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Timestamp: 2020-01-27 05:47:11
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Registro Oficial No.483- Miércoles 08 de mayo de 2019 Suplemento
Miércoles 08 de mayo de 2019 (R. O.483, 03–mayo -2019) Suplemento
Año II – Nº 483
Quito, miércoles 8 de mayo de 2019
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 3
-............. Apruébese el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
-......... Apruébense las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Relativas al Crimen de Agresión
717........ Refórmese el Decreto Ejecutivo No. 1004 del 26 de abril del 2016
718........ Suprímese la Secretaría Nacional de Gestión de la Política
719........ Dese por terminadas las funciones del señor Juan Meriguet Martínez, como Embajador Itinerante
720........ Desígnese al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado, como Embajador Itinerante
721........ Dese la baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas, al señor CALM Carlos Renán Ruiz Cornejo
722........ Dispónese al titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la actualización, definición y emisión de la nueva política minera del Estado
723........ Dese inicio al proceso de fusión entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP
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Registro Oficial N° 483 - Suplemento Miércoles 8 de mayo de 2019 - 3
Oficio No. T.444-SGJ-19-0291
Mediante oficio No. PAN-ECG-2019-0021 de 1 de febrero del 2019, la señora Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, me remitió el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, a fin de que la sancione y disponga su publicación en el Registro Oficial o, en su defecto, formule mis objeciones sobre el mismo.
En este contexto, con oficio No. T.444-SGJ-19-0150 de 22 de febrero del 2019, presenté mi veto parcial al aludido proyecto de ley. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional no se pronunció sobre el referido veto parcial en el plazo de treinta días a que se refiere el tercer inciso del artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que se evidencia de conformidad con el Oficio No. SAN-2019-2604 de 17 de abril del 2019 enviado por la Dra. María Belén Rocha Díaz, Secretaria General de la Asamblea Nacional, quien señala: "... el Pleno de la Asamblea Nacional, fue convocado para tratar en sesión de 28 de marzo de 2019, el Informe No Vinculante respecto de la Objeción Parcial al 'Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público". Sin embargo, la sesión fue suspendida sin tratar el punto en mención. "
Consecuentemente, y, por expresa disposición contemplada en el cuarto inciso del artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, dispongo la promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y, por tanto, su publicación en el Registro Oficial, para que sea reconocida como ley de la República.
Para el efecto, acompaño los siguientes documentos:
1.- Oficio No. PAN-ECG-2019-0021 de 1 de febrero del 2019, con el que la Presidenta de la Asamblea Nacional pone en consideración del Presidente de la República el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, así como el certificado que acredita las fechas en que se realizaron los debates;
2.- Oficio No. SAN-2019-2604 de 17 de abril del 2019, en el cual la Secretaria General de la Asamblea Nacional,
señala que la objeción parcial formulada no fue tratada dentro del plazo constitucional; y,
3.- El texto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público que incorpora las modificaciones propuestas en el veto parcial.
Asimismo, adjunto el oficio T.444-SGJ-19-0150 de 22 de febrero del 2019 en el cual se contiene mi objeción al referido proyecto de ley.
f.) Lenin Moreno Garcés,
Oficio No. PAN-ECG-2019-0021
Quito, 01 de febrero de 2019.
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó en segundo debate, el día 31 de enero del 2019, el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO".
f.) ECON. ELIZABETH CABEZAS GUERRERO,
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que el día 1 de
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diciembre de 2018, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO" y, en segundo debate el día 31 de enero de 2019, siendo en esta última fecha, finalmente aprobado.
Quito, 31 de enero de 2019.
Oficio No. SAN-2019-2604
Quito, 17 de abril de 2019
Johana Pesantez Benítez
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito informar que el Pleno de la Asamblea Nacional, fue convocado para tratar en sesión de 28 de marzo de 2019, el Informe No Vinculante respecto de la Objeción Parcial al "Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público". Sin embargo, la sesión fue suspendida sin tratar el punto en mención.
