Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-1189_2000.html
Timestamp: 2020-01-27 01:31:13
Document Index: 179171936

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 538', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 93', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 36']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-1189_2000]
Actor: Hernán José Jiménez Carvajal.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Hernán José Jiménez Carvajal demandó parcialmente los artículos 13, 15 y 17 del Decreto 100 de 1.980, "por el cual se expide el Nuevo Código Penal".
2. Cargos formulados contra el artículo 13 del Código Penal
En seguida, cita la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1.988 y aprobada por Colombia mediante Ley 67 de 1.993, y transcribe algunos fragmentos de su artículo 4[1], de los cuales extrae la siguiente conclusión: "si prima el tratado sobre la ley (no sobre la Constitución), si existe tratado, si el tratado fue aprobado por ley, si el tratado y la ley son exequibles, y si ese tratado dice que cada Estado deberá declararse competente para conocer de los delitos de narcotráfico cometidos en su territorio o por un nacional suyo (y que incluso ello justifica negar la extradición), esa norma del tratado PRIMA sobre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombianos" (subrayas y mayúsculas en el original).
a) "porque en materia de narcotráfico las normas internacionales no consagran excepciones al principio general de la territorialidad de la ley penal colombiana, según el cual ésta se aplica a los delitos cometidos 'total o parcialmente' en el territorio nacional, sino que, bien por el contrario, dichas normas internacionales lo que pregonan es la competencia del juez nacional para conocer de tales delitos". Si la excepción no existe en el derecho internacional, "no puede una ley interna abrir la puerta para que haya una presunta extraterritorialidad aplicable para casos inexistentes". Es decir, que "la ausencia de hipótesis de aplicabilidad de la excepción comporta una tácita prohibición", y que por lo tanto la norma es inconstitucional "por sustracción de materia"; y
b) porque "tampoco se puede dejar la puerta abierta para que en el futuro un tratado internacional entre a saco sobre la soberanía y territorialidad nacionales, de tal manera que por ejemplo llegue al extremo de afirmar que si el delito es cometido en Cali, Medellín, Tumaco o Bogotá, se entenderá que para efectos penales esas ciudades serán consideradas como territorio norteamericano o de algún otro país. La frase acusada no puede ser una patente de corso para prescindir por completo de la territorialidad de la ley penal colombiana. La frase, así, a secas, universal, sin cortapisas y sin matices, deviene inconstitucional".
Adicionalmente, considera que la Convención citada "va más lejos que el propio Código Penal, ya que no exige dos requisitos para asumir internamente el conocimiento del delito (que sea nacional y que se encuentre en territorio colombiano) sino uno sólo de cualquiera de ellos dos". Por lo mismo, el actor solicita a la Corte que declare, además de la inexequibilidad de la frase acusada, la constitucionalidad condicionada del resto de la norma, aclarando que "basta una de las dos condiciones previstas en ese numeral 4 del artículo 15 del Código Penal, esto es, que sea nacional o que se halle en Colombia (incluso los extranjeros), para que se aplique, de oficio y por la Fiscalía, la ley penal colombiana".
Explica que, por virtud del artículo 538 del Código de Procedimiento Penal -que consagra la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno en materia criminal, sin perjuicio de la supremacía de la Constitución-, cuando existe una diferencia entre lo dispuesto por un tratado y los mandatos de una ley, se aplica en primer término el tratado; pero que no por ello la ley se vuelve contraria a la Carta, como lo sugiere el actor. Para el Fiscal, lo que aquél hace es confrontar el ordenamiento penal con un tratado, sin que en punto alguno se realice un análisis de inconstitucionalidad.
