Source: https://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/4593-propuesta-politica-de-negociacion-paro-agrario-en-colombia-insumos-para-un-pais-justo-plural-responsable-soberano
Timestamp: 2020-08-12 10:06:09
Document Index: 165143058

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 37', 'artículo 306', 'artículo 52', 'Artículo 365', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 115']

Lea y conozca los puntos de la agenda que da cuenta de los constantes incumplimientos del Gobierno Colombiano motivo del actual Paro: tierras, territorios colectivos, ordenamiento territorial, derechos humanos, Paz, participación, agua, semilla, economia, medio ambiente (...) una propuesta de País.
• Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afros. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.
• Reconocimiento político de los Territorios interétnicos e interculturales desde la cosmovisión de ordenamiento territorial autónomo de los pueblos y comunidades. Compromiso institucional de no implementar políticas administrativas, económicas y jurisdiccionales inconsultas en estos territorios.
• Financiación de la ruta autónoma planteada por la Cumbre campesina étnica y popular para la resolución de Conflictos Territoriales, que implica caracterización, tipología de casos críticos y ruta metodológica de concertación.
• Reglamentación e implementación del decreto 2333/ 2014 para la protección efectiva de los territorios ancestrales, en conformidad con el decreto reconociendo la propiedad y los derechos adquiridos de otras comunidades. Desarrollo de 30 Experiencias Pilotos para la delimitación y demarcación conforme a lo establecido en el decreto, concertadas con la ONIC y en un plazo máximo de 24 meses.
• Reconocimiento de la territorialidad campesina a través de las figuras de territorios campesinos no reconocidas (Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas Agroalimentarias, Zonas de biodiversidad, playones, sabanas y otras) en la ley 160/94 y reglamentación de las Zonas de Reserva Campesina (Sistema y programa nacional de ZRC construido por las comunidades), mediante un decreto reglamentario, mientras se tramita una ley de desarrollo rural.
• Financiación por valor de 25000 millones para la formulación de 47 planes de vida y para la capacitación y los trámites legales de 47 Territorios Campesinos Agroalimentarios.
• Reglamentación de la ley 70 para comunidades afrocolombianas: Concreción de procesos de titulación de territorios colectivos de casos pendientes. Reconocimiento de los Territorios Colectivos en el Atlántico y Valles Interandinos.
• Reconocimiento de los territorios colectivos como Entidades Territoriales Afrocolombianas, mediante la reforma del decreto 1745 de 1995 que incluya el saneamiento de los territorios y las ETA.
• Expedición de un decreto presidencial por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, el derecho a la tierra y la territorialidad campesina y se adoptan medidas para la consulta popular, mientras surte el trámite en el Congreso de la República del Acto Legislativo presentado por el Senador Alberto Castilla.
• Compromiso por parte del gobierno nacional en cabeza de la Cancillería, de impulsar la declaración de derechos del campesinado que cursa actualmente en la comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y manifestación pública de esta voluntad.
• Reforma a la ley de ordenamiento territorial con participación efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
• Garantizar la participación efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas y urbanas en la formulación de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
• Participación directa y efectiva de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Renovación del Territorio
• Participación vinculante de los pueblos indígenas y las comunidades afros y campesinas en el Consejo Nacional de Planeación.
• Participación vinculante del campesinado en los consejos directivos de las CAR.
• Diseño y expedición del decreto de las autoridades indígenas y afro como autoridades ambientales, en el marco de sus competencias territoriales.
• Reconocimiento legal de las autoridades campesinas como autoridades protectoras ambientales.
• Participación en el diseño e implementación de los planes de uso y manejo de los territorios colectivos y ancestrales afros. Destinación de recursos para que los Consejos Comunitarios los puedan adelantar.
• Participación vinculante de los pueblos indígenas y las comunidades afros y campesinas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
• Que se garantice la continuidad de las mesas regionales de interlocución entre el gobierno y el campesinado y se instalen regionalmente las que sean solicitadas por las organizaciones campesinas, afro e indígenas de la Cumbre Agraria.
• Compromiso del gobierno de incrementar los recursos de asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones correspondiente a resguardo indígenas a un 2%, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y garantizar supervivencia.
• Saneamiento y titulación de la tenencia de la tierra colectiva, comunitaria e individual: Ruta jurídica, política y productiva expedita para garantizar el acceso y uso de tierras por parte del campesinado, indígenas y afros.
• Constitución, ampliación, saneamiento y adquisición de predios de los territorios indígenas y reafirmación de resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI. Para el cumplimiento de esta obligación el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para la vigencia de los años 2016, 2017 y 2018, para lo cual se exige: i) Expedición del decreto para viabilización de los procesos de clarificación de la vigencia legal de los Títulos de los Resguardos de Origen Colonial e implementación del mismo. (Apropiación presupuestal para gastos de funcionamiento del equipo encargado); ii) Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de información geográfica de territorios indígenas donde se gestione, diseñe y valide la información geográfica sobre los procesos de formalización y adquisición de tierras para pueblos indígenas.
• Inventario y caracterización de tierras productivas para compra y redistribución dirigida a los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas que no amplíe la frontera agrícola a partir de un diagnóstico participativo.
