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Timestamp: 2018-05-23 16:23:10
Document Index: 2459142

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 14', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 8']

by admin| 21 May, 2014 | General
Eugenio Luís Palazzo
I. Los alcances de esta indagación
Señalaba en una obra que inspira el título y el contenido de este trabajo: “Entre las causas de nuestras cotidianas sorpresas, las de ciudadanos y juristas, se debe incluir no haber comprendido cabalmente la profunda transformación en las fuentes del derecho que ha acaecido en los últimos años”1. Las investigaciones sobre las fuentes del derecho, que en las situaciones concretas son el paso siguiente luego de la comprensión de los hechos y del enfoque jurídico del caso, requieren localizar y analizar todas las que se vinculan con él, sean deliberadas (las normas uni, bi o multilaterales) o espontáneas (la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho)2.
Pero este artículo tiene límites mucho más reducidos. Procura solamente señalar las normas superiores a las leyes que se refieren a derechos económicos, sociales y culturales, es decir las que se encuentran en la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre esos temas, o textos similares3, contabilizar alguna jurisprudencia y analizar algunos pocos aspectos conexos. Una tarea más amplia requeriría profundizar el estudio de fallos, revisar otras fuentes del derecho y avanzar en interpretaciones. Es mi propósito avanzar algo en ello en otros trabajos.
Los derechos fundamentales admiten distintas clasificaciones de acuerdo a la etapa en que comenzaron a proclamarse en las constituciones, a su temática, y a otras características. Algo menos de dos décadas después de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la Asamblea General Naciones Unidas emitió dos pactos, uno de derechos civiles y políticos, y otro de derechos económicos, sociales y culturales. De este último tomo el nombre de este artículo, pero nuevamente se requieren dos aclaraciones: La primera ya la hemos destacado bajo la conducción de Bidegain4, es que los derechos no tienen un contenido exclusivamente político, económico, social, o de cualquier otro tipo, sino que solo preponderantemente pertenecen a una u otra tipología. Esto lo reconocen ambos pactos al tratar los dos, por ejemplo, los derechos de la familia y de la libertad sindical (arts. 8, inc. 1, y 10, inc. 1 PIDESC; y 22, inc. 1 y 23, inc. 1 PIDCP). El otro es que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resulta muy escueto en punto a los derechos económicos, que aparecen más tratados en los Protocolos de Buenos Aires y de San Salvador -los otros dos instrumentos base de esta indagación-, pero tampoco en ellos aparece el derecho de propiedad, para cuyo reconocimiento debemos recurrir a otros textos.
II. Los instrumentos considerados
Ya he mencionado los tres más importantes. Uno pertenece al ámbito universal y dos al ámbito americano:
1) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con su art. 27 que requería para ello la ratificación de treinta y cinco Estados. El Congreso de la República Argentina cumplió con la etapa de aprobación mediante la ley 23.313 del 17 de abril de 1986, y el Poder Ejecutivo lo ratificó el 8 de agosto de 1986. La reforma constitucional de 1994 le reconoció rango constitucional al aprobar un nuevo inciso, numerado 22, del artículo 75 de la Constitución Nacional (CN), en sus párrafos segundo y tercero.
2) El Protocolo de Buenos Aires (PBA) es un Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrito 27 de febrero de 1967en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, realizada en Buenos Aires, Argentina. Fue aprobado en nuestro país por la ley 17.281 y ratificado el 21 de julio de 1967, y entró en vigor el 27 de febrero de 1970, al ratificarlo los dos tercios de los Estados que integran la OEA. Incluye en la Carta nuevos objetivos y normas de la materia que nos ocupa. Al redactarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Conv. Am.), en 1969, se consideró preferible no volver a incluir esa temática que había sido actualizada recientemente. Por ello en el art. 26 de la Conv. Am. se remitió a esas disposiciones, comprometiéndose los Estados partes a adoptar providencias, tanto en el ámbito interno, como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente su plena efectividad. Al referirse el artículo 75, inciso 22 CN a la Conv. Am. de algún modo constitucionalizó por reenvío el PBA5.
