Source: http://agramontista.blogspot.com/2013/04/boletin-juridico-n-9.html
Timestamp: 2018-07-19 07:57:41
Document Index: 107275498

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 85', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 68', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 86', 'artículo 85', 'Artículo 87', 'artículo 85', 'artículo 86', 'Artículo 92', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 119', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 125', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 137', 'Artículo 140', 'artículo 138', 'Artículo 142', 'Artículo 146', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 155', 'Artículo 157', 'Artículo 159', 'Artículo 163', 'Artículo 166', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 174', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181']

Corriente Agramontista: BOLETÍN JURÍDICO N° 9
BOLETÍN JURÍDICO N° 9
BOLETÍN N° 9 Junio de 2012
Una vez más, los abogados pertenecientes a la Corriente Agramontísta hemos sacado un número (el noveno) de nuestro Boletín.
Desde el inicio de este empeño, aclaramos que cada entrega se iría haciendo cuando surgieran posibilidades para ello; o sea, que no asumimos ningún compromiso para dotar a ese órgano nuestro de una determinada periodicidad. No obstante, debemos reconocer que, en esta ocasión, la demora ha sido excesiva, y esperamos que, en lo adelante, los números salgan con mayor regularidad.
Debemos aclarar que esta entrega del Boletín está dedicada, en esencia, a un solo material: el Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Productivo que, en los marcos de los trabajos legislativos acometidos por la Corriente Agramontísta han elaborado los colegas Ernesto García Díaz y René Gómez Manzano. Ese carácter monográfico del presente número se debe a la considerable extensión del referido trabajo, que abarca la casi totalidad de las páginas disponibles.
Pasando a la política interna del país, debemos señalar que, en nuestra opinión, el suceso más importante acaecido en Cuba desde la publicación del anterior número de nuestro Boletín ha sido la excarcelación de los prisioneros de conciencia que permanecían injustamente encarcelados desde la Primavera Negra de marzo de 2003.
Ese paso en la dirección correcta, aunque unido a fuertes presiones para que los beneficiados marchasen al Exilio, se alcanzó gracias a la firmeza de los propios cautivos políticos, la abnegación de las dignas Damas de Blanco y el sacrificio del licenciado Guillermo (Coco) Fariñas Hernández, con su prolongadísima huelga de hambre y sed.
Aunque el proceso de liberación y destierro permitió reducir de manera considerable el número de los presos de conciencia, hasta hoy permanecen encarcelados unos cincuenta cubanos por motivos políticos diversos. Entre ellos se destaca un miembro de la Corriente Agramontista: el jurista Ernesto Borges Pérez, quien continúa en prisión pese a que, tras haber cumplido con exceso la tercera parte de la pena impuesta —diez años—, puede recibir ya los beneficios de la libertad condicional, dada la condición de militar que tenía al ser juzgado.
Al propio tiempo, el régimen totalitario ha intensificado una nueva modalidad represiva: la detención y mantenimiento en prisión de disidentes por períodos de tiempo relativamente cortos. El carácter intensivo con el que se emplea este modus operandi se refleja en el hecho de que, en un solo mes, el número de los afectados por actos de este tipo ha excedido de mil.
Simultáneamente, las autoridades castristas han puesto en marcha un modelo de supuesta apertura económica, que incluye la ampliación del trabajo por cuenta propia y la eliminación de algunas prohibiciones obsoletas. No obstante, esas medidas tienen un carácter vergonzante, y a todas luces resultan insuficientes para considerarlas como un verdadero cambio en el país.
Los abogados agramontistas consideramos necesario que en Cuba sean liberados todos los presos políticos, se respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos —lo cual debe incluir la ratificación de los correspondientes pactos de la ONU—, se restablezca el estado de derecho, cese la represión y se haga una apertura económica profunda y real.
La Habana, junio de 2012.
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO
Ernesto García Díaz y
En este nuevo número del Boletín de la Corriente Agramontista (de abogados independientes cubanos), los dos autores del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Productivo presentamos ese trabajo nuestro a la consideración de la opinión pública nacional e internacional. Aunque a nadie excluimos, es nuestro deseo que nuestra modesta obra llegue de modo especial a las personas que se interesan por los temas del necesario cambio político y económico en Cuba, así como a nuestros colegas juristas.
Hemos elaborado este trabajo en el marco de los estudios legislativos que la veintena de abogados agrupados en nuestra Corriente —con mucho la más antigua y nutrida organización de letrados independientes cubanos— iniciara en junio de 2010.
Aunque el tema agrario no estaba incluido entre los que se previó estudiar en un inicio, los agramontistas reunidos hace menos de dos semanas para celebrar el Día del Abogado acordaron por unanimidad que este trabajo que ahora presentamos fuese considerado como perteneciente a ese movimiento independiente. No obstante, los dos autores deseamos aclarar que los errores que pudiera haber en la aludida obra son de nuestra exclusiva responsabilidad.
Queremos aprovechar esta presentación para brindar una breve explicación del contenido de nuestro trabajo y del objetivo que nos trazamos al acometerlo.
Lo primero que debemos señalar es que partimos de una base: el sistema agrario dirigista establecido en Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959 —que es el mismo que, con algunos cambios cosméticos, se ha mantenido hasta hoy—, ha demostrado hasta la saciedad su carácter absolutamente ineficiente.
La agricultura castrista ha probado ser incapaz de satisfacer las necesidades de su población, y a derechas no exporta nada. La que otrora fuera “la Azucarera del Mundo”, ha reducido la producción del dulce a niveles de un siglo atrás. Otros renglones agropecuarios también han sufrido mermas notables.
Esa situación catastrófica debe ser enfrentada, y creemos que nuestro Proyecto de Ley puede contribuir a sentar las bases jurídicas para un cambio en ese terreno, el cual, para ser efectivo, tiene que ser profundo.
Como podrán observar los lectores, hemos dividido nuestro trabajo en dos grandes partes, a las que hemos dado el nombre de libros.
En el primero de éstos hemos consignado las medidas que consideramos indispensable realizar de inicio, al acometer el imprescindible cambio de las estructuras productivas. El sentido hondo de las transformaciones que consideramos vitales pueden resumirse en un par de frases: democratizar el agro cubano; liberar a las fuerzas productivas de las trabas que le impone el actual sistema dirigista.
