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Timestamp: 2018-05-27 17:49:53
Document Index: 48082083

Matched Legal Cases: ['Artículo 216', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'artículo 219', 'Artículo 222', 'artículo 218', 'artículo 229', 'Artículo 223', 'Artículo 224', 'Artículo 225', 'Artículo 226', 'artículo 49', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 51', 'artículo 66', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 150', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 120', 'artículo 66', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 241']

Sentencia C-1266 de 2000 Corte Constitucional
SENTENCIA C-1266/00
Referencia: expediente D-2884
LEY MARCO-Contenido.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Integración de normas a estatuto.
Referencia: expediente D-2884.
Actores: Manuel Brunal Alvarez, Pablo Bustos Sánchez y Diego Enrique Vellojin de la Rosa.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el día 2 de marzo de 2000, los ciudadanos Manuel Brunal Alvarez, Pablo Bustos Sánchez y Diego Enrique Vellojin de la Rosa demandaron ante esta Corporación, los artículos 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 y 226 del Decreto 663 de 1993.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 40.820 del 5 de abril de 1993:
"DECRETO NUMERO 0663 DE 1993
Artículo 216.- CREACION Y OBJETO
Para proveer y mantener un adecuado financiamiento de las actividades del sector agropecuario, de conformidad con las políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de desarrollo que adopte el Congreso o el Gobierno, según el caso, la Ley 16 de 1990 creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, cuyos objetivos principales son la formulación de la política de crédito para el sector agropecuario y la coordinación y nacionalización del uso de sus recursos financieros.
Artículo 217.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO
Forman parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario los bancos, los fondos ganaderos y las demás entidades financieras, creadas o que se creen en el futuro, que tengan por objeto principal el financiamiento de las actividades agropecuarias.
Artículo 218.- COMISION NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO
- El Ministro de Agricultura quien la presidirá;
- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación;
- El Gerente del Banco de la República;
- Dos representantes del Presidente de la República, uno de los cuales deberá ser persona de reconocida preparación teórica y experiencia en materias bancarias y financieras, y el otro en economía y producción agropecuaria, y
Parágrafo Primero.- El Gobierno determinará mediante decreto la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
Parágrafo Segundo.- El presidente de Finagro asistirá a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario con voz pero sin voto.
a. Determinar periódicamente, con base en las recomendaciones de la Secretaría Técnica, el monto global de los recursos que cada una de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario destinará al sector;
b. Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario;
c. Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario;
d. Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan con el producto de los créditos;
e. Aprobar, mediante normas de carácter general y con el voto favorable del Ministro de Agricultura, la refinanciación de los créditos otorgados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario cuando se afecte negativamente la producción o se disminuya apreciablemente la inversión que se realizó con el crédito por la presencia, a su juicio, de razones de fuerza mayor o caso fortuito.
f. Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro;
g. Señalar, con base en las disposiciones de carácter general que para el sector financiero expida la Junta Directiva del Banco de la República, los rendimientos, plazos y demás condiciones de los títulos de captación de ahorro interno que emita Finagro;
h. Determinar los presupuestos de captaciones de Finagro y en particular los recursos que se capten en el mercado;
i. Determinar los presupuestos de las colocaciones de Finagro, estableciendo sus plazos y demás modalidades;
j. Determinar, cuando se juzgue conveniente, planes de coordinación técnica, financiera y operativa entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario;
k. Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones económicas de los beneficiarios y los demás aspectos que aseguren la operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías, y
l. Las demás consagradas en el presente estatuto.
ARTICULO 219.- CREDITO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y CRITERIOS PARA SU PROGRAMACION
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 16 de 1990, entiéndase por crédito de fomento agropecuario el que se otorga a favor de personas naturales o jurídicas, para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción y/o comercialización de bienes originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, afines o similares, y en la acuicultura. El crédito agropecuario se otorgará para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches requeridos en las actividades indicadas.
