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Timestamp: 2017-09-26 20:03:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 14', 'artículo14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 50', 'Artículo 50']

Derecho Penal Online | Derecho Penal | ¿Los reincidentes tienen derecho a obtener la libertad condicional?
El presente trabajo intenta mostrar la situación de los condenados declarados reincidentes que, en cumplimento de los requisitos objetivos de la ley de fondo, desean obtener la libertad condicional, analizado desde una interpretación hermenéutica de las normas, a fin de posibilitar la coherencia con los principios constitucionales y principalmente, el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad.
La libertad condicional es un derecho de los condenados que pueden gozar cuando cumplen un determinado tiempo en prisión y, demuestren el regular comportamiento carcelario, más informes favorables de los organismos competentes.
Los autores Zaffaroni, Alagia y Slokar, la definen como una suspensión parcial de la privación de la libertad –es decir, del encierro- que tiene lugar durante un período de prueba que, resultando favorable, determina la extinción definitiva del resto de la pena privativa de libertad que le quedaba por cumplir al condenado[1].
El artículo 14 del Código Penal dice: “La libertad condicional no se concederá a los reincidentes”, de esta forma se establece la prohibición legal de los reincidentes en acceder al régimen de libertad condicional.
Este instituto parecería que esta dirigido a los condenados primarios, y no a los reincidentes.
Ahora bien, si analizamos el texto, se podrá observar que el derecho de peticionar de los condenados a prisión se encuentra salvado, atento que no se les puede negar la posibilidad de estudiar su viabilidad teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Entonces, la norma esta dirigida a quien tiene el poder de decisión, al juez competente, que considerando el estado de reincidente la ley lo habilita a no otorgar la libertad condicional.
Por lo que, no es lo mismo el derecho que tiene todo condenado a solicitar ante el Juez competente la libertad condicional, al derecho del juzgador a denegar dicha solicitud.
Expuesta dicha salvedad, nos enfocaremos en el instituto penal propiamente dicho.
A fin de una mejor comprensión de la prohibición prevista en el art. 14 CP, es necesario referirse al fundamento de este instituto, a la razón de ser esbozada por los diferentes autores.
La libertad condicional servía para el mantenimiento del orden y la disciplina carcelaria, mientras que en la época de la concepción resocializadora de las penas privativas de la libertad, la entendían como herramienta para la reforma y rehabilitación del delincuente.
En otro sentido, este instituto se lo ha usado como recurso para solucionar problemas derivados de la superpoblación carcelaria, por lo que se justifica como herramienta para la descongestión de los establecimientos carcelarios.
Ahora bien, desde una análisis integrado con las normas constitucionales e internacionales respetuosa de los derechos humanos, se esboza el fundamento de la libertad condicional en el marco de nuestro sistema jurídico como la forma para “…hacer efectiva la obligación, inherente al Estado, de garantizar que las penas privativas de la libertad posean el menor efecto desocializador y deteriorante posible, a partir del despliegue de recursos materiales y humanos dirigidos a mitigar los efectos del encarcelamiento y ofrecer asistencia al condenado en el medio libre durante un periodo previo a su liberación definitiva…”[2].
Es decir, actualmente la finalidad del sistema de ejecución de penas es la reinserción social de los condenados, imperativo en los pactos internacionales de los derechos humanos, por ello el fundamento de la libertad anticipada configura esta visión, que además, debe ser reinterpretada su concepto a la luz de los límites del derecho penal en un Estado de Derecho.
En una sociedad pluralista, la resocialización, como fin de la ejecución penal, no puede destinarse a obtener un cambio en el individuo, en su personalidad, convicciones o actitud intelectual, sino que debe ser interpretada como una obligación impuesta al Estado (“derecho”, por lo tanto, de las personas privadas de libertad) de proporcionar al condenado las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado que favorezca su integración a la vida social al recobrar la libertad[3].
El fundamento de la libertad condicional esta dado sobre la prevención especial positiva que es el fin de la pena. En el sistema progresivo de la ley 24660, en pos de la reinserción social del condenado, el fundamento de la libertad condicional no sería otra cosa que “la presunción de éxito aparentemente logrado en dicho sentido, lo que habría factible la liberación anticipada con sometimiento a determinadas condiciones”[4].
Si indagamos en los precedentes legislativos el instituto se fundamenta en que constituye un estímulo para la buena conducta del condenado a la par que una garantía para la sociedad (Proyectos de 1891 y 1906. En la exposición de motivos del proyecto de 1906 se cita el informe presentado a la Cámara de representantes de Bélgica, en 1888 que dice: “Durante la excarcelación del condenado, ella es un estímulo de buena conducta, un germen de enmienda, una prima ofrecida al detenido arrepentido. Después de obtenida la libertad, contribuye eficazmente a mantener al favorecido en la vía del bien, a prevenir su caída”, citado por Fontán Balestra, t. III, p. 348). También se señala una razón de mínima suficiencia, en cuanto la falta de necesidad de continuar la pena cuando ha dado ya resultados (Proyecto de 1906 “otra institución adopta hoy casi universalmente, y que también proponemos, es la libertad condicional de los penado que hayan dado pruebas de positiva reforma. Nada más justo en efecto, si el propósito principal de la pena es la reforma, que suspender sus efectos cuando ella ha dado los resultados buscados”, ver Fontan Balestra, t. III, p. 347)[5].
La CAP de Rafaela, 28/05/01 (“F., G. s/Apelación denegatoria libertad condicional”) expuso en su fallo que “la libertad condicional es una modalidad en el cumplimento de la pena y su otorgamiento, como facultad específica de la función jurisdiccional, no resulta automático por el mero transcurso del tiempo previsto en la norma, sino que es menester una reflexiva verificación de la presunción de enmienda y de la adopción por parte del condenado de pautas socializantes que indiquen que está en el camino correcto de la consecución de fin de la pena; esto es su readaptación social”[6].
Ahora bien, el proyecto de 1891 no introdujo ninguna limitación para los reincidentes como sí lo contemplaba el Código de Tejedor.
Es interesante destacar el estudio que realizó Julio Herrera sobre el proyecto de 1906 y su crítica a la prohibición de conceder la libertad condicional a los reincidentes, entendiendo que la “reincidencia no es un signo de incorregibilidad con cualquier régimen penitenciario, mucho menos con el que rige y ha regido siempre entre nosotros, impotente para alcanzar ese fin…es contradictorio e injusto conceder el beneficio el autor de un crimen brutal, que revela honda perversidad en el que lo comete, y no al que ha reincidido en un delito de mucho menos importancia…”[7].
