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Timestamp: 2018-03-21 14:58:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 148', 'artículo 127', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 118', 'artículo 29', 'artículo 118', 'artículo 29', 'artículo 168', 'artículo 131', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 168', 'artículo 321']

jueves, 8 de marzo de 2018 /en Derecho Administrativo, Nueva Ley LCSP, Populares /por Juan Carlos Melián
Queridos lectores, lo que viene ahora no es un artículo o entrada a la usanza. Simplemente es el texto del artículo 145 de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, sus aledaños y concordancias para entenderlo mejor. Casi como si se tratara de un tema de oposición. En la próxima entrada atacaremos la aplicación de los criterios de adjudicación.
2 Requisitos de los criterios de adjudicación (145.5 LCSP)
2.1 Requisitos formales
2.2 Requisitos sustantivos (145.5 y 6 LCSP)
2.3 Tipos de criterios de adjudicación
3 Infografía Los Criterios de Adjudicación
La adjudicación de los contratos del sector público se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio (131.2 LCSP)
Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. (145.4 LCSP)
La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. (145.2 LCSP)
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148. (145.1 LCSP)
Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por este último, como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato. (128 LCSP).
Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades. ﻿Clic para tuitear
Requisitos de los criterios de adjudicación (145.5 LCSP)
Se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo,
y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación,
además, tienen que justificarse en el expediente (art. 116.4 LCSP).
Requisitos sustantivos (145.5 y 6 LCSP)
Deben estar vinculados al objeto del contrato. Se entiende que lo están cuando se refiera o integre las prestaciones del contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:
en el proceso específico de producción, prestación o comercialización, con especial referencia a formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas
o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.
Deberán ser formulados de manera objetiva:
con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y
no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
Deberán garantizar la evaluación en condiciones de competencia efectiva.
Irán acompañados de especificaciones que permitan evaluar las ofertas según los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
Tipos de criterios de adjudicación
Clasificaciones de criterios:
Por su naturaleza, se distingue entre criterios económicos y criterios cualitativos.
Por la forma de valorarlos, se distingue entre criterios valorables mediante cifras o porcentajes y criterios cuya valoración depende de un juicio de valor.
Los económicos, o criterios relacionados con los costes son el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad como, por ejemplo, el coste del ciclo de la vida.
En el caso de la subasta electrónica, ésta se basará en uno de los siguientes criterios (143.3 LCSP):
únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo exclusivamente al precio,
o bien en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación.
Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir en los criterios de adjudicación una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes condiciones conforme al artículo 127.2 LCSP:
Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho objeto.
Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.
Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
Tipos de criterios cualitativos
Los criterios cualitativos podrán ser, entre otros, los siguientes:
La calidad, incluido:
el valor técnico,
las características estéticas y funcionales,
el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias,
las características sociales:
fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social;
la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción;
los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres;
el fomento de la contratación femenina;
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo;
la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato;
la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo;
la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual;
los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero,
empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética,
la utilización de energías renovables durante la ejecución del contrato,
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
la comercialización y sus condiciones
El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como:
la fecha de entrega o ejecución,
el proceso de entrega,
los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.
Criterios de adjudicación de los contratos de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo del anexo IV (DA 47 LCSP).
En este caso, el órgano de contratación podrá referirlos a aspectos tales como:
La experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar naturaleza en los términos establecidos en el artículo 145,
La reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta,
El establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos.
Las mejoras como criterio de adjudicación
Para que las mejoras puedan ser criterio de adjudicación, deberán cumplir cada uno de los siguientes requisitos:
Deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
Debe tratarse de prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas.
No pueden alterar ni el objeto ni la naturaleza de las prestaciones del contrato.
No podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento.
Infografía Los Criterios de Adjudicación
Infografía de los criterios de adjudicación de los contratos según el artículo 145 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). ﻿Clic para tuitear
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/03/criterios-de-adjudicación-lcsp-melian-abogados.jpg 321 614 Juan Carlos Melián https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Juan Carlos Melián2018-03-08 00:01:482018-03-15 12:31:03Criterios de adjudicación en la nueva LCSP. I Parte: Requisitos y clases de criterios
España pierde otro arbitraje por los recortes a las renovables
martes, 6 de marzo de 2018 /en Colaboraciones /por Colaborador
Por segunda vez, España pierde un arbitraje internacional en relación con el recorte de las subvenciones a las energías renovables. Fue el pasado 15 de febrero, cuando la Cámara de Comercio de Estocolmo emitió un laudo condenatorio por infracción de las protecciones de inversión del Tratado de la Carta de la Energía.
