Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/583168422
Timestamp: 2020-07-15 12:52:04
Document Index: 52438115

Matched Legal Cases: ['artículo 323', 'artículo 34', 'artículo 48', 'artículo 196', 'artículo 153', 'artículo 48', 'artículo 32', 'artículo 187', 'artículo 199', 'artículo 323', 'artículo 207', 'artículo 113', 'artículo 38', 'artículo 50', 'artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 38', 'artículo 119', 'artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 209', 'artículo 206', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 323', 'e contrario', 'artículo 113', 'artículo 206', 'artículo 205', 'artículo 113', 'artículo 205', 'artículo 36', 'Artículo 34', 'Artículo 48', 'Artículo 413', 'e contrario', 'Artículo 415', 'Artículo 196', 'Artículo 153', 'Artículo 48', 'Artículo 323', 'Artículo 413', 'e contrario', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 48', 'artículo 55', 'artículo 119', 'artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 205', 'artículo 38', 'artículo 323', 'artículo 113', 'artículo 205', 'artículo 113', 'artículo 205']

Sentencia de Tutela nº 454/15 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 583168422
Sentencia de Tutela nº 454/15 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2015
Ponente: MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Fecha de Resolución: 21 de Julio de 2015
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCESO DISCIPLINARIO. Jueza y magistrados solicitan se decrete prescripción de acción disciplinaria y revocar sanción disciplinaria, Nulidad sentencia de destitución y nulidad de proceso sancionatorio. Temas a tratar: Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, Defecto procedimental, Defecto sustantivo por interpretación irrazonable, Defecto por desconocimiento del precedente horizontal, Defecto fáctico, Improcedencia de la acción de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, Configuración de actuación temeraria. Negadas e improcedente. Abstención de declarar temeridad en interposición de acciones de tutela
Sentencia citada en: 10 sentencias, un artículo doctrinal
Referencia: expediente T- 3.849.017 AC
Acciones de tutela instauradas por M.R.A.A., A.Á.V.S. y P.C.E. contra la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil quince (2015)
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas M.Á.R. (e) y M.V.C.C., y el magistrado A.R.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
T-4.134.579
A.Á.V.S.
Primera Instancia: sentencia del 08 de octubre de 2012, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, S. Jurisdiccional Disciplinaria.
Segunda instancia: sentencia del 05 de septiembre de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, S. Jurisdiccional Disciplinaria.
T-3.849.017
Manuel Ramón A.A.
Única Instancia: sentencia del 15 de febrero de 2013, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de B., S. Jurisdiccional Disciplinaria.
T-4.144.458
Primera Instancia: sentencia del 22 de abril de 2013, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de B., S. Jurisdiccional Disciplinaria.
Segunda instancia: sentencia del 5 de septiembre de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, S. Jurisdiccional Disciplinaria.
Mediante auto del 15 de abril de 2013 la Corte Constitucional seleccionó el expediente T-3.849.017 y lo repartió a la S. Octava de Revisión. A través de auto del 28 de noviembre de 2013 escogió los expedientes T-4.134.579 y T-4.144.458 y los acumuló al expediente T-3.849.017, para que fueran fallados en una sola sentencia tras considerar que presentan unidad de materia.
En el presente caso, la señora A.Á.V.S., J.a Única Especializada de San A., interpone acción de tutela contra la S. Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, la cual en fallo del 04 de mayo de 2012 confirmó la sentencia sancionatoria dictada en su contra el 22 de marzo de 2012 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B.. A su turno, el magistrado M.R.A.A. y la magistrada P.C.E., interponen por separado acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura S. Jurisdiccional Disciplinaria, en virtud del fallo sancionatorio proferido en su contra el 12 de julio de 2012. La sanción impuesta a los tres accionantes, consistió en destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años.
Los fallos cuestionados por los accionantes los declararon responsables de falta disciplinaria, con ocasión de las sentencias que profirieron en el juicio que la Fiscalía General de la Nación siguió contra tres personas sorprendidas en una embarcación con 66.040 dólares estadounidenses, en aguas cercanas a la Isla de San A..
Para una mejor comprensión de las demandas de tutela y del problema jurídico que debe absolver esta Corporación, la S. realizará una reseña de las sentencias que se profirieron en el proceso penal en que los accionantes obraron como juzgadores, y de los fallos que los sancionaron disciplinariamente. Posteriormente, atendiendo a las especificidades de los expedientes, indicará los hechos particulares de cada asunto, junto con los cargos constitucionales formulados contra las providencias sancionatorias.
De los hechos y las demandas
El 6 de mayo de 2006 un avión de la Fuerza Aérea Colombiana divisó en proximidades de la Isla de San A. una embarcación que estimó sospechosa. El guardacostas de la zona, ante aviso de la Fuerza Aérea, procedió a interceptar la embarcación. Los ocupantes de la motonave manifestaron que se encontraban en actividades de pesca. Sin embargo, en la inspección las autoridades hallaron una bolsa de lona negra con dólares estadounidenses; y oculto en un orificio, identificaron otra suma de dinero extranjero.
En el registro realizado en tierra con presencia de un abogado defensor, de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público, las autoridades incautaron en total 66.040 dólares estadounidenses cuya extracción, en parte, se realizó mediante perforación del casco del bote. También se encontraron dos arpones y un nylon, sin producto alguno de la alegada labor de pesca.
Por estos hechos la Fiscalía General inició la instrucción correspondiente y formuló resolución de acusación contra los tres ocupantes de la embarcación como presuntos coautores de la conducta punible de lavado de activos.
En sentencia del 7 de mayo de 2007 A.Á.V.S., en su condición de J.a Única Penal del Circuito Especializado de San A., absolvió a los acusados y dispuso la devolución de los 66.040 dólares estadounidenses incautados. En lo que interesa al trámite de tutela, la sentencia señaló i) que el delito de lavado de activos es autónomo e independiente del delito subyacente (en este caso el de narcotráfico), aunque guarda una relación mediata e inmediata con este; ii) que para la configuración del delito de lavado de activos en el caso concreto resultaba necesario que la Fiscalía probara en grado de certeza que los dólares hallados a los acusados eran de origen ilícito y; iii) que, en el caso concreto, el ente acusador no logró demostrar con absoluta certeza que los dineros incautados eran producto de actividades relacionadas con el narcotráfico, pues no existía prueba directa o indirecta para proceder a dictar sentencia condenatoria
Apelada la decisión por la Fiscalía, el Tribunal Superior de San A., en S. integrada por el magistrado M.R.A.A. y la magistrada P.C.E., mediante sentencia del 17 de julio del mismo año confirmó la absolución de los implicados, pero modificó parcialmente la providencia de primera instancia declarando que los dineros incautados “tienen la calidad de mostrencos, razón por la cual se ordena dar aviso al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, para lo de su competencia…”.
El Tribunal fijó los fundamentos normativos de su decisión indicando i) que el lavado de activos es un comportamiento delictivo autónomo e independiente al delito previo, aunque guarda una relación mediata e inmediata con los punibles a que se refiere el artículo 323 C.P.; ii) que para que se tipifique el lavado de activos es necesario que dentro del expediente aparezca debidamente probado que se ha cometido un delito anterior y que el dinero que se obtuvo como producto del mismo ha ingresado legalmente en la economía colombiana y; iii) que la Fiscalía tiene la carga de demostrar la existencia de los dos delitos; el primero de ellos se refiere a la conducta ilícita mediante la cual se obtienen los bienes y, el segundo, a cualquiera de las conductas relacionadas con el lavado de activos.
Adicionalmente, iv) el Tribunal citó un fragmento de la sentencia de casación penal del 9 de marzo de 2006 radicado 22179, según la cual el Estado debe demostrar que el incremento patrimonial injustificado tiene su origen mediato o inmediato en actividades delictivas, siendo inadmisible asumir una presunción de ilicitud de los bienes si los imputados no explican convincentemente la fuente de los mismos. Finalmente, v) al abordar el análisis probatorio del caso concreto, el Tribunal concluyó que no existía certeza sobre el origen ilícito del dinero incautado y sobre la responsabilidad de los procesados, dado que no se demostró que los dineros provinieran de actividades de narcotráfico:
“De toda la prueba anteriormente expuesta lo único que se ha podido probar hasta el momento es que el señor O.B., ha estado usando zarpes vencidos, que no respeta las normas marítimas en cuanto a la cantidad de gasolina que debe llevar en la embarcación y que en este proceso se le ha encontrado con una cantidad de dinero del cual se desconoce su procedencia, hasta el momento se puede decir que se han detectado varias mentiras en las indagatorias de los procesados, más no se ha demostrado los nexos que tienen estos señores con el narcotráfico”.
Contra la anterior decisión la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto a través de sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en S. de Casación Penal del 9 de junio de 2010 (R.. 28892). Para decidir el recurso, la S. fijó los criterios normativos bajo los cuales abordaría el debate probatorio propuesto por el casacionista. Manifestó que i) en un primer momento la tipificación del delito de lavado de activos generó dificultades en orden a precisar si se trataba de un delito autónomo o derivado, es decir, si para su concreción era necesaria o no la existencia de sentencia judicial previa que declarara probado el delito del cual se derivan los dineros hallados. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional y de casación penal establecieron que en efecto se trataba de un delito de carácter autónomo; ii) para la estructuración del lavado de activos basta con que se infieran dentro del proceso las actividades ilícitas, sin que se requiera prueba en grado de certeza y mucho menos sentencia judicial condenatoria previa. Incluso, iii) para la configuración del lavado de activos es suficiente con que las explicaciones ofrecidas por el incriminado no sean satisfactorias en orden a demostrar la procedencia ilícita de los dineros.
Posteriormente, la Corte Suprema descendió al análisis probatorio del asunto concreto. Advirtió que a la luz de las premisas normativas trazadas en la sentencia y los hechos probados, resultaba conducente sostener que los juzgadores de instancia se equivocaron al absolver a los acusados. En criterio de la S. de Casación, las pruebas obrantes en el expediente resultaban suficientes para emitir sentencia condenatoria, no solo bajo la jurisprudencia que establecía un estándar probatorio débil en relación con la prueba del origen ilícito del dinero, sino incluso con base en un parámetro exigente. Al respecto señaló que “en este caso en particular la S. tiene un convencimiento aún mayor, en cuanto advierte que los dineros provienen específicamente de la actividad de narcotráfico, en consideración al cúmulo de evidencias procesales que convergen en ese sentido y que los juzgadores desconocieron de manera inexplicable”.
De esta manera, la Corte se apartó “radicalmente del criterio expuesto por el juzgador a quo para quien bastó, para arribar a conclusión contraria, con señalar que no obraba prueba directa en el proceso demostrativa en grado de certeza de que los dineros transportados eran producto de actividades de narcotráfico, despreciando la vasta prueba indiciaria destacada en precedencia, y todavía más del consignado por el Tribunal, confirmando la decisión del anterior, en cuanto adujo que no aparecía plenamente demostrada la comisión del delito subyacente, desconociendo por igual la prueba referida y la visión ecuménica del delito que inspiró la jurisprudencia de esta S. y de la Corte Constitucional sobre su carácter autónomo”.
Por las anteriores razones, la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia del ad quem para en su lugar condenar a los acusados como coautores del delito de lavado de activos, y expidió copias de la sentencia de casación para que se estableciera la responsabilidad penal y disciplinaria en que pudieron incurrir los magistrados del Tribunal Superior de San A. y la titular del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la misma sede, “en virtud de los manifiestos yerros de apreciación probatoria, destacados en esta providencia, en que incurrieron dichos funcionarios al proferir las sentencias de instancia para absolver a los procesados…”.
Por medio de sentencia del 22 de marzo de 2012, la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B. sancionó a A.Á.V.S. en su calidad de J. Única Penal del Circuito Especializada de San A., Providencia y Santa Catalina, con destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años, al haberla encontrado disciplinariamente responsable de incumplir con el deber previsto en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002[1], en concordancia con la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la misma legislación[2], y por incursionar penalmente en las disposiciones descritas en los artículos 413 y 415 de la Ley 599 de 2000[3].
Para tomar esa decisión, el Consejo Seccional estimó que la sancionada, al dictar sentencia el 7 de mayo de 2007 en el proceso penal que la Fiscalía General de la Nación siguió contra tres personas acusadas del delito de lavado de activos, actuó de manera dolosa, pues desconoció y minimizó elementos de juicio relevantes que permitían emitir un fallo condenatorio en contra de los acusados.
A través de sentencia del 04 de mayo de 2012 la S. Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura en grado jurisdiccional de consulta confirmó el fallo sancionatorio proferido en contra de la J.A.Á.V.S. , al encontrar que los elementos de juicio allegados al expediente disciplinario permitían establecer que por su arbitrariedad la decisión que adoptó en el proceso penal se alejaba del principio de autonomía funcional que ampara la autonomía e independencia de la actividad judicial. Más adelante, el 19 de junio de 2012, pidió la prescripción de la acción disciplinaria, la cual fue negada en auto del 01 de agosto de 2012.
En relación con los magistrados del Tribunal Superior de San A., fue la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la que mediante fallo del 12 de julio de 2012 los sancionó con destitución de sus respectivos cargos e inhabilidad general por el término de 10 años al encontrar probado el cargo formulado “como autores responsables de la incursión en falta disciplinaria al tenor de lo previsto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002[4], por la vulneración del deber establecido en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[5], en concordancia con el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[6] por remisión a los artículos 323 – por la desatención del carácter de delito autónomo de Lavado de Activos – y 413 –prevaricato por acción- del Código Penal[7], y la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia C-326 de 2000, y de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 19 de enero de 2005, falta que se considera definitivamente GRAVÍSIMA a título de DOLO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.
En criterio del Consejo Superior, los sancionados incurrieron en la falta endilgada en la medida que desconocieron la orientación fijada en la sentencia C-326 de 2000 de la Corte Constitucional y en la del 19 de enero de 2005 dictada por la S. de Casación Penal sobre el carácter autónomo del delito de lavado de activos, y por cuanto desatendieron o minimizaron abiertamente los sólidos elementos de prueba condenatoria obrantes en el expediente penal.
En esa dirección, luego de transcribir las consideraciones probatorias efectuadas en el proceso penal por el Tribunal Superior de San A., y las consignadas en la sentencia de casación que compulsó copias para que se investigara a los accionantes, expresadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la S. de Casación penal, el Consejo señaló que,
“Todas estas falencias puestas de presente por la Fiscalía Delegada en el escrito de la demanda de casación, serían suficientes para evidenciar cómo los disciplinables, de una manera burda, grosera, en abierta oposición a los abundantes medios de convicción que llevarían a la certeza requerida para declarar penalmente responsables a los procesados por el delito de lavado de activos, por el que habían sido convocados a juicio, bajo consideraciones contraevidentes, optaron por confirmar la sentencia absolutoria. Sin embargo, no sólo la Fiscalía se percató de las protuberantes inconsistencias entre lo que las pruebas acopiadas mostraban como un hecho incontrovertible e insoslayable, a saber, la realización del ilícito penal por parte de los encausados, y la conclusión a la que arribó el Tribunal Superior, a todas luces distante de un mínimo ejercicio de sindéresis y de conformidad con la más elemental consideración de razonabilidad. || También el agente del ministerio público, al emitir su concepto en el trámite de la casación que se viene analizando, expuso con total claridad cuáles fueron esas falencias que tornaban la decisión judicial en un exabrupto jurídico”.
En el mismo fallo, la S. Disciplinaria resolvió no decretar las nulidades procesales pedidas por los disciplinados en los alegatos de conclusión, denegar la solicitud de ampliación del término probatorio efectuada por M.R.A.A. en el alegato de conclusión y declarar no probado el cargo que había formulado a los accionantes por haber declarado provisionalmente como bien mostrenco los dineros incautados en el proceso penal.
En escrito del 25 de julio de 2012, el abogado de confianza de la accionante P.C.E. interpuso recurso de reposición contra el fallo del 12 de julio de 2012 en cuanto negó la nulidad pedida en los alegatos de conclusión y sancionó a la disciplinada. También, pidió la corrección y adición de la sentencia.
Mediante fax entregado el 24 de julio de 2012 al Despacho del magistrado sustanciador del proceso disciplinario, el señor M.R.A.A. solicitó i) la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia del 12 de julio de 2012; ii) la reposición de la decisión de no conceder la nulidad pedida en los alegatos de conclusión; iii) la corrección, aclaración y adición de la sentencia; iv) la reposición de los numerales cuarto a sexto de la parte resolutiva de la sentencia, que dispusieron la sanción del actor y la notificación de la misma y; v) la prescripción de la acción disciplinaria.
En auto del 24 de octubre de 2012, la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rechazó por improcedente las solicitudes efectuadas por los disciplinados en los escritos del 24 y 25 de julio del mismo año[8].
Realizada la anterior reseña, pasa la S. a resumir los hechos particulares de cada asunto, los cargos constitucionales formulados contra las providencias sancionatorias y las actuaciones de los jueces de tutela de instancia[9].
Expediente T- 4.134.579 C.A.Á.V.S.
El 24 de septiembre de 2012 A.Á.V.S., a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la S. Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia del 1º de agosto de 2012 negó la prescripción de la acción disciplinaria en el proceso que terminó el 04 de mayo de 2012 con sentencia confirmatoria de sanción disciplinaria en su contra.
La demanda asegura que la señora V.S. fue sancionada con destitución del cargo de J. Única Penal Especializada del Circuito de San A. e inhabilidad general por 10 años, mediante fallo proferido el 22 de marzo de 2012, por presuntas irregularidades cometidas al emitir sentencia de primera instancia el 7 de mayo de 2007 en el proceso penal seguido contra O.B.W. y otros por el punible de lavado de activos.
La sentencia sancionatoria del Consejo Seccional de Judicatura de B. fue confirmada el 04 de mayo de 2012 en fallo de consulta de la S. Dual Quinta de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y notificada mediante edicto fijado durante tres días desde el 18 de mayo de 2012, quedando en firme el 23 del mismo mes y año.
El Tribunal Superior de San A., mediante Acuerdo 078 del 17 de mayo de 2012, en cumplimiento de la decisión de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso retirar del servicio a la jueza V.S. a partir del 22 de mayo de 2012, sin que estuviera en firme el fallo de consulta.
