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Timestamp: 2019-02-23 01:31:50
Document Index: 284399867

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 40', 'Artículo 51', 'Artículo 93', 'artículo 263', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 185', 'artículo 37', 'artículo 185', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7']

José Valdéz Ruiz
1 SENTENCIA TC/0379/14 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente núm. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA), así como por los señores Wilson de los Santos, en su doble calidad de propietario del Consorcio de Bancas sin Rival y de presidente de FENABANCA; Agustín Araujo, propietario del Consorcio de Bancas Llueve; Alberico Pérez, propietario del Consorcio de Bancas Becco; William Rosario, propietario del Consorcio de Bancas Ideal Consorcio de Bancas Rosario Ortiz; Delfo Antonio Reyna, propietario del Consorcio de Bancas DR; José Manuel Melo Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Melina; Francisco Antonio Santos, propietario del Consorcio de Página 1 de 20
2 Bancas Nave; Richard Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Ortiz; Emilio Rivas, propietario del Consorcio de Bancas La Esperanza; Héctor Silvestre, propietario del Consorcio de Bancas H.S.; Digna González, propietaria del Consorcio de Bancas DISA; Ignacio Evangelista, propietario del Consorcio de Bancas IEH El Rubio; Luis Octavio Báez, propietario del Consorcio de Bancas Báez; Jesús Ventura, propietario del Consorcio de Bancas Ventura; Héctor Santana, propietario del Consorcio de Bancas la Súper Grande; y Anulfo Uribe, propietario del Consorcio de Bancas Cindy, contra el artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez Página 2 de 20
3 En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana; a los treinta (30) días del mes de diciembre del dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la norma impugnada 1.1. La disposición objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad es el artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), el cual dispone lo siguiente: Página 3 de 20
4 El valor a pagar por concepto de esta retención será de tres mil pesos (RD$ 3,000.00) por mes por cada banca de lotería o de apuestas deportivas. PÁRRAFO: Cuando el Propietario de Licencia o el Administrador Responsable tengan registrado en la DGII más de una banca, el monto mensual a pagar corresponderá a este valor por el total de bancas registradas. 2. Pretensiones de los accionantes 2.1. La Federación Nacional de Bancas (FENABANCA) y compartes, mediante instancia regularmente recibida el diecinueve (19) de septiembre de dos mil diez (2010), interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez 3. Infracciones constitucionales alegadas Los impetrantes formularon dicha acción directa con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías Página 4 de 20
5 y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), al cual se le formula alegada violación a los artículos 40, numeral 15, 51, 93, inciso 1, y 110 de la Constitución de la República. Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa; Página 5 de 20
6 2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada; 3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica; 4) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas; 5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales; 6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa: Página 6 de 20
7 a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes; c) Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico; d) Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación; e) Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución; f) En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas; g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería; Página 7 de 20
8 h) Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia; Artículo Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. 4. Hechos y argumentos jurídicos de los accionantes 4.1. Los accionantes fundamentan su acción directa de inconstitucionalidad, entre otros motivos, en los siguientes: a. Que se ven afectados con la aplicación del artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos, bancas de loterías y de apuestas deportivas, en razón de que a través de ella se les exige el pago de un impuesto consistente en tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00) por cada banca que estos posean, lo cual, según sus alegatos, viola los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Página 8 de 20
9 b. Sostienen que el referido artículo 4º de la Norma General núm trasgrede el principio de legalidad tributaria, ya que ésta se encuentra usurpando funciones exclusivas del Poder Legislativo, razón por la cual debe declararse inconstitucional. c. Asimismo, manifiestan que la indicada norma establece un nuevo impuesto para un mismo contribuyente, lo que implica una doble tributación, lo que es contrario a la Constitución. 5. Intervenciones oficiales En el presente caso intervino y emitió su opinión el procurador general de la República Opinión del procurador general de la República El procurador general de la República mediante el Oficio núm del cuatro (4) de marzo de dos mil diez (2010), comunicó su dictamen sobre el caso a la Suprema Corte de Justicia, sobre el particular, expresó lo siguiente: Atendido: A que en la especie, la Norma General , ahora impugnada, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos, viola la limitación directa consagrada por el principio de legalidad tributaria, establecido por el artículo 93-1 de la Constitución de la Página 9 de 20
