Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-27-05-2011-112511
Timestamp: 2020-08-11 00:33:43
Document Index: 138119692

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 90', 'artículo 208', 'artículo 212', 'artículo 216', 'artículo 217', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo 217', 'Artículo 28', 'artículo 216', 'artículo 17', 'artículo 217', 'artículo 211']

Resolución de TEAF Álava, 27-05-2011 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 27 de Mayo de 2011
Sanción por no atender en plazo el requerimiento para presentar el modelo 347 de Declaración de Operaciones con Terceras Personas. La separación entre órgano instructor y órgano sancionador no es imperativa si se garantiza que el funcionario actúa con desinterés personal. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al órgano que la tenga expresamente atribuida. Nulidad de la sanción por indefinición normativa.
En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de mayo de dos mil once. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 114/11, interpuesta por , contra la resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales, de 24 de febrero de 2011, que confirma una sanción impuesta por infracción tributaria.
Primero. La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos emitió requerimiento para que la mercantil presentara en un plazo de quince días la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, ejercicio 2009. El mismo fue notificado con fecha 26 de octubre de 2010.
No atendido el requerimiento, el 17 de enero de 2011 el Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales inicia procedimiento sancionador abreviado con propuesta de imposición de sanción de 300 € y un plazo de 15 días hábiles para examinar el expediente y formular alegaciones. El inicio fue notificado el 24 de enero.
La propuesta se convirtió en sanción efectiva por el transcurso de quince días sin comparecer formulando alegaciones, tal y como se advertía en la comunicación anterior.
Segundo. Presentada la declaración el 19 de febrero, con cuatro registros y un importe global de 84.173,76 €, en la misma fecha la mercantil interpone recurso de reposición contra la sanción solicitando el archivo de las actuaciones sancionadoras, que es desestimado por la resolución del encabezamiento al no apreciarse causa de exoneración de responsabilidad y estar probado que la obligada tributaria ha cometido la infracción.
Tercero. Contra dicha resolución, la representante de la mercantil interpone la presente reclamación económico-administrativa en la que solicita la anulación de la sanción y que se suspenda su ejecución.
Fundamenta su pretensión en los siguientes defectos que determinan la nulidad de pleno derecho de los actos impugnados: 1) No ha existido la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, dado que ambas se han instruido por la misma persona, y no por órganos distintos como dispone la Ley 30/1992; 2) La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos es el órgano competente para imponer la sanción, y no el Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales; y 3) En las resoluciones de carácter sancionador no cabe la delegación de firma.
Primero. En primer lugar, con relación a la solicitud de suspensión de la ejecución de la sanción hay que señalar que la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, establece en su artículo 218.2 que, con motivo de la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación económico-administrativa contra una sanción, la ejecución de la misma quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario, sin necesidad de aportar garantías, hasta que la sanción sea firme en vía administrativa.
Segundo.Sentado lo anterior, la cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si es o no conforme a derecho la sanción de 300 € impuesta por no atender en plazo el requerimiento para presentar la Declaración de Operaciones con Terceras Personas, modelo 347, del ejercicio 2009.
Tercero. La obligación de presentar la declaración en cuestión deriva del artículo 90 de la Norma Foral 6/2005 que dispone que las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, y está regulada por el Decreto Foral 21/2009, del Consejo de Diputados, de 3 de marzo. La declaración debe incluir a todas aquellas personas o entidades con quienes se hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de ellas hayan superado la cifra de 3.005,56 € durante el año natural anterior, con las particularidades que el propio Decreto Foral establece en cuanto a la determinación del importe a consignar, y ha de presentarse conforme al modelo 347 y a las instrucciones para el ejercicio 2009 que se aprueban por la Orden Foral 154/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de marzo.
El citado modelo 347 fue instaurado en el ordenamiento tributario por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de marzo de 1987, aprobada en desarrollo del Real Decreto 2529/1986 de 5 de diciembre, y su presentación era entonces obligatoria para importes superiores a 500.000 ptas. La Exposición de Motivos del mismo expresa que esta declaración no sólo atañe a un determinado impuesto, sino a la comprobación global de la situación tributaria de un sujeto pasivo respecto de los diferentes tributos que le afectan, porque la cuantía de la obligación tributaria depende en definitiva de esas operaciones con terceras personas, por lo que constituye un instrumento de cierre en cuanto a proporcionar información a la Administración para la gestión de los distintos tributos y, especialmente, para la correcta gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido entonces recién implantado.
En el ordenamiento jurídico tributario del Territorio Histórico de Álava la obligación se reguló por primera vez con el Decreto Foral 2101/1986, de 23 de diciembre, del Consejo de Diputados, y el modelo 347 se aprobó por el Decreto Foral 251/1987, de 16 de marzo, del Diputado General.
De acuerdo con el apartado Noveno de la Orden Foral 154/2009, la declaración debe presentarse durante el mes de marzo de cada año en relación con las operaciones realizadas durante el año natural anterior, y, conforme al apartado Tercero, se realizará en impreso, en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, fijándose reglas especiales según la declaración tenga menos de 15, más de 15 ó más de 30.000 registros de personas o entidades relacionadas.
Cuarto. Tal y como indican el requerimiento de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos y el acuerdo por el que el Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales inicia el procedimiento sancionador, el incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado supone una infracción de la normativa tributaria conforme al artículo 208 de la citada Norma Foral 6/2005, que dispone:
'1. Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Multa pecuniaria fija de 300 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto'.
