Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000030402
Timestamp: 2020-02-23 22:42:16
Document Index: 336721708

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 33', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | Juan Díaz Soto con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Juan Díaz Soto con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C3609-19
Por decisión de mayoría de los miembros del Consejo Directivo, se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando la entrega de copia de la rúbrica aplicada en la evaluación docente 2018 del solicitante en: Entrevista de Evaluador Par; Planificación; Evaluación; Clase Grabada; y Reflexión. Lo anterior, por cuanto no se acreditó ni se configuró la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C1040-14, C3754-16, C1805-17 y C4009-17, entre otras, donde se estableció que la evaluación de los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia. Se rechaza el amparo respecto de los informes de los evaluadores, por tratarse de información que no obra en poder del órgano reclamado, no disponiendo este Consejo de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria, y de la información referida a la Tarea 2 Evaluación y Clase Grabada, por corresponder al derecho de petición y no al de acceso a la información pública. HAY VOTO DISIDENTE
Consejo para la Transparencia, 30/01/2015, C1040-14
Consejo para la Transparencia, 03/03/2017, C3754-16
Consejo para la Transparencia, 05/09/2017, C1805-17
Ley de Transparencia ART-10 INCISO 2
DECISIÓN AMPARO ROL C3609-19
Entidad pública: Subsecretaría de Educación.
Requirente: Juan Díaz Soto.
Ingreso Consejo: 22.05.2019
Por decisión de mayoría de los miembros del Consejo Directivo, se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando la entrega de copia de la rúbrica aplicada en la evaluación docente 2018 del solicitante en: Entrevista de Evaluador Par; Planificación; Evaluación; Clase Grabada; y Reflexión.
Lo anterior, por cuanto no se acreditó ni se configuró la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.
Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C1040-14, C3754-16, C1805-17 y C4009-17, entre otras, donde se estableció que la evaluación de los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia.
Se rechaza el amparo respecto de los informes de los evaluadores, por tratarse de información que no obra en poder del órgano reclamado, no disponiendo este Consejo de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria, y de la información referida a la Tarea 2 Evaluación y Clase Grabada, por corresponder al derecho de petición y no al de acceso a la información pública.
Hay voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien fue partidario de rechazar el amparo, por cuanto a diferencia del voto mayoritario, estima que respecto de la información reclamada referida a las rúbricas aplicadas, concurre la causal de reserva de afectación del debido funcionamiento del órgano, ya que su entrega redundaría en un evidente perjuicio para el sistema de reconocimiento y evaluación de conocimientos de los docentes.
En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3609-19.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de abril de 2019, don Juan Díaz Soto requirió a la Subsecretaría de Educación, la siguiente información: "Solicito que se me haga entrega de la siguiente información en relación al Informe de Evaluación Individual del Sr. Juan Marcos Díaz Soto, (...), de ahora en adelante solicitante, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente 2018:
1.- Copia de la rúbrica aplicada en la evaluación docente 2018 del solicitante en:
a) Entrevista de Evaluador Par
d) Clase Grabada
2.- Copia de los informes emitidos por los siguientes evaluadores:
a) Evaluador par
b) Evaluador del Portafolio
c) Evaluador de la clase grabada
d) Evaluación de la reflexión
3.- En relación a la Tarea 2 Evaluación, a partir de las afirmaciones de la evaluación e informe emitido por evaluador, se me informe:
a) ¿Cuál o cuáles preguntas o tareas son confusas o cuales son las preguntas que presentan imprecisiones o cuáles son las respuestas incorrectas?
b) Se me informe cuáles son las preguntas que no están evaluando los objetivos que pretendía medir.
c) Se me informe por qué se afirma la existencia de graves dificultades para generar estrategias "en cada curso particular", siendo que el solicitante el año 2018 realizó sólo 2 horas de clase de Física en el año escolar y se me informe qué argumentos presentados en el análisis desarrollado no resultan pertinentes y ¿por qué?
