Source: http://consejosdederecho.com.ar/19.htm
Timestamp: 2019-02-21 10:29:11
Document Index: 241994122

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 43', 'artículo 16']

LEY DE HABEAS DATA Y LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE TRAE APAREJADA.
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La razón de la ley.
¿Cuáles son los bancos de datos autorizados?
¿Qué podemos hacer en el supuesto de que bancos de datos divulguen, cedan o transfieran cualquier información respecto de nuestra persona?
La necesidad del consentimiento y cómo debe prestarse.
¿Están incluidas solamente las personas físicas y no las jurídicas? ¿Las entidades financieras?
Supuesto de excepción que indica la ley. Servicios de información de riesgo crediticio. Inconstitucionalidad.
Inconstitucionalidad de las bases de datos que la ley permite para los hábitos de consumo.
SITUACIONES LÍMITES Y LA AFECTACIÓN A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
La razón de esta ley, que data del 2/11/2000, estribó en el incremento de velocidad de circulación de la información por vías que se consideraban de posible contención por medio de un proceso por amparo. Si bien, sustancialmente, los procesos de amparo y de protección de los datos personales no distan mucho – casi nada -, ciertamente, se ha transformado en una imperiosa necesidad, el tratar de controlar la velocidad de circulación de los datos personales, estableciendo sanciones, las cuales, por su falta de severidad, hacen que la ley en cuestión no sea aún operativa a los fines de la mencionada protección.
La ley es llamada a reglamentar y precisar, consiguientemente, el contenido de la garantía constitucional establecida en el art. 43 de la Constitución Nacional, que describe otras muy importantes garantías. "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio."
Los bancos de datos autorizados a prestar información respecto de las personas.
El seguimiento por vía de la red, Internet, como de otras, o la conexión de redes de computadores, tipo Fidonet, hacen que la ley, sea aún, bastante inoperante, en lo que respecta al cuidado de los datos personales. Esta es la razón por la que los procedimiento previstos en esta ley, no sean de demasiado uso, prefiriéndose, directamente, la prueba mediante actas notariales, lo que es aconsejable, atento a la duración y transferencia o cesión a terceros de datos de nuestra persona.
En principio rige el principio del “consentimiento”, pero algunos bancos de datos pueden prescindir de los mismos. Así el art. 26 de la ley, para la “Prestación de servicios de información crediticia” en su inc. 5to. señala, que la prestación del servicio, “no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su “cesión”, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios”
De tal modo que, sin consentimiento ni conocimiento de las personas, podemos estar incluidos en una base de datos, no sólo por imperio de fuentes de información del Estado, sino también de entidades privadas, que puedan inscribirse en un registro, previsto en el art. 21 de la ley.
El art. 27 del decreto reglamentario, habilita a tal posibilidad “únicamente” a las “Cámaras”, “Asociaciones” y “Colegios Profesionales”. No tenemos precisión de las dos primeras acepciones ( Cámaras y Asociaciones ). Correspondiendo, - dice la ley - a un “sector” de la información. Eso precisa el decreto reglamentario. Pero deben disponer de un “Código de Conducta” homologado por la “Dirección Nacional de Protección de Datos Personales” ( art. 27 decreto mencionado ). Es el requisito de la “habilitación”. (¿?).
El mencionado “Código de Conducta” es de casi nula operatividad, basta con referirse a las limitaciones que la misma ley de hábeas data impone y respetarlas. En todo caso, la “conducta”, mas segura, sería la de examinarla continuadamente y verificar, sin que particular alguno denuncie, que los datos personales no sean cedidos a persona física o jurídica no autorizada.
Precisamente, como éstos "Códigos de Conducta", pueden consistir en la repetición de las garantías establecidas en la ley de hábeas data, y por ende, no sirven absolutamente para nada, lo ideal sería identificar por medios notariales, mediante acta.
Nosotros necesitamos hacer la propia inspección, pues el procedimiento previsto para el particular, tanto en la esfera administrativa, cuanto en la judicial, hacen que rápidamente escapen al procedimiento de amparo previsto en esta ley.
Se establece un plazo de 5 días para contestar el informe requirente de los datos personales propioos.
