Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-16180-1992-07122-de-mayo-3-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920423809f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 15:08:13
Document Index: 159856271

Matched Legal Cases: ['artículo 334', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 2356', 'artículo 254', 'artículo 267', 'artículo 177', 'artículo 164', 'artículo 10', 'artículo 60', 'artículo 69', 'artículo 168', 'artículo 60', 'artículo 62', 'artículo 60', 'artículo 115', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 831', 'artículo 230']

﻿ SENTENCIA 16180/1992-07122 DE MAYO 3 DE 2007
SENTENCIA 16180 DE 03 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA. COLISIÓN DE DOS VEHÍCULOS QUE TIENEN CADA UNO DISTINTO GRADO DE PELIGROSIDAD. MUERTE DEL DEMANDANTE. CONDENA A FAVOR DE LA SUCESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:430 DE OCTUBRE DE 1811, PÁG.1814
Sentencia 16180 de mayo 3 de 2007
Ref.: Expediente 16180
Radicación: 05001 23 25 000 1992 07122 01
Actor: José Ramiro Vargas Palacio
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia y el Hospital La Merced del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia (Sección Segunda) el 1º de octubre de 1998, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 193 a 214, cdno. ppal.).
El 13 de enero de 1992, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor José Ramiro Vargas Palacio presentó demanda en contra del departamento de Antioquia, Hospital La merced y la Organización de Naciones Unidas, en cuyas pretensiones solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 22, cdno. 1):
"A. Declárase que el departamento de Antioquia, El Hospital La Merced y la Organización de Naciones Unidas, son administrativamente responsable (sic) por las daños materiales -lucro cesante- y -daño emergente- y daños morales -subjetivos y objetivos- que padeció el señor José Ramiro Vargas Palacio, a raíz de lesiones personales que le produjo el vehículo automotor de placas YT 04 17, conducido por el señor Luis Fernando Vargas Restrepo, el 28 de diciembre de 1989, a las 12:30 de la noche, en el municipio de Ciudad Bolívar (Ant.).
B. Que a raíz o como consecuencia de la declaración anterior, la entidad demandada deberá pagar al demandante la suma de $ 10.904.850 por concepto de daño material -lucro cesante-.
C. Que la entidad territorial demandada deberá pagar al demandante, la suma de $ 12.000.000, por concepto de daño material -daño emergente-.
D. Que la entidad demandada pagará al demandante el equivalente a un mil gramos oro por concepto de daño moral subjetivo.
E. Que los valores indemnizatorios serán actualizados al momento del fallo o pago efectivo".
El demandante da cuenta del accidente de tránsito ocurrido el día 28 de diciembre de 1989, a las 12:40 de la noche, en el municipio de Ciudad Bolívar (Ant.), cuando el señor Ramiro Vargas Palacio se desplazaba en una motocicleta de su propiedad marca Yamaha, modelo 1978, y fue atropellado violentamente por el vehículo automotor de placas YT 04 17, campero Toyota, de propiedad de la Organización de Naciones Unidas, que prestaba el servicio de transporte a todo el personal del servicio seccional de salud del departamento de Antioquia que laboraba en el Hospital Regional La Merced, de Ciudad Bolívar (Ant.), el cual es una dependencia inmediata del departamento; el vehículo era conducido por el señor Luis Fernando Vargas Restrepo, empleado al servicio del Hospital Regional La Merced y el día de los hechos, cuando transportaba a uno de los médicos que se dirigía a este centro asistencial, iba con exceso de velocidad; el señor Ramiro Vargas Palacio sufrió heridas que fueron atendidas primero en el Hospital Regional La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.), y luego fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín.
Como secuela del accidente, le quedó una perturbación permanente en su locomoción (perturbación funcional permanente de su pierna izquierda) y desfiguración de su cuerpo por las cicatrices en tórax, abdomen y piernas, lesiones que a su vez le produjeron perjuicios morales, por la imposibilidad de realizar las actividades sociales y recreativas que acostumbraba desarrollar y por tener que utilizar muletas y depender de otras personas para su movilización; además, sufrió perjuicios materiales, pues antes del accidente se desempeñaba como gestor de negocios judiciales en el suroeste antioqueño, ganando en promedio $ 120.000 mensuales, y quedó con una merma en su capacidad de trabajo del 50%, lo que da como resultado un lucro cesante de $ 10.000.000.
El demandante adujo también, que en razón de la desfiguración corporal que sufrió, debe someterse a cirugías plásticas cuyo costo ascendía a $ 10.000.000, que le debían ser reconocidos a título de daño emergente, así como las cuentas que tuvo que cancelar en el Hospital San Vicente de Paúl y en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por el tratamiento y las drogas suministrados, reclamando en total, por este concepto, la suma de $ 2.000.000.
2. Trámite procesal:
El auto admisorio de la demanda fue notificado al Gobernador del departamento de Antioquia mediante aviso del 13 de marzo de 1992 y personalmente al director del Hospital Regional La Merced el 24 de marzo de 1992 (fls. 27, 29 y 33, cdno. 1).
Posteriormente, mediante escrito del 7 de octubre de 1992 la parte actora desistió de la acción frente a la Organización de Naciones Unidas, la cual fue aceptada mediante auto del 29 de octubre de 1992 (fls. 42 y 44, cdno. 1).
El Hospital Regional "La Merced" contestó la demanda, mediante escrito del 15 de abril de 1993, en el cual aceptó unos hechos de la demanda, negó otros y se atuvo a lo que resultare probado; sostuvo que no se configuran los requisitos que exige la ley para que prospere la acción entablada; que el señor Ramiro Vargas Palacio, fue imprudente al conducir embriagado, con exceso de velocidad y en horas prohibidas para las motos; afirmó que la ambulancia del hospital iba a una velocidad permitida; propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, que no sustentó; falta de jurisdicción, por cuanto el hospital es una institución que pertenece al subsector privado del sector salud; y falta de competencia, por la misma razón (fls. 51 a 54, cdno. 1).
El departamento de Antioquia contestó la demanda en escrito del 15 de abril de 1993, en el que negó algunos hechos de la demanda, solicitó que se probasen los otros y sostuvo que no es el llamado a responder por cuanto el conductor no ha tenido ninguna vinculación laboral con el departamento; para terminar, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, por cuanto no causó los perjuicios alegados en la demanda ni directa ni indirectamente; falta de legitimación en la causa por pasiva y la de caducidad de la acción (fls. 59 a 63, cdno. 1).
Vencido el término probatorio, se corrió traslado para alegar, dentro del cual intervinieron la parte actora y el Hospital Regional "La Merced", quienes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación (fls. 181 a 188, cdno. 1).
3. La sentencia de primera instancia:
Tramitado el proceso, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 1º de octubre de 1998, en la cual declaró al departamento de Antioquia y al Hospital "La Merced" de Ciudad de Bolívar (Ant.), solidariamente responsables por las lesiones ocasionadas al señor José Ramiro Vargas Palacio en los hechos acaecidos en la madrugada del 28 de diciembre de 1989, por cuanto encontró probada la falla del servicio de las entidades demandadas, ya que el actor sufrió lesiones al ser embestido por una ambulancia que estaba bajo la guarda del departamento y era conducida por un empleado del hospital, la cual iba en contravía; en consecuencia, los condenó a pagar perjuicios morales y materiales así como el perjuicio fisiológico, a favor del actor, toda vez que ambas entidades participaron en la consumación del hecho dañoso: el departamento de Antioquia, por tener a su cargo o bajo su cuidado el elemento con el cual se produjo el daño (la ambulancia) y, el Hospital "La Merced", porque fue por medio de uno de sus agentes (el conductor) que se llegó a la producción del daño.
Igualmente, se pronunció frente a la excepciones propuestas y encontró que ninguna estaba llamada a prosperar, debido a que de un lado, la demanda fue presentada en tiempo y de otro lado, cuando uno de los demandados es una entidad pública, la jurisdicción competente para conocer del asunto, es la jurisdicción contencioso administrativa y por la tanto, es la llamada a resolver el presente conflicto (fls. 193 a 214, cdno. ppal.).