• Inventario y caracterización de tierras productivas y diagnóstico sobre función social de la propiedad, para compra y adquisición con fines de redistribución a campesinos sin tierra y con poca tierra. A partir del inventario, aplicar los mecanismos establecidos en la legislación nacional entre otros, de la ley 160, artículo 52 que hace referencia a tierras incultas y ociosas. Los campesinos beneficiarios de estas adjudicaciones deberán ser acompañados de un paquete de asistencia técnica, créditos de fomento e inversión social, que posibilite su inserción productiva en economías campesinas y mercados regionales. El sistema productivo, deberá enmarcase en sistemas agroambientales.
• Adjudicación de dos millones de nuevas hectáreas de tierras para campesinado sin tierra y minifundista con menos de una UAF. El 50% de estas tierras serán destinadas para mujeres campesinas en el marco de la Ley 731 de 2002.
• Adjudicación inmediata (a campesinos sin tierra, minifundistas y que posean poca tierra) de los predios incautados al narcotráfico que se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales.
• Adquisición y adjudicación de dos millones de nuevas hectáreas para campesinos, afros e indígenas, mediante la creación de fondos regionales y nacional de tierras con predios incultos, tierras de extinción de dominio y baldíos.
• Inventario y restitución de tierras despojadas y abandonadas a pueblos indígenas y comunidades campesinas y afro por la guerra y el modelo económico.
• Censo de campesinado, indígenas y afros sin tierra.
• Inclusión de la categoría de campesinado en el censo nacional que se realizará en el segundo semestre del año 2016 y el año 2017, indagando la tenencia y propiedad de la tierra, demanda social agregada de tierras entre la población rural, y potencial de oferta pública y privada de tierras para redistribución. Se deberá contar con la participación de la Cumbre Agraria.
• Adjudicación y legalización de las ocupaciones pacíficas de tierras adelantadas por familias campesinas Cauca, Arauca, Meta, Casanare, Boyacá, en el sur de Bolívar y sur del Cesar.
• Cumplimiento de la Sentencia C-035-2016 y creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación con la participación de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.
• Delimitación y protección de todos los páramos y nacimientos de agua que se encuentran en territorios indígenas, afros y campesinos mediante el establecimiento de una figura de especial protección para la pervivencia ambiental y cultural de los pueblos y comunidades.
• Concertar con las comunidades y autoridades indígenas y afros la ruta étnica de protección de los territorios, en cumplimiento de los Autos 004 y 005 del 2009.
• Expedición de resoluciones de delimitación y demarcación de páramos y diseño de estrategias de reforestación.
• Reconocer el agua como derecho fundamental para el consumo humano, la producción de alimentos para la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional de semillas y la diversidad cultural, por encima de la economía extractivista. El gobierno nacional declarará el derecho fundamental al agua. Deberá construirse un esquema de gestión comunitaria del agua y de sistemas de riego y producción.
• Cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de la Hacienda Bella Cruz (La Gloria) y adjudicación de los baldíos recuperados para el campesinado reclamante.
• Realizar el inventario de solicitudes de alinderamiento y adjudicación de ciénagas, sabanas comunales, playones y humedales a comunidades campesinas y de pescadores que lo hayan solicitado al Estado, dinamizando estos procesos institucionalmente y garantizando la seguridad jurídica y física de los procesos y de los líderes que los adelantan. Salvaguardar la propiedad comunal de estos territorios, en Cauca, Bolívar, Cesar, Meta, Casanare y Arauca, Antioquia, Chocó, entre otros. En los casos en los que se requiera realinderar límites por uso o apropiación fraudulenta, esto deberá hacerse. (Agencia de tierras y Min ambiente).
• Garantías y protección al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas y afros (convenio 169 0IT).
• Reconocimiento jurídico del derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado para el campesinado.
• Derogación de la ley 1776 de 2016 por la cual se crean las Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social. ZIDRES.
• El gobierno Nacional concertará con los pueblos indígenas, e implementará la adecuación de la institucionalidad que responda a criterios de integralidad, reconocimiento, respeto, pertinencia cultural, coordinación, efectividad, que disponga de autonomía política y financiera, con capacidad técnica y administrativa, en el término de seis (6) meses.
• Eliminación de la declaratoria de la minería como de utilidad pública e interés nacional.
• Prohibición de concesiones minero- energéticas en territorios de especial protección y en territorios colectivos indígenas, campesinos y afros.
• Desarrollo de una industria nacional de procesamiento de minerales metálicos para superar nuestra dependencia como productores de materias primas.
• Implementar mecanismos de participación de las comunidades para la definición de uso y administración del subsuelo.
• Establecer mecanismos de control y vigilancia estatal y de las comunidades sobre las concesiones minero-energéticas.
• Reconocimiento y protección jurídica de la minería ancestral, la pequeña minería y la minería tradicional, con participación efectiva y vinculante de las comunidades y las organizaciones agromineras.
• Para las comunidades negras movilizadas el establecimiento de zonas especiales mineras afrocolombianas, en el marco de la ley 70 de 1994.
• Suspensión de la sísmica como instrumento técnico de estudio.
• Concertación de una norma que clasifique la actividad minera metálica y no metálica dependiendo de su tamaño y técnica utilizada.
• Exigencia de licencias sociales para la exploración minero- energética.
