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Timestamp: 2016-12-06 05:53:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 5', 'artículo 1198', 'artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 1', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 22', 'Artículo 5151', 'artículo 60', 'Artículo 25', 'artículo 55', 'artículo 22']

⭐REGULACION DE LA MEDICINA PREPAGA
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Ignacio Rivas Soto
1 REGULACION DE LA MEDICINA PREPAGA JURISPRUDENCIA NORMATIVA DICIEMBRE DE 20062 REGULACION DE LA MEDICINA PREPAGA Autores: AG Beatriz Castro (Coordinadora) AG Ana Casal Este documento fue producido por los responsables del Area Temática Regulación de la Medicina Prepaga del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mes de noviembre del año El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sitio Oficial: AG V. Daniel Piemonte Coordinador General Cuerpo de Administradores Gubernamentales AG Guillermo J. Alabés Coordinador Ejecutivo Observatorio de Políticas Públicas3 Regulación de la Medicina Prepaga Presentación del problema La medicina prepaga, o seguros privados de afiliación voluntaria según la terminología de los organismos internacionales en la materia, es parte integrante del subsistema privado de la salud, y su forma más actual de manifestación. Dado su crecimiento y expansión, y atendiendo a que se trata de un subsector privado pero cuyo accionar tiene efectos sobre un bien público como la salud de la población así como también sobre los restantes subsectores del sistema de atención cada vez resulta más clara la necesidad de una intervención estatal. No solamente los clientes reclaman al Estado la protección de sus derechos en tanto consumidores y/o usuarios, también el erario público debe distraer recursos destinados a pacientes sin cobertura de ningún tipo para atender patologías y daños a la salud de pacientes cubiertos por un seguro privado, en la medida en que éste considere que contractualmente no le corresponde otorgar determinado tipo de prestación y decida negarle la cobertura. Las estrategias destinadas a resolver estas cuestiones se encuentran en un tímido proceso de gestación, estando orientadas fundamentalmente hacia la implementación de mecanismos de tipo regulatorios. Pese a los esfuerzos realizados desde hace más de 10 años por el Poder Legislativo Nacional en pro de una regulación integral está siendo hoy una política pendiente. Por ello resulta a todas luces pertinente analizar tanto los avances normativos fragmentarios e incoordinados realizados por los distintos órdenes y niveles de gobierno, como la regulación que se va sentando desde la órbita del Poder Judicial resultado del conocido fenómeno de la judicialización de la salud. Por otro lado cabe destacar que la corriente de reformas de los sistemas de salud a nivel mundial propició, en los últimos 20 años el desarrollo de este tipo de seguros en América Latina. El relevamiento de esta experiencia puede aportar importantes conclusiones en materia de éxitos y fracasos de los cambios introducidos que permitirían enriquecer las propuestas para nuestra realidad local. En el año 2005 se presentó un informe conteniendo la caracterización del sector de las entidades de medicina prepaga y se analizó el mercado en términos de su distribución regional, cantidad de entidades, relación con las restantes entidades de la Seguridad Social, cobertura poblacional, entre otros indicadores. Asimismo se analizó el concepto de regulación, en tanto herramienta de política pública, y en particular la noción de regulación sanitaria. Por último se presentó un relevamiento de los principales antecedentes regulatorios de carácter integral que se registraron hasta el año Para el año 2006 se propone un proyecto de trabajo que incluye el desarrollo de dos unidades de análisis consideradas relevantes en relación con el problema descripto precedentemente, a saber: a) el análisis de la jurisprudencia 14 en casos de demandas de usuarios de empresas de medicina prepaga, y b) el relevamiento y análisis de la normativa vigente. A continuación se expone más detalladamente el contenido de cada una de estas unidades así como también se precisan más acabadamente algunas cuestiones metodológicas. 25 I. JURISPRUDENCIA A.G. Lic. Ana Casal Un aspecto insoslayable que contribuye a comprender la problemática de la Medicina Prepaga lo aportan las elaboraciones jurídicas que se han realizado en torno a ella, tomando como eje para este análisis el derecho a la salud. A partir de allí es posible entender las obligaciones de las empresas que se dedican a esta actividad y el rol que debe ejercer el propio Estado. Estas construcciones jurídicas son fruto de la evolución doctrinaria y jurisprudencial 1, por lo que nos serviremos de ambas perspectivas para estudiar esta cuestión. Este análisis pormenorizado es la otra cara del análisis normativo. Su estudio nos permite comprender las consecuencias del laberinto de normas que actualmente regula de forma indirecta la actividad a la vez que, creemos, nos abre puertas para salir de él. METODOLOGIA El trabajo se desarrolló en cuatro fases sucesivas, a saber: a) relevamiento y análisis de la jurisprudencia de la Corte y tribunales inferiores relacionadas con la medicina prepaga, b) relevamiento y análisis de la doctrina jurídica relacionada con las entidades de medicina prepaga y con la empresa médica en general, c) Identificación y relevamiento de los puntos de mayores controversias y las principales discusiones jurídicas en torno al tema, y d) elaboración del documento final. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS La jurisprudencia relacionada con las EMP podemos organizarla tomando como eje su temática central. Este punteo permite detectar los núcleos problemáticos alrededor del funcionamiento de estas empresas y cuáles son las discusiones en juego. Las soluciones jurídicas a estos puntos son las que iremos desarrollando a lo largo de este trabajo. Estas problemáticas se desencadenan justamente en los momentos en que las prestaciones que brinda se han visto encarecidas o cuando el usuario requiere más prestaciones de parte de la EMP, ya sea por su avanzada edad o por padecer afecciones que exigen tratamientos costosos o prolongados. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la CABA usualmente se trata de partos, internaciones, intervenciones quirúrgicas complejas, afecciones alérgicas, enfermedades congénitas y prestaciones como provisión de sangre y plasma, 1 Asimismo, el análisis de esta jurisprudencia permite conocer la efectividad real de una norma, ya que, por ejemplo, una ley puede obligar a un sujeto a realizar una acción, pero si la justicia interpreta que dicha obligación es inconstitucional, la norma no será aplicable. 36 medios de contraste y el material radiactivo, marcapasos, transplantes, estudios de histocompatibilidad y hemodiálisis. Los principales problemáticas que han llegado a la justicia son: 1, Suspensión de cobertura en forma unilateral. Esta suspensión puede pretender sustentarse en una cláusula del contrato que faculta a la EMP a suspender la cobertura sin causa. También suele consistir en la no aceptación del pago de una cuota por parte de la EMP por ejemplo, se aumenta la cuota sin consentimientoy no se reciben los pagos con el monto anterior al aumento o se deja de enviar al cobrador al domicilio del afiliado, provocando la mora en el pago y la suspensión de los servicios brindados. Esta situación, en general, constituye una estrategia de la EMP a fines de evitar brindar tratamientos de alto costo. Puede el contrato tener una cláusula así? Puede la EMP suspender en forma unilateral la cobertura? 2. Suspensión de cobertura por cambio de reglamento. Se trata de un cambio en el reglamento interno que provoca una modificación de los servicios brindados a posteriori de su afiliación. Puede la EMP modificar los servicios brindados? Si la respuesta es sí, hasta qué punto esto es admisible? 3, Negativa de la EMP a brindar tratamientos o prestaciones. En general se trata de casos urgentes, cuya no atención puede tener graves consecuencias sobre la propia vida de las personas, como podría llegar a ser la negativa de cubrir una situación de emergencia relacionada con una prestación que sí está cubierta. Puede ser que se niegue la realización de internaciones para realizar estudios o determinados tratamientos utilizando argumentos técnicos. Puede la EMP negarse a brindar prestaciones en situaciones de emergencia? Se presumen como cubiertas situaciones de emergencia derivadas de prestaciones sí cubiertas? 4. Aumento unilateral de cuota. Es el aumento no consensuado ni consentido por el afiliado que altera el contrato originalmente suscripto. Esto implica una modificación unilateral del contrato que incluso puede llegar a estar fundamentada en alguna cláusula. Aquí la discusión es si la EMP puede o no incorporar al contrato este tipo de cláusulas, si puede y en qué condiciones- alegar que debe hacer frente a mayores erogaciones como justificación para el aumento y si puede hacerlo sin contar con el consentimiento ni la aprobación del usuario. 5. Falta de cobertura para portadores de HIV o falta de cumplimiento del PMO. Es la falta de cumplimiento por parte de la EMP de la Ley , conocida como Ley de Sida y de la Ley , que obliga a las EMP a brindar las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales. Su argumento es que esas prestaciones exceden lo pactado en el contrato y que cumplirlo acarrearía una grave pérdida 47 patrimonial para las EMP. La cuestión es aquí si el Estado tiene facultades para obligar a las EMP a dar prestaciones que no fueron pactadas con el usuario? Es esa una intromisión estatal indebida en la marcha de un negocio privado? Es constitucional esa intromisión? 6. Falta de cobertura por enfermedades que la EMP considera preexistentes. Es la negación de prestaciones o la intención de la EMP de rescindir el contrato frente a enfermedades que considera preexistentes. Estos casos suelen darse cuando, a posteriori de la afiliación, la EMP detecta una determinada enfermedad crónica o de alto costo-, y afirma que se trata de un caso de abuso moral de parte del usuario, a pesar de que la empresa pudiendo hacerlo- no realizó los exámenes médicos previos a la afiliación, destinados justamente a detectar preexistencias. El problema es cuándo se considera preexistente a una enfermedad y si puede la EMP suspender la cobertura a pesar de que ella tomó los recaudos necesarios y siendo que el afiliado actuó de buena fe cuando dijo desconocer la existencia de ninguna enfermedad al momento de su afiliación. 7. Interpretación de cláusulas de los contratos. En general se trata de la presencia en los contratos de cláusulas poco claras y de ambigua interpretación. Es importante destacar aquí que al no existir en nuestro país una regulación jurídica específica ni un control estatal previo de los modelos de contrato, la formulación de los mismos queda al exclusivo arbitrio de las EMP. Cuando estas cláusulas tienen un significado equívoco o ambiguo es usual recurrir a la justicia para que sea ésta quien las interprete. El punto es saber si existen cláusulas que a priori puedan ser consideradas abusivas y si existe un criterio judicial interpretativo en caso de duda. 8. Negativa de la EMP a realizar una afiliación. Esta negativa es discutida especialmente en los casos de interrupciones de la continuidad de afiliación. Esto puede darse por ejemplo cuando una persona salda una deuda que mantenía con la EMP y por la que se la había desafiliado- pide su reincorporación y la EMP se la niega. También puede ocurrir cuando imponen a un grupo familiar un contrato nuevo cuando alguno de los hijos llega a la mayoría de edad. De esa forma, al realizar el nuevo contrato la EMP ve la posibilidad de rechazar la re-afiliación de uno de sus miembros hasta entonces afiliados. Otros casos se dan cuando los servicios de la EMP son contratados por el empleador del afiliado y luego de disuelto el vínculo laboral la persona pretende seguir en la EMP, realizando él mismo sus aportes. La pregunta es si la EMP puede negarse en estos casos, donde se trata de volver a otorgar status de afiliado a alguien que lo había perdido por un determinado motivo. 