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Timestamp: 2019-12-10 19:38:45
Document Index: 361603850

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 49', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 51', 'artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 16']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 212, de 15/11/2012
cve: DSCD-10-CO-212
Año 2012 X Legislatura Núm. 212
- Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. (Número de expediente 121/000025) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la decimosexta sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que vamos a debatir y, en su caso, aprobar con competencia legislativa plena el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. El orden del día, como es habitual, recoge los dos puntos: el primero, la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley y, el segundo, la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia el pasado 12 de noviembre.
Tal y como se aprobó en la reunión de Mesa y portavoces, las enmiendas presentadas y no retiradas serán defendidas por los ponentes de cada grupo parlamentario de menor a mayor, habiéndose establecido en esa reunión un tiempo de quince minutos. Les ruego que si hay enmiendas transaccionales nos las trasladen a la Mesa, para que puedan ser revisadas por el letrado y entregadas al resto de los grupos políticos, para que tengan conocimiento de ellas lo antes posible y puedan fijar el sentido del voto. Asimismo, les agradeceríamos que nos hicieran llegar el cuaderno de votaciones, es decir, las enmiendas que quieren que sean votadas separadamente del conjunto de enmiendas de cada grupo político, para tenerlo organizado en el momento de comenzar las votaciones.
En este momento se están celebrando dos comisiones con votación, como son las de Economía y Empleo. Todos los grupos políticos me han comentado que tienen diputados que pertenecen al menos a dos de ellas. Por tanto, en el momento en que terminemos el debate del proyecto de ley y de las enmiendas, antes de comenzar la votación, intentaré que todos los grupos tengan completo su número de diputados para que la votación se pueda llevar a cabo correctamente. Dejaré un pequeño margen para que puedan coordinarse con los diputados que estén en ese momento en otra Comisión.
En relación con la ratificación de la ponencia designada, ¿podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas. Para la defensa de las presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Nosotros hemos presentado dos enmiendas. La primera es una enmienda de adición, que propone la introducción de un subapartado h) en el apartado 2 del artículo 51 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. Se trata de añadir: h) Procesos mineralógicos. La modificación de los tipos impositivos va a implicar que la industria azulejera de Castellón vea muy mermada su competitividad. Por ejemplo, esta subida implicará 2,5 euros por cada megavatio consumido, lo que supondrá que esta industria tenga que asumir unos 30 millones. Esto puede poner en peligro su viabilidad y llevarla a la pérdida a medio plazo de los mercados emergentes en los que ahora está compitiendo, además de repercutir directamente en el coste. Todo ello puede suponer cierre de empresas, más paro y, en último lugar, deslocalización. Viendo cómo tenemos la economía los valencianos, la no aprobación de esta enmienda supondría un atentado claro a la viabilidad de la industria azulejera de Castellón.
La segunda enmienda es de adición, a la disposición derogatoria segunda nueva. El texto que se propone es: Quedan derogadas la disposición adicional primera y disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre. Todos los diputados hemos recibido una carta de un ciudadano valenciano, Vicent, en la que nos explica claramente su desesperación. Estaba parado y lo intentó con la agricultura; la agricultura no le funcionó y puso todos sus ahorros más un préstamo en una central fotovoltaica, fiándose de este decreto-ley que fijaba un precio por kilovatio. Luego le cambiaron el decreto-ley y además con carácter retroactivo, lo que supuso una disminución de los ingresos previstos por la reducción horaria. La Ley de Economía Sostenible imponía la obligación de atender el recorte de ingresos
y decía que habría una línea específica del ICO. Ni el PP ni el PSOE han creado esta línea y han dejado estancados a 55.000 titulares de instalaciones fotovoltaicas. Cabe recordar que el Real Decreto 14/2010 ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Murcia, por el Gobierno valenciano y por la Junta de Extremadura. Con este nuevo proyecto de ley, con estos nuevos recortes de los ingresos, muchos pequeños productores de energía fotovoltaica se verán abocados a cerrar sus líneas o a que el banco se quede con sus instalaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Nosotros hemos presentado también dos enmiendas. La primera es una enmienda de adición referida a una modificación que pretendemos de la propia Ley del Sector Eléctrico. El proyecto presentado y que ahora debatimos no contiene medida alguna que permita avanzar en la reducción del déficit tarifario existente, ya que se obvia la principal causa que lo genera, es decir, un sistema de generación de precios, totalmente opaco e injusto desde nuestro punto de vista, que está establecido en la Ley del Sector Eléctrico. Por eso proponemos su modificación de manera que el precio final de la electricidad en el mercado mayorista no venga determinado por el precio de la última oferta en ser aceptada. Puesto que existen tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, este mecanismo genera grandes beneficios a los propietarios de esas instalaciones de producción, especialmente en el caso de tecnologías que están prácticamente amortizadas, como las hidroeléctricas y la nuclear. Hay un precio que se paga por la electricidad y un coste que es el real, y la importante diferencia que se produce entre los dos es la que provoca la distorsión existente, el encarecimiento sistemático de la energía que estamos pagando todos los ciudadanos y gran parte de este enorme déficit tarifario.
Con la segunda y última enmienda se pretende excluir del hecho imponible al capítulo segundo del título IV de la ley. El impuesto sobre el valor de la energía eléctrica grava la producción de energía eléctrica con independencia de si se trata de una fuente limpia o no. A nuestro juicio, no diferencia entre energías fósiles y energías renovables y, en consecuencia, no se produce una discriminación en función del origen de la energía, obviando el principio de que quien contamina paga. Consideramos que este tributo debería afectar solamente a la producción de energía de régimen ordinario, quedando exenta la producción de energía en régimen especial: las instalaciones que no superan los 50 megavatios y que utilizan la cogeneración, las energías renovables o los residuos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Carlos Salvador, en nombre de UPN.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Inicio mi intervención dando por defendidas las enmiendas a este proyecto de ley que han presentado los grupos que no están representados aquí, en esta sesión.
Estamos tratando de la sostenibilidad de nuestro modelo energético y, en el fondo, del futuro de la energía en España. Como reflexión general, quisiera decir que nos enfrentamos a un tema de Estado. A pesar de este proyecto de ley y de los esfuerzos del Gobierno por afrontar el difícil puzzle energético de nuestro país, sigue pendiente un gran acuerdo de los grandes partidos en esta materia, para gastar mejor, para gastar menos, para gastar de forma más eficiente y, fundamentalmente, hoy por hoy, para resolver un problema que es el de la excesiva dependencia energética de nuestro país. Una palanca del crecimiento de nuestro país debe ser reducir esa dependencia y, en el fondo, garantizar a futuro que seamos un país más independiente. Hubiéramos deseado encontrar en la tramitación de este proyecto de ley más calma, más sosiego, más rigor -si me lo permiten-, más claridad y más seguridad jurídica. Soy plenamente consciente de lo árido que es este tema y de la complejidad de hilar tan fino como la situación lo requiere. Seguramente la mayor crítica a este proyecto de ley es que al final lo que se receta es aceite de ricino para todo el mundo, para todos los afectados o damnificados por él, estén como estén, estén sanos o estén enfermos, sea cual sea su situación, el estado de maduración de las inversiones, la amortización de las mismas o el tipo de tecnología. Nos enfrentamos a un proyecto de ley que, efectivamente, establece una serie de impuestos, pero cuya afección a las distintas tipologías es la pieza fundamental de crítica en estos momentos.
Hemos trabajado con mucho denuedo en este proyecto de ley y hemos presentado 18 enmiendas que pretendían acompasar el impacto que pudiera tener esta normativa en los distintos subsectores, que son muchos. No tengo tiempo para defenderlos a todos, pero quiero que conste así el criterio de mi grupo. En todo caso, mantendremos las enmiendas que sean rechazadas -que, salvo la transacción a la que ahora
me referiré, van a ser todas ellas- y las reproduciremos en el Senado, donde esperamos que con más calma, con más pausa podamos llegar a acuerdos en diferentes materias. En todo caso, pedimos al grupo de la mayoría y al Gobierno más receptividad y un estudio más sosegado del impacto tan importante que va a generar esta normativa en todas ellas.
Quiero anunciarle, señor presidente, que nos han ofrecido una transacción respecto a las enmiendas 89, 125 y 152, que haremos llegar a la Mesa y que nos parece interesante en la medida en que su texto permite garantizar que el destino de los ingresos por los impuestos que recoge este proyecto de ley sea efectivamente cubrir el fin que se pretende, que es la reducción y la eliminación del déficit público.
Finalizo solicitando la retirada de las enmiendas de UPN números 85 y 91.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: El Grupo Vasco considera prioritario dar una solución al problema del déficit tarifario. En eso coincidimos con el Gobierno y creo que con la mayoría de los grupos de esta Cámara, pero siendo necesaria su solución, esta no será adecuada si no sirve para establecer un nuevo modelo energético para el medio y largo plazo, que responda al desarrollo de unas claras directivas estratégicas que resuelvan los retos a los que se enfrenta y se va a enfrentar el sector energético. Dichos retos necesitan propuestas que den confianza, seguridad y estabilidad tanto a los consumidores como a las empresas, y al ser el sector energético un sector estratégico en el sistema productivo, que afecta de forma determinante a la competitividad de nuestra industria, las medidas para paliar el déficit no han de mermar la competitividad de la misma. Este debe ser un elemento clave y tenemos que decir, a nuestro pesar, que desgraciadamente este no es el caso.
Como bien conocen el Gobierno y el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Vasco ha estado y está abierto al diálogo, al acuerdo y al pacto, y para ello ha presentado, de forma constructiva, enmiendas parciales al texto, que permitieran corregir algunas de las graves deficiencias que hemos observado. Hemos intentado pactar y transaccionar algunas que son claves para nosotros. Desgraciadamente, no ha sido posible, aunque lo seguiremos intentando, sabiendo que no va a ser tarea fácil. Me referiré a continuación a las que considero más relevantes de las 26 enmiendas que hemos presentado.
