Source: https://es.scribd.com/document/320301726/Es-Paradojica-La-Autonomia-de-La-Voluntad-Frente-Al-Principio-de-Legalidad-en-Los-Contratos-Estatales
Timestamp: 2019-04-24 06:57:07
Document Index: 373762000

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 2470', 'artículo 1602', 'artículo 1602', 'artículo 1602', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 117', 'artículo 89', 'e contrario', 'artículo 60', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 40']

state contracts.independently of its source. Introducción En nuestra organización político-administrativa y en el plano estrictamente jurídico se ha ido constituyendo un delicado equilibrio entre el poder de la administración y los derechos de los administrados frente al Estado. “La adecuación del derecho administrativo al Estado contemporáneo”. rule of law. 2002. la vigencia de aquel principio tutelar. 4. more than in a measure that can be determined.. 2. en Revista Estudios Socio Jurídicos. The above is applied to question the principle of legality in state contracts in which the real principle of “free will” acts as an effective warranty against state abuse.182	Diana C. p. Exercising that prerogative means adhering to norms that are imposed by oneself –in fact.  Manuel Restrepo. Bogotá (Colombia). Amazo Parrado Do the Autonomy of Free Will and the Principle of Legality in State Contracts Create a Paradox? Abstract “Free will” – that beautiful matrix of classic liberal private law (they say “Whoever contracts accepts that it’s fair”) is in reality an important instrument for regulating social relationships. al mantener ellos. núm. Ese intento por mantener la balanza en equilibrio es el que ha permitido la existencia en el ejercicio de la función administrativa de una dicotomía entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad en las relaciones entre el Estado y los administrados. Estos últimos son los que en definitiva califican a un régimen político como democrático. Socio-Juríd. cuyo desarrollo es reflejo de la influencia que el derecho privado ha venido teniendo sobre el derecho administrativo. Key words: Freedom of the will. vol. The observation of the real – effective – functioning of this legal tool reveals in a paradigmatic way the identity of the individual in post-modern society whose freedom is both immense and insignificant. 9(2): 181-203.  Estud. 138. julio-diciembre de 2007 . and an unlimited source of power and servile subjection to directives of public and private organizations which effectively establish what should be desired.
así como los inconvenientes que se han presentado alrededor del tema. El presente artículo pretende determinar si el principio de la autonomía de la voluntad debe ser un principio absoluto e inmutable. Bogotá (Colombia). p. abuso que puede ser consecuencia de diversos factores. por último. 303. porque sería demasiado ambicioso.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 183 Pero esa dicotomía entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad ha generado diversos cuestionamientos frente a la contratación estatal. Entrar en el campo de la autonomía de la voluntad implica acercarnos a nuestra temática jurídica y retomar la evolución que el concepto ha tenido en el derecho.. núm. 1936. el artículo se desarrollará con el estudio de individualidad de la autonomía de la voluntad. por lo tanto. 9(2): 181-203. las instituciones jurídicas no son más que un reflejo que se va transformando a medida que las modalidades extrínsecas influyen con las intrínsecas. como la evidente desigualdad económica o la información asimétrica en que se encuentran las personas en el momento de contratar. con la finalidad de evitar el abuso en la contratación estatal por parte de uno de los contratantes en perjuicio de la otra parte. 31. el principio de legalidad y. “La autonomía de la voluntad y la libertad contractual” en Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Autonomía de la voluntad La sociedad es una entidad esencialmente evolutiva que busca en su regulación jurídica estar acorde con la realidad de la misma. 1. serán tratadas de manera conjunta. sin buscar hacer una recopilación completa de la noción. para llegar a una conclusión. pues con el primero se considera que el Estado lo ha recibido del constituyente y además porque tiene el poder político suficiente para imponer sus actos. Teniendo en cuenta lo anterior. 205  Estud. modalidades decisivas en la constitución psicológica de un pueblo. específicamente. julio-diciembre de 2007 . Socio-Juríd. pero frente a la autonomía de la voluntad se le ha considerado como un principio esencial del derecho privado cuya aplicación no es tan clara en materia de contratación estatal. sino tomar conceptos  Julio Flórez. vol. o si por el contrario su campo de acción debe estar limitado por el Estado. mediante el principio de legalidad.
p. 1776 y 1789. en donde se consideraba al hombre libre por esencia y sólo podía obligarse si era de su voluntad. para que posteriormente en el Código de Napoleón se establezca que el contrato es una ley para los contratantes siempre que no vaya en contra del orden público. No es extraño que la autonomía de la voluntad haya sido la que hubiera regido por mucho tiempo las relaciones contractuales desde la Edad Media hasta fines del siglo XVIII porque sólo se exigían requisitos de forma para su validez. respectivamente. pp. cit. pues depende igualmente de los regímenes políticos imperantes en cada lugar. Barcelona. Así es como la autonomía de la voluntad. Y fueron incorporándose porque la voluntad individual que posee en el derecho un verdadero poder creador de obligaciones y derechos es lo que hace que la autonomía de la voluntad tenga eficacia jurídica y sea considerada como una ley entre las partes.   Estud. José Antonio Ballesteros. se constituyó como uno de los principales cambios sociales que fueron incorporando las revoluciones inglesa. el concepto tradicional de la autonomía de la voluntad encuentra sus raíces en la filosofía individualista que se desarrolló desde el siglo XVII con una influencia también del cristianismo. julio-diciembre de 2007 . que la lleva hasta la concepción del Estado en su contrato social. Las condiciones generales de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad. 1999. Bogotá (Colombia). por lo que la fuente única-autónoma de la ley era ella misma.184	Diana C. aun cuando la esencia de esa autonomía es que los individuos puedan dictar normas que el Estado asumirá como propias al conceder un vigor semejante al de la ley. De esta manera. y Rousseau. 206-207. Bosch Editor. Socio-Juríd.. J. M. Por ello la palabra autonomía remite a la capacidad de un grupo para darse normas. Amazo Parrado que contribuyan a tener una visión integral de este principio que ha permanecido en nuestro sistema jurídico. al hacer depender toda la actividad del hombre de las sensaciones externas. Kant es sin duda quien le da mayor vigor a la autonomía de la voluntad. Pero en el ordenamiento jurídico ese reconocimiento ha variado a lo largo de la historia.. cuyo recorrido histórico la arroja como un principio esencial reconocido en las legislaciones contemporáneas y que representa en mayor grado el concepto de participación ciudadana. puesto que lo esencial era que existiera el libre consentimiento. 20. es decir. 9(2): 181-203. manifestada en  Op. poseer potestades normativas. norteamericana y francesa en los años 1688.
