Source: http://merellesperez.blogs-r.com/weblog/page/merellesperez?catname=/Publicaciones
Timestamp: 2020-07-15 07:17:17
Document Index: 71971032

Matched Legal Cases: ['artículo 246', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 3', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 118', 'artículo 89', 'artículo 78', 'artículo 89']

Hemos trasladado nuestro BLOG. Visítanos en http://merellesperez.blogspot.com.es/
Hemos trasladado nuestro BLOG. Visítanos en http://merellesperez.blogspot.com.es/[ Más ]
Aplicabilidad de las tasas judiciales en supuestos de solicitud de concurso necesario instado por los trabajadores.
Publicado. Revista Concursal y Paraconcursal (Portal de Revistas) sección Destacamos "Artículos". Dirección. Dña. Juana Pulgar Ezquerra. ISSN (soporte electrónico): 1697-7068. Artículo ACEPTADO 06_02_13-ENVIADO 31_01_13. La ley. GWK. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Ed. Web.
RESUMEN. La Ley 10/2012 sobre tasas judiciales prevé como uno de los hechos imponibles la solicitud de concurso necesario. En este trabajo se analiza la aplicabilidad de la tasa en los casos de concurso necesario solicitado por los trabajadores.
PALABRAS CLAVE. Tasa judicial. Concurso necesario. Orden social. Exención parcial.
19/2/2013. Presentado en el Tribunal Constitucional Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas.
COSTAS. IMPUGNACION. PLURALIDAD INTERVINIENTES. MINUTA IDEAL. AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA . Sección 006
Único.- Por la Procuradora Doña, XXXXX en nombre y representación de XXXXX, se impugnaron las tasaciones de costas practicadas en el presente proceso en fecha 10-11-2011 a instancia de XXXXX. y, y XXXXX en fecha 7-12-2011 a instancia de XXXXX por considerar excesivos los honorarios de Abogado, confiriéndose traslado a las solicitantes de las tasaciones, para alegaciones, con el resultado que obra en autos.
Con fecha 27 de septiembre de 2012 se emitió el preceptivo dictamen por el Colegio de Abogados.
Primero.- Dispone el artículo 246.1 de la L.E.C., en su redacción conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los Abogados, se oirá en el plazo de cinco días al Abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe; añadiendo el número tercero que el secretario judicial, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas.
Segundo.- Plantea la parte apelante al impugnar las tasaciones practicadas en el presente proceso en fecha 10-11-2011 a instancia de XXXXX, S.L. y XXXXX, en su escrito presentado el fecha 28 de noviembre de 2011, dos causas de oposición a la minuta del Letrado, en primer lugar alega que, en vez de las distintas minutas presentadas, ha de elaborarse una minuta ideal entre todos los favorecidos por la condena en costas y dividirla entre todos los minutantes; en segundo lugar indica que se podría superar el límite prevenido en el artículo 394 LEC. Dichas causas de oposición son desarrolladas y ampliadas al impugnar la tasación practicada en fecha 7-12-2011 a instancia de XXXXX, añadiendo una serie de consideraciones sobre la inclusión del IVA en las tasaciones de costas, y su exclusión por la Letrada minutante. Termina indicando en definitiva que una cosa son los honorarios a efectos de condena en costas y otra lo que puedan cobrar a sus clientes los profesionales.
Pasamos a estudiar en primer lugar la alegación relativa a la aplicabilidad del límite del artículo 394 LEC, ya que, de estimarse, determinaría el resto de las causas de impugnación, teniendo en cuenta además que la impugnante trata las causas de impugnación indicadas de forma interrelacionada y conjunta.
Pues bien, siendo la cuantía a efectos de recurso, según la sentencia, la de 19.968,93 €, a ella habrá de estarse para aplicación del límite del artículo 394-3 LEC; así las cosas, el impugnante pretende que puede superarse no ya el límite de la tercera parte de la cuantía sino la cuantía misma, pero para ello toma en consideración, no solamente el importe sumado de las distintas minutas sino incluso la suma de las minutas de instancia y las de apelación. El argumento no puede sostenerse, pues el artículo 394 habla de “una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento” y a su tenor literal habrá de estarse conforme al artículo 3 del Código Civil. La argumentación de la defensa de XXXXX (escrito de fecha 13-12-2011) es incontestable y la jurisprudencia que cita, concluyente.