Así, el Fiscal expresa que "bajo el presente contexto normativo constitucional, el numeral 4 del artículo 15 del Código Penal, debe interpretarse de manera diferente, en el sentido de prohibir el doble juzgamiento y cumplimiento de condenas de una persona por un mismo delito, bajo situaciones en las que es posible la existencia de extradición. Lo anterior, sin embargo, no se opone al procesamiento en Colombia de personas frente a las cuales no es posible su entrega en extradición, de conformidad con el Acto Legislativo No. 01 de 1.997, en concordancia con el art. 534 del CPP". Es decir, que si a un colombiano por nacimiento no se le puede extraditar al país donde cometió un delito, puede ser juzgado en Colombia para evitar así la impunidad de su hecho. Bajo esta hermenéutica, el artículo demandado resulta constitucional.
4. Intervención del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia
El ciudadano Jorge Ariel Martínez Peláez, Secretario Ejecutivo del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia, intervino en este proceso en representación de dicha institución, para apoyar las consideraciones del actor: "Compartimos en todos sus términos la demanda, destacamos la juridicidad de los planteamientos que la sustentan y coadyuvamos las peticiones que en ella se formulan, en defensa del orden jurídico constitucional y legal que no puede someterse al criterio del mandatario de turno y mucho menos a las pretensiones de cualquier autoridad extranjera, cualquiera sea su jerarquía, razón por la cual procede su defensa por parte del máximo tribunal constitucional del país".
El ciudadano Carlos A. Calderón Cuéllar, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca, intervino en este proceso para expresar que tal institución comparte parcialmente los argumentos y las pretensiones del actor, por las razones que se resumen a continuación.
Así, los artículos 13 y 15 deben ser declarados exequibles, "pero condicionados a que ellos no prevalecen sobre los tratados internacionales válidamente celebrados y aprobados por Colombia, en particular sobre las convenciones que tratan de los agentes diplomáticos y consulares, narcotráfico y corrupción los cuales no eximen del deber constitucional del Estado Colombiano para declararse siempre competente para conocer de todos los delitos cometidos en su territorio, salvo por agentes diplomáticos". Ello, en la medida en que las salvedades consagradas en el derecho internacional al principio de territorialidad de la ley penal colombiana tienen sus límites, "y de ahí surge necesariamente la necesidad de la condicionalidad de la sentencia porque ciertamente por la vía de la excepción no se puede propiciar un vaciamiento de competencias penales porque una cosa es tener fuero diplomático y otra muy distinta es la de sacrificar la soberanía nacional para propiciar un colonialismo jurídico a consecuencia de una invasión judicial. Es por eso que, excepción hecha de los agentes diplomáticos todo delito cometido total o parcialmente en territorio colombiano, debe implicar la apertura de un proceso penal en Colombia. Dar impulso a la accion penal en nuestra patria no es una facultad discrecional de la Fiscalía General de la Nación, sino una verdadera obligación constitucional, exigible, demandable y controlable".
a. El ciudadano Heriberto Segundo Villamil Peña, intervino para coadyuvar la demanda, y solicitar que si antes de que la Corte se pronuncie se llegare a expedir el nuevo Código Penal, "no se profiera sentencia inhibitoria sino de fondo, pues la norma acusada es reproducida en forma idéntica en el nuevo Código, de suerte que continúa produciendo efectos".
b. El ciudadano Arnures Rueda Durango, aportó al expediente copia del escrito que él mismo presentó, como interviniente ciudadano, en el proceso No. D-2839, que versaba sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra algunas expresiones del artículo 17 del Código Penal, y culminó con la sentencia C-740/00. En tal escrito, el ciudadano expone las razones por las cuales se opone a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, las cuales se resumen a continuación.
c. La ciudadana Dolly Astrid Ospina P., intervino en este proceso en defensa de la constitucionalidad de las normas impugnadas.
d. El ciudadano Orley de Jesús Acosta, intervino en este proceso para oponerse a las peticiones del demandante.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto No. 2146 recibido el 3 de mayo de 2000, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de los artículos 13 y 15 del Código Penal en lo demandado, y se inhiba de fallar sobre el artículo 17 del mismo estatuto, o en subsidio, declare su inexequibilidad parcial.
