Source: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg
Timestamp: 2020-04-06 18:34:36
Document Index: 249758496

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 313', 'artículo 300', 'artículo 315', 'artículo 305', 'Artículo 46', 'artículo 361', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 119', 'artículo 39', 'artículo 73', 'artículo 76']

﻿ Cómo opera MIPG - MIPG - Función Pública
En esta sección encontrará la información sobre las operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione.
Esta Dimensión tiene como propósito ofrecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad. De manera tal que oriente el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.
Lo anterior teniendo en cuenta que el MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
Medición de la política
Lineamientos Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH
El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas cuenten con talento humano idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con su misión institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal y laboral.
La GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos y el propósito fundamental de cada entidad.
Para la implementación de esta política, se deben considerar los siguientes lineamientos:
Primero: disponer de información oportuna y actualizada sobre la entidad y su talento humano, como la siguiente:
Marco normativo y direccionamiento estratégico.
Características de los servidores que laboran en ella (edades, género, antigüedad, niveles educativos)
Características de los empleos (requisitos, funciones, naturalezas jurídicas)
Segundo: diagnosticar la GETH para emprender acciones orientadas a fortalecer el liderazgo y el talento humano. Para ello, Función Pública ofrece a las entidades la herramienta denominada Matriz de GETH , que contiene un inventario de variables para dar cumplimiento a los lineamientos de la política. Con base en ellos, la entidad identifica fortalezas y aspectos a mejorar. Cuando una entidad diligencie dicha Matriz obtendrá una calificación que le permitirá ubicarse en alguno de los tres niveles: operativo, transformación y consolidación.
Tercero: diseñar acciones para la GETH una vez identificado el nivel de madurez en el que se ubica la entidad. Entonces se diseñan las acciones que le permitirán avanzar. Para ello, Función Pública ofrece un formato asociado a la Matriz , denominado plan de acción, en el que se describen una serie de pasos para que las entidades, con base en los resultados del diagnóstico, establezcan los aspectos a priorizar para avanzar al siguiente nivel de madurez.
Cuarto: implementar las acciones para la GETH para es fortalecer aquellos aspectos débiles detectados en el diagnóstico. Estas acciones atienen las etapas del ciclo de vida del servidor: ingreso, desarrollo y retiro. Función Pública ofrece a las entidades una guía denominada “Guía de gestión estratégica del talento humano GETH ”, y en su capítulo cuarto cuenta con las principales orientaciones respecto a la implementación de las acciones.
Quinto: evaluar la Gestión Estratégica del Talento Humano con el fin de determinar la eficacia de las acciones implementadas para analizar si tuvieron el impacto esperado. En la Matriz de GETH se encuentra un formato recomendado para tal fin.
Además de este seguimiento, la gestión se evaluará a través del FURAG.
Acuerdo de la CNSC No. 565 de 2016
Decreto 2489 de 2006 – Nomenclatura de empleos
Decreto ley 2400 de 1968 – Administración de personal
Decreto ley 760 de 2005 – Procedimiento ante y por la CNSC
Decreto ley 770 de 2005 – Requisitos y funciones NN
Decreto ley 785 de 2005 – Requisitos y funciones NT
Ley 581 de 2000 – Ley de cuotas
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único
Criterios diferenciales Política Talento Humano
Es importante recordar que los criterios diferenciales son las características especiales de las entidades territoriales que condicionan y permiten identificar formas alternativas para la implementación y evaluación de los requisitos e instrumentos de las políticas de Gestión y Desempeño de MIPG, así como para la intervención o acompañamiento por parte de las entidades líderes de política, de conformidad con el marco normativo que les aplica.
En el caso de la política de Gestión Estratégica de Talento Humano, se ha considerado su implementación gradual de acuerdo con las capacidades y recursos de la entidad.
Estos dos aspectos implican que la Matriz GETH tendrá tres alternativas que facilitan adaptar los instrumentos y lineamientos de la política a las características particulares de cada entidad, con el fin de lograr el avance en los niveles de madurez de manera
Ver documento Criterios diferenciales de la Política Estratégica del Gestión del Talento Humano.
Herramientas e instrumentos Técnicos Talento Humano
Función Pública ha dispuesto una serie de documentos que facilitan la implementación de la política, por parte de las entidades públicas. Entre otras, se destacan:
Guía de gestión estratégica del talento humano GETH
Matriz de gestión estratégica del talento humano GETH
Guía para establecer o modificar el manual de funciones y de competencias laborales - Versión
Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público
Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC) - Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos
Guía de Estímulos de los servidores públicos
Cartilla régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial
Guía de Administración Pública - Conflictos de interés de servidores públicos - Versión 2
Readaptación Laboral, Lineamientos de Política y Guía de Ejecución
Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza Gerencial - Versión 1
Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión
Lo que necesita saber sobre Gestión Estratégica del Talento Humano
Esto es lo que necesita saber sobre el Plan Nacional de Formación y Capacitación
Serie Web MIPG: En Función de todos. Cap. 1. Con los servidores por los ciudadanos
Herramientas de autodiagnóstico Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH
Las herramientas de autodiagnóstico le permiten a las entidades desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las políticas de gestión y desempeño.
