Source: https://es.scribd.com/document/318688023/Exoneraciones-en-La-Normativa-de-Contrataciones-Del-Estado-MIGUEL
Timestamp: 2019-04-24 18:47:17
Document Index: 15104497

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 63', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 58', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 170', 'artículo 209', 'artículo 56', 'artículo 52', 'artículo 52']

Exoneraciones en La Normativa de Contrataciones Del Estado MIGUEL
Cargado por Miguel Angel Castro Hilario
52725[1]
CONTRATO CAS ULF JOSE ENRIQUE SALAS PARIAPAZA.doc
1.0 Análisis Modific Obras (DL 1341 y DS 056-2017).L Hernández.vf
La industria de la construcción en el Perú
TRA-PI Acuerdo_Impugnaciones_2º_ejercicio[1]
Exposicion (07_09_10)alvaro priale
000289_MC-42-2008-PRORRIDRE-CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO.doc
Ley de Contrataciones Del Estado y Su Reglamento - Etica
Manual Solucion Controversias
Monografia Sobre Facultad Discrecional de Las Entidades Pronunciamientos y Recursos
255567389-APELACION-DE-SENTENCIA-DE-ALIMENTOS (1).pdf
-	FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE AULAS 04 IE.Nº 32277 DE ISCOPAMPA-RONDOS
Exoneraciones en la normativa de
La normativa de contrataciones del Estado ha previsto, como excepción para la elección del
contratista por parte de la Administración Pública, algunas causales que permiten que se
exonere a la Entidad del desarrollo de un proceso de selección.
Para esos casos, el Titular de la Entidad aprobará, cuando corresponda, la exoneración de
procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras, por las causales
previstas en la normativa de contrataciones del Estado o en normas con rango de Ley que
aprueben expresamente exoneraciones específicas (verbigracia, el Decreto de Urgencia N°
004-2009, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 10 de enero de 2009, con la
finalidad de implementar el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones
Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias). La resolución mediante la cual el Titular de
la Entidad apruebe la exoneración del proceso de selección requiere obligatoriamente de un
Informe Técnico y un Informe Legal, que sustenten la procedencia y necesidad de la
exoneración, y, además, debe precisar el tipo y descripción básica de los bienes, servicios u
obras objeto de la exoneración, el valor referencial, la fuente de financiamiento, la cantidad o
el tiempo que se requiere contratar o adquirir mediante exoneración (este Informe no sería
necesario cuando la exoneración se ha dispuesto por norma con rango de Ley).
Esta Resolución y los Informes serán publicados en el SEACE y comunicados a la Contraloría
General de la República y al Órgano de Control Institucional del ENTIDAD, dentro de los 10
días hábiles siguientes a la emisión de la Resolución.
Lo que debe quedar absolutamente claro es que la exoneración se circunscribe a la facultad
de omitir la obligación de realizar un proceso de selección, pero la fase de actos
preparatorios y planificación y la fase de ejecución contractual se deben desarrollar conforme
a la normativa de contrataciones del Estado.
El Titular de la Entidad [o funcionario en quien este haya delegado tal función] deberá
determinar, de manera expresa, el órgano encargado de desarrollar la contratación objeto de
la exoneración, función que puede recaer en la Unidad de Logística u otro órgano designado
de manera específica para cumplir con tal función. Previamente a tal determinación, deberá
aprobarse el Expediente de Contratación; este asunto es particularmente relevante, pues
suele confundirse el “Expediente de Contratación” con el “Expediente Técnico” en el caso de
Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de selección se realizarán de
manera directa, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con las
características y condiciones establecidas en las Bases. En tal sentido, las Bases debieran
contener en el caso de contrataciones exoneradas de proceso de selección lo siguiente:
• El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar; el
lugar de entrega, elaboración o construcción, así como el plazo de ejecución, según el caso.
Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras,
• La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la contratación, salvo que
corresponda sólo la emisión de una orden de compra o de servicios. En el caso de contratos
de obras, figurarán necesariamente como anexos el Cronograma General de Ejecución de la
obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos presupuestalmente y el Expediente
• El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que corresponda.
La adjudicación de contratos exonerados no puede hacerse sin contar con las Bases
debidamente aprobadas por el Titular de la Entidad [o funcionario en quien este haya
delegado tal función]. En el caso de procesos exonerados por la causal de emergencia, se
debe contar de manera previa a la adjudicación del contrato con las Bases debidamente
aprobadas y con el Expediente Técnico, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia
también debidamente aprobados y, de ningún modo, dichos instrumentos podrán adecuarse
a los requerimientos del proveedor elegido. Esto conculcaría la norma.
