Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43620610
Timestamp: 2020-07-03 22:03:37
Document Index: 119316116

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 2']

Sentencia de Constitucionalidad nº 964/03 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620610
Sentencia citada en: 91 sentencias, 9 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2 a 21 (parciales) de la Ley 82 de 1993, ''por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia''
Actor: F.A.B.R.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano F.A.B.R. presentó demanda contra los artículos 2, a 21 (parciales) de la Ley 82 de 1993, ''por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia''.
Mediante auto del 24 de abril de 2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al P. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor P. de la República, y al P. del Congreso de la República, así como también a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público de Protección Social, de Educación Nacional, y a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
'' LEY 82 DE 1993 ''
ARTICULO 2o. Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por "M. Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
ARTICULO 9º .Dentro del campo cultural del desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá y los Departamentos, los Municipios y del Distrito Capital de S. de Bogotá podrán establecer en favor de la mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan:
ARTICULO 13-. Los municipios y el Distrito Capital de S. de Bogotá, cuyos planes de vivienda reciban recursos del presupuesto nacional, tendrán normas simplificadas que faciliten la contratación administrativa de prestación de servicios o de ejecución de obras con entidades que estén integradas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia. Dichas entidades serán asociaciones u organizaciones populares de vivienda o las que se constituyan dentro del sector de la economía solidaria. Es condición para este tratamiento que las utilidades o excedentes que se obtengan se destinen a la adquisición o mejoramiento de la vivienda de las mujeres asociadas, que sean cabeza de familia.
ARTICULO 16-. Los departamentos, los municipios y el Distrito Capital de S. de Bogotá, podrán promover y financiar la creación y operación de entidades sin ánimo de lucro, que coordinen las estrategias locales o regionales para apoyar a las mujeres cabeza de familia.
PARAGRAFO: F. al Gobierno Nacional para que dentro del término de un año contado a partir de la publicación de la presente Ley dicte las disposiciones necesarias para la eficacia de este artículo.
El demandante, afirma que las expresiones ''mujer'' o ''mujeres'', contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993 vulneran el Preámbulo, así como los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44 constitucionales, en la medida en que establecen una discriminación injustificada entre las mujeres y los hombres cabeza de familia, así como entre los niños que dependen de unos y otros, por lo que solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de las expresiones aludidas o en subsidio declarar su exequibilidad condicionada ''en el entendido que la ley se puede aplicar a los hombres que se encuentren en la misma situación de una mujer cabeza de familia.
Frente al artículo 2 constitucional, estima que, de conformidad con el concepto de justicia: ''... si a la MUJER CABEZA DE FAMILIA se le otorga una protección especial por parte de nuestro Estado, al HOMBRE CABEZA DE FAMILIA, se le debe otorgar ese amparo porque la situación que genera la protección se encuentra en los dos casos, y el sexo no puede ser móvil determinante para otorgar el amparo comentado o simplemente negarlo.''
Hace énfasis en que los apartes demandados de la Ley 82 de 1993 vulneran igualmente el artículo 44 constitucional, toda vez que el Legislador no tomó en cuenta que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás y por tanto es deber del Estado otorgarles una protección especial por su situación de debilidad, por lo que afirma no entender ''cómo se estableció una discriminación respecto de los niños que están al cuidado de una mujer con los niños que dependen de un hombre''.
Considera que el problema radica en que:''... el Congreso de manera exegética y poco acorde a la realidad de nuestro Estado ha venido utilizando el término MUJER en vez de simplemente desarrollar el término CABEZA DE FAMILIA, puesto que la realidad nos indica que no solo la mujer puede ser CABEZA DE FAMILIA, el hombre también puede ostentar esta calidad...''.
Afirma, en este sentido que de acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la mayoría de mujeres que se encuentran ingresando al mercado laboral actualmente, son cabeza de familia y además debido a múltiples factores de tipo social y económico:''...la mujer desde muy joven se ve enfrentada a la obligación de responder por hijos, padres e inclusive por sus mismo cónyuges y compañeros, ya no solamente en su papel de formadora de la niñez y la juventud; sino como soporte económico de un núcleo conformado por personas que definitivamente dependen de su exclusivo esfuerzo.''. Así pues, darle protección especial es simplemente el reconocimiento de una realidad social, frente a la que el Estado debe actuar de manera consecuente. Cita al respecto apartes de la Sentencia C-410 de 1995.
Finalmente, frente al cargo por presunta vulneración del artículo 44 constitucional, estima que ''los derechos de los menores, son autónomos y propios de sus titulares, independientemente de la relación de dependencia que éstos tengan con los adultos (padre o madre) u otro adulto al cual se encuentren sujetos de cualquier manera'', por lo que concluye que no asiste razón al demandante en invocar en este caso la vulneración de dicha norma superior.
En relación con la supuesta vulneración del artículo 13 superior recuerda que: ''...la igualdad está íntimamente relacionada con la justicia y con la equidad; y que la igualdad supone que el legislador de un trato similar a quienes se encuentran en condiciones similares, razón por la cual nuestros legisladores han tratado de dar a las mujeres un equiparamiento en relación con los derechos y deberes de los cuales eran, hasta hace pocos años, titulares y beneficiarios únicamente los señores...''.
Frente al cargo formulado contra el artículo 44 de la Constitución, advierte que ''en la actualidad existen diferentes clases de familia y fue precisamente para lograr una mejor protección de los menores abandonados por los padres (léase hombres) que el legislador expidió la Ley 82 de 1993, mediante la cual se dan precisas pautas para que los niños sean recibidos en establecimientos de educación, salud y diseñó prerrogativas que les permiten tener un desarrollo normal, armónico e integral bajo la protección del Estado y la sociedad...''.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, participa en el presente proceso, para solicitar que se declare la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, en el entendido, que ''algunos beneficios y la protección especial que se consagra en las mismas para la mujeres cabeza de familia se otorguen al hombre cabeza de familia o a la persona que conforme a la ley ha de tener el cuidado personal de la crianza y educación de los menores o impedidos -de acuerdo con lo señalado por el Código del Menor-, siempre y cuando así lo amerite la situación en particular'' y que serán las autoridades respectivas ''en el ámbito de sus competencias, las que en cada evento analicen los requisitos que establece la ley 82 de 1983''. Dicha solicitud la fundamenta en las siguientes consideraciones.