En cuanto a la naturaleza jurídica de este instituto, se la entiende como una forma de cumplimiento de la pena. Esta es la posición mayoritaria en la doctrina nacional y extranjera; -una de las características del sistema progresivo esta representada por la existencia de un período de libertad vigilada, durante el cual el penado sale de su encierro, pero está sometido a una serie de obligaciones, que se llama libertad condicional, y forma parte de la pena; durante ese termino, el liberado esta cumpliendo pena. Se funda en que tiene lugar después de un encierro parcial y no trata de una suspensión total;
El Dr. Baclini considera que es la postura correcta porque la ley 24660 que adopta un sistema progresivo en la cual la ejecución de la pena de prisiones se va atenuando en pos de procurar la reinserción del condenado, y la Libertad Condicional conforma la última parte de dicha etapa.
El efecto principal de la condena es el cese del efectivo encierro carcelario, así se lo entiende como un cambio de modalidad de cumplimiento de la pena, suspendiéndose la purga efectiva.
José Pérez Arias adhiere a esta postura pero lo compatibiliza con la próxima posición (suspensión de la ejecución de la pena) -con apoyatura doctrinaria-, computando el periodo de liberación que el condenado se sometió a supervisión y observó las condiciones impuestas, sin perjuicio que luego sobrevenga una causal revocatoria, toda vez que lo contario importaría hacer cumplir dos veces la misma condena y una evidente contradicción con el criterio sostenido[8].
Otros, comparten que se trata de una suspensión de la ejecución de la pena o bien, una rectificación de la sentencia.
A pesar de la discutida interpretación respecto a este aspecto, se destaca que existe cierto acuerdo doctrinario en considerar a la Libertad Condicional como un derecho del condenado, dejando de lado la vieja concepción de acto graciable o discrecional del Estado. En la postura minoritaria encontramos a Chichizola que sostiene el carácter facultativo y no obligatorio cuando concurren los requisitos legales, expresando que “no implica el reconocimiento de un supuesto derecho del condenado, sino que es un acto discrecional del poder estatal”[9].
Es decir, el condenado tiene el derecho a reclamar su concesión y el órgano jurisdiccional el deber de acordarlo cuando estén reunidos los requisitos formales y materiales[10]. El autor citado anteriormente expresa que “…la expresión podrán del art. 13 no debe entenderse en el sentido de que el Tribunal la puede negar pese a estar reunidos los requisitos legales, sino que se refiere al condenado que puede solicitarla”[11].
Y ello, resulta coherente con los principios rectores de la ejecución penal, representando la Libertad Condicional un derecho de los penados que han demostrado avance durante el transcurso de la pena en prisión, y de esta forma, colaborar en el objetivo anhelado por la ejecución de la pena privativa de libertad que es la resocialización del interno.
En consecuencia, la Libertad Condicional es un derecho del condenado, no obstante su concesión no deja de ser una facultad del Tribunal puesto que el mismo debe observar que el condenado cumpla los requisitos requeridos por la ley, por lo que su aplicación no es automática ya que no sólo hay requisitos objetivos sino también subjetivos cuyo análisis puede ser favorable en algunos casos y en otros no[12].
Ante tal interpretación, lo mismo se puede decir para el caso de no cumplir con el requisito limitativo pero sí los presupuestos referentes a la observancia regular de los reglamentos e informes de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del condenado, y no tan solo para denegar este derecho en los casos que los antecedentes del condenado no lo favorezcan para su concesión.
Por lo tanto, resulta arbitrario que esta potestad específica de la función jurisdiccional lo habilite a analizar las exigencias subjetivas de la legislación para denegar la L.C. y no para otorgarla cuando aquellas son muestras claras de la evolución del condenado en la progresividad de su pena de prisión.
El instituto de la libertad condicional está legislado, en nuestro país, en la siguiente normativa: Código Penal (arts. 13 a 17), Ley 24.660 (arts. 1, 28, 29 101 y 104; establece que la calificación de concepto servirá de base para la aplicación del mismo), Código Procesal Penal de la Nación (arts. 491, 493 y 505/510), Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución (Decreto 396/99), Reglamento del Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad que reglamenta la Ley Provincial nº 11661 -de adhesión a la nacional- (Decreto 0598/11) y Código Procesal Penal de la Pcia.
En una sintética indicación se recordará las condiciones requeridas por la legislación mencionada ut-supra.
Para su otorgamiento se requiere, en primer lugar, requisitos temporales[13]. En segundo lugar, la necesidad de que el condenado observe con regularidad los reglamentos carcelarios (requisito de conducta).
Este último requisito ha generado dos posturas doctrinarias opuestas, las cuales son reseñadas por De La Rúa en los siguientes términos: “dos posiciones existen respecto al alcance de las expresiones “observando con regularidad los reglamentos carcelarios”. A) Para algunos (...) resulta suficiente el cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación carcelaria, comprendida integralmente como trabajo, disciplina, y educación, de modo objetivo (...). B) para otros, en posición que se enrola una nutrida jurisprudencia, es necesario tomar en consideración la naturaleza del delito, los antecedentes penales del condenado, su personalidad, los antecedentes de la causa, o fundándose, en general, en las exigencias de una reforma positiva, o en una presunción de enmienda o corrección, o su peligrosidad. Más recientemente, esta posición alude a recuperación social, cambio de personalidad, readaptación social, discreto sometimiento al régimen penitenciario.”, vale decir, criterio netamente subjetivos[14].
A su vez, el presupuesto de concepto, que a los fines de efectuar la valoración jurisdiccional, el legislador prescribe que deberá requerirse un informe pericial individualizado del interno, del que se permita reconocer y concluir un pronóstico favorable de reinserción social (Art. 13 CP). Ello, se encuentra relacionado con el concepto que refiere la ley de ejecución penal (art. 101 LEP).
También, se exige presupuestos sustantivos: que el interno, a) no sea reincidente (Art. 14, 1º parte CP); b) que no haya sido condenado por la comisión de determinados delitos graves o aberrantes -según terminología utilizada en los debates parlamentarios-, tales como homicidio criminis causa, abusos sexuales seguidos de muerte, privación ilegítima de la libertad agravada por muerte intencional de la víctima, homicidio cometido con motivo o en ocasión de robo y secuestro extorsivo agravado por muerte intencional de la víctima (Art. 14, 2º parte CP); y c) que no se le haya revocado la libertad condicional otorgada oportunamente. (Art. 17 CP).
Finalmente, se ha entendido que también es requisito para la concesión del instituto, el consentimiento del condenado al otorgamiento del mismo, debido a que se establece que el condenado podrá acceder a él, por lo que se faculta al interno a negarse a la concesión del mismo.
El Código Penal Argentino regula en los 6 incisos del artículo 13 las condiciones de subsistencia de la libertad condicional, que como lo hace una parte de la doctrina, podrían sistematizarse en dos grupos: Condiciones de Control (incisos 1, 2, 5 y 6) y de Conducta (incisos 2 in fine, 3 y 4, más las reglas de conducta art. 27 bis).
