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Timestamp: 2019-10-17 02:46:27
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BOE.es - Documento BOE-A-2003-1918
Documento BOE-A-2003-1918
«BOE» núm. 26, de 30 de enero de 2003, páginas 3943 a 3955 (13 págs.)
BOE-A-2003-1918
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2002/12/27/21
El Capítulo I de este Título prevé las deducciones por circunstancias familiares ya establecidas en anteriores ejercicios, incrementando sus cuantías, y configura una nueva deducción por cuidado de hijos menores. Las deducciones previstas por inversiones no empresariales y por aplicación de renta conservan las que se establecieron para ejercicios anteriores y se extienden además a las cantidades donadas a fundaciones y a las destinadas a la recuperación, conservación o mejora del patrimonio natural.
Por una parte, una de las principales consecuencias de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, es que el sector público, descrito en su artículo 2, se convierte en una importante referencia subjetiva del régimen de los gastos e ingresos públicos y del control y la contabilidad de la gestión económico-financiera pública. Resulta necesario acomodar mínimamente las previsiones de la Ley de la Hacienda a esa referencia.
En segundo lugar se define el sector público y las fundaciones públicas y se determina la peculiar situación de las Universidades públicas dentro de aquél, que derivade su régimen de autonomía económica y financiera.
El Capítulo III recoge diversas previsiones: Se establece la obligatoriedad del suministro de datos para la elaboración de estadísticas que formen parte del Plan Estadístico de Castilla y León. Se modifica la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, para producir una referencia más amplia y genérica a la información turística. Se modifican las atribuciones del Director del Ente Público Regional de la Energía. Se establecen previsiones sobre la cesión de bienes de las entidades locales a empresas públicas. Se introducen modificaciones en la configuración del Consejo de Administración de la Gerencia Regional de Salud. Se establecen competencias para la fijación de servicios mínimos en caso de huelga y se establecen normas sobre la declaración de utilidad pública y urgente ocupación para proyectos de obras de infraestructuras de gestión de residuos.
Por último en las disposiciones finales incluye previsiones necesarias para favorecer el cumplimiento de los compromisos de estabilización del empleo público adquiridos en las negociaciones del «Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en Castilla y León».
2. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo personal y familiar regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la deducción anterior queda establecida en 450 euros.
Artículo 4. Deducciones por cuidado de hijos menores.
1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o centros escolares, podrán deducir el 30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por tal concepto con el límite máximo de 150 euros en tributación individual y 300 euros en tributación conjunta, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Artículo 5. Deducciones por cantidades donadas a Fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural.
Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, incluyan entre sus fines específicos la reparación, conservación o restauración del Patrimonio Histórico y/o Cultural.
Artículo 6. Deducciones por cantidades invertidas en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de Castilla y León.
Que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural o inventariados de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo necesario que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas en el artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español o las determinadas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Artículo 7. Límites de la base de las deducciones por inversiones y donaciones.
Artículo 8. Modificación del artículo 8 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
«Artículo 8. Reducciones por discapacidad.
En las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se aplicará una reducción de 125.000 euros. La reducción será de 225.000 euros para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. Estas reducciones se aplicarán además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco con el causante.»
Artículo 9. Introducción de un artículo 8 bis en la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
«Artículo 8 bis. Reducciones a descendientes y adoptados menores de veintiún años.
Los descendientes y adoptados menores de veintiún años podrán aplicarse una reducción de 6.000 euros por cada año menos de veintiuno con independencia de la aplicación de la cantidad fija determinada por la Ley del Impuesto para el Grupo 1 de parentesco y sin que exista limitación cuantitativa alguna.»
Artículo 10. Modificación del artículo 10 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
«Artículo 10. Reducciones en las adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades.
1. Cuando en la base imponible de una adquisición “mortis causa” esté incluido el valor de una empresa individual o de un negocio profesional, situado en Castilla y León para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
b) Que los ingresos del causante procedentes de esta actividad supongan al menos el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta todas aquellas remuneraciones que traigan causa de las participaciones del causante que disfruten de reducción conforme a lo establecido en este artículo y de aquellas otras a las que se refiere la letra c) del apartado segundo, del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
2. Cuando en la base imponible de una adquisición “mortis causa” esté incluido el valor de participaciones en entidades que no coticen en mercados organizados, cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y León, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
b) Que la participación del causante en el capital de la entidad sea al menos igual al 5 por 100 computado de forma individual o al 20 por 100 conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de parentesco ya sea este por consanguinidad, afinidad o adopción.
c) Que el causante, o en el caso de participación conjunta alguna de las personas del grupo familiar a que se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones de dirección en la entidad y que la retribución que perciba por ello suponga al menos el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción en este impuesto.
g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de Castilla y León durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante.»