El 14 de mayo de 2012 el apoderado judicial de la actora solicitó la corrección, aclaración y nulidad de la sentencia del 04 de mayo de 2012. Mediante providencia del 25 de mayo de 2012 la accionada resolvió en sentido adverso las peticiones.
El apoderado presentó solicitud de prescripción de la acción disciplinaria el 19 de junio de 2012, por haber transcurrido más de cinco 5 años entre la fecha que ocurrieron los hechos que dieron origen a la investigación (sentencia penal proferida el 7 de mayo de 2007) y el momento en que quedó en firme el fallo sancionatorio de segunda instancia (23 de mayo de 2012).
Sostiene que la ponencia del magistrado J.A.O. que resolvía la solicitud de prescripción fue negada, por lo que el expediente se remitió al magistrado P.A.S.. A través de auto de ponente del 01 de agosto de 2012 la S. Disciplinaria dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del 04 de mayo de 2012.
Advierte que en escrito del 09 de agosto del 2012 solicitó copia de la ponencia presentada por el magistrado O., sin que a la fecha de radicación de la acción de tutela conociera respuesta de la misma.
El apoderado argumenta que de conformidad con los artículos 29, 30 y 119 de la Ley 734 de 2002 “se entiende que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias, contrario sensu, es decir, si se extienden antes de la notificación, estos son violatorios del principio de publicidad, soporte fundamental del debido proceso”. Añade, que “entre la fecha en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la acción disciplinaria, esto es, el 7 de mayo de 2007 y, la fecha en que se notificó la providencia de segunda instancia, vale decir, el 23 de mayo de 2012, como quedó dicho, indudablemente, han transcurrido más de cinco años. || Así las cosas, al observar los extremos temporales antes anotados, no cabe duda, que la autoridad disciplinaria, excedió el límite temporal que tenía para adelantar el proceso disciplinario que seguía en contra de mi prohijada, al notificar la decisión de segunda instancia, después de cumplido dicho término perentorio, por causa del fenómeno prescriptivo, como lo ha venido iterando la pacífica jurisprudencia de las altas cortes”.
Para respaldar su posición citó fragmentos de las sentencia C-1076 de 2002 que estudió la constitucionalidad de los artículos 119 inciso 2 y 206 parcial de la Ley 734 de 2002, y concluyó que “los efectos jurídicos de las providencias se surten a partir de la notificación a las partes, como lo ha sentado la Corte en las decisiones apuntadas”.
Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia, i) se decrete la prescripción de la acción disciplinaria que se sigue en contra de la accionante; ii) en consecuencia, se revoque la sanción disciplinaria impuesta a la accionante por el Consejo Seccional de la Judicatura de B., confirmada por la S. Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura y; iii) se ordene al Tribunal Superior de San A. reintegrar a la accionante en el cargo de J. Única Especializada del Circuito de San A., a partir del 22 de mayo de 2012, sin solución de continuidad.
Intervención de las entidades accionadas
Mediante auto del 25 de septiembre de 2012 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá avocó conocimiento de la solicitud de tutela y dispuso la comunicación de la acción a los demandados.
A través de escrito del 01 de octubre de 2012 el magistrado A.L.R. en calidad de presidente de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se opuso a la protección constitucional solicitada. Aseguró que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita al momento de proferirse el fallo de consulta que confirmó la sanción, ya que se dictó dentro de los cinco años exigidos por el artículo 32 de la Ley 734 de 2002.
Sostuvo que la jurisprudencia constitucional estableció una diferencia conceptual entre la ejecutoriedad de la sentencia y su ejecución. La ejecutoria se surte en el instante mismo de suscripción de la sentencia en tanto la ejecución se inicia luego de su comunicación. Añadió que la sentencia C-641 de 2002 “declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 187 de la Ley 600 de 2000, indicando que las providencias “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”…”.
Finalmente, indicó que “en relación con el trámite de solicitud de prescripción presentada por la funcionaria debe señalarse que a efectos de resolver la misma se presentó por parte de la S. Dual Quinta de Decisión de esta Corporación proyecto de decisión con ponencia del Magistrado Ponente Dr. J.A.O.G., la que resultó negada, procediendo en consecuencia a remitirse el expediente al despacho del Magistrado P.A.S.B., quien en auto de ponente resolvió dicha petición señalando que la funcionaria disciplinada debía estarse a lo resuelto en tanto las peticiones habían sido objeto de decisión por la misma S. Dual, situación que no constituye irregularidad o vulneración a los derechos invocados por la petente ni a sus garantías fundamentales, pues en efecto, se observa que la situación que motivó su inconformidad se encontraba específicamente explicada no solo en la sentencia sancionatoria de segunda instancia de fecha 4 de mayo de 2012 sino también en el proveído de fecha 25 de mayo de 2012 mediante el cual se le negó la solicitud de corrección y aclaración de la primera providencia mencionada, así como rechazar la de nulidad propuesta por haber cobrado ejecutoria la misma en la fecha señalada, es decir el 4 de mayo del año en curso”.
A través de sentencia del 08 de octubre de 2012 la S. Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá negó la tutela solicitada.
Indicó que “La prueba recaudada durante el trámite de la presente acción, permite establecer que no se configura inconsistencia generadora de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados por la accionante, pues las normas procedimentales que regulan la notificación y ejecutoria de las sentencias proferidas al interior del procedimiento disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales, son absolutamente claras en precisar que aquellas decisiones quedan en firme al momento de su suscripción, y que el correspondiente trámite de notificación se surte “sin perjuicio de su ejecutoria inmediata”, lo que significa que la finalidad de este no es otra que garantizar a los sujetos procesales, el conocimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia que pone fin a la actuación”.
Expresó que “Respecto al señalamiento relacionado con la omisión en expedirse copias de la ponencia del 12 de julio del año en curso presentada por el doctor J.A.O.G., la cual fue negada, basta con señalar que dicho documento en momento alguno forma parte de la decisión adoptada, así como tampoco integra el expediente, por manera que ningún derecho le asiste al investigado para acceder a dicha información”.
El apoderado judicial de la accionante impugnó la sentencia de instancia. Insistió en las consideraciones expresadas en primera oportunidad. Adicionalmente, estimó que la sentencia de primera instancia i) pretermitió referirse a los hechos relacionados con las solicitudes de corrección, aclaración y nulidad presentada por el apoderado de la accionante, así como a la respuesta que dio el Consejo Superior de la Judicatura; ii) no se realizó un análisis riguroso del cuaderno anexo de pruebas; iii) en el trámite de resolución de la petición de prescripción de la acción disciplinaria se vulneró el debido proceso de la disciplinada, ya que la decisión debió ser tomada por la S. en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del código disciplinario único y; iv) la sentencia sancionatoria solo adquirió ejecutoria una vez se resolvió la solicitud de corrección, aclaración y nulidad, esto es, cuando la acción disciplinaria ya había prescrito.
Del fallo de segunda instancia
La S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante fallo del 05 de septiembre de 2013 modificó la sentencia impugnada y declaró su improcedencia. Estimó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad toda vez que la demandante no agotó el recurso de apelación frente a la sentencia sancionatoria de primera instancia. La demandante tampoco pidió en término la prescripción de la acción disciplinaria, ya que lo hizo luego de la ejecutoria de la sentencia de consulta.
Expediente T- 3.849.017 Caso M.R.A.A.
El 23 de enero de 2013, el señor M.R.A.A., a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad de trato y al debido proceso, en razón del fallo sancionatorio proferido en su contra el 12 de julio de 2012.
M.A.A. se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de San A. desde el 06 agosto de 1996 al 08 de julio de 2008. Durante ese periodo, el Tribunal conoció en apelación tres casos por lavado de activos. Los asuntos fueron resueltos en un corto lapso durante los años 2006 y 2007.
En los dos primeros casos de lavado de activos, la primera instancia en San A. condenó a los acusados, pero el Tribunal revocó tales condenas. En el tercer caso, la jueza de primera instancia acogió el criterio formado por el Tribunal en las dos revocatorias anteriores y el ad quem confirmó el fallo absolutorio. En dos de los tres asuntos, la Fiscalía General de la Nación recurrió en casación las absoluciones.
En sentencias del 09 de junio de 2010 y del 02 de febrero de 2011, la Corte Suprema de Justicia casó ambas sentencias del Tribunal Superior de San A., condenó a los acusados que habían sido absueltos y compulsó copias para que se investigara penal y disciplinariamente a los juzgadores de instancia.
En razón a la compulsa de copias, el Consejo Superior de la Judicatura inició dos trámites disciplinarios independientes contra los magistrados del Tribunal Superior de San A.. En el primero de ellos, archivó la investigación por inexistencia de falta disciplinaria. En el segundo, sancionó con destitución e inhabilidad general a los disciplinados en sentencia del 12 de julio de 2012.
En contra de la sentencia sancionatoria del 12 de julio de 2012 se agotaron todos los medios ordinarios de defensa judicial. Así, mediante auto del 24 de octubre de 2012, la S. Disciplinaria negó las solicitudes de adición, aclaración, corrección y nulidad de la sentencia y reiteró que contra las decisiones tomadas no cabía recurso alguno.
El 2 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia hizo efectiva la sanción impuesta en la sentencia y a partir de esa fecha destituyó a los magistrados sancionados.
La demanda de tutela formula los siguientes cargos contra la sentencia proferida el 12 de julio de 2012 por el Consejo Superior de la Judicatura:
Defecto sustantivo
Defecto sustantivo “al identificar indebidamente el problema jurídico del caso y, en consecuencia, al hacer una aplicación equivocada de las normas y de la jurisprudencia relevante para el mismo como fundamento del prevaricato interpretativo que reprocha equivocadamente a los magistrados de San A.”.
Para sustentar el cargo, la demanda señala que la sentencia proferida el 12 de julio de 2012 por el Consejo Superior de la Judicatura sancionó al accionado por desconocer el carácter autónomo del delito de lavado de activos y la jurisprudencia vertical sobre la materia contenida en las sentencias R.. 21044 del 19 de enero de 2005 de la S. de Casación Penal y C-326 de 2000 de la Corte Constitucional.
Asevera el accionante que, por el contrario, la sentencia por la cual fue sancionado respetó la posición autónoma del delito de lavado de activos y no incurrió en desconocimiento del precedente vertical que se le reprocha.
El Tribunal acató la modalidad autónoma del delito de lavado de activos, pues, para su configuración exigió, al ente acusador que probara una conexión entre los bienes incautados y alguno de los delitos subyacentes consagrados en el artículo 323 del C.P., de manera que el origen de los dineros se vinculara mediata o inmediatamente con las actividades ilícitas listadas en el referido artículo.
En cuanto al desconocimiento del precedente vertical, dijo que no se configuró, ya que para el momento en que el Tribunal profirió la sentencia, existían tesis encontradas entre la Sentencia R.. 21044 del 19 de enero de 2005 y la Sentencia R.. 22179 del 09 de marzo de 2006, ambas de la Corte Suprema de Justicia en S. de Casación Penal.
Mientras en la sentencia de casación del 2005 la Corte se negó a casar una sentencia en la cual el Tribunal Superior de Neiva condenó a una persona por lavado de activos al estimar que existía un conjunto de indicios que permitían inferir “que las maniobras financieras tenían los propósitos de blanqueo de dineros de origen ilícito”, la decisión de 2006 sostuvo que en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito no puede haber una inversión de la carga de la prueba, por lo que corresponde a la Fiscalía acreditar con grado de certeza el delito subyacente y la vinculación de este con el dinero lavado.
El Tribunal Superior de San A. acogió la postura de la sentencia de casación de 2006, en especial porque esta era más reciente, clara, rotunda y garantista. Su conducta se encuentra justificada por cuanto para ese momento no existía una orientación jurisprudencial sólida y segura sobre el tema en la S. de Casación Penal, y menos aún en la sentencia C-326 de 2000 que nada tiene que ver con el cargo concreto.
En conclusión, dijo el accionante que el principal error de la sentencia sancionatoria del Consejo Superior de la Judicatura reside en no tomar en cuenta que sobre el estándar probatorio del delito subyacente de lavado de activos no existencia una posición jurisprudencial clara y consolidada por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Defecto por desconocimiento del precedente horizontal
Defecto por desconocimiento del precedente horizontal en tanto el Consejo Superior de la Judicatura “viola el propio precedente establecido en torno al tema del prevaricato interpretativo del lavado de activos y rompe de manera grave la igualdad de trato que le debe a los ciudadanos configurando la causal de “desconocimiento de precedente”, lo que resulta particularmente paradójico en una sentencia que precisamente le reprocha a los disciplinados (sin razón) la desobediencia del precedente de la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia como argumento central del presunto prevaricato interpretativo”.
De acuerdo con la demanda, el desconocimiento del precedente horizontal del Consejo Superior de la Judicatura se materializó en tanto la misma Corporación en sentencia del 24 de agosto de 2011 terminó una investigación que seguía en contra de los magistrados del Tribunal Superior de San A. ante compulsa de copias efectuada por la Corte Suprema de Justicia al casar una sentencia del ad quem que había absuelto a unos acusados por el delito de lavado de activos. El interviniente asegura que en esa ocasión el Consejo determinó que la jurisprudencia de casación sobre lavado de activos se consolidó en sentencias posteriores al año de 2007 y por ello no podía endilgárseles a los disciplinados un prevaricato interpretativo.
Defectos procedimentales y probatorios
Defectos procedimentales y probatorios porque el Consejo Superior de la Judicatura [i] no condujo investigación autónoma alguna para sancionar el prevaricato judicial sino que destituyó a los magistrados por exactamente las mismas razones de pura doctrina que la Corte Suprema de Justicia adujo en sus sentencias de casación para pedir la investigación disciplinaria, pero sin agregar fundamento independiente alguno que permitiera pasar razonablemente de la queja de la Corte Suprema a la sanción definitiva del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, [ii] la S. Disciplinaria negó la realización de pruebas que hubieran variado el sentido de la decisión. Finalmente, [iii] el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión en violación clara de su Reglamento, con lo que puede afirmarse que la sentencia no fue adecuadamente discutida y debatida a pesar de la importancia y dificultad de los temas jurídicos allí examinados”.
De acuerdo con la demanda, la sentencia sancionatoria se fundó en la “irritación” que manifestó la Corte Suprema de Justicia en contra de la sentencia del Tribunal Superior de San A.. Además, el juez disciplinario negó el testimonio del Procurador que intervino en la primera y segunda instancia del proceso penal, que abogó por la absolución de los acusados por falta de pruebas en su contra, y apreció mal el testimonio del Fiscal que recurrió en casación, que aseveraba que la sentencia del Tribunal no incurrió en desconocimiento del precedente pues se fundó en la sentencia de casación del año 2006 que establecía que la carga de la prueba corresponde al Estado y que no basta que los implicados no hayan dado respuestas creíbles para asumir que el origen de los dineros constituyan lavado de activos. Este Fiscal, agrega la demanda, interpuso el recurso de casación por instrucción de la Fiscalía en Bogotá.
Finalmente, la demanda sostiene que el proyecto de sentencia disciplinaria fue radicado el mismo día en que se profirió la sentencia, contrariando el reglamento de la Corporación que exige que su registro se realice con dos días de antelación. “Igualmente se sabe que la S. deliberó en horas de la mañana, es decir, con escasísimo tiempo para que los seis Magistrados restantes hubiesen podido leer y reflexionar sobre el difícil tema que se les pedía resolver”.
Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia, i) se decrete la “nulidad de la sentencia de 12 de julio de 2012 expedida por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso (…) en el que se destituyeron a los Magistrados del Tribunal de San A., (…) M.A.A. y P.C.E. y, en su lugar, se dicte sentencia absolutoria”; ii) se reintegre a los magistrados sancionados a sus cargos; iii) subsidiariamente, se ordene a la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el decreto y práctica de pruebas negadas y/o no realizadas sin culpa de los disciplinados.
Intervención de la accionada y réplica del accionante
Mediante auto del 23 de enero de 2013 la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B. avocó conocimiento de la solicitud de tutela y dispuso la comunicación de la acción a los demandados.
A través de escrito del 28 de enero de 2013 el magistrado A.L.R. en calidad de presidente de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se opuso a la protección constitucional solicitada. Aseguró que la sentencia que sancionó al accionante “se sustentó en las probanzas allegadas en su oportunidad, encontrándose que el fallo fue proferido atendiendo los postulados que rigen las investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios judiciales, siendo con tal proceder, garantista de los derechos constitucionales que tienen las partes, como es el debido proceso y el derecho de defensa”.
Sostuvo que a los sancionados “se les garantizó su derecho de defensa y debido proceso, hasta el punto que siempre agotaron cada instancia procesal que tenían a su favor. Como para que ahora, pretendan constituir la acción de tutela en una nueva instancia y poder controvertir la decisión sancionatoria. Pues, una simple lectura del escrito de tutela deja a las claras que la intención del libelista es revivir el debate jurídico y probatorio que se dio en el proceso disciplinario, sin aportar elementos que, de manera clara, concreta e inequívoca permitan vislumbrar una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra la decisión judicial cuestionada; la que, por demás, se profirió con absoluto respeto por las garantías procesales de los encartados, en el marco del principio constitucional de autonomía judicial”.
Señala que “los Magistrados sancionados, o su apoderado, aún después del fallo acudieron a recursos improcedentes, para impedir ser sancionados, es así como el aquí doctor A.A., presentó vía Fax, el día 24 de julio de 2012, memorial deprecando la nulidad del proceso, a partir de la sentencia del 12 de julio 2012; también presentó, en escrito radicado el 23 de julio de 2012, como recurso de reposición contra la decisión de no conceder las nulidades interpuestas. En otro escrito, el mismo Magistrado solicitó corrección, aclaración y adición de la sentencia sancionatoria; y el 26 de julio de 2012, radica memorial contentivo del recurso de reposición contra los numerales cuartos a sexto de la sentencia del 12 de julio de 2012, alegando prescripción de la acción disciplinaria. || De la misma manera, la doctora P.C.E., mediante su apoderado, acudió al recurso de reposición y subsidiariamente de corrección y adición de la sentencia, radicado el día 25 de julio de 2012. || A todas las solicitudes de los sancionados se les dio respuesta de manera clara y contundente en providencia del 24 de octubre de 2012”.
