Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201712896950315.HTML
Timestamp: 2019-06-19 19:26:58
Document Index: 134358004

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1289/2017
(Son las 14:41).
«Carpeta n.º 817/2017. Código del Proceso Penal. Se modifica el artículo 402 de la Ley n.º 19.293, de 19 de diciembre de 2014, en la redacción dada por el artículo 7.º de la Ley n.º 19.436, de 23 de setiembre de 2016 y se incorpora el artículo 404 a la Ley n.º 19.293, de 19 de diciembre de 2014. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por las señoras senadoras Patricia Ayala, Constanza Moreira y Daniela Payssé y los señores senadores Pedro Bordaberry, Carlos Camy, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Mieres y Rafael Michelini. (Distribuido n.º 1286/2017).
Carpeta n.º 818/2017. Código de la Niñez y la Adolescencia. Se modifican artículos de la Ley n.º 17.823, de 7 de setiembre de 2004. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por las señoras senadoras Patricia Ayala, Constanza Moreira y Daniela Payssé y los señores senadores Pedro Bordaberry, Carlos Camy, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Mieres y Rafael Michelini. (Distribuido en elaboración).»
SEÑORA PAYSSÉ.- En la sesión pasada estuvimos analizando cómo continuar con el tratamiento de este proyecto; ahora, por suerte, lo tenemos un poco más ordenado. Dada la responsabilidad que nos atañe en el tema, quiero repasar los pasos a seguir.
Hay tres distribuidos que debemos abordar imperiosamente, a fin de echar a andar el Código del Proceso Penal. Si bien podrán hacerse algunos ajustes de último momento, básicamente las tres materias importantes serían: la derogación de la libertad condicional, lo vinculado al artículo 402 y las normas que modifican el CNA en cuanto a pasar de un proceso inquisitivo a uno acusatorio también en materia juvenil, que comprende los diecisiete artículos a los que dimos estado parlamentario en el día de hoy.
Para poder avanzar en esto y cumplir con lo acordado, planteamos considerar hoy el artículo 402 y la libertad condicional y, en una segunda instancia, abordar las modificaciones del CNA. Para ello, queremos plantear la posibilidad de tener una sesión más larga el próximo martes, haciendo una doble jornada de trabajo en la comisión. Si no hay temas urgentes, podría suspenderse la sesión del Senado a fin de que la comisión pueda trabajar de manera intensa –reitero, en doble turno–, abordando los temas que queden pendientes de estas tres prioridades que establecimos la semana pasada.
Si todos los señores senadores están de acuerdo con esta propuesta, comenzaríamos con los repartidos que ya tenemos a consideración, dejando en tercer lugar el de modificaciones al CNA que, repito, son diecisiete artículos, ya que el martes que viene cada uno podrá tenerlos más procesados para aprobarlos. De esta manera, pondríamos este tema a consideración del pleno del Senado lo antes posible para cumplir al menos con las metas propuestas de allanar estas tres materias, que son las que consideramos indispensables para que el 17 de julio pueda entrar en vigencia el código.
Otros temas vinculados a esto se tratarán oportunamente. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos el propósito de cumplir con este cronograma, habida cuenta de que esto también tiene un trámite en la otra cámara que va a ser determinante para saber si todo lo vinculado a que en julio podamos contar con un CPP es posible o no. En lo que nos corresponde a nosotros estaría planteando manejarnos en estos términos y plazos.
SEÑOR HEBER.- Concretamente, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo sería la doble jornada del próximo martes?
SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa va a explicar la propuesta. Consiste en pedir mañana que se suspenda la sesión plenaria del Senado del próximo martes y que ese día funcione esta comisión de mañana y de tarde, con un intervalo a mediodía. No tenemos por qué decidir esto hoy, pero sería bueno que lo hiciéramos mañana. También tendríamos que hacer consultas en el sentido de que no haya otros proyectos de ley que requieran ser considerados en las dos sesiones ordinarias de la semana próxima.
Queda la propuesta arriba de la mesa para ir viéndola. Mañana tendremos una larga sesión sobre el tema abuso de funciones y podremos decidir a este respecto.
Reitero que hay una propuesta a consideración que consiste en que si no hay otras cosas urgentes para tratar en las sesiones ordinarias del Senado de la semana que viene, podamos trabajar el martes en la comisión. Eso no sería con la pretensión de agotar la votación, sino de darnos una jornada larga de trabajo –que fue algo que inicialmente estaba previsto–, siempre en la perspectiva de no prorrogar la entrada en vigencia del nuevo CPP. Por eso nos estaríamos dando este tour de force en la consideración de los tres proyectos de ley que tenemos sobre la mesa.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: quiero trasmitir que estamos haciendo todo lo posible para poder discutir este tema, en tiempo y plazo, antes del 16. Pensamos en los cambios que queremos aprobar hoy –lo relativo a la disposición transitoria y la libertad condicional–, en empezar con el CNA y comenzar la otra iniciativa, de diecisiete artículos, a la que le estamos dando estado parlamentario. Creemos que esos dos proyectos de ley también deben entrar en vigencia antes de que el Código del Proceso Penal se ponga en funcionamiento; pero esto tenemos que evaluarlo entre todos.
Si hubiera un plazo mayor de trabajo, lo evaluaríamos. Lo que no podemos hacer es que un trabajo hecho entre todos, que incluso comenzó con una definición en la Torre Ejecutiva en una reunión con el presidente de la república, no lo vayamos llevando entre todos. Si después nos convencemos de que necesitamos un plazo mayor, lo veríamos, pero no queremos que se postergue porque no estamos trabajando al ritmo necesario.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, procederíamos a la consideración de las modificaciones del artículo 402, salvo que algún señor senador solicite otra cosa.