toda vez que las contrataciones exoneradas. en puridad. así como emitiendo los demás documentos contractuales que correspondan según el estado de ejecución de las prestaciones. . con lo que quedaría claro que. adjunto el esquema de lo que creo debiera ser el desarrollo de un proceso de contratación clásico. antes que un criterio de necesidad real de la exoneración. salvo por las facilidades que se tienen para contratar (especialmente la inexistencia de riesgo de impugnaciones). el Titular de la Entidad debe emitir una nueva Resolución exoneratoria que apruebe la procedencia de los mismos. ha planteado diversos criterios que deben regir las exoneraciones. de manera “interna” un pequeño proceso de selección. en cumplimiento de su función de supervisión de la contratación pública. Así. incluyendo el proceso en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad. se prescindirá del proceso de selección. o del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra. no se requería de esa exoneración. tales como “convocatoria” u “otorgamiento de la buena pro”. debiendo remitir dicha información a la Contraloría General de la República. en el que lo que puede apreciarse es que. pero desarrollan. el OSCE. Sin embargo. la realidad nos muestra que muchas veces las Entidades optan por una exoneración. Tampoco correspondería establecer metodologías de evaluación ni asignar puntaje a las propuestas que se presenten. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento. deben realizarse de forma directa mediante acciones inmediatas. En caso que se requiera de la aprobación de adicionales. simplemente. En todo caso. debiendo verificarse únicamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. publicando la resolución o acuerdo correspondientes y los informes técnico y legal sustentatorios en el SEACE. este proceder muestra más una voluntad de no aplicación de la normativa. Ahora bien. de los que quiero destacar en este caso que las Bases no deben hacer referencia a actos propios de los procesos de selección. cuando se trate de una exoneración.Toda contratación realizada para enfrentar una situación de emergencia debe regularizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros.
pues no resulta idóneo proceder a disponer exoneraciones cuando las mismas no corresponden. creo que el desempeño contractual de la Administración Pública peruana debiera sincerarse. toda vez que tal procedimiento no concuerda con la naturaleza de una exoneración y podría desvirtuar el carácter urgente de la exoneración invocada. el propio OSCE ha observado que. a aquél que llevará a cabo la prestación exonerada. en número. Principales cambios en la nueva Ley de contrataciones del Estado. Los procedimientos seguidos de esta manera podrían graficarse del siguiente modo: En todo caso. las contrataciones exoneradas deben realizarse de forma directa mediante acciones inmediatas. Y lo que se aprecia en las cifras del SEACE es que las exoneraciones de han incrementado. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento. entre varios competidores. pero por sobre todo en montos contractuales. por lo que no corresponde realizar un proceso de selección para determinar.Asimismo. Y en el caso de las exoneraciones lo que tenemos es que se deja de lado principios tan importante como el de libre concurrencia y competencia. Ley N° 30225 .
Para dicho Informe se compararon legislaciones distintas a nivel internacional. Organización Mundial de Comercio. como la normativa de la Comunidad Europea. hay que destacar que esta Ley se haya aprobado por el Congreso de la República y que haya sido promulgada. Ley Nº 30225. En cierta medida se está dando una transformación del propio sistema.La nueva Ley de contrataciones del Estado. que guarde mayor coherencia con lo que empieza a llamarse como Derecho Internacional de la Contratación Pública. Veamos algunos puntos específicos. entre otras. la estadounidense. pese a que a la luz de la experiencia. la chilena. Debo destacar que el año 2013. se tenía claro que había que cambiar. toda vez que se está dando un cambio de raíz en varios puntos que. Empiezo destacando lo que sería el índice de la Ley: Título I: Disposiciones Capítulo I: Disposiciones Capítulo II: Autoridad responsable el proceso Capítulo III: Condiciones exigibles a los proveedores Título II: Procesos de Capítulo I: Capítulo II: Actuaciones Capítulo III: Métodos de Capítulo IV: El contrato y su ejecución Título III: Solución de controversias de preliminares generales contratación contratación Planificación preparatorias contratación . se mantuvieron. Por tanto. por tanto. nacional e internacional. marca un hito importante desde la promulgación de la primera Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. se desarrolló un Informe ante el OSCE como producto final de una consultoría en relación con las mejoras y las modificaciones que deberían darse a nivel de la normativa y del propio régimen de contrataciones del Estado. por tradición. aunque no de manera integral. la brasilera. Ley Nº 26850. La Ley Nº 30225 ha recogido algunas de estas recomendaciones. Banco Mundial. Se hicieron varias recomendaciones para construir una normativa más acorde con los estandares internacionales y. así como normas de organismos internacionales como las de CNUDMI.