Recuerde que esta herramienta podrá ser utilizada en el momento en que cada entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno tanto a Función Pública como a otras instancias del gobierno o de organismos de control.
A través de la aplicación de la herramienta, las entidades podrán determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la excelencia.
Ver documentos Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano
Autodiagnóstico Talento Humano nivel nacional y municipios 1 y 2 categoria
Autodiagnóstico Talento Humano municipios de tercera y cuarta categoría
Autodiagnóstico Talento Humano municipios de quinta y sexta categoría
Para complementar cada una de las políticas se pone a disposición el curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Lineamientos de la Política de Integridad
El propósito de esta política es la apuesta por la integridad pública, que consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. Según el economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones[1]”, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.
Visto de este marco se construye el Código de Integridad del Servicio Público como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los servidores.
Primero: Identificar los miembros del equipo de trabajo y aliados clave, es fundamental contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión humana.
Segundo: Revisar y analizar el material, que van permitir la priorización de actividades.
Tercero: Armonizar, los documentos éticos implementados por la entidad, con el Código de Integridad.
Cuarto: Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales.
Quinto: Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Código, con el propósito de sensibilizar e interiorizar en la entidad, el código de integridad.
Sexto: Ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo, establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones.
Para lograr lo anterior, se acompaña el Código de Integridad de una caja de herramienta que plantea actividades diseñadas para generar tres fenómenos que promueven el cambio; todos los documentos se encuentran disponibles en la sección de publicaciones de la página web
[1] Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy
En el caso de la política de integridad, si bien no es de nueva implementación en el territorio nacional, si incorpora un nuevo instrumento denominado “Código de Integridad”, cuya implementación está en una etapa inicial, por lo tanto, se esperará un grado mayor de madurez para definir criterios con enfoque diferencial para las entidades territoriales.
Herramientas e instrumentos Técnicos de Integridad
Caja de herramientas que garantiza el contacto de los servidores con el Código sea experiencial
Código de Integridad Antecedentes, construcción y propuestas para su implementación - Marzo 2018
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública- Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia-Invirtiendo en Integridad Pública para afianzar la paz y el desarrollo-2017
Manual de implementación del Código de Integridad
Infografía de la política
Infografía ley de garantía electorales
Capacitación Código de Integridad del servicio publico
Código de Integridad y el valor publico
Área Humanización Hospital Universitario San José Popayán
Los hijos enseñas a sus padres e intercambian saberes
Programa entretejidos rehabilitación integral
Minsalud en lengua de señas, una historia incluyente
Estrategia de apoyo para la gestión territorial
Las herramientas de autodiagnóstico les permiten a las entidades desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las políticas de gestión y desempeño.
Ver documento Autodiagnóstico de la Política de Integridad
Esta Dimensión tiene como propósito permitirle a las entidades definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios.
Por ello, brinda una serie de lineamientos e indicaciones para el desarrollo de los ejercicios de direccionamiento estratégico y de planeación en los cuales las entidades definen sus objetivos y metas, identifican las capacidades con las que cuenta en términos de recursos, talento humano, procesos, y en general, todas las condiciones internas y externas que la caracterizan para lograrlos, los indicadores a través de los cuales llevará a cabo su seguimiento y evaluación y los riesgos que eventualmente pueden afectar su gestión.
El propósito de esta política es buscar que las entidades públicas tenga claro cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada y que enmarca lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor); para qué lo debe hacer, es decir qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles son los derechos humanos que debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las prioridades identificadas por la entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos de valor y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general asignado y, en general, el marco normativo que rige su actuación.
Primero: Realizar una reflexión inicial sobre el propósito fundamental de la entidad, aspectos que se analizan el marco normativo y caracterizar los grupos de valor (ciudadanos, usuarios e interesados, entro otros).
Segundo: Efectuar un diagnóstico de capacidades y entornos, donde la entidad analice y priorice sus capacidades (estructura, procesos, recursos, entre otros) necesarios para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados.
Tercero: Formular los objetivos estratégicos, que se constituyen en los propósitos o logros que la entidad espera alcanzar en el mediano y largo plazo.
Cuarto: Formular los planes de acción anual, el cual deben tener en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994 y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 612 de 2018, para el ejercicio de planeación cada entidad desarrolla su propia dinámica de acuerdo con su capacidad organizacional y estilos de dirección.
Quinto: Formular los indicadores, necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción.
Sexto: Formular los lineamientos para la gestión del riesgo que defina el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales.
Ahora bien, es importante que desde este ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, la Política de Integridad sea tenida en cuenta por las entidades, siendo este el motor del MIPG.
