Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/688922837
Timestamp: 2018-03-18 03:52:42
Document Index: 49942125

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 241', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15']

Sentencia de Constitucionalidad nº 176/17 de Corte Constitucional, 23 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 688922837
Actor: HERNEY DAVID MONTERO PINTO Y OTROS
Demandado: LEY 497 DE 1999, ARTICULO 15
Expediente: D-11582 Y OTRO ACUMULADOS
JUEZ DE PAZ. INHABILIDAD PARA DESEMPEÑARSE COMO TAL, POR CAUSA DE RESOLUCIÓN ACUSATORIA EN SU CONTRA POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O LA JUSTICIA, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. Las acusaciones se dirigen a la expresión Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia. En dos demandas se aduce que la referida expresión resulta contraria a los artículos 2, 5, 13, 29 y 40 de la Constitución, al vulnerar los fines constitucionales del Estado y los principios de supremacía de los derechos fundamentales e igualdad. Igualmente, por desconocer la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso y a acceder a cargos públicos. La Corte considera que a pesar de que la medida busca un fin legítimo, importante e imperioso y que persigue un fin constitucionalmente válido, resulta innecesaria y como tal, no logra superar un test intermedio de razonabilidad. En consecuencia, declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 15 de la Ley 497 de 1999.
Demandantes: H.D.M.P., E.C.B.B. y W.A.B.B..
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados L.G.G.P., M.V.C.C., A.L.C., A.J.L.O., G.S.O.D., I.E.M. (e), A.A.G. (e), A.R.R. y J.A.C.A. (e), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano H.D.M.P. demanda la inconstitucionalidad de la expresión “Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia”, del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, por la supuesta vulneración de los artículos 5, 13, 29 y 40 Superiores (exp. D-11582).
De igual manera, los ciudadanos E.C.B.B. y W.A.B.B., demandaron la misma disposición, alegando la vulneración de los artículos 2, 5, 29, y 40 Superiores (Exp. D-11586).
Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia;
El ciudadano M.P. planteó cuatro (4) cargos de inconstitucionalidad.
El ciudadano M.P. sostiene que la inhabilidad prescrita en el literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999:
El literal demandado, I. para la postulación y ejercicio del cargo de Juez de Paz a personas que no son responsables de una conducta penal, sino que apenas están vinculadas al proceso, y que no se sabe con certeza si va a existir una sentencia condenatoria; de tal manera que se está inhabilitando de manera injustificada a personas con una característica no motivada, se está inhabilitando a personas que hasta el momento son inocentes de una conducta penal.
Los ciudadanos E.C.B.B. y W.A.B.B., demandaron la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, alegando la vulneración de los artículos 2, 5, 29, y 40 Superiores.
“El articulo segunde de la Constitución Política establece que las autoridades están establecidas para la protección de los derechos y las garantías de las personas; además establece como un fin, el garantizar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales de todas las personas, razón por la cual, el articulo demandado resulta siendo violatorio de la constitución de 1991, debido a que en este artículo se crea la inhabilidad que desconoce el principio de presunción de inocencia, la cual solo puede ser desvirtuada a través de una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada”.
La ciudadana D.C.V.T., obrando en su calidad de Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la exequibilidad de la disposición legal acusada.
D.A.R.B., actuando en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la inexequibilidad de la disposición legal acusada, y en su defecto, la exequibilidad condicionada.
El ciudadano J.K.B.V., actuando como Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la exequibilidad de la disposición legal acusada.
La ciudadana A.L.R.L., actuando en calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la inexequibilidad de la disposición legal acusada.
El ciudadano C.R.M., actuando en calidad docente de la Universidad Santo Tomás, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la inexequibilidad de la disposición legal acusada.
El ciudadano Y.C. de la Rosa, actuando en calidad de integrante del Grupo de Acciones Constitucionales de la Unversidad de Cartagena, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la inexequibilidad de la disposición legal acusada.
Los ciudadanos H.D.M.P., E.C.B.B. y W.A.B.B., demandan la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, contentivo de una inhabilidad para postularse o ser elegido juez de paz, consistente en “Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia”.
El quinto, en razón de que los señores H.D.M., E.C.B.B. y W.A.B.B. formularon cargos comprensibles sobre el concepto de la violación alegada, al evidenciar un hilo conductor en su razonamiento y facilidad del entendimiento de las premisas que sustentan la demanda.
