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Timestamp: 2019-10-18 04:02:34
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Normativa >> Ley 8660 >> Fecha 08/08/2008 >> Texto completo
Fecha de vigencia desde: 13/08/2008
Texto Completo Norma 8660
Texto Completo acta: EB5CF 8660
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR
Créase, por medio de la presente ley, el sector telecomunicaciones y se desarrollan las competencias y atribuciones que corresponden al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que por medio de su jerarca ejercerá la rectoría de dicho sector. Además se modernizan y fortalecen el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas; también, se modifica la Ley N.º 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 9 de agosto de 1996, para crear la Superintendencia de Telecomunicaciones, en adelante denominada Sutel, que será el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 10° de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 9046 del 25 de junio de 2012)
Quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley toda !a Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada incluyendo a aquellas que pertenezcan a! régimen municipal, las instituciones autónomas las semiautónomas y las empresas publicas y privadas, que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia del Sector Telecomunicaciones,
a) Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a sus empresas y a sus órganos adscritos, de la legislación que le permita adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad, así como de las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información y demás servicios en convergencia.
b) Complementar el Decreto-Ley N.° 449, de 8 de abril de 1949, Reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, y sus reformas, para dotar al ICE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que continúe con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad y telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y fuera de él.
c) Crear el Sector Telecomunicaciones y su rectoría, dentro del marco de sectorización del Estado, así como desarrollar las competencias y atribuciones que competen al ministro rector del Sector, quien en conjunto con el presidente de la República, elaborará el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, que deberá respetar la legislación ambiental vigente, la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, así como la promoción del uso de las fuentes de energía renovables.
d) Reformar la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, para constituir la Sutel, encargada de regular, aplicar, vigilar y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones.
e) Flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación pública que tienen el ICE y sus empresas.
f) Garantizar y reafirmar la autonomía administrativa y financiera del ICE y sus empresas
g) Garantizar la rendición de cuentas y la evaluación de resultados por parte del ICE y sus empresas.
Las entidades públicas del Sector Telecomunicaciones considerarán los
principios rectores del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, definidos
y vigentes en el Sector:
c) Beneficio del usuario
e) Competencia efectiva.
g) Neutralidad tecnológica.
h) Optimización de los recursos escasos.
i) Privacidad de la información
j) Sostenibilidad ambiental.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS
EL ICE Y SUS EMPRESAS
El presente título complementa la Ley de creación del Instituto Costarricense de Electricidad, N.° 449, de 8 de abril de 1949, y sus reformas, como institución autónoma. Sus normas son de carácter imperativo e irrenunciable y, en caso de discrepancia, prevalecerá esta Ley sobre las anteriores.
ARTÍCULO 5.- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas
Para los propósitos de esta Ley, son empresas del ICE:
a) Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en adelante denominada Racsa.
b) Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, en adelante denominada CNFL.
c) Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima, en adelante denominada Cricsa.
d) Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera, en ambos casos, con una participación no menor que el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital accionario.
El ICE podrá constituir y capitalizar empresas, filiales y sucursales, tanto en el territorio nacional, como fuera de él, con el fin de cumplir los propósitos que señale el ordenamiento jurídico. El ICE y sus empresas podrán operar dentro del país y fuera de él. Las empresas que el ICE constituya fuera del territorio nacional, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes, estarán autorizadas para operar en el país, de conformidad con lo que al efecto disponga la legislación aplicable y lo que acuerde el Consejo Directivo del ICE.
Las empresas del ICE podrán constituir o participar en otras empresas, previa autorización del Consejo Directivo del ICE. Para esto, serán aplicables, a las empresas del ICE, las facultades expresamente indicadas en esta Ley.
La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante ley especial de la República.
COMPETENCIAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD Y AUTORIZACIONES LEGALES
ARTÍCULO 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y
b) Ser agentes del mercado eléctrico en los demás países que se adhieran al Tratado marco del mercado eléctrico de América Central, aprobado mediante la Ley N.° 7848, de 20 de noviembre de 1998, o a cualquier otro instrumento que en el futuro se suscriba y ratifique.
ARTÍCULO 7.- Servicio telefónico básico tradicional
Excluyese el otorgamiento de concesiones o autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio telefónico básico tradicional, salvo concesión otorgada por ley. No obstante, dichas redes y el servicio telefónico básico tradicional estarán sometidos a la competencia de la Sutel para efectos de su regulación
El servicio telefónico básico tradicional es el que tiene como objeto la comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se excluyen los servicios de valor agregado asociados.
ARTÍCULO 8.- Asociación empresarial
Al ICE y sus empresas, con el propósito de promover su competitividad, se les autoriza para que suscriban alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, que desarrollen actividades de inversión, de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades del ICE y sus empresas. Los términos y las condiciones generales de las alianzas se definirán reglamentariamente.
Las disposiciones del párrafo anterior no deberán afectar los procedimientos de concentración establecidos en la legislación y tendientes a prevenir, controlar y sancionar cualesquiera prácticas o condiciones contrarias a la competencia efectiva.
ARTÍCULO 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias. Los precios de estos productos y servicios serán determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a
El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley
ARTÍCULO 10.- Prácticas comerciales
El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas comerciales usuales y legales en la industria y el comercio en general, como elaborar en forma separada o conjunta con otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, promociones incluyendo la dotación, gratuita o no, de equipo terminal, descuentos, patrocinios, paquetes de servicios y cualquier otra práctica de mercadeo. En este caso, el ICE y sus empresas estarán sujetos a las autorizaciones y demás condiciones que indique la ley.
El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el mercado, para mantener, capacitar y reclutar al personal, incluyendo a estudiantes de colegios técnicos y universitarios. El otorgamiento de becas para capacitación del personal estará restringido al costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el viático y el transporte. Asimismo, podrán negociar acuerdos o contratos con cláusulas compromisorias de arbitraje; para ello, quedan habilitados para determinar la legislación aplicable a los actos o contratos celebrados con entidades de otros países.
ARTÍCULO 11.- Contratos de fideicomiso
Para el cumplimiento de sus fines, el ICE y sus empresas están facultados para suscribir contratos de constitución de fideicomisos de cualquier índole, dentro del territorio nacional y fuera de él.
Además, los fideicomisos constituidos en el país tendrán la fiscalización y supervisión de la Superintendencia Financiera correspondiente, mientras que a los constituidos fuera del territorio nacional se les aplicarán, en esta materia, las disposiciones de la legislación del país donde fueron constituidos.
La actividad contractual de tales fideicomisos constituidos en el país, estará sujeta a los principios constitucionales de la contratación administrativa. Los presupuestos de ingresos y egresos de estos fideicomisos, serán enviados a la Contraloría General de la República, para efectos informativos.
En el caso de los fideicomisos constituidos en el territorio nacional, el ICE y sus empresas podrán elegir libremente el fiduciario, entre los bancos del Sistema Bancario Nacional; para ello, este último deberá cumplir los requerimientos que dispongan el ICE y sus empresas, y coadyuvar en la consecución del interés público e institucional.
ARTÍCULO 12.- Compras verdes
Autorízase al ICE y sus empresas, para que promuevan la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables, que cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública.
Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas, deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos, incorporan los criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión del residuo, una vez terminada su vida útil.
La Proveeduría de la Institución deberá incluir, en los carteles de licitación o de compra directa, criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos, para evaluar las licitaciones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley.
LIBERALIZACIÓN A RESTRICCIONES DE INVERSIÓN
Y ENDEUDAMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
ARTÍCULO 13.- Política financiera
Ni el Estado ni sus instituciones podrán imponer restricciones ni limitaciones financieras a las inversiones y al endeudamiento del ICE y sus empresas, que resulten ser ajenas o contrarias a esta Ley.
Ni el Estado ni sus instituciones podrán solicitar ni exigir transferencias, ni superávit, ni compra de bonos; en general, no se podrá obligar al ICE y sus empresas a mantener depósitos en cuenta corriente, ni en títulos del gobierno.
En caso de distribución de excedentes a favor del ICE o sus empresas, generados por la prestación o comercialización de productos o servicios de electricidad, telecomunicaciones, infocomunicaciones y servicios de información, así como la comercialización de otros productos y servicios desarrollados o comercializados por el ICE o sus empresas o por medio de alianzas con terceros, estos excedentes deberán ser capitalizados como reservas de desarrollo para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 14.- Política de endeudamiento
1. Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley, el ICE y sus empresas, salvo aquellas empresas subsidiarias constituidas fuera del país, están facultados para negociar, contratar y ejecutar, de manera autónoma, endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazo hasta un nivel de endeudamiento máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) en relación con sus activos totales. El endeudamiento se calculará con base en el total consolidado del valor de los activos totales del ICE y sus empresas al 31 de diciembre del año anterior; para el cálculo se o excluirán los pasivos de corto plazo. La inversión externa podrá ejecutarse siempre y cuando no menoscabe la inversión interna requerida para la prestación óptima de sus servicios y productos.
