Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/sanchez-llorente-eugenio-rodriguez-cepeda-15070464
Timestamp: 2020-02-18 06:30:34
Document Index: 143386394

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RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de León don José María Sánchez Llorente contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de la misma capital, don Eugenio Rodríguez Cepeda, a inscribir una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 15070464
Publicado en: BOE, 26 de Abril de 2002
El día 11 de enero de 2002, mediante escritura autorizada por el Notario de León don José María Sánchez Llorente, doña Ana-Isabel López Cantón, en nombre y representación, como apoderada, de 'Construcciones López Pérez, Sociedad Limitada', vendió determinados inmuebles a don Alfonso González Alonso. En dicha escritura se expresa lo siguiente: 'Se encuentra facultada para este acto por escritura de poder especial, otorgada por el Administrador único, Don Angel López Pérez, ante mí, el día 23 de Noviembre de 2001, número 3.239 de protocolo, el cual me asevera vigente. Copia autorizada del citado poder he tenido a la vista y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes para el contrato que se instrumenta en esta escritura'. La comparecencia de la escritura contiene expresa calificación del contrato de compraventa de que se trata.
El 22 de enero de 2002 fue presentada copia autorizada de la mencionada escritura en el Registro de la Propiedad número 2 de León. El Registrador, el 4 de febrero del mismo año, decidió suspenderla inscripción de la misma 'por no acreditarse las facultades representativas de los atargantes (sic) que intervienen como apoderados', y como fundamentos de derecho alegó:
Que el artículo 18, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria dispone que 'el registrador calificará, bajo su res ponsabilidad (...) la validez de los actos dispositivos (...) cuya inscripción se solicita', y según el tenor literal del artículo 1259, párrafo segundo, del Código Civil, son nulos los contratos que hayan sido realizados por cualquiera de las partes, o por ambas, sin poder o con poder insuficiente, por lo que el registrador debe calificar y rechazarlos documentos otorgados sin representación o con representación insuficiente.
Que al mismo resultado llegaríamos si analizamos la cuestión desde Incompetencia reconocida al registrador por el mismo artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria para calificar la capacidad de los otorgantes;
Vigencia del artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria: falta de derogación tácita.
Que el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria tampoco ha sido derogado tácitamente por la Ley 24/2001, puesto que el artículo 98 de esta Ley no se opone al mismo sino que ratifica y confirma su mandato porque el párrafo tercero impone al Notario la obligación de unir 'a la matriz... los documentos complementarios' (de los que resulte la representación), y la Ley Hipotecaria imponía, según ha venido siendo interpretada durante ciento sesenta años por esta Dirección General y por los Tribunales de Justicia, e impone la obligación de que se acompañe, al documento principal que pretende inscribirse, el complementario de poder, a fin que el Registrador pueda calificar la 'validez del acto dispositivo' (artículo 18.1 de la Ley);
Que, en consecuencia, el artículo 98.3 no introduce otro cambio en el Derecho anterior que el de suprimir la viciosa práctica de acompañar la copia del poder al documento principal sin incorporarlo a la escritura, por lo que la nueva Ley no hace otra cosa que insistir en la doctrina del artículo 21 de la Ley Hipotecaria;
Alcance del apartado segundo del artículo 98 de la Ley 24/2001: interpretación lógica y sistemática.
Que el juicio notarial de suficiencia de la representación no vincula ni a las partes ni a los terceros.
Que no puede vincular ni en consecuencia perjudicar al poderdante porque no ha comparecido y desconoce el otorgamiento eres ínter alios acta, y defender otra cosa, por una parte, exige reconocer al juicio notarial de suficiencia una eficacia que el Ordenamiento no atribuye a juicio alguno, ni siquiera a la misma sentencia judicial (efe-. artículo 24 de la Constitución y artículos 222.1, 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y, por otra parte, obliga a concluir que ya nada cuentan los artículos 1712 y 1717 del Código Civil que, en consecuencia, deberían entenderse derogados, de modo que exige aceptar que aunque el apoderado haya actuado 'fuera o más allá de los límites del mandato', el poderdante no podrá impugnar el negocio celebrado y, aunque no lo ratifique, estará obligado a pasar por él.