1 En el Derecho español se recoge el arbitraje
2 Un segundo laudo arbitral contra España
3 Según el CIADI, ya antes España violó el artículo 10 de la Carga de la Energía
De esta forma se obliga a indemnizar a un inversor institucional con domicilio en Luxemburgo, y presencia en siete instalaciones en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña. La base de la condena está en los perjuicios causados a la entidad. Ya en el mes de mayo el CIADI, que es tribunal de arbitraje del Banco Mundial, falló en contra de este país.
Por segunda vez, España pierde un arbitraje internacional en relación al recorte de las subvenciones a las energías renovables. ﻿Clic para tuitear
En el Derecho español se recoge el arbitraje
El arbitraje es una figura contemplada por el Derecho procesal español, en la cual es posible especializarse gracias a un curso de arbitraje y solución de controversias. Nosotros recomendamos el que ofrece Thomson Reuters España. Pues bien, en esta ocasión los tres árbitros que fallaron contra España consideraron que este país debe pagar por los daños, si bien no en su totalidad, ya que se reclamaban 60,4 millones de euros.
Por el contrario, se ha impuesto un desembolso de 53,3 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Energía. Las cuales manifestaron también estar estudiando la respuesta, para la cual tenían un plazo de un mes. Otros países como Alemania, Polonia, República Checa y Rumanía tienen laudos similares y con un desarrollo parecido.
Un segundo laudo arbitral contra España
Tal como se apuntó antes, se trata del segundo laudo contrario a los intereses españoles, después del que se dictara en mayo a favor de un fondo británico de infraestructuras, que condenaría a España a pagar 128 millones de euros por el mismo motivo de cambio del marco regulatorio. La sociedad demandante reclamaba 300 millones en esta ocasión, en la que el encargado de dictar el laudo fue el CIADI.
La entidad británica y su filial luxemburguesa habían solicitado el arbitraje en diciembre de 2013, invocando para ello el Tratado de la Carta de la Energía por el recorte de las subvenciones para sus tres plantas fotovoltaicas (dos de ellas en Castilla-La Mancha, y la restante en Extremadura), con una inversión comprometida de 935 millones. Ya conocida la sentencia del CIADI, se presentó la petición de reconocimiento del laudo ante el Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York.
Según el CIADI, ya antes España violó el artículo 10 de la Carga de la Energía
El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial declara en su laudo que España violó el artículo 10 de la Carta de la Energía, privando de un trato justo y equitativo al fondo de infraestructuras británico. Dicha sentencia se dictó por unanimidad de los tres árbitros, y fue especialmente contundente acerca de la legalidad de la transformación del marco regulatorio, como límite del derecho a regular del que disfrutan los Estados.
Con respecto a la reforma que dictó el que por entonces fuera Ministro de Industria, José Manuel Soria, la misma supuso el fin del antiguo mecanismo de primas a la producción. Este fue sustituido por los incentivos a la inversión, que tienen en cuenta toda la vida regulatoria de las plantas.
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/03/arbitraje-renovables-melian-abogados.jpg 321 614 Colaborador https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Colaborador2018-03-06 07:03:592018-03-06 08:15:00España pierde otro arbitraje por los recortes a las renovables
viernes, 2 de marzo de 2018 /en Derecho Administrativo, Nueva Ley LCSP /por Juan Carlos Melián
De todo aquello que sea susceptible de volver a utilizarse con la función que tenía originalmente o con otra finalidad, se dice que es reutilizable. De este modo, en el ámbito del Derecho Administrativo, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, dice en su artículo 3.1: “Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.”
1 Ley 37/2007
2 Ley de transparencia estatal
3 Limitaciones a la reutilización
6 Bibliotecas, museos y archivos
7 Aplicación supletoria de la Ley de Transparencia
8 Finalidad de la reutilización
9 Desestimación
10 Disociación de los datos
11 La idea principal de la reutilización de documentos
Así, se entiende que la reutilización favorece la circulación de información hacia los agentes económicos y la ciudadanía, con el fin de fomentar el crecimiento económico, el compromiso social y la transparencia.
Como hemos apuntado, en nuestro ordenamiento, el uso privado de documentos, información o datos en poder de la administración y organismos públicos está regulado en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Esta Ley, que ya había sido objeto de una modificación anterior para adaptarla a la Directiva 2013/37 de reutilización de documentos del sector público y a la propia Ley 19/2013 de transparencia, y que ahora, recientemente, ha sido modificada por la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que recordemos entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018 y con ella, esta nueva modificación cuyo alcance comentamos hoy.
