Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-2-marzo-2017-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-negativa-registrador-mercantil-bienes-muebles-burgos-inscribir-escritura-apoderamiento-25050540
Timestamp: 2017-04-28 16:05:07
Document Index: 70796211

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 258', 'artículo 218', 'artículo 152', 'artículo 261', 'artículo 370', 'artículo 368', 'artículo 362', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 106', 'artículo 223', 'artículo\n119', 'artículo 370']

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de apoderamiento. | Iberley
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de apoderamiento., - Boletín Oficial del Estado, de 17 de Marzo de 2017
Jurisprudencia Sentencia Administrativo Nº 1121/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 382/2014, 11-12-2015 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 1121/2015
Num. Recurso: 382/2014
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Num. Sentencia: 1635/2007
Num. Recurso: 656/2004
Sentencia Administrativo Nº 10676/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 982/2006, 23-09-2008 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 10676/2008
Num. Recurso: 982/2006
PRIMERO.- La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid impugna en este recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 20 de diciembre de 2005, estimatoria de la reclamación económico administrativa formulada contra la liquidación que le fue girada por la referida corporación en concepto de Recurso Cameral Permanente del año 2003, en relación con las cuotas líquidas en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, por importe de 7,52 euros. L... Sentencia Administrativo Nº 568, TSJ Galicia, Rec 1-183, 09-05-2001 Órden: Administrativo
Garcia Llovet, Enrique
Num. Sentencia: 568
Num. Recurso: 1-183
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE DENEGACIÓN DE
La parte recurrente impugna la resolución desestimatoria
de beca. Las Bases de la convocatoria contemplan una exclusión general, en
razón del patrimonio, que atiende al patrimonio de bienes muebles afectos a una
actividad profesional o comercial de un miembro de la unidad familiar. Pero la
denegación de la beca, en realidad del elemento ayuda compensatoria como parte
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Sentencia Administrativo Nº 217/2005, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1490/2001, 24-02-2005 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 217/2005
Num. Recurso: 1490/2001
El TS desestima el recurso interpuesto por la entidad recurrente contra la resolución que desestimó la reclamación que interpuso contra la liquidación resultante de acta suscrita en disconformidad en concepto de Impuesto sobre Sociedades. Se trata de determinar si los rendimientos y los gastos suprimidos por la Inspección correspondían a la actividad profesional personal de una persona, socia con una participación del 80% y administradora única de la sociedad recurrente o ...
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... Contrato para la realización de actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente. (Modelo II) Fecha última revisión: 03/06/2016 NOTA: El contrato para la realización de actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente deberá formalizarse siempre por escrito y ser registrado en la ofician pública correspondiente por el TRAED en el plazo de 10 días siguientes a su firma, comunicando al cliente dicho registro en el plazo de los 5 días hábiles siguientes (RD 197/2009, de 23 de febrero).
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Auditores y Consultores, S. L.», contra el contenido de la
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En el recurso interpuesto por don Bernardo Vargas Gómez,
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representación de la sociedad «Construcciones Jacinto
Lázaro, S.A.», contra la negativa del registrador
Mercantil y de Bienes Muebles de Burgos, don Ramón Vicente
Modesto Caballero, a inscribir una escritura de apoderamiento.
septiembre de 2016, número 2.853 de protocolo, don J. L. G.,
como administrador único de la sociedad
«Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.»,
otorgó un poder en favor de doña S. L. C.
Entre otras actividades incluidas en el objeto social figura la
siguiente: «A).- El asesoramiento, estudio, confección
y realización de toda clase de proyectos
urbanísticos, mediante la intervención de los
titulares correspondientes cuando sea preceptivo....».
El día 15 de noviembre de 2016 se presentó copia
autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Burgos, y
fue objeto de la calificación negativa que, a
continuación, se transcribe: «Ramón Vicente
Modesto Caballero, Registrador Mercantil de Burgos, previo el
consiguiente examen y calificación, de conformidad con los
Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la
fundamentos de Derecho: Hechos: Diario/Asiento: 79/2949 F.
