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Timestamp: 2019-02-20 13:34:17
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BOE.es - Documento BOE-A-2010-8390
Documento BOE-A-2010-8390
«BOE» núm. 128, de 26 de mayo de 2010, páginas 45949 a 45960 (12 págs.)
BOE-A-2010-8390
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2010/04/06/5
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural.
Las dos razones que justifican la aprobación de esta Ley Foral son la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias.
Hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, dificultan la plena participación de estos ciudadanos.
Desde esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención relativamente nuevas que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente como son la estrategia de lucha contra la discriminación y la de accesibilidad universal.
La accesibilidad universal es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos, en igualdad de oportunidades, por todas las personas que forman parte de la sociedad para conseguir el logro de la dignidad humana y el libre y completo desarrollo de su personalidad.
Han transcurrido más de veinte años desde la publicación de la Ley Foral de supresión de barreras físicas y sensoriales, por lo que se hace necesaria la aprobación de otra norma que la sustituya y que sirva para dar un renovado impulso a las políticas de normalización e integración social de las personas con discapacidad.
Los derechos y libertades enunciados constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad, tal como se reconoce en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la reglamentación que la desarrolla y en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en el Estado español el 3 de mayo de 2008 y sobre la que el Parlamento de Navarra adoptó una declaración de apoyo el 15 de septiembre del mismo año.
La Constitución Española de 1978 recoge, a lo largo de su articulado, varios preceptos en los que, de diversas maneras, se defienden y protegen los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición física, mental o social.
Así pues, se debe conectar el principio de libertad e igualdad con el de accesibilidad universal puesto que, en determinadas situaciones, uno no puede coexistir sin el otro.
Por otra parte, el artículo 49 del Texto Constitucional recoge que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.
En el artículo 10 de la Constitución se establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Respecto a este último punto, se debe destacar la normativa internacional que desarrolla esta materia. Cabe mencionar, entre otras, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, derecho interno en nuestro país, que defiende y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, educación, salud, trabajo, cultura, ocio, participación social y económica, mostrando la accesibilidad como un elemento transversal de cada uno de los ámbitos. Toma especial importancia este instrumento jurídico que reconoce la relevancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, a la educación, a la información y a las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En el artículo 2 de esta norma internacional se define por «comunicación» los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; «y por «diseño universal» el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, como elementos fundamentales para conseguir la plena accesibilidad y, así, reconocer como uno de los principios generales de la Convención la accesibilidad universal.
La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, sobre Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, otorga a la Comunidad Foral de Navarra, en el artículo 44, apartados 1 y 2, competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y en lo relativo a las obras públicas de interés e incidencia en el ámbito de la Comunidad Foral. En el artículo 49.1.f), otorga idénticas facultades respecto al transporte desarrollado en territorio foral, y en el apartado b) sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconoce a los funcionarios públicos.
Asimismo, en el artículo 55.1, se establece que corresponde a Navarra el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en los términos y casos establecidos en la Ley que regula el estatuto jurídico de la radio y la televisión y, de similar manera, se establece en el artículo 56.1.b) que corresponde a Navarra, en los términos de los pertinentes preceptos constitucionales, la competencia exclusiva sobre industria.
Mediante esta Ley Foral se realiza una profunda revisión de diversos conceptos. Así, se incluye en todo el articulado el concepto de persona con discapacidad, que viene a sustituir a la terminología anterior, aclarando que dicha condición es consecuencia del entorno social además de factores individuales, según el modelo de atención denominado «social» que supone la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos.
Accesibilidad universal, diseño para todos, inclusión social en el ámbito de la vida política, económica, cultural y social, igualdad de oportunidades, vida independiente, diálogo civil, ajustes razonables, normalización y transversalidad son conceptos y principios que aparecen con fuerza y con un significado más acorde con las nuevas políticas sobre discapacidad a nivel internacional y que acogen principios más modernos unidos a la nueva visión de las personas con discapacidad.
Asimismo, se incluyen en el objeto de la Ley Foral ámbitos no recogidos por la, hasta ahora vigente, norma legal de supresión de barreras físicas y sensoriales de 1988, y son todos los relacionados con la sociedad de la información y el ámbito de las telecomunicaciones así como el acceso a los bienes y servicios de las Administraciones Públicas.
La presente Ley Foral pretende alcanzar nuevas cotas de bienestar general estableciendo disposiciones y normas destinadas a facilitar la accesibilidad universal y diseño para todos en la utilización por todos los ciudadanos de los distintos entornos, bienes y servicios.