Particular que informo para los fines legales correspondientes.
f.) Dra. María Belén Rocha Díaz SECRETARIA GENERAL ASAMBLEA NACIONAL
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, numeral 8, establece que "El contenido de los
derechos se desarrollara de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos ";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, numeral 1, dispone que es deber del Estado, "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes";
Que, la Constitución República del Ecuador en el artículo 32, señala que "La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional";
Que, la Constitución de la República en el Ecuador en su artículo 33 dispone que "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realiza­ción personal y base de la economía. El Estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado ";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral, 2, señala que "El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios ";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 326, numeral 5, ordena que "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 341 señala que "El Estado generará las
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condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 120, numeral 6, indica que es atribución de la Asamblea Nacional "Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio ";
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público y Reglamento, articulo 23, literal g, señala "Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley";
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público y Reglamento, articulo 23, literal n, contempla: "No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo m anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;"
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público y Reglamento, artículo 26, estipula: "Se concederá licencia o permiso para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo, a las servidoras o los servidores que perciban remuneración, de conformidad con las disposiciones de esta Ley".
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO
Artículo 1.- En el artículo 33, reemplácese el segundo inciso y añádase un inciso final al mismo artículo de la siguiente manera:
"Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, incluido el tiempo de traslado desde su domicilio o lugar de trabajo, siempre que se justifique tal particular con el certificado médico correspondiente otorgado por el médico que efectuó la atención médica.
"Los permisos previstos en este artículo se considerarán sin cargo a vacaciones ni reducción de las remuneraciones.".
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese todas las disposiciones legales que se contrapongan con lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve, f) AB. VIVIANA BONILLA SALCEDO, Primera Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, f) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ, Secretaria General.
Oficio No. T.444-SGJ-19-0150
Quito, 22 de febrero de 2019
El 1 de febrero del 2019 fui notificado con el oficio No. PAN-ECG-2019-0021 de la misma fecha, al cual se acompañó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.
En este contexto, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento a usted y, por su intermedio, a la Asamblea Nacional, mi OBJECIÓN PARCIAL al referido proyecto de ley, que se contiene en los siguientes términos:
1.- Objeción parcial al artículo 1 del proyecto de ley
De conformidad con lo determinado en el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en razón de que el Estado tiene como finalidad primigenia el garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la misma, y, al efecto , debe ejecutar de manera adecuada y oportuna la actividad administrativa, aquella no puede suspenderse a riesgo de dejar de brindar eficientemente los servicios que presta, por lo cual, inclusive, en el numeral 15 del artículo 326 de la Carta Fundamental se prohíbe, por ejemplo, la paralización de diversos servicios.
En concordancia con lo cual, se observa una prohibición expresa en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público:
"Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos. - Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente:
a) Abandonar injustificadamente su trabajo;"
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1.2.- Con el objeto de conciliar la prestación adecuada y oportuna de las actividades del Estado ya sea por situaciones relacionadas con la prestación de servicios en el propio Estado o con el derecho de los servidores públicos para atender situaciones de índole personal que impliquen el que eventualmente deban ausentarse de su lugar de trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público establece un sistema a través del cual se regula lo atinente a comisiones, licencias y permisos.
Y en tal sentido se establece en el artículo 23, al tratar de los derechos de los servidores públicos, lo siguiente:
"Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:
... g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley;".
1.3.- En el Título III, "DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO," Capítulo 2, se señala lo atinente a "LAS LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO Y PERMISOS"
1.3.1.- Bajo dicho régimen se prevén los casos en los cuales el servidor puede ausentarse, de manera justificada, de su puesto de trabajo, y, la eventual afectación que ello conlleva respecto de sus remuneraciones, así, por ejemplo, licencias o comisiones de servicio con o sin remuneración, o en lo relacionado con sus vacaciones.
1.3.2.- Al tratar de los permisos, el régimen determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público se contempla en los artículos 33 y 34, con indicación expresa de si lo son con cargo a vacaciones o no.