uno de los principios fundamentales que inspiran el Código Civil es el de la autonomía de la voluntad. Como es suficientemente conocido. La Corte Suprema de Justicia.. bienes o servicios sobre los cuales recae la práctica del respectivo contrato ya sea para disponer. nuestra legislación consagra este principio (artículo 16 y 1602 del Código Civil. se hace necesario que el Estado limite su ejercicio. fruto de dicha autonomía.	La capacidad legal para comprometerse: los individuos que deseen acceder o celebrar un contrato deben ser plenamente capaces de comprometerse o disponer sobre los objetos. pueda obligarse. Por una vía alternativa adecuada (en virtud de la capacidad de disposición que la ley le otorga). transigir. tal como se observa en el texto del artículo 2470 de nuestro Código Civil: “(…) no puede transigir Estud. 9(2): 181-203. aunque su reconocimiento es expreso.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 185 la formación del acto jurídico y determinación de sus efectos. Pedro Lafont Pianetta. conciliar. dijo: (…) Principio de la autonomía de la voluntad. M.P. Sala Civil. Así mismo. así. su componente jurídico no es más que el reconocimiento hecho por el ordenamiento jurídico de dicho principio y de la forma en que el legislador le ha permitido permear las esferas de la administración de justicia. con unos requisitos que podríamos enunciar de la siguiente manera: 1. la autonomía de la voluntad permite que toda persona legalmente capaz. principio este que en materia contractual alcanza expresión legislativa en el artículo 1602 del Código Civil que asigna a los contratos legalmente celebrados el carácter de ley para las partes. etcétera. los particulares pueden realizar actos jurídicos. ha sido reiterativa en sostener que uno de los principios que gobiernan los contratos es el contenido en el artículo 1602 ya mencionado. mediante la celebración de contratos en los cuales se pacten cláusulas que no vayan en contra de las limitaciones ya enunciadas. con sujeción a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia. entre otros) estableciendo que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y sólo puede ser invalidado por consentimiento mutuo o por causas legales. (Negrillas de la autora) Con lo anterior se indica que lo acordado en un contrato se debe hacer con el consentimiento de las partes. es decir. 1. Bogotá (Colombia). julio-diciembre de 2007 . Por tal razón. al punto que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (…). conforme al cual. con la precisión de que en su ejercicio debe primar el respeto del orden público y las buenas costumbres. En sentencia de casación del 17 de mayo de 1995. con las limitaciones impuestas por el orden público y por el derecho ajeno. Socio-Juríd.
155-158. Bogotá (Colombia).  Estud.	La materia objeto de contratación: son todas aquellas cosas (materiales o inmateriales) sobre las cuales la ley faculta para disponer y para cuya identificación existen dos sistemas. las relaciones entre la administración y el particular deben fundarse en el acuerdo de voluntades. 2. uno que identifica en forma genérica las cosas sobre las cuales se puede o no negociar. 9(2): 181-203. el cual. Gustavo García. con el límite del orden público. el estado civil de las personas y los derechos laborales ciertos e indiscutibles establecidos en la ley. pp. Este último se establece en nuestro sistema legal. De tal manera que la trascendencia del acuerdo de voluntades que constituye la esencia de un negocio jurídico implica que el acuerdo de las partes legalmente celebrado es una verdadera ley que se debe acatar y cumplir. entre otros. en donde exista una confluencia de las manifestaciones de la voluntad de cada contratante respecto de los aspectos esenciales del contrato sin necesidad de un requisito adicional. iii) crear relaciones obligatorias entre sí.. del que emanen las principales obligaciones y efectos. Así. Así mismo. pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad.. las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas.a edición. La Corte precisa: (…) la autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos. 1. el pacto o convención colectiva de trabajo vigente. como esta se ha transformado a través del tiempo.. Medellín. sin formalidades. julio-diciembre de 2007 . y de las buenas costumbres. por tanto. que no son partes  Humberto. la salubridad y la moralidad públicas. y. Cárdenas. Ltda. entendido de manera general como la seguridad. excluye. y que por ello debe imprimir una obligatoriedad que regule las principales relaciones jurídicas. Librería Jurídica Sánchez R.186	Diana C. 1994. en principio en virtud del solo consentimiento. de conformidad al Código Civil en el artículo 1602. la Corte Constitucional analizó la figura de la autonomía de la voluntad privada de la cual hace una erudita reconstrucción histórica para identificar la forma. Socio-Juríd. ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos. el laudo arbitral o los reconocidos expresamente por el empleador. Comentarios al estatuto general de contratación de la administración pública. Ricardo Hoyos et ál. y otro que hace referencia de manera taxativa y por exclusión a las materias sobre las que no es válido disponer. Amazo Parrado sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción”.
9(2): 181-203. eliminándose así toda posibilidad de autonomía privada en la realización del contrato. debemos tener en cuenta que el principio de la autonomía de la voluntad se consideró fundamental en la formación de los contratos privados y ha merecido importancia en la aparición de la llamada crisis del contrato. M. exp. D-6020.. Frente a la libertad para contratar ya enunciada. en consecuencia.ª ed. donde cada día existen más de ellos y más especies de los mismos. tema muy controvertido y polemizado por iusprivatistas de la mitad del siglo XX hasta nuestros días. que. 3 de mayo de 2006. Bogotá (Colombia). del hombre contemporáneo. Para los más fervientes defensores de la autonomía de la voluntad no cabe la posibilidad de hablar siquiera de tal crisis si por el contrario estamos ante un auge del contrato. Sentencia C-341.  Estud. pero general del mundo contemporáneo y. Corte Constitucional. Jaime Araujo Rentería. lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel (…). otros podrían identificarse con la escuela en contra de la existencia de crisis alguna diciendo que no existe tal. Buenos Aires. por no haber prestado su consentimiento. sino que se está buscando su punto de equilibrio.. que aparta de su regulación jurídica la autonomía de la voluntad por considerarla como un principio que rige los vínculos entre particulares y que no se encuentra contemplado para las relaciones jurídicas con entidades públicas o en el peor de los casos que se trata de un postulado en plena decadencia junto con la crisis del contrato. p. otros. cit. más radicales al pensar afirmativamente en la existencia de tal crisis. Esta última ha sido una aproximación característica de la contratación estatal. Vallespinos. que de una forma u otra ha sido asimilado o relacionado con el resquebrajamiento del principio de la autonomía. detractores que rechazan su existencia por completo y defensores que le dan plena vigencia. desencadena una crisis en todas sus manifestaciones. 26. el de la crisis del contrato es polémico: tiene.. Socio-Juríd. julio-diciembre de 2007 . entre ellas las relaciones de sociedad que trascienden al mundo jurídico. 30.  Colombia.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 187 del contrato. por consiguiente. en donde el aceptante en la relación contractual pasa a ser un simple adherente que se someterá a unas condiciones generales predispuestas.  En este sentido se han pronunciado autores como Carlos Gustavo. Editorial Universidad. p. pero al igual que en todos los temas del derecho en general. según nuestro parecer. más acertadamente. hablan de una crisis. 1984. P. hablan de una despersonalización total del individuo. op.  Vallespinos. otros. 1. El contrato por adhesión a contratos generales.
