Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-830-14.htm
Timestamp: 2018-12-14 20:03:44
Document Index: 283494441

Matched Legal Cases: ['artículo 1058', 'artículo 42', 'artículo 355', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 1058', 'artículo 1058', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 335', 'Artículo 20']

T-830-14
Sentencia T-830/14
Esta Corporación ha consolidado una línea jurisprudencial uniforme, sobre la posibilidad de ejercer acción de tutela en contra de entidades financieras y aseguradoras. Principalmente, porque esta clase de entidades ejercen un papel determinante en la economía nacional, de tal forma que las sitúa en una posición privilegiada respecto de los ciudadanos o habitantes de nuestro país. Esos privilegios pueden traer consigo, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, la subordinación y/o indefensión de los particulares frente a ellas. De allí que, incluso, las haya considerado prestadoras de un servicio público.
El examen de subsidiariedad debe hacerse caso a caso. Y ello se explica pues en abstracto todos los recursos son eficaces e idóneos. Nadie podría negar, en el papel, la eficacia o idoneidad que el legislador ha querido dotar a los recursos judiciales de defensa de los derechos. No obstante, las circunstancias particulares de cada contexto determinarán esos supuestos que a veces son tan difíciles de concretar. Para esta Corte, “las herramientas procesales no son adecuadas y/o eficaces en abstracto (…). Si fuera de otra manera, el amparo constitucional perdería la eficacia pues las personas, hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos y/o eficaces”. Así las cosas, al haberse flexibilizado el requisito respecto de los ciudadanos, los jueces tienen una carga argumentativa mayor. Ya no basta con decir que existe un recurso en el ordenamiento jurídico, sino que además, tendrán que argumentar por qué ese mecanismo es el idóneo y eficaz. La carga no debe corresponder a la parte pues la tutela parte del principio de informalidad procesal, sino que es el juez quien debe, como administrador de justicia constitucional, definirlo.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora efectuar el pago del saldo insoluto de la obligación adquirida por la accionante con el Banco y en caso de haberse iniciado algún proceso ejecutivo en su contra, se ordena su terminación
Referencia: expedientes T-4.422.641, T-4.422.796
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Mauricio González Cuervo, y la Magistrada María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1997, profiere la siguiente
1. Manifiesta la accionante que mediante resolución Nº 000196 del doce (12) de junio de mil novecientos noventa (1990) fue nombrada en propiedad como docente de aula bajo el código 9001 Grado 14 por la Secretaría de Educación de Valledupar. Desde ese día prestó sus servicios como profesora, pero a raíz de su trabajo presentó varias patologías.
2. El veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013) le fue aprobado un crédito con el Banco Comercial AV Villas S.A., identificado bajo el código 1632140. De igual manera, suscribió un contrato de seguro con la empresa Seguros de Vida Alfa S.A. que, dijo, tiene una vigencia entre el primero (01) de agosto de dos mil doce hasta el primero (01) de agosto de dos mil catorce (2014). La póliza de seguros operaría por muerte o discapacidad total y permanente superior al cincuenta por ciento (50%).
3. El cinco (05) de septiembre de dos mil trece (2013) la U.T Oriente Región 5 le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del noventa y cinto punto cuarenta y ciento por ciento (95.45%) con fecha de estructuración del primero (01) de septiembre de (2013). El diagnóstico fue deficiencia por trastornos de la personalidad, hipertensión arterial y artrosis en la rodilla, así como discapacidades en la conducta, comunicación, locomoción, deposición del cuerpo, dependencia física, entre otras. En otros términos, padece una invalidez total y permanente.
5. Pese a ello, la aseguradora negó la petición invocando el artículo 1058 del Código de Comercio, argumentando que del dictamen médico se observa “que los diagnósticos que sirvieron de fundamento a la Dra. ANGÉLICA CAROLINA URIBE URIBE (…) fueron: un examen de psiquiatría de fecha 10 de abril del 2014 (…) examen de psicología del 5 de agosto de 2013 que arrojaron como resultado mi padecimiento de episodios de labidad emocional” entre otros.