En tal sentido, se diferencian muy claramente los permisos imputables o no a vacaciones, esto es, los establecidos en el artículo 33, respecto de los cuales no se señala que sean imputables a vacaciones, de aquellos previstos en el artículo 34, que son de naturaleza indeterminada y guardan relación con los no previstos con anterioridad en la ley, siendo la limitante de estos últimos única y exclusivamente el que "no excedan los días de vacación a los que la servidora o servidor tenga derecho al momento de la solicitud. "
Y esto por la sencilla razón de que los permisos previstos en el artículo 33 se otorgan ante situaciones personales del servidor público que no pueden dejar de atenderse, que contemplan una garantía del Estado a su favor en relación al ejercicio de sus derechos constitucionales, y, pueden concederse ante el surgimiento de uno o más de los casos previstos en dicha disposición y además por más de una vez, pudiendo además exceder el periodo determinado de vacaciones a que tenga derecho, con mayor razón aquellos relacionados con la atención de su salud, motivo de la reforma propuesta, debiendo nosotros observar que en dicha disposición legal se tratan además otros casos
que guardan relación inclusive con derechos de niños y niñas cuya atención es de carácter prioritario por parte del Estado en virtud de su interés superior.
Por tal motivo, todos aquellos permisos establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Servicio Público lo son sin cargo a vacaciones ni reducción de remuneraciones, pues la ley no señala dicho efecto.
1.3.3. - Por otra parte, en relación con la reforma propuesta, hay que considerar lo relativo a si se requiere o no que los certificados médicos expedidos por profesionales de la salud que no presten sus servicios en el IESS deban ser avalizados posteriormente por otros profesionales de la salud que si presten sus servicios en el IESS.
Sobre el particular, cabe observar que el ejercicio profesional por parte de los profesionales de la salud otorga a ellos, al margen de trabajar o no en una entidad pública, el derecho y obligación de emitir certificados médicos, y, aquellos tienen plena validez y vigencia por el solo hecho de su expedición.
Y menos aún puede admitirse que un certificado médico de un profesional de la salud que preste sus servicios en alguna otra institución pública de la red de salud pública (por ejemplo los dispensarios y hospitales regidos por el Ministerio de Salud) o de otros organismos de seguridad social (ISSEA o ISSPOL) deban a su vez ser sujetos de un control y revisión por parte de un profesional de la salud del IESS.
Asunto totalmente diferente es el tema de control, esto es, si el profesional de la salud o el servidor expidió o utilizó, en su orden, un certificado inadecuado, dicho aspecto de control es posterior y deberá efectuarlo la respectiva unidad de talento humano institucional y ante lo cual eventualmente pueden generarse acciones disciplinarias e incluso penales.
Por lo cual no se requiere que el certificado médico otorgado por un profesional de la salud que no trabaje en el IESS deba ser avalizado posteriormente por un profesional de la salud que preste sus servicios en dicha institución de la seguridad social.
Si todo lo antes señalado en esta objeción amerita, a efectos de la adecuada protección de los derechos de los servidores públicos una reforma legal expresa, se torna necesario efectuar la presente objeción parcial.
2- Texto alternativo al artículo 1 del proyecto de ley
En virtud de lo señalado, formulo el siguiente texto alternativo al artículo 1 del proyecto de ley de la referencia:
"Artículo l.-En el artículo 33, reemplácese el segundo inciso y añádase un inciso final al mismo artículo de lsiguiente manera:
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"Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, incluido el tiempo de traslado desde su domicilio o lugar de trabajo, siempre que se justifique tal particular con el certificado médico correspondiente otorgado por el médico que efectuó la atención médica. "
Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución de la República del Ecuador y la ley, OBJETO PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, decisión que queda consignada en los términos precedentes, así como en el documento correspondiente, cuyo auténtico devuelvo a su Autoridad.
f.) Lenín Moreno Garcés,
Que, según lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 120 de la Constitución de la República, y los artículos 9 numeral 8, y 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es función de la Asamblea Nacional, aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda;
Que, de acuerdo a los numerales 1, 2, 4 y 8 del Art. 419 de la Constitución de la República y a los numerales 1, 2, 4 y 8 del Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la ratificación de los tratados internacionales, requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional, en los casos que se refiera a materia territorial o de límites; establezcan alianzas políticas o militares; se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; y, comprometan al patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético;
Que, mediante Dictamen No. 012-18-DTI-CC, de 27 de junio de 2018, la Corte Constitucional dictaminó:
"las disposiciones contenidas en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, guardan conformidad y compatibilidad con la Constitución de la República del Ecuador; en consecuencia, se declara su constitucionalidad.".