Ahora bien, este derecho regirá hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta diez años más, a contar desde el día de la libertad condicional.
Por lo tanto, vencido el plazo legal de duración de las condiciones la pena queda extinguida.
Por lo expuesto, la normativa vigente establece que la reincidencia incida al momento de evaluar la concesión del beneficio, ya que ella obsta a su otorgamiento.
El articulo 14 CP, que establece esta prohibición objetiva, fue sometido jurisprudencialmente a discusión sobre la constitucionalidad y, a su vez, a distintas interpretaciones en su forma de aplicación.
El tema de la constitucionalidad se debatió jurisprudencialmente a partir de un fallo por parte de la Sala VI de la CC de la Capital (“Varela”), donde se sostuvo la inconstitucionalidad del art. 14 por ser violatorio del principio ne bis in idem (27/12/1985); esta tesis generó críticas, por lo que, posteriormente, se pronunciaron en sentido contrario, por ejemplo, los fallos dictados por las Salas II y III de la misma CN en lo CC de la Capital Federal in re “Reyes de Medina” [15]y en “Grassi”[16], respectivamente.
La postura que cuestiona la constitucionalidad se basa en la violación al principio “non bis in idem”, que como dicen Zaffaroni-Alagia-Slokar que: “priva del derecho a un condenado en razón de un hecho por el que ha sido juzgado”[17], donde la reincidencia agrava la pena del segundo hecho sobre la base de un hecho anterior ya juzgado; también, se sostiene que viola el principio de culpabilidad de acto[18].
Otros autores, como Maier, consideran que habría una violación al principio de igualdad[19].
No obstante ello, están quienes formulan fundamentos para validar los efectos negativos de la reincidencia, en base a la necesidad de prevención especial[20], la teoría de la doble afectación[21], la relevancia de características personales que evidencian una mayor peligrosidad del autor[22], y la demostración de un grado mayor de culpabilidad[23].
En la doctrina están quienes estudian la cuestión desde otra óptica, como José Daniel Cesano, que dice “la disposición analizada, no vulnera la garantía constitucional bajo análisis. Y decimos esto por cuanto, el ne bis in idem prohíbe condenar por el mismo hecho pero no tomar en cuenta la anterior condena como dato objetivo para ajustar el tratamiento penitenciario adecuado al que cometiere una nueva infracción delictual…las objeciones a este instituto se derivan de la tensión que causa con el principio del Derecho Penal de acto…”[24]. Además, agrega que vedarle al reincidente (con criterio absoluto) el acceso a la libertad condicional constituye un reconocimiento, a priori, de que la última pena impuesta (que se esta ejecutando) no podrá cumplir con las finalidades que establece la ley fundamental en relación al objetivo resocializador de las penas carcelarias, según los mandatos constitucionales.
Asimismo, es interesante resaltar la posición adoptada por Alderete Lobo, Rubén, que analiza la limitación expresa del artículo 14 del CP desde la razonabilidad de la norma, es decir, si la distinción que efectúa –privando a ciertos condenados de lo que permite a favor de otros- resulta adecuada al ordenamiento constitucional y a la finalidad del instituto.
El autor entiende que la libertad condicional sólo puede ser considerada como instituto que tiene como fundamento hacer efectiva la obligación, inherente al Estado, de garantizar que las penas privativas de la libertad posean el menor efecto desocializador y deteriorante posible, por lo que su implementación en el ordenamiento penal no es facultad discrecional del legislador sino que es un mandato constitucional.
Además, entiende que “…la norma fundamental no admite diferencias en cuanto a la finalidad de la ejecución penal que debe alcanzar tanto al primario como al reincidente. Así la negativa al acceso de la libertad condicional por reincidencia no resulta una limitación que se apoye en la actividad desarrollada por el condenado durante el cumplimiento de su pena y recorta, sin argumento válido alguno, las posibilidades de una mejor y adecuada reinserción a través de un período de libertad antes del agotamiento de la pena…”[25].
Y, agrega que “ si la ley realmente quisiera “ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario” de aquellas personas declaradas reincidentes, jamás podría hacerlo de modo general; mucho menos privando a aquellos de un instituto que constituye una herramienta de “reinserción social”[26]…es decir, la afirmación sería cierta si la ley mandara expresamente considerar la condición de reincidente del penado a los efectos del cumplimiento del principio de individualización del tratamiento penitenciario (art. 5 de la ley 24660)…”[27].
Por lo que, concluye el citado autor en considerar que la negativa constituye una norma discriminatoria que no encuentra fundamento válido constitucionalmente, debiéndose tenerla por no escrita[28].
La reciente jurisprudencia ha tratado el tema en forma variable, por tal razón se opta por exponer los diferentes argumentos de las sentencias.
A favor de la prohibición prevista en el art. 14 del Código Penal:
En uno de los fallos del Tribunal Oral Federal nº 2 de Córdoba (Causa 22/06/2010), no compartió el criterio de la defensa, en cuanto a que el artículo14 del Código Penal vulnera el principio que impide perseguir más de una vez por el mismo delito.
Por lo que, rechaza un pedido de libertad condicional a un reincidente por considerar que, en el caso concreto, no se había demostrado que dicha norma legal contrariaba la Constitución Nacional, razón por la cual no hizo lugar a la inconstitucionalidad solicitada.
El fallo agregó que “tomar en cuenta la condena anterior para determinar la modalidad de cumplimiento de la pena actual no equivale a volver a juzgar el hecho anterior, sino la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia. No hay entonces vulneración a norma constitucional alguna, siendo válido el artículo cuestionado”.
Es por eso que “la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción que impone el artículo 14 del CP, no se debe a la circunstancia de que se haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, poniéndose en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito”.
En la Provincia de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia, Sala II, en acuerdo ordinario[29], rechaza el recurso de inconstitucionalidad del art. 14 CP planteado por la defensa oficial, quien considera que resulta abiertamente contraria a las garantías constitucionales: art. 18, 19 y 75 inc. 22º de la C.N., y los artículos 8. 4 de la C.A.D.H. (Aprobada mediante Ley 23.054) y art. 14. 7 del P.I.D.C.Y.P. (Aprobada según Ley 23.313, publicada en el B.O. 13/5/86).
