Source: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Haiti94sp/conclusiones.htm
Timestamp: 2017-10-19 16:18:53
Document Index: 164580657

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 147', 'artículo 263', 'artículo 263']

Haiti 1994 - Conclusiones y recomendaciones
309. La exposición realizada sobre la situación política y de derechos humanos en Haití permite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extraer conclusiones y efectuar recomendaciones. La Comisión desea indicar, en primer término que la situación de los derechos humanos ha continuado deteriorándose gravemente, a pesar de los múltiples esfuerzos efectuados por la comunidad internacional tendientes a encontrar una solución política a la crisis haitiana.
310. La Comisión ha observado que la mayoría de las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos se deben al intento de expresión política entre los partidarios del retorno a la democracia, quienes alentados por la firma del Acuerdo de Governors Island entre el Presidente Jean-Bertrand Aristide y el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Raoul Cédras, y posteriormente la aceptación del Pacto de Nueva York, manifestaron públicamente su apoyo al Presidente constitucional. Esa reacción provocó una ola represiva por parte de las Fuerzas Armadas tendiente a impedir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el mes de julio de 1993.
311. Las violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias normalmente acompañadas de malos tratos, torturas y extorsiones regularmente atribuidas a los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como la falta de investigación de dichas violaciones demuestran la corrupción que existe en esa institución militar y la dominación que ella ejerce sobre el sistema de justicia en Haití. La mayoría de esas violaciones han sido generadas por el Ejército con la finalidad de reprimir y atemorizar a la población haitiana en su afán de detentar el poder.
312. La acusación de "lavalassien" ha sido particularmente utilizada por los militares para justificar detenciones arbitrarias y registros intempestivos y violentos. Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas y sus participantes castigados severamente. Las restricciones impuestas al derecho de expresión y las amenazas contra los periodistas y propietarios de radiodifusoras han continuado, así como los ataques físicos contra aquellas personas que distribuyen los periódicos.
313. La Comisión ha observado que las violaciones de derechos humanos han aumentado particularmente en las áreas rurales, donde la población campesina carece de todo recurso judicial para hacer valer sus derechos. La mayoría de esas violaciones son perpetradas por los Jefes de Sección y sus adjuntos, quienes son designados por las Fuerzas Armadas y forman parte de ellas, lo que ha dado lugar a una práctica institucionalizada de la violencia.
314. Después de la ratificación del Sr. Robert Malval como Primer Ministro y de haberse levantado el embargo impuesto por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, los actos de violencia se incrementaron y se dirigieron a obstaculizar la instalación y el funcionamiento del nuevo gobierno, así como a impedir el funcionamiento de la Misión Civil OEA-ONU, la que por motivos de seguridad tuvo que abandonar el país. Asimismo, la violencia desatada por grupos de ultra derecha apoyados por grupos paramilitares ocasionó el retiro de la Misión de Naciones Unidas (MINUHA), antes de que esa llegase a su destino.
315. El clima actual que impera en Haití sigue caracterizándose por la represión que ejercen los militares y los grupos armados que colaboran con ellos, quienes cada vez actúan con mayor cinismo cometiendo crímenes a plena luz del día contra activistas políticos que apoyan abiertamente el régimen del depuesto Presidente Jean-Bertrand Aristide, como lo prueban los asesinatos de Antoine Izméry y Guy-François Malary, perpetrados por "attachés" en septiembre y octubre de 1993. Durante el período en consideración la Comisión registró numerosas muertes y su índole política ha quedado demostrada por el hecho de que los militares pueden instigarla o suprimirla y en la presente situación, no solo la han provocado y auspiciado, sino que también han omitido investigar y castigar a los responsables de esos asesinatos cometidos al estilo de escuadrones de la muerte, lo que lleva a concluir que ellos funcionan gracias a la impunidad que les conceden los militares.
316. A pesar del compromiso adoptado en el Acuerdo de Governors Island de crear un clima de pacificación en todo el país, a fin de permitir el retorno del Presidente Aristide, y la reiteración de ello, por parte del Jefe de las Fuerzas Armadas y su Estado Mayor, durante las conversaciones mantenidas con la Comisión, en agosto de 1993; el recrudecimiento de la violencia y la pasividad del Ejército para combatirla demuestra la falta de intención o disposición de conducir a Haití hacia la democracia. Por el contrario, los militares parecieran tener el concepto de que no hay inconsistencia alguna entre su régimen militar y la democracia, pasando por alto el hecho de que la toma del poder mediante un golpe de Estado es un acto inherentemente antidemocrático, especialmente a la luz del artículo 3 (d) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
317. El régimen militar ha tratado, a través del golpe de Estado, anular la Constitución haitiana de 1987 que había sido aprobada masivamente por la población. El uso de la violencia por parte de los militares para frustrar la voluntad popular ha sido condenada en repetidas ocasiones por la Comisión y por las naciones democráticas. La Constitución de 1987 es la norma por la cual debe medirse la legitimidad del Gobierno haitiano. Actualmente todas las garantías contenidas en dicha Constitución corren un serio peligro ante el monopolio de la fuerza que ejercen las Fuerzas Armadas que funcionan como órgano policial, las cuales no protegen la seguridad del país, sino que reprimen a aquellas personas que tratan de cambiar las lamentables condiciones en que vive el pueblo haitiano.
