Source: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_costa_rica.asp
Timestamp: 2017-12-17 08:10:52
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En Costa Rica, el sistema comprende una variedad de controles de las instituciones del sector público, que se agrupan en externos e internos. Los controles externos son aquellos establecidos por órganos externos a las entidades públicas y son en su mayoría creados por el Congreso de la República. Los controles internos son aquellas unidades constituidas dentro de cada institución autónoma y gobiernos municipales para ejercer dicha función.
A la Contraloría General de la República (CGR), el máximo órgano de control y fiscalización, se le suman otros órganos de control externo, más de carácter societal, como son: la Defensoría de los Habitantes de la República, la Procuraduría General de la República, El Ministerio Público, la Sala Constitucional del Poder Judicial, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia General de Seguros. Como un órgano especial para el caso costarricense se crea un cuarto Poder de la República, denominado: Tribunal Supremo de Elecciones. Existen también una serie de comisiones permanentes y específicas directamente articuladas a la Asamblea Legislativa, las cuales realizan una función de control político.
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política de la República, adoptada en 1949, la Contraloría General de la República es unainstitución auxiliar de la Asamblea Legislativa en cuanto a la vigilancia de la Hacienda Pública.
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (No 7428), dicha institución es uno de los pilares del sistema de fiscalización de la administración pública y goza de independencia funcional y administrativa respecto de cualquier Poder, ente u órgano público.
Los deberes y facultades de la Contraloría General de la República se encuentran expresos en el artículo 184 de la Constitución Política, el cual establece que debe fiscalizar la ejecución y la liquidación del presupuesto de la República, además de la exanimación de los presupuestos municipales y de instituciones autónomas.
La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor, ambos son nombrados por la Asamblea Legislativa (dos años después de haberse iniciado el período presidencial) por un periodo de ocho años, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Adicionalmente, gozan de las inmunidades y las prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.
El Contralor General de la República responde ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones.
Se creó en 1993 mediante la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República (No 7319) como órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena independencia funcional y administrativa.
La Defensoría, tiene como tareas fundamentales: velar por la protección de los derechos y deberes de los habitantes del país frente a las acciones u omisiones del sector público; velar por el buen funcionamiento de los servicios del sector público, procurando que sus actos se ajusten a la moral, la justicia y el ordenamiento jurídico; y, divulgar y promover los derechos de los habitantes de Costa Rica por todo el territorio Nacional.
La Defensoría de los Habitantes de la República es liderada por el Defensor de los Habitantes de la República. Éste debe ser elegido por la mayoría absoluta de los diputados presentes en la Asamblea Legislativa. El periodo de funciones del Defensor dura 4 años, pudiendo ser reelegido únicamente por un periodo.
Es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia, asesor de la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Sus dictámenes y pronunciamientos constituyen jurisprudencia administrativa, y son de cumplimiento obligatorio para la Administración Pública. Se creó en 1982, mediante la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No 6815).
La Ley No 8242 creó la Procuraduría de la Ética Pública como órgano de la Procuraduría General de la República encargado de prevenir, detectar y erradicar la corrupción, incrementando la ética y la transparencia en la función pública. Este órgano canaliza las denuncias de los ciudadanos relacionadas con la ética en la función pública, generando acciones administrativas y sanciones a los funcionarios/as públicos que incumplen la Ley. Estas facultades le permiten el acceso a la información nacional sobre la cantidad de denuncias, y los motivos por los cuales fueron presentadas con la finalidad de recomendar posibles reformas o proyectos de ley que procuren un comportamiento transparente y ético. Igualmente, la Procuraduría tiene bajo su cargo la defensa de los funcionarios públicos contra los que se sigue causa penal por actos en el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando estos no hayan cometido delito contra los intereses de la Administración Pública o hayan violado los derechos humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.
El Procurador General es designado por el Consejo de Gobierno y su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración de justicia con independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias. Es responsable de ejercer la persecución penal y de llevar a cabo la investigación preparatoria de los delitos correspondientes a la acción pública; así como de requerir la aplicación de la ley por parte de los tribunales penales. La primera Ley Orgánica del Ministerio Público se adoptó en 1887. Posteriormente, durante el siglo XX, se llevaron a cabo diversas reformas en la institución. En 1973 se separó de la Procuraduría General de la República y pasó a formar parte del Poder Judicial mediante el Código de Procedimientos Penales (Ley No 5377). Este Código estableció las principales características que actualmente tiene el Ministerio Público de Costa Rica.
