decir que la derecha y la izquierda siguen existiendo. Si bien este no es el tema central de hoy, es lo que motiva que tengamos cierta sensibilidad –a veces más sensibilidad– frente a hechos horribles y condenables que se dan en el mundo y una predisposición a plantear ciertas cosas.
Con toda franqueza quiero decir –lo sostuve cuando estaba en la oposición– que no tengo mucha expectativa con respecto a lo que puedan generar las declaraciones para lograr la solución de los problemas que existen en cada lugar. El mundo está lleno de injusticias y de violaciones de los derechos humanos. Si aquí nos propusiéramos sacar una declaración por cada hecho de injusticia, de violación de los derechos humanos y de ataque a la libertad y a la democracia que ocurre en el mundo, la gente nos condenaría por no estar haciendo lo que debemos hacer.
Creo que la declaración que propone el Frente Amplio es la más inclusiva porque trata de contemplar todas las posiciones e integrarnos en una sola voz. Si una declaración vale, tiene más valor si incluye a todas las voces, si no buscamos el perfilismo para ganar no sé qué batalla. La nuestra respeta el tema de la autodeterminación, se preocupa por los derechos humanos, condena la violación o la violencia y apuesta al diálogo y a la democracia como concepto central para resolver situaciones difíciles que viven los pueblos, no solo de Nicaragua, sino del mundo.
Insisto en que no soy optimista con las declaraciones. Hay quienes me van a decir que cuando estábamos en dictadura el mundo hacía declaraciones. Sí, sí, ¡fantástico! Pero acá la Dictadura cayó por la lucha de los que estábamos aquí, adentro, los que nos animamos a ir construyendo la resistencia pedazo a pedazo en el plebiscito de 1980, en 1982, el 1.º de Mayo de 1983 –hace poco proponíamos algunas cosas a este respecto–, que hablaba de libertad, trabajo, salario y amnistía, palabra esta que muchos partidos políticos no se animaban a mencionar. Fue la lucha del pueblo movilizado en la calle la que terminó generando la salida democrática, porque las declaraciones ayudan pero no solucionan la contradicción principal, que siempre se resuelve dentro de los países. Y es a lo que apostamos: a que el pueblo nicaragüense, en sus propias movilizaciones, en sus propias luchas, resuelva esto por el camino que le parezca más conveniente. Preferimos que sea por la vía del diálogo, por la resolución democrática y no por medio de la violencia.
No me parece que el camino más eficaz sea que nosotros reaccionemos a cada momento, por cada movimiento estudiantil que es reprimido violentamente; hay países muy democráticos que reprimen con una violencia incalificable desde nuestro punto de vista, con muertos, etcétera.
En este caso, lo más importante no es autocomplacernos en una expresión que nos convoque a todos, sino resolver las situaciones que angustian verdaderamente a los pueblos que las sufren. Es en ese sentido que no hemos presentado iniciativas frente a otras injusticias que ocurren en el mundo, pero no tenemos ningún inconveniente ni ninguna incomodidad en apoyar esta. Hubiéramos deseado que se abandonara el perfilismo y que consensuáramos una declaración que, sin representarnos totalmente, encarnase los conceptos centrales que ya hemos mencionado: la autodeterminación, la vigencia de los derechos humanos, el respeto del diálogo y la democracia.
SEÑOR MUJICA.- Señora presidenta: tengo que confesar que me siento mal. Me siento muy mal porque hace muchos años aprendí que no es cuestión de ser solidario de palabra; la verdadera solidaridad significa correr los riesgos por la victoria o la muerte cuando uno está convencido. Me siento mal porque conozco gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua peleando por un sueño; me pidieron que intercediera con el papa para que hiciera algo y dije que no. Me lo han dicho de un lado y del otro. Siento que algo que fue un sueño se desvía y cae en autocracia. Entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios olvidaron que en la vida hay momentos en que hay que decir: «Me voy». Se puede no tener fuerzas o interpretar razones, pero la razón más importante es la suerte de la gente. Hay que asumir actitudes en función de eso. Sin embargo siento que estoy acá, viejo, sentado en una butaca, cómodo en el Senado, voy a hacer una declaración y después me iré a tomar un café o un té. Sinceramente, siento dolor por mi envejecimiento y por la circunstancia, porque sé en demasía que el mundo no cambia por declaraciones y que hay que decir algo, pero quisiera tener la circunstancia de jugar mi suerte. Me siento mal porque ya estoy siendo un viejo que estorba, inútil, y el conformarse con declaraciones es como los grillos que le cantan a la luna.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: generalmente, cuando se proponen este tipo de declaraciones se hacen reproches cruzados y la verdad es que no lo entiendo. Se mencionan otros países, se habla de la dictadura que lamentablemente sufrió nuestro país, se recurre a cambiar el centro de la atención. Hubo senadores que dijeron que nos estamos pasando cuentas. No sé qué cuentas se están pasando. La verdad, señora presidenta, es que nosotros estamos planteando una condena a una dictadura que, si fue un sueño, se corrieron los velos para demostrar que ese sueño se transformó en la represión más grande que haya habido en ese país contra su pueblo. ¿Dónde están los estudiantes uruguayos reclamando hoy?
Se trata de minimizar la declaración preguntándose de qué sirve. Los que vivimos en la época de la Dictadura sentíamos que cuando otros parlamentos condenaban la Dictadura nos daban una mano en la lucha. Estamos considerando una declaración que condena una dictadura, de izquierda en este caso, pero para mí es una dictadura. Creo que la calificación de izquierda o de derecha poco importa en esto.
Acá hay gente que es democrática y cree en la democracia, y hay gente que acepta las condiciones de la democracia pero en realidad no es democrática. Ese es el punto que estamos indicando hoy. Por eso importa votar esta declaración.
Algunos señores senadores señalaban que el primer punto es muy firme porque «Expresa su enérgica condena a todos los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos,» –estamos de acuerdo– «alentando a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes». ¡¿Cómo?! ¿Quién no sabe quién es el responsable acá? ¡Es el presidente Ortega! ¿Por qué evitamos decir lo que hay que decir? Reitero la última frase: «alentando a que se proceda a identificar a los responsables». ¡Hay un único responsable! ¡Es el dictador Ortega, al que su pueblo le está pidiendo elecciones! Reitero: le están pidiendo elecciones. Creo que desde el Senado debemos exigir inmediatamente la realización de elecciones en Nicaragua para que su pueblo se pronuncie. Quien evita ese pronunciamiento es el actual dictador que, además, en su vida privada ha sido acusado de las peores situaciones de las que se puede acusar a un presidente. Y acá nos hemos callado la boca. Es más, cuando visitó nuestro país se le entregó la llave de la ciudad de Montevideo a esta persona, que tiene acusaciones de carácter moral y es un dictador que está persiguiendo y matando a su pueblo en la calle. ¡Ya son trescientas cincuenta las personas que han muerto en la calle por pedir elecciones y por protestar! ¡Lo hemos visto en la televisión!
Acá se ha hablado de Colombia. Pues ¡traigan una declaración contra Colombia! Se ha hablado de México. ¡Traigan una declaración contra México! Nosotros trajimos una contra una dictadura, como la de Nicaragua, y muchas veces trajimos declaraciones sobre la dictadura en Venezuela. No son dictaduras de izquierda o de derecha; son dictaduras. Se trata de gente que no respeta la voluntad de su pueblo, que lo persigue y lo mata.
Cuando nosotros peleábamos por la libertad nos hubiera gustado que muchos países condenaran la dictadura militar uruguaya. No hablemos de la salida de la Dictadura, porque si lo hacemos, todos tienen cuentas, sobre todo aquellos que pactaron con ella. Entonces, no es eso lo que tenemos que discutir. Tenemos que recordar la soledad que teníamos nosotros cuando peleábamos en la calle y veíamos que un Parlamento levantaba su voz para condenar la Dictadura.
–Eso es lo que está haciendo el Senado uruguayo en el día de hoy: condenando una dictadura con todas las letras. ¡Pobre pueblo nicaragüense!
SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de 5.º año de la Escuela n.º 146, de Los Bulevares.
Han llegado dos mociones a la Mesa.
Léase la primera.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Ante los acontecimientos que se viven en la hermana República de Nicaragua, en donde el Gobierno de Daniel Ortega ha desatado una ola feroz de represión contra todo aquel que manifiesta su oposición a su gestión. En donde ya son más de trescientas cincuenta las víctimas mortales asesinadas por las fuerzas antimotines, la policía y turbas violentas paramilitares progobierno.
El Senado de la República Oriental del Uruguay:
Manifiesta su más absoluto rechazo ante los recientes acontecimientos que han enlutado a la hermana República de Nicaragua.
