Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0141_ES.html
Timestamp: 2019-09-15 23:31:08
Document Index: 111107914

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 104', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 298', 'artículo 41', 'artículo 218', 'artículo 116', 'artículo 207', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 298', 'artículo 41', 'artículo 15']

INFORME sobre el acceso del público a los documentos (artículo 116, apartado 7) en el período 2014-2015
324k 128k
sobre el acceso del público a los documentos (artículo 116, apartado 7) en el período 2014-2015
Ponente: Laura Ferrara
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
– Vista su Resolución legislativa, de 15 de diciembre de 2011, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (versión refundida)(2),
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el acceso del público a los documentos (artículo 104, apartado 7, para los años 2011-2013(3),
B. Considerando que el derecho de acceso a los documentos es un derecho fundamental protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales y los Tratados y que ha sido aplicado por el Reglamento (CE) n.º 1049/2011, en particular para garantizar el ejercicio más ágil posible de ese derecho y fomentar una buena praxis administrativa sobre el acceso a los documentos garantizando un control democrático sobre la actividad de las instituciones y su conformidad con los preceptos sancionados en los Tratados;
1. Señala que ninguna de las tres instituciones ha realizado un seguimiento adecuado de muchas de las recomendaciones de la Resolución sobre el acceso público a los documentos (años 2011-2013); lamenta, en particular, el hecho de que las instituciones y los órganos de la Unión no hayan designado entre sus estructuras de gestión existentes a un delegado de transparencia que se encargue de velar por el cumplimiento y la mejora de las prácticas; insta a las instituciones a que lo hagan lo antes posible;
4. Considera que las instituciones, agencias y otros órganos de la Unión Europea siguen sin respetar ni tener plenamente en cuenta las normas y los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales a la hora de aplicar el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, especialmente en lo relativo a la democracia participativa; toma nota y se congratula de las recientes sentencias dictadas por la Gran Sala del Tribunal de Justicia en los asuntos Digital Rights Ireland(4) y Schrems(5), en las que el Tribunal se basó en la Carta para declarar inválidas la Directiva sobre la conservación de datos(6) y la Decisión de puerto seguro(7), respectivamente; destaca que el acceso efectivo del público a los documentos y la gestión de los registros documentales deben basarse en normas que cumplan adecuadamente con lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Carta;
14. Insta a todas las instituciones a evaluar y, en caso necesario, revisar sus disposiciones internas de comunicación de irregularidades, y reclama protección para los denunciantes; pide especialmente a la Comisión que comunique al Parlamento sus experiencias con las nuevas normas sobre la denuncia de irregularidades para el personal de la UE aprobadas en 2012 y con sus medidas de aplicación; pide a la Comisión que presente una propuesta para proteger a los denunciantes no solo a nivel moral, sino también a nivel financiero, para que se proteja y apoye adecuadamente a los filtradores como parte del sistema democrático;
16. Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 esté bloqueada en el Consejo y pide a este que concluya su posición en el plazo más breve posible; pide al Consejo que adopte una posición constructiva, teniendo en cuenta la Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de diciembre de 2011 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n.º .../2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión por el que se definen los principios generales y los límites que regulan el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión;
19. Recuerda que, en virtud del artículo 1, letra c), y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, las instituciones deben «promover buenas prácticas administrativas para el acceso a los documentos» y establecer «buenas prácticas administrativas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso garantizado por el presente Reglamento»; hace hincapié en que la transparencia está estrechamente relacionada con el derecho a una buena administración, tal como se contempla en el artículo 298 del TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y reitera su petición para que se apruebe un reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión(8);
26. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el riesgo de sufrir presiones externas, y que ello puede constituir un motivo legítimo para restringir el acceso a los documentos relativos al proceso decisorio, a condición de que la existencia de dichas presiones externas se determine con certeza y se aporten pruebas de que existe un riesgo razonablemente previsible de que dichas presiones afecten de modo sustancial a la decisión que se ha de tomar(9); expresa su preocupación por el hecho de que la práctica actual favorece un mayor acceso de los grupos de interés, y no del público en general, a las fases decisivas del proceso legislativo;