lo hace de manera más ordenada y coherente. o “igualdad de trato” y “equidad”. creo que es un mejor tratamiento el que se da en esta nueva Ley al tema de los principios. Eso habría permitido que se desarrolle de manera menos cargada lo relativo al arbitraje. sin embargo. deben darse bajo el enfoque de “gestión por resultados”. al Tribunal de Contrataciones del Estado y. la que se viene implantando dentro de lo que se conoce hoy como “contratación pública sostenible”. El último Título podría haber estado referido al RNP y al SEACE. toda vez que se mantienen algunos principios. la selección de los diarios en que los justiciables deben publicar documentos jurídicos). El Título IV debió ser el referido a Régimen de infracciones y sanciones. De todas maneras. desarrollando en capítulos independientes.Título IV: Registro Nacional de Proveedores Título V: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado Título VI: Régimen de infracciones y sanciones Título VII: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado Título VIII: Tribunal de Contrataciones del Estado Disposiciones complementarias y finales Disposición Complementaria Modificatoria Disposición Complementaria Derogatoria Esta estructura parece mejor articulada que la planteada en la norma vigente. En el artículo 3 se aborda el tema del ámbito de aplicación y no se ha dado mayor modificación. me parece. por último. debiendo centrarse en la finalidad pública de la contratación y. esto es consecuencia de la mirada social a la contratación pública. que podrían haberse recogido de manera sintética y no mostrándolos como principios diferentes. por tanto. además. toda vez que se señala que esta Ley se aplica a las contrataciones realizadas por las Entidades en que estas “asumen el pago con fondos públicos”. como el de “libertad de concurrencia” y “competencia”. Después debió establecerse un Título referido a estructura orgánica de la contratación pública. Sí se mantiene el criterio restrictivo del alcance. Veamos algunos de los puntos más saltantes. Por ejemplo. Esto ya es una mejora. esto en el caso europeo se asume con un criterio más extensivo. se han reducido de 13 principios a 9. en el Título III. recogiendo el principio de mejor valor del dinero público y planteando que las contrataciones. uno referido a la solución de controversias durante el procedimiento de selección. Por tanto. aun sin . De manera general. pues tradicionalmente se consideraban principios redundantes. Y es justamente eso lo que se hizo (de manera acertada) en el principio denominado como “Sostenibilidad ambiental y social”. en esa línea. lo referido al OSCE. como consecuencias positivas de la incidencia económica de la actividad contractual del Estado. por ejemplo. se plantea también la incidencia que debe tener la contratación pública en las condiciones de vida de los ciudadanos. pues toda aquella contratación que realice una Entidad pública (como por ejemplo. debió regularse dos Capítulos. y otra para la etapa de ejecución contractual. En el artículo 2 se recogen los principios que rigen las contrataciones y. en los temas propios de la logística. que incluye el ángulo social y el ambiental. aun esto no se ha resuelto del todo. por ejemplo. al Consejo de Ética para el arbitraje (este órgano no se ha regulado ni siquiera de manera general y corre el riesgo que quede plasmado solo en el papel). esto debería dejar de lado la primacía que el enfoque legalista (que rige hoy endía) le da a las formas y los procedimientos. pero pudo haberse desarrollado mejor. El artículo 1 establece la finalidad de la norma y.
el Sistema Nacional de Control también actualices sus criterios de control con miras. por tanto. para el caso de de bienes y servicios. atendiendo a las condiciones propias del mercado. En el artículo 18 tenemos uno de los primeros cambios que. resulta indispensable que las auditorías y. los procesos se lanzarán sin esa información. Se han hecho algunas precisiones que seguramente tendrán alguna incidencia. por el cual las Entidades del Poder Ejecutivo “que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimiento de los bienes y servicios que deban contratar […] en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación”. para lo que se requiere sustentación de la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos previstos en la normativa. En este caso. Me parece un artículo bien pensado y elaborado. pues para el caso de bienes y servicios no se requerirá de valor referencial y. Ahora bien. servicios u obras propios de su función legal. tenemos que están referidos. Esto resulata una ventaja para la contratación. sí rige un criterio de supervisión a cargo del OSCE. .cargo a recursos públicos. esto muestra una mirada más atenta a la realidad contractual del Estado. esta decisión es importante y dinamizará la actividad económica del sector público en el Perú. En el artículo 19 se regula de manera más específica los temas relativos a la certificación presupuestaria. fue poco ambicioso. que pasa de 3 UIT a 8 UIT. pese a que no están dentro del ámbito de aplicación. En el artículo 9 se establece los criterios de responsabilidad. además de prever márgenes para la discrecionalidad de los funcionarios. creo que va más allá del tema de la estandarización. En el caso de los Convenios Marco (llamados en esta Ley “Acuerdos Marco”) no hay necesidad ni siquiera de valor estimado. sin aplicar la Ley. de manera efectiva. pero requiere de una fuerte actividad de supervisión eficaz del OSCE. con esta nueva norma podrán convocarse los procedimientos de selección durante el último trimestre del año. por tanto. se rige por la normativa y. Esta decisión es importante. para el caso de consultorías y ejecución de obras. pero sería bueno que el