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Timestamp: 2018-01-22 12:09:32
Document Index: 312428590

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 469', 'artículo 218', 'artículo 24', 'artículo 263', 'artículo 355']

Sentencia nº 492/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 13 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 693715685
Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Resumen Derecho de rectificación. Rectificación instada por el Gobierno de Gibraltar. Información sobre la relación de organizaciones criminales con Gibraltar, el secreto bancario y el carácter de paraíso fiscal de Gibraltar, y su relación con el blanqueo de capitales. Capacidad del Gobierno de Gibraltar para ser parte en un proceso civil. Legitimación del Gobierno de Gibraltar para instar la acción de rectificación. Estimación de la pretensión.
Esta sala ha visto en Pleno el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia de 9 de junio de 2016 dictada en grado de apelación por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid , como consecuencia de autos de juicio verbal núm. 293/2015 del Juzgado de Primera Instancia núm. 77 de Madrid, sobre derecho de rectificación.
Son partes recurridas el Diario ABC S.L. y D. Juan Carlos , representadas por el procurador D. Francisco García Crespo y asistidas por el letrado D. José Carlos Jiménez de la Iglesia.
- La procuradora D.ª Virginia Aragón Segura, en nombre y representación del Gobierno de Gibraltar, interpuso demanda de juicio verbal contra Diario ABC S.L. y su director D. Juan Carlos en la que solicitaba se dictara sentencia: «[...] por la que se condene a la parte demandada a publicar en dicho Diario de forma gratuita y con relevancia semejante a la información cuya rectificación se solicita, el escrito de rectificación que se adjunta con nº 4 de documentos y cuyo contenido figura transcrito en los hechos de esta demanda, con expresa condena de costas del procedimiento a la parte demandada».
- La demanda fue presentada el 13 de marzo de 2015, repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 77 de Madrid y fue registrada con el núm. 293/2015 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió a citar a las partes para la celebración del juicio, el cual se celebró el 16 de noviembre de 2015, con la comparecencia de las partes. Los demandados alegaron la falta de capacidad procesal y de legitimación del Gobierno de Gibraltar, y la improcedencia de rectificar la información publicada.
- El Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 77 de Madrid, dictó sentencia 226/2015 de fecha 20 de noviembre , que desestimó la demanda con imposición de costas a la parte demandante.
- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Gobierno de Gibraltar. La representación del Diario ABC S.L. y de D. Juan Carlos se opuso al recurso.
- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 528/2016 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 9 de junio de 2016 , en la que acordó desestimar el recurso de apelación, con imposición de costas a la apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.
Primero.- Infracción del artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo , reguladora del derecho de rectificación, por ser aplicado de forma incorrecta por la Audiencia Provincial de Madrid
. Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:
Primero.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución Española . La reformatio in peius infringe la interdicción de la indefensión y la exigencia de las garantías inherentes a todo proceso
Segundo.- Vulneración del artículo 6 de la LEC y 9.11 , 35 y 38 del Código Civil , en relación con la interpretación del Tribunal Supremo sobre el artículo 469 de la LEC -por todos Auto del TS (Sala Civil), de 22 de enero de 2002 -, entendiendo en sentido amplio el control de las "cuestiones procesales" a través del recurso extraordinario por infracción procesal
Tercero.- Vulneración del artículo 218.2 de la LEC , en cuanto a la ausencia de la exégesis racional del ordenamiento jurídico aplicado, con vulneración del Acuerdo Constitucional de 14 de diciembre de 2006 -artículos 44, 45 y 47-
Cuarto.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución Española , en cuanto a la arbitrariedad, irracionalidad manifiesta y error patente en la valoración de la prueba documental obrante en las actuaciones
- La representación de Diario ABC S.L. y D. Juan Carlos presentó escrito de oposición al recurso.
