Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00057-de-julio-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e5a8f3f570cb00c6e0430a01015100c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-24 02:29:43
Document Index: 18569190

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 136']

﻿ Sentencia 2008-00057 de julio 4 de 2013
SENTENCIA 2008-00057 DE 04 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES. CUANDO SE SUMA EL TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES, SOLO SE TOMA EN CUENTA EL TIEMPO COTIZADO AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES CON EL COTIZADO A LAS CAJAS DE PREVISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EXCLUYÉNDOSE EL TIEMPO SERVIDO A ENTIDADES PRIVADAS QUE NO COTIZARON EN EL ISS COMO TAMBIÉN EL TIEMPO LABORADO EN ENTIDADES OFICIALES EN LAS CUALES NO SE EFECTUARON APORTES A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA, ISS, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES
Sentencia 2008-00057 de julio 4 de 2013
Rad.: 73001233100020080005701
Exp.: 1541-2009
Actor: departamento del Tolima
Demandado: Carlos Orlando Pardo Rodríguez
Problema jurídico. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala precisar si la pensión reconocida al señor Carlos Pardo Rodríguez se ajusta a las prescripciones normativas que regulan su derecho pensional.
Marco normativo y jurisprudencial. En orden a resolver el presente asunto, es preciso remitirse al régimen jurídico de la pensión de jubilación de los empleados oficiales.
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a ...”.
Tanto el Decreto-Ley 3135 de 1968, como su reglamentario (D. 1848/69), se expidieron y aplicaron para servidores de la rama ejecutiva nacional del poder público. Respecto de los servidores de los entes territoriales, en materia pensional continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias, hasta la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985. Esta ley exceptuó de su aplicación a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones.
1. Los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
2. Los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad.
3. Y, los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores.
La creación de la pensión de jubilación por aportes(1)
Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su artículo 7º consagró la denominada “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.
Así pues, en virtud de esta normatividad, los empleados oficiales y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón y, 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o las que hagan sus veces, con los efectuados en el Seguro Social, tendrán derecho a recibir la prestación jubilatoria por efectos de la acumulación de aportes derivados de la relación de trabajo de carácter particular y oficial(2).
En conclusión, “en virtud del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, la posibilidad de computar el tiempo servido en el sector público con el tiempo cotizado en el ISS, es un régimen pensional aplicable a quienes estuvieron vinculados laboralmente al sector oficial, a empleadores públicos y privados afiliados al ISS o a ambos, y requieren de la suma de todos los aportes hechos, para reunir los requisitos para acceder al derecho de pensión”(3).
Respecto de qué tiempo se debe computar para efectos de la pensión de jubilación por aportes, el citado Decreto 2709 de 1994 estableció la misma restricción que traía la reglamentación anterior. Al respecto dispuso expresamente:
ART. 5º—Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege (subraya la Sala).
Dado que esta reglamentación del Decreto 2709 de 1994, que es la vigente, fue expedida cuando ya regían la Constitución Política de 1991 y el sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, ha surgido el interrogante jurídico de si la restricción citada del artículo 5º debe aplicarse o no, si se tiene en cuenta que en el marco del sistema prestacional anterior a la afiliación a la seguridad social, concretamente para el servidor público, no era obligatoria sino facultativa de las entidades empleadoras, de modo que la ausencia de cotización ni le era imputable a los servidores de las entidades ni afectaban los derechos pensionales, dado que de todas maneras el empleado tenía derecho a las prestaciones, con o sin afiliación a las entidades de previsión(4).
Además es claro desde el punto de vista constitucional, que el derecho a la seguridad social es irrenunciable (C. P., art. 48), por lo cual en principio todo tiempo servido o cotizado a entidades públicas tiene vocación de aptitud para contabilizar los derechos pensionales.
En efecto, en sentencia del 1º de marzo de 2001, con ponencia del C. P. Alberto Arango Mantilla, Expediente 66001-23-31-000-0527-01-485-2000, se dijo:
“(…) los nominadores tienen el deber de practicar a sus empleados y trabajadores los descuentos parafiscales que habrán de girar luego a las respectivas cajas de previsión a título de aportes. De suerte que la no aportación a los entes de previsión de los valores correspondientes, en nada podrá afectar el derecho a la pensión de jubilación. Y sencillamente, en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la respectiva caja de previsión deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes; una tesis contraria podría conducir al absurdo de que un funcionario público tuviere que asumir las consecuencias negativas de los yerros de la administración, cuando quiera que ésta incumpliere sus deberes frente al pago de los mencionados aportes” (subrayado propio del texto original).
