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Timestamp: 2018-12-12 09:50:00
Document Index: 161618581

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 13', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 121', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 91', 'artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 53']

por Gustavo el Miér Dic 10, 2008 3:11 am
1.- Hacer click sobre los conceptos subrayados.
TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. (Art. 10)
CAPÍTULO I. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS. (Arts. 11 al 13)
CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES. (Art. 14)
SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS. (Arts. 15 al 29)
SECCIÓN II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS. (Arts. 30 al 38)
CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONOMICA. (Arts. 39 al 52)
CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTIAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. (Arts. 53 y 54)
CAPÍTULO V. DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. (Art. 55)
TÍTULO II. DE LA CORONA. (Arts. 56 al 65)
CAPÍTULO I. DE LAS CAMARAS. (Arts. 66 al 80)
CAPÍTULO II. DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES. (Arts. 81 al 92)
CAPÍTULO III. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. (Arts. 93 al 96)
TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. (Arts. 97 al 107)
TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. (Arts. 108 al 116)
TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL. (Arts. 117 al 127)
TÍTULO VII. ECONOMIA Y HACIENDA. (Arts. 128 al 136)
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES. (Arts. 137 al 139)
CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Arts. 140 al 142)
CAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Arts. 143 al 158)
TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Arts. 159 al 165)
TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. (Arts. 166 al 169)
Última edición por Gustavo el Sáb Ene 03, 2009 9:41 pm, editado 3 veces
Re: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
por Gustavo el Miér Dic 10, 2008 3:43 am
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http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo4-2001
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo4-1981
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l50-1997
Última edición por Gustavo el Sáb Ene 03, 2009 10:04 pm, editado 10 veces
por Gustavo el Mar Dic 16, 2008 10:27 pm
3.- REFORMA DEL ARTÍCULO 13, APARTADO 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
En el marco de ese proceso de desarrollo gradual y creciente consolidación de la Unidad Europea -eficazmente acogido en la vertiente del derecho interno español por la moderna perspectiva aportada por el artículo 93 de la Constitución española- el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron, en vísperas de la reunión de Maastricht, sendas resoluciones en las que, una vez más, se alentaba firmemente la perseverancia en ese proceso histórico. De entre los amplios contenidos de dichas resoluciones, es oportuno destacar ahora el decidido apoyo de las Cortes Generales en favor de la institucionalización de una incipiente "ciudadanía comunitaria".
La presente reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el "Boletín Oficial del Estado". Se publicará también en las demás lenguas de España.
Aprobada por las Cortes Generales en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados, de 22 de julio de 1992, y del Senado, de 30 de julio de 1992.
Sancionada por S. M. El Rey, el 27 de agosto de 1992
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:43 pm
Naturaleza y posición constitucional . El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial. Se crea para garantizar la independencia externa del mismo, al asegurar que las condiciones de ejercicio de la función jurisdiccional no dependan del Ejecutivo.
El CGPJ tiene competencia en todo el territorio nacional español y es, por tanto, órgano de gobierno de todos los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial. En este sentido, con subordinación a él ejercen sus funciones las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos: Presidentes de los Tribunales y Audiencias, Jueces Decanos, Juntas de Jueces y Jueces.
El CGPJ se sitúa en una posición institucional de paridad con el Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Tribunal Constitucional. Está investido de las garantías de superioridad e independencia características de estos órganos y, por ello, está legitimado para plantear conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional frente a los demás órganos constitucionales en defensa de sus competencias.
Composición . El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años, no renovable, por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada por el Congreso de los Diputados o el Senado.
Presidente del Consejo. Es elegido por los miembros del Consejo a través de votación, elegido por una mayoría de 3/5
Su función es la de ser el más alto representante de la Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo. El más alto representante del tercer poder del Estado, y le corresponde la categoría y honores de su cargo. Es presidente del Pleno del Consejo General, y de las comisiones. Es el jefe de la organización administrativa de la Justicia. Sus funciones es convocar y presidir los plenos del Consejo, la comisión, final el orden del día del pleno.
Vicepresidente. Nombrado por el presidente y los sustituye en caso de vacante, ausencia y enfermedad.
Pleno del Consejo. Esta formado por el Presidente y 20 vocales, es el órgano más importante del Consejo, quedando válidamente constituido con un mínimo de 14 miembros del Presidente.
Vocales. Son 20 miembros los que forman el Concejo, nombrados por el Rey por un periodo de 5 años elegidos por el siguiente sistema :
12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, de los que el Congreso propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. A su vez, las Cámaras seleccionan estos miembros de entre los hasta 36 candidatos presentados por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un grupo que represente al menos el dos por ciento de los jueces y magistrados en servicio activo.
8 son abogados u otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. 4 de ellos son propuestos por el Congreso y 4 por el Senado, por mayoría de tres quintos.
Competencias . Es importante señalar que el Consejo General del Poder Judicial no participa de la función jurisdiccional, constitucionalmente reservada a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial. Esto implica que ni el CGPJ ni ningún otro órgano subordinado de gobierno del Poder Judicial pueden dictar instrucciones de carácter general o particular sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que los jueces y magistrados lleven a cabo en el desempeño de sus competencias judiciales.
Aquellas otras que le atribuyan las Leyes: entre ellas, el amparo de los jueces o magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:46 pm
Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.El Tribunal Supremo es el órgano constitucional del Estado Español que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial. Tiene su sede en Madrid y es superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Atribuciones . El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia (final) en todos los casos y sus decisiones sólo pueden ser dejadas sin efecto cuando el Tribunal Constitucional encuentra lesión de los derechos y libertades constitucionales. En todos los demás casos, no es posible apelar o recurrir una decisión firme del Tribunal Supremo.
No obstante, en el ámbito penal Su Majestad el Rey puede dejar sin efecto incluso las condenas impuestas o ratificadas por el Tribunal Supremo, en ejercicio del derecho de gracia que la Constitución le reconoce, a propuesta del Consejo de Ministros.
