Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/4362
Timestamp: 2020-01-22 05:08:50
Document Index: 201301431

Matched Legal Cases: ['Artículo 300', 'Artículo 847', 'Artículo 14', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 71', 'Artículo 163']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 66/2001
SENTENCIA 66/2001, de 17 de marzo
(BOE nº 83, de 06 de avril de 2001)
ECLI:ES:TC:2001:66
En el recurso de amparo núm. 3836/98 promovido por don Julio Hierro Moset, don Miguel Planchuelo Herresanchez y don Francisco Saiz Oceja, representados por el Procurador de los Tribunales don Juan Torrecilla Jiménez y asistidos por el Abogado don José Aníbal Álvarez García, contra la Sentencia 2/1998, de 27 de julio, del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aclarada por Auto de 8 de septiembre de 1998. Han intervenido el Ministerio Fiscal; el Abogado del Estado; don Rafael Vera Fernández- Huidobro, representado por el Procurador don Tomás Alonso Ballesteros, y los Letrados don Manuel Cobo del Rosal y don Felipe González Márquez; don Julián Sancristóbal Iguarán, representado por el Procurador don Jesús Álvaro Stampa Casas y el Letrado don José María Stampa Braun; y don Miguel Lasa Aróstegui, don Antonino Asteasuinzarra Pagola, don José Luis Echaide Esteibar, doña María Begoña Arbelaiz Arbelaiz, don Miguel Ángel Pérez de Arenaza Sogorb, representados por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu y el Letrado don Pedro María Landa Fernández. Ha sido Ponente don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. En escrito registrado en este Tribunal el 19 de agosto de 1998, el Procurador de los Tribunales don Juan Torrecilla Jiménez, en nombre y representación de don Julio Hierro Moset, don Francisco Saiz Oceja y don Miguel Planchuelo Herresanchez, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia 2/1998 de 27 de julio del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en la causa especial núm. 2530/95, aclarada por Auto de 8 de septiembre de 1998, que condenó a don Julio Hierro Moset y don Francisco Saiz Oceja como autores de un delito de detención ilegal del art. 163.1 en relación con el art. 167 CP 1995, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta; y a don Miguel Planchuelo Herresanchez como autor de los delitos de secuestro (art. 164 en relación con el art. 167 CP 1995) y de malversación de caudales públicos en grado de cooperador necesario (art. 432.1 CP 1995), en concurso medial y sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de nueve años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación absoluta. Los recurrentes alegan la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal, del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE).
a) En los hechos declarados probados de la Sentencia 2/1998 de 27 de julio impugnada, consta que el 4 de diciembre de 1983 fue detenido contra su voluntad en el sur de Francia el ciudadano español don Segundo Marey Samper, quien fue trasladado a una cabaña situada en Cantabria, donde permaneció hasta que fue liberado el 14 de diciembre de ese año. Dicha detención fue realizada por error, al pretender secuestrar a un miembro de la banda terrorista ETA, con la intención de negociar la liberación de policías españoles detenidos en Francia. Se declara probado que este hecho fue ideado por los Sres. Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo y Amedo, y que el Sr. Sancristóbal obtuvo autorización y financiación para el mismo de los Sres. Vera y Barrionuevo, que en el momento de los hechos eran, respectivamente, Director General de la Seguridad del Estado y Ministro del Interior, todos ellos condenados en la misma causa.
Respecto de los recurrentes, se declaró probado que la intervención en los hechos del Sr. Planchuelo consistió en negociar directamente con los mercenarios franceses que habrían de ejecutar materialmente el secuestro, su realización y pago, así como idear el secuestro, comunicar a los Sres. Hens y Corujo que debían custodiar a un detenido, y acordar junto con otros la emisión del comunicado transmitido por medio de la Cruz Roja que sometía la puesta en libertad del secuestrado a la condición de liberar a los policías españoles detenidos en Francia. Se declara probado, también, que los Sres. Hierro y Saiz Oceja se trasladaron al túnel de Basauri, donde se les entregó el Sr. Marey Samper al que condujeron a la cabaña donde permaneció hasta el final del secuestro. El Sr. Hierro se habría vuelto la misma noche del secuestro a Bilbao, y el Sr. Saiz Oceja habría permanecido en la cabaña custodiando al secuestrado durante unos días.
b) Incoado el sumario 1/88 en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional por una pluralidad de hechos atribuidos a los denominados "Grupos Antiterroristas de Liberación", se presentó querella el 23 de abril de 1988 en calidad de acusación popular por don José Alberto Cruz Bravo y 103 personas más contra don José Amedo Fouce, don Michel Domínguez Martínez "y contra cualesquiera otras personas que en el curso de la investigación aparezcan como partícipes de la organización GAL", por distintos hechos entre los cuales aparece el secuestro de don Segundo Marey Samper. La querella fue admitida a trámite por Auto de 13 de mayo de 1988 y se acordó el desglose y tramitación separada en procedimiento designado como sumario 17/89. Tras distintas vicisitudes procesales, el día 16 de diciembre de 1994, don José Amedo Fouce y don Michel Domínguez Martínez, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y también condenados en la misma causa, declararon rectificando sus declaraciones anteriores, autoinculpándose por el secuestro de don Segundo Marey Samper e implicando en el mismo a los demandantes de amparo.