Lo anterior incluye la conversión de los campesinos privados en verdaderos propietarios de sus predios, que no estén sujetos a la opresiva tutela de la ineficiente burocracia estatal; en el caso específico de los usufructuarios, se contempla la posibilidad de que puedan transformarse en dueños de sus fincas.
En cuanto a las cooperativas, propugnamos el fin del actual sistema autoritario entronizado en ellas. Es necesario que sus socios puedan debatir con entera libertad sus problemas, y que, después de hacerlo, decidan de manera democrática si la cooperativa seguirá existiendo o si las tierras deben repartirse entre los asociados. En el primer caso, deberá procederse a elegir libremente una nueva dirección.
En el Libro Segundo de nuestro Proyecto hemos tratado de plasmar las disposiciones generales que sugerimos que rijan con carácter permanente el sistema agropecuario cubano, tras las reformas aludidas en los párrafos precedentes.
Deseamos aclarar que el primer Por Cuanto, el Por Tanto y la línea final del Proyecto están apenas esbozados. Esto, por supuesto, se debe a que el texto correspondiente deberá ser precisado con arreglo a las disposiciones constitucionales que se encuentren vigentes al momento de dictarse la Ley, en su caso.
Esperamos que nuestro trabajo despierte el interés de sus lectores. Nos sentiremos muy complacidos de ello, así como de que al menos una parte de los preceptos que hemos redactado sean considerados acertados por quienes se interesan en esta temática.
Agradecemos de antemano las consideraciones y sugerencias que deseen hacernos llegar.
POR CUANTO: Es necesario reconocer que el sistema productivo hasta ahora instituido, deterioró la agricultura cubana durante más de cinco decenios, destruyó las bases agrícolas de la que fuera nuestra primera industria y ocasionó la emigración de numerosas familias campesinas y de trabajadores agrícolas hacia las ciudades, lo cual trajo, como secuelas inevitables, el abandono paulatino de los campos, la improductividad agraria, la proliferación del marabú y otras malas hierbas, el estancamiento y aun el retroceso de la producción agropecuaria y la consiguiente escasez de alimentos.
POR CUANTO: El sistema de las cooperativas cubanas no ha estado ajeno al estatalismo y los métodos antidemocráticos, por lo que se requiere una amplia reforma del mismo, la cual esté basada en el principio de la estricta voluntariedad de sus socios.
POR CUANTO: La democratización del sistema nacional de cooperativas, posibilitará también que los socios, en su caso, decidan democráticamente que la cooperativa continúe existiendo, así como que se ponga fin a los métodos de ordeno y mando que imperan actualmente en esas entidades, pues sus direcciones han sido impuestas, como regla, a propuesta del partido único, lo que implica que en esos procesos haya primado la coacción.
POR CUANTO: Lo señalado en el anterior Por Cuanto implica que, en las cooperativas agropecuarias que subsistan, se celebren asambleas y se realicen con rapidez elecciones verdaderamente democráticas, mediante sufragio secreto y con la participación de un número candidatos mayor que el de los cargos a cubrir, así como que se reconozca el pleno derecho de los socios a pronunciarse con entera libertad sobre todos los asuntos referentes al funcionamiento de la cooperativa.
POR CUANTO: El sistema dirigista de comercialización de los productos agropecuarios que ha sido mantenido durante decenios ha demostrado hasta la saciedad su total inoperancia y ha dado lugar a enormes pérdidas de cosechas y otros despilfarros que aconsejan su inmediata erradicación.
POR CUANTO: Ese sistema debe ser sustituido por otro basado en el libre mercado, sujeto solamente a la reglamentación y supervisión mínima que los poderes públicos consideren necesario ejercer con el único fin de impedir manipulaciones y distorsiones encaminadas a alterar los precios de los productos agropecuarios en su forma natural o transformada.
POR CUANTO: Se hace necesario adoptar medidas jurídicas que permitan hacer los cambios requeridos en las formas y estructuras de tenencia de la tierra con vistas a evitar en lo adelante el estancamiento productivo y económico de nuestro país, así como para darles toda la seguridad jurídica a los actuales poseedores de tierra y a los que las adquieran legalmente en lo adelante, para que puedan incrementar la producción sin temor a los periódicos despojos injustos y otras medidas arbitrarias que históricamente adoptó el régimen dirigista contra la empresa privada.
Artículo 2.- Esta Ley tiene como objetivos:
h) sistematizar la diversificación y comercialización de los productos agrarios y su complementariedad básica en la alimentación humana, así como de materias primas de diversos usos;
j) ayudar a conservar los recursos tierra, foresta, agua y diversidad biológica asociados a los diferentes ecosistemas, evitándose cualquier impacto ambiental o acción degradante provocada por la actividad humana o por fenómenos naturales;
n) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por la relevancia económica, social, ecológica e histórico-cultural que tiene para la Nación y en algunos casos para otros estados;
o) garantizar la protección de la cultura, el folklore, la artesanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las costumbres, usos y tradición oral campesina, así como la biodiversidad del hábitat.
Artículo 3.- La presente Ley, servirá de instrumento para redistribuir entre las personas naturales y jurídicas el inmenso e improductivo latifundio estatal creado por el anterior régimen dirigista; y protegerá a los que posean tierras, quienes serán amparados por las autoridades y, por consiguiente, no sufrirán confiscación ni despojo de ese bien inmueble.
Cualquier medida que se adopte como consecuencia de las disposiciones de esta Ley, y que implique, alguna forma de daño, menoscabo, perjuicio a un bien o derecho, determinará la obligación de restituirlo e indemnizarlo debidamente.
c) cooperativas: las cooperativas de producción agropecuaria, así como las de créditos y servicios, riego, transportación, mecanización, conservación y comercialización de las producciones agrarias agraria;
Artículo 10.- Cuando en esta Ley se hace mención a propietarios o a personas naturales, se entenderán por tales a las personas naturales o jurídicas cubanas y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional.
Artículo 11.- A la entrada en vigor de la presente Ley, se iniciará un proceso de reordenamiento de la propiedad de las tierras.