Reglamento precise con total claridad el alcance de esta norma. sí se mantendrá el criterio de establecer el valor referencial. La exigencia de que se cuente con la certificación presupuestaria hasta la suscripción del contrato desincentivará a las Entidades Públicas de no suscribir contrato por supuesta falta de presupuesto. sin lugar a dudas. Se hace la distinción que. En los artículos 4 y 5 se ha ordenado de manera más clara los supuestos de inaplicación de la normativa y los casos en que. En el artículo 17 se desarrolla el tema de la homologación de requerimientos. En este punto. Esto parece bastante interesante. siempre que se cuente con la previsión presupuestaria para el ejercicio siguiente. que se mida en función a la eficacia de estos. pues mira la responsabilidad con cargo a la maximización de recursos públicos y en línea con la gestión por resultados. a lograr una gestión por resultados. aunque se requerirá de otras más puntuales en el Reglamento. en el primer caso. los que están recogidos más bien en el artículo 6. estos Convenios no pueden celebrarse para encargar el desarrollo de la fase de actos preparatorios o del procedimiento de selección. la idea es que los proveedores puedan establecer las condiciones de su propuesta. Por otro lado. tenemos el supuesto contenido en el literal f del artículo 5. por lo menos. el Reglamento debe ser lo suficientemente claro para precisar la diferencia que existe (más allá de la diferencia formal que genera esta norma) entre uno y otro tipo de Convenios y su correspondencia con la realidad que regulan. los principios de la contratación pública. sin ningún elemento que genere una condición ajena a las del mercado como es el valor referencial. a los Convenios de colaboración que pueden celebrar las Entidades públicas entre ellas para brindar bienes. en el caso de los artículo 5-c y segundo párrafo del 6. Además. se establecerá el valor estimado de las contrataciones. Un punto bastante importante es el de la elevación del monto hasta el que pueden efectuarse contrataciones directas. que prevé la contratación de proveedores no domiciliados en el país. mientras que. habiendo podido ser de mayor alcance.
El artículo 34 regula de manera integral los suspuestos de modificación a los contratos. lo cierto es que el criterio para definir los tipos de procedimientos va. Aparentemente. salvo por la denominación y el objeto. se regula en este mismo inciso los supuestos de reducción de prestaciones. que son el equivalente a las “exoneraciones” de la normativa vigente. no se habla más de “procesos” de selección. Ahora se refiere a “procedimientos” de selección. para el caso de bienes y servicios. esto. Adjudicaciones “directas” públicas o selectivas y adjudicaciones de menor cuantía. pese a que no se publicitará el valor referencial.  Adjudicación simplificada  Selección de consultores individuales.  Comparación de precios. Procedimiento pensado para consultorías puras por denominarlas de algún modo. En primer lugar. El artículo 28 está previsto para regular el “rechazo de las ofertas” para cuando se genera una duda sobre el cumplimiento del contrato (inciso 28.toda vez que permitirá que los procedimientos de selección se convoquen con seguridad de su ejecución.2 se desarrolla las prestaciones adicionales para el caso de contratos de bienes y servicios. a fin de restablecer el equilibrio perdido. No obstante. debiendo en estos casos ser aprobada por la Entidad. sin lugar a dudas. los que de la misma manera que en la normativa vigente no deben superar el 25% del contrato. lo que es correcto. los que pueden darse por orden de la Entidad o a solicitud del contratista. Estas tienen que ser aprobadas por el Titular de la Entidad. pero incluyendo . aunque no habría necesidad de ficha técnica ni que se encuentren en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. pues es una forma de licitación también. al menos en los dos primeros. La nueva Ley da un vuelco importante en cuanto a los métodos de contratación. Frente a los tradicionales Concurso y Licitación Públicos. Esto pudo haberse simplificado en Licitación pública. estaríamos ante el equivalente a la subasta inversa “presencial”. que sean estandarizados. Procedimiento pensado para la contratación de bienes o servicios de disponibilidad inmediata y que no sean fabricados o prestados siguiendo especificaciones técnicas del contratante. Creo que el legislador desaprovechó la oportunidad de haber efectuado un cambio realmente de sistema. Por primera vez se recoge la necesidad de que las modificaciones no afecten el equilibrio económico financiero del contrato. pero que están sujetas a supervisión del OSCE. de la misma manera errónea que en nuestra normativa vigente. que son supuestos de contratación a los que no se aplica la normativa.  Subasta inversa electrónica  Contrataciones directas. los proveedores tendrán un buen insumo informativo a partir solo del tipo de procedimiento al que se convoque. es también un cambio importante en nuestra normativa y permitirá que la parte afectada en un contrato sea compensada por la parte beneficiada. incluso en el último trimestre del año. no aporta nada el que se mantenga el Concurso. tenemos hoy los siguientes procedimientos:  Licitación pública y Concurso Público. por los límites que establezca la Ley de Presupuesto del Sector Público. Esto es bastante importante. En el numeral 34. Por tanto.1) o cuando están por debajo o por encima de los límites de presupuesto para el contrato (inciso 28. pues todas las modificaciones se darán a través de uno de esos caminos.2). habrá que regular con mayor detalle el alcance de esto. pero no hay que confundirlas con las contrataciones de hasta 8 UIT. toda vez que más allá de los cambios de denominación.