• Exigimos la consulta de la política minero energética del país con los pueblos indígenas y afro descendientes, y cumplir con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991.
• Cambio inmediato del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la ANH: Excluir del potencial hidrocarburífero del país a los territorios indígenas, afros y campesinos.
• No serán consideradas áreas disponibles o reservadas los territorios indígenas, afros y campesinos, estos serán patrimonio inalienable de estos pueblos y comunidades. No a la minería en los páramos y en los sistemas estratégicos.
• Prohibición del Fracking y otros sistemas.
• Formulación de una Ley orgánica de Hidrocarburos con participación social, tomando en cuenta la propuesta de la USO.
• Definir una ruta y una metodología, con participación social, para la caracterización y el diagnóstico socioeconómico y ambiental de las Áreas Estratégica Mineras y los Bloques Mineros.
• Definir una política de resarcimiento de daños ambientales y sociales por efecto de la explotación minero- energética.
• Derogatoria del Decreto 480 por el cual se reglamentan las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera.
• Disminución del 50% en los precios de los combustibles.
• Creación de una Comisión Ambiental de la Verdad para la reconstrucción de la memoria histórica sobre las afectaciones ambientales y los crímenes ecológicos, en la perspectiva de una reconciliación con la naturaleza y la reparación de los daños causados a las comunidades.
• Creación de una Comisión Nacional de Represas para la vigilancia y control en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos (represas, microcentrales, centrales a filo de agua) y de las existentes.
• Diagnóstico diferencial de los impactos de la minería en Colombia para establecer los pasivos ambientales. Creación de un Fondo de previsión y compensación de los pasivos ambientales, con recursos estatales y de las empresas.
• La exclusión de los territorios indígenas, afros y campesinos y otras áreas protegidas, como parques nacionales, páramos, fuentes hídricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperación de semillas nativas, como objeto de exploración y explotación minera.
• Revisar la declaratoria de distritos mineros y bloque petroleros por no haber sido consultados con las comunidades.
• Revisión de títulos vigentes y no adjudicación de nuevos títulos.
• Expedición de un decreto con fuerza de ley que establezca una moratoria minero- energética y cree una Comisión independiente para la revisión de títulos.
• A partir del estudio realizado por la Controlaría General de la República plantear una ruta para la revisión de las explotaciones existentes: i) Revisar los impactos ambientales, sociales y patrimoniales; ii) investigar la existencia de delitos; iii) revisar si existe detrimento patrimonial; iv) iniciar un proceso de investigación administrativa, disciplinaria y judicial contra entidades, funcionarios y empresas.
• Realización de evaluaciones ambientales estratégicas sobre minería, mediante estudios independientes, para examinar los impactos de las concesiones mineras en territorios de los pueblos indígenas, y comunidades afros y campesinas.
• Cumplimiento de la Sentencia de Unificación 686/15 de la Corte Constitucional sobre la hidroeléctrica de Anchicayá.
• No a la represas de Patía 1, 2 y 3, Gulumito, Arrieros de Micay, Brazo Seco, Andaquies, Florida 1 y 2, ocho microcentrales entre Icononzo hasta san Bernardo. Suspensión del embalse para llevar agua a Anapoima y Tocaima. Suspensión de once proyectos hidroeléctricos en Santander. Suspensión de las siete microcentrales en el Alto Magdalena.
• Revocatoria de la licencia ambiental del título minero del arroyo Bruno y del acto administrativo que emitió la autoridad ambiental donde permite su desvío.
• Suspensión inmediata de la entrega de las 419 áreas denominadas “disponibles” para la exploración y explotación de hidrocarburos que están en los resguardos indígenas, mediante la expedición de un acto administrativo de la ANH.
• Suspensión inmediata de las 82 áreas denominadas de “reserva” que se encuentran en resguardos indígenas.
• Suspensión inmediata de los estudios de reservas de hidrocarburos en territorios indígenas
• Suspensión inmediata del trámite de las 669 solicitudes de títulos mineros solicitados en resguardos indígenas que no cuentan con consulta previa.
• Revisión de 421 títulos mineros vigentes en resguardos indígenas, y revocatoria de aquellos que no cuenten con el procedimiento de consulta previa.
• Cancelación de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indígenas.
• Revisión y revocatoria de licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que se hayan expedido sin la garantía de la consulta y el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afros. Para lo cual se creará un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por equipos técnicos de las organizaciones nacionales indígenas y afros, el Gobierno Nacional representado en el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de revisar e iniciar el trámite de revocatoria de las licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que han sido expedidos sin la garantía de la CPLI.
• Exigimos la suspensión definitiva de las Áreas Estratégicas Mineras así como el otorgamiento de más títulos mineros en cumplimiento de las ordenes emitidas el 15 de mayo de 2015 por la Sección Tercera del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. Las Resoluciones 0045 de 20 de junio de 2012 y 429 de 27 de junio de 2013 emitidas por la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales estas entidades crearon y delimitaron 516 zonas específicas denominadas Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros en territorios que se superponen sobre territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes sin que se contara con el consentimiento previo.
