Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-426-de-julio-2-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_03c2b7f6aeb701a6e0530a01015101a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-21 12:53:24
Document Index: 42439223

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 53', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 149', 'artículo 154', 'artículo 149']

﻿ Sentencia T-426 de julio 2 de 2014
SENTENCIA T-426 DE 02 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:PROTECCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO FRENTE A LOS DESCUENTOS REALIZADOS BAJO LA MODALIDAD DE EMBARGO JUDICIAL Y LIBRANZA. CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO FRENTE A LOS DESCUENTOS REALIZADOS BAJO LA MODALIDAD DE EMBARGO JUDICIAL Y LIBRANZA, SE ESTABLECIÓ QUE: (I)	LOS DESCUENTOS DIRECTOS DEBEN RESPETAR LOS MÁXIMOS LEGALES AUTORIZADOS POR LA LEY(II)	EXISTE UN MAYOR RIESGO DE AFECTAR EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL CUANDO (II.1) ENTRE EL SALARIO Y LA PERSONA EXISTA UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ES DECIR, QUE SEA LA ÚNICA FUENTE DE INGRESOS(II.2) CUANDO SU FAMILIA DEPENDA DE SUS INGRESOS Y FINALMENTE(II.3) CUANDO SE TRATE DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ADICIONALMENTE, (III) DE NINGUNA MANERA ES POSIBLE DESCONTAR MÁS ALLÁ DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE, SALVO QUE SE TRATE DE EMBARGOS POR DEUDAS CON COOPERATIVAS Y POR ALIMENTOS. EN ESOS CASOS, SU MÁXIMO SERÁ DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%). POR SU PARTE, (IV)	EL RESPONSABLE DE REGULAR LOS DESCUENTOS ES EL EMPLEADOR O PAGADOR SEGÚN EL CASO. FINALMENTE, (V) EN LOS DESCUENTOS DIRECTOS POR LIBRANZA SE PUEDE DESCONTAR HASTA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL SALARIO (SEGÚN EL CASO), SIEMPRE Y CUANDO, SI SE AFECTA EL SALARIO MÍNIMO, NO SE PONGA EN RIESGO O LESIONEN LOS DERECHOS AL MÍNIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA DE LA PERSONA. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, AUNQUE EL EMPLEADOR RESPETÓ LAS REGLAS RELATIVAS A LOS LÍMITES DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS, OMITIÓ CONSTATAR QUE LA CONCURRENCIA DE LAS DEDUCCIONES SOBRE LOS EMOLUMENTOS DEL TRABAJADOR NO AFECTARA EL SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE Y SU CARÁCTER DE IRRENUNCIABLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, POR LO QUE SE TUTELA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL MÍNIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA DEL EMPLEADO, Y SE ORDENA AL EMPLEADOR A REGULAR LOS DESCUENTOS REALIZADOS SOBRE EL SALARIO DEL ACCIONANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, EJÉRCITO NACIONAL, SALARIO MÍNIMO LEGAL, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, DERECHO A LA VIDA DIGNA
REVISTA TUTELA N°:180 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁG.1957
Sentencia T-426 de julio 2 de 2014
Ref.: Expediente T-4254993
Acción de tutela formulada por Banderley Quintana Ramírez, contra el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá y el Ejército Nacional de Colombia - Sección Nómina.
En la revisión del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Banderley Quintana Ramírez, contra el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá y el Ejército Nacional de Colombia - Sección Nómina.
1. Manifestó el accionante que es soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia y que por sus labores recibe un salario de un millón novecientos treinta y tres mil novecientos treinta y siete pesos ($1.933.937)(1).
2. Indicó que ha adquirido voluntariamente obligaciones financieras con una cooperativa y con una entidad bancaria (Banco Corpbanca) en la modalidad de crédito por libranza. Por concepto de esta última le efectúan descuentos directos a su salario que ascienden a quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos ($562.523) (fls. 17 a 22 cdno. Corte).