Que el juicio de suficiencia tampoco puede vincular, ni por tanto perjudicar, al que contrata con el apoderado, y defender otra cosa exige privara dicha contraparte de la facultad, que hoy tiene, de revoca el negocio celebrado sin poder o poder insuficiente -'sic'- mientras no sea ratificado por el dominus, lo que pasa también por que se acepte la derogación del párrafo segundo del artículo 1259 del Código Civil.
Que el juicio de suficiencia del Notario tampoco vincula, ni por tanto perjudica, a los terceros, esto es, a los que han adquirido, en todo o en parte, el mismo derecho transmitido por el apoderado antes de que se produzca la ratificación, y defenderlo contrario exige entender también, a fin de no conculcar los artículos 24 y 33 de la Constitución, que un viejo principio del Derecho Civil sea derogado o postergado: según determinado autor, por regla general 'la doctrina y el Derecho comparado tienden a consagrar el respeto de los derechos adquiridos por los terceros extraños al negocio y, por consiguiente, la falta de retroactividad de la ratificación (de modo que) el negocio celebrado sin poder o poder insuficiente -sic- no es oponible a terceros que, antes de la ratificación, hayan adquirido derechos en la cosa irregularmente transmitida por el apoderada.
Que, en efecto, la disposición adicional 25.a de la Ley 24/2001, ratificando en este punto lo que estaba dispuesto en el artículo 65 de la Ley Hipotecaria, sólo reconoce a las partes, cuando se trata de títulos defectuosos, derecho a pedir un asiento de anotación preventiva, no de inscripción, y si no se transcribe en la escritura el contenido del poder, es imposible pronunciarse sobre la existencia de defectos en la representación, y por tanto sobre si procede practicar un asiento de inscripción o más bien de anotación preventiva;
El juicio de suficiencia del Notario carece de toda fuerza vinculante frente al Poder Judicial y las Administraciones Públicas: interpretación sistemática. Que con razón el artículo 98.3 de la Ley 24/2001 dispone que el juicio de suficiencia del Notario no basta 'por sí solo' para acreditar la representación si no se incorporan a la matriz 'cuando lo exija una ley' los documentos complementarios justificativos. Que, en otro caso, podría defenderse el absurdo de que el reconocimiento que hace la nueva ley del juicio notarial de suficiencia habría derogado bloques legislativos enteros de nuestro ordenamiento jurídico, y en concreto, quedarían derogadas leyes tan importantes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la General Tributaria, la del Registro Civil y el Código de Comercio, así como Reglamentos tan decisivos como el General de Recaudación o de Recaudación de la Seguridad Social o el de Reclamaciones Económico Administrativas.
Que es función del intérprete del citado artículo 98.3 evitar tan absurdo 'terremoto legislativo, Que, así, porque lo exige la Ley General Tributaría, los Inspectores de Hacienda calificarán la suficiencia del poder cuando lo estimen necesario para liquidar los impuestos que graven convenios o negocios sujetos a imposición.
Que es seguro, por lo demás, que la Administración no estará dispuesta a aceptar que el juicio notarial de suficiencia de la representación basta para obtener una subvención, para conceder una licencia o para apreciar una exención; ni tampoco la Dirección General del Tesoro estará dispuesta a prescindir del Abogado de Estado destinado al bastanteo de poderes, esto es, a determinar cuándo procede pagar por esa Dirección alas apoderados las cantidades adeudadas por la Administración a sus principales;
El juicio de suficiencia del Notario no vincula a los Tribunales ni a las Administraciones Públicas: interpretación constitucional. Que si el juicio de suficiencia de la representación realizado por el Notario vinculase a Tribunales y Administraciones Públicas, quienes se creyesen perjudicados por su resultado no podrían alegar ni probar en contrario (inexistencia de los hechos constitutivos de representación; la existencia de hechos impeditivos y extintivos que puedan determinar la ineficacia de la representación; la existencia de excepciones, en sentido estricto, que excluyan el efecto representativo), lo que sería inadmisible con la Constitución en la mano ya que atentaría contra el núcleo mismo de las competencias judiciales y administrativas que aquélla reconoce (cfr. artículos 10, 24, 103.1 y 117 de la Constitución, de los que resulta que entre los principios generales de justicia que den aplicarse en la relación Administración-ciudadano están el de contradicción y el de legalidad).