Por su parte, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, en sentencia proferida el nueve (09) de abril de dos mil catorce (2014), revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la accionante. Para ese despacho, la acción de tutela interpuesta no cumplía con el requisito de subsidiariedad. En su concepto, la demanda persigue el cumplimiento de una obligación contractual y de los elementos del caso no se extraen suficientes razones que lleven a pensar que la petente se encuentre en tal grado de indefensión que deba tutelársele sus derechos. En consecuencia, aún cuenta con otros mecanismos, idóneos y eficaces, para exigir el pago de la póliza.
2. Indicó que con el objeto de asegurar su estabilidad económica en caso de muerte o incapacidad total, el primero (01) de diciembre del año dos mil (2000) adquirió una póliza de seguro de vida grupo de educadores de Colombia, bajo el número GR 5578. Su vigencia sería a partir del primero (01) de febrero del año dos mil uno (2001) por un valor de veinte millones de pesos ($ 20.000.000).
3. Posteriormente aumentaría el valor asegurado, tal y como se señala en el certificado Nº 242531 en un monto de treinta millones de pesos ($ 30.000.000). Nuevamente, el veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008) el valor aumentaría por veinte millones más ($20.000.000). Sin embargo, el primero (01) de junio de dos mil nueve (2009) la póliza disminuyó al valor de treinta millones de pesos ($30.000.000). Ese es el monto asegurado más reciente y tuvo una vigencia desde el primero (01) de agosto de dos mil nueve (2009) hasta la fecha.
De acuerdo con este artículo, esta Corte ha indicado en reiteradas ocasiones que en un Estado Social y Democrático de Derecho, los derechos fundamentales tienen tal magnitud, que sus efectos no se agotan frente a actuaciones que provengan exclusivamente de autoridades públicas. Así, las dinámicas sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas, entre otras, llevan a particulares a lesionar o agredir derechos fundamentales que no pueden quedar desprotegidos. Por tales motivos, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 42, en desarrollo de la Constitución, estableció sus causales de procedibilidad[1].
De otra parte, en relación con la prestación de un servicio público, en la Sentencia T-738 de 2011, esta Corte estableció que ““las razones para hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las actividades financieras – dentro de las que se encuentran la bancaria y aseguradora-, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público es una manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de interés público[2] de acuerdo con el artículo 355 Constitucional”. Eso quiere decir que desde una perspectiva constitucionalmente válida, la actividad financiera no solo es una labor privada. Su mal funcionamiento puede causar consecuencias de proporciones insospechadas. Así, cuando los particulares depositan dinero o toman un servicio de aquellas entidades, están entregando un voto de confianza “cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de un país”[3].
A partir de esos supuestos, esta Corporación ha desarrollado una abundante jurisprudencia que ha intentado precisar el alcance de este requisito. Así, en una primera etapa, la Corte entendió que el requisito de subsidiariedad solo se agotaba si el actor demostraba que no existía en el ordenamiento con algún medio de defensa. Por ejemplo, la sentencia C-543 de 1993 indicó que “la tutela fue concebida para dar solución eficiente a situaciones de hecho causadas por acciones u omisiones que lesionaran derechos fundamentales respecto de las cuales el sistema jurídico no contara con algún mecanismo de protección”. En otros términos, “la tutela no fue diseñada para reemplazar a la justicia ordinaria. Es un trámite excepcional que solo procede ante la carencia de otro recurso”[4].