318. La Comisión ha señalado anteriormente que independientemente de la situación política que impera en Haití, la Convención Americana sobre Derechos Humanos continua vigente y quienes ejercen el poder tienen la obligación de respetar los derechos contenidos en el citado instrumento internacional.
319. Más aún, la Comisión reconoce que como resultado de la represión y violencia llevada a cabo por los militares, el Acuerdo de Governors Island y el Pacto de Nueva York se ven amenazados. En efecto, aunque los pasos esenciales para asegurar la transición a una democracia constitucional en Haití están consolidados en estos instrumentos, la obligación de todas las partes de comprometerse a asegurar el cumplimiento de estos subsiste. La Comisión está persuadida de que los Estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos deben seguir realizando esfuerzos con mayor denuedo, por todas las vías posibles, a fin de que no sigan perdiéndose innumerables vidas en el proceso de huída de la represión. Como parte de esas gestiones la ONU y la OEA deberían proceder a autorizar el retorno de la Misión Civil OEA-ONU a Haití, cuya presencia ha probado tener un efecto disuasivo en numerosas situaciones de tensión. Análogamente, la introducción de una fuerza técnica de entrenamiento de las Naciones Unidas para la policía y el programa internacional de capacitación de los militares deben de ser cumplidos.
320. La Comisión insta a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones contenidas en las convenciones e instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, para asegurar a las personas que huyen de sus países, por razones de persecución política, se les otorgue el derecho de ser escuchados para determinar sus demandas de asilo o status de refugiado.
321. La Comisión está convencida de que el requisito indispensable para remediar la grave situación de los derechos humanos en Haití es el pronto restablecimiento del régimen democrático constitucional elegido en las elecciones del 16 de diciembre de 1990 y despuesto mediante el golpe de Estado el 29 de septiembre de 1991. Dicho restablecimiento debe ir acompañado de cambios fundamentales como serían la separación del Ejército y la policía, tal como lo prevee la Constitución de 1987. Al mismo tiempo tomar los pasos conducentes para lograr la profesionalización de una policía independiente.
322. La Comisión está convencida que para proteger los derechos y libertades fundamentales de la población haitiana de los abusos cometidos por los militares debe de existir:
a) una reforma substancial del sistema judicial que asegure que los perpetradores de los actos criminales sean sometidos a la justicia y que las personas que han sido arrestadas sean presentadas a juicio en el plazo más corto posible;
b) un inmediato desarme y disolución de las fuerzas paramilitares y los jefes de sección, quienes ejercen una práctica indiscriminada e impune de la violencia.
323. La Comisión consciente de la gravedad de la situación actual que prevalece en Haití analiza la posibilidad de llevar a cabo otra visita in loco, lo más pronto posible, para observar la situación de los derechos humanos en ese país y en la medida de sus recursos mantener una presencia continua en Haití.
Nº 20/93
Ante las últimas manifestaciones de violencia y de las numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de los miembros del Ejército y la Policía en Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la degradación de la situación de los derechos humanos en ese país, en donde los actos perpetrados por grupos paramilitares conocidos como "attachés" han dejado un saldo de decenas de muertes en los barrios de Canape Vert, Delmas, Musseau, y Carrefour, habitados particularmente por seguidores del Presidente Jean-Bertrand Aristide.
A los graves hechos ocurridos como el asesinato del Sr. Antoine Izméry, se agregan ahora las manifestaciones de violencia y la siembra de terror por parte de esos grupos armados paramilitares que actúan en completa impunidad, protegidos por las Fuerzas Armadas y cuya última manifestación, ha sido la trágica muerte del Ministro de Justicia, Sr. Guy Malary, quien fuera asesinado junto con sus dos guardaespaldas, el día de ayer.
A partir del mes de septiembre, después de haber sido ratificado el Primer Ministro, Sr. Robert Malval y de haberse levantado el embargo instaurado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, los actos de violencia se han incrementado y se han dirigido a obstaculizar la instalación y funcionamiento del nuevo Gobierno. Varios Ministros del nuevo Gobierno han tenido que abandonar sus domicilios después de haber recibido amenazas de muerte. Algunos funcionarios recientemente nombrados se encuentran escondidos y no han podido tomar el control de sus oficinas.
Recientemente, grupos de civiles auxiliares de las fuerzas armadas tomaron los medios de comunicación para proferir amenazas contra el envío de la misión de Naciones Unidas en Haití (MINUHA), y pidiendo la expulsión del Sr. Dante Caputo y la dimisión del Primer Ministro.