También podemos solicitarle al propio juez intervenga de modo personal, lo que puede hacer directamente por medio de una conexión a Internet, en su caso, o un allanamiento directo en otro caso, o ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de la índole o envergadura del daño potencial o actual.
Lo difícil o lo tedioso, es que no colaboremos en esa investigación. Por lo general, los bancos de datos “paralelos” comprometen a las entidades registradas, las que no los desean, siendo, por lo tanto particulares, los que, por todos los medios tratan de transportar la información a escondidas de dichas entidades, sea que se les llame Cámaras, Colegios Profesionales, o lo que fuere, desde que podría ser revocada su propia habilitación, lo que generalmente temen.
De allí que, nada mejor que, en estos casos, en la persecución, se solicite al juez, penal o civil, la colaboración de esas entidades registradas, las que pueden llegar a conocer a quien, por ejemplo, en relación de dependencia, pudo haber dado a conocer los datos. Pero esto no será nunca una garantía, desde la perspectiva de un juicio laboral.
Como esto también constituye un delito, la ayuda de un juez penal o del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría del Pueblo, de las Comisiones de Defensa del Consumidor, y obviamente de abogados particulares, con alguna experiencia en el tema y una labor de intercomunicación importante entre todos.
La necesidad del consentimiento y cómo debe prestarse
La ley señala dos conceptos como regla: 1.- La información de aviso al datado, previo a la publicación, 2.- Su consentimiento. Por excepción están excluidos, según el texto legal, los inscriptos o habilitados, que posean un Código de Conducta, “Cámaras”, “Asociaciones” y “Colegios Profesionales”, conforme al art. 27 del decreto reglamentario. El consentimiento nunca puede ser tácito, debe ser expreso. La ley no señala la forma de expresión, pero tratándose de actos que pueden vulnerar la disposición del art. 43 párrafo tercero de la Constitución Nacional, el cual señala: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística" y esta norma forma parte de las garantías constitucionales de los habitantes de la Nación, el consentimiento expreso debe ser inequívoco.
Están excluidos de ese consentimiento conforme a la ley, en su art. 5to. inc. 2do. "a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526." ( es la de entidades financieras ). Conforme al art. 39 de dicha ley estas entidades no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen, exceptuándose a:
En todos los demás casos es necesario el consentimiento expreso de la persona cuyos datos, van a ser distribuidos, pero, además, cuando, por cualquier motivo, no habiendo mediado consentimiento expreso, se puedan afectar bases de información periodísticas, también es que, en ese caso, el consentimiento, aunque no se haya prestado en su momento, no puede requerirse.
Dará lugar a las acciones que por daños y perjuicios se deriven a la persona, pero no es posible detener a la función periodística. Sobre el particular, la ley defiende mucho - a mi entender - a la mencionada función, protegiéndole en numerosos artículos, tanto de la ley, como del decreto reglamentario.
El consentimiento debe prestarse también en todos los casos de cesión de dichos archivos o base de datos.
Llama poderosamente la atención que la palabra "cesión" haya sido utilizada en el art. 26 inc. 5to. de la ley al señalar la palabra "cesión". Se indica, en el texto legal que no es necesario el consentimiento del presunto deudor cuando señala que "La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios." Parecería aquí que los datos no deben ser comunicados sino "cedidos", no comprendiéndose debidamente el texto legal.
Si de lo que se trata es de "cesión", el cedido, debe cumplir con las mismas cargas que el cedente, esto es, las mismas cargas de habilitación.
Si "cedo" la información, no necesariamente, me desprendo de la misma, por lo que resulta poco comprensible el texto legal al hablar de "cesión", máxime cuanto el art. 11 inc. 4 de la ley señala lo que acabo de señalar: 4. "El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate", o lo que es lo mismo que decir, que la entidad financiera, cualquiera sea esta, deberá inscribirse y cumplir todos los recaudos normales que corresponden a los titulares de las bases de datos.
De allí que, es a mi juicio, enteramente comprensible, que el mero usuario de la base de datos, deba también registrarse, ya que es un cesionario, en definitiva.
Hasta ahora no ha habido un sólo caso en el tratar de desentrañar si el cedido posee titularidad sobre los datos, o solamente un uso. De acuerdo al texto legal trascripto, podría funcionar como entidad transmisora de datos, pero para ello deberá cumplir los recaudos de inscripción, tal como organizaciones como Veraz S.A. lo han hecho.
De lo que se sigue, que, conforme a la redacción, la fiscalización estatal, es la misma, la observancia de las formalidades, igual, no podría tener una entidad financiera datos de los clientes que hacen a su giro comercial, y deberían limitarse a lo que surja de las excepciones al deber de consentir.
Adicionalmente, para el caso de cesión se han impuesto mas condiciones, no muy disímiles que aquellas que hacen a la transferencia de datos, tal como surge del art. 11 de la ley, pero, adviértase que, en este caso, la cesión es revocable por la persona cuyos datos han sido cedidos, por lo que, no podría, en principio, constituirse en cesionario, o tendría una base de datos de menor cuantía cuando mediase oposición del particular.
De todo esto se desprende que, la empresa cesionaria, no es mas que una sucursal de la cedente.
Al respecto adiciona el art. 11 mas condiciones de consentimiento para la cesión:
Los mismos son: "1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 2. El consentimiento para la cesión es revocable. 3. El consentimiento no es exigido cuando: a) Así lo disponga una ley; b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias; d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados; e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables. 4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate."
Vale decir, que el cesionario tiene, por hipótesis, menos cantidad de datos, y mayor cantidad de cargas legales que soportar, incluyendo, el consentimiento necesario del titular de los datos. Con lo cual, una entidad financiera, no podría operar si el titular de los datos, aún siendo deudor, se opone. O, a lo menos, no tendría aptitud para adquirir datos, a lo menos, por esta vía, la "cesión".
El texto de la ley es claro. Máxime cuando existen garantías constitucionales de envergadura en juego y la consiguiente interpretación restrictiva que debe realizarse en materia de manejo de banco de datos. En consecuencia, a quien se le han cedido los datos para su propia utilización, debe inscribirse conforme a los parámetros ya analizados bajo el título "Los bancos de datos autorizados a prestar información respecto de las personas"
El art. 1ro. de la ley señala que "Las disposiciones de la presente ley, serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal". Por lo que las personas jurídicas, tales como sociedades comerciales, asociaciones civiles, etc pueden estar incluidas. Incluso las mismas entidades financieras, por un elemental principio de igualdad ( art. 16 de la Constitución Nacional ).
Ese pié de igualdad permite conocer, de igual forma al co contratante. El hecho de que no existan bases de datos suficientes para personas de existencia ideal, no significa que las mismas sean ilegales o inconducentes.
El Código Civil Argentino otorga capacidad a las personas físicas y a las jurídicas, éstas últimas según su objeto societario. "En cuanto fuere pertinente", conforme al texto legal, debe interpretarse, "en tanto haga a la capacidad de la persona de existencia ideal", por lo que, por ejemplo, una entidad financiera, puede estar incluida en una base de datos del mismo tenor que puede manejar.
El sistema permite así una dinámica de conocimiento recíproco, en beneficio de la sociedad y del sistema democrático de gobierno, del conocimiento del público y de la defensa del consumidor. El sometimiento al que creen estar tomados muchos habitantes a lo que dan en denominar "sistema financiero", no dista del "sistema de consumidores". Por otra parte no podemos dejar de recordar que el "sistema democrático", es, desde el punto de vista cibernético, y vinculado con la libertad de expresión consagrada en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional.
Sin complicarse mucho, lo que insisto, si los llamados "piquetes" han sido considerados como "libertad de expresión" de un pueblo, con mayor razón, la generación de bases de datos que no causan daño alguno, siempre respetando los parámetros de la ley, y del decreto reglamentario. A la cibernética nos hemos referido en otro punto de los diversos temas que hemos tratado.
Nada tiene que ver con las computadoras. Los sistemas de gobierno se dividen en autocráticos y democráticos, dependiendo cómo circula la información. Lo que define a un sistema de gobierno como "democrático" o "autocrático" no es ni lo que la Constitución Nacional señala, como tampoco la organización de los poderes del Estado, sino el "cómo fluye la información". ¿Cuál información? Cualquiera.
En la ciencia de la cibernética, o sea el estudio de la información, se realiza esa clasificación, y a los gobiernos, conforme la fluidez de dicha información.
Si la misma, a pesar de que los poderes del Estado, y su posible división, proviene exclusivamente del Estado, el Gobierno, y, mas específicamente la política, habrá de tener resultados en la conducta de los habitantes, en tanto el príncipe, les haga creer, a sus gobernados, esto o aquello.
Pero, si en un sistema que no posee división de poderes, o de funciones, como pretendamos llamarlo, se da "el gobierno del pueblo y para el pueblo", eso significa que "los gobernados", no son tales, sino, que el propio auto gobierno, esta motivado en el hecho de que el sistema de información, al circular libremente, hace que las ideas, utilización de información, no sea usada para "hacer creer" a las personas gobernadas, la existencia de determinados hechos. En un país que se dice "libre", lo mismo pasa, o debe a lo menos pasar, por la información que recoja. Nadie, en esos sistemas democráticos, es dueño de una verdad, o de la verdad, el flujo de la información es libre de cortapisas. Nuestra Constitución señala la forma republicana, representativa, federal y democrática de gobierno, lo que da la pauta que la libertad de expresión, mas la representatividad de nuestros administradores o gobernantes, como quisiéramos llamarlos, no es mas que un poder de administración de nuestras problemáticas y de nuestros deseos de ir en un sentido o en otro, como comunidad jurídicamente organizada. Esto es, y consiste, precisamente, en el "ser libre".
Por lo tanto, el acceso a nuestra información personal, no debe reconocer limitaciones, y las que surgen de las reglamentaciones vigentes, deben ser interpretadas muy restrictivamente.
El art. 26 de la ley de hábeas data señala en sus diversos incisos lo siguiente: "1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho. 5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios."
Aquí vemos algunos horrores: "solvencia económica", "crédito", "obtenidos de fuentes accesibles al público".
Para comenzar el concepto de "solvencia económica" desde el punto de vista patrimonial, constituye una información parcial. Precisamente el hecho de la dinámica de los negocios jurídicos que se celebran, hay implicancias de estados de insolvencia y de solvencia con intervalos de tiempo que prácticamente no pueden ser seguidos. Si a una persona, física o jurídica, le atribuimos el carácter de insolvente, en uno de esos determinados momentos, lo dejamos insolvente mediante el suministro de esos datos en el sistema financiero, ya que no podría volver al mismo.
Por otro lado, el hecho de que una persona sea catalogada de "insolvente" o de "tener riesgo crediticio", se está obviando lo elemental de la vida de un ser humano al correr de los años.
Siendo por otro lado inoperante la norma en cuestión. Así, por ejemplo, si posee 52 años de edad, y una gran trayectoria como constructor, es lógico que, en determinado momento, una persona se encuentre en un estado que la ley denomina "de insolvencia". Desde el punto de vista de la macroeconomía, incluso, la disposición legal es nociva, toda vez que, solamente personas con 21 años de edad, que no tienen realizaciones en la vida, son las mas capacitadas para acceder al sistema financiero. Todo lo cual es un absurdo por su irrazonabilidad.
Es que, además, precisamente, los estados de insolvencia, si en realidad existen, son momentos de empresario, entendiendo a tal persona como aquella que es "emprendedora". Si un país como el nuestro, quiere desprenderse de este tipo de personas, nada mejor que ese artículo de la ley que comentamos.
Los estados de "solvencia" no pueden demostrarse como consecuencia de no haber hecho alguna vez alguna cosa, emprendimiento de cualquier clase.
Por otro lado, cuando hablamos de "insolvencia", nos referimos, en este caso, a estados financieros, pero una cosa son los estados financieros y otra, muy distinta, la presencia de activos patrimoniales. Y decir, que una persona es "insolvente" sólo porque le debe al sistema financiero, o a otro particular, una suma de dinero, es un despropósito de tal magnitud, que la norma no concuerda en absoluto con datos claramente visibles de la realidad, como lo que es, el patrimonio mismo, atributo de la personalidad, único e indivisible.
Pero parece que el legislador, olvida, que en este atributo de la personalidad, el patrimonio se compone de activos y de pasivos, y la palabra "insolvente" involucra una falsa información, no sólo parcial, sino, además falsa, lo que la ley misma prohíbe.
Así señala en su artículo 4°.- (Calidad de los datos) 1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. 3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquéllas que motivaron su obtención. 4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. 5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley. 6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular. 7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.
Consecuentemente lo de la "insolvencia económica" debe ser suprimido del texto legal, y declarado, en su caso, inconstitucional, por la propia irrazonabilidad que la ley, reglamentaria del art. 43 de la Constitución Nacional, el que es operativo por sí mismo, sin necesidad de ley alguna que lo reglamente. Este artículo, que es una garantía constitucional señala: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística."
La trascripción es de el tercer párrafo de una serie de garantías constitucionales muy importantes, por lo que transcribo todo el artículo: "Artículo 43- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio."
Como puede observarse la acción de hábeas data se encuentra inmersa en forma conjunta con los derechos mas importantes que se garantizan en el texto de nuestra Carta Magna.
Indistintamente habla de crédito. También la alusión a la palabra crédito es inconstitucional, por falta de adecuada expresión. Una cosa es ser insolvente, otra ser insolvente en términos crediticios, otra es ser deudor del sistema financiero. El Banco Central de la República Argentina acuña este término. Otras terminologías utilizadas por las bases de datos son "Informes de riesgo comercial", "Informes de riesgo crediticio" adelantado, muy inadecuadamente, un concepto, una idea, bastante inapropiada: parecemos ser personas peligrosas, cuando estamos hablando solamente de una deuda. O que somos "insolventes" cuando tenemos una deuda, no mencionándose jamás los créditos que tenemos a favor nuestro contra el sistema financiero.
Por lo cual, la creación de bases de datos, con esta terminología, y no dejando a salvo el debido control por parte del titular de los datos, constituye un peligro, no sólo por por la parcialidad de la información, sino además, por la idea que nos llevamos de determinadas personas, físicas o jurídicas, máxime si tenemos en cuenta que, no se informa de los créditos que a nuestro favor, tenemos contra las entidades financieras.
La ley dice de datos "accesibles al público", lo que también es una inconstitucionalidad, porque aún así, el derecho que una persona tiene a mantener la intimidad, por mas que sean de "acceso al público", el particular no está obligado a rendirse al conocimiento de terceros, y puede preservarse, en su derecho a dicha intimidad, indefinidamente, contra este "público". De lo contrario, consideramos que dicha defensa no es posible y que el particular debe soportar las consecuencias del conocimiento público sin que pueda proseguir su defensa.
Por tal motivo, la omisión de tener en cuenta su consentimiento, resulta algo absurdo y arbitrario.
El inciso 2 es mucho peor. Como vimos señala la posibilidad de pasar por alto el consentimiento cuando dice: "Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés."
La calidad de acreedor o de deudor, siempre es cuestionada en derecho. En la vida siempre somos acreedores o deudores de algo. La calidad es intercambiable, solamente que encima un particular puede señalar o sindicar como deudor a determinada persona, sin su consentimiento y sin su anoticiamiento.
Por mas que el acceso a las bases de datos, sea irrestricta, pudiéramos aquí hablar del delito de coacción, a fin de que el supuesto deudor pague lo que el acreedor, cree que le es debido.
Nada dice ni la ley, ni el decreto reglamentario, de la necesidad de una sentencia judicial, por lo que bastaría con el hecho de que una persona sindique a otra como su deudor para ingresar a la base de datos. Dicha irrazonabilidad del texto legal, no puede superarse con los irrisorios códigos de conducta, al que nos referimos bajo el título Los bancos de datos autorizados a prestar información respecto de las personas.
Esta cuestión no se salva con el agregado del artículo que señala: "3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión." Por cuanto el "titular de los datos" puede muy bien estar ajeno - y habitualmente lo está - de esta incorporación a las bases de datos. La misma ley confiesa que no existe en este caso necesidad de consentimiento alguno.
Este otro inciso, que refuerza la inoperancia de la norma, es mucho peor: "4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho"
Para empezar y mas allá de lo dicho ¿Que es lo "significativo"?. Cualquier cosa puede ser significativa. Si estamos hablando de una ley y de un decreto que precisan el contenido de la norma constitucional que hemos trascripto, vemos que no se da ninguna precisión. Con el agravante de que el "condenado", o sea el titular de los datos, tiene 5 años de condena, durante los cuales, muchas operaciones comerciales pudo haber perdido, sin saber por cuál razón ( vgr.: llamados telefónicos haciendo una oferta para larga distancia a su teléfono particular, ofrecimiento de tarjetas de crédito que se hacen habitualmente de manera telefónica, formar con ella parte de Greenpeace, ser acreedor a un plan de descuentos por la puntualidad de los pagos, etc. ). La información así suministrada, es, por todo lo expuesto, siempre parcial, y condena a una persona, sin siquiera saberlo, a una pérdida incalculable de oportunidades.
El resto de los incisos, sólo hace a la organización y prolijidad de las bases de datos, no inmutando el daño que ocasiona la organización de esa manera. Por lo cual los vuelvo a transcribir y manifiesto contundentemente la inconstitucionalidad de todo ese artículo: "5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley. 6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular. 7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados."
En lugar de proteger a los datos individuales, y procurar el derecho a la intimidad de la persona, esta ley, permite no sólo la formación de bases de datos personales para las cuestiones crediticias, sino, que, además, amplía el horizonte, para que los datos referidos a los hábitos de consumo, sean o puedan proliferarse, legalizándoles y dándoles un respaldo legal. Con lo cual, una persona puede saber si fumo, qué cosa como, cuáles son mis salidas preferidas, los libros que compro, si me gusta o no viajar, todos datos que hacen a mi persona o a mi personalidad, de lo cual nadie tiene, en realidad derecho a conocer.
Es el art. 27 de esta ley que señala: ARTICULO 27.- (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad) 1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento. 2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.
Nuevamente no me puedo defender. Estamos condenados a que conozcan nuestros hábitos de consumo, sin enterarnos de algo. No nos podemos defender del "público", y debemos rendirnos a él. Como antes he señalado "el derecho de acceso" o la "solicitud del bloqueo". no hacen al conocimiento que podamos tener al respecto, ya que nadie nos notifica. A esto podemos añadir, que, como las fuentes periodísticas no tienen restricciones, podemos salir en televisión, con cámara puesta a la fuerza y sin nuestro consentimiento.
Podrá decirse que existe en el análisis una exageración. Pero no es así. El banco de datos, así formado es altamente peligroso, y nada podemos hacer con un Código de Conducta. Remito a lo que he manifestado bajo el título "Supuesto de excepción que indica la ley. Servicios de información de riesgo crediticio. Inconstitucionalidad.", en lo que puede advertirse que la Constitución Nacional, por sí sola, protege mucho mas que esta ley.
SITUACIONES LÍMITES Y LA AFECTACIÓN A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
La ley señala que los datos solamente pueden ser utilizados por los que acceden a ellos siempre que hagan al giro comercial de los usuarios. Pero se han presentado situaciones, que aún pagando de contado, por el sólo hecho de estar en bases de datos de riesgo crediticio, se ha denegado la venta de artículos de uso masivo. Tal es el caso de los celulares.
Lo que es mas, algunas empresas, y siendo que el pretenso comprador, de, por ejemplo, un celular, lo quisiese pagar de contado, no se lo permiten, denegándose la adquisición de un aparato que se hace hoy una necesidad ya casi básica y que, por otro lado, está referida a la seguridad personal.
En definitiva, en cada caso, hay que posicionarse adecuadamente, impulsando los mecanismos administrativos o judiciales adecuados a la envergadura de los problemas que, las Bases de Datos, registradas o no, cedentes, o usuarios, puedan llegar a ocasionar como un conflicto, al consumidor.