1. esto no sería posible. las controversias en estos casos se resolverían. 247 000) dicho límite. Este podría ser un buen punto de solución de problemas serios que se presentaba recurrentemente en la ejecución de obras y que. la posibilidad de celebrar contratos de ejecución de obras con proveedores no domiciliados. mediante arbitraje o los otros medios previstos. en el caso de procedimientos de hasta ese monto (valor estimado o valor referencial). mientras que por encima de ese monto. tendrán que ser resueltos por el Tribunal de contrataciones del Estado. Esto promete mucho. la Ley regula los medios de solución de controversias “de la ejecución contractual”. Además. Por tanto. los recursos de apelación serán resueltos directamente por el Titular de la Entidad. Para el caso de supervisión de obras se abre la posibilidad de que los adicionales superen el 25% y que se den de manera proporcional con el incremento de la obra. se eleva el límite para determinar la competencia para resolver los recursos de apelación. pues podría ser carta abierta a la actuación arbitraria de las Entidades. aparentemente. en el numeral 46. Solución de controversias Este título ha seguido el mismo esquema que utiliza la normativa vigente. Este criterio de apertura es importante y acertado en línea con la adecuada gestión de conflictos. no hay grandes cambios. Este tipo de arbitraje ya lo ha admitido la normativa colombiana de arbitraje. de carácter técnico. En su numeral 45. estaríamos frente al supuesto de arbitraje internacional. sí se requiere que los provedores estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. cuando menos. además del de derecho. En todo caso.1 establece que están previstos como medios de solución de controversias la conciliación y el arbitraje.el caso de obras. pues se trataría de supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión (artículo 5-f). la .2 se da. aparentemente. Tratándose de arbitraje. Esta decisión resulta sumamente discutible. ya no solo dos. incluye el recurso a la “Junta de Resolución de Disputas” en el caso de obras. No obstante. en relación con los recursos de apelación. pago de indemnizaciones o cualquiera otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas. ¿No debió prever la normativa estos supuestos? Se señala que el reglamento establecerá criterios para conciliar. quedando establecido en 65 UIT (S/. Este artículo. se hubiera permitido que el arbitraje pueda ser. por el legalismo. desde una perspectiva de técnica legislativa. toda vez que las dos partes tendrían domicilios en Estados diferentes. se regula en este punto lo referido a las ampliaciones de plazo. En esos casos. Queda en el aire nuevamente la respuesta a si es posible que se celebren contratos bajo el ámbito de aplicación de la Ley con proveedores no domiciliados en el Perú. es muy denso. Por último. cómo serán resueltas las controversias que surjan en esos contratos en los que. Creo que habría sido mucho mayor el alcance de esta mejora si. en línea con la “Junta de Resolución de Disputas”. De manera tajante. cuando lo mejor habría sido regular el tema de obras en los numerales correspondientes. por tanto. los medios de solución de controversias previstos son. Además. aunque sin definir este nuevo método. se señala que el reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias. Por tanto. Por tanto. tres. Aparentemente de lo que se establece en el artículo 46. que se reclamen como enriquecimiento sin causa o indebido. lo que nos ubicaría frente a un contrato sujeto al ámbito de aplicación de la Ley. dejaba en la orfandad de supervisión a las Entidades. ojalá aterrice en una realidad concreta. Ahora bien. En el artículo 45. se establece que no pueden ser sometidas a arbitraje las controversias derivadas de prestaciones adicionales.
máxime cuando los requisitos para estar incorporado en este registro son puramente formales y hasta accesorios. La misma exigencia se da para los secretarios arbitrales. en lugar de redundar en la regulación de estas causales. este mecanismo permitirá conocer a quienes apoyan en las labores propias de secretaría en los procesos arbitrales y quizá ayude a que dichas funciones se lleven con mayor responsabilidad. pese a que dicha prelación la considera una norma de orden público. contado desde que haya sido recibida la obra. Las instituciones arbitrales tendrán que acreditarse ante el OSCE. recepción y conformidad de la prestación. salvo casos excepcionales y debidamente fundamentados por los Tribunales Arbitrales. será un plazo de 30 días conforme a lo que regule el reglamento. cuestión que nuevamente se deja de lado. además. Habría sido importante que se establezca que esa responsabilidad alcance al cuidado de ciertos parámetros mínimos de calidad en los Laudos que se expidan. . Ambas resultan redundantes. toda vez que ahora sí se tiene muy en claro que no son arbitrables y no puede discutirse a través de los procedimientos especiales previstos en la normativa de contrataciones del Estado. liquidación del contrato. Para las controversias que se susciten con posterioridad al pago final (vicios ocultos) el plazo será de 30 día hábiles. Establece causales especiales de nulidad de Laudo:  Si la composición del Tribunal Arbitral unipersonal o colegiado no se ajustó a lo establecido por la Ley. habría sido necesario prever como causal especial de anulación el que se vulnere normas de orden público nacional. lo que como ya he