Artículo 12. Regulación de los tipos tributarios y cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.
Entre 0 y 1.440.000 euros
Entre 1.440.001 euros y 2.378.000 euros
Entre 2.378.001 euros y 4.732.000 euros
Más de 4.732.000 euros
b.2 Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.320 euros más el resultado de multiplicar por el coeficiente 2.000 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
C) Otras máquinas manuales o automáticas que permitan la obtención de premios: Cuota anual: 1.000 euros.
Artículo 13. Presentación telemática de declaraciones.
Artículo 14. Obligaciones formales.
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Consejería de Economía y Hacienda facilitará la presentación telemática de las escrituras públicas, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia.
Artículo 15. Modificación de los artículos 25 y 27.
b) La obtención de cualquier información que conste en el Registro de Asociaciones, en el Registro de Fundaciones o en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León.»
«Artículo 27. Cuota.
Primer folio: 3,07 euros.
Siguientes folios: 1,53 euros.»
Artículo 16. Modificación de la letra b) del apartado 5 del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
«Está exenta del pago de la tasa la expedición de las Guías de Origen y Sanidad Animal cuando el interesado acompañe con la solicitud de expedición de la Guía de Origen y Sanidad Animal un certificado sanitario emitido por un Agente Certificador autorizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería.»
Modificación del Título preliminar y del Título I
Artículo 17. Modificación del artículo 8.
Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La gestión económico-financiera del sector público autonómico está sometida al control interno que se realizará por la Intervención General de la Administración de la Comunidad mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero con plena autonomía respecto de las autoridades, órganos y entidades cuya gestión controle, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, en los términos previstos en esta Ley.»
Artículo 18. Introducción de un nuevo Título I.
Se introduce en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, un nuevo Título I que queda redactado del siguiente modo:
Del sector público de la Comunidad
A los efectos de esta Ley forman parte del sector público autonómico:
a) La Administración General, los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad.
b) Las universidades públicas, el resto de entes o instituciones creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico. Su creación requerirá autorización previa de la Junta de Castilla y León.
El régimen presupuestario y de control financiero de las fundaciones públicas de la Comunidad es el establecido en esta Ley para las empresas públicas, y su régimen contable consiste en la aplicación de los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines de lucro y disposiciones que lo desarrollen. Podrán suscribir contratos-programa en los términos establecidos en el artículo 131 de esta Ley.
En el marco de las normas reguladoras de su autonomía económica y financiera, se aplicarán las disposiciones de la presente Ley a los procedimientos para el desarrollo y ejecución de los presupuestos de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, así como a su control financiero y contabilidad.»
Modificación del Título IV: Del régimen presupuestario
Artículo 19. Modificación del artículo 101.
Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 101 de la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:
«Los presupuestos generales de la Comunidad se elaborarán en el marco de las previsiones plurianuales que apruebe la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. Dichas previsiones partirán de la previsible evolución de los ingresos y las orientaciones de las políticas de gasto, determinarán los equilibrios presupuestarios y definirán genéricamente los objetivos, las actividades a realizar para conseguirlos, los recursos precisos para su realización y los indicadores significativos del cumplimiento de los objetivos.»
Artículo 20. Modificación de los artículos 108 y 115.
Se modifican el apartado 2 del artículo 108 y el apartado 1 del artículo 115 de la Ley 7/1986, del modo que se indica a continuación:
1. Se añade al final del apartado 2 del artículo 108 el siguiente párrafo:
«La ejecución de las transferencias de capital podrá iniciarse en el ejercicio siguiente o en cualquier otro posterior.»
2. El penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo 115 queda redactado del siguiente modo:
«Estas limitaciones se referirán a nivel de sub-concepto económico aunque la vinculación establecida lo sea a diferente nivel.»
Modificación del Título V: De la intervención
Artículo 21. Modificación de las rúbricas del Título I/ y de su Capítulo I.
Se modifica la rúbrica del Título V de la Ley 7/1986, que pasa a ser: «Del Control Interno» y la de su Capítulo I que pasa a ser: «Disposiciones Generales».
Artículo 22. Modificación del Capítulo I del Título V.
Se modifican los artículos 132 y 133, que quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 132.
1. El control interno de la gestión económico financiera del sector público de la Comunidad se realizará, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen, sobre el conjunto de dicha gestión y sobre los actos con contenido económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
2. El control interno será ejercido por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma con plena autonomía respecto del órgano o entidad objeto de control. A tales efectos, el personal que lo realice gozará de independencia funcional respecto de los titulares de los órganos o entidades cuya gestión controle.