Nuestra enmienda número 15 se refiere a la eliminación del régimen económico primado por uso de combustible fósil a la tecnología termosolar actualmente vigente, que -no hay que olvidarlo- se yuxtapone además, para esta tecnología, a otras dos medidas de carácter impositivo, como son los impuestos a la producción de energía eléctrica del 6% y el impuesto del céntimo verde por consumo de gas del 0,65 céntimos por gigajulio. Esto no tiene reflejo en ningún otro tipo de tecnología, tanto del régimen ordinario como del régimen especial, pues, como mucho, otras tecnologías soportan dos medidas de carácter impositivo. En este caso son tres. Esta medida colocará al sector no solo por debajo de los umbrales de rentabilidad razonable que recoge la Ley del Sector Eléctrico, sino en una situación de default operativo, de quiebra, obligando a las instalaciones a una amortización anticipada de la totalidad de su deuda, con el impacto que ello tendrá a su vez en las empresas matrices, perjudicando además el mantenimiento del liderazgo tecnológico y de la inversión extranjera. Por ello, se propone establecer como umbral de utilización de combustible fósil el 12%.
Asimismo, respecto a la situación de las instalaciones con procesos de cogeneración y tratamiento de residuos, consideramos que de prosperar el impuesto del céntimo verde en su redacción actual, disminuirá gravemente la competitividad industrial de un elevadísimo número de sectores tan relevantes y diferentes como el del tratamiento de residuos, el químico, el siderúrgico, el papelero, el del automóvil, la petroquímica, la alimentación, la cerámica o el textil, que mediante procesos de cogeneración obtienen importantes mejoras en su eficiencia. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, don Pedro.
Por favor, ruego bajen la voz o negocien los textos más atrás, porque interrumpen al interviniente.
Gravar con este impuesto supondrá una medida de carácter antiindustrial -y lo vuelvo a repetir: de carácter antiindustrial-, con los efectos que ello conllevará en los diferentes sectores industriales en unos momentos en los que la competitividad en el mundo obliga a una mejora constante. Se podrán producir y seguramente se producirán deslocalizaciones de empresas, con lo que ello implica en términos económicos y de empleo para una economía como la española en una difícil situación, más si cabe para un País Vasco
con un componente y un peso industrial más determinantes. Para ello, se presentan dos enmiendas, una de máximos, con la exención total al céntimo verde del gas, que es la enmienda 24, y otra de mínimos, con una tasa de 0,15 euros por gigajulio, que es la enmienda número 25. Le diría al Grupo Popular que reconsiderase su posición en relación con estas enmiendas, si quiere respecto a esta segunda, que es más fácil de aceptar, porque de lo contrario cometerá un grave error y una grave tropelía con un sector industrial que está necesitado en términos de competitividad. Podemos ahogar el futuro de muchas empresas, del empleo, de toda una política industrial y de toda una estrategia de salida de la crisis. Ténganlo en cuenta, porque, si no, seguramente tendrán que ser responsables de esta enorme tropelía, señores del Partido Popular.
Sé que se puede achacar a nuestro grupo parlamentario que la toma en consideración de estas enmiendas y otras a las que posteriormente me referiré tendría un coste en términos de menor recaudación y, por tanto, abriría una puerta en los costes necesarios para el cierre del déficit tarifario. Pues bien, en ello se ha pensado al poner el céntimo verde a los hidrocarburos líquidos. Según nuestros cálculos, utilizando las cifras de consumo de hidrocarburos líquidos consumidos en el año 2011, facilitados por la corporación de reservas estratégicas, con una tasa de un céntimo de euro al año se recaudarían del orden de 452 millones de euros, sin considerar el queroseno, y de 500 millones en el caso de considerarlo, siendo el impacto impositivo mínimo, sin apenas afectar a la inflación. Por el contrario, la exención total del céntimo verde a los sectores de cogeneración y tratamiento de residuos supondría, aplicando los números de consumo de gas de la página 19 de la memoria económica, una menor recaudación por importe de 121 millones de euros. Si a ello añadimos lo que costaría la medida del gas primado de la termosolar, considerando los números que indicó el propio ministro y los porcentajes de la enmienda del 12% frente al 15% actual, la reducción sería de 180 millones de euros. Vemos por tanto que con la aplicación del céntimo al litro de gasolinas se compensaría más que de sobra la toma en consideración de estas dos enmiendas e incluso de otras a las que me referiré a continuación y que son muy importantes, muchas de ellas sin coste adicional, para poder abordar el cierre ordenado del déficit tarifario. Entre estas, debo considerar una, que propone que la totalidad de los ingresos obtenidos por la aplicación de la presente ley se destinen a financiar determinados costes regulados de la Ley del Sector Eléctrico y no solo se establezca el tímido podrán ser utilizados, sino que efectivamente se utilicen. Como saben, ello no supone coste alguno, pero es clarificador y sirve para ordenar el proceso. Proponemos que la financiación de las anualidades del déficit de unos 2.200 millones de euros pase a unos Presupuestos Generales del Estado, como se anunció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pues sin ellos no es posible alcanzar las cifras de 5.680 millones que indicó el señor ministro para el cierre del déficit tarifario. Ello tampoco tiene coste alguno. Planteamos asimismo la modificación del límite máximo del déficit para el año 2012, cifrado en 1.500 millones, que también es necesaria, dado que al haberse producido un descenso en la demanda de la energía eléctrica, mayores costes renovables, etcétera, el límite del déficit se incrementa hasta alcanzar más del doble de este importe. Como saben, si no se produce dicha modificación, de acuerdo con las leyes vigentes, la diferencia tendría que ir a incrementar de golpe los peajes de acceso que paguen los consumidores a partir del 1 de enero próximo.
Otra enmienda pretende corregir otra situación. Creemos que hay que gravar las importaciones de energía eléctrica con el impuesto de producción del 6% y exencionar de este impuesto las exportaciones. En caso contrario, existiría una desventaja competitiva para los productores y consumidores españoles y además sería contrario a los principios y objetivos de la Directiva del mercado interior de la electricidad. Esta es nuestra enmienda 19. Planteamos también la eliminación o reducción del canon hidráulico a aquellas centrales minihidráulicas de menos de 5 megavatios. Como saben, las concesiones hidráulicas son concesiones administrativas y, por tanto, cada productor tiene un contrato que le garantiza un equilibrio económico que se rompe con este proyecto de ley, afectando a muchos y pequeños empresarios que no podrán afrontar económicamente el cambio. Proponemos también la eliminación del canon de bombeo, el cual tiene un carácter único, por las peculiaridades de esta tecnología, al jugar un papel relevante en cuanto a la seguridad del sistema y en cuanto a la integración de las renovables.
Como habrán podido observar, señores del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado sus enmiendas con espíritu constructivo, abierto al acuerdo y con medidas coherentes, que permitan corregir algunos de los desequilibrios observados y, de esta forma, ayudar a cerrar el espinoso tema del déficit tarifario. Ahora bien, nos encontramos en la presente Comisión con una propuesta del Grupo Popular y del Gobierno que va justo en la dirección contraria; no sé si se va tratar hoy o se tratará la semana que viene o cuando corresponda en el Senado. La idea del Gobierno parece ser la subida del
impuesto del 6 al 7% y la reducción del céntimo verde para el consumo de gas al sector industrial, excluidas expresamente las cogeneraciones, y el rechazo por contra de todas las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario. Creemos que esto no va en la dirección de lograr acuerdos ni de mejorar el texto, sino que lo empeora y, lo que es más grave, en el futuro empeorará la competitividad del sector industrial; lo empeora porque la subida del 6 al 7% no solo supondrá un mayor impacto en las cuentas de los sectores tanto del régimen ordinario como del régimen especial, es decir, el sector renovable, sino que también afectará -esto si cabe es más preocupante- a los consumidores, que verán incrementada su factura eléctrica, y no lo mejora por la reducción del céntimo verde al gas para uso industrial, pues deja al margen y excluye a sectores tan importantes para el tejido industrial como el sector de la cogeneración y el tratamiento de residuos, afectando la medida única y exclusivamente al sector azulejero y cerámico y al sector de fertilizantes, que no creo que sean los sectores claves para el desarrollo económico futuro.
El proyecto de ley, en su configuración final, perjudica gravemente a la competitividad industrial de sectores tan importantes y básicos, no solo para el País Vasco, pero para el País Vasco también, como son los de la automoción, la siderurgia, la petroquímica, el papel, el químico, etcétera, pues no solo encarecerá el precio de la energía eléctrica, sino que, al no considerarse exenciones para las cogeneraciones, pondrá a la industria frente a una clara pérdida de competitividad e incluso ante la posibilidad de deslocalizaciones de empresas, con lo que ello conllevará de pérdida de empleo e impacto económico en un momento crítico para la economía. La cogeneración es, como bien saben, una prioridad establecida por la Unión Europea, fundamentada en los beneficios que esta tecnología proporciona en términos de energía primaria, pérdidas en la red, reducción de emisiones y reducción de costes energéticos para las empresas, que constituyen un factor esencial de competitividad y que en muchos casos ayudan claramente a asegurar la viabilidad de las empresas industriales. Asimismo, el proyecto afecta de manera negativa al mantenimiento del liderazgo tecnológico entre energías renovables, como la termosolar, y no introduce medidas que permitan dar coherencia al cierre del déficit tarifario, como son el traspaso de costes no correspondientes a la tarifa eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado, la amortización anual del déficit o la ampliación del déficit del año 2012, gravar las importaciones y exencionar las exportaciones de energía eléctrica y reducir el canon hidráulico al bombeo y a las minihidráulicas entre otras cuestiones. Por todo ello, manifestamos nuestra más profunda preocupación por el sector industrial, por la economía y, en definitiva, nuestra decepción por el contenido de este proyecto sobre la fiscalidad para la sostenibilidad energética, que si no experimenta los cambios en el sentido que hemos apuntado, estamos obligados a votar en contra.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Las objeciones que mi grupo presentó a esta ley fueron ampliamente explicadas en la enmienda a la totalidad que presentamos. Hemos presentado un número reducido de enmiendas a la totalidad que explicaré a continuación, pero ante todo quisiera decir que nos ha decepcionado tanto el proyecto de ley en sí como su tramitación en esta Comisión; el proyecto de ley en sí, porque, como es conocido -además es una coincidencia de la práctica totalidad de los grupos de la oposición, lo cual no es muy frecuente-, es una ley puramente recaudatoria, únicamente fiscal y que, lejos de aprovechar la oportunidad que la crisis ofrece, pese a todo, para hacer una reforma a fondo del sector y atacar la raíz del déficit tarifario, se limita a consagrar justamente algunas de las reglas de juego que nos han llevado a esta situación, al déficit tarifario. Hay una política energética muy poco eficiente y llena de problemas, y los parches que introduce son parches que empeoran claramente la política energética y la situación del sector. En este sentido, nos han preocupado especialmente varias cosas que creo que también son compartidas por la mayoría de los grupos de la oposición. Por una parte, el daño que objetivamente esta ley va a hacer, si fuera aprobada en sus actuales términos, al sector industrial, justamente en un momento de crisis económica profunda, en el que uno de los pocos atisbos de un cambio esperanzador es la mejora del sector de las exportaciones ligado a la industria. Ya es casi una actitud, vamos a decir, depredatoria y rapaz la de acabar con una de las pocas gallinas de los huevos de oro que nos puedan quedar, y no solamente por razón de la competitividad de las empresas como tales, sino por el conjunto del sector, por la importancia que tienen como inicio de un cambio de modelo productivo en España hacia una economía exportadora basada también en la industria y no solamente en esa economía del ladrillo, del empleo barato y de las empresas de poco valor añadido, que son las que nos han llevado a nuestros 6 millones de parados junto a otro tipo de problemas políticos que ahora no vienen
al caso, pero que supongo que están en la mente de todos. Esta ley nos parece otro clavo más en el ataúd del actual sistema económico y del propio sistema político que vive de él, y en este sentido es una ley sumamente reprobable.
