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Timestamp: 2017-11-23 18:21:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 23']

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Sentencia T.S.J. Madrid 1088/2013 de 16 de octubre
ISD: Liquidación provisional. Comprobación de valores. Motivación de la valoración. Intereses de demora. Día inicial del cómputo de intereses. Se desestima.
NIG: 28.079.33.3-2010/0152557
Procedimiento Ordinario 675/2010 *
D./Dña. Ariadna
PROCURADOR D./Dña. SARA CARRASCO MACHADO
SENTENCIA No 1088
En la Villa de Madrid, dieciséis de octubre de dos mil trece.
La Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 675/2010 interpuesto por la Letrada de la Comunidad de Madrid, en representación de su Administración, frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 23 de diciembre de 2009, recaída en el expediente NUM000, en la reclamación deducida por doña Ariadna contra el resultado del expediente de comprobación de valores tramitado por el Impuesto sobre Sucesiones y contra la liquidación provisional NUM001 número de referencia NUM002.
Han comparecido en calidad de demandados, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, así como doña Ariadna, representada por la procuradora doña Sara Carrasco Machado.
Primero.—Admitido el recurso y previos los trámites oportunos se confirió traslado al Letrado de la Comunidad de Madrid por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito, presentado el 9 de marzo de 2011, en el que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se anule la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid confirmando la liquidación realizada por la Comunidad de Madrid.
Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de abril de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia por la que se desestime el recurso y se confirme en todos sus términos la legalidad de la resolución impugnada.
Por su parte, la representación de doña Ariadna presentó su escrito en fecha 19 de abril de 2012 en el que asimismo mostraba su oposición a la demanda, solicitando una sentencia desestimatoria del recurso con expresa imposición de costas.
Primero.—En su condición de obligada tributaria, doña Ariadna, con fecha 20 de diciembre de 2002, presentó autoliquidación por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como legataria de su tío don Marcelino, fallecido el 21 de diciembre de 2001, lo que dio lugar a que por la Comunidad de Madrid se practicase comprobación del valor de los bienes donados, con el resultado de apreciar un valor superior al declarado y girando, en consecuencia, liquidación provisional. Interpuesta reclamación económico-administrativa, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dispuso la anulación tanto de la comprobación, como de la liquidación, al apreciar insuficiente la motivación de la valoración.
En consecuencia, se practicaron nueva comprobación de valor y nueva liquidación provisional (NUM001 número de referencia 2002 S 028920), con exigencia de una deuda tributaria de 100.099,79 euros, de los que 82.309,99 corresponden a la cuota y 1.789,80 a los intereses de demora. Doña Ariadna volvió a formular reclamación económico-administrativa (expediente NUM000), que fue resuelta por la resolución del Tribunal Económico Administrativo de 23 de diciembre de 2009 y que constituye el objeto del recurso.
Segundo.—La resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid acuerda la estimación parcial de la reclamación « ordenando la anulación de la liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones reclamada en cuanto a los intereses de demora, debiéndose sustituir la liquidación por otra conforme a lo expresado en el cuerpo de esta resolución».
Tras recordar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 28-11-1997 para los casos de anulación de la liquidación del impuesto de sucesiones, así como en la de 17-12-2002, sobre intereses de demora, se declara en la resolución objeto del recurso que no procede liquidar intereses de demora por el tiempo transcurrido entre el final del plazo de presentación de la declaración y la primera liquidación que después fue anulada en aplicación de la doctrina sentada en los pronunciamientos mencionados, pero que, a partir de que la Administración ha determinado la base imponible y la cuota impositiva se deben aplicar los criterios generales sobre devengo de intereses, y de ser anuladas esas primeras liquidaciones, cuando se emitan nuevas liquidaciones en sustitución de las anuladas, deben incluirse intereses de demora, si bien, en el caso del Impuesto sobre Sucesiones, no desde el fin del plazo de declaración sino desde la fecha en que se emitió la primera liquidación y hasta la fecha en que se emite la nueva liquidación.
Tercero.—Radica la discrepancia de la Comunidad de Madrid con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en el punto relativo al devengo de intereses de demora. Al parecer del Letrado de la Administración autonómica, dicho ahora en síntesis, no resulta aplicable la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 17-12-2002, una vez que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos 26 y 129.3, ha establecido una completa regulación de los intereses de demora, y agudiza que el criterio del Tribunal Supremo contenido en la sentencia indicada - de la que resulta la improcedencia de exigir intereses de demora por la diferencia entre la cantidad inicialmente ingresada en virtud de autoliquidación y la resultante de la liquidación administrativa posterior- respondía a la ausencia de regulación al respecto, como la propia sentencia se preocupa de matizar, «en tanto no se regule legalmente y de modo completo la materia relativa a los intereses de demora de naturaleza tributaria».