3. Como consecuencia del cobro ejecutivo adelantado en contra del actor por la obligación adquirida con la entidad cooperativa, el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, decretó el embargo del cincuenta por ciento (50%) de su salario “en la proporción legal que percibe y recibe”. El embargo suma aproximadamente seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve pesos ($ 649.839)(2) (fls. 1 a 7 cdno. inicial).
4. En razón a la concurrencia de descuentos por el embargo mencionado, el efectuado por cobro directo y los de ley, desde el mes de octubre de 2013 hasta la fecha, el accionante ha recibido como pago de nómina valores fluctuantes entre cinco mil ochocientos ocho pesos ($5.808) y cincuenta y tres mil cincuenta y un pesos ($53.051).
5. Aseveró el actor que estos descuentos no solo afectan su derecho al mínimo vital sino también el de su grupo familiar compuesto por su cónyuge y su hija de 5 años de edad (fl. 4 ib.).
6. Sostuvo que su situación es crítica porque con el salario recibido no logró seguir costeando el arrendamiento de una vivienda, circunstancia por la que su familia tuvo que albergarse en casa de los progenitores de su cónyuge, pues prácticamente están subsistiendo de la caridad de sus amigos y compañeros de trabajo.
1. Registro civil de nacimiento de la menor Sara Camila Quintana Agudelo (fl. 3 ib.).
2. Registro civil de matrimonio de los señores Banderley Quintana y Sandra Patricia Agudelo Yepes (fl. 2 ib.).
3. Comprobantes de pago del mes de octubre a noviembre de 2013 (fl. 1 ib.).
4. Reporte de embargos correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 (fls. 14 y 15 ib.)
5. Reporte de embargos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2014 (fls. 13 y 16 ib.).
6. Reporte de estado de cuenta de tarjeta Éxito (fls. 29 a 33 ib.).
7. Petición elevada a la Cooperativa Hábitat (fls. 23 y 24 ib.).
1. Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá.
Mediante oficio de diciembre 9 de 2013, el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá manifestó que la determinación adoptada en el curso del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía no fue emitida por el actual juez encargado de ese despacho judicial accionado. Con todo remitió copia de las actuaciones y diligencias que obran en el expediente de ese proceso (fls. 14 a 34 ib.).
2. Cooperativa hábitat.
Mediante escrito de diciembre 18 de 2013, la representante legal de la empresa sostuvo que el actor adquirió un crédito por el valor de tres millones de pesos ($3.000.000), desembolsado en su totalidad. La modalidad empleada para el reembolso sería por descuento directo de nómina, los que hasta la fecha nunca se han efectuado. No obstante, considera la cooperativa que correspondía al actor comunicar a la empresa sobre tal irregularidad, porque “el hecho de que no se hicieran los descuentos por nómina por causas ajenas a la voluntad de la cooperativa, no lo indulta del pago de la obligación adquirida” (fl. 56 ib.).
Mediante fallo de diciembre 12 de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela, por considerar que la oportunidad procesal para controvertir la decisión que decretó el embargo, fue omitida al prescindirse del recurso de reposición, siéndole permitido al peticionario actuar directamente sin la representación de un abogado (fls. 34 a 37 ib.).
El señor Banderley Quintana en el escrito de impugnación reiteró lo expuesto en la acción de tutela (fls. 50 a 54 ib.).
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de enero 24 de 2014, confirmó el fallo impugnado argumentando que el jefe de nómina del Ejército Nacional actuó en debida forma al practicar el embargo del salario del trabajador pues acató las órdenes emitidas por los jueces que conocieron de los procesos ejecutivos (fls. 5 a 12 cdno. 2).
Esta corporación es competente para examinar las actuaciones referidas, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y 32 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá y el Ejército Nacional de Colombia - Sección Nómina, vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del señor Banderley Quintana Ramírez al permitir que se efectuaran descuentos directos, por concepto de embargos o créditos por libranza, sobre su salario superando los límites legales permitidos o el salario mínimo legal vigente.
La acción de tutela se encuentra instituida desde el ordenamiento superior para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuandoquiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. No obstante, esta acción debe ejercerse bajo determinados criterios de procedibilidad, tales como la subsidiariedad, salvo la demostración de un perjuicio irremediable.
