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Timestamp: 2020-02-25 00:27:13
Document Index: 235050087

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 29', 'artículo 243', 'artículo 29', 'artículo 95', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 85', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 140']

﻿ SENTENCIA C-217 DE MAYO 16 DE 1996
SENTENCIA C-217 DE 16 DE MAYO DE 1996
CONTENIDO:NULIDADES EN EL PROCESO CIVIL, CAUSAL CONSTITUCIONAL DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, NULIDAD PROCESAL, SUSPENSIÓN DEL PROCESO CIVIL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:295 DE JULIO DE 1996, PÁG.883
Sentencia C-217 de mayo 16 de 1996
CAUSAL CONSTITUCIONAL DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos:
3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite la respectiva instancia.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.
Cosa juzgada constitucional por fallo anterior de esta Corte.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995, resolvió acerca de una demanda instaurada contra la expresión “solamente”, que hace parte del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, cuya inconstitucionalidad se solicita en el presente caso.
En aquella oportunidad la corporación resolvió declarar exequible la expresión acusada, con la advertencia de que el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil reguló únicamente las causales de nulidad de índole legal, aclarando que además de las hipótesis contenidas en la norma mencionada, es viable y puede invocarse la prevista en el artículo 29 de la Carta Política, según la cual “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, que es aplicable en toda clase de procesos.
Se observa, entonces, que en cuanto a la exequibilidad de la expresión “solamente”, la Corte Constitucional ha resuelto con anterioridad. Es decir, que según lo establecido en el artículo 243 de la Carta Política, en relación con esta materia se deben acoger los criterios juris-prudenciales expresados en la Sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995.
Se dispondrá acatar lo resuelto en la aludida providencia.
Competencia del legislador para consagrar causales de nulidad de los procesos y para prever las formas de subsanarlas. La causal constitucional de violación del debido proceso.
La Corte estima que el parágrafo acusado se aviene a la Constitución, pues no se opone a ninguno de sus preceptos.
Lejos de ello, la norma puede ser ubicada con exactitud en las previsiones del artículo 29 de la Carta, en cuanto señala una de las reglas propias del proceso civil.
En efecto, factor de primordial importancia en la previa definición de los procedimientos consiste en determinar si las nulidades que dentro de ellos puedan surgir son susceptibles de sanearse, bien por el transcurso del tiempo, ya por la celebración de un cierto acto o por manifestación expresa de aquel en cuyo beneficio o para cuya protección se haya consagrado la respectiva causal, o por cualquier otro medio jurídicamente relevante.
Todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con claridad de los ar-tículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros. Por supuesto, es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse.
Que se contemple, como lo hace la norma demandada, que el principio general en lo referente a irregularidades originadas por hechos diferentes a los taxativamente enunciados consista en considerarlas subsanadas, a no ser que se aleguen oportunamente mediante la interposición de los recursos legales, no vulnera la Constitución, pues ello no significa que pierdan eficacia las reglas del debido proceso ni que las partes afectadas por irregularidades dejen de tener oportunidad para invocarlas en defensa de sus derechos.
Acontece, eso sí, que, como lo declara el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades en ella reconocidos implica responsabilidades.
En los procesos judiciales, quienes intervienen asumen cargas procesales, indispensables para reclamar las prerrogativas y derechos que les corresponden. Una de aquéllas consiste cabalmente en invocar éstos oportunamente. En cuanto a las nulidades, la facultad del juez para declararlas de oficio en cualquier momento del proceso antes de dictar sentencia (CPC, art. 145) no convierte en inconstitucional la exigencia que se hace a las partes en lo relativo al alegato acerca de su existencia dentro del término que la ley señale.
Ahora bien, en concordancia con lo expuesto por la Corte en la ya aludida sentencia, el ar-tículo del cual hace parte el parágrafo impugnado, reformado en 1989, está destinado a la enunciación de las causales de nulidad de índole puramente legal, por lo cual ellas deben ser adicionadas por la norma posterior consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Esta disposición reforma la legislación preexistente, tal como se desprende del artículo 4º de la propia Carta y como hace tiempo lo estableció el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, que dice: “La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”.
