Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-14-12-2012-110651
Timestamp: 2019-09-22 16:36:50
Document Index: 80868893

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 5', 'artículo 67', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 48', 'artículo 67', 'artículo 106', 'artículo 108', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 42', 'artículo 42']

Resolución de TEAF Álava, 14-12-2012 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 14 de Diciembre de 2012
Núm. Resolución: R120077
Para que la notificación por comparecencia de un acto administrativo surta efectos legales es necesario que conste en el expediente que, tras los intentos de notificación personal realizados por el Servicio de Correos, se ha dejado aviso de llegada en el buzón del domicilio del destinatario. No existiendo constancia de tal extremo, el requerimiento de documentación enviado, a efectos de verificar la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2005, no fue realizado con conocimiento formal de la contribuyente, por lo que no interrumpió el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria correspondiente.
En Vitoria-Gasteiz, a catorce de diciembre de dos mil doce. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 115/12,interpuesta por contra la liquidación núm. 2012/303.638 girada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2005.
Primero. La reclamante presentó, el 5 de junio de 2006, su autoliquidación del impuesto y ejercicio mencionados en la que señaló como domicilio la vivienda sita en la dirección indicada en el encabezamiento.
A efectos de la verificación de, entre otros, el ejercicio 2005 del IRPF, la Oficina Gestora del tributo le solicitó, mediante requerimiento fechado el 2 de febrero de 2010, la aportación de la siguiente documentación: a) Escrituras de compra y venta de la vivienda sita en , de (Alicante), adquirida por la Sra. , en proindiviso con su hermano, y enajenada el 29 de marzo de 2005; y b) Justificantes de los gastos inherentes a la transmisión de dicho inmueble.
Este requerimiento de documentación, según consta en el acuse de recibo obrante en el expediente administrativo, se intentó notificar por el Servicio de Correos, en la siguiente dirección: 'C/ , ', los días 15 y 17 de febrero de 2010, con el resultado de 'ausente'.
Por ello, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) de 26 de marzo siguiente, se citó a la sujeto pasivo para ser notificada por comparecencia, en el plazo de 15 días naturales, con advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse personado, la notificación se entendería producida, a todos los efectos legales, al día siguiente al vencimiento del mismo.
Segundo. Tras un nuevo requerimiento de aportación de la escritura de compra del inmueble de y de los justificantes de los gastos inherentes a su adquisición y transmisión, notificado personalmente a la reclamante el 27 de enero de 2012, ésta presentó ante la Hacienda Foral la documentación solicitada.
Finalmente, la Oficina Gestora del impuesto giró la liquidación de referencia en la que imputó, en la base liquidable especial, una ganancia patrimonial de 28.107,37 € derivada de la transmisión de la mitad indivisa de dicho inmueble, determinando una deuda tributaria de 5.559,29 €.
Tercero. Contra el mismo, la Sra. promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, alegando la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria. A este respecto, afirma que el requerimiento de documentación, enviado en febrero de 2010, no fue notificado válidamente, por lo que no tuvo efecto interruptivo del plazo de prescripción, por las siguientes razones: a) Tras el segundo intento de notificación no se depositó en el buzón de su domicilio el correspondiente aviso de llegada; y b) En cualquier caso, la dirección que figura en el acuse de recibo está incompleta, el faltar el número de piso y la mano, por lo que dicho acuse no acredita que los intentos se realizaran en el domicilio correcto.
Primero. La cuestión planteada consiste en si la liquidación impugnada debe o no ser anulada por haberse practicado cuando ya había prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
Segundo. El artículo 65.a) de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, establece que prescribirá a los cuatro años'El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación',añadiendo, el artículo 66.1 que este plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
A este respecto, de conformidad con el artículo 5.Uno de la Orden Foral 121/2006, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7 de marzo, el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones del IRPF, correspondientes al ejercicio 2005, finalizó el 26 de junio de 2006.
Por último, el artículo 67.1 de la citada Norma Foral 6/2005 dispone que:
'El plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 65 de esta Norma Foral se interrumpe:
Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos,...Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria'.