El amparo solamente puede intentarse cuando no existen o han sido agotados otros mecanismos judiciales de defensa, que sean idóneos y eficientes, a menos que se demuestre la inminencia de un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3º Const.). Al respecto así se pronunció este tribunal en Sentencia T-406 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño):
De esa manera, al existir otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de tutela resulta improcedente. Empero, el agotamiento de recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial debe ser examinado en cada caso concreto, ya que la sola existencia de un medio principal de defensa judicial no implica per se la improcedencia de la acción de tutela(3), estando sujeta esa circunstancia a la comprobacion por parte del juez constitucional. Al respecto, en fallo T-983 de 2007 (M. P. Jaime Araújo Rentería), la Corte dispuso:
El perjuicio irremediable exigido se refiere entonces al “grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”(4), para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho(5).
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (art. 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (art. 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales.
En la jurisprudencia se vino desarrollando de tal forma, desde 1993, la noción de la vía de hecho(7), al igual que, en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y las causales especiales de procedibilidad.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juzgador de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva(8).
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho”(17).
El derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte como “la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”(18). Es decir, la garantía mínima de vida(19).
En esa línea, ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como una de las garantías más importantes en el Estado social de derecho(20). No solo por su relación indefectible con otros derechos(21) como la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social, sino porque en sí mismo es ese mínimo sin el cual las personas no podrían vivir dignamente. Es un concepto que no solo busca garantizarle al individuo percibir ciertos recursos, sino permitirle desarrollar un proyecto de vida. De allí que también sea una medida de justicia social, propia de nuestro Estado constitucional.
En este orden de ideas, aunque el mínimo vital se componga inevitablemente de aspectos económicos, no puede ser entendido bajo una noción netamente monetaria. No se protege solo con un ingreso económico mensual. Este debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse como individuo en una sociedad. Esta tesis ha sido resaltada por esta Corte en diferentes oportunidades, cuando ha sostenido que el derecho al mínimo vital no es una garantía cuantitativa sino cualitativa. Eso significa que aunque los ingresos de una persona funcionan como un criterio para analizar la vulneración del derecho, su protección va mucho más allá.
Así fue establecido por este tribunal en Sentencia T-1084 de febrero 8 de 2007 (M. P. Jaime Araújo Rentería):
“Las necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar. Igualmente debe recordarse que el derecho fundamental a la subsistencia de las personas, depende en forma directa de la retribución salarial, según lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, pues de esta manera también se estará garantizando la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social. En adición, la jurisprudencia ha explicado que el mínimo vital no es un concepto equivalente al de salario mínimo, sino que depende de una valoración cualitativa que permita la satisfacción congrua de las necesidades, atendiendo las condiciones especiales en cada caso concreto”.
En materia internacional se ha resaltado el valor de esta regla. Por ejemplo, la Sentencia T-457 de 2011, aplicando estándares universales, sostuvo que “[e]l artículo 23 de la Declaración universal de derechos humanos contempla en su artículo 3º que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que se asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medio de protección. Esta norma, permite evidenciar que el derecho al mínimo vital protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su núcleo familiar y que, en principio, tal derecho se satisface mediante la remuneración de la actividad laboral desempeñada. Otro elemento que se desprende del mencionado artículo es que no se trata de cualquier tipo de subsistencia, sino que la misma debe revestirse de tales calidades que implique el desarrollo de la dignidad humana”. Dicho de otra manera, a pesar que el salario sea un elemento muy importante en el análisis del derecho al mínimo vital, no quiere decir que signifiquen lo mismo. Mínimo vital supone calidades que desarrollan la dignidad humana.
(i) Los descuentos realizados en favor y con ocasión de la orden de alguna autoridad judicial(22).
(ii) Aquellos autorizados voluntariamente por el trabajador en favor de un tercero acreedor(23), dentro de los cuales existen aquellos descuentos realizados por la celebración de un contrato de crédito por libranza (actualmente regulados por la L. 1527/2012).
