Source: http://tuteladelaejecucionjudicial.blogspot.com/2013/10/fraude-procesal-de-hipoteca-ley.html
Timestamp: 2017-12-16 05:13:54
Document Index: 325082948

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 248', 'artículo 607', 'artículo 607', 'artículo 929', 'artículo 607']

FRAUDE PROCESAL, EJECUCION DE HIPOTECA
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/1548-181011-2011-10-1192.html
Consta en autos que, el 3 de noviembre de 2010, la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA BRIAL C.A., con inscripción ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 19 de mayo de 2005, bajo el n.º 42, tomo
89-A, mediante la representación de la abogada Aida Graciela Ramones Blanco, con inscripción ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º 79.902 interpuso, ante esta Sala, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 11 de mayo de 2010, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En sesión de 7 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional designó Magistrados principales y suplentes de este Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.569 del 08.12.10). Luego, el 9 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala Constitucional según consta del Acta de instalación correspondiente (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.573 del 14.12.10). La ponencia correspondió a la Magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado.
1.2. Que, para la ejecución del embargo, fue comisionado el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; no obstante, la comisión fue atribuida, previa distribución, al Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de la misma Circunscripción Judicial que la practicó el 12 de noviembre de 2008, en el inmueble n.º 13-13, Barrio Verdum, calle Principal, Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo. En ese acto, la demandada y el ciudadano Pedro Germán Zapata, quien declaró ser concubino de aquélla, ambos con la asistencia de la abogada Ana María Ruiz Aponte, convinieron en el decreto intimatorio “…sin tener objeción a la litis ni al instrumento que la origina…” y, además, se comprometieron:
“…a dar en forma de pago el Vehículo embargado anteriormente [Marca Chevrolet, modelo Caprice año 1997, color plata] con el compromiso de que si cancelamos la cantidad de catorce mil bolívares (Bs. 14.000,00), para el día miércoles 19 de noviembre de 2008 me será devuelta la propiedad del mismo y solicit[aron] al actor el lapso prudencial de diez días a partir de [ese día] para terminar de convenir y pagar el decreto intimatorio…”
1.5. Que, el 30 de junio de 2009, el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego y Naguanagua embargó ejecutivamente la villa n.º 65, modulo 7, que forma parte del Conjunto Residencial Los Faroles, en la Calle Rondón 202, Casco de San Diego, Municipio San Diego del Estado Carabobo, propiedad de la demandada. Dicho inmueble fue adquirido con dinero proveniente de un préstamo del Banco Sofitasa Banco Universal C.A. y sobre éste se constituyó hipoteca de primer grado hasta la cantidad de ciento treinta y tres mil seiscientos bolívares fuertes (Bs. F. 133.600,00) con sujeción a los lineamientos de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
1.6. Que, el 27 de julio de 2009, la supuesta agraviada se opuso al embargo ejecutivo, con fundamento en que el inmueble sujeto a la medida era su vivienda principal y pidió, que se dejase sin efecto el embargo preventivo ya que los muebles no eran propiedad de la demandada sino de su madre, quien es la propietaria del inmueble donde se hallaban y el vehículo era propiedad de un tercero, ciudadano Pedro Germán Zapata. Argumentó, además, que la letra de cambio cuyo pago se le intimó no fue aceptada por ella y que, no se dio cuenta de ello sino cuando la vio en el expediente, al que no tuvo acceso el día en que se practicó la medida precautelar. En esa oportunidad, consignó documentos demostrativos de la propiedad de los bienes objeto de los embargos preventivo y ejecutivo,
1.14. Durante la audiencia pública, el representante de la parte actora informó, a solicitud de los magistrados Francisco Antonio Carrasquero López y Carmen Zuleta de Merchán que: i) Distribuidora Brial C.A. es una compañía que se dedica a la fabricación y comercialización de productos como ropa y cosméticos con muchos años en el mercado, con aproximadamente cinco mil (5.000) personas que trabajan de manera directa o indirecta; ii) la señora Marbellis Peroza, es una empresaria independiente que pidió créditos a Distribuidora Brial C.A, los que podría comprobar con facturas y notas de despacho; iii) que, durante los tres a cuatro años, que la intimada tuvo relaciones comerciales con la compañía había cancelado sus deudas puntualmente y no fue sino al final, que adquirió unas colecciones bastante amplias, cuando incurrió en mora; iv) afirmó no saber a que se refiere la tercero cuando afirma que su relación de trabajo la sostuvo la sociedad Moda Internacional.