Decía también que nos ha decepcionado profundamente la tramitación, porque, dado el alto nivel de acuerdo que hay, total o parcialmente, en muchas de las enmiendas que hemos presentado los grupos de oposición, era muy fácil haber transaccionado algunas enmiendas que objetivamente corrigen defectos evidentes de esta ley. De hecho, así se nos ofreció en la ponencia, aunque luego esa oferta se ha retirado. La compensación un tanto infantiloide que se nos ofrece de corregir en el Senado lo que aquí no se ha podido corregir, aparte de que es una renuncia expresa, incomprensible e injustificable a la función legisladora que tenemos, no deja de ser una especie de engañifa, porque evidentemente en el Senado no va a haber más tiempo para poder negociar los cambios a una ley, que, como es una ley fiscal, tiene que entrar en vigor el 1 de enero, de manera que se va a negociar allí a toda velocidad y con menos pluralidad política que la que tiene el Congreso. Por tanto, nos tememos lo peor, nos tememos que esta ley sea otro trágala más y que lo que se nos ha presentado como una oferta de acuerdo no sea sino una finta para evitar un debate público sobre esta ley. Creo que la opinión pública debería estar alarmada de que se adopten medidas legales e iniciativas como estas, que perjudican objetivamente la recuperación económica, que empeoran las posibilidades de disminución del desempleo a corto y medio plazo y tienen consecuencias muy injustas. Y no solamente está el problema industrial, al que he dado mayor importancia, porque en este contexto de crisis lo tiene objetivamente, es que esta ley, pese a los argumentos de sostenibilidad y preocupación medioambiental, no discrimina en absoluto -como han dicho algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra y cómo dirán seguramente algunos que me seguirán- entre fuentes de energía sobre la base del precio, es decir, es igual que sean fuentes de energía ampliamente amortizada hace mucho tiempo, como la propia Comisión Europea advirtió en el informe que hizo al respecto para España. No distingue entre fuentes renovables y fuentes que no lo son y tampoco distingue ni premia la eficiencia, por ejemplo, castiga sorprendentemente a la cogeneración, cuando es uno de los sistemas energéticos más eficientes que tenemos, y en cambio sigue manteniendo el viejo esquema de ayudas al carbón. Además, tampoco corrige algunos abusos que se han cometido con los reales decretos que cambiaron las reglas de primas a las renovables, concretamente con aquellos que presentaron sus solicitudes para huertos solares y otras fuentes de energía en tiempo y forma antes de que se aprobara aquel real decreto y que se han quedado en una especie de limbo jurídico, en una tierra de nadie. Lo que hace esta ley es condenarles. Tampoco distingue para nada entre el tratamiento fiscal que pueden merecer una gran empresa y las empresas pequeñas. Por ejemplo, en el caso hidroeléctrico es completamente sorprendente e increíble que se pretenda tratar exactamente igual a empresas que tienen saltos de agua construidos, en algunos casos en la época de la dictadura de Primo de Rivera, ampliamente amortizados y de gran escala y tamaño, o a las minihidráulicas, que recientemente comenzaron a funcionar con otras reglas de juego -que se han vuelto a cambiar otra vez- y con unas expectativas de negocio razonables que ahora desaparecen por completo. Concluyo esta parte, estamos ante una ley que nos deja estupefactos porque ignora por completo las necesidades de lucha contra la crisis económica y los principios más básicos de equidad y de justicia a la hora de repartir gastos. No olvidemos que es una ley que finalmente va a repercutir toda la fiscalidad en los consumidores, por una vía o por otra, o en los Presupuestos Generales del Estado, que son -no nos aburriremos de repetirlo- una manera indirecta de repercutirlo también en los ciudadanos, en los consumidores y en los usuarios de energía.
Hemos presentado ocho enmiendas, que son pocas, porque precisamente buscábamos un arreglo que fuera razonable, porque, al presentar cosas tan evidentes, sería fácil llegar a la aceptación de algunas. Hemos visto que no ha sido así, por lo menos en esta Comisión, pero van en la misma línea de algunas que se han presentado por los grupos precedentes para mejorar el tratamiento fiscal a los consumidores industriales y en línea con las directivas de la Unión Europea. Por cierto, aquí hay abierto otro nuevo frente, porque vamos a tener vigentes directivas europeas que muy posiblemente choquen con esta ley y cuya trasposición va a quedar pendiente y volverá a originar otro de los muchos conflictos que ha tenido España con la Comisión Europea por no trasponer a tiempo ni adecuadamente las directivas europeas en diversas materias. Nos parece esencial el tratamiento favorable de la cogeneración y del uso del gas en determinadas utilizaciones industriales y producción de energía, así como tratar de solucionar algo tan sencillo, desde el punto de vista político y fiscal, como el problema de aquellos emprendedores que en su momento presentaron peticiones de autorización para la puesta en marcha de generaciones de energías
especiales y que se han quedado en ese limbo, en esa indefinición absoluta. Estas son las enmiendas que mantenemos vivas, pero no vamos a pedir votación separada de ninguna, porque van a coincidir con muchas de las que se van a someter a votación.
Para terminar quiero reiterar mi absoluta decepción por lo que parecía que era una posibilidad de acuerdo basada en el interés general y del país y que una vez más se va a quedar en el interés del partido y de que nadie le puede pisar a este Gobierno ni un segundo de popularidad ni de protagonismo aún a costa del interés general.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo parlamentario planteamos en su momento la enmienda a la totalidad con texto alternativo con la voluntad de dar contenido al título de esta ley. Una ley que habla de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que brilla por su ausencia, por lo que queríamos dar contenido a ese título y a lo que decía la propia exposición de motivos. Este proyecto de ley no es ni verde ni avanza en la sostenibilidad ecológica del sistema, pero no resuelve los problemas de fondo de nuestro sistema eléctrico, por lo que tampoco es eficaz para resolver el déficit tarifario. Antes de entrar a hablar de las enmiendas parciales -algunas van en ese sentido y otras lo son al articulado del proyecto-, me gustaría que constara en el "Diario de Sesiones" el trámite parlamentario en la elaboración de la ley. Ya que había voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, antes de llegar a la Comisión, en la ponencia, preguntamos si había alguna posibilidad o no de transacción. Ahora, cuando hemos llegado a la Comisión, hemos visto que la hay, pero no ha habido diálogo posible a la hora de tramitar esta ley. Es una ley muy relevante desde el punto de vista energético, ambiental, industrial, de la equidad y del impacto que esto tiene sobre los consumidores y los ciudadanos en el acceso a la energía.
Entrando en el detalle de nuestras enmiendas, hemos presentado diez. No iré por el orden numérico, sino que voy a intentar agruparlas por bloques que reúnen el mismo tipo de enmiendas. Un primer bloque serían aquellas que llenan de contenido la palabra sostenibilidad. Sabemos que necesitan ingresos, es verdad, por lo que, reconociendo la necesidad de ingresos del Estado, les ofrecemos un avance en la fiscalidad verde con los temas relacionados con la energía. Si hablamos de sostenibilidad energética, hablamos de cambiar hábitos y penalizar aquellos consumos que son más nocivos para nuestra sociedad y para nuestra sostenibilidad energética. ¿Qué es lo que les planteamos? Algunos cambios. En primer lugar, en el impuesto sobre hidrocarburos, que ustedes amplían, les proponemos eliminar la exención para vuelos domésticos e internacionales en los que haya acuerdos bilaterales. La gran contribución que hace este sector a las emisiones y la falta de internalización de estos costes repercuten negativamente en nuestra sostenibilidad. En segundo lugar, que se avance en la equiparación de la fiscalidad del gasóleo y la gasolina y aumentar las tarifas de los fuelóleos. El sector del transporte es el responsable del 25% de las emisiones en nuestro país y al final este coste acaba asumiéndolo la sociedad a través de los presupuestos, lo que genera las emisiones difusas. Sería más lógico que ese cambio se hiciera en el impuesto sobre hidrocarburos penalizando a este tipo de combustibles, si este impuesto se cambiara y se actualizara al siglo XXI. Hablamos del impacto que tiene el transporte, no solo en las emisiones, sino también en la importación de una energía y en nuestra balanza comercial. En nuestra enmienda número 51 proponemos un cambio en el impuesto sobre la matriculación, en lugar de promover estos planes Renove, que al final no incluyen medidas de eficiencia, por mucho que lo repita el ministro, les proponemos un impuesto sobre la matriculación que esté adaptado a los cambios tecnológicos que ha habido, a las reducciones de emisiones de gran parte de los modelos que hoy existen, es decir, adaptar el impuesto sobre la matriculación al siglo XXI. Estas son dos enmiendas que aportan más ingresos y que sustituirían algunos de los despropósitos que hay en esta ley.
El bloque dos lo forman enmiendas destinadas a corregir el articulado, porque entendemos que hay una voluntad recaudatoria en esta ley, pero no tiene en cuenta la sostenibilidad ni el impacto que tiene en muchos de los sectores, especialmente en el de las renovables, que es el gran castigado de este proyecto de ley. Un sector que viene siendo castigado desde el Gobierno anterior y por el de ahora, porque el primer decreto que aprobó este año fue para penalizar a las renovables. Un sector que viene sufriendo medidas retroactivas, como el de la fotovoltaica, pero también el cambio constante en la regulación. Es profundamente injusto que se aplique una tasa homogénea del 6% a la producción de todas las energías, sin discriminar en qué situación se encuentra cada una, unas pueden repercutirlo en el mercado y otras están en el sector regulado por lo que no pueden repercutirlo. Esto significará el hundimiento de muchas
de las inversiones que han hecho pequeñas empresas e incluso familias, que han invertido en un sector como el de las renovables, y esta tasa acabará de dejarlos en bancarrota directamente por no poder pagar el propio proyecto.