Los ministros se enfocan en verificar la razonabilidad o no, de la facultad ejercida por el legislador en el art. 14 del CP. Y entienden que “…las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que la inconstitucionalidad de una norma debe ser declarada cuando la repugnancia de ella con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable…”, compartiendo los precedentes de su Alto Tribunal cuando han expresado que: “…la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como última ratio (Fallos 288:325; 290:083; 312:122; 435:496 y 1437; 314:407; 316 : 2624; 317: 044; 322:1349)…”
Por tanto, dejan claro que la norma analizada no resulta contraria a la Constitución Nacional, ni conculca el principio de igualdad, “… el Estado reglamenta de manera heterogénea situaciones diversas. La ley 24.660, prevé un régimen diferente para quien resulta reincidente, pero repárese al respecto, en que la vocación de resocializar al condenado conserva su atingencia tanto con la posibilidad de un indulto como con la del sometimiento del interno al régimen de salidas transitorias o de semilibertad en los términos del art. 17, inc. bº de la ley 24.660…”, como tampoco la reincidencia resulta violatorio de ese principio constitucional.
Asimismo, descartan violación a la garantía del non bis in idem y dicen “…con el art. 14, el legislador está marcando una pauta de política penitenciaria conforme a la cual, en casos de reincidencia, no se puede dar la excepcional circunstancia, permitida en las condiciones del art. 13 del código, de que una condena pasada en autoridad de cosa juzgada, deje de cumplirse totalmente. Ello, entonces nada tiene que ver con el non bis in idem, que puede violarse en el momento del enjuiciamiento, al pronunciarse la condena, pero no después, cuando todo el segundo proceso ha transcurrido ya legalmente y alcanzado la situación de cosa juzgada…”[30].
Para concluir con la postura de marcar el deber del sentenciante de no desconocer los diferentes institutos establecidos porque con ello estaría usurpando las funciones propias del legislador, desplazándolo para imponer sus propios criterios. Ello desconocería la facultad que le otorga el art. 75 inc. 12º de la Constitución Nacional e importaría un ilegítimo intento de desconocer potestades exclusivas del Poder Legislativo e invadir las atribuciones propias de los legisladores de dictar el Código Penal, perfilar los tipos penales, sus consecuencias punitivas en la protección de los bienes jurídicos y establecer, como en el caso "sub examine" las reglas para la reincidencia y el impacto en el régimen de ejecución de la pena.
Postura contraria a la prohibición prevista en el art. 14 del Código Penal:
ü Por la inconstitucionalidad:
El juez Jaime Díaz Gavier del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba[31] declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, que prohíbe la concesión de la libertad condicional a los reincidentes, y concedió tal beneficio a un imputado, fundando la decisión en que “la prohibición a obtener libertad condicional del artículo 14 constituye una vulneración del derecho del penado a obtener una tutela judicial efectiva y al amplio ejercicio de control jurisdiccional, al establecer la norma cuestionada, una presunción iuris et de iure, ab initio, en contra del penado y violatorio del sistema republicano de gobierno”.
El fallo analizó que “en la etapa de ejecución de pena da comienzo la oferta de tratamiento al penado con miras a la reinserción del mismo”.
Y, a su vez, entendieron que: “En el caso de aquel que reúne la condición de reincidente, resulta indudable que la privación de libertad condicional del artículo 14 Código Penal, constituye una presunción ‘iuris et de iure’, que contiene un juicio de mayor peligrosidad, mayor capacidad delictiva y mayor posibilidad de volver a cometer delitos, afirmaciones que sólo tienen fundamento en la condición previa que el penado ostenta y que fuera objeto de valoración al momento de dictado de la sentencia. Con fundamento en el mismo y en forma apriorística, se veda al mismo la posibilidad de obtener la libertad condicional. ¿Es esto ajustado a parámetros y normas constitucionales? Creemos que la respuesta debe ser negativa”.
Por otra parte, se dijo que “la taxatividad en la redacción de la norma cuestionada (…) impide, a todas luces, una interpretación de la misma dentro de parámetros constitucionales, por todo lo cual considero que corresponde declarar su inconstitucionalidad por lesionar los principios de culpabilidad, lesividad, reserva, derecho penal de acto, autonomía moral, derecho de defensa, readaptación social mínima, principio de judicialidad y tutela judicial efectiva que se desprenden de manera expresa o por derivación de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales integrantes del bloque de constitucionalidad”.
El artículo de mención fue puesta en duda a través de una presentación del defensor oficial Jorge Perano, quien consideró entre otros aspectos que al momento de dictarse la condena “ya se le efectuó una valoración negativa”, en virtud de lo que establece el artículo 50 del mismo Código. Por esa razón, consideró que se estaba aplicando una doble sanción ante un mismo hecho –principio del non bis in ídem–, al impedirle aspirar al beneficio de la libertad condicional.
Este precedente constituye un antecedente de relevancia en la Justicia Federal.
ü Por la inaplicabilidad al caso:
En el ámbito de nuestra Provincia los camaristas formularon las siguientes interpretaciones:
En la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, en el caso MUÑOZ JUAN CARLOS[32] revocan la resolución impugnada y conceden la libertad condicional por entender que la aplicación lisa y llana del art. 14 CP conformaría una solución irrazonable que contravendría el fin del encierro, del tratamiento carcelario y de alguna manera de la pena.
Y dicen “…en este caso puntual, las pautas favorables antes expuestas –concepto y conducta ejemplar, disposición laboral, favorable evolución del tratamiento carcelario y fiel cumplimiento con las obligaciones emanadas del régimen de salidas transitorias- neutralizan la genética prohibición del art. 14, deviniendo arbitraria para el caso, no acceder a su aspiración de libertad anticipada…”.
Además, agregan que los informes carcelarios muestran la aparente readaptación del interno con lo que se cumple el objetivo del tratamiento, por lo que la prohibición legal debe ser descalificada por la CN en su preámbulo, el art. 31 y normas concordantes.
Por lo que, el encierro no es garantía de un progreso mayor que el observado hasta el presente.
En el caso BARRIOS, HECTOR OSCAR, esta misma Sala (siguiendo las mismas líneas de pensamiento) confirma la resolución apelada del Juzgado de Ejecución Penal de Sentencias de Rosario, quien había rechazado la solicitud de libertad condicional por considerarse que en el caso no se observaban pautas que permitan la excepción del art. 14, que es una causal obstativa de tipo objetiva. No surgía una seria lesión a las garantías constitucionales, es decir, a la finalidad de la pena de prisión según lo planteado por la Defensa.
Este es un caso donde el condenado no llevaba ni un año de incorporado al régimen de salidas transitorias, como tampoco al plazo máximo de duración que podría tener las mismas, ni se encuentra incorporado a otro régimen de autodisciplina (tanto semilibertad como salidas por estudio).
En igual sentido, ocurrió con la resolución impugnada de la Jueza de Ejecución que deniega la libertad condicional a GONZALEZ, HIPOLITO[33].
Los camaristas confirman el auto apelado por entender que ninguna consideración especial le merece al penado por sobre la normativa penal que prevé un obstáculo legal para los reincidentes.
