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Timestamp: 2018-10-17 23:41:20
Document Index: 404808591

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 14', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 19', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 14', 'artículo 26', 'Artículo 25', 'Artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 25', 'Artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 8']

(2018/03) Anteproyecto de Ley de diálogo civil y democracia participativa. (Cerrado): Nueva (13 sugerencias) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
Las democracias modernas son democracias representativas, sustentadas en cámaras parlamentarias que representan al pueblo y ejercen sus atribuciones en nombre de este, a través de miembros elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León encomiendan a los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, por lo que, de manera complementaria, se han desarrollado herramientas y fórmulas de democracia participativa.
Actualmente, la ciudadanía puede manifestar su opinión y tomar parte en los procesos de decisión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en general, en el ejercicio de sus principales competencias a través de diversas vías como son los órganos de participación, la interlocución institucional, el diálogo social, la transparencia, la participación ciudadana o el gobierno abierto.
La democracia participativa es una realidad asentada en la vida política y administrativa de la Comunidad de Castilla y León, pero también se trata de un área en la que es necesario seguir avanzando.
En este marco, el objeto de esta ley es reforzar la participación de la sociedad civil en el ejercicio de las competencias de la Comunidad de Castilla y León, regular las iniciativas ciudadanas relativas a dichas competencias y establecer el régimen jurídico de las consultas populares no referendarias, todo ello, sin alterar la participación ciudadana que se promueva o lleve a cabo por otras vías y con otros fines.
Anteproyecto de Ley de diálogo civil y democracia participativa.
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 15 de marzo de 2018.
Aportaciones de UNICEF
En exposición de motivos:
Consideramos importante hacer referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como tratado internacional que enmarca los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La CDN fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y ratificada por el Estado Español en 1990. Esta convención incluye y ampara el derecho a la participación infantil y adolescente (artículos 12 y 13).
En el anteproyecto de ley se menciona (página 9): Conocer la opinión de un determinado colectivo sobre las decisiones políticas que son competencia de la Comunidad, en efecto, es algo que viene haciéndose a diario y con normalidad en Castilla y León.
En relación a este párrafo, en Castilla y León al menos dieciséis municipios cuentan con consejos de participación infantil y adolescente, donde niños y niñas tienen espacios de participación avalados y reconocidos por los gobiernos locales. En estos espacios pueden expresar sus opiniones y plantear propuestas vinculadas con la realidad municipal. En este sentido, estos consejos municipales suponen un mecanismo apropiado para tener en cuenta la vinculación de propuestas derivadas de la aplicación de la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa.
En relación al Capítulo 1º- Disposiciones generales.
Artículo 4. Principios rectores del diálogo civil. Desde UNICEF consideramos importante incorporar el principio de equidad, considerando en los procesos de diálogo civil la garantía de que la participación considere a todas las personas por igual, teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables de la población.
Artículo 5. Órganos de participación. Creemos importante incorporar a los órganos de participación infantil y adolescente existentes en el ámbito local y/o supramunicipal.
Artículo 9. Diálogo civil en la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. En 9.1 consideramos oportuno incorporar que la Administración Pública adaptará el contenido de normas, leyes y reglamentos en la medida de lo posible a un lenguaje amigable con la finalidad de que niños, niñas y adolescentes -así como otros colectivos específicos-, puedan familiarizarse con sus contenidos y realizar aportaciones.
Artículo 20. Personas y organizaciones que pueden promover una iniciativa ciudadana. Es oportuno incorporar que, en caso de iniciativas ciudadanas planteadas por niños, niñas y adolescentes, hay que considerar las fórmulas pertinentes para tener en cuenta sus propuestas a nivel autonómico, teniendo en cuenta su organización como consejos de participación infantil y adolescente a nivel local.
En el anteproyecto de ley se menciona (página 9): Conocer la opinión de un determinado colectivo sobre las decisiones…
UNICEF._Anteproyecto_de_Ley_de_diálogo_civil_y_democracia_participativa.pdf 302 KB
Dado el enfoque amplio del anteproyecto (regulación del diálogo civil en la totalidad de áreas de actuación de la Administración de la Comunidad) no parece posible incluir referencias a todos los tratados internacionales que pueden incidir en el mismo: serían prácticamente todos los que forman parte del ordenamiento jurídico español. Del mismo modo, y dado que su ámbito de aplicación afecta en exclusiva al Gobierno y la Administración de la Comunidad, no es posible incorporar al mismo cuestiones relativas a las entidades locales, cuya autonomía se respeta escrupulosamente en el anteproyecto.
