Source: http://www.lamiradadeunaletrada.com/2019/07/
Timestamp: 2020-08-14 11:31:36
Document Index: 385391765

Matched Legal Cases: ['artículo 154', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 1973', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 379', 'artículo 10', 'artículo 10']

julio 2019 | La Mirada de Una Letrada
El supuesto analizado responde a la procedencia o no de un despido disciplinario de un conductor de autobús de pasajeros que tras un grave accidente de tráfico en el que muere un motorista, da positivo en el test de drogas.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dicta una Sentencia, en fecha 22 de Marzo de 2.019, y revoca la Sentencia dictada en su momento por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Ibiza que si consideró el despido disciplinario del trabajador como procedente.
Debemos de partir de la idea de que el conductor de autobús no actuó, según ambas sentencias, de forma incorrecta en su conducción, ya que redujo de forma progresiva y lentamente su marcha al darse cuenta de que había una persona en la parada, dando tiempo al vehículo que iba detrás a que también parase sin problemas, colisionando con este vehículo una motocicleta que circulaba con una velocidad excesiva, provocando el impacto entre el vehículo y el autobús.
Así, el TSJ en una interesante Sentencia, en la que existe un voto particular, afirma que la conducción de un autobús de pasajeros bajo el efecto de sustancias tóxicas o estupefacientes, que alteran las habilidades para la conducción, poniendo en peligro a las personas transportadas y a los demás usuarios de la vía pública es un hecho merecedor de despido, sin embargo “el simple hecho de que el trabajador demandante diera positivo a la prueba de detección de THC es insuficiente para justificar la imposición de la sanción de despido” añadiendo que “ese resultado positivo tampoco sirve para acreditar que el trabajador se encontraba bajo los efectos de tal sustancia, lo que sí se tipifica como falta muy grave, pues tal y como se explicó por el perito que intervino en el acto de juicio, y se recoge con valor fáctico dentro de los fundamentos de derecho, aquella prueba puede dar resultado positivo hasta 10 días después de haberse consumido la sustancia. Además, a diferencia de lo que ocurre con el alcohol, donde existe una tasa a partir de la cual se considera que alguien se encuentra bajo los efectos de tal sustancia, ni la prueba a la que fue sometido el trabajador demandante, ni el posterior análisis en el laboratorio concretaron la cantidad de THC en el cuerpo del demandante, y desde luego, se trata de una prueba que no permite establecer por sí sola que la persona se encuentra bajo los efectos de esa sustancia, pues ni siquiera permite establecer cuánto tiempo hace que se produjo el consumo”.
En todo momento, la resolución hace mención a la falta de indicios sobre la conducción bajo el efecto del cannabis, y añade que ni los compañeros del conductor, minutos antes de que tuviera lugar el accidente, ni los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el mismo, apreciaron en su conducta ningún elemento de afectación física o psíquica de sustancia tóxica. Tanto es así que la propia Guardia Civil no incluyó en sus diligencias ninguna referencia a la presencia de signos externos en el demandante que apuntasen a la influencia de sustancias tóxicas, no constando además la existencia de diligencias penales contra el conductor.
Según el Tribunal, en ningún caso se puede sancionar el consumo de cannabis en el tiempo libre del trabajador, y por lo tanto el simple resultado positivo en la prueba a la que fue sometido resulta insuficiente para acreditar que se encontraba bajo el efecto de esa sustancia en el momento de ocurrir el accidente, máxime considerando que el día anterior había sido de libranza.
Enlace a la sentencia http://cort.as/-LpRN
Publicado por Cristina Bodegas (Abogada) en 13:42 0 comentarios
Etiquetas: accidente, conductor, despido, despido disciplinario, despido improcedente, jurisprudencia, tribunal superior de justicia
"¿En qué se diferencia la Patria Potestad y la Guarda y Custodia de los hijos?"
La patria potestad y la guarda y custodia que los progenitores ostenta respecto de sus hijos menores de edad son dos conceptos a los que me he referido en distintos post a lo largo de este tiempo. Sin embargo, sigo teniendo la sensación de que son utilizados coloquialmente de forma indistinta, y lo cierto es que a pesar de que están muy relacionados entre sí no son en absoluto lo mismo.