Resaltan que, el criterio para autorizar la libertad condicional a reincidentes no lo es por ser inconstitucional tal prohibición, sino por atender al caso particular, y en la situación de examen, “…González ha tenido suficientes consideraciones…”.
En el pedido de libertad condicional de REDAELLI, OMAR ante la Jueza de Ejecución de Rosario, la Dra. Luciana Prunotto, ha entendido que el material obrante en el incidente refleja un “…caso de excepción que hace que mantenernos en la estricta letra de la ley, sin realizar una interpretación armónica con los principios constitucionales que fijan la finalidad de la pena de prisión, redundarían en una solución injusta pero además altamente improductiva a los fines mentados[34]…”.
Asimismo, ha sostenido que “…teniendo en cuenta la progresiva, sostenida y demostrada evolución del penado, que le ha permitido contar actualmente con diversos regímenes de egresos los cuales evidencian su responsabilidad ante las obligaciones asumidas; y considerando que una aplicación lisa y llana del art. 14 C.P. implicaría una solución irrazonable y desproporcionada, siendo contraria (conforme a la C.N. y Tratados con igual jerarquía) al fin de la pena efectiva de prisión, corresponde declarar la inaplicabilidad del art. 14 CP otorgando en consecuencia la libertad condicional por considerar que se dan los requisitos pautados por el art. 13 de la ley sustantiva…”.[35]
La fiscalía interpuso recurso de apelación ante dicha resolución, pero los integrantes de la Cámara de Apelaciones Penal, Sala I, confirmaron el auto impugnado en base a los siguientes argumentos[36]:
· La normativa constitucional establece expresamente que tanto las penas privativas de libertad como el tratamiento del penado dentro del régimen penitenciario tienen como inexorable “finalidad esencial” la reforma y readaptación social del condenado (10.3 PIDCP y 5.6 CADH). Reconocido por la CSJN, que entendió respecto a la prevención especial de la pena, no podía desatenderse de los posibles efectos nocivos del encarcelamiento.
· La ley 24660 LEP, establece como principio básicos de la ejecución de la pena y “en todas sus modalidades” el objetivo que el condenado “adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social” (art. 1), para lo cual contempla un tratamiento programado e individualizado y un régimen penitenciario basado en la progresividad, sin distingo ni discriminación; además consagra el principio de mínima desocializacion en la ejecución de la pena.
· El art. 14 del CP acarrea en principio que los reincidentes no puedan acceder a la soltura anticipada, como consecuencia más grave. El instituto de la reincidencia fue objetado constitucionalmente y controvertido en la jurisprudencia con interpretaciones encontradas.
· Esta Sala no descalifica constitucionalmente por si a la reincidencia, siempre que la aplicación de sus efectos no sea mecánica y en tanto y en cuanto, a partir del caso concreto, atienda a las circunstancias concurrentes y resguarde los principios superiores en juego.
La reincidencia no es un impedimento para que el penado, cuando reúne los recaudos objetivos y subjetivos que fija la ley (art. 15 y ss. LEP), progrese y acceda a los regímenes de confianza y autodisciplina previstos para el periodo de prueba del tratamiento penitenciario, salidas transitorias y semilibertad (16 y 23 LEP). Estas alternativas son el primer paso real en al preparación del reintegro al medio libre y persiguen evitar los efectos negativos que conllevan los encierros prolongados.
· En la colisión entre una “norma-regla” y una “norma-principio” debe privar esta última, resultando la inaplicación o la invalidez del precepto de la regla.
· En el caso, una interpretación y aplicación sistemática e inorgánica del art. 14 del CP impediría que el penado reincidente, que satisface los recaudos exigidos por el art. 13 CP y art. 28 LEP, se le acuerda un derecho legal constitutivo de la fase final de su tratamiento progresivo. Esto no genera incentivos en la población carcelaria y desconoce irrazonablemente los principios superiores de progresividad y reinserción (fines esenciales del tratamiento y la pena).
En la Sala II de la misma Cámara resolvieron los casos VEGA PEREZ, HORACIO AGUSTIN[37] y RAMIREZ, JORGE CLAUDIO[38], que fueron precedentes de los anteriores fallos.
Es clara la postura de los magistrados en considerar que las particularidades del caso en estudio permiten concluir que la aplicación lisa y llana de la prohibición del art. 14, implicaría una solución irrazonable cuando la propia autoridad penitenciaria ha evaluado como optimo la readaptación del interno, entonces la prohibición legal deviene arbitraria para el caso y debe ser descalificada a tenor de lo dispuesto por la Constitución Nacional en su preámbulo, el art. 31 y normas concordantes.
Se fundamenta en la prioridad del principio de readaptación o reinserción social –adoptado por las convenciones internacionales de derechos humanos incorporados a la CN- por sobre la norma o regla establecida por el art. 14 del CP.
En consecuencia, no se acoge la inconstitucionalidad del articulado mencionado sino que se declara inaplicable en el caso concreto por configurar una solución arbitraria en la especie a la pretensión planteada.
Ahora, también, con criterios y fundamentos diferentes se han confirmado autos impugnados, rechazando, así, la solicitud de libertad condicional a reincidentes.
Así, en los incidentes por libertad condicional de PAULAZZO, JEREMIAS GONZALO[39] y SEGOVIA, GUSTAVO ARIEL[40] tramitados ante el Juzgado de Ejecución de Rosario, donde le negaran la misma y fuera confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, se argumentaron que implica la única opción ante el planteo formulado por la defensa, sustentado en la aplicación de la ley penal sustantiva y la jurisprudencia de la Corte Nacional y Provincial.
Y, afirman que la declaración de reincidencia no viola el principio “ne bis in idem”, ni afecta la intangibilidad de la cosa juzgada en perjuicio del reo, en la medida que es la insuficiencia preventiva de un anterior tratamiento, de una anterior pena impuesta –y no la circunstancia de que haya cometido un delito anterior- lo que fundamenta el instituto. Tampoco transgrede el principio de razonabilidad (art. 28 CN) porque es un beneficio legal que solo tiene derecho aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley para su concesión.
El principio constitucional de igualdad no estaría afectado porque éste se manifiesta por el igual tratamiento que merecen quienes se hallan en paridad de condiciones.
A su vez, alegan el precedente de la Corte Nacional en el fallo “Gelabert”[41] donde legitiman el instituto de la reincidencia.
En los fundamentos de la resolución se expresa que el legislador no ha dejado la posibilidad librada al criterio judicial, sino que ha establecido un objetivo obstáculo.
El cumplimiento de los reglamentos carcelarios como causal para excepcionar lo que la misma norma prohíbe no tiene relación con el origen de la misma, al que, habiendo despreciado la anterior pena, reitera nuevamente otra conducta delictiva, por lo que hace necesario un mayor ajuste del tratamiento penológico, y al mismo tiempo, implica una mayor culpabilidad que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho.