“…se suspendan los efectos de la sentencia contra la cual se recurre en amparo constitucional.”
“…pid[ió] al Tribunal admita la presente acción de amparo constitucional y lo sustancie conforme a derecho, declarándola CON LUGAR en la sentencia de mérito.”
“…PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial de fecha 22 de octubre de 2009.
TERCERO: Se declara la NULIDAD del embargo preventivo practicado en fecha 12 de noviembre de 2008 por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por carencia de competencia del mencionado Juzgado Cuarto de Primera Instancia, comitente para la práctica de la medida.
SEXTO: Se declara la NULIDAD del decreto de embargo ejecutivo dictado por el mencionado Tribunal en fecha 27 de mayo de 2009, así como del mandamiento de ejecución devenido de éste, de fecha 25 de junio de 2009, por carencia de la competencia anotada. En consecuencia, se declara NULO el embargo ejecutivo practicado en fecha 30 de junio de 2009 por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego, Naguanagua y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
NOVENO: Se acuerda remitir copia certificada del presente fallo y de la experticia de fecha 22 de septiembre de 2009, practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Laboratorio Criminalístico Toxicológico Táchira, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Táchira, a fin de que si lo creyere procedente, se inicie el procedimiento respectivo contra los abogados GONMAR GONZALO PÉREZ MENDOZA, MARTHA ISABEL UTRERA LUGO, RAFAEL ALBERTO SÁNCHEZ CONTRERAS y ÁMBAR LORENA ANGULO ZAMBRANO, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.505.764, V-14.099.179, V- 9.236.806 y V- 14.941.455 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 83.721, 101.439, 70.626 y 116.441 respectivamente, por la presunta comisión de hechos en contra de los postulados éticos previstos en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y en el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano.
DÉCIMO PRIMERO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.”
1. La materia sometida a su conocimiento era la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 22 de octubre de 2009 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró sin lugar la oposición a las medidas de embargo preventivo y ejecutivo interpuesta por la parte demandada y la condenó en costas, no obstante procedió a establecer lo siguiente:
“…El instrumento cambiario al que refiere la presente acción señala como fecha de libramiento el 11 de octubre de 2005, y de vencimiento el 11 de diciembre de 2005. Seguidamente al nombre de la librada, en la misma caligrafía (manual), señala que ésta se encuentra ‘Residenciada en: Verdun, Calle Libertad, casa # 13-13, Central Tacarigua, Distrito Carlos Arvelo’, pudiendo observarse que en caligrafía diferente y fuera de línea después de la dirección de residencia de la librada, fue agregada la mención: ‘Lugar del pago San Cristóbal Estado Táchira Venezuela’. (sic)
Observa igualmente que en el libelo de demanda el accionante expresamente declara que la librada se encuentra ‘domiciliada en el Estado Carabobo, Parroquia Miguel Peña, Municipio Los Guayos’ (f. 1); y que el auto de admisión e intimación de la demanda del 15 de octubre de 2008 señala que ésta se encuentra ‘domiciliada en la Parroquia Miguel – (Peña)-, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo’ (f. 4). Que así mismo, señala:
Del dictamen pericial en referencia, se concluye sin lugar a duda alguna, que la mención ‘LUGAR DEL PAGO SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA’ fue adicionada al pie del instrumento utilizando un reducido espacio y fuera de línea, a lo largo de la parte inferior de la misma, con posterioridad a su libramiento y por persona distinta a la que la elaboró, presumiéndose la intención de sustraerse de la jurisdicción señalada como dirección de la persona librada inmediatamente después de su nombre, esto es, la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En el caso concreto, la misma fue promovida en tiempo hábil (fs. 119 al 121). En efecto, la articulación probatoria de ocho (8) días fue abierta por el a quo de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha 06 de agosto de 2009, en el que se estableció que dicho lapso probatorio comenzaría a transcurrir una vez que constara en autos la última notificación que de dicho auto se hiciera a las partes (f. 109). La última notificación efectuada fue la del abogado Gonmar Pérez Mendoza, apoderado judicial de la parte actora, en fecha 21 de septiembre de 2009, de la cual dio cuenta el Alguacil del a quo mediante diligencia de la misma fecha (fs. 114 y 115). La prueba fue promovida por el apoderado judicial de la demandada, mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2009 (fs. 119 y 121), y admitida por el Tribunal de la causa según auto de fecha 23 de septiembre de 2009 (f. 122), ordenándose su incorporación al expediente según auto corriente al folio 211, el 30 de septiembre de 2009, es decir, apenas transcurridos siete días calendarios consecutivos, lo cual permite concluir sin mayor esfuerzo que su evacuación se produjo dentro del referido lapso probatorio, y así se establece.
