Source: https://www.bdabogados.com/real-decreto-ley-52019-de-1-de-marzo-por-el-que-se-adoptan-medidas-de-contingencia-ante-la-retirada-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-de-la-union-europea-sin-que-se-haya-alcanzado/
Timestamp: 2019-12-09 23:40:17
Document Index: 125171998

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 27']

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 50 del Tratado de la Unión Europea. - BD Abogados
ART Exposición motivos
2 Reciprocidad y medidas temporales.
Sección 1ª Residencia y trabajo de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de los miembros de su familia.
3 Ámbito de aplicación y acreditación de residencia.
4 Documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de sus familiares.
5 Acceso a la residencia de larga duración.
6 Documentación de los trabajadores fronterizos nacionales del Reino Unido.
7 Acceso y ejercicio de profesión.
8 Normas aplicables al acceso y mantenimiento de la condición de empleados públicos de los nacionales del Reino Unido al servicio de las Administraciones Públicas españolas.
9 Régimen transitorio aplicable en relación con los trabajadores desplazados temporalmente en el marco de una prestación de servicios.
10 Mantenimiento de los comités de empresa europeos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria con el Reino Unido.
11 Seguridad social de los nacionales del Reino Unido.
12 Seguridad social de los nacionales españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza.
13 Acceso a la asistencia sanitaria.
14 Acceso a la universidad.
CAPÍTULO III Cooperación policial y judicial internacional
15 Régimen transitorio de los procedimientos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea con el Reino Unido.
16 Régimen transitorio aplicable a los equipos conjuntos de investigación en vigor.
17 Régimen transitorio de los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil con el Reino Unido.
18 Intercambio de información
19 Continuidad de los contratos.
20 Decisiones de las autoridades aduaneras.
21 Régimen jurídico aplicable a los procedimientos de contratación pública.
22 Permisos de conducción.
23 Importación y exportación de material de defensa y doble uso con el Reino Unido.
24 Autorizaciones sobre armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería.
CAPÍTULO V Transporte
25 Transporte de mercancías por carretera.
26 Transporte de viajeros en autobús.
27 Condiciones aplicables a la realización del transporte de mercancías y viajeros por carretera.
28 Prestaciones públicas por salida de pasajeros embarcados con destino a un aeropuerto en el Reino Unido.
1 Autorización adicional de plazas de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
2 Autorización adicional de plazas a Autoridades Portuarias.
3 Aplicabilidad de las medidas de contingencia en materia de transporte a Gibraltar.
4 Solicitudes de homologación y declaración de equivalencia de títulos procedentes de Universidades, Centros e Instituciones del Reino Unido.
5 Contratación pública en la ejecución de las medidas previstas.
1 Modificación de disposiciones reglamentarias.
2 Títulos competenciales.
3 Documentación sanitaria o fitosanitaria requerida para la exportación.
4 Créditos presupuestarios.
5 Desarrollo reglamentario.
6 Entrada en vigor.
Las disposiciones de esta sección se aplicarán a los nacionales del Reino Unido que residan en España antes de la fecha de retirada y a los miembros de su familia, con independencia de la nacionalidad de estos últimos. A estos efectos, se consideran miembros de la familia los previstos en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los otros familiares mencionados en el artículo 2 bis de dicho Real Decreto.
Los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada, así como sus familiares, estarán obligados a solicitar la documentación correspondiente a su nueva condición, de conformidad con los trámites que establezcan las instrucciones aprobadas a tal fin por el Consejo de Ministros al amparo de la disposición adicional primera, apartado cuarto, del Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la que se regulan los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Estas instrucciones serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La solicitud para obtener esta documentación deberá presentarse en el plazo de veintiún meses desde la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Durante este plazola residencia en España de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de sus familiares seguirá siendo legal hasta que se resuelva su solicitud. Los certificados de registro y las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo anterior seguirán siendo válidos, mientras no sean sustituidos por los nuevos documentos o vean agotada su vigencia, y acreditarán la situación de residencia legal en España.
