Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14164
Timestamp: 2017-02-21 14:22:30
Document Index: 234742985

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Sentencia C-101 de 2004 Corte Constitucional
Ver el Decreto Nacional 1108 de 1994 , Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-221 de 1994 I. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
DIARIO OFICIAL 44.872 LEY 745 (19/07/2002 )
por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia. El Congreso de Colombia
2. Al remitir a un procedimiento ya derogado, el artículo 5 de la Ley 745 viola el debido proceso pues cuando se trate de las contravenciones en ella consagradas, no se cumplirá la exigencia constitucional relacionada con la necesidad de una ley preexistente al acto que se imputa. Además, vulnera el derecho de igualdad en tanto se discrimina a los autores de tales contravenciones y el derecho de acceso a la administración de justicia en cuanto él no puede garantizarse si no hay un procedimiento que aplicar. II. INTERVENCIONES
Y, de acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, tales exigencias remiten al señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas o allegando un ejemplar de su publicación oficial; a la indicación de las normas constitucionales que se consideran infringidas; a la exposición de las razones por las cuales ellas se consideran violadas y, cuando sea necesario, a la precisión del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, la forma en que fue quebrantado y la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. 2. Si se verifica si la demanda instaurada en este proceso satisface o no esas exigencias, se advierte lo siguiente:
-Los actores indican la norma que reputan inconstitucional. Se trata del artículo 5º, parcial, de la Ley 745 de 2002, disposición que transcriben en la demanda.
-Señalan también las normas superiores que consideran infringidas: Invocan los artículos 13, 29 y 229 de la Carta.
-Y en cuanto a las razones por las cuales tales disposiciones superiores se consideran violadas, ellas no concurren respecto del artículo 13, mas sí respecto de los artículos 29 y 229. En relación con el artículo 13 no indican por qué la norma acusada consagra un tratamiento diferenciado injustificado. Empero, sí indican que esa norma desconoce el debido proceso y que impide el acceso a la administración de justicia por inexistencia de un procedimiento aplicable.
Y en la parte procesal, integrada por los artículos 16 a 42, el legislador tomó determinaciones relacionadas con la competencia, la querella o oficiosidad, la calificación de la situación de flagrancia, la intervención especial de la Fiscalía, la audiencia preliminar en caso de querella, la comunicación al Ministerio Público, el decreto y práctica de pruebas, la audiencia de juzgamiento, la privación de la libertad, el trámite de la segunda instancia, el desistimiento, la extinción de la acción por reparación, la libertad por vencimiento de términos, la conciliación, la acción civil, la conexidad entre delitos y contravenciones, el reparto, el conflicto de competencia, las comisiones, la aceptación de responsabilidad y la concurrencia de disminuciones punitivas. Aparte de ello, dispuso que en lo no previsto se aplique el Código de Procedimiento Penal y en lo relacionado con desistimiento, prescripción y nulidades, la Ley 23 de 1991; ordenó la presentación de estadísticas mensuales por los jueces; le ordenó al ejecutivo la ampliación de las cárceles, reiteró la reserva judicial de la libertad y dispuso la vigencia de la ley a partir de la fecha de su publicación1.
5. La Corte ha repasado, con detenimiento, el contenido de la Ley 228 de 1995 con una finalidad: Advertir que ella consagró el régimen aplicable a las contravenciones especiales y que lo hizo estableciendo un sistema normativo coherente que comprendía múltiples disposiciones generales, especiales y procesales. Es decir, la potestad de configuración normativa fue ejercida en esa ocasión para estatuir un sistema sustancial y procesal armónico en materia de contravenciones especiales. De allí los distintos tópicos regulados de manera específica pues se asumió que se trataba de la formulación de un sistema normativo en el que debían regularse las distintas variables resultantes del ejercicio del poder sancionatorio del Estado en ese ámbito específico. En razón de ello, en materia sustancial, no sólo se tipificaron las contravenciones especiales, sino que, además, se regularon instituciones como los subrogados penales y la destinación de bienes. Ello explica, también, la detallada regulación del procedimiento aplicable pues se radicó la competencia, se reguló la iniciación de la acción contravencional, se fijó un procedimiento especial en caso de flagrancia, se estableció el procedimiento general y se regularon detenidamente aspectos procesales como la libertad, las causales de extinción de la acción contravencional y la acción civil, entre otros aspectos. En ese marco, esto es, una vez reguladas las eventualidades sustanciales y procesales básicas que hacían parte del sistema normativo de las contravenciones especiales; sólo luego de ello, se resalta, el legislador hizo una remisión al Código de Procedimiento Penal de la época y a la Ley 23 de 1991 para que ese estatuto y esta ley se apliquen en lo no previsto por la Ley 228. Es decir, sólo tras la configuración de un sistema procesal contravencional armónico e integral, se hizo una remisión a otras disposiciones procesales de naturaleza penal y contravencional.
