Source: https://www.tornosabogados.com/boletin-de-documentacion-2%C2%AA-quincena-octubre-2013/
Timestamp: 2019-02-21 21:12:32
Document Index: 94786440

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 102', 'artículo 24', 'Artículo 33', 'artículo 44', 'artículo 150', 'artículo 80', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 146', 'artículo 32', 'artículo 228']

Tornos » Boletín de Documentación 2ª quincena octubre 2013
Boletín de Documentación 2ª quincena octubre 2013
El artículo del mes.- COBREROS MENDAZONA, E. La pérdida de oportunidad procesal como daño indemnizable por el Estado. Revista Vasca de Administración Pública, nº 96, mayo-agosto 2013.
La institución de la responsabilidad administrativa genera siempre importantes problemas jurídicos en el momento de su aplicación, lo que estimula la construcción de teorías que ayuden a la resolución de los casos concretos. Una de estas teorías es la de la “oportunidad perdida”, que ayuda al cálculo de la indemnización a otorgar en los casos en los que el daño por el que se reclama es la frustración de obtener una ventaja. El daño es la pérdida de la oportunidad, aquello que pudo haberse obtenido de no haberse producido la conducta incorrecta que genera la responsabilidad.
Uno de los ámbitos en los que puede aplicarse esta teoría es el de la responsabilidad del Estado por actuaciones procesales, a partir de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución y los artículos 292 y siguientes de la LOPJ.
¿Cómo probar el daño y su cuantía en caso de dilaciones indebidas, de la desaparición de actuaciones judiciales, del cierre de un juzgado que impide plantear el recurso, etc?. La prueba del daño puede ser difícil, pero bastará con demostrar que la mala actuación procesal es la causa de una pérdida cierta de un beneficio para que se pueda exigir la indemnización.
Esta temática es la que analiza Cobreros Mendazona en su interesante trabajo, a partir de la jurisprudencia comunitaria del TEDH y de la jurisprudencia interna, que también ha aplicado esta teoría a supuestos de reclamación de indemnización en materia de contratación o daños por actuaciones médicas.
Una mala actuación procesal puede causar una pérdida de oportunidad. Si esta oportunidad es real, si realmente se demuestra, por ejemplo, que la vía procesal que no pudo utilizarse por error judicial impidió un beneficio, surgirá la acción de responsabilidad, y esta teoría nos ayudará a fijar el quantum de la indemnización.
Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2013)
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2013)
Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013)
Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 de euros, para la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral de Empleo de Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4) (BOE núm. 257, de 26 de octubre de 2013)
Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013)
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013)
Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE núm. 257, de 26 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre atribución de competencias de recursos contractuales (BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2013)
Decreto Ley 4/2013, de 22 de octubre, por el que se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a constituir una sociedad anónima para que actúe como entidad de crédito y se modifican determinados preceptos del Texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre (DOGC núm. 6488, de 25 de octubre de 2013)
Decreto Ley 5/2013, de 22 de octubre, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 6487, de 24 de octubre de 2013)
Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica (DOGC núm. 6482, de 17 de octubre de 2013)
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2013, de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1997 (BOIB de 10 de octubre de 2013)
Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja (BOR de 25 de octubre de 2013)
Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional (BON de 28 de octubre de 2013)
Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (BOPV núm. 199, de 17 de octubre de 2013)
Decreto 424/2013, de 7 de octubre, sobre la declaración de interés social de las entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales (BOPV núm. 200, de 18 de octubre)
Reglamento Delegado (UE) nº 1003/2013 de la Comisión de 12 de julio de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas que deben pagar los registros de operaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (DOUE L 279, de 19 de octubre de 2013)
Reglamento (UE) nº 1022/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octuber de 2013, que modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a la atribución de funciones específicas al Banco Central Europeo en virtud del Reglamento (UE) nº 1024/2013 (DOUE L 287, de 29 de octubre de 2013)
Pleno. Sentencia 158/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1756-2002. Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, títulos universitarios, admisión de alumnos (STC 223/2012) y ayudas al estudio
Pleno. Sentencia 159/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1777-2002. Promovido por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, departamentos e institutos universitarios de investigación, admisión de alumnos y personal docente de universidades privadas (STC 223/2012)
Pleno. Sentencia 160/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1788-2002. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, escuelas y facultades; evaluación y acreditación de la calidad; títulos académicos; admisión de alumnos y procedimientos para la autorización de convenios para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (SSTC 223/2012 y 131/2013)
Pleno. Sentencia 161/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1741-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Autonomía local y competencias sobre régimen local: publicidad de las sesiones de las juntas de gobierno local cuando actúen en el ejercicio de atribuciones delegadas por el pleno; constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las potestades públicas de las mancomunidades, fusión y organización de municipios, competencias de las diputaciones provinciales, prestación de servicios locales (STC 103/2013). Voto particular
