Source: http://bazica.org/inadmisibilidad.html
Timestamp: 2019-02-21 21:38:24
Document Index: 54297533

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INFORME No. 117/12
PETICIÓN 86-07
DEMÉTRIOS NICOLAOS NIKOLAIDIS
1. El 24 de enero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió una petición presentada por el abogado Sócrates Spyros Patseas (“el peticionario”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil (“el Estado” o “Brasil”) por la violación del artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”), en perjuicio de Demétrios Nicolaos Nikolaidis (“la presunta víctima”). El peticionario sostiene que la norma constitucional brasileña que permite la “prisión civil por deuda” no sólo por incumplimiento de deberes alimentarios sino también del depositario infiel, es incompatible con el artículo 7.7 de la Convención Americana. Según lo alegado, en el marco de una acción de ejecución fiscal en contra de una empresa de la cual la presunta víctima era socio, se emitieron órdenes de prisión en contra de la presunta víctima – designado como depositario de los bienes embargados. El peticionario argumenta que la presunta víctima fue efectivamente privada de libertad en virtud de la referida deuda, como depositario infiel porque no presentó los bienes embargados cuando intimado, del 11 de noviembre de 2003 al 12 de noviembre de 2003, además de sufrir “constreñimiento ilegal de su libertad en razón de la amenaza inminente de ser detenido por la referida deuda”. Consecuentemente, el peticionario concluye que la presunta víctima debe ser indemnizada por el Estado debido al daño causado en virtud de la aplicación de la referida norma constitucional.
2. El Estado argumenta, en primer lugar, que en la época de presentación de la petición, los recursos internos no habían sido agotados, conforme a lo exigido por el artículo 46.1.a de la Convención Americana. Al respecto, Brasil señala que el fondo del habeas corpus interpuesto por la presunta víctima todavía no había sido examinado por los tribunales domésticos. Tras el juzgamiento por el Supremo Tribunal Federal (“el STF”) del habeas corpus interpuesto por la presunta víctima, que fue precedido por la suspensión motu proprio de la vigencia del orden de prisión emitida en su contra, el Estado alega que, al ser dicho recurso decidido a favor de la presunta víctima, “queda comprobado que no existió violación de derechos humanos en el presente caso”. Asimismo, el Estado indica que, posteriormente a la decisión del referido habeas corpus por el STF, éste también emitió una directriz jurisprudencial vinculante (Súmula Vinculante 25) que determinó que “es ilícita la prisión civil del depositario infiel”, en virtud del principio pro homine y de lo dispuesto por el artículo 7.7 de la Convención Americana. Por lo tanto, el Estado concluye que esta petición debe ser archivada por la CIDH, en base a los artículos 48.1.b de la Convención Americana y 42.1.a del Reglamento de la Comisión Interamericana.
Tras examinar las posiciones de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana decide declarar la petición inadmisible, debido a que los hechos expuestos no tienden a caracterizar una posible violación de los derechos garantizados por la Convención Americana, de acuerdo a lo exigido por el artículo 47.b de dicho instrumento. La Comisión Interamericana decide notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Inadmisibilidad e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
4. La petición fue recibida el 24 de enero de 2007. Mediante nota de 27 de marzo de 2007, la CIDH transmitió la denuncia al Estado para que presentara su contestación. El Estado dio respuesta a la petición el 29 de mayo de 2007. El peticionario sometió información adicional en las siguientes fechas: 9 de julio de 2007, 18 de diciembre de 2007, 14 de febrero de 2011, 15 de junio de 2011 y 12 de junio de 2012. Dichas comunicaciones fueron trasladadas al Estado. Por su parte, el Estado envió información adicional en las siguientes fechas: 10 de septiembre de 2007, 29 de febrero de 2008, 8 de diciembre de 2010, 15 de abril de 2011, 22 de julio de 2011, 5 de junio de 2012, y 28 de junio de 2012; dichas comunicaciones fueron trasladadas al peticionario.