4.- Sobre la clase grabada necesito que se me informe:
a) ¿Cuáles son los objetivos que no se lograron abordar en la clase grabada? o bien, se precise ¿por qué no aprovechó al máximo el tiempo destinado para aplicarlo al aprendizaje?
b) ¿Por qué el evaluador cambia los objetivos de lo que el docente realiza o planifica para la clase? al decir que "puede pedir a sus alumnos que analicen experiencias o situaciones concretas, que reconozcan similitudes o diferencias con otro concepto o procedimiento.
c) ¿Cuáles son las debilidades para generar un ambiente de confianza que se afirma en relación al ambiente de trabajo?
d) ¿Por qué existe inconsistencia en lo que se afirma sobre le ambiente de trabajo y la promoción de la participación de sus estudiantes?".
2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 2630, de fecha 20 de mayo de 2019, la Subsecretaría de Educación otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando la entrega de los antecedentes requeridos, fundado en la causal de reserva del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que en relación a lo solicitado en el punto 1 respecto de la rúbrica, según lo informado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, las rúbricas de corrección son parte de las pautas de evaluación, cuyo propósito es analizar la calidad de la evidencia presentada en el contexto del sistema evaluativo: "la construcción de dichas evaluaciones sigue rigurosos procesos de elaboración propios de los sistemas de medición estandarizada validados a nivel mundial (...) para asegurar la ecuanimidad de medida de los instrumentos y sus resultados, esto es, que exista equivalencia entre lo que se le pregunta a diferentes docentes y en el nivel de dificultad de pruebas de una misma asignatura o especialidad aplicada en los años diferentes, se utiliza un tipo de ítem determinado "pregunta ancla", las cuales corresponden a un porcentaje de interrogantes idénticas y puestas en la misma posición, que en instrumentos de diferentes cohortes. Por su parte la función o método que corrige estadísticamente la diferencia entre instrumentos y, permite ajustar los puntajes de modo que ellos signifiquen lo mismo, se denomina "equating", cuya base está dada por la repetición de preguntas cuya confidencialidad estadística ha sido demostrada y han pasado exitosamente por todos los procesos de validación. De este modo, estas pruebas están compuestas tanto por preguntas cuya calidad técnica, comprensión y discriminación entre opciones, ha sido previamente verificada, luego del extenso proceso de construcción y selección, como por preguntas que se utilizarán en futuras aplicaciones, o han sido utilizadas en aplicaciones anteriores, lo que asegura equidad en la medida de los distintos docentes con independencia del año en que les ha tocado participar del sistema".
Respecto a la solicitud de copia de los informes de los evaluadores, especificada en el punto 2 del requerimiento, aclara que los resultados de la evaluación se comunican a cada docente de manera individual y mediante un informe personalizado al que acceden en su portal docente. Dichos resultados incluyen, entre otros, los niveles de logro de las preguntas abiertas, con una descripción de lo evaluado y del estándar esperado para la misma.
Recuerda que el Decreto Supremo N° 192, de 2004, establece que deben confeccionarse un informe de Evaluación Individual, uno de resultados para los Equipos de Gestión de los Establecimientos Educacionales y un informe de Resultados para el Sostenedor Municipal y Municipio respectivo. Luego, recalca que no existen análisis ni informes adicionales, y que hacerlos respecto de uno de los evaluados implicaría un trato desigual y privilegiado, en un proceso que busca proteger la ecuanimidad a partir de una medición estándar. Por lo anterior, si la institución no está en la obligación legal de elaborar el material requerido, tampoco se encuentra en la necesidad de construirlo para el ciudadano solicitante.