Que con razón, para las actas y diligencias extendidas por la Inspección de Tributos a las que el artículo 145.3 de la Ley General Tributaria confiere la naturaleza de 'documentos públicos y (valor) de prueba de los hechos que motiven su formalización', dispuso el Tribunal Constitucional que tal precepto debe ser considerado conforme a la Constitución sólo si se interpreta en la forma que dicha sentencia indica (en el sentido de que 'las actas de Inspección de Tributos no deben gozar de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas ni pueden impedir que el Juez forme su convicción sobre la base de la apreciación razonada de las pruebas practicadas, Se trata, por tanto de una prueba que 'atañe exclusivamente a los hechos comprobados directamente por el funcionario, no a la calificación jurídica de los mismos, que puede ceder frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas' -Sentencia de 26 de abril de 1990-).
Que, en efecto, el juicio de suficiencia, aunque no vincule al poderdante, a los terceros ni a la contraparte, ni a Jueces ni alas Administraciones Públicas, no por ello carece de trascendencia jurídica.
Que el artículo 98.3 erradica la práctica viciosa por la que se venían autorizando, sin justificación suficiente, escrituras otorgadas por mandatarios verbales. Que del mismo modo, el artículo 98 'siempre que una ley lo exija' impide la técnica de acompañar el documento complementario justificativo de la representación a la escritura principal y exige, a partir de ahora, que el Notario lo 'una a la matriz, original o por testimonio', dando 'fe de que en lo omitido no hay nada que restrinja ni, en forma alguna, modifique o condicione la parte transcrita,
El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso contra la antr rior calificación y alegó:
Que la innovación legislativa, además de obvia por su finalidad, es inmediatamente apreciable si se compara este artículo 98 de la Ley 24/2001, con el vigente artículo 166 del Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. En efecto, del artículo 98.1 de la Ley 24/2001 resulta que no será preciso insertar en la escritura los documentos fehacientes que acrediten la representación, ni tampoco incorporarlos mediante original o por testimonio, sino que bastará en los instrumentos públicos con 'reseñar' que el Notario ha apreciado las facultades representativas del apoderado o representante y que juzga aquéllas suficientes y subsistentes para el acto de que se trate; en suma, que deberá apreciar, juzgar, calificar o valorarla amplitud de la representación conferida y reseñar o hacer constar en el instrumento su juicio acerca de su suficiencia.
Que, en consecuencia, del artículo 98.1 y acudiendo a un mero principio de interpretación literal, no cabe concluir que nada ha cambiado, como se deriva de la apreciación de la nota de calificación que se recurre.
Que las Cortes Generales han determinado que es bastante, a todos los efectos, un juicio de suficiencia de las facultades representativas y que éste le compete a un funcionario que es el Notario, añadiendo, además, con una claridad meridiana la forma en que ha de documentarse ese juicio, esto es mediante una simple reseña y no incorporando, ni insertando en el cuerpo de la escritura, como se hacía hasta el momento, el documento fehaciente que recogiera la representación conferida;
Que desde el punto de vista de un discurso lógico, resulta que el artículo 98, en su apartado segundo, establece la consecuencia de la atribución del juicio de suficiencia al Notario, por cuanto que la consecuencia de la reseña y del juicio de suficiencia es hacer 'fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada', en cuyo caso cualquier destinatario del documento público habrá de estar al juicio de suficiencia del Notario, en circunstancia que no impide que éste, como le ocurre a cualquier otro juicio o decisión de un funcionario -incluido el del ilustrísimo señor Registrador pueda ser revisado en los términos legalmente previstos por los órganos jurisdiccionales.
Que, por tanto, es una presunción 'i'ris tantume que, en tanto no sea destruida por una sentencia en contra, produce todos sus efectos. Que debe advertirse la importancia de otra modificación de la reciente Ley 24/2001, de 27 de diciembre, consistente en el nuevo artículo 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862, según el cual el Notario deberá dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que ser adecua a la legalidad (reconociendo, por tanto, el control de legalidad del Notario, como ya había establecido previamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -así, Sentencia 207/1999, de 11 de noviembre- y del Tribunal Supremo -Sentencia de 24 de febrero de 2000-, al interpretar el artículo 1 de la Ley del Notariado y 145 del Reglamento Notarial) y, por último, que tal otorgamiento responde a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes; y la letra b) del apartado segundo del artículo 17 bis añade que los documentos públicos autorizados gozan de fe pública y que 'su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en ésta u otras leyese.