presentación: 15/11/2016 Entrada: 1/2016/4.204,0 Sociedad:
Construcciones Jacinto Lázaro SA en liquidación
Autorizante: Martínez Pantoja, Julián Protocolo:
2016/2853 de 16/09/2016 Fundamentos de Derecho (defectos) 1.- Dado
que las actividades de «El asesoramiento, estudio,
confección y realización de toda clase de proyectos
titulares correspondientes cuando sea preceptivo.» contenidas
en el apartado A) del objeto social, inscrito desde su
constitución -8 de junio de 1992-, hacen referencia a
actividades profesionales en los términos del
artículo 1.1 de la Ley 212007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales, y habiendo transcurrido los plazos establecidos en
la disposición transitoria primera de la citada ley, sin que
de este Registro resulte el acuerdo de adaptación de la
misma a la expresada ley, la sociedad ha quedado disuelta de pleno
derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral de la
Sociedad. En consecuencia, deberá presentarse para su
inscripción: 1. Bien el acuerdo de liquidación de la
sociedad. 2.- Bien el acuerdo de reactivación de la sociedad
y simultáneamente, su adaptación a la citada Ley
2/2007. 3.- O bien la reactivación de la sociedad y
simultáneamente, la modificación del objeto social,
suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene,
todo ello de conformidad con la ley citada y RDGRN de 11 de enero
de 2016 y especialmente la de l7 de octubre de2016. En
relación con la presente calificación: (...) Burgos,
a 24 de noviembre de 2016 (firma ilegible) El
Registrador».
Contra la anterior nota de calificación, don J. L. G., en
nombre y representación de la sociedad «Construcciones
Jacinto Lázaro, S.A.», interpuso recurso el día
14 de diciembre de 2016 mediante escrito en el que expresa los
siguientes fundamentos de Derecho: «1º).- Que la
sociedad «Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.»,
nunca ha tenido ni ejercido actividad profesional alguna, en primer
lugar por no ser este su objeto social, y en segundo porque ninguno
de sus socios es profesional titulado colegiado en ningún
colegio profesional, y que la actividad que realiza es la de
construcción en general y ejecución de proyectos de
ingeniería, siendo que el código correspondiente a la
actividad principal de la sociedad en el C.N.A.E. es el 4299,
según resulta de las cuentas anuales depositadas en el
propio Registro. 2º).- Que de entre las doce actividades que
componen el objeto social de la compañía la de
«A).- El asesoramiento, estudio, confección y
realización de toda clase de proyectos urbanísticos,
mediante la intervención de los titulares correspondientes
cuando sea preceptivo....», es, según su propia
descripción de medición o intermediación, por
ya definirse en el propio enunciado de la actividad que las mismas
se ejercería «...mediante la intervención de
los titulares correspondientes cuando sea preceptivo», por lo
que dicho objeto no cumple ni se ajusta a los términos del
Artículo 1.1 de la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades
Profesionales, ni de él se deduce que la sociedad pueda
realizar dicha actividades directamente, como resultaba del objeto
de la Sociedad que fue objeto de la Resolución de la DGRN de
11 de Enero de 2.016, ni ser de aplicación la
resolución de la D.G.R.N. de 17 de Octubre de 2.016, ya que
la misma se refiere a la confirmación de la negativa de
social de una sociedad disuelta, que nada tiene que ver con nuestro
caso en concreto. 3º).- Que desde que entró en vigor la
Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales (hace
más de 8 años), no ha procedido a adaptar los
Estatutos de la Sociedad a dicha Ley, por no ser la misma una
sociedad profesional, habiendo estado ejerciendo hasta la fecha su
actividad de construcción con total normalidad, tanto para
sí como para terceros, además de que desde que
entrara en vigor dicha Ley, la Sociedad ha modificado sus estatutos
y reelegido a su administrador, sin que por parte del registro se
comunicara situación irregular alguna. 4º).- Que la
disolución de la Sociedad «Construcciones Jacinto
Lázaro, S.A.» por aplicación de la
disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, no es
aplicable a esta Sociedad por no ser ni haber sido nunca una
sociedad que ejerza actividades profesionales, por lo que, Solicita
Que dado que objeto social de la Sociedad «Construcciones
Jacinto Lázaro, S.A.» no es ni ha sido nunca el de
ejercer directamente actividad profesional alguna, sea revocada la
decisión del Sr. Registrador en cuanto a la
disolución de pleno derecho de la Sociedad, sin perjuicio de
que por escritura posterior se modifique la redacción del
objeto social de la compañía para determinar lo que
ya es obvio de que las actividades del apartado a) del objeto de la
Sociedad son de mediación o
intermediación».