La Comisión ha sido informada de las manifestaciones dirigidas por el llamado Frente para el Avance y el Progreso Haitiano (FRAPH), que se opone al retorno del Presidente Aristide, se han concentrado en la zona portuaria para impedir la llegada de la Misión de Naciones Unidas (MINUHA); asimismo, han impedido el acceso al muelle de Puerto Príncipe de los observadores de la misión OEA-ONU y de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, cometiendo actos de violencia en contra de periodistas, de los vehículos de diplomáticos y disparando al aire para atemorizar a la población. Dichas manifestaciones han contado con la protección y ayuda de la policía, que inclusive reorganizó las vías de tránsito con la evidente finalidad de facilitar el paso a los manifestantes.
La Comisión condena enérgicamente la situación de violencia que impera en Haití, la que percibe como un acto de provocación tendiente a impedir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados el mes de julio de 1993, en la Isla de Governors y el Pacto de Nueva York, en virtud de los cuales se levantaron las sanciones del embargo internacional el 27 de agosto de 1993. Sin embargo, el incumplimiento de dichos acuerdos, por parte de las Fuerzas Armadas, ha llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a establecer nuevamente el embargo.
La Comisión considera que aunque la ejecución de dichos acuerdos está siendo amenazada por la violencia y la represión ejercida por las Fuerzas Armadas, afirma que ellos siguen vigentes para la comunidad internacional, quien puede tomar las medidas necesarias contra esos grupos que obstaculizan el restablecimiento pleno de la democracia y de las garantías individuales protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Washington, D.C., 15 de octubre de 1993
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos armados irregulares que operan impunemente en Haití, asesinando selectivamente aquellas personas que apoyan el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide y tratan de impedir, mediante actos de vandalismo, la instalación y el funcionamiento del gabinete del nuevo Primer Ministro Robert Malval.
La Comisión deplora la represión ejercida por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití, conocidos por el nombre de "attachés", la cual se ha recrudecido a partir de los primeros días del mes de septiembre y condena igualmente los recientes asesinatos de los que son víctimas los nacionales haitianos. Según la información obtenida por la CIDH, doce personas fueron muertas en las localidades de Canape Vert, Delmas, Musseau, Carrefour y Carrefour Feuille, en las cercanías de Puerto Príncipe.
Asimismo, la Comisión fue informada sobre el asesinato del Sr. Antoine Izméry, amigo personal del Presidente Aristide y fundador del Comité Manos Juntas para el Estallido de la Verdad (COMEVEB), que apoya el retorno de la democracia al país. El asesinato del Sr. Izméry fue perpetrado, el 11 de septiembre de 1993, por civiles armados, quienes lo obligaron a salir de la Iglesia del Sagrado Corazón de Turgeau en donde se oficiaba una misa en conmemoración de las víctimas de la masacre en la Iglesia de San Juan Bosco del 11 de septiembre de 1988.
La Comisión manifiesta su preocupación por las amenazas de que ha sido objeto el Sr. Dante Caputo, enviado especial de la OEA-ONU, las cuales se perciben como otro intento más por desestabilizar el proceso de negociaciones políticas de Haití.
Durante la visita in situ que efectuara la Delegación de la CIDH, del 23 al 27 de agosto de 1993, recibió las garantías de parte del Jefe de las Fuerzas Armadas, General Raoul Cédras, de crear un clima pacífico en todo el país a fin de permitir el retorno del Presidente Aristide. Sin embargo, el recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos en Haití y la pasividad del Ejército y la Policía ante esas, demuestran una clara contravención de los acuerdos alcanzados el mes de julio de 1993, en la Isla de Governors y el Pacto de Nueva York.
La Comisión hace un llamado a las Fuerzas Armadas de Haití para que estas desarmen y desmantelen los grupos civiles armados cuyos actos tienden a obstaculizar el restablecimiento pleno de la democracia y de las garantías individuales protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su próximo período de sesiones (5-15 de octubre de 1993), la Comisión considerará nuevamente la situación de los derechos humanos en Haití y la posibilidad de enviar una Delegación a fines del mes de octubre.
Washington, D.C., 24 de septiembre de 1993
Nº 16/93
Hoy una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos concluye su visita a Haití. El propósito de la visita era continuar observando la situación de los derechos humanos en este país, evaluar la vigencia de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y formular las recomendaciones que la Comisión considere necesarias.
La visita de la delegación de la CIDH tuvo lugar del 23 al 27 de agosto de 1993. La delegación estuvo formada por las siguientes personas: Profesor Michael Reisman, Vicepresidente de la Comisión y jefe de la delegación; Embajador Oliver Jackman, Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Dr. Leo Valladares Lanza, Dr. Patrick Robinson, Miembros de la Comisión; Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH; Dra. Berta Santoscoy Noro, especialista principal en derechos humanos; Dra. Relinda Eddie y Dra. Meredith Caplan, especialistas en derechos humanos; Sra. María Julia Meyer, funcionaria administrativa; Sr. Serge Bellegarde, de los servicios de idiomas de la OEA, y Sra. Oliviere Bellande, quienes se desempeñaron como traductores e intérpretes de francés y creole.