Artículo 12.- El proceso de reordenamiento de la propiedad de las tierras estará encaminado a eliminar el actual latifundio estatal, a cuyo efecto se aplicarán los métodos siguientes:
Artículo 13.- La determinación del precio justo de los predios estatales que hayan de pasar a propiedad particular se hará mediante subasta pública o mediante tasación.
Artículo 14.- El método de la subasta pública se empleará como regla en aquellos casos en que el Estado decida poner a la venta tierras de su propiedad que no estén siendo usufructuadas por personas determinadas.
Artículo 15.- Cada subasta será anunciada con una antelación de no menos de siete días hábiles en la Gaceta Oficial de la República, y su celebración será informada también de manera anticipada en la prensa local del territorio en el que estén enclavados los predios que hayan de ser sometidos a ese proceso.
Artículo 16.- En las subastas tendrán derecho a participar todas las personas.
Artículo 17.- El pago de una finca adquirida mediante subasta pública podrá hacerse:
Artículo 18.- La compra de una finca mediante subasta implicará para el comprador las obligaciones siguientes:
Artículo 19.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en el artículo precedente podrá dar lugar al inicio de un proceso de expropiación, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 y 86 de la presente Ley.
Artículo 20.- El método de determinación del justo precio de una finca estatal mediante tasación se empleará como regla en los casos en que las tierras que vayan a ser vendidas estén siendo usufructuadas por alguna persona.
Artículo 21.- En caso de que el usufructuario opte por comprar la finca, la tasación se realizará conforme a las Normas Metodológicas que apruebe con ese fin el Consejo de Ministros.
Artículo 24.- Se reconoce que en el proceso de cooperativización realizado en Cuba bajo el régimen dirigista desempeñó un papel de primer orden la coacción que caracteriza los métodos de dirección autoritarios.
Artículo 25.- Se declara que los principios fundamentales para la existencia y el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias son el de la absoluta voluntariedad de sus socios y el de carácter plenamente democrático de su vida interna.
Artículo 27.- Como parte fundamental del proceso de democratización se reconoce que los socios de las cooperativas agropecuarias tienen el derecho de determinar democráticamente si la entidad de la que forman parte continuará existiendo o si se iniciará el proceso para su liquidación y para la consiguiente repartición de las tierras entre los socios.
Artículo 28.- En las cooperativas cuyos socios decidan libremente mantener la existencia de las mismas, se llevará a cabo un proceso de democratización de su vida interna, el cual se ajustará a lo preceptuado en los artículos siguientes.
Artículo 29.- Las reuniones de la Asamblea General de Socios se celebrarán en base a principios democráticos, por lo que todos los socios podrán manifestarse en ellas con absoluta libertad.
Artículo 30.- A la entrada en vigor de la presente Ley, se celebrará en cada cooperativa una o más reuniones especiales de la Asamblea General de Socios, con el objetivo de debatir libremente toda la problemática relacionada con el funcionamiento que haya tenido la cooperativa bajo el régimen dirigista y con el reordenamiento de la misma, en su caso.
Artículo 31.- Al término del proceso de reuniones mencionado en el artículo precedente, y en el caso de toda cooperativa cuyos socios acordaren democráticamente la continuación de la existencia de la misma, se realizará un proceso electoral con el fin de escoger a las nuevas autoridades de la cooperativa.
Artículo 32.- El Ministerio de la Agricultura, dictará las Normas Metodológicas para reglamentar la realización de los procesos electorales a los que se refiere el presente Capítulo.
Artículo 33.- Se reconoce que el método dirigista de la comercialización estatal de los productos agropecuarios que ha regido durante decenios es absolutamente ineficiente, y sólo ha conducido a pérdida de cosechas y otros despilfarros millonarios.
Artículo 34.- Se dispone la extinción de la Unión Nacional de Empresas de Acopio, perteneciente al Ministerio de la Agricultura.
Artículo 35.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se establece la plena libertad de los mercados agropecuarios, los cuales se regirán por la ley de la oferta y la demanda.
Artículo 36.- Los gobiernos provinciales y municipales aseguraran que las instituciones públicas de sus territorios con sus presupuestos garanticen las compras de los productos agropecuarios que le son necesarios a los centros básicos de atención social.
Artículo 37.- El Estado, en la persona del Ministerio de la Agricultura, tendrá la facultad de supervisar el funcionamiento de los comercios agropecuarios, al solo efecto de dictar, en caso de que ello resulte absolutamente indispensable, las medidas mínimas necesarias para impedir distorsiones y manipulaciones del libre juego de las fuerzas del mercado.
DE LAS ASOCIACIÓN DE LOS AGRICULTORES
Artículo 38.- Se reconoce que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), establecida bajo el régimen dirigista, lejos de ajustar su funcionamiento a las finalidades, intereses y necesidades específicos de los agricultores privados, ha constituido un instrumento fundamental en el proceso de sometimiento de esos productores a los designios del gobierno, practicó una política de subordinación al partido único, y ha actuado de manera antidemocrática, frenando al propio tiempo el desarrollo de las fuerzas productivas de los agricultores, en perjuicio de la sociedad cubana.
Artículo 39.- Se autoriza la constitución de una nueva asociación que agrupe a los productores agropecuarios privados que voluntariamente deseen formar parte de la misma.
Artículo 42.- El proceso de constitución de la AANPP comenzará por el nivel inferior.
A esos efectos, en cada zona agraria donde existen agricultores privados o usufructuarios, cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuarias y unidades básicas de producción cooperativa, se convocará una reunión, a la cual tendrán derecho a asistir todos los productores agrarios privados, sean o no miembros de la extinguida ANAP.
Artículo 43.- Se autoriza de modo especial la creación voluntaria de asociaciones de agricultores privados especializados en la producción de un renglón agropecuario específico.
Artículo 44.- Se reconoce el principio de que los antiguos propietarios de tierras o sus causahabientes, en su caso, tienen derecho a recibir el pago de las indemnizaciones correspondientes como consecuencia de las medidas expropiatorias o de nacionalización de que hubieren sido objeto a partir de enero de 1959, siempre que no hubieren recibido pago alguno.