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley concede a los padres respecto de sus hijos menores de edad, y los bienes de éstos, con independencia de que la relación de filiación tenga una naturaleza matrimonial, no matrimonial o adoptiva. Concretamente, el artículo 154 del Código Civil establece que consiste en: 1º.- Velar por ellos, tenerlos en su compañia, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2º.- Representarlos y administrar sus bienes.
La patria potestad se caracteriza por ser indispensable, ya que su ejercicio no puede ser modificado o extinguido por voluntad privada de las partes, es obligatoria e intransferible.
Normalmente será ejercida por ambos progenitores de forma conjunta, o por uno solo con el consentimiento del otro. Sin embargo el artículo 92 del Código Civil recoge que: “3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. 4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges”.
¿Qué ocurre cuando no hay un acuerdo entre los progenitores?
En muchas ocasiones, los progenitores no se ponen de acuerdo a la hora de tomar decisiones sobre sus hijos, por lo que acaban obligados a acudir al Juzgado y mediante un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria en el que se oirá no solo a los progenitores sino también al menor de edad, si tuviera suficiente juicio, y en todo caso si fuera mayor de doce años, será el Juez que conozca del asunto quien finalmente decida que es lo más beneficioso para el menor.
A veces los conflictos no cesan, por lo que cuando se ha de acudir de forma reiterada a este tipo de procedimientos para tomar cualquier decisión de los menores, se puede llegar a entender que se está entorpeciendo gravemente el ejercicio de la patria potestad, y el Juez puede atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores, o establecer una distribución de las funciones, siempre en beneficio del menor de edad.
Por su parte, la guarda y custodia es el cuidado cotidiano de los hijos, todo aquello que tiene que ver con la convivencia diaria con los menores, desde la alimentación, la elección de la ropa, las tareas diarias hasta los cuidados e higiene diaria.
En caso de separación o divorcio será necesario determinar si la guarda y custodia se establece de forma compartida por ambos progenitores, o bien si se otorga de forma exclusiva a uno de ellos, fijándose para el no custodio un régimen de visitas a su favor.
En todos los supuestos, esta decisión debe estar regida por el principio del beneficio del menor, a quien se deberá de oír si ha alcanzado los 12 años o tiene madurez suficiente, tal y como establece el artículo 92 del Código Civil, y también por el criterio de no separar a los hermanos.
Publicado por Cristina Bodegas (Abogada) en 18:58 0 comentarios
Etiquetas: derecho de familia, guarda y custodia, Patria potestad, progenitor, progenitor custodio, progenitor no custodio, regimen de visitas
"¿Cuándo prescriben las deudas de telefonía?"
Hace unos días una clienta me contaba que una empresa de recobros la había llamado para reclamar una factura de teléfono de Mayo de 2016, a pesar de que ella había dado de baja el servicio en Diciembre de 2015 por un cambio de domicilio. Esta afamada compañía había pasado ese recibo al cobro 5 meses después de que se interrumpiera el servicio, por lo que ella había procedido en su momento a devolver el recibo. Ahora, más de tres años después, una empresa con la que ella no ha tenido ninguna relación la hostiga para que pague esa deuda en 48 horas, advirtiéndole de que en caso de no pagar se verán obligados a acudir al juzgado.
Su duda era la que tendríamos todos en su situación, ¿cuándo prescribe esa deuda?
Debemos recordar que la prescripción es un modo de extinguir derechos subjetivos, por el no ejercicio de su titular en el transcurso de un periodo de tiempo determinado, y que responde a la necesidad de poner un término a la incertidumbre que se genera para los otros.
Así, el artículo 1973 del Código Civil establece que “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”.
Por lo tanto, mi primera pregunta fue si después de que ella devolviera el recibo en Mayo de 2016 había recibido alguna notificación en la que se reclamase ese importe, ya que en ese caso se hubiera interrumpido la prescripción y el plazo comenzaría a contar de nuevo. En su caso, no había vuelto a tener noticias ni de la compañía suministradora del servicio, ni de la empresa de recobros que ahora la había llamado desde entonces.
