Source: http://registromundo.blogspot.com/2015/11/macri-veto-en-2010-la-creacion-de-una.html
Timestamp: 2017-10-20 03:13:41
Document Index: 306245408

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

MACRI VETO EN 2010 LA CREACION DE UNA OFICINA CONTRA LA TRATA ~ registromundo
EL PAIS › MACRI VETO EN 2010 LA CREACION DE UNA OFICINA CONTRA LA TRATA E IMPLEMENTO UN COMITE MAS ACOTADO Y SIN PRESUPUESTO PROPIO
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-185995-2012-01-22.html
VETO de la LEY Nº 3.369
DECRETO Nº 102/010
BOCBA N° 3349 del 27/01/2010
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.369, las Leyes Nacionales N° 25.632 y 26.364, la Ley N° 2.781 y los Expedientes N° 11.934/09 y 17.938/10, y
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3 de diciembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se crea la Oficina contra la Trata de Personas (en adelante, la Oficina) dependiente orgánica y funcionalmente del área con competencia en materia de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del proyecto de Ley en estudio define como autoridad de aplicación de la Ley N° 2.781 a la Oficina señalada en el artículo anterior;
Que el artículo 3º hace referencia al marco establecido en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” adoptando una definición de trata de personas;
Que el artículo 4º, citando nuevamente la Convención señalada, define los supuestos en que existe explotación de personas;
Que los artículos 5º y 6° establecen las funciones y atribuciones de la mentada Oficina;
Que el artículo 7º determina que la Oficina será asesorada por una comisión permanente, fijando su composición con integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Legislatura;
Que mediante el artículo 8º se asegura a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la materia, participación en la elaboración de estrategias de políticas públicas;
Que los artículos 9º y 10 establecen los requisitos e inhabilidades para integrar la planta profesional de la Oficina, apartándose del régimen general de empleo público vigente en la Administración;
Que el 11º determina el financiamiento de la Oficina con el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos;
Que la trata de personas es un fenómeno complejo que incluye aspectos relacionados con la violación de los Derechos Humanos, la pobreza, las desigualdades socio-económicas –dentro de cada país y entre los distintos países–, las desigualdades por razones de sexo, las políticas de migraciones y la lucha contra la delincuencia organizada;
Que en ese marco es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, que tenga en cuenta todos estos aspectos y en el que participen todas las partes involucradas, creando mecanismos de cooperación nacional e internacional entre el lugar de origen, el de tránsito y el de destino;
Que la cuestión de fondo con la que se vincula el proyecto de Ley en estudio se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la “Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y su “Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” –aprobados por Ley Nacional N° 25.632– y de la Ley Nacional N° 26.364;
Que en el ámbito específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el marco jurídico básico es la Ley N° 2.781, que expresamente indica en su artículo 1° que “… La Ciudad de Buenos Aires garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños“;
Que, recogiendo el espíritu de la Ley Nacional N° 26.364, la Ley N° 2.781 establece con detalle las obligaciones de la Ciudad en la de prevención de los casos de trata y la protección a los damnificados por tales delitos;
Que dicha normativa se enmarca en los Derechos Humanos fundamentales consagrados por la Carta Magna nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo normado por el artículo 102 de la Ley Fundamental local, el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la Administración de la ciudad, la planificación general de la gestión, la aplicación de las normas, la dirección de la administración pública y la reglamentación de las leyes, entre otras atribuciones y deberes;
Que consecuentemente, el Poder Ejecutivo –a través del Expediente N° 11.934/09– está tramitando el dictado del decreto reglamentario de la Ley N° 2.781, en base a un protocolo anexo ya consensuado entre las diferentes áreas competentes en la materia (Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Derechos Humanos y Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) que comprende las actividades que el proyecto de Ley citado en el Visto asigna a la Oficina;
Que la proyectada reglamentación de la Ley N° 2.781 se ha elaborado con la participación e intervención de todas las instancias involucradas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, obteniéndose como resultado un Protocolo de intervención integral, completo y funcional, enmarcado en los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas;
Que habida cuenta de las múltiples competencias de los diferentes organismos de gobierno comprometidos con la materia, que se traducen en una diversidad de acciones propias de cada dependencia, se considera conveniente establecer una autoridad de aplicación compartida en cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 2.781;
Que conforme al artículo 4° de la Ley N° 2.781 corresponde al Poder Ejecutivo definir la Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 104, inciso 9), se encuentra entre las atribuciones y funciones de la Jefatura de Gobierno la de establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;
Que en el ámbito del Poder Ejecutivo, y conforme al Anexo III del Decreto N° 1.150/09, la responsabilidad primaria de promover y articular políticas contra la trata de personas y brindar atención integral a los damnificados por tal delito compete a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que cuenta con un área específica para el tema (Resolución N° 280/SSDH/09);
Que la determinación de cómo debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de división de poderes que surge del sistema republicano consagrado por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por otra parte, el proyecto de Ley en consideración reitera definiciones o conceptos que fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o errores;
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.369, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Social y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal a/c
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/dvl3369.html
3247 Becas Educación Superior – Programa.
3267 Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
3268 Registro de Ex Presos Políticos Total.
3269 Modificación de la Ley del Instituto de Vivienda.
3274 Prohibición de uso de sopladoras.
3298 Creación del Comité contra la Tortura.
3300 Modificación Ord. 47046 – Feriante Plazoleta Joaquín Sánchez y Plaza Dorrego.
3356 Subsidio al Museo Argentino del Títere.
3332 Libreta Sanitaria de Niños, Niñas y Adolescentes.
3348 Permiso de Uso Precario del Inmueble de la Multisectorial de San Cristóbal.
3374 Modificación del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
3385 Modificación de la Ley 1075 (Subsidios a ex Combatientes de Malvinas).
3360 Tratamiento de la Violencia en los medios de comunicación..
3378 Permiso de Uso Precario del Inmueble a la Cooperativa Liberación.
3296 Prevención y la rehabilitación del Síndrome de Desgaste Laboral Crónico.
3362 Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.