Aunque el principio de equidad no aparece expresamente en el artículo 4, sí inspira el conjunto de la norma. Precisamente por eso el diálogo civil se aplica por igual en todos los órganos de participación, independientemente del área de actuación de que se trate, y con los mismos derechos y deberes para todas las organizaciones de la sociedad civil independientemente de su tamaño, configuración jurídica o ámbito de actividad.
Por último, el anteproyecto prevé que las personas físicas que presenten iniciativas ciudadanas sean mayores de edad, requisito que entendemos adecuado cuando se trata de formular normas, planes o programas completos, y no meras sugerencias. No obstante, el mismo artículo permite que una organización de la sociedad civil legalmente constituida presente las iniciativas, lo que abre la vía a esta posibilidad para las asociaciones de defensa de los derechos de los niños y niñas, asociaciones juveniles, etc.
Aunque el principio de equidad no aparece expresamente en el artículo 4, sí inspira el conjunto de la norma. Precisamente por eso el diálogo civil se aplica por igual en todos los órganos de participación, independientemente del área de actuación de que se trate, y con los mismos derechos y deberes…
· No se establecen de forma clara aquellas cuestiones en las que necesariamente se debe establecer este diálogo. A mayor abundamiento, con el requisito que establece el artículo 14 sobre la necesidad…
Respecto del requisito de suscripción de los acuerdos por la persona titular de la consejería, hay que aclarar que estos acuerdos del diálogo civil no son la…
SUGERENCIAS A LA LEY- DESDE EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
A modo de resumen, y respecto a lo que nos preocupa como agentes de incidencia en las políticas sociales señalamos:
	Se pierde la oportunidad de buscar un espacio de reflexión y debate de políticas sociales.
	Se relega a la Consejería de Familia, a su órgano correspondiente, un tema que debiera estar presente en más espacios.
	No existe la posibilidad de espacios con menos miembros y más cualificados para hacer un trabajo más intenso y profundo.
	No se reconoce, sino todo lo contrario (resulta bastante desafortunada la explicación en la exposición de motivos) la labor del Tercer Sector de Acción Social .
	La figura de la Plataforma es un instrumento meramente técnico.
	Las dos figuras reguladas, que en principio pueden resultar interesantes, no suplen las carencias que plantean el propio Diálogo Civil que se pretende establecer.
	Es valorable el esfuerzo que se haría con esta Ley en sistematizar, ordenar y dotar de mayor eficacia a los órganos, pero no parece que vaya a resultar suficiente.
Sin entrar a abordar aspectos más puntuales del articulado, y entendiendo que no se va a poder partir de un punto diferente al ya establecido, nuestra propuesta sería:
	Revisar el órgano consultivo de Servicios Sociales y sus correspondientes Secciones, para que habilitara un espacio propio para el Tercer Sector de Acción Social, quien en calidad de experto pudiera participar de las propuestas.
	Creación de una mesa/consejo/espacio, preferiblemente adscrito a Presidencia o a la coordinación que se establezca, en la que se estudien aquellas cuestión que afectan a las políticas sociales, sin distinción de Consejerías con presencia de las entidades más representativas del tercer sector de acción social.
	Revisar la naturaleza, composición y objetivos del Grupo de Enlace.
*Entendemos igualmente, que habría que revisar el concepto de representatividad para garantizar la presencia de quienes ostentan mayor presencia territorial y representación de colectivos.
	No se reconoce, sino todo lo contrario (resulta bastante desafortunada la explicación en la exposición de motivos) la labor del Tercer…
Creemos que el anteproyecto va a dinamizar los espacios de reflexión y debate hoy existentes en materia de políticas sociales.