3. Los recurrentes alegan la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal y del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE):
b) Respecto del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial, se sostiene que se trata no sólo de un derecho reconocido en el marco del derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, sino en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se afirma que días antes de que la Sentencia fuera redactada y notificada a las partes, se produjo una filtración al diario "El País", por Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre el contenido de las deliberaciones de la misma y su previsible fallo. Dicha filtración habría generado un debate político, social y periodístico nacional que pudo haber influido en las penas impuestas originando causas objetivas que afectan a la apariencia de objetividad e imparcialidad exigida al Tribunal juzgador, y lesionándose, así, el derecho a la celebración de un proceso público con todas las garantías ante un Tribunal independiente e imparcial.
En la demanda se sostiene que, en dicha querella, ni se habían identificado los recurrentes ni habían adquirido la condición de sujetos pasivos del proceso, por lo que no podían ejercer su derecho de defensa, ni podía considerarse que el procedimiento se había dirigido contra ellos a los efectos de entender interrumpido el plazo de prescripción del delito que se les imputaba. La fundamentación de la Sentencia del Tribunal Supremo estimando la interrupción de la prescripción se sustentaría en una interpretación del art. 113 CP 1973 contraria a la línea jurisprudencial sostenida desde los años noventa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y conforme a la cual sólo sería posible considerar interrumpida la prescripción si los actos procesales se hubieran dirigido contra personas identificadas de alguna manera en el proceso; por el contrario, la resolución impugnada creó una excepción a la doctrina general con base en que se trataba de un delito cometido por una colectividad. Los recurrentes entienden, de un lado, que esta excepción y la interpretación que la sustenta carece de apoyo legal y sería contraria al Derecho penal de culpabilidad que sólo conoce responsabilidades individuales; de otra, que el hecho de que los condenados fueran policías integrantes de una organización estatal ni permite sostener la existencia de una colectividad formada por los condenados ni la querella se dirigió contra ningún colectivo, sino contra personas individuales; y, por último, que si el fundamento de la necesidad de efectuar una valoración global de la interrupción de la prescripción se debe, como la propia Sentencia argumenta, a las dificultades en el conocimiento de las personas que pueden ser los jefes de dichas organizaciones que actúan en la sombra, esta fundamentación no sería aplicable respecto de los recurrentes, quienes no ostentaban dicha posición y a quienes se imputaron actos materiales de ejecución del delito.
4. Por providencia de 10 de noviembre de 1998, la Sala Segunda, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no excediere de diez días, se emplazare a quienes fueron parte en la causa especial 2530/95, con la excepción de los recurrentes de amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional, si lo estimaren procedente.
5. Por providencia de 12 de noviembre de 1998 se acordó la apertura de la pieza separada de suspensión, en la que, tras efectuarse las alegaciones de las partes, se dictó por la Sala Segunda el Auto de 26 de noviembre de 1998 que acordó suspender la resolución judicial en lo referido a las penas privativas de libertad impuestas a los recurrentes Sres. Don Julio Hierro Moset y don Francisco Saiz Oceja y denegar la suspensión en lo relativo a la pena privativa de libertad impuesta a don Miguel Planchuelo y al resto de las penas, responsabilidad civil y costas procesales. La representación procesal de don Miguel Planchuelo volvió a instar la suspensión de la resolución judicial al serle concedido un indulto parcial por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1998. Tras la apertura de un nuevo trámite de alegaciones, la Sala Segunda dictó el Auto de 29 de diciembre de 1998 acordando la suspensión de la resolución judicial respecto de la pena privativa de libertad impuesta y manteniendo el resto de los pronunciamientos del Auto de 26 de noviembre de 1998.
6. Las representaciones de quienes habían sido parte en la causa 2530/95 se personaron en el presente procedimiento de amparo: el Abogado del Estado por escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre; la representación de don Segundo Marey Samper en escrito registrado en este Tribunal el 30 de noviembre de 1998; la representación de don Rafael Vera Fernández-Huidobro en escrito registrado en este Tribunal el 26 de noviembre de 1998, quien, además, con cita de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Castillo Algar c. España, alega la contaminación sufrida por siete de los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al haber conocido del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de procesamiento de 23 de enero de 1996, y haber formado parte con posterioridad del Pleno de la Sala de lo Penal que juzgó la causa 2530/95; la representación procesal de don Julián Sancristóbal en escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre de 1998; la representación procesal de la acusación particular que encabeza don Miguel Lasa Aróstegui, en escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 1998; la representación procesal de la acusación popular que encabeza don José Alberto Cruz Bravo en escrito registrado en este Tribunal el 30 de noviembre de 1998.
7. La Sala Segunda, en providencia de 14 de enero de 1999, acordó tener por recibidos los escritos reseñados en el número anterior y tener por personados al Abogado del Estado y a los Procuradores que figuran en los mismos en nombre y representación de don Segundo Marey Samper, don Rafael Vera Fernández-Huidobro y don Julián Sancristóbal. Asimismo, se tuvo por personado al Sr. Dorremochea Aramburu en nombre y representación de don Miguel Lasa Aróstegui, don Antonino Asteasuinzarra Pagola, don José Luis Echaide Esteibar, doña María Begoña Arbelaiz Arbelaiz, don Miguel Ángel Pérez de Arenaza Sogorb, doña Begoña Galdeano, doña Claudia Salazar, doña Elena Bartolomé, doña Felisa Ciuluaga y doña María Brouard, debiendo acreditar en el plazo de diez días su representación en escritura de poder notarial, y respecto de los cinco últimos, deberá acreditar, en el mismo plazo, su condición de parte en el proceso judicial antecedente, al no figurar en el folio sexto de la Sentencia del Tribunal Supremo. Igualmente, se tuvo por personada a la Sra. Rodríguez Pérez en nombre de José Alberto Cruz Bravo y otros, debiendo presentar, en el plazo de diez días, una relación numerada de todos y cada uno de sus representados, sin que pueda obviarse el presente requerimiento con mera referencia de las escrituras aportadas en el recurso núm. 3837/98. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, se concedió plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, dentro de dicho término, formulasen las alegaciones que estimaren pertinentes, con vista de las actuaciones correspondientes a la causa especial 2530/95, que, debido a su volumen, se les pondrían de manifiesto en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a cuyo fin se dirigió atenta comunicación a dicha Sala.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de enero de 1999, la representación de la acusación popular encabezada por don José Alberto Cruz Bravo, manifestó su protesta por no habérsele dado la audiencia prevista en el art. 56.2 LOTC en la pieza de suspensión, así como su voluntad de ser tenida por desistida en el presente recurso de amparo.
9. Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de enero de 1999, la representación procesal de don Segundo Marey Samper, en su nombre, manifestó su voluntad de ser apartado del presente procedimiento.
10. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de enero de 1999, la representación procesal de don Miguel Lasa, don Antonio Asteaunsizarra, don José Luis Echaide, doña María Arbelaiza y Miguel Ángel Pérez de Arenaza, acompañó copia del poder requerido manifestando que el original se había aportado en el recurso de amparo núm. 3835/98. Asimismo, se señaló que, dado que la Sentencia del Tribunal Supremo sólo se refiere a las cinco personas mencionadas, la personación se efectúa tan sólo en su nombre.
11. Por providencia de 8 de febrero de 1999, la Sala Segunda acordó tener por decaída a la Procuradora Sra. Rodríguez Pérez, en su derecho a personarse en nombre de don José Alberto Cruz Bravo y otras personas al no haber dado cumplimiento al requerimiento hecho en providencia de 14 de enero, y al Procurador Sr. Dorremochea en su derecho a personarse en nombre y representación doña Begoña Galdeano, doña Claudia Salazar, doña Elena Bartolomé, doña Felisa Ciuluaga y doña María Brouard, al no haber acreditado su condición de parte, conforme se le había requerido en la citada providencia. Finalmente, se acordó conceder plazo de diez días a la Procuradora Sra. Martín Cantón para que acreditase que don Segundo Marey Samper se ratificaba en su escrito de 25 de enero, o aportase poder especial para desistir.
12. Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de febrero, la representación procesal de don Segundo Marey Samper, manifestó que, solicitado a éste poder especial para desistir, recibió carta manuscrita en la que ratificaba su voluntad de apartarse del presente procedimiento de amparo. En providencia de 8 de marzo de 1999, la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por desistido a don Segundo Marey Samper en las presentes actuaciones.
13. Por escrito registrado en este Tribunal el 26 de enero de 1999, la representación procesal de don Julián Sancristóbal en su nombre se adhirió a este recurso de amparo en todos sus motivos y fundamentos.
14. En escrito registrado en este Tribunal el 27 de enero de 1999, cumplimentando el trámite de alegaciones sólo en relación con la demanda de amparo de don Miguel Planchuelo, el Abogado del Estado interesó la desestimación íntegra de la demanda de amparo:
En primer término, aduce la propia jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la doble instancia penal. En este marco, afirma, de un parte que, a pesar de que hay que considerar incorporado a nuestro derecho interno dicho derecho, ello no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes (STC 42/1982), y, de otra, que es el hecho de haber tenido acceso a un fuero privilegiado y haber sido juzgado por el más alto Tribunal de la nación lo que impide la revisión de la Sentencia (STC 51/1985). De otra parte, con cita de la STC 41/1998 sostiene que hay determinados supuestos en los que la garantía que implica la posibilidad de sometimiento del fallo condenatorio a un Tribunal Superior se satisface sin necesidad de que exista un recurso autónomo. Este sería el caso en los supuestos en que la condena es pronunciada en primera y única instancia por el Tribunal Supremo. Dicha conclusión vendría avalada por lo dispuesto en el párrafo 2 del art. 2 del Protocolo núm. 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que este derecho podrá ser objeto de excepciones "cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto Tribunal", pues, aunque no haya sido ratificado por España, puede servir de pauta interpretativa sobre la cuestión.
c) En relación con la posible vulneración del derecho a la legalidad penal, el Abogado del Estado, tras negar relevancia a la cuestión en el seno del art. 9.3 CE, dado que no contiene un derecho amparable, sostiene que, de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, apreciar o rechazar la prescripción del delito es cuestión de mera legalidad que sólo adquiere relevancia constitucional en casos de error patente o aplicación arbitraria. De otra parte, con cita de la doctrina constitucional sobre la posible vulneración del derecho a la legalidad sancionadora cuando la subsunción de hechos es ajena a todo significado posible de la norma aplicada o cuando la interpretación de ésta resulta irrazonable y contraria a su orientación material, o a las pautas axiológicas que derivan de la Constitución o que se aceptan en la comunidad jurídica, se razona a partir de este canon sobre la conformidad al mismo de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre las normas relativas a la prescripción. Así, en general se entiende que el Tribunal Supremo ha efectuado una de las posibles interpretaciones tanto legal como constitucionalmente, sin rebasar los límites que la sujeción a la ley y la seguridad jurídica imponen, de modo que los recurrentes sólo expresarían en este punto su disenso respecto de la interpretación realizada.
