Source: https://es.scribd.com/document/220486927/Fallo-Galeano-Cosa-Juzgada-Irrita
Timestamp: 2019-04-20 20:38:47
Document Index: 117561195

Matched Legal Cases: ['artículo 468', 'artículo 456', 'artículo 479', 'artículo 168', 'artículo 75', 'artículo 55', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 354', 'in fine', 'artículo 168']

Cargado por ecaeprocesal
La Cosa Juzgada Irrita Scarptati-Austral-2011-Ctp
VISTA-INCID-491-18-19
SUMARIO Gaceta Constitucional - Agosto 104
Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano, Juan José s/ recurso de casación“
REGISTRO N° 1125/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los de agosto catorce días del mes
del año dos mil trece, se reúne la
Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Angela Ester Ledesma como Presidente y los
doctores Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María Jimena Monsalve, a los efectos de resolver en la causa n° 8987 del registro de esta Sala, caratulada "Galeano, Juan José s/ recurso de casación”, representado el Ministerio
Público por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; las querellas conformadas por: Marcelo Gustavo Albarracín, Oscar Eusebio Daniel Bacigalupo, Emilio Mario Norberto Jorge Bareiro, Horacio Edilio Rago,
Argentino Gabriel Lasala, Miguel Angel Arancibia, Bautista Alberto Huici, Marcelo Valenga, Julio Gatto, Juan Roberto Maisú, Anastacio Irineo Leal y el doctor Juan José Ribelli, quien ejerce el patrocinio junto al doctor José Manuel
Ubeira; Diana Wassner de Malamud, Adriana Marcela Reinsfeid y Benjamín Jorge Lew –“Memoria Activa”-, cuyo letrado apoderado es el doctor Rodrigo la Borda; doctora de por Laura María del Alche del de Ginsberg, Verdú; la
patrocinada “Familiares AMIA/DAIA”
víctimas Isidro
Graciela Linial, Sergio Burstein, Mariano Burstein, Romina Burstein, Olga N. Diacovetzky, Jorge Jurín y Ariel Esteban Toer, de la cual resulta ser apoderado el doctor Horacio M. 1
Etcheverry; la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) presidida por Guillermo Borger con el patrocinio letrado del doctor Julio Schlosser e integrada por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de
Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, con el patrocinio del doctor Luciano Hassan y, por la defensa del imputado Juan José Galeano, el doctor Martín Clemente. Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Ledesma, Riggi y Gemignani. La señora juez Angela Ester Ledesma dijo: -ILlega la causa a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 1440/1456 por la defensa contra la sentencia de fecha 29 de junio de 2007 (ver fs.1284/1385) dictada por la Sala I “ad hoc” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, que dispuso confirmar el punto I del auto dictado por el juez instructor que decretó el
procesamiento de Juan José Galeano por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado. El recurso fue concedido a fs. 1581/1583 y
mantenido a fs. 1622. Interesa reseñar que la causa fue recibida en la Secretaría General de esta Cámara el 20 de septiembre de 2007, resultando sorteada la Sala IV de este cuerpo. Las actuaciones fueron solicitadas el 5 de octubre de 2007 por el tribunal de origen, fecha en la cual se ordenó dicha
remisión. Los autos fueron devueltos el 11 de octubre de 2007. El 31 de octubre se tuvo por mantenido el recurso, ocasión en la que se notificó a las partes de la radicación de la causa a los efectos previstos en los arts. 451 y 453 en función del 465 del CPPN. El 14 de diciembre de 2007 se agregó copia de lo dispuesto en la causa nro. 8378 en cuanto a que se remitían las actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara para 2
su posterior envío a la Sala II. El 17 de diciembre de 2007 se recibió la causa en esta Sala y el 20 de diciembre de 2007 se ordenó el registro en los libros correspondientes y se suspendió el trámite hasta tanto recayera resolución en la causa nro. 8990, caratulada “Galeano, Juan José s/ casación” (fs. 1629). Con fecha 6 de noviembre de 2008 en el marco de esa causa, se resolvió hacer lugar a las excusaciones de los doctores W. Gustavo Mitchell y Guillermo Yacobucci, habiendo sido desinsaculados los doctores Juan Carlos Rodríguez
Basabilvaso, Mariano González Palazzo y Luis M. García (cfr. nota de fs. 1656 del 17 de diciembre de 2008). El 18 de noviembre de 2010 se dejó constancia de que en la mencionada causa 8990 se resolvió con fecha 17 de noviembre de 2010, tener por desistido el recurso deducido en esas actuaciones. Consecuentemente, en las presentes, se
pusieron los autos en días de oficina en los términos de los artículos 465 y 466 del CPPN (fs. 1669). Con fecha 8 de febrero de 2011, se ordenó hacer entrega a las partes de copias de una presentación efectuada por el querellante Ribelli (fs. 1699). El 3 de octubre de 2011 el doctor Alejandro W. Slokar había presentado su excusación, la cual fue aceptada el 12 de marzo de 2012. El 25 de noviembre de 2011 la doctora Ana María Figueroa juró como jueza de la Sala II y paso a integrar el tribunal en la causa. En consecuencia, el 20 de marzo de 2012 se sorteó al doctor Gustavo Hornos, quien se excusó el 2 de mayo de 2012; la que fue admitida el 16 de agosto de 2012, designándose al doctor Eduardo Rafael Riggi el 23 de agosto de 2012. En esa fecha el tribunal quedó integrado por los doctores Ana María Figueroa, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma (que había pasado a integrar la Sala a partir del 1° de febrero de 2012); notificándose a las partes el 24 de agosto de ese año (fs. 1720). 3
El 25 de febrero del corriente año en la causa nro. 13.767 “Ribelli, Juan José s/ rec. de casación” –vinculada a la presente-, se dispuso de esta remitir Cámara las a actuaciones de a la el
Tribunal, toda vez que, conforme la nueva integración de la Sala II (la excusación del doctor Pedro David había sido aceptada el 12 de marzo de 2012 y la doctora Ana María
Figuera había pasado a formar parte de la Sala I de esta Cámara), se encontraba desintegrada. Así las cosas, el 27 de febrero de 2013 fue
sorteada para intervenir la doctora Liliana E. Catucci, quien el 1º de marzo se inhibió de intervenir por encontrarse
comprendida en la causal prevista en el art. 55, inc. 9º del Código Procesal Penal de la Nación; excusación que fue
aceptada el 18 de marzo de 2013, habiéndose remitido las actuaciones nuevamente a la Secretaría General a sus efectos. El 21 de marzo de 2013 fue desinsaculado Mariano Borinsky –titular de la Vocalía nro. el doctor 11-, quien
presentó su excusación el 22 de marzo del corriente año, la cual fue aceptada el 8 de abril. En esa fecha, se desinsaculó al doctor Juan Carlos Gemignani, quedando definitivamente
integrado el Tribunal. Finalmente, con fecha 18 de junio del corriente año se celebró la audiencia que prescribe el artículo 468 del CPPN, oportunidad en que los doctores Martín Clemente,
Rodrigo Borda, Luciano Hassan, Juan Martín Mena y José Manuel Ubeira informaron oralmente, quedando la causa en condiciones de ser resuelta. -IIa. Con invocación del artículo 456 inciso 2° del CPPN, el recurrente se agravió de la resolución a partir de la cual se confirmó el procesamiento del imputado en orden al delito de peculado. Explicó que el recurso se dirige puntualmente
contra las consideraciones expuestas en punto a la denominada “cosa juzgada írrita”, en virtud de la cual se decretó la nulidad del sobreseimiento dictado en favor del nombrado en 4
3150/97
consecuentemente, se declaró abstracto el planteo de falta de acción promovido por esa parte. Señaló que la sentencia en crisis carece de
motivación suficiente y que transgrede diversas normas del ordenamiento procesal así como también de varios principios de orden superior consagrados en la Constitución Nacional. Puntualizó que “la resolución de la mayoría que no sólo declaró abstracto el planteo de falta de acción por cosa juzgada introducido por esta parte, sino que, además, declaró la nulidad de un auto de sobreseimiento casi diez anterior que se una
violación a los artículos 18 y 33 de la CN, como así también a los arts. 8.4 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1 del CPPN.” Precisó, que los jueces reconocieron que en el caso se verificaba la triple identidad que exige la operatividd del principio ne bis in ídem, pues concluyeron que entre las dos causas existía identidad de persona, objeto y causa en lo que se refiere al hecho denominado “pago de $400.000 a Carlos Telleldín” que fue calificado como peculado. Añadió que, aún habiéndose constatado dicha triple identidad, los jueces de la mayoría decidieron que se
verificaba un supuesto de cosa juzgada írrita en la causa 3150/97, expediente anulando y el sobreseimiento abstracto el dispuesto planteo de en falta ese de
acción formulado por la defensa. Al respecto, se agravió de que los magistrados
tomaran como punto de partida de dicho análisis la idea de que “la sentencia debe ser justa”, pues a su entender dicha noción remite a un juicio valorativo y subjetivo. Añadió, que en el caso concreto podría
interpretarse que el “triunfo” de la justicia, estaría dado por la correcta aplicación del 5 principio ne bis in ídem
) Puntualizó que “todos podemos creer. esto es. Y que “si el ideal de la ‘verdad objetiva’ estuviese por sobre todas las cosas. 1446) Afirmó que la única excepción 6 que el Estado de . contra aquellos a quienes la cosa juzgada los ‘irrita’ porque creen que existe una ‘verdad final’. por ejemplo. será un triunfo de ella. o ‘real’ u ‘objetiva’. antes bien. gobernando por sobre todos los principios y garantías constitucionales. 1445vta.invocado por la defensa. en tal caso. Señaló que “el éxito de la excepción de falta de acción por cosa juzgada no constituirá una derrota de la “Justicia” (…). garantizándose así la certeza del derecho y la seguridad jurídica” (fs. con el beneficio agregado de que. que representa la imposibilidad para los juzgadores de seguir sus impulsos o creencias particulares. la ha colocado. Contra este riesgo funciona el instituto de la cosa juzgada. en contraposición con el estándar sostenido en la sentencia. pues siempre estaría abierta la posibilidad de reabrir procesos indefinidamente. justicia y legalidad convergerían” (fs. el de la cosa juzgada írrita” (fs. entonces deberíamos abandonar juzgados’ para siempre la idea de que existen ‘casos (o ‘cosa juzgada’). en esa suerte de trono en el que V. contra este arbitrario e injustificado modo de Es proceder judicial que funciona la garantía de la cosa juzgada. valiendo para ello cualquier excusa. en pos de alcanzar aquella verdad última. cuando nos falta una dosis de humildad. asequible.E. ‘justo’ o ‘más justo’ En efecto: ¿por qué no considerar al imputado de una doble proteger persecución penal. 1445) Expresó que la noción de “verdad objetiva” a la que se refirieron los jueces. que estamos en el ‘verdadero camino’ y que todos los demás se han equivocado. en la medida en que se comprenda que su realización también incluye la aplicación estricta de los principios y garantías constitucionales vigentes. que nadie más que ellos puede vislumbrar. constituye la expresión de una ideología inquisitiva y vetusta.