Artículo 45.- A partir del momento en que se dicte el Reglamento de la presente Ley, todo el que se consideren beneficiado por lo preceptuado en el artículo precedente podrá formular ante el Ministerio de la Agricultura la solicitud correspondiente, a la cual acompañará la documentación que acredite su derecho, conforme a lo que se reglamente al efecto.
Con toda la documentación correspondiente a cada solicitud se incoará un expediente de indemnización.
Artículo 46.- Las fincas rústicas o urbanas destinadas a la producción agropecuaria serán sujetas a certificación catastral, la cual precisará sus detalles planimétricos necesarios, medidas, linderos y cabida exacta.
El proceso de certificación catastral incluirá también la confección de planos, su relación con la inscripción en el registro de la propiedad a que pertenezca, si estuviere inscripta, o con el título de su propiedad o poseedor, así como los nombres de sus dueños, arrendatarios, usufructuarios u ocupantes, gravamen que la afecta y titulares de los mismos y los demás datos que fuere necesario o conveniente consignar.
Artículo 47.- El propietario de una finca rústica o urbana podrá solicitar, ante las oficinas municipales de Hidrografía y Geodesia, certificación catastral de la misma. Esto se hará mediante escrito simple, con presentación de su título de propiedad o certificado del registro de la propiedad de la tierra.
Artículo 49.- Se proscribe el latifundio. Ese régimen de propiedad basado en extensiones comparativamente grandes de tierras improductivas u ociosas se declara contrario a la justicia social y al interés general del país.
Artículo 53.- El Ministerio de la Agricultura, es el organismo rector encargado de supervisar, fiscalizar y controlar la política del Estado y del Gobierno en cuanto al uso, aprovechamiento y explotación sostenible del recurso tierra y de sus actividades conexas.
El Ministerio de la Agricultura, para la realización de sus funciones, se auxilia en unidades organizativas denominadas delegaciones, las que se estructuran por provincias y municipios de conformidad con las necesidades que existan en cada territorio.
Artículo 54.- La propiedad de la tierra de uso agrícola sólo podrá ser adquirida en lo sucesivo por los ciudadanos cubanos, sociedades formadas por ciudadanos cubanos o los extranjeros que posean la condición de residentes permanentes en el territorio nacional.
Artículo 58.- Las tierras propiedad del Estado, municipios y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, conservarán su condición de bienes públicos, manteniendo su carácter de imprescriptibles e inembargables. Lo anterior, no se aplicará a los casos en que, conforme a la presente Ley, el Estado proceda a vender tierras de su propiedad a personas dedicadas a la producción agropecuaria.
La acción reivindicatoria se ejercitará ante la judicatura correspondiente.
Artículo 60.- El Estado podrá entregar tierras de su propiedad a personas naturales o jurídicas para su explotación agropecuaria.
a) las tierras deficientemente aprovechadas por cultivos o plantaciones no aptas por las condiciones edafológicas del suelo, siempre que por esa razón exista despoblación o se tengan rendimientos notablemente bajos;
a) las adquiridas mediante justo título antes de 1959 por personas naturales o jurídicas que no fueron objeto de medidas expropiatorias y que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad;
En estos casos, el afectado podrá impugnar ante los Tribunales la causa de utilidad pública o interés social invocada para intentar privarlo de su propiedad.
La falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el presente artículo determinará el derecho del expropiado a ser amparado por los tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad.
Artículo 68.- Cualquier persona podrá presentar denuncia ante las oficinas de control de la tierra del Ministerio de la Agricultura, motivada por la existencia de tierras ociosas o improductivas. El centros de control de la tierra, tomando en consideración la fundamentación de la misma, decidirá la apertura de una investigación y ordenará mediante informe técnico su conclusión y las medidas a tomar conforme a esta Ley.
Articulo 69.- El acto que declare la tierra ociosa y que le haya sido notificado a su propietario, agota la vía administrativa, y contra el mismo podrá interponerse demanda administrativa para que se decrete su nulidad en el término de 60 días naturales, ante el Tribunal competente por la ubicación de la Finca rústica o urbana.
La certificación de finca productiva tendrá una validez de dos años contados desde la fecha de su expedición, pudiendo ser renovada al vencimiento de cada período.
Artículo 74.- En todos estos casos de expropiación, el Estado, adquirirá las tierras que fueren objeto de la medida con pleno y absoluto efecto irreivindicable siempre que los indemnizare debidamente.
Artículo 75.- En el caso de tierras que fueren expropiadas por encontrarse ociosas, se empleará como regla el método de la subasta pública para que queden en propiedad de personas en aptitud de hacerlas producir.
Artículo 86.- El Ministerio de la Agricultura advertirá y notificará al infractor de la obligación a que se refiere el artículo 85, mediante Acta de Advertencia, otorgándole un término de 30 días naturales para la erradicación de la conducta infractora. Decursado ese plazo, se procederá o no a cumplir lo indicado, según proceda.
Artículo 87.- La infracción por parte de los usufructuarios de lo dispuesto en el artículo 85, cuando fuere de carácter grave o de la forma reiterada, será considerada como causa para que el Ministerio de la Agricultura disponga el cese del usufructo concedido, así como el inicio del proceso judicial de expropiación forzosa de los bienes agropecuarios, conforme a lo establecido en el artículo 86 de esta Ley.
El uso y el racional aprovechamiento del recurso agua cuando éste fuere susceptible de ser usado con fines de regadío para la agricultura o para la acuicultura, queda protegido estatalmente.
Corresponderá al Ministerio de la Agricultura y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos la conformación de una comisión permanente coordinadora del régimen de uso de las aguas con fines agrarios, en la cual deberán participar todos los organismos y entidades que tengan competencia en la materia.
c) las tierras comprendidas en proyectos de inversiones públicas y sociales, siempre que sus dueños se negaren a venderlas o permutarlas voluntariamente al Estado.
Artículo 92.- Se consideran tierras baldías o abandonadas aquellas que, siendo aptas para la agricultura, no estén dedicadas por sus dueños a cultivos o plantaciones de clase alguna, ni al pasto de ganados u otra clase de explotación económica del suelo.
