Source: https://www.scribd.com/doc/218370261/Ecuador-1
Timestamp: 2015-11-30 06:21:39
Document Index: 318654431

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P. 1Ecuador 1Ecuador 1|Views: 1|Likes: 0Published by Jorge Vergara CastroMore info:Published by: Jorge Vergara Castro on Apr 15, 2014Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/218370261/Ecuador-104/15/2014pdftextoriginalINTRODUCCIÓN La cuenca del Salar de Atacama se ubica en el sector centro oriente de la Región de Antofagasta, emplazada en la comuna de San Pedrode Atacama, a una altura media de 2.400 m.s.n.m. Se pueden distinguir dos grandes áreas según su importancia económica y ecológica (DGA, 2010). Una de ellas, el núcleo, contiene salmuera cuya composición mineralógica es la base del desarrollo de la actividad minera no metálica de la cuenca (litio, sodio, bórax y potasio), y es considerado el mayor depósito salino de Chile. Más aún, en el salar de Atacama se encuentra el 70% de las operaciones mundiales de litio en funcionamiento, las que representaron en el año 2008 el 58% de la producción mundial de carbonato de litio. Por otro lado, en los bordes del salar, rodeando al núcleo, existen sistemas hidrobiológicos (vegas y lagunas) de importancia socioeconómica y cultural para las comunidades indígenas, cuya preservación depende de la evolución dinámica de los flujos de agua superficial y subterráneo, y de su interrelación. Ya en el año 1999, según un estudio hidrogeológico de la propia autoridad de Chilena encargada de la conseción (perpetua) de derechos de aprovechamiento de aguas1, se detectó una zona dentro del Salar2 dónde el caudal efectivo correspondiente a los derechos concedidos, sobrepasaba el recurso renovable de esta zona. Existen dos empresas que utilizan recursos hídricos para realizar sus faenas de extracción y producción de minerales no metálicos. Además, existen otras dos que realizan la explotación de recursos de agua subterráneos y los exportan a otro territorio, al sur del salar, para faenas de producción de cobre. La cuenca es habitada por diez y seis (16) comunidades indígenas aproximadamente. En este territorio las comunidades tienen demarcadas sus posesiones ancestrales en virtud de su ocupación social, económica y cultural (Vergara et al, 2008). Esta ocupación se puede observar en terminos socioculturales, mediante el sistema ritual atacameño que representa una correspondencia de los ciclos y fenómenos naturales expresados en la forma del panteón de los santos tutelares católicos. Este sistema tiene profunda relación con los ciclos anuales agrícolas y cosmológicos (Contreras, 1994). Un ejemplo de esta relación es el ritual de la “limpia de canales” en la cual la comunidad agradece al agua y la vida en el desierto. Aunque la demarcación territorial se inició en 1995/96, el procedimiento de regularización de la propiedad ha quedado inconcluso. En efecto, si bien la regularización tuvo un impulso inicial al comienzo de los gobiernos de la Concertación, su continuación se vio frustrada más tarde cuando entró en contradicción con otros intereses, en particular los de la gran minería, que presionaban por el acceso y el control de las aguas, tierras y minerales existentes en estos territorios. La agricultura que se realiza en la cuenca, se abastece principalmente de recursos superficiales provenientes de los Ríos San Pedro (0,6 m3/s) y Vilama (0,11
Dirección General de Aguas Zona (Tilopozo – Negrillar – Monturaqui)
m3/s). Los escasos caudales se ven agravados por el problema de la calidad de sus aguas (salinos) y las crecidas o bruscos aumentos de caudal (aluviones estivales). Mientras que la mayor parte de los derechos de agua subterránea constituidos corresponden al sector minero. Al año 2005, las solicitudes de agua superficial alcanzaban 3.277 L/s y las de aguas subterráneas 4.096 L/s. Las solicitudes por aguas superficiales se concentraban en la zona altiplánica. Las solicitudes de aguas subterráneas se situaban en el altiplano, y las zonas este y sureste del Salar (RIDES, 2005). Los primeros antecedentes sobre legislación de aguas en Chile se remontan a la cultura incaica. En ella se contemplaban prácticas ancestrales como la mita y la mitación, con las cuales se establecían turnos para organizar los derechos de cada usuario para el riego. La cultura de reparto se basaba en las condiciones climáticas esperadas y la conservación de las fuentes de agua (zonas húmedas, vegas y bofedales). Con la llegada de los españoles todo el sistema comenzó a regularse de acuerdo al derecho Español, con modificaciones posteriores relativas a regular los conflictos entre particulares (Guzmán y Ravera, 1993). Así, el código civil promulgado en 1857 contempló la integración de herramientas para enfrentar los conflictos entre los particulares producto del uso de las aguas. Después de la Guerra del Pacífico, la acción estatal se orientó a satisfacer la exigencia hídrica de los centros dedicados a la extracción de azufre y salitre, en desmedro de las poblaciones andinas. Una vez que esta actividad económica decayó, se produce una reorientación hacia el mundo agrario, sin considerar a las comunidades locales, y su cultura, como un actor de las políticas de modernización desarrolladas en esa época. En 1908, se promulgó la primera Ley de Asociaciones de Canalistas3, las cuales eran formadas por los dueños de canales con el objeto de tomar el agua de la corriente matriz, repartirla entre los accionistas y conservar y mejorar los acueductos. De acuerdo a Guzman y Ravera (1993), esta ley reguló problemas relativos a aprovechamientos comunes, en los cuales un grupo de personas aprovechaban aguas desde una misma fuente o cauce. En este período se establecieron las primeras disposiciones que regulaban el manejo del agua a través de concesiones para uso industrial4 o regadío5. El primer código de aguas fue dictado el año 1951. En él se contemplaba el otorgamiento del agua sólo cuando se comprobaba su necesidad, existiendo además caducidad por no uso. Con su promulgación se sentaron las primeras bases del derecho privado a uso, goce y disposición de las aguas, pero con un Estado fuerte en términos de regulación. Para Bauer (2004), existía una combinación equilibrada de derechos privados y regulación pública, parecida a la legislación contemporánea de derechos de aguas del oeste de Estados Unidos. Dicho cuerpo legal, se mantuvo sin modificaciones hasta el año 1967, cuando se incluyeron una serie de cambios producto de la reforma agraria, entre ellas la eliminación del goce y disposición del derecho de aprovechamiento. De esta manera, el año 1969 se dictó el Decreto Nº162 de justicia que contiene el texto sistematizado de un nuevo Código de
Ley Nº 2139 del 20 de noviembre de 1908 Decreto Nº254 de 8 de febrero de 1907 5 Decreto Nº403 cd 25 de abril de 1916
Según Bauer (2004). los titulares de derecho pueden comercializar a precios establecidos por el mercado. en su articulo 19.603 el cual se covertiría en la ante sala de la nueva normativa en materia de aguas. En este marco constitucional. entre otras. otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos. a partir de 1981. Para ello. el código de aguas cambió el concepto que prevalecía anteriormente. en teoría. en un marcado proceso de transición a la democracia. la libre transacción de los derechos de aprovechamiento del agua en el marco del llamado “mercado de aguas”. Este segundo código chileno osciló el péndulo hacia un control gubernamental expandido y fue el extremo ante el cual reaccionaría más tarde el Código de Aguas de 1981 (Bauer. exigencia de una memoria explicativa de la cantidad de agua solicitada y la facultad para limitar dicha cantidad. No obstante. el cual ligaba el agua a la tierra. se inicia un proceso de reforma del código de aguas promulgado en 1981. Se debe destacar que bajo la legislación vigente. reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. el año 2005 se promulga la Ley Nº 20. entre otros. salvo los costos atribuibles a los procedimientos establecidos para la asignación. el tema central fue la definición de los derechos de agua: cómo cambiar las normas legales y los incentivos económicos que afectan al uso privado de las aguas. la asignación que realiza el Estado respecto a los derechos de aprovechamiento de las aguas es perpetua. la legislación de aguas en Chile instaura un régimen de privatización sobre el aprovechamiento del recurso que en su origen es un bien nacional de uso publico. se termina la asignación bajo el concepto de concesión o merced que existió anteriormente. el pago de una patente por no uso del agua. la inexistencia de caudales ecológicos.Aguas. el cual permitió. 2004). los procedimientos para asignar nuevos derechos. durante el proceso de “negociación” se dejaron de lado materias relevantes
. por un diseño en el cual se rompió dicha relación y se construyó un nuevo contexto dónde domina la relación “agua -persona”. El proceso de discusión se llevó a cabo hasta el año 2005. en la constitución vigente desde 1980. la nueva orientación del código de aguas pretendió la liberalización del recurso agua. debido a diversas distorsiones tales como la concentración de derechos de aprovechamiento de aguas sin uso. en plena dictadura militar. A nivel constitucional el rol del agua no es tratado en su orden institucional. En 1979. Guzman y Ravera (1993). el recurso es asignado de manera gratuita. Según Soto (2006). El año 1992. el agua sólo ganó una mención del constituyente a propósito de la consagración y regulación del derecho constitucional de propiedad. De acuerdo a la Constitución Chilena. Para Guzman y Ravera (1993). Más aún. de una economía laissez faire y de los derechos de propiedad adquiridos. otorgándole al mercado la función de asignar el recurso en función de las leyes que lo gobiernan. se dictó el Decreto Ley Nº 2.017 que incluye nuevos tratamientos del recurso en cuanto al establecimiento de caudales ecológicos mínimos. dado que en su artículo 5º indica que las aguas son bienes nacional de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Posteriormente. los derechos de los particulares sobre las aguas. Sin embargo las medidas institucionales en discusión estuvieron fuertemente sesgadas a favor de los intereses políticos de derecha. Finalmente. establecen que la discusión sobre la suceptibilidad de dominio de las aguas quedó resuelta mediante el código de agua actual.
