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Timestamp: 2018-05-25 21:10:42
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1. germán lozano villegas ** Control político y responsabilidad política en Colombia*SumarioIntroducción. i. Instrumentos de control político y responsabilidad política.A. El control político y la moción de censura. B. El juicio político y la res-ponsabilidad política del PresidenteResumenSe puede afirmar que el juicio político no constituye una forma de controlpolítico en sentido estricto ya que este último persigue una responsabilidadde gobierno por sus actuaciones en términos de conveniencia y oportunidadpolítica y no situaciones individualmente consideradas que involucran unasanción por la ruptura o desconocimiento del orden constitucional, como sílo supone la destitución en el juicio político. Se trata, en consecuencia, deuna distinción entre la responsabilidad exclusivamente personal en el juiciopolítico frente a la responsabilidad de la actuación de gobierno bien seaindividual o colectiva en el control político.Palabras claveControl político, responsabilidad política, moción de censura.AbstractThere is a distinction between impeachment and political control. While thelatter pursues the accountability of government for their actions, in terms of *	Fecha de recepción: 26 de febrero de 2009. Fecha de aceptación: 23 de abril de 2009. **	Docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia. Doctorando en derechode la Universidad Externado de Colombia. Especialista en derecho administrativo de la Univer-sidad Externado de Colombia. Revista Derecho del Estado n.º 22, junio de 2009
2. 232 Revista Derecho del Estadoconvenience and political expediency, the former is intend to evaluate officers’individual situations when either a breakdown or failure of the constitutionalorder occurs. It is therefore a distinction between personal responsibilitysolely on the impeachment, against liability for the actions of government,either individually or collectively, in the political control.Key wordsPolitical control, political accountability, censure motionIntroducciónContemporáneamente, en las democracias occidentales los esquemas tradi-cionales de gobierno presidencial y parlamentario han sufrido ciertas trans-formaciones en su diseño y engranaje, lo cual ha significado la creación denuevos matices y variantes en cada de uno ellos: Latinoamérica y Europason muestra de ello, lo cual impide hablar de modelos únicos y unívocos 1.Dichas mutaciones no han sido más que producto de la depuración que haofrecido el desarrollo de las instituciones a razón de su funcionalidad ycrítica permanente. Sin entrar en detalles, es importante destacar que dentro de las principalescríticas que ha afrontado el sistema presidencial se encuentra el hecho de quedebido a su estricta separación de poderes es mucho más difícil hacer frente auna situación de crisis política, ya que tanto el Presidente como el Congresotienen periodos fijos no sujetos a revocación, lo cual impide la renovaciónde uno u otro; así mismo, la marcada distancia e independencia entre losórganos políticos mencionados puede generar una difícil comprensión yarticulación en sus relaciones políticas, a tal punto que se puede hablar de lahipotética existencia de un punto muerto; última afirmación que se reforzaríadependiendo de la flexibilidad o disciplina de los partidos políticos. La primera de las críticas mencionadas superó las dimensiones teórico-académicas para convertirse en Estados Unidos en los años ochenta en unafallida propuesta de reforma del gobierno del presidente Carter, en dondese pretendía que por una sola vez dentro del periodo del Presidente y elCongreso, el primero pudiera disolver al segundo y este último convocara elecciones de un nuevo presidente, a semejanza de lo que ocurre en elesquema parlamentario2. 1.	Se exceptúa de esta afirmación el caso concreto de los Estados Unidos, que actualmenteconserva de manera casi idéntica su esquema original. 2.	Cutler Lloyd N. “To form a government”, en Foreing Affaris, 59, n.º 1, otoño de 1980,
3. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 233 Pese a que el sistema estadounidense se encuentra sin grandes modificacio-nes desde su configuración inicial en la Constitución de Filadelfia, se puedeafirmar que es un modelo que ha funcionado satisfactoriamente. Esta razónha sido de vital importancia para la adopción en gran parte de América delgobierno presidencial3, con la característica de un marcado exceso de atribu-ciones en el Jefe del Ejecutivo, lo cual ha impedido constituirse en solucióndemocrática constante4, salvo los casos de Costa Rica, México y Colombia,que en las últimas décadas han contado con un decoroso margen de estabilidad.Como acertadamente sostiene Carpizo, “Atribuir inestabilidad o estabilidada una democracia únicamente por el sistema de gobierno sin referirse a otrosfactores, no es correcto porque en América Latina la inestabilidad políticade las democracias responde primordialmente a problemas graves como laprofunda desigualdad social, la pobreza, la falta de educación en numerososgrupos, el retraso económico, la no-integración de grupos éticos, la explosióndemográfica, la falta de cultura cívica, rezagos sociales inmensos y, a veces, ala existencia de partidos políticos débiles”5. En ese aspecto se destaca cómo elautor