Los cambios en el pasivo total del ICE, como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio, no serán considerados para efectos de medir la variación neta del pasivo total, para el cálculo del nivel de endeudamiento regulado en este artículo.
2. En caso de que el ICE y sus empresas requieran incrementar su endeudamiento en un porcentaje mayor que el contemplado en el inciso 1 de este artículo, deberán someter sus requerimientos de financiamiento adicional a la autorización del Poder Ejecutivo, el cual, en el plazo de cinco (5) días naturales a partir del recibo de la solicitud, le pedirá una recomendación al Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones. Para elaborar su recomendación, el Consejo considerará:
a) Las condiciones de oferta y demanda en el mercado de energía eléctrica y telecomunicaciones.
b) El impacto en la capacidad competitiva de la economía.
c) El acceso de los habitantes a estos servicios, en condiciones de universalidad y solidaridad.
d) La capacidad de endeudamiento total del país y el efecto del nuevo financiamiento en la balanza de pagos.
e) El impacto del financiamiento sobre la situación global de las finanzas públicas.
f) Los requerimientos de inversión de otros sectores económicos y sociales y las prioridades del desarrollo nacional.
g) Las necesidades de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones e infocomunicaciones; así como las condiciones de competitividad que el país requiere en esos sectores.
El Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones adoptará las decisiones por mayoría calificada y la recomendación deberá ser motivada y razonada, de conformidad con lo establecido en la Ley general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.
El Poder Ejecutivo autorizará o rechazará el incremento de endeudamiento solicitado, en el plazo de diez días naturales a partir del recibo de la recomendación.
El incremento de financiamiento resultante de las autorizaciones adicionales concedidas según el inciso 2 de este artículo, no disminuirá la capacidad de endeudamiento autorizada en el inciso 1 anterior.
3. El endeudamiento no ejecutado en cualquier año podrá utilizarse en los períodos siguientes, en adición al endeudamiento del año correspondiente.
4. El ICE y sus empresas quedan facultados para suscribir, ejecutar y desembolsar instrumentos financieros de corto plazo para el financiamiento de capital de trabajo, entre otros, cartas de crédito, garantías, líneas de crédito y pasivos contingentes de corto plazo.
ARTÍCUL0 15.- Instrumentos financieros
El ICE y sus empresas podrán emitir todo tipo de títulos valores, en moneda nacional o extranjera, al interés, la tasa de amortización y el monto, que su Consejo Directivo determine de conformidad con la legislación aplicable. Dichos títulos tendrán la garantía que el ICE y sus empresas les señalen en el acuerdo de emisión; para ello, podrán titularizar sus ingresos actuales y futuros o sus bienes, mediante contratos financieros, tales como arrendamientos o fideicomisos, o
podrán gravar sus bienes e ingresos.
Los títulos que emitan el ICE y sus empresas serán negociables libremente y podrán ser adquiridos por todos los entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, incluyendo las operadoras de pensiones.
El ICE y sus empresas podrán emitir, vender y adquirir valores en el mercado financiero primario o secundario, directamente en ventanilla, o por medio de los puestos de bolsa de valores que se estime necesarios. Los valores podrán emitirse en serie o en forma individual y podrán ser objeto de oferta publica. Los bienes patrimoniales del ICE y sus empresas podrán garantizar dichas emisiones.
ARTÍCULO 16.- Política de recursos humanos
Ni el Estado ni sus instituciones podrán imponerles al ICE ni a sus empresas, restricciones cuantitativas ni cualitativas a la contratación de recursos humanos, que resulten ser ajenas o contrarias a esta Ley El ICE y sus empresas tendrán autonomía e independencia en la elaboración y ejecución do su política de contratación de recursos humanos.
ARTICULO 17.- Desaplicación de leyes vigentes
a) La Ley para el equilibrio financiero del Sector Público N° 6955. de 24 de febrero de 1984. y sus reformas
b) La Ley N. 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001. y sus reformas excepto los artículos 57 y 94
c) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria. N° 6821 de19 de octubre de 1982, y sus reformas
d) El artículo 106 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica N° 7558. de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas
e) Los artículos 10. 16, 17 y 18 de la Lev de planificación nacional N° 5525. de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, referentes a proyectos de inversión y reorganizaciones.
f) La Ley de financiamiento externo 1985-1986, N° 7010. do 25 de octubre de 1985.
g) El ultimo párrafo del articulo 4 de la Ley N° 3293. de 18 de junio de 1964, y sus reformas.
ARTICULO 18.- Tratamiento tributario
Cuando el ICE y sus empresas actúen como operadores o proveedores en mercados nacionales competitivos de servicios y productos de telecomunicaciones o de electricidad, estarán sujetos al pago de los impuestos sobre la renta y de ventas. En los demás casos, se mantendrán vigentes las exenciones conferidas en el Decreto Ley N.° 449. de 8 de abril de 1949, así como a cualesquiera otras que les confiera el ordenamiento.
Se excluye del pago del impuesto sobre la renta el servicio telefónico básico tradicional
ARTÍCULO 19.- Autorización para invertir en instrumentos financieros del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, cooperativas de electrificación rural y empresas municipales
Autorízase a las operadoras de pensiones, así como a las sociedades de mercado de capitales y sociedades administradoras de fondos de inversión y a las municipalidades, para que inviertan en instrumentos financieros emitidos por las instituciones autónomas y las empresas públicas del Estado, cooperativas de electrificación rural y empresas municipales. Dichas emisiones estarán sujetas a la autorización y el control exclusivo por parte de la Superintendencia General de Valores, la cual deberá dictar el reglamento respectivo.
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 20.- Regulación de la contratación
La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento. La Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su Reglamento se aplicarán de manera supletoria.
La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación Administrativa.
El ICE y sus empresas contarán con una Junta de Adquisiciones Corporativa cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos de contratación administrativa correspondientes, incluyendo la adjudicación y las impugnaciones. La Junta se regirá por su reglamento autónomo.
Las resoluciones con efecto suspensivo que se dicten en sede administrativa o en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda en materia de contratación administrativa serán excepcionales. Para efectos de proteger el interés público, cuando se solicite la suspensión del acto, al solicitante se le fijará una caución, sin perjuicio de que el ICE y sus empresas, según corresponda, aporten la contracautela o garantía que se le fije. Una vez rendida la contracautela o garantía se levantará de oficio la suspensión del acto.
La Contraloría General de la República ejercerá sus competencias bajo la modalidad de control posterior.
ARTICULO 21.- Capacidad de contratación
El ICE tendrá plena capacidad para celebrar contratos de orden lícito de todo tipo, con el propósito de comprar, vender o arrendar bienes y servicios, constituir fideicomisos y, en general, cualquier otro medio u objeto que resulte necesario para el debido cumplimiento de sus fines. Asimismo, podrán celebrar préstamos, financiar, hipotecar y otorgar garantías o avales. El ICE estará
autorizado para arrendar a terceros sus redes y demás recursos escasos disponibles. No serán susceptibles de gravamen los bienes de dominio público.
ARTÍCULO 22.- Procedimientos ordinarios de concurso
El ICE utilizará los procedimientos ordinarios de licitación pública y de licitación abreviada, de conformidad con las disposiciones de este capítulo; asimismo, podrá aplicar el régimen especial de contratación directa.
En el Reglamento de esta Ley, podrán fijarse reglas especiales relativas a la estructura y los requisitos de los procedimientos ordinarios de concurso citados, en el tanto se respeten los principios constitucionales de la contratación administrativa.
El ICE, considerado individualmente, utilizará el procedimiento de licitación pública para contrataciones, cuya cuantía sea igual o superior a la suma derivada de multiplicar el presupuesto de adquisiciones de bienes y servicios no personales de la entidad, por el factor que resulte de dividir la cuantía señalada para la licitación pública en el inciso a) del artículo 27 de la Ley general de contratación administrativa, entre el presupuesto de referencia aplicable al ICE, considerado individualmente, dispuesto en el mismo numeral. Si de la aplicación de este párrafo resultan límites inferiores a los establecidos en el artículo 27 de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, se utilizarán los indicados en dicha Ley.