La mayoría de esos 15 grupos están relacionados con el contrabando de tabaco. En concreto son nueve, investigados en las operaciones Dique-Puente, Meiga, Reverte, Yanki II, Platanera, Pulmones, Peineta, Aguabanera y Smuggling. Además se llevó a cabo una operación contra el tráfico de cocaína («Tarugos»), otra relacionada con el tráfico de hachís y cocaína («Empresa- Mike), una más contra el tráfico de hachís («Roca-buda»), dos operaciones contra el blanqueo de capitales (bautizadas con los nombres de Payaso e Isco) y, por último, una por estafa: la operación «Bingueros». » Si se observa la evolución en estos tres años se comprueba que el número de grupos criminales organizados que tienen alguna conexión con la colonia británica tiende a incrementarse. Así, en 2012 tres de esas organizaciones ilegales actuaron en territorio de Gibraltar; en 2013 fueron ya cinco y en 2014 se dispararon hasta llegar a siete.
»El contrabando de tabaco es la actividad criminal más frecuente en la que se encuentra involucrada Gibraltar. Para introducir la mercancía en España se utiliza sobre todo la vía terrestre, con vehículos caleteados, preparados con espacios ocultos, pero también se utiliza la vía marítima con todo tipo de embarcaciones. »La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ya indicó en 2014 que existían indicios de un aumento del tamaño del mercado gibraltareño de cigarrillos en los últimos cuatro años, con el correspondiente incremento de contrabando y mercado ilegal en el sur de España. El tráfico ilícito de cigarrillos generó en 2013 unas pérdidas a las arcas del Estado de 718 millones de euros (10.000 millones de euros en toda la Unión Europea). Tráfico de drogas
»El último año se ha identificado un grupo criminal que se hacía pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. Realizaron más de 2.000 estafas a empresas por un valor que superó los dos millones de euros. El dinero estafado se desviaba a páginas de apuestas «online» de España y Gibraltar para blanquearlo. »Secreto bancario
»En 2011, se solicitó a Rusia la extradición temporal a España de Ambrosio , considerado líder del grupo criminal Kutaisi, al ser acusado de actividades de blanqueo a través de empresas gibraltareñas que compraban inmuebles en España y restaurantes de Barcelona regentados por miembros de su organización.
El 13 de marzo siguiente, el Gobierno de Gibraltar «representado por el Secretario Principal (Jefe de la Administración Publica)» presentó una demanda de juicio verbal contra Diario ABC S.L. y su director, D. Juan Carlos , en ejercicio del derecho de rectificación. En la demanda, la parte demandante dijo tener capacidad para ser parte conforme al art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y legitimación activa conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
iii) El hecho de no ser un Estado no implica que no pudiera tener la condición de parte y legitimación procesal ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2003 , respecto del Gobierno de la Generalitat de Catalunya). Sin embargo, en este concreto caso no tenía legitimación activa pues la información publicada no se refería al Gobierno de Gibraltar ni a sus miembros, de tal manera que el Gobierno de Gibraltar, órgano colegiado que ejercitaba la acción de rectificación, no tenía legitimación por no ser representante de Gibraltar en el ámbito internacional y en la materia a que se refería la información publicada.
6.- El Gobierno de Gibraltar apeló la sentencia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. Las razones de la desestimación fueron, sintéticamente, las siguientes: i) Examinó en primer lugar la excepción de falta de capacidad para ser parte y en este sentido, del examen del status jurídico internacional de Gibraltar y de su propia normativa interna resulta que no es un Estado y que carece de personalidad jurídica reconocida por España, tratándose de un territorio del Reino Unido.
ii) La sentencia de esta sala de 5 de junio de 2003 , dictada respecto del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, no guarda relación con el presente caso pues Cataluña es una comunidad autónoma, y su actuación procesal tuvo lugar «dentro del Estado» que le reconoce dicha autonomía, mientras que en este procedimiento el Gobierno de Gibraltar pretende ejercitar su pretensión en otro Estado.
Procede resolver en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal, por establecerlo así la regla sexta del apartado primero de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- Si la solicitud de planteamiento de la cuestión prejudicial hubiera tenido algún fundamento, esta sala habría debido dar un trámite de audiencia a las partes ( art. 4.bis, apartado 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), lo que le habría obligado a suspender el señalamiento, sin posibilidad de cubrir el turno con otro señalamiento, lo que habría añadido más retraso a la resolución de los numerosos recursos que penden ante este tribunal.