sustentando de este modo. es decir se entendía que al adquirir la tierra se adquiría de forma simultánea el derecho a usar el agua que regaba a dicha superficie. Hadjigeorgalis (2004). si este es titular de dichos derechos. como son derechos sobre aguas superficiales y derechos sobre aguas subterráneas.
1. De esta manera. la incorporación de variables económicas a la gestión del agua para favorecer su valoración (económica) a través del mercado. Según lo señalan algunos autores. entre otros.contenidas en el primer proyecto de Ley tales como las corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas.1.1. se estableció la posibilidad que los derechos de aprovechamientos de aguas pudieran ser utilizados con fines económicos por el usuario. aparentemente los agricultores preferían vender la tierra y el agua. Estudios realizados durante la primera mitad de los años noventa por la CEPAL y por FAO. es decir. pueden ser hipotecados o entregados en prenda. Este hecho incluso se refrendaba en la Ley 16. el flujo de bienes y servicios de este importante activo natural. Así.
Mercado del agua y la supremacía económica
Hace tres décadas que se promulgó el Código de Aguas. En Chile. acerca del grado de funcionamiento del mercado del agua indicaban que éste no había sido muy activo. suelos de riego en suelos de secano. aunque se realizaron ajustes posteriores el año 2005. En la actualidad. En los años ochenta los cambios implementados buscaron. mediante un tratamiento similar a una parcela o pertenencia minera. realizó una investigación examinando el efecto de la incertidumbre y del riesgo sobre los movimientos de recursos hídricos en un mercado de
. los que a su vez pueden ser consuntivos o no consuntivos. los gestores estarán en una mejor posición para juzgar en qué momento las demandas para los distintos productos de agua. permanentes o eventuales. En este marco. justifican el gasto de recursos de capital escaso para aumentar la oferta. que algunos organismos internacionales han promovido el manejo de la demanda de agua a través de dichos instrumentos económicos. entre ellos la separación del agua y la tierra. los derechos de aprovechamiento de aguas se registran en el Conservador de Bienes Raíces.640 de Reforma Agraria de 1967. se liberó la transacción de derechos sobre distintos tipos de fuentes. se mantienen los principales cambios realizados en su origen. Es importante mencionar. Este elemento era una cuestión indisoluble anteriormente. continuos o discontinuos. antes de convertir. la Asociación Mundial del Agua destaca que tratar el agua como un bien económico puede ayudar a equilibrar la oferta y demanda de agua. Además. Se recalca que si los cobros por los bienes y servicios reflejan el costo total involucrado. el análisis de la integración de instrumentos de mercado a la gestión del agua debería considerar la incertidumbre y el riesgo.
“debilitan el derecho de propiedad. En cuanto a la visión de los usuarios de aguas respecto del funcionamiento del mercado del agua en Chile. Este estudio fue confeccionado para entregar insumos a la discusión de las modificaciones del Código de Aguas promulgadas el año 2005. llegando a ser percibida como “un atentado contra la propiedad privada de sus derechos y como un aumento de la discrecionalidad del Gobierno. particularmente cuando se trataba de derechos de facto muy antiguos. señalaban que una de las dificultades para el buen funcionamiento del mercado era “la falta de títulos de propiedad” debido a que esta limita la compra y venta de derechos de aguas. en orden a la caducidad del derecho a los cinco años y la necesidad de justificar el uso para obtener un derecho de agua.agua en el sector agrícola. a través de la venta de agua o de derechos de aprovechamiento. También propuso la hipótesis de que los efectos de esta incertidumbre sobre las decisiones de los agricultores difieren dependiendo de los distintos riesgos que éstos enfrentan y de su tolerancia al riesgo. de acuerdo con la hipótesis de una aversión absoluta decreciente al riesgo y su preferencia por un ingreso cierto. Los resultados mostraron interesantes patrones de comercio en los mercados de agua de la cuenca del Río Limarí. Los agricultores para quienes un déficit de agua es más riesgoso para la producción tienden a participar menos en el mercado spot y más en el mercado de los derechos de aprovechamiento de agua donde tienden a ser compradores. los usuarios se manifestaban de acuerdo a la intervención de la autoridad sólo en aquellos casos que se configuraran monopolios respecto a los derechos de aprovechamiento de las aguas. los usuarios se basaban en que para un buen funcionamiento del mercado de aguas “se requiere que los derechos de propiedad sean debidamente respetados”. se realizó un trabajo de asesoría económica al congreso denominado “El Mercado de Aguas en Chile”. introducen inestabilidad en el sistema y a largo plazo desincentivan la inversión”. en lugar de un ingreso incierto mediante la producción regada. En esta investigación se indicaba que existió una reacción negativa de los usuarios a las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. mientras que los productores de cultivos permanentes tienden a participar en los mercados de derechos de aprovechamiento de agua. por las mayores atribuciones sugeridas para la DGA”. En este sentido las propuestas del Poder Ejecutivo a comienzos de los años noventa. ya que era necesario incurrir en tediosos y a veces costosos trámites para lograr su legalización. se suele observar que los productores de cultivos anuales dominan los mercados spot. En definitiva. En esta época. los usuarios sostenían que “el mercado funciona y no es necesaria una mayor intervención del Gobierno en la materia”. Los agricultores de ingresos bajos y aquellos que enfrentan importantes restricciones de liquidez tienden a vender agua o vender derechos de aprovechamiento de agua. Por otro lado. El autor planteó la hipótesis de que el valor del producto marginal del agua es una medida inadecuada del valor del agua en la agricultura debido a la incertidumbre que rodea la producción agrícola. Más aún. Según ODEPA (2010) el mercado de derechos de aprovechamiento de aguas ha permitido la libre transferencia desde agentes económicos que valoran menos el agua
. ILADES (1994). Por esta razón.
En este sentido. permitiendo. según lo determine el dueño del derecho de aprovechamiento. se hace referencia a la coincidencia de opinión entre el sector Industrial y la DGA sobre que el mercado es “la mejor manera” para realizar dicha reasignación. Si bien es cierto hubieron avances en la materia.