En cuanto a la consideración conjunta de instancia y apelación tampoco es aceptable, por igual motivo podía añadirse la casación, interpretación que evidentemente la Ley no ampara, en tal sentido el auto del Tribunal Supremo de 30/01/2009 ponente Excmo. Sr. Francisco Marín Castán, establece que “es inaceptable la tesis de que la limitación contemplada en tal precepto debe aplicarse computando las tasaciones de las dos instancias y la casación, pues en tal caso no sólo se estarían fomentando la gratuidad para quien recurra a costa de la parte finalmente vencedora y por tanto dotada de la razón jurídica sino que, además, se estarían interfiriendo las competencias de los tribunales llamados a pronunciarse sobre la tasación de las costas de cada grado jurisdiccional y se desconocería que no siempre la parte condenada al pago de las costas de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal lo ha sido también a pagar las de las instancias”. En definitiva ha de rechazarse la causa de impugnación.
Tercero.- Se centra entonces el objeto de debate en la pretensión de que ha de elaborarse una minuta ideal y repartirse su importe entre los beneficiados por la condena en costas.
Los distintos baremos de honorarios de Abogados recogen soluciones al respecto opuestas, así Así en Cádiz si el actor pierde el pleito, aplicando la norma Colegial cada uno de los Letrados de los demandados tendría derecho a cobrar una sola minuta independiente. Por el contrario, en Madrid o en Barcelona, los distintos Letrados de los demandados y vencedores en el juicio sólo tendrían derecho a cobrar del vencido una sola minuta ideal, con posibles incrementos porcentuales, sin perjuicio del derecho a cobrar el resto de sus honorarios frente a sus propios clientes, que no frente al vencido en costas, aunque admiten excepción. (Entre otras Normas, véase las de Madrid (Criterio General 9. NH 24-07-2001), de Barcelona y resto de Colegios Catalanes (Criterio General 1.11 NH 16-12-2004).
Los Criterios del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela no contienen el criterio específico corrector de la minuta ideal para los casos de pluralidad de interesados acreedores de costas, más bien del Apartado E) del Capítulo VII, para caso de colitigantes, cabría deducir lo contrario.
El T.C. solo incidentalmente se ha pronunciado sobre la autonomía de los Colegios para fijar honorarios y su valor orientativo señalando que las normas de honorarios “no son únicas y unívocas”.
Por su parte el TS cuando determina los criterios a la hora de fijar las costas frente al vencido y condenado en costas señala que hay que evitar la aplicación de la cuantía de forma mecanicista y determina que se deben ponderar cuando hay pluralidad de letrados en misma posición procesal ya que es claro no es equiparable a la minuta frente al propio cliente y desde luego no está vinculado por el Dictamen del Colegio. ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de octubre de 2011.
Además la doctrina existente en materia de costas parte de la suposición de que los tribunales ordinarios van a realizar una labor de control frente a los posibles abusos en materia de costas y por este motivo lo reconducen a los tribunales y a una cuestión de legalidad ordinaria: “Posibilidad de imposición de costas que constituye un riesgo común «que todo potencial litigante debe valorar y asumir antes de instar la actividad procesal de los Jueces y Tribunales, sopesando, con el adecuado asesoramiento profesional, las posibilidades de éxito de las acciones judiciales que se propongan ejercitar absteniéndose de promover las que, en buena técnica jurídica y según normales criterios de experiencia forense, se manifiesten temerarias de mala fe o totalmente infundadas». Pues es sabido «que en último término si la ponderación efectuada resulta errónea y se produce la imposición de costas, el litigante condenado a su pago tiene siempre la garantía de que los honorarios de los Letrados de la parte contraria serán sometidos, previa impugnación de los mismos, a las reducciones que el Juez o Tribunal estime justas”.
La pretensión de la impugnante nos lleva así a la necesidad de valoración –siempre subjetiva- del trabajo realizado por los Abogados autores de las minutas. Tras la atribución de competencia resolutoria en estos temas al Secretario del Tribunal, operada por la Ley 13/2009, forzoso es admitir que esta competencia alcanza a tal valoración, sin embargo el Secretario que resuelve es reacio a la valoración de referencia, no tanto porque dude de tal competencia como por el hecho de que, en el sistema anterior, la Sala de Justicia conocía en profundidad el tema resuelto y el trabajo desarrollado por los profesionales, lo que no concurre en el caso del Secretario; además el dictamen colegial nada informa al respecto entendiendo que el tema no le corresponde.
