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Timestamp: 2020-04-10 14:05:59
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Directiva de fusiones, escisiones y transformaciones transfronterizas: novedades y mucha incertidumbre - Hay Derecho
24 julio, 2019 /4 Comentarios/en Blog /por Segismundo Alvarez Royo-Villanova
En un entorno empresarial cada vez más cambiante y globalizado, es conveniente facilitar la reorganización de la empresa, y para ello facilitar las fusiones, escisiones y transformaciones no solo en el ámbito interno sino también en el internacional. Sin embargo, estas operaciones transfronterizas suponen un riesgo para los derechos de socios minoritarios, trabajadores, acreedores y terceros. Además, las reorganizaciones internacionales son vistas cada vez más por las ONGs y por las instituciones de la UE como instrumentos para eludir la legislación laboral y fiscal. La tensión entre estas posiciones ha sido evidente en la preparación de la Directiva sobre movilidad transfronteriza (en adelante: la nueva Directiva) aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de abril -véase aquí el texto, pendiente solo de correcciones técnicas- que modifica la Directiva 2017/1132 de sociedades.
La principal novedad es que se amplía el alcance de las operaciones transfronterizas reguladas, antes limitadas a las fusiones. Aunque el TJUE había declarado que las sociedades debían poder realizar otras operaciones transfronterizas como consecuencia de su derecho a la libertad de establecimiento (asuntos SEVIC, Cartesio, VALE Építési y POLBUD), la falta de regulación implicaba dificultades prácticas para la ejecución de escisiones y transformaciones transfronterizas, que ahora también se armonizan.
Las normas introducidas por la nueva Directiva parten de aplicar el procedimiento de las fusiones transfronterizas a las transformaciones y escisiones, con las adaptaciones necesarias.
Se introducen algunos cambios menores en ese procedimiento, destacando los siguientes: se intensifican los requisitos de información para socios y trabajadores (artículo 86.e); el proyecto de la operación debe incluir la compensación en efectivo que los miembros pueden obtener si deciden ejercer su derecho de separación, compensación que debe ser evaluada por un experto independiente (artículo 86.g)); los empleados tienen la oportunidad de expresar una opinión que se comunicará a los accionistas y se adjuntará al informe de administradores sobre la operación; acreedores y socios también pueden hacer comentarios sobre el proyecto (86.h).
Pero la novedad principal en el procedimiento es que se amplía el control de la operación por parte de la autoridad del país de origen de la sociedad. Hasta ahora, los Estados miembros designaban una autoridad nacional que controlaría “el correcto cumplimiento de todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de partida” (artículo 86.m.1). Si se había cumplido el procedimiento, expedía un certificado para acreditar ese cumplimiento en el Estado miembro de destino. La autoridad de ese Estado se limitaría, por tanto, a verificar los requisitos de constitución y registro con arreglo a su legislación nacional.
Este sistema se mantiene, pero sin duda por la preocupación por la utilización instrumental de estas operaciones, el control por parte del Estado de origen se amplía: no solo comprueba el procedimiento sino cuestiones como “la satisfacción de los pagos … a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales especiales, incluida la garantía de los pagos o de las obligaciones derivadas de procedimientos en curso” (artículo 86.m.1). Esto puede dar lugar a la paralización de la operación y, sin duda, alargará el procedimiento, ya que la autoridad competente tendrá que consultar a otras autoridades públicas nacionales para obtener información sobre dichos requisitos y procedimientos. Consciente de eso, la nueva Directiva amplía de 1 a 3 meses el plazo de expedición del certificado.
Además, si la autoridad del país de origen tiene serias dudas de que la operación “se realiza con fines abusivos o fraudulentos que conduzcan o estén destinados a conducir a la evasión o elusión de la legislación nacional o de la UE, o con fines delictivos” (artículo 86.m.8), dispondrá de un plazo adicional de tres meses para realizar nuevas investigaciones que podrán incluir otras consultas o la exigencia de un informe de un experto independiente. El plazo total de 6 meses puede además ampliarse en función de la complejidad del caso, siendo solo necesario notificar al interesado de esa circunstancia.
En la propuesta de Directiva original la autoridad tenía que determinar si la operación implicaba un montaje artificial que perjudicaba los derechos de las partes interesadas. Este examen fue muy criticado (aquí y aquí) y la versión aprobada por el Parlamente ya no hace referencia a “arreglos articiales”. No obstante, la versión final sigue planteando problemas similares como consecuencia de ese control preventivo del fraude.
A mi juicio el procedimiento no solo se ha alargado sin que se ha hecho más incierto: El concepto de elusión de la legislación nacional o de la UE deja un amplísimo margen de discrecionalidad a las autoridades nacionales. Estas restricciones se aplican ahora también a las fusiones, a diferencia de lo que ocurría en la versión original de la propuesta. Esto significa que el efecto global del nuevo reglamento será probablemente el contrario de su intención: las operaciones transfronterizas serán más costosas, lentas e inciertas.
Además, creo que este control preventivo reforzado no garantiza que la operación no tenga finalidades de elusión, ya que es extremadamente difícil para una autoridad determinar ex ante la naturaleza abusiva o fraudulenta de una transacción, especialmente en materia fiscal. La preocupación por la utilización instrumental de estas operaciones transfronterizas no es infundada, pero existen otras -y mejores- alternativas que un control ex ante engorroso e ineficiente.
Una forma de evitar el abuso de estas operaciones es garantizar que algunos de sus efectos no sean oponibles a las partes perjudicadas, al menos durante un plazo prudencial: esto es lo que hace la nueva Directiva al permitir a los acreedores “incoar un procedimiento contra la sociedad también en el Estado miembro de partida en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la transformación haya surtido efecto” (artículo 86.k.4).
Otro mecanismo es limitar los efectos no con carácter general sino cuando se demuestre el fraude. Aunque la Directiva dice que las operaciones que hayan surtido efecto no pueden ser anuladas (artículo 86.u), señala que eso “no afecta a las competencias de los Estados miembros, entre otras cosas, en el ámbito del Derecho penal, de la financiación del terrorismo, del Derecho social, de la fiscalidad y de la aplicación de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la transformación transfronteriza”. Esto debe interpretarse en sentido amplio, de modo que los tribunales puedan determinar en casos de abuso o fraude la aplicación de la legislación del Estado de origen que se pretendía eludir, sin necesidad de anular la operación.
Es posible que las soluciones deban ir por caminos que la nueva Directiva no ha acogido: algunas cuestiones quizás no deberían depender de la ley de nacionalidad de la sociedad (lex societatis) sino de la del Estado en el que se desarrollan realmente sus actividades (producción, ventas, etc.).
Pero, si de verdad queremos promover la libertad de establecimiento y la competencia entre empresas y al mismo tiempo evitar la elusión normativa a través del arbitraje regulatorio o forum shopping, la única solución es una mayor armonización a nivel de la UE (y de la OCDE). En particular en materia fiscal, es evidente que el tradicional sistema de imposición de sociedades ha sido superado por la globalización y la tecnología y ha de ser sustituido por otro con principios radicalmente distintos. Pero eso es otra historia.
Nota: pueden ver una versión algo más larga y en inglés en este post en el European Law Blog
Etiquetas: Derecho Mercantil, Sociedades, Unión Europea
https://i0.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2019/07/pexels-photo-159321.jpeg?fit=1880%2C1253&ssl=1 1253 1880 Segismundo Alvarez Royo-Villanova https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Segismundo Alvarez Royo-Villanova2019-07-24 00:10:332019-07-23 12:40:07Directiva de fusiones, escisiones y transformaciones transfronterizas: novedades y mucha incertidumbre
24 julio, 2019 en 11:09
Me parecen tres cosas claras:
1 º) No puede aceptarse la tesis de la “doctrina contractualista” de que el modelo de sede real es contrario a Derecho comunitario. Me temo que la cosa por otras vías cual es la lucha contra las “letter box companies”. Vence Cadbury y pierde la jurisprudencia “consolidada” desde Centros-Überseering- Inspire Art-Polbud etc.
2º) No es de recibo la tesis de la “doctrina contractualista” reflejada en el Anteproyecto de Código Mercantil según la cual la sanción de no-reconocimiento de las “pseudo-foreign corporations” como la establecida en el actual art. 9.2 LSC es contraria a la libertad de establecimiento y solo aplicable a terceros países.