Bajo el anterior argumento, la Sala en la referida sentencia, así como en otras posteriores, ha decidido inaplicar la restricción que contiene el citado artículo 5º del Decreto 2709 de 1994.
La Sala reiteró(5) el mencionado criterio para considerar que, para efectos de la pensión de jubilación por aportes que debe aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es posible computar el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si dicho tiempo fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.
Finalmente, la Sección Segunda en sentencia de 28 de febrero de 2013, declaró la nulidad del artículo 5º del Decreto Reglamentario 2709 de 13 de diciembre de 1994, por cuanto en la norma reglamentaria acusada, el Presidente de la República rebasó el ámbito sustancial de la materia reservada. En esa oportunidad la Sección destacó que:
“… varias normas de la Constitución Política de 1991 establecen de manera explícita una reserva de ley sobre el tema que fue objeto de regulación por parte del Gobierno Nacional en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, a saber:
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su regulación(6). El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial(7).
A partir de lo anterior se evidencia que en la norma reglamentaria acusada el Presidente de la República rebasó el ámbito sustancial de la materia reservada, razón suficiente para declarar su nulidad…”(8) (negrilla fuera del texto original).
Queda por precisar cuál es el salario base de liquidación de la pensión de jubilación por aportes. Al respecto debe señalarse que el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 que establecía el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes fue derogado de manera expresa por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997.
Sobre este punto la Sala reitera en esta oportunidad lo que ha señalado esta Sub-Sección en la sentencia del 18 de marzo de 2010(9), en el sentido de que la regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tengan derecho a la pensión de jubilación por aportes es la establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispone:
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior [beneficiarios del régimen de transición] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
Dicha conclusión resulta acorde con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 19 y en el inciso 2º del artículo 22 del Decreto 1474 de 1997 al señalar que los bonos pensionales que haya lugar a expedir por razón de la pensión de jubilación por aportes serán reconocidos y pagados por la entidad competente para expedir dichos bonos en el nivel nacional o territorial y que el ingreso base de liquidación para el bono de los beneficiarios del régimen de transición “se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
Aparece probado que el señor Carlos Pardo Rodríguez nació el 21 de febrero de 1947, según la fotocopia de la cédula de ciudadanía que reposa a folio 5 del cuaderno anexo.
Se corrobora en el Certificado Nº 0659 expedido por la Contraloría Departamental del Tolima - secretaría administrativa y financiera que el demandado laboro como maestro oficial de enseñanza primaria desde el 15 de julio de 1966 a 12 de septiembre de 1974; que se desempeño en el cargo de jefe de enseñanza elemental de la secretaría de educación desde el 13 de septiembre de 1974 a 30 de abril de 1977; como jefe técnico pedagógico desde el 1º de agosto de 1977 a agosto de 1978; que fue secretario de educación departamental del 28 de agosto de 1978 al 4 de noviembre de 1980 y finalmente se desempeñó como director del Instituto Técnico de Cultura desde el 24 de noviembre de 1980 al 19 de septiembre de 1982 (fls. 31 y 32 del cdno. anexo de pruebas).
Convalidación del tiempo de servicio
Obra a folio 28 del cuaderno de pruebas, copia del título de doctor honoris causa otorgado el 15 de diciembre de 1995 por la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar - Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Asimismo se trajeron al expediente los registros realizados el año 2002 en la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor de 16 obras de autoría del demandado, entre las cuales se encuentra la obras literarias con los títulos: Protagonistas del Tolima Siglo XX y Novelistas del Tolima Siglo XXI (fls. 24 a 51), las mismas que fueron certificadas por los rectores y docentes de diferentes instituciones educativas, como texto guía y/o material de enseñanza de los pensum de literatura y español (fls. 69 a 70 del cdno. anexo de pruebas).
Se evidencia a folio 72 del cuaderno anexo que el señor Carlos Pardo elevó la solicitud de reconocimiento de su derecho pensional, el 21 de octubre de 2001 ante la secretaría administrativa de la gobernación del Tolima, entidad que mediante Resolución 1492 de 28 de diciembre de 2001, le negó el reconocimiento pensional aduciendo que no se acreditaron los 20 años de servicio en el departamento (fls. 72 a 83).
La anterior resolución fue apelada, ante la gobernación del Tolima quien la confirmó mediante de la Resolución 065 de 11 de septiembre de 2002 (fls. 91 a 109 de pruebas).