Se aplicará el procedimiento de licitación abreviada, para contratos cuya cuantía se ubique entre el monto para contratación directa señalado en el inciso a) del artículo 27 de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa y la cuantía para la licitación pública, que resulte de la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior.
El presupuesto de referencia es el que se debe aplicar al ICE, considerado individualmente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, con sus ajustes vigentes.
ARTÍCULO 23.- Excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso
Además de las excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstas en el marco normativo general de la contratación administrativa, el ICE podrá aplicar las siguientes causales de exclusión:
a) Los acuerdos celebrados con empresas públicas de otros países.
b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, consultaría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias.
c) La actividad de contratación que, por razones de seguridad, urgencia, emergencia u oportunidad, sea necesaria para garantizar la
continuidad de los servicios o para introducir mejoras o nuevas tecnologías a sus productos o servicios.
d) Los contratos de ayuda desinteresada con personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras.
e) La adquisición de bienes, obras o servicios que, por su gran complejidad o su carácter especializado, solo puedan obtenerse cuando exista un número limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia, no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios.
f) En los casos en que la administración, habiendo adquirido el equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.
g) La contratación de fideicomisos,
La aplicación de las causales anteriores será de responsabilidad exclusiva de la administración, sin que se requiera autorización de órganos o entes externos. La administración deberá dejar constancia, en el expediente de cada caso concreto, de las razones que sustentan la aplicación de la causal de exclusión de los procedimientos ordinarios de concurso, lo cual queda sujeto a la fiscalización posterior facultativa de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 24.- Subasta a la bajas
EL ICE podrá emplear la adjudicación por subasta a la baja, para adquirir cualquier tipo de producto o servicio. Antes de emplear este procedimiento, el ICE deberá fijar los términos de participación en la subasta, entre los cuales se definirán, por lo menos, los parámetros técnicos y de calidad de los bienes o servicios por adquirir. La reglamentación de este procedimiento deberá garantizar que se respeten los principios de la contratación administrativa y se resguarde, especialmente, la transparencia de la negociación.
ARTÍCULO 25.- Reglas especiales de los procedimientos de concurso
El procedimiento de concurso iniciará con la decisión administrativa de promoverlo, que será emitida por el funcionario competente y deberá contener la justificación de su procedencia, la descripción del objeto, la estimación del costo del objeto, la duración estimada del procedimiento, así como los recursos humanos, administrativos y presupuestarios suficientes para la ejecución del contrato.
En casos excepcionales, el ICE, para atender una necesidad muy calificada, podrá iniciar, bajo su propia responsabilidad, procedimientos de contratación administrativa, sin el contenido presupuestario; para ello, deberá garantizar la asignación presupuestaria. En el cartel, la administración advertirá expresamente que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia de contenido presupuestario. En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.
ARTÍCULO 26.- Recursos
El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, ante la administración contratante. Este recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el recurso.
En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará recurso de revocatoria.
Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas. En los casos de las adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar las prórrogas eventuales. En las licitaciones de cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el órgano contralor.
Sin detrimento de lo dispuesto en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, en cuanto a las sanciones de inhabilitación, cuando se demuestre que un recurso de apelación ha sido interpuesto de mala fe, para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento contractual iniciado, la Contraloría General de la República, de oficio o a instancia del ICE, previo debido proceso y mediante resolución razonada, sancionará al apelante, con inhabilitación para contratar con la administración o empresa afectada, por un período de dos (2) a cinco (5) años. La sanción podrá levantarse excepcionalmente, a efecto de contratar los bienes o servicios en los que haya dependencia tecnológica comprobada o que el oferente sea proveedor único de dicho bien o servicio. La sanción se fijará en función del daño y perjuicio causados al ICE y a la prestación de los servicios que brinda.
Cuando, por el procedimiento, no proceda el recurso de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó, ante el mismo órgano que dictó el acto.
No procederá recurso de revocatoria contra las contrataciones directas de escasa cuantía.
Cuando se demuestre que un recurso de revocatoria ha sido interpuesto de mala fe, para obstruir o impedir el curso normal del procedimiento contractual iniciado, la administración contratante aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral anterior.
ARTICULO 27.- Tipos abiertos
Facúltase al ICE para que emplee los tipos abiertos de contratación administrativa que sean debidamente incorporados a la reglamentación de esta Ley.
ARTÍCULO 28.- Límites de la cesión
Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la autorización previa y expresa del ICE, por medio de acto debidamente razonado. En ningún caso la cesión procederá en contra de las prohibiciones establecidas en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa. El ICE podrá autorizar la cesión siempre que no se desmejoren las condiciones del contrato anterior.
ARTÍCULO 29.- Refrendo
El trámite de refrendo de las licitaciones públicas del ICE deberá ser resuelto por la Contraloría General de la República, en un plazo que no podrá exceder de veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha en que la solicitud haya sido presentada ante el órgano contralor.
Los requisitos para la solicitud del refrendo se establecerán en el Reglamento de refrendo de las contrataciones, emitido por el órgano contralor, conforme a las disposiciones especiales establecidas para el ICE en esta Ley.
Los contratos y convenios que no requieran refrendo contralor, estarán sujetos a la aprobación de la Unidad de Asesoría Jurídica Institucional del ICE; esta última resolverá con independencia del criterio de la Proveeduría y de la Auditoría Interna. El procedimiento interno de aprobación será establecido reglamentariamente.
No estarán sujetas al refrendo las modificaciones contractuales que realice el ICE. Será responsabilidad exclusiva de la administración garantizar la legalidad de las modificaciones citadas, aspecto que estará sujeto a la fiscalización posterior facultativa de la Contraloría General de la República.
CONSOLIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS Y AHORRO, FONDO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DERECHOS LABORALES
ARTÍCULO 30.- Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados Permanentes.
De conformidad con la Ley N.° 3625, de 16 de diciembre de 1965, el ICE contará con el Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados Permanentes, en adelante denominado el Fondo.
El Consejo Directivo seguirá dictando las normas y los reglamentos que regulan dicho Fondo.
El Fondo podrá adquirir títulos valores del ICE y sus empresas, en forma directa hasta por la cantidad máxima autorizada previamente por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 31.- Fondo de Pensiones Complementarias
Ratifícase la existencia del Fondo de Pensiones Complementarias, creado de conformidad con los artículos 2 y 75 de la Ley de protección al trabajador, N.° 7983, de 16 de febrero de 2000.
El Fondo de Pensiones Complementarias del ICE podrá hacerles préstamos a sus empleados; además, podrá adquirir títulos valores del ICE, en forma directa o por medio de puestos de bolsa, hasta por la cantidad máxima autorizada previamente por el Consejo Directivo del ICE.
ARTÍCULO 32.- Estatuto de personal
El ICE tendrá plena autonomía para administrar sus recursos humanos y disponer de ellos, de conformidad con la legislación laboral, el Estatuto de personal y cualquier otro instrumento negociado por el ICE con sus trabajadores. En materia de responsabilidad, sus servidores responderán conforme al Derecho público.
Se ratifican la vigencia del Estatuto de personal y la facultad del Consejo Directivo del ICE para dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y los derechos de los funcionarios y trabajadores del ICE.
En el caso de las empresas del ICE, se ratifica la facultad de la Junta Directiva de cada empresa para dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y derechos de los trabajadores; las que no obstan para la celebración de negociaciones colectivas de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 33.- Derechos laborales y situaciones jurídicas consolidadas
Ratifícanse la vigencia, la plena validez y la eficacia de los derechos laborales, las situaciones jurídicas consolidadas y los beneficios socioeconómicos que tienen y han venido recibiendo los trabajadores del ICE, conforme a su Estatuto de personal; los de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), de acuerdo con su Reglamento de trabajo, y los de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), según la convención colectiva, los que se mantendrán vigentes con la promulgación de esta Ley.
ARTÍCULO 34.- Deber de informar
El ICE y sus empresas informarán y estarán sujetos a las aprobaciones y disposiciones que emitan los órganos y entes enumerados en este artículo, de conformidad con el ordenamiento y dentro del límite de sus competencias:
1. A la Contraloría General de la República, se remitirán los documentos presupuestarios para su aprobación, de conformidad con el numeral 18 de la Ley N.° 7428, de 7 de setiembre de 1994, y sus reformas; también se remitirán las solicitudes de refrendo de contratos, para la verificación de su legalidad.
2. A la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos adscritos, se remitirán la información, los documentos y los contratos, según lo disponen la Ley N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas, y las leyes generales de la industria.
3. A la Superintendencia de Pensiones, se remitirá la información, ::l- según las disposiciones de la Ley N.° 7983, de 16 de febrero de 2000, y sus reformas.
4. Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en su condición de rector, se le suministrará la información que solicite para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la ley.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 10° de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 9046 del 25 de junio de 2012)
5. Al Ministerio de Hacienda, se le informará sobre lo señalado en los numerales 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas; también se le informará de la creación de nuevas plazas, de aumentos salariales o del establecimiento de incentivos.
6. Al Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones, se le informará respecto de las solicitudes para incrementar el endeudamiento, definido en el inciso 1 del artículo 14 de esta Ley.
Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el ICE y sus empresas deberán facilitar el acceso a la información que sea exigible a sus competidores
ARTICULO 35.- Manejo de información confidencial
La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, para los fines del negocio. Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por los medios respectivos.
Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.
ARTÍCULO 36.- Rendición de cuentas .
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001 , y sus reformas, y en congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el quince de marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República, con el fin de someter a la valoración de dichos órganos la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:
1. Un informe sobre su desempeño y el de sus empresas en el mercado eléctrico y de telecomunicaciones; en él cotejará los objetivos alcanzados en el período contra los señalados en los planes correspondientes al período.
3. El estado de resultados financieros.
4. El estado del origen y la aplicación de fondos.
5. Un balance social, que contendrá las acciones ejecutadas con el fin de satisfacer la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de energía, bajo los principios de universalidad y solidaridad, así como aquellos en materia de derechos humanos y su impacto en el desarrollo local y la participación ciudadana.
6. Un balance, que incluirá las acciones ejecutadas en materia de política ambiental.
ARTICULO 37.- Evaluación del informe
El Consejo de Gobierno valorará la gestión institucional del ICE y de sus empresas subsidiarias, desde la perspectiva del cumplimiento de las directrices de aplicación general contenidas en el Plan nacional de desarrollo y en los planes sectoriales, según los fines e intereses del ICE y sus empresas, de conformidad con el ordenamiento y el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos institucionales.
El Consejo de Gobierno, a más tardar el quince (15) de abril de cada año, aprobará o improbará el informe presentado; para ello, indicará en forma detallada los motivos y las razones de la decisión y recomendará las acciones correspondientes, incluyendo la revisión de los nombramientos de los directores del Consejo Directivo; todo lo anterior, a efecto de reconocer su gestión o en su defecto proceder de conformidad con el inciso c) del artículo 39 de la Ley general de la Administración Pública, según se determine para cada caso concreto y sin perjuicio de las responsabilidades asociadas con las actuaciones específicas de los directores.
Los documentos se mantendrán a disposición del órgano contralor, para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la Ley.
SECTOR Y RECTORÍA DE TELECOMUNICACIONES
ARTÍCULO 38.- Sector Telecomunicaciones
Créase el Sector Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones.
ARTÍCULO 39.- Rectoría del Sector Telecomunicaciones
El rector del sector será el ministro o la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a quien le corresponderán las siguientes funciones:
b) Coordinar, con fundamento en las políticas del Sector, la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El primer Plan que se dicte deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en
condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para las personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten con recursos suficientes
c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones.
d) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de que se separe de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o interés nacional que lo sustenten
e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que in correspondan
f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes publicas de telecomunicaciones
g) Representar al país ante las organizaciones y los foros internacionales de telecomunicaciones y en los relacionados con la sociedad de la información.
i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza.
(Así reformdo el inciso anterior por el artículo 58 aparte b) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)
k) Las demás funciones que le asigne la ley.
El ministerio rector, para cumplir estas funciones y garantizar la calidad e idoneidad de su personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su competencia. Dichos funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que necesite para el cumplimiento efectivo de sus funciones. La organización, las funciones y demás atribuciones se definirán reglamentariamente.
ARTÍCULO 40.- Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones
El Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones es el instrumento
de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y
las prioridades de este.
El Plan deberá tomar en consideración las políticas del Sector y adoptará una perspectiva de corto, mediano y largo plazo; será dictado por el ministro rector en consulta con las entidades públicas y privadas relacionadas con el Sector y en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Asimismo, este Plan deberá tomar en cuenta las políticas y los planes ambientales nacionales que promueva el Ministerio para la protección ambiental y los recursos naturales, así como los principios contenidos en la normativa internacional ratificada por el país, relativa a estos temas. Será sometido a la consideración y aprobación de la Presidencia de la República, con el fin de que sea integrado al Plan nacional de desarrollo.
El Plan será remitido a la Contraloría General de la República, a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Sutel y la Asamblea Legislativa, para su información.
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS,
DEROGATORIAS, FINALES Y TRANSITORIAS
MODIFICACIONES DE LA LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, N.° 7593
ARTÍCULO 41.- Modificaciones de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593.
Modifícase la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, en la siguiente forma:
a) En los artículos 12, 13, 14 y 15; en el inciso a) del artículo 18, y en los artículos 20, 24, 26, 27, 30 y 33, así como en cualquier otro, cuando aparezca el término "prestatarios" o "prestatario" deberá leerse "prestadores" o "prestador".
b) Se reforma el artículo 1, cuyo texto dirá:
"Articulo 1.- Transformación
La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta Ley; no obstante, estará sujeta al Plan nacional de desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo."
c) Al artículo 6 se le adicionan los incisos d) y e); en consecuencia, se corre la enumeración del inciso subsiguiente. Los textos dirán:
"Articulo 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora
d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos.
e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia.
d) Al artículo 9 se le adiciona un párrafo final, cuyo texto dirá:
"Articulo 9.- Concesión o permiso
. Ningún prestador de un servicio público de los descritos en el artículo 5 de esta Ley, podrá prestar el servicio, si no cuenta con una tarifa o un precio previamente fijado por la Autoridad Reguladora."
e) Se modifican los artículos 25 y 29, cuyos textos dirán: ,,
La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso."
"Artículo 29.- Trámites
La Autoridad Reguladora formulará y promulgará las definiciones, los requisitos y las condiciones a que se someterán los trámites de tarifas y precios de los servicios públicos."
f) Se modifica el primer párrafo del artículo 30. El texto dirá:
"Artículo 30.- Solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios
g) Se modifican los artículos 31 , 34, 36 y 37. Los textos dirán:
"Articulo 31.- Fijación de tarifas y precios
La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como
inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente.
b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos ; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados.
"Artículo 34.- Irretroactividad
Las tarifas y los precios que fije la Autoridad Reguladora regirán a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta o a partir del momento en que lo indique la resolución correspondiente y, b en ningún caso, podrán tener efecto retroactivo."
"Artículo 36.- Asuntos que se someterán a audiencia pública
b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza eléctrica de acuerdo con la Ley N.° 7200, de 28 de setiembre de 1990, reformada por la Ley N.° 7508, de 9 de mayo de 1995.
c) La formulación y revisión de las normas señaladas en el artículo 25.
d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, de conformidad con el artículo 31 de la presente Ley.
Artículo 37.- Plazo para fijar precios y tarifas
La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva toda solicitud de fijación o cambio ordinario de tarifas, en un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de la celebración de la audiencia. Si, pasado ese término, quien, de conformidad con esta Ley, deba resolver, no ha tomado la decisión correspondiente, será sancionado por el regulador general de la Autoridad Reguladora, con suspensión del cargo hasta por treinta (30) días. La suspensión dos veces o más en un mismo año calendario, se considerará falta grave y constituirá causal de despido sin responsabilidad patronal."
h) Se modifican los incisos a), b) y g) del artículo 38, al cual también se le adiciona el inciso h). Los textos dirán:
"Articulo 38.- Multas
a) Cobro de tarifas o precios distintos de los fijados, autorizados o establecidos por la Autoridad Reguladora, así
como el cobro de una tarifa no fijada previamente por la Autoridad Reguladora.
b) Mantenimiento inadecuado de la infraestructura y los equipos de trabajo del servicio público regulado, que ponga en peligro personas o propiedades.
g) El incumplimiento de las condiciones vinculantes impuestas en resoluciones tarifarias al prestador del servicio público.
h) El incumplimiento de las normas y los principios de calidad en la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea atribuible a caso fortuito o de fuerza mayor."
i) Se modifican los artículos 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 57, cuyos textos dirán:
"Articulo 39.- Intereses moratorios
Artículo 40.- Pago de multas e intereses moratorios
Los cánones adeudados a la Autoridad Reguladora, así como los montos de las multas y los intereses moratorios derivados de la aplicación de los artículos 38 y 39 de esta Ley, debidamente certificados por el regulador general, constituirán título ejecutivo y, en el proceso judicial correspondiente, solo podrán oponerse las excepciones de pago o prescripción. Dichos montos pasarán a formar parte del presupuesto de la Autoridad Reguladora."
