Source: http://ramon.4x4.nu/normas/normas11.htm
Timestamp: 2019-04-19 02:45:58
Document Index: 286827293

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 43', 'artículo 38', 'artículo 34', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'artículo 6', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'artículo 40']

Ley de Montes, de 8 de junio de 1957
Muy pocos años - menos de siete - faltan para llegar al centenario de la vigente Ley de Montes cuya longevidad dice bien a las claras el acierto de su concepción, que ha permitido, complementada por multitud de Decretos y Ordenes, llegar hasta nuestros días, manteniendo sus básicos principios y esenciales fundamentos; pero hora es ya, recogida toda la inmensa experiencia de este gran lapso transcurrido y habida cuenta del cambio y transformación de las circunstancias y condiciones que en tantos aspectos ofrecen los tiempos actuales, de promulgar una nueva Ley de Montes que presida el gobierno de la economía forestal española.
En el título primero, al tratar de la propiedad forestal incluida en el Catálogo que registra todos los montes de utilidad pública, se establece que éstos sólo podrán ser enajenados por ley o mediante expropiación forzosa y se declara su inembargabilidad, admitiéndose por excepción la constitución de garantías hipotéticas sobre los aprovechamientos. Se atiende a la necesidad sentida de proteger contra una abusiva explotación, cuando no de completa destrucción, a aquellos bosques, terrenos o agrupaciones arbóreas con características de utilidad pública, que vienen aprovechándose por vecinos de núcleos locales.
Merece singular atención cuanto concierne a la firme defensa de la propiedad forestal pública, la que salvada esencialmente del alcance de las leyes desamortizadoras, en sus más importantes masas, ha sufrido, sin embargo, al correr de los tiempos, fuertes ataques y segregaciones que realizaron avisados y logreros, manejándose hábilmente en la complejidad y entresijo de disposiciones, preceptos y procedimientos a veces interferentes y no siempre bien diferenciados en las jurisdicciones administrativa y judicial.
Un detenido estudio de la cuestión, espigando en los campos del Derecho administrativo y del hipotecario, ha permitido esquivar aquellas dificultades al conjugar, dentro del respeto debido a las jurisdicciones, los principios necesarios para mantener la integridad de la posesión acreditada de estos bienes, que por tantos conceptos interesan a la colectividad, reservando como procede, cuanto se refiere a propiedad, a la acción de los Jueces y Tribunales ordinarios.
Para la apuntada necesidad de atender a la defensa y saneamiento legal de los montes de utilidad pública se adoptaron medidas como las siguientes:
Se regula la posibilidad de entablar contra la Administración Forestal el procedimiento establecido en el art. 41 de la Ley Hipotecaria, facultándose a aquélla para formular, sin prestar caución, demanda de contradicción por determinadas causas.
Se estatuye la obligación y forma de inscribir en el Registro de la Propiedad los montes de utilidad pública, tanto los deslindados como los que aún no hubieren sido objeto de esta operación, estableciéndose también que la declaración del estado de deslinde obliga a la Administración a solicitar del Registro de la Propiedad la correspondiente anotación preventiva, con los mismos efectos que las de demanda.
Otra medida precautoria de singular eficacia ha de ser el requisito indispensable para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de fincas colindantes con montes catalogados, de acompañar el título certificación de la Administración Forestal acreditativa de no hallarse comprendido el predio que se pretende inscribir en monte declarado de utilidad pública.
El saneamiento legal del sector forestal público se completará mediante la realización de deslindes y amojonamientos y el estudio y regulación de las servidumbres y ocupaciones para llegar a la extinción de las ilegítimas, la redención mediante indemnización de las legítimas, pero incompatibles y la ordenación de las que fueren compatibles con el fin de utilidad pública de los montes afectados.
Se atiende también en el título primero a la posibilidad de ensanchar los patrimonios forestales por compraventa o expropiación y a la de realizar permutas de montes que, sin menoscabar el área forestal pública, pueda perfeccionar las propiedades montuosas de personas jurídicas imperecederas, armonizando, cuando se trate de Entidades Locales, los preceptos de esta ley con los establecidos en la de Régimen Local.
En el título segundo, que se ocupa de los aprovechamientos y su régimen jurídico y de la conservación y mejora de los montes, se prescribe la necesidad del proyecto de ordenación o de plan técnico adecuado para la explotación de los montes públicos y se confirma, por precepto de ley, la indispensable intervención de la Administración en los disfrutes, básicamente en los de carácter forestal, de montes de dominio privado, de acuerdo con la doctrina general que impera en los países de avanzada cultura, en aras de la conservación de estos bienes por su innegable y beneficiosa proyección en los intereses nacionales, exigiéndose plan técnico para todos los montes emplazados en las zonas forestales de protección.
Se prevé y regula la ordenación integral por comarcas que puedan comprender montes públicos y de propiedad privada de gran producción o de marcada conveniencia de coordinación selvícola y pastoral, distinguiendo los casos en que por la naturaleza protectora de las fincas sean obligatorias las agrupaciones, de aquellos otros en que la asociación se deja al libre arbitrio de los dueños de las mismas.
No se contrae la acción del Estado solamente a imponer las aludidas obligadas limitaciones al libre ejercicio del derecho de propiedad porque, con sentido generoso, se preocupa también de conceder ayuda técnica y auxilios dinerarios para la ejecución de mejoras a entidades y particulares no ya sólo de repoblación «in extenso» de las que se ocupa el título siguiente, sino también de las que tengan carácter auxiliar del tratamiento de las masas y para vías de saca, construcciones y fomento de pastizales.
En cuanto al régimen jurídico y económico de los aprovechamientos referentes a los montes del Estado, se mantiene su sujeción a las normas establecidas en la Ley del Patrimonio Forestal, y por lo que afecta a las entidades locales, los disfrutes habrán de realizarse, en lo técnico facultativo, conforme a las reglas de la Administración, y en lo económico, a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, admitiéndose la adjudicación directa de los aprovechamientos a favor de las Entidades propietarias cuando en el trámite de las subastas no se alcance el precio establecido.
