Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-633188
Timestamp: 2019-10-22 10:57:02
Document Index: 412236267

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 218', 'artículo 88', 'artículo 218', 'artículo 88', 'artículo 33', 'artículo 218', 'artículo 24', 'artículo 88', 'artículo 218', 'artículo 88', 'artículo 248', 'artículo 88', 'artículo 67', 'artículo 88', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 51', 'artículo 69', 'artículo 139']

Sentencia Tribunal Supremo Sala 3ª 02/07/2019
Tribunal Supremo Sala 3ª, 2-07-2019 , nº 2969/2016, rec.979/2019,
ECLI: ES:TS:2019:2156
En el recurso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia de fecha 15 de julio de 2016 , desestimatoria del recurso promovido por D. Jose Pablo contra la resolución del Consejero de Sanidad del Principado de Asturias de fecha 10 de abril de 2015, por el que se autoriza la instalación que tenía concedida D.ª Vicenta en el local designado, situado en la carretera general s/n de la localidad de Pola de Somiedo.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de instancia de fecha 13 de septiembre de 2016, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Jose Pablo ha comparecido en forma en fecha 16 de octubre de 2016 mediante escrito por el que interpone el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional ;
- 2º, que se basa también en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto de los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley jurisdiccional y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ;
- 3º, igualmente basado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en este caso del artículo 33.1 de la misma Ley jurisdiccional , del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24.1 de la Constitución ;
- 4º, que se ampara en el apartado 1.c) del reiterado precepto procesal, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto de los artículos 51.1.b ) y 69.b) también de la Ley jurisdiccional ;
- 5º, basado como los anteriores en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción e igualmente por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, ahora por infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ;
- 6º, que se basa en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en este caso de los artículos 33 y 67 de la misma Ley jurisdiccional , del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , de los artículos 24.1 y 102.3 de la Constitución , y de los artículos 218.2 y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ;
- 7º, amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común , y
- 8º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución .
Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia casando la impugnada y resolviendo de acuerdo con las pretensiones de dicha parte.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de enero de 2017.
Personada la Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia en la que, desestimando el recurso, confirme íntegramente la resolución de instancia recurrida, imponiendo las costas a los recurrentes.
Por providencia de fecha 29 de marzo de 2019 se ha señalado para la votación y fallo del presente recurso el día 18 de junio de 2019, en que han tenido lugar dichos actos.
Don Jose Pablo impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 15 de julio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias , en materia de oficinas de farmacia. La sentencia impugnada desestimó el recurso que el citado señor había interpuesto contra la resolución del Consejero de Sanidad del Principado de Asturias de 10 de abril de 2015, por la que se autoriza a doña Vicenta la instalación de la oficina de farmacia concedida en el local que la interesada había designado.
El recurso de casación se articula mediante ocho motivos. Los seis primeros se amparan en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia (motivos primero a tercero, quinto y sexto) y de los actos y garantías procesales (motivo cuarto). En el primer motivo se aduce la vulneración de del artículo 218 de la Ley de enjuiciamiento civil , en relación con los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley de esta Jurisdicción , por incongruencia omisiva al no responder a una cuestión sobre el pago de tasas planteada por la Administración demandada y negada por la recurrente.
El segundo motivo se basa en la infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, y del 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por excluir del proceso cuestiones que están pendientes de otro procedimiento judicial todavía en curso.
En el tercer motivo se alega la infracción de los artículos 33.1 de la Ley de la Jurisdicción , 218 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 24.2, al haber negado legitimación al recurrente.
El cuarto motivo, acogido al citado precepto de la Ley de la Jurisdicción por infracción de las normas reguladoras de los actos y garantías procesales, se funda en la vulneración de los artículos 51.1.b ) y 69.b) de la Ley de la Jurisdicción , por no haber otorgado un plazo de alegaciones antes de declarar la inadmisión del recurso en sentencia.
El quinto motivo se funda en la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por dictar sentencia prejuzgando otra sobre una resolución anterior, pendiente de pronunciamiento.
Finalmente, el sexto motivo, último de los acogidos al apartado 1.c) de artículo 88 de la Ley jurisdiccional , se basa en la vulneración de los artículos 33 y 67 de la Ley de la Jurisdicción , 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 24.1 y 102.3 de la Constitución y 218.2 y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por falta de valoración de las pruebas propuestas.
Los motivos séptimo y octavo de acogen al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia. En el motivo séptimo se aduce la infracción del artículo 67 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), al haberse admitió como válidas actuaciones anteriores que habrían decaído como consecuencia de la anulación de la anterior adjudicación de farmacias en 2002.
