Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/25098
Timestamp: 2020-06-05 00:05:51
Document Index: 167435831

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 153', 'artículo 149', 'Artículo 33', 'Artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 45', 'artículo 36', 'Artículo 39', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 44', 'Artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 59', 'Artículo 149', 'Artículo 170', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 59', 'Artículo 64', 'Artículo 64']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 159/2016
SENTENCIA 159/2016, de 22 de septiembre
ECLI:ES:TC:2016:159
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 25 de abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 33, 36 —en sus apartados 1 a 4—, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
a) El escrito de interposición del recurso comienza recordando el título competencial que ampara la competencia estatal y que resulta infringido por la ley autonómica objeto de recurso. Así, señala que el presente recurso se fundamenta en la vulneración, por parte de los artículos específicamente objeto de impugnación, del art. 149.1.7 CE el cual atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
b) A continuación se realiza un análisis particular de cada uno de los preceptos objeto de impugnación.
Dicho artículo 33 establece una regulación en un campo material de actuación en el que a las Comunidades Autónomas solo se le atribuye el ejercicio de competencias de ejecución, esto es, de adoptar tan sólo las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas, tanto en sentido formal como material, dictadas por quien ostenta la competencia de normación conforme a la Constitución. De ahí la consideración de su inconstitucionalidad, y cita la STC 341/2005, FJ 9, en relación con la reproducción de normas estatales en otras de ámbito autonómico.
c) En relación con el art. 36 de la Ley autonómica 17/2015, sobre los planes de igualdad en las empresas, afirma que la ley autonómica establece una regulación general, con rango formal de ley, en gran medida coincidente, y en sus objetivos de regulación, con la establecida por la Ley Orgánica 3/2007, cuyo artículo 45 versa asimismo sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, y su artículo 46 regula el contenido propio de esta clase de planes.
d) El artículo 39 de la Ley 17/2015, de la Generalitat, crea y regula la figura del “responsable sindical de igualdad”. Este precepto afecta de forma directa a la acción sindical en el seno de la empresa y, por tanto, al derecho fundamental a la libertad sindical, garantizado por el art. 7 CE y regulado mediante Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical. La norma autonómica incide en este ámbito, limitando el derecho de libertad sindical, en la medida en que impone a los sindicatos la obligación de contar con un responsable sindical de igualdad y en cierto modo regula su status y funciones. Invade claramente la competencia del Estado en materia de legislación laboral.
e) Por lo que se refiere al art. 40, que regula la presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva, afirma que establece una regulación de la composición y funcionamiento de los órganos de negociación colectiva, incidiendo en la configuración aunque sea parcial de un derecho fundamental el cual forma parte del ámbito material de competencia exclusiva del Estado para su regulación.
Esa competencia estatal exclusiva de normación alcanza también, afirma el Abogado del Estado, o resulta también afectada negativamente, por la obligación que el apartado 2 del artículo impone a la Administración pública de exigir, a su vez, a las empresas la hoja estadística a fin de comprobar el cumplimiento del precepto. La ley aquí impone tanto a la Administración como a las empresas una obligación de actuación en el campo propio del derecho laboral sustantivo. No se trata de una mera obligación de organización de servicios internos, sino de un deber de acreditación del cumplimiento de una obligación precisa establecida por la ley en el ámbito de las relaciones laborales.
f) En relación con el artículo. 41, que regula la incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo, señala el Abogado del Estado que es claro que la regulación de los expedientes de regulación de empleo, como aspectos que afectan de modo nuclear a lo que es una regulación general y sustantiva de un aspecto fundamental del derecho laboral, constituye un ámbito constitucional de regulación exclusiva del Estado conforme a la definición jurisprudencial que del concepto “Derecho laboral” se deriva del art. 149.1.7 CE. Su regulación, por tanto, queda reservada al Estado, y además se trata de una materia laboral que se encuentra disciplinada a nivel normativo de ley formal en el art. 51 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET).
g) En relación con el artículo 44, relativo a la prevención de riesgos laborales en la empresa, señala el Abogado del Estado que el apartado 1 contiene una obligación muy similar a la prevista en el art. 25.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
h) Por último, por lo que se refiere a los artículos 59 y siguientes que establecen el régimen sancionador, señala el Abogado del Estado que es cierto que la Generalitat de Cataluña ostenta competencia para establecer el régimen sancionador en una materia que considerada en abstracto verse sobre la garantía de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para la que ostenta competencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de su Estatuto de Autonomía.