En un segundo momento, este Tribunal flexibilizó el requisito respecto de los ciudadanos, pero lo intensificó frente al análisis que deben hacer los jueces. Así, el examen de subsidiariedad no se agota solamente porque la persona cuente con un recurso en el ordenamiento jurídico. Además, este debe ser idóneo y eficaz. Aunque la diferencia parezca sutil, no por ello es irrelevante. Para esta Corporación, “en la gran mayoría de casos, en abstracto, las personas contarían con recursos judiciales para hacer efectivos sus derechos. Si este análisis se hiciera con base en ello, la tutela normalmente se tornaría improcedente. Por esta razón, el requisito de subsidiariedad no puede convertirse en un ritualismo excesivo que aleje a las personas del disfrute de sus derechos, ni reste eficacia a la supremacía de la Constitución. En ese sentido, el requisito de subsidiariedad implica, además, que en caso de contarse con algún medio de defensa sea eficaz e idóneo. En caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo apropiado para defender los derechos fundamentales de las personas.”. No obstante las anteriores reglas, así el medio de defensa sea eficaz e idóneo, la tutela procederá para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En ese caso, la sentencia decidirá transitoriamente el asunto.
En este orden de ideas, la Corte ha establecido que la idoneidad significa que el recurso sea “materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”. Es decir, que ese mecanismo sea efectivamente el diseñado para el propósito perseguido. Por ejemplo, no sería idóneo aquel mecanismo que una vez ejercido y decidido favorablemente, no tenga la virtualidad de producir el efecto esperado, pues “el mecanismo no sirve para lo que el ciudadano necesita”[5]. Por su parte, el concepto de eficacia significa que la herramienta de la persona debe estar diseñada “de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho[6]. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad competente, tenga la virtualidad de garantizar oportunamente, a tiempo, el derecho. De poco o nada sirve que el ciudadano cuente con medios de defensa si una vez se deciden, el derecho ya se ha lesionado. Ello tiene que ver con la eficacia de los derechos fundamentales”[7].
Ahora bien, el examen de subsidiariedad debe hacerse caso a caso. Y ello se explica pues en abstracto todos los recursos son eficaces e idóneos. Nadie podría negar, en el papel, la eficacia o idoneidad que el legislador ha querido dotar a los recursos judiciales de defensa de los derechos. No obstante, las circunstancias particulares de cada contexto determinarán esos supuestos que a veces son tan difíciles de concretar. Para esta Corte, “las herramientas procesales no son adecuadas y/o eficaces en abstracto (…). Si fuera de otra manera, el amparo constitucional perdería la eficacia pues las personas, hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos y/o eficaces”[8]. Así las cosas, al haberse flexibilizado el requisito respecto de los ciudadanos, los jueces tienen una carga argumentativa mayor. Ya no basta con decir que existe un recurso en el ordenamiento jurídico, sino que además, tendrán que argumentar por qué ese mecanismo es el idóneo y eficaz. La carga no debe corresponder a la parte pues la tutela parte del principio de informalidad procesal, sino que es el juez quien debe, como administrador de justicia constitucional, definirlo.
Sobre este punto, además, el mecanismo de defensa debe tener el mismo nivel protector que la acción de tutela. De lo contrario, “se estaría simplemente frente a una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente”[9]. Así, el otro medio “(…) ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.”[10] Estas razones han hecho que la Corte establezca que “el otro medio de defensa judicial debe ser siempre analizado por el juez constitucional, a efectos de determinar su eficacia en relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional, podría otorgar”[11].
“[L]a labor del juez de tutela no es simple. Debe realizar un examen de cada caso y poder establecer “(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[12]; (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[13]; (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración[14][15]”[16]
Ahora bien, si el análisis de subsidiariedad implica un análisis profundo de los elementos del caso, es apenas natural que entre los factores que el juez deba considerar, existe un criterio subjetivo según el cual, dependiendo del sujeto que interponga el amparo, el resultado puede variar sustancialmente. Por ejemplo, si se trata de un sujeto de especial protección constitucional. Frente a aquellas personas existe una tendencia uniforme en la Corte que considera que no es posible aplicarles las mismas reglas que al común de la sociedad. Así, “no puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un tratamiento diferencial positivo[17], y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)”[18]”[19].