"Articulo 45.- Órganos de la Autoridad Reguladora
b) Un regulador general y un regulador general adjunto.
c) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
d) La Auditoría Interna.
Artículo 46.- Integración de la Junta Directiva
Artículo 47.- Nombramientos
El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general, al regulador general adjunto y a los restantes miembros de la Junta Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta (30) días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produce objeción, se tendrán por ratificados. En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo designado será
o objeto del mismo procedimiento. ;
Artículo 48.- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva, del regulador general, del regulador general adjunto
d) Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como mínimo.
e) Contar al menos con cinco (5) años de experiencia en actividades profesionales o gerenciales, en el Sector Público o el Privado, relacionadas con los servicios públicos o con la regulación de estos
Articulo 49.- Prohibiciones para el regulador general y el regulador general adjunto
c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que tengan interés personal, directa o indirectamente, o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta el tercer grado, por consanguinidad o afinidad. Esta prohibición alcanza también a los otros miembros de la Junta Directiva.
Articulo 50.- Prohibición de nombramiento
Articulo 51.- Prohibición de prestar servicios
La violación de lo dispuesto en este artículo será considerada falta grave y, simultáneamente, será causal de destitución sin responsabilidad para la Institución, y de multa, en los términos del párrafo final del articulo 38 de la presente Ley para la empresa
Articulo 52.- Causas de cese
b) Ausencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas, sin la autorización de la Junta Directiva.
f) Condena con sentencia firme por un delito doloso, durante el ejercicio del cargo.
g) Las causales establecidas en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N.° 8422, de 6 de octubre de 2004.
Articulo 53.- Deberes y atribuciones
b) Resolver, agotando la vía administrativa, los recursos relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad Reguladora, excepto los asuntos relacionados con materia laboral.
d) Aprobar el estudio de cánones y el presupuesto de la Autoridad Reguladora, así como sus modificaciones.
e) Resolver los asuntos de su competencia en materia administrativa.
f) Aprobar los contratos de obras y servicios, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
g) Examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad Reguladora, así como la liquidación de su presupuesto.
h) Aprobar los informes que anualmente publicará la Autoridad Reguladora sobre su gestión.
i) Nombrar y remover al auditor interno, de acuerdo con la ley.
j) Conocer, en alzada, de las apelaciones que se presenten por resoluciones del regulador general o del auditor interno.
k) Presentar, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el último día del mes de abril de cada año, un informe de las labores y actividades realizadas durante el año anterior.
m) Mantener estrecha comunicación y coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en cuanto a la política de precios que debe seguir el Gobierno.
n) Dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos establecidos en esta Ley y las modificaciones de estos
o) Resolver los recursos que se presenten contra las resoluciones que dicte la Sutel en materia de fijación de tarifas, cánones, tasas y contribuciones de telecomunicaciones.
p) Los demás deberes y atribuciones que se le confieren, de conformidad con las leyes o los reglamentos de servicio de cada actividad regulada.
Articulo 54.- Quórum y remuneración
La remuneración del regulador general, el regulador general adjunto, así como la de los funcionarios de nivel profesional y técnico de la Autoridad Reguladora se determinará tomando en cuenta las remuneraciones prevalecientes en los servicios bajo su regulación, en su conjunto, de manera que se garanticen la calidad e idoneidad del personal. La fijación de la remuneración de estos funcionarios no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 setiembre de 2001, y sus reformas.
Cuando así lo acuerde la Junta, y previa aprobación de la Contraloría General de la República, sus miembros podrán laborar en sus funciones a tiempo completo, o bien, a medio tiempo en el desempeño de sus responsabilidades directivas."
"Artículo 57.- Atribuciones, funciones y deberes del regulador general y del regulador general adjunto
a) Son deberes y atribuciones del regulador general:
1. Velar por la independencia, efectividad y credibilidad de la Autoridad Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para fortalecerlas.
2. Promover la participación en la toma de decisiones y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios regulados.
3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Institución. .
4. Ejecutar y velar por que se cumplan, como superior jerárquico en materia administrativa, la política y los programas de la Autoridad Reguladora.
5. Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral.
6. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar su agenda.
7. Proponer a la Junta Directiva la aprobación o improbación de los planes de trabajo y presupuestos.
8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo requieran.
9. Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre los servicios regulados por la Autoridad Reguladora o delegar tal participación en otros miembros de la Junta Directiva o en funcionarios de la Institución.
10. Representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos reguladores internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su competencia.
11. Todo cuanto la ley le indique.
b) Son deberes y atribuciones del regulador general adjunto:
1. Colaborar directamente con el regulador general en el cumplimiento de las funciones que él le asigne.
2 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva.
3. Sustituir al regulador general durante sus ausencias temporales.
4.Llenar, automáticamente, la vacante dejada por el regulador general, hasta que la autoridad competente nombre al titular de ese cargo."
j) Se adicionan un nuevo capítulo XI, Superintendencia de Telecomunicaciones, así como un nuevo capítulo XII, Financiamiento; además, el capítulo de Disposiciones finales pasa a ser el XIII y se corre la numeración de sus artículos. El texto dirá:
Artículo 59.- Superintendencia de Telecomunicaciones
Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto en esta
Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.
Articulo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)
a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.
b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones.
c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de nuevas tecnologías.
d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones.
e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones.
f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.
g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las
interferencias perjudiciales y los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos.
h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes.
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos.
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación de los servicios de ü telecomunicaciones.
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la responsabilidad civil de sus funcionarios.
Artículo 61.- Integración
Articulo 62.- Requisitos
b) Contar con título universitario, con el grado de licenciatura, como mínimo.
d) Contar al menos con cinco (5) años de experiencia, en actividades profesionales o gerenciales relevantes para los servicios de telecomunicaciones.
Artículo 63.- Impedimentos para ser miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
a) Las personas que estén ligadas entre sí por parentesco, por consanguinidad o afinidad, incluso hasta el tercer grado.
b) Quienes, en el último año anterior al nombramiento, sean o hayan sido socios, apoderados o directivos de una empresa o de un grupo de empresas subsidiarias o filiales sujetas a la regulación de la Sutel
Articulo 64.- Incompatibilidad con el cargo
a) Miembro o empleado de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones o quien lo sustituya en sus ausencias temporales.
b) Accionista o miembro de la junta directiva de entidades sujetas a la regulación de la Sutel o persona que, a la fecha de
su nombramiento, tenga parentesco, por consanguinidad o afinidad, incluso hasta el tercer grado, con quienes ostentan esta condición en dichas entidades.
c) Gerente, personero o empleado de entidades sujetas a la regulación de la Sutel.
d) Las causales por incompatibilidad establecidas en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N.° 8422, de 6 de octubre de 2004.
Articulo 65.- Causas de cese
a) Quien deje de cumplir los requisitos establecidos o incurra en alguno de los impedimentos señalados.
b) Quien se ausente del país por más de un mes, sin autorización del Consejo. En ningún caso los permisos otorgados podrán exceder de tres (3) meses.
c) Quien, por cualquier causa no justificada debidamente, haya dejado de concurrir a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas.
d) Quien infrinja alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, los decretos o los reglamentos aplicables a la Sutel o consienta su infracción.
e) Quien sea responsable de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o dolosas.
f) Quien incurra en negligencia reiterada, en el cumplimiento de los deberes de su cargo.
g) Quien incurra en ineficiencia en el desempeño de su cargo.
h) Quien, por incapacidad física, no haya podido desempeñar su cargo durante seis (6) meses.
i) Quien sea declarado incapaz.
j) Quien haya participado en alguna decisión para la cual haya tenido motivo de excusa o impedimento.
Articulo 66.- Responsabilidad por lesión patrimonial
Articulo 67.- Impedimento, excusa y recusación
Articulo 68.- Sesiones, quórum y votaciones
Articulo 69.- Organización
La Sutel tendrá una organización de apoyo formada por profesionales en las materias de su competencia, según se disponga reglamentariamente. Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que requiera para el efectivo cumplimiento de sus j funciones. No podrán ser contratados quienes, durante el último año antes del nombramiento, sean o hayan sido socios, apoderados o directivos de una empresa o de un grupo de empresas subsidiarlas o filiales sujetas a la regulación de la Sutel.
Articulo 70.- Auditoria Interna
Articulo 71.- Remuneración y prohibición de prestar servicios
Los miembros suplentes del Consejo devengarán, por día de trabajo o sesión, dietas proporcionales de la remuneración de los propietarios
Articulo 72.- Presupuesto
a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la
c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas u organismos internacionales, siempre que no comprometan la independencia, transparencia y autonomía de la Sutel.
d) Lo generado por sus recursos financieros..
