Source: https://www.enciclopediajuridica.com.ve/sentencia-del-t-s-j-que-reitera-el-criterio-de-la-aplicacion-del-test-de-laboralidad/
Timestamp: 2019-12-05 20:22:20
Document Index: 109526348

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 168', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 65', 'artículo 122', 'artículo 89', 'artículo 53', 'artículo 168', 'artículo 244', 'artículo 243', 'artículo 122', 'artículo 89', 'artículo 53', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 59', 'artículo 176']

Sentencia del T.S.J. que reitera el criterio de la aplicación del Test de Laboralidad - Enciclopedia Jurídica Venezolana Temis
Actualidad Jurídica, Derecho Laboral, Jurisprudencia del T.S.J.
Sentencia: 0519 N° de Expediente: 18-036
En el juicio que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano VÍCTOR ALFONSO LAYA URIBE, titular de la cédula de identidad N° V-9.684.848, representado judicialmente por los abogados Greidy Vanessa Quintana Márquez, Ana Cecilia López Gil de Rosales, Manuel Laya, Alfonso Laya Uribe, Luis Rosales Medrano y Luis Daniel Rosales López; y, la ciudadana PATRICIA ADRIANA MOSCARITOLO GRASSANO, titular de la cédula de identidad N° V-12.338.253, representada judicialmente por los abogados Greidy Vanessa Quintana Márquez, Manuel Laya, Alfonso Laya Uribe, Luis Rosales Medrano y Luis Daniel Rosales López, contra las sociedades mercantiles GRUPO GAIGA 777, C.A., OFICINA TÉCNICA SANTA ELENA, REPRESENTACIONES JJ FERNÁNDEZ, INVERSIONES OSVAFER, CONSTRUCTORA OSDAVA, CONSTRUCTORA VENESOL y CONSTRUCTORA JM, C.A., representadas judicialmente por los abogados Santos Cardozo, Yusmarly Urbina, Greysi Valencia, Santos Cardozo Morales, Mailin Hidalgo y Elizabeth Zerpa; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en sentencia publicada el 27 de noviembre de 2017, declaró parcialmente con lugar la apelación de la parte actora, sin lugar la demanda interpuesta por la ciudadana PATRICIA ADRIANA MOSCARITOLO GRASSANO y parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano VÍCTOR ALFONSO LAYA URIBE, modificando el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que en fecha 9 de octubre de 2017, declaró sin lugar la demanda.
Contra esa decisión, por escrito presentado oportunamente la parte demandada anunció recurso de casación. Hubo contestación por parte del ciudadano Víctor Alfonso Laya Uribe.
El 15 de febrero de 2018 se dio cuenta en Sala y correspondió la ponencia a la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.
Se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día diecinueve (19) de junio de 2018, a las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por no actuar en apego al principio de realidad de los hechos sobre las formas o apariencias.
En tal sentido, sostiene que la decisión es contraria al aludido principio, a las máximas de experiencia e incluso a la lógica, pues no se entiende cómo es posible que quien trabaja de forma subordinada, dependiente y exclusiva para un empleador, sobreviva durante casi un año sin percibir salario y sin realizar reclamo alguno.
A tal efecto, cita la sentencia N° 1303 de esta Sala de Casación Social de 25 de octubre de 2004, que señala lo siguiente:
(…) el principio constitucional de la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, no puede limitar su utilidad solo a aquellas situaciones donde lo oculto es la relación de trabajo, sino que puede ser un instrumento eficaz para otras, donde lo aparente son precisamente las notas de laboralidad…
Considera que en el presente caso es innegable la posible y necesaria aplicación de este principio, pues permite desvirtuar elementos o rasgos importantes que caracterizan y distinguen la relación laboral y de haber sido aplicado por la recurrida, necesariamente hubiese declarado sin lugar la demanda, al no encajar los hechos alegados con el test de laboralidad y la experiencia.
El artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone lo siguiente:
La recurrida resolvió lo siguiente:
En lo que se refiere al demandante VICTOR LAYA: En el escrito de contestación (riela al folio 270 pieza 2/6), la demandada indico: Cito (…) Niego, de manera expresa que la labor profesional del demandante VICTOR ALFONSO LAYA URIBE para con mi representada sea por cuenta ajena y dependiente en vista que la relación sostenida entre las partes estuvo enmarcada en una convención verbal, donde el actor tenía plena libertad para implementar todos sus conocimientos como ingeniero electricista, lo que conforma una relación profesional entre el referido ciudadano y mi representada.(…)
Es así como en el ámbito del Derecho del Trabajo, las normas jurídicas son de estricto orden público y por tanto, no pueden ser relajadas en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pues se desvirtuaría su finalidad protectora. Una de esas normas es la contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, referida a la presunción de laboralidad en toda relación que se da entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba, en virtud de la cual, constatada la prestación de un servicio personal, corresponde a la parte que niega el carácter laboral de la misma demostrar que las condiciones de hecho en las que se desarrollaba dicha prestación excluyen la posibilidad de que sea calificada como una relación de trabajo, lo que en el presente asunto no fue demostrado, por cuanto se desprende además de lo ya citado por esta juzgadora, que de la declaración de los testigos que quedaron contestes, los cuales bajo la valoración de la sana critica, aportaron hechos importantes que determinan, la subordinación, la dependencia, el horario de trabajo sometido a las necesidades del servicio, por cuanto el actor Víctor Laya, supervisaba el cumplimiento de las tareas encomendadas, tal y como quedó demostrado con las deposiciones realizadas.