“la condición de sujeto de especial protección constitucional – especialmente en el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.) – así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”[20]. Como se observa, la Corte ha invertido el análisis de subsidiariedad en estos casos. Frente a estas personas el recurso se presume inidóneo e ineficaz, salvo que el juez en su estudio, luego de una carga argumentativa seria, constate lo contrario. Aquí sucede lo contrario que a la sociedad en general pues allí el juez debe realizar “un análisis estricto de subsidiariedad si el peticionario no enfrenta situaciones especiales que le impidan acudir a la jurisdicción en igualdad de condiciones que a los demás ciudadanos[21]”[22].
Posteriormente, se expidió la sentencia T- 152 de 2006. Ese fallo es muy importante pues no solo varió la línea de la Corte según la cual solo es posible asumir conocimiento transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino que fijó unas reglas muy importantes relativas a la posibilidad de alegar preexistencias y exclusiones para no pagar la póliza. En esa providencia la Corte comenzó a interpretar las reglas del contrato de seguro, de cara a la vigencia de los derechos fundamentales de los asegurados. En aquella ocasión, estudió un caso de una persona de bajos recursos que había adquirido un seguro familiar de salud, para eventuales contingencias médicas. Su médico tratante solicitó a la aseguradora una autorización para realizar la cirugía de “Varicocele Izquierdo”. Sin embargo, la empresa negó la orden pues la enfermedad sufrida era preexistente a la celebración del contrato y por tanto se encontraba excluido de la cobertura del seguro.
En ese contexto, la Corte tuteló los derechos fundamentales del peticionario y ordenó autorizar el procedimiento médico requerido, y para ello resaltó dos puntos muy importantes. Por un lado, la idea de la buena fe contractual y, por otro, la carga de probar las preexistencias médicas. Con respecto al primer tema, esta Corporación sostuvo que la buena fe en los contratos de seguro adquiere una relevancia particular, y se predica de ambas partes. Así, “cuando en principio la jurisprudencia de la Corte Suprema enfatiza la buena fe en las cargas que debe asumir el asegurado, en realidad dicho principio se predica de las dos partes, es decir, tanto del tomador como del asegurador, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de adhesión. En suma, sin en los contratos en general se exige la buena fe, en el contrato de seguro la exigencia es máxima: tanto en el solicitante como en el asegurador debe campear la pulcritud moral e intelectual”[23]. Esto tendrá serias implicaciones en casos futuros, pues el valor de este principio será fuente de obligaciones entre las partes.
En relación con el segundo tema, se fijó la siguiente regla: “no es posible interpretar los términos del contrato en perjuicio de los intereses del beneficiario o asegurado, a partir de dictámenes médicos posteriores donde se afirme que una enfermedad o dolencia detectada durante la ejecución del convenio se había venido gestando, madurando o desarrollando desde antes de su celebración”. En consecuencia, no es “constitucionalmente admisible la inclusión de una preexistencia o la negación de un servicio médico que no haya sido enunciado como tal en el contrato, ya que se presume la buena fe de las partes al momento de obligarse[24]”[25]. Como se aprecia, el valor que la Corte le comenzaría a entregar al principio de buena fe, sería trascendental.
La sentencia T-832 de 2010 fijaría unas subreglas muy importantes sobre exclusiones y preexistencias. En primer lugar, estableció “(i) que la carga de la prueba en materia de preexistencias radicaba en cabeza de la aseguradora y no del tomador del seguro y, en segundo lugar, (ii) que las aseguradoras no podían alegar preexistencias si, teniendo las posibilidades para hacerlo, no solicitaban exámenes médicos a sus usuarios al momento de celebrar el contrato. Por tanto, en esos eventos, no era posible exigirle un comportamiento diferente a los asegurados”[26]. En esa providencia, la Corte tuvo que estudiar un caso en el que una persona de cincuenta y cuatro años había adquirido un crédito con un banco, el cual habría sido amparado por la aseguradora. Ese seguro, nuevamente, operaría por pérdida de capacidad laboral superior al 50% o por muerte. Su ARP le dictaminó una disminución del 77.5%, y al carecer de recursos económicos, solicitó a la aseguradora el pago insoluto de la obligación amparada. No obstante, esa entidad se negó al pedimento de la interesada pues indicó que no había informado su verdadero estado de salud, previo a la celebración del contrato. Es decir, había preexistencias que impedían el pago de la póliza de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio.