Decreto 1081 de 2015 Sector Presidencia de la República
Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional
En el caso de la política de Planeación Institucional, se ha considerado su implementación con enfoque diferencial normativo, el cual se define desde el marco normativo Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994, aplicable a las entidades tanto del ordena nacional como territorial.
Guía de orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación de la gestión Pública - Versión 1.
Manual de formulación de Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales
Manual para la identificación y cobertura del riesgo de contratación
Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2
General de la Dimensión
Capacitación Gestión del Riesgo
Lanzamiento Guía para Administración de Riesgos
Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación
Ver documento Autodiagnóstico de la Política de Planeación Institucional
El propósito de esta política es buscar que la planeación estratégica sea presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP y el presupuesto anual que permiten establecer los topes presupuestales de gasto público (agregados, por sector y entidad).
De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal.
Independientemente de la naturaleza de la entidad o de los bienes y servicios que presta, el presupuesto es el instrumento esencial para la operación del Modelo, por tanto, su preparación realista y técnica garantiza la correspondencia entre los ingresos, los gastos y el establecimiento de lo previsto en los planes institucionales.
Primero: Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo (SIIF Nación), a partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto, una vez registrada la información en este aplicativo, inicie la ejecución presupuestal, en la que se toman las decisiones de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, acorde con las normas vigentes.
Segundo: Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC teniendo en cuenta la fecha establecida por el ente rector, así mismo el Plan Anual de Adquisiciones -PAA, instrumentos fundamentales para la ejecución presupuestal.
Criterios diferenciales Política de Presupuesto
En el caso de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, se ha considerado su implementación con enfoque diferencial normativo que regulan los procesos de preparación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento del presupuesto, así:
Constitución Política, articulo 361
Lineamientos generales del SIIF Nación
Manual funcional del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP)
En este momento no se cuenta con videos
Informamos que la herramienta de autodiagnóstico de esta política se encuentra en proceso de construcción por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Líder de esta política.
El propósito de esta Dimensión es permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.
En este sentido, se desarrollan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación “Estado Ciudadano”.
Relación Estado - Ciudadano
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
Lineamientos de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
El propósito de esta política es permitirles a las entidades contar con una estructura organizacional y un modelo de procesos que facilite la operación alineada con el Direccionamiento Estratégico y Planeación de la entidad.
Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional. Saber dónde se encuentra y para dónde va la entidad, y el sector, departamento o municipio al que pertenece, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para poder ejecutar lo planeado.
Existen dos grandes acciones que son necesarias abordar para llevar a cabo el fortalecimiento organizacional: Por un lado, comprender muy bien la situación por la que atraviesa una entidad. Por otro, hacer un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo. Explícitamente, esto es:
El objetivo de esta acción, enmarcada en el análisis de capacidades y entornos del Direccionamiento Estratégico y la Planeación, está en la necesidad de recabar la información necesaria e identificar los puntos críticos que expliquen por qué la institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de productos y servicios sintonizados con las necesidades de los ciudadanos.
Con esto claro, será posible identificar y resolver las tensiones y actividades necesarias para lograr un real fortalecimiento organizacional. En este sentido, para MIPG el diagnóstico es la base principal sobre la cual se construye todo proceso de fortalecimiento. Siempre se da a partir de un análisis interno y autocrítico de toda la institucionalidad involucrada, para luego plantear una situación actual desde distintos puntos de vista, identificando en ella tanto problemáticas por resolver, como alternativas con el fin de mejorar su desempeño y fortalecer sus capacidades organizacionales para la entrega de productos y servicios públicos.
Para poder entender la situación, es necesario describir y abordar como mínimo las siguientes características como complemento al análisis de capacidad institucional y de entornos de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación:
Fuentes alternas de información
Diseñar o rediseñar lo necesario
Con toda la información de contexto que provee el riguroso ejercicio de entendimiento de la situación, es posible trabajar en el diseño o rediseño adecuado que realmente requiere la institucionalidad objeto de análisis. Ello implica revisar técnicamente si la arquitectura institucional es la más adecuada, bajo los preceptos de la eficiencia, la productividad y la generación de valor público.
Dos aspectos que conviene poner de relieve en materia de ajustes a las estructuras de las entidades son, en primer lugar, la necesidad de medir el impacto que en materia presupuestal puedan generar dichos procesos, y, en segundo lugar, la necesidad de tener en cuenta las prioridades definidas por los planes de desarrollo y otros instrumentos de Direccionamiento Estratégico, y que definen los sectores o entidades responsables de la ejecución de políticas, programas o proyectos de trascendental importancia, y los cuales deberán tener prioridad en los ajustes realizados.
Para ello es necesario formalizar como mínimo
Estructura funcional o administrativa
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos se pueden clasificar en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, lo que permitirá la adecuada gestión y prestación del servicio de la organización.