Que el trabajo en el recurso es por regla general más sencillo que el desarrollado en la instancia ya es algo que las propias normas de honorarios tienen en cuenta al establecer un criterio porcentual respecto de los importes de ambas instancias; no cabe infravalorar el trabajo de los Abogados contrarios, desarrollado en sus escritos de oposición, máxime cuando la eficacia de su trabajo viene avalada por el resultado del recurso favorable a sus clientes; si tan sencilla era la oposición al recurso y tan simple era el asunto, tal vez el recurrente debió abstenerse de recurrir, dicho sea con todo el respeto que desde luego nos merece el Sr. Letrado impugnante.
Las posiciones de los demandados apelados, aunque confluyentes en su fin, son suficientemente distintas como para merecer una minuta diferenciada (XXXXX como segundo comprador y XXXXX como acreedor hipotecario y tercero registral).
El Secretario que suscribe no encuentra otros datos, para rebajar las minutas cuestionadas a través de la pretendida minuta ideal conjunta, antes bien, examinado el asunto (artículo 246-3 LEC), no puede dejar de hacer referencia a la sentencia de apelación en la que se contienen entre otras las siguientes expresiones: “apela el demandante obstinándose, con tan extensas como infundadas alegaciones”; “el demandante desatiende la jurisprudencia que invoca”; “El mejor argumento de la sinrazón del apelante es que en el recurso plantea una cuestión nueva, en frontal contradicción con los hechos y fundamentos jurídicos constitutivos de la demanda” (FJ 1º); todo ello supone, a juicio del que suscribe, indicios de temeridad que excluyen la posibilidad de ulterior moderación de las minutas cuestionadas. Aún cabría añadir, para el caso de que en la instancia se pudiera adoptar solución diferente, que el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva ha de tener una consideración muy diferente en la apelación, según tiene establecido el tribunal Constitucional, ya que el derecho a recurrir precisa evidente limitación y, en plano legislativo, buena prueba de ello es la reciente Ley de Tasas, que viene a establecer unas considerables cuantías en vía de recurso, respecto de las fijadas para la instancia.
Cuarto: Ya por último, en lo referente al IVA, respecto de lo cual sólo se alega en la impugnación de la tasación practicada a instancia de XXXXX, en la que se excluye por la propia Letrada minutante, por lo que las alegaciones sólo podrían alcanzar a los derechos de Procurador y no al resto de las tasaciones, ello no obstante, salvo en el caso de los letrados que no actúan dentro del ejercicio libre de su profesión, sino como empleados de determinadas empresas (así XXXXX), entendemos que debe incluirse. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21-5-07 (Sección 11) manifiesta que: “De conformidad con la STS de 13-2-01, es preciso incluir el IVA en la tasación de costas, pues si bien el sujeto pasivo de dicho impuesto es la persona que actúa profesionalmente, por tratarse de un impuesto de naturaleza indirecta que grava como hecho imponible las operaciones en el desarrollo de la actividad profesional, resulta lógico entender que cuando la contraparte sea condenada al pago de las costas deba incluirse este concepto, por estar endosado el IVA al importe de los honorarios o derechos que ha de cobrar quien preste el servicio profesional.” Así AUTO Nº 47/11 de esta Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña: ante la alegación de que se estima indebida la aplicación del IVA a los honorarios y derechos de los profesionales intervinientes, al ser la vencedora en costas una sociedad que puede deducir el impuesto, responde que “No puede admitirse el argumento pues la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a esta concreta cuestión -como por otra parte ha mantenido esta Sección, en este ámbito de debate y en otros similares (IVA de facturas de reparación, por ejemplo)- es clara y se expresa en las STS 16-5-2008 nº 462/2008 ó 6-4-2009 nº 167/2009…”
Por todo lo cual procede, con desestimación de la impugnación, la aprobación de las tasaciones de costas en sus propios términos.