Del fallo de única instancia
La S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B. mediante sentencia del 12 de febrero de 2013 negó la tutela reclamada.
Sostuvo que la acción de tutela no resultaba procedente por cuanto la sentencia sancionatoria impugnada por vía constitucional no se advertía arbitraria. Estimó que la sanción no solo se basó en el desconocimiento de la jurisprudencia plasmada en la sentencia de casación penal del 19 de enero de 2005, sino en las evidentes falencias de valoración probatoria de los disciplinados.
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura no desconoció su propio precedente, ya que en el caso previo se absolvió a los disciplinados en tanto en ese asunto valoraron adecuadamente las pruebas, mientras que en el proceso penal por el que fue sancionado el accionante se incurrieron en ostensibles falencias de apreciación probatoria. Lo anterior, denota que los casos eran distintos, y por ello, que el uno no representaba precedente frente al otro.
Arguyó que la sentencia sancionatoria no trasladó mecánicamente los argumentos contenidos en la sentencia de la S. de Casación Penal que compulsó copias, sino que estos simplemente coincidieron.
Señaló que la solicitud de prueba testimonial de los señores J.L.Q.M., M.Y.B. y D.E.L.M. fue negada por la S. Disciplinaria en auto del 22 de febrero de 2012, confirmado en auto del 28 de abril de 2012, aspecto que denota el ejercicio del derecho de contradicción por parte de los disciplinados. Explicó que si bien el 30 de mayo de 2012 se accedió al decreto del testimonio de los señores Y. y J.C., su recaudo no fue posible en tanto no asistieron a la diligencia probatoria.
Manifestó que aunque la citación a S. podría ser constitutiva de anomalía, la misma no puede ser considerada como defecto procedimental ya que carece de relevancia constitucional y no se demostró que fuera decisiva para el sentido de la decisión. Indicó que en todo caso “sobre ese punto no se interpuso ningún medio ordinario o extraordinario” de defensa judicial.
Expediente T- 4.144.458 Caso P.C.E.
El 13 de febrero de 2013 P.C.E. interpuso acción de tutela en nombre propio contra el Consejo Superior de la Judicatura al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad de trato y al debido proceso, en razón del fallo sancionatorio proferido en su contra el 12 de julio de 2012. Adicionalmente, señaló que el auto del 24 de octubre de 2012 que resolvió la solicitud de reposición, corrección y adición presentada contra el fallo del 12 de julio de 2012, incurrió en “vía de hecho”.
P.C. se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior de San A. desde el primero de septiembre de 2004 hasta el primero de noviembre de 2012.
Durante el tiempo que ejerció como magistrada en el Tribunal de San A. conoció en apelación tres casos por lavado de activos. En dos asuntos, el juez de primera instancia condenó a los acusados pero el Tribunal revocó las sentencias, mientras que, en el tercero, el ad quem confirmó la decisión absolutoria del a quo.
En dos de esos casos la Fiscalía General de la Nación recurrió en casación. La Corte Suprema de Justicia casó las providencias del Tribunal Superior de San A. en sentencias del 9 de junio de 2010 y del 2 de febrero de 2011, condenó a los acusados y compulsó copias penales y disciplinarias para que se investigara la conducta de los juzgadores de instancia.
El Consejo Superior de la Judicatura inició los respectivos procesos disciplinarios. El primero de ellos, lo archivó al estimar que los disciplinados no incurrieron en falta alguna, pues la decisión judicial fue producto del análisis serio y soportado de las pruebas recaudadas y se fundamentó en los precedentes horizontal y vertical sobre la materia.
Por el contario, en el segundo trámite disciplinario, el Consejo, a través de sentencia del 12 de julio de 2012, sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a los disciplinados, al encontrarlos incursos objetivamente en la conducta de prevaricato, en tanto desatendieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre el carácter autónomo del delito de lavado de activos.
Contra la sentencia del 12 de julio de 2012 se agotaron todos los medios de defensa judicial, pues se solicitó su adición, aclaración, corrección, reposición y nulidad. En auto del 24 de octubre de 2012, notificado por estado del 16 de noviembre del mismo año, la S. Disciplinaria negó estas solicitudes. El 2 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia hizo efectiva la sanción impuesta en la sentencia del 12 de julio de 2012.
Los fundamentos jurídicos de la demanda
La demanda relaciona de la siguiente manera los derechos fundamentales que habrían sido vulnerados en virtud del fallo sancionatorio del 12 de julio de 2012: “a) El derecho al debido proceso y a ser juzgado en sede disciplinaria con pruebas independientes y autónomas conducentes a establecer mi conducta, y no con meras opiniones jurídicas; b) El derecho al debido proceso, a ser juzgado dentro del contexto del derecho vigente en el momento de la expedición de los fallos que se me reprochan y no meramente por el traslado automático de la opinión (siempre respetable) de la Corte Suprema de Justicia que casó el fallo o de los agentes de seguridad que corroboraron la existencia de indicios en contra de los lancheros; c) al debido proceso, por no practicar pruebas o por no valorarlas adecuadamente, hasta el punto que se hubiese hecho, el fallo habría tenido el sentido contrario; d) el derecho a recibir trato en condiciones de igualdad por parte de las autoridades frente a situaciones idénticas; porque no puede ser que un magistrado sea el chivo expiatorio de una opinión de la Alta Corporación de Justicia, S. de Casación Penal, que fue común, rectificada en jurisprudencia posterior, la cual originó el criterio estampado en la sentencia dictada por el tribunal, también acogido por otros magistrados, procuradores judiciales y fiscales que se sumaron a ella y convinieron tácitamente que ese era el discernimiento correcto o acertado en el punto de derecho represivo objeto de discusión en la época entre todos los juristas del Distrito de San A. Islas; e) el derecho a mi realización personal y profesional mediante la expectativa legítima de continuar en mi trabajo; f) los derechos sociales prestacionales (como la seguridad social en pensiones y salud) por la injusta destitución de mi puesto de trabajo y g) finalmente, mis derechos fundamentales al buen nombre y a la estimación social que deben corresponder a un funcionario judicial que ha desempeñado adecuadamente sus funciones como Magistrada y J. por más de 15 años y medio; a pesar de que en algún momento mi criterio jurídico hubiese sido enérgicamente rechazado por la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia…”.
Posteriormente, formula cargos alusivos a defecto sustantivo, desconocimiento del precedente horizontal y defectos procedimentales y probatorios, los cuales son presentados y sustentados de manera similar a la resumida en los fundamentos 55 a 66 de los antecedentes de esta sentencia.
Aduce que solo excepcionalmente el juez disciplinario puede pronunciarse sobre la valoración probatoria que hacen los funcionarios judiciales disciplinados. Agrega, que también existe “vía de hecho”, por cuanto la sentencia del Consejo refiere que se sanciona a los magistrados de la S. Penal del Tribunal Superior de San A., cuando los disciplinados en realidad hacían parte de la S. Única del Tribunal.
De otro lado, la accionante manifiesta su desacuerdo con la resolutiva de la sentencia del 12 de julio de 2012 que declaró la improcedencia del recurso de reposición contra la sentencia sancionatoria. Asegura que, de acuerdo con el artículo 207 de la Ley 734 de 2002, a los funcionarios de la rama judicial se les aplican los recursos del artículo 113 de la misma ley, en donde se establece que contra el fallo de única instancia procede el recurso de reposición.
Además, indica que se vulneró el derecho de defensa de los disciplinados debido a que las comisiones para la práctica de pruebas llegaron días después de proferido el auto que corría traslado para presentar alegatos de conclusión.
El Consejo Superior de la Judicatura incurrió en “vía de hecho” i) al no notificar ni comunicar el auto que fijó fecha y hora para la práctica de pruebas; ii) al resolver en la sentencia la solicitud de nulidad presentada en los alegatos de conclusión; iii) al no insistir en el recaudo de la prueba pese a que esta había sido decretada y; iv) al no tener en cuenta que la prueba no se practicó por una conducta ajena a los disciplinados.
Finalmente, indicó que los “vicios” que se presentaron en el trámite disciplinario fueron puestos en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura el 25 de julio de 2012, a través de un escrito que buscaba obtener la reposición, corrección y adición del fallo.
Adujo la accionante que la solicitud, que fue resuelta mediante auto del 24 de octubre de 2012, incurrió en “vía de hecho por no tramitación al recurso de reposición sobre la providencia de 12 de julio de 2012”. Sin referirse al contenido del auto, sostiene una interpretación de los artículos 113, 205, 206 y 207 de la Ley 734 de 2002, y señala que la misma es “correcta, [y] se ajusta de forma congruente a lo establecido por la Corte Constitucional al asegurar que la procedencia de impugnación es parte del núcleo esencial del debido proceso cuando se ha proferido un fallo condenatorio”.
Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados de modo que, i) se deje sin valor la sentencia sancionatoria dictada el 12 de julio de 2012 por el Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar se dicte sentencia absolutoria; ii) se le reintegre al cargo que ocupaba al momento de materialización de la destitución y; iii) se decrete la nulidad del proceso en que se le sancionó, a partir del auto que abrió pruebas en el trámite, y en consecuencia se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura el decreto y práctica de las pruebas negadas o no realizadas sin culpa de los disciplinados.
Por medio de auto del 2 de abril de 2013 el Consejo Seccional de la Judicatura de B. avocó conocimiento de la solicitud de tutela y dispuso la comunicación de la acción a los demandados.
A través de sentencia del 22 de abril de 2013 la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B. concedió la tutela solicitada.
Indicó que la demanda satisfacía los requisitos generales de procedibilidad. En particular, señaló que la demandante agotó los medios de defensa judicial a su alcance y que la acción cumplió el presupuesto de inmediatez en la medida que se instauró el 13 de febrero de 2013, es decir, transcurridos menos de tres meses desde el instante de notificación del auto del 24 de octubre de 2012 que rechazó por improcedentes las peticiones de nulidad del proceso, el recurso de reposición, la corrección, aclaración y adición de la sentencia de única instancia del 12 de julio de 2012.
Aseveró que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en violación del precedente horizontal del 24 de agosto de 2011 pues se apartó sin justificación de la sentencia que absolvió a los disciplinados en un proceso disciplinario semejante.
Señaló que la accionada cometió defecto sustantivo ya que interpretó erróneamente la jurisprudencia de la S. de Casación Penal sobre la prueba del delito de lavado de activos. Aseguró que esta solo se consolidó con posterioridad a la fecha de proferimiento de la sentencia por la que fue sancionada la peticionaria, de modo que no podía endilgarles responsabilidad alguna por el desconocimiento de un precedente inexistente, máxime si existían posiciones contradictorias en la jurisprudencia de casación penal.
En consecuencia, la S. dejó sin efecto el fallo sancionatorio del 12 de julio de 2012 y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura proferir nueva sentencia teniendo en cuenta los planteamientos del juez de tutela. Adicionalmente, ordenó el restablecimiento de la condición de magistrada que ostentaba la peticionaria.
La Procuradora 84 Judicial II Penal, el presidente de la S. Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Superior de la Judicatura y M.R.A.A. impugnaron la sentencia de instancia.
Impugnación de la Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría señaló que la acción no cumplía el requisito de inmediatez ya que el fallo sancionatorio cobró ejecutoria el mismo día en que se profirió, esto es, el 12 de julio de 2012. Además, el auto del 24 de octubre de 2012 que resolvió las solicitudes de aclaración, adición y corrección no afecta la ejecutoria inmediata del fallo; por esta razón el término de inmediatez debe contarse desde el momento de proferimiento de la providencia sancionatoria y no desde el 24 de octubre de 2012.
El fallo absolutorio del 24 de agosto de 2011 dictado por el Consejo Superior de la Judicatura no representa precedente horizontal frente a la sentencia del 12 de julio de 2012, ya que se profirió en un trámite disciplinario que contaba con elementos fácticos y probatorios distintos. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dio origen al fallo del 12 de julio de 2012 se compulsaron copias por errores manifiestos en la valoración probatoria, circunstancia que no fue analizada por el juez de tutela a quo.
El fallo del Consejo Superior de la Judicatura no sancionó a los disciplinados por el desconocimiento de un precedente inexistente para el momento de los hechos. El Consejo “advirtió que de conformidad con la prueba obrante en el proceso penal denominado “de los lanceros” existía prueba contundente que demostraba por lo menos, si no es que se puede decir que se infería claramente, la mera inferencia al interior del proceso de la existencia del delito subyacente al lavado de activos”.
Impugnación del Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura insistió en las consideraciones expresadas en primera oportunidad, y agregó las siguientes:
La demanda incumple el requisito de inmediatez ya que la acción se interpuso después de siete meses de proferida la sanción. Señaló que sobre el asunto existía cosa juzgada constitucional en virtud de los fallos del Consejo Seccional de Judicatura de B. del 15 de febrero y 03 de abril de 2013 que, al resolver acciones presentadas por hechos semejantes a los que dieron origen a la presente acción, declararon la improcedencia del amparo constitucional.
La sentencia del 12 de julio de 2012 no interpretó de manera errada la jurisprudencia de casación penal, “lo que se tuvo en cuenta fue una decisión de esa alta Corporación, del año 2005, pero, no solo fue esta decisión sino también la manera como los magistrados disciplinados analizaron el caso y desconociendo la realidad procesal tomaron su decisión en contravía al ordenamiento legal”.
Impugnación de M.R.A.A.
M.R.A.A. solicitó revocar parcialmente la sentencia de instancia. Estima que se debieron proteger sus derechos ya que intervino en el trámite como parte y no como un tercero. Pide se ordene su reintegro al cargo de magistrado de Tribunal Superior.
La S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante fallo del 05 de septiembre de 2013 revocó la sentencia impugnada para en su lugar declarar su improcedencia. Estimó que no se cumplían los presupuestos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular los de inmediatez e identificación clara de los hechos que generaron la vulneración. Argumentó que la acción se presentó transcurridos 8 meses desde el momento en que se profirió la sanción disciplinaria.
Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
A través de oficio del 05 de junio de 2013, el apoderado judicial del señor M.R.A.A. indicó que mientras la acción de tutela seleccionada por la Corte Constitucional se dirigió contra la sentencia del 12 de julio de 2012 (T-3849017 –primera tutela-), en una segunda demanda interpuesta con posterioridad su representado atacó el auto del 24 de octubre de 2012 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Igualmente, el apoderado allegó copia simple de la sentencia de tutela proferida el 3 de abril de 2013 por el Consejo Seccional de la Judicatura de B. en el segundo proceso de tutela, que declaró la nulidad del auto del 24 de octubre de 2012 y, en consecuencia, ordenó i) tramitar el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia del 12 de julio de 2012; ii) resolver la solicitud de aclaración, corrección y adición formulada contra la referida sentencia; iii) resolver la petición de prescripción de la acción disciplinaria y; iv) restablecer la condición de magistrado de Tribunal Superior del accionante.
Así mismo, el apoderado solicitó como medida provisional la suspensión del trámite de segunda instancia del segundo proceso de tutela, que se surtió ante impugnación de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Señaló que la medida resulta procedente por cuanto el actor podría nuevamente “ser destituido” si se revocaba la sentencia de tutela de primera instancia, y para que el juez de tutela de la segunda instancia se orientara con la sentencia de revisión que dictará la Corte.
Mediante auto del 26 de julio de 2013[10] la S. Octava de Revisión le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura informar sobre las actuaciones desarrolladas en el trámite de segunda instancia de la segunda acción de tutela presentada por el señor M.R.A.A., y dispuso la suspensión de términos en el proceso T-3.849.017.
El 01 de agosto de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura informó que el trámite de la segunda instancia del segundo proceso de tutela se encontraba en curso. Posteriormente, en oficio del 11 de septiembre de 2013 remitió copia simple de la sentencia de segunda instancia proferida el 05 de septiembre del mismo año, en la que revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró la improcedencia de la demanda al encontrar que por los mismos hechos y con las mismas pretensiones el actor interpuso más de una acción de tutela, en contravía de lo consagrado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Mediante Auto 258 del 12 de noviembre 2013[11] la S. Octava de Revisión negó la medida de protección provisional pedida el 05 de junio de 2013. Estimó que la misma no resultaba procedente, ya que la resolución de la segunda tutela era necesaria para determinar la persistencia o no del objeto de análisis de la primera acción de tutela.
En Auto 259 del 12 de noviembre de 2013[12], la S. Octava de Revisión decretó de oficio medida provisional de protección constitucional en favor del señor M.R.A.A. y, en consecuencia, suspendió la ejecución de la sentencia sancionatoria, dictada el 12 de julio de 2012 por el Consejo Superior de la Judicatura. La S. consideró procedente la medida porque i) existía duda sobre la afectación de los derechos fundamentales del actor ante la posible materialización de defectos constitucionales por parte del accionado en la sentencia; ii) era necesario precaver la vulneración de derechos de terceros que ocuparan el cargo vacante por el sancionado y; iii) resultaba indispensable proteger el erario ante el eventual reintegro del accionante y el pago de los correspondientes salarios dejados de percibir.
A partir del oficio presentado el 27 de noviembre de 2013, el abogado D.E.L.M. también intervino en el trámite de revisión en calidad de apoderado de A.Á.V.S. y P.C.E.[13].
Por medio de oficio del 27 de enero de 2014, el apoderado judicial de A.Á.V.S. y P.C.E. solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de sus representadas, argumentando que los supuestos fácticos y jurídicos de sus acciones de tutela se asemejaban al analizado en el caso del señor M.R.A.A..
En Auto 142A del 20 de mayo de 2014[14], la S. Octava de Revisión decretó medida provisional de protección constitucional en favor de las señoras P.C.E. y A.Á.V.S. y, en consecuencia, suspendió la ejecución de la sentencia sancionatoria dictada el 12 de julio de 2012 por la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en contra de la señora C. y de la sentencia confirmatoria de sanción del 04 de mayo de 2012, proferida por la S. Dual Quinta de Decisión de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La S. Octava estimó procedente la medida porque i) existía duda sobre la afectación de los derechos fundamentales de las accionantes, ante la posible estructuración de defectos constitucionales en las sentencias sancionatorias; ii) era necesario precaver la vulneración de derechos de terceros que ocuparían los cargos vacantes por las sancionadas y; iii) resultaba indispensable proteger el erario, ante el eventual reintegro de las accionantes y el consiguiente pago de los salarios dejados de percibir.