En este punto, los aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son los siguientes:
Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macroprocesos)
Definir el objetivo de cada uno de los procesos
Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en procedimientos o tareas
Definir los responsables del proceso y sus obligaciones
Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes
Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes
Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los procesos
Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros)
Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos)
Decreto ley 254 de 2000 – Liquidación entidades
Ley 1105 de 2006 – Liquidación entidades
Ley 1444 de 2011 – Precedencia Ministerios
Ley 617 de 2000 – Austeridad
Criterios diferenciales de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
Para esta política el criterio diferencial se define desde su marco normativo, entendiendo que la metodología para elaborar diseños organizacionales no presenta cambios sustantivos dependiendo del tipo de entidad; no obstante, si la decisión producto de este diseño es la reestructuración de la planta de personal o de la estructura organizacional, el siguiente marco normativo establece las directrices generales a las que se deben acoger las entidades territoriales:
Si el rediseño implica modificar la estructura administrativa (la configuración de las dependencias), esta función es del concejo municipal o del alcalde debidamente facultado, según el artículo 313, numerales 3 y 6 de la Constitución Política.
En el caso de los departamentos, esta función corresponde a la asamblea departamental o del gobernador debidamente facultado, según el artículo 300, numerales 7 y 9 de la Constitución Política.
Si se trata de una modificación a la planta de personal, es función del alcalde municipal de acuerdo con el artículo 315 numeral 7 de la Constitución política.
En el caso de los departamentos, es función del gobernador de acuerdo con el artículo 305 numeral 7 de la Constitución Política.
El Artículo 46 de la Ley 909 de 2004 establece que las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
Función Pública, a través de acompañamiento técnico, apoya los ejercicios de diseño y rediseño institucional de dichas entidades; para ello, ha dispuesto una herramienta metodológica en la que explica las fases para diseñar o rediseñar una entidad territorial, teniendo cuenta cuatro momentos del proceso de fortalecimiento organizacional: 1. Inicio, 2. Diagnóstico, 3. Diseño y 4. Implementación. En la herramienta también se describen cómo se pueden llevar a cabo los procesos de supresión y liquidación de entidades del orden territorial.
Herramientas e instrumentos de la Política Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública , del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD (2008), pág. 20
Lo que necesita saber sobre Fortalecimiento Organizacional
Herramientas de autodiagnóstico de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Proceso
En este momento no se cuenta con una Herramienta de autodiagnóstico
Lineamientos de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
El propósito de esta política es ejecutar el presupuesto de acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal.
El PAA es la herramienta estratégica para que la adquisición de los bienes y servicios soporte adecuadamente la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo tanto, se ejecución acorde con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación es garantía de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos.
De otra parte, es indispensable hacer uso de los acuerdos marco de precios existentes para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes. Si existe el acuerdo marco de precio, pero la entidad requiere un bien o servicio adicional que no se encuentra incluido en el mismo, puede solicitar a Colombia Compra Eficiente que adelante el trámite para su incorporación. Si se trata de un nuevo acuerdo marco de precio para el bien o servicio que corresponde a 51 un bien o servicio de características técnicas uniformes, se puede solicitar a Colombia Compra Eficiente el desarrollo de este nuevo marco de precio.
Criterios diferenciales de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Para esta política el criterio diferencial se define desde su marco normativo. Las siguientes disposiciones de carácter orgánico regulan los procesos de preparación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento del presupuesto de las entidades territoriales: – Para el presupuesto ordinario, está el capítulo III del Título XII de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996.
Para el Sistema presupuestal del Sistema General de Regalías, está el artículo 361 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1530 de 2012.
Adicionalmente, deberán tener en cuenta las indicaciones que las asambleas o concejos estimen convenientes, siempre y cuando no vayan en contra de mandatos constitucionales o legales.
De igual manera, para efectos del seguimiento y evaluación de la gestión presupuestal y financiera en las entidades territoriales, se cuenta con el Decreto 3402 de 2007 por medio del cual se adoptó el Formulario Único Territorial FUT, el cual recoge periódicamente información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y demás información básica. Entre tanto, la información del Sistema General de Regalías se administra a través del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías a cargo del DNP. La Dirección de Apoyo Fiscal DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público brinda asesoría y acompañamiento gratuito a las Entidades Territoriales en temas financieros, tributarios y fiscales, en el marco de las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999, 617 de 2000, 819 de 2003 y Decreto Ley 028 de 2008.
Por su parte el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP, acompaña y apoya en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP a las entidades territoriales y resguardos indígenas, conceptúa y brinda asistencia técnica sobre la materia; y en la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías SGR entre los fondos y los diferentes beneficiarios para el plan de recursos, el presupuesto bienal, el plan bienal de caja del presupuesto y las instrucciones de abono a cuenta del Sistema General de Regalías y brinda asistencia técnica en torno a la distribución de recursos del Sistema.
Agencia Colombiana de Contratación Colombia Compra Eficiente
Herramientas e instrumentos de la Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
En este momento no se cuenta con herramientas e instrumentos en esta política
En este momento no se cuenta con vídeos
Herramientas de autodiagnóstico de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Ver documento Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
Lineamientos de la Política Gobierno Digital
El propósito de esta política es fortalecer la relación estado sociedad e incorporar el uso de las TIC en la operación de la entidad, así como:
Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información.
Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC.
La política de Gobierno Digital se implementa a través de una línea de acción que orientan su desarrollo: TIC para el Estado; así como de tres habilitadores transversales, que son los elementos que proporcionan la base de la política: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. A continuación, se define cada uno de estos elementos:
– TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con las demás entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A través de este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias de tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura institucional y las competencias de sus servidores públicos, como elementos generadores de valor en la gestión pública.
Habilitadores Transversales
Seguridad de la Información: Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la gestión e implementación de la seguridad de la información en el Estado.
Arquitectura: busca que las entidades públicas apliquen en su gestión, un enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI, aplicando los lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.
Servicios Ciudadanos Digitales: busca que los servicios ciudadanos digitales sean integrados a los procesos, servicios digitales, trámites digitales, sistemas de información y demás que lo requieran, buscando racionalizar recursos, estandarizar y armonizar la administración pública en pro de mejorar los servicios del Estado.
Para la implementación de Gobierno digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital, que presenta los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar para el desarrollo de los componentes y habilitadores transversales de la política.
Resoluciones 3564 de 2015 del MinTIC
Criterios diferenciales de la Política de Gobierno Digital
Con el fin de lograr una política coherente y acorde a las necesidades de las diferentes entidades públicas, se ha adoptado la segmentación de entidades definida en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a partir de ello, los habilitadores transversales de la política de Gobierno Digital fueron adaptados a estos niveles, de manera que cada entidad deberá implementar Arquitectura, Seguridad de la información y Servicios Ciudadanos Digitales, de acuerdo con su clasificación. En este sentido, los habilitadores de la política de Gobierno digital, han sido adaptados a partir de las siguientes tipologías de entidades: 1. Nivel Robusto, 2. Nivel Intermedio, y 3. Nivel Incipiente; y para cada nivel se determinaron criterios diferenciales en cada elemento habilitante. Consulte este detalle en los anexos 1 y 2 del Manual de Gobierno digital .
Herramientas e instrumentos de la Política de Gobierno Digital
Herramientas de autodiagnóstico de Gobierno Digital
Lineamientos de la Política de Seguridad Digital
El propósito de esta política es contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética.
En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital coordinada por la Presidencia de la República, para orientar y dar los lineamientos respectivos a las entidades.
En el orden nacional, en los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño se darán las directrices para su implementación. Además, la articulación en materia de Seguridad Digital estará a cargo del enlace sectorial de seguridad digital quien será el encargado de rendir cuentas al Coordinador Nacional de Seguridad Digital acerca de la implementación de la Política Nacional de Seguridad Digital en el respectivo sector.
De otro lado, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se debe articular los esfuerzos, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación de la política. Para ello, se debe designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la Seguridad de la Información en la entidad, el cual debe pertenecer a un área que haga parte de la Alta Dirección. Para las entidades cabeza de sector, el Responsable de Seguridad Digital será el enlace sectorial de seguridad digital.
En el orden territorial, MinTIC definirá los lineamientos para que las entidades territoriales definan la figura del enlace de Seguridad Digital territorial para la implementación de la política de Seguridad Digital, así como las instancias respectivas para la articulación con el Coordinador Nacional de Seguridad Digital.
Conpes 3854 de 2016
Criterios diferenciales de la Política de Seguridad Digital
La implementación de la política, se hará a través de la adopción e implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, que será desarrollado y socializado por MinTic, por parte de las entidades y departamentos administrativos de la rama ejecutiva inicialmente, para los entes territoriales y demás partes interesadas, se adelantarán jornadas de sensibilización en temas de Seguridad Digital. Adicionalmente, Las entidades designadas, deberán dar cumplimiento a todas las actividades relacionadas en el plan de acción de seguimiento PAS7 del Conpes 3854 de 2016.
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República
Herramientas e instrumentos de la Política de Seguridad Digital
Herramientas de autodiagnóstico de Seguridad Digital
Lineamientos de la Política de Defensa Jurídica
El propósito de esta política es dar solución a los problemas administrativos que generan litigiosidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores del daño antijurídico.
Asimismo, permite el “uso consciente y sistemático de los recursos públicos a través de decisiones legales, administrativas, regulatorias y sobre prioridades de gasto específico que se pretende solucionar”.
Criterios diferenciales de la Política de Defensa Jurídica
Para esta política el criterio diferencial se define desde su marco normativo.
Herramientas e instrumentos de la Política de Defensa Jurídica
Herramientas defensa jurídica
Herramientas de autodiagnóstico de Defensa Jurídica
Marco normativo y ámbito de aplicación
Lineamientos de la Política de Mejora Normativa
La política de Mejora Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.
