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Timestamp: 2017-12-14 21:49:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 316', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 318', 'artículo 316', 'artículo 318']

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS - PDF
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María José Mendoza Parra
1 PONENCIA 1 y 2 de febrero de 2008 ZARAGOZA El accidente laboral en las distintas jurisdicciones Rubén BLASCO OBEDÉ Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza
2 Patrocinadores Colaboradores SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA sabadellasseguradora Mutua de Seguros y Reaseguros a P.F. DISEÑO GRÁFICO PREIMPRESIÓN
3 Sumario I. INTRODUCCIÓN... 5 II. EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL ÁMBITO PENAL. BREVE ESTUDIO... 6 Elementos del tipo penal... 7 a) Objetivos... 7 b) Los sujetos Sujeto activo Sujeto pasivo Comisión por imprudencia Concurso de delitos El juicio de faltas III. CONCURRENCIA DE CULPA DE LA VÍCTIMA A) Su trascendencia B) Principios de confianza, de la autopuesta en peligro o de la propia responsabilidad Conclusiones C) La culpa de la víctima y su relevancia en la calificación del accidente de trabajo 24 D) La imprudencia profesional E) Epílogo F) La embriaguez en el accidente de trabajo G) El suicidio IV. LA PLURALIDAD DE JURISDICCIONES La responsabilidad civil a) Posición de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo b) Posición de la Sala de lo Social y de la Sala de Conflictos c) Juicio Crítico d) Conclusiones y propuesta de futuro Las sanciones por infracción del deber de seguridad V. FICACIA DE LAS RESOLUCIONES DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES A) La jurisdicción Penal B) La vía administrativa de la Autoridad Laboral ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social C) La jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Social
4 D) El recargo de prestaciones y la indemnización civil E) La jurisdicción Contencioso-Administrativa y la indemnización civil F) El orden Penal y el resto de jurisdicciones G) Propuestas de futuro VI. LAS MUTUAS ANTE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. POSIBILIDAD DE REPETICIÓN VII. BIBLIOGRAFÍA
5 I. Introducción No vamos a comenzar la exposición con una estadística de los accidentes de trabajo que se producen en nuestro país, accidentes que por desgracia son muchos más de lo deseable. Como ya conocéis, la protección de los derechos del trabajador en materia de seguridad e higiene abarca tres ámbitos: el penal con la criminalización de conductas, el administrativo con imposición de sanciones por la autoridad laboral y el civil con el sistema indemnizatorio reparador de los daños producidos por el accidente de trabajo. Los tres ámbitos son compatibles entre sí como dispone el artículo 42 de la ley de Prevención Riesgos Laborales, según el cual el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. Como nos dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de Lo Penal, de 5 de septiembre de 2001, Ponente D. Joaquín Delgado García, la conciencia social y el disfrute de las comodidades inherentes al desarrollo de los pueblos exigen el que hayan de tolerarse actividades que inevitablemente conllevan determinados riesgos; pero, como contrapeso ineludible de tal tolerancia, en cada una de esas actividades hay una serie de normas, escritas o no, que garantizan el que puedan desarrollarse dentro de unos límites tolerables. El riesgo socialmente permitido ha de estar controlado por la adopción de una serie de medidas que lo enmarcan para que no exceda de lo imprescindible. Un mayor desarrollo económico se corresponde con un mayor número de actividades peligrosas y con una más exigente legislación protectora frente a éstas. En el ámbito de las relaciones laborales la actividad empresarial genera múltiples riesgos de producción de daños en los trabajadores, lo que constituye uno de los problemas más graves en todos los países industrializados: los accidentes de trabajo. Ello requiere una legislación protectora del trabajador muy minuciosa en cuanto que regula todas y cada una de las actividades empresariales con mandatos y prohibiciones específicas tendentes a reducir al mínimo posible estos hechos que tan graves daños producen en los afectados y en sus familias, y en definitiva en toda la sociedad. La raíz sociológica del accidente de trabajo se encuentra, como razona la generalidad de los autores, en una minoración de los costes de la producción a cambio de una dejadez en el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Se trabaja sin ellas porque adoptarlas supone un incremento del coste económico del trabajo. Es compleja la normativa sobre la materia, ciertamente, pero no es esa complejidad la que ocasiona los accidentes, pues leyendo la resoluciones sobre la cuestión se comprueba que el accidente no se produjo por una problemática interpretación de la norma de aplicación, sino por lo antes expuesto. Los accidentes, por ejemplo, por no facilitar o no usar el cinturón de seguridad devienen porque con el uso de ese medio protector resulta imposible trabajar al mismo ritmo del que se alcanza al no utilizarlo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la de Infracciones y Sanciones del Orden Social, junto a los artículos 316 y 317 del Código Penal, son un claro ejemplo de prevención para evitar la producción del daño, aunque la realidad demuestra que el fin pretendido por estas normas no se ha conseguido. Son lo que FERNÁNDEZ ENTRALGO llama normas obstáculo o normas barrera, ya que se adelantan o anticipan a la producción de un daño, porque la prohibición de la simple conducta peligrosa o arriesgada frena u obstruye la eventual producción del daño que podría ocasionar caso de darse tales conductas. 5