Conoce y decide los procesos de responsabilidad civil o penal contra el Presidente y los ministros del Gobierno de la Nación, los senadores y diputados de las Cortes Generales, el Presidente y los magistrados del propio Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional y otros integrantes de altas instituciones del Estado y de las comunidades autónomas.
Garantías constitucionales . El Tribunal Supremo goza de una posición análoga a la de las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, a causa de posición equivalente como cabeza de uno de los tres Poderes del Estado.
Organización y funcionamiento . El Tribunal Supremo está compuesto por un Presidente y por un número indeterminado de Magistrados adscritos a las diversas Salas que lo integran, todos ellos nombrados por Su Majestad el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Órganos jurisdiccionales: las salas . El Tribunal Supremo está dividido en cinco Salas, que entienden de los recursos que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales inferiores y en primera o única instancia de los procesos sobre responsabilidad del Presidente y los Ministros del Gobierno de la Nación, de los Senadores y Diputados de las Cortes Generales, del Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo, de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, del Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional y de otros integrantes de Órganos Constitucionales del Estado y las comunidades autónomas, siempre según los respectivos órdenes jurisdiccionales:
Órganos gubernativos . Con subordinación al Consejo General del Poder Judicial, los órganos gubernativos del Tribunal Supremo son los encargados de conocer y resolver las cuestiones de índole administrativa y de funcionamiento del Tribunal y sus órganos jurisdiccionales. Son órganos gubernativos:
- El Presidente del Tribunal Supremo.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de cada una de sus Salas y un número de Magistrados igual al de éstos, elegidos por el procedimiento arbitrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Órganos de administración . La Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, el Gabinete Técnico de Documentación e Información, el Departamento de Archivo, Biblioteca e Información, el Departamento de Informática y el Registro General son órganos administrativos y técnidos que posibilitan el funcionamiento del Tribunal en sus respectivos ámbitos de actuación.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:51 pm
Composición . El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta:
Organización y funcionamiento . El Tribunal Constitucional tiene su sede en la villa de Madrid, en la confluencia de las calles Isaac Peral y Doménico Scarlatti, en el barrio de Vallehermoso del distrito de Chamberí, en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Competencias . El Tribunal Constitucional es competente para conocer (art. 2.1 LOTC):
Del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (ej. Decretos-leyes y decretos legislativos).
El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados del Congreso, 50 Senadores, los Gobiernos autonómicos y los Parlamentos autonómicos;
Relación entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo . Aunque en ocasiones pudiera parecer que el Tribunal Constitucional es de mayor rango que el Tribunal Supremo, esto no es así. Su relación no es jerárquica sino competencial.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164 de la Constitución).
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:54 pm
En España el recurso de inconstitucionalidad garantiza la primacía de la Constitución, enjuicia la conformidad e las normas con la Constitución. Controla los Estatutos de autonomía, las Leyes, los Reales Decretos, Tratados Internacionales, los reglamentos de las Cámaras.
Se realiza contra leyes, normas con rango de ley o actos con fuerza de Ley. Este procedimiento debe de iniciarse en el plazo de 3 meses desde su publicación.
La admisión del recurso no suspende la vigencia de la norma. Si se desestimase el recursos por defectos de forma podrá presentarse de nuevo.
Una vez admitido el recurso se notificará su inicio a las Cortes. Al gobierno a través del ministro de justicia, y si fuese una normativa de una Comunidad al órgano legislativo correspondiente. Y podrán presentarse alegaciones en el plazo de 15 días, que deberán resolverse en el plazo de 10 días, pudiéndose ampliar por cuestiones motivadas a 30 días.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:56 pm
Regulado por el art. 163. de la Constitución, En este procedimiento se comprueba a solicitud de un juez, si la ley a aplicar en un procedimiento judicial se ajusta a la constitución o no.
Inicio . Cuando un juez o tribunal de oficio o a instancia considera que una norma con rango de ley y que de cuya validez dependa el fallo, puede ser contrario a la Constitución , debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional
Plazo . Solo podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento antes de dictar sentencia, indicando y justificando en que medida la decisiones depende de la validez del precepto.
Procedimiento . Se notificara a las partes y al Ministerios Fiscal para que en plazo de 10 días presenten las alegaciones pertinentes. El Tribunal podrá rechazar la cuestión cuando sea infundado y de forma motivada. Si se admite se dará traslado de la Cuestión, al Congreso y al Senado, al Fiscal General del Estado, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, ya las Comunidades Autónomas que podrán personarse y formular alegaciones en el plazo de 15 días.
Sentencias . Tendrán el valor de cosa juzgada, vinculará a los poderes públicos y tiene efectos desde que se publique en el BOE.
Desestimatoria, impide que posteriormente se presente recursos sobre el mismo precepto.
Estimatoria, la sentencia declara inconstitucional el precepto, declara la nulidad del precepto que se recurre y cualquier otro precepto que no se haya invocado en la cuestión
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 4:57 pm
El recurso de amparo o acción de amparo es una acción constitucional que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y que reconoce y falla un Tribunal Constitucional o Corte Suprema, cumpliendo una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
En general, el amparo es una acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos diferentes de la libertad física o ambulatoria (estos se encuentran protegidos específicamente por el habeas corpus. Así como el habeas corpus garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, el amparo tiende a garantizar cualquiera de los derechos fundamentales. De modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución o, en su caso, en tratados internacionales.
La Constitución de la República Española de 1931 fue la primera constitución en el mundo en prever esta garantía,[cita requerida] en su artículo 121.
Según la actual Constitución española de 1978, el recurso de amparo puede ser interpuesto por todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos reconocidos en los artículo 14 a 29 de la Constitución y de la objeción de conciencia al servicio militar prevista en el artículo 30 de la misma.