Entrando en las enmiendas concretas, ¿qué es lo que proponemos? Por un lado, para corregir las desigualdades de esta tasa homogénea, introducir la importación de energía. No se entiende que hablen de una tasa a la producción de energía y en cambio hablan de incorporación, pero no a la importación. ¿Por qué hay que penalizar la energía autóctona y no tenemos en cuenta la importación de la energía? Porque desvirtuamos la conformación de precios en el mercado Mibel en España y en Portugal. En otra enmienda proponemos excluir el autoconsumo de esta penalización de la tasa del 6%. Tal y como está redactado ahora mismo el proyecto plantea la incorporación a la red y no nos queda claro si aquí además se quiere gravar el autoconsumo. Algo que no se ha desarrollado, que tiene mil barreras para poder avanzar en una red de producción distribuida, más democratizada, de la producción energética, pero a lo mejor se anticipan a esa regulación poniendo una tasa. Hay que dejar claro que aquí el autoconsumo y la pequeña producción no está gravada. En tercer lugar, excluir las renovables y el régimen especial de esta tasa. No es que no se deba discriminar a un sector que no puede repercutirlo, es que todo el rato se menosprecia y no se tiene en cuenta el valor en positivo que aportan las renovables al sistema. Unas renovables que necesitan de la maduración de esa tecnología, pero que en cambio nos aportan independencia energética y fomentar la creación de empleo. No tienen en cuenta toda la aportación favorable que hacen las renovables en términos de un modelo más sostenible de reducción de emisiones. Es una medida completamente injusta y no es que no sea sostenible sino todo lo contrario, porque van a castigar al sector que hoy está trabajando más para la sostenibilidad. Presentamos también enmiendas para proteger de esa tasa a las instalaciones hidroeléctricas de régimen especial y a las puestas en funcionamiento en los últimos siete años. En la anterior intervención ya han dicho que es un contrasentido, porque vuelve a impactar sobre un sector que contribuye positivamente, que son pequeñas instalaciones, y no tiene sentido poner esta tasa cuando se contribuye a la seguridad y a la sostenibilidad. Tampoco entendemos que se graven las hidroeléctricas de gestión pública. Votaremos a favor de las enmiendas que han presentado otros grupos para proteger a la hidráulica de bombeo por la aportación de complementariedad con las energías renovables. En este bloque de enmiendas para corregir despropósitos, aunque la transacción va en el sentido contrario, pedimos que las energías renovables y la eficiencia energética formen parte de la tarifa. Hay que entender que las renovables forman parte de la contribución en positivo a nuestro sistema energético y no podemos dejar a la arbitrariedad del Gobierno en los presupuestos generales que establezca medidas de fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética, porque brillan por su ausencia en todos los presupuestos que hemos visto de este Gobierno.
La enmienda número 152, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, no es que mejore el texto, sino que lo empeora. No habla de fomentar las energías renovables, sino que va a poner un porcentaje de las primas de las renovables directamente en los Presupuestos Generales del Estado. Esto es no entender cuál es el objetivo de una prima y es confundir la prima con la subvención, es volver a demonizar a las energías renovables como unas energías subvencionadas. La prima es para compensar esa internalización de costes que hacen las energías renovables y que no hacen otras energías y supone una ayuda para cumplir los objetivos que tiene España en renovables y en disminución de emisiones. Porque colocar las primas en los Presupuestos Generales del Estado es no entender nada y es dejarlas más si cabe en una situación de riesgo de lo que ya llevan con la legislación que están elaborando. Queremos corregir lo que entendemos que es otro despropósito, en este caso no para las renovables, pero sí para la eficiencia energética. No entendemos el céntimo verde impuesto al gas natural, cuando se trata de cogeneración. El ministro habló mucho de este tema. Ya sabemos que es un combustible fósil, no somos condescendientes con el consumo de combustibles fósiles, pero a aquellas instalaciones que han hecho alguna inversión en eficiencia energética, en lo que nuestro país tiene mucho camino por recorrer, se las penaliza. Hemos propuesto alternativas para penalizar los combustibles fósiles al principio de mi intervención, esa es la vía y no penalizar la cogeneración.
En el tercer bloque -que es sustantivo si hablamos de sostenibilidad energética, porque no podemos hablar de sostenibilidad energética sin un cambio en profundidad de nuestro sistema regulatorio-, en nuestra enmienda número 56 apostamos claramente por un plan de eficiencia energética. Se han planteado varias enmiendas a favor de la industria, apoyaremos algunas, otras no, porque creemos que España tiene que dar un salto, ya que si no lo da ahora en el cambio en las formas de producción, en ahorro y eficiencia energética, y no empezamos a promover consumos sostenibles también en nuestra
industria, si no lo hacemos desde el legislativo, lo acabarán haciendo los mercados y España es profundamente dependiente de un modelo insostenible. No puede ser que los pequeños consumidores acaben sosteniendo constantemente a la gran industria. Se necesita un plan, por eso hablamos de un plan a seis meses, serio y riguroso, para ayudar a implantar medidas de eficiencia energética en nuestra industria, porque es la única manera de que continúe y sea sostenible económicamente a largo plazo. Por otro lado, también proponemos un impuesto a la energía nuclear que va más allá de lo que plantean en esta cuestión. Hace mucho tiempo que nuestro grupo viene defendiendo la necesidad de un impuesto a la energía nuclear básicamente para que internalice los costes de los residuos y también los riesgos que generan la energía nuclear, entendiendo que está sobrerretribuida. Nuestro impuesto se diferencia de lo que proponen en el proyecto de ley porque grava la generación y el almacenamiento de residuos no solo en un año fiscal, sino que esa contribución se mantenga en el tiempo. También hablamos de una aportación a un fondo de desarrollo alternativo en aquellas regiones basadas en el monocultivo nuclear, porque el objetivo tiene que ser acabar con la energía nuclear a medio plazo, con un plan de transición, y que se aplique un fondo verde en esas zonas para buscar alternativas de desarrollo alternativo a la energía nuclear a medio plazo.
Finalmente, para terminar, no hay sostenibilidad energética sin un cambio en profundidad del mercado eléctrico. En nuestras enmiendas número 54 y 55, que proponen dos nuevas disposiciones adicionales, emplazamos al Gobierno a la reforma del mercado eléctrico. Una reforma en profundidad que garantice y reduzca el déficit de tarifa, pero con un cambio en la regulación. ¿Cómo? Con precios y tarifas que reflejen efectivamente los costes reales, que se saque a la gran hidroeléctrica y a la nuclear del pool, porque, como dice la Comisión Europea, están sobrerretribuidas y son las grandes causantes de ese déficit tarifario; que los peajes de acceso promuevan el ahorro y la eficiencia energética; que se reduzca la ininterrumpibilidad, porque, ante las declaraciones del ministro de que ahora reducen la ininterrumpibilidad en el decreto y luego declara que la va a subir en plena campaña electoral para compensar a la industria gallega, sinceramente estamos despistados. Entendemos que cuando tenemos el doble de capacidad de lo que estamos utilizando, no tiene sentido mantener esas retribuciones. Hay que emprender ese cambio regulatorio para promover redes distribuidas e inteligentes. Nuestra última enmienda es para aportar transparencia e información a los consumidores, a todos los ciudadanos y ciudadanas, de cómo funciona el sistema, empezando por las facturas, accediendo a datos y estadísticas, porque una de las grandes problemáticas de nuestro sistema energético es la falta de transparencia.
Era aquí donde había que mejorar este proyecto, al que se presentaron enmiendas a la totalidad generalizadas, por lo que esperábamos un poco más de diálogo por el riesgo y las consecuencias que tiene en la sostenibilidad, no solo energética, sino ecológica, pero también sobre el empleo y lo injustas que serán las consecuencias si no cambiamos la regulación del sistema sobre los consumidores. Por lo que veo, en la única enmienda transaccional que se va a aprobar en esta Comisión desaparece incluso el concepto de renovables en las aportaciones que van a ir a los Presupuestos Generales del Estado, fruto de la recaudación de este sistema. Ha desaparecido la palabra renovables, si ya no nos fiábamos de la redacción inicial, imagínense con esta transaccional que empeora el texto. Les pedimos que recapaciten y les exigimos más diálogo, porque hay mucha gente que se juega mucho si no hacemos bien las cosas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, cuando debatimos, hace aproximadamente diez días, en el Pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios teníamos la esperanza de poder dialogar con el Grupo Parlamentario Popular que da apoyo al Gobierno para encontrar algunos puntos comunes y lograr un cambio radical en los planteamientos iniciales del ministerio. Por parte del ministerio ha existido en determinados momentos esta voluntad de diálogo -no me duelen prendas en reconocerlo-, pero no se ha traducido en enmiendas transaccionales que pudieran contemplar algunas variaciones sustantivas en los objetivos planteados inicialmente por el Gobierno. Desde esta perspectiva, a pesar de que quede el trámite en el Senado, hemos perdido una gran oportunidad para realizar una reforma energética global con el fin de asumir una eficiencia y un ahorro energético más competitivos de los que hasta la fecha tenemos con la legislación vigente. A consecuencia de esta falta no de diálogo, pero sí de puntos de encuentro, nos encontramos con una ley que, como ya denunciamos en el debate a la totalidad, persigue como objetivo final incrementar la presión fiscal, desde el punto de vista energético, al sistema productivo español, a la economía
productiva española en general. Los más perjudicados por esta legislación que estamos debatiendo van a ser las familias, los hogares y las economías domésticas españoles, porque van a ver significativamente incrementado el recibo de la luz. Como consecuencia de estos desencuentros y de la no aceptación de las enmiendas que presentan nuestro grupo parlamentario y otras fuerzas políticas, en las que hay hechos relevantes en los que todas las formaciones políticas coincidimos, continuamos manteniendo que esta ley va a representar un hachazo muy importante a la competitividad de nuestro tejido industrial, a una política industrial que tendría que ser moderna y competitiva como la que tienen muchísimos países miembros de la Unión Europea, que son competidores directos de la economía española. Lamentablemente los únicos que le van a hacer la ola a esta ley que presenta el Gobierno del Partido Popular en esta Comisión del Congreso de los Diputados van a ser los Gobiernos italiano, francés y alemán, que, con la falta de competitividad de nuestro tejido industrial, van a ser los grandes beneficiados, porque sus industrias van a ser muchísimo más competitivas que las industrias españolas, a las que les puede acarrear deslocalizaciones y pérdidas de mercado efectivas. Si no se aprueban algunas de las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos parlamentarios en esta Cámara, lamentablemente va a suponer un 6% de incremento en el recibo de la luz para las familias y para los hogares españoles; un 10% en el recibo de la luz para las pequeñas y medianas empresas y para los empresarios autónomos y un 15% en el recibo de la luz para el tejido industrial y para toda la economía productiva española. Si a estos incrementos les añadimos que los precios medios de la economía doméstica española, en relación con la media europea, son un 30% superiores y los industriales, según datos de Eurostat, son un 15% superiores a la media europea, llegaremos a la conclusión de que realmente estamos ante una legislación que, con esta voracidad impositiva y fiscal confiscatoria, conllevará graves perjuicios a la economía productiva y a la política industrial española y, si no lo remediamos en el Senado, vamos a retroceder a los años cincuenta, con una economía de nuestro país muy depauperada y muy poco competitiva. Esta es la exposición inicial que volvemos a manifestar y nos hubiera gustado muchísimo no entrar en el detalle de la misma, desde una perspectiva global.
