Source: https://es.scribd.com/doc/43956568/Definicion-de-Medidas-Cautelares
Timestamp: 2015-11-27 15:36:13
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P. 1Definición de Medidas CautelaresDefinición de Medidas Cautelares|Views: 2.799|Likes: 17Publicado porAngel HernandezMore info:Published by: Angel Hernandez on Nov 25, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/43956568/Definicion-de-Medidas-Cautelares01/13/2013pdftextoriginalDefinición de Medidas Cautelares Existen 3 tipos de procesos: • Cognición: Juez de Control y Tribunal Oral.Formulación de la imputación (investigación), Formulación de la Acusación (Persecución) • Ejecución: Sentencia, y concluye con el cumplimiento de la sanción. • Cautelar: Pre procesal (anterior a la formulación de la imputación), e intraprocesal (entre la formulación de la imputación y la sentencia). El proceso de cognición inicia con la solicitud para la formulación de la imputación, y concluye con la sentencia (causa estado). El proceso de ejecución inicia con la sentencia ejecutoriada y concluye con el cumplimiento de la sanción. El proceso cautelar inicia con la noticia criminal y concluye con la sentencia. Los tres procesos son autónomos porque cada uno tiene su propia finalidad: • Proceso de cognición: dirimir la controversia • Proceso de ejecución: dar cumplimiento eficaz al mandato jurisdiccional • Proceso cautelar: aseguramiento provisorio o preventivo. Autonomía del proceso cautelar La autonomía del proceso cautelar se define por las siguientes características: • El proceso cautelar se emite por resolución diversa al proceso de cognición. Por ejemplo: se formula imputación, pero no se pide orden de aprehensión. • El proceso cautelar tiene como objeto auxiliar a la tramitología proceso de cognición, pero no con ello significa el éxito o desventura de dicho proceso. • El proceso cautelar tiene efectos extensivos, es decir, no sólo abarca a las partes procesales principales, sino a terceros. Características del proceso cautelar • Instrumentalidad: Toda medida cautelar debe pronunciarse mediante resolución jurisdiccional. • Provisionalidad: Toda medida cautelar debe tener una temporalidad. Por ejemplo, la prisión preventiva no debe ser mayor a 2 años. La regla general es que los efectos de la medida cautelar cesan con la sentencia. • Flexibilidad: También se conoce como mutabilidad, y significa que las medidas cautelares pueden ser modificadas en cuanto exista algún cambio de circunstancia, ya sea para revocarlas o ampliarlas. • Contingencia: Toda medida cautelar debe ser eficaz a la exigencia del caso concreto, y cumplir con su finalidad asegurativa de manera contundente.
Presupuestos del proceso cautelar • Verosimilitud del derecho invocado: La solicitud planteada debe estar fundada en un presupuesto de derecho que sean existente y procedente. Asimismo, los hechos se tornan como ciertos bajo el principio de buena fe, salvo prueba en contrario. • Peligro en la demora: De no existir la medida cautelar, se ocasiona una afectación mayor al bien jurídico tutelado • Contracautela: Toda medida cautelar debe ser asegurativa en cuanto a la prevención de daños y perjuicios, o en su caso, restitutoria. En el caso del Derecho penal, debe existir la justicia restaurativa. Naturaleza jurídica del proceso cautelar El proceso cautelar es asegurativo en un primero momento, sin embargo cumple con otras funciones como son: • Garantista, es decir, con oportunidad de contradicción. • Extensivo, dicho de otra manera, interpretativo en sentido lato. • Proporcional al caso concreto. • Necesario, por la propia exigencia del caso concreto. • Alternativo, es decir, no limitativo a ciertas medidas específicas. • Auxiliar del proceso de cognición para la solución del conflicto principal. El proceso cautelar cumple con los siguientes principios procesales: • Jurisdiccionalidad: Todo proceso cautelar debe estar controlado o legitimado por un juez (Juez de Control). • Igualdad (equidad procesal): Las partes procesales tienen las mismas oportunidades de solicitar o contra-argumentar la procedencia de cualquier medida cautelar. • Buena fe y lealtad de las partes: Toda parte procesal se conduce con probidad en sus actuaciones, con manifestaciones de verdad; salvo prueba en contrario. Para la procedencia de una medida cautelar, el sujeto se legitima con la asistencia de la razón.[1] • Economía procesal: (celeridad, unidad y uniinstancialidad). La celeridad se entiende como economía de gastos, la unidad se entiende como economía de costos, y la uniinstancialidad como economía de actuaciones. • Contradicción: A toda acción le corresponde una reacción, es decir a toda actuación del demandante, le corresponde una manifestación del demandado para poder señalar a lo que a su derecho convenga.[2] • Depuración procesal: La depuración procesal es un mecanismo técnico que consiste en eliminar formalismos de bagatela y dar una eficacia procesal.[3] Este principio procesal tiene como objetivo principal que el cautelado responda de manera inmediata y sin mayor trámite a las exigencias del actor (Ministerio Público, o la víctima).
• Congruencia: Externa: Toda medida cautelar debe coincidir con las pretensiones del demandante (MP, víctima u ofendido), el derecho invocado y el grado de afectación o puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Interna: la medida cautelar debe ser uniforme en la resolución emitida por el Juez de Control. [4] • Confidencialidad/publicidad: Las providencias precautorias se deben otorgar de manera confidencial, donde se escucha sólo al demandante de la medida;[5] en el caso de las medidas cautelares, éstas se otorgan previa audiencia de partes.[6] Dicho sea brevemente: la providencia precautoria procede antes de la formulación de la imputación ante el Juez de Control. La medida cautelar se impondrá una vez que se ha comunicado la teoría del caso al imputado. • Inmediación: En el otorgamiento o en la revisión de las medidas cautelares, el Juez de Control debe interactuar con las partes procesales. • Disposición procesal: Las medidas cautelares están a disposición de ser imploradas por cualquiera de las partes que tengan interés jurídico de que se asegure un determinado bien, servicio, derecho o persona. Esta disposición debe estar facultada de manera expresa por ley procesal. Requisitos para la solicitud de una medida cautelar Quien implore una medida cautelar en su beneficio, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar,[7] (excepto en arraigos y cateos, donde sólo basta la protesta de decir verdad por parte del Ministerio Público). 2. Señalar la forma de la medida cautelar.[8] 3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida cautelar, y el monto de su afectación; dicho de otra manera, debe existir un señalamiento de la medida cautelar. 4. Ofrecer contracautela.[9] Debe existir un señalamiento de las consecuencias jurídicas en caso de que la medida cautelar sea infundada. En casos de acción penal pública, se debe garantizar la contracautela con la justicia restaurativa. 5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso. (Depositario, garante). El proceso cautelar y los procesos cautelados En el artículo 16, párrafo decimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la diferencia entre providencia precautoria y medida cautelar.
Doctrinariamente, la providencia precautoria significa un proceso cautelado, en virtud de que el acto de autoridad se realiza antes de la notificación al demandado (antes de la formulación de la imputación). El proceso cautelar, en estricto sentido, sólo abarca las medidas cautelares intraprocesales (posteriores a la formulación de la imputación). Tanto el proceso cautelar, como los procesos cautelados, necesariamente deben estar legitimados por el órgano jurisdiccional, es por ello que en un sentido lato, se habla simplemente de un proceso cautelar sin distinciones en los efectos. Principio de universalidad de aplicación El proceso cautelar se puede presentar en procesos de cognición, ya sean contenciosos o no contenciosos. En el caso de la materia penal, aún con el otorgamiento de la suspensión del proceso penal a prueba (donde la litis se dirime), la medida cautelar sigue surtiendo efectos, cuando se trata de naturaleza económica o preventiva. En el ámbito contencioso, la aplicación de la medida cautelar abarca la continuidad del proceso de cognición, el aseguramiento de la sanción penal (pena o medida de seguridad), así como la garantía en materia de reparación del daño. Inaudita altera pars La medida cautelar puede otorgarse sin previa oportunidad de escuchar a la parte contraria alguna manifestación de lo que a su derecho convenga, y no por ello constituye una violación a la garantía de audiencia. Esta actividad precautoria se hace con fines de garantizar o asegurar bienes y personas. En el caso del proceso penal acusatorio, el otorgamiento de una orden de aprehensión se hace en audiencia donde se escucha únicamente al Ministerio Público. La carpeta de investigación llevada a cabo por el Ministerio Público debe ser reservada o confidencial. No con ello implica violaciones a la garantía de audiencia o de oportunidad de defensa, pues el indiciado tendrá acceso a todos los datos para contrarrestarlos frente al Juez de Control. Dicho de otra manera, la intervención del gobernado es una actividad jurisdiccionalizada, aún cuando se siga la etapa de investigación. Clasificación de las medidas cautelares 1 Eminentemente ejecutiva
2 Postura de Eduardo J. Las medidas cautelares de conocimiento tienen las siguientes características:
.1 Cosa Genérica Las medidas cautelares que recaen sobre cosas genéricas deben tener un tratamiento especial de preservación. es decir. o al momento mismo de la presentación de la denuncia de acción penal privada). producto o instrumento del delito. 1.Este tipo de medidas derivan de un documento que trae aparejada ejecución. la parte denunciante puede hacer el señalamiento de bienes.[10] 1. se debe realizar anotaciones preventivas para garantizar el debido cumplimiento de dicha medida. las medidas cautelares serán procedentes desde el mismo momento en que el demandante realiza un acto cognoscitivo ante el Juez de Control (en la solicitud para la formulación de la imputación. ya sea porque existen hechos ciertos con procedencia de Derecho.2 Cosa Específica La medida cautelar sobre cosa específica recae sobre algún objeto determinado o determinable que tiene íntima relación con el hecho delictuoso. los servicios y derechos adquiridos. Por ejemplo. En materia de extinción de dominio. la ejecución de la medida de aseguramiento de bienes va implícita en el auto de radicación. Couture 2. o en su caso. Por ejemplo. y sin mayor trámite y previa contracautela.1 Nacidas de puro conocimiento Las medidas cautelares de puro conocimiento tienen su sustento de procedencia en el principio de la buena fe de las partes procesales. Las cosas genéricas deben ser objeto. los bienes inmuebles. un acuerdo reparatorio o restitutorio celebrado ante el Juez de Control. estos bienes deben ser preservados por sujetos procesales que garanticen la preservación. Las medidas cautelares sobre cosas genéricas tienen una íntima relación con la cadena de custodia. pero no se trata de indicios sino de preservaciones. se puede otorgar la ejecución de una medida cautelar. la permanencia de la cosa. Una vez decretada la medida sobre cosa específica. En acción penal privada. puede ejecutarse mediante juicio ejecutivo civil. En el caso del sistema penal acusatorio.