Pleno. Sentencia 162/2013, de 26 de septiembre de 2013. Conflicto positivo de competencia 5868-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Competencia sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales (STC 184/2012)
Pleno. Sentencia 163/2013, de 26 de septiembre de 2013. Conflicto positivo de competencia 7781-2009. Planteado por el Gobierno de Aragón, en relación con la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y contra la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental. Competencias sobre asistencia social y medio ambiente: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (SSTC 52/2013 y 113/2013)
Pleno. Sentencia 164/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2703-2011. Interpuesto por el Parlamento de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Régimen económico y fiscal canario: nulidad de los preceptos legales que afectan al régimen especial canario y que fueron aprobados sin respetar el trámite de audiencia previa a la Comunidad Autónoma previsto en su Estatuto de Autonomía (STC 35/1984)
Pleno. Sentencia 165/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 5868-2012. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 9/2012, de 19 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Régimen de cooficialidad lingüística; competencias sobre función pública y principios de seguridad jurídica, igualdad en la ley y autonomía local: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la valoración del catalán en el acceso al empleo público y que regulan el uso de las lenguas en la Administración balear. Votos particulares
Número 4906-2013, contra el artículo primero, apartados 2, 11, 12, 18 y 38, y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5009-2013, contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5012-2013, contra el artículo 1, apartados 2, 3, 10, 11, 12, 39, 40 y 41; el artículo 2; las disposiciones adicionales 2ª, 4ª.1, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª; disposición transitoria 1ª y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5020-2013, contra el artículo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5108-2013, contra la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5277-2013, contra determinados preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5347-2013, contra el artículo 1, apartados dos y tres, disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5080-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Número 5344-2013, en relación con el artículo 102 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Madrid en relación con la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Madrid en relación con la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Madrid en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2013)
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2013)
Número de recurso 6/2012
Incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de Castilla y León, para la modernización de una industria dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos
Sentencia de 2 de octubre de 2013
Número de recurso 5451/2010
Inadmisibilidad del recurso: falta de legitimación por faltar el acuerdo de la sociedad recurrente para el ejercicio de acciones. Declaración de interés general para el Estado de la propuesta de nuevo aeropuerto en la comarca de Antequera
Número de recurso 5719/2010
Carreteras: aprobación de proyecto de modificación NB-99246-M2 (eje del Llobregat; carretera C-16, tramo Puig-reig a Berga). Nulidad de resolución administrativa con retroacción de actuaciones para efectuar trámite de información pública
Número de recurso 2392/2010
Decreto canario. Televisión local digital
Sentencia de 7 de octubre de 2013
Número de recurso 313/2012
Derecho subvencional. Incentivos regionales. Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Gestamp Linares, S.A. Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos por el que se resuelve declarar el incumplimiento total de las condiciones particulares impuestas. Artículo 33 del RD 1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985. Principio de seguridad jurídica. Principio de confianza legítima. Doctrina de actos propios
Sentencia de 8 de octubre de 2013
Número de recurso 315/2011
RD 458/2011. Actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital
Número de recurso 876/2011
Sanción por denegar acceso de tercero a la red
Número de recurso 315/2012
Orden IET/3587/2011. Peajes de acceso de terceros a instalaciones gasistas y retribución de actividades. TABICESA SAU
Sentencia de 11 de octubre de 2013
Número de recurso 396/2012
Incentivos regionales. Incumplimiento de condiciones
Número de recurso 3053/2010
Gas Natural SDG impugna en casación la Sentencia de 25 de marzo de 2010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) de la Audiencia Nacional, que desestimó su recurso contencioso administrativo formulado contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 26 de marzo de 2009, por la que se le sanciona por una práctica de abuso de posición de dominio a una multa de 492.999 euros, se le intima para que en el futuro se abstenga de realizar la conducta abusiva y se ordena la publicación a su costa y en el plazo de dos meses de la resolución impugnada
Sentencia de 14 de octubre de 2013
Número de recurso 4027/2010
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Autorización del parque eólico “cerros de radona”. Sociedad española de ornitología. Generaciones especiales I, S.L. Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
Número de recurso 430/2012
Real Decreto 855/2008, por el que se otorga a Escal UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”: art. 14 párrafo final (compensación a la concesionaria para recuperar la inversión en caso de caducidad o extinción de la concesión). Declaración de lesividad
Número de recurso 312/2011
Real Decreto 458/2011, sobre actuaciones de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. Telecable de Asturias, S.A.U.
