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Timestamp: 2017-06-25 05:09:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 281', 'artículo 281', 'artículo 218', 'artículo 281', 'artículo 216', 'artículo 429', 'artículo 435', 'artículo 281', 'artículo 281', 'artículo 218', 'e contrario', 'artículo 281']

03/23/14 | IurisCivilis
El análisis jurídico de la prueba es una de las labores que tiene un mayor alcance en el ámbito del estudio e interpretación de las normas procesales. La razón estriba en la gran trascendencia práctica que posee la actividad probatoria ya que condiciona el óptimo resultado de las pretensiones formuladas por las partes procesales que dependen, en gran medida, de la acreditación de los hechos en que se fundan aquéllas. La función básica de la actividad probatoria en el proceso civil consiste en acreditar la certeza y exactitud de los hechos controvertidos que las partes procesales sostienen como fundamento de sus pretensiones o, mejor aún, la pretensión de obtención de la formación necesaria para lograr el convencimiento o la certeza subjetiva del Juez acerca de los hechos del proceso. De forma más simplista, la prueba tiene como fin la fijación de los hechos relevantes en el proceso. Desde esta óptica, podemos observar que la vigente Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil señala en el artículo 281. 1 que “La prueba tendrá como objeto los hechos que tengan relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso”. En virtud del principio de aportación de parte que rige nuestro orbe procesal civil, sólo las partes procesales se encuentran legitimadas para poder realizar alegaciones. En este sentido, el objeto de la prueba vendrá determinado precisamente por estas mismas alegaciones, aunque no todas deberán ser probadas.
No obstante, el apartado 2 del citado artículo 281 añade que: “También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.” En cuanto a este último supuesto, dada la vigencia del principio iura novit curia, el órgano jurisdiccional, sin apartarse de la causa de pedir, resolverá de acuerdo con las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes (cfr. artículo 218.1. 2º LEC). Pero aunque no es necesaria la prueba del Derecho escrito, interno y general, sí deberá probarse la costumbre (artículos 1.3 C.C. y 281.2 LEC), el Derecho extranjero, si bien el Órgano Jurisdiccional podrá investigarlo de oficio (artículo 281.2 LEC), el Derecho histórico o no vigente y el Derecho estatutario, o normas específicas de las entidades locales. La jurisprudencia ha establecido respecto a este último caso, que deberán ser probadas las normas no publicadas en el BOE. Las publicadas en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, deberán ser conocidas por los Órganos Jurisdiccionales que radiquen en la Comunidad Autónoma donde se haya publicado la concreta norma. En conclusión, desde esta última perspectiva y siguiendo a Guasp, se puede decir que el objeto de la prueba son los datos que han sido alegados por las partes. Y ello porque aunque en la mayoría de los casos la prueba se refiere únicamente a los hechos, en ocasiones constituyen objeto de la prueba las normas jurídicas. En cualquier caso, en nuestro ordenamiento procesal civil, la aportación de los hechos y de las pruebas en el proceso civil es una actividad vinculada a la iniciativa de las partes. Según el artículo 216 LEC: "Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales" – precepto que deriva del clásico principio o regla: iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium y que es una manifestación del principio de aportación de parte que inspira, con carácter general, a todo el proceso civil y que arroja la consecuencia de imponer a las partes el deber de soportar la carga de la prueba.
En líneas generales, en el proceso civil la virtualidad de los principios dispositivo y de aportación de parte resta protagonismo a la iniciativa del órgano jurisdiccional. La opción legislativa por la residual concesión de la iniciativa probatoria ex oficio del Juez o Tribunal en el ámbito procesal civil nace con el propósito de no dejar la dirección y el control del proceso a la mera voluntad de las partes. Una de las manifestaciones de esta necesidad de dar protagonismo al órgano jurisdiccional básicamente se plasma en el principio de impulso procedimiental - cfr. Art. 179 LEC -, el cual corresponde, salvo que la Ley disponga otra cosa, tras la reforma de este artículo por la Ley 13/2009, al Secretario Judicial. En esencia, atendiendo a la literalidad de la ley, los Jueces y Tribunales carecen de facultades para recibir de oficio el pleito a prueba y ordenar los medios específicos de ésta, salvo contadas excepciones. Estas excepciones en materia probatoria vienen recogidas en los artículos 282, 429.1 y 435 LEC. El primero de estos preceptos, tras recoger el principio general de que las pruebas se practicarán a instancia de parte, añade que el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley. El artículo 429.1 LEC, en la regulación de la audiencia previa en el juicio ordinario, concede la facultad al tribunal cuando considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos de que lo ponga de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria, y podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente, pudiendo las partes completar o modificar sus proposiciones de prueba a raíz de estas observaciones del tribunal. Y el artículo 435.2, aun resaltando su carácter de excepcionalidad, establece que el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos La vigente ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero, con sumo acierto, ha procedido a la unificación y mejora sistemática del régimen jurídico de la prueba elaborando una nueva regulación en los artículos 281 a 384, derogando los pretéritos artículos 1.214, 1.215, 1.226 y 1231 a 1253 del Código civil, que estaban referidos a la prueba de las obligaciones, e incorporándola a su espacio normativo natural.