(iii) Los descuentos de ley(24).
La Corte al respecto, ha entendido que en principio los descuentos sobre el salario del trabajador no son contrarios a los derechos fundamentales, siempre y cuando se respeten unos límites(25). Esos límites consagrados en las leyes colombianas, son normas de orden público “que el empleador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley”(26).
Esta Corte, en la reciente Sentencia T-891 de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) realizó un exhaustivo análisis sobre la irrenunciabilidad del salario mínimo en el marco de su protección legal y constitucional, abordando para el efecto el estudio relativo a los descuentos realizados con ocasión de una orden judicial (embargo del salario), precisando que esta clase de descuentos(27), presuponen la mediación de un juez, por tanto solo son aplicables cuando a través de un embargo, el juez ordena el descuento.
“Si bien es posible que el trabajador autorice descuentos sobre su salario para distintos fines (por ejemplo, acuerdos con su empleador o atender acreencias comerciales, etc.), estos tienen unos límites establecidos por el artículo 149 numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo el cual establece que no “se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuandoquiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley”.
En otras palabras, el límite de los descuentos autorizados por el trabajador es el mismo que el de los embargos pero con la diferencia que en este caso, de ninguna manera, es posible afectar el salario mínimo pues su causa es la voluntad del trabajador. Y es que no podría ser de otra manera pues si se permitiera sobrepasar ese tope se estaría contrariando el artículo 53 de la Constitución dado que el trabajador sí podría renunciar a sus derechos, a pesar de estar consagrados en la ley laboral como aquellos que son mínimos e irrenunciables. En el caso de los embargos la situación es distinta pues allí el trabajador no renuncia a sus derechos sino que se descuenta por la voluntad de un juez”.
“En primer lugar (i), los descuentos directos deben respetar los máximos legales autorizados por la ley. En segundo lugar (ii), existe un mayor riesgo de afectar el derecho al mínimo vital cuando (ii.1) entre el salario y la persona exista una relación de dependencia, es decir, que sea la única fuente de ingresos; (ii.2) que de sus ingresos dependa su familia; y finalmente (ii.3), cuando se trate de personas de la tercera edad, por su condición de sujetos de especial protección, existen mayores probabilidades de lesión. Adicionalmente (iii), de ninguna manera es posible descontar más allá del salario mínimo legal vigente, salvo que se trate de embargos por deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, su máximo será del cincuenta por ciento (50%). Por su parte, (iv) el responsable de regular los descuentos es el empleador o pagador”.
De igual manera, esta Corte abordó las regulaciones recientemente introducidas por la Ley 1527 de 2012 a los límites establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para esta clase de descuentos directos(28), ya que a partir de su promulgación el máximo permitido es el 50% de cualquier tipo de salario, incluso del salario mínimo.
En la ya referida Sentencia T-891 de 2013 la Corte examinó las implicaciones sobre las garantías fundamentales que esta interpretación literal del artículo quinto de la ley 1527 de 2012 generaría y, concluyó que era necesaria una flexibilización de su interpretación con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, en aquellos casos en los que existe un conflicto entre las garantías constitucionales de un trabajador con la aplicación estricta o literal del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012. Para el efecto esta corporación estableció estos límites sobre los descuentos por libranza.
En ese orden, la prohibición consagrada en el artículo 53 de la Constitución cobija también los descuentos por libranza. Como se explicó, cuando media la voluntad de un juez, envestido de poder público, y bajo dos hipótesis muy concretas, es posible descontar más allá del salario mínimo. Pero esta es tan solo la excepción que encuentra explicación en el hecho de que en los embargos el trabajador no renuncia a nada. El descuento se da porque un juez de la República lo ordena. Por el contrario, cuando los descuentos surgen por la voluntad del trabajador, la irrenunciabilidad adquiere plena vigencia. Allí, en principio, no es posible afectar el salario mínimo del trabajador en casos donde, de acuerdo con la jurisprudencia estudiada, se ponga en riesgo o afecte el derecho al mínimo vital y vida digna de la persona”.