En relación con lo solicitado en el punto 3, respecto de las afirmaciones de la evaluación e informe emitido por el evaluador, reitera que los resultados de la evaluación se entregan a cada docente a través de un informe personalizado, que consta de las siguientes secciones: presentación general y detalle del puntaje constitutivo de las diferentes categorías de logro; puntaje final obtenido; niveles de logro en preguntas cerradas por dominio disciplinar y referencia al promedio nacional del nivel de logro de los otros docentes respecto a esos mismos dominios; y niveles de logro de preguntas abiertas, con una descripción de la pregunta y presentación del estándar esperado para la misma. Por ello, según lo establecido en el Decreto Supremo 192, el órgano no tiene la obligación de crear información que no obra en su poder, más aun si implica genera un trato desigual.
Finalmente, respecto de la solicitud del numeral 4, informa que el título VIII del mencionado Decreto Supremo 192, regula la vía especial de reclamación en contra del resultado de la evaluación docente, señalando que solo procede el recurso de reposición, bajo causales específicas, por lo que las materias consultadas no son de competencia de la Ley de Transparencia.
3) AMPARO: El 22 de mayo de 2019, don Juan Díaz Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Señala que al estar basadas las rúbricas en el Marco para la Buena Enseñanza, conocer los criterios e indicadores de evaluación que se utilizaron, permite a los docentes saber si quien evaluó utilizó correctamente el instrumento. Agrega, que como el proceso de evaluación ya concluyó, su publicidad no afecta el cumplimiento de las funciones del órgano. Menciona que esto es concordante con un recurso de reposición que interpuso en marzo de 2019.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E12876, de fecha 9 de septiembre de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Educación.
Mediante Ord. N° 4416, de 26 de septiembre de 2019, el órgano presentó sus descargos, señalando, en síntesis, que dio respuesta dentro de plazo legal a la solicitud de información, lo que acredita por medio de los respectivos correos electrónicos de prórroga de plazo y de respuesta.
Luego, indica que la información requerida en el número 2 no existe, reiterando lo explicado en su respuesta, en la que detalló los informes que por ley debe emitir en relación con la evaluación docente, haciendo mención además a que el reclamante recibió su informe de evaluación individual. Respecto de lo requerido en el punto 3, argumenta que no se refiere a antecedentes concretos, sino que corresponde a cuestionamientos que son materia del recurso de reposición, haciendo presente que el solicitante recurrió por esa vía ante la Comisión Comunal de Evaluación.
Respecto a las causales de reserva, señala que se configura la del artículo 21, número 1, de la Ley de Transparencia, por afectar la entrega de la información el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la que funda en cinco argumentos:
- Una rúbrica es una herramienta compleja que mide mediante diversos indicadores, los diferentes aspectos que componen la práctica pedagógica, y publicarla equivale a inutilizarla para futuras evaluaciones docentes. Señala que este es un proceso anual y que la elaboración de un sistema de rúbricas desde cero implica de entre tres a cuatro años, considerando todas las etapas propias de la licitación, teniendo el último proceso licitatorio de evaluación integral a tres años, un costo de veinticuatro mil millones de pesos.
- En el proceso existe continuidad y calibración entre las rúbricas de corrección utilizadas para evaluar a los docentes, por lo que publicarlas, junto con anularlas implica afectar la comparabilidad de dichas evaluaciones y por tanto la ecuanimidad de trato a todos los docentes.
- Si se publican año a año, en respuesta a solicitudes sistemáticas, se agotan las posibilidades de contenidos evaluativos del instrumento, considerando que es estandarizado, afectando la capacidad de evaluar y lesionando la de reconocer de manera objetiva el desempeño docente.
- Es previsible que la divulgación de las rúbricas del instrumento portafolio resulte en la preparación de evidencia para cumplir aspectos puntuales o específicos, mermando las posibilidad de contar con un proceso de corrección válido, ecuánime y justo para todos. Esto podría transformar la evaluación en un ejercicio inoficioso en tanto los docentes busquen entregar la evidencia deseable según las pautas de evaluación, y no la referida al ejercicio de la profesión.
- Publicitar las rúbricas implica romper el vínculo de la representación muestral y centrar la preocupación solo en aquellos aspectos evaluados, desvalorando la comprensión global de las prácticas pedagógicas.