En la Ley de transparencia estatal, la reutilización y su familia se menciona en pocas ocasiones. En el preámbulo, para hacer mención a la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, entre aquellas otras normas que inciden en el acceso a la información pública.
En dicha ley de reutilización, como en la entradilla a este artículo hemos reproducido, se conceptúa en su artículo 3.1 la reutilización de documentos y además se señala que:
“Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas.” En tal sentido en la delimitación objetiva que realiza el mencionado artículo 3, se especificaba en su apartado dos “2. La presente Ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público, cuya reutilización no esté expresamente limitada por éstos.”
Limitaciones a la reutilización
Pues bien, la modificación introducida por la LCSP elimina en la delimitación del ámbito objetivo de la Ley de reutilización, esa coletilla “cuya reutilización no esté expresamente limitada por éstos.” y por lo tanto, hace desaparecer desde ahora la posibilidad de que los propios sujetos obligados por la Ley pudieran establecer limitaciones a la reutilización de los documentos que obran en su poder. Ahora la reutilización no sólo es la regla, sino que no admite excepción.
Con la modificación introducida por la LCSP desaparece la posibilidad de que los propios sujetos obligados por la Ley pudieran establecer limitaciones a la reutilización de los documentos que obran en su poder. ﻿Clic para tuitear
También la modificación de la Ley de Reutilización realizada por la LCSP, clarifica el ámbito subjetivo de tal manera que es aplicable a todas las administraciones y sus entidades y organismos públicos dependientes ampliándolo ahora también a las entidades de derecho privado y a las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
En consecuencia, también se amplía el ámbito objetivo a “los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público”
Igualmente, la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) modifica la ley de reutilización limitando la exclusión de la aplicación de tarifas cuando quien pretenda la reutilización de información sea una Administración u organismo del sector público y reutilice los documentos como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias que tenga atribuidas.
En tal caso, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades, las mismas tasas o precios públicos y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.
Bibliotecas, museos y archivos
Por último, desaparece ahora también la posibilidad de que bibliotecas museos y archivos, pudieran quedar al margen de la obligación de publicar por medios electrónicos sus tarifas, condiciones y los factores tenidos en cuenta para el cálculo de la misma. Cuando se solicite, dichas entidades también indicarán cómo se ha calculado esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización concreta.
Con la modificación introducida por la LCSP desaparece también la posibilidad de que Bibliotecas, Museos y Archivos queden al margen de la obligación de publicar por medios electrónicos sus tarifas y condiciones. ﻿Clic para tuitear
Aplicación supletoria de la Ley de Transparencia
Y ya que estamos, no está de menos recordar que cuando la documentación pública que se solicite lo sea para ser reutilizada porque así se exprese en la solicitud, el régimen de acceso será el de la Ley 37/2007. En tales supuestos, la Ley de Transparencia será aplicable sólo supletoriamente.
Finalidad de la reutilización
La Ley de Reutilización contempla un procedimiento de acceso distinto al de la Ley de Transparencia en el que, en contra de lo que sucede en el procedimiento para el ejercicio del Derecho de Acceso de la Ley de Transparencia, sí ha de expresarse la finalidad de la reutilización.
Si el solicitante formula su solicitud de manera imprecisa será requerido por diez días para que delimite la información solicitada y en su caso, la finalidad de la reutilización. Además, el plazo máximo para resolver la solicitud de información para su reutilización es de 20 días, ampliable motivadamente por otros veinte días más cuando el volumen y la complejidad de la información solicitada así lo exija.
El vencimiento del plazo máximo para resolver tiene sentido desestimatorio de la petición. Con relación al régimen de recursos frente a la desestimación, la Ley de Reutilización se remite al régimen de recursos de la Ley 30/1992, ahora Ley 39/2015 sin que sea recurrible a través de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como sucede con las solicitudes del Derecho de Acceso a las que se refiere la Ley de Transparencia.
Disociación de los datos
Un último recordatorio: En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la información en que la ponderación a la que se refieren la Ley de transparencia arroje como resultado la prevalencia del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, a menos que se produzca la disociación de los datos.
La idea principal de la reutilización de documentos
Quédate con la idea principal de lo que hemos dicho: A partir de ahora, en relación con la reutilización de documentos públicos, no cabrá más excepción que las expresamente previstas en las Leyes, sin que sea posible que los sujetos obligados puedan excepcionar por su cuenta documentos que puedan ser objeto de reutilización. Hasta la próxima.