En particular, se sostiene, en primer término que, respecto del Sr. Planchuelo, son irrelevantes las quejas por cuanto al habérsele condenado por dos delitos en concurso medial parece claro que el plazo de prescripción es de quince años, de modo que éste no habría transcurrido en el momento en que el mismo considera que ha de considerarse interrumpida la prescripción, en 1995.
En tercer lugar, respecto de la apreciación de la interrupción de la prescripción en el momento de la interposición de la querella de la acusación popular en 1985, se afirma que, si bien se trata de una interpretación novedosa, no rebasa los límites de lo constitucionalmente admisible, pues se mantiene fiel al texto de la norma, y resulta razonable entender que en los delitos cometidos por una colectividad la prescripción se produzca para todos al mismo tiempo, pues elimina "odiosas desigualdades" en la aplicación de la ley y "favorece el castigo de los máximos responsables". Tampoco esta doctrina implicaría negación de los principios de culpabilidad y responsabilidad criminal, por cuanto cuando se habla de colectividad se pretende denotar un conjunto de personas individuales.
15. Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de enero de 1999, los recurrentes, evacuando trámite de alegaciones, se reiteraron en el contenido de la demanda.
16. Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de febrero de 1999, el Ministerio Fiscal, en trámite de alegaciones, interesó la desestimación íntegra de la demanda:
a) Respecto del derecho a la doble instancia, sostiene, con cita de la jurisprudencia de este Tribunal, que el art. 14.5 PIDCP no es bastante para crear recursos inexistentes, que no cabe recurso de casación por prohibirlo explícitamente el art. 847 LECrim y que el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo en única instancia se debe a haber utilizado el fuero privilegiado. Por último, se afirma que esta solución se refuerza por el reconocimiento en el art. 2.2 del Protocolo 7 CEDH de una excepción al derecho a la doble instancia en estos casos.
17. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de febrero de 1999, la representación de la acusación popular encabezada por don Miguel Lasa interesó igualmente la desestimación de la demanda:
21. El día 16 de marzo de 2001, una vez iniciada la deliberación del Pleno y en el transcurso de la misma, el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende presentó un escrito dirigido al Presidente del Tribunal, del siguiente tenor: "Que desempeñó el cargo de Presidente de la Audiencia Nacional entre 1977 y 1986, durante cuyo período tuvo ocasión de conocer por razón del cargo a varios de quienes hoy piden amparo y entre junio de 1991 y junio de 1992 volvió a ocupar ese mismo puesto, teniendo allí como subordinado al Juez Central de Instrucción nº 5 don Baltasar Garzón Real, cuya actuación como instructor es objeto directo de impugnación en los recursos arriba mencionados. Las relaciones funcionales antedichas con las personas implicadas en estos asuntos puede empañar la imagen de imparcialidad sin sombra alguna que en cualquier sociedad democrática debe adornar a los jueces como su 'segunda piel' y ello cualquiera que pudiera ser el sentido de mis opiniones y de mi voto. Por ello, y consciente también del valor paradigmático y testimonial del gesto, me veo en el deber de abstenerme de participar en la deliberación y votación de la Sentencia que pondrá fin a este recurso de amparo nº 3836/98 interpuesto por el señor Hierro y solicito del Pleno que apruebe dicha abstención, teniéndome por separado del conocimiento del mismo". El Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados que lo componen, acordó no dar lugar a la abstención solicitada.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia 2/1998, de 27 de julio, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en la causa especial núm. 2530/95, que condenó a don Julio Hierro Moset y don Francisco Saiz Oceja como autores de un delito de detención ilegal del art. 163.1 en relación con el art. 167 CP 1995, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta; y a don Miguel Planchuelo Herresanchez como autor de los delitos de secuestro (art. 164 en relación con el art. 167 CP 1995) y de malversación de caudales públicos en grado de cooperador necesario (art. 432.1 CP 1995), en concurso medial y sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de nueve años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación absoluta. Los recurrentes alegan la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal, dado que el conocimiento de la causa por el Tribunal Supremo les impidió someter a revisión el fallo condenatorio y las condenas; aducen, también, la lesión del derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial en el marco del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), pues la filtración de las deliberaciones de la Sala pudo influir en las penas impuestas; por último, se argumenta la infracción del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 en relación con el art. 9.3 CE) en relación con la aplicación de las reglas de la prescripción. A todas las pretensiones se oponen el Abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y la acusación particular interesando la desestimación íntegra de la demanda.
2. Respecto de la alegación relativa al derecho a ser juzgados por un Tribunal independiente e imparcial, señalan los recurrentes que durante los días 22 y 28 de julio de 1998, uno o varios miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo filtraron a los medios de comunicación el contenido de sus deliberaciones y votaciones secretas, producidas en el Pleno de dicha Sala con posterioridad a la celebración del juicio oral. Mediante dicha filtración se adelantó parcialmente la sentencia condenatoria cuando, al parecer, la resolución no había sido aún redactada ni notificada. Esta utilización de los medios de comunicación para revelar deliberaciones secretas supone, en opinión de los demandantes, además de una vulneración del art. 233 LOPJ, una infracción penal, y generó un debate social y periodístico sobre la conveniencia de las penas a imponer, que pudo haber influido finalmente en las penas realmente impuestas y generado causas objetivas que afectan a la apariencia de imparcialidad exigible al Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con lesión del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE.
a) Así pues, con fundamento en la vulneración del art. 24.2 CE, la demanda pone en duda, en primer lugar, la imparcialidad del órgano de enjuiciamiento, valiéndose para ello de la afirmación de que al menos uno de los Magistrados que componían la Sala que dictó la sentencia ha sido el autor de la filtración del fallo de la misma y de parte del contenido de las deliberaciones a los medios de comunicación antes de que la resolución fuese notificada a las partes. Pues bien, aunque se estimase acreditado, lo que no es el caso, que uno o varios de los Magistrados integrantes de la Sala sentenciadora hubieran sido los autores de las filtraciones publicadas, lo cierto es que el sólo dato de que éstas se hubieran producido no repercute negativamente, menoscabándola, en la imparcialidad del Tribunal.
Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas [SSTC 145/1988, de 12 de julio, 11/1989, de 24 de enero, 151/1991, de 8 de julio, 113/1992, de 14 de septiembre, 119/1993, de 19 de abril, 299/1994, de 14 de noviembre, 60/1995, de 16 de marzo, 142/1997, de 15 de septiembre, y 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5, y SSTEDH de 1 de octubre de 1982 (caso Piersack), de 26 de octubre de 1984 (caso De Cubber), de 24 de mayo de 1989 (caso Hauschildt), 16 de diciembre de 1992 (caso Saint- Marie), de 24 de febrero de 1993 (caso Fey), de 26 de febrero de 1993 (caso Padovani), de 22 de abril de 1994 (caso Saraiva de Carvalho), de 22 de febrero de 1996 (caso Bulut), de 20 de mayo de 1998 (caso Gautrin y otros), y de 28 de octubre de 1998 (caso Castillo Algar)].
b) Por lo demás, y como decíamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 8, la protección frente a declaraciones en los medios de comunicación acerca de procesos en curso y frente a juicios paralelos tiene su razón de ser en que éstos, no sólo pueden influir en el prestigio de los Tribunales sino, muy especialmente, en que pueden llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de aquellos, ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo pueden influir en la decisión que deben adoptar los Jueces. Cuando efectivamente se da tal circunstancia, el derecho a un proceso con todas las garantías puede quedar conculcado, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida haya tenido un efecto concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los valores implicados, basta la probabilidad fundada de que tal influencia haya tenido lugar (STEDH, de 29 de agosto de 1997, caso Worm, allí citada).
Partiendo de los anteriores presupuestos, ha de dejarse constancia previa de que no puede cuestionarse el desinterés objetivo en el asunto de los miembros del Tribunal sentenciador. En efecto, nada avala una relación previa de éstos con las partes del proceso o con sus intereses. Y, de otro lado, ha de tenerse en cuenta que el secreto en las deliberaciones y en el voto de los Magistrados llamados a pronunciar un fallo de absolución o de condena representa también una garantía para el propio Tribunal, que permite evitar que sus miembros se vean presionados externamente en el momento de tomar su decisión, que les posibilita expresar libremente sus opiniones o valoraciones sobre los hechos y que impide consecuencias o juicios externos sobre lo manifestado individualmente por cada Magistrado durante los debates. Sólo en la medida en que se acreditase que la opinión de alguno o de algunos de los integrantes del Tribunal haya podido verse condicionada por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación, o que la citada "filtración" iba encaminada a obtener una modificación interesada de lo previamente decidido, la garantía de imparcialidad, reconocida por el art. 24.2 CE, podría haberse visto afectada en su vertiente subjetiva. Y, en este sentido, pese a que, como principio general, la exigencia superior de la justicia y la naturaleza de la función judicial obligue a las autoridades judiciales llamadas a juzgar a observar la mayor discreción, con el fin de garantizar su imagen de jueces imparciales (STEDH, de 16 de septiembre de 1999, en el caso Buscerni), en el caso presente, el tenor de la información aparecida en los medios de comunicación (tendente a informar sobre cuál había sido el contenido de parte de las deliberaciones y del sentido del fallo antes de que el mismo fuese notificado a las partes), no implica, ni que el fallo se hubiese visto modificado a partir de tal información, ni que se haya producido un "juicio paralelo" capaz de menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de la Sala sentenciadora, puesto que ya había concluido el juicio oral, se había desarrollado toda la prueba e, incluso, había finalizado la deliberación sobre el contenido del fallo condenatorio.
c) "En palabras muy ilustrativas de la Sentencia del TEDH de 10 de junio de 1996, dictada en el caso Pullar (§32): El principio según el cual se debe presumir que un Tribunal está exento de prejuicio o de parcialidad refleja un elemento importante de la preeminencia del Derecho, a saber: que el veredicto de un Tribunal es definitivo y con fuerza obligatoria, a no ser que sea revocado por una jurisdicción superior por vicios de procedimiento o de fondo. Este principio debe aplicarse de la misma forma a todas las clases de Tribunales. Incluso si en determinados casos ... puede resultar difícil aportar pruebas que permitan desvirtuar la presunción, pues el requisito de la imparcialidad objetiva supone, conviene recordarlo, una importante garantía adicional" (cita de la STC 136/1999, FJ 9).