A mayor abundamiento, indica que el objetivo del portafolio se encuentra señalado en el Decreto Supremo de Educación N° 192, del año 2004, como también aparece en el Estatuto Docente a propósito de las modificaciones de la Ley N° 20.903, normas que se refieren al Marco para la Buena Enseñanza y el Currículum Nacional, ambos de público conocimiento y uso nacional. Además, en los Manuales de Portafolio se especifica qué se va a evaluar, con el propósito de que los docentes conozcan los criterios con los que serán evaluados.
La oposición a la entrega de la información no significa que los docentes no cuenten con información respecto a su evaluación y a los criterios utilizados, dado que:
- Todo el sistema está regido por el Marco para la Buena Enseñanza.
- Al comenzar la evaluación, y en particular en el portafolio, a cada docente se le proporciona un manual que especifica cual es el desempeño esperado.
- A cada docente se le entrega un informe de evaluación individual, con su puntaje, lo reportado por el evaluador par y por los directivos de su establecimiento, entregándosele además, la retroalimentación que estos directivos realizan, en el contexto del trabajo colaborativo.
- Los resultados finales de la evaluación docente son decididos y comunicados por la comisión comunal de evaluación.
- Si un docente se encontró en desacuerdo con su resultado, pudo presentar un recurso de reposición.
Explica las etapas bajo las cuales se realiza la licitación para el desarrollo del Portafolio, y finaliza señalando que los cuestionamientos formulados en el numeral 4 de la solicitud, son propios del recurso de reposición, ya mencionado.
1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Educación a la solicitud de información del reclamante, referida a la entrega de una serie de antecedentes relativos a su Informe de Evaluación Individual, de la Evaluación Docente 2018, específicamente: a) la rúbrica aplicada en las distintas evaluaciones que indica; b) copia de los informes emitidos por los distintos evaluadores que señala; c) aclaraciones respecto de las afirmaciones efectuadas en la evaluación de la Tarea 2 Evaluación; y d) información sobre la clase grabada. El órgano denegó la entrega, fundado en la inexistencia de parte de la información, en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y en la improcedencia de algunas de las solicitudes, por ser materia de recurso de reposición y no de acceso a la información pública.
2) Que, en primer término, la alegación de inexistencia formulada por el órgano recae sobre los antecedentes detallados en el punto dos de la solicitud, correspondientes a copia de los informes emitidos por los siguientes evaluadores: par, del Portafolio, de la clase grabada y de la reflexión. Argumenta la reclamada que el Decreto Supremo N° 192, de 2004, establece que deben confeccionarse un informe de Evaluación Individual, uno de resultados para los Equipos de Gestión de los Establecimientos Educacionales y un informe de Resultados para el Sostenedor Municipal y Municipio respectivo. En efecto, la norma en comento, en su artículo 42, hace referencia a la obligación de emitir los mencionados informes, describiendo el contenido en los artículos posteriores, entre los cuales, respecto al evaluado se señala en el artículo 43 que: "deberá contener el mayor nivel de desagregación de la información que genera el sistema de evaluación del desempeño docente, contemplando la representación gráfica del perfil de desempeño del docente, atendiendo los instrumentos aplicados, la fundamentación cualitativa de esos resultados, expresados en fortalezas y debilidades del desempeño evaluado, más las recomendaciones finales que sean menester, a fin de orientar adecuadamente al docente en su desarrollo profesional". Como se puede apreciar, no se establece en las normas en comento el deber, para cada uno de los evaluadores, de emitir un informe en específico, por lo que, al no contar este Consejo con otros antecedentes que ponderar para arribar a una conclusión contraria, acogerá la alegación del órgano, rechazándose el presente amparo en este punto.
