Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-376-de-mayo-18-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421e8ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 18:52:36
Document Index: 256501885

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 156']

﻿ SENTENCIA T-376 DE MAYO 18 DE 2006
SENTENCIA T-376 DE 18 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:RESTRICCIONES LEGALES A LA LIBERTAD DE CULTOS EN CENTROS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESENTACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, DESATENCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO, VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE CULTO, ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
REVISTA TUTELA N°:80 DE AGOSTO DE 2006, PG.1321
Sentencia T-376 de mayo 18 de 2006
Sentencia T-376 de 2006
Ref.: Expediente T-1273197
Peticionario: Fabián Montaño Castro.
El señor Fabián Montaño Castro, interno en la Penitenciaría de La Dorada, Caldas, solicita al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales de petición y de libertad religiosa, presuntamente vulnerados por la administración de la penitenciaría donde se encuentra, al haber hecho caso omiso de varias solicitudes referentes “al Decreto 1519 de agosto de 1998”.
Como argumentos de derecho que respaldan su petición, recuerda que el artículo 18 de la Constitución Política garantiza la libertad de conciencia, indicando que nadie será molestado por sus convicciones o creencias, y que el 19 ibídem reconoce la libertad de cultos que permite a todas las personas profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. En concordancia con lo anterior, el artículo 1º del Decreto 1519 de 1998 establece que los internos en los centros penitenciarios y carcelarios gozan del derecho a la libertad de cultos, por lo cual las autoridades carcelarias deben permitir sin restricciones el ejercicio del mismo, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión. Por su parte, el artículo 2º del mismo decreto señala que la libertad religiosa de los reclusos les permite la celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros penitenciarios, la comunicación de los internos con los ministros de las iglesias o cultos y el establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio de tales derechos.
De otro lado, el demandante aclara que interpone la presente demanda ante el Juzgado Penal del Circuito de Manizales y no ante el juez de La Dorada, por cuanto “últimamente hemos venido notando ciertos vicios de los juzgados de esta localidad, a la hora de fallar una demanda contra el señor Orlando Fabio Castañeda, director de este penal”.
Estando dentro del término, el director del establecimiento descorrió el traslado afirmando que a los internos del patio 8, al igual que a los de los demás pabellones, se les asignó “el aula adjunta a la exclusa del pabellón, como sitio de reunión para el culto religioso el día viernes en un horario determinado para cada iglesia, en este caso a la Iglesia ANCYPUC que congrega a la Pentecostal Unida de Colombia”.
En cuanto a las pretensiones del demandante, señala que su solicitud de asignación de un espacio para reunirse y predicar la palabra de Dios no es viable, toda vez que “pretende crear su propio grupo religioso de acuerdo a sus creencias religiosas y su doctrina personal”. Agrega que el artículo 16 de la Ley 133 de 1994 establece que la condición de ministro se acredita con el documento expedido por la autoridad competente de la iglesia o confesión religiosa con personería jurídica a la que se pertenece, y que el artículo 9º ibídem, señala que las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas deben tener un personería jurídica reconocida por el ministerio de gobierno, “de lo cual el accionante no ha presentado ninguna documentación”.
a) Copia del memorando de fecha agosto 19 de 2005, mediante el cual la dirección de la penitenciaría demandada informa a los comandantes de vigilancia y de guardia sobre los nombres de las personas de diferentes iglesias, autorizadas para ingresar al penal. Entre estas no figura la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, pero si la Iglesia ANCYPUC.
b) Cuadro de los horarios de las distintas Iglesias autorizadas para desarrollar actividades en los distintos pabellones de la penitenciaría. Entre estas no figura la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, pero si la Iglesia ANCYPUC.