La parte demandada solicitó que se revoque totalmente la sentencia del 1º de octubre de 1998, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, por considerar que el a quo no valoró y desestimó las pruebas aportadas por los entes demandados en primera instancia, no realizó un estudio exhaustivo frente a las excepciones propuestas en relación con la naturaleza del hospital demandado, el cual es una entidad distinta e independiente del departamento de Antioquia; no tuvo en cuenta que existió culpa de la víctima debido a que el lesionado conducía en estado de embriaguez y en horas no adecuadas para esta clase de vehículos, y por lo tanto, no hubo nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la administración, como tampoco la falla presunta que se dedujo en el fallo; alegó que no se integró el litis consorcio por pasiva, debido a que el dueño de la camioneta era la Organización de Naciones Unidas, entidad que nunca se vinculó al proceso; adujo el apelante, la existencia de la sentencia penal que por los hechos fue proferida y que obvió el tribunal, en la cual se reconoció indemnización de perjuicios materiales por $ 18.984.650, y por último, precisó la apelante que el apoderado de la parte demandante ocultó la prueba y no informó al tribunal que el actor había fallecido el 10 de mayo de 1997, como constancia de lo cual, anexó copia del acta de defunción expedida por la Notaría del Círculo Notarial del municipio de Ciudad Bolívar (fl. 216, cdno. ppal.).
5. Intervenciones en segunda instancia.
Del término otorgado a las partes para alegar de conclusión, solo hizo uso la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, en cuyo concepto solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, por considerar que no se probó la culpa exclusiva de la víctima que alegó la parte demandada, ya que no se acreditó el supuesto estado de alcoholemia del actor, ni que se encontraba manejando la motocicleta en horas no adecuadas, pues no se aportó ningún examen médico legal ni la norma local de tránsito que corroborara estas afirmaciones; de otro lado, consideró que no era procedente alegar la falta de legitimación por pasiva, debido a que se encuentra probado que la guarda de la camioneta la tenía el departamento, hecho que permite deducir su responsabilidad, así como la del Hospital Regional "La Merced", por cuanto fue un empleado suyo quien condujo el vehículo que causó el daño; se refirió a la existencia de sentencia penal, que a su juicio no constituyó cosa juzgada respecto de la indemnización que allí se ordenó, puesto que no hay prueba de que el aquí demandante se hubiera constituido en parte civil dentro de aquel proceso y tal decisión obedeció simplemente al cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, artículo 334.6, que le atribuye al juez el deber de determinar también el monto de los perjuicios ocasionados con la conducta y el artículo 56 ibídem, que lo obliga a imponer una condena en concreto siempre que se declare la responsabilidad penal del procesado; finalmente, se refirió a la circunstancia de la muerte del actor en un proceso, caso en el cual, se presenta el fenómeno de la sucesión procesal consagrado en el artículo 60 del CPC, y no la interrupción del proceso, que se da solo cuando no venía actuando por conducto de apoderado judicial.
La Sala modificará la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes razonamientos:
Ante todo advierte la Sala que la parte demandada alegó la caducidad de la acción, toda vez que los hechos sucedieron el día 28 de diciembre de 1989, lo que querría decir que los 2 años del término de caducidad de la acción de reparación directa se cumplirían el 28 de diciembre de 1991, mientras que la demanda fue presentada el 13 de enero de 1992; sin embargo, debe tenerse en cuenta la vacancia judicial que se presenta entre el 19 de diciembre y el 11 de enero, época durante la cual se suspende la contabilización de los términos; de modo que si el término de caducidad de las acciones se cumple dentro de dicha vacancia, la demanda debe presentarse el siguiente día hábil, una vez terminada esta; en consecuencia, en el sub lite, la demanda no fue extemporánea, ya que el día 11 de enero fue un sábado, razón por la cual la demanda debía presentarse el día lunes 13 de enero de 1992, como en efecto sucedió (fl. 25, cdno. 1).
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, toda vez que la pretensión mayor de la demanda (1) fue la suma de $ 22.904.850 por concepto de perjuicios materiales y para la fecha de presentación de la demanda —13 de enero de 1992—, la cuantía para que un asunto de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 6.860.000.
II. El régimen de responsabilidad patrimonial
El daño que el demandante imputa a la parte demandada en el presente proceso, se produjo con ocasión de la colisión de dos vehículos automotores: una ambulancia que según la demanda se hallaba al servicio del departamento y una motocicleta que conducía el lesionado, señor José Ramiro Vargas Palacio.
La conducción de vehículos automotores, al igual que otras actividades tales como la manipulación de armas de fuego o la conducción de energía eléctrica, ha sido considerada por la jurisprudencia como una actividad peligrosa, cuyo ejercicio por parte de la administración crea un riesgo anormal para las personas, razón por la cual ella está llamada a responder por los daños que con dicha actividad ocasione, cuando se realiza el riesgo creado; en sentencia de 1989, reiterada en providencias más recientes, dijo la Sala (2) :
“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.
Si bien en principio estos eventos fueron manejados bajo el régimen de la falla presunta y posteriormente el de la responsabilidad presunta (3) , la jurisprudencia de la Sala ha evolucionado para concluir que, en estos casos, no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetiva que implica, de un lado, que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo con el servicio, es decir que dicho daño fue producto del ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada; en consecuencia, no basta que esta pruebe que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y solo se podrá exonerar de responsabilidad en tales casos, probando una causa extraña: Fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero (4) ; con relación a la conducción de vehículos automotores, específicamente, ha dicho la Sala:
“El régimen que rige este caso es el de responsabilidad objetiva, porque el daño se hace derivar de un accidente causado con un vehículo oficial.
Al respecto cabe precisar que inicialmente la jurisprudencia adoptó el régimen de falla presunta por los daños ocasionados con la conducción de vehículos automotores, a cuyo efecto se afirmó que la administración podía exonerarse probando su diligencia y cuidado (5) . Posteriormente la Sala precisó que los eventos de daños producidos por cosas o actividades peligrosas deben analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad (6) , en el entendido de que la falla solo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Tiempo después la Sala señaló que el régimen es de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo (7) .
Se tiene así que, en estos eventos, al actor le basta probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y la actividad riesgosa de la administración, sin que sea relevante demostrar la ausencia de falla, toda vez que solo resulta excluyente de la responsabilidad la prueba de una causa extraña, esto es, la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o el de la víctima”.
3.1. Hechos probados: En el presente caso, se acreditaron los siguientes:
3.1.1. El vehículo de placas YT-0417, marca Toyota, color blanco, tipo ambulancia versátil, pertenece al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien lo asignó al programa especial denominado “COL/87/007 Sustitución de cultivos” y lo destinó a la Gobernación de Antioquia para uso oficial, según constancia enviada al Tribunal Administrativo de Antioquia por el director general del protocolo, del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 112, cdno. 1).
3.1.2. El 29 de diciembre de 1989, aproximadamente a la 1:30 a.m., se produjo un accidente de tránsito en Ciudad Bolívar (Ant.), en el cual la ambulancia de placas YT 0417 colisionó con la motocicleta de placas OIC 83, según se desprende de la constancia expedida por el inspector de tránsito del municipio, cuya copia fue remitida al proceso por el Juzgado Penal Municipal de Ciudad Bolívar; dicho funcionario, además, manifestó que dada la hora, no hubo intervención de las autoridades de tránsito y que el concepto de esa oficina, se basó en las versiones del conductor de la ambulancia y su acompañante, quienes declararon que el conductor de la motocicleta aparentemente se encontraba embriagado y conducía con exceso de velocidad, a una hora en la que el tránsito de ese tipo de vehículos estaba restringido (fls. 69 a 76, cdno. 1).
Sobre el anterior accidente, el inspector de tránsito del municipio de Ciudad Bolívar (Ant.), envió así mismo al Tribunal Administrativo de Antioquia, certificación en la cual manifestó que la ambulancia era del Hospital La Merced de ese municipio, e iba conducida por el señor Luis Fernando Vargas R.; que la motocicleta, iba conducida por el señor José Ramiro Vargas Palacio; que no hubo intervención de las autoridades de tránsito en el momento del accidente, basando su concepto únicamente en el dicho del conductor de la ambulancia y su acompañante; y que conforme a la reglamentación de tránsito del municipio —de la cual, advierte la Sala, no obra copia alguna en el expediente—, el conductor de la moto transitaba en horario no autorizado para esa clase de vehículos (fl. 110, cdno. 1).
3.1.3. A raíz del accidente anterior, el Juzgado Penal Municipal de Ciudad Bolívar (Ant.), adelantó proceso penal en contra del señor Luis Fernando Vargas Restrepo, sindicado de lesiones personales y donde el ofendido fue el señor Ramiro Vargas Palacio, según constancia enviada por el secretario del mencionado juzgado (fl. 77, cdno. 1).
3.1.4. El señor Luis Fernando Vargas R., era empleado del Hospital Regional La Merced, del municipio de Ciudad Bolívar (Ant.), donde fue nombrado como portero-celador y laboraba en las horas de la noche del día 28 de diciembre de 1989; entre sus funciones, se hallaba la de desplazarse a llamar a los empleados disponibles que se necesitasen en el hospital, lo cual hizo en el vehículo de placas YT-0417, según informó al Tribunal Administrativo de Antioquia, el director (E) de la mencionada institución hospitalaria (fl. 114, cdno. 1).
