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Timestamp: 2019-05-19 21:19:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 925', 'artículo 925', 'artículo 925', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2']

Diario de Sesión: Sesión Especial N° 11
SITUACIÓN DE LAS PYMES EN CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS CARCELARIOS. Proyectos de acuerdo.
Sesión 11ª, en miércoles 4 de abril de 2007
(Especial, de 18.35 a 21.07 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto Meza Moncada, don Fernando
-	Situación de las pymes en construcción de recintos carcelarios. Proyectos de acuerdo	9
1.	Informe del diputado señor Melero quien, en su calidad de jefe de delegación, rinde cuenta del resultado del viaje oficial que realizaron los diputados señores Lorenzini, Barros, Aedo, Paredes, Núñez y Melero a la Ciudad de Moscú, Rusia, entre el 21 y 26 de enero del año en curso, con el objeto de participar en la 15ª Reunión del Foro Parlamentario del Asia Pacífico (Appf)	42
2.	Moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que modifica la regularización de la propiedad raíz. (boletín N° 4962-07)	43
3.	Moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que establece que créditos impagos de casas comerciales se tramiten ante árbitros. (boletín N° 4963-07)	43
-	De la Comisión de Minería y Energía por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Encina.
-	Proyecto Acuerdo 259-C, implementación de políticas y planes de coordinación de respuesta rápida, ante la desaparición o secuestro de niños (Alerta Amber).
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
-	Diputado Jaramillo, estado en que se encuentra el proyecto de pavimentación de calle Caupolicán en la comuna de La Unión.
-	Diputado Kast, mejoramiento de la calle Lo Martínez en el tramo de San Francisco y Santa Rosa.
Ministerio Secretario General de la Presidencia:
-	Diputada Valcarce, acto de promulgación de la ley que crea la nueva región de Arica y Parinacota.
Municipalidad de Lumaco:
-	Atención a lo tratado en Sesión de Consejo Municipal de fecha 23-03-2007, con motivo de invitación del Alcalde de Gorbea a adherirnos a una situación que nos afecta, que son los Contratos de Conservación Global de Caminos correspondientes a la Comuna de Lumaco.
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Eduardo Bitrán; de Obras Públicas, don Carlos Maldonado, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
-Concurrió, también, el senador señor Carlos Cantero.
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Alberto Robles.-
-Se abrió la sesión a las 18.36 horas.
Esta sesión ha sido citada por petición suscrita por 51 honorables diputadas y diputados, con el objeto de “conocer antecedentes y analizar la situación que ha afectado a las pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios a los grandes consorcios que se han adjudicado las concesiones para la construcción de los nuevos recintos carcelarios que deben operar en el país”.
Han sido citados los ministros de Obras Públicas y de Justicia , señores Eduardo Bitrán Colodro y Carlos Maldonado Curti, respectivamente.
En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité del Partido Socialista, harán uso de la palabra, por partes iguales, los diputados señores Fidel Espinoza y Alfonso De Urresti.
Señor Presidente, los diputados que solicitamos esta sesión especial hemos tenido varias razones para ello.
En primer lugar, aunque algunos pretendan arrogarse la exclusividad de la preocupación, el interés y la iniciativa en materia de seguridad pública, para muchos de nosotros el tema también ocupa parte importante de nuestro tiempo, puesto que en nuestras salidas a terreno sentimos la preocupación y escuchamos los planteamientos que los vecinos nos hacen al respecto.
Esta sesión especial de la Cámara de Diputados -convocada como consecuencia de una presentación suscrita por 51 señores diputados, a quienes les agradecemos que lo hayan hecho-, tiene por objeto visualizar la grave situación que están viviendo más de sesenta pymes, las cuales prácticamente se encuentran quebradas, en nuestra opinión, por la irresponsabilidad de las empresas mandantes que se adjudicaron millonarias obras en la licitación para la construcción de cárceles.
En ese sentido, ciudades como La Serena, Concepción, Valparaíso , Valdivia , Puerto Montt y Santiago se han visto favorecidas con los nuevos recintos carcelarios.
Es importante que la comunidad nacional sepa que las personas que hoy están privadas de libertad requieren mejores condiciones de vida, como asimismo salir del hacinamiento en que hoy se encuentran. Queremos que cambien su calidad de vida.
Pero, lamentablemente, la construcción de cárceles en Chile le ha cambiado la vida a personas absolutamente inocentes y emprendedoras, a los pequeños y medianos empresarios que trabajaron en su ejecución. Ello, porque, desde mi punto de vista, han sido literalmente estafados por las empresas mandantes que se adjudicaron las obras. Me refiero, en particular, a Tribasa y Vinci , las cuales se adjudicaron millonarios contratos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Concesiones, a las que los microempresarios prestaron servicios y después no les pagaron los trabajos realizados o buena parte de ellos.
¿Por qué digo que a más de sesenta microempresarios les ha cambiado la vida? Porque no sólo han perdido todo, sino que han quedado endeudados por largos años, y muchos de ellos, inclusive, con los trabajadores que ellos mismos habían contratado para la ejecución de las obras. Además, algunos han tenido que recurrir a la justicia, porque literalmente han sido estafados por empresas extranjeras que han venido con la gran chapa a reírse en nuestras narices. Sin duda, leyes inocuas les permiten estos abusos.
Durante los últimos meses, dichas empresas comenzaron a dar término de manera arbitraria a cada uno de los contratos suscritos con estos pequeños y medianos empresarios; expulsaron de sus obras, les prohibieron el acceso a las instalaciones, incluso se apropiaron de sus materiales, de su maquinaria, y además, contrataron directamente al personal de los contratistas sin efectuar, a la fecha, ningún cierre de contrato.
Esas expulsiones se comunicaron mediante una carta tipo idéntica enviada a las empresas, en las cuales se modificó sólo el nombre de la obra que realizó cada contratista. A mi juicio, es similar el modus operandi de Tribasa y Vinci para prácticamente liquidar a los pequeños y medianos empresarios.
Muchas pymes han quebrado. Sin embargo, es mi deber señalar en este hemiciclo que, como partidarios del Gobierno, en algo tenemos que contribuir, algo debemos hacer para resarcir las consecuencias de los graves vacíos que tiene la ley de Concesiones.
No es posible que esto siga ocurriendo, no es posible que la justicia sea tan burocrática, no es posible que los mismos árbitros que tienen que dirimir los conflictos entre las pymes y las empresas mandantes tengan relaciones incestuosas con miembros del Poder Judicial , no puede ser que -quiero que esto se escuche con mucha atención- el secretario de los árbitros que están litigando en este conflicto sea también el secretario de la Corte Suprema. ¿Cómo puede ser que existan conflictos de intereses tan indecentes, que hacen que se produzcan los abusos que estamos denunciando? Pregunto, con mucha fuerza, ¿puede un juez a cargo de una causa originada en una demanda de los señores que nos acompañan en las tribunas declararse incompetente en una materia de este tipo, si se hace una presentación firmada por el secretario de la Corte Suprema, que también lo es de los árbitros? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
Por eso, hago un llamado para no dar al tema un tinte político, para que no hagamos de esta sesión una reunión donde en un lado están los buenos y en el otro los malos. Debemos contribuir efectivamente a dar una solución a esta gente, que con su esfuerzo y emprendimiento llevó adelante las obras que van a beneficiar a miles de personas que han perdido su libertad y que hoy se encuentran en las cárceles y para que nunca más vuelva a ocurrir en Chile la sinvergüenzura que ha significado que estos señores -como dije hace un rato- vengan desde otro país a reírse en nuestras propias narices, en las de nuestros compatriotas y de nuestros propios trabajadores.
En este tema nadie puede estar ajeno, porque no es una cuestión política. Todas las bancadas debemos unirnos para buscar una solución a fin de que estos microempresarios puedan salir adelante.
Por último, quiero que el señor ministro me responda por qué ha dicho públicamente que es rehén de las empresas. Que lo explique en esta Sala, de cara al país, porque, en definitiva, son las familias de estos microempresarios las que requieren una respuesta. Queremos construir un Chile más justo, pero ello sólo se puede lograr con una justicia más decente. Desgraciadamente, la justicia que tenemos da a los grandes y liquida a los chicos.
Tiene la palabra el diputado don Alfonso De Urresti.
Señor Presidente, junto al diputado Fidel Espinoza y a otros colegas pedimos esta sesión para apuntar al fondo del asunto.
No es posible que la generación y modernización del sistema carcelario -con el cual estamos todos absolutamente de acuerdo- se haya hecho a costa de la quiebra y la pérdida del trabajo de centenares de personas.
Ya se ha explicado latamente el proceso de concesión; también se ha señalado que muchas empresas han quebrado. Pero esta sesión especial es para pedir a los ministros de Obras Públicas y de Justicia -aquí presentes- que nos digan de qué manera podemos solucionar el problema planteado.
Se han cometido graves irregularidades y ha habido un comportamiento delictual de la empresa Vinci , cuya posición dominante respecto de los contratistas y de los trabajadores ha generado la firma de verdaderos contratos de adhesión, en los cuales no tuvieron la posibilidad de participar en establecer quién iba a ser el árbitro, de qué manera se iban a resolver los conflictos y de qué manera se iban a pagar los aumentos de obras.
Por ello, señor ministro , es necesario que nos explique por qué se han hecho adelantos por aumento de obra a dicha empresa cuando está en Dicom, cuando todavía tiene sumidos en deudas a decenas de microempresarios y, por ende, a decenas de trabajadores. ¿Por qué esa manga ancha con dicha empresa? ¿Por qué esa mano ancha con la concesionaria y no con el subcontratista?
Quiero preguntarle al ministro de Justicia...
Señor diputado , sólo la puede hacerlo a través de la Mesa.
Por su intermedio, señor Presidente , solicito al ministro de Justicia que responda ¿cómo es posible que el secretario de la Corte Suprema sea también el secretario de la Comisión Arbitral que está encargada de resolver el problema? ¿Cuál es la independencia? ¿Cuál es la posibilidad de que los pequeños contratistas y los trabajadores que están detrás de ellos puedan resolver su problema?
Lo que nosotros queremos es que el país crezca con equidad, pero ¿de qué manera podemos responder a la confianza, al compromiso y a la voluntad que expresaron pequeños empresarios a lo largo de todo Chile al contratar con una empresa extranjera que, con la prepotencia que la ha caracterizado, ha desconocido los acuerdos -incluso, le consta al señor ministro , impidió el acceso de este diputado a los recintos de la cárcel de Valdivia-, mantiene a muchos trabajadores impagos y sigue funcionando?
No obstante, invito a que esta tarde realicemos una discusión de país, porque esas cárceles van a albergar población penal en forma permanente. Lo que debemos hacer es abocarnos a saber quién está detrás de la empresa Vinci , cuál es su capital, cuál es su responsabilidad con el Estado, cuál es su compromiso de administración de los recintos carcelarios. Por lo ocurrido, nos surge una duda natural. Si éste ha sido el comportamiento de la empresa en la construcción de los recintos carcelarios, ¿cuál será su comportamiento en la administración efectiva de la población penal?
El ministro de Obras Públicas ha señalado que se siente como rehén de la empresa. Yo le pregunto, ¿cómo se sentirán los trabajadores y los microempresarios que han perdido absolutamente todo? Son personas dignas, trabajadoras, la mayoría de las cuales tenía un historial de gestión inmaculado y hoy se ven enfrentadas a procesos judiciales. Mientras tanto, la empresa sigue operando y será ella la que administrará.
Invito a los colegas a que en el proyecto de acuerdo que se redactará al finalizar esta sesión, propongamos reformas de fondo a la ley de Concesiones, para establecer arbitrajes obligatorios independientes que permitan resolver estos problemas ahora y no en el futuro, sin dilatar su solución, porque hay trabajadores impagos y personas que no pueden esperar, que incluso, han perdido sus casas. Ésa es nuestra obligación, señores ministros, y ése es el objetivo de esta sesión especial, en la cual debemos analizar si existe voluntad política de las distintas bancadas y, en particular, si el Estado está dispuesto a exigirle a una empresa extranjera que no se venga a reír de nosotros, que sepa que en Chile los contratos también valen para los chicos y no sólo para los grandes empresarios.
El nombre de las empresas y el número de trabajadores afectados están disponibles en la convocatoria. Por lo mismo, en este debate, invito a los colegas a que busquemos soluciones y, sobre todo, a que analicemos el problema, de manera que los ministros nos puedan contestar cuáles son las vías de solución, porque las concesiones fueron adjudicadas a estas empresas por más de 20 años y no quiero, por lo menos en mi país, que traten así a nuestros trabajadores y a nuestros pequeños y microempresarios. Queremos empresas responsables y un sistema carcelario que funcione para todos los que tengan la desgracia de tener que permanecer en esos recintos.
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado de la Unión Demócrata Independiente , señor Javier Hernández.
Señor Presidente, quiero entregar una serie de antecedentes que dan cuenta de este problema que es de extrema gravedad, porque contiene diversos elementos que afectan aspectos humanos y comerciales y las relaciones Gobierno-privados, entre privados y la forma en que deben actuar las instituciones públicas, sobre todo, cuando se trata del manejo de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
El problema es de alta sensibilidad social y se relaciona con un verdadero flagelo para nuestro país en los últimos años, el aumento sostenido de la delincuencia. Me refiero a la construcción de cárceles concesionadas.
