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Timestamp: 2020-07-15 02:25:48
Document Index: 406585531

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 79', 'artículo 70', 'artículo 79', 'artículo 250', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 156', 'artículo 1', 'artículo 156']

Gentes del común - Gentes del Común
Como lo han evidenciado calificados académicos, expertos, partidos y movimientos políticos y organizaciones civiles y comunitarias, las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, representan una intervención política que de manera flagrante viola ostensiblemente las normas constitucionales que el Jefe del Estado está obligado a respetar. Entre las muchas razones de ese evidente quebrantamiento del orden jurídico, se destacan:
1.- El desconocimiento abierto el Acto Legislativo No. 2 de 2017, declarado exequible por Sentencia C-630/17 de la Corte Constitucional, en virtud del cual el Presidente de la República, como todas las instituciones y autoridades del Estado, tiene la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, y de guardar en sus actuaciones coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final, hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final. Esto por cuanto, como se apreciará en los puntos subsiguientes, los cambios que sugieren las objeciones contrarían ostensiblemente lo establecido en el Acuerdo Final y sobre todo la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya forma parte de la Constitución Política en virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017, también declarado exequible por la Corte Constitucional.
2.- Ese desconocimiento, además, representa una intención explícita de modificar el Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y la organización FARC-EP, asumida de manera unilateral, contrariando la lógica elemental de que los Acuerdos para cualquier modificación exigen la voluntad de ambas partes. Este es precisamente el sentido del Acto Legislativo No. 1 de 2017 que consagró la estabilidad jurídica del Acuerdo Final durante al menos tres períodos presidenciales completos, o sea hasta el año 2030. Esta misma consideración es válida para el anunciado proyecto de reforma constitucional a los Actos Legislativos que acogieron el Acuerdo Final.
3.- Siendo las objeciones y las anunciadas reformas constitucionales, acciones del Presidente de la República íntimamente relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo Final, no han sido, de otra parte, consideradas por la CSIVI, organismo previsto en el Acuerdo Final y reglado por los Decretos 1995 de 2016 y 1417 de 2018, como una instancia conjunta entre las partes, para verificar el proceso de implementación.
Si bien es cierto que ese análisis por la CSIVI no constituye un requisito previo para el ejercicio de las iniciativas gubernamentales, la naturaleza misma de ellas es de tal significación que como mínimo han debido ser planteadas en este cuerpo bipartito, con el fin de constatar su correspondencia con el Acuerdo Final, como la señala el numeral 6 de citado artículo 3º., cuya vigencia es hoy indudable en virtud de la decisión del 14 de febrero de 2019 de la Sección Tercera de la Sala Contencioso administrativa del Consejo de Estado.
De esta manera, dado que el partido legal sucesor de la organización suscriptora del Acuerdo Final y el componente FARC-CSIVI no comparten las objeciones al proyecto de Ley ni las anunciadas reformas constitucionales que alteran el Acuerdo Final y las consideran un incumplimiento del Acuerdo de paz, se está en presencia de una diferencia que debe ser apreciada por los países garantes en los términos precisados en el parágrafo del numeral 1º del artículo 3º del Decreto 1995 de 2016.
4.- Al objetar el artículo 7º del proyecto de ley estatutaria por no establecer con claridad la obligación de los reponsables de reparar integralmente a las víctimas con sus bienes y activos, procede de manera equivocada, pues dicha norma precisamente consagra el principio de reparación integral que, como lo advierte la Corte Constitucional en su sentencia C-080-18, con fundamento en la Constitución, y particularmente en el artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 01 de 2017, “ incluye diferentes tipos de obligaciones y de medidas dirigidas a reparar el daño causado, en la dimensión individual y colectiva” y obviamente “los comportamientos de reparación exigibles a los victimarios.” En este sentido, el legislador estatutario estableció este principio, que tiene como consecuencia que se debe implementar un enfoque de justicia restaurativa en todo el proceso ante la JEP (acápite 4.1.9. Justicia restaurativa y sanción efectiva), a partir de la extinción de la obligación de indemnizar los daños causados por los combatientes recogida en el el Acto Legislativo 01 de 2017. Esto supone que se pueden combinar diferentes mecanismos, judiciales y administrativos o una combinación, de tal manera que por disposición constitucional, se incluyen los comportamientos de reparación exigibles a los victimarios.
De lo anterior resulta evidente que la objeción a la norma no puede disfrazarse de objeción de inconveniencia, por cuanto en realidad lo que se controvierte son los principios constitucionales que la Corte Constitucional ha señalado en su sentencia C-080-18.
5.- La objeción al inciso tercero del literal j del artículo 79 es igualmente inconstitucional y no de inconveniencia por lo siguiente: El artículo 70 al cual pertenece la norma objetada se ocupa de las funciones de la Sala de Reconocimiento y entre ellas incluye la descrita en el literal j), conforme a la cual, “atendiendo a la competencia exclusiva de la JEP sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016, conforme se establece en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP.”
La objeción presidencial señala que esta norma “no determina las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar, lo cual produciría una situación que va en desmedro de los intereses de las víctimas y desperdiciaría valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”. Nada más inexacto. Basta contrastar la objeción con la norma para entender que la Fiscalía “solo podrá realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate” y que “debe abstenerse de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP”. En otras palabras, que lo que señala la objeción como faltante es precisamente lo que está en la norma: las decisiones que no puede adoptar la fiscalía.
La explicación de la Corte Constitucional en la sentencia C-080-10 es más que clara: “La regulación del inciso tercero del literal j recoge la anterior línea jurisprudencial pero no incluye dentro de las limitaciones de la jurisdicción ordinaria la “citación a prácticas de diligencias judiciales”, razón por la cual condicionará la disposición a que se entienda que los órganos y servidores públicos que continúen las investigaciones a que se refiere el inciso tercero del literal j del artículo 79, tampoco podrán ordenar respecto de las personas sometidas a la jurisdicción especial, la citación a la práctica de diligencias judiciales. Lo anterior no implica suspender las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cuya competencia se mantiene vigente en relación con la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la Constitución). Tampoco implica que los responsables de las conductas objeto de los informes remitidos por la Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden liberados de obligaciones frente a las referidas investigaciones, pues de conformidad con este precepto (literales f, g y h), quedan a disposición del Sistema, en particular, deben rendir declaración de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los plazos establecidos por la SRV, así como cumplir las demás condiciones que les resulten exigibles durante ese lapso ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.”