El título tercero abarca, en su totalidad, lo concerniente a la repoblación forestal y, fuera de los detalles que se mencionarán, no ofrece ninguna novedad porque tan importante materia se halla del todo actualizada en la legislación hasta ahora vigente que aquí se refunde y concreta en la medida conveniente, no olvidando los fundamentos de la interesante y ya antigua Ley de 24 junio de 1908 y recogiendo todo lo necesario de las más reciente de 10 de marzo de 1941, referente al Patrimonio Forestal del Estado, de 7 de abril de 1952 y de 22 diciembre de 1955, sobre auxilio a la libre iniciativa para la repoblación forestal en terrenos públicos y privados.
Del Servicio Hidrológico Forestal se trata en el título cuarto, en el que se recoge sustancialmente la legislación que regula esta importante materia de restauración de montañas y corrección de torrentes y aludes desde el año 1901 de creación del Servicio, que ha realizado gran parte con técnica netamente nacional muy importantes trabajos de consolidación de terrenos y defensa de poblados, pantanos, vías de comunicación y vegas de cultivos. Se complementan las tradicionales actividades del Servicio con las referentes a la específica de conservación de suelos, para las que el Estado, aparte de su propia acción, podrá conceder auxilios económicos a la propiedad pública o privada que se interese por la realización de trabajos conducentes a tal finalidad conservadora.
Dentro del mismo título cuarto dedica la ley dos capítulos a problemas tan estrechamente relacionados con la conservación de la renta forestal, como el de la profilaxis y tratamiento de las enfermedades y plagas de los montes y el de la defensa contra el azote de incendios, el seguro y el crédito forestal.
Por lo que respecta al capítulo de plagas, es tan reciente la Ley de Reorganización del Servicio -diciembre 1952- que nada nuevo, como no sea algún detalle de tipo punitivo contra infracciones esenciales, contiene la presente. Lo contrario sucede con lo referente a incendios, seguros y crédito, cuyos preceptos suponen innovación palmaria en la legislación forestal y no porque hasta ahora se tuviera descuidada la protección y combate del fuego, que se atendía en la medida de lo posible, pero sin una organización y sistemática de conjunto como se propugna en esta ley, en la que se dispone la adopción de medidas preventivas, combativas, reconstructivas y reparadoras. La reconstrucción de la riqueza incendiada se extiende a toda la propiedad forestal, así pública como particular, sufragándose los gastos de repoblación con cargo a los fondos de los salvamentos y a los del seguro forzoso o voluntario, según los casos, y a través de las entidades aseguradoras acogidas a la de 16 de diciembre de 1954.
Se encomienda al Ministerio de Agricultura la organización de concesiones de crédito sobre fines forestales que constituyan unidad de explotación y se fijan las directrices conforme a las cuales hayan de otorgarse aquéllos para las finalidades que se señalan de regulación de aprovechamientos, en evitación de cortas irracionales y de realización de las mejoras que se indican, fijándose, por último, el tipo máximo de interés y el plazo límite del préstamo.
Parques Nacionales e Industrias Forestales son las materias comprendidas en los dos capítulos del título quinto. Por lo que concierne a los primeros, no se recoge solamente lo estatuido sobre ellos en la ley de 7 de diciembre de 1916, sino que se atiende a procurar los medios necesarios para que los Parques puedan cumplir su finalidad. En cuanto a las Industrias Forestales, conservando como base lo dispuesto en el Decreto - Ley de 1 de mayo de 1955, se introduce la estimuladora novedad de la posible declaración de industrias de preferente interés forestal.
El capítulo único del título sexto se ocupa de las infracciones en los montes y su sanción o castigo, y cuestión es ella a la que se ha prestado suma atención, de acuerdo con la experiencia recogida desde el año 1884, en que se promulgó la disposición fundamental que ha venido rigiendo esencialmente, hasta nuestros días, en materia penal para montes públicos aplicada en las jurisdicciones administrativas o de los Tribunales ordinarios, no siempre con completa claridad en la delimitación o competencia del ámbito jurisdiccional conocedor del caso, motivándose muchas veces interferencias o conflictos entre las esferas o autoridades llamadas a intervenir. Se ha contemplado también el resultado obtenido desde el año 1918 por aplicación de lo legislado sobre imposición de responsabilidades por cortas ilegales en montes de propiedad particular.
La añeja tradición de la Administración Forestal en el conocimiento e intervención de los problemas de los montes, incluidos los de carácter penal; la estrecha relación que en este aspecto existe entre el concepto jurídico de multa y los técnicos de valoración de productos aprovechados y de daños y perjuicios ocasionados al monte, más la conveniencia de un proceso lo más rápido posible en la tramitación de los expedientes por infracciones en materia forestal, en aras de la necesaria ejemplaridad, aconsejan de consuno atribuir a la Administración la competencia para conocer y resolver aquellos hechos punibles que atenten a la conservación de los montes, con quebranto de su integridad, reservando a la esfera de los Jueces y Tribunales ordinarios los delitos castigados en el Código Penal, que, por su significación y características, son propios y exclusivos de la jurisdicción de los mismos.
De la propiedad forestal y ámbito de aplicación de la ley
1. La propiedad forestal puede corresponder al Estado, a las Entidades locales, a las Entidades públicas o privadas no territoriales y a los particulares.
2. Se entiende por terreno forestal o propiedad forestal la tierra en que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo. No obstante se exceptúan de los comprendidos en dicho concepto los terrenos que formando parte de una finca fundamentalmente agrícola y sin estar cubiertos apreciablemente con especies arbóreas o arbustivas de carácter forestal, resultaren convenientes para atender al sostenimiento del ganado de la propia explotación agrícola y, asimismo, los prados desprovistos sensiblemente de arbolado de dicha naturaleza y las praderas situadas en las provincias del litoral cantábrico.
1. Los montes incluidos en el Catálogo sólo podrán ser enajenados mediante ley, salvo en los casos en que lo autoricen la presente u otras leyes especiales y los de expropiación forzosa para obras y trabajos cuyo interés general prevalezca sobre la utilidad pública de los montes afectados. La indicada preferencia se substanciará en expediente separado en el que será oído el Ministerio de Agricultura.