En escritos del 20 de febrero de 2014 y del 23 de abril del mismo año, el apoderado judicial de la accionante A.Á.V.S. presentó nuevos hechos y dirigió reproches constitucionales contra las sentencias disciplinarias que sancionaron a su representada, “teniendo en cuenta que el análisis de la Corte en sede de revisión no se rige por el principio dispositivo o de congruencia, sino por la capacidad de indagación más completa posible que lleve al análisis constitucional más verídico y preciso que permita determinar si existe, o no , violación de los derechos fundamentales del tutelante”.
En oficio del 05 de septiembre de 2014, la señora G.L.R.L. indicó que en S. Plena del 31 de julio de 2014 fue nombrada en propiedad por la Corte Suprema de Justicia para el cargo de magistrada de la S. Única del Tribunal Superior de San A., cargo en el que no fue posesionada, en razón de la medida tomada en el Auto 142A de 2014 en favor de P.C.E.. Por esa circunstancia, estima que la providencia de medidas cautelares afectó sus derechos fundamentales al trabajo y a la carrera administrativa, por lo que solicita adoptar las medidas procedentes para remediar la vulneración.
El 15 de enero de 2015 la magistrada (e) M.V.S.M. radicó proyecto de sentencia, el cual no fue aprobado por la mayoría de los magistrados integrantes de la S. Octava de Revisión[15].
Por escrito del 11 de mayo del 2015 dirigido al S. General de la Corte Constitucional la magistrada (e) M.V.S.M. manifestó que “En razón a que el proyecto de sentencia de la referencia no fue aprobado por la mayoría de los Magistrados integrantes de la S. Octava de Revisión, adjunto envió (sic) el respectivo expediente para que se remita al despacho del nuevo Magistrado Ponente”.
El 13 de mayo de 2015 la Secretaría General de la Corte Constitucional envió al Despacho del magistrado L.E.V.S. el expediente de la referencia.
A través de escrito del 02 de junio de 2015, el accionante M.R.A.A. solicitó “se decrete la prejudicialidad” del proceso de tutela, hasta tanto la Fiscalía General de la Nación resuelva su situación jurídica en el proceso que inició en su contra en virtud de la compulsa de copias efectuada por la S. de Casación Penal en la sentencia del 09 de junio de 2010, y pidió la modulación de la sanción impuesta.
Adicionalmente, en el mismo escrito el accionante A.A. aseguró que una persona que se identificó como funcionario del Despacho del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Ovidio Claros, le pidió una suma de dinero. Por medio de auto del 17 de julio de 2015, la magistrada sustanciadora remitió copia del escrito a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.
En escritos del 02 y 03 de julio de 2015, los señores G.A.P.M., V.H.O.G. y F.A.G., en su calidad de integrantes del registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado de S. Laboral de Tribunal Superior, solicitaron a la S. Octava de Revisión adoptar las medidas pertinentes para que los cargos de magistrado de Tribunal Superior que llegaren a quedar vacantes como consecuencia de una eventual sentencia adversa a los accionantes, fueran surtidos con la lista de elegibles que se encontraba vigente al momento de ejecutoria del fallo que destituyó a los magistrados accionantes.
Previamente a decidir sobre el presente asunto la S. debe analizar si la radicación de proyecto de sentencia por parte de la magistrada (e) M.V.S.M. el 15 de enero de 2015 impide formular nueva ponencia en el asunto de la referencia, de acuerdo con la composición actual de la S. Octava de Revisión[16].
El artículo 50 del Acuerdo 05 de 1992 Reglamento Interno de la Corte Constitucional, vigente en el momento de realización de la sala de revisión convocada por la magistrada (e) Sáchica, dispone que “A medida que se repartan los negocios de tutela se irán conformando las salas de revisión, una por cada reparto, así: El magistrado a quien corresponda alfabéticamente recibirlo, presidirá la S. conformada con los dos magistrados que le sigan en orden. La S. decidirá por mayoría absoluta y el magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto”.
Igualmente, el artículo 34 del Acuerdo 05 de 1992 en su versión original establece las reglas de deliberación de los proyectos de sentencia. El numeral 6 señala que una vez cerrada la discusión se hará la votación de la ponencia, mientras que los incisos segundo y tercero del numeral 9 precisan que “Si el proyecto principal no obtiene en la S. ese mínimo de votos, el negocio pasará al magistrado que corresponda entre el grupo de magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga la tesis de la mayoría, si el magistrado ponente original no acepta hacerlo. || El nuevo estudio será sometido oportunamente a votación…”[17].
De acuerdo con lo expuesto, la S. encuentra que en los eventos en que el proyecto de sentencia original no es aprobado por mayoría absoluta, lo pertinente es remitir el expediente al magistrado del grupo mayoritario que corresponda en turno, para que someta a consideración de la S. una nueva ponencia. Esta, debe ser objeto de votación.
Así las cosas, en criterio de la Corte, lo procedente en el presente caso es que el Despacho que asumió el conocimiento del expediente por cambio de ponente, radique nuevo proyecto de sentencia sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en las normas señaladas. Como el magistrado ponente titular se encuentra en ausencia temporal, la magistrada encargada debe impulsar la actuación como directora del proceso, pues de lo contrario se verían lesionados los principios de economía, celeridad y eficacia que informan el trámite de tutela (Art. 3 Decreto 2591/91). La ponencia debe ser objeto de votación por los actuales integrantes de la S. Octava de Revisión, ya que son quienes en este momento se encuentran revestidos de función jurisdiccional.
Planteamiento del caso y problema jurídico formulado
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a la S. Octava de Revisión abordar el análisis de los siguientes problemas jurídicos:
Expediente T-4.134.579 Caso A.Á.V.S.
La S. establecerá en un primer momento si en este caso se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De encontrarlos satisfechos, y de acuerdo con la interpretación que la S. hace de los fundamentos jurídicos de la demanda, comprobará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; en particular, en defecto procedimental, por decidir en S. Unipersonal la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria formulada el 19 de junio de 2012 por el apoderado de confianza de la peticionaria, y en defecto sustantivo, al negar la prescripción pedida, argumentando que la S. había perdido competencia para emitir pronunciamiento en virtud de la firmeza y cosa juzgada de la sentencia del 04 de mayo de 2012.
Atendiendo al carácter restringido de la acción de tutela contra providencias judiciales, la S. se abstendrá de estudiar los reproches formulados por el apoderado judicial de la demandante mediante escritos del 20 de febrero de 2014 y del 23 de abril del mismo año, contra la sentencia del 04 de mayo de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, porque los mismos tan solo se efectuaron en sede de revisión.
Expediente T-3.849.017 Caso M.R.A.A.
En este asunto, la S. deberá establecer si la demanda de tutela cumple los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. De encontrarlos satisfechos, comprobará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Empero, toda vez que en sede de revisión la S. tuvo conocimiento de la presentación de una segunda acción de tutela por parte del actor contra la sentencia del 12 de julio de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura, atacada también en este trámite, deberá establecer previamente si la presente acción resulta procedente atendiendo al contenido del artículo 38 del decreto 2591 de 1991 que establece: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
También, de forma previa, resolverá la solicitud de “prejudicialidad” radicada el 01 de junio de 2015 por el accionante M.R.A.A..
Expediente T-4.144.458 Caso P.C.E.
La S. observa que el escrito de demanda, presenta notorias falencias técnicas que dificultan la comprensión y estudio del asunto. Así, no se distinguen con claridad los hechos de los argumentos jurídicos; algunos reproches contra la sentencia del 12 de julio de 2012 y el auto del 24 de octubre del mismo año se consignan o repiten en diversos apartes del documento; se acusa la violación del debido proceso por parte del auto del 24 de octubre de 2012, pero no se reclama explícitamente su invalidación; algunas alegaciones se expresan bajo el esquema de “defecto constitucional”, mientras otras se plantean desde una óptica estrictamente legal, sin formular cargo constitucional alguno; se transcriben, sin hilo conductor, fragmentos de la demanda de tutela presentada en el expediente acumulado de la referencia por el accionante M.R.A.A.; y, finalmente, se transcriben fragmentos de la petición de reposición radicada el 25 de julio de 2012 en el trámite disciplinario, sin indicar si por vía constitucional se pretende dejar sin efecto la sentencia sancionatoria o el auto del 24 de octubre de ese año.
Pese a la deficiente exposición y argumentación del escrito de demanda, interpretando la solicitud de amparo, la S. entiende que la señora C.E. no solo formula acción de tutela contra la sanción impuesta en su contra por el Consejo Superior de la Judicatura, sino contra el auto del 24 de octubre del mismo año.
De este modo, en un primer momento la S. deberá establecer si la demanda cumple los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si los satisface, comprobará si las autoridades accionadas incurrieron en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Específicamente, interpretando la demanda de tutela, la S. estudiará si la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en los siguientes defectos constitucionales:
Defecto sustantivo porque i) sancionó a la accionante por desconocer el carácter autónomo del delito de lavado de activos y las sentencias de constitucionalidad C-326 de 2000 y de casación penal del 19 de enero de 2005, sin tomar en consideración que estas fueron aplicadas en la sentencia que produjo la sanción; ii) interpretó erradamente la jurisprudencia de la S. de Casación Penal sobre el estándar probatorio requerido para condenar por lavado de activos, vigente al momento de proferir la sentencia por la que fue sancionada y; iii) identificó erradamente el problema jurídico que debía resolver.
Desconocimiento del precedente horizontal, porque desatendió una sentencia de la misma Corporación, que había absuelto a los disciplinados.
Defecto fáctico porque, i) el juez disciplinario no puede emitir sanción en relación con la valoración probatoria efectuada en un proceso judicial, pues la autoridad judicial se encuentra amparada por el principio de autonomía funcional; ii) no condujo una investigación autónoma para sancionar a la accionante, sino que la destituyó por las mismas razones doctrinarias que la Corte Suprema de Justicia adujo en la sentencia de casación para pedir la investigación, pero sin agregar ningún fundamento independiente que pudiera pasar de la queja a la sanción disciplinaria; iii) no decretó la nulidad del proceso ante la omisión de notificar el auto que fija fecha y hora para la práctica de pruebas y; iv) no recaudó pruebas que habían sido pedidas por las partes y decretadas por el juez disciplinario.
Defecto procedimental porque i) impidió a los disciplinados presentar alegatos de conclusión con las formalidades del caso, pues el término para alegar se abrió cuando faltaban pruebas por recaudar; ii) violó el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura al no presentar la ponencia de fallo con antelación suficiente para el análisis de los integrantes de la S. Disciplinaria; iii) negó la reposición del fallo sancionatorio del 12 de julio de 2012, en especial de la sanción y de la negativa a decretar la nulidad pedida en los alegatos de conclusión y; iv) no estableció con claridad el cargo ocupado por los magistrados disciplinados al momento de proferirse el fallo sancionatorio.
Jurisprudencia aplicable al caso concreto
Para dar solución a los anteriores problemas jurídicos, la S. Octava de Revisión reiterará la jurisprudencia relativa a i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) defecto procedimental como causal de procedencia de la acción de tutela; iii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable; iv) defecto por desconocimiento del precedente horizontal y; v) la improcedencia de las acciones de tutela formuladas con identidad de partes, hechos y pretensiones. Configuración de la actuación temeraria.
Posteriormente, aplicará estas reglas jurisprudenciales para solucionar los casos concretos y, finalmente, se pronunciará sobre las peticiones especiales efectuadas por algunos intervinientes en relación con los efectos de las medidas de protección provisional tomadas por S. Octava de Revisión y el empleo de la lista de elegibles para proveer los cargos que ocupaban los disciplinados.
Solución del problema jurídico.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia[18].
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[19].
Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[20].
La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[21]. Como se sabe, las cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[22], así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables del ser humano, cuando puedan verse afectados en el proceso de aplicación de la ley[23].
Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen.
En la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte, evita que se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia material.
En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores infundados. De acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional[24]. Desde el primer punto de vista, el único órgano que integra la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior.
La objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos mencionados y no a problemas de carácter legal. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales.
Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de 2005, la S. Plena de la Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción.
Requisitos formales (o de procedibilidad)[25]: i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[26]; ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[27]; iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneradora de los derechos fundamentales; v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible y; vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[28].
Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente alguna de las causales específicas de procedencia, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[29] sustantivo[30], procedimental[31] o fáctico[32]; error inducido[33]; decisión sin motivación[34]; desconocimiento del precedente constitucional[35]; y violación directa a la constitución[36]. En relación con las causales específicas de procedencia, ha manifestado la Corte que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[37].
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, ii) la existencia de alguna o algunas de las causales específicas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[38]
Breve caracterización del defecto procedimental. Reiteración de jurisprudencia [39].
Eso ocurre, en palabras de la Corte, cuando “el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, (...) cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio”[40].
Lo anterior puede ocurrir cuando, por ejemplo, se omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley[41], o cuando se retrasa de forma injustificada la adopción de una decisión judicial o su cumplimiento[42]. También, cuando se pasa por alto el debate probatorio[43] o si, en materia penal, se produce una deficiencia en la defensa técnica imputable al Estado[44].
Finalmente, resulta preciso aclarar que no cualquier irregularidad procesal tiene la capacidad de configurar el aludido defecto. La jurisprudencia constitucional ha considerado que esto ocurre, solamente, cuando i) el error afecta de manera grave el debido proceso, ii) tiene una influencia directa en la decisión y iii) la deficiencia no se le puede atribuir al afectado.
Breve caracterización del defecto sustantivo como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[45].
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales[46].
En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando: i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial[47], ii)
el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[48], bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso concreto es inconstitucional[49], ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[50] o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó[51]; iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, finalmente; iv) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
Breve caracterización del defecto constitucional por desconocimiento del precedente horizontal. Reiteración de jurisprudencia[52].
La Corte ha sostenido que la obligatoriedad del precedente puede presentarse en dos dimensiones[53]: i) uno horizontal que exige acatar los pronunciamientos del mismo juez o de corporación judicial de similar jerarquía; y ii) otro vertical que obliga a aplicar las decisiones de un funcionario o Corporación judicial de superior jerarquía. En esta ocasión, la S. únicamente se pronunciará sobre el precedente horizontal, de acuerdo a las particularidades del caso y a los problemas jurídicos planteados.
El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos análogos y exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
“i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes;
ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad;
iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine” [54].
Por el contrario el error no se presenta siempre que el funcionario jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente con suficiencia los motivos de su decisión. Ello sucede con un manejo legítimo del precedente, labor que obliga a que el juez i) se refiera al precedente anterior y ii) ofrezca un argumento suficiente para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial.
Breve caracterización del defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia[55].
La admisión del defecto fáctico como causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales tiene que ver con el propósito de verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los intervinientes. La Corte ha considerado que dicha garantía resulta vulnerada cuando el juez deja de valorar una prueba, deniega su práctica sin justificación o no la valora dentro de los cauces racionales.
Lo anterior, solo si se demuestra que la correspondiente prueba era definitiva para la solución del proceso. En efecto, no cualquier objeción sobre la valoración probatoria conduce a declarar la presencia de un defecto fáctico susceptible de vulnerar el debido proceso. La jurisprudencia ha sido clara en que dicho fenómeno se presenta cuando lo concluido por el juez con respecto al material probatorio es manifiestamente arbitrario e incorrecto, es decir, cuando aparece totalmente desvinculado de lo que, en términos procesales, se conoce como la sana crítica.
El defecto fáctico puede presentarse en dos dimensiones. Una positiva, que se configura en aquellos eventos de valoración probatoria absolutamente equivocada o cuando la decisión se fundamenta en una prueba que no era apta para ello, y otra negativa, que se produce cuando el juez rechaza la práctica de pruebas esenciales, o cuando no valoró alguna que era determinante.
La improcedencia de las acciones de tutela formuladas con identidad de partes, hechos y pretensiones. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela preceptúa que “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.|| El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte esta disposición tiene por objeto evitar el ejercicio abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva, el desconocimiento del principio de lealtad procesal, la congestión dolosa o caprichosa del aparato judicial y la restricción del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de las personas.
Para declarar la improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de demandas, el juez debe verificar en ellas la concurrencia de una i) identidad de partes; ii) identidad de hechos e; iii) identidad de pretensiones y; iv) la ausencia de justificación constitucionalmente admisible para la presentación de las acciones de tutela[56].
Del mismo modo, para la declaratoria de temeridad y la imposición de las sanciones consagradas en los artículos 38 inciso segundo y 25 inciso tercero del Decreto 2591 de 1991[57], debe comprobarse una actuación dolosa y de mala fe del demandante que, alternativamente, i) envuelva una actuación amañada de reserva de algunos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones en distintas acciones o momentos; ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que entre varias pudiera resultarle favorable; iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe instaura la acción; o finalmente, iv) pretenda en forma inescrupulosa asaltar la confianza de los administradores de justicia [58].
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha identificado diversos eventos en que la duplicidad de tutelas no puede considerarse temeraria en consideración a las circunstancias particulares del caso concreto o las condiciones específicas de vulnerabilidad del actor. Entre otras hipótesis la actuación no es temeraria cuando el ejercicio de la acción de tutela se funda i) en la ignorancia del accionante; ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho o; iii) por el sometimiento del demandante a un estado de indefensión propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, iv) si bien lo procedente es la declaratoria de improcedencia de todas las acciones de tutela, la actuación no se considera temeraria y por lo mismo no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante.
Del cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad
La demanda de tutela interpuesta mediante apoderado judicial por A.Á.V.S. contra el auto del 01 de agosto de 2012 de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cumple los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las siguientes razones:
El asunto planteado posee relevancia constitucional en tanto hace referencia a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la demandante, supuestamente vulnerados por la accionada al negarse la prescripción de la sanción disciplinaria que le impuso el Consejo Seccional de la Judicatura de B. a través de sentencia de marzo 22 de 2012, la cual fue confirmada el 04 de mayo siguiente por el Consejo Superior de la Judicatura.
