Source: http://absta.info/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v8.html
Timestamp: 2019-12-08 10:27:55
Document Index: 16879413

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 62']

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38, 56, 57, 58 y 61 del Reglamento de la Corte1 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
párrs. 1-6
párrs. 7-11
III. EXCEPCION PRELIMINAR DE “CUARTA INSTANCIA”
párrs. 12-22
párr. 23
párr. 24
párrs. 25-26
párrs. 27-36
3. Valoración de las declaraciones de las presuntas víctimas, de la prueba testimonial y pericial
párrs. 37-48
4. Consideraciones sobre alegada “prueba superviniente”
párrs. 49-51
1. Hechos no planteados por la Comisión en su demanda
párrs. 52-60
2. Alegados hechos de contexto
párrs. 61-65
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES
DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
1. Descripción general de los procesos e instancias que valoraron los hechos en el ámbito interno
párr. 66
1.1. Hechos no controvertidos en relación con la detención de los señores Cabrera y Montiel
párrs. 67-68
1.2. Proceso judicial que condujo a la condena de los señores Cabrera y Montiel
párrs. 69-70
1.3. Procesos de amparo iniciados por los señores Cabrera y Montiel mediante los cuales se impugnó la decisión del Primer Tribunal Unitario
párrs. 71-73
1.4. Investigación iniciada por las denuncias de actos de tortura en contra de las presuntas víctimas. Actuaciones del Ministerio Público Militar y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
párrs. 74-76
2. Alegada violación del derecho a la seguridad personal
párrs. 77-89
3. Falta de remisión sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales
párrs. 90-102
4. Alegada falta de información de las razones de detención y de notificación sin demora del cargo o cargos formulados
párrs. 103-106
VIII. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
párrs. 107-110
1.1 Declaraciones rendidas por las víctimas
párrs. 111-113
1.2 Certificados médicos obrantes en el expediente
párrs. 114-120
1.3 Peritajes dirigidos específicamente a verificar los alegados actos de tortura
párrs. 121-125
2. Deber de investigar alegados actos de tortura
párrs. 126-132
párrs. 133-137
IX. GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS, EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
párrs. 138-151
A. Proceso penal llevado a cabo en contra de los señores Cabrera y Montiel
1. Derecho a la defensa
párrs. 152-162
2. Exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción
párrs. 163-177
3. Principio de presunción de inocencia
párrs. 178-186
B. Proceso penal para investigar la alegada tortura sufrida por los señores Cabrera y Montiel
párrs. 187-189
1. La investigación de oficio en el fuero ordinario
párrs. 190-193
2. Competencia de la jurisdicción penal militar
párrs. 194-201
3. Recurso judicial efectivo en la jurisdicción penal militar
párrs. 202-204
4. Adecuación del derecho interno mexicano respecto a la intervención de la jurisdicción penal militar
párrs. 205-207
párrs. 208-210
párrs. 211-212
B. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
párrs. 213-215
C. Medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición
c.1 Medidas de satisfacción
i) Publicación de la Sentencia
párrs. 216-217
c.2 Medidas de Rehabilitación
i) Atención médica y psicológica
párrs. 218-221
ii) Eliminar los nombres de las víctimas de todo registro de delincuentes
párrs. 222-223
i) Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de justicia
párrs. 224-235
ii) Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de tortura
párr. 236
iii) Adopción de un mecanismo de registro de detenidos público y accesible
párrs. 237-243
iv) Programas de formación de funcionarios
párrs. 244-245
v) Otras medidas solicitadas
párrs. 246-247
párrs. 248-254
párrs. 255-261
párrs. 262-267
párrs. 268-273
XI. PUNTOS RESOLUTIVOS
párr. 274
El 24 de junio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda en contra de México (en adelante, el “Estado”, el “Estado mexicano”, o “México”) en relación con el caso 12.449. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 25 de octubre de 2001 por Ubalda Cortés Salgado, Ventura López y las organizaciones Sierra Club, Greenpeace International, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – PRODH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El 27 de febrero de 2004 la Comisión adoptó el Informe 11/04, en el cual declaró la admisibilidad del caso2. El 30 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 88/08, elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención3. Tras considerar que México no había adoptado las recomendaciones incluidas en dicho informe, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, y a Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, y como asesores legales a Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a Isabel Madariaga, Juan Pablo Albán Alencastro y Marisol Blanchard, especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La demanda se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por el sometimiento de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores (en adelante, los señores “Cabrera García” y “Montiel Flores” o “los señores Cabrera y Montiel”) “a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército mexicano, por su falta de presentación sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención, y por las irregularidades acaecidas en el proceso penal que se adelantó en su contra”. Además, la demanda se refiere a la supuesta falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de investigación adecuada de las alegaciones de tortura, y la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos. La detención de los señores Cabrera y Montiel tuvo lugar el 2 de mayo de 1999.
La Comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 (Integridad Personal), 7.5 (Libertad Personal), 8.1, 8.2.g, 8.3 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana; del incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo instrumento; y del incumplimiento de las obligaciones bajo los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación.
El 2 de noviembre de 2009 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.4 (en adelante también “Centro Prodh”), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional5 (en adelante también “CEJIL”) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.6 (todos ellos en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de los derechos alegados por la Comisión, los representantes alegaron que en el presente caso existió tortura, la violación del artículo 5 (Integridad Personal) en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas, por “el sufrimiento causado por las violaciones en perjuicio de sus seres queridos y la impunidad en que éstas se mantienen”; la violación del artículo 16 (Libertad de Asociación) de la Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel, debido a que las violaciones cometidas en su contra se dieron como “una represalia a su participación en una organización dedicada a la defensa del medio ambiente y porque el Estado no garantizó que pudieran llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad”. En el marco de lo anterior extendieron la violación del artículo 7 (Libertad Personal) a los incisos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación.
El 7 de febrero de 2010 el Estado presentó su escrito de interposición de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante, “contestación de la demanda”). En dicho escrito el Estado interpuso la excepción preliminar relativa a la “[i]ncompetencia de la Corte para conocer de los méritos de la […] demanda a la luz del principio de cuarta instancia”. Asimismo, el Estado negó su responsabilidad internacional respecto de la violación de los derechos alegados por las demás partes. El Estado designó a la señora Embajadora Zadalinda González y Reynero como Agente.
De conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento, el 2 de abril de 2010 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado.
La demanda de la Comisión fue notificada a los representantes y al Estado el 2 de septiembre de 2009. Ese mismo día, siguiendo instrucciones de la Presidencia de la Corte y de acuerdo con el Reglamento de la Corte aplicable, se consultó al Estado sobre su propósito de designar un juez ad hoc para el presente caso7. El 15 de octubre de 2009 el Estado designó a Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en tal calidad.
Mediante Resolución de 2 de julio de 2010 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) convocó a una audiencia pública en el presente caso y ordenó requerir ciertas declaraciones a través de fedatario público y otras en dicha audiencia8. Las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones a las declaraciones rendidas ante fedatario público.
Por otra parte, el Tribunal recibió doce escritos en calidad de amicus curiae de las siguientes personas, instituciones y organizaciones: La Clínica de Derechos Humanos del Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard9, respecto a la admisibilidad de los argumentos de presuntas víctimas relativos a la duración de la detención ilegal y los abusos sufridos durante su detención; la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas10, sobre la vulnerabilidad de las personas detenidas sin orden judicial y la necesidad de ser llevados sin demora ante un juez; Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)11, respecto a las detenciones ilegales del Ejército mexicano y la legalización de la tortura bajo la figura de la confesión coaccionada; la Asociación para la Prevención de la Tortura12, respecto a la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura; Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)13, respecto a la obligación del Estado de reglamentar un registro de detención como medida de no repetición; la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho14, sobre el deber de protección, garantía y de proporcionar un recurso efectivo a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C15, sobre la amplia discrecionalidad con que actúa el Ministerio Público Mexicano durante la conducción de la averiguación previa; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA)16, sobre la importancia de los defensores del medio ambiente en México, las agresiones sufridas y su derecho a la asociación; el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana17, respecto a la prohibición de valorar pruebas obtenidas bajo tortura y sin control judicial; el Programa Internacional Forense de Physicians for Human Rights18, sobre el no cumplimiento de los requisitos internacionales respecto a las pruebas de rodizonato de sodio; EarthRights International19, sobre abusos de derechos humanos en el contexto de resistencia de comunidades contra las industrias de extracción, y el Environmental Defender Law Center20, sobre la grave situación de los defensores ambientales mexicanos, el reconocimiento internacional de los defensores ambientales y la violación de los derechos de los señores Cabrera y Montiel.
