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Timestamp: 2018-03-17 14:42:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 34']

13. Reconocimiento y protección internacional - Apuntes de Derecho
1 La Carta de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos
1.1 La Carta de las Naciones Unidas
1.2 El Tribunal Internacional de Justicia
1.3 Los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas
1.4 La Carta Internacional de los Derechos Humanos
1.5 La Declaración Universal de Derechos Humanos
1.6 Los derechos reconocidos
1.7 El valor de la Declaración
1.8 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
1.9 El Comité de Derechos Humanos
1.10 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1.11 Otros documentos y órganos de protección de los derechos humanos
2 La Corte Penal Internacional
2.2 Génesis
2.3 Estructura y competencias
La Carta de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos
Desde agosto hasta octubre de 1944, tuvo lugar en Dumbarton Oaks una CONFERENCIA INTERNACIONAL a la que asistieron representantes de las 4 grandes potencias: China, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. En ella se preparó el proyecto de la Carta de las Naciones Unidas, ultimado en la CONFERENCIA DE YALTA, de febrero de 1945. En ésta se acordó la celebración de una CONFERENCIA INTERNACIONAL que habría de reunirse en Estados Unidos el 25 de abril de 1945 para establecer una " ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS ".
En la fecha indicada se reunió en la ciudad de San Francisco LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS que concluyó el 26 de junio de ese año. A ella acudieron 50 Estados creándose 2 documentos complementarios escritos en 5 idiomas (chino, español, francés, inglés y ruso) que fueron: " LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS " y " el ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA ". Se aprobaron en San Francisco el 26 de junio de 1945 y entraron en vigor en octubre de ese año.
Órganos principales: Lo son la Asamblea General, compuesta de representantes de todos los Estados que se basa en el principio de igualdad, con funciones puramente consultivas y recomendatorias y el Consejo de Seguridad compuesto por un número limitado de miembros -los 5 grandes- (China Estados Unidos y Francia y Reino Unido y URSS). El Consejo tiene facultades decisorias en cuanto al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
Otros órganos de menor importancia son el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo Económico y Social, el Tribunal Internacional de Justicia y el Secretario General.
El Consejo de Seguridad: Es el órgano fundamental de la Organización. Se compone de 15 miembros con una misión de última instancia, cuando la Asamblea General acuerda llamar la atención sobre situaciones que pueden poner en peligro la paz y la seguridad. Ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la política del " apartheid " en África del Sur y en Namibia, y respecto a la situación de Zimbabue. Más recientemente ha intervenido los conflictos entre etnias africanas, en la invasión de Kuwait por Irak, en la guerra de los territorios de la antigua Yugoslavia, en la contienda permanente de oriente medio o en la guerra de Afganistán.
Constituye el órgano Judicial principal de las Naciones Unidas.
Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Si un estado no cumple las relaciones frente a otro éste puede recurrir al Consejo de Seguridad.
En realidad el Tribunal Internacional de Justicia no tiene ninguna competencia específica en materia de Derechos Humanos y su misión es la de resolver a la luz del Derecho Internacional los conflictos que se sometan por parte de los Estados. Pero al desempeñar su función de interpretación de los Tratados Internacionales también lo hace respecto a los Tratados, Pactos o Convenios de Derechos Humanos. Se le reconoce la resolución de las disputas entre los Estados relativas a la interpretación, aplicación y cumplimiento del Tratado correspondiente, aunque no sea un reconocimiento específico de esa competencia.
Existe una promesa solemne realizada por la propia CARTA DE SAN FRANCISCO de redactar y promulgar una DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. En el preámbulo de la Carta se establece como objetivo el " preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra " y que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a " reafirmar su fe en los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad y en el valor de la persona humana... ". En el artículo 1º.3 de la Carta se señalan entre los fines de la Organización: en primer lugar, " fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos " y, en 2º lugar, " realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales y de carácter económico, social, cultural y humanitario ".
Otros artículos hacen también referencia a los derechos humanos. Sin embargo la Carta no enumera un catálogo de derechos ni crea mecanismos concretos para garantizarlos.
El artículo 56 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS en relación con el 55, marcan el compromiso de todos los miembros de la Organización de adoptar medidas para el logro del " respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ". Para ello era necesario la creación de un órgano; por ello el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS creó la " COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS " de junio de 1946.
La función asignada a la Comisión consiste en elevar al Consejo " proposiciones ", " recomendaciones " e " informaciones " en materia de libertades públicas e investigar las acusaciones sobre violación de derechos humanos.