Quinto: En cuanto a costas, de conformidad con el apartado 3 del artículo 246 de la L.E.C., si la impugnación de la tasación de costas es completamente desestimada se impondrán las costas del incidente al impugnante, si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos. Procede en definitiva la imposición a la parte impugnante de las costas de la presente impugnación.
1.- Desestimar la impugnación formulada por la Procuradora Doña XXXXX, en nombre y representación de D. XXXXX, de las tasaciones de costas practicadas en el presente proceso en fecha 10-11-2011 a instancia de XXXXX y XXXXX, y en fecha 7-12-2011 a instancia de XXXXX, por el concepto de honorarios excesivos.
2.- Aprobar las tasaciones por importe respectivo de dos mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (2.442,48 €) a instancia de XXXXX; dos mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos (2.443,59 €) a instancia de XXXXX; y dos mil ciento sesenta y nueve euros con diez céntimos (2.169,10 €) a instancia de XXXXX.
3.- Se imponen a la parte impugnante las costas de la impugnación.
I´LLustre Col-legi d´Advocats de Barcelona. Bibilioteca. Novetats bibliogràfiques. Gener 2013
I´LLustre Col-legi d´Advocats de Barcelona. Bibilioteca.
Novetats bibliogràfiques. Gener 2013
Recurs electrònic. Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona biblioteca@icab.cat –93 601 12 60
MERELLES PÉREZ, Manuel
Títol = La Nueva ley de tasas judiciales : texto, comentarios y alternativas / Manuel
Merelles Pérez y Carlos Cómitre Couto
Editorial = Málaga : Editorial Ley 57, DL 2012
Descripció física = 99 p. ; 21 cm + 1 annex
Conté = Inclou annex amb el text legislatiu
ISBN = 9788493985943
Matèria = Tasas judiciales. -- -- España
Resum/sumari
Topogràfic 347.921.6(46): 336.232Mer
https://www.icab.cat/files/242-358008-DOCUMENTO/Novetats%20bibliogràfiques%20Biblioteca%20%20Gener%202013%20-%20Dret%20financer.pdf
Firma Invitada. Consejo General de Procuradores.
Mandamientos de devolución o de pago
http://www.cgpe.net/descargas/revista/99/46-49Firmas.pdf
Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales de Andalucía. Escrito al Defensor del Pueblo
Carta al Defensor del Pueblo del Procurador D. Manuel Merelles Pérez
Para descargar la carta dirigida al Defensor del Pueblo por el Procurador de los Tribunales de Santiago de Compostela, D. Manuel Merelles Pérez ir a Servicios al Procurador - Documentos
http://www.consejoandaluzdeprocuradores.com/noticias.asp?m=nprocura
Principales puntos sobre la Nueva Ley de Tasas tratados en la Charla Coloquio en el ICAM, el pasado 23 de enero
Durante la participativa charla – coloquio acerca de la Nueva Ley de Tasas Judiciales mantenida en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, los autores del libro La Nueva Ley de Tasas Judiciales, Manuel Merelles Pérez, Procurador de los Tribunales de Santiago de Compostela (que intervino por videoconferencia) y Carlos Cómitre Couto, abogado del Colegio de Abogados de Málaga y Catalina Cadenas de Gea, secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Málaga, debatieron con los asistentes acerca una amplia suma de cuestiones importantes tales como la complejidad en la tramitación y gestión de la norma, el impedimento el acceso efectivo a la justicia, la doble imposición a los ciudadanos de Cataluña que han convivido con las dos tasas: la estatal y la autonómica, la presunción de fraude o abuso por parte de los ciudadanos que acuden a la justicia (alegando la alta litigiosidad), la no contemplación de la posibilidad de incluir una pluralidad de sujetos en el modelo 696, la importancia de determinar la cuantía o las exenciones y la relación entre las tasas y la posible suspensión de los plazos procesales. Asi como la bonificación por presentación a través de medios telemáticos.
En palabras de uno de sus autores: “la aplicación de la tasa a cada uno de esos demandantes suponen la violación clara del derecho a la tutela judicial efectiva”.
http://www.ley57.com/pt4/es/categories/item/140-resleytasasicam.html
Notas sobre la nueva Ley de Tasas Judiciales.
