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Timestamp: 2019-04-23 08:53:12
Document Index: 220779195

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 582', 'artículo 350', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 551', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 132']

El planeamiento urbanístico como delimitación del derecho de propiedad
D. Juan Pedro López Pulido
El Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo Civil, de 29 de octubre de 2014 (RC 3315/2012), cuyo análisis motiva el presente artículo, ha resuelto desestimar un recurso de casación, interpuesto en demanda de juicio ordinario, cuyo objeto era la declaración de la procedencia de una acción negatoria de servidumbres de luces, vistas y paso, ejercitada por el propietario de una finca matriz que segregó una parcela de la misma, y se la vendió a una constructora contra la cual interponía dicha acción.
Parcela que estaba delimitada con terrenos de la misma finca matriz, calificados como vial en el Plan de ordenación urbana de la localidad, pero que no habían sido cedidos al Ayuntamiento, en el momento de interposición de la demanda, por lo que no se consideraban vía pública, para producir efectos jurídicos en relación con las servidumbres. Previamente, el propietario solicitó licencia de parcelación de la finca matriz, segregó la parcela objeto de la acción negatoria de servidumbres, y la enajenó a la constructora, sometiéndose a las alineaciones proyectadas en el Plan de ordenación urbana, existiendo por la constructora, la clara finalidad de edificar en la misma.
La Sala civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación teniendo en cuenta que la normativa urbanística había sido reconocida en los actos del demandante, respecto a la parcelación, segregación y enajenación de una parcela de su propiedad, por considerar que "...en supuestos de parcelación de una finca ha de entenderse que ha habido cesión implícita a los adquirentes de solares de las superficies correspondientes a instalaciones y servicios comunes puesto que en caso contrario la finalidad de la parcelación se vería frustrada..." Si tal argumento se traslada al supuesto presente no tendría sentido solicitar licencia para segregar manzanas que se acomodan a las alineaciones del plan de urbanismo, y enajenarlas a una promotora, constructora, para luego negar a esta salida o apertura de huecos a los viales proyectados. Se entiende que en su relación negocial previa y de perfección de los contratos late la concesión implícita de tales recursos constructivos aunque aún el vial no tenga "jurídicamente" el concepto de público”.
Del análisis de la sentencia podría parecer que la Sala Civil de nuestro Alto Tribual se podría apartar, para este supuesto concreto, de una reiterada doctrina jurisprudencial, citada en la misma sentencia (FD 7 de la STS –Sala Civil- de 29/10/2014 –RC 3315/2012 -EDJ 2014/196426-), que considera que mientras la titularidad de los terrenos sea privada, no se pueden desplegar sobre los mismos los efectos de la norma urbanística, no admitiendo que las normas administrativas puedan alterar las normas del Código civil, ni puedan ser discutidas en dicho orden jurisdiccional ni puedan constituir limitaciones al derecho de propiedad (FD 3 de la STS –Sala Civil- de 21/10/2008 –RC 1006/2003 -EDJ 2008/190073-).
El objeto del presente artículo es articular los fundamentos jurídicos que permitan integrar, de una forma complementaria y vinculante, las normas urbanísticas, en la configuración del derecho de propiedad, partiendo de que constituyen ámbitos normativos diferentes y perfectamente compatibles y en virtud del interés público que se atribuye por la Ley al Plan General de ordenación urbana, tanto en aplicación de las acciones civiles que salvaguardan el derecho de propiedad y otros derechos reales, como ocurre en la acción ante los tribunales ordinarios que se instituye en el artículo 49, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo.
Tal como ha manifestado el Tribunal Constitucional, “la propiedad privada, en su doble dimensión como institución y como derecho individual, ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el art. 348 del Código Civil […] La referencia a la «función social» como elemento estructural de la definición misma del derecho a la propiedad privada, o como factor determinante de la delimitación legal de su contenido, pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes impongan, para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general.
Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del «contenido esencial» de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente, el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes” (STC 37/1987, FJ 2 -EDJ 1987/37-).
Reconociendo el Tribunal Constitucional que el ámbito normativo que delimita el derecho de propiedad no sólo se contempla en una norma con rango de ley sino también se pueda contemplar en disposiciones de carácter reglamentario, cuando considera que “[r]esulta […] evidente que el art. 33.2 de la propia Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación del contenido de la propiedad privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero también por la Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la colaboración reglamentaria de aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda operación de deslegalización de la materia o todo intento de regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o extra legem, pero no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración para completar la regulación legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por lo demás, cuando, como es el caso arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las características naturales del bien objeto de dominio y su propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales, que pueden y deben traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y que, como regla general, sólo por vía reglamentaria pueden establecerse” (STC 37/1987, FJ 3 -EDJ 1987/37-).
