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Timestamp: 2017-08-21 18:22:46
Document Index: 293914386

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 141', 'artículo 33']

Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma. TÍTULO XI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA REPRESENTACIÓN Y LA DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA (Vigente hasta el 01 de Enero de 2008).
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA REPRESENTACIÓN Y LA DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en su condición de administración pública con personalidad jurídica, puede ser citado ante los diferentes órdenes y órganos judiciales, y ocupar las diferentes situaciones procesales que permitan las leyes. Además, está legitimado no solamente para impugnar las disposiciones y los actos de las diferentes administraciones públicas, sino que también tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
La representación y la defensa en juicio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el asesoramiento jurídico en materias de competencia municipal corresponden, sin perjuicio de las competencias del funcionariado con habilitación nacional, a los letrados y a las letradas de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dichas funciones también pueden corresponder a abogados colegiados o a abogadas colegiadas designados para casos o ámbitos concretos, que tienen que actuar de acuerdo con las instrucciones fijadas al efecto por el órgano directivo que tiene atribuida la dirección de los servicios jurídicos.
La representación y la defensa en juicio y el asesoramiento de patronatos, fundaciones y empresas públicas municipales o participadas por el Ayuntamiento, pueden ser asumidas por el Departamento de servicios jurídicos municipal, mediante la elaboración de convenios de cooperación entre la corporación y las entidades respectivas.
Las notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales, para que se entiendan hechas con validez, tienen que practicarse en la sede de los servicios jurídicos municipales y en la persona de uno de sus letrados o de una de sus letradas, sin perjuicio de las actuaciones judiciales de investigación.
El Departamento de servicios jurídicos puede formular, a través del o de la jefe del departamento y con la conformidad del alcalde o la alcaldesa o del concejal delegado o de la regidora delegada y de la Secretaría General, propuestas de instrucción que unifiquen los criterios interpretativos o de actuación de los diferentes departamentos, áreas o servicios municipales en materia jurídica. Las citadas instrucciones son de obligado cumplimiento para el funcionariado o personal del Ayuntamiento o de las empresas municipales antes mencionadas.
Los miembros de los servicios jurídicos, junto con la Secretaría General, actuando de forma colegiada constituyen el Consejo Jurídico del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que emitirá dictámenes, no vinculantes, sobre los temas generales más importantes que se planteen en el municipio.
El alcalde o la alcaldesa, por instrucción de servicio, regulará su composición y funcionamiento.
Los dictámenes del Consejo Jurídico del Ayuntamiento de Palma de Mallorca deben ser objeto de publicación periódica.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca desarrollará, mediante reglamento, lo regulado en la presente ley, en la forma prevista en el artículo 6.
Los efectos de esta Ley de capitalidad, por su carácter de norma legislativa especial, prevalecerán sobre otras disposiciones de carácter general o sectorial.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca tiene iniciativa para proponer la modificación de este régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears, debe participar en la elaboración de los proyectos de ley que inciden en este régimen especial y ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial.
El conjunto del parque y castillo de Bellver queda declarado parque histórico y natural a la entrada en vigor de la presente ley. El Parque Histórico y Natural de Bellver incluye el conjunto, el jardín y el lugar histórico existentes en dicho emplazamiento.
Sin perjuicio de las competencias en materia de patrimonio histórico de otras administraciones, corresponden al Ayuntamiento de Palma de Mallorca la planificación, la ordenación y la gestión del conjunto. En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca debe aprobar un plan especial del parque y castillo de Bellver.
Queda prohibido el conjunto de actividades incompatibles o que pongan en peligro los valores históricos, culturales y naturales del parque y del castillo.
A partir de: 15 junio 2012
Disposición adicional cuarta introducida por el artículo 5 de L [BALEARES] 6/2012, 6 junio, de modificación de la L [BALEARES] 23/2006, 20 diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca («B.O.I.B.» 14 junio).
A partir de: 11 diciembre 2016
Disposición adicional quinta introducida por el artículo 3 de la Ley [BALEARES] 15/2016, 2 diciembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca («B.O.I.B.» 10 diciembre).
Las disposiciones de la presente ley que implican una adaptación especial para el Ayuntamiento de Palma de Mallorca del régimen general de organización y funcionamiento municipal entran en vigor y serán aplicables cuando se hayan desarrollado, según lo determinado en la legislación básica reguladora del régimen local.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca dispone del plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, para la localización de la reserva de suelo que establece el artículo 86.1 de esta ley.
El Fondo de Cooperación Local indicado en el artículo 141.a) de la presente Ley de capitalidad se corresponde con el Fondo de Cooperación Municipal establecido por la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Disposición transitoria segunda redactada por el artículo 33 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre).
La presente ley entra en vigor el día 31 de diciembre de 2006 y se desarrollará reglamentariamente en el plazo de un año.