La Comisión aparece como un órgano que se propone como un Organismo competente de las Naciones Unidas con el fin de cumplir la misión que la Carta atribuye a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social respecto al efectivo respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Tal propuesta suscitó importantes divergencias que pusieron de manifiesto las dificultades existentes entonces. Ante tales dificultades se encargó a la Comisión la redacción de un proyecto de Declaración en la que se enumeraran explícitamente todos los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.
" La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS " junto con " EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS " y " el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES " forman lo que se conoce como la " CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ".
En la Carta de las Naciones Unidas no se definen los derechos humanos ni las libertades fundamentales. La Carta no contiene una enumeración exhaustiva de los derechos ni estableció un sistema razonable y eficaz para la realización de los mismos. Tampoco aporta procedimientos concretos ni órganos específicos.
Para subsanar tal carencia surgió la necesidad de elaborar una Declaración Internacional de Derechos. Los trabajos, iniciados por la Comisión en 1946 concluyeron con la elaboración y aprobación de un texto en el que se anunciaban los derechos de la 1ª generación y los de la 2ª, es decir los civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales.
Finalizada la relación y una vez discutido por la Asamblea General de las Naciones comes reunidas, está lo aprobó en Nueva York en su Resolución 217, con 48 votos a favor y 8 abstenciones y así nació LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS el 10 de diciembre de 1948.
La declaración consta de un preámbulo y 30 artículos.
En el preámbulo en los artículos 1 y 2 se establecen los presupuestos y directrices que sirven de fundamento para la concepción de todos los derechos en ella reconocidos: la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad y la paz en el mundo constituyen la base de los derechos y libertades de los que son titulares todos los miembros de la familia humana " sin discriminación alguna por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición ".
Pueden establecerse 2 grupos de derechos:
Al 1º pertenecen los derechos y libertades de índole personal y los derechos del individuo en su relación con el grupo. Son los derechos civiles y políticos. Se citan en los artículos 3 al 21, vida; libertad y seguridad; no ser sometido esclavitud; derecho a no ser sometido a torturas ni penas crueles o tratos inhumanos; derecho de igualdad ante La ley y la protección frente a la detención; derecho al proceso justo; respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y la correspondencia; libertad de circulación y residencia; derecho de asilo; derecho a la racionalidad; derecho a casarse fundar una familia y; la propiedad; al pensamiento conciencia religión; a participar en el gobierno del propio país.
Al 2º pertenecen los derechos económicos sociales y culturales de los que son titulares todas las personas en cuanto miembros de una sociedad. Son el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad social; y el derecho a fundar sindicatos; el derecho al descanso el disfrute el tiempo libre; el derecho a una vida con un nivel adecuado; el derecho de educación y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.
En los artículos 29 y 30 se establece los deberes que toda persona tiene respecto a la comunidad.
El valor de la Declaración
La Declaración Universal de Derechos Humanos es el fruto de un ponderado y frágil equilibrio entre conceptos de los derechos que defendían los Estados occidentales y conceptos mantenidos por los Estados del bloque socialista. Se presentan en un catálogo omnicomprensivo de los derechos humanos en cuyo texto se recogen por 1ª vez, los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Al denunciarse conjuntamente se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre ambos grupos de derechos.
Pero la declaración no se estableció ningún mecanismo de control ó garantía de los derechos. Los países del bloque socialista, para los que el principio de la soberanía era prioritario, no estaban dispuestos a admitir injerencias externas que pudieran intervenir o criticar la situación de los derechos humanos en el ámbito de su soberanía.
Puede afirmarse que la Declaración Universal De Los Derechos Humanos es una declaración catálogo o " declaración manifiesto ".
Se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una Resolución y no un Convenio, Pacto o Tratado, por lo que poseía el carácter de simple Declaración.
Los miembros de la Comisión eran conscientes de las dificultades señaladas y de las reticencias de los Estados a que las Naciones Unidas intervinieran en asuntos internos. " ninguna disposición de esta Carta -dice el artículo 2º.7 de la CARTA DE SAN FRANCISCO- autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos establecidos en la presente Carta ". Cualquier intento de intervenir habría chocado con este párrafo de la Carta de San Francisco.
Pero no se pone en duda el inmenso valor moral de la Declaración.
Su aprobación fue un paso trascendental para el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales a nivel universal. Su influencia permanece y el empleo constante que de ella se hace confirma la aceptación universal. Muchos países han recogido en sus Constituciones las disposiciones de la Declaración sobre derechos humanos.