En 1994 se emitió la Ley Orgánica del Ministerio Público (No 7442), reformada en 1997 por medio de la Ley de Reorganización Judicial (No 7728) que estipula los principios que rigen al Ministerio Público.
Sala Constitucional del Poder Judicial
Es el órgano encargado de ejercer la Jurisdicción Constitucional a través de garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, así como velar por el respeto de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.
Se creó en 1989 bajo la Reforma Constitucional (Creación de la Sala Constitucional) (No 7128) y se le confirió competencia sobre los recursos de amparo que se interponen para mantener o restablecer el goce de los derechos constitucionales distintos al derecho a la libertad. En este sentido, el derecho a la información pública queda tutelado a través de la acción de amparo que se tramita ante esta Sala Constitucional.
El marco normativo que rige las labores de la sala se encuentra establecido en la Ley de Jurisdicción Constitucional (No 7135) en la cual se establece el modo de regulación, competencias, principios y demás aspectos necesarios para su operación. La Sala Constitucional está conformada por siete magistrados propietarios y por doce magistrados suplentes que son nombrados por la Asamblea Legislativa. Los primeros, duran 8 años en el cargo con la posibilidad de reelegirse; los segundos, son nombrados por 4 años.
Según el artículo 169 de la ley: “Ley Reguladora del Mercado de Valores Nº 7732” el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) es un órgano colegiado de dirección superior encargado de regular y supervisar el Sistema Financiero Costarricense a través de las superintendencias. Está integrado por cinco miembros designados por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Las superintendencias a través de las cuales el CONASIF ejerce su dirigencia constituyen órganos de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Estas son: La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que ejerce el control y regulación de las entidades financieras públicas y privadas, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas que conformen el sistema financiero costarricense; la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que se encarga de controlar y regular el mercado de valores; la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), cuya función es regular, fiscalizar y supervisar los regímenes de pensiones, los regímenes complementarios y los fondos de capitalización laboral y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE).
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se ocupa de asegurar la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos en términos de acceso, costo, calidad y variedad. Esta cubre los ramos de
Telecomunicaciones, agua potable, acueducto y alcantarillado, combustibles, riego y avenamiento, transporte público remunerado de personas, servicios marítimos y aéreos en puertos, transportes de carga por ferrocarril y correos.
El TSE se creó mediante la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil (No 3504). Dicha Ley fue sustituida posteriormente, en el año 2009, por el Código Electoral (No 8765), el cual establece las atribuciones del TSE.
Entre las atribuciones del TSE se encuentran: velar por los actos vinculados al sufragio conforme con la ley; responsabilizarse por el resultado de las elecciones, y evaluar las atribuciones de la Sala Constitucional en materia de “conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral;”desarrollar programas de capacitación para los ciudadanos sobre la participación política ciudadana, y financiamiento a los partidos políticos, entre otros.
De igual manera, el TSE tiene a su cargo el desarrollo de Planes Estratégicos Institucionales. El último fue elaborado para el periodo 2008-2012, y entre sus objetivos está el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la promoción de una cultura democrática y de transparencia en los procesos electorales.
EL TSE está compuesto de tres magistrados propietarios y seis suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por un periodo de seis años, con la posibilidad de ser reelegidos. El cargo de miembro del TSE es incompatible con otras funciones remuneradas por entes públicos, salvo docencias de instituciones de educación superior.
Los Órganos de Control Interno actúan de forma complementaria al control ejercido por los órganos de control externo antes descritos. Estos forman parte de las entidades públicas y se encargan de auditar las actividades y resultados que se realizan en cada institución.
La constitución obligatoria de la unidad de auditoría en cada institución pública está estipulada en el artículo 20 de la Ley General de Control Interno N° 8292.
Con la finalidad de mejorar los procesos de comunicación entre las instituciones del sector público y los grupos de interés del sistema, la Defensoría de los Habitantes de la República creó, en 2004, la Red Interinstitucional de Transparencia, la cual busca facilitar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público para con los ciudadanos, ciudadanas y habitantes del país.