En definitiva, como ya había interpretado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina judicial hasta la saciedad, respecto del artículo 1218 del Código Civil, se establece una presunción 'iris tantum' de integridad y veracidad y, por tanto, de legitimidad que sólo puede ser destruida por los Tribunales impugnándola.
Que el contenido del documento público se presume veraz e íntegro, siendo así que la fe pública notarial despliega sus efectos sobre dicho contenido; asimismo, dicha fe pública se encuentra al amparo de los Tribunales, no pudiendo ser desvirtuada, sino en la forma legal y reglamentariamente prevista, esto es, mediante el recurso a los órganos jurisdiccionales; además, compete al Notario el juicio de suficiencia de las facultades representativas que deberá reseñar en el instrumento público, haciendo fe suficiente tal reseña de aquel juicio que al incluirse en el instrumento público se refuerza, si cabe, por la presunción de integridad y veracidad, de que goza éste, de modo que nadie puede desconocer el citado juicio de suficiencia de dichas facultades representativas.
Que, en conclusión, la Ley ha atribuido en exclusividad el juicio de suficiencia de las facultades representativas al Notario; tal apreciación debe hacerse constar expresamente y con reseña en el documento público en que se haya basado, sin necesidad de acompañar a éste los documentos fehacientes que acrediten la representación para que sean examinados por terceros, sean éstos ajenos al negocio que se documenta u otros funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Y, además, al estar incluida tal valoración de suficiencia en el instrumento público, la misma se encuentra bajo la fe del notario que se halla al amparo de los Tribunales, por cuanto el documento público goza de una presunción de integridad y de veracidad, no pudiendo ser negada sin incurrir en responsabilidad conforme al artículo 143 del vigente Reglamento Notarial;
Que, como se ha expuesto, es obvio que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria no se ha derogado expresa ni tácitamente, mas, en idéntico sentido, es palmario que un mero principio de interpretación literal del artículo 98 y sistemático del conjunto del Ordenamiento Jurídico, no puede dejar sin valor la innovación legislativa pretendida, ni atribuirle un valor ridículo por la socorrida vía de afirmar que el nuevo precepto no vincula a nadie y tiene, como mucho, un mero valor agravatorio de la responsabilidad del Notario.
Que, además, la nota de calificación parte de un error originario y es entender que existe una contraposición entre el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Que no está de más recordar que el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria establece que 'Los Registradores calificarán bajo su responsabilida', la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro', de modo que los Registradores tienen indudablemente una función calificadora para laque deben atenerse a la propia escritura pública que se pretende inscribir y la forma de atenerse a esta escritura pública, cuando del juicio de suficiencia de las facultades representativas se trata, es la que regula el artículo 98 de la Ley 24/2001, en sus tres párrafos.
Así, mientras que el primero y segundo declaran válido, en sus líneas generales, el juicio de suficiencia de la representación o apoderamiento efectuado por el Notario, esto es, configura al Notario, a estos efectos, como auténtica autoridad calificadora, en el párrafo tercero establece una excepción al obligar a incorporar a la matriz los documentos complementarios en aquellos supuestos en que 'así lo exija la ley.
Que el Sr. Registrador y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España entienden, de modo sorprendente, que este párrafo tercero del artículo 98 al remitirse a tales supuestos está dejando incólume la labor calificadora registral, relativa a las facultades representativas, de modo que en suma, mediante un simple juego remisorio -se afirma por el. Sr. Registrador la referencia del precepto a aquellos supuestos que exija la Ley se debe entender, como no podía ser menos, al artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, en cuyo caso, el Notario cuando se trate de un instrumento público cuyo destino es el Registro de la Propiedad o Mercantil deberá seguir aportando los documentos fehacientes que acrediten la representación, como si no hubiera existido modificación legal alguna.