3) Que, luego, en relación con las solicitudes de los numerales 3 y 4, transcritas en el número 1 de la parte expositiva de esta decisión, respecto de las cuales el órgano alega que se trataría de materias propias del recurso de reposición que regula el título VIII del mencionado Decreto Supremo 192, se debe señalar que del análisis de las peticiones, se desprende que las mismas plantean una serie de interrogantes en relación con la corrección y los resultados de la evaluación, y que apuntan a dilucidar determinados aspectos que para el reclamante parecen resultar poco claros. Este antecedente es corroborado por el propio solicitante, quien en la presentación en la que complementa los fundamentos del presente amparo, señala que "esto es concordante con la solicitud administrativa de recurso de reposición que se hizo en marzo de 2019 para que un docente del CPEIP haga una nueva revisión del Portafolio debido a las inconsistencias que se desprendieron de la Evaluación Docente 2018 aplicada al Sr. Díaz Soto por un órgano externo", agregando que "Siendo la información concordante con el recurso de reposición, como se dijo, la revisión que haga el CPEIP teniendo presente los elementos que se señalan en esta solicitud, permitirá dar respuesta a esta reclamación, misma petición que se realizará una vez terminado el proceso de apelación o reposición, si la respuesta no se ajusta a esta presentación, una vez que el Ministerio de Educación de respuesta a los respectivos docentes del país del proceso que ya lleva un par de meses y que debe estar resuelto en julio de 2019". (énfasis agregados)
4) Que, en conclusión, este Consejo advierte que el reclamante no efectuó una solicitud de información propiamente tal amparada por la Ley de Transparencia, ello por cuanto del tenor literal de la misma, al menos en sus numerales 3 y 4, no es posible concluir que lo requerido corresponda a un acto, documento o antecedente determinado, que obre en poder de la Administración del Estado, en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia y en el artículo 3°, letra e), del Reglamento de la misma ley, sino que más bien se trata de una petición dirigida a que la institución reclamada emita un determinado pronunciamiento, situación que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública. En tal sentido, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, el presente amparo debe rechazarse en este aspecto, por improcedente.
5) Que, finalmente, tratándose de la solicitud de determinadas rúbricas enunciadas en el punto uno del requerimiento de acceso a la información, respecto de las cuales el órgano alega la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.
6) Que, la mencionada norma, en su primer numeral, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". En este sentido, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester acreditar una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".
7) Que, en el presente caso, el órgano solo ha señalado situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar su debido funcionamiento, no logrando acreditar la afectación alegada, de una manera presente o probable y con suficiente especificidad, a fin de que este Consejo pueda estimar que los costos que la publicidad de la información provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría. Señala el órgano que publicar las rúbricas equivale a inutilizarlas para futuras evaluaciones docentes, y que la elaboración de un sistema de rúbricas desde cero implica de entre tres a cuatro años, considerando todas las etapas propias de la licitación, teniendo el último proceso licitatorio de evaluación integral a tres años un costo de veinticuatro mil millones de pesos, sin embargo, no explica como la entrega de la información solicitada en autos, inhabilita el sistema de evaluación en su conjunto, llevándolo a la necesidad de licitarlo nuevamente en su totalidad. Alega la Subsecretaría que si se publican año a año, en respuesta a solicitudes sistemáticas, se agotan las posibilidades de contenidos evaluativos del instrumento, considerando que es estandarizado, hipótesis que depende del presupuesto de que se ingresen de forma permanente solicitudes de acceso a dicha información, de lo cual no existe evidencia. Señala además que esto podría transformar la evaluación en un ejercicio inoficioso en tanto los docentes busquen entregar la evidencia deseable según las pautas de evaluación, y no la referida al ejercicio de la profesión e implicaría romper el vínculo de la representación muestral y centrar la preocupación solo en aquellos aspectos evaluados, desvalorando la comprensión global de las prácticas pedagógicas. Al respecto, y en la eventualidad de que dichas desviaciones se produzcan, por este o por cualquier motivo, el órgano en su calidad de experto en la materia, debe adoptar los resguardos necesarios para su detección y corrección.