3) En la Asamblea General de la OEA de 1988, realizada en El Salvador, se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador (PSS). Ha entrado en vigor a partir de la ratificación de once países, el 16 de noviembre de 1999. Nuestro Congreso lo aprobó por la ley 24.658 de 1996 y el Poder Ejecutivo lo ratificó el 23 de octubre de 2003. Se da así la curiosa situación de que tenemos, con rango constitucional reconocido, una norma internacional –el PBA – que en realidad se encuentra desactualizada, pues ha sido superada en el mismo ámbito -el americano- por una nueva preceptiva. No parece posible entender que al aprobar, pero no otorgar rango constitucional, a un protocolo adicional a un tratado que si lo tiene, lo adquiera automáticamente. Claro que hace algo más de tres décadas Germán Bidart Campos y Carlos Valiente Noailles (titular y adjunto de Derecho Constitucional, turno mañana, en la UCA de entonces) me enseñaron que el rango constitucional se caracterizaba por su superioridad a las leyes, y todos los tratados internacionales tienen hoy ese rasgo, de acuerdo con el primer párrafo del ya citado artículo 75, inciso 22 CN. Volveré sobre el tema recordando un voto de Boggiano.
La presencia de estos instrumentos en la jurisprudencia, es decir su utilización como fuente del derecho en sentencias judiciales que, a través del proceso de concatenación de fuentes6 configuran, a su vez, una nueva fuente del derecho, es notoria. Para constatarla y verificar sus alcances he revisado los fallos publicados en la página web de El Derecho, como una muestra calificada de los más importantes emitidos en todo el país, hasta noviembre de 2011, con los siguientes resultados:
a) Citas del PIDESC
Tnal. Vida Salud Trabajo Jub. Dchos. Autor Discrim. Vivienda Indem. Integral Dcho. Colect Dignidad Flia. Dchos. Niño Educ Protec. Judic. Ambiente Cultura Part. gananc Totales
Corte Sup.
CN Elect
C.N. Civ. y Com. F.
C. Fed. Pcias.
Civ. y
C.N. Com
Seg. Soc.
1ª inst. Nac.
Sup. Tnales.
Pcias.
Cam. Apel.
Pcias,
1ª inst.
b) Citas del PBA
Tnal. Salud Trabajo Jub. Dchos. Niño Educ Protec. Judic. Totales
c) Citas del PSS
Tnal. Vida Salud Trabajo Jub. Discrim. Vivienda Dcho. Colect Dignidad Dchos. Niño Educ Ambiente Totales
CN Cont. Adm.
C.N. Trab.
Sup. Tnal. Pcias.
C. Apel. Pcias.
Surge de estos cuadros que:
Los tribunales que más recurren a estos instrumentos son la Corte Suprema y la Cámara Nacional del Trabajo.
Aparecen más en tribunales provinciales que en el resto de los tribunales nacionales.
Se cita mucho más al PIDESC que al PSS, y menos aún al PBA, pese a que estos últimos son más recientes y abarcativos, y a que atienden más a los problemas de la región.
Los temas en los que más se recurre, sobre todo el PIDESC, son salud y trabajo.
4) En cuanto a los reconocimientos de derechos más generales, en primer lugar corresponde citar a la Constitución Nacional (CN) cuyo texto originario, de 1853, incluye algunos aspectos de esta temática, la cual se ha hecho mucho más presente en las reformas de 1949, 1957 y 1994.
El constitucionalismo social comenzó a fines de la segunda década del siglo XX, con la reforma mexicana de 1917, la constitución alemana, o de Weimar, de 1919, la checoslovaca de 1920, etc. También nació el constitucionalismo marxista en la constitución rusa de 1918. Todo esto es posterior al dictado de nuestra constitución originaria, aunque la constitución francesa de 1848, que dio origen a efímera la II república, fuera precursora en el tema7. Nuestra Ley Suprema es bastante más parca que ella, pues solo reconoce el derecho de asociarse, el de trabajar, la atribución del Congreso de dar pensiones, y las del Ejecutivo de conceder jubilaciones, retiros y goce de montepíos conforme a las leyes.
