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Timestamp: 2018-02-21 20:50:59
Document Index: 90251317

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 50']

Resoluciones que contienen criterios sobre derechos políticos | Sistema de Consulta Internacional de los Derechos Humanos
Alicia Consuelo Herrera y otros vs Argentina
INFORME Nº 28/92 CASOS 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 ARGENTINA 2 de octubre de 1992 El 4 de octubre de 1991, durante el 80º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión"), se aprobó por una mayoría de 5 a 1 el Informe Nº 34/91, conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención"). Dicho informe fue remitido al Gobierno de Argentina en fecha 8 de octubre de 1991. El 20 de enero de 1992, el Gobierno de la República Argentina remitió sus observaciones a dicho informe. Estas observaciones fueron cuidadosamente consideradas por la Comisión en el presente Informe Nº 28/92, previsto por el artículo 51.1. de la Convención, el cual fue adoptado por unanimidad. El miembro de la Comisión doctor Oscar Luján Fappiano se abstuvo de participar en la consideración y votación de ambos informes. I. INTRODUCCIÓN 1. A partir de fines del año 1987, la Comisión comenzó a recibir peticiones contra el Gobierno de la República Argentina (en adelante "el Gobierno"), en las que se denunciaba que la sanción por el Poder Legislativo de las leyes Nº 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986, y Nº 23.521, promulgada el 8 de junio de 1987, y su aplicación por el Poder Judicial, violaban, entre otros, el derecho de protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8) consagrados en la Convención. En total, seis casos fueron abiertos. Los peticionarios fueron: Caso Nº 10.147: Alicia Consuelo Herrera Caso Nº 10.181: Rosaria Valenzi de Sánchez Caso Nº 10.240: Causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Caso Nº 10.262: Fundación Servicio Paz y Justicia (en nombre de 90 causas) Caso Nº 10.309: Luis Adolfo Holmquits y, Graciela Bustamante de Argañaraz Gloria Constanza Curia/Fernando Ramiro Curia Luisa Ana Ibañez Adriana C. Mitrovich de Torres Correa Ricardo Torres Correa Francisco Rafael Díaz Ramón Oscar Bianchi María Isabel Jiménez de Soldatti Familia Rondoletto (5) Julio César Campopiano Ana Cristina Corral Carlos Severino Soldatti Caso Nº 10.311: Rosa Ana Frigerio y, Omar Tristán Roldán Elena Delia Garaguso Carlos Alberto Oliva Laura Susana Martinelli Liliana Carmen Pereyra Eduardo Alberto Cagnola Jorge Candeloro Marta Haydee García Omar Alejandro Marocchi Susana Valor Eduardo Manuel Martínez Jorge Carlos Augusto Toledo Mario Alberto D'Fabio Fernández Roberto Wilson Rubén Darío Rodríguez Juan Carlos Carrizo Haydee Cristina Monier Horacio Manuel Carrizo Alberto Rogelio Carrizo Luis Alberto Bereciarte Fernando Hallgarten 2. La Ley Nº 23.492 fijó un plazo de 60 días para la extinción de las acciones penales por crímenes cometidos en ocasión de la llamada "guerra sucia". La Ley Nº 23.521 creó la presunción irrebatible, a favor del personal militar que cometió crímenes durante la "guerra sucia", de haber actuado en virtud del deber de obediencia, eximiéndolos de responsabilidad penal. La ley incluso extiende dicha protección a los oficiales superiores que no tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes. A menos que se indique de otra manera, los instrumentos mencionados...
Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos Sentencia de 6 de agosto de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso Castañeda Gutman la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*: Cecilia Medina Quiroga, Presidenta; Diego García-Sayán, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Leonardo A. Franco, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza; y Claus Werner von Wobeser Hoepfner, Juez ad hoc; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia. I Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia 1. El 21 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), la cual se originó en la petición presentada el 12 de octubre de 2005 por Jorge Castañeda Gutman. El 26 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y fondo No. 113/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 21 de diciembre de 2006 y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la Comisión. Tras “considerar el [escrito] estatal sobre implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo y la falta de avances en el efectivo cumplimiento de las mismas”, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Elizabeth Abi-Mershed, Juan Pablo Albán Alencastro y Mario López Garelli. 2. Según indicó la Comisión, la demanda “se relaciona con la inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman […] inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México” para las elecciones que se celebraron en julio de 2006. 3. En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que “México es responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos y...
Chitay Nech y otros vs Guatemala (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala Sentencia de 25 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el Caso Chitay Nech y otros, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Diego García-Sayán, Presidente; Leonardo A. Franco, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y María Eugenia Solís García, Jueza ad hoc; presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario; Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta; de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38, 59 y 61 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)**, dicta la presente Sentencia. I Introducción de la Causa y objeto de la controversia 1. El 17 de abril de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 2 de marzo de 2005[1] por Pedro Chitay Rodríguez (en adelante “Pedro Chitay” o “Pedro”), Alejandro Sánchez Garrido, Astrid Odete Escobedo Barrondo y la Asociación Azmitia Dorantes para el Desarrollo y Fomento Integral (AADDFI). La Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 7/07, en el cual declaró la admisibilidad del caso. Con posterioridad, el 31 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 90/08, en los términos del artículo 50 de la Convención[2]. El informe recomendó al Estado que, entre otras medidas, realizara una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta con el objeto de juzgar y sancionar a los responsables, así como que reconociera su responsabilidad internacional por los hechos.Este informe fue notificado al Estado el 17 de noviembre de 2008. Después de considerar que Guatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.La Comisión designó como delegados al señor Víctor Abramovich, entonces miembro de la Comisión, al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, como Delegados, y a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Karla I. Quintana Osuna e Isabel Madariaga, como asesoras legales. 2. La demanda se relaciona con la alegada desaparición forzada del dirigente político indígena maya kaqchikel, Florencio Chitay Nech (en adelante “Florencio Chitay Nech” o “Florencio Chitay” o “el señor Chitay Nech”), ocurrida a partir del 1 de abril de 1981 en la Ciudad de Guatemala y la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares. Dicha desaparición fue ejecutada por hombres armados que bajaron de un vehículo. El señor Chitay Nech opuso resistencia...
Yatama vs Nicaragua (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Yatama Vs. Nicaragua Sentencia de 23 de Junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso YATAMA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Sergio García Ramírez, Presidente; Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente; Oliver Jackman, Juez; Antônio A. Cançado Trindade, Juez; Cecilia Medina Quiroga, Jueza; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; y Alejandro Montiel Argüello, Juez ad hoc; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta; de conformidad con los artículos 62.3 y63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], dicta la presente Sentencia. I Introducción de la Causa 1. El 17 de junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua (en adelante “el Estado” o “Nicaragua”), la cual se originó en la denuncia No. 12.388, recibida en la Secretaría de la Comisión el 26 de abril de 2001. 2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 8 (Garantías Judiciales), 23 (Derechos Políticos) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (en adelante “YATAMA”). Según lo alegado por la Comisión, dichas personas fueron excluidas de participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur (en adelante “la RAAN” y “la RAAS”), como consecuencia de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por el Consejo Supremo Electoral. En la demanda se indicó que las presuntas víctimas presentaron diversos recursos contra dicha resolución y, finalmente, el 25 de octubre de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente un recurso de amparo interpuesto por éstos. La Comisión señaló que el Estado no previó un recurso que hubiese permitido amparar el derecho de dichos candidatos de participar y ser elegidos en las elecciones municipales de 5 de noviembre de 2000, como tampoco adoptó medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos, especialmente no previó “normas en la ley electoral, en orden a facilitar la participación política de las organizaciones indígenas en los procesos electorales de la Región Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua, de acuerdo al derecho consuetudinario, los valores, usos y...