El plazo en el que prescriben este tipo de deudas no ha sido una cuestión pacífica, y es que mientras la mayor parte de la jurisprudencia entiende que el plazo de prescripción es de tres años, de conformidad con el artículo 1.967.4 del Código Civil, al entender que el contrato de suministro de servicios de telefonía es asimilable a la compraventa de bienes a empresarios, hay otro sector minoritario que considera el plazo de prescripción de cinco años, de acuerdo al artículo 1.966.3 del mismo texto legal, considerando que forma parte de las obligaciones de pago que debe efectuarse por períodos más breves a un año.
En mi opinión, el plazo de prescripción de este tipo de deudas es de tres años, y es que tal y como defienden las Audiencias Provinciales de forma mayoritaria, estos contratos de suministros han de ser considerados como periódicos, en los que se generan distintas deudas nacidas de distintas prestaciones. A pesar de ello, algunas Audiencias continúan considerando que existe una única prestación con obligación de pagos periódicos.
Al día de hoy, y sin que hubiera ninguna interrupción de la prescripción, la deuda de nuestra clienta ha prescrito.
Publicado por Cristina Bodegas (Abogada) en 17:37 0 comentarios
Etiquetas: Audiencias Provinciales, codigo civil, derecho subjetivo, prescripcion, reclamacion, reclamacion de cantidad, telefonia
Este viernes se celebra el “Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio”. No es un día cualquiera, es el día en el que los Abogados recordamos la importancia del derecho a la Justicia Gratuita en nuestro sistema. Es fundamental que aquellas personas más vulnerables, con menos recursos y más desprotegidas puedan acceder a la defensa de sus derechos en condiciones de igualdad.
Esto solo puede ser posible gracias al Turno de Oficio, y a la labor que los abogados y abogadas que formamos parte de él realizamos, los 365 días del año, las 24 horas del día, para que el derecho de defensa de todos los ciudadanos sea una realidad.
¿Por qué se sigue reivindicando la dignificación del Turno de Oficio?
Somos abogados de oficio por compromiso profesional y porque creemos en lo que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita significa. Los ciudadanos tienen que saber que no nos hacemos ricos desempeñando esta labor, y aprovecho para recordar que la retribución económica que percibimos por cada asunto es sustancialmente menor a lo que percibiríamos si el mismo procedimiento se nos encargase de modo particular, aunque en ambos casos nuestra responsabilidad si es la misma. Se calcula que de media recibimos por cada expediente unos 142 Euros.
Sin embargo, esto no justifica que la Administración se retrase durante meses en el pago de las remuneraciones en muchas Comunidades Autónomas, incumpliendo los plazos a los que se compromete. Precisamente esta circunstancia ha hecho que abogados de distintos puntos del país salieran a la calle y se manifestasen delante de los Juzgados, reivindicando la puntualidad en el pago de las retribuciones.
Tampoco justifica que existan importantes diferencias en cuanto al baremo aplicable, y por eso reivindicamos la equiparación de las retribuciones, y las revisiones y actualizaciones periódicas de los baremos. No parece lógico que un abogado del turno de oficio en Barcelona o País Vasco perciba unas cantidades por ocuparse de un asunto, y éstas difieran de las que puede percibir un abogado del turno de oficio en Cantabria, Andalucía o Madrid, tratándose de actuaciones idénticas.
De igual manera, los abogados y abogadas del Turno de Oficio reivindicamos que se nos abonen todas las actuaciones que llevamos a cabo, eso también es dignificar nuestro trabajo, ya que hay multitud de actuaciones durante la fase de instrucción y durante la fase de ejecución de sentencia por las que no recibimos ninguna remuneración.
Todas estas cuestiones también hay que decirlas hoy, pero no solo hoy. Esta es la forma de dignificar nuestra profesión, porque todos nos sentimos muy orgullosos de formar parte del Turno de Oficio, pero lo cierto es que aún queda mucho por hacer, y ahí debemos estar todos, pero en mayor medida quienes han decidido dedicar su tiempo a representarnos en los Colegios de Abogados, porque dignificar el Turno de Oficio debe ser una prioridad, y no siempre lo parece.
