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Timestamp: 2020-05-28 08:49:20
Document Index: 40788397

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 29', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 24', 'artículo 46', 'artículo 59', 'artículo 57', 'artículo 105', 'artículo 21']

Test a14 -t2 lapacapa
A14 -T2 LAPACAPA
TROMIAS
Documento es: Un ejemplar no original de una edición. Cualquier tipo de soporte que contenga información y que sea el resultado del desarrollo de una actividad. Entidad identificada y estructurada que contiene cualquier clase de información emitida necesariamente por los órganos de la Administración Pública. Una parte de un expediente que debe estar obligatoriamente registrado.
Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán reunir una serie de requisitos, entre el/los que se encuentra/o:	A) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. B) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Además, debe incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos, los metadatos mínimos exigidos y las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Son correctas las respuestas A y B Ninguna respuesta de las anteriores son correctas.
Los Registros son: Los instrumentos de control de los documentos cuando entran, circulan o salen de las oficinas públicas. Los instrumentos que resumen los documentos: Los libros mediante los cuales se controlan los documentos más importantes. Todos los libros que se llevan en una oficina pública y, por extensión, las oficinas encargadas de custodiar aquellos.
La principal característica de un Archivo es: Ser un conjunto orgánico de documentos. Ser un conjunto de documentos producidos por una persona física o jurídica para destinarlos como material probatorio ante las instancias judiciales. Ser el conjunto de papeles que reúne una oficina para apoyar su gestión administrativa. Ser un conjunto de documentos reunidos de forma orgánica o aleatoria, reunidos por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus actividades.
Señálese de qué forma garantiza el artículo 18.4 de la Constitución la intimidad personal y familiar de los ciudadanos: Limitando por Ley el uso de la informática. Potenciando la seguridad ciudadana. Limitando la información de carácter general. Estableciendo controles de calidad en la atención.
A la luz de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con el Registro Electrónico General es predicable la siguiente afirmación: Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Por regla general funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo procurarán cumplir con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el BOE y un extracto de su contenido deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de personas responsables del registro.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: Sólo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. Únicamente en las oficinas de asistencia en materia de registros. Sólo en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
A la luz de Ja Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con Jos documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, señale Ja afirmación correcta en todos sus términos: Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de 20 días a contar desde su solicitud. Cumplido el plazo señalado en la respuesta anterior, se dará por concluido el procedimiento administrativo. Las Administraciones exigirán, por regla general, a los interesados la presentación de documentos originales.
¿Cuál es la norma que establece el Sistema Archivístico Español? Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por el que se reconocen 4 tipos de archivos y desarrollado por Real Decreto 1708/2012, de 28 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso La Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración y desarrollado por Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. El Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales.
Los documentos deberán permanecer en los archivos de gestión, activos o de oficina: Sólo cinco años desde su producción. Diez años, siempre y cuando no se establezca disposición en contrario. Los documentos nunca podrán salir del archivo de gestión, a no ser que no tengamos espacio para archivar los últimos años. Cinco años desde su producción, siempre y cuando su frecuencia de consulta no indique lo contrario.
Para que un conjunto de documentos producidos por una Institución formen una serie documental deberán tener en común: El mismo tipo documental y el mismo soporte, salvo casos excepcionales. Haber sido producidos por una misma oficina, en el desarrollo de una misma función o competencia y tener el mismo tipo documental. Haber sido producidos por una misma oficina, y tener el mismo tipo documental. Un conjunto de documentos nunca podrá formar una serie documental.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), establece que quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de una serie de derechos, entre el/los que se encuentra/o: Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ¿qué ocurre si no se resuelve expresamente en un procedimiento iniciado de oficio?: En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, los interesados que hubieran comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, los interesados que hubieran comparecido pierden sus derechos, ya que el procedimiento ha prescrito. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, los interesados que hubieran comparecido pierden sus derechos, ya que el procedimiento se entiende caducado. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ¿cuándo empieza a contar el plazo para resolver un procedimiento, si se presenta la solicitud en un registro que no es el del órgano competente para conocer el asunto?: A) Desde la fecha en que se notifica el acuerdo de iniciación. B) Desde la fecha en que se publica el acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en ,el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Las respuestas a) y b) son correctas.