De la misma se desprende, como ya quedó expresado, que la referida cambial, corriente al folio 7 del expediente principal (fs. 419 y 442 del presente cuaderno de medidas), fue librada el 11 de octubre de 2005, y con vencimiento el 11 de diciembre de 2005, sin indicación del lugar de emisión; que al pie de la firma del librador o libradora, tampoco se indica lugar de libramiento; que en el espacio correspondiente a la librada hay la siguiente leyenda en manuscrito: ‘A: Marbellis Peroza, C.I .6.884.185 Residenciada en: Verdun Calle Libertad, casa # 13-13 Central Tacarigua Distrito Carlos Arvelo’.
Continúa la experticia señalando que ‘Se observa un llenado por agregado en la parte inferior de la referida letra de cambio, en donde no existe renglón establecido donde puede leerse: LUGAR DEL PAGO SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA’ (sic) (observación N° 4, f. 209 vto); que en su escritura intervinieron ‘no menos de tres autores escriturales diferentes’; que en cuanto al agregado fuera de línea al pie de la cambial con indicación de un lugar de pago diferente al del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, ‘se establece que cambia la originalidad del documento’; y que ‘las tintas presentan diferentes tonalidades’.
En sus OBSERVACIONES se declara que en la letra de cambio ‘se observan tres tipos de letras diferentes’; que ‘Los escritos plasmados, …fueron realizados con diferentes instrumentos escriturales’ (1.*); que ‘Las tintas presentan características discrepantes, en cuanto a su tonalidad … unas con respecto a otras’ (2.*); que ‘Se observa un llenado por agregado en la parte inferior en donde no existe renglón establecido donde puede leerse: LUGAR DEL PAGO SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA’ (4.*).
Del mismo modo se acuerda remitir al Tribunal a quo copia certificada de este fallo, para que sea incorporado al expediente principal de la presente causa mediante auto expreso, a los fines legales consiguientes.”
La ciudadana Marbellis Peroza, titular de la cédula de identidad nº V-6.884.185, con la asistencia del Abogado Eduar Moreno Blanco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º 65.087, en su carácter de Defensor Público Segundo con competencia para actuar ante las Salas Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo alegó, en defensa de la sentencia supuestamente lesiva:
1. Que, de las actas que conforman el expediente, se evidencia que la relación que surge entre mi representada y la empresa Distribuidora Brial C.A. es una relación realmente de naturaleza laboral, esa compañía contrata fundamentalmente mujeres desempleadas, y las coloca en una situación de distribuidoras de productos, que se basan en una intermediación hasta del cuarto grado, una capta a la otra y así van captando mujeres desempleadas cuyo único interés es lograr una fuente de sustento y a la que se les impone como condición para el inicio de actividades la firma de una letra de cambio en blanco.
2. Que, en el caso específico de la tercero, cuando firmó la letra en ella se señalaba su residencia para ese momento; sin embargo, la letra fue adulterada al añadirse como lugar de pago “San Cristóbal, estado Táchira” alteración que generó que fuese demandada en un tribunal incompetente; esa alteración de la letra fue establecida mediante una experticia grafotécnica.
3. Que la adulteración fue el principal hecho que tomó en cuenta el Juzgado supuesto agraviante porque esa alteración originó que fuese demandada ante un Juzgado incompetente, con lo que se violó el principio del juez natural, en consecuencia, la admisión de un juez incompetente, la comisión o la ejecución del embargo, proveniente de ese Juez incompetente, debían ser declaradas nulas pues, la competencia es de estricto orden público.