58 EL DERECHO A LA SALUD Para encontrar las respuestas a las preguntas que nos planteamos, debemos analizar el el papel del derecho a la salud dentro de la problemática de las EMPs y su interjuego con el derecho del consumidor 2, ambos protegidos por nuestra Constitución Nacional. Cada uno de estos derechos tiene como contracara obligaciones en el primer caso de las EMPs y en el segundo del propio Estado. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios se encuentran expresamente protegidos por el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina (CNA, en adelante) donde se especifica que éstos tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Por ello es que considerar al afiliado como usuario no es una cuestión sin importancia. Por el contrario, tiene consecuencias jurídicas concretas, ya que lo hace acreedor de derechos específicos a la vez que sujeta a la EMP a ciertas obligaciones. Es claro que las posiciones del usuario y del empresario son desequilibradas y es el Estado quien debe velar para instaurar el equilibrio entre ambos. La forma de hacerlo es estableciendo una protección especial del consumidor a través de la legislación. En el caso argentino, además de lo expresado en la CNA, se ha dictado la Ley que es la Ley de Defensa del Consumidor. Èsta define como consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) La adquisición o locación de cosas muebles; b) La prestación de servicios; c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. Es en los términos del inciso b) que debemos considerar al afiliado adherido a una empresa de medicina prepaga como un usuario, ya que demanda, a título oneroso, para beneficio propio y del grupo familiar a su cargo, la prestación de un servicio de acuerdo a condiciones previamente pactadas. Siguiendo la definición de Stiglitz y Stiglitz (1994), el Derecho del Consumidor es "un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación, consagrados por el ordenamiento jurídico a favor del consumidor, para garantizarle en el mercado una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios". Esta cuestión del desequilibrio entre las posiciones de la EMP y los usuarios es clave, y así queda expresado en el fallo M., J. A. y otro c. Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica, Cámara Nacional Civil, Sala L -21/11/ En ese caso, 2 En este caso hablamos de derecho del consumidor porque es la forma genérica en que se enmarcan también los derechos de los usuarios de servicios. 69 la EMP se negaba a prestar tratamiento médico intensivo al hijo menor de sus afiliados niño que padecía un trastorno generalizado del desarrollo -con retardo mental, trastorno de la comunicación y conductas autistas-. La Cámara expresó que la empresa de medicina prepaga no podía negarse a prestar el tratamiento requerido, porque el contrato de medicina prepaga exige una adecuada protección de los derechos del usuario en atención a la desigualdad existente entre la institución y el consumidor, no sólo porque se celebra mediante la adhesión a cláusulas predispuestas, sino porque el afiliado contribuye con sus cuotas mensuales al crecimiento de la institución a la que pertenece. Pero no hay que olvidar que, dada la naturaleza del servicio prestado, del que dependen la calidad de vida y, en muchísimas ocasiones, la vida misma de las personas, la relación entre el usuario y la EMP constituye, a nuestro entender, un caso especial dentro del derecho del consumidor. Esto es: en esa relación de consumo no está en juego un bien cualquiera sino el derecho a la salud de las personas, por lo que el control y fiscalización sobre estas empresas debe ser mayor aún que el estipulado para empresas que se dedican a comercializar otro tipo de bienes y servicios. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio pleno de los demás derechos. El derecho a la salud siempre ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte como un derecho fundamental de la persona y como parte del derecho a la vida. Sumado a ello, a partir de la reforma constitucional de 1994, se ha otorgado jerarquía constitucional a distintos pactos internacionales que expresamente se refieren al derecho a la salud. Estos pactos tienen lo que se denomina fuerza normativa. Es decir, son normas jurídicas con aplicabilidad directa. La violación de lo establecido en alguno de estos tratados internacionales es la violación de la constitución misma. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 1 que todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad y a la integridad, mientras que en su artículo 11 determina que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada... En la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica- se expresa, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) contiene el artículo más exhaustivo sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho". 