Comenzamos a considerar la modificación del artículo 402, al que le dimos estado parlamentario hoy.
Los señores senadores tienen un comparativo que incluye el proyecto de ley presentado, y también un comparativo que fue repartido por secretaría. Es la Carpeta n.º 817. Se va a proceder a leer el artículo 402 por párrafos.
Léase el primer párrafo del artículo 402.1.
«Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 402 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 19.436, de 23 de setiembre de 2016, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 402. (Disposición transitoria).
402.1. Desde el día de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y modificativas (Código del Proceso Penal), el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión».
SEÑOR MICHELINI.- No es por ponernos preciosistas, señora presidenta, pero mirando el artículo a golpe de vista vemos que estamos sustituyendo un artículo de una ley y luego hablamos de la misma ley mencionando nuevamente número y día.
Si estamos sustituyendo el artículo 402, diríamos: «Desde el día de la entrada en vigencia de la presente ley». Planteo esto porque estamos sustituyendo un artículo de esa ley, pero es un preciosismo. En vez de poner la ley tal con tal vigencia nuevamente podemos establecer que es de la presente ley.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entiendo que este párrafo comenzaría diciendo: «Desde el día de la entrada en vigencia de la presente ley y sus modificativas, el nuevo régimen se aplicará…».
Escucho opiniones sobre este texto.
Léase el segundo párrafo.
«Las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, (Código del Proceso Penal) continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en la presente ley».
SEÑOR MICHELINI.- Para seguir con el mismo criterio que en el párrafo anterior, se debería expresar: «de la presente ley».
SEÑORA PAYSSÉ.- Sugiero no repetir términos y utilizar: «en esta ley».
SEÑORA PRESIDENTA.- En ese caso, el párrafo debería terminar en: «con las excepciones previstas en esta ley».
La redacción diría: «Las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en esta ley».
Léase el primer párrafo del artículo por el que se modifica el 402.2.
«402.2. (Aplicación del proceso abreviado en las causas en trámite a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014). En cualquier causa penal que se encuentre en etapa de sumario o ampliación sumarial, iniciada antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y modificativas, hasta el dictado del auto que dispone el traslado al Ministerio Público para deducir acusación o sobreseimiento, el Ministerio Público podrá acordar con el imputado –asistido por su defensor– la aplicación del proceso abreviado previsto en los artículos 272 y 273 de la citada Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, siempre que concurran los requisitos establecidos en la norma y en las condiciones que la misma prevé».
Supongo que se corrigen las mismas expresiones.
SEÑOR MICHELINI.- Me parece que al comienzo del párrafo, el paréntesis debería finalizar en la palabra: «trámite».
Al igual que en el caso anterior, debería expresar: «la presente ley y sus modificativas».
Leo el texto para que quede más claro: «402.2 (Aplicación del proceso abreviado en las causas en trámite). En cualquier causa penal que se encuentre en etapa de sumario o ampliación sumarial iniciada antes de la entrada en vigencia de la presente ley y modificativas hasta el dictado del auto que dispone el traslado al Ministerio Público para deducir acusación o sobreseimiento, el Ministerio Público podrá acordar con el imputado –asistido por su defensor– la aplicación del proceso abreviado previsto en los artículos 272 y 273 de esta ley, siempre que concurran los requisitos establecidos en la norma y en las condiciones que la misma prevé».
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 402.2.
Léase el inciso segundo del artículo 402.2.
«La providencia que declare la inadmisibilidad del acuerdo podrá ser recurrida conforme a lo previsto en los artículos 362 a 366 inclusive del nuevo Código del Proceso Penal. En caso de que la misma quede ejecutoriada, el proceso continuará tramitando por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, en el estado en que se encontraba».
SEÑOR MIERES.- Otra vez debería decir: «Lo previsto en los artículos 362 a 366 de la presente ley» y en la última frase falta un «se». Diría: «En caso de que la misma quede ejecutoriada, el proceso se continuará tramitando».
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el inciso con las modificaciones propuestas.
«La providencia que declare la inadmisibilidad del acuerdo podrá ser recurrida conforme a lo previsto en los artículos 362 a 366 de la presente ley. En caso de que la misma quede ejecutoriada, el proceso se continuará tramitando por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, en el estado en que se encontraba».
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo del artículo 402.2.
Léase el inciso primero del artículo 402.3.
«402.3. (Aplicación de acuerdos reparatorios en las causas en trámite) En cualquier causa penal que se encuentre en etapa de sumario o ampliación sumarial, iniciada antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y modificativas, hasta el dictado del auto que dispone el traslado al Ministerio Público para deducir acusación o sobreseimiento, el imputado y la víctima –asistidos por sus respectivos defensores– podrán suscribir acuerdo reparatorio material o simbólico, previsto en los artículos 393 y siguientes de la citada Ley N.º 19.293 de 19 de diciembre de 2014, siempre que concurran los requisitos establecidos en la norma y en las condiciones que la misma prevé».
SEÑORA PAYSSÉ.- En principio habíamos dicho que debía tener coherencia con el nomen iuris y no mencionar el nombre de la ley. Por otro lado, en lugar de decir: «entrada en vigencia de la ley» debería decir «esta ley» o «la presente ley y sus modificativas». Eso también tendría que estar en armonía con lo anterior.
SEÑORA PRESIDENTA.- Estas serían las correcciones de redacción que incluiríamos, pero aparentemente hay otros problemas.
