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Timestamp: 2020-07-14 22:35:33
Document Index: 227728681

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 126', 'artículo 67', 'artículo 422', 'artículo 164', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 67', 'artículo 67', 'e contrario', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 126']

El derecho a un juzgamiento en un plazo razonable es bifronte (alcanza a víctima e imputado), interpretación art. 8.1 CADH.
Expte. Nº 72 Fº 52 Año 2008, registro de la Secretaría de Recursos, caratulado: "FAGGIANO, ELISEO; BEDOYA, GLORIA S/HOMCIDIO CULPOSO".
Superior Tribunal de Justicia de Formosa, rta. 18 de diciembre 2008.
En la ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre a los dieciocho
días del mes de diciembre del año dos mil ocho, se reúne en la Sala de Audiencias "Dr. Juan José Paso", el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia del Señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang y con la asistencia de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Hector Tievas, Arminda del Carmen Colman y Carlos Gerardo González, constituidos en TRIBUNAL DE CASACION, para pronunciar SENTENCIA en el Expte. Nº 72 Fº 52 Año 2008, registro de la Secretaría de Recursos, caratulado: "FAGGIANO, ELISEO; BEDOYA, GLORIA S/HOMCIDIO CULPOSO", venidos para resolver el RECURSO DE CASACION, interpuesto por la parte Querellante contra el Fallo Nº 7877/07 dictado por la Excma. Cámara Primera en lo Criminal, en virtud del cual se declaró prescripta la acción penal y sobreseyo total y definitivamente a los imputados Gloria Esther Beatriz Bedoya y Eliseo Faggiano (art. 67 del Código Penal según la redacción prevista por la Ley N° 23.077, vigente al momento del hecho). EL ORDEN DE VOTACION de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias y artículo 126º del Reglamento Interno de la Administración de Justicia, es el siguiente: 1er Término: Dr. Carlos Gerardo González, 2do Término: Dr. Ariel Gustavo Coll; 3er Término: Dra. Arminda del Carmen Colman; 4to Término: Dr. Hector Tievas y 5to Término: Dr. Eduardo Manuel Hang; y,
El Señor Ministro, Dr. Carlos Gerardo González, dijo:
I.- Que habiéndose realizado la audiencia de debate prevista por el art. 433 del C.P.P., vengo a emitir mi voto respecto del recurso de casación interpuesto por la parte Querellante contra el Fallo N° 7877/07 dictado por la Excma. Cámara Primera en lo Criminal, en virtud del cual se declaró prescripta la acción penal y se decretó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados Gloria Esther Beatriz Bedoya y Eliseo Faggiano, para lo cual se aplicó el artículo 67 del Código Penal según la redacción prevista por la Ley N° 23.077, vigente al momento del hecho.
II.- A fin de fundar el recurso interpuesto la parte Querellante manifestó que discrepa con el concepto de “secuela de juicio” aplicado por el Tribunal en función de la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia y solicitó que se revoque el resolutorio impugnado y se ordene la continuación del trámite de las presentes actuaciones.
Al respecto, argumentó que a su juicio el auto de sobreseimiento dictado por el Juez de Instrucción en fecha 8 de marzo de 2.005, la Resolución dictada el 6 de junio de 2.005 por la cual se revocó el sobreseimiento mencionado, y finalmente el auto de falta de mérito dictado el 8 de noviembre de 2.006, son actos procesales que, al igual que el auto de procesamiento, resuelven la situación procesal de los imputados y por lo tanto actúan como interruptores de la prescripción de la acción penal, pese a lo cual no fueron tenidos en cuenta por la Cámara al momento de fallar.
En ese orden de ideas trajo a colación, como argumento a favor de su pretensión, que la Cámara Nacional de Casación Penal le atribuyó efecto interruptivo como secuela de juicio a la indagatoria y la ordenación de la producción de pruebas, lo que se compadece con el caso de autos en el que los imputados prestaron declaración indagatoria y posteriormente se produjeron las pericias médicas.
III. A su turno, el Señor Procurador General solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto, alegando en tal sentido que deviene ajustado a derecho lo resuelto por Cámara Primera en lo Criminal en tanto se limitó a aplicar la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en el Fallo N° 1.374/97, según la cual el acto procesal que interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal es el auto de procesamiento, criterio que, en la jurisdicción de la Provincia de Formosa, puso fin a la ardua polémica doctrinaria y jurisprudencial que se había suscitado al respecto en torno a qué debía entenderse por secuela de juicio.