6 Desde el punto de vista penal, son muy pocos los procesos en los que se enjuicia tan solo el hecho al amparo de los artículos 316 y 317 del Código Penal, y del examen de las resoluciones dictadas en materia de prevención de riesgos laborales se comprueba que el proceso de inicia debido al siniestro, no a la mera inobservancia de las medidas de seguridad. Los implicados y responsables en los diferentes órdenes y ámbitos, no son especialmente proclives a la utilización de los dos preceptos citados con exclusividad, es decir, antes de que se haya producido el daño, por lo que la efectividad de ambos preceptos penales es escasa en cuanto a su labor preventiva. Prácticamente, no hay denuncias ante la jurisdicción penal ni por parte de las organizaciones sindicales, ni por los trabajadores, ni por la Inspección de Trabajo. Es cierto que ha de regir el principio de intervención mínima y subsidiariedad en el derecho penal, pero una cosa es la aplicación de dicho principio, dirigido de manera especial al legislador, y otra muy diferente no utilizar las figura penales establecidas a prevención de un bien de interés general como es la seguridad en el trabajo. Al margen del Derecho Penal, la persecución del accidente de trabajo se hace por medio de las sanciones administrativas, de la imposición de un recargo de las prestaciones de Seguridad Social y mediante una indemnización complementaria que hoy se ventila ante la Jurisdicción Civil y ante la Social. Una nueva forma de luchar contra la lacra que supone el accidente laboral, es la contemplada en el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, (BOE de 25 de mayo) sobre publicación de sanciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, que no es más que el desarrollo del artículo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. II. El accidente de trabajo en el ámbito penal. II. Breve estudio La materia que vamos a ver se encuentra recogida en el artículo 316 del Código Penal, según el cual los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o su integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses. Este precepto del Código Penal de 1995 introduce una agravación en materia de penas. Hasta ese año las penas imponer eran de arresto mayor y multa. El arresto mayor suponía una prisión entre 1 y 6 meses y en la actualidad la pena de prisión fijada en el artículo 316 es de seis meses a tres años; igualmente la multa es muy superior a la que se establecía con anterioridad a Esto da idea de que el legislador de este último año se ha hecho consciente de la gravedad del problema y pretende solucionarlo, como en muchas ocasiones, mediante la imposición de unas penas relativamente graves que puedan inducir a los empresarios al cumplimiento de sus obligaciones laborales. Si se consiguió o no eso es otra cuestión. 6
7 Elementos del tipo penal a) Objetivos Para que se dé el delito del artículo 316 del Código Penal, que es un delito de riesgo o peligro concreto, es necesario que concurran tres elementos que a continuación vamos a describir, siendo necesario que se den cada uno de ellos, pues no estaremos ante el delito examinado con que falte uno. Estos requisitos son: 1.º- no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas; 2.º- que se produzca una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales; 3.º- que se ponga así en peligro grave la vida, salud o integridad física del trabajador. Si además, se produce una lesión o muerte del trabajador, ello integrará otra infracción que se resolverá mediante la figura del concurso, que más adelante veremos. El primero de los elementos de este delito es no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. En este punto, los medios a los que se refiere el artículo 316 del Código Penal son tanto materiales, como no materiales, y son tanto colectivos, como individuales. A manera de ejemplo, se puede dar el elemento que estamos estudiando bien por no facilitar los medios materiales de protección, bien por no dar la formación adecuada al trabajador, por no practicar los reconocimientos médicos prescritos legal o convencionalmente, por establecer turnos sistemas de trabajo que produzcan el agotamiento, monotonía, etc. En definitiva, ha de acudirse a las obligaciones sobre seguridad e higiene declaradas con carácter general o especial y concreto en la normativa de aplicación, comenzando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14, para conocer cuáles integran esos medios, materiales o inmateriales, a que se refiere el Código Penal. Como nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2000, el contenido de la omisión se refiere a "no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas", lo que equivale también a una norma penal incompleta e indeterminada que ha de llenarse según el caso y sus circunstancias, es decir, empíricamente, estableciéndose una suerte de relación de causalidad entre la falta de medios y el peligro grave para la vida, salud e integridad física. El segundo de los elementos del tipo consiste en que se produzca un incumplimiento de las normas laborales sobre prevención de riesgos laborales. Estas normas es claro que son la ley de Prevención Riesgos Laborales, todos los numerosos Decretos y Órdenes ministeriales dictadas en desarrollo de la misma en cuanto contienen normas para la seguridad e higiene en el trabajo, las leyes sobre la materia que puedan dictarse y también los convenios colectivos. El artículo 1 de la citada Ley nos dice que la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Por su parte, el artículo 5.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social nos dice que son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta Ley. 7
8 En definitiva, como nos dice la doctrina científica, integran la normativa sobre prevención de riesgos laborales, las normas legales, reglamentarias y convencionales teleológicamente dirigidas a la tutela de los objetivos proclamados por el artículo 2.1 en relación con el 4.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Evidentemente, nos hallamos con un precepto penal en blanco, y la técnica del Código Penal Español ha sufrido críticas por la remisión a normas reglamentarias, pero lo cierto es que como afirma TERRADILLOS BASOCO la doctrina científica y la jurisprudencia considera ajustada al principio de legalidad penal la remisión al reglamento siempre que concurran los tres requisitos siguientes: que sea el legislador quien adopta la decisión de tipificar penalmente las conductas; que el precepto penal haga referencia expresa a la norma complementaria y que esta remisión aparezca justificada en aras a la protección del bien jurídico que se trata de amparar. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 21 de febrero de 2001, nos dice que nos encontramos también, por lo tanto, ante la exégesis de una norma penal en blanco, técnica esta legislativa que aunque contestada desde diversos sectores doctrinales, ha sido reiteradamente aceptada por el Tribunal Constitucional con tal de que, como sucede en este caso, la remisión en el tipo penal a la norma de complemento resulte expresa, aparezcan definidos en el tipo penal el núcleo de la conducta típica y la pena, y la remisión a la norma extrapenal resulte justificada en atención al bien jurídico protegido. La sentencia de 27 de julio de 2000 nos dice que también se trata de una norma penal en blanco que se remite genéricamente a "las normas de prevención de riesgos laborales", especialmente, pero no sólo, a la Ley 31/1995, de 8/11, de Prevención de Riesgos Labores, sino a todas las dictadas en la materia con independencia de su rango jerárquico. También ha suscitado problemas la remisión al convenio colectivo, aunque la doctrina y la jurisprudencia han aceptado la misma, siendo significativo que los artículos 311 y 312 del Código Penal tipifican el ataque a derechos de los trabajadores reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual El artículo 316 exige que el riesgo creado sea grave, pero no requiere esa gravedad en la infracción; en consecuencia, sería suficiente una infracción leve de las medidas de seguridad establecidas legalmente, para integrar el delito si el riesgo producido es grave. Y a la inversa, en un supuesto hipotético, no habría delito si con una infracción grave no se produjese el riesgo grave para la vida, salud o integridad física. No obstante, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de julio de 2002, Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquín Jiménez García, nos dice que el elemento normativo del tipo se refiere a "... la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales...", lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco en este sentido STS núm. 1360/98 de 12 de noviembre EDJ 1998/23347 de suerte que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en "peligro grave su vida, salud o integridad física" la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo. Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la respuesta penal en niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. En definitiva, podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de la prevención de riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya omisión es capaz de ge- 8