cumplieron con ninguno de los Además. sostuvo que los jueces no tenían competencia para resolver del modo en que lo hicieron. En lo atinente a las razones que habrían dado lugar a la aplicación del concepto de cosa juzgada írrita. alegó 7 . en punto a que la revisión sólo puede ser en favor del imputado. tal como se encuentra regulado en el ordenamiento procesal (art. Concluyó que el a quo “sólo pretendió justificar su supuesta competencia en el caso concreto. sostuvo que no que exige el presupuestos artículo 479 del CPPN. Por otra parte. pues se trata de un instituto previsto en favor del imputado. En ese orden. Por ello. puntualizó que dicho recurso tiende a determinar si la sentencia condenatoria es correcta y que no procede contra la absolución. justificada pero no por ser el tribunal no lo de Alzada de la su justificó –porque puede hacer- competencia en abstracto (derivada exclusivamente de la ley) para conocer de la revisión de una sentencia de sobreseimiento firme.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. 479. concluyó que “la cosa juzgada írrita” no existe en el derecho penal y señaló que la Corte sólo la ha admitido cuando se trata de delitos de lesa humanidad (caso “Mazzeo”). que los únicos supuestos que autorizan dicha revisión son los previstos taxativamente en el texto legal y que el órgano destinado a resolver es la Cámara de Casación. Y no lo hizo porque no hay forma de justificar semejante exceso jurisdiccional” (fs. pues no estaban habilitados para revisar una decisión que se halla firme desde hace más de diez años. pues dicha sanción no puede alcanzar a las resoluciones conclusivas del proceso que se encuentran firmes. 1449) Rechazó la idea de que el sobreseimiento dispuesto pueda ser declarado nulo en los términos del artículo 168 del CPPN. Juan José s/ recurso de casación“ Derecho reconoce a la cosa juzgada en materia penal es el recurso de revisión. entendiendo que quedaba causa. CPPN).
ese motivo. que son dogmáticas y arbitrarias pues parten de suposiciones. no puede justificar la nulidad del sobreseimiento firme. por lo tanto. concluyó que “aún cuando hubiese existido una producción de prueba fraudulenta. que como tal. 1452) Relató que. el doctor Daniel Rafecas en el marco de la causa 15. el cual se encuentra firme. concluyó que la aplicación de la noción de cosa juzgada írrita también representa un atropellamiento por vía indirecta respecto de lo resuelto en esa causa. Así pues. sino en aquella que estaba a cargo de mi defendido. sin mayor profundización.que los jueces explicaron su decisión con total imprecisión y valiéndose de fórmulas como “vicios formales”. añadió que en el ámbito del derecho penal. Además. se ordenó la extracción de testimonios para que el juez Cavallo fuera investigado.985/04 dictó el Por sobreseimiento del nombrado. es aquél que tuvo por efecto la incorrecta imposición de una pena. sostuvo que la Cámara concluyó que se trataría de un caso de error judicial. No obstante ello. en relación a las restantes irregularidades que se habrían detectado en el marco de ese expediente. En fraudulenta recompensa” puntualizó cuanto a la a supuesta la la producción del en la de prueba de referente que que formación Cámara de los “legajo mencionó las sentencia.150/97. puntualizó que dicho legajo de recompensa se formó en el contexto de la causa en la que se investigaba el atentado contra la AMIA y no en la causa 3150/97 que es aquella en la que se determinó la supuesta existencia de “cosa juzgada írrita”. Al respecto. ello no habría tenido lugar en la causa 3. 8 . “vicios sustanciales” y “error judicial”. Por ello. se hallan afirmaciones jueces desprovistas de toda prueba. ello no resultaría justificativo para anular el sobreseimiento firme dictado en la causa 3.150/97. el único error que puede subsanarse a pesar de que la decisión haya pasado en autoridad de cosa juzgada. tal como se hizo” (fs.
En ese orden. cuestionó la afirmación de los jueces en punto a que Galeano no habría corrido riesgos en la tramitación de la causa 3. diga que Galeano no corrió riesgos. dado que el Ministerio Público Fiscal actúa de manera única e indivisible y cada uno de sus funcionarios representa a la institución íntegramente. citaron doctrina autorizada para sustentar la posibilidad de declarar la cosa juzgada írrita en una causa penal. En relación a las pruebas que se dejaron sin efecto y de la valoración de los elementos colectados. sí es viable.150/97. los tres fiscales intervinientes solicitaron la desestimación de la denuncia pues resultaba difícil comprender cuál habría sido la actividad supuestamente complaciente del juez Cavallo. en el transcurso 1454) Por otra parte. sostuvo que los magistrados no de los cuales cualquier cosa pudo pasar” (fs.E. cuyas reflexiones han sido inadecuadamente traspoladas del ámbito del derecho privado en el que esta posibilidad.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. En otro orden de ideas. pues ello implicó una intromisión en la esfera de autonomía del Ministerio Público Fiscal. Juan José s/ recurso de casación“ Al respecto. puntualizó que el a quo efectuó una nueva ponderación de cuestiones ya analizadas por el juez Cavallo en su oportunidad. En relación a los fallos de la Corte Suprema de 9 . También afirmó que el hecho de que la notificación se cursara a la fiscal Scandura en lugar de Stornelli. subrayó que en esas actuaciones. alegando que “es insólito que V. pues sólo señalaron la opinión de dos autores constitucionalistas. cuando existió un requerimiento fiscal de instrucción que impulsó la causa y se produjeron pruebas durante varios meses. no puede considerarse un indicio sugestivo de las supuestas irregularidades. se agravió de que los jueces consideraran que la fiscal Scandura “debió haber obrado de otra forma”.
“Almonacid Arellano” de la Corte IDN y “Derecho” de nuestro Máximo Tribunal. que se case la sentencia impugnada y se dicte una nueva ajustada del a derecho de que la reconozca juzgada la y plena de la operatividad instituto cosa garantía que proscribe la doble persecución penal. Finalmente. se conmovió la cosa juzgada. extremos que no se configuran en este caso. señaló que se trata en todos los casos de expedientes civiles. Al respecto. en cuanto a que la introducción de los Pactos internacionales no alteran los derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución Nacional.Justicia de la Nación mencionados en la sentencia. Se agravió de que el único precedente del ámbito penal citado (causa “Martínez de Perón”). 3 cuestionó la investigación 10 . cuando se trata de un caso dictado hace treinta años durante un gobierno de facto en un período en el cual las garantías constitucionales se encontraban supeditadas a un estatuto. que no pueden ser limitados. aunque sostuvo que se trataron de supuestos de violencia institucional y legal que representaron graves violaciones a los derechos humanos. b. se revoque parcialmente la resolución de fecha 29 de junio de 2007 y se esté al sobreseimiento dictado en la causa 3. postuló que se admita la excepción articulada. deben ser analizados a la luz del artículo 75 inciso 22 de la CN. Hizo reserva del caso federal. Sostuvo que los nuevos parámetros en materia de derechos humanos que se han sentado vía jurisprudencial.150/97. Por otra parte. fuera calificado de emblemático. mencionó que si bien el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. el abogado defensor reprodujo en lo sustancial los agravios expuestos en el recurso de casación. Durante la audiencia de informes. Por ello. precisó que en los fallos “Carpio Nicolle”. motivo por el cual no habrán de ser nuevamente reseñados en este punto. solicitó que se haga lugar al recurso de casación.
Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. c. sostuvo que en la causa 3150 no hubo precisión en la definición del objeto procesal. Solicitó que se tome en consideración que en la causa se investigó cuanto se podía en aquel momento y postuló que se case la decisión en crisis. postuló el rechazo de la vía intentada alegando que la competencia de la Sala I ad hoc de la Cámara Federal para tratar la cosa juzgada írrita no puede ser cuestionada. tal como ocurre en el particular. expuso que en el caso tampoco se verifica la identidad de objeto que requiere la aplicación del ne bis in ídem pues la garantía sólo cubre aquellas imputaciones específicas y no las genéricas. Al respecto. lo cierto es que ese decisorio fue dejado sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte. sostuvo que la propia defensa había planteado la excepción de falta de acción por aplicación del principio ne bis in ídem y señaló que la causa 3150 corría por cuerda con la principal. motivo por el cual. Añadió que la fiscal Scandura fue sobreseída por su intervención en la causa 3150 y aseguró que Galeano tuvo riesgo de ser condenado en ese proceso. Juan José s/ recurso de casación“ llevada a cabo por Cavallo. En otro orden de ideas. Al respecto. motivo por el cual no puede invocarse que la decisión fue sorpresiva en lo atinente a ese punto. se declare la nulidad de todo lo actuado en relación a la imputación por peculado y que se dicte el sobreseimiento de su defendido. mal puede considerarse que corrió aquel riesgo. Al respecto. citó jurisprudencia vinculada a distintos criterios sobre cuándo debe considerarse el estándar para determinar dicho extremo y concluyó que en la especie Galeano no fue legitimado pasivamente. En ocasión de informar oralmente el querellante doctor Rodrigo Borda. aseguró que no es verdad que Galeano hubiera corrido riesgos procesales en aquella causa. extremo que fue reconocido por el propio Cavallo al 11 .
Hizo reserva del caso federal. señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca excluyó la cosa juzgada írrita de los temas penales y puntualizó que el caso “Martínez de Perón” confirma dicha amplitud de criterio. a cuyo contenido me remito para evitar reiteraciones. El representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Bulacio” y “Bueno Alves” de la Corte IDH. 13 y expresó que allí se trató la cosa juzgada írrita como excepción a la cosa juzgada en el tópico referente a las leyes de autoamnistía. Finalmente. mencionó los precedentes “Mazzeo”. Afirmó que Galeano no corrió riesgos procesales y sostuvo que de las sentencias del Tribunal Oral Federal nro. 1891/1907. solicitó que se apliquen dichos estándares y alegó que no se honra la seguridad jurídica con el trámite escandaloso que tuvo la causa 3150 en la cual se encubrió el atentado de la AMIA. Expuso que dicho magistrado se excusó de intervenir 12 . afirmando que aún en los casos que no son de lesa humanidad. “Márquez” y “Borda” y concluyó que la sentencia de la Cámara es coherente con dicha evolución jurisprudencial y con la doctrina de la Corte IDH. Añadió que no es valeroso ni ajustado a derecho homologar la impunidad. En similares términos se expresó en el escrito de breves notas presentado a fs. se ha afirmado el deber calificado de los Estados de investigar frente a violaciones de los derechos humanos. d. también aludió a los precedentes “Carpio Nicolle”. 3 y de la Sala I Ad hoc de la Cámara Federal.dictar el sobreseimiento de Galeano. Citó jurisprudencia referente al punto abordado. Además. Al respecto. se advierte que la Justicia no ha convalidado la actuación de Cavallo. “Videla”. Citó la causa nro. doctor Luciano Hassan alegó que compartía los argumentos del doctor Borda y subrayó la gravedad y excepcionalidad de los hechos aquí investigados. Por otra parte.
