Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0122_ES.html
Timestamp: 2019-10-21 19:17:25
Document Index: 78132815

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 253', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 66']

Procedimiento : 2017/2139(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0122/2018
sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección IV – Tribunal de Justicia
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),
– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0122/2018),
1. Aprueba la gestión del secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el ejercicio 2016;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección IV – Tribunal de Justicia
– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección IV – Tribunal de Justicia,
1. Constata que el Tribunal de Cuentas observa en su informe anual relativo al ejercicio 2016 que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE);
2. Observa que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores significativos;
3. Celebra la gestión financiera del TJUE, sensata y prudente en términos generales, en el período presupuestario de 2016; manifiesta su apoyo al exitoso cambio de paradigma hacia la presupuestación basada en los resultados en la planificación del presupuesto de la Comisión introducida por la vicepresidenta Kristalina Georgieva en septiembre de 2015 como parte de la iniciativa «Presupuesto de la UE centrado en los resultados»; anima al TJUE a que aplique dicho método a su propio procedimiento de planificación presupuestaria;
4. Constata que, según el procedimiento de aprobación de la gestión en curso, el TJUE presenta en junio los informes anuales de actividades al Tribunal de Cuentas, que presenta su informe al Parlamento en octubre, y la aprobación de la gestión se somete a votación en el Parlamento a más tardar en mayo; observa que, a menos que se aplace la aprobación de la gestión, transcurren al menos 17 meses desde el cierre de las cuentas anuales hasta la conclusión del procedimiento de aprobación de la gestión; señala que la auditoría en el sector privado sigue un calendario mucho más corto; hace hincapié en que debe racionalizarse y acelerarse el procedimiento de aprobación de la gestión; solicita que el TJUE y el Tribunal de Cuentas sigan las mejores prácticas del sector privado; propone, a este respecto, que la fecha límite para la presentación de los informes anuales de actividades sea el 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio contable, y que la fecha límite para la presentación de los informes del Tribunal de Cuentas sea el 1 de julio; propone asimismo la revisión del calendario para el procedimiento de aprobación de la gestión, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 del anexo IV del Reglamento interno del Parlamento, de forma que la votación sobre la aprobación de la gestión se celebre en el período parcial de sesiones de noviembre y de este modo se cierre el procedimiento de aprobación de la gestión en el plazo de un año tras la finalización del ejercicio contable en cuestión;
5. Observa que en 2016 el importe de los créditos del TJUE ascendió a 380 002 000 EUR (frente a los 357 062 000 EUR de 2015), con un porcentaje de ejecución del 98,2 %; reconoce el alto porcentaje de utilización; toma nota, sin embargo, de un ligero descenso en comparación con ejercicios anteriores;
6. Toma nota de que los ingresos estimados del TJUE para el ejercicio 2016 ascendieron a 51 505 000 EUR, mientras que los derechos constatados fueron un 3,1 % inferiores a las estimaciones (49 886 228 EUR); observa que la diferencia de 1,62 millones EUR se debe principalmente a la llegada tardía en 2016 de 16 de los 19 jueces adicionales al Tribunal General;
7. Manifiesta su preocupación por que el TJUE sobrestime constantemente sus compromisos para misiones, habiendo comprometido 342 000 EUR en 2016, mientras que los pagos solo ascendieron a 157 974 EUR; pide al TJUE que garantice una planificación financiera sensata para evitar una diferencia similar en el futuro;
8. Toma nota de que el presupuesto del TJUE tiene un carácter eminentemente administrativo y que alrededor de un 75 % se destina a cubrir los gastos correspondientes al personal que trabaja en el Tribunal, y los montantes restantes a edificios, mobiliario, material y funciones específicas llevadas a cabo por la institución; señala que, a petición del Parlamento, el TJUE ha solicitado a sus servicios administrativos que introduzcan el principio de presupuestación basada en los resultados en su ámbito de actividad; pide al TJUE que siga aplicando ese principio en sus operaciones administrativas diarias y que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de sus experiencias y de los resultados obtenidos;