c. En tercer lugar, indica que ese procedimiento "para este efecto conservará su vigencia".
Entonces, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 745 de 2002, éste es el procedimiento que debe aplicarse cuando se trata de las contravenciones tipificadas en sus artículos 1º y 2º. 9. Ahora bien. El estudio de los antecedentes de la Ley 745 de 2002 permite advertir que el siguiente fue el curso seguido por la remisión que hace el artículo 5º a algunas de las normas procesales contenidas en la Ley 228 de 1995:
a. El proyecto de ley 17 de 2000 Senado, presentado por el Senador Rodrigo Rivera Salazar, se orientaba a la tipificación como contravención del uso de la dosis personal de estupefacientes. El proyecto estaba integrado por 4 artículos, el segundo de los cuales disponía: Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en esta ley los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento establecido en la Ley 228 de 1995" (Gaceta del Congreso No.290 de 2000, resaltado de la Corte). El contenido de este artículo fue aprobado en los dos debates surtidos en el Senado de la República. b. En la ponencia para primer debate en la Cámara, los Representantes Miriam Alicia Paredes y William Vélez Mesa plantearon lo siguiente en relación con el artículo segundo del proyecto: La remisión del procedimiento a la Ley 228 de 1995 debe ser puntual en cuanto a las normas que son aplicables a esta modalidad de contravención. En todo caso, no habrá medidas de aseguramiento ni pérdida de la libertad, excepto en caso de renuencia al cumplimiento voluntario de la sanción pecuniaria. Será siempre el juez quien la imponga, con observancia de todas las garantías del debido proceso.
11. Las modificaciones introducidas al artículo segundo del proyecto y plasmadas en el artículo 5º de la Ley 745 son constitucionalmente relevantes, como pasa a indicarse. a. La Ley 228 consagraba un sistema procesal integral y coherente, aplicable a las contravenciones especiales en ella tipificadas. Ese sistema desarrollaba muchos aspectos inherentes al régimen procesal de esas contravenciones y si bien remitió al Código de Procedimiento Penal, lo hizo únicamente con carácter subsidiario pues el procedimiento aplicable estaba ya configurado. En esas condiciones, la remisión al procedimiento establecido en el proyecto de la Ley 228 era constitucionalmente legítima pues ésta consagraba un sistema procesal contravencional que bien podía aplicarse a tres de las contravenciones tipificadas en la Ley 745.