2 Medidas de conocimiento sumario. y las resoluciones que se deriven de ambos procesos no son vinculatorias entre sí. • Aplicación de inaudita altera pars en todos los casos. objeto o instrumento del delito. a través de la justicia restaurativa. que por su propia naturaleza.4 Medidas de ejecución anticipada Son aquellas medidas.3 Medidas de tutela de la propiedad o del crédito Son aquellas medidas cautelares que tienen como destinatario el derecho real de una persona. con independencia de la responsabilidad penal del sujeto que pudiera derivarse en el proceso respectivo. se desvirtuarían los bienes. • Es la primera percepción que tiene el Juez respecto de los hechos. El procedimiento de extinción de dominio es autónomo del proceso penal principal. 2. 2.
.• Recaen sobre pretensiones litigiosas que se deben atender como prueba anticipada o prueba preconstituida. y el órgano jurisdiccional realiza una inferencia inmediata. servicios o derechos. En el caso del procedimiento de extinción de dominio. deben garantizarse su cumplimiento desde la primera intervención. Cuando una medida cautelar ejecutada anticipadamente sea revocada. por ejemplo en la congelación de cuentas bancarias. [11] 2. • Tiene exigencia de ser atendida con inmediatez por una carga de contingencia elevada. En este procedimiento especial no existen medidas cautelares en contra de personas. tiene relación con las formas autotutelares de solución de conflictos. con comienzo de ejecución provisional Las medidas cautelares derivan de: • Acuerdo reparatorio restitutotorio • De una resolución judicial (auto o sentencia) • De un documento con aparejada ejecución o título ejecutivo • Un cumplimiento de ejecutoria Las medidas cautelares tienen un fin asegurativo que se deriva del incumplimiento de la voluntad de una de las partes. tendrá como consecuencia que la institución procesal resarza los daños y perjuicios a la persona cautelada. En el ámbito de la justicia alternativa. las medidas cautelares recaen sobre los bienes que son producto. que se debe hacer de manera inmediata. de lo contrario.
el procedimiento penal acusatorio adversarial (conocido como Juicios Orales) que inició su vigencia en el Estado de Morelos el 30 de octubre de 2008. • Disposición normativa que faculte la restitución de bienes con accesorios. • Limitación a la libertad de tránsito.5 Medidas cautelares negativas Las medidas cautelares negativas implican una inactividad o limitaciones permisivas a las que un sujeto realiza cotidianamente. Entre las más importantes se encuentran: • Prohibición de ir a determinados lugares. cuya
. La contracautela tiene como propósito combatir o evitar los daños y perjuicios que pudiera recibir el sujeto cautelado. • Suspensión de actividades profesionales. Las medidas cautelares. y no como una forma de prejuzgar a quién no ha sido declarado como responsable mediante una sentencia judicial.6 Medidas de contracautela Las principales medidas de contracautela son: • La garantía de justicia restaurativa. la aplicación de la prisión preventiva se establece como una medida de última opción. busca lograr un balance entre el derecho de la víctima del delito de ser protegida en su persona y sus bienes. A diferencia del proceso penal de corte inquisitivo. • Prohibición temporal de publicación de alguna obra. • Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes.2. • Prohibición de uso de determinados objetos. son dispuestas únicamente para asegurar la presencia del imputado en el juicio o para asegurar la integridad de la víctima y la reparación del daño causado. • Prohibición de convivir con determinadas personas. • Garantía económica a cargo del demandante de la medida cautelar. Conforme lo exigen las normas y estándares internacionales. 2. La contracautela significa la capacidad que tiene el proceso para garantizar el pago por una indebida aplicación de medidas cautelares. en tratándose de una acción penal pública. • Suspensión de derechos civiles y políticos. ya sea en cuanto a los bienes o en cuanto a las personas. Entre las medidas cautelares negativas de carácter real se encuentran: • Prohibición de enajenación de bienes. el derecho del inculpado a ser tratado como inocente y la demanda social de justicia y seguridad.
y son aquellos actos. El Juez de Garantía o Tribunal de Juicio Oral. sin importar de quién se trate. • La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. también pueden ser llamadas "medidas de seguridad" o "medidas de garantía". por el tiempo absolutamente indispensable. según la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la seguridad o integridad de la víctima u ofendido. • La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. [pic]¿Quién impone las medidas cautelares? Las medidas cautelares son solicitadas por el Fiscal al Juez de Garantía o al Tribunal de Juicio Oral para asegurar la presencia del imputado en juicio. en concordancia con el principio de presunción de inocencia. de obstaculización de la investigación o peligro para la víctima u ofendido.
. [pic]¿A quién se le imponen las medidas cautelares? Las medidas cautelares se imponen a los imputados de la comisión de un delito.aplicación no depende del delito imputado. Extremos que. • La colocación de localizadores electrónicos. El respeto de la autoridad a los Derechos Fundamentales del imputado. sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. para garantizar la reparación del daño que pudo causar. [pic]¿Cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares que prevé la legislación vigente en el Estado de Morelos son: • La presentación de una garantía económica • La prohibición de salir del país. que informe regularmente al juez. será siempre apegado a la legalidad. así como la reparación del daño que pudo haber causado. motivada y escrita. con la finalidad de garantizar las resultas o efectos del proceso. [pic]¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares. sino de la necesidad de aplicarla. Las medidas cautelares en contra del imputado son exclusivamente las autorizadas por la ley. sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada. así como a la sanción penal que pudiera llegar a imponerse. por existir riesgo grave de fuga. para garantizar su presencia en el juicio que determinará su culpabilidad o inocencia. y ésta debe ser proporcional al peligro que tratan de evitar. sino que deben ser acreditados por el Ministerio Público. de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. procedimientos o medios emitidos por un Juez o Tribunal. firmada por México y los demás Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). para garantizar la seguridad e integridad de la víctima u ofendido y. no menoscaba los derechos de la víctima y la sociedad. sólo podrán imponer la medida cautelar que la Ley prevé. ya que de esta forma garantiza que su actuar. la nueva ley no presume.
en su propio domicilio o en el de otra persona. siempre que no se afecte el derecho de defensa. En ocasiones se confunden los términos prisión y cárcel. • Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico. I. las características que en este trabajo analizamos en una forma somera pero que trata de ser crítica. la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. mientras que presidio. lo anterior previo breve análisis del concepto que nos ocupa y una breve reseña histórica acerca del mismo. que significa "detención" por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad. la legislación prevé la detención en caso de flagrancia o urgencia. institución prevista por nuestras normas constitucionales. los tratadistas de esta materia generalmente omiten su análisis. Así mismo. la legislación prevé la detención en caso de flagrancia o urgencia. así como su naturaleza política. Tal institución tiene. en los casos en que el estado de salud del imputado así lo amerite. entre otras. • La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. prisión o penitenciaría es un lugar destinado a sentenciados o condenados a una pena de privación de la libertad. En prisión preventiva permanecen aquellas personas acusadas de la comisión de un delito en espera de una sentencia que bien podría absolverlos o condenarlos. Del latín prehensio-onis. máxime que durante la Edad Media no tenía importancia jurídico-penal por ser sólo la sala de espera de las penas. Introducción La prisión preventiva.
. es una institución jurídica que ha sido estudiada tradicionalmente incluyéndosela en el rubro de la pena de prisión sin concedérsele la importancia necesaria. sin embargo. y la orden de aprehensión. y • La prisión preventiva Así mismo. este último concepto es anterior en tiempo ya que con él se designó histórica y técnicamente al edificio en que se alojaba a los procesados.• El arraigo. • La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima conviva con el imputado. como medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el juicio. tomando en cuenta algunas consideraciones elementales de política criminal tales como la difícil distinción práctica entre prisión preventiva y prisión pena. sin vigilancia alguna o con las modalidades que el juez disponga. acercarse o comunicarse con personas determinadas. como medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el juicio. por ello. Concepto Prisión. su relación con los derechos humanos. y la orden de aprehensión. • La prohibición de convivir. II.
y por prisión preventiva a la privación de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado. La prisión preventiva no se considera propiamente una pena. lo que implica una privación de derechos fundada en un derecho de autor. segregar a una persona por la supuesta peligrosidad futura es absurdo tanto por lo impreciso e inseguro del término "peligrosidad" como por la dificultad objetiva de emitir un juicio de peligrosidad que no es más que un juicio de probabilidad. En primer lugar. la prisión preventiva estaba acompañada de
. su libertad. sentencia que bien puede ser tanto absolutoria como condenatoria. violatorio de derechos humanos ya que el privado de su libertad no podrá ofrecer pruebas. derecho de autor atentatorio del principio de legalidad y del artículo 14 constitucional. fundada en lo que el autor "es". Así. Por otro lado y como veremos más adelante. la prisión preventiva es antecedente de la prisión misma como pena. pero que en caso de absolución representa una violación de elementales derechos humanos irrecuperable. la prisión se utilizaba sólo como "sala de espera" de la pena que se iba a imponer y que era de naturaleza casi siempre extintiva. El segundo argumento para justificar la segregación consiste en facilitar al acusador el acopio de pruebas. Santiago Barajas. que en caso de ser condenatoria sólo prolongará la detención en el tiempo. al comentar el artículo 18 constitucional(1). colocando así al acusado en un plano de inferioridad respecto de la otra parte. no en lo que "hace". expresa que la exigencia de la prisión preventiva deriva de un interés elemental de orden público: que al individuo a quien fundadamente se supone autor de un delito sea segregado del medio social tanto para evitar que su libre actividad pueda resultar peligrosa como para facilitar al representante de la sociedad el acopio de pruebas que permitan el esclarecimiento de la verdad. Tal comentario es bastante criticable en sus dos aspectos político-criminal. Es de carácter preventivo porque tiene por objeto asegurar la presencia del procesado evitando que se fugue ante la concreta e inminente amenaza de la pena privativa de la libertad mediante la sentencia.Entendamos prisión como privación de la libertad. Antes de ser pena. Antecedentes En principio. difícil si el acusado estuviera en libertad. Tal argumento atenta contra el principio de igualdad de las partes en el proceso y contra el derecho de defensa. segregar por peligrosidad implica desligarse del "hecho" supuestamente cometido. que frecuentemente se prolonga por años y que en caso de condena se computa incluyéndola en el tiempo de prisión impuesto. pero sin embargo. es decir. III. situación que sería de difícil cumplimiento si el acusado estuviere libre. la prisión preventiva como medio de asegurar la presencia en el proceso atenta contra el principio de derecho que establece que hay inocencia mientras no sea probado lo contrario. lo que variaba era la forma de ejecución. constituye una auténtica privación de uno de los derechos más sagrados del hombre. Asimismo.
