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Timestamp: 2019-02-21 04:30:44
Document Index: 227787948

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 173', 'artículo 58', 'artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 171', 'artículo 11', 'artículo 161', 'artículo 171', 'artículo 11', 'artículo 171', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 119', 'artículo 9']

Registro Oficial. 11 de DICIEMBRE del 2003
Jueves, 11 de Diciembre del 2003 - R. O. No. 230
2003-26\n Ley interpretativa\n del literal b) del artículo 58-A, de la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial N0 181 de 30 de abril de 1999, y reformada por\n la Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial N0 34\n de 13 de marzo de 2000.
1115 Incorpóranse a las Fuerzas\n Armadas Permanentes a varios oficiales superiores de la Fuerza\n Naval.
1116\n Ratificase el\n "Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre\n la República del Ecuador y la República de El Salvador".
1116-A Confiérese la condecoración\n "Policía Nacional" de "Primera Categoría",\n al Teniente Coronel de Policía Víctor Mauricio\n Bolaños Cazar
1117 Confiérese la condecoración\n "Policía Nacional" de "Primera Categoría",\n al Teniente Coronel de Policía de E.M. César A.\n Flores Echeverría
1118 Confiérese la condecoración\n "Al Mérito Profesional", en el grado de "Caballero",\n al Coronel de Policía de E.M. Dr. Nelson Villena Chávez
1119 Confiérese la condecoración\n "Policía Nacional", de "Segunda Categoría",\n al Mayor de Policía Patricio Napoleón Gutiérrez\n Freire
1120 Expídense las reformas\n al Decreto Ejecutivo N0 772, publicado en el Registro Oficial\n N0 158 de 29 de agosto de 2003.
1121 Nómbrase al señor\n Ángel Belisario Velázquez Calderón, para\n desempeñar las funciones de representante del Presidente\n Constitucional de la República ante el Directorio de la\n EMAPA, Regional La Estancilla
1122\n Ratificase el\n "Protocolo Adicional a la Convención sobre prohibiciones,\n restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que\n puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados\n (Protocolo IV)"
1123 Concédese licencia el\n 28 de noviembre de 2003, al señor abogado Carlos Pólit\n Faggioni, Ministro de Bienestar Social
NAC-0846\n Derógase\n la Resolución N0 208 de 22 de diciembre de 1999, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 351 de 31 de diciembre\n de 1999.
040-2002-TC Deséchase la demanda\n de inconstitu-cionalidad presentada por la señora Gloria\n Chicaiza.
694-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n propuesta por el señor Jorge Blucher Weir Montaño.
002-2003-DI Deséchase la inconstitucionalidad\n del artículo 173-A del Código de Procedimiento\n Penal, publicado en el Registro Oficial N0 743 de 13 de enero\n de 2003.
003-2003-CI Emítese dictamen favorable\n previo a la aprobación del Protocolo Adicional entre la\n República del Ecuador y el Reino de España que\n modifica el Convenio de Doble Nacionalidad de 4 de marzo de 1964.
018-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n formulada por Edwin Patricio Feijoo Amán.
020-2003-HD Revócase la resolución\n subida en grado y concédese la acción de hábeas\n data propuesta por el ingeniero Rubén Andrade Burgos y\n otra.
024-2003-TC Acéptase parcialmente\n la demanda de inconstitucionalidad presentada por los mil y más\n ciudadanos que designaron procurador común al tecnólogo\n Jorge Calderón Cazco, Presidente de la Federación\n Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador.
031-2003-TC Deséchase la demanda\n de inconstitu-cionalidad planteada por Fausto Enrique Arcos Rendón.
0195-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por los señores Alcalde y Procurador Sindico del Municipio\n de Esmeraldas.
216-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el señor doctor Pedro Velasco Erazo y\n otros y revócase la resolución del Juez Cuarto\n de lo Civil del Carchi.
0253-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n señor Aníbal Oleas Aldaz.
319-2003-RA Revócase la decisión\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n constitucional presentada por el señor Leoncio Wilfrido\n Lliguisupa Muñoz.
404-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el Coronel de Policía de E.M. Ing. Marco Rodrigo Amores\n Segovia, por improcedente.
451-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia e inadmítese la acción de\n amparo constitucional propuesta por el Coronel de Policía\n de E.M. Francisco Isidoro García Muñoz
498-2003-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por la doctora María Elena Chávez,\n Jueza Vigésima Tercera de lo Civil de Pichincha, que niega\n la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor\n Julio César Amores Robalino.