. A partir del regreso de Chile a la democracia. esta facultad incentivaba la corrupción y le quitaba transparencia al sistema. El valor económico del agua en el mercado ha sido documentado por ODEPA (2010). Donoso (2006) indica que la aplicación adecuada del sistema requiere del fortalecimiento institucional para reducir la incidencia de factores condicionantes que han limitado su eficiencia. accountability y predictibilidad. en la cuenca del río Cachapoal existe una “prioridad hidrológica” en los derechos de aprovechamiento de agua. tales como la minería y sanitarias. Incluso. indican que los aspectos que aún presentan mayor debilidad respecto al rol regulador del Estado son participación. Por último. Las posiciones contrarias sostenían que. 2004). disminuyendo a un valor entre los 20UF/ls y 42 UF/ls en la parte baja de la misma fuente. para el río Aconcagua se encuentra entre 192UF/ls y 278 UF/ls en la parte alta del río. a través de la venta de agua o de derechos de aprovechamiento. Según Hadjigeorgalis y Riquelme (2002). al permitir dar al recurso un destino más eficiente y productivo. regulación y ejercicio de derechos indígenas especiales sobre las tierras. de acuerdo con la hipótesis de una aversión absoluta decreciente al riesgo y su preferencia por un ingreso cierto. En el mismo sentido. Dicho valor en el mercado depende. respecto al rol del Estado en el mercado de aguas en Chile. transparencia. determinada por la ubicación del punto de captación de los derechos. de atributos relacionados a la hidrología. se mantiene la discusión sobre el rol del Estado. en principio. Donoso y Hantke (2007) a propósito del sector agua potable y empresas sanitarias. Yañez (2008). en lugar de un ingreso incierto mediante la producción regada (Hadjigeorgalis.hacia agentes que le dan una mayor valoración. entre otras variables. Por otra parte. señala que la libre transacción de derechos de agua ha facilitado la reasignación de los derechos concedidos. las políticas públicas relacionadas con el agua han tenido un desarrollo incipiente con respecto a la recuperación. han existido diferentes posiciones. El proyecto de modificaciones al Código de Aguas propuso que la autoridad pudiera denegar o limitar la solicitud de derechos de aprovechamiento si no se justificaba la cantidad de agua solicitada por un peticionario. En la cuenca del río Limarí. Se citan ejemplos sobre cómo han podido acceder al agua sectores económicos en franco crecimiento. considerando también positiva la flexibilidad en torno al cambio de uso. territorios y recursos naturales que conforman su hábitat. un nuevo uso más productivo desde el punto de vista del interés general. como señala Domper (2003). sustentabilidad y replicabilidad. se ha podido determinar que los agricultores de ingresos bajos y aquellos que enfrentan importantes restricciones de liquidez tienden a vender agua o vender derechos de aprovechamiento de agua.
sin embargo. y vulneradas sus propiedades. Proyecto Pampa Puno. Estas normas se han dictado e implementado en armonía con el Código de Aguas y la Ley 19. el derecho de propiedad da máxima certeza jurídica y ello opera incluso para reconocer el derecho civil de propiedad de las comunidades indígenas y campesinas al agua. todo ello con el objeto de no entorpecer el desarrollo de proyectos de inversión.Los pueblos indígenas del Norte cuentan con un párrafo entero de protección adicional en la Ley indígena. respecto del cual las comunidades y organizaciones de riego atacameñas vieron amenazadas sus formas de vida ancestrales. no han logrado revertir el proceso de monopolización. Nº 19. donde las autoridades ambientales han privilegiado los intereses empresariales ante los derechos locales e indígenas. la evidencia empírica muestra que los controles ambientales se han aplicado laxamente y los mecanismos de participación ciudadana (e indígena) han sido latentes. Proyecto Minero Salar de Punta Negra. además. No obstante. En el ordenamiento jurídico chileno. En este sentido. Según Vergara et al (2008). Esta normativa ha sido aplicada en los procesos de regulación de aguas superficiales a favor de comunidades indígenas del Norte Grande. Consistentemente. incluidos aquellos que presionan por la explotación de recursos hídricos o generan contaminación de acuíferos. en tanto derecho de propiedad ancestral. La institucionalidad adoptada en los inicios del proceso de redemocratización tendió. implementando un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a partir de la Ley de Bases del Medio Ambiente. entre otros. Extracción Salmueras Salar de Atacama. Algunos de los proyectos más emblemáticos sometidos al SEIA son: Central Hidroeléctrica Ralko. el legislador y la jurisprudencia han reconocido el uso consuetudinario del agua por las comunidades indígenas. son muchos los proyectos extractivos de recursos naturales en territorios indígenas. Estas normas.
. Un caso de excepción lo constituye la resolución de calificación ambiental (RCA) de la COREMA de Antofagasta. emitida el 19 de Noviembre 2007. la información proporcionada por los organismos técnicos del Estado en el marco del SEIA y las observaciones ciudadanas hicieron ver la amenaza que pesaba sobre la propiedad mancomunitaria que las comunidades ribereñas mantienen sobre las aguas subterráneas de la cuenca del Salar de Atacama. En ese caso en particular. aunque han otorgado mayores grados de protección formal. a mejorar progresivamente el marco de la sostenibilidad ambiental de los proyectos público-privados que inciden en la explotación de recursos naturales. se observa que existe un rezago de reconocimiento e implementación de derechos indígenas que redunda en la vulneración de derechos territoriales de propiedad colectiva ancestral.145 de 1992 que lo modificó para proteger las vegas y bofedales altoandinos de los Pueblos Aymara y Atacameños. prohibiendo la extracción de las aguas que surten dichos ecosistemas. que resguarda especialmente los derechos de agua.300 de 1994. que rechazó por unanimidad el Proyecto de Suministro de Agua de Pampa Colorada. Proyecto Minero Cerro Colorado.
atendida la naturaleza del recurso hídrico y los servicios sociales. No obstante. En el ordenamiento jurídico chileno. La institucionalidad adoptada en los inicios del proceso de redemocratización tendió.Con todo.300 de 1994. Consistentemente. Según Vergara et al (2008). todo ello con el objeto de no entorpecer el desarrollo de proyectos de inversión. a mejorar progresivamente el marco de la sostenibilidad ambiental de los proyectos público-privados que inciden en la explotación de recursos naturales. además. culturales y ambientales que presta el agua.2. se observa que existe un rezago de reconocimiento e implementación de derechos indígenas que redunda en la vulneración de derechos territoriales de propiedad colectiva ancestral. sin embargo. en tanto derecho de propiedad ancestral. el derecho de propiedad da máxima certeza jurídica y ello opera incluso para reconocer el derecho civil de propiedad de las comunidades indígenas y campesinas al agua. asimismo. el legislador y la jurisprudencia han reconocido el uso consuetudinario del agua por las comunidades indígenas. 1. sobre todo. Nº 19. las políticas públicas relacionadas con el agua han tenido un desarrollo incipiente con respecto a la recuperación.1. territorios y recursos naturales que conforman su hábitat. son muchos los proyectos extractivos de recursos naturales en territorios
. Los pueblos indígenas del Norte cuentan con un párrafo entero de protección adicional en la Ley indígena. Estas normas. no han logrado revertir el proceso de monopolización. persisten algunas propuestas que establecen la necesidad de redefinición de ciertos contenidos normativos del ordenamiento jurídico y. aunque han otorgado mayores grados de protección formal. implementando un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a partir de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Esta normativa ha sido aplicada en los procesos de regulación de aguas superficiales a favor de comunidades indígenas del Norte Grande. En este sentido. de las características ambientales de sus respectivos territorios. replantear el régimen concesional basado en el derecho de propiedad para el ejercicio de derechos de agua. la evidencia empírica muestra que los controles ambientales se han aplicado laxamente y los mecanismos de participación ciudadana (e indígena) han sido latentes. Política hídrica y los asuntos pendientes con los pueblos indígenas
A partir del regreso de Chile a la democracia.145 de 1992 que lo modificó para proteger las vegas y bofedales altoandinos de los Pueblos Aymara y Atacameños. que resguarda especialmente los derechos de agua. Por otra parte. en Chile. Estas normas se han dictado e implementado en armonía con el Código de Aguas y la Ley 19. prohibiendo la extracción de las aguas que surten dichos ecosistemas. regulación y ejercicio de derechos indígenas especiales sobre las tierras. esta apreciación general debe ser matizada y desagregada en función de las características socio-económicas específicas de cada pueblo indígena y.
con autoridad y dominio sobre un territorio definido y con capacidad de decisión sobre sus propiedades y territorios con proyectos de desarrollo. de las características ambientales de sus respectivos territorios. Por otra parte. emitida el 19 de Noviembre 2007. que rechazó por unanimidad el Proyecto de Suministro de Agua de Pampa Colorada. en Chile. se debe considerar en el análisis cuales son las capacidades que tienen los Pueblos Indígenas para influir en la preservación. Proyecto Minero Cerro Colorado. recuperación y manejo de los recursos naturales disponibles en sus territorios ancestrales. Desde esta perspectiva. Con todo.
