Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-406.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-27 23:27:09
Document Index: 415552209

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 86', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 63', 'Artículo 71', 'artículo 63', 'artículo 20', 'artículo 61', 'artículo 69', 'artículo 137', 'Artículo 240', 'Artículo 241', 'artículo 172', 'artículo 241', 'artículo 74', 'artículo 91', 'artículo 140', 'artículo 97', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 110', 'artículo 97', 'artículo 33', 'artículo 184', 'artículo 110', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 417']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 406, de 18/02/2014
cve: BOCG-10-D-406
130/000048 Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas económicas. Convalidación ... (Página3)
162/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página22)
162/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020).
172/000193 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB ... (Página25)
172/000194 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos ... (Página26)
172/000196 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas ... (Página27)
173/000129 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página29)
173/000130 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página33)
173/000131 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página38)
181/001569 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página39)
181/001570 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página39)
181/001575 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página40)
181/001576 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página40)
181/001585 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página40)
181/001586 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos. Retirada ... (Página40)
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas económicas.
Este rango se considera importante para determinar qué aspectos son los que integran la seguridad ferroviaria, la identificación de responsabilidades en materia de seguridad ferroviaria, la identificación de la autoridad responsable de seguridad, la definición de los certificados de seguridad que las empresas ferroviarias han de tener, el contenido de las autorizaciones de seguridad a los administradores de infraestructuras ferroviarias, las condiciones y requisitos para la autorización y puesta en servicio de todos los subsistemas de naturaleza estructural que componen el sistema ferroviario, así como las condiciones
para el adecuado funcionamiento de los subsistemas de naturaleza funcional o las condiciones para la homologación del material ferroviario.
Teniendo en cuenta la naturaleza de prestación patrimonial pública de la retribución de los servicios del Coordinador se establece el régimen de gestión, liquidación y cobro conforme a las reglas aplicables a los ingresos de derecho público, pues el procedimiento coactivo de exigencia de pago de las prestaciones
patrimoniales públicas debe preverse específicamente, frente a lo que ocurre con los tributos en relación con los cuales esta característica es predicable en todo caso.
Se propone la modificación de la tasa de ayudas a la navegación actualmente vigente, ampliando la definición de "servicio de señalización marítima" ajustándola a la situación real. La propuesta ajusta la cuantía del servicio prestado a los costes reales del mismo (los de las autoridades portuarias y los de SASEMAR).
Es preciso señalar que, en virtud de la jurisprudencia constitucional, al real decreto-ley le está vedado afectar a la esencia del deber constitucional de contribuir, que se identifica con el régimen general y los elementos esenciales de los tributos que, por su naturaleza, estructura, y función, constituyen un pilar fundamental del sistema tributario, en la medida en que son expresión de una capacidad económica general, realizan una función redistributiva, o alteran de forma sensible, la presión tributaria global que
soportan los ciudadanos. Estas circunstancias no están presentes en las medidas que se adoptan en este real decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Fomento, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y
Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado en lo que se refiere al crédito extraordinario que se concede en el artículo octavo de este real decreto-ley, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de enero de 2014,
"Artículo 56. Seguridad ferroviaria.
Los administradores de las infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias aplicarán las reglas y normas de seguridad disponiendo de unos sistemas de gestión de la seguridad, adecuados a lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, que habrán de incluir las medidas necesarias
para la evaluación y control de los riesgos de la circulación ferroviaria y su seguimiento. Asimismo se responsabilizarán de la seguridad de la parte del sistema ferroviario que les afecta, incluido el suministro de material y la contratación de servicios, respecto a los usuarios, clientes, trabajadores interesados y terceros.
4. Sin perjuicio del apartado anterior, todo fabricante de material rodante ferroviario, centro de mantenimiento homologado, titular de vehículos ferroviarios, prestador de servicios relacionados con el ferrocarril o entidad de aprovisionamiento será responsable de que los suministros de material rodante, instalaciones, accesorios, equipo y material que facilite, así como los servicios que preste, sean conformes a los requisitos y a las condiciones de utilización previstas, de modo que las empresas ferroviarias o los administradores de infraestructuras ferroviarias puedan utilizarlos de manera segura."
"Artículo 56 bis. Autoridad responsable de la seguridad ferroviaria.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el régimen general de inspección de las actividades ferroviarias contemplado en el artículo 86, reglamentariamente se regularán los aspectos organizativos de la inspección y supervisión en materia de seguridad ferroviaria que lleve a cabo la autoridad responsable de la seguridad
ferroviaria, tales como la atribución de dichas funciones, las facultades del personal que las lleve a cabo, así como los procedimientos de actuación que deben seguirse a la hora de llevar a cabo esta actividad.
5. La autoridad responsable de la seguridad ferroviaria mantendrá un intercambio activo de impresiones y experiencias con las autoridades correspondientes de los otros países integrantes de la Unión Europea a fin de armonizar criterios en toda la Comunidad."
"Artículo 57. Certificados de seguridad.
4. Las empresas ferroviarias estará obligadas a cumplir, en todo momento, las condiciones establecidas en sus certificados de seguridad. El incumplimiento por las empresas ferroviarias de estas condiciones, determinará la revocación de dichos certificados, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en esta Ley."
"Artículo 57 bis. Autorizaciones de seguridad.
4. Los administradores de las infraestructuras ferroviarias estarán obligados a cumplir, en todo momento, las condiciones establecidas en su autorización de seguridad. El incumplimiento de estas condiciones determinará, en su caso, la revocación de la misma, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador establecido en esta Ley."