Artículo 102.- Es propiedad personal del cooperativista no aportador de tierras, la vivienda que construya en tierras de propiedad de la cooperativa previo acuerdo de la Asamblea General de Socios. El suelo es propiedad de la cooperativa y el propietario de la vivienda sólo tiene el derecho de superficie.
Artículo 103.- Son propiedad de la cooperativa, las viviendas construidas o adquiridas por ésta, ubicadas en tierras de su propiedad. Dichos inmuebles patrimoniales pueden ser utilizados en forma de usufructo gratuito o mediante arrendamiento por los cooperativistas u otras personas mientras subsista el vínculo laboral de éstos con aquélla. El precio del arrendamiento será fijado libremente por la Cooperativa.
Artículo 104.- La propiedad de las tierras y bienes agropecuarios se podrá trasmitir sólo para su uso, aprovechamiento y explotación agropecuaria e integración física racional, en los casos siguientes:
c) por compraventa de tierras o de bienes agropecuarios, ya sea mediante acuerdo entre las partes o mediante subasta publica;
Artículo 105.- Las trasmisiones de la propiedad de la tierra se formalizarán directamente ante Notario Público con sede en el lugar donde se encuentre enclavada la finca o unidad productiva.
Artículo 106.- En toda trasmisión de tierras o bienes agropecuarios, o del valor de éstos, se requerirá por quien corresponda la liquidación con el Banco Central de Cuba de los adeudos relativos a la explotación agropecuaria; así como al pago de los tributos que corresponda.
Artículo 107.- Los actos de trasmisión de la propiedad de la tierra, o bienes agropecuarios, o de su valor, no deben implicar pérdida o menoscabo en la producción agropecuaria de la unidad productiva. El dueño determinará lo más conveniente para sus intereses productivos y económicos.
La resolución denegatoria, en su caso, podrá ser impugnada y recurrida por la vía judicial, según corresponda.
Artículo 110.- Se considera causal de nulidad de los actos de trasmisión que por esta Ley se disponen, además de los establecidos en el Código Civil, dejar desprotegido a algún familiar que conviva o dependa económicamente del propietario.
Artículo 111.- En los actos de transmisión de la tierra, bienes agropecuarios o valor de éstos en que el Estado sea parte, será representado por el Ministerio de la Agricultura.
Artículo 115.- Para las permutas que se interesen entre las personas naturales y cooperativas, de una parte, y tierras propiedad del Estado, de la otra, será necesario que los correspondientes delegados territoriales del Ministerio de la Agricultura otorguen, mediante resoluciones fundadas, su aprobación, quedando expedita la vía notarial para concertar el contrato de permuta de tierra con la entidad correspondiente.
Artículo 116.- Contra la disposición dictada por los funcionarios del Ministro de la Agricultura se podrá interponer los recursos y procedimientos por la vía judicial correspondiente.
Artículo 119.- En la compraventa de tierras o bienes agropecuarios, el pago del precio fijado se efectúa en el acto de formalización de la compraventa, mediante los instrumentos de pago emitidos por la institución bancaria, según las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba.
Artículo 121.- Para la venta de tierras propiedad del Estado a personas naturales y cooperativas, será necesario que el correspondiente Delegado Territorial del Ministerio de la Agricultura otorgue, mediante Resolución fundada, su aprobación. Una vez concedida dicha autorización, quedará expedita la vía notarial para concertar el contrato de compraventa de tierra con la entidad agropecuaria correspondiente.
Artículo 122.- La Dirección Territorial del Centro Nacional de Control de la Tierra, será la encargada de conformar un expediente agrario de compraventa de tierra cuando la interesada en la compra sea una entidad estatal. Al otorgar la escritura notarial, el expediente, incluyendo la resolución de aprobación, quedará unido a la matriz de la escritura notarial.
a) acta de aceptación firmada por el vendedor o comprador privado;
Artículo 125.- Cuando una cooperativa posea tierras en usufructo, su fusión, división o segregación, requerirá de la autorización, mediante resolución fundada, del Delegado Territorial del Ministerio de la Agricultura. Las resoluciones denegatorias pueden ser impugnadas por la vía judicial correspondiente.
Artículo 132.- El divorcio de los cónyuges propietarios de tierras podrá dar lugar a la liquidación de la copropiedad de la tierra.
Artículo 133.- La trasmisión de tierras y bienes agropecuarios, o su precio, por fallecimiento de su propietario, se realizará por testamento o por ley conforme lo establecido en el Código Civil.
Artículo 134.- De concurrir varios herederos o legatarios con derecho a la herencia, las tierras y los bienes agropecuarios indispensables para la producción se adjudicarán en condominio, manteniéndose indivisible y en forma adecuada la unidad productiva.
Artículo 137.- En casos de transmisión de la tierra y bienes agropecuarios por sucesión, los herederos o legatarios que manifiesten no tener interés en quedar como copropietarios de la tierra ni en arrendar su participación, tendrán derecho a cobrar el precio de dichos bienes y tierra a los herederos o legatarios que sí se adjudicaren esos bienes, en las proporciones que a cada uno de ellos corresponda.
Los herederos o legatarios con derecho a cobrar el precio de la tierra y bienes agropecuarios, podrán renunciar a ese derecho, salvo que se tratare de herederos especialmente protegidos.
a) que, sumadas las superficies de los predios, no se excedan los límites máximos de extensión que establecen los artículos 50 y 51 de la presente Ley;
Igualmente puede el heredero renunciar a la herencia a favor de otro coheredero o de una institución pública o de beneficencia. En este último caso, su parte no acrecerá a los demás herederos.
Artículo 140.- Cuando al fallecimiento de un agricultor privado no apareciere persona alguna con derecho a la adjudicación de la tierra y demás bienes agropecuarios o su precio, o cuando venciere el término establecido en el artículo 138, dichos bienes pasarán a propiedad del Estado.
Artículo 142.- La propiedad de la tierra de un agricultor privado puede trasmitirse a una cooperativa por aportación, mediante la incorporación del agricultor a la misma. En este caso, la aportación debe comprender la totalidad de la finca.