Artículo 220.- DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO AGROPECUARIO
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, afines y similares, tales como:
j. Para el establecimiento de cadenas de frío y en general para la transformación primaria y conservación de productos agrícolas, pecuarios, apícolas, avícolas, pesqueros, afines o similares y de acuicultura;
k. Para estudios de factibilidad de proyectos agroindustriales, especialmente los que propenden por la conservación de alimentos y materias primas alimenticias, y
Parágrafo.- Corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definir los bienes y servicios que podrán financiarse con cada una de las clases de crédito de que trata el presente artículo.
Artículo 221.- BENEFICIARIOS DEL CREDITO AGROPECUARIO
Podrán ser beneficiarios del crédito que se otorgue a través del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario las personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades a que se refiere el artículo 219 del presente estatuto, así como las cooperativas de primero y segundo grado cuyo objeto sea financiar renglones de producción y comercialización agropecuarias. Igualmente, serán sujetos del crédito las cooperativas de productores del sector agropecuario.
También serán beneficiarios del crédito para comercialización de productos agropecuarios el Instituto de Mercadeo Agropecuario - Idema - y la industria procesadora y empresas comercializadoras de dichos productos, siempre y cuando que tengan por objeto social exclusivo, el desarrollo de estas actividades.
Artículo 222.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO
1. Asistencia Técnica y Control de Inversiones. La asistencia técnica y el control de inversiones en los créditos agropecuarios serán de carácter obligatorio. Los mismos estarán a cargo de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras entidades crediticias o gremiales que previamente autorice para ello la Comisión Nacional de Crédito agropecuario y se sujeten para el efecto a las condiciones que ésta les señale. Tales entidades prestarán dichos servicios bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), bien directamente o mediante contratos de prestación de servicios técnicos que celebren con profesionales o firmas especializadas independientes, pero, en este último caso, continuarán siendo responsables ante el respectivo prestatario.
Parágrafo Primero.- Para los fines de este numeral se contabilizará como cartera agropecuaria:
a. El crédito destinado al sector agropecuario que determine la junta directiva de los bancos mencionados, dentro de las actividades aprobadas en desarrollo del artículo 218, numeral 2, letra b) del presente estatuto, por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario;
Parágrafo Segundo.- Cuando durante un trimestre, el valor de la cartera agropecuaria de los Bancos Ganadero y Cafetero sea inferior al valor de los recursos que deben destinar al crédito agropecuario, cada banco en su caso, suscribirá la diferencia, durante el siguiente trimestre, en los Títulos de Desarrollo Agropecuario de que trata el artículo 229, numeral 2 del presente Estatuto.
Artículo 223.- PROHIBICION A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO
A partir de la vigencia de la Ley 16 de 1990, ninguna entidad integrante del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario o del sector público agropecuario podrá destinar fondos para garantizar créditos agropecuarios sin autorización de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
Artículo 224.- RECURSO COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO
Serán recursos complementarios para el crédito agropecuario los que mediante contratos, y para fines específicos, pongan a disposición de cualquiera de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario organismos públicos o privados y en particular el Incora, el DRI o el Fondo Nacional del Café, instituciones estas últimas que a partir de la vigencia de la Ley 16 de 1990 no podrán otorgar créditos directamente.
Artículo 225.- VIGILANCIA Y CONTROL
Sin perjuicio de las funciones que para fines de vigilancia de las entidades financieras le han sido asignadas, la Superintendencia Bancaria controlará el cumplimiento de las obligaciones especiales de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario e impondrá las sanciones a que hubiere lugar en caso de incumplimiento de tales obligaciones.
Artículo 226.- DISPOSICIONES FINALES
2. Definición de Pequeños Productores Agropecuarios y Recursos Patrimoniales. Para efectos de las disposiciones contenidas en este capítulo y en el capítulo I de la Parte Décima de este Estatuto, el reglamento definirá, con precisión, qué se entiende por pequeños productores agropecuarios y recursos patrimoniales."