La Comisión es el principal órgano de la OEA encargado de informar acerca del cumplimiento de las normas de derechos humanos en el hemisferio. Los siete miembros de la Comisión, cada uno cumpliendo un período de cuatro años, son elegidos por la Asamblea General de la OEA, a título individual y no como representantes de los Gobiernos. Las atribuciones de la Comisión se derivan fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es Estado parte desde 1977. La jurisdicción de la Comisión comprende dos categorías de problemas relacionados con derechos humanos. Se pueden presentar peticiones por o en representación de individuos, o grupos de individuos, cuyos derechos han sido presuntamente violados. Pero cuando está ocurriendo un gran número de graves violaciones en un país, es poco probable que las peticiones individuales ayuden. Para tales situaciones, la Comisión puede emprender por su propia iniciativa, un estudio del cuadro de violaciones de derechos humanos en el país.
Para las dos modalidades de jurisdicción, la Comisión concluye emitiendo un informe a la Asamblea General de la OEA y a la comunidad internacional.
La Comisión ha recibido, hasta el momento, un número alarmantemente grande de peticiones individuales. Debido a la crítica situación de derechos humanos en Haití, precipitada y en parte agravada por el golpe militar de 1991, la Comisión emitió un informe especial en 1992 y otro en 1993. Durante este período, la Comisión ha sido requerida en reiteradas oportunidades por el Consejo Permanente y la Reunión Extraordinaria de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, a fin de realizar una visita in loco a Haití. En otras ocasiones, la Comisión recibió, de parte del Presidente Aristide, quien ha declarado ante ella, la solicitud de realizar una visita in loco. Desafortunadamente, cada iniciativa de la Comisión tendiente a organizar una visita a Haití, fue, o bien rechazada, o bien ignorada, por el Gobierno de facto. Recientemente, mediante nota del 6 de julio de 1993, el Presidente Aristide pidió a la Comisión que realizara una investigación in loco. Mediante comunicación de 19 de julio de 1993, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de facto, François Benoit, indicó la voluntad del Gobierno de facto de permitir a la Comisión realizar una visita in loco. La Comisión organizó de inmediato la actual investigación in loco.
Las autoridades, al aceptar la visita de la Comisión, ofrecieron garantías de que la Comisión podría entrevistar libremente y en privado a las personas, grupos y organizaciones que la CIDH estimara pertinentes, y que no se tomarían represalias en contra de las personas entrevistadas.
Durante su estadía, la delegación de la CIDH aprovechó la cooperación de representantes de organizaciones de diversos sectores de la sociedad haitiana, en su esfuerzo por alcanzar un mejor entendimiento de la situación de los derechos humanos en este país.
La Comisión se entrevistó con el ex-Ministro de Relaciones Exteriores de facto, Sr. François Benoit; el Primer Ministro Robert Malval; miembros del Parlamento, Sr. Fermin Jean Louis, Presidente del Senado, Sr. Turneb Delpé, Sr. Rony Modestin, y Sr. Ebrané Cadet; con el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Raoul Cedras, y su alto comando.
La delegación también se entrevistó con miembros de la Comisión Presidencial, Padre Antoine Adrien, y el Sr. Chavannes Jean Baptiste. La delegación sostuvo conversaciones con el Director de la Misión Civil de la OEA y Naciones Unidas, Embajador Collin Granderson, quien estaba acompañado por el Sr. Ian Martin, Director de Derechos Humanos; el Sr. William O'Neil, Director Adjunto, el Sr. Tiebile Dromé, Director de la Sección de Investigaciones de Derechos Humanos, y la Sra. María Clara Martin, investigadora de derechos humanos de la Misión.
La delegación también se reunió con varias organizaciones de derechos humanos y diferentes representantes de los partidos políticos. Asimismo se entrevistó con periodistas de los diferentes medios de comunicación a fin de ilustrarse acerca de asuntos relacionados con la libertad de expresión. La delegación realizó entrevistas con líderes sindicales, industriales, miembros de comunidades religiosas, así como con otros sectores de la vida nacional. La delegación también recibió denuncias individuales, información y comunicaciones relativas a derechos humanos, de personas pertenecientes a todas las clases sociales.
El delegación visitó tres prisiones donde se entrevistó con las respectivas autoridades penales. Estos establecimientos fueron la Penitenciaría Nacional, la Cárcel de St. Marc y la Cárcel de Hinche.
La delegación obtuvo abundante información respecto a detenciones arbitrarias, condiciones de sobrepoblación en las cárceles, malos tratos y torturas a los prisioneros al momento del arresto, así como demoras injustificadas en presentar a las personas acusadas ante los tribunales.