4. La ciudadana Marbellis Peroza informó a la Sala, a solicitud de los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán y Francisco Antonio Carrasquero López, lo siguiente: i) que fue asistida por un abogado privado en la practica del embargo y, luego del convenimiento, pasó mucho tiempo para que pudiese conseguir un abogado que pudiese pagar, debido a los gastos que implicaba el traslado del profesional del derecho a Táchira, y que en esa época no sabía que existía la Defensa Pública. Afirmó que, fue luego de enterarse y comprobar en el registro, que sobre su casa pesaban dos medidas, que consiguió quien le asistiera en el juicio en Táchira; ii) que, prácticamente, se vio forzada a la firma del convenimiento pues, el acto tuvo una larga duración, desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y fue realizado con presencia policial, acto en el que hicieron daños en la casa de su madre – donde la tercero residía para la época-, se cometieron atropellos y fueron amedrentados por el abogado Gonmar Pérez apoderado de Distribuidora Brial C.A. y, debido a esos maltratos, su madre, que es hipertensa y diabética, se empezó a sentir mal y por eso accedió a las peticiones de la compañía demandante; iii) que Distribuidora Brial C.A. y su apoderado Gonmar Pérez, junto a otros cuatro abogados, tal como demuestra su caso y el de su amiga Yurmi Sarmiento, han fraguado una práctica que consiste en adulterar las letras, que son firmadas en blanco, por las miles de mujeres que deciden trabajar en la venta de colecciones de ropa y maquillaje, y con ellas las demandan en una ciudad lejana donde se les dificulta la defensa y las amedrentan durante la practica del embargo preventivo para que firmen un convenimiento; iv) la demandante afirma que trabajó con Elisa Suárez, quien fungía como intermediaria, por tres meses aproximadamente, no cuatro ni cinco años como afirma el representante de la sociedad mercantil Distribuidora Brial C.A., y pagaba en una cuenta a nombre de esa intermediaria, pues ella trabajaba bajo el sistema de Multinivel o por escalafón, y al inicio del negocio se le exigió la firma de letras en blanco, las que ella firmo, en Carabobo, y dejó en custodia de la señora Cristina López, en la compañía Moda Internacional.
El abogado Tutankamen Hernández Rojas, Fiscal Tercero del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia opinó que el amparo debería declararse con lugar pues, las partes suscribieron una transacción en el acto de ejecución del embargo preventivo, que fue homologada y, por tanto, adquirió el carácter de título ejecutivo, no fue sino en la etapa de ejecución que la demandada alegó la alteración del instrumento cambiario, defensa que era extemporánea en esa fase del proceso pues debió ser el fundamento de la oposición a la intimación y al no hacerlo la parte dejó precluir la oportunidad. En consecuencia el Tribunal supuesto agraviado debió desestimar esos argumentos que eran impertinente en es fase del proceso, pero, en lugar de ello obvió los efectos de la cosa juzgada que recayó con motivo de la homologación de la transacción. El Juzgado supuesto agraviante “…realizó apreciaciones de la causa como si estuviese conociendo de la intimación, estableciendo que al encontrar esa indebida adición de domicilio de cobro en la letra cambio, la misma era inexistente y que debía entenderse que el domicilio de cobro de la letra de cambio, era el domicilio de la parte intimada, el que determinaba la competencia territorial del órgano jurisdiccional…”.
1. Distribuidora Brial C.A. denunció la infracción a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la defensa pues, el 11 de mayo de 2010, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con ocasión del pronunciamiento sobre la oposición a la medidas cautelares y ejecutivas que fueron dictados en el juicio que en vía intimatoria interpuso esa compañía contra Marbellis Peroza se violó la cosa juzgada material que produjo la homologación de la transacción que ocurrió durante la práctica del embargo preventivo.
2. La sentencia objeto de amparo anuló todos los actos procesales incluyendo la admisión de la demanda con fundamento en que, el demandante había alterado la letra de cambio para establecer como lugar de pago San Cristóbal en el estado Táchira, cuando, de acuerdo con la dirección que aparece al lado del nombre de la librada el domicilio de ésta es en el estado Carabobo y han debido ser los tribunales de ese estado los competentes para conocer de la demanda de cobro de bolívares y, al no haber sido esos los que admitieron, se violó el derecho al juez natural y al debido proceso.