Que, mediante oficio No. T.269-SGJ-18-0581, de 1 de agosto de 2018, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite respectivo, al "Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares";
Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente a las "Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares"; y,
"APROBAR EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES"
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve.
Que, de acuerdo al numeral 4 del Art. 419 de la Constitu­ción de la República y al numeral 4 del Art. 108 de la Ley
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Orgánica de la Función Legislativa, la ratificación de los tratados internacionales, requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional, en los casos que se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución;
Que, mediante Dictamen No. 025-13-DTI-CC, de 4 de septiembre de 2013, la Corte Constitucional dictaminó: "Las disposiciones contenidas en el texto de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, aprobadas por consenso el 11 de junio de 2010, en la decimotercera sesión plenaria; guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador.".
Que, mediante oficio No. T.207-SGJ-18-0017, de 8 de enero de 2018, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite respectivo, las "Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión";
Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente a las "Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión"; y,
"APROBAR LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE
ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN"
Que el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establece como atribución del Presidente
Constitucional de la República, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;
Que mediante Decreto Ejecutivo número 136 del 6 de septiembre del 2017, se reformó el Decreto Ejecutivo mencionado en el párrafo ut supra, cambiando la adscripción de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, de la Vicepresidencia de la República a la Presidencia de la República;
Que mediante Decreto Ejecutivo número 365 del 9 de abril del 2018, se reformó el Decreto Ejecutivo número 1004 del 26 de abril del 2016, cambiando la adscripción a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, de la Presidencia de la República a la Vicepresidencia de la República, pero manteniendo la atribución del Presidente de la República para nombrar su titular; y,
Que el doctor José Ricardo Herrera Falcones ha presentado la renuncia a su cargo como Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva.
Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 1004 del 26 de abril del 2016, por el siguiente:
"Artículo 6.- Créase la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, como entidad adscrita a la Presidencia de la República, para la coordinación y seguimiento de los ejes de acción del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, cuyo titular será nombrado por el Presidente de la República.".
Artículo 2.- Encárguese la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, al ingeniero Guillermo Sierra Béjar, Gerente de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación Productiva.
Artículo 3.- Agradecer los valiosos y leales servicios prestados a la Patria por parte del Secretario Técnico saliente, doctor José Ricardo Herrera Falcones.
DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de
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la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de abril de 2019.
Quito, 24 de abril del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que, el último inciso del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo dispone que en ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia;
Que, la Disposición Transitoria Cuarta ibídem, señala que en un plazo de dos años contados desde la fecha de publicación de este Código, las entidades u órganos responsables de la estructuración organizacional de la correspondiente administración pública pondrán a
disposición de la máxima autoridad administrativa, un estudio de reorganización administrativa dirigido a cumplir entre otros los siguientes objetivos: "J. Identificar, modificar y fusionar las entidades u órganos administrativos cuyas competencias se superpongan, dupliquen o puedan ser ejercidas de mejor manera con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía ";
Que, el artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la planificación nacional es de responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional o territorialmente;
Que, el artículo 63 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público dispone que al ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410 publicado en Registro Oficial Nro. 235 de 14 de julio de 2010, se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades por la de "Ministerio del Interior"; y, se dispone que el Ministerio del Interior tendrá a su cargo el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, y el cumplimiento de las funciones, atribuciones, responsabilidades y competencias asignadas al Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, excepto en lo referente a cultos que pasan a ser competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en lo referente a municipalidades, demás gobiernos autónomos descentralizados, que pasan a ser competencia del Ministerio de Coordinación de la Política;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1522, publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 13 de 12 de junio de 2013 se crea la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, como la entidad encargada de formular las políticas para la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del Estado, con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el diálogo político con los actores sociales y la coordinación política con los representantes del Ejecutivo en el territorio;