Alcance de la norma y vigencia de la misma
Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia”
De conformidad con una interpretación sistemática, la norma acusada se ubica en el artículo 15 de la Ley 497 de 1999, por medio de la cual fueron creados los jueces de paz en Colombia, y hace parte de un conjunto de inhabilidades para ser postulado o elegido como juez de paz o de reconsideración, entre las que se encuentran: (i) Haber sido condenado a una pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de nombramiento o de elección; (ii) Hallarse bajo interdicción judicial; (iii) P. afección física o mental o trastorno grave de conducta, que impidan o comprometan la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo; (iv) H. bajo medida de aseguramiento que implique privación de libertad sin derecho a libertad provisional; (v) H. suspendido o excluido del ejercicio de cualquier profesión; (vi) Haber perdido con anterioridad la investidura de juez de paz o de conciliador en equidad; y (vii) Realizar actividades de proselitismo político o armado.
El segundo grupo contiene las inhabilidades relacionadas con la protección de principios, derechos y valores constitucionales, sin establecer vínculos con la comisión de faltas ni con la imposición de sanciones. Su finalidad es la protección de preceptos como la lealtad empresarial, la moralidad, la imparcialidad, la eficacia, la transparencia, el interés general o el sigilo profesional, entre otros fundamentos. En este sentido, las prohibiciones e inhabilidades corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y no se identifican ni asimilan a las sanciones que se imponen por la comisión de delitos o de faltas administrativas.
Antecedentes de la Ley 497 de 1999
La Ley 497 de 1999 tuvo su origen en el Proyecto de Ley número 57 de 1997, Senado “Por el cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”[22], presentado por Ministra de Justicia, A.R.L..
El margen de configuración con que cuenta el legislador para diseñar inhabilidades para acceder a funciones públicas
Pronunciamientos de la Corte en materia de jueces de paz
Relaciones existentes entre la presunción de inocencia y el derecho fundamental de acceso a cargos públicos
Para la Sala, la decisión referida no vincula la resolución del presente caso, porque en aquella ocasión se contrastó la prohibición frente al principio de inocencia, mandato que, como se explicó, no opera para inhabilidades requisito. Así mismo, en esta oportunidad, este juez colegiado se encuentra confrontando la inhabilidad producto de una resolución de acusación frente al derecho de acceso a cargos públicos, principio que se ve interferido de manera irrazonable. N. que uno de los elementos de esas garantías en sí mismo corresponde con la posibilidad de ocupar un empleo público.
10.1. La demanda de inconstitucionalidad. Los ciudadanos H.D.M.P., E.C.B.B. y W.A.B.B. demandaron la inconstitucionalidad de la expresión “Haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia”, prevista en el literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, por la presunta vulneración de la presunción de inocencia y el derecho fundamental de acceso a cargos públicos.
10.5. Antecedentes de la Ley 497 de 1999. La Ley 497 de 1999 tuvo su origen en el Proyecto de Ley número 57 de 1997, Senado “Por el cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”[47], presentado por Ministra de Justicia, A.R.L..
En la citada providencia, la Corporación resolvió declarar inexequible el literal "e" del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, que establecía como causal de inhabilidad para postularse como juez de paz, "haber sido dictada en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atente contra la administración pública o de justicia ". La posición mayoritaria asumió que la norma demandada imponía una limitación innecesaria y desproporcionada al derecho a acceder a cargos públicos, e incluso a la presunción de inocencia, debido a que: (i) existían otras medidas menos lesivas para impedir que una persona pudiera postularse al cargo de juez de paz -p. e. la revisión de datos sobre sanciones penales, disciplinarias y fiscales-; (ii) una decisión judicial que no equivale a un fallo condenatorio -como la resolución de acusación- no mina la confianza de la comunidad en sus jueces de paz; y (iii) la inhabilidad resulta desproporcionada en cuanto incluye personas que pueden ser tanto condenadas como absueltas, y deja por fuera delitos que pueden ser más graves que aquellos cobijados por la aludida medida.