c) Copia de la respuesta dada el 12 de octubre de 2005 a la solicitud elevada por el aquí demandante el día 7 de septiembre de 2005, en la cual se le dice que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la cual él pertenece, tiene asignado un horario para utilizar el aula destinada al culto religioso, que es el día viernes de las 9.00 a la 10.00 a.m. Agrega que no se cuenta con otro horario ni espacio, por cuanto ese local funciona como aula educativa de lunes a viernes. Sobre el texto de esta respuesta, el destinatario se negó a firmar la constancia de recepción, según anotación que allí se hace al respecto.
d) Documento de notificación al demandante del auto admisorio de la demanda de tutela, de fecha 10 de octubre de 2005, con indicación de que el interesado se negó a firmar tal notificación.
e) Documento manuscrito por el demandante, en el que explica que no puede firmar la notificación de la admisión de la demanda, pues hay un error en la “parte motiva”, referente a la iglesia a la cuál él pertenece.
f) Manuscrito del demandante en el que aclara a cuál iglesia pertenece.
Al juzgar el caso concreto, sostuvo que, contrario a lo argumentado por el director de la penitenciaría, la pretensión del actor no resultaba improcedente, pues el ciudadano tenía derecho a profesar y difundir libremente sus creencias, más teniendo en cuenta que su comportamiento no se oponía al orden público, no era prohibido por la ley, ni atentaba contra la honra de las personas. Además, estimó que el director del penal debía llamar al representante de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional a la que pertenecía el demandante, para que lo asistiera espiritualmente en el sitio y hora que se determinara.
En primer lugar, afirma el impugnante que en la petición que elevara el demandante ante la penitenciaría no solicitaba que se permitiera el ingreso de los pastores de la iglesia a la que pertenece, sino que simplemente pedía un espacio y horario para ejercer sus prácticas religiosas. Solamente cuando formuló la demanda de tutela, pidió que se autorizara el ingreso de pastores de su credo, sin agotar primero el conducto regular que era hacer tal petición en primer término ante la penitenciaría.
El respuesta a la anterior solicitud, el día doce (12) de mayo el magistrado sustanciador recibió en su despacho la respuesta emitida por el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia, en la cual se informa que “mediante Resolución 762 de abril de 1998, se reconoció personería jurídica especial a la entidad religiosa Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, con domicilio principal en Cali-Valle”. Agregó que dicha Iglesia se encuentra inscrita en el registro público de entidades religiosas y que su representante legal es el señor Jesús María Cardozo.
3.1. El objeto y contenido de la libertad religiosa y de cultos. Diferencia con la libertad de conciencia. En numerosas ocasiones esta corporación ha tenido oportunidad de referirse al contenido de la libertad a que se refiere el artículo 19 superior cuando dice:
Explicando objeto de la libertad religiosa y de cultos, en la Sentencia T-026 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte explicó lo siguiente:
“... es la garantía fundamental, de aplicación directa e inmediata, de conformidad con la cual nadie será molestado en razón de sus convicciones o creencias, ni será obligado a actuar contra su conciencia. De igual manera, el artículo 19 superior consagra el derecho, también de aplicación directa e inmediata, de todas las personas a profesar y divulgar libremente su fe o religión, de manera individual o colectiva, siendo todas las iglesias y confesiones igualmente libres ante la ley.
“5. Lo anterior significa entonces, que de conformidad con el texto superior, el derecho a la libertad religiosa implica no solo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, si no que la garantía se extiende a la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales. La libertad religiosa, entonces, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que este se manifiesta.
“En relación con la esfera privada, se destaca, en primer lugar, el derecho que tienen todas las personas a profesar una religión y a difundirla en forma individual o colectiva y, en segundo lugar, el derecho de toda persona a celebrar ceremonias, ritos y actos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. En el campo de lo público, el derecho a la libertad religiosa supone poner en pie de igualdad a todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley y, en consecuencia, eliminar el carácter confesional del Estado. De este modo se consagra la laicicidad del poder público y se afirma el pluralismo religioso” (1) .
a) El derecho a la libertad religiosa implica la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia
b) La garantía se extiende a la difusión de la propia religión y a la realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales.
c) El campo de lo público, el derecho a la libertad religiosa supone poner en pie de igualdad a todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley.