para evitar revivir el estilo autocrático de Luis XIV y afianzar cada día el postulado de la Revolución francesa de la despersonalización del poder. explicaba la ley como voluntad general que determinaba previamente la totalidad de la actuación de los poderes públicos (la nación se manifestaba a través del Parlamento). que se concreta en uno de los principios motores del Estado de derecho. por tratarse de normas reguladoras de la vida social. julio-diciembre de 2007 . el primero. 2. esto es. la segunda también cuenta con importantes fundamentos.. pues aún se considera que dicho principio rige sólo en el derecho privado y que para imponerlo como obligatorio requiere un reconocimiento legal. entendido como la sujeción al orden jurídico que irremediablemente recoge la totalidad de las normas. por la influencia de los pensamientos empapados de un voluntarismo excesivo derivados de la Revolución francesa. Frente a dicho principio se han dado distintas concepciones clásicas. Bogotá (Colombia). 9(2): 181-203. más recientes. Amazo Parrado Podría decirse que el principio de la autonomía de la voluntad ha discurrido entre dos corrientes diferenciadas: la primera tiene su fundamento en la libertad de los hombres. pues los contratos estatales siempre obedecen a la satisfacción del interés general. pues la relación entre la administración pública y los administrados debe ser clara. el principio de legalidad. como la intervención del Estado en las relaciones de los particulares. como se verá más adelante. al considerar que su aplicación estricta como en el derecho privado le hace perder su esencia. en las que aún existen evidencias de la aplicación de la autonomía de la voluntad. pero con un poco más de límites. de mitad del siglo XX. principios y valores que inspiran un sistema jurídico. la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad no ha hecho parte de las interpretaciones que se le han dado por parte de la administración en la contratación pública. en la contratación estatal la autonomía de la voluntad con la que cuenta cada una de las partes no ha sido un tema tan libre o respetable. de gran vigencia en los dos siglos pasados. básico y prevalente que habilitaba el comportamiento de la Estud. En la actualidad. pues la ley apareció como un instrumento necesario. Principio de legalidad El Estado se encuentra sometido a la normatividad jurídica. Como se observa.188	Diana C. Socio-Juríd. expuestas por el sistema francés y germánico.
también desde el punto  Jaime Orlando Santofimio. Tratado de Derecho Administrativo. es claro que la actividad de la administración debe estar permanente subordinada a las normas legales –principio de legalidad–.  Estud.a ed. t. (…) La inversión del principio es contraproducente desde todos los puntos de vista: constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico. 9(2): 181-203. 2004. pues es una forma de evitar el abuso del poder por parte de aquellos servidores. sea de carácter reglado o discrecional. Bogotá. Con la primera vertiente. logrando un bienestar general con limitaciones en las normas generales. en reemplazo de la voluntad individual de un gobernante. 3.. Bogotá (Colombia). los primeros porque su actuación está circunscrita a un régimen legal con una vertiente formal (respecto a la norma en estricto sentido) y una teleológica (entendida como el cumplimiento de la norma en el ejercicio de la función administrativa para la consolidación de los propósitos y finalidades del Estado). julio-diciembre de 2007 . todo ello como garantía para la sociedad civil. porque extendería al servidor público una facultad connatural a los particulares. y esto opera por medio de la autorización legal. en el sistema germánico el príncipe como ente soberano actuaba de manera comprometida con la satisfacción de los intereses generales. pues quien está detentando el poder necesita estar legitimado en sus actos. por su parte. frente a los gobernantes y a los gobernados. que en nuestra Constitución Política se encuentra regulado en el artículo 6. La legitimación del acto se obtiene por medio de la autorización legal. así: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. con lo cual introduce un evidente desorden. I. Y es natural que así suceda. a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les esté prohibido expresamente por la Constitución y la ley. El principio de legalidad tiene dos proyecciones. mientras que los funcionarios del Estado tan sólo pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por ellas. Socio-Juríd..	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 189 administración pública. quien ejerce funciones administrativas se mueve en los extremos de la norma jurídica. que atenta contra lo estipulado en el preámbulo de la Carta y en el Artículo 2º de la misma. caracterizado como Estado social de derecho sujeto al régimen de la supremacía de la ley. Universidad Externado de Colombia. y con la segunda se busca la satisfacción de los intereses generales y el bien común. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
La segunda proyección del principio de legalidad es la de los gobernados. Amazo Parrado de vista de la filosofía del derecho. legales y reglamentarios. vinculan a los poderes públicos. constituido por valores. y en particular a la administración. En sentido teleológico. pues el constituyente se ha reservado ciertas materias que la administración puede desarrollar directamente. julio-diciembre de 2007 .10 En nuestra Constitución Política la legalidad en sentido formal se encuentra desarrollada en los artículos 121 y 122. resulta contraproducente permitir la indeterminación de la actividad estatal. Pero en nuestro ordenamiento jurídico no debemos entender el principio de legalidad como la supremacía de una norma. 9(2): 181-203. cuando la administración construye una carretera. con determinadas limitaciones. 2 y 209.190	Diana C. 123 inc. el preámbulo constitucional. P. lo hace no para ejecutar la ley de carreteras. Socio-Juríd. sino como la imposición de todo un bloque de legalidad. como sucede con las asambleas departamentales y los concejos municipales. que se encuentran contemplados en nuestra Constitución Política en su artículo 2 como fines del Estado. la administración tiene como función realizar los fines públicos materiales. M. 19 de agosto de 1993. sino servir a los fines generales dentro de la legalidad. Sentencia C-337. en donde el otorgamiento de competencias al legislador para desarrollar determinadas materias administrativas no son de su exclusividad. la ley. y desde el punto de vista de la conveniencia. De tal manera que el objeto de la administración no es ejecutar la ley. porque atenta contra el principio de la seguridad jurídica que es debido a la sociedad civil (…). traducida como el predominio de la autonomía de la voluntad edificadora de normas generales. el acto administrativo e incluso ciertas reservas de ley. Vladimiro Naranjo Mesa. solo que debe hacerlo dentro de los límites de la ley. para la satisfacción de necesidades de transporte de una comunidad. Bogotá (Colombia). Por ejemplo. por cuanto no es proporcionado otorgar al servidor público lo que está adecuado para los particulares. principios generales.. es decir. que obligan a quienes ejercen funciones administrativas a desarrollar sus actuaciones basados en los preceptos constitucionales. 10 Estud. la Constitución. junto con los artículos 2. sino en virtud de razones materiales. a la satisfacción del interés general. por excepción de los derechos y del ámbito de la actuación de las personas en procura del interés general y la convivencia. así: garantizar la efectividad de  Colombia. En general. Corte Constitucional Sala Plena.