3. La Intervención General de la Administración de la Comunidad es el centro directivo del control interno y de la contabilidad pública.
4. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor de la actividad controlada.
1. La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean dictados, los actos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos que puedan dar lugar a obligaciones de contenido económico, así como los pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
2. La función interventora comprenderá:
a) La fiscalización previa de los actos que autoricen gastos, adquieran compromisos de gasto y acuerden movimientos de fondos y valores y de aquéllos que sean susceptibles de producirlos.
3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar de forma motivada:
a) La aplicación del control financiero, como único sistema de control, respecto de toda la actividad, o de algunas áreas de gestión, de aquellos organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique.
b) La sujeción a la función interventora, de toda o parte de su actividad, de los entes públicos inicialmente sometidos solamente al régimen de control financiero.»
Artículo 23. Modificación de los Capítulos II y III del Título V.
Se sustituyen los Capítulos II y III del Título V de la Ley de la Hacienda, por un nuevo Capítulo II, Del Control Financiero, que comprende los artículos 141, 142 y 142 bis, los dos primeros redactados del modo siguiente:
1. El control financiero se ejercerá respecto de la gestión económico financiera de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León y de las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma o a fondos extrapresupuestarios.
2. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma realizará el control financiero de las inversiones, gastos e ingresos de las universidades públicas de la Comunidad. Las correspondientes actuaciones se incluirán en el Plan de Control Financiero y se realizarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, podrá establecer que el control financiero de la gestión económico financiera de determinados entes del sector público de la Comunidad se realice de forma permanente.
Se entenderá que el control financiero se ejerce de forma permanente cuando se realice de forma continuada, a lo largo del ejercicio, en los términos y con el alcance que determine la Intervención General. Estas actuaciones no formarán parte del Plan Anual de Control Financiero.
4. Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de actuaciones incorrectas, el personal encargado de su realización podrá, previa autorización del Interventor General, adoptar las medidas cautelares precisas para impedir la desaparición, destrucción o alteración de documentos relativos a las operaciones en que tales indicios se manifiesten. Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
1. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma aprobará anualmente un Plan de Control Financiero en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el ejercicio, con indicación, respecto de cada una de ellas, del órgano competente para su realización, el tipo de control a realizar y el alcance del mismo.
2. El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control. Los resultados de cada actuación de control financiero se reflejarán del modo que se establezca reglamentariamente en informes escritos que se remitirán al responsable del órgano o entidad controlado a fin de que, en su caso, adopte las medidas procedentes. La Intervención General emitirá anualmente un informe general con los resultados más significativos de los controles financieros realizados en cada ejercicio que se someterá a la Junta de Castilla y León para que, en su caso, adopte las medidas procedentes.
3. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Control Financiero, la Intervención General realizará anualmente el control financiero de las cuentas que deban rendir los organismos autónomos que no estén sujetos a función interventora, los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad. El informe correspondiente al control realizado se emitirá en un plazo no superior a tres meses contados a partir del momento en que las cuentas se pongan a disposición de la Intervención General. A tal fin los organismos, entes, empresas y fundaciones controlados deberán facilitar cuanta documentación e información fuera necesaria para realizar los trabajos de control financiero.
4. El control financiero de las cuentas anuales de las empresas públicas se realizará independientemente y sin perjuicio de la auditoría de cuentas anuales a que, en su caso puedan estar obligadas de acuerdo con lo establecido por la legislación mercantil.»
Modificación del Título VI y de las disposiciones transitorias
Artículo 24. Modificación de los artículos 143 y 154.
1. Se modifica el artículo 143 de la Ley 7/1986, que queda redactado en los términos siguientes:
La Administración General de la Comunidad y las restantes entidades integrantes del sector público están sometidas al régimen de Contabilidad Pública en los términos previstos en esta Ley.»
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 154 que queda redactado del modo siguiente:
«1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma comprenderá las siguientes cuentas:
a) Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
b) Cuenta de los organismos autónomos.
c) Cuenta de las restantes entidades del sector público.»
Artículo 25. Modificación del artículo 156.
Se introduce un segundo párrafo en el artículo 156 de la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:
«Las universidades públicas de la Comunidad remitirán a la Junta de Castilla y León, para la formación de la Cuenta General y su posterior remisión al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refieran.»
Artículo 26. Introducción de una disposición transitoria tercera.
Se introduce en la Ley 7/1986 una disposición transitoria tercera redactada en los siguientes términos:
Hasta que por la Intervención General de la Administración de la Comunidad se establezca un plan especial de contabilidad para las universidades públicas su régimen de contabilidad será el previsto en esta Ley para la Administración General de la Comunidad y los organismos autónomos.»