710 Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, donde se indica que los Estados deben garantizar el derecho a la salud pública y a la asistencia médica. También lo encontramos en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, donde se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas iguales oportunidades de acceso y utilización de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Este concepto ha ido evolucionando en el tiempo y ampliándose, por lo que pasó de ser un derecho de las personas que solamente el estado debía satisfacer a ser un derecho que se puede hacer valer frente al prestador del servicio de salud, independientemente de si se trata de un sistema estatal o privado. Esta desarrollo del concepto de salud es descripto por German Bidart Campos (2002): Salud como bien, valor y derecho adscrito tradicionalmente a la primera generación de derechos, ya no se abastece con la mera omisión de daño, sino que se integra, además, como ya lo hemos dicho, con políticas activas, con medidas de acción positiva, y con prestaciones de dar y de hacer" Siguiendo la Observación 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede establecer que el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones al Estado: la obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que el Estado se abstenga de entrometerse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran en el ejercicio de este derecho. Entre éstas se incluyen, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igualitario a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros y velar por que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud. Por último, la obligación de cumplir requiere que el Estado adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. 811 LA VÍA ADMINISTRATIVA Los usuarios de medicina prepaga pueden plantear estos reclamos no sólo en sede judicial casos a los que nos abocaremos en los apartados siguientes- sino también administrativa, pudiendo llevar sus denuncias tanto a los gobiernos locales como a la Nación. Ello es así, porque de acuerdo al Capítulo XI de la ley , artículo 41, la autoridad de aplicación de esta ley es la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires actúan como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley y sus normas reglamentarias. A su vez, las provincias delegan sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. De todas formas, el artículo 42 de la ley le otorga facultades concurrentes a la autoridad nacional de aplicación, aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autoridad de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, donde, según datos actualizados al 30 de mayo de 2006, la Medicina Prepaga es el segundo rubro más denunciado, con un 12%, detrás de electrodomésticos que ostenta un 13%. La Secretaría tiene, entre otras facultades, la de recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos. En el Capítulo XII de esa Ley se establecen los procedimientos administrativos y sanciones y se especifica, en su artículo 42, que la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y normativa relacionada, tanto sea de oficio como por denuncia de un particular o de quien actúe en defensa del interés general de los consumidores. Las sanciones pueden ser, entre otras, apercibimientos y multas desde 500 a pesos. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas debe tenerse en cuenta de acuerdo al artículo 49- el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. El 27 de abril de 2005 la Subsecretaría de Defensa del Consumidor aplicó la mayor multa conocida en contra de una EMP: pesos. La multa fue impuesta al Hospital Italiano por negarse a dar cobertura integral de salud a un niño discapacitado, algo que la EMP está legalmente obligada por la Ley de Discapacidad. EL hospital Italiano argumentaba que esa Ley sólo era de cumplimiento obligatorio para las Obras Sociales, pero la Subsecretaría entendió que siguiendo a la Ley , siempre que una norma determine una prestación obligatoria para las Obras Sociales, esta prestación también será exigible a las prepagas. En el procedimiento se prevé una etapa conciliatoria que puede llegar a suspender el sumario, pero de acuerdo a dictámenes de la Dirección de 912 Legales del área de Industria, Comercio y Minería, Para que la conciliación produzca efectos, es decir, ponga fin a la causa, debe efectuarse antes de la imputación, es decir, cuando el procedimiento sumarial se encuentra suspendido; de lograrse a posteriori el procedimiento continúa y podrá valer, según el caso, como atenuanante de la conducta en reproche (citado en Casos de interés, Revista Temas del Consumidor Nº64, pag. 73). Muchas veces la sanción administrativa llega a posteriori del fallo judicial. Esto es así porque ambos procedimientos pueden ser paralelos, dado que, en la propia Ley -artículo 52 del capítulo XIII-, se reconoce al usuario su derecho a iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. En general, los órganos administrativos no consideran atenuante que la EMP haya cumplido con sus obligaciones una vez que ha sido conminado con una orden judicial, ya que su cumplimiento puntual no implica necesariamente el reajuste de la estrategia empresarial a futuro y se puede, de todas formas, sancionar a la empresa por el incumplimiento verificado en forma previa al fallo judicial. Otro de los actores claves en la protección y defensa de los derechos de los consumidores es el Defensor del Pueblo de la Nación y las defensorías locales, que cuentan con diversos instrumentos tales como pedidos de informe, las investigaciones, recomendaciones y exhortaciones, así como la participación en audiencias públicas y la instancia judicial consagrada por los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional. Es interesante destacar la posición de la ADEMP frente a la respuesta de estos organismos a los reclamos de los usuarios, ya que hablan de una verdadera Dictadura del Consumidor 3. Las EMP son de acuerdo a esta óptica- víctimas del accionar dictatorial de este organismo, siendo condenadas permanentemente a pagar onerosas multas. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Las obligaciones de la empresa hacia su afiliado y las prestaciones que quedan excluidas se instituyen, en principio, a través de un contrato que, hasta la fecha, no requiere de ningún control obligatorio previo a su aprobación y que se suscribe entre la empresa y el usuario, al que la EMP le otorga, al adherir al sistema, la calidad de socio o asociado. Hemos analizado las principales características de este contrato con el objeto de comprender mejor las soluciones jurídicas encontradas a los problemas más recurrentes que se plantean en el campo de la medicina prepaga. 1. Es un contrato principal No depende de otro al cual accede. 3 Revista de la ADEMP, Nº 66 (noviembre 2005). 1013 2. Innominado y atípico Es un contrato que no aparece entre los definidos por el Código Civil. 3. Bilateral A partir de la celebración del contrato, ambas partes se obligan recíprocamente, la una hacia la otra, con prestaciones correlativas: una a realizar los pagos anticipados periódicos y la otra a brindar las prestaciones médicas. 4. Consensual Esto significa que el contrato queda concluido por el simple acuerdo de voluntades, por lo que produce sus efectos propios a partir del momento en que las partes manifiestan o prestan su consentimiento recíprocamente. 5. Oneroso Las ventajas que procura cada parte le son concedidas por una contraprestación que asume la otra. Tanto la EMP como el usuario sufren un empobrecimiento de su patrimonio a cambio de recibir un determinado beneficio. El afiliado recibe los servicios médicos a los que se obliga la EMP a cambio de haber realizado o haberse obligado a realizar una prestación monetaria un precio cierto en dinero- (art. 1139, CC). La relación es de "do ut facies" (doy para que hagas). 6. De categoría cerrada. Siguiendo a Ghersi, Weingarten e Ippólito (1999), el sujeto se transforma en cautivo porque no puede o es muy difícil cambiar de EMP. Esta dificultad puede deberse, por ejemplo, al aumento de edad, ya que a los 75 años es prácticamente imposible un cambio de EMP. Otro caso es que, durante el contrato con una determinada empresa, se desencadene una enfermedad que otra prepaga consideraría como preexistente, por lo que sería imposible el cambio de una EMP a otra. 7. No formal No existe ninguna norma expresa que establezca una formalidad determinada para el acuerdo entre la EMP y su usuario, por lo que, a priori, pueden elegir libremente la manera que quieran para celebrarlo. No obstante, cabe notar que esta característica juega junto a la de tratarse de una relación especial de consumo, por lo que supone la integración de aquello que no se ha previsto expresamente, aunque exceda la voluntad de las partes, los términos de su consentimiento y las formas que elijan. 8. De confianza 1114 La elección de una determinada EMP implica una muestra de confianza de la persona en la empresa. O, más aún, la existencia previa de confianza hacia la empresa es la que motiva la celebración del contrato. 9. De consumo Establece una relación de consumo entre la EMP y un destinatario final. El adherente es un consumidor, comprendido en la relación de consumo de acuerdo a lo establecido por en el art. 1, inc. b de la ley y art. 42 de la CNA. Esto tiene muchas consecuencias jurídicas, sobre todo a la hora de interpretar las claúsulas de este contrato, como se verá más adelante. 10. De adhesión o por adhesión Esta es una de las principales características de este contrato y es la más considerada por los jueces a la hora de fallar, ya que acrecienta, aún más, el desequilibrio usual entre empresa y usuario. Esto quiere decir que la EMP redacta unilateralmente las fórmulas que conforman el contenido del contrato, por lo que éste es prefijado e inmodificable para todos los que se encuentren dentro de un determinado tipo o plan. Las cláusulas, prerredactadas, exigen, al usuario que desea incorporarse al sistema, su adhesión, siendo imposible cualquier tipo de negociación. Acepta o queda afuera. Esta característica de los contratos es relevante ya que muestra en qué medida difiere la capacidad de negociación de ambas partes, aumentando los desequilibrios propios de la relación usuario-empresa. De allí que, como veremos más adelante, la justicia en caso de cláusulas dudosas falle a favor de la parte más débil: el usuario. En términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN en adelante), en la causa E.R.E. c. Omint S.A del 13 de marzo de 2001: La figura es la de una relación contractual de adhesión y de consumo, con cláusulas predispuestas para un servicio prestado para un destinatario final, siendo aplicable la ley (de defensa del consumidor) (Adla, LIII-D, 4125) y el principio de interpretación más favorable al consumidor (arts. 3 y 37 misma ley)". Incluso, en muchos casos, no existe un contrato propiamente dicho, sino simplemente un formulario, que el futuro usuario completa asegurando conocer y aceptar el reglamento del servicio, que, al decir de Ghersi, Weingarten e Ippólito (1999), en la mayoría de los casos ni siquiera es entregado al momento de su afiliación al sistema. Es en ese reglamento donde se estipulan las condiciones contractuales. De acuerdo con el análisis efectuado por esos autores, entre las EMP existen prácticas verdaderamente monopólicas, ya que las condiciones de contrataciones no varían de empresa en empresa: la parte sustancial de los contratos o reglamentos es idéntica, encontrando sólo diferencias menores, principalmente en cuestiones formales o cláusulas accesorias. 