Que, a través del Decreto Ejecutivo antes mencionado, se dispone que el Secretario Nacional de Gestión de la Política ejerza la representación del Presidente de la República ante el Comité Nacional de Límites internos y se adscribe la Secretaría Técnica de dicho Comité a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 560, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 387 de 13 de diciembre de 2018 dispone la transformación del
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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, publicado en el Registro Oficial Nro. 76 de 11 de septiembre de 2017 se expidieron las normas de optimización y austeridad del gasto público;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 501, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 337 de 28 de septiembre de 2018, se regula el proceso de diseño institucional, el mismo que incluye la creación, modificación o la supresión de las entidades e instancias de la Función Ejecutiva, así como los lineamientos para su correcta implementación, exceptuando de sus disposiciones a las empresas públicas;
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el último inciso del 45 Código Orgánico Administrativo;
Artículo 1.- Suprímase la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
Artículo 2.- En función de la supresión dispuesta en el artículo anterior, el Ministerio del Interior asumirá las competencias de gestión política para gobernabilidad y prevención del conflicto; articulación intragubernamental; articulación intergubernamental; y, articulación entre Funciones del Estado, para lo cual, además de sus atribuciones actuales, ejercerá las siguientes:
Formular las políticas y estrategias de gobernabilidad para la Función Ejecutiva y dirigir su implementación;
Asesorar a las entidades de la Función Ejecutiva en la gestión política para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, los programas y agendas del Gobierno;
Monitorear y evaluar la ejecución de la agenda política y de las políticas y estrategias de gobernabilidad de las entidades de la Función Ejecutiva;
Diseñar e implementar protocolos de articulación política entre la Función Ejecutiva y las demás Funciones del Estado;
Revisar propuestas de leyes u otras normativas de carácter prioritario de iniciativa del Ejecutivo, para identificar alertas e impactos de naturaleza social o política, bajo el enfoque de la gobernabilidad, así como coordinar con los órganos rectores sectoria­les de la Función Ejecutiva, de ser necesario;
Coordinar la implementación de las políticas y estrategias de gobernabilidad a través de las Gobernaciones, con los representantes del Ejecutivo en territorio;
Diseñar e implementar, en coordinación con los actores territoriales, políticas y acciones de prevención de conflictos sociales en territorio;
Diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de impactos sociales y políticos generados por la gestión de las entidades de la Función Ejecutiva en los territorios;
Diseñar e implementar un modelo de gestión política territorial que garantice la gobernabilidad democrática en el territorio nacional;
Promover, articular y coordinar la conformación de espacios de diálogo y relaciones políticas entre la Función Ejecutiva, los gobiernos autónomos descentralizados, otros actores sociales y la ciudadanía en el territorio; y,
Artículo 3.- En función de lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos, asumirá las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad, participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales, para lo cual ejercerá, además de sus atribuciones actuales, las siguientes:
Apoyar y asesorar a los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva en la construcción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que propendan a posicionar a los pueblos, nacionalidades y culturas del Ecuador, en pos de la construcción del Estado plurinacional e intercultural;
Apoyar y asesorar a los órganos competentes en el seguimiento y evaluación de políticas públicas, que garanticen los derechos colectivos contemplados en la Constitución de la República;
Coordinar junto con los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva, la conformación y acompañamiento a las veedurías ciudadanas, en el marco de la normativa vigente, para propiciar una cultura de servicio público, ético, comprometido y transparente a la comunidad; y,
Coordinar junto con los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva la formulación e implementación de políticas, estrategias y mecanismos de participación ciudadana y liderazgo ciudadano con un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
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Artículo 4.- La competencia de protección a pueblos en aislamiento voluntario que es ejercida por la Secretaría de Derechos Humanos pasará a integrarse en la competencia de plurinacionalidad e interculturalidad.