Artículo 73.- Funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)
a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con la Constitución Política.
b) Imponer, a los operadores y proveedores, la obligación de dar libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios de servicios de información, de conformidad con lo que reglamentariamente se indique.
c) Incentivar la inversión en el Sector Telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que garantice transparencia, no ; discriminación, equidad y seguridad jurídica, a fin de que el '. país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia.
d) Otorgar las autorizaciones, ,así como realizar el procedimiento y rendir los dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo, para el otorgamiento, la cesión, la prórroga, la caducidad y la extinción de las concesiones y los permisos que se requieran para la operación y explotación de redes públicas ' de telecomunicaciones, así como cualquier otro que la ley indique.
e) Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales.
f) Resolver los conflictos que se originen en la aplicación del marco regulatorio de las telecomunicaciones y que puedan sobrevenir entre los distintos operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como entre operadores y entre proveedores.
g) Establecer y administrar el Registro Nacional de Telecomunicaciones, garantizando la disposición al público de la información relativa a los procedimientos aplicables a la interconexión, con un proveedor importante y sus acuerdos de interconexión u ofertas de interconexión de referencia, la información relativa a los títulos habilitantes, sus términos y condiciones, así como los procedimientos requeridos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
h) Convocar a audiencia, conforme al procedimiento ordenado en el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, en los casos de fijaciones tarifarias, formulación y revisión de reglamentos técnicos, de estándares de calidad y la aprobación o modificación de cánones, tasas y contribuciones.
i) Determinar la existencia de operadores o proveedores importantes en cada uno de los mercados relevantes y tomar en cuenta los criterios definidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas.
j) Velar por que los recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios públicos de telecomunicaciones.
k) Establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento.
I) Requerirles a los operadores y proveedores la información sobre el monto de sus ingresos brutos correspondientes a la operación de redes públicas de telecomunicaciones o de la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público; esta información
deberá ser certificada por un contador público autorizado.
m) Ordenar la no utilización o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales que causen interferencia o que dañen la integridad y calidad de las redes y los servicios, así como la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental.
n) Acreditar peritos y arbitros, en materia de telecomunicaciones.
o) Homologar los contratos de adhesión entre proveedores y abonados, según las competencias establecidas por ley.
p) Informar al ministro rector de Telecomunicaciones, para lo que corresponda, de presuntas violaciones a la legislación ambiental vigente, por parte de los operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones.
q) Someter, a la aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, las estrategias del órgano, los planes anuales operativos, los estados financieros y las normas
generales de organización de la Sutel.
r) Elaborar las normas técnicas, con la consulta de la Autoridad Reguladora y proponerlas al Poder Ejecutivo, para su aprobación.
s) Fijar las tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo que dicte la ley.
Articulo 74.- Declaratoria de interés público
Articulo 75.- Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones
a) Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones.
i) Diseño de redes públicas: las redes públicas deberán ser diseñadas, de conformidad con condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan su
interoperabilidad. Para tal efecto, estarán sujetos a los planes técnicos fundamentales de numeración, señalización, transmisión, sincronización e interconexión, los cuales serán de acatamiento obligatorio para el diseño de la red.
i. Hacer pública la información que esta solicite, la cual deberá ser suficiente, clara, completa y precisa.
iii. Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas señaladas en el régimen sectorial de
competencia correspondiente o en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
v. Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que o por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios de servicios de información.
x. Suministrar una Oferta de Interconexión por Referencia (OÍR), suficientemente desglosada, que contenga los puntos de acceso e interconexión y las demás condiciones técnicas, económicas y jurídicas, quesirvan como marco de referencia para el establecimiento de acuerdos de interconexión o resoluciones de la Sutel. La OÍR deberá ser aprobada por la Sutel, la cual podrá efectuar modificaciones, enmiendas o aclaraciones para el y cumplimiento de los principios y objetivos de esta Ley.
En circunstancias debidamente justificadas, la Sutel' podrá imponer estas obligaciones a otros operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al
Articulo 76.- Inspección
Articulo 77.- Derechos de paso y uso conjunto de infraestructuras físicas
Articulo 78.- Acceso a y uso de redes
1. Comprar o arrendar y conectar un terminal u otro equipo que haga interfaz con una red pública de telecomunicaciones.
2. Suministrar servicios a los usuarios finales, individuales o múltiples, por medio de circuitos propios o arrendados.
3. Conectar circuitos propios o arrendados, con redes y o servicios de telecomunicaciones disponibles al público, en su territorio o a través de las fronteras del país o con circuitos o arrendados o propios de otra persona.
4. Realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y conversión, y usar protocolos de operación a su elección.
La Sutel garantizará también que no se impongan condiciones al acceso a y el uso de redes o servicios de telecomunicaciones disponibles al público, distintas a las necesarias para salvaguardar
las responsabilidades de los operadores de redes o proveedores de servicios, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en general, o proteger la integridad técnica de las redes o los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Las disposiciones de este artículo estarán sujetas al régimen de acceso e interconexión vigente, incluyendo lo correspondiente a la determinación de los precios.
Artículo 79.- Expropiación forzosa o imposición de
Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de 3 08«:>,i uso público; todo conforme a la normativa vigente para las áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado; así como la evaluación del impacto ambiental de las obras, los proyectos o las actividades que lo requieran. Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar la construcción y operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo valor será fijado por la Dirección General de Tributación.
Artículo 80.- Registro Nacional de Telecomunicaciones
a) Las concesiones y autorizaciones otorgadas para la operación de las redes de telecomunicaciones y para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
b) Las cesiones de las concesiones que se autoricen y los contratos que se suscriban con los nuevos concesionarios.
c) Las concesiones de frecuencias de radiodifusión y televisión otorgadas.
d) La asignación de recursos de numeración.
e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios, los acuerdos y las resoluciones de acceso e interconexión.
f) Los convenios y las resoluciones relacionados con la ubicación de los equipos, la colocalización y el uso compartido de infraestructuras físicas.
g) Los precios y las tarifas, así como sus respectivas modificaciones.
h) Las normas y los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones, así como los resultados de la supervisión y verificación de su cumplimiento.
i) Los contratos de adhesión que apruebe la Sutel.
j) Los arbitros y peritos acreditados por la Sutel.
k) Las sanciones impuestas con carácter firme.
m) Los convenios internacionales de telecomunicaciones suscritos por Costa Rica.
n) Convenios privados para el intercambio de tráfico internacional.
o) Cualquier otro acto que disponga la Sutel, para "el buen cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación y derecho a la información.
Artículo 81.- Audiencias
a) Las fijaciones tarifarias que deban realizarse de conformidad con la Ley general de telecomunicaciones.
b) La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio de las telecomunicaciones.
c) La formulación de los estándares de calidad de las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
d) La aprobación o modificación de cánones, tasas, contribuciones y derechos relacionados con la operación de las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.
e) Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las telecomunicaciones.
Artículo 82.- Cálculos del canon
Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un cargo anual, que se determinará así:
a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad, de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada.
c) En mayo de cada año, la Autoridad Reguladora presentará el proyecto de cánones para el año siguiente, con su respectiva justificación técnica, ante la Contraloría General de la República para que lo apruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin de que expongan sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el silencio positivo.
d) El proyecto de cánones deberá aprobarse a más tardar el último día hábil del mes de julio del mismo año. Vencido ese término sin pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el proyecto se tendrá por aprobado en la forma en que fue presentado por la Autoridad Reguladora.
La Autoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en el título II de la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se le exceptúa de los alcances y la aplicación de esa Ley. En su fiscalización, estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contrataría General de la República.
Artículo 83.- Descuento de cánones
Artículo 84.- Patrimonio
b) Las donaciones y subvenciones. - ? '
c) Los ingresos que obtenga, mediante convenios y contratos con personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
d) Los activos y pasivos asumidos del Servicio Nacional de Electricidad.
e) Las multas establecidas en el artículo 38 y los intereses moratorios establecidos en la ley.
Artículo 85.- Cobro por otros servicios
La Autoridad Reguladora cobrará, por otros servicios que ofrezca, un monto calculado con base en el costo de tales servicios."
ARTÍCULO 42.- Derogación del inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593
Derógase el inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996.