4. El Presidente del Congreso, mediante escrito registrado el día 12 de mayo de 2016, comunicó que la Cámara se personaba en el procedimiento ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso por escrito registrado el 19 de mayo de 2016.
5. Por escrito registrado el 12 de mayo de 2016 se personó la Letrada del Parlamento de Cataluña y solicitó prórroga del plazo concedido para la presentación del escrito de alegaciones.
6. La Abogada de la Generalitat de Cataluña se personó, mediante escrito de alegaciones registrado el 30 de mayo de 2016, interesando la desestimación del recurso interpuesto por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación:
a) El escrito de alegaciones presentado se estructura en cuatro apartados. En el primero se identifican las materias y los preceptos objetos de recurso, resumiendo las alegaciones del Abogado del Estado.
b) En el segundo apartado, se analiza el contenido y el alcance del título competencial en el que se ampara la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Señala que el título competencial que la fundamenta y le da cobertura está constituido por el art. 153 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), sobre “políticas de género”. Esta competencia sobre políticas de género atendiendo a lo dispuesto en el art. 110 EAC y al describirse como una competencia exclusiva conlleva que en esta materia le corresponde a la Generalitat la potestad legislativa.
c) En el tercer apartado del escrito de alegaciones, se examina el bloque de constitucionalidad en el que se incardina la Ley 17/2015, a efectos de determinar su eficacia normativa.
d) En el cuarto y último apartado del escrito de alegaciones se analizan singularmente los preceptos objeto de recurso y su adecuado encaje en el orden constitucional de distribución de competencias.
7. El día 10 de junio de 2016 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones de la letrada del Parlamento de Cataluña.
8. Por providencia de 20 de septiembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, contra los artículos 33, 36 —en sus apartados 1 a 4—, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2. La Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, persigue, de acuerdo con lo dispuesto en su preámbulo, “reforzar las medidas y mecanismos concretos para conseguir que los poderes públicos lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres, que sitúa a las mujeres en una situación de subordinación y desventaja social y económica respecto de los hombres y que impide que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos como ciudadanas”. Se trata de “una regulación propia y singular, realizada de acuerdo con las competencias del autogobierno de Cataluña, que completa la normativa relativa a la paridad y se enmarca dentro de la categoría de norma específica complementaria de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorpora modificaciones legislativas sustanciales para avanzar hacia esa igualdad efectiva y establece medidas transversales en todos los órdenes de la vida, con el fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres, además de adecuarse al marco normativo comunitario y a los objetivos más avanzados en materia de transversalidad de género formulados por las distintas instituciones de la Unión Europea”.
El capítulo IV de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, establece las políticas públicas para la promoción de la igualdad en los diferentes ámbitos de actuación. Dentro de este capítulo, la Sección Tercera, que lleva por rúbrica “Trabajo, empleo y empresa”, en la que se incluyen los artículos impugnados 33, 36 —en sus apartados 1 a 4—, 39, 40, 41 y 44, establece medidas para garantizar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Los artículos 59 a 64, también impugnados, están incluidos en el capítulo V, “Medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley”, sección tercera, “Régimen Sancionador”.
Por lo que se refiere al título competencial “legislación laboral”, la Constitución atribuye al Estado la ordenación general en material laboral, siendo las Cortes Generales y no las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas las que ostentan la potestad legislativa en el ámbito laboral y la expresión “legislación” que define la competencia exclusiva del Estado en materia laboral ha de ser entendida en sentido material, sea cual fuere el rango formal de las normas, por lo que ha de incluir tanto a las leyes como a los reglamentos llamados ejecutivos, es decir, aquellos que aparecen como desarrollo de la ley y, por ende, como complementarios de la misma (SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 5; 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 4; 95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de octubre, FJ 6; 230/2003, de 18 de diciembre, FJ 4; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4; 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 4, y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).