dicho en post anteriores es correcto. Creo que. el plazo de caducidad para iniciar alguno de los mecanismos de solución de controversias es de 30 días hábiles. El terreno se ha delimitado con claridad y precisión. Esto parece excesivo y no garantiza ningún control. La norma incentiva que las controversias que se susciten en un contrato se acumulen en un mismo arbitraje. Y. valorizaciones o metrados. debería haberse regulado las consecuencias de que un Laudo se declare nulo. Sin embargo. pues están previstas en el artículo 63-c de la Ley de arbitraje. Para ser árbitro se requiere estar inscrito en el Registro de Árbitros del OSCE. no se precisa cuál es la consecuencia de un Laudo que vulnere o transgreda este criterio. Igual plazo. Esperemos que esta acreditación se efectúe para permitir que solamente desarrollen actividades las instituciones arbitrales serias y capaces de cumplir con una responsabilidad como esa. resolución de contrato. y a partir de esta norma de aprobación automática. Sin perjuicio de que mi punto de vista es que no resulta idóneo haber declarado como no arbitrables estas materias. En estos casos en los que se deniegue la acumulación. se aclara el plazo general que va hasta antes de que se produzca el pago final. ampliación de plazo contractual. En cuanto a los plazos de caducidad establecidos. se da para el inicio de un arbitraje que pretenda discutir la decisión de la “Junta de Resolución de Disputas”.  Si las actuaciones arbitrales no se ajustaron a lo establecido en la Ley.3 el criterio de prelación de las normas. Si se trata de controversias surgidas con posterioridad a ese momento. Mantiene la norma en el numeral 45.única vía en la que podría reclamarse es la del Poder Judicial. Para los casos específicos de nulidad de contrato. Estas causales tendrán que haber sido invocadas de manera previa y denegadas por el Tribunal Arbitral. Esto debería ser regulado como una causal específica de nulidad de Laudo.las partes deben iniciar un nuevo arbitraje en un plazo de caducidad de 15 días hábiles de notificada la denegatoria. conforme lo regule el reglamento. lo cierto es que hoy ya no existe duda de la situación de estos campos.
Esto sería lamentable. el incumplimiento de su pago es causal para suspender el derecho de participar en procedimientos de selección hasta por 18 meses. que puede ir de 3 a 60 meses. seguramente.) de manera gratuita (artículo 46.2). graves y muy graves (artículo 50. Poder Judicial.3). imponga las sanciones que correspondan a los árbitros por infracciones previstas en dicho Código (que pueden ser amonestación. debió preverse en la propia ley. como tal. Se prevé además el trato recíproco para los proveedores extranjeros en materia de contrataciones públicas.El OSCE aprobará un Código de Ética que permitirá que el Consejo de Ética.  Inhabilitación temporal. es previsible que este órgano que funcionará de manera “honorífica” no funcione eficazmente.4). pues se requiere de un órgano de alta investidura que efectúe un control de las responsabilidades de los árbitros. que es la de presentar documentación falsa o adulterada. Esto muestra un avance importante. literal k)]. la existencia de infracciones leves. que se calculará en función a un porcentaje de la propuesta económica o del contrato. Infracciones y sanciones En cuanto a las infracciones y sanciones. graves y muy graves. pues no se puede castigar supuestos justificados de desistimiento o retiro de esas propuestas. suspensión temporal e inhabilitación permanente). Esto es algo que resulta correcto. En este caso se ha previsto ya el monto de las mismas. otro del MEF y uno último de MINJUS. resulta interesante que se haya previsto de manera sumamente enfática que tendrá acceso a diferentes bases de datos de Entidades (RENIEC. En este caso. resulta interesante que en el artículo 50. toda vez que la celebración de un contrato por encima de estas decisiones. Las sanciones pueden ser:  Multas.1. Registro Nacional de Proveedores En el caso del Registro Nacional de Proveedores. constituye una infracción [artículo 50. debió incluirse como infracciones los supuestos de presentación de información inexacta o documentación falsa o adulterada en el marco de un proceso arbitral [literales h) e i)]. SUNARP. Las infracciones pueden ser leves. forma parte del sistema de administración de justicia. conformado por un representante de la PCM. En relación con el procedimiento sancionador para árbitros. tendrá que regular y desarrollar este tema específico. Atendiendo a que el arbitraje es una jurisdicción independiente y que.  Inhabilitación definitiva . debe destacarse que las resoluciones del OSCE que resuelvan controversias sobre devolución de honorarios constituirán títulos ejecutivos. será aplicable a las Entidades públicas que actúen como provedores. a fin de lograr una mayor precisión en la regulación de infracciones y sanciones. Por último. excepto para aquellos que provengsan de Estados con los que el Perú ha suscrito un tratado que incluya disposiciones en materia de contratación pública (artículo 46. Además. El Reglamento.1. las sanciones más severas están previstas para la infracción más grave. etc. el OSCE ahora tiene herramientas para hacer exigible sus decisiones de suspensión o recomendaciones de nulidad de procesos de contratación. Sin embargo. además. SUNAT. literal a) se haya abierto la posibilidad al desistimiento o retiro de la propuesta. Esta sanción económica.
