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Timestamp: 2020-06-05 04:00:40
Document Index: 169912661

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 156', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 156']

Sentencia de Constitucionalidad nº 172/04 de Corte Constitucional, 2 de Marzo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43621129
Sentencia de Constitucionalidad nº 172/04 de Corte Constitucional, 2 de Marzo de 2004
Ley 833 de 2003. Protocolo de la convencion sobre los derechos del niño relativo a la participacion de los niños en los conflictos armados. Proteccion a la poblacion infantil. Lineamientos para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas de menores 18 años. Prohibicion para grupos armados de reclutar y utilizar menores 18 años. exequible.
Sentencia citada en: 51 sentencias, 6 artículos doctrinales
Ese particular reconocimiento y protección se justifica en cuanto se trata de una población vulnerable, frágil, que se encuentra en proceso de formación y como tal se hace merecedora de una atención especial. Las razones de esa protección, según ha manifestado la Corte, son: ''i) el respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el Art. 1º de la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos''.
Revisión de Constitucionalidad de la Ley 833 del 10 de julio de 2003, ''por medio de la cual se aprueba el `PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)''
dentro del proceso de revisión de la Ley 833 del 10 de julio de 2003, ''por medio de la cual se aprueba el `PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)''.
''LEY 833 DE 2003
por medio de la cual se aprueba el `Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE
A. por el apoyo abrumador que ha merecido la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promoción y la protección de los derechos del niño,
R. que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que estos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad.
A. la participación de las comunidades y, en particular, de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del Protocolo.
4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante notificación a tal efecto dirigida al S. General de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que sea recibida por el S. General.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos, los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del S. General de las Naciones Unidas.
3. El S. General, en calidad de depositario de la Convención y el Protocolo, informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la convención del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 13.
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al S. General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el S. General de las Naciones Unidas. No obstante, si a la expiración de ese plazo el Estado Parte denunciante interviene en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta la terminación del conflicto armado.
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del S. General de las Naciones Unidas. El S. General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el S. General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el S. General a la Asamblea General para su aprobación.
2. El S. General de las Naciones Unidas transmitirá copias certificadas del presente protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the convention on the rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, adopted by the General Assembly of the United Nations on 25 May 2000, the original of which is deposited with the S. General of the United Nations.
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme du Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l´enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armes, adopté par l' Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l'original se trouve déposé auprés du Secrétaire général des Nations Unies.
For the S.-General The Assistant S.-General in charge of the Office of Legal Affairs.
P. le Secrétaire Général Le Sous-Secrétaire Général chargé du Bureau des affaires juridiques
Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2001
G.F. De S.
Colombia confía en que este claro mensaje de la comunidad internacional tenga eco en la dirigencia de los grupos irregulares que actúan en nuestro país. T., entre un 15 y un 20% de los miembros de las guerrillas y de los grupos de autodefensa son niños. Una investigación adelantada por la Defensoría del Pueblo, muestra que el 18% de estos niños ha matado por lo menos una vez; el 60% ha visto matar; el 78% ha visto cadáveres mutilados; el 25% ha visto secuestrar; el 13% ha secuestrado; el 18% ha visto torturar; el 40% ha disparado contra alguien, y el 28% ha sido herido. Esta situación no debe continuar. El gobierno ya adoptó las medidas correspondientes y espera que, cuanto antes, los actores del conflicto armado hagan lo propio.
Entre las consecuencias que destacaron las Naciones Unidas, en un informe presentado por la señora G.M. sobre el impacto de los conflictos armados internos en los niños, se encuentran:
y ejecútese.
Aprobado. S. a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitutucionales (sic).
W.V.M..
M.L.R. de Rincón''.
S.F.B., en su calidad de Abogado Asesor con asignación de funciones de Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo y por delegación del Defensor del Pueblo, solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 833 de 2003 y del instrumento internacional objeto de revisión.