34. Señala a la Comisión que, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, el Parlamento debe ser informado plenamente y de forma inmediata en todas las fases de las negociaciones; pide a la Comisión que consulte al Parlamento antes de elaborar el mandato de negociación; pide a la Comisión que determine, en todas las fases, los documentos y la información que pueden publicarse proactivamente;
43. Espera, además, que en el futuro se hagan públicos todos los documentos relativos a las decisiones adoptadas en el proceso de análisis de la calidad de los activos, a fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión; confía en que se apliquen requisitos de transparencia al futuro Mecanismo Único de Resolución (MUR), operativo desde el 1 de enero de 2016;
sobre el acceso del público a los documentos (artículo 116, apartado 7) para el período 2014-2015
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Considera que las instituciones, agencias y otros organismos de la Unión Europea siguen sin respetar ni tener plenamente en cuenta las normas y los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales a la hora de aplicar el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, especialmente en lo relativo a la democracia participativa; toma nota y se congratula de las recientes sentencias dictadas por la Gran Sala del Tribunal de Justicia en los asuntos Digital Rights Ireland(10) y Schrems(11), en las que el Tribunal se basó en la Carta para declarar inválidas la Directiva sobre la conservación de datos(12) y la Decisión de puerto seguro(13), respectivamente; destaca que el acceso del público a los documentos y la gestión de los registros documentales deben basarse en normas que cumplan cabalmente lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Carta;
2. Señala, en este mismo contexto, que los Tratados en vigor ya no incluyen ninguna disposición comparable a las del artículo 207, apartado 3, del Tratado CE, que, a pesar de referirse únicamente al acceso a los documentos del Consejo, se utilizaban para justificar la aplicación a los asuntos legislativos de la excepción que protegía el «espacio de reflexión» previsto en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001; reitera una vez más su opinión, compartida igualmente por el Defensor del Pueblo Europeo, de que los actuales procedimientos de diálogo tripartito previos a un eventual acuerdo en primera lectura no garantizan un nivel satisfactorio de transparencia legislativa y acceso a los documentos; señala, aun reconociendo la importancia y la eficacia de los diálogos tripartitos, que los procedimientos aplicados actualmente suscitan preocupación en lo que respecta a la transparencia del procedimiento legislativo, transparencia que «contribuye a reforzar la democracia al permitir que los ciudadanos controlen toda la información que ha constituido el fundamento de un acto legislativo», como señaló el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados Suecia y Turco/Consejo; recuerda, en este sentido, que aunque la presunción básica es la de la divulgación pública de los documentos legislativos, pueden aplicarse excepciones en función de las condiciones específicas de cada caso, previa justificación pormenorizada del interés público y del riesgo cierto e importante de que dicha divulgación perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de las instituciones;
3. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el riesgo de sufrir presiones externas, y que ello puede constituir un motivo legítimo para restringir el acceso a los documentos relativos al proceso decisorio, a condición de que la existencia de dichas presiones externas se determine con certeza y se aporten pruebas de que existe un riesgo razonablemente previsible de que dichas presiones afecten de modo sustancial a la decisión que se ha de tomar(14); expresa su preocupación por que la práctica actual favorezca un mayor acceso de los grupos de presión, y no del público en general, a las fases decisivas del proceso legislativo;
4. Considera, por tanto, que los documentos elaborados en el marco de diálogos tripartitos, tales como órdenes del día, resúmenes de las conclusiones y actas elaboradas para facilitar las negociaciones, no pueden recibir en principio un trato distinto del que se dispensa a los demás documentos legislativos; recuerda que ya ha impartido instrucciones a sus órganos competentes para que adopten medidas a este respecto y ha pedido a las demás instituciones que actúen de la misma forma; considera que debería estar disponible una lista de las reuniones de los diálogos tripartitos y que se debería poder acceder directamente a los documentos arriba mencionados desde el registro de documentos del Parlamento; recuerda que, de adoptarse, el futuro Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» incluirá disposiciones relativas a una base de datos de expedientes legislativos y a una gestión adecuada de los diálogos tripartitos;