3.1.5. El 29 de diciembre de 1989, el señor Ramiro Vargas ingresó al Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Medellín, remitido de Ciudad Bolívar, donde sufrió accidente de tránsito en el cual recibió lesiones en el abdomen y en el miembro inferior izquierdo, con fractura de fémur y tibia, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente varias veces y se le practicó, entre otros, traqueostomía y yeyunostomía y permaneció más de 3 meses hospitalizado, según consta en la historia clínica enviada al tribunal por dicha institución asistencial (fls. 79 a 91 vto., cdno. 1).
3.1.6. Según el dictamen pericial ordenado por el tribunal y practicado por dos médicos peritos nombrados por esa corporación, el señor Ramiro Vargas Palacio, como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente, presenta (fl. 174, cdno. 1):
— Cicatriz de 3 cm x 3 cm con hundimiento en cuello, localizado en el hueco supraesternal, como secuela de la traqueostomía.
— Cicatriz de 20 cm x 10 cm., localizada en parte anterior del abdomen, con herniación incisional y cicatriz queloidea de 6 cm x 5 cm.
— Cicatriz de 10 cm x 5 cm en el tercio inferior de la pierna izquierda, con deformidad en valgo de la tibia.
— Acortamiento de 10 cm del miembro inferior izquierdo.
— Presenta una incapacidad permanente parcial, y “Debido al acortamiento del miembro inferior izquierdo de más de 5 cm que le produce una pronunciada marcha inestable, queda como secuela una perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción, con una merma de un 25% de su capacidad laboral y una hernia postincisional abdominal que le da una merma en su capacidad laboral de un 10% (siendo susceptible de corrección quirúrgica). La merma total de su capacidad laboral es de un 35% (...)”.
3.1.7. El señor Ramiro Vargas Palacio, para la época de los hechos, trabajaba en la oficina de un abogado realizando diversas actividades y después del accidente siguió trabajando, aunque no se determinó cuáles eran sus ingresos, según consta en las declaraciones de los señores Pedro Antonio Restrepo, María del Rocío Ríos de Jaramillo, Omar de Jesús Gil Gutiérrez, Luis Alfonso Jaramillo Herrera y Tiberio de Jesús Monsalve González, habitantes del municipio que manifestaron conocer al actor por razones de vecindad, amistad o trabajo (fls. 131, 132, 133, 135 y 137, cdno. 1).
3.1.8. Conforme a las mismas declaraciones, el señor Ramiro Vargas Palacio sufrió, después de los hechos en los que resultó lesionado, cambios en su comportamiento, pues dejó de realizar actividades sociales y recreativas a las que antes se dedicaba en su tiempo libre.
3.1.9. El Hospital Regional La Merced, del municipio de Ciudad Bolívar (Ant.), es una entidad perteneciente al subsector privado del sector salud, que obtuvo su personería jurídica mediante Resolución 140 del 4 de agosto de 1964, según consta en certificación expedida por el jefe de la oficina jurídica del Servicio Seccional de Salud de Antioquia (fl. 143, cdno. 1).
De acuerdo con los hechos probados, consta que en la madrugada del día 29 de diciembre de 1989, una ambulancia de propiedad del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo), asignada por esta entidad internacional a la gobernación del departamento de Antioquia pero que estaba siendo utilizada por el Hospital Regional La Merced, del municipio de Ciudad Bolívar (Ant.) y era conducida por un empleado suyo, colisionó con la motocicleta que era conducida por el señor Ramiro Vargas Palacio, quien sufrió graves heridas que fueron atendidas médica y quirúrgicamente en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, las cuales le dejaron secuelas físicas y funcionales; consta así mismo, que el actor se dedicaba a actividades laborales, que le representaban unos ingresos, aunque no se determinó a cuánto ascendían los mismos, y que después del accidente, siguió laborando; así mismo, está probado en el plenario que las lesiones permanentes que sufrió el señor Vargas Palacio, lo afectaron también en su vida de relación, impidiéndole realizar actividades que antes del accidente podía desarrollar.
De otro lado, advierte la Sala que en realidad no se probó la forma como se produjeron los hechos, puesto que si bien algunos declarantes manifestaron haber presenciado el accidente y sostuvieron que la ambulancia embistió la moto del señor Vargas Palacio, que transitaba por su vía normalmente, no hay certeza sobre tal circunstancia, ya que las mismas autoridades de tránsito admitieron que por haberse producido el accidente en horas de la madrugada, no acudieron en ese momento al lugar en que se produjo la colisión de los vehículos ni levantaron oportunamente el informe y el croquis correspondiente, los cuales permitirían verificar la exactitud de tales declaraciones, en las cuales, además, se advierten contradicciones.
En efecto, se observa que en el testimonio del señor Luis Alfonso Jaramillo Herrera, al narrar lo que le constaba sobre los hechos objeto del proceso, este declaró, primero, que se encontraba en su casa haciendo una fiesta y que a las 12:30 p.m. ó 1:00 a.m., aproximadamente, oyeron un golpe en la calle y él se asomó a ver qué era; pero más adelante, afirmó que estaba asomado en el balcón y vio cuando los vehículos se chocaron (fl. 135, vto.).
Así mismo, en su declaración, la señora María del Rocío Ríos de Jaramillo, quien también dijo que se encontraba en la fiesta, manifestó contradictoriamente, haber oído el golpe primero, y luego, que presenció el choque (fls. 135, vto. y 132, cdno. 1).
Lo que sí aparece probado, es que los daños sufridos por el demandante se debieron a la colisión que se presentó entre los 2 vehículos, circunstancia que además la parte demandada no niega, sino que trata de justificar imputándole la responsabilidad exclusiva al señor Ramiro Vargas Palacio; en consecuencia, resulta necesario analizar cuál ha sido el manejo que jurisprudencialmente le ha dado la Sala a esta clase de eventos de responsabilidad.
3.2.1. El ejercicio simultáneo de una actividad peligrosa.
Normalmente, como ya se dijo, cuando el daño es producido por el ejercicio de una actividad peligrosa, la responsabilidad se atribuye objetivamente a la persona que la ejerció, en la medida en que, con tal actividad, crea un riesgo excesivo para las demás personas; en el caso de la conducción de vehículos automotores, también se aplica esta tesis, conforme a la cual, quien crea el riesgo debe asumir las consecuencias de que el mismo se realice, ocasionando daños a terceros; de modo que, si con un vehículo oficial —o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda—, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó.
No obstante, cuando se presenta la colisión de dos vehículos en movimiento, como es el caso sub examine, existe una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, la cual estaba siendo ejercida tanto por el conductor del vehículo a cargo de la administración, como por el del particular, y por lo tanto, se creó un riesgo para los dos, en la medida en que se hallaba sometido cada uno de ellos, a la posibilidad de sufrir un daño como consecuencia de la actividad desplegada por el otro conductor; en tales circunstancias, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada; así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala (8) :
“En relación con la colisión entre dos automotores —“cosa riesgosa versus cosa riesgosa”—, los juristas argentinos han establecido que en cada caso concreto debe analizarse en qué medida ese riesgo se ha creado, cuánto riesgo significa un automotor pequeño (un Fiat 600) a 40 kilómetros y cuánto riesgo genera un camión grande (Mercedes Benz) a 80 kilómetros por hora de velocidad, y en qué medida, obviamente, ha contribuido a la producción del accidente. Evaluar riesgos, de una y otra parte; evaluar, así mismo, las infracciones que pudieron cometerse, su entidad, y, por fin, la virtualidad o aptitud de unos y otras para llevar al siniestro (9) .
En Colombia, puede decirse que en general, el régimen de la responsabilidad por daños causados con vehículos de la administración sigue los mismos lineamientos del de las armas como objetos peligrosos, y por tanto generadores de riesgo.
En nuestra jurisprudencia, se encuentran múltiples casos de accidentes causados por diversos vehículos oficiales. Se incluyen allí las bicicletas o motos de los guardas de tránsito o los carros usados por escoltas motorizados; daños causados por máquinas barredoras y, también, en virtud de la noción de guarda, se da el caso del vehículo particular utilizado temporalmente para la prestación del servicio.
La conducción de vehículos ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa y cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a esta, en aplicación de la teoría del riesgo como un tipo de régimen de responsabilidad objetiva (10) .
En caso de colisión de vehículos, donde intervienen simultáneamente dos actividades peligrosas, cuando solo existe un perjuicio, el Consejo de Estado en fallo del 10 de marzo de 1997, expediente 10080 se pronunció a favor de la tesis de Mazeaud y Tunc, es decir, que cuando existe un perjuicio unilateral, la falta de demostración de la culpa exclusiva de la víctima o, por lo menos, de una culpa adicional de ella, conduce a la condena plena del causante del daño. De este modo, se descarta, en este terreno, la neutralización de presunciones.