En desarrollo de lo expuesto, la Corte, mediante la flexibilización del artículo 3º numeral 5º de la Ley 1527 de 2012, no dejó desprovisto de objeto a la figura de la libranza, por el contrario lo que hizo fue establecer límites que efectivicen la supremacía de los derechos constitucionales, en la medida que permite los descuentos del 50% del salario, siempre y cuando al gravarse el salario mínimo, no se ponga en riesgo o lesionen los garantías fundamentales del trabajador.
En la actualidad sobre el salario del accionante se efectúan descuentos directos por concepto de un embargo, un crédito de libranza y, además los descuentos de ley usualmente realizados por el empleador. Por estas deducciones desde el mes de octubre de 2013 hasta la actualidad ha recibido como salario valores fluctuantes entre cinco mil ochocientos ocho pesos ($5.808) y cincuenta y tres mil cincuenta y un pesos ($53.051).
Paralelo a esto, destaca la Sala, que sobre los descuentos realizados bajo la modalidad de libranza la legislación no prevé un procedimiento jurisdiccional para controvertir el valor de las deducciones efectuadas sobre el salario del trabajador, debido a que el numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1527 de 2012 eliminó los límites establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para esta clase de descuentos directos, al establecer que el máximo permitido es el 50% de cualquier tipo de salario, incluso del salario mínimo.
En consecuencia, concluye la Sala que si bien los mecanismos enunciados serían idóneos para controvertir la decisión emitida por el juzgado que decretó el embargo, la presunta afectación a los derechos fundamentales del peticionario puede igualmente provenir del descuento realizado por el crédito de libranza, frente a lo cual no existe recurso o trámite legal que le permita al actor regular su monto. Es decir que, si es la concurrencia de ambas deducciones lo que presuntamente transgrede las garantías fundamentales del actor, el juicio de subsidiariedad debe referirse a la existencia de recursos o trámites idóneos y eficaces para controvertir ambas descuentos, esto es la impuesta por el juez y en la que solo intervino la voluntad del trabajador al adquirir el crédito de libranza.
(iii) de ninguna manera es posible descontar más allá del salario mínimo legal vigente, salvo que se trate de embargos por deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, su máximo será del cincuenta por ciento (50%). Por su parte,
Otras deducciones(29) $520.654
Descuentos de ley(30) (valor aproximado) $205.518
Sin embargo, examinando el expediente se advierte que es la concurrencia de descuentos sobre el salario del señor Banderley Quintana Ramírez lo que genera la afectación de sus derechos fundamentales, pues con posterioridad al embargo, el empleador permitió los descuentos directos por libranza, olvidando que además de la deducción del embargo al salario del actor se le efectuaban los descuentos de ley correspondientes a doscientos cinco mil quinientos dieciocho pesos ($205.518), así como otros descuentos en virtud de diferentes obligaciones adquiridas por él.
Resalta la Sala que el señor Banderley Quintana solo cuenta con una fuente de ingresos, correspondiente al salario percibido por su trabajo en el Ejército(31) y al afectársele esos emolumentos, ciertamente se lesiona su derecho al mínimo vital y el de su familia. Primero porque no cuenta con rentas adicionales que le permitan sufragar sus gastos, de tal manera que si se le cercena la posibilidad de recibir un salario que le permita subsistir, se le coloca en una condición de profunda vulnerabilidad. Los descuentos al afectar el salario mínimo vital legal vigente del peticionario tornan indispensable e imperativa la intervención del juez constitucional, pues en el caso concreto existe una relación de dependencia entre el salario y el trabajador.
En su lugar, se concederá la tutela y se ordenará al Ejército Nacional - Sección Nómina, que en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a regular los descuentos realizados sobre el salario del accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en enero 24 de 2014, mediante la cual confirmó el fallo dictado en diciembre 12 de 2013, por el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la acción de tutela interpuesta por el señor Banderley Quintana Ramírez en contra del Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá y Ejército Nacional de Colombia. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del señor Banderley Quintana Ramírez.