J.E.A.R., obrando como apoderado del Ministerio de la Protección Social, presentó escrito justificando la constitucionalidad de la Ley 833 de 2003, por cuanto sus disposiciones, además de ser un desarrollo del artículo 44 de la Carta Política, le dan continuidad a la política estatal de protección a la población infantil y se constituye en un mecanismo oportuno y de compromiso frente a la aplicación de los instrumentos internacionales sobre la materia, entre ellos el Convenio N° 182 de la O.I.T.
En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, A.M.A.G. expuso los argumentos que, en su sentir, sustentan la constitucionalidad de la Ley 833 de 2003.
Luego de vencido el término de fijación en lista, la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, B.L.S., presentó escrito a través del cual resalta la importancia que para Colombia representa la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 833 de 2003, toda vez que con el instrumento internacional que mediante ella se aprueba se le brindan al país y a ese Instituto herramientas jurídicas para el fortalecimiento de programas y acciones de atención y protección a los niños y niñas desvinculados del conflicto armado, lo que permitirá la restitución de sus derechos fundamentales y el fortalecimiento de mecanismos tendientes a lograr las metas que en ese tema se ha trazado el Gobierno.
El 28 de octubre de 2003 el Procurador General de la Nación hizo llegar su concepto dentro del proceso de la referencia, en el cual solicita la constitucionalidad del ''Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados'' y de la Ley que lo aprueba.
Expresa que el Protocolo fue suscrito por el señor P. de la República, doctor A.P.A., quien le impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 15 de mayo de 2001. El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, y, luego de revisado el trámite legislativo, concluye que se cumplieron todas las exigencias constitucionales y legales, razón por la cual no encuentra reparo alguno.
Respecto a su contenido material, el Jefe del Ministerio Público considera que el instrumento internacional desarrolla los preceptos constitucionales que guardan relación con las materias en él tratadas, en especial la protección que el Estado debe dar a los menores de edad. Destaca su importancia en cuanto prohíbe reclutar a menores de 18 años sin que concurra su voluntad, lo cual, en su criterio, está en consonancia con el ordenamiento jurídico colombiano que siempre ''ha estado un paso adelante desde el punto de vista normativo en esta materia''.
Carácter preventivo del control que hace la Corte sobre los tratados internacionales
Conforme lo dispone el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. Se trata de un control completo y automático de constitucionalidad sobre el contenido material del Protocolo y de su ley aprobatoria, así como de la regularidad de su trámite legislativo. El control tiene un carácter preventivo Ver Sentencia C-333 del 21 de julio de 1994 (M.P.F.M.D.. en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es previo al perfeccionamiento del instrumento internacional.
En este orden de ideas, procede la Corte a revisar el proceso de formación de la Ley 833 del 10 de julio de 2003 ''por medio de la cual se aprueba el `PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)''.
El Protocolo objeto de análisis fue suscrito por el entonces P. de la República, doctor A.P.A., quien impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 15 de mayo de 2001, tal como consta en la certificación expedida por el Coordinador Área de Tratados de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores Folio 107 del cuaderno principal..
El proyecto de ley respectivo fue presentado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Ello consta en la Gaceta del Congreso N° 466 del 19 de septiembre de 2001..
El texto del proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 466 del 19 de septiembre de 2001 Así lo informó el S. General de la Comisión Segunda del Senado de la República (folio 112 del cuaderno principal)..
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el H. Senador R.O.M., cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso N° 632 del 10 de diciembre de 2001 Así lo informó el S. General de la Comisión Segunda (folio 112 del cuaderno principal)..
Según certificación suscrita por el S. General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley 110/01 Senado, 229/03 Cámara fue aprobado en primer debate el 11 de diciembre de 2001 (Acta 07 de 2001) Folios 115 a 149 del cuaderno principal., con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, con 12 votos a favor y 0 en contra Folio 112 del cuaderno principal..
La ponencia para segundo debate fue presentada por el H. Senador E.G.H. y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 67 del 2 de abril de 2002.
