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Timestamp: 2018-08-15 11:13:14
Document Index: 368017418

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 214', 'artículo 241', 'artículo 237', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 211', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 2050 DE DICIEMBRE 11 DE 1992
SENTENCIA 2050 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1992
CONTENIDO:DECLARA LA NULIDAD DEL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO ESPECIAL 209 DEL 3 DE FEBRERO DE 1992, "POR EL CUAL SE LIBERA EL INGRESO DE VEHÍCULOS CLASE TAXI MUNICIPAL A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS, SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Y SE DEROGA EL DECRETO 236 DE 1991". EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, ALCALDE, PROCESO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2050 de diciembre 11 de 1992
Ref.: Exp. 2050
Acción de nulidad contra el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 209 de 3 de febrero de 1992, del Gobierno Nacional.
El ciudadano y abogado Jesús Vallejo Mejía, obrando en su propio nombre, y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ocurrió ante esta jurisdicción para demandar la nulidad del parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 209 de 3 de febrero de 1992 “por el cual se libera el ingreso de vehículos clase taxi municipal a las diferentes ciudades del país, se dictan otras disposiciones y se deroge el Decreto 236 de 1991”, expedido por el Gobierno Nacional.
I. El acto acusado.
Es del siguiente tenor literal:
“Los alcaldes distritales, municipales o metropolitanos, podrán suspender por el tiempo que se requiera el ingreso por incremento, de vehículo clase taxi municipal en el territorio de su jurisdicción, cuando consideren que en (sic) la ciudad respectiva se encuentra saturada de esta clase de vehículos”.
IV. 1. Naturaleza jurídica del acto acusado
Sea lo primero que el Decreto 209 de 3 de febrero de 1992, que contiene el parágrafo 1º del artículo 1º acusado, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 15 de 1959 para intervenir la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros. Dicha ley, a su vez, en el momento de su expedición tenía sustento jurídico en los artículos 32 y 76 numeral 11 de la Constitución de 1886 —que corresponden a los artículos 334 y 150 numeral 21 de la actual—.
A los decretos expedidos con base en las leyes de intervención se les denomina decretos especiales y correspondió inicialmente su control jurisdiccional a la Corte Suprema de Justicia, por mandato del artículo 214 de la antigua Carta. Tal sistema de juzgamiento cambió en la nueva Constitución, pues ésta, al no atribuírselo expresamente a la Corte Constitucional en los numerales 5 y 7 del artículo 241, se lo adscribió a esta corporación, en virtud del criterio de competencia residual que consagra el numeral 2 del artículo 237.
IV. 2. El fondo del asunto.
Al parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto Especial 209 de 3 de febrero de 1992 se le endilga en la demanda el cargo de transgredir el artículo 1º de la Ley 15 de 1959 y, como consecuencia de ello, los artículos 150 numeral 21, 211, 332 y 334 de la Constitución Política de 1991.
Antes de analizar los citados cargos debe la Sala esclarecer cuál ha sido la normatividad que ha regulado la materia referente al ingreso de vehículos clase taxi municipal a las diferentes ciudades del país, a lo cual se procede así:
1. La Ley 15 de 1959, expedida en desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución de 1886, facultó al Gobierno Nacional, en su artículo 1º, para intervenir en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con objetivos que precisó en cinco literales de la siguiente manera:
“a) Organizar y patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de carácter distrital, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o arreglo contractual sobre el pago;
b) Reglamentar el funcionamiento de dichas empresas y la prestación de sus servicios;
c) Hacer o autorizar importaciones de vehículos y repuestos, pudiendo modificar o eliminar las tarifas aduaneras, requisitos y demás gravámenes de importación de elementos destinados a ese servicio público. Además, el gobierno podrá intervenir para regular los precios de venta al público de todas estas mercancías;
d) Fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, y establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta ley le corresponde al empleador en beneficio del empleado, y
e) Establecer cuando las necesidades del transporte urbano en otras ciudades del país lo exijan, y en forma transitoria mientras se establecen tarifas definitivas, el sistema previsto en esta ley para el Distrito Especial de Bogotá, y en consecuencia señalar el monto, forma de pago, distribución y recaudo del auxilio patronal por transporte allí previsto...”.
En el parágrafo del mencionado artículo se facultó al gobierno para delegar en los gobernadores y alcaldes, y en cuanto hace relación al servicio urbano, únicamente la atribución a que se refiere el literal d).
O sea, que en forma expresa dicha ley no reguló lo atinente al ingreso de vehículos clase taxi municipal a las diferentes ciudades del país.
2. El artículo 13 de la Ley 12 de 1986 confirió facultades extraordinarias al gobierno por el término de un año, a partir de la sanción de dicha ley, para asignar funciones, de las que correspondían a las entidades descentralizadas nacionales, a los departamentos y municipios.
En desarrollo de esta ley se expidió el Decreto-Ley 80 de 1987, el cual, en su artículo 1º, asignó al Distrito Especial de Bogotá y a los municipios, a partir del año siguiente al de su vigencia, para ejercer, entre otras funciones, la siguiente:
“...g) Señalar el número de vehículos tipo taxi que pueden ingresar anualmente al servicio público del transporte en el territorio de su jurisdicción y expedir las autorizaciones de que tratan las distintas normas fijadas el respecto por la junta directiva del Intra y el Gobierno Nacional...”.
3. El Decreto 265 de 1988, dictado con fundamento en el ordinal 3º del artículo 120 de la antigua Constitución y de la Ley 15 de 1959, reglamentó el Decreto-Ley 80 de 1987 disponiendo que el ingreso de vehículos tipo taxi podía ser por incremento o reposición y definió ambos conceptos (art. 20); facultó al Instituto Nacional de Transporte para realizar los estudios técnicos necesarios para determinar el número de vehículos tipo taxi que se requieren anualmente en las diferentes ciudades del país (art. 21); y estatuyó que los alcaldes metropolitanos, municipales y el mayor de Bogotá debían expedir en los primeros quince días del mes de septiembre de cada año el acto administrativo en el cual fijaban discriminadamente el número de vehículos tipo taxi a ingresar, por incremento o reposición, al territorio de su jurisdicción al año siguiente (parágrafo 1º del citado artículo).
4. El Decreto 493 de 1990, expedido en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 15 de 1959, por lo cual tenía carácter de decreto especial, derogó expresamente al Decreto 265 de 1988 (art. 58). Es el estatuto para el servicio público de transporte municipal en vehículos tipo automóvil o taxi y dedica el capítulo I del título III a regular el ingreso de vehículos al parque automotor. En su artículo 17 dispone lo siguiente:
“El alcalde mayor de Bogotá y los alcaldes municipales y de las áreas metropolitanas fijarán anualmente, mediante acto administrativo, previo estudio técnico, el número de vehículos tipo automóvil y/o taxi que podrán ingresar durante el año siguiente por incremento y/o reposición al servicio público de transporte en el territorio de su jurisdicción...”.
Define lo que me entiende como ingreso de automóviles o taxis al servicio público de transporte, señala reglas referentes a compra de vehículos, sobre prestación y destinación exclusiva de los vehículos tipo automóvil o taxi (arts. 16, 18 a 22).
Dada la naturaleza legislativa que por ser decreto especial tenía el Decreto 493 de 1990 en la antigua Constitución y por regular íntegramente la materia a que se referían al Decreto-Ley 80 de 1987 y su reglamento el Decreto 265 de 1988, deben entenderse derogados tácitamente estos últimos por aquél, conforme a la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887.
5. El Decreto Especial 236 de 1991, dictado con base en la Ley 15 de 1959, derogó expresamente los artículos 17 a 20, 23 y 30 literal b) del Decreto Especial 493 de 1990, y cambio la política sobre la materia, pues vino a establecer en su artículo 1º la libertad de ingreso de vehículos tipo taxi municipal a las diferentes ciudades del país.
6. Por último, el Decreto Especial 209 de 3 de febrero de 1992, que es el que contiene el parágrafo 1º acusado, mantuvo la política de liberación de ingreso de vehículos clase taxi municipal y derogó expresamente el Decreto Especial 236 de 1991.
El análisis hecho pone en evidencia que al haber sido derogado el Decreto-Ley 80 de 1987 por el Decreto Especial 493 de 1990, mal podía servir de sustento legal al parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto Especial 209 de 3 de febrero de 1992 demandado, ya que no existía jurídicamente para esta fecha. Por ello, la legalidad de éste sólo se puede analizar frente al estatuto que sirvió de fundamento para su expedición, que es la Ley 15 de 1959.
Para la Sala recobran así plena virtualidad los razonamientos hechos en el auto de 10 de julio del presente año, que decretó la suspensión provisional del parágrafo 1º acusado por infracción manifiesta de los artículos 1º de la Ley 15 de 1959 y 211 de la nueva Constitución y resulta infundado lo sostenido en el auto de 4 de septiembre de 1992, que revocó el decreto de suspensión, en el sentido de que dicho parágrafo tiene sustento legal en el Decreto-Ley 80 de 1987.
Por ello, la Sala accederá a decretar la nulidad del parágrafo 1º demandado con base en lo expuesto en el auto primeramente mencionado, en el cual se dijo:
“El parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 209 de 3 de febrero de 1992, es del siguiente tenor:
“PAR. 1º—Los alcaldes distritales, municipales o metropolitanos, podrán suspender por el tiempo que se requiera el ingreso por incremento, de vehículos clase taxi municipal en el territorio de su jurisdicción, cuando consideren que en (sic) la ciudad respectiva se encuentra saturada de esta clase de vehículos”.
Al examinar el texto del artículo 1º de la Ley 15 de 1959 y su parágrafo fácilmente se advierte que el único mandato de intervención que se confirió al gobierno para delegar en los alcaldes fue al consagrado en el literal d) de dicho artículo para “fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, y establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta ley le corresponde al empleador en beneficio del empleado”.
Al confrontar este precepto con la norma reglamentaria acusada fluye claramente que la delegación hecha en ésta a los alcaldes para “suspender por el tiempo que se requiera el ingreso por incremento, de vehículos clase taxi municipal en el territorio de su jurisdicción cuando consideren que en la ciudad respectiva se encuentra saturada de esta clase vehículos” no se ciñe con fidelidad al mandato legal de intervención, pues éste no se refiere a esta materia, razón suficiente para predicar su transgresión manifiesta y que justifica que se decrete la suspensión provisional del referido parágrafo”.
Igual notoriedad cabe pregonar respecto del quebrantamiento del artículo 211 de la Constitución Nacional dado que la Ley 15 de 1959 no autorizó al gobierno para delegar en los alcaldes, la función de suspender el ingreso por incremento de vehículos clase taxi municipal en el territorio de su jurisdicción...”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo sección primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Declárase la nulidad del parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto Especial 209 de 3 de febrero de 1992, expedido por el Gobierno Nacional.
2. Devuélvase la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso, o su remanente.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del día once de diciembre de mil novecientos noventa y dos.