que una expropiación recaiga eventualmente sobre sus bienes o que la policía salvaguarde sus propios intereses. requieren de un ordenamiento positivo sin el cual la administración no puede actuar. concretas y determinadas. Corte Constitucional. Alfredo Beltrán Sierra.11 De tal manera que la legalidad es la que le atribuye potestades a la administración. Pero tales potestades administrativas deben ser expresas. 6 de noviembre de 2002. que no es el de la administración. 9(2): 181-203. ya que si no se da esta situación quedaría incurso en una desviación de poder. sometidos o vinculados de manera conjunta a los ciudadanos. es decir. definiendo cuidadosamente sus límites. las cuales deben ser ejercitadas en interés público. lo que significa que a ello deben concurrir todas las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. Socio-Juríd. entendiendo por potestad la facultad de querer y obrar de la administración conferida por el ordenamiento jurídico que no recae sobre ningún objeto especifico y determinado. julio-diciembre de 2007 . ser específicas. Bogotá (Colombia). porque no caben poderes indeterminados. sino el de la comunidad como tal. P. de donde eventualmente pueden surgir relaciones jurídicas con los particulares. M.. al igual que por parte de la administración una omisión en el ejercicio de la potestad. incluidos los órganos autónomos que no forman parte de las ramas del poder público y las autoridades de control a las cuales se refiere el artículo 117 de la misma norma. Sentencia C-1024.  Colombia. teniendo que admitir que algún reglamento los afecte. otorgándole facultades de actuación. pues si causó daños a los particulares. se configuraría una responsabilidad patrimonial del Estado. confiriéndole poderes jurídicos y potestades. sino en situación abstracta de sujeción que vincula a soportar los efectos jurídicos que dimanan del ejercicio de las potestades y su incidencia. sino que tiene un carácter genérico de producir efectos jurídicos. donde la administración sirve con objetividad a los intereses generales.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 191 los principios. derechos y deberes consagrados en la Constitución. Frente a dichas potestades nadie está en situación de deber u obligación. Es necesario hacer claridad en que las potestades administrativas pertenecen a la especie llamada potestad-función. 11 Estud. ya que toda organización necesita una distribución de funciones y de competencias. esto es. Sala Plena.
teniendo como objetivo la coherencia del ordenamiento jurídico. es decir.. justo.13 Un funcionario de muy alta jerarquía sólo estará limitado entonces por la Constitución y la ley. 6). M. Socio-Juríd. 12 Estud. modificará. Bogotá (Colombia). e igualmente ha deferido a la ley la creación de las acciones para que las personas puedan proteger la “integridad del orden jurídico” (artículo 89). cuyo soporte fueran las libertades públicas. Amazo Parrado Entonces. Es así como si bien se buscaba un orden justo a través del respeto hacia la ley y la verificación de las actuaciones legislativas y ejecutivas por parte del juez. que un ordenamiento jurídico tendrá un soporte legal. ejercicio que creará. la Constitución ha dispuesto de mecanismos –la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad– para asegurar dicha supremacía (artículos 4 y 40 n. limitación que no solo proviene de la Constitución y la ley. Por lo tanto. la integridad patrimonial y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Fue así como se conformó un sistema jurídico en el que debía existir una compatibilidad entre todas las normas y nuestra Constitución Política. sin olvidar ni desconocer el principio de legalidad y el consiguiente control judicial de todas las actividades públicas. los reglamentos internos y. Antonio Barrera Carbonell. julio-diciembre de 2007 . extinguirá o protegerá relaciones jurídicas concretas. 13 Colombia.12 El reconocimiento de la supremacía de la Constitución implica que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley. P. basado en la discrecionalidad. en consecuencia. 9(2): 181-203. Sentencia C-513. Es claro. se requería un cambio de un Estado formal a uno material. y era la base para construir un ordenamiento jurídico que lograra la satisfacción de sus necesidades. valores jurídicos que conlleven a un sistema jurídico equilibrado. de un acto administrativo normativo. empezaron a tomar fuerza principios como la libertad en donde el ciudadano era parte fundamental. su seguridad y certeza. adecuado a la realidad social. u otra norma jurídica.192	Diana C. pero con el paso del tiempo. en beneficio de los intereses de la comunidad para el logro del bien común. por lo cual el Estado buscó un mayor equilibrio entre las diferentes esferas de la sociedad. se apliquen las disposiciones constitucionales. la legalidad es la que le atribuye con normalidad potestades a la administración y su actuación es el ejercicio de tales potestades. como es el caso de la facultad otorgada al Presidente de la República para la declaratoria del estado de emergencia económica y social. entonces. 16 de noviembre de 1994. Corte Constitucional. pero más que eso deberá basarse en principios. la realidad social. la competencia de dichos funcionarios será más específica y estará  En la antigüedad la fuente de toda relación jurídica era lo que se contemplaba en el ordenamiento jurídico sin interesar la realidad social. sino de los decretos reglamentarios. mientras que un funcionario de menor jerarquía tendrá muy limitado su campo de apreciación para decidirse.