“Observa igualmente la Corte que el inciso tercero refiere esta limitación de las facultades de la jurisdicción ordinaria a “las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016”, con lo cual se ignora que, de acuerdo a los mismos artículos transitorios 5 y 6 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, la competencia prevalente de la JEP también se extiende a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Por tal razón, igualmente se condicionará el inciso tercero del literal j del artículo, en el entendido de que su contenido normativo también se extiende a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas.”
Queda demostrado que la objeción que se afirma como de inconveniencia no sólo carece de fundamento, sino que controvierte la constitucionalidad de la norma declarada por la Corte Constitucional con el condicionamiento señalado. En realidad es una objeción a la constitucionalidad ya decidida por la Corte Constitucional.
6.- Respecto de la objeción al parágrafo 2º del artículo 19º en el sentido de que permite la renuncia a la acción penal en relación con delitos no amnistiables cometidos por quienes no son máximos responsables, es contraria al tenor literal de la norma que prohíbe precisamente renunciar a la acción penal en caso de delitos no amnistiables, pues la referencia de condicionalidad en el sentido de que tales delitos se refieren a los que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsable, no pertenece a la norma misma sino a la constitucionalidad condicionada decretada por la Corte Constitucional. En este sentido la objeción una vez más no es de inconveniencia sino que controvierte el condicionamiento definido con ocasión del control de constitucionalidad, es decir que busca desconocer el alcance constitucional dado por la Corte Constitucional.
7. En cuanto a la objeción sobre la omisión en el artículo 150 de la prohibición para practicar pruebas en caso del trámite de extradición, no es tampoco de inconveniencia, pues con ocasión del análisis de control constitucional de esta norma, la Corte consideró exequible la norma sin esa prohibición, pues por el contrario estimó que en tal evento a la Sección competente del Tribunal de Paz se le garantiza que “disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que le corresponde dentro del perentorio término que le concede el Acto Legislativo 01 de 2017, sin perjuicio de que en ejercicio de sus competencias decrete las demás pruebas que considere necesarias para su decisión.” (Sentencia 080-18). De otra parte, la Corte recordó que ella misma mediante Auto 401 de 2018 había considerado que en el procedimiento de extradición, “en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá resolver dentro del término de 120 días, periodo en el cual evaluará “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. Para adoptar la decisión correspondiente la JEP, durante el término indicado, podrá decretar todas las pruebas necesarias de conformidad con las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. En caso de ausencia del régimen jurídico probatorio, deberá someterse en esta materia al régimen probatorio previsto el código de procedimiento y penal, y en subsidio a lo establecido en el código general del proceso (Ley 1564 de 2012), en cuanto sea pertinente a la naturaleza de la actuación judicial”. Entendimiento que la Corte Constitucional ha reiterado enfáticamente en sentencia del 13 de marzo del año en curso, al declarar inexequible la norma sobre reglas de procedimiento de la JEP que pretendía introducir esa prohibición probatoria.
En otros términos, la Corte ha estimado no contraria a la Constitución la no inclusión de la prohibición de práctica de pruebas, de tal manera que plantearla sería en este caso una objeción de una inconstitucionalidad inexistente, dado lo ya expuesto por la propia Corte.
8.- Se objeta el art 63 por no incluir al Alto Comisionado de paz como competente para el reconocimiento de miembros de los grupos armados que se sometan a la JEP, en abierta contradicción con una competencia atribuida a la Sala de Amnistía e Indulto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2017. No se trata, por lo tanto, de una objeción de inconveniencia, sino de una no aceptación de una norma constitucional, es decir de una objeción a la vigencia de un precepto de la Carta Política.
9. Finalmente se objeta el artículo 156 por condicionar la extradición de otras personas al ofrecimiento de verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo, norma que según la Corte Constitucional guarda conexidad con un contenido del Acuerdo Final que corresponde a normas de derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, en particular, el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, el cual constituye referente de desarrollo y validez de la norma objetada de conformidad con el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017. La norma permite hacer prevalecer los derechos de las víctimas sobre otros objetivos de la cooperación judicial internacional que promueve la extradición. En otras palabras, una vez más, antes que una objeción de inconveniencia se está ante un rechazo de los principios constitucionales que la Corte Constitucional tuvo en cuenta para avalar la constitucionalidad, sin condicionamientos, del artículo 156º.
Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, e igualmente las anunciadas reformas constitucionales para modificar el Acuerdo Final:
a) Son abiertamente inconstitucionales, pues disfrazan la supuesta inconveniencia de ciertas normas con la controversia sobre la constitucionalidad de ellas expuesta por la Corte Constitucional en su sentencia C-080-18.
b) Desacatan lo ya decidido por la Corte constitucional no sólo en la Sentencia C-080-18, sino en las que declararon exequibles los actos legislativos 01 y 02 de 2017, así como en la expedida el 13 de marzo de 2019 sobre la ley de procedimiento de la JEP.
c) Representan una violación flagrante del Acto Legislativo No. 2 de 2017, por cuanto sus objeciones representan cambios contrarios a los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
d) Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la participación de las partes que lo suscribieron. Si las dos partes lo suscribieron y en nombre del Estado lo han aprobado, además del Ejecutivo, el Congreso de la Republica y la propia Corte Constitucional; si adicionalmente el Acuerdo posee categoría de Acuerdo Especial además de haberse asumido como compromiso unilateral de Estado por parte de Colombia, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es absolutamente inadmisible que lo pactado se pueda deshacer por una sola de las partes, o sea de manera abiertamente unilateral. La acción gubernamental ni siquiera ha sido llevada a la consideración de la CSIVI como instancia conjunta de las partes para verificar el proceso de implementación, en una demostración más que evidente de su proceder unilateral y de su decisión de quebrantar el Acuerdo Final.
e) Pretenden alterar el funcionamiento de la JEP para impedir el conocimiento de la verdad, cuya develación afecta los intereses de los agentes del Estado y de los grupos y personas privadas que estuvieron comprometidos con el conflicto que se quiso superar con el Acuerdo Final.
f) Introducen nuevos elementos de inseguridad jurídica para todos los comparecientes ante la JEP y lesionan el debido proceso al cual se han sometido.
g) Pone en grave riesgo la implementación del Acuerdo de Paz, al atacar uno de sus pilares por cuenta de una decisión presidencial que va mucho más allá de los artículos objetados, afectando a la totalidad de la ley al impedir su entrada en vigencia.
h) Como representantes de la FARC en la CSIVI alertamos igualmente sobre los graves impactos que se generan en el proceso de reincorporación integral, político, económica y social, de los exguerrilleros y exguerrilleras.