En el ámbito del Consejo de Europa, se ha configurado la protección del derecho de propiedad, en el artículo 1 del Protocolo Adicional número 1, hecho en París el 20 de marzo de 1952, de ampliación de los derechos a los que se refiere el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, firmado por España el 23 de febrero de 1978, y ratificado por Instrumento de 27 de noviembre de 1990 (BOE de 12 de enero de 1991), entrando en vigor el mismo día, por disposición de su artículo 6 -EDL 1990/15007-.
En el artículo 1 de dicho Protocolo -EDL 1990/15007-, se reconoce el derecho de toda persona física o moral al respeto de sus bienes, sin que nadie pueda ser privado de su propiedad, más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del Derecho Internacional. El apartado segundo de dicho artículo, reconoce a los Estados el poder de regular el uso de los bienes conforme al interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de multas.
En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 1 marzo 2001, en el caso Malama contra Grecia -EDJ 2001/1193-, se aplica el artículo 1 del Protocolo Adicional número 1, y el Tribunal reitera la necesidad de que se respete el principio de proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad privada y las razones de interés general para restringirla.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de abril de 2011 (RC 2247/2007), de la Sala de lo contencioso-administrativo -EDJ 2011/91250-, se pronunció (Fundamento de derecho decimocuarto), de forma favorable a la aplicabilidad de dicho Protocolo Adicional número 1-EDL 1990/15007-, en materia urbanística y, por lo tanto, favorable a la ponderación del principio de proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad privada y las razones de interés general para restringirla.
La sentencia objeto de análisis (STS 29/10/2014 –RC 3315/2012 -EDJ 2014/196426-), nos conduce a la problemática que se genera en las servidumbres, condicionada en buena medida por las prescripciones que se establecen en el ordenamiento urbanístico y en las normas sobre protección ambiental, en la esfera el derecho administrativo, pero que se incardina en los artículos del Código civil que las regulan, ocurriendo lo mismo respecto a las relaciones de vecindad.
La sentencia, en su Fundamento de derecho séptimo reproduce el Fundamento de derecho segundo, de la sentencia de la Sala Civil de 21/10/2008 (RC 1006/2003) -EDJ 2008/190073-, manteniendo la aparente confusión que en la misma se da respecto a la servidumbre de luces y vistas, como límite o limitación al derecho de propiedad, y equiparando los mismos efectos jurídicos en cuanto a un acto administrativo y una norma administrativa, para prohibir que actos administrativos o normas administrativas puedan limitar el derecho de propiedad. Fundamentación jurídica, que se considera del todo desafortunada, por su generalidad e insuficiente argumentación técnico-jurídica, en cuanto a la equiparación de su naturaleza y efectos jurídicos, en relación a los conceptos de límite y limitación del derecho de propiedad, y de acto administrativo y disposición reglamentaria.
En relación a la competencia del orden jurisdiccional civil y del contencioso-administrativo, para dilucidar los problemas que se puedan suscitar en relación al derecho de propiedad y otros derechos reales, existe una consolidada doctrina jurisprudencial, recogida en sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2006 (RC 4878/1999) -EDJ 2006/288731-, que ha establecido que son de índole civil las cuestiones del derecho de propiedad, cualquiera que sea la facultad dominical en que se funda la pretensión, debiendo deducirse en la jurisdicción ordinaria (SSTS 30/03/1997; 18/07/199; 09/05/1997 -EDJ 1997/2659-), que debe declarar los derechos civiles que sobre las cosas corresponden a los particulares (SSTS 12/03/1963; 18/04/1963; 18/07/1989; 14/07/1994). Habiéndose pronunciado la Sala de lo contencioso-administrativo, entre otras en la reciente sentencia de 22 de enero de 2015 (RC 564/2013) -EDJ 2015/3371-, que en relación a la propiedad de los bienes, cuando afecta a la Administración pública, el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, sólo puede dilucidar sobre cuestiones de forma, procedimiento o legalidad extrínseca de la declaración de propiedad.