SEÑORA PAYSSÉ.- Hay un problema en lo que votamos anteriormente que después lo queremos plantear pero, ahora, terminemos con esto, porque si no se complica.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a leer nuevamente el artículo con las modificaciones.
–«402.3. (Aplicación de acuerdos reparatorios en las causas en trámite) En cualquier causa penal que se encuentre en etapa de sumario o ampliación sumarial, iniciada antes de la entrada en vigencia de la presente ley y sus modificativas, hasta el dictado de auto que dispone el traslado al Ministerio Público para deducir acusación o sobreseimiento, el imputado y la víctima –asistidos por sus respectivos defensores– podrán suscribir acuerdo reparatorio material o simbólico, previsto en los artículos 393 y siguientes de esta ley, siempre que concurran los requisitos establecidos en la norma y en las condiciones que la misma prevé».
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 402.3.
SEÑORA PAYSSÉ.- En el párrafo anterior que votamos 9 en 9 y comienza diciendo: «Con la providencia», al final se hace mención a las disposiciones del Decreto Ley n.º 15.032. Pediría agregar la expresión «y sus modificativas» porque las tiene y, si no, corremos el riesgo de ir a la ley madre.
SEÑORA AYALA.- Me parece que debe mantenerse como está porque los artículos refieren al código y no a esta ley. Me parece que si cambiamos, se va a entreverar. Prefiero dejar con la misma redacción el 402.2.
SEÑORA PRESIDENTA.- La comisión decidió sustituir la expresión «la presente ley» y «esta ley incluyendo sus modificativas», por «este código» o «el código». La secretaría lo corregirá y lo repartirá.
SEÑOR MICHELINI.-. ¿Cuál es el código? O ponemos «este código» o «el Código del Proceso Penal». No podemos poner «el código».
SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, se va a poner «este código», tal como lo sugirió el señor senador Michelini.
Nosotros hemos votado hasta el artículo 402.3 inclusive, pero la señora senadora Payssé hizo algunas observaciones sobre el último párrafo del artículo 402.2 y propuso incluir luego de «Decreto Ley Nº 15.302, de 7 de julio de 1980», la expresión «y sus modificativas».
Agréguese la expresión propuesta en el artículo 402.2.
Léase el artículo 402.4.
«402.4 (Régimen intermedio). La Suprema Corte de Justicia determinará los Juzgados que actuarán en los procesos que se inicien a partir de la vigencia de este Código y los que continuarán con las causas iniciadas con anterioridad. También tendrá competencia para organizar las oficinas judiciales, disponer su fusión o división y fijar el régimen de turnos. Igualmente tendrá competencia para establecer los medios técnicos a utilizar para el registro de audiencia (artículo 139). La Suprema Corte de Justicia adjudicará los asuntos en trámite, en primera instancia, ante los diversos Juzgados que juzgue indispensables para dar término a su primera instancia. En la medida que ésta vaya finalizando, dispondrá cuáles de esos Juzgados se incorporarán al nuevo procedimiento, como juzgados de ejecución y vigilancia o serán asignados a otras materias».
–Léase el artículo 402.4 con las modificaciones sugeridas.
«402.4 (Régimen intermedio). La Suprema Corte de Justicia determinará los Juzgados que actuarán en los procesos que se inicien a partir de la vigencia de este Código y los que continuarán con las causas iniciadas con anterioridad. También tendrá competencia para organizar las oficinas judiciales, disponer su fusión o división y fijar el régimen de turnos. Igualmente tendrá competencia para establecer los medios técnicos a utilizar para el registro de audiencia de acuerdo al artículo 139 de este Código. La Suprema Corte de Justicia adjudicará los asuntos en trámite, en primera instancia, a Juzgados que considere indispensables para dar término a dicha instancia.
Asimismo, dispondrá cuáles de esos Juzgados se incorporarán al nuevo procedimiento, como juzgados de ejecución y vigilancia o serán asignados a otras materias».
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que este artículo pone de relieve –y solicito que lo tengan en cuenta– la importancia de prorrogar la puesta en funcionamiento del nuevo código. Estimamos que esta norma pasará a la Cámara de Diputados para ser discutida y aprobada, con suerte en tres semanas o un mes, recién ahí la Suprema Corte de Justicia va a tener que determinar en diez o quince días qué expediente irá a un juzgado o a otro, es un lío importante. Digo esto a modo de advertencia: aprobar estas normas a pocos días de la entrada en vigencia del código, significará para la Suprema Corte de Justicia, desde el punto de vista práctico, un lío importante. Ni hablar que la fiscalía va a tener que determinar cuáles serán los fiscales que seguirán con los expedientes del sistema anterior y cuáles con los expedientes del nuevo sistema, cómo se capacitarán y qué medios técnicos tendrán para hacerlo. Además, los abogados van a tener que adaptarse al nuevo sistema persiguiendo expedientes de un lado para otro. Recuerdo que cuando el CGP sustituyó en el proceso civil al CPC fue un caos. En ese entonces se crearon 100 juzgados nuevos. Aclaro que se trata de una opinión personal de quien en su momento ejerció la abogacía en los juzgados.
SEÑOR MIERES.- Me parece que hay que tener en cuenta las consideraciones del señor senador Bordaberry, pero tendremos que evaluarlas en el momento en que discutamos si vamos a proponer la prórroga o no. Supongo que la Suprema Corte de Justicia, habida cuenta de que conoce la fecha de vigencia, ya está pensando cómo va a distribuir estas causas, pero este no es el momento de hacer este debate sino de seguir pensándolo y mientras tanto continuar aprobando los artículos.