La reforma de 1949 dedicó dos capítulos de la primera parte a los “derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura” y a “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”. Estas modificaciones perdieron vigencia por disposición de la Proclama del 27 de abril de 1956, sancionada por el gobierno provisional que depuso al presidente Perón, por lo dispuesto por la convención reformadora de 1957 y confirmado por la de 1994.
La convención de 1957 aprobó el artículo nuevo a continuación del artículo 14 (identificado comúnmente como “14 bis”, denominación aceptada oficialmente en 1994), referente a los derechos sociales. Posee tres párrafos, el primero dedicado a la relación individual de trabajo, el segundo al derecho colectivo del trabajo, y el tercero a la seguridad social y a la familia.
La ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma que precedió a la convención de 1994 dispuso expresamente que esta última no pudiera introducir modificación alguna a las declaraciones derechos y garantías contenidos en la primera parte de la constitución, pero habilitó la introducción de un nuevo capítulo en esa parte inicial. Así se hizo incluyéndose como “Nuevos derechos y garantías”, en los artículos 36 a 43, previsiones referidas fundamentalmente a derechos políticos, derechos de incidencia colectiva y garantías sumarias, es decir temas de los cuales algunos son en principio ajenos a los que nos ocupan, y otros los alcanzan indirectamente. Pero otras disposiciones aprobadas en esa reforma implicaron el reconocimiento de derechos que antes no estaban aceptados o, al menos, no se hallaban explícitos. Tales, por ejemplo, el derecho a una educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas argentinos (art. 75, inc. 17 Const. Nac.) o a un régimen de seguridad especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia (art. 75, inc. 23).
5) Otros textos de carácter general que debemos considerar, mencionados en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 22 CN, son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Decl. Am.) de 1948; la Declaración Universal de Derechos del Hombre (Decl. Univ.) también de 1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Conv. Disc. Racial) de 1965; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación a la Mujer (Conv. Disc. Mujer), de 1979; y la Convención sobre los Derechos del Niño (Conv. Dchos. Niño) de 1989. En todos ellos se incluyen importantes reconocimientos de este tipo de derechos.
6) Una mención aparte merecen las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La OIT fue fundada en 1919 en el marco de negociaciones que se abrieron en la Conferencia de la Paz realizada primero en París y luego en Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial, que se realizaron entre los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones de empleadores. Tomó como base la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores[] que había sido fundada en Basilea en 1901. Estableció la Constitución de la OIT, adoptada por la Conferencia de Paz de París e incluida en la sección XIII del Tratado de Versalles. Como Anexo a esa Constitución se encuentra la Declaración de Filadelfia, sancionada en 1944, donde figuran los principios y fines fundamentales de la OIT.
La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior de la OIT. Se reúne anualmente en Ginebra y está integrada por cuatro delegados por cada país miembro, dos de ellos elegidos por el gobierno, y los otros dos propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores. Le corresponde la sanción de las normas internacionales del trabajo, fundamentalmente convenios y recomendaciones por las dos terceras partes de sus miembros. Los convenios internacionales constituyen tratados internacionales obligatorios para sus miembros una vez ratificados, en tanto que las recomendaciones, no son obligatorias, no son ratificadas por los Estados miembro y constituyen sugerencias a los países para ir progresando en las relaciones laborales.