1036) en la cual Cavallo se habría excusado por su relación con Galeano y alegó que en dicha oportunidad sí lo hizo con especificidad al describir que era amigo del nombrado e inclusive reconociendo un viaje juntos a Punta del Este que se llevó a cabo dos meses antes de dictarse el sobreseimiento aquí cuestionado. Adujo que la juez Riva Aramayo había sido apartada de la causa y que aun así resolvió la excusación. la Policía Federal Argentina. Juan José s/ recurso de casación“ con invocación del artículo 55 inciso 11 del CPPP. el servicio de inteligencia. falseando la verdad. que el planteo presentaba vicios para que ser rechazado y que eso le permitió “quedarse” con la causa. desde todos sus estamentos (la Presidencia de la Nación. tratándose además de quien organizó el encubrimiento al ir a visitar a Telleldín a la unidad en que se hallaba detenido. Al respecto. Añadió que el sobreseimiento fue dictado cuando el fiscal Stornelli se hallaba de vacaciones y que Cavallo por él suspendió diversas declaraciones testimoniales ordenadas con el único fin de sobreseerlo. concluyó que el Estado. lo cual impide admitir que se verificó en el caso la certeza positiva que supone esa decisión. privando de la libertad 13 . Sostuvo que se armó una versión falsa que impidió a las víctimas conocer la verdad de lo ocurrido y que permitió la detención de inocentes.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. Mencionó otra causa (nro. Alegó que detrás de estos hechos están las víctimas por el atentado a la AMIA y los policías que estuvieron 8 años detenidos con motivo de la trama de falsedades urdidas por los funcionarios judiciales. Expresó que ello constituye una causal legal explícita de excusación. que no lo hizo de manera inmediata. el Poder Judicial y el Ministerio Público) se organizaron y cooperaron para encubrir el atentado terrorista más grave que haya ocurrido en nuestro país.
sostuvo que en el presente caso. Finalmente el doctor Hassan hizo reserva del caso 14 . Consideró que la visión de la defensa es dogmática en relación a la garantía ne bis in ídem y subrayó que el presente es un caso excepcionalísimo. Al tomar la palabra el doctor Mena. merced a la conducta del imputado y puntualizó que el Estado debe avanzar en la búsqueda de la verdad. Afirmó su deseo de que los hechos sean discutidos en un juicio oral y público. IDH. la cosa juzgada debe ceder. y y “Bulacio”. la a actuación los del imputado humanos ha y generado que por graves violaciones derechos aplicación de la jurisprudencia antes citada. “Simón”. Citó el decreto 812 en el cual el Estado Argentino reconoció la responsabilidad por las graves violaciones de los derechos humanos con motivo del atentado a la AMIA. Afirmó que no se puede convalidar que el propio sistema de justicia se use para garantizar impunidad y que deben hacerse valer los derechos de las víctimas. pues se verificó la organización de distintos estamentos estaduales para encubrir los hechos. Efectuó diversas consideraciones sobre el análisis que realizó la Cámara sobre la prueba producida y sobre el llamado “legajo de recompensa”.a personas inocentes por el sólo hecho de ser policías bonaerenses. Calificó los hechos investigados como crímenes de Estado. lo cual constituyó una grave violación de los derechos humanos. Arellano” no es “Barrios de la Altos”. “Mazzeo” de nuestro “Carpio máximo Nicolle” que Tribunal. Cavallo valoró declaraciones de personas que podían revestir la calidad de imputados. se “Almonacid garantía Corte concluyendo dicha absoluta cuando verifican irregularidades por parte de funcionarios o agentes del Estado en casos que implican violaciones a derechos humanos. señalando que para sobreseer a Galeano. Citó los precedentes “Videla”.
el entonces presidente de la República. e. En similares términos se expresó en el escrito de breves notas presentado a fs. En relación a la cuestión de fondo. Manifestó que hubo un complot entre Galeano. lo cual indica que nos encontramos frente a un caso de violencia institucional y de graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que en la causa 3150 no se cumplió con los estándares legales pues dicho proceso constituyó un hecho criminal que permitió que Ribelli estuviera detenido por 8 años. y señaló que ya sea que el nombrado sea considerado una víctima o un cómplice de los 15 . Leyó un fragmento de ese precedente y concluyó que nada de lo allí expuesto resultaba autoritario. CN. a riesgo de no poder citar fallos de dicho Tribunal. Al momento de informar oralmente. Juan José s/ recurso de casación“ federal y solicitó que se confirme la sentencia y se rechace el recurso. expuso que fundaba su petición en el artículo 33.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. Citó el considerando 5 del caso “Fayt s/ procesos de conocimiento” que se refiere a los límites de los poderes del Estado. Señaló que si bien el caso “Martínez de Perón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue dictado durante un gobierno de facto. legisladores y diversos miembros del Poder Judicial de la Nación. mencionó los dichos de Cavallo en oportunidad de ejercer su defensa respecto de su actuación en la causa de mención. el querellante doctor Ubeira hizo alusión a la celeridad que la actual integración de esta Sala imprimió al trámite de la causa. 1908/1917. Se sumó a los planteos desarrollados por los doctores Borda y Hassan. ello no puede ser utilizado para invalidar su contenido. a cuyo contenido cabe remitir por razones de brevedad. En otro orden de ideas.
hechos. 4 de esta ciudad. Aseguró que el propio Cavallo dijo que fue víctima de un engaño y que nada obsta a que se lleve a cabo una nueva investigación respecto del mismo hecho. la Cámara valoró 16 que para resolver los . Para dar respuesta al agravio vinculado con la aplicación de la noción de cosa juzgada írrita. Al resolver la cuestión. El doctor Etcheverry adhirió a los planteos efectuados por sus colegas querellantes. Además. Afirmó que el juez Oyarbide conocía que la causa contra Galeano iba a quedar radicada en el juzgado a cargo de Cavallo y aludió a diversas escuchas en refuerzo de su posición sobre las irregularidades que rodearon el caso. el juez instructor había decidido estar a lo resuelto en el principal (auto de procesamiento apelado) en cuanto había considerado que no se configuraban entre ambas causas los requisitos del ne bis in ídem. f. -IIIa. la Cámara considero que se hallaba habilitada para ingresar al tópico en virtud de las alegaciones orales de los acusadores particulares y en razón del planteo efectuado vía incidental por el querellante doctor José Manuel Ubeira en el que requirió la nulidad del sobreseimiento dictado en la causa 3150/95. Mencionó el decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en el cual se declaró que el Estado Argentino fue culpable del encubrimiento de los hechos cometidos contra la AMIA y que ello revela la gravedad institucional del caso. en cualquier caso nos encontramos frente a un supuesto de cosa juzgada írrita. Solicitó que se rechace el recurso de casación deducido por la defensa. corresponde precisar que la defensa del imputado planteó la violación de la garantía ne bis in ídem alegando que Juan José Galeano fue sobreseído por el mismo hecho en la causa 3150/97 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. oportunamente a cargo del doctor Gabriel Cavallo. En dichas actuaciones.
la Cámara no incurrió en un exceso jurisdiccional. Juan José s/ recurso de casación“ planteos mérito articulados vinculante por las partes por respecto el del auto de dictado juez. En efecto. fundado en cuestiones que hacen al ejercicio de la acción. la investigación debe concentrarse en el mismo comportamiento por el cual esta persona ya fue debidamente juzgada. es decir. resultaba imprescindible abordar el tema de la cosa juzgada írrita. la identidad de causa de persecución tiene que ver con los límites racionales a este principio. en este caso. certificación de fs. son estos requisitos los que permiten distinguir cuándo existen riesgos sobre una doble indagación ante la falta de una decisión de mérito que ponga 17 . para dar tres a lo tratamiento ejes al planteo En juez Cámara abordó argumentales. de manifiesto que en este punto. Al respecto concluyó que “en cuanto al primer requisito. su determinación no ofrece ninguna dificultad: se trata del imputado Galeano. específico. contrariamente sostenido instructor. Teniendo en cuenta el contenido del incidente de mención (en el cual la querella planteó expresamente el tópico de la cosa juzgada írrita) y. afirmó que efectivamente se constataba en el caso la triple identidad requerida para que se produzca el efecto impediente del principio ne bis in ídem. sin que una nueva subsunción en conceptos jurídicos y valoraciones distintas afecten esta garantía. 1795-. b. toda vez que el mismo se hallaba a conocimiento de la Cámara –por vía de la queja deducida por el fiscal Stornelli –cfr. considero que los jueces se hallaban debidamente Ello pone habilitados para analizar el tópico introducido. Finalmente. primer Ahora la bien. también se encuentra para suma constatado en cuanto se inició se una investigación abonado una determinar de dinero si efectivamente al detenido había Telleldín. por el lugar. ella apunta a la exacta imputación. tal como alega la defensa.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. En lo que atañe a la identidad objetiva. jurisdicción y competencia. tal extremo.
La tercera (error judicial). mediante la acción de nulidad por cosa juzgada írrita. vicios sustanciales.) A partir de lo expuesto. LL 2006-B. vinculado con la posibilidad de que la Cámara revisara aquel proceso y la forma en que se había dictado un juicio desvinculante respecto de Galeano. archivos o sobreseimientos provisionales). Lo que se debe establecer en cada caso puntual es si la sentencia o resolución goza de autoridad de cosa juzgada formal o material (trátese de condenas. No obstante ello. absoluciones y sobreseimientos o desestimaciones. nos conduce al segundo de los ejes sostenidos en la sentencia. también por el comportamiento de los sujetos procesales y/o los magistrados intervinientes. 1287vta. Según esa opinión. correspondía revisar la cosa juzgada a la que se había arribado en el primer proceso (es decir. artificio o engaño destinado a conseguir esa respuesta jurisdiccional. Aspectos formales y sustanciales”. Las segundas (vicios sustanciales) derivan directamente de la violación al debido proceso. publicado el 7/3/06) en punto a que las causales que habilitan encuadrar a la cosa juzgada írrita se agrupan en cuatro cuestiones fundamentales: vicios formales. Los jueces entendieron que ello era posible citando la posición de Andrés Gil Domínguez (“La acción de nulidad por cosa juzgada írrita. los jueces de la mayoría consideraron que.fin al proceso. la causa 3150/97). “las primeras (vicios formales) pueden provenir del actuar de las partes o de la propia agencia judicial. aún admitiendo dicha premisa. se advierte que la Cámara aceptó los argumentos de la defensa en cuanto a que se encontraba configurado en el caso un supuesto de ne bis in ídem. instituto al que se le reconoció una evolución pretoriana. para comprobar si se encuentra amparada por la garantía en estudio” (fs. error judicial y la injusticia propiamente dicha. 18 . a través de la aparición de documentos desconocidos al momento de sentenciar o por la maquinación. Esta conclusión preliminar.
se verifica cuando el auto atacado cumple con todos los recaudos formales y sustanciales. c. no obstante lo cual su aplicación genera una situación objetiva de extrema injusticia. Sentado ello. Allí se mencionaron punto por punto las irregularidades detectadas en dicho proceso. determinar si cabe excepcionarla.la procedencia de la cosa juzgada írrita y analizó las constancias del caso concreto que conducirían a determinar que el decisorio dictado el día 12 de septiembre de 1997 en la causa 3150/95 a partir de la cual se sobreseyó a Galeano había sido el resultado de un proceso “irregular”.” (fs. Juan José s/ recurso de casación“ se desprende directamente del actuar del tribunal. En cuanto a la injusticia propiamente dicha. resulta imprescindible delimitar los principios que la sustentan y su naturaleza para eventualmente. A modo de aclaración. interesa recordar que Binder define que en un Estado de Derecho. interesa destacar que los lineamientos que se abordarán en este acápite se refieren únicamente sabido. y 1288) Luego de reseñar dicha opinión. a los delitos de de derecho común. 1287 vta.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. la Cámara consideró habilitada –desde el punto de vista teórico. que sería el supuesto más extremo de todos por colisionar con los principios en juego que hacen a la seguridad jurídica. constituyen excepciones que merecen un tratamiento diverso de la cuestión. El análisis de estos aspectos casuísticos constituyen el tercer eje argumental de la sentencia impugnada. la teoría del delito. como tales. 19 que sostiene la seguridad . me ocuparé en el punto subsiguiente. ya sea tergiversando las citas doctrinarias o la jurisprudencia empleada en la cuestión a dirimir y. Respecto de dichas singularidades. Para abordar el análisis de lo que constituye la excepción a una regla general (cosa juzgada írrita respecto de la cosa juzgada). y pues las como es los delitos lesa humanidad graves violaciones a los derechos humanos presentan características propias que. agregamos.