522-2003-RA\n Confirmase la\n resolución venida en grado y concédese la acción\n de amparo constitucional, planteada por las accionantes de las\n empresas Bosques Tropicales S.A., BOTROSA y Enchapes Decorativos\n S.A., ENDESA.
534-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el abogado Christian Leuschner Luque y confirmase la resolución\n del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil\n
Quito. 2 de diciembre de 2003
\n Oficio No. 0827-PCN
El Congreso Nacional del Ecuador, de conformidad con las atribuciones\n que le confiere la Constitución Política de la\n República, discutió y aprobó el proyecto\n de LEY INTERPRETATIVA DEL LITERAL b) DEL ARTICULO 58-A, DE LA\n LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PUBLICAS, PUBLICADA EN EL\n SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 181 DE 30 DE ABRIL DE 1999,\n Y REFORMADA POR LA LEY PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO\n OFICIAL No. 34 DE 13 DE MARZO DE 2000.
En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n para la publicación en el Registro Oficial remito copia\n certificada del texto de la Ley, así como también\n la certificación del señor Secretario General del\n Congreso Nacional, sobre las fechas de los respectivos debates.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY INTERPRETATIVA DEL\n LITERAL b) DEL ARTICULO 58-A, DE LA LEY PARA LA REFORMA DE LAS\n FINANZAS PUBLICAS, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL\n No. 181 DE 30 DE ABRIL DE 1999, Y REFORMADA POR LA LEY PUBLICADA\n EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No; 34 DE 13 DE MARZO DE\n 2000, fue discutido y aprobado de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE: 26-06-2003.
\n SEGUNDO DEBATE: 02-12-2003.
Quito, 2 de diciembre de 2003.
No 2003-26
Que la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n en el literal b) de su artículo 58-A, establece un fondo\n para financiar la rectificación y pavimentación\n de la vía Troncal Amazónica, que se alimenta de\n depósitos que deberían ser transferidos en forma\n automática, en la cuenta denominada "Troncal Amazónica",\n existente en el Banco Central del Ecuador a cargo del Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones;
Que no obstante la forma automática con que deben depositarse\n los recursos por mandato legal, varios funcionarios públicos\n haciendo caso omiso han efectuado interpretaciones indebidas\n al texto de la Ley;
Que es indispensable aclarar la norma vigente con la finalidad\n de evitar interpretaciones inadecuadas al literal b) del artículo\n 58-A de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n que ha dado lugar a aplicaciones equivocadas del texto legal,\n derivando en hechos que violentan la intención del Legislador;
Que el numeral 5 del artículo 130 de la Constitución\n Política de la República establece, como deber\n y atribución del H. Congreso Nacional, la interpretación\n de la Ley cuando ésta es oscura o insuficiente en su texto\n respecto de su espíritu;
Que el artículo 3 del Código Civil, en concordancia\n con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función\n Legislativa, establece que solamente el Congreso Nacional, por\n intermedio de sus Legisladores, puede interpretar la Ley en forma\n generalmente obligatoria, interpretación ésta que\n es conocida doctrinariamente como Interpretación Auténtica;\n y,
LEY INTERPRETATIVA DEL LITERAL b) DEL ARTICULO 58-A, DE LA\n LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PUBLICAS, PUBLICABA EN EL\n SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 181 DE 30 DE ABRIL DE 1999,\n Y REFORMADA POR LA LEY PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO
\n DEL REGISTRO OFICIAL No. 34 DE 13 DE MARZO DE 2000
Art. 1. Interprétase el literal b) del artículo\n 58-A de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n en el siguiente sentido:
Los depósitos que alimentan el fondo destinado a rectificar\n y pavimentar la vía Troncal Amazónica, se acreditarán\n sin necesidad de autorización ni orden previa, mediante\n anticipos mensuales, en el Banco Central del Ecuador en la cuenta\n denominada "Troncal Amazónica", a cargo del\n Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Art. 2. La presente Ley Interpretativa entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n dos días del mes de diciembre del año dos mil tres.
f) Gilberto Vaca García, Secretario General.
CONGRESO NACIONAL.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaria\n General.- Día: 3 de diciembre de 2003.- Hora:
\n 12h00.- f.) Ilegible.-Secretaría General.