Expresa su más firme condena al Gobierno de Nicaragua, sumando su voz a la de otros Gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales que velan por la defensa de los derechos humanos; exigiendo el cese inmediato de la represión contra la población nicaragüense y reclamando que se ponga punto final al terrorismo de Estado en ese país.
En tal sentido, reclama la renuncia del presidente Daniel Ortega y la convocatoria inmediata a la realización de elecciones libres y honestas, único camino civilizado, no violento y legítimo para resolver este grave conflicto». (Firman los señores senadores Delgado, Mieres y Bordaberry).
Léase la otra moción llegada a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Ante la reiterada violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, el Senado de la República Oriental del Uruguay:
– Expresa su enérgica condena a todos los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos, alentando a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes;
– Exige al Gobierno de Nicaragua el cese inmediato de la violencia contra el pueblo nicaragüense;
– Insta al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen de buena fe en el diálogo nacional;
– Expresa que la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenaza o violencia, es la mejor garantía de estabilidad democrática». (Firman los señores senadores Pintado, Tourné, Payssé, Otheguy, Martínez Huelmo, Michelini y De León).
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: como se habrá notado, nosotros habíamos presentado una moción que, desde nuestro punto de vista, tiene el tono de la gravedad de las circunstancias. Y cuando digo «nosotros» me estoy refiriendo a los Partidos Colorado, Nacional e Independiente. Tiene el tono, la energía y el nivel de condena que requiere la hora ante lo que ha sido esta barbarie, que sigue ocurriendo. Acabo de leer una noticia: las hordas paramilitares lideradas por Ortega siguen reprimiendo y matando gente en la calle mientras nosotros estamos votando esta declaración. Por lo tanto, no hay duda, desde nuestro punto de vista, de que había que ser muy enérgico y categórico y nombrar con claridad quién es el verdadero responsable de esta barbarie.
De todas maneras, nos parece importante el texto que se termina aprobando, más allá de que toma en consideración otras miradas que, por cierto, no compartimos, porque tienen un tono distinto, mucho menos firme y enérgico del que quisiéramos. Aun así, lo que privilegiamos es que el Senado de la república emita esta declaración y que llegue a todos los lugares adonde deba llegar, aportando el humilde grano de arena con el que puede contribuir un Parlamento.
Acá se ha hablado de que no alcanzan las declaraciones, pero por lo menos tenemos una declaración, que es la opinión del Senado de la república sobre la gravísima situación que se vive en la hermana República de Nicaragua.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: he votado afirmativamente con la satisfacción de que hoy exista una declaración del Senado que, como sabemos, requería mayorías especiales y terminó siendo aprobada por unanimidad. Es bueno que podamos contar con esta declaración y en estos términos.
Quiero decir también que me congratulo del texto aprobado, porque va alineado con la declaración de Bruselas del 16 de julio. Creo que son trece los países que asumieron la responsabilidad de emitir una declaración que va, justamente, en la línea de lo que acaba de aprobar el Senado. El hecho de que hayamos hecho nuestros los postulados de dicha declaración nos parece más que importante. Además, el hecho de plantear, en el último párrafo, la necesidad de celebrar elecciones libres, justas y oportunas indica que estamos siguiendo una línea que fue tradición en nuestro país: el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No nos parece adecuado que desde este Senado solicitemos la destitución de presidentes o indiquemos el momento en que estas elecciones deben ser realizadas.
Por lo tanto, consideramos más que importante el haber aunado opiniones para que esta sea la declaración de todo el Cuerpo.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: creo que la declaración que se votó por mayoría especial es mejor que la otra, y voy a dar mis razones. Para sustraernos de esto que se llama «la mezquindad partidaria», digo que efectivamente me parece mejor.
Quiero recordar que el artículo 1.º de la Constitución de Nicaragua de 1986 o 1987 establece que toda injerencia extranjera en sus asuntos internos o cualquier intento de menoscabar sus derechos atenta contra la vida del pueblo. En este sentido, con el señor senador Martínez Huelmo nos estábamos preguntando por qué será. ¿Por qué será que el artículo 1.º de la Constitución nicaragüense establece eso? ¿Será por Somoza? ¿Será por la «contra», que envileció al movimiento sandinista? Porque de aquellos polvos vinieron estos lodos. ¿Será por la «contra», financiada por Estados Unidos, que envileció, insisto, el proceso de la revolución nicaragüense?
Además, señora presidenta, como ya dijo la señora senadora Payssé, nosotros no vamos a pedir la destitución de un presidente legítimamente elegido, ni vamos a decir a Nicaragua cuándo tiene que hacer las elecciones. Entiendo que el tema de las elecciones anticipadas esté presente en el diálogo nacional, pero es un asunto de ellos. No vamos a ser nosotros quienes se lo digamos. Además, no creo que el problema sea anticipar las elecciones. Es algo mucho más profundo. Por eso me parece bien que se hable de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo.
En primer lugar, hay que lograr el cese de la violencia y, en segundo término, hay que investigar lo que pasó. Hay que investigar cuál es la responsabilidad de los mandos policiales en las masacres cometidas, tal como ocurrió en la masacre de la comunidad de San Pablo, donde murieron seis personas, entre ellas dos menores de edad. ¡Eso hay que investigarlo! Decir que la responsabilidad es de Ortega no alcanza. ¡Hay que investigar!
Por otro lado –y ya termino mi intervención, señora presidenta–, creo que tiene que haber una transición electoral que, además, garantice cierta ecuanimidad del Consejo Supremo Electoral.
Son muchas las condiciones para que las elecciones sean oportunas, libres y justas. El problema no va a resolverse llamando a elecciones anticipadas ni con la destitución de Ortega. Es un proceso bastante más profundo. Una autocracia no se desmantela de un día para el otro.
A su vez, también quiero decir que los partidos políticos nicaragüenses están muy desacreditados. En este momento es la sociedad civil la que lleva adelante las protestas; son los sindicatos, son los estudiantes los que las están realizando. Entonces, para tener una buena transición electoral también precisamos un buen sistema de partidos y un buen sistema político.
Hago mía esta declaración no solo porque la haya hecho el Frente Amplio, sino también porque expresa la necesidad de transformaciones más profundas para ir a un proceso electoral que genere la legitimidad y la legalidad suficientes.
Termino mi intervención diciendo que, así como Ortega se fue pacíficamente en los años noventa, creo que la transición electoral y la transición política es algo que puede esperarse de Nicaragua. No es algo imposible.
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1º de la Ley n.º 17827, del 28 de setiembre de 2004, por motivos personales por el día 19 de julio.
10) PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se declara de interés general la promoción del voluntariado social. (Carp. n.º 956/2017 - rep. n.º 671/18 y anexo I)».
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: decíamos el 15 de mayo, cuando este proyecto estuvo a consideración y luego volvió a comisión, que había tenido un largo periplo parlamentario. Y lo decíamos porque, además del retorno que acabo de mencionar, previamente había recorrido un camino nada sencillo. Es por esa razón que pensamos que, llegado el día de hoy, va a ser aprobado en esta cámara para culminar con este proceso, que comenzó –como lo habíamos dicho en esa oportunidad– con una iniciativa del señor senador Mieres y que continuó con modificaciones que oportunamente se hicieron en la Cámara de Representantes.
También habíamos mencionado, a modo de síntesis –no voy a reiterar el informe que ya fue hecho–, que en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión –y habida cuenta de los asesoramientos que recibimos– habíamos optado por unificar el texto de la Ley n.º 17885 con el proyecto de ley emanado de la Cámara de Representantes.
Hoy estamos culminando el tratamiento de este proyecto de ley, que tuvo un aporte importante desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la persona del propio ministro, Ernesto Murro, y también del inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Gerardo Rey. Asimismo, contamos con la importantísima opinión del doctor Santiago Pérez del Castillo, que todos sabemos que es un reconocido y distinguido especialista en derecho laboral. No vamos a hacer nuevamente una narración de todo lo que dijo en su oportunidad el doctor Santiago Pérez del Castillo; está en la versión taquigráfica de la sesión del día que mencioné y cualquiera puede acceder a ella.
Sin embargo, voy a actualizar el porqué de esta norma, que pretende dar un marco legal holístico, abarcativo, a todo lo que es la actividad de voluntariado. El proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales, que voy a reiterar de manera telegráfica. El primero de ellos es el apoyo al voluntariado, actividad noble que queremos promocionar, estimular y facilitar. El segundo eje es la estructura conceptual del proyecto de ley, que regula la relación entre voluntario y entidad de voluntariado, sobre todo en el marco en que este se desempeña, y también con el sujeto involucrado en la actividad a la que está destinado. Y el tercer eje es visto más desde la óptica de la persona voluntaria y de quien recibe directamente la acción, es decir, la relación que tiene que existir en esa acción que se desarrolla.
