Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/-470674761
Timestamp: 2019-09-18 19:41:04
Document Index: 251480302

Matched Legal Cases: ['artículo 194', 'artículo 399', 'artículo 3458', 'Artículo 3457', 'Artículo 3458', 'artículo 3456', 'Artículo 52', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3193', 'Artículo 3215', 'Artículo 3216']

Ejecutoria num. 1a./J.75/2013(10a) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 470674761
Número de Resolución: 1a./J.75/2013(10a)
Localizacion: Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, página 919.
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, que conoció del juicio de amparo, dictó resolución en la cual determinó negarlo, esencialmente, porque los artículos 3456 a 3458 del Código Civil para el Estado de Sonora vigente en ese momento, establecían que los documentos que debieran registrarse y no se registren, no producirán efectos frente a terceros, entendiéndose por terceros para efectos del registro a todos aquellos que tengan constituidos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción ...
Son esencialmente fundados los agravios transcritos y suficientes para revocar la resolución recurrida y otorgar a los quejosos, la protección constitucional solicitada.
Sostienen los inconformes que la resolución de que se trata le (sic) causa agravio al no haber sido materia de análisis la totalidad de las cuestiones planteadas al juzgado, pues éste se abstuvo de hacer declaración alguna respecto a la calidad de poseedores del bien inmueble de que se trata, con el cual se ostentaron al presentar su demanda de garantías; y, además, que con los medios de convicción aportados al juicio quedó debidamente acreditada su calidad de propietarios del bien ya referido, por lo que consideran que es ilegal el embargo trabado sobre el mismo, derivado de un juicio ejecutivo mercantil en el cual no son parte y en el que se afecta el inmueble cuando éste ya había salido del patrimonio del deudor.
Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de garantías del que deviene el acto reclamado, se advierte que tal y como lo señalan los inconformes quedó debidamente acreditado su carácter de poseedores y propietarios del inmueble de que se trata, con la escritura pública número 18, pasada ante **********, Juez local propietario en funciones de notario público de la población de **********, Sonora de fecha nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, que contiene el contrato de compraventa, celebrado entre ********** por una parte y como compradores ********** y **********, respecto a un lote de terreno y su construcción ubicado en el barrio **********, al norte el pueblo de **********, Sonora, con una superficie de ********** metros cuadrados; escritura que no fue presentada para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
De igual forma quedó debidamente acreditado que mediante diligencia de diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, el bien de que se trata quedó formalmente embargado, en los actos del juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por el endosatario en procuración de **********, en contra de **********.
También quedó debidamente acreditado con la escritura de referencia y el dicho de **********, ********** y **********, que los aquí quejosos, tienen su domicilio en el bien inmueble de que se trata.
Así, las cosas, es evidente que los recurrentes adquirieron la propiedad el (sic) bien inmueble cuya posesión ostentan mediante contrato de compraventa de nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, es decir, con anterioridad al embargo, por tanto, si el secuestro practicado respecto al multicitado bien se llevó a cabo hasta el diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, es claro que éste ya había salido del patrimonio de **********, demandado en el juicio del que deriva el acto reclamado, sin que sea óbice a ello, que no se hubiera escrito la compraventa en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
En este punto, cabe señalar que el embargo sólo es legítimo cuando recae en bienes del deudor y no en los que ya salieron de su patrimonio, aun cuando éstos (inmuebles) no se encuentren inscritos a favor del nuevo dueño, pues esa inscripción sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos.
En mérito a lo anterior, es de invocarse por ser aplicable al caso, la tesis jurisprudencia número 767, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, S. y Tesis comunes, página 1265, que dice: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL. El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.’
Ahora bien, debe decirse que aun cuando este tribunal en la ejecutoria pronunciada en el amparo directo número **********, sostuvo el criterio de que, conforme a la legislación local, el embargo constituye un derecho real de garantía, y por tanto, si no se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el contrato de compraventa respectivo, éste sólo surte efectos entre los contratantes, no así para los terceros; sin embargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 194 de la Ley de Amparo, se rectifica el criterio sustentado en la citada ejecutoria, pues se estima que la jurisprudencia antes invocada es aplicable el efecto, puesto que por una parte, la naturaleza jurídica del embargo no varía, ya que la misma consiste precisamente en que el secuestro no otorga un derecho real sobre lo embargado, ni un poder directo o inmediato sobre éste que puede ser oponible a quien invoca el dominio de la propiedad; consecuentemente, la no inscripción de la respectiva escritura donde conste la compraventa no puede tener el efecto de legitimar un embargo en bienes que ya no forman parte del patrimonio del deudor.
Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado reiteradamente que el embargo no otorga un derecho real sobre lo secuestrado, tal y como se evidencia de la tesis jurisprudencial número 766, página 1258, del A. citado con antelación, que dice: ‘EMBARGO, NATURALEZA JURÍDICA DEL. EL SECUESTRO NO OTORGA AL EJECUTANTE UN DERECHO REAL SOBRE LO EMBARGADO.’
