Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/760270481
Timestamp: 2019-02-23 09:30:09
Document Index: 298905596

Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 474', 'artículo 241', 'artículo 233', 'artículo 241', 'artículo 233', 'artículo 263', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 270', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 241', 'artículo 263', 'artículo 270']

Sentencia de Constitucionalidad nº 136/18 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 760270481
Actor: JUAN FELIPE CARDOZO RAMIREZ
Demandado: CODIGO PENAL, ARTICULOS 263 Y 270
Expediente: D-12248
INASISTENCIA ALIMENTARIA. DESCRIPCIÓN TÍPICA. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 263 y 270 del Código Penal. El demandante adujo que la norma cuestionada desconocía los artículos 44 y 11 de la Constitución. Afirmó que el tipo penal de inasistencia alimentaria era inconstitucional por la supuesta violación de los artículos 11 y 44 de la Carta, referidos a la dignidad humana y a los derechos de los niños. Preliminarmente la Magistrada Sustanciadora consideró que era posible aplicar el principio pro actione y entender que la norma cuestionada correspondía al artículo 233 de la Ley 599 de 2000. Luego de la actuación procesal y la discusión en el pleno, la Corte se inhibió para adoptar una decisión de fondo, pues advirtió que las normas transcritas por el actor en el texto de la demanda fueron derogadas por el artículo 474 de la Ley 599 de 2000. Se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. Recibo Relatoria:
Demandante: J.F.C.R.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano J.F.C.R. presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 263 y 270 del “Código Penal”.
ARTICULO 233. INASISTENCIA ALIMENTARIA. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.2. Corporación Casa de la Mujer
4.3. Universidad Libre de Colombia
4.5. Intervención ciudadana
Mediante escrito radicado el 28 de julio de 2018[10], los ciudadanos P.L. y M.R.C. advirtieron que las normas acusadas corresponden a los artículos 263 del Decreto 100 de 1980[11] y 270 del Decreto 2737 de 1989[12], los cuales están en su mayoría derogados. Sin embargo, solicitan a la Corte aplicar el principio pro actione y pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que consagra el tipo penal de inasistencia alimentaria y una circunstancia de agravación cuando la conducta se comete contra un menor de edad.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4°, de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de una ley de la República.
En la intervención presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho se solicita a la Corte que adopte un fallo inhibitorio por cuanto la norma demandada corresponde al artículo 263 del Decreto Ley 100 de 1980, y no al artículo 233 de la Ley 599 de 2000.
En este caso, a pesar de que el accionante afirmó que dirigía su demanda contra los artículos 263 y 270 del “Código Penal”, y las normas que transcribió realmente corresponden a los artículos 263 del Decreto 100 de 1980[16] y 270 del Código del Menor[17], en el auto de admisión parcial de la demanda se afirmó que (i) la norma acusada correspondía al artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que consagra el tipo penal de inasistencia alimentaria, y (ii) las referencias al artículo 270 se consideraban erradas, pues sólo el artículo 233 hacía referencia a ese tipo penal.
En este caso, es claro que los artículos 263 y 270 (que el actor identificó como demandados), son análogos al artículo 233 de la Ley 599 de 2000. En particular, la Sala Plena advierte que el artículo 233 reproduce el contenido normativo de la disposición legal que regía durante la vigencia del anterior código penal, salvo por la tasación de la pena.
Por esa razón, se debe aclarar que la demanda se dirige contra los artículos 263 del Decreto 100 de 1980 y 270 del Decreto 2737 de 1989, los cuales aparentemente no están vigentes ni producen efectos jurídicos. En consecuencia, la Sala Plena pasará a analizar la figura de la derogación.
De conformidad con el artículo 241 de la Constitución, el control de constitucionalidad supone un juicio de contradicción entre una norma de inferior jerarquía y la Carta Política. En ese sentido, el examen de validez de una norma supone que el precepto demandado integre el sistema jurídico, motivo por el cual este Tribunal no puede pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que han sido objeto de derogatoria[22].
Esta Corporación se ha referido a la derogación y la ha definido como “la revocación total o parcial de un precepto por disposición del legislador”[23]. Así pues, esta figura implica el cese de la vigencia de una norma jurídica como efecto de una norma posterior que se dicta en ejercicio de la libertad de configuración del Legislador.
(ii) T.: se configura con el cambio de Legislación, específicamente ante la incompatibilidad entre una ley anterior y otra nueva, que permite deducir que el Legislador ha decidido que la anterior deje de aplicarse siempre que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada. Este tipo de derogación suele originarse en una declaración genérica que dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con anterioridad.[25]
De otra parte, ante la necesidad de garantizar la vigencia material de la Constitución y dado que en algunas ocasiones puede darse la vigencia ultraactiva de normas legales, la jurisprudencia ha advertido la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre disposiciones derogadas que, a pesar de ello, surtan efectos jurídicos o pudieren llegar a producirlos en el futuro[27]. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no produce efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto.[28]
La demanda se formuló contra los artículos 263 de la Ley 100 de 1980, que prevé las sanciones de arresto y multa para el que se sustraiga, sin justa causa, al cumplimiento de la prestación de alimentos, y 270 del Decreto 2737 de 1989, el cual incorpora una circunstancia de agravación cuando el hecho se cometa contra un menor de edad.
A lo anterior se agrega que en la actualidad los preceptos acusados no producen efectos jurídicos, pues la acción penal y la sanción para perseguir las conductas cometidas bajo su vigencia están prescritas. En efecto, las normas fueron derogadas por la Ley 599 de 2000 que entró a regir el 24 de julio de 2001 (esto es, hace 17 años) y el artículo 263 del Decreto 100 de 1980 consagraba la sanción penal de arresto de seis meses a tres años para el que se sustrajera, sin justa causa, al cumplimiento de la prestación de alimentos debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente. Además, el artículo 270 del Decreto 2737 de 1989, incorporaba una circunstancia de agravación cuando el hecho se cometiera contra un menor de edad, evento en el cual se imponía la pena de arresto de uno a cuatro años.
Conforme a lo expuesto, la Corte se declarará inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 263 Decreto 100 de 1980 “Por el cual se expide el nuevo Código Penal” y 270 del Decreto 2737 de 1989.
[9] Folios 45-63, ibídem. La intervención es presentada por Á.O.P.P..
[13]F. 113, ibídem.
[18] Sentencias C-480 de 2003, M.P.J.C.T.; C-048 de 2004, M.P.A.B.S..
[19] Sentencia C-451 de 2005, M.P.C.I.V.H..
[20] Sentencia C-358 de 2013, M.P.M.G.C..
[21] Sentencia C-304 de 2013, M.P.G.E.M.M..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 45098 de 19 de Noviembre de 2009