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Timestamp: 2013-05-23 17:42:12
Document Index: 414269786

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 84', 'Artículo 33', 'artículo 13', 'artículo 2']

Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2002, páginas 33090 a 33105 (16 págs.)
Referencia: BOE-A-2002-18101
El Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobado por la Unión Europea mediante Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993, presenta como novedad más destacada la incorporación del concepto "desarrollo sostenible", que, en materia ambiental y por supuesto en materia hidráulica significa que la estrategia principal en la acción de la Unión Europea ha de consistir en la integración de la política del agua en el resto de políticas de la Unión, y concretamente en las consideradas como sectores objetivos (sector energético, industrial, agrícola, de transportes, y de turismo).
La presente Ley, pues, presenta ese triple fundamento estatutario: En primer lugar, se trata de una norma que contribuye a la ordenación del territorio, pues no de otra manera cabe integrar en él a las infraestructuras hidráulicas ; en segundo lugar, se pretende regular los aprovechamientos hidráulicos de interés para Castilla-La Mancha, dentro de la oportuna coordinación con los órganos competentes de la Administración del Estado y con las Administraciones Locales ; y en tercer lugar,
la Ley quiere también contribuir a la preservación y mejora de nuestro medio ambiente, manifestado en esta ocasión en la calidad de los recursos hídricos.
A estos efectos, es de recordar el papel que en la consecución de dicho objetivo juegan las Administraciones Locales, a quienes su Ley Básica atribuye competencias en estas materias, aunque tal ejercicio se ceñirá a los términos que exprese la legislación sectorial estatal y autonómica. Por esta razón la Ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía, dedica parte de su contenido a regular la intervención de las diferentes Administraciones implicadas ; intervención que ha de basarse en el respeto competencial mutuo que debe presidir las relaciones interadministrativas, buscando siempre la consecución de la mejor garantía de abastecimiento de agua y la mejor calidad de la depuración de las aguas residuales, a través de la gestión eficaz de las instalaciones hidráulicas y del equilibrio económico-financiero en su explotación, mediante un esquema básico que, con las necesarias excepciones, reserve a la Administración Autonómica la gestión en alta y a la Administración Local, la gestión en baja.
El título primero se ocupa de delimitar las competencias que han de ejercer la Administración Regional y las Administraciones Locales. Así, teniendo presente el principio de unidad del ciclo del agua, y por ende, la visión global del recurso que de dicho principio se desprende, se reserva a la Junta de Comunidades la potestad de planificar el abastecimiento y la depuración en la región, así como la ejecución y gestión de las infraestructuras de interés regional que vayan a implementar dicha planificación ; mientras que corresponde a los Ayuntamientos la tarea de prestar el servicio a través de la ejecución y explotación de las infraestructuras correspondientes a la gestión en baja del abastecimiento y saneamiento.
El título segundo contiene la regulación correspondiente a la planificación del abastecimiento de agua y del saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. Los Planes Directores se erigen así en instrumentos de ordenación del territorio de carácter sectorial, a los que el resto de la planificación territorial debe subordinarse, y sobre cuyo respeto ha de basarse el éxito de las políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración. En este título se define su contenido, marcado por la resolución de las Cortes de 26 de diciembre de 1996 ; su procedimiento de elaboración y revisión, en tanto que herramientas flexibles que deben adaptarse a las necesidades de cada momento ; y su materialización, a través de los programas de inversiones que en ejecución de los mismos debe aprobar el Gobierno Regional, y a través de la determinación de las Administraciones actuantes en cada caso.
El título quinto se consagra a la regulación del régimen económico-financiero que, junto con la planificación, constituye la verdadera piedra de toque del sistema.
Así, la financiación de las inversiones y de la gestión de las infraestructuras de abastecimiento en alta y depuración de aguas residuales se hace recaer fundamentalmente sobre los recursos regionales, estableciendo a tal efecto la creación de dos tributos, el canon de aducción y el canon de depuración, ambos con naturaleza de tasa, a fin de contribuir a la prestación efectiva de los mencionados servicios por parte de la Administración Autonómica ; por otro lado, la Ley contempla el aseguramiento de que los instrumentos económicos locales aprobados para la prestación del servicio que incumbe a los municipios cubran todos los costes derivados del mismo, dando cumplimiento así al mandato parlamentario, que insta a las diferentes Administraciones a consensuar los compromisos económicos. La Ley también recoge los recursos estatales -incluido el canon de control de vertidos que recaudan las Confederaciones Hidrográficas- o comunitarios que puedan obtenerse.
El título sexto presenta finalmente, en ejercicio de las competencias estatutarias, un contenido fundamentalmente ambiental y de salud pública, dirigido a tres vectores principales relacionados con el agua: En primer lugar, a la preservación de los recursos para el abastecimiento mediante la definición de perímetros y normas de protección de las correspondientes masas de agua ; en segundo lugar, a la consecución de los objetivos de calidad, estableciendo normas básicas para los vertidos a las redes de saneamiento, y en tercer lugar, a la disuasión de cualquier conducta que ponga en peligro la cantidad o la calidad del recurso, a través de un régimen sancionador del que son copartícipes la Administración Regional y las Administraciones Locales.
1. El abastecimiento de agua, comprende en su fase primaria o "en alta" las actuaciones en materia de regulación, captación, conducción, potabilización y depósito de almacenamiento. En su fase secundaria o "en baja", comprende la distribución mediante redes municipales hasta las acometidas de los consumidores con la dotación y calidad previstas en esta disposición.