Dada en Bogotá, el 14 de marzo de 2019.
Rodrigo Granda Escobar	FARC-CSIVI Jairo Estrada Álvarez FARC-CSIVI Ronald Rojas Ramos FARC-CSIVI
Se sabe por los medios masivos de comunicación que indígenas y campesinos del Cauca mantienen bloqueada la vía Panamericana en espera de que el presidente Iván Duque llegue a dialogar y a comprometerse a cumplir compromisos firmados de inversiones y obras que el Estado viene aplazando desde 1998 y de allí hacia atrás. Se sabe menos sobre quiénes son los organizadores de la Minga y qué es lo que piden en concreto.
Los asuntos de fondo de la protesta en el Cauca y el suroccidente no aparecen en las primeraspáginas porque en el forcejeo y en la incapacidad de este gobierno, como en la de los anteriores, para ofrecer soluciones serias, lo que ocupa la atención son hechos lamentables de muerte y agresión.
Para evitar confusiones o informaciones a medias los convocantes han aclarado que en la Minga se encuentran los pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), más de 10 cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y sectores campesinos, agrupados en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y el Comité de Integración del Macizo (CIMA), miembro del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Además, cuenta con el apoyo del Espacio Regional de Paz del Cauca (27 organizaciones del departamento), de organizaciones de estudiantes, sindicalistas, de FENSUAGRO, Marcha Patriótica, Consejos Comunitarios, ANUC y CUT, entre otras.
¿Qué exige La Minga social?
El nombre que le han dado resume el contenido de las principales exigencias, comenzando por la defensa de la vida. Los departamentos del suroccidente de Colombia están sometidos a la persistencia de la violencia y la exclusión, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas por viejos y nuevos agentes armados y desarmados que se niegan a aceptar las transformaciones hacia una situación de paz y convivencia democrática en la región y en el país. La respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y se circunscribe a la mayor presencia de fuerza pública o al anuncio de mecanismos de coordinación interinstitucional y de diligencias de la Fiscalía que se quedan a medias. Las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos vienen reclamando medidas integrales, muchas de las cuales le fueron presentadas al Gobierno en reuniones de la Mesa de Garantías y de la Subcomisión Nacional de Garantías realizadas en febrero de este año.
La exigencia del CRIC y sus 11 regionales, que es parte del pliego de la Minga, se centra en el cumplimiento de lo establecido en decretos de 1999 y 2017 que obligan al Gobierno a garantizar la ejecución de planes cuatrienales para los pueblos indígenas del Cauca; esta obligación ha sido discutida con el Gobierno en la Comisión Mixta que instituyó el decreto 811/2017 en su reunión de enero de 2019. Ese plan cuatrienal incluye los compromisos en los “sistemas de educación, salud, económico-ambiental, comunicaciones, justicia, control territorial, gobierno”. En la reunión de enero de este año, con asistencia de los ministerios y entidades que integran la Comisión Mixta según el decreto, el CRIC y la delegación de las zonas indígenas del Cauca, se evaluó el incumplimiento de compromisos en el cuatrienio anterior, el cual ascendía a 3,5 billones de pesos. La solicitud indígena es que se incorpore ese plan cuatrienal en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se le asignen los recursos con nombre propio como parte del Plan Plurianual de Inversiones.
La respuesta del Gobierno a la petición de incluir el Plan Cuatrienal ha sido remitir al llamado Pacto indígena del PND, que en un anexo alude a 10 billones de pesos para inversiones en los territorios de 120 pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Esa cifra ha sido rechazada por la ONIC y todas las organizaciones étnicas no sólo por representar sólo el 1% de lo presupuestado en el PND 18/22, sino por ser una partida global indiscriminada que no se refiere a las deudas con los pueblos indígenas del Cauca; además, el CRIC señala que por tratarse de una nota marginal no implica una inversión de obligatorio cumplimiento ni está detallada en los rubros del Plan Plurianual de Inversión (ver https://nasaacin.org/gobierno-nacional-vulnera-derechos-e-incumple-acuerdos-con-los-pueblos-indigenas-del-cauca/).
Las exigencias del CRIDEC, del CRIHU y de la ORIVAC son similares a las del CRIC en materia de territorio, educación propia, salud, seguridad y ejercicio autónomo de gobierno y de la jurisdicción especial indígena.
Tampoco responde el Gobierno a los compromisos que hicieron los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos en materia de tierras, que sigue siendo un asunto crucial en la región. La Minga exige que el Gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que firme la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y adopte una política democrática en materia rural.
Por todo esto “rechaza la reforma a la ley 160, las ZIDRES, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que hoy da vía libre al Fracking, y que son medidas de muerte que van contra nuestro derecho de ley de origen a la consulta previa y al cuidado de la madre tierra”.
Por iniciativa del ERPAZ del Cauca, en los pliegos de la Minga se incluye un capítulo especial dedicado a la defensa de la paz, a la exigencia de cumplimiento de los acuerdos incluidos, los relacionados con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Nos unimos ⸺dicen las organizaciones convocantes⸺ a las movilizaciones ciudadanas en defensa de la JEP y el acuerdo de paz que hoy corren el peligro de hacerse trizas” (ver “Documento base para pliego de la Minga por la vida, los territorios, la justicia y la paz. Exigencias en política de paz y ejercicio del derecho a la paz”). Entre los temas incluidos por el ERPAZ están:
La conformación inmediata del Fondo de Tierras para entrega gratuita a los campesinos y trabajadores rurales de bajos ingresos; definición de lo correspondiente a comunidades étnicas en respuesta a compromisos y a nuevas exigencias. Implementación de la reforma rural integral.