Como habíamos dicho, señora presidenta, esta iniciativa promueve las mejores prácticas con relación a la actividad del voluntariado, pero también recoge algunos consejos y asesoramientos vinculados a impedir –como bien decíamos oportunamente– que se recurra a estas figuras para maquillar otras realidades o prestaciones de servicio que nada tienen que ver con la actividad del voluntariado.
No voy a reiterar cómo está constituido este proyecto de ley –ya lo hicimos oportunamente–, sino agregar que al texto que volvió a comisión le hicimos algunas modificaciones, que son las que voy a señalar para terminar rápidamente con mi informe.
–Solicito a la señora presidenta que me ampare en el uso de la palabra.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores senadores que presten atención a la senadora que está haciendo uso de la palabra.
Decía que, vuelto el proyecto de ley a comisión, analizamos algunas de las observaciones realizadas en sala. Recibimos también un aporte del señor senador Mieres quien, como no pudo concurrir a la sesión, nos lo hizo llegar por escrito.
Es así que en el artículo 3.º incorporamos algo que fue motivo de planteos en sala y que tenía que ver con las actividades de voluntariado esporádicas, de las que no tienen carácter permanente, pero también con otras actividades vinculadas al voluntariado que están relacionadas con razones familiares, de amistad o de buena vecindad, que podrían ser factibles de ser tenidas en cuenta en el propio proyecto de ley.
Por lo tanto, al artículo 3.º –que oportunamente habíamos visto el 15 de mayo– le estamos agregando un segundo párrafo con dos literales. Allí se plantea que no se consideran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes actividades: las actividades de voluntariado aisladas o esporádicas, periódicas o no, y las actividades de voluntariado ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena voluntad. Creemos que aquello que figuraba en el proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes queda salvado de esta forma. Recordemos que en el informe que nos alcanzó el señor senador Mieres se planteaba considerar las actividades permanentes; este proyecto de ley rige para las acciones de voluntariado de carácter permanente y no se consideran incluidas las que estamos agregando en ese artículo.
La segunda modificación se realiza en el artículo 12 y tiene que ver con una observación que oportunamente nos hizo la señora presidenta del Senado en cuanto a que el texto no era claro, ya que en la oración el predicado se encontraba antes que el sujeto. Por tanto, hicimos la corrección para que el artículo tuviera una redacción más comprensible y no generara dudas.
SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
SEÑORA PAYSSÉ.- Con mucho gusto.
SEÑOR LACALLE POU.- Agradezco la generosidad de la señora senadora.
No termino de entender el alcance jurídico del concepto cuando se hace referencia a las actividades que se realicen por buena voluntad. Me gustaría que se me explicara el concepto jurídico de «buena voluntad» en el voluntariado, porque se supone que el voluntariado es todo de buena voluntad. ¿Acaso hay voluntariado de mala voluntad u obligado?
Reitero: ¿cuál es el concepto jurídico que amerita agregar la referencia a la buena voluntad? Esa es la pregunta, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Payssé.
SEÑORA PAYSSÉ.- Seguramente el señor senador Lacalle Pou no entendió o yo no leí bien. En ningún momento hablé de buena voluntad, sino de buena vecindad, que es otra cosa.
(Interrupción del señor senador Lacalle Pou que no se escucha).
–Si lo que dije no fue correcto, aclaro que el texto que el señor senador tiene ante sus ojos habla de «buena vecindad».
Continuando con mi exposición, quiero decir que en el artículo 20 hicimos una modificación vinculada al seguro, que era otro de los temas que generaba preocupación. Por ejemplo, se planteaba la duda de si una persona que va a ayudar a unos vecinos a levantar una planchada tiene que tener un seguro. A ese respecto hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, ya dejamos de lado y excepcionamos las acciones voluntarias de esas características, por lo que no están comprendidas dentro del proyecto de ley. Por otro lado, en el literal C) del artículo 20 agregamos la obligación de contratar una póliza de seguro para los voluntarios que efectúen trabajos manuales en condiciones de riesgo. Ese texto fue enviado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para mejorar lo que expresaba el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que establecía la obligatoriedad de un seguro para las actividades vinculadas a la construcción. Como he dicho, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos envió el texto, que nos pareció adecuado, por lo que lo introdujimos.
La última modificación es la eliminación del párrafo final del artículo 21, que como ya no está, no voy a considerarlo. Todos partíamos de la base de que era innecesario, reiterativo e inconveniente.
Antes de terminar con el informe –aclaro que no voy a reiterar lo que dice cada artículo porque ya lo hice en el informe del 15 de mayo– quiero decir que en el transcurso de la última reunión de la comisión se planteó un tema que nos causó mucha sorpresa: la eventualidad de una inconstitucionalidad del proyecto de ley por no incluir a las entidades religiosas entre las excepciones que se establecen en esas modificaciones. La señora senadora Asiaín nos trasmitía su opinión de que podríamos estar incurriendo en alguna inconstitucionalidad, habida cuenta de las características particulares de las entidades religiosas. Su argumentación –que pueden leerla en la versión taquigráfica– refería, particularmente, a las actividades de la Iglesia católica. Esto nos llamó la atención, pero nos preocupamos y analizamos el porqué de una eventualidad de esa naturaleza, y llegamos a la convicción de que nada de eso existe.
Me voy a detener unos instantes para leer los detalles de un informe que nos alcanzaron nuestros asesores. El artículo 5.º de la Constitución dice: «Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica» –recordemos que antes había un vínculo– «el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos…». El artículo 3.º del proyecto establece lo que ya he dicho y no voy a repetirlo, pero quiero señalar que para que exista la eventualidad de una inconstitucionalidad tiene que haber un juicio lógico de contradicción entre una norma, un principio constitucional y un texto legal. Eso lo dice Cassinelli Muñoz. Nosotros no solo no encontramos un texto que lo contradiga, sino que además creemos que sería inconstitucional si hiciéramos una excepción en el caso de las actividades religiosas. ¿Por qué digo esto? Porque, de alguna manera, esta ley obliga a que todas aquellas entidades que realizan un voluntariado permanente registren el listado de los voluntarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si esas personas son voluntarias permanentes, las iglesias –en este caso la católica– las incorporarán al listado correspondiente, y si no lo son –se hizo referencia a los organistas, a los floristas y a una cantidad de actividades que realizan personas laicas o voluntarias dentro de las iglesias–, no tendrán que estar en un listado ni ser sujetas a ninguna circunstancia particular.
Por otra parte, recuerdo que los recursos de inconstitucionalidad se tienen que promover para casos específicos. Por eso reitero que, a nuestro juicio y a juicio de nuestros asesores –que fue a quienes consultamos y que, por supuesto, no se quedaron solamente con su opinión, sino que consultaron textos como el de Cassinelli Muñoz–, no existen contradicciones que puedan generar circunstancias semejantes. Reitero que no encontramos ninguna contradicción, porque no existe esa contradicción lógica. Como bien dije antes, nuestro Estado es laico y no sostiene ninguna religión. Por lo tanto, el legislador no puede reconocer un estatuto especial para los integrantes del clero y sus colaboradores, pues en ese caso, tal vez sí, estaríamos incurriendo en algo complejo.
También se mencionó el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, pero tampoco vemos que este proyecto de ley la viole. El numeral 3 del artículo 12 de la convención –que habla de libertad de conciencia y de religión– dice: «La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás».
Por lo tanto, repasando la convención y para ser rigurosos en el tratamiento de este tema, reafirmamos que nos pareció bastante novedoso –para usar un término que se entienda– el planteo de esa eventualidad.
Otro aspecto que quisiera dejar bien claro es el que tiene que ver con la presunción de laboralidad que se relaciona con este tema, porque se nos planteó que algunas actividades quedarían en una especie de limbo. Yo digo que no es así, porque si quienes desarrollan todas esas actividades dentro de lo que es la Iglesia católica –que es a la que se hizo referencia y figura en la versión taquigráfica– no lo hacen bajo una relación laboral, no tienen por qué preocuparse, en absoluto. Al igual que sucede hoy cuando se plantean juicios en los que se discute la existencia de una relación laboral entre una entidad religiosa y un sujeto –que las hay–, se estará a la prueba; y si no existe subordinación o dependencia como criterio fundamental –aunque no único–, no habrá relación laboral.
Voy a mencionar a alguien que no conocía –siempre hay cosas para aprender–, el doctor Mario de la Cueva, un eminente laboralista que con respecto al estado de subordinación plantea simplemente que esta es una situación de hecho que debe probarse. Esa prueba, en términos generales, la soporta el trabajador, pero ello no significa que el empleador, en caso de que exista esa circunstancia, no deba también probar que la relación no es laboral sino de otro tipo. Lo que hace esta norma es presumir la laboralidad aunque no haya registro, pero bien puede probarse, aun sin ese registro, que no se trata de una relación de trabajo, y el tema concluye. Lo que hace la presunción de laboralidad, que admite prueba en contrario, es establecer que si no hay un registro del contrato, entonces deberá demostrarse que no existen los elementos que configuran una relación laboral y, si no existen, es que no la hay.