Esta política sienta sus bases en el Documento CONPES 3816 de 2014: Mejora Normativa: Análisis de Impacto, cuyo objetivo es generar las capacidades en el uso de las herramientas de la política. Posteriormente, la política se incluyó en el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad; específicamente, en el Pacto de Emprendimiento, línea de “Estado Simple: menos trámites, regulación clara y más competencia”.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se establecieron tres objetivos respecto a la política de mejora regulatoria: 1) establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación), 2) adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente, y, finalmente, 3) fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación.
Para la implementación de esta política, se deben tener en cuenta las siguientes fases del ciclo de gobernanza regulatoria, el cual permite brindar una lectura integral de todas y cada una de las fases, los actores, las herramientas y las instituciones que intervienen en el proceso de expedición de una nueva norma o la modificación de una existente.
Planeación: Agenda Regulatoria
La Agenda Regulatoria es una herramienta de planeación normativa cuyo objetivo es indicar los proyectos de actos administrativos que se pretende expedir el siguiente año para conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados. La agenda promueve la transparencia, la coordinación interinstitucional y la construcción participativa de las propuestas regulatorias. El proyecto de Agenda Regulatoria se debe presentar en el formato suministrado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el cual se incluye la siguiente información para cada proyecto normativo:
Información del proyecto de regulación
Publicación para la participación ciudadana
La Agenda Regulatoria es la primera etapa del ciclo de gobernanza regulatoria en la cual las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben identificar los asuntos relativos a su sector que merecen una posible intervención regulatoria. En esta planeación se debe incluir la participación de los sujetos regulados e interesados para definir una agenda de trabajo regulatoria que apunte a satisfacer el interés general.
Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN)
La decisión de intervenir debe tener una motivación o un fundamento que demuestren, como mínimo, la necesidad de intervención y el problema por resolver. Las autoridades que emitan una regulación deben seguir unos principios técnicos para diseñar e implementar los diferentes instrumentos normativos, a fin de asegurar que cumpla de manera eficaz los objetivos de política pública. Para llevar a cabo lo anterior, existen herramientas metodológicas como las que se exponen a continuación:
El AIN es una metodología que permite, de manera previa a la intervención del Gobierno nacional, evaluar de manera sistemática su conveniencia, su justificación, sus potenciales impactos y las alternativas de intervención, con el fin de tomar decisiones eficientes, eficaces, idóneas, proporcionales, transparentes y, en general, de calidad. Específicamente, esta herramienta permite tomar decisiones que evidencien que los beneficios de la intervención (regulatoria o no) justifican los costos, en aras de una mayor eficiencia económica y social.
El AIN permite una participación temprana de los sujetos regulados y de los grupos de interesados, antes, durante y al finalizar el estudio técnico, de acuerdo con las siguientes etapas:
Diseño de la implementación y del monitoreo
Consulta pública de los proyectos de actos administrativos
La consulta pública busca hacer partícipe a la ciudadanía en la construcción de lo público por medio de la disposición de espacios institucionales que faciliten el ejercicio del derecho a la participación ciudadana. Dentro del marco de la Política de Mejora Normativa, el proceso de producción, implementación y revisión de las regulaciones debe adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación de los grupos de interés, con el fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público. Para que la consulta pública sea efectiva, se recomienda involucrar a los sujetos regulados e interesados desde la etapa temprana del diseño de la norma. Al involucrar a los interesados, aumentan los niveles de cumplimiento de la norma cuando ésta ya se encuentre expedida.
De conformidad con las normas vigentes, la expedición de decretos, reglamentos técnicos y resoluciones de comisiones de regulación debe contemplar un periodo de consulta pública, durante el cual se reciben comentarios de los ciudadanos y de los terceros interesados. Estos comentarios deben ser analizados y considerados, y, finalmente, la entidad debe responder indicando en qué medida se incorporaron los comentarios, o el motivo por el cual estos no dan a lugar.
Por otra parte, el DNP está trabajando en el desarrollo del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), una plataforma única que permitirá a todos los ciudadanos participar en el proceso de elaboración de las normas de las entidades de la Rama Ejecutiva de orden nacional, para presentar sus comentarios, sus observaciones y sus propuestas alternativas, lo cual refleja la etapa de consulta pública. Dicha plataforma generará mayor transparencia tanto en la agenda regulatoria como en la elaboración de las normas. El SUCOP, además, permitirá una participación más informada, tomando en cuenta que en la plataforma se publicarán no solo los proyectos normativos, sino sus estudios técnicos y demás documentos, para permitir a los ciudadanos y los empresarios participar en el diseño de normas justas y de calidad.
Para conocer cuál es el proceso de consulta pública aplicable, se debe tener en cuenta si la norma que se pretende expedir es un decreto, una resolución, un reglamento técnico, una resolución de las comisiones de regulación u otro acto administrativo.