9. Celebra la intención del TJUE de elaborar un informe sobre el funcionamiento del Tribunal General para el 26 de diciembre de 2020 a más tardar, que en su redacción vaya a participar un consultor externo y que dicho informe vaya a presentarse al Parlamento, al Consejo y a la Comisión;
10. Toma nota de la actividad judicial del TJUE en 2016, con 1 604 asuntos sometidos a los tres Tribunales y 1 628 asuntos concluidos ese año, cifra inferior a los 1 775 asuntos concluidos en 2015; señala además que la duración media de los procedimientos fue de 16,7 meses, una cifra ligeramente superior a la de 2015 (16,1 meses); celebra el hecho de que, gracias a la reforma del TJUE, el período de tiempo medio transcurrido hasta la resolución de un asunto en 2017 fue de 16,0 meses; recuerda la necesidad de garantizar la calidad y rapidez con la que el TJUE dicta sus resoluciones, a fin de evitar costes significativos para las partes afectadas, derivados de la duración excesiva; reitera la importancia de reducir la lista de asuntos pendientes, con el fin de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;
11. Observa que el Tribunal de Justicia concluyó 704 asuntos en 2016 (en comparación con los 616 asuntos concluidos en 2015) y que se le presentaron 692 nuevos asuntos (frente a los 713 de 2015), con un aumento de los asuntos de decisiones prejudiciales y recursos;
12. Toma nota de que en 2016 el Tribunal General recibió 974 nuevos asuntos (frente a los 831 de 2015) y trató 755 asuntos (en comparación con los 987 de 2015), con un aumento en el número de asuntos pendientes en comparación con los años anteriores;
13. Constata que el Tribunal de la Función Pública dejó de existir el 1 de septiembre de 2016, y por ello sus actividades deben considerarse a lo largo de un período de solo ocho meses; señala que concluyó 169 asuntos y recibió 77 nuevos asuntos, con un descenso considerable del número de asuntos pendientes (frente a los 231 asuntos de 2015 y los 139 de 2016); acoge con satisfacción la información incluida en las propuestas del TJUE sobre la reforma del Estatuto del Tribunal, que incluía una evaluación del funcionamiento del Tribunal de la Función Pública, que fue remitida al Parlamento en 2011 y 2014 y presentada en el anexo de la respuesta al cuestionario de aprobación de la gestión para 2016; reitera su petición de que se realice una evaluación en profundidad del funcionamiento del Tribunal de la Función Pública a lo largo de sus más de diez años de existencia;
14. Señala que en 2015 se adoptó la reforma de la arquitectura judicial del Tribunal de Justicia y se elaboró un nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General; entiende que, con la multiplicación por dos del número de jueces en un proceso en tres fases que durará hasta 2019, esa reforma permitirá al Tribunal de Justicia seguir absorbiendo el incremento del número de asuntos; espera con interés los resultados de esta reforma en lo que atañe a la capacidad del Tribunal de Justicia para tramitar los asuntos dentro de un plazo razonable respetando los requisitos del derecho de defensa;
15. Observa que en 2016, tras la reforma de la arquitectura judicial del TJUE, los asuntos de función pública ocuparon el tercer lugar entre los tipos de procedimientos más frecuentes del Tribunal General; pide al TJUE que siga aportando estadísticas sobre sus actividades judiciales;
16. Observa la disminución general de la duración de los procedimientos en 2016, señalada por el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial n.º 14/2017(6), en un promedio de 0,9 meses en el Tribunal de Justicia y de 1,9 meses en el Tribunal General, en comparación con 2015; toma nota de las medidas organizativas y procedimentales adoptadas por el TJUE para mejorar su eficiencia y pide al TJUE que siga esforzándose para garantizar la continuación de una tendencia descendente, de forma que todos los casos se resuelvan en un plazo razonable; señala con preocupación que uno de los factores que afectan con mayor frecuencia al tiempo de tramitación de los asuntos es el de las vacaciones judiciales; toma nota de que en 2016 hubo catorce semanas de vacaciones judiciales;
17. Señala la entrada en vigor del Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece normas que reflejan muchas de las preocupaciones del Parlamento acerca de las declaraciones de intereses y las actividades externas; respalda al TJUE a la hora de aplicar su decisión de establecer normas sobre las «puertas giratorias» en 2018;
18. Solicita al TJUE que introduzca un enfoque basado en los resultados más específico por lo que respecta a las actividades externas de los jueces para la divulgación del Derecho de la Unión, ya que el criterio utilizado parece bastante general y los efectos de estas actividades no se miden con claridad;