b. Esta situación cambia radicalmente cuando la remisión no se hace a todo el sistema procesal contravencional consagrado en la Ley 228 sino únicamente a los aspectos procesales consagrados en algunas de sus disposiciones. Esto es así por cuanto se presentan muchas situaciones para las que no existen normas aplicables que sean consecuentes con la índole contravencional de la conducta y del procedimiento a partir de ella adelantado. Con esta técnica remisiva, el sistema procesal consagrado en esa ley se desarticula, generándose así un procedimiento incoherente y confuso. c. Como la remisión no se hace al sistema procesal contravencional consagrado en la Ley 228, sino sólo a unas de sus disposiciones, debería darse cumplimiento, en principio, a lo dispuesto en la parte final del artículo 5º demandado y, en consecuencia, dar aplicación a los principios rectores del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, esto no es posible, al menos, por dos razones. En primer lugar, porque la remisión a algunas de las normas procesales consagradas en la Ley 228 deja sin regulación legal muchas situaciones procesales que no pueden superarse con la sola invocación de los principios rectores del proceso penal. Y, en segundo lugar, porque se trata de sistemas procesales sustancialmente diferentes pues unas son las exigencias impuestas para la investigación y sanción de una contravención y otras las exigencias que se deben atender cuando se trata de la investigación y sanción de un delito. Se trata de esquemas procesales diversos y lo son a tal punto, que a aquél no le es aplicable la estructura básica de investigación, acusación y juzgamiento que la Carta impone a éste. d. La Ley 745 consagra cuatro contravenciones. De ellas, tres son de investigación oficiosa: Las tipificadas en el inciso primero del artículo 1º, en el artículo 2o y en el artículo 7o. Una, en cambio, es querellable: La tipificada en el parágrafo del artículo 1º. Y, como se indicó, en el procedimiento aplicable también hay diferencias: En tanto que para las contravenciones tipificadas en los artículos 1º y 2º se aplica el procedimiento consagrado en varios artículos de la Ley 228 de 1995, para la contravención tipificada en el artículo 7º se sigue el procedimiento consagrado en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo. Este distinto régimen se lo advierte con claridad en el siguiente esquema:
Como se ha visto, el artículo 5 de la Ley 745 hace una remisión, entre otras disposiciones, al artículo 21, inciso primero, de la Ley 228. Este artículo consagraba una audiencia preliminar "en caso de querella". Se trataba de una audiencia en la que al funcionario le explicaba al querellado la calificación de los cargos, se podían pedir o presentar pruebas, se determinaba su conducencia y pertinencia y se decretaban pruebas de oficio. Esta norma era comprensible en el sistema procesal contravencional establecido en la Ley 228 pues todas las contravenciones allí tipificadas eran querellables. Sólo cuando se presentaba captura en flagrancia había lugar a investigación oficiosa. No obstante, se ha indicado ya que dos de las contravenciones consagradas en la Ley 745, respecto de las cuales se aplican algunas de las normas procesales consagradas en la Ley 228, son de investigación oficiosa y que sólo una es querellable. No obstante, la audiencia preliminar del artículo 21 de la Ley 228, en la que se presentan cargos y se piden y presentan pruebas, sólo procede en los procesos por contravenciones querellables. Luego, en los procesos que se adelanten por las contravenciones tipificadas en la Ley 745 que son investigables de oficio y cuyo procedimiento se rige por lo dispuesto en algunos artículos de la Ley 228, no habría lugar a la realización de esa audiencia y, en consecuencia, tampoco a la formulación de cargos, ni a la petición o presentación de pruebas. De acuerdo con esto, en estos casos, a la audiencia de juzgamiento se llega sin que el investigado haya rendido versión, pues ésta, en la Ley 228 estaba prevista para el capturado y en la Ley 745 no hay lugar a captura. Igualmente, se llega a esa audiencia sin una previa calificación de los cargos y sin que se haya dado la oportunidad de pedir o presentar pruebas.
Declarar INEXEQUIBLE las expresiones "con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia", que hacen parte del artículo 5º de la Ley 745 de 2002.
La Corte declaró inexequible, por violación del principio de legalidad del procedimiento, la remisión que el artículo 5º de la Ley 745 de 2002 hacía a varios artículos de la Ley 228 de 1995 para que, respecto de tres de las contravenciones tipificadas en aquella, se aplicara el procedimiento consagrado en estas disposiciones. Comparto esa decisión y el fundamento en que se apoya. Con todo, debo aclarar mi voto, a propósito del debate promovido en la Sala en relación con la determinación legal de un procedimiento mediante la remisión a otras normas procesales.
(...) Artículo 22. Comunicación al Ministerio Público. Una vez el capturado, sea puesto a disposición del funcionario competente o presentada la querella, según se trate, se comunicará al Ministerio Público.
