Source: https://aldiachile.microjuris.com/2018/09/21/jurisprudencia-destacada-ano-2018-n13/
Timestamp: 2018-10-19 05:10:48
Document Index: 173714111

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 5', 'artículo 124', 'artículo 148', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 477', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 162', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 420', 'artículo 1', 'artículo 162', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 477', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 477']

Jurisprudencia Destacada Año 2018 N13 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018 N13
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 13 DE 2018
RECLAMO DE ILEGALIDAD – CIERROS A CAUCE – ORDEN DE DEMOLICIÓN
Bernardi Morales, Patricio c/ Ilustre Municipalidad de Olmué
Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – FACULTADES DEL ALCALDE – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – DEMARCACIÓN – ORDEN DE DEMOLICIÓN – CAUCES DE AGUA – BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
s/ Cierre de cauce – Municipalidades
La autoridad municipal se encontraba legalmente facultada para disponer el retiro de los cercos y cierres que la reclamante emplazó en el cauce del estero, por lo que cabe concluir que la reclamada no ha incurrido en ilegalidad alguna en la dictación del Decreto Alcaldicio que dispuso su demolición.
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte reclamante en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra del Decreto Alcaldicio que dispuso levantar los cierros y cercos no autorizados que impiden el ingreso al Estero, por estimar que la instalación de cierres y cercos en el cauce, sin contar para ello con la autorización correspondiente, permitía concluir que el municipio obró dentro de sus facultades legales al disponer el levantamiento de las estructuras que impiden el ingreso a un bien nacional de uso público, siendo por lo demás plausible ordenar el desalojo y demolición de dichas construcciones con el auxilio de la fuerza pública, acorde con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al respecto, la sentencia impugnada no incurre en los errores denunciados, por cuanto el levantamiento del cierre del cauce dispuesto por la entidad edilicia, es plenamente válido, tanto más si su instalación impide el ingreso de las personas al Estero La Dormida, el que constituye un bien nacional de uso público, cuya administración recae precisamente en la reclamada, acorde con lo dispuesto en el artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695. Así, no es posible constatar las infracciones legales denunciadas en el recurso de nulidad sustancial, toda vez que los sentenciadores al rechazar el reclamo han aplicado correctamente la normativa que se denuncia como infringida, pues la autoridad municipal se encontraba legalmente facultada para disponer el retiro de los cercos y cierres que la reclamante emplazó en el cauce del estero, por lo que cabe concluir que la reclamada no ha incurrido en ilegalidad alguna en la dictación del Decreto Alcaldicio que dispuso su demolición.
2.- El impugnante intenta introducir alegaciones nuevas, pues las críticas de ilegalidad que se formulan contra el laudo cuya invalidación persigue, se erigen, primero, sobre la base del tipo de construcción que se ordena levantar, las que por ser obras rurales de carácter ligero no tornarían obligatorio contar con el permiso de la autoridad competente para su instalación. En tanto, bajo una segunda línea argumental, el recurso se construye a partir de la idea matriz de que la instalación de cierros ligeros por los reclamantes, tiene como único propósito impedir el ingreso de animales mayores mas no de las personas, ambas materias al margen del debate producido entre los litigantes, tanto más cuanto que el municipio se mantuvo rebelde, y que, por ende, son extrañas a la controversia, toda vez que en los supuestos de ilegalidad que se divisan en el reclamo de ilegalidad, se omite toda consideración acerca del tipo de construcción que se erige, sin que a su vez se aluda a la eventual ilegalidad del motivo por el cual la reclamada decidió el levantamiento de los cercos y cierres, consistente en el impedimento que aquellas estructuras implican para el ingreso de las personas a un bien nacional de uso público, a saber, el Estero, aspecto que sólo es abordado en el arbitrio de nulidad.
3.- Es improcedente hacer valer una o más causales de casación fundadas en la infracción de preceptos legales que abordan materias distintas de las discutidas en la litis, que no fueron promovidas por las partes en la etapa de discusión, para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su parecer sobre la pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que de aceptarse atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia. Esta inadmisibilidad se impone, además, por cuanto no han podido ser violentadas por los magistrados del fondo reglas legales no invocadas por las partes al interponer las acciones, oponer sus excepciones, alegaciones o defensas.