La audiencia pública fue celebrada los días 26 y 27 de agosto de 2010 durante el LXXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, en la Sede del Tribunal21. Durante la celebración de la audiencia pública los jueces hicieron diversas preguntas y solicitaron prueba para mejor resolver22.
El 11 de octubre de 2010 la Comisión Interamericana, los representantes23 y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos, los cuales fueron transmitidos a las partes para que hicieran las observaciones que estimaran pertinentes sobre determinados documentos acompañados por México y por los representantes con aquellos escritos. En dichos alegatos finales las partes presentaron alegatos y prueba en relación con las preguntas y prueba para mejor resolver solicitadas por la Corte.
El Estado opuso como excepción preliminar la “incompetencia” de la Corte “para conocer de los méritos de la presente demanda a la luz del principio de cuarta instancia”. El Estado sostuvo que “la Corte no puede determinar si los tribunales nacionales aplicaron correctamente el derecho interno o si el fallo emitido fue equivocado o injusto” y que sólo “debe[ría] determinar” si el proceso judicial penal “se apegó a los principios de garantía y protección judicial consagrados en la Convención Americana o si existe algún error judicial comprobable y comprobado que acredite una grave injusticia”. El Estado afirmó que esto último no habría sucedido en el presente caso dado que los señores Cabrera y Montiel interpusieron “un recurso para inconformarse por la formal prisión en su contra, recurso con el que obtuvieron resultados parcialmente favorables”, y que “también tuvieron acceso a instancias en las que pudieron apelar el fallo condenatorio de primera instancia y a otras más para recurrir las determinaciones posteriores, recursos con los que también fueron beneficiados”, incluso mediante la aceptación de una prueba presentada en forma extemporánea. En efecto, México sostiene que “la totalidad de los actos u omisiones del Estado” aducidos como “violatorios de la Convención Americana, incluso los de carácter procesal y procedimental, ya han sido valorados y determinados por órganos judiciales mexicanos independientes e imparciales a través de recursos efectivos y eficaces” y “con pleno respeto al derecho de garantía y protección judicial”.
El Estado añadió que la Corte “ha sido constante en declarar improcedentes las excepciones preliminares sustentadas en un criterio de cuarta instancia”. Sin embargo, este caso sería excepcional porque en los casos anteriores los demandantes no habían pretendido obtener “la revisión de los fallos o decisiones de los tribunales internos”, sino la determinación de “si un acto u omisión del Estado ha[bía] resultado violatorio de un derecho protegido por la Convención Americana”, mientras que en el presente caso “se buscaría revisar lo ya decidido por los tribunales domésticos”, pues éstos habrían ejercido “efectivamente el ‘control de convencionalidad’ ex officio, que debe imperar para ser procedente una excepción de cuarta instancia”. En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte declararse incompetente debido a que “la totalidad de los méritos del caso […] fueron analizados judicialmente” en instancias judiciales en las que se “determinó la inexistencia de tortura” y “en juicio apegado al respeto de las garantías judiciales […] acreditó la responsabilidad penal de [las presuntas víctimas]”. Por último, solicitó que, en caso de declararse improcedente esta excepción, la Corte se pronuncie “sobre los criterios, fundamentos jurídicos y condiciones en las que, aun cuando los tribunales nacionales ejerzan un control de convencionalidad”, la Corte “puede conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción”.
La Comisión alegó que “no pretende presentar cuestiones vinculadas con la interpretación o aplicación del derecho interno del Estado a los hechos” de este juicio, “sino que solicita que la Corte declare que el Estado mexicano es responsable de la violación” de algunos derechos estipulados en instrumentos interamericanos. Además, la Comisión resaltó que ella habría analizado “oportuna y debidamente las cuestiones de admisibilidad en el presente caso”, y que en el informe de fondo y en la demanda, concluyó la “falta de investigación y substanciación de la denuncia interpuesta por los alegados actos de tortura” y “las irregularidades acaecidas dentro del proceso penal en contra de las [presuntas] víctimas”. Por último, señaló que “la excepción interpuesta por el Estado de México es infundada, puesto que los argumentos estatales presuponen una evaluación de la materia de fondo de la demanda y de las evidencias presentadas en relación con el sistema judicial y las decisiones de los tribunales internos en este caso”.