La delegación viajó al interior del país, donde visitó las ciudades de St. Marc, Gonaives y Hinche, lugares en los que recibió copiosa información relativa a los abusos cometidos por los agentes del ejército, los jefes de sección y sus auxiliares. La delegación fue informada de que existen "milicias" que están creando un clima de temor entre los habitantes rurales. De acuerdo con tales informaciones, fuerzas paramilitares asaltan la población, violan a las mujeres, y destruyen los hogares en la más completa impunidad.
La Comisión recibió considerable información y ayuda de parte de la Misión Civil OEA/ONU. Aunque ésta tiene un mandato diferente al de la Comisión Interamericana, que opera bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los informes de la Misión Civil sobre violaciones a los derechos humanos han sido una fuente sumamente importante de información para la Comisión. Aún más, los informes de las personas entrevistadas, según se indica más adelante, reafirman que la presencia del personal de la Misión Civil en situaciones y lugares de gran tensión, ha tenido en numerosas ocasiones un efecto disuasivo.
Durante su visita in loco, la Cámara de Diputados ratificó la nominación del Sr. Robert Malval como Primer Ministro. La Comisión ve este hecho como un paso importante en la reconstrucción de un gobierno constitucional y elegido popularmente. Sin embargo, el cuadro general de la situación de derechos humanos que surgió de los testimonios recibidos, fue desalentador. La Comisión recibió información sobre múltiples violaciones a los derechos humanos en Haití. La mayoría de éstas confirmadas por las conclusiones publicadas por la Misión Civil y las organizaciones no gubernamentales.
La Comisión recibió numerosas denuncias que tienen las siguientes características comunes: primero, la delegación escuchó testimonios reiterados en el sentido de que los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad física, y las libertades de expresión y reunión, están siendo constantemente violadas. Segundo, el clima de temor e inseguridad que se ha producido en el país, ha generado movilizaciones de personas, internamente, a gran escala, desde las provincias a la capital y viceversa, buscando huir de la represión de los militares. Muchas de estas personas han abandonado sus hogares y familias, y frecuentemente cambian de vivienda en la noche para procurarse protección.
En su visita al interior del país, los testigos estaban tan atemorizados por las represalias por parte de las fuerzas militares y paramilitares, que muchos insistieron en que sus reuniones con la Comisión se realizaran en la clandestinidad. El patrón que surge de estos testimonios es la existencia de un grave abuso físico, algunas veces de familias enteras sospechosas de ser partidarias del Presidente Aristide. Muchos de estos ataques terminan en graves heridas.
También se señaló que este fenómeno de la violencia estaba ocurriendo en las ciudades por parte de grandes bandas de hombres armados llamados "zenglendos", quienes operan de una manera sistemática, cometiendo crímenes durante la noche, especialmente en vecindarios pobres de la capital, con la aparente aquiescencia de las fuerzas armadas.
La situación de inseguridad que es generalizada en las áreas rurales, ha generado un problema adicional de derechos humanos, el de los desplazamientos internos. Los ciudadanos que han sufrido abuso físico de parte de las fuerzas policiales o paramilitares temen volver a sus hogares. Los "marrons"(en Creole, aquellos escondidos), al parecer alcanzan la cifra de hasta 300.000 personas.
Otro grave problema que antecede a la actual crisis, es la excesiva demora en el procesamiento de las personas que han sido arrestadas y detenidas dentro del sistema judicial. Aparentemente, no es inusual que los individuos permanezcan hasta dos años en la cárcel antes de que sean incluso encausados. Este problema, que fue manifestado a la Comisión por muchos de los testigos, requiere de urgente atención, ya que las demoras prolongadas en el otorgamiento del debido proceso violan la Convención Americana.
La Comisión está convencida de que el requisito clave e indispensable --en realidad, una condición sine qua non--, para remediar la grave situación de los derechos humanos en Haití es el pronto restablecimiento del régimen democrático constitucional que fue elegido por el pueblo de Haití en las elecciones internacionalmente supervisadas y certificadas de 1990, pero el cual fue derrocado por el golpe militar de septiembre 29 de 1991. El golpe de Estado fue, en sí mismo, una violación de la Convención.
El remedio adecuado para tal violación es que sus resultados sean revertidos. Es claro que, hasta tanto el gobierno constitucional y legítimo no sea restaurado, no podrá tener lugar un cambio fundamental en Haití. Tal cambio necesariamente debe conllevar a:
a) una mejoría sustancial del sistema judicial;
b) la separación del ejército y la policía, como lo prevé la Constitución nacional; y,
c) la profesionalización de la fuerza de policía.
Esto sentaría las bases para la reconstrucción de la economía y la reinserción de Haití en la economía internacional, pasos indispensables en el proceso por medio del cual los ciudadanos del país pueden acceder a un estilo de vida acorde con los parámetros económicos y sociales prescritos por la Convención Americana y los Pactos de las Naciones Unidas.