Si bien el término “legislación” admite la fuerza expansiva indicada, la interpretación del calificativo “laboral” que lo acompaña debe ser, por el contrario, restringida. Ciertamente, como tuvimos la oportunidad de indicar en la STC 35/1982, de 14 de junio (FJ 2), el término “laboral” previsto en el art. 149.1.7 CE no puede entenderse como indicativo de cualquier referencia al mundo del trabajo, sino que es forzoso “dar a ese adjetivo un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con el uso habitual, como referido sólo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo por consiguiente como legislación laboral aquella que regula directamente la relación laboral”, es decir, la relación que media entre los trabajadores por cuenta ajena y las empresas dentro de cuyo ámbito de organización y dirección prestan sus servicios (en igual sentido, SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de octubre, FJ 6, y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).
También conviene recordar que la competencia normativa estatal sobre esta materia es completa “de modo que ningún espacio de regulación externa les resta a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal” (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11; en igual sentido, SSTC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4, y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).
En suma, “dentro del concepto de ‘legislación laboral’ al que el art. 149.1.7 CE hace referencia, tienen encaje todas las normas que, con independencia de su rango, regulan —tanto en su aspecto individual como colectivo— la relación laboral, esto es, la relación jurídica existente entre el trabajador asalariado y la empresa para la que presta sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de la existencia de un contrato de trabajo. Conforme al citado precepto constitucional, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva sobre esa materia, por lo que a las Comunidades Autónomas les resta únicamente el papel de ejecutar la legislación laboral estatal dictada al respecto” (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3).
En efecto, la competencia autonómica en esta materia es sólo de ejecución, e incluye la emanación de reglamentos internos de organización de los servicios necesarios (SSTC 249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 5), de regulación de la propia competencia funcional de ejecución (STC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4) y, en general, “el desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto del sistema de relaciones laborales” (STC 194/1994, de 23 de junio, FJ 3), así como la potestad sancionadora en la materia (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FFJJ 1 y 2; 195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 8 y 9, y 81/2005, de 6 de abril, FJ 11).
“Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de políticas de género, que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.1 de la Constitución, incluye en todo caso:
c) La regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así como la regulación de servicios y recursos propios destinados a conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.”
3. Una vez examinados los distintos títulos competenciales invocados por las partes en el presente recurso, debemos analizar cada uno de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 que se impugnan, para lo cual será necesario determinar previamente en cada caso si se encuadran en la materia “legislación laboral” o de “políticas de género”.
“Artículo 33. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las empresas
4. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo tienen la consideración de discriminación directa por razón de sexo, sin perjuicio de su tipificación como delito.”
“Artículo 48 Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo
Como puede comprobarse, la ley estatal impone a las empresas y a los representantes de los trabajadores la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexto en el trabajo, y el artículo 33 apartados 1, 2 y 3 de la norma impugnada reproduce esta misma obligación. Estamos, pues, ante un supuesto de lex repetita, debiendo recordarse al respecto nuestra doctrina conforme a la cual la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, además de constituir una deficiente técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad cuando esa reproducción normativa se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencia [entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 b); 147/1993, de 29 de abril, FJ 4, y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9], como es el caso.
Por lo que se refiere al apartado 4 del artículo 33 que considera discriminación directa por razón de sexo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, la norma no reproduce en este caso ningún precepto de la Ley Orgánica 3/2007 por lo que no estamos ante un supuesto de lex repetita. Ahora bien, como ya hemos señalado, nos encontramos con una regla que debe enmarcarse en materia laboral pues no se trata de considerar el acoso sexual o el acoso por razón de sexo sin más como discriminatorios, como hace el art. 7.3 de la Ley Orgánica 3/2007, sino el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que tienen lugar en el trabajo. En consecuencia, el apartado 4 debe también declararse inconstitucional pues regula una materia competencia exclusiva del Estado.