19. Pide de nuevo un mayor nivel de transparencia respecto a las actividades externas de cada juez; pide al TJUE que proporcione información sobre los otros puestos ocupados por los jueces y las actividades externas remuneradas que estos desempeñan en su sitio web y en su informe anual de actividades, incluido el nombre del acto, el lugar, el papel de los jueces de que se trate y los gastos de viaje y estancia, y si estos han sido abonados por el TJUE o por un tercero;
20. Insta al TJUE a que publique los curriculum vitae y las declaraciones de interés de todos sus miembros, citando asimismo su pertenencia a cualquier otra organización;
21. Lamenta la ausencia de normas sobre las «puertas giratorias» e insta al TJUE a establecer y aplicar obligaciones estrictas en cuanto a ellas;
22. Considera que el TJUE debe valorar la posibilidad de elaborar actas de las reuniones mantenidas con grupos de interés, asociaciones profesionales y actores de la sociedad civil, cuando esto no menoscabe la confidencialidad de los asuntos en curso;
23. Pide al TJUE que publique las reuniones con asociaciones profesionales, así como con agentes que representen a los Estados miembros;
24. Lamenta que los Estados miembros no se hayan esforzado lo suficiente por lograr el equilibrio de género en los puestos de gran responsabilidad, y señala que el Parlamento y el Consejo han incluido entre sus objetivos una representación equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal General (a día de hoy, en el organigrama del Tribunal de Justicia figuran cinco juezas y dos abogadas generales y en el organigrama del Tribunal General diez juezas); considera esencial que las instituciones de la Unión sean representativas con respecto a los ciudadanos que la integran; destaca, por tanto, la importancia del objetivo establecido por el Parlamento y el Consejo;
25. Observa que el Tribunal de Cuentas no tuvo acceso a determinados documentos relevantes para la auditoría de la evaluación del rendimiento del TJUE(7); pide al TJUE que siga trabajando con el Tribunal de Cuentas y que le dé acceso a todos los documentos que necesite para sus auditorías en la medida en que esto no infrinja la obligación de mantener el secreto del proceso de deliberación;
26. Es consciente de que la función de los letrados (référendaires) consiste en ayudar a los miembros del Tribunal a analizar los asuntos y redactar, bajo su supervisión, documentos legales tales como sentencias, órdenes, dictámenes o memorandos; toma nota de que sus normas de conducta fueron aprobadas por el TJUE en 2009; observa asimismo que los letrados son elegidos por los miembros para los que trabajan y que los criterios de contratación son mínimos; pide al TJUE que aplique una política que permita una asignación más flexible de los letrados actuales para contribuir a mitigar los problemas relacionados con la gestión de los recursos o las cuestiones de organización(8);
27. Señala con preocupación que el TJUE no pudo evaluar la capacidad de los jueces y los letrados que gestionaban los asuntos porque no recopila ningún dato acerca de la cantidad de tiempo que un juez o letrado dedica a un asunto concreto; toma nota de que se llevará a cabo un estudio para evaluar hasta qué punto la introducción de un sistema de supervisión del uso de los recursos proporcionaría datos útiles; solicita al TJUE que presente los resultados del estudio al Parlamento;
28. Considera que la respuesta proporcionada por el TJUE a la pregunta formulada por el Parlamento en relación con el coste de sus asuntos (pregunta n.º 50) no es satisfactoria; pide al TJUE que considere la posibilidad de establecer un sistema de supervisión para calcular los costes de cada asunto;
29. Toma nota de la supervisión permanente de la evolución del posible trabajo atrasado y las demoras en las Salas; lamenta que el TJUE no haya presentado al Parlamento datos relativos al incumplimiento de los plazos indicativos, ya que esto afecta a la organización interna de los Tribunales;
30. Expresa su preocupación por que la recepción y el tratamiento de los documentos procesales por parte del registro sean el factor que afecta con mayor frecuencia a la duración del procedimiento escrito ante el Tribunal General(9); señala que los asuntos llevados ante el Tribunal General se caracterizan por el volumen de documentos; pide al Tribunal General que siga supervisando el número y la complejidad de los asuntos, con el fin de garantizar que el registro cuente con recursos suficientes;
31. Destaca la recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas, en su Informe Especial n.º 14/2017, de medir el rendimiento caso por caso, haciendo referencia a un calendario adaptado y teniendo en cuenta los recursos reales empleados;
