Source: https://boc-canarias.vlex.es/vid/decreto-ley-4-2020-842548221
Timestamp: 2020-05-25 11:47:06
Document Index: 354837244

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 27', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 14', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 90', 'Artículo 14', 'artículo 100', 'artículo 102', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23']

DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. - BOC. Boletín Oficial de Canarias - Legislación - VLEX 842548221
CAPÍTULO VII. - arts. 18 a 22
Disposición adicional primera.-. Suministro de información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Disposición adicional segunda.-. Utilización de medios telemáticos para las convocatorias y reuniones de los órganos colegiados del Gobierno de Canarias.
Disposición adicional tercera.-. Utilización de medios telemáticos para las convocatorias y reuniones de negociación colectiva.
Disposición transitoria única.-. Rendición de cuentas del ejercicio 2019.
Disposición final primera.-. Autorización para modificar los plazos de presentación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes.
Disposición final segunda.-. Habilitación para dictar instrucciones sobre suministro de información económico-financiera.
El procedimiento de concesión de tales ayudas será establecido por Orden, de carácter reglamentario, de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo.
El procedimiento para la aprobación y modificación de la referida Orden departamental solo exigirá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de empleo que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas y el informe previo de la Intervención General.
Artículo 4 Tramitación de emergencia.
Artículo 6 Suspensión de la tramitación de procedimientos de contratación.
En aquellos expedientes que no tengan publicada su convocatoria o licitación, el órgano de contratación podrá continuar la tramitación de los actos preparatorios, avanzando hasta la resolución de aprobación del gasto, en cuyo caso los plazos de presentación de ofertas se entenderán automáticamente interrumpidos, por lo que los plazos señalados en los pliegos y/o anuncios de licitación no comenzarán a contarse hasta el momento en el que se levante la suspensión asociada a la declaración del estado de alarma.
En aquellos expedientes que al momento de la declaración del estado de alarma se encontrasen con la convocatoria o licitación publicada y en fase de presentación de ofertas o proposiciones, los plazos de presentación quedarán suspendidos, reanudándose al día siguiente a aquel en que finalice el estado de alarma, incluyendo sus prórrogas.
En aquellos otros expedientes que, finalizado el plazo conferido para la presentación de ofertas o proposiciones, se encuentren, al momento de la declaración del estado de alarma, en fase de examen y evaluación de aquellas, podrá continuarse, mediante resolución motivada, con su tramitación hasta el momento inmediato anterior a la adjudicación del contrato, en que deberán entenderse suspendidos los plazos para las actuaciones administrativas posteriores.
Artículo 7 Tramitación por procedimiento de urgencia.
Artículo 8 Comprobación material de la inversión.
Artículo 9 Normas especiales de autorización de gastos en materia de ayudas y subvenciones.
Durante el período de estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en relación con los gastos que en materia de subvenciones y ayudas se tramiten para paliar los efectos económicos y financieros derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no resultará exigible la autorización por el Gobierno prevista en el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, en lo que se refiere a subvenciones directas.
Mientras dure el estado de alarma, será suficiente su aprobación por el titular del departamento competente.
De estos expedientes habrá de darse cuenta al Gobierno en el plazo de 1 mes desde su aprobación.
Artículo 10 Habilitación al Gobierno para la autorización de pagos anticipados de carácter extrapresupuestarios.
Artículo 11 Medidas para la mejora de la gestión de ayudas y subvenciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Durante el período de vigencia del estado de alarma, se podrá incrementar, siempre que exista crédito, la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En las bases reguladoras que se tramiten en ejecución de medidas para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID 19 se deberá prever, como regla general, la realización de convocatorias abiertas. En caso de no contemplarse dicha previsión, deberá motivarse su imposibilidad.
En el caso de que, habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria, no se hubiera resuelto al cierre del ejercicio, se conservarán todos los actos a efectos de su resolución en el ejercicio presupuestario siguiente, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
Se podrá acordar la suspensión y prórroga de plazos para la realización de la actividad objeto de las subvenciones concedidas y que, por su naturaleza, se sigan viendo afectadas por las consecuencias de la declaración del estado de alarma.