para no someter a un inocente a una pena o a una medida de seguridad que no merece. una vez que se alcanzó la cosa juzgada ella es irrevisable en perjuicio del acusado absuelto o del condenado con miras a una condena superior.jurídica. por más que se pueda demostrar el fracaso del procedimiento y de la decisión que le pone fin para cumplir la función de realizar el derecho penal que les es propia. en todo aquello que hace a la situación de quien es perseguido penalmente. aspecto que acentúa el carácter de garantía individual de la regla. Penal”. Ad hoc. existe un La se momento en que necesariamente el proceso penal finaliza. p. por la prohibición de la persecución penal múltiple (ne bis in idem). Alberto M. absuelto o condenado en la sentencia definitiva. Buenos Fundamentos. se resuelve de manera inversa (…) en homenaje al individuo. la tranquilidad y el respeto de los ciudadanos como principios básicos de la organización social. en cambio. El caso contrario. un mecanismo para arribar a El proceso penal debe ser decisión y nunca un una instrumento de control social aunque (…) muchas veces cumpla esa función” (Binder. Esto significa (…) que el Estado no podrá ejercer nuevamente la coerción penal ni perseguir penalmente a las personas por ese hecho (ne bis in ídem). 93) Vázquez Rossi señala que el recurso de revisión “tiende a paliar por los este injusticias valores autor en que 20 notorias juego “la y que del aparece proceso ha justificado penal”. 2004. o a un condenado a un apena o medida de seguridad mayor a la que merece” (Maier. 2005. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires. “Derecho segunda Procesal edición. dentro Comenta doctrina italiana .p. decisión que se ha tomado –generalmente la sentencia- convierte en una decisión final o “firme”. Aires. Editores del Puerto. El principio de cosa juzgada protege a las personas de la incertidumbre y de la posibilidad de que el Estado decida utilizar el proceso penal como un instrumento de persecución política constante. 303) El profesor Maier concluye que el valor definitivo de la decisión final está amparado.
raras veces. Juan José s/ recurso de casación“ señalado que la revisión se orienta de acuerdo con el favor rei y tiende sobre a hacer triunfar (conf. se enaltece y demuestra que es siempre la justicia. que por un encadenamiento de fatales apariencias garantías no que han podido evitar a a los la sociedad ni las proporcionan acusados nuestros procedimientos penales. Buenos Aires-Santa Fe. Tomo la justicia E. la experiencia demostró que aquella idea de supresión de los defectos de la sentencia era una ilusión de los teorizadores y por ello “el legislador francés tuvo que ceder ante las incitaciones de la opinión pública sancionando la ley del 8 de junio de 1895 que ampliaba los casos de revisión”. 2001) Esta relación entre “error judicial” y revisión. Por raros que sean merecen. hicieron pensar que desaparecerían los “errores judiciales” que se cometían en tiempos anteriores. embargo este derecho fue restringido a partir de la Revolución de 1789. gracias a Dios. (Hitters. Procesal Rubinzal-Culzoni Editores. ya se La posibilidad de modificar en las pronunciamientos antiguas firmes encontraba y regulada Sin legislaciones francesas españolas. “Revisión de la cosa juzgada”. Juan C. La noción de revisión está íntimamente asociada al concepto de error judicial. pues de la ese aparición acto de los jurados (por y de los jueces a las nacidos revolucionario oposición designaciones que efectuaba la realeza). La Plata. Según Hitters.puede errar. penal. pág. registrarse como desgracia pública. en virtud de 21 .Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. Vázquez proceso Rossi. 499/501). sin embargo. Jorge II. Librería Editora Platense SRL. los casos judiciales que pueden motivar el recurso ocurren. 2004. ha sido definida con toda precisión por Ortolan al apuntar que “los casos de revisión no son numerosos. cuando ella misma. ni la conciencia de los jurados y de los magistrados (…) Pero si la justicia –como todo lo que es humano. ella se laura. El sustancial o material “Derecho la formal” Penal”.
“Revisión…” cit. 2009. en esclarece definitiva. La fuerza limitadora del principio en estudio impide admitir la procedencia de la noción de cosa juzgada írrita en casos de derecho común como fundamento para anular un sobreseimiento pasado en autoridad de cosa juzgado. p. pues “en nuestro la sistema queda excluida Si bien como esto objeto podría impugnable sentencia absolutoria. determinar si debe primar el interés individual protegido por una garantía específica por encima del interés estatal de perseguir indefinidamente a un ciudadano. resulta como consecuencia de la aplicación del principio nos bis in ídem y de la prohibición de la reformatio in pejus” (Claria Olmedo. Sentado todo cuanto precede. bajo la alegación de que aquella primera decisión no fue adoptada de manera regular. 564). reúne todas las pruebas de su error. ya que tan injusta podría ser la absolución como la condena. en la forma en que se ha aplicado en la sentencia en crisis. hace un examen y proclama la reparación a la fé pública” (Ortalán.frente a supuestos en los que la sentencia a revisar sea condenatoria. la cosa juzgada cede -como regla. Rubinzal Culzoni Editores. derivado de los principios que la sustentan en tanto protege la seguridad jurídica y tiende a recomponer la paz social que quebró el conflicto de naturaleza penal. la la cuestión decisión y se permite basa en identificar que. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. observo que en el caso 22 . Tomo V. “La actividad procesal”. cit. sino material. Lo expuesto permite concluir que la cosa juzgada no posee un valor meramente formal. por Jofré en Hitters. mostrar una desigualdad. Esta contradicción y tensión de intereses propia del conflicto penal. Santa Fe. La idea de garantía reposa en la noción de límite y es desde esa perspectiva desde la cual debe analizarse y no desde una posición justificadora del poder penal. Jorge A.los indicios que llegan investiga. tal como surge de la doctrina especializada. recoge.) En efecto.
en se un citó un precedente jurisprudencial (causa fallado de durante período antidemocrático del 22 de “Martínez Perón”. Los jueces que conformaron la mayoría basaron su decisión en las nociones “vicios formales”. 1928). corresponde que me expida en torno a la totalidad de las aristas que suscita este tópico. certificación de fs. las querellas que informaron oralmente en la audiencia. “vicios sustanciales” y “error judicial”. la sentencia en crisis sólo Prueba de ello es que. implicó resumen 23 graves de violaciones alegatos a de los la los . Simultáneamente. por cierto). Juan José s/ recurso de casación“ correspondía un mayor desarrollo al que se realizó en el fallo. Ahora bien.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. Habré entonces de apartarme de lo expuesto en el decisorio recurrido en lo que a ese tópico se refiere y analizar en la excepcionalidad específica del caso traído a estudio. d. septiembre de 1977). han alegado que se trata de un crimen derechos de Estado humanos que (cfr. sobre los límites del Estado frente a una garantía individual en favor del imputado. claramente se ha pasado por alto la discusión (inescindible. En importancia lugar surge de de abordarse párrafos dicho que análisis anteceden–cuya se ha los invocado la cosa juzgada írrita. lo que me lleva a analizar las excepciones al principio de cosa juzgada para determinar si proceden en este caso. lo cual me persuade de que. Fallos 298:736. Por ello. las cuales así expresadas resultan insuficientes para justificar una decisión tan delicada y en contra del imputado. pues no puede soslayarse que el hecho principal al que se vinculan estas actuaciones (atentado contra la AMIA) ha sido calificado como de lesa humanidad (cfr. lo cual deja la cuestión limitada al estudio de la excepcionalidad de la que aquí se trata. la defensa solicita que se haga lugar a la excepción de falta de acción por aplicación del principio ne bis in ídem.
la Policía Federal Argentina. por vía jurisprudencial. debió necesariamente ingresar en el análisis de los lineamientos 24 . conforme la expresa postulación de la querella patrocinada por el doctor del Hassan. Así pues. el doctor Luciano Hassan (en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación). La introducción de esta premisa. Por este motivo. el Poder Judicial y el Ministerio Público) se organizaron y cooperaron para encubrir el atentado terrorista más grave que haya ocurrido en nuestro país. desde todos sus estamentos (la Presidencia de la Nación.audiencia de informes). lo cual constituyó una grave violación de los derechos humanos. a ciertas limitaciones. Puntualmente. no puedo dejar de mencionar que el principio de cosa juzgada ha estado sometido. para profundizar el tratamiento de la cuestión. falseando la verdad. En efecto. supuesto del que derecho habilitaría interno el cuya retraimiento principio aplicación alega la defensa. alegó en dicha ocasión que el hecho reprochado a Galeano constituyó un crimen en el cual el Estado. supone ampliar el análisis de las reglas de derecho común antes mencionadas y habilita e impone un desarrollo diverso del que se realizó en el fallo impugnado. el meollo del caso consiste precisamente en determinar si el hecho aquí investigado configura una irregularidad por parte de funcionarios o agentes del Estado que implicó graves violaciones a los derechos humanos. considero que si la Cámara decidió no aplicar el principio de cosa juzgada. el servicio de inteligencia. tanto la Corte IDH como nuestro Máximo Tribunal han hecho caer la cosa juzgada frente a determinados supuestos de gravedad (casos de lesa humanidad y violaciones aberrantes a los derechos humanos). durante el transcurso de los últimos años se ha producido una evolución del derecho internacional y local directamente vinculada con esta materia y. privando de la libertad a personas inocentes por el sólo hecho de ser policías bonaerenses. Así pues.
Ello así en la medida en que tanto los estatutos de los tribunales penales internacionales como los principios que inspiran la 25 . En dicha ocasión. tanto al definir la garantía del ne bis in ídem como la cosa juzgada. eficacia en la persecución penal). cabe aclarar que la inequivalencia de valores a la que me referí en el punto anterior (protección del ne bis in ídem vs. adquiere en este punto otra dimensión. han quedado establecidas fuertes restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución penal respecto de conductas como las aquí investigadas“(considerando 36). del 14 de marzo de 2001-. Pues bien. También sostuvo que “más allá de cuáles son los contornos precisos de la de garantía delitos los que prohíbe en el el doble juzgamiento humanitario respecto comunes. corresponde precisar cuáles son los estándares centrales sentados por la jurisprudencia y cuál es su alcance respecto en que de se este especial la caso posible traído a conocimiento investiga actuación irregular de un magistrado de la Nación. el antecedente más emblemático en lo que se refiere a la posibilidad de desplazar la cosa juzgada y la imprescriptibilidad. Juan José s/ recurso de casación“ impuestos por vía jurisprudencial en que se había tratado el tópico para establecer posibles analogías y a partir de allí evaluar su procedencia. Preliminarmente. Entonces. pues frente a determinados delineadas a supuestos (cuyas la características de la serán garantía continuación). nuestro Máximo Tribunal consideró que “a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Barrios Altos’ CIDH –Serie C 75. es “Mazzeo” (Fallos 330:3248).Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. de derecho internacional principios interpretación axiológicos adquieren plena preeminencia. protección individual cede ante principios reconocidos por la comunidad internacional vinculados con la protección de los derechos humanos y con la intangibilidad de la dignidad humana.
considerando 35) Estos postulados fueron afirmados por la Corte IDH “Almonacid Arellando y otros vs Chile” (sentencia del 26 de septiembre de 2006) –con cita del caso “Carpio Nicolle y otros” sentencia del 22 de noviembre del 2004 (serie C nro. En dicho precedente. considerando 36) Asimismo. si tales procesos en locales se transforman a jugar en la subterfugios inspirados impunidad. la Corte IDH consideró que “si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos. párrafo 131). y más aún. por tanto. sin perjuicio de dar prioridad a las autoridades nacionales para llevar a cabo los procesos. incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada.jurisdicción universal. no es un derecho absoluto y. o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. pueden ser reabiertas las investigaciones. párrafo 154. 117. Por ello. entra jurisdicción subsidiaria del derecho penal internacional con un nuevo proceso” (“Mazzeo”.4 de la Convención Americana. los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem. también citado en 26 . tienden a asegurar que no queden impunes hechos aberrantes.” (Almonacid Arellando y otros vs Chile”. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. de los responsables de crímenes de lesa humanidad.” (Almonacid Arellando y otros vs Chile”. aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8. no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. párrafo 154. también citado en “Mazzeo”. puesto que las exigencias de la justicia. se sostuvo que “en lo que toca al principio ne bis in idem. ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales.
