Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-633-de-noviembre-21-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415e30f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-02 21:45:00
Document Index: 294541625

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 38', 'artículo 38', 'artículo 241', 'artículo 38', 'artículo 150', 'artículo 24', 'artículo 152', 'artículo 241', 'artículo 152', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 38']

﻿ Sentencia C-633 de noviembre 21 de 1996
SENTENCIA C-633 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE LEYES ESTATUTARIAS Y ESTATUTOS. DECLÁRASE EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 38 DEL DECRETO 2150 DE 1995, EN CUANTO LA MATERIA EN ÉL TRATADA NO EXIGÍA TRÁMITE DE LEY ESTATUTARIA. EN CRITERIO DE LA CORTE, LA SOLA UTILIZACIÓN DE LA PALABRA “ESTATUTO”, PARA DISTINGUIR UN CONJUNTO DE NORMAS, NO PUEDE CONDUCIR, SIN MAYOR ANÁLISIS, A LA CONCLUSIÓN DE QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA LEY ESTATUTARIA O DE ALGO QUE DEBIERA TRAMITARSE COMO TAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY ESTATUTARIA, REGULACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA, RESERVA ESTATUTARIA SOCIETARIA, APROBACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA
Sentencia C-633 de noviembre 21 de 1996
Ref.: Expediente D-1342
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995.
Actor: Job Segundo Zuleta Vega
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
El ciudadano Job Segundo Zuleta Vega, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 50.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía será de 125 salarios mínimos legales mensuales”.
Considera el actor que la transcrita norma vulnera el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política.
A su juicio, al modificarse el literal a), numeral 1º, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 —Estatuto General de Contratación Pública— se está transgrediendo la prohibición de modificar leyes estatutarias a través de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República.
Dentro del término de fijación en lista, el ciudadano Álvaro Namen Vargas, apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó un escrito solicitando a la Corte que declare la exequibilidad de la norma demandada.
Considera que la Ley 80 de 1993 no constituye una ley orgánica, ni un código y mucho menos una ley estatutaria.
A su juicio se trata simplemente de una compilación de normas que por haber sido incorporadas a un cuerpo denominado “estatuto” no pueden asimilarse a una ley estatutaria.
El Procurador General de la Nación (E), José León Jaramillo Jaramillo, solicita a la Corte que declare exequible la norma demandada.
Manifiesta que una ley es estatutaria cuando ha surtido un trámite cualificado, siempre que trate sobre alguna de las materias señaladas taxativamente por el artículo 152 de la Constitución Política.
Asevera que la temática contractual no hace parte de esas materias de ley estatutaria y que por lo mismo la Ley 80 no es una de ellas.
Critica la identificación que hace el actor entre las acepciones de “estatuto” y “ley estatutaria” como fundamento de su demanda, pues —dice— desde antiguo la palabra “estatuto” se aplica en general a toda clase de leyes, ordenanzas y reglamentos, que en manera alguna puede confundirse con lo predicado anteriormente sobre ley estatutaria.
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada, según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Carta Política.
2. Diferencia entre leyes estatutarias y estatutos.
Por otro lado, al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es superior al de las demás leyes en el ámbito del asunto que regulan, como ya ha tenido ocasión de destacarlo esta Corte, un estatuto sobre determinada materia respecto de la cual el legislador ha resuelto disponer es, en principio, ley ordinaria y tan solo de manera excepcional podría adquirir el carácter de estatutaria: si en sustancia corresponde a uno de los objetos enunciados en el artículo 152 C.P.
En criterio de la Corte, la sola utilización de la palabra “estatuto”, para distinguir un conjunto de normas, no puede conducir, sin mayor análisis, a la conclusión de que se está en presencia de una ley estatutaria o de algo que debiera tramitarse como tal.
Por otra parte, debe observarse que, al tenor del artículo 150 de la Constitución, la competencia para expedir las normas sobre contratación de la Administración Pública corresponde, en principio, al Congreso.
Sin embargo, la misma Constitución autoriza a la Rama Legislativa para revestir de manera temporal al Ejecutivo de precisas facultades extraordinarias para expedir, mediante decretos con fuerza de ley, normas que por regla general encajan dentro de las atribuciones del Congreso, siempre que lo exija la necesidad o lo aconseje la conveniencia pública y que las facultades correspondientes sean expresamente solicitadas por el Gobierno y aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara (artículo 150, numeral 10, C.P.).
Las excepciones a esa posibilidad constitucional son taxativas y la propia Carta se ha ocupado de enunciarlas: las facultades extraordinarias no se pueden conferir para expedir o reformar códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco, ni tampoco en materia de impuestos.
Como las normas de contratación administrativa no hacen parte de ninguna de dichas categorías, la Corte Constitucional considera que, para su expedición o reforma, el Presidente de la República puede ser revestido de facultades extraordinarias.
Las consideraciones precedentes conducen a declarar que el precepto acusado podía incorporarse a un decreto dictado por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias y, por lo tanto, no se configuró la inconstitucionalidad planteada, toda vez que su materia —la contratación administrativa— no ha sido reservada por la Constitución para el trámite excepcional de las leyes estatutarias.
La norma objeto de proceso será declarada exequible, pero, como el único punto debatido ha sido el referente al trámite, en los término dichos, la exequibilidad se circunscribirá a la no exigencia de ley estatutaria para su expedición.
Declárase EXEQUIBLE el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995, únicamente en cuanto la materia en él tratada no exigía trámite de ley estatutaria.
Magistrados: Carlos Gaviria Díaz, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Hernando Herrera Vergara—José Gregorio Hernandez Galindo—Alejandro Martinez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.