"Artículo 58. Condiciones y requisitos de los subsistemas del sistema ferroviario. Autorización, circulación y mantenimiento de los vehículos ferroviarios.
2. El Ministerio de Fomento establecerá, mediante Orden, a propuesta de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, las condiciones y requisitos para la homologación y registro del material rodante que circule por las líneas ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, así como el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de homologación de dicho material."
"2. Mediante Orden del Ministerio de Fomento, a propuesta de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, previa audiencia de los sindicatos más representativos del sector, de los administradores de infraestructuras y de los operadores del sector ferroviario, se establecerán las condiciones y requisitos para la obtención de los títulos habilitantes necesarios para el desempeño de las funciones propias del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de autorización y funcionamiento de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal."
"Artículo 63. Gestión y afectación.
3. El importe de la recaudación de las citadas tasas se ingresará en el patrimonio de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria."
"Artículo 71. Gestión y afectación.
La gestión y afectación de las tasas se regirá por lo dispuesto en el artículo 63, respecto de las tasas por otorgamiento de certificados de seguridad."
"1. La modificación o actualización de las cuantías resultantes de lo establecido en los artículos 74 y 75 deberá ser elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias, junto con la correspondiente memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos.
"Disposición adicional decimotercera. Reglamento de Circulación Ferroviaria.
3. En tanto no se apruebe el Reglamento de Circulación Ferroviaria, regirán las disposiciones actualmente aplicables en esta materia."
"Disposición transitoria octava. Autoridad responsable de la seguridad ferroviaria.
Asimismo, el importe de la recaudación de las tasas por licencias y certificados de seguridad definidas en el artículo 61 y de las tasas por homologación de centros de formación, de personal ferroviario y de mantenimiento del material rodante, por el otorgamiento de títulos a dicho personal y por certificación del referido material, definidas en el artículo 69, se ingresará en el patrimonio del administrador de infraestructuras."
"Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la detección, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en el transporte por ferrocarril. En el ámbito de la competencia estatal, ejercerá las funciones de autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, tal y como se establece en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y en particular, la ordenación, inspección y supervisión de la seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario, tanto en relación a las infraestructuras, el material rodante, el personal ferroviario, como a la operación ferroviaria. Asimismo, llevará a cabo las funciones relacionadas con la interoperabilidad del sistema ferroviario de competencia estatal. También le corresponderá el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias a las empresas ferroviarias."
"6.ª El retraso en el pago de la prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias por los sujetos obligados, cuando no constituya infracción grave o muy grave."
"4.ª El retraso reiterado en el pago de la prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias por los sujetos obligados, cuando no constituya infracción muy grave."
"4.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones de pago de la prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias por los sujetos obligados, cuando tales incumplimientos afecten a la suficiencia financiera del Coordinador y facilitador de franjas horarias."
"Disposición adicional decimoséptima. Prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias.
"q", es la cuantía unitaria de 0,85 ? por franja horaria asignada y 0,43 ? por horario facilitado.
6. El gestor aeroportuario y el Coordinador suscribirán, en el plazo de seis meses desde el inicio efectivo de las funciones del Coordinador, los acuerdos necesarios para la gestión y el cobro de la
prestación patrimonial pública en aquellos casos en los que la coordinación de franjas horarias se haya de efectuar fuera del horario de oficina del Coordinador.
7. La prestación patrimonial pública será exigible desde el inicio efectivo de las funciones del Coordinador y, en los casos contemplados en el apartado 6, una vez transcurrido el plazo para la suscripción de los acuerdos previstos en dicho apartado."
3. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea informará la propuesta del Coordinador en el ejercicio de las funciones de supervisión económica y remitirá dicho informe, junto con la propuesta del Coordinador, a la Dirección General de Aviación Civil en el plazo de tres meses desde la recepción de la propuesta."
"La integración en el sistema telemático de acreditación de la residencia de los sistemas de emisión de billetes y su utilización al emitir billetes subvencionados será obligatoria para todas las compañías, aéreas o marítimas, que emitan billetes aéreos o marítimos subvencionados por razones de residencia en territorios no peninsulares, en todos sus canales de venta.
En el caso de la incorporación a un mercado subvencionado de una nueva compañía de transporte regular aéreo o marítimo, ésta podrá emitir billetes aéreos o marítimos con derecho a subvención, sin
necesidad de hacer uso del sistema telemático, durante un máximo de tres meses hasta la implantación efectiva de dicho sistema en todos sus canales de venta."
"Ocho. Además de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y para familias numerosas y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a partir del 1 de junio de 2014, las compañías aéreas y marítimas, como entidades colaboradoras, deberán cumplir lo siguiente:
No podrá bonificase ningún embarque contenido en el fichero informático que no esté incluido en la relación de embarques reales, salvo que se demuestre error u o misión."
"b) Las tasas portuarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19.1.b) y 241 bis de esta ley."
"Asimismo, comprenderá el servicio de control y ayuda del tráfico marítimo costero que corresponda prestar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima."
"a) El 80 por ciento de los ingresos devengados por la tasa de ayudas a la navegación asociados a la cuantía básica (A) correspondiente a las embarcaciones a las que por sus características les sea de aplicación la tasa del buque."