Respecto de la referencia al Tercer Sector en la Exposición de Motivos, en ningún momento hemos pretendido analizar su labor —absolutamente encomiable y digna del mayor reconocimiento social—, pues no es objeto del anteproyecto. Lo que se analiza en la Exposición de Motivos es el concepto de diálogo civil. En todo caso, sí creemos oportuno modificar la referencia del «Tercer Sector de Servicios Sociales» por la más adecuada de «Tercer Sector». Procede señalar, asimismo, que no era el objeto del anteproyecto crear nuevos órganos, sino, en todo caso, dinamizar los existentes.
Respecto del concepto de representatividad, en efecto nos parece que no estaba suficientemente claro, por lo que tenemos en cuenta su aportación.
PROPUESTAS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE DIÁLOGO CIVIL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Artículo 5. Órganos de participación
No terminan de estar claro cuáles son los órganos de participación. En el artículo 3 se hace referencia a que las organizaciones más representativas de la sociedad civil son las que propongan miembros en los órganos de participación recogidos en el artículo 5. Pero en ninguno de los dos artículos quedan claro ni cuáles son las organizaciones más representativas ni cuáles son los órganos de participación. Propuesta: aclarar esta cuestión.
Artículo 19. Definición y previsiones generales sobre las iniciativas ciudadanas.
En el apartado 2 se observa que realizar una propuesta entraña gran dificultad debido a la elaboración del tipo de texto exigido, sin consideración de otro tipo de formatos, como aportaciones hechas por diferentes ciudadanos que pueden no tener las estrategias necesarias para elaborar un texto de esa complejidad, y lo que se recoge como meras sugerencias. Propuesta: buscar formatos más sencillo de elaborar para presentar las iniciativas.
Artículo 29. Tramitación posterior de las iniciativas ciudadanas.
Se refleja una gran dificultad para materializar las iniciativas ya que, a pesar de que una iniciativa ciudadana logre los apoyos necesarios y el órgano competente proceda a la elaboración de la norma reglamentaria, estrategia, plan o programa (apartado 1), esto no asegura que se continúe con el trámite hasta finalizar. En el apartado 2 se recoge que la Administración podrá introducir modificaciones o no continuar con la tramitación si así lo considera. De esta forma no se asegura que la iniciativa vea la luz o lo haga en los términos inicialmente planteados. Además, al menos en este artículo, no se ofrece posibilidad de alegación, solo dan la opción de opinar (apartado 3). Propuesta: si una iniciativa ya se está tramitando porque se ha aprobado no puede modificarse o anularse solo por decisión unilateral de la Administración. Esto refleja falta de transparencia y que el proceso de participación no sea creíble.
Si las iniciativas aprobadas pueden no llegar a tramitarse finalmente porque la Administración así lo considere (artículo 29), qué valor van a tener las sugerencias a las que se hace referencia en el artículo 19.
En el apartado…
En efecto, la definición de las organizaciones con las que debe entablarse el diálogo civil no estaba suficientemente clara, por lo que tenemos en cuenta su aportación. Respecto del artículo 5, es cierto que no detalla cuáles son los órganos de participación a los efectos del diálogo civil; pero sí que da indicaciones claras para determinarlos, y prevé que una Orden determine la relación de órganos de participación, lo que entendemos dará una plena seguridad jurídica.
En cuanto a los requisitos de las iniciativas ciudadanas, es cierto que elaborar una norma o un plan presenta en sí mismo una gran complejidad. Cabe recordar que, para aportaciones o sugerencias de carácter parcial o más sencillo, ya hay mecanismos para llevarlas a cabo: consulta pública previa, exposición de los anteproyectos en el Espacio de Participación del Portal de Gobierno Abierto, etc.
Por último, y como señala la Exposición de Motivos del anteproyecto, la regulación que se propone de las iniciativas ciudadanas comparte con la regulación de la iniciativa legislativa popular que se establezcan los mecanismos precisos para que la última palabra en relación con la aprobación y contenido de la iniciativa corresponda al titular de la potestad, que no deja de ser el responsable del adecuado ejercicio de la misma.