• Derogatoria de los títulos mineros en el norte del Cauca en especial el de los siguientes códigos de inscripción HJ308211 expedido 28/10/2009 con el registro en el código minero HJ3-08211 entregado a ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. con una extensión de 332,6 hectáreas bajo el contrato de concesión (L 685) y HJ3-08212X 14/10/2009 HJ3-08212X con una extensión de 17,2 hectáreas contrato de concesión (L 685). Para el caso del Departamento del Choco EGF-112ª, titular Mónica Uribe, ubicada en el municipio de Murindó y Riosucio, con fecha de inscripción de 4/06/2007, con una extensión de 363,97995 hectáreas.
• Derogatoria inmediata de la Resolución No 0391 del 20 de abril de 2016, por la cual se adopta la Política Minera Nacional
• Cumplimiento de la Sentencia C- 366 de 2011, que establece la obligatoriedad de la realización de la consulta con los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes sobre el Código de Minas.
• Cumplimiento de la Sentencia 123 del 2014 y creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación con la participación de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.
• Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 37 del Código de Minas.
• Aumentar la participación del Estado en la producción minero- energética de las concesiones.
• Establecer las regalías con base en los ingresos de las empresas y que se destinen para las regiones afectadas por la explotación minero-energética.
• Establecer mecanismos de administración de las regalías por parte de las comunidades.
• Eliminación de beneficios tributarios para las multinacionales y aumento en los impuestos a las empresas mineras. Pago del IVA por importación de maquinaria y otros conceptos.
• Eliminar los beneficios tributarios y laborales en las Zonas Francas y las Zonas Económicas Especiales
• Garantizar la recuperación, reproducción y distribución de semillas nativas y su prevalencia frente a otro tipo de semillas.
Creación y apoyo económico y técnico a casas o fincas custodias de semillas propias (una por Depto. Al menos)
• Cumplimiento de la Sentencia C-1051 que derogó la ley 1518 mediante la cual se aprobó el Convenio Internacional UPOV 91 (Unión para la Protección de Obtentores Vegetales) que otorga los derechos a obtentores vegetales sobre las semillas.
• Derogatoria del artículo 306 del Código Penal que penaliza la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales.
• Derogatoria de la resolución 3168 de 2015.
• Reconocimiento y valoración de los conocimientos y formas tradicionales, culturales y ancestrales de producción, almacenamiento y manejo de semillas.
• Garantizar la recuperación, reproducción y distribución de semillas nativas y garantizar legalmente su prevalencia frente a otro tipo de semillas.
• Eliminación de todas las formas de propiedad intelectual y derogatoria de todas las normas que controlan la producción, uso y libre circulación de semillas en el territorio nacional, como la ley 243 de 1995.
• La expedición de un instrumento que permita garantizar la protección jurídica de los conocimientos de las cualidades botánicas y medicinales de plantas en territorios indígenas, afros y campesinos y aplicaciones productivas, debidamente consultado y concertado.
• Consulta, concertación, formulación, expedición e implementación de política para la salvaguarda del conocimiento ancestral y tradicional aplicado a la medicina tradicional de las comunidades y pueblos indígenas, afros y campesinos a través de una estrategia nacional. (Elaborar Política y Diseñar la Estrategia)
3. POLÍTICA PÚBLICA DE LA ECONOMÍA PROPIA.
• Creación del sistema nacional de reconversión productiva hacia la agroecología, reconociendo, incluyendo y reproduciendo las experiencias adelantadas por las comunidades.
• Formulación de un Plan de Adaptación al Cambio Climático para comunidades que incluya el diseño e implementación de Estaciones de agro climatología para pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas y aprovechamiento de alternativas de generación de energía.
• Reconocimiento y protección legal de las economías propias de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrocolombianas.
• Garantizar la producción, distribución y acceso a los abonos orgánicos que faciliten la producción agroecológica.
• Condonación de las deudas por créditos agropecuarios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrocolombianas y retiro de embargos sobre las tierras hipotecadas.
• Fomento a la producción ancestral, artesanal y tradicional de alimentos
• Apoyo en transporte de productos indígenas, campesinos y afro.
• Creación un fondo para la producción, a los sectores más vulnerables, fomentando los emprendimientos solidarios para ir reduciendo los niveles de pobreza.
• Compras públicas de cosechas, con precios de sustentación, bajo un sistema piloto de relación para la comercialización de la conexión entre producción campesina y a mercados urbanos, y el para abastecimiento de instituciones y programas de gobierno, con precios justos. Fondo de compra de cosechas con red de acopios y adquisición de al menos el 70% de la producción de alimentos.
• Establecer un plan para disminuir la importación de los alimentos que tienen un significado estratégico para la soberanía alimentaria del país, a la vez que se establece un plan de fomento para la siembra de los mismos.
• Cumplimiento de los acuerdos sobre sustitución voluntaria, gradual, concertada y con garantías entre las comunidades y el gobierno. Diversificación productiva en las zonas afectadas por cultivos con programas regionales de desarrollo agrario, con 10 pilotos en igual número de regiones.
• Reformulación de la política antinarcóticos con participación de las comunidades y organizaciones de zonas afectadas por cultivos y la actual política.
• Despenalización de los pequeños cultivadores y recolectores de hoja de coca, marihuana y amapola. No extradición de los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.
• Diversificación productiva en las zonas afectadas por cultivos.