32. Observa que tras la reforma de la estructura judicial del TJUE la asignación de jueces a las Salas se realiza en función del número de asuntos presentados en diversos ámbitos; expresa su interés por conocer cómo se lleva a cabo esta asignación, y si existen Salas especializadas para ciertos ámbitos, y pide que se analice cómo afecta la asignación a la rapidez con la que se tramitan los asuntos;
33. Toma nota del proceso de asignación de asuntos referidos a los Tribunales; observa que, en 2016, al igual que en años anteriores, aproximadamente el 40 % de los asuntos en el Tribunal General se asignó al margen del sistema de turnos, lo cual pone en tela de juicio dicho sistema; pide al TJUE que proporcione normas que establezcan el procedimiento de asignación en ambos Tribunales;
34. Señala que las cuestiones de propiedad intelectual afectan a un número considerable de asuntos de ambos Tribunales; alienta al TJUE a que estudie formas de simplificar los procedimientos para estos asuntos y a que considere una revisión previa por parte de sus servicios de investigación y documentación;
35. Constata que el TJUE sigue cumpliendo el acuerdo interinstitucional para reducir el personal en un 5 % a lo largo de un período de cinco años, a pesar de la creación de 137 nuevos puestos relacionados con el aumento del número de jueces y abogados generales;
36. Observa la elevada proporción de puestos ocupados, próxima al 98 %, a pesar del alto índice de rotación del personal; toma nota de las dificultades, expresadas por el TJUE, con respecto a la contratación de personal permanente a niveles básicos; pide que el TJUE evalúe las razones del elevado índice de rotación y las medidas adoptadas o previstas para mejorar la situación;
37. Reconoce las acciones emprendidas por el TJUE en 2016 para mejorar el equilibrio de género en los puestos directivos intermedios y superiores, si bien subraya la importancia de mantener el objetivo de mejora en este ámbito; reitera su preocupación por el desequilibrio geográfico en los puestos directivos intermedios y superiores, y pide también al TJUE, en este sentido, que se fije el objetivo de mejorar en este ámbito;
38. Señala que el TJUE ofreció 245 períodos de prácticas en 2016; lamenta que 188 prácticas concedidas en los gabinetes no fueran remuneradas; pide al TJUE que encuentre una solución para proporcionar una remuneración digna a todos los becarios que trabajan en la institución con vistas a garantizar la igualdad de oportunidades;
39. Acoge con satisfacción el intercambio de personal del TJUE con el Banco Central Europeo, y el proyecto para establecer un marco para los intercambios de juristas-lingüistas entre las diversas instituciones;
40. Celebra la colaboración con los servicios de interpretación de la Comisión y el Parlamento en el marco del Comité interinstitucional de traducción e interpretación (CITI);
41. Observa con satisfacción que el TJUE se ha convertido en miembro de pleno derecho del grupo de trabajo interinstitucional sobre indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave, y que ha facilitado los costes de traducción con arreglo a la metodología armonizada acordada en el marco de dicho grupo de trabajo;
42. Toma nota de la inversión del TJUE en herramientas informáticas para mejorar la gestión de asuntos; solicita al TJUE que aporte información financiera detallada, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre la situación actual de los proyectos informáticos realizados en el TJUE desde 2014; pide al TJUE que desarrolle un sistema informático plenamente integrado para sustentar la gestión de los asuntos;
43. Subraya el constante aumento del número de accesos a la aplicación e‑Curia (número de cuentas de acceso: 3 599 en 2016, frente a 2 914 en 2015), así como el hecho de que en 2016 todos los Estados miembros utilizaran e‑Curia, lo que indica que se han dado a conocer al público la existencia y las ventajas de esta aplicación;
44. Pide al TJUE que mejore sus actividades de comunicación para hacerse más accesible a los ciudadanos, por ejemplo mediante la organización de seminarios de formación para periodistas o el desarrollo de productos de comunicación sobre sus actividades con arreglo a un enfoque más centrado en el ciudadano; acoge con satisfacción el hecho de que el TJUE haya tomado la decisión de actualizar su sitio web para facilitar su uso, y le pide que se esfuerce por mejorar su base de datos centrándola más en los usuarios; reconoce los esfuerzos del TJUE relativos a los canales de comunicación en línea, y le anima a seguir haciendo un buen trabajo;