En cuanto a la diferencia entre la libertad religiosa y de cultos, la Corte también ha explicado que esta no es más que un aspecto de la libertad religiosa, que se comprende en ella (2) , y que consiste en el conjunto de demostraciones exteriores de las propias creencias religiosas, demostraciones que pueden ser de carácter colectivo o individual (3) .
La Corte también ha distinguido la libertad religiosa de la libertad de conciencia, aunque ha señalado la relación existente entre ellas. Ciertamente, la libertad de conciencia ha sido definida por la jurisprudencia como “la facultad de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto” (4) . En otras palabras, es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. La Corte también ha aclarado que “en cuanto prerrogativa personal, la conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de moralidad” (5) . En similar sentido ha indicado que “el derecho a la libertad de conciencia consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de aplicación inmediata, es el que tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón” (Sent. T-332/2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Ahora bien en cuanto a la relación entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa, la Corte ha señalado como “para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia medular, en tanto muchas veces ella determina los proyectos de vida personal... Si esto es así, sería incongruente que el ordenamiento, de una parte garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia” (Sent. T-026/2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) (negrillas fuera del original).
3.2. Los límites a la libertad religiosa y de cultos. Ahora bien, como todos los derechos en el Estado social del derecho, la libertad religiosa y de cultos no es una facultad ilimitada. Su ejercicio debe armonizarse con el de otros derechos en cabeza de los demás, y con las exigencias del bien común. Esta posibilidad de limitación, sin embargo, debe mirarse como excepcional. Al respecto la Corte también ha vertido una jurisprudencia profusa, dentro de la cual se destacan los criterios generales recogidos en las siguientes decisiones:
En la Sentencia C-088 de 1994 (6) , la Corte realizó el control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho a la libertad de cultos (hoy L. 133/94). En dicho fallo señaló que los límites al ejercicio de la libertad religiosa deben fundarse en tres postulados: 1) La presunción debe estar siempre a favor de la libertad en su grado máximo. 2) Esta solo puede restringirse en la medida en la que, racional y objetivamente, constituya una medida necesarias. 3) Las posibles limitaciones no pueden ser arbitrarias o discrecionales.
“El derecho a la libertad religiosa, tanto en su faceta de acción (poder realizar ciertos actos) como en su faceta de omisión (no ser obligado a hacer algo, en razón a sus creencias), no tiene un carácter absoluto, del que sí goza el derecho en cuestión en su dimensión espiritual individual. En efecto, la Constitución reconoce el derecho a toda persona para que crea en lo que quiera, sin ningún tipo de restricción. En cambio las acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo ejercicio también se garantiza constitucionalmente, sí tienen límites (7) .
a) El principio pro libertate también opera respecto de la libertad religiosa y de cultos, por lo cual solo caben respecto de ella las limitaciones necesarias para garantizar los derechos de los demás y el orden público.
c) Las acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo ejercicio también se garantiza constitucionalmente, sí tienen límites (8) .
4. La restricción especial de ciertos derechos fundamentales de las personas sometidas a reclusión.
En diversas oportunidades la Corte ha hecho ver que algunos de los derechos de las personas sometidas a reclusión se encuentran suspendidos o restringidos mientras permanecen en esa situación. Además ha explicado que tales restricciones obedecen a la necesidad de garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos (9) . No obstante, otros derechos mantienen su plena vigencia sin limitaciones. Sobre el particular, por ejemplo, ha dicho:
“El vínculo existente entre la administración penitenciaría y carcelaria y los internos en los establecimientos de reclusión constituye una especie dentro del ámbito genérico de las relaciones administrativas. Esta especial relación se caracteriza, fundamentalmente, por una inserción del individuo dentro de la organización con amplias restricciones. Lo anterior determina que el administrado —en este caso el interno— queda sometido a un régimen jurídico especial, caracterizado por la particular intensidad con que la administración puede regular y modular sus derechos y obligaciones” (10) (negrillas fuera del original).