"Los ingresos por las tasas portuarias de cada Autoridad Portuaria, junto con los demás recursos económicos, responderán al principio de equivalencia con los costes de puesta a disposición de suelo e infraestructuras y con los costes de los servicios prestados directamente por la Autoridad Portuaria o por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. En el caso de la Autoridad Portuaria deberán cubrir los
gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, las cargas fiscales, la depreciación de sus bienes e instalaciones, sus obligaciones financieras y un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes, que permita hacer frente a la financiación de las nuevas inversiones."
"En el caso de SASEMAR, deberán cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 137 de esta Ley."
"Artículo 240. Cuota íntegra.
2. Los valores de las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación se establecen en 0,29 ? para la cuantía básica correspondiente al servicio de ayudas a la navegación prestado por las Autoridades Portuarias (A) y 0,28 ? para la cuantía básica correspondiente al servicio de ayudas a la navegación prestado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (C). El valor de la cuantía básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio."
"Artículo 241 bis. Ingresos de la tasa de ayudas a la navegación que corresponden a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
La gestión y recaudación de esta tasa se efectuará por la Autoridad Portuaria correspondiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de esta Ley, estando autorizada para celebrar el oportuno convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con los órganos que correspondan de otras Administraciones territoriales para la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de la tasa."
"f) Los ingresos devengados por el sumando de la tasa de ayudas a la navegación marítima asociado con la cuantía básica (C)."
"Disposición transitoria novena. Revisión Acuerdos y convenios sobre determinación cuota de la tasa de ayudas a la navegación.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 241 bis de esta ley, los acuerdos o convenios celebrados entre la Autoridad Portuaria y los titulares de concesiones o autorizaciones en los puertos, dársenas, muelles, pantalanes y otras instalaciones de atraque, así como instalaciones náutico-deportivas, que tengan como objeto la determinación de la cuota de la tasa de ayudas a la navegación en régimen de estimación simplificada, deberán ser objeto de revisión para adaptarlos a lo establecido en esta Ley."
"Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto.
No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas
minorarán el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración."
"7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo."
1. Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de la Sección 20 "Ministerio de Industria, Energía y Turismo", Servicio 18 "Secretaria de Estado de Energía", Programa 425A "Normativa y desarrollo energético", capítulo 7 "Transferencias de capital", artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones, y resto de Entes del Sector Público", concepto 746 "Al IDAE para el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)", por importe de 175.000.000 de euros.
"4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:
5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º del número 4 precedente."
"3.º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las operaciones a las que haya sido de aplicación el tipo impositivo reducido establecido en el artículo 91, apartado uno, números 4 y 5, de esta Ley."
"Disposición adicional decimocuarta. Porcentajes de retención o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta del 19 por ciento, a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 140 de esta ley, se eleva al 21 por 100."
"11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General."
"2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador."
"Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.
Más de 500.000;100.000 euros
300.001 a 500.000;90.000 euros
150.001 a 300.000;80.000 euros
75.001 a 150.000;75.000 euros
50.001 a 75.000;65.000 euros
20.001 a 50.000;55.000 euros
10.001 a 20.000;50.000 euros
5.001 a 10.000;45.000 euros
1.000 a 5.000;40.000 euros
Dedicación parcial al 75%;30.000 euros
Dedicación parcial al 50%;22.000 euros
Dedicación parcial al 25%;15.000 euros"
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 388, de 17 de enero de 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 391, de 24 de enero de 2014.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Olaia Fernández Davila Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguientes enmiendas de modificación a la Proposición no de Ley, del GP Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014- 2020).
Revisar los acuerdos de distribución de los fondos de la PAC alcanzados en enero de 2014 de manera que se apliquen criterios más justos con los trabajadores y trabajadoras del campo, como:
Modificar el criterio de reparto de ayudas en base al número de hectáreas y a la cuantía de las mismas de manera que estas sean más progresivas y no perjudique a las pequeñas superficies.
Definir de manera más ajustada a la realidad de la actividad agraria la figura de agricultor/agricultora activo.
Mejorar las ayudas a los sectores lácteo y vacuno.
Modificar los criterios de distribución de los fondos del segundo pilar de manera que los planes de desarrollo rural sean llevados a cabo por la CC.AA.
Establecer mecanismos de regulación de mercados que eviten la volatilidad de precios y la descompensación en la cadena alimentaría de valor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la agraria común (2014-2020).
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar financieramente a las Comunidades Autónomas para que en coordinación con las Organizaciones Profesionales, Sindicales y Cooperativas, realicen una amplia campaña de divulgación y explicación de Política Agraria Común (PAC), para el periodo 2014-2020, recientemente reformada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del presente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020).
Se propone la adición de un nuevo apartado, que será el 1, con la siguiente redacción:
1. Incorporar a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Cooperativas Agroalimentarias al proceso de negociación para el establecimiento del modelo de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC)."
Se propone la adición de un nuevo apartado, que será el 2, con la siguiente redacción:
"2. En lo relativo al Primer Pilar de la PAC:
- Presentar, de forma inmediata, el Plan de regionalización, con los municipios que integran cada una de las regiones, las hectáreas elegibles y las cifras correspondientes a la prima a cobrar para cada tipo de superficie, secano, regadío, leñosos y pastos.
- Presentar el diseño específico de las ayudas acopladas, con la concreción de la ayuda para cada cultivo o producción ganadera, por hectárea o cabeza de ganado, garantizando que se utiliza el margen del 15% que permite la normativa europea, y que se incluyen entre sus beneficiarios sectores como, el olivar en pendiente y el trigo duro."