Al disponer el artículo 75, inciso 22 CN, primer párrafo, que los tratados celebrados con otras naciones o con organismos internaciones son superiores a las leyes, los convenios tienen claramente tal rango. Las recomendaciones se encuentran en la muy amplia categoría de los informes de organismos internacionales, constituyen una fuente de derecho que suele ser invocada por los operadores jurídicos, y que se encuentra, en cuanto a su obligatoriedad, en una aproximación simplista, en un nivel intermedio entre las normas y la doctrina. No puede afirmarse que soslayarlas genere responsabilidad internacional del Estado, al menos que resulten ser la recepción de principios del ius cogens.
7) Además de ella otras instituciones internacionales emiten normas, recomendaciones, informes u otros documentos sobre la materia, como por ejemplo el Consejo Económico y Social, que fue creado en la Carta de Naciones Unidas y coordina numerosos organismos subsidiarios, especializados por temas y por regiones; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); etc. También se suelen celebrar conferencias internacionales específicas sobe determinadas cuestiones vinculadas con estos derechos. Con respecto a estos instrumentos cabe reiterar lo expresado con relación a los de la OIT: algunos configuran tratados internacionales, cuyo incumplimiento (luego de aprobados por el Congreso, ratificados por el Poder Ejecutivo, y de que hayan entrado en vigor de acuerdo con sus propias disposiciones) genera responsabilidad internacional del Estado. Otros comparten con la doctrina los fundamentos que la constituyen en fuente del derecho: la fuerza de convicción de sus argumentos y la autoridad científica de quienes los emiten; pero la exceden, pues además de dicha autoridad científica (y aún en ausencia de ella) poseen autoridad institucional por el tipo de organismo que los formulan.
Como muestra de la diversidad en cuestión, reitero un cuadro referido a las fuentes citadas en la sentencia de la Corte Suprema en el caso Pellicori, del 15 de noviembre de 2011, referido a estabilidad y discriminación laboral, que publiqué al comentarlo8, donde claramente se advierte que prevalecen las fuentes internacionales:
Ppios. grales.
Aquellas enumeraciones y este cuadro permiten advertir que las expresiones del primer capítulo de este trabajo han sido engañosas. En efecto, al indicar que solo me referiría a un tipo de derecho y que únicamente habría de localizar las normas supralegales que a ellos se refieren, pude haber dado la impresión de que se trataba de una tarea sencilla. Las generalidades hasta ahora comentadas demuestran que no es así, que cualquier investigación sobre fuentes del derecho hoy ha adquirido mucha complejidad, que como implica conocer los preceptos que deben aplicar los juristas y beneficiar a los ciudadanos, ello lleva a su desconcierto. En esta primera presentación del tema quedan dos aspectos por analizar: el rango y los fundamentos de esos reconocimientos de derechos.
III. De nuevo sobre el rango
Al iniciar estas líneas pues he señalado que se refieren a normas superiores a las leyes. De acuerdo al art. 75 inc. 22 CN cualquier previsión internacional lo es. En realidad esta es una respuesta pobre, pues implica que una fuente unilateral del derecho (la constitución emitida por un Estado) puede regular el rango de normas en las cuales se ha puesto de acuerdo con otros Estados, ignorando la opinión de estos al respecto.
Explica Boggiano en su voto en el caso “Arancibia Clavel”9, en su considerando 8: “el art. 75, inc. 22 de la CN presenta un fenómeno jurídico que puede considerarse como referencia al derecho internacional de los derechos humanos (Monges F. 319:3148 ) … La referencia implica que el tratado se aplica tal como rige en el derecho internacional y no porque se haya incorporado haciéndolo interno. Tampoco se ha operado una recepción de los tratados por incorporación judicial a pesar de no estar vigentes en la Argentina como ha sido de práctica en Holanda. Tampoco hay adaptación de los tratados por vía de una redacción constitucional similar a la de los tratados sin seguirlo tal cual rige internacionalmente. Tanto la incorporación, la recepción como la adaptación son métodos de nacionalización de los tratados. El art. 75 inc. 22 dispone una referencia y no alguno de los citados métodos de nacionalización. En materia de derechos humanos la reforma de 1994 ha seguido una orientación internacionalista a fin de alcanzar la mayor uniformidad posible en las decisiones evitando todo amorío con soluciones de genius loci particularista”. En el considerando 11 ahonda su explicación: “los ‘referidos tratados’ … mantienen toda la vigencia y vigor que internacionalmente tienen y éstas les provienen del ordenamiento internacional en modo tal que ‘la referencia’ que hace la Constitución es a tales tratados tal como rigen en el derecho internacional y, por consiguiente, tal como son efectivamente interpretados y aplicados en aquel ordenamiento (causa Giroldi de Fallos 318:514, considerando 11)”.