4.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte reclamante, por cuanto la sentencia impugnada se ha dictado con infracción ley, toda vez que la naturaleza de los cercos y cierres cuyo levantamiento se dispone por el municipio, esto es, obras rurales de carácter ligero, no sólo no requieren del permiso de la autoridad competente para su instalación, sino que, al disponer su levantamiento se infringió, el artículo 124 de la ley de urbanismo y construcciones. Además, la sola lectura del acto administrativo impugnado, permite establecer que el supuesto fáctico que motiva la orden dispuesta por el municipio, es el impedimento que representan los cercos y cierros para el ingreso de las personas a un bien nacional de uso público, cuestión que faculta al municipio para disponer su demolición. Sin embargo, lo anterior implica la inobservancia del artículo 148 N° 2 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que el levantamiento de aquellas obras no sólo exige la petición previa del Director de Obras Municipales, sino que, además, exige que las estructuras estén emplazadas en un bien nacional de uso público, cuestión que en la especie no sucede. (Del voto en contra del Abogado Integrante señor Figueroa).
Saavedra c/ Ilustre Municipalidad de Linares
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – FUNCIONARIOS A CONTRATA – EJERCICIO ABUSIVO DEL IUS VARIANDI – DISCRIMINACIÓN LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – ACOSO LABORAL – DAÑO MORAL – DEMANDA ACOGIDA
Tribunal: Primer Juzgado de Letras de Linares
Existe discriminación en contra de la trabajadora, toda vez que, habiendo sido contratada por la directora anterior, fue cambiada súbitamente a un régimen de contratación que implica un menoscabo en tanto la excluye de la carrera docente y las posibilidades de ascenso que aquello implica. Esto se hace más evidente considerando las repercusiones psicológicas que los actos tuvieron sobre la trabajadora denunciante.
1.- Corresponde acoger la denuncia de tutela de derechos fundamentales, por vulneración del derecho a la integridad física y psíquica presentada en contra de la Municipalidad. Esto, dado que la no renovación de la contrata de la denunciante para desempeñar funciones docentes durante el 2018, en circunstancias que había sido confirmada su continuidad para el año y habiendo asumido labores en el curso asignado, siendo destinada con posterioridad a funciones de asistente, por el nuevo director, es indicio suficiente de la existencia de discriminación por el hecho de haber sido contratada por la directora anterior. El intento de la demandada de justificar la decisión tomada debe ser desestimada, toda vez que la autorización que requería la trabajadora para ejercer su labor debió haber sido solicitada oportunamente por el mismo director del establecimiento, así como resultó ser falso la supuesta sobredotación de profesores, atendido que esto no fue acreditado y que el establecimiento debió buscar un reemplazo para las labores que la trabajadora dejó de realizar por este cambio.
2.- El derecho a, la integridad psíquica, no sólo implica el aspecto moral de la personalidad, sino que va más allá, considerando la estabilidad emocional del individuo. Así, fue acreditado que los actos vulneratorios le significaron a la trabajadora, un menoscabo psicológico, que se manifestó en sucesivas órdenes de reposo y licencias médicas, además del correspondiente informe psicológico donde se señala que fue diagnosticada con trastorno ansioso, trastorno adaptativo severo, trastorno del sueño y trastorno del ánimo, encontrándose con tratamiento farmacológico, el que tiene su origen cuando se le informó de un cambio abrupto de tipo laboral. Por tanto, teniendo presente que la medida tomada por la demandada es irracional y desproporcionada, y que la sintomatología está asociada a los cambios laborales, se concluye que la actuación de la Municipalidad ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la trabajadora.