Según dispone el artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores de Colombia encuentran uno de sus fundamentos en el principio de la soberanía nacional, el cual fue consagrado por la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2.1) como uno de los cimientos esenciales del orden interestatal. Los estudiosos del tema citan, con gran frecuencia, la definición que de tal principio se hizo en el laudo arbitral del caso de la Isla de Palmas[2], en el cual se dijo que "soberanía", en las relaciones internacionales, significa "independencia", y que como tal, consiste en la facultad de ejercer, dentro de un determinado territorio y sobre sus habitantes, las "funciones de un Estado".
Ahora bien, tal y como lo precisó la Corte Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú[3], este principio confiere derechos a los Estados, pero también les impone claras y precisas obligaciones internacionales, entre las cuales sobresale la de respetar la soberanía de las demás Naciones, en toda su dimensión. Esta correspondencia elemental entre derechos y obligaciones, encuentra eco en los artículos 9 y 226 de la Carta Política, en virtud de los cuales las relaciones exteriores del Estado colombiano deben estar permeadas por los principios de reciprocidad y equidad, entre otros.
De allí que, en criterio de los doctrinantes de mayor importancia, el concepto de soberanía haya perdido su carácter absoluto y excluyente, para someterse a la regulación de la comunidad internacional. Esta posición fue acogida por la Corte en la sentencia C-574/92 (M.P. Angarita Barón), en los siguientes términos: "La idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad".
Tal como se estableció en la sentencia C-400/98 (M.P. Martínez Caballero), la primacía moderada de las normas internacionales en el orden interno, no trae como consecuencia que las disposiciones nacionales con las cuales éstas entren en conflicto pierdan, por ese motivo, su validez; lo que sucede es que, en cada caso concreto, la aplicación de la ley nacional deberá ceder frente a la de la norma de mayor jerarquía. En el fallo que se cita, la Corte formuló este principio así: "la doctrina y la jurisprudencia internacionales han reconocido que la supremacía de los tratados sobre los ordenamientos internos de los Estados no implica la invalidación automática de las normas internas contrarias a los compromisos internacionales, por cuanto, para los ordenamientos nacionales y para los jueces nacionales, esas disposiciones internas pueden seguir teniendo plena validez y eficacia, por lo cual son aplicables. Lo que sucede es que si los jueces aplican esas normas contrarias a un tratado, entonces eventualmente pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado en cuestión".
Por tratarse de un asunto que se menciona reiteradas veces en la demanda y en las intervenciones, la Corte debe precisar que las obligaciones internacionales del Estado colombiano, tienen su fuente tanto en los tratados públicos que ha ratificado, como en la costumbre internacional y en los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas[4]. Estas fuentes han sido reconocidas tradicionalmente por la comunidad internacional, y como tales fueron incluidas en el catálogo del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratado que vincula a Colombia por formar parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, que fue ratificada mediante ley 13 de 1.945, y cuyo artículo 93 dispone: "Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia". Dicha enumeración también es obligatoria para el Estado colombiano en la medida en que éste aceptó expresamente someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional, mediante instrumento depositado el 30 de octubre de 1.937[5], sin haber opuesto hasta ahora reservas a la aplicación de las fuentes que se enumeran en su Estatuto.
a) ¿Cuáles son las "excepciones consagradas en el derecho internacional" a la territorialidad de la ley penal, a las que hace referencia el aparte demandado?
