Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pleyjep4.html
Timestamp: 2019-06-17 20:19:51
Document Index: 199344664

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'Artículo 14', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 22', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 133', 'artículo 6']

Equipo Nizkor - Proyecto de Ley por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.
Proyecto de Ley por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales
La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 sobre extinción de dominio.
AMNISTIAS, INDULTOS Y OTROS TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES
Artículo 14. Amnistía de iure. Se concede amnistía por los delitos políticos de "rebelión", "sedición", "asonada", "conspiración" y "seducción, usurpación y retención ilegal de mando" y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos.
Articulo 15. Para los efectos de esta ley son conexos con los delitos políticos los siguientes: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; y espionaje.
Artículo 22. Criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos. En todo caso, se entienden conexos con el delito político los delitos que reúnan alguno de los siguientes criterios:
a. Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares; o
b. Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; o
a. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos "ferocidad", "barbarie" u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables.
Se entenderá por "grave crimen de guerra" toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática.
Artículo 23. Cuando reciba traslado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Sala de Amnistía e Indulto otorgará el indulto que alcance la extinción de las sanciones impuestas, por los siguientes delitos u otros, cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social, siempre y cuando sean conexos con el delito político conforme a los criterios establecidos en el art 22: lesiones personales con incapacidad menor a 30 días; daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción a vías públicas que afecte el orden público; disparo de arma de fuego; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; y violencia contra servidor público; perturbación de actos oficiales; y asonada del Código Penal colombiano.
7. Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célere de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala tendrá las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del Tribunal.
8. Definir la situación jurídica de quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, en particular respecto de las conductas a las que se refiere el artículo 22 de esta Ley.
2. Personas que, por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, hayan sido perseguidas penalmente, por los delitos contemplados en los artículos 112 (lesiones personales con incapacidad menor a 30 días), 265 (daño en bien ajeno), 353 (perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial), 353A (obstrucción a vías públicas que afecte el orden público), 356A (disparo de arma de fuego), 359 (empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos), 429 (violencia contra servidor público), 430 (perturbación de actos oficiales) y 469 (asonada) del Código Penal colombiano. Otras personas condenadas por delitos diferentes a los anteriores como consecuencia de participación en actividades de protesta, podrán solicitar a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el ejercicio de sus competencias respecto a sus condenas, si pudieran acreditar que las conductas por las que fueron condenados no son de mayor gravedad que las establecidas en los anteriores artículos del Código Penal. 3. Personas que estén procesadas o que hayan sido condenadas por delitos políticos o conexos vinculados a la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, sin que se reconozcan parte de la anterior organización. En este supuesto la persona aportará las providencias judiciales u otros documentos de los que se pueda inferir que el procesamiento o la condena obedeció a una presunta vinculación con dicha organización.
a) Respecto a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad con fundamento en una medida de aseguramiento, el Fiscal competente solicitará ante un Juez con funciones de Control de Garantías la libertad condicionada, quien deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta ley y autorizar dicha libertad condicionada.
Artículo 37. Todo lo previsto en esta Ley será de aplicación para las personas, conductas, delitos y situaciones en ella prevista, cualquiera que sea la jurisdicción ante la cual hayan sido condenados, estén siendo investigados o procesados.
Artículo 38. Prescribirá al año de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz el plazo de presentación de acusaciones o informes respecto de las personas contempladas en esta ley por cualquier hecho o conducta susceptible de ser cobijada por amnistía o indulto, siempre que hubiere sido cometido:
a. Con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, o
b. Hasta el momento de finalización del proceso de dejación de armas, cuando se trate de conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento de dicho proceso.
Articulo 39. Una vez haya entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, corresponderá a la Sala de Amnistía e Indulto resolver las solicitudes de puesta en libertad de cualquier persona a la que le alcancen los efectos de la amnistía o indulto. La resolución emitida será de obligatorio cumplimiento de forma inmediata por las autoridades competentes para ejecutar la puesta en libertad y contra la misma no cabrá recurso alguno.
Artículo 40. Efectos de la amnistía. La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición.