IV.- El Defensor de Gloria Bedoya se adhirió a lo manifestado por el Señor Procurador General y solicitó el rechazo del recurso de casación, colacionando además que si se revocara el fallo impugnado correspondería resolver el planteo de nulidad de la declaración indagatoria de su defendida la cual inevitablemente debe ser declarada nula por los vicios oportunamente expuesto en el planteo de nulidad, lo que retrotraería al proceso a una etapa anterior a dicha declaración indagatoria, e impondría la declaración de prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido hasta la fecha sin que se den ningún supuesto de interrupción.
V.- La Defensa de Eliseo Faggiano, por su parte, adhirió a lo manifestado por el titular del Ministerio Público y solicitó el rechazo del recurso interpuesto, agregando asimismo como argumento propio que el recurrente no subsumió su planteo en ninguno de los supuestos del artículo 422 del Código Procesal Penal.
V.- Que entrando al análisis del recurso interpuesto cabe señalar que resulta acertado lo señalado por el Señor Procurador General en el sentido de que el fallo impugnado se ajusta al precedente que sentó este Tribunal en el caso “Montiel” (Fallo N° 1.374/97), criterio que rige de manera obligatoria para los Tribunales provinciales inferiores por imperio de lo normado por el artículo 164 de la Constitución Provincial.
Sin perjuicio de ello, vale recordar que la fuerza del “precedente” como regla obligatoria para el Tribunal que lo sentó rige en tanto y cuanto las circunstancias que lo determinaron, sean sociales, políticas o económicas, no hayan variado, pues la interpretación del derecho se encuentra condicionada por la idea de actualidad, es decir adaptada a las realidades imperantes en cada tiempo, lo que concuerda con el concepto de que el derecho, lejos de ser estático, está en constante evolución.
Ahora bien, deviene notorio que el recurrente no trae argumentos novedosos que no hayan estado vigentes al momento de zanjarse la discusión teórica respecto del alcance de la expresión “secuela de juicio” a la que se refería el artículo 67 en su anterior redacción, lo cual fue discutido porque se trataba de un concepto jurídico indeterminado, situación a la que ya ha puesto fin el legislador al establecer de manera expresa y taxativa los actos procesales que interrumpen el curso de la prescripción en los delitos de acción pública.
Se impone a partir de aquí traer a colación la atinada advertencia que formula Alf Ross “...toda interpretación jurídica en sentido propio incluye presunciones respecto de los criterios y valores sociales que motivaron al legislador” (“Sobre el Derecho y la Justicia”, pág. 135, ed. 1970, Editorial Universitaria de Buenos Aires).
Bajo esta última premisa resulta innegable que el legislador ha entendido que solamente los actos procesales que ha indicado de manera expresa y taxativa, en la reforma introducida por la Ley 25.990, son interruptores de la prescripción de la acción penal.
No hay duda alguna con respecto a que el instituto de la prescripción fue incorporado por el legislador como límite a la potestad persecutoria del Estado, cuestión que hace a la política criminal, por lo tanto cabe preguntarse si es factible que este Tribunal interprete que los actos procesales a los que hace referencia la parte Querellante pueden actuar como interruptores del curso de la prescripción de esa potestad persecutoria.
La respuesta que se presenta como evidente es “no”, porque si este Tribunal ampliara la tesis plasmada en el caso “Montiel” estaría imponiendo una política criminal persecutoria mucho más gravosa que la que el propio legislador considera que debe regir. Es en esos términos, con esa limitación, que debe interpretarse la fórmula “ley penal más benigna” consagrada por el Código Penal en su artículo 2°, pues el órgano natural llamado a fijar la política criminal es el Poder Legislativo, más allá de que los jueces a través de sus fallos puedan limitar u orientar la potestad persecutoria adecuándola, cuando fuere necesario, a las garantías constitucionales.
Adviértase al respecto que la propia Cámara en el fallo puesto en crisis por el Querellante hizo notar que aún cuanto se aplicase la nueva redacción del artículo 67 del Código Penal estaría prescripta. Efectivamente, ello es así por cuanto entre el primer llamado a indagatoria a los imputados de autos, esto es el 12 y el 27 de junio de 2.002 respectivamente, la fecha en que se dictó el auto que declaró la prescripción de la acción penal transcurrieron más de cinco años, plazo máximo previsto para el delito investigado, sin que en el proceso se haya materializado el tercer supuesto previsto por el artículo 67 en su inciso c).