3. En segundo lugar, afirman los recurrentes en su demanda que la condena impugnada ha vulnerado el art. 25.1 CE, en cuanto proclama el derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones, al no haber declarado extinguida por prescripción la responsabilidad criminal derivada del delito de detención ilegal que se les imputaba. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que el delito imputado no había prescrito conforme a las previsiones del CP 1973, ni tampoco conforme a las del CP 1995 pues, acaecidos los hechos delictivos en diciembre de 1983, el plazo de prescripción (de diez años, conforme a los arts. 113, 114 y 480.1 CP 1973), se vio interrumpido por la presentación y admisión a trámite, en marzo y abril de 1988 (cuatro años y cuatro meses después), de una querella criminal por los hechos enjuiciados que se dirigió contra dos de los acusados (Sres. Amedo y Domínguez) y contra "cualesquiera otras personas que en el curso de la investigación aparecieran como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)". Consideran que la querella presentada, dada su indefinición, no les confirió el carácter de imputados que los preceptos penales aplicados exigen para dar por interrumpida la prescripción; pues sólo cabría entender que la causa "se dirige contra el culpable" cuando éste adquiere la condición de imputado en el proceso judicial en el que se discute su culpabilidad, y dicha condición sólo la adquirieron los recurrentes en el mes de febrero de 1995 (once años y dos meses después de acaecidos los hechos), cuando fueron por primera vez identificados en la fase sumarial del procedimiento y se les citó como imputados.
En su opinión, dicho razonamiento no sólo pugna con la propia jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sino que se basa en una distinción entre "delitos ordinarios" y "delitos cometidos por una colectividad" que carece de apoyo legal en los arts. 114 CP 1973 y 132.2 CP 1995; de forma que si en los primeros es precisa alguna forma de identificación individual de los culpables, para entender dirigido contra ellos el procedimiento, y con ello interrumpido el plazo de prescripción, en la segunda clase de delitos, a la que pertenecería el que les ha sido imputado, se exceptúa esta regla y se da por satisfecha la exigencia normativa que considera interrumpida la prescripción desde que el procedimiento se dirige contra esa colectividad, aunque no sea posible aún la determinación concreta de los responsables criminales ni otra determinación a través de la cual pudiera llegar a identificárseles individualmente.
a) El análisis de esta queja que, con cita del art. 25.1 de la Constitución, denuncia su condena al cumplimiento de penas graves privativas de libertad y de derechos en un caso no previsto por la ley, exige realizar algunas consideraciones previas sobre el contenido de los derechos fundamentales alegados y su relación con la institución penal de la prescripción.
Este Tribunal ha resuelto en anteriores ocasiones no pocas quejas que aducían la indebida apreciación judicial de la prescripción de los delitos. En algunas de ellas, como en este caso, fueron los condenados quienes alegaban haberlo sido en un supuesto no contemplado en la ley (SSTC 152/1987, de 7 de octubre, 255/1988, de 21 de diciembre, 194/1990, de 29 de noviembre, 12/1991, de 28 de enero, 223/1991, de 25 de noviembre, 150/1993, de 3 de mayo, 381/1993, de 20 de diciembre y 116/1997, de 23 de junio). En otras, fueron los acusadores particulares quienes se quejaban de que sus acciones penales habían sido indebidamente desestimadas por apreciarse la prescripción de los delitos imputados y la subsiguiente extinción de la responsabilidad penal exigida (SSTC 83/1989, de 10 de mayo, 157/1990, de 18 de octubre y 301/1994, de 14 de noviembre, entre otras).
b) De las anteriores consideraciones fluye naturalmente la necesidad de enjuiciar la aplicación de las normas sobre prescripción que, en el caso concreto a tenor de las circunstancias concurrentes, ha realizado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para elucidar si las tachas de arbitrariedad en el razonamiento y carencia de todo apoyo legal, formuladas por los recurrentes, tienen o no contenido material.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la resolución impugnada (FJ 28), ha justificado la desestimación de la prescripción en el hecho de haberse dirigido el procedimiento contra quienes luego han sido declarados culpables -también contra los recurrentes- antes de que transcurriera el tiempo previsto en la ley. Para el Tribunal Supremo la prescripción quedó interrumpida por la interposición (el 23 de marzo de 1988) y posterior admisión a trámite (el 13 de abril del mismo año) de una querella criminal formulada por un grupo de ciudadanos que se constituyeron en acusación. Dicha querella, en cuanto a su objeto, se refería a la actuación del autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), y concretamente al secuestro del Sr. Marey Samper y a la supuesta utilización de fondos públicos para su financiación; y subjetivamente se dirigió contra dos de los acusados (Sres. Amedo y Domínguez) y contra "cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o responsables de instituciones, que en el curso de la investigación aparezcan como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)".
El análisis de esta fundamentación, a tenor de los criterios de escrutinio ya señalados, permite afirmar que se trata, sin lugar a dudas, de una resolución suficientemente fundada en la que se aprecia un nexo lógico entre la norma y la decisión adoptada a través de un razonamiento que, ni es plenamente novedoso en todos sus pronunciamientos, ni carece de apoyo legal, ni tampoco es contrario a los fines de la institución, como denuncian los recurrentes.
No se trata de una resolución arbitraria, sino razonadamente fundada, porque con la misma ni se sustituye el mandato de la norma por la voluntad del intérprete, ni el órgano judicial se apoya aparentemente en la ley como pretexto para zanjar la cuestión debatida según su propio criterio. La norma aplicada, el art. 114 CP 1973, prevé la interrupción de la prescripción "desde que el procedimiento se dirija contra el culpable", es decir, exige indudablemente una conexión entre las actuaciones procesales y quien finalmente resulta condenado para dar por interrumpida la prescripción, aunque no especifica la calidad ni la intensidad de dicha conexión. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha interpretado el texto de la ley considerando suficiente la conexión que se establece tras la admisión a trámite de la querella dados los términos de la misma pues se refería objetivamente a los mismos hechos que han dado lugar a la condena (el secuestro del Sr. Marey) y subjetivamente se dirigía contra dos funcionarios policiales, que finalmente han sido condenados, y contra quienes con ellos pudieran estar relacionados en dichas actividades delictivas, en su caso, "por ser responsables de instituciones". Esta interpretación supera el canon de constitucionalidad anteriormente expuesto y, en consecuencia, no cabe apreciar la lesión del derecho fundamental alegado.