De allí, la propia demandada demostró los pagos que con regularidad le cancelaba al actor como contraprestación del servicio prestado, sin aportar las razones de la variación del monto de ese pago, que coinciden con lo alegado por el actor de haber recibido esas cantidades en su libelo, por lo que esta Alzada la asume como tal y demostrativa de pago por una relación de tipo laboral. Al establecerse el tiempo de trabajo desde el 02 de enero del 2012 hasta el 07 de enero del 2013 y las condiciones del mismo, resultó demostrado que si bien no se desprende la existencia de un horario de trabajo fijo, se evidencia la supervisión, control y dirección por la empresa demandada sobre la forma en que realizaba sus actividades la demandante mientras permanecía en las instalaciones de la empresa demandada. No se evidencia de actas que el actor tuviera a su cargo los riesgos de la labor para la cual fue contratado, o que asumiera los beneficios y las pérdidas del negocio, se observa igualmente que el servicio era prestado de manera regular, así mismo considera esta juzgadora que no desvirtúan la forma especialísima en que se prestó el servicio, la existencia de la relación de trabajo, ya que esta fue de manera exclusiva para las demandadas, ya que no quedó demostrado en autos que el accionante durante la prestación del servicio a la demandada lo efectuara para otras empresas similares.
Es por lo que en opinión de esta Juzgadora la parte demandada, No cumplió con su carga de la prueba, de demostrar la existencia de un vínculo de carácter profesional entre su mandante y la parte actora, por cuanto el legajo probatorio presentados no aportan elementos suficientes para demostrar lo por ella alegado (relación honorarios profesionales). Solo se limitó la demandada a promover unas pruebas de informes, de las cuales ni siquiera estuvo en la audiencia prevista para su evacuación, de las cuales solo se aportó la existencia de obras y los pagos realizados, por la prestación del servicio, no se evidencia a los autos, que presentara otros elementos que permitieran a esta juzgadora inferir en que no se trata de una relación de carácter laboral, y que el actor, estaba a disposición de la demandada bajo la subordinación de este, y sometido a sus órdenes, que no quedo demostrado que las herramientas de trabajo eran suministradas por el actora. Aunado al hecho que no existen elementos en las actas procesales del presente expediente que permitan presumir la existencia de una relación de naturaleza distinta a la alegada por el actor. Por otra parte, a pesar de insistir en que es una relación por honorarios profesionales, pero no se evidencia la existencia de una oferta de servicios donde el profesional experto como anteriormente se indicó haya ofrecido los mismos, ni tampoco de un contrato de servicio donde el presunto profesional y el cliente hayan pactado las condiciones para la prestación del servicio, ya que el denominado convenio verbal, no puede equipararse a las condiciones de un contrato de servicio como lo prevé el legislador, de la cual la parte demandada solo ha indicado que era la modalidad pero no explicó cómo se pactó y de qué forma se hizo.
Se concluye así en este aspecto en particular, luego del estudio y revisión, que conforme a lo preceptuado en el artículo 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que autoriza al juez a extraer conclusiones en relación con las partes atendiendo a su conducta, esta Alzada concluye, en aplicación de la sana crítica, del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y apariencias establecido tanto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la ley adjetiva laboral, que la presunción de laboralidad que surgió a favor del reclamante no fue desvirtuada por la demandada a través del cúmulo probatorio aportadas al proceso; la parte demandada no aporto ningún elemento probatorio que pudiera indicar a esta Juzgadora que efectivamente la prestación de servicios se realizó bajo la modalidad de una Relación Profesional y por ello se cancelaban Honorarios Profesionales, ya que se configuraron los elementos, dependencia, ajenidad y salario propios de una relación laboral y que la parte accionada no logró desvirtuar la presunción de Laboralidad establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras.