10 República, por haber sido dictada por una entidad administrativa sin el debido fundamento legal; Atendido: A que de igual manera la norma impugnada viola la limitación implícita derivada de los principios de igualdad y progresividad tributarias, al establecer carga para el caso de una sola banca como para el caso de que el propietario o el administrador responsable tenga registrado en la DGII más de una banca, el monto mensual corresponderá a este valor por el total de bancas registradas lo que es contrario a la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad; Atendido: A que al mismo tiempo contradice el referido leit motive de la administración tributaria, de recaudar eficientemente los impuestos, toda vez que las sumas asignadas, según se desprende de su afirmación, pueden variar según los montos de los premios y apuestas pagados por los agentes de retención sean superior a una determinada suma, o que sean determinados a posteriori; Atendido: A que del mismo modo viola el principio de igualdad, en la medida que, conforme a su propia afirmación, el fundamento de establecer el pago de una suma mensual a cargo de los designados agentes de retención de los ganadores de premios de loterías y apuestas Página 10 de 20
11 deportivas, no es otro que la incapacidad de establecer un sistema eficiente de supervisión y control para el cobro de los impuestos establecidos a tal efecto por la normativa legal vigente En ese sentido, el Ministerio Público solicita lo siguiente: UNICO: Que procede declarar no conforme con la Constitución de la República, el artículo 4to., párrafo único de la Norma General , dictada por la Dirección General de Impuestos Internos en fecha 28 de septiembre de Opinión de la Dirección General de Impuestos Internos en calidad de amici curiae (amigo de la corte) 6.1. Mediante instancia del nueve (9) de noviembre de dos mil diez (2010), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) solicitó declarar conforme a la Constitución el artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), por haber sido dictado en uso de sus facultades legales y en respeto a todos los preceptos constitucionales establecidos en nuestra Constitución, en especial, los relativos a los siguientes principios fundamentales de rango constitucional: principio de la legalidad, Página 11 de 20
12 derecho a la propiedad y principio de seguridad jurídica. 7. Pruebas documentales Los documentos depositados por los accionantes en el trámite de la presente acción directa de inconstitucionalidad son los siguientes: 1. Copia de los estatutos sociales de la Federación Nacional de Bancas de Lotería del diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 2. Copia del acta de la asamblea general constitutiva de la Federación Nacional de Bancas de Lotería del diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 3. Copia de la nómina de presencia de la asamblea general constitutiva de la Federación Nacional de Bancas de Lotería del diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 4. Copia del Decreto de incorporación núm del treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 5. Copia de la certificación de incorporación emitida por la Procuraduría General de la República del dieciocho (18) de febrero de dos mil (2000). Página 12 de 20
13 6. Copia de la publicación del periódico El Caribe del primero (1ero.) de marzo de dos mil (2000). 8. Competencia II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 8.1. Este tribunal constitucional tiene competencia para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos de la Constitución Política del Estado, 9 y el 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011) La propia Constitución de la República establece en su artículo que el Tribunal Constitucional será competente para conocer, en única instancia, de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Página 13 de 20
14 9. Legitimación activa o calidad para accionar en inconstitucionalidad 9.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar como accionantes en procedimientos jurisdiccionales Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido ( ) En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm establece: Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. La Constitución de la República, a partir del Página 14 de 20
15 artículo 185 ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA) y compartes congrega a los dueños de bancas de apuesta y juegos de azar; en ese orden, sobre estos recae el deber de retención que señala el artículo 4º de la norma atacada en inconstitucionalidad. De ello se desprende que la parte accionante invoca ante esta jurisdicción la alegada inconstitucionalidad de disposiciones en las que tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido, pues de quedar verificada dicha inconstitucionalidad, la misma le causaría un perjuicio. 10. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad Es preciso poner de manifiesto que durante la pendencia de la presente acción de inconstitucionalidad, el objeto del artículo 4º dispuesto en la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a que se contrae la referida acción, quedó extinguido al aprobarse una nueva norma general, marcada con el número 06-11, del veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011), la cual a su vez fue modificada Página 15 de 20
