Source: https://abogadomartin.es/recursos/amparo/
Timestamp: 2019-01-19 08:03:04
Document Index: 63709627

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 43', 'artículo 56', 'artículo 30', 'artículo 161', 'artículo 56', 'artículo 10', 'artículo 55', 'artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 10', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 41', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 162', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 49', 'artículo 84', 'artículo 42', 'artículo 53']

Pero puede tratarse de infracciones de otros derechos; pensemos en el artículo 18 de la Constitución, en el caso de las autorizaciones de entrada domiciliaria o de escuchas telefónicas, o los casos en que lo que se discute es el derecho a la libertad personal.
Y no sólo es preciso el agotamiento de la previa vía judicial sino además que se haya denunciado formalmente en el proceso, si ha habido oportunidad para ello (ahora la hay siempre, dada la nueva regulación de la nulidad de actuaciones) la lesión del derecho o libertad. Y ello es así para preservar la subsidiariedad del amparo.
Como es sabido, el recurso de amparo del artículo 44 no permite al Tribunal Constitucional revisar los hechos; pero en ocasiones, al pronunciarse sobre una posible valoración arbitraria de la prueba, lo cierto es que acaba entrando en ellos, y esto ha producido algún conflicto con la jurisdicción ordinaria; pensemos en la Sentencia de 7 de enero de 1994.
Asimismo, los conflictos en ocasiones se producen por cuanto el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a una sentencia cuya motivación no sea arbitraria se incluye en la tutela judicial efectiva y que incluso el control de amparo debe ser más profundo cuando se trate de casos en que están en juego otros derechos fundamentales; y ello comporta inequívocamente cierta penetración de la jurisdicción constitucional en ámbitos tradicionalmente considerados como de legalidad ordinaria: Sentencia 63/2005, sobre la prescripción penal, por ejemplo y ha de hacerse además referencia a los amparos mixtos, es decir aquellos en que se imputa una doble lesión: lesión de un derecho fundamental por el ejecutivo y no reparado en la vía judicial previa, y lesión de un derecho fundamental directamente imputable al órgano judicial (tutela judicial efectiva normalmente; por ejemplo, lesión del derecho a la prueba).
La última reforma, por Ley Orgánica 6/2007, ha sido precisamente la de más hondo calado; pero no es la única. Así la Ley Orgánica 8/84 suprimió la regulación especial del recurso de amparo en relación con la objeción de conciencia, que inicialmente se regulaba en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979.
Tampoco cabe olvidar la reforma de la Ley Orgánica 6/88, que reguló con detalle el llamado trámite de inadmisión a fin de eliminar los recursos de amparo que no tuvieran contenido constitucional; como enseguida veremos, este trámite de inadmisión ha sido sustituido ahora por un trámite de admisión a fin de acentuar las posibilidades de certiorari; si bien la doctrina (Fernández Farreres, por ejemplo) duda de la eficacia real de las nuevas medidas.
Por lo pronto, el incidente de nulidad de actuaciones ya no servirá sólo para los casos de incongruencia (interpretada por cierto muy restrictivamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 322/2006) y de indefensión material, sino que el mismo se extiende a cualesquiera otros derechos o libertades aludidos en el artículo 53.2 de la Constitución.
Observemos que por tanto este incidente servirá no sólo para los casos de amparo ante actuaciones judiciales o amparos mixtos, sino además en el caso del amparo contra actos de los Gobiernos y administraciones públicas regulado en el artículo 43 de la Ley Orgánica.
Una segunda cuestión importante es la que afecta al régimen de medidas cautelares, regulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979.
Así, si en los casos del recurso de inconstitucionalidad el artículo 30 nos dice que sólo cabe la suspensión de la ley recurrida conforme al artículo 161.2 de la Constitución, en el caso del recurso de amparo las posibilidades son más amplias.
La nueva ley, por lo pronto, no sólo regula la suspensión, sino asimismo la posibilidad de adopción de otras medidas cautelares distintas a la misma, incluso eventualmente medidas cautelares positivas (resoluciones provisionales, dice el artículo 56.3).
La tercera cuestión que ha sufrido una modificación de profundo calado es la autocuestión de inconstitucionalidad; si la misma antes era posterior a la resolución del recurso de amparo y su resultado no podía incidir sobre la sentencia estimatoria del amparo, que era ya firme a todos los efectos (mecanismo en cierto modo similar a la cuestión de ilegalidad de los artículos 123 y siguientes de la Ley 29/1998), ahora lo que se prevé es una autocuestión elevada con carácter previo a la sentencia de amparo.
Es decir, cuando se dude sobre la constitucionalidad de la ley de cobertura del acto y ello sea determinante para otorgar o denegar el amparo, la sala o sección debe suspender el plazo para dictar sentencia y plantear la autocuestión.
Y además en este caso, como dice Fernández Farreres, esa autocuestión se deberá resolver necesariamente por el Pleno.
En efecto, una de las grandes novedades de la nueva ley incide sobre el artículo 10, regulador de las competencias del Pleno.