La pena de muerte cede su lugar a la prisión por lo que los hombres valían más vivos que muertos. El trabajo forzoso respondía a los intereses de la nueva clase social naciente. En el México precolombino. la prisión preventiva no se diferenció en cuanto a su aplicación de la prisión como pena. y las "rasp-huis" en Holanda como formas de segregación punitiva (siglo XVII) consistentes en poner al preso a raspar rústicamente con una sierra la madera para la elaboración de tintes textiles. torres como la de Londres. y con ello un estado previo a la extinción física". institución preventiva de reclusión. era una jaula estrecha y sobrevigilada para hacer sentir los rigores de la muerte al reo desde su
. ya que una vez que cometían el delito los hacían trabajar. manicomio y custodia de deudores.trabajos forzados o era reclusión en calabozos insalubres y enloquecedores. por esto estuvo -sobre todo durante la Edad Media--. durante la época de transición feudalismo-capitalismo. anterior a la pena de muerte. para segregar al hombre sin tener que matarlo. la burguesía. que entre los aztecas era generalmente la de muerte. surge en Europa otro concepto de la prisión como pena: ya no se utiliza sólo para segregar o castigar. ya que todos los presos fueron sufriendo igual trato así en Europa como en los Estados Unidos de América. sólo se podía aplicar teniendo al sujeto en prisión preventiva.). aunque fue también forma de castigo o pena para delitos menores. fincas enormes de cantera. en Walnut Street Jail no había ninguna separación entre presos. etc. etc.(3) llegando hasta el aislamiento celular riguroso de principio del siglo XIX (el solitary confinement. A finales del siglo. acompañada de la tortura. un incremento del desamparo.(4) Tenemos como clases de prisiones de los aztecas el "cuauhcalli". y por último el periodo reconciliador y readaptador del actual sistema penitenciario. mazmorras. durante la Edad Media la prisión preventiva era importante no en cuanto a la forma sino en cuanto a la necesidad de tener disponible al autor para la investigación. la Bastilla). "La prisión fue siempre una situación de alto peligro. que durante el siglo XVIII la cárcel era prisión militar. Los procesados estaban siempre junto con los condenados sufriendo las mismas consecuencias. sino que pretende la reforma de los reos por medio del trabajo y la disciplina asegurándose su propio mantenimiento surgiendo las "houses of correction" o "bridewells" (siglo XVI) en Inglaterra. Para Von Henting. Más tarde surge la fase correccionalista y moralizadora de los siglos XVIII y XIX.(2) Cuando la pena de muerte encuentra su fin (excepción de casos más graves) por lo que surge un más eficaz y mejor método (la prisión como pena) para intimidar o corregir o en fin. monasterios. Si la tortura era legal y necesaria. Posteriormente. la prisión preventiva sigue fungiendo como siempre para retener al individuo sujeto a un proceso casi siempre inquisitivo para averiguar la "verdad". por eso siguió una suerte paralela a la de la pena privativa de la libertad. la prisión fue también lugar de custodia hasta la aplicación de la pena correspondiente. Mientras la prisión como pena siguió evolucionando (pozos. jaulas.
no se les seguía proceso. ya que se aplica a presuntos inocentes. etc. y el "petlacalli". Sigue diciendo que como medida de seguridad. cárcel para reos por faltas leves. habiéndose reducido enormemente la pena de muerte en su utilización. estiramiento de miembros. destinado para los que no iban a sufrir pena de muerte. Naturaleza jurídica Acerca de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Una cosa es cierta y es que la prisión preventiva se aplica posterior a la adecuación de una conducta a una hipótesis normativa de carácter jurídico-penal. y que por lo tanto es una reacción del Estado contra el delito y si como hemos visto no puede tratarse de medida cautelar o de seguridad por carecer esta
. sí en el Distrito Federal donde hay reclusorios preventivos y ejecutivos desde fechas recientes. Todos estos puntos parecen ser combatibles y nos indican que la prisión preventiva se utiliza según tales argumentos doctrinarios para reemplazar la ineptitud policiaca. hoguera. el "teilpiloyan". proteger al acusado de sus cómplices o de la víctima o evitar se concluya el delito. Para este autor. Tal posición fue retomada por el actual artículo 18 constitucional.aprehensión. Rodríguez Manzanera(5) distingue la prisión como pena y como medida de seguridad. garantizar la ejecución de la pena. IV. pero desgraciadamente no se lleva a la práctica en la mayoría de las cárceles nacionales. la prisión preventiva no pretende retribuir ni intimar a la generalidad. dándole este último carácter a la prisión preventiva impuesta a un presunto delincuente en tanto se celebra el juicio. por ello no encontramos fundamento para su aplicación. la prisión como pena debe cumplir con la función de prevención especial. debiendo cumplirse en lugares distintos ya que era injusto encerrar juntos a procesados y condenados. cámara de agua. porque podían presentarse causas que permitieran la libertad de los primeros. diversos autores han dado a la prisión preventiva los siguientes objetivos: impedir la fuga. el "malcalli" era cárcel para prisioneros de guerra. y no es sino hasta el Constituyente de 1857 que se separan la prisión preventiva y la "compurgatoria". sin olvidar la función secundaria de reforzamiento de la prevención general. ya fuera descuartizamiento. resulta necesario determinar si se trata de una pena. salvo el criterio peligrosista a que nos referimos en la primera parte de este trabajo y que ya hemos combatido. una medida de seguridad o de algo distinto. asegurar la presencia en el juicio. siendo igual como cárcel preventiva y como pena. La prisión preventiva en México sigue la misma suerte que la prisión. Algunos diputados arguyeron que tal separación servía para evitar el castigo social.pena durante la época posterior a la independencia. también preventiva y punitiva. asegurar las pruebas. Así. proteger a los testigos. Durante la época colonial la detención jugaba el mismo papel que en la época medieval: era sala de espera hasta que la santa Inquisición imponía la pena que generalmente era la de muerte.
.. pérdida de empleo. etc. situación que contradice al principio de inocencia en mayor manera. puesto que no existe certeza jurídica de que la resolución que vendrá sea condenatoria y ya se hizo sufrir mientras tanto al procesado todos los rigores de la privación de la libertad.pretensión de fundamento (además de que en teoría es discutible una distinción entre pena y medida y en la práctica no es posible distinguirla nítidamente: es igual la prisión preventiva que la ejecutiva. Por otro lado. No vale en contra de lo anterior el hecho de que la prisión preventiva no sea una "pena larga".(6) quien sigue diciendo: "para la más estricta justicia. se computará el tiempo de la detención". etc.". como dice García Ramírez. Esta ejecución anticipada de la pena trae consigo. y sí las ventajas del costo al estado. además de las señaladas. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Por otro lado. La prisión preventiva y los derechos humanos El artículo 18 de la Constitución Política mexicana prevé en su parte conducente lo siguiente: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. tradición y cultura general de la penitenciaría" que dificultan seriamente una adecuada reincorporación del sujeto al medio social al entrar en la subcultura carcelaria. si la dificultad para concebir a la prisión preventiva con su carácter punitivo es tan sólo formal por no existir aún una sentencia condenatoria.
.(7) La prisión preventiva no está exenta de los perjuicios de la cárcel porque no hay distinción entre presos. otras consecuencias como la prisionalización o institucionalización que consiste en la "adopción en mayor o menor grado de los usos. tal dificultad no se presenta para concebirla como una "ejecución anticipada" de la pena que carece de fundamento y que. ya que se mantiene aun cuando existan posibilidades relevantes de un resultado absolutorio. el carácter es punitivo y esto sale a flote tanto teórica como prácticamente. es decir. "se le está castigando para saber si se le debe castigar".. adecuarse a ella y hacerse incapaz para aceptar el medio externo. la preventiva es deleznable: la prevención de nuevos delitos por una parte y el éxito procesal es por la otra". procesados y condenados en la gran mayoría de las cárceles nacionales. como se señaló. separación familiar. En toda pena de prisión que imponga una sentencia. atenta contra el principio de inocencia. costumbres. sobre todo cuando no hay separación entre condenados y procesados y cuando la prisión preventiva se prolonga por años). trae las consecuencias de no tener las ventajas de la ejecución de la pena impuesta en sentencia como liberación. trabajo remunerado.. V. Los últimos párrafos de la fracción X del artículo 20 constitucional disponen: "Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso..
Vemos enseguida. Como podemos ver. sin embargo. la prisión preventiva es una institución jurídica que. y más aún cuando existe una relevante posibilidad de absolución porque es burla mayor al principio de inocencia. al trabajo. con Lola Aniyar. el apartheid y la esclavitud. así como los derechos políticos comprendidos en el tercer rubro (todos estos se ven mermados o perdidos debido a la situación de prisión preventiva). derecho a la educación y a la cultura). es regla común en México para todos los delitos que ameritan pena corporal (que constituyen la inmensa mayoría: investigaciones de la ONU han demostrado la cifra de 68. no tiene base científica y la "necesidad" de preservarla es difícil de demostrar para la totalidad de los casos para los que está prevista. Esto es más absurdo y violatorio de derechos humanos cuando la prisión preventiva para asegurar la presencia del preso al juicio se prolonga hasta el agotamiento de la pena que se pudiera imponer. los derechos del hombre comprometidos en los preceptos legales invocados al inicio de esta parte. poniéndose mayor acento en la igualdad y no en el sentido iusnaturalista de los derechos inmanentes al hombre reconocidos y perfeccionados posteriormente por el Estado. como vimos en el apartado anterior. según el cual si no se es culpable esta sentencia condenatoria debería entonces prevalecer la libertad y no la detención. a la seguridad.Por su parte. a no tener hambre. Ahora bien.5 por ciento de procesados dentro del total de presos). sobre todo los derechos a la libertad. a la libertad de movimientos. a la salud. condenándose la tortura. y en México Luis Rodríguez Manzanera ha demostrado la existencia de cerca de 50 por ciento de presos sin condena en relación con el total de privados de la libertad y con mayor razón por el hecho de que es contraria al principio de inocencia. b) los que afectan la libre disposición del espíritu (libertad de pensamiento. Consideramos a los derechos humanos como aquellos derechos del hombre históricamente condicionados y posteriores al Estado. son los considerados en la primera de las clasificaciones anteriores. a la seguridad. ya que ello corresponde a la autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado.