Además, tal como se expresa en el título, se trata realmente de una declaración de alcance universal que se aplica todo miembro de la familia humana en todas partes, haya o no aceptado su gobierno los principios de la declaración.
Y en el transcurso de los años, sus principios fundamentales han adquirido la condición de normas que todos los Estados deben respetar.
La evolución de los acontecimientos internacionales y, las frecuentes apelaciones a la Declaración como norma básica y la necesidad de todos los pueblos de invocar un documento que definiera las obligaciones han provocado que la Declaración experimentara una conversión hacia un carácter vinculante. Desde hace mucho tiempo, los derechos enunciados en la Declaración han adquirido tal fuerza y grado de adhesión que han sido considerados como preceptos jurídicos de derecho consuetudinario internacional. Ha existido un consenso generalizado de su exigibilidad y por tanto de su valor jurídico.
Este consenso de la Comunidad Internacional quedó patente en la Proclamación de la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN TEHERÁN el 13 de mayo de 1968 que proclamó que la Declaración Universal " anuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros... ". En el párrafo 8 del preámbulo de la DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA aprobada en 1993 por la CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS se reafirman 171 Estados... los Estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos, lo que hace presumir que existe ya una convicción de que tienen fuerza vinculante y pueden ser exigibles jurídicamente.
Se dan 3 posturas diferentes respecto a su alcance y valor jurídico:
La 1ª propia de los orígenes niega el carácter jurídico de la Declaración considerándolas simplemente un catálogo de derechos humanos que exponen unos principios generales y con autoridad moral pero no jurídica.
La 2ª postura la ve como un conjunto de " principios generales del derecho internacional reconocidos por las naciones civilizadas ". Algunos le asignan el valor jurídico indirecto al elaborar pactos o convenios o al considerar el deber de los Estados de reconocerlos en sus Constituciones.
La 3ª postura está integrada por las teorías que defienden el carácter jurídico de la Declaración Universal de. Es el planteamiento más frecuente en la actualidad. Son las normas de " ius cogens " que establecen obligaciones " erga omnes ".
La ONU tomó la decisión de elaborar una fórmula de los derechos humanos con fuerza vinculante indiscutible, por lo que encomendó a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración de 2 importantes documentos que por su categoría de Pactos, podrían obligar a todos los Estados que los ratificaran.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aprueba por la Asamblea General en su resolución 2200 el 16 de diciembre de 1966 y entra en vigor el 23 de marzo de 1976. España lo ratifica el 13 de abril de 1977 y entra en vigor el 27 de julio de ese mismo año. Se recogen y garantizan los derechos civiles y políticos recogidos anteriormente en la Declaración Universal: vida, intimidad, proceso justo, expresión, religión, igualdad ante La ley, etc.. Algunos de estos derechos pueden ser suspendidos en " situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación ", a condición de que esa suspensión no genere discriminación alguna. Si un país suspende provisionalmente la aplicación de alguna disposición del pacto deberá informar al Secretario General de las Naciones Unidas.
Pero el Pacto no permite en ninguna circunstancia tanto en período de paz como un período de guerra derogar los siguientes derechos fundamentales: vida; personalidad jurídica; no ser sometido a tortura esclavitud; pensamiento conciencia religión; no ser encarcelado y el fin se trata de respetar la de retroactividad de la norma penal.
El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció en su artículo 28 la creación de un COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Este Comité se compone por 18 miembros pertenecientes a los Estados Parte del Pacto que son elegidos por votación secreta entre una lista de personas independientes, expertas y de reconocido prestigio en materia de derechos humanos que ejercen sus funciones a título personal.
El comité tiene competencias, en primer lugar, para conocer y examinar los informes de los Estados miembros sobre incumplimiento del Pacto. Sus " comentarios generales " sirven, en caso de discrepancia, para interpretar el significado y contenido del articulado adquiriendo valor de jurisprudencia.
En su artículo 41 prevé la competencia del Comité para examinar las comunicaciones o denunciar las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto, realizadas por los Estados. También el Comité según el artículo 41 puede examinar denuncias de un Estado contra otro por la vulneración de los derechos humanos contenidos en el Pacto. Hay que tener en cuenta que la realización de tales competencias presenta muchas dificultades.