Así las cosas, debe advertir la Corte que la circunstancia en mención, que fue contemplada directamente por la Constitución Política, modificando el orden jurídico precedente y que, según el artículo 29 de ella, implica una consecuencia jurídica que opera de pleno derecho, no constituye tan solo una de aquellas “irregularidades” enunciadas por vía residual en la norma demandada para establecer que se entienden saneadas si no se alegan oportunamente, sino que corresponde a una protuberante causa de nulidad de rango constitucional y, por tanto, de jerarquía superior a las demás, caracterizada por la gravedad que implica el desconocimiento flagrante de las reglas del debido proceso.
Por eso y porque la Corte Constitucional tiene dicho que la norma acusada únicamente plasma causales de nivel legal, el expresado motivo de nulidad de lo actuado no puede entenderse incorporado al parágrafo del precepto que se estudia. Lo relativo a su saneamiento únicamente puede ser dispuesto por el constituyente, luego mientras la Carta no disponga lo contrario, configurados los hechos que implican la vulneración del debido proceso, se tiene la ineluctable consecuencia de la nulidad de pleno derecho.
Aplicación directa de las normas constitucionales.
La Corte debe afirmar que las garantías procesales, derivadas del artículo 29 de la Constitución, obligan de manera directa y preferente, superponiéndose a las disposiciones legales, anteriores o posteriores a la Constitución, que les sean contrarias o que pudieran llevar a consecuencias prácticas lesivas del derecho fundamental que la Carta Política quiso asegurar.
Por lo tanto, según lo dispone el artículo 85 de la Constitución, el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, lo que significa que, para alegarlo, hacerlo valer, aplicarlo, reivindicarlo y exigir las sanciones pertinentes por su violación no se necesita ley alguna que lo establezca o permita. En otros términos, la certidumbre y eficacia de la garantía constitucional no está supeditada a normas de orden legal que conduzcan a hacerla material y actualmente exigible.
Ahora bien, la propia norma del artículo 29 de la Constitución señala como uno de los elementos integrantes del debido proceso la sujeción a las reglas y procedimientos plasmados por el legislador para el respectivo juicio. Por eso, manifiesta con claridad que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, según las reglas de la ley, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, también previstas en la ley, lo cual implica que la normatividad legal es punto de referencia obligado para establecer en cada caso concreto si se acatan o desconocen las reglas del debido proceso.
De todo ello se deduce que una cosa es la efectividad de la garantía constitucional, que no depende de la ley en cuanto no proviene de ésta, y otra muy distinta, la verificación acerca del contenido del debido proceso en relación con cada caso, que siempre tendrá por factor de comparación lo dispuesto en la ley correspondiente. Eso implica que, si bien el derecho constitucional al debido proceso no precisa de un estatuto legal que lo haga reclamable de manera inmediata y plena, siempre habrá de verse, para deducir si tal derecho ha sido respetado o es objeto de violación, cuáles son las reglas procesales aplicables en el evento específico, es decir, las generales y abstractas, vigentes con anterioridad e integrantes de la ley prevista para cada proceso.
Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la seguridad constitucional —ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso— de que toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho fundamental.
Obviamente, ya que el debido proceso se establece según lo consagrado en la ley precedente y, en últimas, para deducir que ha sido violado, debe demostrarse que la normatividad de orden legal ha sido desconocida en términos tales que afecte o ponga en peligro derechos sustanciales, no todo vicio procesal repercute en la configuración de la causal constitucional de nulidad, por lo cual, así ésta en sí misma no precise de un reconocimiento judicial expreso, es el juez el llamado a evaluar, con arreglo a las normas legales propias de cada juicio, si los hechos que dan lugar a ella —las violaciones del debido proceso en la obtención de la prueba— en verdad han ocurrido.
El parágrafo objeto de acción no colide con postulados constitucionales ni vulnera precepto alguno de la Carta, por lo cual será declarado exequible.
1. En cuanto a la expresión “solamente”, contenida en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995.
2. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que se refiere únicamente a causas o motivos de nulidad de orden legal.
(Sentencia C-217 de mayo 16 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).