En ese orden de ideas,:''la Ley 82 de 1993, adquiere relevancia como herramienta para exigir de las autoridades públicas el respeto e igualdad que consagran los artículos 13 y 43 de la Carta Política y la protección de los intereses de las mujeres, muy particularmente de la mujer cabeza de familia..:''. Cita la sentencia C-184/03, sobre el tema.
Hace énfasis en que: ''...la condición de hombre cabeza de familia, en la realidad social surge excepcionalmente frente a la creciente expansión del fenómeno social de hogares con jefatura femenina...'', de forma tal que, el artículo 43 superior y la Ley 82 de 1993, tienen como razón de ser: ''...la protección especial a las mujeres que ejercen la jefatura del hogar, la protección especial de la niñez, el derecho fundamental de ésta al cuidado en el seno de la familia y la protección especial de la institución familiar como unidad básica de la sociedad (artículos 5, 42, 43 y 44 superiores).
Pone de presente igualmente que no obstante aumentar cada vez más el número de hombres jefe de hogar o cabeza de familia, los beneficios que se establecieron en el artículo 43 constitucional y en la Ley 82 de 1993, no son aplicables automáticamente para el hombre. Aclara en tal sentido que la finalidad del legislador al expedir la citada normatividad fue: ''...la de avanzar hacia una sociedad menos desigual y un orden social justo donde los sujetos privilegiados de protección son de manera preferente las mujeres jefe de hogar y los niños...''.
En ese orden de ideas: ''...Solo excepcionalmente, es posible otorgar al hombre cabeza de familia o a la persona que conforme a la ley ha de tener el cuidado personal de la crianza y educación de los menores o impedidos, algunos beneficios de los previstos en la Ley 82 de 1993, a la madre cabeza de familia...''.
Afirma entonces que la interpretación y aplicación del artículo 43 superior y la Ley 82 de 1993, se debe efectuar a partir de los valores y principios establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales y la legislación especial de menores y que en consecuencia, la mujer, el hombre o la persona que por ley deba tener el cuidado personal de la crianza y educación del menor o personas impedidas y que reclame beneficios por su condición de jefe de hogar deben demostrar que: ''...son personas que brindan los cuidados y el amor que los niños requieren para su adecuado crecimiento y desarrollo integral...''.
El P. de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo llegar el concepto preparado por el académico C.F.M., en el que solicita a la Corte inhibirse para resolver de fondo la demanda interpuesta, por no cumplirse en este caso con los requisitos para adelantar el juicio de constitucionalidad. En subsidio solicita que se declare la exequibilidad de las expresiones acusadas, en el entendido que ''para que el Estado desarrolle el mandato contenido en el artículo 43 constitucional, debe hacer referencia necesaria a la expresión M. o M.es cabeza de familia''. Al respecto expresa las consideraciones que a continuación se resumen.
Afirma que, en estricto sentido no se cumplió en este caso con el requisito de identificar las normas acusadas, toda vez que el actor se limita a solicitar que se declaren inexequibles las expresiones mujer o mujeres, pero ''olvida que las citadas expresiones tienen diferentes alcances en cada uno de los artículos de la Ley 82 de 1993''.
Afirma así mismo que el ''concepto de la violación'' no puede expresarse de manera general y abstracta, pues según la jurisprudencia de la Corte Corte Constitucional, Sentencias C-491-97. M.P.J.G.H.G. y C-142-01 M.P.E.M.L.. debe satisfacer unos requisitos mínimos, de forma tal que las razones que en este sentido se expresen deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Auto de S.P., 244 de 2001. M.P.J.C.T..
Señala que: ''...la manifestación de manera general y abstracta de que unas palabras contenidas en una ley violan la Constitución no es suficiente razón para declarar su inconstitucionalidad. Las palabras en cada artículo o párrafo del artículo pueden tener diferente alcance y contenido, por lo que resulta obligatorio para el demandante presentar en forma precisa las razones de la violación, puesto que de otra manera correspondería a la Corte hacer de oficio el análisis de la presunta violación...''.
En este sentido hace énfasis en que: ''...La Corte declaró exequible la expresión SIENDO SOLTERA O CASADA contenida en el Art.2 de la ley 82 de 1993 y entendió que la expresión no se extiende al hombre soltero o casado que se encuentre en condiciones similares a la mujer cabeza de familia, por lo que debe entenderse que las expresiones MUJER cabeza de familia o MUJERES cabeza de familia no resultan por si mismas contrarias a la Constitución...''.
El Señor P. General de la Nación allegó el concepto número 3251, recibido el 11 de junio de 2003, en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos 2, 3, 8, 10 a 17 y 19 a 21 de la Ley 82 de 1993; así como declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la citada Ley, en el entendido, que los beneficios allí contemplados a favor de los menores de edad dependientes de la mujer cabeza de familia se hagan extensivos a los menores de edad dependientes del padre que ostente las condiciones de cabeza de familia, en los términos del artículo 2 de la mencionada Ley; lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.
En ese orden de ideas, la afirmación del actor en el sentido de que los artículos acusados dan a lugar a una discriminación entre el hombre y la mujer que se encuentren en la misma situación de hecho, está fundada en una noción aritmética y formal de la igualdad de trato ante la ley, contraria a lo dispuesto por el Constituyente que adoptó la noción de igualdad material que significa que: ''...cuando las personas que son destinatarias de la ley se encuentran en situaciones fácticas que las diferencian de otras dentro del campo que es materia de la regulación, el legislador debe atender tales situaciones, a fin de otorgarles un tratamiento diferencial a una y a otras, para con ello realizar la justicia material propia del Estado Social de Derecho, o sea, aquella justicia que reconoce los derechos de cada quien en su específica realidad social, económica, histórica y cultural.