En primer término, una aclaración sobre las fuentes internacionales que nutren el presente análisis. En épocas recientes, ha habido varios pronunciamientos de organizaciones internacionales sobre el tema de la jurisdicción, que por hacer evidente un consenso entre las naciones que las conforman respecto de las normas aplicables a la jurisdicción, son de inmensa importancia al momento de determinar cuáles son esas reglas; es decir, estos pronunciamientos, sin que en sí mismos constituyan fuentes de derecho internacional, permiten identificar los principios consuetudinarios que regulan el actuar de los Estados en materia jurisdiccional. Estos pronunciamientos son: a) la opinión del Comité Jurídico Interamericano, cuerpo especializado de la Organización de Estados Americanos, emitida en respuesta a la Resolución de la Asamblea General intitulada "Libertad de comercio e inversión en el hemisferio"[6], en 1.996; y b) los comentarios de la Comunidad Europea sobre las regulaciones comerciales emitidas por los Estados Unidos, en 1.982[7]. Ambos documentos se plantean, como objetivo expreso, el de enumerar los principios que legitiman el ejercicio de la jurisdicción, a la luz de la práctica general y reciente de los Estados; lo más importante, para efectos de esta sentencia, es que, en lo esencial, sus respectivas enunciaciones coinciden.
También es pertinente aclarar que las reglas trazadas en estos instrumentos forman parte de los sistemas jurídicos de la mayoría de los países del mundo, incluyendo a Colombia. Las mismas han sido reconocidas y aplicadas en numerosas ocasiones por los jueces internacionales -como lo hizo la Corte Europea de Justicia en el caso "Wood Pulp"[8] de 1.988- y por los tribunales domésticos de varias Naciones -como las cortes estadounidenses en los casos de Enviromental Defense Fund v. Massey[9] de 1.993, Equal Employment Opportunity Commission v. Arabian American Oil Co.[10] de 1.991 y Skiriotes v. Florida[11], de 1.941, una Corte Distrital de La Haya en el caso de Compagnie Européene des Pétroles S.A. v. Sensor Nederland B.V.[12] de 1.983, y la Cámara de los Lords británica en el caso de Holmes v. Bangladesh Bimani Corporation[13] de 1989-. Además, su existencia ha sido ratificada por los principales doctrinantes del derecho internacional. Todo lo anterior, contribuye a reafirmar que dichas reglas son fuente de obligaciones internacionales para Colombia.
a) El principio de territorialidad, fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su "natural" ámbito espacial de validez. Forman parte integral de este principio, las reglas de "territorialidad subjetiva" (según la cual el Estado puede asumir jurisdicción sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado) y "territorialidad objetiva" (en virtud de la cual cada Estado puede aplicar sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero culminaron o tuvieron efectos sustanciales y directos dentro de él; la aceptación de este sub-principio en particular ha sido objeto de alguna controversia, en especial por el debate reciente en torno a la ley "Helms-Burton").
b) El principio de nacionalidad, en virtud del cual el Estado puede asumir jurisdicción sobre sus propios ciudadanos, donde quiera que éstos se encuentren. Este principio tiene dos manifestaciones: el de "nacionalidad activa", que habilita al Estado para dictar normas de conducta de obligatoria observancia para sus nacionales, así estén en el exterior, y el de "nacionalidad pasiva", según el cual el Estado puede ejercer jurisdicción sobre personas, actos o cosas que lesionen los intereses de uno de sus nacionales en territorio extranjero -principio éste que no goza de aceptación unánime, pero sí general-. Tomando como ejemplo a Colombia, se verá que por virtud de la nacionalidad activa, un ciudadano que se encuentre en territorio foráneo se encuentra sujeto a la ley penal colombiana, y al mismo tiempo, los extranjeros que estén en territorio colombiano se encuentran sujetos, para ciertos efectos, a la ley penal de sus naciones de origen -sin perjuicio del deber de ambos, nacionales y extranjeros, de observar cabalmente la ley del territorio donde se encuentran-.
c) El principio real o de protección, que faculta a los Estados para ejercer jurisdicción sobre personas, actos o situaciones que, si bien se encuentran o se generan en el exterior, lesionan bienes jurídicos que son de importancia crucial para su existencia y su soberanía, como la seguridad nacional, la salud pública, la fe pública, el régimen constitucional, etc.
