Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035996
Timestamp: 2019-07-24 00:16:33
Document Index: 213148592

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 242', 'artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 242', 'artículo 242']

C-139 de 2018
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030035996CC-SENTENCIAC139201805/12/2018CC-SENTENCIA_C_139__2018_05/12/2018300359952018LA PROHIBICIÓN A LAS MUJERES DE TRABAJAR EN LABORES DE PINTURA INDUSTRIAL QUE ENTRAÑEN EL EMPLEO DE CERUSA, SULFATO DE PLOMO O PRODUCTOS CON ESTOS PIGMENTOS CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON LA CONSTITUCIÓN, EN CUANTO A SU FINALIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
CONSTITUCIONALIDAD05/12/2018Antonio José Lizarazo OcampoCÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.D-12383Identificadores20030179505true1280889original30157674Identificadores
Norma demandada: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
LA PROHIBICIÓN A LAS MUJERES DE TRABAJAR EN LABORES DE PINTURA INDUSTRIAL QUE ENTRAÑEN EL EMPLEO DE CERUSA, SULFATO DE PLOMO O PRODUCTOS CON ESTOS PIGMENTOS CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON LA CONSTITUCIÓN, EN CUANTO A SU FINALIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
ARTICULO 242. TRABAJOS PROHIBIDOS. [Artículo modificado por el artículo 9o. del Decreto 13 de 1967] […]
2. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. […]
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “y a las mujeres”, contenida en el numeral 2º del artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo, reformado por el artículo 9º del Decreto 013 de 1967, por los cargos analizados.
Segundo.-EXHORTAR, a través de la Secretaría General de la Corporación, al Gobierno Nacional -Ministerios de Trabajo, Salud y Protección Social y de Ambiente y Desarrollo Sostenible-, así como al Congreso de la República, con el fin de que adopten una política de salubridad pública ocupacional sobre riesgos laborales, mediante la cual se regule la prevención y protección de la salud de los trabajadores en las labores con pintura industrial que hagan uso del plomo o de productos que contengan estos pigmentos, en cumplimiento del Convenio 013 de 1921 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por Colombia el 20 de junio de 1933. Estas medidas deberán incluir igualmente otro tipo de trabajados que impliquen exposición al plomo. De igual manera, se EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República para que den cumplimiento a los previsto en el artículo 1º del mencionado Convenio.
Exequible la expresión ... (“y a las mujeres” ) Artículo 242 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Le correspondió a la Corte determinar si la medida acusada, que implica una diferencia de trato por razones de sexo y de protección a la salud, configura una medida afirmativa justificada constitucionalmente, o si, por el contrario, supone una distinción injustificada que vulnera el derecho a la igualdad. Con tal objeto, aplicó un test estricto de razonabilidad, reflejado en el juicio integrado de igualdad, en razón de la multiplicidad de derechos fundamentales en juego.
En primer lugar, la Corte estableció que, en efecto, la medida que prohíbe a las mujeres trabajar en labores de pintura industrial implica un trato distinto entre quienes son iguales en derechos y oportunidades (según lo dispone el art. 43 de la C.Po.), ya que a los hombres que decidan desempeñar trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga estos pigmentos no les está prohibido acceder a estas labores.
En segundo lugar, encontró que la medida tiene una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, toda vez que desarrolla los deberes de protección a las mujeres (arts. 42, 43 y 53 de la C.P.), frente a la realización de trabajos que implican un peligro grave para su salud y la garantía de su derecho a decidir libremente ser madres y, en consecuencia, tener hijos sanos. En efecto, explicó la Corte que, aunque la exposición a los citados pigmentos representa un grave riesgo para hombres y mujeres, en el caso de ellas el plomo constituye un genotóxico con consecuencias irreversibles para los fetos y los lactantes. Por ello, concluyó que la norma acusada establece una medida de salubridad pública que excede el ámbito privado de la mujer, puesto que constituye parte de políticas públicas relacionadas con los riesgos laborales y las trabajadoras.
En tercer lugar, la Corte determinó que la medida impugnada es adecuada, si se tiene en cuenta la gravedad de las lesiones que podría causar en las mujeres la exposición a la cerusa y el sulfato de plomo, así como a productos con tales pigmentos, especialmente con relación a su derecho a decidir con libertad, en cualquier momento, si quieren ser madres, en condiciones de salubridad. En cuarto lugar, estableció que la medida examinada es necesaria, por cuanto el legislador no tenía opciones distintas en el campo laboral a la de la prohibición, ya que la adopción de medidas legislativas o reglamentarias sobre riesgos laborales por la exposición a dichas sustancias no garantiza a las mujeres niveles que no generen intoxicación para sus organismos, con consecuencias muy graves para su salud y las de sus futuros hijos en caso de que tomen la opción de la maternidad.
En quinto lugar, para este Tribunal, la prohibición para las mujeres de trabajar en pintura industrial donde se emplee cerusa, sulfato de plomo o productos con estos pigmentos implica la limitación de su derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pero únicamente en un tipo específico de trabajo, del universo de escenarios del mercado laboral donde ellas pueden desempeñarse. Por tanto, tal afectación es leve, no demasiado gravosa, ni desproporcionada, arbitraria o irracional frente al objetivo constitucionalmente legítimo y de mayor importancia de proteger el derecho fundamental a la salud y el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, contando para ello con garantías legales de salubridad pública, principios y derechos que tienen mayor peso constitucional frente a los que resultan levemente afectados con esta limitación. En consecuencia, la Corte concluyó que la referida restricción se encuentra justificada constitucionalmente y la limitación de algunos derechos fundamentales es menor frente al beneficio o protección buscada del derecho a la salud de las mujeres y sus hijos.