5. El peticionario alega que la norma constitucional brasileña que permite la “prisión civil por deuda” no sólo por el incumplimiento de deberes alimentarios sino también en casos de depositario infiel1, es incompatible con el artículo 7.7 de la Convención Americana. Sostiene que, en cumplimiento a dicha norma, la presunta víctima sufrió “constreñimiento ilegal de su libertad en razón de la amenaza inminente de ser detenido por una deuda”. El peticionario observa que la presunta víctima era socio de una empresa que fue objeto de acción de ejecución fiscal en virtud de insolvencia respecto del pago del impuesto de comercialización de mercadurías (imposto de circulação de mercadorias e serviços – “ICMS”). El peticionario indica que, a la fecha de presentación de la petición, la deuda relativa al incumplimiento del pago del ICMS ascendía a R$ 268.206, 73 (doscientos sesenta y ocho mil reais y setenta y tres centavos).
6. Conforme al peticionario, en el marco de dicha acción de ejecución, la presunta víctima fue designada como depositario de bienes embargados para fines de pago del monto debido mediante subasta, los cuales la presunta víctima “no pudo [presentar] en razón de la desaparición de los referidos bienes”. En virtud de lo anterior, según el peticionario, el 4º Juzgado de Asuntos Tributarios emitió un orden de prisión en contra de la presunta víctima el 10 de octubre de 2006, como depositario infiel, en violación al artículo 7.7 de la Convención Americana. La información indica que la presunta víctima no estuvo privada de libertad con base en dicha orden. Sin embargo, el peticionario informa que, previo a ello, la presunta víctima fue privada de libertad, en la calidad de depositario infiel, del 11 de noviembre de 2003 al 12 de noviembre de 2003, en la Comisaría de Transito de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
7. De acuerdo con el peticionario, la presunta víctima interpuso peticiones de habeas corpus ante el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais (“TJMG”) y el Superior Tribunal de Justicia (“STJ”), pero ambas fueron rechazadas. El peticionario agrega que la presunta víctima también interpuso un habeas corpus ante el STF, el cual fue decidido a favor de la presunta víctima, con la subsiguiente emisión de la directriz jurisprudencial vinculante (Súmula Vinculante) N° 25 estableciendo que “es ilícita la prisión civil del depositario infiel, cualquiera que sea la modalidad del depósito”. Respecto del previo agotamiento de los recursos internos, el peticionario alega que hubo retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos, consecuentemente se aplica la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana. Por último, el peticionario sostiene que el daño en contra la presunta víctima ha sido comprobado y, consecuentemente, la presunta víctima debe ser indemnizada por el Estado en virtud de la aplicación de la norma constitucional referida supra.
8. En primer lugar, el Estado sostiene que en la época de presentación de la petición, los recursos internos no habían sido agotados, conforme a lo exigido por el artículo 46.1.a de la Convención Americana. Al respecto, a manera de antecedente, el Estado indica que el 11 de mayo de 1999 el estado de Minas Gerais interpuso una acción de ejecución fiscal (Nº 02499-053-662-5) en contra de la empresa DENIK Cosméticos Ltda., de la cual la presunta víctima era socio. En el marco de esa acción de ejecución fiscal, se procedió al embargo de bienes de la referida empresa (204 pares de zapatos equivalentes al monto de R$ 20.400, a efectos de sufragar el ICMS debido por la empresa, que en esa época era equivalente a R$ 16.270,56). Conforme al Estado, la presunta víctima fue designada como depositario de los referidos bienes, con la consecuente obligación de presentarlos cuando fuere intimado, a fin de realizar la respectiva subasta. No obstante lo anterior, según el Estado, una vez intimado a presentar los bienes embargados, la presunta víctima o se omitía de comparecer o indicaba que los bienes se encontraban en direcciones falsas, es decir, supuestamente actuó reiteradamente de manera fraudulenta.
9. En virtud de lo anterior, el Estado informa que la autoridad judicial emitió órdenes de prisión en contra la presunta víctima, como depositario infiel, y éste estuvo privado de libertad en el centro de detención de la Secretaría Estadual de Seguridad Pública/SGPC del 11 de noviembre de 2003 al 12 de noviembre de 2003, siendo liberado luego de interponer un habeas corpus. Conforme al Estado, la presunta víctima siguió actuando de mala fe en el marco de la referida acción de ejecución fiscal, por tanto se le emitió una nueva orden de prisión el 10 de octubre de 2006. En seguida, según el Estado, la presunta víctima interpuso una solicitud de habeas corpus preventivo (así como una solicitud de medida cautelar) ante el TJMG. El Estado indica que la solicitud de medida cautelar fue rechazada el 17 de noviembre de 2006, por falta de requisito formal (no se incluyó el orden de prisión a fin de comprobar la inminencia de la amenaza de privación de libertad). El Estado agrega que la presunta víctima interpuso otro habeas corpus ante el STJ respecto de esta decisión relativa a la medida cautelar, el cual se rechazó por supresión de instancia. Por lo tanto, en su respuesta a la petición, Brasil señala que el fondo del habeas corpus interpuesto por la presunta víctima ante el TJMG todavía no había sido examinado por el tribunal.