. incluidos aquellos que presionan por la explotación de recursos hídricos o generan contaminación de acuíferos. Un caso de excepción lo constituye la resolución de calificación ambiental (RCA) de la COREMA de Antofagasta. El derecho de autodeterminación implica reconocer que los Pueblos Indígenas tienen formas de organización del poder distintas que lo identifican como unidades políticas administrativas diversas. se debe considerar que la territorialidad indígena y.2.
1. por cierto. conservación. asimismo. En ese caso en particular. En síntesis. Proyecto Pampa Puno.indígenas. replantear el régimen concesional basado en el derecho de propiedad para el ejercicio de derechos de agua. Proyecto Minero Salar de Punta Negra. entre otros. sobre todo. persisten algunas propuestas que establecen la necesidad de redefinición de ciertos contenidos normativos del ordenamiento jurídico y.
La perspectiva de los derechos indígenas
La perspectiva de los derechos indígenas incorpora a la discusión el concepto de Pueblo Indígena como titular del ejercicio de derechos de agua. y vulneradas sus propiedades. atendida la naturaleza del recurso hídrico y los servicios sociales. esta apreciación general debe ser matizada y desagregada en función de las características socio-económicas específicas de cada pueblo indígena y. donde las autoridades ambientales han privilegiado los intereses empresariales ante los derechos locales e indígenas. El Pueblo así concebido forma parte de una organización socio política propia que es susceptible de impacto a consecuencia de decisiones que afecten su territorio jurisdiccional y sus recursos naturales. Algunos de los proyectos más emblemáticos sometidos al SEIA son: Central Hidroeléctrica Ralko. la información proporcionada por los organismos técnicos del Estado en el marco del SEIA y las observaciones ciudadanas hicieron ver la amenaza que pesaba sobre la propiedad mancomunitaria que las comunidades ribereñas mantienen sobre las aguas subterráneas de la cuenca del Salar de Atacama.1. culturales y ambientales que presta el agua.1. respecto del cual las comunidades y organizaciones de riego atacameñas vieron amenazadas sus formas de vida ancestrales. la gobernanza de dichos espacios emana del ejercicio del derecho de autodeterminación. Extracción Salmueras Salar de Atacama.
La autodeterminación indígena incluye la facultad de oponerse a decisiones de terceros susceptibles de afectar su desarrollo sustentable. Estas normas se extienden al agua. abre espacios institucionales para la expresión de modelos culturales diversos. 2008). Según Vergara et al (2008). El reconocimiento e implementación del derecho de autodeterminación de los Pueblos Indígenas para la gestión de recursos hídricos. indígenas y campesinas. embargadas. Entra así en directa confrontación con sistemas de valores y prácticas hídricas locales. en particular con aquellos actores sociales que. incluyendo los relacionados con la autogestión de sus territorios y tierras antiguas y el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de sus autoridades tradicionales para decidir sobre sus recursos naturales. Aunque en algunas zonas existen importantes avances a la hora de sanear la propiedad indígena sobre el agua y la tierra (Barros. el Estado impone a los usuarios formas de asociación. se ha generado cierto consenso en torno a la necesidad de generar un marco jurídico más avanzado que reconozca plenamente los derechos colectivos a los pueblos indígenas. ni cedidas a terceros en uso. Éstos aportan planteamientos normativos propios en torno a la gestión y disponibilidad de los recursos hídricos. como ocurre cuando el Estado o particulares disponen de recursos de los Pueblos Indígenas sin su consentimiento previo. dadas en comodato. que por lo general son objeto de presiones ilegítimas e inequidad en el trato (Gentes. gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas. que establece claramente que las tierras indígenas “por exigirlo el interés nacional. favoreciendo el consenso y gobernabilidad en asociaciones estratégicas con otros grupos de usuarios del agua. en Chile. 2004). en otras. goce o administración”. particularmente del agua (Peña. la preservación de su hábitat. 2004). así como. y frente a la amenaza que representa la mercantilización de recursos naturales como el agua. salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia” y luego “las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas. comparten en mayor medida un modelo de desarrollo que debe respeto a los derechos ambientales de todos (Vergara et al. el retraso en el
. gravadas. ni adquiridas por prescripción. sin ser Pueblos Indígenas. 2004). su participación efectiva en las decisiones que conciernen dichos recursos. La tendencia es reconocer a los Pueblos Indígenas sus derechos específicos que garanticen la autogestión y propiedad indígena sobre los mismos. distribución y autoridad que agravan la monopolización del agua y la exclusión de los que la necesitan más. con miras a evitar los abusos que el ejercicio de tal derecho puede significar para el medio ambiente. éste derecho es complementado por normas de protección especiales instauradas en el Art. En lugar de fomentar estas alianzas estratégicas locales en pro del desarrollo sustentable del recurso hídrico. En este escenario y sus incertidumbres. 13 de la Ley Indígena de 1993. libre e informado.
En atención a dicha consideración el Derecho Internacional reconoce la existencia de derechos específicos a Pueblos Indígenas. es necesario aclarar algunos conceptos que nacen del estudio de estos derechos en el ámbito internacional y que en la actualidad constituyen las bases jurídicas y estándares éticos mínimos para el reconocimiento de derechos específicos a los Pueblos Indígenas en los ordenamientos jurídicos internos y su implementación en las políticas públicas de fomento al riego. ONU. que estos derechos son de naturaleza eminentemente colectiva. 2008). han sido reconocidos los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 1989). Los escasos monitoreos locales. también. la falta de acceso a la justicia y la consiguiente impunidad frente a los impactos ambientales y socio culturales. control y gestión de la política hídrica “nacional”. por sobre el interés que tienen las poblaciones locales indígenas. que sienten peligrar sus modos de existencia.
Naturaleza jurídica y dimensión colectiva de los derechos indígenas
El reconocimiento de derechos a Pueblos y Naciones. han llevado a que una importante parte de la población más directamente afectada por las políticas públicas (o su carencia) no tenga confianza en las instituciones del Estado en su calidad de responsables legales de la definición.saneamiento y la situación de precariedad generalizada es muy preocupante. como entidades colectivas diferenciadas del Estado.2. se han promovido procesos de descentralización y.2.1. En el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT. 1948 y Vergara et al. En el orden internacional. Los derechos colectivos más relevantes que les han reconocidos son: el derecho a la libre determinación. 1996). emerge de la constatación de que el derecho de los individuos pertenecientes a estos pueblos o naciones no son adecuadamente resguardados si no se les reconoce una amplia gama de derechos colectivos que garantizan su pertenencia a dichos Pueblos o Naciones (Kymlicka. y como un contrapeso. de autodeterminación como alternativas más eficientes para asegurar la “gobernanza” social y ambientalmente sustentable de los recursos hídricos (Vergara et al. Para introducir la perspectiva de los Derechos Indígenas en el marco de la gestión del Agua.
1. en particular aquellos
. la protección física y cultural de grupos étnicamente diferenciados a través de la prohibición del genocidio. Han vivido en carne propia la tendencia a privilegiar grandes poderes económicos interesados en el desarrollo de industrias extractivas multinacionales. Naciones y otros colectivos culturalmente diferenciados y establece. los Pueblos Indígenas han obtenido el reconocimiento de derechos colectivos en los principales instrumentos de Derechos Humanos. 1996a. los derechos ambientales o ecológicos y el derecho al desarrollo (ONU. En estas condiciones. asimismo. 2008).
utilizados o dañados sin su consentimiento libre. así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. y la aprobación de proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos. la compensación.