Con posterioridad el señor Carlos Pardo Rodríguez nuevamente solicitó ante la secretaría administrativa del departamento del Tolima el reconocimiento pensional, mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2003 (fls. 18 a 34).
Esta vez la secretaría administrativa del departamento por medio de la Resolución 2391 de 23 de diciembre de 2003, le reconoció la pensión de vejez, a partir del 2 diciembre de 2002, por haber acreditado 20 años de servicios y haber llegado a la edad para el reconocimiento del estatus pensional (fls. 9 a 17).
En el Acto Administrativo 2391 de 23 de diciembre de 2003, se realizó el siguiente computo de tiempos de servicio.
“Departamento del Tolima
Del 15 de julio al 12 de diciembre de 1966: 148
Del 1º de enero de 1967 al 12 de enero de 1967: 12
Del 1º de febrero de 1967 al 30 de abril de 1977: 3.690
Del 1º de agosto 1977 al 4 de noviembre3 de 1980: 1.174
Del 24 de noviembre de 1980 al 19 de septiembre de 1982: 656
Título honoris causa y textos literarios, pedagógicos y didácticos
Título honoris causa: 360
Protagonistas del Tolima Siglo XX: 720
Novelistas del Tolima Siglo XX: 720
ISS sector privado
Del 1º de febrero de 1972 al 30 de noviembre de 1972: 304
Del 1º de febrero de 1973 al 7 de marzo de 1974: 400
Del 1º de abril de 1974 al 30 de abril de 1974: 30
Del 22 de junio de 1994 al 31 de julio de 1994: 40
Del 6 de noviembre de 1998 al 30 de marzo de 1999: 145
Del 1º de julio de 1999 al 30 de marzo de 2000: 270
Del 1º de mayo de 2000 al 30 de mayo de 2000: 30
Total 8.699”
Adicionalmente se señaló que el ingreso base de liquidación de la pensión será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE (art. 36 de la L. 100/93 y Sent. C-168/95) (fl. 15).
De igual forma, preciso el acto de reconocimiento pensional que “en razón de que esta entidad liquida y reconoce la pensión de vejez, repetirá ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS) por la devolución de los aportes realizados con sus rendimientos durante el periodo de cotización del peticionario”.
Como normas aplicables al derecho pensional cita: artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Sentencia C-168 de 1995, los decretos 2527 de 2000, 1748 de 1995, 1497 de 1997 y 1513 de 1998.
El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que a pesar de que la norma aplicable era la Ley 71 de 1988 y que para la fecha de reconocimiento el actor no tenía el estatus pensional al no contar con 60 años de edad, este requisito de edad ya se había convalidado para la época de presentación de la demanda.
Sobre estos argumentos, considera la Sala advertir en primer término que el demandado es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 establecido en su artículo 36, lo que nos remite a la aplicación en principio de la Ley 33 de 1985, sin embargo se evidencia que al momento de entrada en vigencia de esta última ley, el señor Pardo ya contaba con 15 años de servicios a favor de la entidad territorial haciéndose beneficiario del requisito de edad, previsto en la Ley 6ª de 1945. No obstante y como para tener derecho a la pensión de jubilación bajo la Ley 6ª de 1945, es indispensable que el trabajador oficial sirva o haya servido durante 20 años continuos o discontinuos en el sector público, requisito que el actor no cumplió, pues laboró como docente al servicio del departamento, secretario de la secretaría de educación del mismo y jefe del área de técnica de la secretaría para un total de 15 años y 7 meses.
En este orden y como el señor Pardo Rodríguez pretende sumar tiempos laborados en el sector privado su derecho pensional queda regulado por lo previsto en la Ley 71 de 1988 que permite la acumulación de tiempos o cotizaciones en el sector público con las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales como trabajador particular o independiente.
Lo anterior significa que quien, como en este caso, se pensiona con las reglas del régimen de transición debe hacerlo en su integridad bajo el régimen pensional aplicable y cumpliendo la totalidad de los requisitos, por lo que debe entrar la Sala a verificar si el actor cumplía los presupuestos de tiempo de servicios y edad para que le fuera aplicable la Ley 71 de 1988.
Respecto al tiempo de servicios, se tiene que el actor acreditó que laboró y cotizó como servidor del departamento del Tolima, durante 15 años y 7 meses; que acreditó que laboró y cotizó al Instituto de Seguros Sociales durante 3 años, 2 meses y 14 días, para un total de 17 años, 11 meses y 9 días.
