Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-469-13.htm
Timestamp: 2017-10-18 05:37:38
Document Index: 308419324

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 18', 'artículo 46', 'artículo 71', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 46', 'artículo 155', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 46', 'artículo 25', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 48', 'Artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 52', 'artículo 48', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 86', 'artículo 86']

T-469-13
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Naturaleza
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Antecedentes/PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Prórrogas
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Normatividad
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Vigencia, según artículo 46 de la ley 418/97
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Prohibición de regresividad en derechos sociales
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-No hace parte del Sistema General de Seguridad Social de la Ley 100/93, por tanto no fue derogada por ley 797/03 ni Acto Legislativo 01/05
Esta Corporación ha dispuesto que los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad. Cuando el legislador decide adoptar una medida que implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la legislación anterior, debe presumirse la inconstitucionalidad de la medida regresiva, por cuanto el principio de progresividad ordena que, prima facie, estén prohibidas este tipo de medidas. Pero, como lo ha reiterado la Corte en su jurisprudencia, la constatación del carácter regresivo de una medida no conduce automáticamente a que se declare su inconstitucionalidad. Si bien, la adopción de éstas, pueden ser constitucionalmente problemáticas, por desconocer el principio de progresividad, esto sólo opera como una presunción de su susceptible de ser prueba en contrario. En consecuencia, para desvirtuar esta presunción, es necesario que la medida sea justificada, además de adecuada y proporcionada, para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia.
La Corte ha entendido que una medida se entiende regresiva, al menos, en los siguientes eventos: (i) Cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho. (ii) Cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho; (iii)Cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a la satisfacción del derecho. En este último caso la medida será regresiva siempre que la disminución en la inversión de recursos se produzca antes de verificado el cumplimiento satisfactorio de la respectiva prestación (por ejemplo, cuando se han satisfecho las necesidades en materia de accesibilidad, calidad y adaptabilidad).
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES-Evolución jurisprudencial
En concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación, el Estado colombiano se encuentra obligado a aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene prohibido, al menos en principio, retroceder en los avances obtenidos. Por tanto, la Sala concluye que, como regla general, el legislador goza de un amplio margen de configuración de los derechos sociales, puesto que está facultado para modificar la legislación que define su contenido y condiciones de acceso. Sin embargo, cuando el legislador adopta medidas que, frente a una disposición legal anterior, implica un retroceso en su ámbito de protección, dichas medidas son constitucionalmente problemáticas por contradecir el principio de progresividad. Así las cosas, cuando una disposición legal contenga una medida regresiva debe presumirse su inconstitucionalidad prima facie, la cual podrá desvirtuarse cuando se logre establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio de proporcionalidad; (ii) que la medida no desconoce situaciones particulares y concretas consolidadas bajo la legislación anterior, por lo que se muestra respetuosa de los derechos adquiridos
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES-Desarrollo de instrumentos de derecho internacional, concepto y fundamentación
Desde el punto de vista conceptual, la obligación de no regresividad constituye una limitación que los tratados de derechos humanos expuestos, imponen sobre las todas las instituciones al interior del Estado, así como a la totalidad de las ramas del poder público y órganos de control, de adoptar normas que deroguen o reduzcan el nivel de los derechos sociales que disfruta la población. Así las cosas, la prohibición de regresividad no sólo constituye un eje rector de las políticas públicas, sino que constituye una nueva categoría de análisis del concepto de razonabilidad de la ley.
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES-Criterios para la aplicabilidad de medidas regresivas
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES-Inversión de la carga de la prueba y justificación de las disposiciones regresivas por parte del Estado
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Elementos normativos para la exigibilidad de la ley 418/97
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Requisitos de la ley 418/97
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Concepto
MONTO Y PERIODICIDAD DE LA PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Igual a un salario mínimo mensual legal vigente, pago periódico mensual
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Colpensiones es la entidad responsable del reconocimiento
Corresponde a Colpensiones efectuar el reconocimiento de las pensiones que tenía a su cargo el Instituto de Seguros Sociales, a partir de la fecha de inicio del proceso de liquidación de este último, es decir, desde el 28 de septiembre de 2012. Así las cosas, como el Instituto de Seguros Sociales era el encargado de reconocer la pensión para víctimas de la violencia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y en la actualidad se encuentra imposibilitado para efectuar dicho reconocimiento, en virtud a la apertura de su proceso liquidatorio, le corresponde a Colpensiones asumir dicha obligación, a partir de lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 4 del Decreto 2011 de 2012. En síntesis, Colpensiones subrogó al Instituto de Seguros Sociales en las obligaciones que en su oportunidad éste asumió, entre ellas la pensión para víctimas de la violencia. De la misma manera, Colpensiones asumió la defensa de los procesos en los cuales el ISS fue demandado, desde el 28 de septiembre de 2012.
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Fondo de solidaridad pensional es la entidad responsable de efectuar los pagos periódicos
De conformidad con el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, el Fondo de Solidaridad Pensional sería el responsable de hacer efectivo el reconocimiento de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia. No obstante, en razón del encargo fiduciario efectuado por el Ministerio de la Protección Social al Consorcio Prosperar, este último, tiene la obligación de garantizar los pagos periódicos causados por el pago de la prestación social. Una vez establecido la estructura administrativa para el reconocimiento y pago de la prestación objeto de estudio, la Sala hará una breve reflexión sobre los impactos generados por el uso de minas antipersona en el departamento del Putumayo y presentará un estudio cuantitativo con el objeto de determinar si las condiciones que dieron origen la pensión por invalidez para víctimas de la violencia siguen vigente o contrario sensu, fueron superadas.
MINAS ANTIPERSONA-Impacto generado por el uso indiscriminado de minas antipersonales, con énfasis en el Departamento de Putumayo
El departamento de Putumayo, a pesar de no ser el lugar en donde sucede más sucesos relacionados con las minas antipersona, tiene una participación significativa, en la cifra total de víctimas. Así las cosas, esta Sala presentará las cifras oficiales, sobre la situación general de víctimas de minas antipersona y hará énfasis en la situación del departamento del Putumayo, lugar de ocurrencia del hecho que generó esta acción de tutela. La problemática generada por la implementación de minas antipersona y municiones sin explotar en el país, es de orden estructural presentando picos en los años 2005 (1181 víctimas) y 2006 (1234 víctimas), por lo que se puede concluir, que la situación respecto del año en el que se creó la pensión por invalidez para víctimas de la violencia 1994 (85 víctimas) empeoró de manera dramática. A partir de ello lo expuesto puede extraerse las siguientes conclusiones: i. Que la situación que impulsó la creación de instrumentos para la convivencia ciudadana (Ley 104 de 1993) no solo había desaparecido para el año 2006 (año en el que no se prorrogó la prestación estudiada) sino que se incrementó con respecto al año 1993, en 1400%. ii. Que a la fecha de interposición de esta acción de tutela, la cifra de accidentes por minas antipersona se había reducido, respecto de los años con situaciones críticas en un 50%, para una cifra total de 700%, respecto del año en el cual se creó la prestación objeto de estudio. iii). Que no obstante, la reducción periódica de los accidentes producidos por la explosión de minas antipersona en el departamento del Putumayo, en relación con períodos críticos, es decir, en los años 2005 y 2006, la situación no ha podido ser superada y la población civil, sigue dependiendo de acciones concretas por parte del Estado colombiano, para mitigar las consecuencias de los ataques indiscriminados a la que está expuesta, por causa de la ocurrencia del conflicto armado interno.
La acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia contemplada en la Ley 418 de 1997, es procedente siempre y cuando se acrediten los requisitos, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional.
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Caso en que se solicita pensión por invalidez para víctimas de la violencia por ser víctima de mina antipersonal
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el día 13 de enero de 2012, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Fernando Gilberto Arbeláez Insuasti contra el Ministerio de la Protección Social – FOSYGA - y el Instituto de Seguros Sociales.