En todo caso, hay que tener en cuenta, que la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 1997 (RC 2116/1993) -EDJ 1997/4450-, ya se pronunció estableciendo que la competencia jurisdiccional no está determinada por la naturaleza de la norma que se aplica, sea civil o administrativa, sino por la naturaleza del conflicto, privado entre particulares o público entre ciudadano y Administración, pudiendo tanto los tribunales contencioso-administrativos aplicar normas civiles en la resolución de los conflictos de su competencia, como los de la jurisdicción civil aplicar ocasionalmente normas administrativas si se hace necesario para resolver un conflicto de naturaliza civil, en virtud del principio de unidad del ordenamiento jurídico, rechazando en todo caso la administrativización de las relaciones civiles aunque estén afectadas, como en el caso de la relaciones de vecindad, por la regulación contenida en normas administrativas, pero destacando la relevancia, de la heterointegración de normas de derecho civil y derecho urbanístico, en aquél supuesto, respecto a las relaciones de vecindad. En dicho aspecto ha incidido el Tribunal Supremo, en su Sala Civil, en sentencia de 28 de mayo de 2009 (RC 1440/2004) -EDJ 2009/112086-, considerando que debe quedar a salvo el principio de autonomía privada, que permite el juego de la voluntad de las partes, en tanto que su desenvolvimiento resulte compatible con el régimen urbanístico vigente.
Para poder destacar la relevancia de la heteorintegración normativa referida, debemos identificar los bienes jurídicos protegidos, que en relación al artículo 582 del Código civil -EDL 1889/1-, respecto a las servidumbres de luces y vistas, el Tribunal Supremo en sentencia de su Sala Civil, de 20 de mayo de 1969 –RJ 1969/2680-, los identificaba en la “intimidad” y “seguridad”, al que añadiríamos actualmente el de “edificación” (tal como se contempla en la STS 17/04/1995 (RC 610/1992- FD 2) -EDJ 1995/1543-, cuando establecía como finalidades de dicha servidumbre, la protección del predio vecino, la de su seguridad, la de su utilización libre y el respeto de los derechos de propiedad sobre suelo y vuelo aunque no existieren molestias, “pues la finalidad del precepto no es otra que la de proteger la propiedad del vecino de soportar todo gravamen que no le venga impuesto o lo consienta expresamente”.
Llegados a este punto se podría convenir en relación al concepto de dominio que efectúa el artículo 350 del Código Civil -EDL 1889/1-, respecto al propietario de un terreno, que el mismo se complementa con la configuración del derecho de propiedad que se efectúa en el derecho urbanístico, amparada en la función social del mismo que prevé el artículo 33 de la Constitución -EDL 1978/3879-, respecto a la consideración del contenido, alcance y proyección de la propiedad sobre el terreno urbano de manera que, sentado el carácter civil de las previsiones del Código, parece indiscutible que el mismo también se derive del resto de las normas administrativas.
Desde esta perspectiva, una norma urbanística tiene relevancia civil cuando a un particular le afectan, en el sentido que sea, las previsiones legales o las consecuencias jurídicas derivadas de la misma y, al mismo tiempo, un Tribunal del orden jurisdiccional civil resulta competente para conocer, resolver y ejecutar la referida pretensión del particular.
Así sucede, entre otros muchos supuestos, en el caso de la adquisición de aprovechamientos urbanísticos instrumentalizada por contrato privado (artículos 33 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística), en la concreción de los títulos de derecho susceptibles de generar una modificación jurídico-real de los títulos de dominio sobre los inmuebles, en el caso de imposición en las relaciones entre particulares, de cargas no inscritas al amparo de la subrogación o vinculación propter rem, dispuesta en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo -EDL 2008/89754-, o en las adquisiciones de terrenos en las que la edificabilidad constituye un requisito que trae causa del contrato.
Por otro lado, no se puede desconocer que la normativa administrativa de ordenación urbanística tutela el interés general ínsito en la ordenación y uso del suelo, constituyendo limitaciones al derecho de propiedad cuando el Plan General establece parámetros urbanísticos, que constituyen prescripciones de uso pormenorizado, volumen, condiciones higiénico-sanitarias de terrenos y construcciones, características estéticas de la construcción, distancias entre fincas privadas y espacios o equipamientos públicos, pues se tutela un interés colectivo o general.