3. La tercero interviniente defendió la constitucionalidad de esa decisión pues considera que la competencia por el territorio es de orden público y todas las actuaciones procesales del tribunal incompetente son nulas. Además, alegó que la relación entre la sociedad mercantil Distribuidora Brial C.A. y la demandante era de carácter laboral y la firma de las letras en blanco no son sino un medio para sustraerlas de los beneficios del ámbito laboral y presionarlas para la firma de una transacción. Añadió además, que se relacionó con la compañía Moda Internacional, a quienes ella les confió las letras en blanco, ante ese planteamiento el apoderado de la supuesta agraviada afirmó no saber a que se refería Marbellis Peroza cuando refería la compañía Moda Internacional.
4. El Ministerio Público consideró que el amparo debía ser declarado con lugar porque el Juzgado Superior Segundo violó la cosa Juzgada al anular con fundamento en la incompetencia por el territorio del tribunal de la causa, que la alegación de la incompetencia se hizo extemporáneamente pues, la oportunidad era la oposición a la intimación y la contestación luego de la oposición, que aún en el caso de que fuese válida la declaración de la incompetencia por el territorio esta no produce la nulidad de todo los actos del proceso.
5. La Sala aprecia, que la decisión se debe centrar en establecer si el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira violó la cosa Juzgada al anular la transacción y reponer la causa al estado de nueva admisión con fundamento en la incompetencia por el territorio, tal como alega la supuesta agraviada o si el establecimiento de la existencia del fraude era suficiente hacer desaparecer los efectos de la cosa juzgada. Por último se determinara si el trámite procesal utilizado era el adecuado para la declaración de fraude procesal.
“…CIUDADANA JUEZ CON MUCHO RESPETO RUEGO A USTED QUE SE ESTUDIE DETALLADAMENTE EL PRESENTE CASO POR CUANTO NO SOLO ESTOS EMBARGOS PREVENTIVOS, EJECUTIVOS, Y AHORA PRETENDER EL REMATE DE LOS MISMOS ES UNA MACABRA INJUSTICIA NO SOLO POR LO ANTES AQUÍ EXPLANADO SINO QUE ESTA TEMERARIA DEMANDA VA MUCHO MÁS ALLÁ Y CUANDO LE MANIFIESTO ESTO ES PORQUE LA LETRA DE CAMBIO QUE CURSA EN LA PRESENTE CAUSA JAMAS FUE ACEPTADA ESCRITA Y MENOS AUN AVALADA POR MI REPRESENTADA, Y DE ESTO NOS DIMOS CUENTA FUE JUSTAMENTE HOY AL REVISA EL PRESENTE EXPEDIENTE. ES MAS A LA HORA DE LA REALIZACIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO, NI SI QUIERA (sic) LE MOSTRARON A NADA A MI REPRESENTADA (LA COPIA DE LA LETRA O EL PORQUE DE LA DEMANDA ENTRE OTRAS COSAS), SALVO LA MEDIDA DE EMBARGO PREENTIVO, POR LO QUE PIDO SE TOME LAS MEDIDAS LEGALES DEL CASO QUE SEGÚN NUESTRAS LEYES VENEZOLANAS Y AHORA QUE NOSOTROS LA ESTAMOS PONIENDO AL TANTO DE ESTA ILEGALIDAD; USTED ESTA FACULTADA PARA EL ESCLARECIMIENTO TOTAL DE LA PRESENTE CAUSA (sic)…”
Ante esa ausencia de pronunciamiento Marbellis Peroza denunció en segunda instancia, tanto el silencio probatorio de las pruebas que fueron aportadas para la prueba del fraude como la ausencia de pronunciamiento sobre la ocurrencia del fraude procesal, análisis que realizó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito Bancario y Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en prueba de esa afirmación, consignó copia de la experticia que había sido evacuada tempestivamente en primera instancia.