3.- En cuanto a la nueva modalidad de contratación de la profesora denunciante, asistente conforme a la Ley S.E.P. (subvención escolar preferente), es necesario tener presente que dicha normativa, en su artículo 8 Bis , señala que: «La contratación a que se refiere este inciso se regirá por las normas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, del Código del Trabajo o por las normas del derecho común, según corresponda. Con la misma finalidad podrán contratarse personas o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que sean parte del Registro a que hace referencia el artículo 18, letra d) de la ley N° 18.956». Por lo que, queda en evidencia que las contrataciones conforme a esta normativa, no dicen relación con los docentes regulados por el estatuto docente y sus modalidades de contratación, por lo que no quedan bajo el amparo de dicha normativa para efectos de la carrera docente. Ante tal circunstancia, el cambio de modalidad de contratación de la profesora denunciante le significa un menoscabo en la eventualidad que su aspiración es a evaluarse y hacer la carrera docente en la forma que lo regula el estatuto referido.
4.- Sobre el daño moral reclamado, como no se encuentra regulada en sede laboral este tipo de daño e indemnización, es menester aplicar la normativa civil pertinente para efectos de determinar, la causa, consecuencias y magnitud del daño, a fin de poder establecer prudencialmente su monto, por lo que la posibilidad de constatar tales hechos con prueba indiciaria en esta materia no procede. Sin embargo, de la prueba presentada por la demandante es dable concluir que el menoscabo psicológico que ha afectado a la demandante tiene su origen en el actuar arbitrario de la demandada, por lo que corresponde acceder al pago del daño moral producido, regulándose prudencialmente.
BONO PROPORCIONAL – ESTATUTO DOCENTE
Giovine Schilling, Alexandra B. y otros c/ Ilustre Municipalidad de Osorno
Voces: LABORAL – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
La Ley N°19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que acogió la demanda deducido por docentes del sector municipal por cobro de prestaciones, condenándose a la demandada al pago del aumento de la bonificación proporcional establecido en la Ley N° 19.933 . Al respecto, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros. Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandada, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a los artículos 1 , 3 , 5 y 9 inciso tercero , de la Ley N° 19.933, y en los artículos 63 y 65 de la Ley N° 19.070, debió ser acogido.
2.- La Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso primero del artículo 9, pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso segundo, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1 .
3.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia, toda vez que si bien es cierto que del tenor literal del artículo 1 de la Ley N° 19.933 fluye que los textos legales sustituyeron la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. (Del voto en contra del abogado integrante señor Barra)
Furche y otro c/ Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA – ESCRITURA PUBLICA – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
La omisión del Director de Obras Municipales en cumplir el Decreto Alcaldicio por el cual el Alcalde, conociendo el recurso jerárquico interpuesto en contra de la aprobación del anteproyecto de edificación, le ordenó adoptar las medidas conducentes a subsanar el vicio consistente en que no se acompañaron oportunamente las escrituras públicas de promesa de compraventa exigidas por el artículo 1.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, fundada dicha inacción en que se aparejaron instrumentos de categoría superior consistentes en las escrituras de compraventa de los inmuebles de que se trata, es ilegal en tanto el Director de Obras Municipales no ha podido ignorar la obligación que le impusiera el Alcalde y afecta la garantía de igualdad ante la ley.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó, por extemporáneo, el recurso de protección deducido en contra de la omisión del Director de Obras Municipales en cumplir la orden del Alcalde de subsanar los vicios en la aprobación del anteproyecto de edificación consistente en que no se acompañaron oportunamente las escrituras públicas de promesa de compraventa exigidas por el artículo 1.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, norma que, además, mandó cumplir íntegramente. Lo anterior, por cuanto el Director de Obras Municipales justifica su inacción frente a la decisión adoptada por el Alcalde en el Decreto Alcaldicio, en el entendimiento de que el reproche que sirve de sustento a este último ha quedado superado por al haberse aparejado instrumentos de categoría superior consistentes en las escrituras de compraventa de los inmuebles de que se trata. Sin embargo, es lo cierto que, con independencia de que el supuesto de hecho a que alude el funcionario recurrido para justificar su desidia concurra o no, éste ha incurrido en la omisión que se le reprocha, puesto que, en lugar de dar cabal y oportuno cumplimiento al mandato contenido en el Decreto, se ha limitado a sostener su impertinencia, conforme a un juicio que no le corresponde hacer y en ejercicio de una atribución de la que, además, carece. Semejante inactividad es, entonces, ilegal, en tanto el Director de Obras Municipales no ha podido ignorar la obligación que le impusiera el Alcalde al acoger, en uso de la facultad que le reconoce el artículo 59 de la Ley N° 19.880, el recurso jerárquico deducido en contra de la aprobación del anteproyecto de que se trata. Por el contrario, tratándose de la máxima autoridad del Municipio, lo decidido por el Alcalde resulta vinculante para el funcionario recurrido, quien, en consecuencia, ha debido limitarse a «adoptar las medidas conducentes a subsanar el vicio» descubierto y a dar íntegro cumplimiento al artículo 1.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en lugar de cuestionar su determinación y soslayar su ejecución.