Por último, y…
En primer lugar, se observa en el texto como la participación ciudadana sí que se incluye dentro de la evaluación de las políticas públicas, pero está con bastantes trabas, como sucede en el artículo 14 del texto en el que nos refiere que tiene que haber un gran acuerdo para poder presentar una iniciativa social, esto rompe la cita de transversalidad que aparece en anteproyecto ya que, el texto presenta bastante ambigüedad a la hora de delimitar cuestiones básicas en la participación como pueden ser; quienes son los interlocutores, quienes deciden lo que representa a la sociedad o cuales son…
Por último, la definición de las organizaciones con las que debe entablarse el diálogo civil no estaba suficientemente clara, en efecto, por lo que tenemos en cuenta su aportación. Respecto del artículo 5, es cierto que no detalla cuáles son los órganos de participación a los efectos del diálogo civil; pero sí que da indicaciones claras para determinarlos, y prevé que una Orden…
APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE DIÁLOGO CIVIL Desde mi humilde punto de vista este anteproyecto aun siendo un tremendo avance tanto
APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE DIÁLOGO CIVIL
Desde mi humilde punto de vista este anteproyecto aun siendo un tremendo avance tanto a nivel de transparencia de las instituciones que representan a los ciudadanos, yo incluida, como a nivel de participación ciudadana, no deja claro quién nos representa
Para aprobar iniciativas es necesario que cuatro quintas partes lleguen a un acuerdo, las mayorías absolutas son difíciles de conseguir, sin embargo las mayorías simples si son alcanzables.
La sociedad cambia a un ritmo vertiginoso por lo que cuatro años para realizar una iniciativa popular igual a una denegada es demasiado tiempo.
Y por último no entiendo el motivo por el qué no se puede presentar iniciativas semejantes a las que ya estén en curso, ya que las iniciativas en curso pueden completarse y mejorarse por iniciativas nuevas.
Del mismo modo que quiero expresar mi sorpresa ante la burocratización de los procedimientos, no todos los ciudadanos de a pie tienen los conocimientos ni los recursos para plantear las sugerencias en los términos exigidos por el presente anteproyecto. Esto resulta excluyente para una gran parte de la sociedad que no va a poder expresarse, provocando así una nueva opacidad.
Gracias por su atención, espero que mi aportación sea útil para el desarrollo de este anteproyecto y reitero de la necesidad de medidas como este anteproyecto para que la sociedad prosiga su buen camino.
La sociedad cambia a un ritmo vertiginoso por lo que cuatro años para realizar una iniciativa popular igual a una denegada es demasiado tiempo. …
Artículo 3, (pág. 13); La mayor duda que tenemos es la definición de “organizaciones más representativas de la sociedad civil”. Remite a los órganos de participación, y aquí solo habla de las excepciones. ¿Significa esto que cualquier entidad que designe…
Respecto de los principios de igualdad y no discriminación, aunque no aparecen expresamente en el art. 4, sí inspiran el conjunto de la norma. Precisamente por eso el diálogo civil se aplica por igual en todos los órganos de participación, independientemente del área de actuación de que se…
SUGERENCIAS PARA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE DIÁLOGO CIVIL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
	Artículo 14. Definición y previsiones generales sobre los acuerdos del diálogo civil
Supresión del tercer requisito para la adopción de acuerdos del diálogo civil:
-	Que la persona titular de la consejería competente por razón de la materia los suscriba de forma expresa.
Con este requisito, todo el proceso de diálogo civil queda al final supeditado a la aprobación, o suscripción, del titular de la Consejería, que además se establece como arbitraria, por la sola voluntad omnímoda de dicho titular, sin ningún condicionante y sin ningún recurso. El proceso desmiente así su carácter de democrático, que queda como meramente teórico o aparente, y depende al final de una decisión autoritaria; la supuesta democracia se queda en “democracia vigilada”.
El requisito debe ser suprimido; o, en todo caso, sometido a alguna condición, como por ejemplo la siguiente, que se añadiría al final de la actual redacción:
“Dicha suscripción será obligatoria si el acuerdo hubiese sido aprobado por la mayoría absoluta de miembros del órgano de participación.”
	Artículos 22 y 23, referidos a los requisitos particulares para las iniciativas reglamentarias ciudadanas y las iniciativas de formulación de estrategias, planes o programas.
Ambos artículos prevén entre los requisitos para estas iniciativas ciudadanas el siguiente:
c) Un estudio de los costes a los que daría lugar.