Por otra parte, la tesis del Querellante dirigida a equiparar el auto de procesamiento, en cuanto resuelve la situación procesal de los imputados, con el auto de sobreseimiento dictado en sede instructoria, la Resolución dictada el 6 de junio de 2.005 por la cual se revocó el sobreseimiento mencionado, y el auto de falta de mérito dictado el 8 de noviembre de 2.006, resulta insostenible, pues cuando se tomó como acto interruptivo del curso de la prescripción el auto de procesamiento se tuvo en cuenta que el mismo configuraba la primera oportunidad en que la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal se concretaba, este último entonces es el principio rector que sustentó la interpretación de la secuela de juicio.
Siendo así, no puede prosperar el argumento de equiparación pretendido, pues el sobreseimiento es un acto desincriminatorio, y por ende contrario a la idea de concreción de la pretensión punitiva; la Resolución N° 6583/05 que simplemente revocó el auto de sobreseimiento se sustentó en la necesidad que se amplíe la investigación, por lo que tampoco puede seriamente decirse que configura una concreción de la pretensión punitiva; y finalmente la falta de mérito es un acto procesal intermedio que si bien no desincrimina tampoco concretiza la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal, ya que su objetivo es mantener al imputado vinculado al proceso a resultas de la investigación ulterior de la que se habrá de desprender si existe mérito suficiente o no para disponer su procesamiento.
No se me escapa que estos autos se originaron a raíz de un hecho que por su gravedad no debería finiquitarse sin que se agote la investigación judicial y eventualmente sin que se realice el juicio pertinente, pero este Superior Tribunal de Justicia, en su función de Tribunal de Casación, encuentra su límite en la ley, la que está llamado a aplicarla sin desvirtuar la finalidad que la motivó, ya que de otro modo estaría avanzando sobre las funciones propias del Poder Legislativo.
Sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse, por la relevancia que adquirió en autos, la objetable conducta de los operadores jurídicos que intervinieron en autos, comenzando por el Juez de Instrucción N° 4 que desde que se inició el proceso hasta que dictó el auto de sobreseimiento permitió que transcurrieran más de cuatro años, y la propia parte querellante, actuando como actor civil, que realizó una importante cantidad de planteos impugnatorios, fundamentalmente contra todos los informes periciales, que inevitablemente generaron el insumo de una cantidad de tiempo extraordinaria, sin perder de vista que luego de que el Juez de Instrucción N° 4 se excusara de seguir entendiendo, todos los jueces de Instrucción que le seguían en orden de prelación para intervenir, ya sea invocando un cierto parentesco, amistad o, a mi juicio absurdamente, “trato amistoso con Montoya”, se excusaron de intervenir, incluyendo además al juez de menores y a los titulares de los Juzgados Civiles 1, 2 y 3, poniendo coto a esta interminable cadena de excusaciones recién la Juez del Juzgado Civil 4, todo lo cual también demandó un tiempo precioso desperdiciado, y por último, como si ello fuera poco todos los médicos del Cuerpo Médico Forense que se hallaban en condiciones de realizar la pericial médica se excusaron principalmente por amistad con Montoya y la circunstancia de que el mismo era socio propietario de la Clínica del Angelo.
Lo precedentemente apuntado llama a la reflexión, principalmente con respecto a los jueces que prefirieron invocar una relación de trato amistoso y laboral con el Dr. Montoya cual si se tratara de la amistad íntima a la que hace referencia el código de forma en su artículo 48, cuando tales conceptos no pueden ser confundidos debido al diferente grado de connotación afectiva que conllevan cada uno de esos vínculos, por lo que mal pudieron ser utilizados de manera equivalente como argumentos de excusación, soslayando livianamente el cumplimiento del deber republicano para el cual juraron al asumir el cargo, al igual que el caso de quien invocando una turbación emotiva por una mera relación de parentesco con uno de los interesados en la causa, a quien no se le atribuía ningún grado de responsabilidad penal, cuando dicho grado de parentesco no ha sido considerado motivo de excusación por el legislador, prefirió apartarse del caso sin asumir el rol que naturalmente la Constitución le impone cumplir.