1. Los bienes del Patrimonio Forestal del Estado y los que el Instituto Nacional de Previsión posea como entidad colaboradora a la, obra del Patrimonio Forestal, estarán exentos de contribuciones e impuestos del Estado y de las Entidades locales. Asimismo quedarán exentos de todo gravamen los terrenos que se dediquen a Coto Escolar de Previsión, de carácter predominantemente forestal.
3. (No tiene contenido).
2. Las extensiones de montes iguales o inferiores a las mínimas establecidas tendrán la consideración de indivisibles y a tales efectos les serán de aplicación los arts. 2 al 7 de la Ley de 15 julio de 1954, sobre Unidades Mínimas de Cultivos.
Del catálogo de montes y del deslinde
El Catálogo de Montes es un Registro público de carácter administrativo en el que se incluirán todos los montes que hubieren sido declarados de utilidad pública pertenecientes al Estado, a las Entidades públicas territoriales y a los Establecimientos públicos de Beneficencia o Enseñanza.
Con independencia del Catálogo de Montes de Utilidad Pública se formarán relaciones, aprobadas en Consejo de Ministros, de montes, en su totalidad o en parte, y terrenos protectores de propiedad particular. Se considerarán incluidos en tal concepto los que señala la Ley de 19 diciembre de 1951 y aquellos a los que se atribuya por ley dicho carácter.
Se incluirán en el Catálogo de Montes todos aquellos que hubieren sido declarados de utilidad pública con anterioridad a la publicación de esta ley y, en lo sucesivo, por Ordenes emanadas del Ministerio de Agricultura recibirán tal declaración con incorporación simultánea al mencionado Registro los montes y terrenos pertenecientes a Entidades públicas territoriales y a las de Beneficencia y Enseñanza, que estuviesen poblados o fuese aconsejable repoblar de especies forestales y reunieren las características físicas, sociales o económicas que se consignen en las oportunas disposiciones reglamentarias.
Las reclamaciones sobre inclusión o exclusión de los montes del Catálogo que entablen las entidades afectadas y no se refieran a cuestiones de propiedad, posesión o cualesquiera otros de carácter civil, tendrán carácter administrativo y se ventilarán ante la jurisdicción contencioso - administrativa.
1. Todo monte incluido en el Catálogo y que haya sido deslindado se inscribirá obligatoriamente a favor de la Entidad pública a quien pertenezca el dominio de la finca, mediante certificación por triplicado de dicho dominio expedida por la Administración Forestal, en la forma y con las circunstancias que prevén los arts. 206 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, acompañada, si existe, del plano topográfico de la finca que se pretende inscribir. Si la certificación para inmatriculación del monte estuviere en contradicción con algún asiento no cancelado o cuya descripción coincida en algunos detalles con la de fincas o terrenos ya inscritos, se procederá en la forma que determina el art. 306 Reglamento Hipotecario.
2. Declarado un monte en estado de deslinde y con vista de los títulos unidos al expediente que constituyan prueba del derecho de dominio a favor de la Entidad pública y de los documentos presentados durante la tramitación del expediente por los titulares de fincas relacionadas con el monte objeto del mismo, la Administración Forestal solicitará del Registro competente que se extienda en dichas fincas anotación preventiva que acredite la existencia del deslinde. Si las fincas no estuvieren inscritas, la anotación preventiva se tomará, además, por falta de previa inscripción a favor de su dueño.
Estas anotaciones preventivas acreditativas del expediente del deslinde inicial, producirán los mismos efectos que las de demanda.
La resolución definitiva del expediente es título suficiente, según el caso, para la inmatriculación del monte, para la inscripción de rectificación de la descripción de las fincas afectadas y para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en fincas excluidas del monte deslindado. Pero no será título suficiente para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el art. 34 Ley Hipotecaria.
3. Los montes incluidos en el Catálogo, pendientes de deslinde, también se inscribirán obligatoriamente a favor de la entidad propietaria mediante certificación expedida por la Administración Forestal en la forma y con los requisitos establecidos en el art. 206 Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento. En el supuesto de notoria discordancia entre el Catálogo y la realidad, se efectuará por la Administración Forestal un reconocimiento del terreno para la fijación de los límites y aforo de su extensión, estableciendo provisionalmente la cabida y linderos del monte a inscribir. Si el Registrador tuviere conocimiento de que un monte situado dentro de su distrito hipotecario perteneciente a la Administración Forestal, o que un acto inscribible relativo a dicho monte no se ha inscrito, reclamará de dicha Administración los documentos necesarios para su inscripción. Si en el plazo de dos meses no se presentara en el Registro la certificación administrativa oportuna para inmatricular el monte pendiente de inscripción o los documentos necesarios para inscribir el acto no inscrito, el Registrador lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial para que subsane la falta y proceda a exigir las responsabilidades consiguientes al funcionario negligente.
Todas las inmatriculaciones de montes del Catálogo a que se hace referencia en este artículo, deberán publicarse en edictos oficiales, análogamente al caso general de inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad.
4. A partir de la vigencia de esta ley, cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad fincas colindantes con montes catalogados, en la descripción de dichas fincas deberá expresarse claramente esta circunstancia y se suspenderá la inscripción solicitada si no se acompaña al título certificación de la Administración Forestal que acredite que las fincas que se pretenden inscribir no están incluidas en los montes catalogados. Estas certificaciones deberán ser inexcusablemente expedidas por la Administración Forestal con carácter gratuito en el plazo de treinta días a contar de la fecha en que los interesados las soliciten o que el Registrador las pide de oficio. Pasado este plazo sin haber sido expedida dicha certificación, podrá llevarse a efecto la inmatriculación solicitada. Cuando la inmatriculación se refiera a fincas radicantes en términos municipales donde existan montes propiedad del Estado, además de los edictos prevenidos en el art. 205 ley Hipotecaria, el Registrador, en todo caso y mediante oficio, pondrá en conocimiento de la jefatura de Montes correspondiente la inmatriculación practicada para que la Administración ejercite los derechos que pudieran corresponderle.