10. Según el Estado, los recursos de la jurisdicción interna fueron eficaces respecto de la situación denunciada, toda vez que el STF ha reiteradamente determinado la liberación de depositarios infieles, en virtud de la inadmisibilidad de ese tipo de prisión civil. En efecto, en sus comunicaciones más recientes, el Estado resalta que la presunta víctima interpuso una nueva solicitud de habeas corpus ante el STF el 11 de enero de 2007, en relación con el orden de prisión del 10 de octubre de 2006. Al respecto, el Estado observa que el STF suspendió motu proprio la vigencia del orden de prisión emitida contra la presunta víctima, el 15 de junio de 2007. Asimismo, el Estado indica que el 23 de septiembre de 2008, el STF decidió sobre el fondo del habeas corpus unánimemente a favor de la presunta víctima, invalidando así el orden de prisión del 10 de octubre de 2006, en virtud del principio pro homine y de lo dispuesto por el artículo 7.7 de la Convención Americana. Posteriormente, agrega el Estado, el mismo STF emitió una directriz jurisprudencial vinculante (Súmula Vinculante 25) que determinó que “es ilícita la prisión civil del depositario infiel”. Consecuentemente, el Estado alega que “queda comprobado que no existió violación de derechos humanos en el presente caso”.
11. En base a todo lo anterior, el Estado asevera que ya no subsisten los motivos de esta petición, y solicita que la CIDH archive el expediente de la misma, conforme a los artículos 48.1.b de la Convención Americana y 42.1.a del Reglamento de la Comisión Interamericana.
12. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a un individuo, respecto de quien el Estado se comprometió a respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión Interamericana observa que Brasil es parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la CIDH tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alega la violación de un derecho protegido en la Convención Americana que habría ocurrido dentro del territorio de Brasil, Estado Parte en dicho tratado.
13. Respecto de la competencia ratione temporis, la Comisión Interamericana toma nota que el peticionario denuncia hechos que habrían tenido lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado. Finalmente, la CIDH tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
14. El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige como requisito para la admisión de una petición por la CIDH el previo agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención Americana prevé que dicho requisito no resulta aplicable cuando: (i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o (iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
15. Conforme se desprende de los alegatos de las partes, el tema central de esta petición es el derecho a la libertad personal, específicamente lo establecido por el artículo 7.7 de la Convención Americana. Sobre el agotamiento de los recursos internos vinculados al referido derecho, la Comisión Interamericana observa que el recurso de habeas corpus “tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias” para que la autoridad judicial pueda examinar la privación de libertad y, en su caso, decretar su libertad2. Consecuentemente, la CIDH examinará si la parte denunciante interpuso y agotó ese recurso de jurisdicción interna, conforme al artículo 46.1.a de la Convención Americana.
16. De acuerdo con la prueba disponible en el expediente, en el marco de la acción de ejecución fiscal propuesta por el estado de Minas Gerais en contra de la presunta víctima y su empresa, se procedió al embargo de bienes para sufragar el ICMS debido por la empresa, y la presunta víctima fue designada como depositario de dichos bienes3. El 22 de abril de 2002, el 4º Juzgado de Asuntos Tributarios intimó la presunta víctima mediante Edicto, para que presentara los bienes embargados o indicara su ubicación, so pena de prisión civil4. El 27 de junio de 2002, el estado de Minas Gerais, a través de su procurador, solicitó que se decretara la prisión civil de la presunta víctima, en virtud de que no había presentado los bienes embargados ni indicado su ubicación5. El 6 de agosto de 2002, la autoridad judicial determinó la prisión civil de la presunta víctima por el plazo de seis meses, como depositario infiel porque no presentó los bienes cuando intimado para ello6.
