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Timestamp: 2019-01-20 15:23:03
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Daniel Badell Porras. "Imputaciones Policiales y Judiciales. Mal de males en nuestro actual sistema procesal penal."
Imputaciones Policiales y Judiciales. Mal de males en nuestro actual sistema procesal penal
Daniel Badell Porras
Abogado UCAB, 2005
L.L.M International Commercial Law, Bournemouth – Inglaterra, 2008
Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas UCAB
2. Aproximación al sistema acusatorio y la imputación
3. Las imputaciones policiales y judiciales
3.1 Límites de los órganos de policía y jueces en relación al proceso penal en fase preparatoria
3.2 Posibles remedios procesales
3.3 Ejemplo de imputación policial
En nuestro Código Orgánico Procesal Penal (en adelante, COPP) se estableció a partir de 1999 -y así lo aprendemos y enseñamos en nuestras universidades- que el sistema procesal penal en Venezuela es de carácter acusatorio. En palabras muy breves, el sistema acusatorio comporta la obligación de encargar las funciones de investigar/acusar y juzgar a personas distintas, pues ello garantiza la imparcialidad de las mismas y del sistema en sí.
Este sistema acusatorio, garantía de imparcialidad, equidad y justicia, encuentra sus orígenes más remotos en la teoría de la separación de los poderes que dio paso al desarrollo del Estado de Derecho. Pero más allá de sus bases encuentra su esencia en la garantía y resguardo del derecho fundamental más importante luego del derecho a la vida, este es, el derecho a la libertad.
Prevé el artículo 1 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como principio fundamental y derecho irrenunciable la libertad. Aunado a ello dispone el artículo 44 de nuestra Carta Magna que el derecho a la libertad es inviolable y, en consecuencia, “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…”. De ese modo se establece en nuestro ordenamiento jurídico, de manera clara, precisa e indubitable, que la libertad personal es inviolable y que, en materia procesal penal, la regla general es el juicio en libertad y las restricciones la excepción.
Estamos, pues, en una nación cuyo sistema –al menos desde el punto de vista legislativo- garantiza la libertad personal y reconoce como única excepción posible a la detención sin que exista previamente una orden judicial que así lo determine, a la flagrancia.
Sin embargo, sabemos que lo anterior no es tal y que las detenciones arbitrarias se han convertido en cotidianidad. Actuaciones policiales y judiciales desentendidas de nuestros principios fundamentales como nación y desapegadas de los principios rectores propios de nuestro sistema procesal penal.
En esta breve introducción debemos advertir que la culpa de este mal de males, como hemos titulado el presente trabajo, no es solo de los órganos de policía y los jueces de instancia, pues bastante responsabilidad recae incluso sobre el Tribunal Supremo de Justicia al ser el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro sistema judicial y haber producido decisiones como, por ejemplo, la Sentencia Nro. 526, del 9 de abril de 2001, de la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Ivan Rincón Urdaneta en la que señaló que “…la presunta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ser imputada a la Corte de Apelaciones accionada, ni tampoco al Juzgado de Control que dictó el auto de privación judicial preventiva de libertad (…) ya que la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales cesó con esa orden…”.
Esa decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en el comodín ilimitado e irrestricto de los jueces penales del país para convalidar las detenciones inconstitucionales llevadas a cabo por la policía. Aun peor, en los casos de órdenes de aprehensión infundadas o indebidamente libradas ahora basta que se ordene –a posteriori- la privación judicial preventiva de la libertad del detenido para que cualquier inconstitucionalidad sea inmediatamente subsanada.
Decisiones como la comentada (solo por mencionar esa) el desconocimiento de principios y garantías fundamentales por parte de algunos policías, fiscales y jueces, son algunos de los factores que han hecho surgir las imputaciones policiales y judiciales que desaprobamos de manera categórica en estas líneas; pero que no podemos dejar de estudiar al formar parte nuestro sistema procesal penal y tratar, en lo posible, de ofrecer una respuesta jurídica a tal situación.
2. Aproximación al sistema acusatorio y al acto de imputación
En grandes rasgos el sistema de justicia penal a nivel internacional evolucionó de sistemas inquisitivos propiamente dichos a sistemas mixtos o acusatorios en los que los rasgos inquisitivos fueron quedando en desuso con el paso del tiempo. El sistema acusatorio es aquel en el que se unen las ventajas “…de la persecución penal estatal con las del proceso acusatorio que consisten, precisamente, en que juez y acusador no son la misma persona. Esto sólo puede suceder si el Estado asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa función en dos autoridades estatales distintas una autoridad de acusación y el tribunal (…) esto solo es posible a través de la creación de una autoridad de acusación estatal especial, la fiscalía”[1].