pero en el caso de la infracción consistente en presentar documentos falsos.En cuanto a la prescripción de las infracciones. podrán continuar ejerciendo el cargo si no se designara a los Vocales que los sustituyan. que tiene la misión de “analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes. . Este ¿órgano? se regulará en el Reglamento. cuya designación tiene un plazo de 3 años. colusión y corrupción en las contrataciones del Estado. los presuntos casos de fraude. por parte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares”. Por otro lado. se crea en el artículo 58 un Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas. será de 7 años. esta se dará por regla general a los 3 años. excepto que los Vocales. En cuanto al caso del Tribunal de Contrataciones. no hay mayores modificaciones.
Opinión 036-2014/DTN Toda vez que las controversias relativas a la ejecución de una garantía surgen dentro de la fase de ejecución contractual. es decir. de acuerdo a lo pactado por la Entidad y el contratista para estos efectos. teniendo el acta de conciliación total validez legal. La normativa no ha previsto consecuencia alguna ante el incumplimiento de informar previamente sobre la solicitud de inicio conciliación. se deberá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje antes de que el contrato culmine. . dentro de los quince (15) días hábiles de formulada. para su registro y publicación respectiva. por tanto.Opinión 126-2015/DTN Si para una controversia no se ha establecido un plazo de caducidad especial. estas deben ser resueltas necesariamente mediante conciliación o arbitraje. el solicitante está en la obligación de poner en conocimiento del OSCE su solicitud. Opinión 087-2015/DTN La normativa ha previsto que ante la solicitud del inicio de un procedimiento de conciliación. que se debe remitir al OSCE dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haberse suscrito. El acta de conciliación es un documento con valor legal de título de ejecución. presentando un escrito simple ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE. se aplicará el plazo de caducidad general establecido en el artículo 52 de la Ley. conforme al procedimiento y formalidades previstos en el Reglamento. el OSCE no cuenta con facultades para desconocer un acta de conciliación emitida cuyo procedimiento no se ha cumplido con informar previamente.
y no solo las derivadas de su resolución. Opinión 001-2013/DTN Si durante la ejecución de un contrato cuya estructura de costos se encuentra determinada por los costos laborales.Opinión 011-2014/DTN Cualquier controversia derivada de la ejecución del contrato. como en el caso de la prestación de servicios que implican intermediación laboral. y el contratista considera que no se le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó. no es posible que la Entidad que lo convocó no observe el mandato de una norma legal que determina el incremento de la remuneración mínima vital. de ser el caso. ajustando el valor referencial del proceso de selección. independientemente del sistema de contratación elegido por la Entidad. No obstante. Opinión 113-2012/DTN Durante la tramitación de un proceso de selección. debiendo proceder a aplicarla de forma inmediata. puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. siempre que cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente. . se emite una norma legal que incrementa el monto de la remuneración mínima vital y ello determina el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista . como la reducción de prestaciones o la resolución del contrato. de lo contrario. no es posible que el contratista o la Entidad inicien nuevamente el procedimiento de liquidación de obra. cuestión que no es compatible con la naturaleza definitiva. podría adoptarse otras medidas. si la Entidad no realizó ninguna de estas acciones. inapelable y de cosa juzgada que tiene todo laudo. Opinión 019-2013/DTN Una vez emitido el laudo. podían someterse a conciliación y/o arbitraje. bajo sanción de nulidad. ya que ello significaría una nueva posibilidad de cuestionamiento de dicha liquidación. esta puede modificar el contrato a efectos de ajustar los pagos al contratista.
No obstante. siempre que cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente. de lo contrario. pues al presentar su propuesta valor referencial sin ajuste alguno. el postor que presente propuestas se obligará a celebrar contrato y prestar el servicio objeto de la convocatoria –de resultar ganador de la buena pro-. No obstante. puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. como en el caso de la prestación de servicios que implican intermediación laboral. Opinión 064-2012/DTN Cualquier controversia que se genere entre la Entidad y el contratista respecto de la aplicación de la penalidad por mora o de las penalidades distintas a la penalidad por mora. debe resolverse mediante conciliación y/o arbitraje. Es posible que la Entidad no le reconozca al contratista los mayores gastos provenientes del incremento de la remuneración mínima vital. si la Entidad no realizó ninguna de estas acciones. si la Entidad no realiza ninguna de estas acciones y el contratista considera que no se le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó. por el monto de su oferta económica. Opinión 104-2012/DTN Si durante la ejecución de un contrato cuya estructura de costos se encuentra determinada por los costos laborales. conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley.Si durante la tramitación de un proceso de selección se emite una norma legal que incrementa la remuneración mínima vital y esta entra en vigencia antes de la presentación de propuestas. como la reducción de prestaciones o la resolución del contrato. podrán adoptarse otras medidas. . cuando no cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente. En este supuesto. aun cuando la Entidad no haya ajustado el valor referencial de forma previa a la presentación de propuestas. como la reducción de prestaciones o la resolución del contrato. podría adoptarse otras medidas. durante la ejecución contractual el contratista no tendrá derecho a que se le reconozca pago adicional alguno en virtud del incremento de la remuneración mínima vital. y el contratista considera que no se le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó. se emite una norma legal que incrementa el monto de la remuneración mínima vital y ello determina el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista. puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. en este caso. la Entidad puede modificar el contrato a efectos de ajustar los pagos al contratista.