Ahora bien, se contabilizó como tiempo de servicios, la equivalencia de 4 años por la publicación de dos obras literarias y un año por el título honoris causa otorgado por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, para un total de 5 años de servicios.
Para un total de tiempo servido equivalente a 22 años, 11 meses y 9 días.
Sobre la convalidación del tiempo de servicios, es necesario que la Sala se pronuncie dado que en ello se centra la inconformidad del recurrente y del Ministerio Público quienes afirman que no era procedente realizar la equivalencia de dos años de servicios prestados a la entidad pública por la producción de un texto de enseñanza, ni la equivalencia de un año del título honoris causa, por cuanto al momento en que se reconoció el derecho ya había entrado en vigencia la Ley 797 de 2003.
Esta última ley aplicable al actor por cuanto al momento de la expedición del acto administrativo y la fecha a partir de la cual se reconoció el derecho pensional, el demandado no tenía un derecho consolidado, al no cumplir la totalidad de los requisitos pues no tenía 60 años de edad, que exige la Ley 71 de 1988, para ser beneficiario de la pensión.
En este punto de la providencia, es necesario precisar que el régimen de transición es un mecanismo de protección, para quienes si bien no han adquirido el derecho pensional al no haber cumplido la totalidad de requisitos para ello, tiene una expectativa legítima por adquirir este derecho, de conformidad con el régimen anterior que le es aplicable.
En el caso bajo estudio, como ya se anotó, el señor Pardo Rodríguez al momento de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones ya contaba con más 15 años de servicios a favor de la entidad territorial, pues se desempeñó como docente al servicio del departamento, secretario de educación del mismo y jefe del área técnica de la secretaría, lo que lo hacía beneficiario del régimen previsto con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante, quien se insiste, ya había laborado más del 75% del tiempo necesario para obtener el derecho pensional al momento de la entrada en vigencia del sistema de general de pensiones, se le deben respetar las condiciones de tiempo de servicio, edad y monto de la pensión con las que esperaban adquirir su derecho(10).
Por lo expuesto en precedencia, la Sala no comparte la apreciación del recurrente y del Ministerio Público, referente a que se debe dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 adicionado por el literal l) del artículo 2º de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, teniendo en consideración que el acto acusado se expidió el 23 de diciembre de 2003, pues a pesar de que en esta normativa restringe la posibilidad de sustituirse semanas de cotización con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión; el señor Pardo Rodríguez lo cobija el régimen de transición, por lo que debe respetársele las condiciones establecidas en el régimen anterior para acreditar el tiempo de servicios, en el cual se permitían las equivalencias, como producción de obras literarias y títulos honoris causa.
Así las cosas, resalta la Sala que para el reconocimiento pensional del señor Pardo Rodríguez es procedente aplicar la equivalencia de dos años de servicio prestados en la entidad pública por la producción intelectual de una obra literaria de carácter académico de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 y los artículos 3º y 5º del Decreto 753 de 1974, los cuales en su tenor literal señalan:
La Ley 50 de 1886
La producción de un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un período exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos caso el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública”.
Decreto Nacional 753 de 1974 “por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886”.
“ART. 1º—Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para recomendarlos.
En todo caso se acompañará un ejemplar y este se conservará en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento.
ART. 4º—Declarado nulo fallo Consejo de Estado, fechado el 19 de junio de 1975.
ART. 5º—Tienen derecho al reconocimiento de dos años de servicio público quienes hayan editado una revista o un periódico, al menos durante un año continuo, siempre que el material sea exclusivamente pedagógico o didáctico, cualquiera que sea la especialidad y la publicación se haya sometido a las normas sobre circulación de impresos, que se indique al pie de imprenta y se hayan impreso no menos de quinientos ejemplares cada vez.
ART. 6º—El interesado precisará los lugares en donde se haya distribuido la publicación, o los establecimientos o centros en que ha tenido acogida, así como el número de páginas de que se compone cada entrega, las que no pueden ser menos de 20 con dimensión mínima de 30 X 20 cm. Las entregas del periódico o la revista deben ser quincenales, por lo menos.
ART. 7º—El reconocimiento se hará aunque la publicación haya circulado con distintos nombres y formatos, siempre que cumpla un año, que se trate del mismo autor y que satisfaga los fines exclusivos previstos en la ley y en este decreto.
ART. 8º—El Ministerio de Educación calificará y certificará si el periódico o la revista contiene materiales exclusivamente pedagógicos o didácticos. El interesado acompañará los materiales que deben ser objeto de calificación.
