Source: http://www.elblogdelaseguridad.com/documentos-de-interes/
Timestamp: 2018-05-21 22:18:13
Document Index: 257663950

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 18', 'Artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 62', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 64', 'artículo 59', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 62', 'artículo 114', 'artículo 123', 'artículo 46', 'artículo 6']

DOCUMENTOS DE INTERES – El Blog de la Seguridad
spvsevilla.blogspot.com.es/ Bocg 10-a-50-3 Informe de la ponencia sobre la Ley de Seguridad Privada del 04 de Marzo de 2014 para aprobar en el Senado
ORDEN MINISTERIAL 318 SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
ORDEN MINISTERIAL 314 SOBRE EMPRESAS DE SEGURIDAD
LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR UNA VEZ APROBADOS
LOS QUE SE HAN PRESENTADO A LAS PRUEBAS PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD
DEBERAN ACREDITAR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
Vigilantes de Seguridad martes, 10 de abril de 2012 12:34
Notas sin archivar página 1
PUBLICACION DE LOS RESULTADOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS: (B),(E),(F),(G) CAUSAS DE EXCLUSIÓN (B) Falta declaración jurada debidamente cumplimentada, de acuerdo con el Apéndice II de las bases de la convocatoria (base 5.1.A.f) o no se acredita la nacionalidad, en el caso de ciudadanos extranjeros.
(C) Justificante acreditativo de desempeñar o haber desempeñado funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles, con anterioridad al día 31 de enero de 1996 (apartado D), de la base 5.1 de la Convocatoria).
(D) Carecer de antecedentes penales (5.1 A.b de las bases de la convocatoria).
(E) Certificado, debidamente compulsado, que acredite estar en posesión de la titulación académica exigida (base 1.2c) (Real Decreto 4/2008 de 11 de Enero por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada (art.54,2b)).
(F) Certificado de aptitudes psicofísicas (subapartado d), del apartado A), de la base 5.1 de la Convocatoria).
(G) Diploma o certificación o copia compulsada de ellos, acreditativo de haber superado el curso de Vigilante de Seguridad, expedido por un Centro de Formación de Seguridad Privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad (subapartado e), del apartado A), de la base 5.1 de la Convocatoria).
(H) Fotocopia compulsada de su actual tarjeta de identidad profesional de Vigilante de Seguridad o acreditación de la misma mediante certificación expedida por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (apartado a), de la base 5.2 de la Convocatoria).
(I) Diploma o certificación o copia compulsada de ellos, que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de Escoltas Privados, expedido por un Centro de Formación de Seguridad Privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad (apartado B), de la base 5.1 de la Convocatoria).
(J) Diploma o certificación o copia compulsada de ellos, que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de Vigilantes de Explosivos y Sustancias Peligrosas, expedido por un Centro de Formación de Seguridad Privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad, ( apartado C), de la base 5.1 de la Convocatoria).
(K) Certificado médico oficial en el que se haga constar la estatura del aspirante ( apartado A), de la base 5.1 de la Convocatoria). © Dirección General de la Policía
Insertado desde <https://www.policia.es:12098/VIGSEGUR/ResultadoPruebas.vgl;jsessionid=bbdd9a5c402720e58d60916c0730>
ley organica de seguridad privada
//v.calameo.com/?bkcode=0013557121cbf416e0cf6&view=scroll
7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía
Uso del uniforme en el ejercicio de las funciones de Seguridad privada
//v.calameo.com/?bkcode=000476509857389316f4b&view=scroll
Pruebas para Guardas Particulares del Campo
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba para el año 2014, el calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades,pulse aquí para descargarla en PDF.
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/guasparticularcam/guardaspart.HTML
Análisis normativo y obligaciones de las entidades bancarias y financieras en materia de protección de datos.
Abogado especializado en seguridad de la información
https://apis.google.com/u/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&lang=&size=small&hl=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.elderecho.com&url=http%3A%2F%2Fwww.elderecho.com%2Fmovilidad%2FAnalisis-obligaciones-bancarias-financieras-proteccion_11_659680001.html&gsrc=3p&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.es.i3JK4etA76s.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Fz%3Dzcms%2Frs%3DAItRSTMILONzccFaNJIDKLAKwPMBq7yx4g#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1395889040971&parent=http%3A%2F%2Fwww.elderecho.com&pfname=&rpctoken=5219052
El tratamiento de datos personales en una entidad bancaria atiende sin dudas a diferentes finalidades, y por tanto pueden ser objeto de la implantación de varios niveles de seguridad. La necesidad de apertura de líneas de negocio y productos ofertados por dichas entidades conlleva a que sea numerosa la información que de una persona se puede llegar a albergar. Los productos financieros y bancarios, seguros, así como el tratamiento de sus datos para la prevención de blanqueo de capitales y la propia gestión de ficheros de morosidad, además en la sociedad de la información se hace necesario llegar a los clientes actuales y potenciales para mostrarles los productos y nuevas oportunidades.
Además del nivel de seguridad que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y Reglamento de desarrollo, les aplica, se debe tener en cuenta un nivel de seguridad, social, que dicha información debe tener. Al margen de las finalidades y niveles de seguridad que desarrollaremos a continuación, determinada información que a los ojos del legislador puede tener un nivel básico, puede constituir un riesgo y gran perjuicio para el usuario, o puede influir socialmente tener conocimiento de determinadas transacciones.
Debe recordarse que además de la confidencialidad recogida en la citada Ley Orgánica, en el sector de la banca se debe aplicar el secreto bancario y la especial confidencialidad que se debe tener con respecto a los datos de los usuarios, que en la mayor parte de las entidades vienen desarrolladas en políticas de privacidad y compromisos específicos de confidencialidad.
Una correcta implantación de la Ley Orgánica 15/1999, conlleva por tanto, una mayor seguridad en el tratamiento de los datos de las personas, una mejor imagen con respecto a los usuarios actuales y potenciales, generación de mayor confianza, prevención del robo de datos e información y su utilización por otras entidades, una mayor trazabilidad de la información y por tanto una optimización de recursos, así como la delimitación de responsabilidades y posibles infracciones por el personal trabajador o colaborador de la entidad. Se debe recalcar por último el auge de denuncias en materia de protección de datos que se han producido en los últimos años, tal y como reflejan las diferentes memorias de la propia Agencia Española de Protección de Datos.
ENTIDADES BANCARIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
El Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la clasificación nacional de actividades económicas, en el epígrafe J de su Anexo incluye la intermediación financiera, banca, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sociedades y fondos de capital riesgo, intermediación monetaria entre otras.
Del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, puede deducirse que acorde con dichas finalidades (solvencia patrimonial, operaciones financieras y de crédito) deberíamos aplicar las medidas de seguridad relativas al nivel medio.
De la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, podemos deducir que la actividad aseguradora y sobre planes y fondos de pensiones, es de las más avanzadas en el sistema financiero. El incremento de las tasas de morosidad, así como el aseguramiento del pago de cuotas, créditos y otros productos por parte de las entidades bancarias, en una época de crisis económica, así como la aparición y prestación de nuevos servicios conllevan a que la mayor parte de dichas entidades presten este tipo de servicios, bien directamente, a través de empresas del grupo o de terceros.
A mayor abundamiento el artículo 8.4 de la Ley 13/1992, de 1 de junio, reguladora de los recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, incluía las Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones entre las entidades financieras que deberán incluirse en el grupo consolidable de entidades de crédito, tal y como recalcaba la propia Agencia Española de Protección de Datos en su informe de 1999.
En este sentido, aunque en el ámbito de seguros, la finalidad no es directamente el tratamiento de datos de salud, tal como sería aplicable por un centro sanitario, si que podemos obtener datos de nivel alto de seguridad, derivados de cuestionarios de salud, tramitación de partes o las mismas pólizas, que conllevaran la adopción de las medias de nivel alto de seguridad para los mismos.
Mismo nivel de seguridad deberá implantarse a los ficheros derivados de la aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En su artículo 32, la norma obliga a registra el Fichero correspondiente a las finalidades establecidas en la normativa de blanqueo de capitales, a la inclusión de los datos de carácter personal de los afectados, que quedarán exentos tanto del deber de información como del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El Real Decreto 1720/2007, en su Título IV, Capítulo I hace referencia a los Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, donde se desglosan los requisitos para la inclusión de datos en dichos ficheros, las medidas de seguridad y ejercicio de derechos entre otros.
EL SECRETO BANCARIO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Se tiende por secreto bancario, la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus al considerar que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.
El artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece que, “el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal estén obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.