Paso rápidamente a defender aquellas enmiendas que nos gustaría se revisaran en este diálogo que no ha fructificado hasta la fecha, diálogo que podemos mantener en las semanas que nos quedan, que son pocas, para llegar a acuerdos significativos en aquellos aspectos en los que existe coincidencia de este grupo parlamentario con el resto de formaciones políticas y con algunos posicionamientos que han hecho, sin exclusión, todos los sectores industriales españoles que están en contra y en pie de guerra con esta ley, como son los sectores químico, papelero, agroalimentario, farmacéutico, cerámico, automovilístico, petroquímico, textil, etcétera. ¿Cuáles son las enmiendas más relevantes a este proyecto de ley para la sostenibilidad energética? En primer lugar, la número 62 pretende la exención del impuesto sobre la producción de energía eléctrica a todas aquellas instalaciones de régimen especial y a los autoconsumos en cogeneración, porque no queda clarificado si todos aquellos aspectos que van a ir en el futuro en la dirección del autoconsumo y de la cogeneración van a quedar exentos de estos gravámenes que se contienen en este proyecto de ley. Solicitamos una bonificación del 65% en el impuesto sobre la producción de energía eléctrica para todas aquellas instalaciones de cogeneración de electricidad, de calor, de biomasa, de residuos, de purines, que tienen una especial relevancia en el sector industrial, pues no queda explicitado en el proyecto si van a quedar exentos o no.
En cuanto al céntimo verde, desde nuestra perspectiva, que venimos reiterando desde que defendimos la enmienda a la totalidad, tendría que experimentar un cambio radical, se tendría que aplicar un tipo menor al gas natural destinado al uso como carburante con fines profesionales, del 0,15 en lugar del 0,65, como sucede en todos los países -sin excepción- de la Unión Europea, y para los no profesionales del 0,3% en lugar del 0,65% y eliminar el gravamen de los impuestos especiales sobre los productos energéticos cuando estos sean utilizados para la generación de electricidad y la cogeneración.
Las enmiendas números 67 y 68 van en la dirección que he comentado anteriormente cuando hacíamos una exposición global sobre nuestra enmienda a la totalidad. el aquel tejido industrial, que no deja de ser un porcentaje muy importante de la economía productiva española, que para modernizar sus industrias y para tener precios energéticos más competitivos para sus usos industriales ha incorporado en su proceso industrial la cogeneración industrial, se ve perjudicado notablemente con la aplicación de este gravamen sobre el céntimo verde, hecho que va en detrimento de las primas de cogeneración que están cobrando hasta la fecha para tener un precio energético muchísimo más competitivo. En nuestras enmiendas números 67 y 68 plantemos las exenciones previstas dentro de los impuestos sobre hidrocarburos. La enmienda 67 dice que se aplicará la exención del impuesto sobre hidrocarburos sobre
todos aquellos productos energéticos cuando estos sean utilizados como combustible en instalaciones de producción eléctrica con residuos, biomasa y tratamiento y reducción de residuos cuya actividad quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Al mismo tiempo, la enmienda 68 pretende modificar el artículo 79.3, e intentamos clarificar que también estarán exentas del impuesto las operaciones que empleen el carbón para su utilización como combustible en instalaciones de producción eléctrica con residuos, biomasa y tratamiento y reducción de residuos cuya actividad quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, es decir, a la electricidad producida por todas estas tecnologías, como hemos explicado en la enmienda número 67.
Desde la perspectiva de las energías hidráulicas hemos planteado la enmienda número 70, que va en la dirección de poder diferenciar entre la energía hidráulica de régimen ordinario y la minihidráulica de régimen especial para permitir que la energía minihidráulica, aprovechamientos hidroeléctricos incluidos en el régimen especial, goce de la exención del pago por utilización del agua para producir energía eléctrica, tal como está planteado en el punto 6 y que sea el canon de la energía hidráulica de régimen ordinario el que se reduzca en un 90% para instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 megavatios.
Las enmiendas números 71 y 72 van en la dirección de clarificar que los ingresos recaudados a partir de la fiscalidad propuesta en este proyecto de ley se deben destinar a reducir el déficit de tarifa eléctrica acumulado, es decir, a pagar todas aquellas cantidades pendientes de cubrir para eliminar los desajustes del sistema eléctrico. La enmienda número 74 no tiene absolutamente nada que ver con el céntimo verde, pero en diferentes ocasiones hemos manifestado en el ministerio nuestra preocupación, en el sentido de que todas aquellas empresas comercializadoras y de distribución de energía eléctrica con menos de 100.000 clientes, que son las más eficaces en la gestión de distribución de la energía eléctrica, que son pequeñas y medianas empresas -en el Estado español existen alrededor de ochenta-, tengan una consideración especial. Hemos intentado, repito, hablar de esta cuestión en el ministerio y vamos a ver si somos capaces de evitar las grandes distorsiones que existen frente a los grandes distribuidores y de garantizarles una retribución suficiente.
Hay otras cuestiones que también preocupan en este grupo parlamentario, como son todas aquellas instalaciones de cogeneración y de biomasa. Al promulgar con tanta rapidez el Real Decreto 661/2012, de 1 de junio, se paralizaron una serie primas de la cogeneración y no se tuvo en cuenta a algunas compañías que no estaban inscritas en el prerregistro por cuestiones burocráticas pero que habían hecho todas las inversiones y casi estaban en funcionamiento. Concretamente, en todo el Estado español han quedado fuera del régimen especial de la cogeneración sesenta compañías. La enmienda número 76 trata de que se complete la inscripción en el registro de preasignación de retribución de los proyectos en uso de tecnologías de cogeneración, biomasa, biogas, mini-hidráulica y residuos, facultando la inscripción en el prerregistro de todas aquellas instalaciones que prácticamente ya están en proceso de poner en marcha sus instalaciones.
Finalmente, presentamos la enmienda número 65. Nosotros creemos que no es justo que a las centrales nucleares se les pueda poner una tasa que grava doblemente la generación de energía. Esta enmienda pretende que se permita a los titulares de las centrales nucleares restar de la cuota tributaria resultante de aplicar los impuestos a la producción, almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica el total de las cantidades pagadas en el año natural en concepto de tasas por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos. El objetivo es evitar una doble imposición que, desde nuestro punto de vista, es totalmente injusta. Entendemos que la cuota no podría ser negativa.
Damos por defendidas el resto de las enmiendas. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia con el tiempo.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: La enmienda a la totalidad que, a través de este diputado, defendió el Grupo Parlamentario Socialista ante el Pleno está recogida en las publicaciones del Congreso de los Diputados, se trata de un texto de 16 o 17 folios -está en la página Web del Congreso- y en ella se expresa claramente cuál es nuestra posición política, sobre el carácter exclusivamente recaudatorio de este proyecto de ley. Por eso, en esa misma línea coherente, queremos volver a reiterar que, en primer
lugar, este proyecto de ley es absolutamente disparatado, es exclusivamente recaudatorio; tiene como única finalidad recaudar dinero para combatir el déficit tarifario. Mantenemos que el déficit tarifario se combate modificando la ley 54/1997, del Sector Eléctrico Nacional, que pretendió liberalizar todo el sistema energético español. Esta ley tenía puntos positivos, pero después de haber transcurrido quince años desde el momento de su publicación hasta la actualidad se ha puesto de manifiesto la necesidad de su reconducción. Con esta normativa se atiende a la enfermedad pero no al problema de fondo. Es evidente que hay que disminuir el conjunto del déficit tarifario acumulado, pero hay que utilizar otros mecanismos. Echamos mucho en falta, lo denunciamos y lo lamentamos profundamente, que el Gobierno no haya tenido la valentía de consensuar con los diferentes grupos parlamentarios una gran ley, un gran marco normativo que reemplace a otros que hasta ahora han venido funcionando, entre ellos, la Ley 54/1997, como he dicho, que han quedado obsoletos. Con ese nuevo marco, con esa nueva ley un capítulo podría ser el recaudatorio. Pues no, el proceso inverso conduce a la presentación de un proyecto de ley incoherente, deshilvanado, integrado por cuatro títulos consecutivos, disposiciones adicionales y disposiciones derogatorias. En fin, no hay quien lo entienda. Pero es que además, está mal hecho, está mal redactado por los redactores del Ministerio de Industria, del de Economía o por los del que haya correspondido, por ejemplo, por lo que se refiere al ámbito territorial, artículo 2, tratados y convenios, artículo 3, hecho imponible, artículo 4, contribuyentes, etcétera. Por eso nosotros planteamos la supresión de ese título I, integrado por 11 artículos, entre otras cosas, porque no nos identificamos con la nueva figura tributaria del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que vuelve a gravar algo que ya estamos pagando todos, usuarios, empresas, industrias, etcétera. Vamos a pagar dos veces por el mismo hecho imponible, porque, sin duda alguna, va a repercutir en todos nosotros.