ART. 9º—Con la petición de la jubilación deberá presentarse, además, a fin de que pueda hacerse el reconocimiento de los años de servicio para cada tomo o por cada periódico publicado, una certificación del Ministerio de Hacienda en la cual conste que ni el interesado, ni quien editó el libro o libros, o los periódicos o revistas, según el caso, han recibido ningún auxilio del tesoro nacional para la obra de que se trata. Con tal objeto, se especificará en el certificado el título de la obra, su autor, año de impresión, pie de imprenta, y se indicará el nombre del gerente o propietario de esta.
ART. 10.—El presente decreto rige desde la fecha de su expedición”.
Del conjunto probatorio infiere la Sala que las obras que se tuvieron en cuenta y que cumplieron los requisitos para que se realizara su convalidación fueron las tituladas Protagonista del Tolima Siglo XX, obra literaria editada, la primera publicación se realizó el mes de agosto de 1995, registrada el 2 de diciembre de 2002, registro visible a folio 63, y, Novelistas del Tolima Siglo XX, obra literaria editada, cuya primera publicación se realizó en el año 2002, registrada el 2 de diciembre de 2002, tal como consta en el registro visible a folio 62.
En este orden de ideas, se debe señalar que al beneficiarse del régimen de transición pensional el actor de las obras, hoy demandado, podía solicitar que se le aplicara el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, para la pensión que le correspondería según el régimen aplicable, pues los requisitos se cumplieron a cabalidad dado que se realizó la publicación de una de las obras en 1995 y la otra en el 2002, se registraron ante la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derecho de Autor, y este registro que es plena prueba, se certificó de conformidad con el decreto reglamentario ya citado y se realizaron declaraciones extrajuicio de la importancia de las obras literarias a nivel académico en el departamento del Tolima (fls. 71 a 117).
Así las cosas, era procedente tenerse en cuenta la equivalencia de las dos obras literarias mencionadas para computar el tiempo de servicio prestado por el señor Pardo Rodríguez al departamento.
Ahora, frente a la equivalencia del título honoris causa otorgado el 15 de diciembre de 1995 por la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar - Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (fl. 28 del cdno. de pruebas) el cual se tuvo como equivalente a un año de servicios prestados al departamento como docente, se tiene que el Decreto 224 de 1972 “por el cual se señalan las asignaciones de los rectores o directores, prefectos y profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, al servicio del Ministerio de Educación Nacional y se establecen estímulos de diversa índole para los mismos funcionarios”, en su artículo 9º establece:
“ART. 9º—El maestro o profesor a quien se le haya otorgado o se le otorgue una distinción académica como doctor “honoris causa”, o reciba una condecoración del Gobierno Nacional o extranjero por servicios prestados a la docencia se le reconocerá un año de servicios computable en el tiempo requerido para el ascenso en el escalafón y para obtener la pensión de jubilación”.
De la normatividad transcrita y de lo probado en el proceso se corrobora que el titulo se le otorgó el 15 de diciembre de 1995, fecha para la cual era válido hacer la equivalencia referida y que fue solicitada por el actor con el fin de que se le reconociera su derecho pensional, al momento en que estimó se consolido su estatus pensional.
Así las cosas, la Sala no encuentra reparó en la equivalencia realizada para computar el tiempo de servicios realizada en el acto de reconocimiento del derecho pensional, y por tanto debe tenerse como tiempo sumado el computo por la entidad al momento de reconocer el derecho, esto es más de 20 años.
Ahora bien teniendo claro que el señor Pardo Rodríguez, cumplió al momento de reconocerse el derecho pensional el tiempo de servicios, esta Sala analizará si se cumplió con el requisito de la edad (60 años) establecida en la Ley 71 de 1988.
El señor Carlos Pardo Rodríguez nació el 21 de febrero de 1947, como se constata en la copia de la cedula de ciudadanía visible a folio 38; pudiendo afirmarse que para el 2 de diciembre de 2002, fecha en la que se le reconoció su derecho pensional, su edad era de 55 años.
Así las cosas, es dable concluir que el señor Carlos Pardo Rodríguez solo hasta el 21 de febrero de 2007 cumplió con el pleno de los requisitos de la Ley 71 de 1988.
Conforme a lo explicado, la Sala considera que la pensión de jubilación del demandado debió ser reconocida a partir de la fecha en que se cumplió el requisito de edad establecido en la Ley 71 de 1988 que le era aplicable, es decir, al cumplir los 60 años de edad, y no desde cuando el ente territorial, hoy demandante, hizo el reconocimiento por medio del acto aquí enjuiciado aplicando la Ley 6ª de 1945 con 50 años de edad, puesto que solo el 21 de febrero de 2007 consolido su estatus pensional.