El desempeño de la misma actividad peligrosa por dos vehículos que se pueden considerar como equivalentes, como aconteció en el presente caso, implica necesariamente la demostración de una falla, pues teniendo en cuenta su naturaleza peligrosa, no se atenúan las actividades, máxime si se trata de vehículos con idénticas o similares características, vale decir, la colisión de dos automóviles o buses.
Se requiere demostrar, frente a la obligación de guardar precaución, diligencia y cuidado por quienes ejercen dicha actividad, quién incumplió esa obligación y, por tanto, obró culposamente, al observar una conducta negligente, imprudente, carente de pericia o incursa en el incumplimiento de reglamentos”.
Por otra parte, tal y como se advirtió en la citada providencia, la Sala en ocasiones anteriores había hecho la distinción entre aquellos casos en los cuales los vehículos que colisionaban tenían características similares y aquellos otros, en los que había una diferencia que representaba así mismo un distinto grado de peligrosidad, para concluir que en estos últimos eventos, tampoco podría predicarse la desaparición del régimen objetivo de responsabilidad, en la medida en que el vehículo de propiedad de la entidad demandada, fuera el que representara un mayor grado de peligrosidad; así, en sentencia en la que se presentaron circunstancias similares a las del sub lite, por cuanto el daño se produjo como consecuencia de la colisión de una volqueta oficial y una motocicleta, dijo la Sala (11) :
“Particularmente teniendo en cuenta que la imputación por riesgo se vincula a la producción de una colisión de dos vehículos de peligrosidad mayor y menor precisada en los hechos de la demanda —volqueta oficial y moto particular—, al no haberse demostrado la falla la Sala encuadra el caso dentro del régimen de responsabilidad objetiva por el ejercicio de actividades peligrosas.
En juicios como el que se estudia, esta Sección del Consejo de Estado atendiendo la contingencia al daño que ofrecen, entre otros, los instrumentos destinados a actividades peligrosas, apreciando la realidad física de estos en cuanto a su poder para causar daño, ha dicho que cuando dos actividades peligrosas (conducción de vehículos) se enfrentan y además cuando una actividad es menor que la otra, habrá de entenderse que la mayor peligrosidad al riesgo, por su estructura y actividad, se predica del que posee la mayor potencialidad para causar el daño. Así se ha explicado en anteriores oportunidades desde la sentencia proferida el día 10 de marzo de 1997 (12) y en otras más recientes la proferida el día 9 de agosto de 2001 (13) .
Por consiguiente en tal régimen de responsabilidad es necesario demostrar:
• el riesgo creado por el Estado en la producción del accidente con su participación en la utilización de un instrumento que por su naturaleza tiene mayor peligrosidad y por lo tanto mayor potencialidad de riesgo a causar daño;
• el daño antijurídico, y
• la relación causal.
Ahora y descendiendo al caso concreto el acervo probatorio es conclusivo sobre la comprobación de existencia del primer elemento de responsabilidad objetiva por riesgo está probado, por cuanto se demostró que la muerte de Jorge Enrique Rengifo Manzano se causó en la colisión de dos vehículos —volqueta y moto—, de los cuales el del Estado era el de mayor potencialidad para causar daño (volqueta), el cual que estaba destinado al servicio de la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Valle del Cauca.
Partiendo de la naturaleza física de esos vehículos, es claro que el de mayor peligrosidad, era el vehículo oficial, el cual generaba de una parte mayor potencialidad de riesgo respecto de la moto que conducía el particular y, de otra, para su conductor mejor posibilidad de protección y de reacción ante la presencia de un enfrentamiento de fuerzas”.
Es claro entonces, y la Sala así lo reitera, que, en la medida en que el vehículo oficial —o sujeto a la guarda de la administración— implicado en la producción del daño sea de mayor tamaño y potencia que aquel del particular con el cual colisionó, lo que permite inferir así mismo el mayor grado de peligrosidad que su conducción representa, prevalece la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, en virtud del cual, probado el daño antijurídico y su nexo de causalidad con el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción del vehículo automotor por parte de la entidad demandada, surge a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados, y solo podrá exonerarse de dicha responsabilidad, en la medida en que pruebe un hecho extraño, que rompa el nexo de causalidad, como sería la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.
Volviendo al presente caso, en el cual el daño por el que reclama el demandante se produjo por la colisión de la motocicleta que este conducía, con una ambulancia al servicio de la parte demandada, se deduce indudablemente, que le correspondía a esta última probar, para exonerarse de su responsabilidad, la existencia de una causa extraña, lo cual intentó llevar a cabo al sostener, a lo largo del proceso, que el actor, que fue quien resultó lesionado en los hechos, conducía en estado de embriaguez y en horas no permitidas para esa clase de vehículos; sin embargo, tal y como quedó visto, estas afirmaciones se quedaron solo en eso: en el dicho de la entidad demandada, toda vez que carecen del necesario soporte probatorio, para comunicar al juez la certeza de que, efectivamente, el lesionado contribuyó con su actuación a la producción del hecho dañoso, en forma tal, que con ello rompa el nexo causal entre este, y la actividad peligrosa desplegada por el agente de la demandada.
En tales condiciones, y como lo dedujo el a quo, era procedente la condena a la indemnización de perjuicios a favor del demandante.
3.2.2. Las entidades condenadas.
En su recurso de apelación, el departamento de Antioquia recabó sobre la distinta personalidad del Hospital La Merced, el cual, sostuvo, no pertenece ni depende de dicha entidad territorial, cuenta con su propia personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera; así mismo, hizo énfasis sobre el hecho de que la ambulancia envuelta en la producción del hecho dañoso, es de propiedad de la ONU (Organización de Naciones Unidas), entidad que no concurrió al proceso, alegando que, en consecuencia, no se integró el litis consorcio por pasiva; e insistió en la excepción de “inexistencia de la obligación”, consistente en que no se le puede deducir responsabilidad al departamento, por un hecho en el que no tuvo participación alguna, ni se le puede condenar a indemnizar unos perjuicios que no ocasionó ni directa ni indirectamente.
En relación con las anteriores aseveraciones, observa la Sala que, efectivamente, el hospital municipal, cuyo empleado manejaba la ambulancia que colisionó con la motocicleta conducida por el actor, no es una dependencia del departamento sino una persona jurídica distinta, tal y como se probó en el plenario, a la que cabe deducir responsabilidad patrimonial por los perjuicios que ocasionó al demandante mediante el ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículo automotor, respecto de la cual, dicha entidad tenía la guarda material.
No obstante, esta circunstancia no significa la ausencia de responsabilidad de la entidad territorial, la cual se deriva del hecho de ser ella la llamada a ejercer control sobre el elemento peligroso, que lo es en este caso el vehículo automotor, toda vez que, jurídicamente, ejercía la guarda de la ambulancia que le fue entregada para “uso oficial” por su propietario, el PNUD (ONU), en cumplimiento de las labores propias de este organismo, que adelanta programas de cooperación para el desarrollo de las distintas naciones; y se afirma que el departamento de Antioquia era titular de la guarda jurídica del referido vehículo, toda vez que no consta en parte alguna del expediente, por qué, si formalmente figuraba a su cargo, era el hospital “de naturaleza privada” el que hacía uso de dicho bien, ni tampoco a qué título, esta institución asistencial ejercía su tenencia; esto quiere decir que no se probó por parte del departamento, la causa jurídica que lo relevara de su condición de guardián de la actividad peligrosa, y por lo tanto, de su deber de velar por el buen estado y la correcta utilización del vehículo, que se traduce así mismo, en el deber de responder por los daños que de su conducción puedan derivarse.
Respecto a la responsabilidad civil por la guarda de las cosas o el ejercicio de las actividades peligrosas, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la misma es de carácter subjetivo y por lo tanto, sigue operando el criterio de la culpa, la cual, se presumirá en estos eventos; sin embargo, para desvirtuar dicha responsabilidad, la Corte no admite la sola comprobación de la actuación diligente y prudente de quien tenía la guarda de la cosa o actividad peligrosa, sino que exige la prueba de una causa extraña, lo cual la asemeja a la responsabilidad objetiva derivada del riesgo; al respecto, ha dicho (14) :
“1. Ha puntualizado la Corte, que la regla del artículo 2356 del Código Civil apareja una presunción de culpa en contra de quien causa perjuicios con ocasión del ejercicio de aquellas actividades cuya ejecución entraña peligros o riesgos para las personas del entorno, responsabilidad de la cual solamente se exonera en cuanto acredite que el daño solo pudo tener por fuente cualquier suceso extraño, como la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la de un tercero. Esto es, que todas las actividades de esa especie, llamadas peligrosas, aparejan “la existencia de una obligación legal de resultado consistente en vigilar esa actividad e impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un momento dado, escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o reporta beneficio; luego si en la realización de un daño se demuestra que tuvo influencia causal caracterizada, un hecho de la índole de los que viene haciéndose mérito en estas consideraciones, ello, en términos de ley, es suficiente para tener por probada, por vía de una presunción contenida en aquella disposición, la infracción de la obligación de guarda recién aludida. La causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendidas la naturaleza propia de la actividad y las circunstancias precisas en que el hecho dañoso se realizó, la razón natural permite imputar este último a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparación, e inútil será por lo tanto, que este último, guardián de la actividad y demandado en el proceso, intente establecer que observó la diligencia debida; su defensa, entonces, no puede plantearse con éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de la causa extraña del perjuicio, originada en el caso fortuito o en la fuerza mayor, en el hecho de la víctima o en el hecho de un tercero” (G.J., CCXXXIV. Pág. 260).