Es claro que en determinados temas el derecho internacional posterga al derecho interno. La guerra, la paz, las relaciones diplomáticas son ejemplos necesarios desde siempre. Desde hace bastante comenzaron a serlo 5también algunos delitos: primero la piratería, luego el tráfico de esclavos, y la lista siguió creciendo. A partir de la segunda posguerra ello comenzó a ocurrir con los derechos humanos en general.
Ello implica que las previsiones constitucionales sobre los tratados no incorporan sus contenidos, ni regulan su rango, y resulta impertinente su afán de someterlo a criterios de interpretación propios. Solamente hacen referencia a ellos tal como existen, se interpretan y aplican en el derecho internacional. Si nuestro país se obliga con otros a desarrollar determinadas conductas, y lo hace a través de los mecanismos institucionales previstos en su constitución para ello, no puede dejar de cumplir, al menos sin avisarles, sin denunciar el tratado. Pero además mucho de estos preceptos no nacen con esos tratados, pues no son la única fuente del derecho internacional, sino que también sus previsiones surgen de la costumbre, de la jurisprudencia internacional, y de principios de mayor generalidad que configuran el ius cogens.
IV. Los fundamentos, en los preámbulos
Para completar esta primera aproximación al tema (mi propósito es continuar con otras) importa destacar las expresiones de los preámbulos de los tres documentos específicos ya señalados, acerca de los fundamentos de estos derechos.
El Preámbulo del PIDESC reconoce, como lo hace la mayoría de los instrumentos internacionales mencionados en el art. 75, inc. 22 CN, que los derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, que son iguales e inalienables, y añade, con remisión a la Decl. Univ.: no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Señala también el deber del individuo a procurar la vigencia y observancia de estos derechos.
El PBA indica que en la Carta de la OEA se deben consignar nuevos objetivos y normas para promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos del Continente. Menciona también la voluntad de alcanzar las condiciones generales de bienestar que aseguren a sus pueblos una vida digna y libre.
El PSS expresa que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. También expone la importancia de que estos derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.
Resalta la idea, que expuse en el acápite anterior, de que los derechos en cuestión no nacen a partir de su reconocimiento por parte de un Estado, o de varios de ellos en convenciones; sino que son previos, que resultan o bien de la dignidad, o bien de los atributos de la persona humana (ideas cercanas, pero no idénticas).
En el ya citado caso Arancibia Clavel señaló el juez Maqueda, en el considerando 13: “Toda interpretación acerca de la protección de los derechos humanos básicos debe tener en cuenta, pues, que esta declaración [se refriere a la Decl. Univ.] y los restantes tratados mencionados en el artículo 75, inciso 22 CN no crean estos derechos sino que admiten su existencia y es precisamente sobre esa base que se ha edificado el derecho internacional penal de salvaguarda de los derechos humanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”. Añade en el considerando 14: “la necesaria protección de los derechos humanos a la que se han comprometido los estados de la comunidad universal no se sustenta en ninguna teoría jurídica excluyente. En realidad, sus postulados sostienen que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros de virtud personal que son universalmente válidos independientemente de su reconocimiento efectivo por ciertos órganos o individuos, lo cual no implica optar por excluyentes visiones iusnaturalistas o positivistas. La universalidad de tales derechos no depende pues de un sistema positivo o de su sustento en un derecho natural fuera del derecho positivo (conf. Carlos Santiago Nino, Etica y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1984, pág. 24)”.