Hace énfasis, en que: ''...Es en relación precisamente con los sectores de la comunidad tradicionalmente discriminados en virtud de un igualitarismo ajeno a sus particulares y reales condiciones de vida, que la filosofía política en que se inspira el Estado Social de Derecho ha concebido una especie de discriminación al revés de la hasta ahora vigente, la que por esa razón se ha denominado discriminación positiva, en tanto prodiga un trato diferencial, no para excluirlos de los beneficios de la vida social, como venía sucediendo antes, sino todo lo contrario, para incluirlos en ellos, a partir de ese trato, de tal manera que se compense el estado de vulnerabilidad al que una práxis social inveterada ha sometido ...''.
Señala que la Corte Constitucional mediante sentencia C-184/03, afirmó que: ''...fueron las consideraciones generales acerca de la situación de la mujer en Colombia realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente las que llevaron a este organismo a concretar varias protecciones a favor de ella, entre las cuales se cuenta la dirigida especialmente a la gravosa situación que enfrentan las mujeres cabeza de familia...''.
Frente al cargo formulado por presunta vulneración de los derechos de los niños que dependen del padre, afirma que no todas las normas parcialmente acusadas contemplan tratos diferenciales que den lugar a favorecimientos especiales respecto de los menores a cargo de la mujer cabeza de familia, por tanto considera necesario aclarar que: ''...en este punto del examen de constitucionalidad de las normas impugnadas, el juicio de igualdad que se venía adelantando, en el que se comparaba la situación de la mujer cabeza de familia con la del hombre en igualdad de circunstancias, se desplaza a un juicio de igualdad en que los términos de la comparación son distintos...''.
Considera que, frente al juicio de igualdad en el que los términos de comparación son dos grupos de menores enfrentados a idénticas circunstancias, esto es, dependientes de un padre o madre cabeza de familia, es claro, que las normas acusadas comportan una discriminación incompatible con la Constitución, toda vez que favorecer solamente a un grupo de menores, lo que carece de razonabilidad, pues: ''...la negación de ciertos derechos fundamentales a un grupo determinado de niños por la sola circunstancia de ser tales niños dependientes de su padre y no de su madre, cuando este grupo se halla en igualdad de circunstancias al grupo de niños que dependen de la mujer cabeza de familia, no guarda relación alguna con la acción positiva del Estado...''.
Para el actor las expresiones ''mujer'' y ''mujeres'' contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993 vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44 superiores por cuanto i) establecerían una discriminación injustificada entre el hombre y la mujer cabeza de familia, desconociendo el derecho que tienen hombres y mujeres a un trato igual, y ii) establecerían una discriminación injustificada entre los niños al cuidado de una mujer cabeza de familia y los niños al cuidado de un hombre cabeza de familia, desconociéndose en este caso la primacía que tienen los derechos de los niños.
El señor P. General de la Nación, por su parte, considera que no asiste razón al demandante en cuanto al cargo por la supuesta vulneración del principio de igualdad, por establecerse en la Ley 82 de 1993 determinados beneficios exclusivamente a favor de la mujer cabeza de familia. Explica que los mismos corresponden al desarrollo del mandato constitucional de ofrecer una protección especial a la mujer cabeza de familia y que en este sentido ninguna vulneración del texto superior puede configurarse en estas circunstancias.
Corresponde a la Corte en consecuencia determinar si la expresiones ''mujer'' y ''mujeres'' acusadas en cuanto establecen una serie de actuaciones positivas por parte del Estado que benefician exclusivamente a las mujeres cabeza de familia y a las personas que de ellas dependan, comportan i) la vulneración del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres (art 13 C.P.) y consecuentemente de las demás disposiciones superiores que regulan las relaciones entre ellos, así como ii) la vulneración de los derechos de los niños que dependen de un padre que se encuentre en la misma situación de una mujer cabeza de familia.
En particular considera que el actor se limitó a solicitar la declaratoria de inexequibilidad de unas expresiones contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993, sin precisar las razones por las cuales respecto de cada artículo en los que ellas se contienen resulta vulnerada la Constitución. Afirma además que el derecho a la igualdad tiene infinidad de matices y concepciones políticas y filosóficas y que el demandante ''no indicó cuál de todas esas concepciones era la que podía resultar violada con las palabras acusadas''.
Al respecto la Corte recuerda que en reiterada jurisprudencia ha señalado que para que pueda darse curso al proceso de constitucionalidad es necesario que el actor cumpla con los requisitos señalados en el artículo 2 del decreto 2067, de 1991 por cuanto ''los jueces a quienes se les encomienda la delicada función de guarda de la integridad y supremacía de la Carta, no pueden cumplir su tarea si no se les indica, al menos en sencillo esbozo, las razones en que se funda el ciudadano para pedir que una norma sea declarada contraria a los preceptos fundamentales'' Sentencia C-955/00 M.P.J.G.H.G.. . Así mismo ha señalado que las razones en las que funda el actor la demanda deben ser ''claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes''. Sentencia C- M.P. M.J.C.E..
En el presente caso la Corte constata que el actor, contrariamente a lo afirmado por el interviniente, sí manifiesta las razones por las cuales considera que las expresiones ''mujer'' y ''mujeres'' contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993 vulneran la Constitución. El actor considera en efecto que al reservarse exclusivamente a la mujer cabeza de familia y a quienes de ella dependen los beneficios establecidos por dichas normas, se están desconociendo tanto los derechos de los hombres cabeza de familia, como de los menores que de ellos dependen y en este sentido se estarían desconociendo los mandatos contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44 superiores. Textos respecto de los cuales expresa en cada caso motivos concretos de vulneración.
2 Las medidas de discriminación positiva y el principio de igualdad
Como lo señalan algunos de los intervinientes, los mecanismos que establece la ley en la que se contienen las expresiones acusadas son, en términos generales, acciones afirmativas. Con esta expresión ha dicho la Corte se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación Ver Sentencia C-371/00 M.P.C.G.D...
Partiendo de esta definición, ha explicado la Corte que los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero también lo son, aquellas medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o positiva, y que se diferencian de las otras citadas por dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos como el sexo o la raza y 2) porque la discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para otras. Ibidem Ver Sentencia C-371/00 M.P.C.G.D..
''16-Ahora bien: al margen de lo que ha sucedido en otros países, la pregunta que lógicamente surge es si a la luz de nuestro ordenamiento constitucional es posible adoptar medidas de discriminación inversa. O mejor, para centrar la pregunta en el asunto que estudia la Corte, si el legislador puede otorgar un tratamiento preferencial en la distribución de bienes, derechos o cargas, tomando como criterio para ello la pertenencia a un determinado sexo. Tal respuesta, indudablemente, debe darse a la luz del artículo 13 de la Constitución.