Artículo 5.- Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en "Ministerio de Gobierno", como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno.
Artículo 6.- Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, el titular del Ministerio de Gobierno ejercerá la representación del Presidente de la República ante el Comité Nacional de Límites Internos; en consecuencia, adscríbase la Secretaría Técnica de este Comité a esta Cartera de Estado.
PRIMERA.- Una vez concluido el proceso de transformación institucional dispuesta en el presente Decreto Ejecutivo, en la normativa vigente en donde se haga referencia al "Ministerio del Interior" léase como "Ministerio de Gobierno".
SEGUNDA.- Una vez concluido el proceso de redistribución de atribuciones dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, en la normativa vigente en donde se haga referencia a la "Secretaría Nacional de Gestión de la Política" léase a las respectivas entidades, de acuerdo con la reorganización de competencias y atribuciones establecidas en el presente Decreto.
TERCERA.- Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, que le corresponden a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política pasarán a formar parte del patrimonio institucional de las entidades de la Función Ejecutiva de acuerdo con la reorganización de atribuciones establecidas en el presente Decreto Ejecutivo.
CUARTA.- La máxima autoridad del Ministerio del Interior, junto con la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezarán el proceso de trasferencia para asumir las atribuciones establecidas en este Decreto; en consecuencia, tendrán plena capacidad y representación para determinar y disponer las acciones necesarias para el proceso de traspaso y ejercer todas las gestiones y acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales necesarias para el efecto.
QUINTA.- El proceso de transformación institucional determinado en el presente Decreto se enmarca dentro del plan de optimización del Estado, dispuesto por el Presidente de la República y no podrá generar impacto en el presupuesto del Estado, por lo que no requiere de informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.
PRIMERA.- La máxima autoridad del Ministerio del Interior junto con la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos deberán culminar el proceso de transformación y redistribución de atribuciones de manera coordinada en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente Decreto Ejecutivo.
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política mantendrán su personalidad y personería jurídica, y su titular, las competencias correspondientes, exclusivamente mientras transcurra el plazo establecido en el inciso anterior. Vencido este plazo, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política queda extinguida de pleno derecho.
SEGUNDA.- Los servidores públicos que se encuentren prestando sus servicios con nombramiento, contrato o bajo cualquier modalidad en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política pasarán a formar parte de la nómina de las respectivas entidades de la Función Ejecutiva, de acuerdo con las atribuciones asumidas y en función de las necesidades e intereses institucionales.
Para tal efecto, una vez concluido el proceso de transición dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, en el plazo máximo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos, realizarán un proceso de evaluación y selección del talento humano de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; por lo que, de ser conveniente, suprimirá los puestos innecesarios, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento de aplicación, las normas de optimización y austeridad del gasto público, y demás normativa vigente.
TERCERA.- En el plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la fecha de expedición del presente Decreto Ejecutivo, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas ejecutarán las acciones legales y administrativas necesarias a fin de asegurar la correcta implementación de la nueva estructura y modelo de gestión de las instituciones establecidas en el presente Decreto Ejecutivo.
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- Una vez concluido el proceso de transformación y redistribución de atribuciones dispuestas en el presente Decreto Ejecutivo, refórmese en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, lo siguiente:
a) Sustitúyase en el literal a) del artículo 16, la frase "a) Ministerio del Interior" por "a) Ministerio de Gobierno ";
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Suprímase el numeral 3 del artículo innumerado a continuación del artículo 16; y,
Sustitúyase el inciso segundo del artículo 24 por lo siguiente "En la Provincia de Pichincha, las competencias de los gobernadores señaladas en este Estatuto, serán asumidas por el ente rector de gobierno".
PRIMERA.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nro. 1522, publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 13 de 12 de junio de 2013, mediante el cual se creó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
SEGUNDA.- Deróguese cualquier disposición de igual o menor jerarquía contraria a lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo.
DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo encárguese al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio del Trabajo, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar); y, el Ministerio de Economía y Finanzas.