Sentencia de 17 de octubre de 2013
Número de recurso 2622/2010
Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña. Instrucción 1/2007, sobre procedimiento administrativo para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cataluña del Real Decreto 919/2006, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 A 11
Sala Tercera (C-189/2011)
El TJUE declara que España ha incumplido la Directiva IVA (2006/112/CE) (arts. 168, 226 y 306 a 310) en la aplicación del régimen especial de agencias de viajes
Interpretación artículos 47.2 y 48.3, en relación con el artículo 44.2 de la Directiva 2004/18/CE, en el marco del litigio relativo a la decisión de excluir a una agrupación temporal de empresas de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras, por basarse en las capacidades de más de una empresa para una misma categoría de cualificación
Valladolid: Sentencia de 11 de septiembre de 2013
Infracción del Reglamento de Contratación por cuanto que, al incluir ciertos honorarios de profesionales en el presupuesto base de licitación del concurso, está trasladando al contratista la asunción de unos gastos y de unos costes que no le corresponden
Sentencia de 26 de septiembre de 2013 – Sección 1ª
Número de recurso 481/2012
La AN respalda la decisión de no sancionar a un centro educativo que accedió al móvil de un menor sin la autorización previa de los padres
Informe 2/2013, de 3 de octubre, sobre restablecimiento del equilibro económico en contrato de concesión de obras públicas
Informe 3/2013, de 3 de octubre, sobre prelación de pagos en los supuestos de endoso y embargos de certificaciones de obra, y sobre la obligatoriedad de justificar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social para los pagos derivados de la ejecución de contratos
Resolución 117/2013, de 3 de octubre
Resolución de adjudicación. Puntuación de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, sin motivación ni justificación alguna de la valoración otorgada en los mismos. Indefensión. Imposibilidad de controlar la legalidad del acto para determinar si la decisión adoptada es racional o arbitraria. Nulidad. Estimación parcial
Resolución 118/2013, de 8 de octubre
Resolución de adjudicación. Valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor: discrecionalidad técnica. Los pliegos son la ley del contrato y vinculan a la Administración y a los licitadores, no habiendo sido impugnados por el recurrente. Desestimación
Resolución 119/2013, de 8 de octubre
Acuerdo de exclusión de la licitación adoptado por la mesa de contratación. Introducción de información relativa a la oferta económica en la documentación susceptible de valoración conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor. Vulneración del artículo 150.2 del TRLCSP. Quiebra de la garantía de imparcialidad del proceso de valoración. Desestimación
Resolución 120/2013, de 10 de octubre
Acuerdo de exclusión de la licitación adoptado por la mesa de contratación. Los requisitos de aptitud y solvencia deben concurrir en todos los miembros de la unión temporal de empresas. Los pliegos son la ley del contrato y vinculan a la Administración y a los licitadores, no habiendo sido impugnados por el recurrente. Desestimación
Resolución 121/2013, de 11 de octubre
Exclusión de la oferta por no justificar su viabilidad. Inclusión de valores anormales o desproporcionados. No se acredita la posibilidad de cumplimiento. No es posible apreciar vulneración del principio de igualdad de trato ante supuestos diferentes. Discrecionalidad técnica. Desestimación
Resolución 123/2013, de 16 de octubre
Exclusión de la oferta económica por no haber consignado el precio de la hora extraordinaria. Ambigüedad y contradicción en los pliegos que no puede perjudicar a los licitadores que participan en el procedimiento. Debe admitirse la oferta. Estimación
Resolución 124/2013, de 17 de octubre
Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Contrato de gestión de servicios públicos. Delimitación frente al contrato de servicios. Sin gastos de primer establecimiento y plazo de duración inferior a 5 años. Inadmisión
Resolución 127/2013, de 21 de octubre
Valoración técnica de las ofertas con arreglo a criterios dependientes de un juicio de valor. Acto de trámite no impugnable separadamente, sin perjuicio de la facultad que asiste al recurrente de impugnar aquél en el recurso que eventualmente pueda interponerse contra la adjudicación. Inadmisión
Resolución 110/2013, de 24 de julio
Estimación de recurso contra adjudicación de contrato de servicios al basarse en la comparación de términos no homogéneos. Anulación de la adjudicación y del PCAP
Resolución 111/2013, de 24 de julio