“Esta corporación ha precisado en reiteradas ocasiones que si bien algunos derechos fundamentales de las personas que están privadas de la libertad se encuentran suspendidos o restringidos, otros se conservan íntegramente. Es así como garantías básicas tales como la vida, la integridad física y el debido proceso, entre otras, no sufren alteración con ocasión de la reclusión en un centro penitenciario. Las personas que se encuentran privadas de la libertad, por estar sindicadas o condenadas en razón de la comisión de un delito, no gozan a plenitud de los derechos consagrados en la Constitución. En el lapso de la privación de la libertad, los sujetos tienen algunos de sus derechos suspendidos, limitados o plenamente vigentes, de acuerdo con el bien jurídico objeto de protección. Puede señalarse que durante la reclusión, se encuentran suspendidos, como fue arriba señalado, los derechos a la libertad, a la libre circulación, los derechos políticos, a la libertad de escoger profesión u oficio, entre otros. Dentro de los derechos fundamentales limitados para los internos pueden contarse los derechos a la intimidad, la comunicación, al trabajo, a la educación. Los reclusos conservan en su plenitud los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de conciencia, al debido proceso, a la salud, entre otros” (11) .
Sobre el mismo asunto de la limitación de los derechos de los internos, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que tales restricciones, si bien se justifican en el Estado de derecho, deben responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (12) . También ha hecho ver que los reclusos se encuentran respeto del Estado en una situación de especial sujeción (13) .
De lo anterior, y para lo que interesa a la decisión del caso sometido al estudio de la Sala, es relevante destacar lo siguiente: (i) algunos de los derechos de las personas sometidas a reclusión se encuentran suspendidos o restringidos mientras permanecen en esa situación; (ii) en todo caso, cualquier limitación a los derechos fundamentales de los internos debe estar soportada en un principio de razón suficiente, es decir no puede ser arbitraria; (iii) si existen razones suficientes para introducir la limitación, en todo caso esta debe ser proporcionada.
En desarrollo de los postulados constitucionales relativos a la libertad religiosa y de cultos, la Ley 133 de 1994, estatutaria del derecho a la libertad religiosa y de cultos, prescribe en su artículo 4º que el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad a que se refiere el artículo 19 superior “tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática” (negrillas fuera del original).
Más adelante, al definir concretamente el ámbito del derecho de libertad religiosa y de cultos, el artículo 6º de la misma ley estatutaria establece que tal garantía comprende el derecho “de recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los cuarteles militares y en los lugares de detención” (negrillas fuera del original). Y el artículo 8º ibídem agrega que “para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades adoptarán las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las iglesias y confesiones religiosas a sus miembros, cuando estos se encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia” (negrillas fuera del original).
“ART. 152—.Facilidades para el ejercicio y la práctica del culto religioso. Los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”.
Ahora bien, para reglamentar las anteriores disposiciones legales, el Presidente de la República expidió el Decreto 1519 de 1998, “por el cual se establecen medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y carcelarios”.
Dicho decreto, reiterando lo dicho por la Constitución y por la ley, en su artículo 1º dispone que “los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como de difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción alguna al libre ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión” (negrillas fuera del original).
En cuanto a la asistencia religiosa de los reclusos, se afirma en la misma norma que esta “corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan”.
Ahora bien, desglosando las facultades que dimanan de la libertad religiosa y de cultos en cabeza de los internos en centros penitenciarios, el artículo 2º del decreto reglamentario en cita prescribe:
“ART. 2º—El ejercicio del derecho de libertad de religión y cultos en los centros de reclusión comprende, entre otras cosas:
d) La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a que pertenezca”.
Por su parte, el inciso 2º del artículo 4º dispone que “los directores de los establecimientos de reclusión establecerán el mecanismo para que cada nuevo interno tenga la posibilidad de advertir, si así lo quiere, su credo, religión o culto, a fin de contar con la asistencia religiosa debida”; y el artículo 5º siguiente señala:
“ART. 5º—Los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa que ingresen a un centro penitenciario y carcelario con el fin de brindar asistencia espiritual a un interno o grupo de ellos, deberán previamente demostrar dicha calidad de conformidad con el artículo 16 de la Ley 133 de 1994 y demás normas aplicables.
