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Timestamp: 2017-08-21 03:39:58
Document Index: 230327945

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 156', 'artículo 120', 'artículo 122']

En los casos de infracciones cometidas en materia de pesca y marisqueo, las personas propietarias de embarcaciones, personas armadoras, personas fletadoras, capitanes o capitanas y patrones o patronas.
En los casos de infracciones cometidas en materia de acuicultura, las personas titulares de establecimientos de cultivos marinos y auxiliares.
En los casos de infracciones cometidas en el transporte de productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, las personas titulares de empresas de transporte.
Las personas titulares de entidades gestoras de las lonjas pesqueras y centros de venta respecto a la identificación de las especies así como a la exposición y venta de productos vedados y de talla o peso inferiores a los reglamentarios.
En los casos de infracciones cometidas en la comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, las personas titulares de empresas comercializadoras o transformadoras de dichos productos.
Las personas titulares de empresas de hostelería que ofrezcan al consumo productos vedados o de talla o peso inferior al reglamentario.
Los titulares de las escuelas náutico-deportivas, centros de inmersión y academias náutico-deportivas, respecto a las infracciones que afecten a dichas actividades.
En el caso de infracciones cometidas en materia de vertidos en el mar, las personas titulares de los buques y, en su caso, de las empresas e industrias que hubieran efectuado los vertidos contaminantes, excepto los supuestos previstos en la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.
En el caso de obras de construcción que incidan directamente sobre el medio marino, las personas titulares de las empresas constructoras y, en su caso, las administraciones públicas promotoras de las mismas, excepto los supuestos previstos en la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.
En el caso de infracciones cometidas por las entidades asociativas del sector, los miembros de los órganos de gobierno.
Por el fallecimiento de la persona física sancionada.
Por el cumplimiento de la sanción impuesta.
En materia de cooperación con las autoridades:
La falta de auxilio a las autoridades de vigilancia e inspección sin justificación cuando se sea requerido en el caso de acciones que afecten o causen perjuicios a los recursos marinos.
La falta de colaboración de las entidades representativas del sector con la administración en el cumplimiento de los requerimientos de documentación, plazos y trámites a realizar, cuando se esté obligado a prestar colaboración según la legislación vigente.
En materia de pesca profesional y marisqueo:
No llevar consigo o no exhibir la licencia o documentación que se establezca reglamentariamente sobre la actividad pesquera o marisquera.
El incumplimiento de las normas de los planes de gestión aprobados por la consejería competente.
El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre autorizaciones o concesiones marisqueras o de las condiciones contenidas en dicha autorización o concesión.
No tener reglamentariamente identificadas y balizadas las artes, aparejos o útiles de pesca, así como utilizar boyas o balizas que no cumplan la normativa vigente.
El incumplimiento de la obligación de llevar visibles, en la forma prevista por la legislación vigente, el folio y la matrícula de la embarcación o cualquier otro distintivo, o impedir su visualización cuando dificulte el ejercicio de la actividad inspectora.
En materia de acuicultura:
El mantenimiento en condiciones diferentes a las reglamentariamente establecidas de las placas identificativas de los viveros de cultivos marinos.
El incumplimiento de las normas relativas a la autorización administrativa así como de las condiciones establecidas en dicha autorización necesaria para la transferencia de los establecimientos de cultivos marinos y auxiliares.
El no envío de los informes establecidos en la declaración de impacto ambiental.
En materia de pesca recreativa:
No llevar en el momento de la práctica de la pesca recreativa la correspondiente licencia que habilita para ejercer dicha actividad o no exhibirla al ser requerido para ello.
El incumplimiento de las condiciones de acceso en las zonas definidas como reservadas o prohibidas para la pesca recreativa sin la preceptiva notificación o autorización previa de la consejería competente.
El ejercicio de la pesca recreativa con incumplimiento de las distancias mínimas establecidas en la normativa vigente.
En materia de actividades náuticas de recreo y subacuáticas profesionales:
El incumplimiento por parte de las escuelas de navegación de recreo de las obligaciones exigidas reglamentariamente en materia de información y reclamaciones.
La realización de intervenciones subacuáticas hiperbáricas sin portar la tarjeta de buceo profesional o el libro diario sin actualizar o indebidamente diligenciado.