Que, el numeral 10 del artículo 147 de la Constitución de la República, faculta al Presidente a definir la política
exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión;
Que, la Ley Orgánica del Servicio Exterior en su artículo 57 determina que constituyen Misiones Diplomáticas Permanentes, las embajadas, legaciones y representaciones ante organizaciones internacionales; por su parte son Misiones Diplomáticas Temporales, las de cortesía, de gestiones especiales y de participación en organismos o reuniones internacionales;
Que, a través de Decreto Ejecutivo número 1347 de octubre 31 del 2012, se creó el puesto de Embajador Itinerante para temas estratégicos, como parte de la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, hoy denominado Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 22, de 6 de junio de 2017, se designó al señor Juan Cristóbal Meriguet Martínez, Embajador Itinerante para temas estratégicos;
En ejercicio de la atribución que le confieren el número 10 del Artículo 147 de la Constitución de la República, y la letra d del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminadas las funciones del señor Juan Meriguet Martínez, como Embajador Itinerante, para temas estratégicos y agradecerle por los valiosos y leales servicios prestados a la República de Ecuador.
ARTÍCULO SEGUNDO.- De la ejecución de este Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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Que, el numeral 10 del artículo 147 de la Constitución de la República, faculta al Presidente a definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión;
Que, a través de Decreto Ejecutivo número 1347 de octubre 31 del 2012, se creó el puesto de Embajador Itinerante para temas estratégicos, como parte de la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, hoy denominado Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y
ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al señor Agustín Guillermo Albán Maído nado, como Embajador Itinerante para temas estratégicos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las funciones que ejecutará el Embajador Itinerante serán las que el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana le asigne.
ARTÍCULO TERCERO.- De la ejecución de este Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Que, el artículo 160, inciso segundo de la Norma Suprema, determina: "Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización.";
Que, el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, dispone: "La situación militar se establecerá: A los Oficiales Generales mediante Decreto Ejecutivo
Que el artículo 75 de la misma ley, preceptúa lo siguiente: "El militar tendrá derecho hasta seis meses de disponibilidad, si acreditare por lo menos cinco años de servicio activo y efectivo ininterrumpidos, pudiendo renunciar a todo o parte del tiempo de disponibilidad, para solicitar directamente su baja. ";
Que, el artículo 84 de la prenombrada ley, establece: "Servicio pasivo es la situación en la cual pasa el militar, mediante la baja, sin perder su grado dejando de pertenecer a los cuadros de las Fuerzas Armadas permanentes e ingresando a los escalafones de reserva de las respectivas Fuerzas. ";
Que, el artículo 87 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas establece: "El militar será dado de baja por una de las siguientes causas:
a) Por solicitud voluntaria; [...]";
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 687 de 25 de febrero de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, coloca en situación de Disponibilidad de Servicio Activo de las Fuerzas Armadas, al señor CALM. CARLOS RENÁN RUIZ CORNEJO, con fecha 06 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 literal i) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas;
Que, el señor CALM. CARLOS RENÁN RUIZ CORNE­JO, mediante oficio N°CRRC-2019-001-O de 20 de
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febrero de 2019, solicita al señor Presidente del Consejo de Oficiales Almirantes de la Armada del Ecuador, se le conceda la baja directa de la institución con fecha 28 de febrero de 2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 literal a) "Solicitud Voluntaria", de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, renunciando voluntariamente al tiempo restante de disponibilidad;
Que, en sesión de ordinaria CONALM N° 2019-003 efectuada el 26 de marzo de 2019, el Consejo de Oficiales Almirantes de la Fuerza Naval, conoció y analizó la situación profesional del señor CALM. CARLOS RENÁN RUIZ CORNEJO, organismo que mediante Resolución CONALM N° CRC-016-2019 de la misma fecha, ha resuelto: "A) DAR DE BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL SEÑOR CALM. CARLOS RENÁN RUIZ CORNEJO, CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2019, POR SOLICITUD VOLUNTARIA, RENUNCIANDO AL TIEMPO RESTANTE DE DISPONIBILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 75, 86 Y 87 LIT A) DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS [...]"; y,
Que, el señor Comandante General de la Fuerza Naval, mediante oficio N° ARE-COGMAR-PER-2019-0118-0 de 04 de abril de 2019, remite al señor Ministro de Defensa Nacional, la documentación relacionada con la Baja del señor CALM. CARLOS RENÁN RUIZ CORNEJO, a fin de que se tramite la expedición del Decreto Ejecutivo correspondiente.