La implementación de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Governors Island del 3 de julio de 1993, es un paso oportuno. La suspensión del embargo, según lo contempla el artículo 4 del mismo Acuerdo, traerá muchos beneficios económicos para Haití. Pero "Governors Island" requiere mucho más aún por realizarse. Además, debe ser leído en concordancia con el Acuerdo de Nueva York del 16 de julio de 1993, el cual el Secretario General de las Naciones Unidas describió como complementario del primero. En el Acuerdo de Nueva York, los partidos políticos y las fuerzas políticas de Haití hacen un llamado para el fin de las prácticas arbitrarias, las detenciones ilegales, la tortura física, las desapariciones, los asesinatos políticos, los actos de venganza personal, y piden la inmediata liberación de todas las personas detenidas debido a sus opiniones políticas. La Comisión insta al cumplimiento de todos esos compromisos a la brevedad posible.
El Acuerdo de Nueva York formula un llamado, en la sección 4(i), para la promulgación de una ley tendiente al establecimiento, organización y operación de una fuerza de policía. La Comisión está convencida de que ésta es una medida importante y urgente para la instalación de un régimen de derechos humanos aceptable. A fin de facilitarla, la Comisión urgiría al Presidente Aristide y al Primer Ministro Malval a crear inmediatamente un Ministerio responsable por la policía, dirigido por un ministro civil. El Ministro podría empezar a supervisar las operaciones de la policía, tal como está estructurada actualmente, y podría servir de enlace con la fuerza técnica de entrenamiento de las Naciones Unidas que se solicita en el Acuerdo de Governors Island. Puede también iniciar la preparación de la legislación primaria y secundaria necesarias para establecer una fuerza separada de policía. La pronta promulgación e implementación de dicha legislación es requerida para el funcionamiento de una fuerza de policía que satisfaga los parámetros internacionales.
Se han recibido numerosas denuncias bajo la Convención acerca del sistema de mantenimiento del orden público en las áreas rurales, tanto en desarrollo de esta visita como en el pasado. Tantas quejas se han recibido que es claro que más allá y por encima de la necesidad de soluciones individuales, este es un problema estructural. Cualquiera que sea la justificación histórica del sistema de los jefes de sección, está claro que un nuevo sistema de orden público en las areas rurales es requerido con urgencia.
El establecimiento de una fuerza de policía separada y profesional, junto con la restructuración del sistema de orden público en el campo, deben estar acompañados del desarme y la desmovilización de los diferentes grupos irregulares que se han constituido. La Comisión ha recibido informes acerca del recrudecimiento de las actividades de diversos grupos armados irregulares del estilo de los Ton Ton Macoute. En muchas de las violaciones denunciadas tienen que ver dichas asociaciones. Muchos de los testigos insistieron, y algunos presentaron testimonios presenciales, respecto a que los militares estaban tras estas fuerzas irregulares y eran responsables por ellas. En cualquier caso, es claro que las fuerzas armadas están obligadas a detener el uso no autorizado de la fuerza en el país.
El Acuerdo de Governors Island contempla una considerable asistencia internacional para Haití. La Comisión estima que dicha asistencia es requerida con urgencia. En particular, la Comisión cree que el mandato de la Misión Civil debe extenderse, ya que ésta puede satisfacer muchas de las necesidades básicas de datos sobre la situación política y de derechos humanos en Haití, y con su sola presencia, puede actuar como medio para diferir la violencia.
Análogamente, la Comisión estima que la introducción de la fuerza técnica de entrenamiento de las Naciones Unidas para la policía y el programa internacional de capacitación de los militares, deben ser cumplidos a la mayor brevedad posible.
La Comisión escuchó con satisfacción las garantías dadas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas respecto a su compromiso para crear un clima pacífico en todo el país, a fin de permitir el regreso del Presidente Aristide.
La Comisión agradece la cooperación que ha recibido de las autoridades y de los diferentes sectores de la población haitiana, los cuales contribuyeron al éxito de la misión. La Comisión piensa continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Haití.
Puerto Príncipe, 27 de agosto de 1993
Nº 15/93
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos decidió en su 83 período de sesiones continuar dando prioridad a la situación de los derechos humanos en Haití. Con la anuencia del Gobierno de Haití, y en desarrollo del Acuerdo alcanzado en Governors Island el 3 de julio de 1993, la Comisión realizará una visita a Haití para observar y evaluar la situación de los derechos humanos.
El propósito de la visita es continuar observando los derechos humanos en Haití y evaluar el ejercicio de estos derechos de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es parte, y formular las recomendaciones que la Comisión considere necesarias. La presente visita se realiza también de acuerdo con previas resoluciones emitidas por la Reunión Ad-Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y las recientes resoluciones adoptadas por la Organización de los Estados Americanos en su 23 Asamblea General, llevada a cabo en Managua, en junio del presente año.