Finalmente, el octavo motivo se funda en haber incurrido la sentencia impugnada en arbitrariedad, con vulneración de los artículos 93 y 24.1 de la constitución , por no haber valorado la prueba practicada en los autos.
La Sala de instancia justifica la inadmisión del recurso en las siguientes razones jurídicas:
" TERCERO.- Como ponen de manifiesto las partes, al presente recurso le precedieron otros muchos, y es consecuencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 2847/2011 por el que se ordenaba una nueva valoración de los méritos del recurrente; efectuada dicha valoración por resolución de 11 de enero de 2014, se resuelve el procedimiento para la autorización de las oficinas de farmacia que impugnada, fue resulta por sentencia de fecha 14 de diciembre de 2015, dictada en el P.O. 107/2014 , pendiente de recurso de casación, elevando a definitivas las puntuaciones otorgadas a todos los peticionarios.
Al igual que se argumentaba en el citado recurso 107/2014, el objeto del presente recurso se circunscribe a la resolución de fecha 10 de abril de 2015 por la que el Consejero de Sanidad autoriza a Dª Vicenta la instalación de la farmacia que tiene concedida en el Carretera General s/n de Pola de Somiedo, resultando extraño a este proceso cualesquiera otras cuestiones anteriores que pudieran afectar a dicha autorización aunque su validez y eficacia se hallen subordinadas a ellas por ser consecuencia de las mismas.
La autorización de la instalación de una oficina de farmacia exige la obtención previa del derecho para poder instalarla mediante una resolución que antecede a la de su autorización, de la que es consecuencia necesaria y cuya impugnación no puede apoyarse en la resolución que la autoriza en función de las características del local e implica la propia designación, por parte del titular del derecho a la instalación, del local en el que se pretende abrir la farmacia, hecho que tuvo lugar, dando cumplimento a la resolución de fecha 9 de septiembre de 2014, por escrito del día 3 de octubre del mismo año, designa como local para llevar a cabo la instalación de la farmacia, en el indicado de la Carretera General s/n de Pola de Somiedo, que se corresponde con el que había sido autorizado por la Consejera de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, con motivo del concurso convocado por resolución de 14 de junio de 2002 dejado sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 30 de mayo y 4 de julio de 2012 .
La circunstancia de que Dª Vicenta y otros adjudicatarios de la oficina de farmacia optaran en la designación del local para su instalación el mismo local que ya habían designado en la adjudicación que tuvo lugar en el concurso convocado en el año 2002, además de no causar daño o perjuicio alguno al recurrente que le legitime para impugnar dicha instalación, vienen a efectuar una nueva solicitud de autorización en la instalación de la nueva farmacia, si bien, como consecuencia de dicha nueva solicitud, se convalidan y se dan por válidas las actuaciones que tuvieron lugar en la adjudicación de la convocatoria de 2002, como autoriza el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común . Por otra parte, no existe razón alguna para determinar que no puedan designarse de nuevo como locales en los cuales se van a instalar las oficinas de farmacia, los mismos que ya se designaron en un concurso anterior anulado o que puedan sustituirse por otros a voluntad de los interesados a quienes corresponde, en definitiva, defender e impugnar aquellos actos en los que estiman que su voluntad individual ha sido puesta en entredicho, y no a terceros como hace el recurrente con apoyo en el documento que acompaña con la demanda con el nº 4 que además aparece correctamente firmado y consolidado por los afectados con indicación de su D.N.I., aunque al pie de la fecha no conste firma alguna." (fundamento de derecho tercero)
Sobre el objeto de este pleito.
Como se deduce claramente de los términos de la Sentencia recurrida, la Sala de instancia parte del hecho cierto de que el objeto del presente procedimiento está constituido exclusivamente por la resolución de 10 de abril de 2015, por la que se autoriza a doña Vicenta la instalación de la oficina de farmacia concedida en el local que dicha señora había designado. De la delimitación del objeto del recurso se deriva para la Sala juzgadora la ausencia de interés material por parte del actor en cuanto a la concreta designación del local, una vez adjudicada la apertura de una oficina de farmacia y, en consecuencia, su falta de legitimación, conducente a la inadmisión del recurso y a la improcedencia de dar respuesta a muchas de las cuestiones suscitadas en el escrito de demanda.