Si el nacional del Reino Unido, o su familiar, ya contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud se dirigirá a la unidad que se determine en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, que sustituirá dicho certificado o tarjeta por una tarjeta de identidad de extranjero.
En caso de que no contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud, junto con la documentación que se prevea en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, se dirigirá a la unidad que se determine en dichas instrucciones. Una vez que esta resuelva sobre la autorización, se deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto en las instrucciones que aprobará el Consejo de Ministros.
En este procedimiento de documentación se tendrán en cuenta, en los términos previstos en las citadas instrucciones, los periodos de residencia previos en España, así como, en su caso, el supuesto de residencia en el que se encuentre el interesado, de entre los previstos en los artículos 7.1 y 10 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
No obstante, en el caso de nacionales del Reino Unido que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, un certificado de registro permanente, así como en el caso de nacionales de terceros países, miembros de la familia de un nacional del Reino Unido, que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, una tarjeta permanente de familiar de ciudadano de la Unión, deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero residente de larga duración, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto. En el momento de su solicitud deberá aportar la siguiente documentación:
Los nacionales del Reino Unido, residentes fuera de España, que, en la fecha de retirada, tuviesen la condición de trabajadores fronterizos en España, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, deberán solicitar la documentación correspondiente que acredite dicha condición, de conformidad con los trámites previstos en las instrucciones aprobadas por el Consejo de Ministros al amparo de la disposición adicional primera, apartado cuarto, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
El mantenimiento de lo establecido en el apartado anterior estará condicionado a la concesión por las autoridades británicas competentes de un tratamiento recíproco a los ciudadanos españoles, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.
Las solicitudes de reconocimiento automático de títulos de formación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y siguientes del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), que sean presentadas ante las autoridades españolas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley o dentro de los cinco años siguientes, podrán ser objeto de dicho reconocimiento, siempre que los estudios que hayan conducido a la concesión de dichos títulos se hubieran iniciado con anterioridad a la retirada sin acuerdo, con independencia de la fecha de expedición del título. Este apartado dejará de resultar aplicable si el Reino Unido o Gibraltar modificaran la formación necesaria para la obtención de alguna de estas titulaciones, apartándose sustancialmente de las condiciones mínimas de formación establecidas a nivel europeo. Esta circunstancia se constatará mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
Los nacionales del Reino Unido establecidos en el Reino Unido, en Gibraltar o en un Estado miembro de la Unión Europea, así como los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea establecidos en el Reino Unido o en Gibraltar, que ejerzan en España una profesión o actividad profesional de manera temporal u ocasional, en las condiciones previstas por el Título II del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), y en la demás normativa vigente en la materia en España, podrán continuar ejerciéndola con la exclusiva finalidad de cumplir los contratos vigentes a la fecha de retirada de Reino Unido de la Unión Europea.
Los funcionarios de carrera, interinos y en prácticas nacionales del Reino Unido, o que reúnan las circunstancias personales previstas en el artículo 57.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que presten servicio en las Administraciones Públicas españolas, cuyo acceso o inicio de actividad se hubiera producido antes de la retirada efectiva del Reino Unido, continuarán prestando sus servicios en las mismas condiciones.
Los nacionales del Reino Unido podrán mantener su condición de empleado público como personal laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 57.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Salvo que con anterioridad se adopte un instrumento internacional, bilateral o multilateral, se aplicarán durante un plazo de veintiún meses desde la retirada de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo las siguientes reglas:
La dispensación de recetas de medicamentos extendidas en el Reino Unido se mantendrá vigente en los términos previstos en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, siempre que el Reino Unido actúe en reciprocidad.
En el caso de que no se produzcan el trato equivalente o el reembolso de gastos que prevén los apartados 1 y 2, se procederá de la forma establecida en el artículo 2.1 del presente real decreto-ley.