El objetivo de dicha Red radica en garantizar el derecho constitucional de acceso a la información que tienen las y los habitantes, en relación con la correcta administración de los recursos públicos y para prevenir actos de corrupción mediante la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana. Por medio de la Red las instituciones ponen a la disposición de las y los habitantes información estatal de interés público como por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc.
El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez (1986-1990), mediante el Decreto Ejecutivo No 17908-J, decretó de interés nacional la creación de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, cuyos objetivos son: dictar las políticas para la formación, fortalecimiento y promoción de los valores que sustenten la gestión basada en valores; desarrollar alianzas estratégicas con organismos afines; diseñar mecanismos para el control y evaluación de la gestión organizacional; generar una cultura de rendición de cuentas como práctica permanente en todos los sectores sociales; promover alternativas de lucha preventiva contra la corrupción; y, promover y fortalecer conductas éticas en la sociedad costarricense.
Posteriormente, en el año 1994, en la gobernación de José María Figueres Olsen, se emitió el Decreto Ejecutivo No 23944-J-C que en su artículo 1 dispuso que en cada ministerio e institución adscrita al Poder Ejecutivo se conformara una Comisión de Rescate y Formación de Valores Morales, Cívicos y Religiosos.
En el año 2001, durante la gobernación del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se constituye formalmente la Comisión Nacional de Rescate de valores por medio de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (No 14.035).
La Red Interinstitucional de Transparencia
Su objetivo es facilitar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y transparentar la administración de los recursos públicos. La Red, compuesta por todas las instituciones del sector público, muestra información sobre los presupuestos, los ingresos, las inversiones; e informes sobre auditoría, entre otros.
El Sistema Nacional de Contralorías de Servicios se creó mediante el Decreto Ejecutivo No 34587-PLAN del año 2008. Sus funciones son: propiciar la creación, modificación o supresión de normas y procedimientos que contravengan la buena prestación de los servicios públicos; contribuir a la modernización de su gestión y organización administrativa; y contribuir en la formación de una cultura de participación de la sociedad.
El Sistema Nacional de Contralorías de Servicios está conformado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios y las Contralorías de Servicios Institucionales.
Las Contralorías de Servicios Institucionales son instancias que facilitan la comunicación entre los usuarios y las instituciones públicas. Su objetivo es mejorar la gestión institucional a partir de las consultas, quejas, sugerencias y recomendaciones presentadas por los usuarios, que estén relacionadas con la administración pública.
En el Tercer Informe de Diagnóstico del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, elaborado por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con base en los informes de labores presentados por las distintas Contralorías de Servicios, se hace un análisis del estado de las Contralorías durante el 2007, y se invita a las autoridades públicas a fortalecer el trabajo de estas unidades en sus respectivas instituciones.
En el marco de la celebración de este encuentro en Guatemala, en el año 2009, se emitió una declaración conjunta de los todos los países participantes.
En esta Declaración, los Vicepresidentes de la región centroamericana y la República Dominicana acordaron la creación de un Foro Permanente Regional de Transparencia y Combate a la Corrupción, y una Secretaría Técnica Regional de Transparencia y Combate a la Corrupción con sede en la ciudad de Antigua Guatemala.
Los objetivos de la Secretaría incluyen elaborar un listado de instrucciones, marcos normativos, y acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se están llevando a acabo en los países de la región con el fin de compartir “buenas practicas” entre los gobiernos. Además, está encargada de la elaboración de un informe para facilitar a los Estados signatarios el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción.
Desarrollado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica con la participación de los demás ministros de Estado y representantes de varias instituciones incluyendo universidades y alcaldías.
Este Plan tiene entre sus ejes la reforma institucional, la cual tiene como objetivo “combatir la corrupción en todo el ámbito de la acción del sector público”. Actualmente, se está trabajando en la elaboración del Plan 2011-2014.
El 8 de mayo del año 2006, en la gobernación del Dr. Óscar Arias Sánchez, se firmó el Decreto No 33147MP, por medio de este se crea la Secretaría Técnica Nacional, lo cual constituye un impulso político al gobierno digital.
Posteriormente, la Secretaria formula y ejecuta un Plan de Acción: Gobierno Digital 2008-2010 que involucra de manera participativa a los grupos de interés.