Reduciendo, pues, lo dicho a su última esencia para ponerlo en términos concluyentes, habría que puntualizar que gravita sobre quien realiza actividades de esa especie, la presunción de ser responsable del daño causado con ocasión de su ejercicio”.
Por su parte, la jurisprudencia contencioso administrativa, como ya se vio, considera que estos eventos de responsabilidad estatal, se derivan del riesgo excepcional que se crea y al que son sometidas las personas por el manejo de cosas o el ejercicio de actividades por parte de las autoridades, que, si bien son necesarias para el cumplimiento de los cometidos estatales, revisten una especial peligrosidad, lo que implica el deber, para quien tiene bajo su guarda dichas cosas o actividades peligrosas, de responder por los daños que con los mismos se ocasionen, independientemente de la calificación que pueda darse a la conducta del agente, es decir que se trata de una responsabilidad objetiva; sobre el deber de guarda, ha dicho la Sala, además (15) :
“(...) en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad” (16) .
Volviendo al presente caso, si bien es cierto cuando se produjo el hecho dañoso el departamento de Antioquia no ejercía la tenencia material del vehículo, la guarda jurídica del mismo sí estaba a su cargo; y este hecho resulta suficiente para deducir su responsabilidad en la producción del daño, del que se derivaron los perjuicios cuya indemnización se reclama en el sub lite, en forma solidaria con el demandado Hospital La Merced, cuya responsabilidad —valga la pena anotarlo—, a pesar de tratarse de una entidad privada, como certificó el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, puede juzgar esta jurisdicción, en virtud del fuero de atracción que se creó, al ser demandado conjuntamente con el departamento de Antioquia.
Ahora bien, en relación con la vinculación de la otra entidad inicialmente demandada, esto es, la Organización de Naciones Unidas, propietaria del vehículo involucrado en los hechos, observa la Sala que, de un lado, en virtud de esa solidaridad que se predica respecto de la responsabilidad que surge en eventos como el presente, y contrario a lo que parece entender el apelante, no existía un litisconsorcio necesario por pasiva que hiciera indispensable la concurrencia de la ONU al proceso, puesto que, como es bien sabido, en presencia de esta clase de obligaciones, el acreedor puede proceder a reclamar su cumplimiento de uno, varios o todos los deudores, a su elección, por la totalidad de la acreencia.
De otro lado, quedó claro también que, en el presente evento, el mencionado organismo internacional no era titular de la guarda del vehículo, toda vez que tal y como se acreditó, había transferido formalmente su tenencia a la gobernación de Antioquia, razón por la cual, tampoco podría deducirse su responsabilidad por los daños que con posterioridad a dicha entrega, se hayan producido con ese automotor.
3.3.3. Efectos de la condena penal.
Otro de los argumentos aducidos en la apelación, fue la omisión en que incurrió el tribunal de primera instancia al no tener en cuenta a la hora de decidir como lo hizo, la condena que por perjuicios materiales, en cuantía de $ 18.000.000, fue proferida en el proceso penal que se adelantó por las lesiones ocasionadas al actor en los hechos origen del litigio. Al respecto, se observa:
En primer lugar, la sentencia penal a la que alude el apelante, no puede ser tenida en cuenta por el juzgador, toda vez que no obra en el plenario más que una copia simple aportada por la parte demandada (fl. 149), la cual carece de todo valor probatorio, a la luz de lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente proceso por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone aquellos casos en los que la copia o fotocopia de un documento, tendrá el mismo valor de su original; conforme a esta norma, las copias de las sentencias deben ser expedidas y estar autorizadas por la respectiva autoridad judicial y la copia aportada en el sub lite, no cumple con dicho requisito; en consecuencia, no puede ser tenida en cuenta.
En segundo lugar, aun en el evento en que la mencionada providencia hubiera podido ser valorada, encuentra la Sala, para ahondar aún más en las razones por las que no se pueden atender las observaciones del apelante, que en el presente proceso no consta que, efectivamente, el demandante, señor José Ramiro Vargas Palacio, se haya constituido en parte civil dentro del proceso penal, y que en tal calidad, haya recibido alguna indemnización de perjuicios, extremo que le correspondía acreditar a la entidad demandada, pues en ella recaía la carga de la prueba, al tenor de lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Es necesario tener en cuenta, que una es la responsabilidad personal de quien iba conduciendo el vehículo que intervino en el hecho dañoso, la cual debe ser juzgada, desde el punto de vista disciplinario, cuando se trata de empleado oficial, por la autoridad competente, y desde el punto de vista penal, por la jurisdicción penal; y otra distinta, es la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean imputables, con ocasión de las acciones u omisiones de sus agentes.
El damnificado en un evento de estos, puede perseguir la reparación o indemnización de los perjuicios sufridos, directamente de la persona natural por cuya actuación se produjo el daño, para lo cual deberá constituirse en parte civil dentro del proceso penal que se adelante, y solicitar que el procesado sea condenado a dicho pago; pero también puede dirigirse directamente en contra de la administración, cuando el daño antijurídico le sea imputable a ella, caso en el cual, deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en demanda de reparación directa, para probar dentro del proceso la existencia del daño antijurídico y su imputabilidad a la entidad demandada, para obtener la declaración de su responsabilidad y la condena al pago de los perjuicios que se logren acreditar.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando en el proceso penal, que se adelanta independientemente del contencioso administrativo, se profiere además, una condena indemnizatoria a favor del damnificado, demandante en este último?
La jurisprudencia de la Sala ha abordado este tema, para determinar cuáles son las consecuencias frente al proceso contencioso administrativo, de que se produzca una condena indemnizatoria en el proceso penal, manifestando (17) :
“Por manera que, si un agente público comete un delito a título de dolo o culpa (falta personal), puede comprometer no solamente su responsabilidad desde el ámbito jurídico penal y civil, sino también la responsabilidad directa y patrimonial del Estado (culpa anónima) cuandoquiera que exista un nexo de su conducta con la prestación del servicio, porque en este último evento de comprobarse la falla del servicio u otro título de imputación jurídica de responsabilidad de la administración, debe esta concurrir al resarcimiento de los perjuicios irrogados a las víctimas por el daño antijurídico inferido con la actuación de aquel, derivado de su acción u omisión como autoridad pública.
La víctima o perjudicado con un delito, por consiguiente, tiene la libertad y el derecho de reclamar la indemnización integral de los perjuicios ante la jurisdicción ordinaria, bien a los jueces penales dentro del proceso penal en ejercicio de la acción civil promovida en él con la anteriormente denominada constitución de parte civil —o ahora bajo el trámite del incidente de regulación integral de perjuicios una vez culminado este—, ora ante los jueces civiles mediante el ejercicio independiente de la acción civil. Pero, a la vez, también puede acudir en demanda de reparación directa para perseguir la indemnización del Estado por el daño antijurídico.
En el proceso penal se estudiará la responsabilidad penal del agente público, y en el proceso contencioso administrativo la responsabilidad patrimonial del Estado, y ello implica, ciertamente, que se predique la coexistencia de responsabilidades frente a un mismo daño, mas no solidaridad pasiva en el cumplimiento de la obligación de reparar —según se explicó—, lo cual requiere que tenga por origen una misma causa o fuente: el hecho delictual del agente público, porque no puede afirmarse que la administración generó un daño diferente al ocasionado al (sic) agente y por hechos distintos.
Es decir, existen dos caminos jurídicos diferentes y alternos: de una parte, la acción civil dentro del proceso penal contra el funcionario sujeto activo de un delito; y por otra parte, la acción de reparación directa contra la entidad pública a la cual este pertenece, pero que al final en el terreno patrimonial convergen en el mismo punto: “la indemnización integral del daño antijurídico propinado a las víctimas del hecho delictivo”, lo que equivale a decir que los perjudicados solamente pueden solicitar su derecho hasta concurrencia del daño sufrido y “... sin que (...) con el hecho ilícito les sea permitido adoptar posiciones contrarias o incompatibles con aquellas que plantearon o asumieron ante la jurisdicción penal, ello por aplicación del principio venire contra factum proprium...” (18) .
