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Timestamp: 2018-02-25 15:56:44
Document Index: 286416874

Matched Legal Cases: ['artículo 741', 'artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 392']

Sentencia Penal Nº 611/2012, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 150/2012, 21-06-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 611/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5, Rec 150/2012 de 21 de Junio de 2012
Sentencia Penal Nº 75/2008, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 22/2008, 20-05-2008
Órden: Penal Fecha: 20/05/2008 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Anton Y Abajo, Antonio Num. Sentencia: 75/2008 Num. Recurso: 22/2008
Sentencia Penal Nº 176/2012, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 116/2011, 10-02-2012
Órden: Penal Fecha: 10/02/2012 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Llarena Conde, Pablo Num. Sentencia: 176/2012 Num. Recurso: 116/2011
Sentencia Penal Nº 727/2014, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 372/2013, 09-07-2014
Órden: Penal Fecha: 09/07/2014 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Gutierrez Gomez, Jesus Eduardo Num. Sentencia: 727/2014 Num. Recurso: 372/2013
Sentencia Penal Nº 101/2015, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 1743/2014, 09-02-2015
Órden: Penal Fecha: 09/02/2015 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Esteban Meilan, Maria Del Rosario Num. Sentencia: 101/2015 Num. Recurso: 1743/2014
Sentencia Penal Nº 64/2006, AP - Soria, Sec. 1, Rec 49/2006, 20-12-2006
Órden: Penal Fecha: 20/12/2006 Tribunal: Ap - Soria Ponente: Perez-flecha Diaz, Maria Belen Num. Sentencia: 64/2006 Num. Recurso: 49/2006
El Art. 1903 ,Código Civil determina que la obligación de reparar el daño establecida en el Art. 1902 ,Código Civil es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. En l...
En lo que respecta a la responsabilidad por hecho ajeno, el Art. 1903 ,Código Civil determina que la obligación de reparar el daño causado del Art. 1902 ,Código Civil es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquell...
Formulario de solicitud de prejudicialidad penal y suspensión de procedimiento civil
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [LOCALIDAD]Procedimiento: [DESCRIPCION]Número: [NUMERO]D./ Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D./ Dña. [NOMBRE_CLIENTE], tal y como consta acreditad...
Escrito interesando la suspensión del procedimiento cambiario por prejudicialidad penal.
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [LOCALIDAD]Procedimiento: Juicio CambiarioNúmero: [NUMERO]D./ Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D./ Dña. [NOMBRE_CLIENTE], tal y como consta acr...
Escrito al Juzgado de lo Social aportando copia de querella criminal ante falsedad de documento presentado en juicio por la otra parte
NOTA: En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione di...
Resolución de TEAC, 00/4701/1999, 07-06-2000
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 07/06/2000
Núm. Resolución: 00/4701/1999
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 18/04/2007
Núm. Resolución: 00/2075/2006
Núm. Sentencia: 611/2012
Núm. Recurso: 150/2012
Núm. Cendoj: 08019370052012100559
Rollo de Apelación núm. 150/12-J
Procedimiento Abreviado núm. 60/08
Juzgado de lo Penal núm. 1 de Barcelona
D.ª Carme Domínguez Naranjo
En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de junio de dos mil doce.
En nombre de S.M. el Rey de España, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto en grado de apelación el Procedimiento Abreviado núm. 60/08, Rollo de Apelación núm. 150/12-J, sobre un delito de falsedad en documento oficial, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Barcelona, habiendo sido partes en calidad de apelante el Ministerio Fiscal y como apelado D. Jose Daniel , representado por el Procurador D. Carlos Vicente Martín y asistido por el Letrado D. Jordi Esmerats Raurell.
Ha sido designado Magistrado Ponente S.Sª Ilma. D. Enrique Rovira del Canto, quien expresa el parecer del Tribunal.
PRIMERO. En fecha 14 de marzo de 2012 y por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Barcelona se dictó sentencia en el Procedimiento Abreviado núm. 60/08 que contiene el fallo que aquí se da por reproducido por razones de economía procesal.
SEGUNDO. Apelada que fue la sentencia por el Ministerio Fiscal, y previos los trámites legales se remitieron los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona, teniendo entrada en esta Sección el pasado día 10 de mayo de 2012, habiéndose celebrado el día de la fecha la preceptiva deliberación y votación del recurso interpuesto en cuya tramitación ante este Tribunal se han observado todas las prescripciones legales.
TERCERO. Se aceptan y se dan por reproducidos los Antecedentes de Hecho y los Hechos Probados de la sentencia apelada.
I. Se aceptan y se dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada, salvo en lo que contradigan los de la presente, que se sustituirán por su contenido.
II. Si bien el recurso de apelación faculta al Tribunal "ad quem" para una revisión integral de la sentencia recurrida, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, cuando la convicción judicial se ha formado con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a su presencia en el acto del plenario -inmediación de la que carece el Tribunal-, y con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina que en estos casos, y por regla general, deba respetarse en sede de apelación la valoración, probatoria del Juez "a quo", formada además con base en lo alegado por la acusación y la defensa y lo manifestado por el mismo acusado ( artículo 741 L.E.Crim .), con la única excepción, en principio, de que la convicción así formada carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral, bien por ser las pruebas valoradas de naturaleza ilícita, bien por ser las mismas contrarias a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la razón o las reglas de la experiencia humana común, o tales circunstancias deban predicarse del proceso valorativo del juzgador de instancia.