Estimación parcial del recurso contra adjudicación de contrato de suministro. Incorrecta admisión de la oferta de la adjudicataria por falta de acreditación de solvencia económico-financiera. Correcta admisión de la segunda clasificada
Resolución 112/2013, de 24 de julio
Desestimación de recurso contra adjudicación de contrato por suministro por incumplimiento de prescripciones técnicas del producto
Resolución 113/2013, de 24 de julio
Inadmisión de recurso contra adjudicación de contrato de servicios por extemporaneidad y por cosa juzgada
Resolución 114/2013, de 24 de julio
Estimación de recurso contra acuerdo de exclusión de contrato de servicios. Incorrecta apreciación de la capacidad de obrar en las empresas que concurren en UTE, según su objeto social en relación con el objeto del contrato
Resolución 115/2013, de 31 de julio
Desestimación de recurso contra pliegos de contrato de servicios. División en lotes innecesaria, clasificación adecuada al objeto del contrato
Resolución 116/2013, de 31 de julio
Estimación de recurso contra adjudicación de contrato de suministro por inadecuada exclusión del recurrente, sin concederle trámite de subsanación. Error al incluir documentación acreditativa de solvencia en otro sobre
Resolución 117/2013, de 31 de juliio
Estimación parcial de recurso contra pliegos de contrato de servicios. División en lotes innecesaria, prescripciones técnicas no vulneradoras de los principios de la contratación pública, libertad del órgano de contratación para determinar sus necesidades. Preferencia de titularidad de red terrestre de comunicaciones contraria a derecho, valoración de la cercanía al municipio no ajustada a derecho
Resolución 118/2013, de 31 de julio
Estimación de recurso contra PCAP de contrato de servicios por establecimiento de un requisito de solvencia desproporcionado al objeto del contrato. La solvencia técnica o profesional exigida se refiere a cada uno de los tres últimos ejercicios, que deben considerarse en su conjunto
Resolución 119/2013, de 31 de julio
Estimación parcial del recurso contra adjudicación de lotes de Acuerdo Marco de suministro. Improcedencia de la exclusión de licitador que no acredita su solvencia al no haber sido requerido para subsanar por la Mesa de contratación. La ausencia de actividad en alguno de los ejercicios supone que le nivel de solvencia sea igual al solicitado a los demás licitadores pero proporcional al periodo de actividad
Resolución 120/2013, de 31 de julio
Desestimación de recurso contra acuerdo de exclusión en contrato de servicios por falta de acreditación de la solvencia
Resolución 121/2013, de 31 de julio
Inadmisión de recurso interpuesto contra pliegos de contrato de gestión de servicios públicos sin gastos de primer establecimiento no susceptible de recurso especial en materia de contratación
Resolución 122/2013, de 31 de julio
Desestimación de recurso contra pliegos de contrato de servicios por no ser contraria a derecho, en este caso, la exigencia como compromiso de adscripción de medios de una titulación de Ingeniero Técnico Superior de Montes. Reconociendo que la titulación propuesta por el Colegio profesional recurrente, de ingeniero forestal, es adecuada para la realización de parte del objeto del contrato, se justifica la necesidad de adscripción de medios que figura en el Pliego. No se opone a que además participen en la ejecución del contrato otros profesionales como los ingenieros forestales
Resolución 123/2013, de 11 de septiembre
Estimación de recurso contra adjudicación de contrato de suministro por incumplimiento de las prescripciones técnicas por la oferta adjudicataria. El dispositivo ofertado no permite ver el retorno sanguíneo por sí mismo aunque si incorporando un dispositivo externo: el tubo de vacío
Acuerdo 32/2013, de 7 de octubre, por la que se desestima la reclamación en materia de contratación pública presentada por don E.T.B.E., en representación de SEDENA, S.L., frente al Acuerdo del Ayuntamiento de Huarte por el que se adjudica a la empresa GESPORT, S.L. el contrato de asistencia técnica para la prestación de diversos servicios en las instalaciones deportivas de Huarte
Acuerdo 33/2013, de 10 de octubre, por el que se desestima la reclamación en materia de contratación pública formulada por don E.C.P., en representación de la empresa “Básculas Iruña Servicios, S.L.”, frente a la Resolución 3/2013, de 5 de septiembre, de la Jefa de Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos de Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, por la que se aprueba el expediente de contratación y se adjudica el contrato consistente en el suministro de una báscula puente para pesaje de todo tipo de vehículos que realicen transporte, núm. expediente 33/2013, a la empresa “Satelec reparaciones industriales, S.L.”