2.- La omisión del funcionario vulnera la garantía prevista por el artículo 19, N° 2 , de la Constitución Política de la República, puesto que la inacción e indolencia del Director de Obras Municipales implican el otorgamiento de un trato discriminatorio a los recurrentes, quienes, a diferencia de los vecinos de otras municipalidades del país en las que se da cabal e íntegro cumplimiento a los mandatos de la máxima autoridad edilicia, han debido soportar la abstención de un funcionario que, pese a encontrarse obligado a obedecer dicho mandamiento, lo ha desatendido, negándose a realizar las conductas que allí se indican.
DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO
Olivares c/ Ilustre Municipalidad de Buin
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
La sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, es motivada por la eventual apropiación de parte de la remuneración del trabajador destinada a ser retenida por el empleador y enterada en los organismos de seguridad social; en especie, se trata de una relación formal de honorarios, en la que se efectuó retención (cumpliendo también una obligación legal), para fines distintos a los previsionales, por estimarse en principio de naturaleza civil; por lo anterior, siendo la norma de naturaleza sancionatoria debe interpretarse restrictivamente, para el solo caso de existir la retención y el no entero de las cotizaciones de seguridad social, lo que en el caso no sucedió, por lo que no existe distracción de dineros pertenecientes al trabajador por parte del empleador que amerite la aplicación de dicha sanción.
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral y despido injustificado, pero desestimando la nulidad del despido. Esto, dado que los jueces de fondo no han incurrido en un yerro al determinar que no procede la aplicación a los mismos de lo dispuesto por el artículo 4 de la ley N° 18.883, ya que las labores que la actora desempeñaba, no son de aquellas que puedan catalogarse como «accidentales o esporádicas» -como lo exige la norma-, sino que estas eran constantes, habituales y de la esencia de la labor del departamento asistencial en el que se desempeñaba. Por el contrario, para el caso, resulta el artículo 7° del Código del Trabajo, desde que se acreditó la existencia de una relación laboral ininterrumpida, bajo vínculo de subordinación y dependencia, dado que la actora debía cumplir horarios, tenía la obligación de asistencia al lugar de trabajo y realizaba sus labores bajo supervisión directa. Relación iniciada el 14 de junio de 2014, y que duró hasta el 31 de diciembre de 2017, como consta en los sucesivos contratos suscritos.
2.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral y despido injustificado, pero desestimando la nulidad del despido. Esto, dado que los jueces de fondo han dado correcta aplicación a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo. La sanción que dicha norma contempla, es motivada por la eventual apropiación de parte de la remuneración del trabajador destinada a ser retenida por el empleador y enterada en los organismos de seguridad social. Sin embargo, en la especie, existe una relación formal de honorarios, en la que se efectuó retención (cumpliendo también una obligación legal), para fines distintos a los previsionales, por estimarse en principio de naturaleza civil. Por lo anterior, siendo la norma de naturaleza sancionatoria debe interpretarse restrictivamente, para el solo caso de existir la retención y el no entero de las cotizaciones de seguridad social, lo que, en la especie, no sucedió, por lo que no existe distracción de dineros pertenecientes al trabajador por parte del empleador que amerite la aplicación de la sanción en comento.