Tales construcciones han sido adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas por la vía de las concesiones. Hay dos aspectos que deben diferenciarse, aunque ambos tienen incidencia directa en la génesis y en las consecuencias de los problemas que procederé a denunciar en esta Sala.
Lo primero es la adjudicación, control y manejo por el Ministerio a las empresas concesionarias. Se crearon tres grupos de cárceles concesionadas: grupo 1, Rancagua , La Serena, Iquique , terminadas y operando; grupo 2, Antofagasta y Concepción, paralizadas; grupo 3, Santiago , Valdivia y Puerto Montt, la de Santiago está entregada y las de Valdivia y de Puerto Montt en proceso de entrega.
Los grupos 1 y 2 fueron adjudicados al consorcio BAS S. A., conformado por las empresas Besalco , Astaldi y Sodexho Chile.
Para construir el grupo 1, que inicialmente tenía un costo de 80 millones de dólares, la concesionaria BAS creó la empresa El Roble, con un capital de 70 millones de pesos, a fin de subcontratar a diferentes empresas para diseño, ingeniería y construcción. Para el Grupo 2, la concesionaria BAS creó la empresa Las Acacias, con un capital de 50 millones de pesos, con el objeto de subcontratar a diferentes empresas para diseño, ingeniería y construcción de las cárceles. Esta empresa no cumplió y la obra entró en relicitación como programa de infraestructura penitenciaria para el grupo 2, según los anuncios hechos por el ministro Bitrán el lunes pasado.
¿Cuánto costará cesar a la empresa BAS, adjudicar nuevamente o readjudicar a la misma empresa la concesión? ¿Cuánto perdió el fisco con este atraso? ¿Se cobraron multas y boletas de garantía, como corresponde, por estos incumplimientos? Se dice que el avance de las obras es de 47 por ciento y que se deben pagar 32 mil millones de pesos por término anticipado del contrato de concesión. Es decir, aparte de que no cumplen, igual se les paga; pero lo peor es que las empresas no les pagan a quienes realizaron los avances y paran, por cierto, por falta de pago. ¿Quién pierde con esto? Las pymes y todos los chilenos.
El grupo 3 fue adjudicado a la empresa Vinci, concesionaria que creó la empresa constructora Vcgp Chile S. A., con el objeto de subcontratar a diferentes empresas para diseño, ingeniería y construcción de las cárceles. Llama la atención que para todas las obras el MOP designara como inspector fiscal al mismo funcionario que realizó funciones similares en el aeropuerto de Santiago y en el camino La Pólvora. ¿Acaso el MOP tiene sólo un funcionario calificado para cumplir tan delicadas funciones? Ésta es otra interrogante para el Ministerio.
Otra cuestión delicada que está provocando un gran daño al patrimonio fiscal es que luego de haberse otorgado la concesión a las empresas elegidas -creemos que después de considerar el mejor precio de los distintos oferentes-, aparece la solicitud de las empresas adjudicadas para realizar las llamadas obras adicionales, que son fijadas de común acuerdo y en forma directa con el MOP, es decir, sin que medie licitación alguna. Estos valores llamados adicionales, en algunas casos, duplican e, incluso, triplican el valor original adjudicado en la correspondiente licitación. ¿Qué significa esto? ¿Acaso estas empresas no saben lo que cuesta un metro cuadrado de construcción y que por haberse equivocado en los valores calculados deben solicitar más plata? Ésta es una clara burla para el resto de los oferentes que quedaron fuera de carrera por cobrar precios reales.
Según información que tengo en mi poder -solicitaré al MOP que me la confirme-, para el grupo 1 el monto adicional asciende a 3 millones de UF; para el grupo 2, obra que se encuentra paralizada en el 43 por ciento, el monto adicional es de 1 millón 650 mil UF, lo que resulta absolutamente inexplicable. Para el grupo 3, el monto adicional es de 2 millones de UF. Uno de los párrafos de la cláusula séptima del contrato de concesiones dice que las mayores obras serán responsabilidad de las concesionarias.
¿Qué está sucediendo? Esto es, señores, a todas luces, un escándalo de proporciones y debemos legislar para terminar, de una vez por todas, con esta práctica espuria que permite que las empresas ganen por el mejor precio que ofrecen, pero después suben descaradamente los montos y, lo que es peor, con acuerdo del Ministerio, que es el que debe cautelar el buen uso de los recursos fiscales.
Éstas son algunas de las materias que deberían ser investigadas, tanto por el Congreso Nacional como por la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia, ya que no es posible que se sigan despilfarrando los recursos de todos los chilenos por el deficiente y poco transparente manejo del Ministerio de Obras Públicas.
Lo segundo que quiero plantear es la relación de estas empresas con los contratistas, fundamentalmente, con las pymes, que son las que, en rigor, ejecutaron las obras de construcción. Éste es un tema de gran impacto humano y social que debe hacernos meditar y entender que es prioritario que el Parlamento intervenga, ya sea por la vía de una comisión investigadora o ante la justicia, para que se repare, aunque sea en parte, el daño sufrido por estas pequeñas empresas, como consecuencia del manejo realizado por las grandes empresas adjudicadas por el MOP para realizar estas obras. En este momento, hay casi 70 pymes absolutamente quebradas. Sí, señores, quebradas, debido a que pese a haber realizado los trabajos, estos no han sido pagados por las empresas creadas para esos efectos -las concesionarias-, con el consiguiente daño patrimonial que esto significa.
Este calvario comenzó en 2004, época en la que el entonces Presidente Lagos se enorgullecía del proyecto de las cárceles concesionadas, las que están significando más castigo y sufrimiento a quienes las construyeron que a los delincuentes que serán sus habitantes.
Los dueños de estas pymes no se han quedado tranquilos y han golpeado muchas puertas. De hecho, en el ordinario N° 1815, de 21 de julio de 2006, el ministro señor Bitrán se compromete al pago de las deudas contraídas por la concesionaria BAS S.A., y a la fecha, aún no cumple su palabra.
La señora Presidenta , en Antofagasta, también se comprometió a terminar con el calvario de las pymes, pero nada pasa todavía. Aquí, señores, han fallado todos los controles por parte del MOP. No comprobaron la solvencia de las concesionarias ni el destino de los fondos que reciben. Se responde que el problema es entre privados: concesionarias y contratistas. Pero se olvidan que los fondos recibidos por las primeras son para pagar y no para llevárselos a su casa o darles algún misterioso destino.
En síntesis, se está desprestigiando el sistema de concesiones, y lo más lamentable es que las concesionarias reciben dineros del Estado, piden créditos a cuenta de las concesiones ganadas; pero, finalmente, son subvencionadas por las pymes que hacen su trabajo sin obtener el pago oportuno, o, en la mayoría de los casos, no lo reciben.
¿Qué ha hecho el MOP? Nada. ¿Qué ha pasado con las denuncias ante la justicia? Nada. ¿Qué ha pasado con los arbitrajes? Nada. Por los arbitrajes, ¿se ha actuado en contra de las bases? El ministro así lo afirmó en una sesión de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa, Pymes: Se actuó contra las bases para llegar a arreglo.
¿Qué ha hecho el Consejo de Defensa del Estado? Nada. De hecho, por recomendación del ministro de Obras Públicas se solicitaron medidas precautorias para asegurar el pago, y el Consejo de Defensa del Estado, que no tiene nada más que hacer que retener los dineros de las concesionarias para resguardar los pagos, tampoco lo hace y se pone a defender lo indefendible.
Aparte de todo esto, es decir, de las relaciones poco claras existentes entre el MOP y las concesionarias y del incumplimiento de éstas últimas, debemos agregar la guinda de la torta: existirían informes de la Contraloría en el sentido de que la calidad de las obras está por debajo de las exigencias de las bases. Esto es gravísimo. Por ello, voy a oficiar al ministro de Justicia para que informe si Gendarmería de Chile ha dado cuenta de accidentes en las cárceles que se están usando.
Lo expuesto no puede seguir siendo ignorado por autoridad alguna ni por la opinión pública. Debemos actuar aquí y ahora. Son muchas las familias que están sufriendo y el Estado no puede ser aval de estos ilícitos ni tampoco se pueden seguir manejando de esta forma los recursos fiscales.
Con las concesiones se negaron muchos hechos relacionados con los casos MOP-Gate y MOP-Ciade y otros que aún se ventilan en la justicia. Ésta es otra arista, con otros elementos, pero con el mismo resultado: mal uso de recursos fiscales, gastos excesivos e innecesarios y, lo más grave, abuso de grandes empresas con las pymes, a vista y paciencia del Estado.
¿Qué sacamos con crear planes para las pymes si éstas son quebradas con la complicidad del Estado? Investiguemos. ¿A qué podemos llegar? A un nuevo caso de extraordinaria gravedad: al caso MOP-cárceles.
Señor Presidente, como lo dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, nos encontramos frente a un caso de extrema gravedad y en el cual se ha dado un patrón de conducta común, utilizado por las empresas adjudicatarias de la construcción de cárceles en distintos puntos del país.
Sin embargo, este patrón de conducta no sólo se ha seguido en la construcción de las cárceles. Hace poco más de un año, lo denunciamos respecto de las concesionarias encargadas de las obras que se realizaron en la Quinta Región para el acceso al puerto.
¿Cuál es este patrón de conducta? Las concesionarias se adjudican las obras a un precio que no corresponde, o si corresponde, con posterioridad es aumentado. Una vez que las obras han sido adjudicadas, generan problemas de implementación y de ejecución; se producen procesos de arbitrajes u otros, o conflictos con los trabajadores, que obligan a la paralización. De este modo, las empresas justifican su solicitud para elevar el monto de los contratos.
Entretanto, utilizan la facultad que les otorga la ley de concesiones para subcontratar a empresas contratistas o subcontratistas con las cuales cometen los abusos más increíbles, los que hemos observado en el caso de estos tres procesos de adjudicación de construcción de las cárceles.
El diputado Hernández describió muy bien lo que ocurrió con las empresas Vinci , BAS 2 y el grupo 1. En los tres casos, se constituye una empresa intermediaria con un capital irrisorio, que no responde en lo más mínimo a los montos de los contratos. Esas empresas subcontratan, abusan de los trabajadores y hacen caer en quiebra a pequeñas y medianas empresas subcontratistas o contratistas.
Esas pymes tienen dificultades para pagar sueldos, imposiciones y finiquito a los trabajadores; son objeto de acciones legales por el no pago a proveedores, tienen deudas con la Tesorería General de la República, protestos y aparecen en el Boletín Comercial, han perdido su calidad de sujetos de crédito en las instituciones financieras y tienen serios problemas para seguir subsistiendo, no sólo por los problemas abusos de las grandes empresas concesionarias, sino porque, no han cumplido contratos de salud u obligaciones financieras mínimas; incluso, en muchos casos han debido recurrir a prestamistas para resolver hasta sus problemas personales.
En la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa, Pymes, a la que también asistió el ministro de Obras Públicas -y aprovecho de agradecer su presencia, porque de esa manera el Gobierno manifiesta su buena disposición para escuchar esos problemas-, se dio a conocer el drama que viven la micro y pequeña empresa.
El secretario de Estado expresó que la dificultad principal para la intervención del Ejecutivo se debe a que la norma legal que rige los contratos de concesiones está fijada por los artículos 21 y 22 de la ley de concesiones, que establecen un régimen jurídico de extrema flexibilidad, que permite que las concesionarias abusen y discriminen tanto a las empresas contratistas y subcontratistas como a sus trabajadores, como sucedió en Valdivia. Es tal el grado de abuso de las empresas que, junto con terminar los contratos con los contratistas, han recontratado a los trabajadores e incautado los materiales y maquinarias que estaban al interior de las empresas para seguir utilizándolos.
Sin embargo, en la ley de Concesiones también existen otras normas que rigen los contratos tradicionales de obra pública sectorial, en las que según su reglamento, existen limitaciones para las subcontrataciones. La primera, que la subcontratación no puede superar el 30 por ciento de los montos involucrados en la obra; la segunda, que la subcontratación requiere ser autorizada por la respectiva Dirección del MOP, y la tercera, que los subcontratistas deben estar inscritos en un registro de contratistas.
Quiero proponer que las normas que rigen los contratos tradicionales de obras públicas sean utilizadas como modelo para modificar esta ley extremadamente liberal, en la que los concesionarios pueden hacer lo que quieran con los subcontratistas y con los trabajadores, y que podamos hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para modificar esta norma excesivamente flexible, de manera de evitar la repetición de los abusos muy bien descritos aquí por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
A tal extremo llega el artículo 22, que dispone que el fisco no será responsable de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre el concesionario con los constructores o suministradores.
Así, el Ministerio se encuentra limitado y amarrado de manos porque existe una normativa que no protege y permite el abuso. Por eso, el deber de los parlamentarios es trabajar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para modificarla y evitar que tales abusos sigan ocurriendo.
En consecuencia, en primer lugar, propongo que se revisen las disposiciones y se llegue a unas semejantes a las que se aplican a los contratos ordinarios de obras; en segundo lugar, que se limite el carácter discrecional del arbitraje en los contratos de concesiones. El árbitro es un verdadero emperador y decide de manera absolutamente discrecional. Incluso, al propio Ministerio le limita su acción. Y, en tercer lugar, que los ministros de Justicia y de Obras Públicas tengan la posibilidad de asegurar que las empresas con prácticas tan abusivas y tan antisindicales, tan nocivas hacia los trabajadores y el Estado, no se adjudiquen los futuros proyectos del sistema de concesiones.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.
Señor Presidente, la sesión especial que hoy nos convoca tiene su origen en la grave situación que se ha producido en el programa de concesión de diversas cárceles del país, licitado por el Ministerio de Obras Públicas, que ha constituido un “excelente negocio” para un pequeño grupo de grandes empresas nacionales y transnacionales y una pesadilla y verdadero desastre económico para un número importante de pequeños y medianos empresarios de la construcción, que han intervenido como contratistas en este programa y que, por la falta de pagos, han caído en total insolvencia y perdido todo su patrimonio.
El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, adjudicó estas obras a las empresas Besalco, Sodexho y Torno, que conformaron las concesionarias Bas 1 y Bas 2.
Este proceso ha estado lleno de irregularidades y situaciones que merecen una explicación al país.
Es curioso que las mismas empresas que licitaron hayan invitado, con anterioridad al llamado a licitación, a un viaje a Europa a representantes de los ministerios de Obras Públicas y de Justicia, a “conocer el negocio” de las cárceles que una de ellas administra en Francia.
Es curioso que Besalco, después de este paseo-invitación, inmediatamente y antes de que se llamara a la respectiva licitación iniciara los estudios de ingeniería asociados.
Es curioso que estos estudios de ingeniería los realice una empresa de la que son socios personeros del MOP y la mencionada empresa Besalco.
Es curioso que la empresa Besalco se adjudique la construcción de cinco establecimientos penitenciarios, y los otros tres proyectos, otra empresa, que sorprendentemente se asocia también con Besalco.
Es curioso que el señor Jorge Maureira aparezca como inspector fiscal de todos y cada uno de los establecimientos penitenciarios concesionados. ¿Será el único inspector fiscal que existe en Chile? ¿O es el único que aprueba las irregularidades o disminución de estándares de calidad en la construcción?
Lo que resulta más grave, en nuestro concepto, es que estas grandes empresas nacionales y transnacionales hayan creado, a su vez, verdaderas empresas de papel, tales como El Roble, Las Acacias y Vinci , con capitales mínimos, absurdos e irrisorios, que oscilan entre los 10 y los 70 millones de pesos. Sin embargo, se les entregó la ejecución de obras por miles de millones de pesos, para lo cual no contaban con ninguna experiencia.
Pero una de estas empresas, nos referimos específicamente a Besalco, contó entre los miembros de su directorio al ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz Lorenzen , con lo que se ha dado la típica situación, tan propia de los gobiernos de la Concertación, en que el regulador pasa a ser regulado, y por esa misma razón se producen estas situaciones realmente escandalosas.
Este hecho es ejemplificador de algo que se viene repitiendo en el Ministerio de Obras Públicas y en algunas empresas claramente identificadas por la opinión pública: se adjudican un contrato y, a través de conciliaciones, búsqueda de acuerdos o entendimientos, terminan por elevar casi al triple su valor, torciéndole la nariz a la adjudicación y faltando el respeto a las empresas contratistas con las cuales competían para adjudicarse la obra.
Esta situación pone de manifiesto que el proceso de concesiones, que mayoritariamente se hizo en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, ha sido irregular, negligente y, sobre todo, ha provocado un grave detrimento al patrimonio público.
Las empresas de papel ya mencionadas, que actúan como fachada del consorcio, contratan los servicios de las pymes, en calidad de subcontratistas, produciéndose todo tipo de irregularidades, ya que no firmaron a su debido tiempo los respectivos contratos, cambiaron sus condiciones originales, no cancelaron los estados de pagos, entre otras anomalías, todo lo cual dio origen a diversas acciones judiciales de los afectados, cuyo procedimiento, como es obvio, es de lata tramitación.
Creemos que el Estado debe asumir su responsabilidad en esta situación, no hacer la vista gorda, como si aquí no hubiera pasado nada, y reconocer el trabajo de las pymes que han resultado afectadas en el programa de concesión de infraestructura penitenciaria, al que dedicaron sus mayores esfuerzos, al igual que todas las pequeñas y medianas empresas del país que aportan con el 85 por ciento de la mano de obra de Chile.
Por esta razón, consideramos que los representantes inescrupulosos de estos consorcios, que han actuado con total falta de probidad, en actitudes rayanas en la ilegalidad y con absoluto desprecio por la forma en que deben ejecutarse obras que son patrimonio de todos los chilenos, deben ser sancionados con su eliminación de los registros de contratistas del Estado.
A este respecto, baste señalar que el Estado de Chile recibirá dos cárceles, aún sin terminar, ubicadas en Concepción y Antofagasta, en estado de obra gruesa, abandonadas, que no tienen ningún otro destino que ser demolidas por haber sido construidas sin los más mínimos estándares de calidad y seguridad, y por las cuales se pagarán miles de millones de pesos.
Asimismo, y como una forma de reparar a los pequeños y medianos empresarios que han resultado gravemente afectados en su patrimonio, a raíz de estas conductas irregulares de los consorcios, y que por dicha causa son miembros activos del Dicom, además de haber perdido sus casas y vehículos, se hace necesario que el Estado garantice los pagos pendientes a dichas empresas y asuma su pago directo, con preferencia a los que deba hacerse a las concesionarias, que es lo que en definitiva solicitamos a la Presidenta de la República.
Esperamos, por otra parte, que se implemente una política definitiva de concesiones, seria, honesta y plenamente acorde al principio de probidad administrativa que legalmente debe regir las actuaciones de la Administración Pública, con el fin de evitar la repetición de situaciones tan lamentables como las que ahora nos ha correspondido tratar. Debemos impedir, de esta forma, un despilfarro de recursos fiscales, la quiebra de muchos pequeños y medianos empresarios que han ejecutado las obras y han dado trabajo a miles de personas, los que, sin embargo, han sufrido el peor descalabro económico, del que nadie se hace cargo.
Señor ministro , por su intermedio, señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional le solicita que asuma la responsabilidad y solucione los problemas que afectan a los microempresarios tan profundamente, no sólo en lo que se refiere a su actividad económica, sino también en lo que concierne a su vida personal y familiar. Estamos frente a un drama humano.
La situación que hemos descrito es vergonzosa e inaceptable y compromete la fe pública. En consecuencia, esperamos que los responsables terminen ocupando las celdas de las cárceles aún no terminadas.
Señor Presidente , soy miembro de las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y Especial de las Pymes. En ambas instancias recibimos a representantes de los pequeños y medianos empresarios afectados por las situaciones que son objeto de análisis en esta sesión especial. Por lo tanto, deseo expresar nuestra solidaridad a todos ellos, muchos de los cuales han visto desaparecer su patrimonio y están pasando por situaciones muy lamentables.
Por eso, la Comisión Especial de las Pymes, invitó al ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán , a fin de que conociera, la denuncia que nos hicieron llegar los representantes de dichos empresarios, muchos de ellos presentes en las tribunas de nuestra Corporación. En esa oportunidad, el ministro señaló, y, a mi juicio, a todos nos quedó muy claro, que es necesario revisar el marco jurídico que sirve de base a la relación entre el MOP y las concesionarias, y entre éstas y empresas y subcontratistas, tal como expresó el diputado señor González.
Los órganos del Estado se rigen por el principio constitucional de legalidad, cuyo axioma central es que ellos sólo pueden actuar si cuentan con la expresa facultad para hacerlo. En ese sentido, como aquí se señaló, los artículos 21 y 22 de la ley de Concesiones establecen que la relación del MOP con las concesionarias pertenece al ámbito del derecho público, pero la relación de éstas con empresas y subcontratistas pertenece al ámbito privado. En consecuencia, de conformidad con dichas disposiciones, el Estado no es responsable de las consecuencias que se derivan de los contratos que celebran las concesionarias con empresas y proveedores de servicios.
Por intermedio del señor Presidente, deseo expresar al ministro de Obras Públicas que, junto con solidarizar con el drama que viven esos empresarios, es necesario corregir el marco regulatorio existente, a fin de establecer relaciones con un mayor grado de justicia, que impidan la repetición de situaciones como las descritas.
Reitero que es necesario introducir modificaciones a la normativa vigente -por su excesiva flexibilidad, que permite a las concesionarias incurrir en estos abusos-, a fin de establecer regulaciones que protejan de mejor manera a las empresas subcontratistas o prestadoras de servicios. A mi juicio, el indicado es el único camino posible.
Asimismo, por intermedio del señor Presidente, deseo expresar al ministro de Justicia que es necesario dar la mayor asesoría posible a los empresarios afectados, que viven un drama, de manera que puedan perseguir ante los tribunales las responsabilidades de las concesionarias y recuperar lo perdido durante este tiempo.
Señor Presidente , hemos sido convocados a esta sesión con el objeto de “conocer antecedentes y analizar la situación que está afectando a las pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios a los grandes consorcios que se han adjudicado las concesiones para la construcción de los nuevos recintos carcelarios que deben operar en el país”. Lo curioso es que, en forma mayoritaria, son diputados de la Concertación los que solicitaron su celebración, alarmados por una situación real, extremadamente grave, que afecta a una enorme cantidad de pequeños y medianos empresarios.
Lamentablemente, esta Corporación debe nuevamente abocarse a analizar, estudiar y tratar de remediar una mala decisión del gobierno del Presidente Lagos. La demagogia y el propósito de obtener el voto fácil inspiró a ese gobierno para ofrecer al país una solución maravillosa, casi mágica, a un problema gravísimo: la ineficiencia y la desastrosa calidad de los recintos carcelarios.
Para nadie es un misterio que uno de los más graves problemas que enfrenta el país es el de la delincuencia. Se trata de un problema monstruoso en cuya solución se cruzan elementos sociales, económicos, judiciales, legales y humanos.
Las actuales cárceles son verdaderas escuelas del delito. Mientras no se dé solución a esa horrorosa inhumanidad, no se avanzará en la forma en que, como país, debe enfrentarse la delincuencia. Por ello, la propuesta de solucionar ese gravísimo problema resultó muy popular y de enorme provecho político.
Aunque entendemos que no es el único aspecto del que debemos preocuparnos para atacar la delincuencia, porque también se debe avanzar en otras materias, como la relacionada con las penas alternativas y la rehabilitación y educación de los presos, es incuestionable que la licitación, construcción, habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos recintos carcelarios exigía una conducta responsable y seria de las autoridades a cargo de llevar a cabo esas tareas. Para desgracia de Chile, de sus habitantes, de la población carcelaria, de la ciudadanía y de la seguridad ciudadana, no ocurrió así. Importó más el interés electoral que el interés del país.
Aquí estamos ante un fracaso estrepitoso, cuya ocurrencia pudo haber sido prevista por cualquier ciudadano de mediano buen criterio y mínimo sentido de la buena fe y la decencia.
Pero esto es aún más grave, puesto que el fracaso ha venido a develar que en el Ministerio de Obras Públicas se estableció la oscura práctica de adjudicar los proyectos a un costo reconocidamente inferior al real, lo que permitía a algunos protegidos su obtención para, luego, en su desarrollo, renegociar los términos de los contratos mediante el expediente de encargar al contratista algunas obras adicionales de muy bajo costo, para las cuales se pagaban altas cifras. Es decir, al contratista que se quería beneficiar y que presentaba la oferta más conveniente -entre comillas-, se le adjudicaba la obra a sabiendas de que luego sería necesario renegociar el contrato, lo cual permitiría la conclusión de los trabajos encomendados, pero a un costo mucho mayor del aparentemente convenido.
La pregunta, entonces, es qué ocurrió en estos casos. Muy sencillo, el destape de diversos escándalos en el Ministerio de Obras Públicas y la salida de esa repartición de los articuladores que operaban en la forma que describimos, hizo que los contratistas, al no poder concluir las obras, tampoco pudieron renegociar los contratos, porque -dígame usted, señor Presidente - con quiénes lo iban a hacer si ya sus amigos no estaban en ese ministerio. Eso hizo imposible terminar la construcción y habilitación de las cárceles, causando, además, un grave perjuicio y, en muchos casos, la quiebra de subcontratistas que cumplieron seria y profesionalmente los trabajos encomendados.
En síntesis, nos encontramos frente a un nuevo escándalo, en que se han tomado decisiones técnicas y profesionales inspiradas en un propósito político y en que, además, hay un indecente, irregular y, probablemente, doloso uso de los recursos fiscales.
Por todo lo anterior, señor Presidente, por su intermedio invito a los señores diputados a que concurramos a votar favorablemente el proyecto de acuerdo N° 313, que se someterá a votación al final de esta sesión, en el cual representamos a la Presidenta de la República nuestra preocupación por lo expuesto y solicitamos se informe acerca de la transparencia de los contratos y mecanismos de control con que ha operado el Ministerio de Obras Públicas.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Jaime Quintana Leal.
Señor Presidente , necesario retomar el curso del diálogo iniciado en la primera parte de la sesión. No sé si será consecuencia de la presencia del ministro de Justicia , pero, de pronto, la discusión ha derivado al análisis de los sistemas carcelario y penal. La convocatoria es bastante clara: analizar el drama que afecta a distintos empresarios, especialmente a los de las pymes. Varios de Santiago, de Temuco, de Valdivia y de Puerto Montt están en Dicom; otros en la más absoluta insolvencia y no pocos en la quiebra. A partir de los contratos que se adjudicaron, hoy a estos empresarios se les cierran todas las puertas. En algunos casos, fueron invitados por Vinci y otras empresas mencionadas aquí, a veces, sin reparar incluso en la especialidad del contratista. Dicho sea de paso, en aquella época no teníamos ley de subcontratación; tal vez otra hubiese sido su suerte.
Varios colegas se han referido a las posibles incompatibilidades que pudieron haberse producido en el proceso de arbitraje. Se ha dicho que estas pequeñas empresas deben recurrir a los tribunales, los que se han declarado incompetentes, porque el sistema de concesiones está sometido a un arbitraje entre privados. Como es sabido, cualquier subcontratista de una empresa constructora, ante una situación como la descrita, según el artículo 22 de la ley de concesiones, no tiene otro camino.
Representantes del Ministerio de Obras Públicas han dicho que han realizado sumarios y que no tienen potestades jurídicas. No obstante, subcontratistas de distintas empresas han señalado, por ejemplo, que en el grupo 3 -entiendo que también se produce en los otros grupos de cárceles- se realizaron modificaciones a los plazos de la empresa Vinci, favoreciéndola claramente, y que la fiscalización habría sido insuficiente. Señor Presidente , pregunto al señor ministro qué más podemos hacer para reparar el daño causado a estas pequeñas y medianas empresas, más aún cuando las irregularidades de Vinci, por ejemplo, se dan desde un comienzo. Para el grupo 3 se crea la empresa Vcgp, con un capital de 10 millones de pesos, para subcontratar, a su vez, a empresas que prestarían servicios por miles de millones de pesos.
Creo que frente al gran drama social que afecta a muchas familias y golpea fuertemente a este importante sector de la economía, para el cual el gobierno de la Presidenta Bachelet ha lanzado en estos días un conjunto de medidas, justamente para incentivarlo y revitalizarlo, hoy, junto con ver qué más podemos hacer, es la oportunidad de retomar el diálogo iniciado en la sesión especial, efectuada el año pasado, relativa al abuso de algunos concesionarios chilenos en materia de caminos. Seguramente, podremos avanzar en una reforma procesal civil. Es esencial. Como hubo consenso de todas las bancadas en el proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad el año recién pasado, para modificar la ley de concesiones, el esquema actual de arbitraje amigable, componedor, en este caso sólo favorece a los privados. Aquí no está debidamente resguardado el interés público; se presta para manipulación y ejercicio desmedido del poder de las grandes empresas privadas.
Por tanto, por su intermedio señor Presidente , solicito al ministro Bitrán que apresure el envío a esta Cámara del proyecto de reforma al sistema de concesiones, con el fin de que se restablezcan los equilibrios con un Estado más protegido; la posibilidad de precalificar a las empresas y evaluar el comportamiento tanto del contratista como del subcontratista, o con respecto a sus subcontratados. Es decir, considerar la reputación de los futuros adjudicatarios y, de esa manera, excluir a empresas como Vinci y todas las otras que aquí se han mencionado, que no solamente han defraudado al fisco, sino que han llevado a la quiebra a pequeños empresarios.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Andrés Egaña.
Señor Presidente , aquí se ha comprobado que son varios los perjudicados. No voy a entrar a ver cada uno de los casos, pero, indudablemente, el que afecta a mi región, la Octava, es casi emblemático.
Hemos visto que se ha perjudicado a los pequeños y medianos empresarios, pero no se ha hablado de aquellos que también están afectados y que son los reos, los gendarmes y sus familiares. En Concepción ya ha habido varias muertes y heridos por riñas. Los familiares se han tomado el camino, los reos han hecho huelgas de hambre y hasta los gendarmes terminaron tomándose el Manzano Uno, porque una cárcel que estaba planificada para setecientos reclusos, hoy la ocupan mil doscientos. Aquí hay una responsabilidad y esta Cámara, que es política, debe determinar los responsables políticos, que son muchos. Sé que algunos diputados van a manifestar que no nos corresponde hacer un análisis en ese sentido; pero es importante, porque fue mucho lo que se prometió y no se cumplió. Hay numerosas personas perjudicadas, quienes, por más que hayan delinquido, merecen una oportunidad. Muchas de ellas están sufriendo bastante, porque no se han entregado las cárceles oportunamente.
Por eso, me sumaré al proyecto de acuerdo que vamos a proponer para solucionar ese problema de una vez por todas y establecer también las responsabilidades que correspondan.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado Roberto Delmastro.
Señor Presidente , deseo saludar a los pequeños y medianos empresarios que nos acompañan en las tribunas, que ven en esta sesión la última instancia de solución a los problemas que le ha ocasionado la mala administración de los contratos de construcción de cárceles concesionadas y que ahora tienen que ser resueltos. La urgencia es hoy, no mañana, porque estos pequeños y medianos empresarios están prácticamente al borde del suicidio, por decir lo menos.
La construcción de la cárcel de Valdivia ha sido tremendamente irregular. El ministerio concesionó la obra a la Sociedad Concesionaria de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3, permitiéndole subcontratar proyectos definitivos o estudios totales o parciales. Esto es así, porque está en la ley.
El año pasado oficié a los ministerios de Justicia , del Trabajo y, particularmente, al de Obras Públicas, pidiéndole información acerca de la administración de ese contrato. En la respuesta de este último, el Gobierno sencillamente se desentiende del problema cuando señala que se trata de una relación entre privados. Eso es verdad y no hay nada que hacer; pero hay que tener un poco de sentido común. Si el Estado encarga la realización de obras de tanta importancia, no se entiende que no haya ningún tipo de fiscalización en la ejecución de los contratos, sobre todo, cuando la misma empresa concesionaria construye la obra, hecho un poco irregular o extraño. Cuesta entender que una concesionaria, que administrará un bien del Estado, a la vez diseñe y construya la obra. Repito: se ha entregado a una sola empresa el diseño y la construcción de una obra que después será administrada por ella misma.
En ese oficio al ministro de Obras Públicas le hice presente una serie de irregularidades en la firma de los contratos con las empresas contratistas; es decir, se iniciaron obras con los subcontratistas sin haber firmado contratos, lo que se tradujo en que, al momento del primer estado de pago, simplemente se les llamó a firmar contratos que no respetaban las tarifas acordadas. Esa es la primera irregularidad y, a mi juicio, el ministerio debió haber velado por el cumplimiento exacto de lo contratado. También le hice presente el no pago de remuneraciones e imposiciones. El incumplimiento de las leyes laborales llevó a los trabajadores a tomarse, muchas veces, la carretera o la entrada a la obra. Le agregué que las obras estaban hechas fuera de medidas y especificaciones, por planos inadecuados, sin fecha de vigencia, por lo que han debido corregir algunas y demoler otras, todo a costa de los pequeños y medianos empresarios subcontratistas. También denuncié el desconocimiento de los estados de avance de obras, arbitrariedades en el pago de anticipos, con el consecuente perjuicio social y comercial de los contratistas, que en la mayoría de los casos son pequeños o medianos empresarios.
Como consecuencia de las irregularidades de esos contratos, los estados financieros de una serie de empresas de Valdivia, Puerto Montt, Temuco y Osorno son muy precarios.
La Contraloría General de la República acogió la petición de investigar y fiscalizar la obra. Entiendo que el Ministerio de Obras Publicas conoce el informe de la Contraloría, en el cual se señala que se observan irregularidades en la administración del contrato: atraso en la presentación y aprobación de los términos de la referencia; atraso en la entrega de los proyectos definitivos; acreditación insuficiente del equipo de profesionales del concesionario, vale decir, profesionales que, desde el extranjero, están supervisando la obra, en circunstancias de que no están acreditados como profesionales en Chile; atraso en la contratación de asesoría de la inspección fiscal; garantía y seguro de la construcción de la concesión fuera de plazos; observaciones en la parte de la ejecución propia de la obra, en la parte técnica; incumplimiento de las pautas mínimas en el diseño de la construcción, es decir, no hubo diseño previo, sino que sencillamente hubo pautas de diseño que la constructora debió seguir; incumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Respecto de la construcción de la obra, inobservancia de la mitigación de impacto ambiental; estructura de la construcción en pésimo estado, fallas de seguridad graves, al punto que las puertas de las celdas se abren hacia los pasillos dejando sólo 50 centímetros para circular. En caso de emergencia, ¿quién va a responder por las vidas humanas que se puedan perder?
Podría seguir señalando innumerables irregularidades en la obra, que el Ministerio de Obras Públicas no detectó a tiempo, porque no realizó la inspección fiscal correspondiente.
La empresa Vinci, que se adjudicó el contrato de concesión, aparece en Dicom con una cantidad considerable de deudas impagas a personas naturales y jurídicas. Es cierto que el ministerio no puede hacerse cargo de eso, pero sí debió haberlo considerado al momento de fiscalizar el avance de la obra.
Finalmente, por su intermedio, señor Presidente , pido que el ministro nos aclare la información de prensa que señala que el ministerio entregó 10 millones de dólares a la empresa Vinci. No está claro si fue para ampliación de obra o un anticipo de la concesión. Es muy importante despejar este aspecto, porque si se trata de ampliación de obra, sin duda que eso involucra a las pequeñas y medianas empresas, que hoy están impagas, porque son las que realizan las faenas adicionales. Es decir, si se entregaron recursos, se les debe pagar lo que reclaman, lo que debe resolverse a la brevedad posible. Por esta razón, el Ministerio debe tomar cartas en el asunto, aun cuando se trate de relaciones entre privados. El Estado no puede desentenderse de una obra que adjudicó, porque los pequeños y medianos empresarios que la han llevado adelante confiaron y tuvieron fe en que la empresa adjudicataria, que cuenta con el respaldo del Estado, respondería en todo lo acordado y contratado.
Pido al ministro de Obras Públicas que resuelva esta situación hoy. Hay estados de pagos pendientes con la empresa constructora y, creo que es posible responderle a esta gente, porque el Estado es solidariamente responsable. Tal como la empresa privada es solidariamente responsable con sus trabajadores, el Estado debería hacerse cargo de esas irregularidades.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
Señor Presidente , esta tarde se ha expuesto un problema claro, preciso y conciso, y es momento que el Gobierno dé explicaciones. Algunos pretenden circunscribirlo a relaciones entre privados, lo que es una posición muy cómoda y prescindente. Otros pensamos que el Gobierno no puede estar ajeno a la solución y menos quedar exento de la investigación, ya que le cabe un rol fundamental, por cuanto adjudica y entrega recursos sin licitación, por la vía de ampliación de obras, y debe fiscalizar las obras, cuyas bases mal elaboradas, originaron el problema.
Alguien decía, al inicio de la sesión, que no debemos sacar dividendos políticos del problema. Sin embargo, en este accionar hay cierta similitud con los escándalos del MOP-Gate y otros. Los actores se repiten: el ex Presidente Lagos , los ex ministros Cruz y Etcheberry , los inspectores de obras, que algo tienen que decir, etcétera.
En el tema de las cárceles han pasado muchas cosas poco claras, entre las que sobresale que el Gobierno siga mintiendo a las pymes. El ministro Bitrán nos señaló públicamente en una reunión ciudadana realizada en la Segunda Región que la prioridad en el arreglo del conflicto eran las pymes, pero no ha pasado absolutamente nada. Además, a unas pymes les solucionan el problema y a otras no. Por ejemplo, ¿por qué el contratista Siges va a tener la benevolencia del gobierno para que se le pague?
¿Por qué deja de pagar a otras empresas? A lo mejor, los bancos cambiaron su política hacia ellos; tal vez no querían recuperar la inversión en veinte años, sino antes, o simplemente los dineros se desviaron a otros fines.
¿Por qué se repite una y otra vez la empresa Salco en las obras de desarrollo, las que muchas veces están concesionadas? Vean lo que está pasando con las obras del aeropuerto Arturo Merino Benítez , en donde se deberá reconstruir una pista que ya es una desgracia para todos.
Lo concreto es que el Ministerio de Obras Públicas debe ser investigado, porque de sus actuaciones parte toda esta verdadera cadena de cosas poco transparentes y sospechosas.
¿No debemos velar por el dinero que se está entregando en forma directa como ampliaciones de obras? No es posible que los proyectos se sigan acrecentando con obras de mayor cuantía o a plazos que nos llaman la atención.
En el proyecto de acuerdo que hemos presentado pedimos que cuando la concesión de una obra deba incrementarse en 20 por ciento, sea licitada públicamente. No es posible que el Ministerio de Obras Públicas siga entregando esos contratos por no realizar una mayor fiscalización, lo que, a la larga, significa un abuso en contra de los que realmente están trabajando, es decir, las pymes.
También debemos considerar la posibilidad de que las empresas que están quebradas por no haber recibido los pagos correspondientes, a pesar de haber construido las cárceles, no sean sometidas a juicio y multas por parte de Impuestos Internos, situación que me consta, porque vivo en Antofagasta. Pero hasta ahora no pasa nada.
Señor Presidente , le pido que me ponga atención, porque me estoy dirigiendo a usted.
El tema no es menor, porque hoy el propio Estado, a través de Impuestos Internos o de la Tesorería, está embargando a esas pymes que no pueden cumplir sus obligaciones con el fisco porque no les han pagado. En consecuencia, debemos buscar una solución al problema. Por eso, pido que se detengan todas las acciones legales en contra de las pymes afectadas por este tipo de situaciones. Todos deberíamos aprobar una solución como esa a este problema real. También se debiera detener la ejecución de esas pymes que tienen créditos con el Banco Estado hasta resolver la situación que las afecta.
