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Timestamp: 2019-10-24 00:36:24
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﻿ SENTENCIA T-326 DE ABRIL 24 DE 2003
SENTENCIA T-326 DE 24 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:TÉRMINO PARA TRAMITAR Y COMENZAR A PAGAR UNA PENSIÓN. EL MÁXIMO ES DE SEIS MESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO DE PETICIÓN, SISTEMA DE PENSIONES, TUTELA, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:379 DE JULIO DE 2003, PÁG.1431
Sentencia T-326 de abril 24 de 2003
TÉRMINO PARA TRAMITAR Y COMENZAR A PAGAR UNA PENSIÓN
EL MÁXIMO ES DE SEIS MESES
Sentencia T-326 de 2003
Ref.: Expedientes acumulados T-711.844, T.711.886, T-711.889, T- 711.898, T-711.924, T-712.276, T-712.638, T-712.973, T-714.161, T-715.379, T-715.480, T-715.683, T-716.076, T-716.077, T-716.147, T-716.180, y T-716.148.
Acción de tutela instaurada contra Cajanal seccionales Bucaramanga, Medellín y Bogotá.
Procedencia: Juzgados 49 Penal del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 2 Laboral del Circuito de Medellín, Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, Juzgado 1 Laboral del Circuito de Bucaramanga, Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá, Juzgado 38 Penal del Circuito, Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá y Juzgado 17 Penal del Circuito.
Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., en el mes de abril a los veinticuatro (24) días del año dos mil tres (2003).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente.
En los procesos de revisión de los fallos adoptados por los despachos judiciales de la referencia, dentro de las acciones de tutela instauradas por los señores María Teresa Durán Nuñez (T-711.844), Margarita Delgado de Cortés (T-711.886), Rosa Isabel Marroquín Serrato (T-711.889), Lupe María Montenegro Navarro y Germán Augusto Gómez Méndez (T-711.898). María Inés Monsalve de Ortiz (T-711.924), María Noelia Tangarife Sánchez (T-712.276), María Ninfa Gómez Giraldo (T-712.638), Álvaro Gustavo Guzmán Velandia (T-712.973), Pablo Manuel Iriarte Lara (T-714.161), Esperanza González Girón (T-715.379), Teresa Emilia Mesa Sampedro (T-715.480), Luis Alberto Jiménez Polanco (T-715.683), Víctor Gualteros (T-716.076), Jesús Eduardo Jiménez Latorre (T-716.077), María de los Ángeles Torres Prieto (T-716.147); Gloria Inés Arbeláez López 8T-716.148) y Eugenia Bahamón de Jiménez (T-716.180) contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal seccionales Bucaramanga, Medellín y Bogotá.
Los diecisiete (17) expedientes de tutela en referencia fueron seleccionados y acumulados entre sí por medio del auto de selección de marzo veintiséis (26) de dos mil tres (2003), para ser decididos en una sola sentencia, si así lo considera pertinente la Sala de Revisión.
Advierte que el expediente T-712.684 actor Nemesio Coronado Padilla, fue acumulado al expediente T-710.189, tal como lo consideró la Sala de Revisión.
Expresan los actores, algunos de ellos actuando por medio de apoderado que, ejerciendo el derecho de petición contenido en el artículo 23 de la Carta, solicitaron a Cajanal reconocimiento de sus derechos pensionales pero aún no han tenido respuesta. El cuadro que se presenta a continuación relaciona la fecha y el tipo de petición elevada.
T-711.844 María Teresa Durán Nuñez Julio 29 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-711.886 Margarita Delgado de Cortés Agosto 20 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-711.889 Rosa Isabel Marroquín Serrato Septiembre 10 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-711.898 Lupe María Montenegro Navarro y Germán Augusto Gómez Méndez Agosto 14 y septiembre 5 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-711.924 María Inés Monsalve de Ortiz Junio 19 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-712.276 María Noelia Tangarife Septiembre 10 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-712.638 María Ninfa Gómez Giraldo Julio 8 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-712.973 Álvaro Gustavo Guzmán Velandia Septiembre 23 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-714.161 Pablo Manuel Iriarte Lara Agosto 28 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-715.379 Esperanza González Girón Septiembre 11 de 2002 Recursos de revisión y apelación a favor de los señores María Teresa Gómez y Jaime González contra la Resolución que les reconoció pensión de sustitución
T-715.480 Teresa Emilia Mesa Sampedro Diciembre 24 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-715.683 Luis Alberto Jiménez Polanco Diciembre 5 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de gracia
T-716.076 Víctor Gualteros Noviembre 14 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-716.077 Jesús Eduardo Jiménez Latorre Noviembre 7 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-716.147 María de los Ángeles Torres Prieto Septiembre 26 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-716.148 Gloria Inés Arbeláez López Octubre 2 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
T-716.180 Eugenia Bahamón de Jiménez Septiembre 10 de 2002 Reconocimiento y pago de la pensión gracia
Para los actores, Cajanal les está vulnerando los derechos de petición, seguridad social y debido proceso, al no atender las solicitudes presentadas con relación al derecho pensional que creen les asiste, luego de haber transcurrido más de cuatro meses de haber elevado las solicitudes. Motivo por el cual, solicitan se resuelva de fondo.
Número de expediente Nombre del actor 1ª instancia y fecha de fallo Decisión 2ª instancia y fecha de fallo Decisión
T-711.844 María Teresa Durán Nuñez Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá diciembre 3 de 2002 Deniega Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá enero 28 de 2003 Confirma
T-711.886 Margarita Delgado de Cortés Juzgado 49 Penal del Circuito de enero 28 de 2002 Deniega
T-711.889 Rosa Isabel Marroquín Serrato Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá enero 27 de 2003 Deniega
T-711.898 Lupe María Montenegro Navarro y Germán Augusto Gómez Méndez Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá diciembre 19 de 2002 Deniega
T-711.924 María Inés Monsalve de Ortiz Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá noviembre 6 de 2002 Deniega Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá enero 17 de 2003 Confirma
T-712.276 María Noelia Tangarife Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá enero 28 de 2003 Deniega
T-712.638 María Ninfa Gómez Giraldo Juzgado 2 Laboral del Circuito de Medellín noviembre 26 de 2002 Deniega
T-712.973 Álvaro Gustavo Guzmán Velandia Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá enero 20 de 2003 Deniega
T-714.161 Pablo Manuel Iriarte Lara Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá febrero 6 de 2003 Deniega
T-715.379 Esperanza González Girón Juzgado 1 Laboral del Circuito de Bucaramanga febrero 14 de 2002 Deniega
T-715.480 Teresa Emilia Mesa Sampedro Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá febrero 10 de 2003 Deniega
T-715.683 Luis Alberto Jiménez Polanco Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá enero 29 de 2003 Deniega Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá febrero 2 de 2003 Confirma
T-716.076 Víctor Gualteros Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá febrero 17 de 2003 Deniega
T-716.077 Jesús Eduardo Jiménez Latorre Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá febrero 17 de 2003 Deniega
T-716.147 María de los Ángeles Torres Prieto Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá febrero 4 de 2003 Deniega
T-716.148 Gloria Inés Arbeláez López Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá febrero 4 de 2003 Deniega
T-716.180 Eugenia Bahamón de Jiménez Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá enero 27 de 2003 Deniega
Los despachos judiciales que se relacionan en la tabla precedente, fallaron con base en la Ley 700 de 2001, al considerar que es la norma que señala el término de seis meses para aplicar en materia de pensiones. Bajo esa consideración se concluyó que Cajanal no había excedido ese plazo para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento pensional.
Los señores María Teresa Durán Nuñez, María Inés Monsalve de Ortiz y Luis Alberto Jiménez Polanco presentaron impugnación respecto de las acciones de tutela radicadas con los números T-711.844, T-711.924 y T-715.683 respectivamente, escrito en el cual, se tuvo en cuenta la Sentencia T-170 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, donde se sostuvo que las administradoras de fondo de pensiones tienen un plazo de cuatro meses, para decidir sobre el reconocimiento de un derecho pensional, término que a su parecer, les debe ser aplicado.
Estas acciones de tutela fueron confirmadas en sentencia instancia, los despachos judiciales de conocimiento compartieron el argumento del a quo, al dar aplicación a la Ley 700 de 2001.
La Sala de Revisión debe decidir entonces, si el término de seis meses a que se refiere la Ley 700 de 2001, es aplicable para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, lo mismo que para resolver derechos de petición relacionados con el tema. En caso contrario, resulta necesario aclarar qué término se utiliza en uno y otro caso.
Luego de la innumerable jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional con relación al derecho de petición, se concluyó en la Sentencia T-001 de 2003, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, que el término de cuatro (4) meses establecido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 es para resolver solicitudes pensionales y el de seis (6) meses contenido en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, es para adelantar el trámite de reconocimiento y pago de las mesadas respectivas. Se dijo además que, existe un tercer término señalado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que es de 15 días, aplicable en caso de que se eleven derechos de petición para obtener información sobre el trámite de una diligencia o la resolución de recursos contra decisiones que hayan decidido reconocimiento o no de derechos pensionales.
Estos dos términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión "sigue vigente y le resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo” (1) .