La Comisión estará en Haití entre el 23 y el 27 de agosto de 1993, para evaluar la situación de derechos humanos en este país. La delegación está conformada por las siguientes personas: Profesor Michael Reisman, Vicepresidente de la Comisión y jefe de la delegación; Embajador Oliver Jackman, Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Dr. Leo Valladares Lanza, Dr. Patrick Robinson, Miembros de la Comisión; Secretario Ejecutivo, Dr. David Padilla; Dra. Berta Santoscoy Noro, Especialista principal de Derechos Humanos; Dra. Relinda Eddie y Dra. Meredith Caplan; Sra. María Julia Meyer, funcionaria administrativa; y Sr. Serge Bellegarde, intérprete de francés y creole.
La aceptación de la visita de la Comisión por parte del Gobierno de Haití, garantiza que la Comisión podrá entrevistar a las personas, grupos o instituciones que la CIDH estime pertinentes, y que no se tomarán represalias en su contra.
Durante el desarrollo de su misión, la Comisión espera entrevistarse y obtener información de parte de funcionarios, grupos, y en particular, representantes de los diferentes sectores de la sociedad haitiana.
La Comisión seguirá un calendario estructurado de actividades. Durante la visita, la Comisión espera contar con la cooperación de representantes de las diferentes entidades que conforman la sociedad haitiana, para alcanzar un mejor entendimiento de la realidad de los derechos del hombre en la sociedad de Haití.
La Delegación de la Comisión se hospedará en el Hotel Villa Creole, y los representantes de la Comisión estarán a disposición de todas las personas que deseen dar información o presentar denuncias individuales, el miércoles 25 de agosto de 1993, entre las 2:00 y las 6:00 p.m.
Puerto Príncipe, 16 de agosto de 1993
ACUERDO DE GOVERNORS ISLAND
El Presidente de la República de Haití, Jean-Bertrand Aristide, y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, Teniente General Raoul Cedrás, acordaron que se deberán adoptar las siguientes disposiciones a fin de resolver la crisis haitiana. Cada uno convino adoptar, dentro del ámbito de su respectiva competencia, todas las medidas necesarias para poner en práctica esas disposiciones. Además, en todo caso, ambos expresan su apoyo a la aplicación de esas disposiciones y se comprometen a cooperar en ese sentido.
1. Organización bajo los auspicios de la ONU y de la OEA de un diálogo político entre los representantes de los partidos políticos representados en el Parlamento con la participación de representantes de la Comisión Presidencial, con el siguiente objetivo:
a) acordar una tregua política y promover un pacto social para crear las condiciones necesarias para asegurar una transición pacífica;
b) lograr un acuerdo sobre un procedimiento que permita al Parlamento haitiano volver a la normalidad;
c) lograr un acuerdo que permita al Parlamento ratificar al Primer Ministro a la brevedad posible;
d) lograr un acuerdo que permita adoptar las leyes necesarias para asegurar la transición.
2. Designación de un Primer Ministro por el Presidente de la República.
3. Ratificación del Primer Ministro por el Parlamento normalizado e inicio de sus funciones en Haití.
4. Suspensión, por iniciativa del Secretario General de la ONU, de las sanciones adoptadas por la resolución 841 (1993) del Consejo de Seguridad y la suspensión, por iniciativa del Secretario General de la OEA, de otras medidas adoptadas por la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, inmediatamente después de la ratificación e inicio de funciones del Primer Ministro.
5. Ejecución, después de los acuerdos con el Gobierno Constitucional, de la cooperación internacional:
a) asistencia técnica y financiera para el desarrollo;
b) asistencia para la reforma administrativa y judicial;
c) asistencia para la modernización de las Fuerzas Armadas de Haití y la creación de una nueva policía con la presencia de personal de la ONU en estos campos.
6. Amnistía concedida por el Presidente de la República dentro del marco del artículo 147 de la Constitución nacional y puesta en práctica de los instrumentos que pudieren ser aprobados por el Parlamento sobre esta cuestión.
7. Adopción de una ley de creación de la nueva Fuerza de Policía. Dentro de este marco, designación del comandante en Jefe de la Fuerza de Policía, por el Presidente de la República.
8. El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití ha decidido hacer uso de sus derechos de retiro anticipado y el Presidente de la República designará al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, quien nombrará a los miembros del Estado Mayor, de conformidad con la Constitución.
9. Retorno a Haití del Presidente de la República, Jean-Bertrand Aristide, el 30 de octubre de 1993.
10. Verificación de todos los compromisos antes mencionados por parte de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
El Presidente de la República y el Comandante en Jefe convienen en que estas disposiciones constituyen una solución satisfactoria a la crisis haitiana y el inicio de un proceso de reconciliación nacional. Se comprometen a cooperar plenamente para que se lleve a cabo una transición pacífica hacia una sociedad democrática, estable y duradera en la cual todos los haitianos puedan vivir en un ambiente de libertad, justicia, seguridad y respeto de los derechos del hombre.