3.- Cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la institución de nulidad del despido, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad. Por ello, dichas relaciones no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Además, la aplicación -en estos casos-, de dicha institución, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público.
4.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral y despido injustificado, pero desestimando la nulidad del despido. Esto, dado que los jueces de fondo han infringido lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo. Al no haberse acreditado el pago de cotizaciones previsionales de la actora, ni que éstas hubieren sido solucionadas al momento del despido, resulta forzoso aplicar la norma contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, la cual impone al empleador, la obligación de acreditar el pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, cuya infracción se sanciona con la nulidad del despido. El espíritu del legislador, al establecer la referida norma, no fue otro que incentivar el pago de las cotizaciones previsionales, estableciendo una fuerte sanción para el empleador que incumple dicha obligación. Resolver en contrario importa el desconocimiento expreso de la norma citada y de los principios que informan el derecho laboral, entre ellos, el principio de la primacía de la realidad y de protección del contratante más débil (Del voto en contra del Ministro Sr. Adelio Misseroni R.).
LABORAL – MODIFICACIÓN TÁCITA CONTRATO
Villagra Salfati, Jane c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – MODIFICACIÓN DEL CONTRATO – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – GRATIFICACIONES Y BONOS – COMPETENCIA – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – FUNCIONARIOS PUBLICOS – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Iquique
Tratándose de una materia de competencia del tribunal laboral y siendo el asunto controvertido la modificación tácita del contrato de trabajo fundado en el pago de un bono de manera ininterrumpida por más de cuatro años, resulta aplicable la normativa del Código del Trabajo, ya que esta materia no está regulada por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal ni por el Estatuto de los Funcionarios Municipales.
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por estimar que no son aplicables las normas del Código del Trabajo, por existir un estatuto especial, esto es, la ley 19.738 del Ministerio de Salud que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, siendo incompetente el tribunal laboral para conocer de la demanda. Al respecto, siendo el fundamento de la acción sometida al juzgamiento, la modificación tácita de un contrato de trabajo fundado en el pago de un bono de manera ininterrumpida, por más de cuatro años, que por esto, se constituye en una modificación tácita del contrato de trabajo, y por ende, el estipendio pagado es parte integrante de la remuneración de la actora y es un derecho laboral adquirido de la prestadora de servicios personales a la recurrida. Esta materia demandada, está establecida en la letra a) del artículo 420 del código del ramo, y que, al relacionarse, precisamente, con una cuestión suscitada de la interpretación y aplicación de un contrato individual de trabajo, es que corresponde su conocimiento al Juzgado de Letras del Trabajo respectivo. En este sentido, tratándose de una materia de competencia de dicho tribunal y siendo el asunto controvertido la modificación tácita del contrato de trabajo, es que resulta aplicable la normativa de este cuerpo legal, ya que esta materia no está regulada por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, contemplado en la ley 19.378 y la norma supletoria de la ley 18.883 , Estatuto de los Funcionarios Municipales. De esta manera, al rechazar la demanda por incompetencia la sentencia impugnada ha incurrido en una infracción de ley, al no haber aplicado lo dispuesto en el artículo 1° inciso tercero y 420 letra a) del Código del Trabajo, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
2.- No siendo materia de la controversia el hecho de haber prestado servicios la demandante al amparo de lo dispuesto por la ley 19.378, sino sólo si la trabajadora demandante tenía o no derecho a percibir el beneficio denominado «Bono de Responsabilidad» de manera ininterrumpida y permanente, cuestión que se responde de manera afirmativa, ya que, al contrario de lo establecido por la Juez a quo, se acreditó que de forma constante desde el año 2013 y hasta el mes de julio de 2017, se pagó tal estipendio de manera ininterrumpida, por más de cuatro años, mismo que se constituye en una parte integrante de la remuneración, con las consecuencias que ello implica.
Rivera c/ Ilustre Municipalidad de Providencia
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – CONVENIO DE HONORARIOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
En caso que el contexto de la prestación de servicios exceda o simplemente no coincida con los términos que establece la normativa estatutaria respecto a la contratación a honorarios, sino que, al contrario, se revelen caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir. Por otro lado, no corresponde sancionar con nulidad del despido cuando la relación laboral se declara con un órgano de la Administración del Estado.