Este retraimiento del principio (sobre cuya importancia y alcances me he expedido en el punto anterior). Guatemala” del 19 de noviembre de 1999. para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables (“Almonacid Arellano vs. Juan José s/ recurso de casación“ “Mazzeo”. de la Corte IDH de ha lesa afirmado humanidad que es la una cometer crímenes 27 . En prohibición efecto. Honduras”. Fallos 330:3248. considerando 22) De la reseña jurisprudencial que antecede. considerando 36) En dicha ocasión. pues atentan contra el derecho de gentes (considerando 16 del voto de los doctores Zaffaroni y Highton de Nolasco en “Arancibia Clavel” ya citado). citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Mazzeo”. del 29 de julio de 1988. Este alcance. el tribunal internacional concluyó que el Estado no puede invocar disposiciones del derecho interno para eximirse a los del deber de de investigar los y sancionar penalmente y responsables argumentar hechos investigados tampoco podrá prescripción. párrafo 176. es derivación del deber de los Estados de penalizar este tipo de crímenes. Chile”. Fallos 327:3312 y “Simón”. considerandos 225 y 226 y “Velázquez Rodríguez vs.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. es consecuencia de las obligaciones de los Estados (derivadas de los artículos 1. cabe concluir preliminarmente que el principio de cosa juzgada ha cedido frente a violaciones de derechos humanos especialmente aberrantes que merezcan ser calificadas como delitos de lesa humanidad (cuya definición surge de “Arancibia Clavel”. irretroactividad de la ley penal. ni el principio ne bis in ídem.1 y 25 de la Convención investigar Americana) y en a punto los a que los deberes de de sancionar responsables serias violaciones a los derechos humanos no se encuentra sujeta a excepciones (caso “Villagrán Morales vs. párrafo 151). Fallos 328:2056). así como cualquier excluyente similar de responsabilidad.
sentencia del 27 de febrero de 2002. Puntualmente. párr. Al respecto. ‘Arancibia Clavel’. del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ‘Mazzeo’ y otros. Perú” sentencia del 14 de marzo de 2001. párr. con cita de “Trujillo Bolivia”. arrasó con los principios y garantías elaborados a través de siglos –como la irretroactividad de las leyes y la prohibición de la doble persecución penal. ha sido sentada en casos de lesa humanidad (tal se como ha quedó hecho expuesto precedentemente). 01/05 caratulado “Di Luca Gustavo acusa” y sus agregados.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído en vs. consagrada (“Bulacio párrafo artículo Argentina”. el deber de investigar de los Estados sin la posibilidad de invocar normas del derecho interno. en el caso “Bulacio vs.E. aunque también extensivo a otras violaciones graves de derechos humanos. La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1. 106 y “Barrios Altos vs. incluidos también ambos en la normativa internacional constitucionalizada –en aras de la protección de bienes que entiende como de mayor envergadura” (del voto del doctor Hitters en el expediente J. 116. Chile” ya citado. párrafo 99). Americana” de 2003.norma del ius cogens y que su penalización es obligatoria conforme al derecho internacional general (caso “Almonacid Arellano y otros vs. del 20 de marzo de 2009) Ahora bien. Argentina” la Corte IDH ha de entendido que o “son inadmisibles obstáculo impedir de las de la las disposiciones derecho prescripción mediante sanción el de cualquier se interno y cual los pretenda investigación responsables violaciones de derechos humanos. sustanciado respecto de Pedro Cornelio Federico Hooft. del el derecho 25 del a de 18 la la de protección Convención septiembre Oroza vs judicial. el juez Hitters sostiene que “la doctrina del monismo absoluto aplicada por la CSJ en los fallos ‘Simón’.41 y 28 .
podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Perú”. Bolivia” ya citado. el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes”. Trinidad y Tobago” del 21 de junio de 2002. párr. 96. En dicha ocasión. entre ellos la prescripción. los derechos consagrados en la Convención Americana Este estarían desprovistos de la de una está protección efectiva. uno de estos principios es el de pacta sunt servanda. párr. párrafo 117.) Estos lineamientos.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. “Hilaire. párr. de también fuerzas torturas parte policiales. fueron expresamente adoptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Espósito” (Fallos 327:5668) al hacer lugar al recurso fiscal deducido contra el sobreseimiento confirmado en favor del imputado. así como a los principios generales del derecho. la Corte ha señalado que ésta implica 29 . la Corte IDH sostuvo que “en relación con la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5. Si así no fuera.1 de la Convención. en el caso “Bueno Alves vs. (“Bulacio vs. y “Trujillo Oroza vs. ninguna disposición o instituto de derecho interno. en dicho precedente se sostuvo que “de acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados. con cita de “Cinco Pensionistas vs. nuestro máximo Tribunal aplicó los lineamientos sentados por la Corte IDH en “Bulacio” y declaró inaplicables las reglas en materia de prescripción aunque no se trataba de un caso de lesa humanidad (considerando 10) En sentido similar. 164. entendimiento Corte conforme a la letra y al espíritu de la Convención. 112. Argentina” ya citado. Juan José s/ recurso de casación“ 43) Así también. Argentina” referido a (sentencia hechos del de 11 de mayo por de 2007). Constantine y Benjamin y otros vs.
que la nota común entre los precedentes citados es la conducta de las autoridades del Estado como institución. En función de dicho precedente. consideró de aplicación la doctrina de “Espósito”.” (“Bueno Alves”. párrafo 108) También consideró que “el proceso penal no identificó ni sancionó a ningún responsable. Pero además. dependió casi exclusivamente de la actividad de la víctima y no culminó en las reparaciones de los daños causados a ésta” (“Bueno Alves”. a la posibles o y actos tortura En otros que inhumanos degradantes. diligencia y acuciosidad. dejó sin efecto el pronunciamiento y devolvió las actuaciones a la instancia anterior a fin de que se cumpla con las pautas fijadas en “Bueno Alves”. punto resolutivo 8 de la sentencia). párrafo 113) Por inmediatamente todo las ello. la Nación. una sentencia dictada por el mismo Tribunal a partir de la cual se confirmaba la decisión de sobreseer al imputado por prescripción. debidas ordenó al Estado que realice investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley preveía (“Bueno Alves” citado. ya citado. estos últimos casos resultan de interés pues marcan supuestos de retraimiento de principios que rigen en el orden interno (como ser. competencia. en el caso “Derecho” (Fallos 334:1504). que deben adoptarse en cualquier sistema jurídico y orientar las investigaciones de presuntas torturas. señaló que “el presente es uno de esos casos por el cual las sentencias del Tribunal pueden ser excepcionalmente corregidas”. la cosa juzgada) en pos de la investigación y sanción de los responsables de 30 . Por ello. respecta investigación documentación eficaces de aquélla y de éstos son aplicables los siguientes principios: independencia. imparcialidad. Se advierte pues. Para así resolver. la Corte Suprema de Justicia de por vía de revocatoria.el deber de del Estado u lo de investigar tratos adecuadamente crueles. dejó sin efecto.
se han sentado en relación a ese tópico. Raúl Edilio Ibarra.en el atentado a la AMIA” (cfr. En efecto. Para ello. involucrando al personal de la Policía Bonaerense. 1/240 de las presentes). En este punto cabe resaltar que estos estándares deben ser aplicados por los jueces en el ámbito del derecho interno. se en virtud del la expreso pedido atinente de a la la que resuelva cuestión excepción de falta de acción por aplicación del ne bis in ídem. La imputación se refiere a un hecho calificado como 31 . teniendo en cuenta que el Tribunal dejó sin efecto una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada en contra del imputado. Al respecto. de la suma de cuatrocientos de la mil dólares.156-. considero que no podía soslayarse el análisis sobre los estándares que –en materia internacional y local-. la garantía que prohíbe la doble persecución por el mismo hecho).Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. de provenientes fondos reservados Secretaría Inteligencia del Estado a cambio de que éste aporte una nueva versión –ampliando con el su declaración indagatoriadel convenida que le previamente magistrado. 9 en la causa 1. Anastacio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro. corresponde ingresar en el análisis del presente caso. cabe recordar que se reprocha a Juan José Galeano el “haber pagado a Carlos Alberto Telleldín – mientras se encontraba detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. privilegiarse investigación y sanción del hecho delictivo por sobre las normas del derecho interno (entre ellas. los lineamientos jurisprudenciales que anteceden indican por claramente ciertofrente debe a qué casos – la excepcionales. Ahora defensa para bien. acerca destino había dado a la camioneta que luego habría sido utilizada en el ataque a la sede de la AMIA. auto de procesamiento de fs. Juan José s/ recurso de casación“ graves violaciones a los derechos humanos. en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López – Juan José Ribelli.
por no puede Máximo y perderse Tribunal s/ de en vista el la sentada nuestro caso Las “Menéndez. Por ello.peculado judicial presuntamente en el cual cometido se en el marco a del los proceso posibles investigaba responsables del atentado cometido contra la AMIA. hizo lugar a los recursos deducidos por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes contra una decisión que confirmaba el sobreseimiento de Ricardo Lona. sin haber antes dilucidado si el imputado había tenido intervención en el acontecimiento principal (“Menéndez”. en este caso) actuación de un magistrado en el marco de un proceso al que le pudiera caber 32 con el reproche relativo a la omisión de . a quien se le imputaba la omisión de investigar delitos de lesa humanidad como juez federal. Corte entendió que el a quo había cancelado indebidamente la investigación de otros comportamientos que sí podrían constituir esa clase de delitos. en función de lo expuesto se deriva como premisa fundamental que.XLVI del 26 de septiembre de 2012. En ese precedente. Al respecto. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En doctrina este punto. Pues bien. En dicho caso. M. Luciano Benjamín otros denuncia Palomitas –Cabeza de Buey s/ homicidio. considerando 6). entendió que se había desligado el comportamiento posterior del imputado (omisión de investigar) de la preparación y ejecución del hecho.indebidamente excluidas y cómo deben conjugarse investigar. frente a la decisión de la Cámara de sobreseer investigar al no imputado por un considerar delito de que lesa la omisión de la constituía humanidad. 1232. privación ilegítima de la libertad y otros”. frente a una imputación vinculada con la deficiente (o irregular. resolvió que correspondía revocar el sobreseimiento dictado respecto del imputado Lona para que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe qué medida corresponde adoptar respecto a las imputaciones que fueron – al menos en principio.
privación ilegítima de la libertad. 269.579/17. 261 segunda parte del CP) y de los delitos de prevaricato. considero que resulta prematuro descartar en esta instancia una posible vinculación entre los sucesos imputados y el delito principal (atentado a la sede de la AMIA.650/14. En efecto. Pero además. 144 bis 1° parte coacción. Conforme surge de las actuaciones principales. determinar los alcances de ese reproche respecto del hecho principal para establecer si aquella calificación debe extenderse a la actuación del juez de la causa. con los alcances y efectos que le son propios a esta especial categoría de delitos. según ley 23. en estricta aplicación de la doctrina del caso “Menéndez”.674-. resulta imprescindible determinar los precisos alcances de la totalidad de los delitos imputados a Galeano para esclarecer si alguno de éstos puede quedar alcanzado por las excepciones a la cosa juzgada que se han 33 . 149 bis.468. 255 y 269 del CP) –cfr. Juan José s/ recurso de casación“ la calificación de lesa humanidad o de grave violación de los derechos humanos. han certificación señalado como que Estado querellantes provocó crimen graves violaciones a los derechos humanos. que habría sido calificado como un delito de lesa humanidad por el de un magistrado fs. Juan José Galeano se encuentra imputado por el hecho de peculado antes descripto (art. abuso de autoridad. 248. 1928) de y a cargo los que del caso. 1° parte.752. art. 17. 14.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. De esta manera. cfr. es requisito previo. requerimiento de elevación a juicio de fs. segundo párrafo y 293 del CP) que dieron lugar al requerimiento fiscal de instrucción de fs. resulta relevante remarcar que el fiscal Nisman amplió la denuncia y también le atribuyó otros hechos vinculados con la investigación de la AMIA que fueron calificados como encubrimiento. prevaricato y violación de medios de prueba en concurso ideal entre sí (artículos 277 inciso 1. coacción y falsedad ideológica (arts.
etapa que se encuentra próxima teniendo en cuenta que la causa actualmente atraviesa la fase prevista en el artículo 354 del CPPN. sino que requiere y merece una discusión sobre los hechos que todavía no ha sido satisfecha y que sólo podrá brindarse en el marco de un contradictorio. Policía Federal Argentina. Por caso. la controversia aquí suscitada se basa principalmente en determinar si el hecho de peculado imputado a Galeano –vinculado con la causa en la que se investiga el atentado contra la AMIA. motivo por el cual. pues –en razón de la calificación que ha merecido el hecho principal vinculado a la presente. los sucesos materia de análisis en la presente.delineado por vía jurisprudencial. De acuerdo a las constancias existentes hasta el momento y al grado de evolución de los procesos que conforman esta causa y sus vinculadas.que el delito reprochado fue parte de una confabulación entre distintos estamentos del Estado (Poder Ejecutivo. nótese que las querellas alegaron –para demostrar el carácter de crimen de Estado que generó graves afectaciones a los derechos humanos.ello podría tener incidencia en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado Argentino. a ese sólo efecto. Considero que tales determinaciones sólo pueden ser analizadas con el recaudo que la gravedad del caso exige.constituyó una grave violación a los derechos audiencia alegaciones humanos (así en del quedó esta trabado el conflicto a raíz en de que la las tal celebrada iniciales instancia defensor). Considero delimitación no se satisface únicamente desde el punto de vista teórico. en el marco de un juicio oral y público. considero que debe ceder la cosa juzgada. servicios 34 . considero que a esta altura del proceso no corresponde cancelar anticipadamente el avance del caso. podrían eventualmente quedar subsumidos –por vía directa o indirectaen la categoría a los de delitos que constituyen gravísimas violaciones derechos humanos cuyo juzgamiento no pueda ser impedido por ningún obstáculo del derecho interno. En virtud de lo expuesto. Pero además.
Poder Judicial y Ministerio Público) para encubrir el atentado contra la sede de la AMIA. En suma. Entonces. Juan José s/ recurso de casación“ de inteligencia. Considero que esta solución se compadece además con la obligación que asumió el Estado Argentino de aplicar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento de la AMIA y las sanciones a los responsables de acuerdo al acta suscripta el 4 de marzo de 2005. en virtud de los sólidos planteos formulados por los querellantes sobre la posible subsunción que se pretende. petición 12. entiendo que corresponde confirmar el resolutorio de la sentencia en crisis en los términos y 35 . teniendo en cuenta que el juicio oral y público precisamente versará sobre esos hechos. Así pues. Así pues. este aspecto se encuentra directamente vinculado con la posible aplicación de la jurisprudencia internacional y local antes citada (que puntualmente se refiere a la actuación de agentes del Estado en violación de los derechos humanos). esa dilucidación y discernimiento no puede cancelarse en esta instancia de revisión frente a la posible aplicación de los estándares de excepción antes mencionados.204 y del Decreto 812/2005 que aprobó ese acta de la Comisión IDH donde se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional. los acusadores han relacionado tales hechos con la forma en que se investigó el suceso y con el sobreseimiento posteriormente dictado respecto de Galeano. 122° período ordinario de sesiones de la Comisión IDH. los presupuestos de hecho que han alegado las partes se refieren a la existencia de una estructura organizada del Estado para encubrir un atentado terrorista. al sólo efecto de admitir una amplia discusión sobre el tema y en atención a las particularísimas características de los hechos y a los estándares de excepción alegados por ambas partes. También. y consecuentemente merece ser agotado en el marco de un juicio oral y público.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano.
doctrina causa 11. Sin perjuicio de ello. Enrique Juan José s/ recurso de casación”. 310:360. N 115/01 del 19/3/2001. Daniel s/ rec. Analizada la cuestión sometida a inspección jurisdiccional. 470. 313:904. N 438/98 del 19/10/98. de casación”. no alcanza a sortear el valor del que gozan el principio de “ne bis in ídem” y el instituto de la cosa juzgada en materia penal. Reg.292 “Roger. 471 a contrario sensu. N 1489 “Pernicone. debiendo continuar la causa su estado (arts. Reg. N 1833 “Montalto y otro s/ rec. y 312:122. del CPPN). entiendo que debe eximirse a la defensa del pago de las costas pues pudo creerse con razón plausible para litigar en virtud de la controvertida naturaleza de los temas tratados (cfr. 314:377. 311:67. tanto nuestra la Corte Corte Interamericana Suprema de de Derechos de la Humanos Nación. registro 172/10 de la Sala III. la cosa juzgada. En mérito a todo lo expuesto. El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo: 1. Sala III). en primer lugar. Finalmente. tienen rango constitucional (causas. 530 y cc. naturalmente. no podemos dejar de observar también que. notamos. para revisar los alcances de un sobreseimiento firme dictado en causa penal. 2. Reg. y N 2937 “Machinandiarena. de casación”. Víctor s/ rec. resuelta el 2 de marzo de 2010. sin costas. 316:687. N 371/99 del 11/8/99. entre muchas otras. que la invocación de la “acción de nulidad por cosa juzgada írrita” propia del derecho privado. entre muchos otros). criterio compartido también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 308:1678. entre muchas otras). tal como lo explicara detalladamente la distinguida colega que nos precede en el orden de votación.con los alcances aquí indicados. Tal es mi voto. el recurso de casación deducido por la defensa. Reiteradamente hemos sostenido que la garantía de de “ne bis in ídem” y. de casación”. 456. como han Justicia reconocido puntuales excepciones a la aplicación irrestricta 36 . propongo al acuerdo rechazar.
de hecho. y emitimos el nuestro en idéntico sentido. Ledesma en su voto. Por todo lo expuesto. como así también todos la los demás elementos de que juicio que pudieran adoptar sustentar oportuna conclusión corresponda sobre el particular –entre ellos lo resuelto por el Alto Tribunal in re “Castañeda. 37 . casos especiales suficientemente reseñados en las citas jurisprudenciales apuntadas en el voto de la doctora Ledesma. Rec. Tal es nuestro voto. 3. cuando se trata de delitos calificados como de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Ello sin dejar de ponderar la evolución jurisprudencial que en materia de derechos humanos detallara la colega preopinante. como así también que la presente causa se encuentra en la etapa prevista por el art.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. 354 del CPPN. causa 768. rta. e invocadas por la defensa. Juan José s/ recurso de casación“ de los principios mencionados. entendemos que no resulta de momento razonable disponer el cierre definitivo requerido en relación en la a los hechos en que concernientes será a esta el investigación. medida precisamente juicio oral y público el ámbito propicio para discernir si los mismos constituyen un supuesto cuya calificación amerite consagrar una excepción a las garantías constitucionales reseñadas en el punto 1. a las que nos remitimos a fin de evitar repeticiones innecesarias. compartimos la solución a la que arriba la doctora Ángela E.si los hechos objeto de estas actuaciones caen bajo el estándar de los que se consideran “graves violaciones a los derechos humanos”. C 1495 XLIII. Desde esa perspectiva y en el presente caso. y que los querellantes en la audiencia de informes han afirmado su pretensión de encuadrar –o al menos discutir. Carlos Antonio s/sustracción y destrucción de medios de prueba”. teniendo particularmente en cuenta las penosas consecuencias y afectaciones del suceso investigado en la causa principal así como su extrema gravedad –atentado a la sede de la AMIA-. 29/11/2011-.
contiene planteos susceptibles de ser encuadrados. En ese orden de ideas.N. en la causa M. tornaría inoficioso su tratamiento. 38 . -causa nº 78/03-“.P. 456 del mismo ordenamiento legal. puntualmente.. Por lo demás. finalmente. ha sido interpuesta dentro del plazo estipulado y por quien se halla legitimado para hacerlo. ver Considerando 5º. cualquiera fuere su resultado -absolución o condena-. del sufragio de la juez Carmen M. sin lugar a dudas se acomoda a la última de las categorías mencionadas.. rta. 463 y 460 del digesto instrumental y. a saber: que el pronunciamiento contra el que va dirigido revista la calidad de sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos.P. En efecto. el fallo sometido a consideración del Tribunal. in fine. circunstancia que habilita la competencia de esta Cámara. y otros s/asociación ilícita etc. A. Por ello es evidente que el remedio recursivo supera el juicio de admisibilidad.G. 457 del C. en el inciso 1º del art.J. C. XLIII. M. el sometimiento del recurrente al proceso podría ocasionarle un perjuicio de insuficiente o tardía reparación ulterior. 426. la presentación recursiva ha dado acabado cumplimiento al requisito de fundamentación autónoma.N. expte. exigencias previstas por los arts.M. RHE “Recurso de hecho deducido por R. da cuenta de las disposiciones que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y la solución que se pretende con argumentos jurídicos razonados y serios.S. dado que debatido en autos el alcance de la garantía de proscripción de doble juzgamiento -ne bis in ídem-.El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: a) interpuesto.. el 14 de febrero de 2012. posponer el examen del agravio planteado al momento de recaer decisión final en el proceso. desde mi punto de vista. “ya que para ese entonces el riesgo a ser enjuiciado nuevamente se habrá concretado” (confr. Y ello es así. En debe relación a la que admisibilidad el del recurso procesal recordarse ordenamiento establece una limitación objetiva para su procedencia en el art. Argibay).R. esto es.
fs.a de la primera ponencia). como condición sine qua non para hacer caer la conclusión anormal del proceso decidida en esas actuaciones. Respecto a la primera de las críticas apuntadas. que la decisión recaída en 39 la causa Nro. (vid. Recuérdese que éstos giraron en derredor de tres ejes. por el […]” fiscal (ver Cámara -por vía Stornelli (cfr. del certificación 1795)- último párrafo considerando III. por último. en relación a lo cual ciertamente el a quo. no concurrían los extremos de hecho que habilitaban la aplicación de la doctrina de la “cosa juzgada írrita”. 3510/97 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. En orden a ello. En primer lugar. no tenían competencia para revisar una decisión remisoria que se hallaba firme. y. en la causa Nro. dichos magistrados no podían invocar la letra del art. Juan José s/ recurso de casación“ b) Me encuentro entonces. 3. esto es. en que los magistrados del tribunal colegiado de la instancia anterior que conformaron la mayoría.150/97 se . Y ello es así. abogado apoderado del querellante J. que en la causa Nro. dicho tópico “[…] se hallaba a conocimiento de la de la queja deducida de fs. en condiciones de abordar los planteamientos impetrados por la defensa técnica.150/97. dado que en el marco de estas actuaciones se formó incidente de nulidad por “cosa juzgada fraudulenta” -ver legajo acollaradopor presentación del doctor José Manuel UBEIRA. 3. 4. poseían jurisdicción al efecto. En segundo término se pretende que a los efectos de declarar nula una decisión que había adquirido firmeza.R. y este Tribunal poseen jurisdicción. Pero además es en este expediente en el que corresponde relevar la pretendida virtualidad exculpatoria de aquel procedimiento.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano.J. también. 1/42 de la aludida vía incidental). corresponde contaban con resaltar la que los para jueces del tribunal el a quo facultad examinar sobreseimiento dictado en favor del enjuiciado Juan José GALEANO. y. 168 del código de rito.
de si construcciones se pretende gramaticales proceder con constituye ajuste a lo una que reclaman los baremos constitucionales pertinentes. Las condiciones. serán los principios constitucionales los que estipulen el sentido de interpretación debido a las reglas adjetivas. la misma está sometida a la verificación sustantiva sobre el cumplimiento 40 regular y legal del . considero -a contramano de lo expresado por el recurrenteque la decisión remisoria bien podía ser declarada nula en los términos del artículo 168 del código de rito. que es justamente aquello sobre lo que estamos convocados a decidir. no de la misma. como finalmente se lo hizo. ni cualquier conjunto sentencia. Roxin. desatinada cualquier acumulación de actos procesales es un proceso. En concreto. Ello así. En esta línea de entendimiento. pág. toda vez que. 10). procesal Derecho Derecho cosa Constitucional reglamentado (Cfr. los principios basales de toda norma adjetiva penal. habrá de resultar siempre reconducible o derivación de un principio Constitucional. Procesal Penal. y a las condiciones de calidad En buen romance.encontrare firme no empece la consideración de la trascendencia de esa misma resolución a efectos del análisis de su influencia para la imputación de los implicados en el presente proceso. Ello es así. toda vez que la limitación de revisabilidad que por mandato de seguridad jurídica se atribuye a toda resolución que adquiera calidad de cosa juzgada. habrá de tener primigenia génesis en la Constitución Nacional. y está condicionado al análisis sustantivo del procedimiento por el que se llegó a esa resolución. En orden al segundo de los agravios mencionados. toda vez que la cosa juzgada supone una limitación a la posibilidad de persecución estatal. forma y límites en que el Estado está autorizado y obligado a conducirse en el procedimiento de persecución penal -ello regulan los códigos procesales-. otra el Derecho que Claus. Desde conforma en este gran punto medida de no vista. no es definitivo.
social a desproveen las de fundamentos resoluciones jurisdiccionales. Juan José s/ recurso de casación“ procedimiento por el que se arriba a esa resolución. 1995. y que ciertamente constituyen en todos los casos. la definitiva derrota de aquellas teorías que en exclusiva atención a la problemática causal. deberá tenerse presente que. con y la que la tampoco positiva un de un satisfactorio de cumplimiento diseñar estatal que seguridad. la expresión de que la venganza y privada ello constituye una un modelo socialmente contribución legítimo. pág. Ciertamente tampoco habrá de quedar fuera de consideración en orden a la legitimidad sustantiva la teoría del delito sobre la que la resolución aparezca estructurada. que tan repetidamente empiezan a verificarse en nuestro país. y le quitan con ello su sentido jurídico. pero además. y cuando esa función no se cumple. mediante la aplicación efectiva de la pena (Cfr. la función del derecho penal es la señalización de las conductas que resultan socialmente inaceptables. debiendo reconocerse desde esos prismas de atención. le otorga legitimidad. con inaceptable jurisdiccional a la anomia social. así como a la verificación de que esa resolución cumple con las reglas que con remisión a los baremos de la ley fundamental. Madrid. Especialmente también. por 41 ejecutar garantía penal tenga finalidad . 13). Derecho Penal. Jakobs. así como a las reglas procesales de interpretación. y justamente por ello. o a la vertebración de responsabilidad desde cuestiones de puramente valoración subjetivas. y consecuencia de mucha mayor trascendencia. Günther. la sociedad reacciona reasumiendo la definición de lo inaceptable con manifestaciones de venganza privada. además de la hobbesiana vuelta al estado natural pre-jurídico -y con ello la derrota del derechoincontrolables cercenamientos de bienes de mucha mayor valía que la exclusiva restricción de la libertad ambulatoria configurada por la pena.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. Es conformará obligación sistema de mi interés poner de resalto.
Isensee. 1983. comprensiva que los le del al mandato Estado de no persecución. olvidando la estructural función del mismo de aseguramiento de evitación de agresiones de los ciudadanos entre sí. Josef. defensa protección jurídica en caso de conflicto. y condenar impone juzgar ilícitos. impidiendo su reedición mediante la cosa juzgada por una parte. ciudadana de la de correlato proceder indispensable pacíficamente. si los integrantes de esa organización proceden con estructuras teóricas de imputación y procesales que hayan sido construidas en el decimonónico exclusivo sentido de limitación del Estado. y que en nuestro derecho deviene con claridad del mandato constitucional al estado de afianzar la justicia expresamente establecido en el preámbulo de la magna carta. Ello compete al poder administrador y al poder judicial” (Cfr. sino recién mediante la ejecución eficaz de las mismas. pág. Como en toda cuestión constitucional. Se trata del derecho a obtener del Estado una protección razonable contra las agresiones de los demás ciudadanos. pero además implícito en el espíritu de toda su normativa.evitación infracción- -y de de neutralización conductas que con pena frente a la resulten socialmente inaceptables. “[…] para las y la efectiva positivas de seguridad la debe de garantizar peligros. Walter de Gruyter. Berlin. que que los ha ciudadanos poseen el derecho a de la la sido fundamentación histórica legitimación de los estados contemporáneos. New York. El Estado y de de la la obligación proscripción proporcionar condiciones venganza privada. 21). diseñando y ejecutando un procedimiento constitucionalmente legítimo. Es seguridad. y la obligación de Seguridad Constitucionalmente legalidad solamente de la estipulada. Comprensiva de esa positiva obligación de seguridad. Das Grunrecht auf Sicherheit. es la 42 . El estado no cumple con su tarea de seguridad solamente mediante la promulgación de leyes. sino también proceder al efecto. se encuentran en pugna el derecho que como garantía personal agota la posibilidad de persecución.
y de su legal funcionamiento. el Estado ha resultado desde hace demasiado tiempo. Entonces. presentadas sólo como ejemplos.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. que se expresa en la imposición al mismo de la estipulación de una organización jurisdiccional eficiente. teniendo en cuenta para ello en primer lugar 43 . Sobre lo primero. la de se presenta sobre de clarificador Homicidios prólogo del Investigación la Corte Dolosos 2011 Suprema Justicia de la Nación. los extremos de la cuestión a dirimir están conformados de una parte por la proscripción del doble juzgamiento. de las exigencias sustantivas y adjetivas del procedimiento por el que se arribó a esa resolución. corresponde ahora establecer los criterios sobre los que habrá de estipularse la resolución. exigencias que encuentran su fundamento en la obligación de seguridad del estado. Raúl Zaffaroni. y así ubicada la temática. Así. es pertinente revisar las recomendaciones dirigidas al Estado Argentino en el informe final del Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) aprobado en la sesión plenaria del 21 de Marzo de 2013. y por la otra. y en relación al incumplimiento de la obligación estatal de relevamiento por la Subsecretaría el de Política mismo año de Criminal. y obviamente. nuevamente en la tensión de los intereses a conciliar. incumplidor. del legal funcionamiento del mismo. hasta la imposición establecida a la Subsecretaría de Política Criminal de realizar el constante relevamiento de criminalidad en todos los órdenes. elaborado por E. y la proyección y ejecución eficiente -en orden a esa informaciónde políticas criminales. En ambas hipótesis. Esa obligación estatal se extiende desde la obligación de proveer de manera inmediata y urgente de Jueces elegidos mediante el procedimiento constitucional. Juan José s/ recurso de casación“ obligación del estado de organizar y administrar un sistema penal eficiente. frente a una vacante.
la norma adjetiva pertinente para establecer que algún acto procesal implica “[…] violación de las normas constitucionales“.N. Sentado lo anterior. Si bien es cierto que lo expuesto ut supra. 168.).N. porque con lo hasta aquí desarrollado. recurso al esto es. 168 del C. de el que al ofrecerse con como vehículo en de la subsanación defectos procesales fundamento Constitución Nacional. Si efectivamente se trata.P. pág. es justamente el art.P. se impone abordar el tercer y último cuestionamiento esgrimido por el defensor de confianza del encartado Juan José GALEANO. Ed. 168 C. excluir los absolutos: “Una prohibición estricta de modificar las sentencias que rigiera sin excepciones le serviría tan poco al aseguramiento de la paz jurídica como la realización sin barreras del Derecho penal. 3510/97 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. resulta el aplicable para considerar la nulidad impetrada. también lo es que lo desarrollado hasta aquí no alcanza para justificar la solución vaticinada. que consagra la facultad jurisdiccional de desautorizar de manera definitiva un acto o resolución jurisdiccional.P. si la del cuestión resolverse art. Del Puerto. de algún modo permite predecir la respuesta que habré de ofrecer. 2000. deberíamos estar en condiciones de ofrecer una respuesta razonable.“ (Cfr. de una cuestión constitucional. Roxin. En definitiva se trata de someter el procedimiento 44 . 4 no se encontraban satisfechos los extremos fácticos que permitirían renunciar al principio de la cosa juzgada.P. podemos volver al segundo podía interrogante con planteado. Claus. Con ello queda claro que. centrado -rememórese.que corresponde. con fundamento en la doctrina que deslegitima la misma por su matriz fraudulenta. o garantía establecido en la ley fundamental..en que en la causa Nro. como hemos demostrado. Pero antes de proceder al juicio concreto. Derecho Procesal Penal. es justamente el referido art. 441. con fundamento en la lesión a algún principio. como siempre en el ámbito del derecho..
la en selección momento notificación atención a la licencia que a la sazón había requerido el fiscal de la causa Dr. que en virtud de su justeza. que concluyó por con el de sobreseimiento enjuiciado GALEANO inexistencia delito. cabe resaltar el planteo de competencia entre los juzgados Nº 4 y Nº 12. La respuesta afirmativa al interrogante presentado se impone contundente. Las graves irregularidades procesales y sustantivas que invalidan aquél procedimiento y resolución. en consideración a los tiempos procesales desarrollados en orden a la resolución del de sobreseimiento. con la evidente intención de permanecer a cargo de la causa. consisten en el diletante proceder del instructor en relación a los planteos de competencia entre los juzgados Nº 4 y Nº 12. recurro en relación a la reconstrucción de los hechos de la causa. Con el objeto de fundamentar mi aserto.510/97-. para en orden a ello. de así como de la también.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. en la fraudulentamente tímida presentación de la inhibición por amistad manifiesta con la parte. concurrieron irregularidades de magnitud tal. como para invalidar aquél precedente como obstructivo a la revisión de los hechos en éstos autos. parcialmente reproduzco. y muy especialmente. Juan José s/ recurso de casación“ y la resolución que se pretende obstructora de la reedición de imputación de aquellos hechos en éstos autos -la recaída en la causa 3. en la omisión de ordenar y producir prueba dirimente. Stornelli. al tamiz de legalidad sustantiva y formal. corresponde analizar si durante el trámite de la del causa 3150/97. ratificar o rectificar la resolución en crisis. al preciso desarrollo de la sentencia de instancia. formulado sin tomar los mínimos 45 . así como en la defectuosa valoración de la prueba efectivamente producida. misma. pertinentemente solicitada por la Fiscalía. Dice sobre ello la sentencia de instancia: “En primer lugar. Así las cosas.
2º y 42. 11º.) para. En segundo lugar.P. Casi ocioso resulta recordar que en la causa Nº 3150. En efecto. faltaron importantes diligencias requeridas por la Fiscalía. 2º. invocando la causal de íntima amistad (art.P. C. inc.P. se excusó de entender en una denuncia contra Galeano. inc.N. C. entre ellas el ‘borrador’ 46 mencionado en el . por el contrario. 41. Sin embargo. otra cuestión que no puede dejar de ser tratada es la forma manifiestamente despareja de proceder [del mencionado magistrado] al momento de plantear su inhibición en el sumario de marras y en otro de su mismo tribunal. También es curioso que en esa oportunidad tampoco intentara de manera vehemente desvincularse del proceso originario. Pero sorteada tras la ausencia formulado de el requerimiento instrucción.P.recaudos legales. planteos En estas dos situaciones. reiterados luego de su saneamiento. inc. mejorando los pobres argumentos apuntados en su excusación sino. su excusación fue rechazada por dicho defecto formal. en el primero se parecía una fórmula genérica para apartarse. llama poderosamente la atención que en otro expediente prácticamente contemporáneo a este acto (causa 11. lo que implica una contramarcha en su decisión inicial. pero sin especificar ni siquiera con cuál (GALEANO o DE GAMAS). una vez más retuvo bajo su órbita la investigación. no se advierten notoriamente imperfectos.) oportunidad en la que hizo un pormenorizado detalle de qué vínculos los unían con él.N. haberlo fiscal Stornelli.066/98). siendo rechazado por dichos defectos formales (por no haber corrido vista al Ministerio Público Fiscal ni fundado los motivos que hacen a la conexidad de sendos procesos de […]. en su caso. En lo que respecta a la prueba producida en ese sumario. dirimir la competencia por contienda negativa ante el superior. 55. reconociendo ‘amistad manifiesta con la parte’. lo que constituye un claro vicio sustancial. el juez Cavallo no volvió a disponer la incompetencia por conexidad objetiva entre ambas investigaciones (arts.
hoy procesados por este suceso. sino como producción de prueba fraudulenta. resulta sugestivo que dos meses más tarde de haberse y originado el legajo ante en el cuestión. Stinfale y Beraja. podía inferirse la mendacidad de las referidas en primer término. Otro elemento que el tribunal advierte no sólo como llamativo. fueron tomados en cuenta para dictar la resolución desincriminante sin analizar si ellos reflejaron la realidad de lo acontecido cuando. no caben dudas de que la 47 . es la formación del ‘Legajo de Recompensa’ en el Juzgado Nº 9 por pedido del defensor de Telleldín el 6 de junio de 1997. juez los nombrados Telleldín declararon Cavallo. 73. a tenor de lo normado en los arts. Es más. configurándose un notorio vicio formal. en función del decreto PEN 2023/94. negando la existencia del pago […]”.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. en casos de mayor envergadura. del Juzgado Federal Nº 12 en la cual Beraja y Stinfale declararon sobre este asunto […]. de de la lectura de y las el distintas cambio de declaraciones indagatorias Telleldín. La incidencia se planteó a dos meses de iniciadas las causas 3150/97 y la 2912/97. las declaraciones del personal de la Secretaría Nº 17 de la dependencia a cargo de GALEANO. el pedido de informes de cuentas bancarias a todas las entidades pues sólo se cursó a la sucursal Cabildo del Lloyds Bank (cuando en la más sencilla de las investigaciones ello se pide a la casa matriz y. al propio Banco Central de la República Argentina -como aquí lo ameritaba-). ni siquiera se notificó a los imputados de la existencia de la causa seguida en su contra ni de los elementos de prueba reunidos en ella (aun cuando. Vistas así las cosas. habían sido aportados por los propios acusados). 279 y concordantes del código adjetivo. Juan José s/ recurso de casación“ criticado video. algunos. versión efectuado el 5 de julio de 1996. Se advierte así la omisión de prueba pertinente y la producción de la insustancial. Se debe destacar que los testimonios prestados por Telleldín.
no particularidades culminan se con la que reseña rodearon efectuada. Carlos Stornelli. como era de público y notorio. Lo llamativo de este cambio de rumbo es que desde el 15 hasta el 23 de septiembre. además. la influencia y capacidad de incidencia sobre la actuación de los integrantes del fuero federal en aquellos años que tenía la nombrada y su ubicación como nexo con el poder político de turno. Así. A lo dicho. pero que frente a los antecedentes del caso debió haber obrado de otra forma. es dable afirmar que la resolución se fundó en testimonios cuya objetividad resultaba insostenible pues era evidente que estaban involucrados e interesados en la suerte del caso en condición de parte (los testigos. 16 de ese mes resolución funcionaria designada por sólo una semana y quien parecía estar ajena a los pormenores del proceso en el que consintió el desvinculamiento de los encausados.incidencia se formó para justificar aquel pago espurio y servir de prueba en este proceso […]. el titular de la Fiscalía Nº 4. debemos sumar la intervención de la entonces camarista Riva Aramayo. imputados por el mismo hecho). Las expediente. reiteramos. […] y. 48 . gozó de una licencia por cuestiones académicas y culturales. se dictó de modo tal de obviar la intervención del agente fiscal que había dado sobradas muestras de su intención de proseguir el caso. Esta circunstancia no puede pasarse por alto. puesto que en el precitado Ministerio notificar expediente Público la intervenía un representante lográndose y año) a del así una proactivo (el (Stornelli). quien también sería parte de este expediente por haber operado a efectos de torcer la voluntad del imputado Telleldín en el sentido buscado. en la actualidad. a ya este que sorpresivamente dejan sin efecto declaraciones testimoniales ordenadas (las de los ex fiscales) y se pasa a estudio los autos para resolver para nueve días después (12/09/97) dictar el sobreseimiento en crisis. se encuentran. quedando como subrogante la fiscal Scandura. Corresponde resaltar […]. conforme fuera destacado por la querella.
ya que en ella solicitó que se le corriera vista por la eventual ‘nulidad por cosa juzgada írrita’. en cuanto a la voluntad de intervenir del fiscal Stornelli su presentación glosada a fs. Las cuestiones desarrolladas más arriba. 49 . seguida -entre otros. c) Además.”. es improcedente. En mérito de ello. precisamente. que la revisión de las infracciones a las mismas se realice de manera no fraudulenta. la revisión de la conducta de quienes habiendo juzgado sobre los mismos hechos con posterioridad y sucesivamente. es arreglada a derecho. llegaran también a la conclusión exculpatoria. con fundamento en la denominada “cosa juzgada aparente o fraudulenta”. va de suyo que el planteamiento defensista de excepción de falta de acción por cosa juzgada. ante la eventualidad de que la maniobra urdida saliera a la luz […]. en la medida en que he arribado a la conclusión de que la anulación del sobreseimiento dictado en la causa Nro. la confirma. entiendo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan José GALEANO y declarar improcedente la excepción de falta de acción por cosa juzgada. resulta consecuencia obligada de la verificación del gravemente fraudulento proceder del imputado Dr. quien reconoció también que el agente fiscal que debía intervenir era el primero […]. el fiscal Patricio Evers.al acusado Juan José GALEANO. y de la ratificación de la anulación de la resolución que lo relevara de responsabilidad. Conforma una centralísima garantía del mantenimiento de las normas jurídico-penales. 3150/97. sino que la no se persiguió de la ellos para averiguación para ser de la un apariencia obtener pronunciamiento desincriminatorio esgrimido. Galeano en la causa. Juan José s/ recurso de casación“ Es más. 237 de la causa Nº 3150/97. De seguido. demuestran objetivamente verdad. más allá de lo que había dictaminado su colega.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano.
ende. 470 -a contrario (arts. y alejadas de razones económicas. corresponde: I.P. El irregular o fraudulento proceder al respecto se encuentra tanto proscripto por las normas que reglamentan el proceso penal. la de Gabriel los Cavallo y Daniel Rafecas.P. una vez que un injusto se ha cometido. Martín CLEMENTE. III. II. d) En mérito de ello. Por ello. y que las decisiones de imputación que esas reconstrucciones acarrean se encuentren exclusivamente motivadas por las valoraciones pertinentes.N. TENER PRESENTE la reserva del caso federal. a fin de que desinsacule el juzgado que deberá intervenir en la posible comisión de un delito de acción pública en los términos señalados en el apartado c) de este voto. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs.Esto es.). ídem). DECLARAR IMPROCEDENTE la excepción de falta de acción por cosa juzgada planteada por el mencionado defensor.en orden a su responsabilidad sobre la reconstrucción de los hechos. que el recto proceder jurisdiccional. el Tribunal. RESUELVE: 50 . que así como estar también demás funcionarios pudieran involucrados. No se puede pretender un Estado que garantice en todas las hipótesis de manera efectiva los bienes jurídicos. y IV. importante jurisdicción -penal. En mérito al resultado de la votación. si se pretende por conformar es tan un Estado de la libertades. EXTRAER testimonios de las partes pertinentes para ser remitidos a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad. corresponde extraer testimonio de las presentes actuaciones a fin de que se investigue la conducta de los Dres. 1440/1456 por el Dr. función de y la justamente ello. con costas por en la instancia debiendo. como por el Capítulo X del Código Penal (entre otros delitos). o del poder . abogado defensor de Juan José GALEANO (art. sensu530 y del 531 C. continuarse con la sustanciación del proceso según su estado. no hay ninguna otra garantía de la reprobación del mismo.
51 . Juan José s/ recurso de casación“ Por unanimidad RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el Dr. Regístrese. de la cúmplase con a la la de de comuníquese Corte la Comunicación la Nación Pública a través Suprema de Secretaría Jurisprudencia de esta Cámara (Acordada 15/13) y remítanse las actuaciones a su origen. 456.Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 8987 –Sala II– “Galeano. del CPPN). Ante mí: María Jimena Monsalve –Secretaria de Fuente de la información: CIJ (Centro de Información Judicial). 1825/1826. 530 y cc. FDO. Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani. 470 y 471 a contrario sensu del CPPN). Martín Clemente. Angela Ester Ledesma. sin costas –por mayoría. notificación Dirección Justicia de de ordenada hágase a fs.(arts. debiendo continuar la causa según su estado. abogado defensor de Juan José Galeano (arts. saber. sirviendo la presente de muy atenta nota de envío. Cámara-.
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