Este precepto se encuentra reforzado por la propia jurisprudencia, Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de mayo de 2001 “(…) el deber de guardar secreto el artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. Por ello, es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información. En este caso (….) la repercusión para el afectado de la divulgación de datos a terceros es sumamente subjetiva, de tal forma que, en el caso de autos, podría afectar más a la interesada la comunicación de su deuda a su padre que a cualquier otra persona”.
La Audiencia Nacional en su Sentencia de 18 de enero de 2002, recoge en sus fundamentos jurídicos que “el deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en este caso, la entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a la denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente, como el teléfono de contacto, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto. “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino” (STC 292/2000) que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida”
Para Luís María Cazorla Prieto, el secreto bancario “se desenvuelve dentro de las relaciones Banco-cliente; sus elementos subjetivos son, pues, el cliente que tiene derecho a exigir tal sigilo, y la entidad bancaria, que tiene la obligación de respetarlo, salvo en un número determinado de casos (…). Por otra parte, el instituto analizado tiene un objeto muy preciso, como son los valores, aquellos que conlleve, encierre o represente riqueza material, y que generalmente está constituido por dinero”. Para Rafael Jiménez de Parga “La primera naturaleza posible del secreto bancario no es otra que constituir un deber moral. Es decir, el Banco debe moralmente no revelar secretos de sus clientes debido a dos razones. Por un lado para defender los intereses del cliente que no puede interesarle la exteriorización de su situación patrimonial. Y por otro lado, en interés propio; es decir, para salvar su propia reputación. Volvemos, así, de nuevo al campo moral”
Este deber de secreto, se encuentra regulado, en el caso del Banco de España en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Artículo 6 “1. Los miembros de sus órganos rectores y el personal del Banco de España deberán guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza confidencial tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus cargos. La infracción de dicho deber se sancionará, en el caso del personal del Banco de España, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento interno del Banco; y, en el caso de los miembros de sus órganos rectores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29. 2. El deber de secreto se entiende sin perjuicio de las obligaciones de información sobre política monetaria impuestas al Banco de España por el artículo 10 de esta Ley, y de lo dispuesto en las disposiciones específicas que, en aplicación de las directivas de la Comunidad Europea en materia de entidades de crédito, regulan la obligación de secreto de las autoridades supervisoras. 3. El acceso de las Cortes Generales a la información sometida al deber de secreto se realizará a través del Gobernador del Banco de España, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas”.
Es importante recordar la Sentencia 110/1984 del Tribunal Constitucional, que a este respecto informaba que “Respecto a la primera cuestión (se refiere a en qué medida el conocimiento de las cuentas bancarias por la Administración a efectos fiscales debe entenderse comprendido en la zona de la intimidad constitucionalmente protegida), la respuesta ha de ser negativa, pues aun admitiendo como hipótesis que el movimiento de las cuentas bancarias esté cubierto por el derecho a la intimidad, nos encontraríamos que ante el Fisco operaría un límite justificado de ese derecho. Conviene recordar, en efecto, que, como ya ha declarado este Tribunal Constitucional, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que en relación a los derechos fundamentales establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos (Sentencia 11/1981, de 8 de abril, Fundamento Jurídico 7, y Sentencia 2/1982, de 29 de enero, Fundamento Jurídico 5). Ahora bien, el conocimiento de las cuentas corrientes puede ser necesario para proteger el bien constitucionalmente protegido, que es la distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos, pues para una verificación de los ingresos del contribuyente y de su situación patrimonial puede no ser suficiente en ocasiones la exhibición de los saldos medios anuales y de los saldos a 31 de diciembre. Es importante señalar que las certificaciones pedidas al recurrente o las que se exigirían a las Entidades bancarias caso de que aquél no las entregase voluntariamente son los extractos de las cuentas, en que figuran, como es notorio, sólo la causa genérica de cada partida (talón bancario, transferencia, efectos domiciliados, entrega en efectivo, etc.), pero no su causa concreta. Ahora bien, estos datos en sí no tienen relevancia para la intimidad personal y familiar del contribuyente, como no la tiene la declaración sobre la renta o sobre el patrimonio. El recurrente parece insistir especialmente en la gravedad de que la investigación de las cuentas comprenda las operaciones pasivas, pues a nadie le importa en qué gasta cada cual su dinero. Pero el conocimiento de una cuenta corriente no puede darse si no se contempla en su integridad. Las operaciones pasivas pueden ser también reveladoras de una anómala conducta fiscal, como ocurriría, entre otros supuestos que podrían citarse con la retirada de una masa importante de dinero sin que se explique el destino de la misma, que ha podido trasladarse de una situación de transparencia fiscal a otra menos o nada transparente”.
Continúa diciendo la Sentencia que “el problema del llamado secreto bancario es distinto. En lo que aquí importa, el secreto bancario no puede tener otro fundamento que el derecho a la intimidad del cliente reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, pues no hay una consagración explícita y reforzada de este tipo de secreto, como la hay del secreto profesional. De forma que lo que se ha dicho antes sobre los límites del derecho a la intimidad es totalmente aplicable al caso en que sea la Entidad de crédito la obligada a facilitar los datos y antecedentes que requiera la Inspección”.
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero hace diferentes menciones a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, sírvase como ejemplo el Capítulos VI sobre las centrales de información de riesgos, como el artículo 62 sobre el uso y cesión de datos por las entidades declarantes “la información recibida por las entidades declarantes con arreglo a lo previsto en el artículo anterior tendrá carácter confidencial”.
La propia Agencia Española de Protección de Datos, en sus “Conclusiones relativas al plan de inspección de oficio al sector de la banca a distancia con objeto de verificar el grado de adecuación de sus ficheros de clientes y clientes potenciales a la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, hacia las siguientes recomendaciones “Se recomienda incluir en los contratos de trabajo cláusulas relativas al deber de secreto respecto de los datos personales a los que tienen acceso los empleados como consecuencia de su actividad, ya sean los propios empleados de la entidad como los empleados de las empresas prestatarias de servicios para la entidad con acceso a los datos personales de los clientes. Se recomienda también que las páginas web de acceso a los servicios se diseñen de tal manera que no proporcionen al usuario más datos personales que los introducidos por el propio usuario, hasta que éste no haya superado con éxito los controles de identificación y autenticación”.
Se deben recordar las excepciones legales previstas, tales como las recogidas en la legislación española y europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y la obligatoriedad de comunicar operaciones sospechosas conforme a la Ley al Servicio Ejecutivo del Banco de España de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).
FICHEROS DE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CENTRAL DE RIESGOS
Según hace referencia el propio Banco de España, la Central de Información de Riesgos recoge el historial crediticio de las personas físicas y jurídicas para facilitar a las entidades el análisis de sus riesgos de crédito.
Con carácter general, las entidades declarantes (entidades de crédito y otras) tienen la obligación de informar sobre los riesgos directos con residentes por importe igual o superior a 6.000 euros en el conjunto de negocios en España o a 60.000 euros en cualquier otro país. Para los no residentes, la obligación de declarar es a partir de 300.000 euros.
El propio artículo 59 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero la define como “un servicio público que tiene por finalidad recabar de las entidades declarantes a que se refiere el apartado primero del artículo siguiente, datos e informaciones sobre los riesgos de crédito, para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su actividad; permitir a las autoridades competentes para la supervisión prudencial de dichas entidades el adecuado ejercicio de sus competencias de supervisión e inspección; contribuir al correcto desarrollo de las restantes funciones que el Banco de España tiene legalmente atribuidas”.
Los datos declarados permiten al Banco de España conocer los créditos totales concedidos, lo que facilita el ejercicio de sus competencias de supervisión bancaria.
Por su parte, las entidades que declaran sus riesgos a la Central de Información de Riesgos del Banco de España reciben mensualmente información agregada del riesgo contraído por las personas físicas y jurídicas para las que han hecho una declaración (los llamados titulares).
El artículo 60 de la citada Ley establece que las entidades declarantes deberán facilitar “los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las características de dichas personas y riesgos, incluyendo, en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. Esta obligación se extenderá a los riesgos mantenidos a través de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de las entidades declarantes, y a aquellos que hayan sido cedidos a terceros conservando la entidad su administración.
Entre los datos a los que se refiere el párrafo anterior se incluirán aquellos que reflejen una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a la entidad declarante, así como los que pongan de manifiesto una situación en la cual la entidad estuviera obligada a dotar una provisión específica en cobertura de riesgo de crédito, según lo previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicación.
Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluirán, en ningún caso, los regulados en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
Cabe recordar que el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se refiere a los datos especialmente protegidos “1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo. 2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. 3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. 4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. 5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras. 6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto. También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”.
