Source: http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=439
Timestamp: 2019-05-23 01:23:36
Document Index: 239116076

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 123', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 28', 'Artículo 6', 'artículo 30', 'ARTÍCULO 30']

Ailén Victoria Díaz 28-02-2019 publicaciones
A través del DNU N° 145/19 el Gobierno estableció límites para la modernización de la flota pesquera en la República Argentina. Sin embargo, resulta imperioso aclarar que los recursos pesqueros son de dominio estatal -artículo 235 Código Civil y Comercial-, es decir bienes de dominio público[1], sujetos a las medidas generales de administración y manejo de pesquerías que establezca el Consejo Federal Pesquero[2].
Asimismo, existe una complejidad normativa aún mayor por cuanto los recursos naturales son de dominio originario de las provincias (artículo 123 de la Constitución Nacional), por ello debe existir una regulación coordinada.
Motiva las presentes líneas las dudas acerca de la necesidad de la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para incentivar la industria pesquera. Es sabido que el sector pesquero en nuestro país se encuentra en una situación delicada, al igual que la mayoría de las actividades económicas, en un contexto de recesión importante. Sin explicitar la dificultad por la que atraviesa , la cartera agroindustrial explica que una de las principales herramientas en desarrollo para la industria pesquera está ligada al financiamiento y por tanto es preciso contar con garantías de crédito para la construcción, dinamización en la adquisición de buques y modernización de las flotas pesqueras. ¿Cómo lograr ese financiamiento? Así se concretó la idea de dotar a los permisos de pesca nacionales, las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) y las autorizaciones de pesca como garantía[3].
De esta forma, con la habilitación normativa para otorgar como garantía estos permisos, las autorizaciones de captura y las CITC, el Gobierno nacional activará una línea de crédito del Banco Nación –contra garantía- para colaborar con el financiamiento que necesita la actividad. ¿Será solo el Estado nacional quien tome como garantía estos títulos habilitantes? ¿Hasta qué punto puede ser negociable por sujetos ajenos al sector, el permiso de pesca, la autorización de captura o la CITC?¿ Realmente esta medida fomentará la reactivación económica del sector?¿ Generará confianza títulos habilitantes estatales para el mercado?.
Cabe destacar que el acreedor deberá inscribirse en el Registro de Pesca conforme lo establece el artículo 4°, como también anotar los embargos que consiguiera en sede judicial para un necesario control de estos bienes de dominio estatal.
Son muchos los interrogantes que genera esta norma, por lo que hubiese sido mejor el tratamiento legislativo que una medida abrupta y que debiera ser excepcional, como el DNU.
Además de la incorporación de estas nuevas garantías, en virtud de la necesidad de la renovación de la flota pesquera para mejorar la “competitividad” y para dotar de mayor seguridad a la actividad, surge en la normativa un límite de antigüedad de los buques pesqueros.[4] Sin embargo, las exclamaciones del Gobierno respecto a esta imperiosa necesidad de renovar y modernizar la flota pesquera no se compadecen con el texto escrito del DNU que se comenta. ¿Cuál es la urgencia de limitar la antigüedad de los buques pesqueros cuando en el artículo 2° se establece que hay un plazo hasta el año 2040?.
Si bien resulta ponderable la medida de renovación de la flota pesquera, incluyendo el incentivo a la reconstrucción en astilleros nacionales, un plazo de 21 años parece excesivo para ese fin. Si se otorga esa extensión temporal para que los propietarios y/o armadores de buques del sector logren adecuarse a las nuevas exigencias, no se puede nunca esgrimir que existe una necesidad y urgencia para el dictado de la medida.
Finalmente es discutible que un DNU pueda modificar una Ley, pero de hecho es una práctica habitual que así suceda, dejando de lado la Constitución Formal, pasando a regir por una Constitución material. Los controles son débiles y los abusos demasiados. Esta práctica institucional de legislar a través de DNU debe ponernos a reflexionar en qué “república” queremos vivir.
Dicho esto, se observa que el mencionado DNU establece modificaciones a la Ley N° 24.922 del Régimen Federal de Pesca, principal normativa que regula la actividad pesquera en la Argentina. En particular modifica los artículos 28[5] y 30[6]. Al primero supedita el trámite de caducidad de los permisos o autorizaciones de pesca y/o CITC a que el acreedor registrado del crédito (por construcción, reconstrucción o reacondicionamiento) en un plazo de 180 días cobre su crédito o registre el embargo ordenado en sede judicial.