La demanda satisface el requisito de agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, toda vez que contra el auto del 01 de agosto de 2012 no proceden recursos. Igualmente, se cumple el presupuesto de inmediatez, ya que la acción de tutela contra el auto impugnado por vía constitucional se interpuso el 24 de septiembre de 2012, es decir, con una diferencia menor a un mes.
En el evento de prosperar el cargo por defecto procedimental alegado en el trámite de tutela, este podría tener incidencia directa en la decisión que la accionante acusó de vulneradora de sus derechos fundamentales. Además, las presuntas irregularidades fueron identificadas en la demanda, y alegadas al interior del proceso disciplinario seguido contra la peticionaria. Finalmente, la providencia demandada no es una sentencia de tutela. De este modo, se cumplieron los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Pasa la S. a estudiar el fondo del asunto:
Del estudio de fondo de la acción de tutela
Del defecto procedimental
La peticionaria asegura que la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto procedimental al resolver su solicitud de prescripción de la acción disciplinaria mediante auto de ponente del 01 de agosto de 2012, y no a través de auto de S. plural.
Pese a lo expuesto, la S. de Revisión encuentra que la accionante no señaló de forma suficiente las razones por las que la autoridad demandada habría vulnerado sus derechos fundamentales, pues se limitó a exponer su desacuerdo con la decisión, y a sostener que en su criterio la providencia debió dictarse en S. plural, sin aportar argumentos que permitieran comprobar el defecto alegado.
Por el contario, la S. advierte que el auto del 01 de agosto de 2012, que respondió la petición de prescripción de la acción disciplinaria, se ajustó al procedimiento dispuesto para el efecto. De este modo, toda vez que al momento de radicación de la solicitud (19 de junio de 2012) ya se había proferido sentencia sancionatoria (04 de mayo de 2012) que ponía fin al proceso y a la competencia de la S. Disciplinaria, la respuesta dada a la solicitante mediante auto de ponente se estima razonable en tanto lo procedente era informarle que debía estarse a lo resuelto en virtud de la finalización del trámite disciplinario y la ejecutoria inmediata de la sentencia del 04 de mayo de 2012 que confirmó la sanción dictada en su contra.
Así mismo, la S. no aprecia irregularidad alguna en la negativa que le dio el Consejo Superior de la Judicatura frente a la petición de expedición de copia de la ponencia presentada originalmente por el magistrado J.A.O., pues esta clase de documentos son de circulación restringida y su único objeto es servir de base para el estudio de los casos sometidos a conocimiento de la S.. En todo caso, la accionante recibió respuesta a su solicitud de prescripción a través de auto del 01 de agosto de 2012, el cual contiene las razones que motivaron la decisión de no acceder a la petición.
Las anteriores razones son suficientes para descartar el cargo por defecto procedimental propuesto en la demanda, en tanto la accionante no acreditó que el Consejo Superior de la Judicatura incurriera en un error grave que afectara el debido proceso.
Del defecto sustantivo
El apoderado judicial de la demandante sostiene que el auto del 01 de agosto de 2012 de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto sustantivo al no aplicar los artículos 29[59], 30[60] y 119[61] del Código Único Disciplinario y al negar la prescripción de la acción disciplinaria seguida contra la señora A.Á.V.S..
En particular, señala que “entre la fecha en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la acción disciplinaria, esto es, el 07 de mayo de 2007 y, la fecha en que se notificó la providencia de segunda instancia, vale decir, el 23 de mayo de 2012, como quedó dicho, indudablemente, han transcurrido más de cinco años”. Por esa razón, en criterio de la parte demandante, la autoridad accionada desatendió el contenido de los mencionados artículos de la Ley 734 de 2002.
La S. Octava de Revisión encuentra que la S. Jurisdiccional accionada no incursionó en defecto sustantivo, por las siguientes razones:
El actor se limitó a manifestar su desacuerdo con la interpretación jurídica plasmada en la providencia impugnada por vía de tutela, sin tener en cuenta que este trámite constitucional no es una instancia judicial adicional, y que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que debido al carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, debe demostrarse la ocurrencia de una actuación arbitraria por parte de la autoridad accionada, sin que baste presentar una interpretación alternativa de la normatividad que el demandante estime acertada.
En el presente caso, lejos de observar una conducta censurable en el auto del 01 de agosto de 2012 de la S. accionada, la Corte encuentra que este se ajusta a la normatividad aplicable y a la jurisprudencia constitucional.
En efecto, el artículo 119 de la Ley 734 de 2002, que establece la regla general de ejecutoria de los fallos disciplinarios, no resulta aplicable a la accionante, toda vez que la mencionada ley estableció, más adelante, normas especiales para la ejecutoria y notificación de los fallos proferidos en el enjuiciamiento de funcionarios judiciales.
Así, los artículos 205[62] y 206[63] contenidos en el Título XII “Del régimen de los funcionarios de la rama judicial”, diferencian entre la ejecutoria y la notificación de las sentencias dictadas por la S. Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en única instancia y las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso. Mientras el artículo 205 señala que estas sentencias “quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción”, el artículo 206 establece que las mismas “se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata”.
De igual manera, en sentencia C-1076 de 2002[64], la Corte estimó constitucionalmente admisible esta diferenciación. En esa oportunidad, el actor sostuvo que el artículo 206 de la Ley 734 de 2002 violaba el artículo 209 de la Constitución Política, porque no garantizaba el principio de publicidad a que tienen derecho los disciplinados, pues al consagrar que estas decisiones quedan en firme el día en que son suscritas por el funcionario competente se permite la ejecución de una decisión a espaldas de los funcionarios procesados.
Al analizar el cargo, la Corte entendió que dentro de su margen de configuración legislativa el Congreso de la República había plasmado un procedimiento especial para los funcionarios de la Rama Judicial, sobre el que no observó reparo de constitucionalidad por el cargo estudiado[65]. Por ello, declaró la exequibilidad de la expresión “sin perjuicio de su ejecutoria inmediata” contenida en el artículo 206 de la Ley 734 de 2002[66], pues pese a que la ejecutoria de la sentencia es instantánea, sus efectos solo se surten luego de la notificación.
De esta manera, cuando el apoderado judicial de la demandante solicitó la prescripción de la acción disciplinaria el 19 de junio de 2012, el fallo del 04 de mayo de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura se encontraba ejecutoriado, de conformidad con los artículos 205 y 206 del Código Único Disciplinario. De ahí que, el auto del 01 de agosto de 2012 que resolvió la petición con base en esa postura, no incurrió en defecto sustantivo, pues se sujetó a la normatividad aplicable.
Igualmente, la S. encuentra que la accionada tampoco incurrió en defecto sustantivo al no considerar los artículos 29 y 30 de la Ley 734 de 2002, que regulan la extinción de la acción de disciplinaria por cumplimiento del término de prescripción, ya que ante la ejecutoria del fallo disciplinario, operada el 04 de mayo de 2012, tampoco resultaban aplicables al asunto, en particular porque el fallo se dictó antes del 07 de mayo de 2012, fecha de prescripción de la acción.
En suma, el auto del 01 de agosto de 2012 de la S. Disciplinaria no incurrió en el defecto sustantivo propuesto por la parte demandante.
En consecuencia, la S. Octava de Revisión revocará la sentencia de segunda instancia, proferida el 05 de septiembre de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que declaró la improcedencia de la acción de tutela formulada por la señora A.Á.V.S. en el expediente de la referencia, y en su lugar, confirmará la sentencia proferida el 08 de octubre de 2012 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en primera instancia, en tanto negó la tutela solicitada.
En escrito del 02 de junio de 2015, el accionante M.R.A.A. solicitó a la S. Octava de Revisión que se abstuviera de proferir sentencia de fondo hasta tanto la Fiscalía General de la Nación resolviera la solicitud de preclusión formulada por él, en el proceso que el ente investigador sigue en su contra en virtud de la compulsa de copias realizada por la S. de Casación Penal en sentencia del 10 de junio de 2010.
La Corte negará la petición del accionante, ya que el trámite de tutela no consagra la figura procesal de la “prejudicialidad”. Además, la remisión que efectúa el Decreto 2591 de 1991 a las normas procesales civiles es excepcional, sin que encuentre la S. motivos relevantes que la lleven a adoptar la decisión solicitada.
De otro lado, según se advirtió en la formulación del problema jurídico, en sede de revisión la S. tuvo conocimiento de la presentación de una segunda acción de tutela por parte del actor, contra la sentencia del 12 de julio de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura (Supra 139). Por esa razón, la S. deberá establecer, como cuestión previa, si la acción de tutela formulada en esta oportunidad resulta procedente atendiendo al contenido del artículo 38 del decreto 2591 de 1991, que establece que “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”.
En ese sentido, en armonía con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, la S. examinará si entre las demandas de tutela se presentan los elementos de identidad en las partes, los hechos y las pretensiones.
De la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por M.R.A.A. el 23 de enero de 2013
La S. denominará como tutela uno la acción fallada en única instancia el 15 de febrero de 2013 por el Consejo Seccional de la Judicatura (radicado 3.849.017 Corte), seleccionada para revisión en auto del 15 de abril de 2013, y tutela dos, la demanda fallada en segunda instancia el 05 de septiembre de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (radicado T-4.117.019 Corte), cuya selección fue descartada por esta Corporación, mediante auto del 14 de noviembre de 2013.
Analizados los documentos obrantes en el expediente[67] la S. advierte que en las dos acciones figura como demandante el señor M.R.A.A. y como accionada la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, configura identidad entre las partes de las tutelas uno y dos.
Igualmente, encuentra la S. que en las dos acciones es común la alegación de hechos alusivos a i) el nombramiento y tiempo de estadía del señor M.R.A.A. como magistrado en el Tribunal Superior de San A.; ii) la investigación disciplinaria iniciada en su contra por el Consejo Superior de la Judicatura, por hechos relacionados con la sentencia que suscribió en segunda instancia el 17 de julio de 2007, en el proceso penal por lavado de activos seguido contra O.B., J.C.B. y E.H.; iii) las irregularidades en que habría incurrido la sentencia sancionatoria del 12 de julio de 2012, del Consejo Superior de la Judicatura, por desconocimiento del precedente horizontal; iv) las anomalías sustanciales de la sentencia del 12 de julio de 2012, al no tomar en consideración que el precedente vertical sobre valoración probatoria del delito de lavado de activos solo se habría fijado por la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia con posterioridad al proferimiento de la sentencia penal por la cual fue sancionado disciplinariamente y; v) los vicios procedimentales y fácticos del Consejo Superior de la Judicatura, al no recaudar algunos testimonios solicitados por los investigados. Estos elementos, a juicio de la S., constituyen identidad en los hechos entre las tutelas uno y dos.
Finalmente, en la tutela uno se reclama, i) la “nulidad de la sentencia de 12 de julio de 2012 expedida por la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso (…) en el que se destituyeron a los Magistrados del Tribunal Superior de San A., M.A.A. y P.C.E. y, en su lugar, se dicte sentencia absolutoria” y ii) el reintegro de los magistrados sancionados a sus cargos. A su turno, en la tutela dos, se pide, i) que se decrete la nulidad de la providencia del 24 de octubre de 2012 y se “declare la nulidad de la sentencia de 12 de julio de 2012 expedida por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (…) y se absuelva de los cargos (…) a M.A.A. y P.C.E.” y ii) que se ordene el reintegro de las señaladas personas a los cargos que venían desempeñando. En criterio de la S., las tutelas uno y dos denotan identidad en las pretensiones de nulidad de la sentencia del 12 de julio de 2012 y de reintegro al cargo de magistrado de Tribunal.
La S. no encuentra en el expediente circunstancias que justifiquen la interposición de las tutelas uno y dos. Aunque en la segunda tutela se introducen hechos y pretensiones que no fueron reseñados en la primera acción, se observa que estas son accidentales frente a la situación fáctica general y el propósito de anular la sanción impuesta al actor en la sentencia del 12 de julio de 2012 por el Consejo Superior de la Judicatura.
En todo caso, para el 23 de enero de 2013, momento de interposición de la primera acción de tutela, los hechos adicionales alegados en la segunda acción ya habían ocurrido y, en particular, se había proferido por parte de la S. Disciplinaria el auto del 24 de octubre de 2012, cuya nulidad se persigue como pretensión nueva en la segunda tutela. Ninguna de estas circunstancias representa un elemento novedoso que desvirtúe la identidad en las partes, los hechos y las pretensiones, en relación con las peticiones de nulidad de la sentencia del 12 de julio de 2012 y de reintegro al cargo de magistrado de Tribunal, que se estudia en el presente caso. En concordancia con lo expuesto, en el expediente T-4.117.019 (tutela dos) el Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia de segunda instancia del 05 de septiembre de 2013 que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, sostuvo una posición semejante:
“Al verificar la situación particular del actor, para esta S. es claro que tanto en la acción de tutela presentada el 23 de enero de 2013, como en la radicada el 23 de febrero del año en curso, el actor es el doctor M.R.A.A.; el demandado es la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; el origen de la solicitud de protección constitucional se basó en las presuntas irregularidades en las que incurrió la citada Corporación Judicial al proferir el 12 de julio de 2012 fallo disciplinario sancionatorio con destitución del accionante del cargo de magistrado que desempeñaba. Aunque en la segunda acción de tutela se pretende también dejar sin efectos el auto del 24 de octubre de 2012 por medio del cual se resolvió negativamente sobre la nulidad pedida, el recurso de reposición contra el fallo sancionatorio y la solicitud de adición, aclaración y corrección de la sentencia, en la práctica lo que se busca con ambas acciones de tutela es que se anule o deje sin efectos la sentencia del 12 de julio de 2012 y se incorpore de nuevo al cargo de magistrado que venía desempeñando antes de la ejecutoria del fallo que aplicó la sanción impuesta y, finalmente, no existe motivo válido para que el doctor A. acudiera en dos oportunidades a incoar la misma acción, teniendo en cuenta que el citado auto del 24 de octubre de 2012 no puede considerarse como un hecho nuevo no conocido al momento de radicar la primera acción. Por el contrario, en la tutela inicial se aludió a la citada providencia. Tampoco en la segunda acción de tutela se argumentó, ni demostró la persistencia de la afectación de los derechos fundamentales”[68].
La Corte encuentra, en conclusión, que entre las demandas de tutela uno y dos se presenta identidad en las partes, los hechos y las pretensiones y que no existe justificación para la interposición de dos tutelas semejantes por parte del actor en relación con las solicitudes de nulidad de la sentencia del 12 de julio de 2012 y de reintegro al cargo de magistrado de Tribunal. Este aspecto, en consonancia con la sentencia del 05 de septiembre de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura, hace improcedente la solicitud de amparo, de conformidad con lo consagrado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[69].
Si bien se observa una conducta de reserva de argumentos entre las tutelas uno y dos por parte del actor, la S. no cuenta con elementos de juicio que permitan comprobar un actuar doloso y de mala fe (Supra 177). Por esa razón, se abstendrá de declarar la temeridad en la interposición de las acciones de tutela.
En consecuencia, la S. Octava de Revisión confirmará la sentencia de única instancia, proferida el 15 de febrero de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B., en tanto declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por M.R.A.A. en el proceso de la referencia.
Del cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La demanda de tutela interpuesta por P.C.E. contra la sentencia proferida el 12 de julio de 2012 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura satisface los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El asunto planteado posee relevancia constitucional en tanto hace referencia a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la demandante, presuntamente vulnerados por la accionada en la sentencia sancionatoria proferida en su contra.
La solicitante satisface el requisito de agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance, toda vez que contra la sentencia del 12 de julio de 2012 y el auto del 24 de octubre del mismo año no proceden recursos.
El término desde el que debe analizarse el cumplimiento del requisito de inmediatez corresponde al de la fecha en que se surtió la notificación de la sentencia, ejecutoriada el 12 de julio de 2012, momento en que la misma comienza a tener efectos jurídicos de acuerdo con la legislación especial para funcionarios judiciales plasmada en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.
De este modo, en el expediente obra constancia secretarial de la oficinista grado 06 de la Procuraduría Regional de San A. Isla del 19 de julio de 2012 que, ante comisión del Consejo Superior de la Judicatura, procedió a notificar personalmente ese día el fallo a la accionante[70]. Posteriormente, su abogado de confianza fue notificado de la sentencia, mediante edicto fijado en la secretaría de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 23 de julio de 2012, hasta el 25 del mismo mes y año.
Aun cuando la acción de tutela contra la sentencia del 12 de julio de 2012 solo se interpuso el 13 de febrero de 2013, es decir, luego de transcurridos más de 6 meses desde la fecha de notificación de la misma, la S. estima satisfecho el requisito de inmediatez.
Es relevante anotar que quien interpone la solicitud de amparo constitucional es una magistrada de quien se espera mayor diligencia en este tipo de asuntos, en especial por impugnar por vía de tutela una sentencia judicial cuyo estudio de procedibilidad es estricto debido al carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre ese supuesto, se han declarado improcedentes tutelas propuestas en circunstancias similares[71].
Sin embargo, atendiendo a la proporción de la sanción disciplinaria impuesta a la demandante y las consecuencias que esta podría tener en su plan vital, la S. considera que, en esta oportunidad, se debe flexibilizar el análisis de inmediatez para estudiar el fondo del asunto.
De otro lado, en el evento de prosperar el cargo por defecto procedimental alegado en el trámite de tutela, este podría tener incidencia directa en la decisión que la accionante acusó de vulneradora de sus derechos fundamentales. Además, las presuntas irregularidades fueron identificadas en la demanda, y alegadas al interior del proceso disciplinario seguido contra la peticionaria. Finalmente, la providencia demandada no es una sentencia de tutela.
En conclusión, se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Pasa la S. a estudiar el fondo del asunto, esto es, los cargos por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente horizontal, defecto fáctico y defecto procedimental.