SEÑOR MICHELINI.- Me parece que si el próximo martes vamos a hacer una doble jornada, el primer tema sería ver si todos los partidos estamos proclives a esto, teniendo en cuenta que fue algo de todos. Si ese fuera el caso, se podría avanzar con una ley aparte, de forma que si en la Cámara de Representantes el estudio de alguna de estas leyes lleva una semana más, la prórroga no se tranque. De todos modos, también hay que ver para cuándo se prorrogaría. Esto podríamos analizarlo como primer punto de la próxima jornada.
SEÑOR HEBER.- Quizás esto sea algo que debamos concluir llegado el momento, pero quienes estuvimos en la torre ejecutiva, sabemos que el señor fiscal, habiendo tenido tiempo el año pasado para votarlo, nos dijo que en febrero estarían las condiciones para implementarse el Código del Proceso Penal.
De todos modos, hay otros proyectos de ley para analizar y quizás cuando llegue el mes de julio, podamos concluir algo sobre esa afirmación o sospecha que nos adelanta el señor senador Bordaberry, pero me gustaría que estuviera presente quien en febrero pasado nos aseguró que esto se iba a poder implementar. Digo esto porque el año pasado estuvimos trabajando mucho en el nuevo código.
Hay un proyecto de ley –no sé si el señor senador está informado al respecto– de 98 artículos con modificaciones de todo tipo. Hubo tiempo como para tener pronto esto antes y no llegar a esta instancia. Eso es lo que me parece que, en algún momento, tenemos que sincerarnos y hablar, aunque sé que ahora no es el momento de hacerlo. Simplemente quería decir eso.
SEÑORA PRESIDENTA.- Pasaríamos a la consideración del artículo 402.5
«402.5.- La Suprema Corte de Justicia dictará la reglamentación referida a la organización de la Oficina Penal Centralizada (OPEC) que funcionará para los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal del Departamento de Montevideo cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, determinando en cada caso las atribuciones y funciones de los funcionarios administrativos y técnicos que la integren. En el caso, no serán de aplicación las previsiones de los artículos 90, 117, 121, 122 y 123 de la Ley n.º 15.750, de 24 de junio de 1985».
Antes que nada quiero decir que el texto habla de la entrada en vigencia del «nuevo Código del Proceso Penal»; consulto si lo dejamos así. Se me dice que es mejor que diga «de este código».
SEÑORA PAYSSÉ.- La Ley n.º 15.750 debe tener modificativas.
Sin las referidas, me cuesta ver si estos artículos a que se refiere son de la ley madre o tienen que ver con las modificativas. Me parece que el reaseguro de las modificativas siempre tiene que estar.
SEÑORA PRESIDENTA.- Me dicen de Secretaría que estos artículos, en particular, no tienen modificativas. No obstante, si a la señora senadora le parece que es un reaseguro, pondríamos «de la Ley n.º 15.750 y sus modificativas».
SEÑOR BORDABERRY.- Me llama la atención la citación de esas normas –la Ley n.º 15.750 está al final– porque, obviamente, este es un nuevo proceso penal. Sin embargo, allí dice: «no serán de aplicación las previsiones de los artículos 90, 117», etcétera. Por su parte, el artículo 90 dice: «Los Jueces celarán» –no sé quién redactó esto pero eso significa que mantendrán el celo, por lo que creo que debe decir «cuidarán» u «observarán»– «en sus secretarios, actuarios y demás funcionarios de su dependencia, la puntual observancia de sus obligaciones, debiendo advertir y corregir cualquier defecto o falta que encuentren en los expedientes de que conozcan, haciéndolos constar en la providencia respectiva, sin perjuicio de la comunicación a la Suprema Corte de Justicia, cuando corresponda».
SEÑORA PAYSSÉ.- Estoy escuchando la lectura y encontré las referidas pero, justamente lo que dice aquí es que no serán de aplicación. Entonces, no debería preocuparnos el texto del artículo correspondiente, porque no se va a aplicar.
SEÑOR BORDABERRY.- Justamente, lo que me preocupa es que no se aplique. Quizás no me expresé de forma adecuada y pido disculpas por eso pero, ¿los jueces no tienen que celar que sus secretarios y demás funcionarios de su dependencia tengan una puntual observancia de sus obligaciones?
No sé quién redactó esta parte, reitero.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 402.5 con la modificación sugerida: «de este código».
Léase el segundo inciso del artículo 402.5.
«La Suprema Corte de Justicia podrá organizar los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en materia penal en aquellas localidades cuyo volumen de trabajo lo justifique, en régimen de oficina penal centralizada».
Léase el artículo 402.6.
«402.6. (Clausura excepcional de causas en etapa de ejecución). El tribunal competente en las causas en etapa de ejecución de sentencia que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren reservadas hasta que el penado sea habido u opere la prescripción de la pena, dispondrá su clausura excepcional –previa agregación de la planilla de antecedentes judiciales– si hubiera transcurrido la mitad del término de prescripción de la pena previsto en el Código Penal (artículo 129) y no constaren causales de suspensión o interrupción de la prescripción (artículo 130). Esta clausura excepcional implicará la extinción de la pena».
SEÑOR BORDABERRY.- Me llama la atención la inclusión de esta norma aquí. Digo esto porque hasta ahora hemos tenido normas que regulan la transición, y de pronto se introduce una norma de política criminal. Tengo miedo de que el que la introdujo no esté pensando en algún caso concreto. Es por esa razón que llamo la atención de los señores senadores sobre eso.