Respecto a las condiciones de justificación, tanto en el caso de subvenciones tramitadas a través de convocatorias con concurrencia, como las tramitadas por el procedimiento de subvenciones directas:
Se podrá suspender, prorrogar y modificar el cumplimiento de las condiciones de justificación de las subvenciones. Dichas actuaciones deben llevarse a cabo antes de que se haya producido el vencimiento del plazo de justificación.
El órgano responsable de la gestión de las subvenciones podrá establecer el anticipo de pago de las mismas, aun cuando no estuviera contemplado inicialmente. De dicha modificación habrá de darse cuenta a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a los efectos de la previsión de liquidez en Tesorería.
Artículo 12 Medidas extraordinarias de carácter presupuestario.
Corresponderá al titular del Departamento competente en materia de hacienda la habilitación de los créditos adecuados para proporcionar la cobertura necesaria que permita hacer frente a la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En particular, podrá ordenar la retención y no disponibilidad de los créditos presupuestarios que tengan la consideración de disponibles, o aprobar las modificaciones presupuestarias oportunas que den cobertura a las medidas de contingencia que se adopten para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Queda exceptuada la reasignación de los créditos entre diferentes secciones presupuestarias, cuya autorización corresponde al Gobierno.
Tendrán la condición de ampliables, los créditos presupuestarios destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en especial los que afectan a los sectores sanitario y social, así como al sector productivo.
Excepcionalmente, cuando no sea posible ampliar crédito con las asignaciones disponibles de las distintas secciones presupuestarias, podrá ampliarse crédito sin cobertura hasta el límite de las obligaciones que se precise reconocer relacionadas con los gastos derivados de las medidas adoptadas en la crisis COVID-19 dentro de los límites que se establezcan en los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. El Gobierno tomará las medidas oportunas para que estas modificaciones sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
Artículo 13 Endeudamiento a corto plazo.
De manera excepcional, con objeto de garantizar la liquidez necesaria de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se podrán concertar operaciones de financiación por plazo no superior a un año con el límite máximo del 20% de los créditos iniciales de gasto no financiero del ejercicio presupuestario.
De conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, corresponderá al titular del Departamento competente en materia de hacienda disponer la concertación de estas operaciones de financiación.
Hasta tanto se formaliza la contratación de estas operaciones de financiación, las necesidades de la Tesorería, derivadas de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos, podrán atenderse con anticipos de las entidades financieras que hayan sido seleccionadas para celebrar los correspondientes contratos de estas operaciones, previa solicitud del titular del Departamento competente en materia de hacienda.
Artículo 14 Medidas específicas en materia de endeudamiento y avales para empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.
No obstante lo dispuesto en el artículo 100-quater de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, de manera excepcional, se autoriza a la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. a concertar operaciones de crédito para la financiación de gastos originados en el Sistema Canario de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta un importe máximo de 12.000.000 de euros.
Solicitud, suscrita por la empresa, de autorización para la contratación de la operación dirigida al titular de la Dirección General competente en materia endeudamiento. La solicitud especificará la operación de que se trate y sus principales características. Junto con la solicitud, se presentará el borrador del contrato que haya de documentar la operación, suscrito por la entidad de crédito correspondiente.
Informe de la Dirección General competente en materia de endeudamiento, con objeto de analizar los aspectos financieros de la operación.
La autorización de la operación se efectuará mediante orden del Consejero competente en materia de hacienda, a propuesta de la Dirección General competente en materia de endeudamiento.
No obstante lo dispuesto en el artículo 102 de Ley 11//2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, de manera excepcional, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá conceder su aval a la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. para la concertación de las operaciones de crédito a que se refiere el presente artículo.
Propuesta del consejero del departamento con competencia en materia de sanidad, sin que sea necesario el informe favorable de dicha consejería.
Informe de la Dirección General competente en materia de endeudamiento, con objeto de analizar los aspectos financieros de la operación a avalar.
La Dirección General competente en materia de endeudamiento elevará la propuesta de orden que corresponda al Consejero competente en materia de hacienda.
Artículo 15 Inversión y justificación de fondos europeos.
Artículo 16 Medidas en materia de suspensión de plazos administrativos.
En el marco de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a las personas titulares de los departamentos del Gobierno de Canarias y a las personas titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público autonómico, en el ámbito de sus competencias, mediante resolución motivada, y entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos administrativos en los casos previstos en dicho Real Decreto.
Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado anterior decidir motivadamente la continuación o incluso el inicio de los procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En estos casos, no será necesario obtener la conformidad de las personas interesadas.
Artículo 17 Tramitación de procedimientos con motivo de la crisis sanitaria.
La adopción de actos, disposiciones de rango reglamentario, suscripción de convenios y otras medidas cuya competencia corresponda al Gobierno de Canarias o a sus miembros, directamente destinados a atender situaciones de emergencia sanitaria o social derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que deban adoptarse mientas esté vigente el estado de alarma, no precisará la tramitación de procedimiento administrativo alguno. Los efectos de las disposiciones que en tal caso se aprueben limitarán su vigencia al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso y motivadamente, a un periodo adicional imprescindible para la consecución de los efectos pretendidos.
Los miembros del Gobierno que aprueben actuaciones en virtud del apartado anterior darán cuenta al Consejo de Gobierno en el término de un mes desde su aprobación.
CAPÍTULO VII Artículos 18 a 22
Artículo 18 Medidas en materia de prevención de riesgos laborales.
Durante la vigencia del presente Decreto ley, todo el personal adscrito a los diferentes Unidades y Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Canarias, excepto el personal de la Consejería de Sanidad y del Instituto Canario de Seguridad Laboral, estarán bajo la dirección y coordinación de la Dirección General de la Función Pública, y su ámbito de aplicación será la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con excepción del ámbito del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad.
A la Dirección General de la Función Pública le serán adscritos los medios personales y materiales precisos para el desempeño de las funciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 19 Medidas en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y de las comunicaciones e informática.
Durante la vigencia del presente Decreto ley, todo el personal perteneciente a los Cuerpos/Escalas o categorías profesionales del área de Informática y Telecomunicaciones, incluido el personal de apoyo, adscrito a los diferentes Departamentos y Organismos Autónomos, excepto del Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Agencia Tributaria Canaria estarán bajo la dirección y coordinación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y su ámbito de aplicación será la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.
A la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías le serán adscritos los medios personales y materiales precisos para el desempeño de sus funciones.
Articulo 20 Medidas extraordinarias de movilidad de los empleados públicos.
Al objeto de dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear con ocasión de la situación generada por el COVID-19, la Dirección General de la Función Pública ofertará entre los empleados públicos del colectivo de Administración General, con independencia del vínculo jurídico funcionarial o laboral que ostenten, la posibilidad de efectuar una movilidad funcional de carácter voluntaria, en jornada total o parcial, con destino al Departamento u Organismo Autónomo que haya efectuado el requerimiento.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, por parte de la Dirección General de la Función Pública se podrá proceder a una movilidad forzosa para la realización de funciones, tareas o responsabilidades, que podrán ser distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo o función habitual en el mismo o en distinto departamento u organismo público cuando, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que desempeñe con carácter permanente los puestos de trabajo o funciones que tengan asignadas.
En todo caso, el personal objeto de movilidad funcional continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, que serán abonadas por el Departamento u Organismo Público donde venía prestando servicios.
El incumplimiento de las funciones, tareas o responsabilidades asignadas por parte del personal objeto de movilidad funcional dará lugar a la exigencia de la responsabilidad disciplinaria procedente conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Artículo 21 Medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral de administración general.
Artículo 22 Reincorporación del personal de administración general con dispensa por realización de funciones sindicales.
CAPÍTULO VIII Artículo 23
Artículo 23 Cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos.
Cuota trimestral: 722,00 euros.
En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida en máquinas de tipo "B" o recreativas con premio, la cuota tributaria de 722,00 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 15,70 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.
La rendición de cuentas de las entidades y órganos del sector público con presupuesto limitativo tendrá como fecha límite el 29 de mayo de 2020.
La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 será presentada por la Intervención General en la Audiencia de Cuentas de Canarias el 31 de julio de 2020. En el mismo término, deberá ser remitida al Tribunal de Cuentas.
Las entidades del sector público con presupuesto estimativo y los fondos carentes de personalidad jurídica deberán formular sus cuentas anuales como fecha límite el 15 de mayo de 2020. Asimismo, deberán remitir sus cuentas anuales y documentación adjunta a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias antes del 30 de junio de 2020.