N0 1115
CPNV. EMC. HIDALGO ZAMBRANO RAUL, por finalizar las funciones\n de Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados\n Unidos de Norteamérica, nombrado mediante Decreto Ejecutivo\n N0 2647, expedido el 14 de mayo de 2002.
CPNV. EM. MONCAYO CACERES CARLOS, por finalizar las funciones\n de Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados\n Unidos de Norteamérica y Oficial de Enlace, integrando\n el Estado Mayor de NAVSOUTH, nombrado mediante Decreto Ejecutivo\n N0 2745, expedido el 13 de junio de 2002.
Del 14 de diciembre de 2003 por el lapso de 18 meses:
CPNV. EM. SARZOSA AGUIRRE Ángel ISAAL, Agregado Naval\n Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos de Norteamérica.
Del 25 de diciembre de 2003. por el lapso de 18 meses:
CPNV. EM. ZAMBRANO CUEVA OSWALDO FABIAN, Oficial de Enlace,\n integrando el Estado Mayor de NAVSOUTH, en calidad de Agregado\n Naval Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos\n de Norteamérica.
Dado, en el Palacio Nacional, en Quitó, D.M., a 27\n de noviembre de 2003.
Que el 15 de noviembre de 1999, en la ciudad de San Salvador,\n el Ecuador suscribió el "Convenio sobre Asistencia\n Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador\n y la República de El Salvador";
Que dicho convenio tiene por objeto coordinar entre los dos\n países las acciones de prevención, control y represión\n del delito en todas sus formas, a través de acciones conjuntas\n de la ejecución de programas concretos y la agilización\n de los mecanismos tradicionales de asistencia judicial;
Que la Asesoría Técnico Jurídica del\n Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante dictamen 24/AJ\n de 8 de febrero de 2000, consideró que este convenio debe\n ser aprobado o improbado por el Honorable Congreso Nacional,\n en razón de que recae en el numeral 5 del artículo\n 161 de la Constitución Política del Estado;
Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n número 005-2002-el de 26 de noviembre de 2002, de acuerdo\n a las disposiciones de los artículos 162 y 276, numeral\n 5 de la Constitución Política del Estado, dictaminó\n la conformidad de dicho instrumento internacional con la Ley\n Suprema de la República;
Que el Honorable Congreso Nacional, a través de Resolución\n R-24-078 de 21 de mayo de 2003 y en aplicación de los\n artículos 161 y 130, numeral 7 de la Constitución\n Política de la República, aprobó el mencionado\n convenio;
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Estado y el artículo 11, literal ch) del Estatuto\n del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva,\n vigentes,
ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Convenio sobre Asistencia\n Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador\n y la República de El Salvador", suscrito en la ciudad\n de San Salvador el 15 de noviembre de 1999.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 27 de noviembre de\n 2003.
No. 1116-A
La Resolución N0 2003-653-CsG-PN del H. Consejo de\n Generales de la Policía Nacional de noviembre 6 de 2003;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio N0 2237-SPN de noviembre 21 de 2003, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional con oficio\n N0 1 020-DGP-PN de noviembre 20 de 2003;
Art. 1.- Conferir la Condecoración "POLICIA NACIONAL"\n de "PRIMERA CATEGORIA", al Teniente Coronel de Policía\n VICTOR MAURICIO BOLAÑOS CAZAR.
La Resolución N0 2003-652-CsG-PN del H. Consejo de\n Generales de la Policía Nacional de noviembre 6 de 2003;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio N0 2238-SPN de noviembre 21 de 2003, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional con oficio\n N0 1021 -DGP-PN de noviembre 20 de 2003;
Art. 1.- Conferir la Condecoración "POLICIA NACIONAL"\n de "PRIMERA CATEGORIA", al Teniente Coronel de Policía\n de E.M. CESAR A. FLORES ECHEVERRIA.
La Resolución N0 2003-68l-CsG-PN de noviembre 13 de\n 2003 del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio N0 2240-SPN de noviembre 21 de 2003, previa solicitud\n del General Inspector, Lcdo. Jorge Fernando Poveda Zúñiga,\n Comandante General de la Policía Nacional con oficio N0\n 1022-DGP-PN de noviembre 20 de 2003;
De conformidad con los Arts. 4, inciso primero y 17 inciso\n tercero del Reglamento de Condecoraciones de la Policía\n Nacional; y,
Art. 1.- Conferir la Condecoración "AL MERITO\n PROFESIONAL", en el grado de "CABALLERO", al
\n Coronel de Policía de E.M., Dr. NELSON VILLENA CHAVEZ,\n por haber ejercido el profesorado en las escuelas de educación\n policial.