Mediante el Decreto Ley 18/1962, se crea el fichero “Central de Información de Riesgos” cuyo artículo 16 se prevé: “El Banco de España establecer á un Servicio Central de información de Riesgos en relación con las operaciones de crédito de la Banca, Cajas de ahorro y demás entidades de crédito”.
La Norma Segunda de la Circular 3/1995, de 25/09, modificada por la Circular 3/2002, de 25/06, del Banco de España obliga a las entidades bancarias a informar mensualmente al Servicio Central de Información de Riesgos del Banco de España de los riesgos contraídos y de sus titulares, considerando como riesgos declarables los denominados indirectos, esto es, los contraídos por la entidad con quienes garantizan o avalan operaciones de riesgos indirectos tales como avales, afianzamiento y garantías personales
La Circular 3/1995, de 25/09, establece en su norma novena: “1. Cualquier titular podrá solicitar la información que contiene la Central de Información de Riesgos sobre él…2. Si el titular observara alguna inexactitud en los datos detallados que le hubiera facilitado la CIR, deberá dirigirse a las entidades declarantes solicitando su rectificación… La CIR suspenderá la cesión a terceros de datos sobre los que exista duda fundada sobre su exactitud. 3. Lo dispuesto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que amparan a la s personas físicas, según lo dispuesto en la Ley 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal”, actualmente Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal”.
El artículo 64 de Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, referido a “Conservación de los datos”, establece que “los datos registrados en la CIR se conservarán durante diez años contados desde la fecha a la que se refieran, cancelándose una vez transcurrido dicho plazo. No obstante, podrán conservarse indefinidamente mediante procedimientos que no permitan la identificación del afectado, atendiendo a sus valores históricos, estadísticos o científicos. También podrán conservarse indefinidamente los datos que identifiquen a las personas jurídicas para permitir el ejercicio de las finalidades contempladas en los guiones segundo y tercero del apartado primero del artículo 59 de la presente Ley (…). Conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Banco de España adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos registrados en la CIR y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural”.
En relación a la seguridad de los datos el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. 3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley”.
Es importante recordar, en relación a la exactitud de los datos recogidos por la Central de Información de Riesgos que (artículo 9 de la citada Ley Orgánica), “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado ”.
La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, aplicable al caso, que establece que “la inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: la existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada y el requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la obligación.
No obstante, cualquier entidad puede pedir información concreta de un titular si este le solicita una operación de riesgo o figura como obligado al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad.
En relación a los ejercicios de derechos e acceso el Banco de España, a través de su web informa que “Cualquier persona física (un individuo) o jurídica (una sociedad) puede acceder de forma gratuita a toda la información que está a su nombre en la CIR.
El acceso puede hacerse de tres formas:
A través de la Oficina Virtual del Banco de España, siendo el único requisito imprescindible para ello disponer de firma digital: para informes de personas físicas, DNI electrónico certificado de firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, para personas jurídicas, certificado de personas jurídicas de este Organismo.
Ir a las oficinas de la Central de Información de Riesgos, en la sede del Banco de España en la calle Alcalá, 48, de Madrid, o a cualquiera de sus sucursales en horario de 8.30 a 14 horas. El solicitante deberá identificarse suficientemente, presentando su DNI, NIE, pasaporte u otro documento válido.
Pedirlo por carta, a la Central de Información de Riesgos de Madrid en la siguiente dirección: Banco de España. Información Financiera y Central de Riesgos C/ Alcalá, 48. 28014 Madrid
Entre los requisitos encontramos que debe ir firmada por el titular, adjuntando fotocopia legible de ambas caras del DNI, NIE, pasaporte u otro documento válido que le identifique, e indicando la dirección para su envío por correo certificado (preferiblemente el domicilio particular).
En caso de que el informe de riesgos lo solicite un representante del titular, será necesario que se aporte fotocopia del documento público que acredite su derecho a obtener información en nombre del representado, así como el DNI, NIE, pasaporte u otro documento válido que identifique al representante.
No obstante lo anterior, el Banco de España, en defensa de la confidencialidad de los datos, se reserva la posibilidad de ampliar las exigencias de información necesarias cuando tenga dudas sobre la correcta identificación de quien solicita los datos”. Sobre el ejercicio del derecho de rectificación “los titulares que consideren que los datos declarados por las entidades a la Central de Información de Riesgos (CIR) son inexactos o incompletos deben dirigirse a la entidad que ha facilitado la información errónea para pedir su rectificación o cancelación. También pueden hacerlo a través del Banco de España, que hará la gestión ante la entidad declarante. En este caso, el titular enviará al Banco de España un escrito, con los mismos requisitos establecidos para el derecho de acceso, en el que se especificarán los datos erróneos y las razones de la petición (…) El procedimiento que se sigue para la tramitación de las solicitudes presentadas, así como sus efectos, se recogen en el apartado 2 de la norma novena de la Circular 3/1995, de 25 de septiembre”.
Por último, el Banco de España, en relación al procedimiento de reclamación contra una entidad por disconformidad con lo declarado a la Central de Información de Riesgos, informa que “si una persona física o jurídica considera que los datos declarados a la CIR a su nombre son inexactos o incompletos podrá dirigirse directamente a la entidad o entidades declarantes requiriendo su rectificación o cancelación, o solicitar al Banco de España que tramite su reclamación, para lo cual deberá identificar los datos que considera erróneos, así como justificar por escrito las razones y alcance de su petición (Articulo 65 de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero). La CIR, al no ser la acreedora, no puede modificar los riesgos declarados por las entidades que son las responsables de su declaración y quienes deben realizar las modificaciones. El Banco de España dará traslado, siempre que así lo estime, de las solicitudes de rectificación o cancelación a la entidad o entidades declarantes de los datos supuestamente inexactos o incompletos. Las entidades deberán contestar tanto al reclamante como a la CIR (cuando la reclamación se hubiese tramitado a través del Banco de España), en el plazo máximo de 15 días hábiles, si el reclamante es una persona física, y de 20 días hábiles si se trata de una persona jurídica. El plazo se contará desde la recepción de la reclamación en cualquiera de las oficinas de la entidad.
Si la entidad accediese a lo solicitado por el reclamante, deberá enviar de inmediato a la CIR una declaración complementaria con las rectificaciones o cancelaciones de todos los datos declarados erróneamente. La CIR comunicará los datos corregidos a las entidades a las que previamente les hubiese cedido los erróneos. Si, por el contrario, la entidad se ratifica en su declaración, deberá justificar los motivos de su decisión. En este último caso la CIR prorrogará la suspensión de la cesión de los datos controvertidos durante dos meses más, salvo que el titular admita la justificación dada por la entidad, en cuyo caso se desbloquearán inmediatamente”.
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y PROTECCIÓN DE DATOS
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 10.4, establece que será posible la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente”.
En este sentido la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recoge la obligación de los sujetos enumerados en su artículo 2, de establecer requisitos de control y conservación de documentos en operación que excedan de 15.000 euros, en una o varias operaciones siempre que el pago se efectúe en metálico, cheques bancarios al portador o pagos electrónicos que tengan la consideración de pago al portador; identificando a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, realizando una comprobación previa, mediante documentos fehacientes.
Quedan fuera del sometimiento a las obligaciones, como sujetos obligados, los abogados, en relación al entablar relaciones de negocio, comunicación por indicio y colaboración con el SEPBLAC, con respecto a la información que éstos tengan de sus clientes al defenderles en procedimientos judiciales.
La Ley incorpora a nuestro sistema normativo la Directiva 2005/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la citada Directiva, en lo relativo a la definición de personas del medió político y a los criterio técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
La citada Ley establece como obligaciones dentro del control citado, la identificación formal de la persona física o jurídica que realice la operación, la realización de un examen de comportamientos y operaciones complejas que puedan tener relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, la obligatoriedad de comunicar cualquier indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), estableciendo la prohibición de revelación de dichas comunicaciones a terceras personas; en la medida de los posible se abstendrán de ejecutar dichas operaciones, así mismo se establece la obligación de conservar dicha información diez años.
En lo relativo a la conservación, tratamiento y comunicación de datos de carácter personal, el artículo 32 somete el cumplimiento de la norma a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y normativa de desarrollo. Especificando que no se requerirá, como es lógico, el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, ni para las obligadas comunicaciones el SEPBLAC, estableciéndose una excepción legal al deber de información recogido en el artículo 5 de la citada Ley Orgánica. Existiendo una prohibición expresa de revelar a los propios clientes o terceros que su información ha sido comunicada al SEPBLAC o que la misma esta siendo objeto de examen.
