Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-642-de-mayo-31-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041a813f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 10:23:16
Document Index: 184196675

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 209', 'artículo 25', 'artículo 26']

﻿ SENTENCIA C-642 DE MAYO 31 DE 2000
SENTENCIA C-642 DE 31 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:EL DERECHO AL VOTO EN LAS ASAMBLEAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES NO PUEDE ESTAR SUPEDITADO A UN FACTOR ECONÓMICO, PUES SE PONDRÍA EN PELIGRO EL INTERÉS GENERAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO FINES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. SE DECLARA EXEQUIBLE E INEXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 999 DE 1993.
VIGENCIA:DECLARADA NULA POR LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN AUTO 62 DEL 21 DE JUNIO DE 2000
Sentencia C-642 de mayo 31 de 2000
Sent. C-642 de 2000
Ref.: Expediente D-2687
Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil.
Los miembros de la asamblea corporativa de una corporación autónoma regional tendrán en sus deliberaciones y decisiones un derecho a voto proporcional a los aportes anuales de rentas o a los que por cualquier causa o concepto hayan efectuado a la corporación, la entidad territorial a la que representan, dentro del año anterior a la fecha de la sesión correspondiente.
Si tales aportes superan el 25% del total recibido por la corporación, este derecho a voto se limitará al 25% de los derechos representados en la asamblea.
Son funciones de la asamblea corporativa: a) Elegir el consejo directivo de que tratan los literales d) y e) del artículo 26 de la presente ley; b) Designar el revisor fiscal o auditor interno de la corporación; c) Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración; d) Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada penado anual; e) Adoptar los estatutos de la corporación y las reformas que se le introduzcan y someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente, y f) Las demás que le fijen los reglamentos”.
El derecho al voto en las asambleas de los corporaciones autónomas regionales no puede estar supeditado a un factor económico, pues se pondría en peligro el interés general y el desarrollo sostenible como fines de la política de protección al medio ambiente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a las corporaciones autónomas regionales se han encomendado, entre otras, las siguientes responsabilidades: ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente; promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y, en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental; ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente; ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución a las entidades territoriales, o sean contrarias a la ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.
No se olvide, por otra parte, que se cumple una tarea administrativa y no meramente empresarial o societaria, ni se pierde de vista —por tanto— que ella, en los términos del artículo 209 de la Constitución, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en el principio de igualdad.
3. Respecto del tercer inciso del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, se declara EXEQUIBLE el aparte que establece como una de las funciones de la asamblea corporativa: “a. Elegir el consejo directivo de que tratan los literales d (...) del artículo 26 de la presente ley”.
(Nota: La presente sentencia fue declarada nula por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 62 del 21 de junio del año 2000).