Acuerdo 34/2013, de 16 de octubre, por el que desestima la reclamación presentada por don L.M.M. en representación de la “Asociación de Constructores y Promotores de Navarra”, frente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación del contrato de “Instalación de ascensor y accesibilidad en biblioteca del barrio de Echavacoiz”, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona bajo el núm. de expediente “CON_OBRA/2013/3”
Dictamen 808/2013, de 3 de octubre de 2013
Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
Dictamen 877/2013, de 26 de septiembre de 2013
Proyecto de orden por la que se modifica el anejo 1 del reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril de 1997, de envases y residuos de envases, aprobados por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
Dictamen 978/2013, de 3 de octubre de 2013
Proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Dictamen 999/2013, de 10 de octubre de 2013
Proyecto de real decreto por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
Presentado el 17 de octubre de 2013, calificado el 22 de octubre de 2013
Presentado el 25 de octubre de 2013, calificado el 29 de octubre de 2013
ArnáizArnáiz, Teodoro
Fiscalidad práctica 2013: procedimientos tributarios y régimen sancionador
Barea Tejeiro, José [et al.]
Instituto de Estudios Fiscales, 2013
Ratio Legis, 2013 (2ª ed.)
Sistema impositivo español, estatal, autonómico y local
Dykinson, 2013 (15ª ed.)
Tirant lo Blanch, 2013 (2ª ed.)
Lex Nova, 2013 (25ª ed.)
Pérez de Ayala, José Luis y Miguel
Dykinson, 2013 (3ª ed.)
Práctica de recursos administrativos y recurso contencioso-administrativo
Este libro examina la protección de los datos empresariales en poder de las administraciones públicas frente a su acceso o divulgación
Ruiz Almendral, Violeta; Fusaro, Carlo (eds.)
Autonomy in subnational income taxes: evolging powers, existing practices in seven countries
McGill-Queen’sUniversityPress, 2013
La nueva fiscalidad de la energía
Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 4 (2013): 17-31
La regulación del régimen local en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una cuestión pendiente
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 96 (2013): 111-152
La sostenibilidad económica de las concesiones de obra pública en la legislación de contratos del sector público
Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 28 (2013): 41-66
Gobernanza económica europea y modelo territorial de distribución del poder
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 96 (2013): 153-191
Los sistemas locales de bienestar ante el Proyecto de Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (primera y segunda parte)
Diario del Derecho Municipal de 22 de octubre de 2013: 1-10
Diario del Derecho Municipal de 24 de octubre de 2013: 1-6
Mercados ambientales aplicados a la calidad del agua: transmisión de cuotas de contaminación entre vertidos directos y difusos en el derecho americano
Revista de Administración Pública, núm. 191 (2013)
Palenzuela del Rosario, María
Derecho sancionador administrativo y su aplicación en el ámbito de la protección ambiental
Revista Jurídica de Canarias, núm. 29 (2013): 5-16
La inconstitucionalidad del impuesto castellanomanchego sobre la producción termonuclear de la energía eléctrica y residuos radioactivos: comentario a propósito de la STC 196/2012, de 2 de octubre
Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 17 (2013)
Razquin Lizárraga, José Antonio
La nulidad de los planes de urbanismo aprobados con omisión de informes sectoriales preceptivos o en contra de informes sectoriales vinculantes
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5 (2013): 99-110
La obligación de pago del justiprecio por la administración expropiante en caso de concurso del concesionario de obra pública: en especial, las autopistas de peaje
Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 28 (2013): 99-119
Cuestiones de eficiencia, eficacia y legalidad comunitaria europea en el proceso hacia un modelo de fiscalidad de la energía
Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 5 (2013): 19-55
 Novedades en el IVA para 2014: régimen especial del criterio de caja
• – En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
• – El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el cobro no se ha producido.
• – En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos.
• – El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el pago no se ha producido.
– En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos
– El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el pago no se ha producido
Modificación de bases imponibles del artículo 80.Cuatro LIVA:
Efectos del auto de declaración de concurso:
 Hacienda centraliza la contratación del sector público estatal
Se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación que contará con personal del mismo Ministerio de Hacienda y de otros ministerios
03 de octubre de 2013.- La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, ha anunciado en la Comisión de presupuestos en el Congreso, la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y cuyo objetivo es centralizar la contratación del sector público estatal.