Solo se podría entender, tal como se ha referido en la jurisprudencia anteriormente citada, que cuando las prescripciones de la ordenación urbanística no tutelen intereses colectivos, sino relaciones “inter privatos”, la integración de las normas urbanísticas en el haz de facultades dispositivas de los propietarios, permitirá en el ámbito de la autonomía de la voluntad, el establecimiento por convenio de los interesados, del alcance de las limitaciones establecidas en la norma urbanística, como se prevé en el artículo 551 del Código Civil -EDL 1889/1-, respecto a las servidumbres que impone la ley en interés de los particulares. Habiéndose manifestado la Sala Civil del Tribunal Supremo en sentencia de 11 de julio de 2014 (RC 1589/2012) -EDJ 2014/111211-, fundamento de derecho segundo, que “el derecho real de servidumbre predial, que el Derecho civil contempla desde el lado pasivo, es un “ius in re aliena”, como define la sentencia de 29 de julio de 2002 -EDJ 2002/31199-, y constituye una limitación al derecho de propiedad”, pudiendo producir efectos frente a terceros, aunque no esté inscrita en el Registro de la Propiedad, “cuando los signos de la servidumbre son ostensibles, permanenciales y perfectamente exteriorizados, tal apariencia indubitada produce una publicidad en semejanza a la inscripción en el Registro (SSTS 11/5/1927; 05/04/1986 -EDJ 1986/2365-; 21/12/1990)” (FD segundo STS de 11 de julio de 2014 –RC 1589/2012).
En la jurisprudencia como en el propio Código civil existe una cierta confusión en relación a los conceptos de límites y limitaciones del derecho de propiedad, así como en el de servidumbres y relaciones de vecindad, como ocurre en la sentencia objeto del presente análisis. “Los límites son las fronteras, el punto normal hasta donde llega el poder del propietario, o sea, el régimen ordinario de restricciones a que está sometido el poder. Las limitaciones, por el contrario, procedentes de diversas causas, reducen, en casos singulares, el poder que normalmente (dentro de los límites), tiene el propietario sobre la cosa” (Xavier O’Callaghan, Compendio de derecho civil, tomo III, p. 71, Editorial Ramón Areces, 2012).
En todo caso, en el presente artículo nos referimos a las prescripciones del planeamiento urbanístico, que delimitan el derecho de propiedad de los terrenos en un municipio determinado, desde la función pública de la ordenación territorial y urbanística, que se preceptúa en el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo -EDL 2008/89754-. Función pública que alcanza la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y edificación, y la regulación del uso, de la conservación y de la rehabilitación de las obras, los edificios y las instalaciones. Función pública que incluye el “ius variandi” de la Administración como potestad innovadora inherente a la función reglamentaria y planificadora, como función dinámica que se ha de adaptar a las exigencias cambiantes de la realidad (STS de 26 de enero de 1993, ponente Miguel Pastor López (Roj: 12572/1993) -EDJ 1993/541-). Función pública que se debe desarrollar respetando el principio de confianza legítima en la legalidad de la actuación administrativa y la seguridad jurídica derivada de la misma. Puesto que la ordenación territorial y urbanística es una potestad administrativa que se materializa en una actividad normativa que es fuente de derecho objetivo, y que adquiere rango formal reglamentario, tal como manifestó el Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, en sentencia de 20 de abril de 1990 - Roj: 11964/1990- FD segundo -EDJ 1990/4273-, cuando puso de manifiesto que el suelo urbano no se crea, sino que se delimita con los propios criterios de la Ley del Suelo, estableciendo que conforme a jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, los Planes Urbanísticos merecen la calificación de normas jurídicas y, más precisamente, de normas con rango formal reglamentario, constituyendo el planeamiento urbanístico en su conjunto, un auténtico sistema normativo gradual y coordinado de integración y desarrollo de la Ley del Suelo. Constituye pues, de acuerdo con los artículos 1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo -EDL 2008/89754-, una actividad delimitadora del derecho de propiedad, de acuerdo con su función social.
Así pues, que en la sentencia que se analiza (STS 29/10/2014 (RC 3315/2012) -EDJ 2014/196426-) se otorguen los mismos efectos al acto administrativo y a la norma administrativa es una confusión desafortunada, puesto que el reglamento es expresión de la potestad normativa, potestad, expresión de la cual son los denominados actos administrativos, mediante el reglamento se crea Derecho y mediante el acto administrativo se aplica el Derecho. Es así que el reglamento, siendo fuente del Derecho, se incorpora al ordenamiento jurídico con vocación de permanencia y no se consume con su cumplimiento, sino que por el contrario, mientras esté en vigor, es susceptible de una pluralidad de aplicaciones. El acto administrativo, sin embargo, se agota en su aplicación (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, en Curso de Derecho Administrativo).