Pues bien, como hemos tenido ocasión de comprobar ut supra, como manifestación del principio dispositivo - que, como hemos señalado, gobierna y dirige el proceso civil -, el apartado tercero y cuarto del art. 281 LEC recoge la regla general de que no precisan ser probados los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, es decir, los hechos no controvertidos, excepción hecha de los procesos sustraídos a este principio ni los hechos notorios, entendiendo por tales los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. La idea de notoriedad encierra no poca imprecisión, no siendo fácil fijar sus perfiles definitorios. Esta exclusión de la necesidad de probar los hechos notorios, no se recogía expresamente en la anterior LEC 1881 y sí en la doctrina jurisprudencial. En este sentido, la STC de 19 de mayo de 1986 declaró que la notoriedad “es un concepto relativo e indeterminado, vario y plural”. La notoriedad como eximente de prueba no es extraña en nuestra tradición jurídica ni cabe sustraerla a los parámetros de la lógica, en cuanto permite evitar actividades probatorias inútiles. El conocido aforismo jurídico “notoria non egent probatione” significa literalmente que “los hechos notorios no son objeto de prueba”. La razón estriba es que se trata de unos hechos cuya realidad puede conocerse por una actividad distinta a la probatoria procesal, sin que suponga una merma de las garantías que la legislación procesal otorga a las partes procesales. Para aquéllos que les gusten usar los aforismos legales en sus escritos, a continuación exponemos algunos de los brocardos empleados tradicionalmente por la doctrina en deferencia a los hechos notorios y su falta de necesidad probatoria. “manifesta probatione non indigent” – Lo manifiesto no necesita prueba. “manifestum non eget probatione” – Con igual sentido que el anterior. “non potest ignoran quod publice nostrum est” – No puede ser ignorado lo que públicamente es notorio.
En una primera aproximación, podemos definir el hecho notorio como aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinado. La doctrina los ha definido como aquellos hechos, también llamados de fama pública, que por pertenecer a la vida social o a la historia son conocidos y tenidos por ciertos por una generalidad de personas – entre otros, cfr. Prieto Castro. En cuanto a la jurisprudencia, en la reciente STS de 12 de junio de 2007 en su F.J. Segundo se encuentra una definición del hecho notorio: “(…) la apreciación de notoriedad hace innecesaria la prueba, pues los hechos notorios (que según definición clásica son "aquellos hechos tan generalizadamente percibidos o divulgados sin refutación con una generalidad tal, que un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de ellos como el juez en el proceso mediante la práctica de la prueba") no es preciso probarlos, y así lo vino reconociendo la jurisprudencia (SS., entre otras, 20 sept. 1988, 5 feb. 2001, 30 nov. 2004), y así lo establece la LEC 2000 en el art. 281.4 -"no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general"-.”
La STJ de Navarra – Sala de lo Social -, de fecha 21 de diciembre de 2007 también construye una definición conceptual del hecho notorio: “Existen ciertos hechos que provocan la innecesariedad de su prueba- tratándose de esta sede de Suplicación-, mediante documentos o pericias-, de singular eficacia probatoria y con entidad suficiente para acreditar "per se" la existencia o no de un hecho, que demuestra patentemente la equivocación del juzgador. Tradicionalmente se ha considerado como hecho de tal naturaleza, que produce la consecuencia procesal de tenerle por probado sin exigencia de la prueba, el hecho notorio. Hechos notorios son aquellos cuya trascendencia pública o conocimiento general, hace ocioso o inútil su discusión procesal, y, por tanto, superflua la prueba.”