Este requisito normalmente será insalvable para la mayoría de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que generalmente no tienen medios ni conocimientos suficientes para realizar este tipo de estudios para unos reglamentos o planes que pueden abarcar muchos aspectos materiales u organizativos difíciles de conocer y mucho más de presupuestar. Con esta exigencia, la posibilidad de presentar estas iniciativas quedará reducida a un plano casi teórico.
El requisito debería suprimirse, o en todo caso reformularse de una forma simplificada, que no implique la necesidad de estimar cifras. Por ejemplo:
c) Una estimación de los medios materiales y personales que la puesta en marcha de la iniciativa podría necesitar.
De forma complementaria, debería ser la Administración la que realizase el estudio de los costes, para que en la tramitación de la iniciativa se pueda conocer su impacto económico real, lo cual siempre es deseable. Por ejemplo, en el plazo de dos meses que se prevé en el artículo 26 para la comunicación de la iniciativa a las organizaciones de la sociedad civil, se puede incluir que los servicios competentes de la Consejería de Hacienda, o de Economía, o de la que se entienda más oportuna, realicen el estudio de los costes que puede conllevar la iniciativa, sobre la base de los medios estimados por sus proponentes.
	Artículo 25, sobre admisión a trámite de las iniciativas ciudadanas.
En el nº 1 del artículo se establece que, en caso de inadmisión, se señalarán “los recursos disponibles contra dicha inadmisión.” Esos recursos deberían figurar aquí, en el propio artículo. En concreto, debería recogerse que la decisión de inadmisión será susceptible de recurso de alzada y posterior impugnación en la vía contencioso-administrativa.
	Artículo 29 sobre tramitación posterior de las iniciativas ciudada-nas.
En el número 2 de este artículo se prevé que la Administración podrá decidir, de forma motivada, no continuar con la tramitación; pero no se prevén recursos contra esa decisión. Esta previsión deja otra vez, como en el caso del artículo 14, la suerte de las iniciativas a la voluntad de la Administración y convierte la supuesta democracia del proceso en algo aparente.
Para que la democracia y la participación sean reales y no meramente ilusorias, se debe establecer, junto a esta posibilidad de la Administración de archivar la iniciativa, el recurso administrativo y posterior control judicial, en los mismos términos planteados en el artículo 25:
“Esta decisión será susceptible de recurso de alzada y posterior impugnación en la vía contencioso-administrativa.”
Con este requisito, todo el proceso de diálogo civil queda al final supeditado a la aprobación, o suscripción, del titular de la Consejería, que además se establece como arbitraria, por la sola voluntad omnímoda de dicho titular, sin ningún condicionante y sin ningún recurso.…
Respecto del requisito de suscripción de los acuerdos por la persona titular de la consejería, hay que aclarar que los acuerdos del diálogo civil no son la forma habitual ni necesaria de cerrar los procesos de diálogo civil (por eso se regulan en distintos capítulos los procesos y los acuerdos). Con relación a estos últimos, parece prudente que, para que se pueda hablar de acuerdo sobre un tema, participe del mismo la persona titular de la consejería competente.
Respecto de la exigencia de un estudio de costes en las iniciativas ciudadanas, el objetivo no es disuasorio (no se establecen requisitos técnicos para dicho estudio). Se pretende, sencillamente, que quienes presentan las iniciativas valoren no sólo los beneficios perseguidos, sino también los costes de su aplicación, del mismo modo que se exigen para todas las iniciativas que tienen su origen en la propia Administración.
Respecto de los recursos, por último, entendemos que no corresponde al anteproyecto definirlos, sino que son otras leyes las que garantizan su aplicabilidad en nuestro Estado de Derecho. En todo caso, y conforme señalan dichas leyes, dichos recursos deberán estar indicados en la notificación que se efectúe del correspondiente acto administrativo.
Respecto de la exigencia de un estudio de costes en las iniciativas ciudadanas, el objetivo no es disuasorio (no se establecen requisitos técnicos para dicho estudio). Se pretende, sencillamente, que quienes presentan las iniciativas valoren no sólo los beneficios perseguidos, sino también los costes de su aplicación, del mismo modo que se exigen para todas las iniciativas que tienen su origen en la propia…
Ley escasamente operativa
A mi juicio es tal el número de reglas y excepciones que se establecen en el texto, que parece más estar destinado a aparentar que la Administración hace algo para dar más voz a la sociedad civil que a fomentar una participación real y efectiva de dicha sociedad.
