Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/709
Timestamp: 2019-04-20 02:17:13
Document Index: 2818689

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 27']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 146/1986
SENTENCIA 146/1986, de 25 de noviembre
ECLI:ES:TC:1986:146
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por doña Gloria Begué Cantón, Vicepresidenta; don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez- Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciado:
En los conflictos positivos de competencia acumulados núms. 50/84 y 465/85, promovidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia contra el Gobierno de la Nación, que, a través de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dictó las Resoluciones de 14 de septiembre de 1983 y de 2 de enero de 1985, por las que se convocan dotaciones económicas para la financiación de programas de acción social. Ha sido parte el Gobierno de la Nación representado por el Abogado del Estado y Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer del Tribunal.
8. Por escrito registrado el día 21 de mayo de 1985, el Letrado don Heriberto García Seijo, en nombre y representación de la Junta de Galicia, plantea conflicto positivo de competencia frente a la Resolución de 2 de enero de 1985, de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca y regula la concesión de ayudas para la financiación de programas de acción social para 1985, y contra el Real Decreto 102/1983, de 25 de enero, como norma habilitante. Admitido a trámite el conflicto, el Abogado del Estado solicita la acumulación del mismo al 50/84, también promovido por la Junta de Galicia, y solicita asimismo que se tengan por reproducidas las alegaciones entonces formuladas. El representante de la Junta de Galicia manifestó su conformidad con la solicitud del Abogado del Estado, por lo que se acordó la acumulación pedida mediante Auto de 24 de octubre de 1985.
4. En este caso, el Estado ha instaurado un sistema de auxilios económicos a instituciones que desarrollan actividades a todas las cuales cabe calificarlas como de promoción de colectivos sociales marginados; para comprobarlo, basta la lectura de las disposiciones contenidas en el art. 2 de las Resoluciones que se impugnan. Esta finalidad - como afirma el Abogado del Estado-, vincula el origen de estas ayudas con una función a la que el Estado viene compelido por el art. 9.2 de la Constitución: La promoción de la igualdad sustancial del individuo y de los grupos en que se integra, reafirmando a la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento. Esta visión global permite obviar la objeción de la Junta consistente en afirmar que ambas Resoluciones son mera manifestación de una facultad de «ejecución» porque -el fomento es «ejecución»-, en materia de «Asistencia Social». Además de que el razonamiento de la Comunidad no es del todo coherente, pues en ningún momento se niega que el Estado pueda destinar sus fondos a estos fines, razonar como la Junta lo hace es centrarse sólo en el paso final -el medio empleado-, sin atender al origen de las medidas que, si es constitucionalmente legítimo, las legitima con los límites que después se dirán.
1. Voto particular del Magistrado don Jesús Leguina Villa a la Sentencia dictada en los conflictos positivos de competencia acumulados núms. 50/84 y 465/85.
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 50-1984, 465-1985
Promovidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con las Resoluciones de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 14 de septiembre de 1983 y 2 de enero de 1985, respectivamente, por las que se convocan dotaciones económicas para la financiación de programas de acción social. Voto particular.
Lo que deba entenderse por Asistencia Social, en sentido abstracto y siguiendo la pauta de algunos instrumentos internacionales como la Carta Social Europea, abarca a una técnica de protección fuera del sistema de la Seguridad Social, con caracteres propios, que la separan de otros afines o próximos a ella, entre los que figura su dispensación por Entes públicos o por Organismos dependientes de Entes públicos, cualesquiera que éstos sean. Una noción más amplia, impropia si se quiere, de lo que es la Asistencia social a efectos del reparto de competencias constitucionalmente establecido es deducible del análisis de la Constitución, de los Estatutos de Autonomía e, incluso, de los Decretos de traspaso de funciones y servicios. Según ésta, tal noción no sólo comprende a la asistencia dispensada por Entes públicos - que la definen y la prestan-, sino también a la dispensada por Entidades privadas, caso en que los poderes públicos desempeñen sólo funciones de fomento o de control.