Los criterios sospechosos son, en últimas, categorías que "(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales." Corte Constitucional. Sentencia C-481 de 1998. M.P.A.M.C.. Ver además, entre otras, las sentencias T-098 de 1994. M.P.E.C.M. y C-112 del 2000. M.P.A.M.C..
"La referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de "un orden político, económico y social justo" (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se derivan." Corte Constitucional. Sentencia C-410 de 1994. M.P.C.G.D..
En materia de género, por ejemplo, esta Corporación ha identificado varias normas y conductas discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la igualdad, el consagrar una causal de nulidad del matrimonio que sólo se predica de la mujer Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 1999. M.P.C.G.D.; el negar de plano a la población femenina el acceso a la única escuela de cadetes del país Corte Constitucional. Sentencia T-624 de 1995. M.P.J.G.H.G.; que una entidad de seguridad social permita a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 1994. M.P.E.C.M.; el exigir que el matrimonio se celebre exclusivamente en el domicilio de la mujer Corte Constitucional. Sentencia C-112 del 2000. M.P.A.M.C.; que a ésta se le prohiba trabajar en horarios nocturnos. Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 1997. M.P.H.H.V.. En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las diferencias en el trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan esteriotipos culturales y, en general, una idea vitanda, y contraria a la Constitución, de que la mujer es inferior al hombre. Ver otros casos de discriminación en razón del sexo, en las sentencias T-326 de 1995 (M.P.A.M.C., T-026 de 1996 (M.P.V.N.M., C-309 de 1996 (M.P.E.C.M., C-410 de 1996 (M.P.H.H.V..
18- No obstante, lo anterior no significa que para confirmar la existencia de un acto de discriminación, baste el hecho de que se tenga en cuenta uno de esos criterios, pues el mismo artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados." Fuera de lo dispuesto en este inciso del artículo 13 superior, hay eventos en los que es indispensable hacer diferenciaciones en relación con el sexo. En materia laboral, pueden presentarse casos en los que el sexo constituye una condición determinante en el ejercicio profesional. Pero como bien lo señaló la Corte en la sentencia T-026 de 1996, estas hipótesis son excepcionales, y se debe demostrar que existe "una conexión necesaria y no de simple conveniencia entre el sexo del trabajador y el cumplimiento del trabajo." Un ejemplo clásico que trae a cuento la doctrina, es el del director de cine que necesita un actor para desempeñar el papel de "galán". En dicho supuesto, mal podría exigirse que se seleccione a una mujer o cuestionar la selección como discriminatoria.
Pero en últimas, lo que sucede es que en la discriminación inversa no se está utilizando el mismo criterio que sirve de base a la discriminación injusta. Para ilustrar esta afirmación con un ejemplo, mientras que en la discriminación que la Constitución prohibe, a X se le otorga un tratamiento distinto por el simple hecho de ser mujer o ser negro, en los casos de discriminación inversa un tratamiento preferencial se otorga sobre la base de que X es una persona que ha sido discriminada (injustamente) por ser mujer La misma Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dispone que: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención (...)". (artículo 4°) o por ser negro.
20- Ahora bien: aceptado que la Constitución autoriza las medidas de discriminación inversa, se debe dejar en claro que: 1) "la validez de estas medidas depende de la real operancia de circunstancias discriminatorias. No basta, por ejemplo, la sola condición femenina para predicar la constitucionalidad de supuestas medidas positivas en favor de las mujeres; además de ello deben concurrir efectivas conductas o prácticas discriminatorias"Corte Constitucional. Sentencia C-410 de 1994. M.P.C.G.D... 2) No toda medida de discriminación inversa es constitucional, como parece sugerirlo una de las intervinientes. En cada caso habrá de analizarse si la diferencia en el trato, que en virtud de ella se establece, es razonable y proporcionada. 3) Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez alcanzada la "igualdad real y efectiva" pierden su razón de ser'' Sentencia C-371 de 2000 M.P.C.G.D.. S.V. de los magistrados E.C.M., A.M.C. y Á.T.G..
''Las llamadas acciones afirmativas fueron expresamente permitidas en la Carta para que el legislador pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas personas o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos que, por ello, se consideraran discriminadas. Esto se predica no sólo de las mujeres, sino también de otros sujetos especialmente protegidos por la Constitución. Por ejemplo, prima facie no podría una persona no discapacitada solicitar que se le extiendan las medidas de protección establecidas para los discapacitados (artículo 47, C.P.), alegando únicamente el derecho a la igualdad de trato. Tampoco podría un adulto, invocando el mismo derecho, exigir que se le extiendan las medidas consagradas en beneficio de las personas de la tercera edad (artículo 46, C.P.). Cuando la Constitución protegió de manera especial a ciertos sujetos, permitió que sólo ellos fueran destinatarios de medidas específicas en su favor con el fin de avanzar hacia una sociedad menos desigual y un orden justo (artículos 2 y 13 C.P.).
Por eso, es necesario distinguir entre dos grandes tipos de acciones afirmativas adoptadas por el Estado, particularmente por el legislador. En primer lugar, las acciones afirmativas pueden encontrar fundamento en los incisos finales del artículo 13 de la Carta según los cuales ''el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.'' En estos casos, el constituyente no indicó de manera específica quiénes podrían ser beneficiarios de estas medidas favorables, sino que señaló criterios materiales para justificarlas, como la marginación de un grupo o la debilidad manifiesta de una persona por su condición económica. Por eso, el legislador puede escoger los sujetos beneficiarios de tales acciones afirmativas. En segundo lugar, las medidas favorables pueden encontrar soporte constitucional en varias normas superiores que protegen de manera especial a ciertos sujetos, como sucede con las personas de la tercera edad, (artículo 46, C.P. ), los discapacitados (art 47, C.P.), los adolescentes (art 45, C.P.), los niños y niñas (art 44, C.P.) y las mujeres (art 43, C.P.), por citar algunos ejemplos. En estos casos, el constituyente indica de manera expresa cual es el grupo de sujetos que puede ser beneficiado por una acción afirmativa y, en ocasiones, en qué consiste dicha acción, cuál es su finalidad o cuáles son las condiciones específicas en que éstas son constitucionalmente justificadas. Sobre los tipos de acciones afirmativas en diversos países de Europa y América y su fundamento, ver ''Les discriminations positives'' en Annuaire International de Justice Constitutionnelle (1997). Economica y Presses Universitaires d ´Aix-Marseille. París, 1998.