Finalmente, se debe analizar la referencia que se efectúa en la sentencia que se analiza (STS 29/10/2014 (RC 3315/2012) -EDJ 2014/196426-), a que no habiendo sido cedido el vial, no adquiere su carácter de demanial y público, por su mera inclusión en el Plan General, requiriéndose el acto de entrega y aceptación, con lo que si no existe la titularidad dominical por la Administración no puede producir efectos jurídicos el sistema urbanístico en relación con la servidumbre de luces y vistas (Fundamento de Derecho octavo). Lo cual sí ocurriría, como es consolidada doctrina jurisprudencial, si el terreno, calificado urbanísticamente de sistema en el Plan general, como vial o equipamiento, fuera de titularidad pública, y de carácter demanial por imperativo legal, por su destino a usos o servicios públicos, es decir, de dominio público, pues sobre el mismo no se puede adquirir un derecho real que lo grave o limite, por su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, como prevé el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 132.1 de la Constitución -EDL 1978/3879- (ya se argumentaba en el mismo sentido en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1967 -EC 452/1968- respecto a la improcedencia de servidumbres de interés privado sobre bienes de dominio público).
En la sentencia que motiva este artículo, el Tribunal Supremo rechaza la acción negatoria de servidumbre de luces y vistas, porque la misma se encuentra tácitamente aceptada en el contrato de compraventa por el que el vendedor vende un terreno que delimita con terrenos calificados urbanísticamente en el Plan General como vial, con voluntad de edificar.
Pero la Sala Civil del Alto tribunal ha tenido, como en muchas otras ocasiones, la posibilidad de analizar si los bienes jurídicos protegidos quedaban realmente afectados.
Como se ha puesto de manifiesto, uno de los bienes jurídicos protegidos con el derecho de luces y vistas es el de la intimidad, es decir la privacidad del propietario, el respeto a la vida privada y familiar, y otro, no menos importante, el derecho a la edificación, el respeto del derecho de propiedad sobre el suelo y el subsuelo. Bienes jurídicos que hay que conectarlos con el derecho al domicilio inviolable, sobre el que el Tribunal Constitucional ha manifestado que “como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más intima, por lo que el objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita. Este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad. Habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no sólo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada” (STC 119/2001 -EDJ 2001/6004-, recogida en FD 2 de la STS Sala Contencioso-administrativa, de 12 de noviembre de 2007 RC 255/2004 -EDJ 2007/206238-).
Pero dicho bien jurídico requiere que en aquél terreno se pueda materializar el derecho a edificar, lo cual no podrá ocurrir si el Plan General lo califica como sistema general o local de carácter público, puesto que si por la normativa urbanística, no pudiera ser edificado por su calificación como vial, parque urbano o zona verde pública, no se podría materializar en el mismo un domicilio sobre el cual se protegiera el bien jurídico de la intimidad.
Así pues y teniendo en cuenta la aplicación de la teoría del interés formulada por Von Ihering, carecerá de interés la acción negatoria de la servidumbre de luces y vistas, sobre un terreno calificado de vial público, pero no cedido formalmente al Ayuntamiento en el momento de interposición de la demanda, como es el caso de la sentencia que se analiza, pues se estaría haciendo uso de un derecho que desborda los límites de su ejercicio, ya que no menoscaba ni la intimidad de la finca actora ni el derecho a edificar, que el planeamiento impide en un vial público, durante el período de tiempo que va entre la aprobación y publicación del mismo, publicación que comporta su eficacia, hasta la cesión del terreno calificado como vial al Ayuntamiento.
Se considera que con la acción negatoria de servidumbre que motiva el recurso de casación en la sentencia objeto de análisis, se podría estar ejercitando un uso abusivo del Derecho no amparado por el art. 7.2 del Código civil -EDL 1889/1-. Fundamentación jurídica, más respetuosa de la heterointegración de normas de derecho civil y derecho urbanístico, que no la proscripción de toda posibilidad de aplicar por la sentencia, cualquier norma urbanística, y motivar la desestimación del recurso de casación, en la autonomía de la voluntad, mediante la aceptación en el contrato de compraventa, de que se vendía un terreno que había sido parcelado, limitando a otro calificado urbanísticamente como vial y con voluntad de ser edificado.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Urbanismo", el 1 de junio de 2015.