el plazo de caducidad aplicable será el establecido para obras. el “Acta con acuerdo conciliatorio” tiene valor legal de título de ejecución. Por otro lado. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Nº 26872. el Principio de Eficiencia y el de Moralidad. en una decisión de su exclusiva responsabilidad. conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley. siendo que cualquier controversia que surja entre la Entidad y el contratista sobre la causal aplicable para la resolución del contrato. la determinación de daños y perjuicios o su cuantía. conforme a las normas que regulan el proceso único de ejecución. no obstante. para ello debe tener en consideración las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.Opinión 061-2012/DTN El plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias sobre la resolución de un contrato de obra suscrito bajo la modalidad de concurso oferta dependerá de la naturaleza de la prestación cuyo incumplimiento origina la resolución contractual. Opinión 044-2012/DTN De acuerdo con los artículos 5 y 56 de la Ley. el plazo de caducidad aplicable será el establecido para servicios. En el marco de una conciliación. siendo indelegable esta competencia. . modificar alguna de las disposiciones del contrato con la finalidad de alcanzar una solución consensual a la controversia surgida con el contratista. cuando la resolución de contrato se origine por el incumplimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de obra. así como los principios que la inspiran. entre estos. de conformidad con el artículo 170 del Reglamento. debe ser resuelta mediante conciliación y/o arbitraje. Así. entre otros. una Entidad podría. Opinión 046-2012/DTN La normativa de contrataciones del Estado ha previsto los supuestos en los que las partes de un contrato celebrado bajo su ámbito pueden resolverlo. el Titular de la Entidad es la autoridad competente para declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos en ejercicio de funciones delegadas. puede solicitarse su ejecución en la vía judicial. de no ser cumplida. cuando la resolución del contrato se derive del incumplimiento en la elaboración del expediente técnico. la extensión de la resolución (total o parcial). con lo cual. de conformidad con el artículo 209 del Reglamento.
Opinión 077-2010/DTN La normativa de contrataciones del Estado ha previsto los supuestos en los cuales las partes de un contrato celebrado bajo su ámbito pueden resolverlo. Considerando que la falta de inscripción en el RNP constituye un vicio trascendente que afectaría la formación de la voluntad de la Entidad. según el acuerdo de las partes. no contaba con inscripción vigente en el RNP. Opinión 095-2009/DTN En caso de surgir diferencias o discrepancias respecto de la continuidad del contrato. debido a que no se ajusta a ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 56º de la Ley. ello acarrea la nulidad del contrato celebrado con aquel proveedor que no cuenta con inscripción vigente. no cabe que la Entidad declare de oficio la nulidad de un contrato a raíz de que esta haya advertido que el contratista. Opinión 080-2010/DTN En tal sentido. durante la fase de la ejecución contractual.De acuerdo con el artículo 52 de la Ley. procedimientos y demás aspectos relacionados con la interposición de la conciliación y/o el arbitraje. corresponde a las partes recurrir a los mecanismos de solución de controversias que prevé la Ley y el Reglamento. en el Capítulo VIII del Título III del Reglamento se regulan los requisitos. según el acuerdo de las partes. . entre otros. la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor. plazos. conforme a lo dispuesto por el artículo 52º de la Ley. deberá ser resuelta mediante conciliación y/o arbitraje. Dicha nulidad deberá efectuarse mediante conciliación o arbitraje. Cualquier controversia que surja entre la Entidad y el contratista sobre la causal aplicable para la resolución del contrato. las controversias que surjan entre la Entidad y el contratista se resuelven mediante conciliación o arbitraje. la extensión de la resolución (total o parcial). correspondiendo a cada Entidad determinar cuál de ellos se configura en una situación concreta. la determinación de daños y perjuicios o su cuantía. Asimismo. a la fecha de suscripción de éste.
siempre que se cumplan con las características respectivas. . De presentarse una circunstancia que impida el normal desarrollo de una relación contractual. En caso de surgir diferencias o discrepancias respecto de la continuidad del contrato.Los artículos 165º y 166º regulan el tratamiento de las penalidades en caso se generen atrasos o incumplimientos en las prestaciones de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado. A través de dichos mecanismos se fijarán los daños y perjuicios a ser indemnizados dependiendo de cada caso en particular. corresponderá a la Entidad y al contratista evaluar la posibilidad de resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor. corresponde a las partes recurrir a los mecanismos de solución de controversias que prevé la Ley y el Reglamento.
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