1.- Corresponde acoger parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, respecto de la sentencia que anuló la decisión de grado de declarar la existencia de relación laboral y despido indirecto; mas no se acoge en lo referente a la nulidad del despido, que se rechaza en definitiva. Esto, dado que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, lo que en caso alguno altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral. Por otro lado, corresponde aplicar el Código del Trabajo pues el vínculo existente entre las partes es de orden laboral, lo que es coherente con los elementos de convicción presentado por las partes, de los que fluye una relación de subordinación y dependencia, en el marco de una prestación de servicios personales, a cambio de una remuneración periódica, periodo en el cual existió jornada de trabajo, control de horario y asistencia, uso de uniforme institucional, y de feriado legal y permisos, excediéndose del marco establecido para la contratación a honorarios.
2.- No obstante sostenerse la procedencia de la punición que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida su evidente naturaleza declarativa, que lleva a concluir que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral, en el caso específico en que el demandado corresponde a un organismo público que se vinculó con el trabajador afincado en una norma estatutaria, la situación es distinta. Porque cuando tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-,concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. Por otro lado, la aplicación en estos casos de la sanción en referencia se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.
2.- El artículo 4° de la Ley N° 18.883, que contiene el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración municipal puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4º señalado.
3.- Los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de lo realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía a cambio una remuneración. Tal conclusión adopta mayor vigor si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante casi dos años y en las condiciones indicadas precedentemente, no pueden considerarse como sujetas a las característica de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica.
4.- Más allá de ser efectivo o no el yerro de la sentencia de base, en el sentido de haberse confundido entre los supuestos del inciso primero y segundo del artículo 4° de la Ley N° 18.883, a propósito del fundamento del vínculo existente entre las partes, tal circunstancia, como se aprecia, no influye en lo sustantivo de la decisión arribada, desde que la dinámica de la relación contractual examinada, no configura ni cometido específico, ni actividad accidental. En razón de los mismos argumentos, debe también desecharse la alegación por medio de la cual se denuncia la infracción de ley de las normas relativas a la contratación sobre la base de honorarios contenidas en el estatuto pertinente, y aquellas que regulan los elementos de la vinculación laboral, vulneración que no incurre la sentencia de base. A la misma conclusión se debe arribar respecto al planteamiento por medio de la cual se acusa la infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica, desde que, como se observa, lo que en el fondo se pretende por dicha vía, es cuestionar la labor ponderatoria realizada por el juez del grado, sin desarrollar ni explicar de modo eficiente, las reglas vulneradas, ni la manera concreta en que tal circunstancia se hace manifiesta en la sentencia.
PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA
R&R Inversiones Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Arica
Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – CABARET – LOCAL BAILABLE – CLAUSURA – FACULTADES DEL ALCALDE – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica
El artículo 58 del Decreto N° 3.063, sólo faculta a los alcaldes para clausurar los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que le fueren impuestas. En la especie, la denunciada contaba con patente de salón de baile o discoteca, y no de cabaret, que sería la actividad que se llevaba a cabo en el mismo. De esta forma, se concluye que la clausura del local fue llevada a cabo sin sustento legal, sin perjuicio de que la denunciada en el local que tenía autorizada patente de salón de baile o discoteca, permitiere la realización de una actividad para la cual su patente no lo habilitaba, respecto de lo cual se encuentra en tramitación un proceso ante el juzgado de policía local.
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto en contra de la municipalidad por la actuación consistente en la clausura del establecimiento comercial. Esto, debido a que, el artículo 58 del Decreto N° 3.063, sólo faculta a los alcaldes para clausurar los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que le fueren impuestas. En la especie, la denunciada contaba con patente de salón de baile o discoteca, y no de cabaret, que sería la actividad que se llevaba a cabo en el mismo. De esta forma, se concluye que la clausura del local fue llevada a cabo sin sustento legal, sin perjuicio de que la denunciada en el local que tenía autorizada patente de salón de baile o discoteca, permitiere la realización de una actividad para la cual su patente no lo habilitaba, respecto de lo cual se encuentra en tramitación un proceso ante el juzgado de policía local.