Artículo 42. Efectos de la cesación de procedimiento y la suspensión condicional de la
ejecución de la pena. La cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena y demás resoluciones o decisiones necesarias para definir la situación jurídica no extinguen la acción de indemnización de perjuicios. Se extinguirá la anterior o la accion penal cuando así se acuerde de forma expresa por la Sala de Defincion de Situaciones Juridicas, la cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la responsabilidad disciplinaria y fiscal.
Artículo 44. Mecanismos de tratamiento especial diferenciado para Agentes del Estado:
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en aplicación del principio de favorabilidad regulado en esta ley, aplicará cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, entre ellos la renuncia a la persecución penal, a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, de conformidad con los criterios establecidos en el siguiente artículo.
REGÍMEN DE LIBERTADES
Artículo 51. Procedimiento para la libertad transitoria condicionada y anticipada. El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Para la elaboración de los listados se solicitará información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, las que deberán dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Una vez consolidados los listados serán remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz quien verificará dichos listados o modificará los mismos en caso de creerlo necesario, así como verificará que se haya suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo anterior. El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma.
Artículo 52. Supervisión. Los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de donde saldrá el personal beneficiado de la libertad transitoria condicionada y anticipada, ejercerá supervisión sobre éste hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine lo de su competencia , utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para La Paz.
Artículo 54. Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales. La privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.
Artículo 55. De los beneficiarios de la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales. Los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales que al momento de entrar en vigencia la presente ley lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz continuarán privados de la libertad en Unidad Militar o Policial, siempre que cumplan los siguientes requisitos concurrentes:
Artículo 56. Procedimiento para la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales. El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la sustitución de la privación de la libertad intramural por la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial a que se refiere el artículo anterior. Para la elaboración de los listados se solicitará información al INPEC, institución que deberá dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Una vez consolidados los listados serán remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz quien verificará o modificará los mismos en caso de creerlo necesario, y comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la sustitución de la privación de la libertad intramural por la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial a que se refiere el artículo anterior, funcionario, quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma.
Artículo 57. Supervisión. El Director del centro de reclusión militar o policial, o en su defecto el Comandante de la Unidad Militar o Policial donde vayan a continuar privados de la libertad los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales, , ejercerá control, vigilancia y verificación del personal beneficiado de la privación de la libertad en Unidad Militar o Policial, utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para La Paz.
"por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales"
Luego de medio siglo de conflicto armado interno, en el que cerca de 8 millones de colombianos resultaron víctimas del mismo; el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC -EP-, el 24 de noviembre de 2016, es una oportunidad única para que Colombia cierre de manera definitiva ese capítulo de violencia. La finalización del conflicto es, sin duda, la mejor garantía para la protección y goce efectivo de los derechos fundamentales y el camino más certero para alcanzar el fin constitucional de la paz y la convivencia pacífica.
La construcción de una paz estable y duradera nos permitirá avanzar en el desarrollo rural de vastas zonas del territorio nacional históricamente abandonadas por las instituciones, facilitará que el Estado haga mayor presencia en diferentes regiones del país para ofrecer la prestación de servicios públicos de calidad y hará que las víctimas sean reparadas y que conozcan toda la verdad sobre los hechos ocurridos. Así mismo, la violencia política ha sido la mayor amenaza para nuestra democracia. Tenemos que dar un paso adelante para que nunca más en la historia de Colombia exista ningún asesinato, desaparición o amenaza en razón al pensamiento o ideología política. La terminación del conflicto con las FARC es la oportunidad para garantizar, por siempre, el derecho a la no repetición y por ende, para que se pare de manera definitiva el número de víctimas asociadas al conflicto.