Muchas gracias por su aportación. Por su propia naturaleza, las normas suelen contener reglas y excepciones. En este caso, creemos que van a servir para dinamizar los órganos de participación en todas las áreas de actuación de la Administración de la Comunidad y para que existan figuras ahora inéditas, como las iniciativas ciudadanas, aumentando el campo de acción de la democracia participativa.
A lo largo del documento se nombra repetidas veces a las “organizaciones más
representativas”, pero ¿cuáles son estas organizaciones? ¿Qué sucede con las de “menor”
representación? Deberían definirse los criterios o requisitos que deben cumplir las
organizaciones para poder participar o considerarse representativas de la población real, de la
Un punto a favor es el descrito en el Artículo 18.1, que indica que “La Plataforma del
diálogo civil permitirá a los ciudadanos que así lo deseen hacer llegar sus opiniones y
propuestas a las organizaciones de la sociedad civil presentes en los órganos de participación,
con la exclusiva finalidad de que las citadas organizaciones puedan tenerlas en cuenta”. Es
positivo que se deje llegar a las organizaciones de la sociedad civil las propuestas de cualquier
Por otra parte, las organizaciones deberían poder opinar no únicamente sobre su
ámbito de actuación, si no que se debería mejorar la transversalidad y permitir opinar sobre
cualquier cuestión que pueda afectar a la población aunque no pertenezca específicamente a
De un modo más general, cabe destacar que el anteproyecto parece estar dirigido a
una población altamente cualificada, con unos procedimientos poco transparentes que
impiden la comprensión y participación de la población general. Debería desarrollarse de tal
modo que cualquier persona pudiera comprender su contenido.
con la exclusiva finalidad…
Respecto de la definición de las organizaciones con quienes debe entablarse el diálogo civil, en efecto creemos que no estaba suficientemente clara, por lo que tenemos en cuenta su aportación.
Si bien es lógico que el diálogo civil se entable con las organizaciones presentes en los órganos de participación, hay otros momentos en que cualquier persona u organización puede participar (consulta pública previa, exposición de los anteproyectos en el Espacio de Participación del Portal de Gobierno Abierto, etc.). Y el propio anteproyecto prevé mecanismos para una participación más transversal (por ejemplo, grupos de trabajo integrados por miembros de distintos órganos de participación).
Por último, el anteproyecto no pretende dirigirse a una población altamente cualificada, sino a toda la ciudadanía. Es cierto que las descripciones legales pueden resultar al principio extrañas, sobre todo cuando una regulación es novedosa, pero también que los ideas fundamentales del anteproyecto son muy sencillas: dinamizar el funcionamiento de los órganos de participación para que haya en ellos una participación más intensa y «desde el principio», permitir iniciativas ciudadanas con las garantías necesarias, y desarrollar las consultas populares previstas en nuestro Estatuto.
Por último, el anteproyecto no pretende dirigirse a una población altamente cualificada, sino a toda la ciudadanía. Es cierto que las descripciones legales pueden resultar al principio extrañas, sobre todo cuando una regulación es novedosa, pero también que los ideas…
Accesibilidad, claridad y visibilidad
1.- Accesibilidad en cualquiera de las fases del proceso
Sería necesario definir claramente mecanismos que permitan acceder de manera directa a los procesos de participación ciudadana, es decir, una manera visible y abierta de promocionar accesiblemente a todas las personas independiente de su situación personal (discapacidad, nivel de estudios, barrera idiomática…) desde dos perspectivas: a) el acceso al procedimiento; b) el acceso mismo a la plataforma. Esto creo que se debe a la cantidad de trabas que expone y al propio estilo legislativo del texto.
2.- Fijar claramente conceptos y representaciones
En cuanto al artículo 4, apartados c y d, se considera la buena fe y la proporcionalidad como un concepto que se deja a la arbitrariedad de cada núcleo de diálogo civil sin definir bien en que se basan para dar esa característica. Si bien es cierto, que se deja entrever su finalidad basándose en que se fijan según objetivos y señalan la transparencia de dichos núcleos. Del mismo modo, no se delimita quien queda excluido de los procesos que se señalan y quién no. Quién se encarga de decidir qué es más importante sobre otros.