De la transcripción de la recurrida se observa que tomando en cuenta los hechos alegados en la contestación de la demanda, aplicando los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo referidos a la carga de la prueba, así como el criterio reiterado de esta Sala de Casación Social, y después de analizar todas las pruebas, la alzada concluyó que la parte demandada no cumplió con su carga probatoria, pues al alegar que la prestación de servicio era de carácter profesional, asumió la carga de demostrar sus dichos y no probó que la forma de prestar el servicio fuera de naturaleza distinta a la laboral, por lo que no incurrió en falta de aplicación del principio de supremacía de la realidad sobre las formas denunciado por el formalizante.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en motivación contradictoria.
Señala que el núcleo de la controversia constituyó la determinación de la verdadera naturaleza de la relación que unió a los demandantes con las demandadas, y es precisamente en este punto donde existen contradicciones en los motivos, que imposibilitan conocer el proceso lógico llevado por el juez para decidir; cuando, en primer lugar, establece que las testimoniales de los ciudadanos Axoben Bastidas Manzano y Maribel Guzmán Garboza fueron declarados desiertos porque no comparecieron a rendir su declaración, y a continuación, pasa a transcribir y otorgar valor probatorio a los testimonios de dichos ciudadanos; lo cual crea confusión sobre el proceso intelectual que aplicó el sentenciador, sobre todo, cuando afirmó que las declaraciones de los testigos aportaron hechos importantes que determinan la subordinación, la dependencia y el horario de servicio, apoyándose en unas declaraciones que afirma quedaron desiertas y sin explicar en qué forma a través de estas testimoniales quedaron demostrados la subordinación, la dependencia y el horario de trabajo.
En segundo lugar, la alzada reconoce que fue alegada la naturaleza netamente profesional de la relación que mantuvieron las demandadas con el ciudadano Víctor Laya y que los pagos realizados fueron por concepto de honorarios profesionales, y sin embargo, establece que “la propia demandada demostró los pagos que con regularidad le cancelaba al actor como contraprestación al servicio prestado, sin aportar las razones de la variación del monto…”, después de lo cual, pasó a establecer que estos pagos (que nunca fueron periódicos ni por montos similares) eran demostrativos del pago de una contraprestación por una relación laboral.
En tercer lugar, el juez de la recurrida sostuvo que el requisito de la ajenidad se encuentra satisfecho al haber probado las demandadas, mediante prueba de informes, que el actor no fue contratado como Gerente de Obras, lo cual es contradictorio con la conclusión de que existió una relación laboral, puesto que quienes afirmaron que el ciudadano era Gerente de Obra fueron los propios demandantes, cuyos dichos quedaron desvirtuados.
Respecto del último argumento, señala que el juez se contradice en sus dichos al punto de no ofrecer argumentos que permitan ejercer control sobre lo decidido, configurándose el vicio de inmotivación, aunado a la tergiversación de los hechos alegados, pues señala que las demandadas alegaron que contrataron al ciudadano Víctor Laya como encargado de la obra, cuando lo alegado por las demandadas fue la existencia de una relación profesional como ingeniero electricista; y de ningún análisis se entiende como una prueba que demuestra que el actor no era gerente de obras constituye un medio probatorio para determinar que la prestación de servicio era laboral.
La Sala de Casación Social en la Sentencia N° 366 de 9 de agosto de 2000, estableció que la contradicción se produce cuando los motivos se destruyen los unos a los otros generando una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos.
Adicionalmente en relación al vicio de contradicción en el dispositivo del fallo, esta Sala en sentencia Nº 0253, de fecha 01 de marzo de 2007, caso: Pride Internacional, señaló que el vicio de contradicción en el fallo al que se refiere el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede encontrarse en el dispositivo del mismo, de modo que las resoluciones contenidas en él sean de tal manera opuestas, que no sea posible ejecutarlas simultáneamente por excluirse las unas a las otras, no pudiendo determinarse el alcance de la cosa juzgada, vicio que no debe ser confundido con el de contradicción entre los motivos, o entre los motivos y el dispositivo, incompatibilidades que de existir y ser fundamentales, hacen inmotivada la sentencia por inobservancia del requisito establecido en el ordinal 4º del artículo 243 eiusdem, criterio establecido por la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 de fecha 3 de noviembre de 2006 (caso: Ever Contreras contra Manuel Gómez Coelho).
El formalizante alega que hubo contradicción en los motivos al declarar desierto el acto de testigos y luego transcribir la testimonial de dos de ellos, dándoles valor probatorio y estableciendo hechos de sus declaraciones; al reconocer que fue alegada una relación profesional y unos pagos por honorarios profesionales al ciudadano Víctor Laya y calificar los pagos realizados concluyendo que fueron de naturaleza laboral; y, al concluir que existió una relación laboral con el ciudadano Víctor Laya por haber demostrado que el actor no fue contratado como Gerente de Obras, lo cual fue argumento realizado por la parte actora.