45. Toma nota de que el TJUE realizó un seguimiento gradual de la recomendación formulada por el Parlamento sobre el uso de vehículos oficiales en la resolución sobre la aprobación de la gestión de 2015; considera que las acciones llevadas a cabo para racionalizar la gestión de la flota avanzan en la dirección correcta; acoge con satisfacción la nueva licitación interinstitucional para la adjudicación de contratos para el arrendamiento de automóviles, puesta en marcha en 2016, que tiene por objetivo generar ahorros económicos en este sentido; toma nota con preocupación de que en 2016 se organizaron 21 vuelos, cuyo coste ascendió a 3 998,97 EUR, para enviar conductores a misiones en calidad de chóferes de miembros del Tribunal de Justicia o del Tribunal de la Función Pública en el Estado miembro de origen de dichos miembros;
46. Acoge con satisfacción el compromiso del TJUE con objetivos medioambientales ambiciosos, y pide que esos objetivos se alcancen de forma oportuna; anima a la institución a aplicar los principios de la contratación pública ecológica y pide que se establezcan normas y un presupuesto suficiente para la compensación de las emisiones de carbono;
47. Toma nota de la detallada información relativa a la política inmobiliaria, en particular en relación con la construcción de una quinta ampliación del actual complejo de edificios;
48. Toma nota de que se ha adquirido más experiencia por lo que respecta a las oficinas abiertas; manifiesta su preocupación por el hecho de que las ventajas, como la reducción de la necesidad de espacio, los beneficios en términos de facilidad de comunicación y mayor flexibilidad puedan verse superados por una pérdida de confidencialidad, limitaciones en el trabajo en expedientes que requieren una gran concentración y una pérdida de privacidad; pide al TJUE que evalúe los impactos positivos y negativos en las condiciones laborales, atendiendo a las necesidades del personal, y que informe al Parlamento del resultado de esa evaluación;
49. Acoge con satisfacción la adopción por parte del TJUE, a principios de 2016, de directrices sobre información y protección a los denunciantes de irregularidades, y recuerda que la protección de los denunciantes es una cuestión que la administración pública de la Unión se toma muy en serio y que siempre debe valorarse cuidadosamente; pide al TJUE que anime a su personal a familiarizarse con las directrices de 2016, haciendo hincapié en la función esencial de los denunciantes de irregularidades a la hora de sacar a luz las infracciones; pide al TJUE que anime a su personal a aprovechar las directrices de 2016 en los casos en los que proceda; solicita al Tribunal de Justicia que facilite a su debido tiempo detalles sobre los casos de denuncias de irregularidades y cómo fueron tratados y cerrados;
50. Considera que es necesario crear un órgano independiente de divulgación, asesoramiento y derivación, dotado de recursos presupuestarios suficientes, para ayudar a los denunciantes a utilizar los cauces correctos para divulgar información sobre posibles irregularidades que afecten a los intereses financieros de la Unión, al tiempo que se protege su confidencialidad y se les ofrece el apoyo y asesoramiento necesarios;
51. Señala que la designación de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es responsabilidad de los Estados miembros con arreglo al artículo 253 del TFUE; destaca la importancia de la designación y el nombramiento oportunos de los jueces para el funcionamiento del TJUE; solicita que se adopte una nueva norma que fije un plazo específico para la (re)designación de un juez mucho antes de que finalice su mandato, y pide al Consejo que sopese los beneficios y los costes a la hora de nombrar nuevos jueces del TJUE; critica la designación irregular sin la publicación de una convocatoria de candidaturas de dos jueces para el Tribunal de la Función Pública para un mandato que, además, solo duró del 14 de abril de 2016 al 31 de agosto del mismo año;
52. Toma nota de que uno de los dos jueces del Tribunal de la Función Pública que fueron nombrados del 1 de abril al 31 de agosto de 2016 recibió una indemnización por gastos de instalación (18 962,25 EUR), con arreglo al artículo 4, letra a), del Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo(10), y de que se le reembolsaron los gastos de viaje (493,10 EUR) de conformidad con el artículo 4, letra c), de dicho Reglamento y los gastos de mudanza (2 972,91 EUR) en virtud del artículo 4, letra d), del citado Reglamento; observa, además, que el mismo juez recibió una indemnización transitoria durante seis meses que ascendió a un total de 47 070 EUR al final del mandato; toma nota con pesar de los desproporcionados costes asociados a uno de los jueces por el inicio y el fin de su «mandato cuatrimestral», que ascendieron a 69 498,25 EUR, además del salario que recibió el juez; pide al TJUE que estudie si la duración del mandato es proporcional a las indemnizaciones mencionadas a la hora de nombrar futuros jueces; pide al Consejo que reconsidere las condiciones y las cuantías de estas indemnizaciones y que revise en consecuencia el Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo; condena este despilfarro del dinero de los contribuyentes de la Unión;