Que pretender juzgar el contenido de las escrituras al margen de las mismas, pidiendo documentos diferentes y que les sirven de base, no es calificar las escrituras públicas 'por lo que resulte de ellas', que es exactamente lo que dice el artículo 18 de la Ley Hipotecaria coordinado con el artículo 98 de la Ley 24/2001, sino algo muy distinto, ampliar contra legem el ámbito de la tarea calificadora respecto de un aspecto atribuido a otro funcionario, máxime, si como ya se ha expuesto, se presume veraz e íntegro el documento público, incluida la reseña en la que se contiene el juicio de la suficiencia de las facultades representativas (artículo 17 bis de la Ley del Notariado), con los efectos legitimadores que se derivan para el tráfico de esta afirmación.
Que, en cuanto al desconocimiento de la distinción entre documento protocolar y no protocolar y su aplicación al artículo 98.3 de la Ley 24/2001, debe afirmarse que en este precepto se están, en la realidad, distinguiendo entre dos posibilidades:
Para los documentos protocolares, de los que existe una matriz auténtica ya incorporada a un protocolo bastará la simple reseña;
Por el contrario, respecto de los documentos no protocolares, el artículo 98.3 impone al Notario la obligación de unirlos, sea por original o testimonio, a la escritura matriz, a los efectos de darles fijeza, evitando cualquier deterioro, pérdida o menoscabo de aquéllos.
Que, al contrario, el Sr. Registrador está entendiendo que la expresión 'documentos complementarios de la misma-esto es, de la matriz ', a que se refiere el artículo 98.3 está haciendo referencia a documentos protocolares y no protocolares, sin apreciar, al no dominar estos conceptos, que en tal caso existiría una contradicción interna en el citado precepto entre los apartados primero y tercero, ya que en el primer apartado se está refiriendo a 'reseña' y en el tercero a 'unión', sea por incorporación o mediante un testimonio en relación.
Que, al confundir ambas circunstancias, el Sr. Registrador no está apreciando que sus mismos argumentos son plenamente aplicables a la actuación que desarrolla, esto es, a la calificación (¿alguien duda de que la calificación registral no es más que una actuación tan falible como cualquier otra y sometida a la oportuna revisión por el superior jerárquico o, en su caso, por la autoridad judicial?), de modo que, incluso si se le atribuyera algún valor pseudojurisdiccional a la calificación registral o al Registrador, en circunstancia que debe negarse, al tratarse de un funcionario público titular de una oficina administrativa, siempre será revisable a instancia de quien se sienta perjudicado.
Que una resolución judicial no firme despliega una eficacia legitimadora que, por ejemplo, hace que pueda ejecutarse provisionalmente su fallo en determinados supuestos, sin que por ello se impida el recurso al órgano judicial superior.
La reforma se enmarca en el conjunto de medidas que el legislador ha introducido para agilizar el tráfico documental, simplificarlo y favorecer la confección y envío electrónico de las escrituras notariales. La Ley 24/2001 introduce, como medio de agilización del tráfico inmobiliario y mercantil, las nuevas tecnologías y para ello se regulan aspectos tan esenciales como el documento público electrónico, el empleo de la firma electrónica avanzada del Notario y el medio de obtención de ésta.
Desde esta perspectiva es plenamente coherente que se intente simplificar la confección de las escrituras notariales, haciendo desaparecer la obligación de que el Notario uniera o transcribiera en la escritura notarial los documentos protocolares que acreditan la representación con la que actúa el otorgante del acto o negocio que se documenta, y ello, con independencia de que el destinatario del instrumento público sea un Registro;
La reforma en nada contradice lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, puesto que la calificación registral debe atenerse a lo que resulte de la propia escritura, y por ello, no se trata de que el artículo 98 de la Ley 24/2001 haya derogado tácitamente el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, sino que este precepto debe interpretarse coordinadamente con aquel artículo, sin que ninguno pierda su virtualidad;
Todo ello en armonía con la distinción entre el control de legalidad que el Notario está obligado a realizar en el momento de la firma del contrato y la calificación registral del documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente el Registrador a los solos efectos de determinar la inscribibilidad de tales cláusulas.
Esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1999, al afirmar que 'A los Notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la función notarial el juicio de legalidad, sea con apoyo en una ley estatal o autonómica, dado que el art. 1 de la vieja Ley por la que se rige el Notariado, Ley de 28 de mayo de 1862, dispone que 'El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales', función de garantía de legalidad que igualmente destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en su art. 145, párrafo 2, al imponer a los Notarios no sólo la excusa de su ministerio sino la negativa de la autorización notarial cuando '... el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, o se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos', sosteniendo a continuación que 'La función pública notarial incorpora, pues, un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como fedatario público'.