BONO PROPORCIONAL – LABORAL
Gómez y otros c/ Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – REMUNERACIÓN – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – EXCEPCIÓN DE PAGO – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas
La sentencia impugnada se ajusta a derecho al establecer que la Corporación Municipal no tenía la obligación legal de destinar los fondos recibidos en virtud de la Ley 19.933, exclusivamente al pago del Bono Proporcional Mensual, pues el único deber que le asistía en su calidad de sostenedora municipal era aplicarlo al pago de la remuneraciones docentes, pudiendo los mentados fondos imputarse al pago de los diversos ítems que conforman la remuneración docente, respecto de los cuales los demandantes no han alegado la existencia de diferencias a su favor, para concluir finalmente que las remuneraciones de los docentes han sido pagadas en tiempo y forma con los fondos aportados por la antes citada ley.
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que acogió la excepción de pago del Bono Proporcional Mensual demandado. Esto, dado que el tribunal de fondo realizó una interpretación correcta a las disposiciones que se alegan infringidas al concluir que la Corporación Municipal demandada, no tenía la obligación legal de destinar los fondos recibidos en virtud de la Ley 19.933, exclusivamente al pago del Bono Proporcional Mensual de la planilla docente. El único deber que le asistía en su calidad de sostenedora municipal era aplicarlo al pago de la remuneración docente, pudiendo los mentados fondos imputarse al pago de los diversos ítems que conforman la remuneración docente – y no únicamente al incremento del referido bono-, respecto de los cuales los demandantes no han alegado la existencia de diferencia a su favor. Así, dado que no hay antecedentes que acrediten fehacientemente que los recursos traspasados a la demandada, en atención a lo dispuesto en la Ley 19.933, se utilizaron para fines distintos de lo que prevé dicho cuerpo legal, corresponde concluir que las remuneraciones de los docentes han sido pagadas en tiempo y forma con los fondos aportados por la antes citada ley.
2.- Debe concluirse que la Ley N° 19.410 instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», regulando sus características y fórmula de cálculo. Sin embargo, la Ley N° 19.933, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso 1° del artículo 9 , pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1.
3.- No existe la infracción constitucional denunciada, por cuanto nuestro ordenamiento contempla expresamente el principio del efecto relativo de las sentencias, por el cual un fallo es obligatorio sólo respecto del caso concreto en que se pronunció y, por ende, no constituye lo que se denomina un precedente, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil. De lo anterior se concluye que el tribunal de fondo no se encontraba obligado a fallar en igual sentido que en las causas que la recurrente hace referencia, y siendo solamente su labor la de interpretar correctamente las normas jurídicas aplicables a la cuestión a resolver, pudiendo, de tal estudio, llegar a una conclusión diferente, lo cual no constituye infracción a garantía constitucional alguna, ni menos del principio de igualdad ante la ley.
4.- El recurso de nulidad es uno de derecho estricto y, en este caso, se funda en causales distintas totalmente contradictorias, puesto que en primer término se alega la invalidación de la sentencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo, lo que supone que el recurrente acepta sin observación los hechos acreditados por el tribunal y, luego argumenta que esos mismos hechos han sido erróneamente establecidos con infracción por parte del tribunal del artículo 478 letra e) , al no hacerse cargo de una parte de la prueba. Esta situación resulta totalmente contradictoria, ya que por una parte, se aceptan sin variación los hechos instaurados por el tribunal y, luego, se dice que la sentencia debe ser invalidada porque esos mismos hechos han sido asentados por la sentenciadora sin considerar un medio de prueba. En este caso el recurrente para no caer en contradicciones y dar cumplimiento al inciso final del artículo 478 de la citada norma legal, debió deducir en primer lugar recurso de nulidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 478 letra b) del Código del ramo y en subsidio invocar la anulación de la sentencia por transgresión del artículo 477 del Código del Trabajo.
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