2. Además de las previstas en el párrafo anterior, la Comunidad Autónoma podrá, en los términos del Estatuto de Autonomía, declarar de interés regional cualquier obra o actuación en materia de abastecimiento de agua, de saneamiento y de depuración de aguas residuales.
En ese caso, dicha declaración deberá llevarse a cabo mediante norma con rango de Ley.
k) La vigilancia, inspección, control y sanción de los vertidos a las redes de colectores generales y estaciones depuradoras de aguas residuales ; y en las redes de alcantarillado en los casos en que dichos vertidos puedan afectar el normal funcionamiento del sistema de depuración.
1. Se crea por esta Ley la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La Mancha, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrita a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Entidad puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, en los términos del artículo siguiente ; concertar créditos y celebrar contratos ; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios ; obligarse e interponer recursos ; todo ello al efecto de la realización de su objeto, definido en el párrafo siguiente.
a) Se regirán por el derecho público las relaciones de Aguas de Castilla-La Mancha con el Gobierno y las Consejerías de la Comunidad Autónoma y con el resto de Administraciones y Entes Públicos ; las relaciones jurídicas externas que se deriven de actos de limitación, intervención y control, y, en general, cualquier acto, tanto de gravamen como de beneficio, que implique ejercicio de potestades administrativas.
1. Al Presidente de Aguas de Castilla-La Mancha compete ostentar su representación legal, convocar y presidir el Consejo de Dirección, resolver los empates en sus votaciones mediante voto de calidad, y suscribir los convenios con otras Administraciones Públicas.
Compete al Vicepresidente desempeñar la superior función ejecutiva y directiva de la Entidad, y atribuir, a propuesta del Director-Gerente, los recursos económicos a los proyectos aprobados.
6. De los acuerdos de aprobación y revisión de los Planes Directores se dará general conocimiento mediante publicación de aquéllos en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha", sin perjuicio de la utilización de otros medios de difusión pública.
1. La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística que incidan sobre los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas a que se refiere la presente Ley, quedarán sometidos, en todo caso, a las previsiones de los Planes Directores de Abastecimiento y Depuración. A tal efecto, y conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, deberá recabarse informe vinculante de la Dirección
General del Agua, que deberá emitirlo en el plazo de un mes.
1. El Plan Director de Abastecimiento de Agua deberá contemplar que todos los municipios de Castilla-La Mancha dispongan de un sistema de abastecimiento de agua potable de consumo público, con dotación de caudal y calidad suficiente para el desarrollo de su actividad.
La dotación, en condiciones de normalidad, no deberá ser inferior a cien litros por habitante y día.
1. Procederá la intervención subsidiaria de la Administración Regional y de las Diputaciones Provinciales en la prestación de los servicios de abastecimiento en
alta y en baja, depuración y saneamiento que, de acuerdo con la presente Ley, lleven a cabo las Entidades Locales, en los supuestos siguientes:
Las obras relativas a las infraestructuras de abastecimiento en alta y depuración en alta previstas en los Planes Directores de Abastecimiento y Depuración, como actuaciones declaradas de interés regional con arreglo a la presente Ley, y aquéllas que no agotan su funcionalidad en el término municipal en que se ubiquen, y en cuanto que instrumentos de ordenación territorial regional, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local.
Dicha intervención quedará sustituida por el trámite de consulta previsto en la legislación urbanística, salvo las obras o actuaciones realizadas para hacer frente a situaciones de emergencia.
Artículo 33. Licitación de otras obras
1. Los gastos de inversión de las infraestructuras de abastecimiento y de depuración de interés regional serán financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ; en otro caso, serán cofinanciados con las Administraciones Locales competentes.
1. El Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha constituye el plan de regularización de vertidos municipales a los efectos de la vigente normativa general en materia de aguas.
A estos efectos, una vez aprobado aquél, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha remitirá copia a las correspondientes Confederaciones Hidrográficas, a fin de que por parte de éstas se expidan las autorizaciones administrativas pertinentes en favor de las Administraciones titulares de los mencionados vertidos.
1. Se crea un canon de aducción como ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y destinado a la financiación de los gastos de gestión y, en su caso, de los de inversión, de las infraestructuras previstas en el Plan Director de Abastecimiento de Agua a que se refiere el artículo 13 de esta Ley que gestione la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y correspondientes a su fase "en alta" según se define en el artículo 2.1.
3. A los efectos de esta Ley, se considera la cantidad de cien litros como vertido medio diario por habitante ; y se entiende por carga contaminante media equivalente a un habitante la siguiente: 30 gramos de materias en suspensión ; 60 gramos de materias oxidables medidas en forma de demanda química de oxígeno ; 9 gramos de nitrógeno orgánico y amoniacal, y 2 gramos de fósforo total.
ANEXO (VER IMAGEN, PÁGINA 33105)
K = (FMES XMES/300 + FDQO XDQO/600 + FNT XNT/90 + FPT XPT/20)/ (FMES + FDQO + FNT + FPT)
(Publicada en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" número 83, de 8 de julio de 2002) An�lisis
Fecha de disposici�n: 27/06/2002
Entrada en vigor 9 de julio de 2002.
Publicada en el DOCM n�m. 83, de 8 de julio de 2002.
SE ACTUALIZA lo indicado, por LEY auton�mica 16/2010, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-2754).
SE DEROGA el art. 11.2.e) y MODIFICA los arts. 8, 10, 11, 15, 16, 18, 30, 38, 61 y 62, por LEY auton�mica 6/2009, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-16092).
DE CONFORMIDAD con el art. 31.1 y 32.7 del estatuto aprobado por LEY ORG�NICA 9/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20820).
CITA DECRETO auton�mico 18/1989, de 7 de marzo (DOCM del 14).