En el derecho alemán vigente, señala el maestro –Roxin- rige soberanamente el principio acusatorio formal en el que la apertura de una cognición jurisdiccional está condicionada o supeditada a la interposición de una denuncia o querella en el que nunca puede actuar jamás de oficio el órgano de carácter jurisdiccional. En idénticos términos debe suceder en nuestro ordenamiento jurídico venezolano.
Así, el sistema acusatorio se relaciona con el principio de oportunidad para la investigación del delito y la acusación, la posibilidad de disponer de la acción penal por las partes del proceso[2], la búsqueda de la verdad formal, la proscripción de las pruebas de oficio[3] y de la variación de la calificación jurídica de la conducta[4] y la no afectación de la imparcialidad del juzgador. Todo ello, en su conjunto, constituye las nociones básicas fundamentales del sistema acusatorio.
Sistema acusatorio que comporta la gran responsabilidad para el Ministerio Público de ejercer la acción penal en representación del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 285.4 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese ejercicio de la acción penal podría resumirse en la presentación de una acusación fiscal ante el órgano jurisdiccional solicitando el enjuiciamiento del imputado.
Ahora bien, para poder llegar a esa fase procesal es necesario que el sujeto de carne y hueso sobre el que se pretender ejercer el ius puniendi, haya sido impuesto de manera previa respecto de la investigación que sigue en su contra el Ministerio Público, garantizándosele de tal modo el derecho a la defensa. Ese acto de carácter formal en el que se le informa al sujeto que está siendo investigado por la vindicta pública lo constituye, precisamente, el acto de imputación.
No constituye materia central de estudio lo referido a la imputación, pero vale decir que el acto de imputación es aquel que atribuye al sujeto investigado la cualidad de parte en el proceso y deviene en el nacimiento del derecho a descargar frente a los argumentos fiscales. Aunado a ello, destacamos la necesidad de distinguir entre la imputación formal, la imputación material (que puede darse por múltiples criterios reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia)[5] y una novísima e inconstitucional forma de imputación que llamaremos “imputación policial o judicial”, a la cual nos referiremos de seguida.
3. Imputaciones policiales y judiciales
De entrada debemos indicar que las imputaciones policiales y judiciales no responden a criterio doctrinario o jurisprudencial alguno. Surgen del desconocimiento o quebrantamiento intencional del orden constitucional y procesal penal. Son actuaciones de hecho en las que en un trabajo combinado entre policías y jueces privan ilegítimamente de libertad a algún sujeto y lo someten al rigor del proceso penal sin que siquiera exista el mismo para el momento de su detención o, peor aún, siga sin existir proceso penal alguno mientras continúe estando detenido.
Esas imputaciones no son más que actuaciones de hecho en las que se priva de libertad a un determinado ciudadano en franca violación a sus derechos más elementales y contrariando principios de orden constitucional y legal. En efecto, conforme prevé el artículo 285 numeral 3 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Ministerio Público “…ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores (…) así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados a la perpetración”.
Mal podría entonces, como sucede a diario, el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN (solo por mencionar un ejemplo) efectuar investigaciones –por referirnos a lo menos – o realizar detenciones sin que exista un procedimiento de investigación previo que haya sido autorizado por el Ministerio Público y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11, numeral 2, del COPP, haya ordenado y supervisado la realización de esas actuaciones de investigación policial que deben estar referidas a la adquisición y conservación de elementos de convicción.
Constituye claro ejemplo de esas actuaciones policiales, la práctica de citaciones requiriendo la comparecencia de sujetos en calidad de “entrevistado” y que devienen en una ilegítima privación de libertad. Luego de lo cual, el sujeto indebidamente privado por varios días o semanas es puesto a la orden del Ministerio Publico y trasladado “en flagrancia” ante un tribunal de control. Órgano jurisdiccional que, obviando también principios de orden constitucional y legal, suele convalidar las actuaciones policiales y otorga una falsa apariencia de legalidad al proceso. Esa falsa apariencia de legalidad al proceso se constituye, precisamente, con una imputación judicial.