Se propone la adición de un nuevo apartado, que será el 3, con la siguiente redacción:
"3. Revisar los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 20 de enero, en lo relativo al Segundo Pilar de la PAC, para garantizar la continuidad de las políticas públicas de apoyo al desarrollo rural:
- Reasignando los fondos FEADER para evitar el perjuicio que el nuevo sistema de reparto supone para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Reponiendo la aportación que corresponde a la Administración General del Estado dentro del gasto nacional para cada programa de desarrollo rural, a los niveles del período anterior (2007-2013), de forma que ninguna Comunidad Autónoma pierda financiación.
Asimismo, se insta al Gobierno a elaborar, a la mayor brevedad, y de manera coordinada con los interlocutores económicos y sociales y los representantes de la sociedad civil, el Marco Nacional y el Programa Nacional de Desarrollo rural, concretando el contenido de ambos y, particularmente, las medidas y su dotación, en el caso del Programa nacional, para que, todos los programas de desarrollo rural en España, puedan entrar en vigor en 2014 y no se pierdan años de la programación 2014-2020."
Se propone la modificación del texto de la Proposición no de Ley, que pasa a ser el apartado 4, con la siguiente redacción:
"4. Realizar, en colaboración y con la participación de las Comunidades Autónomas y Organizaciones Profesionales, Sindicales y Cooperativas, una amplia campaña de divulgación y explicación de la Política Agraria Común (PAC), para el período 2014-2020, recientemente reformada y, en especial, de sus efectos para el sector agrario y para toda la sociedad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020), sin modificaciones con respecto al texto publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 391, de 24 de enero de 2014, por tanto, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Profesionales, Sindicales y Cooperativas, una amplia campaña de divulgación y explicación de Política Agraria Común (PAC), para el período 2014-2020, recientemente reformada, y en especial de sus beneficios para el sector agrario y para toda la sociedad, al contribuir a la renta del sector a la vertebración del territorio, la seguridad alimentaria y la calidad de la alimentación en Europa."
172/000193
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB.
Los últimos informes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario internacional sobre el rescate del sector financiero español han puesto el foco de atención en la gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Para dichos organismos internacionales el principal riesgo de la SAREB es el plan de negocio y la muy compleja gestión de los activos, así como el volumen de las posibles pérdidas con que cerrará el ejercicio 2013, como consecuencia del prolongado ajuste en los precios de la vivienda y a la debilidad de la economía española. Las ventas de activos inmobiliarios han sido "mucho menores" de lo que se esperaba.
En este sentido, la CE, BCE y FMI aconsejan basar dicho plan de negocio en previsiones de precios de las viviendas más realistas y un mayor control de los activos. A esto hay que añadir que liquidar gradualmente los activos de la SAREB tendrá la competencia de agresivas estrategias comerciales con fuertes descuentos en el precio de los activos por parte de algunos bancos. En este contexto pueden darse posibles conflictos de interés por la participación de determinadas entidades bancarias en el accionariado de la SAREB, que también quieren deshacerse de sus activos inmobiliarios.
Los objetivos en cuanto a volumen de inmuebles transmitidos no se están cumpliendo y los resultados tampoco son exactamente los previstos en el plan de negocio. A su vez, se están conociendo operaciones de venta de activos poco transparentes, así como dudas acerca del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la SAREB respecto de determinados adquirentes.
La SAREB corre el riesgo de necesitar ampliaciones de capital que se cubrirían previsiblemente con dinero de todos los contribuyentes (el Estado actualmente posee el 45% de las acciones) como ha ocurrido con la experiencia del "banco malo" en Irlanda, que se nacionalizó ante su incapacidad para gestionar los activos. En este sentido, la Comisión Europea ha señalado que el Gobierno debe mantener la vigilancia en la gestión de la SAREB para "minimizar el coste para los contribuyentes".
Por otro lado, en menos de un año se han sucedido ceses y dimisiones en la dirección de la entidad que no han tenido ninguna explicación por parte del Gobierno.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, solicitamos hace meses la comparecencia de la presidenta de la SAREB para informar sobre la situación actual y la actividad de la entidad desde su creación, sin que por el momento haya comparecido para rendir cuentas de su gestión, y, más recientemente, la del propio Ministro para explicar los motivos de los cambios en el equipo directivo.
El Gobierno debe explicar en profundidad la gestión y perspectivas de futuro de la SAREB para despejar todas las incertidumbres que esta situación está creando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara, esta interpelación urgente al Ministro de Economía y Competitividad sobre la política
de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000194
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Casi 6 millones de personas desempleadas, incremento de la pobreza, y especialmente de la pobreza infantil, recortes en educación, sanidad, justicia, las exigencias de una democracia real, la corrupción política y un parlamento "aislado" que es símbolo de la desconexión con los problemas que acucian a los ciudadanos día a día, han dado lugar a un incremento de las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como respuesta actuaciones policiales que han arrojado como resultado un número considerable de ciudadanos detenidos, y también fruto de las numerosas cargas policiales desproporcionadas se han registrado importantes lesiones en ciudadanos, tanto que participaban en las movilizaciones como transeúntes. Los últimos ejemplos, la semana pasada en Valladolid, coincidiendo con la Convención del PP, o el de la protesta vecinal de Gamonal (Burgos).
Además, hemos oído hablar de "listas" de activistas, de seguimientos policiales a personas vinculadas a partidos políticos, sindicatos o movimientos sociales, algo radicalmente incompatible con un Estado democrático.
Resulta reseñable que en este contexto de incremento de la movilización ciudadana, diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos (como Amnistía Internacional) están denunciando la desproporcionalidad de las actuaciones policiales en dichas movilizaciones.