4. El siguiente precepto impugnado es el artículo 36, en sus apartados 1 a 4, sobre los planes de igualdad en las empresas. Este artículo prevé que las empresas con más de 250 trabajadores, aquellas cuyo convenio colectivo así lo establezca y las que estén obligadas porque la autoridad laboral así lo haya acordado en un proceso sancionador, deben elaborar y aplicar un plan de igualdad:
“Artículo 36 Planes de igualdad en las empresas
4. Las empresas de menos de doscientos cincuenta trabajadores pueden elaborar e implantar planes de igualdad previa consulta a los representantes de los trabajadores.”
“Artículo 45 Elaboración y aplicación de los planes de igualdad
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.”
Los apartados 1 y 4 del artículo 36 de la norma impugnada coinciden con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007 al imponer la obligación de negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, en las que el convenio colectivo así lo establezca y cuando la autoridad laboral lo acuerde en un proceso sancionador, siendo voluntaria su elaboración en las demás empresas. Por tanto, nos encontramos de nuevo ante un supuesto de lex repetita, operación que debe declararse ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia (SSTC 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3; 150/1998, de 2 de julio, FJ 4, y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), como es el caso, al encontrarnos ante una regulación que por su contenido y naturaleza queda encuadrada en la legislación laboral.
5. El art. 39 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 regula el denominado responsable sindical de igualdad. Este precepto se refiere a la obligación de los sindicatos con presencia en los centros de trabajo de adjudicar a un delegado sindical la función de velar específicamente por la igualdad de trato y de oportunidades en el marco de la negociación colectiva. Regula también las funciones de este responsable sindical de igualdad y la formación que se le debe exigir:
“Artículo 39 Responsable sindical de igualdad
4. La Administración pública debe facilitar programas de apoyo a la formación sindical para la negociación colectiva con perspectiva de género.”
Además, este órgano tiene la función de velar por la igualdad de trato y de oportunidades en la negociación colectiva y como han señalado las SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 3, y 57/1982, de 27 de julio, FJ 11, forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los efectos del art. 149.1.7 CE, el desarrollo del régimen legal sobre negociación colectiva. En la misma línea, la STC 8/2015, de 22 de enero, FJ 2, ha declarado que “la Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado … de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), eligiendo entre las distintas alternativas posibles la que estime más adecuada, no solo para alcanzar los objetivos que aquélla le impone, sino también para adoptar las medidas precisas que garanticen su realización”.
6. El artículo 40 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 hace referencia a la presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva, al prever que las organizaciones empresariales y sindicales, así como los órganos de representación del personal en la empresa, deben promover una representación paritaria de ambos sexos en la negociación colectiva mediante medidas de acción positiva.
“Artículo 40 Presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva
2. La Administración pública competente para el control de la legalidad de los convenios colectivos debe requerir a las empresas la hoja estadística de convenios con los datos significativos sobre la presencia de mujeres en la comisión negociadora y en el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos colectivos.”
El apartado 2, por su parte, obliga a la Administración pública a exigir a las empresas la hoja estadística de convenios que debe incluir los datos relativos a la presencia de mujeres en la comisión negociadora y en el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos colectivos. A este respecto hay que señalar que los arts. 89 y 90 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, establecen, respectivamente, en su fase de tramitación y para la determinación de su validez, el cumplimiento de determinados requisitos de registro y depósito de convenios colectivos de trabajo. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, regula el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y su funcionamiento a través de medios electrónicos, así como la inscripción y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo. En este sentido, conviene recordar que la regulación del registro de convenios colectivos, salvo aquellos preceptos con trascendencia meramente organizativa, forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los efectos del art. 149.1.7 CE (STC 18/1982, de 4 de mayo). Pues bien, según prevé el art. 6 del citado Real Decreto, junto a la solicitud de inscripción del convenio colectivo, la comisión negociadora deberá cumplimentar los datos estadísticos recogidos en los modelos oficiales que figuran en el anexo 2 del Real Decreto, a efectos de elaboración de la estadística de convenios colectivos. Entre los datos estadísticos que deben ser facilitados se encuentra (anexo 2 cláusula 16) el número de mujeres y hombres que han formado la comisión negociadora.