(1) Ver Sentencia T-1086 de 2002, M.P. Rodrigo escobar Gil (En esta ocasión la Corte tuteló el derecho de petición en materia de pensiones a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la reliquidación de su pensión de gracia sin que habiendo transcurrido cuatro meses hubiera obtenido respuesta alguna. La Sala de Revisión señaló que tal solicitud se debió haber respondido en 15 días). En el mismo sentido ver la Sentencia T-795 de 2002, Alfredo Beltrán Sierra.
El pronunciamiento constitucional mencionado tuvo como fundamento jurisprudencial, la Sentencia T-170 de 2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, dentro de la cual, se aplicó por analogía el Decreto 656 de 1994, estableciendo cuatro (4) meses para resolver solicitudes que tienen que ver con diversas clases de pensiones, así mismo dijo “hecho este que tendrá que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo” (2) . Sobre el término señalado, se dijo en esta sentencia lo siguiente:
3.7. El gobierno hasta la fecha no ha reglamentado esta norma, pese a su importancia. Sin embargo, es claro que el artículo en comento consagra un límite máximo que no sólo obliga al gobierno sino a las sociedades administradores de pensiones, pues el mencionado precepto sirve de parámetro-límite tanto a la función reglamentaria de aquél como la discrecionalidad de éstas al momento de decidir sobre esta clase de solicitudes. Así las cosas, la inexistencia de reglamentación sobre los plazos y procedimientos de que trata la norma en mención, no impide su aplicación, en cuanto ella determina el límite máximo para dar respuesta a las solicitudes sobre reconocimiento de pensión, en cualquiera de sus modalidades.
En estas condiciones, se reitera que las entidades públicas o privadas del sistema general de pensiones para hacer efectivo el derecho solicitado, cuentan, en total, con un término máximo de seis meses para tramitar y comenzar a pagar la pensión respectiva, que se distribuyen así: quince días para atender preliminarmente la petición y hacer las indicaciones que fueren pertinentes al solicitante; cuatro meses para resolver la solicitud de la petición en concreto, de tal manera que se comience a pagar la pensión correspondiente a más tardar seis meses después de que se hizo la solicitud inicial.
Frente al caso objeto de estudio, tenemos que, se trata de diecisiete personas que en forma individual y en distintas fechas elevaron derechos de petición a Cajanal, en el sentido de obtener reconocimiento y pago de pensión o resolución de recursos interpuestos, pero a pesar de que en cada una de las solicitudes ha transcurrido más de cuatro meses, Cajanal ha omitido dar información o establecer la fecha en que dará respuesta efectiva.
Ello quiere indicar que, Cajanal no ha tenido en cuenta la jurisprudencia constitucional ni la ley existente sobre el tema del derecho de petición y por ello, dejó vencer el término para informar o resolver lo pedido. En estas condiciones, se revocarán los fallos dictados por los despachos judiciales de instancia y en su lugar, se concederá el derecho de petición invocado por los actores, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, si aún no lo ha hecho, profiera el acto administrativo correspondiente.
1. REVOCAR los fallos proferidos por los juzgados 49 Penal del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 2 Laboral del Circuito de Medellín, Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, Juzgado 1 Laboral del Circuito de Bucaramanga, Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá, Juzgado 38 Penal del Circuito, Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá y Juzgado 17 Penal del Circuito dentro de las acciones de tutela instauradas por los señores María Teresa Durán Nuñez (T-711.844), Margarita Delgado de Cortés (T-711.886), Rosa Isabel Marroquín Serrato (T-711.889), Lupe María Montenegro Navarro y Germán Augusto Gómez Méndez (T-711 898), María Inés Monsalve de Ortiz (T-711.924), María Noelia Tangarife Sánchez (T-712.276), María Ninfa Gómez Giraldo (T-712.638), Álvaro Gustavo Guzmán Velandia (T-712.973), Pablo Manuel Iriarte Lara (T-714.161), Esperanza González Girón (T-715.379), Teresa Emilia Mesa Sampedro (T-715.480), Luis Alberto Jiménez Polanco (T-715.683), Víctor Gualteros (T-716.076), Jesús Eduardo Jiménez Latorre (T-716.077), María de los Ángeles Torres Prieto (T-716.147), Gloria Inés Arbeláez López (T-716.148) y Eugenia Bahamón de Jiménez (T-716.180) respectivamente, por cuanto denegaron la protección del derecho fundamental de petición invocado en las acciones de tutela interpuestas contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal seccionales Bucaramanga, Medellín y Bogotá.
2. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho de petición solicitado por los actores. ORDENAR al representante legal de Cajanal seccionales Bucaramanga, Medellín y Bogotá, o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, expida si aún no lo ha hecho, acto administrativo que resuelva de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes elevadas por los actores