Tercero. En el presente supuesto, de acuerdo con la normativa transcrita, el plazo de cuatro años de prescripción del derecho de la Hacienda Foral a liquidar la deuda tributaria correspondiente a la Sra. , por el ejercicio 2005 del IRPF, se inició el 27 de junio de 2006 (día siguiente al de la finalización del plazo reglamentariamente establecido para la presentación de la autoliquidación correspondiente a dichos período impositivo e impuesto).
Por lo tanto, salvo interrupción de dicho plazo por alguna de las causas previstas en el artículo 67.1 de la Norma Foral 6/2005, el mismo venció el 26 de junio de 2010 y, al tratarse de un día inhábil, se prorrogó hasta el 28 del mismo mes -primer día hábil siguiente-, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto. Respecto a la concurrencia de tales causas de interrupción de la prescripción, de acuerdo con los datos obrantes en el expediente administrativo, la primera actuación que podría haber tenido tal virtualidad interruptiva fue el requerimiento de documentación, fechado el 2 de febrero de 2010, por tratarse de un acto de la Administración tributaria dirigido a la comprobación y, en su caso, regularización de la deuda tributaria que encaja en la letra a) del mencionado artículo 67.1.
Ahora bien, tal y como establece dicho precepto, el efecto interruptivo sólo se produce si la actuación administrativa de la que se trate se realiza con conocimiento formal del obligado tributario por lo que resulta necesario examinar la validez de la notificación de este requerimiento de documentación, ya que la reclamante la niega.
Quinto. A este respecto, el artículo 106.1 de la Norma Foral 6/2005, señala que en los procedimientos tributarios iniciados a instancia del interesado, como es el caso del procedimiento iniciado mediante autoliquidación, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o, en su defecto, en su domicilio fiscal.
Por su parte, el artículo 108 regula la denominada 'notificación por comparecencia', disponiendo que:
'1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario... por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación.
En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
2. ...En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado'.
En el supuesto que nos ocupa, como ha quedado expuesto en el Antecedente de Hecho primero, mediante anuncio publicado en el BOTHA de 26 de marzo de 2010, se citó a la Sra. Gómez para que compareciese en las oficinas de la Hacienda Foral a efectos de que le fuera notificado el requerimiento de documentación, de 2 de febrero anterior, que -según consta en el acuse de recibo obrante en el expediente administrativo- se había intentado comunicar previamente dos veces, en el domicilio de la interesada, con el resultado de 'ausente'.
Sexto.Sin embargo, la reclamante alega que no se depositó en el buzón de su domicilio el correspondiente aviso de llegada a efectos de acudir a recoger el envío en las dependencias del Servicio de Correos.
Tal alegación obliga a examinar si existe o no constancia en el expediente administrativo de que, tras los intentos de notificación personal de la solicitud de documentación que figuran en el acuse de recibo, se depositara en el casillero domiciliario el mencionado aviso de llegada.
Efectivamente, al haberse encauzado el envío a través del Servicio de Correos, resulta aplicable el Reglamento por el que se regula la Prestación de los Servicios Postales -aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre- cuyo artículo 42.3 establece, en relación con las entregas de notificaciones de órganos administrativos, que:'Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega...'.Precepto este que debe ponerse en relación con el artículo 36 del mismo texto reglamentario, cuyo segundo párrafo dispone que:'...se entregará en oficina todo envío que, por ausencia u otra causa justificada, no haya podido entregarse al destinatario o a la persona autorizada en su domicilio, comunicando su existencia mediante aviso de llegada depositado en el casillero domiciliario,...'.
En el presente caso, no está acreditado en el expediente administrativo que el operador postal depositara en el buzón de la destinataria el pertinente aviso de llegada, ya que en el acuse de recibo no consta tal extremo.
Ello conduce a la conclusión de que la Administración acudió incorrectamente a la notificación por comparecencia, dado su carácter subsidiario, y de que, por lo tanto, dicha notificación no surtió efectos legales.
