Source: http://www.domingorondina.com.ar/2012_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-19 03:37:08
Document Index: 3156628

Matched Legal Cases: ['de lege ferenda', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 245', 'artículo 245', 'artículo 129', 'in fine', 'de lege ferenda']

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ALGUNAS RELEXIONES EN DERREDOR DE LA ESTABILIDAD COMO DERECHO DESDE UNA MIRADA AXIOLÓGICA Y BREVE ENSAYO SOBRE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LA ESTABILIDAD PROPIA EN EL EMPLEO PRIVADO A PARTIR DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CLAVE LABORAL
La terminación del contrato de trabajo, el régimen jurídico sobre el que se ha vertebrado dicho fenómeno extintivo desde la misma Constitución Nacional bajo el sistema de protección contra el despido arbitrario cuya eficacia intentaremos analizar a la luz de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), en derredor del mismo, y a partir de allí, revisar el instituto, analizando su déficit y eventual crisis; y ya en forma prospectiva –o de lege ferenda- intentar extraer alguna conclusión como respuesta jurídica plausible en concordancia con el medular principio protectorio que rige la materia a partir del Convenio 158 de la OIT.
II. Perspectivas desde la crisis. Reflexiones y enseñanzas
Según Moisés MEIK, llegaríamos al siglo de la ley 11.729, estancados en el despido injustificado sólo indemnizable, al que no quieren resignar los poderes económicos, que saben que ello sirve al mayor disciplinamiento social y a la renuncia forzada de los derechos adquiridos por el trabajador, quien así internaliza esa "amenaza inminente" del poder del llamado "despido represalia", encubierto por los empleadores como despido sin expresión de causa. Sin estabilidad real, aun la libertad sindical es impotente, lo mismo que a la inversa. Asimismo, este autor insiste en que la doctrina sobre la tutela de la estabilidad en el empleo debe ser la que caracteriza al ritmo universal de los derechos humanos en clave laboral. Instando a seguir los pasos del Gobierno Uruguayo que remitió y sometió a su poder legislativo la ratificación de Convenios de la OIT, entre ellos, el 158 sobre terminación del contrato laboral. El que, como es sabido, en su artículo 4, al exigir causalidad del despido, se ubica en la línea de considerar ilícito el despido arbitrario o injustificado. Igualmente, el artículo 10 agrega que frente al despido sin causa lo más recomendable es la readmisión del trabajador. En idéntica línea, el artículo 5 agrava como doblemente antijurídico al despido represalia, y al discriminatorio. De esto, así se habla en la zaga de fallos que elogiamos. He allí, asimismo, la clave de la inacción retardataria de los sucesivos gobiernos, hasta la actualidad, que no ha producido ni siquiera lo que acaba de hacer el gobierno uruguayo, procurar ratificar el Convenio de la OIT número 158. Tan lamentable, culmina MEIK, como la permanencia, desde 1976, de la casi intacta reforma de la LCT por la dictadura[4].
IV. ¿Qué hacer –desde el Derecho- con el Trabajo y sus naturales destinatarios?
Más allá de la elocuencia de la Recomendación de marras, desde otro ángulo analítico, y como señala MONTOYA MELGAR, el empresario prefiere la contratación temporal por diversos motivos, de entre los que descuella uno: “el trabajador así enrolado es menos reivindicativo que el fijo, menos proclive a la sindicación, más adaptable a la movilidad en la empresa, y , sobre todo, la extinción del contrato temporal es menos costosa para el empresario que la del indefinido”[18]. Así las cosas, en España, verbigracia, “vincular la flexibilidad de entrada a la rigidez de salida, o en otras palabras, atribuir la temporalidad rampante a las fuertes indemnizaciones por despido improcedente, ha sido el leitmotiv de las críticas empresariales a la regulación del despido”[19]. Podríamos extrapolar la misma “preocupación empresarial” a nuestra región. Sin embargo, la correlación entre reducción de las garantías y el crecimiento de la ocupación no encuentra confirmación a través de ninguna evidencia empírica. Por el contrario, y conforme hemos expuesto más arriba, no ha sido la reducción sino el reforzamiento de las garantías la que han dado cuenta de la evitación del quebranto –o default- en materia laboral durante los años 2002, en adelante. Si el abandono del principio de estabilidad y la sobrevaloración de la temporalidad como una alternativa consolidada se presenta como panacea frente al actual escenario babélico que tiene a algunos “indignados” países europeos en vilo, estimo que dicha posición no conducirá al restablecimiento genuino del sistema productivo, caracterizado desde la realidad del paro, como lo denominan los españoles, en su doble vertiente (desempleo/empleo ‘precario’).