Así pues, constitucionalmente no es admisible que un hombre cabeza de familia solicite que se le extienda una medida adoptada por el legislador en apoyo a la mujer cabeza de familia, con base en una supuesta vulneración al principio de igualdad, cuando precisamente el artículo 43 de la Carta Política, tiene por finalidad servir de sustento constitucional al Legislador y al Estado en general para que adopte medidas a favor de ese grupo sin tener que extenderlo a otros, en especial su punto de comparación inmediato, el de los hombres en las mismas circunstancias. No obstante, la Corte ha señalado que las acciones afirmativas deben respetar la Constitución para evitar, entre otros, que se conviertan en medidas irrazonables o desproporcionadas, Las acciones afirmativas relativas a la distribución de un recurso escaso (acceso a altos cargos del Estado) que puede legítimamente introducir el legislador para favorecer a un grupo marginado, guardan relación con un hecho mismo de exclusión relacionado con el beneficio que se quiere otorgar. Así, por ejemplo, en la sentencia C-371 de 2000 (M.P.C.G.D.) se declaró constitucional buena parte de la ley por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones, en la cual se contemplan diferentes normas que constituyen mecanismos de acción afirmativa a favor de la mujer. En esta ocasión la Corte consideró, ''(...) que el estímulo a la educación de las mujeres, que se impone, además, para toda la población en general, es sin duda esencial, pero con ello no se garantiza de manera eficaz el punto de llegada, o en otras palabras que la mujer, en un lapso corto, realmente acceda a los cargos de mayor jerarquía y de dirección en el poder público, que es en últimas el objetivo perseguido por el legislador.'' La Corte consideró que asegurar una cuota (un porcentaje) de mujeres en el poder era una medida razonable y proporcionada para garantizar su participación en un ámbito al cual les había sido tradicionalmente difícil acceder. S. parcialmente el voto los Magistrados E.C.M., Á.T.G. y A.M.C.. Aclaró su voto el Magistrado V.N.M.. que se traduzcan en discriminaciones en perjuicio de otras personas o grupos, o que desconozcan los derechos constitucionales de otros sujetos. En la sentencia C-112 de 2000 (M.P.A.M.C. se consideró que ''(...) si las autoridades recurren a un criterio ''sospechoso'', pero para tomar medidas de acción afirmativa, destinadas a reducir la discriminación existente, es obvio que esas disposiciones no pueden estar sometidas al mismo escrutinio judicial que en aquellos eventos en que ese criterio ha sido utilizado para profundizar o perpetuar las desigualdades. Por ello, esta Corporación ha indicado que las acciones afirmativas están sometidas a una prueba intermedia del respeto a la igualdad, en virtud de la cual es legítimo aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente importante.'' Aclararon su voto a esta decisión los Magistrados A.B.S. y J.G.H.G.. Como en este caso, la medida de apoyo se funda en una cláusula constitucional que expresamente define a las mujeres cabeza de familia como un grupo separado y distinto destinatario de acciones afirmativas, y la medida no implica la distribución de un recurso escaso, ni comporta en sí misma un perjuicio para otros sujetos que pudieran aspirar a recibir, en lugar de la mujer cabeza de familia, el derecho especial reconocido, la Corte no estima necesario entrar a aplicar estos parámetros en el presente caso'' Sentencia C-184/03 M.P.M.J.C.E.. A.V.M.J.A.R. .
'' Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás''.
La Corte de manera reiterada Ver entre otras las sentencia T-531/92 M.P.E.C.M., C-019/93 M.P.C.A.B., C-041/94 M.P. eduardo C.M., T-442/94 M.P.A.B.C., .T-597/93 M.P.E.C.M., C-157/02 M.P. se ha ocupado del alcance de dicho texto superior para resaltar la primacía de los derechos de los niños y la especial obligación que tienen tanto el Estado, como la sociedad y la familia de protegerlos.
''El primer aspecto a resaltar de esta norma es la doble categorización que hace de las garantías contempladas para los menores. Por una parte, en su inicio, el artículo establece que los derechos de los niños son fundamentales. Este aspecto ha sido resaltado por la jurisprudencia constitucional, Con relación a la fundamentalidad de los derechos de las niñas y los niños ver entre otras las sentencias T-402/92 (M.P.E.C.M.) y SU-043/95 (M.P: F.M.D.. dándole las consecuencias propias que en materia de protección y goce efectivo supone tal condición. Así, por ejemplo, son varios los casos de tutela en los que se ha salvaguardado decididamente los derechos de los niños en razón a su fundamentalidad.
El segundo aspecto general que ha de resaltarse es la condición de prevalencia, otorgada por el inciso final de la norma a los derechos de los niños. Esto es, en el caso en que un derecho de un menor se enfrente al de otra persona, si no es posible conciliarlos, aquel deberá prevalecer sobre éste. Ahora bien, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, ningún derecho es absoluto en el marco de un Estado social de derecho, por lo que es posible que en ciertos casos el derecho de un menor tenga que ser limitado. Sin embargo, el carácter prevalente de los derechos de los niños exige que para que ello ocurra se cuente con argumentos poderosos.'' Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2002; M.P.M.J.C.E.. En este caso se decidió que no desconoce los derechos del menor, una norma legal al permitir su per-manen-cia en un centro de reclusión, hasta los tres años, junto a su madre privada de la libertad, siempre que condiciones de vida adecuadas y sistemas de protección efectivos garanticen la prevalencia de los derechos de los niños y protejan el interés superior del menor, el cual puede consistir en algunos casos en que el menor sea separado de la madre por decisión del juez competente. A. especial de voto de los Magistrados J.C.T., E.M.L. y M.J.C.E..
''6.1. Teniendo en cuenta que una de las justificaciones de la medida es proteger a los niños y personas dependientes en el seno familiar, puede entonces replantearse el problema jurídico en los siguientes términos: ¿Es contrario al artículo 44 superior una norma que protege el derecho de los menores a recibir amor y cuidado cuando dependen de una mujer cabeza de familia, pero no así a los que dependen de su padre, cuando éste sea cabeza de familia?
Para que la respuesta a esta cuestión sea negativa debe existir un criterio razonable y objetivo que justifique, constitucionalmente, hacer tal distinción y no garantizar los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y al ''cuidado y amor'' (art. 44, C.P.) cuando la persona cabeza de familia de quien dependen es el padre.
El fenómeno de los padres cabeza de familia, si bien no tiene la magnitud ni la dimensión del fenómeno de las mujeres cabeza de familia, sí existe y, cada día, va en aumento. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, el 61% de los niños vive con ambos padres. El 27% vive solamente con la madre, de los cuales el 23.3% tienen el padre vivo y el 3.7% restante no. El 2.7% de los niños vive sólo con el padre, de los cuales tan sólo el 0.3% tiene la madre muerta; en el 2.4% de los casos la madre está viva. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Salud Sexual y R. en Colombia de Profamilia Bogotá, octubre de 2000. p.13. En la medida en que las mujeres han logrado ir superando los estereotipos y prejuicios, los hombres a su vez han comenzado a desempeñar nuevos roles, como por ejemplo, participar activamente en las actividades y labores que demanda la crianza de los hijos. Los casos de hombres solos encargados de una familia con varios hijos no son muy frecuentes, pero como se mostró, sí existen y en tales situaciones, si el padre es condenado a una pena privativa de la libertad, los niños pueden quedar en la misma condición de abandono en que se encontrarían los hijos de una mujer cabeza de familia condenada a prisión. ¿Si la situación de abandono justifica conceder un derecho especial a la mujer para poder garantizar los derechos del niño, por qué no se justifica una medida similar en aquellos casos en que los menores dependen, no económicamente, sino para su salud y su cuidado, de un hombre? El legislador no abordó esta cuestión, pues su preocupación era un problema social de gran envergadura, a saber: el número considerable de mujeres cabeza de familia en prisión.
La decisión que debe tomar la Corte está llamada a no promover ni el estereotipo que pesa en cabeza de las mujeres ni el estereotipo que se proyecta en los hombres. Si el prejuicio en el caso de las mujeres es que están ''naturalmente'' llamadas a encargarse de la crianza de los hijos y a realizar las labores domésticas, el estereotipo reflejo en el caso de los hombres es que su lugar está en las actividades de provisión de sustento realizadas en la esfera pública y, por lo tanto, los asuntos del hogar y el cuidado de los menores no son un asunto ''para ellos'', ni siquiera en el caso de los hijos propios.
6.5. Constata la Corte que la norma parcialmente acusada alude tanto a los hijos menores como a los mayores ''con incapacidad mental permanente''. Las consideraciones anteriores son extendibles a estos últimos en virtud del artículo 42 de la Constitución según el cual los principales deberes de los padres para con sus hijos subsisten ''mientras sean menores o impedidos''.
Es de anotar que la protección consagrada por la Ley 750 de 2002 para el caso de las mujeres es más amplia, por cuanto la categoría mujer cabeza de familia, incluye también otras hipótesis, todas ellas contenidas en la Ley 82 de 1993, que regula la figura'' Sentencia C- 184703 M.P.M.J.C.E.. A.V. J.A.R.. .
''La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia''.
En relación con este artículo la Corte ha explicado en varias ocasiones que el Constituyente de 1991consideró que era necesario introducir a la Constitución un artículo que garantizara específicamente la igualdad de género, debido a la tradición de discriminación y marginamiento al que se había sometido la mujer durante muchos años, de la misma manera que al creciente número de mujeres que por diversos motivos -en particular el conflicto armado -, se han convertido en cabezas de familia Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-414/93, C- 410/94 , C-034/99, C-371/00, C-184/03 .
''(...) es sólo hasta la época contemporánea -no hace muchos años- que un movimiento a favor de la mujer consigue reivindicar la imagen de ésta ante el mundo y lograr mejor su posición en la sociedad.
Sin embargo en naciones como la nuestra, el modelo de docilidad y vulnerabilidad parece no haber sido rebasado, a diferencia de los países desarrollados en los que gracias a dicho movimiento la mujer ha superado las desigualdades sociales y ha pasado a ser parte integral y activa de la comunidad a la que pertenece. Las estadísticas muestran como en nuestra Patria la mujer tiene menos oportunidades de acceso a la salud, la protección y la educación que el hombre. A su vez en el campo laboral, a pesar de que su participación ha señalado cambios importantes en la estructura del mercado de trabajo (41% en 1989) el 35% de la población femenina urbana percibe una remuneración por debajo del sueldo mínimo, frente a un 16% de hombres que se encuentran en la misma situación; y si miramos hacia el sector rural encontramos mujeres que, sin ser dueñas de la tierra, trabajan sin paga -la mayoría de las veces- pues su oficio es considerado como una labor de apoyo a su marido, padres o hermanos. Igualmente el desempleo generado por la situación económica actual recae con más fortaleza sobre ella: hoy en día el 55% de los desempleados del país son mujeres.'' Gaceta Constitucional N° 85 de mayo 29 de 1991. Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Derechos de la Familia, el Niño, el Joven, la M., la Tercera Edad y los Minusválidos. Constituyentes: J.B.T., A.G., G.P., I.M.G., T.C.R. y G.G.F..
''(...) diversos motivos, como la violencia -que ha dejado un sinnúmero de mujeres viudas- el abandono del hogar por parte del hombre y la displicencia de éste con respecto a la natalidad, han obligado a la mujer a incorporarse a los roles de producción adquiriendo la responsabilidad de ser la base de sustentación económica de su hogar, sin haber llegado jamás a desprenderse de los patrones culturales que la confinan al espacio doméstico y al cuidado de los hijos.
(...) Un número creciente de hogares tiene jefatura femenina. De acuerdo con los patrones de separación la gran mayoría de éstos están compuestos por mujeres jóvenes, con hijos todavía dependientes. Según la encuesta nacional de hogares DANE (1981) un 17% de los hogares eran monoparentales, de los cuales el 85% correspondían a mujeres; el censo de 1985 reporta un 17.9% de hogares en esta situación y según el Estudio Nacional de Separaciones Conyugales, llevado a cabo por la Universidad Externado de Colombia en 1986, el porcentaje de mujeres cabeza de familia es del 21%. Para 1985, la tasa global de participación de la población femenina clasificada por el DANE en estado de miseria era del 22.5%, la más baja por sector social. La situación de pobreza es dramática y tiende a profundizarse por las altas tasas de dependencias concentradas en cabezas de mujeres solas, enfrentadas casi a todas a gran inestabilidad laboral, baja remuneración y desprovistas del sistema de seguridad social.'' Gaceta Constitucional N° 85 de mayo 29 de 1991..
En desarrollo del mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 82 de 1993 mediante la cual definió el concepto de ''mujer cabeza de familia'' y estableció algunas medidas concretas de protección.
''...En primer lugar cabe destacar la gran importancia que poseen aquellas normas constitucionales que afrontan de manera directa el hecho de que la real libertad no puede existir sin seguridad económica e independencia. Superar las principales necesidades socio-económicas de los colombianos y brindar apoyo técnico e instructivo, debe convertirse en un principio nacional que comprometa no solo la acción estatal sino también a los particulares. Y aquí es donde encuentro el mérito del proyecto: en concretar de una manera cierta, seria y efectiva al Estado colombiano en la asunción de la responsabilidad que tiene con la mujer cabeza de familia. La Constitución de 1886 solo mencionaba a la Familia en sus artículo 23 y 50. De muy vieja data en varios sectores se presentaron propuestas de reforma constitucional para incluir en la Carta Política disposiciones expresas referidas a la familia y a los asuntos relacionados con ella No en vano aconteció todo ello.
El proyecto como tal propone que el Estado asuma una serie de obligaciones frente a la mujer cabeza de familia y frente a las personas que de ella dependan, relacionadas con los campos como el de la salud, seguridad social, educación y capacitación, vivienda, crédito y fomento empresarial, promoción de organizaciones comunitarias entre otras...''. Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley No.150 (Senado): ''por la cual se decretan normas de apoyo a la mujer cabeza de familia''. Gaceta del Congreso No.112 del lunes 19 de octubre 1992. Página 2.
''(...) entiéndase por mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada En la sentencia C-034 de 1999 M.P.A.B.S. la Corte consideró que el artículo 2° de la Ley 82 de 1993 no violaba el principio de igualdad así definiera ''mujer cabeza de familia'' sólo en función de la mujer ''soltera o casada'', dejando de lado otros estados civiles como la unión libre, debido a que el estado civil no es lo esencial para establecer tal condición, sino el hecho de estar al frente de una familia, al cargo de niños o personas incapaces. Al respecto dijo la Corte: ''Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, la familia puede constituirse o en virtud del matrimonio ''o por la voluntad responsable de conformarla'' por la decisión libre de un hombre y una mujer, es decir ''por vínculos naturales o jurídicos'', razón ésta por la cual resulta por completo indiferente para que se considere a una mujer como ''cabeza de familia'' su estado civil, pues, lo esencial, de acuerdo con la definición que sobre el particular adoptó el legislador en la norma acusada, es que ella ''tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar'', lo que significa que será tal, no sólo la mujer soltera o casada, sino también aquella ligada en unión libre con un `compañero permanente'.''Corte Constitucional, sentencia C-034/99 (M.P.A.B.S.)., tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar.''
Al respecto la Corte ha explicado que una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su cargo. Aunque en el mismo artículo se incluye un parágrafo en el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que dependa de una formalidad jurídica. Con la categoría ''mujer cabeza de familia'' se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos, al tiempo que se busca preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella Ver la Sentencia C- 184/03 M.P.M.J.C.E.. A.V.M.J.A.R...
Las medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993 son de diversa índole. Así además del llamado general al Estado y a la sociedad para que a partir de la vigencia de la misma busquen ''mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia'' (art. 3°), entre ellas pueden citarse las siguientes: (i) la adopción de regla-mentos que garanticen su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo (art. 4°), (ii) la creación de programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica rentable (art. 8° y 20); iii) Acceso preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia (art. 9) iv) la fijación de estímulos para que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia (art. 10); v) el establecimiento mediante reglamento de un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica ''siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes'' (art. 11); vi) especial atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12); vii) planes especiales de vivienda (art 13 y 14 ), viii) programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito (art 15), así como el acceso a líneas de crédito por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20).
Es de anotar que la Ley 82 de 1993 protege a la mujer cabeza de familia, y al núcleo familiar que de ella dependa, que se supone compuesto por los hijos menores propios y otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar. Ver al respecto la Ponencia para primer debate del Poyecto de Ley No.150 (Senado): ''por la cual se decretan normas de apoyo a la mujer cabeza de familia''. Gaceta del Congreso No.112 del lunes 19 de octubre 1992 Página 2..
En relación con dicho núcleo familiar la ley establece determinados beneficios específicamente en relación con los menores dependientes de la mujer cabeza de familia a los que: i) ''Los establecimientos educativos prestarán textos escolares ...y, mantendrán servicios de intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación'' (art. 5); ii) En ningún caso podrá negarse el acceso a los servicios de educación o de salud ''con base exclusiva en esta circunstancia'' (Art 6); iii) Los establecimientos de educación primaria y secundaria atenderán de preferencia las solicitudes de ingreso, ''siempre que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y pruebas sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no afectar el principio de igualdad; se dará acceso preferencial a auxilios educativos (art.7). iv) A lo que debe agregarse que los beneficios establecidos en materia de seguridad social (art. 4) y acceso preferencial a auxilios educativos (art. 9) se predica tanto de la mujer cabeza de familia como de quienes de ella dependan.
La norma precisa así mismo que ''Los beneficios establecidos en esta Ley para las mujeres cabeza de familia y quienes de ellas dependan, no excluyen las obligaciones de diversa índole que a su favor deban cumplir personas naturales o jurídicas, ni eximen de las acciones para exigirlas ( art. 18) y que ''Dentro del campo social del desarrollo se establece el derecho a exigir judicial y legalmente que un porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su cargo, se destine a atenderles sus necesidades básicas''(art. 19), norma que igualmente puede llegar a aplicarse a los menores o de los hijos impedidos que dependan de la mujer cabeza de familia.
''...En primer lugar debe manifestarse que el gran mérito del proyecto es retar al Estado colombiano para que asuma las responsabilidades que le incumben con la mujer cabeza de familia, que tiene la doble condición de ser uno de los mayores baluartes del recurso humano de la patria y simultáneamente, un fenómeno social de muchos padecimientos y de tremendo abandono institucional.
Cualquier impugnación de constitucionalidad que al proyecto pudiera formularse por la circunstancia de establecer derechos de preferencia para la mujer cabeza de familia y sus dependientes, se despejaría con la simple aseveración de que los estados de indefensión y de precariedad para competir apenas se superan a medias con estas normas, con las cuales, en consecuencia, en lugar de violar se cumple con el artículo 13 de la Carta, que consagra el principio de igualdad. A la luz de este precepto, parece elemental que a los desiguales se les deban deparar tratamientos especiales a fin de que todos queden iguales''.
''5.2.1. El demandante sostiene que como hombres y mujeres nacen libres e iguales y deben recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos y oportunidades, según el artículo 13 de la Constitución, la medida a favor de las mujeres cabeza de familia, también debió extenderse a los hombres cabeza de familia, máxime si el artículo 43 de la Constitución señala que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Por ello estima que la ley ha debido hablar de ''persona'' cabeza de familia y no tan sólo de ''mujer''.
5.2.2. Para la Corte, este cargo por violación al principio de igualdad no prospera. No se pueden confundir dos derechos claramente distintos, ambos protegidos por el principio de igualdad. El primer derecho consiste en que los hombres y las mujeres sean tratados igual, es decir, impide la discriminación por razones de sexo. El segundo derecho consiste en que las mujeres, habida cuenta de una tradición de discriminación sexual que el constituyente no sólo quiso abolir sino remediar, sean titulares de medidas legislativas específicas en favor de ellas, no de los hombres. La norma acusada constituye un desarrollo de este segundo derecho amparado por una concepción sustantiva no formal de la igualdad, encaminada a que, como se recordó en la Asamblea Constituyente, Al respecto dijo el delegatario H.S.U. en debate del 16 de abril de 1991 en la Comisión Primera ''(...) el tema que se discute le hace a uno recordar la famosa sentencia de J.E.G., la de que `el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la ley sino la igualdad real ante la vida'; a mí me parece que el sentido de la igualdad sin duda debe preservar la oportunidad o la facilidad para que el Estado empiece a propiciar situaciones de igualdad en el seno de la sociedad colombiana.'' se pase de una igualdad formal ante la ley a una igualdad real ante la vida.
En este orden de ideas, el derecho a la igualdad de trato no exige, por sí solo, extender a un hombre un beneficio creado por el legislador para desarrollar el derecho constitucional - específicamente consagrado en el artículo 43 - en favor de las mujeres a recibir medidas de apoyo o protección especial como un tipo de acción afirmativa. Ello sería ir abiertamente en contra del propósito del constituyente'' Sentencia C- 184703 M.P.M.J.C.E.A.V.J.A.R.. .
No sobra señalar que a la luz del principio de igualdad, soporte fundamental del concepto de Estado Social de Derecho, se impone una acción de las autoridades y de la sociedad que no ha de ser siempre neutra, y ello con el fin de lograr el equilibrio necesario en pro de un sistema más justo y equitativo, fundado en la dignidad humana. De esta forma, se espera, por el contrario, que se otorgue un trato especial a los grupos sociales que se hallan en condiciones reales de indefensión o de inferioridad Sentencia T-255/01 M.P.J.G.H.G...
Ahora bien frente al cargo por la supuesta vulneración del artículo 44 superior la Corte constata que en los artículos, 4, 5, 6, 7, 9, 18 y 19 ARTICULO 4o. El Estado definirá mediante reglamento el ingreso de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo al sistema de seguridad social, buscando la protección integral, cuyos servicios se les prestarán en forma efectiva, bien sea con sistemas prepagados, a crédito y por excepción de manera gratuita.
PARAGRAFO: F. al Gobierno Nacional para que dentro del término de un año contado a partir de la publicación de la presente Ley dicte las disposiciones necesarias para la eficacia de este artículo. (subrayas fuera de texto)
se hace mención especifica y se establecen beneficios para las personas dependientes de la mujer cabeza de familia que han de entenderse necesariamente aplicables a los menores que se encuentren a su cuidado. En el mismo sentido la Corte constata que en el caso de los artículos 12 y 14 ARTICULO 12-. Las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen, prestarán especial atención para que las mujeres cabeza de familia constituyan o se asocien en organizaciones populares de vivienda; así mismo las asesorarán para que puedan adquirirla a través de los diferentes planes ofrecidos, como acceso a subsidios para obtener lotes con servicios.
por tratarse de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, ha de entenderse que se trata de beneficios que cobijan a los menores que de ella dependan.
Respecto de dichos beneficios la Corte no encuentra que exista fundamento para establecer una diferencia de trato entre los niños menores y los hijos impedidos que dependen de la mujer cabeza de familia, frente a los que dependen del hombre que se encuentra en la misma situación a que alude el artículo 2 de la Ley 82 de 1993 ARTICULO 2o. Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por "M. Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
. En uno y otro caso se trata de personas respecto de los cuales el Estado tiene una obligación de protección especialísima. (arts. 13 y 44 C.P) y a los cuales no puede discriminar en función del sexo de la persona de la cual dependan.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones ''mujer'' y ''mujeres'' contenidas en los artículos 2, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20 y 21 de la Ley 82 de 1993 ''por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia ''
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones ''mujer'' y ''mujeres'' contenidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 18, y 19 de la Ley 82 de 1993 ''por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia '', en el entendido, que los beneficios establecidos en dichos artículos a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de familia se harán extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos y bajo el requerimiento del artículo 2 de la misma Ley.
Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-07491-01(5358-03) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 18 de Agosto de 2005