“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec deberá establecer el mecanismo para el reconocimiento y otorgamiento de permisos de ingreso a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa, a los centros penitenciarios, para lo cual, podrá solicitar a las comunidades y entidades religiosas debidamente reconocidas, un listado de los ministros de culto que prestarán la asistencia religiosa en los centros de reclusión” (negrillas fuera del original).
Finalmente, dentro de las reglas contenidas en el decreto reglamentario en cita que tienen especial relevancia para la decisión del presente proceso, los artículos 6º y 7º indican:
“ART. 6º—Para efectos de permitir la celebración de cultos o ceremonias religiosas, así como de brindar la asistencia espiritual a los internos, el director del establecimiento dispondrá los lugares apropiados para tal fin, respetando su destinación religiosa y su carácter confesional específico, siempre y cuando las condiciones físicas del establecimiento permitan la multiplicidad de ellos.
“En caso de que las condiciones físicas del establecimiento de reclusión no permitan tener varios lugares para el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones, el director del establecimiento determinará el lugar económico en que tales actividades puedan desarrollarse, previendo de manera equitativa el uso por parte del interno o grupo de internos, para la celebración de cultos o ceremonias, o la recepción de asistencia religiosa. En este evento, se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por otras confesiones religiosas, especialmente en lo relativo a los lugares existentes para su uso y profesión de su religión”.
“ART. 7º—Los internos solicitarán la presencia de un ministro de culto, iglesia o confesión religiosa cada vez que requiera de su asistencia, conforme a los mecanismos, horarios y modalidades que se determinen en el reglamento interno.
“Tratándose de internos moribundos, el director del centro de reclusión permitir el ingreso del ministro de culto, iglesia o confesión religiosa, sin el lleno total de los requisitos establecidos en el reglamento, sin perjuicio de las medidas de seguridad a que haya lugar (negrillas fuera del original).
De manera particular debe ponerse de presente que entre los requisitos introducidos para el ejercicio de la libertad de cultos dentro de los centros penitenciarios y carcelarios, el artículo 1º del decreto arriba comentado dispone que, la asistencia religiosa de los reclusos, “corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan”.
De otro lado, en el libelo de la demanda el actor pide también que se autorice el ingreso del pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, y que este tenga los mismos derechos que tienen los demás pastores.
La Sala resolverá estas dos solicitudes, teniendo en cuenta que, de conformidad con las pruebas recaudadas por el magistrado sustanciador, mediante Resolución 762 de abril de 1998 el Ministerio del Interior y de Justicia reconoció personería jurídica Especial a la entidad religiosa Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, con domicilio principal en Cali, Valle, que dicha Iglesia se encuentra inscrita en el registro público de entidades religiosas teniendo además un representante legal reconocido, y que, por lo tanto, se trata de una Iglesia distinta a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
6.2. En primer lugar, en cuanto a la solicitud de asignación de espacio y hora para la práctica de las actividades religiosas de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, la Sala estima que en principio las directivas de la Penitenciaría de La Dorada debieron haber hecho todo cuanto estaba a su alcance para establecer si dicha Iglesia tenía o no personería jurídica oficialmente reconocida, y una vez constatado que efectivamente la tenía, destinar los espacios de tiempo y lugar adecuados a tal fin, en igualdad de circunstancias con las demás confesiones religiosas que tienen reconocido este derecho en ese establecimiento. En efecto, esta obligación de colaborar en tal sentido con el interno aquí demandante provenía de la realidad constitucional según la cual la libertad religiosa en el Estado social de derecho no tiene un reconocimiento meramente formal, sino que, implica una obligación en cabeza de las autoridades de hacer lo posible para que su ejercicio y disfrute sea efectivo y realmente factible; más aún tratándose de autoridades carcelarias, respecto de las cuales los reclusos están en situación de especial sujeción. Es decir, estando los sindicados y condenados en situación de restricción de su libertad física y de subordinación, requieren en mayor grado de la cooperación de las autoridades para hacer efectivos sus derechos fundamentales, en este caso el de libertad religiosa.