9 nerar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores. Esta teoría se sigue por la mayor parte de nuestros tribunales. La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece la tipificación de las infracciones, y producida una de ellas la Administración procederá a calificarla según esa normativa. Ahora bien, al margen de lo que más adelante diremos, las decisiones de la Autoridad Laboral no tienen carácter vinculante para el orden penal, sin perjuicio de que puedan ser valoradas en el mismo como una prueba, si se quiere, cualificada. La Ley nos establece una prejudicialidad penal sobre la vía administrativa, no a la inversa, y así, el artículo 3 de la citada ley dice que: 2. en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. 3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Por tanto, entrando en acción la jurisdicción penal, es a esta a la que corresponde dilucidar si se ha producido o no el hecho, y si la infracción es o no grave a efectos penales. En relación con la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el artículo 53 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social nos dice que los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. En el proceso penal, estas actas servirán como denuncia del hecho delictivo, pero su verdadero valor vendrá dado con la ratificación en el plenario de las mismas por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social que las levantó. En el enjuiciamiento criminal no pueden tener esa presunción de certeza y serán, en cualquier caso, una prueba documental privilegiada, caso de no procederse a su ratificación, sin perjuicio del valor probatorio en cuanto a los datos objetivos que contengan. Dicho esto, no puede desconocerse la constante remisión que las sentencias de nuestros tribunales penales, incluso el Tribunal Supremo, hacen a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo como prueba de la infracción cometida. El tercero de los requisitos es la producción de un riesgo grave para la vida, la salud o integridad física del trabajador. Para determinar cuándo nos encontramos ante un riesgo grave, podemos acudir al artículo cuatro de la ley de prevención de riesgos laborales. En su párrafo segundo dice que se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca un 9
10 daño y la severidad del mismo. En consecuencia, riesgo grave será aquel en el que la probabilidad de que exista daño real sea muy elevada y en el que el resultado para la salud o integridad física del trabajador sea especialmente severo. En definitiva, el delito se consuma cuando se dan los requisitos antes examinados, es decir, de infracción de las normas laborales, no suministrar o no facilitar los medios tendentes a asegurar la prestación del trabajo y la producción de un riesgo grave. Con esos tres elementos nos encontramos ante la artículo 316 del Código Penal que no precisa que se materialice la producción de un daño, decir, por ejemplo, es suficiente con que haya uno o varios trabajadores prestando sus servicios con un claro riesgo para su vida o integridad física para que el delito del artículo 316 se entienda ya consumado. Es lo que penalmente se conoce como un delito del riesgo, como hemos dicho. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de diecinueve de octubre de dos mil, la teoría de la imputación objetiva es la que se sigue en la jurisprudencia de esta Sala para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado y vino a reemplazar una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales introduciendo consideraciones jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. En este marco la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar: 1º Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; 2º Si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal. La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a éstos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado. El segundo requisito al que antes hacíamos referencia exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la «autopuesta en peligro» o «principio de la propia responsabilidad». Se trata de establecer los 10
11 casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva. En la jurisprudencia esta problemática ha sido considerada en parte a través de la figura de la «compensación de culpas» en los delitos imprudentes. En este sentido la STS de (RJ 1990\8667) establece que «para calibrar la respectiva relevancia de las conductas intervinientes (...) habrá de tenerse en cuenta que si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás intervinientes como accidental y fortuita...». Como resulta evidente que en los casos de autopuesta en peligro y, por consiguiente, de autorresponsabilidad del lesionado, la participación de un tercero no debe ser punible. b) Los sujetos 1. Sujeto activo Como señala el artículo 316 sólo pueden ser sujetos activos de este delito las personas que están legalmente obligadas de facilitar los medios de seguridad e higiene, y los artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales centran esta responsabilidad en la figura del empresario. Al empresario corresponde, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en la misma Ley. El empresario deberá, además, intentar perfeccionar continuamente los niveles de protección existentes y realizar cuantos ajustes sean necesarios ante cualquier tipo de cambio en las circunstancias que inciden en la realización del trabajo. El artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores define a los empresarios como aquellas "personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que reciban la prestación