Respecto al funcionamiento del registro electrónico una de las reglas por las que se rige es la siguiente: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, salvo festivos, durante las 24 horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos podrá ser comunicada a quien presentó el documento. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La Ley 39/2105, de 1 de octubre establece en su artículo 13 una serie de derechos para quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Entre tales derechos hay que excluir uno de los siguientes. Señálelo: Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico.
Respecto a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos es predicable la siguiente afirmación: Debe acordarse siempre de oficio. Provoca la reducción de todos los plazos del procedimiento ordinario, sin excepciones, a la mitad. Cabe recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta. Por tanto, las respuestas anteriores contienen afirmaciones falsas.
El Archivo que conservará definitivamente la documentación será el: Histórico, al constituir la primera fase en la edad de los documentos. De Gestión, al constituir la última fase en la edad de los documentos. Intermedio. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
El Archivo que se corresponde con la tercera etapa en el ciclo vital de los documentos será el: Intermedio. Histórico. Central. De Gestión.
La afirmación "los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo. que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros" a la luz de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), es: Parcialmente correcta. Incorrecta. Correcta en todos sus términos. Parcialmente incorrecta.
En relación a la lengua de los procedimientos administrativos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que la Administración Pública instructora: A) Podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a Jos interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua 9istinta del castellano, no será precisa su traducción. B) Intentará traducir al castellano Jos documentos, expedientes o partes de Jos mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el· territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. Las respuestas A y B son correctas. Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.
Respecto a la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, la Ley 39/1015, de 1 ere octubre, dispone que: Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. B) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, en su caso o razones de fuerza mayor, así como los efectos de no atenderla. C) Las Administraciones Públicas entregarán de oficio al interesado certificación acreditativa de la comparecencia. Las respuestas B y C son correctas.
Respecto al cómputo de los plazos dentro del procedimiento administrativo señale la afirmación incorrecta conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a 12 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
Conforme el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de: 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en Derecho de la Unión Europea. 2 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en Derecho de la Unión Europea. 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca: uno mayor o así venga previsto en Derecho de la Unión Europea. 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 4 meses.
Conforme el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con. ellas, de una serie de derechos, entre los que hay que excluir el derecho: A comunicarse con las Administraciones Púbicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la citada Ley 39/2015. A identificar a las autoridades, personal y ciudadanos que tengan alguna relación con la Administración Pública.
Respecto a las copias auténticas de documentos, a la luz de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), es predicable la/s siguiente/s afirmación/es: Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por: Su legislación específica. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
La documentación permanecerá en el archivo central una serie de años a contar desde la fecha de su ingreso, momento en que podrá transferirse al Archivo intermedio. Indique a qué número de años estamos haciendo referencia: 15 años. 10 años. 25 años. 20 años.
Respecto al Registro Electrónico General que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), hay que excluir lo siguiente: Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y extracto de su contenido deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en procedimientos: Relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución española. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público. o al servicio público. De responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Cuando el procedimiento administrativo se hubiera iniciado de oficio y hayan transcurrido 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá: Renuncia del procedimiento administrativo. Caducidad del procedimiento administrativo. Desistimiento por silencio administrativo. Imposibilidad material de terminación del procedimiento administrativo.
Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no se considera documento Toda expresión sonora recogida en soporte informático. Toda expresión gráfica recogida en cualquier tipo de soporte material Ejemplares no originales de ediciones. Toda expresión en lenguaje natural recogida en cualquier tipo de soporte material.
Según el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, cuál de los siguientes no es un tipo de archivo: Archivo administrativo. Archivo de oficina o gestión. Archivo central. Archivo intermedio.