16 por la Norma General núm del seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012), ambas dictadas por la Dirección General de Impuesto Internos (DGII) La citada norma número 06-11, en su artículo 9, señala lo siguiente: Quedan derogados los artículos tercero y cuarto de la Norma General de fecha 28 de septiembre de 2010, relativa a la retención sobre premios en los casinos de juegos y Bancas de lotería y de apuesta deportivas ; mientras que la Norma General núm , en su artículo 3, dispone lo siguiente se derogan los artículo 3, 4, y 9 de la norma General Por consiguiente, en razón de que la presente acción directa tiene por objeto una cuestión de estricto contenido sustantivo, tal y como se indica en el título 2 de la presente sentencia, relativo a las pretensiones de los accionantes, no tendría sentido pronunciarse sobre preceptos que ya no surten efecto jurídico alguno en su integridad. Es así que puede concluirse que ha desaparecido de forma sobrevenida el objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 4º de la Norma General núm , de retención de premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) En relación con la falta de objeto por la derogación de la disposición legal atacada, este tribunal constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencias tales como las TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/13, TC/0033/13 Página 16 de 20
17 y TC/0113/13. De ahí que siendo regla general en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad en el derecho comparado que la derogación de una norma que se busca por la vía concentrada extingue su objeto, procede, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Norma General núm , de retención de premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional. DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por falta de objeto, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA), así como por los señores Wilson de los Santos, en su doble calidad de propietario del Consorcio de Bancas sin Rival y de presidente de FENABANCA; Agustín Araujo, propietario del Consorcio de Bancas Llueve; Alberico Pérez, propietario del Consorcio de Bancas Becco; William Página 17 de 20
18 Rosario, propietario del Consorcio de Bancas Ideal, Consorcio de Bancas Rosario Ortiz; Delfo Antonio Reyna, propietario del Consorcio de Bancas DR; José Manuel Melo Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Melina; Francisco Antonio Santos, propietario del Consorcio de Bancas Nave; Richard Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Ortiz; Emilio Rivas, propietario del Consorcio de Bancas La Esperanza; Héctor Silvestre, propietario del Consorcio de Bancas H.S.; Digna González, propietaria del Consorcio de Bancas DISA; Ignacio Evangelista, propietario del Consorcio de Bancas IEH El Rubio; Luis Octavio Báez, propietario del Consorcio de Bancas Báez; Jesús Ventura, propietario del Consorcio de Bancas Ventura; Héctor Santana, propietario del Consorcio de Bancas la Súper Grande; y Anulfo Uribe, propietario del Consorcio de Bancas Cindy, contra el artículo 4º de la Norma General núm , de retención sobre premios en los casinos de juegos y bancas de loterías y de apuestas deportivas, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), por tratarse de una disposición derogada por las norma generales núm y 04-12, ambas dictadas también por la Dirección General de Impuesto Internos (DGII). SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011). Página 18 de 20
19 TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, a la parte accionante, la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA); así como a los señores Wilson de los Santos, en su doble calidad de propietario del Consorcio de Bancas sin Rival, y de presidente de FENABANCA; Agustín Araujo, propietario del Consorcio de Bancas Llueve; Albarico Pérez, propietario del Consorcio de Bancas Becco; William Rosario, propietario del Consorcio de Bancas Ideal, Consorcio de Bancas Rosario Ortiz; Delfo Antonio Reyna, propietario del Consorcio de Bancas DR; José Manuel Melo Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Melina; Francisco Antonio Santos, propietario del Consorcio de Bancas Nave; Richard Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Ortiz; Emilio Rivas, propietario del Consorcio de Bancas La Esperanza; Héctor Silvestre, propietario del Consorcio de Bancas H.S.; Digna González, propietaria del Consorcio de Bancas DISA; Ignacio Evangelista, propietario del Consorcio de Bancas IEH El Rubio; Luis Octavio Báez, propietario del Consorcio de Bancas Báez; Jesús Ventura, propietario del Consorcio de Bancas Ventura; Héctor Santana, propietario del Consorcio de Bancas la Súper Grande; y Anulfo Uribe, propietario del Consorcio de Bancas Cindy; así como al procurador general de la Republica. CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Página 19 de 20
20 Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 20 de 20
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