Tal como consta en la Gaceta del Congreso N° 188 del 7 de mayo de 2003, el proyecto de ley 110/01 Senado, 229/03 Cámara fue aprobado en segundo debate el 22 de abril de 2003 con el voto de 98 senadores.
R. ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes los H. representantes J.E.C.A. y J.D.E.H., cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso N° 213 del 22 de mayo de 2003 Folio 103 del cuaderno principal.. Conforme obra en el expediente, el P. de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su posterior publicación, autorizó el 21 de mayo de 2003 la distribución en fotocopia de la ponencia para primer debate Folio 53 del cuaderno principal. Ello fue confirmado en el informe presentado por el S. General de la Comisión Segunda (folio 58 del cuaderno principal)..
Tal proceder no es inconstitucional en cuanto, como ya lo ha manifestado la Corte, el objetivo de dar publicidad a la ponencia se puede lograr de dos formas ''(i) con su publicación previa en la Gaceta del Congreso, o (ii) con su reparto anticipado a los congresistas y su publicación oportuna con posterioridad al debate'' Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-915 del 29 de agosto de 2001 (M.P.E.M.L... En el presente caso se optó por la segunda alternativa, que está considerada en el artículo 156 de la Ley 5 de 1992.
El proyecto de ley 101/01 Senado, 229/03 Cámara, fue aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en sesión del 21 de mayo de 2003 con la asistencia de 19 representantes y fue aprobado por unanimidad Folio 1 del cuaderno de pruebas 2 Cámara..
Para segundo debate en Cámara, la ponencia fue presentada por los H. representantes J.E.C.A. y J.D.E.H. y fue publicada en la Gaceta N° 265 del 10 de junio de 2003 Folios 79 a 81 del cuaderno principal..
Obra certificación expedida por el S. General de la Cámara de Representantes, según la cual el proyecto de ley 110/01 Senado, 229/03 Cámara, fue aprobado en sesión plenaria del 18 de junio de 2003 (Acta 059) por mayoría de los presentes de 160 representantes, sin modificación alguna Folios 37, 38 y 63 del cuaderno principal..
El P. de la República sancionó el 10 de julio de 2003 la Ley 833, aprobatoria del Protocolo objeto de análisis.
3.1.3. El artículo 3 establece que con sujeción a los principios formulados en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a la protección especial que tienen en ella los menores de 18 años, los Estados Partes se comprometen a elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas a sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada por el párrafo 3 del referido artículo 38. En esa medida y al ratificar el Protocolo o adherirse a él, depositarán una declaración manifestando la edad mínima permitida, dejando claro las salvaguardas adoptadas para garantizar que el mismo no se realice por la fuerza o coacción. Dicha declaración podrá ampliarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al S. General de las Naciones Unidas.
3.2.2. Ese particular reconocimiento y protección se justifica en cuanto se trata de una población vulnerable, frágil, que se encuentra en proceso de formación y como tal se hace merecedora de una atención especial. Las razones de esa protección, según ha manifestado la Corte, son: ''i) el respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el Art. 1º de la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos'' Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-318 del 24 de abril de 2003 (M.P.J.A.R.)..
En ese orden, el Convenio IV de Ginebra de 1949 (sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra) otorga una singular protección en favor de la población infantil Artículos 14, 17, 23, 24, 38 y 50. como personas civiles que no participan en las hostilidades, y aunque no establece la prohibición expresa sobre su reclutamiento e incorporación, lo cierto es que de sus disposiciones se desprende que tales conductas no están autorizadas.
Ese amparo es aún más efectivo en los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra (Protocolo I Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales Fue aprobado el 8 de junio de 1977 y entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, pero para Colombia el 1 de marzo de 1994, en virtud de la no improbación otorgada por la Comisión Especial Legislativa el 4 de septiembre de 1991. y Protocolo II Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional Fue aprobado el 8 de junio de 1977 y entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, pero para Colombia el 15 de febrero de 1996, en virtud de la Ley 171 de 1994.), en los cuales se estableció la prohibición de su participación en hostilidades, ya sea directa o indirecta. Allí se compromete a los Estados Partes a adoptar medidas para que los niños y niñas menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades y especialmente a no reclutarlos en sus fuerzas armadas, sin distinguir si la incorporación es voluntaria u obligatoria Artículos 77 y 4, numeral 3, de los Protocolos..