La asignación de presupuestos suficientes para la ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), integrándolos en el PND, Conpes y nuevo contrato plan. Respuesta positiva a los proyectos de Zonas de Reserva Campesina y zonas agroalimentarias, teniendo en cuenta la no superposición con territorios étnicos y la garantía de sostenibilidad ambiental.
El cumplimiento de las leyes de víctimas y de todas las disposiciones que ordenan la reparación a las víctimas del conflicto armado incluyendo colectivos, comunidades, territorios, culturas, ambiente; esclarecimiento de la verdad del conflicto, búsqueda de las personas desaparecidas, restitución de tierras y activos y garantía para iniciativas de convivencia, memoria y satisfacción.
Plenas garantías políticas, económicas y de reincorporación a los excombatientes que han firmado los acuerdos de paz y respuesta urgente a las demandas de cumplimiento de compromisos y a la grave situación de asesinatos.
Respeto a las normas constitucionales y legales que obligan al Estado a garantizar el derecho a la paz y la protección de la población civil, lo que incluye la búsqueda de la paz por medio de soluciones políticas negociadas. Esto aplica para la definición de una política encaminada a retomar los diálogos y negociaciones entre el Gobierno y el ELN.
En lo esencial, la Minga le pide al Gobierno someterse a la Constitución Política de Colombia que, tal como ha señalado la Corte Constitucional, obliga a asumir el Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto como “política de Estado, de manera que todos los órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto, cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento y guardar coherencia con sus contenidos...”.
Pacto por el Cauca
La verdad es que las demandas de indígenas, campesinos y afrodescendientes han sido parte de un diálogo que lleva más de seis meses con este Gobierno. Un ejemplo notable de construcción colectiva y diálogo sordo con el Gobierno nacional es lo que se llamó la Cumbre del Cauca realizada en noviembre de 2018: todos los sectores sociales e institucionales ⸺incluidos empresarios, alcaldes, académicos, políticos, campesinos y pueblos étnicos⸺ le entregaron el documento Pacto por el Cauca a la delegación del presidente Duque encabezada por el ministro de Ambiente, Mininterior, DNP, consejeros, viceministros y una docena más de altos funcionarios. En ese mismo evento, las organizaciones que ahora promueven la Minga no solo respaldaron el contenido del Pacto por el Cauca, sino que entregaron sus exigencias sectoriales. Todo lo que hoy se está demandando al Gobierno y mucho más está en esos documentos que pretendían ser tenidos en cuenta en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 20118-2022 (ver Pacto por el Cauca y documentos campesinos e indígenas en www.indepaz.org.co).
Lo cierto es que a pesar del hecho excepcional de haber recibido el Gobierno un pliego concertado con el mayor respaldo posible en un departamento, la respuesta fue gaseosa, sin datos y, en definitiva, sin inclusión en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) ni en recursos nuevos de inversión. Sólo más de lo mismo, pues en el PND se incluye un capítulo para la Región Pacífico que suma para el Cauca 20 billones de pesos que no agregan nada nuevo a lo presupuestado recurrentemente con transferencias del sistema general de participación, regalías o presupuesto de la nación. El DNP habló en enero de llegar a 33 billones de pesos de inversión en el cuatrienio, y ni eso se reflejó en el PPI.
La cita con el presidente Iván Duque
Desde hace décadas (para no ir a la historia patria), las comunidades que respaldan esta Minga han buscado que los gobiernos cumplan los compromisos y los mandatos legales para garantizar derechos y condiciones de buen vivir. En el último periodo se han reunido con autoridades de todos los niveles, incluidos los ministros del actual Gobierno y sus más altos colaboradores y, como en el pasado, ahora tampoco se han logrado decisiones que tengan el respaldo en recursos y en políticas públicas de obligatorio cumplimiento. Diálogos, mesas, decretos, actas y hasta presupuestos de papel han desembocado en la frustración y en la desconfianza y es por esto que la Minga pretende que sea el presidente de la República en persona quien defina el marco de los compromisos y sea el garante principal del cumplimiento de la palabra y de la letra empeñada. La solicitud es aparentemente sencilla: el presidente inicia el diálogo, los grupos de trabajo construyen los acuerdos y todos firman las actas que los protocolicen.
Lo que parece simple se vuelve más y más complejo porque de un lado se sabe que si no presionan y fuerte no son escuchados y del otro se quiere sentar el precedente de no negociar en medio de bloqueos y situaciones de hecho o, por lo menos, de condicionar la presencia del primer mandatario al levantamiento del bloqueo.
Entre tanto la comisión de alto nivel, encabezada por la ministra del Interior, se ha sentado con la dirigencia indígena de la Minga a explorar soluciones a la situación de hecho y a asuntos humanitarios. La Minga ha enviado al presidente la agenda de la primera cita que tiene en su primer acto la presentación de siete temas por parte de indígenas, campesinos y otros sectores (con intervenciones de 10 minutos por cada vocero); en el segundo, la sustentación de reivindicaciones específicas, y en un tercer acto la instalación de los grupos de trabajo. Esos temas son:
1. Territorio (asuntos relativos a tierras, ley 160, Zidres y minero-energéticos).
2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
3. Plan Nacional de Desarrollo.
4. Vida y derechos humanos.
5. Paz y convivencia.
6. Derechos especiales y diferenciales de las comunidades étnicas.
7. Derechos de los campesinos.
En una segunda parte se ubica la presentación de reivindicaciones de acuerdos incumplidos.
Desde el punto de vista de temas, tiempos y participantes la reunión entre la Minga y el presidente es perfectamente manejable. La dificultad esta en la capacidad y voluntad del Gobierno para llegar a compromisos con los indígenas y campesinos. Algunos entendidos en estas lides afirman que lo del bloqueo se puede solucionar rápidamente si hay una declaración expresa del presidente fijando la fecha y la decisión de dar respuesta a las demandas.
El malestar en muchos sectores por la negativa de Iván Duque a dialogar se expresa de muchas maneras y en expresiones radicales como estas: “El Presidente saca tiempo para todo, pero no le parece importante reunirse con la Minga”. “A Duque se le vio muy combativo respaldando a los que lanzaban bombas molotov en Cúcuta y contra la guardia venezolana y en cambio se niega a venir al Cauca”. “Duque parece ocuparse más de organizar militarmente a los 1.000 exmilitares venezolanos que, en contra de la Constitución, la ley y los pactos internacionales, están preparando cerca de Cúcuta como ejercito paramilitar en la frontera”.