En relación con la reutilización de documentos públicos, no cabrá más excepción que las expresamente previstas en las Leyes ﻿Clic para tuitear
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/03/reutilizacion-de-documentos-melian-abogados.jpg 321 614 Juan Carlos Melián https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Juan Carlos Melián2018-03-02 07:04:212018-03-02 09:47:11Reutilización de documentos. Reutilización de documentos. Modificación de la Ley por la nueva Ley de Contratos del Sector Público
Batalla por los gastos hipotecarios, esta vez “Gana la Banca”
miércoles, 28 de febrero de 2018 /en Derecho Civil /por Segundo Pérez
El Tribunal Supremo excluye de la reclamación de gastos hipotecarios el impuesto derivado de la constitución de la hipoteca.
1 Antecedentes de la reclamación de gastos hipotecarios
3 Comunicación del Tribunal Supremo
Antecedentes de la reclamación de gastos hipotecarios
La Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo estableció que las cláusulas de los préstamos hipotecarios que imponen el pago al consumidor de la totalidad de los gastos de formalización, preparación y ejecución del préstamo pueden considerarse abusivas y, por tanto, declararse nulas.
Tras esta Sentencia del Tribunal Supremo la mayoría de los Juzgados y Audiencias provinciales han venido declarando nula esas cláusulas y condenando a las entidades bancarias a la devolución al consumidor de lo abonado al Notario, al Registrador y la gestoría.
Sin embargo, en cuanto a la parte relativa al gasto que supone el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, existían discrepancias, unos Tribunales acordaban su devolución y otros no. Por ello se esperaba con ansia el día en que el Tribunal Supremo diera una respuesta clara a este asunto, y ha sido hoy cuando ese día ha llegado, y no parece beneficie al consumidor.
Comunicación del Tribunal Supremo
En nota de prensa emitida hoy día 28 de febrero de 2018, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre la resolución de dos recursos de casación 1211/2017 Y 1518/2017, ha comunicado lo siguiente:
El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.”
Es decir, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el consumidor es el que debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, correspondiente a la constitución del préstamo hipotecario, y lo que deben pagar a medias, entre el banco y el consumidor, es el timbre de los documentos notariales, es decir los timbres de los folios que se usan.
Después de la sentencia del Supremo de hoy, el consumidor es el que tiene que pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, correspondiente a la constitución del préstamo hipotecario. ﻿Clic para tuitear
En resumen, podemos seguir reclamando al banco los gastos del Notario, registro y gestoría, pero no el impuesto, precisamente la parte de mayor importe. “Gana La Banca”.
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/02/gastos-hipotecarios-melian-abogados.jpg 321 614 Segundo Pérez https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Segundo Pérez2018-02-28 18:51:262018-02-28 18:51:26Batalla por los gastos hipotecarios, esta vez "Gana la Banca"
lunes, 26 de febrero de 2018 /en Colaboraciones /por Colaborador
1 La Figura del perito judicial en un Tribunal de Justicia
2 La función del perito judicial
2.1 Tipos de peritos
2.2 Los peritos de las partes
2.3 Relevancia del informe judicial
2.4 Peritación o peritaje
2.5 Interacción en el proceso
2.6 Confidencialidad
La Figura del perito judicial en un Tribunal de Justicia
Si tenemos que decir con precisión de qué hablamos cuando mencionamos a los peritos judiciales como roles específicos dentro de un juicio, entonces debemos decir que se trata de aquellos profesionales que cuentan con conocimientos especializados y reconocidos de acuerdo a sus estudios superiores, y que son los encargados de suministrar información o bien una opinión fundada a los tribunales de justicia, con respecto a los puntos litigiosos que son sometidos a su dictamen.
De esta manera, en los términos más sencillos, diremos que el perito judicial es un profesional especializado en una materia determinada, que se ocupa de actuar en este caso como fuente de consulta experta en la resolución de un proceso judicial en particular.
Ahora bien, entendido esto ¿cuál es su función?
La función del perito judicial
Antes de adentrarnos en la función del perito judicial, debemos hablar de la existencia de distintos tipos de peritos. En esencia, hay dos clases generales: por un lado, los peritos designados por el juez y por el otro, los peritos que presenta una o ambas partes dentro del proceso judicial.
Los peritos de las partes
Tanto el juez como las partes involucradas en un juicio pueden presentar un perito judicial entendido en una misma materia, pero en el caso de los profesionales presentados por las partes involucradas, será el juez o fiscal quien tendrá la decisión final acerca de la participación de este experto en la investigación.
Relevancia del informe judicial
Todo testimonio e informe judicial presentado por un perito que sea aceptado y forme parte de esta clase de procedimiento, tendrá el mismo grado de relevancia, independientemente de quien haya convocado su participación. En otras palabras, la opinión especializada de cualquier perito judicial siempre será tenida en cuenta por el juez.