Cuarto.—La doctrina del Tribunal Supremo ha venido declarando que no procede el devengo de intereses de demora a favor de la Administración Tributaria por la diferencia entre la cantidad ingresada y la resultante de la liquidación administrativa posterior a los supuestos de expedientes de comprobación de valores cuando se acude procedimiento de declaración-autoliquidación opcional. Esta doctrina se contiene en los pronunciamientos rememorados en la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid aquí recurrida, así como en las sentencias de 14 de septiembre de 2012 y los posteriores de 12 de julio de 2012 (RCUD 90/2009) 14 de septiembre de 2012 (RCUD 265/2010) y 17 de septiembre de 2012 (RCUD 414/2010). La clave de este criterio estriba en la siguiente argumentación: en aquellos impuestos en los que sea posible optar por la liquidación administrativa o por la autoliquidación para el pago, si el contribuyente declara los hechos correctamente, los valora acertadamente, aplicando alguno de los medios de comprobación, contemplados y admitidos por el artículo 52 de la Ley General Tributaria, y practica la correspondiente autoliquidación, pero la Administración entiende, de conformidad con una pura y simple diferencia interpretativa, que debe corregir dicha autoliquidación, no cabe exigir intereses de demora, porque tanto se siga el procedimiento de declaración administrativa, como el de declaración - autoliquidación, el tiempo que transcurra hasta la liquidación, en el primer caso, o hasta la liquidación provisional de rectificación en el segundo, ha de conceptuarse como supuesto similar al de "mora accipiendi". Y es que, según el Tribunal Supremo, no puede aislarse el procedimiento de declaración administrativa opcional, de su alternativa de declaración - autoliquidación, pues si el contribuyente hubiera optado por el primero no habría realizado ingreso alguno hasta que la Administración Tributaria le practicara la liquidación, y supuesto a efectos dialécticos el mismo plazo, el contribuyente no tendría que pagar interés de demora alguno, y por una razón de elemental congruencia, tampoco tiene que pagarlo cuando opta por el procedimiento de declaración - autoliquidación, más favorable para la Administración Tributaria.
Ciertamente estos pronunciamientos se refieren a supuestos en que era de aplicación la Ley General Tributaria de 1963, pero no cambian las cosas con la regulación contenida en la Ley 58/2003, cuyo artículo 23 se ocupa de los intereses de demora, como explicamos a continuación.
El número 5 del citado artículo 23, que resultaría el aplicable al caso examinado, tiene el siguiente contenido:
« En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución».
Por más que haya sido practicada nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada por resolución administrativa o judicial otra anterior, lo que constituye el supuesto contemplado en el apartado 5 mencionado, y al que aparentemente se anuda la exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación, sucede, aun así, que carece de previsión cuál haya de ser la fecha del inicio del cómputo para los casos - como aquí ocurre -en los que es opcional la declaración y la declaración-autoliquidación, lo que se comprueba del contenido del apartado 2 del artículo 23, al que reenvía el número 5 en su segundo párrafo.
En efecto, el número 2 del artículo 23 prescribe los supuestos en que es exigible el interés de demora y contempla, entre otros, los dos siguientes:
« a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo».
Cabe notar aquí que el resto de los supuestos que prevé el apartado 2 del artículo 23 de la Ley General Tributaria carecen de interés para el caso.
Pues bien, a la vista de los enunciados del apartado 2 en que hemos fijado nuestra atención, de inmediato se advierte que para los supuestos como el examinado, de régimen opcional para el contribuyente de declaración o de autoliquidación, persiste en la Ley General Tributaria de 2003 la misma falta de previsión o regulación al respecto del día inicial del cómputo de intereses, y como consecuencia de ello alcanzamos la conclusión de que no ha perdido virtualidad la doctrina en que se respalda la resolución recurrida y en la que no vamos a insistir.
Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración de la Comunidad de Madrid contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 23 de diciembre de 2009, recaída en el expediente NUM000, en la reclamación deducida por doña Ariadna contra el resultado del expediente de comprobación de valores tramitado por el Impuesto sobre Sucesiones y contra la liquidación NUM001. Sin costas.
Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se hará saber que, en el plazo de 10 días, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.