Source: https://beta.e-justice.europa.eu/340/ES/which_country_s_law_applies?ESTONIA&init=true&member=1
Timestamp: 2020-02-18 07:32:17
Document Index: 28711960

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 123', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 234', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 481', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 65', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 8']

Las cuestiones relativas al Derecho aplicable están reguladas principalmente en la Ley de Derecho internacional privado (en adelante LDIP). La Parte general del Código Civil regulaba la legislación aplicable antes de que la LDIP entrara en vigor el 1 de julio de 2002. Actualmente, en su lugar se aplica la LDIP en casi todos los casos con arreglo al Derecho de obligaciones, la Parte general del Código Civil y al artículo 24 de la Ley que implementa la LDIP.
Por otra parte, se debe tener en cuenta la prioridad de las normas derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho nacional junto con el principio derivado del artículo 123 de la Constitución de la República de Estonia, según el cual, cuando las leyes u otra legislación de Estonia entran en conflicto con un tratado internacional ratificado por el Parlamento estonio, se aplican las disposiciones del tratado internacional. Estonia ha firmado además cuatro acuerdos sobre asistencia jurídica con Rusia, Ucrania, Polonia, Letonia y Lituania que también regulan las cuestiones de Derecho aplicable.
Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias;
Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales;
Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños;
Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias..
Más información disponible en el Riigi Teataja (Boletín Oficial).
Acuerdo de Tallin de 11 de noviembre de 1992 entre la República de Estonia, la República de Letonia y la República de Lituania sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas.
Acuerdo de Moscú de 26 de enero de 1993 entre la República de Estonia y la Federación Rusa sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia.
Acuerdo de Kiev de 15 de febrero de 1995 entre la República de Estonia y Ucrania sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil y penal.
Acuerdo de Tallin de 27 de noviembre de 1998 entre la República de Estonia y la República de Polonia sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, laboral y penal.
Más información disponible en el Riigi Teataja.
Si una ley, un acuerdo internacional o una transacción requieren que se aplique un Derecho extranjero, los órganos jurisdiccionales lo harán independientemente de si se solicita o no dicha aplicación. Esto quiere decir que la obligación de los órganos jurisdiccionales de aplicar el Derecho extranjero es independiente de que alguna de las partes lo solicite o no (artículo 2, apartado 1, de la LDIP).
En algunas causas civiles donde las partes estaban facultadas para convenir la elección de la ley aplicable, los órganos jurisdiccionales de Estonia han aplicado el Derecho de Estonia en lugar del extranjero al haber renunciado las partes de forma tácita a su derecho a elegir una ley extranjera.
Cuando la LDIP requiere que se aplique un Derecho extranjero, se aplican las normas del Derecho internacional privado del país en cuestión. Cuando dichas normas requieren que se aplique el Derecho de Estonia (reenvío), se aplican las normas de Derecho sustantivo de Estonia (artículo 6, apartado 1, de la LDIP).
Por lo tanto, cuando el Derecho extranjero remite al Derecho de Estonia, se deben aplicar las normas Derecho sustantivo de Estonia.
La creación o extinción de un derecho real se determina de conformidad con el Derecho del país en el que los bienes están situados en el momento de la creación o la extinción del derecho real (artículo 18, apartado 1, de la LDIP). Por tanto, si la localización de los bienes cambia después de la creación o la extinción de un derecho real, la ley aplicable también cambia. La ley del país del domicilio de una persona física se aplica a su legitimación activa y pasiva (artículo 12, apartado 1, de la LDIP). Por tanto, si el país de domicilio de una persona cambia, también lo hace la ley aplicable a su legitimación activa y pasiva. Sin embargo, la Ley también establece que un cambio de domicilio no restringe la legitimación activa previamente adquirida (artículo 12, apartado 2, de la LDIP).