V. El Estado como garante del contrato
VI. La estabilidad como medio técnico
El debate ha quedado resuelto en máximo nivel luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa “Alvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud”[40] en la que el Alto Tribunal, por ajustada mayoría sentó el criterio de la constitucionalidad del acto que ordena la reinstalación de un trabajador despedido en circunstancias consideradas discriminatorias, revirtiendo la añeja jurisprudencia que ya desde “De Luca” en 1969[41] había juzgado inconstitucional el sistema de nulidad de despido establecido para los trabajadores bancarios.
IX. Tutelar al trabajador en forma “estable”. Los derechos no se ejercen en forma “eventual” ni “precaria”
Estas cuestiones traídas a colación no son de entidad menor ni mucho menos un oxidado objeto de anticuario. No tienen como cometido sino visualizar la importancia de las huellas que el recorrido de nuestra materia ha transitado en aras de tutelar al trabajador. Este es el destino del derecho del trabajo. Y lo expresamos como advertencia toda vez que “la mercantilización de lo laboral parece haber dado un vuelco aséptico a los debates y reflexiones otrora referidos al progreso de las condiciones de trabajo y sus diversas vías”, pasando a discurrir sobre la mejor fórmula para mantener activa la población en edad de trabajar: pierde en buena parte el sesgo colectivo para perseguir tendencialmente un tratamiento individual, caso por caso, si bien mantiene todavía una enorme tensión –el trabajador como mercancía que se oferta en el mercado de empleo-, con la concepción que podríamos denominar constitucionalista, en donde opera el equilibrio de poderes entre sindicatos, empresarios y Estado[52]. Si bien hay quienes sostienen que “nos hallamos aquí ante una deconstrucción del derecho del trabajo, muy potente ya en el mundo anglosajón e incipiente en el continente europeo; y, ante semejante retorcimiento de las instituciones tradicionales, numerosas voces hablan del “desplome” del Derecho del Trabajo, del Derecho del Trabajo mínimo, o de la imparable crisis del Derecho del Trabajo, y se ofrecen soluciones imaginativas, como volver a los orígenes[53] o entrar en el Arca de Noé de la flexiseguridad, cuando no ofrecer alternativas no subordinadas o hasta filosóficas que enlazan con las propuestas de RIFKIN del fin del trabajo. La flexibilidad ha penetrado hasta tal punto en el mundo laboral que se ha convertido, volens nolens, en un paradigma, un nuevo principio cuya realidad y vigencia no hay necesidad de demostrar. Y los especialistas comienzan a elaborar ideas para transformar al fenómeno en una realidad socialmente aceptable … (y) A nadie escapa que la renuncia del Estado a su papel arbitral conlleva un reforzamiento del poder decisorio del empresario, que será mayor o menor en función de la importancia adquirida por el nivel colectivo.”[54]. Convengamos que la experiencia flexibilizadora argentina de los años noventa tuvo secuelas negativas –e indeseables- al extremo de pulverizar la industria y llevar al desempleo a niveles calamitosos. Vale decir también al respecto que la “salida” –o recuperación- no vino de la mano (invisible) del mercado ni de las recetas de corte neoliberal; en fin, la “desregulación” como desiderátum empresarial sucumbió estrepitosamente y requirió de la intervención del Estado –y pese a quien le pese- para evitar (o amortiguar, por lo menos), el agravamiento de la crisis.
X. ¿Estabilidad propia en el empleo privado? Viabilidad constitucional
XI. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
a) Libre en tanto del artículo 245 de la LCT puede decirse que se encuentra a disposición del empleador para su aplicación libre. EL hecho de que aquella norma indique que el despido sin expresión de causa trae aparejada una indemnización ha sido interpretado tradicionalmente como una “autorización” para despedir (el entrecomillado me pertenece y tiene vinculación con las palabras emitidas por Moisés MEIK, reproducidas en la nota número 9 del presente trabajo, donde se impugnaba la alocución introducida en el Informe de los Expertos, en referencia al despido como “derecho”).
b) Espontáneo: Tampoco el artículo 245, LCT impone condiciones procesales de carácter especial para la instrumentación del despido sin expresión de causa salvo la formalidad de que sea por escrito[64]. Ninguna causal de despido (jubilación, incapacidad, causas económicas, etc.) establece procedimientos previos al despido. Ergo, el despido aun causado es espontáneo y no procesalizado.
c) Forfatario: Toda rescisión que no presente justa causa o, cuando esté prevista como causa autónoma, no reciba el respaldo de prueba, trae como consecuencia la aplicación de una tarifa (art. 245, LCT).
