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Timestamp: 2018-05-27 23:43:27
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Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO-LEY 2/2013, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LAS PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN (BOCYL DEL 22)
Art. 3. Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de Castilla y León
Art. 4. Prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria
Art. 5. Atención prioritaria a las situaciones de desahucio de vivienda en régimen de alquiler
Art. 6. Servicio de distribución coordinada de alimentos
Art. 7. Fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social
Art. 8. Reglas excepcionales de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía
Primera. Coordinación de medidas y recursos
Segunda. Planes regionales de empleo
Primera. Prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de noviembre de 2013, dispone:
Artículo 1. Objeto.—1. El presente decreto-ley tiene como objeto establecer, en el ámbito de los servicios sociales, medidas de carácter urgente dirigidas a responder de forma coordinada e integral a la actual situación de extraordinaria dificultad económica y social por la que atraviesan las personas y familias en Castilla y León, que puede afectar al libre ejercicio de derechos constitucionales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—1. Este decreto-ley será de aplicación, en los términos que se establecen, a las personas y unidades familiares de la Comunidad de Castilla y León, así como a quienes se encuentren en su territorio que por circunstancias derivadas de la coyuntura económica general hayan sufrido una alteración significativa en su situación socioeconómica que les conduzca a un estado de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social.
Artículo 3. Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de Castilla y León.—1. El Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de Castilla y León, que forma parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, tiene como fin prevenir la exclusión social que puede generar la pérdida de la vivienda habitual, como consecuencia de situaciones coyunturales que dificultan o impiden el pago de la deuda hipotecaria. A la consecución de este fin, se orientan las siguientes funciones:
Artículo 4. Prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria.—1. Se establece una ayuda económica extraordinaria, dirigida a atender de forma temporal y continuada, mientras dure la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual, al objeto de evitar la pérdida de ésta, previa valoración técnica que se realice al efecto.
Artículo 5. Atención prioritaria a las situaciones de desahucio de vivienda en régimen de alquiler.—A los efectos del reconocimiento de la prestación esencial destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, tendrá la consideración de situación prioritaria la de aquellas personas y unidades familiares que, teniendo a todos sus miembros en situación de desempleo, se encuentren, según informe técnico, en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en régimen de arrendamiento y carezcan de medios para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia.
Artículo 6. Servicio de distribución coordinada de alimentos.—1. El Servicio de distribución coordinada de alimentos, integrado dentro del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, tiene como fin la gestión y distribución eficiente de alimentos en Castilla y León. La Consejería competente en materia de servicios sociales, a través de este servicio, garantiza el reparto ordenado entre las entidades públicas y privadas comprometidas con el mismo y el acceso de todos los ciudadanos que lo precisen a una alimentación básica, suficiente y adecuada a las necesidades de las personas.
Artículo 7. Fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.—1. Se crea el fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, bajo la dependencia de la Consejería competente en materia de servicios sociales, como instrumento de participación social, constituido por recursos de naturaleza dineraria y no dineraria, procedentes de la aportación voluntaria y no lucrativa de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con destino apoyar acciones coordinadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social.
Artículo 8. Reglas excepcionales de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía.—A los efectos de acceder a la prestación prevista en la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, de forma excepcional, con la vigencia prevista en la disposición final tercera, apartado 2, se aplicarán las siguientes reglas específicas:
1. Podrá reconocerse un máximo de dos prestaciones de renta garantizada de ciudadanía por domicilio, excepto en aquellos supuestos en los que en alguna de las unidades familiares o de convivencia existentes en el domicilio, concurra una situación de violencia de género, desahucio o fuerza mayor, debidamente acreditada.
2. Podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía quienes tengan una edad comprendida entre los veinticinco años y la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas, siempre que quede acreditado el empeoramiento coyuntural de su situación socioeconómica, sin perjuicio de las excepciones previstas en los apartados 3 y 4.
3. Podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía las mujeres, ya sean menores emancipadas o mayores de edad que no hayan cumplido 25 años, que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
Igualmente, podrán solicitarla las mujeres víctimas de violencia de género que, habiendo vivido de forma independiente, regresen temporalmente al domicilio de su familia de origen, como consecuencia del empeoramiento coyuntural de su situación socioeconómica. Esta circunstancia se deberá acreditar mediante el correspondiente informe técnico. Una vez reconocida la prestación, entre las obligaciones que se establezcan, deberá incluirse el compromiso de reiniciar el proceso de vida independiente.
También podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía, las mujeres que, por circunstancias socioeconómicas sobrevenidas, residan en centros de acogida para víctimas de violencia de género o abandono familiar, o en otros centros específicos destinados a la atención de problemáticas sociales asociadas a las referidas situaciones.
Cuando la persona solicitante tenga la condición de víctima de violencia de género y sea beneficiaria del programa de renta activa de inserción por la citada causa, tendrá derecho a percibir los complementos por cada restante miembro de la unidad familiar o de convivencia, siempre y cuando concurran el resto de requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.
4. Podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía las personas menores emancipadas y las mayores de edad que no alcancen los 25 años, cuando los miembros de su familia de origen, con los que conviva, ingresen en un centro penitenciario o en cualquier otro centro que cubra sus necesidades de subsistencia. En estos casos, para el cálculo de cuantía de la prestación se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad familiar o de convivencia.
5. En los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.
6. En el caso de solicitantes que como consecuencia del empeoramiento coyuntural de su situación socioeconómica, estén alojados en espacios que no sean susceptibles de ser reconocidos como viviendas, a efectos de cumplir el requisito de empadronamiento bastará con acreditar dicha situación en el informe social correspondiente, en el que se deberá justificar, asimismo, la permanencia en algún municipio de Castilla y León durante, al menos, un año de antelación a la presentación de la solicitud de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.
7. Podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía quienes, reuniendo el resto de requisitos, se encuentren en edad de trabajar y estén inscritos como demandantes de empleo en la provincia de residencia en la fecha de presentación de la solicitud. A estos efectos, no será requisito necesario el de estar inscrito, en su caso, bajo la modalidad de mejora de empleo.
La inscripción como demandante de empleo no será exigible para aquellos miembros de la unidad familiar o de convivencia que estén cursando una actividad formativa reglada o sean cuidadores familiares de personas dependientes beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, prevista en el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y tengan suscrito convenio al efecto con la seguridad social.
8. A los solicitantes de la prestación de renta se les aplicarán las siguientes reglas de cómputo de patrimonio:
a) Quedan excluidos del cómputo los bienes inmuebles declarados oficialmente en estado de ruina.
b) En los municipios con menos de 2.000 habitantes, estarán exentos de cómputo los terrenos rústicos cuyo valor catastral sea inferior a 6.000 € y se limitará el computo al 50% de los demás bienes inmuebles con el mismo límite de valoración catastral. El cálculo se realizará únicamente sobre el patrimonio imputable a cada miembro.
c) Se excluirán del cómputo patrimonial las viviendas de mujeres víctimas de violencia de género, durante el primer año de la percepción de la prestación cuando aquéllas hayan tenido que abandonar su domicilio por este motivo y residan temporalmente en otro que no sea de su propiedad, previa justificación mediante informe técnico, pudiéndose prorrogar esta exclusión por otro año de forma motivada.
d) Se excluirán del cómputo de valoración patrimonial los vehículos a motor cuyo valor, calculado según lo dispuesto al efecto en el reglamento de desarrollo de la Ley de renta garantizada de ciudadanía, sea inferior a 5.000 €. En el caso de que los miembros de la unidad familiar sean titulares de varios vehículos, esta exención se aplicará únicamente al de mayor valor que no supere dicha cuantía.
Asimismo, los vehículos adaptados para personas con discapacidad, estarán excluidos de la valoración patrimonial hasta un máximo de 10.000 €, cantidad que se actualizará anualmente según la evolución del IPC.
e) Quedarán excluidos del cómputo patrimonial los productos financieros que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares, siempre que hayan ejercitado las acciones oportunas en vía judicial o en su caso, extrajudicial.