Los actores consideran que los artículos 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 y 226 del Decreto 663 de 1993 violan los artículos 3, 113, 150-10-13-19-d, 189-24-25 y 335 de la Constitución Política. Después de hacer una serie de consideraciones sobre la crisis del sector agropecuario, los demandantes concretan dos cargos de inconstitucionalidad que se resumen a continuación.
Señalan los demandantes, que la Ley 35 de 1993, ley marco en materia financiera, aseguradora y bursátil, no reguló "en forma expresa o tácita lo concerniente a la intervención en las actividades del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario", razón por la cual el Presidente no podía, en ejercicio de las facultades otorgadas por la misma ley, dictar "su propia ley cuadro".
Por otra parte, el ejecutivo dejó vencer los términos de que trata el artículo 49 transitorio de la Carta, de lo que se concluye que los artículos acusados fueron expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias, lo que se encontraba expresamente prohibido por el numeral 10 del artículo 150 de la Carta, ya que "el Congreso de la República no podía delegar sus funciones en estas materias, por expresa prohibición del artículo 150 numeral 10 y 19 literal d)" de la Constitución.
En suma, concluyen los demandantes, "aun cuando en la Ley 35 de 1993 se hubieran contemplado las previsiones contenidas en los artículos demandados del Decreto 663 de 1993, ellos de toda forma serían inconstitucionales, pues como se ha visto, son de aquellas atribuciones de las cuales el Congreso de la República no puede desprenderse, aun queriéndolo hacer, por expresa prohibición del mencionado artículo 150, numeral 10 de la Carta Superior".
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de apoderada, interviene para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. Explica el Ministerio, que en el Decreto 663 de 1993 se incorporaron las disposiciones concordantes de la Ley 16 de 1990 "por la cual se constituye el sistema nacional de crédito agropecuario, se crea el fondo para el financiamiento del sector agropecuario, Finagro, y se dictan otras disposiciones".
En este sentido, recalca, el Congreso de la República ha dictado varias leyes, que no ostentan la categoría de leyes cuadro, las cuales desarrollan los artículos 64, 65 y 66 de la Carta, como la Ley 101 de 1993 -"Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero", la Ley 69 de 1993 relativa al seguro agropecuario e innumerables disposiciones que establecen cuotas de fomento, de naturaleza parafiscal.
En primera medida, señala que, a diferencia de lo que ocurre en materia de vivienda (artículo 51 de la C.P.), el artículo 66 de la Carta no impone un mandato al legislador, sino que reconoce una facultad para éste, en relación con el crédito agropecuario. Con todo, asegura que los artículos 64 a 66 de la Carta ha sido desarrollados por diversas leyes, entre las que se cuentan la Ley 16 de 1990 y las leyes 34, 35, 69, 89 y 101 de 1993, así como por distintas disposiciones del plan de desarrollo. Por lo tanto, no puede aceptarse la posición de los demandantes sobre la inexistencia de desarrollos normativos de las mencionadas disposiciones constitucionales.
En relación con las normas acusadas, el apoderado de la superintendencia observa como tales disposiciones son fiel transcripción, salvo cambios derivados de modificaciones legales posteriores, de varios artículos de la Ley 16 de 1990. Recuerda también que el Decreto 1730 de 1991 incorporó al Estatuto Financiero varias disposiciones relacionadas con las actividades financieras, entre ellas las normas de la Ley 16 de 1990 sobre el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Afirma que con la expedición del Decreto 663 de 1993, el Presidente de la República no adoptó un ordenamiento jurídico nuevo, como lo ha señalado la Corte, sino que se limitó, en ejercicio de estrictas facultades otorgadas por el legislador, a actualizar el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Además, observa que la Corte declaró exequibles tales facultades. Por lo tanto, concluye el Ministerio, el Presidente de la República no ha usurpado funciones del Congreso al expedir las normas acusadas.