La Resolución N0 2003-680-CsG-PN de noviembre 6 de\n 2003 del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio N0 2239-SPN de noviembre 21 de 2003, previa solicitud\n del General Inspector, Lcdo. Jorge Fernando Poveda Zúñiga,\n Comandante General de la Policía Nacional con oficio N0\n 1019-DGP-PN de 20 noviembre de 2003;
Art. 1.- Conferir la Condecoración "POLICIA NACIONAL"\n de "SEGUNDA CATEGORIA", al Mayor de Policía\n PATRICIO NAPOLEON GUTIERREZ FREIRE, por cumplir 20 años\n de servicio en la institución policial.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 772, publicado en el Registro\n Oficial 158 de 29 de agosto de 2003, se constituyó el\n Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) como un organismo\n adscrito a la Presidencia, de la República;
Que el Programa de Manejo de Recursos Costeros desarrolla\n sus actividades con la participación de entidades del\n sector público, instituciones privadas, grupos de usuarios,\n municipalidades de la faja costera y comunidades, el mismo que\n ha cumplido en lo fundamental con el proceso de formulación\n de los planes de Manejo y Desarrollo, por lo que, se hace indispensable\n pasar a la fase de ejecución, para lo cual han ofrecido\n financiamiento organismos internacionales de crédito;
Que es deber del Gobierno Nacional recoger las justas aspiraciones\n de los diversos Sectores e instituciones involucrados con el\n Programa de Manejo de Recursos Costeros, para cuyo efecto se\n requiere introducir modificaciones en la actual estructura del\n programa, a fin de que pueda ejecutar los planes de manejo existentes\n y ampliar el manejo de los recursos costeros a toda la faja costera;\n y,
En ejercicio de sus atribuciones que le confiere el Art. 171,\n numeral 9 de la Constitución Política de la República,
Expedir las siguientes reformas al Decreto Ejecutivo N0 772,\n publicado en el Registro Oficial No. 158 de 29 de agosto de 2003.
Art. 1.- En el Art. 1 sustitúyase la frase: económico\n y administrativamente" por: '~financiero y administrativo"
Art. 2.- En el Art. 2 suprímase las frases: "técnico\n industrial" y "Los Ríos y Galápagos".
Art. 3.- En el Art. 3, incorpórase luego del literal\n a), uno que diga: "... Secretaría Técnica".
Art. 4.- En el literal d) del Art. 4, sustitúyase la\n frase: 'y Pesca" por: '~Pesca y Competitividad"; y\n al final de los literales, incorpóranse los siguientes:
f) El Ministro del Ambiente, o su delegado;
g) Un representante de las municipalidades de la faja costera.
Art. 5.- En el Art. 5, en los literales b), e), e), f) y g)\n sustitúyase la palabra "Aprobar" por la palabra:\n "Ratificar"; y, en el literal d) la frase "Crear\n y suprimir" por 'Ratificar la creación o supresión\n de..."; e incorpóranse los siguientes literales:
"Promover las políticas y estrategias de Manejo\n Costero Integrado en el marco de las políticas ambientales\n nacionales, y vigilar su cumplimiento; y,
"Supervisar la ejecución de las actividades del\n PMRC de conformidad con los Planes Operativos Anuales; el Plan\n de Manejo y Desarrollo de las Zonas Especiales.".
Art. 6.- En el Art. 7 incorpórase el siguiente literal:
d) Disponer la fiscalización de la ejecución\n de los proyectos y/o actividades aprobados por la Secretaría\n Técnica.