Artículo 146.- El Estado puede entregar en usufructo tierras de su propiedad. Ellas deberán ser utilizadas en forma racional y sostenible, de conformidad con las características de uso del suelo para la producción agropecuaria.
El usufructo concedido le da derecho a su beneficiario al disfrute de éste, así como a hacer las obras, reparaciones e instalaciones necesarias para la conservación y aprovechamiento de las tierras.
Artículo 149.- El referido contrato se formalizará mediante proforma oficial. El mismo será suscrito por el titular o titulares del usufructo, o por sus representantes, en el caso de las personas jurídicas, así como por el Delegado Municipal de la Agricultura. El convenio se anexará a la Resolución de otorgamiento del usufructo.
Artículo 150.- El Delegado Municipal del Ministerio de la Agricultura es la autoridad facultada para aprobar, mediante resolución fundada, las solicitudes de tierras en usufructo a las personas naturales y jurídicas.
Artículo 151.- Los usufructos de tierras concedidos a personas naturales y jurídicas antes de la vigencia de la presente Ley, y los que se otorguen en el futuro, serán gravados con los tributos correspondientes a la utilización de las tierras.
Artículo 152.- Las tierras a entregar en usufructo a las personas naturales y jurídicas estarán a a su plena producción, la disponibilidad de fuerza de trabajo y de recursos para la producción, el tipo de producción agropecuaria para el que van a destinar las tierras y la capacidad agroproductiva de los suelos.
Artículo 155.- La extinción del usufructo por muerte del usufructuario conlleva al pago de las bienhechurías a los herederos del usufructuario. En caso de existir construida una vivienda, se actuará conforme a la legislación común vigente a esta materia.
Artículo 157.- La resolución de concesión, denegación o extinción del usufructo será notificada al solicitante o solicitantes a los fines correspondientes. En los casos de denegación o extinción, los interesados podrán recurrir ante la representación territorial del Ministerio de la Agricultura, y contra lo resuelto por ésta podrá iniciarse el proceso judicial correspondiente, quedando expedita dicha vía para establecer, en lo sucesivo, los recursos y procedimientos que dispone la Ley.
Artículo 159.- Se crea, en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Justicia, la Sección del Registro de Tierras, que tendrá por objeto el control e inventario de todas las tierras de aprovechamiento agrario.
El Ministerio de la Agricultura queda obligado a evaluar las actividades agrarias no comprendidas en esta Ley que requieran ser objeto de registro público, así como proponer su reglamentación.
Artículo 163.- Los registros serán públicos, y cualquier persona podrá obtener información de sus asientos e inscripciones y obtener a su costo las copias que solicite.
El régimen de contravenciones y medidas administrativas incluye a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que incurran en las infracciones que por las diferentes normas se sancionan.
l) las relativas al régimen de los bosques, los aserríos y conservación de la madera;
Artículo 166.- La Oficina Nacional de Inspección Agropecuaria adscrita al Ministerio de la Agricultura, es el órgano rector de la aplicación del Régimen Contravencional que corresponde a ejecutar a ese Ministerio. Esa dependencia podrá velar también por el cumplimiento de otras disposiciones, según lo que dispusiere al efecto el Ministerio de la Agricultura.
a) los de arrendamientos de fincas, con el propósito de obtener beneficios del suelo, mediante la explotación agrícola o forestal;
b) los de compraventa de productos agropecuarios, ya sean naturales o transformados;
Artículo 168.- Podrán constituirse cooperativas agropecuarias, mediante la asociación voluntaria de productores que decidan libremente unir sus esfuerzos para la producción colectiva.
Artículo 169.- Estas organizaciones colectivas económicas para la producción agraria, se establecerán teniendo como base los principios de asociación abierta y voluntaria, gestión democrática de sus asociados, participación económica de sus socios, educación e instrucción de sus asociados, autonomía e independencia, mutua cooperación entre cooperativas, compromiso social, solidaridad, emprendimiento empresarial y repartición de sus utilidades, conforme a los estatutos que elaboren y aprueben las mismas.
Artículo 171.- Para la constitución de cooperativas, sus asociados, fundadores aprobarán sus estatutos, suscribirán sus aportaciones y elegirán la dirección prevista en aquéllos.
Posteriormente, la cooperativa se inscribirá en el Registro de la Oficina Nacional de Estadísticas, a los efectos del ejercicio de su actividad económica.
Artículo 172.- Estas formas de asociación se regirán por sus estatutos y por las disposiciones acordadas para su organización, dirección y funcionamiento, así como por las de la presente Ley, la legislación especial que se dicte a tal efecto y las normas del derecho común.
Artículo 174.- Los poderes públicos locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, realizarán inversiones públicas y propiciarán las privadas para el mercadeo de alimentos. A esos efectos posibilitaran la creación de establecimientos para el abasto y conservación de los productos agrarios. Con ese fin podrán subastar, vender o arrendar espacios libres para la ejecución de obras e infraestructuras a los fines expresados en esta Ley.
c) mantener y aumentar las fuentes de riqueza agropecuaria, propendiendo a su distribución entre el mayor numero posible de personas;
El Ministerio de la Agricultura velará, asesorará, orientará y fiscalizará la política del Estado respecto a todas las actividades agropecuarias, incluidas la sanidad vegetal y veterinaria, la protección del medio ambiente, la flora y la fauna silvestre, y cuantas otras sean necesarias.
Artículo 178.- La mecanización agrícola debe constituir un objetivo permanente. Para viabilizarla, el Estado adoptará medidas que propicien el uso y empleo de maquinarias y otros medios y equipos de trabajo, organizando un sistema de venta a mediano y largo plazo, o de arrendamientos de los diversos medios de cultivo y de transportación para la comercialización, auxiliado por un régimen amplio de créditos. En este último aspecto, la responsabilidad fundamental recaerá en el Banco Central de Cuba.
Artículo 179.- La producción agropecuaria debe ser incrementada y favorecida con vistas al mercado externo, sin perjudicar las necesidades del consumo propio, en el que deberá mantenerse un abastecimiento suficiente y a un precio módico.
Artículo 180.- A fin de estimular el desarrollo local, de acuerdo con lo previsto en la Ley, los municipios coordinarán, con los diferentes ministerios, los programas de incentivos a la producción y aseguramiento del mercadeo de productos agropecuarios.