Aunado a lo anterior, la expresión demandada “y a las mujeres” se encuentra contenida en una norma que es reproducción de otra disposición de carácter internacional, contenida en el Convenio 013 de la OIT, en virtud de la cual el Estado colombiano tiene el compromiso de proteger a las trabajadoras de los efectos nocivos de la exposición a la cerusa, sulfato de plomo y demás productos con estos pigmentos. Para tal efecto, la Corte puso de presente la existencia de un compromiso internacional asumido por el Estado de regular los trabajos de pintura industrial que empleen estos productos y la eliminación de tales productos de la industria.
Por último, después de examinar la legislación que se ha expedido en materia de salud ocupacional, la Corte encontró que no existe en el país una reglamentación específica que regule los diferentes aspectos relacionados con los trabajos de pintura industrial, que lleven consigo el empleo de la cesura, el sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. En particular, como lo han observado la Confederación de Trabajadores de Colombia, CUT, y la Confederación General de Trabajo, no hay en Colombia normas que protejan a los hombres que trabajan en el sector de la pintura industrial con censura y sulfato de plomo y productos con tales pigmentos, pues la disposición acusada solo protege a menores de edad y mujeres en estado de gestación. Por consiguiente, la Corte exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten una política de salud pública aplicable a todos los trabajadores que realicen las mencionadas labores, en cumplimiento del Convenio 013 de 1921 de la OIT.
La Magistrada Diana Fajardo Rivera se apartó de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena. Consideró que la eliminación progresiva de sustancias que afectan de manera importante la salud de todas las personas, como el plomo usado en pintura industrial, y la adopción de las mejores prácticas posibles para la protección laboral, son objetivos urgentes e inaplazables. A partir de lo anterior, sin embargo, estimó que el análisis efectuado por la mayoría de la Sala Plena sacrificó los mandatos de no discriminación contra la mujer, de igualdad en el acceso al empleo, y de eliminación de los estereotipos basados en el género.
Para la mayoría la prohibición prevista en el artículo 242.2 del CST, dirigida a mujeres y no a hombres, se justifica en la medida en que, según los estudios médicos, la concentración del plomo en las mujeres en estado de embarazo implica graves riesgos para la salud del que está por nacer, razón por la cual, la norma garantiza a la mujer la libertad de decidir ser madre en las mejores condiciones médicas para su hijo (a).
En su opinión, tal evidencia científica no llevaba a declarar la constitucionalidad de la norma porque tal decisión presupone un deber de protección a todas las mujeres por la potencialidad de ser madres, con independencia de múltiples factores y de sus propias decisiones, por lo tanto, debieron establecerse ajustes que tuvieran en cuenta a la mujer en estado en embarazo, y a mujeres y hombres mayores de 18 años a quienes debe garantizárseles, en condiciones de igualdad, la libertad de decidir de manera consciente e informada si asumen o no los riesgos propios de la actividad. Insistió en que lo deseable sería que ninguna persona trabajadora tuviera que decidir sobre asumir un riesgo para su salud por sustancias como el plomo, pero que, mientras se logra tal objetivo y en un escenario de la mayor protección laboral posible, era necesario adecuar la norma al marco constitucional, en los términos ya indicados.
El Magistrado Alberto Rojas Ríos salvo el voto frente a la decisión mayoritaria que mantuvo la prohibición de emplear a las mujeres en trabajos de pintura industrial en los que se utilice la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Aseguró que la determinación de la Sala Plena contraría lo señalado en las sentencias C-622 de 1997 y C-586 de 2016 en las que se consideró injustificado cualquier tipo de restricción de las mujeres en el acceso al empleo.
Recabó en que el principio de igualdad es una tríada que implica igualdad en la ley, ante la ley y en su aplicación, y que esto impide mantener reglas que justifiquen tratamientos discriminadores por razón del sexo, dado que la paridad en el trato es una manifestación clara del derecho a no ser discriminado. Explicó que esto tiene una mayor significancia en el caso de las mujeres, dado que disposiciones como la que se declaró exequible, perpetúan el establecimiento de categorías profesionales sexuadas, bajo una política de protección fetal que restringe su libertad y que implícitamente las confina a labores de reproducción, que son las que limitan sus posibilidades de acceder a ese tipo de trabajos.
Sostuvo que, bajo tales principios de libertad e igualdad, que son los que preserva la Constitución, es la mujer la que, de manera informada debe decidir sobre su cuerpo y sus intereses, familiares y/o económicos, y que el legislador, especialmente en materia laboral, no puede introducir requisitos prohibitivos en atención a las categorías sexuales, pues ello no solo contraria el espíritu y contenido de la Carta Política, sino de los tratados de derechos humanos que proscriben la pervivencia de estereotipos de género y la prolongación de normas discriminatorias.
La Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas anunciaron la presentación de una aclaración de voto.
Por su parte, los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo se reservaron la posibilidad de aclarar su voto sobre algunas consideraciones de la parte motiva.