Voy a dejar mi exposición por acá porque creo que el informe que elaboraron nuestros asesores de bancada es más que elocuente. Simplemente quiero plantear –habida cuenta de que en la sesión de mayo ya describimos la estructura del proyecto de ley– que, luego de su aprobación en general, cuando pasemos a la discusión particular voy a solicitar que la votación del articulado se lleve a cabo en ciertos términos.
SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de continuar quiero dar la bienvenida a los alumnos del Liceo Militar General Artigas, que nos visitan.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: iba a empezar diciendo que esta iniciativa, llamada «Promoción del voluntariado social. Se declara de interés general», es una ley corsé, pero en el fondo estoy convencida de que va a terminar eliminando el voluntariado en muchos ámbitos. En cierta forma, creo que estamos siendo invitados a cantar, con María Elena Walsh, El reino del revés. ¿Por qué? Porque los voluntarios de cualquier orden –y los de las entidades religiosas también son habitantes de nuestro país– estarán obligados a cumplir una serie de requisitos que terminarán entorpeciendo, obstaculizando, embretando y encorsetando esta actividad. Parecería que el proyecto se titula de una manera, pero en su contenido se desenvuelve en un sentido absolutamente contrario. Parece ser una muestra del intento del Estado por llegar, como un pulpo con sus tentáculos, a todos los resquicios, a cada rincón de la intimidad, allí donde el habitante, en ejercicio de su libertad y de una liberalidad –que es lo que tiene el voluntariado–, quiere prestar un servicio a la comunidad. Ahí, en esa relación tan íntima, solidaria y loable –que se menciona como loable en el comienzo, pero luego se contradice– quiere entrar el Estado para regular.
¿Por qué hablo del reino del revés? Porque obliga a todos los voluntarios –religiosos o no religiosos, y no solo pertenecientes a la Iglesia católica, sino a todos los cultos, que son libres en el Uruguay– a registrarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si lo voluntario se opone al trabajo, si lo voluntario no está regido por el derecho laboral, ¿por qué va a quedar registrado bajo el contralor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Además, en nuestro derecho, los religiosos a los que aludía la miembro informante no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, hay una doble contradicción: se tienen que registrar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando su relación no es laboral –aunque se presume– y no tienen acceso a la seguridad social; sin embargo van a tener que contratar un seguro toda vez que realicen un trabajo manual considerado de riesgo. ¿Qué es un trabajo manual considerado de riesgo? ¿Visitar las cárceles? ¿Ir a visitar enfermos? ¿Impartir una clase de catequesis de cualquier religión? ¿Ir a un campamento? ¿Qué es un trabajo manual?
La Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social hace saber su oposición a este proyecto de ley en una carta, diciendo que algunas disposiciones, lejos de promover el voluntariado, lo embretan, y en muchos casos generan obstáculos insalvables. Quiero aclarar que estamos hablando de los destinatarios y aquí no están los religiosos; la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social engloba a los boy scouts y otras organizaciones que luego mencionaré a título enunciativo. ¿A qué se oponen? Al registro obligatorio de cada voluntario. Dicen que, además de ser costoso en términos de seguros, será difícil de implementar para muchas organizaciones. También tienen una profunda disconformidad con la implementación de un seguro obligatorio general y con que se regulen temas laborales en una ley de voluntariado. Esto es lo que más llama la atención. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un tema que no es del ámbito de su competencia? Aquí habría otra inconstitucionalidad, porque el Poder Legislativo estaría delegando al ministerio atribuciones que le son ajenas, ya que, como dice su nombre, se tiene que ocupar de lo laboral y de la seguridad social.
Por su parte, también hay contrariedad respecto a la presunción de una relación laboral en caso de que los voluntarios no estén registrados. Es que hasta ahora –y voy a discrepar absolutamente con lo expresado–, si por algún motivo, en cualquier actividad en que se desempeñaran, los voluntarios hacían una reclamación laboral a la entidad para la que colaboraban, no existía una presunción legal de laboralidad, que es la que ahora introduce este proyecto de ley. Por lo tanto, el juez, en su discrecionalidad y aplicando las reglas de la sana crítica, podía evaluar si había subordinación o no. Sin embargo, con la introducción de este proyecto de ley, se está determinando al juez, ya que debe acatar la norma, aplicar el derecho y asumir esa presunción de laboralidad.
La Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social también dice que la iniciativa podría trabar la expresión de la solidaridad de la ciudadanía. No tengo un listado oficial de las organizaciones involucradas, como me pedía el senador García, pero evidentemente, entre las entidades comprendidas figurarían los rotarios, los leones, las logias masónicas –que tanta beneficencia hacen–, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos Uruguay, la Fundación Cazabajones, las comisiones de ética de los partidos políticos y toda la actividad que realicen los miembros partidarios en forma voluntaria, las Damas Rosadas, los clubes de baby fútbol, los colaboradores a título voluntario de emprendimientos educativos como el centro educativo Los Pinos y el Liceo Jubilar, los CAIF, los merenderos, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, las asociaciones de apoyo a personas con síndrome de Down, la Fundación Canguro del Centro Hospitalario Pereira Rossell y tantas otras anónimas.
A veces el voluntario, en ejercicio de su libertad, hace el trabajo en forma anónima por opción, porque quiere prestar un servicio sin que se sepa, y las motivaciones son personales. Pero esta ley lo obligaría a registrarse en un ámbito estatal, sometiéndolo a una multiplicidad de controles, por lo que el voluntariado anónimo sería imposible.
Por medio del voluntariado el Estado recibe la prestación de un servicio a la comunidad que, de lo contrario –de no ser realizado por estas entidades de voluntarios–, tendría que llevar adelante directamente a través de sus brazos de acción. Entonces, en lugar de poner cortapisas y exigencias al voluntariado –contratación de seguros, presunción de laboralidad, registro de las personas y de las entidades, que como expresamente se dice va a estar bajo el contralor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, debería promoverlo y subsidiarlo, por ejemplo, proveyéndolo del seguro que considera tan necesario. Muchas de las tareas que realizan las entidades voluntarias son funciones primordiales para el Estado y coinciden con sus fines; de ahí el motivo para subsidiar estas actividades, por lo menos a través de la cobertura del seguro, sobre todo cuando en muchos casos –y retomo la situación jurídica de los religiosos en nuestro país– son personas que no tienen acceso a la seguridad social. Sin embargo, se les quiere imponer la contratación de un seguro, con los gravámenes que eso implica.
Con respecto al acuerdo o al compromiso entre el voluntario y la entidad, suelo sostener –y así lo dije en la comisión porque me dedico a estas cuestiones de las relaciones derecho-Estado, de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa– que es altamente beneficioso celebrar un compromiso a efectos de preconstituir la prueba. Ahora bien, una cosa es que sea beneficioso dejar sentado que se es voluntario para preconstituir la prueba, y otra muy distinta es que esto sea impuesto porque, como dijo la delegación de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social, esto va a ser engorroso y muchos van a desistir. Esto va a ahuyentar a los voluntarios, algunos se van a resistir a inscribirse en el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y si se les exige, optarán por hacer otra cosa.
Me pregunto por qué se eliminó el párrafo final que decía que no se iba a presumir la laboralidad, si ya estaba incluido en el proyecto. Eso me causa bastante asombro.
Por otra parte, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social –perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– tendrá potestades para inspeccionar. Las asociaciones civiles sin fines de lucro ya están sometidas a la policía administrativa del Ministerio de Educación y Cultura, y para obtener la exoneración tributaria deben acudir al Ministerio de Economía y Finanzas; además, en el caso de una institución vinculada al área de la salud, también será controlada por el Ministerio de Salud Pública. Ahora estaríamos agregando un nuevo control porque otro ministerio va a ejercer y a multiplicar esos controles. Si la relación de voluntariado es definida como de no laboralidad, no regida por el derecho laboral, ¿por qué va a quedar bajo el contralor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
El jurista Santiago Pérez del Castillo, especialista en derecho laboral y preocupado como profesor de esa materia, elogió el proyecto por cuanto trata de evitar que se disfrace bajo una relación de voluntariado lo que en realidad es una relación de subordinación. Soy profesora en la universidad de la que él fue rector, hemos compartido conferencias, y como tengo cierta relación con él, lo llamé y le pregunté si se había tenido en cuenta que en nuestro país no existe ninguna previsión especial –que no violaría ninguna laicidad– para atender las características particulares de los ministros de culto –como se les llama a las personas que se dedican a estas actividades vinculadas con el culto– de todas las religiones. La Iglesia católica es la mayoritaria, pero hay religiones cristianas no católicas, colectividades judías, representaciones del islam, religiones afroamericanas, y me quedé corta porque hay muchas más. Le pregunté si se había tenido en cuenta que hasta ahora, para no presumir la laboralidad de la relación de estas personas con la entidad, se podía acudir al voluntariado, pero eso ya no será posible.