53. Observa, además, que el Tribunal General (Sala de Casación, sentencia de 23 de enero de 2018 en el asunto T-639/16 P(11)) considera que la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, constituida de forma que incluya a uno de los jueces de «mandato cuatrimestral», es irregular, lo cual invalida la decisión a la que se hace referencia en dicha sentencia, así como cualquier otra decisión de la Sala Segunda con dicha composición; pregunta al TJUE qué decisiones de la Sala Segunda con esa composición se ven afectadas por la sentencia del Tribunal General; exige que el Consejo comunique sus observaciones sobre este error y aclare la responsabilidad del mismo;
54. Pide al TJUE que valore la posibilidad de ampliar sus lenguas de deliberación, especialmente en el caso del Tribunal General, a otros idiomas aparte del francés; acoge con satisfacción que el presidente del Tribunal General solicitara, en febrero de 2016, una evaluación del impacto de un cambio en el idioma de deliberación, que aún no ha concluido;
55. Lamenta la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea; observa que en este momento no pueden predecirse las consecuencias financieras, administrativas, humanas y de otro tipo relativas a la retirada de la Unión; solicita al Consejo y al Tribunal de Cuentas que lleven a cabo evaluaciones de impacto y que informen al Parlamento Europeo de los resultados antes de que finalice 2018;
1. Señala que la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2016 presenta un porcentaje muy alto de utilización de los créditos definitivos (98,23 %), aunque ligeramente inferior al porcentaje de 2015 (99,1 %), debido principalmente a la llegada gradual de doce nuevos jueces al Tribunal General en 2016;
2. Hace hincapié en que el presupuesto del Tribunal de Justicia es puramente administrativo, ya que se destina aproximadamente el 75 % al personal vinculado a la institución y el resto a los edificios, el mobiliario, las tecnologías de la información y diversos gastos de funcionamiento; destaca, no obstante, que la introducción del principio de planificación presupuestaria basada en el rendimiento no debe aplicarse únicamente al presupuesto del Tribunal de Justicia en su conjunto, sino que debe incluir la fijación de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos SMART) para los distintos departamentos, unidades y planes anuales de personal, y establecer indicadores pertinentes para la elaboración de las estimaciones de la institución; insta, por consiguiente, al Tribunal de Justicia a que introduzca el principio de planificación presupuestaria basada en el rendimiento de manera más generalizada en sus operaciones;
3. Pone de relieve la mejora de la eficiencia del Tribunal merced a los esfuerzos coordinados de las instancias judiciales y de todos los servicios auxiliares, que han permitido aumentar en el periodo 2007-2016 el número de procedimientos concluidos en un 46 %, manteniéndose muy restringido el aumento del personal de los servicios auxiliares durante este periodo (+3,5 % si se toma en consideración la ampliación a Croacia, y por debajo de +0,1 % si no se la toma en consideración)(12);
4. Señala que de los 295 500 EUR de compromisos para misiones, solo se utilizaron 41 209 EUR; observa que esta infrautilización podría evitarse; solicita al Tribunal de Justicia que mejore su presupuestación y rendición de cuentas en lo relativo al presupuesto para misiones y destaca la necesidad del principio de que las misiones sean eficaces en cuanto a los costes;
5. Expresa su satisfacción por el hecho de que, como sucede desde 2010, el Tribunal de Cuentas, en su Informe Anual de 2016, no haya formulado observaciones sobre el Tribunal de Justicia; señala que el Tribunal de Cuentas no ha publicado últimamente ningún informe especial relativo al Tribunal de Justicia;
6. Señala que las estadísticas de 2016 para los tres órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal de Justicia confirman la tendencia observada en los últimos años respecto a la duración media de los procedimientos, que parece menor (para el Tribunal de Justicia, 15 meses para las peticiones de decisión prejudicial, frente a 15,3 meses en 2015; 2,7 meses para las peticiones de decisión prejudicial urgentes, frente a 1,9 meses en 2015; 19,3 meses para los recursos directos, frente a 17,6 meses en 2015; y 12,9 meses para los recursos de casación, frente a 14 meses en 2015);
7. Señala que los tres órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia concluyeron, en conjunto, 1 628 asuntos en 2016, una cifra inferior a la de 2015 (1 775 asuntos concluidos); reitera la importancia de disminuir la lista de asuntos pendientes, con el fin de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea;