Es un recurso subsidiario que exige que, con anterioridad, se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales ordinarias pertinentes antes de acudir al Tribunal Constitucional.En el caso de la vía judicial, basta con la interposición del recurso de casación.
Las sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven sobre los recursos de amparo suelen limitarse a reconocer o no la lesión del derecho alegado y dispone las medidas necesarios para asegurar su efectivo cumplimiento.
Este recurso controla las decisiones o actos sin valor de ley, emanadas de las Corte Generales o Asambleas de las Comunidades Autónomas, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, se recurrirán en el plazo de 3 meses. Las violaciones de derechos y libertades de origen inmediato y directo de un acto u omisión de un órgano judicial.
Su función es la protección de los derechos reconocidos en la Constitución los derechos fundamentalesy la objeción de conciencia. Protege a los ciudadanos en los términos que la ley establece, frente a las violaciones de derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos del estados, las Comunidades Autónomas
Está legitimado para interponer el recurso el afectado, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, y cualquiera que sea parte del proceso judicial que cree la indefensión. En el escrito del recurso se debe exponer de forma clara y concisa el hecho y preceptos que este estime que se infringe.
No se admite el recurso cuando lo presente una persona que no está legitimado, se demande respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo, carecer de contenido que justifique una decisión sobre el fondo, o que ya se hubiera desestimado sobre el fondo.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 5:00 pm
Este término proviene del latín hábeās corpus [ad subiiciendum] ‘que tengas [tu] cuerpo [para exponer]’, "tendras tu cuerpo libre" siendo hábeās la segunda persona singular del presente del subjuntivo del verbo latino habēre (‘tener’).
Bien jurídico que tutela . El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne en irreparable. Lógicamente, de tornarse en irreparable la violación, la acción de garantía pierde su objeto (sustracción de la materia)
El art. 17.4 de la Constitución española de 1978 señala que La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
En la actualidad el procedimiento de Habeas Corpus se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica de 24 de mayo de 1984, en la que se desarrolla la garantía constitucional que permite a todo aquel que se encuentre detenido o privado de libertad solicite ser puesto de inmediato a disposición judicial. Los requisitos recogidos en el art. 1 de la mencionada ley establecen que la persona privada de libertad puede, bien por sí mismo, bien por mediación de tercero, alegar su derecho de habeas corpus. En su solicitud tiene que indicar los motivos que alega para considerar que su detención es contraria a derecho. A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas:[4]
La solicitud ha de cursarse ante el Juzgado de Instrucción de guardia del lugar donde se hallare privado de libertad o bien del lugar donde se hubiera tenido última noticia de su paradero. El Juez competente adoptará las resoluciones oportunas para conocer de inmediato del estado del privado de libertad, recabando para ello de la autoridad custodia del detenido toda la información necesaria. En el plazo de 24 horas desde que se cursó la solicitud, el privado de libertad será puesto a disposición judicial sin que quepa excusa de ningún tipo por parte de quien se encuentra a su cargo, adoptándose al efecto las medidas de traslado necesarias. Una vez examinado el solicitante de habeas corpus por el juez competente, dictará éste resolución en el acto decidiendo sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad y ordenando, en cada caso, la continuación de la detención o la inmediata puesta en libertad del detenido.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 5:06 pm
Concepto de Constitución . Para Hans Kelsen puede tener dos sentidos, un sentido lógico-jurídico y un sentido jurídico-positivo.
Clasificación . La constitución, como todo acto jurídico puede ser definido desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. El termino Constitución, en sentido jurídico, hace referencias al conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, que determinan el ordenamiento jurídico de un estado, especialmente, la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, los deberes y derechos de los ciudadanos.
Según su formulación jurídica . Esta es una clasificación clásica, en virtud de la cual se conoce a las constituciones como escritas y no escritas:
Constitución escrita . Es el texto legal en el que se plasman los principios fundamentales sobre los que descansa la organización del estado, los límites y las facultades del Estado, así como deberes y derechos de los individuos. Es el texto específico que contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas, y que debe ser respetado por cualquier otra norma de rango inferior.
Ventajas de la Constitución escrita . Respecto a esta clasificación, considera Esmein que es preferible una Constitución escrita a otra no escrita o consuetudinaria, debido a que una Constitución escrita permite una mayor certidumbre jurídica y concede ventajas de técnica jurídica, ya que se conoce con mayor precisión qué normas son constitucionales y cuáles no lo son, otorga ventajas, debido a que es sencillo ubicar la jerarquía y la unidad del sistema en ese tipo de régimen y automáticamente se coloca en la cúspide de ese régimen jurídico el documento madre y, a partir de éste, emanarán las demás instituciones.
Constitución no escrita . Este tipo de clasificación es conocido también como Constitución consuetudinaria, en el cual no existe un texto específico que contenga la totalidad, o casi la totalidad de las normas básicas, sino que estas están contenidas a lo largo de diversas leyes y cuerpos legales.
Según su reformabilidad . Según su reformabilidad las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles.
Las constituciones rígidas son aquellas que requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad; es decir, los procedimientos para la creación, reforma o adición de las leyes constitucionales es distinto y más complejo que los procedimientos de las leyes ordinarias.
Según su origen . Las constituciones se diferencian también en función de su origen político; pueden ser creadas por contrato entre varias partes, por imposición de un grupo a otro, por decisión soberana, etc.
Constituciones otorgadas . Las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga; es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de las siguientes premisas:
Constituciones impuestas . Las constituciones impuestas, el Parlamento las impone al monarca, refiriéndose al Parlamento en sentido amplio, con lo que se alude a la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder en un Estado que se configuran en un órgano denominado Parlamento. En este tipo de Constitución, es la representación de la sociedad la que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Por lo tanto, existe en el caso de las constituciones impuestas, una participación activa de la representación de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales.