1215 En Arenas, E c/ Centro Médico Santa Fe S.A.C. y otro s/ Ordinario la Cámara Nacional Civil., Sala L -28/05/96- manifiesta que el contrato de servicios médicos por el sistema prepago es un contrato con cláusulas predispuestas, es decir, de adhesión. Ello así, el poder negociador de ambas partes es diferente, razón por la cual pueden presentarse desequilibrios en la relación contractual que ocasionen perjuicio a la parte más débil, el adherente. En tanto la Sala B de la Cámara Nacional Civil, en Diez Ruiz, Aurelio c/intercop S.A. s/ Cobro de sumas de Dinero -15/02/94-, ha expresado: Al contrato que suscribe el adherente con la empresa de medicina prepaga se la ha calificado como un típico contrato de adhesión, en el que el predisponente diagrama unilateralmente su contenido y el adherente tiene tan solo la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo, sin poder discutir el contenido del negocio, que se presenta como inmodificable. Se genera una situación de desigualdad y desequilibrio en perjuicio del consumidor, facilitando la inclusión de cláusulas que afectan la relación de equivalencia del negocio, al desplazar sobre el contratante más débil gran parte del riesgo económico del contrato, permitiendo obtener grandes beneficios a expensas de los consumidores. A su vez, en Murillo, Rafael N. c. SPM Sistema de Protección Médica S.A.. la Cámara Nacional Comercial, SalaE, -29/08/2005- expresa que la especial característica del contrato de medicina prepaga exige una adecuada protección de los derechos del usuario, debido a la desigualdad existente entre éstas instituciones y el consumidor y por celebrarse mediante adhesión a cláusulas predispuestas. 11. Aleatorio Se trata de un contrato aleatorio, cuando, a diferencia de lo que ocurre en los contratos calificados como conmutativo, las partes no conocen las ventajas y desventajas al momento de contratar. En el caso del contrato con la EMP no se sabe si la persona va a enfermar o no y, por lo tanto, no se sabe en qué medida va a requerir de los servicios contratados. Cabe aclarar que existen algunos autores ver la postura de Ghersi, Weingarten, Ippolito (1999)- para los que no es tan clara la distinción de este contrato como aleatorio y realizan un planteo muy interesante. Estos autores expresan que mientras para el consumidor sí puede tratarse de un contrato aleatorio porque la persona no conoce si va o no a requerir las prestaciones de la EMP en forma intensiva, justificando así el precio que se paga por ese servicio, para la empresa sí podría tratarse de un tipo de contrato conmutativo. Esto sería así porque lo aleatorio lo encontramos de forma cierta cuando tomamos en consideración lo que sucederá con un solo usuario: es incierto en qué medida va a requerir prestaciones un determinado afiliado, pero la EMP, en sus cálculos para establecer el precio por un determinado plan, no toma en cuenta lo que ocurrirá con un sólo afiliado, sino con la masa de usuarios que contraten ese plan. Ello es así porque a través de esos cálculos va a sopesar distintos elementos para asegurarse que lo que pierda con una persona lo recuperará con otra/otras. Dada esa situación, los autores consideran que la EMP sí conoce y puede medir anticipadamente las ventajas y desventajas de la contratación. 1316 En De Oromi Escalada, Mariano c/ Galeno Previsión S.A. s/ Sumario, Cámara Nacional Comercial., Sala E, del 3 de abril de 1997, la sentencia indica que la prestadora de un servicio de medicina prepaga no puede alegar que la prestación a su cargo se haya tornado extremadamente onerosa, ya que la Cámara considera que el sistema de medicina prepaga tiene un ingrediente aleatorio semejante al del seguro, que lo obliga a afrontar esa mayor onerosidad que debió haber tenido en cuenta previamente al efectuar los cálculos actuariales para la fijación del precio del servicio. Al decir de Lorenzetti (1998) La empresa percibe una masa de dinero aportada por un grupo, y solo una parte de ellos gasta, de modo que si se mantiene este equilibrio, puede pagarle a los enfermos, soportar sus gastos, y obtener una ganancia. El cálculo probabilística es el que posibilita este funcionamiento. Y continúa: El riesgo de la empresa reside en hacer bien o mal este cálculo, en administrar mejor o peor, en el modo de selección de su cartera, en la diversificación de riesgos. La empresa puede disminuir esos riesgos o aumentarlos, según sea más o menos seria, más o menos eficiente; lo que no puede hacer es trasladarlos. Esto es: legítimamente, la EMP puede diluir el riesgo financiero en el pool de cápitas bajo su administración, lo que no puede hacer es trasladar esos riesgos al usuario, queriendo paliar con el aumento de sus cuotas las consecuencias de sus malos cálculos. 12. De larga duración con elementos de previsión. Estos contratos son, como lo dice Lorenzetti (1998), un instrumento para la búsqueda de seguridad. No se trata de contratar una determinada previsión cuando ya se está enfermo, si no de precaverse frente a enfermedades futuras que pueden darse o no- en el largo plazo. Se trata de una correspectividad de larga duración. La relación establecida en el contrato es duradera ya que su desenvolvimiento supone un período más o menos extenso de tiempo. De allí que las cláusulas como veremos más adelante- donde la empresa se reserva la rescisión unilateral sin causa o basada en una determinada edad del consumidor son consideradas abusivas, ya que contrarían esta característica fundamental de este tipo de contratos, donde la correspectividad sólo puede ser medida en largos períodos. Este tipo de contratos suele presentar como problema que al momento de suscribirlo se acuerda un plan determinado, que supone un cierto grado de calidad de servicios. En principio el contrato es inmodificable unilateralmente. Sin embargo. ese plan puede llegar a sufrir, con el tiempo, modificaciones producto de diversas circunstancias, tales como baja de prestadores, surgimiento de nuevas tecnologías, médicos que dejan de atender, etc. En tal sentido se pronunció la Sala D de la Cámara Nacional Comercial en Zaltsman, Alberto c/sanatorio Metropolitano diciendo que es imposible que la obligación de atender a una persona quede fijada de modo intransmisible, ya