Art. 1. Dar la baja del Servicio Activo de las Fuerzas Armadas, con fecha 31 de marzo de 2019, al señor CALM CARLOS RENÁN RUIZ CORNEJO, por solicitud voluntaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 literal a) y 75 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, renunciando en forma expresa al tiempo restante de disponibilidad.
Que los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen entre las atribuciones del Presidente de la República, el dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la ley.
Que el artículo 227 de la norma ibídem establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que el numeral 11 del artículo 261 de la Constitución de la República señala que los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales, son de competencia exclusiva del Estado central;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
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estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, entre ellos, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua; y,
Que el artículo 4 de la Ley de Minería establece que es atribución y deber del Presidente de la República, la definición y dirección de la política minera del Estado; además de que para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en esa Ley.
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador y las letras b) y f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo 1.- Disponer al titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la actualización, definición y emisión de la nueva política minera del Estado, así como los lineamientos para su aplicación y ejecución.
Disposición Transitoria Única.- La nueva política minera deberá ser emitida dentro del plazo de 30 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 24 de abril de 2019.
Que el tercer inciso del artículo 1 y el artículo 408 de la Constitución, establecen que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado, pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible;
Que el artículo 313 de la Constitución, determina que se consideran sectores estratégicos, entre otros, los recursos naturales no renovables;
Que el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como atribución del Presidente de la República, la de dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, regulación y control;
Que el numeral 11, del artículo 261 de la Carta Magna establece que, el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales;
Que el articulo 315 de la Carta Suprema señala que, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que, las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado;
Que mediante Decreto Ejecutivo número 314 del 6 de abril del 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento número 171 del 14 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP", como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; con domicilio principal en la ciudad de Quito;
Que mediante Decreto Ejecutivo número 315 del 6 de abril del 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento número 171 de 14 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, como una persona de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, Administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha;
Que mediante Oficio No. MERNNR-MERNNR-2019-0333-OF del 23 de abril del 2019, el Ministro de Enería16 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Suplemento - Registro Oficial N° 483
y Recursos Naturales No Renovables, remitió el proyecto de Decreto Ejecutivo que tiene por objeto iniciar los procedimientos de fusión de las empresas públicas, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP"; y,
Que para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional, es de vital importancia ejecutar proyectos de optimización de las empresas públicas del Estado ecuatoriano, en tal virtud, es necesario definir e impulsar acciones tendientes a consolidar las actividades propias del sector de hidrocarburos en una sola empresa que permita presentar altos índices de eficiencia.
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República, y las letras f) y h) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo,
Artículo 1.- Disponer dar inicio al proceso de fusión entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP", en una sola empresa pública de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Constitución de la República.
Artículo 2.- Disponer la creación de una Unidad Temporal de Fusión, a ser incorporada dentro de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP". Unidad que gerenciará el proyecto de fusión de ambas empresas, y que será financiada por aporte de las mismas.
PRIMERA.- El plazo para el perfeccionamiento del proceso de fusión de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP", en una sola empresa pública, será hasta el 31 de diciembre de 2020, para lo cual, el
Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables remitirá en el momento oportuno a la Presidencia de la República, los informes técnicos pertinentes, incluidos aquellos que hubieren sido elaborados por la Unidad Temporal de Fusión.
A efectos de dar cumplimiento con esta disposición, se estará a lo señalado en los artículos 9, 48 y 54 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en lo que respecta a la fusión de este tipo de empresas.
PRIMERA.- Deléguese al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, liderar el proceso de fusión de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP".
SEGUNDA.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, se encarga al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas -EMCO EP-.
f.) Carlos Pérez García, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.