. el artículo 18 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. referencias importantes acerca de los derechos humanos para verificar la incongruencia de los preceptos trascritos. c) los que afectan la libre disposición de los medios para poner en práctica los anteriores (derecho a la igualdad legal y derechos políticos a votar y ser votados). prevé la aplicación de dicha ley en lo "conducente" a las personas sujetas a prisión preventiva. estableciendo también que la autoridad administrativa de los reclusorios no podrá liberar provisionalmente a procesados. conciencia y opinión. Existen pues (siguiendo con la idea) tres grandes grupos de derechos humanos: a) los que atañen a la libre disposición del cuerpo (derecho a la vida. a la salud y al trabajo.
si este principio o la flagrancia y gravedad del delito. loable y humanitaria. ya que la prisión preventiva -como él lo considera. es una proposición bastante seria. la realidad nos indica que se da más importancia al temor a que el acusado no se presente al juicio o cometa otro delito. pudiera ser el hecho de que si la cárcel es una institución total (porque degrada y humilla sistemáticamente separando al interno del mundo exterior. etc. que a la violación de los derechos humanos. que ameritan un juicio de reproche sumamente severo. conlleva el proceso de prisionalización que entre otras consecuencias dificulta su vida en el exterior. Otro criterio en contra. cuya punibilidad posible en su término medio aritmético fuera razonable (mayor que el de 5 años) y nos cita ejemplos como el parricidio. tienen seriamente limitados sus derechos ya que comparten la institución carcelaria con verdaderos delincuentes sentenciados) ignoran cuándo saldrán en libertad.) que pugnan por reducir los plazos de prisión preventiva con el propósito de humanizar la justicia y evitar actos criminales contra personas que después demuestran su inocencia. secuestro. Es interesante en cuanto al rubro de nuestro apartado la propuesta de algunos autores como Carlos Madrazo(9). en el sentido de adicionar el artículo 18 constitucional para establecer la manera de que el procesado pueda gozar de una preliberación. quedan registrados y estigmatizados y carecen de los beneficios que se conceden a los sentenciados. etc. sobre todo cuando se prolonga por meses o años. etc. La anterior -creemos-. por lo que en la práctica se sigue dando en la actualidad en la averiguación previa) como forma de obtener pruebas originando una situación de desventaja para el acusado en base a los indicios.
. contacto familiar.(11) la prisión preventiva es parte de ella y al sufrirla el ser humano. y por ello es una pena anticipada como lo señalamos en el capítulo anterior. no obstante la flagrancia.es una privación del bien máximo -libertad. sustentado por Marco del Pont. Tal reducción llevaría a escoger sólo en casos que por su gravedad debiera asegurarse al presunto responsable... y no culpables.Para Rodríguez Manzanera. A pesar de todo lo que implican las anteriores consideraciones. sin embargo. Carlos Madrazo hace referencia a otra corriente importante en cuanto al tema que nos ocupa respecto de tratadistas mexicanos(10) (incluidos básicamente Olga Islas.) que domestica al interno. Luis de la Barreda S. asalto. los procesados siguen siendo inocentes en presunción.(8) Los procesados detenidos (que son teóricamente inocentes. pero además de la gravedad del delito es necesario que el autor sea sorprendido en flagrancia para que no quepa duda de su responsabilidad. Elpidio Ramírez. la tortura cedió el paso a la prisión preventiva (en ley. violación. pierde derechos políticos. por ello se sigue violando el principio de inocencia y habría de determinar qué es más importante.
Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo. inmediatamente que lo solicite.O. impidiendo con ello la continuidad del proceso correspondiente. El inculpado haya cometido un delito doloso en estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal.O. G.Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. El inculpado se haya sustraído con anterioridad a la acción de la justicia. cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad. y (REFORMADA. III. por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido..O. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) (ADICIONADO. Existan elementos probatorios de que el inculpado se sustraerá a la acción de la justicia. según corresponda. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 556. III.
. si la libertad provisional le es otorgada.. un riesgo para el ofendido o para la sociedad. Se entenderá que existe riesgo para el ofendido o para la sociedad. por la conducta precedente del inculpado o por las circunstancias y características del delito cometido.O. El inculpado esté sujeto a otro u otros procesos penales anteriores por delitos dolosos que ameriten pena privativa de libertad. en sentencia ejecutoriada. a ser puesto en libertad provisional bajo caución.Que no se trate de delitos que por su gravedad estén previstos en el quinto párrafo del artículo 268 de este Código. II. a solicitud del Ministerio Público.En caso de delitos no graves. 15 DE MAYO DE 2003) IV. el juez podrá negar la libertad provisional. G.O.. D.. haya sido previamente condenado por la comisión de delito doloso grave. servidores públicos que intervengan en el procedimiento o algún tercero. (DEROGADO SEGUNDO PARRAFO. IV. alguno de los testigos que depongan en su contra. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Bis. El inculpado. II. por algún delito calificado como grave por la ley o. cuando: I.Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso. o VI. Exista el riesgo fundado de que el inculpado cometa un delito doloso contra la víctima u ofendido. (DEROGADO SEGUNDO PARRAFO.Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial. 20 DE DICIEMBRE DE 2007) Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal. siempre y cuando no haya transcurrido el término de la prescripción que señala la ley. G. V.O. G. si se reúnen los siguientes requisitos: I.CAPITULO III Libertad provisional bajo caución (REFORMADO... si la libertad provisional le es otorgada.F. cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa. G. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) (DEROGADO TERCER PARRAFO. por delito doloso no grave.
G.El Juez o Agente del Ministerio Público revocarán la libertad provisional concedida al procesado o indiciado cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 556 Bis o el delito se reclasifique como grave. En este caso. dará aviso por escrito al Procurador General de Justicia del Distrito Federal cuando se desprenda de autos el incumplimiento de la disposición anterior. Las garantías a que se refieren las fracciones I y II del artículo 556 sólo podrán ser reducidas en los términos expuestos en el primer párrafo de este artículo cuando se verifique la circunstancia señalada en la fracción III del presente artículo. se reducirá en la proporción que el juez estime justa y equitativa por cualquiera de las circunstancias siguientes: I.La libertad bajo caución podrá pedirse en cualquier tiempo por el acusado.O..El Agente del Ministerio Público. aun con pagos parciales. G. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Ter. o bien. IV.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2007)
.La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito. la caución a que se refiere la fracción III del artículo 556. ARTICULO 559. por parte del Agente del Ministerio Público.El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad.. de no restituir éstas en el plazo que el juez señale para ese efecto.Cuando proceda la libertad caucional. (REFORMADO.La información que se presente para acreditar los supuestos previstos en el artículo anterior y corra agregada en autos.F. (REFORMADO. puede solicitarse de nuevo y ser concedida. sino en los casos y bajo las condiciones que señale el Código Penal para el Distrito Federal.En caso de que se niegue la libertad caucional.. (ADICIONADO. si se llegare a acreditar que para obtener la reducción el inculpado simuló su insolvencia. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Quater. ARTICULO 558. III. se le revocará la libertad provisional que tenga concedida. por causas supervenientes.O. durante el procedimiento de Averiguación Previa. (ADICIONADO. está obligado a realizar las diligencias de investigación para asegurar su cumplimiento. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 560. con posterioridad a la reducción de la caución recuperó su capacidad económica para cubrir los montos de las garantías inicialmente señaladas. negará la libertad provisional del inculpado cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en el presente numeral. en ningún caso será considerada por el Juez para determinar el grado de culpabilidad al individualizar las penas y medidas de seguridad... El Juez de la causa.Otras que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia.. G. D.A petición del procesado o su defensor. ARTICULO 557. reunidos los requisitos legales. Para tal efecto..O. el juez la decretará inmediatamente en la misma pieza de autos...El buen comportamiento observado en el centro de reclusión de acuerdo con el informe que rinda el Consejo Técnico Interdisciplinario. V. por su defensor o por el legítimo representante de aquél..La imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución señalada inicialmente.. en todo caso. II.
D.En fianza personal bastante. a juicio del juez. D. (REFORMADA. que podrá constituirse en el expediente... para lo cual deberá motivar su resolución. no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada. c) El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 562. profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia. III.F.F. Cuando.F.O. quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige. hecho por el inculpado o por terceras personas. más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los
.. y demuestre estar desempeñando empleo. D.. cuyo valor no sea menor que el monto de la caución. 10 DE ENERO DE 1994) II. b) Que el inculpado tenga fiador personal que.La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado. D.O. el juez o el tribunal. (REFORMADO. Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar en una sola exhibición el depósito en efectivo.La caución podrá consistir: (REFORMADO PRIMER PARRAFO. d) El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez. se depositará en la caja de valores del Ministerio Público. (REFORMADO. para los efectos de la fracción V del artículo anterior.En prenda. inscritos en el Registro Público de la Propiedad.. más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570 del presente código. y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional. 10 DE ENERO DE 1994) I. su representante o su defensor no hagan la manifestación mencionada. en la institución de crédito autorizada para ello.Cuando la fianza personal exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. el Ministerio Público o el juez recibirán la cantidad exhibida y la mandarán depositar en las mismas el primer día hábil. de conformidad con las siguientes reglas: a) Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en el Distrito Federal o en su zona conurbada.F. en cuyo caso el bien mueble deberá tener un valor de mercado de cuando menos dos veces el monto de la suma fijada como caución.En hipoteca otorgada por el inculpado o por terceras personas. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 563. y (sic) IV.O. (ADICIONADA. tomándose razón de ello en autos.ARTICULO 561.. del tribunal o juzgado. sobre inmuebles cuyo valor fiscal no sea menor que el monto de la caución. el fiador deberá comprobar que tiene bienes raíces.. sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. de acuerdo con el artículo que antecede. el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades.O. D. El juez podrá eximir de esta obligación. 10 DE ENERO DE 1994) V. En el caso de que el inculpado..En fideicomiso de garantía formalmente otorgado.En depósito en efectivo. fijará las cantidades que correspondan a cada una de las formas de la caución. por razón de la hora o por ser día inhábil.F. el Ministerio Público.O. El certificado que en estos casos se expida.