Y desde el otro lado otros radicales responden: “El asunto no es de tiempo sino de precedentes: no pueden repetirse las negociaciones de carretera ni el estilo Iragorri de firmar cualquier cosa para después no cumplir”. “Al Presidente no lo pueden citar con ultimátum y acciones de fuerza a imponerle una agenda de alcance indefinido”. “En esa Minga se mezclan los intereses de fuerzas que quieren hacer oposición política y colocar al gobierno contra la pared con demandas absurdas de pueblos indígenas que tienen principio pero no fin”.
Estigmatización, represión y muerte
La réplica del Gobierno, y en especial del ministro de Defensa, no se limita a negarse a hablar en condiciones de bloqueo, pues ha ido en una escalada verbal y de operativos que vuelve a la estigmatización de la protesta diciendo primero que está infiltrada por grupos armados ilegales y, luego, ante los dolorosos hechos en Dagua, que tuvieron como resultado la muerte de 8 comuneros, acusando como los más probables responsables a integrantes de la Minga que estarían trabajando con explosivos para cerrar vías como la que va a Buenaventura. Como han señalado voceros de la ONIC y MAIS, la imagen de una minga infiltrada o con unidades terroristas es promovida para intentar aislar la protesta, desvistiéndola de su contenido social para justificar un tratamiento militar y la ofensiva de capturas y judicializaciones a los participantes. Con la misma lógica, para explicar el lamentado asesinato del patrullero de la Policía, Boris Alexánder Benítez, el Gobierno responsabilizó a infiltrados pertenecientes a grupos armados organizados al margen de la ley descartando la hipótesis de un impacto por metralla recalzada, como la que está utilizando el ESMAD en contra de la gente.
El ministro de Defensa ha sido persistente en su visión de las protestas sociales como instrumentos de grupos ilegales, sea para descalificar demandas indígenas (caso Awa ́s) o de campesinos (caso sur de Córdoba y cocaleros). Es todo un enfoque que se ha incorporado a la política de seguridad y defensa como se puede leer en el documento adoptado por la Consejería de Seguridad de la Presidencia de la República que se incluye en las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022.
Ha sido más ponderada la respuesta indígena y de la Minga ante los trágicos hechos que se han presentado en estos días. El CRIC, ORIVAC, la ONIC y los dirigentes de todas las organizaciones han llamado a investigar las responsabilidades en la masacre de los comuneros en Dagua y a considerar las distintas hipótesis antes de proceder a condenas sin fórmula de juicio: llaman a la colaboración entre la Jurisdicción Especial Indígena, la Fiscalía y la justicia ordinaria. Lo mismo han dicho en el caso del policía asesinado, al tiempo que condenan el acto criminal.
Las autoridades indígenas y toda la alianza de la Minga ha estado alerta desde el principio para que se evite la infiltración de gente armada en la protesta; han prohibido expresamente el porte o uso de armas en territorio étnico y en el bloqueo y en coherencia con esto las guardias indígena, cimarrona y campesina están en permanente alerta no solo para controlar la infiltración de ilegales sino de aparentes agentes de inteligencia vestidos de civil, como los que fueron detenidos y entregados a la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.
En las conversaciones con la ministra del Interior y otros funcionarios, la dirigencia indígena ha propuesto que se hagan declaraciones que contengan la espiral de estigmatización y, al mismo tiempo, a aplicar los protocolos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la protesta y limitan el uso de la fuerza en contra de civiles. Se ha llamado a prohibir expresa y públicamente el uso de armas convencionales y no convencionales como las que utiliza el ESMAD que producen heridos, daño permanente e incluso pueden tener efectos fatales.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las propias organizaciones sociales han identificado el riesgo de agresiones y amenazas de grupos armados que operan en varios municipios del Cauca, Nariño, Caldas y Valle del Cauca. Grupos residuales rearmados por elementos que quedaron al margen del proceso de paz, como otros interesados en las rentas del narcotráfico y en el control territorial, chocan frontalmente con las autoridades étnicas y organizaciones campesinas que rechazan su presencia en los territorios y comunidades. La eficacia de la acción del gobierno y del conjunto del Estado en contra de estos grupos armados delincuenciales se reduce aún más cuando la fuerza pública y otras entidades se preocupan más por señalar infundadas presencias en la Minga, que insinúan complicidad de los dirigentes, en lugar de dirigir la acción hacia esas estructuras y sus promotores intelectuales y económicos suficientemente identificados por los servicios de inteligencia.
El derecho a la protesta y los derechos a la movilidad e integridad del conjunto de la población
El tiempo está en los cálculos de todas las fuerzas y sectores implicados en la Minga, en los de los encargados por el Gobierno de dar respuesta al conflicto desatado y en los de muchos grupos de interés que se alinean con las demandas o se sienten impactados por la prolongada situación de bloqueo de vías.
En quince días de bloqueo, de acción y reacción, el panorama es preocupante porque la tendencia ha sido de ascenso en antagonismo y de una espiral de violencia que tiene su mayor expresión en 9 personas muertas y más de 50 heridos, algunos de ellos de gravedad. El epicentro de la movilización se ha trasladado al Cauca, en donde se reagrupan líderes y activistas de todas las organizaciones contando con la capacidad de resistencia de los indígenas en una región de excepcional fortaleza de organizaciones sociales.
En estas primeras semanas la población urbana del Cauca, Nariño y el Valle ha sentido el impacto del bloqueo, pero ha sido más fuerte la solidaridad o la tolerancia con una movilización, cuyos reclamos se perciben justos y sustentados por grupos que se ubican entre los más discriminados, excluidos y empobrecidos en todo el panorama nacional. Las encuestas en la segunda semana de bloqueo registraron que hasta el 80% de la ciudadanía se dirige más al presidente Duque para pedirle que dialogue que a la Minga para exigirle el respeto al derecho a la movilidad y al acceso normal a los bienes de primera necesidad ahora escasos y encarecidos en la región. Pero al entrar a la tercera semana, con el mes de abril encima y la proximidad de la Semana Santa, es probable que la radicalización ascienda en la Minga y en la respuesta represiva y al mismo tiempo se traslade a expresiones desesperadas en los centros urbanos más limitados por el bloqueo, como está ocurriendo en Pasto, Santander de Quilichao y Popayán.