En relación con la posición asumida por la mayoría, las razones por las cuales disiento, son básicamente dos: la primera, porque la inhabilidad derivada de la existencia de una resolución de acusación en contra de la persona que pretende ejercer como juez de paz, se inscribe en el amplio margen de configuración del legislador en la materia y es una medida necesaria para salvaguardar la confianza de la comunidad en tales funcionarios jurisdiccionales; y la segunda, porque la anterior tesis había sido sostenida y reconocida por la propia jurisprudencia de la Corte, en la que se ha señalado que las inhabilidades no sancionatorias, en labores relacionadas con la justicia, son constitucionalmente admisibles. A continuación desarrollaré estas dos ideas con mayor detenimiento.
Sobre la necesidad de la medida, encuentro que la decisión adoptada partió de una apreciación errada que la llevó a una conclusión contraevidente. En efecto, la posición mayoritaria sostiene que "la confianza que debe tener la comunidad en sus jueces de paz, en tanto fundamento de dicha institución, no se mina por la adopción de una decisión de la Fiscalía que de forma alguna, equivale a un fallo condenatorio." Considero que el argumento de la Sala carece de solidez pues la institución de los jueces de paz, precisamente, está edificada sobre las condiciones que la misma comunidad les reconoce a ciertos ciudadanos para ser elegidos popularmente y prestar un servicio honorífico como jueces de paz. Esto es así, porque la jurisdicción de paz está basada en la posibilidad de que los propios ciudadanos acudan a ella voluntariamente, como mecanismo para la solución pacífica de sus conflictos. Tal confianza sólo se puede lograr a través del reconocimiento ético y moral de quien detenta la dignidad de juez.
Cabe agregar, además, que la posición adoptada por el suscrito, no obedece a una mera diferencia de criterio personal, pues está fundada en la pacífica y decantada línea jurisprudencial que hasta la sentencia C-176 de 2017, había sostenido la Corte en materia de inhabilidades no sancionatorias.
Las anteriores son las razones por las cuales, respetuosamente, me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, y por las que, en consecuencia, salvo el voto en la presente sentencia.
Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.
Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este último caso, mientras obtiene su rehabilitación.
Quien haya sido destituido de cualquier cargo público.
Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.
El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio.”
[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de febrero de 2015. M.P.J.L.B.M..
[10] Respecto de esta valoración la Sala ha sostenido que «corresponde ser realizada por la Fiscalía, luego de un proceso de valoración de tales elementos de convicción, gracias al cual dicho sujeto procesal evalúa si se satisface la exigencia probatoria prevista por el mencionado precepto para convocar el juicio mediante la presentación del mencionado escrito.». Cfr. CSJ., AP. de 18 de abril de 2012, R.. 38521.
[12] Cfr. J.V., M., Derechos Fundamentales del proceso penal, Ediciones jurídicas G.I., Bogotá, pág.73.
[14] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia del 28 de noviembre de 2007, R.. 27.518. “Además, el derecho de defensa como mecanismo para la realización de la justicia y base fundamental del Estado de derecho, ha de estar presente en toda la actuación, en consecuencia, la necesaria armonía entre la formulación de la imputación y la acusación (entendida esta última en su forma de acto complejo de escrito y formulación oral) involucra el derecho del incriminado de conocer desde un principio los hechos por los cuales se le va a procesar.”
[18] S.J.L., Validez y Vigencia, la aportación garantista a la teoría de la norma jurídica, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pp 23 y 74.
[52] MP. A.R.R..
[53] La Corte ha determinado (C-353 de 2009, M.P.J.I.P.P.) que las inhabilidades como la referida en la disposición demandada son de carácter temporal, pues permanecen hasta que se resuelva enjuicio la situación del afectado. Este aspecto es importante porque con la medida de inhabilidad temporal se salvaguarda la garantía de presunción de inocencia. La Corte también ha precisado (Sentencias C-468 de 2008 -M.P.M.G.M.C.- y C-1016 de 2012 -M.P.J.I.P.P.-) que existe una diferencia entre dos tipos de inhabilidades: (i) las inhabilidades sanción, que inhiben para desempeñar un cargo, como consecuencia de una conducta reprochable previamente sancionada y declarada; y (ii) las inhabilidades requisito, que se exigen como requisito de idoneidad. Esta distinción es igualmente relevante, porque en el caso de las inhabilidades requisito como la que estudió la Sala, no existe afectación de la garantía de presunción de inocencia pues no se impone ninguna sanción ni juzgamiento.
[55] M.P.C.G.D..
[56] M.P.G.E.M.M..
[57] M.P.H.G.O..