Revisión de calidad normativa
En el proceso de elaboración de normas, existen unas entidades que tienen competencias para revisar y emitir concepto sobre los proyectos normativos. Esta revisión previa mejora la calidad de la regulación, la pueden llevar a cabo distintas instancias gubernamentales:
Aprobación sobre la creación de trámites - le corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública.
Concepto sobre la abogacía de la competencia - le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.
Concepto previo de los reglamentos técnicos - le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCit.
Calidad del Análisis del Impacto Normativo AIN - le corresponde al Departamento Nacional de Planeación DNP.
Calidad legal de los proyectos que firma el presidente de la República (Secretaría Jurídica de la Presidencia).
O también puede ser llevada a cabo por cada entidad a través de la prevención del daño antijurídico en la producción normativa de carácter general.
Publicidad de la regulación final
La Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reconoce en su artículo 3 que las actuaciones administrativas deben desarrollarse observando los principios del debido proceso, de igualdad, de imparcialidad, de buena fe, de moralidad, de participación, de responsabilidad, de transparencia, de publicidad, de coordinación, de eficacia, de economía y de celeridad. Así mismo, en el artículo 65 de dicha ley se establece el deber de publicación en el Diario Oficial
La Imprenta Nacional de Colombia es la entidad encargada, entre otras cosas, de dirigir e imprimir el Diario Oficial, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (numeral 1 del artículo 4º de la Ley 109 de 1994). Por otro lado, a partir de la vigencia de la Ley 489 de 1998 (artículo 119) los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:
Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno.
Los decretos con fuerza de ley, los decretos y las resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, las dependencias, las entidades o los organismos del orden nacional de las distintas ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.
Por otra parte se encuentra el Sistema único de la Información Normativa (repositorio normativo) plataforma que permite ubicar, de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto, las constituciones de 1886 y de 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones y circulares, entre otros.
6. Evaluación de las regulaciones
Las entidades deben revisar de forma sistemática y periódica el inventario de regulación, a fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos y sean eficientes, eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política pública planteados. De la misma forma, deben identificar, eliminar o remplazar las que sean obsoletas, insuficientes o ineficientes.
Dentro de las diferentes estrategias de evaluación, simplificación, racionalización y depuración del inventario normativo son:
La política de racionalización de trámites
La Estrategia de depuración normativa
La evaluación ex post
La simplificación normativa
Decreto 1074 de 2014
Para efectos de la política de Mejora Normativa, las entidades que regulan son todas aquellas de la Rama Ejecutiva del nivel centralizado o descentralizado que tienen facultades para emitir normas de carácter general.
Entidades de los sectores Central y Descentralizado (artículo 39 de la Ley 489 de 1998):
Sector Central de la Administración Pública Nacional:
Sector Descentralizado de la Administración Pública Nacional:
Los organismos y las entidades adscritos o vinculados a un ministerio o a un departamento administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente
Administración Pública a escala territorial:
Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos
Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les señalan la Constitución Política y la ley, por lo que no son del alcance de esta política; no obstante, se recomienda que dichas entidades, así como las ramas Legislativa y Judicial, adopten herramientas de mejora regulatoria en sus procesos.
Las territoriales aplicarán lo pertinente, de acuerdo con los marcos normativos que regulan los distintos asuntos que se tratan en esta política y en el marco de la autonomía territorial.
Ministerio de Justicia y del Derecho https://www.minjusticia.gov.co/
Departamento Nacional de Planeación - Grupo Eficiencia Regulatoria https://www.dnp.gov.co/programas/Mejora%20Regulatoria/Paginas/Mejora-Regulatoria.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/Mejora%20Regulatoria/Paginas/Material-audiovisual.aspx
Lineamientos de la Política de Servicio al ciudadano
El propósito de la política es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Lo anterior permite a las entidades entender la gestión del servicio al ciudadano no como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los ciudadanos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, sino como una labor integral que requiere de: (i) total articulación entre sus dependencias, (ii) compromiso expreso de la alta dirección y (iii) la gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado.
Esta política se desarrolla desde dos perspectivas la primera de ellas es la ventanilla hacia adentro que hace referencia a la intervención de aquellas actividades, procesos, cultura y acuerdos internos de las entidades, necesarios para la entrega de servicios eficientes y de calidad y la segunda de la ventanilla hacia afuera se refiere a los elementos que están presentes en la atención prestada directamente a los requerimientos de los ciudadanos. A continuación, se describen los componentes:
Ventanilla hacia adentro:
Ventanilla hacia afuera:
Decreto 1082 de 2015, Decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
Decreto 2623 de 2009, Crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
Criterios diferenciales de la Política de Servicio al Ciudadano
Los criterios diferenciales para esta política consisten en graduar los requisitos exigidos a las entidades territoriales para su implementación. Con esto, se pretende establecer unos elementos y requisitos mínimos, de modo tal que las entidades puedan implementarla según sus capacidades, y puedan ir avanzando paulatinamente hacia un mayor grado de cualificación y optimización, más allá de los mínimos legales establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y del artículo 73 al artículo 76 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción), entre otros.