17. Según los documentos del expediente, en cumplimiento al mandato de prisión Nº 121.595, emitido el 22 de agosto de 2003, la presunta víctima fue efectivamente privada de libertad, a las 15:00 horas del 11 de de noviembre de 2003, en la Comisaría de Policía Civil ubicada en el edificio del Departamento de Transito/DETRAN, cuando fue a recoger su licencia de manejar7. Ese mismo día, la presunta víctima interpuso un habeas corpus, alegando que no era depositario infiel e indicando que los bienes embargados para garantizar la ejecución fiscal se encontraban en dos depósitos localizados en la ciudad de Contagem, estado de Minas Gerais8. El 12 de noviembre de 2003, la presunta víctima fue liberada mediante orden de la autoridad judicial9. La CIDH observa, por tanto, que la presunta víctima agotó el recurso de habeas corpus en esta oportunidad.
18. Según lo informado, posteriormente los bienes no fueron encontrados en las direcciones indicadas por la presunta víctima y ésta siguió omitiéndose en presentarlos, y obstaculizando la acción de ejecución fiscal10. Por ello, el 26 de septiembre de 2006, la autoridad judicial del 4º Juzgado de Asuntos Tributarios decretó nuevamente la prisión civil de la presunta víctima, por el plazo de sesenta días11. El peticionario, en representación de la presunta víctima, interpuso recurso de habeas corpus preventivo (n. 1.0000.06.446237-7/000), con solicitud de medida cautelar (liminar) ante el TJMG, el 1 de noviembre de 200612. El TJMG rechazó este habeas corpus el 19 de diciembre de 200613. En seguida, el peticionario interpuso un recurso de habeas corpus ante el STF (“HC 90450-5”), el 11 de enero de 200714.
19. Según la prueba constante en autos, el 15 de junio de 2007, el Ministro Relator del HC 90450-5 en el STF, Celso de Mello, otorgó “de oficio, medida cautelar, para, hasta el definitivo juzgamiento de esta acción de ‘habeas corpus’, suspender la eficacia de la orden de prisión civil emitida contra el solicitante, en los autos de la Ejecución Fiscal nº 024.99.053.662-5”15. En seguida, el 23 de septiembre de 2008, el STF juzgó el fondo del HC 90450-5 y, de manera unánime, decidió el recurso a favor de la presunta víctima, en atención al artículo 7.7 de la Convención Americana, el cual fue reconocido como la norma más favorable a la persona16. La CIDH observa, por tanto, que la presunta víctima también agotó el recurso de habeas corpus en esta oportunidad.
20. En conclusión, la CIDH decide que, tanto cuando acudió a las autoridades judiciales en virtud de su arresto el 11 de noviembre de 2003, como cuando lo hizo de manera preventiva en virtud de la decisión judicial del 26 de septiembre de 2006, la presunta víctima interpuso y agotó el recurso de habeas corpus, de conformidad con el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana, para que se admita una petición ésta debe presentarse dentro del plazo estipulado, o sea, seis meses contados a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva dictada a nivel nacional.
22. Conforme a lo indicado en la sección anterior, las decisiones definitivas respecto de los habeas corpus interpuestos por la presunta víctima fueron dictadas el 12 de noviembre de 2003 y el 23 de septiembre de 2008. Es decir, la segunda decisión fue emitida posteriormente a la presentación de la petición ante la CIDH, el 24 de enero de 2007. Sin embargo, es al momento de decidir sobre la admisibilidad de una petición que la CIDH debe verificar si se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad. En el presente caso, por tanto, se cumplió con el requisito estipulado en el artículo 46.1.b de la Convención Americana.
23. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención Americana.
24. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión Interamericana debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es “manifiestamente infundada” o es “evidente su total improcedencia”, conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la CIDH sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión Interamericana, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, cuál disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y, en consecuencia, podría establecerse su violación si los hechos alegados fueran probados mediante elementos suficientes.
25. En este caso, se alega que la norma constitucional brasileña que permite la “prisión civil por deuda” no sólo por el incumplimiento de deberes alimentarios sino también en casos de depositario infiel, y que fue aplicada a la presunta víctima, es incompatible con el artículo 7.7 de la Convención Americana. Al respecto, la CIDH observa que la referida norma, i.e. el artículo 5º, inciso LXVII de la Constitución brasileña, establece que: “no existirá prisión civil por deuda, excepto la del responsable por el incumplimiento voluntario e inexcusable de deber alimentario y la del depositario infiel”17.