Pilar Platero ha explicado que en esta nueva Dirección el primer contrato será comunicaciones que supondrá un ahorro del 20% y no incrementará el gasto ya que contará con personal del mismo Ministerio de Hacienda y progresivamente de otros Ministerios.
Así, el Ministerio del Interior, a través de la centralización, ya ha ahorrado en suministro de energía eléctrica 7 millones de € sobre un presupuesto de 40 (casi un 20%) o en el Ministerio de la Presidencia se ha centralizado, como experiencia pi-loto, la contratación del mantenimiento de ascensores de sus organismos y se ha constatado un ahorro del 65% del importe habitual.
La Subsecretaria de Hacienda ha afirmado que la CORA propuso una medida consistente en impulsar y extender los sistemas de compras centralizadas para el aprovisionamiento que permitan mejorar los procesos de contratación, racionalizar su gestión y, en última instancia, obtener ahorros.
Y para desarrollar esta medida de una forma eficaz, se ha considerado imprescindible un reforzamiento de la estructura básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con la creación de esa Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
En este sentido, ya se ha comenzado a actuar en relación a las áreas de comunicaciones, limpieza (incluida la recogida selectiva de residuos), combustibles de vehículos, agencias de viajes, seguridad y energía eléctrica, solicitando y analizando la documentación proporcionada por los distintos Departamentos Ministeriales y preparando alternativas de centralización.
Pilar Platero ha confirmado que en paralelo, se ha dictado una Instrucción por esta Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas para evitar la celebración por los Ministerios y organismos de contratos de larga duración en áreas que pueden ser objeto de centralización. El objetivo es que en el futuro no existan obstáculos para la incorporación a un contrato centralizado por el hecho de tener contratos con largos plazos en vigor.
El contrato centralizado que presenta ya un alto grado de avance es el relativo a Comunicaciones.
Este contrato se va a realizar en dos fases. En la primera, participarán 10 Ministerios (MINHAP, Economía y Competitividad, Presidencia, Fomento, MAEC, Educación, Cultura y Deporte, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Empleo y Seguridad Social, Defensa e Interior si bien en algunos casos, y en esta primera fase, sólo en sus servicios centrales). También, se incluyen diversos organismos y entidades (hasta 22) como el ICAC, INE, MUFACE, INAP, Parque Móvil, etc.
En una segunda fase, entrarían el resto de Ministerios y diversos organismos, como por ejemplo la Agencia Tributaria, el CIS y la Policía y Guardia Civil.
 Propuesta de directivas
. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública
. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión
La Secretaría Técnica de la JCCA de la Generalitat de Catalunya ha puesto a disposición en la página web una guía de lectura en la cual se tratan las principales afectaciones en materia de contratación pública contenidas en la Ley 14/2013 y las principales cuestiones que se derivan, especialmente respecto al régimen transitorio de las medidas; las nuevas figuras mercantiles y las UTE; los nuevos umbrales para la exigencia de la clasificación empresarial; la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos para contratar; la capacidad y la solvencia; las garantías definitivas; el pago a subcontratistas y la prohibición de otorgamiento de ventajas a contratistas previos
 La Comisión Europea ha decidido llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la aplicación incorrecta de las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos obras, suministros y servicios. En concreto, la Comisión considera que las disposiciones de la legislación polaca en materia de contratación pública pueden obstaculizar de forma significativa el acceso a estos contratos ya que, según estas disposiciones, los operadores están excluidos de los procedimientos de licitación si se han causado daños mediante la ejecución de un contrato previo de manera no satisfactoria o si un órgano de contratación ha resuelto un contrato anterior debido a circunstancias que implican la responsabilidad operador, incluso si el operador económico no ha actuado intencionadamente o por negligencia. Estos motivos de exclusión relacionados con las cualidades profesionales de los operadores económicos que no están incluidos en la lista exhaustiva de tales motivos establecidos en la Directiva 2004/18/CE puede dar lugar a un trato discriminatorio.
 Cataluña: La FMC rechazará la reforma local del Gobierno catalán si no la acompaña una ley de financiación municipal
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el jueves (17 de octubre) la tasa impuesta por España a las eléctricas en 2006 por beneficiarse de la asignación gratuita de derechos de emisión CO2 por considerar que no vulnera la legislación comunitaria
 El Colegio de Procuradores advierte que la nueva Ley de Servicios amenaza con eliminar la figura del procurador
 La Asociación Española de Abogados Urbanistas organiza el XI Curso de aproximación al Derecho Urbanístico, que se celebrará en Madrid los días: 5, 7, 12 y 14 de noviembre de 2013
 El borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 se prevé que esté listo a finales de este año o a principios de 2014, así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente
 Comunidad Valenciana: El Consell exigirá tres ofertas para la adjudicación de contratos menores
 El CGAE reclama a las autoridades que defiendan la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente
Diario La Ley, Nº 8178, Sección Hoy es Noticia, 25 Oct. 2013, Editorial LA LEY
El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado a las autoridades españolas y europeas que defiendan la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente ya que su vulneración atenta contra el derecho de defensa, «uno de los pilares del Estado de Derecho», tras la publicación de informaciones sobre programas de vigilancia llevados a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA)
La Abogacía Española denuncia en un comunicado, la posible vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y demás tratados internacionales y exige que las actividades de los gobiernos estén siempre sometidas a la ley, a la vez que pide que se adopten las medidas precisas para evitar estas actuaciones y sus perniciosos efectos
El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado en numerosas ocasiones las vulneraciones del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente por ser «un instrumento ilegal de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles»
Ha pedido reiteradamente la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que evite para siempre estos problemas. El Consejo General de la Abogacía Española se suma así a la iniciativa del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), que representa a la profesión en toda Europa, que ha urgido a las instituciones europeas a proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente usando todos los medios a su alcance, incluyendo estándares técnicos e instrumentos de Derecho europeo e internacional
«El secreto profesional es un valor fundamental de la profesión y una garantía de confianza para los ciudadanos que confían en los servicios de un abogado. En CCBE estamos extremadamente preocupados por el debilitamiento de la confidencialidad, que acabará erosionando el Estado de Derecho», ha declarado el Presidente de CCBE, EvangelosTsouroulis.-Informó Europa Press.
 Vías legales contra la reforma energética
Los inversores en energías renovables buscan el camino para reclamar su derecho a una indemnización por parte del Gobierno, por el dinero que les ha hecho perder con las sucesivas reformas del sector
La Ley Administrativo, número 178, de 29 de octubre de 2013
El sector de las energías renovables no pasa por su mejor momento. En los últimos años, ha padecido reformas legales que han cambiado las reglas del juego para los inversores que decidieron dirigir su dinero a este negocio que aseguraba sustanciosos beneficios. Sin embargo, los cambios normativos de 2010 y el más reciente de julio de 2013 (aún por desarrollar) han supuesto un importante varapalo para sus intereses, calculados con las premisas de una normativa anterior
 Derecho transitorio aplicable a las modificaciones introducidas al TRLCSP por Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
LA LEY 106820/2013
Ante las dudas planteadas respecto al régimen transitorio aplicable tras las modificaciones introducidas en el TRLCSP por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Abogacía General del Estado publica Circular 2/2013 Asunto «Derecho transitorio aplicable a las modificaciones en materia de contratación administrativa introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», con el siguiente tenor literal:
«La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, modifica en sus artículos 42 a 47 determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Dichas modificaciones afectan, básicamente, a aspectos puntuales de la contratación con uniones temporales de empresarios (artículo 59.1 ); al régimen de clasificación (articulo 65.1 y 5 y disposición transitoria cuarta); al régimen de garantías (artículos 96.2 y 3, y artículo 1 02.5); a la presentación de documentación por los licitadores (nuevos apartados 4 y 5 del artículo 146); a las causas de nulidad de pleno derecho administrativo (nuevo apartado d) del artículo 32); al plazo de demora en el pago por la Administración que permita al contratista optar por la resolución contractual (artículos 216.6 y 8); y a la posibilidad de comprobación por la Administración de los pagos del contratista a sus subcontratistas o suministradores (nuevo artículo 228 bis).
La presente Circular responde a la necesidad de aclarar las dudas que se han suscitado en varias Abogacías del Estado ante la falta de inclusión en la Ley 14/2013 de disposiciones que aclaren el régimen de derecho transitorio aplicable en los mencionados aspectos de la contratación administrativa tras las modificaciones introducidas en el TRLCSP.
Ante el silencio de la Ley 14/2013 en este punto, este Centro Directivo considera aplicable la regla general establecida en la disposición transitoria primera del propio TRLCSP, por ser ésta la norma objeto de modificación.
