Source: https://opsur.wordpress.com/2011/02/26/oit-ceacr-observacion-general-2011-sobre-la-obligacion-de-consulta-convenio-sobre-pueblos-indigenas-y-tribales-1989-num-169/
Timestamp: 2018-06-20 00:00:32
Document Index: 258868793

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 6']

OIT- CEACR. Observación General 2011 sobre la obligación de consulta | Observatorio Petrolero Sur
OIT- CEACR. Observación General 2011 sobre la obligación de consulta
26/02/2011 in Internacional, Pueblos Originarios
El párrafo 2 del artículo 15 estipula que «… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de sus pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras».
En relación con el párrafo 2 del artículo 17, que se ocupa de la transmisión de los derechos sobre la tierra, la Oficina modificó su propuesta original que habría requerido el consentimiento de los pueblos interesados. En el texto preparado por la Oficina para la segunda discusión, se propuso la redacción «deberá consultarse a los pueblos interesados…» que la Conferencia adoptó sin modificaciones.
En el caso del Ecuador, el Comité tripartito, en su informe aprobado por el Consejo de Administración en 2001, se refirió a los trabajos preparatorios del Convenio y declaró que consideraba que el «concepto de las consultas a las comunidades indígenas […] comporta el establecimiento de un diálogo genuino entre las partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común» [16]. El Comité tripartito indicó que no se puede considerar que una simple reunión informativa cumpla con las disposiciones del Convenio y que las consultas deberían realizarse antes, lo cual implica que las comunidades afectadas deberían participar lo antes posible en el proceso, incluso en la preparación de los estudios de impacto medioambiental. Teniendo en cuenta los trabajos preparatorios, en este caso el Comité tripartito llegó a la conclusión de que aunque el artículo 6 no requiere que se alcance un consenso en el proceso de consultas previas, establece que los pueblos interesados deben poder participar libremente en todos los niveles de formulación, aplicación y evaluación de las medidas y programas que les afectan directamente, a partir de la fecha en la que el Convenio entre en vigor en el país [17].
Por último, en la reclamación presentada contra el Brasil, el Comité tripartito, en su informe aprobado por el Consejo de Administración en 2009, proporcionó una amplia explicación sobre el proceso de consultas previsto en virtud del artículo 6 del Convenio [20]. En este caso el Comité tripartito recordó que los mecanismos de consulta y participación son la piedra angular del Convenio y que su finalidad no es formal sino que fueron previstos para que los pueblos indígenas puedan participar efectivamente en su propio desarrollo [21]. El Comité tripartito indicó que la consulta se debe efectuar mediante procedimientos apropiados a las circunstancias, a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. En relación con los «procedimientos apropiados», el Comité tripartito señaló que no hay un único modelo de procedimiento apropiado y que estos procedimientos deberían tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas interesados, así como la naturaleza de las medidas que son objeto del proceso de consulta [22]. El Comité tripartito también dejó claro que el artículo 6 debe entenderse dentro del amplio contexto de consultas y participación, especialmente en el marco del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 33, que requieren desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad [23], y asegurar que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados [24]. El Comité tripartito tomó nota de que «la consulta prevista por el Convenio va más allá de una consulta en un caso preciso y tiende a que todo el sistema de aplicación de las disposiciones del Convenio se haga de manera sistemática y coordinada en cooperación con los pueblos indígenas…» [25].
En relación con la autoridad responsable de las consultas, los artículos 2 y 6 establecen la responsabilidad de los gobiernos. En virtud del artículo 6 los gobiernos deberán «consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados…» y «establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente…».
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