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante Ley 12 de 1991 define los derechos mínimos que los Estados Partes deben garantizar a los niños y niñas para asegurarles un nivel de vida acorde con su condición y que les permita su desarrollo integral como personas. En su artículo 1 preceptúa que ''se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad''. En el artículo 38 se impone a cada Estado el compromiso de adoptar las medidas posibles para que los niños y niñas que aún no hubiesen cumplido 15 años de edad no participen directamente en hostilidades y se les obliga a no reclutar en sus fuerzas armadas a quienes no hayan cumplido esa edad, con la advertencia que cuando sean reclutados mayores de 15 pero menores de 18, se dará prioridad a los de más edad. Nótese que cuando Colombia ratificó esa Convención hizo reserva en el artículo 38 numerales 2 y 3, y estableció en 18 años la edad mínima para el reclutamiento militar.
Ahora bien, respecto a la mayoría de edad en Colombia, el artículo 1 de la Ley 27 de 1997 establece que ''para todos los efectos legales, llámese mayor de edad, o simplemente mayor, a quien ha cumplido diez y ocho (18) años'', y según el Código del Menor (Decreto Ley 2737 de 1989 ''se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años''.
En relación con el tema de que se trata el S. General de la Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó informe el 17 de septiembre de 2001 sobre los niños y los conflictos armados A/56/342,S/2001/852. en el que consignó su preocupación por adoptar medidas para su rehabilitación, desmovilización y reintegración. Allí se sostuvo:
''50. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han estado de acuerdo en muchas ocasiones en la necesidad de integrar la desmovilización, rehabilitación y reintegración de los niños soldados en todas las negociaciones de paz y en los acuerdos de paz resultantes, y además en la necesidad de realizar esas actividades durante los conflictos propiamente dichos. El recluta-miento de niños es una violación de sus derechos y no se debe esperar a que haya conversaciones de paz para resolverla. La desmovilización y la reintegración pueden ayudar a prevenir la continuación de los ciclos de violencia. La desmovilización y la reintegración de los niños soldados durante los conflictos y después de ellos sigue siendo un proceso complejo y difícil, y la comunidad humanitaria sigue tratando de integrar la experiencia adquirida en los procesos de desmovilización y reintegración en Camboya, El Salvador, Liberia, Mozambique, Rwanda y otras zonas de conflicto. El Consejo ha pedido acertadamente a las partes en conflictos armados que dispongan lo necesario para una rápida desmovilización y reintegración, y también a los Estados Miembros que obtengan recursos adecuados y sostenidos para la reintegración a largo plazo. No obstante, entre los principales problemas con que tropiezan los organismos y los donantes que tratan de planificar un programa adecuado de desmovilización y reintegración de niños soldados figura la desalentadora falta de información básica sobre las características principales de los niños que deben ser desmovilizados y las mejores maneras de lograr su reintegración. Como resultado de las primeras lecciones del programa de desmovilización y reintegración incorporado en el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999 en Sierra Leona se observa que esos esfuerzos deben caracterizarse por un proceso aparte de desmovilización y reintegración para los niños en el marco del programa más amplio para todos los combatientes, el hincapié en la reintegración de los niños en sus comunidades de origen, y el apoyo a los valores y mecanismos culturales existentes como las curaciones tradicionales, la mediación comunitaria y la reconciliación''.