Esta norma extingue el delito cometido por alguien cuando el penado todavía no haya sido habido, es decir, lo condenaron y se escapó, se fue. Entonces, está afuera y tiene que esperar un plazo de prescripción que es superior al del delito. Recordemos que está establecido un plazo de prescripción, pero en el caso de condena se aumenta en un tercio, o sea que es muy grande. Pero ahora resulta que para esa persona que no ha sido habida y está condenada, puesto que se trata de una sentencia en etapa de ejecución, si transcurrió la mitad de ese plazo de prescripción se le extingue el delito.
Como dije antes, me llama la atención que esta norma esté incluida en este proyecto, porque no es una norma de transición, sino de política criminal para limpiar expedientes. Supongo que no debe haber muchos de estos casos. Quien está condenado ya cumplió la preventiva; es una persona que ha sido condenada pero no la encontraron, no está habida. Ahora ya transcurrió la mitad del plazo de prescripción y la estamos beneficiando, por lo cual no tendrá que esperar el final.
Me parece que esta norma no se enmarca en el espíritu del proyecto que estamos considerando; humildemente pienso que debería dejarse de lado. Es decir, no es una norma transitoria. No recuerdo quién la propuso, pero cuando leí el texto me llamó mucho la atención.
SEÑORA PAYSSÉ.- Tengo la misma percepción que el señor senador Bordaberry. Ahora bien, me llama la atención que esta es una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y del Fiscal de Corte, o sea que no es del Poder Ejecutivo ni partidaria. Es una iniciativa de los operadores de la Justicia.
Reitero que, al igual que al señor senador Bordaberry, me llama la atención y no le encuentro lógica a que se inserte en este proyecto. En todo caso, veamos cómo prosigue el debate. Por lo menos, quería dejar sentada mi observación.
SEÑOR MIERES.- El llamado de atención que hace el señor senador Bordaberry me parece pertinente. A uno le queda la duda de cuál es la motivación de esta norma. Se supone que lo que se busca es limpiar procesos y no dejar causas pendientes, que dependan de la aparición de un sujeto, en cuyo caso se arma otro lío porque hay que ver qué proceso se aplica. De cualquier manera, más allá de que intercambiemos opiniones sobre cuándo votarlo, me parece que este artículo por lo menos ameritaría una consulta informal a los operadores de la Justicia –que podría ser en el transcurso de esta semana–, a efectos de conocer su motivación.
Por lo tanto, pienso que debemos dejar desglosado este artículo para la próxima sesión.
SEÑOR MICHELINI.- El planteo del señor senador Mieres me parece pertinente, pero pienso que los operadores de Justicia nos van a dar como respuesta que tienen muchos expedientes que les interesa archivar. Dicho de otro modo, no van a quitarnos las dudas. La única solución que tenemos –que no sea no votarlo–, es acercarnos al 100% de la prescripción para que, sin ser la mitad, quien tenga especial interés en una norma de este tipo no se vea totalmente beneficiado.
De todos modos, hagamos las consultas del caso, capaz que hay otro argumento. Pero a pesar de ello, digamos no, la mitad no, vayamos al 75% y que prescriba el 25%. Si le erramos, no será por mucho y no generaremos una norma para un expediente con nombre y apellido.
SEÑOR BORDABERRY.- Quisiera hacer una aclaración: estos expedientes se terminan hoy por el transcurso del tiempo, es decir, quedan limpios cuando transcurre el tiempo de la prescripción. Ahora se está disponiendo una clausura excepcional y no se está respetando el plazo de prescripción establecido en el Código Penal. Eso es lo que está sucediendo; es una especie de indulto.
SEÑOR MIERES.- Quiero dejar una constancia que me parece que corresponde sobre la eventual suspicacia acerca de por qué está este artículo. Esto fue trabajado por una comisión en la que participaron representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte y varios operadores judiciales. Fue un trabajo colectivo y el resultado, que fue acordado entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, debe tener sus fundamentos técnicos. Creo que hay que conocerlos porque es un régimen excepcional, pero me parece que es apresurado identificarlo con cuestiones particulares.
SEÑOR BORDABERRY.- Rectifico lo que dije: me gustaría saber cuál es el motivo de la inserción de este artículo. Dije que parece raro porque se ha introducido esta norma de terminación excepcional de procesos y de penas junto a normas que hablan de transición de procedimientos. Es decir que tienen un fin distinto al del artículo 402. En realidad, se incluye acá y no tiene relación con lo anterior. Esto es lo que nos llama la atención; por eso convendría desglosarlo.
SEÑORA AYALA.- Esto refiere a todo un proceso de transición que, como bien dice el señor senador Bordaberry, viene de los otros artículos –es una suposición– y se inserta porque en el período de transición también vamos a tener que pasar de un proceso a otro, de una forma a la otra. Creo que propusieron este artículo justamente para tratar de limpiar –por decirlo de alguna manera– una serie de procesos.
Nos quedan tres opciones: lo aceptamos –más allá de las consultas–, lo eliminamos o modificamos el porcentaje de tiempo como dice el señor senador Michelini. Creo que este fue un mecanismo de oportunidad que utilizaron para poder llevar adelante una cierta depuración en los procesos que se vienen dando.
Estoy de acuerdo con el desglose y con hacer las averiguaciones pertinentes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se desglosa el artículo 402.6 para hacer las consultas técnicas y en la próxima sesión tomaremos la decisión de qué hacer con esto.
En consideración el artículo 2.°.
Hemos terminado con este proyecto de ley. Podemos pasar a considerar el proyecto sobre libertad condicional.
–Estaríamos en condiciones de votar el artículo anteriormente desglosado con algunos cambios que van a ser leídos por la secretaría.
Léase el artículo 402.6 con las modificaciones propuestas.