En materia de ordenación del sector:
El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a las administraciones públicas o su comunicación incumpliendo los plazos o condiciones de las mismas, cuando no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
Cargar en cualquier medio de transporte productos pesqueros fuera de los lugares o puertos autorizados al efecto.
En materia de comercialización de los productos pesqueros:
En materia de documentos de registro:
La anotación incorrecta en los documentos de registro.
El incumplimiento de la obligación de entrega del documento de registro en los plazos establecidos en la normativa vigente.
Las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación pesquera comunitaria o previstas en los tratados o convenios internacionales suscritos por la Unión Europea que afecten a la actividad pesquera y no supongan infracción grave o muy grave.
La obstrucción de las labores de inspección.
El incumplimiento de las normas electorales y de los requerimientos efectuados en el proceso electoral por la Administración pesquera a las cofradías de pescadores.
El impedimento de obtención de muestras por parte de quien ostente la titularidad de establecimientos marinos o auxiliares dirigidas al control sanitario.
La comisión de la tercera infracción leve en esta materia dentro de un periodo de dos años.
El ejercicio de la actividad extractiva sin la licencia.
La utilización para la captura de especies marinas de equipos de respiración autónoma u otro tipo de equipos submarinos no autorizados.
La infracción de las normas relativas a los topes de captura reglamentariamente establecidos.
El ejercicio de la actividad extractiva en fondos o zonas prohibidas o no autorizadas.
No respetar los días u horarios establecidos para la actividad extractiva.
Realizar faenas de pesca sin encender ninguna de las luces reglamentarias o encender luces diferentes de las que corresponden al tipo de pesca que se realice.
El incumplimiento de la obligación de respetar distancias mínimas para buques y artes establecidas en la normativa vigente, a fin de entorpecer las actividades pesqueras.
La obtención de las licencias en base a documentos, datos o informes falsos.
Impedir u obstaculizar indebidamente la actividad pesquera o marisquera.
La realización de actividades de pesca o marisqueo sin disponer de un seguro reglamentariamente establecido.
Manipular la matrícula de la embarcación, cuando dificulte el ejercicio de la actividad inspectora.
La captura de especies de talla o peso inferior al establecido, según los límites y condiciones que se fijen reglamentariamente.
La captura de especies en época vedada, según los límites que se fijen reglamentariamente.
La introducción de especies o individuos en aguas del litoral de Galicia sin cumplir con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
La no comunicación a la consejería competente, en el plazo que reglamentariamente se determine, de mortalidades anómalas producidas.
El uso o mera posesión, cuando no se justifique razonablemente su aplicación a menesteres distintos de la pesca o el marisqueo, de artes, aparejos o instrumentos prohibidos o con medidas antirreglamentarias.
La posesión en la embarcación de artes de pesca en mayor número del autorizado reglamentariamente.
El uso o tenencia a bordo de artes, aparejos o útiles de pesca o marisqueo distintos a los autorizados en la licencia, o no anotar dicha actividad en la forma que reglamentariamente se establezca, salvo casos puntualmente autorizados.
La alteración de los datos o circunstancias que figuren en la correspondiente licencia.
No cubrir el diario de pesca, la declaración de desembarque o libro de capturas u otros documentos necesarios que acompañen los productos de la pesca, el marisqueo o la acuicultura hasta los puntos de venta o comercialización, o hacerlo alterando los datos relativos a las capturas o al esfuerzo de pesca, infringiendo la normativa en vigor, así como no llevar a bordo el citado diario.
La comisión de la tercera infracción leve en esta materia en un periodo de dos años.
La alteración de las características o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el correspondiente título administrativo que habilita para la explotación de establecimientos de cultivos marinos o auxiliares.
El incumplimiento de las normas de producción y venta de las especies marinas que se encuentren en los establecimientos de cultivos marinos y auxiliares.
El incumplimiento de las normas que regulan la autorización administrativa así como de las condiciones establecidas en dicha autorización para cambio de sistema de los viveros de cultivos marinos.
La instalación o explotación de expositores o centros reguladores de crustáceos sin contar con la oportuna autorización administrativa.