9. A los solicitantes de la prestación de renta garantizada de ciudadanía se les aplicarán las siguientes reglas en el cómputo de ingresos:
a) Quedarán excluidas las pensiones compensatorias y/o de alimentos reconocidas judicialmente en el caso de que no hayan sido satisfechas, siempre que exista reclamación judicial.
b) Quedan excluidos los ingresos procedentes de actividades laborales desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a 426 € en dicho período. Esta exclusión del cómputo de ingresos se mantendrá durante un período máximo de veinticuatro meses, a contar desde que se inicie la actividad laboral retribuida, pudiéndose prorrogar mediante informe técnico por una anualidad más.
c) Cuando los rendimientos del trabajo por cuenta propia determinados conforme a las reglas de valoración que resulten de aplicación para el cálculo de los ingresos a efectos del reconocimiento de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, fueran inferiores al importe de la base de cotización a la seguridad social en el mes de la solicitud, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.
d) Se excluirán del computo todo tipo de ayudas sociales, finalistas y de carácter no periódico, ya sean de naturaleza pública y/o privada, percibidas por cualquiera de los miembros de la unidad familiar beneficiaria.yxy10. Al objeto de determinar la cuantía correspondiente de la prestación a reconocer, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Cuando exista una unidad familiar o de convivencia que cuente con ingresos que deban ser computados para la determinación final de la cuantía y se satisfagan periódicamente cantidades en concepto de arrendamiento de vivienda habitual o en concepto de adquisición de vivienda protegida de promoción directa, la cuantía de la prestación se incrementará en las cantidades satisfechas por tales motivos hasta el máximo que, en cada caso, corresponda. En estos casos, deberán estar al corriente del pago, según el caso, del alquiler o de la cuota hipotecaria durante el tiempo que la unidad familiar sea beneficiaria de la prestación.
b) Cuando una unidad familiar o de convivencia, que cuente con ingresos que deban ser computados para la determinación final de la cuantía, satisfaga periódicamente cantidades en concepto de prestación de alimentos y/o pensión compensatoria, la cuantía de la prestación se incrementará por las cantidades satisfechas por este motivo hasta el máximo que, en cada caso corresponda.yxy11. Sin perjuicio de las previstas en la normativa reguladora de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, serán causas de denegación y/o de extinción las siguientes:
a) La ocultación y/o falseamiento de datos relevantes para el reconocimiento de la prestación, así como la actuación fraudulenta para su obtención.
b) Estar cualquiera de los destinatarios en situación de excedencia voluntaria, siempre que ésta no proceda de una anterior de cuidado de familiares.
c) Será causa de denegación de la prestación, abandonar el territorio de la Comunidad de Castilla y León cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas.
d) Será causa de extinción, el abandono por el titular de la prestación, o en su caso, del cónyuge o persona unida a él en relación análoga la conyugal, del territorio de la Comunidad de Castilla y León por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas.
Disposición adicional primera. Coordinación de medidas y recursos.—La Red de Protección.
Disposición adicional segunda. Planes regionales de empleo.—En los planes de empleo que acuerde la Administración de la Comunidad deberá incluirse financiación para contratar personas en situación de vulnerabilidad, preferentemente, a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, entre otros colectivos.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de procedimientos.—Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto-ley que se vean afectados por lo dispuesto en él, se tramitarán conforme a la presente regulación.
Disposición final primera. Prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto-ley, para la concesión de la prestación prevista en el artículo 4, será de aplicación la normativa reguladora de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional segunda. Habilitación normativa.—Se autoriza a la Junta de Castilla y León y al titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, para dictar cuantas disposiciones y medidas sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente decreto-ley.
Disposición adicional tercera. Entrada en vigor y vigencia.—1. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
2. La medida establecida en el artículo 4 mantendrá sus efectos durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley. Las medidas previstas en los
Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre. Adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León
artículos 5 y 8 mantendrán su vigencia mientras que el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Castilla y León no experimente un incremento superior al 2% anual, y en todo caso, mientras subsistan las circunstancias que justifican la adopción de las mismas.