Y el procedimiento de protección creado por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos plantea problemas para ser llevado a la práctica, siendo poco eficaz como sistema internacional de garantía de los derechos fundamentales. España no aceptó la competencia del Comité hasta el 17 de noviembre de 1988. Además es un sistema poco eficaz porque la capacidad de actuación se limita a emitir observaciones con valor puramente persuasivo pero en ningún caso ejecutivo.
Es tambien competencia y obligación del Comité informar anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social. Aunque los dictámenes del Comité son formulados en forma de fallos jurídicos no existe realmente un procedimiento jurídico para su aplicación. Así que la responsabilidad de hacer efectivo cumplimiento del dictamen recae exclusivamente sobre el Estado afectado. Los Estados suelen cumplirlos, a veces por respeto o a veces para mejorar su imagen internacional.
Para que se estimule el cumplimiento de los dictámenes formulados el Comité ha nombrado un Relator especial para recabar información por escrito de los Estados Partes sobre el cumplimiento.
El Protocolo facultativo del Pacto fue aprobado junto con el Pacto el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Con este Protocolo se reconoce al Comité de Derechos Humanos la facultad de recibir y considerar comunicaciones o denuncias de personas individuales que alegan haber sido víctimas. Se requiere igualmente que el Estado demandado haya manifestado su voluntad de obligarse por el Protocolo facultativo.
El Comité, una vez examinada la admisibilidad y la fundamentación del caso emitirá un dictamen que comunicará tanto al Estado denunciado como al particular denunciante. Además hará públicos sus dictámenes y decisiones.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: se aprueba el 15 de diciembre de 1989 para abolir la pena de muerte en la jurisdicción de todos los Estados Partes, contribuyendo así a elevar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos.
Se aprueba el 16 de diciembre de 1966, por 105 votos a favor y ninguno en contra, están ausentes 17 de los 122 Estados miembros. Entra en vigor el 3 de enero de 1976. España lo firmó el 28 de septiembre de 1976 y lo ratifica el 13 de abril de 1977, entra en vigor el 27 de julio del mismo año.
Reconoce y garantiza los derechos de igual denominación proclamados en LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de 1948, tales como el derecho al trabajo y libre elección del mismo; derecho a condiciones favorables de trabajo; seguridad e higiene; descanso y disfrute del tiempo; la educación de la participación la vida cultural... teniendo en cuenta que uno de los derechos recogidos en la Declaración Universal no aparece garantizado en este Pacto. Tal es el caso del derecho a la propiedad. Introduce algunos derechos nuevos tales como el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho de huelga.
El Pacto no estableció un órgano o comité específico para garantía de los derechos en el reconocidos. Por lo que su eficacia fue escasa. Los Estados Partes no tendrán más control que los exámenes realizados por el Consejo Económico y Social de los informes que los propios Estados deben presentar periódicamente.
En 1979 por decisión del Consejo Económico y Social se creó un " Grupo de Trabajo " sobre la aplicación del Pacto. éste sea elevado a condición de " COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES " por virtud de la resolución 23 de 1985. Este comité está formado igual que el anterior por 18 expertos independientes, propuestos elegidos por los Estados Partes del Pacto.
La competencia y función del Comité es examinar los informes periódicos presentados por los Estados Partes. A su vez presentará anualmente un informe al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL de sus actividades formulando al mismo tiempo propuestas, sugerencias y recomendaciones pertinentes. Pero en este Pacto no existe la posibilidad de efectuar denuncias contra otro Estado ni existe la posibilidad de formular denuncias o demandas a título personal por la relación de los derechos en él contemplados.
Otros documentos y órganos de protección de los derechos humanos
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS creada por el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 1946 consagró sus esfuerzos a la redacción de un proyecto de DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Dicha Comisión también dedicó sus esfuerzos a la redacción de otros proyectos de Convenios relativos a materias y cuestiones específicas:
Se trata de convenios o tratados específicos de carácter sectorial, destinados al reconocimiento y protección de determinados grupos de seres humanos. Se produce en numerosas Convenciones, Declaraciones, Pactos y Recomendaciones aprobados por la Asamblea General que exponen más detalladamente los derechos establecidos en la Declaración Universal y los Pactos Internacionales en los que se definen también algunos derechos que no están especificados en la Carta Internacional de Derechos Humanos:
1948 "convenio sobre la prevención y castigo del delito de genocidio".
1951 "convenio sobre estatuto de los refugiados"
1952 "convenios sobre los derechos políticos La mujer"
1953 "convención sobre la esclavitud"
1959 "declaración de los derechos de los niños"
1989 "convención de los derechos del niño"
1984 "convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles"
1992 "declaración sobre los derechos las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas y religiosas o lingüísticas".