“…En este sentido, esta Sala Constitucional no sólo ha mantenido ese criterio en diversos fallos, sino que también ha establecido la obligación que pesa sobre los jueces de velar por que el proceso cumpla con su finalidad primordial y constitucional, que no es otra que la realización de la justicia; por ello están facultados para la prevención y sanción de las faltas de las partes a la lealtad y probidad en el juicio, lo que se traduce en la obligación de extirpar de la vida jurídica los efectos que estas actuaciones fraudulentas ocasionen, para evitar que esas consecuencias afecten a los terceros o a alguna de las partes; y, que el ejercicio de este deber puede ser consecuencia: i) de una apreciación oficiosa de las actuaciones procesales de los intervinientes en la causa, para lo cual está facultado de conformidad con los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, cuando de dichas actuaciones se evidencie que, a través de ese proceso, se persigue un fin que el mismo no es capaz de ofrecer, por lo que es evidente la inutilidad de la apertura de una incidencia probatoria, ya que son las actuaciones procesales las que contienen prueba suficiente de la intención fraudulenta; o ii) de una solicitud de parte, caso en el cual debe dar a los otros sujetos que tengan interés la posibilidad de que presenten sus alegatos y promuevan sus correspondientes medios probatorios, pues si bien es un principio constitucional que el proceso se mantenga dentro de la consecución de un fin lícito, también es cierto que las partes tienen el derecho constitucional a que se entable un contradictorio, en el que puedan ofrecer sus alegatos sobre la situación jurídica con su correspondiente debate probatorio.
Surge de autos que, en el presente caso, aún cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas no abrió formalmente la incidencia del artículo 607 del Código de procedimiento Civil, el tercero presentó escrito de oposición conjuntamente con las pruebas en las cuales la sustentó y, posteriormente, la parte actora refutó sus alegatos, tuvo oportunidad para la presentación de escritos y pruebas, tanto en la primera como en la segunda instancia, en la cual se ofreció nuevamente a las partes la oportunidad de consignación de sus informes y el ofrecimiento de las pruebas propias de la segunda instancia, por lo que, no puede afirmarse que la declaratoria del fraude procesal tomó por sorpresa a las partes en la causa, la cual, a su vez, perseguía la desposesión de un tercero, ajeno al juicio, bajo el argumento de que no se trataba de una entrega material de bienes vendidos que hubiera sido incoada de conformidad con el artículo 929 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino de un juicio de cumplimiento de contrato de compra venta, lo que nada cambiaba por cuanto tampoco en ese caso la ejecución podía afectar bienes que fueran propiedad de un tercero. Por otra parte, se observa que los jueces de instancia, en ambas decisiones, realizaron un análisis exhaustivo de todos los medios probatorios que ya se encontraban entre las actuaciones y de los que fueron acompañados por las partes con posterioridad a la oposición que hizo el tercero contra dicha ejecución.
Por las razones que anteceden, a favor del mantenimiento de la uniformidad de la interpretación de normas constitucionales, esta Sala Constitucional considera procedente la revisión de la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de octubre de 2005, la cual limitó la facultad de los jueces de instancia para que decreten el fraude procesal, al trámite de la incidencia probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil a la acción autónoma. Así se decide.”
Por otra parte, resulta contrarios a los principios que orientan la actuación de los abogados en el ejercicio de su profesión, las acciones destinadas a ejecutar el presunto fraude procesal, en la cual estarían o habrían estado involucrados diversos profesionales del derecho que según consta los poderes que cursan en las actas (folio 22 pieza principal y folio 47 del anexo 01) son los siguientes: Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, titular de la cédula de identidad n.º 13.505.764, domiciliado en San Cristóbal, estado Táchira, Aida Graciela Ramones, titular de la cédula de identidad n.º 13.401.536, domiciliada en Maracaibo, estado Zulia, Claritza del Valle Velásquez Zabala, titular de la cédula de identidad n.º 12.574.763 domiciliada en Valencia, estado Carabobo, Milcira López Hernández titular de la cédula de identidad n.º 17.646.373, Ambar Lorena Lugo Zambrano, titular de la cédula de identidad n.º 14.941.455 y Rafael Alberto Sánchez Contreras titular de la cédula de identidad n.º 9.236.806, domiciliados en San Cristóbal, estado Táchira, a quienes en criterio de esta Sala deben iniciarse los procedimientos disciplinarios relativos a su actuación.
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo constitucional interpuesta por la abogada Aída Graciela Ramones Blanco, en representación de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA BRIAL C.A., contra la sentencia que dictó, el 11 de mayo de 2010, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publicado por Bello Castillo en 16:10