Por ejemplo, éste ahora puede delegar en las salas el enjuiciamiento de los recursos de inconstitucionalidad de mera aplicación de doctrina; asimismo por ejemplo se establece que como regla general corresponde a las salas el enjuiciamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad salvo las que el Pleno se reserve para sí, entre cuyos supuestos hay que entender que el Pleno deberá reservarse siempre el enjuiciamiento de la autocuestión de inconstiucionalidad sin poderlo deferir a las Salas, dado que el artículo 55.2 se refiere expresamente al Pleno.
Antes de la reforma, el competente era necesariamente la sala, sin perjuicio de la viabilidad de avocación por el Pleno.
Ahora esta posibilidad de avocación sigue existiendo, y en principio son las salas las competentes para resolver los recursos de amparo; pero el artículo 52.2 permite a la sala deferir el enjuiciamiento del asunto a una determinada sección cuando sea de aplicación doctrina consolidada del Tribunal Constitucional.
Parece razonable que la sala respectiva determine en concreto cuál es esa doctrina consolidada que debe ser de aplicación.
Esta posibilidad de deferir el enjuiciamiento a las secciones cuando sea de aplicación doctrina consolidada del Tribunal pudiera en apariencia no compaginarse adecuadamente con la exigencia de que concurra un interés constitucional que justifique una decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional, como señala el artículo 50 cuando regula el trámite de admisión.
Sin embargo, lo cierto es que esa especial trascendencia constitucional no sólo lo es de cara a la interpretación de la Constitución y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales (importancia que no existe en los recursos de amparo de mera aplicación de doctrina) sino que además la misma asimismo puede darse en relación con la aplicación o la general eficacia de la Constitución; véase sentencia 168/2007, en relación con un amparo electoral.
En los dos primeros casos lo que prima es la dimensión objetiva del recurso de amparo; pero en los otros prima más en realidad la dimensión no sólo objetiva (artículo 10.1 de la Constitución) ‘sino asimismo subjetiva de los derechos fundamentales.
O lo que es lo mismo, aun cuando el artículo 50 haya intentado reforzar el certiorari, en realidad poco se ha conseguido, porque el amparo debe admitirse a trámite siempre que lo exija la situación subjetiva de la persona en relación con la aplicación de la Constitución.
Otra cosa es el uso que haga de este precepto el Tribunal Constitucional.
En efecto, antes de la reforma lo que se regulaba era un trámite de inadmisión; si la demanda carecía de contenido que justificara una decisión de fondo del Tribunal Constitucional, la sección, por unanimidad, podía decidir su inadmisión; se trataba pues de un juicio negativo sobre la admisibilidad del amparo y además unánime.
Por el contrario, con la reforma se prevé en todo caso la existencia de un trámite positivo de admisión en que se debe justificar que la demanda posee contenido constitucional; si bien el generoso uso que venía haciendo el Tribunal del artículo 50 suscita dudas sobre la verdadera eficacia práctica de la reforma.
Lo que pasa es que ahora es la sección la que, por unanimidad, debe decidir (y éste quizá es el verdadero cambio) si el recurso es admisible.
Sólo si se alcanza unanimidad procede la admisión; conforme al apartado dos del artículo 50, cuando se alcanza la mayoría pero no la unanimidad, deberá ser la sala la que decida o no si se admite el amparo a trámite.
En este punto, la reforma no ha efectuado cambios sustanciales. Lo que pasa es que ahora el artículo 41.2 especifica que junto con las disposiciones, actos jurídicos y simples vías de hecho de los poderes públicos, el amparo cabe asimismo frente a las omisiones.
En puridad se venía entendiendo ya así y no se trata de novedad alguna; pensemos en el recurso de amparo por infracción de un proceso sin dilaciones indebidas, donde muchas veces en puridad lo que existirá será una suerte de inactividad del órgano jurisdiccional.
En el primer caso, se trata de un problema resaltado por la doctrina desde hace muchos años y que la última reforma no ha solventado expresamente; con lo que obviamente el legislador no ha querido afrontar el problema sabiendo que existe. La razón seguramente estriba en que se entiende suficiente la protección vía artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979; pero claro, decir que la infracción del derecho fundamental sustantivo por un sujeto privado es imputable al órgano jurisdiccional si no pone remedio a dicha infracción es algo artificioso.
Quizá el legislador haya considerado que, con la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones, es más clara dicha imputación.
El segundo caso es más específico; y consiste en qué sucederá en el caso de las mercantiles de capital público y las fundaciones del sector público.
¿Son sujetos privados a efectos del recurso de amparo? ¿o son sujetos a los que se debe aplicar la teoría de la Drittwirkung? Sujetos públicos en puridad no son; y así, artículo 46 de la ley 50/2002, de fundaciones, disposición adicional duodécima de la ley 6/1997 y la de igual número de la ley 7/1985, no pueden ejercitar las potestades adrninistrativas; si bien en algunos aspectos relativos a sus relaciones con el ente matriz se sujetan al Derecho Administrativo y además bajo ciertas condiciones pueden actuar como poderes adjudicadores de los contratos públicos, conforme a la directiva 18/2004 y la ley 30/2007, de contratos del sector público.