Por su parte, los representantes señalaron que “el argumento estatal no puede ser considerado como una excepción preliminar, en tanto el mismo se basa en la compatibilidad de las actuaciones de sus órganos internos con la Convención Americana”, razón por la cual “constituye un alegato de fondo”. Además, sostuvieron que no solicitan revisar “la manera en que los tribunales mexicanos aplicaron su legislación interna o sus decisiones” sino “alegadas violaciones de instrumentos interamericanos”, teniendo en cuenta que el Estado es internacionalmente responsable por los actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos, incluidos los tribunales. Agregaron que también se solicita declarar la “incompatibilidad de la competencia de los tribunales militares para investigar los hechos denunciados de tortura con las disposiciones convencionales mencionadas”. Frente al argumento de que la excepción de “cuarta instancia” procede porque todas las violaciones alegadas ante la Corte ya habían sido valoradas y consideradas por órganos judiciales, los representantes afirman que ello no sería efectivo, pues “varias de las violaciones de derechos humanos objeto de estudio en el presente caso nunca fueron valoradas por tribunales internos o, si lo [fueron], fue de manera [in]adecuada”, como habría sucedido con la alegada tortura. Respecto al alegato de que procedería la excepción preliminar de “cuarta instancia” porque el Poder Judicial interno habría ejercido “el control de convencionalidad ex officio que debe imperar para hacer procedente [dicha] excepción”, los representantes señalaron que la evaluación del cumplimiento de dicho control “compete, al igual que la del resto de las obligaciones que emanan del tratado, a la Corte Interamericana”. Además, hicieron presente que “no es cierto que dicho ‘control de convencionalidad’ realmente se haya hecho”.
Este Tribunal ha establecido que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario24, coadyuvante y complementario25, razón por la cual no desempeña funciones de tribunal de “cuarta instancia”. Ello implica que la Corte no es un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre algunos alcances de la valoración de prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos. Es por ello que esta Corte ha sostenido que, en principio, “corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares”26. Lo anterior implica que al valorarse el cumplimiento de ciertas obligaciones internacionales, como la de garantizar que una detención fue legal, existe una intrínseca interrelación entre el análisis de derecho internacional y de derecho interno.
La Corte ha afirmado que las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado, mediante la objeción de la admisibilidad de una demanda o la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares27. Si estos actos no pudieran ser revisados sin entrar a analizar previamente el fondo de un caso, no pueden ser analizados mediante una excepción preliminar28.
Atendido lo anterior, puede afirmarse que, si se pretendiera que la Corte ejerza como tribunal de alzada sobre los alcances de la prueba y del derecho interno, se le estaría sometiendo una materia sobre la cual, en virtud de la competencia subsidiaria de un tribunal internacional, no podría pronunciarse y es incompetente. No obstante, para que esta excepción fuese procedente, sería necesario que el solicitante busque que la Corte revise el fallo de un tribunal interno en virtud de su incorrecta apreciación de la prueba, los hechos o el derecho interno, sin que, a la vez, se alegue que tal fallo incurrió en una violación de tratados internacionales respecto de los que tenga competencia el Tribunal.
Por el contrario, sí compete a la Corte verificar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los instrumentos interamericanos que le otorgan competencia al Tribunal. Por ello, la jurisprudencia reiterada de la Corte señala que la determinación de si las actuaciones de órganos judiciales constituyen o no una violación de las obligaciones internacionales del Estado, puede conducir a que la Corte deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos para establecer su compatibilidad con la Convención Americana29. Ello sucede porque, si se reclama que un fallo ha sido incorrecto en virtud de la violación del debido proceso, la Corte no podrá referirse a esta solicitud en la forma de una excepción preliminar, ya que deberá considerar el fondo del asunto y determinar si este derecho convencional fue o no violado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte observa que la excepción preliminar presentada por el Estado toma como punto de partida que no ha existido ninguna violación de derechos humanos en el presente caso, cuando es precisamente ello lo que se debatirá en el fondo del asunto. Al valorar el mérito de la petición la Corte determinará si los procedimientos internos, tal como alega el Estado, respondieron a la totalidad de los actos reclamados por la Comisión y los representantes ante este Tribunal y si en ese ejercicio se respetaron las obligaciones internacionales del Estado.
De otra parte, la conclusión anterior no se modifica por el hecho de que el Estado alegue que los tribunales nacionales hayan ejercido ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana. En efecto, será en la etapa de fondo en la que se determinará si el presunto control de convencionalidad que alegó el Estado involucró un respeto de las obligaciones internacionales del Estado, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal y del derecho internacional aplicable.
En razón de todo lo dispuesto anteriormente, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por México.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. El 2 de noviembre de 1987 México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST”).