Tal conclusión viene refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 12 de diciembre de 1997 (Westlaw RJ 1998/2264) y 11 de noviembre de 2009 (Westlaw RJ 2009/7985) -referidas al Reglamento de los Servicios de Correos, aprobado por el Decreto 1653/1964, de 14 de mayo-, así como en la de 24 de octubre de 2011 (Westlaw RJ 2012/1458) que aplica el artículo 42.3 del Real Decreto 1829/1999 antes citado.
La última de estas resoluciones judiciales señala, en su Fundamento de Derecho octavo, que:'Así pues, no sólo es esencial la demostración del intento de entrega por dos veces de las cartas certificadas, sino también la prueba de la entrega del mediante su introducción en el buzón o casillero correspondiente, o por otro medio, pues del cumplimiento de ese requisito depende que el destinatario tenga conocimiento del intento de notificación y pueda acudir en plazo a la Oficina de Correos correspondiente a recoger el envío,...'.
En esta misma línea, se han pronunciado también tanto el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, como el Tribunal Económico Administrativo Central.
En concreto, dicho Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia de 21 de enero de 2009 (Westlaw JUR 2009/193189), afirma que:
'..., el agente notificador debe hacer constar si deja aviso de llegada en el buzón (art. 36 RD 1829/1999) y en el caso que nos ocupa, en algunos de los acuses de recibo no consta..., por lo que debe suponerse que -incorrectamente- no se dejo aviso de llegada, lo que por si solo ya es determinante como para invalidar el intento de notificación personal.
Indebidamente practicado el intento de notificación personal, deviene en ineficaz el posterior intento de notificación edictal'.
Por su parte, el mencionado órgano administrativo, en su resolución de 23 de octubre de 2003 (Westlaw JT 2004/144), añade:'...la entrega de dicho aviso, prevista en el artículo 42.3 del Reglamento de prestación de los servicios postales, se configura como requisito inherente el derecho de tutela efectiva del administrado, al constituir un intento de poner remedio al hecho de que por hallarse éste ausente de su domicilio en las horas de reparto, tenga que sufrir de forma automática las consecuencias de una notificación edictal de la que en pocos casos llegan a tener conocimiento los interesados. Por ello es evidente la necesidad de que por parte de los servicios de correos se efectúe, o al menos se intente efectuar, la entrega del aviso de llegada, lo cual de alguna forma debe quedar acreditado en el expediente,...', criterio reiterado posteriormente en otras resoluciones como las de 22 de septiembre de 2011 (Westlaw JT/2011/1109) y 10 de mayo de 2012 (Westlaw JT 2012/599).
Séptimo.En consecuencia, no habiéndose practicado correctamente la notificación del requerimiento de documentación de 2 de febrero de 2010, la contribuyente no tuvo conocimiento formal del mismo por lo que dicha actuación administrativa no produjo ningún efecto interruptivo de la prescripción del derecho de la Hacienda Foral a liquidar la deuda tributaria correspondiente al ejercicio 2005.
Por ello, cuando fue notificada, el 27 de enero de 2012, la siguiente solicitud de documentación, relativa a dicho período impositivo realizada por la Oficina Gestora del impuesto, tal derecho había prescrito por el transcurso del plazo de cuatro años computados desde el 27 de junio de 2006, lo que conlleva que la liquidación girada posteriormente deba ser anulada.
Octavo.Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente reclamación y anular la liquidación impugnada por no ser conforme a Derecho.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 115/12, interpuesta por Dña. Isabel,contra la liquidación núm. 2012/303.638 girada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2005,RESUELVEESTIMARla misma y anular el acto administrativo impugnado por no ser conforme a Derecho.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 699/2003, 30-11-2006
Orden: Administrativo Fecha: 30/11/2006 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Calderon Gonzalez, Jesus Maria Num. Recurso: 699/2003
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 125/2002, 20-09-2003
Orden: Administrativo Fecha: 20/09/2003 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Gota Losada, Alfonso Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 125/2002
Sentencia Administrativo Nº 391/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1002/2006, 22-04-2010
Orden: Administrativo Fecha: 22/04/2010 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Aparicio Mateo, Ana Maria Num. Sentencia: 391/2010 Num. Recurso: 1002/2006
Resolución de TEAC, 00/9340/1996, 08-06-2000
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 08/06/2000 Núm. Resolución: 00/9340/1996