En el segundo caso, incrementa los supuestos por los cuales puede transferirse un permiso de pesca a otro buque, agregando que los buques construidos en sede nacional podrán aumentar un 10% la capacidad de pesca respecto de los salientes, lo que en definitiva aumenta la totalidad del esfuerzo pesquero en jurisdicción nacional.
Es decir, comparto el criterio de incentivar la construcción nacional, pero si se permite que éstos buques obtengan 10% más de capacidad de pesca y no se disminuye al resto de las cuotas o autorizaciones de capturas, el régimen total de capacidad aumentaría, sin saber si dicha medida es necesariamente positiva para una actividad sostenible, por lo que debiera haberse expedido el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) , circunstancia que no se acredita en los considerandos del DNU.
En definitiva, debe replantearse el uso/abuso de los DNU en nuestro sistema institucional y en particular si resulta adecuado que el derecho de uso de los recursos pesqueros puedan ser otorgados como garantías a usuarios ajenos al sector.
[1]El artículo 3° y 4° de la Ley N° 24.922 delimita el dominio y jurisdicción de dichos bienes entre las provincias con litoral marítimo y la Nación.
[2]Órgano interjurisdiccional creado por el Régimen Federal de Pesca (Ley N° 24.922).
[3]Artículo 3° del DNU N° 145/19. “El propietario o armador de un buque con permiso de pesca vigente podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de dar sumas de dinero, con causa en la construcción, reconstrucción, reacondicionamiento o adquisición del buque, por un monto y un plazo determinados, mediante el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización de captura y/o la cuota individual de captura que detente”
[4]En virtud de ello, el artículo 1° del DNU 145/19 reza “Los buques habilitados para realizar tareas de pesca en las aguas sujetas a dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación, con excepción de los buques artesanales, deberán tener una antigüedad inferior a CUARENTA (40) años desde su fecha de construcción para ser despachados a la pesca.
En caso de acreditarse la reconstrucción de más del SESENTA POR CIENTO (60%) del buque en territorio nacional, o que se trate de un buque con autorización exclusiva para la captura de calamar (Illexargentinus) con poteras incorporado a la matrícula nacional a la fecha de publicación del presente decreto, la antigüedad podrá ser inferior a SESENTA (60) años desde su fecha de construcción para ser despachados a la pesca.
La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA deberá certificar la reconstrucción de acuerdo a los criterios que fije al efecto, los que deberán contemplar los materiales reemplazados y la tecnología incorporada, tanto en la navegación como en las tareas que se desarrollan a bordo”.
[5]Artículo 5° DNU N° 145/19. “La caducidad prevista en el artículo 28 de la Ley N° 24.922 y sus modificatorias de los permisos de pesca, cuotas individuales de captura y autorizaciones de captura, que tengan anotada la garantía de un crédito destinado al financiamiento de la construcción, reconstrucción o reacondicionamiento del buque al que se encuentran ligados, quedará suspendida a favor del acreedor registrado, por los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores a la notificación a dicho acreedor.
En ese plazo el acreedor deberá obtener la satisfacción de su crédito o inscribir en el Registro de la Pesca el embargo ordenado en sede judicial.
La Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922 y sus modificatorias dictará las normas relativas a los efectos de la medida cautelar sobre permisos, autorizaciones de captura y cuotas individuales de captura”
[6]Artículo 6°DNU N° 145/19.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 30.- El permiso de pesca solo podrá ser transferido a otro buque de igual o menor capacidad de pesca por causa de siniestro, fin de vida útil, modernización tecnológica o eficiencia empresaria, previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Los buques entrantes construidos en el territorio nacional podrán incrementar un DIEZ POR CIENTO (10%) la capacidad de pesca respecto a los buques salientes.
En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los buques construidos en el territorio nacional de hasta VEINTISIETE (27) metros de eslora, podrán recibir hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) adicional de especies excedentarias, con excepción de la especie langostino (Pleoticusmuelleri), en sus autorizaciones de captura, previo informe del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO.
El buque autorizado exclusivamente para la captura de la especie calamar (Illexargentinus) con poteras podrá ser reemplazado por otra unidad de igual o mayor capacidad de pesca, de hasta UN MIL TRESCIENTOS METROS CÚBICOS (1300 m³) de bodega total y menor a VEINTE (20) años de antigüedad desde su construcción.”
http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=439