Modificación de la Ley de Patrimonio
Artículo 27. Modificación de los artículos 54 y 70.
Se modifican los artículos 54 y 70 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad, en el sentido que se indica a continuación:
1. Se modifica el párrafo primero del artículo 54 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad, que queda redactado del modo siguiente:
«Corresponderá al titular de la Consejería de Economía y Hacienda acordar la enajenación cuando el valor del inmueble según tasación pericial no exceda de 3.000.000 de euros, y a la Junta de Castilla y León cuando, sobrepasando esta cantidad, no exceda de 24.000.000 de euros. Los bienes valorados en más de 24.000.000 de euros solo podrán enajenarse mediante ley.»
2. Se da nueva redacción al artículo 70 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad que queda redactado del siguiente modo:
Los bienes inmuebles y los derechos reales cuya afectación o explotación no se juzgue necesaria podrán ser cedidos gratuitamente a entidades públicas o privadas para fines de utilidad pública o interés social. La competencia para otorgar la cesión corresponderá a quien la tuviera para su enajenación conforme al artículo 54 de esta Ley.
El uso de los bienes inmuebles cuya afectación o explotación no se juzgue necesaria podrá ser cedido gratuitamente a entidades públicas o privadas mediante resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, por un plazo máximo de 20 años, para fines de utilidad pública o interés social.»
Artículo 28. Introducción de un nuevo Título VI.
Se introduce un nuevo Título VI en la Ley de Patrimonio de la Comunidad, con el siguiente texto:
Los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado elaborarán y mantendrán actualizado el inventario del patrimonio de que sean titulares y les corresponderá su mantenimiento, todo ello de acuerdo con las instrucciones que al efecto establezca la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo colaborarán en la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad respecto de los bienes inmuebles que tengan adscritos.»
Artículo 29. Modificación de la Ley 1/1999.
«4. A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de esta Ley, tendrán la consideración de titulares de explotaciones agrícolas los propietarios de eriales y praderas naturales que sean objeto de aprovechamiento.»
«Las actuaciones señaladas se realizarán con el conocimiento y apoyo de la persona designada por la Cámara Agraria Provincial, de entre los que estén a su servicio, que actuará como Secretario del proceso previo y de la asamblea constituyente.»
«b) La Comisión de Pastos deberá reunirse en un periodo de tiempo no inferior a 10 días ni superior a un mes desde la celebración del anterior Pleno, con el objeto de redactar la propuesta definitiva. En dicha reunión, al igual que en el Pleno anterior, participará la persona al servicio de la Cámara Agraria Provincial designada por ésta, que levantará acta de lo acordado, incluyendo copia de las alegaciones formuladas por escrito, así como testimonio de las efectuadas verbalmente.»
«Artículo 38. Cesión de la condición de ganadero.
Producida la transmisión, una copia autenticada del documento en que se formalice y de la justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias que procedan se remitirá a la Junta Agropecuaria Local para su conocimiento y archivo.»
Artículo 30. Modificación de la Ley 5/1997.
c) Al Director General de Producción Agropecuaria, en el caso de infracciones muy graves.»
Artículo 31. Modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad.
«r) Determinar los servicios mínimos en los casos de huelga de los empleados públicos, a iniciativa del Consejero o Consejeros que correspondan.»
«b) Informar sobre las decisiones relevantes en materia de personal que le sean consultadas por la Junta de Castilla y León o el Consejero de Presidencia y Administración Territorial y, en todo caso, sobre las señaladas en los apartados h), i), j), k), y ñ) del artículo 10.2 y en el apartado r) del artículo 11.2 de la presente Ley, con la salvedad prevista en el apartado 5 del artículo 24 de la misma.»
1. Los funcionarios de carrera que, a partir del 1 de enero de 2003, sean nombrados para el desempeño de puestos en la Administración General o Institucional de la Comunidad de Castilla y León, comprendidos en el artículo 2.°, apartados 1, 2 y 3.a) de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de Castilla y León, siempre que tal desempeño se prolongue durante más de dos años continuados o tres con interrupción, tendrán derecho a percibir, desde su reingreso al servicio activo, y mientras mantengan tal situación, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que desempeñen o a su grado personal, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León fije anualmente para los puestos de Director General.
2. Los funcionarios que, habiendo sido nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2003 para el desempeño de los puestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciembre, se mantengan en esta condición a dicha fecha, tendrán derecho a percibir desde su reingreso al servicio activo las retribuciones atribuidas al grado personal que corresponda al nivel más alto del intervalo asignado al Grupo en que se encuentre clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, siempre que tengan a la misma cumplidos los requisitos y condiciones exigidos.