8. Subraya el constante aumento del número de accesos a la aplicación e‑Curia (número de cuentas de acceso: 3 599 en 2016, frente a 2 914 en 2015), así como el hecho de que en 2016 todos los Estados miembros utilizaran e‑Curia, lo que indica que se han dado a conocer eficazmente al público la existencia y las ventajas de esta aplicación;
9. Lamenta que los Estados miembros no se hayan esforzado por lograr el equilibrio de género en los puestos de gran responsabilidad, y recuerda que el Parlamento Europeo y el Consejo han incluido entre sus objetivos una representación equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal General (a día de hoy, en el organigrama del Tribunal figuran cinco juezas y dos abogadas generales y en el organigrama del Tribunal General diez juezas);
Considera esencial que las instituciones de la Unión sean representativas con respecto a los ciudadanos que la integran; destaca, a este respecto, la importancia del objetivo establecido por el Parlamento y el Consejo;
10. Señala que en el año 2015 se adoptó la reforma de la arquitectura judicial del Tribunal de Justicia y se elaboró un nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General; entiende que, con la multiplicación por dos del número de jueces en un proceso en tres fases que durará hasta 2019, esa reforma permitirá al Tribunal de Justicia seguir absorbiendo el incremento del número de asuntos; espera con interés los resultados de esta reforma en lo que atañe a la capacidad del Tribunal de Justicia para tramitar los asuntos dentro de un plazo razonable respetando los requisitos del derecho de defensa;
11. Toma nota de la próxima refundición del Código de conducta de los miembros, que definirá con claridad las condiciones para llevar a cabo actividades externas y la publicación de sus intereses financieros;
12. Pide un mayor nivel de transparencia respecto de las actividades externas de cada juez; solicita que el Tribunal de Justicia facilite información sobre los demás cargos y otras actividades externas remuneradas de los jueces en su sitio web y en sus informes anuales de actividades;
13. Considera que el Tribunal de Justicia debería publicar una síntesis general de los participantes y de los contenidos de sus reuniones con terceros que no tengan relación con su actividad jurisdiccional;
14. Lamenta que las normas internas del Tribunal de Justicia en materia de denuncia de irregularidades no se adoptaran hasta principios de 2016; recomienda que el Tribunal de Justicia difunda esas normas entre su personal de modo que todos los empleados las conozcan; pide al Tribunal de Justicia que facilite a su debido tiempo detalles sobre los casos de denuncias de irregularidades en 2015 (si los hubo) y cómo fueron tratados y cerrados;
15. Pide al Tribunal de Justicia que facilite al Parlamento los costes específicos de traducción con arreglo a la metodología armonizada acordada en el marco del grupo de trabajo interinstitucional sobre indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave;
16. Acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal de Justicia con los ambiciosos objetivos que se ha fijado en materia de medio ambiente; anima a la institución a aplicar los principios de la contratación pública ecológica y pide que se establezcan normas y un presupuesto adecuado para la compensación de las emisiones de carbono;
17. Pide al Tribunal de Justicia que mejore su política de comunicación con los ciudadanos de la Unión, por ejemplo mediante la organización de seminarios de formación para periodistas o el desarrollo de productos de comunicación sobre sus actividades con arreglo a un enfoque más centrado en el ciudadano;
Informe Especial n.º 14/2017 del Tribunal de Cuentas titulado: «Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Véase la página 51, punto C, del Informe Especial n.º 14/2017 del Tribunal de Cuentas, en el que este detalla los siguientes aspectos: ausencia de los letrados, carga de trabajo de los jueces, abogados generales y sus letrados y reasignación de asuntos debido al término del mandato de los jueces. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_ES.pdf
Véase el Informe Especial n.º 14/2017 del Tribunal de Cuentas titulado: «Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea» (p. 27).
Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 29 de febrero de 2016, por el que se establece el régimen pecuniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE (DO L 58 de 4.3.2016, p. 1).
Datos estadísticos tomados del Informe anual de 2016 - Informe anual de gestión 2016 (Informe anual de actividades relativo al ejercicio financiero 2016 - Artículo 66, apartado 9, del Reglamento Financiero) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf