Source: https://elmundodelabogado.com.mx/revista/posiciones/item/afinemos-el-concepto-de-prueba-documental
Timestamp: 2018-09-24 11:25:27
Document Index: 348312569

Matched Legal Cases: ['artículo 304', 'artículo 386', 'artículo 360', 'artículo 368', 'artículo 383', 'artículo 389', 'artículo 402', 'Artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 402', 'artículo 383', 'artículo 426']

Afinemos el concepto de prueba documental - El Mundo del Abogado
Afinemos el concepto de prueba documental
Manuel Moreno Melo*
Para el autor, el Código Nacional de Procedimientos Penales no genera una distinción de documentos públicos y privados, lo cual repercute en el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valoración del medio de prueba, y genera una problemática en el desahogo de documentales provenientes de una autoridad.
El proceso penal acusatorio y oral fue introducido ya hace casi 10 años en el texto constitucional; sin embargo, sigue generando dudas y dificultades en la práctica, las cuales los operadores han zanjado generalmente mediante esfuerzos interpretativos y argumentativos de gran valía.
Dentro de la dinámica de la práctica procesal encontramos que a partir del título de juicio oral en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se precisan de forma nominada cinco medios de prueba, y una más de forma innominada (una especie de inspección), más allá de figuras de excepción como la prueba anticipada (artículo 304, CNPP) y la incorporación mediante lectura de registros (artículo 386, CNPP). Lo anterior genera mayor claridad en relación con el proceso que teníamos antes de la publicación de la reforma constitucional en comento.
- Prueba testimonial (artículo 360 CNPP).
- Prueba pericial (artículo 368, CNPP).
- Declaración del acusado (artículo, 377 CNPP).
- Prueba material (artículo 383, CNPP).
- Prueba documental (artículos 380 y 383, CNPP).
- Constitución del tribunal en un lugar diferente (artículo 389, CNPP).
Este artículo se aboca exclusivamente al análisis de la prueba documental con una problemática en su ofrecimiento y en su desahogo en las diferentes etapas del procedimiento penal mexicano.
Prueba documental: posturas en el desahogo
Noción de la prueba en el CNPP
“Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente.
”Este artículo, en relación con el tipo de documento (documento, informe escrito, videograbación o grabación) genera la obligación de su lectura o reproducción, ya que es la forma en la cual el tribunal tendrá el conocimiento de su contenido”.
Desde nuestro punto de vista, este artículo se complementa con el 383 del mismo ordenamiento sobre las reglas de incorporación tanto del medio de prueba documental como material.
“Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
”Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada”.
En tanto, en términos del artículo 402 del CNPP se aprecian las pruebas bajo un sistema de libre valoración y por eso no puede existir una distinción en el trato de los medios tanto en el procedimiento de ofrecimiento como en el de desahogo de las fuentes de convicción, lo cual se deja ver en el siguiente precepto.
Artículo 382. Prevalencia de mejor documento
“Cualquier documento que garantice mejorar la fidelidad en la reproducción de los contenidos de las pruebas deberá prevalecer sobre cualquiera otro”.
Así, a nuestro parecer, para efecto del proceso penal vigente, no hay una distinción entre documental pública y privada, pues como lo señala el artículo 383, todos son documentos, los cuales generan la misma certeza y, en su caso, incertidumbre, lo que obliga, antes de su incorporación, a ser reconocidos o informados ya sea por un testigo, un perito, un acusado o un intérprete. De lo contrario no cubriría esa formalidad y no podría ser valorable en términos del artículo 402, ambos preceptos de la ley adjetiva penal nacional.
En los dos casos tanto documentos oficiales como documentos particulares arrojan la carga de la prueba para acreditar que el hecho no es auténtico, y en tanto los abogados no son fuente de prueba, como son los asesores jurídicos, los fiscales y los defensores, ellos mismos no generan convicción, por lo cual consideramos que el Código Nacional debe imponer el desahogo por medio de un tercero.
Lo anterior en tanto los documentos de autoridad, al igual que los particulares, pueden ser apócrifos, editados, manipulados dirigidos a un homónimo, etcétera, y estas hipótesis deben ser descartadas por los operadores por medio de fuentes de prueba personales con el fin de que el juzgador tenga plena convicción del contenido y la autenticidad del documento.
En tanto en el Derecho caben múltiples interpretaciones, diversos autores establecen que las documentales emitidas por autoridad, entendidas como públicas, deben ser desahogadas con la sola lectura, en la medida en que generan una presunción de autenticidad y por eso no le son aplicables las reglas del numeral 383 del CNPP.
En la medida en que el Código Nacional de Procedimientos Penales no genera una distinción de documentos públicos y privados, lo cual repercute en el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valoración del medio de prueba, genera una problemática principalmente en el desahogo de documentales provenientes de una autoridad.
El CNPP no establece que quien reconozca un documento deba ser el suscriptor del mismo, sino que deja abierta la posibilidad de que alguna otra persona lo haga, siempre y cuando tenga cierta relación y conocimiento del contenido de la documental, o incluso se puede autentificar el texto, las firmas o la edición, etcétera, por medio de una prueba pericial en la materia.
Dado que los documentos públicos son de diversa índole, ya sea federal, estatal o municipal —desde copias certificadas de un expediente, cédulas profesionales, actas de nacimiento, informes de secretarías de Estado, videos de seguridad pública, etcétera—, los testigos más recurridos para su reconocimiento son los suscriptores o los emisores de dichos documentos y por eso son recurridos con el fin de cumplir con el artículo 383 del CNPP para el desahogo de la prueba documental.
Esta situación sin duda constituye un gran problema ya que los servidores públicos del Estado podrían desatender sus actividades para cumplir reiteradamente con esta obligación procesal en el desahogo de la prueba documental (salvo la situación de excepción que señalan los artículos 365 y 366 del CNPP).
Las soluciones más sencillas a esa problemática serían las siguientes:
- Emitir una tesis o jurisprudencia que establezca que es innecesario que una fuente de convicción personal reconozca o informe un documento público en tanto se presume su certeza y su autenticidad.
- Modificar los artículos 380 y 383 con el fin de que lo anterior tenga un fundamento exegético en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En ambas hipótesis, las soluciones serían contrarias a un sistema de libre valoración por las razones establecidas en el segundo punto de este artículo, esto es, en el sentido de que el juzgador no tendría certeza de la autenticidad y el contenido del documento, sobre todo si el mismo no fuese objetado por la contraparte en su caso.
Nosotros consideramos que fijar el documento público con una presunción de autenticidad y, aún más, cuando no hay objeción de la contraparte, es algo valioso; sin embargo, también es cierto que en México la cultura de la legalidad no es la mejor y hay innumerables causas por falsificación o por alteración no sólo de documentos y firmas particulares sino también oficiales. Y si estamos en una curva de aprendizaje y los abogados no objetan autenticidad, el juez daría presunción de certeza a un documento que no cumple con los parámetros básicos, ya que no fue debidamente acreditado.
En la actualidad, cuando la tecnología ha avanzado de manera significativa, para su adecuado aprovechamiento en la materia procesal es indispensable una buena base de datos y una eficaz coordinación entre las autoridades, así como establecer en el organigrama de tribunales, procuradurías o defensorías públicas, una especie de oficina de verificación de documentos públicos ya sea de forma digital (preferentemente) o, por lo menos, a través de fax, teléfono o cualquier otro medio, para asegurar la autenticidad de dichos documentos. O, incluso, podría ser que todos los documentos públicos cuenten con un código susceptible de ser escaneado para generar la certidumbre deseada y prescindir del testigo, el perito o el acusado para que los reconozcan o informen sobre ellos, y su deshago sea exclusivamente por medio de esa lectura. Así se evitarían dilaciones por falta de comparecencia de servidores públicos o testigos para reconocer o informar acerca de los documentos y, por supuesto, se evitaría la desatención de las funciones de los órganos del Estado mexicano.
Lo anterior sería similar a una especie de entidad certificadora de firmas digitales que prevé el Código Procesal Colombiano en su artículo 426, lo que en este momento podría ser aplicable en el caso de México.
Más allá de la idea de que el juzgador se pueda “contaminar”, antes del juzgamiento debería tener acceso —de manera previa a la audiencia de juicio oral— a las pruebas documentales para su estudio, lo cual no constituiría una excepción a la oralidad.
Esta postura interpretativa plantea estas ideas con el ánimo de contribuir al debate en torno del nuevo proceso penal que, en nuestra opinión, careció de un diseño no sólo en los planos económico, social y político-criminal, sino también doctrinal. Con lo anterior pretendemos generar mayor precisión y certeza en la convicción del juzgador para que él propicie mejores resoluciones y, en general, mejores prácticas en la justicia penal a favor de la sociedad.
* Especialista en Derecho penal por la Universidad de Salamanca, España.