Como se desprende del espíritu de la Ley 10/2010, la excepción al deber de información se amplia al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por el afectado, debiendo los sujetos obligados, informarle en los términos del artículo 32.3.
La Ley otorga la condición de encargados de tratamiento a los órganos centralizados de prevención, y eleva al nivel alto de seguridad las medidas aplicables a los ficheros que contengan datos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La Ley, así mismo se centra en el intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude, cuando concurran circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente, pudiendo la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, acordar dicho intercambio de información, referida a determinado tipo de operaciones distintas o a clientes sujetos a determinadas circunstancias, siempre que se encuentren en la categorías de sujetos obligados, previstas en el artículo 2 de la Ley.
La Ley establece, además, la obligación de los sujetos obligados de establecer medidas en las operaciones con personas que desempeñen o hayan desempeñado responsabilidades públicas, tanto en otros Estados miembro de la Unión Europea, como en terceros países, así como sus familiares y personas con la consideración de allegados.
Los sujetos obligados podrán intercambiar información relativa a las operaciones con la única finalidad de prevenir o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo cuando las características y operativa del supuesto, implique la posibilidad de que una vez rechazada por el sujeto obligado, al operación pueda llevarse a cavo, con otro sujeto obligado, con idéntico desarrollo u operativa.
Los sujetos obligados y las autoridades judiciales, policiales y administrativas competentes podrán consultar la información contenida en los ficheros siempre que el acceso fuese necesario para el cumplimento de las obligaciones recogidas en la Ley. Dicho acceso deberá quedar limitado a los órganos de control interno y las unidades técnicas de control creadas en el ámbito de los sujetos obligados.
En relación a la conservación de documentos, el artículo 25 de la Ley establece que los sujetos obligados conservarán durante un periodo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el lo referente a la investigación o análisis, en materia de posibles casos infractores, especificando el artículo que documentos se deben conservar. Dicha conservación se realizar, preferiblemente, en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, que garanticen su integridad, la correcta lectura, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización.
De los citados preceptos de la Ley 10/2010, deducimos la obligatoriedad por parte de los sujetos obligados, de creación e inscripción del correspondiente Fichero de datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos; quedando clara su finalidad (la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), el Responsable del Fichero y encargado de tratamiento, así como las medidas aplicables (nivel alto de seguridad) y los destinatarios de cesiones y comunicaciones, así como los propios usuarios del sujeto obligado que podrán acceder a la información con la correspondiente obligatoriedad de llevar los necesarios registros de acceso a la información, así como los registros destinados al inventariado de los soportes que la contienen.
En relación al registro de personas con responsabilidad pública, se faculta a los sujetos obligados, para la creación de ficheros, aún cuando no se mantengan con ellos relaciones negociales, pudiendo los sujetos obligados, recabar toda la información necesaria sin necesidad de tener el previo consentimiento, sólo pudiendo ser utilizada la información para el cumplimento de las medidas previstas en la Ley 10/2010.
ACCIONES PUBLICIATRIAS Y PROSPECCIÓN COMERCIAL
En relación al tratamiento para actividades de publicidad y prospección comercial, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, que establece que para que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus productos o servicios entre sus clientes será preciso que el tratamiento se ampare en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad.
El propio artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un fichero, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.
PRINCIPIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES
Debe tenerse en cuenta el ejercicio de derechos en materia de protección de datos (Instrucción 1/1998 de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición), en especial el ejercicio del derecho de oposición y cancelación, así como lo establecido en la legislación vigente sobre el consentimiento para el tratamiento de datos con fines publicitarios. Esta es sin duda una de las mayores causas de denuncias en materia de protección de datos.
El tratamiento de los datos por parte de las entidades bancarias y financieras, debe realizarse conforme al principio de calidad de los datos, es decir, deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos con respecto a las finalidades para las que fueron recabados. Deben ser exactos y actualizados, e informarse al usuario de las posibles cesiones o comunicaciones de datos que pueden producirse, así como las finalidades de las mismas.
En caso de que el cliente haya solicitado la cancelación de sus datos, las entidades podrían mantener los mismos bloqueados, restringiendo su inclusión en futuras campañas comerciales, siempre que haya norma que me habilite para ello, deba custodiarlos a efectos judiciales o de pago de deudas.
El compromiso de las diferentes entidades bancarias y financieras en aras a una mayor transparencia e información, tanto sobre la recogida de los datos, como el consentimiento o al prevención de delitos informáticos, suplantaciones de identidad o fraudes, cada vez es mayor, ofreciendo información a través de las propias oficinas, Internet, telefónicamente, mediante medios entendibles por el ciudadano.
En relación a las medidas de seguridad, además de las especificadas, se debe tener en cuenta la aparición de nuevos servicios como la banca electrónica, a distancia, la contratación de productos telefónicamente o el telemarketing, en la que deberá asegurarse la prestación del consentimiento, tanto en materia de protección de datos, como en la propia contratación de productos con fines probatorios y en lo referido a lo establecido en la legislación vigente y en materia de defensa del consumidor. Debe hacerse especial hincapié en lo relativo a la identificación del usuario, mediante la inclusión de un código o clave telefónica, la autenticación como control de seguridad, así como la utilización de nuevas tecnologías como la firma electrónica, certificados digitales, entre otros. En todo caso, deberá estarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, legislación, instrucciones y recomendaciones específicas del sector y normativa europea.
Por último, se debe hacer una mención a las medidas de seguridad, avisos legales, cláusulas y políticas de privacidad y cookies con las que debe cumplir las entidades bancarias o financieras, recogidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
BASES PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA PARA OBTENER LA TIP DE VIGILANTE DE SEGURIDAD
La División de Formación y Perfeccionamiento, una vez estudiado el presente asunto, formula la siguiente propuesta: RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos, y escolta privado para el año 2017.
Teniendo en cuenta asimismo, lo establecido en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; en la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, así como la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001; y demás normativa aplicable con carácter director o supletorio, esta Secretaría de Estado ha resuelto: Primero.- Aprobar para el año 2017 las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad, y su especialidad de vigilante de explosivos, y para escolta privado cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, con arreglo a la bases, que en Anexo a la presente resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en ellas.
Segundo.- Por la Dirección General de la Policía se adoptarán las disposiciones necesarias para que, por su órgano encargado de la formación, se lleve a cabo el desarrollo y ejecución de los procesos selectivos convocados, de acuerdo con las bases del Anexo a esta resolución.
PROPUESTA, Madrid, 2 de diciembre de 2016 EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, Fdo: Carlos Lobato Masa CONFORME, Madrid, 2 de diciembre de 2016
EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, Fdo: José Antonio Nieto Ballesteros Vº Bº Madrid, 2 de diciembre de 2016 EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA, Fdo: Germán López Iglesias MINISTERIO DEL INTERIOR DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
ANEXO Bases de las convocatorias. 1. Destinatarios y requisitos de participación. 1.1. Destinatarios. Podrán participar en las pruebas, y son destinatarios de las presentes convocatorias, los aspirantes a obtener la habilitación de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y de escolta privado. 1.2. Requisitos generales para vigilante de seguridad, su especialidad de vigilante de explosivos y para escolta privado.
d) Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, excepto para el personal en activo que ejerza funciones de seguridad pública o privada. e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
1.3. Requisitos específicos. Además de los requisitos generales que se determinan en el apartado anterior, los aspirantes a escolta privado habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.
1.4. Carencia de requisitos. Si en algún momento del procedimiento, desde la publicación de la lista de convocados hasta la publicación de la lista de los declarados aptos, se tuviere conocimiento de que algún aspirante no posee la totalidad de los requisitos exigidos por las presentes bases de convocatoria, el Tribunal Calificador acordará su exclusión, comunicando, en su caso, a la Secretaría de Estado de Seguridad, las inexactitudes o falsedades que hubiera podido cometer, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
2.1. Plazos. Los que para cada convocatoria se indican a continuación: 01/2017 Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 02/2017 Del 27 de febrero al 8 de marzo de 2017. 03/2017 Del 26 de abril al 5 de mayo de 2017. 04/2017 Del 26 de junio al 5 de julio de 2017.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección, para cada una de las convocatorias cursarán su solicitud cumplimentando el Modelo 790, Código de tasa 015, por alguno de los siguientes procedimientos (entendiendo que la firma, manual o digital de la solicitud lleva implícita la autorización para que la División de Formación y Perfeccionamiento recabe, respecto del interesado, los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados, y sus datos de filiación del sistema de verificación de datos de identidad):
A) A través de la página Web http://www.policia.es, rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo 790. Una vez cumplimentados los datos de dicho formulario se descarga el impreso de solicitud en soporte papel por triplicado ejemplar («Ejemplar para la Administración», «Ejemplar para el interesado» y «Ejemplar para la entidad colaboradora»).
Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes de la base 2.1, el «Ejemplar para la Administración» del modelo 790 de solicitud, debidamente firmado por el interesado y con validación del pago de la tasa, deberá presentarse directamente en la División de Formación y Perfeccionamiento o a través de las Comisarías de Policía,
Cuarteles de la Guardia Civil, Oficinas de Correos o cualesquiera otras de las referidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B) A través de la página Web, www.policia.es, pulsando en el enlace “Sede electrónica”, mediante un procedimiento íntegramente electrónico, que implica los siguientes pasos:
4. Enviar la solicitud al Registro Electrónico, mediante la opción incluida al efecto, e imprimir el justificante devuelto por dicho Registro. Requisitos para el pago telemático:
2. Disponer de Documento Nacional de Identidad electrónico o de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes. A estos efectos, serán válidos los certificados de usuario X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, al amparo de la normativa tributaria, así como los emitidos por las autoridades de certificación publicadas en la página Web de la Agencia Tributaria (oficina virtual), admitidos para el uso de firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según se establece en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de marzo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos, en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios, y que aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página Web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pago de las tasas por vía telemática.
1. El modelo de autoliquidación se ajustará a los formatos establecidos en la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001 (modelo 790). Dichos modelos se encuentran a disposición de los interesados en la página Web de la Dirección General de la Policía: www.policia.es 2.
El pago telemático de estas tasas tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento ordinario de pago, que seguirá realizándose mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que preste servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos de los Presupuestos del Estado.
Si se opta por el pago de la vía telemática, previamente se deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado tercero 2.d de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, requisitos que se detallan en el apartado cuarto.
C) Únicamente cuando sea imposible la conexión con la aplicación, a través de la Web de Policía Nacional (http://www.policia.es), se formalizará la solicitud cumplimentando a máquina o a mano en mayúsculas el impreso que consta como Apéndice V, que podrá descargarse o fotocopiarse de la presente resolución. Asimismo, deberá presentarse el original del impreso 790, código de tasa 015, previamente obtenido en la Sede del Área de Procesos Selectivos de la División de Formación y MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, Avda. Pío XII, núm. 50, 28016 Madrid, o en las Secretarías de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales de Policía Nacional.
Ambos impresos, firmados por el interesado, el de solicitud y el “Ejemplar para la Administración” del modelo 790 Código de tasa 015, una vez efectuado el pago de la tasa en la forma descrita en el apartado A) anterior, se presentarán juntos, dentro del respectivo plazo, en cualquiera de las dependencias de Policía Nacional antes citadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado en plazo el impreso de solicitud (Apéndice V) y el “Ejemplar para la Administración” del modelo 790 con la tasa pagada. 2.2. Tasas por Prestación de Servicios y Actividades en materia de Seguridad Privada. La cuantía de la Tasa por participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos, y de escolta privado, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, es de veintidós euros y cuarenta y tres céntimos (22,43 euros) “Tarifa duodécima”. Por compulsa de documentos es de tres euros y setenta y seis céntimos (3,76 euros) “Tarifa decimocuarta”, que se incrementará en un euro y ochenta y siete céntimos (1,87 euros) por cada página que complete el documento a compulsar. Una vez publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la cuantía de estas tasas será la establecida en ésta. La cuantía de dichas tasas será satisfecha mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que presten servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado, utilizando para ello el impreso a que hace referencia la Base 2.1., teniendo en cuenta que en el importe (casilla inferior derecha del impreso manual) se deberá expresar el total resultante, señalando, en su caso, con “X” la casilla correspondiente a la tarifa satisfecha. El pago de tasas por derechos de examen únicamente surtirá efectos para la convocatoria de inscripción. Únicamente procederá la devolución de las tasas exigidas cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo; por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión del proceso selectivo por causa imputable al interesado. La exclusión por no cumplir los requisitos, no aportar los documentos exigidos en la convocatoria o no comparecer a las pruebas, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen. En los casos en que proceda la devolución de tasas abonadas, será necesaria para dicho reintegro la solicitud del interesado, en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos: Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, domicilio, cuenta donde ha de realizarse la transferencia bancaria de devolución, con indicación del Código IBAN expresado con 24 dígitos y aportando a la solicitud el original del “Ejemplar para el interesado” del impreso modelo 790, Código de tasa 015, ya mencionado. Los ciudadanos extranjeros consignarán en esta solicitud los mismos datos con expresión del Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.). 2.3. Convocatoria a pruebas. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que se refiere la base 2.1, el Tribunal Calificador aprobará, mediante Acuerdo, la lista de participantes convocados a la realización de las pruebas, con indicación de la sede asignada a cada uno de ellos y la fecha de celebración de las mismas. Los interesados podrán obtener esta información en la Subdirección General de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, c/ Amador de los Ríos, núm. 8, de Madrid, teléfono 902.15.00.02; en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, c/ María de Molina, núm. 50, de Madrid, teléfono 060; y en el Servicio de Atención al Público de la División de Formación y Perfeccionamiento, teléfonos 91.322.75.97 y 91.322.75.98, o consultando las direcciones de Internet: www.policia.es y www.interior.gob.es. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 3. Celebración de las pruebas. 3.1. Lugares. Las pruebas podrán realizarse en las ciudades de A Coruña, Baleares, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. No obstante, el Tribunal, en cada convocatoria, podrá designar otras ciudades como sedes para la realización de las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente citadas cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad. Asimismo, podrá descentralizar la mera ejecución de pruebas o parte de las mismas. En el Acuerdo por el que se apruebe la lista de participantes convocados a pruebas en cada una de las convocatorias, se indicará el lugar y la fecha de realización de las mismas. No obstante, el Tribunal, para favorecer el desarrollo de las pruebas, podrá disponer que todas ellas se realicen en la misma fecha, y excepcionalmente, por causas justificadas, alterar el orden de determinados ejercicios. Sin embargo, sólo se entrará a evaluar cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior. 3.2. Llamamiento. Los participantes serán convocados en un único llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa que pudiera alegarse al respecto. 3.3. Identificación de los participantes. Los participantes deberán comparecer a las diferentes pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de Conducir, los españoles, y de la Tarjeta o Autorización de Residencia o de Identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte, los extranjeros. La presentación de estos documentos podrá ser exigida por el Tribunal durante el desarrollo de las pruebas y la no presentación de los mismos llevará aparejada la no admisión a su realización y la exclusión del proceso. 3.4. Orden de actuación. El orden de actuación ante el Tribunal, cuando a ello haya lugar, será alfabético, comenzando por la letra “H”, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 24 de febrero de 2016, (B.O.E. núm. 49, del 26 de febrero), por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, celebrado el 24 de febrero de 2016. 4. Pruebas de aptitud. 4.1. Descripción de las pruebas: 4.1.1. Vigilante de Seguridad. Los convocados a examen para vigilante de seguridad realizarán las siguientes pruebas de carácter eliminatorio: a) Primera prueba (De aptitud física). Consistirá en la realización de todos los ejercicios que se describen en el Apéndice I, debiendo igualar o superar las marcas e igualar o reducir los tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de algún ejercicio supondrá su eliminación. La calificación de esta prueba será de “Apto” o “No apto”. Para la realización de la prueba, los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico, expedido dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha de comienzo del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria y el día de realización de las citadas pruebas de aptitud física, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas para vigilante de seguridad. La no presentación de dicho certificado supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA La ejecución de esta prueba será pública, y no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno que pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes, miembros del Tribunal o colaboradores en la misma. b) Segunda prueba (De conocimientos teórico-prácticos). Consistirá en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a un cuestionario de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice II. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar. 4.1.2. Vigilante de explosivos. Los aspirantes a vigilante de explosivos realizarán una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice IV. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar. Los que se presenten en la misma convocatoria a las pruebas para vigilante de seguridad y a la de su especialidad de vigilante de explosivos, realizarán todas las previstas para las que hayan sido convocados, debiendo superar las de vigilante de seguridad para que le sea calificada la de la especialidad. 