descalifica –lo cual se comparte– las críticas expuestas contra el sistemapresidencial, principalmente las de Linz6, quien sostiene que el sistema presi-dencial per se es una forma de gobierno peor que la forma parlamentaria. Por otra parte, la principal crítica de la forma parlamentaria radica en laconstante inestabilidad ministerial o del gabinete, la que encuentra, en laTercera y la Cuarta repúblicas francesas y en la República alemana de Wei-mar7 claros ejemplos. La excesiva subordinación del gobierno al parlamentooriginó la constante dimisión de los gabinetes y por lo tanto fue muy difícilla concreción de las tareas propias del gobierno. El fracaso del parlamen-tarismo puro fue la razón principal para robustecer el poder del ejecutivomediante la adopción en Francia del sistema semipresidencial de la QuintaRepública de 1958 y la consagración del voto de censura “constructivo” 8 enla Constitución alemana de 1949, entre otros ejemplos.p. 141, citado por Arend Lijphart. Las democracias contemporáneas, 4.ª ed., Barcelona, Ariel,1999, p. 90. 3.	Un interesante trabajo que da cuenta sobre el debate y oportunidad de la adopción deun sistema presidencial o parlamentario puede verse en Mario Serrafero. “Presidencialismoy parlamentarismo en América Latina: un debate abierto”, en Revista Mexicana de Sociología,México, año lx, n.º 2, abril-junio de 1998, pp. 165-186. 4.	Giovanni Sartori. Ingeniería constitucional comparada, p. 107-115. 5.	Jorge Carpizo. “México: ¿sistema presidencial o parlamentario?”, en Diego Valadés yJosé María Serna (coords.). El gobierno en América Latina ¿Presidencialismo o Parlamenta-rismo?, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 26. 6.	Una completa exposición del autor sobre el sistema presidencial puede encontrarse enJuan J. Linz. “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿qué diferencia implica?”, en JuanJ. Linz y Arturo Valenzuela. Las crisis del presidencialismo, Madrid, Alianza Universidad,1997. 7.	Sobre sus especificidades puede consultarse en Carl Schmitt. Teoría de la Constitución,Madrid, Alianza, 1992, p. 326. 8.	La cualidad de este voto de confianza significa que el primer canciller no puede ser
4. 234 Revista Derecho del Estado En esta misma línea también puede destacarse el particular sistema deasamblea en Suiza, en donde si bien el Consejo Federal (jefe de gobierno)debe su nominación al legislativo, su período es fijo de cuatro años e inmuneal voto de censura, lo cual le genera cierta independencia y estabilidad frenteal parlamento. Las anteriores razones, entre muchas otras, han contribuido al perfeccio-namiento progresivo del sistema parlamentario, que contemporáneamentepuede comprenderse desde el punto de vista teórico en dos principalesmanifestaciones: 1. con la prevalencia del ejecutivo y 2. con control de lospartidos9. La adopción de uno u otro esquema ha permitido, en términosgenerales, que la forma parlamentaria de gobierno se encuentre vigente enaproximadamente veinte regímenes democráticos contemporáneos 10. La constante transformación de cada uno de los esquemas de gobiernoplanteados encuentra un asidero común: buscar el equilibrio en la balanza delos poderes del Estado; dicho en otros términos, la idea radica en que ningunode los órganos del Estado sea absorbido o desdibujado completamente porel otro, por el contrario, que se encuentren las condiciones para que desdesu propia alternativa, bien sea presidencial o parlamentaria, la balanza no seincline bruscamente en uno u otro sentido. Desde el anterior punto de vista, por tratarse de dos sistemas de gobiernoen alguna medida contrarios, mas no contradictorios, según la inclinaciónde poderes en la balanza (hacia el Presidente o el Parlamento), y que simul-táneamente su desarrollo, como se anotó, los aproxime a un punto central(equilibrio), ello no significa que pierdan su autenticidad y menos aún queimpida diferenciarlos y conceptualizarlos teóricamente: 1. En el sistemaparlamentario, el gobierno se encuentra bajo una situación de mayor depen-dencia política ya que el parlamento tiene la facultad de elegirlo, destituirloy de otorgarle su confianza para permanecer en el poder, lo que en términosteóricos constituye el ejemplo más cristalino de responsabilidad política,sin que ello niegue que pueda existir sistema parlamentario con predominiodel ejecutivo donde la relación entre ambos órganos es más laxa. Y 2. en elcaso del sistema presidencial se predican unas relaciones de mayor coordi-nación y menos dependencia, como quiera que el ejecutivo y el legislativoson independientes entre sí en razón de su igual investidura democrática;sin que ello obste para que en algunos casos el congreso o parlamento puedadestituido hasta que el parlamento haya designado su sucesor. 9.	Sartori. Ob. cit., p. 116, nota 4. 10.	Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Israel,Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia sonpaíses sobre los cuales puede afirmarse que conservan las principales características de la for-ma parlamentaria de gobierno. Liphart. Ob. cit., p. 83, nota 2; en los casos de Austria, Islandiae Irlanda se sostiene igualmente esta afirmación aun cuando sus presidentes son electos porvotación popular, debido a su constante debilidad frente al parlamento y por ello se trate de unpresidencialismo de fachada. Sartori. Ob. cit., p. 97, nota 4.
5. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 235tener cierta preponderancia sobre el ejecutivo, principalmente, a razón delsistema de mayorías parlamentarias en el congreso, o la creación de herra-mientas de control político con efectivas sanciones; o en sentido contrariocuando el Jefe del Ejecutivo cuenta con aplastantes mayoría en el órganodemocrático. En síntesis, debido a la multiplicidad de variantes que puede admitir cadaorganización política en particular, es indispensable precisar su génesis, conel objeto de comprender su naturaleza y funcionalidad sin olvidar la siguientepremisa básica: en los sistemas parlamentarios el gobierno –mas no el Jefe deEstado– es investido por el parlamento y políticamente responsable ante éste;mientras en la forma presidencial la elección del Jefe de Estado y gobiernose realiza mediante voto popular (directo e indirecto) y su permanencia enel poder no pende de la confianza del parlamento, sin perjuicio de que porespeciales y excepcionales circunstancias pueda llevarse a un juicio de res-ponsabilidad política que conduzca a su destitución. Ahora bien: desde el punto de vista del control político e independiente-mente de los mecanismos específicos de control para cada forma de gobier-no, existe un aspecto sobre el cual, según la opinión de algunos 11, se puedeverificar una coincidencia entre ambas formas de gobierno. Nos estamosrefiriendo a la actividad de crítica sobre la actuación del gobierno que ejercenlos partidos políticos dentro del Parlamento, bien sea de manera organizadao no, lo que conlleva una contradicción de voluntades y en consecuencia setornan en nuevos parámetros de control 12, razón por la cual las tradicionalesdiferencias entre una y otra forma de gobierno parecen atenuarse más queconsolidarse. Por lo anterior, no sorprende que en la forma de gobierno presidencialadoptada por la propia Constitución colombiana de 1991 se consagre la mociónde censura –instrumento típicamente parlamentario– como una herramienta decontrol político del Congreso de la República sobre la actividad del gobierno,particularmente sobre los ministros del despacho y otros funcionarios de altonivel nacional y territorial, como se analizará adelante.I. Instrumentos de control político y responsabilidad políticaTeóricamente, como se mencionó, la principal característica del sistema presi-dencial es que el Jefe del Ejecutivo, dada su investidura popular democrática, 11.	Francisco Rubio Llorente. La forma del poder, Madrid, Centro de Estudios Constitu-cionales, 1993, p. 255. 12.	“Esta aproximación en la naturaleza real del control parlamentario efectivamente existeen los dos grandes tipos de democracia parlamentaria explica la fácil recepción por los regíme-nes europeos de instituciones y procedimientos surgidos en los sistemas presidencialistas [...]”(ídem).