• Suspensión de las erradicaciones forzadas manuales y no reinicio de las fumigaciones aéreas o terrestres.
• Expedición de un decreto para el reconocimiento e implementación del Sistema de Economía Integral Propia e Intercultural.
• Asignación del 70% del presupuesto del MADR para el fortalecimiento de las economías campesinas, indígenas y afros. De este total, el 50% para las comunidades representadas en la Cumbre Agraria.
• Creación de un Fondo Especial para el fortalecimiento de las economías propias, entre tanto reglamentación especial y asignación presupuestal específica del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR.
• Destinación de una partida presupuestal para garantizar el tránsito de la pesca artesanal a la pesca industrial.
• Fondo especial crediticio conforme al artículo 52 de la ley 70, para comunidades negras movilizadas.
• Ampliación del cupo de captura y disminución de costos de combustible para los barcos de cabotaje en comunidades negras del pacífico.
• Creación de un fondo de fomento de la economía propia indígena en las siguientes líneas: fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria, fomento del emprendimiento propio intercultural, formación- investigación y protección
4. Derechos Humanos y PAZ
• Reconocimiento público por parte del Gobierno nacional de la existencia y garantizar el desmonte de la estructura política económica, militar del paramilitarismo en Colombia a través de una política multidimensional: i) campaña de denuncia en los medios de comunicación masivos sobre el tema del accionar paramilitar; ii) audiencias públicas para la denuncia del accionar paramilitar; iii) aplicación de la justicia ordinaria para paramilitares reincidentes, no sometidos, y culpables de violaciones de delitos de Lesa Humanidad.
• Garantizar la participación autónoma, vinculante y decisoria del movimiento popular en el proceso de paz a través escenarios y mecanismos pactados. Los pliegos presentados y otros concertados por los movimientos sociales harán parte de una agenda social para la paz que junto a los mecanismos de negociación, actualmente existentes, entre el movimiento popular y el gobierno y otros que se generen, serán considerados como parte de la dinámica de participación de la sociedad.
• La implementación de los acuerdos entre la insurgencia y el gobierno debe estar precedida de la consulta, el consentimiento y la aprobación de pueblos y comunidades, especialmente cuando puedan generar impacto en sus culturas, territorios, gobiernos y visiones propias de desarrollo.
• Reconocer y garantizar la participación directa de la Comisión Étnica para la Paz y la defensa de los derechos territoriales, en los diálogos entre el Gobierno nacional con las guerrillas de la FARC y ELN, para incidir en los acuerdos para la terminación del conflicto armado, con las salvaguardas de los derechos étnicos territoriales y consensuar principios, mecanismos, metodología e institucionalidad, para la implementación de los mismos en los territorios colectivos. Este reconocimiento se hará mediante la expedición de un decreto a cargo de las entidades competentes en un plazo de máximo de 15 días.
• El desarrollo de experiencias piloto de restablecimiento de la armonía y equilibrio en territorios indígenas y afros como contribución a la apuesta de paz territorial nacional.
• Formular de manera concertada una política diferencial para pueblos indígenas y afros frente al tema reintegración niñas, niños, jóvenes víctimas del conflicto armado y adultos desvinculados mismo.
• Garantizar los medios necesarios para continuar el proceso iniciado en las Cumbres de Paz para consolidar la construcción de la agenda social de la paz.
• Condiciones y recursos necesarios para que las comunidades indígenas, afros y campesinas realicen de manera autónoma procesos de formación en el marco de una pedagogía propia y popular para la Paz.
• Garantizar la participación política por parte del gobierno nacional y la mesa de diálogo de la Habana a nuestras comunidades para un programa nacional para conceptualización, implementación y seguimiento de una pedagogía popular para la paz que tenga espacios de difusión en escenarios de comunicación pública nacional.
2. Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).
• Asignación del 35% del presupuesto nacional para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
• Asignación de viviendas gratuitas rurales dignas y con enfoque diferencial, por el sistema de autoconstrucción comunitaria.
• Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
• Reglamentación e implementación del decreto 1953/14 para el cumplimiento y garantía del desarrollo de los sistemas propios para pueblos indígenas.
• Una política educativa que garantice un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
• Ampliación del fondo de becas para comunidades negras con incremento de un 50% respecto del presupuesto actualmente asignado, que garantice que se abra convocatoria semestral.
• Fortalecimiento de la Universidad del Pacífico y ampliación de programas específicos para comunidades negras en todo el territorio nacional.
• Abrir en las diferentes universidades públicas del país cupos para profesionalización y estudios superiores para los líderes sociales de la Cumbre Agraria en diversos campos de la ciencia y el conocimiento.
• Contraprestaciones por otorgamiento del derecho de uso del espectro electromagnético para los pueblos indígenas.
• El nombramiento inmediato de la planta docente calificada, idónea y pertinente a las visiones propias para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales. Todos los procesos administrativos y de contratación en educación y salud que implique a pueblos indígenas, afros y campesinos se hará con sus autoridades y organizaciones representativas.