Con carácter general, la documentación de los Archivos Centrales delos Ministerios se trasladar Archivo General de la Administración Civil en el plazo de: 5 años desde su ingreso en los mismos. 10 años desde que fueron resueltos los expedientes. 15 años desde su ingreso en los mismos salvo series documentales que se consulten raramente. 20 años desde que devinieron firmes los actos.
En los procedimientos en los que la Administración ejerce potestades sancionadoras, vencido el plazo máximo establecido, siempre que no sea por causa imputable al interesado, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producen los siguientes efectos: Si procede resolución sancionadora, prescripción automática de la sanción. Caducidad del procedimiento. Reapertura automática del procedimiento si la infracción no ha prescrito. Prescripción automática de la infracción, en todo caso.
¿Cuál es la antigüedad que debe tener un documento generado por una persona física para formar parte del Patrimonio Documental? Cincuenta años. Cien años. Superior a cien años. Los documentos generados por las personas físicas no forman parte del Patrimonio Documental.
Según se establece en la Ley de Patrimonio Histórico Español, los archivos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante: Orden Ministerial. Real Decreto. Ley Ordinaria. Ley Orgánica.
La falta de resolución y de notificación de la misma, en el plazo máximo establecido para resolver un procedimiento en el que la Administración ejerce potestades sancionadoras, conlleva: La caducidad del procedimiento y la prescripción de las acciones. La prescripción del procedimiento y de los hechos. La caducidad del procedimiento con interrupción de los plazos de prescripción. La caducidad del procedimiento.
Una vez presentada una solicitud ante un Registro Administrativo, se deberá (adaptada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre) Practicar un asiento con indicación de la fecha en que se produzca y cursar sin dilación la solicitud a las unidades administrativas correspondientes. Cursar sin dilación la solicitud a las unidades administrativas correspondientes, que serán las que practiquen el correspondiente asiento con indicación de la fecha del día de la recepción. Examinar la solicitud ·presentada y requerir al solicitante, en caso de defectos o faltas de documentación, para que proceda a su subsanación. A continuación, se practicara el correspondiente asiento y se remitirá la solicitud a la unidad administrativa correspondiente. No admitir la solicitud ni proceder a la notación, sí no se trata del registro de la unidad destinataria de la solicitud.
Indique la opción correcta. A tenor de lo previsto en el Artículo 17.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados·: En particular, asegurarán la identificación de los usuarios, la legitimación activa y el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. En particular, asegurarán la cuantificación de las solicitudes, el número identificativo de registro y el control de accesos. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. En particular, asegurarán la identificación del número de registro del procedimiento, el control de accesos mediante la identificación personal o número de código, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la confidencialidad registral.
Según Ja Disposición Final Séptima, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de Ja Administración y archivo único electrónico producirán efectos: A los seis meses de la entrada en vigor de la Ley. Al año de la entrada en vigor de la Ley. A los dos años de la entrada en vigor de la Ley. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado a tenor de lo dispuesto en el número 2 de la disposición final decimoctava.
Indique la opción correcta. Tal como prevé el Artículo 16.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración: No podrán disponer de su propio registro electrónico salvo que tenga acceso interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. Podrán disponer de su propio registro electrónico que podrá ser plenamente operable y estar intercomunicado con el resto de registros administrativos siempre que exprese la identificación del centro directivo del que depende. Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. No podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. Ninguna.