El bloqueo ha tenido gran impacto para la movilidad y el comercio, aunque la vía alterna por Morales y Suarez y las caravanas han permitido un lento paso de vehículos. Se estima que por esos caminos alternos han circulado en promedio 3.500 vehículos al día y más de 150.000 personas en los primeros 15 días. En todo caso es una pequeña fracción de la circulación normal y del transporte de carga y de productos perecederos.
Según informes de la Policía Nacional, en la segunda semana la Minga tuvo entre 7.000 y 10.000 personas concentradas, la mayoría de indígenas en Caldono con acciones de bloqueo en la Panamericana (El Rosal, El Descanso, Cajibío), en la vía hacia el Huila (El Trébol) y en el sur hacia Nariño (Rosas). Se puede suponer que la movilización de respaldo es mucho mayor y que tiene una reserva de más de 20.000 personas con posibilidad de acciones en las vías. En cada zona se ubican diferentes sectores del CRIC (70%), Coccam, Marcha Patriótica (10%), Misak (5%), PUSOSC y CIMA – CNA (15%). Los porcentajes son estimados con mucho margen de error que sirven sólo para indicar la composición de los grupos más activos, su capacidad de permanencia en la protesta y el peso en la mesa de negociación.
La tendencia o probabilidad de estos días es, entonces, a la permanencia de la Minga con la presencia organizada de sus convocantes concentrados en diversos sitios del Cauca, delegaciones de las organizaciones indígenas de Valle, Caldas y Huila e importante apoyo de la opinión nacional e internacional y de sectores políticos distintos a la coalición de gobierno. La tragedia ocurrida en Dagua y la desproporcionada represión están sumando nuevos respaldos, y la ONIC ha llamado a la Minga Nacional con alertas en varios departamentos. Ya se tienen noticias de comunidades que se suman a la Minga en Choco, Putumayo y Sur de Córdoba y es posible que se reactiven acciones en Huila, Sierra Nevada y, en especial, en la zona Cali-Buenaventura.
Por otro lado, se advierte en el Cauca y Nariño un decreciente respaldo de la población urbana y de pequeños y medianos productores, comerciantes y del sector servicios que están seriamente afectados en sus ingresos y movilidad. En ese contexto buscan incidir sectores que son radicales opositores de los derechos indígenas, sobre todo de sus reclamos de tierra y autonomía, y también los partidarios de acciones ofensivas de todo tipo en contra de la movilización y, en particular, del bloqueo. Gremios empresariales de Nariño han anunciado que preparan demandas penales contra los organizadores de la Minga para judicializarlos y pedir a la Fiscalía y a tribunales el inicio de procesos.
La detención y posterior liberación de dos efectivos de la policía que, según las autoridades indígenas, estaban infiltrados intentando dejar prendas militares en medio de la Minga podría indicar que hay otro tipo de operaciones andando con el fin de desprestigiar a los indígenas y acusarlos de ser aliados de la guerrilla o de grupos narcotraficantes. Por otro lado, se presenta la acción de grupos o individuos entrenados para amenazar y sembrar terror con panfletos firmados como Águilas Negras, como los que han sido distribuidos en estos días condenando a muerte y con nombre propio a líderes comprometidos con la movilización.
Los escenarios de negociación
La mesa de conversaciones del Gobierno con los dirigentes indígenas y de otras organizaciones ha avanzado en identificar temas y posible agenda. Según las informaciones que circulan en medios y en las redes, las partes han diferenciado los temas reivindicativos que se refieren a partidas del Plan de Desarrollo o del presupuesto nacional, los contenidos del Plan Cuatrienal para los territorios indígenas en el Cauca que establece el Decreto 1811/17, reivindicaciones de cumplimiento de acuerdos con otras organizaciones indígenas y de implementación de los PDET, PATR, Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito y concreción del Fondo de Tierras.
En otro bloque se ubican los temas que denominan políticos y que contienen asuntos mencionados en un documento firmado por Organizaciones sociales del suroccidente: en este documento se mencionan demandas generales como el reconocimiento de la guardia indígena, cimarrona y campesina, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y naciones hermanas, el desmonte del paramilitarismo en Colombia, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC y restablecimiento de la mesa de diálogos con el ELN, el retiro de proyectos de ley en curso que son represivos contra los pueblos indígenas y los sectores sociales incluido el del Plan de Desarrollo, la reforma de la Ley agraria, L. 160/94, y de la llamada Ley de Víctimas, L. 1448/2011.
Son dos bloques de temas a negociar con diferente grado de complejidad. En lo relativo al “bloque reivindicativo” se han identificado mecanismo para tratarlo como la citación extraordinaria de la Comisión Mixta del decreto 1811/17 que significa la sesión con 13 ministros, el DNP, 4 Agencias y delegados de las zonas del CRIC. En ese espacio se podrían tratar las reivindicaciones indígenas del Cauca y las que se relacionan con demandas indígenas del Valle, Caldas y Huila. En otra mesa con delegados plenipotenciarios se podrían abordar las reivindicaciones de los otros sectores, buscando mecanismos de interacción entre los dos espacios.
El llamado bloque político, de conformidad con la agenda propuesta por la Minga sería abordado directamente en la audiencia con presencia del presidente de la República, en la cual se definiría el procedimiento para tramitar cada uno de los subtemas.
El paso de la fase de movilización y conversaciones preparatorias a la fase de negociaciones ha llegado a un punto de maduración que puede dar inicio a esas negociaciones una vez se pronuncie el presidente Iván Duque anunciando la fecha de su presencia en la audiencia con la Minga y se formalice el procedimiento a seguir en las mesas y por supuesto en el desbloqueo de la Panamericana. Entre más pronto mejor para anticiparse a la agudización del conflicto y a los anuncios de nuevos hechos luctuosos.