Art. 7.- Sustitúyase el Art. 8 por el siguiente:
"Art. 8.- El Director Ejecutivo será designado\n por el Presidente de la República, de una terna de profesionales\n de amplia experiencia en manejo de recursos costeros, sometida\n a su consideración por la Comisión Nacional, en\n base al análisis previo realizado por la Secretaria Técnica,\n el cual tendrá las siguientes atribuciones:
a) Administrar el Programa de Manejo do Recursos Costeros\n y celebrar los convenios y contratos que se requiera para el\n cumplimiento de los objetivos del organismo, previo informe de\n la Secretaria Técnica;
b) Someter a consideración de la Secretaría\n Técnica el
\n Plan de Trabajo Anual del Programa y el Plan de
\n Manejo y Desarrollo de las Zonas Especiales de Manejo;
c) Someter a consideración de la Secretaria Técnica\n la pro forma del presupuesto anual del Programa;
d) Autorizar los gastos que demande el funcionamiento del\n Programa e informar de la ejecución de los mismos a la\n Secretaría Técnica;
e) Proponer a la Secretaria Técnica la creación\n o suspensión de Zonas Especiales de Manejo, debidamente\n justificadas, en cada caso;
f) Proponer a la Secretaría Técnica el Plan\n Operativo Anual de las Zonas Especiales de Manejo;
g) Proponer a la Secretaría Técnica la designación\n y remoción de los delegados zonales y del personal del\n Programa, con sujeción a las disposiciones vigentes sobre\n la materia;
h) Actuar como Secretario de la Comisión Nacional;\n e,
i) Las demás que se le asignen.".
Art. 8.- A continuación del Art. 8, inclúyase\n uno que diga:
"Art. ........ La Secretaría Técnica estará\n conformada por:
a) El Subsecretario de Gestión Ambiental Costera, o\n su delegado, quien la presidirá;
b) El Subsecretario de Turismo del Litoral, o su delegado;\n y,
c) El Subsecretario de Recursos Pesqueros, o su delegado.
La Secretaria Técnica se reunirá en la Subsecretaria\n de Gestión Ambiental Costera, y tendrá las siguientes\n funciones:
a) Someter a ratificación de la Comisión Nacional,\n los Programas Operativos Anuales; el Plan de Trabajo Anual; el\n Plan de Manejo y Desarrollo de la Zonas Especiales; la Pro forma\n de Presupuesto Anual del Programa; la creación o supresión\n de Zonas Especiales de Manejo; y, el Plan Operativo Anual de\n las Zonas Especiales de Manejo;
b) Aprobar los proyectos de los instrumentos señalados\n en el literal anterior, presentados por el Director Ejecutivo\n del Programa; y, evaluar los proyectos ejecutados por la Dirección\n Ejecutiva del Programa;
c) Aprobar el financiamiento de los proyectos elaborados en\n las zonas existentes y por crearse;
d) Someter a consideración de la Comisión Nacional,\n el análisis de una terna de profesionales de amplia experiencia\n en manejo de recursos costeros, para la designación del\n Director Ejecutivo del Programa por parte del Presidente Constitucional\n de la República;
e) Dictar los reglamentos internos de constitución\n y funcionamiento de los comités de contratación\n dentro del programa;
f) Aprobar las medidas administrativas de coordinación\n de las acciones de manejo de las áreas costeras;
g) Emitir informe previo y autorizar al Director Ejecutivo,\n de ser el caso, la suscripción de los convenios y contratos\n que se requieran para la administración del Programa,\n observando para el efecto, las normas del convenio de préstamo\n sobre contratación y supletoriamente las de la Ley de\n Contratación Pública y demás leyes conexas,\n en cuanto fueren aplicables;
h) Aprobar la selección del personal técnico\n de la Dirección Ejecutiva del Programa a través\n de procesos competitivos y transparentes; e,
i) Con el apoyo del Director Técnico del Programa,\n realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los\n proyectos que ejecutará el Programa.".
Art. 9.- Sustitúyase el tercer inciso del Art. 9, por\n el siguiente:
"Estos organismos estarán conformados con delegados\n de agrupaciones de usuarios, de organizaciones comunitarias debidamente\n legalizadas y de autoridades locales; su funcionamiento se establecerá\n en el respectivo reglamento interno expedido por la Comisión\n Nacional. El Reglamento establecerá también el\n sistema de consulta pública para la preparación\n de los Planes.".
Art. 10.- Sustitúyase el Art. 10 por el siguiente:
"Art. 10.- Las Unidades de Conservación y Vigilancia\n -UCV- promoverán el conocimiento y vigilarán el\n cumplimiento de las diversas leyes y reglamentos, así\n como de las normas administrativas y técnicas referidas\n a la protección, preservación y uso adecuado de\n los recursos.
Las UCV se conformarán con el personal competente de\n las instituciones y dependencias encargadas de aplicar las disposiciones\n legales y administrativas para el uso de los recursos costeros\n y del ambiente e integrarán las Unidades de Conservación\n y Vigilancia con los esfuerzos de tales instituciones y dependencias\n en las áreas relacionadas con la jurisdicción geográfica\n de la Capitanía de Puerto.
La coordinación de las Unidades estará a cargo\n del Capitán de Puerto y la oficina técnica del\n Ministerio del Ambiente.
El funcionamiento de las Unidades se regulará en la\n misma forma que se dispone en el artículo anterior para\n los Organismos Zonales.
Art. 11.- Sustitúyase el Art. 11 por el siguiente:
"Art. 11.- Las Zonas Especiales de Manejo -ZEM- son áreas\n geográficas dentro de las cuales el Programa desarrollará\n el Manejo Costero Integrado.
Se reconocen las siguientes Zonas Especiales de Manejo existentes:
a) Atacames - Súa - Muisne, en Esmeraldas;
b) Babia de Caráquez - San Vicente - Canoa, en Manabí;
c) Puerto López - Puerto Cayo - Ayampe, en Manabí;
d) San Pedro - Valdivia - Manglaralto, en Guayas;
e) Playas - Posorja - Puerto El Morro, en Guayas; y,
f) Machala - Puerto Bolívar - Jambelí, en El\n Oro;
Con recursos del Estado o con otros provenientes de organismos\n nacionales o internacionales se ampliarán los ámbitos\n geográficos de las ZEMs a las siguientes comunidades del\n filo costero:
a) En Esmeraldas: Palmarreal, Tachina Norte, Tonsupa, Chamanga\n y Pampanal de Bolívar;
b) En Manabí: Estuario del río Cojimíes,\n Pedernales y Jama;
c) En Guayas: San Pablo, Palmar, Santa Rosa, Anconcito, Chanduy,\n Engabao y Puná; y,
d) En El Oro: Puerto Jellí y Hualtaco.".
Art. 12.- En el Art. 12 sustitúyase la palabra: "organismo"\n por: "PRM"; y suprímase la palabra: "necesariamente"
Art. 13.- Suprímase la "DISPOSICION TRANSITORIA".
DISPOSICION GENERAL.- Encontrándose en negociación\n entre el GOE y el BID la II Fase del PMRC, una vez suscrito el\n correspondiente Contrato de Préstamo con los recursos\n provenientes de éste, se financiarán los proyectos\n que ejecutará el Programa y que estarán contenidos\n en los respectivos POAs.
ARTICULO FINAL.- De la ejecución del presente decreto\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase a los ministros de Defensa\n Nacional; de Agricultura y Ganadería; del Ambiente; de\n Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad;\n de Turismo y de Economía y Finanzas.
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 7 del Decreto Ejecutivo No. 1315, publicado en el Registro Oficial\n No. 288 de 20 de marzo de 2001, que expide el Reglamento General\n a la Ley de Creación de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado\n - EMAPA, Regional La Estancilla,
ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor ANGEL BELISARIO\n VELAZQUEZ CALDERON, para desempeñar las funciones de representante\n del Presidente Constitucional de la República ante el\n Directorio de la EM APA, Regional La Estancilla.
Que, el 13 de octubre de 1995 en la ciudad de Nueva York,\n el Ecuador suscribió el "Protocolo Adicional a la\n Convención sobre Prohibiciones, Restricciones del Empleo\n de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente\n Nocivas o de Efectos Indiscriminados, (Protocolo IV)";
Que, el Protocolo tiene como objetivo la prohibición,\n restricción del empleo de ciertas armas convencionales\n que puedan considerar excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados;
Que, la Asesoría Técnico Jurídica del\n Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante dictámenes\n 98-ATJIDGT/2003 de 24 de marzo último y el 324-ATJ-DGT/2003,\n 1 13/ATJ/2003 de 4 de agosto de 2003, considera que este Protocolo\n no debe ser aprobado o improbado por el Honorable Congreso Nacional,\n al. no recaer en el artículo 161 de la Constitución\n Política del Estado, por lo que, debe ser ratificado por\n el señor Presidente Constitucional de la República,\n según lo dispone el artículo 171 numeral 12 de\n nuestra Carta Magna y el artículo 11, literal ch) del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República y el artículo 11, literal ch) del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Protocolo Adicional\n a la Convención sobre Prohibiciones, Restricciones del\n Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse\n Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, (Protocolo\n IV)", suscrito el 13 de octubre de 1995 en la ciudad de\n Nueva York.