El ciudadano Fernando Gilberto Arbeláez Insuasti, presentó acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social – FOSYGA - y el Instituto de Seguros Sociales, tras considerar que esas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y, el mínimo vital, con base en los siguientes:
1.1 El 31 de mayo de 2010, en la vereda de San Pedro Guadalupe zona rural de la Inspección de Policía de Puerto Limón, municipio de Mocoa, el ciudadano Fernando Gilberto Arbeláez Insuasti, fue víctima de una mina antipersonal, atribuida al grupo armado ilegal FARC. Este hecho fue certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Dirección Regional Sur – Sede Mocoa; por la Personería Municipal del Departamento de Mocoa y, por la Alcaldía Municipal del Departamento de Mocoa (cuaderno principal de la demanda, folios 6º al 8º)
1.2 El ciudadano Arbeláez Insuasti trabajaba realizando oficios varios, en las fincas cercanas de la vereda San Pedro Guadalupe, con lo cual proveía el único sustento para su hogar compuesto por su compañera permanente y sus tres hijos menores de edad. Debido a la ocurrencia del siniestro no pudo volver a trabajar, en razón de las condiciones geográficas de la zona demandan que los trabajadores tengan que caminar largas distancias para revisar los sistemas de riego, recoger las cosechas y solucionar las dificultades que se presenten en las fincas.
1.3 La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Departamento del Huila, le efectuó un examen para determinar su porcentaje de pérdida de capacidad laboral (en adelante P.C.L), el cual analizó los factores de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Así, en concepto del 13 de diciembre de 2010 dictaminó que su P.C.L. ascendía a 56.15% (cuaderno principal de la demanda, folios 9º al 12).
1.4 Con el resultado de la calificación de P.C.L., presentó derecho de petición ante el Ministerio de la Protección Social, el 22 de Febrero de 2011, solicitando la aplicación del artículo 46 de la Ley 418 de 1997[1], que otorgaba una pensión de carácter vitalicio en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, a aquellas personas víctimas de la violencia que con ocasión al conflicto armado interno, habían sufrido una P.C.L. superior a 50%.
1.5 En escrito del 9 de mayo de 2011, el Ministerio de la Protección Social, le comunicó que no era competencia de esa entidad reconocer la pensión reclamada, ya que no existía mandato legal alguno que le facultara ello. Con el propósito de sustentar dicha afirmación, manifestó que el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 había sido modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, y además, que las disposiciones de éste se entendieron derogadas por la Ley 797 de 2003[2]. Aunado a ello, expuso que la Ley 797 de 2003 acabó con el reconocimiento de pensiones bajo regímenes especiales, a partir del 29 de enero de 2003, fecha en la cual entró en vigencia dicha disposición legal, al disponer que “no podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley.”. Con base en ello, manifestó que la dicha norma derogó tácitamente el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por tratarse de una norma posterior que contempla disposiciones contrarias a las previstas en la ley anterior, tal como lo establece la regla de interpretación de las leyes en el tiempo prevista en el artículo 71 del Código Civil.
1.6 Por medio de oficio No. 12310-126676 del 9 de mayo de 2011, la Directora General de Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de la Protección Social, mediante oficio No. 12310-126676, puso en conocimiento de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales, el derecho de petición instaurado el ciudadano Arbeláez Insuasti. El 22 de agosto de 2011, esa oficina se pronunció sobre el asunto en referencia, realizando las siguientes observaciones:
Aunado a lo expuesto, concluyó que si bien la Ley 1106 de 2006 extendió los efectos de algunos de los artículos de la Ley 782 de 2002[3], no hizo lo propio con relación al artículo 18, el cual consagraba la Pensión por Invalidez para las víctimas de la violencia, razón por la cual no era procedente reconocer la prestación solicitada.
2. De la acción de tutela
2.1 Fundamentos y pretensiones
2.2.1 Ministerio de la Protección Social.
Debido a que el artículo 7° de la Ley 1444 de 2011escindió el Ministerio de la Protección Social, en: i) el Ministerio de Salud y de la Protección Social, y ii) el Ministerio del Trabajo[4]; este último se pronunció sobre la demanda de tutela, en virtud a que la prestación reclamada se efectuaba con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional.[5]
2.2.2 Ministerio del Trabajo.
El Ministerio manifestó que, por medio de oficio No. 126664 del 9 de mayo de 2011, había dado respuesta a las pretensiones del accionante, en el sentido de exponerle que la normatividad vigente no permitía el reconocimiento de la pensión para víctimas de la violencia, consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Para sustentar su afirmación, expuso que la Ley 1106 de 2006 no prorrogó la prestación solicitada por el accionante, razón por la cual su petición devenía improcedente, entre otras cosas, porque el hecho que generó su estado de invalidez, sucedió con posterioridad a la pérdida de vigencia de la disposición legal que otorgaba la pensión.
2.2.3 Instituto de Seguros Sociales.
2.3 Del fallo de tutela.
3.1.1 Auto 5 de julio de 2012:
a. Informe a esta Corte si tiene conocimiento, sobre algún tipo de proceso o actuación que hubiere adelantado el señor Fernando Gilberto Arbeláez Insuasti ante la U.A.R.I.V.
b. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, indique cuál es el objeto de los mismos, el estado actual, y las decisiones adoptadas en relación a éstos.
b. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta, sea afirmativa, establezca la cantidad de personas que conviven en la vivienda y la relación de éstas con el accionante.
3.1.2 Auto del 12 de julio de 2012:
3.2 Respuesta de las entidades requeridas
3.2.1 Respuesta del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA)
El Ministerio de Trabajo se pronunció sobre los requerimientos efectuados por la Sala, en el Auto del 12 de julio de 2012[6], afirmando que en diferentes oportunidades ha solicitado a esta Corte la revisión de fallos de tutela sobre la pensión para víctimas de la violencia dispuesta en la Ley 418 de 1997, debido a que “encuentra preocupante” que algunos jueces de tutela estén reconociendo prestaciones no previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, como la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, con cargo a recursos públicos, hecho que en su concepto, genera inequidad y afecta la sostenibilidad financiera del sistema, además de tener potencialidad de convertirse en fuente de corrupción.
También expuso, que a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, el legislador dispuso que no habrían regímenes especiales ni exceptuados, y que para la liquidación de las mesadas pensionales sólo se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales las personas hubieren efectuado sus cotizaciones[7], por lo cual, a partir de la vigencia de ese acto[8], las normas que consagraban la pensión para víctimas de la violencia devinieron en inconstitucionales. De esta manera, concluyó que no hay fundamento para que alguna entidad o autoridad pública reconozca o conceda una pensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.
3.3.3 Respuesta del Instituto de Seguros Sociales.
a. Ley 104 de 1993:
A partir del recrudecimiento de la violencia en 1992, con ocasión al conflicto armado interno, el Gobierno Nacional emprendió la búsqueda de mecanismos legales que permitieran la disposición de ayudas económicas a la ciudadanía afectada por las acciones de grupos armados ilegales. El 8 de noviembre de 1992, por medio del Decreto 1793, declaró el estado de conmoción interior; mecanismo con el cual se pretendía contrarrestar las acciones de los grupos de delincuencia organizada, puesto que éstos persistían en sus prácticas de violencia contra el Estado y la población civil.
Durante la vigencia del mismo, el Gobierno Nacional decretó medidas encaminadas garantizar la atención integral de las víctimas de atentados terroristas dentro del marco del conflicto armado. Por medio del Decreto 263 de 1993, subrogado por el Decreto 444 de 1993, dictó medidas con el objetivo de garantizar la atención hospitalaria, asistencia humanitaria, médica, quirúrgica y hospitalaria, así como a brindarles apoyo económico para la reparación de los daños causados por tales acciones. También presentó el Proyecto de Ley No. 40 de 1993[9], con el objetivo de que las medidas expuestas tuvieran carácter permanente.[10]
El referido proyecto fue aprobado y se expidió la Ley 104 de 1993, la cual desarrolló algunos mecanismos encaminados a fortalecer la convivencia ciudadana y restablecimiento del orden público[11], con el propósito de contrarrestar algunos de los factores que generaban violencia en el país.[12]
De esta manera, la disposición legal expuesta recoge el contenido básico del Decreto 443 de 1993 y regula diversos mecanismos a través de los cuales se materializan dichos principios y propósitos de apoyo y atención integral, especialmente en los campos de asistencia de salud, vivienda, educación, crédito a víctimas de atentados de las acciones terroristas. A partir de esa norma se diseñó un modelo institucional, que en un primer momento asumió el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República[13], para coordinar la financiación y cofinanciación de los diferentes programas de atención a víctimas, entre los cuales asumir el costo de la pensión para los civiles víctimas del conflicto armado del país que carezcan de otra posibilidad pensional y que hayan sufrido una disminución de su capacidad laboral igual o superior al 66%.
b. Ley 241 de 1995
Así las cosas, la Ley 241 de 1995 aumentó el grado de la protección a la ciudadanía víctima de la violencia, puesto que se exigió 50% de pérdida de capacidad laboral, y no un 66% como se estipuló en la ley precedente. En ese sentido, se concluye que hubo un avance significativo en seguridad social, de carácter progresivo y con vocación de permanencia, esto es, hasta el momento en que se superaran las condiciones de orden público que dieron origen a dicha prestación.
c. Ley 418 de 1997
Esta ley derogó de manera expresa a la Ley 104 de 1993. No obstante, por iniciativa del Gobierno Nacional y ante la pérdida de vigencia de la Ley 241 de 1995, se propuso al Congreso de la República una serie de ajustes para mejorar la eficacia material de la ley derogada. De conformidad con la exposición de motivos del Proyecto de Ley 75 de 1997 (Senado de la República) y 92 de 1997 (Cámara de Representantes), se manifestó que las condiciones de orden público y las causas concretas que justificaran la expedición de la Ley 104 de 1993, habían variado y adquirido otra connotación[14], sin que ello implicara que esos presupuestos habían sido superados.[15]
En atención a lo expuesto, el Gobierno Nacional argumentó que el desarrollo de mecanismos legales de protección para la población víctima de la violencia, adoptados en la disposición legal anterior, esto es la Ley 241 de 1995, había significado un importante avance para mitigar los impactos sobre la población civil, con ocasión al conflicto armado interno. Así, propuso que la pensión para víctimas de la violencia consagrada en el artículo 45 de la Ley 104 de 1993, modificado por el artículo 15 de la Ley 241 de 1995, fuera adoptada nuevamente.[16]
“Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.”[17]
En conclusión, la disposición legal expuesta definió de manera clara y precisa los requisitos para acceder a la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, es decir: i) la condición de víctima con ocasión al conflicto armado interno; ii) acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; y iii) que el beneficiario de la prestación carezca de cualquier otra posibilidad para acceder a una pensión. También, identificó la entidad responsable de cubrir los gastos en que se incurra por ese concepto, el obligado a reconocerla y la institución encargada de efectuar los pagos periódicos. Hechas estas precisiones, la Sala entrará a revisar la vigencia de la norma, a partir de sus respectivas prórrogas, con el propósito de determinar cuál es el estado actual de la prestación.
3.2 La ley en el tiempo. Vigencia de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, dispuesta en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997.
a. Ley 548 de 1999
Por medio de esta norma, el legislador extendió algunos de los efectos de la Ley 418 de 1997, por un período de 3 años, argumentando que “la convicción de que los instrumentos jurídicos que la ley pone a disposición del Gobierno Nacional han cumplido con su propósito y han sido primordiales para alcanzar el punto en el que nos encontramos hoy. Contar con ellos durante el proceso en que estamos empeñados y que progresivamente nos acercara a la distención y finalización del conflicto es de la mayor importancia.”[18]
b. Ley 782 de 2002
Por medio de esta, se prorrogó por un período de cuatro años, la vigencia de la Ley 548 de 1999, que a su vez había extendido los efectos dispuestos en la Ley 418 de 1997. En esa oportunidad, el legislador trabajó sobre el concepto de víctima, haciéndolo extensivo también a los menores de edad. Además amplió las categorías legales para designar las diversas acciones efectuadas contra la población civil, incluyendo términos como masacres y ataques indiscriminados, así: “(…) Las muertes individuales, masacres selectivas por motivos ideológicos o políticos, ataques indiscriminados a poblaciones, combates y atentados terroristas igualmente, se considera como víctima a todas las personas menores de edad que se encuentran involucradas en el conflicto armado (…)”[19]
Esta norma modificó la Ley 100 de 1993, aumentando los requisitos para acceder a la pensión por vejez. Por medio de ésta, se aumentaron las semanas necesarias y la edad para pensionarse de los afiliados que no pertenecieran al régimen de transición. De conformidad con el artículo 2º literal (l) de la Ley 797 de 2003, se estableció que en ningún caso para acceder al reconocimiento de la pensión se podría sustituir cotizaciones o tiempos de servicio por el cumplimiento de otros requisitos, razón por la cual, algunas entidades, consideran que esta norma derogó tácitamente el artículo 46 de la Ley 418 de 1997.
Sobre el particular, esta Corte ha expuesto que la pensión para víctimas de la violencia, dispuesta en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, no se debe enmarcar dentro de las prestaciones generales reconocidas por el régimen de seguridad social integral consagrado en la Ley 100 de 1993. Así lo dispuso en Sentencia T- 463 de 2012, en la cual se pronunció sobre un caso similar y concluyó que, las prestaciones reconocidas en la Ley 100 de 1993, exigen como requisito previo la realización de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales y pensión, situación que difiere ampliamente de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión para víctimas de la violencia.[20]
Aunado a ello, expuso que, mal podrían las entidades administrativas encargadas del reconocimiento de la pensión especial mínima de invalidez, exigir presupuestos legales que la Ley 418 de 1997 no contempla. Esto tiene como fundamento, el hecho que una norma posterior estaría haciendo más gravosa la situación de los sujetos de especial protección que fueron beneficiados con el aludido beneficio y de contera se les haría nugatorios los derechos fundamentales reconocidos en desarrollo del artículo 48 superior.[21]
De igual manera, reitera los argumentos expuestos por la Sala de Revisión número cinco[22], en la cual se concluyó que la prestación objeto de estudio es de carácter excepcional, con fundamento en la ocurrencia de un hecho violento, que tiene como consecuencia la disminución de la capacidad laboral, hasta el punto de no permitirle a la víctima producir el sustento mínimo para su familia. En aquella oportunidad se citó jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido que:
“Es claro que la seguridad social está regulada por normas que fijan los requisitos mínimos para tener derecho a sus beneficios, sin embargo, el objeto de la presente acción de tutela, es la pensión mínima que se concede como consecuencia de un acto violento, que se encuentra regulada por disposiciones propias y exclusivas que surgen por la situación de violencia del País, cuyo régimen especial exime a sus beneficiarios de los requerimientos propios del ordenamiento prestacional.”[23]
ii) El campo material de la Ley 797 de 2003, esto es, (requisitos para acceder a los diferentes tipos de pensiones[24] contemplados en la Ley 100 de 1993), es diferente al dispuesto en la Ley 418 de 1997.
d. Acto Legislativo 01 de 2005
Así las cosas, esta prestación de carácter excepcional no debe confundirse con las contempladas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, estipuladas en la Ley 100 de 1993. Por tanto, la entidad encargada de su reconocimiento, no puede exigir requisito alguno que no se encuentre expresamente consagrado en la norma especial que la creó. En ese orden de ideas, mal haría cualquier entidad del Estado en afirmar que es una pensión ordinaria de invalidez, o que debe aplicarse los requisitos de cotización y tiempos de servicio establecidos para las pensiones del régimen contributivo.[25]
Este asunto adquiere especial relevancia, pues la prestación estudiada fue prorrogada de manera sucesivas en varias disposiciones legales[26], sobre la base según la cual, las causas que dieron origen a la misma no pudieron superarse. Como se estudió en un primer momento, la pensión para víctimas de la violencia requería requisitos más gravosos para poder acceder a ella; con posterioridad se amplió su espectro de protección, al incorporar en la categoría de víctimas a los menores de edad y al disminuir el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de un 66% a 50%, para ser beneficiario de la misma. De esta manera, la pensión analizada tuvo significativos avances de carácter progresivo, aumentando de manera programática sus niveles de protección.
Por tanto, la Sala concluye que la pensión para víctimas de la violencia ha tenido un carácter progresivo, asunto de la mayor trascendencia, puesto que cuando la Ley 1106 de 2006 no prorrogó la prestación objeto de estudio, pudo incurrir en una medida de carácter regresiva, al desconocer los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Al respecto, la Corte ha expuesto que “cuando una norma retrocede, por cualquier vía, el nivel de satisfacción de un derecho social, inmediatamente debe presumirse inconstitucional.”[27] Esto explica la obligación de todas las instituciones al interior del Estado colombiano, de garantizar los derechos sociales de manera progresiva.
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación[28], la presunción expuesta en el párrafo anterior admite prueba en contrario. “En este sentido la Corte ha señalado que la prohibición de regresividad es apenas una prohibición prima facie y no absoluta.”Por tanto, la adopción de medidas regresivas en materia de derechos sociales, no es inconstitucional per se. La jurisprudencia de esta Corte, además de un amplio sector de la academia, reconoce que en ocasiones es plausible acudir a medidas de carácter regresivas prima facie, si se cumple una serie de requisitos especiales, dispuestos para tal fin. Estos serán objeto de estudio del siguiente capítulo, en el cual, además, se analizará si el silencio guardado por el legislador, respecto de la prórroga de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, es razón suficiente para concluir que esa prestación fue derogada, tal como lo afirman las entidades accionadas.
Esta Corporación ha expuesto[29] que el principio de progresividad es uno de los aspectos relacionados con la eficacia de los derechos constitucionales que la jurisprudencia de la Corte más ha analizado, en especial a la luz del derecho internacional de los derechos humanos (en adelante DIDH), conforme lo prescribe el artículo 93 C.P. La Corte, en ejercicio de su función de guarda de la integridad de la Constitución, ha interpretado el principio de progresividad, a fin de hacerlo armónico con la vigencia de las demás disposiciones superiores y, en especial, con la garantía de los derechos constitucionales.
En Sentencia C- 288 de 2012 se expuso que el principio de progresividad de los derechos sociales consiste en la obligación del Estado de “seguir hacia adelante” en la consecución del goce pleno de estas garantías. “Quiere esto decir que los Estados no pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de los mismos, sino que deben propender por el aumento de la cobertura y de las garantías que le son propios, hasta el máximo posible, a través del establecimiento de medidas legislativas y de cualquier otra índole. De otro lado, el principio de progresividad implica la prohibición correlativa de regresividad, de acuerdo con la cual una vez se ha llegado a determinado nivel de protección, el Estado encuentra vedado retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, el cual demuestre que la medida regresiva es imprescindible para cumplir con el fin constitucionalmente imperioso.”[30]
Aunado a ello, esta Corporación ha dispuesto que los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad.[31]
Pero, como lo ha reiterado la Corte en su jurisprudencia, la constatación del carácter regresivo de una medida no conduce automáticamente a que se declare su inconstitucionalidad. Si bien, la adopción de éstas, pueden ser constitucionalmente problemáticas, por desconocer el principio de progresividad, esto sólo opera como una presunción de su susceptible de ser prueba en contrario. En consecuencia, para desvirtuar esta presunción, es necesario que la medida sea justificada, además de adecuada y proporcionada, para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia.
(i) Cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho.[32]
(ii) Cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho[33];
En este último caso la medida será regresiva siempre que la disminución en la inversión de recursos se produzca antes de verificado el cumplimiento satisfactorio de la respectiva prestación (por ejemplo, cuando se han satisfecho las necesidades en materia de accesibilidad, calidad y adaptabilidad).[34]
Como el propósito de este capítulo es sintetizar los principales pronunciamientos proferidos por esta Corporación respecto a los límites a la actividad legislativa debido a la observancia del principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, la Sala presentará algunas decisiones que muestran la evolución de esta doctrina constitucional.[35]
Sobre el particular la Corte advirtió que, en primer lugar, el límite temporal previsto en la mencionada disposición, no contemplado en las normas precedentes, implicaba un retroceso en la protección adelantada en materia laboral, en especial respecto de aquellos trabajadores de las entidades reestructuradas que debido a su condición de especial protección constitucional disponen de una estabilidad laboral reforzada, la cual resulta vulnerada al introducir un límite temporal a su protección. Aunado a lo anterior, dicha medida desconocía el deber especial a cargo del Estado de proteger a aquellas personas que se encuentran en debilidad manifiesta. En aquella oportunidad estimó que “si en términos generales los retrocesos en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos, tal prohibición prima facie se presenta con mayor intensidad cuando se desarrollan derechos sociales de los cuales son titulares personas con especial protección constitucional.|| Así las cosas, el legislador desconoció tanto la prohibición de retroceso en la protección como el mandato de trato diferenciado derivado del artículo 13 C.P.”
En Sentencia C-789 de 2002 la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 36 incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993, la cual excluía del régimen de transición a aquellas personas de determinada edad que decidieran voluntariamente cambiarse de sistema de cotización[36]. En esta oportunidad la Corte debía determinar si el acceso al régimen de transición en materia pensional constituía un derecho constitucional adquirido para aquellas personas que no habían cumplido con los requisitos para obtener la pensión, pero que al momento del tránsito normativo ya contaban con cierto tiempo de cotización, o si por el contrario, le era permitido al legislador modificar las condiciones de dicho acceso.
“La Corte también ha sostenido que el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. Ello se debe a que, por encima de cualquier protección a estos intereses, prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.[37]|| (…) La Constitución delega al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le da un amplio margen de discrecionalidad para hacerlo, precisamente para garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y para darle eficacia a los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta. De tal modo, es necesario que el legislador pueda transformar las expectativas respecto de la edad y tiempo de servicios necesarios para adquirir la pensión, de tal forma que el Estado pueda cumplir sus obligaciones en relación con la seguridad social, a pesar de las dificultades que planteen los cambios en las circunstancias sociales.[38] Por tal motivo, la Corte, refiriéndose a los regímenes de transición, ha sostenido que una concepción semejante implicaría la petrificación del ordenamiento, en desmedro de diversos principios constitucionales.[39]”
Sin embargo, la Corte indicó que la actuación del legislador no es absolutamente libre, sino que por el contrario está limitada por las expectativas legítimas, que si bien no pueden conducir a la “petrificación del ordenamiento”, deben recibir determinado grado de protección, pues los tránsitos normativos deben ajustarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, la expectativa de acceder a una pensión se torna legítima cuando más cerca está la persona de cumplir los requisitos para su reconocimiento. Bajo esta óptica, una modificación que haga más exigente el acceso a este derecho social deberá estar plenamente justificada.[40]
Parte de esta línea argumentativa ha sido objeto de estudio al interior del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la ya citada Observación General No. 3, expuso que “el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo.
Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.|| Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo.|| Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.
Finalmente en Sentencia C-556 de 2009, la Corte se pronunció sobre la obligación que tienen las autoridades de demostrar de manera clara, la existencia de razones imperiosas que imposibiliten la adopción de otros mecanismos para cumplir con esa prestación.[41]De esta manera, del principio de progresividad o, como lo ha considerado esta Corte la obligación de moverse lo más rápidamente posible hacia la meta, se derivan la prohibición de regresividad, lo que refiere a las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente.
Así, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación[42], el Estado colombiano se encuentra obligado a aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene prohibido, al menos en principio, retroceder en los avances obtenidos. Por tanto, la Sala concluye que, como regla general, el legislador goza de un amplio margen de configuración de los derechos sociales, puesto que está facultado para modificar la legislación que define su contenido y condiciones de acceso. Sin embargo, cuando el legislador adopta medidas que, frente a una disposición legal anterior, implica un retroceso en su ámbito de protección, dichas medidas son constitucionalmente problemáticas por contradecir el principio de progresividad. Así las cosas, cuando una disposición legal contenga una medida regresiva debe presumirse su inconstitucionalidad prima facie, la cual podrá desvirtuarse cuando se logre establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio de proporcionalidad; (ii) que la medida no desconoce situaciones particulares y concretas consolidadas bajo la legislación anterior, por lo que se muestra respetuosa de los derechos adquiridos.[43]
5.1 Concepto y fundamentación
Por medio del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Pacto o, PIDESC), el Estado colombiano se comprometió[44] a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios aprobados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos allí reconocidos[45]. No obstante, cabe preguntarse qué se ha entendido y que se entiende por medidas progresivas.
Para Abramovich y Courtis[46], la noción de progresividad abarca dos sentidos complementarios: i) el reconocimiento de que la satisfacción plena de que los derechos establecidos en el Pacto supone una cierta gradualidad y, ii) que la noción de gradualidad implique el sentido del progreso. Respecto al primero, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó en su Observación General No. 3, “La Índole de las obligaciones de los Estados Partes”:(…) El concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo. En ese sentido la obligación difiere significativamente de la contenida en el artículo 2º del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que supone una obligación inmediata de respetar y asegurar todos los derechos relevantes.
Sin embargo el hecho de que el Pacto prevea que la realización requiere un cierto tiempo, o en otras palabras sea progresiva, no debe ser malinterpretada en el sentido de privar a la obligación de todo contenido significativo. Se trata por un lado de un mecanismo necesariamente flexible, que refleja las necesidades del mundo real y las dificultades que representa para todo el país el aseguramiento de la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra lado, la frase debe ser leída a la luz del objetivo general que constituye la raisond’être del Pacto, es decir, el establecimiento de las obligaciones claras a los Estados Partes al respecto de la plena realización de los derechos en cuestión. Por ende, impone la obligación de moverse tan rápida y efectivamente como sea posible hacia la meta.[47]
Respecto al segundo, la doctrina especializada señala que la noción de progreso implica la obligación estatal de “mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.”[48]
Por su parte, el Comité expone que las medidas que el Estado debe adoptar para la plena efectividad de los derechos reconocidos deben ser “deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el pacto”.[49] De esta obligación estatal de implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pueden extraerse algunas obligaciones concretas, pasibles de ser sometidas a revisión judicial en caso de incumplimiento. En ese sentido, la obligación mínima asumida por el Estado al respecto, es la obligación de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas y de crear normas jurídicas, que desconozcan las medidas progresivas adoptadas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, desarrollados por mandato de tratados internacionales o por disposiciones internas.
De conformidad con lo expuesto, cuando el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos “simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes”.[50] Por esa razón, se concluye que la obligación asumida por el Estado respecto a los derechos sociales está sometida a un mandato de permanente ampliación en el grado de protección, de manera que la derogación o reducción de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido.
5.2 Criterios para la aplicabilidad de medidas regresivas.
De conformidad con lo expuesto, las disposiciones legales de carácter regresivo, tienen presunción de ser inconstitucionales. No obstante, como también se afirmó con anterioridad, esta Corte ha señalado que la prohibición de regresividad es apenas una prohibición prima facie, más no absoluta[51], que puede ser desvirtuada si se cumple con la respectiva carga argumentativa para tal fin. Instrumentos como el PIDESC, los desarrollos doctrinarios y la jurisprudencia de esta Corporación, constituyen herramientas valorativas para determinar si una medida regresiva puede ser implementada en nuestro ordenamiento jurídico. Los requisitos para efectuar dicho estudio corresponden a tres criterios principalmente: i) la razonabilidad de la limitación; ii) la justificación de la medida y; iii) la necesidad de la misma.
Así las cosas, la Corte comparte lo expuesto por sectores de la doctrina especializada respecto a los criterios para la adopción de medidas regresivas, siendo el primero de estos el concerniente a la razonabilidad. De acuerdo con estos aportes doctrinales, una primera cuestión vinculada a éste, es “que la especie legal” no sea directamente contraria al “genero constitucional”.[52] Esto es, no viole el principio de subsunción[53], pulverizando, desnaturalizando o destruyendo la esencia del derecho que reglamenta, o reconociéndolo más allá de los límites de su definición, de un modo exorbitante, afectando así otros derechos constitucionales.
La segunda cuestión, es que la restricción de los derechos se encuentre justificada por los hechos o circunstancias sociales que le han dado origen y por los fines lícitos perseguidos por la norma. De esta manera la restricción tiene su fundamento en el propósito de tutelar intereses generales que son dentro de organización del Estado superiores a los derechos individuales, y para ello, la misma constitución confía al congreso la facultad de dictar todas las leyes que resulten convenientes para la realización del Estado Social de Derecho.[54]
5.3 De las obligaciones del Estado para la adopción de medidas regresivas. Inversión de la carga probatoria y justificación de las disposiciones.
En consecuencia corresponde al Estado demostrar la estricta necesidad de la disposición regresiva[55]. Esto supone la demostración por parte del Estado de:
a) la existencia de un interés estatal permisible
c) la inexistencia de cursos de acción alternativos o menos restrictivos del derecho[56] en cuestión.[57]
6. Elementos normativos para la exigibilidad de la Ley 418 de 1997
De manera general, dos son los requisitos para poder acceder a la pensión por invalidez para víctimas de la violencia contemplada en la Ley 418 de 1997. El primero de ellos hace referencia a la calidad de víctima contemplada en el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, que adjudica dicha calidad a “... aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno.”
No obstante, a partir del 28 de septiembre de 2012 el Instituto de Seguros Sociales entró en proceso liquidatorio, por medio de Decreto 2012 de 2012, el cual suprimió de la estructura del mismo, entre otras, las siguientes funciones: “Garantizar a sus afiliados y beneficiarios el pago de las prestaciones económicas en materia de salud, riesgos profesionales y pensiones,[58] de acuerdo con las normas legales vigentes.”[59]
En ese orden de ideas, el Instituto de Seguros Sociales era el competente para efectuar reconocimientos pensionales, inclusive el de la pensión para víctimas de la violencia, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y hasta en que esa entidad perdiera su competencia para ello, es decir, hasta el 27 de septiembre de 2012, en virtud del Decreto 2012 de 2012. No obstante ante la apertura del proceso liquidatorio de esa entidad, las obligaciones derivadas del reconocimiento y pago de pensiones fueron asumidas por Colpensiones, en virtud del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007[60] y de los literales 3° y 4° del Decreto 2011 de 2012.[61]
Por tanto, algunas de las funciones que venía cumpliendo el ISS, fueron asignadas a Colpensiones de manera definitiva, entre ellas el reconocimiento de pensiones y el cumplimiento de fallos de tutela, pues a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, se asignaron funciones al ISS en liquidación, para que efectuara únicamente actos jurídicos que facilitaran su proceso liquidatorio.[62]
De conformidad con lo expuesto, corresponde a Colpensiones efectuar el reconocimiento de las pensiones que tenía a su cargo el Instituto de Seguros Sociales, a partir de la fecha de inicio del proceso de liquidación de este último, es decir, desde el 28 de septiembre de 2012. Así las cosas, como el Instituto de Seguros Sociales era el encargado de reconocer la pensión para víctimas de la violencia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y en la actualidad se encuentra imposibilitado para efectuar dicho reconocimiento[63], en virtud a la apertura de su proceso liquidatorio, le corresponde a Colpensiones asumir dicha obligación, a partir de lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 4 del Decreto 2011 de 2012.
En razón de lo expuesto, el Ministerio de la Protección Social, por medio de Contrato No. 352 de 2007, encargó la administración del fondo a una alianza estratégica entre fiducias del sector público, que se denominó Consorcio Prosperar, entidad que empezó a ejercer sus funciones a partir del 1º de diciembre de 2007.El objeto social desarrollado por el Consorcio, es administrar fiduciariamente los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de conformidad al artículo 25 de la Ley 100 de 1993, como una cuenta sin personería jurídica, en la actualidad adscrita Ministerio de la Protección Social.[64]
Una vez establecido la estructura administrativa para el reconocimiento y pago de la prestación objeto de estudio, la Sala hará una breve reflexión sobre los impactos generados por el uso de minas antipersona en el departamento del Putumayo y presentará un estudio cuantitativo con el objeto de determinar si las condiciones que dieron origen la pensión por invalidez para víctimas de la violencia siguen vigente o contrario sensu, fueron superadas.
Gráfico 2: Reporte de víctimas según rango de edad por MAP[65] Y MUSE[66] desde 1990 hasta abril 30 de 2012 en el departamento de Putumayo.
i. Que la situación que impulsó la creación de instrumentos para la convivencia ciudadana (Ley 104 de 1993) no solo había desaparecido para el año 2006 (año en el que no se prorrogó la prestación estudiada) sino que se incrementó con respecto al año 1993, en 1400%.
ii. Que a la fecha de interposición de esta acción de tutela, la cifra de accidentes por minas antipersona se había reducido, respecto de los años con situaciones críticas en un 50%, para una cifra total de 700%, respecto del año en el cual se creó la prestación objeto de estudio.[67]
Esta Sala ha expuesto en oportunidades anteriores[68], que la naturaleza de la acción de tutela, atañe a su carácter excepcional para la protección de derechos fundamentales vulnerados. En este orden de ideas, este mecanismo constitucional no pretende suplantar los procedimientos establecidos, ni usurpar el ámbito funcional de las autoridades legítimamente constituidas, ni mucho menos resolver asuntos que por competencia corresponda asumir a otras entidades.
De este modo, sólo en el evento en el que los derechos fundamentales resulten “afectados o amenazados y los mecanismos ordinarios sean a) ineficaces, b) inexistentes, o c) se configure un perjuicio irremediable, la acción de tutela es procedente conforme lo estableció el artículo 86 de la Constitución Política[69] y el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991”[70].
Con respecto al numeral primero del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, esta Corte ha expuesto[71] que para determinar la configuración de las causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela, cuando el afectado cuenta con otro mecanismo de defensa, deben analizarse las circunstancias particulares en que se encuentre el solicitante. En especial ha considerado esencial determinar si el sujeto afectado en sus derechos fundamentales, pertenece a un grupo de especial protección constitucional.
Al respecto, la Corte ha señalado que “el medio de defensa judicial ordinario, para el reconocimiento de la mesada pensional no resulta igualmente eficaz entre un sujeto de especial protección constitucional y quien no lo es, comoquiera que precisamente la situación de debilidad manifiesta del primero le exige al Estado una especial consideración que le permite al juez constitucional inferir la ineficacia del medio ordinario y la procedencia excepcional de la acción de tutela.”[72]
c. Aparecen acreditadas siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”[73]
La categoría de sujeto de especial protección constitucional según ha definido esta Corporación, se constituye por “aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”[74]. Entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza.[75]
La Corte en Sentencia T-1069 de 2012, consideró que tratándose de personas de especial protección constitucional en razón a su estado de condición de discapacidad, acudir a los medios ordinarios de defensa para el reconocimiento de una pensión, puede tornarse ineficaz dadas las dificultades económicas y de salud que afronta ese tipo de población. Es por ello, que el amparo definitivo en materia de tutela se justifica “cuando no existe un medio de defensa judicial o el existente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para proteger los derechos de las personas que solicitan el amparo, lo anterior debido a la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía”[76]
(v) El despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos”[77]
En el mismo sentido, en Sentencia T-651 de 2009, se expuso que “la condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados[78](Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”[79]. En el mismo sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación también precisó que, “en concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, se debe indicar que la condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho (…)”.
De esta manera se concluye, que frente al requisito de afectación de derechos fundamentales para interponer la acción de tutela, la falta de reconocimiento y pago de una pensión a una persona de especial protección constitucional, vulnera de manera directa el derecho a la seguridad social, puesto que “el no reconocimiento de un derecho pensional, pone en peligro derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad y/o al mínimo vital, por cuanto su vulneración repercute directamente en la insatisfacción del mínimo de condiciones materiales para una existencia digna”.[80]
Por último, la exigencia de una cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener la protección del derecho fundamental a la seguridad social, encuentra su justificación en la armonía que debe imperar entre el sistema judicial y la naturaleza misma de la acción de tutela, que exige para la procedencia de esta última el uso de los mecanismos ordinarios de defensa o la justificación de la ineficacia de los medios regulares y la configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia del amparo como un mecanismo transitorio.[81]
10.1 Síntesis de la situación que debe resolverse
10.2 Consideraciones para resolver el asunto en discusión
10.3 De la aplicación de las consideraciones expuestas al caso concreto
Esta Sala ha expuesto, que las disposiciones legales[82] con las cuales las entidades accionadas sustentaron sus argumentos para negar el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, no configuran la derogatoria de la prestación analizada, de conformidad con los criterios expuestos en esta sentencia. Por tanto, con el propósito de evitar que situaciones similares se presenten en el futuro, esto es, que personas víctimas de la violencia, que con ocasión al conflicto armado interno hayan sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, reclamen la prestación a la que tienen derecho y esta sea negada con argumentos que aquí se han derrotado, la Sala considera necesario precisar el estado actual de la pensión objeto de estudio.
Ante esta situación, la Sala concluye que el silencio guardado por el legislador, respecto del particular, no puede erigirse en óbice para que el Estado colombiano incumpla con las obligaciones contraídas en el PIDESC y en la Ley 104 de 1993, aunado al aumento significativo y progresivo del contenido del derecho a percibir la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, en las leyes 241 de 1995[83] y 418 de 1997.[84]
Como ejemplo de lo anterior, en sentencia T-870 de 2012, esta Sala ordenó el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez a una ciudadana de cincuenta y tres (53) años, con una enfermedad que le había generado una pérdida de capacidad laboral del 70.40%. También en Sentencia T-062A de 2011, ésta Corporación ordenó al ISS, el reconocimiento definitivo de la pensión por invalidez, a una persona de 54 años, que había cumplido con los requisitos de tiempo y cotizaciones, además de demostrar una pérdida de capacidad laboral del 70.75%, ocasionada por el padecimiento de dos enfermedades catastróficas, cáncer de colon e insuficiencia renal crónica, tras considerar que el delicado estado de salud del accionante, así como su situación económica, era razón suficiente para no exponerlo a la demora, de los trámites judiciales ordinarios.
De la permanencia de las situaciones que generaron la creación de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia.
Como se tuvo oportunidad de analizar, los hechos que generaron la expedición de normas para proteger a la población civil (Ley 104 de 1993), no son distantes de la situación actual por la que atraviesa el país. A manera de ejemplo, podemos observar que sigue existiendo un conflicto armado interno; que los civiles siguen siendo las principales víctimas de ello, que la cifra de discapacitados por ocasión de atentados terroristas sigue siendo considerablemente alta, entre otras.
11. La decisión que deberá adoptarse en el presente caso
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por medio de Auto del 06 de julio de 2012, proferido por esta Sala de revisión para decidir el asunto de la referencia.
SEGUNDO.- REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por medio de sentencia proferida el 13 de enero de 2012, en primera y única instancia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Fernando Gilberto Arbeláez Insuasti contra el Instituto de Seguros Sociales (ahora Colpensiones) y, en consecuencia CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, el debido proceso, la seguridad social y, a la vida en condiciones dignas.
OCTAVO: NOTIFICAR de la presente decisión la Personería Municipal de Mocoa, departamento de Putumayo, para que esta informe a las personas en condiciones similares a las del accionante, sobre el contenido de esta sentencia e inicie campañas pedagógicas para la educación en el riesgo de minas antipersona y sobre los derechos que tiene la población discapacitada víctima de la violencia, para acceder a la pensión por invalidez contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.
NOVENO: NOTIFICAR de la presente decisión a la Alcaldía Municipal de Mocoa, para que en ejercicio de su función de interlocutor entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, informe a las personas en condiciones similares a las del accionante, sobre el contenido y alcance de las medidas adoptadas en esta sentencia.
[1]Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993.
[2]Artículo 2, literal l, Ley 797 de 2003: “En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo.”
[3] Por medio de la cual se prorrogó la vigencia de la Ley 548 de 1999 que a su vez extendió los efectos en el tiempo de la Ley 418 de 1997.
[4]Artículo 7°. Reorganización del ministerio de la protección social. Reorganícese el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominará Ministerio del Trabajo y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 6° de la presente ley. Esta entidad será responsable del fomento y de las estrategias para la creación permanente de empleo estable y con las garantías prestacionales, salariales y de jornada laboral aceptada y suscrita en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
[5] En un primer momento esta cuenta se encontraba adscrita al Ministerio de la Protección Social, pero en la actualidad es administrada por el Ministerio del Trabajo.
[6]Oficio OPT-A- 365/2012, del Ministerio del Trabajo. Comunicación recibida en esta Corporación el 2 de agosto de 2012.
[7] Cfr. Constitución Política. Artículo 48. Adicionado A.L. 1/2005 Art. 1.
[8] El 29 de julio de 2005.
[9] Por lo anterior el Gobierno Nacional a fin de brindar una atención a las víctima de atentados terroristas de la bombas y artefactos explosivos dirigidos indiscriminadamente contra la población y quienes causaron muerte, destrucción y grave daño en la integridad física de centenares de personas que afectaron derechos constitucionales fundamentales y generaron perturbación de orden público y alteración de la convivencia y tranquilidad ciudadana, el Estado propuso, mediante el Proyecto de Ley 40 de 1993, instrumentos adecuados para atención y apoyo integral a las víctimas como Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humano, trabajo, solidaridad y prevalencia del interés general y aunado a lo dispuesto a instrumentos internacionales relativos a principio humanitarios, que le impone el deber de establecer instrumentos y medidas orientadas a garantizar de manera efectiva y permanente la adecuada prestación a víctimas de la acción de esa naturaleza y a brindarles todo el apoyo necesario para la reparación de los daños que con ellas se hayan causado a su integridad física o patrimonio (Antecedentes del proyecto de Ley No. 40 de 1992, posterior Ley 104 de 1993. Congreso de la República, Colombia. Pág. 65).
[10]El proyecto de ley 40 de 1993 fue presentado por el ex Ministro del gobierno Fabio Villegas Ramírez y en el ese entonces Ministro de Justicia y de Derecho Andrés González Díaz. El propósito era la creación de una ley que permitiera enfrentar la violencia desatada por grupos guerrilleros y organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo a partir de septiembre de 1992, cuando las acciones delictivas de éstos se incrementaron notoriamente contra la población civil y la infraestructura económica
[11] Para ese propósito el Estado colombiano decretó el Estado de conmoción interior, el cual no logró contrarrestar las acciones terroristas de los grupos de delincuencia organizada puesto que éstos persistieron en sus prácticas de violencia contra el Estado y la población civil. El Gobierno Nacional decretó medidas para la atención integral a las víctimas de atentados terroristas dentro del marco del conflicto armado, según el Decreto 263 de 1993, subrogado por el Decreto 444 de 1993. Al respecto el proyecto de Ley 40 de 1993 estableció políticas mediante una ley ordinaria y un conjunto de medidas de carácter permanente, a fin de preservar el orden público ya que si bien las disposiciones que se presentaron en el proyecto fueron originarias en la declaratoria de un estado de conmoción, se pretendió que rigieran a futuro.
[12] Durante los ocho meses de vigencia de conmoción interior comprendidos entre noviembre de 1992 a junio de 1993, en acciones adelantadas por la subversión murieron 266 efectivos de las fuerzas militares de la Policía Nacional y 27 fueron secuestrados por grupos al margen de la ley, igualmente se perpetraron ataques contra 10 cuarteles, 22 puestos rurales, se ejecutaron 118 hostigamientos urbanos y 49 emboscadas. La población civil también sufrió las consecuencias de esos actos entre los que se cuentan 218 personas muertas, 220 secuestradas y cuantiosas pérdidas patrimoniales; al igual que graves consecuencias en la integridad física de las víctimas de 300 actos terroristas en diferentes ciudades y lugares como Bogotá, Cúcuta, Medellín y Barrancabermeja. (Antecedentes del proyecto de Ley No. 40 de 1992, posterior Ley 104 de 1993. Congreso de la República, Colombia. Páginas 1-6)
[13] Este fondo fue creado por el Decreto 356 de 1992 (febrero 25). Con posterioridad se fusionó al Fondo Especial de la Presidencia de la República, por medio de Decreto 2133 de 1992 (diciembre 30), para más tarde convertirse en la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República mediante Decreto 2099 de 1994 (septiembre 6).
[14] Congreso de la República de Colombia. Gaceta 371, exposición de motivos.
[15]En 1997 y los primeros meses de 1998, la situación de la población civil que vive en las zonas del conflicto armado fue especialmente grave y difícil. Esto tiene como fundamento el hecho que los actores del conflicto armado, particularmente los paramilitares y los grupos guerrilleros, convirtieron a la población civil en un objetivo militar. Ante los homicidios en masa, desapariciones forzadas y amenazas de muerte, cientos de pobladores tuvieron que huir masivamente de sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas suburbanas de las grandes capitales. Véase al respecto el documento elaborado por la Consejería Presidencial para la atención a la población desplazada por la violencia, titulado: La atención del desplazamiento forzado un compromiso humanitario nacional, Santafé de Bogotá D.C, julio 13 de 1998. En el que se hace un recuento de los desplazamientos masivos en 1997 y parte de 1998
[16]Proyecto de Ley No. 75 de 1997. Senado de la República, Colombia.
[17] República de Colombia. Ley 418 de 1997. Artículo 46.
[18] Congreso de la República de Colombia. Gaceta 364, Ley 548 de 1999, Página 8.
[19] Congreso de la República de Colombia Gaceta 397, Ley 782 de 2002, Página 6.
[20] La diferencia con la situación planteada a esta Sala de Revisión, es que, en aquella oportunidad, los hechos que originaron la pérdida de capacidad laboral sucedieron en vigencia de la Ley 782 de 2002 -la cual prorrogó los efectos de la pensión para víctimas de la violencia, contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997- razón suficiente, para que el asunto se concretara a estudiar la aplicación de los presupuestos de esa norma, durante el período de tiempo en el cual produjo plenos efectos. En esa ocasión, sobre la base de esos argumentos, se ampararon los derechos del accionante y como consecuencia se ordenó el reconocimiento y pago de tal prestación.
[21]Cfr. Sentencia T- 463 de 2012 M.P., Jorge Iván Palacio Palacio.
[23]Expediente Núm.1108-01(AC) del 1° de marzo de 2007
[24] Vejez, Invalidez, Sustitución y Sobrevivientes.
[25] Sobre el particular puede agregarse que existen otro tipo de prestaciones que se pagan de manera periódica y que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, consagrado en la Ley 100 de 1993. Esta Corporación en Sentencia C-221 de 2011, estudió la constitucionalidad de un estímulo mensual otorgado a los deportistas de alta competencia, que no tuvieren altos ingresos y que hubieren obtenido reconocimientos deportivos , en aquella oportunidad se expuso que: “Esta interpretación, en criterio de la Sala, es equivocada, puesto que desconoce que la Ley 1386/10 es un cuerpo normativo con una intención sistemática clara, que no es otra que regular los incentivos a los deportistas, entre ellos los de alta competición, para encuadrar sus prestaciones dentro del gasto público social para el deporte de que trata el artículo 52 C.P., como se explicará con mayor detalle en fundamento jurídico posterior. En ese orden de ideas, no es viable insistir en la naturaleza pensional del estímulo, puesto que conforme con el actual ordenamiento jurídico – es decir, el resultante luego de las reformas introducidas por la Ley 1389/10 – esta erogación no comparte ninguna de las características que definen a las prestaciones propias del régimen pensional. En efecto, la norma no prevé un método de cotización previa por parte del interesado, ni requisitos de tiempo de servicios, cotización o edad mínima y, lo que es más importante, somete la exigibilidad del estímulo a un factor variable, vinculado con el nivel socioeconómico del beneficiario, del cual depende la concesión del estímulo. Esta última circunstancia demuestra que, en realidad, la norma acusada se limita a prever una subvención económica para un grupo de la población, a partir de un criterio de focalización del gasto público social.”
[26] Leyes 241 de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002.
[27] Corte Constitucional Colombia. Sentencia C-556 de 2009. M.P, Nilson Pinilla Pinilla.
[28]Óp., cit.
[29] Sentencia C- 288 de 2012, entre otras.
[31] Ver al respecto, las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas adoptadas en sus distintos períodos de sesiones, en especial la Observación General No 3 adoptado en el Quinto Período de Sesiones de 1990, y que figuran en el documento E/1991/23. Y a nivel doctrinal, ver los llamados “Principios de Limburgo”, adoptados por unos expertos en la materia reunidos en Maastricht, Holanda, en junio de 1986, y que constituyen la interpretación académica más respetada sobre el sentido y la aplicación de las normas internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales.
[32]Cfr., entre otras, C-038 de 2004.
[33]En este sentido Cfr. La sentencia C-789 de 2002, a través de la cual la Corte aplicó la prohibición de regresividad a una ley que aumentaba los requisitos para acceder a la pensión.
[34]En este sentido, el Comité DESC ha indicado que la reducción o desviación efectiva, de los recursos destinados a la satisfacción de un derecho social será, en principio, una medida regresiva Ver, por ejemplo, Observaciones Finales Ucrania E/2002/22 párrafo 498. Sobre el mismo tema respecto del derecho a la educación Cfr. párrafos 500 y 513
[35] Sentencia T-043 de 2007. MP Jaime Córdoba Triviño.
[36] Al respecto, la norma demandada disponía: “Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.” Incisos 4 y 5 del Art. 36 de la ley 100 de 1993.
[37] Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No. 9.
[38] La Corte en Sentencia T-1752/00 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) sostuvo en torno a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación: “Con todo, por tratarse de un derecho prestacional y un mecanismo de ahorro forzoso de la población laboralmente activa, cuya efectividad depende de la cantidad de recursos del sistema en un momento histórico determinado, su exigibilidad como derecho prestacional subjetivo está sujeta a unas restricciones y condicionamientos específicos, que permiten garantizar que toda la población tenga acceso a él. (...) El artículo 48 de la Constitución establece que este servicio estará sujeto a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, por lo cual es indispensable que su prestación sea regulada mediante un proceso legislativo.” (resaltado fuera de texto)
[39] Al respecto, la Corte ha dicho: “Sin embargo, cabe preguntarse si este principio debe aplicarse de manera tal que toda mutación normativa, a través de la cual se pretenda cambiar la regulación legal preexistente, debe predicarse inconstitucional si permite la subsistencia temporal del régimen anterior, o no se retrotrae a regular situaciones consolidadas a su amparo. Este cuestionamiento se revela particularmente importante aplicado al ámbito de los derechos sociales y económicos, pues corresponde a su esencia, admitir un desarrollo progresivo, con arreglo a las posiciones políticas dominantes en las cámaras legislativas y, por supuesto, a la disponibilidad de recursos públicos.” (...) “Una respuesta positiva a este interrogante llevaría a la Corte a adoptar una de dos alternativas: (1) la petrificación del ordenamiento vigente en un determinado momento histórico, con menoscabo del principio democrático (C.P. art. 1, 2, 3, 40 y 150) y de la naturaleza misma del sistema jurídico o, (2) la aplicación retroactiva de toda ley posterior, en abierta contradicción con principios como el de la seguridad jurídica de tanta importancia para el desarrollo pacífico de una sociedad, en tanto condición de posibilidad para la realización de los derechos constitucionales fundamentales y para la progresiva evolución de una economía social de mercado (C.P. arts. 1, 2, 22, 333).” Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[40] Cfr. Sentencia T-043 de 2007. MP Jaime Córdoba Triviño.
[41] Cfr. Sentencias C-556 de 2009; C-671 de 2002.
[42] Cfr. Sentencia C-038 de 2004.
[43] Sentencia T- 043 de 2007.
[44]El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fue suscrito por Colombia el 16 de diciembre de 1966. Fue aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969.
[45]Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966.
[46] Abramovich, Víctor y Courtis Christian (2004). Los derechos sociales como derechos exigibles. Editorial Trotta, 255 páginas, Madrid - España.
[47]Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa en su OG no. 3. Punto 9º.
[48] Abramovich, Víctor y Courtis Christian, Ob. Cit. pág., 93.
[49] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Orden General No. 3.
[50] Abramovich, Víctor y Courtis Christian (2004), pág., 94.
[51] Corte Constitucional Colombia. Sentencia C-556 de 2009. M.P, Nilson Pinilla Pinilla.
[52] Abramovich, Víctor y Courtis Christian, Ob. Cit., pág., 100.
[53]Esto es que debe preservar el contenido mínimo del derecho que pretende limitar, con el propósito de preservar el núcleo de garantías que protege el mismo.
[55] “Además, todas las medidas de carácter deliberadamente regresivo […] requerirán la consideración más cuidadosa”. Naciones Unidas. Orden General. No. 3, punto 9.
[56]“Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado parte”. Naciones Unidas. Observación General No. 14, punto 32.
[57] Abramovich, Víctor y Courtis Christian (2004), pág., 103. Los derechos sociales como derechos exigibles. Editorial Trotta, Madrid - España
[58]Subrayas nuestras.
[59] Artículo 2º, numeral 4º. Decreto 2012 de 2012. Ministerio de Salud y Protección Social.
[60]Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere.
[61]Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:(…) 3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y de los afiliados de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom; 4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte que administraba el Instituto de Seguros Sociales (ISS), de que trata la Ley 100 de 1993.
[62]Así lo dispuso el Artículo 3° del Decreto 2013 de 2012: “El Instituto de Seguros Sociales en liquidación a partir de la vigencia del presente decreto, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones y celebrar contratos necesarios para su liquidación.”Subrayas nuestras.
[63] De conformidad con el artículo 3° del Decreto 2013 de 2012.
[64] Al momento de su creación se adscribió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero debido a su escisión cambió a la cartera actual.
[65] Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona que estén provistas de un dispositivo anti manipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.
[66]Munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armado o, por el contrario, preparado para su uso y ya utilizado. Puede haber sido disparado, arrojado, lanzado o proyectado pero permanece sin explotar debido ya sea a su mal funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón.
[67] Ello tomando como fecha de corte el año 2011, por tener un ciclo completo.
[68] Entre otras puede observarse las Sentencias T-480 y T-722 de 2012 M.P., Luis Ernesto Vargas Silva.
[69] “Artículo 86: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Resalta la Sala).
[70] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[71] Sentencia T – 645 de 2008, M.P, Jaime Córdoba Triviño
[72] Sentencia T – 482 de 2010 M.P, Juan Carlos Henao Pérez.
[73] Estos requisitos fueron sistematizados por la Corte en la Sentencia T-634 de 2002 M.P, Eduardo Montealegre Lynett, reiterada, entre otras, por las Sentencias T-050 de 2004 M.P, Jaime Córdoba Triviño y T-159 de 2005 M.P, Humberto Antonio Sierra Porto.
[74] Sentencia T-486 de 2010 M.P, Juan Carlos Henao Pérez.
[75] Al respecto ver, entre otras sentencia de tutela, las sentencias: T-719 de 2003 M.P, Manuel José Cepeda Espinosa; T-789 de 2003 M.P, Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de 2004 M.P, Jaime Araújo Rentería, T-700 de 2006 M.P, Manuel José Cepeda Espinosa; T-1088 de 2007 y T-953 de 2008;M.P, Rodrigo Escobar Gil; T- 707 de 2009 M.P, Juan Carlos Henao Pérez; T-708 de 2009 M.P, Juan Carlos Henao Pérez; T-1069 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.
[76] Sentencias T-083 de 2004 M.P, Rodrigo Escobar Gil, Sentencia T – 400 de 2009 M.P, Juan Carlos Henao Pérez
[77] La Sentencia T-083 de 2004 M.P, Rodrigo Escobar Gil, desarrolla los factores para la procedencia transitoria de la acción de tutela, los cuales inicialmente fueron enunciados en la Sentencia SU-975/03, reiterada en Sentencia T-104-06 M.P, Jaime Córdoba Triviño.
[78] Subrayas propias
[79] Sentencia T-715 de 2011, M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.
[80] Sentencias T-426 de 1992 M.P, Eduardo Cifuentes Muñoz, T-202 de 1995 M.P, Antonio Barrera Carbonell, T-323 de 1996 M.P, Eduardo Cifuentes Muñoz, T-500 de 1996 M.P, Barrera Carbonell, T-126 de 1997 M.P, José Gregorio Hernández Galindo, T-378 de 1997 M.P, Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 1006 de 1999 M.P, José Gregorio Hernández Galindo.
[81] Sentencia T 482 de 2010 M.P, Juan Carlos Heno Pérez
[82] La Ley 797 de 2003, Ley 1106 de 2006 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
[83] Por medio de esta ley, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral necesario para ser beneficiario de la prestación, se redujo de 66% a 50%.
[84] En esa oportunidad se amplió el concepto de víctima, haciendo un aumento progresivo en la cobertura de la prestación.