De ahí que, retomando lo atrás expuesto, en cuanto a que la fuente de la obligación de reparar y el derecho que surge a favor del lesionado es única, esto es, el daño antijurídico originado por el delito, y no obstante que por mandato y fuerza del ordenamiento deba ser analizada desde dos perspectivas y relaciones jurídicas, entre sujetos y régimen normativo diferentes, es claro que se prohíbe el doble pago de la indemnización a la víctima, porque no se puede favorecer al actor —este sí el mismo en uno y otro juicio—, con la posibilidad de cobrar dos veces por el mismo concepto (19) y, por ende, patrocinar un enriquecimiento ilícito.
“... El daño debe ser indemnizado plenamente (...) La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiera ocurrido, o, al menos en la situación más próxima a la que existía antes del suceso. Dicho de otra manera “se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte Constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. [C. Const., Sent. de mayo 20/93]. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin causa a favor de la “víctima”, si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima...” (20) (resalta la Sala).
En conclusión, no puede permitirse que la víctima se enriquezca sin justa causa a través del cobro de un doble valor indemnizatorio, y de esta irregular forma acreciente su patrimonio a expensas del patrimonio del Estado, situación que, como afirma la doctrina y así lo ha reconocido la jurisprudencia, “... está condenada por el derecho y la equidad (nemo cum alterio detrimento locupletiorem fiere potest)...” (21) . Pretender recibir otro pago cuando el resarcimiento de los perjuicios derivados del daño ocasionado con el hecho delictivo del agente público ya se encuentra satisfecho, con independencia de quien ha pagado, no tiene una fuente justificativa que lo ampare y, por ende, no merece tutela por el ordenamiento jurídico.
En este sentido, huelga precisar que para no propiciar un enriquecimiento sin causa a favor del perjudicado y evitar el cobro de una doble indemnización (22) , imperativo que constituye un principio general del derecho (23) , cuando exista prueba del pago de la indemnización como consecuencia de una condena penal o civil o de otra forma jurídica de resolución pacífica pero vinculante de conflictos prevista por la ley, el juez administrativo en el proceso contencioso administrativo y sin perjuicio de la declaratoria de la responsabilidad del Estado, cuando se den los elementos que la estructuren, debe declarar de oficio o a petición de parte probada la excepción de pago total o parcial de la obligación indemnizatoria. Así lo impone el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo (...).
Es decir, el juez se encuentra habilitado jurídicamente para la declaración oficiosa de un hecho exceptivo de fondo probado, que, como el pago, es extintivo o modificativo de la pretensión resarcitoria dentro del proceso de reparación directa contra el Estado, poder que le otorga la norma jurídica transcrita para adoptar una decisión equitativa y fundada en el interés general de que no se desconozca el principio general del derecho según el cual nadie puede enriquecerse sin justa causa a expensas de otro (24) .
Así las cosas, dejando atrás los conceptos de solidaridad o la imputación a título de culpa grave o dolo del agente público aún no declarada en juicio de repetición para el descuento en sede del juicio de reparación administrativa, lo cierto es que el fundamento jurídico básico para descontar total o parcialmente es el pago efectivo, modo de extinción de las obligaciones que comporta la satisfacción de la prestación de lo que se debe (C.C., art. 1626). En efecto, sí “se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño”, encontrándose satisfecho el pago de la indemnización por concepto del mismo, la víctima como acreedora ya no puede pretender que nuevamente este se le realice, a menos que hubiese sido parcial en cuyo caso solo tendría derecho a exigir el saldo insoluto, pero no otra vez su totalidad.
En respaldo de lo anterior, es pertinente señalar que:
“... En materia de responsabilidad civil, la indemnización consiste en la extinción, mediante pago de la obligación causante del perjuicio. Si la obligación es extinguida por el responsable o un tercero en nombre del responsable, según lo ya visto, entonces cabe hablar que la víctima ha sido indemnizada...” (25) .
Como bien se manifiesta en el pasaje doctrinal que precede, toda persona está autorizada para pagar una obligación propia o ajena, con independencia de la relación que tenga o no con el deudor, con su consentimiento y aun contra su voluntad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1630, 1631 y 1632 del Código Civil (...).
7.2. Conclusión
La Sala concluye que para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago, no es suficiente la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, pues debe existir proporcionalidad entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado; es decir, la excepción de pago parte de la demostración de la reparación integral del daño en la cuantía determinada en el juicio de responsabilidad contra el Estado y solo cuando el monto de la condena sea por lo menos igual a la que se profiera en el contencioso administrativo se hablará de pago total o en su defecto la excepción sería de pago parcial.
En este orden de ideas, queda, entonces, rectificada y adicionada la jurisprudencia anterior (26) de la Sala en relación con la materia expuesta, en el sentido de que es el pago efectivo de la indemnización o parte de ella, realizada por el agente público con ocasión al (sic) proceso penal en el que la víctima se constituyó en parte civil, y cuando este modo de extinción de la deuda se encuentre demostrado en el proceso de reparación directa, el que libera a la entidad pública de hacerlo de nuevo total o parcialmente respecto a la víctima y demandante y, por lo mismo, la beneficia.
Además, la acreditación del pago efectivo de la indemnización es el título normativo por el cual debe ordenarse por el juez el descuento en el proceso en el caso de que haya sido parcial, o la extinción por su monto respecto a la víctima demandante en el caso de ser total, por vía de la declaratoria de la excepción de pago correspondiente (total o parcial) dentro del mismo.
Igualmente, se precisa que atendiendo la regulación legal en materia de pago de las obligaciones, lo propio deberá hacer la administración si al momento de cubrir el monto de la condena, encuentra que el funcionario citado en el proceso penal pagó total o parcialmente el monto de los daños tasados por el juez penal, toda vez que de acuerdo con ese ordenamiento jurídico (C.C., arts. 1626 y 1630 y ss.), a la entidad pública le asiste el derecho de descontar la suma cubierta por aquel, en el entendido de que se cumplió de manera íntegra o proporcional, según el quantum del pago, con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima (27) .
Con las anteriores precisiones, la Sala, nuevamente reflexiona en torno al asunto y ahora afirma lo siguiente por considerarlo de justicia y equidad y, por ende, ajustado a derecho:
a) Que quien se ha constituido en parte civil dentro de un proceso penal o intervino en el incidente de reparación de perjuicios para perseguir la responsabilidad civil del funcionario, igualmente puede demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de perseguir del Estado la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima cuandoquiera que hubiese sido afectada a la vez por la conducta del agente y falla del servicio;
b) Que para que en el proceso contencioso administrativo se decrete la excepción de pago total, no solo se requiere la demostración de que se pagó la condena impuesta por el juez penal, sino que debe existir equivalencia entre la condena de perjuicios que este último impuso al funcionario y la que impone el juez contencioso administrativo al Estado, de suerte que se cumpla con el principio de la reparación integral del daño irrogado a la víctima o, en su defecto la excepción sería de pago parcial, o sea por la proporción que efectivamente se haya pagado en relación con el monto de la condena a imponer en el proceso contencioso administrativo, y
c) Que bajo estas circunstancias la entidad demandada estará obligada a pagar la totalidad de la indemnización impuesta en la sentencia por el juez administrativo, o asumida en una conciliación aprobada judicialmente o en cualquier otra providencia, salvo que la entidad pruebe en el proceso o al momento de cubrir el monto de la condena, que el funcionario citado en el proceso penal pagó totalmente el monto de los daños tasados en el proceso contencioso administrativo por ser la condena de perjuicios en el proceso penal igual o equivalente a aquella, porque si es inferior o prueba que el funcionario pagó parcialmente, la entidad únicamente tendrá derecho de descontar la suma proporcional cubierta”.
Las anteriores consideraciones son aplicables en el presente caso, toda vez que, aun en el evento en que se hubiera producido una condena patrimonial por la jurisdicción penal, como lo sostuvo la apelante, ello no sería óbice para que en el presente proceso de reparación directa se profiriera la condena que correspondiese; otra cosa sería si, además de mediar la sentencia condenatoria penal que incluyera la indemnización de perjuicios a favor de la víctima, esta efectivamente la hubiera recibido, hecho que entonces le corresponderá acreditar a la parte demandada en el proceso contencioso administrativo, con el fin de que el monto de dicha indemnización sea descontado de la condena que en este proceso se produzca, toda vez que no puede propiciarse un enriquecimiento de la víctima con ocasión del hecho dañoso y en consecuencia, la indemnización debe corresponder, en exacta medida, al daño sufrido y los perjuicios recibidos.