En relación con las testimoniales, la recurrida señaló lo siguiente:
Respecto de las testimoniales de los ciudadanos ALBERTO RAMOS BALZA, AXOBEN BASTIDAS MANZANO, IVETTE MENDEZ MORENO, MARIBEL GUZMAN GARBOZA, GUSTAVO SOTO, FRANCO FUSCO y GANNY ROGLIERO, titulares de las cédulas de identidad Nos: V-2.748.987, V-12.141.138, V-10.992.101, V-7.191.627, V-15.863.787, V-7.251.419 y V-9.673.455. Esta Alzada verifica que los ciudadanos, no comparecieron al acto para rendir sus declaraciones por lo que el mismo se declaró desierto y en tal virtud nada se tiene por valorar. Así se establece.
-Respecto de la testimonial del ciudadano AXOBEN BASTIDAS MANZANO, titular de la cédula de identidad Nº V-12.141.138, quien una vez juramentado presto la declaración de la forma siguiente:
-Respecto de la testimonial de la ciudadana MARIBEL GUZMAN GARBOZA, titular de la cédula de identidad Nº V-7.191.627, quien una vez juramentada prestó declaración de la forma siguiente:
De la transcripción realizada se observa que efectivamente el ad quem mencionó que los testigos Axoben Bastidas Manzano y Maribel Guzmán Garboza no comparecieron a rendir declaración, y seguidamente transcribe sus dichos, la Sala considera que dicho error no puede causar confusión en la parte demandada, quien asistió a la audiencia y formuló preguntas a los testigos, consistiendo el yerro un error material en la mención de los testigos promovidos que no comparecieron a la audiencia de juicio.
Respecto de la naturaleza de los pagos realizados al ciudadano Víctor Laya, la recurrida señaló lo siguiente:
En lo que se refiere al demandante VICTOR LAYA: En el escrito de contestación (riela al folio 270 pieza 2/6), la demandada indicó: Cito (…) Niego, de manera expresa que la labor profesional del demandante VICTOR ALFONSO LAYA URIBE para con mi representada sea por cuenta ajena y dependiente en vista que la relación sostenida entre las partes estuvo enmarcada en una convención verbal, donde el actor tenía plena libertad para implementar todos sus conocimientos como ingeniero electricista, lo que conforma una relación profesional entre el referido ciudadano y mi representada.(…)
De las resultas de la prueba de informes (promovida por la demandada), se desprende que la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (S.U.D.E.B.A.N.), confirmo que la empresa Constructora Venesol C.A., identificada con el Nº de R.I.F. J-29567719-7, realizo una transferencia desde la cuenta del ciudadano JOSE FERNANDEZ, identificada con el Nº 010140166031660037078, al ciudadano Víctor Laya, identificado con la cédula de identidad Nº 9.684.848, en fechas: 17 de Mayo de 2012, por la cantidad de cuarenta y cinco mil quinientos bolívares (Bs. 45.500,00); en fecha 07 de Junio de 2012, por la cantidad de veinticinco mil bolívares (Bs. 25.000,00); en fecha 27 de Septiembre de 2012, por la cantidad de treinta y cinco mil bolívares (Bs. 35.000,00); en fecha 18 de Octubre de 2012, por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00); en fecha 06 de Noviembre de 2012, por la cantidad de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,00); en fecha 20 de Junio de 2012, por la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00); en fecha 23 de Noviembre de 2012, por la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) (folio 165 de la pieza 5; 128, 129 y 130 de la pieza 4 y, 133 y 134), montos estos que según lo indicado por las demandadas en su escrito de contestación, corresponden a pagos realizados por el actor, cuando alegaron que para el primer trimestre del año 2012, fue la cantidad de: 1) Bs. 400.000. 2) Bs. 220.000. 3) Bs. 100.000, en los meses de mayo a junio de 2012 la cantidad de: 4) Bs. 47.500, 5) Bs. 25.000, 6) Bs. 25.000; en los meses septiembre de 2012: 7) Bs. 35.000, 8) Bs. 30.000, 9) Bs. 40.000, 10) Bs. 50.000, que totaliza la cantidad de Bs. 972.500 (riela al folio 269 vto.).
Es por lo que en opinión de esta Juzgadora la parte demandada, No cumplió con su carga de la prueba, de demostrar la existencia de un vínculo de carácter profesional entre su mandante y actora, por cuanto el legajo probatorio presentados no aportan elementos suficientes para demostrar lo por ella alegado (relación honorarios profesionales). Solo se limitó la demandada a promover unas pruebas de informes, de las cuales ni siquiera estuvo en la audiencia prevista para su evacuación, de las cuales solo se aportó la existencia de obras y los pagos realizados, por la prestación del servicio, no se evidencia a los autos, que presentara otros elementos que permitieran a esta juzgadora inferir en que no se trata de una relación de carácter laboral, y que el actor, estaba a disposición de la demandada bajo la subordinación de este, y sometido a sus órdenes, que no quedo demostrado que las herramientas de trabajo eran suministradas por el actora. Aunado al hecho que no existen elementos en las actas procesales del presente expediente que permitan presumir la existencia de una relación de naturaleza distinta a la alegada por el actor. Por otra parte, a pesar de insistir en que es una relación por honorarios profesionales, pero no se evidencia la existencia de una oferta de servicios donde el profesional experto como anteriormente se indicó haya ofrecido los mismos, ni tampoco de un contrato de servicio donde el presunto profesional y el cliente hayan pactado las condiciones para la prestación del servicio, ya que el denominado convenio verbal, no puede equipararse a las condiciones de un contrato de servicio como lo prevé el legislador, de la cual la parte demandada solo ha indicado que era la modalidad pero no explicó cómo se pactó y de qué forma se hizo.
Se concluye así en este aspecto en particular, luego del estudio y revisión, que conforme a lo preceptuado en el artículo 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que autoriza al juez a extraer conclusiones en relación con las partes atendiendo a su conducta, esta Alzada concluye, en aplicación de la sana crítica, del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y apariencias establecido tanto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la ley adjetiva laboral, que la presunción de laboralidad que surgió a favor del reclamante no fue desvirtuada por la demandada a través del cúmulo probatorio aportadas al proceso; la parte demandada no aporto ningún elemento probatorio que pudiera indicar a esta Juzgadora que efectivamente la prestación de servicios se realizó bajo la modalidad de una Relación Profesional y por ello se cancelaban Honorarios Profesionales, ya que se configuraron los elementos, dependencia, ajenidad y salario propios de una relación laboral y que la parte accionada no logró desvirtuar la presunción de Laboralidad establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras.(Subrayado de la Sala)
De la transcripción anterior se desprende que la recurrida partió de los hechos alegados en la contestación de la demanda, como fueron que la relación con el ciudadano Víctor Laya era de carácter profesional y que los pagos realizados eran por honorarios profesionales; analizó las pruebas y estableció que no quedó demostrada la forma en que el referido ciudadano se vinculó con la demandada, pues no consta oferta ni contrato de servicio, y que de la prueba de informes a la SUDEBAN, quedó demostrado el pago pero no que éste fuera por honorarios profesionales, concluyendo que no quedó desvirtuada la presunción de laboralidad, lo cual considera la Sala no resulta en modo alguno contradictorio.
Por último, la recurrida solo menciona que el ciudadano Víctor Laya no fue contratado como Gerente de Obra, al analizar la ajenidad, de la siguiente forma:
Para más ilustración, en sentencia No. 0788 de fecha 26 de septiembre de 2013, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (“SCS/TSJ”), con ponencia de la Magistrada Carmen Esther Gómez Cabrera, reiteró que el criterio fundamental para determinar la existencia de una relación laboral es la ajenidad de manera concomitante a la aplicación del test de dependencia o haz de indicios. En este sentido, señalo que existe ajenidad: “(…)Cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida (…)”, lo cual fue efectivamente verificado de las resultas de las pruebas de informes promovidas por las demandadas (rielan del folio al folio XX), al momento de indicar estas resultas, que no reposan en sus archivos el actor VICTOR LAYA haya sido contratado como gerente de obra, entonces al existir la contradicción de la parte demandada cuando insiste que en la relación de tipo profesional se contrató en forma verbal al actor Víctor Laya, como encargado de la obra, esto no significaba que asumía los riesgos de la obra, por lo tanto aplica las consecuencias de la presunción de laboralidad de la relación.
De la transcripción anterior se desprende que la conclusión de la recurrida fue que aun cuando se demostró que el actor Víctor Laya no fue contratado como Gerente de Obra, ello no demuestra que el mismo asumía los riesgos y por tanto no se desvirtuó la presunción de laboralidad.
Si bien el razonamiento del ad quem resulta confuso, pues solo en el escrito de promoción de pruebas de la parte actora (ni siquiera en el libelo), en la solicitud de informes, aparece la mención de gerente de obras, ello no constituye contradicción en los motivos ni modifica el dispositivo del fallo, pues la demandada no demostró que el vínculo con el mencionado actor fue de naturaleza profesional, operando la presunción de laboralidad, sin necesidad de examinar los elementos del contrato de trabajo.
Por las consideraciones anteriores se declara improcedente la denuncia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en inmotivación por la falta de aplicación del test de laboralidad.
Señala que el fallo no aplicó el test de laboralidad, aunque lo haya mencionado, ni ofreció argumentos que realmente permitan entender cómo fue el razonamiento llevado por el juez para establecer que la prestación de servicio realizada por el actor Víctor Laya constituyó una relación de trabajo.
La doctrina ha señalado que la inmotivación es un vicio de la sentencia producido por el incumplimiento de un requisito intrínseco de la decisión cuando ésta carece de los motivos de hecho y de derecho. En este sentido, es pacífico y reiterado de la casación que resulta inmotivado el fallo que carece absolutamente de motivos, no aquel en el cual los motivos son escasos o exiguos. Asimismo, la doctrina ha señalado que hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión. Igualmente existe inmotivación absoluta y por lo tanto el fallo es nulo, si el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión respecto a un punto específico de la controversia de cualesquiera de las cuestiones planteadas, bien sean de hecho o de derecho.
Sobre el test de laboralidad, la Sala considera necesario hacer un recuento de cómo surgió el criterio para la aplicación de esta útil herramienta para la determinación de la naturaleza de determinada prestación de servicio.
En Sentencia N° 535 de 18 de diciembre de 2000, caso: NABIL SAAD contra DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODERMA COSMÉTICOS S.R.L. la Sala de Casación Social estableció lo siguiente:
Así mismo, y a pesar de que el sentenciador descarta la relación laboral producto de la presencia de los presuntos contratos mercantiles, deriva de ellos la no existencia del elemento subordinación, es decir, pretende que dicho elemento se desprenda de las pruebas aportadas, cuando en realidad lo que debe estimarse es si la demandada, conforme a la distribución legal de la carga probatoria, pudo destruir la presunción de existencia del mismo.
Debió entonces el Juzgador de Alzada, escudriñar la verdadera naturaleza de los contratos mercantiles presentados, en búsqueda del hecho real allí contenido, o sea, si efectivamente corresponde a una actividad comercial o pretenden encubrir una relación laboral entre las partes. A ello hace referencia el citado autor Rafael Caldera, cuando señala:
“A veces se da a la relación laboral la apariencia de una relación mercantil. Cuando los servicios del trabajador se ejercitan vendiendo al público los productos de una industria determinada, se trata a menudo de dar al contrato la forma simulada de una compraventa comercial: en apariencia, el trabajador no es sino un comerciante que adquiere unos productos para revenderlos. Sin embargo, las modalidades que acompañan a ese contrato simulado: el hecho de la reventa por la persona misma del revendedor, la exigencia, por ejemplo, de revender dentro de determinado radio, en determinadas condiciones y bajo la vigilancia de la empresa, sirven frecuentemente para demostrar la existencia de un nexo de dependencia característico del contrato de trabajo.”
A partir de esta sentencia, la Sala comenzaba a advertir que la existencia de un contrato mercantil no era suficiente para desvirtuar la presunción de laboralidad, pues era necesario escudriñar la verdadera naturaleza del servicio prestado previsto en el contrato.
Posteriormente, en Sentencia N° 302 de 28 de mayo de 2002, caso: Juvenal Aray y otros contra Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.M.), comenzó la Sala a denominar “zonas grises” a aquellas prestaciones de servicio donde resulta difícil determinar su naturaleza jurídica:
Reconoce esta Sala los serios inconvenientes que se suscitan en algunas relaciones jurídicas al momento de calificarlas dentro del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo. Es significativa al respecto la existencia de las denominadas “zonas grises” o “fronterizas”, expresiones explicativas de aquellas prestaciones de servicio, cuya cualidad resulta especialmente difícil de determinar como laboral o extralaboral.
Sin embargo, la legislación laboral, como la aplicación judicial y jurisprudencial en los casos litigiosos concretos, ha solventado de alguna manera la problemática, insertando un sistema de presunciones e indicios de laboralidad para facilitar tal misión de indagación.
Finalmente, en Sentencia N° 489 de 13 de agosto de 2002, caso: MIREYA BEATRIZ ORTA DE SILVA contra FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA-COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA (FENAPRODO-CPV), la Sala analizó lo siguiente:
Ciertamente, el conferir pleno mérito probatorio a la instrumental descrita, distanciamiento hecho de los restantes elementos probatorios, ubica el escenario en la disyuntiva de convalidar, el que ante la existencia de un contrato mercantil quede desvirtuada la presunción de laboralidad.
En este sentido, la Sala ha apuntalado:
“(…) resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, pues, si las estipulaciones consignadas en el acuerdo de voluntades no corresponden a la realidad de la prestación del servicio, carecerán de valor. Estas conclusiones son consecuencia necesaria de la naturaleza del derecho del trabajo: Si un trabajador y un patrono pudieran pactar que sus relaciones deben juzgarse como una relación de derecho civil, el derecho del trabajo dejaría de ser imperativo, pues su aplicación dependería, no de que existieran las hipótesis que le sirven de base, sino de la voluntad de las partes. (…)
(…) pues no basta la existencia de un contrato mercantil entre el patrono y un tercero y la prestación accidental del servicio por otra persona, por aplicación de los principios de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y de primacía de la realidad, antes referidos, para desvirtuar la presunción laboral (…)”. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 16 de marzo de 2000).
Es así, como una vez que opera la presunción de existencia de la relación de trabajo, avalar el que por contraponer a dicha presunción, contratos que adjudiquen una calificación jurídica mercantil o civil a la vinculación, queda desvirtuada la misma; resulta un contrasentido con los principios de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y de primacía de la realidad reflejados en la jurisprudencia ut supra.
Por estas circunstancias, “se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, pues existe, no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y porque es el hecho mismo del trabajo y no el acuerdo de voluntades, lo que demuestra su existencia”. (DE LA CUEVA, M. “Derecho Mexicano del Trabajo”, Tomo I, Editorial Porrúa, S.A., Décima Edición, México, 1967, pp. 455-459.).
A continuación de las consideraciones, después de analizar el caso concreto, en la misma sentencia citada, la Sala sugirió la aplicación del test de laboralidad de la siguiente forma:
Ahora bien, todas las conclusiones expuestas por esta Sala con relación a los hechos contrastados, resultaron encauzadas acorde con un sistema que la doctrina a denominado indistintamente “test de dependencia o examen de indicios”
Como lo señala Arturo S. Bronstein, el test de dependencia es “una de las herramientas esenciales para determinar cuando una persona que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra ha establecido o no una relación de trabajo con la misma. A través de los mismos se puede formular una sistematización, con el fin de distinguir lo fraudulento de lo que no lo es, clarificar las situaciones ambiguas, y por esta vía extender la protección de la legislación laboral a quiénes prima facie estarían ejecutando trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de naturaleza civil o comercial.”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 21)
Acorde con la anterior referencia doctrinal, pareciera pertinente y así lo aspira esta Sala, construir, claro esta de manera enunciativa y sin pretender que cada uno de los hechos en lo adelante fijados deban necesariamente ser corroborados; un inventario de indicios o criterios que permita determinar de manera general, las situaciones en la que pudiera resultar enervada la presunción de laboralidad, de aquellas en las que por el contrario tienda ha consolidarse.
f) Otros: (…) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (…) la exclusividad o no para la usuaria (…).”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.
De todo lo anterior, resulta claro que la presunción de laboralidad puede ser desvirtuada por la demandada, para ello debe demostrar que la prestación de servicio fue de naturaleza civil o mercantil y no laboral, pero aun cuando lo demuestre con un contrato que regule la relación, el mismo no es suficiente para desvirtuar la presunción pues se debe escudriñar la verdadera forma de prestar el servicio pues la relación laboral es un contrato realidad; y, en estos, casos, es que resulta de extrema utilidad la aplicación del test de laboralidad.
En el caso concreto, del análisis de las pruebas, la recurrida estableció que la demandada no logró demostrar que la prestación de servicio era profesional y no laboral por lo que no desvirtuó la presunción de laboralidad y en consecuencia, considera la Sala no era necesario aplicar el test de indicios o de laboralidad.
Adicionalmente, la alzada explicó suficientemente, con base en las pruebas, por qué no quedó desvirtuada la presunción, no incurriendo en inmotivación alguna.
Por las razones anteriores, se declara improcedente esta denuncia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en inmotivación por silencio de prueba.
Señala que la alzada, aun cuando menciona la prueba de informes dirigida a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (F.E.D.E.), se limita a establecer que le otorgará valor probatorio, pero posteriormente silencia las resultas de la prueba, pues de la misma se deduce que en los archivos de esta fundación no reposa prueba de que el actor fuere contratado como gerente de obras.
Considera que la valoración de esta prueba es fundamental para determinar la verdadera naturaleza de la relación que unió a las partes pues fue alegado por las demandadas que el ciudadano Víctor Laya solo prestó servicio en el marco de una relación profesional y el análisis de esta prueba conjuntamente con el resto de las pruebas lo demuestran incidiendo en el dispositivo del fallo.
Queda inmotivada la sentencia por haberse incurrido en silencio de pruebas cuando el Juez omite cualquier mención sobre una prueba promovida y evacuada por las partes que consta en las actas del expediente y cuando, a pesar de haberse mencionado su promoción y evacuación, el Juez se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a la misma o las razones para desestimarla, siendo importante, además, que las pruebas promovidas y evacuadas por la parte en la oportunidad legal correspondiente, no mencionadas o valoradas por el Juez, sean relevantes para la resolución de la controversia, pues con base en disposiciones constitucionales, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, o no hace imposible su eventual ejecución.
La recurrida, al analizar las pruebas, señaló lo siguiente:
-Respecto de la prueba de informes solicitada a la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (F.E.D.E.), a objeto de que informara:
(…) constan en autos a los folios del 136 al 273 de la pieza 4 las resultas recibidas de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (F.E.D.E.), se valoran las mismas conforme al artículo 81 de la L.O.P.T.R.A., constatándose de las mismas que en fecha 31 de enero de 2012, para la ejecución de la obra ETI Generalísimo Francisco de Miranda, se celebró contrato con la empresa GRUPO GAIGA 777, C.A., manifestando la empresa la ingeniero residente sería la ciudadana PATRICIA MOSCARITOLO; quien firmó dos valuaciones con informes fotográficos e informe de memoria descriptiva de obras extras. Que no reposaba en sus archivos que el ciudadano VICTOR LAYA, hubiere sido contratado como gerente de obra. Que en fecha 06 de marzo de 2012, para la ejecución de la obra Rehabilitación en la U.E.N. Zoe Xiques Silva, se celebró contrato con la empresa CONSTRUCTORA VENESOL, C.A., manifestando F.E.D.E., que la ingeniero residente sería la ciudadana PATRICIA MOSCARITOLO; quien firmó tres valuaciones con informes fotográficos. Que no reposaba en sus archivos que el ciudadano VICTOR LAYA, hubiere sido contratado como gerente de obra. Que en fecha 13 de enero de 2012, para la rehabilitación de la obra P.E.N. Villa Castín, se celebró contrato con la empresa INVERSIONES OSAVAFER 51, C.A., manifestando F.E.D.E., que no reposaba en sus archivos documento alguno demostrativo de que el ciudadano VICTOR LAYA, hubiere sido contratado como gerente de obra. Que en fecha 12 de enero de 2012, para la ejecución de la obra Rehabilitación del L.B.N. Luís Beltrán Prieto Figueroa, se celebró contrato con la empresa CONSTRUCTORA OSDAVA, C.A., manifestando F.E.D.E., que el ingeniero residente sería el ciudadano VICTOR LAYA; quien firmó dos valuaciones con sus informes fotográficos. Que no reposaba en sus archivos que la ciudadana PATRICIA MOSCARITOLO, hubiere sido contratada para la administración de la obra. Que en fecha 09 de febrero de 2012, para la ejecución de la ampliación de la obra U.E.N. Hermanas Jiménez, se celebró contrato con la empresa OFICINA TECNICA SANTA ELENA, C.A., manifestando F.E.D.E., que no reposaba en sus archivos que el ciudadano VICTOR LAYA, hubiere sido contratado como gerente de obra ni que hubiere firmado en su representación. Que en fecha 09 de febrero de 2012, para la ejecución de la obra E.B. Barrialito, se celebró contrato con la empresa CONSTRUCIONES Y PROYECTOS J.M., C.A., manifestando F.E.D.E., que la ingeniero residente sería la ciudadana PATRICIA MOSCARITOLO; quien firmó tres valuaciones de obra con sus informes fotográficos. Que no reposaba en sus archivos que el ciudadano VICTOR LAYA, hubiere sido contratado como gerente de obra. Que en fecha 20 de enero de 2012, para la ejecución de la obra E.B.B. Las Campanas, se celebró contrato con la empresa REPRESENTACIONES J.J. FERNANDEZ, C.A., manifestando F.E.D.E., que el ingeniero residente sería el ciudadano VICTOR LAYA; quien firmó una valuación con informe fotográfico. Esta Alzada, verifica que constan sus resultas y valora su contenido de conformidad con el artículo 81 de la LOPT, como demostrativa de que lo allí se indica. Así se establece. (Subrayado de la Sala)
De la transcripción anterior se observa que la recurrida mencionó la prueba, la evacuación de la misma, su valor probatorio y su contenido, por lo considera la Sala no incurrió en silencio de prueba, como lo denuncia el formalizante.
Adicionalmente, si se entendiere que lo denunciado fue un error en el establecimiento de los hechos al omitir que de la prueba de informes se desprende que en los archivos de esta fundación no reposa prueba de que el actor fuere contratado como gerente de obras, en la anterior denuncia el recurrente advirtió que el desempeño como gerente de obras del ciudadano Víctor Laya, no fue alegado por las demandadas, constatando la Sala que dicho hecho no fue mencionado en el libelo, apareciendo solo en el escrito de promoción de pruebas de la parte actora.
Por el contrario, en dicha prueba consta que el ciudadano Víctor Laya fue ingeniero residente en las obras Rehabilitación del L.B.N. Luís Beltrán Prieto Figueroa; y E.B.B. Las Campanas.
En relación con ello, por la forma de contestación de la demanda, la demandada tenía la carga de probar que la relación que la vinculaba con el ingeniero Laya era de carácter profesional y que los pagos fueron por concepto de honorarios profesionales, hechos que no constan ni guardan relación con la prueba de informes a F.E.D.E, denunciada como silenciada.
Por las razones anteriores, se declara improcedente la denuncia.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2017 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua; y, SEGUNDO: Se CONFIRMA el fallo recurrido.
Se condena en costas del recurso a la parte demandada recurrente de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil dieciocho. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
R.C. N° AA60-S-2018-000036.