26. La CIDH resalta que, en aplicación a dicha normativa, en el marco de un proceso de ejecución fiscal en el cual la presunta víctima se constituyó como depositario de bienes embargados, fueron emitidos órdenes de prisión en su contra, en virtud de que reiteradamente dichos bienes no fueron presentados cuando intimado el depositario/presunta víctima. En virtud de ello, tal como se describió supra (párr. 17), la presunta víctima fue privada de libertad el 11 de noviembre de 2003 y liberada el 12 de noviembre de 2003, en virtud de una decisión judicial emitida en el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por la presunta víctima. Asimismo, conforme también descrito supra (párrs. 18 y 19), posteriormente el Juzgado de Ejecución decretó nuevamente la prisión civil de la presunta víctima, el 26 de septiembre de 2006, y el peticionario interpuso nuevos recursos de habeas corpus, basándose en la inconstitucionalidad del referido mandato de prisión en virtud del artículo 7.7 de la Convención Americana. El TJMG rechazó el habeas corpus interpuesto ante ese tribunal (n. 1.0000.06.446237-7/000), y la presunta víctima recurrió ante el STF mediante otro habeas corpus (HC 90450-5), el 11 de enero de 2007. El STF, por su parte, suspendió de oficio la vigencia del orden de prisión, el 15 de junio de 2007 y, posteriormente, decidió el HC 90450-5 a favor de la presunta víctima, el 23 de septiembre de 2008. La CIDH observa que es un hecho no controvertido que, en virtud de la decisión judicial del 26 de septiembre de 2006, la presunta víctima jamás estuvo privada de libertad, mientras las autoridades judiciales examinaban sus recursos de habeas corpus.
27. Asimismo, la CIDH destaca que, en su decisión, el STF determinó que:
Los magistrados e tribunales, en el ejercicio de su actividad interpretativa, especialmente en lo referente a los tratados internacionales de derechos humanos, deben observar un principio hermenéutico básico (tal como el consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), consistente en atribuir primacía a la norma más favorable a la persona humana, a fin de otorgarle la más amplia protección jurídica18.
28. Consecuentemente, el STF concluyó que “se aplicaba al caso sub judice el artículo 7.7 de la Convención Americana, en conjunción con el artículo 29 del mismo tratado, por tratarse de un caso típico de primacía de la regla más favorable a la protección efectiva del ser humano”19. Adicionalmente, tras la decisión respecto del HC 9450-5 interpuesto por la presunta víctima, el 23 de diciembre de 2009 el STF emitió una directriz jurisprudencial vinculante (Súmula Vinculante 25) a todos los órganos del Poder Judicial federal, estadual y municipal20, que determina que “es ilícita la prisión civil del depositario infiel, cualquiera que sea la modalidad del depósito”21.
29. En las circunstancias particulares de la presente petición, la CIDH observa que las actuaciones de las autoridades judiciales descritas supra, concretamente hicieron efectivo el derecho de la presunta víctima a la libertad personal, específicamente en lo referente al artículo 7.7 de la Convención Americana. En efecto, la CIDH resalta particularmente que la presunta víctima pudo acudir en todos los momentos a las autoridades judiciales pertinentes a fin de decidir sobre la legalidad de su arresto o, en su caso, de la base legal para determinar su prisión como depositario infiel. Asimismo, cabe destacar que fue exitoso tanto en obtener su liberación dentro de 24 horas (para su arresto ocurrido el 11 de noviembre de 2003), como para obtener una declaración sobre la inconstitucionalidad de la prisión civil del depositario infiel, en aplicación del artículo 7.7 de la Convención Americana, en conjunción con el artículo 29 del mismo tratado. Por lo tanto, la CIDH concluye que la petición no expone hechos que caracterizan prima facie una posible violación de la Convención Americana, y consecuentemente es inadmisible, conforme al artículo 47.b de la Convención Americana.
30. La CIDH concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por el peticionario, y que la petición es inadmisible, de conformidad con el artículo 47.b de la Convención Americana. En consecuencia,
1. Declarar inadmisible la presente petición conforme al artículo 47.b de la Convención Americana;
Notificar esta decisión al Estado y al peticionario;
3. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robisnon, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Belle Antoine, Miembros de la Comisión.
1 El peticionario se refiere al artículo 5, LXVII de la Constitución Federal de 1988.
2 Corte IDH. El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A. No.8, párr. 33. Véase también Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, No. 4, párr. 65.
