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Timestamp: 2020-01-28 09:20:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 11']

BOE.es - Documento BOE-A-2011-9672
Documento BOE-A-2011-9672
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 132, de 3 de junio de 2011, páginas 54757 a 54772 (16 págs.)
BOE-A-2011-9672
https://www.boe.es/eli/es/ai/2009/07/02/(1)
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus autoridades centrales, subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
3. Los impuestos a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a) en la República de Kazajstán:
i) el impuesto sobre la renta de sociedades;
ii) el impuesto sobre la renta de las personas físicas;
iii) el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas y jurídicas
b) en el Reino de España:
v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente toda modificación sustancial que se haya introducido en sus legislaciones fiscales.
a) El término «Kazajstán» significa la República de Kazajstán y a los efectos de su utilización en sentido geográfico, el término «Kazajstán» comprende el territorio de la República de Kazajstán y aquellas zonas en las que Kazajstán ejerce sus derechos de soberanía y jurisdicción conforme a su legislación y a los convenios internacionales de los que es parte;
b) el término «España» significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
e) el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica;
f) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan Kazajstán o España, según el contexto;
i) En Kazajstán: el Ministerio de Hacienda o su representante autorizado;
ii) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
ii) una persona jurídica, constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, sus autoridades centrales, subdivisiones políticas y entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
a) Se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
d) si su situación no pudiera determinarse conforme a lo dispuesto en los subapartados a) a c) de este apartado, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
f) las minas, las excavaciones, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción o exploración de recursos naturales y las actividades de supervisión con ellos relacionadas.
3. Una obra de construcción o un proyecto de construcción, instalación o montaje constituyen un establecimiento permanente únicamente si su duración excede de doce meses.
1. Los beneficios obtenidos por un residente de un Estado contratante derivados de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Las disposiciones del apartado1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
3. El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas y de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado contratante del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio.
6. Las disposiciones del presente Convenio no podrán interpretarse en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar un impuesto especial sobre los beneficios de una sociedad atribuidos a un establecimiento permanente en ese Estado, complementario al impuesto que resultaría aplicable sobre los beneficios de una sociedad nacional de ese Estado contratante, siempre que dicho el impuesto complementario no exceda del 5 por ciento del importe de los beneficios no sujetos a dicho impuesto complementario en los ejercicios anteriores. A los efectos de este apartado, los beneficios se calcularán tras deducir los impuestos aplicables, salvo el impuesto complementario al que se hace referencia en el mismo, exigidos por el Estado contratante en el que está situado el establecimiento permanente.
a) es el Estado o el Banco Central (Nacional), una autoridad central, una subdivisión política o una entidad local del mismo;
b) los intereses los paga el Estado del que proceden o una autoridad central, subdivisión política o entidad pública o local;
c) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido a ese Estado o a una de sus autoridades centrales, subdivisiones políticas, entidades locales u organismo de crédito a la exportación, o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los anteriores;
d) es una institución financiera pública.
4. El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos o estatales y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que procedan las rentas.
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio.
1. Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado contratante, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidos los programas informáticos, las películas cinematográficas, las patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio.
5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6 del presente Convenio, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado contratante.
4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, en el capital de la sociedad, el valor de cuyos activos proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados precedentes sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18 del presente Convenio, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que es residente la empresa que lo explota.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14 del presente Convenio, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones de los artículos 7 y 14 del presente Convenio, cuando las rentas derivadas de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista.
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de las pensiones, pagados por un Estado contratante, una autoridad central, o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, autoridad central, subdivisión política o entidad local, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante, una autoridad central, una de sus subdivisiones políticas o por una de sus entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, autoridad central, subdivisión política o entidad local, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Convenio se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, y a las pensiones, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante, una autoridad central, o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio.
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6 del presente Convenio, que posea un residente de un Estado contratante y esté situado en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante puede someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3. El patrimonio constituido por buques y aeronaves explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado contratante, y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques y aeronaves, sólo puede someterse a imposición en ese Estado contratante.
1. En Kazajstán la doble imposición se evitará como sigue:
a) Cuando un residente de Kazajstán obtenga rentas o posea patrimonio que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en España, Kazajstán permitirá:
ii) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en España sobre esos elementos patrimoniales.
b) Cuando un residente de Kazajstán obtenga rentas o posea patrimonio que, conforme a las disposiciones del presente Convenio únicamente pueda someterse a imposición en España, Kazajstán podrá incluir dicha renta o patrimonio en la base imponible, pero únicamente a los efectos de determinar el tipo del impuesto aplicable a las restantes rentas o patrimonio sujetos a imposición en Kazajstán.
2. En España, la doble imposición se evitará bien de conformidad con las disposiciones de su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de conformidad con la legislación interna española:
a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Kazajstán, España permitirá:
i) La deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Kazajstán;
ii) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en Kazajstán sobre esos mismos elementos patrimoniales;
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12 del presente Convenio, los intereses, cánones y demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 23 del Convenio, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
Artículo 25. Devolución de impuestos.
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas, autoridades centrales o sus entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.
Artículo 27. Asistencia en la recaudación.
2. La expresión «crédito tributario» en el sentido de este artículo, significa todo importe debido en concepto de impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, o por sus autoridades centrales, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.
4. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicha deuda a los efectos de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario propio, aún cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicable a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza. Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 ó 4 no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado contratante en virtud de los apartados 3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser:
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;
d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.
1. El presente Convenio quedará ratificado y entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones, emitidas por conducto diplomático, mediante las que los Estados contratantes se comuniquen que han satisfecho los procedimientos legales exigidos por su normativa interna para la entrada en vigor del Convenio.
2. El Convenio surtirá efecto:
a) En relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio correspondientes al año fiscal que comience en la fecha en la que el Convenio entre en vigor, o con posterioridad a la misma;
b) en los restantes casos, en la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
Artículo 30. Enmiendas.
Artículo 31. Denuncia.
a) En relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio correspondientes al año fiscal que comience en la fecha en la que se notifique la denuncia, o con posterioridad a la misma;
b) en los restantes casos, en la fecha en la que se notifique la denuncia.
I. Desde la entrada en vigor del presente Convenio, el Decreto de 31 de diciembre de 2008, n.º 1318 en el que se establece la lista de países extranjeros que aplican regímenes preferenciales, así como cualquier otra norma sobre dicha materia que pudiera aprobarse con posterioridad y que modifique o sustituya el Decreto antes mencionado, quedará sin efecto en las relaciones económicas entre ambos Estados contratantes.
II. En relación con el artículo 11, apartado 3, se entenderá que la expresión «entidad pública» comprende los organismos, las agencias, instituciones, personas jurídicas de derecho público o cualquier otro organismo que pertenezca íntegramente al Estado, o a sus autoridades centrales, subdivisiones políticas o entidades locales.
III. Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio.
(i) Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables para combatir tales abusos.
(ii) Se entenderá que los beneficios del presente Convenio no se otorgarán a una persona que no sea la beneficiaria efectiva de las rentas procedentes del otro Estado contratante o de los elementos de patrimonio allí situados.
(iii) Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generan los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones o regalías, sea el de conseguir el beneficio de dichos artículos mediante dicha creación o cesión.
Bolat Zamishev, Ministro de Finanzas de la República de Kazajstán
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 25 de mayo de 2011.