. además. ocupados. previo. poniendo énfasis en la importancia integral de la relación de los Pueblos Indígenas con su patrimonio territorial y en la necesidad de resguardar los aspectos colectivos de esa relación y. 2007). respetando para ello sus costumbres y tradiciones (ONU. particularmente aquellos relacionados con “…el desarrollo. y cuando ello no sea posible. territorios y recursos. desarrollar y controlar las tierras. Ello no obsta. hídricos o de otro tipo” (ONU. y como una consecuencia de la libre determinación. el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. económica.” Además. utilizar. e informado” (ONU. Recientemente ha sido adoptada la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización.” A través de esta disposición. y a mantener y desarrollar sus estructuras institucionales y costumbres o sistemas jurídicos. La Declaración reconoce a los pueblos indígenas además. al derecho que estos pueblos mantienen a “…participar plenamente en la vida política. en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales (ONU. y el derecho de autonomía o al autogobierno. la utilización o explotación de recursos minerales. por las tierras. 2007). Sociales y Culturales de la ONU (1966b). tomados.referidos a los derechos de los Pueblos Indígenas a las Tierras y Territorios. En el mismo sentido este instrumento establece la obligación de los Estados de dar a los pueblos indígenas reconocimiento y protección jurídica sobre estas tierras. Dispone además el derecho de los pueblos indígenas a la reparación. 2007). territorios y recursos que les hayan sido “confiscados. la Declaración dispone que los pueblos indígenas tienen el derecho “…a poseer. Entre las decisiones que de acuerdo a ella requieren de tal consentimiento se encuentran su traslado desde sus tierras y territorios. incluyendo la restitución. teniendo como límite para el ejercicio de estos derechos los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional. previo e informado antes de que los Estados adopten decisiones que les afectan. el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones. 2007). incluyendo la libre determinación. la Declaración dispone el derecho de los pueblos indígenas a que se obtenga su consentimiento libre. se está reconociendo en forma expresa el derecho de propiedad indígena basado en la propiedad ancestral sobre sus tierras territorios y recursos. estos últimos. de acuerdo a su Artículo 5. el derecho a definir su propio desarrollo. aquellas de carácter legislativo y administrativas que les afecten. social y cultural del país. En materia de derechos territoriales. y entre los derechos más importantes reconocidos a los pueblos indígenas cabe destacar los de carácter político. derecho reconocido en términos muy similares a como lo hace para todos los pueblos el Articulo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos.
la Corte analiza los derechos de participación efectiva desde los planes de inversión o desarrollo. social. 2002). Así indica que: “Un examen de los tratados pertinentes. sociales y económicas” (CIDH. espiritual y político. de la legislación y la jurisprudencia relevante. En una interpretación progresiva. como
. libre e informado. De acuerdo a lo expresado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ha reconocido la naturaleza colectiva de los derechos indígenas en base a la relación colectiva que los liga a sus tierras y territorios y que garantiza su supervivencia cultural y económica. la misma Corte Interamericana ha reconocido que el ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de los Pueblos Indígenas supone no sólo reconocer su dimensión colectiva sino que. Pronunciándose respecto a la naturaleza jurídica de los derechos indígenas. en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. su integridad y su supervivencia económica. su vida espiritual. afectada por los impactos de una Central hidroeléctrica en su territorio ancestral. además. el derecho de consulta previa. y c) estudios de impactos ambientales y sociales. inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras” (CIDH. los Estados están obligados a asegurar tres garantías: a) la participación efectiva en los planes de inversión o desarrollo. 2008). técnicos e independientes (Vergara et al. 2001). Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente. Al respecto la Corte Interamericana ha indicado lo siguiente: “Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra. culturales. La Corte Interamericana en un caso que involucra a la comunidad indígena de Saramaka con el Estado de Surinam (abril. establece que antes de dar concesiones que en la práctica van a restringir de algún modo los derechos territoriales o el modo de vida de los pueblos. la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. cultural. Asimismo lo es el derecho al consentimiento. considerarlos en su propio contexto histórico. b) beneficios razonables para los pueblos o comunidades afectadas. revela la evolución a lo largo de más de 80 años de normas y principios de derechos humanos particulares aplicables a las circunstancias y al tratamiento de los pueblos indígenas.Los Derechos Indígenas también han sido resguardados como derechos colectivos por la Jurisprudencia Internacional. económico. Elemento central de estas normas y principios es el reconocimiento que la garantía del pleno y efectivo goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas exige considerar su situación y experiencia históricas. el reconocimiento de la propiedad ancestral indígenas sobre la tierra y sus recursos naturales y la naturaleza colectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas es una categoría unánimemente aceptada por el derecho positivo internacional y la jurisprudencia. 2008).
También reconocen estos derechos territoriales. salvo la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.un proceso comunicativo continuo. incluido el agua. Sociales y Culturales (ONU. Asimismo. reconocen la relación que históricamente ha existido entre los Pueblos Indígenas y sus tierras. insta a los gobiernos para establecer mecanismos que permitan intensificar su participación activa en la formulación de políticas. y que no se les prive de sus medios de subsistencia.1966b). así como el conocimiento científico tradicional que tienen sobre sus tierras. el derecho a la subsistencia. 1966a) y del Pacto de Derechos Económicos. En este marco. el Estado no sólo esta obligado a la consulta sino a obtener el consentimiento libre. recursos naturales y medioambiente. el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ONU. el derecho de propiedad. y a posibilitar su involucramiento a nivel nacional y local en el manejo de recursos y estrategias de conservación. por ejemplo. y el derecho al consentimiento previo. como salvaguardas necesarias que los Estados están obligados a cumplir antes de cualquier concesión. no se ha pronunciado expresamente sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas al Agua.2. ambos documentos adoptados en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo. Finalmente. se ha pronunciado sobre el derecho de preferencia de los pueblos indígenas a las fuentes de aguas y el acceso a recursos hídricos necesarios para asegurar el riego que da sustentabilidad a sus actividades productivas de subsistencia (Vergara et al. se funda en el derecho de autodeterminación. La Corte establece que. informado y previo.
Los derechos indígenas al agua reconocidos en el derecho internacional
1. Pero si se ha pronunciado sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a los recursos naturales existentes en sus territorios y existe consenso de que esto incluye los recursos hídricos.1. que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. en los casos de planes de desarrollo o inversión de gran escala (megaproyectos). incluyendo en este concepto el medio ambiente de las zonas que ocupan tradicionalmente. 2008). la adopción de
. En primer lugar. la protección y preservación de sus formas de vida y cultura y el derecho al desarrollo. en el derecho a la protección de su medio ambiente. En lo específico. libre e informado. leyes y programas relacionados con la ordenación de los recursos y otros procesos que puedan afectar a los Pueblos Indígenas. el derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Estos instrumentos.3. la Agenda 21 y la Convención de Biodiversidad de 1992. este instrumento compromete a los gobiernos a adoptar medidas específicas -incluyendo la ratificación de convenciones internacionales. reconocen el derecho de los Pueblos a que puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.
salvaguardándola de toda injerencia ilícita y contaminación. 2002). Adicionalmente. inciso j. en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de
. La observación general N° 15 (ONU. social y cultural que debe ser garantizado al amparo del Pacto Internacional de Derechos Económicos. ejerzan y controlen su acceso al agua. impone a los Estados una obligación específica de respetar. se señala. 2003). que el derecho al agua es un derecho económico. los niños. adoptada en el año 2002.políticas y leyes que "protejan la propiedad intelectual y cultural indígena. Por su parte. a través de la Observación General sindicada con el N° 15.con el fin de permitir un mayor control sobre sus tierras. los desplazados internos. como se señala. se garantiza el derecho preferente de las comunidades nómadas y errantes para acceder al agua potable en sus lugares de acampada tradicionales y designados (ONU. un manejo de sus propios recursos. Los Estados. Sociales y Culturales. ONU. En lo que respecta a este documento. los grupos minoritarios. consagra el derecho de los pueblos indígenas para acceder al agua en sus tierras ancestrales. el Convenio sobre la Diversidad Biológica. deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen. cabe resaltar la consagración de derechos preferentes a comunidades locales rurales sobre sus fuentes tradicionales de agua. adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. preservar y mantener los conocimientos. en términos generales. El Derecho Indígena al agua ha sido reconocido expresamente por las Naciones Unidas. los refugiados. imponiendo a los Estados Partes el deber de garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas (ONU. y la participación en decisiones que les afecten. las que también deben ser protegidas de toda trasgresión y contaminación ilícita. los presos y los detenidos a quienes les reconoce el derecho básico al agua potable. a través de la cual se establece. que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia”. 2002) otorga especial protección a las personas y grupos más vulnerable. en particular las mujeres. los trabajadores migrantes. incluida la participación en el establecimiento o la ordenación de áreas protegidas. 1966b). en Río de Janeiro en 1992. los solicitantes de asilo. los Pueblos Indígenas. También. y el derecho de las poblaciones indígenas de preservar sistemas y prácticas consuetudinario administrativas" . 1966b. artículo 8. las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Sociales y Culturales (ONU. Este fundamento jurídico incorpora al debate la dimensión de derechos colectivos que corresponde a la perspectiva de los derechos indígenas y que se sustenta jurídicamente. La observación vincula el ejercicio del derecho al agua a la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana es coincidente con la tendencia que han asumido los instrumentos especializados en derechos de agua. Como se señaló en los acápites precedentes. consagra el derecho preferente de las comunidades locales rurales sobre sus fuentes tradicionales de agua y el de los pueblos indígenas para garantizar el acceso a agua en sus tierras ancestrales. Sociales y Culturales (ONU. 2008). donde ha sido reconocido el derecho de todos los pueblos a disponer de sus recursos naturales para garantizar su propia estrategia de desarrollo.
. 1966b) y en el mismo precepto de su homólogo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en la Observación General N° 15. Asimismo. en el marco de reconocimiento del derecho de autodeterminación que dichos instrumentos reconocen a todos los pueblos. salvaguardándolas de toda injerencia ilícita y contaminación. cuando se trata de regular los derechos indígenas sobre sus aguas territoriales. Sociales y Culturales. ejerzan y controlen su acceso al agua (Vergara et al. el Comité sobre Derechos Económicos.Derechos Económicos. insta a los Estados para facilitar recursos financieros que permitan que los pueblos indígenas planifiquen.
sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas. Más aún. La propia autoridad en materia de aguas. sin perjuicio del uso consuetudinario económico y cultural que efectúan en ellos las diversas comunidades indígenas”. los niveles de agua eventualmente bajarían de forma sustancial (RIDES. si se llega a extraer la totalidad de los caudales otorgados (sea para la producción o su venta. 2005).
. la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas”. Complementariamente el artículo 68 del Código de Aguas señala que “no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y de los llamados bofedales en las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta. sujetándose a las normas que establezca la Dirección General de Aguas”. señalaba a fines de la década de los noventa que los derechos constituidos de una zona del salar de Atacama sobrepasaban los recursos renovables. No obstante lo anterior. “cualquiera persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas. En específico la Resolución DGA 909 de Noviembre de 1996. no existe una organización público-privada que realice la vigilancia de las extracciones de agua en la cuenca del Salar de Atacama. entre ellos el Salar de Aguascalientes IV (CONAMA.CONCLUSIONES Llama la atención que si bien es cierto existe una Estrategia Regional de Biodiversidad. DGA (1999). entre ellos la red de lagunas y salares altoandinos. la cuenca del Salar de Atacama no posee sitios de Conservación de la Biodiversidad (DGA. De acuerdo con el Artículo 58 del Código de Aguas. la protección de los humedales citados. no se conocen estudios oficiales que muestren los efectos de la extracción de agua subterránea sobre los ecosistemas hidrobiológicos identificados. Sólo se contemplan cinco sitios prioritarios. Una amenaza adicional al manejo sustentable de la cuenca es que los derechos de aguas concedidos están muy por encima de las cantidades extraídas actualmente (RIDES. la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas”. 2005). El mismo artículo señala que “no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y de los llamados bofedales en las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta. en dónde se señala el listado de vegas y bofedales existentes y se declaran identificadas y delimitadas las zonas que corresponden a acuíferos que alimentan a dichos ecosistemas. cuando ésta genere rentabilidad). 2002). Así. la cual reconoce la existencia de tres ecosistemas regionales de alta importancia. sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas. De tal manera que. 2004). el año 1996 la Dirección General de Aguas publica los estudios correspondientes. pues ellos sustentan ecosistemas únicos y frágiles que se hace necesario conservar y preservar. Especial atención se tiene en uno de sus considerandos en el cual se indica que: “la identificación y delimitación de las referidas zonas tienen como propósito.
con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento. En otras palabras relega al Estado sólo una función planificar el desarrollo del recursos en sus fuentes naturales. y que orienta su acción a las tareas y reguladoras.840. La función estatal en materia de aguas se basa en una Política de subsidiaridad. A ellas. El Código de Aguas vigente. ámbito en el cual su papel resulta fundamental”. y supervigilar el funcionamiento de las juntas de vigilancia (organizaciones de usuarios de aguas de fuentes naturales). lo cual no significa que no se generarán efectos nocivos para el ecosistema (RIDES. Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. de manera de no consumir más agua que la que en promedio se recarga al sistema. 2005). existen otras instituciones que participan del proceso de toma de decisiones sobre el recurso hídrico. de fomento y desarrollo en aquellas áreas que los privados no pueden asumir. el cual tiene un carácter sectorial y al que se le otorgan diferentes funciones relativas a las obras públicas fiscales y la coordinación de su ejecución6. investigar y medir el recurso. de 1964 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 206. Juzgados de Letras. y en una importante labor de promoción de la equidad social.
. coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15. en la década de los noventa existían al menos 12 agencias que se vinculan al manejo de aguas. 1999b) acevera que en el caso de Chile las tareas específicas que se le asignan al Estado y a los particulares resultan como consecuencia.De acuerdo a lo señalado por DGA (2010). Ahora bien. que no realiza aquellas tareas que pueden desarrollar los privados. el balance hídrico del salar de atacama indica que la escorrentía total efectiva de la cuenca del salar de Atacama es de 5. señalan que en el código de aguas queda establecido que no se desea que los funcionarios del Estado entren a planificar el uso del recurso. como por ejemplo la aplicación del Código de Aguas. Más aún. Es así como la Política Nacional de Recursos Hídricos (DGA. de 1960. Complementariamente. a imponer determinada técnica de manejo o a vigilar qué hace cada propietario con su derecho de aprovechamiento. ni acerca de las porciones que evaporan y menos sobre la interacción de estas dos. establece que la Dirección General de Aguas es el servicio público encargado de planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales. Tal como señala Pizarro et al (2000). se le asignan otras materias a su cargo. se podrían sumar otras instituciones no consideradas por el autor tales como Municipalidades. la misma publicación indica que se debe reconocer que no existe suficiente información para poder simular con certeza los procesos en el ciclo hídrico del Salar. No hay total certeza sobre las cantidades de agua extraídas. de “la concepción de un Estado subsidiario. Guzman y Ravera (1993). entre otros.6 m3/s. ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público. Este valor sería una indicación de la máxima agua disponible para ser eventualmente extraída en la cuenca. Este servicio es dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Articulo 1º del Texto refundido.
El primer esfuerzo para crear organismos de cuenca en la administración de los recursos hídricos en Chile. integrados por los usuarios de aguas. basada en pilares tales como la democracia deliberativa y la descentralización en la toma de decisiones. el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. las representaciones públicas del nivel central se establecen en regiones definidas administrativamente. como lo son las autoridades de cuenca. al igual aquellas relacionadas al agua. las agencias públicas en cada territorio mantenienen una alta dependencia estructural del nivel central. Más aún. es decir. En este sentido. Siguiendo con esta línea argumentativa. el año 2010 se incorporaron otras agencias públicas debido a la creación del Ministerio del Medioambiente. encargada de la gestión. Menos aún existen organismos de cuenca. organismos autónomos del sector privado. el Director General de Aguas de la
. Aún en carpeta se encuentra la implementación de los Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. es difícil que las agencias e instituciones ligadas al agua cuenten con autonomía que se pueda expresar en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos hídricos a nivel de cuenca. sin fines de lucro. Con esto. Según el mensaje que acompaña el proyecto de Ley. Diversos autores promueven “una nueva cultura del agua”. Con ello se puede observar que la función estatal en materia de aguas se encuentra atomizada. concepto a través del cual recomiendan que es necesario flexibilizar los criterios utilizados en los procesos de gestión de los recursos hídricos. No se consideraban otros actores sociales en la propuesta. administración y protección de las aguas. Por otro lado. se basaba en Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas. En Chile. 2005). el proceso de toma de decisiones también responde a dicha jerarquía. ni menos autónoma. Tal como indica el Informe de la Comisión Especial sobre Régimen Jurídico de las Aguas de la Cámara de Diputados (BCN. el sistema de administración propuesto. los municipios y los organismos públicos vinculados con los problemas indicados (BCN. fueron descartados al inicio del proceso de discusión de la reforma al código de aguas. En este contexto. predominando aún enfoques sectorialistas y mercantilistas que consideran al agua como un recurso más del mercado.Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. al interior de los ministerios y sus servicios competentes. Patricio Aylwin Azócar. las decisiones se encuentran inmersas en un contexto políticoadministrativo de “Estado Unitario”. si bien es cierto se realizaron algunos esfuerzos para descentralizar las decisiones en materia hídrica. dado que los resultados obtenidos muestran el deterioro social. dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados de la época. Soto (2006) señala que no existe una única autoridad. fue el año 1992 a través de un proyecto de Ley enviado por el entonces Presidente Sr. ambiental y económico de los territorios en conflicto. por lo que no existe una coincidencia a nivel de cuenca. 2005).
señaló que “se hizo una revisión. En la cuenca del Salar de Atacama no existe una organización que administre las aguas superficiales y subterráneas de manera conjunta. Estas organizaciones tienen como principal obligación fiscalizar que los repartos del agua se hagan conforme a derecho y a las instrucciones de su Directorio. y las Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas en cauces artificiales. Sólo los productores agrícolas están organizaciones en “asociaciones de regantes”.
1. Además. las organizaciones de usuarios de aguas captan. los diversos titulares no se encuentran organizados entre sí. respecto de las cuales no había suficiente maduración. El código de aguas vigente distingue tres tipos de organizaciones de usuarios de aguas. 2000). Éstos. no obstante su capacidad para resolver los conflictos entre sus usuarios es dispar. Las Juntas de Vigilancia son aquellas que se encargan de la distribución de las aguas en cauces naturales. para avanzar más rápidamente. es dable destacar que en el caso de las aguas subterráneas la declaración de un área de restricción por parte de la Dirección General de Aguas. por lo que la resolución de conflictos entre los distintos usos del agua no se resuleve al interior de las organizaciones. sin la participación de otros usos. dentro de su labor fiscalizadora.época.
. quienes cuentan con facultades de arbitraje. las organizaciones de usuarios de aguas históricamente han sido compuestas por usuarios de agua con fines agrícolas. como es el caso de las corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas”. Menos aún exite alguna organización-público privada que en el marco de la Ley realice la vigilancia de la explotación de los recursos hídricos de la cuenca y resuelva los conflictos que deriven de ella. Ahora bien. y se vio que era positivo seleccionar ciertas áreas. Por otra parte. 1993 y Pizarro et al. y además mantienen y financian las obras los sistemas a su cargo. conducen y distribuyen el agua conforme a derecho. da lugar ipso jure a una comunidad de aguas formada por todos los usuarios del acuífero comprendidos en ella. Aunque el sector minero es el mayor usuario de aguas de la cuenca. la función de distribución de las aguas la realizan organizaciones de usuarios (Guzman y Ravera. de carácter más urgente. De esta manera. a propósito de la eliminación de materias contenidas en el proyecto original de modificación del código de aguas. En Chile. dejando para un futuro proyecto materias más amplias y complejas.2. son la primera instancia para resolver conflictos en la distribución de agua entre sus asociados. tienen facultades para reunir al directorio.
Eso implica la creación y propagación de esquemas conceptuales. Además. desde el enfoque económico institucional. El mismo autor. sin considerar un contexto de mayor complejidad social. mostrando como en el caso Francés se produce una mutación analítica que incluye la gestión del patromonio como un punto de vista autónomo y explicativo. formas y coherencia social a la actividad humana mediante la continua producción y reproducción de habitos de pensamiento y acción. se considera a las instituciones como unidad de análisis. existe una creciente disponibilidad de estudios que analizan algunos aspectos económicos del agua y el mercado en Chile desde una perspectiva neoclásica. signos y significaciones aprendidas.
La perspectiva de la economía institucional como una aproximacion a la gestion del agua
En la actualidad. en cuanto imponen. la perspectiva de la economía institucional permite observar las reglas del juego establecidas para la gestión del agua en Chile. las instituciones se pueden entender como cierta manera de pensamiento o acciones con cierto predominio y permanencia. el análisis crítico del marco institucional Chileno. la aproximación económica neoclásica es insuficiente para comprender la gestión del agua. parcialmente.2. los estudios recientes no dan cuenta de cómo los hábitos y costumbres de los pueblos influyen en la toma de desiciones respecto al agua en los espacios territoriales que habitan. Así la gestión del agua puede entenderse también como una institución instaurada en la cultura de una comunidad. Más aún. cultural y ambiental. relaciones de intercambio instituidas y redes de información que deben ser explicadas (Hodgson. la economía patrimonial y la gestión patrimonial. el mercado se puede entender como una institución. en la cual los individuos responden a un modelo racional dado. las que según North (1990). De la misma manera. En Chile. Tal como indica Calvo-Mendieta et al (2006).1. ni menos libre de instituciones como lo representa el punto de vista neoclásico. los mercados no son una causa primera. entendiendo por tales a una parte reducida de agentes que participan de la gestión del agua. Adoptando lo indicado por Hamilton (1932). En este contexto. En palabras de Hodgson (1998). incrustada en los hábitos de un grupo o en las costumbres de un pueblo. en un contexto de gestión de los recursos hídricos complejo.1. modelan la interacción humana. señala que desde enfoque económico institucional. con normas sociales. De este modo. el enfoque comunmente aplicado carece de observaciones respecto a la relación entre economía y las instituciones existentes. 1998). puede permitir observar de una manera más compleja la respuesta de las instituciones ante un contexto
. existe una carencia de trabajos orientados a analizar otras referencias emergentes en materia económica del agua tales como el patrimonio común. costumbres.
y en particular sus efectos en la gestión del agua a nivel territorial. Suiguiendo a Latour (2004). De acuerdo a Echeverría y Gonzalez (2009). esto es. estructuras y reglas del juego que facilitan o limitan la articulación e interacción sociopolítica. respectivamente. la libertad y las necesidades. puede ocurrir que no sea ensamblado (Latour. 2008). científicos y tecnológicos sin presuponer las usuales distinciones (o dualidades) entre naturaleza y sociedad. las dificultades se han presentado al intentar conjugar la ciencia. cognoscitivos. supranacional) con el fin de estudiar patrones. modalidades de actores y niveles de gobierno (local. lo humano y lo no humano. etc. En este caso. En base a esta perspectiva. el mundo es como una red de acciones cuyos nodos. tecnología y sociedad en términos de flujo. universidades y empresas. el estudio de la gobernanza es multidireccional y se ha asociado a diferentes ámbitos. social e institucional duradero. mente y mundo. se ha recurrido a diferentes modelos de aproximación. o la manera de gobernar entorno al agua. y los productos resultantes de las mismas en términos de orden natural y social.
La perspectiva de la política de la naturaleza y el actor red para observar la gobernanza del agua
La Real Academia de la Lengua Española define gobernaza como “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico.