Según la información que reposa en el expediente, cuatro confesiones hacen presencia en el pabellón 8 de la Penitenciaría de La Dorada, y desarrollan sus actividades religiosas el día viernes en el “aula anexa”. Por lo cual, en principio, el tiempo de utilización de dicho espacio podía haber sido distribuido entre todas las iglesias oficialmente reconocidas, incluida la iglesia a la que pertenece el demandante, en forma igualitaria.
En efecto, conforme lo proclama el artículo 19 superior, “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Este enunciado, ha dicho la Corte, significa “que la Constitución de 1991 ha establecido una plena igualdad entre todas las religiones, mientras que la Constitución de 1886 confería un tratamiento preferente a la religión católica, por su carácter mayoritario” (14) . Lo anterior es propio del modelo de Estado laico adoptado por la Constitución que nos rige, en donde el Estado, si bien reconocen el hecho religioso y protegen la libertad respectiva, no favorecen a ninguna confesión en particular, por cuanto ellos rompería la igualdad que debe darse entre todas ellas. En este sentido, la corte ha vertido estas elocuentes explicaciones:
“... Encontramos los Estados laicos con plena libertad religiosa, en los cuales existe una estricta separación entre el Estado y las iglesias, de suerte que, por la propia definición constitucional, no solo no puede existir ninguna religión oficial sino que, además, el Estado no tiene doctrina oficial en materia religiosa y existe de pleno derecho una igualdad entre todas las confesiones religiosas. Los dos modelos clásicos de este tipo de Estado son los Estados Unidos y Francia. Así, en la primera enmienda de la constitución estadounidense se consagra la libertad de cultos y se prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión oficial, mientras que el artículo 2º de la constitución francesa de 1958 define a ese país como una “República indivisible, laica, democrática y social”. Estos regímenes constitucionales reconocen el hecho religioso y protegen la libertad de cultos pero, por su laicismo, no favorecen ninguna confesión religiosa por cuanto consideran que ello rompería la igualdad de derecho que debe existir entre ellas. Ello implica, como contrapartida, que la autonomía de las confesiones religiosas queda plenamente garantizada, puesto que así como el Estado se libera de la indebida influencia de la religión, las organizaciones religiosas se liberan de la indebida injerencia estatal” (15) .
Por las anteriores razones de igualdad, en la parte resolutiva de la presente sentencia se ordenará al director de la Penitenciaría “Doña Juana” de la ciudad de La Dorada, que si aun no lo ha hecho, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, asigne un espacio de tiempo y lugar en el pabellón 8 de dicho establecimiento, para desarrollar las actividades religiosas propias de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, en igualdad de condiciones respecto de las demás iglesias reconocidas que hacen presencia en la entidad.
6.3. No obstante lo anterior, la Sala aclara que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1519 de 1998, norma según la cual la asistencia religiosa de los reclusos “corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan”, las actividades religiosas de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que en adelante podrán celebrarse en circunstancias de igualdad respecto de las demás iglesias autorizadas que desarrollan tal categoría de actividades los días viernes en el “aula anexa” del pabellón 8, deberán ser atendidas por el ministro de culto de dicha confesión religiosa.
Para estos efectos, por razones de seguridad, debe observarse estrictamente lo establecido por el artículo 5º del decreto reglamentario arriba citado, por lo cual dicho ingreso debe estar precedido de la acreditación de la condición de ministro de conformidad con lo prescrito por el artículo 16 de la Ley 133 de 1994, norma que es del siguiente tenor:
“ART. 16.—La condición de ministro del culto se acreditará con documento expedido por la autoridad competente de la Iglesia o confesión religiosa con personería jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio de la función religiosa ministerial será garantizada por el Estado”.