Publicado por Cristina Bodegas (Abogada) en 16:38 0 comentarios
Etiquetas: #DeOficioAbogada #JusticiaGratuita #TurnodeOficio #TurnoDigno #DignidadTO #DíaJusticiaGratuita #JusticiaGratuita2019 #RetribucionesJustas #PagoPuntualTO #ReformaBaremoYA
El supuesto concreto parte de un accidente de circulación en el que se producen una serie de daños materiales y personales, y el conductor causante de ellos da positivo en la prueba de alcoholemia.
El conductor será condenado como autor de un delito contra la seguridad vial, previsto en el artículo 379 del Código Penal, a la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor entre 1 y 4 años, así como al pago de la responsabilidad civil que sea cuantificada, indemnización a la que siempre hará frente la compañía aseguradora.
La acción de repetición aparece recogida en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, y consiste en el derecho que tiene la aseguradora, una vez efectuado el pago de las indemnizaciones correspondientes, de repetir “contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño producido tiene lugar como consecuencia de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.
En realidad, esta acción se ha de entender como el derecho de las compañías aseguradoras a recuperar lo pagado a un tercero, cuando no había cobertura en la póliza suscrita con el asegurado.
¿En todos los supuestos cabe la acción de repetición?
El derecho de repetición es una cláusula limitativa de derechos, y por lo tanto ha de estar específicamente aceptada por el asegurado para que la compañía aseguradora pueda liberarse de su responsabilidad, y una vez pagadas las indemnizaciones a los perjudicados pueda llevar a cabo la acción de repetición contra su asegurado para recuperar el dinero abonado.
En este sentido, el Tribunal Supremo tiene reiteradamente establecido que “las cláusulas que excluyen en la póliza de seguro voluntario los accidentes producidos en estado de embriaguez deben considerarse como limitativas de los derechos de los asegurados, debiendo ser expresamente aceptadas por los mismos y destacarse de manera clara y precisa”.
Además recoge en relación a las cláusulas limitativas, en su Sentencia de fecha 22 de Diciembre de 2.008, que para que sea válida debe cumplir dos requisitos como expresión de un principio de transparencia legalmente impuesto: “ser destacada de modo especial y ser aceptada por escrito”, con la finalidad de que “el asegurado tenga conocimiento exacto del riesgo cubierto”.
En aplicación de esta jurisprudencia, la Audiencia Provincial de Cantabria, en su Sentencia de fecha 31 de Octubre de 2.018, desestimó el recurso de la compañía aseguradora que ejercía la acción de repetición contra un cliente al que reclamaba el abono de la indemnización que el seguro había pagado a la víctima de un accidente de tráfico ocasionado por el asegurado.
En ese supuesto, la exclusión por conducción en estado de embriaguez no sólo no aparece destacada en las condiciones generales de forma que garantice su conocimiento y entendimiento por parte del tomador del seguro, sino que se incluye bajo el epígrafe “exclusiones generales para todas las modalidades”, en un formato uniforme en el que se incluyen hasta trece causas de exclusión, por lo que la firma en el pie de página por parte del asegurado de la cláusula en la que se funda el derecho de repetición no puede entenderse como asumida específicamente por aquel.
Y es que no existía una doble firma en el contrato de seguro, una para el contrato globalmente considerado y otra para las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, entre las que se encuentra la exclusión de cobertura en caso de alcoholemia, lo que implica el rechazo de la acción de repetición ejercida por la aseguradora.
¿Qué plazo tiene la aseguradora para ejercer su derecho?
El propio artículo 10 del RD 8/2004 establece que “la acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se hizo el pago al perjudicado”.
Publicado por Cristina Bodegas (Abogada) en 18:19 0 comentarios
Etiquetas: accidente, accion de repeticion, alcoholemia, asegurado, compañia aseguradora, delito contra la seguridad vial, indemnización
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