El Derecho extranjero no se aplica si ello resulta en un conflicto manifiesto con los principios fundamentales del Derecho de Estonia (orden público). En estos casos, se aplica el Derecho de Estonia (artículo 7 de la LDIP).
El hecho de que el Derecho extranjero estipule o no una norma jurídica inexistente en el Derecho estonio no es decisivo en dichos casos; en cambio, de conformidad con la cláusula de orden público, el Derecho de Estonia se aplicará en lugar del Derecho extranjero cuando la aplicación de este último entre en claro conflicto con los principios fundamentales del Derecho de Estonia.
El Derecho aplicable a las obligaciones contractuales también establece que las disposiciones del capítulo correspondiente de la LDIP no obstan a la aplicación de aquellas disposiciones del Derecho de Estonia que sean aplicables, independientemente del Derecho que regule los contratos (artículo 31 de la LDIP). El artículo 32, apartado 3, de la Ley también señala que el hecho de que las partes hayan elegido un Derecho extranjero para regular un contrato, independientemente de que también hayan elegido o no una jurisdicción extranjera, y cuando todos los elementos relevantes del contrato en el momento de la elección estén conectados únicamente con un país, no actúa en prejuicio de la aplicación de dichas normas de la ley de ese país, y no pueden ser derogadas por contrato (normas de obligado cumplimiento).
A pesar de que se establece como principio general que los órganos jurisdiccionales deben aplicar el Derecho extranjero en las situaciones en las que así lo disponga la ley, el acuerdo internacional o la transacción, independientemente de si se solicita dicha aplicación (artículo 2, apartado 1, de la LDIP), las autoridades y los órganos jurisdiccionales pueden solicitar la asistencia de las partes o de las autoridades gubernamentales para determinar el Derecho extranjero aplicable.
Aunque las partes pueden presentar documentos a los órganos jurisdiccionales para determinar el contenido del Derecho extranjero, los órganos jurisdiccionales no tienen la obligación de aceptar la validez tales documentos (artículo 4, apartado 2, de la LDIP). Los órganos jurisdiccionales tienen también el derecho de solicitar ayuda al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Estonia y a contratar expertos (artículo 4, apartado 3, de la LDIP).
Las partes de un procedimiento civil solo están obligadas a probar el Derecho en vigor que no sea el Derecho de la República de Estonia, el Derecho internacional o el Derecho consuetudinario en la medida en que el órgano jurisdiccional no esté familiarizado con dicho Derecho, de conformidad con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. El órgano jurisdiccional también puede utilizar otras fuentes de información y practicar otras actuaciones para determinar el contenido de la ley, tal como se describe en el párrafo anterior en referencia al artículo 4 de la LDIP.
El derecho del órgano jurisdiccional a solicitar información para determinar el contenido del Derecho aplicable se basa en el principio de audiencia del procedimiento civil. Este principio se expresa principalmente en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil, que establece que los procedimientos en una actuación se llevan a cabo en función de los hechos y las peticiones presentadas por las partes sobre la base de la demanda, y que las partes tienen los mismos derechos y oportunidades de motivar sus alegaciones y de refutar o impugnar las alegaciones efectuadas por la parte contraria. Al hacer esto, cada parte puede elegir los hechos que presenta para justificar su alegación, así como la evidencia para probar tales hechos.
La ley también permite excepciones a la aplicación del Derecho de Estonia cuando no se pueda determinar el contenido del Derecho extranjero en un periodo razonable de tiempo a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo en ese sentido (artículo 4, apartado 4, de la LDIP).
De forma similar a otras materias de Derecho internacional privado, el Derecho que rige los contratos está regulado por la LDIP en Estonia, a menos que se disponga lo contrario por la legislación internacional. El Derecho que regula un contrato se puede determinar sobre la base de un acuerdo entre las partes o, cuando la LDIP no permite a las partes elegir el Derecho aplicable, sobre la base del Derecho aplicable determinado usando los criterios establecidos.