De los cargos por defecto sustantivo
La accionante asegura que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto sustantivo porque i) la sancionó por desconocer el carácter autónomo del delito de lavado de activos y las sentencias de constitucionalidad C-326 de 2000 y de casación penal del 19 de enero de 2005, sin tomar en consideración que estas fueron aplicadas en la sentencia que dio lugar a la sanción; ii) interpretó erradamente la jurisprudencia de la S. de Casación Penal sobre el estándar probatorio requerido para condenar por lavado de activos, vigente al momento de proferir la sentencia por la que fue sancionada y, finalmente, porque iii) identificó erradamente el problema jurídico que debía resolver.
Del cargo por desconocimiento del carácter autónomo del delito de lavado de activos
La solicitante asevera que el Consejo Superior de la Judicatura la sancionó por desconocer el carácter autónomo del delito de lavado de activos y la sentencia de constitucionalidad C-326 de 2000 y de casación penal del 19 de enero de 2005, sin tener en cuenta que la sentencia del Tribunal de San A. citó y aplicó la regla de autonomía del anotado delito.
La S. de Revisión encuentra que efectivamente el fallo sancionatorio en su parte resolutiva reprochó a la accionante el desconocimiento del carácter autónomo del delito de lavado de activos (en armonía con la posición sostenida en la sentencia de casación penal del 19 de enero de 2005 y la sentencia C-326 de 2000 que determinaron el carácter autónomo del delito de lavado de activos), a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de San A. sí sostuvo que el mencionado ilícito es de naturaleza autónoma.
Sin embargo, la S. Octava encuentra que tal contradicción es apenas aparente y que no configura, por lo tanto, el defecto sustantivo alegado.
Para resolver el cargo hace falta comprender en su integridad el fallo disciplinario y tener en cuenta que la sanción que impuso el Consejo Superior de la Judicatura no se sustentó únicamente en que el Tribunal hubiera desconocido el carácter autónomo del delito de lavado de activos (en armonía con la sentencia de casación penal del 19 de enero de 2005 y la sentencia C-326 de 2000), sino (sobretodo) en el arbitrario análisis probatorio que, en criterio de la S. Disciplinaria, realizó.
La S. observa, en efecto, que la afirmación sobre el desconocimiento de la naturaleza autónoma del lavado de activos realizada en el fallo sancionatorio, cuestiona que el Tribunal, a pesar de la existencia de pruebas claras sobre la relación entre los dineros incautados y la actividad de narcotráfico, no hubiera declarado a los acusados responsables del delito de blanqueo de capitales. Es esa determinación, entonces, la que habría desatendido el carácter autónomo del lavado de activos.
De acuerdo con el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en determinadas actividades delictivas (delito subyacente), o les dé a los bienes provenientes de dichas conductas apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en las penas contempladas en esa disposición.
Aunque la naturaleza autónoma del delito de lavado de activos implica que para su configuración no se requiere previamente sentencia condenatoria por la comisión del delito subyacente, es necesario acreditar que los bienes comprometidos tienen una relación mediata o inmediata con este. En esa dirección, uno de los aspectos relevantes en el proceso penal que conoció la accionante era determinar si en el expediente se acreditaba o no que los dineros incautados a los tripulantes de la embarcación tenían relación mediata o inmediata con actividades de narcotráfico (delito subyacente), pues, de ser así, se configuraba el delito de lavado de activos.
La sentencia del Tribunal Superior de San A. consideró que las pruebas obrantes en el expediente no permitían comprobar esa relación. El Consejo Superior de la Judicatura estimó, en contraste, que estas mostraban una clara conexión, y que, por lo tanto, el juicio probatorio del Tribunal, que condujo a la absolución de los acusados, resultaba a todas luces arbitrario.
Al iniciar el análisis del asunto concreto la S. Disciplinaria precisó que “el estudio que se hará líneas abajo sobre la sentencia por la que se erigió el pliego de cargos, muestra cómo, en realidad, el desconocimiento de los elementos de prueba y el sesgado análisis de los medios de convicción terminó fracturando de manera clara y ostensible el ordenamiento jurídico, tanto en los contenidos normativos citados como desconocidos, como en relación con el estado de la cuestión en la jurisprudencia aplicable al caso”.
Para sustentar su afirmación, condensó las consideraciones probatorias que el Tribunal Superior de San A. realizó en la sentencia que absolvió a los acusados. Después, sostuvo que se minimizaron los elementos de prueba y señaló que “Esa fue toda la valoración probatoria que realizaron los hoy disciplinados y, a partir de allí, sobre este aspecto de la providencia concluyeron: “De toda la prueba anteriormente expuesta lo único que se ha podido probar hasta el momento es que el señor O.B., ha estado usando zarpes vencidos, que no respeta las normas marítimas en cuanto a la cantidad de gasolina que debe llevar en la embarcación y que en este proceso se le ha encontrado con una cantidad de dinero del cual se desconoce su procedencia, hasta el momento se puede decir que se han detectado varias mentiras en las indagatorias de los procesados, más no se ha demostrado los nexos que tienen estos señores con el narcotráfico”[72].
Luego, el fallo sancionatorio reseñó las consideraciones probatorias efectuadas en sede casación por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que compulsó copias para que se investigara a los juzgadores de instancia.
Entre otros aspectos, la S. de Casación y los intervinientes coincidieron en que las aseveraciones realizadas por los acusados para justificar el hallazgo de los 66.040 dólares estadounidenses eran abiertamente irrazonables, porque i) en el bote no se encontró producto alguno de la pesca que supuestamente ejecutaban; ii) aunque los acusados manifestaron que regresaban de una zona de pesca, el bote fue interceptado en un lugar que no es apto para esa labor, y que la ruta que emplearon para desplazarse no era compatible con la de una área de pesca y; iii) a pesar de contar con un permiso de cinco días para realizar sus actividades, retornaron prematuramente (a las pocas horas de zarpar) aduciendo daños en el motor y dificultades con un arpón, las cuales fueron desvirtuadas por un perito que descartó la avería del máquina, y porque se encontró un arpón en buen estado en la lancha. Lo anterior, hacía incompresible el comportamiento de los acusados, pues las pérdidas económicas de un retorno anticipado eran elevadas.
Para la Corte Suprema y los intervinientes, estaba claro que el objetivo de los acusados era aprovisionar de combustible en el mar a las lanchas rápidas que transportan narcóticos, a cambio de lo cual recibían el provecho económico incautado. Esto porque, i) de acuerdo con el GPS y los informes de las autoridades, el bote frecuentaba la denominada zona de reabastecimiento de combustible de lanchas del narcotráfico; ii) la ubicación de la motonave al momento de la detección correspondía con el rumbo de los corredores marítimos que aprovisionan de combustible las embarcaciones que transportan alcaloides; iii) al propietario de la motonave se le encontró una agenda con coordenadas que coincidían con las de la zona de recarga de combustible de las rutas de narcotráfico, y poseía otras embarcaciones inmovilizadas por problemas similares y; iv) las explicaciones ofrecidas por los acusados alusivas al hallazgo de dinero flotante se tornaban fantasiosas y contradictorias, y en todo caso no daban cuenta del dinero que se encontró escondido o encaletado en el casco de la nave, el cual fue necesario romper para retirar la moneda extranjera.
La S. Disciplinaria compartió el criterio antes consignado, y destacó que la Corte Suprema de Justicia reprochó a los disciplinados el desconocimiento del carácter autónomo del delito de lavado de activos y de la jurisprudencia constitucional y de casación penal, pues a partir de la prueba recaudada era notorio que los dineros incautados eran producto de actividades de narcotráfico. Al respecto, la sentencia sancionatoria señaló lo siguiente:
“En dicha sentencia, resaltó el alto Tribunal cómo el juzgador de segunda instancia “adujo que no aparecía plenamente demostrada la comisión del delito subyacente, desconociendo por igual la prueba referida y la visión ecuménica del delito que inspiró la jurisprudencia de esta S. y de la Corte Constitucional sobre su carácter autónomo”[73].
La alusión a la violación del carácter autónomo del delito de lavado de activos y de la jurisprudencia constitucional y de casación penal que se realizó en la parte resolutiva del fallo sancionatorio, debe leerse, entonces, en armonía con la parte motiva de esa decisión y no de manera fragmentaria, como lo hace la demanda de tutela. El análisis integral del fallo sancionatorio da cuenta de que la S. Disciplinaria no reprochó al Tribunal de San A. el haber exigido sentencia judicial condenatoria por el delito de narcotráfico para condenar por lavado de activos a los acusados (pues en efecto el Tribunal no lo hizo, Supra 10), sino que a pesar de la clara prueba obrante en el expediente sobre la relación de los dineros incautados con la actividad de narcotráfico, no hubiera declarado a los acusados responsables del delito de blanqueo de capitales:
“Por esta razón, no puede ser acogido por la S. el planteamiento defensivo expuesto por el procurador judicial de la doctora P.C.E., consistente en que la aludida sentencia de constitucionalidad sólo hace mención a la autonomía e independencia del delito de lavado de activos, pero no desarrolla el tratamiento de la prueba del delito subyacente, pues, como se verá más adelante, aunque los magistrados tangencialmente se refirieron a la calidad de delito autónomo del lavado de activos, no fueron consecuentes con tal aseveración al realizar el estudio del abundante material probatorio, pues en última concluyeron predicando –en contravía de lo que decían las pruebas- que no había certeza respecto del delito subyacente…”.
De modo que, si el Tribunal Superior de San A. hubiera dado por probada la referida conexión entre los dineros y el delito de narcotráfico, y con base en ella hubiera proferido sentencia condenatoria por lavado de activos, habría refrendado la naturaleza autónoma de ese delito y la jurisprudencia que lo sustentaba, respetando con ello el ordenamiento jurídico. Como no lo hizo, terminó por desconocer el carácter autónomo del delito de lavado de activos, en armonía con la jurisprudencia que había fijado ese criterio, es decir, las sentencias de casación penal del 19 de enero de 2005 y la C-326 de 2000 de la Corte Constitucional[74]. Entonces, fue ese el motivo por el cual el Consejo Superior de la Judicatura entendió vulnerado el carácter autónomo del delito de lavado de activos. Por las razones anotadas, el cargo no prospera.
Del cargo por interpretación errónea de la jurisprudencia de casación penal sobre el estándar probatorio necesario para condenar por lavado de activos
La demandante sostiene que el Consejo Superior de la Judicatura interpretó equivocadamente la jurisprudencia de la S. de Casación Penal que se encontraba en vigor al momento de proferir la sentencia por la que fue sancionada. En su opinión, la accionada no tuvo en cuenta que la jurisprudencia alusiva al estándar probatorio necesario para condenar por lavado de activos, no se encontraba unificada.
La S. Octava de Revisión negará el cargo propuesto, pues según se indicó, el Consejo Superior de la Judicatura no sancionó a la demandante por el desconocimiento de la jurisprudencia alusiva a un determinado estándar probatorio (débil o fuerte), sino por la desatención del carácter autónomo del delito de lavado de activos (en armonía con la sentencia de casación penal del 19 de enero de 2005 y la sentencia C-326 de 2000 que sostuvieron la naturaleza autónoma de este ilícito) en atención a la arbitraria valoración probatoria, que en su criterio, realizó el Tribunal Superior de San A. (Supra 228, 239 y 240).
Sin embargo, aún si se aceptara la tesis de la accionante, esto es, que el juez disciplinario le reprochó la aplicación de un estándar probatorio débil (es decir: basta la ausencia de explicación razonable sobre el origen lícito de los bienes comprometidos para configurar el delito de lavado de activos) [75] sin tener en cuenta que la jurisprudencia en vigor le imponía el empleo de uno fuerte (es decir: para configurar el blanqueo de capitales se exige certeza sobre la conexión entre los bienes y el delito subyacente) [76], el cargo en todo caso no prospera, pues i) para la revisión del ejercicio probatorio del Tribunal, el juez disciplinario tomó como parámetro un estándar fuerte de valoración probatoria, cuyo resultado, en su criterio, orientaba claramente hacía el proferimiento de una sentencia condenatoria y ii) la sentencia de casación de 2006 no varió la jurisprudencia sobre la autonomía del lavado de activos.
De este modo, la sentencia de casación que compulsó copias para que se investigara a la accionada, conscientemente distinguió entre la jurisprudencia que imponía un modelo probatorio débil y la que exigía un estándar fuerte. Para ello, en un primer momento estimó que en el caso concreto la ausencia de explicación razonable sobre el origen lícito de los dineros incautados era suficiente para inferir que estos provenían de actividades ilegales (estándar débil, Supra 236), pero luego sostuvo que a partir del material probatorio se apreciaba con claridad que estos provenían específicamente de la actividad de narcotráfico (estándar fuerte, Supra 237). Al respecto, indicó:
“Bastaría, incluso, para arribar a esa conclusión [se refiere al origen ilícito de los dineros], como se señaló en precedencia, con advertir que los sesenta y seis mil cuarenta dólares americanos (US 66.040) transportados en la referida motonave iban ocultos, tanto los hallados en la bolsa negra de lona como los encontrados en el orificio ubicado cerca al timón, y que las explicaciones brindadas por sus ocupantes en el sentido de que el dinero fue encontrado a la deriva flotando en el mar, contradictorias en muchos aspectos, como más adelante se reseñará, no resultan creíbles. || Estos elementos de juicio, a la luz de la jurisprudencia de la S., en los términos anunciados, son de suyo suficientes para inferir razonablemente que los dineros incautados provenían de una actividad ilícita y, consecuentemente, para condenar por el delito de lavado de activos. Sin embargo, en este caso particular la S. tiene un convencimiento aún mayor, en cuanto advierte que los dineros provienen específicamente de la actividad de narcotráfico, en consideración al cúmulo de evidencias procesales que convergen en ese sentido y que los juzgadores desconocieron de manera inexplicable”.
Esa distinción fue compartida por el juez disciplinario, que al momento de argumentar sobre el deficiente análisis probatorio que habrían realizado los disciplinados, citó el aparte correspondiente de la sentencia de casación penal y señaló: “Pero, a pesar de lo suficiente que resultaría esa inferencia [se refiere a la presunción de punibilidad derivada de la ausencia de explicación razonable del origen lícito de los dineros] para concluir que los magistrados investigados, en efecto se apartaron de los más elementales principios en la actividad de análisis y valoración probatoria, la Corte Suprema de Justicia –S. de Casación Penal-, en las líneas siguientes se ocupó de un serio análisis de los medios de convicción no tenidos en cuenta por los aquí disciplinados y que a todas luces permitían colegir que los procesados, con la supuesta actividad de pesca que decían estar realizando el día de la incautación, no tenía objeto distinto que ocultar su verdadera actividad ilícita”.
De modo que, las alegaciones de la accionante alusivas a la falta de consolidación de la jurisprudencia sobre el estándar de valoración probatorio requerido para condenar por lavado de activos, devienen impertinentes, pues la S. Disciplinaria no la sancionó por desconocer esa jurisprudencia, y en todo caso, analizó el ejercicio de valoración probatoria del Tribunal como si este hubiera escogido un estándar similar al de la sentencia del 2006 y no uno débil. Además, la sentencia de casación penal del 09 de marzo de 2006 invocada por la accionante, no requirió providencia condenatoria previa por el delito subyacente para condenar por lavado de activos, con lo cual, lejos de modificar la jurisprudencia sobre ese tema, reafirmó la autonomía del delito, fijada en casación en el 2005. Por las razones anotadas, el cargo no prospera.
Del cargo por identificación errada del problema jurídico
La accionante asegura que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto constitucional porque identificó indebidamente el problema jurídico que debía resolver. En su opinión, el juez disciplinario debía establecer cuál era la interpretación de la jurisprudencia de casación penal que prevalecía en el Circuito Judicial de San A., en relación con el estándar probatorio exigido para tener por acreditada la conexión entre los bienes incautados y el delito subyacente en su condición de ingrediente normativo del lavado de activos. Si lo hubiera hecho, habría encontrado que la posición dominante entendía que la jurisprudencia de casación penal exigía un nivel probatorio riguroso.
La S. Octava de Revisión negará la prosperidad de este cargo, pues como se expuso con suficiencia, la sentencia disciplinaria no sancionó a la accionante por el desconocimiento de un determinado estándar probatorio consolidado en el Circuito de San A. en relación con la prueba de la conexión mediata o inmediata entre el delito subyacente y los bienes lavados, sino por desatender el carácter autónomo del delito de lavado de activos (en armonía con la jurisprudencia que sostenía esa tesis) (Supra 228, 239 y 240). Por ello, el problema jurídico referido a la supuesta inobservancia de un modelo probatorio específico consolidado en el Circuito de San A., no era procedente. Por las razones anotadas, el cargo no prospera.
Del cargo por desconocimiento del precedente horizontal
En criterio de la accionante el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, porque desatendió la posición que expuso en la sentencia del 24 de agosto de 2011, mediante la cual absolvió a los magistrados del Tribunal Superior de San A. en la investigación que había iniciado ante la compulsa de copias realizada por la S. de Casación Penal en sentencia del 2 de febrero de 2011, con ocasión de las faltas en que podrían haber incurrido al revocar la sentencia de primera instancia que había condenado a ocho ciudadanos por la comisión del delito de lavado de activos.
La Corte negará el cargo al encontrar que en la sentencia del 24 de agosto de 2011 la S. Disciplinaria estudió un asunto diferente al analizado en la sentencia del 12 de julio de 2012. En la primera decisión el Consejo Superior de la Judicatura archivó las diligencias al observar que a los magistrados investigados no les era reprochable el desconocimiento de las sentencias del 28 de noviembre de 2007 y del 09 de abril de 2008 de la Corte Suprema, ya que estas se profirieron con posterioridad al fallo que dio origen a la investigación; y porque en todo caso realizaron una valoración probatoria ajustada al ordenamiento legal:
“Del examen de la decisión atacada, se concluye entonces que los disciplinados no incurrieron en el presente caso en vía de hecho judicial alguna (desconocimiento de precedente jurisprudencial ni indebida valoración probatoria), pues la misma fue producto del análisis serio y fundado de las pruebas recaudadas, el cual giró en torno a las normas aplicables y se fundamentó en su posición jurisprudencial vigente – precedente horizontal-, y a la de su Superior jerárquico –Precedente Vertical-, es decir, no aparece actuación arbitraria de los funcionarios judiciales investigados, ni móviles ajenos a la legalidad”.