La Secretaría Técnica de Gobierno Digital es un órgano adscrito a la Presidencia de la República cuya responsabilidad es incrementar la eficiencia y la transparencia en el sector público a través del uso estratégico de las tecnologías digitales. Tiene como fin empoderar a los habitantes en el uso de los servicios que brindan las instituciones públicas y al acceso de información sobre los avances de la estrategia de gobierno digital.
A la par de la creación de la Secretaría, se creó la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital cuyo objetivo es diseñar y planificar las políticas públicas en materia de gobierno digital, así como realizar las compras de equipo de computación y software que realicen las instituciones del sector público.
Reforma Integral del Decreto Ejecutivo No 33147-MP que Crea la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (Decreto No 34413-MP)
En Octubre de 2007, mediante el Decreto No 34093-10, se delega en la Segunda Presidencia de la República la conducción de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital para continuar con los proyectos establecidos; sin embargo, los resultados alcanzados no fueron los esperados y por ello, el 1 de abril del año 2008 se firmó el Decreto 34413-MP que creó la figura de un asesor para mediar entre las direcciones de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital.
Este Decreto produjo cambios estructurales y funcionales en ambos órganos (la Secretaría y la Comisión) con la finalidad de agilizar el vínculo y alcanzar los resultados establecidos. Además, se atribuye a la Secretaría Técnica la responsabilidad de ser el instrumento ejecutor de las políticas que defina la Comisión, y de incrementar la eficiencia y la transparencia en el sector público a través del uso estratégico de las tecnologías digitales.
Decreto No 35139-MP-MIDEPLAN
A pesar de los cambios anteriormente descritos, las iniciativas de Gobierno Digital no llegaron a fortalecer a las dos instituciones anteriormente mencionadas (la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital), lo que derivó en la emisión del Decreto No 35139-MP-MIDEPLAN del 2009, el cual dispuso que la Secretaría Técnica de Gobierno Digital integre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a fin de alcanzar el desarrollo de los proyectos definidos como prioritarios dentro del Plan de Acción 2008-2010.
En el Informe 2008 “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica,” del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC), se muestran las agendas de los proyectos de corto, mediano y largo plazo propuestos para su ejecución (durante el año 2007 y 2008) por la Secretaría Técnica y por la Comisión, entre los cuales destaca el Proyecto “Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)” desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT).
Este Proyecto plantea reducir la brecha digital promoviendo el uso de Internet y las nuevas tecnologías de forma equitativa y social para la comunidad. En este sentido, se propone el desarrollo de infraestructura y los contenidos necesarios para el establecimiento de una Red de Centros Comunitarios Inteligentes en diferentes centros del país. Cabe destacar que dicho proyecto tiene alta importancia en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, convirtiéndose en una de las siete metas sectoriales del “Sector Ciencia y Tecnología”.
Informe de Avances de una Estrategia Competitiva de Gobierno Digital 2006-2010
El Informe de Avances de una Estrategia Competitiva de Gobierno Digital 2006-2010 fue desarrollado por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Este Informe explica las metas de cada año de la estrategia y los proyectos que apoyan a estos objetivos. Dentro del marco de los proyectos, existen un grupo con enfoque en la transparencia y la eficiencia del Estado, Mer-Link, y el Proyecto Interoperabilidad del Estado Costarricense.
Plan de Acción: Gobierno Digital 2008-2010
Coordinado por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, el Plan de Acción: Gobierno Digital 2008-2010 fue elaborado por representantes de instituciones del Estado, sector privado y academia. Este Plan es la primera estrategia a nivel nacional sobre proyectos de e-gobierno y contempla entre sus líneas de acción la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.
CompraRed es un sistema electrónico de compras gubernamentales que permite a las instituciones de la administración pública dar a conocer, por medio de Internet, sus demandas de bienes, obras y servicios. A su vez, los proveedores pueden conocer, participar y darle seguimiento (desde el inicio hasta su fin) a los diferentes procedimientos de contratación administrativa, permitiendo que puedan ser conocidas en línea por los proveedores potenciales, los ciudadanos y el propio gobierno.
Uno de los beneficios del sistema CompraRed es la transparencia, ya que todos los procesos de adquisiciones del sector público, así como la etapa en la cual se encuentra el proceso de contratación están a la vista de ciudadanos y/o proveedores. Otras ventajas adicionales son: a) la capacidad de protección contra el monopolio; b) la posibilidad de desarrollo de la economía regional y local, y de las PYME (pequeñas y medianas empresas); c) la posibilidad de generar mecanismos de inversión pública más equilibradas y equitativas; y d) la eficiencia.