La LDIP permite a las partes llegar a un acuerdo sobre la elección del Derecho, siempre que los contratos se rijan por el Derecho del país acordado por las partes; también estipula que las partes pueden elegir el Derecho que regula todo el contrato o una parte del mismo si el contrato es divisible de esta forma (artículo 32, apartados 1 y 2, de la Ley). Sin embargo, la elección del Derecho por acuerdo entre las partes no actúa en perjuicio de la aplicación de las normas imperativas del Derecho aplicable. El artículo 32, apartado 3, de la Ley establece que el hecho de que las partes hayan elegido un Derecho extranjero para regir un contrato, independientemente de si han elegido o no también una jurisdicción extranjera y cuando todos los elementos relevantes del contrato en el momento de la elección están vinculados únicamente con un país, no actúa en perjuicio de la aplicación de aquellas normas del Derecho del país que no pueden derogarse por contrato (normas imperativas).
Cuando las partes no han elegido el Derecho que rige un contrato, el contrato se regula por el Derecho del país con el que el contrato tiene una mayor vinculación. Si el contrato es divisible y una parte del contrato tiene una mayor vinculación con otro país, dicha parte se debe regular por el Derecho de tal país (artículo 33, apartado 1, de la LDIP).
A efectos de determinar el país con el que el contrato tiene mayor vinculación, la Ley establece que un contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que la parte que debe cumplir la obligación característica del contrato tiene su domicilio en el momento de la celebración del contrato o, en el caso de un órgano de administración de dicha parte, su sede. Si el contrato se celebra en el contexto de la actividad comercial o profesional de la parte que cumple la obligación característica del contrato, dicho contrato se presume más estrechamente vinculado con el país donde está ubicado el establecimiento principal de dicha parte. Si el contrato requiere que la obligación característica del contrato se cumpla en un establecimiento distinto del principal, el contrato se presume más estrechamente vinculado al país en el que se sitúe el otro establecimiento (artículo 33, apartado 2, de la LDIP).
Para bienes inmuebles y contratos de transporte, se prevén excepciones a la norma general acerca del lugar de cumplimiento del contrato. Si el objeto de un contrato es un derecho de un bien inmueble o un derecho de uso de un bien inmueble, el contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que se sitúa el bien inmueble; mientras que, en el caso de un contrato de transporte, el contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que está situado el centro de actividad del transportista en el momento de celebración del contrato. Un país se considera el lugar de establecimiento si el punto de salida o destino o, en el caso de transporte de mercancías, el establecimiento del expedidor o el lugar de carga y descarga, se encuentran también situados en el mismo país (artículo 33, apartado 4 y apartado 5 de la LDIP).
Se aplican normas especiales a los contratos celebrados con consumidores, los contratos de trabajo y los contratos de seguro (artículos 34-47 de la LDIP).
El Derecho de Estonia contempla distintos motivos para la elección del Derecho aplicable en función de la naturaleza de la obligación extracontractual de que se trate.
Las demandas contra el enriquecimiento injusto derivadas del cumplimiento de una obligación se rigen por el Derecho del país que regula la relación jurídica real o presunta sobre cuya base se cumplió la obligación; las demandas contra el enriquecimiento injusto derivadas de la vulneración de un derecho de otra persona se rigen por el Derecho del país en el que tuvo lugar la vulneración. En otros casos, las demandas derivadas del enriquecimiento injusto se rigen por el Derecho del país en el que se produjo el enriquecimiento injusto (artículo 481, apartado 1 y apartado 3, de la LDIP).
Las demandas derivadas de la gestión de negocios se rigen por el Derecho del país en el que el gestor de negocios realizó el acto, y las demandas derivadas del cumplimiento de las obligaciones de otra persona se rigen por el Derecho que regula dichas obligaciones (artículo 49, apartados 1 y 2, de la LDIP).