7. El artículo 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, hace referencia a la incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo. El precepto prevé distintas obligaciones para la Administración de la Generalitat, las empresas y la inspección de trabajo:
“Artículo 41 Incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo
4. La Inspección de Trabajo, en los casos de despido colectivo, debe verificar que no se den hechos discriminatorios por razón de sexo, debiendo elaborar un informe preceptivo, que deje constancia de ello.”
8. El artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 establece la obligación de las empresas de tener en cuenta, en la valoración de los riesgos laborales y en la adopción de medidas preventivas, la diferente exposición a los factores de riesgo de mujeres y hombres y el deber de formar al personal sobre la diferente exposición a los factores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia.
“Artículo 44 Prevención de riesgos laborales en la empresa
2. Las empresas deben formar al personal sobre la diferente exposición a los factores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia.”
Este Tribunal ha considerado dentro del contenido propio de la materia laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE el subsector de la seguridad y salud en el trabajo (SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11, y 198/2015, de 24 de septiembre, FJ 3), por lo tanto, el apartado 1 del artículo 44, relativo a la prevención de riesgos laborales en la empresa, debe encuadrarse en dicha materia y debe declararse inconstitucional por invadir las competencias del Estado.
Por lo que se refiere a la obligación impuesta a los empresarios en el apartado 2 de formar a sus trabajadores sobre la diferente exposición a los factores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia, nos encontramos con una materia propia de la formación continua pues se trata de facilitar a los trabajadores en activo la formación necesaria en materias que afectan a la prevención de riesgos laborales en la empresa. Si bien se puede afirmar que la formación continua de trabajadores ocupados tiene una incardinación “genérica” en la materia “legislación laboral” del art. 149.1.7 CE, “es igualmente cierto que puede haber supuestos en los que, atendido el tipo de actividad al que se orienta la acción formativa, quede vinculada a otro título competencial, con las consiguientes consecuencias para la delimitación del alcance de la competencia del Estado” (STC 16/2013, de 31 de enero, FJ 3. En el mismo sentido, SSTC 1432/2014, de 22 de septiembre, FJ 3; 123/2014, de 21 de julio, FJ 3; 112/2014, de 7 de julio, FJ 3; 88/2014, de 9 de junio, FJ 3; 62/2013, de 14 de marzo, FJ 3, y 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 4). Ahora bien, en el presente supuesto, como el tipo de actividad al que se orienta la actividad formativa, la prevención de riesgos laborales, queda vinculada también al mismo título competencial, procede declarar inconstitucional el apartado 2 del art. 44 por vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral.
9. Por último, se impugnan los arts. 59 a 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 todos ellos relativos al régimen sancionador. Los artículos señalados regulan las infracciones administrativas en materia de igualdad de mujeres y hombres, las sanciones, los responsables, la competencia y el procedimiento, la prescripción y la concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
“Artículo 59. Infracciones
d) Reincidir en la comisión de dos o más infracciones graves.”
“Artículo 60 Sanciones
5. El objetivo de la sanción debe ser la prevención, disuasión, reparación y corrección de los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación.”
“Artículo 61 Responsables
2. La responsabilidad es solidaria cuando existan varios responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción.”
“Artículo 62 Competencia y procedimiento
3. Si el órgano competente, durante la fase de instrucción, considera que la potestad sancionadora con relación a la presunta conducta infractora corresponde a otra administración pública, debe poner este hecho en su conocimiento y remitirle el correspondiente expediente.”
“Artículo 63 Prescripción
2. Las sanciones impuestas al amparo de la presente ley prescriben a los tres meses, si son leves; al cabo de seis meses, si son graves, y al cabo de doce meses, si son muy graves.”