Y, en consecuencia, “…de aceptar la inaplicabilidad del art. 14 del CP., conduciría a elimina la reincidencia de nuestro derecho positivo, por cuanto si de acuerdo a la valoración judicial puede concederse la libertad condicional a los reincidentes, prácticamente ningún otro efecto en la legislación vigente traería aparejada esta declaración, lo cual implicaría su derogación tácita por vía de interpretación judicial al vaciarlo de contenido…”
En la Sala IV se esbozaron posturas encontradas, donde en algunos fallos niegan la libertad condicional reivindicando los fundamentos de la prohibición legal y, en otros (por constitución de diferentes integrantes), conceden este instituto reiterando los fundamentos de la Sala II de la misma Cámara.[42]
Ante el Juzgado de Ejecución Penal de esta ciudad tramitaron pedidos de libertad condicional que dieron lugar a interesantes resoluciones judiciales. Entre ellos, cabe destacar el caso de RIVA, MARIANO EZEQUIEL[43], quien cumple una pena de 10 años y 8 meses de prisión con declaración de reincidencia (conmutada por el PE).
En dicho fallo la Jueza de Ejecución, Dra. Prunotto, Luciana, realiza un análisis pormenorizado de la situación concreta del interno y de los principios que rige la ejecución de la pena –la reinserción social- a los fines de valorar si, en el caso concreto, deviene irracional la aplicación de la prohibición establecida en el art. 14 CP y, por tanto, debe ser dejada de lado.
La magistrada señala que las razones que llevó al legislador a regular la prohibición legal en cuestión fue la creencia –iure et iure- de que el que ha vuelto a delinquir precisará mayor tiempo de tratamiento penitenciario (y por ende mayor tiempo de permanencia en al Institución Penal) para llegar al punto de reinserción que le permita reintegrase a la vida libre y cita un fragmento de los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y de la de Senadores de la Nación, 12/01/1984 y 15/02/1984, respectivamente, que dicen: “Quien delinque de nuevo, dentro de los plazos previstos, demuestra que la pena sufrida no fue suficiente para reeducarlo”.
Por lo que, estas intenciones es considera contraria a la esencia de los principios básicos de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad por no permitir al juzgador la posibilidad de valorar excepciones en los casos concretos.
Y, reafirma esta postura en base al precedente “Gomez, R.”[44], donde se ha expresado que se “cristaliza” en un pre-juicio al momento de individualización de la pena y acompaña al penado bajo la forma de juicio desfavorable, no obstante su elección de actividades, acciones, tratamientos y todas las modificaciones que éste pueda libre y voluntariamente efectuar con miras a procurar su reintegración social.
En el caso a examen, se deja claro que la prohibición absoluta violaría los principios básicos de la ley de ejecución, ya que de la misma se permite excepcionar en casos concretos, y por ende, no aplicar genéricamente la prohibición legal. Si se tiene en cuenta los art. 5 y 27 de la LEP se denota que “…el tratamiento tiene dos características: debe responder al caso al que se aplica –pues de los contrario no podrá ser efectivo (incluso puede volverse contraproducente)-, y es necesariamente variable –pues, en la búsqueda de adaptarse al caso en que se ofrece, debe poder actualizarse y modificarse conforme las circunstancias particulares lo requieran- (nótese que la misma ley piensa en que como mínimo cada seis meses debe revisarse)…”[45]
Entre los pronunciamientos citados, refiere al de “Radaelli, Omar s/libertad condicional” de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, resaltando la parte que dice: “…la progresividad del art. 6 de la LEP es una garantía legal de base constitucional que no puede verse limitada por circunstancias anteriores al cumplimento de la pena, como la reincidencia –art. 14-…pues de ese modo, se desatendería además la manda del art. 8 de la LEP en cuanto a que las únicas diferencias en la ejecución de la pena sólo pueden responder al tratamiento individualizado…”.
Es interesante el planteo formulado, en cuanto se recuerda los derechos constitucionales básicos que hacen a la tutela judicial efectiva (art. 8 CADH) y al principio de judicialidad en la ejecución previsto en la ley de ejecución, de ejercer la función de control judicial que le compete a todo tribunal.
Y, en base a ello, comparte con el Alto tribunal que la prohibición del art. 14 CP “…constituye una vulneración del derecho del penado a obtener una tutela judicial efectiva y al amplio ejercicio de control jurisdiccional, al establecer la norma cuestionada, una presunción iure et de iure, ab initio, en contra del penado y violatorio del sistema republicano de gobierno, por todo lo cual resulta claramente inconstitucional…”[46]
Desde una interpretación exegética todos los penados reincidentes estarían inhabilitados en peticionar este derecho, sin importar su trayectoria en la institución carcelaria.
No obstante, su interpretación amerita un análisis lógico e integrado de las normas legales y constitucionales.
El derecho de fondo es derecho constitucional aplicado, por tanto, resulta la herramienta reglamentaria de los principios, derechos y garantías consagradas y reconocidos por la Constitución Nacional, los que no pueden ser afectados o alterados, conforme establece el art. 28.
Ello, responde al reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del estado de derecho y de todo el ordenamiento jurídico.
La finalidad de la ejecución de la pena de encierro es la reinserción social de la persona condenada y a esos fines, el Régimen Penitenciario debe ofertar a la misma un tratamiento técnico interdisciplinario (Art. 1º Ley 24.660 en cc. Art. 10.3 PIDCP y Art. 5.6 CADH).
La resocialización, como principio rector del Sistema Penitenciario, impone que con la ejecución de la pena privativa de la libertad se persigan fines de prevención especial, postura asumida por la moderna doctrina penitenciaria que considera que la misma se circunscribe a que el penado respete la ley penal y que se abstenga de cometer delitos en el futuro.
El Régimen Penitenciario, entendido como el conjunto de reglas que regulan el estilo de vida del interno en prisión, de sus relaciones con la Administración Penitenciaria y con sus pares, para garantizar condiciones mínimas de orden (organización), seguridad (prevención de riesgos) y disciplina (observancia de las normas), se basa en la progresividad (Art. 6 LEP), lo que importa el fraccionamiento de la condena impuesta en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos (Art. 12 LEP); etapas a las que el condenado irá accediendo gradualmente de acuerdo a su evolución en el régimen -y en su caso, en el tratamiento voluntariamente asumido (Art. 5 LEP)-.
La Libertad Condicional importa la última etapa del Régimen Penitenciario e implica el egreso del condenado del establecimiento penitenciario, gozando una suerte de “libertad bajo condiciones”, en razón de las normas de conducta y restricciones que debe cumplir para su conservación, las cuales regirán hasta el cumplimiento total de la pena (Art. 28 LEP cc. Art. 13 y ss. CP).
Por lo que, se comparte la idea de José Daniel Cesano, en que la indagación dogmática de este instituto no puede consistir en un una pura sistematización de su subsistema normativo; con una respectiva asepsia respecto de cuestiones que se enraízan con los principio políticos que traducen la axiología de la constitución y de los tratados internacionales de Derechos humanos. Por el contrario ese enjambre axiológico debe ser un componente central al momento de realizar cualquier labor interpretativa, vinculada con la exegesis de las reglas jurídicas que lo regulan.
El citado autor expresa que “…los Derechos fundamentales no sólo operan como punto de referencia obligado para determinar la validez de las normas legales sino que, además, deben utilizarse como mandatos de optimización, y de esa manera, una interpretación arreglada a los principios axiológicos –consustanciales al texto constitucional- permitirá resolver los posible conflictos hermenéuticos…”[47].
Entonces, en determinados casos concretos las circunstancias de hecho de los solicitantes amerita un tratamiento particular para definir si corresponde concederle la libertad condicional. Lo contario, implicaría analizar la norma en cuestión desde una visión positivista, y “…su aplicación no respondería aquí a las razones que le dieran fundamento; y por tanto, mantenerla, sin someterla a un análisis de razonabilidad y coherencia con el resto del ordenamiento normativo, (especialmente con el de jerarquía constitucional), implicaría violentar el principio de razonabilidad de raigambre constitucional…”[48].
En consecuencia, se comparte con los lineamientos expuestos por la Sala II de la CAP de esta ciudad, su solución sería “…como señala Bidart Campos, la norma debe ser inaplicada, tanto cuando resulta genéricamente inconstitucional, como cuando sin serlo, resulta arbitraria e irrazonable a su utilización en el caso singular y concreto. Ello precisamente se verificaba en aquellas hipótesis donde el mismo servicio penitenciario a cargo de la ejecución había evaluado positivamente la reinserción social del interno…”[49].
ALDERETE LOBO, Rubén, A., La libertad condicional en el Código Penal Argentino; prólogo de Marcos G. Salt. Edit. Lexis Nexis. Buenos Aires, 2007
BACLINI, Jorge C., Condena y libertad condicionales. Edit. Juris, Rosario, 2007
CESANO, José Daniel, Contribución al estudio de la libertad condicional, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2008
CHICHIZOLA, Mario I, El procedimiento para la obtención de la libertad condicional, La Ley 1963, 111-358
DE LA RÚA, Jorge. Código Penal Argentino. Parte General. Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 1997
HERRERA, Julio. La reforma penal, Librería e Imprenta de Mayo J. E. Hall y Cría. Libreros Editores, Buenos Aires, 1911
PEREZ ARIAS, José “Libertad condicional, presupuestos de procedencia a partir de la ley 25.892” en la Revista de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el encierro. Editor FD, Año 1 nº 1, Buenos Aires, 2006
TERÁN LOMAS, Roberto A.M. Derecho Penal. Parte General. T.2, Edit. Astrea, Bs. As., 1980
ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, Manual de Derecho Penal. P. Gral., Edit Ediar, Bs. As. 2005
* BRINDISI, Cecilia, Argentina, domiciliada en 3 de febrero 641 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Asesora Jurídica del Servicio Penitenciario de la Pcia. de Santa Fe. Abogada, Especialista en Derecho Penal y Profesora Superior en Ciencias Jurídicas. Adscripta en cátedra de Derecho Procesal Penal de la UCA de Rosario y docente en la Escuela Penitenciaria. E-mail: cmbrindisi@hotmail.com
[1] ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, Manual de Derecho Penal. P. Gral., edit Ediar, bs. As. 2005, p. 715.
[2] ALDERETE LOBO, Rubén, A., La libertad condicional en el Código Penal Argentino; prólogo de Marcos G. Salt. Edit. Lexis Nexis. Buenos Aires, 2007, p. 26
[3] Ibídem, p.26 con citas de los autores MUÑOZ CONDE FRANCISCO y SALT MARCOS
[4] TERÁN LOMAS, Roberto A.M. Derecho Penal. Parte General. T.2, edit. Astrea, Bs. As., 1980, p. 421
[5] Reseñado por el Dr. Baclini, Jorge C., Condena y libertad condicionales. Edit. Juris, Rosario, 2007, p.114.
[7] HERRERA, Julio. La reforma penal, Librería e Imprenta de Mayo J. E. Hall y Cría. Libreros Editores, Buenos Aires, 1911, p.211 y 212
[8] PEREZ ARIAS, Jose “Libertad condicional, presupuestos de procedencia a partir de la ley 25892” en la Revista de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el encierro. Editor FD, Año 1 nº 1 2006, Buenos Aires, Pág. 16
[9] CHICHIZOLA, Mario I, El procedimiento para la obtención de la libertad condicional, La Ley 1963, 111-358, pag.364
[10] En esta línea de pensamiento también se enrola CHIARIA DIAZ, quien manifiesta que “se trata de un derecho que ampara al justiciable y le permite ocurrir a los órganos jurisdiccionales con la pretensión de su reconocimiento en el caso específico, siendo al propio tiempo un deber inexcusable su otorgamiento, salvo que se quiera incurrir en arbitrariedad al decidir la cuestión bajo juzgamiento, en cuyo caso la resolución devendría en ilegítima e injusta, susceptible de ataque a través de los recursos y medios que correspondan…”. CHIARIA DIAZ, Carlos, Aspectos de la libertad condicional. ED, 1987, 123-939, p.940.
[11] BACLINI, Jorge C., Condena y libertad condicionales. Edit. Juris, Rosario, 2007, p.10, con cita de los autores Zaffaroni, Slokar, Alagia
[12] Opinión de BACLINI, J. (…), p. 121
[13] Así, el Código Penal, en su art. 13, establece los siguientes plazos para que proceda su otorgamiento:
1. Penas de reclusión o prisión perpetuas, 35 años;
2. Penas de reclusión temporal o prisión mayores de tres años, dos tercios de su condena;
3. Penas de reclusión de tres años o menores, un año;
4. Penas de prisión de tres años o menores, 8 meses.
[14] DE LA RÚA, Jorge. Código Penal Argentino. Parte General. Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 1997, p.219 y ss.
[15] LL T.1986-C, p. 312
[16] LL 1987-A, p. 266
[17] En el plenario “Guzman” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del año 1989, esta postura fue defendida por Zaffaroni.
[18] Esta tesis es sostenida por Magariños que parte de la los artículos 18 y 19 para interpretar que la reprochabilidad y la aplicación de la pena al autor sólo adquieren la legitimidad como respuesta a la realización del acto que la ley contempla y carecen de aquélla si aparecen como derivación, aunque sea parcial, de algo distinto, como la personalidad, el carácter o la peligrosidad del individuo. El autor sostiene que “sólo teniendo en claro que por imperio de una garantía constitucional explicita (art. 19, 1ra parte) los tipos penales únicamente pueden contener como materia de prohibición –o mandato- conductas, adquiere a su vez un determinado contenido e principio de culpabilidad, como garantía constitucional implícita del principio de legalidad establecido en el art. 18 de la CN. Esto es, como culpabilidad por el hecho o acto ilícito, pues es sólo en virtud de aquella norma constitucional que el contenido de la reprochabilidad y su alcance máximo estarán determinados previamente por la existencia y gravedad del acto ilícito de que se trate” (Reincidencia y CN, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nro. 7, Ad-Hoc, p.97/8)
[19] En algunos precedentes jurisprudenciales se ha señalado que sobre la reincidencia se dispensa un trato discriminatorio, por el cual se realiza una distinción ilegítima contraria al art. 16 CN, en tanto niega la posibilidad de libertad condicional a los reincidentes. El penalista Julio Maier comparte el criterio haciendo manifiesto que resulta violento la creación de un código penal paralelo para los reincidentes con penas o condiciones distintas para su ejecución –agravadas- respecto de los no reincidentes.
[20] Esta posición parte del postulado de que la pena anterior ha sido insuficiente para evitar la comisión de un nuevo delito, por lo que no cumple con su fin de prevención especial.
[21] Esta teoría le atribuye al delito a la provocación de dos daños: uno inmediato y otro de tipo político. La reincidencia agrava el hecho porque provoca una mayor alarma social, el nuevo delito daña la imagen general del derecho como medio proveedor de seguridad jurídica y ocasiona un daño mayor que la conducta delictiva primaria. La misma posición, aunque más compatible con las ideas sistémicas, reemplaza el daño político por la lesión al interés general en preservación del orden jurídico.
[22] Los defensores de esta postura sostienen que el agravamiento pro reincidencia se basa en al necesidad defensa de la sociedad frente a la persona que, con su persistente actividad delictiva, demuestra una mayor peligrosidad. Esta tesis fue sostenida desde el positivismo.
[23] Ésta legitima el agravamiento de pena por reincidencia en una mayor culpabilidad que justifica la imposición de una condena de efectos más graves. Es decir, que el autor ha experimentado el encierro que importa la condena y no obstante reincide demostrando su insensibilidad anta la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
[24] CESANO, José Daniel, Contribución al estudio de la libertad condicional, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2008, p. 100
[25] ALDERETE LOBO, Rubén, A., La libertad condicional en el Código Penal Argentino; prólogo de Marcos G. Salt. Edit. Lexis Nexis. Buenos Aires, 2007, pág. 179
[26] El art. 75 inc.22 CN incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los que han consagrado a la reinserción social como finalidad esencial de la ejecución penal (PIDCP, CADH).
[27] ALDERETE LOBO, Rubén, A., La libertad condicional en el Código Penal Argentino; prólogo de Marcos G. Salt. Edit. Lexis Nexis. Buenos Aires, 2007, p. 180
[28] En su libro, el autor critica la postura señalada por la CSJN en el fallo “L’Eveque” que rechaza la violación al principio de igualdad en el art. 14 CP, y también a los autores Germán Bidart Campos y Alejandro Carrió.
[29] “SEVILLA GOMEZ, Alberto Oscar s/inconstitucionalidad”, Sala II, CSJ Mendoza, 26/3/2009
[30] A su vez cita fallo de la Corte Federal que ha dicho “La prohibición constitucional que impide el doble juzgamiento por un mismo hecho, ha sido descartada de la reincidencia, toda vez que el non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal” (Fallos 311: 1452; "Gómez Dávalos”, Rta., el 16/10, 86; “Gelabert, Rubén”, Rta. 7/7/87).
[31] “GOMEZ, Roque”, TOF nº 1 de Córdoba, auto nº 104 del 27/07/2010.
[32] “Juan Carlos Muñoz s/libertad condicional”. Sala I, Acdo. Nº 289 del 10 de Septiembre de 2009.
[33] “González, Hipólito s/libertad condicional”, Sala I de la CAP Rosario, Acdo. Nº 303 de 29 de Junio de 2010
[34] Refiriéndose a la reforma y readaptación social del penado.
[35] “Redaelli, Omar s/ libertad condicional”. Juzgado de Ejecución Penal Rosario, Resolución nº 261 del 12 de Mayo de 2010.
[36] “Radaelli, O.”, Sala I de la CAP Rosario, Resolución n· 311 del 20 de Julio de 2010
[37] “Vega Perez, Horacio Agustín s/libertad condicional”(Ac. 116 del 23 de marzo de 2009)
[38] “Ramírez, Jorge Claudio s/libertad condicional” (Ac. 315 del 5 de agosto de 2009)
[39] “Paulazzo, Jeremías Gonzalo s/robo calificado por uso de arma de fuego-incidente de libertad condicional”. (Ac. 349 del 17 de septiembre de 2009)
[40] “Segovia, Gustavo Ariel s/robo calificado- incidente de libertad condicional”. (Ac. 204 del 7 de junio de 2010).
[41] Fallo 311:1209
[42] Ejemplos: Fallos DUBINI octubre 2009, en sentido contrario, Fallo OVIEDO febrero de 2010.
[43] “Riva, Mariano Ezequiel s/ejecución de pena y la presente solicitud de libertad condicional”. Juzgado de Ejecución Penal Rosario, Resolución de fecha 28 de marzo de 2011.
[44] “GOMEZ, R.”, TOF nº 1 de Córdoba, auto nº 104 del 27/07/2010.
[45] En palabras expresas de quien ostenta el poder jurisdiccional, contenidas en autos mencionado.
[46] Ibídem Fallo “Gómez, R”
[47] CESANO, José Daniel, Contribución al estudio de la libertad condicional, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2008, p. 42
[48] Tal como expresa la Jueza de Ejecución de Rosario en el Expte. Nº 506/08, caso Riva.
[49] “Ojeda, Hugo Marcelo”, Sala II de la CAP Rosario, Acdo. n. 160 del 11/11/2010
Unificación de condenas. Determinación de la pena. Máximo de la pena de prisión. Reincidencia. Constitucionalidad.Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, c. FSM 748/2011/TO1/CFC1 “C., D. A. s/ recurso de casación” del 30/11/2015.
Incorporación al régimen de la libertad condicional. Dictamen del fiscal es vinculante.Camara Federal de Casación Penal, Sala I, c. 11721 "L., F. S. s/ legajo de ejecución penal" del 30/11/2015.
Constitucionalidad de la reincidencia. Artículo 50 del Código Penal.Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, causa n° 15.073 caratulada “N., A. P. s/ Recurso de Casación”, rta. 5/10/06