Los procedimientos de intercambio de información entre España y el Reino Unido sobre condenas penales a personas físicas basados en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, finalizarán su tramitación conforme a lo establecido en la citada ley orgánica. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre ambos Estados y por la legislación nacional aplicable.
Los procedimientos de intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de España y el Reino Unido al amparo de lo previsto en la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley finalizarán su tramitación con arreglo a lo establecido en la citada ley. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre ambos Estados y por la legislación aplicable.
Los contratos de prestación de servicios bancarios, de valores, de seguros u otros servicios financieros en los que una entidad preste servicio en España estando domiciliada en el Reino Unido o en Gibraltar, y autorizada o registrada por la autoridad competente del Reino Unido o de Gibraltar, y que se hayan suscrito con anterioridad a la fecha de retirada efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, mantendrán su vigencia tras dicha retirada y, en consecuencia, conservarán sus efectos las obligaciones de cada una de las partes contenidas en ellos.
A partir de la fecha de retirada efectiva del Reino Unido de la Unión Europea a dichas entidades se les aplicará el régimen previsto en la legislación sectorial para entidades de terceros Estados, sin perjuicio del mantenimiento de la vigencia de los contratos suscritos con anterioridad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo obtener nueva autorización para renovarlos e introducir modificaciones que supongan la prestación de nuevos servicios en España o que afecten a obligaciones esenciales de las partes y en aquellos supuestos en los que las actividades vinculadas a la gestión de los contratos requiera autorización, así como para celebrar nuevos contratos. Las actividades derivadas de la gestión de dichos contratos que no incurran en ninguno de los supuestos señalados anteriormente no requerirán nueva autorización.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización o registro concedido inicialmente por la autoridad británica competente a las entidades del apartado 1 mantendrá provisionalmente su vigencia, por un periodo de nueve meses tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, en relación con la gestión de los contratos suscritos con anterioridad a dicha retirada, que requiera autorización, con la finalidad de:
En los casos previstos en el apartado 3, las entidades financieras seguirán sujetas al régimen jurídico que les era de aplicación con anterioridad a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su ámbito competencial, tendrán las facultades de supervisión correspondientes y, en particular, podrán requerir a dichas entidades para que aporten cualquier documentación o información o para que realicen cuantas actuaciones resulten necesarias. En caso de que el requerimiento no fuera atendido satisfactoriamente dentro del plazo concedido al efecto, las autoridades supervisoras podrán dejar sin efecto, en relación con la entidad correspondiente, el régimen transitorio previsto en el apartado 3. En dicho caso, se comunicará a la entidad afectada que está llevando a cabo una actividad reservada sin autorización, quedando sujeta al régimen sancionador de la normativa española aplicable en caso de ejercicio sin autorización de actividades reservadas.
El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones adoptarán, dentro de sus respectivos ámbitos, cuantas medidas sean pertinentes para garantizar la seguridad jurídica y para salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios financieros que pudieran verse afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
A los operadores económicos del Reino Unido o de Gibraltar que participen en procedimientos de adjudicación sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero; a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, y cuyo expediente de contratación se hubiera iniciado antes de producirse la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, les seguirán siendo de aplicación las normas previstas en esta leyes y en sus normas de desarrollo para las empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea.
La aplicación del régimen previsto en este artículo estará condicionado a la concesión por las autoridades británicas competentes de un tratamiento recíproco a los operadores económicos españoles, en los términos previstos en el artículo 2.1.
Los permisos de conducción, válidos y en vigor, expedidos por las autoridades británicas habilitarán a sus titulares a conducir en nuestro país durante un plazo de nueve meses, desde la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
Las autorizaciones y consentimientos previos de transferencias de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería expedidos con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea tendrán validez hasta la fecha de expiración del plazo fijado en dichas autorizaciones o consentimientos previos.