En el supuesto fáctico de este recurso se presenta en el Registro de la Propiedad copia de una escritura de compraventa de inmuebles -con expresa calificación de tal contrato conforme al artículo 156.9.° del Reglamento Notarial-, en la que el Notario no sólo expresa que quien interviene en representación de la entidad vendedora hace uso del poder especial conferido mediante escritura ante aquél otorgada y cuya copia autorizada se le ha aportado (que se reseña con indicación de fecha, Notario autorizante y número de su protocolo, consignando, además, la afirmación de la otorgante sobre la vigencia del poder), sino que, asimismo, juzga, bajo su responsabilidad, que dicha compareciente tiene facultades representativas suficientes para dicho contrato.
El Registrador suspende la inscripción de tal escritura, 'por no acreditarse las facultades representativas de los otorgantes que intervienen como apoderados', ya que, a su juicio, el documento del que resulta la representación alegada debe ser unido a la matriz, original o por testimonio, por exigirlo así el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria no ha sido derogado.
La cuestión planteada debe ser solventada a la vista de la legalidad vigente contenida fundamentalmente, por lo que al presente recurso se refiere, en el artículo 98 de la Ley 24/2001, cuya aplicación ha dado lugar a las recientes Resoluciones de este Centro Directivo de 12 y 23 de abril de 2002.
A tenor del apartado 2 del citado artículo 98 de la Ley 24/2001, 'La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario'.
Como ha declarado este Centro Directivo en su Resolución de 12 de abril de 2002, el artículo 98.2 de la Ley 24/2001 no ha modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva ni la función que en ese esquema desarrollan sus protagonistas. En este sentido, aunque la norma indudablemente incrementa la fe pública notarial en materia de representación, lo hace sin merma de la función calificadora de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Y ello es así por cuanto que dicho precepto en nada altera la práctica de la calificación registral de las escrituras que, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe realizarse 'por lo que resulta de ellas y de los asientos del Registro' -cfr., también, artículo 18.2 del Código de Comercio-.
Como indica también la Resolución citada en su fundamento jurídico 3.°: 'El artículo 18 de la Ley Hipotecaria al regular la calificación registral no predetermina el contenido de la escritura pública, sino que éste viene definido, en lo que ahora interesa, por la legislación notarial (efe-. artículo 1217 del Código Civil). Pero los requisitos para que el derecho constituido en virtud de la misma sea inscribible en el Registro, sí son establecidos por la legislación hipotecaria.
El alcance de la novedad introducida por el citado artículo 98.2 queda claramente precisado en la Resolución de 12 de abril de 2002 por cuanto que con anterioridad al 1 de enero de 2002 'al no existir un precepto legal que atribuyera plena eficacia formal por sí sola a la manifestación notarial relativa a la suficiencia de las facultades representativas, estaba fuera de discusión que la suficiencia del poder -o del documento mediante el que se pretende acreditar la representación orgánica- quedaba sometida a la calificación del Registrador' (...) 'Hoy, tras la reforma legislativa (...), a los juicios notariales de capacidad natural y de capacidad jurídica de los otorgantes se les atribuye idéntico valor, actúen éstos personalmente o por medio de representante o apoderado, Insistiendo en ello la citada Resolución al señalar que 'conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, tal aseveración notarial de capacidad reviste especial certidumbre, que alcanza el rango de 'fuerte presunción iuris tantum', de modo que vincula erga omnes y obliga a pasar por ella, en tanto no sea revisada judicialmente con base en una prueba contraria que no deberá dejar margen racional de duda (efe-. la Resolución de 29 de abril de 1994). Hoy, tras la reforma que introduce el artículo 98, estas consideraciones resultan plenamente aplicables al juicio de suficiencia de las facultades representativas, lo cual es razonable pues no se entendería con facilidad que la fe pública abarcara lo más, la capacidad y legitimación del otorgante, y no fuera suficiente para abarcar la capacidad y legitimación de su representante.'.
