Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1178955
Timestamp: 2018-09-23 14:57:12
Document Index: 21108816

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 153', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 102', 'artículo 335', 'artículo 28', 'artículo 122', 'artículo 157', 'artículo 221', 'artículo 28']

En los últimos años, la contratación pública ha sido objeto de una profunda revisión a la luz de la normativa de la Unión Europea, que se ha ido incorporando a la legislación española, siendo el último paso la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público (LCSP), cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 9 de marzo de 2018.
Con la LCSP se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, sobre contratación pública, y la 2014/23/UE, referida a la adjudicación de contratos de concesión. Estas Directivas, junto con la 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se dictaron en el marco de la “Estrategia Europa 2020”, que configura la contratación pública como un instrumento básico para conseguir en el mercado interior un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso de los fondos públicos con una mayor racionalidad económica. Como señala la Exposición de Motivos de la LCSP, con dichas disposiciones, la Unión Europea ha dado por concluido el proceso de revisión y modernización de la vigente normativa sobre contratación pública, encaminada a incrementar la eficiencia del gasto público y a facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, a simplificar los trámites, a desarrollar sistemas más eficientes, transparentes e íntegros para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, así como a impulsar que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.
En el ámbito del control externo, la Ley 7/1988, de 5 de abril , de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), dispone en su artículo 39 que están sujetos a fiscalización los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector Público y, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contrato, así como los contratos administrativos que hubieran sido objeto de ampliaciones y modificaciones posteriores a su celebración cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley.
La aplicación de la Instrucción se realizará con sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal; al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) -disposición de aplicación directa a los Estados miembros-; así como al resto de normas específicas que regulan la propiedad intelectual y el tratamiento electrónico de la información.
A efectos de su inclusión en las relaciones certificadas de contratos, cada expediente de contratación que haya dado lugar a múltiples adjudicatarios -y por tanto, a múltiples contratos- por la existencia de lotes o partidas, deberá anotarse en el modelo establecido para incluir los contratos en la relación certificada, solamente bajo un único número de orden, haciéndose constar el precio total de los contratos resultantes del expediente, debiendo relacionarse a continuación los datos correspondientes a cada uno de los contratos derivados del mismo, ordenados de mayor a menor precio de adjudicación, cualquiera que sea este.
Para uniformar el criterio a seguir en la inclusión de los contratos en la mencionada relación anual, se atenderá al año de su formalización, por lo que la relación certificada deberá contener todos aquellos contratos que hubieran sido formalizados en el ejercicio de referencia, aun cuando su ejecución se realizara en el ejercicio siguiente. En los contratos basados en un acuerdo marco y en los contratos específicos de un sistema dinámico de adquisición que no hayan sido formalizados -al no ser exigible su cumplimentación conforme el artículo 153.1 de la LCSP- el criterio a seguir será el de la fecha de adjudicación. Para los contratos menores, en defecto de formalización, se atenderá a la fecha de aprobación del gasto.
- 600.000 euros para los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios.
- 450.000 euros para los contratos de suministro.
- 150.000 euros para los contratos de servicio y administrativos especiales.
- 600.000 euros para los acuerdos marco.
Los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios -y por tanto a múltiples contratos- por la existencia de lotes o partidas, deberán anotarse bajo un único número de orden, debiendo relacionarse a continuación los datos correspondientes a cada uno de los contratos derivados del mismo, si bien sólo se deberá remitir la documentación correspondiente a aquellos lotes cuyo precio de adjudicación supere las cuantías señaladas anteriormente, que se corresponden con las establecidas en el artículo 335.1 de la LCSP.
Asimismo, se enviará copia certificada de los contratos y de los extractos de expedientes que, por su importe inicial, no hubieran sido remitidos en cumplimiento del artículo 335 de la LCSP, pero que hubieran sido objeto de modificaciones posteriores a su celebración que, aislada o conjuntamente, elevaran el precio total del contrato por encima de los límites señalados en el apartado anterior, para cada tipo de contrato, debiendo incluirse la documentación relativa a las mencionadas modificaciones. La remisión del contrato original se efectuará telemáticamente, enviando la documentación que se relaciona en los anexos I, II o III de esta Instrucción -según la entidad tenga la consideración de Administración Pública, de poder adjudicador, o de ente del sector público-. Por lo que respecta a la modificación, se cumplimentarán los datos básicos de la incidencia que se indican en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, debiendo remitirse los correspondientes documentos de aprobación y de formalización a través de la misma.
Se entenderá por precio de adjudicación del contrato a los efectos de esta Instrucción, y a tenor del artículo 102.1 de la LCSP, su precio de adjudicación incluidos el IVA y otros impuestos indirectos, debiendo indicarse estos como partida independiente. Cuando el precio solo se hubiera formulado en precios unitarios, el importe del contrato vendrá determinado por el presupuesto máximo aprobado -IVA y otros impuestos indirectos incluidos-, o, en su defecto, por el valor estimado del contrato.
En los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios -y por tanto a múltiples contratos- por la existencia de lotes o partidas, se tendrá en cuenta el precio de adjudicación agregado de todos los lotes, IVA y otros impuestos indirectos incluidos, para su integración en la relación certificada de contratos a la que se refiere el Apartado III.1 de esta Instrucción. A efectos de la remisión de la copia del documento de formalización y del expediente de contratación a la que se refiere el Apartado III.2 de esta Instrucción, se atenderá al precio de adjudicación, IVA y otros impuestos indirectos incluidos, de cada uno de los lotes, de forma que sea objeto de remisión la documentación de aquellos lotes que superen las cuantías indicadas en el artículo 335.1 de la LCSP.
El procedimiento de remisión telemática de esta información se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en las disposiciones de desarrollo relativas a los procedimientos electrónicos.
- Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (artículo 28.1 de la LCSP).
- Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación (artículo 122 de la LCSP) o documento que lo sustituya.
- Propuesta de adjudicación del contrato junto con los informes de valoración de ofertas que, en su caso, se hubieran emitido (artículo 157 de la LCSP).
- Documento de licitación, si lo hubiera (artículos 116.3 y 221.5 de la LCSP).
- Acuerdo de adjudicación (artículo 221 de la LCSP).
- Informe sobre la necesidad de la contratación o propuesta de contratación (artículo 28.1 de la LCSP).
- Pliego de condiciones o documento que lo sustituya.
- Propuesta de adjudicación del contrato.
- Documento de licitación, si lo hubiera.
- Acuerdo de adjudicación.