4. Con efectos de 1 de enero de 2005, los funcionarios que tuvieran reconocidos los beneficios recogidos en el artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciembre, podrán optar entre mantenerse en la misma situación o acogerse a los beneficios recogidos en el apartado primero de esta disposición en cuyo caso deberán hacer renuncia expresa a los beneficios derivados de dicha Ley restableciéndose al grado personal que tuviera consolidado o hubiera podido consolidar con arreglo a la normativa general de Función Pública.»
Artículo 34. Estadísticas de cumplimentación obligatoria.
2. Para dichas estadísticas, el enunciado de sus fines y la descripción de su contenido, los organismos que deben intervenir en su elaboración, el conjunto de personas obligadas, así como la estimación de los créditos presupuestarios necesarios para su financiación, serán los especificados en el Plan Estadístico de Castilla y León y en los correspondientes Programas Estadísticos Anuales.
Artículo 35. Modificación de la Ley de Turismo.
Artículo 36. Modificación de la Ley de creación del Ente Público Regional de la Energía.
«d) Celebrar los contratos necesarios para la actuación ordinaria del Ente.»
Artículo 37. Modificación de la Ley de creación de las Sociedades de Gestión Urbanística.
“Gesturcal, Sociedad Anónima” tendrá la consideración de institución pública a efectos de las cesiones de bienes y derechos, a título oneroso o gratuito, que le realicen las Corporaciones Locales.»
Artículo 38. Modificación de la Ley de Urbanismo.
Se introduce una nueva letra c) en el artículo 127.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el siguiente texto:
«c) A favor de empresas públicas, siempre que se comprometan a destinarlos a la construcción de viviendas con protección pública o a otros usos de interés social que redunden en manifiesto beneficio de la Entidad Local.»
Artículo 39. Modificación de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario.
Dos representantes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
Un representante de la Consejería de Economía y Hacienda.
Un representante de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
Dos representantes de los Sindicatos más representativos de la Comunidad Autónoma.
Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 40. Competencia para determinar servicios mínimos.
Artículo 41. Declaración de utilidad pública de obras de infraestructuras de gestión de residuos.
Artículo 42. Centro autonómico de hemoterapia y hemodonación.
Disposición transitoria. Funciones de evaluación académica.
Los apartados 2 y 3 del artículo 8 y los artículos 124, 125, 134.1, 136.4, 149 y 150 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Los artículos 8, 57, 58, 66, 77.1 y 88.2 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
La letra n) del artículo 10.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre.
El artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1991.
Disposición final primera. Estabilidad en el empleo.
Disposición final segunda. Selección de personal interino y temporal.
Valladolid, 27 de diciembre de 2002.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 250, de 30 de diciembre de 2002)
Publicada en el BOCYL núm. 250, de 30 de diciembre de 2002.
art. 32, por Ley 10/2009, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-564).
los arts. 11, 13 y 14, por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo (Ref. BOCL-h-2006-90002).
SE MODIFICA el art. 11, por Ley 9/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-1259).
SE DEROGA el art. 12, por Ley 13/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-806).
art. 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-3334).
art. 10.2.n), MODIFICA los arts. 11.2 y 15 y AÑADE una disposición adicional 10 a la Ley de Ordenación de la Función Pública, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-1990-30636).
arts. 8, 57, 58, 66, 77.1 y 88.2, MODIFICA los arts. 54 y 70 y AÑADE un título VI a la Ley 6/1987, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1987-13248).
arts. 8.2 y 3, 124, 125, 134.1, 136.4, 149 y 150, MODIFICA determinados preceptos y AÑADE un título I y una disposición transitoria 3 a la Ley 7/1986, de 23 de diciembre , (Ref. BOE-A-1987-2493).
arts. 25, 27 y 81.5.b) de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre , (Ref. BOE-A-2002-976).
arts. 8 y 10 y AÑADE un art. 8 bis a la Ley 11/2000, de 28 de diciembre , (Ref. BOE-A-2001-1443).
art. 127.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril (Ref. BOE-A-1999-12599).
arts. 3, 4, 13, 20, 28 y 38 de la Ley 1/1999, de 4 de febrero , (Ref. BOE-A-1999-6497).
art. 43.1 de la Ley 10/1997, de 19 de diciembre , (Ref. BOE-A-1998-5712).
arts. 32.2 y 33 de la Ley 5/1997, de 24 de abril , (Ref. BOE-A-1997-14412).
art. 12.2.d) de la Ley 7/1996, de 3 de diciembre , (Ref. BOE-A-1997-1342).
art. 40 de la Ley 1/1993, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1993-13438).