[9] Con respecto al Informe de los llamados expertos, las palabras de Moisés MEIK que a continuación se transcriben sobre dicho Informe, si bien resultan terminantes, por emplear una adjetivación edulcorada en honor al rigor que exige el presente trabajo, también considero que las mismas guardan suma razón y coherencia pues “a nadie puede sorprender lo que a modo de "disidencia", en la vertiente más reaccionaria, se sostiene en el capítulo sobre estabilidad y despido. En todo caso, lo que sorprende es el gatopardismo de la mayoría en ese punto, a través de una elaborada o planificada literatura, bien escrita literariamente, pero ambivalente para generar la confusión. Hasta que se le ve la pata a la sota. Hablar de "ejercicio abusivo del derecho de despedir", en uno de sus subtítulos. es lisa y llanamente coincidir con aquella disidencia recalcitrante, en cuanto a la anacrónica caracterización del despido ad nutum como acto legítimo. Algo que ni a Capón Filas, ni a Cornaglia, ni a Fernández Madrid se le hubiera pasado por alto. Por eso, quizás, esos nombres, no estuvieron en esa Comisión. Ese expreso "contrabando" jurídico, erróneo, en el Informe, es funcional al quietismo y a la regresión normativa, como lo fue el Art. 11 de la ley 25013, que se pretende rehabilitar, con nueva cosmética de reparaciones mayores o no tarifadas para bloquear la solución de la nulidad de ese tipo de despidos, doblemente ilícitos. Aquellos Maestros, (Capón Filas, Cornaglia, Fernández Madrid, no incurrirían en ese descuido, de considerar lícito al despido sin causa, un enfoque del informe, a mi juicio, para nada inocente”. Fuente: ídem nota 4.
[39] SIMON, Julio César, “La protección de la estabilidad en el empleo en la Ley de Contrato de Trabajo”, DT, 1974, 867 y, a su vez, reproducido en “Derecho del Trabajo - Doctrinas Esenciales”, dirigido por FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, La Ley, Tomo I, Buenos Aires, año 2010, p. 1526.
[44] DAHL, R. A., “La democracia y sus críticos”, Barcelona, 1992, p. 397. Citado por URIARTE TORREALDAY, Roberto, en “El artículo 129.2 de la Constitución. La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa”, en “Colección Trabajo y Seguridad Social”, dirigida por José Luis MONEREO PEREZ, Editorial Comares, Granada. Más allá de dicha expresión, que comparto totalmente, traigo a colación a BRONSTEIN quien pone en evidencia “… una correlación muy llamativa entre los regímenes dictatoriales y la legislación garantista” en América Latina, que menciona en particular los códigos de Nicaragua (promulgada en 1944 por Somoza), de la República Dominicana (de 1951 que recibió el nombre del “benefactor” Trujillo), el denominado “Código Duvalier”, de Haití, el de Paraguay (Stroessner, 1961), el Código de Panamá de 1971 y la legislación peruana de los años 70. Ver: BRONSTEIN, Arturo, “Reforma Laboral en América Latina: entre galantismo y flexibilidad”, publicado en “Revista Internacional del Trabajo OIT”, Vol. 116 (1997), nro. 1, y citado, a su vez, por GOLDIN, Adrián O. en “Las tendencias de transformación del Derecho del Trabajo”, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2002, p. 15 (nota nº 6 in fine).
[60] En el considerando 4º del fallo “Madorrán” de la CSJN se recordaron las apreciaciones de este Convencional: “El poder discrecional, que constituye la excepción en la administración pública, representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios decide no utilizar más” (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Año 1957, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1958, T. II, p. 1226).
[63] ARESE, César, “La readmisión laboral en el PIDESC, el Convenio 158 de la OIT y el Protocolo de San Salvador a través del fallo de la CSJN “Alvarez”, en “Revista de Derecho Laboral”, 2011-1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p. 35.
[73] Sobre el rol del Derecho, ver: ROSATTI, Horacio, ROSATTI, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, año 2010,p. 23. Allí el destacado constitucionalista expone que “en el pensamiento occidental es posible reconocer –más allá de los casi infinitos matices- tres diferentes tradiciones en torno a cuál “es” (o cuál “debe ser”) el rol del Derecho en la sociedad: o es un instrumento principalmente moralizador, o es un instrumento principalmente pacificador, o es un instrumento de dominación. En el primer caso, el Derecho se propondría conducir a la realidad (“elevándola”) hacia un modelo ideal de vida; en el segundo caso, se propondría compatibilizar las conductas sociales sobre la base de múltiples transacciones, y en el tercer caso, se propondría mantener las cosas tal cual son. Dicho de otro modo: en el primer caso el Derecho se propone transformar la realidad; en el segundo, gobernarla o gerenciarla (según los distintos enfoques); y en el tercero, mantener el statu quo”[73]. La pregunta de hierro sería cuál es el rol del Derecho (laboral) con relación al tema examinado y cómo rediseñar la “materia prima” jurídica –de lege data- con las proyecciones que emergen a nivel internacional a partir de la Recomendación 166 y del Convenio 158 de la OIT, fundamentalmente –de lege ferenda-, y su viabilidad (o concreción futura) ante la plástica coyuntura de los hechos imperantes que rigen –muchas veces en forma babélica- la economía (por definición: escasa).
Requerimiento de elevación a juicio. Nulidad. Principio de imparcialidad -