Como declaró la misma Resolución de 12 de abril de 2002 '8. En definitiva, el mencionado artículo 98, en su apartado 1, explícita con rango de ley una doble exigencia que ya se imponía, reglamentariamente, al Notario autorizante: por una parte, la necesidad de reseñar siempre el documento auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada (como exigía ya el artículo 164 del Reglamento Notarial); y, por otra, la obligación de expresar que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato de que se trate (como resultaba ya del artículo 145 de dicho Reglamento, al disponer que 'el Notario no sólo deberá excusar su ministerio, sino negar la autorización notarial', 'cuando la representación del que comparezca en nombre de tercera persona, natural o social, no esté legítimamente acreditada o no le corresponda por las leyes')'.
Ahora bien, como reconoce también la tantas veces citada Resolución de 12 de abril de 2002, lo dicho '... no excluye la necesidad de expresión, en los términos que se dirán seguidamente, de los elementos necesarios para que el Registrador ejerza su función calificadora y pueda comprobar la adecuación de las facultades representativas al negocio otorgado cuya inscripción se pretende.'.
En la escritura de 11 de enero de 2002, que motiva el presente recurso, el Notario autorizante reseñó, somera pero suficientemente, los datos identificativos del documento de poder cuya matriz figura en su protocolo y cuya copia autorizada le fue exhibida por la apoderada de la vendedora a los efectos de proceder al otorgamiento de la compraventa. Por otra parte, el Notario, bajo su responsabilidad, juzgó suficientes las facultades de la apoderada para el contrato instrumentado en la escritura. El Notario no transcribe dichas facultades pero las identifica por remisión a la naturaleza del negocio instrumentado que califica previamente de compraventa.
Se plantea pues como único problema el de determinar si el juicio de suficiencia de las facultades de la apoderada está debidamente formulado y si, en este caso, la escritura, en lo que a la representación se refiere, contiene los suficientes elementos para que el Registrador pueda calificarla y proceder, en su caso, a su inscripción.
El funcionario calificador no entra en el examen en torno a la corrección o incorrección del juicio notarial de suficiencia, sino que se limita a no reconocerle ningún valor por cuanto que, conforme a la nota calificadora, decide suspender la inscripción 'por no acreditarse las facultades representativas de los otorgantes (sic) que intervienen como apoderados,
Pero, como declaró la Resolución de 12 de abril de 2002, 'Cuando el Notario haya realizado el juicio de suficiencia, y de la escritura resulten los particulares bastantes para que el Registrador califique la capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir, el Registrador no podrá exigir la documentación complementaria, 'Así como el Registrador no puede revisar ese juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante (salvo que -como podrá ocurrir excepcionalmente- de la propia escritura o del Registro resulte contradicha dicha apreciación) tampoco podrá revisar la valoración que el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas y reseñadas en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, siempre, claro está, que tal reseña permita el ejercicio de la calificación registral a los efectos de practicar, suspender o denegar la operación registral solicitada y siempre que, como se ha señalado, de la propia escritura o del Registro no resulte contradicha tal apreciación.
'La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera eximirá al Registrador de realizar mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como documentación complementaria la aportación de la copia autorizada o la transcripción literal total en la escritura de las facultades representativas,
A tal fin es importante destacar que, como resulta del apartado 8, párrafo 3.° de la Resolución citada, 'Este sistema de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que -además de comportar un estéril encarecimiento y no excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario- obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido en los artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria, por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los atargantes -cfr. artículos 98.1 de la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del Notariado.-L
En este sentido la Resolución de 12 de abril de 2002 consideró contenido de la 'reseña identificativa' la indicación de una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas -cfr. párrafo segundo del apartado .
Llegado a este punto queda por resolver si en la escritura de compraventa que motiva este recurso el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas está correctamente formulado. El Notario, de las distintas posibilidades anteriormente indicadas, en lugar de apoyar su juicio en una copia literal de las facultades, opta por emitirlo en relación con la naturaleza del negocio incluido en la escritura y que previamente califica debidamente de compraventa. Es cierto que el Notario podría haber reiterado que las facultades del apoderado eran para vender pero no se alcanza a comprender la diferencia que existe entre ésta fórmula y la utilizada, en la que se señala expresamente que las facultades son para formalizar la escritura calificada previamente de compraventa.
Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Enrique Brancós Núñez, notario de Gerona, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Gerona número 1 a practicar una nota marginal de terminación de obra nueva.