Es decir, para el ingreso del ministro de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional a la Penitenciaría de La Dorada, es menester que dicha Iglesia acredite formalmente el ministro de culto que en cada ocasión pretende entrar al establecimiento carcelario. Para estos efectos, los funcionarios del Inpec que prestan servicios en dicha penitenciaría deben solicitar a esa iglesia un listado de los ministros de culto que prestarán la asistencia religiosa en dicho centro de reclusión, de conformidad con lo prescrito por el artículo 5º del Decreto 1519 de 1998. Lo anterior, por razones de seguridad que justifican plenamente la restricción en el ingreso de personas externas, o en las actividades dentro del penal de organizaciones sociales de cualquier índole.
Nótese que no solo la Iglesias y confesiones deben cumplir requisitos para hacerse presentes a través de sus agentes dentro de los establecimientos penitenciarios o carcelarios. También las organizaciones sociales dedicadas a la asistencia de los reclusos están sometidas a restricciones para dicho acceso. En efecto, respecto de ellas el artículo 156 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelaria) señala que “las organizaciones privadas destinadas a fines de asistencia social penitenciaría y carcelaria, requieren para su creación y funcionamiento autorización y control de la dirección del Inpec”.
“ART. 112—.Régimen de visitas. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos” (negrillas fuera del original).
Así las cosas, la Sala estima que el director de la Penitenciaría “Doña Juana” de la ciudad de La Dorada ha debido constatar si la Iglesia a la que pertenece el demandante estaba o no reconocida, y una vez verificado que efectivamente lo estaba, proporcionar al demandante, en igualdad con las demás confesiones religiosas presentes en el penal, un espacio de tiempo y lugar para desarrollar las actividades religiosas propias de su confesión, junto con los demás seguidores de la doctrina de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, siempre y cuando fueran atendidas por el ministro de culto de la Iglesia en cuestión, debidamente acreditado conforme a las normas vigentes.
En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el nueve de diciembre de 2005, y en su lugar concederá la tutela para la protección de la libertad religiosa y de cultos del señor Fabián Montaño Castro. En consecuencia ordenará al director de la Penitenciaría “Doña Juana” de la ciudad de La Dorada, que si aun no lo ha hecho, en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, asigne en circunstancias de igualdad un espacio de tiempo y lugar en el pabellón 8 de dicho establecimiento, para desarrollar las actividades religiosas propias de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, atendidas por el ministro de culto que acredite debidamente esta condición. Esta decisión del penal debe ser comunicada a la mencionada iglesia.
En todo caso, las consideraciones vertidas en la presente sentencia como fundamento de la tutela que se concederá, solo se refieren al caso particular examinado en la presente ocasión, y atendiendo a sus especiales características.
1. Revocar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el nueve de diciembre de 2005.
2. Conceder la tutela para la protección de la libertad religiosa y de cultos del señor Fabián Montaño Castro.
3. Ordenar al director de la la Penitenciaría “Doña Juana” de la ciudad de La Dorada, que si aun no lo ha hecho, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, asigne en circunstancias de igualdad un espacio de tiempo y lugar en el pabellón 8 de dicho establecimiento, para desarrollar las actividades religiosas propias de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, atendidas por el ministro de culto que acredite debidamente esta condición.
(1) Sentencia T-026 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(2) Ver Sentencia C-616 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(7) Sentencia T-982 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) Sentencia T-982 de 2001, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) Sentencia C-394 de 1995, M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
(10) Sentencia T-1168 de 2003, M.P Clara Inés Vargas.
(11) Sentencia T-577 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
(12) Así lo ha considerado la jurisprudencia, entre otras, en las sentencias T-966 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1030 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-851 de 2004, T-624 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-684 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(13) Sobre este asunto ha indicado:
“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos ( mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposiblidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a lo de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos” (negrillas fuera del original).
(14) Sentencia C-350 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.