3 Petición inicial de la acción de ejecución fiscal, del 11 de mayo de 1999, presentada por la Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais; y Acta de Embargo, Evaluación y Depósito del 17 de agosto de 1999 – Anexos de la petición de 24 de enero de 2007. El primer documento señala que el monto de ICMS debido por la presunta víctima correspondía a R$ 16.270,56 (dieciséis mil, doscientos y setenta y dos reais y cincuenta y seis centavos). Por otra parte, el segundo documento indica que los bienes embargados consistían en 204 pares de zapatos: 44 pares de zapatos de la marca Siloer; 21 pares de zapato de la marca Romanelli; 49 pares de zapato de la marca Alanase; 90 pares de zapato de la marca Di Fatto; y que dichos bienes fueron evaluados en R$ 20.400 (veinte mil y cuatrocientos reais).
4 Edital de Intimação del 22 de abril de 2002. 4º Juzgado de Asuntos Tributarios de Minas Gerais, Comarca de Belo Horizonte – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
5 Petición de la Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais del 27 de junio de 2002, firmada por el Procurador Celso de Oliveira Ferreira, en el Proceso de Ejecución Fiscal 024.99.053.662-5 – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
6 Decisión del Juez Renato Luis Dresch del 6 de agosto de 2002 – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
7 Oficio nº 1485/2003/C.O.P./DETRAN/MG, del 11 de noviembre de 2003. Policía Civil de Minas Gerais, Departamento de Transito, Coordinación de Operaciones Policiales – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
8 Habeas Corpus del 11 de noviembre de 2003, firmado por las abogadas Tereza Cristina Bertachini Filizzola y Eliana Maria Henriques Scapin – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007. Según la petición de habeas corpus, los bienes embargados se encontraban en dos depósitos localizados en la Avenida João Gomes Cardoso, nos. 1286 y 1144, Contagem, Minas Gerais.
9 Alvará Judicial de Soltura del 12 de noviembre de 2003, firmado por el Juez Fernando Neto Botelho – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
10 El 17 de marzo de 2004, el Oficial de Justicia certificó que no pudo encontrar los bienes embargados en las direcciones indicadas por la presunta víctima (Certidão del 17 de marzo de 2004, firmada por el Oficial de Justicia Armando da Silva Veloso – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007) , así que el estado de Minas Gerais solicitó que se emitiera un nuevo orden de prisión en contra la presunta víctima, lo que fue efectivamente determinado por la autoridad judicial el 24 de junio de 2004 (Petición de la Procuradora del estado de Minas Gerais, Nilce Madureira Leão, del 18 de junio de 2004; y decisión del Juez Fernando Neto Botelho, del 24 de junio de 2004 – Anexos de la petición de 24 de enero de 2007). El 13 de agosto de 2004, la presunta víctima solicitó que se cancelara el referido mandato de prisión y se ofreció para acompañar el oficial de justicia hasta el depósito de los bienes embargados, lo cual fue determinado por la autoridad judicial (Petición del 13 de agosto de 2004, firmada por la abogada Tereza Cristina B. Filizzola; y decisión del Juez [firma ilegible] del 7 de octubre de 2004 – Anexos de la petición de 24 de enero de 2007). El 17 de octubre de 2005, la presunta víctima informó al Juzgado de Asuntos Tributarios las direcciones de dos depósitos, localizados en la ciudad de Contagem, estado de Minas Gerais, en los cuales se encontraban los bienes embargados. Los depósitos estarían localizados en la Avenida João Gomes Cardoso, nos. 1286 y 1144, Contagem, Minas Gerais, es decir, la presunta víctima indicó las mismas direcciones ofrecidas anteriormente (Escrito del 17 de octubre de 2005, firmado por la abogada Tereza Cristina B. Filizzola – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007). El 20 de diciembre de 2005, la Procuradora del estado de Minas Gerais informó a la autoridad judicial que las direcciones señaladas por la presunta víctima eran las mismas ofrecidas anteriormente, en donde el oficial de justicia no pudo encontrar los bienes embargados. Según la procuradora, una de las direcciones ni siquiera existe, y en la otra reside la Sra. Marta Anunciação Lopes, quien dice no conocer a la presunta víctima. Consecuentemente, la autoridad judicial intimó la presunta víctima, para que presentara los bienes embargados o indicara su ubicación, so pena de prisión civil (Escrito del 20 de diciembre de 2005, firmado por la Procuradora del estado de Minas Gerais, Melissa de Oliveira Duarte; y Mandato de intimación del Juez José Augusto de Sousa Brandão – Anexos de la petición de 24 de enero de 2007).