«402.6. (Clausura excepcional de causas en etapa de ejecución). El tribunal competente en las causas en etapa de ejecución de sentencia que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentran reservadas hasta que el penado sea habido u opere la prescripción de la pena, dispondrá su clausura excepcional –previa agregación de la planilla de antecedentes judiciales– si hubieren transcurrido dos tercios del término de prescripción de la pena previsto en el artículo 129 del Código Penal y no constaren causales de suspensión o interrupción de la prescripción de acuerdo con el artículo 130 del Código Penal. Esta clausura excepcional implicará la extinción de la pena».
SEÑOR MIERES.- Hay otra modificación. Donde dice: «a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley» debería cambiarse por: «a la fecha de entrada en vigencia de este Código».
Se va a votar la redacción con todas las modificaciones leídas y la última propuesta por el señor senador Mieres.
–7 en 9. Afirmativa.
–Se va a rectificar la votación.
Se propone como miembro informante a la señora senadora Ayala.
Se pasa a considerar las modificaciones relativas a la libertad condicional.
SEÑOR MICHELINI.- Debo retirarme a las 16 y 30 horas porque presido la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a trabajar hasta esa hora. Se van a considerar las modificaciones presentadas a la Ley n.° 19.293 en base a un comparativo que se ha elaborado.
El comparativo tiene tres columnas. En la primera figura la Ley n.º 19293, en la segunda está el proyecto de ley presentado por integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación –que tiene estado parlamentario– y en la tercera aparecen las modificaciones sugeridas por el Frente Amplio.
La presidencia sugiere proceder por la columna del medio –donde figura el proyecto de ley con estado parlamentario– y luego analizar las modificaciones presentadas por el Frente Amplio.
«Artículo 1.º.- Sustitúyense los artículos 246, 288 literal k), 289.5, 306.1, 307, 313.2 y 325 del Código del Proceso Penal aprobado por Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
ARTÍCULO 246 (Cancelación de las cauciones).- La caución será cancelada y las garantías serán restituidas cuando:
a) Revocada la excarcelación, el imputado fuere sometido a prisión;
b) Se absuelva en la causa o se sobresea al imputado;».
SEÑOR MICHELINI.- A mi entender, debería decir «Sustitúyese el literal K) del artículo 288», porque cuando dice «288 literal k)» en mi opinión queda confuso. ¿Estamos sustituyendo todo el artículo 288 o solo el literal k)?
Me parece que como es el literal k) el que se sustituye, deberíamos decir «el literal k) del artículo 288» y tales artículos, enumerándolos.
SEÑORA PAYSSÉ.- Se puede observar que en la tercera columna del comparativo nosotros no incluimos todos los artículos a modificar, sino que a cada uno le dimos un tratamiento diferencial.
Me parece que es una técnica diferente, pero que queda más clara y evita confusiones, como la que recién expresaba el señor senador Michelini.
Si analizáramos el texto de la tercera columna subsanaríamos la dificultad planteada por el señor senador.
Solicitamos, entonces, que se considere la tercera columna del comparativo como base –si todos están de acuerdo– a los efectos de facilitar la votación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero indicar que comencé considerando el proyecto de ley que tiene estado parlamentario, entre otras cosas, porque me lo habían solicitado los señores senadores Heber y Mieres.
Ahora bien, si las modificaciones presentadas por el Frente Amplio –que figuran en la tercera columna– traen mejoras respecto al artículo 1.° que figura en la segunda columna, podemos pasar a considerar la tercera columna.
SEÑOR MIERES.- En realidad, creo que en vez de seguir la opción planteada por la señora presidenta, que la sugirió por cortesía parlamentaria para incluirnos a todos, sería más práctico ir a la columna tres que tiene modificaciones de la bancada del Frente Amplio que parecen razonables. En ese caso, tendríamos que empezar considerando la modificación del artículo 239 que es el artículo 1.º de la propuesta de la bancada del Frente Amplio.
«Sustitúyese el artículo 239 de la Ley N.º 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 239. (Caución juratoria). La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez y procederá cuando el imputado careciere de medios para ofrecer o constituir otro tipo de caución”».
SEÑORA PAYSSÉ.- Estamos de acuerdo con la modificación, pero siguiendo con la lógica anterior, ¿es imprescindible agregar después de la fecha, Código del Proceso Penal o basta con la ley? ¿Ponemos las dos cosas?
SEÑOR MIERES.- Sí, señora senadora.
SEÑORA PAYSSÉ.- Perfecto. La consulta era para seguir la lógica del proyecto de ley anterior donde se mencionaba al código o a la ley.
SEÑOR MIERES.- Esta es la ley madre.
SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo acuerdo con que el acápite queda igual en cuanto a la mención a la ley y al código, se va a votar.
«Sustitúyese el artículo 246 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 246. (Cancelación de las cauciones). La caución será cancelada y las garantías serán restituidas cuando:
b) Se absuelva en la causa o se sobresea al imputado”».
SEÑOR CAMY.- Solicito que se rectifique la votación.
«Sustitúyese el artículo 288 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:».
SEÑOR MIERES.- Propongo que se dé lectura a los literales a partir del k), que es el que se modifica.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase.
«k) conocer y resolver en primera instancia sobre la concesión y revocación del beneficio de la libertad anticipada;
l) conocer y resolver en el proceso de unificación de penas».