Indique la opción correcta. A tenor de lo ordenado en el Artículo 24.3.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de desestimación por silencio administrativo: La resolución posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con un contenido vinculado al sentido del silencio. La comunicación posterior al vencimiento del plazo se realizará por la Administración al órgano inferior que debía haber resuelto. La contestación expresa posterior al inicio del procedimiento contencioso-administrativo se adoptará por la Administración de manera congruente al sentido del silencio La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se ·adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Señale la respuesta correcta. En relación con la recusación en el procedimiento administrativo: Los interesados sólo podrán promover la recusación hasta el trámite de audiencia. Si el recusado niega la causa de recusación el superior resolverá en el plato de cinco días. Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación cabe recurso de reposición. Los interesados podrán promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
Señale la afirmación correcta de las que se proponen: Las personas físicas deben comunicarse con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos. Las personas físicas no pueden estar obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas no puede ser modificado por aquélla con posterioridad. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos: Para todos los procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Para ciertos procedimientos y colectivos de personas jurídicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Para todos los procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas o jurídicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica. técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Señale la afirmación incorrecta. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: En todo caso, las personas jurídicas. En todo caso, los empleados de las Administraciones Públicas. En todo caso, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
Los Interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma: Deben utilizar el castellano, en todo caso. B) Pueden utilizar la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. La respuesta b) es correcta, siempre que acompañen la traducción al castellano del documento Se ajustarán, en cuanto al uso de la lengua, a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
Señale la afirmación falsa de las que se proponen Los interesados en un procedimiento administrativo que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Las Administraciones Públicas entregarán al Interesado certificación acreditativa de la comparecencia ante las oficinas públicas cuando así lo solicite. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando se trate de procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación.
Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos: Por escrito, en soporte papel, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de e constancia. expresión y constancia. Por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más a de expresión y constancia. Por escrito, salvo cuando su naturaleza admita la forma oral. Por escrito, en soporte papel, y siempre que las circunstancias lo permitan a través de medios electrónicos.
Conforme al art. 27.1 de la LPACAP, los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados, serán determinados: Por cada Administración Pública. Por la Administración General del Estado. Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas: A) Que se publiquen con carácter meramente informativo. B) Que no formen parte de un expediente administrativo. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna respuesta es correcta dado que todos los documentos electrónicos administrativos deben incorporar la firma electrónica que corresponda.
Las copias auténticas de documentos privados realizadas por una Administración Pública: No surten ningún efecto. Surten efectos únicamente entre particulares. Surten únicamente efectos administrativos. Carecen de validez en las restantes Administraciones Públicas.
Tendrá la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado la realizada: En soporte escrito, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su integridad. Cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. En soporte escrito, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación. Cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación.
¿En qué plazo, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico _d~ 11 Administración competente, deberá expedirse la copia auténtica de un documento pub ¡ce administrativo válidamente emitido? 5 días. 10días. 15 días. 20 días.
Señale la afirmación correcta: Las copias compulsadas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. No es posible obtener copias electrónicas de documentos presentados en soporte papel. Las copias electrónicas de un documento electrónico original deberá incluir los metadatos que acrediten su condición de copia aunque no se visualicen al consultar el documento. La solicitud de expedición de una copia auténtica se dirigirá al órgano que emitió el documento original.
Señale la afirmación incorrecta Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tengan carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento de que sean consultados o recabados dichos documentos. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deben ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde la solicitud. Las Administraciones exigirán a los interesados la presentación de documentos originales salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora permita la presentación de copias. Las AAPP no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
El proceso tecnológico que permite convertir un documento en un soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra de un documento se denomina Indexación. Metadato. Reutilización. Digitalización.
Las copias en soporte papel de documentos electrónicos: Requerirán que en las mismas figure la condición de copia. Contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación. A través del sistema de verificación se podrá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los otros archivos electrónicos del órgano emisor. Todas las anteriores respuestas son correctas.
Las copias electrónicas de documentos en soporte papel: Requeman que el documento haya sido digitalizado. Deberán incluir los metadatos que aseguren su condición de copia. Los metadatos deberán ser visualizados al consultar el documento. Todas las respuestas son correctas.
Señale la afirmación incorrecta: Existirá un único Registro Electrónico General para todas las Administraciones Públicas. Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. Cada Administración Pública dispondrá de un Registro Electrónico General. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.
Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: . Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y días festivos. Naturales. Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas: Se entiende que son horas hábiles. Se entiende que son horas naturales. No podrán tener una duración superior a 48 hora. Se entiende que comienzan a las cero horas del primer día hábil siguiente.
La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: Será obligatoria en todo caso. Sólo será obligatoria en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Sólo será obligatoria cuando así este previsto en una norma con rango de ley. No será obligatoria en ningún caso.