Artículo 181.- Los Institutos de Investigación Científica son instituciones autogestionadas, que promoverán las transferencias de tecnologías y de sus resultados científicos a los productores.
Los resultados científico-técnicos que se obtengan en las ramas agrarias del país serán licitados y vendidos a las formas productivas que se interesen por los mismos, a los fines de alcanzar altos resultados en la producción agropecuaria.
PRIMERA: Cuando una tierra que se pretendiere adquirir o transmitir esté vinculada con actividades económicas que no fueran propias del Ministerio de la Agricultura, se oirá el parecer del organismo rector de la actividad con la que esté vinculada.
SEGUNDA: La tierra propiedad de un agricultor privado fallecido que estuviera sujeta al pago de renta, compensación o subsidio, pasará a propiedad del Estado si no existen sucesores del causante con derecho a heredar la tierra, y, en consecuencia se procederá a la cancelación total del pago de la renta a partir de la fecha del fallecimiento del causante.
TERCERA: Para la transmisión, adquisición o adjudicación de la herencia propiedad de un agricultor privado o de un cooperativista fallecido, será necesario el cumplimiento previo de lo establecido en esta Ley y de legislación sucesoria prevista en el Código Civil.
La transmisión, adquisición o adjudicación que se realice con infracción de lo dispuesto en la Ley, será nula, y el Ministerio de la Agricultura dispondrá, según proceda, el inicio del trámite de expropiación forzosa de la tierra y bienes agropecuarios, conforme a lo establecido en esta Ley, y dispondrá, por ende, la incorporación de dichos bienes al patrimonio estatal.
QUINTA: Los tenentes de tierra podrán solicitar, al Departamento Provincial de Suelos, las certificaciones del tipo de suelo de sus tierras, al objeto de obtener la información necesaria de su clase, composición mineralógica y química, para definir y asegurar sus capacidades productivas y las actividades agrarias más convenientes. El certificado será gravado mediante pago al efecto por el solicitante.
ÚNICA: En el caso de muerte de un presunto beneficiario, ocurrida antes o durante el ejercicio de derechos reconocidos en esta Ley, se entenderán trasmitidos sus derechos de propiedad a los herederos, sin interrupción de la posesión de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sucesoria establecida en el Código Civil, y podrán dichos herederos ser amparados en esa posesión por los trámites del proceso de amparo regulado en la legislación procesal, aun cuando se hubieren producido actos de perturbación o despojo por parte de alguna autoridad administrativa.
PRIMERA: En los casos de personas a las que se les haya otorgado el derecho a la propiedad de la tierra al amparo de las diferentes legislaciones con anterioridad a esta Ley, y no hayan comenzado su explotación, se les concederá un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley para que lo hagan. Decursado ese plazo, si lo dispuesto no se hubiere cumplido, se traspasará la tierra al Estado mediante la expropiación forzosa acorde con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la presente Ley.
SEGUNDA: Cualquier procedimiento, reclamación o conflicto sobre la propiedad o posesión de tierra que esté siendo conocido por autoridad administrativa del Ministerio de la Agricultura, aun cuando se hubiere dictado resolución, si esta no fuera firme al momento de publicarse esta Ley, pasará a la competencia de los Tribunales de Justicia, dentro del término de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Durante la sustanciación del proceso judicial que corresponda, se velará especialmente por respetar de manera escrupulosa las garantías establecidas en la legislación procesal.
TERCERA: Los procesos sucesorios y adjudicatorios que al entrar en vigor la presente Ley estén sustanciándose con arreglo al Decreto-Ley Nº 125, de 30 de enero de 1991, a través de los centros de control de la tierra, se ajustarán a lo que se dispone por la presente Ley, devolviéndose sus documentos a los solicitantes para que éstos inicien el proceso que corresponda por la vía notarial o judicial, según procediere.
El proyecto de Reglamento General será elaborado por una comisión ad hoc que presidirá el delegado designado al efecto por el Ministro de la Agricultura, y de la cual formarán parte asimismo representantes de los ministerios, órganos e instituciones del Estado y del gobierno relacionados con la producción agropecuaria.
SEGUNDA: El Ministerio de Finanzas y Precios dictará las disposiciones que procedan para el pago, por parte de los tenedores de tierras, ya sean propietarios o usufructuarios, del impuesto anual sobre el uso del suelo, trasmisiones de propiedad o bienes, arrendamientos, comercialización agropecuaria; y cuantos sean necesarios a los fines expresados en esta Ley.
TERCERA: Se dispone la cancelación de los arrendamientos de tierra realizados cuando no existan en los mismos intereses públicos. El Ministerio de la Agricultura evaluará pormenorizadamente los contratos que realizó, con el objetivo de devolverles las tierras a los antiguos propietarios o causahabientes que manifiesten su deseo de explotarlas y ponerlas en producción, siempre que no estén ocupadas por ninguna forma productiva.
La devolución de las tierras a sus legítimos propietarios, podrá ser total o parcial, según el grado de ocupación de las mismas por las formas productivas. El área liberada no conllevará pago alguno o impuestos a pagar por el o los propietarios por razón del acto propio de cancelación del contrato de arrendamiento.
La Ley determinará los casos en que proceda el otorgamiento de pensiones por jubilación, o por razones de edad, incapacidad o fallecimiento del usufructuario, según los procedimientos que se dicten al efecto por los ministerios de la Agricultura y de Trabajo y Seguridad Social.
QUINTA: Se crea, en los actuales registros de la propiedad del Ministerio de Justicia, la Sección de la Propiedad de la Tierra, correspondiéndole a este organismo establecer las disposiciones jurídicas complementarias para su implementación.
Todas las operaciones registrales relativas a fincas rústicas y urbanas, de propiedad pública o privada, se verificarán en los libros de esta Sección a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
SÉPTIMA: El Ministerio de la Agricultura, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto Nacional de Planificación Física, dictarán las normas complementarias a esta Ley, relativas al ordenamiento, posesión, propiedad y trasmisión de la vivienda en fincas urbanas, suburbanas y rurales.