En el segundo proceso, el Consejo Superior de la Judicatura estudió la estimación probatoria que el Tribunal Superior de San A. efectuó en un proceso penal distinto, y en particular, analizó el desconocimiento del carácter autónomo del delito de lavado de activos, en armonía con la jurisprudencia plasmada en la sentencia del 19 de enero de 2005 por la Corte Suprema de Justicia, previa al fallo que dio origen a la sanción. Al respecto, la providencia del 12 de julio de 2012 señaló:
“Se han hecho necesarias las transcripciones de los anteriores párrafos con el fin de resaltar cómo es claro que los magistrados convocados a juicio disciplinario, no valoraron los elementos de juicio obrantes en el plenario, sino que, lejos de toda razonabilidad, concluyeron que el conjunto de evidencias con el cual se contaba en el cartulario era insuficiente para arribar al grado de certeza requerido respecto de la responsabilidad de los procesados, siguiendo en ello la conducta no menos contraria a derecho del a quo que, como se recordará, había absuelto a los encartados pese a los medios de convicción que apuntaban a lo contrario, es decir, a determinar el origen ilícito del dinero incautado”.
De este modo, existen diferencias relevantes entre los dos trámites disciplinarios, ya que las conductas investigadas por la accionada se originaron en sentencias dictadas por el Tribunal Superior de San A. en procesos penales diversos. De ahí que la valoración probatoria que se efectuó en la sentencia del 24 de agosto de 2011 no se pueda trasladar a la sentencia del 12 de julio de 2012 como lo argumenta la accionante, pues el objeto de análisis es distinto.
Además, en esta última sentencia la S. analizó un problema jurídico diverso, pues no enjuició el desconocimiento de las sentencias de casación del 28 de noviembre de 2007 y del 09 de abril de 2008, sino la arbitraria valoración de las pruebas por parte del Tribunal, la que en su criterio originó el desconocimiento del carácter autónomo del delito de lavado de activos en concordancia con la posición asumida por la Corte Suprema sobre la materia, en sentencia del 19 de enero de 2005. Esta circunstancia, desvirtúa, el carácter vinculante del fallo disciplinario del 24 de agosto de 2011 alegado por la solicitante, por lo cual el cargo no prospera.
De los cargos por defecto fáctico
La accionante asegura que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto fáctico porque i) el juez disciplinario no puede emitir sanción en relación con la valoración probatoria efectuada en un proceso, pues la autoridad judicial se encuentra amparada por el principio de autonomía funcional; ii) no condujo una investigación autónoma para sancionar a la accionante, sino que la destituyó por las mismas razones doctrinarias que la Corte Suprema de Justicia adujo en la sentencia de casación para pedir la investigación, pero sin agregar ningún fundamento independiente que pudiera pasar de la queja a la sanción; iii) no decretó la nulidad del proceso ante la omisión de notificar el auto que fijó fecha y hora para la práctica de pruebas y; iv) no recaudó pruebas que habían sido pedidas por las partes y decretadas por el juez disciplinario.
La S. Octava de Revisión negará los cargos propuestos por defecto fáctico, por las siguientes razones:
Del cargo por imposibilidad de sancionar la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales
Entonces, aunque la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales se encuentra amparada por el principio constitucional de autonomía judicial, el juez disciplinario está facultado para enjuiciarlas y sancionarlas cuando se adviertan notoriamente carentes de razonabilidad y transgresoras de las reglas más elementales de la sana crítica.
En suma, toda vez que la autoridad disciplinaria estaba habilitada para sancionar las valoraciones que, en su criterio y de conformidad con el ordenamiento jurídico, encontrara arbitrarias, la S. negará el cargo.
Del cargo por falta de valoración independiente por parte del Consejo Superior de la Judicatura
La peticionaria sostiene que el Consejo Superior de la Judicatura no condujo una investigación autónoma para sancionarla, pues la destituyó por las mismas razones doctrinarias que la Corte Suprema de Justicia empleó para pedir su investigación disciplinaria.
La S. estima, en cambio, que la sola coincidencia de argumentos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura sobre la valoración probatoria que realizó el Tribunal Superior de A. en la sentencia del 17 de julio de 2007, no estructura el defecto alegado por la accionante.
Por el contrario, el hecho de que el problema jurídico que abordó la judicatura exigiera establecer si los magistrados investigados valoraron arbitrariamente el material probatorio obrante en el proceso penal, hacía razonable que tomara en cuenta el criterio calificado que la Corte Suprema de Justicia había mantenido en el asunto.
De todas formas, la S. Disciplinaria analizó directamente la “razonabilidad o no del soporte probatorio aducido para sustentar fácticamente la sentencia confirmatoria de absolución” dictada por los disciplinados; tuvo en cuenta la posición de la Fiscalía General de la Nación y del agente del Ministerio Público en el trámite de casación, los cuales coincidieron en reseñar los protuberantes yerros probatorios en que habría incurrido el Tribunal en su sentencia; y finalmente, valoró la postura de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, que solicitó sancionar a los investigados al considerar que era “evidente que incurrieron en notables falencias de valoración de las pruebas y experticios allegados”.
Así las cosas, la S. encuentra que contrario a lo afirmado por la peticionaria, el Consejo Superior de la Judicatura no solo se basó en la tesis de la Corte Suprema de Justicia para emitir fallo disciplinario en su contra, sino que valoró directamente la sentencia del Tribunal Superior de San A., y acudió a diversas fuentes para sustentar la sanción impuesta a la demandante por interpretación arbitraria del material probatorio. Todo esto descarta la prosperidad del cargo.
Del cargo por violación del debido proceso al no decretar la nulidad del auto que fijó fecha y hora para la práctica de pruebas
La demandante asegura que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto fáctico al no decretar la nulidad del proceso por omisión en la notificación del auto que fija fecha y hora para la práctica de pruebas. La S. no obstante, encuentra razonables los argumentos del juez disciplinario, quien indicó i) que los autos de impulso o sustanciación como el que fija fecha y hora para la práctica de pruebas no requieren notificación, bastando la sola comunicación y ii) que una vez se dispuso la apertura de indagación preliminar, esta fue notificada personalmente a la accionada, por lo que le correspondía estar atenta al desarrollo del proceso.
En efecto, la accionante tuvo conocimiento oportuno de la adopción de dicho auto cuando le fue comunicada la fecha y hora para rendir versión libre, y por tanto era su deber acercarse al despacho a averiguar lo pertinente en relación con las restantes pruebas solicitadas[78]. Bajo tal óptica, al no probarse una actuación arbitraria del Consejo Superior de la Judicatura, la S. negará el cargo propuesto.
Del cargo fáctico por no recaudar pruebas que habían sido decretadas
Finalmente, la solicitante alega que la Corporación accionada incurrió en defecto constitucional al no recaudar pruebas que habían sido pedidas por los investigados y decretadas por el juez disciplinario, y al negar la nulidad que invocó por esa situación. En especial, hace referencia a la prueba testimonial de los señores M.Y.B. y J.C.V., a quienes no se les habría comunicado la fecha de la diligencia, porque el telegrama se remitió a sus antiguos lugares de trabajo.
En relación con este punto, el fallo sancionatorio manifestó que la diligencia no se pudo llevar a cabo por circunstancias ajenas al juez disciplinario, pues los declarantes no asistieron al interrogatorio. En todo caso, asegura que no se cumple el requisito de transcendencia que rige las nulidades procesales, ya que lo pretendido con los testimonios, fue acreditado en el expediente por otros medios de prueba.
La S. encuentra que este cargo no está llamado a prosperar en cuanto la postura de la S. Disciplinaria se advierte razonable. En efecto, al solicitar los testimonios, la accionante tenía conocimiento (o debía tenerlo) sobre la dirección en que se podían ubicar los declarantes. Pese a ello, no actuó diligentemente para informar a la autoridad dicha situación. Como lo sostuvo el fallo sancionatorio, “los servidores judiciales son personas versadas en derecho, con una amplia trayectoria en la Rama Judicial, lo cual supone un mínimo conocimiento acerca de sus posibilidades de defensa y de cuál debía ser su leal comportamiento procesal al ser enterados tanto de la apertura de indagación preliminar como de la investigación disciplinaria y de la formulación de cargos en su contra”.
Igualmente, de acuerdo con la solicitud de pruebas referida en el fallo sancionatorio, los declarantes iban a conceptuar sobre el entendimiento de la jurisprudencia de casación penal alusiva a la prueba del delito de lavado de activos en el Circuito Judicial de San A.. Esa información, obraba en el expediente en virtud del testimonio de J.A.B., magistrado del Tribunal Superior de San A., que había indicado que para la época de los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria, esa Corporación “tenía como precedente en materia de lavado de activos una sentencia de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de marzo de 2006 donde fungió como ponente el doctor A.G.Q. en la cual se sostenía básicamente que los procesados que (sic) gozaban de la presunción de inocencia y que la carga de la prueba corría por cuenta del Estado, en la demostración del punible que originaba el lavado de activos…”.
Entonces, atendiendo a que la S. no observa una conducta arbitraria por parte del juez disciplinario, se niega el cargo.
De los cargos por defecto procedimental
La accionante sostiene que el Consejo Superior de la Judicatura cometió defectos procedimental porque i) impidió a los disciplinados presentar alegatos de conclusión con las formalidades del caso, pues el término para alegar se abrió cuando faltaban pruebas por recaudar; ii) violó el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura al no presentar la ponencia de fallo con antelación suficiente para el análisis de los integrantes de la S. Disciplinaria; iii) no estableció con claridad el cargo ocupado por los magistrados disciplinados al momento de proferirse el fallo sancionatorio y; iv) negó la reposición del fallo del 12 de julio de 2012, en especial de la sanción y de la negativa a decretar la nulidad pedida en los alegatos de conclusión. La S. estudiará los tres primeros cargos de manera conjunta y el último de forma separada.
La S. Octava de Revisión negará los tres primeros cargos por defecto procedimental, por las siguientes razones:
Aunque la peticionaria argumentó que la accionada incurrió en defecto procedimental porque corrió traslado para alegar de conclusión cuando aún no se había recaudado el testimonio de los señores M.Y.B. y J.C.V., la S. encontró razonable su conducta al estudiar el cargo fáctico por “violación del debido proceso al no recaudar pruebas que habían sido decretadas”.
Finalmente, frente a los reproches relativos a la presunta violación del reglamento del Consejo Superior de la Judicatura por no presentar la ponencia de fallo a consideración de los integrantes de la S. con la antelación dispuesta en este, y la falta de claridad del cargo ocupado por los magistrados disciplinados en la parte resolutiva del fallo sancionatorio, la Corte considera que estas son irregularidades que no tienen connotación suficiente para configurar un defecto procedimental, pues en todo caso la S. Disciplinaria dictó sentencia de fondo, lo que denota que los magistrados tuvieron el grado de convicción e ilustración suficiente para decidir, y si bien no se relacionó en la parte resolutiva el distrito judicial en que se desempeñaban los investigados al momento del fallo sancionatorio, la sentencia los identificó claramente con sus nombre, apellidos y cargos de magistrados de Tribunal Superior.
Del presunto defecto procedimental por negar el recurso de reposición contra el fallo sancionatorio del 12 de julio de 2012
La accionante estima que el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto procedimental al negar el recurso de reposición formulado contra el fallo del 12 de julio de 2012, en particular, contra la decisión de sancionar disciplinariamente a la accionante y negar la nulidad pedida por el apoderado de la actora en los alegatos de conclusión.
Sustenta su posición en el artículo 113 de la Ley 734 de 2002, que establece que “el recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia”. Sostiene que la accionada en todo caso incurrió en defecto procedimental, pues no resolvió la nulidad en auto separado sino en la sentencia, y porque rechazó por improcedente el recurso de reposición que formuló contra esa decisión.
La S. Octava negará la prosperidad de este cargo, pues las decisiones de la S. Disciplinaria se advierten razonables y respetuosas del precedente constitucional sobre la materia, como pasa a explicarse.
En el numeral sexto de la parte resolutiva de la decisión del 12 de julio de 2012, el juez disciplinario estableció que “contra esta sentencia no procede recurso alguno”. Su posición se respalda en una interpretación de los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, que esta Corte ha estimado razonable.
Según se indicó al revisar la acción de tutela presentada por la señora A.Á.V.S., los artículos 205 y 206 de Código Único Disciplinario distinguen entre la ejecutoria y la notificación de los fallos de única instancia del Consejo Superior de la Judicatura. La primera norma consagra que estas sentencias “quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción”, mientras que el artículo 206 señala que las mismas “se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata”.
Para el Consejo, la ejecutoria inmediata de los fallos de única instancia implica que contra ellos el legislador no estableció recurso alguno.
Esta tesis encuentra sustento constitucional en las sentencias T-692 de 2009[79] y T-637 de 2012[80]. En estos fallos la Corte negó la tutela invocada por funcionarios judiciales que atacaban providencias de la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en aplicación del artículo 205 de la Ley 734 de 2002 habían negado el trámite del recurso de reposición contra sentencias sancionatorias. En la decisión más reciente la S. Novena de Revisión sostuvo lo siguiente:
“En el caso bajo estudio, la actora se encuentra en desacuerdo con la interpretación que realizó la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura acerca de las normas que establecen cuáles son los recursos que proceden contra el fallo de única instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelantan contra funcionarios de la rama judicial. || Para la accionante la norma aplicable es el artículo 113 de la ley 734 de 2002 que establece que contra el fallo de única instancia procede el recurso de reposición. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura – S. Disciplinaria, considera que contra los fallos de única instancia dentro de los procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios pertenecientes a la rama judicial, no procede recurso alguno pues esto se encuentra regulado en un acápite especial dentro de la ley 734 de 2002, específicamente en el artículo 205 que señala que la sentencia de única instancia quedará ejecutoriada en el momento de la suscripción.
Esta S. de revisión considera que la interpretación realizada por el Consejo Superior de la Judicatura no es arbitraria y se encuentra suficiente y razonablemente justificada, por lo tanto no se configura el defecto señalado por la accionante. Un caso similar al que ahora ocupa a la S. fue estudiado en la sentencia T-962 de 2009[81], en el cual el accionante se había desempeñado como Magistrado de la S. Penal del Tribunal Superior de Tunja y, resultó condenado en un proceso disciplinario fallado por la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en única instancia; recurrida dicha providencia, la autoridad disciplinaria rechazó por improcedente el recurso. Para la Corte, la interpretación realizada por la S. disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no vulneraba los derechos fundamentales del accionante, pues fue realizada conforme al precedente constitucional y disciplinario”[82].
En ese orden de ideas, la decisión de la S. Disciplinaria se advierte razonable, pues se ajusta a la jurisprudencia constitucional. Igualmente, en opinión de la S., acogiendo los principios de celeridad y economía procesal, resultaba sensato que la autoridad disciplinaria resolviera la nulidad en el fallo del 12 de julio de 2012, puesto que había sido interpuesta en los alegatos de conclusión, es decir, en la fase final del proceso.
En todo caso, la S. Octava negó los cargos “por violación del debido proceso al no decretar la nulidad del auto que fijó fecha y hora para la práctica de pruebas” (Supra 264) y “por no recaudar pruebas que habían sido decretadas” (Supra 266), aspectos alegados en la nulidad propuesta por la demandante. La S. no observó irregularidades de trascendencia para configurar defecto constitucional. Por las razones anotadas, la S. negará el cargo.
En consecuencia, la S. Octava de Revisión revocará la sentencia de segunda instancia, proferida el 05 de septiembre de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, y la sentencia proferida el 22 de abril de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B., en primera instancia, que concedió la tutela solicitada. En su lugar, negará la tutela de los derechos invocados por la señora P.C.E..
En oficio del 05 de septiembre de 2014, la señora G.L.R.L. indicó que en S. Plena del 31 de julio de 2014 fue nombrada en propiedad por la Corte Suprema de Justicia para el cargo de magistrada de la S. Única del Tribunal Superior de San A., cargo en el que no fue posesionada, en razón de la medida tomada en el Auto 142A de 2014 en favor de P.C.E.. Por esa circunstancia, estima que la providencia de medidas cautelares afectó sus derechos al trabajo y a la carrera judicial, por lo que solicita adoptar las medidas procedentes para remediar la vulneración.
En escritos del 02 y 03 de julio de 2015, los señores G.A.P.M., V.H.O.G. y F.A.G.M., en su calidad de integrantes del registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado de S. Laboral de Tribunal Superior, solicitaron a la S. Octava de Revisión adoptar las medidas pertinentes para que los cargos de magistrado de Tribunal Superior que llegaren a quedar vacantes como consecuencia de una eventual sentencia adversa a los accionantes, fueran surtidos con la lista de elegibles que se encontraba vigente al momento de ejecutoria del fallo que destituyó a los magistrados accionantes.
La S. negará estas solicitudes, pues estima que los peticionarios y la peticionaria pueden acudir directamente ante el nominador a exponer sus observaciones y plantear su situación, y ejercer las vías administrativas o judiciales que encuentren procedentes en el evento de no compartir la decisión que adopte dicha autoridad.
Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el proceso de la referencia.
SEGUNDO.- REVOCAR las medidas de protección provisional adoptadas a través de Auto 259 del 12 de noviembre de 2013 en favor del señor M.R.A.A. y de Auto 142A del 20 de mayo de 2014 en favor de las señoras P.C.E. y A.Á.V.S..
TERCERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia, proferida el 05 de septiembre de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela formulada por la señora A.Á.V.S. en el expediente de la referencia. En su lugar, confirmar la sentencia proferida el 08 de octubre de 2012 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en primera instancia, en tanto niega la tutela solicitada.
CUARTO.- CONFIRMAR la sentencia de única instancia, proferida el 15 de febrero de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B., en tanto declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor M.R.A.A. en el proceso de la referencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia, proferida el 05 de septiembre de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto declaró improcedente la acción de tutela formulada por la señora P.C.E. en el proceso de la referencia, y la sentencia proferida el 22 de abril de 2013 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de B., en primera instancia, en tanto concedió la tutela. En su lugar, negar la tutela de los derechos invocados por la señora P.C.E..