Proponemos esa enmienda de supresión del título I con una serie de argumentos, a algunos de los cuales me voy a referir. Decimos que el impuesto no realiza una distribución justa y equitativa de la carga tributaria en tanto en cuanto la base imponible se determina a partir de una capacidad económica desvirtuada, desde nuestro punto de vista, fundada en indicadores que nada tienen que ver con la capacidad real de cada contribuyente y que ni mucho menos responde al pretendido, ampulosamente -lo digo entre comillas-, objeto del proyecto de armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad energética. Entendemos que este hecho no hace sino ahondar en una clara desigualdad entre los contribuyentes, produciendo consecuencias económicas y jurídicas desproporcionadas entre los diferentes productores. Afirmamos que el impuesto creado podría ser inconstitucional y contrario a los artículos 1.1, 31, 33 y 38 de la Constitución española, dado que vulnera principios de justicia tributaria, constitucionalmente tutelados, limitando la competitividad económica e impidiendo el crecimiento económico sostenible. Señorías, además de esta nueva figura, esta medida anula las políticas de fomento a las energías renovables, repito, las anula. Si el Gobierno no estaba contento con los tres reales decretos-ley que nos ha traído a lo largo de este año, ahora ya puede quedarse profundamente satisfecho: se han cargado el desarrollo de las energías renovables. Tienen una animadversión espectacular a las termosolares, a las distintas tecnologías que han ido surgiendo y generando actividad económica, empleo y produciendo una tecnología que hemos podido exportar. Insisto en que esta medida anula las políticas de fomento de las energías renovables y las de ahorro y eficiencia energética, desincentivando la inversión en el desarrollo de sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente. De este modo, el Gobierno claramente contraviene las disposiciones de la Unión Europea para el objetivo 2020, más concretamente, la Directiva 2009/28, que persigue el desarrollo de una Europa sostenible y eficiente energéticamente; esto es, una Europa con un sistema eléctrico moderno, en el que la generación esté basada, cada vez más, en tecnologías eficientes y limpias y las emisiones de CO2 se reduzcan paulatinamente. El sistema que propone la Unión Europea pretende, además, favorecer una mayor independencia energética y una mayor seguridad de suministro. Estos principios de las instituciones comunitarias quedan barridos con los contenidos del articulado recogido en los cuatro títulos.
Permítanme, señorías, una vez hecha esta declaración de principios y de concepto ideológico, que defienda las enmiendas presentadas, desde la número 98 hasta la 142. Son 45 enmiendas que creemos que están sistemáticamente vertebradas y que son fruto también de tener muy presentes los planteamientos de los diferentes colectivos sociales, empresariales e industriales de la sociedad española. Primer bloque. Es cierto que los sistemas insulares y extra peninsulares generan y coadyuvan al déficit. Hemos defendido siempre que ese déficit de 1.500 a 2.000 millones de euros que se produce año tras año debe estar recogido en los Presupuestos Generales del Estado. Por esa razón planteamos las enmiendas números 101, 103, 107 y 141, que -aquellos compañeros de esta Comisión que no hayan podido prestarles
atención me permitirán que se lo explique- están basadas en la disposición adicional tercera de la Constitución que prevé que la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma y que idéntico mandato se requiere de forma más desarrollada en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante ley orgánica y modificado por otra ley orgánica posterior. Creo, además, que nuestro planteamiento, recogido en esas enmiendas -que por la premura del tiempo no voy a leer-, es conveniente analizarlo, porque no es una cuestión de chovinismo. La exclusión de Canarias, tal como recoge este proyecto de ley, resulta espectacular. Planteamos en nuestras enmiendas que se cumpla la normativa en vigor y pedimos su inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y, naturalmente, su votación -así lo hemos hecho llegar a la Mesa- una a una a efectos de conocer la postura de cada uno de los grupos parlamentarios en temas tan singulares.
La ley es tan disparatada que habla del ámbito territorial -esto es para pasarse horas- y dice: El impuesto se aplicará en todo el territorio español. Pregunto: ¿Es territorio español las 12 millas para poder montar aerogeneradores en la plataforma continental peninsular? Esto hay que recogerlo y por eso nosotros pedimos que la ley sea de aplicación en el territorio español y en las aguas jurisdiccionales que marcan las leyes marítimas actualmente en vigor. La ley excluye los territorios del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Por eso hacemos ese planteamiento con respecto al archipiélago canario.
En la enmienda 108 -entro en un segundo paquete- nos queremos referir a las grandes industrias. Hay grandes sectores industriales en nuestro país, por ejemplo, la gran industria electro-intensiva que se va a ver profundamente afectada por los contenidos de todos y cada uno de los artículos, y no solamente por el artículo 28, de este proyecto de ley. La gran industria electro-intensiva, debido a sus especiales características de consumo -y no me voy a referir a las que conocemos, que están en la cornisa cantábrica, en Asturias, en el País Vasco, en Galicia, cuyos dirigentes han acudido a los diferentes grupos parlamentarios y nos han puesto de manifiesto su preocupación-, beneficiosas todas ellas para el sistema eléctrico, como es su elevado consumo en valle, su predictibilidad y estabilidad, tiene el perfil idóneo para la realización de contratos a largo plazo y para modificar los sistemas contractuales que actualmente no existen en España pero que sí están en muy distintos países. En la enmienda 108 planteamos unos tipos de gravámenes diferenciados según las características de esa industria. Recordarán, señorías, que anteayer, en el debate de la sección 20 de los Presupuestos Generales del Estado, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este interviniente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, hizo referencia singularmente a una zona del Estado español, a la Comunidad Valenciana, y a un tipo de industria específica que ha supuesto una capacidad exportadora de colosales dimensiones. Esta industria se va a ver notablemente afectada si los contenidos del articulado de este proyecto de ley se convierten definitivamente en ley, que espero que no sea así.
En la enmienda 119 planteamos la modificación del artículo 49.1 de la Ley 38/1992, que tiene una serie de epígrafes, de cuya lectura me alejo. Entendemos que hay una gran necesidad de diferenciación del tipo impositivo para el consumo industrial. La aplicación de un tipo impositivo de cero euros por gigajulio cuando se use para consumo de empresas de elevado consumo energético está fundamentado en el artículo 17.2 de la Directiva Comunitaria 2003/96, que habilita a los Estados miembros, que habilita, repito, a los Estados miembros -esta no es una iniciativa genial de un grupo parlamentario ni de un diputado ni de un senador en un futuro, desde luego...(Risas). Digo en un futuro, pero no es que yo vaya a ser senador, que ya lo he sido, así que no quieran eliminarme de esta Cámara (Risas). Señor presidente, estos diputados son unos pillastres (Risas). Vamos a gastar esta broma, porque estas son cuestiones de tipo técnico. Decía que en un futuro, porque el mes próximo este proyecto de ley tendrá que ser objeto de tramitación en el Senado y espero que los senadores del Grupo Parlamentario Socialista tengan más suerte que los diputados, porque nosotros no hemos logrado consensuar grandes temas en este proyecto de ley. La Directiva Comunitaria 2003/96 permite a los Estados miembros aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y de electricidad definidos en el artículo 2, entre los que se incluye el gas natural -que es lo que nosotros estamos planteando-, cuando los utilicen las empresas de elevado consumo energético definidas en el apartado 1 del presente artículo. Afirmamos que la entidad empresarial, contemplada en el artículo 11, cuyas compras de productos energéticos y de electricidad representen al menos el 3% del valor de la producción o en la que el impuesto energético nacional devengado represente al menos el 0,5% del valor añadido, puede acogerse a este planteamiento. En la enmienda, que, reitero, no he querido leer, se define como empresa de elevado consumo energético aquella cuyas compras de gas natural con fines energéticos representen al menos un 3% de la producción. La introducción de esta
enmienda, señorías, resulta indispensable para que el gravamen del gas natural con fines energéticos no vaya en detrimento de la competitividad de las empresas de elevado consumo energético en un escenario global. Vuelvo a repetir que la Directiva 2003/96 expresamente reconoce que las empresas de elevado consumo energético merecen un trato específico. Esto es lo que está pidiendo todo el empresariado de la Comunidad Valenciana y de todas las zonas industriales españolas, porque es muy razonable y tendremos que aceptarlo. Si no lo hacemos, será un fracaso de las Cortes Generales. Espero que en la doble tramitación en el Congreso y el Senado seamos capaces de resolver este tema.
Me he referido a un sector específico, que es el de la baldosa cerámica, que tiene una importancia singular en términos de empleo para la economía castellonense, valenciana y española, en general, y así nos lo han transmitido los parlamentarios socialistas de la Comunidad Valenciana de manera expresa, concreta y específica. Por eso estoy poniendo gran énfasis en este tipo de enmiendas, porque es generalizable a todos los sectores. Las diecisiete grandes asociaciones industriales, de industrias químicas, farmacéuticas, etcétera, hasta en cuatro ocasiones consecutivas han sacado un comunicado que le leí al señor ministro, por si no lo conocía, con el que han puesto el dedo en la llaga. Desde luego, en la Comunidad Valenciana existe una especie de clúster industrial con un importante impacto económico, social y laboral en un reducido espacio geográfico, que ha venido denominándose distrito cerámico de la provincia de Castellón, que constituye la fuente de actividad industrial predominante y casi única en la mayoría de las comarcas económicamente significativas de esa comunidad. Es el tercer sector industrial español que mayor superávit comercial aporta a España, solo por detrás del sector del automóvil y del material de transporte por carretera; es el segundo sector generador de riqueza en la Comunidad Valenciana; es el primer sector generador de empleo en la provincia de Castellón, y así sucesivamente. Mencionado este sector a modo referencial y de ejemplo, podemos extrapolarlo a los demás. Los estudios económicos realizados por estos sectores sobre lo que va a suponer la aplicación de esos 0,65 euros por gigajulio energético en el funcionamiento de los sistemas de cogeneración básicos con los que funcionan, revelan que puede producir un desequilibrio en la estructura de costes y de pagos de las entidades comerciales e industriales que puede traer consigo un desmoronamiento de sectores básicos. Hay que buscar un acuerdo que conduzca a la supervivencia de estos sectores.
Desde el punto de vista de la producción energética renovable hay dos enmiendas que pueden haber causado sorpresa en los restantes grupos parlamentarios, pero están presentadas con toda coherencia. Voy a referirme a la 136, a la disposición derogatoria. El texto es el siguiente. En particular, con efectos desde el 1 de enero de 2013, quedan derogadas la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Se trata de una norma elaborada por el anterior Gobierno que se ha visto con el transcurso del tiempo que ha supuesto un debilitamiento del desarrollo de los sectores renovables. Es menester reconocer que el tiempo ha dado la razón a quienes ponían -entre comillas- el grito en el cielo oponiéndose a esa norma. Me refiero ahora a la enmienda 135. Si a los contenidos de los reales decretos-ley números 14/2010, del anterior Gobierno, y 1/2012, del Gobierno actual se les suma este 6% del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, la frase coloquial de apaga y vámonos está hecha a medida para el debate que estamos manteniendo.
Termino, señor presidente. Quiero decir a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que quizá puede haberles sorprendido el contenido, sobre todo, de la enmienda número 136. Es el reconocimiento de una norma hecha con buena voluntad, sin duda alguna, pero el transcurso del tiempo ha puesto de manifiesto que no ha resultado eficaz. Nosotros les pedimos que se sumen a lo que plantean las enmiendas 135 y 136 y hagamos una firme apuesta por eliminar ese desequilibrio que hay en España, ya que el 90% de la energía que consumimos procede del exterior y solo un 10% de nuestros recursos naturales, aire, sol y carbón.
Le prometo, señor presidente, si me lo permite, que solo utilizaré dos minutos. Me dirijo a don Antonio Erias y le miro fijamente. Con la influencia que usted tiene en el Grupo Parlamentario Socialista y sus dos compañeros ponentes, que son tres, porque usted tiene un volumen importante de influencia (Risas), le oferto la posibilidad de transar en función de lo que plantea la enmienda 115, en la que proponemos la modificación del apartado uno del artículo 28. El texto es el siguiente. Con el objetivo de contribuir a la internalización de los costes ambientales derivados de las emisiones de CO2 y lograr un sistema sostenible de apoyo a las energías renovables, se modifican una seria de epígrafes y se crean dos nuevos epígrafes del impuesto sobre hidrocarburos. Con ello bajamos de 0,65 a 0,15 euros por gigajulio, tal como marca la directiva comunitaria. Les decimos: Vamos a responsabilizar a los 45 millones de ciudadanos españoles,
utilizando esas tecnologías, en el desarrollo de las energías renovables, en la lucha contra el cambio climático, en la disminución de emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, en suma, en la producción de energía eléctrica.
Termino diciendo al resto de los miembros de esta Comisión que nos agradaría mucho que aquellos que no lo hayan hecho tuviesen la amabilidad de leer la motivación de esta enmienda. Este es el conjunto normativo que nosotros hemos querido elaborar de forma coherente con lo que fue nuestra enmienda a la totalidad. Rogamos al Gobierno, dado que la dinámica que llevamos es esta, que han lanzado este proyecto de ley y ya no hay quien lo pare, que ahora que desde el punto de vista de la tramitación legislativa tendrá que venir una gran ley -que no sé qué nombre tendrá- que esta sea objeto de pacto para no volver a caer en la tristeza del desarrollo parlamentario que está teniendo la tramitación de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, como me temía, incumplió su promesa.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Erias.
El señor ERIAS REY: Hoy estamos debatiendo aquí un proyecto de ley que intenta resolver una dificultad obvia de la economía española, en particular, del sector eléctrico. Quiero agradecer a todos los grupos, en nombre de mi grupo y en el mío propio, las aportaciones que han hecho al proyecto de ley, las 152 enmiendas parciales y las 6 enmiendas a la totalidad presentadas, porque sin ninguna duda todas ellas han servido no solo para generar un debate sino para enriquecer el contenido de este proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 10 enmiendas con las que ha intentado, por una parte, perfeccionar el texto inicial y, por otra parte, mejorar el mismo. Anuncio que hemos acordado una enmienda transaccional con Unión del Pueblo Navarro y con el Grupo Socialista a la enmienda 152, que retiramos y transaccionamos con la 89 y la 125. En todo caso, queremos agradecer todas las sugerencias. Ya he dicho, y lo recalco, que estamos abiertos a mejorar el texto en el lugar que corresponda, que ciertamente, señor Segura, será el Senado. Hemos dialogado con todos los colectivos y hemos escuchado a todos los grupos parlamentarios. Ciertamente, hemos escuchado más a aquellos que tenían más empeño en ser escuchados; con otros no ha sido posible dialogar, porque, a pesar de que estábamos dispuestos a escuchar, ni siquiera se han dirigido al Grupo Popular, salvo desde la tribuna, para presentar enmienda a la totalidad con texto alternativo o para presentar enmiendas parciales, que también hemos leído y cuya conveniencia para mejorar el texto inicial hemos evaluado. Hemos dialogado fundamentalmente con los sectores afectados, no solo con la disposición de escuchar, sino con la intención de recoger las preocupaciones que nos manifestaran. Este proyecto de ley no persigue deteriorar la competitividad de la economía y de los sectores productivos españoles, pero si tuviera algún impacto en la misma no les quepa ninguna duda a ninguno de los grupos de que el Partido Popular y el Gobierno de España están intentando resolver un conjunto de problemas que están estrangulando la situación económica en estos momentos, para, en un segundo momento, acometer esas reformas que está demandando la economía española. Sin ninguna duda, los sectores productivos reclaman una mejora de la productividad de la mano de iniciativas gubernamentales. El Partido Popular, en el tiempo que lleva gobernando, está intentando recoger todas las preocupaciones y sentar las bases para que hacer posible que eso que ustedes demandan sea una realidad.
El Gobierno ha heredado un sector eléctrico con un problema fundamental, que es el déficit tarifario; un problema que se ha venido generando desde el año 2000 de manera desigual. Entre el año 2000 y el año 2004, se produjeron aproximadamente 1.500 millones de déficit de tarifa, que fueron titulizados; en los años 2003 y 2004, cambiando el método de cálculo de la tarifa, el déficit anual fue cero y cero. A partir del año 2004 y después de la política energética desarrollada por el Partido Socialista, que nos ha gobernado en los últimos siete años y medio, se han aprobado veinte reales decretos, algunos de los cuales intentaban resolver este problema que hoy traemos aquí para darle una solución definitiva. Desafortunadamente para el sector eléctrico, pero también para esos a los que ustedes dicen representar, para esos productores de cerámica, para esos productores de vidrio, para las industrias químicas, para el sector del aluminio, para todas aquellas industrias intensivas en la utilización de la energía, para las que esta, como input básico para su producción, tiene que tener un precio competitivo que les permita tener éxito en un escenario de internacionalización, el déficit acumulado, según la Comisión Nacional de la Energía, a diciembre de 2011 era de 24.000 millones de euros, de los cuales están titulizados 17.000 y quedan 7.000 por colocar a través del FADE. Ciertamente, esta es una grave preocupación, porque
incluso, al tener el aval del sector público, al tener el aval del Estado, podrían convertirse en déficit público. Claro que el proyecto de ley tiene un componente recaudatorio. ¿Cómo no vamos a reconocerlo? Son siete figuras tributarias que, en la componente ambiental y de sostenibilidad, lo único que hacen es poner en evidencia las dificultades que todos estos sectores tienen para alcanzar esa competitividad que ustedes reclaman. No se trata de resolver el déficit acumulado, lo que se intenta es que el año 2012 se cumpla la ley, se cumpla el Decreto 14/2010, que prevé, en primer lugar, que el déficit en este año sea de 1.500 millones como máximo y, en segundo lugar, que en el año 2013 sea cero. Como ustedes saben bien -el señor Segura lo ha apuntado-, si no se da una solución a esto con este proyecto de ley y el déficit en lugar de ser de 1.500 millones es de una cantidad superior, en el mes de enero, cuando haya que revisar las tarifas sí o sí, esa cantidad que supera los 1.500 euros se tendrá que incorporar ahí. Entonces, el hecho de no haber aprobado este proyecto de ley tendría una consecuencia, y es que las tarifas subirían; las tarifas subirán sí o sí, si el déficit no se resuelve con un proyecto de ley. Por eso es importante destacar la responsabilidad de este Gobierno, su voluntad de dialogar, su flexibilidad para escuchar y para intentar hacerlo lo mejor posible entre todos. No me extraña mucho que el proyecto no satisfaga a La Izquierda Plural, pero los juicios de valor, los apriorismos, los prejuicios, el enfrentamiento de una tecnología con otra no son la mejor manera de buscar ese futuro prometedor que anticipan desde ese planteamiento verde. No tengo nada de antirrenovable, más bien todo lo contrario, pero creo que todas las tecnologías tienen un espacio en el que desarrollar su presencia en el sector eléctrico y demonizarlas de antemano con un apriorismo no me parece lo más adecuado.
Sabemos que el señor Segura tiene mucho empeño en desarrollar un planteamiento diferente al del Gobierno, porque lo critica y lo descalifica de manera genérica en la primera parte de su intervención. Señor Segura, tal y como acabo de decir ahora, el Partido Popular, a través de este proyecto de ley, no desarrollará la cuadratura del círculo, pero está avanzando en la buena dirección. No podemos pensar que este va a ser el resultado definitivo y único de la política energética que va a desarrollar el Gobierno del Partido Popular, más bien hay que entenderlo como un proyecto que está intentando que se cumpla un principio constitucional, porque la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional. Si no hacemos que el déficit tarifario no se convierta en déficit público estaremos yendo por el mal camino. Yo he dialogado con el Grupo Socialista y con el señor Segura, tanto en términos personales -lo quiero mencionar como un activo que el señor Segura tiene- como en términos políticos, y he de recalcar que he encontrado siempre receptividad para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, he de decirle que la Directiva 2003/96, de la que usted habla, está sin trasponer en el ordenamiento español; he de decirle que alguien ha gobernado en los últimos siete años y medio y he de decirle que la parte más importante de la componente acumulada del déficit tarifario se ha producido en los últimos ocho años. Por tanto, algo tendrán ustedes que ver con esto. Ahora se han transformado y son capaces de hacer un planteamiento no ya alternativo pero sí muy crítico con la acción política que está llevando a cabo el Partido Popular. Les pido que recapaciten y que reflexionen para que podamos continuar con ese diálogo que será bueno para todos. Hemos llegado de manera fácil -y se lo agradezco- a un acuerdo en la transacción de su enmienda 125 con nuestra enmienda 152 y creo que debemos seguir profundizando en ese camino. Hay espacio para seguir haciéndolo. Esto no es lo definitivo, es un paso más en ese camino para que nuestro sistema energético produzca los resultados que ustedes desean y nosotros estamos intentando conseguir, porque la energía es un input importantísimo. El déficit tarifario -vuelvo a recalcarlo- es prioritario, y para que esto sea lo que nosotros queremos que sea, es decir, que en el año 2012 únicamente alcance los 1.500 millones y en 2013 sea cero, no queda otro remedio que todas las tecnologías contribuyan a que los ingresos mejoren. Por eso hay unos impuestos, evidentemente. Ya se ha hecho una parte, que fueron los reales decretos 1/2012, 13/2012 y 20/2012. ¿Para qué? Para contener el gasto. Si disminuimos el sustraendo y aumentamos el minuendo, el resultado va a ser mucho mejor. En estos momentos, el único camino para superar las dificultades presupuestarias y la crisis que estamos padeciendo es este. Queremos darle solución. Por eso, repito, escucho con agrado todos los comentarios. Muchos de ellos enriquecen sin duda alguna la propuesta inicial y son tenidos en cuenta. Esto no es nada definitivo. Alguien dijo que solo dos cosas son definitivas: la muerte y los impuestos. Como no va a suceder ninguna de las dos cosas, esto nos va a permitir tener un espacio más prometedor para el futuro. Y quiero decir, aunque sea retóricamente, que este no es un problema olvidado; no es un problema de esos que Hirschman decía que aparecen de forma recurrente cuando el político no los tiene en cuenta, aunque se parece mucho a un problema olvidado, porque la economía española lleva mucho tiempo padeciéndolo. Recordará usted muchos reales decretos -el 661, el 14- y recordará a sus compañeros defendiendo
anualmente desde la tribuna la necesidad de eliminarlo, pero no solo no se ha eliminado sino que ha crecido y, como ha crecido, la obligación es pedirles a ustedes que apoyen este proyecto de ley.
Ahora voy a pasar a un examen un poco más pormenorizado de cada una de las 10 enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. Repito que retiramos la 152 y vamos a votar favorablemente algunas otras. Vamos a votar favorablemente la enmienda número 17, del Grupo Vasco, porque define a nuestro juicio de manera más adecuada el hecho imponible en el artículo 4 del proyecto de ley. Dice literalmente: Constituye el hecho imponible la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, incluidos el sistema eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera de las instalaciones a las que se refiere el título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, la 143, que lógicamente apoyaremos, propone una nueva redacción que, a nuestro juicio, clarifica el texto. Lo que pretendemos con estas enmiendas es dar más seguridad al texto para que no haya margen de discrecionalidad en su interpretación. Se entiende no obstante que este segundo párrafo debe referirse al apartado segundo de la exposición de motivos, ya que en este se contiene la explicación del título I de la Ley relativa al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
La enmienda 144 es una mejora técnica. La enmienda 145 introduce claridad en la definición de la base imponible. La 146 es otra mejora técnica. Propone sustituir el término entregados por introducidos. La enmienda 147 se basa en que la tabla de factores de reducción del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, previsto en el artículo 23.3, fue publicada con una errata en relación con la versión aprobada por el Consejo de Ministros de 14 de septiembre. La enmienda pretende subsanar esa errata.
La enmienda 148 persigue lo siguiente. En la redacción del proyecto de ley se suprimía el artículo 51.2 c), que contenía una serie de exenciones al impuesto de hidrocarburos en el caso de fabricación e importación de productos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o cogeneración de electricidad y calor en centrales combinadas. Con esta enmienda se pretenden mantener como exención al impuesto de hidrocarburos los productos clasificados con el código NC 2705, esto es, aquellos productos como los gases siderúrgicos, el gas de hulla, el gas de agua, el gas pobre y gases similares, que tengan un gran poder calorífico y que son altamente contaminantes. Se informa favorablemente la enmienda que persigue esta finalidad que acabo de comentar.
La 149 es una mejora técnica, que pretende la sustitución de retribución por costes, en coherencia con la terminología que se utiliza en el artículo 17 y en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. La enmienda 150 propone una nueva redacción. El artículo 30.7 que se añade en el proyecto establece que en ningún caso será objeto de régimen económico primado la energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible fósil en una instalación de generación no híbrida que utilice como energía primaria algunas de las energías renovables no consumibles. Con esta enmienda se mantiene la redacción del artículo 30.7 del proyecto, salvo que se sugiere eliminar fósil en la denominación de combustibles.
La enmienda número 151 trata de corregir un error de redacción en el apartado 9.Primero.f de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, que fue introducido en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y que produce el efecto contrario al que se pretendía conseguir: simplificación y racionalización en la gestión de la tasa. A nuestro juicio, conviene introducir una modificación, al objeto de que las pequeñas distribuidoras efectúen trimestralmente los ingresos de las tasas devengadas, mientras que las grandes lo hagan mensualmente, y no a la inversa, como figura en la redacción actualmente vigente. Esta enmienda está suficientemente justificada por estos motivos y por tratarse de un error heredado en la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, que no se solventó entonces por vía de corrección de errores.
Finalizo agradeciendo a todos los intervinientes la buena disposición para continuar colaborando en la mejora de este proyecto de ley. Hay espacio para el diálogo. El Grupo Popular se manifiesta satisfecho de las conversaciones que han tenido lugar hasta el momento, pero no está cerrado a desarrollar cualquier mejora que pueda introducirse desde cualquier ámbito en este proyecto de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Respecto a la enmienda transaccional que se ha presentado, quiero confirmar con los grupos proponentes la retirada de la número 89 de UPN, la 125 del Grupo Socialista y la 152 del
Grupo Popular. (Asentimiento). De acuerdo. La votaremos al final. (Los señores Segura Clavell y Azpiazu Uriarte y la señora Ortiz Castellví piden la palabra).
Los portavoces han hecho brillantes y extensas intervenciones argumentando tanto la defensa de las enmiendas como su voto sobre el proyecto de ley. Si se trata de un argumento nuevo, bien, pero para repetir argumentos y volver a abrir el debate ruego que no pidan la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, es para explicar en dos minutos la razón de esta transaccional desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, para que quede claro un precepto que quizás podría no estarlo.
El señor PRESIDENTE: Ya lo hizo antes. De todas formas, señor Segura, tiene dos minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: La enmienda 125, del Grupo Parlamentario Socialista, contiene en su exposición de motivos el fundamento en el que nos hemos basado para dar nuestro voto favorable a esta enmienda transaccional. La enmienda que ha retirado el Grupo Parlamentario Popular se prestaba a que la Comisión Europea pudiese llegar a considerar las primas a las renovables como ayudas de Estado y las pudiera eliminar. Nosotros decimos claramente que los ingresos derivados de la aplicación de este proyecto de ley tienen que ir encaminados a la reducción del déficit de tarifa y a los ajustes de los ingresos y costes del sistema eléctrico. En suma, señor presidente -espero que don Antonio Erias y los miembros del Grupo Parlamentario Popular me lo maticen-, estamos planteando este acuerdo para que la recaudación de la aplicación de las nuevas figuras tributarias de este proyecto de ley se destine en los Presupuestos Generales del Estado exclusivamente a reducir el déficit tarifario, que tenga destino finalista. Esta es la idea.
El señor PRESIDENTE: El señor Azpiazu había pedido la palabra.
El señor ERIAS REY: Simplemente quiero reafirmar que la propuesta de enmienda transaccional trata de precisar esto que el señor Segura me está reclamando que le ratifique. La leo en voz alta. Dice: En las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos y cánones incluidos en la presente ley. Lógicamente aquí no cabe otra interpretación que esa que dice usted.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Acabo de ver la transacción. En mi intervención había defendido que lo que se recaudara fuera destinado al déficit tarifario y que las renovables no dependieran de los presupuestos, por lo cual apoyaremos esta transacción.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente, señor presidente, no se preocupe.
Simplemente quiero decir al señor Erias que me parece estupendo que se preocupe por la competitividad del sector industrial y que haya dicho que este proyecto no la va a afectar. Sinceramente, yo siento que sí la va a afectar, y por tanto habría que corregirlo cuanto antes mejor. Ahora no es posible, pero lo será en el Senado. Le puedo garantizar que si el tema de la cogeneración no se resuelve, van a desaparecer absolutamente todas las cogeneraciones, y ese sí es un elemento clave de competitividad.
El señor PRESIDENTE: ¿Todos los portavoces tienen su grupo parlamentario completo? (Asentimiento).
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, todas excepto la transaccional, que se votará al final. Se han retirado las números 85, 89 y 91.
Enmiendas números 1 y 2, del señor Baldoví.
Votamos las enmiendas números 35, 36 y 37, del señor Quevedo.
Enmiendas 58 y 59, del BNG.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Mixto, Unión del Pueblo Navarro. En primer lugar, votamos las enmiendas 92 y 93.
Enmiendas números 80, 82, 86, 94 y 96.
Enmiendas 84 y 95.
Enmiendas números 81, 87, 88 y 97.
Resto de enmiendas del Grupo Mixto, Unión del Pueblo Navarro.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, votamos las enmiendas 4, 11 y 27.
Enmiendas 5, 8, 10 y 14.
Enmiendas 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 y 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21, en contra, 23.
Enmiendas números 6, 7, 13 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 26; abstenciones, 3.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Votamos en un primer bloque las enmiendas números 38, 39, 40, 43 y 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 27; abstenciones, 2.
Enmiendas números 41, 42 y 44.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra 23; abstenciones, 20.
Pasamos a las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural. Enmiendas números 46 a 57, a excepción de las enmiendas números 47 y 56.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votamos en bloque las siguientes enmiendas números 61, 65, 66, 68 y 71.
Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido retirada la enmienda número 125 con motivo de la transaccional. Primer bloque, enmiendas números: 108, 111, 115, 113, 133 y 140.
Segundo bloque, enmiendas números 109, 129, 130 y 131.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.
Hay varias enmiendas con votación separada, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda número 98.
Enmienda número 119.
Votamos en bloque las enmiendas números 104, 105, 106, 117, 118, 120, 122, 123, 128, 134 y 142.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Se ha retirado la 152 que se incorpora a la transaccional. Se votan las enmiendas números 143 a la 151.
Se vota la enmienda transaccional a las enmiendas números 89, 125 y 152, que han sido retiradas.
Votamos el informe de la ponencia con las enmiendas que han sido incorporadas.
Por último, como consecuencia de la votación queda aprobado el proyecto de ley con competencia legislativa plena y será remitido al Senado.