–«Artículo 4.º.- Sustitúyese el artículo 289 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 289. (Competencia por razón de lugar). 289.1.- En el departamento de Montevideo, el proceso de ejecución penal será competencia de uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, según lo determine la Suprema Corte de Justicia. 289.2. En los departamentos del interior, actuarán como jueces de ejecución de la sentencia, los de Primera Instancia que la hubieren dictado o los de Ejecución si hubieren, cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia. 289.3. Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse fuera del ámbito de competencia territorial del tribunal de primera instancia que las dispuso, la función de ejecución y vigilancia la ejercerá el juez de ejecución y vigilancia si existiere o el juez de igual jerarquía, del lugar donde deban cumplirse y que estuviere de turno a la fecha en que la sentencia quedare ejecutoriada. 289.4 La Suprema Corte de Justicia podrá delimitar regiones, independientes de los límites departamentales, para asignar competencia territorial en materia de ejecución y vigilancia atendiendo a la localización de los establecimientos de reclusión y rehabilitación en relación con el lugar de asiento del tribunal de primera instancia que substanció la causa. 289.5 Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coincidieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena o liquidada la pena, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores. 289.6 Si la sentencia hubiere quedado ejecutoriada solo para alguno de los imputados, deberá cumplirse inmediatamente a su respecto, a cuyos efectos se formará pieza con testimonio de aquella, con constancia de la fecha en que quedó ejecutoriada y con las actuaciones referentes a la identificación y antecedentes del penado.”»
Este artículo ya fue votado, pero de todos modos se hace acuerdo en cambiar la palabra «substanció» por «sustanció».
–«Artículo 5.º.- Sustitúyese el artículo 306 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 306. (Vigilancia).- 306.1 El penado que fuere liberado quedará sometido a la vigilancia del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en las condiciones previstas en el artículo 102 del Código Penal».
SEÑOR HEBER.- Con respecto al 306.1, mis asesores me señalan que es un error que la norma se remita al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados porque este órgano fue suprimido por el artículo 163 de la Ley n.º 19.355, que creó la Dirección Nacional de Asistencia al Liberado. Por lo tanto, la referencia legal debe hacerse a este organismo y no al patronato suprimido.
SEÑORA PRESIDENTA.- Sugerimos que la secretaría haga la modificación e incluya el nombre actual de este organismo.
Entonces, votaríamos el artículo 306.1 con la modificación sugerida por el señor senador Heber.
Léase el artículo 306.2
«Artículo 306.2.- El Juez Letrado con competencia para la Ejecución y Vigilancia supervisará la forma concreta de la vigilancia y podrá disponer de otras modalidades o asumirlas directamente si lo viere del caso o pedir colaboración a otras instituciones públicas o privadas».
Consulto a los señores senadores acerca de si podemos votar los artículos 306.2, 306.3 y 306.4 conjuntamente.
SEÑOR BORDABERRY.- Si bien no está señalada, el artículo 306.4 tiene una modificación. En un lado dice: «ante el Juez competente» y, en el otro, «ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia».
SEÑORA PRESIDENTA.- Efectivamente. Tal como ha dicho el señor senador Bordaberry, el artículo 306.4 cambia «Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia» por « Juez competente».
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 306.2, 306.3 y 306.4.
Pasaríamos al artículo 6.º, relativo a la revocación de la libertad anticipada.
SEÑOR HEBER.- El artículo 307 dice: «el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá revocar el beneficio y disponer su reintegro a la cárcel, siguiendo el mismo procedimiento que para su concesión». Siendo coherentes con lo que hemos votado como ley que está vigente, aquí debería decir «deberá» y no «podrá».
SEÑORA PAYSSÉ.- Pero la ley actual dice «podrá».
SEÑOR HEBER.- Lo que propongo, concretamente, es que aquí diga «deberá» y no «podrá». Eso es lo que hablamos en la torre Ejecutiva: limitar la posibilidad de que el juez pueda ser discrecional con el tema de otorgar libertades anticipadas cuando hay reincidencia. Justamente esto fue lo que discutimos.
SEÑOR MIERES.- Eso es otra ley que está votada ya.
SEÑOR HEBER.- Efectivamente; no es la Ley n.º 19.293.
SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Heber tiene razón. En lo personal, no estoy de acuerdo con él ni con la ley que se votó, pero creo que debemos tener la referencia a la ley.
SEÑOR MICHELINI.- Nosotros votamos una ley no vinculada a las libertades anticipadas, que son las que otorga la Suprema Corte de Justicia. Votamos sobre las libertades provisorias, no sobre las anticipadas que, repito, son las que da la Suprema Corte año a año. Son muy pocas y eso originó la discusión que tuve, porque dije que los jueces son los que dan la libertad anticipada. La Suprema Corte se enojó y mandó una carta por eso pero, repito, la libertad anticipada es la que ella da. Nosotros no hicimos una revocación para la libertad anticipada, la hicimos para la provisional, para la que da el juez, no para la que da la Corte.
SEÑORA AYALA.- Según lo que votamos el año pasado, la revocación refiere a algunos delitos, no a todos. Y en este caso, el juez podrá, o no –como dice al final– revocar el beneficio, dependiendo de si el delito está amparado. Pero no deberá revocar en todos los delitos, como plantea el señor senador Heber. El juez va a poder revocar dependiendo del delito. Digo esto porque el año pasado nosotros establecimos que algunos sí se podían revocar y otros, no. Por lo tanto, el juez podrá revocar los delitos de acuerdo a lo que votamos el año pasado. De lo contrario, no.
SEÑOR HEBER.- Nosotros discutimos esto en la Torre Ejecutiva, y es parte de lo que recientemente votamos en esta comisión; no recuerdo si fue este año o el pasado.
Reitero que mis asesores me recuerdan que la norma proyectada dispone que cuando un liberado cometa un nuevo delito, el juez de vigilancia y ejecución de la pena podrá revocar el beneficio y disponer el reintegro a la cárcel.