2. ORDENAR al Ejército Nacional - Sección Nómina por medio de quien corresponda, que en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a regular los descuentos realizados sobre el salario del accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
(1) Conforme a los desprendibles de pago allegados en sede de revisión, el salario del señor Banderley Quintana Ramírez para la vigencia 2014 corresponde a dos millones veintiséis mil setecientos cuatro pesos ($2.026.704) (fl. 18 cdno. Corte).
(2) De acuerdo al oficio de reporte de embargos allegado en sede de revisión, el descuento de embargo en el año 2014 corresponde a la suma de seiscientos setenta y nueve mil cincuenta y siete pesos ($679.057).
(3) Cfr. T-972 de septiembre 23 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-719 de septiembre 9 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
(4) T-161 de 2005 (feb. 24), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(5) T-1190 de 2004 (nov. 25), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) Cfr. T-133 de febrero 24 de 2010 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
(7) Esta Corte ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011; T-106, T-201, T-256, T-298, T-390, T-429, T-639, T-812, T-813, T-981 y T-1043 de 2012; T-028, T-030, T-169, T-211, T-228A, T-410, T-452, T-464, T-509, T-643 y T-704 de 2013.
(8) Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de enero 22 de 1998 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-357 de abril 8 de 2005 (M. P. Jaime Araújo Rentería) y T-952 de noviembre 16 de 2006 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
(11) “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”.
(15) "Sentencia T-522/01”.
(17) Cfr. T-518 de noviembre 15 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
(18) Sentencia SU-995 de 1999. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
(19) En la Sentencia T-146 de 1996, la Corte dijo que: “El derecho de las personas a la subsistencia ha sido reconocido por la Corte Constitucional como derivado de los derechos a la vida (C.P., art. 11), a la salud (C.P., art. 49), al trabajo (C.P., art. 25), y a la seguridad social (C.P., art. 48), y como derecho fundamental, de la manera expuesta en la Sentencia T-015 del 23 de enero de 1995 (M. P. Hernando Herrera Vergara). Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como un derecho, este puede colegirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social, ya que la persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. (…) El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (C.P. art. 1º), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional, una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcances”.
(20) Sentencias T-011 de 1998, T-072 de 1998, T-384 de 1998, T-365 de 1999 y T-140 de 2002, entre muchas otras.
(21) Artículos 11, 49, 25, y 48 de la Constitución Política.
(22) Artículos 513 y 684 del Código de Procedimiento Civil y 154 siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
(23) Artículo 149 Código Sustantivo del Trabajo.
(24) Consagrados, entre otras normas, en los artículos 113, 150, 151, 152, 156 y 440 Código Sustantivo del Trabajo.
(25) Sentencia C-710 de abril 29 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Así, “no se desconoce precepto alguno de la Constitución, cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador, sobre los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe estar precedido de una serie de requisitos, que se erigen para proteger al empleado de abusos contra sus derechos”.
(26) Sentencia T-1015 de noviembre 30 de 2006. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
(27) Regulados por el artículo 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo.
(28) El artículo tercero de la Ley 1527 de 2012 establece que “para poder acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo se deben cumplir las siguientes condiciones:”. Seguidamente, el numeral quinto dispone que “la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley”. Adicional a ello, consagra que las deducciones realizadas “quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo”.
(29) Deducciones que derivan de obligaciones contraídas voluntariamente por el señor Banderley Quintana Ramírez. con las empresas y entidades Cooperativa Cooveduría Ltda., Cooperativa Crédito Marchemos, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Edicelmy, Cooperativa Multiactiva Esmeralda, Plan de Previsión Exequial Cooserpark y la Fundación Luz y Esperanza.
(30) Además del aporte obligatorio al sistema general de seguridad social, se efectúan descuentos por concepto de vivienda militar, aporte voluntario militar y el aporte a la caja de retiro de las Fuerzas Militares.
(31) Este hecho no fue controvertido, el Ejército Nacional no allegó la respuesta requerida en el trámite de la acción de tutela.