III.- La sentencia describe como hechos declarados probados que el acusado se identificó a los agentes policiales autonómicos con un permiso de conducción expedido en Florida (EE.UU.) a su nombre, con sus datos personales y su fotografía, y que resultó falso. No obstante ello, el pronunciamiento argumenta que la sentencia no puede ser otra que absolutoria, en la medida en que no se ha aportado prueba ninguna que justifique que el documento se confeccionara en España y que el acusado negó tal realidad.
Frente a tal pronunciamiento se alza el Ministerio Fiscal en pretensión revocatoria de condena, por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.2 del Código Penal , y que del mismo deriva responsable el acusado, siendo el enjuiciamiento competencia de los Tribunales españoles, de conformidad con el artículo 23.3.f de la LOPJ ., y haberse aplicado por la Juez a quo una doctrina jurisprudencial ya superada por las obligaciones internacionales contraídas por España, citando en apoyo de tal nuevo criterio jurisprudencial la STS de 12 de septiembre de 2007 (Ponente Rico Fernández)
Su pretensión ha de ser acogida por el Tribunal. El delito de falsificación documental no es un delito de los llamados de propia mano, siendo autor no sólo el autor material que confecciona strictu sensu el documento falsario, sino también quien como - autor mediato- facilita las fotografías para la elaboración del documento y se beneficia en su caso ( SSTS 433/2001 de 22 de marzo , 27 de mayo de 2002 , 313/2003 de 7 de marzo y 1325/2003 de 13 de octubre , entre muchas otras).
De otro lado, si bien el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo 1998 recoge la atipicidad del uso en España de un documento de identidad u oficial falsificado en el extranjero, salvo que se presente en juicio o se use para perjudicar a un tercero, numerosas sentencias posteriores de nuestra Sala Segunda del Tribunal Supremo determinan que las ocultaciones de identidad con documento de identificación simulado, siempre afectan al crédito y seriedad e interés de España, habida cuenta que impiden el cumplimiento y observancia de las obligaciones contraídas por España con el resto de países de la Unión Europea, en lo relativo a exigir una correcta identificación de todas las personas que se encuentren en España, en los términos expresados en el artículo 6 del Convenio de Schengen ( STS 66/2005 de 26 de enero , 1024/2004 de 24 de septiembre , 1295/2003 de 7 de octubre , 1089/2004 de 24 de septiembre , 472/2006 de 5 de abril ó 458/2006 de 11 de abril e incluso la ya citada de 12.09.07 ); determinando con ello una competencia de la jurisdicción española en los términos fijados en el artículo 23.3.f de la LOPJ . Y en tal sentido asimismo se ha venido estimando por esta misma Audiencia Provincial de Barcelona, así por más recientes las Sentencias de 17.10.11 (Sección 9 ª), 14.12.11 (Sección 10 ª) y 10.02.12 (Sección 6 ª), cuyas fundamentaciones no pueden por menos de asumirse por esta Sala dándose aquí por reproducidas en aras a los principios de celeridad y economía procesal.
IV.- Por ello, no puede por menos de considerarse que los hechos probados son constitutivos de un delito de falsedad de documento oficial a raíz de la prueba practicada y recogida en los Fundamentos de Derecho primero y segundo de la sentencia dictada, habiéndose carecido de una versión alternativa de la defensa apuntalada por fuente probatoria alguna, y deviniendo en responsable en concepto de autor el acusado conforme a los arts. 27 y 28, párrafo primero, CP ., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, no invocadas además expresamente por ninguna de las partes. Ahora bien, no apreciándose razones que justifiquen la exhacerbación de pena interesada por el Ministerio Público, ni datos que apunten la real disponibilidad económica del acusado, procede imponer la pena legalmente prevista, en el umbral mínimo establecido por el legislador, declarándose de oficio la imposición de las costas procesales de esta alzada, mas no así las de primera instancia que se impondrán al condenado, conforme a los arts. 123 y 124 del Código penal , pero sin que proceda la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del reo del territorio nacional al no habérsele dado trámite de audiencia al respecto.
Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas jurídicas de general aplicación al caso tanto del Código Penal como de la LECrim, en virtud del poder conferido por la Constitución y la Ley, administrando en esta instancia Justicia que emana del Pueblo y en nombre de Su Majestad el Rey
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de los de Barcelona en fecha 14 de marzo de 2012 en el Procedimiento Abreviado número 60/08, debemos revocar y revocamos lo dispuesto en la mentada resolución, condenando como condenamos a Jose Daniel como autor de un delito de falsedad en documento oficial del artículo 392, en relación con el articulo 390.1.2, ambos del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de SEIS MESES DE PRISION y de SEIS MESES MULTA, a razón de una cuota diaria de 2 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente en caso de impago , así como al pago de las costas procesales causadas en la instancia, y con declaración de oficio de las derivadas de esta alzada.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, devolviéndose las actuaciones al juzgado de procedencia junto con el testimonio de esta resolución a fin de que procedan a dar cumplimiento a la acordado en la misma, la pronunciamos, mandamos y firmamos.