La sola decisión de contribuir a la financiación de una determinada actividad no autoriza al Estado para invadir competencias ajenas -que lo siguen siendo a pesar de la financiación-, y si estima que lo requiere el interés general, la prosecución del mismo se ha de materializar «a través de», no «a pesar de» los sistemas de reparto de competencias articulados en la Constitución, pues sólo así podrá coordinarse con el conjunto de pecualiaridades propias de un Estado de estructura plural. Es claro que no se respeta este esquema cuando el problema se trata de resolver, no usando las técnicas que para este fin habilita la Constitución, sino mediante la creación de competencias concurrentes o «paralelas», al amparo, además, de un precepto tan genérico como el art. 9.2 de la C.E., que, entendido como una habilitación para que el Estado pueda actuar en razón del interés general, podría terminar por vaciar de contenido el diseño constitucional del Estado de las Autonomías.
En una materia compleja, como la acción y protección social, tan central además en un Estado social, las competencias exclusivas (que corresponden a la Comunidad Autónoma) no pueden entenderse en un sentido estricto de exclusión de actuación en el campo de lo social, ni de otros Entes públicos, ni por parte de Entidades privadas, ni tampoco por parte del Estado, respecto de aquellos problemas específicos que requieran para su adecuado estudio y tratamiento un ámbito más amplio que el de la Comunidad Autónoma y que presupongan en su concepción, e incluso en su gestión, un ámbito supracomunitario, que puede corresponder al Estado. Una vez detectado un particular problema social que requiera intervenciones de Asistencia Social a nivel supraautonómico, el Estado podría intervenir, pero debería tratar de respetar para ello en lo posible las competencias de las Comunidades afectadas, cuya participación además convendría tener en cuenta para precisar los términos en que ha de realizarse tal actividad (y existen instrumentos adecuados para conseguir una actividad cooperativa en la materia), aunque ello no pueda exigirse, sin embargo, en todos los casos.
La acción social en este campo puede así realizarse por el Estado, a cargo de sus propios fondos, y éste puede regular detalladamente el tipo de ayudas que se conceden, cuáles son sus posibles beneficiarios, y cuál es la posible cuantía de las ayudas, así como regular el procedimiento y requisitos formales para su concesión. Al hacer esto, el Estado no invade el ámbito competencial de la Comunidad, no concurre con ella en la realización de los programas generales y normales de Asistencia Social, que le corresponden en exclusiva a ésta, y actúa dentro de sus competencias y atribuciones.
A la luz de doctrina anterior de este Tribunal (STC 95/1986), sería legítima la intervención estatal directa en la gestión de la concesión de las ayudas sólo en la medida en que los programas correspondientes, por su carácter estatal, no pudieran «regionalizarse» en su gestión.
Resolución de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 14 de septiembre de 1983, por la que se convocan dotaciones económicas para la financiación de programas de acción social
Resolución de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 2 de enero de 1985, por la que se convocan dotaciones económicas para la financiación de programas de acción social
Artículo 9.2, ff. 2, 4, VP
Artículo 148.1.20, f. 2, VP
Artículo 149.1, f. 5, VP
Artículo 149.1.13, VP
Artículo 149.3, f. 5, VP
Artículo 150.3, ff. 1, 5, 8, VP
Artículo 27.23, ff. 1, 2
Real Decreto 2411/1982, de 24 de julio. Traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de servicios y asistencia sociales
Anexo B.1 c), f. 2
Anexo B.1 f), f. 2
Real Decreto 102/1983, de 25 de enero. Reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ámbito territorial supraautonómicoÁmbito territorial supraautonómico, f. 5, VP
Autorización presupuestaria de gastoAutorización presupuestaria de gasto, f. 8
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Competencias en materia de asistencia socialCompetencias en materia de asistencia social, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Concurrencia de títulos competencialesConcurrencia de títulos competenciales, f. 4, VP
Estado de las autonomíasEstado de las autonomías, f. 4, VP
Estado social y democrático de DerechoEstado social y democrático de Derecho, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Intervención del Estado en materia de competencia exclusiva de Comunidades AutónomasIntervención del Estado en materia de competencia exclusiva de Comunidades Autónomas, f. 5, VP
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Asistencia socialAsistencia social, Concepto, f. 2
Asistencia socialAsistencia social, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Elementos auxiliares para la interpretación de la ConstituciónElementos auxiliares para la interpretación de la Constitución, f. 2
Gestión de subvenciones públicasGestión de subvenciones públicas, f. 7
Leyes de armonizaciónLeyes de armonización, f. 8
Técnica legislativaTécnica legislativa, f. 8