Por último, el Gobierno está llevando adelante la reforma del Código Penal -actualmente en trámite- y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en fase de anteproyecto, que nos conducen a un "estado policial" laminador de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
172/000196
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas, para su debate en Pleno.
El día 7 de mayo de 2013 el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación frente a la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprobó la llamada "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña". En la correspondiente Providencia, publicada en el BOE de 10 de mayo de 2013, se acordó la suspensión cautelar de la referida Resolución desde esa misma fecha.
Posteriormente, la representación letrada del Parlamento de Cataluña solicitó ante el Tribunal Constitucional (TC) el levantamiento inmediato de la suspensión de la indicada Resolución, lo cual resultó expresamente denegado por el Pleno del TC mediante Auto de 11 de julio de 2013 (BOE 13 de julio), en el que haciéndose eco de las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado se indicaba lo siguiente:
"Resulta evidente que el mantenimiento de la suspensión tendría como consecuencia fundamental privar a la Resolución 5/X, durante la tramitación del proceso constitucional, de su eficacia de impulsar, orientar y dirigir la acción política del Gobierno de la Generalidad. Por el contrario, si la suspensión se levantara, el Gobierno catalán debería seguir la hoja de ruta señalada por dicha Resolución, pudiendo el Parlamento de Cataluña controlar al Gobierno en el grado de cumplimiento de la citada Resolución".
Además de lo anterior, el Tribunal Constitucional concluyó que "la Resolución 5/X, de 23 de enero, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir el pueblo de Cataluña, versa sobre una cuestión de gran relieve constitucional".
En definitiva, según el Tribunal Constitucional la suspensión era necesaria para evitar que durante la tramitación de la impugnación de su plan soberanista el Gobierno catalán siguiera impulsando, orientado y dirigiendo su acción política hacia la secesión, según la hoja de ruta ya diseñada.
Pues bien, incurriendo en un claro supuesto de desobediencia a la autoridad judicial y en un abierto desafío al Estado de Derecho, la Generalitat de Cataluña ha continuado públicamente avanzando con actos inequívocos en la indicada "hoja de ruta", soslayando esa clarísima prohibición mediante el recurso de aprobar pocos meses después otra Resolución sobre el mismo derecho a decidir, que es como
eufemísticamente se denomina a la determinación de convocar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña.
En efecto, la Resolución 323/IX de 27 de septiembre de 2013 del Parlamento de Cataluña, "sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalidad" contiene un primer apartado dedicado exclusivamente al "Derecho a decidir del Pueblo de Cataluña" en el cual se anuncia la voluntad de que "se celebre un referéndum en 2014" y, entre muchas cuestiones, dicha Asamblea Legislativa catalana insta al Presidente de la Generalitat a "anunciar [...] la fecha de la consulta y la pregunta" y a su Gobierno "a crear y dotar los instrumentos necesarios para asegurar la correcta celebración de la consulta".
A continuación, el Parlamento de Cataluña incluye en la referida Resolución 323/IX todo el esqueleto de su "hoja de ruta" secesionista, como la creación de una Agencia Tributaria propia y las restantes "Estructuras de Estado" (apartado III), en abierta contradicción con la Constitución Española y el ordenamiento jurídico vigente.
Esa Resolución 323/IX, aprobada en fraude de ley, vulnerando abiertamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, se ha venido confirmando día a día mediante la ejecución de toda una serie de actos, entre los que cabe señalar los siguientes:
- La fijación de una fecha para la consulta, prevista para el 9 de noviembre del presente año 2014.
- La determinación por parte de los llamados "partidos del frente soberanista" de las preguntas concretas del referéndum ilegal.
- La elaboración de un censo electoral al margen de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), para lo cual, según se ha publicado en los medios, CiU, ERC e ICV han llegado a un principio de acuerdo en el Parlament para que la Generalitat utilice el registro de población del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para elaborar el censo para la consulta.
- El acuerdo de crear un registro para que se inscriban los catalanes que vivan en el extranjero (no así los que vivan en el resto de España según parece).
- La creación de un órgano específico para llevar adelante la secesión, denominado el "Consejo Asesor para la Transición Nacional", dependiente de la propia Generalitat, creado mediante Decreto 113/2013, de 12 de febrero y que cuenta con la correspondencia habilitación presupuestaria.
- Precisamente en el último informe del pasado mes de diciembre del llamado "Consejo Asesor para la Transición Nacional" se recomienda al presidente de la Generalitat "internacionalizar" el proceso soberanista y buscar complicidades en la comunidad internacional para lograr la consulta, lo que ha motivado el envío, al margen de la Ley y de los cauces legalmente establecidos, de diversas cartas a significados mandatarios extranjeros, en las que se llega a cuestionar incluso la existencia de un régimen democrático en España.
- Por si todo lo anterior no fuera suficientemente preocupante, los distintos medios de comunicación se han hecho eco de la existencia de un informe de la Generalitat que contempla la creación de una Agencia Nacional de Seguridad de la Generalitat, con un coste de más de 28 millones de euros y una importante dotación de personal.
A la vista de la ejecución de toda esa serie de actos concretos preparatorios de la secesión (que por cierto se van desarrollando sin esperar siquiera al resultado de la pretendida consulta que habría de servir para conocer la supuesta voluntad del pueblo) no podemos dejar de preguntarnos qué piensa hacer el Gobierno para evitar la abierta vulneración de la legalidad vigente por parte del Gobierno y el Parlamento catalán y el incumplimiento de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, prohibiendo cautelarmente la continuación de la hoja de ruta secesionista.