3.3.4. El monto de la condena.
Establecida como está la improcedencia de los argumentos de la apelación interpuesta por la parte demandada, la Sala confirmará las condenas que le fueron impuestas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, aunque debidamente actualizadas a la fecha de esta sentencia con la fórmula usualmente utilizada para ello: valor actual = valor histórico (el calculado por el a quo) por índice final (el IPC del mes en que se dicta esta providencia) sobre índice inicial (el IPC correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia), toda vez que comparte la liquidación que de los perjuicios efectuó, salvo la correspondiente al lucro cesante, que deberá calcularse teniendo en cuenta que el actor ya falleció:
— En relación con los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, calculó su monto con base en los documentos privados originales provenientes de terceros aportados por el demandante, consistentes en una factura y un recibo expedidos por el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín por concepto de atención y tratamiento de las lesiones sufridas por el actor, los cuales, a la luz de lo estipulado por el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 podían ser apreciados por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, a menos que la parte contraria solicitara su ratificación.
— Respecto del lucro cesante, liquidó el mismo teniendo en cuenta la incapacidad laboral permanente establecida pericialmente en un 35%, el valor del salario mínimo legal para la época en que se produjeron los hechos debidamente actualizado y el periodo de vida probable del lesionado; pero teniendo en cuenta que se probó la muerte del demandante, señor José Ramiro Vargas Palacio, el día 10 de mayo de 1997, la liquidación por este concepto debe hacerse hasta la mencionada fecha, por concepto de indemnización debida, sin que haya lugar a calcular ni a condenar, por obvias razones, a indemnización futura; para dicho cálculo, se tendrán en cuenta los siguientes datos:
— Fecha de los hechos:28 de diciembre de 1989
— Edad del demandante
a la fecha de los hechos: 28 años dos meses (fl. 192)
— Muerte del demandante:10 de mayo de 1997
— Periodo a indemnizar:88 meses
— Incapacidad total:20 meses (fl. 174)
— Porcentaje incapacidad laboral:35% (fl. 175)
— Salario mínimo 1989:$ 32.559 (D. 2662/88)
— Actualización salario mínimo:
Fórmula Ra = R x I final
R x I inicial
Ra = 32.559 x 175,30 Ra = 359.646
— Liquidación por incapacidad total:
Fórmula: Ra (1+i) n - 1, en donde:
S = Indemnización del periodo comprendido entre la fecha de ocurrencia de los hechos y la fecha de esta sentencia.
Ra = Renta actualizada: 100% del salario mínimo
n = Número de meses transcurridos (de incapacidad total): 20
i = interés puro o técnico del 6% anual, igual a 0,004867
S = 359.646 (1,004867) 20 - 1 S = $ 7.535.411
— Liquidación por el 35% de incapacidad:
Se utiliza la misma fórmula anterior, pero teniendo en cuenta el 35% del salario mínimo actualizado, así como el número de meses transcurridos entre la fecha de ocurrencia de los hechos: 28 de diciembre de 1989 y la fecha de deceso del demandante: 10 de mayo de 1997, restando los 20 meses de incapacidad total ya liquidados, es decir, 68 meses:
S = 125.876 (1,004867) 68 - 1 S = 10.117.183
Indemnización total por concepto de lucro cesante: $ 17.652.594.
— Los perjuicios morales, los calculó el tribunal en el equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales, teniendo en cuenta la angustia que el actor sufrió durante la incapacidad total que soportó durante 20 meses.
— A su turno, los perjuicios fisiológicos, mejor llamados actualmente por la jurisprudencia como perjuicios a la vida de relación, los concedió en el equivalente a 700 gramos de oro, con fundamento en el dictamen pericial sobre la merma en la capacidad laboral del 35% y por las limitaciones a las que, en consecuencia, se vio sometido el demandante, para el ejercicio de actividades placenteras y aun de las cotidianas, conforme a la prueba testimonial recaudada.
3.3.5. La muerte del demandante.
Finalmente, observa la Sala que, el hecho de que el demandante haya fallecido antes de que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, hecho que aparece acreditado con el certificado expedido por el Notario Único del Círculo Notarial de Ciudad Bolívar (Ant.), según el cual el señor José Ramiro Vargas Palacio, falleció el día 10 de mayo de 1997, no conduce, como parece entenderlo el apelante, a la revocación de dicho fallo y consecuente denegatoria de las pretensiones de la demanda, porque tal circunstancia no hace desaparecer el derecho que tenía a obtener la indemnización de perjuicios que le fue reconocida, el cual se transmite en este caso a sus sucesores por causa de muerte.
Normalmente, cuando el actor fallece, el apoderado debe dar noticia de este hecho al juez y el proceso, como reza el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador, es decir, que se surte una sucesión procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto que las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no se modifican ni afectan por su deceso; sobre el punto, ha dicho la Sala (28) :
“De acuerdo con la doctrina (29) , esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte. En casos como este, el fallecimiento de la parte actora no produce la suspensión o interrupción del proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado o el curador, porque de conformidad con el inciso 5º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial. En cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes sí constituye causal de interrupción, lo cual no ocurrió en este caso.
Es el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la norma destinada a tipificar la figura, la cual se estructura de manera diversa según se trate de personas naturales o jurídicas las sustituidas y si la causa la origina un acto entre vivos o sucesión por muerte de la persona natural. En relación con las personas naturales —que es la que nos interesa—, dispone el inciso primero que fallecido un litigante, y por tal se comprende tanto a quien integra una parte como al que actúa con cualquiera de las calidades de un tercero, o declarado ausente o en interdicción “el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”, aun cuando debe advertirse que en algunos procesos el deceso de la persona implica la terminación del mismo por cuanto no puede operar la figura, tal como sucede en los procesos de divorcio, separación de bienes, de cuerpos o de nulidad de matrimonio donde la muerte de una de las partes implica culminación inmediata de la actuación por sustracción de materia y en atención a la índole personalísima de las relaciones jurídicas en debate (30) .
Otro sector de la doctrina (31) , ha dicho que la sucesión procesal se presenta cuando cualquiera de las partes es sustituida por otra o se aumenta o reduce el número de personas que la integran. Se define, conforme al sencillo concepto de Ramos Méndez (32) , como “la sustitución de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal”. Esta especie de crisis —como lo denomina Azula Camacho—, consiste exclusivamente en el cambio de personas que integran cualquiera de las partes y, por tanto, es factible que afecte al demandante o al demandado o, incluso, a un tercero interviniente. El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso.Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado” (las negrillas no son del texto original).
Por su parte, el artículo 62 del mismo código, establece que los sucesores, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención.
De acuerdo con lo anterior, y tal y como lo sostiene la doctrina, “... excepción hecha del proceso de ejecución, donde inclusive el juez de oficio de conocer el hecho de la muerte del deudor podrá disponer la citación de los herederos con el fin de evitar que prosiga una actuación viciada de nulidad, en todos los restantes procesos, será la iniciativa del cónyuge, albacea, herederos o curador presentarse al proceso para que se reconozca su calidad de sucesores procesales” (33) (las negrillas son de la Sala), lo que significa que así estos no concurran al proceso, el mismo no se suspende, sigue adelante y el juez, debe proferir la sentencia teniendo en cuenta al litigante fallecido, cuyos derechos reconocidos en esa providencia, serán transmitidos a sus sucesores (34) .
Observa la Sala, de otra parte, que en anterior oportunidad, en un caso similar en el cual falleció el actor y uno de sus herederos puso tal circunstancia en conocimiento del juez, se dijo (35) :
“Cuestión previa - Sucesión procesal.
El demandante José Rubiano Bañol Guapacha, en su condición de hijo del señor Gabriel Ángel Bañol Morales puso en conocimiento el fallecimiento de su padre, y para tal efecto, aportó copia del registro civil de defunción expedido por el Notario Único de Riosucio Caldas (fl. 192 cdno. 1).
Al respecto, la Sala considera necesario dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil que expresamente dispone:
“Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador...”.
Es de anotar que en el proceso no se encuentra acreditado si la sucesión del señor Gabriel Ángel Bañol Morales está totalmente integrada, pues no se tiene conocimiento de haberse iniciado un proceso ordinario de sucesión, en donde se haya hecho parte todas las personas que tienen derecho a la masa herencial. En consecuencia, la Sala ordenará la indemnización de los perjuicios que por todo concepto haya lugar, a favor de la sucesión del señor Bañol Morales, sin individualizar los reconocimientos”.