En junio del 2014, la mayoría de los colombianos reeligieron al Presidente Juan Manuel Santos con un claro mandato para buscar la paz cuyo proceso ya estaba en marcha desde el año 2012. En efecto, el Acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá, es la consecuencia de un proceso amplio y democrático que el Gobierno Nacional implementó y que inició con las reuniones que la mesa de conversaciones de la Habana, integrada por los delegados del gobierno nacional y de las FARC, sostuvo con voceros de las víctimas, del Congreso de la República, de las comunidades indígenas y de los afrodescendientes que además, en el caso particular de las víctimas, surtió en el territorio nacional una serie de foros agenciado por el Sistema de Naciones Unidas cuyas conclusiones fueron enviadas a la Habana para que la propia mesa de conversaciones las examinara. Una vez concluidas las deliberaciones de la Habana, cuyo acuerdo fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, el gobierno nacional sometió a consideración del pueblo Colombiano los contenidos del mismo mediante un plebiscito que se celebró el 2 de octubre del presente año con un resultado que favoreció a los promotores del NO por un estrecho margen. El gobierno nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos se allanó a reconocer de inmediato el veredicto de las urnas y en consecuencia dispuso al equipo negociador y a funcionarios del gobierno del más alto nivel a escuchar de inmediato a los voceros que promovieron la opción del NO en el propósito de ajustar luego con las FARC el acuerdo de Cartagena de tal forma que en él se incorporaran las ideas de quienes en las urnas expresaron sus reservas y opiniones contrarias al texto de Cartagena.
Para el gobierno, conforme lo expresaron los voceros del NO durante la campaña, no se estaba rechazando la posibilidad de alcanzar la paz, mucho menos se expresaron en contra de este derecho fundamental, lo que mostraron fue la necesidad de realizar cambios, ajustes y precisiones al acuerdo firmado en Cartagena.
El proceso para alcanzar un nuevo acuerdo empezó con las reuniones del gobierno nacional con los más destacados voceros que promovieron la opción del NO, a quienes además de escuchar se les recibieron los documentos en los que plantearon ampliamente sus observaciones que luego fueron llevadas a la mesa de conversaciones en la Habana. Fueron cientos de propuestas recibidas por el Gobierno para que fueran incluidas, como efectivamente muchas de ellas lo fueron, en los nuevos acuerdos con las FARC.
El respaldo popular a esta etapa de renegociación resultó determinante para alcanzar el objetivo final de manera eficaz, pero particularmente, para brindarle a este nuevo acuerdo un muy amplio margen de legitimidad. Lo anterior, se vio plenamente reflejado en las multitudinarias marchas ciudadanas en diferentes ciudades del país en la que los ciudadanos se unieron en torno a una sola consigna: "�Acuerdo Ya!". Solo por citar algunos ejemplos de este enorme apoyo ciudadano, es necesario recordar la "marcha del silencio", organizada por los estudiantes universitarios en Bogotá, en la cual, el 5 de octubre de 2016, congregaron a más de 30.000 personas mostrando su respaldo al proceso de paz y exigiendo la terminación del conflicto de manera definitiva.
Las organizaciones de víctimas, campesinos, población indígena y demás grupos minoritarios, incrementaron este respaldo al movilizar en la denominada "marcha de las flores" centenares de miles de ciudadanos, de todas las regiones del país, para demostrar que apoyaban el esfuerzo para terminar de manera negociada el conflicto. Las manifestaciones de los colombianos y las colombianos a favor del proceso y el nuevo acuerdo fueron variadas: campamentos de paz, caminatas por las carreteras nacionales, comunicaciones oficiales dirigidas a las instituciones estatales y medios de comunicación son algunas de las muestras del gran apoyo ciudadano.
Una vez alcanzado el nuevo Acuerdo, continúo el amplio respaldo por parte de los colombianos en todas las regiones del país. Más del 60% de las Asambleas Departamentales, particularmente en aquellas zonas mayormente afectadas por el conflicto, aprobaron proposiciones de respaldo al Acuerdo y solicitaron a las instituciones competentes la iniciación de las medidas de implementación. Los diputados de las Asambleas, cumpliendo su mandato constitucional, representaron y reflejaron el clamor de sus habitantes para acabar el conflicto. A esta manifestaciones se unieron decenas de concejos municipales en las que, igualmente, exhortaban para que se implementara el nuevo acuerdo.
Así mismo, las víctimas han sido quienes más apoyo y legitimidad le han aportado al Acuerdo. Las diferentes mesas de participación de víctimas del país, creadas a través de la Ley 1448 de 2011, han manifestado su total respaldo y, de conformidad con sus comunicaciones, han afirmado que encuentran en el Acuerdo la mejor oportunidad para que "todos los colombianos -y particularmente las víctimas- comencemos a caminar por la senda de la reconciliación". En este sentido han sido más de 40, en instancias nacionales, departamentales y municipales, las mesas de víctimas que han mostrado su respaldo al Acuerdo del Teatro Colon.
En igual sentido, recientemente la Honorable Corte Constitucional recibió comunicaciones de varios grupos ciudadanos, en las que con la firma de cerca de 50.000 personas, se manifestaba el respaldo popular al Acuerdo Final y requerían de la implementación inmediata del mismo a través de los procedimientos que resultaran más expeditos para este fin. A esta misivas se unieron apoyos de organizaciones juveniles, juntas de acción comunal, gremios empresariales, entre otras.
Este proceso de refrendación popular del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se culminó -con la aprobación absolutamente mayoritaria del mismo por parte de cada una de las Cámaras del Congreso de la República. Los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, actuando en su condición constitucional -señalada en el artículo 133 superior- como representantes del pueblo tomaron la decisión política de refrendar el acuerdo. Esta competencia, además de la norma señalada, se fundamenta en el reconocimiento de que la soberanía popular reside en el pueblo y puede ser ejercida de manera directa o a través de sus representantes. Adicionalmente, la actuación del Congreso encontró pleno respaldo en el Consejo de Estado quien, a través de comunicación del 28 de noviembre de 2016, expresamente reconoció la facultad para realizar dicha refrendación. Sin embargo, es preciso reiterar que este proceso no inició en el Congreso sino que terminó en él como autoridad investida de legitimidad democrática.
El debate en las respectivas cámaras fue amplio y abierto, escuchándose voces que promovieron la opción del SI y el NO en el plebiscito del 2 de octubre. En los dos debates intervinieron expertos constitucionalistas, miembros de comunidades afrocolombianas, indígenas, víctimas del conflicto, gobernadores y alcaldes de distintas zonas del país, jóvenes, miembros de organizaciones del sector religioso y líderes ciudadanos. Adicionalmente, hablaron todos los partidos y movimientos políticos con representación en el órgano legislativo. Tal como se encuentra consignado en las proposiciones aprobadas el 29 y 30 de noviembre, el Senado de la República aprobó el Acuerdo con un apoyo de 75 votos a favor y la Cámara de Representantes con 130 votos. Para el Gobierno Nacional es absolutamente claro que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito por el Gobierno Nacional y las FARC EP el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón fue objeto de un proceso de refrendación que culminó el 30 de noviembre con las proposiciones aprobadas en el Congreso de la República. Para ponerlo en los términos del comunicado de prensa que expidió la Corte Constitucional el 13 de diciembre de 2016 a propósito de la decisión sobre la demanda de inconstitucionalidad impetrada contra los artículos 1 y 2 del acto legislativo 1 de 2016: "Sí bien el orden jurídico no da una definición expresa y cerrada sobre lo que debe entenderse por refrendación popular, tras una interpretación fundada en todos los elementos constitucionales relevantes, la Corporación concluyó que la refrendación popular debe ser definida dentro del siguiente marco conceptual. La refrendación popular que ponga en vigencia el acto legislativo 1 de 2016 debe ser (i) un proceso (ii) en el cual haya participación ciudadana directa (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, ((iv) proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, (v) sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz estable y duradera."(subrayado nuestro).
Así las cosas, sí nos allanamos al marco conceptual propuesto por nuestro máximo tribunal constitucional y a la secuencia de hechos de participación ciudadana en torno al proceso de conversaciones y búsqueda de un acuerdo entre el gobierno y las FARC que ha sido descrito a lo largo de esta exposición de motivos, es dable concluir que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 surtió un proceso de refrendación popular que concluyó en el Congreso de la República sin perjuicio de que más adelante se propicie la intervención ciudadana alrededor de aspectos puntuales de su implementación. Por tal razón, a juicio del gobierno, el acto legislativo 1 de 2016 está vigente en su integridad y el presente proyecto de ley es el primero de un conjunto de iniciativas que serán presentadas al Congreso de la República para ser tramitadas a través del procedimiento especial que establece el acto legislativo en mención.
La activación del procedimiento legislativo especial establecido en el Acto Legislativo No. 01 de 2016, permitirá, sin desconocer las competencias de las instituciones del Estado y el principio democrático, acelerar los resultados del Acuerdo Final. El cese al fuego, la definición de la situación jurídica de los excombatientes, la creación de la Justicia Especial para la Paz -como eje fundamental para la garantía de los derechos de las víctimas-, entre otros, requieren que sean implementadas a la mayor brevedad posible.
Colombia no puede dejar escapar esta inmejorable oportunidad para hacer realidad el deseo del Constituyente de 1991, el fortalecimiento de la democracia y la consecución de la convivencia pacífica. Por lo tanto, el respaldo ciudadano y la refrendación popular que ha recibido el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, debe ser reconocida y declarada, con el objetivo de arrancar la implementación del mismo e iniciar este capítulo que haga posible la paz en Colombia.
En cuanto al presente proyecto de ley, es preciso señalar que además de las medidas contempladas en el Acuerdo Final de carácter sustantivo relacionadas con el desarrollo rural, la participación política, entre otros, dentro de lo acordado, se encuentran medidas relacionadas con la garantía de la seguridad jurídica para todos los que hayan cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, se sometan al componente de justicia del Acuerdo Final y cumplan las condiciones de contribución con la garantía de los derechos de las víctimas. Además de lo que específicamente se acordó respecto a la creación y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acuerdo establece que se debe tramitar por vía legislativa una Ley de Amnistía y tratamientos penales especiales donde se fijen las condiciones para otorgar este tratamiento de justicia y otros equivalentes para quienes hayan cometido delitos susceptibles de dichos tratamientos especiales por causa o con ocasión del conflicto armado.
Las amnistías e indultos son herramientas jurídicas que permiten facilitar la transición del conflicto armado a la paz y el proceso de dejación de armas, y en general la reconciliación luego de la finalización de las hostilidades. Por esa razón el Derecho Internacional Humanitario señala que, a la cesación de las hostilidades "(...) las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado" |1|.
A la vez, también es cierto que en el Acuerdo se fijaron las conductas que, en ningún caso, pueden ser objeto de tratamientos especiales de justicia, como las amnistías, los indultos o la renuncia a la persecución penal. En concreto, el Acuerdo Final señala expresamente que "[n]o serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma"; sumado a esto, tampoco serán susceptibles de tratamientos especiales de justicia los delitos comunes que no hayan tenido relación con la rebelión.
Las amnistías, como tratamiento especial de justicia, están previstas para los delitos políticos y los conexos con estos. Sin embargo esto no quiere decir que solamente vayan a recibir los tratamientos especiales de justicia los que se hayan alzado en armas y hayan cometido el delito de rebelión. Contrario a esto, también se disponen tratamientos de justicia especiales para los agentes del Estado, en aras de garantizar el tratamiento simétrico, diferencial, equitativo y equilibrado que se estableció como un principio para el tratamiento penal de estas personas en el componente de justicia del Acuerdo Final. Por lo tanto, esta ley también permite la materialización del Compromiso del Gobierno Nacional en materia de aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los Agentes del Estado, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de diciembre de 2015 |2|. Este compromiso tiene en cuenta el sacrificio y entrega que durante décadas han demostrado las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y en general los agentes del Estado, en el desarrollo de sus funciones de garantía y protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de la población colombiana.
Por lo tanto, es en virtud de los compromisos del Acuerdo Final y el Compromiso del Gobierno Nacional con los Agentes del Estado, pero sobre todo frente a los estándares internacionales, que se debe garantizar, por un lado, la seguridad jurídica de quienes se sometan al mecanismo de justicia y, por otro, la investigación y el juzgamiento de los crímenes internacionales. Así, una Ley de Amnistía y tratamientos penales especiales permitirá resolver la situación jurídica de quienes hayan cometido conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, pero que no sean de tal naturaleza que constituyan los graves crímenes que deberá perseguir y sancionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos fines son fundamentales si lo que se busca es una pronta, eficiente y adecuada administración de justicia que garantice los derechos de las víctimas y se concentre en investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes internacionales.
Igualmente, se reconoce que existen terceros civiles que estuvieron involucrados de alguna manera con el conflicto armado. Por lo que deben ser objeto también de las medidas de tratamientos penales especiales contempladas en esta ley, siempre y cuando no hayan participado de manera activa y determinante en los delitos más graves.
En este sentido, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica a quienes no cometieron crímenes internacionales, el proyecto de Ley de Amnistía y tratamientos penales especiales contiene distintos elementos. Este proyecto se refiere a las personas, las conductas, los procedimientos y los efectos de los tratamientos especiales de justicia. Dentro de ellos fija las distintas modalidades de tratamientos especiales de justicia donde se encuentran, por supuesto, las amnistías y los indultos, pero también la cesación de procedimientos, la renuncia a la persecución penal o disciplinaria, la suspensión de la ejecución de la pena y la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción.
El presente proyecto de ley dispone dos tipos de amnistías, las de iure y las de caso a caso. La amnistía de iure será la que se otorgue a quienes hayan cometido los delitos de rebelión; sedición; asonada; conspiración; seducción, usurpación y retención ilegal de mando; y los conexos a estos establecidos taxativamente en este proyecto de Ley. Esta amnistía se materializará a través de un acto administrativo del Presidente de la República, por la Fiscalía General de la Nación o por el Juez de Ejecución de Penas competente, dependiendo del momento en el que se encuentre cada caso (sin investigación, con proceso pero sin condena, y con sentencia condenatoria, respectivamente).
Por su parte, las amnistías caso a caso serán otorgadas por la Sala de Amnistías e Indultos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dentro de esta modalidad caben todos aquellos casos que no son objeto de la amnistía de iure y por lo tanto la conexidad de la conducta que se analiza con el delito político debe ser establecida caso a caso teniendo en cuenta los criterios incluyentes y excluyentes señalados en el Acuerdo Final, o en aquellos casos remitidos por la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas, específicamente aquellos casos de personas procesadas o condenadas por vínculos con las FARC-EP o por el ejercicio de la protesta social. Por otra parte, también es posible a través de la Sala de definición de las situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz otorgar tratamientos especiales de justicia diferentes a las amnistías y los indultos; dichos tratamientos pueden recaer sobre conductas cometidas por Agentes del Estado o terceros civiles.
A su vez, al señalar las consecuencias jurídicas de los tratamientos especiales de justicia -amnistías, indultos y otros-, este proyecto de Ley prevé que tengan impacto en los procesos en curso, en las condenas en firme, en la posibilidad de abrir investigaciones futuras por las conductas que fueron objeto de dichos tratamientos especiales, y en el régimen de libertades. Este último es la consecuencia inmediata de los tratamientos especiales de justicia que se podrían otorgar a través del presente proyecto de Ley y, además, para los miembros de las FARC-EP, es una medida para facilitar el proceso de concentración en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización que conducirá al cese al fuego y las hostilidades y a la dejación de armas definitiva.
En este sentido, las amnistías e indultos y el tratamiento penal especial diferenciado son medidas de justicia cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado, contribuir al logro de una paz estable y duradera con garantías de no repetición y otorgar seguridad jurídica. Por ello, dentro del presente proyecto de ley, estos mecanismos están condicionados al compromiso de satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, todo lo anterior se encuentra en consonancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de exequibilidad del Marco Jurídico para la paz, (C-579 de 2013) en la cual se estableció que la renuncia a la persecución penal, para efectos de concentrar la investigación, juzgamiento y sanción en los máximos responsables de "aquellos crímenes que se consideren más graves tales como violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario es el resultado de una estrategia de judicialización autorizada por la Constitución, que consiste en la priorización y selección de los casos de quienes tienen la mayor responsabilidad por los delitos más graves."
Se trata entonces de un proyecto de ley que busca darle cumplimiento a lo acordado en la Mesa de Conversaciones de la Habana y en el mencionado compromiso de aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a agentes del Estado, que busca dotar de seguridad jurídica a quienes cometieron delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y que no tienen el carácter de crímenes internacionales, con el propósito de facilitar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La pronta definición de la situación jurídica en los casos donde no se cometieron crímenes internacionales permitirá que el componente de justicia pueda encaminar todos sus recursos y esfuerzos en la investigación, persecución y sanción de dichos crímenes que connotan mayor gravedad, como las graves violaciones a los derechos humanos.
Por las anteriores razones sometemos a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales"
1. Protocolo adicional II, artículo 6(5). [Volver]
2. Disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdfs/Compromiso%20del%20Gobierno%20nacional%20en%20el%20marco%20del%20fin%20del%20conflicto.pdf [Volver]