OCTAVA: Los ministerios de la Agricultura, de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, dictarán las normas jurídicas complementarias a esta Ley, relacionadas con el régimen laboral y tributario que corresponda.
DÉCIMA: Para la construcción de viviendas en tierras pertenecientes a las diferentes formas productivas, se requerirá cumplimentar las regulaciones correspondientes a la legislación sobre planificación física, medio ambiente, salud pública, arquitectura y urbanismo, así como de la vivienda. Los títulos de propiedad serán autorizados y autenticados ante notario público.
UNDÉCIMA: Se autoriza la creación de una Agencia para el Desarrollo Agrario Privado de Cuba, que se conocerá por las siglas (APDAPCUBA), institución no gubernamental dirigida a desarrollar proyectos de cooperación agraria a los productores privados cubanos a partir de la constitución de fondos de ayudas nacionales y de la comunidad internacional de naciones, de las instituciones no gubernamentales de todo tipo incluyendo las religiosas y fraternales, asociaciones productivas internacionales, asociaciones privadas y públicas dedicadas a la investigación científica agropecuaria y de cuantas personas naturales y jurídicas estén interesadas en apoyar a los productores privados cubanos.
APDAPCUBA tendrá carácter autónomo y personalidad jurídica propia, y sus esfuerzos estarán dirigidos a implementar y cumplimentar los proyectos de cooperación agraria que se originen como resultado de las acciones de los entes nacionales e internacionales.
DUODÉCIMA: Se autoriza la formación de empresas agro-exportadoras cubanas del sector agrario privado para que puedan garantizar la exportación estable y segura de los productos agropecuarios de origen cubano, de conformidad con las regulaciones sobre calidad e inocuidad, así como con los regímenes fitosanitario, comercial, financiero y aduanal que se establezcan por los organismos competentes.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, se considerarán organismos competentes los ministerios de la Agricultura, del Comercio Exterior, de Finanzas y Precios, de Salud Pública, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Transporte, el Instituto Cubano de la Aviación Civil, el Banco Central de Cuba, la Aduana General de la República, así como las agencias aseguradoras, de control y revisión de cargas y otros organismos e instituciones vinculadas con el comercio exterior.
DÉCIMO TERCERA: Se faculta al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones legales sean necesarias para el desarrollo y ejecución de los contratos agroalimentarios.
DÉCIMO CUARTA: Se dispone crear la judicatura agraria. El Consejo de Ministros queda encargado de elaborar y presentar, al órgano legislativo correspondiente, en el término de sesenta días contados a partir de la publicación de la presente Ley, el proyecto o proyectos legislativos que fuere menester dictar para regular la implementación de lo dispuesto en esta Disposición Final.
DÉCIMO QUINTA: Los ministerios de la Agricultura y de Economía y Planificación, así como la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, con la participación de otras instituciones del Gobierno y la Asociación Agraria Nacional de Productores Privados (AANPP), realizarán, en las actividades productivas que lo requieran, censos nacionales agrarios, a fin de comprobar y comparar periódicamente los resultados de la aplicación de la presente Ley y adoptar las medidas más convenientes para eliminar las dificultades y facilitar el desarrollo productivo del país.
DÉCIMO SEXTA: El Ministerio de la Agricultura, el Instituto de Suelos y Fertilizantes y el Instituto de Hidrografía y Geodesia, establecerán un cronograma de trabajo para la medición cartográfica y la categorización de los suelos de tierras privadas y estatales de nuestro país. Los resultados de los mismos servirán para ajustar y determinar según corresponda los excesos o defectos de cada predio domínico, así como para rectificar y actualizar sus inscripciones registrales.
DÉCIMO SÉPTIMA: Corresponde al Ministerio de la Agricultura, dentro de sus atribuciones y funciones, la específica de fiscalizar la política del Estado y del Gobierno en cuanto al uso, aprovechamiento y explotación de la tierra agropecuaria y forestal de propiedad estatal, cooperativa o privada. Por consiguiente, ese organismo ajustará toda su normativa legal, a las nuevas disposiciones de esta Ley.
DÉCIMO OCTAVA: El Banco Central de Cuba, conjuntamente con otros eslabones del sistema bancario y financiero nacional, organizará el régimen de créditos, préstamos y garantías a las cooperativas que se constituyan al amparo de esta Ley, así como a los campesinos individuales.
DÉCIMO NOVENA: Los ministerios de la Agricultura y de Finanzas y Precios podrán personarse y litigar en cuantos pleitos agrarios, civiles o causas criminales que se relacionen con la tierra, los bienes agropecuarios y otros bienes de interés vinculados a la explotación agrícola.
VIGÉSIMO PRIMERA: Se derogan las normas siguientes:
- La Ley Nº 95, de 2 de noviembre de 2002, (Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos Servicios), así como sus Reglamentos Generales de 17 de mayo de 2005.
-La Resolución Nº 24, de 19 de marzo de 1991 (Reglamento del Decreto-Ley Nº 125/91), del Ministro de la Agricultura;
- La Resolución Nº 180, de 17 de abril de 1996, que modificó de la Resolución No. 24/91, del Ministro de la Agricultura;
- La Resolución Nº 117, de 27 de enero de 1988, del Ministro de la Agricultura, relativa al mejor derecho;
- La Resolución Nº 1, de 4 de enero del 2002, que modificó la Resolución Nº 24/91, del Ministro de la Agricultura;
- La Resolución Nº 290, de 15 de mayo de 1990 (Reglamento sobre la Compra de Tierra Agropecuaria), del Ministro de la Agricultura;
- La Resolución Nº 602, de 25 de septiembre de 1990 (Tabla de Precios), del Ministerio de la Agricultura.
- Las resoluciones conjuntas números 01/2000 y 02/2000, ambas de 31 de diciembre de 2000 (Reglamento del Sistema de Control Estatal sobre la Tierra, y sobre Ajustes de Áreas Entregadas en Usufructo), del Ministro de la Agricultura y el extinguido Ministerio del Azúcar;
- La Resolución Nº 584, de 30 de diciembre del 2000, del Ministro de la Agricultura;
- La Resolución Nº 768, de 12 de octubre de 1998, del Ministro de la Agricultura;
Dada en .….