Aparte de decir enfáticamente que "el referéndum no se celebrará" el Gobierno no puede permanecer impasible ante el desafío lanzado al Estado de Derecho por el Gobierno catalán que no es meramente dialectico sino que se está materializando en actos concretos que vulneran la legalidad vigente y el mandato del Tribunal Constitucional.
No sabemos a qué está esperando el Presidente del Gobierno para actuar, pero lo menos que puede exigírsele es que haga respetar, mediante la Abogacía del Estado y la Fiscalía, nuestro ordenamiento jurídico, el cual contempla mecanismos legales al efecto en caso de incumplimiento, como el art. 155 de la Constitución Española, a fin de remediar el abierto incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales que sistemáticamente viene realizando la Generalitat.
Por eso, se presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
"El Congreso de los Diputados, ante la insuficiencia del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, insta al Gobierno a constituir, de manera urgente, grupos de trabajo con objeto de establecer diferentes procesos de diálogo con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las Comunidades Autónomas y entidades locales y los agentes sociales y organizaciones representativas del tercer sector de acción social para realizar una evaluación compartida de las necesidades en materia de lucha contra la pobreza y acordar un nuevo Plan que constituya una verdadera Estrategia Global para la Inclusión Social con medidas eficaces capaces de dar respuesta a dichas necesidades. Las medidas que contemple deberán implicar a los diferentes Departamentos ministeriales contemplando, entre otras, medidas para reforzar las políticas activas de empleo, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, volver a la política de mejora paulatina de las pensiones mínimas y de las de viudedad, así como del salario mínimo interprofesional, recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria. En concreto, en el ámbito de los Servicios Sociales, se deberá contemplar:
- La recuperación del Plan Concertado de servicios sociales destinado a los Ayuntamientos y corporaciones locales, reintegrando la totalidad de su dotación presupuestaria, para que puedan atender las demandas de servicios sociales públicos de sus ciudadanos. Devolver a las entidades locales las competencias en materia de servicios sociales.
- La rectificación de las modificaciones realizadas en la regulación del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la intensidad de las prestaciones, la reposición del nivel acordado, el incremento de la cuantía correspondiente al nivel mínimo hasta alcanzar la cuantía suficiente para hacer efectivos los derechos que garantizaba, en su redacción original, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, con arreglo al calendario de implantación inicialmente previsto.
- La creación de un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias y personas en situación de pobreza y exclusión social.
- La adopción urgente de un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia con una dotación presupuestaria suficiente.
- La declaración de inembargabilidad de las rentas de subsistencia.
La nueva Estrategia estará dotada con la financiación suficiente para el cumplimiento de sus objetivos, detallará los recursos que ya se están destinando a estas políticas y aquellos otros que se prevean para dotar medias de nueva creación. También desglosará la parte de la financiación correspondiente a cada una de las administraciones implicadas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales).
Antes de su aprobación, se debatirá y dictaminará en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Durante su periodo de vigencia, el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados informes anuales con la evaluación del desarrollo y cumplimiento de sus objetivos que serán debatidos por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Se propone añadir un nuevo punto del siguiente tenor:
- La puesta en marcha de un Plan Nacional contra la Pobreza de las mujeres que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores, inmigrantes o familias monoparentales."
"El derecho a un ingreso mínimo garantizado como derecho subjetivo en el marco de las Rentas Mínimas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2014.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta enmienda, de adición a la Moción del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que se verá en la sesión plenaria de hoy.
Se propone la adición de un nuevo penúltimo párrafo en el texto de la moción presentada con ei siguiente tenor literal:
"Todas estas medidas se adoptarán con absoluto respeto a las competencias que ostenta cada Comunidad Autónoma y asimismo, en su caso, al sistema de Concierto y Convenio Económico."
Respeto a la distribución competencial prevista en el Bloque de Constitucionalidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a iniciativa de su portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Se añade un nuevo punto al texto de la moción con la siguiente redacción:
"El Congreso de los Diputados, ante la insuficiencia del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, insta al Gobierno a constituir, de manera urgente, grupos de trabajo con objeto de establecer diferentes procesos de diálogo con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las Comunidades Autónomas y entidades locales y los agentes sociales y organizaciones representativas del tercer sector de acción social para realizar una evaluación compartida de las necesidades en materia de lucha contra la pobreza y acordar un nuevo Plan que constituya una verdadera Estrategia Global para la Inclusión Social con medidas eficaces capaces de dar respuesta a dichas necesidades.
Las medidas que contemple deberán implicar a los diferentes Departamentos ministeriales contemplando, entre otras, medidas para reforzar las políticas activas de empleo, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, volver a la política de mejora paulatina de las pensiones mínimas y de las de viudedad, así como del salario mínimo interprofesional, recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria. En concreto, en el ámbito de los Servicios Sociales, se deberá contemplar:
- La homogeneización de las condiciones de acceso, duración y cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas, que constituyen el último nivel de protección y hoy son enormemente desiguales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
"La rectificación de las modificaciones realizadas en la regulación del Sistema Sanitario, especialmente del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para hacer efectivo el acceso universal a dicha asistencia sanitaria."
Para dar cumplimiento al último informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa que considera que la exclusión de acceso a la Sanidad a los extranjeros en situación irregular es contraria a los artículos 11 y 13 de la Carta Social Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
1. Recuperar el Diálogo social en materia de política de empleo y de protección social, para asegurar una auténtica y sólida recuperación.
2. Incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo, hasta situarlos como mínimo, en los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con el objetivo de garantizar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas: una rápida y eficaz transición hacia el empleo; que los servicios públicos de empleo autonómicos puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales, económicas y territoriales; y la vinculación de las políticas pasivas con las acciones tendentes a la reincorporación al trabajo, estableciendo una fórmula de reversión del ahorro generado por dichas reincorporaciones a la financiación de las políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA, dando de este modo cumplimiento a lo previsto en los Estatutos de Autonomía en materia de gestión en el ámbito de la Seguridad Social, por parte de las CC.AA que así lo deseen.
3. Aprobar con la mayor celeridad posible, un Plan de Choque para el Empleo que ponga especial énfasis en la generación de puestos de trabajo en sectores con perspectivas de futuro o calificados como de yacimientos de empleo: el sector del turismo, el sector de la prestación de servicios a las personas, el Tercer Sector social y aquellos sectores relacionados con los cambios en el modelo económico necesarios para transitar hacia una economía baja en carbono, entre otros.
4. Adoptar las medidas oportunas, de acuerdo con las CC.AA, para que los derechos de los trabajadores a la formación profesional en el trabajo, así como a participar en planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad, establecidos en los artículos 4 y 23 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, puedan ser ejercidos en todo caso y de forma eficiente.
5. Implementar con la mayor rapidez y agilidad posible la Garantía Juvenil, a llevar a cabo cuantas acciones sean posibles para que los fondos para su materialización y desarrollo se reciban por adelantado, sin tener que esperar a que las acciones se finalicen y se verifiquen, modificando así las condiciones inicialmente previstas, de prefinanciación del Fondo Social Europeo en 2014 y 2015 (del 1 por 100 del total de los fondos asignados a cada programa, cada año) y en el caso de no conseguirlo, a anticipar el 99 por 100 restante para ejecutar las actuaciones que se prevean en cumplimiento de la Garantía.
6. Presentar, en el plazo de 4 meses, un Proyecto de Ley de regularización de empleo e impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la prestación de servicios a las familias y a las personas, es decir, de los servicios destinados al cuidado de los hijos, al apoyo escolar, al cuidado del hogar, y a la atención a las situaciones de dependencia de carácter moderado, entre otros.
7. Adoptar medidas laborales específicas de apoyo a la creación de empleo en las microempresas, y medidas de simplificación administrativa, fiscales y de apoyo a la financiación de estas empresas, para aprovechar su mayor potencial en creación de puestos de trabajo a corto plazo.
8. Derogar las modificaciones introducidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su disposición final quinta, relativas a la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que a partir del 1 de enero de 2014 el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ya no se haría cargo de la indemnización de 8 días de salario por año de servicio, correspondientes a los despidos objetivos en empresas de menos de 25 trabajadores.
9. Derogar el incremento de las cotizaciones de empresas y trabajadores en el Régimen General, y de los trabajadores autónomos establecidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo.
Se modifica el punto 3 que queda redactado como sigue:
"3. Aprobar con la mayor celeridad posible, un Plan de Choque para el empleo que ponga especial énfasis en la generación de puestos de trabajo en sectores con perspectivas de futuro o calificados como yacimientos de empleo: sectores industriales de alto valor añadido con grandes potencialidades en el terreno de la exportación, el sector del turismo, el sector de la prestación de servicios a las personas, el Tercer Sector Social, los sectores relacionados con las políticas de bienestar como educación y sanidad, el sector primario, el sector de las energías renovables y el resto de sectores relacionados con los cambios en el modelo económico necesarios para transitar hacia una economía baja en carbono, entre otros."
Respecto al Plan de Choque que se plantea, nuestro grupo comparte su importancia y urgencia. Al mismo tiempo, creemos que se debe plantear el objetivo de creación neta de puestos de trabajo basados en un nuevo modelo productivo basado en el mantenimiento de la industria de calidad, el aprovechamiento de la potencialidad de un sector primario y su modernización, la sostenibilidad ambiental y el refuerzo del Estado del bienestar y la convergencia social con Europa.
Todo ello, además de crear ocupación, incrementaría los ingresos del Estado vía fiscalidad y reduciría el gasto en prestaciones por desempleo.
Se debería hacer el esfuerzo para contar con la financiación del Banco Europeo de Inversiones, para desarrollar un plan ambicioso, consensuado y de larga duración, que sirviera para resolver problemas estructurales endémicos de la economía española, así como para resolver la urgencia coyuntural de la situación de crisis.
Se modifica el punto 9 que queda redactado como sigue:
"9. Proceder a reformar el incremento de las cotizaciones de empresas y trabajadores del Régimen General, y de los trabajadores autónomos establecidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores previo
proceso de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y político en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo."
Nuestro grupo considera que es necesario negociar una ampliación de las cotizaciones para incrementar de los ingresos por cotización. Sin embargo, no compartimos la reforma del RDL 16/2013 que se ha hecho sin diálogo social y sin diálogo político, mezclando argumentos sin sentido como el de hacer cotizar los pagos con stock options (a pesar de que la mayoría de directivos que cobran con este concepto superan holgadamente las bases máximas de cotización y no será un incremento efectivo) con los cheques restaurante.