Asimismo, la propia Tercera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 38/92, en sesión celebrada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, consideró lo siguiente: ‘El citado derecho real confiere a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa; lo faculta a exigir de los demás, que se abstengan de actuar sobre el mismo objeto o su relación con él; también otorga un derecho de persecución del citado titular sobre el inmueble correspondiente, así como un derecho de preferencia, cuando se trata naturalmente de los derechos reales que constituyen una garantía. Por el contrario, el embargo no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario, que puede ser incluso el propio embargante, pero con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa, derivadas de la figura del depósito. En el embargo, la cosa objeto de él, no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito. Por otro lado, el referido embargo tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que éste, consiste en la facultad de obtener todo o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario.’
En esa tesitura, resulta incuestionable concluir que el embargo no constituye un derecho real sobre los bienes embargados, sino que únicamente otorga un derecho (sic) persona sobre los bienes del deudor, mismo que se hace efectivo a través del secuestro; por tanto, para que éste resulte legítimo debe recaer en bienes que correspondan al demandado, más aún, si se considera que conforme lo dispuesto por el artículo 399, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la ejecución de las resoluciones judiciales únicamente debe afectar al deudor y su patrimonio y no a terceros, cuyos bienes y derechos, deben ser respetados.
Asimismo, es pertinente señalar que la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro Público, sólo se refiere a acreedores con iguales derechos, esto es, derechos reales.
Por otra parte, debe decirse que el Juez de Distrito, para negar el amparo peticionado, se apoyó especialmente en los artículos 3457 y 3458 del Código Civil del Estado de Sonora; sin embargo, esos preceptos fueron derogados por la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de mi novecientos noventa y dos, vigente el día siguiente de su publicación.
Aun, cuando es verdad que la citada ley recogió en su mayoría las disposiciones derogadas; sin embargo modificó el contenido del artículo 3458, precepto que establecía que tercero, para efectos registrales era, entre otros quien tenía constituido un embargo en su favor.
En efecto, los artículos ya derogados 3457 y 3458 del Código Civil del Estado de Sonora, establecían textualmente lo siguiente: ‘Artículo 3457. Los documentos, que conforme a esta ley deberán registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’; ‘Artículo 3458. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquéllos que tengan constituidos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción conforme al artículo 3456.’
Por su parte, los preceptos de la Ley Catastral citada, que recogen, en parte los anteriores dispositivos, dicen:
‘Artículo 52. Los documentos que conforme a esta ley sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir efectos en perjuicio de tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’
‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley y sus reglamentos, deberá entenderse por: ... III. Terceros todos aquéllos que tengan constituidos derechos reales y gravámenes sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción.’
Como se ve, las nuevas disposiciones que rigen en materia de registro ya no contemplan en la definición de terceros, a aquellos que tengan constituido un embargo, pues sólo se refiere a quienes tengan en su favor algún gravamen.
Así, esta modificación implica que, ya no se contempla la protección que se daba a los terceros que tenían constituido un embargo a su favor, puesto que aun cuando pueda considerarse que el embargo es un gravamen, éste se refiere a uno de carácter personal, y no a uno de naturaleza real, como podrían ser las hipotecas u servidumbres, pues el análisis del artículo 2o., fracción III, de la citada Ley Catastral, pone de manifiesto que debe entenderse, al referirse a gravámenes, que éstos son aquellos de carácter real, dada la supresión antes referida y en el caso, el embargo no tiene la misma categoría que un derecho real.
En esta tesitura, resulta incuestionable que al omitirse la protección a los terceros embargantes en el artículo 2o., fracción III, multicitado, resulta plenamente aplicable al efecto la tesis jurisprudencial sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/94 en sesión de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que es del tenor literal siguiente: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE. (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo Civil del Estado de Durango, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior, el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa; el embargo, aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenecía al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por más que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisión no puede prevalerse al acreedor quirografario.’
En ese orden de ideas, al resultar esencialmente fundados los agravios expresados por los recurrentes, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y en virtud de que se demostró que el embargo reclamado esilegal dado que se efectuó en bienes que no pertenecían al deudor, pues habían salido de su patrimonio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ...".
Artículo 3193. Los actos y contratos que conforme a la ley deben registrase, no producirán efecto contra tercero si no estuvieren inscritos en el oficio respectivo.
Artículo 3215. Los contratos que fueren registrados dentro de quince días de su fecha, producirán su efecto, con relación a tercero desde la fecha del título respectivo.
Artículo 3216. Los contratos que fueren registrados fuera del plazo antedicho, sólo producirán su efecto, con relación a tercero, desde la fecha del título respectivo.
Sentencia nº ST-JDC-216-2014 DE Sala Regional Toluca, 26 de Septiembre de 2014