6. 236 Revista Derecho del Estadono pende de la confianza del Parlamento y por lo tanto en primera instancia esirresponsable políticamente frente a éste; sin embargo, en el sistema consti-tucional colombiano esta aseveración debe analizarse con mayor detalle puesello llevaría a desconocer la moción de censura prevista en la Constituciónde 1991 como instrumento que otorgó al Congreso de la República mayoresherramientas para el ejercicio de control político frente al gobierno 13, y porotra parte, valga afirmar que el Presidente de la República, aparte de serposeedor de un valioso número de prerrogativas estatales, no está exento decontrol ni responsabilidad: sobra decir que el Estado constitucional descansasobre la idea del control y la limitación del poder en todos sus niveles 14.A. El control político y la moción de censuraLas formas control político a la luz del ordenamiento constitucional colom-biano pueden clasificarse en las tres siguientes: 1. el control parlamentario15;2. el control del ejecutivo sobre el legislativo16 y 3. el control del electo-rado sobre los elegidos17. Sin embargo, para efectos del presente trabajo,únicamente se hará referencia a la moción de censura, como instrumentode control parlamentario, toda vez que en nuestro criterio es la única quepuede suponer una verdadera forma de responsabilidad política en razón desus efectos, como se verá. 13.	Sin lugar a dudas, el control parlamentario es el ejemplo más e importante y represen-tativo de los controles de tipo político como quiera que, bien sea en los sistemas parlamentarioso presidenciales, los órganos de carácter ejecutivo han concentrado paulatinamente mayor pre-dominio en la actividad estatal, no solo en términos de dirección política del Estado, sino en lacomposición y organización de la burocracia estatal. Por esta razón es de innegable importanciala consagración de herramientas efectivas de control que garanticen el equilibrio de poderesconstitucionales; por demás, punto inherente al Estado constitucional actual. 14.	Manuel Aragón Reyes. Constitución y control del poder: introducción a una teoríaconstitucional del control, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 36. 15.	El control parlamentario, como su nombre lo indica, encierra aquellos mecanismos decontrol que tiene a su cargo el Congreso (parlamento) con el objeto de realizar una función devigilancia o contrapeso frente al Gobierno, dentro de las cuales se destacan: 1. la moción decensura; 2. el informe presidencial 3. citaciones a funcionarios del Estado y particulares 4. lascomisiones de investigación; 5. la aprobación de tratados internacionales. 6. la ratificación denombramientos; 7. las facultades extraordinarias; 8. la aprobación del presupuesto; 9. la ratifi-cación de decisiones presidenciales; 10. los estados de excepción. 16.	En este caso, y a diferencia del control parlamentario, existen menos instrumentos decontrapeso si se tiene en cuenta que la función original del Congreso es la producción normativade leyes o normas generales, que encuentra en el control jurisdiccional de constitucionalidad suprincipal y paradigmática forma de limitación. 17.	En este tema se pueden establecer otras formas de control político de los ciudadanos sobrelos gobernantes y los órganos del poder político, principalmente bajo la visión de dos perspec-tivas: primero, mediante el libre y secreto derecho al voto en la conformación de institucionesde carácter democrático; y segundo, mediante instrumentos de democracia participativa comoson: la revocatoria del mandato, el plebiscito y la consulta popular, entre otros.
7. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 237 Este instrumento de control político tiene origen en los sistemas parla-mentarios de gobierno y consiste en la facultad que tiene el Parlamento deprovocar la dimisión o separar al Gobierno de sus funciones en virtud de unacensura, esto es, cuando se presenta una gran divergencia de tipo político entreel gobierno y el parlamento por el tratamiento o conducción de la políticanacional en algún campo y este último a su vez la considera lejana de la po-sición del órgano democrático sustrayéndole en consecuencia la investiduraal gobierno. Así mismo, el parlamento es el que conforma al Gobierno y le dala confianza suficiente para mantenerse en el poder, situación que se conocecomo el voto de investidura y la cuestión de confianza respectivamente. Lajustificación de este importante cúmulo de facultades en el parlamento radicaen que el Gobierno es políticamente responsable ante el parlamento y de ahíque exista una difusa diferenciación entre ambos órganos políticos y unaconsiderable dependencia del Gobierno frente al parlamento. Por otra parte, si tenemos en cuenta que en el sistema presidencial se pre-dica, en principio, la irresponsabilidad política del Presidente de la Repúblicafrente al parlamento en razón de su elección democrática, podemos suponerfácilmente que, a primera vista, la moción de censura no es compatiblecon el esquema presidencial: “La responsabilidad política es una situaciónde dependencia con relación a otro poder estatal, que lleva implícita unafacultad de remoción en manos del último. Un Gobierno parlamentario esformalmente responsable ante el Parlamento porque está situado en relaciónde dependencia respecto de éste, que eventualmente, puede imponerle lasanción de remoción de su puesto”18. Sin embargo, también se ha sostenido la cada vez menos rígida diferenciaentre las formas parlamentaria y presidencial de gobierno debido a que unay otra han adoptado figuras, conceptos y técnicas originalmente correspon-dientes a la otra. Pues bien, en este norte podemos destacar la consagración,en un régimen presidencial como el colombiano, de la denominada mociónde censura consagrada en el artículo 135 numerales 8 y 9 de la ConstituciónPolítica de 1991, modificado por la reforma constitucional introducida me-diante el Acto Legislativo 01 de 2007. En primer lugar debe destacarse que la moción de censura, prevista enlos artículos descritos atrás, es un instrumento de control político que pro-cede frente a la actuación de los ministros del despacho, los directores dedepartamento administrativo y superintendentes y no ante el Presidente dela República. La moción de censura, si bien salva la responsabilidad políticadirecta del Presidente en relación con el Congreso en el sentido de que nopuede ser removido del cargo, cuando se realiza en contra un alto funcionario 18.	Fernando Santaolalla. Derecho parlamentario español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990,p. 241.
8. 238 Revista Derecho del Estadodel gobierno puede tener efectos importantes desde el punto de vista políticoy particularmente sobre el tratamiento y la visión concreta del Presidentesobre alguna de las áreas de gobierno. En ese sentido, se puede concluir quela separación del cargo del funcionario, el debate, e incluso las solicitudesde información pueden hacer las veces de freno e incluso generar correctivospor parte del gobierno en el tema objeto de control. La moción de censura puede plantearse en dos hipótesis: la primera cuandoel ministro, director de departamento administrativo o superintendente –en ade-lante el alto funcionario–debe comparecer a una de las cámaras, previa citacióncorrespondiente con cinco días de antelación, y desatiende el requerimiento sinjustificación o ésta última es rechazada; aquí una décima parte de la cámararespectiva puede proponer la moción de censura. La segunda es de caráctermás político que disciplinario y apunta a controlar, en términos generales, laactividad del alto funcionario en uso de su ejercicio; así el artículo 135 numeral9 CP, modificado por el artículo 2.º del Acto Legislativo 1 de 2007, consagra:(facultades de cada cámara) “Proponer moción de censura respecto de losministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos,por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatencióna los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”. Ahora bien: en cuanto al procedimiento para la moción de censura, debensurtirse los siguientes pasos: 1. La moción debe proponerse como mínimo por la décima parte de losmiembros que integran la cámara respectiva, bien sea por asuntos propiosdel cargo o desatención de las citaciones o requerimientos del Congreso dela República. 2. Se realiza un debate en la cámara respectiva –bien sea Senado de laRepública o Cámara de Representantes. 3. Entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debatese realizará la votación respectiva en audiencia pública con presencia delfuncionario. 4. Se requerirá la aprobación del voto afirmativo de la mitad más uno delos integrantes de la cámara que la haya propuesto. Esta fue una de las másimportantes modificaciones que introdujo el Acto Legislativo 1 de 2007 enel sentido de que la Constitución de 1991 establecía en su formula originalque la decisión de censura debía tomarse por el pleno del Congreso, es decir,por ambas cámaras de manera conjunta. 5. Una vez aprobada la moción, el funcionario quedará separado delcargo. 6. Si la moción no fuese aprobada, no podrá presentarse otra sobre la mismamateria salvo que la motiven hechos nuevos, situación que en nuestra opiniónconstituye una garantía al debido proceso del funcionario en desarrollo delprincipio constitucional nos bis in idem. 7. La renuncia del funcionario no obsta para que sea discutida y aprobadasegún las reglas establecidas. En este punto hizo bien el acto legislativo en
9. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 239recoger la propuesta hecha por nuestra parte en el año 2002 en el sentido quela renuncia no puede frenar la actividad de fiscalización toda vez que segúnla experiencia corroboró en ese momento, antes de la votación final, el minis-tro del despacho (en ese entonces único funcionario que podía ser objeto democión) decidía renunciar y así terminar con la actividad de limitación 19. En pocas oportunidades la jurisprudencia de la Corte Constitucional co-lombiana se ha pronunciado sobre el citado instrumento; así, en el año 1994precisó sobre su naturaleza y finalidad: “Originaria del sistema de Gobiernoparlamentario, el Constituyente de 1991 introdujo la moción de censura enel Estatuto Superior vigente, con el fin de consagrar un mecanismo másefectivo que comprometa la responsabilidad política de los Ministros” 20. Esimportante destacar aquí que con este mecanismo, según la jurisprudenciaconstitucional, se pretende incrementar el control político del Congresosobre la administración en términos de responsabilidad política y no sólo enámbitos disciplinarios, fiscales y administrativos como ocurría antes de laexpedición de la Carta de 1991. En posteriores oportunidades, la Corte Constitucional, sin recabar sobrela naturaleza y alcance de la figura en derecho colombiano, al realizar ladistinción entre la moción de censura y la de observaciones –esta últimapara funcionarios de nivel local– precisó, en la misma línea jurisprudencial,que se trata de una figura de origen constitucional que tiene como objetoestablecer la responsabilidad política del ministro hasta el retiro del cargo; locual se diferencia de la moción de observaciones de naturaleza legal y cuyaconclusión consiste en la emisión de una “moción” dirigida al mandatariolocal sin efecto directo alguno. Pese a lo anterior, la Corte ha dado girosjurisprudenciales en el sentido de si las entidades territoriales, las asambleasdepartamentales y concejos municipales ejercen o no control político 21. Valga 19.	Germán Lozano Villegas. “Algunas propuestas para mejorar el control parlamentarioen Colombia”, en Revista de Derecho del Estado, n.º 13, Bogotá, Universidad Externado deColombia, 2002, p. 115 y ss. 20.	Corte Constitucional. Sentencia C-198 de 1994 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa), 21 deabril de 1994. 21.	Íd. Sentencia C-063 de 2002 (MP: Jaime Córdoba Triviño), 6 de febrero de 2002. Valgaagregar que en esta decisión se declaró inconstitucional una propuesta de moción de censura anivel municipal así como también la posibilidad de revocatoria sobre un acto que fuese de apro-bación del Concejo. En ambos casos, la Corte argumentó lo expresado y declaró ambas hipótesisinconstitucionales haciendo la salvedad de que la moción de observaciones es una especie decontrol político ejercido por las autoridades locales. Sentencia C-405 de 1998 (MP: AlejandroMartínez Caballero): en esta decisión la Corte precisó que la moción de observaciones se tratade una figura compatible con las competencias del concejo municipal y que su fin último esla emisión de un informe sobre la conducta del funcionario que será remitido al alcalde. Pesea que en estas ultimas sentencias se reconoce que las autoridades territoriales ejercen controlpolítico sobre el gobierno y la administración local, éste no ha sido un tema pacífico ya que endecisiones como la T-425 de 1992 (de Ciro Angarita Barón) y la T-405 de 1996 se concluyeque la función de control político solo puede ser ejercida por el Congreso de la República y quese trata de un control administrativo.
10. 240 Revista Derecho del Estadoprecisar que el desarrollo jurisprudencial sobre el control político en términosgenerales ha sido escaso. Pese a la practicidad de la figura, que en el fondo delata una preocupacióndel constituyente por el marcado semblante presidencial de la Constituciónde 1991, la moción de censura no ha sido una institución muy utilizada enla praxis constitucional desde su configuración institucional en 1991, prin-cipalmente por la incapacidad del Congreso en constituirse en un verdaderoórgano fiscalizador del Gobierno, y por otra parte porque en los casos dondepudo haber prosperado la figura, los ministros fueron retirados del cargo porel Presidente antes de la votación definitiva 22; de ahí la importancia de lamodificación introducida por la reforma constitucional en el sentido de ade-lantar el proceso de censura pese al retiro del funcionario tal como se anotóatrás y, por otra parte, en reducir el espacio de decisión del Congreso en plenoa cada una de las cámaras individualmente consideradas, situación que seespera produzca mayores resultados, no tanto en la separación del cargo defuncionarios sino en una verdadera y permanente actividad de fiscalizaciónpolítica, que es en definitiva lo que caracteriza una verdadera democraciaen términos de oposición y pluralismo político. Considero pertinente y acertada la consagración de la moción de censura enel sistema presidencial colombiano, ya que se traduce en un instrumento quesirve para temperar el gran número de potestades políticas del Presidente dela República, ya que no solamente competen a las del ámbito administrativosino que también trascienden a la órbita legislativa. Con esta adecuación dela moción de censura lo que se busca es crear un espacio de amplia discusiónpolítica entre el Gobierno y el Congreso sobre aspectos de relieve en la vidainstitucional del Estado; y por lo mismo hace más consciente al Presidentecomo parte de un esquema de contrapesos y responsabilidades, ya que aúncuando el Presidente permanezca inmune en su cargo frente al hecho de haberprocedido en su Gobierno una o varias mociones de censura, es un aspectodeterminante que cuenta frente a la opinión pública y la colectividad. Estees un interesante ejemplo que demuestra el interés en cada estructura cons-titucional de buscar un verdadero equilibrio. Para finalizar este acápite se hará mención a la segunda innovación quetrajo el Acto Legislativo n.º 1 de 2007 artículos 3.º y 5.º frente al cambio denaturaleza jurídica de las asambleas departamentales y concejos municipa-les que consistió en pasar de corporaciones administrativas a corporacionespolítico-administrativas en sus respectivos niveles territoriales. Adicional-mente, se les invistió de la función de ejercer el control político sobre laadministración departamental y local en su caso, y se les dotó con la con- 22.	En el año 2000 se recuerdan dos intentos de moción de censura. El primero contra elMinistro de Medio Ambiente que por poca diferencia a su favor pudo permanecer en el Gobier-no, y el segundo, contra el Ministro del Interior quien tuvo que ser relevado de su cargo por elPresidente de la República ante una eminente derrota.
11. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 241sagración de la moción de censura en contra de los secretarios de despachopor desatención a las citaciones del órgano de elección popular o por asuntosrelativos al ejercicio del cargo. Brevemente, las asambleas departamentales podrán promover mociónde censura en contra de los secretarios del despacho del gobernador porasuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención alos requerimientos y citaciones de la asamblea (disciplinario). 1. La mociónde censura deberá ser presentada por la tercera parte de los miembros de laAsamblea; 2. la votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientesa la terminación del debate, en el marco de una audiencia pública; 3. parasu aprobación se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes delos diputados a la asamblea; 4. una vez aprobada la moción, el funcionarioquedará separado de su cargo; por el contrario, en caso de ser rechazada,no podrá promoverse otra sobre la misma materia a menos que se funde enhechos nuevos23. Iguales presupuestos y trámite se observarán en la moción de censurapromovida por el concejo distrital o municipal en contra de los secretariosdel despacho salvo en la mayoría que se requiere para promoverla: la mitadmás uno de los concejales podrán presentar la moción de censura 24. Esta nueva opción del constituyente derivado plantea nuevos aspectos delcontrol político a nivel territorial principalmente de cara a la autonomía de lasentidades territoriales que seguramente abrirá nuevos espacios de discusiónpara esclarecer el tema territorial en Colombia de cara a la expedición dela siempre extrañada ley de ordenamiento territorial y la precisión del juezconstitucional sobre esta nueva dinámica jurídico-política a nivel intermedioy municipal.B. el Juicio político y la responsabilidad política del PresidenteEsta figura encuentra origen en el derecho estadounidense donde se conocecomo impeachment, que consiste grosso modo en la potestad del Congreso–ambas cámaras de manera conjunta– para realizar un procedimiento dejuicio al Presidente y los funcionarios federales por la realización de delitoscontra el Estado. En trazos lineales, en este procedimiento la Cámara deRepresentantes, previa conformación de una comisión de investigación, haceuna valoración del asunto y decide si formula o no acusación ante el Senado,que para estos efectos se torna órgano judicial y se pronuncia en el sentidode si hay lugar o no a la revocación. Tal decisión debe ser aprobada por unamayoría equivalente a las dos terceras partes del Senado. 23.	Acto legislativo número 1 de 2007, artículo 2.º. 24.	Ibíd., artículos 4.º y 6.º.
12. 242 Revista Derecho del Estado Este procedimiento de juzgamiento al Presidente y los altos funcionariosdel Estado corresponde en alguna medida a una forma de control jurídico, si setiene en cuenta que el parámetro dentro del mismo corresponde a la comisióno no de un delito previamente definido por la ley; sin embargo, no debe olvi-darse que la ejecución de dicho procedimiento puede generar consecuenciasde tipo político y obligar, por ejemplo, al Presidente de la República a realizaracuerdos o cesiones políticas con los senadores y representantes, que puedenobservarse desde una perspectiva de contradicción de voluntades o criterios,es decir, como forma de control político. Así mismo, la enervación de esteprocedimiento puede producir reacciones en la opinión pública que actúencomo forma de limitación al Presidente y que lo obliguen a tomar decisionesque complazcan a la población y así favorecer la legitimidad y convenienciapolítica haciendo las veces de un verdadero mecanismo de control político. Por otra parte, y aunque parezca obvio, considero importante afirmar queel Presidente de la República, en los sistemas cuya elección es democrática,debe y es políticamente responsable ante el pueblo que lo eligió ya que a éstedebe su investidura y no al Congreso o Parlamento, independientemente deque este último sea, en términos generales, el organismo encargado de haceradelantar el proceso de juzgamiento contra el Presidente de la República eincluso de ordenar su destitución. Por tratarse el juicio político de un procedimiento para ajusticiar delitose infracciones contra el Estado o hechos similares de gran envergadura osignificación, como indignidad, traición, etc., el juicio político es un temaque por regla general no se incluye dentro del catálogo de formas de controlpolítico o parlamentario, toda vez que refleja ingredientes de tipo jurídicoy político, lo que hace que constituya una categoría especial. En todo caso,en los supuestos donde se demuestre la responsabilidad del Presidente de laRepública y se ordene su destitución en virtud de un juicio de esta naturalezapuede comprenderse grosso modo una forma de responsabilidad que en lagran mayoría de los casos contendrá un ingrediente político, y de ahí quemuy seguramente obtenga dicha denominación. En todo caso, es importante destacar que no se trata de una forma decontrol político en estricto sentido, cuya nota característica radica en loscriterios de oportunidad y conveniencia políticas, sino que atiende a unadinámica que no solo involucra elementos de tipo jurídico sino, además,la propia existencia y la dignidad del Estado. Esto conduce a que el juiciopolítico sea una medida excepcional y residual que permita el libre ejerciciode las facultades presidenciales en el rol democrático sin ser un obstáculocotidiano, desde luego, en sintonía con el abanico de responsabilidades querodean a título personal al jefe del Estado. Se puede afirmar que el juicio político no constituye una forma de controlpolítico en sentido estricto ya que este ultimo persigue una responsabilidaddel gobierno por sus actuaciones en términos de conveniencia y oportunidadpolítica y no por situaciones individualmente consideradas que involucran
13. Germán Lozano Villegas. Control político y responsabilidad política en Colombia 243una sanción por la ruptura o desconocimiento del orden constitucional, comosí lo supone la destitución en el juicio político. Se trata, en consecuencia, deuna distinción entre la responsabilidad exclusivamente personal en el juiciopolítico frente a la responsabilidad de la actuación de gobierno bien seaindividual o colectiva en el control político. En este orden de ideas, es importante precisar que cuando el Presidentellegare a ser responsable políticamente, lo será por el hecho de infringir demanera grave y ostensible su compromiso con el electorado o el régimenpolítico, “si rompe o trata de romper el orden constitucional, o si no cumplesus obligaciones constitucionales y este incumplimiento quiebra el sistema degobierno”25, pero no significa que el Presidente se haya alejado o aproximado ala voluntad política del Congreso, ya que en términos de dependencia políticael primero no está subordinado al segundo, como se ha visto. Sin embargo,en cuanto a las relaciones de estos órganos en el juicio político, Carpizoanota con claridad: “La responsabilidad del presidente exigida a través de unjuicio implica fundamentalmente un problema político: un enfrentamientototal y frontal entre los poderes ejecutivo y legislativo, teniendo este últimola interpretación de la extensión de las cláusulas por las cuales se le exigeresponsabilidad al presidente”26. Por lo anterior, los ordenamientos constitucionales deben ser cuidadososen establecer y discriminar en qué circunstancias el Presidente puede serresponsable (política, penal y disciplinariamente) y cuáles serían las conse-cuencias o sanciones implícitas a estos conceptos y quién o quiénes haríanlas veces de juzgadores. Por su parte, la Constitución colombiana consagra en su artículo 174 quecorresponde al Senado de la República conocer de las acusaciones que hagala Cámara de Representantes contra el Presidente de la República y altosfuncionarios del Estado: 1. por delitos cometidos dentro de sus funciones o2. indignidad por mala conducta, frente a lo cual el Senado podrá destituirlosdel empleo o privarlos total o temporalmente de los derechos políticos, sinperjuicio de que el proceso penal pueda continuar ante la Corte Suprema deJusticia. En este caso, la expresión utilizada “indignidad por mala conducta” (art.175 num. 2) es lo suficientemente subjetiva para ser igualmente confusa ydejar gran discrecionalidad al Congreso en su ejercicio. Si nos detenemos aanalizarla, dicha expresión pareciera englobar una responsabilidad de tipodisciplinario antes que político. En todo caso, en nuestra opinión, el tema de la responsabilidad políticadel Presidente, a modo de propuesta, debería contar con una participaciónpopular. Ello quiere decir que si bien el Congreso tiene facultades para valorar 25.	Carpizo. El presidencialismo mexicano, México, Siglo xxi, 1986, p. 212. 26.	Ídem.
14. 244 Revista Derecho del Estadola situación del Presidente frente a un punto determinado, la decisión defi-nitiva debe estar en manos del electorado: finalmente, la responsabilidad setiene frente a quien directamente le brindó la investidura. En esa línea y sóloa manera ilustrativa, se encuentran avances importantes en el ordenamientoconstitucional colombiano a escala territorial donde se ha establecido larevocatoria del mandato, como forma del pueblo elector para despojar de suinvestidura a los alcaldes y gobernadores, órganos político-administrativosa nivel municipal y departamental, según lo establece el artículo 259 de laConstitución27, lo cual, sin lugar a dudas, constituye un antecedente impor-tante para que pueda discutirse el alcance de la democracia participativa yla posibilidad de establecer el voto programático frente al Presidente de laRepública. 27.	El tema de la revocatoria del mandato ha sido desarrollado mediante las leyes 131 y 134de 1994 y por el proyecto de ley n.º 58/00 Senado y 219/01 Cámara; por tratarse de temas departicipación en política y por tanto de ley estatutaria, son objeto de control de constitucionalidadprevio con sentencias de la Corte Constitucional C-011 de 1994, C-180 de 1994 y C-179 de2002.
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