Respecto del régimen de transición regulado en los artículo 49 y 50 transitorios de la Carta, señala que si existiera un vicio en el procedimiento de formación de la Ley 35 de 1993, la acción de inconstitucionalidad por este asunto ha caducado. Con todo, asegura que el Gobierno sí presentó un proyecto de ley dentro del término fijado por el artículo 49 transitorio, aunque el Congreso se abstuvo de tramitarlo. Por este motivo, tuvo que presentar un nuevo proyecto de ley que regulara lo dispuesto en el literal d) del numeral 19) del artículo 150 de la Carta. Este hecho, asegura el interviniente, no puede convertirse en motivo de inconstitucionalidad, pues el artículo 49 transitorio se limitaba a fijar un régimen de transición que asegurara la expedición de una ley marco en materia financiera dentro de un término prudencial. Finalmente, afirmó que la facultad del gobierno de presentar proyectos de ley y la del Congreso de la República de aprobarlos o adoptarlos, es permanente.
Inicia la defensa, señalando que no es cierto que en materia de crédito agropecuario no exista una ley marco, como lo exige la Carta Política. Varias leyes - Ley 16/90, Leyes 34, 35 y 101 de 1993 - contienen normas generales, de la misma naturaleza que las leyes marco, las cuales, además, regulan las condiciones especiales del crédito agropecuario (C.P. art. 66). Así mismo, recuerda que la Corte, en sentencia C-489 de 1994, al estudiar la Ley 101 de 1993, indicó que los sujetos que intervienen en el mercado crediticio agropecuario se encontraban sometidos a la ley marco que regula las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público: Ley 35 de 1993.
Por ultimo, en relación con la supuesta violación del artículo 49 transitorio de la Constitución con la expedición de la Ley 35 de 1993, asegura que la acción ya caducó, por tratarse de un eventual vicio de forma.
A partir de la sentencia C-700 de 1999, explica el Ministerio, se desprende que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no puede contener disposiciones que se hubiese expedido originariamente como decretos autónomos (artículo 120 numeral 14 de la Constitución de 1886). Señala que el citado estatuto contiene normas de distinta naturaleza, tales como las adoptadas mediante decretos autónomos, leyes de la República y decretos expedidos bajo estados de excepción. Sobre el particular, indica que la Corte declaró la exequibilidad del régimen penal en la materia, adoptado durante el estado de emergencia económica en el año de 1982 e incorporado al Decreto 663 de 1993. Observa que las normas acusadas fueron dictadas originariamente por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1990. Por lo tanto, no puede sostenerse que el Presidente hubiese usurpado funciones del legislador, pues se limitó a incorporar al Estatuto normas dictadas por el mismo.
De otra parte, señala que no puede asimilarse libremente al sector agropecuario lo ocurrido en materia de vivienda, pues la Ley 16 de 1990 sí estableció normas que regulan las condiciones especiales para los créditos aplicables al sector agropecuario, de conformidad con el artículo 66 de la Carta.
5. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-
El representante legal de FINAGRO interviene para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. Explica que tales disposiciones fueron dictadas por el Congreso de la República mediante Ley 16 de 1990. Con posterioridad, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Ley 45 de 1990, dictó el Decreto 1730 de 1991, que incorporó los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 16 de 1990 al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El Decreto 663 de 1993, por su parte, se limitó al incorporar estas disposiciones a cambiar la numeración que se le había asignado en el Decreto 1730 de 1991.
6. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -ASOBANCARIA-
El Presidente de la República, considera la ASOBANCARIA, no invadió competencias del legislador al expedir las normas acusadas, pues el Decreto 663 de 1993 se limito a incorporar normas preexistentes y no a dictar normas marco, como lo señaló la Corte en sentencia C-057 de 1994. En efecto, los artículos acusados son transcripción de disposiciones originariamente dictadas por el Congreso de la República en la Ley 16 de 1990. De otra parte, señaló que lo que es materia de ley marco, fue dictado por el legislador mediante la Ley 35 de 1993.
7. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia -FEDECAFE-
8. Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-
9. Oscar Darío Amaya Navas y Carlos Alfonso Vejarano Velandia
En los términos del artículo 241, numeral 5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer del presente proceso.
Así las cosas, la Corte Constitucional ha concluido que el desarrollo gubernamental de las leyes marco se sujeta a la existencia de una norma legal previa que regule la materia1. En sentencia C-700 de 1999, la Corte precisó al respecto:
"al expedirse el Decreto 663 de 1993, no existía en el ordenamiento ninguna ley, expedida por el Congreso -que en este campo no puede delegar sus atribuciones- por la cual se fijara el marco del sistema de financiación de vivienda a largo plazo y que pudiera desarrollar el Ejecutivo como lo estipuló el artículo 150, numerales 10 y 19, de la Carta Política."
En relación con el tema que ocupa a la Corte, se observa que las disposiciones acusadas fueron dictadas por el Congreso de la República e incorporadas textualmente al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En efecto, mediante la Ley 16 de 1990 se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, cuyos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, parágrafo; 32, parágrafo; 35, 37 y 38, contienen el texto normativo de las disposiciones acusadas. Posteriormente, con fundamento en las facultades otorgadas en la Ley 45 de 1990, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1730 de 1991 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, al cual se incorporaron las normas enunciadas de la ley 16 de 1990 en los artículos 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.4, 2.3.1.1.6, 2.3.1.2.1, 2.3.1.2.3, 2.3.1.3.1, 2.3.1.3.2 y 2.3.1.6.2. Finalmente, en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 35 de 1993, que se contraían a modificar la numeración del Decreto 1730 de 1991 y a introducir las modificaciones ordenadas en la misma ley habilitante, se expidió el Decreto 663 de 1993, del cual hacen parte las normas demandadas y que corresponden a los artículos citados de la Ley 16 de 1990 y del Decreto 1730 de 1991.
De lo anterior, resulta claro, que al incorporar los artículos acusados al Decreto 663 de 1993, existía una norma con rango legal (Ley 16 de 1990) que regulaba la materia y que había sido a su vez integrada en los ya citados artículos al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 1730 de 1991), razón por la cual, de conformidad con la Ley 35 de 1993 y en los términos de la jurisprudencia citada, el Presidente de la República estaba facultado para modificar su numeración y, así, incorporarlos al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero vigente (Decreto 663 de 1993) y por lo mismo no se desconocieron los artìculos 3, 113, 150, numerales 10 y 19-d, 189, numerales 24 y 25 del ordenamiento superior.
Lo anterior, por otra parte, despeja el panorama en relación con el segundo cargo, pues este tiene como base la idea de que fue en el Decreto 663 de 1993, que se dictó el contenido normativo de las disposiciones acusadas. Los demandantes aciertan en señalar que la Corte, en sentencia C-700 de 1999, indicó que al momento de expedirse el Decreto 663 de 1999 el Presidente de la República carecía de competencia para dictar normas marco ya que, en virtud de la expedición de la Ley 35 de 1993, el legislador había reasumido las competencias transitoriamente otorgadas por el Constituyente al ejecutivo.
4. Resolución 77 de la Junta Monetaria. Incompetencia de la Corte.
Adicionalmente, y aunque los actores no formulan una acusación formal al respecto, la Corte debe precisar en relación con las afirmaciones relativas al hecho de que mediante la Resolución 77 de 1990, la Junta Monetaria estableció que los créditos al sector agropecuario estarían sujetos al DTF mas 6 puntos, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 241 de la Constitución, esta Corporación carece de competencia para pronunciarse acerca de la mencionada resolución.
Magistrrado
1 En relación con las normas dictadas bajo estado de emergencia económica e incorporadas al Decreto 663 de 1993, puede consultarse la sentencia C-582/96.