En esa ocasión la Corte indicó que pese a ello, “en el caso objeto de estudio, la Sala de Revisión encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria Margoth Turriago Rojas a la póliza de vida grupo deudores”. Posteriormente, esta Corporación, en Sentencia T-222 de 2014, reiteraría el argumento diciendo que “quienes deben probar la preexistencia son las aseguradoras y que actúan negligentemente si no realizan exámenes médicos o exigen la entrega de unos recientes para así verificar el verdadero estado de salud del asegurado. Así, esta Sentencia evidencia que para la Corte existen algunos casos donde, a pesar de existir enfermedades previas a la celebración del contrato, de ello no se sigue reticencia pues el deber de buena fe estaría en cabeza, más intensamente, de la compañía de seguros”. Este punto será abordado más adelante por la Sala.
“[b]ajo los anteriores supuestos y la realidad fáctica que ha quedado dilucidada, es claro que la tutela pedida ha debido concederse, por la realidad de la afectación del derecho del actor al mínimo vital, quebrantado al tener que seguir abonando a una obligación crediticia, no obstante está cubierto con un seguro de vida grupo de deudores, siendo un anciano pensionado con menos de un millón de pesos de mesada, calificado “con 58.12% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración enero 5/06, día del reporte de biopsia con adenocarcinoma recurrente. En otros términos, esta Corporación no encontró suficiente el argumento de la aseguradora que indica que por el hecho de no informar a la aseguradora una enfermedad, es suficiente para que una persona en condición de discapacidad deba continuar pagando el crédito por sí misma”[27].
Una Sentencia muy importante que abordaría este tema, es la T-751 de 2012. En aquella decisión, la Corte estudió varios casos de personas que habían adquirido créditos con entidades financieras y que las aseguradoras se negaban a pagar el saldo insoluto de esas obligaciones, alegando mala fe en los contratantes por existir las denominadas preexistencias. Para esta Corporación, el principio de buena fe en los contratos de seguro adquiere una mayor exigencia respecto de las aseguradoras. En efecto, “el contrato de seguro se caracteriza por la exigencia de una buena fe calificada de los contratantes, aspecto que se proyecta en la interpretación de sus cláusulas”[28]. En igual sentido, “cuando el contrato se suscribe en el marco más amplio de las actividades financieras y crediticias, o cuando se asocia al goce efectivo del derecho a la salud, es deber de quien lo elabora eliminar cualquier ambigüedad, mediante la expresión precisa y taxativa de las preexistencias excluidas de la cobertura del seguro”[29]. Si eso no sucede, no es posible que las aseguradoras aleguen preexistencias en su favor para no honrar sus obligaciones.
Según la mencionada providencia, los límites de la potestad de la parte contratante, “se concretan en la inoponibilidad de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de seguro, cuando la entidad aseguradora no efectuó un examen al momento de la suscripción del contrato”[30]. Es decir, si la aseguradora no realizó un examen médico de ingreso, no podrá, entonces, alegar ningún tipo de preexistencia en el futuro. Esa tesis sería reiterada por la Sentencia T-662 de 2013 y la Sentencia T-222 de 2014.