Aunque verdaderamente más corto que el procedimiento señalado para las contravenciones especiales, el escogido por la Ley 745 para las contravenciones por consumo y porte de estupefacientes no era menos indeterminado, toda vez que en él se indicaban con precisión las etapas procesales que debían agotarse para la imposición de la sanción correspondiente. En contra del concepto de la mayoría, considero que la determinación del procedimiento no estaba dada por su extensión sino por la concreción de sus previsiones. Un texto jurídico puede ser tan extenso como indeterminado, al tiempo que otro puede ser determinado en su brevedad. En el caso previsto, el legislador, luego de una ardua discusión en el Congreso, que quedó evidencia durante los debates de la Sala Plena, decidió restringir a cuatro etapas procesales el trámite sancionatorio para las contravenciones de la Ley 745, todo ello por considerar que las conductas descritas en dicha normatividad no ameritaban el cumplimiento de etapas de mayor complejidad. De hecho, dado que las contravenciones por violación al régimen de porte y consumo de estupefacientes no derivan en sanción privativa de la libertad, la Ley 745 omitió referirse a los artículos de la Ley 288 que regulaban los trámites procesales destinados a resolver dicho aspecto. Esto, como es lógico, reducía la cantidad de normas del procedimiento especial a las cuales podía remitirse el legislador, haciendo del proceso aplicable a las contravenciones de la Ley 745 un trámite más breve, aunque no menos preciso.
Ahora bien, la otra razón por la cual me aparto de la decisión mayoritaria se estructura a partir del anterior comentario. Dado que la integración entre los artículos de la Ley 228, que describían el procedimiento aplicable, y las normas del Código de Procedimiento Penal, que servían de fundamento a dicha aplicación, se daba en el terreno práctico, no en el teórico, la mayoría estaba llamada a reconocer que el problema jurídico derivado del acoplamiento normativo era un asunto de aplicación legal que correspondía resolver al juez penal en cada caso particular. Efectivamente, el ajuste de las normas legales indicadas en el artículo acusado no era problema del juez constitucional sino asunto reservado al juez de la causa, que en el caso concreto debió haber tenido en cuenta, además de la legislación pertinente, los principios rectores del procedimiento penal vigente e, incluso, la jurisprudencia erigida sobre la materia. Entre los artículos de la Ley 228 y el Código de Procedimiento Penal en su parte fundamental no existía una incompatibilidad jurídica manifiesta, ni siquiera una sospechosa discrepancia que obligara al juez constitucional a retirar los primeros del ordenamiento jurídico. Si así hubiera ocurrido, no cabe duda de que la decisión habría sido la pertinente. Sin embargo, en la Sentencia, la decisión mayoritaria no pudo estructurar una verdadera oposición normativa que justificara la eliminación del procedimiento remitido. Como tal incompatibilidad no era ostensible –ni siquiera probable, agrego- el juez constitucional debió dejar en manos del juez penal la integración de las disposiciones objeto de aplicación. En el marco teórico jurídico, en el plano meramente normativo, nada impedía la convivencia entre las disposiciones legales y constitucionales citadas.
Con el acostumbrado respeto, la suscrita Magistrada procede a aclarar su voto en la sentencia de la referencia mediante la cual se declaró inexequible la expresión "con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia", contenida en el artículo 5° de la Ley 745 de 2002, por cuanto si bien estoy de acuerdo con la decisión que fue adoptada, no lo estoy en cuanto a las motivaciones que la apoyan, por las razones que paso a explicar. 1. Evolución de la regulación legal de los procesos contravencionales en Colombia.
Bajo la Constitución de 1886, el tema de las competencias atribuidas por el legislador a las autoridades de policía en materia juzgamiento de hechos punibles fue objeto de numerosas polémicas2. Al respecto, cabe señalar que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de mayo de 19843 consideró que vulneraba la Carta Política una ley mediante la cual se había conferido competencia a los inspectores de policía para que conocieran de delitos. Por el contrario, en ese mismo fallo, se estimó ajustada a la Constitución la decisión del legislador de atribuir dicha competencia a tales funciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva, en lo atinente a la instrucción y juzgamiento de contravenciones.
"De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional procederá en cada caso a declarar la constitucionalidad de las normas acusadas que atribuyan a las autoridades de policía la facultad de privar de la libertad a las personas e imponer penas de arresto; pero se trata de una constitucionalidad condicionada puesto que ella se fundamenta en el artículo 28 transitorio, por lo cual sólo opera hasta tanto el legislativo expida la ley que le confiera por vía definitiva a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionados actualmente con pena de arresto." 4
Como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del decreto 1370 de 1995- sentencia C-466 de 19955- se produjo también la de todos los decretos legislativos dictados con fundamento en él. Razón que motivó al Gobierno Nacional para presentar un proyecto de ley que luego se convirtió en la 228 de 1995, con el fin de asignar a los jueces penales el conocimiento de las contravenciones especiales, en cumplimiento del artículo 28 transitorio del Estatuto Superior, y así evitar la congestión en las inspecciones de policía, que habían demostrado su ineficiencia para juzgar a los responsables de tales hechos punibles, lo que constituía factor de impunidad6.
"Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto". ( negrilla fuera de texto ).
"Según se observa, la norma acusada mantiene incólume la ley 228 de 1995 en lo tocante a los procesos iniciados antes de la vigencia de la ley 600 de 2000 por las conductas consideradas como contravenciones en aquella ley, ratificando a la vez la competencia de los Jueces Penales Municipales y el procedimiento preexistente a la ley 600 de 2000. Lo que equivale a decir que al entrar a regir esta ley, si bien se conservan los tipos contravencionales y las concomitantes sanciones de la ley 228 de 1995 para las respectivas conductas cometidas bajo su vigencia, es lo cierto que en materia procedimental se le dará aplicación a la ley 600 a partir del 24 de julio de 2001 respecto de la iniciación y trámite de los procesos que sobre tales conductas sea menester adelantar desde esta fecha. Preceptiva ésta que se ajusta nítidamente a los lineamientos del debido proceso que destaca la Constitución Política en su artículo 29, pues tal como lo ha reiterado esta Corporación..." ( subrayado fuera de texto ). Al respecto, cabe señalar que el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, tipificó como delito ciertos comportamientos que anteriormente se encontraban previstos como contravenciones especiales en la Ley 228 de 1995. Así por ejemplo, el "ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada" ( art. 9 ), que había sido declarado inexequible por la Corte en sentencia C- 626 de 1996, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, fue tipificado como delito de receptación ( art. 447 ); otro tanto sucedió con las lesiones culposas ( art. 120 del nuevo C.P.), las lesiones culposas agravadas ( art. 121 del nuevo C.P. ) y el hurto calificado ( art. 240 del nuevo C.P. ).
Debido precisamente a este nuevo estado de cosas, fue preciso consagrar un artículo transitorio en el nuevo Código de Procedimiento Penal, mediante el cual se aclarará qué iba a suceder con aquellos comportamientos contravencionales cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley 600 de 2000. En tal sentido, el legislador estimó necesario disponer que las mencionadas conductas continuarían siendo conocidas por los jueces penales municipales siguiendo para ello el procedimiento previsto en la Ley 228 de 1995. Se pretendía, por tanto, evitar que tales comportamientos quedaran impunes en razón del cambio legislativo, por cuanto, es obvio, que cuando éstos se cometieron constituían contravenciones y no delitos. Posteriormente, mediante la Ley 745 de 2002, se tipificaron una nuevas contravenciones relacionadas con el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia. En cuanto a las sanciones, la ley prevé la imposición de las respectivas multas, convertibles en arresto, hasta por cinco días. En lo que concierne a la autoridad competente para conocer de tales comportamientos, el legislador dispuso que fueran los jueces penales o promiscuos municipales "con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal". Así pues, el legislador, en vez de haber diseñado un procedimiento específico, decidió remitirse a un trámite procesal que se encontraba derogado.
2. Los efectos hacia el futuro de la Ley 228 de 1995 ya se habían agotado en virtud del artículo transitorio de la Ley 600 de 2000, y por ende, el Congreso de la República no podía, indebidamente, extenderlos a otros supuestos de hecho completamente distintos. En principio, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración al momento de diseñar los diversos procesos judiciales. No obstante, en materia de efectos de la ley procesal hacia el futuro, le está vedado extender la ultraactividad a hipótesis y destinatarios que no fueron los originales de las normas cuya vigencia se ha prolongado en el tiempo.