Luego, en el caso “Mazzeo”10 las expresiones que vertiera Maqueda en “Arancibia Clavel” y que reiterara en “Simón”11fueron compartidas por Lorenzetti, Highton de Nolasco y Zaffaroni, es decir que reunieron los cuatro votos necesarios para considerarlas la opinión de la Corte que fundamenta su decisión. Expresaron: “la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones, que las vincula, y que es conocido actualmente, dentro de este proceso evolutivo, como ‘ius cogens’. Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países, independientemente de su eventual aceptación expresa”.
Es decir que nuestra Corte, en su actual composición, ha admitido la superioridad de principios sobre reglas internas y convencionales, señalando que se trata de un criterio que resulta de nuestra propia Constitución Nacional.
Este criterio en casos determinados, o en concatenaciones de ellos, podrá favorecer a unos o a otros, pero sin duda coincide con el reclamado por Antígona a Creonte, en la tragedia de Sófocles.
1 PALAZZO, Eugenio Luís, Las fuentes del derecho en el desconcierto de juristas y ciudadanos, Edit. Fecic, Buenos Aires,2004, pág. 427 ,
2 Fuentes deliberadas son las ue nacen para ser fuente del derecho. Las espontáneas, en cambio tienen un primer objetivo distinto (decidir una acción, resolver un caso) y su aceptación generalizada las transforma en fuente del derecho. A veces la jurisprudencia se proclama (por decisión del tribunal que la emite o de una norma que la habilita) fuente deliberada, con alcance general.
3 Por cierto que entre tales normas encontraremos algunos principios, pues las interrelaciones entre unas y otros permite advertir que, cada vez más, principios del derecho se positivizan, en un proceso que incrementa su certeza., en cuanto dicha positivización se realice con fidelidad, y no tergiverse principios o les llene de ideología, cualquiera sea ella. Sobre los referidos a una parte de la temática de este artículo escribí una de mis primeras colaboraciones a una revista jurídica: “Principios constitucionales de la seguridad social”, Rev. Jurisprudencia Argentina, tomo 1979-II, pág. 792. De su lectura hoy se desprende que han existido muchos avances, pero falta un buen camino a recorrer.
4 BIDEGAIN, GALLO, PALAZZO, PUNTE Y SCHINELLI, Curso de Derecho Constitucional, Edit. Abeledo Perrot, t. V, Buenos Aires, 2001, pág. 232
5 PALAZZO, Eugenio Luís, Las fuentes del derecho en el desconcierto …”cit., pág. 350.
6 PALAZZO, Eugenio Luís, “Las fuentes del derecho …”, cit, pág. 47.
7 Además de admitir el derecho de asociación en el artículo 8, en el art. 13 dispone: “La Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de trabajo y la industria. La sociedad promueve y fomenta el desarrollo del trabajo a través de la educación primaria gratuita, la formación profesional, la relación de igualdad entre el empleador y el trabajador, los fondos de pensiones y de crédito, las instituciones agrarias, asociaciones de voluntarios y el establecimiento por el Estado, los condados y los municipios, de obras públicas adecuadas para emplear mano de obra desocupada, y proporciona asistencia a los niños abandonados, enfermos y ancianos sin recursos, a los cuales sus familias no pueden socorrer”.
8 PALAZZO, Eugenio Luis, “El caso ‘Pellicori’. Las cuestiones que plantea sobre las fuentes del derecho, la carga de la prueba, la lucha contra la discriminación y la estabilidad laboral.”, EDCO, 12/12/2011.
9 CS, 24-08-04, Fallos 327:3312.
10 Fallos, 330:3248 (2007). Palazzo, Eugenio Luis, “La Corte Suprema y las interrelaciones entre las fuentes internacionales del derecho y la Constitución Nacional”, en El Derecho Constitucional 2007, pág. 400.
11 Fallos 328:2056, del 14 de junio de 2005.