En este orden de ideas, es evidente que el reconocimiento pensional no debió efectuarse con 20 años de servicios y 50 años de edad, pero como para la fecha en que se demanda el acto de reconocimiento por la entidad, el pensionado contaba con más de 60 años —edad exigida en el régimen de la Ley 71 de 1988— y como lo que se pretende por la demandante es que se ordene que no debe continuar cancelando la mesada pensional, pretensión que a todas luces resulta improcedente dada la especial protección del sujeto pensionado, no procede la anulación del acto demandado.
Del ingreso base de liquidación
En lo relacionado con la base liquidatoria cuando se reconoce la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988 esta Sala efectuó las siguientes precisiones, en la sentencia de 18 de marzo de 2010 dictada dentro del expediente con el número: 15001233100020020220201 (Nº interno 2322-2008):
“… El ingreso base de liquidación reglamentado en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 “corresponde al salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios”, norma esta que fue derogada de manera expresa por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, razón por la cual, la nueva regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tengan derecho a la pensión de jubilación por aportes es la establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispone:
Por lo anterior, encuentra la Sala que para determinar el ingreso base de liquidación, con el fin de establecer el monto pensional del señor Pardo Rodríguez, le era aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo hizo la entidad territorial en el acto de reconocimiento pensional demandado.
En este punto, debe reiterar la Sala que en el caso bajo estudio no es posible aplicar los decretos reglamentarios de la Ley 71 de 1988, dado que el estatus pensional se adquirió con posterioridad a la derogatoria de los decretos que establecieron la forma de determinar el ingreso base de liquidación bajo el mencionado régimen de transición(11).
Devolución del pago del monto de las mesadas pensionales a partir del reconocimiento pensional realizado por la entidad territorial hasta el cumplimiento pleno de los requisitos de la Ley 71 de 1988.
Debe en este punto precisar la Sala que a pesar de que hay un tiempo de disfrute ya pagado, al cual no tenía derecho el demando no es procedente el reintegro de los valores correspondientes al monto de las mesadas pensionales percibidas durante el 2 de diciembre de 2002 al 21 de febrero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 [2] del Código Contencioso Administrativo, pues el demandado las percibió de buena fe, condición que no fue desvirtuada en el curso del proceso.
A modo de conclusión, es dable señalar que no es procedente declarar la ilegalidad del acto de reconocimiento pensional a favor del señor Carlos Orlando Pardo Rodríguez, por cuanto: i) computó el tiempo de servicios requerido; ii) la liquidación de la base pensional como se anotó se hizo de conformidad con la normatividad aplicable para el caso y iii) el pensionado tiene la edad requerida para el reconocimiento pensional, aun más en la actualidad el pensionado ya cuenta con más de 65 años de edad lo cual lo hace sujeto de especial protección constitucional.
CONFÍRMASE la sentencia de 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las suplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte resolutiva de esta providencia.
(1) Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 9 de junio de 2011. Expediente 25000232500020050552001, M. P. Gerardo Arenas Monsalve.
(2) Corte Constitucional. Sentencia C-623 del 4 de noviembre de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara.
(3) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1718 proferido el 9 de marzo de 2006, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo.
(4) Al respecto debe recordarse que la legislación prestacional anterior contenía un criterio de “efectividad de las prestaciones”, consistente en que estas debían ser reconocidas por la entidad de previsión social a la cual estuviera afiliado el empleado; y si no tuviere afiliación a ninguna entidad de previsión, la prestación respectiva debía ser suministrada directamente por la entidad o empresa oficial empleadora (ver: D. R. 1848/69).
(5) Criterio reiterado, entre otras, en la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, el 9 de junio de 2011 dentro del Expediente 1177-2009 con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
(6) Sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
(8) Consejo de Estado, Sección Segunda, C. P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Sentencia de 28 de febrero 2013. Radicación 11001-03-25-000-2008-00133-00(2793-08).
Actor: Sabrina Sánchez González y Juan David Quintero Sánchez Demandado: Gobierno Nacional y Ministerio de la Protección Social.
(9) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Referencia 150012331000200202202 01 Nº (2322-2008) C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 23 de mayo de 2013 Referencia 11001-03-25-000-2006-00082-00 Nº interno 1398-2006 actor: Miguel Mármol de los Santos.
(11) En el mismo sentido se pronunció esta Sala en la sentencia de 9 de junio de 2011 en el proceso interno 117-2009.