I.C.A. Málaga. 24/1/2013
En esta entrada queremos resumir algunas de las cuestiones más interesantes que se trataron en la Charla-Coloquio celebrada ayer, 23 de enero en el Colegio de Abogados de Málaga. La actividad, organizada por la Comisión de Formación del Colegio y la Editorial Ley 57, consistió en la presentación del libro La nueva Ley de Tasas Judiciales: Texto, comentarios y alternativas a cargo de sus autores: Manuel Merelles Pérez, Procurador de los Tribunales de Santiago de Compostela (que intervino por videoconferencia) y Carlos Cómitre Couto, abogado del Colegio de Abogados de Málaga.
La presentación de la actividad corrió a cargo de Damián Vázquez, vicedecano del Colegio, que volvió a manifestar el compromiso de la Junta de Gobierno en la lucha contra la aplicación de las tasas.
El libro cuenta con un prólogo de Catalina Cadenas de Gea, secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Málaga (presente en la sala) del que nos parece adecuado citar un fragmento para entrar en materia:
"Imponer a quien no le queda más remedio que acudir al juez una importante, incluso desmedida, carga económica supone en la práctica dejar una sola y aterradora solución: resolver la cuestión sin respeto a norma alguna"
Carlos Cómitre intervino en primer lugar, deteniéndose en un conciso análisis del texto legal. Para empezar,
señalaba que mientras que la Ley es muy breve (sólo 11 artículos), la Orden Ministerial que la desarrolla es mucho más extensa, lo que a sus ojos se traduce en complejidad en la tramitación y gestión de la norma. A continuación, y en referencia al Preámbulo afirmaba que en él se hace una interpretación torticera de la doctrina del Tribunal Constitucional (concretamente de la STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012) en la que se reconocía la constitucionalidad de una tasa judicial siempre y cuando no impida el acceso efectivo a la justicia, lo que, en opinión de los ponentes está ocurriendo claramente en la actualidad.
El artículo 1 de la Ley se refiere al ámbito de aplicación de la Ley, que se establece como estatal sin perjuicio de las tasas que exijan las Comunidades Autónomas. Consecuencia de esta previsión es que durante dos meses, los ciudadanos de Cataluña han convivido con las dos tasas: la estatal y la autonómica, cuando además gravaban situaciones diferentes, hasta la suspensión de la aplicación de la tasa autonómica en Cataluña.
Otro punto analizado fue el hecho imponible, contemplado en el artículo 2 de la Ley, según el cual, lo que se grava es el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Ahora bien, según los ponentes, la potestad jurisdiccional se ejerce a través de la sentencia, y no por la mera solicitud de la justicia. Por lo tanto, este hecho no debería gravarse más allá de lo establecido en el art. 394 de la LEC. De lo contrario, se está presumiendo un fraude, un abuso por parte de los ciudadanos que acuden a la justicia.
El artículo 3, por su parte, describe como sujetos pasivos de la tasa a "quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Pero ¿y si nos encontramos ante una pluralidad de demandantes? Carlos Cómitre puso el ejemplo real de 11 trabajadores que presentaban un recurso frente a su despido. Recordaba que este tipo de situaciones son especialmente frecuentes en el orden social. ¿Cómo interpetar la norma en este caso? Carlos añadió que la Orden no contempla la posibilidad de incluir una pluralidad de sujetos en el modelo 696. Manuel Merelles fue contundente al respecto: hay un único hecho imponible. Las interpretaciones judiciales de las que se deriva la aplicación de la tasa a cada uno de esos demandantes suponen la violación clara del derecho a la tutela judicial efectiva.
Otra cuestión sobre la que nos llamaron la atención los ponentes es la relativa a la importancia de determinar la cuantía. Hasta hace poco, era frecuente encontrar demandas en las que no se había indicado la cuantía o la cuantía era indeterminada. La nueva ley obliga a abogados y a procuradores a reflexionar, a detenerse en cómo se atribuye la cuantía en una demanda, interpretando los arts. 250 a 253 LEC. El consejo de Manuel Merelles a este respecto: en caso de duda, siempre fijar la cuantía más baja, ya que siempre existirá la posibilidad de presentar una complementaria.