“Artículo 64 Concurrencia con el orden jurisdiccional penal
2. En los casos en que el órgano administrativo considere que las infracciones pueden ser constitutivas de delito o falta, debe comunicarlo al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente y suspender el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o hasta que el Ministerio Fiscal comunique la improcedencia de iniciar o continuar las actuaciones. En los casos en que no se estime la existencia de delito o falta penal, el órgano administrativo debe continuar el procedimiento sancionador y considerar probados los hechos que lo hayan sido en sede judicial.”
a) Declarar que los artículos 33; 36, apartados 1, 3 y 4; 39, apartados 1, 2 y 3; 40; 41, apartados 2, 3 y 4, y 44 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, son inconstitucionales y nulos.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 2257-2016
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que regulan las políticas de género en las relaciones laborales.
Se estima parcialmente el recurso. Por un lado, se declara que la Comunidad Autónoma invade la competencia estatal sobre legislación laboral al establecer: a) medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo; b) la obligación de negociar planes de igualdad en determinadas empresas; c) la creación y funciones del responsable sindical de igualdad; d) la presencia de mujeres y hombres en los órganos de negociación colectiva; e) la obligación de incorporar la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo y f) medidas de prevención de riesgos laborales. Estas previsiones, en la medida en que introducen una nueva regulación relacionada con las relaciones laborales, exceden de la mera ejecución de la legislación estatal que corresponde a las Comunidades Autónomas en materia laboral.
Por otro, no se aprecia extralimitación competencial en relación con aquellos preceptos que promueven: a) planes de igualdad en las empresas; b) programas de apoyo a la formación sindical para la negociación colectiva con perspectiva de género y c) el respeto de la igualdad de género en los expedientes de regulación de empleo. Estas previsiones no invaden la competencia estatal en materia de legislación laboral, puesto que se limitan a fijar unas directrices y principios de actuación a los poderes públicos. Tampoco invaden la competencia estatal los preceptos que regulan el régimen sancionador por infracciones administrativas en materia de igualdad de género, pues no establecen exclusivamente el régimen sancionador en materia laboral, sino el régimen sancionador que debe aplicarse con carácter general para garantizar la igualdad de género en las distintas materias reguladas en la ley.
Sólo el Estado tiene competencia para imponer a las empresas y a los representantes de los trabajadores el deber de prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, debiendo limitarse las Comunidades Autónomas a adoptar, en el ejercicio de sus competencias de ejecución, las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento [FJ 3].
Por lo que se refiere a la consideración normativa sobre discriminación directa por razón de sexo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, no se reproduce ningún precepto de la Ley Orgánica 3/2007 por lo que no estamos ante un supuesto de lex repetita. Ahora bien, como ya hemos señalado, nos encontramos con una regla que debe enmarcarse en materia laboral pues no se trata de considerar el acoso sexual o el acoso por razón de sexo sin más como discriminatorios, sino el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que tienen lugar en el trabajo [FJ 3].
Los preceptos autonómicos que imponen la obligación de negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, en las que el convenio colectivo así lo establezca y cuando la autoridad laboral lo acuerde en un proceso sancionador, siendo voluntaria su elaboración en las demás empresas, constituyen un supuesto de lex repetita, operación que debe declararse ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia (SSTC 162/1996, 341/2005 [FJ 4].
El legislador estatal, al amparo del art. 149.1.7 CE, podría prever la creación de la figura del “Responsable sindical de igualdad”, pero no la Comunidad Autónoma; el Estatuto de los trabajadores prevé que el comité de empresa tendrá entre sus competencias ejercer una labor de vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres [FJ 5].
La previsión normativa para que la Administración pública autonómica facilite programas de apoyo a la formación sindical para la negociación colectiva con perspectiva de género no invade las competencias del Estado en materia de legislación laboral, pues se trata de un mero criterio de actuación de la Administración pública autonómica encaminado a favorecer la inclusión de la perspectiva de género en la negociación colectiva, pero sin prever medidas específicas a adoptar al respecto [FJ 5].