¿Por qué insisto en que los ministros de culto de todas las religiones caen dentro de este proyecto de ley? Porque en el derecho comparado –considerando a todos los países de América Latina no confesionales; no estoy dando ejemplos de Estados confesionales– existen regulaciones específicas para una actividad específica, así como hay regulaciones para el trabajo portuario o rural. El derecho es tan rico que puede atender con normas específicas realidades que son diversas.
El otro día el señor senador Otheguy manifestó que la democracia, por su diversidad, da más trabajo. Eso me hizo gracia, porque siempre he dicho que la diversidad da más trabajo porque hay que atender cada situación particular y no aplicar una regla rasa a todas las situaciones. Da más trabajo pero vale la pena, porque atiende el pluralismo.
Volviendo a mi conversación con el doctor Pérez del Castillo, su comentario fue: «La verdad es que el tema de los ministros de culto no lo había tenido en cuenta».
El artículo 3.º de este proyecto de ley no excluye las actividades del ámbito religioso, cuando tenemos los ejemplos de nuestros vecinos. Brasil, por ejemplo, establece que los ministros ordenados y fieles, equiparados al carácter religioso, no generan vínculo empleador; lo mismo expresa respecto de las tareas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, asistencial o de promoción humana, que se consideran voluntarios. El Código Civil chileno establece que las comunidades religiosas se rigen por leyes y reglamentos especiales, y los ministros de culto no se consideran trabajadores. Por su parte, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Argentina, hasta su regulación mediante acuerdos y normativas se ha excluido la laboralidad de los ministros de culto. En fin, hay más ejemplos en España, Colombia, Perú y México que están a disposición.
Insisto: no sería una violación de la laicidad porque no se trata de que el Estado adopte una religión, sino simplemente de que no se tape los ojos ante la existencia de las diversas religiones y atienda su especificidad.
La señora miembro informante –que me precedió en el uso de la palabra– se refirió a ciertas instituciones religiosas. Los salesianos, por ejemplo –que hacen tantas obras–, tienen mil quinientos empleados en régimen de subordinación, o sea, dentro de una relación laboral, pero ¿cuántos voluntarios tienen si tomamos en cuenta los Talleres Don Bosco? Otros ejemplos: el Cottolengo Don Orione y fundaciones como El Plato Caliente. No se trata de trabajos esporádicos; estas personas se comprometen todas las semanas o todas las noches, en distinto régimen de regularidad. Otros ejemplos son la Pastoral de la Salud, la Pastoral Carcelaria, el acompañamiento espiritual a ancianos y en orfanatos. También se habló de la florista y del organista –funciones que se cumplen en forma permanente–, de guías de lectura, en fin, los ejemplos abundan.
En definitiva, sería preferible –insisto– prescindir de un proyecto de ley que, si no elimina, al menos encorseta al voluntariado. Consideramos que sería mejor que los voluntarios, que prestan su acción gratuita y generosamente en la república, puedan seguir rigiéndose de acuerdo con las normas generales.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: dado que soy miembro informante, quiero hacer algunas aclaraciones.
Como sucedió en la comisión, me interesa volver a focalizar el tema en lo relativo a las organizaciones religiosas, especialmente la Iglesia católica, aunque ahora también se menciona a los salesianos. En este sentido recomiendo la lectura de un artículo del sociólogo Pablo Guerra, publicado en la Revista de Derecho Laboral, n.º 268 del año 2017, en el que escribe en forma muy elocuente sobre la realidad de las congregaciones religiosas. En una parte de ese artículo dice que los sacerdotes religiosos cuentan con sus propios mecanismos de seguridad social, y que algunas de las congregaciones más fuertes –como es el caso de los salesianos y los jesuitas– suelen tener a todos sus miembros aportando, la mayor parte de las veces, como trabajadores en sus colegios. También agrega que este comportamiento es relativamente nuevo en estas congregaciones, pues pocas décadas atrás era normal que los sacerdotes cumplieran importantes roles en sus colegios sin contar con salarios ni aportes previsionales.
Este artículo es extenso y muy interesante, pero haciendo una síntesis, vuelvo al concepto general: de acuerdo con el proyecto de ley, las entidades de voluntariado tendrán que registrar los nombres de las personas que integran el staff –por decirlo de alguna manera– de voluntarios permanentes; quienes no sean de carácter permanente no deberán estar incluidos en ese registro.
Por otro lado, ¿por qué ubicamos este registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? En el proyecto de ley original estaba en el Ministerio de Desarrollo Social; por lo tanto, ya existía en el ámbito público. Este cambio obedece a un acuerdo entre ambos ministerios, dado que muchas veces la Inspección General del Trabajo concurre a una empresa o a una entidad y se encuentra con que hay más personas trabajando que las que figuran en la planilla; entonces, es mucho más sensato que este registro se ubique en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque así, cuando el inspector llega a uno de estos lugares y encuentra que de quince personas que están trabajando solo diez figuran en planilla, podrá comprobar si las otras cinco son voluntarias fijándose si están anotadas en ese registro.
Quería hacer esta aclaración porque despeja, transparenta y evita una cantidad de problemas que hoy tiene la Inspección General del Trabajo cuando concurre a las empresas y hay más personas trabajando de las que están anotadas en planilla.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que realmente no nos damos cuenta de lo que estaríamos aprobando, porque aquí se establece que todos los curas de la Iglesia católica deberán celebrar un contrato y registrarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso, para empezar. También los rabinos de la congregación judía deberán hacerlo. ¡Todos los religiosos tendrán que inscribirse! Veo que cabecean diciendo que no es así, pero yo digo que sí lo es.
Les pido que analicemos juntos los artículos 4.º y 5.º.
¿Qué dice el artículo 4.º? Define las actividades de bien común diciendo lo siguiente: «Se entiende por actividades de bien común, aquellas que con fines de solidaridad son dirigidas a crear el conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad». ¿Ese es el objeto de una iglesia, del culto que sea? Sí.
Pero vayamos a la definición de voluntariado, establecida en el artículo 5.º, que dice: «A los efectos de la presente ley se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de bien común desarrolladas por personas físicas o por entidades de voluntariado, siempre que reúnan los siguientes requisitos: A) Que tengan carácter solidario». ¿La actividad de una iglesia tiene carácter solidario? Sí. «B) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida en forma voluntaria». ¿Asume un sacerdote, un rabino, etcétera, en forma voluntaria su condición de tal? Sí. «C) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material…». Un sacerdote, un rabino o un testigo de Jehová, ¿recibe algún tipo de contraprestación económica? No; justamente de eso se trata, porque renuncian a todo eso.
Estas son las tres condiciones que se establecen. Entonces, sin darnos cuenta, acá estaríamos regulando las iglesias.
Además, se va a generar otro problema grande. Supongamos que las iglesias tengan que presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e inscribir los contratos; si seguimos analizando el texto, veremos algo que llama un poco la atención: resulta que esa iglesia no puede discriminar. El artículo 7.º establece los principios fundamentales de la acción voluntaria, y en su literal G) dispone: «La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad,» –está bien, las iglesias no discriminan por razones de nacionalidad– «origen racial o étnico,» –eso también está bien– «religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La no discriminación por razones de religión podría dar lugar a que un adherente del islam golpee la puerta del cardenal Sturla y le diga que si bien es islamista, como no puede ser discriminado, será cura de la Iglesia católica. ¡Adentro, que llueve!, porque no pueden discriminarlo por eso. Ni digo nada en cuanto a la orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Alguien, en todo su derecho, podrá decir: «Señores: en la Iglesia católica tienen sus principios acerca de las orientaciones sexuales pero, disculpen, tienen que aceptarme, y si estoy casado, también». Lo mismo puede suceder con una mujer que quiera ser cura.
En definitiva, no es que sea malo fomentar o promover la actividad del voluntariado social; lo que pasa es que el proyecto de ley está mal redactado y encarado. Y me animo a tratar de explicar por qué esta solución está tan mal encarada y necesita más trabajo y mayor profundidad. Sucede que esta iniciativa puede ser encarada desde dos visiones o perspectivas: desde el punto de vista de la promoción del voluntariado social en sí, y desde el punto de vista del derecho laboral. En realidad, quienes redactaron este proyecto de ley lo hicieron desde la perspectiva del derecho laboral y no desde la del voluntariado social. ¡Ese es el gran problema! Estamos tratando de meter esta actividad, con fórceps, dentro de las normas del derecho laboral.