Lo que ha realizado el Gobierno de Gibraltar en su escrito es, en realidad, formular un recurso completamente diferente a los que interpuso en su día, basado en normas jurídicas cuya infracción no fue denunciada en los recursos que presentó. Y es con relación a estas nuevas alegaciones que plantea la existencia de supuestas dudas de interpretación del Derecho de la Unión Europea que justificarían el planteamiento de la cuestión prejudicial. Las menciones tangenciales que en los recursos extraordinarios se realizaron al Derecho de la Unión y a sentencias de los tribunales comunitarios, lo fueron para poner de relieve un hecho: que se habían dictado determinadas sentencias en que se reconocía capacidad para ser parte al Gobierno de Gibraltar. Pero no porque el Derecho de la Unión deba aplicarse para resolver estos recursos, sin perjuicio de que alguna sentencia dictada por el TJUE pueda ser ilustrativa sobre la naturaleza jurídica de la colonia gibraltareña y de sus instituciones.
También se observa esa falta manifiesta de fundamento cuando se solicita que se pregunte al TJUE si están excluidos del ámbito de determinadas normas comunitarias los actos realizados por los Estados en el ejercicio de su autoridad ( acta iure imperii ), cuando resulta que el acto enjuiciado (la publicación de información que se pretende rectificar) ha sido realizado por un periódico, y no por una autoridad pública. 8.- La manifiesta falta de fundamento de la solicitud formulada hace que no proceda siquiera dar el trámite previsto en el apartado segundo del art. 4.bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia la infracción del art. 24 de la Constitución , por haber incurrido la sentencia de la Audiencia Provincial en una reformatio in peius [reforma peyorativa].
i) La sentencia de primera instancia reconoció capacidad para ser parte al Gobierno de Gibraltar, tratándose de un pronunciamiento que fue aceptado, tanto por el Gobierno de Gibraltar al recurrir en apelación, como por la parte demandada, al no impugnar dicho pronunciamiento y limitarse a formular oposición. ii) ii) La sentencia recurrida incurrió en reforma peyorativa al apreciar en apelación la falta de capacidad para ser parte del Gobierno de Gibraltar, por lo que habría vulnerado los arts. 9.3 y 24 de la Constitución y 461.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- La sentencia de la Audiencia Provincial no ha incurrido en una reforma peyorativa, puesto que el fallo se limita a desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de Gibraltar. Por tanto, la sentencia de apelación no empeora la situación jurídica del recurrente por el hecho de apreciar su falta de capacidad. La situación es la misma (ha visto desestimada su pretensión de rectificación de la información) aunque se hayan dado nuevas razones para justificarla. 2.- Que la Audiencia Provincial hubiera entrado a resolver cuestiones no suscitadas por las partes en la segunda instancia podría constituir, en todo caso, una incongruencia extra petitum . Pero no ha sido así en este caso. La capacidad procesal es uno de los presupuestos procesales exigibles a las partes, pues su ausencia vicia de nulidad los actos realizados con carencia de tal capacidad. Puesto que se exige desde el principio del proceso, y debe de mantenerse durante toda la tramitación del mismo, su falta puede ser declarada de oficio en cualquier momento del proceso. Así lo prevé expresamente el art. 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , conforme al cual «la falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso». Por tanto, el tribunal puede declarar la falta de capacidad procesal sin necesidad de que se solicite expresamente por alguna de las partes del proceso. No incurre en incongruencia el tribunal cuando da la solución procedente a una cuestión en la que puede entrar de oficio, que además ha formado parte del debate procesal desde el inicio del litigio y sobre la que las partes se han pronunciado.
- En el segundo motivo se denuncia la infracción del art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los arts. 9.11 , 35 y 38 del Código Civil .
i) La sentencia recurrida confunde los ámbitos del Derecho interno y del Derecho internacional. Conforme al primero, Gibraltar (y por extensión su Gobierno) es una persona jurídica constituida conforme al Derecho interno del Reino Unido, en el que deben incluirse los arts. 44 , 45 , 47 del Acuerdo Constitucional de 14 de diciembre de 2006. Esta normativa extranjera es de aplicación al caso porque, de acuerdo con los preceptos indicados del Código Civil , las personas jurídicas en sentido amplio se rigen por su ley nacional a los efectos de determinar su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.
ii) La capacidad del Gobierno de Gibraltar ha sido reconocida también por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en sentencia de 15 de junio de 1999 , la cual afirmó que «si una autoridad infraestatal goza de personalidad jurídica según su Derecho interno, desde el momento en que la decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro constatando la incompatibilidad de la ayuda acordada por esa autoridad, se refiere a actos de los que esa autoridad es autora, y además le impiden ejercer como desee las competencias que disfruta según su Derecho interno, estará directa e individualmente afectada por la decisión y, por tanto, legitimada para introducir un recurso en virtud del párrafo 4 del artículo 263 TFUE (antes 230 TCE )».