Peritación o peritaje
Ahora bien, si de las funciones del perito judicial estamos hablamos, claramente una de ellas es la peritación o peritaje, que es la valoración o estimación final de parte de este profesional, sobre un caso en particular. Claro que para llegar allí el perito debe investigar, y para ello, necesita reunir pruebas y compararlas y analizarlas. Su trabajo es exhaustivo en este sentido y apunta a indagar en detalle sobre el objetivo a estudiar.
Con la información obtenida el perito puede elaborar el informe judicial, que es una pieza clave dentro de cualquier investigación. En este informe no sólo debe estar la opinión bien fundada del profesional, sino también el detalle de cómo se llegó a las conclusiones que finalmente se obtuvieron.
Por otro lado, junto con el informe judicial, el perito debe entregar los materiales que utilizó para realizar su investigación, teniendo en cuenta que estos elementos pueden ser útiles para una mayor comprensión del caso y al mismo tiempo, para fundamentar la opinión del experto.
Interacción en el proceso
El perito judicial, como los profesionales que puedes encontrar en Aseiip, también interactúa con el juez, transmitiendo sus conocimientos, con lo cual debe tener la aptitud necesaria para ser parte de los procesos judiciales.
Finalmente, resulta fundamental que el perito judicial asuma el secreto de confidencialidad para preservar los datos y cualquier información sensible relacionada a las personas que están implicadas en el proceso judicial.
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/02/perito-judicial-melian-abogados.jpg 321 614 Colaborador https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Colaborador2018-02-26 15:08:422018-02-26 21:21:10¿Cuál es la función de un perito judicial?
Salario mínimo interprofesional 2018 (SMI 2018)
lunes, 19 de febrero de 2018 /en Derecho Laboral /por Paula González
El Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social anticipó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional 2018, señalando en su Disposición Adicional única un incremento del 4% respecto del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) del 2017.
1 Aplicación del salario mínimo interprofesional 2018
2 Colectivos específicos
2.1 Trabajadores eventuales y temporeros
2.2 Empleados de hogar
Así, mediante Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, se fija el salario mínimo interprofesional para 2018 en 24,53 euros/día, o 735,9 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
Mediante Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, se fijó el salario mínimo interprofesional para 2018 en 24,53 euros/día, o 735,9 euros/mes ﻿Clic para tuitear
Aplicación del salario mínimo interprofesional 2018
En la aplicación del salario mínimo interprofesional 2018 hay que tener en cuenta, tal como señala la norma, que:
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar a la minoración de la cuantía de aquel en dinero.
Al salario mínimo se adicionarán los complementos salariales establecidos en los convenios colectivos y contratos de trabajo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
En cuanto a las reglas sobre la compensación y absorción, señala el artículo 3 que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios, en su conjunto y en cómputo anual, fuesen superiores a dicho salario mínimo.
Las leyes, convenios colectivos y laudos arbitrales en vigor a la fecha de promulgación del Real Decreto deben adaptarse a la norma, incrementándose los salarios profesionales inferiores en la cuantía necesaria para equipararse al salario mínimo.
Sin perjuicio de lo anterior: —los salarios de convenio que sean inferiores, en su conjunto y cómputo anual, al SMI para el 2018 deben ser modificados en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantía—, en sus disposiciones transitorias señala las siguientes pautas:
En los convenios colectivos vigentes a 1 de enero de 2017 que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán referidas durante 2018 a las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016, incrementadas en un dos por ciento, de acuerdo con el objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo1Para el año 2016 quedó fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses..
En los convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y que continuaban vigentes a 26 de diciembre de 2017, cuando utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán referidas durante 2018 a las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 20172Para el año 2017 quedó fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses..
Respecto a dos colectivos específicos, los trabajadores eventuales y temporeros, por un lado, y los empleados de hogar por otro, queda fijado así:
Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días el salario mínimo queda fijado en 33,51 euros por jornada legal en la actividad.
Para los empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,54 euros por hora efectivamente trabajada.
Para los empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo, el salario mínimo será de 5,54 euros por hora efectivamente trabajada. ﻿Clic para tuitear
➯ Aumento de la Contratación, pero con un mercado laboral más precario (CC.OO.). Europa Press
➯ Las Reformas Laborales: ¡algo más que mercado!. Revista de Fomento Social
1. ↑ Para el año 2016 quedó fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
2. ↑ Para el año 2017 quedó fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2018/02/salario-minimo-interprofesional-2018-melian-abogados.jpg 321 614 Paula González https://mymabogados.com/wp-content/uploads/2015/07/logo-300x90.png Paula González2018-02-19 13:06:142018-02-19 13:19:24Salario mínimo interprofesional 2018 (SMI 2018)
martes, 6 de febrero de 2018 /en Derecho Administrativo, Nueva Ley LCSP /por Juan Carlos Melián
Hoy hago de funambulista. Moviéndome en el fino alambre que el texto literal de la Ley ha dejado. El precipicio acecha. De forma consciente, además porque, aunque las cuestiones que voy a plantear en relación a la adjudicación de los contratos por los poderes adjudicadores no administraciones públicas (PANAPS) puedan parecer “elucubraciones teóricas”, detrás de ellas pueden esconderse mil y un desagües no queridos de la contratación en las administraciones públicas. Al tajo:
Dedicado a Rafa Camacho (@rafacamu) de Transparencia en España, de cuya agudeza visual y amistad disfruto.
1 Los PANAPS para los contratos no armonizados
2 Instrucciones internas de contratación
3 Adjudicación de los PANAPS
3.1 Adjudicación Directa (art. 318. a LCSP)
3.2 Resto de contratos no sujetos a regulación Armonizada (318. b LCSP))
3.3 Contratos Armonizados (317 LCSP)
4 El Panorama
5 El Rascacielos de la contratación pública
6 Infografía La adjudicación de los contratos por los PANAPS
7 ÚLTIMA HORA
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, adaptando la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito subjetivo de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, mantiene en la configuración del régimen jurídico aplicable, la distinción, dentro de los poderes adjudicadores, entre las Administraciones Públicas y las entidades que, siendo poderes adjudicadores, no son administraciones públicas y que resumidamente llamaremos PANAPS.
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Los PANAPS para los contratos no armonizados
Entre las bondades anunciadas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) se ha venido destacando como principal con relación a los PANAPS, la desaparición de la posibilidad de establecer procedimientos particularizados en las instrucciones internas de contratación para los contratos no armonizados.
No está de más recordar que el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla que los PANAPS, para los contratos no armonizados, se regirán unas instrucciones internas de contratación, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de la contratación pública. (art. 191 TRLCSP)
Pues bien, efectivamente tal y como se nos anunciaba, desaparecen con la nueva ley las instrucciones internas de contratación y otras especificidades que se vienen aplicando a los PANAPS, unificándose el régimen jurídico de su contratación, antes disperso en tantas instrucciones como poderes adjudicadores no administración pública había.
Pero ojo, eso no significa que dicho régimen se acerque en exceso al de la contratación de las Administraciones Públicas. Al contrario, en mi opinión, puede que en la mayor parte de las Organizaciones los PANAPS se utilicen como una especie de desagüe por el que se libere la presión de los nuevos requisitos establecidos para el contrato menor en las Administraciones Públicas y la desaparición del procedimiento negociado sin publicidad.
Desaparecen con la nueva ley (LCSP) las instrucciones internas de contratación y otras especificidades que se vienen aplicando a los PANAPS. ﻿Clic para tuitear
Adjudicación de los PANAPS
Me gustaría compartir con vosotros las conclusiones que se extraen del texto literal de los artículos 317 y 318 de la nueva LCSP, en los que se regula la adjudicación de los PANAPS. Y las comparto porque indudablemente son llamativas y porque, por supuesto, me gustaría conocer los argumentos de quienes extraen otras conclusiones.
Veamos cómo se adjudican los contratos de los PANAPS según la tipología de contratos que contemplan los citados preceptos:
Adjudicación Directa (art. 318. a LCSP)
Los contratos de menos de 15.000 en suministros y servicios y 40.000 en obras, se adjudican sin otro requisito que el contratista designado tenga capacidad de obrar y en su caso habilitación. Digo sin otro requisito, porque estos contratos, no se pueden identificar con los contratos menores del 118 y sus requisitos, por lo siguiente:
Aunque en la cuantía coincida con los contratos menores del artículo 118 LCSP, evita llamarlos “menores”, probablemente porque no quiera que se confunda su régimen jurídico.
Si el legislador hubiera querido que se le aplicaran los requisitos del 118, simplemente lo hubiera dicho o señalado, como expresamente sí lo hace para el resto de contratos de los PANAPS.
Otra cuestión más delicada, planteada abiertamente por MARC GIL VAN BEVEREN en una colaboración “Mercantiles de capital público: vuelta a la senda que se ha de volver a pisar. Pinceladas de la nueva norma relativas a poderes adjudicadores no Administración Pública” publicada en el Observatorio de la Contratación Pública, es si le es de aplicación a estos contratos de adjudicación directa la prohibición de prórroga y la duración máxima de un año.
El artículo 29 de la LCSP, aún estando dentro de las normas de aplicación general a la contratación de todo el sector público, sólo limita a un año el plazo de duración y prohíbe la prórroga de los “contratos menores descritos en el artículo 118”, quedando fuera de esas limitaciones, por lo tanto, los contratos de adjudicación directa de los PANAPS.
Es decir, en teoría podrían adjudicarse contratos directos por los PANAPS sometidos —en relación con su duración—, únicamente a la prescripción introductoria del artículo 29:
“1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.” y a los límites generales de duración previstos en ese precepto según el tipo de contrato.
Sé que nos movemos en arenas movedizas, pero me atengo estrictamente a lo que se concluye del texto literal de la norma.
Resto de contratos no sujetos a regulación Armonizada (318. b LCSP))
Es decir, los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros.
Estos contratos, se podrán adjudicar por los PANAPS por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168.
Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros, se podrán adjudicar por los PANAPS. ﻿Clic para tuitear
La sección segunda mencionada, que comprende desde el artículo 131 al 187, ambos incluidos, describe en ella los procedimientos abiertos, también en su modalidad simplificada y simplificada abreviada, restringidos, con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación.
Del tenor literal del artículo 318 b) se concluye que se podrá utilizar “cualquier procedimiento” de los señalados. De tal manera que con fundamento en esta habilitación y sin perjuicio del sometimiento del principio de eficiencia en la contratación (art. 28 LCSP,) no será necesario justificar por qué se utiliza un procedimiento determinado u otro en cada caso particular.
Pero la cuestión es si esta libertad de elección del procedimiento permite utilizar cualquier procedimiento (salvo el negociado sin publicidad) independientemente de los requisitos específicos que de ordinario permiten su utilización. Es decir, si independientemente de la cuantía o también de los supuestos y condiciones que específicamente habilitan la utilización de algunos de ellos.
Por ejemplo, parece que es posible utilizar el procedimiento abierto simplificado para contratos no armonizados que, sin embargo, estén por encima de la cuantía máxima que habilita este procedimiento (por ejemplo, en servicios y suministros hasta 100.000 euros, según el art. 159 LCSP).
Y ya lanzándonos a la piscina, la cuestión también es si la utilización de ese procedimiento ha de respetar los demás requisitos o supuestos, además del de la cuantía, por ejemplo, el que los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no puedan superar el 25% en el procedimiento abierto simplificado.
Si nos atenemos a texto de la Ley la respuesta podría ser positiva. Principalmente porque si así no lo hubiera querido el legislador, no hubiera hecho la salvedad expresa que sí hizo en relación al procedimiento negociado sin publicidad, que como dice el artículo 318 b) “únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168” A sensu contrario, los demás procedimientos se podrán utilizar por los PANAPS sin limitarse a los casos específicamente previstos ni a otras condiciones salvo la de respetar el límite de la cuantía de los contratos no armonizados.
Contratos Armonizados (317 LCSP)
“La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley.”
Es decir, además de las normas generales, le son de aplicación todas las normas contenidas en los artículos 115 a 187. He reproducido literalmente el texto del precepto, porque ha de notarse que, en la preparación de los contratos, los PANAPS únicamente están sometidos a las previsiones de la Ley (dejando, claro está, las que hayan de deducirse a partir de las normas generales de aplicación a todo el sector público del Título preliminar, artículos 1 a 27, y el Libro Primero de la Ley arts. 28 a 114 LCSP) cuando se trata de contratos armonizados.
En el resto de contratos, particularmente en lo que se refiere al expediente del contrato (contenido y aprobación), los PANAPS se moverán aparentemente con cierto margen.
Naturalmente el panorama “laxitud”, utilizando el término aplicado por MARC GIL VAN BEVEREN en relación a la Adjudicación de los contratos de los PANAPS (Panasonics, los llamaba bromeando por Twitter el otro día Javier Vázquez @javiervazquezma) se compensa por las estrictas normas de publicidad, transparencia e información que le son de aplicación (planificación, publicación en el perfil de contratante, informes de justificación de las diferentes vicisitudes del contrato, informes para órganos de control, etcétera) que en eso van igual que el resto de poderes adjudicadores.
Y no digo sector público, porque el artículo 321 sobre la adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador parece que en materia de publicidad da un paso atrás respecto de las normas generales que en teoría le son de aplicación —sí o sí—, a todas las entidades del sector público. Pero es, ahora no toca. Queda dicho.