y concretamente el administrativo. en el siguiente escalón se encuentra la ley. a su lado se ubican los decretos-leyes. 9(2): 181-203. Todas las normas que conforman el sistema jurídico deben ser compatibles con nuestra Constitución Política. que establece un marco de actuación de los órganos en donde la ley entra a limitar y obligar a la administración a aplicar la norma de acuerdo con las circunstancias de cada caso sin que medie un exceso por parte del Estado. presenta una estructura jerárquica a la que deben ceñirse todos los órganos del Estado. como los actos administrativos y las resoluciones. Como efecto jurídico de los actos administrativos al lado de la ejecutividad.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 193 por lo demás también sometida al ejercicio que de dichas competencias hubiesen hecho las autoridades jerárquicamente superiores. Todo esto parece estructurado conforme al principio de legalidad. la cual no tiene discriminación. La legalidad es entonces la que ratifica la supremacía de una determinada categoría de normas frente a otras. reglamentos. junto a esta es preciso señalar los principios generales del derecho. es decir. decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley.. los actos administrativos deben tenerse como legítimos hasta que eventualmente surja una prueba que desvirtúe en forma abierta la legitimidad del Estud. el cual establece que todo ordenamiento jurídico. Indudablemente el primer escalón es la Constitución Política. aceptando que una norma de superior jerarquía abrogue una inferior y así sucesivamente. etcétera. Bogotá (Colombia). el principio de legalidad es un elemento central en el ordenamiento jurídico. En virtud de ello. aparece la presunción de legalidad. ni actuar en aquellas situaciones en las que no está expresamente facultado. teniendo como objetivo la coherencia del ordenamiento jurídico y por lo tanto su seguridad y certeza. ya que se toman tanto las ordinarias como las de urgencia. mediante el cual el derecho se va desarrollando. considerada como fuente escrita y directa del derecho administrativo. por su recepción en una norma fundamental superior. por lo tanto. los actos tienen imperio o surten sus efectos mientras la autoridad judicial no los declare contrarios a derecho o nulos. se debe hablar del principio de jerarquía. los cuales contienen un sentido ontológico que inspiran al orden jurídico. mientras que la ejecutividad es el atributo de su obligatorio cumplimiento. De tal manera que para comprender un poco más el principio de legalidad en nuestro sistema jurídico. julio-diciembre de 2007 . y a las cuales se encuentra sujeto tal funcionario. por último están las manifestaciones de voluntad administrativa en casos concretos. Socio-Juríd.
M. Carlos Jaramillo. Amazo Parrado acto. debido a que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto 222 de 1983 y la ley no consagra esa facultad. 6491.194	Diana C. Socio-Juríd. 9288. exped. ya que una vez se regulan aspectos esenciales para la Estud. Juan de Dios Montes Hernández. la norma es reiterativa al sostener que los actos emanados de la administración que reconocen una situación jurídica están amparados por una presunción legal que les da plena eficacia y obligatoriedad mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente. 9(2): 181-203.. ya que con el Decreto 222 de 1983 se regulaban de manera expresa en su artículo 60. pero con su desaparición en la Ley 80 de 1993. del 17 de septiembre de 1992 en Sala Plena. exped. entre otras decisiones. 14579. pues se presume que todo acto emanado de la administración ha sido emitido conforme a Derecho. por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. ya que se puede desvirtuar la legalidad del acto a través de los diferentes medios jurídicos establecidos. 5465. ya que algunos afirmaban que la facultad de sancionar al contratista existía por fuera del mismo contrato. P. el principio de legalidad ha ejercido un papel determinante en temas tan polémicos como las multas contractuales. como en precedencia lo había reconocido el propio Consejo de Estado en sentencias del 9 de abril de 1992 en Sala Plena. Es entonces al Juez Contencioso Administrativo al que le corresponde imponerla. exped. se autorizaba a la entidad estatal. Por el contrario hubo quienes pensaron que de conformidad al texto del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. al no contemplarlas como cláusulas exorbitantes. julio-diciembre de 2007 . exped. ya que en su artículo 17 le da la facultad a las entidades estatales de imponerlas. se desarrollaron tesis jurisprudenciales y doctrinarias en las que no se encontraba claridad al respecto. todo ello porque no se regulaba en el ordenamiento jurídico. Bogotá (Colombia). P. el 20 de octubre de 2005. M. tal como se pronunció el Consejo de Estado el 21 de octubre de 1994. Por ello. En materia de contratación estatal. Con este ejemplo se evidencia la importancia del principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Pero esa discusión fue solucionada por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. Imponer dichas sanciones para lograr la satisfacción del interés general de manera oportuna y no desnaturalizar la razón de ser de las multas. entre otras jurisprudencias. por lo que se trata de una presunción que admite prueba en contrario.
encontrándose. Un sector de la doctrina identifica en la contratación a la parte débil con el deudor de una relación contractual. como podría ser una cláusula penal. como también. Ediciones Jurídicas Europa-América.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 195 sociedad. Obligaciones: el contrato. p. se genera un estado de tranquilidad y certeza que le permite a los ciudadanos y órganos estatales actuar sin ningún temor. la promesa unilateral. determinan el contenido de los contratos. La revisión de los contratos con la finalidad de salvaguardar los derechos de los contratantes perjudicados por los actos de contratantes deshonestos e inescrupulosos (lesión) o por razones de fuerza mayor o caso fortuito (excesiva onerosidad de la prestación). y que el Estado no debe intervenir en las relaciones contractuales. 1983. tanto el Estado como el particular. mora automática. Socio-Juríd. Henri. En este ambiente de respeto a los acuerdos contractuales y de revisión de los contractos. lo que parece incorrecto. Además. vol. es claro que está permitida. julio-diciembre de 2007 . 3. t. 9(2): 181-203. Lima. I. como en el tema de multas. cada una de ellas en la situación de poder prever las posibles contingencias de un posible incumplimiento por la otra.14 Otro sector afirma que el contrato no debe ser revisado judicialmente porque alguno de los contratantes dice que se encuentra lesionado por el contrato o porque circunstancias imprevisibles y extraordinarias han generado una alteración en las prestaciones de las partes contratantes. ya que si de parte débil quiere hablarse. esta puede ser tanto el deudor como el acreedor. es decir. Cultural Cuzco Editores. parte segunda. Véanse Mazeaud. por lo tanto.. un sector afirma que la autonomía privada de los contratantes no debe estar limitada. 14 15 Estud. León y Jean. Bogotá (Colombia). en forma libre. Estudios del contrato privado. pues cuando las personas deciden contratar lo hacen libremente. para lo cual pueden incorporar al contrato instituciones que refuercen su cumplimiento. p. 1978. Lecciones de derecho civil. 130. ni siquiera por el principio de legalidad. multas. I. en el que ni siquiera el Consejo de Estado ha logrado un criterio unificado. etcétera. 50. intereses. Autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en la contratación estatal –tendencia actual– En la contratación estatal se ha venido cuestionando la importancia de la autonomía de la voluntad. Buenos Aires.15  Manuel de la Puente.