Existen otros muchos Convenios, Resoluciones y Recomendaciones nacidos al amparo de organismos especializados de la propia Organización, por ejemplo los de la OIT o los de la UNESCO.
También existen otros muchos Organismos especializados en determinadas materias concretas como el " COMITÉ DE ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL ", " EL COMITÉ SOBRE ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER ", " EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA ", etc.
Las Naciones Unidas que han realizado una espléndida labor en el campo de las declaraciones de derechos no han logrado aún crear un mecanismo eficaz para la protección y garantía de las libertades y derechos fundamentales proclamados en la Declaración Unidos y en todos los Pactos y Convenios.
La idea de la creación de un TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL para juzgar y castigar las violaciones más graves de derechos humanos, tales como genocidio o crímenes contra la humanidad a los que ahora se unen los crímenes de terrorismo y..., no es nueva. Existen antecedentes desde el siglo XIX. Pero la iniciativa de la creación de una Jurisdicción penal internacional cobra fuerza a partir de la 2ª Guerra mundial con la creación de los Tribunales de Nuremberg y de Tokio para juzgar y condenar las atrocidades y los crímenes cometidos durante la guerra.
En la última década del siglo XX el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS ha creado 2 importantes tribunales " ad hoc " para juzgar los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Son " El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia " de 1993 " El Tribunal Internacional para Ruanda " de 1994 La creación de estos Tribunales han suscitado muchas críticas y dudas sobre la legitimidad del Consejo de Seguridad para crear tribunales. Lo cierto es que la creación de éstos han supuesto un cambio importante en el Derecho Internacional. Es la 1ª vez que un TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL es creado por la Comunidad Internacional.
Con anterioridad a la actuación de los 2 Tribunales citados la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS en 1989 había pedido a la COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL que se ocupase de la cuestión del establecimiento de una CORTE PENAL INTERNACIONAL y en sus resoluciones del 92 y del 93 preparó un proyecto de estatuto de La Corte.
La COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL nombró un COMITÉ ESPECIAL para examinar las principales cuestiones sustantivas y administrativas. Se reunió varias veces en 1995. Posteriormente la Asamblea General en su resolución 11 de diciembre de 1995 estableció un nuevo COMITÉ PREPARATORIO para redactar un texto consolidado de aceptación.
En diciembre de 1996 la Asamblea General decidió celebrar una conferencia que se haría en 1998 para dar forma definitiva a una CONVENCIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
La Conferencia se celebró finalmente en Roma del 15 al 17 de julio. En ella participaron 160 Estados y 166 entidades gubernamentales y no gubernamentales. La Conferencia prepara el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL que fue aprobado el 17 de julio de 1998.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha entrado en vigor el 1 de julio de 2002 firmado por 139 estados y ratificado por 85 con fecha 1 de diciembre de 2002.
Consta de un Preámbulo y 13 Partes con 128 artículos Respecto a los crímenes de competencia de la Corte que " se limitara a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencias según el presente Estatuto respecto de los siguientes crímenes: A) crimen de genocidio; B) crines de lesa humanidad; C) crímenes de guerra; D) crímenes de agresión.
Cabe afirmar que todo Estado Parte del Estatuto acepta la competencia de la Corte, sin que exista la posibilidad de hacer reservas.
La Corte está compuesta de acuerdo con lo expuesto en el artículo 34 por 4 órganos: a) una Presidencia; b) 3 Secciones: una de apelaciones otra de 1ª instancia y otra de cuestiones preliminares; c) La Fiscalía; d) La Secretaría.
El procedimiento se desarrolla en 2 fases: una de investigación y otra de juicio oral. Las sentencias y resoluciones de la Sección de 1ª Instancia son susceptibles de recurso. Se respeta los principios de " no hay delito sin ley ni pena sin delito ". Supone un avance importante para la protección Internacional de los derechos humanos.
No olvidemos que el siglo XX se han desencadenado más de 250 conflictos armados, han muerto más de 90 millones de personas civiles especialmente mujeres y niños se han violado los derechos, la propiedad y la dignidad de más de 200 millones de personas.
Y la obligación genérica que tienen los Estados de asegurar el respeto de estos Derechos como obligación " erga omnes ". hasta ahora se carecía de un órgano judicial internacional. " LA CORTE PENAL INTERNACIONAL " viene a llenar ese vacío y cabe la esperanza de que los grandes crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos no queden impunes y sean debidamente castigados.