Señales de la implementación Sin curules para las víctimas y los territorios: ¿Se consuma la perfidia contra el acuerdo de participación política? · La democracia energética como herramienta de transformación en el marco del posacuerdo Economía política de la dominación Democracia en vilo: El poder económico del Grupo Sarmiento Angulo Izquierda en debate ¿Un nuevo paradigma para un nuevo pacto social? Nuestra América El neoliberalismo... ¿contrataca? El asalto de la Sinrazón (de Pinochet a Bolsonaro) Subversiones intelectuales Dos reflexiones a propósito del pensamiento crítico · Marx: Acontecimiento anticapitalista Editorial 90 años después de la huelga de los obreros bananeros.
Modelo económico, cambio climático y el papel de Colombia
El cambio climático aparece en nuestro tiempo como una amenaza indiscutible para la supervivencia y su evidencia cuenta con amplio consenso por parte de la comunidad científica. El aumento vertiginoso del uso de los combustibles fósiles para suplir las necesidades energéticas a escala global ha llevado a un incremento de 0.8 ºC de la temperatura promedio desde que la economía mundial depende de estos energéticos primarios.
A pesar del aparente interés de sectores gubernamentales, empresariales e inclusive sociales, no parece existir una voluntad real de revertir la tendencia y proponer soluciones estructurales para afrontar la consabida crisis ambiental. El esquema de mercado y la irracionalidad del capital, potenciados por lógicas de consumo artificialmente generadas y la obsolescencia programada como condición de su reproducción, han provocado un aumento sin precedentes en el uso de combustibles fósiles con su correspondiente aumento de emisiones. Actualmente, los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) representan el 85% del mix de energéticos primarios necesarios para poner en marcha todas las actividades que requieren transformación de energía a escala global (Klein, 2015). Es bastante diciente que de las 10 corporaciones más grandes del mundo (por ingresos), 5 están directamente ligadas a la explotación o comercialización de combustibles fósiles.Colombia no es ajena a la escena de esta compleja red global de negocios. Por el contrario, ha venido siendo foco de creciente atención a nivel internacional. Coadyuvado por una regulación flexible y la progresiva eliminación de barreras, el capital transnacional ha aumentado sus inversiones en diferentes sectores de la economía colombiana, con principal énfasis en minería e hidrocarburos. Algunos estímulos se enmarcan en la imposibilidad de discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros, la flexibilización en el proceso de autorización de inversiones, la flexibilización y extensión de tiempo para la explotación de múltiples minerales, los contratos de estabilidad jurídica, la prohibición de las medidas tendientes a la nacionalización y las licencias ambientales exprés (Ver: Decreto 2080 de 2000, Ley 685 de 2001, Ley 963 de 2005, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones).
Además, esta fórmula de reprimarización de la economía tiene como efecto colateral inherente la proliferación de conflictos ambientales, que van desde conflictos por la tierra, pasando por la falta de gestión de residuos, hasta la amenaza de cuencas hidrográficas. Esto pone a Colombia –con 128– en el deshonroso segundo lugar a nivel mundial en número de conflictos ambientales reportados, solo superada por India con 282 y teniendo en cuenta que la India triplica en extensión nuestro territorio y tiene una población 26 veces más grande. De tal manera que, en términos globales, somos el país con mayor número de conflictos ambientales por habitante y también por kilómetro cuadrado. La mayoría de conflictos reportados están relacionados con minería, extracción de petróleo y uso de la tierra (ver el Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.org/). Cabe anotar que, con la salida de la guerrilla de algunas regiones, estas se han visto afectadas ambientalmente por tala indiscriminada, debido a la ausencia de los programas de control ambiental que otrora ejercía la insurgencia.
En el contexto colombiano, entendiendo la característica multidimensional del conflicto, existe una oportunidad en torno al punto de inflexión que constituye el Acuerdo de Paz, con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente, con una nueva visión del agro y del uso del suelo, y estableciendo relaciones no depredadoras con la naturaleza. Lo anterior debe estar necesariamente asociado a las discusiones sobre el modelo minero-energético, la privatización de recursos naturales y energéticos, y la falta de energía en vastas zonas del país que condenan a un sinnúmero de comunidades al ostracismo y al atraso. En el caso concreto de lo energético, existen propuestas dignas de explorarse que pasan por la desprivatización de empresas de importancia estratégica, esquemas de control local de activos de generación de energía y la promoción y real implementación de fuentes renovables no convencionales de carácter distribuido con el fin de promover acceso democrático, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
Además, esta nueva concepción debe propender por incorporar elementos de verdadera participación de las comunidades en la toma de decisiones acerca de su futuro ambiental y energético, en las que primen las necesidades reales de la población, desde las consultas previas y el control democrático de los recursos. Esta lógica se circunscribe en el concepto de democracia energética, cuya filosofía se enmarca en los siguientes principios:
Promoción de generación renovable de manera distribuida en lugar de grandes centrales. Es decir, priorizar aprovechamientos hídricos (de pequeña escala), solares fotovoltaicos, eólicos, etc., que suplan de manera local las necesidades energéticas de comunidades, barrios, caseríos, etc.
Las empresas proveedoras de energía eléctrica privatizadas deben pasar nuevamente a manos públicas. El esquema de negocio promovido por las empresas privadas ya ha probado ser insuficiente para evitar problemas ambientales, laborales y tarifarios. Un ejemplo de lo anterior, es lo ocurrido en la ciudad alemana de Hamburgo con el referendo del año 2013, con el que, después de años de intensa movilización, la ciudad aprobó dar marcha atrás a la privatización de sus redes eléctricas, de gas y calefacción. El resultado fue la remunicipalización de sus redes, esgrimiendo como principal argumento que solo la propiedad pública podría alcanzar un suministro energético socialmente igualitario, amigable con el ambiente y democráticamente controlado.
Estas redes eléctricas deben ser propiedad de las comunidades organizadas. De esta manera se asegura su control con el fin de satisfacer las necesidades que la propia comunidad defina como prioritarias.
Es necesario cambiar el actual marco regulatorio en el que prima el margen de ganancia por uno que priorice las necesidades más urgentes de la población, con el fin de que el uso de la energía redunde en mejores condiciones de vida para las comunidades, desde la perspectiva laboral, ambiental, económica y social. Además, las formas de control y propiedad local de la energía, junto con empresas públicas centralizadas de gran tamaño que puedan existir, deben establecer mecanismos de planeación, operación y coordinación para beneficio mutuo.