4. Finalmente, como ha quedado expuesto detalladamente en los antecedentes, alegan los recurrentes la vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal que constituiría una de las garantías inherentes al derecho al proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE, así como en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 2.1. del Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH), que han de tenerse en cuenta en la interpretación de las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE). Razonan los recurrentes, en primer término, que este derecho, que implica la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la Ley, constituye un límite infranqueable a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de recursos en el orden penal. De modo que, habiendo tenido lugar el enjuiciamiento de los hechos en el Tribunal Supremo en instancia única, se les habría lesionado de forma efectiva, real e irreparable el contenido esencial del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal. Dicha lesión, según se alega, derivaría de la aplicación de la legislación procesal que no permite interponer recurso en los casos en los que el Tribunal Supremo conoce en única instancia.
De otra parte, sostienen que la doctrina constitucional, que entiende que las garantías que protegen a Senadores y Diputados compensan la ausencia de doble instancia, debe ser matizada en este caso, dado que los recurrentes no son aforados y, por tanto, no han utilizado ningún fuero especial, porque su condición no se lo permitía. Finalmente, afirman que la competencia funcional para el conocimiento del caso en segundo grado debería revertir al propio Tribunal Constitucional.
La queja se plantea, pues, por quienes no siendo aforados han visto como se trasladaba ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el enjuiciamiento de las imputaciones que pesaban sobre ellos, dado que uno de los imputados en la misma causa tenía la condición necesaria para el aforamiento previsto en el art. 71.3 CE, y dado que se apreció conexidad respecto de los hechos atribuidos al aforado y a ellos mismos.
b) Como acabamos de señalar, el reconocimiento del derecho aquí considerado no puede obviar que el art. 71.3 CE establece que en las causas contra Senadores y Diputados será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma que, como declaramos en la STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 6, "la Sala Segunda del Tribunal Supremo es, respecto de las acciones penales dirigidas contra Diputados y Senadores, 'el Juez ordinario predeterminado por la Ley' a que se refiere el art. 24.2 CE, esto es, aquel constituido con arreglo a las normas procesales de competencia preestablecidas, en este caso, por la Constitución misma en su art. 71.3". Pues, como también sostuvimos en dicha Sentencia, "la finalidad cuya salvaguarda se persigue mediante la constitucionalización de la prerrogativa de aforamiento especial de Diputados y Senadores ... [reside en proteger] la propia independencia y sosiego, tanto del órgano legislativo como del jurisdiccional, frente a potenciales presiones externas o las que pudiese ejercer el propio encausado por razón del cargo político e institucional que desempeña. La prerrogativa de aforamiento actúa, de este modo, como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial, o, dicho de otro modo, el aforamiento preserva un cierto equilibrio entre los poderes y, al propio tiempo, la resistencia más eficaz frente a la eventual trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento".
De otra parte, si bien la literalidad del art. 71.3 CE no impone el conocimiento de las causas penales contra Diputados y Senadores en única instancia por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin embargo, ha de entenderse que el constituyente efectuó una inicial ponderación del derecho al doble grado de jurisdicción de Diputados y Senadores y de las necesidades de protección tanto de la independencia de la propia institución parlamentaria como del Poder judicial. Ponderación que, como también acabamos de recordar, no resulta ajena al entendimiento de los países de nuestro entorno jurídico-constitucional respecto del alcance de este derecho, pues como excepción al mismo se admite el caso en el que el Tribunal superior en el orden penal haya conocido en primera y única instancia (art. 2.2 del Protocolo 7 CEDH). Dicha ponderación convierte en innecesaria una ulterior valoración expresa de la proporcionalidad de la restricción de este derecho fundamental, en otro caso imprescindible, dado que, como este Tribunal tiene declarado, toda restricción de derechos fundamentales debe responder a un fin constitucionalmente legítimo y ser instrumento necesario y adecuado para alcanzar dicho objetivo (por todas SSTC 62/1982, de 15 de octubre, FFJJ 3, 4 y 5; 175/1997, de 27 de octubre, FJ 4; 49/1999, de 5 de abril, FJ 7).
c) Ahora bien, en el examen de la pretensión de los recurrentes se ha de tener en cuenta que el fuero constitucionalizado en el art. 71.3 CE no es directamente aplicable a los demandantes de amparo, ya que carecen de la condición de Diputados o Senadores. El enjuiciamiento de los recurrentes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se sustenta en las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el enjuiciamiento conjunto en un único procedimiento de los delitos conexos (arts. 17.1, 272.3, 300). El aforamiento especial de uno de los encausados ha tenido como consecuencia, en aplicación de dichas normas legales, que los recurrentes vieran modificado el órgano competente con carácter general por razón de la materia que era la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se restringiera, como consecuencia de su enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo, su derecho a someter la declaración de culpabilidad y la pena ante un Tribunal superior.