La intervención policial y judicial en la fase preparatoria del proceso penal depende, básicamente, de los requerimientos efectuados por el Ministerio Público y las diligencias de investigación que solicitan las partes a la vindicta pública. Cualquier otra actuación llevada adelante sin que exista el requerimiento previo de la fiscalía y que afecte de manera directa derechos de los particulares, debe ser considerada nula de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
El primer límite que encuentran los órganos de policía y jueces en su actuar está marcado por el principio de oficialidad, en cuanto se refiere al hecho de que la persecución penal corresponde al Estado y solo él puede llevarla adelante a través del Ministerio Publico, por designio de la Constitución Nacional en su artículo 285 numeral 4[6].
El Ministerio Público es percibido como una cabeza sin manos[7], pues necesita del auxilio de los órganos de policía para desarrollar sus labores de investigación. Esas labores, evidentemente, supeditadas –salvo contadas excepciones-[8] a los requerimientos fiscales conforme lo dispuesto en el artículo 111 del COPP. Incluso, podría requerir el Ministerio Público en la fase preparatoria del proceso el auxilio del juez de control, en el caso de las inspecciones, experticias o pruebas anticipadas[9]. Lo importante del asunto está en comprender que no pueden haber actuaciones policiales y judiciales sin que exista, de manera previa, una investigación que haya sido autorizada por el Ministerio Público.
Así, entendemos que el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal en representación del Estado, de modo que solo él podría autorizar el inicio del proceso formal de investigación de determinado ciudadano y debe hacerlo, además, como parte de buena fe por exigencia del COPP en su artículo 105.
El siguiente límite lo encontramos en el principio de legalidad administrativa. Conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional y en su condición de órganos de la Administración Pública Nacional, los órganos de policía y jueces deben ejercer sus funciones bajo estricto apego y respeto al principio de la legalidad administrativa según el cual, la Constitución Nacional y las leyes “…definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
Tan claro es el deber de sujeción administrativa de los órganos de policía al Ministerio Público, que el propio COPP en su artículo 118 prevé sanciones para el órgano que omita o retarde la ejecución de actos propios a sus funciones o los cumpla de manera negligente. Lo anterior, ciertamente, so pena de la responsabilidad personal de los funcionarios actuantes, según sea el caso. Lo mismo ocurre en el caso de los jueces, en la fase preparatoria del proceso el juez de control debe “controlar” el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, atendiendo a lo establecido en el artículo 264 del COPP.
Mal puede entonces un juez de control dictar medida de carácter personal o real excediendo sus funciones en la fase preparatoria del proceso, sin que exista, al menos, un procedimiento de investigación previo del que esté conociendo el Ministerio Público y que dentro de ese procedimiento el sujeto investigado haya sido debidamente imputado de los hechos respecto de los cuales está siendo investigado.
Peor aún ocurre cuando al juez de control, sin que exista investigación alguna por parte del Ministerio Público, se le presenta a un sujeto detenido por un órgano policial y sin que el Ministerio Público precalifique la existencia de algún tipo penal, procede a dictar una medida privativa preventiva de la libertad. Ante ese supuesto estaría a todas luces incurriendo el juez actuante en privación ilegítima de la libertad conforme lo dispuesto en el artículo 176 del Código Penal.
Cuanto más defendamos a ultranza la plena y absoluta vigencia del sistema acusatorio, más alejadas de la constitucionalidad y legalidad nos parecerán las imputaciones policiales y judiciales. Precisamente esa es la óptica con la que deben ser vistas tales actuaciones, pues carecen de toda lógica procesal. No obstante lo anterior, forman parte del día a día de los que nos dedicamos al ejercicio del derecho penal.
Es preciso indicar que, aunque sean situaciones de hecho inconstitucionales y anulables conforme lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del COPP, ello no quiere decir que las personas sometidas a su aplicación queden en libertad plena, aunque ello es lo que se supone debería suceder. Por el contrario, los sujetos sometidos a descomunales arbitrariedades quedan privados de su libertad, en situaciones incluso peores que delincuentes condenados, pues aunque sea estos últimos tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo del proceso.
A nuestro juicio, es necesario plantear alguna salida o al menos posibilidad jurídica ante la abrumadora ocurrencia de esas imputaciones policiales y judiciales. Mal podríamos quedarnos de brazos cruzados rezando por algún milagro divino que ilumine al juzgador y lo persuada a ordenar la libertad plena del sujeto detenido, a declarar la nulidad de las actuaciones policiales o a que el fiscal del Ministerio Público inicie una investigación en contra de los funcionarios actuantes (aunque lo anterior sería celestial por decir lo menos).