Para los ponentes, el artículo que está dando lugar a más intepretaciones es el 4, relativo a las exenciones. Esto se ha hecho especialmente patente en el ámbito de Familia. En ese sentido, Carlos Cómitre clasificaba los criterios que han publicado los distintos Juzgados y Secretarios de Familia de todo el país en interpretaciones detalladas y genéricas.Como ejemplos de interpretaciones detalladas, entre otras, las de los Juzgados de Barcelona, que podéis consultar en esta entrada del blog de Assumpció Martínez, las de los Juzgados de Málaga, que podéis ver en este enlace de nuestra web colegial. Y como ejemplo de interpretación genérica, las de los Juzgados de Alicante, a las que podéis acceder desde esta entrada en el blog Abogados contra la tasa (que volveremos a citar al final)
Por último, otro de los aspectos que más polémica generó en la sala fue la relación entre las tasas y la posible suspensión de los plazos procesales. Los ponentes señalaron que el plazo que la Ley concede para la subsanación de la no presentación de las tasas no paraliza los plazos procesales. Es decir, mientras se está debatiendo con el secretario judicial sobre si se devenga o no la tasa, pueden precluir los plazos. En este caso, Manuel Marelles comentaba la estrategia que ellos están siguiendo: si entienden que es un supuesto que está exento, no presentan la tasa con la demanda. El secretario entonces les requerirá para que la presenten, pero ellos previamente han planteado una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos para intentar paralizar los plazos. La cuestión es si los secretarios judiciales van a aceptar esos argumentos.
También se trató brevemente la bonificación por presentación a través de medios telemáticos. Sobre este particular os remitimos a este artículo del Consejo General de la Abogacía.Finalizamos esta crónica con algunas recomendaciones de lectura para profundizar sobre el tema:
El blog Abogados contra la tasa, cuyos autores son Carlos Cómitre y Ana Belén Ordóñez
Propuesta para presentar cuestión de constitucionalidad, en el blog de José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena
Más propuestas, en la página Procedimientos libres , una iniciativa de Javier de la Cueva
Y como blogs de referencia,
-Verónica del Carpio
-¿Hay derecho?
http://www.icamalaga-blog.com/2013/01/notas-sobre-la-nueva-ley-de-tasas.html
Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para la elaboración de informes periciales por Peritos
Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para la elaboración de informes periciales por Peritos.
NORMATIVA ESTUDIADA
RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA art.2 , art.6 Ley 37/1992 de 28 diciembre 1992. Impuesto sobre el Valor Añadido IVA art.75 , art.88
En materia de facturación
Aplica art.2, art.6 de RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA Aplica art.75, art.88 de Ley 37/1992 de 28 diciembre 1992. Impuesto sobre el Valor Añadido IVA Cita RD 1065/2007 de 27 julio 2007. Reglamento general de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria Cita art.89.1 de Ley 58/2003 de 17 diciembre 2003. Ley General Tributaria Cita RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA
Núm. de consulta vinculante 1944/2009
Perito arquitecto que recibe provisiones de fondos para la realización de dictámenes periciales.
Obligación de facturar dichas provisiones de fondos y a quién se deben facturar.
- Forma de realizar las declaraciones informativas de terceras personas. (modelo 347)
1.- Las normas relativas al devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido se contienen en el artículo 75 de la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido EDL 1992/17907 (Boletín oficial del Estado del 29), que se refiere en su apartado dos de forma específica a los pagos efectuados con anterioridad a la realización del hecho imponible en los siguientes términos:
"Artículo 75. Devengo del Impuesto.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos".
Por lo tanto, la provisión de fondos percibidos por el consultante a que hace referencia el escrito de consulta, previa a la realización
de la operación objeto de consulta, tendrá, con carácter general, la consideración de pagos anticipados, cuyo cobro origina el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida correspondiente a los importes percibidos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse, conforme a lo previsto en el artículo 88, apartado dos de la Ley 37/92 EDL 1992/17907 , mediante factura o documento sustitutivo, en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
Asimismo, el artículo 88, apartado tres de dicha Ley establece que la repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar factura o documento sustitutivo correspondiente.
2.- Por otra parte, conviene reseñar que el artículo 2, apartado 1, segundo párrafo del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre EDL 2003/136134 (Boletín Oficial del Estado del 29), declara que "también deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos recibIdos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que debe asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior". Por su parte, el artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación dispone que:
"1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios.