La legitimidad constitucional de esta restricción del derecho al doble grado de jurisdicción en los casos de no aforados requiere la ponderación específica de los derechos e intereses en juego a la que nos acabamos de referir. Dicha ponderación ha de efectuarse primeramente por el legislador y después por los Tribunales penales teniendo en cuenta que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. 847 -redactada conforme a la Ley 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, Disposición final segunda, núm. 16- ya no prohíbe expresamente el recurso de casación en estos casos.-
Sobre la base de un modelo de análisis similar, la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Tanassi y otros, en su Decisión de inadmisión de 18 de diciembre de 1980, examinando la queja relativa al derecho a una doble instancia, tanto en cuanto lesión del derecho a un proceso justo, como en cuanto lesión del derecho a la igualdad, por afectar en aquel caso el aforamiento de una persona a otras no aforadas, tras declarar que el art. 6.1 CEDH no impone la exigencia de establecer una doble instancia (párrafo 16 de la decisión), llevó a cabo un juicio de proporcionalidad sobre las medidas existentes en el orden jurídico del Estado demandado, ponderando las desventajas que resultan para los no aforados de no gozar de un segundo grado de jurisdicción en una causa penal en relación con otros fines igualmente legítimos. Para concluir, en dicho caso, que la medida de la legislación interna que excluía la segunda instancia era proporcionada a otros fines legítimos; así, entendió que la protección de las funciones del gobierno, determinante de la competencia de la Corte Constitucional italiana, y la necesidad de coordinar la apreciación de los hechos y de las responsabilidades de los intervinientes cuando la realización del delito se atribuye al concurso de una pluralidad de personas, constituían fines legítimos para cuya consecución resultaba proporcionada la sustanciación de un único procedimiento ante la Corte Constitucional, aunque ello implicara un trato desigual para los imputados no pertenecientes al gobierno. Juicio de proporcionalidad que también se ha llevado a cabo en decisiones posteriores relativas al Protocolo núm. 7 (asuntos E.M., de 26 de octubre de 1995 y Hauser, de 16 de enero de 1996, entre otras).
En el presente caso se ha de tomar en consideración, en primer término, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su arts. 17, 272.3 y 300 establece la previsión de enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos. De otra parte, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el Auto de 24 de septiembre de 1997, de apertura del juicio oral (FJ 2), en relación con la conexidad sostuvo:
"en los asuntos complejos, relativos a actividades múltiples de un mismo grupo o grupos más o menos coordinados entre sí, como pudo ocurrir con la actuación de los llamados GAL, si se utilizara un criterio amplio en cuanto al concepto de delitos conexos, podríamos llegar a incluir dentro del mismo procedimiento una pluralidad de hechos posiblemente delictivos de tal magnitud que fuera prácticamente imposible manejar el correcto funcionamiento procesal de la causa penal por sus desmesuradas proporciones. Para evitar esto es necesario que adoptemos respecto de la conexión (que obligaría a incluir en un solo proceso el conocimiento de los diferentes delitos unidos entre sí por determinados elementos -arts. 17, 18 y 300 LECr) un criterio estricto y riguroso, lo que, por otro lado, es asimismo una exigencia derivada del carácter excepcional que el T.S. tiene como órgano judicial cuando conoce de la instrucción y enjuiciamiento de determinadas causas penales que se siguen contra determinadas personas, a las que se refiere el art. 57-2º LOPJ.
Conforme a este criterio restrictivo ... , como la razón de ser de nuestra competencia en la presente causa se encuentra en que aparece procesado en la misma el Excmo. Sr. D. José Barrionuevo Peña, Diputado del Congreso, y éste sólo está implicado en los hechos relativos al secuestro de Segundo Marey, a su integración en el grupo de quienes llevaron a cabo dicho secuestro y al uso de los fondos públicos que para dicha acción se utilizaron, entendemos que este procedimiento sólo habrá de referirse a los delitos que pudieran haberse cometidos por tales hechos, excluyendo aquellos otros que, referidos también en el citado auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 en el sumario 1/1988, nada tiene que ver con el mencionado secuestro".
1. Voto particular que formula el Magistrado don Tomás S. Vives Antón a la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3836/98.
Numéro et date BOE [Nº, 83 ] 06/04/2001 Correction 1 Correction 2
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 3836-1998
Promovido por don Julio Hierro Moset, don Miguel Planchuelo Herresanchez y don Francisco Saiz Oceja frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por un delito de detención ilegal y, al segundo de ellos, por delitos de secuestro y de malversación de caudales públicos, en la causa seguida por el secuestro de don Segundo Marey Samper.
Reitera la doctrina de la STC 64/2001.
Artículo 300, f. 4
Artículo 847 (redactado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo), f. 4
Artículo 14.5, f. 4, VP
Artículo 10.2, f. 4,VP
Artículo 24.2 (derecho a un juez imparcial), f. 2
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 1, 2, 4, VP
Artículo 24.2 (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), f. 4
Artículo 71.3, f. 4, VP
En general, f. 4,VP
Disposición final segunda, apartado 16, f. 4
Artículo 163.1, f. 1
Derecho al recurso penalDerecho al recurso penal, f. 4, VP
Derecho al recurso penalDerecho al recurso penal, Respetado, f. 4 c)
Doble instancia penalDoble instancia penal, f. 4
Delitos conexosDelitos conexos, f. 5 c)
Enjuiciamiento conjunto de aforados y no aforadosEnjuiciamiento conjunto de aforados y no aforados, f. 4 c)
SuplicatorioSuplicatorio, f. 4 b), VP