ARTICULO SEGUNDO.- Deposítese el instrumento de ratificación\n respectivo ante el Secretario General de la Organización\n de las Naciones Unidas, Nueva York.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Registro Oficial\n el texto del mencionado instrumento internacional, al cual declaro\n Ley de la República, comprometiendo pera su observancia\n el Honor Nacional.
\n f.) Patricio Zuquilanda Duque. Ministro de Relaciones
Es fiel copia del original.- Lo califico.
ARTICULO PRIMERO.- Conceder licencia el 28 de noviembre de\n 2003, al señor abogado CARLOS POLIT FAGGIONI, Ministro\n de Bienestar Social, para que pueda ausentarse al exterior y\n atender asuntos de índole personal.
ARTICULO SEGUNDO.- Mientras dure la ausencia del titular,\n se encarga el Ministerio de Bienestar Social, a la doctora Angélica\n Altamirano, Subsecretaria de Desarrollo Humano.
No. NAC-0846
Renato Pérez Espinosa
\n DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS
\n INTERNAS (E)
Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación\n del Servicio (le Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director General expedirá\n mediante resoluciones, circulares o disposiciones de carácter\n general y obligatorio, necesarias para la aplicación de\n las normas legales y reglamentarias;
Que sobre la base del Art. 22 del Reglamento de Facturación,\n expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1011, publicado en el\n Registro Oficial No. 222 de 29 de junio de 1999, se emitió\n por parte de esta Dirección la Resolución No. 208\n de 22 de diciembre de 1999, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 351 de 31 de diciembre de 1999;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro\n Oficial No. 679 de 8 de octubre de 2002, se expidió el\n Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, el mismo\n que en su disposición final primera, expresamente deroga\n al referido Reglamento de Facturación;
Y, en uso de sus atribuciones legales,
Art. 1.- Derógase la Resolución No. 208 de 22\n de diciembre de 1999, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 351 de 31 de diciembre de 1999.
Art. 2.- La presente resolución es de carácter\n general y obligatorio y entrará en vigencia a partir de\n su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 1 de diciembre de\n 2003.- Comuníquese y publíquese.
Proveyó firmó la resolución que antecede\n el señor Renato Pérez Espinosa, Director General\n del Servicio de Rentas Internas (E), en Quito, a 1 de diciembre\n de 2003.
Lo certifico.- f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del\n Servicio de Rentas Internas.
Nro. 040-2002-TC
En el caso Nro. 040-2002-TC
ANTECEDENTES: La señora Gloria Chicaiza, en su calidad\n de Presidenta de Acción Ecológica, comparece ante\n este Tribunal y solicita se declare la inconstitucionalidad por\n el fondo de varios artículos de la Ley de Migración,\n así como que se declare toda la ley inconstitucional por\n la forma.
Manifiesta que la ley mencionada fue expedida por un dictador\n y no por el Congreso Nacional, lo que violaba la Constitución\n Política de 1968 entonces vigente, por lo que es inconstitucional\n por la forma. Señala que hay varias disposiciones que\n son inconstitucionales por el fondo, y empieza por referirse\n a las consideraciones de la Ley de Migración que contienen\n frases como "impedir el ingreso de extranjeros"y"asumir\n la re presión de la inmigración y radicación\n clandestina", cuya aplicación por parte de la Policía,\n ha dado como resultado actos que vulneran la dignidad y los derechos\n humanos de los extranjeros.
Entre las disposiciones impugnadas, se señalan: el\n artículo 5 que establece que los agentes de la policía\n migratoria tendrán facultades discrecionales en el cumplimiento\n de los deberes establecidos por esta ley; el acápite II\n de dicho artículo dispone la facultad de interrogar a\n todo extranjero sujeto a fuero territorial, y revisar sus efectos\n personales "cuando presuman la existencia de alguna causa\n de exclusión o deportación del país".\n A decir de la peticionaria, los actos de los miembros de la policía\n deben ser celosamente reglados, pues dejar una facultad de esa\n naturaleza a su criterio, pone en peligro a los extranjeros que\n pueden ser incluso presa fácil de la tortura, tratos denigrantes,\n privación de libertad y extorsión. Dicho acápite,\n según la accionante, desconoce el artículo 24 número\n 5 de la Constitución Política vigente, que establece\n la prohibición de practicar interrogatorios sin la asistencia\n del abogado defensor, además de que crea condiciones para\n evadir lo dispuesto por el artículo 24, número\n 9 que dispone que nadie puede ser compelido a declarar en contra\n de si mismo, en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad\n penal; además se presta a la violación del número\n 12 del mismo artículo constitucional, pues el gendarme\n ecuatoriano jamás se preocupará por informar al\n extranjero en su idioma materno, de las acciones iniciadas en\n su contra. Además el dejar a criterio de la Policía\n este tipo de cuestiones, es una arrogación de atribuciones\n prohibida por el artículo 119 de la Carta Magna.
El artículo 9 de la ley dispone que no podrán\n ser elegibles para obtener visa y deberán ser excluidos\n al solicitar su admisión al país, los extranjeros\n sujetos al fuero territorial que estuvieren comprendidos en cualquiera\n de las 14 causales que contempla dicha norma, muchas de las cuales\n son arbitrarias. El acápite 1 establece que la deportación\n es resuelta en única y definitiva instancia, por un funcionario\n de segundo orden, dependiente directo del Ministro de Gobierno.\n De manera que, señala la accionante, si el extranjero\n fuera deportado por capricho o en base a una causal inaplicable\n al caso o arbitraria, ya no podría ingresar ni asentarse\n en el país. El acápite VII del referido articulo,\n se refiere a la causal de enfermedad grave, crónica y\n contagiosa; el acápite VIII alude a psicosis aguda o crónica,\n manía peligrosa, desviación sexual, parálisis\n general progresiva, alcohólicos habituales, atávicos,\n epilépticos, idiotas, cretinos, ciegos y los inválidos\n a quienes su lesión les impide el trabajo. Según\n la demandante, aparte de que una enfermedad o retraso mental\n no puede ser motivo para rechazar una solicitud de visa, no se\n sabe cómo se determinaría y quién lo determinaría\n si una persona padece de psicosis aguda, o si más bien\n es crónica, si tiene una manía y si esta manía\n es peligrosa, o si tiene una opción sexual diferente.\n El acápite IX hace referencia a los polizones, mendigos\n profesionales, analfabetos, afectados por gigantismo y en general\n los que podrían convertirse en carga pública. El\n acápite XI confunde los narcotraficantes con los toxicómanos\n o narco dependientes, pese a que en el Ecuador se encuentra despenalizado\n el consumo de drogas. El acápite XII niega la visa y deporta\n a quienes atenten contra la moral y las buenas costumbres. El\n acápite XIII impide la entrada al país a quienes\n pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones nihilistas.\n El acápite XIV establece como causal el que una persona\n pretenda ingresar al país exclusiva, principal o incidentalmente,\n para emprender actividades perjudiciales al interés público\n o comprometer el prestigio o seguridad nacionales.
Respecto a las violaciones constitucionales, la accionante\n hace alusión a varios derechos contenidos en el artículo\n 23 de la Constitución: la integridad personal porque se\n da pie a tratos degradantes; la libertad física, porque\n alienta la aprehensión y privación de la libertad\n arbitrarias; la igualdad ante la ley, porque de manera explícita\n discrimina a los enfermos, a los analfabetos, a los discapacitados,\n a quien adolezca de alguna deformidad física y a las minorías\n sexuales; la libertad de opinión y libertad de pensamiento\n por cuanto bastaría una declaración que no guste\n al gobierno para que el Intendente deporte al extranjero; la\n libertad de conciencia porque no se admite que un extranjero\n que ingrese al país, tenga una ideología política\n contraria al neoliberalismo; el derecho a ingresar y transitar\n pacíficamente por el país, porque impide su ejercicio\n al impedir el ingreso o deportar sin causa justa; el derecho\n a guardar reserva sobre sus convicciones políticas, al\n propiciar interrogaciones para saber cómo piensa el extranjero,\n para calificarlo de nihilista y deportarlo; el derecho a participar\n en la vida cultural de la comunidad; el derecho a tomar decisiones\n libres y responsables sobre su vida sexual, por cuanto la homosexualidad\n seria causal de deportación; y, el derecho al debido proceso,\n pues la negativa de la entrada al país se deja a criterio\n de los agentes policiales, y la deportación a un intendente\n de policía que falla sin competencia ni objetividad y\n sin respetar las garantías consagradas en el artículo\n 24 de la Constitución.
Además se se&ntil