Source: http://www.politicasim.com/t6273-xiii-legislatura-mesa-del-congreso-de-los-diputados
Timestamp: 2018-11-14 04:30:02
Document Index: 175297057

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 99', 'Artículo 56', 'artículo 99', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 270', 'artículo 274', 'artículo 270', 'artículo 274', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 66', 'artículo 149', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 34']

[XIII Legislatura] Mesa del Congreso de los Diputados. - Simulador de Política Española
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso de los Diputados.
por Jaume Espadà i Guillem el Mar 23 Oct 2018 - 22:28
Presidencia de la Mesa: D. Patxi López Álvarez. (GPS)
Vicepresidencia 1a: D. Micaela Navarro Garzón. (GPS)
Vicepresidencia 2a: D. Nagua Goveli Alba. (GPUP)
Vicepresidencia 3a: D. Celia Villalobos Talero. (GPP)
Vicepresidencia 4a: D. Joan Margall Sastre. (GPC)
Secretaría 1a: D. Juan Luis Gordo Pérez. (GPS)
Secretaría 2a: D. Mikel Legarda Uriarte. (GPV)
Secretaría 3a: D. Alicia Sánchez-Camacho Pérez. (GPP)
Secretaría 4a: D. Josep Vendrell Gardeñes. (GPUP)
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Mar 30 Oct 2018 - 23:03, editado 3 veces
Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso de los Diputados.
por Iñigo Azcuénaga el Mar 30 Oct 2018 - 22:12
Proposición No de Ley por la que se insta al Consejo General del Poder Judicial a reprobar y destituir de sus funciones al Juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda de Lo Penal
Hace ya algunas semanas, España, Euskadi y Cataluña se llenaron de conmoción al conocer la noticia de "La Segunda Manada". Seis hombres redujeron y violaron a una mujer, que no iba ni bajo los efectos del alcohol, ni con ropa provocativa, que son las principales causas por las que se acusan a las mujeres de ser violadas. El Juez de la citada sección, además de valorar subjetivamente la sentencia, negó que fuera delito, y, por tanto, cerró el caso. Es por ello, que citamos al Consejo General del Poder Judicial, o, en su defecto, al Ministerio de Justicia a:
Artículo 1. Reprobar al citado juez de la sección y no permitirle volver a ocupar un cargo público durante el resto de su vida.
Artículo 2. Repetir el juicio del caso, con otros magistrados y juez/a diferente.
Artículo 3. Indemnizar debidamente a la víctima del abuso sexual.
Artículo 4. Condenar las acciones y palabras del juez reprobado.
Aitor Esteban, Portavoz del Grupo Parlamentario
Miriam Nogueras Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Crida per la República
Se solicita su tramitación por vía de urgencia
por Felipe VI el Miér 31 Oct 2018 - 19:27
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, vengo en proponer a la Excma. Señora Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón como candidata a la Presidencia del Gobierno.
Palacio de La Zarzuela, 31 de enerode 2019
FDP: Doy 24h para que la presidencia de la mesa inicie la sesión de investidura cuánto antes
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 1 Nov 2018 - 0:20
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56.3 y 64.1 y 2 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria de su majestad en base al artículo 99.1 de la constitución la Presidencia de la Mesa acepta a Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón como candidata a la Presidencia del Gobierno del Reino de España.
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Jue 1 Nov 2018 - 1:35, editado 1 vez
por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:45
Propuesta de Ley de dignificación del trabajo del sector primario
El sector primario integrado por la agricultura, ganadería, silvicultura y psifactorías suponen una parte importante de nuestra economía diversificada. Pero no solo eso, sino porque supone una de las fuentes de trabajo en el medio rural que se está despoblando, por lo tanto es uno de los fijadores de población. Sin embargo vemos cómo este trabajo no es remunerado dignamente por las empresas.
También vemos casos de propietarios de terrenos no explotan sus tierras y por lo tanto no generan empleo para la población local, evitando el progreso socio-económico de todo un municipio o toda una comarca
Articulo 1 Las empresas que tengan contratos con diferentes explotaciones del sector primario deberán de comprar su producto por un valor del 110% del coste de producción del proveedor, que deberá acreditar dichos costes ante un responsable del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Articulo 2 Aquellas empresas que no paguen a los proveedores un valor el 110% del coste de producción serán sancionado con una multa valorada entre 300.000 y 500.000 euros
Artículo 3 Las empresas cuya diferencia entre la venta ( bien directamente o a una tercera empresa) y entre la compra del producto sea superior a un 250% no podrán subir el precio del producto final durante un espacio de 2 años.
Artículo 4 El Ministerio de Agricultura y Ganadería multará con 100 euros por Hectárea cada mes a todos aquellos propietario de un terreno que no lo explote o lo arriende a un tercero.
Artículo 5 El Ministerio de Agricultura y Ganadería dotará de ayudas a aquellos productores del sector primario que quieran reformar sus herramientas de trabajo, pero en ningún caso se tratarán de productos qímicos.
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís
Última edición por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:53, editado 2 veces
por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:47
Propuesta No de Ley a la que se insta a la realización de estudios sobre el Estado de los principales ríos españoles
A lo largo de nuestra geografía podemos encontrar numerosos ríos, afluentes y barrancos, algunos con un gran caudal y otros más humildes, sin embargo hay numeroso ríos que tienen lamentablemente una enorme contaminación y polución, no solo de desechos orgánicos y aguas fetales, sino de sustancias químicas, restos industriales e incluso materiales cancerígenos como el Lindano. Por estos motivos creemos desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea un estudio y análisis de los ríos para evaluar la actual gravedad de nuestros ríos.
Articulo 1 Que el Ministerio de Transición Ecológica realice un estudio sobre la calidad y contaminación de las aguas de los ríos, especialmente en su curso alto
Articulo 2 En caso de un informe que se muestre su contaminación que el Ministerio de Transición Ecológica ponga en marcha depuradoras para garantizar su limpieza y calidad
Artículo 3 Qué el Ministerio de Transición Ecológica multe a las empresas o particulares que han provocado esa contaminación fluvial (en caso de haberla) y que tome las medidas oportunas para evitar una repetición de esos vertidos contaminantes
Juan López Uralde
Responsable del área de Medio Ambiente y Ecología de GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís
Última edición por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:53, editado 1 vez
por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:50
Proposición de Ley orgánica sobre la despenalización de la venta ambulante.
El Derecho Penal solo puede utilizarse para proteger los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves, y solo en la medida que no existan instrumentos menos lesivos. No se cuestiona que la propiedad intelectual e industrial deba ser objeto de protección. Lo que sí es denunciable y rechazable es que esa pretendida protección se lleve a cabo a través de la criminalización de quienes, a cambio de una insignificante cantidad de dinero, venden copias no autorizadas sobre sus mantas; conductas que, por otra parte, no son ni mucho menos la causa de las pérdidas que pudieran sufrir las industrias afectadas.
Con la presente reforma se modula el régimen aplicable a la venta ambulante u ocasional de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual o industrial, reduciendo la misma, estableciendo una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad y excluyendo la responsabilidad penal en supuestos de escasa importancia atendiendo a las circunstancias del caso. Lo anterior, persigue que el Juez pueda adecuar la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida. Esto contribuye a dejar un margen discrecional al Juzgador para adaptar la pena de venta ambulante al caso concreto del que se trate, y dejan de ser punibles aquellas conductas que, por su escasa entidad y atendiendo las circunstancias del autor, no representan un ataque a los bienes jurídicos protegidos por los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Se procede a la modificación del artículo 270.4 y del artículo 274.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con el siguiente tenor:
Uno. El apartado 4 del artículo 270 queda redactado de la siguiente manera:
"4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de tres a doce meses, o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días en atención a la escasa entidad del hecho.
Los anteriores hechos no serán punibles en los casos de distribución al por menor, atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido. En ningún caso los hechos resultaran punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros".
Dos. El apartado 3 del artículo 274 queda redactado de la siguiente manera:
"3. La venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores se castigará con una pena de prisión de tres a doce meses, o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días en atención a la escasa entidad del hecho.
Los anteriores hechos no serán punibles en los casos de distribución al por menor atendidas, las circunstancias del culpable, y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido. En ningún caso los hechos resultaran punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros".
1. Los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.
2. Para la determinación de la Ley más favorable, se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código en su redacción anterior, y con las del Código resultante de la reforma operada por la presente Ley.
3. En todo caso, será escuchado el testimonio del reo.
La presente disposición entrará en vigor al día siguiente a su publicación oficial en el "Boletín Oficial del Estado".
Diputada de #ALaValenciana por Alacant
por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:51
Esta Ley establece cuatro cambios principales en la normativa del autoconsumo.
En primer lugar, se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Este tratamiento simplifica de forma muy notable las modalidades de autoconsumo existentes hasta la fecha, pues solo pasa a ser relevante la existencia o no de excedentes, que en todo caso son tratados como cualquier otra modalidad de producción de energía eléctrica del mismo modo que energía consumida por los autoconsumidores que proviene de la red eléctrica es tratada en las mismas condiciones que cualquier otro consumidor. Queda igualmente suprimido el Registro Administrativo de autoconsumo, cuya razón de ser era la necesidad de control de la energía autoconsumida y que supondría ahora una carga administrativa injustificable.
Segundo, la presente Ley habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico. Para ello, se procede a derogar el artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015.
4. La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de estas no superiores a 100 kW.
5. Reglamentariamente se establecerán las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes, a los que se añadirá una mera notificación al órgano administrativo competente, sin necesidad de obtener previamente permisos o autorizaciones distintos a los establecidos en los citados reglamentos. En particular, las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión."
"3. A estos efectos, el operador del mercado tendrá acceso directo al Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a que se refiere el artículo 21.3, al Registro Administrativo de Distribuidores al que se refiere el artículo 39.4, así como a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y coordinará sus actuaciones con el operador del sistema."
"En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será el 10 % de la facturación anual por consumo de energía eléctrica."
por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:01
Proposición de Ley de Derogación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía se aprobó con el fin de poner paz en momentos de tensión, de liberar presos políticos por el franquismo y absolver a estos de todo delito cometido previamente. No obstante, en lo que se ha acabado convirtiendo es en un escudo para evitar que se juzguen y sentencien todos los crímenes en forma de genocidios y asesinatos cometidos por el régimen franquista. Esta es una situación totalmente inaceptable en una sociedad que se dice democrática, y más si cabe, si se ha mantenido durante más de 40 años. Sobra recodar la recomendación realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2017 al Gobierno de España, por la que se aconsejaba derogar la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Es por ello por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se hace caso del consejo, y por lo que se propone la presente Ley.
Por la presente Ley queda derogada la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:12, editado 1 vez
por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:12
Los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional creado por nuestra Constitución. La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no cumple con esos requisitos, al imponer un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España.
Con la nueva redacción del apartado 6 del artículo 15 se trata de volver a la redacción que tenía el artículo en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007, dotándolo de una mayor coherencia, sin merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito.
La redacción actual resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución y que no encuentra cumplida explicación (o justificación) en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, que introdujo este especial mecanismo de aprobación ajeno al funcionamiento ordinario de nuestro sistema parlamentario.
Es más, la redacción de este apartado ya fue criticada en su momento por el Consejo de Estado en su Dictamen al Anteproyecto de la Ley Orgánica que ahora se reforma. El Consejo de Estado propuso ya entonces la recuperación de un inciso que constaba en el apartado 6 del artículo 15 en las versiones anteriores del anteproyecto de la Ley Orgánica 2/2012 que, en términos similares al antiguo artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, preveía que "si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá a nueva votación del Congreso, aprobándose si este lo ratifica por mayoría simple". El problema que plantea la supresión de esta regla advertía entonces el Consejo de Estado, no ha sido debidamente resuelto en el anteproyecto y debería por ello ponderarse la inclusión de aquélla o la previsión de un tratamiento específico alternativo que permita superar una eventual situación de bloqueo parlamentario a la aprobación del objetivo.
A esta situación de anormalidad normativa, debe añadirse que esta intervención del Senado con capacidad de bloqueo no viene impuesta por ningún precepto constitucional, con lo que nada impide que el legislador orgánico altere el procedimiento actual y recupere el procedimiento parlamentario ordinario. Por el contrario, resulta ciertamente anómalo que se hubiera introducido en la ley orgánica un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos.
En este sentido, esta reforma busca la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. Así, si en la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, la situación entre las Cámaras no es de equilibrio, no se explica por qué debe darse este equilibrio en la aprobación de unos objetivos íntimamente ligados con dichos Presupuestos. Podemos recordar que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro al destacar la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo. Así, la STC 97/2002 destacó "la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales, todo lo cual responde, en definitiva, a la característica configuración del modelo bicameral adoptado por nuestra Constitución".
Como ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Constitucional en su Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre, el Estado es el competente para regular la materia relativa a la estabilidad presupuestaria ex artículo 149.1 CE, apartados 11, 13, 14 y 18 (SSTC 134/2011, de 20 de junio, FJ 11; 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3; y 203/2011, de 14 de diciembre), salvo en aquellos aspectos cuyo conocimiento le ha sido atribuido a las instituciones de la Unión Europa con fundamento en el artículo 93 CE (STC 61/2013, de 14 marzo).
El hecho de que ésta sea una materia de competencia estatal no implica, sin embargo, que las Comunidades Autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos. No obstante, y como también ha sostenido el Tribunal Constitucional en la citada STC 215/2014, de 18 diciembre, esta participación no se consigue a través de la intervención del Senado en el proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, en cuanto en el Senado no están representados los territorios, sino que la intervención autonómica se garantiza con la participación de las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos de dirección política, en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.
Esta participación autonómica se respeta enteramente en la nueva redacción del artículo 6, pues no altera el redactado del apartado 1 del propio artículo 15 que dispone el carácter preceptivo del informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.
El apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera queda redactado de la siguiente manera:
"6. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo.
En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno.
Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.
Si es rechazado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento."
por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:36
Proposición No de Ley de Explicación de Rusia ante posibles injerencias en Occidente.
Después de la última comparecencia del Embajador de Rusia en España, se pudo observar una clara dosis de victimismo, prepotencia y falta de respeto hacia los representantes del Pueblo Español en las Cortes Generales. Se le citó para aclarar las posibles injerencias de Rusia en asuntos políticos de España, y lejos de aclarar las dudas, con sus actitudes, las acrecentó. Debido al no convencimiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de muchos más diputados y diputadas de otros grupos, según nos consta, con la intervención del Embajador ruso, el Congreso de los Diputados insta:
Se insta al embajador de Rusia a comparecer en sesión plenaria al congreso de los Diputados.
por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 18:19
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
por Jaume Espadà i Guillem el Miér 7 Nov 2018 - 17:05
Proposición de Ley de Derogación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Por la presente Ley queda derogado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
por Jaume Espadà i Guillem el Vie 9 Nov 2018 - 23:25
Proposición de Ley de Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
Por la presente Ley se modifica el artículo 34.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quedando establecido de la siguiente forma:
1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y cinco horas semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
por Jesús Aguilar el Sáb 10 Nov 2018 - 8:21