Como norma general, las demandas derivadas de los daños causados de forma ilícita se rigen por la ley del país en el que se produjo u ocurrió el acto o hecho sobre el que se basa la demanda. Si las consecuencias no se manifiestan en el país en el que se produjo u ocurrió el acto o hecho sobre el que se basa la demanda, regirá el Derecho del país en el que se manifiesten las consecuencias del acto o hecho si la parte perjudicada así lo solicita (artículo 50, apartados 1 y 2, de la LDIP). Sin embargo, se aplica una limitación a la indemnización que debería pagarse por los daños causados de forma ilícita. En caso de que una demanda derivada de un daño causado de forma ilícita se rija por un Derecho extranjero, dicha indemnización ordenada en Estonia no deberá ser significativamente mayor que la indemnización que sería prescrita por daños similares en virtud del Derecho de Estonia (artículo 52 de la LDIP).
La Ley también permite a las partes alcanzar un acuerdo para aplicar el Derecho de Estonia después de que se produzca el hecho u ocurra el acto del que deriva una obligación extracontractual. La elección del Derecho aplicable no afecta a los derechos de terceros (artículo 54 de la LDIP).
No se aplican normas diferentes sobre el Derecho aplicable a los nombres personales en virtud del Derecho de Estonia.
Se aplica el Derecho de Estonia para determinar el domicilio de una persona física (artículo 10 de la LDIP). La nacionalidad de una persona física se determina en virtud del Derecho del país cuya nacionalidad se va a decidir; si una persona física tiene varias nacionalidades, se aplica la nacionalidad del país con el que la persona se encuentra más estrechamente vinculada; en los casos de una persona apátrida, una persona cuya nacionalidad no se puede determinar o un refugiado, se aplica el domicilio de la persona en lugar de su nacionalidad (artículo 11, apartados 1 y 3, de la LDIP).
El Derecho del país de domicilio de una persona física se aplica a su capacidad jurídica pasiva y activa, pero un cambio de domicilio no limita la capacidad jurídica activa previamente adquirida (artículo 12, apartados 1 y 2, de la LDIP).
Hay una norma especial que determina cuando una persona puede solicitar la incapacidad; sin embargo, las operaciones derivadas del derecho de familia o el derecho de sucesiones y las operaciones relativas a bienes inmuebles situados en otro país se acogen a una excepción a dicha norma (artículo 12, apartado 4, de la LDIP). No obstante, la norma general establece que si una persona realiza una operación cuando carece de capacidad jurídica activa o bien esta se encuentra limitada conforme al Derecho de su país de domicilio, dicha persona no puede solicitar alegar incapacidad si tiene su capacidad jurídica activa en virtud del Derecho del país en el que se llevó a cabo la operación. La norma general no se aplica si la otra parte era consciente, o debería haberlo sido, de la falta de capacidad jurídica activa de la persona (artículo 12, apartado 3, de la LDIP).
Las relaciones de derecho de familia entre un progenitor y un menor se regulan de conformidad al Derecho del país de domicilio del menor (artículo 65 de la LDIP). Los derechos y obligaciones recíprocos de los progenitores y los menores derivan de la filiación del menor, que se determina de conformidad con el procedimiento establecido por la ley; la filiación no está sujeta a diferentes normas sobre el Derecho aplicable.
La filiación deberá determinarse o impugnarse en virtud del Derecho del país de domicilio del menor en el momento de su nacimiento; sin embargo, en algunos casos, la filiación también podría determinarse o impugnarse de conformidad con el Derecho del país de domicilio del progenitor o el país de domicilio del menor en el momento de la impugnación (artículo 62 de la LDIP).
La adopción se rige por el Derecho del país de domicilio del padre adoptivo. La adopción realizada por ambos cónyuges se rige por ley que establece las consecuencias jurídicas generales del matrimonio en el momento de la adopción (artículo 63, apartado 1, de la LDIP). Esto implica que la adopción realizada por ambos cónyuges se rige principalmente por el Derecho del país común del domicilio de ambos cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una lista de motivos alternativos para la elección del Derecho en los casos en los que los cónyuges no compartan un país de domicilio. (Artículo 57, apartados 2 y 4, de la LDIP).
Si el hecho de adoptar a un menor en virtud del Derecho del país de domicilio del menor requiere el consentimiento del menor o de cualquier otra persona con lazos familiares con el menor, se aplicará el Derecho de dicho país al consentimiento (artículo 63, apartado 2, de la LDIP).
Si una adopción se rige por un Derecho extranjero o si un menor es adoptado sobre la base de una resolución de un órgano jurisdiccional extranjero, la Ley dispone específicamente que dicha adopción tiene el mismo efecto en Estonia que en el país en el que el menor fue adoptado (artículo 64 de la LDIP). También es importante destacar que cuando se adopta a un menor cuyo domicilio se encuentra en Estonia, se debe cumplir también con todas las demás estipulaciones del Derecho de Estonia, en la forma requerida por el Derecho del país de domicilio del menor o de los cónyuges (artículo 63, apartado 3, de la LDIP).
Las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se rigen principalmente por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una serie de motivos alternativos para la elección del Derecho aplicable para los casos en los que los cónyuges no comparten un país de domicilio: misma nacionalidad, último país común de domicilio si uno de los cónyuges reside todavía en el mismo país o, en defecto de lo anterior, se aplica el Derecho del país de mayor vinculación con los cónyuges (artículo 57, apartado 2 y apartado 4, de la LDIP).
El Derecho de Estonia se aplica al procedimiento para contraer matrimonio en Estonia. Un matrimonio celebrado en un país extranjero se considera válido en Estonia si se celebra en virtud del procedimiento apropiado establecido en la ley del país en el que se lleva a cabo el matrimonio y reúne las condiciones necesarias para contraer matrimonio conforme a las leyes de los países de domicilio de ambos esposos (artículo 55, apartados 1 y 2, de la LDIP).
Como norma general, los requisitos e impedimentos para el matrimonio y las consecuencias que de ellos se derivan se rigen por el Derecho del país de domicilio de los futuros cónyuges (artículo 56, apartado 1, de la LDIP). Un matrimonio anterior de un futuro cónyuge no es un impedimento para celebrar un nuevo matrimonio si el matrimonio previo se había terminado mediante resolución dictada o reconocida en Estonia, incluso si dicha resolución no cumple con el Derecho del país de domicilio del futuro cónyuge (artículo 56, apartado 3, de la LDIP).
Se aplica una norma especial a los nacionales estonios con respecto al Derecho aplicable a las condiciones necesarias para contraer matrimonio; dicha norma establece que si un ciudadano de Estonia no cumple las condiciones necesarias para contraer matrimonio conforme al Derecho de su país de domicilio, se aplica el Derecho de Estonia si la persona cumple con las condiciones necesarias para contraer matrimonio de conformidad con el Derecho de Estonia (artículo 56, apartado 2, de la LDIP).
El Derecho de Estonia no establece ninguna normativa legal para la cohabitación o unión de hecho. Para determinar el Derecho aplicable, se deben aplicar las normas establecidas para las relaciones jurídicas de mayor similitud. Dependiendo de la naturaleza de la cohabitación o unión de hecho, pueden ser apropiadas las normas aplicables a las obligaciones contractuales o las relaciones de derecho de familia.
Los divorcios se otorgan en virtud del Derecho que rige las consecuencias jurídicas generales del matrimonio aplicable en el momento del inicio del procedimiento de divorcio (artículo 60, apartado 1, y artículo 57, de la LDIP). Esto implica que los divorcios se rigen principalmente por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una serie de motivos alternativos para la elección del Derecho aplicable para los casos en los que cónyuges no comparten un país de domicilio: misma nacionalidad, último país común de domicilio si uno de ellos todavía reside en el mismo país o, en defecto de lo anterior, se aplica el Derecho del país de mayor vinculación con los cónyuges (artículo 57, apartado 2 y apartado 4, de la LDIP).
Como excepción, se puede aplicar el Derecho de Estonia en lugar del Derecho extranjero si el divorcio no está permitido de conformidad con el Derecho que regula las consecuencias jurídicas generales del matrimonio (artículo 57 de la LDIP) o si solo está permitido bajo unas condiciones muy estrictas. Dicha excepción se aplica siempre que uno de los cónyuges resida en Estonia, tenga nacionalidad estonia, haya residido en Estonia, o haya tenido nacionalidad estonia en el momento de la celebración del matrimonio (artículo 60, apartados 1 y 2, de la LDIP).
No existen normas nacionales de Derecho internacional privado aplicable para la obligación de alimentos derivada de las relaciones familiares y se proporcionan referencias a la legislación internacional pertinente.
Los cónyuges tienen permitido elegir el Derecho aplicable a sus derechos de propiedad con respecto a su régimen económico matrimonial. Por lo tanto, si los cónyuges han elegido el Derecho aplicable, se aplicará el Derecho de su elección. No obstante, los cónyuges no pueden elegir el Derecho de cualquier país que deseen. Pueden elegir entre el Derecho de su país de domicilio y el del país de la nacionalidad de uno de los cónyuges. Si un cónyuge tiene varias nacionalidades, podrá elegir el Derecho de cualquiera de los países de nacionalidad (artículo 58, apartado 1, de la LDIP).
En Estonia, la elección del Derecho aplicable está sujeta a los requisitos formales obligatorios. La elección del Derecho aplicable a los derechos de propiedad de los cónyuges se debe formalizar ante notario. Si el Derecho aplicable no se elige en Estonia, la elección del Derecho es formalmente válida si se cumplen los requisitos formales para los contratos del régimen matrimonial prescritos por la ley elegida (artículo 58, apartado 2, de la LDIP).
Si los cónyuges no han llevado a cabo ninguna elección del Derecho aplicable, los derechos de propiedad de los cónyuges se regularán de conformidad con el Derecho aplicable a las consecuencias jurídicas generales del matrimonio en el momento en el que este se celebró (artículo 58, apartado 3, y artículo 57 de la LDIP). Las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se rigen principalmente bien por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), o bien por el Derecho del país de nacionalidad común de los cónyuges si uno de ellos todavía reside en el mismo país o, en defecto de los anteriores, por el Derecho del país con el que los cónyuges se encuentran más estrechamente vinculados (artículo 57, apartados 2 y 4, de la LDIP).
La sucesión se regula por el Derecho del último país de domicilio del testador. El Derecho aplicable determina, en particular, lo siguiente: 1) los tipos y efectos de las disposiciones testamentarias; 2) la capacidad de heredar y la prohibición de sucesión; 3) el alcance de la sucesión; 4) los sucesores y las relaciones entre ellos; y 5) la responsabilidad de las deudas del testador (artículo 24 y artículo 26 de la LDIP).
La creación o la extinción de un derecho real se determina de conformidad con el Derecho del país en el que se encontraba la propiedad en el momento de la creación o el agotamiento del derecho. Se establece una limitación - un derecho real no se debe ejercer si entra en conflicto con los principios fundamentales de la lex situs de la propiedad (artículo 18, apartados 1 y 2, de la LDIP).
El Derecho de Estonia se aplica a los procedimientos de insolvencia sustanciados en Estonia. La base jurídica es la Ley de quiebra, que establece que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil se aplican a los procedimientos de quiebra salvo que la ley disponga lo contrario (artículo 3, apartado 2, de la Ley); el Código de Procedimiento Civil establece que el órgano jurisdiccional ha de sustanciar los procedimientos con arreglo al Derecho del Procedimiento Civil de Estonia (artículo 8, apartado 1, del Código).