c. Los cargos concretos de inconstitucionalidad
La existencia de estas dos opciones no es una particularidad del sistema colombiano; de hecho, ambas cuentan con una larga trayectoria en el ámbito del derecho internacional, que se remonta hasta el siglo XVII, cuando el tratadista Hugo Grocio las formuló en su obra De Juri Belli ac Pacis (1625) con las siguientes palabras: "...Dado que los Estados no están acostumbrados a permitir a otro Estado entrar armados en su territorio para ejecutar un castigo, ni esto es conveniente; es por ello que la ciudad que se rija por esta finalidad, y en la que sea encontrado el que cometió el delito, deberá hacer una de estas dos cosas, o bien ella misma, si fuera solicitada para tal menester, enjuiciar y castigar al culpable, o debería de entregarle a la parte que solicita su entrega"[14]. Se trata, entonces, de uno de los principios básicos de las relaciones interestatales, a la luz del cual el cargo formulado por el actor pierde sustento.
Finalmente, la Corte considera que es de importancia rescatar el argumento expuesto por el señor Procurador General de la Nación, en el sentido de que la frase demandada es indispensable para que el artículo 35 de la Constitución tenga aplicación, ya que de ser excluida, no sería posible extraditar a los nacionales colombianos, porque su "estatuto personal" haría nugatoria, en todos los casos, la efectividad de las sentencias extranjeras.
Notifìquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
[1] . El artículo en cuestión es transcrito en su integridad a continuación, subrayando las partes que reprodujo el demandante:
a. Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3:
b. Podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3:
3. La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidas por una parte de conformidad con su derecho interno".
[2] . En este caso, un árbitro internacional dirimió la disputa que sometieron a su jurisdicción los Países Bajos y los Estados Unidos en 1.928. La Isla de Palmas está ubicada cerca de las Filipinas, que habían sido cedidas por España a los Estados Unidos mediante tratado de 1.898; en 1.906 un agente norteamericano que realizaba una visita oficial a la Isla, bajo el convencimiento de que ésta había quedado cobijada por tal cesión, se encontró con una bandera holandesa que había sido elevada de manera oficial. Ambos Estados sometieron el asunto Corte Permanente de Arbitraje, el cual decidió que eran los Países Bajos los que tenían título jurídico para ejercer soberanía sobre dicho territorio. El caso se publicó en: Reports of International Arbitral Awards, Vol. 2, p. 829.
[3] . En este caso, que es de 1.949, la Corte se pronunció sobre el conflicto surgido entre Albania y el Reino Unido con motivo de la explosión de unas minas en aguas albanesas, que causaron daños y pérdidas humanas en algunos barcos británicos que se encontraban en la zona. La Corte decidió en contra de Albania. Publicado en Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1.949.
[4] . Es de notar que la enumeración del artículo 38 en cuestión no es exhaustiva, y que junto con las fuentes que allí se consagran, existen otras, como los actos unilaterales de los Estados y las Organizaciones Internacionales, bajo ciertas circunstancias.
[5] . Si bien la declaración colombiana está referida a la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional, por virtud del artículo 36-6 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dicha declaración vale para someter al Estado colombiano a la jurisdicción de este último tribunal.
[6] . AG/DOC.3375/96
[7] . En: 21 International Legal Materials 891
[8] . A. Ahlstrom Oy. v. Commission (1.988), en: 4 Common Market Law Report 901.
[9] . Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, enero 19 de 1.993, en: 32 International Legal Materials 505.
[10] . En: 111 S.Ct. 1227 (1.991)
[11] . Corte Suprema de los Estados Unidos, en: 313 US 69, 1941.
[12] . En: 22 International Legal Materials 66
[13] . En: 87 International Law Review 365
[14] . GROTIUS, De Juri Belli ac Pacis (1625), libro 11, cp. 21, citado por: FERLEY, Joyce, Law and Procedure of Extradition, ep. 1.01.