F.F. acerca de las fianzas judiciales que con anterioridad haya otorgado. y presentarse ante el Ministerio Público.O. Asimismo.F. para que esa declaración se tome en cuenta al calificar su solvencia. que comprenda un término de diez años. Cuando lo estimen necesario. D. DE E. D. (REFORMADO. D. se deberá presentar certificado de libertad de gravámenes expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad. D.O.. éstos.Cuando desobedeciere. en su caso.O. juzgado o tribunal que conozca de su causa el día que se le señale de cada semana. para que también esto se anote en el índice. ARTICULO 565. comunicar a los mismos los cambios de domicilio que tuviere.El juez podrá revocar la libertad caucional cuando a su criterio el procesado incumpla en forma grave con cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo anterior. bajo protesta de decir verdad. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) I.. los jueces solicitarán del Tribunal Superior datos del índice para calificar la solvencia de un fiador. el Juez. las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto.. En los casos a que se refiere el artículo 133 bis.términos del artículo 570. (F.Cuando se ofrezcan como garantía.O. sin causa justa y comprobada. para que el juez califique la solvencia. En la notificación se hará constar que se hicieron saber al indiciado las anteriores obligaciones. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se trate de afianzadoras legalmente constituidas y autorizadas.O.. deberá declarar ante el juez o tribunal correspondiente. 30 DE DICIEMBRE DE 1991)
.F.En el Tribunal Superior respectivo se llevará un índice en que se anotarán las fianzas otorgadas ante el mismo o ante los juzgados de su jurisdicción. 11 DE SEPTIEMBRE DE 1931) ARTICULO 566. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 567.. al notificar el auto de sujeción a proceso le hará saber que ha contraído las dos primeras obligaciones señaladas en el primer párrafo de este mismo artículo. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 564. deberán comunicarle las que hayan aceptado así como la cancelación de las mismas.Al notificarse al indiciado el auto que le concede la libertad caucional. en el término de tres días.F.O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 568. (REFORMADO PRIMER PARRAFO.. pero la omisión de este requisito no libra al indiciado de ellas ni de sus consecuencias. o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal. en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades. se revocará la libertad caucional en los siguientes casos: (REFORMADA.El fiador propuesto. salvo cuando se trate de las mencionadas empresas afianzadoras. así como de la cuantía y circunstancias de las mismas.F. D. y constancia de estar al corriente en el pago de las contribuciones respectivas. a cuyo efecto. fianza personal que exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal o hipoteca. se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones: presentarse ante el Ministerio Público o el juez cuantas veces sea citado o requerido para ello.. (REFORMADO. D. (REFORMADA.
. antes de que la causa en que se le concedió la libertad esté concluida por sentencia ejecutoria.El juez o tribunal ordenará la devolución de los depósitos o mandará cancelar las garantías.Cuando un tercero haya constituido depósito. D. La otorgada para garantizar las obligaciones derivadas del proceso se devolverán al sentenciado o a quien indique éste.Si durante la instrucción apareciere que el delito o los delitos materia del auto de formal prisión son de los considerados como graves. G.F.F. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 573. DE E.F. D. al agente del Ministerio Público o al secretario del juzgado o tribunal que conozca de su causa..F. IV. Si concluido el plazo concedido al fiador no se obtiene la comparecencia del inculpado.O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 572.En caso de revocación de la libertad caucional se mandará reaprehender al procesado y.F. 10 DE ENERO DE 1994) (REFORMADO.F. las cauciones para garantizar la reparación del daño y las sanciones pecuniarias se harán efectivas.O.F. y se ordenará la reaprehensión del inculpado.Cuando se dicte al indiciado auto de libertad o de extinción de la acción penal. (F..O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 571.... o en su caso. las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso..O. en los términos del artículo 569 de este código. el juez podrá otorgarle un plazo hasta de quince días para que lo haga. salvo la causa prevista en la fracción IV del artículo 568 de este código..F.O.(DEROGADA..II..O. Cuando resulte condenado el acusado que se encuentre en libertad bajo caución y se presente a cumplir su condena. D. (REFORMADO. cuando: I.. Si no pudiere desde luego presentar al inculpado. fianza.. D. o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos.. 10 DE ENERO DE 1994) (REFORMADO..
. 11 DE SEPTIEMBRE DE 1931) III. ARTICULO 570.O. (REFORMADA. al juez. 17 DE MAYO DE 2007) ARTICULO 569. se harán a favor de los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de justicia.O. D. D. y VI.Cuando en su proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia.(DEROGADA. se hará efectiva la garantía.Cuando amenazare a la parte ofendida o a algún testigo de los que hayan depuesto o tenga que deponer en su causa. D. la primera a favor de la víctima u ofendido por el delito y la segunda a favor del Estado. 10 DE ENERO DE 1994) VIII.O.Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena privativa de libertad.. D. sin prejuicio de librar orden de reaprehensión si lo estimare oportuno. se cancelarán. hipoteca o fideicomiso para garantizar la libertad de un inculpado. de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. VII.(DEROGADO. 10 DE ENERO DE 1994) V.Cuando lo solicite el mismo inculpado y se presente a su juez. las órdenes para que comparezca éste se entenderán con aquél. y II.El acusado sea absuelto. se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño.(DEROGADO.
10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 574 Bis." Es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso. la cumpla íntegramente el acusado. 10 DE ENERO DE 1994) VI. (REFORMADA. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) V. en razón a no delimitarlo a una sola entidad federativa y por ser en jerarquía la Ley más próxima en su género después de los Tratados
.. D.O..La libertad protestatoria se concede siempre bajo la condición de que el agraciado desempeñe algún trabajo honesto.F.Que su residencia en dicho lugar sea de un año cuando menos.O. D.La libertad bajo protesta.Cuando se hubiese prolongado la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare al proceso.O.F.. y II. Cabe anotar y precisar que el arraigo en materia penal a su vez está diversificado en nuestra legislación tanto en el fuero común como en el fuero federal. II. D.En los casos de revocación de la libertad caucional.Cuando se viole alguna de las disposiciones de los dos artículos anteriores. Tratándose de personas de escasos recursos. 10 DE ENERO DE 1994) III. el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cinco años. y que para este caso se tomara como parte medular el arraigo propiamente dicho en materia federal.. (REFORMADO PRIMER PARRAFO. ARRAIGO PENAL. y (REFORMADA.Que el acusado tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se siga el proceso.. ya sea en primera o en segunda instancia.La libertad protestatoria se revocará: I. procede sin los requisitos anteriores.F. II. (ADICIONADO.. y esté pendiente el recurso de apelación.O.. ARTICULO 553. D.O..F..Lo previsto en este capítulo será aplicable en lo conducente a la libertad bajo caución que otorgue el Ministerio Público en averiguación previa.Libertad protestatoria es la que se concede al procesado siempre que se llenen los requisitos siguientes: I.Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional. D. CAPITULO II Libertad provisional bajo protesta (REFORMADO. (REFORMADA.Cuando habiéndose pronunciado sentencia condenatoria en Primera Instancia. 10 DE ENERO DE 1994) I.ARTICULO 574..F.. IV.Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión.. en los siguientes casos: (REFORMADA..F.. no haya temor de que se sustraiga a la acción de la justicia. D.Que proteste presentarse ante el Tribunal o Juez que conozca de su causa.O. .Cuando recaiga sentencia condenatoria contra el agraciado. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 555.O. siempre que se le ordene. se deberá oír previamente al Ministerio Público. 19 DE MARZO DE 1971) ARTICULO 552. ARTICULO 554...Que a juicio del juez.F. D.
como lo establece el Diccionario de Derecho Procesal Penal y de términos usuales en el proceso penal. decretar el arraigo domiciliario e imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización. para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del Ministerio Público. Con objeto de hacer factible la función persecutoria encomendada al arraigo en el Código Federal de Procedimientos Penales. específicamente el 133 bis puesto y que a la letra dice: " Artículo 133 bis. el arraigo es una medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado. Para estos supuestos nadie duda que desde al averiguación previa se deben efectuar las medidas conducentes al efecto de estar en posibilidad de integrar el cuerpo del delito.. Concedido el arraigo por el juez. para solicitar al órgano jurisdiccional el arraigo del inculpado en los casos en que se estime necesario. ocultándose o fugándose por lo cual es manifiesta la dificultad que enfrenta el representante social para integrar los elementos señalados.La autoridad judicial podrá. Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica queden sin
. siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. así como la efectividad de la sanción privativa de libertad. no debiendo exceder de 30 días naturales. en los términos descritos se entiende que la regla general sobre su duración será la del tiempo estrictamente indispensable para determinar en la averiguación previa. si existe o no presunta responsabilidad del inculpado. Así mismo nadie ignora que los sujetos a averiguación son proclives a eludirla." En nuestro sistema procesal penal. Editorial Porrúa. Por lo antes dicho es congruente citar una definición más del arraigo en materia penal. (figura establecida en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales). en el citado artículo 133 bis. Para dar continuidad a la claridad de la definición del arraigo es inminente invocar el numeral del Código Federal de Procedimientos Penales. a petición del Ministerio Público. en los asos de sentencias condenatorias de tal pena. el legislador dispuso un plazo de 30 días. tercera edición. la presunta responsabilidad y así ejercitar la acción penal. prorrogables por otros 30 días a petición del Ministerio Público.Internacionales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como lo establece el artículo 133 de la citada Ley Fundamental. las medidas en los procedimientos penales pueden ser también de carácter personal para garantizar el desarrollo del proceso. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Código Federal de Procedimientos Penales. El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable.. en razón de la investigación de un hecho delictivo. a la persona en contra de quien se prepare para el ejercicio de la acción penal. en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. se determina la facultad de dicho Ministerio Público Federal. en el caso del arraigo y de 60 días naturales. No obstante la indicada regla general. México 1997 y que reza como sigue: ARRAIGO. debiendo levantarse dicha presunta responsabilidad. de Marco Antonio Díaz de León. Es decir.
efecto." Se debe puntualizar que el numeral antes citado hace una clara distinción o mejor dicho induce a la creencia de otras dos modalidades de arraigo como lo es " EL ARRAIGO DOMICILIARIO" Y UN "ARRAIGO EN UNA DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA".El juez podrá dictar con la simple solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características de los hechos imputados y las circunstancias personales del inculpado. Recordando que la finalidad del presente trabajo es analizar la inconstitucionalidad del arraigo es por lo cual se expondrán en los siguientes puntos el criterio que se ha venido sosteniendo que dicho arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha así como el criterio que sostiene que sí afecta la citada libertad personal.2 Precisiones respecto a las definiciones del arraigo. el órgano jurisdiccional o Juez en materia penal competente de conocer la procedencia de la citada solicitud y el indiciado o individuo que debe quedar arraigado una vez procedida la solicitud. c)Otra precisión importante es ubicar a la figura del arraigo en su modalidad de arraigo domiciliario y aunque está en debate sólo el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. b) hay que puntualizar que los sujetos que intervienen en el arraigo son necesariamente el Ministerio Público en su calidad de peticionaria o solicitante del arraigo." Se debe advertir que no se pierda de vista tanto el artículo citado en el párrafo anterior así como el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. además de dejar establecido qué dice al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a estos criterios opuestos. no queriendo decir esto que son exactamente iguales sino que esencialmente lo consideran de la misma manera. y que servirán para demostrar la hipótesis planteada . que aunque tienen marcadas diferencias los dos son susceptibles de ser estudiados a la luz de la Constitución. la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares. con vigilancia de la autoridad. Ahora bien es necesario invocar el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en función a que también forma parte de la esfera Federal en materia penal que a la letra dice: "Artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. los cuales son sustentados el primero por dos Tribunales Colegiados de Circuito en el sentido de
. EL ARRAIGO DOMICILIARIO: Análisis sobre la afectación o no afectación de la libertad personal con su ejecución. a)Cabe destacar que el arraigo es un acto esencialmente prejudicial puesto que sirve como herramienta a la autoridad investigadora para que previamente a un proceso logre conformarse el cuerpo del delito. si deben o no mantenerse. la autoridad judicial decidirá escuchando al Ministerio Público y al afectado. forma y medios de realización señalados en la solicitud. Aunque excepcionalmente la figura del arraigo puede ser así mismo un acto procesal una vez que se solicite cuando está abierto el procedimiento. el arraigo de éste en el lugar. las demás Legislaciones en el resto de la República hasta ahora guardan el mismo criterio respecto al arraigo en sus Legislaciones locales.. 1. Este comentario viene a colación para especificar que el arraigo sobre el cual versa este trabajo es la figura del ARRAIGO DOMICILIARIO.
