Source: http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/modelo-tradicional-gestion-colectiva-territorial_11_866680002.html
Timestamp: 2017-12-15 19:49:06
Document Index: 73421070

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 56', 'artículo 102', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 56', 'artículo 102']

El Tribunal de Justicia defiende el modelo tradicional de gestión colectiva territorial.
El Tribunal de Justicia defiende el modelo tradicional de gestión colectiva territorial
OSA es el acrónimo de la SGAE checa, una entidad de gestión dedicada a la gestión de obras musicales que tiene la peculiaridad de desarrollarse en un marco legal en el que la actividad de administración colectiva está reservado a una sola entidad. OSA, en definitiva, ejerce su actividad de forma monopolística en virtud de la normativa estatal.
El caso enjuiciado trae causa en una reclamación de pago de derechos por parte de OSA a un balneario por la comunicación pública de obras a través de los aparatos de televisión y radio que el establecimiento ofrecía en sus habitaciones. En el conflicto entre las partes, el Tribunal Regional de Pilsen planteó, esencialmente, dos cuestiones. La primera es relativa al acto de transmitir obras a través de televisiones o radios situadas en las habitaciones de un establecimiento termal. En este sentido, la resolución no parece, ciertamente, novedosa respecto a la ya resuelta en el caso Rafael Hoteles v. SGAE. Aunque algunas consideraciones merecen especial consideración por otros motivos. La segunda cuestión resulta más interesante, puesto que suscita la conformidad del marco legal checo, que contempla un régimen monopolístico en gestión colectiva, a la normativa comunitaria.
Naturalmente, no hubo novedades a la hora de decidir sobre la realización de un acto de comunicación pública por “quien explota un establecimiento termal [que] permite a sus pacientes acceder a las obras difundidas por televisión o radio por medio de aparatos de televisión o de radio, distribuyendo en las habitaciones de éstos la señal recibida, portadora de las obras protegidas”. Dictada esta resolución, unos días después de la Sentencia Svensson y por la misma sala que había excluido la existencia de un público nuevo en la comunicación efectuada por enlaces a páginas desde donde se pudiera acceder lícitamente a la obra, el Tribunal dedica algún apartado a explicar que, en este caso, sí existe un público nuevo. “Pues bien, al igual que los clientes de un hotel, los pacientes de un establecimiento termal constituyen ese público nuevo. En efecto, el establecimiento termal interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar acceso a la obra protegida sus pacientes. Sin esta intervención, los pacientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida.”
La parte más relevante de la Sentencia en este aspecto es la distinción que efectúa entre el derecho de autor y el derecho conexo a la hora de explicar pórque no es aplicable lo postulado en la Sentencia del Corso (15 de marzo de 2012, C-135/10) a este caso. La resolución del Corso había descartado la existencia de comunicación pública de fonogramas producida en una pequeña consulta dental. Al margen de las cuestiones de hecho diferenciales, en las que el Tribunal no entra, lo importante es que señala que los principios deducidos en aquella sentencia no serían extensibles a este supuesto porque aquella doctrina se refiere al derecho compensatorio de los artistas y no puede extenderse a lo que atañe a un derecho exclusivo como corresponde a los autores en virtud del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29.
La tercera cuestión se suscita en torno a la normativa checa que contempla la existencia de una única entidad de gestión colectiva para la administración de los derechos musicales. El balneario demandado había alegado que la normativa local le impedía obtener licencias de terceras entidades europeas y que sus tarifas eran muy elevadas. Frente a la previsión de la legislación checa, se alzaba el artículo 16 de la Directiva 2006/123, de libre prestación de servicios y su aplicación a los servicios de gestión colectiva de derechos; el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, base de dicha directiva, que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea; y el artículo 102 que prohíbe las prácticas abusivas por parte de entidades en posición de dominio.
El Tribunal descarta, en primer lugar, que el artículo 16 de la Directiva de libre prestación de servicios fuera aplicable por cuanto el artículo 17.11 de esta misma norma excluye de la liberalización de servicios los derechos de autor. El paso siguiente era, pues, examinar el caso a la luz del artículo 56 que predica la libre prestación de servicios y que sólo puede ser excepcionado por razones imperiosas de interés general. La Sentencia considera que esas razones se encuentran en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y la concesión de un monopolio territorial “es apropiada para proteger los derechos…ya que permite una gestión eficaz de esos derechos un control eficaz de su respeto en ese territorio”. El Tribunal estima que no se le ha puesto de manifiesto, en el estado actual del Derecho de la Unión, de otro método que permita alcanzar el mismo grado de protección de los derechos de autor que el basado en un control territorial y del que forman parte los contratos de representación recíproca entre entidades. En tales condiciones, la Sentencia concluye que la restricción no va “más allá de lo necesario para lograr el objetivo de la protección de los derechos de autor.”
La última cuestión que aborda el Tribunal es la relativa a la compatibilidad de la normativa checa y la prohibición de abuso de posición de dominio. La Sentencia resume, en este caso, la doctrina tradicional, explicando que la mera posición dominante no está prohibida y, por tanto, la reserva a OSA de la gestión colectiva no es contraria al artículo 102, pese a dotarla de una posición de dominio. La prohibición recae sobre el abuso de dicha condición. Y, en este punto, el Tribunal repasa nuevamente la doctrina europea. El abuso puede producirse si una empresa en posición dominio impone tarifas “que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, y siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se hubiera llevado sobre una base homogénea.”
La Sentencia OSA sorprende por el mantenimiento sin matices de la doctrina temprana del Tribunal, asentada en los casos Lucazeau y Tournier, sobre la gestión colectiva que ha salvaguardado el modelo actual territorializado de gestión colectiva dominante en Europa. Este patrón parecía resquebrajarse con las iniciativas de la Comisión para introducir competencia entre entidades, especialmente en el ámbito del entorno digital. El caso OSA, junto con el caso CISAC, resucitan, en gran medida, la doctrina tradicional que parecía ponerse en tela de juicio merced a las nuevas tecnologías y la reducción de los costes de transacción vinculados al control territorial. Será, ahora, el mercado, más que el regulador, el que confirme en el futuro esta orientación.
- DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
- DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior
The Court of Justice defends the traditional format of territorial collective management. Judgment of the Court of Justice of 27 February 2014, OSA (C-351/12).
OSA is the acronym for the Czech musical works copyright collecting society which operates against a legislative backdrop in which collective management is reserved to a single entity. OSA basically holds the monopoly in its activities by virtue of state law.
This case stems from a claim filed by OSA against a spa establishment for the payment of copyright fees for making works available to the public by means of radio or television in the spa’s rooms. With respect to this conflict between the parties, Pilsen Regional Court essentially referred two questions for a preliminary ruling. The first question addresses the act of transmitting works by means of televisions or radios located in the rooms of a spa establishment. In that regard, the decision is certainly not new with respect to the Court’s findings in Rafael Hoteles v SGAE. However, some findings merit special attention for different reasons. The second question is more interesting, given that it raises the issue of the conformity of Czech law, which provides for a monopolistic system of collective management, with EU law.
Naturally, there was nothing new in the finding regarding the performance of an act of communication to the public by “the operator of a spa establishment [which] gives its patients access to the broadcast works via television or radio sets by distributing in the patients’ rooms the signal carrying the protected works”. With this decision coming just days after the Svensson judgment, and from the same Chamber that had ruled out the existence of a new public in respect of communication via links to websites from which works could be lawfully accessed, the Court dedicated a paragraph to explaining that this case did involve a new public. “Like the guests of a hotel, the patients of a spa establishment constitute such a new public. The spa establishment is the organisation which intervenes, in full knowledge of the consequences of its action, to give access to the protected work to its patients. In the absence of that intervention, its patients would not, in principle, be able to enjoy the broadcast work.”
The most relevant aspect of the judgment in this regard is the distinction that it draws between copyright and related rights when explaining why the findings of the Corso decision (15 March 2012, C-135/10) do not apply to this case. The Corso decision had ruled out the existence of public communication in respect of phonograms produced in a small dental practice. Aside from the different points of fact, which the Court does not go into, it indicates that the principles set out in that decision are not relevant in this case because that doctrine refers to performers’ remuneration rights and cannot be extended to an exclusive right such as that held by authors by virtue of Article 3(1) of Directive 2001/29.
The third question referred to Czech law, which provides for the existence of a single collecting society for the management of copyright in musical works. The defendant had argued that local legislation prevented it from obtaining licences from other European societies, and that the fees charged by the Czech society were very high. Against those provisions of Czech law, the defendant invoked Article 16 of Directive 2006/123 on the freedom to provide services and the application thereof to collective copyright management services, Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), based on said Directive, which prohibits restrictions on the freedom to provide services in the European Union, and Article 102 TFEU, which prohibits abusive practices by societies in a dominant market position.
The Court first of all stated that Article 16 of the Directive on the freedom to provide services was inapplicable insofar as Article 17(11) thereof excludes copyright from the liberalisation of services. The next step was therefore to examine the case in light of Article 56, which declares freedom to provide services, and which can only be excluded for overriding reasons in the public interest. The judgment considers copyright protection to constitute one of those reasons, and holds that the grant of a territorial monopoly is “suitable for protecting intellectual property rights, since it is liable to allow the effective management of those rights and an effective supervision of their respect in that territory”. The Court considers that it has not been shown, as European Union Law stands at present, another method allowing the same level of copyright protection as the territory-based protection, which encompasses reciprocal representation agreements between societies. Under those circumstances, the judgment finds that the restriction does not go “beyond what is necessary in order to attain the objective of protecting intellectual property rights.”
The last question tackled by the Court refers to the compatibility between Czech law and the prohibition against abuse of a dominant position. In that regard, the judgment provides an overview of traditional doctrine, explaining that the mere creation of a dominant position is not prohibited, and so granting OSA a monopoly over the collective management of copyright is not contrary to Article 102 TFEU, despite the fact that it gives it a dominant position. The prohibition is activated upon abuse of that position. In that regard, the Court once again recaps on European doctrine, stating that an indication of abuse could be where a company in a dominant position imposes fees “which are appreciably higher than those charged in other Member States (a comparison of the fee levels having been made on a consistent basis).”
The OSA judgment is surprising in that it has maintained, without qualification, the Court’s early opinion on collective management established in Lucazeau and Tournier, which has safeguarded the current territorialised format of collective management that is predominant in Europe. This pattern seemed to be weakened by the Commission’s initiatives aimed at introducing competition among societies, particularly in the digital environment. The OSA case, together with the CISAC case, have to a large extent revived traditional doctrine which appeared to have been called into question thanks to new technology and to the reduction in the transaction costs linked to territorial control. It will now be for the market, rather than the regulatory body, to confirm this orientation in the future.