Esta Ley Foral toma como base la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y se sitúa ante la creación de una normativa de segunda generación tras haber puesto los cimientos de la igualdad con la regulación anterior sobre accesibilidad, habiendo dejado constancia de las necesidades específicas de las personas con discapacidad pero dirigiéndose hacia una mejora continua de sus derechos, ampliando los ámbitos y las relaciones que se puedan llevar a cabo. Será necesario vincular los intereses de un grupo social que ya no está circunscrito a una discapacidad específica, sino a una mejora de la sociedad en general, con los intereses y obligaciones que a las Administraciones Públicas deben exigirse como garantes del bienestar de sus ciudadanos.
El cumplimiento y control de las disposiciones de esta Ley Foral, así como el fomento y promoción del objeto de la misma, se exige a las Administraciones Públicas, encomendando a una comisión de seguimiento las funciones complementarias, una comisión en la que se recogerá el espíritu de lo expresado en el artículo 15 de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, referente al carácter participativo del sector de la discapacidad en todas aquellas políticas que le conciernen.
Las iniciativas de las Administraciones Públicas de Navarra en la eliminación de las barreras actualmente existentes serán la mayor garantía del cumplimiento de la Ley Foral, de las normas que la desarrollen y del firme propósito de alcanzar mayores niveles de integración y bienestar para todos los ciudadanos.
Objeto y principios de la Ley Foral
La presente Ley Foral se fundamenta en los siguientes principios:
Ámbito de la Ley Foral
El ámbito de la presente Ley Foral queda conformado por todo lo referido a los procesos y características urbanizatorias, incluyendo lo relacionado con las características del mobiliario urbano y elementos de protección y señalización provisionales por obras. Asimismo, forman parte del ámbito de esta Ley Foral, en cuanto a su adaptación al principio de accesibilidad universal, el diseño y las características que hayan de tener los espacios libres de uso público y los elementos propios de la denominada sociedad de la información. Esta Ley Foral también contempla el acceso en igualdad de condiciones a los bienes, medios y servicios de las Administraciones Públicas.
c) Los transportes.
e) Las relaciones con las Administraciones Públicas.
En el ámbito de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra velará por la accesibilidad universal y diseño para todos, en elementos como la firma electrónica o acceso a páginas web públicas, así como en el acceso electrónico a los servicios públicos. Del mismo modo, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus competencias, desarrollará convenios con los operadores de telecomunicaciones para garantizar el acceso universal a los servicios de atención al cliente a los ciudadanos de la Comunidad Foral con discapacidad física o sensorial. También, y con el mismo objetivo, se desarrollarán convenios con los operadores de televisión digital y radio que desarrollan su actividad en el ámbito de la Comunidad Foral.
Artículo 5. Acceso a los bienes y servicios de las Administraciones Públicas de Navarra.
Forman parte del objeto de esta Ley Foral la accesibilidad universal y el diseño para todos en el ámbito del acceso a los bienes y servicios de las Administraciones Públicas especialmente en lo referido a los recursos humanos y materiales, a las oficinas de atención al público, así como a lo relacionado con los impresos y modelos concernientes a la Administración Pública de Navarra.
Artículo 6. Gestión de la accesibilidad global y desarrollo reglamentario.
Artículo 7. Medidas contra la discriminación.
Artículo 9. Condiciones básicas.
Fomento, promoción y participación
Artículo 10. Fomento, promoción y participación.
Las Administraciones Publicas deberán garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos en los ámbitos descritos en la presente Ley Foral, tanto de titularidad pública como privada, exigiendo la adecuación de los proyectos a los parámetros fijados por la presente Ley Foral así como por los Reglamentos que la desarrollen.
La sensibilización, la formación y la promoción de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades junto con la accesibilidad universal son acciones necesarias para conseguir llegar a todos los sectores de la sociedad. Se fomentará la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos en los que sean necesarias sus aportaciones.
Para ello, se fomentará la participación de las personas con discapacidad de manera individual o a través de sus organizaciones representativas, en todo lo relacionado con la discapacidad, en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se prevé su presencia permanente en los órganos de las Administraciones Públicas de carácter participativo y consultivo cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.
Las Administraciones Públicas fomentarán las actuaciones para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad a través de programas en los que se establezcan las condiciones necesarias para la participación e inclusión de las personas que lo soliciten.