Paralelamente, la capacidad procesal, en cuanto proyección de la capacidad de obrar civil en el ámbito del proceso, puede definirse como capacidad para comparecer y actuar en el proceso, esto es, capacidad para comparecer en juicio. En el caso de las personas jurídicas, han de comparecer mediante la persona que legalmente les representa ( art. 7.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
- La personalidad y, consecuentemente, la capacidad jurídica civil y la capacidad para ser parte, se predica tanto de las personas físicas, a las que el ordenamiento jurídico dota automáticamente de personalidad por el mero hecho de su nacimiento y hasta su muerte ( art. 29 y 30 del Código Civil ), como de las personas jurídicas.
La STC 117/1998, de 2 de junio , declaró que «las personas jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, cuya existencia no puede ser negada por el ordenamiento jurídico, pues la persona, esto es, el ser humano, tiene el derecho inviolable a que se le reconozca su personalidad - art. 6 Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de dic . 1948 y 10 CE - constituyen una creación del legislador y tanto su existencia como su capacidad jurídica vienen supeditadas al cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico establezca en cada caso (así, también, la STC 23/1989 , fundamento jurídico 3º)».
- La ley que rige el proceso es la ley del foro, esto es, la del tribunal que conoce del asunto. Esta regla está recogida en el art. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que bajo el título «ámbito territorial de las normas procesales civiles» dispone:
El art. 6.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , bajo el título «capacidad para ser parte», establece:
. 5.- Lo expuesto determina que aunque el proceso civil se desarrolle ante un tribunal español, la determinación de la capacidad para ser parte y la capacidad procesal de las entidades extranjeras, al objeto de que puedan ser parte y comparecer en juicio en España, en tanto que depende de que tengan reconocida personalidad jurídica, viene regulada en la ley personal aplicable, es decir, la «determinada por su nacionalidad» ( art. 9.11 del Código Civil ).
Las sentencias de esta sala 429/1994, de 14 de mayo , y 239/2008, de 24 de marzo , declararon aplicable el art. 9.11 del Código Civil a la postulación de sociedades extranjeras que habían otorgado poder a través de notario radicado en su respectivo país de origen.
- La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) de 13 de junio de 2017, asunto C- 591/15 , resume el estatus de Gibraltar en el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea. En lo que aquí es relevante, la sentencia declara: » Estatuto de Gibraltar [...] »5 Gibraltar es una colonia de la Corona británica. No forma parte del Reino Unido.
»8 En el Derecho de la Unión, Gibraltar es un territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro en el sentido del artículo 355 TFUE , apartado 3, y al que se aplican las disposiciones de los Tratados. El Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1972, L 73, p. 14; en lo sucesivo, "Acta de adhesión de 1972"), dispone, no obstante, que determinadas partes del Tratado no se aplican a Gibraltar».
- Existen varias resoluciones del TJUE que reconocen al Gobierno de Gibraltar legitimación para recurrir decisiones que le afecten, no como Estado miembro (primer párrafo del art. 173 Tratado CEE , actual párrafo segundo del art. 263 TFUE ), sino como persona jurídica destinataria o directa o indirectamente afectada ( párrafo segundo del art. 173 Tratado CEE , actual párrafo cuarto del art. 263 TFUE ). Así ocurre, por ejemplo, con la STJUE de 20 de junio de 1993, asunto 298/8 y los autos del TJUE de 12 de julio de 1993, dictados en los asuntos C-168/93 , C-397/92 , C-128/91 y C-336/90 .