Como vamos a ver, la respuesta de la Sala juzgadora es plenamente conforme a derecho y origina la desestimación de todos los motivos, en su mayor parte ajenos a la problemática de la legalidad o no de la referida resolución que constituye el único objeto de la litis. Para mayor claridad vamos a hacer una sucinta relación de los antecedentes del presente procedimiento. La actual resolución se dicta como consecuencia de las siguientes actuaciones administrativas y judiciales:
- 14 de junio de 2002: convocatoria del concurso de 24 nuevas oficinas de farmacia en distintas zonas del Principado de Asturias, entre las que se encuentra la litigiosa en Somiedo.
- Desarrollado el proceso concursal e impugnada la resolución correspondiente, las sentencias de esta sala de 10 y 30 de mayo (ésta última, en el recurso de casación 2847/2011, a instancias del ahora recurrente ) y 4 de julio de 2012 , corrigieron determinados extremos del resultado del concurso y ordenaron la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la valoración de los méritos por parte de la Comisión de valoración. Tal retroacción se acordó por resolución de 6 de noviembre de 2012 de la consejería de Sanidad del Principado.
- Por resolución de 11 de enero de 2014 se valoraron nuevamente los méritos de los solicitantes de las oficinas de farmacia convocadas a concurso y por resolución de 31 de enero se elevaron a definitivas las puntuaciones de los farmacéuticos concursantes a cada una de las zonas objeto de concurso.
- Interpuesto de nuevo recurso contencioso administrativo contra dicha valoración, fue desestimado por sentencia de 14 de diciembre de 2015 (procedimiento 107/2014); recurrida en casación (RC 254/2016) y estando pendiente dicho recurso, se dicta la sentencia aquí impugnada. Con posterioridad a la interposición del presente recurso de casación recayó el Auto de 22 de septiembre de 2016 por el que esta Sala declaró la inadmisión del citado recurso de casación 254/2016 .
- Transcurrido el plazo otorgado para la elección de zona por parte de los concursantes que hubieran optado a más de una oficina, se dictó la resolución de 9 de septiembre de 2014, por la que se autorizaba a doña Vicenta a designar un local para la instalación de una nueva oficina de farmacia en la zona farmacéutica de Somiedo.
- Mediante escrito de 3 de octubre efectuó la designación del local, siendo el mismo que había designado en la anterior tramitación, indicando que no se había producido variación alguna que requiriese modificar la documentación presentada en su momento, por lo que solicitaba su incorporación al expediente.
- Por resolución de 10 de abril de 2015 se autorizó a doña Vicenta la instalación de la oficina de farmacia en el local designado. Esta es la resolución impugnada en el presente procedimiento (contencioso administrativo 471/2015 y RC 2969/2016) según los escritos de interposición y demanda correspondientes a la instancia.
Sobre los motivos que no versan sobre el objeto del recurso.
Así las cosas, hemos de rechazara liminetodos aquéllos motivos que achacan a la sentencia de instancia omisiones e infracciones sobre cuestiones que no corresponden al recurso interpuesto contra la resolución que se ha precisado, la de autorización a doña Vicenta a la instalación e la oficina de farmacia en el concreto local que había designado.
Esto sucede con los motivos siguientes:
- Motivo primero, sobre el pago de las tasas por los concursantes al procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacias.
- Motivos sexto y octavo, basados ambos en la falta de valoración de pruebas relativas a cuestiones del procedimiento concursal previo a la resolución combatida (en concreto, a las tasas).
Sobre los motivos que se basan en la pendencia de otro procedimiento.
Varios de los restantes motivos se fundan en que el tribunal de instancia haya dictado sentencia estando pendiente el recurso de casación contra una resolución administrativa previa, cuya nulidad hubiera determinado la invalidez de la aquí recurrida. Todos ellos han de ser rechazados, pues nada hay de irregular en dicho procedimiento. Obviamente, de haberse estimado el recurso de casación (el 254/16, que fue inadmitido, como ya se ha indicado) contra la sentencia que desestimó el recurso entablado contra la nueva valoración de los méritos de los concursantes efectuado en las resoluciones de 11 y 31 de mayo de 2014, el presente recurso habría podido quedar sin objeto. En el momento presente ya tenemos constancia de que dicho recurso fue inadmitido por Auto de 22 de septiembre de 2016 , pero ello resulta en puridad irrelevante para rechazar tales motivos. Resulta obvio que de haber sido estimado y haber sido casada la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 14 de diciembre de 2015 (procedimiento contencioso administrativo 107/2014) habría que estar a lo resuelto en casación y, en su caso, a una nueva sentencia de instancia, lo que podría haber llevado a que lo resuelto en este procedimiento, tanto de instancia como de casación, hubiera quedado invalidado. Pero dicha pendencia no impedía proseguir con este procedimiento, como parece creer la parte recurrente, pues en tanto no se hubiera producido aquél hipotético resultado, la valoración y adjudicación de farmacias era válida y eficaz, sin que se hubiera producido una suspensión ni administrativa ni judicial de su ejecutividad.