En el citado Reglamento no se define quién debe figurar como destinatario en las facturas que expidan los empresarios o profesionales por las operaciones que realicen.
A tales efectos, y según reiterada doctrina de este Centro directivo, se debe considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la citada entrega o servicio constituye la prestación.
Al respecto, cabe recordar que, según el concepto generalmente admitido por la doctrina, por obligación debe entenderse el vínculo jurídico que liga a dos (o más) personas, en virtud del cual una de ellas (deudor) queda sujeta a realizar una prestación (un cierto comportamiento) a favor de la otra (acreedor), correspondiendo a este último el correspondiente poder (derecho de crédito) para pretender tal prestación.
Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, debe entenderse como destinatario de las operaciones, cuya identificación debe consignarse en la correspondiente factura, a la persona física o jurídica obligada frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación, con independencia, en cualquier caso, de quien sea la persona o entidad que efectúe el pago material de las mismas.
En ningún caso resultaría ajustado a derecho que en la correspondiente factura figure como destinatario de la operación la persona o entidad que efectúa el pago de la misma, cuando dicha persona no sea la obligada a su pago frente al sujeto pasivo, sin perjuicio, en su caso, de hacer una mención a dicha circunstancia en la propia factura.
3.- En relación con la declaración informativa modelo 347, el consultante formula la cuestión de la consignación en la declaración anual de operaciones con terceras personas de las provisiones de fondos cobradas como consecuencia de dictámenes periciales, teniendo en cuenta que, según manifiesta, no siempre conoce la identidad de las persona o entidad que promueve el peritaje y, a veces, por sentencia judicial, la persona finalmente obligada a satisfacer el peritaje es distinta de la que promovió su actuación.
La provisión de fondos que menciona el consultante, en la medida que supone un cobro previo por los servicios de peritaje que va a realizar, tendrá la consideración de anticipo. En este sentido, el artículo 35.1 y 3 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio EDL 2007/115078 , (BOE de 5 de septiembre), señala:
"1. Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas el día en que se expida la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.
3. Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. Cuando posteriormente se efectúe la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad, el límite cuantitativo establecido en el artículo 33.1."
En la medida en la que, como se ha señalado, la provisión de fondos a la que se refiere la consulta es un anticipo, deberá consignarlo en la declaración anual de operaciones con terceras personas, de acuerdo con el artículo 35.1 y 3 antes mencionado, en el ejercicio en el que se expida la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.
Por otra parte, el artículo 33.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece: "Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 31.1 de este reglamento deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.
Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto."
En consecuencia, dada la conexión de la declaración de operaciones con terceras personas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, las terceras personas a consignar en dicha declaración, en el caso concreto al que se refiere la consulta, serán aquellas a las que se les emite la factura (todo ello en conexión con lo expresado en el artículo 35.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos).
Para el caso de que con posterioridad se determine que la tercera persona es distinta de la que se consigno en primer lugar, el artículo 118 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, señala:
"1. Tendrán la consideración de declaraciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de lasanteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada. Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.
4. En las declaraciones complementarias y sustitutivas se hará constar expresamente si se trata de una u otra modalidad, la obligación tributaria y el periodo a que se refieren."
Conforme con a este precepto, el consultante podrá presentar una declaración complementaria de otras presentadas con anterioridad en cumplimiento de una obligación formal en la que se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, consignando la nueva tercera persona, subsistiendo en la parte no afectada la anteriormente presentada, señalando expresamente que
se trata de una declaración complementaria.
4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre EDL 2003/149899 , General Tributaria
Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para gastos y suplidos. Aplicabilidad IRPF/IVA.
NUM-CONSULTA V0267-06
FECHA-SALIDA 13/02/2006
NORMATIVA Ley 37/1992 art. 78
CUESTION-PLANTEADA . PROVISION FONDOS/SUPLIDOS/IVA
Ley ha establecido la posibilidad de excluir de la base imponible las partidas habitualmente denominadas “suplidos”. Según diversas resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos (entre otras, de fechas 1 de septiembre de 1986 - Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre- y de 24 de noviembre de 1986 - Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre), para que tales sumas tengan la consideración de suplidos y no se integren en la base imponible de las operaciones realizadas por la empresa para el cliente en nombre y por cuenta del cual han sido satisfechos los correspondientes importes, deben concurrir todas las condiciones siguientes:
1º. Tratarse de sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente.