Como vemos, se trata de un fenómeno un tanto ambiguo cuya importancia jurídica-procesal radica en que estos hechos por su grado de notoriedad pueden ser alegado sin necesidad de probarlos, pues se trata de una realidad objetiva que los Jueces y Tribunales deben reconocer y admitir, al menos que sea discutida en el proceso civil – cfr. DRAE que plantea tres acepciones al término “Notorio”: 1. adj. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso. En este sentido, el verdadero problema del hecho notorio radica en que calificación corresponde hacerla al órgano judicial en el proceso civil correspondiente, con lo que la incertidumbre de las partes sobre la exención de su prueba se mantiene hasta el final. Aunque una común coincidencia de las partes pudiera servir de serio indicio de su existencia, aunque en tal caso, más bien se trataría de un hecho conforme, que como tal, con algunas matizaciones, estaría exento de prueba – cfr. art. 281.3 LEC. A esta innecesariedad de probar los hechos notorios, alude la STS 17 de mayo de 1983 - Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo -, cuando argumenta lo siguiente:
En cuanto a las razones que motivan al legislador para eximir de prueba a los hechos notorios vinculados con la cuestión litigiosa e introducir en el artículo 281.4 LEC otra excepción a la regla general en materia probatoria – como sabemos, que los hechos afirmados por las partes durante el proceso han de ser objeto de prueba -, una de ellas obedece a la adopción de criterios puramente de economía procesal. Desde este punto de vista, parece lógico pensar que, en aras de evitar esfuerzos en la práctica de diligencias de prueba inútiles, legalmente la prueba de estos hechos notorios, aunque no su alegación, sea tan innecesaria que haya de rechazarse tanto por lo previsto en el art. 281.4 LEC, que la considera innecesaria, como, sobre todo, en el art. 283.2 de mismo texto legal. Por supuesto, esta ausencia de necesidad probatoria de los hechos notorios beneficia a las partes procesales a quienes favorece el acceso al proceso de esa clase de hechos. No obstante, el otro motivo fundamental del reconocimiento legal de esta ausencia de prueba es, sin duda, el grado de certeza que rodea a estos hechos y que los hace merecedores de un tratamiento procesal distinto del resto de los hechos alegados. Ahora bien, el referido artículo 281.4 LEC ha sido el foco de determinadas críticas realizadas por la doctrina más avezada. Estas críticas parten de la base de que la redacción del art. 284.4 LEC adolece de una cierta ambigüedad o relatividad en su redacción, plasmada sobre todo en la incorporación al texto de la norma del término “notoriedad”. En este sentido, Moreno Catena sostiene que hubiera sido más correcto seguir el ejemplo de la ZPO alemana, en la que la no ne­cesidad de prueba viene referida a los hechos que los tribunales consideren notorios, prescindiendo de las referencias ambiguas de notoriedad “absoluta y general.” Por su parte, Montero Aroca, critica este precepto afirmando que el legislador ha incurrido en un “error notorio”, dado que, salvo casos muy excepcionales, nunca se dará el supuesto de hecho de esta norma jurídica, es decir, que el hecho sea conocido en todo el mundo y por todas las personas del planeta (absoluto y general). De esta forma, parece ser que la interpretación de este precepto debe hacerse de una forma mucho más restrictiva, entendiendo que la verdadera intención del legislador es que el hecho notorio no tenga que ser conocido por todas y cada una de las personas que forma parte de un determinado ámbito geográfico, lo que, además de improbable en sí mismo, desde luego sería imposible de comprobar. En este sentido, debería ser suficiente con que el hecho sea o pueda ser conocido por aquellos que tengan una cultura media – siguiendo la actual línea jurisprudencial. Por último, tampoco será necesario que la notoriedad resulte inmutable o duradera ad eternum, puesto que un hecho, sobre todo si la notoriedad se entiende en su acepción más restringida, puede ser notorio en un tiempo determinado y dejar de serlo a continuación. Ahora bien, cabe afirmar que no es necesario que un hecho deba ser necesaria­mente conocido por el juez para que adquiera la condición de notorio. Que un hecho pueda no ser considerado en un concreto proceso por un determinado juez como notorio no significa que el mismo no lo sea. Por tal motivo el art. 281.4 LEC se refiere que no será necesario probar los hechos “que gocen de notoriedad”, con independencia de que el juez exima de su prueba o no. Y por lo mismo, ante la exención o no exención de la prueba de un hecho en atención a su notoriedad, cabe la alegación y discusión sobre su carácter notorio. En fin, del mismo modo que el conocimiento privado del juez no convierte en notorio un hecho, su desconocimiento tampo­co debería privarle de su característica de notoriedad.
El Pleno del Tribunal Supremo en relación a la prueba de los hechos notorios ha afirmado que: "(…) ante los insoportables costes que pudiera provocar la desconexión entre la "verdad procesal" y la realidad extraprocesal, de acuerdo con la regla clásica notoria non egent probatione (el hecho notorio no precisa prueba), a la que se refieren las SSTS 95/2009, de 2 de marzo, RC 1561/2003; 114/2009, de 9 de marzo, RC 119/2004, y 706/2010, de 18 de noviembre, RC 886/2007, dispone en el artículo 218.4 LEC que "no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general." Como hemos señalado, la norma no define qué debe entenderse por "notoriedad absoluta y general". Este requisito ha sido interpretado con cierto rigor por la jurisprudencia, y así las STS de 4 de febrero de 1998 y de 11 de febrero de 2003 – entre otras -, han considerado que para que los hechos notorios puedan actuar en el área probatoria del proceso: "(…) han de tener unas características rotundas de ser conocidos de una manera general y absoluta". Pero lo cierto es que tales exigencias no pueden ser entendidas de forma tan rígida que conviertan la exención de prueba en la necesidad de la diabólica demostración de que el hecho afirmado es conocimiento "general y absoluto" por todos los miembros de la comunidad. Por ello, se estima suficiente que el tribunal los conozca y tenga la convicción de que tal conocimiento es compartido y está generalizado, en el momento de formular el juicio de hecho - límite temporal-, entre los ciudadanos medios, miembros la comunidad cuando se trata de materias de interés público.”
Por otra parte, aunque no siempre aceptada por la doctrina, la notoriedad podría existir también cuando el conocimiento general se circunscriba al ám­bito profesional y hasta territorial al que pertenece el mismo juez que ha de resolver, esto es, lo que se ha venido denominando como “no­toriedad judicial”. El fallecimiento de un procurador, la relación de parentesco entre una jueza y un abogado, o la duración media de un proceso ordinario tipo en una determinada demarcación territorial, perfectamente pueden ser considerados como hechos notorios judi­ciales a los efectos de hacer innecesaria la prueba sobre los mismos. Este conocimiento puede venir de la mano de actuaciones judiciales anteriores, aunque cuestión distinta es que el juez haya adquirido ciertos conocimientos como consecuencia de la práctica de pruebas en otros procesos. En tal caso, estos conocimientos han de reputarse privados del juez, no exentos de prueba salvo que se quiera incurrir en infracción de la contradicción y del derecho de defensa. En cualquier caso, el hecho, sea o no notorio, con carácter general ha de ser introducido por la parte, pues el carácter notorio no implica limitación alguna al principio de aportación de parte. La notoriedad se limita a eximir el hecho de prueba. Sin embargo, el Tribunal Cons­titucional, ha distinguido a estos efectos los hechos fundamento de su pretensión y los que son “accesorios”, admitiendo en estos últimos la posibilidad de su introducción de oficio. En efecto, en la citada sentencia, con ocasión de la alegación y prueba de que el proceso afectaba a todos o a un gran número de trabajadores a efectos de admisibilidad de un recurso de suplicación, se resuelve por último que: “no existe hecho notorio aplicable ni por tanto la jurisdicción denegó indebidamente el derecho al recurso, como derecho fundamental com­prendido en los susceptibles de amparo del art. 24 de la Constitución”. Lo que se hace en la sentencia, en relación con otra anterior similar pero no idéntica (STC 79/1985, 3 de julio) es formular consideraciones para justificarla, considerando que “en principio pues, no hay incorrección en la posibilidad de que el Juez pueda tener en cuenta de oficio el hecho notorio”. Y sobre ello se ha de señalar, primero, que lo que se está diciendo es que el juez pueda tener en cuenta de oficio el hecho notorio, que no es exactamente lo mismo que introducir en el proceso un hecho noto­rio, máxime cuando en el supuesto fáctico de tal sentencia “el hecho o circunstancia de «afectar a todos los trabajadores» era un hecho constante en el proceso, de inevitable y forzoso conocimiento”. Para finalizar, la ley rituaria, en relación con los hechos notorios, no señala el momento en el que ha de entenderse producida su exención. Este momento es relevante puesto que si se ha de producir en momentos anteriores a la actividad probatoria supondría equiparar la admisión expresa y tácita a supuestos de inadmisión de la prueba. La jurisprudencia mayoritaria entiende que será en el momento de dictar sentencia. No obstante la inicial condición de notorio de un hecho, puede ser negado de contrario, lo que supondrá obviamente la negación de la notoriedad. En tal caso parece razonable admitir la actividad proba­toria especialmente dirigida a acreditar la existencia de dicha noto­riedad lo que implicará, a su vez, que el juez decida sobre la eventual certeza del hecho.
En cuanto a la casuística, recogiendo únicamente los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, esta resulta ser amplísima. A continuación veamos algunos ejemplos de lo que la jurisprudencia califica como hechos notorios exentos de prueba. La SAP de Barcelona de 8 de julio de 2013 considera un hecho notorio y exento de prueba la instalación de un sistema de espejos en la rampa de un parking. La SAP de Barcelona de 17 de octubre de 2013 valora la gran nevada ocurrida en Cataluña el 8 de marzo de 2010 como un hecho notorio. La SAP de Palma de Mallorca de 26 de febrero de 2013 considera que una deficiencia consistente en una grieta entre la cornisa de mares y revestimiento resulta inevitable que aparezca a causa de la diferencia de contracción y dilatación de ambos materiales y la considera un hecho notorio. La SAP de Baleares de 21 de enero de 2014 determina la notoriedad de la existencia y necesidad de que el alimentista tenga gastos. En un litigio sobre participaciones preferentes emitidas por la entidad financiera Bankia, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró dictó Sentencia de fecha 5 de febrero de 2013 en la que se señala que: “(…) Es hecho más que notorio y, por ende, no necesitado de prueba que en los mercados secundarios no cotizan al "alza" los valores financieros de la entidad demandada o las participaciones preferentes emitidas por ella o sus filiales y, que las únicas negociaciones que se verifican diariamente en los mismos obedecen a ventas derivadas de aceptaciones de herencia en las que los adquirentes de las mismas a título sucesorio venden a la baja los referidos productos al objeto de liquidar parte del caudal hereditario.” En un litigio sobre cláusulas abusivas el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz dicta Sentencia de fecha 18 de enero de 2013 y literalmente dice que: “A mayor abundamiento diremos que, como ya han señalado algunas sentencias (Juzgado de lo Mercantil de León, de 11 de marzo de 2011 , Juzgado de lo Mercantil de Cáceres, de 18 de octubre de 2011 ), es habitual que las entidades bancarias incluyan, en los contratos de préstamo hipotecario, cláusulas como las que nos ocupan (a mayor abundamiento, el Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2010 , ha venido reconociendo el carácter de condición general de contratación a las estipulaciones incorporadas a las escrituras de préstamo hipotecario suscritas por las entidades financieras), por lo que, incluso, podemos considerar que dicha habitualidad es un hecho notorio, no necesitado de prueba, conforme al art. 281.4 LEC” La SAP de Castellón de fecha 10 de diciembre de 2012 califica como hecho notorio que la minoración del valor en venta del apartamento como consecuencia de la manifiesta crisis económica no justifica ni la disminución de la carga económica de la parte compradora que pactó en su día un precio superior, ni tampoco la resolución del contrato. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz en un Auto de fecha 10 de enero de 2012 dimanante de una ejecución hipotecaria declara como hecho notorio el siguiente: “Es un hecho notorio, exento de prueba (art. 281.4 LEC), que al menos durante una década, que podría situarse entre la segunda mitad de los años 1990 y el año 2008, tomando como hitos las fechas de aprobación, en el ámbito estatal, de sucesivas leyes del suelo en nuestro país (Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, derogada, a su vez, por el actual Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), que el mercado inmobiliario nacional e internacional ha sido utilizado como moneda de cambio (…)”. Por último, la SAP de Madrid de fecha 24 de octubre de 2005 vincula la notoriedad con la experiencia común. En este sentido declara que: “Los hechos generales notorios, que forman parte de la experiencia común, no están precisados de prueba, porque el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 establece que “(...) no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. (…) Con arreglo al contenido del acervo de la experiencia común, puede considerarse notorio, con notoriedad general, y por ello ha de estar exento de la carga de probar, que la paralización del vehículo auto taxi no solamente ocasiona la pérdida de los ingresos ordinarios del trabajador autónomo, sino que además la propia paralización causa unos perjuicios concretos y evaluables (amortizaciones, seguros sociales, seguros del vehículo, mantenimiento…) (…). ”
La Prueba en el Proceso Civil. Cuestiones Fundamentales. Capítulo II - El objeto de la prueba: Hechos, normas jurídicas y reglas no jurídicas. José Bonet Navarro. Editorial Dikinson. 2009. El Procedimiento Probatorio en el Ámbito del Juicio Verbal (Adaptado a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial). Eva Isabel Sanjurjo Ríos. Editorial Reus. 2010. Objeto y Carga de la Prueba Civil. Xavier Abel Lluch y Joan Picó i Junoy. Editorial Bosch. 2007.