Ese interés por brindar protección a la población infantil y el compromiso de Colombia en adelantar las políticas correspondientes, también se ha visto plasmado con la aprobación mediante Ley 704 de 2001 del Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la Octogésima Séptima (87) reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 1999 La Corte lo encontró ajustado a la Carta Política y así lo declaró en la Sentencia C-535 del 16 de junio de 2002 (M.P.J.A.R.)., según el cual el término niño designa a toda persona menor de 18 años A. 2., y con la aprobación en virtud de la Ley 765 de 2002 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000 La Corte declaró su constitucionalidad en Sentencia C-318 de 2003, ya citada..
Organizaciones no gubernamentales también se han pronunciado al respecto, tal como recientemente lo hizo W. on children and armed conflict, que es una red de organizaciones no gubernamentales locales, regionales e internacionales que trabajan para proteger la seguridad y los derechos de los niños en conflictos armados, en su informe ''Colombia: la guerra en los niños y las niñas Febrero de 2004 en: www.watchlist.org./reports/colombia.report.es.pdf., según el cual entre 11.000 y 14.000 niños y niñas están vinculados al conflicto armado.
Constitucionalidad del Protocolo
En efecto, en situaciones de conflicto armado los niños y niñas resultan ser blanco de hostilidades y los efectos sicológicos y sociales son profundos. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a la confrontación armada vulnera sus derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación, entre otros. Aquellos que deciden voluntariamente vincularse o adherirse a los grupos armados ilegales lo hacen por diversas causas, ya sea económicas, sentimentales o por defender a sus familias, y en el interior de esos grupos la población infantil resulta siendo víctima de violencia y esclavitud sexual V. al respecto la página web de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado de Colombia www.coalico.org/marco/index.htm..
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998, aprobado mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002 Declarados exequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002 (M.P.M.J.C.E.)., en su artículo 8, 2, literal b), xxvi considera crimen de guerra el ''[r]eclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades''.
Declarar EXEQUIBLE el ''PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS'', adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000, así como la Ley 833 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual fue aprobado.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO A.B.S., EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-172 DE 2 DE MARZO DE 2004 (Expediente LAT-246)
Tal como lo hice en oportunidad anterior al salvar el voto respecto de las sentencias C-760 de 2001, C-916 de 2001, C-254 de 25 de marzo de 2003, C-1033 de 5 de noviembre de 2003, y C-1034 de 5 de noviembre de 2003, el suscrito magistrado, con el respeto debido a las sentencias de la Corte Constitucional, ahora reitero las razones por las cuales salvé el voto de aquellas sentencias, que desde el punto de vista jurídico son las mismas que llevan a discrepar ahora de lo resuelto en la Sentencia C-172 de 2 de marzo de 2004, mediante la cual se declara la exequibilidad de la Ley 833 de 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprobó el ''Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados'', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000), cuya exequibilidad también se declara.
A este respecto, conforme a la síntesis que en la Sentencia C-172 de 2 marzo de 2004, se hace sobre el trámite del proyecto de ley 110/01 Senado, 229/03 Cámara, se encuentra que la ponencia presentada a consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para primer debate por los Honorables Representantes J.E.C.A. y J.D.E.H., fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 213 de 22 de mayo de 2003, pese a lo cual al proyecto de ley mencionado se le impartió aprobación el día anterior, en sesión del 21 de mayo de 2003, tal cual aparece en el folio 1 del cuaderno de pruebas No. 2, Cámara. Para el efecto se adujo que el P. de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes autorizó la publicación de la ponencia por otro medio distinto a la inserción en la Gaceta del Congreso, precisamente el 21 de mayo de 2003, fecha en la cual a la misma se le impartió aprobación. Para el efecto se invocó la situación excepcional prevista en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, norma esta cuya aplicación el suscrito magistrado juzga ahora, como en oportunidades anteriores en que la misma situación se ha presentado, profundamente equivocada y lesiva del principio de la publicidad que en la tramitación de las leyes debe respetarse siempre en una democracia.