En función de lo anterior, sugerimos que las imputaciones policiales y judiciales sean consideradas como actos de imputación material. De ese modo, ante la ocurrencia de alguna de ellas podríamos acudir al Ministerio Público para solicitar la imputación formal del sujeto afectado y así ejercer su derecho a la defensa. Considero que las imputaciones policiales y judiciales son actos que inciden de manera directa en la esfera de derechos de los ciudadanos afectados y otorgan al mismo la condición de imputado. Precisamente, la imputación material “…no es otra cosa que reconocer la existencia de actos de procedimiento distintos al acto formal de imputación que son capaces de otorgar la condición de imputado al sujeto que sufre las consecuencias de esos eventos en el proceso”[10].
Aunque en el supuesto de la imputación policial y judicial el sujeto afectado ya podría encontrase privado de su libertad, no es menos verdad que ese hecho haría surgir de inmediato en él la condición de imputado. Ello ofrecería a su defensor la posibilidad de acudir al Ministerio Público para solicitar la imputación formal del sujeto y ejercer ante esa instancia su derecho a la defensa.
Lo anterior no desdice de otra posible acción legal. Podríamos también plantear una denuncia ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público alegando la privación ilegítima de libertad del sujeto afectado; lo cual debemos hacer antes de que se materialice la convalidación de la aprehensión por parte el juez de control con el auto que decrete la privación judicial preventiva de la libertad, pues una vez tomada esa decisión el camino procesal será el de apelar contra la medida de conformidad con lo previsto en el artículo 439 del COPP.
Otro de los remedios procesales que tenemos a la mano es el ejercicio de una acción de amparo constitucional. Ante una imputación policial que consista en la privación ilegítima de la libertad de un determinado sujeto, podremos ejercer un amparo constitucional por privación ilegítima de la libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Fundamentales. A tal efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 113, del 17 de marzo de 2000 ha señalado que "... el Hábeas Corpus se concibe como una verdadera garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias... ".
Ahora bien, habiéndonos pasado por varias posibles respuestas jurídicas a actuaciones que no lo son, debemos tener en cuenta que lo verdaderamente importante es no acostumbrarnos o consentir esas actuaciones inconstitucionales. Se puede o no estar de acuerdo con los planteamientos jurídicos presentados en este punto, pero debe haber unidad de criterio en que la solución a semejantes atropellos está en manos de quienes ejercemos y defendemos el derecho, no en manos de quienes ejercen el derecho torcido. Si nosotros, profesionales, abogados y académicos no defendemos nuestro sistema procesal penal y sus instituciones, estén seguros de que los ignorantes, arbitrarios y corruptos no lo harán por nosotros.
A mediados de Julio de 2016 un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, cursando distintas carreras, decidieron participar en una competencia nacional de fotografía digital, cuyo único requisito indispensable era tomar la fotografía con un teléfono inteligente. Los jóvenes se plantearon varias posibilidades, entre ellas tomar fotos del Parque del Este, del Ávila, de los Campos de Golf del Country Club, de la inmensidad y particularidad de los barrios Caraqueños. Habiendo discutido las opciones se aventuraron a tomar fotos del muy conocido Jardín Botánico y que mejor forma de hacerlo que tomando una foto aérea.
Ya tenían el objetivo, luego planificaron cómo obtener la fotografía. Pensando en una buena toma aérea se dirigieron a la Torre Este de Parque Central y sin violar, forzar, romper, alterar o efectuar cualquier acto de ese tipo que a posteriori inventaron las autoridades, accedieron a las escaleras de emergencia y subieron los cincuenta y dos (52) pisos del Edificio hasta alcanzar la azotea. Estando allí, muy emocionados y estando seguros de que ganarían el concurso nacional de fotografía, comenzaron a tomar fotos del Jardín Botánico y del Este de Caracas. La alegría y el regocijo se mantuvieron hasta que personal de seguridad de Parque Central llegó al sitio y aprehendieron a los ahora infortunados estudiantes, cuyo viacrucis estaba solo comenzando.