referida al poder para obligarse. el contrato es el acto jurídico bilateral que mediante el consentimiento (declaración conjunta de las voluntades) de los contratantes crea. 2003. julio-diciembre de 2007 . Bogotá. Régimen jurídico de la contratación estatal. 2. orden público y cargas. sino que se está obligado a observarlo por haberlo querido. que no conlleve aspectos oscuros sujetos a diversas interpretaciones especialmente en los términos de referencia o pliegos de condiciones. pues la ley no  Guillermo Luis Dávila. Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. En segundo lugar. entre los cuales se encuentran: a. tiene limitaciones que afectan al contratista y no al poder del contratante para crear un contrato.	Carga de claridad: la voluntad de las partes debe ser clara. b. pues de lo contrario se obtendrán fines distintos o se afectará la celebración o ejecución del contrato. regula. el tráfico patrimonial de bienes y derechos tiene como vehículo más idóneo al contrato. mediante los contratos. la llamada libertad contractual. en la celebración de todo contrato estatal existe un límite de buenas costumbres.16 Así mismo. transparente.. Amazo Parrado Técnicamente. 352-353. c. Por lo tanto.a ed. siendo la voluntad de ellas fuente generadora de obligaciones por delegación expresa de la ley. En consecuencia. varios doctrinantes han expresado que se tiende a confundir el hecho de que la voluntad del contratante haya creado la situación con el hecho de que la voluntad haya creado el vínculo. Bogotá (Colombia). Así. como fruto del libre consentimiento de las partes contratantes. llamados por la doctrina deberes secundarios o accesorios de comportamiento que las partes deben observar para obtener los efectos buscados con la celebración del contrato.	Carga de sagacidad y diligencia: la contratación debe estar integrada por una actuación prudente y diligente que evite una responsabilidad sin necesidad. las personas –naturales o jurídicas– buscan obtener una finalidad que el derecho les permite alcanzar. Legis. pp.. porque no se trata de crearlo. 16 Estud.196	Diana C. modifica o extingue una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial.	Carga de legalidad: es un deber de las partes identificar el tipo negocial que se celebrará y la construcción de un contrato atípico cuando los existentes no logren la finalidad buscada. 9(2): 181-203. Socio-Juríd.
Casa Editorial. 30. Comentarios a la obra El contrato de Gino Gorla. I. De esta forma se pretende promover la capacidad de gestión y administración de los servidores públicos para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad estatal a su cargo. De tal manera que lo que ha declinado en si no es la concepción que se tenga del contrato. pero en el marco de un estricto régimen de responsabilidad correlativo. y entonces “en la actividad administrativa discrecional. 17 Estud. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán. sea de las circunstancias ante las cuales se dictará el acto. condiciones y estipulaciones que las partes consideren convenientes. 9(2): 181-203. p. Barcelona. En tercer lugar se habla de una ambigua concepción de fusión de voluntades en el contrato. Pero no podemos perder de vista que aquellos ordenamientos jurídicos cuya estructura se basa en el principio de legalidad deben contar con una discrecionalidad administrativa. escoger en qué sentido y qué medidas utilizará. confiriéndoles así una mayor autonomía. julio-diciembre de 2007 . inseparable de la persona. porque ya no se trata de un poder estatal ilimitado. el órgano tiene elección en tal caso. en donde la norma correspondiente no determine la conducta a seguir. 18 José Roberto Dromi. el orden público y a los principios y finalidades del estatuto. sin reconocer que la fuerza obligatoria de las estipulaciones no proviene tan sólo de la voluntad de los contratantes. sino el postulado de la autonomía de la voluntad por querer equiparar la voluntad privada con la ley. Prerrogativas y garantías administrativas. sea del acto que se dictará ante una circunstancia”. pretendiendo su cumplimiento.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 197 impide al contratante que respete y cumpla la promesa junto con sus cláusulas. sino lo que limita es el poder para concluir el contrato sin forma o fijación de cláusulas.17 Se establece que los contratos pueden incluir las modalidades. sino también del reconocimiento que les hace el ordenamiento jurídico. Bogotá (Colombia).18  José Ferrandis. por lo cual es incontrolable y el contrato es algo establecido o expresado en un medio social y controlable. sino que también los contratistas tienen derecho a que en el contrato exista un equilibrio. t. p. 98. de unas voluntades fundidas (confusas) en una voluntad que es ley para las partes (creada). porque al hablar de voluntad se entiende que es algo interno. la ley.. 1959. podrá decidir si debe o no actuar. 1979. siempre que no sean contrarias a la Constitución. Socio-Juríd. y si lo hace.
Biblioteca Jurídica Diké.. pp. específicamente con poderes reglados o de mera aplicación automática (por ejemplo. en la actualidad. Amazo Parrado Es decir. A contrario sensu. entendidas como aquellos deberes en los cuales  Otros aspectos pueden verse en. Antes se excluían rotundamente del control judicial. Bogotá (Colombia). reglamento o de otro precepto administrativo (llamada doctrina de la vinculación negativa a la ley). pero eso era antijurídico porque si bien podría afirmarse que al no existir reglas normativas se trataría de una actividad discrecional.198	Diana C. Agustín Gordillo. julio-diciembre de 2007 . la eficacia de los actos particulares de disposición se encuentra sujeta a que los mismos respeten las cargas que son inherentes al ejercicio de la autonomía privada. podría hacer no meramente aquello que la ley expresamente le autoriza. X-23. se entiende que la administración obra en el ejercicio de sus facultades regladas en la medida en que deba acomodar sus actos a disposiciones de una ley. una liquidación tributaria. es decir. la administración cuenta con potestades discrecionales. todos los actos administrativos dictados en ejercicio de una potestad discrecional. justamente por saber que el criterio de estos actos no se encuentra en la ley. en cuyo ejercicio utiliza criterios de apreciación que no están en las leyes y que es libre de valorar (remoción o nombramiento en un cargo). de autonomía de la voluntad. los particulares gozan de plena libertad en la celebración de los actos contractuales. Bogotá.a ed.19 En principio. entendida esta en su acepción etimológica como el poder de darse a sí mismo normas e igualmente definida como una fuente de normas jurídicas destinadas a formar parte del mismo orden jurídico que las reconoce. 9(2): 181-203. 19 Estud. sino todo aquello que la ley no le prohíbe. es decir. una atribución discrecional que tornaba irrevisibles los actos que dictara en ejercicio de esas atribuciones. La autonomía de la voluntad en la administración puede entenderse como discrecionalidad. Por ello. jubilar a un funcionario por edad) y con poderes discrecionales. 1. Socio-Juríd. 1998. en la antigüedad se decía que la administración tenía una discrecionalidad técnica. sino que hace parte de la libertad absoluta de la administración. no obstante. esta terminología ya no se usa y se considera que se trata de una actividad reglada. mediante los cuales regulan sus intereses privados. Tratado de Derecho Administrativo Parte General.. ya que es la expresión de la libertad de determinación de la administración. entendiéndose como que la administración puede usar en su discrecionalidad todo aquello que la ley no ha regulado.
Socio-Juríd. pues en la contratación masiva se reducen los costos  Fernando Hinestrosa. carga de lealtad y corrección. habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado. Entendiendo por orden público el conjunto de normas jurídicas que el Estado ha considerado como de obligatorio cumplimiento. que salvaguardan principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento. que es el punto de partida. han de hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo. límites y cargas de la autonomía privada.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 199 la persona. Función. b. carga de claridad. Bogotá. reduciendo la autonomía de la voluntad en aras de la fluidez del intercambio de bienes y servicios a un menor costo.	Limitaciones actuales.. 43-44. del cual no escapan las actuaciones de los órganos del Estado ni de los particulares. julio-diciembre de 2007 . pp. es decir. Entre tales cargas sobresalen. ya que las partes no negocian el contenido del mismo.20 De tal manera puede decirse que las limitaciones pueden ser: a. En la segunda hay un reenvío a una cláusula general: la buena fe. Y buenas costumbres se entienden como sinónimo de la moral. el orden público y las buenas costumbres. Bogotá (Colombia). carga de sagacidad y advertencia. por el contrario. entendidas como las limitaciones sociales que le son impuestas tanto al Estado como a los particulares en la celebración de un contrato masivo. En la primera va una refrendación de la advertencia continua de que los efectos del acto de autonomía particular. quizá porque trascienden la esfera singular. 1986. no se obtienen sino a condición de que el negocio haya sido válidamente celebrado.	Limitaciones legales. Estudios de Derecho privado. a partir de las leyes imperativas. convicciones de ética social imperante en un momento determinado de la sociedad. y de que el acogimiento de las pautas normativas. hablando de la autonomía privada y de su ejercicio es preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: carga de legalidad. 9(2): 181-203. en esta perspectiva. es requisito y prenda de la eficacia y validez de la disposición. las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. limitándose la otra a aceptarlo o rechazarlo. 20 Estud. entendidas como aquellas que han sido impuestas por el Estado mediante normas legales de carácter imperativo. parcial o íntegramente el contenido del contrato. Universidad Externado de Colombia. una de ellas elabora. comenzando por el efecto negocial.
pero que ha sido superada por la concepción moderna del Estado social de derecho que inspira la Carta de 1991 (Sentencia C-641 de 2000). debe estar orientado a otorgar validez y eficacia a los contratos. La doctrina moderna tampoco admite un poder ilimitado de voluntad para crear efectos jurídicos. pues ello es el producto de una filosofía individualista que imperó en los siglos XVIII y XIX. pero más que eso deberá basarse en principios. por lo que surge la necesidad de ponderar principios y derechos en orden a establecer en un contexto determinado a cuáles se otorga primacía en cuanto valores fundantes del Estado social de derecho (Preámbulo y artículos 1 y 2 de la Constitución Política). Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. brindar seguridad jurídica a las partes contratantes. valores jurídicos que conlleven a un sistema jurídico equilibrado.21 Es en este sentido en el que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con el derecho común y con las normas del estatuto correspondan a su esencia y naturaleza. Bogotá. sino que la causa o razón del negocio se identifica con la función económico-social. En efecto. en el ámbito de la contratación. en beneficio de los intereses de la comunidad para el logro del bien común. facultando expresamente a las entidades para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales. y como justificación de ello está el agilizar el tráfico patrimonial y reducir los costos de contratar o de transacción.200	Diana C. Por último. garantizar el cumplimiento de los  Colombia. Socio-Juríd. julio-diciembre de 2007 .. pp. debe entenderse que un ordenamiento jurídico tendrá un soporte legal. su carácter relativo nace de la necesidad de otorgar un tratamiento jurídico a otros derechos amparados en principios que también gozan de amparo constitucional. Conclusiones La jurisprudencia constitucional ha reconocido que no se conciben la libertad y la autonomía de la voluntad como derechos de carácter absoluto. 1993. Imprenta Nacional. en donde la voluntad aun como esencia del ser humano se materializa en la existencia de relaciones jurídicas. 30-31. 21 Estud. Es así como el rol del Estado. Amazo Parrado que genera la contratación individual de cada contrato. Bogotá (Colombia). 9(2): 181-203. justo. Ministerio de Gobierno.
en donde se respeten los límites que hemos enunciado. y abstenerse de intervenir –arbitrariamente– para modificar legislativa o judicialmente las relaciones contractuales celebradas válidamente entre personas naturales o jurídicas. en donde el principio de legalidad. debe seguir rigiendo las relaciones contractuales. una base para el logro de los fines del Estado. los acuerdos contractuales. o mejor dicho. con la finalidad de evitar el abuso en la contratación estatal por parte de uno de los contratantes en perjuicio de la otra parte. La autonomía de la voluntad entonces. julio-diciembre de 2007 . En este sentido. no se limite a un tipo de norma específica sino al ordenamiento entero. específicamente. o si por el contrario su campo de acción debe estar limitado por el Estado. entre los cuales se encuentran el interés general y el bien común. respetar los acuerdos contractuales y reducir los costos de contratar.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 201 contratos –otorgando acción a las partes contratantes para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales–. La preocupación enunciada en este artículo consiste en determinar si el principio de la autonomía de la voluntad debe ser un principio absoluto e inmutable. por lo que una ley debe entenderse como el reflejo de la voluntad de la sociedad. el Estado debe respetar los contratos. pero que no por ello sean instrumentos para borrar o desaparecer lo que las partes han acordado con plena voluntad y conciencia. en donde la fuerza moral de la ley incentive al ciudadano a influir en la construcción del sistema jurídico que lo rige. Por último. abuso que puede ser consecuencia de diversos factores. Pero el Estado no sólo debe respetar los contratos. que varios doctrinantes terminan llamando “bloque de legalidad”.. sino que además debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales –pacta sunt servanda. Bogotá (Colombia). que debe buscar también un acercamiento con la misma sociedad. como la evidente desigualdad económica o la información asimétrica en que se encuentran las personas en el momento de contratar. se puede concluir que los principios de autonomía de la voluntad y legalidad no se oponen. ni tampoco dejando de lado los principios y valores que constituyen el fundamento de un ordenamiento jurídico. porque todo ello es un complemento. 9(2): 181-203. mediante el principio de legalidad. por el contrario. Debe entenderse que ninguna actuación administrativa es posible sin la previa atribución normativa de la potestad correspondiente para producirla. Socio-Juríd. Pero además debe existir una relación cercana entre la administración y el ordenamiento jurídico. justifican su existenEstud.
José Antonio. Sentencia C-337. 31. ya que las partes desdibujan la arbitrariedad que se crea alrededor de este tema. P. Sala Plena. M. Estud. porque encuentran una regulación expresa de los distintas situaciones que puedan surgir antes.. J. Alfredo Beltrán Sierra. Agustín. D-6020. Biblioteca Jurídica Diké.a ed.. M. pero que además tienen la autonomía de regular aspectos en blanco que la ley ha dejado y que por el hecho de ser la manifestación de acuerdo entre ellos es respetada e igualmente se convierte en obligatoria. durante y después de la celebración de un contrato. García. Imprenta Nacional. Régimen jurídica de la contratación estatal-aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 1. M. P. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán. Comentarios a la obra El contrato de Gino Gorla. I. José Roberto. 1993. t. Ltda. Barcelona. P. Sentencia C-1024. Corte Constitucional. Bogotá. José. Luis. Gordillo. 19 de agosto de 1993.. Bogotá (Colombia). núm. Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. 16 de noviembre de 1994. I. M. Colombia. Jaime Araujo Rentería. 2003. 2. Parte General. Bosch Editor. 303. t. Las condiciones generales de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad. 1936. Ferrandis. Sala Plena. Casa Editorial. 6 de noviembre de 2002. exp. Colombia. Tratado de derecho administrativo. Estudios del Contrato Privado. Lima 1983. De la Puente. Cultural Cuzco Editores. Prerrogativas y garantías administrativas. Sentencia C-341. M. Sentencia C-513. julio-diciembre de 2007 . Humberto. Vladimiro Naranjo Mesa.202	Diana C. Bibliografía Ballesteros. 1999. Hoyos. 1998. Dávila Guillermo. Corte Constitucional. Corte Constitucional. P.. 1979. “La autonomía de la voluntad y la libertad contractual” en Revista del Colegio Mayor de nuestra señora del Rosario. 1959. Colombia. 1994. Manuel. Bogotá. 1. Bogotá. Ricardo et ál. Legis. vol. Dromi. 3 de mayo de 2006. Flórez Julio. Socio-Juríd..a ed.. Ministerio de Gobierno. Barcelona. Medellín. Colombia. Comentarios al estatuto general de contratación de la administración pública. Amazo Parrado cia e importancia en materia contractual. Corte Constitucional. Colombia.a ed. Cárdenas. 9(2): 181-203. Gustavo. Librería Jurídica Sánchez R. Antonio Barrera Carbonell.
Leyer. Socio-Juríd. Medellín. Contratación pública-normas de frecuente consulta modelos-comentarios. Contratación estatal. Buenos Aires. Enrique Jairo. Santofimio. Bogotá. Editorial Universidad. Función..a ed. Restrepo. límites y cargas de la autonomía privada. Fernando. 2. Universidad Externado de Colombia. Palacio Hincapié. Bogotá. julio-diciembre de 2007 ..	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 203 Hinestrosa. “La exorbitancia estatal en la contratación administrativa”. Casa editorial Grupo Ecomedios. Rico Puerta. Manuel. 2000. Mariela. Temis. Vallespinos.Proyecto de reforma a la Ley 80 de 1993. Bogotá. Procedimiento contractual estatal aplicado. 2002. Estud. La contratación de las entidades estatales. Jaime Orlando. Estudios de Derecho privado. 4. Camilo. Ltda. Juan Ángel. El contrato por adhesión a contratos generales..ª ed. Perdigos Tapias.. Teoría general y práctica de la contratación estatal. I. Universidad Externado de Colombia. vol. Solano. Bogotá. 1999.. Pontificia Universidad Javeriana. 3. en Revista Estudios Socio Jurídicos. “La adecuación del derecho administrativo al Estado contemporáneo”. 1986. 2004. 1984. [Tesis]. núm. Librería Jurídica Sánchez R. t.a ed. Sánchez. 2004. Bogotá. Miguel Ángel. Bogotá (Colombia). 2. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Ordóñez. Vega. 9(2): 181-203. Luis Alonso. Carlos Gustavo. 1. Tratado de derecho administrativo. Alejandro. 2001. 1991.. 1998. Bogotá.
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