La ausencia de los elementos identificativos de los viveros de cultivos marinos o la inclusión en los mismos de datos no reales.
La explotación de un vivero de cultivos marinos o de establecimientos de explotación de recursos marinos vivos sin disponer del seguro reglamentariamente establecido.
El incumplimiento de las normas que regulan la autorización administrativa así como de las condiciones establecidas en dicha autorización para el traslado de especies entre viveros.
El incumplimiento de las normas relativas a la autorización así como de las condiciones establecidas en dicha autorización para la extracción de semilla de mejillón.
La introducción de especies o individuos en establecimientos de cultivos marinos o auxiliares sin cumplir los requisitos que reglamentariamente se determinen.
La comisión de una tercera infracción leve en esta materia en un periodo de dos años.
El ejercicio de la pesca recreativa sin la preceptiva licencia.
La tenencia a bordo o el empleo para la captura de especies marinas de útiles prohibidos reglamentariamente.
La pesca marítima de recreo incumpliendo los días y horarios reglamentariamente establecidos.
La pesca recreativa en fondos prohibidos o en zonas o épocas vedadas, así como de especies no permitidas.
La captura de especies de talla o peso inferior al establecido reglamentariamente.
El incumplimiento de los topes de captura reglamentariamente establecidos en la pesca marítima de recreo.
La comercialización de las especies capturadas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo.
La captura de especies marinas con equipos de respiración autónomos, semiautónomos o cualquier otro sistema que permita la respiración en inmersión o mediante la utilización de artefactos hidrodeslizantes o vehículos similares.
El empleo de luces artificiales de superficie o sumergidas o de cualquier otro medio que sirva de atracción o concentración artificial de las especies que vayan a capturarse.
La falta del balizamiento reglamentario establecido.
La realización de prácticas por las escuelas de navegación de recreo con instructores con titulación insuficiente para el nivel correspondiente.
No mantener actualizados y en vigor los seguros obligatorios exigidos a la escuela.
La alteración de datos y el deficiente mantenimiento o custodia, por parte de la persona obligada a ello, del libro de registro de prácticas.
La alteración o refrendo como jefe de equipo de las anotaciones del libro diario de buceo con datos falsos.
Realizar actividades subacuáticas hiperbáricas sin la autorización expedida por la consejería competente o con incumplimiento de dicha autorización.
El uso de la tarjeta de buceo profesional fuera de su periodo de vigencia.
La realización de actividades subacuáticas hiperbáricas con el libro diario fuera del periodo de vigencia.
El incumplimiento por parte de las escuelas de navegación de recreo de los requisitos para su reconocimiento.
Toda omisión o falseamiento grave de datos sobre la producción o venta de productos obtenidos en la actividad pesquera, marisquera o de acuicultura, cuando sea obligada su presentación ante la consejería competente.
La no aplicación, el falseamiento y la desviación de la aplicación de todo tipo de ayudas y subvenciones que perciban las personas beneficiarias con cargo a los presupuestos de la consejería competente, siempre que no se califique de infracción grave, conforme a los criterios reglamentarios de graduación, sin perjuicio del reintegro de la ayuda en los términos establecidos en la normativa del régimen financiero.
La realización de operaciones de construcción o modernización de buques pesqueros al margen o con incumplimiento de las preceptivas autorizaciones de los departamentos de la Xunta de Galicia en el ámbito de sus competencias.
El ejercicio de actividades profesionales pesqueras sin estar en posesión de la titulación que acredite la capacitación y formación profesional marítimo-pesquera.
El incumplimiento de la normativa vigente relativa a la potencia de los motores u otros parámetros establecidos para embarcaciones.
La entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la actividad pesquera, debiéndose en este supuesto tener en cuenta el tiempo que reglamentariamente se determine como necesario y razonable para llegar a la zona o caladero en donde se ejercerá la actividad pesquera, salvo supuestos de estado de necesidad, fuerza mayor o convenio entre la administración y los particulares afectados del sector, todo ello sin perjuicio de las competencias concurrentes en la materia.
El desembarque, carga o descarga de especies y productos pesqueros en condiciones distintas de las establecidas legalmente.
El cambio de la base del buque pesquero sin haber obtenido previamente la correspondiente autorización administrativa o su utilización incorrecta, salvo en los casos de fuerza mayor o debido al retraso o paralización injustificada por parte de los organismos administrativos encargados del expediente de cambio de base.
El transporte de productos procedentes de la pesca, el marisqueo o la acuicultura sin la correspondiente documentación exigida en la normativa vigente.
La tenencia, consignación, almacenamiento, transporte, exposición y primera venta, en cualesquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso antirreglamentario.
La realización de actividades de compraventa de productos pesqueros en lugar o forma no autorizados legalmente o con incumplimiento de los requisitos exigidos, así como la no expedición de la nota de venta, la inclusión de datos falsos en la misma o la no especificación exigida legalmente.
La comercialización de especies pesqueras con incumplimiento de la normativa sobre categorías de frescura y calibrado o sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en dichas autorizaciones.
La tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualesquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior al reglamentario.
La comercialización de productos de la pesca y el marisqueo de cualquier origen o procedencia cuya talla o peso sea inferior al reglamentario de cada modalidad, o su modo de obtención no fuera conforme a la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica de aplicación en la materia, o incumplan la normativa sanitaria que en cada momento se establezca.
La comercialización de productos de acuicultura incumpliendo los tamaños comerciales que reglamentariamente se establezcan.
La negativa injustificada por las entidades gestoras de las lonjas o centros de venta a prestar los servicios necesarios para la primera venta y comercialización.
La colocación en circuitos comerciales de productos del mar sin ninguno de los datos obligados exigidos por la normativa de etiquetado, presentación y publicidad de los productos del mar en las diversas fases de comercialización, incluidos el transporte y la distribución de los mismos hasta el consumidor final.
En materia de conservación del medio marino:
Cualquier actuación de conservación y regeneración de recursos pesqueros en zonas marinas costeras sin la correspondiente autorización administrativa, siempre que dicho supuesto no esté regulado por la normativa sectorial o específica sobre la materia.
Cualquier actuación o variación de las características del medio marino, tanto en la zona marítima como marítimo-terrestre o del borde litoral, que no cumpla las normas de protección ambiental aprobadas, cuando esta actuación no esté regulada por la normativa medioambiental o específica sobre la materia.
El incumplimiento de las medidas correctoras o compensatorias o del programa de vigilancia ambiental, así como de las disposiciones contenidas en la declaración de impacto ambiental.
En materia de documento de registro:
La comisión de tres infracciones graves en el mismo periodo electoral por una misma comisión electoral o cofradía.
La comisión de una tercera infracción grave en esta materia en un periodo de dos años.
El empleo de armas o sustancias venenosas, corrosivas, explosivas, paralizantes, soporíferas o contaminantes en las labores de pesca o marisqueo, y su tenencia o transporte.
La explotación de recursos marinos en bancos naturales sin contar con la preceptiva autorización administrativa.
El empleo en faenas de pesca o marisqueo de artes o métodos de arrastre, salvo en los casos reglamentados.
La extracción, posesión, transporte o comercialización de especies marinas procedentes de zonas de producción cerradas por motivos de seguridad alimentaria y/o higiénico-sanitarios.
La introducción en aguas del litoral de la Comunidad Autónoma gallega, sin cumplir los requisitos que reglamentariamente se determinen, de especies o individuos alóctonos o de aquellos cuya introducción ponga en peligro la clasificación sanitaria del lugar en donde se efectúe.
La instalación o explotación de establecimientos de cultivos marinos y auxiliares, con excepción de los expositores y centros reguladores de crustáceos, sin contar con el preceptivo título administrativo habilitante.
La obtención de concesiones, autorizaciones o permisos de actividad basándose en documentos, datos o información falsos.
El exceso de capacidad autorizada para el cultivo por exceso de cuerdas o de longitud de las mismas.
La alteración de los datos o circunstancias que figuren en la correspondiente licencia de pesca recreativa, así como el uso fraudulento de la misma.
La obtención de la licencia de pesca recreativa en base a documentos, datos o información falsos.
El uso de sustancias venenosas, narcóticas, explosivas o contaminantes.