Como habrán visto, el nombre del proyecto de ley es Promoción del Voluntariado Social; sin embargo, el noventa por ciento de esta iniciativa se destina a regular y a trancar, justamente, el voluntariado social. Lo cierto es que encontré solamente uno o dos artículos que realmente están destinados a la promoción. Luego de veintiséis artículos que son regulatorios –inscripción en el registro y no sé cuántas cosas más–, recién el artículo 27 se refiere a la promoción del voluntariado por parte del Estado. ¡Por fin encontramos algo que tiene que ver con la promoción! Después de veintiséis artículos que regulan, hay uno que tiene esta finalidad. ¡Fíjense el notable aporte a la promoción del voluntariado que se propone!
«A) La realización de campañas de sensibilización», que el Estado no paga porque tiene esta ley que las deja hacer.
«B) La promoción y el fomento de la participación social de la ciudadanía a través de entidades de voluntariado…». Nada.
«C) El diseño y desarrollo de planes y estrategias de voluntariado que sirvan para orientar, planificar y coordinar sus acciones».
Los literales continúan: «El apoyo a las entidades de voluntariado», no se dice de qué tipo será el apoyo. «El fomento entre los empleados públicos», no se habla de cómo se fomentará. «La contribución a la eficacia de la acción voluntaria, mediante la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos», tampoco se especifica cómo se hará. Y, en el último literal, se agrega una gran forma de promover el voluntariado: «El establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y control».
El otro artículo –dentro de los treinta y uno que tiene el proyecto– que refiere verdaderamente a la promoción del voluntariado, dispone: «Se establece el último fin de semana del mes de abril de cada año como fecha de la Celebración Nacional del Voluntariado Juvenil y el día 5 de diciembre de cada año como el “Día Nacional del Voluntario”».
¿Qué gran ley de promoción del voluntariado es esta, que contiene dos artículos de promoción y veintinueve de regulación? Si hay algo de lo que podemos estar realmente orgullosos los uruguayos, es del voluntariado, de la cantidad de entidades voluntarias que tenemos. Entonces, ¿para qué introducirlo en el derecho laboral e, incluso, establecer requisitos más graves? Tengo entendido que un contrato de trabajo no se registra en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; es más, ni siquiera es necesario hacer el contrato por escrito, sino que se dan las altas y las bajas en el Banco de Previsión Social y se sigue adelante. Sin embargo, este proyecto dispone que se debe hacer por escrito. O sea, el voluntario debe hacer un contrato por escrito, mientras que el trabajador dependiente no. Además, se establece una sanción tremenda con lo cual, cuando alguien me pregunte «¿qué tengo que hacer con la entidad de voluntariado?», le voy a responder: «Tené mucho cuidado», porque si no se inscribe el contrato, por más que se sea voluntario, se presume la relación laboral.
¡Miren qué sanción! Si la persona que organiza y arma la actividad de voluntariado no inscribe el contrato por escrito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puede llegar a tener una demanda en un juzgado en lo laboral.
En mi opinión, está faltando algo.
¡Ni hablar de otros ámbitos! ¡Salgamos de las iglesias! Pensemos, por ejemplo, en la comisión de apoyo a la escuela y al liceo de Carlos Reyles en la 3.ª sección judicial de Durazno. Allí se organizan actividades de voluntariado, por ejemplo una criolla, algún festival o una kermés para juntar dinero. Según el literal A del artículo 3.º, se podría decir que son actividades aisladas o esporádicas; no sé si lo son, porque la comisión trabaja todo el año organizando actividades para reunir dinero para la escuela y el liceo. ¿En algún momento puede haber una actividad riesgosa? Claro que sí: las dos o tres criollas que se hacen en el año. ¡Vaya si son actividades riesgosas! Pues bien, quienes se dedican a esto en la 3.ª sección de Durazno deberán presentar por escrito y registrar el contrato en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque, si no, le van a salir reclamando en el juzgado. De este modo, no solo perderán la oportunidad de juntar dinero, sino que además tendrán que juntarlo para pagar una demanda laboral.
¿Qué más decir? Está bien que venga un abogado laboralista y diga «¡qué buena es esta ley!». ¡Claro que sí! ¿Qué abogado laboralista va a decir que no, si se abre un inmenso campo de demandas?
SEÑORA PAYSSÉ.- Gracias, señora presidenta; gracias señor senador.
Podría haber solicitado la palabra para una aclaración, pero he optado por la interrupción para enfocarme en el tema desde la misma óptica que lo está haciendo el señor senador.
En primer lugar, el artículo 1.º de este proyecto de ley declara de interés general la promoción del voluntariado con fines de bien común. Este es el marco, el gran paraguas que después determina el articulado correspondiente. Por otro lado, el señor senador Bordaberry sabe que las leyes no tienen nombre, después pasan a tener número, pero está bien así porque se presenta con el nombre de Promoción del Voluntariado Social y es porque en el artículo 1.º se lo declara de interés general.
La segunda aclaración que quería hacer está relacionada con el planteo del señor senador Bordaberry vinculado a lo que pueden llamarse controles, acuerdos entre instituciones y voluntarios, etcétera. Pero quiero recordar que esta iniciativa recoge el texto de la Ley n.º 17885 de 12 de agosto de 2005, que ya tiene ese marco, o sea que ya existe, solo que alcanza a las entidades de voluntariado que tienen vínculos con la actividad pública.
Mediante este proyecto, lo que estamos haciendo es determinar las normas que también van a abarcar a la actividad privada. Por lo tanto, si vamos al texto de la Ley n.º 17885, por ejemplo, también existen normas vinculadas a la no generación de derechos para el ingreso en la función pública, hay un marco de actuación de los voluntarios, un acuerdo entre las instituciones y los voluntarios estableciendo cuáles son las relaciones con las instituciones públicas.
El artículo 6.º está vinculado a los controles y hay otros que refieren a los derechos del voluntario, a sus deberes, que no voy a leer ahora porque están contenidos en la propia ley vigente. Entonces, si queremos también podemos cuestionar la ley vigente –podemos hacerlo–, pero no desconozcamos que una cantidad de cuestiones que se están comentando como novedosas, no lo son. Hay una cantidad de deberes y derechos de los voluntarios y de promoción de los beneficios, etcétera, que están en nuestra legislación hoy vigente. Reitero: estoy hablando de la Ley n.º 17885, de 12 de agosto de 2005.
SEÑOR BORDABERRY.- Voy a hacer dos apreciaciones respecto a lo manifestado por la señora senadora Payssé.
El artículo 1.º declara de interés general la promoción del voluntariado con fines de bien común. Sí; ¿y? No sé adónde nos lleva esto. Lo declaramos de interés general –buenísimo–, sin costo, pero todas esas declaraciones deben ir acompañadas de acciones concretas; de lo contrario, caemos en la creencia de que una ley de interés general puede solucionar los problemas.
Ahora bien, la Ley n.º 17885 es derogada por el artículo 31 de esta nueva norma. ¿Estamos de acuerdo?
–Sin embargo, hay disposiciones de la Ley n.º 17885 que no se reiteran en este texto y está bien porque, en realidad, aquella ley estaba destinada al voluntariado en instituciones públicas, directamente o a través de organizaciones privadas sin fines de lucro –o sea que estaba muy acotada– y obviamente no tenía la generalidad y el alcance que se le ha dado a esta normativa en consideración. Acá se quiere englobar todo, no solo aquellas normas de la Ley n.º 17885, sino todas, absolutamente todas. Por eso, con todo respeto, porque me parece que es una cuestión de perspectiva y eso a veces nos condiciona en las redacciones, debo decir que este nuevo proyecto de ley está enfocado desde la perspectiva de la regulación laboral y no de la promoción del voluntariado. A la vista está, entonces, que, de los treinta y un artículos del proyecto, solamente tres se refieren concretamente a la promoción: el artículo 1.º –que en realidad creo que no es promoción–, que declara de interés general la promoción del voluntariado, el 26 y el 27. El resto del proyecto no tiene nada más de promoción, sino de regulación. Creo que no hay dudas en cuanto a que el Uruguay padece de exceso de regulación. Analicemos absolutamente todos los informes presentados por quienes vienen a hablar al Parlamento y a plantear los estudios correspondientes. ¡Podemos citar al propio Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos estudios indican que el problema del Uruguay son las trabas regulatorias! ¡Pero acá estamos: regulando una actividad que funciona, y con un concepto mucho más amplio!
Hago un paréntesis: el otro día fuimos a un velorio con el senador Besozzi y, cuando salimos del entierro, nos paró un obispo. El senador Besozzi le dijo que hablara conmigo, por lo que pensé: «¡Qué centro me levanta! ¡Entró Manga a la cancha!». ¡Pero no! ¡Estaba preocupado por esta ley, ya que va a tener que registrarse! ¡Sepamos, entonces, lo que estamos provocando por no ser más finos en la redacción!