Mediante escrito, de fecha 21 de diciembre de 2016, el
registrador Mercantil emitió informe y elevó el
expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 18, 20 y 223 del Código de
Comercio; 23.b), 360, 364, 368, 370, 371, 396, 398 y 399 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 1.1, 2, 3, 4,
5, 6.2, 7, 8.2.d), 8.4, párrafo tercero, 9, 11, 13 y 17.2 y
la disposición adicional segunda y la disposición
transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales; los artículos 1.3.º, 40, 38, 66, 82, 211
y siguientes, 258.3 y 324 de la Ley Hipotecaria; 7, 40.2, 178, 238
y 242 del Reglamento del Registro Mercantil; la Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012, y las Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de
junio de 1986, 23 de abril de 1993, 26 de junio de 1995, 21 de
abril, 6 de mayo y 22 de julio de 2005, 10 de julio y 9 de
diciembre de 2006, 14 de marzo de 2007, 10 de enero, 1 de marzo y
29 de septiembre de 2008, 5 y 6 de marzo, 28 de mayo y 3 y 6 de
junio de 2009, 5 de abril y 14 de noviembre de 2011, 5 y 16 de
marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto
de 2014, 20 de julio de 2015 y 11 de enero, 17 de octubre y 16 de
1. En el supuesto a que se refiere este recurso el registrador
fundamenta su negativa a practicar la inscripción del
apoderamiento otorgado por el administrador único de la
sociedad en que, al tener esta objeto profesional («el
asesoramiento, estudio, confección y realización de
toda clase de proyectos urbanísticos, mediante la
intervención de los titulares correspondientes cuando sea
preceptivo») y no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales, dicha sociedad ha quedado
disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja
registral, de modo que para inscribir tal apoderamiento
deberá presentarse, bien el acuerdo de liquidación de
la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad
y, simultáneamente, su adaptación a la citada Ley
2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y,
suprimiendo las actividades profesionales que el mismo
El recurrente alega: a) que la sociedad representada nunca ha
tenido ni ejercido actividad profesional alguna; b) que respecto de
la actividad indicada por el registrador, se trata de una sociedad
de medición o intermediación, por ya definirse en el
propio enunciado de la actividad que las mismas se ejercería
«...mediante la intervención de los titulares
correspondientes cuando sea preceptivo»; c) que no se han
adaptado los estatutos de la sociedad a la Ley 2/2007 por no ser la
misma una sociedad profesional, y d) que no es aplicable la
disolución de la sociedad conforme a la disposición
transitoria primera de la Ley 2/2007 por no ser ni haber sido nunca
una sociedad que ejerza actividades profesionales, por lo que
solicita que sea revocada la decisión del registrador en
cuanto a la disolución de pleno derecho de la sociedad.
2. Respecto de la solicitud del recurrente en relación
con la constancia de la disolución de pleno derecho de la
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso como el interpuesto
en este expediente es el cauce legalmente arbitrado para combatir
las calificaciones registrales que se opongan a la práctica
del asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley
Hipotecaria), de modo que sólo puede interponerse frente a
las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del
registrador por la que se extiende el correspondiente asiento,
cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo
que se ha practicado es una cancelación.
Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se
discrepe de la forma en que el hecho, el acto o contrato de que se
trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones
que ello tenga en la forma en que se publica el derecho inscrito -o
la extinción del mismo-, de indudable trascendencia a la
vista de que la legitimación registral opera sobre la base
de ese contenido del asiento (cfr. artículos 38 y 97 de la
Ley Hipotecaria y 20 del Código de Comercio), el asiento
queda bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus
efectos en tanto no se declare su inexactitud en los
términos previstos en la misma Ley Hipotecaria (cfr. los
artículos 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es
a la rectificación del eventual error padecido y el
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la
legislación hipotecaria -artículos 211 y siguientes
de la Ley Hipotecaria y 314 a 331 del Reglamento Hipotecario- se
trasladan al ámbito mercantil (cfr. artículo 40.2 del
Reglamento del Registro Mercantil), son especialmente rigurosos
cuando aquéllos son de los calificables como de concepto,
los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este
caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria
intervención y consentimiento de todos aquellos a quienes la
rectificación afecte y el consentimiento del registrador
(cfr. artículos 217 y 218 de la citada Ley Hipotecaria) cuya
oposición tan sólo puede suplirse por
Frente a un posible contenido del asiento pretendido que pudiera
no acomodarse al del acto o negocio por inscribir o a los
condicionamientos y limitaciones que puedan derivarse del contenido
del propio Registro tienen los interesados la posibilidad de
solicitar minuta previa del mismo (artículo 258.3 de la Ley
Hipotecaria) y, de considerar que ésta no es adecuada,
plantear la cuestión ante el juez competente. Pero tampoco
la omisión de una prevención como esa deja inerme a
los interesados ante el contenido de un asiento que entiendan que
no es correcto. El procedimiento para rectificar los eventuales
errores aparece minuciosamente regulado en la legislación
hipotecaria, y frente a la negativa del registrador o de
algún interesado a atender la solicitud de
rectificación de los de concepto, los realmente relevantes,
habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (cfr.
artículo 218 de la Ley Hipotecaria), sin que pueda lograrse
por la vía de un recurso como el presente.
Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir
sobre el criterio que expresa el registrador acerca de la
procedencia de la disolución de pleno derecho de la
sociedad, prevista en la disposición transitoria primera de
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, con su
consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el presente
caso no cabe decidir sobre el asiento de cancelación ya
practicado, sino sobre las consecuencias que del mismo se
No obstante, cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos
del Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2012, esta
Dirección General (vid. Resoluciones de 5 y 16 de marzo, 2
de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto de 2014,
20 de julio de 2015 y 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre
de 2016) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que
ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades
que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional,
con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de
una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de
intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre
jurídica» la declaración expresa de que se
trata de una sociedad de medios o de comunicación de
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de
esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional
sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo.
En relación con las consecuencias que del asiento de
cancelación practicado se derivan, únicamente cabe
recordar que con ocasión de la declaración de
disolución de pleno derecho de las sociedades
anónimas incursas en la previsión de la
disposición transitoria séptima del Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, esta Dirección
General tuvo ocasión de elaborar una doctrina expresada en
un gran número de resoluciones. Según la citada
doctrina, la expresión «disolución de pleno
derecho», expresión procedente del artículo 152
de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que se
incorporó al texto refundido de 1989 por medio del
artículo 261 de la Ley de Sociedades Anónimas y que
hoy se recoge en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de
Capital, hace referencia a la mera circunstancia de que la sociedad
entra en disolución por la concurrencia del supuesto
previsto en la Ley sin que sea preciso una previa
declaración social al respecto. De este modo se distingue la
disolución de la sociedad derivada de un acuerdo societario
(meramente voluntario, artículo 368 de la Ley de Sociedades
de Capital, o provocado por la concurrencia de causa de
disolución, ex artículo 362 de la propia Ley), de
aquellos otros supuestos en que la disolución se produce
«ipso iure» al concurrir el supuesto previsto
legalmente (por ejemplo, disposición transitoria primera de
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales).
Esta operatividad automática no implica empero que el
período de liquidación que se abre con la
disolución revista características distintas de
aquellos supuestos en que la disolución se produce a
consecuencia de un acuerdo social (vid. Resolución de 11 de
diciembre de 1996). Por ello este Centro Directivo ha reiterado en
numerosas ocasiones que la apertura de la fase de
liquidación a consecuencia de la disolución de pleno
derecho de la sociedad respeta la persistencia de su personalidad
jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada
de las relaciones jurídicas pendientes de acuerdo al
régimen jurídico que hoy recogen los artículos
371 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (por todas,
Resolución de 12 de marzo de 2013).
La identidad de efectos de la disolución en estos
supuestos añadidos, unida al hecho de que la sociedad
disuelta pueda reanudar su operatividad ordinaria mediante una
reforma estructural como la transformación, la fusión
o la cesión global (vid. artículos 5, 28 y 83 de la
Ley 3/2009), llevó a esta Dirección General a la
conclusión de que la disolución de pleno derecho no
impide la reactivación de la sociedad (vid. Resoluciones de
29 y 31 de mayo y 11 de diciembre de 1996 y 12 de marzo de 2013), a
pesar de la dicción literal del artículo 370 de la
Ley de Sociedades de Capital, incluso en aquellos supuestos en que,
por aplicación de la previsión legal, el registrador
hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así
lo confirma la disposición transitoria octava del vigente
Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la
cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las
disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá
lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a
que dé lugar la liquidación o la reactivación,
en su caso, acordada».
No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de
capital disuelta de pleno derecho no pueda ser reactivada siempre
que se respeten los límites establecidos legalmente en el
artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital. Imponer la
liquidación forzosa de la sociedad cuando existe una
voluntad de continuar su actividad no sólo resulta
económicamente irracional, sino que carece de un fundamento
jurídico que lo justifique. Según la literalidad del
texto del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital (y
de su precedente, el artículo 106 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada), para las sociedades disueltas de pleno
derecho «no podrá acordarse la
reactivación...»; afirmación que viene
precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta
podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y
es que cuando la sociedad está disuelta «ipso
iure» por causa legal o por haber llegado el término
fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo
procedente, si se desea continuar con la empresa, es la
prestación de un nuevo consentimiento contractual por los
socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa
resulta del artículo 223 del Código de Comercio
cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se
entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o
presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el
término por el cual fueron constituidas; y si los socios
quieren continuar en compañía celebrarán un
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su
establecimiento, según se previene en el artículo
119». Cobra así sentido la afirmación del
artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital que, lejos
de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los
socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación
ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige
un consentimiento contractual de quien ostente aquella
Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al
presente expediente. Disuelta de pleno derecho la sociedad y
cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa
de la previsión legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, no
procede la inscripción del apoderamiento prescindiendo de
dicha situación. Es necesario proceder con carácter
previo a la reactivación de la sociedad en los
términos que resultan de las consideraciones anteriores y su
adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo,
una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del Registro
a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo el
apoderamiento que el órgano de administración estime
y confirmar la calificación del registrador.
Madrid, 2 de marzo de 2017.- El Director General de los