El precepto autonómico que prevé que organizaciones empresariales y sindicales y los órganos de representación del personal en la empresa deben promover una representación paritaria de ambos sexos en la negociación colectiva mediante medidas de acción positiva, y que asimismo establece las condiciones en que la Administración debe efectuar el control de legalidad de los convenios, imponiendo a las empresas una determinada obligación en esa labor de control, en cuanto afecta a la regulación del derecho a la negociación colectiva debe declararse inconstitucional al invadir la competencia del Estado en materia laboral [FJ 6].
La imposición a la Administración autonómica de la obligación de velar por el respeto del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en los expedientes de regulación de empleo, no prevé ningún procedimiento ni deriva ninguna consecuencia de esta previsión que en realidad constituye un principio general de actuación de los poderes públicos previsto con carácter general en el art. 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, por lo tanto, no invade las competencias en materia laboral del Estado [FJ 7].
El precepto autonómico que establece la obligación de las empresas de formar al personal sobre la diferente exposición a los factores de riesgo según el sexo, así como sobre los riesgos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia, en tanto que orienta la actividad formativa en el marco de la prevención de riesgos laborales, vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral [FJ 8].
Los preceptos autonómicos impugnados que no establecen exclusivamente el régimen sancionador en materia laboral, sino el régimen sancionador que debe aplicarse con carácter general para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las distintas materias reguladas en la ley, no pueden declararse inconstitucionales dado que no invaden la competencia del Estado en materia de legislación laboral [FJ 9].
Ante los supuestos de lex repetita, la doctrina constitucional establece que la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, además de constituir una deficiente técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad cuando esa reproducción normativa se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencia (SSTC 62/1991, 341/2005) [FJ 3].
Artículo 36.1 (anula)
Artículo 36.3 (anula)
Artículo 36.4 (anula)
Artículo 39.2 (anula)
Artículo 39.3 (anula)
Artículo 41.3 (anula)
Artículo 44 (anula)
Artículo 59 a 64
Artículo 149.1.7, ff. 1, 2, 5, 6, 8
Artículo 170, ff. 2, 7
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo. Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Anexo 2, f. 6
Anexo 2, claúsula 16, f. 6
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada
Artículo 36.1, ff. 1, 2, 4
Artículo 36.2, ff. 1, 2, 4
Artículo 36.3, ff. 1, 2, 4
Artículo 36.4, ff. 1, 2, 4
Artículo 39.1, ff. 1, 2, 5
Artículo 39.2, ff. 1, 2, 5
Artículo 39.3, ff. 1, 2, 5
Artículo 40, ff. 1, 2, 6
Artículo 41.2, ff. 1, 2, 7
Artículo 41.3, ff. 1, 2, 7
Artículo 41.4, ff. 1, 2, 7
Artículo 44, ff. 1, 2, 8
Artículo 44.1, f. 8
Artículo 44.2, f. 8
Artículo 59 a 64, ff. 1, 2, 9
Artículo 64.7 a), f. 5
Artículo 64.9, f. 5
Competencias autonómicas de ejecuciónCompetencias autonómicas de ejecución, ff. 1 a 9
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 1 a 9
Competencias en materia de legislación laboralCompetencias en materia de legislación laboral, ff. 1 a 9
Controversias de contenido competencialControversias de contenido competencial, ff. 1, 2
Igualdad de géneroIgualdad de género, ff. 2 a 9
Política de perspectiva de géneroPolítica de perspectiva de género, ff. 1 a 9
Acoso sexual en el trabajoAcoso sexual en el trabajo, f. 3
Expediente de regulación de empleoExpediente de regulación de empleo, f. 7
Prevención de riesgos laboralesPrevención de riesgos laborales, f. 8
Régimen sancionador en el orden socialRégimen sancionador en el orden social, f. 9
Relaciones laboralesRelaciones laborales, ff. 2 a 9
Reproducción de normas estatalesReproducción de normas estatales, ff. 3, 4