Luego de permanecer retenidos por varias horas en los sótanos de la Torre Este de Parque Central, lugar en el que fueron salvajemente golpeados y torturados física y psicológicamente, el personal de seguridad de la Torre llamó al SEBIN e informó de la aprehensión de unos peligrosos sujetos que accedieron a la edificación violando las puertas de entrada y utilizaron la azotea del Edificio para preparar actos que atentaban contra la seguridad de la Nación. Pasaron minutos desde la llamada al SEBIN hasta que llegaron al sitio funcionarios fuertemente armados, vestidos de negro y utilizando sus técnicas de intimidación ya conocidas por nuestra población y algunos actores políticos.
Los jóvenes estudiantes y atrevidos fotógrafos fueron trasladados a las instalaciones del SEBIN en el Helicoide y permanecieron incomunicados por un período de cinco (5) días. En ese lapso de tiempo no podíamos más que preocuparnos por el estado físico de los jóvenes y tratar de presagiar cómo plasmarían los funcionarios ese “acto delictivo” en las actas policiales que acompañarían la presentación de los detenidos ante los tribunales de control. Pasadas más de ciento veinte (120) horas privados ilegítimamente de su libertad, sin que existiera investigación alguna en contra de los infortunados estudiantes y sin que se hubiese notificado al Ministerio Público de su aprehensión, la única respuesta que recibíamos de las “autoridades” era que “los traidores a la patria y conspiradores” serían presentados ante los tribunales en su debido momento porque la gravedad de su crimen ameritaba exhaustiva labores de inteligencia policial.
Ante ello, estudiamos los tipos penales referidos a crímenes políticos y de guerra, el de rebelión, traición a la patria y hasta maginicidio. Por instantes -confieso en estas líneas- me surgía la duda de estar defendiendo a capa y espada la libertad de unos inocentes estudiantes y pensaba que podía haber sido engañado por algún grupo de extrema derecha que planeaba tumbar el gobierno con sus teléfonos celulares; en esos instantes me imaginaba compartiendo la misma celda que mis defendidos en cualquiera de las venideras horas.
Bien avanzado ya el quinto (5) día de detención nos informaron que el SEBIN procedería al traslado de los detenidos al Palacio de Justicia. Ansiosos por ver la cara de los estudiantes y verificar su condición física, finalmente los conocemos. Jóvenes entre diecinueve (19) y veintitrés (23) años profundamente afectados por lo que vivieron en esos días y atemorizados por los pronósticos que les susurraban a los oídos mientras estaban en cautiverio. Al final de ese quinto día conocimos el grave delito que mantuvo privados de libertad de manera ilegítima a nuestros representados, atendiendo a las actas policiales el fiscal del ministerio público precalificó ante el tribunal de control el delito de “uso indebido de símbolo patrio”, porque en uno de los teléfonos de los peligrosos estudiantes encontraron una fotografía de la Bandera Nacional al revés.
Ante semejante improvisada e inesperada precalificación por parte de la fiscalía, no nos quedó otra opción que googlear, en ese instante, en plena audiencia, la Ley de Símbolos Patrios y alegar, en primer lugar, la atipicidad de los hechos y, en adelante, la nulidad de la aprehensión, de las actuaciones policiales y solicitar libertad plena para no adentrarnos en mayores detalles. Ya para el momento se había perfeccionado la imputación policial, pues aprehendieron y mantuvieron privados de libertad a estudiantes absolutamente inocentes y por demás inofensivos durante cinco (5) días y que luego resultarían presentados ante un tribunal de control por “uso indebido de símbolo patrio” hecho que también fue inventado por sus aprehensores a todas estas.
Desafortunadamente lo anterior no fue suficiente para el “ius puniendi” del Estado y el juez de control tuvo la osadía de admitir la precalificación del delito e imponer a los estudiantes de una medida cautelar sustitutiva consistente en un régimen de presentación.
Palabras más, palabras menos, así funciona la imputación policial. En la práctica, no existen límites a la actuación policial ni judicial. Por un lado, tenemos policías, fiscales y jueces supeditados a instrucciones irrestrictas e ilimitadas de sus superiores y -de este otro - defensores de la institucionalidad nadando contra la corriente y sin ganas de rendirnos buscando un mejor futuro para nuestro sistema procesal penal y, en consecuencia, para nuestro país.
Habiendo completado el estudio elaborado en estas breves líneas corresponde cerrar con las siguientes conclusiones:
- El sistema acusatorio comporta la obligación de encargar las funciones de investigar/acusar y juzgar a personas distintas, pues ello garantiza la imparcialidad de las mismas y del sistema en sí.