Las Administraciones Públicas facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, así como la revisión de la existente, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes, en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los agentes implicados para asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Cumplimiento, control y medidas de defensa
Artículo 11. Cumplimiento y control.
El Gobierno de Navarra y las Administraciones Públicas competentes para la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución, así como de cualquier clase de proyectos que contengan supuestos a los que resulte de aplicación lo preceptuado en esta Ley Foral, comprobarán la adecuación de sus determinaciones a la presente Ley Foral y a las normas reglamentarias que la desarrollen.
El cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente Ley Foral y de los reglamentos que la desarrollen será exigible para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y de ejecución, así como para la concesión de las preceptivas licencias y para la concesión de la cédula de habitabilidad, licencia de primera utilización y la calificación de viviendas de protección oficial.
Las Administraciones Públicas de Navarra con competencia para regular y autorizar la concesión, uso y utilización de los medios de transporte, los servicios de la sociedad de la información y las telecomunicaciones a que se refiere esta Ley Foral, observarán en sus disposiciones y harán cumplir, en los expedientes que a tal efecto se tramiten, las determinaciones de la presente Ley Foral y las que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 12. Arbitraje.
La Junta Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal es el órgano colegiado de gestión y administración del sistema arbitral. En la Comunidad Foral se constituirá una Junta Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, cuyo ámbito de actuación territorial coincidirá con el de Navarra.
Serán objeto del sistema de arbitraje las quejas y reclamaciones que surjan en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad sobre las siguientes materias:
d) Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios y actividades comercializados directamente a los consumidores como destinatarios finales, que las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales, titulares de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, faciliten, suministren o expidan, en régimen de derecho privado.
Las personas, físicas o jurídicas, de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad podrán publicitar su sometimiento al sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal por razón de discapacidad. Asimismo, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, y también las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, podrán publicitar su sometimiento al sistema arbitral.
Artículo 13. Legitimación activa.
Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades y la no discriminación, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación.
Artículo 14. Legitimación pasiva.
Podrán ser demandadas todas aquellas personas o entidades que vulneren los principios de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal reconocidos en la presente Ley Foral colocando a las personas con discapacidad en situaciones de discriminación.
Las infracciones correspondientes a los ámbitos descritos en la presente Ley Foral quedarán sometidas a lo dispuesto en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
1. Leves: Las conductas que incurran en irregularidades formales de lo establecido en esta Ley Foral.
b) El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, definidas en el artículo 2 apartado 7.º de esta Ley Foral.
c) El incumplimiento de cualquier requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para dar cumplimiento a las previsiones de la presente Ley Foral.
d) Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal.
a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para dar cumplimiento a las previsiones de la presente Ley Foral.
b) Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta norma y en las normas de desarrollo.
Artículo 16. Símbolo internacional de accesibilidad.
El símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras y obstáculos físicos o sensoriales, será de obligada instalación en los edificios y locales de uso o concurrencia públicos, así como en los medios de transporte de servicio público de viajeros.
Artículo 17. Constitución y funcionamiento del Consejo para la promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
1. Se crea el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, como órgano consultivo y de participación, adscrito al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, en el que estarán representados los distintos departamentos del Gobierno de Navarra implicados, así como las entidades asociativas más representativas que tengan por finalidad la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones de personas, físicas o jurídicas, de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios.
2. El Consejo estará presidido por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior y estará compuesto, además, por:
a) Un representante del Gobierno de Navarra con rango mínimo de Director General por cada una de las siguientes áreas: Ordenación y Vivienda, Innovación, Asuntos Sociales, Educación, Salud, Obras Públicas y Transportes, Economía y Cultura.
b) Tres representantes de las entidades sin ánimo de lucro más representativas que agrupen a personas con discapacidad.
c) Dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas.
d) Tres representantes de las asociaciones de personas, físicas o jurídicas, de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios.
3. Funciones del Consejo:
b) Asesorar a las entidades y personas obligadas a su cumplimiento por esta Ley Foral en cuantas cuestiones puedan plantearse al respecto.
c) Estudiar y recoger los avances de la técnica y las sugerencias recibidas como consecuencia de la aplicación de esta Ley Foral y sus reglamentos fomentando, a su vez, la adopción de cuantas medidas sean necesarias, conducentes a lograr la finalidad de la misma.
e) Efectuar labores de vigilancia y control sobre el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad universal y diseño para todos en la utilización de todos aquellos entornos comprendidos en los ámbitos competenciales descritos por la presente Ley Foral, proponiendo, en su caso, a los órganos correspondientes la apertura del expediente sancionador que proceda.
f) Emitir un informe anual sobre el grado de cumplimiento de las previsiones de la presente Ley Foral, que será remitido al Parlamento de Navarra.
g) Establecer las Juntas de arbitraje y hacer seguimiento del cumplimiento de las cuestiones litigiosas referidas al sistema de arbitraje.
h) Aprobar su Reglamento de organización y funcionamiento.