A partir de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, dejarán de expedirse nuevas autorizaciones y consentimientos previos de transferencias, y pasará a aplicarse el régimen general de importación, tránsito y exportación de mercancías.
La aplicación de lo previsto en este artículo estará condicionado a la adopción por las autoridades británicas competentes de un tratamiento recíproco, en los términos previstos en el artículo 2.1.
Todo producto explosivo o artículo pirotécnico en cuyo procedimiento de evaluación de la conformidad haya participado un Organismo Notificado del Reino Unido, a partir de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, no podrá ponerse en el mercado.
Los autobuses exclusivamente utilizados para la realización de transportes de viajeros por empresas transportistas establecidas en el Reino Unido podrán circular en carga por territorio español realizando transportes internacionales de viajeros únicamente cuando así lo permitan los tratados internacionales de los que sean parte tanto el Reino Unido como el Reino de España o la Unión Europea, o bien cuando así se encuentre previsto en las normas de organizaciones internacionales de las que sean miembros tanto el Reino Unido como el Reino de España o la Unión Europea.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los servicios de transporte regular de viajeros actualmente autorizados entre el territorio del Reino Unido y el territorio de España podrán continuar prestándose hasta la finalización de la vigencia de las autorizaciones en que se amparan, en idénticos términos y condiciones a los que les resulten de aplicación en el momento de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Los vehículos de motor, o conjuntos de vehículos acoplados a un vehículo de motor, exclusivamente utilizados para la realización de transportes de mercancías por empresas transportistas establecidas en Gibraltar podrán circular en carga por territorio español bien para realizar operaciones cuyo punto de salida y punto de llegada se encuentren respectivamente en el territorio de Gibraltar y el territorio español, o viceversa.
Los vehículos con más de nueve plazas, incluida la del conductor, exclusivamente utilizados para la realización de transportes de viajeros por empresas transportistas establecidas en Gibraltar podrán circular en carga por territorio español bien para realizar operaciones cuyo punto de salida y punto de llegada se encuentren respectivamente en el territorio de Gibraltar y el territorio español, o viceversa.
A los efectos previstos en los dos apartados anteriores, la empresa transportista establecida en Gibraltar deberá contar con la autorización o licencia que la habilite para realizar transporte en ese territorio.
No se precisará contar con la licencia a que hace referencia el apartado anterior para la realización de los siguientes transportes:
En el curso de la realización de los transportes regulados en los apartados anteriores, las empresas transportistas incluidas en su ámbito de aplicación, deberán cumplir las reglas aplicables en España en relación con la jornada de trabajo y los tiempos de conducción y descanso de los conductores; la instalación y uso del tacógrafo y el limitador de velocidad; la formación de conductores; los pesos y dimensiones máximos autorizados de los vehículos de transporte por carretera; el uso obligatorio de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil en los vehículos; el desplazamiento de trabajadores y sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, aplicándose las medidas correspondientes en el supuesto de incumplimiento.
La aplicación del régimen previsto en los apartados anteriores estará condicionada a que las empresas transportistas establecidas en España reciban un trato recíproco cuando sus vehículos circulen por Gibraltar, en los términos previstos en el artículo 2.1 del presente real decreto-ley, y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2 de este real decreto-ley.
Se autoriza al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
A los efectos del artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la tramitación de los proyectos de disposiciones generales que tengan por objeto el desarrollo de este real decreto-ley tendrá carácter urgente en todo caso sin necesidad de que la urgencia se declare por Acuerdo del Consejo de Ministros, si bien se dará cuenta por parte del departamento ministerial proponente del inicio de la tramitación en el Consejo de Ministros inmediatamente posterior. En ese acuerdo de toma de conocimiento, el Consejo de Ministros establecerá, en su caso, el plazo en que habrá de evacuarse el dictamen del Consejo de Estado, cuando resulte preceptivo. Los restantes dictámenes preceptivos habrán de evacuarse por los órganos consultivos correspondientes por el procedimiento de urgencia regulado para cada uno de ellos.