Jean-Bertrand Aristide Teniente General Raoul Cedrás
Presidente de la Comandante en Jefe
República de Haití de las Fuerzas Armadas de Haití
Governors Island, 3 de Julio de 1993
1. En el espíritu del Acuerdo de la Isla Governors de 3 de julio de 1993, las fuerzas políticas y los bloques parlamentarios signatarios del presente Acuerdo se comprometen a observar una tregua política para asegurar una transición fluída y pacífica. La duración de dicha tregua será de seis meses, a contar de la firma del presente documento. El objetivo de la tregua es crear en todo el país un clima de pacificación que facilite la labor del gobierno de concordia nacional. Por consiguiente, los signatarios hacen un llamamiento a todos los sectores sociales para que pongan fin a todas las formas de violencia.
2. Las fuerzas políticas y los bloques parlamentarios:
a) Se comprometen a abstenerse durante ese período de presentar una moción de censura del nuevo gobierno de concordia nacional, en la medida en que el Ejecutivo respete escrupulosamente la Constitución y las leyes de la República; y se comprometen a garantizar que haya quórum como consecuencia de su presencia y a no obstruir la labor del Parlamento;
b) Hacen un llamamiento a las Fuerzas Armadas haitianas para que respeten el acuerdo firmado el 3 de julio en la isla Governors;
c) Hacen un llamamiento para que se ponga fin a las prácticas arbitrarias, provengan de donde provengan, en particular las detenciones ilegales, las torturas físicas, las desapariciones, los asesinatos políticos y las venganzas personales;
d) Se comprometen a garantizar la inmediata liberación de todas las personas detenidas por delitos relacionados con sus opiniones y a disponer lo necesario para que se reexamine la situación de los presos en todo el territorio haitiano, mediante un procedimiento acelerado;
e) Se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para promover y garantizar el pleno respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;
f) Se comprometen, mientras no se establezca la Oficina de Protección de los Ciudadanos, a promover el establecimiento de una Comisión de Compensaciones para las víctimas del golpe de Estado;
g) Se comprometen a abstenerse de todo tipo de acción que pueda conducir a la violencia o perturbar la transición a la democracia;
h) Se comprometen a promover la inmediata reforma del sistema judicial.
3. Las fuerzas políticas y los bloques parlamentarios, con el fin de asegurar la pronta restauración del orden constitucional:
a) Invitan al Presidente de la República a nombrar a la brevedad posible el nuevo Primer Ministro de concordia nacional, de conformidad con la Constitución;
b) Se comprometen a garantizar la ratificación del nuevo Primer Ministro seleccionado, de conformidad con la Constitución, sin demora.
4. Las fuerzas políticas y los bloques parlamentarios se comprometen a garantizar la adopción de las leyes siguientes, mediante un procedimiento de emergencia:
i) Ley relativa al establecimiento, la organización y el funcionamiento de la Fuerza de Policía, con arreglo al artículo 263 de la constitución;
ii) Ley relativa a la amnistía;
iii) Ley por la que se establece un fondo de compensaciones para las víctimas del golpe de Estado;
iv) Ley relativa a la abolición de todas las fuerzas paramilitares, con arreglo al artículo 263-1 de la Constitución;
v) Ley relativa al establecimiento, la organización y el funcionamiento de la Oficina de Protección de los Ciudadanos;
vi) Ley relativa a los grupos territoriales;
vii) Ley relativa a la administración carcelaria;
viii) Ley relativa al establecimiento, la organización y el funcionamiento de la Comisión de Conciliación;
ix) Ley relativa a la reforma y la autonomía universitarias.
5. El Ejecutivo, en el marco de sus potestades, puede comenzar el procedimiento de revisión de los diversos decretos y decisiones adoptados en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1991 y el 3 de julio de 1993 que no sean arreglados a la Constitución vigente, y en primer lugar y sobre todo la ordenanza Nº 101, de 7 de diciembre de 1992, por la que se estableció el Consejo Electoral Permanente de Emergencia.
6. La solución de la crisis política y la pacificación social del país exigen que se solucione el problema de la presencia en el Parlamento de ciudadanos elegidos a consecuencia de las controvertidas elecciones de 18 de enero de 1993. Con tal fin, se ha convenido en que los miembros del Parlamento elegidos como consecuencia de dichas elecciones se comprometan a no obstruir el funcionamiento de la institución parlamentaria y se abstengan voluntariamente de ocupar sus escaños parlamentarios hasta que haya dictado su fallo la institución constitucional facultada para considerar esa controversia.
Habida cuenta de que, con arreglo al párrafo 4 del presente Acuerdo, la ley por la que se establezca la Comisión de Conciliación ha de adoptarse poco después de la instalación del Gobierno de Concordia Nacional, se ha convenido en que, una vez que se establezca dicha Comisión, se presentará ante ella el asunto controvertido.
Las Naciones Unidas y la OEA se comprometen a hacer una contribución técnica y jurídica a la preparación de la ley por la que se establezca la Comisión de Conciliación y a su aplicación, proporcionando dos expertos.
Asimismo se ha convenido en que la Comisión de Conciliación sea el único órgano del país competente para pronunciarse definitivamente sobre esta cuestión.
HECHO en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York,
el 16 de julio de 1993
CDH/3225-E