• Implementación del Plan de Emergencia “NO MÁS MUERTES, NO MÁS DESNUTRICION POR EL DERECHO A LA
VIDA Y LA DIGNIDAD DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PERVIVENCIA DE NUESTROS PUEBLOS, TODOS Y TODAS A ACTUAR DE INMEDIATO” con asignación presupuestal para su efectiva implementación. Este Plan deberá implementarse en un plazo no mayor a 3 meses.
• Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la Constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
• Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región. Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
• Eliminación de la política del subsidio a la demanda y que se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación. Una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993.
• Derogatoria de la resolución 16432 del 2 de octubre de 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda que recorta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
• Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
• La reforma tributaria debe dirigirse a grabar a las grandes empresas y propietarios y no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, que se eliminen las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA ni se amplié su base gravable, ni se impongan cargas tributarias al pueblo, la clase trabajadora y pensionados y se elimine el 4x1000.
• Revisión y construcción con la participación de las organizaciones sociales de base del Capítulo IV “Régimen para las Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro ESAL”, porque pone en riesgo la existencia de las organizaciones sociales.
• Conformación inmediata de la Comisión de Alto Nivel de Garantías de no Repetición, impulsada desde sectores de víctimas y del movimiento social y de derechos humanos, que tendrá como objetivo fundamental “formular recomendaciones y hacer seguimiento a las reformas estructurales y ajustes institucionales que debe hacer el Estado para adecuar su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y contribuir a la superación de las causas estructurales de la violencia socio-política, la no repetición de crímenes internacionales en Colombia y a las reformas institucionales, económicas y sociales indispensables en este propósito”.
• Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización, que no tengan un tratamiento militar ni intimidatorio. Elaboración del Protocolo de Atención de la Protesta, garantizando espacios y condiciones para la revisión conjunta al interior de la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de los procesos de judicialización y criminalización contra líderes y defensores de derechos humanos en el marco de la protesta Social, dirigido a buscar alternativas penales y la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos, como los casos de los dirigentes Huber Ballesteros y Alexander Tibacuy, entre otros.
• Derogación de la ley de seguridad ciudadana y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
• Reducción y depuración de la fuerza Pública y desmonte del ESMAD.
• Reconocimiento, no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.
• Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de la sentencia T 728 de 2009 sobre objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo investigaciones disciplinarias y penales, por parte de autoridades civiles, para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además, exigimos acceso universal a la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.
• Adelantar un proceso democrático e incluyente de reforma a las leyes 387 y 418 de 1997 y 1448 de 2011 que genere garantías para la implementación de manera integral de los decretos reglamentarios 4633 y 4335 de 2011 atendiendo a condiciones étnicas e interculturales, entre otros aspectos. Algunas de las garantías a incluir deben ser las siguientes: a) Definición de un CONPES especial para los decretos reglamentarios; b) Ampliación del tiempo de cobertura del universo de víctimas; c) ampliación de la noción de víctima y de hechos victimizantes; d) mecanismos para la búsqueda de la verdad histórica y judicial; e) ampliación de los términos para realizar la solicitud del registro de víctimas; f) sistema de solicitudes, estudio, respuesta y medidas de reparación integral claro, preciso y verificable; g) sistema de reparación integral y precisa de acuerdo a estándares internacionales; h) concertación con los pueblos étnicos e interculturales de los protocolos creados de: participación, ayuda humanitaria, reparación colectiva, retorno y reubicación; i) definición de un plan de acción para implementación con indicadores de seguimiento; j) adecuación institucional del SNARIV (sistema nacional de atención y reparación integral a las victimas).
• Creación de un Fondo de Reparación para las Víctimas pertenecientes a los Pueblos indígenas y las Comunidades afros y campesinas. La creación de este fondo se hará con recursos tanto del presupuesto nacional como con recursos de otras
uentes, similar a lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (donaciones, cooperación internacional, otros). Este fondo tendrá como objetivo fundamental financiar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los Pueblos indígenas y Comunidades afros relativos a la efectiva implementación de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T025 de 2004, especialmente Auto 004 y Auto 005 de 2009, Auto 092 de 2008 y Auto 251 de 2008.
• Se exige que el Gobierno Nacional se abstenga con el grupo AMEI (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura) de supervisar y restringir las demandas que presenta la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras en favor de los procesos de restitución de tierras de los pueblos indígenas.
• CONPES especial para el Plan de salvaguardas de los Autos 004, 005, 073 y 092.
• Reconocimiento del pluralismo jurídico nacional y garantías plenas para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. En consecuencia, se debe realizar la Liberación inmediata de Feliciano Valencia. Igualmente se debe adelantar el reconocimiento de procesos de aplicación de justicia intercultural y el fortalecimiento del sistema de conciliadores en equidad.
• Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 20 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro Nacional agrario de 2013 y 2014 y la minga del 2013. hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por parte de la Cumbre Agraria, se solicita de manera urgente un informe sobre el estado actual de las investigaciones. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación debe presentar un informe detallado en el que conste cuantas investigaciones disciplinarias fueron iniciadas y cuantas sanciones ha impuesto por el uso abusivo y/o excesivo de la fuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y/o demás violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública durante las jornadas de movilización. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.
• Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Garantizando acceso a información, espacios y condiciones para el análisis al interior de la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de las investigaciones sobre los homicidios y amenazas cometidos contra líderes y defensores de derechos humanos.