Siguiendo con este tipo de ejemplos, el padre Jorge, en San Carlos, con todo el lío que hay allí con el narcotráfico, abrió una casa para ayudar a quienes viven en la calle y son adictos a las drogas. Tiene una señora que le ordena la ropa todos los días y otra que le va a cocinar. ¿Es de riesgo atender adictos a las drogas? Parecería que sí. ¿Le vamos a decir al padre Jorge, que casi no puede juntar la plata para el alquiler y la luz, que tiene que contratar un seguro para esas señoras –que están jubiladas–, que van a ayudar? Lo más probable es que termine cerrando. Pues bien, habrá que decirle al padre Jorge que tiene que tener cuidado, que firme el contrato porque, si no, le van a hacer una demanda laboral. ¿Eso estamos haciendo? Además, se deberá inscribir él.
En mi opinión, es un tema de sentido común.
Otro caso: Patricia, compañera mía de liceo, va todas las semanas al Centro Hospitalario Pereira Rossell a abrazar niños. El requisito es que una vez que se compromete, debe ir siempre, no puede faltar. Pero, ahora, tendrá que registrarse. ¿Es en serio esto? ¡Es de locos!
Cuando en la anterior oportunidad hablamos en el Senado, dijimos que había algunas cosas que sería bueno que no existieran. Por ejemplo, el literal G) del artículo 16 dice: «Estar cubierto por un seguro de accidente, de enfermedades producto de la actividad y de responsabilidad civil en el desarrollo de sus tareas, a cargo de la entidad de voluntariado que lo recibe como voluntario». Por su parte, el artículo 18 habla de inscribir el contrato en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el artículo 20 se reitera lo de la póliza y lo del contrato por escrito. Y el segundo inciso del artículo 22 habla de que si no hay contrato escrito se presumirá la existencia de una relación laboral.
Y ni hablar de los rotarios o los leones: otros que van para adentro. Lo mismo las comisiones de apoyo al baby fútbol, que apoyan a instituciones como el Club América Fútbol Infantil, de Paso Carrasco, donde –con poco éxito– participaron mis hijos. ¡Y vaya si es de riesgo ir a jugar contra los baby fútbol de otros clubes! Eso sí, todos ellos trabajan por solidaridad.
En realidad, hay cantidad de entidades que van a tener el mismo fin.
Sé que no me van a prestar atención, pero sugiero al oficialismo que este proyecto de ley vuelva a comisión y que se enfoque no desde el punto de vista del derecho laboral, sino de la promoción, para ver cómo podemos facilitarle al uruguayo que quiere ayudar a su prójimo la forma de hacerlo, sin establecer trabas a quienes tienen la iniciativa y el interés de ayudar a otros.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: dicen que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, y tres también me acota el senador Besozzi. Lamentablemente, esta es la situación que tenemos con este proyecto de ley. Para empezar, se debería modificar su carátula, pues en lugar de «Promoción del voluntariado social» debería titularse «Control del voluntariado social. Se declara su fiscalización», porque ese es el contenido real de este proyecto de ley. No hemos tenido suerte, a pesar de que mandamos una serie de modificaciones que, a nuestro juicio, eran absolutamente indispensables.
Pero el error original –y otra vez tropezamos con la misma piedra– es haber pretendido fusionar las reglas de juego del voluntariado del sector público con las del sector privado. Esto pasó en el período parlamentario anterior. Hay una ley de voluntariado del sector público, que rige desde 2005, y lo que se pretendía era crear una ley de voluntariado del sector privado que redactó la diputada Berta Sanseverino, fallecida recientemente. Cuando llegó al Senado hicieron lo mismo que ahora, pues metieron en una misma norma voluntariado del sector público y privado. El resultado es que no salió nada. A esta altura, estoy arrepentido de haber promovido un proyecto de ley de voluntariado del sector privado porque terminamos, otra vez, en la desnaturalización de esta idea. Entonces, uno buscaba un aporte a la red de organizaciones de voluntariado y a las organizaciones sociales para promover este tipo de actividad y resulta que levantamos el centro, pero nos hicimos un gol en contra. Viene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el afán de buscar y de encontrar, detrás de cualquier voluntario, un trabajo encubierto y se le acepta la introducción de una serie de modificaciones que terminan transformando la idea original en la persecución del voluntario. ¡Es tremendo! Mejor sería dejar todo como está y que siga rigiendo la ley de voluntariado del sector público. Y lo digo yo, que soy autor de un proyecto de ley de voluntariado para el sector privado, pero para aprobar esto, mejor dejemos las cosas como están. La última vez que lo discutimos, conversábamos con el señor senador Mujica sobre que, a veces, hay cosas que es mejor no regular, dejar que la vida fluya y que la realidad social se encargue. Uno busca promover una iniciativa, pero terminamos con la lupa del Estado persiguiendo.
Hay cosas muy graves en este proyecto, que ya han sido mencionadas por la señora senadora Asiaín y el señor senador Bordaberry. El seguro de accidente, con la amplitud con que está planteado, es imposible, pues significa un costo adicional para las organizaciones que tienen voluntarios, que no pueden pagar. Por lo tanto, nosotros ya habíamos dicho que esto debe circunscribirse solo a la actividad de construcción y para ello proponíamos, incluso, que el Banco de Seguros del Estado abriera una línea especial, bonificada, porque sabemos de qué se trata y que representa un problema. Pero el seguro es prácticamente general o de una amplitud tal que cualquiera tiene que cubrirse porque, de lo contrario, vaya a saber lo que le pasa.
El otro tema muy importante es que se elimina el último inciso del artículo 21 –la senadora Payssé lo mencionó como algo obvio, pero en realidad no lo es–, donde se decía: «La actividad de voluntariado está excluida del régimen laboral, no pudiendo en caso alguno presumirse ningún tipo de vínculo o relación de trabajo subordinado entre el voluntario y la entidad a través de la cual realiza su colaboración». Esto se borra para el informe en mayoría que se presenta y se mantiene el inciso segundo del artículo 22, que es la presunción de existencia de relación laboral por la mera no inscripción del contrato. Es decir que si uno tiene un voluntario y no lo inscribió, se presume que en realidad lo está explotando. ¡Es la transformación de la naturaleza del proyecto! Es un proyecto de ley que la Cámara de Representantes votó por unanimidad, sobre el que se trabajó en una comisión en la que participaron legisladores de todos los partidos, al que fui invitado en virtud de ser autor de un proyecto de ley similar en el Senado. Acordamos con la red de voluntariado y se votó por unanimidad, y todo el mundo quedó contento. Llegamos acá y se hizo una transformación en contra de los voluntarios. Aclaro que no lo digo yo, lo dice la red de voluntariado, que mandó una nota –que, por supuesto, no fue tenida en cuenta en la comisión– reclamando cambios, pero esos cambios no existen. Entonces, si la persona que está en relación de voluntariado no está inscripta en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –¡el gran censor que observa todas las relaciones sociales, ya no las laborales!–, se presume que es explotada laboralmente, por lo cual se va a tener que pagar.
El artículo 23 establece que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social tendrá la potestad de efectuar el contralor del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y, en caso de detectar infracciones, tendrá potestad sancionatoria. A ver, ¿esto es promoción del voluntariado? ¡Esto es persecución! ¡Es la sospecha de que, atrás del trabajo voluntario, hay cosas espurias! Está escrito por alguien que no quiere promover el voluntariado.
SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR DELGADO.- Creo que en las últimas palabras del señor senador Mieres radica gran parte del argumento. Acá nadie está pretendiendo encubrir relaciones laborales ni hacer algo espurio. La verdad es que uno a esta altura se pregunta: ¿por qué complicar lo que funciona bien? Gran parte del Uruguay urbano y rural vive de la solidaridad: se construyen escuelas, se hacen kermeses, se hacen criollas, hay hogares de acogida, hay guarderías, hay centros de apoyo a hogares de ancianos, en todo el país, que funcionan en base a la solidaridad de la gente. ¡Esto es asfixiar y constreñir el alma de los valores del Uruguay! La verdad es que acá nadie está pensando en la patología porque, en definitiva, esto es precautorio de una patología en función de la cual se diría: «¡Cuidado, no encubramos una relación laboral que es subyacente o ilegal!». ¡No, no, no! ¡Vamos a partir de la base real de que la gente es voluntaria porque quiere serlo, no quiere cobrar y quiere dar una mano! Si alguien quisiera trabajar va, se registra como corresponde, y le aplican las leyes laborales. Acá si no está registrado, se le aplica la laboralidad. ¿Saben lo que van a hacer con esto? Van a matar el voluntariado nacional y, por lo menos nosotros, no queremos ser responsables porque esto va contra la historia, contra la vida del Uruguay real de la gente que quiere dar una mano de corazón, sin recibir un peso, simplemente por llenarse el alma dando una mano y ayudando a los demás. Como bien decían los señores senadores Mieres y Bordaberry, esto de promoción no tiene nada, porque además de desvirtuar el proyecto de ley original pone un Gran Hermano sobre la base de la paranoia de la relación laboral encubierta y mete al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a controlar todo. La conclusión de esto es que, ante la duda, ante el riesgo, la gente corta, limita, no existe. Cada vez va a haber menos pedidos de voluntariado y cada vez va a haber menos ofrecimientos de voluntariado. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias de esto? Los niños, las escuelas, los ancianos, es decir, todos aquellos que reciben el amor, el cariño y la solidaridad, de buena fe, de la gente que quiere dar una mano.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: estoy terminando, y simplemente reitero lo del principio. Al final uno tiene la esperanza –¡fíjese qué paradoja!– de que este proyecto quede inerte en la Cámara de Representantes. Eso es lo mejor que nos podría pasar, pero es tremendo. No creo, en absoluto, que haya habido mala intención. Por el contrario, pienso que los legisladores que han trabajado y presentado este proyecto han tenido la intención de promover el voluntariado pero, en los hechos, el resultado no es bueno y es contraproducente. No solo no se logra la promoción, sino todo lo contrario. No vamos a plantear –como se hizo la última vez– que el proyecto retorne a la comisión porque me parece que ya lo hemos hecho. Obviamente, no vamos a votar este proyecto de ley y lamentamos enormemente que se siga insistiendo en un conjunto de artículos que tergiversan y desnaturalizan el sentido, el espíritu, el objetivo del proyecto de ley originario: el que presentó en el período pasado la entonces diputada Sanseverino, el que presentamos nosotros y el que se aprobó en la Cámara Representantes. Todos esos proyectos iban en la dirección correcta, es decir, la promoción del voluntariado. Digo otra vez: entre eso y que no haya nada, es mejor que no haya nada antes de que aparezca esta otra alternativa.
SEÑOR GARCÍA.- Yo me quedo con las últimas palabras del señor senador Mieres en el sentido de que seguramente no haya mala voluntad de parte de quienes tuvieron esta iniciativa. Razono desde la buena voluntad, no desde las teorías conspirativas. Realmente creo que la gente que redactó esto, señora presidenta, nunca hizo una actividad de voluntariado, no conoce el país, no ha ofrecido un tiempo de su vida a los demás, porque aquel que ha pasado por una actividad de voluntariado nunca puede admitir esto. Yo trabajé diez años en actividades de voluntariado y si me hubieran puesto delante este proyecto de ley me habría indignado porque va en contra de la esencia de la actividad de voluntariado. Hay cosas que no admiten…
SEÑORA PRESIDENTE.- Vamos a hacer un poco de silencio para escuchar al senador que está haciendo uso de la palabra.
Puede continuar el señor senador García.
Decía que hay cosas que no admiten la custodia del Estado. A lo largo de la vida el Uruguay pasó por diferentes etapas históricas, como la estatización de servicios, pero nunca había visto la estatización de la solidaridad. Lo que hace este proyecto de ley es, justamente, eso: estatiza la solidaridad, y si hay algo que es contrario a la solidaridad es la función del Estado, porque la solidaridad es una expresión personal, individual e intransferible; se es solidario porque se quiere, nadie obliga a serlo. La solidaridad es una expresión de la persona que creo que la hace ser mejor, pero si alguien considera que no tiene que ser solidario, eso no lo hace ser peor, es una característica de la persona. Ni yo ni el Estado como institución somos quiénes para decir cómo ejercer ese bien, ese sentimiento intransferible que es la solidaridad.
Además, aquí se han puesto como ejemplo varios casos concretos; ni hablar de las instituciones religiosas, porque al fin de cuentas parece que en el Uruguay de hoy participar en instituciones religiosas es como ser leproso. ¡Vamos! No sé si la mayoría, pero unos cuantos de los que estamos acá nos formamos en instituciones religiosas, para bien o para mal. Simplemente, es un dato de la realidad. Ahora hay que aclarar de qué lado de la línea estamos, cuando nadie está obligado a aclarar qué piensa en otros ámbitos, como el filosófico o el político. Pero cuando se da una opinión cualquiera parece que hay que aclarar si se la da desde las convicciones religiosas o no.
Voy a poner otro ejemplo: el de las canchitas de baby fútbol. Las señoras y señores que venden panchos y tortas fritas todos los fines de semana son mamás y papás de gurises que juegan al fútbol. Me imagino que los varones que están acá habrán ido alguna vez a alguna cancha; yo jugué al baby fútbol mucho tiempo, a pesar de que era realmente terrible. ¿Sabe cómo funciona el baby fútbol, señora presidenta? Hay que comprar las camisetas, pagar al juez, pagar la liga; para eso hay que hacer tortas fritas, vender panchos, vender rifas. Eso es de todos los sábados y domingos, con un frío brutal. ¿Y quiénes van? Las mamás y los papás. Es una actividad voluntaria y es permanente, porque son todos los fines de semana. Bueno, ahora les vamos a decir a los tortafriteros y los pancheros de las canchas de baby fútbol que, según el artículo 17 del proyecto de ley, tienen que suscribir un compromiso o acuerdo de colaboración –establecido en el artículo 21– con la entidad de voluntariado –o sea, con el Club de Amigos de la Curva de Maroñas o con el Rincón Dorado de Solymar–, y tienen que dar el consentimiento expreso y por escrito para un examen psicofísico previo cuando la naturaleza de las actividades a realizar lo demanden. Y según otro literal de ese artículo 17, deben informar a la entidad de voluntariado, con la antelación que acordaren, su inasistencia a las actividades; es decir, deben informar que no van a ir a hacer tortas fritas. Más adelante se dice que hay que utilizar acreditación. ¿Se imaginan a los que venden panchos utilizando acreditación personal?
Señora presidenta: ¡esto es no conocer la realidad!
Hay señoras, señores y gurises que, como acá se dijo, van a los hospitales, a las policlínicas, a las escuelas urbanas o rurales –acá hay exintendentes y exintendentas de departamentos del interior– a pintar las paredes, a arreglar los salones de clase y a dar una mano.
Cuando se legisla por la patología –como en este caso, señora presidenta–, se comete el error de pensar que todos tienen la premeditación de actuar mal. Este proyecto de ley se hace para evitar excepciones; entonces, ¡atáquese la excepción! No se impida la norma general, que es lo natural, lo normal, lo que está bien hecho. Se pusieron ejemplos concretos en el transcurso de la deliberación que se dio en otros ámbitos. Insisto: ¡atáquese lo que está mal y no lo que está bien!
Además, fíjense si estará mal redactado el proyecto de ley que termina siendo inocuo, porque no tiene campo de aplicación. El artículo 3.º, «Ámbito de aplicación», en su acápite dice: «La presente ley será de aplicación a los voluntarios, entidades y destinatarios de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo actividades de voluntariado tanto en el ámbito público como en el privado», y a continuación viene la excepción, que dice: «No se consideran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes actividades: A) Las actividades de voluntariado aisladas o esporádicas, periódicas o no». O sea que no se aplica a las aisladas ni a las permanentes; entonces, ¿a cuáles se aplica? Hasta mal redactado está. A quienes quieren votar el proyecto les digo que el artículo 3.º deja sin efecto la ley, porque no se aplica a nadie: ni a los que lo hacen en forma aislada ni a los que lo hacen en forma permanente.
Señora presidenta: ¡es muy fuerte este proyecto de ley! El que lo hizo no pisó ni un minuto la realidad, no entregó un minuto de su vida, no conoce ni recorrió, ya no el Uruguay, sino ni siquiera un barrio.
Vuelvo a insistir: la solidaridad no se obliga, no se registra en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la solidaridad se registra en el alma y se expresa. Lo que se está haciendo es dar un golpe muy duro al Uruguay que nos ha distinguido, al que se expresa por fuera del Estado y que, en definitiva, es el que nos ha hecho independientes. Independiente no nos hizo el Estado, independientes nos hicieron los orientales.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se comunica que en virtud de la salida del país del señor presidente de la república a partir del 21 de julio, y al haber presentado nota de desistimiento los señores Ricardo Alcorta, Lilián Galán, Andrés Berterreche, Sandra Lazo, Lucía Etcheverry, Zulimar Ferreira, Susana Pereyra y Lauro Meléndez informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocada en lugar de la señora senadora Patricia Ayala, la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR DELGADO.- Solicitamos un cuarto intermedio de diez minutos.
–19 en 24. Afirmativa.
(Así se hace. Son las 13:01).
(Son las 13:18).
SEÑOR HEBER.- Solicito un cuarto intermedio de doce minutos.
El Senado pasa a cuarto intermedio por doce minutos.
(Así se hace. Son las 13:19).
(Son las 13:30).
SEÑORA PRESIDENTE.- Siendo las 13:30, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 13:30, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Bordaberry, Carrera, Delgado, Garín, Heber, Mieres, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier).