Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-05970-de-junio-28-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e106909f6bf0023ee0430a010151023e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 06:00:52
Document Index: 83620386

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 352', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 350', 'artículo 352', 'artículo 352']

﻿ SENTENCIA 1998-05970 DE JUNIO 28 DE 2013
SENTENCIA 1998-05970 DE 28 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN. LA SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN REQUIERE QUE EL RECURRENTE EXPRESE SU INCONFORMIDAD GENÉRICA CON EL FALLO IMPUGNADO Y, EN FORMA CONCRETA, EXPONGA LOS ARGUMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DIRIGIDOS A COMBATIR LAS CONCLUSIONES Y ARGUMENTACIONES DE LA PROVIDENCIA. EL CUESTIONAMIENTO NO HECHO EN LA APELACIÓN NO PUEDE EXPONERSE POR EL CENSOR EN CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 1998-05970 de junio 28 de 2013
Ref.: Exp.11001-31-03-014-1998-05970-01
Dr. Jesús Vall De Rutén Ruíz
Discutida y aprobada en Sala de febrero de dos mil trece.
Bogotá, D. C., veintiocho de junio de dos mil trece.
Se decide el recurso de casación interpuesto por los demandantes Luis Eduardo Jara Gutiérrez, Patricia Saldaña Merchán y Aura María Merchán de Saldaña contra la sentencia del 18 de agosto de 2010 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de responsabilidad civil médica por ellos promovido contra Clínica Bogotá S.A., Ernesto Ortiz Ruiz, Alfredo León Fernández y Germán Uriel Marín Ocampo.
1. Mediante demanda que por reparto correspondió al Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, pretendieron los demandantes “que se declare extracontractual y civilmente responsables en forma mancomunada y solidaria” (fl. 72, cdno. 1) a los demandados mencionados, por el fallecimiento culposo de la menor XXX, ocurrido el 13 de noviembre de 1996, y que, como consecuencia se les condene a pagar, a favor de los padres de la menor, señores Luis Eduardo Jara Gutiérrez y Patricia Saldaña Merchán por concepto de perjuicios materiales, la suma de $160.000 con su actualización o corrección monetaria más intereses moratorios desde el 29 de diciembre de 1996. Y por concepto de perjuicios morales la suma de tres mil gramos oro puro a cada uno de los demandantes.
2. Como causa de pedir, aducen los actores:
2.1. Que el 11 de noviembre de 1996, nació en la Clínica Bogotá de esta ciudad la niña XXX quien falleció a los dos días de nacida, el 13 de noviembre.
2.2.Que de acuerdo con la investigación que a petición de la madre demandante adelantó la Secretaría Distrital de Salud, según documento del 19 de noviembre de 1997 suscrito por el Doctor Germán Antonio Plaza Castro, comisionado por la Entidad para que estableciera las causas del deceso, este se produjo, entre otras razones, por la deficiente, incompleta y negligente atención médica brindada a la madre y el retardo en varios días para la práctica de la cesárea, habiendo ello originado una aspiración masiva de meconio (excrementos dentro del vientre materno) lo que acarreó la muerte de la niña.
2.3. Que la progenitora de la menor, Patricia Saldaña Merchán, a solicitud de su compañero y padre de la niña, Luis Eduardo Jara Gutiérrez, fue afiliada a la empresa promotora de salud “Salud Total”, a la que acudió con el fin de recibir para ella y su hija los servicios durante la gestación, parto, posparto y cesárea, “habiendo convenido que tales servicios por remisión de aquélla se los prestaría la Clínica Bogotá… y así fue (sic) como durante el periodo precitado, fue (sic) atendida por varios profesionales médicos, entre otros por los aquí demandados” (fl. 61 cdno. 1).
2.4. Que el médico demandado Ernesto Ortiz Ruiz, faltando a la ética, no practicó la cesárea en término, ni permitió que se hubiera hecho en tiempo por otros profesionales adscritos, porque pretendía que se le pagaran honorarios adicionales a los devengados en la Clínica. La Institución, a raíz de los reclamos de la madre de la menor, desvinculó al médico precitado.
3. En tiempo, Clínica Bogotá S.A. se opuso a la demanda. Aclaró, en lo fundamental, que la investigación de la Secretaría Distrital de Salud no había culminado y que en el concepto del médico comisionado por ese organismo no se observa la conclusión sobre la causa de la muerte de la menor, tras lo cual adujo como excepción de mérito la que denominó “inexistencia del deber jurídico de indemnizar” (fl. 92, cdno. 1). Por su parte, el Juzgado tuvo por extemporáneas las contestaciones del libelo genitor presentadas por los demandados Germán Uriel Marín (fl. 106, cdno. 1) y Alfredo León Fernández (fl. 135, cdno. 1), al paso que en cuanto a Ernesto Ortiz Ruiz, el curador ad litem con quien se surtió su notificación, manifestó no oponerse a las pretensiones siempre que se acrediten los elementos de facto sobre los que se fundamenta la acción (fl. 145 cdno. 1).
4. Tramitada la instancia, el juzgado de conocimiento profirió sentencia desestimatoria al hallar probada la excepción de mérito planteada por Clínica Bogotá S.A (“inexistencia del deber jurídico de indemnizar”), por lo cual, la parte actora recurrió en apelación, que desató el Tribunal, con el fallo confirmatorio que ahora es objeto del recurso extraordinario.
1.Previa comprobación de hallar presentes los presupuestos procesales y no observar vicio capaz de anular la actuación, el Tribunal manifestó que contraería su competencia a resolver las súplicas de la alzada, “por lo que se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno acerca de la vía judicial decantada por el a quo (responsabilidad contractual), pues la parte actora no cuestionó en el recurso de apelación la calificación de la acción como de responsabilidad contractual, pese a haber indicado en el acápite de pretensiones de la demanda y en la subsanación de la misma que se trataba de una acción de responsabilidad civil extracontractual” (fl. 19-20 cdno. 5).
No obstante, advirtió que no comparte la interpretación que de la demanda hizo el a quo, pues varió la naturaleza de la acción incoada, “por lo que el juez de instancia debió haber negado las pretensiones por haberse equivocado la vía judicial para demandar, sin entrar a verificar si estaban o no probados los elementos de la responsabilidad civil contractual como lo hizo” (ibídem).
2. De modo que, “con el ánimo de preservar el principio constitucional de la reformatio in pejus” se aplicó la Corporación a examinar las razones de la alzada, como si se tratase de un asunto de responsabilidad civil contractual.
Al efecto, y tras señalar los elementos de esta responsabilidad (preexistencia de un negocio jurídico, incumplimiento imputable al demandado, daño y relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño), encontró demostrada la existencia del contrato de prestación de servicios médicos celebrado entre Patricia Saldaña y Salud Total EPS y de la EPS con la Clínica de Bogotá, relación jurídica ésta que enmarcó en la figura de la estipulación a favor de un tercero.
En cuanto a la acreditación del segundo elemento, el Tribunal concluyó que no existió el incumplimiento o cumplimiento imperfecto o tardío del contrato imputable a los demandados, sino que por el contrario, “lo que se avizora es una cadena de conductas culposas de la señora [Patricia Saldaña Merchán] en los últimos días de su embarazo” (fl. 23 cdno. 5).
Señaló que en la etapa prenatal, la actuación del demandado Ernesto Ortiz Ruiz se ejecutó de acuerdo con los parámetros médicos, pues se trataba, como lo afirmó la demandante, de un embarazo normal cuyo seguimiento se hizo, de acuerdo con la historia clínica de la actora, en la misma forma descrita por el doctor Germán Uriel Marín Ocampo. Y, prosiguió el Tribunal, que hasta el 1º de noviembre de 1996 el embarazo continuó con normalidad, fecha en la cual el demandado Ernesto Ortiz le ordenó a la señora Patricia Saldaña Merchán, “con anotación de ‘urgente’ y de ´Macrosómico?’, que se practicara una ecografía obstétrica” (fl, 24, cdno. 5), que la promotora del proceso afirmó en su declaración haberse realizado, pero que el Tribunal, al verificar la fecha de la que obraba en el plenario —de siete semanas antes de la orden médica aludida—, optó por no darle credibilidad a aquélla “menos aún, si tenemos en cuenta que [la demandante] afirmó que la lectura del examen se realizó el 5 de noviembre de 1996 en un control prenatal, el cual no se encuentra consignado en la historia clínica” (fl. 24, cdno. 5).
Al resaltar la importancia de esa ecografía para aniquilar cualquier sospecha de macrosomía del feto, tilda de omisiva la conducta de la demandante, y deduce que la misma influyó en el infortunado diagnóstico de la menor al momento de su nacimiento.
Refirió la Corporación que entre el 8 y el 11 de noviembre de 1996 la señora Patricia Saldaña expulsó, según su declaración, “membranas de color café” (fl. 25, cdno. 5) durante cerca de dos días sin que hubiese atendido las recomendaciones médicas de rigor de dirigirse a las instalaciones de la Clínica Bogotá, y sin que pueda tenerse por cierto, por no obrar prueba alguna que así lo ratifique, su versión acerca de que el demandado Ernesto Ortiz le hubiese dicho que eso era normal.
En suma, el Tribunal le imputa culpa a la demandante al paso que expresa que no se demostró incumplimiento alguno de índole contractual de la institución accionada ni del médico Ernesto Ortiz, “puesto que éste puso a disposición de la señora [Patricia Saldaña Merchán] todos sus conocimientos médicos ordenando los exámenes necesarios para descartar el diagnóstico sospechoso de macrosomía fetal, y explicándole frente a qué sucesos debía ingresar de forma inmediata a la [Clínica Bogotá S.A.] dada su condición de embarazo” (fl. 28, cdno. 5).
En cuanto al demandado Germán Uriel Marín Ocampo, señaló el Tribunal que “ningún reproche merece la conducta científico-contractual desplegada por el médico, toda vez que lejos de haber demorado la cesárea al momento de ingresar la demandante a la [Clínica Bogotá S.A.], de manera oportuna y prolija efectuó la intervención quirúrgica, extrayendo con vida a la recién nacida, pese a las complicaciones con las que nació” (fl. 28, cdno. 5), a más de que no tuvo injerencia en el seguimiento clínico de la menor, pues ésta se encontraba fuera de su radio de acción.
En relación con el demandado Alfredo León Fernández, médico pediatra de la Clínica, manifesta el Tribunal que la demandante no demostró que el citado galeno hubiese tenido contacto con la recién nacida, y su intervención se redujo a la redacción del resumen de la historia clínica y a la expedición del certificado de defunción.
Contra la decisión arriba resumida se formularon tres cargos, de los cuales la Corte, en su momento, admitió únicamente el tercero, en el que, con base en la causal segunda de casación, se acusa a la sentencia de ser inconsonante, de acuerdo con estos argumentos:
1. Los recurrentes advierten de entrada que la “causa o razón” (fl. 22, cdno. Corte) de la demanda genitora se fundó en la responsabilidad civil extracontractual, cuestión explicitada allí y en el escrito con el cual subsanaron las falencias advertidas por el juzgado de primera instancia al estudiar la admisión.
2. Luego de transcribir extenso pasaje doctrinal del autor nacional Hernando Morales Molina, en punto de la interpretación del libelo introductor, y resaltar allí que no le es dado al juzgador cambiar la causa de la demanda so pretexto de interpretarla, los recurrentes señalan que “el H. [Tribunal] incurrió en esta causal de casación, al proferir una sentencia que no estaba en consonancia con los hechos ni con las pretensiones, y escudándose en el principio de la reformatio in pejus, patrocinó la inconsonancia e incongruencia en que incurrió la Juez Doce (12) Civil del Circuito de Bogotá D.C., en su sentencia de primera (1ª) instancia, confirmando dicho fallo, por la responsabilidad civil contractual, y no por la responsabilidad civil extracontractual” (fl. 24, cdno. Corte) que fue la solicitada en la demanda.
Como se hizo constar en el resumen de la providencia impugnada, el Tribunal, a pesar de manifestar su inconformidad con la interpretación que el a quo le imprimió a la demanda formulada por los actores, expresamente dijo abstenerse de efectuar pronunciamiento sobre el encuadre que, en el ámbito de la responsabilidad contractual, hizo aquél en la sentencia de primera instancia, pues al fundamentarse el ad quem en el principio de la no reformatio in pejus y constatar que en la sustentación de la alzada los apelantes únicos no combatieron esa conclusión, consideró zanjada toda discusión en torno del tipo de responsabilidad pretendida.
El punto resulta cardinal para el despacho de este cargo, en el que se tilda de incongruente la sentencia de segunda instancia, al haber desatado el Tribunal la apelación por la misma senda del a quo —la de la responsabilidad contractual— y no por la suplicada —la extracontractual—, no obstante que tanto en la demanda primigenia como en el escrito de subsanación de la misma, expresamente dejaron sentado los censores que la responsabilidad endilgada a los demandados era de estirpe extracontractual. Y ello por cuanto dos aspectos interrelacionados afectan la crítica que en sede casacional se esgrime, atinentes, el primero, al interés para proponerla y el segundo al ámbito de competencia del tribunal a la hora de resolver la apelación.
A consecuencia del principio dispositivo que gobierna esencialmente el proceso civil, si bien en línea de principio la competencia del juez queda limitada a los temas propuestos en la demanda y en su contestación, a las excepciones y a los asuntos que ex officio debe entrar a decidir, de suerte que si así no procede “usurpa la iniciativa que sólo corresponde al ciudadano, único que puede dar dimensión al daño que recibe e identificar su fuente (Cas. Civ. del 22 de marzo de 2007, exp. 5001-3103-000-1997-5125-01), ya en lo tocante con la competencia del juez de segunda instancia, se matiza aún más esa órbita de atribuciones, como quiera que principios como el del “interés para recurrir” y el de la “personalidad del recurso” exigen no sólo entender que la apelación se interpone únicamente en lo perjudicial para el o los recurrentes (artículo 357 del Código de Procedimiento Civil), sino que son éstos los que delinean, mediante protesta explícita asentada en la sustentación de la alzada, aquellos aspectos de la sentencia impugnada que piden sean examinados por el ad quem. De allí que el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil señale en su parágrafo 1º que “el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo” siendo para ello “suficiente, que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, lo que viene en consecuencia a darle contornos precisos a la apelación, que, de acuerdo con el artículo 357 ídem, “se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso”.
Al respecto, ha dicho la Corte que “cuando el superior conoce de un proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por una sola de las partes, su competencia no es, en principio, panorámica ni absoluta, cuanto que queda restringida a los puntos de inconformidad del recurrente de quien se entiende, cuando, como aquí se ha expresado en términos limitados, que consiente o acepta las demás determinaciones contenidas en la sentencia apelada. Esta limitación, le impide el juez de segundo grado ir más allá de lo que se le propone” (Sent. Cas. Civ. de 12 de octubre de 2004, exp. 7922).
Con mayor énfasis explicó en ocasión posterior que “frente a los medios de impugnación, el aludido principio dispositivo reserva a la parte afectada con una decisión judicial, la facultad de interponer el recurso, lo cual exige a la luz de la legislación vigente, como ya quedó reseñado, exponer los argumentos que soportan su inconformidad ; así, son ellas las encargadas de fijar el alcance de tales recursos, de manera que el acto de impugnación constituye una conducta procesal que traza al juzgador ad quem los contornos del malestar y su propia competencia, y a la contraparte los márgenes definidos sobre los cuales discurrirá el debate en segunda instancia.
“Así, dispone el artículo 357 del C.P.C que ‘la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones’ (subraya la Sala).
“En un primer momento la norma establece que la apelación se entiende interpuesta ‘en lo desfavorable al apelante’, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicción de la reformatio in pejus. En suma, esta primera regla impide desmejorar la posición del apelante único; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum y determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a reglón seguido la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso’ (resalta deliberadamente la Sala).
“Puestas las cosas en esta perspectiva, ha de admitirse que el recurso de apelación tiene un objeto genérico tratado en el artículo 350 de C.P.C. y un objeto específico y concreto definido, ya no por el legislador sino por el propio recurrente. Y en ese propósito de dar contornos al ‘objeto del recurso’, presta su concurso definitivo el artículo 352 de C.P.C., que según la reforma que introdujo la Ley 794 de 2003, establece la necesidad de sustentar la inconformidad, pues de ese modo se confía y se ordena a la parte fijar el ‘objeto del recurso’ de apelación. Pero además del deber general de sustentación, reeditado en la reforma de 2003, la regla comentada establece que para dicha sustentación es suficiente expresar ‘las razones de su inconformidad con la providencia’, y de ese modo, el recurso de apelación tiene un ‘objeto’ delimitado, de modo que la inclusión de las ‘razones de la inconformidad’, deja zonas del litigio fuera de la impugnación, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitación del ‘objeto’ del recurso” (Cas. Civ. del 8 de septiembre de 2009, exp. No. 11001-3103-035-2001-00585-01).
En el caso presente, los apelantes al momento de interponer la alzada, esgrimieron de una vez los argumentos con los cuales explicaban los motivos de su discrepancia con la sentencia de primera instancia (fls. 1029 a 1035 cdno. 1 cont.) Además, en la oportunidad legal para su sustentación, nuevamente expusieron sus razones. Y en ambos escritos sólo pueden rescatarse dos alusiones al tipo de responsabilidad civil deprecada, porque el resto de la argumentación se dirige a pasar revista a lo que, en su parecer, demuestran las pruebas obrantes en el expediente en punto de la “responsabilidad médica”. Sólo dijeron, en efecto:
“2. Atendiendo la orden de subsane de la demanda de abril 20 de 1.998, la que se hizo por escrito de abril 23 del mismo año, se aclaró que se trata de una acción extracontractual, y así fue aceptada por el juzgado, en definitiva la demanda, se ordenó el traslado de élla (sic) y todos los demandados la aceptaron en su redacción, previo el subsane ya indicado” (fl. 1030, cdno. 1 cont.).
“8. Con respecto a las normas jurídicas en [que] fundamenté el soporte sustantivo de las indemnizaciones pedidas en el libelo demandatorio, me permito reiterar en esta oportunidad, lo consagrado en el art. 2341, 2344 y 2347 del C.C., que estatuye la obligación de pagar perjuicios, a la persona natural o jurídica a favor del lesionado, por los delitos o culpas que le hayan inferido, bien directamente la persona jurídica, o los dependientes o trabajadores de ésta, como en el caso que nos ocupa para la Clínica y médicos aquí demandados” (fl. 1034, cdno. 1 cont.).
Es evidente que la mera alusión a un dato histórico, factual, que inclusive lo observó el juzgado en su sentencia (fl. 1012, cdno. 1 cont.), referido a la definición que al comienzo del proceso pidió, con ocasión del estudio para la admisión de la demanda, acerca del tipo de responsabilidad reclamada, y al acatamiento a ello por los demandantes ubicando el caso en la responsabilidad extracontractual, así como la alusión a normas que en la apelación recuerda el recurrente haber invocado como fundamentos jurídicos, no alcanzan a ser, razones dirigidas a opugnar la conclusión a la que arribó el juzgado de primera instancia, en punto del tipo de responsabilidad sobre la cual debía fallar la litis. Son manifestaciones que no van dirigidas contra el fondo de la sentencia apelada.
La sustentación de la apelación requiere que el recurrente exprese su inconformidad genérica con el fallo impugnado, cosa que logra con solo interponer el recurso, pero además, que “exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad” (artículo 352 del Código de Procedimiento Civil), esto es, aquellos puntos que son motivo de disentimiento con la subsecuente exposición de los argumentos fácticos y jurídicos dirigidos a combatir las conclusiones y argumentaciones de la providencia. Es que al apelar se impugna, y esto significa “combatir, contradecir, refutar con un recurso algo que se cree erróneo o ilegal” (D.R.A.E).
Porque debe señalarse que en esa sentencia de primera instancia, el fallador a quo, sabedor de que los actores fueron explícitos en delimitar la responsabilidad al plano extracontractual (fl. 1010, cdno. 1 cont.), destacó al comienzo de sus consideraciones que el soporte de la petición indemnizatoria se hizo consistir en la demanda “en la ineficiente ejecución de un contrato que tuvo finalidad de atención científica (médica) de aquella. Se colige entonces que las prestaciones resarcitorias tiene un contenido eminente contractual, al haberse facilitado el servicio médico en razón de la afiliación que ostentaba la señora Patricia Saldaña Merchán, respecto de la E.P.S. Salud Total, empresa ésta que a su vez ejecutó la asistencia a través de la Clínica Bogotá S.A.… en consecuencia, de conformidad con la causa petendi formulada por el extremo accionante, nuestro estudio se desarrollará bajo los parámetros que rigen la figura jurídica de la responsabilidad contractual, y no esgrimida por aquél, conforme se establecerá en su momento…” (subraya la Sala).
Seguidamente el juzgado de primera instancia analizó el elemento “preexistencia del vínculo contractual”, en relación con el cual destacó las relaciones jurídicas contractuales probadas por los actores —su afiliación a la E.P.S. y el contrato de ésta con la clínica demandada, que así lo reconoció— para de ello concluir que “al comprometerse la sociedad [Clínica Bogotá S.A.] con la E.P.S. [Salud Total] a prestar servicios a los afiliados y beneficiarios de ésta, inequívocamente adquirió obligaciones frente a quienes no participaron de forma directa en la realización contractual en comentario”. Y por este camino determinó, con apoyo en jurisprudencia de esta Corte, el alcance de las obligaciones (contractuales de medio) asumidas por la Clínica.
De suerte que, pasando por alto los apelantes las disquisiciones del juzgado que lo llevaron a decidirse por la responsabilidad contractual, como aquella que debía aplicar a la litis sin consideración a la explícitamente definida por los actores, dejaron estos al margen de la alzada el estudio de ese tópico: se allanaron, consintieron con tales apreciaciones, a consecuencia de lo cual, ningún agravio pudo producirles el hecho de que el Tribunal —deliberadamente además— se hubiese asimismo abstenido de estudiar la cuestión, y respetando la decisión en ese aspecto, hubiera acometido el estudio del caso al amparo de los lineamientos de la responsabilidad contractual.
Como “decantado está que la causal segunda de casación presupone interés legítimo concretado en el agravio causado al recurrente con la sentencia atacada, cuya ausencia conduce inexorablemente a la improsperidad del ataque (Sent. Cas. Civ. de 13 de mayo de 1985, G.J. CLXXX; Sent. Cas. Civ. de 22 de agosto de 1974, G.J. CXLVIII; Sent. Cas. Civ. de 20 de octubre de 1973, no publicada oficialmente; Sent. Cas. Civ. de 31 de marzo de 1955, G.J. LXXIX; inter alía)” (cas. civ. del 6 de julio de 2009, exp. 5001-3103-013-2000-00414-01), resulta incontrovertible que si el alcance de la apelación no abarcó la particular crítica que ahora sirve de soporte para erigir el cargo por incongruencia, no pueden los censores, por falta de interés, proponerla en casación. Se reitera, con otras palabras que “el sentenciador de segunda instancia tiene ‘el mismo conocimiento y los mismos poderes para enfrentar el estudio de los hechos y del derecho, para valorar las pruebas, de igual o de distinto modo que el de primer grado, revisar íntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden coincidir en parte o en todo con las del juez a quo y, en fin, revocar la providencia, pues su posición frente a los litigantes es la misma al momento de resolver el recurso que la que tuvo el inferior al tiempo de decidir, entendido todo esto, en la medida en que lo pretenda el apelante y con la limitación de la reformatio in pejus’ (cas. civ. sentencia 23 de septiembre de 1963, CIII-CIV, p. 160).
“‘Empero, no sólo el principio antes aludido constituye una limitación a los poderes de decisión del sentenciador ad quem, puesto que no siendo absoluto o irrestricto, también se encuentra restringido por el objeto mismo sobre el cual versa el recurso de alzada, o sea, sobre la sujeta materia de apelación’ (cas. civ. 4 de julio de 1979, CLIX, Primera Parte, pp. 236 a 241)” (cas. civ. del 6 de julio de 2009, exp. 5001-3103-013-2000-00414-01).
En conclusión, el cargo no se abre paso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 18 de agosto de 2010 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de responsabilidad civil médica de Luis Eduardo Jara Gutiérrez, Patricia Saldaña Merchán y Aura María Merchán de Saldaña contra Clínica Bogotá S.A., Ernesto Ortiz Ruiz, Alfredo León Fernández y Germán Uriel Marín Ocampo.
Costas de casación a cargo de los recurrentes. En su liquidación inclúyase la cantidad de seis millones de pesos ($6.000.000,00) por concepto de agencias en derecho, por haber sido replicada la demanda.
Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda, en comisión de servicios—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.