Existen ejemplos documentados de cooperativas energéticas en Canadá, Nepal, EE.UU., Alemania, Argentina, Italia, Croacia, Dinamarca, entre otros. En Alemania, por ejemplo, existen más de 800 cooperativas energéticas que agrupan más de 200.000 personas. En Dinamarca, ¼ de la energía eólica es propiedad cooperativa y agrupa alrededor de 150.000 personas.
La concepción de democracia energética, fuera de ser posible –como se ha demostrado en otros países–, se convierte en un elemento central en la discusión sobre el futuro ambiental y la reducción de brechas sociales en países especialmente pobres. En Colombia, aunque de manera todavía tímida, existen ejemplos que empiezan a romper con la lógica de esquemas centralizados de producción y que contribuyen al empoderamiento de las poblaciones, como el proyecto del resguardo indígena Calle Santa Rosa en Timbiquí o el proyecto desarrollado por excombatientes con recursos de cooperación internacional, para la instalación de un tornillo de Arquímedes en la ETCR de Miravalle, Caquetá.
El planteamiento de la generación de condiciones de igualdad y verdadera democracia a través de la relación amigable con el ambiente y el acceso democrático a la energía, no se escapa del proceso de Paz de La Habana.
Atisbos de democracia energética en el Acuerdo de Paz
Lo plasmado en al Acuerdo ha sufrido múltiples traiciones y modificaciones unilaterales, y su mera existencia no es garantía mecánica del efectivo cumplimiento por parte el Estado colombiano. No obstante, es menester de los sectores que le apuestan a la Paz con justicia social, desplegar toda su capacidad combativa, creativa y sin ambigüedades para lograr la concreción del Acuerdo. En este sentido, vale la pena destacar algunos apartes de su contenido que pueden constituirse en un insumo inicial para proponer un debate más amplio sobre los derechos energéticos y ambientales en el marco del escenario transicional.
Desde el inicio del proceso de Paz se planteó explícitamente que "el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso" y que "el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo a las grandes mayorías, permite crecer como país", pilares fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera.
El Acuerdo de Paz incluye en la sección 1.3.1. planes para mejorar la infraestructura y adecuación de tierras. Dentro de estos, lo relacionado con el acceso al servicio de energía y conectividad es cardinal y abre una oportunidad para que todos los sectores interesados desarrollen propuestas que garanticen el aumento de la cobertura y sostenibilidad de las soluciones. Por su parte, el decreto 884 de 2017, Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, también enfatiza en la necesidad de establecer planes que se ajusten a las necesidades de las comunidades y los mecanismos que "permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso".
En el punto de participación política se menciona la importancia de la planeación democrática y participativa en los asuntos que atañen a las comunidades, con el fin de elaborar políticas públicas y establecer mecanismos de discusión de los planes de desarrollo. Una de las herramientas son los Consejos Territoriales de Planeación, que deben contar con un amplio espectro de organizaciones y movimientos para la toma de decisiones y la planeación democrática y participativa. A la vez que se fortalecen las organizaciones y los movimientos para la construcción de paz, también se deben crear los mecanismos para la financiación de iniciativas y proyectos propios para la promoción y el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Si estos mecanismos se hacen efectivos, el acceso democrático a la energía y los planes sobre el uso de los territorios en formas no depredadoras, deben ser parte de la agenda para la construcción condiciones dignas de vida y la construcción de paz en los territorios más afectados.
El acuerdo de Reforma Rural Integral (RRI) también complementa lo mencionado, al resaltar la importancia de la promoción de planes nacionales destinados a la provisión de bienes y servicios públicos para garantizar el buen vivir de las poblaciones. Esto abre posibilidades en la vía de la democratización y el acceso a la energía para mejorar las condiciones económicas de la población a través del mejoramiento de la producción y acceso a los alimentos, la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Estos planes asociados a la RRI deben propender por la sostenibilidad medioambiental y tener en cuenta las necesidades y particularidades de los territorios, nuevamente en consonancia con los principios de la democracia energética.
También el plan de RRI contempla el derecho al agua y su uso racional, a través del manejo de zonas de reserva, ecosistemas frágiles y estratégicos y, en general, de fuentes importantes de recursos hídricos. Esto contradice las formas de generación de energía por medio de grandes aprovechamientos hidroeléctricos y abre el paso a otras formas de generación de menor impacto. Los Planes Nacionales para la RRI promueven la superación de la pobreza y la desigualdad. Para cumplir este objetivo se deben adelantar importantes obras de infraestructura vial, de riego, eléctricas y de conectividad, y será importante contar con la energía necesaria en zonas apartadas del país y así poder cumplir con dichos planes. Esto también permitirá que los mismos miembros de las comunidades reciban la capacitación y asistencia técnica necesaria para garantizar la adecuada operación de los sistemas aislados.
La efectiva puesta en marcha de estos planes bajo la concepción de democracia energética no es una tarea fácil, ya que necesariamente implica confrontación y una disrupción frente a los poderes energéticos dominantes que desarrollan proyectos bajo la expectativa de altas tasas de retorno. Poderes que, a su vez, responden a lógicas de acumulación a la escala transnacional y en connivencia con sectores dominantes de la política colombiana.
En este escenario de disputa por la implementación real del Acuerdo de Paz existe una oportunidad que diferentes sectores académicos, sociales y políticos deben aprovechar para potenciar mecanismos de participación y decisión en el contexto del posacuerdo, a la vez que se transforman las formas de propiedad de los recursos energéticos. Esta respuesta es necesaria, ya que el capitalismo por su propia esencia está incapacitado para resolver el problema de la pobreza y el cambio climático y, por el contrario, sus dinámicas se vuelven cada vez más peligrosas para la supervivencia de la especie humana. La democracia energética, como cambio político y no como simple cambio tecnológico, implica romper con las actuales relaciones de poder, por lo que se ubica como una herramienta en la vía de lograr cambios estructurales. Esta es la oportunidad para que los movimientos progresistas, los trabajadores, los campesinos y los sectores populares en general, que son precisamente quienes no tienen intereses contrapuestos con la naturaleza y el buen vivir, incorporen de manera seria la democratización de la energía como alternativa de fortalecimiento de la organización y como elemento transversal de la agenda para la consecución de cambios democráticos y la erradicación de la pobreza.
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