8) Que, por otra parte, cabe tener presente que la publicidad de la información relativa a las formas de evaluación de los docentes, y la efectividad y la eficiencia de los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, conlleva un evidente interés público, por tratarse de un tema -la educación-, de permanente discusión, por lo que cualquier comunicación referente a la forma en que los docentes son evaluados, resulta positiva, teniendo en consideración la calidad de la educación como eje principal de las demandas ciudadanas de los últimos años. Al respecto, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1040-14, C3754-16, C1805-17 y C4009-17, entre otros, la evaluación para los docentes busca fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia. Asimismo, la publicidad de las rúbricas para los evaluados posibilita conocer eventualmente situaciones de discrecionalidad en la revisión efectuada.
9) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, habiéndose rechazado la concurrencia de la causal de reserva respecto a la afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Educación, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada en el número uno del requerimiento, esto es, copia de la rúbrica aplicada en la evaluación docente 2018 del solicitante en: Entrevista de Evaluador Par; Planificación; Evaluación; Clase Grabada; y Reflexión, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Juan Díaz Soto en contra de la Subsecretaría de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación, lo siguiente:
a) Entregar al reclamante copia de la rúbrica aplicada en la evaluación docente 2018 del solicitante en: Entrevista de Evaluador Par; Planificación; Evaluación; Clase Grabada; y Reflexión.
Para lo anterior, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, entre otros
III. Rechazar el amparo respecto de los informes de los evaluadores, por no constar en poder del órgano, y de la información referida a la Tarea 2 Evaluación y Clase Grabada, por corresponder al derecho de petición y no al de acceso a la información pública.
IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Díaz Soto y al Sr. Subsecretario de Educación.
La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien no comparte lo razonado en los considerandos 5° a 9° del presente acuerdo, estimando que el amparo debió rechazarse, en base a las siguientes consideraciones:
1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que en el presente caso se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que, según lo razonado por este Consejo en la decisión rol C2715-16, y lo expresado por la reclamada con ocasión de sus descargos en esta sede, la denegación de la información efectuada por la Subsecretaría de Educación, se aviene a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto, de divulgarse los antecedentes relativos a las rúbricas aplicadas en la evaluación docente 2018 del solicitante, redundaría en un evidente perjuicio para el sistema de reconocimiento y evaluación de conocimientos de los docentes.
2) Que, en atención a la especificidad de los tópicos evaluados, el órgano se encontraría obligado a asumir el costo de la confección de nuevos modelos de evaluación, afectando con ello la calidad de dichas evaluaciones, y la equidad y confiabilidad de las revisiones, dado que no se trata de una evaluación cuyo resultado final sea simplemente una aprobación o reprobación, y cuya pauta no se limita a señalar o contener respuestas correctas e incorrectas. Luego, comunicar las rúbricas aplicadas implicaría dañar de un modo irreversible un sistema de control de la calidad de miles de docentes, lo cual resulta ser una pieza esencial del modelo educativo chileno que se pretende construir con ocasión de la reforma educacional.
3) Que, en tal sentido, cabe además señalar que, divulgar o publicar las rúbricas a las que se refiere el presente caso, conlleva la publicidad de todas las demás herramientas de evaluación, correspondientes a las otras asignaturas, por lo que los costos financieros asociados a la generación de un instrumento de evaluación distinto al existente, anualmente, supone un gasto no previsto en el presupuesto institucional, que dañaría los intereses de la reclamada, la cual debe administrar los montos que le son asignados, de modo de cumplir eficientemente las tareas previstas por el legislador. En la especie, el órgano señala que el costo financiero de elaboración de nuevos instrumentos alcanza la suma aproximada de $24.000.000.000.
4) Que, por lo anterior, a criterio de este Consejero, se configura respecto de las rúbricas aplicadas en la evaluación docente 2018 del solicitante, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, este disidente estima que el presente amparo debió rechazarse.