Recientemente ser expidió las sentencias T-342 de 2013 y T-222 de 2014. En las dos decisiones se abordaron casos de preexistencia y reticencia. En la primera, la Corte definió un caso de una persona de avanzada edad a quien se le diagnosticó esclerosis lateral, la cual le impedía continuar con su vida de manera regular. El actor había adquirido un seguro de vida grupo de deudores. Al exigir su pago, la aseguradora se opondría argumentando que al momento de suscribir el contrato, no había informado su verdadero estado de salud por lo cual se habría constituido una preexistencia que la legitimaría a no pagar el crédito. La Corte concedería el amparo, pues la aseguradora no realizó ningún examen médico previo a la suscripción del seguro. Así, sostuvo que “[d]e las pruebas allegadas al expediente, y en concordancia con el citado parágrafo de las condiciones generales del contrato de seguro, encuentra la Sala que al momento de adquirir los créditos, el actor no llenó formulario alguno para ser asegurado, pese a ser una garantía para la entidad financiera que en caso de muerte o incapacidad total y permanente, como efectivamente ocurrió, Equidad Seguros sufragara los saldos insolutos de las deudas existentes al momento del siniestro. Tampoco se observa que Equidad Seguros haya realizado algún tipo de examen médico, ni exigido que el actor como asegurado allegara uno, para así determinar su estado de salud y confrontarlo con las exclusiones y preexistencias del contrato que deben ser establecidas por la compañía”[31].
“la preexistencia puede ser eventualmente una manera de reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la celebración del contrato y sabiendo esto no informa al asegurador dicha condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o sencillamente la otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso evento la preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede cuando una persona no conozca completamente la información que abstendría a la aseguradora a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente, casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía posibilidad de conocer completamente la información y con ello, no es posible que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación sería imponerle una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo de deudores, suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad. Ahora bien, ¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo que “las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su actividad” (subraya por fuera del texto)[32]. Lo anterior significa que la reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe”[33].
Como se indicó, en esa misma providencia se recogieron las principales reglas y criterios que se deben verificar para conceder el amparo constitucional. Y es a partir de allí que esta Sala resolverá los casos concretos. En ese orden, la Corte ha considerado que se violan los derechos fundamentales de las y los asegurados, especialmente al mínimo vital, cuando: “(i) la persona carezca de recursos económicos para continuar con el pago de las cuotas del crédito; (ii) exista probabilidad de lesionar los derechos de personas que dependan económicamente de él; (iii) en los casos de preexistencias la obligación de declarar no puede ser absoluta, pues existen eventos donde no es posible informar con certeza todas las condiciones del asegurado, especialmente, cuando las cláusulas del contrato son muy amplias o ambiguas; (iv) la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora quien deberá solicitar exámenes médicos previos a la celebración del contrato, so pena de no poderlos alegar en un futuro y, finalmente; (v) preexistencia no es sinónimo de reticencia. En este último evento, se deberá acreditar mala fe del asegurado. Cuando se acrediten tales condiciones, no excluyentes, las aseguradoras tendrán que pagar el saldo insoluto de la obligación”[34].
Lo primero que hay que decir es que en ambos eventos, las personas si cuentan con un mecanismo jurídico para controvertir la decisión de las aseguradoras y obligarles a cancelar sus obligaciones. En efecto, por regla general, las personas que pretendan hacer valer el pago de la póliza de seguros tras haber acaecido un siniestro, pueden acudir a la jurisdicción ordinaria a través de un proceso declarativo con el objeto de, en caso de haber incumplido el contrato, obligar a la aseguradora a pagar la respectiva póliza de seguro. Esta es la vía apropiada para ventilar estos temas. Ello quiere decir que los accionantes si cuentan con un mecanismo en el ordenamiento jurídico que a su vez es idóneo. Es decir, específicamente existe un medio apropiado que está diseñado para sus intereses[35].
Ir a jurisdicciones ordinarias es obligar a la accionante a asumir cargas desproporcionadas que si bien son soportables para el común de la sociedad, para ella no lo son. Esta clase de procesos “lleva consigo una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales, práctica de pruebas, etc.) que [los accionantes no están] en capacidad de cumplir en condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse ya es una situación tortuosa para ella y sus familiares”[36]. En este panorama, la Corte conocerá el fondo del asunto de los dos casos revisados.