En mi opinión, en lugar de «podrá» el texto debería decir «deberá revocar el beneficio». No hay razón para plantear la revocación como una posibilidad del magistrado sino como un deber de este frente la comisión de un nuevo delito. Y esta es la filosofía que nos guio cuando llegamos a un entendimiento sobre las libertades anticipadas. Tendríamos que ver el proyecto de ley que votamos recientemente para ser coherentes porque si dice «podrá», quizás pongamos esa palabra. Pero recuerdo que esto mismo lo discutimos en esta comisión.
SEÑOR MICHELINI.- Estuve haciendo algunas consultas, señora presidenta, y el problema que tenemos es que si ponemos «deberá» se incluyen todos los delitos y no los delitos de esa ley especial. Entonces, estaríamos endureciendo la circunstancia para todos los delitos. El acuerdo y la ley que se votó eran para algunos delitos. Es una ley específica y esta ley general no la deroga. Eso no quiere decir que no se hagan las consultas, pero considero que nos estaríamos yendo aún más del acuerdo al que se llegó. Es decir, a revocar algunos delitos que estoy expresamente seguro que ni el señor senador Heber estaría de acuerdo en hacerlo.
SEÑOR BORDABERRY.- Más allá de los acuerdos y la ley, señora presidenta, creo que también puede fundamentarse la posición del señor senador Heber en el sentido común. Se trata del caso de alguien que cometió un delito, la Suprema Corte de Justicia le otorga la libertad anticipada, y vuelve a delinquir.
Entonces, si le dieron la libertad anticipada y volvió a delinquir, lo sensato es que esa libertad anticipada se deje sin efecto. Lo mínimo que se le puede pedir a quien delinquió y lo beneficiaron con esa libertad es que no vuelva a delinquir durante ese plazo. Creo que, más allá de acuerdos o no acuerdos, esto parece una cuestión de lógica.
SEÑOR MIERES.- Voy a proponer que se desglose el artículo 6.º mientras consultamos en secretaría cuál es el alcance de lo que se votó el año pasado porque, realmente, nos quedan tres artículos que pienso no tienen mayor dificultad. Por lo tanto, podríamos aprobarlos y luego volver al 6.º .
SEÑORA PRESIDENTA.- La presidencia declara su firme opinión en cuanto no votar «deberán», sino «podrán», porque entraña un endurecimiento de pena en todos los casos, con lo que estamos en desacuerdo.
En consecuencia, este artículo queda desglosado.
«Sustitúyese el artículo 313 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 313. (Pena de multa).
313.1 Si se condena al pago de una multa, esta deberá ser abonada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.
313.2 Si el pago no se efectúa dentro del plazo, se intimará de oficio al condenado para que lo verifique dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse a la sustitución de la multa por prisión. Dicho apercibimiento se hará efectivo sin necesidad de otro trámite”».
–El 313.3, ya está.
«Sustitúyese el artículo 325 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 325. (Vigilancia de la autoridad). Se aplicará lo establecido en el artículo 102 del Código Penal a la sentencia que sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad en los casos previstos en los artículos 92, 94 y 100 del Código Penal en lo pertinente”.».
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se lea el artículo 102 del Código Penal.
«Artículo 102. (De la vigilancia de la autoridad). La vigilancia de la autoridad es una consecuencia de la liberación condicional y de la condena condicional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones:
3. Observar las reglas de inspección que aquella le prefije.
4. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de subsistencia».
SEÑOR BORDABERRY.- Este artículo habla de liberación condicional y de condena condicional. En realidad, en esa norma pervive la libertad condicional que se pretende derogar en el artículo siguiente. Por tanto, sería necesario pensar algún tipo de redacción que lo sacara.
SEÑOR MIERES.- El artículo 102 refiere a los casos de vigilancia de la autoridad y de libertad condicional, pero me parece que es preferible la redacción original propuesta por la Suprema Corte de Justicia y por la fiscalía, porque dice que si la sentencia sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad, se estará a lo establecido por el artículo 102 del Código Penal. Más allá de que en el comienzo de ese artículo se habla de dos hipótesis, luego define qué medidas de vigilancia se debe aplicar y qué características debe contener.
En síntesis, me parece mejor la versión original del artículo 325 que dice: «Si la sentencia sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad se estará a lo establecido en el artículo 102 del Código Penal»
Leamos el artículo 102 del Código Penal así cerramos la versión.
«Artículo 102.- (De la vigilancia de la autoridad) La vigilancia de la autoridad es una consecuencia de la liberación condicional y de la condena condicional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones:
SEÑOR MIERES.- El artículo 325 establece que si una persona queda sujeta a un régimen de vigilancia de la autoridad se tendrán en consideración todas las hipótesis de control y de vigilancia que están previstas en el artículo 102 del Código Penal, independientemente de que eso haya surgido de una libertad condicional que ya no va a poder existir o de otras modalidades.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el artículo 325 con las modificaciones propuestas.
«Artículo 325.- (Vigilancia de la autoridad). Si la sentencia sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad se estará a lo establecido en el artículo 102 del Código Penal».
«Artículo 9.º. Deróganse los artículos 295, 296, 297, 302, 303 y 308 del Código del Proceso Penal aprobado por Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014».
–Pregunto directamente al señor senador Heber si estaría dispuesto a votar el artículo 6.º con el «podrá» si al final le agregamos: «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 19.446, de 28 de octubre de 2016».
SEÑOR HEBER.- Estoy de acuerdo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, se va a votar el artículo con las modificaciones mencionadas.
Debemos designar al miembro informante del proyecto de ley.
Si están de acuerdo, propondríamos a la señora senadora Payssé.