Disposición adicional primera. Informe de adaptación a lo dispuesto en esta Ley Foral.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán un informe del grado de cumplimiento de los planes para adaptarse a lo regulado por esta Ley Foral.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, o el Departamento de Presidencia en referencia al Gobierno en su conjunto, presentarán en el Parlamento de Navarra un plan de actuación con fijación de las medidas, calendario y cuantías económicas necesarias para corregir, en el plazo más breve posible, los déficits existentes actualmente en relación con el derecho de accesibilidad universal y diseño para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Disposición adicional segunda. Instalación de ascensor y viviendas de uso exclusivo para personas con discapacidad.
1. La instalación de ascensor será obligatoria en los edificios de obra nueva de planta baja y tres o más plantas elevadas cuando la entrada a una vivienda se sitúe en la tercera planta elevada o por encima de dicha planta.
Será obligatorio reservar un espacio que permita la instalación de un ascensor en los edificios de obra nueva de planta baja y una o dos plantas elevadas en los que existan escaleras que den acceso a dos o más viviendas.
En las viviendas de obra consolidada se estará a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, así como en las actualizaciones de la regulación foral correspondiente que resulten de aplicación.
2. En cualquier caso, y con independencia del cumplimiento de las determinaciones de esta Ley Foral que resulten de aplicación, en los edificios en que se proyecten viviendas con destino exclusivo a personas con discapacidad, se observarán los requisitos siguientes:
a) Deberá garantizarse que las viviendas destinadas a personas con discapacidad, así como las dependencias de uso comunitario sean accesibles a las mismas, de acuerdo con las disposiciones y normas establecidas por esta Ley Foral y sus reglamentos.
b) El diseño y ejecución del interior de dichas viviendas y de las dependencias de uso comunitario responderán a las determinaciones de esta Ley Foral y de sus reglamentos, y deberán hacer posible su adecuada utilización por las personas con discapacidad.
Disposición adicional tercera. Accesibilidad y diseño para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Los aspectos de accesibilidad universal y de diseño para todos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se ajustarán a lo establecido en Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional cuarta. Viviendas de Promoción Pública.
El porcentaje de viviendas de promoción pública reservadas para personas con discapacidad deberá mantener, al menos durante seis meses desde su oferta pública, el interior de las mismas sin distribución definitiva, con el objetivo de adaptarlas a las necesidades derivadas de la discapacidad del adjudicatario. En su caso, el promotor estará obligado a realizar las mencionadas adaptaciones. En el plazo de seis meses el Gobierno Foral regulará las adaptaciones mínimas necesarias.
Disposición transitoria primera. Adaptación a lo dispuesto en esta Ley Foral.
Los planes, normas, ordenanzas y otras disposiciones de las Administraciones Públicas de Navarra vigentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral deberán adaptarse a lo regulado por la presente Ley Foral.
Disposición transitoria segunda. Normativa vigente.
Las normas sobre accesibilidad vigentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de los desarrollos normativos contemplados en esta Ley Foral.
El Gobierno de Navarra, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, elaborará la reglamentación necesaria para su desarrollo.
El Gobierno de Navarra, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, constituirá, de acuerdo con las partes implicadas, el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
Disposición final segunda. Procedimiento para la obtención de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que transporten a personas con discapacidad.
El procedimiento para la obtención de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que transporten a personas con discapacidad se establecerá reglamentariamente.
Disposición final tercera. Normativa derogada.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral, y en concreto las Leyes Forales 4/1988, de 11 de julio, de supresión de barreras físicas y sensoriales, y 22/2003, de 25 de marzo, por la que se modifica la anterior.
Pamplona, 6 de abril de 2010.–El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 46, de 14 de abril de 2010)
Publicada en el BON núm. 46, de 14 de abril de 2010.
SE DEROGA, por Ley Foral 12/2018, de 14 de junio (Ref. BOE-A-2018-8951).
Ley Foral 22/2003, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2003-8530).