La realización del gasto en nombre y por cuenta del cliente deberá acreditarse ordinariamente mediante la correspondiente factura expedida a cargo del destinatario y no del intermediario agente, consignatario o comisionista que le está “supliendo".
2º. El pago de las referidas sumas debe hacerse en virtud de mandato expreso, verbal o escrito, del propio cliente por cuya cuenta se actúe.
3º. La justificación de la cuantía efectiva de dichos gastos se realizará por los medios de prueba admisibles en Derecho.
En consecuencia, cuando se trate de sumas pagadas en nombre propio, aunque sea por cuenta de un cliente, no procede la exclusión de la base imponible del Impuesto de la correspondiente partida por no ajustarse a la definición de "suplido" incluida en el artículo 78 de la Ley.
En los "suplidos", la cantidad percibida por el mediador debe coincidir exactamente con el importe del gasto en que ha incurrido su cliente. Cualquier diferencia debería ser interpretada en el sentido de que no se trata de un auténtico "suplido", ya que el mediador no se limita a trasladar un coste sino que ha añadido valor al servicio de que se trate.
También podrán considerarse destinadas a "suplidos", si concurren las circunstancias anteriores, las provisiones de fondos consistentes en el anticipo de una cantidad global a justificar en función de los "suplidos" habidos. No obstante, formarán parte de la base imponible y originarán el devengo del Impuesto las cantidades que se destinen efectivamente a retribución de servicios prestados en nombre propio, cualquiera que sea la calificación que las partes den a la contraprestación.
2.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES
La realización de la justicia penal exige el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia que pone término al proceso. El retraso en el trámite de ejecución:
1) Abona la imagen de ineficacia de la Justicia Penal; 2) Resiente la obtención de tutela judicial por parte de la víctima y 3) Supone un perjuicio añadido para quien debe soportar los pronunciamientos de condena.
La atención sucesiva de las distintas posibilidades de suspensión de la pena o de cumplimiento alternativo de la misma, abre una secuencia de incidentes que demoran desmesuradamente el cumplimiento completo de lo dispuesto en la Sentencia. Debería introducirse en la Ley un proceso regulado de ejecución penal que prevea que el penado reclame de manera acumulada y alternativa la totalidad de los beneficios o condiciones de cumplimiento cuya aplicación pretenda, proponiendo todas las comprobaciones que apoyen sus pretensiones. Dicho proceso habría de ser contradictorio, con audiencia del Ministerio Fiscal y práctica de las comprobaciones necesarias para justificar el posicionamiento del Ministerio Público. Tras la práctica de las comprobaciones precisas y oídas las partes acerca de su incidencia respecto de las pretensiones del penado, el órgano judicial encargado de la ejecución debería resolver, de manera global y completa, los términos de ejecución de las penas impuestas, estando sometida esta decisión a un solo recurso.
Se recomienda la creación de órganos especializados de ejecución en todos aquellos territorios en los que el volumen de asuntos así lo aconseje. Mientras no exista regulación legal de cobertura, se admite y recomienda abordar un método de ejecución concentrada sirviéndose de proveídos que lo definan y apliquen.
CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL
Los Presidentes de las Audiencias Provinciales proponemos:
1.- Considerar la conveniencia y oportunidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una figura similar al Huissier europeo, encomendando, por vía de delegación, funciones de gestión de la ejecución civil a los Procuradores, como miembros de un colectivo jurídico que goza de preparación y experiencia y dispone de tecnología suficiente.
2.- Apoyar e incentivar iniciativas sobre traslado, depósito y ulterior realización de bienes muebles embargados, como ha plasmado en el Convenio de 25 de julio de 2007 suscrito por el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España con una empresa de guardamuebles.
3.- Sugerir al Legislador la necesidad de desarrollar normativamente la figura de la dación en pago, con operatividad de cara al futuro, como posible solución a la actual problemática social de la ejecución.
CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL. Procuradores
Fuente. La Ley. Práctica de Tribunales
« domingo 17 febrero 2013 | Weblog