5. Subraya que, con el fin de mejorar la transparencia de los acuerdos en primera lectura que se negocian normalmente en los diálogos tripartitos y a los que se recurre cada vez con más frecuencia, es importante hacer público el progreso de las negociaciones después de cada diálogo tripartito y optar por que el equipo de negociación del Parlamento cuente con un mandato aprobado por el Pleno;
6. Hace hincapié en que el principio del «acceso más amplio posible a los documentos» contemplado en el artículo 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 también se aplica a los documentos no legislativos, como por ejemplo los administrativos, y en que los documentos deberían analizarse individualmente para decidir si su divulgación podría efectivamente socavar alguno de los intereses protegidos por las excepciones al acceso público y, en los casos para los que el Reglamento prevea esta posibilidad, decidir si un interés público superior exige la divulgación del documento, aunque a primera vista pudiera haberse aplicado una excepción;
7. Insta a la Comisión a que cree un registro común de procedimientos legislativos para facilitar la trazabilidad del proceso legislativo;
8. Recuerda que, en virtud del artículo 1, letra c) y del artículo 15, apartado 1, las instituciones deben «promover buenas prácticas administrativas para el acceso a los documentos» y establecer «buenas prácticas administrativas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso garantizado por el (...) Reglamento»; hace hincapié en que la transparencia está estrechamente relacionada con el derecho a una buena administración, tal y como se contempla en el artículo 298 del TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y reitera su petición para que se apruebe un reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la UE(15);
9. Considera prioritario que las instituciones de la UE garanticen una transparencia plena en lo relativo al acceso a los documentos; hace hincapié, en este sentido, en que, además de facilitarse el acceso a los documentos, también deben publicarse los debates celebrados en el Consejo para que los ciudadanos puedan comprender cómo y por qué se han tomado las decisiones;
10. Acoge con satisfacción la idea de solicitar a la Comisión la creación de un registro de actos delegados, que representan una parte importante de la legislación europea, y recuerda que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y a fin de garantizar un pleno control parlamentario, democrático y transparente, es necesario que se dé acceso asimismo a los documentos elaborados en el marco del procedimiento de delegación de poderes;
11. Insta al Consejo a que revise su política de acceso a los documentos y la adapte a las disposiciones aplicables de la Carta de los Derechos Fundamentales.
12. Señala que, a fin de garantizar la responsabilidad y legitimidad de un sistema político democrático que respete el Estado de Derecho, los ciudadanos deben tener derecho a conocer y controlar las actividades de sus representantes, el proceso de toma de decisiones y el modo en que se asignan y gastan los fondos públicos, de conformidad con el principio de trazabilidad de los fondos y con la posición adoptada por el Parlamento en resoluciones previas;
13. Señala que, aunque se han logrado avances en lo relativo a la difusión de información en el sitio web del Parlamento sobre las diferentes prestaciones a las que tienen derecho los diputados al PE y sobre las normas por las que estas se rigen, debe proseguirse esta política teniendo en cuenta las mejores prácticas de los Parlamentos nacionales y las medidas ya tomadas por los Estados miembros a nivel individual; insta, por consiguiente, a todos los diputados al PE a que colaboren para lograr este objetivo facilitando información sobre sus actividades concretas y sobre la afectación de los gastos, con el fin de que el Parlamento siga encabezando la labor en pro de la transparencia y la apertura dentro de la UE y de mejorar la rendición de cuentas sobre el empleo de fondos públicos.
14. Lamenta que la última reunión del Comité interinstitucional creado en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se remonte al 15 de diciembre de 2009; invita una vez más al Comité interinstitucional a que redoble sus esfuerzos e informe a las comisiones competentes sobre las cuestiones sometidas a debate; pide al Comité interinstitucional que se reúna con mayor frecuencia, haga públicos sus debates y deliberaciones internos y recabe y tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos; pide al Comité interinstitucional que aborde con carácter de urgencia las cuestiones mencionadas en la presente Resolución.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0580.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0203.
Asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. Sentencia del Tribunal (Gran Sala) de 8 de abril de 2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, en el caso C-362/14.
Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000.
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (DO C 440 de 30.12.2015, p. 17).
Asunto T-144/05, Pablo Muñiz/Comisión, apartado 86.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.
Sentencia del Tribunal General de 18 de diciembre de 2008, Pablo Muñiz/Comisión, T-144/05, ECLI:EU:T:2008:596, apartado 86.