que los médicos envejecerán y serán sustituidos por otros, las técnicas biológicas, químicas y sanitarias serán modificadas y hasta los muebles y aparatos se desgastarán. Estas modificaciones, fruto del paso del tiempo, son admisibles si no se altera la relación de equivalencia en el largo plazo entre los servicios 1417 prestados y el precio pactado y si esas modificaciones son informadas al afiliado. En caso de que sí se altere esta equivalencia o falte la información previa al afiliado, estamos en presencia de una alteración unilateral del contrato a todas luces abusiva. Esto suele darse cuando la empresa modifica el contrato al advertir que el afiliado se ha transformado en un enfermo crónico, o padece una determinada enfermedad, o por razones de edad. En todos estos casos se trataría de una práctica abusiva. Siguiendo nuevamente a Lorenzetti: el contenido de las obligaciones dispuestas en el contrato puede ser variado, incluso unilateralmente, si se mantiene la reciprocidad de las obligaciones y la operación jurídica considerada. Para el autor, el consumidor tiene derecho a que se mantenga la calidad de servicios pactada con un criterio dinámico y no estático. Es decir, como lo establece el Anexo I de la Resolución Nº9 de la Secretaría de Coordinación Técnica,.los cambios previstos podrán obedecer a causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías o prestaciones, debiendo el contrato contener los criterios y/o parámetros objetivos dentro de los cuales puedan efectuarse las modificaciones, siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio entre las partes. Y también, que el cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un desmedro en la calidad de los servicios comprometidos al momento de contratar. 13. De ejecución continuada o de tracto sucesivo. Su ejecución se desarrolla a través del tiempo, dentro del plazo fijado por las partes al celebrar el contrato. Esto significa que tanto las obligaciones que asume la EMP como las que asume el usuario tienen sus efectos a lo largo del tiempo, durante toda la duración del contrato. La relación que se establece entre ambas partes es inmediata. Las obligaciones del consumidor empiezan a partir de la entrada en vigencia del contrato mientras que es usual que la EMP asume sus obligaciones en forma progresiva, obligando al usuario a un determinado plazo de espera para recibir ciertas prestaciones. Este compás de espera es el denominado período de carencia, que actualmente sólo es admisible para prestaciones que exceden el PMO. Durante ese período el consumidor abona la cuota íntegra sin poder recibir la totalidad de las prestaciones. 14. Contiene una obligación de seguridad. El artículo 5º de la Ley establece: Protección del consumidor. Las cosas o servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud e integridad física de los usuarios. Esta obligación consiste en ejecutar el contrato cuidando con la mayor diligencia de preservar de daños la persona y bienes del afiliado, más aún en este caso, donde las prestaciones en juego están relacionadas con la salud. Vázquez Ferreyra (1991) define a la obligación de seguridad como aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a 1518 devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación en forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contenido del contrato a través de su integración en base al principio de la buena fe. En el caso de la medicina prepaga, el deber de seguridad se ubica por encima de los demás, ya que su transgresión implica la vulneración de derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, por lo que no puede considerarse accesorio. Cabe citar el fallo Arenas, E. c/ centro Médico Santa Fe S.A.C. y/otro s/ Ordinario de la Cámara Nacional Civil, Sala L, , donde la Cámara afirma que en los casos de planes cerrados, el ente organizador asume una obligación tácita de seguridad, que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de brindar asistencia médica, por lo que consideró que la EMP está obligada a reintegrar lo desembolsado por el enfermo para procurar la satisfacción de un servicio médico que la EMP no había proporcionado a través de los profesionales integrantes de su listado. En cuanto a la diferenciación sobre si la obligación de seguridad es de medios o de resultados, existen dos criterios diferentes. Por un lado, puede considerarse que la EMP cumple con su obligación al elegir prestadores adecuadamente habilitados y de inobjetable idoneidad y competencia y al brindar efectivamente la prestación. Así se trataría de una obligación de medios, por lo que la EMP siempre quedaría eximida de toda responsabilidad en caso de mala praxis. El otro criterio, que compartimos, es que la EMP debe suministrar servicios médicos en forma integral, eficaz y óptima, debiendo responder por los aciertos o desaciertos de la atención dispensada, dado que es responsable por la actuación de los prestadores, profesionales y servicios técnicos que emplee para brindar las prestaciones contratadas y tiene la obligación de preservar al paciente de daños que puedan ocasionarle éstos. Como dice Ghersi, Weingarten e Ippólito (1999) existe una expectativa por parte del paciente, acerca del control y vigilancia que el ente debe ejercer sobre el comportamiento y calidad de los servicios prestados por intermedio de su cuerpo asistencial, sean o no dependientes, aspecto vinculado indisolublemente con la naturaleza de la obligación. Se trata de una obligación de resultados. Al respecto cabe citar la posición adoptada por la Cámara Nacional Civil, Sala A, en el caso D. F., C. E. y otro c. Sistema de Protección Médica S.A. -12 de diciembre de (las negritas son nuestras): Demostrada como lo está la culpa del facultativo y aunque no exista una estricta relación de dependencia del médico en el sentido de subordinación