1.2. Uno de los problemas comunes en las perspectivas utilizadas habitualmente para describir la gobernanza del agua. Para observar la gobernanza del agua. la cual busca concebir las relaciones entre ciencia. medios y fines. Según Natera (2004). para analizar el término de “la gobernanza del agua”. la cual constituye una propuesta para analizar los procesos sociales. nacional. a veces cambiantes. subnacional. la teoría del actor-red se muestra útil para describir las complejas redes tejidas por centros de investigación. Los colectivos cuentan con una definición compartida de un mundo común. promoviendo un sano equilibrio entre el Estado. Así. instituciones.2. es la dificultad que se enfrenta al momento de conjugar la política y la ciencia. “humanos” o “no humanos”. Las “traducciones”
. la sociedad civil y el mercado de la economía”. se busca adoptar la perspectiva teórica Actor-Red (Latour. la acción (en este caso la gobernanza del agua) no es algo generado por un agente identificable como tal sino algo que se da dentro de una red de eventos y transformaciones cuya estructura se halla en constante cambio. la política y la naturaleza. pero si no existen procedimientos para lograr que ese mundo sea comun.nacional emergente de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. sin atender la comprensión que tienen los colectivos del mundo común y la naturaleza. señalada por Loredo (2009). son “actores” o “actantes”. 2008).
La cuenca es vista como un espacio (de organización) social delimitado por los nacimientos de los cursos de agua y las zonas altas que los protegen y nutren. étnicos. Sin embargo. marcan una “diferencia”. la gestión del agua incluye también una gestión del territorio. la incorporación de variables sociales y antropológicas. Esas relaciones son “asociaciones” que dan lugar a “colectivos”. transformación y disgregación constante de colectivos. lo que parece ser incuestionable desde la perspectiva medio ambiental.2.(las transformaciones. Este sistema territorial/cultural (re)conoce una estructura local de órganos y cargos comunales. Esto significa que instauran un nuevo curso de acción. Por ende. avanzando más allá de los conceptos de cuenca y/o de unidades jurídico administrativas de gestión hídrica. goce y disposición de los recursos (Gentes. 1. y extiende hasta donde llegan las aguas “naturalmente” y hasta donde se conduce el agua por los hilos construidos por las sociedades. esto es. ligado a una nueva estabilización en el seno de la red (lo que tradicionalmente se llamaba un hecho o un objeto). normas de coacción y sistemas de sanción y principios en base a los cuales se resuelven los conflictos derivados del uso. florezca el mayor número posible de cursos de acción (Loredo. reglas locales de conducta. redefinen estos criterios y evidencian la existencia de otros espacios territoriales definidos por elementos históricos. los cambios) ocurren cuando esos actores o actantes (que pueden ser seres humanos. cultural y social a la gestión de los recursos hídricos. Lo anterior. e incluyendo variables organizativas. diversos autores proponen trabajar en aquellas que inciden en la territorialidad del agua. culturales. organismos o cosas) “hacen hacer”. y de unos y otros entre sí. Una “cuenca social”. Tomando en consideración estas variables. 2006). Políticamente sólo importa la convivencia. culturales. Se puede decir que es una composición compleja de la cuenca geográfica y sus zonas de influencia determinados por los y las usuarios/as del agua. La perspectiva de la cuenca en lo social
En general se ha asumido que la cuenca es la unidad por excelencia para la gestión pública de los recursos hídricos. 2009). económicos. jurídicos y políticos.3. la cuenca es la unidad de planificación idónea del territorio. a través de la incorporación de variables históricas. económicas y ambientales. sociales. La gestión del agua forma parte integral de un sistema de manejo de un territorio. productivas y jurídicas que ilustran
. Dentro de la red pueden darse numerosas relaciones o conexiones entre humanos y no-humanos. mediante la formación. entendido como espacio geográfico en el cual se desenvuelve y se reproduce la cultura de una comunidad. Dentro de la gestión integrada de recursos hídricos. la búsqueda de un “mundo común” en el cual. entonces suele implicar un traslape de varias cuencas geográficas y redes de riego. cuya consideración otorga pertinencia étnica.
2006). coloniales. y consiguientemente la autonomía de hecho en materia de gobernanza hídrica.sobre el tema de la propiedad. historias y normas que forman la base para la toma de decisiones en cuanto a la distribución de los usos de recursos como el agua. En la actualidad. gestión. Si bien la dimensión ancestral está determinada por tradiciones. sequía y desertificación) (Gentes y Yánez. más que nada debido al desconocimiento generalizado de las normas y principios que rigen la materia tanto a nivel nacional como internacional. determinada por el uso ancestral del hábitat y la persistencia del concepto de comunidad y Pueblo Indígena. corresponde a la comunidad o en su caso al colectivo social. y a pesar de los intentos de la política pública por incorporar la variable étnica. modernos y distintos sistemas de normas (Yáñez y Poats. Dentro de estos sistemas persisten y se traslapan elementos tecnológicos precolombinos. lo cierto es que el tema de los derechos locales y/o indígenas sobre el agua no ha constituido una prioridad política. Como el territorio tradicional existe dentro de un territorio más amplio definido por el agua. La protección efectiva y defensa de los derechos indígenas. 2007). No obstante la convergencia de múltiples usuarios e intereses. La gestión del agua. uso y mecanismos de reasignación de las aguas en las cuencas que atraviesan los territorios indígenas. En función de la perspectiva territorial. instrumentos y acciones que. las negociaciones sobre destino del agua y redes de riego suelen no involucrar solamente intereses indígenas. parecieran estar lejos de alcanzarse. tomar las decisiones sobre el conjunto de los recursos naturales para definir cómo se usan y cómo se dispone de ellos. Frustran esta pretensión el régimen de derechos vigentes y la escasez hídrica (sobreexplotación. entendido como un espacio geográfico en el cual se desenvuelve y se reproduce la cultura de una comunidad o Pueblo indígena. 2007). el colectivo social o Pueblo Indígena. sino que giran sobre las relaciones y conflictos que pueden surgir respecto del manejo y distribución del agua entre un grupo de usuarios orientados por usos tradicionales y otro grupo (o grupos) guiado por reglas y deseos no colectivos o con fines comerciales. valores.
. 2007). indígenas. En este sentido la propuesta de (Hendriks. es que el único titular (sujeto) de facto de los derechos locales (de agua. El desafío es indagar en un sistema de principios. estructuren el derecho al agua. también se deben poner en valor las capacidades de innovación tecnológica y ambiental plasmadas en algunos de los complejos de riego indígenas del Norte de Chile y en el mundo andino en general (Terán. Este enfoque apunta a incorporar la perspectiva indígena para la identificación de las redes y los espacios territoriales y/o administrativos de gestión hídrica en que se desenvuelven. entre otros) debe ser la misma comunidad. según corresponda. fundados en las particularidades culturales y la gestión de las comunidades indígenas. forma parte integral de un sistema de manejo de un territorio. se aprecia la flexibilidad adaptativa que demuestran sus redes de riego.
Sólo de este modo se podrá superar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas a la hora de tomar decisiones sobre los recursos que les pertenecen.
. 2008). el reto consiste. entre otros aspectos. con un enfoque territorial ecosistémico que mire por el desarrollo de los Pueblos Indígenas basado en los Derechos Humanos. En la gestión local del agua. en garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas por medio de la organización de los diferentes actores sociales a nivel territorial y políticas fiscales e inversiones especiales que posibiliten dichos esfuerzos en el tiempo.Por lo tanto. entonces. sino de las demandas específicas y potenciales de colaboración de los grupos emergentes y vulnerables. particularmente los recursos hídricos (Vergara et al. el desafío consiste en diseñar bases normativas que aseguren la defensa y salvaguarda de los derechos indígenas en un marco jurídico adecuado para el desarrollo de políticas que favorezcan los mencionados procesos de gobernanza. El desafío para el Estado radica. en cómo orientar la oferta pública y estratégica hacia el diseño de políticas y programas participativos que no se decidan y modelen en función del contenido de la oferta.
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