Se regula en el artículo 162 de la Constitución y 46 de la Ley Orgánica 2/1979. Lo más llamativo de la regulación legal es la legitimación activa en todo caso del Ministerio Fiscal y del Defensor del Pueblo; en cuyo caso lógicamente el afectado por el acto debe asimismo ser llamado al proceso.
Y además no sólo ostenta legitimación el titular del derecho o libertad vulnerado sino que la ley habla, en el caso del artículo 42, de la persona directamente afectada, y en los casos de los artículos 43 y 44 a todos aquellos que son o hubieran debido ser parte en el proceso judicial correspondiente.
El artículo 47 permite la comparecencia de coadyuvantes o codemandados cuando se trate de personas favorecidas por el acto recurrido o que ostenten interés legítimo en el mismo; y en todo caso siempre será parte en los procesos de amparo el Ministerio Fiscal.
Pero hay que hacer algunas precisiones.
Por ejemplo, si las administraciones públicas están legitimadas para presentar el recurso de amparo.
La respuesta con carácter general es que sí, incluso si se trata de amparo contra actuaciones judiciales; así Sentencia 175/2001. Pero la Sentencia 120/1996 matiza que no cabe el contraamparo, es decir no cabe que una administración recurra en amparo contra una sentencia por supuestamente arbitraria, porque de esa forma lo único que está haciendo la Administración es defender la legalidad de su propio acto.
No obstante, la Sentencia 58/2004 matiza esta idea y admite y estima un amparo presentado por una Administración por motivación arbitraria de una sentencia, en un caso en que sin plantear cuestión de inconstitucionaIidad, ni cuestión prejudicial, y siendo un acto aclarado por el Tribunal de Luxemburgo en sentido contrario al interpretado por el tribunal a quo, éste había inaplicado sin más una ley autonómica por entenderla contraria al Derecho comunitario de forma contraria a lo que es la interpretación dominante en la materia.
En gran medida hemos de remitimos a lo dicho sobre el sentido de la reforma por Ley Orgánica 6/2007. Pero se pueden añadir algunas consideraciones; por ejemplo, el artículo 49 nos dice que el amparo se inicia mediante demanda, en que ya se debe precisar cuál es el derecho fundamental vulnerado.
Es reiteradísima la doctrina constitucional según la cual las pretensiones se formulan en la demanda de amparo y no en las alegaciones posteriores, donde no se pueden alegar nuevos derechos infringidos. Otra cosa es que, conforme al artículo 84, el Tribunal aprecie de oficio la infracción de otros derechos fundamentales.
Regulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, en relación con este recurso se prevé un plazo de tres meses desde que el acto sea firme conforme a las normas internas de la Cámara respectiva.
Orgánica 2/1979, este precepto exige agotar previamente la vía judicial procedente; y además el mismo abarca tanto actos de los respectivos Gobiernos como de las Administraciones públicas, sus funcionarios o agentes. Lo esencial es que la lesión del derecho sea imputable al poder ejecutivo.
En todo caso, cuando se trata de actuaciones de los Gobiernos estatal y autonómico dictados en la esfera política, las Sentencias 196/1990, 4511990 y 220/1991 vienen a decir que en estos casos no existe previa vía judicial y que por tanto el amparo es directo.
Ciertamente, sin embargo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994, 4 de abril de 1997
En este recurso de amparo, e! plazo es de 20 días desde la notificación de la resolución que ponga fin a la vía judicial procedente.
En este punto, el problema esencial es cuándo se ha de entender agotad la misma, porque tan inadmisible es un amparo en que la vía judicial previa no se ha agotado como un amparo presentado de forma extemporánea por haberse presentado recursos manifiestamente improcedentes en la vía judicial previa.
Dos cuestiones previas importantes, en todo caso: la vía judicial previa contra actos del Ejecutivo es ahora la regulada en los artículos 114 y siguientes de la Ley 2911998, que: ya son desarrollo postconstitucional del artículo 53.2 de la Constitución; la seguida, la generalización de incidente de nulidad de actuaciones, a que antes se ha hecho referencia.
En relación con el problema apuntado (y esto es común con los amparos del art. 44), obviamente no cabe simultanear el amparo con ningún remedio o recurso; Sentencias 350/2006, 249/2006, por ejemplo. Y ello porque en ese caso se entiende que no se ha agotado la vía judicial previa.
En relación con esto, en todo caso la Sentencia 249/2006 aboga por una interpretación flexible, dado que no basta con cualquier recurso que sea imaginable) que es preciso que la viabilidad del recurso que no sea presentado sea palmaria sin necesidad de complicadas operaciones de interpretación jurídica: sólo en ese caso cabe inadmitir el amparo por no haberse agotado la vía judicial (Sentencias 51 y 52/2000), aparte del clarísimo caso de amparo simultáneo a otro recurso o remedio.