- El acto de imputación es aquel que atribuye al sujeto investigado la cualidad de parte en el proceso y deviene en el nacimiento del derecho a descargar frente a los argumentos fiscales.
- Las imputaciones policiales y judiciales no responden a criterio doctrinario o jurisprudencial alguno. Surgen del desconocimiento o quebrantamiento intencional del orden constitucional y procesal penal. Son actuaciones de hecho en las que en un trabajo combinado entre policías y jueces privan ilegítimamente de libertad a algún sujeto y lo someten al rigor del proceso penal sin que siquiera exista el mismo para el momento de su detención o, peor aún, siga sin existir proceso penal alguno mientras continúe estando detenido.
- Las actuaciones policiales o la puesta en marcha del aparato judicial del Estado está marcada por el principio de oficialidad, en cuanto se refiere al hecho de que la persecución penal corresponde al Estado y solo él puede llevarla adelante a través del Ministerio Publico, por designio de la Constitución Nacional en su artículo 285 numeral 4.
- Conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional y en su condición de órganos de la Administración Pública Nacional, los órganos de policía y jueces deben ejercer sus funciones bajo estricto apego y respeto al principio de la legalidad administrativa según el cual, la Constitución Nacional y las leyes “…definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
- Sugerimos que las imputaciones policiales y judiciales sean consideradas como actos de imputación material. Así, ante la ocurrencia de alguna de ellas podríamos acudir al Ministerio Público para solicitar la imputación formal del sujeto afectado y poder ejercer su derecho a la defensa.
- Se puede o no estar de acuerdo con los planteamientos jurídicos presentados en este trabajo, pero debe haber unidad de criterio en que la solución a semejantes atropellos está en manos de quienes ejercemos y defendemos el derecho; no en manos de quienes ejercen el derecho torcido. Si nosotros, profesionales, abogados y académicos no defendemos nuestro sistema procesal penal y sus instituciones, estén seguros de que los ignorantes, arbitrarios y corruptos no lo harán por nosotros.
- Por un lado, tenemos policías, fiscales y jueces supeditados a instrucciones irrestrictas e ilimitadas de sus superiores y -de este otro - defensores de la institucionalidad nadando contra la corriente y sin ganas de rendirnos buscando un mejor futuro para nuestro sistema procesal penal y, en consecuencia, para nuestro país.
- BOVINO, Alberto; Principios Políticos del Procedimiento Penal. Editorial del Puerto. Buenos Aires – Argentina, 2005.
- GIMENO SENDRA, Vicente; Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Colex Editorial. España, 2010.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. 5ta Edición. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona – España, 2012.
- RIONERO, Giovanni; Problemas de la imputación en el Proceso Penal. Vadell Hermanos Editores. Caracas – Venezuela, 2015.
- RIONERO, G y BUSTIOS, L; Edición Especial 2000-2010 Maximario Penal, homenaje a los 10 años de vigencia del Código orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos. Caracas – Venezuela, 2010.
- ROXIN, Claus; Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto. Traducción de la 25ª Edición Alemana revisada por Julio Maier. Buenos Aires, 2014.
- VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magaly; Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano. Edición revisada y actualizada. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas –Venezuela, 2013.
[1] ROXIN, Claus; Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto. Traducción de la 25ª Edición Alemana revisada por Julio Maier. Buenos Aires, 2014. Página 86 y siguientes.
[2] Posibilidad de (i) aplicar el principio de oportunidad (artículo 38 del COPP) (ii) proponer acuerdos reparatorios (artículo 41 del COPP) (iii) solicitar la suspensión condicional del proceso (artículo 43 del COPP).
[3] Supuesto previsto en el artículo 342 del COPP al señalar que “Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia (audiencia de juicio) surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieren su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes”.
[4] Ver artículo 345 COPP “En la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad”.
[5] Revisar en ese sentido estudio del Profesor Giovanni Rionero. Problemas de la Imputación en el Proceso Penal. Vadell Hermanos Editores. Caracas – Venezuela 2015.
[6] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. 5ta Edición. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona – España, 2012. Pág. 176.
[7] VASQUEZ GONZALEZ, Magaly “Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas – Venezuela. 2001
[8] De conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal podrían los órganos policiales proceder a un allanamiento sin orden previa que lo autorice.
[9] Artículo 289 del COPP.
[10] RIONERO, Giovanni; “Problemas de la imputación en el Proceso Penal”. Vadell Hermanos Editores. Caracas – Venezuela, 2015. Pág. 47.