De conformidad con los hechos planteados, la señora Martha Lucía Dávila interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales, los cuales encuentra vulnerados por la empresa Seguros de Vida Alfa S.A. Manifiesta la accionante que mediante resolución Nº 000196 del doce (12) de junio de mil novecientos noventa (1990) fue nombrada en propiedad como docente de aula bajo el código 9001 Grado 14 por la Secretaría de Educación de Valledupar. El veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013) le fue aprobado un crédito con el Banco Comercial AV Villas S.A. De igual manera, suscribió un contrato de seguro con la empresa Seguros de Vida Alfa S.A. el cual operaría por muerte o discapacidad total y permanente superior al cincuenta por ciento (50%). El cinco (05) de septiembre de dos mil trece (2013) la U.T Oriente Región 5 le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del noventa y cinto punto cuarenta y ciento por ciento (95.45%) con fecha de estructuración del primero (01) de septiembre de (2013).
Fue así como presentó solicitud formal al Banco AV Villas para que realizara la reclamación respectiva a la aseguradora. Pese a ello, la aseguradora negó la petición invocando el artículo 1058 del código de comercio, argumentando que del dictamen médico se observa “que los diagnósticos que sirvieron de fundamento a la Dra. ANGÉLICA CAROLINA URIBE URIBE (…) fueron: un examen de psiquiatría de fecha 10 de abril del 2014 (…) examen de psicología del 5 de agosto de 2013 que arrojaron como resultado mi padecimiento de episodios de labidad emocional” entre otros. Manifiesta que carece de recursos económicos para mantenerse y que además, debe velar por el sostenimiento de su familia. Ante estas circunstancias, solicita que le sean amparados sus derechos fundamentales, y en consecuencia, se ordene a la aseguradora pagar el saldo insoluto de la obligación adquirida con el banco AV Villas S.A. A continuación, la Sala examinará las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional para que, una vez cumplidas, se determine o no la protección de los derechos fundamentales.
La señora María del Socorro Zabaleta Mindiola interpuso acción de tutela en contra de la empresa Seguros Bolívar S.A., para que le fuera protegido su derecho al mínimo vital, tras la negativa de la aseguradora de realizar el pago de la póliza de seguro. Narra en su escrito que trabajó como docente de aula en el departamento de educación, de la Secretaría de Educación de Valledupar. Actualmente, tiene sesenta y cinco años, motivo por el cual, pertenece al grupo de las personas de la tercera edad. Indicó que con el objeto de asegurar su estabilidad económica, el primero (01) de diciembre del año dos mil (2000) adquirió una póliza de seguro de vida grupo de educadores de Colombia, bajo el número GR 5578. El monto asegurado más reciente fue de treinta millones de pesos ($ 30.000.000) y tuvo una vigencia desde el primero (01) de agosto de dos mil nueve (2009) hasta la fecha.
Ante esas circunstancias, basta a la Sala hacer una operación matemática para dar cuenta que la capacidad económica de la petente es crítica, y la negativa de la aseguradora efectivamente lesiona su derecho al mínimo vital. En efecto, si bien la póliza adquirida no respalda una obligación alterna, el hecho mismo de haber acaecido el siniestro coloca a la peticionaria en una imposibilidad económica tan alta que la ausencia de esos recursos debidos por la empresa de seguros, efectivamente lesionan sus derechos. Así, esta Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que el derecho de mínimo vital no es un concepto cuantitativo, sino cualitativo. A ello habría que agregarle que la aseguradora no controvirtió estas afirmaciones, razón por la cual se presumirán ciertas[37].