Más allá de la responsabilidad que pueda serle endilgada a los jueces que con justificaciones fútiles e insustanciales colaboraron con el dispendio de tiempo que actuó no solo en desmedro del interés social que se hallaba comprometido sino también del de los propios familiares de la menor fallecida constituidos primeramente en actores civiles y luego en querellantes, e independientemente de que éstos últimos influyeron negativamente con una actuación “a priori” desmesurada con relación a la idea de celeridad que debe primar en el proceso, lo cierto es que este proceso ha sido víctima de un sistema de justicia desnaturalizado por una concepción completamente distorsionada con respecto al grado de compromiso que exige la carga de administrar justicia por parte de la mayoría de los jueces que fueron llamados a intervenir.
En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el querellante particular, eximiéndoselo sin embargo de las costas atento a la forma en que la misma concluyó, como asimismo a lo novedoso de la discusión en esta instancia resuelta sobre la perspectiva la vigencia de la reforma introducida por la Ley 25.990 y la política criminal en ella tenida en cuenta por el legislador.
Que debo disentir con la opinión que expone el Sr. Ministro Carlos Gerardo González.
Si bien me remito al prolijo relato que hace el colega, en cuanto a las posiciones asumidas por las partes en torno al recurso de casación que nos ocupa, entiendo que en el caso se impone una decisión distinta a la que se propone.
Estando en crisis el pronunciamiento de la Cámara Primera en lo Criminal, en cuanto dispuso sobreseer total y definitivamente a Gloria Esther Beatriz Bedoya y a Eliseo Faggiano, por extinción de la acción penal por el cumplimiento del plazo prescriptivo (arts. 84, 67, 59 inc. 3° y 62 inc. 3° del C.P. y art. 303 inciso 1° del Código Procesal Penal), comparto también de que en el caso, resulta aplicable la regla del art. 67 del Código Penal, en su anterior redacción (cf. Ley 23.077) en atención a la fecha de ocurrido el hecho (28 de Diciembre de 2000), y por resultar mas favorable a la situación de los imputados, en tanto la reforma introducida por la Ley 25.990, introduce como causal de interrupción a la declaración indagatoria, que antes no se consideraba en el controvertido concepto de “secuela del juicio”.
También es cierto que ya este Superior Tribunal de Justicia – bien que con distinta integración – había interpretado que debía entenderse como “secuela del juicio”. Al dictarse sentencia en los autos “MONTIEL, Fredy Antonio s/Hurto de Ganado Mayor”, el 17 de diciembre de 1997, se considero, por un lado, que el vocablo “juicio” que contenía el art. 67 del Código Penal, en su anterior redacción, no debía ser acotado al Juicio o Debate sustanciado ante el Tribunal competente, debiendo también considerarse comprendido en la etapa de instrucción, por ser donde se atribuye a una persona, desde el órgano legitimado para ello, la comisión de un delito determinado, y se dispone la realización de diligencias concretas en averiguación de la verdad; y por otro lado, referido al caso concreto que se había sometido a consideración en “Montiel”, se expreso que el auto de procesamiento implicaba un acto interruptivo de la prescripción. Esa fue la doctrina judicial imperante en la Provincia, hasta el dictado de la Ley 25.990, cuyo texto, por conocido, resulta innecesario referir en este momento, bien que con la aclaración que impone la segunda observación realizada, cual es que en “Montiel” se discutía la viabilidad del Auto de Procesamiento como “secuela del juicio”, lo cual no quiere decir por cierto que el concepto se agote en ese acto procesal.
Si coincidimos entonces en juzgar la cuestión planteada, de acuerdo al art. 67 del Código Penal, anterior a su modificación por la ley citada, y referirnos a los actos constitutivos de la secuela del juicio, paréceme evidente que, de acuerdo a la irregular tramitación de esta causa, existen actos interruptivos del curso de la prescripción, sumado a que el auto de procesamiento dictado a fs. 677, contra Gloria Esther Beatriz Bedoya, el 09 de abril de 2007, tampoco se encuentra alcanzado por el plazo de prescripción (cf. el máximo de la pena prevista para el Homicio culposo - art. 84 del C.P. - y el termino establecido en el art. 62 inciso 2° del C.P.).
En punto a lo primero, es decir, al alcance de la secuela del juicio, se consideraba que estaban constituidos “por los actos procesales de efectiva dinámica, de impulso en relación al imputado, aquellos que movilizan la causa hacia la obtención de un pronunciamiento definitivo” (Donna, El Código Penal y su interpretación en la Jurisprudencia, Tomo I, p. 558). “El carácter de secuela del juicio ha sido acordado no tan solo a aquellos actos que aparecen directamente enderezados a lograr la sentencia, sino también a los destinados a remover los obstáculos procesales que se oponen al avance del proceso” (CNCas.Penal, Sala III, 25/05/2001, causa N° 3309). Impera el concepto el principio de “progresividad”, es decir, que se nutre de todos aquellos actos que tiendan al avance concreto del proceso. (Cam.Penal de San Martín, N° 2, 23/04/90, causa N° 93).
En el mismo fallo dictado por este Superior Tribunal de Justicia, en “Montiel”, que citan las partes, tuve ocasión de expresar “que existe secuela del juicio cada vez que en cualquier etapa procesal se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica o inequívoco impulso al proceso...es decir, aquellos actos que movilizan la causa hacia la obtención de su fin ultimo” (Fallo 1374-Tomo 1997)
Que partiendo de esos conceptos, no tengo duda alguna que cuando la Cámara Primera en lo Criminal, decide, el 06 de Junio de 2005, revocar el sobreseimiento que favorecía a los imputados (Fallo 6583/2005) sustentándose en la omisión de producir prueba oportunamente requerida por el Ministerio Fiscal, aludiendo a datos de conocimiento medico “que exige respuestas ineludibles habida cuenta de que se tratan de interrogantes puntuales dirigidos a la recopilación de elementos insoslayables para dilucidar la cuestión controvertida” (textual del Fallo 1374/97 agregado a fs. 458) está formulando un acto procesal que queda comprendido en el antiguo concepto de “secuela del juicio”, desde que reinstala la sujeción de los imputados al proceso e indica claramente que medidas deben adoptarse para “dilucidar la cuestión controvertida”. Ese acto es por si mismo, interruptivo de la prescripción penal, al haberse dictado antes del termino previsto por el art. 62 inciso 2° del Código Penal, en función de la pena en abstracto asignada al delito investigado.
Sin embargo, la cuestión en autos no fue tan simple, porque advierto que, como lo señala el Ministro preopinante, se ha producido en la causa, a partir del fallo de Cámara antes citado, “una interminable cadena de excusaciones”, que comienza el 26 de Julio de 2005, con la excusación formulada por el Juez de Instrucción y Correccional N° 4 (fs. 462) y continua con las sucesivas inhibiciones de todos los Jueces de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial (fs. 476, fs. 483, fs. 490, fs. 495, fs. 498), continuando luego con las excusaciones del Juez de Menores (fs. 511) y de los Jueces en lo Civil y Comercial N° 1, N° 2 y N° 3 (fs. 516, fs. 525 y fs. 532), hasta que recién el 17 de Mayo de 2006, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4, a fs., 538, si bien decide no aceptar la inhibición del Juez titular de la causa, se avoca al conocimiento de la misma, mandando formar incidente de excusación para ser resuelto por la Cámara en lo Criminal, pero asimismo a intentar cumplir con las medidas ordenadas por el mismo Tribunal de Alzada, al revocar el sobreseimiento de los imputados (fs. 513). A partir de allí, existe una clara manifestación del querellante, cuando el 05 de Junio de 2006 pide el procesamiento de los imputados (fs. 544). Sin que nada se resuelva, recién el 20 de Octubre de 2006, y luego que la Cámara Primera en lo Criminal, resolviera el incidente de excusación, la causa vuelve a quedar radicada en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.
En concreto, desde el 26 de Julio de 2005 hasta el 17 de Mayo de 2006, esta causa quedo privada de jurisdicción, y desde esta ultima fecha, hasta el 20 de Octubre de 2006 (fs. 577), la única Juez que tuvo decoro para intervenir, lo hizo al solo efecto de encauzar el tramite incidental de las sucesivas y vergonzosas excusaciones de 9 jueces de la Provincia. En el ínterin, como un manojo de reclamos sin respuesta, quedo el pedido de procesamiento que hizo el querellante a fs. 544, la reiteración planteada el 29 de setiembre de 2006 y el pedido de pronto despacho formulado el 17 de octubre de 2006.
Cabe recordar que en diversas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.
Ahora bien, la prescripción no se sustenta en un solo argumento sino que confluyen para su fundamentacion, tanto el desinterés social por el castigo, como la buena conducta del imputado y la falta de voluntad de persecución o de actividad de los órganos encargados de impulsar el procedimiento. Todos ellos producen sus efectos sobre el proceso, debilitando o provocando la extinción de las pruebas por el transcurso del tiempo.
En consonancia con nuestra Ley Fundamental, la normativa supra-nacional de igual jerarquía, a partir de la reforma del año 1994, recepta igualmente este derecho. Así el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías “dentro de un plazo razonable” y sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos “Genie Lacayo” de 1997 y “Suarez Rosero” del mismo año, siguiendo las pautas de la Corte Europea de Derechos Humanos, señalo que deben tomarse como elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso, los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de los interesados y c) la conducta de los órganos judiciales. Esta ultima variable, es la que imprime una particular característica al caso en estudio.
Entiendo sin embargo, que la mención del art. 8.1 de la Convención, no remite solamente al imputado, sino también a la víctima, o parte interesada en el proceso. Así parece indicarse del propio texto, cuando distingue entre aquella persona contra quien se formula acusación penal, de aquellas cuyos casos remiten a “la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter” (el subrayado me pertenece). El derecho integral de la víctima en el proceso – o en este caso de sus causahabientes – ya ha sido reconocido por la legislación local a partir de la inclusión del querellante particular. Para la satisfacción de sus derechos, también rige la garantía del plazo razonable.
Ahora bien, todo el sistema se sustenta en un pilar fundamental, cual es la existencia de un Juez o Tribunal imparcial y competente donde hacer valer esos derechos. Maier recuerda que “se denomina jurisdicción a la facultad (poder) que el Estado confiere normativamente a ciertos órganos propios – que crea desde su propia Constitución política y organiza mediante la ley – para decidir o dar solución a los conflictos entre partes” y especifica que “jurisdicción penal es por lo tanto, la misma facultad o poder de juzgar, referida a esa porción del orden jurídico que denominamos derecho penal” (Maier, Derecho Procesal Penal, Fundamentos, T. I, p. 436).
Si no hay jurisdicción, no hay proceso. Si no hay Juez o Tribunal ante quien hacer valer las pretensiones, no hay sistema judicial ni mucho menos debido proceso legal.
Y esto es lo que ocurrió en autos, porque desde el 26 de Julio de 2005 hasta el 17 de Junio de 2006, no hubo un solo Juez que se hiciera cargo de la causa, y desde esa fecha, hasta el 20 de Octubre de 2006, la única magistrada que asumió jurisdicción lo hizo con el objeto de disponer la tramitación de una prueba pericial ordenada por la Cámara – objetivo que no pudo cumplir - y la remisión al Tribunal de Alzada del respectivo incidente de inhibiciones en cadena que se habían producido. Notorio resulta que en la especie y desde el 26 de Julio de 2005 hasta el 20 de Octubre de 2006, en que se asume nuevamente el gobierno de la causa por parte de la Juez de Instrucción y Correccional N° 5, se produjo un claro caso de privación de justicia.
Sobre el tema, no puede dejar de señalarse que el mantenimiento de la cuestión expuesta, implica someter al Estado a un reclamo internacional de imprevisibles consecuencias.
En el lamentable y conocido caso AMIA, el gobierno nacional, en representación del Estado argentino, admitió su responsabilidad con una fórmula contundente: “Existió incumplimiento de la función de prevención, existió encubrimiento de los hechos, grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación y denegatoria de justicia”. (Fuentes: Decreto 812/05, disponible en “www.casarosada.gov.ar”, Diario Clarín, edición del 04 de marzo de 2005; y Diario Pagina 12, edición del 04 de marzo de 2005)
Esta admisión de responsabilidad, condujo al Estado nacional a presentar una serie de propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual abrió un periodo de dialogo que comenzó en marzo de este año. Si no hay acuerdos, la Corte Interamericana podría llegar a la condena del Estado argentino.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también decidió que, si en la tramitación de un proceso en sede provincial y el dictado de la sentencia final del pleito, no obstante los reiterados oficios inhibitorios de un juez nacional, importan una efectiva privación de justicia y un estado de indefensión para el demandado, corresponde que la Corte asuma el conocimiento de la causa y decrete la nulidad de lo actuado en sede local, considerando el trámite prolongado del expediente. De tal modo, quedan salvaguardadas al máximo las garantías acordadas por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que, en un plazo razonable, se determinen sus derechos y obligaciones de índole civil o de cualquier otro carácter (Fernández, Mario Arturo v. González, Roberto, 22.6.93).
Teniendo en cuenta estos criterios, la normativa internacional de ineludible aplicación y observando el tiempo durante el cual, en autos, se consumo una efectiva privación de justicia, ante la inexistencia de órganos jurisdiccionales con capacidad para resolver los planteos de las partes (y no solo los que efectivamente formuló el querellante), paréceme evidente que el dictado del auto de procesamiento de Gloria Beatriz Bedoya, el 09 de abril de 2007 (fs. 677), se produjo también dentro del plazo que determina el art. 62 inciso 2°, cuando ya obra en autos además requerimiento de elevar la causa a juicio (fs. 711/712) lo que supone el efectivo impulso para llegar al Debate y la sentencia respectiva. Decidir lo contrario, implicaría convalidar un grave caso de privación de justicia, cuya derivación puede traer consecuencias mucho mas graves al Estado provincial.
Que siendo así, voto por declarar la nulidad del Fallo N° 7877-Tomo 2007, en cuanto sobreseyo por prescripción de la acción penal a Gloria Esther Beatriz Bedoya y Eliseo Faggiano, mandando continuar la causa según su estado, lo que implica volver los autos a la Cámara que ya intervino para que resuelva, dentro del termino de ley, los recursos de apelación pendientes, para posteriormente, en su caso, atenderse el requerimiento de elevación a juicio ya expresado, recomendando a los jueces intervinientes a disponer las medidas necesarias que impidan seguir dilatando la resolución de esta causa.
Por el modo en que se resuelve, comparto la opinión del colega en imponer las costas por su orden, pero propongo diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, hasta que se dicte pronunciamiento definitivo que permita contar con la respectiva base regulatoria. (art. 15, Ley 512). Así lo voto.
La Señora Ministro, Dra. Arminda del Carmen Colman, dijo:
Conforme lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el señor Ministro Dr. Ariel Gustavo Coll.
El Señor Ministro, Dr. Hector Tievas, dijo:
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el Señor Ministro Dr. Ariel Gustavo Coll.
La cuestión a resolver merece algún tipo de aclaración en función de que durante el desarrollo del proceso (concretamente a fines del año 2005) se produce un cambio en la norma que regula la cuestión. Desde la introducción del concepto “secuela de juicio” al art. 67 del Código Penal, se desató una polémica sobre la interpretación de dicho concepto. Desde quienes interpretaban la palabra “juicio” como compresiva de todo el proceso (sumario y plenario) a quienes reducían la expresión al segundo momento procesal, incluso Zaffaroni, desde la semántica y atendiendo al vocablo “secuela”, dijo que ésta solo podía serlo la sentencia (En el volumen colectivo “De Las Penas”, artículo “La secuela del juicio es la sentencia”, edit. “As-Hoc”).
Mas allá del precedente “Montiel” del Superior Tribunal que no tiene a mi juicio característica de obligatorio, el mismo ha perdido vigencia ante la sanción de la ley 25.990 que ha determinado con precisión (no sé si con sabiduría) cuales son las actividades procesales que como señala interrumpen el plazo prescriptivo. Como la ley ha sido dictada en diciembre de 2005 en orden a las constancias procesales corresponde tener como secuela la del inc. b del párrafo cuarto del art. 67 del C. Penal, el llamado a indagatoria; convengamos que desde cierta óptica y retrocediendo en el tiempo al tomarse la indagatoria habría la posibilidad de usar el criterio de que secuela de juicio es el llamado a indagatoria o no, pués a ese momento la ley vigente necesitaba Interpretación. Ese llamado en función de la regla del art. 270 del Código Procesal, podía interpretarse como una aceleración o intensificación de la acción penal, desde que el llamado es consecuencia de una sospecha que alguien ha cometido un delito. Es decir propone un “status” procesal de incriminación mas severo que el que tenía el imputado hasta ese momento. Adviértase que si tal sospecha no tiene la intensidad pedida por la regla antes mentada, puede ser citado a dar una declaración no jurada (art. 65) que en nada modifica su situación procesal.
Aceptado esto vemos que en el inc. c) del art. 67, aplicable en la actualidad, el segundo acto prosecutorio interruptivo es el requerimiento de elevación a juicio, momento procesal al que no se ha llegado en éste proceso. Consecuentemente el llamado a indagatoria es la última secuela de juicio del año 2002, y siendo el plazo prescriptivo de cinco años, teniendo en cuenta el máximo de pena enlazado al tipo del art. 84 y la regla del art. 62 inc. 2º la prescripción se ha producido.
Me hago cargo de la privación de justicia de quienes son los progenitores de la víctima, pero existen principios que se contraponen y que deben valorarse para ver cual tiene mayor peso. Sobre la regla legal prescriptiva, su aplicación ha sido considerada por la Corte Suprema de la Nación, no solo oficiosa sino también de orden Público produciéndose de pleno derecho (Fallos 207-86 y LL, 1989 E-589, así como en LL, 1995-B-675).
Estimo que el tema de privación de justicia no es ajeno al caso, pero a mi entender debe ser balanceado con otros principios y en primer termino con la regla legal. Aquí juega la oficiosidad de la declaración de prescripción que se impone legalmente y que tanto la Corte como los Tribunales de la Nación han aceptado reiteradamente, declaración que es consustancial con la garantía de Defensa en Juicio (LL, 1990-C-56), regla que se deriva del plazo razonable dentro del que el Estado puede aspirar a imponer la pena. Ese plazo razonable no es por cierto el de éste proceso que se torna irrazonable y fortifica la decisión de prescripción siguiendo la norma positiva. Como se ha señalado si la condena tiene por finalidad reforzar la amenaza de la ley penal (prevención general negativa) ese fin preventivo se afecta por el transcurso del tiempo y ya la exigencia social desaparece (Cfe. Righi, Esteban; “Interrupción de la acción penal por la secuela del juicio”, op. Cit.).
Se agrega a lo expuesto la cuestión del “plazo razonable” de finiquito del proceso, concepto que impone el Pacto de San José de Costa Rica, constitucionalizado en 1994 y vigente como tratado internacional receptado por el Derecho Positivo Argentino con anterioridad. Creo que los dos argumentos vertidos imponen que en la ponderación debe primar el principio garantista que favorece al imputado. No dejo de señalar los derechos del damnificado o sus causahabientes, así como el derecho Estatal a ejercer la pretensión punitiva, pero ella debe ceder ante los derechos esenciales de los imputados.
Veo también paradojal o quizás absurdo, que durante todos estos años los médicos han desarrollado su labor atendiendo, diagnosticando y medicando a cientos de pacientes con la posibilidad en el futuro de ser inhabilitados por mala “praxis”, lo que provoca cierta desorientación al pensar que lo hacían sin tener habilidad suficiente..
Asimismo refuerza la aplicación de la prescripción el “leading case” “Matei” (Fallos 272-188) y Mozatti (Fallos 300-1102), en procesos en que aún no cumplimentándose el plazo legal de la prescripción, estimaron que la extensión irrazonable del proceso en el tiempo hacía imposible su continuación. Con mayor razón se aplica el principio en ésta ocasión, reforzando la aplicación de la norma legal.
También aquí se dio una cierta pasividad en quienes debían impulsar la acción, así no basta con el pronto despacho, es necesario plantear la queja ante el Tribunal de Superintendencia que obligará al Juez a expedirse.
Ya se ha dicho sobre la pobre actuación de los Jueces de Instrucción, hubo de ser una Jueza Civil la que venga a poner orden. Creo que esta actitud displicente no es la primer vez que se da y mereció algún correctivo o cuando menos una advertencia destinada a alertarlos sobre el regular cumplimiento de sus funciones.
En definitiva me inclino por no hacer lugar al recurso de casación, por entender que la prescripción de la acción ha sido dictada correctamente dentro del régimen legal de la misma.
Coincido en la regulación honoraria.
Que con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Arminda del Carmen Colman y Hector Tievas, se forma la mayoría que prescribe el articulo 25 de la ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el voto en disidencia de los Señores Ministros Dres. Carlos Gerardo González y Eduardo Manuel Hang por lo que el,
1º) Declarar la nulidad del Fallo Nº 7877/07, mandando continuar la causa según su estado, debiendo resolverse los recursos de apelación pendientes y el requerimiento de elevación a juicio ya expresado, instando a la magistratura interviniente a disponer las medidas necesarias que permitan –en su caso- la elevación de la causa a juicio en el plazo mas breve posible y si así correspondiere.
2º) Costas por su orden, posponiendo la regulación de honorarios hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo que permita contar con una base regulatoria (art. 15, Ley 512).
3º) Registrese, notifíquese y oportunamente bajen los autos al Tribunal de origen.
DR. CARLOS GERARDO GONZÁLEZ DR. ARIEL GUSTAVO COLL
-en disidencia-
DRA. ARMINDA DEL CARMEN COLMAN DR. HECTOR TIEVAS