En el comentario preliminar a este punto se dejo puntualizado que existen dos criterios opuestos en relación con el arraigo domiciliario controvertidos en el punto específico de que sí afecta o no la libertad personal de los indiciados.1. no afecta la libertad personal propiamente dicha. Pero para hacer las precisiones conducentes hablaremos en el punto siguiente de los razonamientos más relevantes de las tesis que integraron a esta Jurisprudencia. que a la letra dice: " ARRAIGO. pero si se señalaran los puntos medulares que llevaron al Tribunal Colegiado a formar este criterio. de la novena época del semanario Judicial de la Federación y su gaceta. 610 del tomo IX.La orden jurisdiccional de arraigo que contempla el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. más relevantes de las ejecutorias que integran la citada Jurisprudencia. Este Tribunal sustenta cinco tesis derivadas de sentencias ejecutorias que integraron la Jurisprudencia publicada en la Pág. debe decirse que
. Es el caso que el citado Tribunal Colegiado conoció de las quejas que ahora integran las ejecutorias en razón a que en la primera de ellas con el número 33/97. a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo. ORDEN DE. Y concluye razonando por último que "a mayor abundamiento. 2.1 Razonamientos lógico . correspondiente al mes de enero de 1999. regulada por el artículo II de la Constitución General de la República.1 Criterio que sostiene la postura de que el arraigo no afecta la libertad personal.sostener el criterio de la sí afectación por así llamarla. y la PGR y otras autoridades. procura la debida integración previa por el Ministerio Público y su suspensión entrañaría la contravención de disposiciones de orden público con apego a lo dispuesto por los artículos 130 y 124 de la Ley de Amparo. como lo es el II de nuestra Carta Magna que también será punto de discusión para la demostración de nuestra hipótesis.. En lo que a resumidas cuentas el citado Juez de Distrito negó al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados por lo que al conocer la queja el Tribunal Colegiado confirmó la resolución de haber negado la suspensión provisional declarando infundados los agravios del quejoso apoyándose en el razonamiento de que el arraigo conforme al artículo 133 bis del Código federal de Procedimientos Penales. tal Tribunal es: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. y por la otra otro Tribunal Colegiado de Circuito que sostiene la no afectación de la libertad personal." De la anterior publicación Jurisprudencial se derivan datos de vital relevancia en lo que respecta concretamente al artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. 2. por lo que debo aclarar qué Tribunal específicamente sostiene el criterio de que el arraigo no afecta la multicitada libertad personal. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. ya que como se desprende este criterio asevera que el arraigo contemplado en tal precepto no afecta la libertad personal propiamente dicha. contra actos del Juez Noveno Penal del DF. interpuesto por Víctor Manuel Salazar Huerta cuando al haber interpuesto Juicio de Amparo con incidente de suspensión ante el Juez Segundo de Distrito en materia penal. sino tan sólo la libertad de tránsito del destinatario de la misma. Desde luego no se va a profundizar ni a tocar puntos muy particulares de los casos concretos que integran las ejecutorias de esta Jurisprudencia. sino que sólo afecta la libertad de tránsito regulada por otro artículo.jurídicos.
quien al pedir el amparo y protección de la Justicia de la Unión ante el Juez Noveno de distrito en materia penal del D. aún cuando quede sin materia el Juicio de Amparo. a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo. La tercera ejecutoria devengó de la queja número 73/98 interpuesto por Salvador Giorgano Gómez inconformándose por la resolución del Juez Quinto de Distrito en materia penal del D. Por su parte el Tribunal Colegiado al conocer de la queja dada su competencia estimó correcto confirmar el auto del Juez de Distrito recurrido en la citada queja apoyado en los razonamientos de declarar infundados los agravios del recurrente. al cual solicitó amparo y protección de la Justicia Federal y la suspensión de los actos del Juez Segundo de Distrito en materia penal y la PGR." Pues cabe aclarar que dentro de un Juicio de Amparo al negarse la suspensión y ejecutarse el acto reclamado el fondo del citado juicio quedaría sin materia por haberse consumado. En tal resolución del Juez de Distrito negó. Cuando se impide la continuación del procedimiento en una averiguación previa.una orden de arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha. ejecutoras. debido a que tal acto va encaminado a la debida integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público apoyándose en los mismos fundamentos legales de la ejecutoria anterior y concluyendo que el arraigo no afecta la libertad personal.F. En lo cual por un lado el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional en lo que hace a las órdenes de aprehensión pero por otra parte decretó negar la suspensión provisional de las órdenes de arraigo y su ejecución. promovido por Francisco García González. La cuarta ejecutoria se deriva del recurso de queja número 85/98. sino tan solo la libertad de tránsito del destinatario regulada por el artículo III Constitucional.F. considerando que tiene aplicación la tesis que establece: " Suspensión. El Juez de Distrito que conoció el asunto decretó conceder al quejoso la libertad provisional condicionada a que esta no proviniera por motivo de la Comisión de Delitos considerados como graves y no permitieran la libertad bajo caución. en los casos anteriores la suspensión provisional y por su parte el Tribunal Colegiado al resolver la queja confirmó la resolución de negar dicha suspensión provisional quien similarmente invocó los mismos preceptos de la Ley de Amparo y declaró que la orden de arraigo no afecta la libertad personal del indiciado quien además invocó una variable importante. con respectivo incidente de suspensión. apuntando el quejoso que se sentía agraviado en virtud de que la suspensión no iba a surtir efectos con la condición que el Juez de
. contra actos de Jueces Diversos de Distrito en materia penal como ordenadoras y contra la PGR y otras. improcedencia de la. Inconforme con la resolución el quejoso interpuso el recurso de queja que el Tribunal Colegiado a su vez conoció." La segunda ejecutoria a la cual le correspondió la queja número 61/98 promovida por José Fernando Peña Garavito inconformándose por la resolución del Juez Duodécimo de Distrito en Materia Penal. ante el cual interpuso juicio de amparo con incidente de suspensión de diversos actos consistentes en órdenes de aprehensión por un lado y órdenes de arraigo decretadas por el Tribunal Superior de Justicia en diversas salas y otras autoridades. para el efecto de que no fuera ejecutada la orden de arraigo pretendida en su contra.
que busca la debida integración de la averiguación previa. fue consecuencia de la resolución de la queja número 89/98. arguyendo el citado representante social que su intervención se debía a que la indebida concesión de la suspensión provisional del arraigo contravenía disposiciones de orden público. en virtud de que la suspensión provisional no es procedente para delitos graves ni los considerados como no graves. Como ya se había dicho al principio de este capítulo que existían dos criterios opuestos en cuanto al arraigo. Por tal motivo el Ministerio Público Federal adscrito a ese Juzgado interpuso la presente queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito cuyo número ha quedado establecido. con incidente de suspensión contra la oren u órdenes de arraigo. no afecta la libertad personal. pues el arraigo era motivado por delitos graves arguyendo el quejoso que el citado Juez de Distrito debió conceder la suspensión provisional del acto reclamado también por delitos considerados como graves evocando diversos razonamientos que a su interés convenían. Invocó los mismos preceptos de la Ley de Amparo referidos en las ejecutorias anteriores y la tesis cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENCIA DE LA. Pero luego sobrevino la formación de una tesis que en un principio no adquiría la categoría de Jurisprudencia. ahora negando la suspensión provisional al quejoso contra las órdenes de arraigo consolidando el criterio de que el arraigo." Declarando infundado el recurso de queja por los razonamientos antes expuestos. La quinta y última ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia citada y especificada con anterioridad. ORDEN DE. CUANDO SE IMPIDE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. para lo cual las ejecutorias del punto anterior integraron en su momento la Jurisprudencia que ya dejamos plasmada en un principio. AUN CUANDO QUEDE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO.Distrito expuso en el acto concesorio de la suspensión." Motivando su resolución esencialmente también la multicitada tesis que al rubro dice: "ARRAIGO. razonando que la concesión del Juez de Distrito decretando la suspensión en desde un principio incorrecta. 2. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. sin embargo fueron suficientes para sustentar contradicción al criterio anterior dado que estas Ejecutorias sostienen que la libertad personal sí es afectada por el arraigo. Por su parte el Tribunal Colegiado al resolver la queja se pronunció en el sentido de declarar infundados los agravios del quejoso. interpuesta por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en materia penal. específicamente en si afecta o no la libertad personal. tal es
. Por lo que el Tribunal Colegiado revocó el auto dictado por el Juez de Distrito. puesto que estaba formada por tres Ejecutorias. Dando pie al conjunto de estas ejecutorias a la formación de la Jurisprudencia cuyo tomo y publicación ha quedado establecida al principio de la exposición de este criterio. sosteniendo que el arraigo es una disposición de orden público y de interés social.2 Criterio que sostiene la postura que el arraigo afecta a la libertad personal. dentro del juicio de amparo que solicitó Francisco García González el cual solicitó amparo y protección ante el citado Juzgado de Distrito contra actos de diversos Jueces de Distrito en materia penal y otras autoridades. Para tal efecto el Juzgado de Distrito que conoció el asunto conoció el asunto concedió la suspensión provisional sin ninguna reserva contra dichas órdenes.
en el cual se inconformó por la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito. ORDEN DE. se debe al recurso de queja resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y que le corresponde el número 88/98 interpuesto por Francisco García González. sin que pueda salir de éste. por su parte el quejoso arguyó en sus agravios que la orden de arraigo afectaba su libertad personal además de la libertad de tránsito. no afecta disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. ante el cual solicitó amparo y protección contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito y otras Autoridades. que más adelante citaremos para dejar claro cuál es el criterio que debe prevalecer. en virtud de que la concesión de la suspensión provisional contra el arraigo. pues al concederse esa medida. por lo que invocaremos textualmente la tesis que es consultable en la página 828. se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que se le fije. Caso contrario sería que se impusiera como ámbito territorial una determinada demarcación. 130 y 136 de la Ley de Amparo. 2. que a la letra dice: "ARRAIGO. una pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y las otras dos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito." La citada tesis como ya lo había dicho es sustentada por tres Ejecutorias. en cambio causaría su ejecución daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso. las cuales en el siguiente punto analizaré. procede la concesión de la suspensión provisional respecto de actos de naturaleza. del tomo IX. en un determinado inmueble.