3.- Visibilidad en estructuras parlamentarias mayores
En artículo 6, se podría añadir representación de los integrantes del núcleo de diálogo civil en las cortes autonómicas, de manera que constituyeran de manera visible un grupo reglado. De esta manera, también se podría dar solución a la posible falta de visibilidad y sería una manera de mostrar las ventajas de trabajar en pro de la participación ciudadana.
En cuanto al artículo 4, apartados c y d,…
Debe tenerse en cuenta que no estamos ante una norma reguladora de la participación ciudadana en general (que tiene todos los cauces que se van analizando en el apartado II de la Exposición de Motivos del anteproyecto), sino del diálogo civil entendido en el sentido europeo (diálogo con las organizaciones de la sociedad civil). La regulación de la plataforma del diálogo civil, que será completamente abierta y accesible, supondrá, nos parece, un claro incremento de la transparencia, en particular en relación con el funcionamiento de los órganos de participación.
El artículo 4 define los principios rectores del diálogo civil. El de buena fe es un principio general de todas las relaciones humanas (el Código Civil dice que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe). El principio de proporcionalidad está relacionado con la no burocratización de los procesos de elaboración de normas, estrategias, planes o programas, o de las decisiones que puedan someterse al diálogo civil. Por otro lado, los artículos 6 y 7 del anteproyecto definen con claridad los derechos y deberes que corresponden en el ámbito del diálogo civil, y quiénes pueden ejercerlos o deben cumplirlos.
Por último, señalar que las Cortes de Castilla y León se encuentran fuera del ámbito de aplicación de este anteproyecto.
El artículo 4 define los principios rectores del diálogo civil. El de buena fe es un principio general de todas las relaciones humanas (el Código Civil dice que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe). El principio de proporcionalidad está relacionado con la no burocratización de los procesos…
Aunque establece que este tipo de diálogo pretende evitar el lucro por parte de organizaciones superiores o ligadas a sectores económicos, propiciando dar visibilidad a problemas "a pie de calle", no remite en ninguna parte como se va a comunicar a estas personas o asociaciones afectada directa o indirectamente que deban participar en este diálogo, por lo tanto, el término de transparencia del artículo 6 no sería del todo correcto.
Por su parte además del contacto con las personas u órganos de participación no se explica cómo es su elección si es que la hay y los motivos o si es totalmente libre hacia aquellos que estén informados mediante el amplio dispositivo que ofertan, además de cómo se facilitará el acceso tampoco se explica si la plataforma estará dispuesta de forma accesible a la variedad de la sociedad.
En el artículo 5, donde se establecen los órganos de participación delimita que si uno de los mismos está dentro de un ámbito solo podría dar "opinión" sobre el medio que pertenecen, lo que como ciudadano o sociedad limita su participación.
Por su parte además del contacto con las personas u órganos de participación no se explica cómo es su elección si es que la hay y los…
La comunicación a las personas o asociaciones del inicio del diálogo se encuentra recogida en el artículo 8 del anteproyecto.
Por otro lado, el mismo prevé que el diálogo civil se entable con las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación. El conjunto de la sociedad estará informado a través de la plataforma del diálogo civil y de la propia obligación de las organizaciones de dar traslado de los procesos en los que participan. Cabe señalar, además, que hay otros momentos en que cualquier persona u organización puede participar (consulta pública previa, exposición de los anteproyectos en el Espacio de Participación del Portal de Gobierno Abierto, etc.), y que el propio anteproyecto prevé mecanismos para una participación más transversal (por ejemplo, grupos de trabajo integrados por miembros de distintos órganos de participación).
APOYAR MÁS PROYECTOS SOCIALES CENTRADOS EN LOS PARTICIPANTED
Los proyectos orquestados por los participantes- destinatarios tienen mayor efectividad dado que se centran en función del compromiso y la corresponsabilidad que ejerce el participante-destinarlos y el grado de satisfacción que se alcance respecto a las necesidades, expectativas e interés de los individuos participantes .
Muchas gracias por su aportación. En efecto, la democracia participativa exige siempre compromiso y corresponsabilidad, imprescindibles para atender mejor los intereses generales.