En consecuencia, los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2013 (la cual se produjo, con las salvedades previstas en la disposición final decimotercera de la propia Ley 14/2013, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la cual tuvo lugar el 28 de septiembre de 2013) se regirán por la normativa anterior, debiendo entenderse que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato o, en el caso de los procedimientos negociados, si hubieran sido aprobado los pliegos.
A sensu contrario, las modificaciones introducidas en el TRLCSP por la Ley 14/2013 serán aplicables a los procedimientos de contratación que se inicien (con la publicación de la correspondiente convocatoria o, en el caso de procedimientos negociados, con la aprobación de sus pliegos) con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, lo que deberá tenerse en cuenta por las distintas Abogacías del Estado al informar los pliegos correspondientes a dichos procedimientos.»
El mismo criterio ha seguido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña en su Guía de lectura (octubre 2013)
 El Congreso aprueba el proyecto de ley de factura electrónica
LA LEY 106993/2013
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha debatido y aprobado el proyecto de ley de factura electrónica, en el que se han introducido tres enmiendas pactadas por el PP con PSOE, CiU y UPyD, respectivamente. El texto pasa directamente al Senado para su debate y aprobación, al tener la comisión competencia legislativa plena.
El proyecto fue estudiado el lunes en ponencia, en la que el PP aprobó ya sus nueve enmiendas y rechazó las del resto; en la comisión de este miércoles, el grupo mayoritario ha transaccionado otras tres enmiendas para precisar mejor la redacción de tres párrafos de la norma y ha rechazado las otras 28 enmiendas presentadas.
El grupo que respalda el Gobierno ha aprovechado el trámite de enmiendas para modificar otras normas. Entre ellas, una ley que ni siquiera está aprobada, como es la Ley de Transparencia, de la que cambia la redacción de dos párrafos referidos a las reglas especiales sobre el destino de los superávit presupuestarios. El proyecto está siendo tramitado en el Senado después de haber pasado ya por el Congreso. La fase de enmiendas en la Cámara Alta concluyó hace quince días.
Además, el PP ha introducido un cambio en la reciente ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada el mes pasado. El objetivo es recuperar la exención en el pago de tasas de inscripción en el Registro Mercantil para las sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática.
También ha introducido el PP otra enmienda que modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este caso, se trata de incluir a Castilla-La Mancha entre las comunidades que establecen el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio. Ya estaban en la lista Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.
Por otro lado, el PP aprovecha esta ley de factura electrónica para cambiar la Ley de contratos del sector público sobre cómo acreditar la solvencia técnica de un empresario. La novedad radica en que se pueda aportar la experiencia de las filiales extranjeras de los contratantes.
La iniciativa tiene como objetivo la implantación de la factura electrónica en las administraciones públicas, tanto estatal, como autonómica y local. Se confía en reducir costes, erradicar lo que se conocen como ‘facturas en el cajón’ y en hacer más transparente y seguro el proceso de contratación con la administración.
El Gobierno confía en que esta será una importante herramienta contra el fraude, al compartir la información todos los organismos de una misma administración. La otra cara de esta misma moneda, ha dicho, es la mencionada facilidad para compensar deudas en el caso de un deudo de la administración a quien, a su vez, la administración le debe dinero por facturas en un cajón.
La obligación de la factura electrónica permitirá aspectos como que los órganos de contabilidad de cada administración tengan un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial con menor desfase temporal o que se mejore la fiabilidad de las cuentas públicas, al mejorar los controles a efectos de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. También hará posible que se pueda efectuar un seguimiento de los períodos medios de pago y cumplir así con la limitación de la normativa anti-morosidad.
Para los particulares, al poder hacer un seguimiento del proceso de su factura podrán organizar mejor su tesorería y a su vez sus pagos.
Según el Gobierno, entre los beneficios se encontrará también otros como facilitar la compensación de deudas mutuas entre los proveedores y la administración, un proceso que hasta ahora era más complicado y que se agilizará al existir un registro telemático de toda la información y al compartir esta información todos los organismos de la administración.
Es decir, si un proveedor quiere cobrar de un ministerio, pero a su vez adeuda una cantidad a Hacienda del Estado, será más fácil compensar ambas deudas. Así lo ha explicado la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, quien ha explicado el proyecto de ley de factura electrónica que se encuentra ya en el Congreso y será aprobado antes de fin de año.
10/2013. Boletín de Documentación 1ª quincena…