. tramitando incidente de suspensión contra órdenes de arraigo negándole el citado Tribunal la suspensión provisional. que integran la citada tesis. con lo cual no se afectaría al quejoso de modo irreparable por lo que se le concede al quejoso la suspensión para efectos de no ser privados de su libertad. siguiendo el criterio que en puntos anteriores ya quedó analizado. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRANSITO.como el caso que dio origen a una contradicción de tesis resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1 Razonamientos lógico – jurídicos. Es necesario hacer ver que se tratara de efectuar la misma mecánica para puntualizar los razonamientos esenciales que llevaron a estos Tribunales a resolver las Ejecutorias que a continuación exponemos: La primera Ejecutoria que forma esta tesis. Por su parte el Tribunal que conoce la queja resuelve que son fundados parcialmente los agravios del quejoso en cuanto a que sí debe concederse la medida de suspensión por los artículos de la Ley de Amparo invocados. correspondiente al mes de enero de 1999 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.La orden de arraigo no sólo afecta la libertad de tránsito sino también la personal. por lo que en términos de los artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo. y por tanto eran aplicables los artículos 124.2. pero lo aludido a su libertad de tránsito debe permanecer en el lugar de la investigación para la debida integración de la averiguación previa debiendo presentarse determinados días para corroborar su estancia en el territorio correspondiente. más relevantes de las Ejecutorias. pues es cierto que la orden de arraigo afecta generalmente la libertad personal. Por lo pronto nos ocupa analizar este segundo criterio de la sí afectación del arraigo domiciliario por nombrarle de algún modo.
y otras autoridades. La anterior tesis de la cual invoqué los razonamientos más relevantes de los Magistrados que resolvieron las quejas que los conforman. al resolver la queja número 19/98.3 Contradicción de tesis resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. tocando conocer de tal demanda a la Primera Sala de la Suprema Corte de
. sin embargo su ejecución significaría arraigarlo en un domicilio o cualquier otro inmueble. pasa también por alto lo que regulan los artículos 14 y 16 de nuestra norma superior. negándose al quejoso la suspensión provisional contra el acto que reclama consistente en una orden de arraigo domiciliario. sosteniendo que la suspensión provisional en su favor. es evidentemente contradictoria a la Jurisprudencia analizada en un principio. afectándose la libertad personal del quejoso además de impugnar la imposición de un arraigo apoyándose en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de los criterios opuestos en relación al arraigo domiciliario. La tercera Ejecutoria fue pronunciada por el mismo Tribunal Colegiado que conoció de la queja señalada en el punto anterior. ya que el recurso de queja sólo va en el sentido de resolver la inconformidad sobre la negación de la suspensión provisional. pero ineficaces los argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.F. para lo cual tal contradicción fue denunciada por el Tribunal Cuarto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. no contravienen disposiciones de orden público e interés social. solicitando también la suspensión provisional contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en México. y que independientemente de su Inconstitucionalidad. debe ventilarse conforme a los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo. el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. D. de lo cual se hablara en el siguiente punto. Una vez que se consolidó la contradicción de tesis. denunció la mencionada contradicción con arreglo al artículo 197 A de la Ley de Amparo que le confiere tal derecho de hacerlo como lo confiere a otras autoridades susceptibles de hacerlo. promovida por Jesús Miyazawa Álvarez. Al interponer el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado que ya quedó asentado. 2. y que consistió en una aclaración de sentencia derivada del mismo expediente número 19/98 que expuse en el párrafo anterior. mismo que solicitó el amparo y protección ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. el quejoso expresó sus agravios en el sentido de alegar inobservancia a lo dispuesto por el artículo 124 fracción II de la Ley de Amparo. y para tal caso volvió a precisar que su Tribunal estima que la orden de arraigo sí es un acto restrictivo de la libertad personal y por consecuencia lo relativo a la suspensión. Resolviendo fundadamente que sí debe concederse tal suspensión en virtud que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal. que según el quejoso transgrede su garantía de audiencia. Por lo que el Tribunal Colegiado que conoció el recurso de queja determinó fundados parcialmente los agravios del recurrente en lo que hace a que sí debe concederse la suspensión provisional contra el acto reclamado consistente en el arraigo por afectar la libertad personal. con el fin de precisar ciertos puntos de sentencia que ya había emitido.La segunda Ejecutoria que integra la tesis en cuestión fue pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
por no ser tema de contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales contradictorios. al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia." Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Señores Ministros. y con fundamento en los artículo 192 y 195 de la Ley de Amparo así como los demás relativos. e) Por último decidió abstenerse de resolver sobre la Constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. 136 y demás relativos de la Ley de Amparo. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. c) Decretó resolver en el punto preciso de si afecta o no la libertad personal. De la síntesis de los anteriores razonamientos esenciales. al resolverles la contradicción de tesis que le correspondió el número 3/99 y se remitió al Semanario Judicial de la Federación para efecto de su publicación. en tomo al artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. d) Otro punto en el que decidió resolver por considerar que es materia de la presente contradicción fue sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional del arraigo domiciliario. es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130. por ser evidente tal contradicción. Entre sus razonamientos más relevantes se determinaron en síntesis los puntos siguientes: a) La Primera Sal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró procedente la denuncia de contradicción de tesis. a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora. b) Tal órgano Jurisdiccional precisó específicamente resolver sólo en lo que hace respecto a la orden de arraigo domiciliario. El 20 de octubre de 1999. Este análisis exhaustivo de los criterios en contradicción y el pronunciamiento que se acaba de transcribir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un paso
. por tanto. Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Humberto Román Palacios. Silva Meza. la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Ejecutoria pronunciándose en que la Jurisprudencia que debe prevalecer es la del siguiente texto: "ARRAIGO DOMICILIARIO. José de Jesús Gudiño Pelayo.Justicia de la Nación quien acordó su entrada el día 20 de octubre de 1999. Castro y Castro (ponente). ORDEN DE. cuyos números han quedado señalados en puntos anteriores y por otro lado la tesis Jurisprudencial que sostiene que el arraigo domiciliario no afecta la libertad personal cuyos números de queja también obran en el cuerpo de la presente investigación. declarándose competente para conocer de la contradicción entre las tesis que afirman que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal. trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble. antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 1999. Ausente el Señor Ministro Juan N. Juventino V. si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma Ley.
resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad. quien ordenará su presentación y si no comparece ordenará su aprehensión. La garantía se cancelará y en su caso se devolverá cuando se resuelva el no ejercicio de la acción penal o una vez que se haya presentado el probable responsable ante el juez de la causa y éste acuerde la devolución. oyendo al indiciado. sin causa justificada. con carácter provisional acerca de su estado psicofisiológico. Cuando el Ministerio Público decrete esa libertad al probable responsable lo prevendrá para que comparezca ante el mismo para la práctica de diligencias de averiguación. pero no excederá de treinta días.El Ministerio Público que conozca de un hecho delictuoso.Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado. en su caso y concluida ésta ante el juez a quien se consigne la averiguación. recurrirá al órgano jurisdiccional.trascendental que demuestra una parte importante de la hipótesis..O. en lo que hace a que queda legalmente establecido que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal lo que nos permitirá en el siguiente capítulo demostrar los puntos inconstitucionales referidos en nuestra hipótesis. las órdenes que dictare. que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares.F. ARTICULO 270 Bis. (REFORMADO. prorrogables por otros treinta días. hará que tanto el ofendido como el probable responsable sean examinados inmediatamente por los médicos legistas. El Juez resolverá. 10 DE ENERO DE 1994) ARTÍCULO 271. sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo. El Procurador determinará mediante disposiciones de carácter general el monto de la caución aplicable para gozar de la libertad provisional en la averiguación previa. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate.. para que éste. El Ministerio Público podrá hacer efectiva la garantía si el probable responsable desobedeciere. D. previa solicitud del Ministerio Público mandando hacer efectiva la garantía otorgada. para que éstos dictaminen. fundando y motivando su petición. En las averiguaciones previas por delitos que sean de la competencia de los juzgados de paz en materia penal o siendo de los juzgados penales cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión el probable responsable no será privado de su libertad en los lugares ordinarios de detención y podrá quedar
. a solicitud del Ministerio Público. después de un intenso debate a la luz de la Carta Magna. tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél. escuchando al Ministerio Público y al arraigado.
el Ministerio Público con base en una estimación de los daños causados. solicitando al juez competente la orden de aprehensión o de comparecencia en su contra. sin perjuicio de que el Ministerio Público. a falta de otro legal. cuando no se convenga sobre el monto.. el Ministerio Público podrá solicitar al juez fundada y motivadamente o éste disponer de oficio. Esta manifestación deberá hacerse por escrito y presentarse personalmente. sin que en ningún caso pueda exceder del término en que deba resolverse el proceso. podrá consistir en
.No existan datos de que pretenda sustraerse a la acción de la justicia. fundado en los datos que recabe al respecto. con la facultad de trasladarse al lugar de su trabajo. VI. determinará dicho monto. consigne la averiguación y solicite la orden mencionada. en su caso. si así procediese.. se revocará el arraigo y la averiguación previa será consignada en su caso. cuando éste lo disponga. el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia. el presunto responsable no hubiese abandonado al lesionado.Que tratándose de delitos por imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de vehículos.Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable. ARTICULO 301. desobedecieren sin justa causa las órdenes que dicte el Ministerio Público. ni participado en los hechos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. en la inspección ministerial que practique. IV..En caso de que el indiciado o la persona a quien se refiere la fracción anterior. acompañada del justificante respectivo que.Que alguna persona.Proteste presentarse ante el Ministerio Público que tramite la averiguación. transcurridos éstos el arraigado podrá desplazarse libremente.El arraigo no podrá prolongarse por más de tres días.. V. el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador señale. están en la obligación de manifestarlo así a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.arraigado en su domicilio.Los individuos comprendidos en la lista y que carecieren de los requisitos señalados en el artículo 648. si concurrieren las circunstancias siguientes: I. bajo protesta... a criterio del agente investigador del Ministerio Público. ante el Ministerio Público de la forma en que reparará el daño causado. en las versiones de los sujetos relacionados con los hechos y en los demás elementos de prueba de que disponga... II. ARTÍCULO 651. III.. se comprometa. y VII.Realice convenio con el ofendido o sus causahabientes. a presentar al probable responsable cuando así se resuelva. según corresponda. con audiencia del imputado.