En otras ocasiones, la legitimación activa le ha sido reconocida porque la cuestión objeto de recurso afectaba al ámbito de las llamadas «cuestiones internas específicas», competencia del Gobierno de Gibraltar, como era la fiscalidad de las empresas. Así ocurrió en el auto del presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2001, asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01 R, y la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2002, asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01 R. Estas resoluciones se refieren a la legitimación del Gobierno de Gibraltar, pero reconocen, unas veces explícita y otras implícitamente, porque es un presupuesto previo a la legitimación, la personalidad jurídica, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal del Gobierno de Gibraltar.
- En consecuencia, tratándose de una administración pública, esto es, una persona jurídica pública, constituida conforme a su Derecho nacional, que ha comparecido a través del jefe de tal Administración Pública, el Secretario Principal, por aplicación del art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación al art. 9.11 del Código Civil , ha de reconocérsele tanto capacidad para ser parte como capacidad procesal para litigar en España.
- La acción ejercitada en la demanda es la acción de rectificación prevista en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo , reguladora del derecho de rectificación, mediante la que se pretende la efectividad del derecho de rectificación regulado en esa ley orgánica. 3.- El art. 1 de dicha ley establece:
- Como declaramos en la reciente sentencia 376/2017, de 14 de junio, del pleno de la sala , el derecho de rectificación no aparece reconocido como derecho fundamental en nuestra Constitución, pero su regulación mediante ley orgánica es indicativa de una cierta singularidad que se explica por la estrecha relación que el Tribunal Constitucional ha reconocido al derecho de rectificación con dos derechos fundamentales que sí están reconocidos en la Constitución: el derecho al honor, por un lado, y el derecho a la libertad de información, por otro. El proceso para el ejercicio del derecho de rectificación está relacionado efectivamente con el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz del art. 20.1.d de la Constitución , especialmente en su faceta institucional de garantía de formación de una opinión pública libre e informada, y puede servir también en ocasiones como instrumento de defensa del derecho al honor del art. 18.1 de la Constitución . Pero ni es propiamente un proceso para la tutela jurisdiccional del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, ni necesariamente ha de protegerse a través del mismo el derecho al honor, aunque eventualmente así pueda ser, puesto que la información cuya corrección se pretende no tiene por qué atentar al ámbito constitucionalmente protegido por el derecho al honor. Se trata del ejercicio de un derecho instrumental, que solo eventualmente puede servir de cauce para la protección de algún derecho fundamental. Lo que sí exige el art. 1 de la Ley Orgánica es que la rectificación se ejercite respecto de hechos que aludan al demandante o a quien resulta representado por este, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. 5.- La información publicada en ABC se refiere a hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, que en la demanda se consideran perjudiciales puesto que les relacionan con actividades reprobables y en su mayoría ilícitas: contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario que dificulta conocer a los beneficiarios de actividades delictivas y, en general, conexiones con redes criminales. Ciertamente, tales conductas reprobables no se imputan explícitamente al Gobierno de Gibraltar. Pero la permisividad que se atribuye a las autoridades de la colonia respecto de estas actividades, favorecidas por la normativa del Peñón sobre fiscalidad (Gibraltar es un paraíso fiscal) y el secreto bancario (las normas que regulan la actividad bancaria permiten este secreto y dificultan conocer a los beneficiarios de actividades delictivas), afecta a las instituciones gibraltareñas, entre las que de un modo evidente se encuentra el Gobierno de Gibraltar. Por otra parte, la información transmite hechos que resultan negativos para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Desde este punto de vista, es aplicable la doctrina sentada en la sentencia de esta sala 571/2003, de 5 de junio . En conclusión, tanto porque la información contiene hechos que resultan perjudiciales para las instituciones de Gibraltar, entre las que se encuentra el Gobierno de Gibraltar, como porque puede considerarse a este como legitimado para actuar cuando la información resulta perjudicial para la sociedad gibraltareña, ha de reconocerse legitimación activa al Gobierno de Gibraltar para ejercitar la pretensión.
Que las personas jurídico-públicas no sean titulares del derecho al honor, como declaramos en nuestra sentencia 408/2016, de 15 de junio de 2016 , no obsta la estimación de la pretensión ejercitada. Basta con que los hechos publicados sean perjudiciales para las instituciones gibraltareñas, sin que sea necesario que vulneren ilegítimamente un derecho al honor del que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no son titulares las personas jurídico-públicas. Además, como se ha dicho, su legitimación proviene no solo de que la información afecte a las instituciones gibraltareñas, sino también como representante institucional de la sociedad gibraltareña a la que aluden los hechos expuestos en la información periodística.