5. También se inscribirán obligatoriamente a favor del Patrimonio Forestal del Estado en el Registro de la Propiedad competente el derecho real de vuelo adquirido por dicho Organismo mediante los consorcios establecidos con los titulares de terrenos para su repoblación forestal, siendo suficiente para la práctica de la inscripción la escritura pública en que se aprueben por la Administración Forestal las bases del consorcio, determinando con arreglo a las mismas la extensión del referido derecho real de vuelo. La cancelación de este derecho real tendrá lugar, por extinción del mismo, al finalizar el consorcio de que se derivó y será título adecuado para tal cancelación la escritura pública en que el Patrimonio Forestal del Estado consienta expresamente la cancelación de sus derechos y reintegre el vuelo al titular dominical de los terrenos. Mientras subsista el derecho real de vuelo a favor del Patrimonio Forestal de[ Estado, éste será considerado como tercer poseedor de las fincas a que afecte el referido derecho, excepción hecha de los consorcios voluntarios celebrados con anterioridad a la promulgación de la presente ley. Si la finca que haya sido objeto de consorcio estuviere sujeta a cargas o derechos reales inscritos, el derecho real de vuelo no se inscribirá sino, bien en virtud de convenio unánime por escritura ante el propietario y las personas a cuyo favor estuvieren constituidas aquéllas, sobre el valor de la finca antes de comenzar los trabajos de repoblación forestal o bien por virtud de providencia judicial dictada en expediente instruido para hacer constar dicho valor y con citación de todas las indicadas personas. Si alguno de los que tuvieren a su favor las cargas o derechos reales expresados en el párrafo anterior, no fuere persona cierta, estuviere ausente, ignorándose su paradero, o negare su consentimiento, no podrá hacerse la anotación sino por providencia judicial. El valor que en cualquier forma se diere a la finca objeto del consorcio, antes de empezar las obras de su repoblación forestal, se hará constar en la inscripción de dicho consorcio. Las personas a cuyo favor estuvieren constituidos derechos reales sobre la finca objeto de consorcio, cuyo valor se haga constar en la forma prescrita en los párrafos anteriores, conservarán su derecho de preferencia respecto a la Administración Forestal, pero solamente de un valor igual al que se hubiera declarado a la misma finca. La Administración Forestal será considerada como acreedor hipotecario respecto a lo que exceda el valor de la finca, al de las cargas o derechos reales anteriormente mencionados y, en todo caso, respecto a la diferencia entre el precio dado a la finca antes de los trabajos de la repoblación forestal y el que alcanzare en su enajenación judicial hasta reintegrarse el patrimonio Forestal de los desembolsos hechos para la repoblación forestal del inmueble, salvo que se convenga con el adjudicatario de la finca la continuación del consorcio establecido con el titular registral anterior.
6. La pertenencia o titularidad que en el catálogo se asigne a un monte sólo podrá impugnarse en el juicio declarativo ordinario de propiedad y ante los Tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del art. 41 Ley Hipotecaria, con referencia a los montes catalogados o parcelas que de los mismos formen parte. Acreditada esta inclusión mediante certificación de los Servicios forestales, se dejará sin curso la demanda del procedimiento hipotecario, sin perjuicio de que pueda promoverse el correspondiente juicio declarativo. En estos juicios, cuando se refieran a montes del Catálogo, se observarán las reglas siguientes:
a) Será parte el Estado además de la Entidad pública que sea titular del monte y la competencia para conocer de dichos asuntos corresponderá a las poblaciones donde existan Audiencias, según dispone el artículo 57, párrafo 2, de la Ley de 14 octubre 1882, adicional a la orgánica del Poder judicial.
a) Las operaciones se anunciarán en el Boletín Oficial correspondiente y mediante fijación de edictos en los Ayuntamientos, emplazándose a los colindantes y personas que acrediten un interés legítimo, sin perjuicio de notificar personalmente a aquellos cuyo domicilio fuera conocido para que presenten sus títulos de dominio y asistan al acto del apeo. Los que no compareciesen personalmente o por representante legal o voluntario, no podrán formular reclamaciones en el expediente de deslinde, considerándose la publicación de los edictos como notificación personal.
Los que además se señalen en las disposiciones reglamentarias.
2. Las personas que hubieren intervenido como parte en el expediente de deslinde y resultaren afectadas por la resolución administrativa, podrán impugnarla ante la jurisdicción contencioso - administrativa, sin que en ella puedan plantearse cuestiones relativas al dominio o a la posesión del monte, ni cualesquiera otras de naturaleza civil.
3. Asimismo se entenderá expedita la acción ante los tribunales ordinarios para las Entidades públicas y los particulares que susciten cuestiones de propiedad, sin que sea preciso apurar la vía gubernativa regulada por el Real Decreto de 23 de marzo de 1886 para quienes hayan formulado la reclamación a que se refiere el apartado d) del artículo anterior.
1. El Ministerio de Agricultura podrá declarar la incompatibilidad de una servidumbre debidamente legalizada o inscrita, con el fin de utilidad pública a que estuviera afecto el monte gravado o a sus condiciones esenciales. La incompatibilidad deberá acreditarse en expediente instruido al efecto con audiencia de los interesados, para que en plazo de treinta días puedan formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para la defensa de sus derechos. También serán oídos la Asesoría Jurídica del Ministerio y el Consejo Superior de Montes. En las disposiciones reglamentarias se fijará la tramitación del expediente y los Organismos y Autoridades que informarán en el mismo.
1. Las ocupaciones lo serán por el plazo que se señale en la respectiva concesión. Los beneficiarios de las mismas en el caso en que la duración no exceda de treinta años, quedarán obligados al abono de un canon anual a favor del dueño del monte, el cual será revisable cada cinco años a petición de cualquiera de las partes interesadas. Si hubiera de permanecer por un plazo mayor abonarán como indemnización, .por una sola vez, la que correspondiere como justo precio en caso de expropiación, sin que el titular del monte quede obligado a la devolución de cantidad alguna en caso de extinguirse la ocupación por voluntad del ocupante.
En las disposiciones reglamentarias se determinarán los órganos y Autoridades que hayan de intervenir en los expedientes a que se refiere este capítulo; los informes, Memorias y dictámenes que se hayan de incorporar a las actuaciones; las condiciones con arreglo a las cuales se ha de verificar la audiencia de los interesados, los plazos y demás prevenciones necesarias para garantía de los fines que se persiguen y justificación de las resoluciones que proceda adoptar.
2. Los acuerdos de las Entidades locales sobre permutas de montes del Catálogo serán válidos cuando se adopten conforme a lo establecido en la legislación sobre Régimen Local. Cuando la permuta lo sea con montes no catalogados sólo podrá realizarse cuando los acuerdos se hubieren adoptado conforme con la legislación del Régimen Local y además se informe favorablemente por la Administración Forestal.
Aprovechamientos, conservación y mejora de los montes públicos y de particulares
3. Los montes incluidos en las relaciones de protectores a que se refiere el art. 7 de esta ley, se aprovecharán en todo caso con sujeción a planes técnicos elaborados por el Ministerio de Agricultura. La Administración Forestal podrá interponer a los dueños de estos montes la obligatoriedad de ejecutar planes de mejora, que serán auxiliados en la máxima cuantía que permite esta ley.
4. Serán obligatorias cuando los montes en ellas incluidos se hallen situados en zonas de protección o fuera necesario someterlos a planes dasocráticos de aprovechamiento y mejoras por otras razones de interés económico -social.
El Estado, a través de[ Patrimonio Forestal, concederá ayuda técnica, subvenciones y anticipos a los particulares que, aisladamente o asociados en grupos sindicales, constituidos en el seno de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, se propongan la mejora de los montes que les pertenezcan, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones:
Los beneficios que podrán concederse para la ejecución de las mejoras consignadas en los distintos apartado del artículo anterior, consistirán en subvenciones y anticipos reintegrables, cuya cuantía, forma de entrega, tipos de interés aplicables a los anticipos, garantías de su devolución y cálculo del reintegro, se ajustarán a lo que a este mismo respecto se establece en el título siguiente para el auxilio a la repoblación forestal.
Los reintegros de los anticipos se harán, si se trata de repoblación forestal, de acuerdo con lo que para los mismos se dispone en el citado título y cuando se refiera a cualquier otra clase de mejoras dentro de los veinte años siguientes a la concesión del auxilio.
1. El pastoreo en los montes se realizará de forma que sea compatible con la conservación y mejora de los mismos, procurando la ordenación y perfeccionamiento de los aprovechamientos ganaderos ya existentes y la ampliación de las mismas que, sin menoscabo de las masas forestales, permitan el mantenimiento de] mayor número posible de cabezas de ganado. En el caso de montes cubiertos de arbolado se dará una preferencia absoluta a las exigencias selvícolas, pudiéndose limitar e incluso prohibir el pastoreo del monte si resultare incompatible con su conservación. De igual modo, se procederá en el caso de terrenos erosionables si el propietario no efectuase las obras y trabajos de conservación de suelos que le impusiera la Administración.
Cuando el mejor aprovechamiento de los montes situados en una misma zona o comarca requiera alteraciones en el régimen de su propiedad, la Dirección General de Montes, oído el Ayuntamiento correspondiente, podrá solicitar la concentración parcelaria de oficio que, en su caso, se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley de 10 agosto de 1955.
Del régimen jurídico de los aprovechamientos
1. Las Entidades locales realizarán el aprovechamiento de sus montes con subordinación en lo técnico - facultativo, incluida la fijación de precios mínimos de los productos, a lo que disponga la Administración Forestal, y en lo económico, a lo que establezca la legislación de Régimen Local sobre administración del patrimonio y sobre contratación.
3. Las Entidades Públicas propietarias de montes podrán adjudicarse directamente los aprovechamientos de sus predios cuando éstos no estuviesen consorciados por el Estado y siempre que los licitadores en las subastas no ofrezcan el precio índice señalado al efecto del ejercicio de este derecho de tanteo; asimismo podrá efectuarse dicha adjudicación cuando la subasta quede desierta. No podrá hacerse uso de este derecho cuando se obtenga en la subasta precio superior al señalado como índice.
Tanto para tomar parte en las subastas que se celebren para la enajenación de los aprovechamientos forestales de los montes de utilidad pública como para adquirir mediante cualquier procedimiento los que provengan de montes de propiedad particular, será preciso estar en casa caso en posesión del correspondiente certificado profesional,
5. (No tiene contenido).
El Estado, a través del Patrimonio Forestal, podrá suscribir y establecer consorcios para la repoblación de montes de propiedad pública o privada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 10 marzo de 194 1.
b) Que las plantaciones contribuyan a la defensa y conservación del suelo o a la regulación hidrológico - forestal de la cuenca, comarca, zona o terrenos comprendidos en una finca determinada. En este caso se podrán auxiliar también las obras y trabajos complementarios de carácter hidrológico - forestal.
a) Subvenciones que podrán alcanzar hasta el cincuenta por ciento del importe de los trabajos proyectados;
b) Anticipos reintegrables en cuantía que no exceda del cincuenta por ciento del importe total de los trabajos, y
2. En los casos de repoblación de montes del Catálogo o cuando el solicitante sea la Organización Sindical, las subvenciones y los anticipos se harán efectivos al comenzar los trabajos, siempre que las repoblaciones correspondientes se realicen con asesoramiento técnico suficiente a juicio de la Dirección General de Montes. Cuando la repoblación se refiera a montes en que el solicitante sea la Organización Sindical, la ejecución de las obras y trabajos podrá, además, realizarse por dicha Organización como Entidad coordinada con el Patrimonio Forestal del Estado, a tenor de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley de 10 de marzo de 1941.
La ejecución de las obras y trabajos por el Patrimonio Forestal del Estado se acordará, previa determinación y conformidad de las partes, de los índices de coste por repoblación o trabajos realizados ejecutándose después los trabajos a riesgo y ventura. En el caso de repoblación de montes de particulares acogidos al apartado 2 c) del artículo 43, deberán éstos abonar al Patrimonio Forestal como mínimo el 25 por 100 del coste estipulado de los trabajos que hayan de realizarse con anterioridad a la iniciación de los mismos.
Los particulares que realicen repoblaciones, tanto si se acogen a los beneficios de esta ley como si las ejecutan sin auxilio del Estado, podrán solicitar, y el Ministerio de Agricultura conceder -si aquéllas revisten interés forestal-, la aplicación de la legislación penal de montes vigente para los de utilidad pública a la finca o parte de la finca afectada por la repoblación.
1. El reintegro de los anticipos se realizará dentro del primer turno de corta de la masa forestal que se hubiere creado. Las rentas y aprovechamientos del monte beneficiario de las prestaciones del Patrimonio servirán de garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el propietario. En los casos en que los anticipos sean superiores a quinientas mil pesetas, habrá de constituirse necesariamente hipoteca sobre la finca objeto de la repoblación. Cuando se trate de montes del Catálogo o intervenga la Organización Sindical, la garantía podrá estar incluida por el vuelo de la propia finca repoblada.
Los montes cuya repoblación hubiere determinado la concesión de algunos o de todos los auxilios a que se refiere el presente título, quedarán sometidos, en cuanto a su ordenación y aprovechamiento a la inspección y tutela de la Administración Forestal del Estado, atribuyéndose a la jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo las cuestiones que pudieran derivarse de la interpretación y cumplimiento de las resoluciones por las que se concedan auxilios para la repoblación forestal.
El plazo de que las empresas pueden disponer para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este art. quedará determinado por la Dirección General de Montes, sin que pueda ser nunca menor de cinco años.
Las Corporaciones, Entidades y particulares que, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, realizaren repoblaciones en sus fincas, quedarán, a partir de su iniciación, exentas del pago de la contribución territorial y demás impuestos del Estado y Entidades locales de la parte repoblada hasta que el monte empiece a producir, plazo que en cada caso fijará la Administración sin que pueda ser inferior a doce años para las especies de crecimiento rápido ni de veinticinco para las de lento.
Se concede también a estas Instituciones la facultad de establecer consorcios voluntarios con los dueños de los predios ribereños si la restauración arbórea de éstos se impone por razones de interés físico o social. En estos consorcios las utilidades que proporcionen el arbolado se prorratearán proporcionalmente el valor de los distintos factores aportados.
En todo caso, incumbe a la Administración Forestal dictar las normas selvícolas y regular los aprovechamientos para el adecuado tratamiento y oportuna renovación del vuelo creado.
Del servicio hidrológico - forestal
1. El Servicio Hidrológico - Forestal tendrá a su cargo el estudio, formación y ejecución de proyectos de regulación hidrológico - forestal y restauración de montañas, conservación de suelos forestales, corrección de torrentes y ramblas, contención de aludes, fijación de dunas y suelos inestables, con el fin de regularizar el régimen de aguas y atender a la defensa de pantanos, vías de comunicación, poblados o cualesquiera otras análogas.
2. Las funciones encomendadas al Servicio se desarrollarán y ejecutarán por las Divisiones Hidrológico - forestales.
3. A las Divisiones Hidrológico - forestales corresponderá también, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951, sobre repoblación forestal en terrenos de las cuencas de los embalses nacionales.
Las obras y trabajos necesarios para el cumplimiento de estos fines se declaran de utilidad pública a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos o de la aplicación a éstos de cuanto se refiere a declaración de «repoblación obligatoria» establecida en el título anterior, pudiendo el Ministerio de Agricultura declarar montes y zonas protectoras de carácter hidrológico - forestal, dando cuenta a la Comisión especial interministerial para el aprovechamiento integral de las cuentas creadas por Decreto de 24 de junio de 1955, quedando sometidas, en cuento a su administración y disfrute, a lo que en los Reglamentos de la presente ley se determine. Dentro de estas zonas quedarán los correspondientes propietarios obligados a realizar las obras y trabajos de conservación del suelo, así como a regular el pastoreo, de conformidad con las normas que la Administración Forestal fije al efecto.
1. El Patrimonio Forestal del Estado podrá conceder auxilio económico para la ejecución de trabajos de conservación de suelos, tanto en montes de utilidad pública como en los particulares.
2. Estos auxilios consistirán en subvenciones y anticipos reintegrables cuya cuantía, forma de entrega, tipos de interés y cálculo de reintegros se ajustará a lo que a este mismo respecto se establece en el título tercero para el auxilio de la repoblación forestal. Los reintegros de los anticipos se harán como máximo, dentro de los cuarenta años siguientes a la concesión de los auxilios.
1. Cuando se necesite disponer de terrenos para el emplazamiento de obras especiales, como diques, canalizaciones o cualesquiera otras que exija la técnica hidrológico - forestal, podrá acordarse su expropiación aun cuando se trate de terrenos incluidos en montes catalogados.
2. En los reglamentos que se dicten para la aplicación de esta ley, se determinará la forma en que habrán de hacerse los estudios y confeccionarse los proyectos, sus revisiones y las propuestas anuales de los mismos derivadas.
Se encomienda, según los preceptos de la presente ley, al Servicio de Plagas Forestales, reorganizado por la Ley de 20 de diciembre de1952, la defensa de los montes contra las plagas forestales, de conformidad con los planes técnicos y económicos aprobados reglamentariamente.
El Servicio podrá concertar en nombre del Estado, contratos con particulares, con la Organización Sindical, con las Entidades públicas, territoriales o institucionales y con el Patrimonio Forestal del Estado para la ejecución de los trabajos de extinción de plagas.
1. El Estado, a través del Servicio de Plagas Forestales, concederá ayuda técnica y auxilios a las Entidades públicas y privadas y a los particulares que se propongan la extinción de las plagas en los montes de su propiedad, dentro de los límites siguientes:
a) Prestación gratuita de aparatos y medios aéreos para la extinción y, en otro caso, subvenciones hasta un importe equivalente al costo estimado por la Administración para tales prestaciones.
b) Ejecución material de los trabajos de extinción por el Servicio de Plagas Forestales con cargo a los fondos propios. Procurará, asimismo, anticipar las cantidades de insecticidas necesarias para la realización de los trabajos, siempre que estos anticipos se reintegren por las entidades o particulares auxiliados una vez concluidas las operaciones de extinción.
2. Las subvenciones que se concedan en metálico, de conformidad con lo dispuesto en el precedente apartado a), se harán efectivas al finalizar los correspondientes trabajos y una vez que éstos hayan sido certificados por el Servicio de Plagas Forestales.
Los propietarios de montes y quienes los aprovechen, así como las Autoridades Locales, los Servicios de Policía Rural y Guardería de todas clases están obligados a dar cuenta a los Distritos Forestales correspondientes de las plagas y enfermedades que en dichos montes se presenten.
1. El Ministerio de Agricultura, a propuesta de la Dirección de Montes, podrá declarar la existencia oficial de una plaga, señalando al efecto los límites de la zona o zonas afectadas.
2. Los propietarios de las zonas afectadas por la declaración habrán de efectuar, con carácter obligatorio y en la forma y plazos que se les señalen por la Administración, los trabajos de prevención y extinción correspondientes, pudiéndose acoger para ello a los auxilios que con carácter general se establecen en el presente capítulo. En el caso en que no realizaren los trabajos dentro de los plazos señalados, podrá la Administración realizarlos con cargo a aquéllos.
3. Los trabajos que se realicen con carácter obligatorio se satisfarán:
a) Si se trata de montes de utilidad pública, con cargo a los fondos de mejora de los montes en ordenación y de los que establece el párrafo 4 del artículo 38 de la presente ley, así como de las cantidades que se deduzcan de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 34 de la misma.
b) En los montes de propiedad particular abonarán los dueños el importe de los jornales y el valor de los insecticidas.
Cuando se trate de una finca forestal comprendida dentro de la zona en la que se hubiere declarado oficialmente la existencia de plagas y la extensión del monte rebasara de un determinado límite fijado por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Agricultura, pero nunca inferior a cincuenta hectáreas de arbolado continuo o a su equivalente en arbolado disperso, el Ministerio de Agricultura, a la vista de las circunstancias que concurran en el monte, podrá exigir a su propietario la realización del tratamiento adecuado para combatir la plaga, siempre que éste fuera aconsejable desde el punto de vista económico. En el supuesto de que el propietario incumpliese esa obligación, el tratamiento se realizará a su costa. El importe de la totalidad de los gastos ocasionados lo hará efectivo por cuartas partes trimestralmente, dentro de los doce meses siguientes al de iniciación de los trabajos. Si requerido para que haga efectivo el pago de un determinado plazo no lo verificase dentro de los quince días siguientes al requerimiento, se le exigirá por la vía administrativa de apremio.
El Ministerio de Agricultura, en casos muy cualificados en que así lo crea necesario, podrá imponer a los dueños de los montes forestales a que se refiere el precedente artículo la obligación de poseer, cuando sea posible su adquisición, útiles o aperos adecuados para el combate de plagas, o bien tener contratado el tratamiento con entidad autorizada a tal efecto.
Los dueños de los montes a que se refieren los dos artículos últimos disfrutarán de asistencia técnica gratuita que, con carácter preferente, les será prestada por el Servicio de Plagas Forestales en las campañas de prevención y extinción que anualmente organice.
1. Corresponderán a la jurisdicción de lo contencioso - administrativo las cuestiones que pudieran derivarse de la interpretación y cumplimiento de las resoluciones por las que se concedan auxilios para los trabajos de extinción de plagas, pudiendo la Administración exigir por la vía de apremio el cobro de las cantidades que en cualquier caso se adeudaran por los beneficiarios de los auxilios, o por aquellos a los que la Administración hubiera realizados trabajos a su cargo.
2. Podrá el Servicio de Plagas Forestales utilizar agentes ejecutivos especiales, a cuyo efecto la Dirección General de Montes propondrá a las Delegaciones Provinciales de Hacienda el nombramiento y cese de tales agentes, que tendrán, en el ejercicio de sus funciones, las mismas facultades, derechos y responsabilidades que señalen las disposiciones vigentes a los Recaudadores de la Hacienda Pública para el cobro de valores de otros Organismos estatales.
Artículo 70. (No tiene contenido)
Artículo 71. (No tiene contenido)
Artículo 72. (No tiene contenido)
Artículo 73. (No tiene contenido)
Artículo 74. (No tiene contenido)
Artículo 75. (No tiene contenido)
El Ministerio de Agricultura organizará a través del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, y de conformidad con la legislación al mismo aplicable en cada momento, la concesión de créditos sobre fincas forestales que constituyan una unidad de explotación para las siguientes finalidades:
1º. Para evitar la realización de cortas excesivas o irracionales, sometiendo los aprovechamientos del monte a un plan de ordenación y mejora que permita movilizar y poner por anticipado a disposición del propietario toda la capacidad productiva que su monte posea, sin necesidad de acudir al sistema de cortas que lo desmantele y arruine.
2º. Para dotar al monte de medios de saca que facilite su explotación económica.
3º. Para la realización de siembras, plantaciones y desbroces que facilite la repoblación natural, apertura de cortafuegos, trabajos de extinción de plagas y, en general, para cuantas mejoras defiendan y acrezcan la capacidad productiva del suelo forestal.
1. Tales créditos se concederán de modo que el pago de las cargas financieras que pesan sobre las fincas, el abono de los intereses y cuotas de amortización del préstamo concedido y los gastos de gestión o inspección que lleva en sí la explotación de la finca y la comprobación por parte de la Entidad prestataria de que ésta se lleva con arreglo a las normas fijadas no rebase del sesenta y cinco por ciento de la renta técnicamente calculada. A estos efectos, se entenderá por tal la que determine y localice el estudio previo y desocrático del monte de manera que su extracción no merme, sino que, en su caso, acrezca y ordene el capital arbóreo del monte de referencia.
2. En consecuencia, con la finalidad de estos préstamos, se amplía hasta treinta años el plazo máximo de quince fijado por el artículo 6 del Decreto de 16 de junio de 1954, por el que se publicó el texto definitivo de las Leyes sobre Crédito Agrícola.
Artículo 78. (No tiene contenido)
Artículo 79. (No tiene contenido)
2. Se considerarán de carácter forestal principal las industrias siguientes: las de despiezo de madera en rollo por medio de aserrio, guillotinado o rajado para elaborar tablón, tabla, tablilla, viguetas, largueros, traviesas, chapa, duelas u otras elaboraciones similares; las de aserrío y troceo de leñas; las de destilación de mieras para su desdoblamiento en aguarrás y colofonia; las de tratamiento de leñas para la fabricación de carbón vegetal y piroleñoso; para la obtención del corcho en plancha; las de preparación de esparto, picado y agramado para la industria textil, y las ejercidas por las Empresas mixtas a que se refiere el artículo 40 de esta ley.
4. Los titulares de las industrias calificadas gozarán, en su caso, de los beneficios siguientes:
a) Preferencia en la adjudicación de elementos y materiales de procedencia nacional o de importación que el Ministerio de Agricultura acuerde destinar a atenciones de carácter forestal;
b) Los que en cada caso determine el Consejo de Ministros dentro de los autorizados por las Leyes para las industrias de interés nacional.
Es de la competencia exclusiva de la Administración Forestal impedir por sí la invasión, ocupación y roturación de montes incluidos en el Catálogo de los de utilidad pública. Análoga facultad le corresponderá, aunque limitada al plazo de un año y un día, a contar desde que tuviere lugar cualquiera de esos actos perturbadores respecto de las superficies forestales de dominio privado incluidas en el inventario de montes protectores o que estuvieren vedados al pastoreo en los montes no catalogados que se hallaren en régimen de repoblación o en consorcio con el Estado. Los actos realizados sin la oportuna autorización en los montes catalogados o en las superficies a que se refiere el precedente párrafo de este artículo serán sancionados por la Administración Forestal, sin perjuicio de la exigencia por la jurisdicción ordinaria de la responsabilidad criminal a que, en su caso, hubiere lugar cuando revistieren caracteres de delito o falta.
1. La Administración Forestal podrá decomisar por sí los productos forestales fraudulentamente obtenidos y los medios utilizados para realizarlo, como exigir las responsabilidades que procedan por los daños y perjuicios causados e imponer las multas que correspondan en relación con los mismos.
2. Las mismas facultades se entenderán atribuidas a la Administración Forestal para los casos de aprovechamientos abusivos o en contra de los establecidos en los correspondientes pliegos de condiciones, sin perjuicio de las medidas cautelares de sanción y procedimiento contenidas especialmente en los mismos para tales supuestos.
La competencia para imponer sanciones por infracciones en materia forestal corresponde a las jefaturas de los Servicios Forestales, a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial y al Ministerio de Agricultura. Los Servicios Provinciales y Regionales podrán imponer multas hasta de diez mil pesetas; la Dirección General de Montes, hasta cincuenta mil, y el Ministerio de Agricultura, hasta cien mil, regulándose todas ellas en razón de las circunstancias que concurran en la infracción, malicia con que fue realizada y entidad e importancia de los daños causados. Todas las multas se harán efectivas en papel de pagos al Estado y serán exigibles por el procedimiento judicial de apremio una vez que sean firmes en vía gubernativa las resoluciones que las hubieran impuesto.
Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las demás facultades correctivas que en casos especiales se reconocen a la Administración en la presente Ley.
Sin perjuicio de las medidas cautelares que la Administración estime conveniente adoptar, cuando en los expedientes administrativos que se instruyan resulte acreditada una alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al señalamiento de límites, incendios de montes o cualquier otro hecho que revista caracteres de delito o falta de que deban conocer los Tribunales ordinarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de los mismos a los efectos oportunos.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias al objeto de sancionar las extralimitaciones en montes de propiedad particular y en los de Entidades públicas no catalogadas, así como la inobservancia de las obligaciones que se deriven de no ajustarse los propietarios a los preceptos de esta ley. Las multas que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo último, podrán aplicarse previa incoación del oportuno expediente, se impondrán: hasta diez mil pesetas, por los Ingenieros jefes de los Servicios Provinciales de la Administración Forestal del Estado. De diez mil a cincuenta mil pesetas, por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. De cincuenta a cien mil pesetas, por el Ministerio de Agricultura.
1. Los acuerdos de imposición de multas dictados por los Distritos Forestales serán recurribles en alzada ante la Dirección General de Montes, cuya resolución, previo dictamen de la Asesoría Jurídica del Ministerio, pondrá término a la vía gubernativa. Las multas impuestas por la Dirección General de Montes serán recurribles ante el Ministerio de Agricultura.
2. Para interponer los recursos será condición precisa el previo depósito de la multa en la Caja General de Depósitos a disposición de la autoridad que la hubiera impuesto.
El Gobierno, mediante Decreto dictado a propuesta del Ministro de Agricultura, podrá actualizar las cifras límites señaladas para las sanciones en los artículos 83 y 86 de la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno para acomodar el Decreto de 8 de mayo de 1884 y demás disposiciones sobre Legislación Penal de Montes a lo dispuesto en la presente Ley.
Quedan derogadas: la Ley de Montes, de 24 de mayo de 1863; la Ley de Mejora, Fomento y Repoblación de los Montes Públicos, de 11 de julio de 1877; la Ley de Conservación y Repoblación de Montes, de 24 de junio de 1908; la Ley de Creación de Parques Nacionales, de 7 de diciembre de 1916; la Ley sobre Aprovechamientos y Mejora de Montes no ordenados, de 16 de julio de 1949; la Ley de Auxilios para la Repoblación Forestal, de 7 de abril de 1952; la Ley de Concesión de Auxilios a Particulares, de 22 de diciembre de 1955, y la Ley referente a Plagas Forestales, de 12 de mayo de 1956.
Quedan también derogadas la Ley de 4 de junio de 1940 sobre Abastecimiento de Maderas, con excepción de sus artículos 1, 2, 3, 5 y 10, que continúan vigentes, y la Ley de Defensa de Plagas Forestales, de 20 de diciembre de 1952, salvo los artículos 1, 2, 3, 4 y 9, que siguen vigentes. Quedan, por último, derogadas cuantas disposiciones puedan oponerse a lo que en la presente Ley se establece.