La expedición por las escuelas de navegación de recreo de certificados de prácticas sin la realización total o parcial de los programas correspondientes o su denegación injustificada a personas que las hubieran realizado.
Practicar el buceo careciendo de título para el mismo o sin la titulación adecuada al nivel de exposición hiperbárica de la intervención, así como alterar los datos o circunstancias que figuren en la tarjeta o libro diario de buceo o en la autorización para la realización de las actividades.
La alteración de los datos con falsedad o de las circunstancias que figuren en la correspondiente tarjeta de buceo profesional o en el libro diario de buceo así como el uso fraudulento de los mismos.
Aportar documentos, datos o información falsos para obtener cualquier título o autorización.
En materia de ordenación del sector y comercialización de los productos pesqueros:
La obtención de subvenciones, préstamos y en general cualquier tipo de ayuda en base a datos falsos, así como destinarlas a fines distintos de los previstos, sin perjuicio del reintegro de la ayuda en los términos de la normativa del régimen financiero.
La obtención de las autorizaciones necesarias en base a documentos o informaciones falsos.
Verter al mar organismos, sustancias o productos que por sus características biológicas o químicas causen perjuicio a los recursos marinos, excepto los supuestos previstos en la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.
Cualquier actuación ejercida sobre el medio marino, el medio marítimo-terrestre o el borde litoral que cause efectos nocivos sobre los recursos pesqueros, marisqueros y acuícolas cambiando sus características, excepto los supuestos previstos en la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.
El incumplimiento de lo establecido en la declaración de impacto ambiental cuando dicho incumplimiento cause un grave perjuicio para el sector pesquero, marisquero o acuícola.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras, marisqueras, de buceo profesional o de formación náutica de recreo durante un periodo no superior a cinco años.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un periodo no superior a cinco años.
Imposibilidad de ser beneficiario o beneficiaria durante un plazo no superior a cinco años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas convocadas por la Administración autonómica en las materias reguladas en la presente Ley.
Decomiso de los aparejos, artes, útiles, instrumentos, embarcaciones o equipos de todo género empleados para la comisión de alguno de los hechos tipificados como infracción en la presente Ley, o de los productos o bienes obtenidos.
La clausura temporal de un establecimiento de cultivos marinos y auxiliares, sin perjuicio de la declaración de caducidad, en su caso, del correspondiente título administrativo habilitante.
La suspensión de la actividad o actuación que suponga una infracción en materia de conservación del medio marino hasta que se adopten las medidas que garanticen su cese.
La intervención de la cofradía para garantizar el desarrollo del proceso electoral conforme a la legislación vigente en materia electoral.
El grado de negligencia o intencionalidad de la persona infractora.
Las infracciones graves, con multa de 301 a 6.000 euros.
Las infracciones muy graves, con multa de 6.001 a 60.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves previstas en el apartado 1, además de con la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con la sanción accesoria recogida en el artículo 139.1, letra i, por un periodo máximo hasta que finalice el proceso electoral.
Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 30 a 150 euros.
Las infracciones graves, con multa de 151 a 30.000 euros.
Las infracciones muy graves, con multa de 30.001 a 150.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves, además de con la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con una o varias de las sanciones accesorias recogidas en el artículo 139.1, letras c, d y e, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años en el caso de las muy graves, y en la letra f.
2. Las infracciones graves o muy graves, además de con las multas correspondientes, podrán ser sancionadas con una o varias sanciones accesorias recogidas en el artículo 139.1, letras d, e y g, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años en el caso de las muy graves.
Las infracciones graves, con multa de 151 a 3.000 euros.
Las infracciones muy graves, con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. Las infracciones graves o muy graves, además de con la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con una o varias sanciones accesorias recogidas en el artículo 139.1, letra d, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años en el caso de las muy graves, y en la letra f.
Las infracciones graves, con multa de 151 a 6.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves, además de con la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con una o varias de las sanciones accesorias recogidas en el artículo 139.1, letras c, d y e, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años en el caso de las muy graves.
Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente, las infracciones previstas en el artículo 137.F, números 8, 9, 11 y 12.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 137.F, números 2, 3, 4, 6 y 12.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 137.F, números 4, 5, 7 y 10.
Imposibilidad de obtención durante el plazo no superior a cinco años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas, las infracciones previstas en el artículo 137.F, números 2 y 3.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo artículo 138.F, número 3.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 138.F, número 3.
Imposibilidad de obtención de ayudas, préstamos o subvenciones públicas durante un plazo máximo de cinco años, la infracción prevista en el artículo 138.F, número 2.
Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente, las infracciones previstas en el artículo 137.G, números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 137.G, números 4, 5, 6, 7 y 8.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 137.G, número 5.
Imposibilidad de obtención durante el plazo no superior a cinco años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas, las infracciones previstas en el artículo 137.G, número 7.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un periodo no superior a cinco años, las infracciones previstas en el artículo 138.F, número 3.
La imposibilidad de obtención de ayudas, préstamos o subvenciones públicas durante un plazo máximo de cinco años.
La recuperación, restitución y subsanación por el infractor y a su cargo de los efectos causados por su actuación.
3. Cuando el infractor no realice las actuaciones previstas en las letras b y c del apartado 2 de este artículo, se procederá a la ejecución subsidiaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Las infracciones graves, además de con la multa correspondiente, podrán ser sancionadas en función de las circunstancias concurrentes con una o varias de las sanciones accesorias previstas en el artículo 139.1, letras d, e, f y g.
Que la persona infractora no hubiera sido sancionada en los últimos tres años, ni tener abierto un procedimiento sancionador por comisión de infracción regulada en la presente Ley.
Que la cuantía de la sanción impuesta no exceda de 30.000 euros.
No cometer infracción alguna de las tipificadas en esta Ley.
Cumplir debidamente las medidas cautelares impuestas y mantenidas, en su caso.
1. La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la delegación territorial de la consejería competente en materia de pesca.
2. Será competente para la instrucción del procedimiento el funcionario o funcionaria designado por la persona titular de la delegación territorial.
A las personas titulares de la delegación territorial del ámbito en el que se hubiera cometido la infracción, en los casos de infracciones sancionadas con multas de cuantía inferior a 15.000 euros.
A las personas titulares de las direcciones generales en el ámbito de sus competencias, en los casos de infracciones sancionadas con multas de cuantía comprendida entre 15.000 y 60.000 euros.
A la persona titular del departamento de la consejería competente en materia de pesca, en los casos de infracciones sancionadas con una multa de cuantía superior a la señalada en la letra anterior de este apartado.
1. Las actas de inspección redactadas por el personal funcionario de la Inspección Pesquera tendrán la condición de documento público y gozarán de eficacia probatoria respecto a los hechos en las mismas denunciados, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.
2. Las actas deberán expresar los hechos y circunstancias relacionados con la presunta infracción, los medios técnicos empleados desde tierra, embarcaciones o aeronaves para su comprobación y los datos que identifiquen a las personas o entidades que intervengan en la infracción detectada, así como las medidas cautelares adoptadas con arreglo a lo establecido en el artículo 156.4 de la presente Ley. Siempre que sea posible, se adjuntará al acta el material gráfico o cualquier otro elemento objetivo que acredite la presunta infracción.
4. Cuando en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento el personal funcionario de Inspección Pesquera detecte deficiencias o simples inobservancias de la normativa fácilmente subsanables, sustituirá el acta a que se refiere el apartado primero del presente artículo por un acta de advertencia, en la cual, sin dar lugar a la incoación de un procedimiento sancionador, se harán constar:
Las advertencias o medidas correctoras propuestas y el plazo de subsanación.
Incautación de los productos de la pesca, marisqueo y acuicultura, debiendo definir el acuerdo la descripción de lo incautado.
Incautación de artes, aparejos, útiles de pesca y marisqueo, vehículos, embarcaciones, equipos u otros accesorios que hayan sido empleados en la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley como graves o muy graves, debiendo definir el acuerdo la descripción de lo incautado.
Cierre temporal de las instalaciones y establecimientos.
Suspensión temporal de los títulos administrativos habilitantes.
Retención temporal de la tarjeta profesional náutico-pesquera que habilita para el ejercicio de la profesión de capitán o capitana, o patrón o patrona, en un buque pesquero.
Suspensión temporal de la actividad o actuación que suponga una infracción en materia de conservación del medio marino hasta que se adopten las medidas que garanticen su cese.
3. Las medidas cautelares podrán ser adoptadas, una vez iniciado el procedimiento sancionador, por la persona titular de la delegación territorial de la consejería competente. Durante su tramitación, podrán ser alzadas o modificadas en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no han podido ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
4. Antes de iniciarse el procedimiento, cuando resulte necesario por razones de urgencia o necesidad, el personal funcionario de Inspección Pesquera podrá adoptar verbalmente las medidas cautelares previstas en el apartado 1, letras a y b, de este artículo; dando razón de su proceder en la correspondiente acta. En defecto de esta, habrá de reflejarse el oportuno acuerdo y su motivación por escrito con la mayor brevedad posible, y en todo caso en un plazo no superior a cinco días, dando traslado del mismo a las personas interesadas y a la delegación territorial. Las medidas cautelares deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que habrá de efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
Se devolverán al medio del que han sido extraídas las especies procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura que tuvieran posibilidades de sobrevivir.
Si las especies estuvieran muertas, habida cuenta de su volumen y condiciones higiénico-sanitarias, su destino podrá ser alguno de los siguientes:
Subasta pública, siempre que se trate de especies no vedadas o de tamaño o peso reglamentario, consignándose su importe a lo que resulte del expediente.
Destrucción, en la forma que reglamentariamente se establezca.
3. Las artes, aparejos, útiles de pesca y marisqueo, vehículos, embarcaciones, equipos u otros accesorios reglamentarios incautados serán liberados previa constitución de fianza, cuya cuantía será fijada por la persona titular de la delegación territorial de la consejería competente, no pudiendo exceder la misma del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas.
LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL DE LOS BUQUES CON ABANDERAMIENTO DE CONVENIENCIA.
A la entrada en vigor de la presente Ley, se extinguirá el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) como un ente de derecho público, siendo sus funciones asumidas por la unidad que se determine en el decreto de estructura orgánica de la consejería competente.
Los bienes y derechos de que sea titular el Intecmar se adscribirán a la consejería competente en materia de pesca, en la forma establecida en la legislación patrimonial.
El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley preste servicios como personal propio del Intecmar pasará a ser personal de la Xunta de Galicia, adscrito a la unidad que se determine en el decreto de estructura orgánica de la consejería competente en materia de pesca.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento y condiciones en que se hará efectiva la integración de dicho personal como personal de la Xunta de Galicia.
Tendrán la condición de agentes de la autoridad los funcionarios y funcionarias de otras escalas, adscritos a la consejería competente en materia de pesca, que tengan atribuidas funciones de control del cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal y medio ambiente, atribuyéndoles para el ejercicio de estas funciones lo establecido en los artículos 121, 122 y 123.
El Servicio de Guardacostas de Galicia existente hasta la entrada en vigor de la presente Ley pasa a denominarse Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, contando con las escalas de funcionarios contempladas en el artículo 120 de la presente Ley y debiendo desarrollar las funciones contenidas en su artículo 122.
La escala técnica del Servicio de Guardacostas de Galicia, grupo A, pasa a denominarse escala técnica del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, grupo A.1, de la que forma parte todo el personal funcionario que a la entrada en vigor de la presente Ley esté integrado en aquella.
La escala ejecutiva del Servicio de Guardacostas de Galicia, grupo B, pasa a denominarse escala ejecutiva del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, grupo A.2, de la que forma parte todo el personal funcionario que a la entrada en vigor de la presente Ley esté integrado en aquella.
La escala de agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, grupo C, pasa a denominarse escala de agentes del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, grupo C.1, de la que forma parte todo el personal funcionario que a la entrada en vigor de la presente Ley esté integrado en aquella.
La consejería competente adoptará las medidas necesarias para que el personal funcionario perteneciente a la escala de agentes del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, grupo C.1, pueda obtener la titulación de técnico superior.