3º) Es obvio que si se obliga a un control preventivo de fraude (control ex ante) es legítimo por conforme a derecho de establecimiento un control ex post de fraude/abuso de Ley doméstica y europea (artículo 86.m.1). Comparto la tesis del grupo de Fernández Rozas según la cual que la inscripción tenga un efecto quasi-convalidante no excusa la posibilidad de un control ex post del fraude. Más aún: la ausencia de conexión real con España es un indicador de fraude a evaluar con otros por un árbitro imparcial.
24 julio, 2019 en 11:19
La futura directiva me suscita tres comentarios:
a) Vence Cadbury/Daily Mail y la lucha contra las “letter box companies” y pierde la “doctrina contractualista” del “Fórum shopping”, de que la sede real es contraria a Derecho comunitario y que el principio de libertad de establecimiento no deja margen al control del fraude por no coincidencia de la sede real con la registered office : la saga que empieza en Centros y acaba en Polbud no es la Biblia del buen mercantilista o internacionalista.
b) No es de recibo la “tesis contractualista” de que el art. 9.2 LSC (no reconocimiento en Derecho español de las pseudo foreign corporations) es incompatible con el derecho de establecimiento y solo aplicable a terceros países. Tal tesis “triunfó” en el Anteproyecto de CMercantil (aplicabilidad fuera del Espacio Económico Europeo)
c) Estoy con el grupo de Fernández Rozas en su comentario a la propuesta de que la eficacia quasi-convalidante de la inscripción de la operación (con un control ex ante del fraude) debe ser compatible con un control ex post por autoridad independiente contra el “dumping social”. La ausencia total o casi total de actividad en España es un indicador junto con otros de un posible fraude/abuso del Derecho nacional/europeo.
24 julio, 2019 en 18:39
No estoy tan seguro de que sea una victoria definitiva frente a Centros/Polbud, aunque lo que deja claro la Directiva es que efectivamente no es un dogma absoluto. Lo que pasa es que tampoco estoy seguro que el principio de sede real (muy defendible en teoría) sirva como defensa contra el abuso en la práctica. Por eso la defensa contra el abuso de la forma social debe ir seguramente por otro lado: restricción de las Letter box companies; huida del derecho de sociedades de cuestiones relacionadas con otras materias como el derecho de laboral; armonización fiscal o al menos cambio del sistema de precios de transferencia por otro de “apportionment” o reparto en el Impuesto de Sociedaes.
Pero de acuerdo con el comentario en que supone una advertencia clara contra la barra libre en artbitraje legislativo, o forum(lex societatis)/ shopping
25 julio, 2019 en 11:32
Por mi parte estoy absolutamente convencido que la tesis de incorporación no es la panacea de todos los males. De hecho, hay una convergencia de modelos hacia sistemas mixtos que termina por hacerlos indistinguibles.
La idea subyacente a la adhesión entusiasta de un sector de la doctrina “contractualista” al modelo de constitución residía en las supuestas ventajas de la competencia regulatoria “naturalmente” conducentes a una “race to the top”. Centros y demás sentencias alumbraron una práctica imposibilidad de hacer valer el fraude (al Derecho comunitario o/y nacional) frente al uso abusivo de la libertad de establecimiento.
Por supuesto que tiene que haber mecanismos armonizados de prevención (ex ante) y de sanción (ex post) sobre todo en sectores especialmente “sensibles” (laboral, trasporte, fiscal, delictivo)… pero hay que reconocer que la actuación del TJUE en la famosa ristra de sentencias no ha facilitado las cosas. Y, en todo caso, se trata de problemas en DIPr diferentes: una cosa es el de la Ley aplicable y otra muy distinta las restricciones al reconocimiento de la libertad de establecimiento de sociedades pseudo-extranjeras. En cuanto a esto último, se hace urgente una relectura del artículo 9.2 LSC que permita un control independiente y objetivo de los indicadores del fraude y una sanción realista, en Derechod e sociedades, a este tipo de situaciones una vez se constaten con todas las garantías.
En fin, el control preventivo en movilidad transfronteriza no es buena solución y quien lo practica está condenado a hacer de augur. Es preferible un control ex post.
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