Así las cosas, la Corte debería haber declarado la inexequibilidad de la Ley 833 de 10 de julio de 2003 ''por medio de la cual se aprueba el ´Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados´, adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).'' Como así no se hizo, reitero ahora lo expresado en salvamento de voto a la Sentencia C-760 de 2001, C-254 de 25 de marzo de 2003, en la Sentencia 1033 de 5 de noviembre de 2003 y en la Sentencia C-1034 de 5 de noviembre de 2003, en las que se manifestó lo que sigue:
''`ARTICULO 156. Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el P. podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.''
Asunto: Revisión oficiosa de la ''Ley 833 del 10 de julio de 2003 `por medio de la cual se aprueba el ´PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS´, adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)''.
Aún cuando en reiteradas ocasiones he disentido de la posición mayoritaria de la Corte Constitucional en aquellos fallos en los cuales ha declarado exequibles las normas a pesar de no haber sido publicado oficialmente la ponencia antes de darle curso al debate respectivo, por el hecho de haberse autorizado su copia y distribución a los miembros por el P. de la comisión, he votado de manera concurrente con la mayoría la exequibilidad de la Ley 833 de 2003 en acatamiento al precedente consolidado sobre la materia.
''(...), ha dado un aval a la posibilidad de restringir de facto este derecho fundamental (derecho de participación política de los ciudadanos y de los demás congresistas, específicamente, el de tener iniciativa en las corporaciones públicas), al estimar que un proyecto pueda ser ley de la República sin el debido cumplimiento de un mecanismo de publicidad que garantiza la participación efectiva de toda la comunidad en las decisiones que las afectan mediante el acceso oportuno al informe de ponencia de un proyecto de ley con su previa publicación en la Gaceta del Congreso, en aras de preservar un criterio errado de eficiencia en la creación de leyes. Lo que resulta preocupante es que esta práctica parlamentaria se ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la está avalando de manera reiterada en sus sentencias.'' (Salvamento de voto a la sentencia C-953 de 2001)
Revisión de constitucionalidad de la Ley 833 de 10 de julio de 2003 ''por medio de la cual se aprueba el `Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)''.
Con el acostumbrado respeto por la posición de la mayoría, me aparto de la decisión adoptada, tal como lo he hecho en oportunidades anteriores al salvar el voto respecto de las sentencias C-760 de 2001, C-916 de 2001, C-254 de 2003, C-1033 de 2003 y C-1034 de 2003. En esta ocasión debo reiterar las razones por las cuales salvé el voto de aquellas sentencias, toda vez que desde el punto de vista jurídico son las mismas que me llevan a apartarme ahora de lo resuelto en la Sentencia C-172 de 2 de marzo de 2004, mediante la cual se declara la exequibilidad del `Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
A este respecto, conforme a la síntesis que en la Sentencia C-172 de 2 de marzo de 2004 se hace sobre el trámite del proyecto de ley 110 de 2001-Senado - 229/03 Cámara, se encuentra que la ponencia presentada a consideración de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por los representantes J.E.C.A. y J.D.E.H., fue distribuida en fotocopia, por autorización del P. de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a los representantes el 21 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 188 de 22 de mayo de 2003 y, sobre la misma se abrió y cerró el debate el 21 de mayo de 2001, fecha en la cual se le impartió aprobación.
Así las cosas, la Corte debería haber declarado la inexequibilidad de la Ley 833 de 10 de julio de 2003 ''por medio de la cual se aprueba el `Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados', adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)'' y, como así no se hizo, reitero lo expresado en el salvamento de voto a la Sentencia C-760 de 2001, en la que junto con otros Magistrados manifesté lo que sigue:
''`ARTICULO 156. Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el P. podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.'' (resaltado fuera de texto)
''`Al debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los cuales conviene que la Comisión decida en primer término.''
Revisión de Constitucionalidad de la Ley 833 del 10 de julio de 2003, ''por medio de la cual se aprueba el ''PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARAMADOS'' adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000.
Sentencia nº 11001-03-27-000-2004-00023-01 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 31 de Marzo de 2005