El personal funcionario del grupo D de la escala básica de vigilancia pesquera contemplado en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2004, de 21 de abril, por la que se crea el Servicio de Guardacostas de Galicia, que a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley aún no hubiera optado a la integración prevista en dicha disposición, mantendrá su derecho a integrarse en la escala de agentes del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, grupo C.1, expirando el plazo para ejercer tal derecho el 31 de diciembre de 2011 y siempre que dentro del citado plazo acrediten estar en posesión de la titulación requerida.
Asimismo, y dentro del mismo plazo, mantendrá el derecho a obtener un puesto de trabajo reservado al cuerpo auxiliar de Administración general de la Xunta de Galicia, grupo D.
El personal funcionario perteneciente a los cuerpos de administración especial que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2004, de 21 de abril, por la que se creó el Servicio de Guardacostas de Galicia, hubiera obtenido por alguno de los sistemas de provisión previstos en la normativa vigente un puesto de trabajo adscrito a dicho servicio y que a la entrada en vigor de la presente Ley continúe prestando en el mismo sus servicios quedará integrado en la escala del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera correspondiente a su grado funcional de pertenencia.
En todo lo que no se opongan a la presente Ley, siguen vigentes el Decreto 157/2005, de 26 de mayo, sobre ordenación y funcionamiento del Servicio de Guardacostas de Galicia; la Orden de 2 de mayo de 2006 por la que se establece el régimen de prestación de servicios, horarios, vacaciones, licencias y permisos y compensaciones económicas para percibir por el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia, y la Orden de 20 de marzo de 2007 por la que se establecen los distintivos de identificación y uniformidad de los miembros del Servicio de Guardacostas de Galicia.
A estos efectos, y con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente Ley, todas las referencias al Servicio de Guardacostas de Galicia contenidas en dichas normas reglamentarias se entienden hechas al Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera. En consecuencia, son aplicables a las escalas técnica, ejecutiva y de agentes de este último servicio las disposiciones que en las citadas normas se refieren, respectivamente, a las escalas técnica, ejecutiva y de agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia.
A la entrada en vigor de la presente Ley, se reconocen como cofradías de pescadores y federaciones las existentes, con el ámbito territorial y estatutos que tengan aprobados, sin que sea posible el reconocimiento o creación de más cofradías de pescadores, excepto la creación de aquellas cofradías que, existentes a la entrada en vigor de esta Ley, fueran disueltas por cualquier de los motivos legalmente contemplados y siempre en conformidad con lo que se disponga reglamentariamente.
A la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán vigentes, en las condiciones y plazos por los que han sido otorgados, los permisos de explotación hasta que se otorguen nuevos permisos de pesca o licencias, conforme a la presente Ley y normativa de desarrollo.
A la entrada en vigor de la presente Ley, a las personas titulares de permiso de explotación de marisqueo a pie con embarcación auxiliar se les otorgará una licencia de marisqueo a flote, en las condiciones que reglamentariamente se definan.
La Ley 6/1993, de 11 de mayo, de pesca de Galicia.
La Ley 8/2004, de 30 de julio, de protección, control, infracciones y sanciones en materia marítimo-pesquera de Galicia.
1. Se añade al apartado 17 del anexo 1 los subapartados siguientes:
05 Autorización de construcción de nuevas embarcaciones:
Más de 150 GT: 250 €
06 Autorización de obras de modernización y reconversión de buques:
Más de 150 GT: 90 €
07 Expedición de permisos de pesca especial: 30 €.
2. Se añade al apartado 36 del anexo 3 los subapartados siguientes:
07 Autorizaciones y concesiones para la explotación de bancos marisqueros: 91,91€
08 Concesiones experimentales en materia de acuicultura: 91,91 € .
09 Permiso de actividad en materia de acuicultura: 91,91 € .
10 Autorizaciones de inmersión: 35 € .
3. Se añade el apartado 62 al anexo 3, con la redacción siguiente:
62 Reconocimiento de organización de productores: 60 € .
La presente Ley entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia .
Lo dispuesto en el primer párrafo de la presente disposición no será de aplicación al capítulo I del título IX de la presente Ley, referido a la Agencia de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, ni a la disposición adicional octava, que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de la presente Ley.
Vigente hasta el 15 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 11 de diciembre, de modificaci�n de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia.
Redacción según Ley 1/2009, de 15 de junio, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia.