Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S48-05.html
Timestamp: 2016-02-13 15:18:43
Document Index: 247901453

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 60']

Euclides Rafael Moreno Morean v. Venezuela, Caso 12.194, Informe No. 48/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 48/05[1]
9. La petición también alega que el 28 de octubre de 1992, se dictó auto de detención en contra de la presunta víctima sin posibilidad de libertad bajo fianza y sin brindársele oportunidad previa de defenderse contra esta medida. La presunta víctima, “ante la posibilidad de permanecer numerosos años pendiente de juicio en alguna de las peligrosas prisiones venezolanas” escapó de Venezuela refugiándose en el extranjero. Esto supuso la congelación de todos sus activos a la espera de las resultas del juicio y el inicio de su procesamiento in absentia. Por estos hechos, el peticionario denuncia la violación de los artículos 7 y 21 de la Convención Americana. Respecto de este último artículo, el peticionario señala que también se vio vulnerado en la medida en que le fueron congelados sus bienes a la espera del juicio y, posteriormente, se le condenó al pago de una indemnización monetaria derivada de un juicio violatorio de su debido proceso. Este congelamiento y la subsecuente imposibilidad de la presunta víctima y sus herederos de hacerse cargo de los bienes supuso, según el peticionario, la “desaparición real de su patrimonio en el país y la pérdida de sus bienes raíces”. 10. La petición sostiene que este modelo procesal penal inquisitvo y violatorio de las garantías mínimas del debido proceso, a través del cual la presunta víctima fue juzgada y condenada, ha sido condenado por la Comisión en su informe Informe 50/00 en el caso Reinaldo Figueredo Planchart contra Venezuela. Señala el peticionario que a pesar de que Venezuela posteriormente reformó su Código Procesal Penal, la reforma no le fue aplicada a la presunta víctima, cuyo caso fue procesado bajo las normas del antiguo Código Procesal, el cual violaba ampliamente el derecho al debido proceso al establecer una fase sumarial secreta y, para casos de Salvaguarda del Patrimonio Público, establecer que la detención provisional no permitía la libertad bajo fianza o bajo cualquier otro modo en ningún caso.
2. Posición del Estado 13. En sus primeras observaciones a la petición, el Estado argumentó que a lo largo del trámite de la presente averiguación penal, tanto en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, como de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dio perfecto cumplimiento a los trámites procesales establecidos por la legislación adjetiva venezolana y los defensores de la presunta víctima pudieron ejercer todos los medios de defensa que consideraron oportuno para su representado. Así, argumentó el Estado que la presunta víctima gozó de todas las garantías procesales de acceso a la justicia, igualdad ante la ley y ante los tribunales, derecho a defenderse y a ser oído, a gozar de representantes judiciales y al libre disfrute de sus facultades procesales. Estos derechos fueron respetados incluso ante la ausencia del acusado, a quien, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público que permite el procesamiento de los acusados in absentia tras la emisión de una orden de captura, se le nombró un Defensor Provisorio y, posteriormente, dos abogados defensores definitivos quienes ejercieron en su nombre y representación los medios probatorios considerados pertinentes.
A. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 18. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a Euclides Rafael Moreno Morean, por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. En relación al Estado, éste ratificó la Convención Americana el 9 de agosto de 1977.
20. Con relación a la competencia ratione materiae, la Comisión nota que los peticionarios sostuvieron que el Estado violó los derechos a la libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), propiedad privada (artículo 21) y protección judicial (artículo 25), de la Convención Americana, en relación con las obligaciones derivadas del artículo 1 del mismo Tratado. B. Requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos 21. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. La presunta víctima alegó que los recursos internos disponibles se habían agotado a través de la sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de diciembre de 1998. El Estado no presentó objeciones preliminares relacionadas con la falta de agotamiento de los recursos internos. En consecuencia, la Comisión Interamericana considera que se encuentra cumplido el requisito de agotamiento de los recursos internos.
25. De acuerdo con lo alegado por la petición y su jurisprudencia previa[3], la Comisión encuentra que el peticionario ha formulado alegaciones que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes" y que si se comprobaren como ciertas, podrían configurar violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención. Por lo tanto, sin prejuzgar sobre los méritos del caso, la Comisión considera que se han cumplido los requisitos de los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana. 26. De otro lado, la Comisión encuentra que carece de fundamento la alegada violación al artículo 7 de la Convención, en tanto que la presunta víctima no alegó haber estado privada de la libertad en ningún momento. Por ende, la Comisión no estudiará dicho cargo en sus consideraciones sobre el fondo del asunto. De la misma manera, la Comisión no encuentra fundamento que permita sostener que el congelamiento de los bienes de la presunta víctima podría constituir prima facie una violación al derecho a la propiedad (artículo 21), en tanto que dicha medida, conforme a la normatividad vigente, fue adoptada como sanción razonable y temporal a una persona que se negó a comparecer a un procedimiento judicial. Por tales consideraciones, la Comisión se abstendrá de estudiar dicho cargo en la etapa de méritos del caso.
1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1 (1) del mismo tratado. 2. Declarar la inadmisbilidad de las presuntas violaciones a los artículos 7 y 21 de la Convención Americana.
[1] El comisionado Freddy Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, no participó en las deliberaciones y la votación sobre el presente informe, de conformidad con el artículo 17(2) (a) del Reglamento de la Comisión. [2] El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, a través sentencia de 28 de junio de 1999, condenó al señor Euclides Rafael Moreno Moreán a la pena de dos años y once meses de prisión como autor responsable y culpable en la comisión del delito de malversación genérica, previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguardas del Patrimonio Público.