Plataforma Mer-Link
La Plataforma Mer-link es un proyecto que está siendo desarrollado por Gobierno Digital y cuyo funcionamiento iniciará el mes de febrero de 2011, formando parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República. Su coordinación estará a cargo de la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital.
Esta Plataforma tecnológica servirá para realizar compras públicas y permitirá a las proveedurías del Estado realizar las operaciones de compra/venta de productos y servicios en forma electrónica. Funcionará en forma de un portal de comercio electrónico que operará como una ventanilla única, accesible por medio de Internet.
La selección del modelo de compras para el estado costarricense se realizó tras un análisis de las mejores prácticas de países como Chile, Panamá, Corea, México y Brasil. Este estudio culminó con la adopción del modelo de compras públicas de Corea del Sur, por ser líder mundial en compras electrónicas mediante su sistema de gestión denominado Koneps (Korea On Line e-Procurement System).
Estrategia Digital de Costa Rica
Además de los esfuerzos del Gobierno por aumentar las capacidades y potenciar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en Costa Rica, las organizaciones de la sociedad civil también realizan un aporte importante en la promoción y el uso de las herramientas tecnológicas. Por su parte, el Club de Investigación propone la “Estrategia Digital de Costa Rica” como una agenda de digitalización que promueva la equidad social, el desarrollo económico y la gobernabilidad en el país.
Dicha propuesta establece un énfasis importante en cuatro pilares: transparencia, educación, productividad y conectividad, de los cuales nacen una serie de recomendaciones prioritarias para complementar los esfuerzos del Gobierno en torno al tema.
La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (2005) y la aprobación del Reglamento No 33018 (2006) facultan al Ministerio de Ciencia y Tecnología para regular la implementación de la firma digital en Costa Rica.
Una de las principales ventajas del Sistema es la posibilidad de vincular jurídicamente a los actores que participan en transacciones electrónicas, lo que permite llevar al mundo virtual procesos que anteriormente requerían el uso de documentos físicos para tener validez jurídica.
Este Proyecto “Monitoreo e-Gobierno” desarrolla un sistema de evaluación a través de indicadores para medir las acciones que realiza la Secretaría en torno al cierre de la brecha social, digital y de conocimiento.
En el 2007 tuvo lugar en Costa Rica, el taller sobre interoperabilidad e intranet gubernamental en la región donde se compartieron experiencias sobre el diseño e implementación de modelos para la gestión eficiente de la información pública para producir un consenso técnico como punto de partida para la elaboración futura del Libro Blanco de Interoperabilidad para la región.
Facultad Latinoamericana de la Ciencias Sociales (FLACSO)
La FLACSO es un organismo internacional, con carácter regional y autónomo, constituido por los países de América Latina y el Caribe. Fue fundada en el año 1957, patrocinada por la UNESCO, con el propósito de promover la enseñanza, la investigación y la cooperación en el campo de las ciencias sociales en todo el subcontinente. La Secretaría General tiene como sede Costa Rica, y sus diez unidades académicas se ubican en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.
La FLACSO, sede académica Costa Rica, se constituyó en 1997. El ámbito de sus actividades de investigación, docencia, cooperación y difusión, está fundado en una orientación regional.
Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, localizada en Costa Rica. Fue creada en 1988 con el apoyo monetario del Premio Nobel de la Paz, otorgado a su fundador y entonces presidente de Costa Rica, Dr. Óscar Arias Sánchez, como reconocimiento a sus esfuerzos por lograr una "paz firme y duradera" en Centroamérica.
La Fundación Arias fue creada para estimular una cultura de paz y se dedica a promover la democracia, la igualdad de género, el desarme y la desmilitarización. Posee un área de Buen Gobierno y Progreso Humano que se enfoca en el desarrollo local a partir de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la gestión municipal. Por ello, la Fundación trabaja en el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en temas como el conocimiento presupuestario. También coordina con las autoridades municipales el desarrollo de cambios en la cultura institucional, de manera que se abran espacios para la participación ciudadana en la planificación local y la definición de las prioridades del gasto municipal. En todas estas actividades, se pone énfasis a las necesidades e intereses específicos de las mujeres.