A efectos de cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o CCAA en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa Se considerará hábil en todo caso. Se considerará inhábil en todo caso. Prevalecerá el criterio adoptado en la sede del órgano administrativo. Esa situación no puede plantearse, dado que el calendario de días inhábiles es el mismo para todas las AAP.
Los Plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 10 horas. 12 horas. 24 horas. 48 horas.
Son hábiles: Todas las horas del día. Todas las horas y todos los días. Todas las horas que formen parte de un día hábil. Todas las horas diurnas del día.
Cuando concluirá el plazo de un mes si la notificación del acto tuvo lugar el 31 de marzo: El día 1 de mayo. El día 30 de abril. El día 2 de mayo. El primer día hábil del mes de mayo.
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos: Se publicarán en el BOE y su texto Íntegro estará disponible para consulta en el Punto de acceso Electrónico Común. Se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para Consulta en la sede electrónica de acceso al registro. Se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto Íntegro estará disponible para consulta en la copia electrónica que, al efecto, se realizará en el departamento del que dependan. Se publicarán en el diario oficial correspondiente sin ningún otro requisito adicional.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, pero no en los restantes registros electrónicos. En las representaciones diplomáticas o consulares del extranjero en España. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En cualquier registro electrónico, excepto en los de las Entidades Locales.
Según el artículo 46.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas: Se archivarán en formato papel. Serán digitalizados. Se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Se almacenarán en formato papel, salvo cuando no resulte posible.
De cada asiento que se practique, el Registro electrónico emitirá automáticamente: Un recibo, que consistirá en una copia certificada del documento de que se trate. Un recibo, que consistirá en una copia autenticada del documento de que se trate. Un recibo, que consistirá en una copia compulsada del documento de que se trate. Un recibo, que incorporará fecha y hora de presentación y un breve extracto del contenido del documento que se registra.
En el ámbito administrativo, cuando aludimos al término "Registro" hacemos referencia, a: A) Una Dependencia u Oficina Pública donde se custodian y se llevan los Libros-Registro. B) Un Libro u otro medio técnico que contiene en su interior la inscripción de datos o de determinada información homogénea, referidos a una entidad, negociado u Oficina Pública. Las respuestas a) y b) son correctas. Una Dependencia u Oficina Pública donde se realizan distintos asientos en los Libros-Registro que hayan de custodiarse y llevarse por la misma.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros electrónicos: Los días hábiles, en el horario establecido al efecto. Durante las 24 horas de los días declarados hábiles. Durante las 24 horas de todos los días de la semana, excluidos domingos y festivos. Durante las 24 horas de todos los días del año.
En relación al contenido de las anotaciones registrales: Todos los registros deben instalarse en soporte electrónico. Los asientos se anotarán respetando la separación entre asuntos y dentro de éstos por su respectivo orden temporal de recepción o salida. Los asientos no harán referencia al contenido del documento, salvo que se considere Imprescindible para la identificación o tramitación del procedimiento. Todos los registros se efectuarán por duplicado.
La entrada de las solicitudes, escrito y comunicaciones recibidas en un día Inhábil en un registro electrónico, para este registro y salvo que una norma permita expresamente la recepción en un día inhábil: Se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Se entenderá efectuada en la última hora del día inhábil en que tenga entrada. Se entenderá efectuada en la primera hora del día inhábil en que tenga entrada. Se tendrá por no realizada.
Los documentos presentados en un registro electrónico en un día inhábil: Se reputarán anteriores a los que lo fueran el primer día hábil posterior. Serán repudiados por el sistema. Se reputarán posteriores a los que lo fueran el primer día hábil posterior. En los registros electrónicos todos los días del año se consideran hábiles.
Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán: Mediante una copia compulsada en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración. B) Mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración. C) Mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Las respuestas b) y c) son correctas.
De acuerdo con la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿pueden los interesados presentar documentos dirigidos a las Administraciones Públicas en las Oficinas de Correos?) Sí, en la forma que reglamentariamente se establezca. Únicamente en el caso de que la Administración Pública a la que se dirija carezca de Registro Electrónico. No. Sí, siempre que la Administración Pública a la que se dirijan sea la Administración General del Estado.
Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes: A primera hora del siguiente día hábil al de su presentación. Inmediatamente. Sin dilación. Dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación.
Según el art. 61.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, los archivos, bibliotecas Y museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados: Por ley. Mediante Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Mediante Orden del ministro de la Presidencia. Mediante Real Decreto.
El registro electrónico de cada Administración u organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de una serie de datos. Señale el que no corresponde: Órgano administrativo remitente, si procede. Fecha Y hora de presentación. Referencia al contenido del documento que se registra. Fecha de digitalización, en su caso.
La definición de "archivo" en un sentido amplio se contiene en el artículo 59 de: La ley 131/985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. El R.D. 772/1999, de 7 de Mayo, sobre Regulación de los Archivos. La ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958.
El ejemplar en cualquier tipo de soporte, testimonio de las actividades y funciones de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas es lo que el RD 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos, entiende por: Documentos electrónico. Expediente electrónico. Ciclo vital de documentos. Documento de archivo.
¿A qué Ministerio atribuye el R.D. 1708/2011, de 18 de noviembre, actuar como órgano coordinador del sistema español de archivos asegurando la conservación y difusión del patrimonio documental y su defensa frente a la expoliación? Al Ministerio de Hacienda y Función Publica. Al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Atendiendo al ciclo vital de los documentos, los archivos del sistema general de archivos de archivos de la Administración General del Estado se clasifican en: Archivos de oficina o de gestión, archivos intermedios, archivos generales o centrales y archivos históricos. Archivos de oficina o de gestión, archivos generales, archivos intermedios o centrales y archivos históricos. Archivos de oficina o de gestión, archivos generales o centrales, archivos intermedios y archivos históricos. Archivos de gestión, archivos de oficina o centrales, archivos intermedios y archivos históricos.
En la categoría de archivos públicos se encuadran los documentos: Que hayan sido gestionados y tramitados exclusivamente por la Administración Pública. Que hayan sido producidos exclusivamente por la Administración Pública. Que hayan sido producidos, gestionados y tramitados exclusivamente por la Administración Pública. Que hayan sido producidos, gestionados y tramitados por la Administración Pública, o sin haberlo sido por ésta, tengan un interés público.
El Consejo de Cooperación Archivística, órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de archivos, es presidido por: El Ministro de Hacienda y Función Pública. El Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Secretario de Estado de Función Pública. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Los documentos del archivo de gestión, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización Y. consulta administrativa, serán objeto de transferencia: Al archivo central del Departamento respectivo. Al archivo intermedio. Al archivo histórico. No son objeto de transferencia sino de expurgo.
El archivo que recoge documentos en fase de tramitación y está bajo la responsabilidad Y Manejo directo de las unidades administrativas, constituye: El archivo de gestión, exclusivamente. El archivo central, exclusivamente. El archivo intermedio. Podría tratarse tanto del archivo de gestión como del archivo semiactivo central.
En referencia a los expedientes del archivo de gestión que deban ser remitidos al archivo central, dicha remisión se llevará a cabo: Conforme los documentos dejen de tener ya interés para el. Con carácter semestral mismo. Con carácter anual. Con carácter quinquenal.
En cada Departamento Ministerial existirá un archivo: A) De gestión. B) Central o general. Intermedio. Las respuestas a) y b) son correctas.
Tramitar, en su caso, los expedientes de eliminación de documentos, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la normativa vigente y de acuerdo con los calendarios de conservación aprobados, es función del archivo: De gestión. Central o general. Intermedio. Histórico.
Es incierta la siguiente afirmación: El archivo de gestión se corresponde con la primera edad de los documentos. El archivo histórico se corresponde con la cuarta edad de los documentos. El archivo general se corresponde con la segunda edad de los documentos y el archivo central se corresponde con la tercera edad de los documentos. Todas las afirmaciones son ciertas.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto 914/1969, de 8 de mayo, la documentación de los archivos centrales de los Ministerios se trasladará al archivo intermedio al cumplirse desde su ingreso en los mismos: Cinco años. Diez años. Quince años. Veinte años.
Aplicar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos relativas a la conservación permanente, y al acceso, en su caso, de agrupaciones documentales, es función del archivo: Central. Intermedio. Histórico. De oficina.
Los documentos que se remiten al Archivo Histórico Nacional, deben tener valor histórico y haber cumplido la edad de: 15 años. 20 años. 25 años. 30 años.
Es una característica propia del archivo de gestión: No recibir transferencias de ningún otro archivo. Poseer documentación en fase de tramitación o utilización administrativa. Ser un archivo en vías de formación. Todas las respuestas son correctas.
El Archivo General de la Administración: Es el archivo intermedio de la Administración General del Estado. Es el archivo de gestión de la Administración General del Estado. Es el archivo central de la Administración General del Estado. Es el archivo histórico de la Administración General del Estado.
La presidencia de la comisión de Archivos de la Administración General del Estado corresponde: Al Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Al Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura Y Deporte. Al Ministro de la Presidencia. Al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
No se trata de un documento propio de un archivo de gestión Los Libros de Registro. La correspondencia. Los expedientes. Todos son documentos propios de tal archivo.
La libre consulta de los documentos contenidos en un archivo se establece en el artículo 57.1 De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP. De la Ley del Patrimonio Histórico, autorizándola con carácter general, a partir de los Archivos Centrales. De la Ley 16/1985, de 25 de junio, autorizándola con carácter general, para cualquier tipo de archivo. De la Ley del Patrimonio Histórico Español, autorizándola con carácter general para el Archivo Histórico.
La documentación de un archivo central se traslada al Archivo general de la Administración cuando hayan transcurrido: Cinco aros desde su existencia. Quince años desde su existencia. Quince años desde su Ingreso en el mismo. No se traslada a tal Archivo.
Con referencia a los archivos de gestión, "el conjunto de documentos que han sido producidos por una oficina en el desarrollo de una misma función y cuya actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental," es lo que se entiende por Expediente. Serie documental. Correspondencia. Carpeta.
El artículo 105.b de la Constitución establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a determinados ámbitos. Señale aquél que no corresponde: La averiguación de los delitos. La identificación de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Publicas. La seguridad y defensa del Estado. La intimidad de las personas.
El acceso a la información pública, archivos y registros es uno de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce en el apartado d) de su artículo: 28 37 13 33.
En la actualidad, el procedimiento común para el acceso a los documentos obrantes en los archivos de la Administración General del Estado se regula en: El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre. El Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. La Ley 1112007, de 22 de junio.
De acuerdo con lo establecido en la norma a que se refiere la cuestión anterior, señale 1ª afirmación correcta en relación con la solicitud de acceso a los documentos conservados en los archivos: En todos los archivos existirá un modelo normalizado de solicitud a disposición de los interesados. En la solicitud se deberá indicar con claridad el documento o conjunto de documentos a los que se refiere así corno la identidad del solicitante y una dirección, a efectos de comunicaciones. No será necesario motivar la solicitud de acceso a los documentos. Todas las anteriores respuestas son correctas.
¿En qué supuesto se concederá el acceso a documentos conservados en los archivos que contengan datos de carácter personal sin necesidad de consentimiento de sus titulares? Cuando tengan la consideración de datos especialmente protegidos. Cuando proceda previamente a la oportuna disociación de los datos de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. En ningún caso. Sólo cuando lo autorice una norma con rango de ley.
El acceso a documentos excluidos de pública consulta será restringido condicionado, con las excepciones y especialidades previstas en la ley· A la obtención de autorización previa. A su desclasificación de los documentos por el órgano competente para realizarla. Al transcurso de 25 años desde que los documentos tuvieron entrada en el archivo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Serán accesibles los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad o intimidad de las personas A) Cuando medio el consentimiento expreso y por escrito de los afectados. B) Cuando hayan transcurrido 25 años desde el fallecimiento de los afectados. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.
Los documentos clasificados de conformidad con lo previsto en la normativa sobre secretos oficiales del Estado estarán excluidos de la consulta pública, sin que pueda concederse autorización para el acceso A) Hasta que no recaiga una decisión de desclasificación por el órgano competente para realizarla. B) Hasta que no hayan transcurridos 50 años desde la entrada del documento o conjunto de documentos en el archivo. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna.
El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente identificativos de las personas que no afecten a su seguridad o a su intimidad, será posible: A) Cuando el titular de los mismos haya fallecido. B) Cuando el solicitante acredite la existencia de un interés legítimo en el acceso. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
La resolución de la solicitud de acceso o de consulta a documentos obrantes en archivos de la Administración General del Estado. deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en todo caso, ¿en qué plazo máximo desde la recepción del órgano competente para tramitarla? Un mes. 25 días. 20 días. 10 días.
El órgano interministerial adscrito al Ministerio de la Presidencia que elabora las Instrucciones, recomendaciones, manuales y criterios para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de archivos e impulsar la gestión coordinada de los mismos es: La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. El Consejo de Cooperación Archivística. La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado. Ninguno de los anteriores.
Se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo en el siguiente supuesto: Tratándose de solicitudes de concesión de licencias y autorización de instalación de un centro de trabajo. En un procedimiento de ejercicio del derecho de petición del art. 29 de la Constitución. Cuando en la normativa relativa al procedimiento de que se trate no se diga nada al respecto. En ninguno de los tres supuestos anteriores.
El silencio administrativo negativo Afecta al derecho del interesado que se entiende perdido. Produce efectos beneficiosos para la Administración. Permite al interesado interponer el recurso que proceda. Exime a la Administración de la obligación de resolver.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla Únicamente cuando se trata de procedimientos iniciados de oficio. Únicamente cuando se trata de procedimientos iniciados a solicitud de persona interesa. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. Únicamente en los procedimientos sancionadores.
¿En cuál de los siguientes casos la Administración está obligada a dictar resoluciones ay a notificarla? En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. En todos los supuestos anteriores se exceptúa a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.
Salvo que una norma con rango de ley establezca otro mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE, el plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa no podrá exceder de: Tres meses. Seis meses. Nueve meses. Doce meses.
Cuando la norma reguladora del procedimiento no fije plazo máximo de resolución, el plazo general supletorio será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
En los procedimientos Iniciados a solicitud del interesado, el plazo para dictar resolución se computará: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha de la solicitud. Desde la fecha de entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación. Desde la fecha de la comunicación que se dirige al interesado confirmando la recepción de la solicitud.
La Administración dirigirá una comunicación al interesado informándole del plazo máximo establecido para la resolución del procedimiento así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo ¿en qué plazo desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico? Dentro de los cinco días siguientes. Dentro de los diez días siguientes. Dentro de los veinte días siguientes. Dentro del mes siguiente.
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento: El transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento se podrá suspender. El transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento se suspenderá desde que se plantee la recusación hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. El transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento se suspenderá por un plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo máximo legal para resolver no se suspenderá.
Cuando se soliciten Informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento, por de tiempo que medie entre la petición y la recepción del Informe. No obstante, este plazo suspensión no podrá exceder en ningún caso de: Un mes. Un año. Veinte días. Tres meses.
Excepcionalmente, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste: Superior a tres meses. Superior a seis meses. Superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Superior a la mitad del establecido para la tramitación del procedimiento.
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto: Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio. Anula los efectos del silencio administrativo. Tiene los solos efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
El certificado acreditativo del silencio administración producido: Debe expedirse únicamente a solicitud del interesado. B) Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de un mes desde que expire el plazo máximo para resolver al procedimiento. C) Permitirá hacer valor los efectos del silencio tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica pública o privada. Las respuestas b) y c) son correctas.
En los procedimientos en los que la Administración ejerce potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce como efectos La prescripción. El silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo. La caducidad.