ARTÍCULO 43.- Reforma de la Ley N.° 449
Refórmase la Ley N.° 449, de 8 de abril de 1949, y sus reformas, en las siguientes disposiciones: el inciso h) del artículo 2, y los artículos 5, 10 y 11. Los textos dirán:
Las finalidades del Instituto, hacia la consecución de las cuales se dirigirán todos sus esfuerzos y programas de trabajo, serán las siguientes:
No obstante, conforme a las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, el ICE podrá mantener la titularidad de las concesiones otorgadas actualmente en su favor y en uso, por el plazo legal correspondiente."
"Artículo 5.- La duración del Instituto Costarricense de Electricidad será por tiempo indefinido."
"Artículo 10.- La administración superior del Instituto corresponderá a un Consejo Directivo, integrado por siete (7) miembros propietarios de nombramiento del Poder Ejecutivo, cuatro (4) de los cuales formarán el quorum necesario para las sesiones. Los miembros de la Junta Directiva, salvo el presidente ejecutivo, quien devengará salario fijo, percibirán por cada sesión a la que asistan, las dietas equivalentes al diez por ciento (10%) del salario base del contralor o la contralora general de la
República. Podrán remunerarse hasta un máximo de ocho (8) sesiones por mes. El Consejo Directivo determinará la frecuencia con que celebre sus sesiones.
Artículo 11.- Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán su cometido con autonomía, de conformidad con el ordenamiento jurídico, y serán los únicos responsables de su gestión ante la ley. Sin perjuicio de las otras sanciones que les correspondan, responderán personalmente con su patrimonio, por las pérdidas que le provoquen al ICE, por la autorización que hayan hecho de operaciones prohibidas por la ley o contrarias a los intereses y objetivos de la Institución. Quedarán exentos de esa responsabilidad, únicamente quienes hagan constar su voto disidente. Serán inamovibles durante el período de su cargo, excepto cuando exista justa causa o se declare contra ellos alguna responsabilidad legal que los inhiba del cumplimiento de sus funciones. Las relaciones entre el Instituto y el Poder Ejecutivo serán por medio del ministro rector de los Sectores Energía y Telecomunicaciones.
El presidente ejecutivo será nombrado por un período de cuatro (4) años, a partir del inicio del período presidencial respectivo. Los demás miembros del Consejo durarán en funciones seis (6) años; serán nombrados uno cada año y podrán ser reelegidos. Dejará de ser miembro del Consejo quien se ausente del país por más de dos (2) meses sin la autorización del Consejo, o con esta, si la ausencia es mayor que nueve (9) meses, o bien, el que falte a cuatro (4) sesiones ordinarias consecutivas sin autorización previa. En estos casos, el Consejo procederá a informar al Poder Ejecutivo, para que designe a otra persona por el resto del período respectivo."
ARTÍCULO 44.- Fortalecimiento y modificación de la Ley N.° 7789
Modifícase la Ley N.° 7789, Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), de 30 de abril de 1998, y sus reformas, en la siguiente forma:
a) Se reforma el inciso a) del artículo 6, al que además se le adiciona el nciso i). Los textos dirán:
"Artículo 6.- A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia le
i) Vender en el mercado nacional e internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto afín a sus competencias; lo anterior, siempre y cuando no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales."
b) Se reforma el primer párrafo del artículo 8, cuyo texto dirá: -
"Articulo 8.- La Empresa y sus subsidiarias, en el giro normal de sus actividades, estarán sometidas al Derecho privado. En esta medida, se entienden excluidas, expresamente, de los alcances de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995; la
Ley de planificación nacional, N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, la Ley para el equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, de 24 de febrero de 1984, y la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos, N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto de los artículos 57 y 94, y de los respectivos Reglamentos; además, del artículo 3 de la Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N.° 2726, de
14 de abril de 1961. [...]"
ARTICULO 45.- Modificación de la ley que reforma la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)
Modifícase la Ley N.° 7799, Reforma de la ley de creación del Servicio
Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), N.° 3300, y sus reformas, de 30 de abril de
1998, del siguiente modo:
a) Al articulo 2 se le reforma el primer párrafo y, además, se le adiciona un nuevo párrafo final. Los textos dirán:
"Articulo 2.- Jasec es una persona jurídica de Derecho Público, de carácter no estatal, con plena capacidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa y técnica en el cumplimiento de sus deberes; además, queda facultada para restar los servicios públicos que define el articulo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como los servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y otros servicios en convergencia; deberá contar con la concesión respectiva cuando sea necesario. También queda facultada para prestar los servicios de televisión por cable. La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago estará sujeta al pago de los cánones, los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y los demás tributos a los que estén sometidos los operadores y proveedores de telecomunicaciones, sin detrimento de las exenciones establecidas en otras leyes. .
b) Se modifica el artículo 23, cuyo texto dirá:
"Artículo 23.- La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago no estará sujeta a la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos, N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto a los artículos 57 y 94; tampoco a la Ley para el equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, de 24 de febrero de 1984, ni a la Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, N.° 6821, de 19 de octubre de 1982.
A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le aplicará el mismo Régimen de contratación administrativa que al Instituto Costarricense de Electricidad, establecido en la normativa vigente."
ARTÍCULO 46.- Reforma de la Ley N.° 8345
Refórmase la Ley N.° 8345, Participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional, en la siguiente forma:
a) Se reforma el inciso e) del artículo 2, cuyo texto dirá:
e) Empresa de servicios públicos municipales:
b) Se reforma el primer párrafo del artículo 7, cuyo texto dirá:
"Articulo 7.- Convenios con entidades públicas nacionales
ARTÍCULO 47.- Adición del artículo 22 a la Ley de planificación nacional, N.°5525
Adiciónase a la Ley de planificación nacional, N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, el artículo 22, cuyo texto dirá:
Créase un órgano llamado Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones, integrado por el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Industria y Comercio, el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y el ministro rector
de Energía y Telecomunicaciones, quien lo coordinará. La sede del Consejo estará en el Ministerio rector, el cual facilitará el personal necesario para trabajar como Secretaría Técnica, la que deberá dar apoyo, soporte y control de ejecución a las decisiones que este tome, en el ejercicio de sus facultades legales, de conformidad con los planes sectoriales y el Plan nacional de desarrollo.
Corresponde al Consejo Consultivo evaluar y recomendarle al Poder Ejecutivo el endeudamiento adicional en exceso al endeudamiento facultado por el numeral 2 del artículo 14 de la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del Sector Telecomunicaciones, que sea requerido por las empresas del Estado en los sectores electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones.
Las decisiones del Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones, serán adoptadas por mayoría calificada y la recomendación deberá ser motivada y razonada, de conformidad con las disposiciones de la Ley general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas; para ello, deberá de resolver en un plazo improrrogable de cincuenta (50) días naturales, contados a partir del recibo de la solicitud respectiva. Reglamentariamente se definirán los aspectos administrativos de este órgano.
El Consejo Consultivo deberá actuar en estricto apego a la autonomía administrativa, técnica y financiera otorgada a las empresas del Estado en los sectores electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones."
"Articulo 23.- Las carteras ministeriales serán:
h) Ambiente, Energía y Telecomunicaciones."
7.- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) (*) tendrá tres (3) viceministros: uno encargado del Sector Ambiente, uno encargado del Sector Energía y el otro, del Sector Telecomunicaciones. En ausencia del ministro, lo sustituirá cualquiera de los tres (3) viceministros. Las atribuciones asignadas en esta Ley a los viceministros, serán ejercidas por cada uno dentro de sus respectivas áreas de acción."
ARTÍCULO 49.- Reforma de la Ley N.° 6313
Modifícanse los artículos 2, 7 y 14 de la Ley de adquisiciones, expropiaciones y constitución de servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, N.° 6313, de 4 de enero de 1979. Los textos son los siguientes:
Decláranse de utilidad pública las obras por ejecutar por el ICE y sus empresas, en el cumplimiento de las atribuciones legales que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.
Para los efectos de expropiación e imposición forzosa de servidumbres, el ICE y sus empresas podrán aplicar las disposiciones de la Ley N.° 6313, de 4 de enero de 1979; además, supletoriamente, la Ley N.° 7495, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas.
La Gerencia del ICE o de la empresa correspondiente, antes de tramitar una expropiación, ordenará su avalúo con los peritos de la entidad.
El ICE utilizará su potestad expropiatoria a favor de sus empresas, mediante acuerdo del Consejo Directivo en tal sentido."
Una vez aprobado por la Gerencia el avalúo indicado en el artículo anterior y dictado el acuerdo expropiatorio correspondiente por parte del Consejo Directivo, el expropiante requerirá al propietario, a los inquilinos o arrendatarios, en su caso, mediante notificaciones personales para que manifiesten, dentro de los ocho días siguientes, si están dispuestos a vender el inmueble y a aceptar las indemnizaciones de desalojo, por los precios que señalan los avalúos, a efecto de que comparezcan al otorgamiento de las escrituras correspondientes.