Señor Presidente , el MOP debe demostrar claramente que no es cómplice de esta situación ni menos su mentor; debe defender la transparencia del sistema y no mirar la situación como un mero espectador, ya que su forma de negociar, de adjudicar y de entregar recursos a las concesionarias está bajo un manto de tremendas dudas, lo que consta a todos los diputados.
Solicito a todos los diputados apoyar el proyecto de acuerdo, con el objeto de pedir al gobierno un compromiso real y no mentiras como las que dijeron sus personeros en la Segunda Región y para que esta situación no se vuelva a repetir.
Este caso es muy parecido al MOP-Gate y al MOP-Inverlink, por lo que lo he llamado el MOP-Cárceles. De una vez por todas tenemos que asumir el compromiso, como legisladores, como fiscalizadores, de solucionar el problema, pero con la verdad y con la transparencia que se merece la gente de las pymes. Por el bien de la transparencia que el país exige al gobierno, se hace necesario que se investigue a fondo este caso, que, reitero, he denominado el MOP-Cárceles.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
Señor Presidente , como dije, debemos tratar el tema con altura de miras y sin tintes de carácter político. Sin embargo, siento un poco de tristeza porque ese objetivo no se cumplió.
Quiero felicitar a los diputados Roberto Sepúlveda y Roberto Delmastro , quienes tienen una orientación política bien definida, pero han buscado una solución al problema que enfrentamos. No obstante, la politización del tema que han hecho los diputados Rojas y Hernández sólo produce daños y alejamiento de la solución que queremos encontrar para este problema que dice relación con todos los antecedentes que hemos entregado diversos diputados.
Éste es un tema país, que va mucho más allá de la política chica. Aquí hay problemas graves que tienen que ver con la ley de concesiones, que es nefasta, razón por la cual hay que modificarla, pues favorece al grande y perjudica al chico, protege al poderoso y debilita al microempresario, que en este país da trabajo al 80 por ciento de la fuerza laboral. Éste es el tema de fondo, lo que no tiene nada que ver con el MOP-Gate y esas cosas.
Me parece absolutamente fuera de lógica que los diputados mencionados no hayan dicho una palabra respecto de la denuncia de corrupción que hice en mi primera intervención, que tiene que ver con el tema judicial. Me parece muy grave que las personas que están en las tribunas lleguen en desventaja a los juicios, porque es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 5 a 0. Eso sucede porque algunos secretarios de la Corte Suprema tienen conflictos de interés en esta situación, respecto de lo cual no se ha dicho nada, a pesar de que, como dije, es un tema país que también se debe remediar, al igual que la ley de concesiones.
Valoro tremendamente las palabras de algunos diputados, como el señor Quintana y otros, que plantearon la necesidad de cambiar la precalificación de las empresas y efectuar otras modificaciones que resultan necesarias, pero que no solucionan el problema de la gente que está en las tribunas, porque lo que ellos señalan sólo perfeccionará el sistema a futuro.
Nosotros queremos ver cómo solucionamos los problemas que aquí se han planteado latamente, en el buen sentido de la palabra. Los quiero citar de un resumen que los propios afectados nos han entregado.
Todas las pymes que fueron afectadas por Vinci, por ejemplo, están enfrentadas hoy día a grandes deudas con proveedores y subcontratistas, con las consecuencias legales de las acciones de cobranza. Hay incumplimiento con la banca por el cobro de boletas de garantía sin ningún tipo de aviso o negociación y por no recibir los pagos para cubrir los créditos vigentes, porque esta gente se endeudó para comprar maquinarias, invirtió más allá de lo que incluso tenía para poder cumplir con las obras que el mandante establecía. La gente afectada por Vinci fue incorporada al Dicom, y como consecuencia, hoy están impedidas de participar en otras licitaciones u obras, lo que genera técnicamente un perjuicio evaluable en cualquier tribunal. Hay otras situaciones, como que las microempresas despidieron personal, con el correspondiente drama social, pero estaban imposibilitadas de pagar remuneraciones, leyes sociales y finiquitos, lo que agregaba multas y los correspondientes juicios laborales.
Al respecto, quiero hacer una precisión, porque no se trata de involucrar a toda la justicia. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó un fallo que, a mi juicio, por lo menos considera en parte la responsabilidad subsidiaria establecida en la ley de subcontratación, materia que aprobamos en esta Sala, ya que retuvo 50 millones de pesos a la empresa Vinci para pagar a los trabajadores los compromisos que no pudieron cumplir los microempresarios, porque a éstos no les pagaron en esta cadena morbosa que se ha generado.
Ojalá esta empresa nunca vuelva a ganar ni una unidad de fomento en Chile.
Quiero que la gente sepa algunas cosas. La empresa tiene demandado al Ministerio de Obras Públicas por una cantidad millonaria de unidades de fomento. Inició la acción judicial dos días después de que se anunció al país que no se construiría el puente del canal Chacao , pues supuestamente ellos iban a realizar la obra. Es decir, es una empresa que tiene tentáculos dentro del Congreso; tenía convencidos a muchos parlamentarios de que dicho puente era lo mejor para el país. Seguramente, también iba a llevar a la quiebra a centenares de pymes. A Dios gracias, el puente no se hizo; de lo contrario, estaríamos hablando de centenares de pymes más en quiebra. Además, generó retenciones que duplican a las reales; se adueñó de materiales, de maquinarias e instalaciones de las empresas contratistas, negándose a devolverlos, con el consiguiente perjuicio de los proveedores adeudados.
El ministerio puede tener otro listado, pero voy a dar a conocer el que poseo repecto de las empresas estafadas por Vinci. En Valdivia, Constructora Pehuén, en 150 millones de pesos; Singecom Limitada , en 40 millones de pesos; Tray System, en 248 millones de pesos; Constructora Constanzo, en 84 millones; Gastón Bertrand , en 22 millones; Pedro Iturra , en 1 millón 200 mil pesos; Héctor Sotomayor , en 3 millones; Eduardo Aguilar , en 4 millones, y Constructora Alejandro Catalán , en 60 millones. En Puerto Montt, Constructora Velasco , en 50 millones de pesos; Constructora Fla Limitada, en 250 millones; FG. Arenados, en 80 millones; Transportes Troteman , en 5 millones; Bitter Ingeniería , en 80 millones, etcétera.
Son cifras estratosféricas. Tal vez, para algunos, hablar de 80 o de 100 millones de pesos no es mucho, pero para un microempresario es su vida; para el que ha tenido que arrancar de su ciudad, vender sus autos y casas, es la destrucción de su familia, como aquí se ha dicho.
Por eso, más allá de presentar un proyecto de acuerdo que busque soluciones a futuro, es importante hablar de lo que se puede hacer hoy; de construir espacios para que esas empresas sientan que, si no pagan, no tendrán ninguna posibilidad de obtener una licitación, lo cual debe ser un castigo ejemplificador. Eso ocurre no sólo en esta área. Hay empresas que quiebran -lo cual ocurre a menudo-, pero al día siguiente tienen otra razón social y siguen estafando a la gente.
Como bancada del Partido Socialista, hemos pedido esta sesión especial, que ha sido criticada por algunos, incluso en nuestra propia coalición. No tiene un objetivo político, como lo han expresado los diputados Hernández y Rojas, sino humano. Los socialistas entendemos que, detrás de cada microempresa que ha quebrado, hay un drama familiar, hijos que no pueden seguir en la universidad, que han tenido incluso que congelar sus estudios de enseñanza media, matrimonios que han sufrido alteraciones importantes.
Hay cuestiones que van más allá de la política barata de algunos. Buscamos que en nuestro país nunca más se repita un hecho tan detestable como éste; que nunca más estas concesionarias que vienen con recursos extranjeros se rían de nuestra gente, como está ocurriendo hoy, como también lo hacen las concesionarias de las autopistas, que se burlan laboralmente de las trabajadoras de los peajes.
Porque queremos eso y construir un país más justo, que no tiene que ver con la política baratita de la UDI, hemos pedido esta sesión con el objeto de proponer una solución para los microempresarios, que la merecen y que no vinieron a escuchar política barata.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Carlos Latorre.
Señor Presidente , durante la presente sesión, hemos podido describir una situación ante la cual no podemos permanecer indiferentes, motivada por la demanda -una aspiración justa- de pequeños empresarios afectados por situaciones que no han sido debidamente honradas por empresas concesionarias a cargo de la construcción de cárceles en nuestro país.
En la Comisión de Obras Públicas tuvimos la oportunidad de recibir a un grupo de esos pequeños empresarios, conocer sus sufrimientos y angustias y recibir antecedentes escritos que intentan avalar la justicia de sus reivindicaciones y demandas. Salvo documentos escritos, no tuvimos la oportunidad de conocer aquellos casos de la zona norte del país y que también son parte de la preocupación que ha convocado a esta sesión especial.
En la Comisión de Obras Públicas algunos parlamentarios manifestaron reiteradamente, su preocupación por el tema, como los diputados De Urresti y Delmastro, de Valdivia y el diputado Fidel Espinoza.
En el debate realizado en la Comisión se estimó que tenía sentido llevar la discusión a la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa, y a partir de la discusión que ahí se suscitó, se consideró razonable convocar a esta sesión especial.
Quiero manifestar nuestra disposición a colaborar a que se haga justicia con las pequeñas y medianas empresas que están reclamando que se cumplan sus contratos.
En la Comisión de Obras Públicas solicitamos reiteradamente que se nos informara respecto de las demandas que existían en los tribunales, en qué casos esa posibilidad no existía por algún factor que impedía la defensa de quienes estaban exigiendo que se les respondiera por los contratos.
Sinceramente, estamos frente a un tema cuya solución difícilmente depende de los parlamentarios o que esté al alcance de decisiones nuestras. Aunque algunos parlamentarios hayan señalado que es una forma de justificar la situación, estamos frente a una relación entre privados, lo que no significa que sea indiferente para quienes tienen responsabilidades en el Gobierno o para los parlamentarios de la Concertación que han conocido el esfuerzo del Gobierno por sacar adelante iniciativas a través del sistema de concesiones.
Me parece un abuso que hoy algunos parlamentarios hablen en contra del sistema de concesiones y no se hayan perdido ninguna de las inauguraciones de las grandes obras que se han construido en los últimos años. Más aún, algunos que han afectado la honra de personas que lo han pasado muy mal en los últimos años se dan licencia para decir que en el directorio de una de esas empresas, a las cuales se les acusa por parte de quienes se sienten afectados, estaría un ex ministro del gobierno del Presidente Lagos . Pero lo que no dicen, porque también sería poco adecuado, es que el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Copsa , ha militado toda su vida en la UDI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aquellos que se vinculan a empresas ligadas a la Concertación cometen pecados mortales. En cambio, los diputados de la UDI, que históricamente han representado al sector empresarial de nuestro país, no trepidan en aprovecharse políticamente de la situación y cargarle la mano al Gobierno, ante una situación tan grave como la que están viviendo muchas personas. No tengo ninguna duda de que el Gobierno, y en particular el ministro Bitrán, podría adoptar esas medidas, si tuviera a su alcance los mecanismos legales que permitieran abordar con justicia la situación que afecta a quienes hoy nos acompañan en las tribunas. Pero, como han manifestado varios señores diputados, estamos en un callejón bastante complejo, porque como hay demandas presentadas, según nos han señalado algunos abogados -yo no lo soy-, se debe esperar la resolución de los tribunales. Por ahí es donde las partes han estimado que se debe resolver el problema en aquellos casos en que no existen demandas. Por lo tanto, recoger todos los antecedentes, interceder ante las empresas, velar para que se haga justicia y honrar su compromiso es una gestión que con voluntad se puede realizar, pero no necesariamente garantiza una solución definitiva.
No quería intervenir en esta sesión, porque realmente no veo por dónde va el camino de solución, salvo -como señaló el colega Mario Venegas- manifestar nuestra posición solidaria.
He conocido de cerca algunos casos que aquí se han relatado en detalle y que reflejan la angustia que han vivido algunas personas afectadas por esta situación. Me encantaría que los parlamentarios buscáramos responsablemente un camino de solución, sin aprovecharnos de la desgracia que están viviendo ni poner en tela de juicio al Gobierno, a sus instituciones y a las leyes de concesiones que se han aprobado en forma unánime en este Congreso, pues en ese momento yo estaba cumpliendo otras funciones. Eso ha permitido que en nuestro país se realicen muchas obras de bien, algunas de las cuales han tenido problemas y otras no. En muchas los empresarios han honrado su compromiso y en otras probablemente ha habido situaciones muy complejas para el Gobierno que han afectado la relación interempresas y que, incluso, son materia de discusiones en comisiones conciliatorias y, eventualmente, en tribunales.
Señor Presidente , me sumo a la preocupación por la cual fue convocada esta sesión. Sólo pido que no haya aprovechamiento político de ninguna especie y que apuntemos realmente a una solución. A quienes hoy se sienten interpretados por esta sesión de nada les sirve aprovechar la oportunidad para hacer grandes discursos en contra de lo que, de una u otra forma, todos somos corresponsables, por la historia, por las decisiones en que hemos estado involucrados, por la naturaleza de los temas que discutimos. En definitiva, con eso no acercamos a esas empresas hacia un camino de solución.
Lo ideal es que el proyecto de acuerdo que hoy suscribamos sea una propuesta realista, para que, como representantes del Congreso Nacional, apoyemos una fórmula de solución que esté al alcance legal de las autoridades de Gobierno y no nos “pasemos películas” aprobando cosas que el día de mañana no puedan dar una solución a quienes están afectados y que, una vez más, merecen nuestra más absoluta solidaridad.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al diputado Fidel Espinoza que “el problema no es del chancho, sino del que le da el afrecho”.
Señor Presidente , creo que las expresiones del diputado Rojas no aportan a la solución del problema. Los trabajadores y las empresas que han concurrido a esta sesión, cuyos testimonios y dramas conocemos bastante, no se merecen de ninguna manera términos de esa naturaleza. Ésta es una Cámara fiscalizadora que debe hacer honor al tema, por lo que pido al diputado Rojas que retire las expresiones vertidas.
¡Pero hay que fiscalizar!
En eso estamos, señor diputado. Nosotros pedimos la sesión y por eso estamos discutiendo el tema ahora.
Por eso, pido que respete a los trabajadores y a los pequeños empresarios que se encuentran en tribunas.
Ruego a los señores diputados evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
Señor Presidente , hemos convocado a esta sesión para buscar, por un lado, vías de entendimiento y de solución jurídica y, por otro, vías de solución legislativa y, fundamentalmente, soluciones que nos permitan ver cómo enfrentar esos dramas.
Esta situación no fue provocada directamente por el MOP, sino por empresas inescrupulosas como Vinci que vinieron a lucrarse, amparadas por una legislación que lo permitió. Esta Cámara no está para eso, sino para fiscalizar. De manera que queremos que los ministerios de Obras Públicas y de Justicia sean aliados para llegar a las soluciones. ¡Eso es lo que estamos haciendo y ésa es la forma como vamos a responder! ¡Para eso nos eligió la ciudadanía; no para decir palabrotas o pequeñas frases para ganar un minuto de rating! Aquí hay soluciones y propuestas interesantes.
El diputado Quintana planteó, entre otras cosas, que exista una precalificación de las empresas para sacar del sistema a aquellas que han actuado de mala manera. Esa es una solución concreta a largo plazo.
Señor Presidente , por su intermedio quiero decir a los señores ministros que necesitamos una solución cercana para las pequeñas empresas afectadas y sus trabajadores. Ojalá, los próximos anticipos que de todas maneras solicitará la empresa Vinci estén condicionados al pago del capital y de las imposiciones que se adeudan a los trabajadores. Esa es responsabilidad de dicha empresa y podemos sujetar ese paro al cumplimiento de tales obligaciones.
Por último, invito a rubricar el proyecto de acuerdo, con el fin de buscar la mejor solución al tema, que a todos nos duele. El diputado Delmastro , quien representa el mismo distrito que yo, compartió el mismo dolor y la misma preocupación. De hecho, no hay diferencias políticas para enfrentar ese drama.
Pido a los parlamentarios que pretenden sacar provecho mezquino y pequeño sobre esta situación, tener altura de miras. Debemos buscar una respuesta legislativa y judicial, pero principalmente pecuniaria, a esas personas que creen que el Congreso Nacional y los ministros de Obras Públicas y de Justicia les van a dar una solución. Lo importante es acordar hoy un entendimiento a través del proyecto de acuerdo que vamos a rubricar.
Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas, don Eduardo Bitrán.
El señor BITRÁN ( ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , en primer lugar, lamento las expresiones de los diputados Manuel Rojas y Javier Hernández, quienes se han aprovechado de una situación dolorosa que afecta a varias empresas proveedoras, pero también a la población penitenciaria que sufre en muchas ciudades problemas de hacinamiento.
Se hacen acusaciones al voleo, faltando a la verdad, sin tener los antecedentes objetivos para hacer imputaciones absolutamente infundadas.
Se ha señalado por dichos diputados que, en el caso de los tres grupos de cárceles, se habrían hecho convenios para aumentar obras y pagar por parte del fisco un precio adicional. Eso es falso, porque en las concesiones para la construcción de cárceles no hay ningún convenio donde el Ministerio de Obras Públicas reconozca aumento de obras. Es más, fue precisamente la decisión que tomó el entonces ministro señor Estévez, de no aceptar la demanda del grupo 2 de cárceles del Consorcio BAS S.A., consistente en una indemnización por aumento de obras, lo que llevó a una paralización en la construcción de las cárceles de Antofagasta y Concepción, con grave daño para la población penitenciaria.
Pero también debo decir que, en ese caso, el sistema de arbitraje amigable componedor que establece la ley de Concesiones, accedió de una manera inusitada a una demanda de no innovar de la empresa concesionaria, que implicó la paralización en la construcción de las cárceles y de los pagos a un conjunto importante de proveedores, especialmente de la Segunda Región.
A comienzos del actual Gobierno, en marzo, en el caso del grupo 2 de cárceles, nos encontramos con una paralización de doce meses.
En el caso del grupo 1 de cárceles, del mismo grupo empresarial, que construyó tres cárceles concesionadas, en La Serena, Rancagua y Alto Hospicio, con un valor de licitación inicial de 2,8 millones de unidades de fomento, el Ministerio de Obras Públicas no accedió a establecer aumentos de obras, o sea, no realizó compensación alguna a la empresa concesionaria. Por lo tanto, desmiento tajantemente lo aquí señalado por los señores diputados de la UDI. Es más, la empresa concesionaria realizó una demanda en contra del MOP por la suma de 3,3 millones de unidades de fomento, los que, sumados los intereses, corresponden a 4,5 millones de unidades de fomento; es decir, casi el doble del monto total de la obra. El tribunal arbitral aún no ha fallado. Estamos a la espera del fallo.
El Ministerio de Obras Públicas ha usado todos los recursos a su alcance para defenderse de dicha demanda, para defender los intereses del fisco, en definitiva, los intereses de todos.
Por lo tanto, no se ha pagado un peso por obra adicional a las empresas concesionarias del grupo 1 de cárceles.
Respecto del grupo 2, en marzo señalé que hacía doce meses que se encontraba paralizada la construcción de dichas cárceles, con una orden de no innovar que no nos permitía avizorar la solución del problema. Dije públicamente -y lo reitero hoy- , que como ministro de Obras Públicas me sentía rehén de un sistema que genera una condición en que el Estado no puede ejercer sus facultades para defender plenamente el interés público. No es aceptable que, con el fin de obtener una compensación adicional, se interrumpan obras que son esenciales para la sociedad, al amparo de un mecanismo de arbitraje amigable conciliador, que permite un manejo discrecional y exageradamente favorable a los intereses de algunas concesionarias.
Por eso, desde ese momento -finales de marzo-, este ministro viene planteando la urgente necesidad de perfeccionar la ley de Concesiones, en particular, lo relativo a los mecanismos de arbitraje, ya que, a mi juicio, los fallos arbitrales deben ser realizados conforme a derecho, es decir, ateniéndose a las leyes, a las bases de licitación y al contrato.
Tenemos diversos ejemplos de fallos recientes de tribunales arbitrales en que el fallo del árbitro, que es una sola persona, ha pasado por encima de las bases de licitación al fijar compensaciones que van en contra de lo establecido taxativamente en las bases de licitación. Espero que al momento de traer a este Congreso una modificación a la ley de Concesiones, contemos con el voto de los mismos diputados que han hecho esas imputaciones infundadas, ya que consagrará un mecanismo más objetivo en cuanto a que los fallos deben ser realizados conforme a derecho. No hay ningún país en el mundo que tenga un mecanismo para dirimir conflictos entre el Estado y los privados de acuerdo con las normas de un arbitraje amigable componedor.
Finalmente, la responsabilidad de modificar dichas normas va a ser del Gobierno y del Poder Legislativo, a fin de que nos permitan avanzar en el perfeccionamiento de un sistema que, debemos reconocer, ha permitido grandes beneficios. Las nuevas cárceles que tenemos en operación representan un salto enorme en términos de calidad respecto de lo que existía anteriormente. Basta con escuchar los testimonios de las familias de los reos, para darse cuenta de que ha habido un cambio importante en las condiciones de vida de las personas que están restringidas en su libertad. Pero tenemos un problema porque, efectivamente, en este proceso, se ha afectado a los proveedores.
Como aquí se han hecho imputaciones graves, me siento en la obligación de dar antecedentes más completos sobre cuál ha sido la acción del Estado en relación con el grupo 2 de cárceles, a cargo de las empresas BAS y Vinci.
La orden de no innovar, dictada por el árbitro en el caso del grupo 2, impidió al Ministerio de Obras Públicas seguir aplicando sanciones, porque ello habría implicado caer en incumplimiento grave y en el término de la concesión. Sin embargo, en ese momento, el ministerio evaluó la situación. Estoy hablando de mayo de 2006. Incluso, en el evento de que la comisión arbitral hubiese cambiado de parecer y levantado la orden de no innovar por incumplimiento grave, el proceso de recuperación para seguir construyéndo las cárceles habría tomado más de dos años, según lo establece la ley de Concesiones, porque en este caso es necesario relicitar, otorgándole un privilegio a la banca, pues el Gobierno sólo puede relicitar nuevamente si lo que se obtiene en la licitación es inferior al 70 por ciento de lo adudado. Si la segunda relicitación no corresponde, por lo menos, al 50 por ciento de lo adeudado a los bancos, debe relicitar nuevamente. Por lo tanto, en los procesos de licitación y relicitación habríamos tenido que esperar, por lo menos, dos o tres años.
En consideración a esta situación y a que, además, las cárceles de Antofagasta y Concepción se están deteriorando, el ministro de Obras Públicas decide entrar en una negociación para cancelar la concesión y, en ese contexto, decide, finalmente, con la venia de la comisión arbitral, pagar la suma de un millón 658 mil UF por la recuperación de las cárceles. Sin embargo, el acuerdo en virtud del cual se establece ese pago señala taxativamente que antes de devolver recursos a los accionistas de las empresas constructoras, deberá establecerse una prelación, de manera que la empresa constructora Las Acacias deberá destinar esos fondos a pagar “a sus proveedores, así como sus deudas con empresas relacionadas, de acuerdo a los estados auditados.”
Obviamente, esto se informa públicamente. Entonces, se nos acercan representantes de dos empresas subcontratistas de Antofagasta y nos señalan que las deudas con ellas no constan en los estados financieros auditados. Por lo tanto, en su opinión, no estaban siendo consideradas adecuadamente en el acuerdo. En fecha posterior a las reuniones celebradas, una de las cuales tuvo lugar en Arica y otra en Antofagasta, el ministro de Obras Públicas oficia a la comisión arbitral, pidiendo la retención de los fondos necesarios para compensar a las empresas proveedoras de Antofagasta, hasta que la justicia se pronuncie sobre la materia. El tribunal arbitral nos responde que es incompetente para lidiar en este conflicto y que, por lo tanto, corresponde a la justicia ordinaria pronunciarse al respecto.
La justicia ordinaria recibe solicitudes, órdenes de no innovar y solicitudes de precautorias para que se retengan los fondos que debían ser pagados por el MOP por concepto de cancelación de las obras y de la concesión. Tales solicitudes fueron efectuadas -entiendo- por cuatro empresas pymes de Antofagasta.
El tribunal acogió una de las solicitudes, generando una precautoria por 40 mil UF, las que fueron retenidas por el Ministerio por instrucciones del Consejo de Defensa del Estado que, a su vez, las recibió del tribunal ordinario de justicia. Desafortunadamente para las pymes, no hemos recibido otras precautorias; es decir, los tribunales que han analizado las solicitudes y los requerimientos de las otras dos pymes de Antofagasta, hasta el momento no los han acogido, y este ministro no tiene otro instrumento legal para resolver el problema.
Los artículos 21 y 22 de la ley de Concesiones son muy claros. El artículo 21 señala que en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones económicas con terceros, la sociedad concesionaria se regirá por las normas del derecho privado y, en general, podrá realizar cualquier operación lícita sin necesidad de autorización previa del MOP. Este artículo fue aprobado por la unanimidad de ambas Cámaras.
El artículo 22 establece taxativamente que las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos, hasta su total terminación. El fisco no será responsable de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre el concesionario con los constructores o suministradores.
En el caso del grupo 3 de cárceles la situación es la siguiente. El 3 de agosto -tiene razón el diputado que lo señaló recién-, un par de días después de que el Gobierno diera a conocer su decisión respecto del puente sobre el canal de Chacao, representantes de la empresa Vinci concurren al Ministerio de Obras Públicas y nos señalan que, a menos que se les pague un millón 200 mil UF, no continuarán con la construcción de las cárceles. El Ministerio, a través de la Unidad de Concesiones, les señala que estamos disponibles para analizar en profundidad cualquier reclamo que deseen formular y para explorar la posibilidad de un avenimiento, siempre que nos parezca que éste tiene fundamento. Se establecen comisiones técnicas periciales para evaluar los antecedentes; éstas se reúnen, y en septiembre, una vez terminado su trabajo, el presidente de la empresa internacional Vinci me pide una reunión, y viaja desde Francia para abordar el problema con este ministro . En la reunión se me señala, en presencia de otros funcionarios, que de no mediar un aporte del Ministerio y un reconocimiento de las obras adicionales, ellos van a paralizar de inmediato la construcción de la cárcel de Santiago y de las dos cárceles de la Décima Región.
Frente a esa posición, el ministro de Obras Públicas le informa que las comisiones periciales establecidas y que trabajaron durante más de un mes no han podido llegar a acuerdo y que tenemos discrepancias dramáticas en la percepción de las responsabilidades relacionadas con los sobrecostos en que ellos habrían incurrido en la construcción de las tres cárceles. Por lo tanto, no podemos acceder a reconocer ninguna responsabilidad, porque no hay acuerdo.
Puse en conocimiento del ministro de Justicia de la época la situación que estábamos enfrentando. El ministro Solís me señaló la situación dramática de hacinamiento que enfrentamos en la Penitenciería y que no es tolerable, desde el punto de vista del interés público, que se vaya a la paralización.
Además, sabíamos que los mecanismos para recuperar esos activos por parte del Estado eran muy débiles, por lo que podría originarse una paralización indefinida de las obras y, por lo mismo, no podríamos cumplir la promesa de entregar a principios de 2007 la nueva cárcel de Santiago , a fin de trasladar a la población penal de la Penitenciería a ese nuevo centro de reclusión.
En vista de esa circunstancia, y en consideración del interés público, facultad que tiene este ministro para aquilatar y evaluar cuando está en juicio y comprometido el interés público, el ministro de Obras Públicas decide adelantar 300 mil unidades de fomento con el compromiso de terminar la cárcel de Santiago en enero, sin que ese adelanto constituya ningún reconocimiento de responsabilidad ni de obras adicionales. Simplemente, es un adelanto para resolver, supuestamente, un problema de liquidez que, en palabras del presidente de la empresa Vinci , habría llevado a la empresa a la quiebra y a la paralización de las obras.
El viernes recién pasado nos enteramos que la empresa Vinci demandó al Estado de Chile por la suma de 2,2 millones de UF para obras que tienen un costo total de licitación de 2,8 millones de UF.
Evidentemente, en estas condiciones el ministro de Obras Públicas tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para defender el interés fiscal que se ve seriamente afectado por esa demanda. Sin embargo, también reconoce que dentro del ámbito de sus facultades tiene la obligación de preocuparse de la situación de las pymes.
Nos hemos reunido con varias de ellas y conocimos la historia de cumplimiento irrestricto de los contratos. Sin duda, nos llama en extremo la atención que una serie de empresas pequeñas y esforzadas, con un historial de cumplimiento de muchos años, de repente todas, y en forma simultánea, aparecen afectadas por incumplimiento en su relación con la empresa concesionaria Vinci. Nos llama mucho la atención esta coincidencia. ¡Extraña coincidencia!
Nos asiste la convicción de que aquí hay una situación con la que se afecta el interés de varios proveedores y la imagen del sistema de concesiones, que tantos beneficios ha generado al país.
Por ello, este ministro decide enviar una nota al presidente de la comisión conciliadora, la cual voy a leer en forma parcial, en el entendido de que esta solicitud queda al arbitrio de dicha comisión, ya que el ministro de Obras Públicas sólo tiene la posibilidad de petición.
Expresamos a la comisión arbitral que los contratos que se celebraron entre las partes fueron íntegra y unilateralmente elaborados por Vinci-Chile S.A., sin permitir negociación alguna y fueron entregados tardíamente, estando muy avanzadas las obras, lo que obligó a las pymes a aceptar condiciones abusivas, unilaterales e, insólitamente, favorables a esta gran empresa.
Amparados en estos unilaterales contratos, desde un comienzo Vinci impone normas, formas de trabajo y tiempos completamente abusivos, tanto en la entrega de materiales que ellos se reservaron entregar, como fierro y hormigón, como en el manejo de plazos y aumento de obra, los cuales se fijaban imponiendo precios y condiciones sin negociación previa.
Bajo esta presión y ante un eventual incumplimiento de contrato, las pymes se vieron obligadas a trabajar incluso en horarios nocturnos anormales, con personal extra, incurriendo en una serie de gastos extras, que si bien en sus inicios todos fueron reconocidos verbalmente, jamás lo hicieron por escrito ni fueron pagados en su totalidad.
Desde fines de febrero de este año Vinci da inicio a una verdadera persecución y hostigamiento, fríamente calculado y elaborado, a casi todas las empresas subcontratistas, lo que culmina en una caducación, repentina y unilateral, de casi todos los subcontratos, de similar forma mediante cartas, accionar y argumentos casi idénticos para con todas.
Prácticamente, a todas estas pequeñas empresas se les acusó, de un día para otro, de incumplimiento de contrato, por incumplimiento de plazo. A todas, desde el mismo momento de la comunicación, abusivamente, se les impidió la entrada a la obra. Se les retuvo todo el material propio existente en la obra, todo la maquinaria en uso y todos los estados de pago pendientes, dejándolas sumidas en un fuerte endeudamiento.
Vinci-Chile procedió, además, a finiquitar unilateralmente a todos los trabajadores de estas pequeñas empresas, con cargo a lo que les adeudaba; luego los recontrató y continuó el trabajo, pero ahora directamente bajo su mando y, para mayor abuso, continuó utilizando el material y la maquinaria retenida arbitrariamente a las pymes.
Continuando con su oscuro accionar, con posterioridad, Vinci envía una liquidación maliciosamente hecha, la que en casi todos los casos arroja saldo a su favor. Ello a pesar de todo lo que les retuvo en obras y aún considerando que los estados de pago iban retrasados, en algunos casos hasta en tres meses. Bajo amenazadoras cartas firmadas por sus abogados, exige la inmediata firma de los finiquitos de común acuerdo o, en su defecto, la existencia de futuras demandas y cobros de boletas de garantía.
Mediante esta manera de actuar, Vinci al día de hoy tiene sumidas en la banca rota a una gran cantidad de empresas del sur, ligadas a variadas actividades en torno a la construcción, como transporte, suministro y construcción. Todas las empresas tienen intachables antecedentes anteriores, de muchos años de existencia y de reconocida trayectoria en Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.
Varias de estas pequeñas empresas han presentado demandas individuales, pero sólo el jueves 30 recién pasado un grupo de cinco de estas pymes de Temuco, Santiago, Valdivia y Puerto Montt, de diferentes áreas de la construcción, demandaron conjuntamente a Vinci de nulidad por dolo, en los términos del contrato. Pidieron variadas medidas precautorias, incluyendo la retención de los pagos que les adeuda el Estado por hasta 1.000 millones, estimando un daño directo aproximadamente de 600 millones de pesos, como medida previa a la demanda por daños y perjuicios que estiman en otra cantidad similar.
Estos antecedentes fueron entregados por el Ministerio de Obras Públicas -por el director general de Obras Públicas y el fiscal- a la comisión arbitral. Se le pidió actuar conforme a la competencia, a la luz de las denuncias indicadas, a fin de solucionar los problemas que aquejan a los subcontratistas. En definitiva, actuar para proteger y defender el sistema de concesiones en general, porque estas actitudes lo afectan considerablemente.
Por lo tanto, el Ministerio de Obras Públicas ha actuado con diligencia, ha realizado todas las acciones que están en su mano para apoyar a estas empresas.
Los antecedentes entregados a la comisión arbitral son públicos y, por lo tanto, ustedes deben considerarlos y tener en cuenta en cualquier instancia judicial.
Ésta es la opinión del Ministerio de Obras Públicas. Creemos que es necesario actuar con altura de miras, sin tratar de enlodar con embustes ni sacar ventajas o provecho político pequeño.
Tenemos que preocuparnos de la situación que afecta a un grupo importante de empresas, pero también de tomar las medidas legislativas para perfeccionar la ley de concesiones, de manera de lograr un mejor equilibrio entre el Estado y los concesionarios, sin perjuicio de establecer mecanismos que permitan proteger a las empresas subcontratistas.
Por esta razón, nosotros nos comprometemos a enviar, antes del próximo 21 de mayo, fecha en la que la señora Presidenta de la República da cuenta al Congreso Nacional de lo que ha acaecido durante el año, un proyecto de ley para perfeccionar el sistema. Espero que cuente con el apoyo de todos los señores diputados que han manifestado su preocupación por la situación que hoy afecta, en primer lugar, a la población penitenciaria, porque nos hemos visto atrasados en la concreción de las cárceles y, en segundo lugar, a varias empresas pymes proveedoras, con una trayectoria impecable de muchos años.
Respecto a Besalco, debo señalar que el tribunal acogió una precautoria que beneficia a una empresa. Para otras dos empresas el tribunal no accedió. Por lo tanto, no tenemos en nuestras manos ninguna otra acción jurídica. Sin embargo, he escuchado con mucha atención las propuestas de los señores diputados, en el sentido de incorporar, en las futuras modificaciones a la ley de concesiones, la facultad de establecer precalificaciones para las empresas, de manera que el ministerio pueda evaluar su comportamiento anterior. Esta atribución hoy no existe, no está disponible.
Creemos que es necesario legislar. Hemos tomado notas de las propuestas de los señores diputados de incorporar en el proyecto de ley que tenemos elaborado un artículo en esa dirección, porque no lo tenemos contemplado. Me alegro de la proposición, porque creo ayudaría a evitar en el futuro situaciones como las que estamos padeciendo.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , con el mayor respeto y consideración, en mi calidad de ministro de Justicia, saludo a las señoras diputadas y a los señores diputados en mi primera comparecencia en la Sala de la Cámara de Diputados.
Atendida la extensa, completa y documentada exposición de mi colega, el ministro de Obras Públicas, sólo quiero añadir el punto de vista del Ministerio de Justicia sobre las concesiones carcelarias.
A principios de esta década, estaba en marcha la implementación de la reforma procesal penal, con una importante cantidad de recursos públicos comprometidos para su adecuada materialización.
En ese contexto, sin embargo, en forma paralela, se estaba viviendo un fenómeno que todavía es recurrente: el importante incremento de la población penal en nuestro país. Por distintas razones, que no es del caso analizar hoy, esa ha sido una constante que se mantiene año a año, con incrementos que superan la construcción de nuevas plazas. En consecuencia, tenemos una dificultad país que debemos abordar.
Repito, a principios de esta década, la fórmula que se encontró para abordar el crecimiento de la población penal, la urgente necesidad de nuevas plazas, la necesidad de encontrar mejores modos de gestión del sistema penitenciario, para los efectos de favorecer las posibilidades de reinserción de las personas que cumplen condena, fue la de desarrollar un plan de infraestructura carcelaria por la vía de las concesiones.
Así, con el Ministerio de Obras Públicas se acordó un programa de infraestructura penitenciaria concesionada. Se firmó un mandato que comprende los grupos y las unidades penales que han sido señalados por el señor ministro de Obras Públicas. Ese es el origen de este programa.
¿Cuál es la situación luego de que varias de esas unidades penales se encuentran en funcionamiento? Según el balance técnico de Gendarmería de Chile, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, las cárceles concesionadas, comparativamente con las cárceles construidas y administradas por el sistema tradicional, ofrecen mejores estándares para la población penal y mayores posibilidades de reinserción, porque hay mayor dotación de profesionales, asistentes sociales, psicólogos, terapeutas, profesores, en relación con las antiguas unidades penales.
Hay programas indicadores establecidos por grupo de población objetivo en materia de reinserción y rehabilitación. Se han cumplido los requerimientos contractuales en áreas de deportes, recreación, atención de adicción de drogas, atención de lactantes, capacitación laboral, etcétera. También hay un incremento comparativo de internos-alumnos inscritos en programas educacionales.
Según ese balance, además, hay mayor seguridad para los internos. Se ha reducido, de manera significativa, la cantidad y gravedad de lesiones provocadas entre la población penal. Heridas corto-punzantes, agresiones sexuales, que son frecuentes en el sistema antiguo.
Lo mismo ocurre con el personal de Gendarmería. Por el diseño y características de los nuevos recintos, se han reducido de manera significativa las agresiones y las lesiones a los encargados de la custodia de los internos.
Y lo más importante, señoras diputadas y señores diputados: hay más seguridad para la ciudadanía. Hasta el momento, el balance de las cárceles concesionadas que se encuentran en operación arroja una tasa de fuga equivalente a cero.
Por otra parte, quiero señalar que con este modelo innovador de ejecución de infraestructura penitenciaria, hemos llegado durante la presente década a contar con más metros cuadrados construidos, con el esfuerzo que habíamos hecho como sociedad en materia penitenciaria, que los que se habían construido en el país, en los últimos 50 años. Entre 1950 y 2000 se construyeron 313.000 metros cuadrados de unidades penitenciarias. En esta década, se construirá un total de 400.000 metros cuadrados gracias al programa de concesiones.
Sin embargo, el programa de concesiones penitenciarias no está exento de dificultades, como lo ha advertido en detalle el ministro de Obras Públicas.
Los importantes logros para nuestra sociedad, que yo he reseñado en forma breve, de alguna manera, en el marco de una regulación legal insuficiente, se unen, lamentablemente, a efectos o derivaciones no deseadas, de carácter negativo, como, por ejemplo, dificultades en el cumplimiento de los plazos, reclamaciones que inciden eventualmente en mayores costos que los previstos y la vulneración, en algunas ocasiones, de derechos de terceros que interactúan con las empresas concesionarias, por las razones que los propios señores diputados han referido latamente y el señor ministro de Obras Públicas ha recogido.
En ese contexto, especialmente por su misión y vocación, ese tipo de dificultades no son ajenas al Ministerio de Justicia.
Conversamos con el ministro de Obras Públicas y estamos disponibles para acompañar los esfuerzos que su cartera está haciendo en términos de mejorar y perfeccionar la regulación legal en materia de concesiones.
El Ministerio de Justicia estará presente en cualquier nuevo esfuerzo relacionado con infraestructura concesionada -señalé en forma sucinta los grandes logros en ese ámbito-, en la medida en que exista la certeza legal y contractual de que no se producirán efectos no deseados ni perjuicios a terceros.
Debemos conseguir fines nobles con medios nobles. Estoy seguro de que en ese propósito todos estamos unidos.
Proyecto de acuerdo N° 313, de los diputados señores Hernández, Sepúlveda, don Roberto; Egaña, de la diputada señora Turres, doña Marisol; de los diputados señores Rojas, García, Monckeberg, don Cristián; de la diputada señora Isasi, doña Marta, y de los diputados señores Álvarez, Ward, Eluchans, Delmastro y Correa.
Que, una vez más, la Cámara de Diputados ha sido convocada para analizar la situación que afecta al sistema de cárceles concesionadas del país. En efecto, el tema es la crisis económica por la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas que han caído en insolvencia con ocasión de los incumplimientos que han existido entre contratistas, subcontratistas y proveedores, como fruto de la incapacidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de supervisar de manera diligente el cumplimiento de las obras contratadas;
Que, ante el perjuicio evidente a estos empresarios, existe una responsabilidad por parte de Estado que es imposible de obviar. En primer lugar, hay que recordar las palabras del ex Presidente Ricardo Lagos: “Hemos iniciado el programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, destinado a terminar con el déficit histórico en esta materia. (...). Esto querrá decir que, cuando estén estos diez establecimientos carcelarios, tendremos una cantidad de metros cuadrados para tener al doble de la población penal gue hoy tenemos”. ( Mensaje Presidencial de Ricardo Lagos , año 2003);
Que, otra vez, nada de eso se ha cumplido. El déficit carcelario bordea el 60%, a pesar de que el presupuesto de Gendarmería se ha multiplicado diez veces desde 1990 hasta la fecha y la inversión en la rehabilitación de los internos ha sido nula;
Que el tema carcelario pasará a la historia como otra promesa incumplida del Gobierno de Lagos, donde inicialmente se gastarían doscientos ochenta y nueve millones novecientos mil pesos, pero no se sabe con certeza a cuánto asciende en la realidad esta inversión, ya que, sin duda, esta cifra ha aumentado de manera considerable. Esto se ve agravado debido a que el Ministerio de Justicia ha proporcionado nula o escasa información a la ciudadanía respecto del proceso de concesiones y de los mayores costos que han significado los retrasos en su ejecución, ya que, según el cronograma actual de la infraestructura, recién en 2009 podrían estar operativas;
Que, en definitiva, los problemas por lo que atraviesan los pequeños y medianos empresarios se debe, por una parte, a la falta absoluta de controles de fiscalización del Estado, el que, al parecer, adjudicó la obra concesionada y se olvidó por completo del resguardo del dinero fiscal involucrado, de los derechos de los trabajadores lesionados, de la quiebra de los pequeños y medianos empresarios, etcétera. En definitiva, el Estado se lavó las manos. Cabe creer, incluso, que la forma en que se produce esta lesión al Fisco y a los pequeños y medianos empresarios se debe a que se le adjudica la obra a la concesionaria que presenta la oferta más económica, pero, finalmente, este valor se ve aumentado por “nuevas obras”;
1. Representar a S.E. la Presidenta de la República la preocupación de la Cámara de Diputados por el retraso evidente de las cárceles concesionadas del país, lo que ha provocado despilfarro de recursos fiscales, hacinamiento en los recintos penitenciarios, nula posibilidad de rehabilitación de los internos.
2. Transparentar los contratos de concesión, las condiciones contractuales en que se firmaron, las obligaciones del concesionario y sus obligaciones para con los contratistas y subcontratistas.
3. Informar cuáles fueron los procedimientos de control en la ejecución de las obras y si los plazos iniciales se cumplieron.
4. Comunicar a cuánto asciende el mayor valor pagado por el aplazamiento de las obras o de las nuevas obras.
5. Llamar a una nueva licitación pública las mayores obras que superen el 20% original, en conformidad con la concesión respectiva, al objeto de evitar sobreprecios bajo el propósito de incrementar los niveles de transparencia.
6. Verificar si las empresas concesionadas han cumplido con exactitud los contratos firmados, con la participación directa de los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y de Justicia. De no ser efectivo, aplicar el máximo rigor permitido por la ley, cobrando boletas de garantía y excluyéndolas de los registros de contratistas. En general, utilizar los procedimientos legales que en derecho corresponda, para salvaguardar los intereses fiscales comprometidos.
7. Paralizar los juicios iniciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República en contra de los pequeños y medianos empresarios, que tengan su origen en los incumplimientos contractuales en la construcción de cárceles concesionadas, por una falta de control y fiscalización del Ministerio de Obras Públicas a fin de resguardar de manera competente la correcta ejecución de las obras y de los derechos de los trabajadores”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención.
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Galilea Carrillo Pablo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Araya Guerrero Pedro; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Venegas Cárdenas Mario.
-Se abstuvo la diputada señora Goic Boroevic Carolina.
Proyecto de acuerdo N° 314, de los diputados señores De Urresti, Espinoza, don Fidel; Ojeda, Duarte, Quintana, Venegas, don Mario; Sule, Latorre, Espinosa, don Marcos, y González.
Que, al tener presente el hecho público, por parte de los Ministerios de Justicia y de Obras Públicas, que concordaron un modelo de operación que, por una parte, mantiene en Gendarmería de Chile la administración y vigilancia de los establecimientos penitenciarios y, por otra, entrega en concesión a privados el diseño, el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la prestación de los denominados servicios penitenciarios (alimentación, lavandería, salud, aseo, consumos básicos, reinserción social y otros);
Que, como consecuencia de lo anterior, corresponde al Ministerio de Obras Públicas suscribir con los concesionarios el contrato de concesión, por mandato del Ministerio de Justicia, quien efectuaría los pagos periódicos establecidos por el contrato;
Que, en la especie, se han producido graves irregularidades por parte de las empresas concesionarias, que han afectado a las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a estas entidades concesionarias de nuevos recintos penitenciarios, lo que se ha traducido en la declaración de quiebra de varias de estas entidades, lo que ha producido un fuerte perjuicio económico no sólo de sus propietarios, sino que, también, para una importante cantidad de trabajadores que laboran en ellas,
1. Solicitar:
a) A S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que otorgue al Ministerio de Obras Públicas, en los procesos de licitación, la facultad de evaluar los comportamientos que los proponentes han tenido con anterioridad con sus respectivos proveedores y subcontratistas, al objeto de asegurar que empresas con malas prácticas hacia los trabajadores no continúen adjudicándose las licitaciones públicas.
b) A los Ministerios de Obras Públicas y de Justicia que apliquen medidas inmediatas para paliar las dificultades que viven actualmente las micro y pequeñas empresas afectadas; particularmente, se acuerda sugerir a dichos ministerios que hagan los esfuerzos necesarios para que, en un plazo no superior a treinta días, la empresa Vinci someta sus conflictos con los contratistas a un árbitro arbitrador de reconocido prestigio, que dé confianza a todas las partes.
c) Al ministro de Obras Públicas que adopte las medidas necesarias para que, en lo futuro, cuando se generen adelantos en virtud de los contratos de concesión, se garantice a las pequeñas y medianas empresas afectadas, el pago de todas las prestaciones a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.
d) Al ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción que estudie, dentro de las políticas públicas relativas a las pequeñas y medianas empresas, medidas excepcionales para ayudar a las Pymes a superar el problema financiero, como producto de la crisis en que se han visto afectadas por las conductas por parte de las concesionarias
2. Mandatar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta H. Corporación a fin de que, en el plazo de treinta días, estudie las modificaciones a la ley general de concesiones y su reglamento respectivo, para regular de manera equitativa y armónica la relación entre empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas, con el propósito de salvaguardar y proteger los derechos de las micro y pequeñas empresas, de los trabajadores y el interés público.
La Comisión deberá proceder a revisar especialmente los artículos 21 y 22, de la ley general de concesiones, al objeto de evitar la relación asimétrica y abusiva entre las grandes empresas concesionarias y las pequeñas empresas contratistas y subcontratistas, tomando como referencia el régimen que se aplica a los contratos tradicionales de obra pública sectorial, en los cuales, conforme al Reglamento vigente, se consagran límites y restricciones a la subcontratación y se evitan los abusos de los concesionarios”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio.
-Se levantó la sesión a las 21.07 horas.
VI.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe del diputado señor Melero.
“Valparaíso, 2 de abril 2007
Según lo dispuesto en el Art. 38 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, y en mi calidad de jefe de delegación, tengo a bien rendir cuenta del resultado del viaje oficial que los Diputados señores Pablo Lorenzini B., José Ramón Barros M., René Aedo O., Iván Paredes F., Marco Antonio Núñez L. y Patricio Melero A., realizamos a la ciudad de Moscú, Rusia, entre el 21 y el 26 de enero del presente, con el fin de participar en la 75 reunión anual del Foro Parlamentario del Asia Pacífico (Appf).
La delegáción participó activamente en todas las reuniones plenarias, como también en el Comité de Redacción de las 20 Resoluciones aprobadas que tengo a bien adjuntarle. El plenario aprobó de igual forma una Declaración Conjunta que también le adjunto. Los textos aprobados, si bien no obligan a los Parlamentos que las suscriben, sí constituyen una orientación del parecer de los parlamentos del Asia Pacífico que deben considerarse al momento de legislar. En razón de lo anterior, es que tengo a bien sugerirle que las resoluciones aprobadas se envíen a las comisiones respectivas según los contenidos de ellas.
Durante el desarrollo de las sesiones se tomó contacto con la mayoría de los parlamentarios representantes de los 25 países asistentes, destacando la estrecha relación de colaboración y trabajo conjunto logrado con Perú, México, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, China y Rusia en su calidad de país anfitrión.
Durante el desarrollo de las sesiones contamos con una estrecha colaboración de la Embajada de Chile en especial del serño Ministro Consejero Sr. Riobo y del Embajador don Augusto Parra Muñoz.
Finalmente hago presente a su señoría, el especial interés que el señor presidente de la Asamblea del Parlamento de la Federación Rusa H E Mr Sergey Mironov manifestó hacía la delegación chilena y los principales temas de interés de nuestro parlamento.
(Fdo.): PATRICIO MELERO ABAROA, diputado.
Moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera, doña Amelia
Modifica la regularización de la propiedad raíz. (boletín N° 4962-07).
1.	Que el decreto ley N° 2.695, de 1979, sobre regularización de la pequeña propiedad raíz establece, en su artículo 2°, los requisitos para que los poseedores materiales de bienes raíces urbanos o rurales puedan inscribir a su nombre el inmueble que ocupan;
2.	Que dichos requisitos son: a) acreditar que no hay juicio pendiente en que se discuta el dominio o posesión del inmueble iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud, y b) acreditar estar en posesión del inmueble, por sí o por otra persona a su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad durante cinco años a lo menos;
3.	Que, conforme al inciso primero del artículo 4° del referido cuerpo legal, la posesión material debe acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil;
4.	Que el artículo 925 del Código Civil dispone que “se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación”;
5.	Que según lo anterior, el cuidador de un predio e incluso el ocupante sin título o antecedente alguno que le dé la apariencia de dueño, por el sólo hecho de cortar madera o cerrar, podría intentar inscribirlo a su nombre;
6.	Que lo lógico es que, para estos efectos, se entienda por poseedor material, no aquel que realiza los actos descritos en el artículo 925 del Código Civil, sino aquél que tiene la apariencia de dueño porque tiene un título que le da tal calidad, como el heredero o quien compró pero no por escritura pública. Así, no podría inscribir el arrendatario o el cuidador, aunque corte madera o cierre la propiedad, cualquiera sea el tiempo que vive allí. Por tal motivo, vengo en proponer el siguiente
Sustitúyese el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 2.695, de 1979, por el siguiente.
“Art. 4°. La posesión material requiere del solicitante probar algún título o antecedente que le dé la apariencia de dueño, como el heredero o el comprador de un inmueble cuyo contrato no se celebró por escritura pública”.
Moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera, doña Amelia. Establece que créditos impagos de casas comerciales se tramiten ante árbitros. (boletín N° 4963-07)
1.	La gran cantidad de juicios que llevan los tribunales por concepto de cobros de casas comerciales;
2.	Que lo anterior, distrae a los jueces de la posibilidad de dedicarle el tiempo necesario a la enorme carga que tienen y que deben asumir en un tiempo muy limitado;
3.	Que lo mejor sería que la demanda se presentara ante el juez que corresponda, pero éste la derive a un árbitro ante quien se tramite el juicio, sin que pueda rematar especies, lo que quedaría reservado por el juez;
4.	Que, por cierto, sería necesario que la Corte Suprema aprobara una lista de árbitros, con una duración determinada en el tiempo, pudiendo repostular, a los cuales los jueves derivarían las cobranzas de dineros de casas comerciales, vengo en presentar el siguiente
ARTÍCULO 1°. Los créditos impagos de casas comerciales, deberán cobrarse a través de la correspondiente demanda ante el juez competente. Sin embargo, si éste lo estima, podrá designar a un árbitro autorizado para que tramite el juicio, pero no podrá disponer el remate de las especies.
ARTÍCULO 2°. Las tercerías que se interpongan frente a un embargo, serán conocidas y resueltas por el mismo árbitro, contra cuya resolución podrá reclamarse reconsideración ante el mismo juez que conoció de la demanda.