Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/041/007.html
Timestamp: 2018-11-15 17:10:02
Document Index: 319042600

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 15', 'artículo 222', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 222', 'artículo 2']

BOC - 2018/041. Martes 27 de Febrero de 2018 - Anuncio 867
BOC Nº 41. Martes 27 de Febrero de 2018 - 867
BOC-A-2018-041-867. Firma electrónica - Descargar
Suscrito con fecha 5 de febrero de 2018 Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2018.- La Secretaria General Técnica, Ana Isabel Solórzano Hernández.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SOBRE ATRIBUCIÓN AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 10/2015, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA DICHO TRIBUNAL.
En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2018.
De otra parte, D. Rafael J. Robaina Romero, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto 127/2016, del Presidente, de 16 de diciembre, con competencia para suscribir el presente Convenio de acuerdo con lo previsto en los artículos 81 y 137 de los Estatutos de la Universidad, aprobados mediante Decreto 107/2016, de 1 de agosto.
III. Si bien la Comunidad Autónoma ha optado por la creación de un Tribunal Administrativo de Contratos propio, acogiéndose a lo previsto en el artículo 41, apartados 3 y 4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 2, apartados 3 y 4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, faculta a las Universidades públicas canarias para que creen un tribunal independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su Presidente, ostente las cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que deba conocer, que serán los recursos y la resolución de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 43 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las cuestiones de nulidad que se interpongan en los casos previstos en el artículo 37.1 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
No obstante lo anterior, las Universidades públicas canarias, pueden, asimismo, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Para lo cual, han de celebrar el correspondiente Convenio de Colaboración con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y de inscripción en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se estipularán las condiciones en las que las Universidades sufragarán los gastos derivados de la asunción de competencias por parte del Tribunal.
A este fin se celebra el presente Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuya virtud se atribuirán al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere en artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
La facultad de ambas Administraciones para suscribir el presente Convenio se encuentra incardinada en el artículo 15 y siguientes de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 222 de los Estatutos de la Universidad, aprobados mediante Decreto 107/2016, de 1 de agosto; así como en el ya mencionado artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El presente Convenio tiene por objeto llevar a efecto la atribución de competencias por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante el Tribunal), posibilitada en el apartado 4 del artículo 2 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. La atribución de competencia al Tribunal comprenderá el conocimiento, tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad a que se refiere el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, contra los actos adoptados por los órganos de contratación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2. Igualmente, se someterán al conocimiento, tramitación y resolución del Tribunal, en todo caso, de los recursos especiales, medidas provisionales y reclamaciones y cuestiones de nulidad previstos en el apartado anterior contra los actos en materia de contratación de aquellos entes, organismos y entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tengan la consideración de poder adjudicador, y estén vinculados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o estén participados por ella sin estar integrados en el sector público estatal o en el sector público autonómico o local de otro ente local, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública.
3. Una vez resuelto cada procedimiento de recurso, de solicitud de adopción de medidas provisionales o de cuestión de nulidad, el Tribunal notificará la resolución a los interesados y lo comunicará al órgano competente en materia de contratación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Dicha notificación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la anterior cláusula.
1. En virtud de lo estipulado en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, los gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal a que se refiere la cláusula primera del presente Convenio, serán asumidos por la Universidad.
2. La determinación de la cantidad indicada deberá hacerse por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante liquidación que deberá comunicarse a la Universidad, dentro de los diez días siguientes a la fecha de interposición del recurso, la solicitud de las medidas provisionales o la presentación de la cuestión de nulidad.
3. Antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 1 de esta cláusula, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, por períodos anuales hasta un máximo de ocho años, o su extinción.
1. En el caso de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cree un órgano independiente al que atribuya la competencia a que se refiere la cláusula primera, se extinguirá el presente Convenio, sin necesidad de denuncia previa, a partir de la fecha en que el órgano creado comience a ejercer sus funciones, de conformidad con la disposición que lo cree o regule.
1ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión de los informes, de los expedientes administrativos y de las comunicaciones que deban cursarse entre los órganos de la Universidad y el Tribunal y proponer los que se refieran a las comunicaciones entre este y los órganos de aquella.
2. La Comisión estará integrada por dos vocales uno de ellos será la persona titular del Tribunal y el otro designado por la Universidad.
El presente Convenio de Colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 41.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 101.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, rigiéndose, además, por lo establecido en los artículos 47 en adelante de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo 222 de los Estatutos de la Universidad y en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y para que así conste, en prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de sus partes, extienden y firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra.- Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda.- Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael J. Robaina Romero, Rector.