11 Decisión del Juez Fernando Neto Botelho del 26 de septiembre de 2006; y Mandato de Prisión del 10 de octubre de 2006 – Anexos de la petición de 24 de enero de 2007.
12 Habeas corpus preventivo del 1 de noviembre de 2006 – Anexo de la petición de 24 de enero de 2007.
13 Datos del Proceso (Habeas corpus 1.0000.06.446237-7/000) del TJMG – Anexo de la comunicación del peticionario de 9 de julio de 2007. La CIDH observa que el peticionario no presentó copia de esta decisión, consecuentemente, no conoce el razonamiento para el rechazo. Asimismo, la CIDH toma nota de que, previo a ello, el TJMG también rechazó la solicitud de medida cautelar vinculada, en virtud de que el peticionario no adjuntó el mandato de prisión. Véase Decisión del Juez [firma ilegible], del 17 de noviembre de 2006 (in verbis en el Portugués original: Indefiro a liminar porque o decreto de prisão não foi juntado) – Anexo de la de la petición de 24 de enero de 2007. De la decisión de rechazo de la liminar, el peticionario recurrió a través de otro habeas corpus ante el STJ, el cual fue rechazado preliminarmente el 8 de enero de 2007 porque “no cabe habeas corpus contra decisión que rechazó una liminar en otro habeas corpus, por indebida supresión de instancia” (Decisión del Ministro Barros Monteiro, Presidente del STJ, del 8 de enero de 2007 – Anexo de la de la petición de 24 de enero de 2007); y definitivamente el 20 de mayo de 2007, porque la decisión del Presidente del STJ ya se había convertido en cosa juzgada, y porque ya había otro habeas corpus pendiente ante el STF (Decisión de la Ministra Eliana Calmon, del 20 de mayo de 2007 – Anexo de la comunicación del peticionario de 9 de julio de 2007).
14 Datos del Proceso (Habeas corpus 90450) del STF – Anexo de la comunicación del peticionario de 9 de julio de 2007.
15 Decisión del Ministro Celso de Mello, del 15 de junio de 2007 (Traducción libre del Portugués original: concedo, de ofício, medida cautelar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender a eficácia da ordem de prisão expedida, contra o ora paciente, nos autos da Execução Fiscal nº 024.99.053.662-5) – Anexo 2 de la comunicación del Estado de 8 de diciembre de 2010.
16Acórdão del STF, del 23 de septiembre de 2008 – Anexo 3 de la comunicación del Estado de 8 de diciembre de 2010.
17 Traducción libre del Portugués original: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (artículo 5, LXVII de la Constitución Federal de 1988). El peticionario también ha mencionado el artículo 652 del Código Civil brasileño como norma legal que reglamenta la prisión civil del depositario infiel, y establece que el período máximo de dicha sanción es 1 año (Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos). La CIDH observa que las legislaciones de otros países de la región también determinan la privación de la libertad del depositario infiel, por ejemplo.: el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación (México), que establece una sanción privativa de la libertad para el depositario o interventor que disponga de los bienes depositados, los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad (“Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $109,290.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión”); y los artículos 255 (“Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”) y 263 (“Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares”) del Código Penal de la República Argentina; entre otras.
18Acórdão del STF, del 23 de septiembre de 2008 – Anexo 3 de la comunicación del Estado de 8 de diciembre de 2010, pág. 2 (Traducción libre del Portugués original: Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico [tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos], consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica).
19Acórdão del STF, del 23 de septiembre de 2008 – Anexo 3 de la comunicación del Estado de 8 de diciembre de 2010, pág. 2 (Traducción libre del Portugués original: Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7 c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica]: um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano).
20 La Súmula Vinculante fue creada por la Enmienda Constitucional nº 45, de 2004, y conforme al artículo 103-A de la Constitución brasileña, “tendrá efecto vinculante en relación con los demás órganos del Poder Judicial y con la administración pública directa e indirecta, en los niveles federal, estadual y municipal” (Traducción libre del Portugués original: O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei).
21 Propuesta de Súmula Vinculante y Acta de Votación del 12 de diciembre de 2009 – Anexo 5.2 de la comunicación del Estado de 8 de diciembre de 2010. Entre otros precedentes, la propuesta de Súmula Vinculante también se refiere a las decisiones del STF en los Recursos Especiales RE 466.343/SP y RE 349.703/RS.