4.1.3. Escolta privado. Los aspirantes a escolta privado realizarán las pruebas que a continuación se relacionan que tendrán carácter eliminatorio; si bien, estarán exentos de realizar la prueba de aptitud física y el primer cuestionario de la prueba de conocimientos teóricoprácticos, aquellos opositores que ya sean vigilantes de seguridad: a) Primera prueba (De aptitud física). Consistirá en la realización de los ejercicios que se describen en el Apéndice I, debiendo igualar o superar las marcas e igualar o reducir los tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de algún ejercicio supondrá su eliminación. La calificación de esta prueba será de “Apto” o “No apto”. Para la realización de la prueba, los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico expedido dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha de comienzo del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria y el día de realización de las citadas pruebas de aptitud física, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho certificado supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo. La ejecución de esta prueba será pública, y no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno que pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes, miembros del Tribunal o colaboradores en la misma. b) Segunda prueba (De conocimientos teórico-prácticos). Consistirá en la contestación por escrito a dos cuestionarios de preguntas: – Primer cuestionario: Realizarán una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en cincuenta minutos, un cuestionario de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice II (estarán exentos de su realización los opositores que ya sean vigilantes de seguridad). Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n- 1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA – Segundo cuestionario: Realizarán una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice III. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Cada una de estos cuestionarios tendrá carácter eliminatorio, debiendo superar, en su caso, el primer cuestionario para que sea calificado el segundo. Estas pruebas de conocimientos teórico-prácticos, se calificarán de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco en cada una de ellas para aprobar. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de realización de estas pruebas, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes de los distintos cuestionarios de conocimientos, a través del correo electrónico: secretariaprocesos.dfp@policia.es. 4.2. Corrección de la/s hoja/s de respuestas normalizadas. Los resultados obtenidos en las pruebas de conocimiento en las que se utilicen hojas de respuestas normalizadas, se corresponderán con la lectura automatizada que se realizará con una lectora óptica de datos aplicada a la/s hoja/s de respuesta de cada aspirante. Para cumplimentar los datos y responder a las pruebas, el aspirante deberá rellenar el círculo correspondiente, con bolígrafo azul o negro, tal y como se indicará tanto en la lectura de las instrucciones como en las indicaciones que figuran en el reverso de la propia hoja de respuestas normalizada. La posibilidad de no concordancia entre los datos que le constarán al aspirante en la hoja autocopiativa de su examen (copia amarilla), y los resultados que se publicarán por Acuerdo del Tribunal Calificador, serán consecuencia de no haber cumplimentado de manera correcta, y conforme a las instrucciones impartidas, la referida hoja de respuestas. 4.3. Acuerdo del Tribunal Calificador. Finalizadas las pruebas de aptitud, en cada una de las convocatorias a que se refiere el punto 2.1, se hará público el Acuerdo del Tribunal Calificador con la relación de participantes que las hayan superado. Los interesados podrán obtener esta información en los teléfonos y lugares señalados en la base 2.3. 5. Acreditación de requisitos. 5.1. Presentación de documentos. En el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del Acuerdo del Tribunal por el que se haga pública la relación de participantes que hayan superado las pruebas selectivas, deberán presentar la documentación directamente en la Sede del Área de Procesos Selectivos de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, Avda. Pío XII, núm. 50, 28016 Madrid, o cursar a través de Dependencias Policiales o de las referidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los documentos acreditativos de los requisitos exigidos, tanto originales como, en su caso, las copias de los mismos, deberán ser debidamente traducidos al castellano y legalizados por Intérprete jurado autorizado, si estuvieran redactados en otros idiomas. Cuando los documentos presentados sean fotocopia del original, deberán ser debidamente autorizados o compulsados, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de la Policía, de 11 de marzo de 1997, sobre compulsas de documentos que hayan de surtir efectos en materia de seguridad privada, y previo ingreso de la Tasa (Tarifa decimocuarta), conforme se determina en la Base 2.2 de esta convocatoria. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA La compulsa deberá afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerándose válida cuando carezca de la identificación personal y firma del funcionario que la extienda. A estos efectos, no se aceptarán los documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos. Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá, asimismo, acreditarse por el interesado. En otro caso, no será tenida en cuenta. Quienes dentro del plazo de diez días naturales concedidos para la presentación de documentos no presenten la misma, o se dedujese que ésta carece de alguno de los requisitos exigidos, no obtendrán la habilitación correspondiente, aún habiendo superado las pruebas; quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su tramitación. Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos: A) Vigilante de seguridad: a) Fotocopia de la Tarjeta o Autorización de Residencia o de identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte respecto a los aspirantes a los que les sea de aplicación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los nacionales de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra. b) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el citado Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes. Estarán exentos de presentarlo aquellos que al firmar su instancia autorizaron expresamente su petición de oficio al Registro Central de Penados. c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en aplicación de la normativa sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y reconocimiento de cualificaciones profesionales. d) Informe original de la aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada. e) Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación previa de vigilante de seguridad, en ciclos de, al menos ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, expedido por un centro de formación de seguridad privada. f) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g) y h) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida declaración deberá ajustarse al modelo que figura en el Apéndice VI, que podrá obtenerse mediante la reproducción por fotocopia u otros sistemas, del modelo citado. B) Vigilante de explosivos: – Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación previa exclusivos de vigilante de explosivos, de 30 horas lectivas, expedido por un centro de formación de seguridad privada. Quienes hayan superado en la misma convocatoria las pruebas de aptitud para vigilante de seguridad y la de su especialidad de vigilante de explosivos, deberán aportar los documentos correspondientes a que se refieren los apartados anteriores. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA C) Escolta privado: a) Fotocopia de la Tarjeta o Autorización de Residencia o de Identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte respecto a los aspirantes a los que les sea de aplicación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los nacionales de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra. b) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes. Estarán exentos de presentarlo aquellos que al firmar su instancia autorizaron expresamente su petición de oficio al Registro Central de Penados. c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en aplicación de la normativa sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y reconocimiento de cualificaciones profesionales. d) Informe original de la aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada, y que igualmente acredite la estatura del aspirante. e) Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación previa exclusivos para escolta privado, de 60 horas lectivas, expedido por un centro de formación de seguridad privada. Igualmente, deberán acreditar hallarse en posesión del preceptivo curso de formación previa para vigilante de seguridad o certificado que acredite 180 horas de formación complementaria recogida en los módulos profesionales de formación previa común para vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, y para escoltas privados. f) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g) y h) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida declaración deberá ajustarse al modelo que figura en el Apéndice VI, que podrá obtenerse mediante la reproducción por fotocopia u otros sistemas, del modelo citado. Estarán exentos de presentar los documentos acreditativos de los requisitos recogidos en los apartados c) y f), aquellos aspirantes que ya sean vigilantes de seguridad. 5.2. Relación de participantes declarados aptos. El Tribunal Calificador aprobará mediante Acuerdo las listas de participantes que, habiendo superado las pruebas y reunidos los requisitos, son declarados aptos en las respectivas modalidades. A través de la Dirección General de la Policía se elevará dicho Acuerdo al Secretario de Estado de Seguridad para la resolución pertinente. Los interesados también podrán obtener esta información en los lugares y teléfonos señalados en la base 2.3. 6. Tribunal calificador. 6.1. Designación: El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros de Policía Nacional: Titulares: Presidente: D. Carlos Lobato Masa, Comisario Principal. Vocales: D. Jesús María Marín Zabala, Comisario Principal; D. Antonio Pérez Jiménez, D. José Alberto Infante Colado, D. Félix De la Horra Navarro, D. Claudio Esteban Bravo, Dª. María del Carmen Carrión Tapia, Inspectores Jefes; Dª. Gema Rayo Titos, D. Rafael Tardón Martínez, D. Columbiano Roldán Lozano, Inspectores. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Suplentes: Presidente: D. Florentino Villabona Madera, Comisario Principal. Vocales: D. Esteban Gándara Trueba, Comisario Principal, D. Luis González Pernía, D. Urbano Gutiérrez Gutiérrez, D. Fernando Holgado González, D. Luis Fernando Benítez Jiménez, D. Mario Lama Lastres, Inspectores Jefes; D. Pedro Palmero Armendáriz, D. Luis Calleja Saiz, Dª. Rosalina Rodríguez González, Inspectores. En la sesión constitutiva el Tribunal designará de entre sus miembros un secretario titular y otro suplente. 6.2. Sede del Tribunal. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Área de Procesos Selectivos de la División de Formación y Perfeccionamiento de Policía Nacional, Avenida de Pío XII, núm. 50, 28016 Madrid, teléfonos: 91.322.75.97 y 91.322.75.98; email procesos.dfp@policia.es. 6.3. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, para sesiones de valoración de pruebas, sin la presencia de, al menos, cinco miembros. Para sesiones de simple ejecución de pruebas, o cuando éstas deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastará la intervención de un miembro del Tribunal, comisionado por éste, para asegurar su correcta realización y trasladarle los resultados de las pruebas. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas y resolver cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de estas bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos en ellas. De cada sesión del Tribunal se extenderá el acta correspondiente. Los errores de hecho podrán subsanarse por el Tribunal o, en su defecto, por la Secretaría de Estado de Seguridad, de oficio o a instancia de parte, en cualquier fase del procedimiento. 6.4. Nombramiento de asesores y colaboradores. El Tribunal podrá designar, para la realización de las pruebas a los asesores especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones que les sean encomendadas. 6.5. Abstención y recusación. Deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento los miembros del Tribunal, asesores y colaboradores en los que concurra alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo los participantes en las pruebas podrán recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la mencionada Ley. 6.6. Asistencias y retribuciones. Los miembros del Tribunal y asesores tendrán derecho al cobro de las asistencias de la categoría tercera, según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y los colaboradores al percibo de las retribuciones que pudiera corresponderles. 7. Superación de las pruebas. Por resolución de esta Secretaría de Estado de Seguridad se hará pública la relación de aspirantes que, habiendo superado las pruebas, son declarados aptos para la habilitación en el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, que deberán solicitar antes de tres meses. Transcurrido este plazo, deberán acreditar nuevamente los requisitos b) y d) de la base 5.1, en sus apartados A) o C) respectivamente, y, en todo caso, transcurridos dos años sin solicitar la Tarjeta de Identidad Profesional (T.I.P.), deberán superar nuevas pruebas en el expediente que se instruya a instancia de los propios interesados o, en su caso, la habilitación múltiple a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de Seguridad Privada. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Los interesados podrán conocer el contenido de dicha resolución en los lugares y teléfonos que se citan en la base 2.3 de esta convocatoria. 8. Norma final. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de Seguridad en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de esta Ley; o contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, según lo establecido en los artículos 11.1.a) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA APÉNDICE I Pruebas de aptitud física para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escoltas privados. (Descripción de las pruebas) 1.- Potencia tren superior. 1.1.- Flexión de brazos en suspensión pura (hombres). Lugar: Gimnasio o campo de deportes. Material: Barra fija. Explicación del ejercicio: a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos. b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura. c) Se contará el número de flexiones completas. d) Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero, considerándose como tal cualquier incidencia en su ejecución (resbalón, caída, etc…) a valorar por el miembro del Tribunal o colaborador. 1.2.- Lanzamiento de balón medicinal (mujeres de todas las edades y hombres desde 40 años). Lugar: Campo de deportes. Material: Balón medicinal de 3 kilogramos. Explicación del ejercicio: a) Posición de partida detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza. b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda. Reglas: 1.ª El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados, impulsando el balón con las dos manos a la vez por encima de la cabeza. 2.ª No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo. 3.ª Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo. 4.ª El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea. 5.ª El intento que no cumpla alguna de las reglas se considerará nulo. 6.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero. 2.- Potencia tren inferior. 2.1 Salto vertical (hombres y mujeres). Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa. Explicación del ejercicio: MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marcará con los dedos, totalmente extendidos, a la altura que alcance en esta posición. b) Ejecución: El candidato se separará un mínimo de 20 centímetros de la pared o aparato, saltará tan alto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto. Reglas: 1.ª Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar. 2.ª Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez. 3.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero. 3.- Carrera (hombres y mujeres). Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso. Explicación de la prueba de 400 metros lisos: a) Posición de salida: En pie. b) Ejercicio: Correr la distancia de 400 metros en los tiempos exigidos. c) Tomar el tiempo invertido. d) Sólo se permite un intento. Tablas de función Edad Sexo Flexiones Balón medicinal Salto vertical Carrera (400 metros) De 18 a 25 años Hombres 4 44 cm 1’12’’ Mujeres 4,75 m. 36 cm 1’33’’ De 26 a 32 años Hombres 3 42 cm 1’14’’ Mujeres 4,25 m. 34 cm 1’40’’ De 33 a 39 años Hombres 2 40 cm 1’20’’ Mujeres 4,00 m. 32 cm 1’49’’ De 40 a 50 años Hombres 7,00 m. 36 cm 1’30’’ Mujeres 3,75 m. 28 cm 1’56’’ > 51 años Hombres 6,50 m. 34 cm 1’45’’ Mujeres 3,50 m. 25 cm 2’06’’ MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA APÉNDICE II Módulos profesionales de formación previa comunes para vigilantes
APÉNDICE II Módulos profesionales de formación previa comunes para vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, y para escoltas privados. ÁREA JURÍDICA Módulo de Derecho Constitucional: TEMA 1. La Constitución Española, Estructura y características de la Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución. Especial referencia a los derechos relacionados con la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. TEMA 2. La Unión Europea. El derecho derivado. Principales Instituciones de la Unión Europea. Módulo de Derecho Penal: TEMA 1. La infracción penal: Definición y breve descripción de sus notas constitutivas. Dolo o imprudencia. Delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El uso de instrumentos de defensa (incluidas armas de fuego) dentro de la legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo. TEMA 2. Las personas criminalmente responsables de los delitos. TEMA 3. Homicidio y sus formas. Lesiones. TEMA 4. Delitos contra las libertades: Detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones. Violencia de género. TEMA 5. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Robo, hurto, daños, receptación y otras conductas afines. TEMA 6. Delitos de falsedades documentales. TEMA 7. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. TEMA 8. Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio: Domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Omisión del deber de socorro. TEMA 9. Delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la Autoridad y sus agentes. Módulo de Derecho Procesal Penal: TEMA 1. Noción de derecho procesal penal. La jurisdicción: concepto y competencia. La denuncia. Concepto, elementos y obligación de denunciar: delitos públicos y delitos no públicos. TEMA 2. La detención: concepto y duración. Facultades atribuidas a este respecto por nuestro ordenamiento jurídico a las personas no revestidas de los atributos de agente de policía judicial. Especial referencia a lo que las leyes y jurisprudencia establecen respecto a cacheos y registros. Delito flagrante y persecución del delincuente. TEMA 3. El personal de seguridad privada como auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo de la persecución de las infracciones penales: Pautas de actuación. Especial referencia a su labor en la preservación de instrumentos de prueba. TEMA 4. Los derechos del detenido según nuestro ordenamiento jurídico y su tramitación por parte del sujeto activo de la detención. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Módulo de Derecho Administrativo Especial: TEMA 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas, y de las Corporaciones Locales. Descripción elemental de su estructura y competencias. Normativa reguladora de la policía estatal y de las policías autonómicas. TEMA 2. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Notas características. Servicios y actividades autorizados a las empresas de seguridad. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana: aspectos penales y administrativos de la tenencia y consumo ilícito de drogas. TEMA 3. Personal de seguridad privada: Clasificación, requisitos y procedimiento de habilitación. Funciones de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados. Uniformidad, distintivos y armamento. Régimen sancionador. TEMA 4. Protección de datos de carácter personal. Normativa básica reguladora. Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes. Módulo de Derecho Laboral: TEMA 1. Concepto de contrato laboral. Concepto de derecho de negociación colectiva. Derecho de huelga según el ordenamiento jurídico español: Limitaciones o restricciones en su ejercicio. TEMA 2. El marco laboral en el sector de seguridad privada: El convenio laboral. TEMA 3. Prevención de riesgos laborales. Normativa básica. Participación de los empresarios y trabajadores. Derechos y obligaciones. Formación. Consulta y participación de los trabajadores: Órganos de representación. Módulo de Práctica Jurídica: TEMA 1. Confección de documentos y escritos. Redacción de informes y partes diarios: Contenido. Redacción de informes de incidencias: Contenido y puntos esenciales de los mismos. TEMA 2. Escritos de denuncia: Contenido y puntos esenciales. ÁREA SOCIOPROFESIONAL TEMA 1. Identificación. Técnicas de descripción de personas y cosas. Especial referencia a este respecto a la atención, percepción y memoria. TEMA 2. Las relaciones humanas y la seguridad. El sentimiento de inseguridad. La actitud e imagen del vigilante de seguridad privada ante la seguridad e inseguridad. Técnicas de comunicación dirigidas a la resolución de conflictos. TEMA 3. La deontología profesional. Ética y conducta del personal de seguridad privada. Las relaciones profesionales con: Personal protegido, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general. TEMA 4. Las relaciones profesionales en la empresa. Relaciones jerárquicas. Comunicación interpersonal: Tipos y factores modificantes. TEMA 5. El autocontrol. El pánico y sus efectos. El miedo. El estrés. Técnicas de autocontrol. ÁREA TECNICOPROFESIONAL TEMA 1. La seguridad. Nociones generales. Seguridad individual y seguridad colectiva. La inseguridad. Inadaptación, marginalidad y delincuencia: clases de delincuencia. El sistema integral de seguridad. Teoría esférica de la seguridad. Zonas y áreas de seguridad. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA TEMA 2. Los medios técnicos de protección (I). Elementos pasivos: La seguridad física. Sistemas de cierre perimetral. Muros, vallas, puertas, cristales blindados, esclusas y otros elementos. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje. TEMA 3. Los medios técnicos de protección (II). Elementos activos: Seguridad electrónica. Detectores de interiores y exteriores. El circuito cerrado de televisión. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje. TEMA 4. La central de control de alarmas. Organización y funciones. Los sistemas de control y alarmas. Concepto de alarma falsa y alarma real. Sistemas de verificación de las alarmas. Servicio de respuesta y de custodia de llaves. Procedimiento de reacción ante alarmas: El enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. TEMA 5. La autoprotección. Técnicas y procedimiento de autoprotección personal: En el trabajo, en el domicilio, en los desplazamientos, en otros lugares. TEMA 6. La protección de edificios: En domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas por espectáculos públicos. TEMA 7. El control de accesos. Finalidad. Organización: Medios humanos y materiales. Procedimiento de actuación: Identificación, autorización, tarjeta acreditativa y registro documental de acceso. TEMA 8. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones. Características de estas zonas. Rondas de vigilancia a pie y en vehículo. Recorridos y frecuencias. Procedimientos de actuación: Identificación de personas. TEMA 9. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (I). El transporte de estos materiales: Características de los medios humanos y materiales. Medidas de seguridad antes, durante y después del servicio. Técnicas de protección. Ofensivas y defensivas. TEMA 10. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (II). Protección del almacenamiento. Recuento y clasificación. Medios técnicos empleados en cámaras acorazadas. TEMA 11. La protección de pruebas e indicios. Procedimiento de protección. La recogida de pruebas e indicios con carácter excepcional. TEMA 12. La falsificación de documentos y monedas. La falsificación de documentos: Documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir. La falsificación de monedas: Billetes de banco y monedas. TEMA 13. La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante amenaza de colocación de un artefacto explosivo. Planes de emergencia y evacuación. Concepto. Clases. El control de personal y objetos: Paquetería y correspondencia. Control y requisa de vehículos. TEMA 14. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ÁREA INSTRUMENTAL TEMA 1. Los sistemas de comunicación. Las telecomunicaciones. Los radioteléfonos. El teléfono. El telefax. Introducción a las redes informáticas y tipos. Los navegadores Web: conocimiento básico. El correo electrónico. TEMA 2. Partes y funciones básicas de un ordenador. Los sistemas operativos: definición y conocimiento básico. Aplicaciones informáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos. TEMA 3. Medios de detección. La utilización de detectores de metales, explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones. TEMA 4. La protección contra incendios. Sistemas de detección: Detectores y avisadores. Mecanismo de extinción de incendios. Agentes extintores. Mangueras. Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extintores. TEMA 5. Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. Contenido de las técnicas. Limitaciones. Concepto de urgencia. Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Técnica de respiración artificial y reanimación cardiovascular. El desfibrilador externo semiautomático. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA TEMA 6. Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos: A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente con traumatismos: Craneoencefálico, torácicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones. TEMA 7. La preparación física. Entrenamiento para superar las pruebas de: Flexión de brazos en suspensión pura, lanzamiento de balón medicinal, salto vertical y carrera (400 metros). TEMA 8. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y percusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro. TEMA 9. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de puño y pierna. TEMA 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos. TEMA 11. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su utilización. TEMA 12. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento de Armas. TEMA 13. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas. El principio de proporcionalidad. TEMA 14. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias. APÉNDICE III Módulos profesionales de formación previa exclusivos para escolta privado Módulo jurídico: TEMA 1. Derecho Administrativo especial. El escolta privado: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación. TEMA 2. Funciones a desempeñar por el escolta privado. TEMA 3. Porte y depósito del arma de fuego. Módulo técnico: TEMA 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección integral. TEMA 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección.Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad. TEMA 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento y control. Evacuaciones. TEMA 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo. Coordinación de servicios. TEMA 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos. Conducción evasiva: Defensiva y ofensiva. Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias, y perturbadores. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA TEMA 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, y de fuga. Funciones y competencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite. Sistemas de posicionamiento global (GPS). TEMA 7. Técnicas de información y observación. La información como elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente de información y técnica disuasoria. TEMA 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión. TEMA 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. TEMA 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos. TEMA 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas. TEMA 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias. APÉNDICE IV Módulos profesionales de formación previa exclusivos para vigilante de explosivos Módulo jurídico: TEMA 1. Derecho Administrativo especial. El vigilante de explosivos: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación; funciones a desempeñar. TEMA 2. El Reglamento de Explosivos: Artículos que especialmente le afectan. Real Decreto 989/2015, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería: artículos que especialmente le afectan. Ley y Reglamento de Minas. Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vía Aérea: Artículos que especialmente le afectan. TEMA 3. Derecho Penal Especial. El delito de tenencia ilícita de explosivos. Módulo técnico: TEMA 1. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de explosivos. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. TEMA 2. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos. TEMA 3. Normas de seguridad en el manejo de las armas (arma corta y arma larga utilizada en la custodia de transportes). Generales y específicas. TEMA 4. Tiro de instrucción. Prácticas con fuego real con las armas reglamentarias, tanto con el arma corta, como el arma larga utilizada en la custodia de transportes. TEMA 5. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación. Explosivos industriales. TEMA 6. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las explosiones. La destrucción de explosivos. TEMA 7. La cartuchería y pirotecnia. Características. Clasificación. TEMA 8. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia de los explosivos, cartuchería y material pirotécnico. Depósitos y almacenamientos especiales. TEMA 9. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para diferentes medios, carga y descarga de explosivos, cartuchería y material pirotécnico. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA APÉNDICE V DATOS DEL SOLICITANTE: DATOS DE LA CONVOCATORIA: ……………………………. a……………. de…………………….de……………………………………… Firma (1) – Rellenar TODOS LOS CAMPOS con letra clara y en mayúscula. – Recuerde que esta instancia deberá cumplimentarse ÚNICAMENTE cuando sea imposible la conexión con la aplicación http://www.policia.es, y que una vez hecho deberá seguir lo establecido en el apartado C) del punto 2.1 de esta resolución. – (1 ) Para la validez de esta instancia, es imprescindible la firma del / de la interesado/a. MINISTERIO DEL INTERIOR Nº/REGISTRO: Dirección General de la Policía SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD, ESCOLTA PRIVADO Y VIGILANTE DE EXPLOSIVOS. El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y a tal efecto DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos y especialmente los recogidos en la resolución de la Convocatoria anteriormente citada. SEGURIDAD PRIVADA FECHA DE RESOLUCIÓN: CONVOCATORIA SEDE DE EXAMEN Para las pruebas físicas, Certificado Médico válido desde el primer día de apertura de la convocatoria: VIGILANTE DE SEGURIDAD / ESCOLTA / EXPLOSIVOS: A efectos de los procesos de Seguridad Privada, DECLARA: De acuerdo con el artículo 6 de la L.O. 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre , consiente expresamente que la División de Formación y Perfeccionamiento recabe: a) Del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, los antecedentes que en el mismo puedan obrar a su nombre, a efecto de acreditarlos en el proceso. b) Sus datos, del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. APÉNDICE VI DECLARACIÓN JURADA O PROMESA Don / Doña………………………………………………………………………………………………………………………….. Titular del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte Nº:…………………………………………………………………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMETE QUE:  No ha sido condenado por intromisión ilegitima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, vulneración del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.  No ha sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.  No ha sido separado del servicio de las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España, o del país de su nacionalidad, o procedencia, en los dos años anteriores. Y para que conste, a los efectos de cumplir lo dispuesto en la base 1.2, letras f), g) y h), de la Convocatoria para las pruebas de selección para vigilante de seguridad, y su especialidad de vigilante de explosivos, y para escolta privado, publicada por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de ___ de ____________ de 20__, Convocatoria ____/2017, firma la presente declaración en _________________ a ______ de _____________________ de 2017. Firma (1) SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ÁREA DE PROCESOS SELECTIVOS Avenida Pío XII, 50 – 28016 MADRID.- (1)Para la validez de esta declaración, es imprescindible la firma del / de la interesado/a.