El Estado de la Nación es un programa de investigación y formación sobre desarrollo humano sostenible, creado en 1994, con el propósito de dotar a la sociedad de instrumentos de fácil acceso para desarrollar instancias de rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de participación y negociación, y contribuir a la formación de consensos nacionales.
Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y no partidista, fundada en el año 1998, en Centroamérica y el Caribe, extendiéndose en el 2002 por toda la región de las Américas. Para el 2009, esta fundación se hizo parte de diversas iniciativas globales vinculadas a las temáticas más estratégicas del desarrollo.
La Fundación ha desarrollado un programa llamado "Sociedad Civil y Participación Ciudadana" orientado a generar iniciativas para el fortalecimiento de la democracia por medio de la participación ciudadana en la generación de políticas públicas y en la orientación de la economía. Para tal fin, FUNPADEM realiza estudios a partir de los cuales formulan propuestas para la implementación de políticas y prácticas que faciliten la participación ciudadana; asimismo, desarrollan actividades para fortalecer las capacidades de diversas organizaciones de la sociedad civil de sectores sociales, tales como: grupos comunales, ambientalistas, campesinos, cooperativistas, trabajadores agrícolas, industriales y de servicios, consumidores, empresarios indígenas, jóvenes, mujeres, afrodescendientes y discapacitados.
Es una institución académica especializada que reúne a un grupo de abogados, economistas, sociólogos, expertos en relaciones internacionales y especialistas en distintas áreas de las ciencias sociales para asesorar gobiernos, organismos internacionales, entidades públicas y privadas en áreas específicas de modernización jurídica-institucional, derecho internacional público e internacional privado y reforma del Estado.
El Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG) brinda informes sobre los aspectos más relevantes que inciden en la gobernabilidad de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Entre los temas enfocados para Costa Rica se hace mención de los órganos, mecanismos y normas que posee el Estado costarricense relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia de los servicios públicos.
Asimismo, se muestran recomendaciones en torno al principio de la publicidad de la información pública y la capacidad del ciudadano de solicitar información administrativa al Estado mediante una ley de acceso a la información pública.
Adicionalmente, se pide la elaboración de una ley sobre protección de datos de carácter personal a fin de garantizar y proteger la información de los ciudadanos que se encuentre en poder de la administración pública.
Es una iniciativa, creada en el 2007, fomentada por instituciones públicas y organizaciones privadas que siendo conscientes de los retos económicos, sociales y ambientales de Costa Rica; buscan convertirse en un agente catalizador para facilitar la interacción público-privada y coadyuvar a fortalecer una cultura nacional comprometida con la responsabilidad social para el desarrollo sostenible de Costa Rica.
La carta magna de la República de Costa Rica otorga rango constitucional a la obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas por sus actos. El artículo 11 dispone que los funcionarios públicos sean simples depositarios de la autoridad y deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.
Asimismo, se señalan las garantías indispensables para que los habitantes exijan ante los funcionarios públicos transparencia e integridad por medio del artículo 27, en el cual garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial.
Ley General de Administración Pública (No 6227)
Esta Ley establece los principios fundamentales a los cuales se sujetan las actividades de los entes públicos, dentro de los cuales, cabe destacar el principio de legalidad, establecido en los artículos 11 y 13, el cual establece que la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice la ley.
Adicionalmente, el artículo 273 restringe el acceso a piezas de un expediente administrativo cuando dicha información comprometa secretos de Estado o contenga información confidencial de la contraparte, o cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. Esta restricción también se aplica a los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos. Como complemento, el artículo 274 establece que toda decisión que deniegue el acceso a una pieza deberá ser suficientemente motivada.
Es de aplicación para todos los entes públicos del Estado.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No 6815)
Esta Ley creó la Procuraduría General de la República como órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y representante legal del Estado en las materias propias de su competencia; tiene además independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.
De acuerdo con el artículo 3, inciso h) de esta Ley, son atribuciones de la Procuraduría General de la República: realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las funciones otorgadas a la Contraloría General de la República.
Es de aplicación específica para la Procuraduría General de la República
Ley del Sistema Nacional de Archivo (No 7202)
Esta Ley creó el Sistema Nacional de Archivo y estableció las normas que regulan el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones.
El artículo 10 de esta Ley garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones públicas. Los documentos declarados secreto de Estado o de acceso restringido perderán dicha condición después de 30 años de haber sido producidos.
Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones.
Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República (No 7319)
Esta Ley creó la Defensoría de los Habitantes de la República como órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará para que el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, debe promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.
Es de aplicación específica para la Defensoría de los Habitantes de la República
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (No 7428)
Define a la Contraloría General de la República como un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización.
Es de aplicación específica para la Contraloría General de la República.
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley No 8131)
La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos. El artículo 5 recoge los principios presupuestarios básicos que guían un comportamiento transparente e integral de los funcionarios públicos a la hora de presupuestar un programa o un proyecto en la gestión pública. Entre estos principios cabe destacar el Principio de Publicidad según el cual el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.
Para cualquier evaluación sobre la ejecución de presupuestos, es necesario comparar las tareas planificadas con las tareas ejecutadas realmente; es por esto que el artículo 55 de la Ley, estipula la necesidad de presentar informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas con el fin de valorar objetivamente el desempeño logrado.
Esta Ley se aplica al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Administración Descentralizada, las empresas públicas del Estado, y las demás entidades públicas mencionadas en el artículo 1 de la Ley. También se aplica a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas, respecto de los recursos de la Hacienda Pública.
Ley General de Control Interno (No 8292)
Acorde con el artículo 8, el Sistema de Control Interno tiene por objetivos: proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad de la información; garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones; y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Adicionalmente, el artículo 16 de la Ley insta a las instituciones a contar con sistemas de información que permitan una gestión documental eficiente con el fin de controlar, almacenar y recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización.
Es de aplicación interna para el Estado y entidades públicas.
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (No 8422)
Esta ley tiene como objetivo primordial prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Dicha ley introduce una serie de prohibiciones, sanciones y mecanismos de control por parte de los servidores públicos y por parte de la ciudadanía.
El artículo 7 establece como de interés público toda información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos.
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Es de aplicación para los funcionarios Estado y los demás entes públicos.
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (No 8454)
Esta Ley faculta al Estado y a todas las entidades públicas a utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. En tal sentido, el artículo 6 de esta Ley sugiere el uso de soporte electrónico cuando se trate de conservar un documento para futura referencia siempre y cuando se garantice su inalterabilidad y se posibilite su consulta posterior.
Toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio concretos resulten incompatible.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Costa Rica
Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Costa Rica en el 2007, los objetivos de la Convención son los siguientes:
B.Programas de Cooperación con Costa Rica financiados por Organismos Internacionales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Costa Rica
En la República de Costa Rica, la labor del PNUD se rige bajo el Acuerdo Marco PNUD - Gobierno de Costa Rica, suscrito el 7 de agosto de 1973 y ratificado mediante Ley de la República N°5878.
Apoyo al Gobierno Digital (PNUD)
Este Proyecto, que ya concluyó, tuvo por objetivo mejorar los niveles de transparencia y de simplificar los trámites que realiza la ciudadanía en la Administración Pública a través de la adopción de soluciones informáticas y la utilización de internet.
Apoyo al Programa Nacional de Costa Rica (PNUD)
Este proyecto es parte de una serie de acciones desarrolladas por el PNUD en Costa Rica orientadas a consolidar la presencia del Programa en el país, y el desarrollo de una capacidad administrativa eficiente.
Impulso a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PNUD)
Este proyecto tiene por objetivo desarrollar acciones para la formulación de proyectos en las áreas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Marco de Cooperación de País.
Estrategia de País con Costa Rica (2006-2010) (BID)
Tiene como objetivo contribuir a profundizar el crecimiento económico y el progreso social en Costa Rica. Para ello se definieron tres ámbitos estratégicos: a) fortalecimiento del marco macroeconómico y de gestión del gasto público; b) profundización del modelo de crecimiento e inserción internacional; c) generación de oportunidades para un crecimiento económico inclusivo. En este sentido, el Banco adecuará su plan de acción a los avances que se hagan en cada una de las áreas mencionadas.
CR-T1057: Gestión Municipal Basada en Resultados en San Carlos (BID)
El objetivo de este proyecto es implantar una estrategia integral de Gestión por Resultados en la Municipalidad de San Carlos, el cual se encuentra en un proceso de transición rural-urbana, con la finalidad de hacer que su gestión sea más efectiva, eficiente y cercana a sus ciudadanos.