En el presente caso, mediante el artículo transito contenido en la Ley 600 de 2000, el legislador ya había extendido en el tiempo algunos efectos de la Ley 228 de 1995, en el sentido de que los jueces penales municipales continuarían conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, por las conductas consideradas como contravenciones especiales tipificadas en la Ley 228 de 1995 "y aplicarán el trámite allí previsto". Una vez cumplida la finalidad y el objeto del artículo transitorio, como todos los de su especie, desaparecen por completo del mundo jurídico. Así pues, al momento de expedirse la Ley 745 de 2002, por medio de la cual se consagraron otras contravenciones que no guardan relación alguna con aquellas que fueron tipificadas en la Ley 228 de 1995, esta última normatividad se encontraba expresamente derogada por la Ley 600 de 2000, y sus efectos ultraactivos, acordados por el artículo transitorio del C.P.P. también habían cumplido su cometido en relación con las causas contravencionales allí mencionadas. De tal suerte que al legislador le estaba vedado acordar nuevamente efectos ultraactivos a la Ley 228 de 1995, pretendiendo abarcar de esta forma, hipótesis y destinatarios completamente distintos a los originarios de la citada normatividad, por cuanto, se insiste, las contravenciones consagradas en la Ley 228 de 1995 son completamente distintas de aquellas que aparecen tipificadas en la Ley 745 de 2002. En otros términos, el legislador vulneró, en el presente caso, los principios generales que gobiernan la aplicación de la ley procesal en el tiempo.
Aún cuando comparto la declaración de inexequibilidad de las expresiones "con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21 inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia", que hacen parte del artículo 5º de la Ley 745 de 2002, tal como lo manifesté al discutirse el proyecto en la Sala Plena, me veo precisado a aclarar el voto por cuanto el Código de Procedimiento Penal vigente (Ley 600 de 2000), a mi juicio derogó las contravenciones especiales que se establecieron en la Ley 228 de 1995, y dispuso, simplemente, que los Jueces Penales Municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de dicho Código, es decir antes del 24 de julio de 2001, por aquellas conductas que eran consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995, para cuyo juzgamiento tales jueces "aplicarán el trámite allí previsto".
De esta manera, es claro para el suscrito magistrado que el artículo 5º de la Ley 745 de 2002 cuando hace referencia "al procedimiento previsto para las contradicciones especiales en los artículos 21, inciso primero 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia", en realidad hace referencia a los números de unos artículos de una ley ya derogada y, como consecuencia de ello, esa referencia resulta inexequible por cuanto establece la competencia para juzgar con normas que ya salieron del ordenamiento jurídico por expresa disposición legal.
A pesar de que la Ley 228 de 1995 fue derogada por la Ley 600 de 2001, el nuevo Código de Procedimiento Penal dispuso que los procesos iniciados antes de su vigencia por las contravenciones consagradas en la primera ley, se tramitarían siguiendo el procedimiento en ella previsto. Se tiene, entonces, que por voluntad expresa del legislador, la Ley 228 de 1995 continuó produciendo efectos jurídicos mientras terminaban los procesos iniciados durante su vigencia. Por lo tanto, como quiera que al momento de dictarse la Ley 745 de 2002 los jueces continuaban tramitando procesos bajo el sistema procesal de las contravenciones, se concluye que dichas disposiciones permanecían dentro del ordenamiento jurídico, y en consecuencia, el legislador podía hacer la remisión normativa a este sistema procesal para legítimamente configurar el régimen aplicable a las contravenciones especiales tipificadas en la Ley 745 de 2002. No es posible desconocer que la remisión normativa en cuestión es consecuencia de la voluntad expresa e inequívoca del legislador de someter las nuevas contravenciones especiales a un régimen procesal que permanece dentro del ordenamiento jurídico y que continuaba produciendo efectos en derecho.
En conclusión, la distinción entre la vigencia de una norma y los efectos en el tiempo que ésta puede producir a pesar de encontrarse derogada, me lleva a considerar que resulta válida la remisión normativa que hace el legislador a una disposición que a pesar de encontrarse derogada, continúa produciendo temporalmente efectos jurídicos. Fecha ut Supra, RODRIGO ESCOBAR GIL
1 Esta Corporación hizo varios pronunciamientos de constitucionalidad sobre diversas disposiciones de la Ley 228 de 1995. En varios de ellos declaró la inexequibilidad de distintas disposiciones que hacían parte de esa ley: Sentencias C-364-96, C-430-96, C-542-96, C-626-96, C-746-98, C-357-99 y C-1112-00.
2 Manuel Gaona Cruz, Control y reforma de la Constitución en Colombia, Bogotá, 1988, p. 333.
3 Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 31 de mayo de 1984.
4Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero
5M.P. Carlos Gaviria Díaz
6 Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.