El Rascacielos de la contratación pública
La casa de la contratación pública se asemeja entonces, a un rascacielos con ascensores exteriores. En los pisos más altos, donde vive la contratación de la Administración Pública, se han de tomar necesariamente los ascensores de la contratación. A medida que descendemos y nos acercamos al nivel de la calle, el resto de poderes adjudicadores, depende de la altura, cogen el ascensor, bajan discretamente por las escaleras, o incluso, llegado el caso, se descuelgan de las ventanas anudando un par de sábanas. Luego, los del bajo, viven en el edificio del Sector Público, pero entran y salen sin problema. Conocen también la puerta de servicio.
Ahora, han puesto cámaras en el edificio de la contratación 24 horas al día y sustituido al portero por un vigilante jurado y un sabueso. Veremos.
Infografía La adjudicación de los contratos por los PANAPS
Infografía de la adjudicación de los contratos por los poderes adjudicadores no administración pública. ﻿Clic para tuitear
Informe de la Abogacía del Estado sobre los PANAP:
miércoles, 31 de enero de 2018 /en Colaboraciones /por Colaborador
Con la publicación de este artículo en nuestro blog ponemos en marcha una iniciativa para dar voz a los profesionales de distintas actividades con los que por razón de nuestro trabajo entramos en contacto. En esta ocasión hemos pedido a los amigos de AOB Auditores que bajo la pregunta ¿Qué esperan los auditores de cara a este año? nos cuenten cómo marcha su actividad y las expectativas y novedades de la auditoría para el futuro.
Colaboración. El trabajo de los Auditores.
1 ¿Qué esperan los auditores de cara a este año?
2 Buenas previsiones en relación con la creación de empleo
3 Auditores que hacen su trabajo para clientes de cualquier lugar
4 Otros aspectos que han sido estudiados por el sector de la auditoría
5 Infografía “Tips para Contratar a un Auditor”
¿Qué esperan los auditores de cara a este año?
Si en el ámbito de la auditoría el Gobierno es positivo, los profesionales de este ámbito lo son aún más. Y es que casi el 60% de los auditores que asesoran en áreas relacionadas con las finanzas, la contabilidad o los procesos concursales, opinan que este año se superará la previsión del Ejecutivo de un crecimiento del 2,3%.
Es más, un 6% de ellos cree que el crecimiento va a ser bastante más alto del que se ha previsto a nivel oficial. Son datos dados a conocer a través de una encuesta hecha por expertos del propio sector, los cuales coinciden en que la economía española evoluciona favorablemente en prácticamente todos los indicadores.
Buenas previsiones en relación con la creación de empleo
El 71% de los auditores cree que esta evolución positiva por parte de la economía contribuirá a que crezca el empleo. Por otro lado, la evolución del salario medio crece en las empresas, o al menos así lo opina también el 71% de estos profesionales, en tanto que el resto opina que se mantiene.
Como quiera que sea, la estimación media se sitúa por debajo de lo previsto en el primer semestre, lo cual podría indicar que se perciben subidas en los salarios, aunque inferiores a las previstas inicialmente.
Auditores que hacen su trabajo para clientes de cualquier lugar
Estas previsiones llegan en un momento en el que hay que tener muy en cuenta el entorno digital. La auditoría ha llegado a la red para quedarse, y las empresas pueden recurrir a los mejores profesionales que consideren allá donde estos se encuentren. Aunque se trate de un cliente de Jaén, si este considera que su mejor opción está en auditores Madrid, puede ponerse en manos de estos profesionales gracias a las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Un 59% de los encuestados piensa que la cifra de negocios está mejorando ligeramente, mientras que un 35% cree que estos crecen significativamente, o incluso muy significativamente, en comparación con el anterior período.
Otros aspectos que han sido estudiados por el sector de la auditoría
Los profesionales también valoran la creación de empresas, aspecto que aumentaría en número neto, o lo que es lo mismo, teniendo en cuenta cierres y quiebras, bien de forma leve (un 47%), o bien de manera importante (12%). El resto encuentra una cierta estabilidad en este tema.
En relación al aspecto corporativo, este se sitúa en su nivel más alto de los dos últimos años, aunque el ritmo de crecimiento se estaría pausando levemente otra vez. Para la actividad económica general, que incluiría el consumo, se prevén crecimientos leves por parte de un 76% de los expertos.
Cabe destacar que los auditores esperan una evolución de actividad y consumo un poco por debajo de lo que se preveía para el segundo semestre del año anterior, por lo cual el crecimiento de ventas vendría apoyado por el turismo y las exportaciones parcialmente. Finalmente, señalar que casi cinco de cada diez auditores opinan que el turismo tiene recorrido alcista, aun a pesar de las buenas cifras que se consiguieron el año pasado.
Infografía “Tips para Contratar a un Auditor”