CR-T1063: Gestión Municipal Basada en Resultados en Heredia (BID)
El objetivo de este proyecto es implantar una estrategia integral de Gestión por Resultados en la Municipalidad de Heredia, a fin de hacerla más efectiva, eficiente y cercana a sus ciudadanos.
CR-T1029: Programa de Mejoramiento de la Eficiencia de la Gestión Pública (BID)
De acuerdo a su Plan de Operaciones (en inglés), este programa tiene como objetivo general fortalecer la capacidad de las instituciones del país para seleccionar, ejecutar, y evaluar las inversiones y el presupuesto del sector público. Sus objetivos específicos son: a) promover criterios de eficiencia, efectividad y transparencia en la inversión pública; y b) promover una cultura de gestión por resultados entre funcionarios del sector público.
Compromisos de gestión, rendición de cuentas y corrupción en los hospitales de la caja costarricense de seguro social (BID)
Este estudio (realizado por el BID y confluido en el año 2000) refleja la percepción de la corrupción en los hospitales públicos de Costa Rica. Además, analiza los elementos que explican el fenómeno y el impacto que tiene sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción.
En resumen, su propósito es describir el nivel de corrupción percibido por los profesionales en salud y los usuarios de los servicios.
Préstamo para políticas de desarrollo con opción de giro diferido destinado a mejorar las finanzas públicas y la competitividad de Costa Rica (BM)
Tiene como objetivos: (1) fortalecer las finanzas públicas y su transparencia mediante una mayor eficiencia en la generación de ingresos fiscales y la gestión por resultados en el gasto; y (2) aumentar la competitividad a través de la mejora del nivel de instrucción en educación secundaria, facilitando el acceso al mercado de las telecomunicaciones y del sector de los seguros, y reforzando el marco jurídico de los derechos de propiedad intelectual.
Fortalecimiento y mejora en la ejecución del sistema de adquisiciones públicas (BM)
Este proyecto aún se encuentra en estado de propuesta.
Reporte de Información sobre Costa Rica, 1996-2009 (Country Data Report for Costa Rica, 1996-2009) (Banco Mundial)
Reporte de Información sobre Costa Rica, 1996-2008 (Country Data Report for Costa Rica, 1996-2008) (Banco Mundial)
Cultura Política de la Democracia en Costa Rica: 2006 (Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
La investigación sobre Costa Rica se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación tuvo como enfoque las siguientes tres áreas: la corrupción, las actitudes y comportamientos electorales y el apoyo al tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC).
El informe acompaña/relata los cambios en la actitud ciudadana en factores relacionadas con la vida política y social del país; decrecimiento en el apoyo al sistema, disminución general de la confianza en las principales instituciones públicas y actores sociales del país, incremento en la inseguridad, no obstante, el apoyo ciudadano a la democracia refleja una tendencia de declive pero sigue siendo el más alto en América Latina.
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Este programa es una iniciativa del Poder Judicial de Costa Rica que surge en el año 2009. Su objetivo principal es contar con indicadores que les permitan determinar los alcances en materia de transparencia en la región iberoamericana.
A principios del año 2010, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó el estudio que pretende mostrar los niveles de transparencia y rendición de cuentas que tienen los poderes judiciales de Iberoamérica, como parte de las actividades preparatorias de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esto se hizo a través de la recopilación de las percepciones de los usuarios de la administración de justicia.
El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de opinión realizada por Transparency Internacional. (TI). El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. Este informe se diferencia del estudio “Índice de Percepción de la Corrupción”, ya que este último está basado, principalmente, en percepciones del sector privado, mientras que el Barómetro se enfoca en las percepciones y opiniones del sector público.
Constituye un mapeo elaborado por la organización Transparency International, a petición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tuvo por objetivo la identificación y presentación de las herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad.
De los 180 países incluidos en el estudio, Costa Rica ocupa el lugar 43 y tiene una puntuación de 5,3. Nueva Zelandia quedó en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Costa Rica del progreso en la reducción de la corrupción queda 4 puntos más alto que el promedio de 39. En primer lugar quedó Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. No obstante, Costa Rica quedó en segundo lugar (con una puntuación de 20) ante la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses. El promedio fue 13 y en primer lugar quedó Brasil con una puntuación de 34 y El Salvador quedó en el último lugar con una puntuación de 5.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Costa Rica, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 33º de los 168 países en el índice.