Volviendo al presente caso, se observa que en el proceso no se dio noticia al tribunal de primera instancia sobre el fallecimiento del demandante antes de que profiriera su decisión; no se produjo la sucesión procesal que era procedente, y como consecuencia de ello, se condenó a la parte demandada a indemnizar los perjuicios a favor del actor, señor José Ramiro Vargas Palacio; sin embargo, con ocasión del recurso de apelación, la Sala ha tenido conocimiento de su deceso, y por lo tanto, procederá a modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la condena en ella proferida, se hace a favor de la sucesión del señor Vargas Palacio, y además, ajustando las condenas que se profirieron en gramos oro, al nuevo sistema de cálculo de perjuicios adoptado por la Sala, con fundamento en salarios mínimos legales mensuales (36) .
MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda, el 1º de octubre de 1998, la cual quedará así:
1. Decláranse no probadas las excepciones de falta de jurisdicción y de competencia aducidas por el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.).
2. Declárase no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por el departamento de Antioquia.
3. Decláranse administrativamente responsables, y en forma solidaria, al departamento de Antioquia y al Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.), por las lesiones sufridas por el señor José Ramiro Vargas Palacio en hechos ocurridos en la madrugada del día 28 de diciembre de 1989.
4. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al departamento de Antioquia y al Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.), a pagar a favor de la sucesión del señor José Ramiro Vargas Palacio por concepto de perjuicios materiales, las sumas de cinco millones noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte. ($ 5.094.845) como daño emergente; y diecisiete millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($ 17.652.594), como lucro cesante.
5. Condénase al departamento de Antioquia y al Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.), a pagar a favor de la sucesión del señor José Ramiro Vargas Palacio, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de diecisiete millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta pesos m/cte. ($ 17.348.160).
6. Condénase al departamento de Antioquia y al Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (Ant.), a pagar a favor de la sucesión del señor José Ramiro Vargas Palacio, por concepto de perjuicios a la vida de relación, el equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de treinta millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos m/cte. ($ 30.359.280).
7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.
(1) De acuerdo con lo estipulado en el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía de la demanda se determina por el valor de la pretensión mayor, cuando se acumulen varias.
(2) Sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente 4655, actor: Alfonso Sierra Velásquez; reiterada en sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.688 y sentencia del 10 de noviembre de 2005, expediente 17.920.
(3) Sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente 4655; sentencia del 31 de julio de 1989, expediente 2852; sentencia del 24 de agosto de 1992, expediente 6754; sentencia del 16 de septiembre de 1999, expediente 10922.
(4) Al respecto, se pueden consultar sentencias del 27 de julio de 2000, expediente 12.099 y del 30 de noviembre de 2000, expediente 12642.
(5) Expediente 4.484. Actor: Rosa Helena Franco de Bernal.
(6) Sentencia proferida el 24 de agosto de 1992.
(7) Al respecto cabe tener en cuenta entre otras las sentencias dictadas el 16 de junio de 1997, expediente 10024 y el 16 de marzo de 2000, expediente 11670.
(8) Sentencia del 11 de mayo de 2006, expediente 14.694.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, expediente 11842, actor: José Manuel Gutiérrez y otros.
(11) Sentencia del 10 de julio de 2003, expediente 14.083. También se pueden consultar, en similares términos, la sentencia del 27 de enero de 2000, expediente 12420 y la sentencia del 9 de agosto de 2001, expediente 12.998. Ya con anterioridad a estas providencias, la Sala había manifestado que en eventos en los que se presenta la colisión de dos vehículos en donde uno es de mayor proporción que el otro, esa diferencia significativa de peso o tamaño, permitía estudiar el caso bajo la tesis de la falla presunta, pues no se atenuaban las actividades desde el punto de vista probatorio, como en el caso en que ambos vehículos fueran de idénticas o similares características, es decir, la colisión de dos automóviles o buses, en cuyo caso debía probarse la falla en la forma ordinaria(11); tal manifestación, se efectuó cuando la jurisprudencia de la Sala manejaba estos casos bajo el régimen de la falla presunta, que ha evolucionado hasta llegar al actual régimen de la responsabilidad objetiva por el riesgo excepcional, proveniente del ejercicio de actividades peligrosas, a la luz del cual, cuando tal circunstancia se presenta, es decir, la diferencia entre los vehículos que colisionan, subsiste la aplicación del régimen objetivo, contrario a lo que sucedería si se tratara de dos vehículos similares, evento en el cual, como ya se dijo, sería necesario establecer la existencia o inexistencia de una falla del servicio, para poder imputar responsabilidad a la administración.
(12) Expediente 8.269, actor Fernando M. Anaya Vélez. Se reitera lo afirmado por la Sala en sentencias proferidas los días 7 de julio de 1993, expediente 7.730, actora: Inmaculada Concepción Flórez Durán; de 27 de enero de 2000, expediente 12.420, actor: María Cecilia Capote.
(13) Expediente 12.998. Actor: Marco Arturo Amador Ávila y otro.
(14) Sala Civil, sentencia del 5 de mayo de 1999, expediente 4978.
(15) Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842.
(16) Tamayo Jaramillo, Javier. “De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa”. Editorial Temis, 2ª edición. Tomo I, volumen 2, Santafé de Bogotá, 1996, página 78.
(17) Sentencia del 5 de diciembre de 2006, expediente 15.046.
(18) Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación civil de 10 de septiembre de 1998, expediente 5023.
(19) En efecto, se trata de una misma conducta del funcionario que comprometió su propia responsabilidad y la de la administración, y por ende, se refiere a la misma fuente de la cual se pretende un reconocimiento indemnizatorio por el daño antijurídico.
(20) Henao Pérez, Juan Carlos, “El daño”, Ediciones Universidad Externado de Colombia, 1998, página 45. Y agrega, incluso este autor que “... si la regla de la indemnización plena del daño en el sistema continental es hacer del daño realmente sufrido la medida de su resarcimiento, no es dable violarla otorgando indemnizaciones por encima del menoscabo sufrido...” (ob. cit., pág. 48).
(21) Ospina Fernández, Guillermo, “Régimen general de las obligaciones”, Octava edición, 2005, pág. 42.
(22) Se advierte que otra situación es la que se presenta “En caso de causa jurídica diferente, se acepta el doble pago porque se estima que el enriquecimiento que obtiene la víctima se encuentra justificado legalmente por la diferencia de causas que no son todas indemnizatorias. En este evento, la víctima puede quedar en una situación mejorada respecto de la que tenía antes del advenimiento del daño”. Cfr. Henao Pérez, Juan Carlos, ob. cit. página 64 ídem. Es decir, repárese de que no se trata aquí de que la prohibición de doble pago deba ceder, puesto que no existen causas jurídicas diferentes, sino que existe una, derivada del hecho anómalo del servidor público que lesionó a un particular.
(23) El artículo 8º de la Ley 153 de 1887 permite su aplicación al disponer que “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”. El artículo 831 del Código de Comercio también lo trae cuando señala que “Nadie podría enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.
(24) Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 230 de la Constitución Política, estatuye que “... Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. “La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
(25) Tamayo Jaramillo, Javier, “De la responsabilidad civil”, tomo IV, Editorial Temis, 1999, páginas 224 y 225.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de octubre de 2001, expedientes 12.953 y 13538.
(27) Aun cuando para contornos jurídicos diversos al que aquí se discute la siguiente cita en lo pertinente resulta a este respecto oportuna: “En esas circunstancias, entonces, mientras a la víctima no se le haya reparado íntegramente el daño que le ha sido irrogado, puede reclamar (...) la indemnización plena; obvio que lo que cada uno efectivamente paga por razón de la condena que se les imponga puede y debe ser deducido de una condena mayor que eventualmente pudiera llegar a darse, con el fin de evitar que el damnificado reciba un doble pago por el mismo concepto y, por ende, impedir que la indemnización se torne en fuente de enriquecimiento indebido”. Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia de 10 de septiembre de 1998, expediente C-5023, M.P. Nicolás Bechara Simancas.
(28) Sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 16.346.
(29) López Blanco, Hernán Fabio, “Procedimiento civil parte general”, tomo I, 8ª edición, Bogotá, Editorial Dupré Editores, 2002, página 359.
(31) Azula Camacho, “Manual de derecho procesal, Teoría general del proceso”, tomo I, 8ª edición, Editorial Temis, Bogotá, 2002, página 416.
(32) Francisco Ramos Méndez, “La sucesión procesal”, Barcelona, Biblioteca Hispano Europea de Ciencias Sociales, 1974, página 2.
(33) López Blanco, Hernán Fabio; “Procedimiento civil”, tomo I, Dupré Editores, 9ª edición, 2005, página 361.
(34) Así lo dijo la Sala en sentencia del 5 de diciembre de 2005. Expediente 14.536.
(35) Sentencia del 11 de mayo de 2006, expediente 15.626.
(36) Ver sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646.