SEXTO.- NEGAR la solicitud presentada en el proceso de la referencia por la señora G.L.R.L. y los señores G.A.P.M., V.H.O.G. y F.A.G., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO.- ORDENAR que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
M.Á.R.
[1] Artículo 34 de la Ley 734 de 2002: “Deberes. Son deberes de todo servidor público: || 2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función”.
[2] Artículo 48 de la Ley 734 de 20002: “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: || 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.
[3] Artículo 413 de la Ley 599 de 2000: “Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”. Artículo 415 de la Ley 599 de 2000: “Circunstancias de agravación punitiva. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas contempladas en el título II de este Libro”.
[4] Artículo 196 de la Ley 734 de 2002: “Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”. Cita fuera del original.
[5] Artículo 153 de la Ley 270 de 1996: “Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: || 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”. Cita fuera del original.
[6] Artículo 48 de la Ley 734 de 2002: “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: || 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. Cita fuera del original.
[7] Artículo 323 de la Ley 599 de 2000: “Lavado de activos. El que adquiere, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les de a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Artículo 413 de la Ley 599 de 2000. “Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
[8] De ser el caso, en el análisis concreto la S. se referirá al contenido del auto del 24 de octubre de 2012 y a los argumentos de las solicitudes de los accionantes.
[9] En el caso concreto la S. Octava profundizará en la exposición y análisis de la sentencia sancionatoria proferida el 12 de julio de 2012 por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[10] M.P.A.R.R..
[11] M.P.A.R.R..
[12] M.P.A.R.R..
[13] En el proceso acumulado del accionante M.R.A.A. el abogado D.E.L.M. actuó como apoderado judicial desde la presentación de la demanda de tutela.
[14] M.P.A.R.R..
[15] La ponencia inicial proponía i) revocar las sentencias de tutela de instancia y en su lugar proteger los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo, al buen nombre y a la seguridad social de los accionantes; ii) dejar sin efecto las sentencias sancionatorias del 04 de mayo de 2012 y del 12 de julio del mismo año proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de los accionantes de tutela y iii) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que profiriera nuevo fallo tomando en consideración los argumentos expuestos en la parte motiva de la sentencia de revisión de tutela, ya que había incurrido en defecto sustantivo por interpretación irrazonable al no tener en cuenta que al momento de proferirse los fallos ordinarios por los accionantes, no existía jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia en relación con el carácter autónomo del delito de lavado de activos y la necesidad o no de demostrar el delito subyacente que integra el elemento normativo de ese tipo penal.
[16] El asunto fue planteado por el magistrado A.R.R. en la discusión de la presente sentencia, atendiendo a que el magistrado L.E.V.S. y la magistrada (e) M.V.S.M. participaron en la discusión de la ponencia radicada el 15 de enero de 2015, mientras que la magistrada (e) M.Á.R. y él no lo hicieron.
[17] Los artículos 34 y 50 fueron modificados por medio de Acuerdo 01 del 30 de abril de 2015 de la Corte Constitucional.
[18] Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, la S. acudirá a la línea trazada en la sentencia T-410 de 2014 (M.P.L.E.V.S..
[19] Cfr. Sentencias T-006 de 1992 (M.P.E.C.M., C-543 de 1992 (M.P.J.G.H., T-079 de 1993 (M.P.E.C.M., T-231 de 1994 (M.P.E.C.M.) relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido) y T-1180 de 2001 (M.P.M.G.M.) (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003 (M.P.E.M.L., T-462 de 2003 (M.P.E.M.L., T-771 de 2003 (M.P.M.G.M.) y T-949 de 2003 (M.P.E.M.L., T-701 de 2004 (R.U.Y., doctrina que fue sistematizada por la sentencia de S. Plena C-590 de 2005 (M.P.J.C.T., que en esta ocasión se reitera.
[20] Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P.J.C.T..
[21] Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver la sentencia C-018 de 1993 (M.P.A.M.C. y los autos A-034 de 1996 (M.P.J.G.H.) y A-220 de 2001 (M.P.E.M.L..
[22] Sobre la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 (M.P.H.S.P. y T-760 de 2008 (M.P.M.J.C., relativas al carácter fundamental del derecho a la salud.
[23] Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006 (M.P.M.J.C., C-836 de 2001 (…) y T-566 de 1998 (M.P.E.C.M.).
[24] Ver, sentencias C-560 de 1999 (M.P.C.G.D.) y C-1290 de 2001 (M.P.Á.T.G..
[25] Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P.J.C.T..
[26] Ver sentencias T-173 de 1993 (M.P.J.G.H.) y C-590 de 2005 (M.P.J.C.T..
[27] Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P.J.C.T..
[28] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus S.s de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[29] Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.
[30] Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 (M.P.E.C.M.) y T-079 de 1993 (M.P.E.C.M.).
[31] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P.E.C.M., SU-159 de 2002 (M.J.C., T-196 de 2006 (M.P.J.C.T., T-996 de 2003 (M.P.C.I.V., T-937 de 2001 (M.J.C.).
[32] Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[33] También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P.M.V.S., T-1180 de 2001 (M.P.M.G.M.) y SU-846 de 2000 (M.P.A.B.S.).
[34] En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P.E.M.L..
[35] Se presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P.E.C.M.) y SU-168 de 1999 (M.P.E.C.M.).
[36] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contraria a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (M.P.E.M.L., T-1625 de 2000 (M.P.M.V.S.) y T-1031 de 2001 (M.P.E.M.L., o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001 (M.P.M.J.C.).
[37] Ver Sentencia T-701 de 2004 (R.U.Y..
[38] Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P.J.C.T..
[39] Por tratarse de una reiteración jurisprudencial la S. acudirá a la línea trazada en la sentencia T-319A de 2012 (M.P.L.E.V.S..
[40] Sentencia T-993 de 2003, M.P.C.I.V..
[41] Sentencia SU-014 de 2001, M.P.M.V.S..
[42] Sentencia T-055 de 1994, M.P.E.C..
[43] Sentencia T-996 de 2003, M.P.J.C..
[44] Sentencia T-654 de 1998, M.P.E.C..
[45] Teniendo en cuenta que se trata de una reiteración jurisprudencial, la S. replicará la línea jurisprudencial sobre este tópico contenida en la sentencia T-261 de 2013 (M.P.L.E.V..
[46] El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver los fallos SU-159 de 2002 (M.J.C., C-590 de 2005 (M.P.J.C.T., T-462 de 2003 (M.P.E.M.L., T-018 de 2008 (M.P.J.C.T., T-757 de 2009 (M.P.L.E.V..
[47] Cfr. Sentencia T-573 de 1997 (M.P.J.A.M..
[48] Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994 (M.P.E.C.M., pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008 de 1998 (M.P.E.C.M.).
[49] Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 (M.P.J.C.R.. Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”.
[50] Cfr., la sentencia C-984 de 1999 (M.P.A.B.S.).
[51] Sentencia SU-159 de 2002 (M.P.M.J.C.).
[52] Por tratarse de una reiteración de jurisprudencia la S. seguirá de cerca la jurisprudencia contenida en la sentencia T-1029 de 2012 (M.P.L.E.V.S..
[53]Sentencia T-112 de 2012 (M.P.L.E.V.S..
[54]Sentencia T-028 de 2012 (M.P.L.E.V.S..
[55] Por tratarse de una reiteración de jurisprudencia la S. seguirá en lo pertinente la sentencia T-319A de 2012 (M.P.L.E.V.S..
[56] Sentencias T-772 de 2010 (M.P.L.E.V.S., T-266 de 2011 (M.P.L.E.V.S.) y T-327 de 2013 (M.P.L.E.V.S..
[57] El siguiente es el contenido del inciso tercero del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991: “Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
[58] Sentencias T-772 de 2010 (M.P.L.E.V.S., T-266 de 2011 (M.P.L.E.V.S.) y T-327 de 2013 (M.P.L.E.V.S..
[59] El artículo 29 de la Ley 734 de 2002 establece: “Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: || 1. La muerte del investigado. || 2. La prescripción de la acción disciplinaria. || P.. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria”.
[60] El artículo 30 de la Ley 734 de 2002 establece: “Términos de prescripción de la acción disciplinaria. (Modificado por el art. 132, Ley 1474 de 2011). La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. || En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código. || Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. || P.. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique”.
[61] El artículo 119 de la Ley 734 de 2002 establece: “Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar ésta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas”.
[62] El artículo 205 de la Ley 734 de 2002 establece: “Ejecutoria. La sentencia de única instancia dictada por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta, y aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción”.
[63] El artículo 206 de la Ley 734 de 2002 establece: “Notificación de las decisiones. La sentencia dictada por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y la providencia que resuelva los recursos de apelación y de queja, y la consulta se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata”.
[64] M.P.C.I.V.H..
[65] Al respecto, la sentencia C-1076 de 2002 señaló: “El supuesto de hecho descrito en el art. 206 de la Ley 734 de 2002, aplicable al régimen sancionatorio de los funcionarios de la rama judicial es diferente al que aparece regulado en el inciso segundo del art. 119 de la misma ley. En efecto, en este caso, en aras a garantizar el principio de publicidad, el legislador dispuso la notificación de las providencias, mediante las cuales se resuelvan los recursos de apelación y queja por parte de la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, antes de su ejecutoria. De allí que la expresión demandada no ofrezca ningún reparo de constitucionalidad”.
[66] Del mismo modo, por vía de revisión de tutela la Corte indirectamente ha admitido esta interpretación en las sentencias T-692 de 2009 (M.P.M.V.C. Correa), T-637 de 2012 (M.P.L.E.V.S.) y T-504 de 2013 (M.P.M.G.C.). En los dos primeros casos la Corporación negó la tutela pedida por funcionarios judiciales que atacaban providencias de la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que habían negado el recurso de reposición contra sentencias sancionatorias de única instancia argumentando que contra las mismas no procedían recursos en virtud de la ejecutoria inmediata plasmada en el artículo 205 de la Ley 734 de 2002 (la Corte estimó razonable la interpretación sobre la materia del Consejo Superior de la Judicatura). A su turno, al estudiar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez en la sentencia T-504 de 2013, la S. Segunda de Revisión acogió la posición del Consejo Superior de la Judicatura y estimó que si bien los efectos de la sentencia acusada se materializaron con la notificación de la misma, su ejecutoria se surtió el día en que se profirió.
[67] La S. realizará el estudio con base en la sentencia de tutela de segunda instancia del 05 de septiembre de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura en el segundo proceso de tutela iniciado por M.R.A.A..
[68] Este asunto hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en virtud de la no selección del expediente T-4.117.019 en Auto del 14 de noviembre de 2013 proferido por la S. Once de Selección.
[69] Aunque el tenor literal del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que en la hipótesis de duplicidad de tutelas “se rechazaran o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”, la jurisprudencia constitucional ha interpretado esta expresión como una declaratoria de improcedencia de la acción, atendiendo a la ausencia de pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela. Al respecto se pueden consultar las sentencias T-772/10, T-266/11 y T-327/13.
[70] Al respecto, el informe señala: “San A. Isla, 19 de julio de 2012. || La suscrita Oficinista Grado 06 de la Procuraduría Regional de San A. Isla, J.H.M., dejo expresa constancia que en la fecha de hoy 19 de julio de 2012, se hizo presente a la Secretaría de la Procuraduría Regional de San A. Isla, la doctora P.C.E., en su condición de Magistrada de la S. Penal del Tribunal Superior del distrito judicial de San A., Providencia y Santa Catalina isla, en virtud de citación número 371 de fecha 17 de julio del presente año procediendo a notificarla de la providencia de fecha 12 de julio de 2012, dentro del proceso No. 110010102000201002316 proferida en su contra por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de igual forma dejo expresa constancia que la citada magistrada anexa a dicha notificación copia de la epicrisis por accidente de tránsito, listado de admitidos posgrados de derecho, historia clínica e incapacidades. De igual forma dejo expresa constancia que le puse a disposición cuaderno de copias No. 3 el cual contiene la providencia antes mencionada y la magistrada manifiesta que para eso tiene su abogado que por lo tanto no la necesita”.
[71] En la sentencia T-504 de 2013 (M.P.M.G.C.) la S. Segunda de Revisión declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por un magistrado de la S. Penal del Tribunal Superior de Barranquilla contra el fallo disciplinario que lo sancionó disciplinariamente con un mes de suspensión de sus funciones. Lo anterior, porque el actor interpuso la acción transcurridos 6 meses desde la notificación de la sentencia sancionatoria.
[72] Este último aparte entre comillas corresponde a la cita de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San A., realizada por el Consejo Superior de la Judicatura.
[73] El aparte entre comillas corresponde al texto original de la sentencia de casación penal que compulsó copias para que se investigara la conducta de los juzgadores de instancia. (Sentencia del 09 de junio de 2010, rad. 28892).
[74] Al respecto, i) la sentencia del 19 de enero de 2005 estableció que el delito de lavado de activos es de carácter autónomo y ii) la sentencia del 09 de junio de 2010 que compulsó copia para que se investigara a los accionantes, recordó que la Corte Constitucional en sentencia C-326 de 2000 revisó la constitucionalidad de la ley aprobatoria del “Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, suscrito en Bogotá el 31 de julio de 1997, y sostuvo que el blanqueo de capitales “con la Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Viena, pasó a convertirse en un delito de carácter autónomo”.
[75] En sentencia del 28 de noviembre de 2007 la S. de Casación Penal estableció un estándar probatorio débil sobre la materia: “Dicho de otra manera, para incurrir en la conducta de lavado de activos basta con que el sujeto activo oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, para incurrir por esa sola conducta en las penas previstas en la norma. || Suponer que, para poder sentenciar por lavado de activos tiene que demostrarse en el proceso con “una decisión judicial en firme” el delito matriz (las actividades de tráfico de migrantes, etc.), es tanto como garantizar la impunidad en los eventos en que el procesado logra simular la conducta subyacente y sin embargo…adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforma, custodia o administra determinados activos de los que es deducible que provienen de actividades al margen de la ley. || No es dable asociar la demostración “con certeza” de la actividad ilícita antecedente, o la “prueba” de la conducta subyacente o el requerimiento de una declaración judicial “en firme” que declare la existencia del delito base para fundamentar el elemento normativo del tipo en la conducta de lavado de activos. La S. reitera la tesis de que lavar activos es una conducta punible autónoma y no subordinada. || El lavado de activos, tal como el género de conductas a las que se refiere el artículo 323, es comportamiento autónomo[75] y su imputación no depende de la demostración, mediante declaración judicial en firme, sino de la mera inferencia judicial al interior del proceso, bien en sede de imputación, en sede de acusación o en sede de juzgamiento que fundamente la existencia de la(s) conducta(s) punible(s) tenidas como referente en el tipo de lavado de activos”. (Énfasis y subrayado en el original)
[76] En sentencia de casación penal del 09 de marzo de 2006 la Corte Suprema estableció un estándar probatorio fuerte en relación con la prueba del delito subyacente, y reiteró la tesis de autonomía del delito de lavado de activos. Sobre este aspecto señaló: “Es, pues, un hecho irrebatible, que compete al Estado jurisdiccional el deber de demostrar que el incremento patrimonial no justificado tiene en su origen mediato o inmediato un nexo o conexión con actividades delictivas. El proceso penal debe contar con aquellos elementos de convicción suficientes orientados a dicha comprobación, sin que pueda ser admisible asumir –como termina haciéndose en la propuesta de la demandante -, una presunción de ilicitud de los bienes si los imputados no explican convincentemente la fuente de los mismos, lo que configuraría una intolerable inversión de la carga de la prueba que corresponde al Estado. || Tratándose de particulares a quienes se acusa de enriquecimiento ilícito –como delito subyacente al del lavado de activos, tal y como sucede en este caso-, es propósito de su represión penal la sanción que se deriva de la obtención de bienes o intereses de contenido económico, pero en forma “ilícita” o “delictiva”, configurando este elemento no el imperativo judicial de que exista previa decisión declarativa de la ilegalidad de la actividad, pero sí que converjan elementos de prueba con la idoneidad suficiente para que más allá de una presunción –inviable en su demostración-, permitan establecer el nexo objetivo suficiente para afirmar que emanan de actividades al margen de la ley”.
[77] Sentencia T-056 de 2014 (M.P.M.G.M.C..
[78] 264. En opinión del fallo disciplinario, que esta S. encuentra razonable, “constituye carga procesal para los disciplinables y sus defensores, una vez notificados (…) de los actos procesales que así lo exigen, estar atentos a las decisiones que se adopten en el curso del proceso, principalmente en lo atinente a los autos de sustanciación que se profieran, pues sería contrario a los principios de economía y celeridad de la actuación disciplinaria que cada acto procesal, incluidos los autos dictados por los funcionarios comisionados, tuvieran que ser notificados como lo pretende la defensa”.
[79] M.P.M.V.C.C..
[80] M.P.L.E.V.S..
[81] M.P.M.V.C.C..
[82] Seguidamente, la sentencia T-637 de 2012 cita el siguiente fragmento de la sentencia T-962 de 2009: “El accionante señaló en la demanda que le debía ser aplicado el artículo 113 de la Ley 734 de 2002, el cual prevé la posibilidad de interponer recurso de reposición contra la sentencias de única instancia. A este respecto, tal y como lo señaló, la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo el precedente disciplinario, aplicó el artículo 205 de la misma norma. Esta decisión encuentra razón en el principio de especialidad, en cuanto el artículo 113 del Código Disciplinario Único se encuentra en la parte general, mientras que el artículo 205 se incluye en el capítulo especial para los funcionarios de la rama judicial. || Tal y como se ha definido, en el presente caso es claro que, más allá del debate dogmático, la decisión del Consejo Superior no es contraria a la Ley, es por ello que no se puede por esta vía controvertir la interpretación legítima del juez natural de la causa”.
Atribuciones disciplinarias
Desconocimiento de la paternidad
Interpretación contractual
Plazo de interposición del recurso
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 44961 de 17 de Septiembre de 2013
Sentencia nº 110012203000201400432 00 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 19 de Marzo de 2013
Sentencia nº 50001-23-31-000-2001-10006-01 de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 1 de Junio de 2015