• Investigación con perspectiva de género, cumplimiento y seguimiento de la ley 1719 de 2014, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia del conflicto armado. Que se decrete la crisis humanitaria de las mujeres.
• Sancionar a los funcionarios/as que actúan contra la ley 1257 de 2008 al revictimizar institucionalmente a las mujeres víctimas de violencias.
• Depuración de los archivos de inteligencia con vigilancia de la Procuraduría general de la Nación, Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos internacionales.
• Cese de los procesos judiciales y libertad de los líderes y lideresas judicializados por el ejercicio de los derechos a la movilización y la protesta.
• Respuesta a las demandas administrativas de víctimas de mutilaciones, lesiones físicas, daños de bienes muebles e inmuebles de los paros de 2013 y 2014 y ampliación de los términos procesales para presentar demandas pendientes.
• Traslado de los anteriores procesos a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos.
• Solución inmediata y estructural a la crisis carcelaria donde predomine una concepción protectora de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Impulso a la ley de deshacinamiento.
• No a la extradición de los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.
• El Gobierno Nacional expedirá un decreto concertado con los pueblos indígenas, para el reconocimiento de la Guardia indígena y las estructuras propias de protección, control social y territorial de cada Pueblo Indígena en el marco de las competencias de los territorios indígenas y la jurisdicción especial.
• El Gobierno Nacional financiara un proyecto encaminado a fortalecer la Guardia indígena y las estructuras propias de protección, control social y territorial de cada Pueblo Indígena en el marco de las competencias de los territorios indígenas y la jurisdicción especial.
• Reconocimiento de la guardia campesina y cimarrona para la salvaguarda de la protección de los territorios colectivos y campesinos para promoción y protección de derechos humanos.
• El gobierno nacional debe garantizar la formulación e implementación de un decreto y un Programa especial de protección de prevención y protección individual y colectiva de derechos humanos , acorde con la diversidad étnica, cultural y geográfica y las formas ancestrales de control social y territorial de protección física y espiritual , políticas e inmateriales de los pueblos indígenas, afros y campesinos. Y debe construir de forma democrática, incluyente y diferenciada protocolos de estudios de nivel de riesgo e implementación de medidas. Se debe garantizar la implementación efectiva de medidas de protección. El decreto debe reglamentar, entre otros los siguientes asuntos:
f. Derogatoria del decreto 567/16 sobre medidas de protección
5. COMUNICACIÓN Y DERECHOS A LA INFORMACIÓN PARA LA PAZ
• Garantías para la participación vinculante de los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas en la construcción de una política pública de comunicación y tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia pluriétnica y multicultural.
• Garantías para la ruta de retroalimentación e implementación de los lineamientos de la Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas entre las organizaciones indígenas.
• Garantizar integralmente los espacios, escenarios, rutas de trabajo, mecanismos que puedan contemplarse alrededor de la construcción y puesta en marcha de un sistema nacional de comunicación para la reforma agraria integral y el buen vivir.
• Se conserve, amplíe y garantice los medios de comunicación alternativa como las radios comunitarias y tv comunitarias que se encuentran en zonas rurales del país, un inventario en detalle que dé cuenta del estado y las necesidades existentes.
• La constitución de un Observatorio Nacional sobre Información Rural con participación de universidades y sociedad civil.
• Fortalecimiento de una red nacional rural y urbana de medios alternativos de comunicación
• El acceso a la producción, realización y difusión de contenidos propios de la Cumbre Agraria en canales de radio, tv, prensa y medios digitales del orden público nacional que garanticen a nuestras comunidades libertad de expresión e información de manera permanente y autónoma.
• No privatización del espectro electromagnético y acceso gratuito para medios alternativos y comunitarios.
• Exoneración de los impuestos de SAYCO y ACINPRO para medios alternativos y comunitarios.
• Garantía para la ruta de retroalimentación de los lineamientos de la Política Pública de Comunicación entre las organizaciones Indígenas.
• Apropiación del 4% de FonTIC, para ser invertido en programas y proyectos comunicativos de los Pueblos Indígenas, los cuales deben ser concertados con los Pueblos.
• Creación de un fondo específico, del FONTV, para garantizar acceso y participación en canales regionales y otros canales propios
6. RELACIÓN CAMPO-CIUDAD
La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial
• La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades y a las zonas de producción agrícola. Exigimos el manejo público estatal y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.
• La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia. . Exigimos el acceso al mínimo vital de agua potable, como un derecho al acceso universal que está reconocido en las normas nacionales e internacionales.
• Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera ni tampoco el costo o tarifa fija.
• Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y reversión responsable y progresiva del componente accionario privado de las empresas en manos de propietarios privados y multinacionales de los servicios públicos. Y avanzar hacia el manejo público estatal de la distribución, comercialización, generación y transmisión de los servicios públicos a través del fortalecimiento público de la Empresa de servicios públicos.
• Exigimos la derogación del Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2246 de 2012 Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones, y se consolida la privatización de los acueductos municipales, distritos y departamentos. Y construir de manera conjunta y concertada una ley que promueva El AGUA y el servicio público de Acueducto y Alcantarillado como un bien público que debe ser manejado directamente por el estado
• En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos que garanticen, a los pequeños cultivadores de las zonas rurales, facilidades para sacar los productos del campo y su comercialización en las zonas urbanas. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares y mercados campesinos por parte del Estado.