Constituciones pactadas . En las constituciones pactadas la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni tampoco las impone debido a que si son impuestas y no se pactan carecerían de un marco de legitimidad. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes; por lo tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoría del pacto social. Así, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas o contractuales implican: primero, una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas; segundo, en las pactadas hay, una fuerte influencia de la teoría del pacto social; tercero, en aquellas que son pactadas este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos —todos aquellos grupos de poder real que estén reconocidos por el Estado-. Así, aún tratándose de una monarquía, cuando se pacta los gobernados dejan de ser súbditos.
Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular . Es cuando el origen del documento constitucional es directamente la sociedad, la cual por lo general se manifiesta a través de una asamblea. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la propia Constitución surge de la fuerza social.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 5:13 pm
Estructura formal . Así, la estructura formal de un texto constitucional establecida por la doctrina sería la siguiente:
Estructura constitucional . Por otro lado, la estructura material del texto constitucional sería la siguiente:
Imperio de las normas sobre las conductas
Estabilidad constitucional . La Constitución ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político, y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en su texto, soportando el paso de sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar su letra. Por ello, la modificación de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones, destacando especialmente el requisito de mayorías especialmente cualificadas para las votaciones sobre su alteración.
Supremacía constitucional . Concepto procedente del antiquísimo precedente jurisprudencial 'Marbury vs Madison", y que supone la estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica en la que la Constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma suprema provocaría la nulidad de la norma inferior. El mayor desarrollo de este concepto se debe a la Teoría pura del Derecho de Hans Kelsen.
Rigidez constitucional . La rigidez constitucional es un concepto, según el cual, la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al procedimiento utilizado habitualmente para la producción normativa infraconstitucional. Por el contrario, se habla de flexibilidad constitucional cuanto más similar es el proceso de reforma al de creación legislativa ordinaria. Los Grados de Rigidez dependen de una serie de factores:
Control de constitucionalidad . La Constitución posee carácter de norma suprema, y por lo tanto, su cumplimiento ha de estar garantizado por el ordenamiento jurídico en su funcionamiento cotidiano. Asegurar que no se viole la norma constitucional con los actos de los poderes constituidos es el Control de Constitucionalidad
Colisión normativa. En caso de que dos normas jurídicas tuvieran un contenido incompatible entre sí, se produce la llamada colisión normativa. El ejemplo más ampliamente utilizado para ilustrar una colisión normativa, pasa por concebir una situación en la que una norma ordenase la realización de un determinado comportamiento, y a la vez, otra norma distinta prohibiera la realización de tal comportamiento.
por Gustavo el Mar Ene 06, 2009 5:17 pm
El sufragio es el derecho civil y constitucional a votar a los cargos públicos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, en donde se determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto (uso más común); y el pasivo, que refiere quienes y en que condiciones tienen derecho a ser elegidos.
Históricamente, numerosos colectivos han sido excluidos del derecho a votar por razones muy variadas: unas veces porque sus miembros eran "súbditos" de reyes feudales y no se les consideraba hombres "libres"; otras veces porque la exclusión de la votación dependía de una política explícita claramente establecida en las leyes electorales. En unas ocasiones el derecho a votar excluía a grupos que no cumplían ciertas condiciones (exclusión de analfabetos, impuestos de capitación, etc.); en otras ocasiones, a un grupo se le ha permitido votar pero el sistema electoral o las instituciones del gobierno fueron diseñadas a propósito para darles menos influencia que otros grupos más favorecidos.
Tipos de sufragio .
Sufragio igual: es un término que a menudo suele confundirse con sufragio universal. Consiste en darle a cada ciudadano un solo voto, que tiene un valor de resultado igual al de cualquier otro elector, independientemente de sus ingresos, riqueza o posición social.
El sufragio en la actualidad [editar]Hoy en día, en muchas democracias, el derecho al voto está garantizado como un derecho de nacimiento, sin discriminación de raza, etnia, clase o género. Sin ningún tipo de examen descalificador (como la no alfabetización), los ciudadanos por encima de la edad mínima requerida en un país pueden votar con normalidad en las elecciones. Los residentes extranjeros pueden votar en las elecciones locales en algunos países (como por ejemplo, los miembros de la Unión Europea o la Commonwealth)
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Sistemas_electorales
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 1:22 am
Según la Convención sobre el estatuto de los apátridas de las Naciones Unidas de Nueva York del 28 de septiembre de 1954, un apátrida es Cualquier persona a la que ningún Estado considera destinatario de la aplicación de su legislación. Este estatuto fue ratificado por España el 24 de abril de 1997.
Pertenence a alguna minoría étnica o de otra índole a la cual el gobierno del Estado donde ha nacido le deniega el derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, los refugiados.
Los países que ratifican la Convención de Nueva York deben asegurar a los apátridas el mismo tratamiento y derechos otorgados a los extranjeros: Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
Legislación en España. El artículo 91.0 del Código Civil considera ley personal de los que carecen de nacionalidad o la tienen indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.
1. Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española.
2. Que el apátrida haya sido considerado nacional por otro Estado o el Estado donde haya fijado su residencia le reconozca derechos y obligaciones análogos a la posesión de la nacionalidad de dicho Estado.
3. Que sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado que le haya documentado como apátrida.
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 1:27 am
Los hechos sociales no son nuevos, más si es novedoso el suceso de que en la actualidad podamos distinguirlos de una manera más clara y precisa, pero aun con dificultad; entonces podemos asumir que la nacionalidad y todos los conceptos relacionados con ella, han estado presentes en cualquier organización social, así como en cualquier interacción entre grupos sociales durante toda la historia del hombre. La situación actual del hombre, con el constante acecho de los efectos de la globalización, han requerido de mayores definiciones concretas en esta materia, especialmente cuando esta interacción mundial requiere normar el comportamiento del hombre en sociedad a través de la ley. Tal es el caso, que numerosos estados y organizaciones de estados han generado leyes relacionadas con la nacionalidad, sus derechos y sus deberes.
La nación y el espacio geográfico . Una nación, entiéndase un grupo de personas que comparten una cultura, pueden ejercer dicha cultura en cualquier espacio geográfico sin perder su nacionalidad. Es posible que durante este ejercicio, la nacionalidad transportada (por la emigración) sufra algunos cambios en su estructura cultural, modificando el comportamiento de sus integrantes; tal cambio puede generarse al encontrarse con otros grupos culturales y asimilando algunas de sus costumbres, inclusive asimilando el grupo a su propia nación. Este cambio cultural afecta directamente la esencia de la nación, pudiendo generar una nueva nacionalidad distinta e independiente a la original; tal efecto ha estado presente en toda interacción social del hombre relacionada con el desplazamiento geográfico de una nación, inclúyanse exploración, guerras, invasiones o colonizaciones, todas ellas han generado transformaciones culturales que derivan en la fundación de nuevas naciones. Entiéndase que esta transformación solo puede ocurrir si un grupo numeroso con una identidad nacional se desplaza o reubica; un ente individual, inclusive investido e identificado con una nacionalidad no podría imponer tal efecto, ya que su estado solitario no posee un motor de fuerza social para lograr el cambio; por el contrario, esta misma relación espacio geográfico / nación, podrían lograr un efecto inverso y asimilar al individuo a la colectividad y sentimiento nacional que domina la región.
La nación y el territorio . Está claro que una nación no puede ejercer su identidad cultural si no se encuentra ubicada en un espacio geográfico; de igual forma esta identidad cultural no puede ser ejecutada sin un número suficiente de miembros de dicha nacionalidad ubicados en un mismo espacio geográfico. En algún momento, es posible que una nación, sola o en coexistencia de otra, pueda asumir supremacía del espacio geográfico en el que reside, y hacerse del control de éste para ejercer por la vía del hecho o por derecho, la propiedad del espacio geográfico como su territorio para toda su nación. Compréndase que este control del espacio geográfico y demarcación territorial, conlleva a una indudable asociación y ejecución de todas las costumbres culturales de la nación, haciendo que el territorio conforme parte indudable del sentimiento, propiedad e identidad nacional; esta situación se mantendrá hasta tanto otra nación o coalición la despojase de tal control que tiene sobre el territorio.
La nación y el Estado. Una vez que una nación esté provista de una solidez cultural, suficientes integrantes y recursos, así como del dominio de un territorio, puede eventualmente, si así sus costumbres lo aceptan, fundar un estado para ejercer el control sobre ese territorio para garantizar la supervivencia de la nación. El estado es una organización inmaterial, una autoridad que ejerce su supremacía y poder sobre un territorio y toda la población que en el habitan; normalmente, su fuerza se encuentra regulada bajo los principios de su cultura generadora, o bien sobre los principios culturales de la nación que la constituyó. En tal sentido, se debe recalcar que puede existir una nación sin estado y sin territorio; pero no puede existir un estado sin nación y territorio, por que no ejercería su poder sobre ninguna persona, cosa o lugar.
La nacionalidad y el Derecho . Con la creación de un estado por parte de una nación, la nacionalidad adquiere un carácter legal. Para constituir un estado es necesario un marco legal que regule el funcionamiento y poder que ejerce a sus pobladores sobre su territorio, entiéndase su propia constitución, leyes y normas. El dominio de la nación generadora del estado, ejerce su fuerza para legalizar y preservar dentro de estos instrumentos la identidad cultural de la nación, por lo que un estado está inseparablemente asociado con una nación (y con una identidad cultural), aunque por hecho varias naciones culturales ejerzan vida e interacción dentro del territorio de esa nación, ya que están ubicadas en un espacio geográfico.
Nacionalidad de las Personas Morales . Las personas morales, han adquirido personalidad jurídica en virtud de un mandato legal, existen diferentes teorías acerca de la naturaleza jurídica de estos entes, pero en concreto podemos afirmar que jurídicamente son personas.
Se limitan a decir que las personas morales al ser una ficción jurídica, no tienen los elementos necesarios para poseer un estado, es decir, no tienen ni estado civil, ni político. En el derecho norteamericano esta postura ha quedado muy arraigada. En la opinión de estos tratadistas, se dice que al atribuir nacionalidad a las personas morales, se han confundido las nociones de nacionalidad y domicilio . El domicilio de la sociedad es fijado por el estatuto, el cual esta conforme a la ley aplicable y resuelve los problemas de su funcionamiento extraterritorial, sin necesidad de recurrir a la noción de nacionalidad.
Siendo la nacionalidad un vínculo con un Estado, no es posible que dicho vínculo pueda existir entre una persona moral y un Estado. Cuando el Estado determina quienes son sus nacionales, lo que realmente hace es un inventario. Para esta posición, la verdadera nacionalidad, la única que existe, crea una relación de orden político entre un individuo y un Estado.
La de la Nacionalidad de los Administradores . En otras legislaciones se ha tomado como criterio la nacionalidad del socio administrador o del consejo de administración, con el grave problema de que es este o estos pueden cambiar fácilmente.
Conforme a la Regulación en sus Relaciones Privadas En muchos casos se puede dar la posibilidad de que con el cambio de nacionalidad, o regulándose con una legislación extranjera una sociedad, se considere que ese es un elemento suficiente para darle una nacionalidad a la sociedad.
Criterios de Control. Se ha dado el caso sobre todo con la posibilidad de la develación de la personalidad y con los casos en donde se busca saber quienes con los verdaderos socios, debido a que en muchos casos no se conoce con claridad quienes son los dueños de las partes sociales , se tome como criterio que la nacionalidad de una sociedad es aquella de los que ejercen el control. En la legislación alemana se usó este criterio, en concreto se distingue entre nacionalidad de una persona, y pertenencia al Estado, siendo la pertenencia el criterio para saber si forma parte de los intereses de la nación alemana.
De la autorización que hace el Estado Se parte de la base de que la personalidad jurídica de una persona moral no se integra cabalmente hasta que recibe un permiso o autorización del Estado para constituirse. En México, sería el permiso concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, aunque en otras legislaciones se toma analógicamente el criterio de la inscripción en el Registro Público, con efectos constitutivos.
Múltiples nacionalidades . Lo anteriormente expuesto, indica que un ciudadano de otra nacionalidad puede adoptar, si así su derecho le confiere, la nacionalidad del estado donde se encuentra desarrollando su vida. Enmarcado jurídicamente, es posible que la autoridad le requiera de renunciar bajo juramento a su anterior nacionalidad,sin embargo este procedimiento es incompleto pues debería renunciar formalmente ante las autoridades consulares del país o en el país del que pretende desligarse; también le puede ser conferida la posibilidad de conservar ambas nacionalidades o múltiples nacionalidades, pero solo una de éstas se puede ejercer, no pudiendo a convenencia propia hacer uso de las otras.
Nacionalidad activa y pasiva .
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 1:54 am
Presidente José Bono, PSOE
Grupos representados PSOE, PP, CiU, PNV, Esquerra-IU-ICV y Mixto
Últimas elecciones 2008
Sede Palacio de las Cortes, Carrera de San Jerónimo, Madrid
Página web www.congreso.es
El Congreso de los Diputados es la cámara baja de las Cortes Generales, el órgano constitucional que representa al pueblo español. Se reúnen para sesiones en el Palacio de las Cortes del Reino de España.
Antecedentes . El Congreso de los Diputados tiene su antecedente más remoto en el Estatuto Real de 1834, otorgado por reina María Cristina, Regente durante la minoría de edad de Isabel II, y que estableció por primera vez en España la configuración bicameral de las Cortes, al dividirlas en dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.
La constitución española establece que los diputados serán elegidos por la provincia, circuncripción electoral. Además regula que cada una de ellas deberá tener una representación mínima a establecer por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que atribuye una representación mínima inicial de 2 escaños y un número adicional de estos con arreglo a su población; Asimismo, la CE marca que las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que no se encuadran en ninguna provincia, forman una circunscripción cada una de ellas siendo representada por 1 diputado cada una de ellas. Aunque la elección se verifica con arreglo a criterios de representación proporcional, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé la aplicación de dispositivos correctores a fin de evitar fraccionamientos inconvenientes para la estabilidad de la Cámara y del Gobierno que de ella dependa. Estos dispositivos son la barrera electoral que exige un porcentaje mínimo de votos recibidos para participar en el reparto de escaños. El elevado número de circunscripciones supone una prima de los partidos más votados sobre los que menos apoyo reciban, de manera que los primeros reciben una sobrerepresentación no proporcional al número de votos recibidos, y los últimos una subrepresentación de escaños en el hemiciclo. Esto hace cuestionar que el sistema electoral español sea verdaderamente proporcional.
Asignación de escaños. Cada provincia tiene garantizado un mínimo de partida de dos escaños. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen uno cada una de ellas. De esta forma, quedan ya asignados 102 escaños.
Los restantes se reparten mediante este sistema: en primer lugar se calcula la población del padrón de habitantes de cada provincia, que no coincide con el censo electoral provincial, pues incluye a los extranjeros sin derecho a voto mientras que no tiene en cuenta a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que sí pueden votar. Así, los que quedan por asignar (248=350-102) se distribuyen proporcionalmente entre todas las provincias, según su número de población de derecho por la regla de Hamilton, de manera que a cada provincia se le adjudican tantos como resulten, en números enteros, en el cociente de la división. Hecha esa operación todavía quedarán algunos sin adjudicar (debido a que las divisiones no serán exactas y existirán decimales), de manera que se reparten entre las provincias que han tenido una fracción decimal mayor, hasta que se llegue a los 350.
Tras la votación, a cada provincia se asignan los escaños a cada partido: los votos obtenidos por cada uno se dividen por números enteros progresivos desde el 1 hasta el número de escaños de la provincia aplicando así la fórmula D´Hont. El reparto de escaños se realiza asignando el escaño al cociente más alto hasta agotar los escaños.
Mandato . El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, que puede tener lugar conjunta o separadamente de la disolución del Senado; el derecho de disolución corresponde a S.M. el Rey, que lo ejerce a petición del Presidente del Gobierno y bajo la exclusiva responsabilidad de éste.
Órganos del Congreso . En ejercicio de la autonomía que la Constitución reconoce al Congreso de los Diputados, la Cámara se rige por el Reglamento establecido por ella en 1982 y que configura una serie de órganos de gobierno para ejercer las competencias correspondientes.
Órganos Funcionales .
El Pleno, es el órgano de trabajo funcional, a través de la cámara ejerce su voluntad. Es la reunión de todos los miembros de la cámara válidamente constituida cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros. Este órgano representa la unidad de la cámara y funciona a través de las sesiones plenarias y pueden ser de dos tipos , ordinarias y extraordinarias.
Sesiones ordinarias, son todas la realizas en los dos periodos de sesiones, de septiembre a diciembre, y de febrero a junio, convocadas a través de un calendario ya prefijado.
Sesiones extraordinarias, son las convocadas a solicitud del Presidente del gobierno, la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara. Se presentara un orden del día determinada y la sesión se clausurara cuando se trate de todos los puntos del orden del día
Es el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones o cuando su mandato ha terminado por espiración o disolución. La Diputación Permanente estará presidida por el Presidente del Congreso.
Órganos Rectores .
Funciones de la Cámara . El Congreso de los Diputados tiene atribuido por la Constitución el ejercicio de unas funciones determinadas, que pueden tener un carácter concurrente, dirimente o exclusivo:
Función política . El Congreso de los Diputados elige al Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey, en primera votación por mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas por mayoría simple.
El Debate del Estado de la nación . No lo reconoce la Constitución, ni los reglamentos parlamentarios, se consolida por la practica, se desarrolla en el Congreso es la explicación por parte del presidente del gobierno de la política general, el gobierno determina el momento a plantearse.
Histórico de número de escaños de PSOE, PP, IU y UCD en la democracia (1977-2008).Véase también: Elecciones en España, Elecciones generales españolas de 2004, y Elecciones generales españolas de 2008
PSOE PP CiU ERC PNV IU Otros Total
VIIIª Legislatura 164 148 10 8 7 5 8 350
IXª Legislatura 169 153 10 3 6 2 7 350
Diferencia 2008/2004 +5 +5 = -5 -1 -3 -1 0
(Mayoría absoluta 176 escaños)
Vicepresidenta Primera: María Teresa Cunillera (PSOE).
Secretario Tercero: Juan Ignacio Gil Lázaro (PP).
Grupos parlamentarios por número de escaños y portavoz de cada grupo
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (Esquerra, IU e ICV) (Joan Herrera): 5. [2]
Grupo Mixto (BNG, CC, Na-Bai, UPyD y UPN [3]) (Rosa Díez): 7. [4]
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 2:02 am
El Senado es la Cámara alta de las Cortes Generales y el órgano constitucional que representa al pueblo español.
Los senadores de elección directa son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto siguiendo el escrutinio mayoritario plurinominal a razón de 4 senadores por cada provincia (a excepción de las insulares), 3 por cada una de islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, uno por cada una de las islas o agrupaciones de ellas de Ibiza-Formentera y Menorca en las Islas Baleares, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote (incluyendo a La Graciosa y las islas menores) y La Palma por las Islas Canarias y 2 senadores por cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Mandato . El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, que puede tener lugar conjunta o separadamente de la disolución del Congreso de los Diputados; el derecho de disolución corresponde al Rey, que lo ejerce a petición del Presidente del Gobierno y bajo la exclusiva responsabilidad de éste.
Carácter . El régimen de elección de los senadores hace del Senado una cámara de representación territorial, aunque en la actualidad se debate la idea de reformar la Constitución a fin de reafirmar este carácter; posibles soluciones serían la eliminación de las circunscripciones provinciales, la atribución a los órganos de las comunidades autónomas de la elección de la totalidad de los senadores o la unión de la condición de senador a la de miembro del Gobierno autonómico respectivo.
Órganos del Senado . En ejercicio de la autonomía que la Constitución reconoce al Senado, la cámara se rige por el reglamento establecido por ella y refundido por su Mesa en 1994 y que configura una serie de órganos de gobierno para ejercer las competencias correspondientes.
Funciones de la cámara . El Senado tiene atribuido por la Constitución el ejercicio de unas funciones determinadas, que pueden tener un carácter concurrente, subordinado o exclusivo:
Función política .
Función legislativa .
El Senado tramita proyectos de ley, es decir, iniciativas remitidas por el gobierno al Congreso de los Diputados y ya aprobadas por éste, y proposiciones de ley, esto es, iniciativas remitidas por el Congreso de Diputados u originadas en el propio Senado. En todos los casos puede introducir enmiendas en los respectivos textos.
Función de integración territorial .
8 Otros partidosGrupos parlamentarios en el Senado
Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) PP (123) [1] Pío García-Escudero 123 100 23
Grupo Parlamentario Socialista (GPS) PSOE (105) Carmela Silva 105 86 19
EUiA (1) Carles Josep Bonet 16 12 4
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCiU) CDC (6)
UDC (1) Jordi Villajoana 7 4 [2] 3
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV) EAJ-PNV (4) Joseba Zubia 4 2 [3] 2
Grupo Parlamentario Mixto (GPMx) CC (2)
UPN (1) [4]
Independ. (3) [5] José María Mur 9 4 5
Total 264 208 56
↑ Incluye 2 senadores navarros electos por la coalición UPN-PP que se han dado de baja en UPN y se han afiliado al PP.
↑ Una senadora navarra electa por la coalición UPN-PP se dio de baja en el Grupo Parlamentario Popular el 10/11/2008.
↑ El senador electo por Menorca es independiente, elegido por la coalición PSIB-PSOE, EU, PSM y Els Verds de Menorca. El senador electo por Ibiza-Formentera es independiente, elegido por la coalición del PSIB-PSOE con Eivissa i Formentera al Senat. El senador designado por Navarra es independiente, a propuesta de UPN, PSN-PSOE, CDN y IUN-NEB.
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 2:08 am
El Rey de España es el Jefe de Estado de España, símbolo de su unidad y permanencia, a quien corresponde arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones y representar a la Nación, además de las funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las Leyes. Es también Capitán General de los Ejércitos y ostenta el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
La Constitución Española trata la Institución de la Corona, la persona del Rey y sus funciones en su Título II, que comprende los artículos 56 a 65. En la actualidad el Rey de España es Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias Battenberg y Orleáns.
La persona del Rey (o Reina) de España . El título de Rey de España viene reconocido por la Constitución, que recupera e incorpora a su texto todas las normas expresas y tácitas que tradicionalmente han regido la Monarquía en España. La Constitución además reconoce al Rey el derecho de usar todos los demás títulos que correspondan a la Corona.
Los títulos históricos que corresponden a Su Majestad el Rey de España son:
Collar de la Orden del Toisón de OroRey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Sevilla, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de Getafe, de las Islas Canarias, de Cobisa, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas y Neopatria; Conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, del Rosellón, y de Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina; etc; Soberano Gran Maestre de la Insigne Orden del Toisón de Oro y Gran Maestre de todas la órdenes civiles y militares del Estado.
La Corona .
Refrendo . Regulado por el Art. 56.3 de la Constitución. El refrendo es una figura jurídica por la cual el Titular de la Corona realiza válidamente sus actos sólo cuando éstos son firmados o consentidos también por la persona previamente determinada por la Constitución, que por ese hecho asume toda la responsabilidad del acto en sí; se exceptúan de esta obligación de refrendo la distribución y gasto de la cantidad que Su Majestad percibe de los Presupuestos Generales del Estado para sostenimiento de su Familia y Casa, así como el nombramiento y relevo de cualesquiera miembros civiles y militares de su Casa.
Las personas que tengan derecho a la sucesión en el Trono pueden casarse libremente, salvo que el matrimonio se enfrente a la prohibición expresa del Titular de la Corona y de las Cortes Generales, en cuyo caso la persona en cuestión perdería su derecho a suceder para sí y sus descendientes; esto significa que todo matrimonio se presume celebrado con el asentimiento del Titular de la Corona y de las Cortes Generales, salvo prueba en contrario, y que la oposición al mismo debe ser manifestada de forma expresa tanto por uno como por otras y que en caso de que sólo uno de ellos se opusiera al matrimonio, éste podría celebrarse sin consecuencia alguna para la persona en cuestión.
La Regencia y la Tutela del Rey (o Reina) menor de edad .
Las Leyes prevén para la Familia Real un trato deferente en circunstancias que lo ameritan: las normas procesales eximen al Rey o Reina, a su Consorte y al Príncipe o Princesa de Asturias de concurrir al llamamiento judicial y de prestar testimonio, y permiten que el resto de los miembros de la Familia Real lo hagan por escrito; el Código Penal común y el Código Penal militar castigan como delito contra la Corona el homicidio, consumado o tentado, contra el Rey o Reina, cualquiera de sus ascendientes o descendientes, Reina consorte o consorte de la Reina, Príncipe o Princesa herederos de la Corona y Regente o miembro de la Regencia. Por lo demás las Leyes establecen otros privilegios y prerrogativas lógicos para la Primera Familia de la Nación, sin hacer mención expresa de ella en los demás casos.
por Gustavo el Miér Ene 07, 2009 3:20 am
Titular de la Corona: S.M. el Rey Don Juan Carlos I
Reina Consorte: S.M. la Reina Doña Sofía
Heredero de la Corona: S.A.R. el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia
Princesa Consorte: S.A.R. la Princesa de Asturias, Doña Letizia Ortiz Rocasolano
Infantas de España:
S.A.R. la Infanta Doña Leonor
Excmo. Sr Don Jaime de Marichalar, Duque consorte de Lugo
Nietos del Titular:
Excmo. Sr. Don Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, Grande de España
Excma. Sra. Doña Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Grande de España
Excmo. Sr. Don Juan Valentín Urdangarin y de Borbón, Grande de España
Excmo. Sr. Don Pablo Nicolás Urdangarin y Borbón, Grande de España
Excmo. Sr. Don Miguel Urdangarin y Borbón, Grande de España
Excma. Sra. Doña Irene Urdangarin y Borbón, Grande de España
Familia del Rey . forman parte de la Familia Real, pero sí de la Familia del Rey:
Hermanas del Titular:
S.A.R. Doña María del Pilar de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Infanta de España y Duquesa de Badajoz
S.A.R. Doña Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Infanta de España y Duquesa de Soria y de Hernani
Posición constitucional - La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 57.1 que:
"La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica".
Descripción de la Familia Real .
El Titular de la Corona . El Titular de la Corona es la persona que ocupa el Trono por derecho propio, en virtud de la aplicación de las reglas sucesorias fijadas por la Constitución.
La Reina consorte o el Consorte de la Reina .
Artículo 58 de la Constitución Española de 1978:
"La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia"
El Heredero de la Corona.
Artículo 57.2 de la Constitución Española de 1978:
"El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que ocurra el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente con el sucesor de la Corona de España".
Los hijos del Titular de la Corona .
Los nietos del Titular de la Corona .
De los matrimonios . Artículo 57.4 de la Constitución Española de 1978:
"Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes".
por Gustavo el Sáb Ene 10, 2009 1:07 pm
En el sentido abstracto de la expresión, se entiende poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público como actividad del Estado. Se define Poder Público como la capacidad que tiene el estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado.
En toda sociedad se conforman grupos que, de una u otra manera crean un centro de poder que irradia su acción en diversas direcciones como: religión, economía, cultura, incluso la moda y que como dice Burdeau, la sociedad es una verdadera “constelación de poderes”. Pero esa cantidad de poderes se concentra en una unidad organizada y permite el armónico desenvolvimiento de los distintos estratos de la sociedad, lo que conduce a la integración del poder político.
por Gustavo el Mar Ene 13, 2009 10:33 pm
El régimen de Concejo Abierto está contemplado en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985. Procede
	En municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este régimen.
	Aquellos otros que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales, u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
En el 2º caso se requiere, para su constitución, petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. (para pasar del régimen de Concejales al de Concejo abierto)
En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración del municipio corresponde a un Alcalde, elegido por los vecinos y una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores.
por Gustavo el Jue Ene 22, 2009 1:00 pm
Naturaleza y posición constitucional
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial. Se crea para garantizar la independencia externa del mismo, al asegurar que las condiciones de ejercicio de la función jurisdiccional no dependan del Ejecutivo.
El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años, no renovable, por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada por el Congreso de los Diputados o el Senado.
Es importante señalar que el Consejo General del Poder Judicial no participa de la función jurisdiccional, constitucionalmente reservada a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial. Esto implica que ni el CGPJ ni ningún otro órgano subordinado de gobierno del Poder Judicial pueden dictar instrucciones de carácter general o particular sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que los jueces y magistrados lleven a cabo en el desempeño de sus competencias judiciales.
Última edición por Gustavo el Vie Ene 30, 2009 11:15 pm, editado 1 vez
por shion el Jue Ene 29, 2009 6:04 pm
por Gustavo el Mar Sep 22, 2009 1:43 am
» Constitución Española, Artículo 53
Fecha y hora actual: Miér Dic 12, 2018 12:49 pm