Si de ésta resultare que el arraigado lo fue indebidamente. ARTÍCULO 215. el juez. el aseguramiento es ilegal si la parte quejosa no tiene relación con los ilícitos atribuidos a quienes se sigue la averiguación. Amparo en revisión 308/94. de probidad y arraigo. y así es procedente conceder el amparo contra dicha medida. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otros. señala que las autoridades competentes inmediatamente asegurarán los bienes que pudieran ser materia del decomiso. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. aun existiendo orden de cateo. MINISTERIO PÚBLICO. pero cuando de las constancias de autos se advierta que el propietario del inmueble asegurado es extraño a la averiguación previa por instruirse ésta en contra de terceras personas y tampoco se han encontrado en el inmueble objetos del delito. Ponente: Raúl Molina Torres. Unanimidad de votos. podrá arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Unanimidad de votos. 3 de noviembre de 1994. 14 de octubre de 1994.Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca del delito. Amparo en revisión 285/94.. Secretario: José de Jesús Bernal Juárez.declaración de dos testigos. Agente del Ministerio Público Federal. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. para que esto sea posible es necesario que tales bienes se encuentren comprendidos en los supuestos de dicho numeral. tendrá derecho de exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios causados por el arraigo. Amparo en revisión 264/94. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y otro. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. 6 de octubre de 1994. Amparo en revisión 259/94. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y otro. EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. de sus circunstancias o de la persona del acusado. Dichas manifestaciones deberán presentarse dentro de los primeros veinte días del mes de noviembre. a pedimento de cualquiera de las partes interesadas. sin embargo. además. Aun cuando el artículo 40 del Código Penal Federal autoriza durante la averiguación previa o el proceso. que podrá rendirse ante la autoridad política de su localidad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. vecinos del lugar en que resida el interesado.
. Unanimidad de votos. el decomiso de los instrumentos del delito y las cosas objeto de él y. 27 de octubre de 1994.
Página 89. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. III. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. robo de vehículos y trata de personas. la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. 24 de marzo de 1995. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. Director General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República y otros. aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. Tomo I. de infamia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. la marca. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. de mutilación. los palos. secuestro.Amparo en revisión 95/95. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. Novena Época. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros. II. objeto o producto del delito. respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento. Quedan prohibidas las penas de muerte. Procederá en los casos de delincuencia organizada. Unanimidad de votos. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe. ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. CAPÍTULO SEGUNDO De las medidas cautelares
. delitos contra la salud. Abril de 1995. ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Tribunales Colegiados de Circuito. objeto o producto del delito. así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. el tormento de cualquier especie. los azotes. Artículo 22. pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada. b) Aquellos que no sean instrumento. la multa excesiva.
Durante la sustanciación del procedimiento. II. podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y. en su caso. Artículo 17. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. secuestrados. El embargo precautorio. el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. a solicitud fundada del Ministerio Público. así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. El Juez. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar. Artículo 15. El aseguramiento de bienes. embargados o asegurados. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que estén identificados. en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda.Artículo 12. El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y. sólo en el efecto devolutivo. Artículo 13. pero que formen parte del procedimiento. o ratificará el realizado por el Ministerio Público. en su oportunidad. Artículo 16. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá en su caso. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. Son medidas cautelares: I. Artículo 14. para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. Artículo 18. subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción
ordenado por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa. y deberá contener los siguientes requisitos: I. Artículo 19. III. El juzgado competente. de quien se ostente o comporte como tal. la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal. IV. El nombre y domicilio del titular de los derechos. Las pruebas que se ofrecen.de dominio quien podrá modificar las condiciones de su custodia. II. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones. VI. señalando su ubicación y demás datos para su localización. En su caso. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes.
. así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en el supuesto de existir. de procesos penales en curso o de procesos concluidos. debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren. previo acuerdo del Procurador General de la República o del subprocurador en quien delegue dicha facultad. y en su caso. el acuerdo de aseguramiento de los bienes. Las actuaciones conducentes. el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas. VII. debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante legal. V. CAPÍTULO TERCERO De la Sustanciación del Procedimiento Artículo 20. Copia certificada de las constancias pertinentes de la averiguación previa iniciada para investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción. VIII. en los términos que establece esta Ley. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público. el acta en la que conste el inventario y su estado físico. se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente. y IX. Artículo 21. o de ambos. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio. Para tales efectos. dando prioridad a su conservación. precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de prueba. la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en términos de dicha ley. derivadas de otras averiguaciones previas. la publicación de los edictos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley.
El Juez. la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días naturales. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. entregar copia de la resolución que se notifique. Asimismo. en el auto de admisión. En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido. de la demanda y de los documentos base de la acción. señalará los bienes materia del juicio. Aclarada la demanda. corrija o complete. la notificación se realizará por los edictos en los términos de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por internet. o habiéndose negado a recibirla o firmarla. la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido.Si la demanda fuere obscura o irregular. el Juez ordenará la notificación como sigue: I. otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. en el acta de notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique. por cada 100 de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días hábiles. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad. no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación. Admitida la demanda. b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio.
. II. recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. la Procuraduría General de la República deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Artículo 22. el nombre del o los demandados. En este último caso. el juez le dará curso o la desechará de plano. no pudiéndose prorrogar dicha fecha. el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare. concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. la notificación se hará en los términos dispuestos en los artículos 312 y 313 de Código Federal de Procedimientos Civiles.
en su caso. El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezca la Ley Federal de Defensoría Pública.Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles. Artículo 24. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio. autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se le notificará mediante oficio. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el demandado y el afectado. en cada uno de éstos. además. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. contados a partir de la comparecencia. debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado. deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio. Artículo 25. La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley.
. Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado. Este término estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo del artículo 21 de esta Ley. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que se refiere el artículo 40 de esta Ley. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes. la cédula de notificación se fijará. el Juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. Artículo 23. Artículo 26. En todo caso. El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. procederá recurso de apelación que será admitido en el efecto devolutivo. El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles.
Contra el auto que admita. los efectos de la resolución que se
. motivo de la acción de extinción de dominio. tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada. Cuando no comparezca el demandado o el afectado. Sus disposiciones son de orden público. se excluyan del proceso. Esta Ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juez desechará de plano. REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio. Artículo 29. así como el procedimiento correspondiente. en términos del ordenamiento supletorio correspondiente. de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior procederá el recurso de apelación. Artículo 28. Cuando comparezcan la víctima u ofendido. incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. salvo el incidente preferente de buena fe.Artículo 27. a pesar de ello. el Juez le designará un defensor quien en su ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento. en caso de requerirlo. los recursos. REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Durante el procedimiento. No será procedente este incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y. la actuación de las autoridades competentes. Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación. Y SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AMPARO. LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo. Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su presentación. Artículo 30. que tendrá por finalidad que los bienes.
.Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional. Ministerio Público.Ministerio Público de la Federación. sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. Cuerpo del delito. Bienes. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. independientemente de quien lo tenga en su poder.. III. La acción de extinción de dominio es de carácter real. Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. II. el cuerpo del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley. a lo previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Juez. a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones. de contenido patrimonial.. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8. de conformidad con
. a lo previsto en el Código Civil Federal. En el juicio de extinción de dominio. y IV. y procederá sobre cualquier bien. frutos y productos. ya sean muebles o inmuebles. enajenación y destino de los bienes. III. o lo haya adquirido. susceptibles de apropiación. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. fracción III. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio.emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. y todo aquel derecho real o personal. y IV.Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio. se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. En la administración. sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. sus objetos. El Procurador General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión..Órgano jurisdiccional competente. A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos señalados en el artículo 7. fracción III. II. La documentación e información obtenida de averiguaciones previas. a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales. que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley.
cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente. o de ambas.
. el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y en su caso. la suma o aplicación de dos o más bienes. disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes. Para la preparación de la acción de extinción de dominio. IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. la acción de esconder. en cualquiera de los supuestos siguientes: I. aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional. excepto en el caso de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible. En los mismos términos. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito. III. antes de que se dicte sentencia definitiva.los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal. objeto o producto del delito. respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente. o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo. Se entenderá por ocultar. La acción de extinción de dominio se ejercerá. La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. previo acuerdo del Procurador General de la República. podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. II. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa. Aquéllos que sean instrumento. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
los afectados por un proceso de extinción de dominio. o abandono de domicilio. 2006. tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. ya sea en cuanto a los bienes o a las personas.. 85. 1965.El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal. p. [3] CONSTANTINO RIVERA. detenciones. trad.
. internamiento domiciliario. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número. [4] Esto se le llama universalidad de aplicación. garantía económica. El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio. o en la que tuviera origen. de la que se haya desprendido. la víctima dice la verdad. los efectos procesales serán los mismos. Economía Procesal. ----------------------[1] Por ejemplo. distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente.El demandado. En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito. Párrafo Tercero exige los requisitos para el otorgamiento de una orden de aprehensión. abstenciones. cateos. en los términos de la legislación aplicable. 66. [2] CARNELUTTI. [8] Se refiere a la naturaleza de la medida: preventiva. II. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: I.El actor. Camilo.Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. III. que será el Ministerio Público. En cualquier caso. Arraigos. Editorial EJEA. en un asunto de violación.. Editorial Ma Gister. Buenos Aires.. El demandado y el afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados. Francesco. para someter al indiciado a una investigación judicial con medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. México. Prisión preventiva. aseguramientos. [6] Vgr. que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales. Cómo se hace un Proceso. división en circuitos y competencia territorial de los mismos. [7] Artículo 16 Constitucional. disciplinaria. intervenciones. así como en cuanto al destinatario de la medida. [9] El ofrecimiento de contracautela se debe realizar entre pretensiones litigiosas particulares dentro de una acción penal privada. [5] Vgr. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal. económica. restrictiva o privativas de libertad. p. de Santiago Sentis Melendo. en los casos que resulte procedente.
limitaciones a realizar actividades específicas. detenciones. por tanto. cateos. en tanto que la extinción de dominio será sustanciado ante un Juez Civil. intervenciones. [11] El procedimiento penal lo conocerá un Juez de Control y un Tribunal Oral. ambos órganos jurisdiccionales son independientes en sus resoluciones
. embargos precautorios. Lo anterior con el propósito de garantizar el éxito de una investigación.[10] Estas medidas cautelares auxiliares de la cadena de custodia son: aseguramientos.
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