Pero además de esas razones, algo que no deja de llamar la atención a esta Sala es que los motivos por los cuales la empresa demandada niega el reconocimiento del derecho de la actora, carecen de absoluto fundamento jurídico y probatorio. Y esa es una situación que alerta pues lo que hizo en este caso la compañía fue actuar de mala fe. Mientras la petente mensualmente pagaba las cuotas del seguro, cuando tuvo que honrar sus obligaciones, la aseguradora esgrimió un argumento poco serio en el sentido de decir que la incapacidad no fue total y permanente, a pesar de que en el certificado que de calificación de invalidez, claramente se vislumbra. Lo que realmente sucedió es que la aseguradora optó por una estrategia conveniente en el sentido de cobrar las cuotas mensuales del seguro, pero, ante la imposibilidad de discusión[38], sin fundamento ni razón, negar el pago de la póliza. Eso dilataría la capacidad de maniobra jurídica que tenía la señora.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, en sentencia del nueve (09) de abril de dos mil catorce (2014), que revocó la decisión del juez de primera instancia y negó las pretensiones de la accionante. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental al mínimo vital de Martha Lucía Dávila Pozzo.
SEGUNDO.- ORDENAR a Seguros de Vida Alfa S.A que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el pago del saldo insoluto de la obligación adquirida por María del Carmen Socorro Zabaleta Mindiola con el Banco Av. Villas. De igual forma, en caso de haberse iniciado algún proceso ejecutivo en su contra, se ordena su terminación de conformidad con las consideraciones hechas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, Cesar, del tres (03) de abril de dos mil catorce (2014) que confirmó la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la cual negó el amparo constitucional de los derechos fundamentales de la Señora María del Socorro Zabaleta Mindiola. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental al mínimo vital de la actora.
CUARTO.- ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar a la señora María del Carmen Socorro Zabaleta Mindiola, la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000), por la póliza de seguro tomada por la peticionaria.
[1] La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. 5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
[2] Cita tomada de Sentencia T-222 de 2014 que a su vez fue extraída de la T-738 de 2011: Es importante señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria, derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[3] Sentencia C-640 de 2010
[4] Citas tomadas de la sentencia T-662 de 2013.
[5] Sentencia T-222 de 2014.
[6] Sentencia T-211 de 2009. Cita tomada de la Sentencia T-113 de 2013 y T-662 de 2014.
[7] Sentencia T-222 de 2014.
[8] Sentencia T-662 de 2014.
[9] sentencias T-414 de 1992 y SU-961 de 1999
[10] Sentencia SU-961 de 1999
[11] Sentencia T-1316 de 2001.
[14] Ver, entre otras, las sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003. Citas cambiadas de orden por transcripción.
[16] Sentencia T-662 de 2013.
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-347/96 MP. Julio César Ortiz. En el mismo sentido ver la Sentencia T-416/01 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[18] Sentencia T-1316 de 2001
[19] Sentencia T-662 de 2013.
[20] Sentencia T-651 de 2009. En igual sentido Sentencia T-662 de 2013.
[21] Sentencia T-589 de 2011.
[22] Sentencia T-222 de 2014.
[23] Sentencia T-152 de 2006.
[24] Sentencia T-059 de 1997.
[25] Sentencia T-152 de 2006.
[26] Sentencia T-832 de 2010, citada por la Sentencia T-222 de 2014.
[27] Sentencia T-1018 de 2010, citada en la Sentencia T-222 de 2014.
[28] Sentencia T-751 de 2012.
[31] Sentencia T-342 de 2013.
[32] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Bogotá D.C. Sent. Cas. Civ. de 11 de abril de 2002, Exp. No. 6815.
[33] Sentencia T-222 de 2014.
[36] Sentencia T-662 de 2013.
[37] Artículo 20 del decreto 2591 de 1991.
[38] Ver introducción al capítulo denominado Pronunciamientos relevantes sobre conflictos por el no pago de la póliza de seguro en casos que envuelven la protección de derechos fundamentales de personas en condición de debilidad manifiesta o vulnerabilidad. Reiteración de jurisprudencia.