Simultáneamente con el requerimiento, la Gerencia podrá expedir un mandamiento provisional de anotación de las diligencias, y el Registro Público hará la anotación respectiva. Practicada esa anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre esta, se entenderá hecha sin perjuicio del anotante. La anotación caducará y se cancelará de oficio, si, dentro del año siguiente, no se presenta el mandamiento de anotación definitivo, expedido por el juzgado que conoce de las diligencias judiciales."
"Articulo 14.-
Depositado el monto del avalúo que sirve de base a la expropiación, fijado en vía administrativa por el ICE o sus empresas, el juez le concederá al expropiado un plazo de dos meses para que desaloje el inmueble, sin perjuicio de continuar el trámite de las diligencias judiciales iniciadas. El juez está facultado para no ordenar la desocupación del inmueble cuando, a criterio suyo, el monto del avalúo no corresponda al principio de precio justo, según los precedentes para casos similares.
Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior el inmueble no ha sido desocupado, el Juez ordenará el desalojo; para ello, se auxiliar con la fuerza pública y pondrá al ICE y a sus empresas o de la empresa correspondiente en posesión del bien, contra lo cual no cabrá recurso alguno."
ARTÍCULO 50.- Reforma de la Ley N.° 4031
Refórmase el artículo 2 de la Ley que aprueba la adhesión al Tratado sobre telecomunicaciones entre las Repúblicas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, N.° 4031, de 23 de diciembre de 1967, cuyo texto dirá:
Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado :r.b£ contratante, se le asignan al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como rector del Sector Telecomunicaciones de Costa Rica. El ICE conservará la propiedad de los activos invertidos en las redes centroamericanas de telecomunicaciones, según el artículo 5 del Tratado centroamericano de telecomunicaciones."
ARTÍCULO 51.- Reforma de la Ley N.° 4806
Refórmase el artículo 2 de la Ley N.° 4806, de 28 de julio de 1978, la cual aprueba la adhesión al Acuerdo del Sistema Comercial de Telecomunicaciones Vía Satélite. El texto dirá:
"Artículo 2.- Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado miembro del acuerdo para establecer un sistema comercial mundial de telecomunicaciones vía satélite, se le asigna al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como rector del Sector Telecomunicaciones de Costa Rica. El ICE conservará la propiedad de los activos y las inversiones hechas en el Sistema de Telecomunicaciones Satelitales."
ARTÍCULO 52.- Representación ante la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones
La Superintendencia de Telecomunicaciones acreditará a los miembros designados por Costa Rica ante la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca), de conformidad con el inciso a) del artículo 6 del Protocolo al Tratado centroamericano de telecomunicaciones, aprobado por la Ley N.° 8209, de 8 de marzo de 2002.
El ICE conservará la propiedad de los activos invertidos en las redes centroamericanas de telecomunicaciones, según el Tratado centroamericano de telecomunicaciones y el presente Protocolo.
ARTÍCULO 53.- Representación ante organismos internacionales del sector telecomunicaciones
La representación oficial de Costa Rica ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) de la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional de Satélites Móviles (Inmarsat) y la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat), corresponderá al ministro o la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en las áreas de su competencia, o a sus respectivos representantes.
(Así reformado por el artículo 10° de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 9046 del 25 de junio de 2012)
ARTÍCULO 54.- Plazos de las Empresas
El plazo de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es de noventa y nueve (99) años, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley; el de la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima y las empresas que constituyan, será el que se indique en su pacto constitutivo.
Los miembros del Consejo Directivo del ICE a quienes se les venza el período de nombramiento el 30 de junio de 2010, se nombrarán o serán sustituidos de la siguiente manera:
El período del actual presidente ejecutivo regirá hasta el 8 de mayo de 2010; en esa fecha será sustituido o nombrado para otro periodo de cuatro (4) años por el Consejo de Gobierno entrante.
Para los nuevos miembros del Consejo Directivo, el Consejo de Gobierno escogerá, aleatoriamente, a la persona en quien recaerá el nombramiento, en la siguiente forma: un miembro por cuatro (4) años, uno por cinco (5) años y otro por seis (6) años.
Los miembros del Consejo Directivo a quienes se les venza ei período de nombramiento e! 30 de junio de 2014, se nombrarán o serán sustituidos del modo siguiente:
El Consejo de Gobierno escogerá, aleatoriamente, a la persona en quien recaerá el nombramiento de los directores , en ía siguiente forma: un miembro por tres (3) años, uno por cuatro (4) años y otro miembro por cinco (5) años. Los nombramientos subsecuentes se realizarán por e! plazo fijado en esta Ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto en e! artículo 39 de esta Ley, las competencias del Ministerio de Gobernación y Policía y e! Departamento de Control Nacional de Radio, asignadas en la Ley de radio, N." 1758, de 19 de junio de 1954, y relacionadas con el control del espectro radioeléctrico, se traspasan a la Sutel. De igual manera, se trasladan a la Sutel las funciones asignadas a la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
A! entrar en vigencia la presente Ley, el personal, ei presupuesto, los activos, los pasivos y e! patrimonio del Departamento Nacional de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía asignado a labores de control del espectro radioeléctrico, se transferirán a la Sutel. De igual manera, se trasladan a la Sutel el presupuesto, los activos, pasivos y el patrimonio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, asignado a la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, los funcionarios del Departamento Nacional de Control de Radio de! Ministerio de Gobernación y Policía, tendrán la potestad de decidir si se trasladan o no a la Superintendencia de Telecomunicaciones. De trasladarse, conservarán todos sus derechos laborales: en caso de que decidan no trasladarse, su patrono deberá cancelarles los extremos laborales que por ley les correspondan, Los funcionarios de este Departamento mayores de cincuenta y cinco (55) años y que cuenten con más de treinta (30) cuotas anuales de la Caja Costarricense de Seguro Social, podrán acogerse a la jubilación, si así lo solicitan.
Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones y Correos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tendrán la potestad de decidir si se trasladan o no a la Superintendencia de Telecomunicaciones, De trasladarse, conservarán todos sus derechos laborales, si deciden no trasladarse la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deberá cancelarles los extremos laborales que por ley les correspondan.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. se iniciará el proceso de conformación e integración de la Sutel: para ello, se dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses.
La Junta Directiva de la Aresep tendrá noventa (90) días naturales, desde la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley, para nombrar a los miembros de la Sutel. El procedimiento para dichos nombramientos será conforme a esta Ley.
Para la primera designación de los tres '3) miembros del Consejo de la Sutel la Junta Directiva de la Aresep escogerá por rifa, el plazo de los nombramientos, en la siguiente foi'ma: un miembro por tres (3) años, uno por cuatro (4) años y otro por cinco ^5 años. Los nombramientos subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta Ley.
Exceptúase a la Sutel. por el plazo de doce (12) meses, que empezará a regir a partir del día de su integración, de la obligatoriedad de aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, para adquirir los materiales, bienes y servicios que, a juicio de la Sutel. resulten indispensables para cumplir sus funciones. La Contraloría General de la República revisará, a posterior:, no solo la legalidad, la oportunidad. !a conveniencia y el cumplimiento de los procedimientos aplicados, sino que. además, verificará el cumplimiento de los principios previstos en el ordenamiento de la contratación administrativa.
En el año 2010, al nombrar a los nuevos miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva de la Aresep. el Consejo de Gobierno escogerá, aleatoriamente, a la persona en quien recaerá el nombramiento, en la siguiente forma, un miembro por dos (2) años, uno por tres (3) años, uno por cuatro (4) años y otro por cinco (5) años. Los nombramientos subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta Ley. el procedimiento para los suplentes será igual.
Por esta única vez, el primer nombramiento del regulador general adjunto que deba designarse al entrar en vigencia esta Ley, desempeñará su cargo hasta
Los miembros suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora que deban designarse al entrar en vigencia esta Ley, desempeñarán sus cargos hasta el 8 de mayo de 2010.
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el ICE y Racsa deberán suministrar, al ministro rector, la información que él requiera para la formulación de las políticas y la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y prestará toda su colaboración en lo que sea necesario para su consecución.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintinueve días del mes de julio de dos mil ocho.
Dado en Alajuela, Orotina, a los ocho días del mes de agosto de dos mil ocho.
Fecha de generación: 17/10/2019 10:02:33 p.m.