- En otros casos, la inexactitud vendría determinada por la omisión de hechos relevantes con relación a la información publicada. Se habrían omitido hechos relevantes relacionados directamente con el objeto de la información que determinarían la inexactitud del artículo periodístico: «la Directiva 2011/16 del Consejo de la Unión Europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad que se aplican tanto en el Reino de España como en Gibraltar y crea el mecanismo por el cual España obtiene información en materia fiscal de Gibraltar».
»Gibraltar está incluido en el listado de 38 jurisdicciones de la OCDE comprometidas con la mejora de la transparencia y el establecimiento efectivo de intercambio de información en materia fiscal». »a nivel internacional y europeo, Gibraltar no es parte de la 'lista negra" y le es de aplicación la Convención sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal, la cual entró en vigor para Gibraltar el 1 de marzo de 2014». »en marzo de 2014, el Reino Unido, Gibraltar y el Estado español adoptaron el estándar de intercambio automático de información en materia fiscal, publicado en su versión completa el pasado 15 de julio de 2014 tras su aprobación por el Consejo de la OCDE». »desde entonces, el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales ha calificado el comportamiento de Gibraltar como de inmejorable». 10.- No es obstáculo a la estimación de la demanda el hecho de que no se haya demostrado la inveracidad de la información publicada en ABC. Según la jurisprudencia constitucional (por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 168/1986, de 22 de diciembre, entre las más antiguas , y 99/2011, de 20 de junio , entre las más recientes), para que proceda la rectificación no es preciso que se demuestre la inveracidad de la información publicada. La publicación de la rectificación no supone que el medio informativo deba declarar que la información que publicó era incierta ni a modificar su contenido. La simple inserción de una versión de los hechos distinta y contradictoria ni siquiera limita la facultad del medio de ratificarse en la información inicialmente suministrada o, en su caso, aportar y divulgar todos aquellos datos que la confirmen o avalen. La imposición de la inserción de la rectificación no implica la exactitud de su contenido, pues la decisión judicial que ordena dicha inserción no puede acreditar, por la propia naturaleza del derecho ejercitado y los límites procesales en que se desenvuelve la acción de rectificación, la veracidad de aquélla. La procedencia de la rectificación no otorga ninguna carta de autenticidad a la versión ofrecida por quien ejercita el derecho. La rectificación opera como un complemento de la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una «contraversión» sobre hechos por el sujeto que ha sido implicado por la noticia difundida por un medio de comunicación. El derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez que opera como instrumento de contraste informativo que supone «un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública». No consta la manifiesta falsedad o inexactitud de los hechos que se recogen en el escrito de rectificación cuya publicación se pretende, que justificarían el rechazo de la pretensión de rectificación formulada. La extensión de la rectificación es, por otra parte, sensiblemente inferior a la información publicada. 11.- Como consecuencia de lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y estimar la demanda de rectificación.
Costas y depósitos 1.- La estimación del recurso conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial declaración de las costas de los recursos interpuestos ante esta sala ni del recurso de apelación. La estimación de la demanda conlleva la imposición de las costas de primera instancia a los demandados. 2.- Procédase a la devolución de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª , apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
- Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por el Gobierno de Gibraltar, contra la sentencia de 9 de junio de 2016, dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 528/2016 .
-1.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de Gibraltar contra la sentencia 226/2015, de 20 de noviembre, del Juzgado de Primera Instancia núm. 77 de Madrid , que revocamos.
-2.- Estimamos la demanda interpuesta por el Gobierno de Gibraltar contra Diario ABC S.L. y su director D. Juan Carlos , y les condenamos a que con carácter inmediato publiquen íntegramente la rectificación que les fue remitida por el Gobierno de Gibraltar con relevancia semejante a aquella en que se publicó la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.
-3.- Condenamos a Diario ABC S.L. y a D. Juan Carlos al pago de las costas de primera instancia. No hacemos expresa imposición de las costas de apelación. 3.º- No hacemos expresa imposición de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. Devuélvanse al recurrente los depósitos constituidos.