por cuanto la labor científica de que se trata la excluiría, no por ello la codemandada obra social deja de ser responsable frente a la culpa del facultativo. En efecto, al margen de la responsabilidad directa del médico existe la obligación de ese ente de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieren la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución de ese sinalagma (conf. Bustamante 1619 Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 468, 5 edición). La vigencia de la obligación de seguridad ha encontrado razón de ser suficiente en la norma del artículo 1198, parte primera, del Código Civil, que contiene el principio de la buena fe. En este sentido, corresponde destacar que todo lo que haga a la salud de la población es problema de interés general y es por ello que el deber de conducta secundario destinado a evitar que los pacientes sufran daños corporales por cualquier circunstancia, sea en el ámbito de mutuales u hospitales públicos configura en rigor una obligación de resultado 15. Tienen por objeto un servicio esencial de interés público donde los valores en juego son la salud y la vida Estos valores son considerados por la jurisprudencia como superiores a cualquier otro. En este sentido se ha pronunciado la sala C de la Cámara Nacional Civil, que interpretó que las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la seguridad e integridad de la persona, priman sobre cualquier cuestión comercial de empresas comerciales en relación a las obligaciones impuestas a las EMP por las Leyes y (Expte. N C227249, 14 de octubre de 1997). En el mismo sentido, cabe citar el fallo M., J. A. y otro c. Medicus S.A de la Cámara Nacional Civil, Sala L -21 de noviembre de 2003-, que expresa (las negritas son nuestras): si bien tales empresas realizan una actividad comercial, tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, adquiriendo un compromiso social con sus usuarios que obsta a que, sin más, puedan desconocer el contrato que hubieran celebrado, ya que deben efectivamente asegurar a sus beneficiarios las coberturas pactadas y las legalmente establecidas por el art. 1º de la ley CLÁUSULAS ABUSIVAS Una cláusula abusiva es aquella fórmula del contrato que genera un desequilibrio injustificado de las obligaciones contractuales, ampliando los derechos de la EMP, restringiendo de forma importante los del usuario, colocándolo en situación de incertidumbre, indefensión o desventaja. Estas cláusulas son tales cuando otorgan a la empresa una ventaja jurídica, sin importar si se trata de una ventaja económica, es decir, sin importar si el precio pagado por el servicio es o no abusivo La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 37, enuncia las cláusulas que deben ser consideradas abusivas: - Aquellas que desnaturalicen las obligaciones asumidas en relación con el contrato o que limiten la responsabilidad por daños. - Las que impongan renuncia o restricciones a los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 1720 - Las que impongan al consumidor la obligación de asumir la carga de probar los hechos sobre los que basa su reclamo. De todas formas, mas allá de las cláusulas abusivas, es necesario tener presente que la EMP puede ejercer/adoptar conductas abusivas, tales como modificar unilateralmente el contrato aunque ninguna cláusula lo habilite a ello. La Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa llevó adelante un estudio publicado en la revista Temas del Consumidor Nro revisando contratos de veinticuatro empresas del sector, en el que se detectaron cláusulas que a priori pueden ser consideradas abusivas 5. A las detectadas en este estudio cabe sumar aquellas que establecen que cualquier falsedad, omisión o inexactitud, deliberada o no, invalidará el contrato o que se refieren a los efectos de "catástrofes naturales", "tentativas de suicidio", "derivados de atentados u otras alteraciones de la paz", "quemaduras que exceden el 30% de la superficie corporal". Tomaremos los ejemplos de cláusulas abusivas detectados en dicho estudio, a fines de realizar algunos comentarios que nos parecen pertinentes en torno a la cuestión. 1. Establecimiento de un plazo excesivamente largo para que la empresa acepte o rechace la adhesión del usuario. Se trata de una disposición contractual que establece el plazo que puede tomarse la EMP para decidir la incorporación de una persona como su afiliada. Esto puede generar incertidumbre y múltiples inconvenientes al usuario, como por ejemplo, impedirle adoptar durante ese lapso, todas los previsiones necesarias para la atención de su salud, con el agravante de que en caso de que su adhesión sea rechazada deberá iniciar una nueva gestión para adherirse a los servicios de otra empresa. 2. Baja en la afiliación por detectar que el adherente padece alguna enfermedad preexistente, aún cuando ésta fuera desconocida por el consumidor al tiempo de afiliarse. Esta cláusula es abusiva ya que solamente puede darse de baja una afiliación basados en la preexistencia de una enfermedad si es que ha habido mala fe de parte del usuario, ocultando una enfermedad a sabiendas de su existencia. En principio, cabe decir que es muy difícil determinar qué es una enfermedad preexistente. Como un primer acercamiento, podemos decir que la preexistencia no puede ser identificada con su origen, esto es: no se puede decir que es preexistente porque su origen sea previo a la afiliación. Esto es 4 última acceso: 22 de mayo de A posteriori, la Secretaría de Coordinación Técnica, el 16 de enero de 2004, dictó la Resolución Nº9/2004 que en su Anexo I, contiene un listado enunciativo, no taxativo, de cláusulas de los contratos de Medicina Prepaga que encuadran en las disposiciones del artículo 37 de la Ley N , por lo que se las considera abusivas. 18 Mostrar más
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