• Exigimos el mejoramiento de vías terrestres de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad. La cual debe ser concertada directamente con las comunidades rurales impactadas y que habiten alrededor de estas obras civiles.
• Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios, pero en todo caso se permita a las comunidades conocer con anticipación la destinación de los dineros recolectados con esos impuestos.
• El Impulso, difusión y no persecución del arte gráfico como el grafiti, el mural, el diseño, entre otras.
• Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surge de modelos de despojo del sector rural.
• Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público y se base en la multimodalidad que dé garantías de calidad, accesibilidad y financiación adecuada por parte del Estado, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.
• Exigimos la construcción de una política articulada de defensa de los humedales en las ciudades que vincule e iguale por lo alto la protección de las fuentes hídricas y los micro-ecosistemas atendiendo a los múltiples mandatos judiciales al respecto, en donde se reconozcan como estratégicos los espejos de agua así como las zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA) de estos espacios, que fortalezca los controles en contra de las construcciones en las zonas de influencia de los humedales y cuerpos de agua, que recupere como espacios públicos las rondas y ZMPAs de las quebradas y los ríos, los renaturalice y atienda en la delimitación de rondas y ZMPAs las realidades orográficas e hidrográficas de cada cuerpo para evitar desplazamientos innecesarios.
• Generar y desarrollar mecanismos eficaces de participación ciudadana en el diagnóstico, formulación, ejecución, vigilancia y control de las políticas, los planes, programas y proyectos que conforman el ordenamiento territorial de la ciudad, los planes de desarrollo locales y distrital y en general todas las actuaciones públicas, fomentadas, garantizadas y financiadas adecuadamente por el Estado respetando la independencia de los procesos comunitarios.
• Realización, con compromiso del gobierno, de un Congreso Nacional de Vivienda amplio e incluyente, que tenga en cuenta las exigencias e iniciativas de quienes no tienen vivienda digna, con el objetivo de construir una nueva ley de vivienda que permita solucionar el gran déficit de todos los estratos del país, bajo el modelo de autoconstrucción dirigida.
• El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
• La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
• Instalación de una mesa distrital de negociación del pliego presentado por la coordinadora distrital social y sindical radicado el 25 de febrero de 2016 (1-2016-8227)
7. ACUERDOS INCUMPLIDOS
En el marco del Acta de 13 de mayo de 2014 y el decreto 870 de 2014 se establecieron compromisos por parte del gobierno relacionados con los puntos de aclimatación y confianza y la discusión del pliego de 8 puntos, respectivamente. A continuación relacionamos los incumplimientos:
• Ausencia total de respuesta del gobierno a las propuestas políticas presentadas por la Cumbre Agraria en los puntos: Economía Propia, Minería-energía y ruralidad, y Cultivos de uso ilícito.
• Incumplimiento del Principio de Anualidad contemplado en el decreto 870 de 2014 para la financiación estatal de proyectos productivos de economías propias, de infraestructura agropecuaria y de fortalecimiento organizativo.
• El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no han sido desembolsados.
• Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y 2016 para proyectos productivos están pendientes de asignación en su totalidad.
• Incumplimiento de los compromisos de adjudicación de tierras en el marco de los acuerdos entre Cumbre Agraria, INCODER y la Agencia Nacional de Tierras.
• No disponibilidad presupuestal por valor de 240 mil millones de pesos para 30 proyectos de infraestructura rural.
• No aplicación del Manual especial para los proyectos de fortalecimiento de economías propias acordado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social.
• Implementación del Parágrafo 3 artículo 5 ley 1753 -2014 Plan nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 20142018: Concertación de un plan de redistribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para que sean ejecutados durante la vigencia 2016. Este Plan se realizará según lo acordado con el Gobierno Nacional, en cabeza del DNP para el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, es decir, $1 billón en 2015 y $1.5 billones en 2016. Este Plan de redistribución se realizará con base en la propuesta presentada por los Pueblos Indígenas.
Los pueblos y comunidades indígenas exigen que las entidades del Gobierno Nacional diseñen, estructuren y concierten proyectos de inversión específicos para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018. Estos proyectos apropiaran los recursos específicos para la vigencia fiscal 2017, y harán parte del proyecto de Ley de Presupuesto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará ante el Congreso de la República en el mes de julio de 2016. En el marco de la minga se priorizaran los temas, sectores y número de proyectos de inversión a incluir. El Gobierno Nacional se compromete a incluir en la Ley del Presupuesto General de la Nación y dar continuidad a dichos proyectos en la vigencia 2018. Asimismo, se incluirán los que se concierten en el marco de la MPC en cumplimiento de la Ley 1753 de 2015, en su artículo 115. Veracidad sobre asignación y ejecución de los recursos destinados para los pueblos indígenas en el marco del PND 2014-2018. Se exige la entrega anual de una base de datos debidamente diligenciada con toda la información sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) cuyo destino único sea el cumplimiento de los 191 acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018, con el propósito de tener claridad sobre la asignación y ejecución efectiva, concreta y específica de dichos recursos. Esta información será entregada a las organizaciones indígenas a través de la secretaria técnica indígena de la MPC cada año.