Adicionalmente, los tres niveles con los que puede implementar la política de servicio al ciudadano: básico, intermedio y avanzado, pueden ser la base para la identificación de niveles de madurez en la implementación.
Ver documento Criterios diferenciales de la de la Política de Servicio al Ciudadano.
Herramientas e instrumentos de la Política de Servicio al Ciudadano
Herramientas del Modelo de Implementación de los Centros Integrados de Servicios
Herramientas de autodiagnóstico de Servicio al ciudadano
Ver documento Autodiagnóstico de Servicio al ciudadano
Medición de la política Curso virtual del MIPG
Lineamientos de la Política de Racionalización de trámites
El propósito de esta política está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. A continuación, se presenta los pasos que se den seguir:
Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos
Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT
Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos
Identificar trámites de alto impacto a racionalizar
Formular la estrategia de racionalización de trámites
Implementar acciones de racionalización normativas
Implementar acciones de racionalización administrativas
Implementar acciones de racionalización tecnológicas
Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía
Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas
Conpes 167 de 2013
Conpes 3816 de 2014
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Decreto 430 de 2016, Estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública
Decreto Ley 019 de 2012, Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
Decreto Ley 2150 de 1995, Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo
Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Ley 489 de 1998, Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional
Ley 962 de 2005, Racionalización de trámites y procedimientos administrativos
Resolución 1099 de 2017
Criterios diferenciales de la Política de Racionalización de Trámites
Los criterios diferenciales para esta política se fundamentan en la gradualidad y buscan generar capacidad instalada en las entidades de tal forma que cada vez se vayan apropiando de más responsabilidades y mejores formas de gestión que los motive a avanzar hacia niveles superiores. Todo ello, encaminado a brindar a los ciudadanos facilidades, mejoras y mecanismos más expeditos en la realización de los trámites.
Adicionalmente, en la medida que la política va siendo implementada, las evaluaciones que se adelanten con la implementación de MIPG en el orden territorial, podrán dar cuenta del compromiso que habrán asumido las entidades territoriales para hacer que su gestión diaria optimice su relación con el ciudadano.
Ver documento Criterios diferenciales de la de la Política de Racionalización de Trámites.
Herramientas e instrumentos de la Política de Racionalización de Trámites
Guía de usuario del SUIT
Información sobre la mesa de ayuda del SUIT
Módulo de racionalización
Módulo Formato Integrado (FI)
Procedimiento para la adopción e implementación de trámites creados por ley
Ademas se cuenta con un sitio especializado en el tema de SUIT, donde se puede consultar los documentos anteriores y despejar todas sus dudas.
Vídeo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC
Tutorial SUIT - Racionalización de Trámites - Gestión de Inventario
Tutorial SUIT - Racionalización de Trámites - Gestión de Racionalización Control Interno
Tutorial SUIT - Racionalización de Trámites - Gestión de Racionalización Jefe de Planeación
Herramientas de autodiagnóstico de Racionalización de trámites
Ver documento Autodiagnóstico de Racionalización de trámites
Lineamientos de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
El propósito de esta política está orientado a que las entidades garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). Continuación se describe los pasos o acciones que deben adelantar las entidades:
Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad
Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional y 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC
Ejecutar las estrategias de: 1) Participación ciudadana y 2) de Rendición de Cuentas
Evaluar los resultados de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas y retroalimentar
Criterios diferenciales de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
La política de participación ciudadana y de rendición de cuentas adoptarán el enfoque diferencial basado en la implementación progresiva de las orientaciones de la política a partir de requerimientos que parten de los requisitos mínimos y obligatorios establecidos en la normatividad vigente, y agrupando las entidades territoriales en tres niveles: incipiente, intermedio y avanzado.
El avance de las entidades estará basado en el autodiagnóstico y los retos que estas se fijen para avanzar en los niveles de desarrollo para el cumplimiento de estas con el acompañamiento que ofrezca Función Pública. No obstante, entre una vigencia y otra no se podrá retroceder en el cumplimiento de requisitos.
Ver documento Criterios diferenciales de la de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Herramientas e instrumentos de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Colección de buenas prácticas en participación
Curso Virtual para Veedurías Ciudadanas
Lineamientos para la planeación de la participación ciudadana
Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz
Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación de la gestión pública
Participación para la implementación del Acuerdo de Paz
Plan Nacional para el Control Social
Herramientas de autodiagnóstico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas
Ver documento Autodiagnóstico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Ver documento Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas
La política de Gobierno Digital se implementa a través de una línea de acción que orientan su desarrollo: TIC para la Sociedad; así como de tres habilitadores transversales, que son los elementos que proporcionan la base de la política: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. A continuación, se define cada uno de estos elementos:
– TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común A través de este componente se busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades públicas, para acceder a información pública, a trámites y servicios, participar en la gestión pública y en la satisfacción de necesidades.
Ver documento Autodiagnóstico de Gobierno Digital