Se añade un punto 10 redactado como sigue:
"10. Proceder a la derogación de aquellos aspectos de la Reforma Laboral (Ley 3/2012, Ley 11/1013, Real Decreto-ley 11/2013, Real Decreto-ley 16/2013) que se han demostrado facilitadores de la destrucción de puestos de trabajo y que comportan procesos de precarización del empleo. Para ello debe abrirse un proceso de dialogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Y crearse en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social una subcomisión que analice el impacto producido en las relaciones laborales por el Decreto Ley 3/2012, Ley 3/2012 y demás normativa de desarrollo."
Las leyes citadas son las que contienen elementos más lesivos para el mantenimiento del empleo de calidad y las que han generado más conflictividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta enmienda de adición a la Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo, que se verá en la sesión plenaria de hoy.
Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 5 de la Moción con el siguiente tenor literal:
"5. (igual)
La distribución de estos Fondos será equitativa entre las Comunidades Autónomas que posean competencias en la materia de Políticas Activas de Empleo."
Respeto a la distribución competencial previsto en el Bloque de Constitucionalidad.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a iniciativa de su portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo.
"1. Recuperar el diálogo social en materia de política de empleo y de protección social, para asegurar una auténtica y sólida recuperación.
2. Incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo, hasta situarlos como mínimo, en los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con el objetivo de garantizar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una rápida y eficaz transición hacia el empleo; que los servicios públicos de empleo autonómicos puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales, económicas y territoriales; y la vinculación de las políticas pasivas con las acciones tendentes a la reincorporación al trabajo, estableciendo una fórmula de reversión del ahorro generado por dichas reincorporaciones a la financiación de las políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA, dando de este modo cumplimiento a lo previsto en los Estatutos de Autonomía en materia de gestión en el ámbito de la Seguridad Social, por parte de las CC.AA que así lo deseen.
9. Derogar el incremento de las cotizaciones de empresas y trabajadores en el Régimen General, y de los trabajadores autónomos establecidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo.
1. Mantener el Diálogo Social en materia de política de empleo y de protección social, para asegurar una auténtica y sólida recuperación.
2. Optimizar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo con el objetivo de garantizar, en un esfuerzo conjunto con la Comunidades Autónomas, una rápida y eficaz transición hacia el empleo.
3. Adoptar las medidas oportunas, en colaboración con las CC.AA, para reforzar la eficacia y eficiencia de las políticas activas en el marco de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, presentada recientemente en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Con ello, se promoverá la coordinación y modernización de los Servicios Públicos de Empleo, dando además un papel relevante a la formación profesional para el empleo, como herramienta clave para el refuerzo de la empleabilidad de los trabajadores
4. Implementar con la mayor rapidez y agilidad la Garantía Juvenil, de acuerdo con el Plan presentado por el Gobierno a las autoridades comunitarias.
5. Continuar adoptando, en función de las necesidades del mercado de trabajo, medidas de apoyo a la creación de empleo, como las previstas en la Ley 3/2012 de reforma del mercado de trabajo, en la "Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016" y en los Reales Decretos-Ley 11/2013 y 16/2013 sobre incentivos a la contratación a tiempo parcial, así como medidas de simplificación administrativa, tales como la reducción de 42 a 4 los modelos de contratos o la prevista sistematización de los incentivos a la contratación, en la línea que está llevando a cabo el Gobierno."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo.
Se propone la sustitución de los puntos 6 y 9, con la siguiente redacción:
"6. Presentar, en el plazo de 4 meses, un Proyecto de Ley de regularización de empleo e impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la prestación de servicios que se realiza a través de profesionales autónomos.
9. Modificar, una vez alcanzado un acuerdo en el seno del diálogo social y en el Pacto de Toledo, las cotizaciones de empresas y trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, y de los trabajadores autónomos establecidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores."
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario de IU; ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
El Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre aprobó un "anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada" con la pretensión, no ya de modificar la "Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" sino imponer una reforma restrictiva de la "Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal" y que venía a despenalizar el aborto en determinados supuestos.
Este anteproyecto atenta de manera grave contra los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, a la vez que ha encontrado un sonoro y amplio rechazo en el conjunto de la sociedad española y fuera de sus fronteras, con más del ochenta por ciento de la población de nuestro país que cree que no existe ninguna demanda social al respecto.
Por esto entendemos como algo irrenunciable el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya que entra dentro de la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones,
Necesitamos una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.
Tenemos que trabajar hasta conseguir el marco legal que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas; para lo que se hace imprescindible la regulación de la objeción de conciencia sin que ésta pueda utilizarse como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. Una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU; ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural, formula la siguiente
1. No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, sin que esta pueda ser modificada si no es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.
2. Retirar el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
181/001569 y 181/001570
Por escrito de fecha 7 de febrero de 2014, se han retirado las siguientes preguntas formuladas por el Diputado don Félix Lavilla Martínez sobre:
- Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032056) (núm. expte. 181/001569), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399, de 10 de febrero de 2014.
- Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032057)
(núm. expte. 181/000570), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399, de 10 de febrero de 2014.
181/001575 y 181/001576
Por escrito de fecha 7 de febrero de 2014, se han retirado las preguntas formuladas por el Diputado don Félix Lavilla Martínez sobre:
- Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos (núm. expte. 181/001575), (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032063), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399 de 10 de febrero de 2014.
- Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos núm. expte. 181/001576), (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032064), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399 de 10 de febrero de 2014.
181/001585 y 181/001586
- Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos (núm. expte. 189/001585), (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032102), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399 de 10 de febrero de 2014.
- Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos (núm. expte. 189/001586), (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/032103), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 399 de 10 de febrero de 2014.