de servicios". La doctrina entiende que la interpretación a la hora de definir quien es o no empresario debe ser generosa y considera como tal, en primer lugar, tanto a entes con personalidad como al empresario individual y el social de naturaleza civil o mercantil, como el colectivo (profesionales, partidos políticos, cooperativas, sindicatos, etc.), así como las entidades del Derecho público (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, etc.). En segundo lugar, también calificaremos como empresario a los grupos sin personalidad como las comunidades de bienes, pero que pueden ser beneficiarios de la actividad de servicio prestada por los trabajadores. El artículo 318 del Código Penal establece, en relación a la empresa, que se impondrá la pena a los "administradores o encargados del servicio que hayan sido responsable de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello". Deberemos considerar como administrador o encargado a estos efectos no quienes formalmente posean este título sino a quienes teniendo efectivamente la "capacidad resolutoria o de adopción de medidas, o que teniendo conocimiento de la situación no hubieren tomado las decisiones correctoras oportunas". 11
12 Aunque la normativa laboral imputa al empresario la obligación de facilitar los medios para trabajar con seguridad y lo constituye en el único responsable, la realidad enseña que ciertamente es el primer responsable, pero no el único. A él le corresponde la observancia de la generalidad de las obligaciones sobre seguridad e higiene en el trabajo, pero hay otros partícipes, directa o indirectamente, en la ejecución de trabajo que comparten con el empresario la responsabilidad de velar para que se adopten algunas particulares medidas de las que conforman la pléyade general y absoluta de las obligaciones de aquel, y por ello pueden ser también responsables junto a él. Como nos dice la sentencia de la Sala de Lo Penal de Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2001 solo afecta a los legalmente obligados a facilitarlas. Sin embargo, la mera redacción no se interpreta inadecuadamente como excluyendo de obligación legal a quien, por sus funciones de arquitecto técnico, ha de estar a pié de obra y obligado a controlar y verificar que se cumplen los requisitos precisos para el buen fin de la misma y, entre ellos, los de seguridad y protección de riesgos generados por la obra, porque, aunque no empresario, solo mediante su control y comprobaciones se puede evitar la omisión del empresario, de tal modo que la omisión del actual recurrente constituyó una cooperación necesaria a la comisión del delito y, por ello, ha de entendérsele sin lugar a dudas como autor también del mismo delito, toda vez que, además concurren todos los elementos del tipo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 21 de febrero de 2001 reseña que a este respecto conviene recordar que el propio Tribunal Supremo se ha encargado de señalar que en el mundo laboral todos los que ostentan mando o dirección técnicos o de ejecución y tanto se trate de mandos superiores como subalternos, están inexcusablemente obligados a cumplir cuantas prevenciones establece la legislación de trabajo para evitar accidentes laborales y para preservar y tutelar la vida, la seguridad y la integridad de los trabajadores (STS de [RJ 1980, 1906]), tanto si ejercen estas funciones reglamentariamente como si las actúan de hecho (STS de [RJ 1990, 2651]), incurriendo en responsabilidad criminal si en el cumplimiento de tales deberes se muestran remisos o indolentes y con dicha conducta causan o contribuyen a la causación de un resultado dañoso o a una situación de grave peligro (STS de [RJ 1981, 2218]), doctrina ésta extrapolable al actual artículo 316 «por mor» de lo establecido en el ya comentado artículo 318. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 10 de octubre de 2005 nos dice que cabe citar la Sentencia de 20 de mayo de 1997, de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se sostiene que desde hace tiempo la doctrina jurisprudencial viene declarando (STS ) que todas aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o de mando en una empresa y tanto sean superiores, intermedias o de mera ejecución, y tanto las que ejerzan reglamentariamente como de hecho, están obligadas a cumplir las normas destinadas al mantenimiento de la seguridad del trabajo. Pues bien, a pesar de esa dicción, la imputación de responsabilidad a los mandos intermedios -solos o con los que desempeñan funciones de dirección-, dependerá de su actuación, por lo que ha de descenderse al caso concreto. Entre los casos que por la doctrina y diversos autores se han podido identificar como posibles responsables encontramos a los encargados de obra que tienen entre otras funciones la de actuar en representación del empresario, facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad en condiciones de seguridad, dirigir la realización de la actividad del trabajador, etc. Los arquitectos técnicos que tienen, entre otras atribuciones, las de ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico de acuerdo con el proyecto que las define, así como controlar los siste- 12