Así, procede desestimar por esta razón los siguientes motivos:
- Motivo segundo, que se basa en que la sentencia considera extrañas al proceso y no entra en cuestiones que se refieren a resoluciones anteriores, sobre las que no ha recaído todavía sentencia firme.
- Motivo tercero, que se dirige contra la falta de legitimación declarada por la sentencia; aduce la parte que la legitimación respecto a todas las resoluciones anteriores se mantiene mientras no recaiga sentencia definitiva. No tiene razón la recurrente, pues dicha legitimación se circunscribe a las resoluciones anteriores y no se extiende a consecuencias ulteriores, aunque aquéllas pendan de recursos vivos que, de ser estimados, dejarían carente de objeto este proceso. Pero sobre la resolución impugnada en este proceso respecto a la concreta designación de un local, la parte recurrente carece efectivamente de legitimación.
- Motivo quinto, en el que se sostiene que se dicta la sentencia aquí impugnada prejuzgando la impugnación sobre las resoluciones anteriores, todavía pendientes de sentencia firme. No hay prejuzgamiento alguno, pues este proceso versa sobre una resolución posterior que no afecta a lo que se resuelva en el otro proceso que de estimarse, como ya se ha dicho, hubiera dejado a éste probablemente vacío de contenido.
Sobre el motivo cuarto, relativo a la falta de audiencia previa a la inadmisión.
En el motivo cuarto la parte sostiene que los artículos 51.1.b ) y 69.b) de la Ley de la Jurisdicción han sido conculcados al no haber dado audiencia a las partes antes de declarar la inadmisión por falta de legitimación. En primer lugar, el artículo 51.1.b) de la Ley jurisdiccional se refiere a otro momento procesal, cual es el de admisión del recurso, en cuyo caso si es preceptivo dar traslado a las partes para alegaciones, según prevé el apartado 4 del precepto.
Sin embargo, el artículo 69.b), aplicable al supuesto de autos en que se declara la inadmisión mediante sentencia, no se contempla dicho trámite, lo que tiene su fundamento en que las partes han alegado ya en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, de conclusiones, todo lo que a sus intereses conviene, por lo que han podido fundar y rebatir la legitimación activa y pasiva de ambos. En consecuencia, la Sala juzgadora puede valorar el fundamento de la legitimación y en ningún caso la parte actora sufre indefensión por la decisión de inadmitir el recurso por sentencia tal como prevé el precepto invocado.
Sobre el motivo séptimo, relativo a la admisión de trámites administrativos anteriores.
Sostiene la parte recurrente en este motivo que se equivoca la sentencia al admitir que se den por válidas las actuaciones que tuvieron lugar en el primer procedimiento de adjudicación en relación con la documentación referida al local, cuando la retroacción de actuaciones se hico por nulidad de dicho procedimiento. Tampoco puede prosperar este motivo. La Administración no dio por válidas actuaciones anteriores, sino que volvió a valorar la documentación presentada en el procedimiento anterior.
En efecto, como se ha resumido en el fundamento tercero de esta sentencia, en escrito presentado el 3 de octubre de 2014, la adjudicataria de la nueva farmacia doña Vicenta , manifestó que siendo el local el mismo que en su día había designado y no habiéndose producido variación alguna en relación con la documentación aportada en su día, solicitaba que se trajese la misma al nuevo expediente. Y en la resolución de 10 de abril de 2015 la Administración da cuenta de la designación del local en dicho escrito y valora la conformidad del mismo con las exigencias y requisitos legales (puntos quinto y sexto), declarando expresamente que se había procedido al estudio de la documentación obrante en el expediente. Nada hay de irregular en la incorporación al expediente de dicha documentación ni en proceder a su nueva valoración, pues ello no supone en absoluto convalidar actuaciones administrativas declaradas nulas.
Desestimados todos los motivos formulados, no ha lugar al recurso de casación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda a la cantidad reclamada.
1. Declarar que no ha lugar y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Jose Pablo contra la sentencia de 15 de julio de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 471/2015 .
2. Imponer las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho séptimo.
Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Eduardo Calvo Rojas.-Jose Maria del Riego Valledor.-Diego Cordoba Castroverde.-Angel Ramon Arozamena Laso.-Firmado.-Maria Isabel Perello Domenech votó en Sala y no pudo firmar.-Eduardo Espin Templado.-Firmado.-