Es decir, la falta de cumplimiento de la obligación legal -durante el plazo establecido para ello y durante los nueve meses transcurridos después-, el mantenimiento de esta situación después de recibir el requerimiento y la falta de manifestación por parte de la obligada de alguna causa de exoneración de su responsabilidad -antes de que la Administración impusiera la sanción- son presupuestos que habilitan para la medida punitiva prevista en la normativa.
Quinto.Esta medida sólo podrá llevarse a cabo en virtud de un procedimiento, pues el art. 134.3 (perteneciente al Capítulo II cuya rúbrica es Principios del procedimiento sancionador. Garantía de procedimiento) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, garantiza que'En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento', lo que la propia Ley singulariza para la materia tributaria en su Disposición Adicional quinta:
'Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley'.
La remisión antedicha lleva al artículo 212 de la antes citada Norma Foral 6/2005, que establece:
'El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:
Por las normas especiales establecidas en este Título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo. En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa'.
Esto es, de acuerdo con los preceptos citados, a los procedimientos sancionadores tributarios es aplicable la Norma Foral 6/2005, y la Ley 30/1992 se aplica cuando la normativa tributaria no regula el supuesto, sin perjuicio de que, como más adelante se razonará, determinados preceptos de la Ley 30/1992 sean de obligado acatamiento también en materia tributaria porque constituyen el régimen sancionador básico.
Sexto. Pues bien, el acuerdo del Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales que inicia el procedimiento sancionador, convertido luego en resolución de imposición de sanción, indica que el procedimiento es el abreviado regulado en el artículo 216.1 de la Norma Foral 6/2005, que dispone:
'1. Si al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos de hecho que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, el documento de notificación de iniciación del procedimiento sancionador tendrá, además, el carácter de propuesta de resolución, advirtiéndolo así a los interesados a efectos de la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que aleguen lo que a su derecho convenga y presenten, en su caso, los documentos, justificaciones y pruebas que estimen oportunos.
2. Finalizado el plazo de alegaciones sin que se hayan formulado alegaciones … se entenderá producida la notificación de la resolución en los términos de la propuesta si, transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la misma, no se ha notificado al interesado acuerdo expreso del órgano competente para resolver modificándola, o bien se ordene practicar actuaciones complementarias.
A tales efectos, la propuesta de resolución deberá contener indicación … de los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, plazos y órganos ante quienes habrán de ser interpuestos y, en su caso, del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la sanción.
3. En los procedimientos sancionadores iniciados por los órganos de gestión tributaria, el plazo de un mes a que se refiere el párrafo primero del apartado 2 anterior será de quince días, coincidiendo con el plazo de alegaciones. En este caso, y a los exclusivos efectos resolutorios de la propuesta, ésta deberá ir firmada por el órgano competente para resolver, además de incluir el contenido a que hace referencia el párrafo segundo del apartado 2 anterior'.
Así pues, en la regulación jurídica del procedimiento sancionador abreviado tributario iniciado por los órganos de gestión tributaria no se prevé separación entre la fase instructora y la fase sancionadora y entre el órgano instructor y el órgano sancionador, tal y como sí previene el art. 134.2 de la Ley 30/1992, lo que ha sido admitido por el Tribunal Constitucional porque lo que del funcionario cabe reclamar no es que actúe en la situación de imparcialidad personal y procesal que constitucionalmente se exige a los órganos judiciales cuando ejercen la jurisdicción, sino que actúe con objetividad, desempeñando sus funciones en el procedimiento administrativo con desinterés personal (Westlaw RTC\1999\14)
También los Tribunales inferiores siguen esta doctrina, y así por ejemplo, el Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 16 de junio de 2008 (Westlaw JT\2008\1320), asume la alegación del Abogado del Estado en un recurso en el que se cuestionaba la debida separación entre órgano inspector y órgano liquidador y afirma que el contribuyente siempre estará ante una misma organización administrativa estructurada conforme a un principio de jerarquía, y esta circunstancia, a diferencia de lo que ocurre en los procedimientos judiciales, impide una absoluta independencia entre órganos administrativos tributarios, pues el derecho a un proceso con todas las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador no se extiende al procedimiento administrativo. En esta misma línea, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, de 20 de noviembre de 2003 (Westlaw RJCA\2004\191), examina el caso concreto y concluye que no se advierte en todo el expediente administrativo indicio alguno que permita sostener que la pertenencia a un mismo órgano administrativo de las unidades instructora y sancionadora haya tenido influencia sobre la investigación de los hechos y la resolución finalmente adoptada.
De igual modo es inconsistente la alegación respecto a la prohibición de la delegación de firma en el ejercicio de la potestad sancionadora, pues, si bien dicha prohibición está prevista en el art. 16.4 de la Ley 30/1992, no afecta a la sanción que ahora se revisa porque en ninguno de los documentos del expediente administrativo se hace constar que se firma por delegación de la autoridad competente, lo que viene exigido por el art. 16.3 de la citada Ley.
Séptimo. Así las cosas, respecto a la alegada incompetencia del Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales para imponer la sanción, es aplicable el artículo 217.5 de la citada Norma Foral 6/2005, que regula:
'5. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:
a) La Diputación Foral de Álava, si consisten en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
b) El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, el órgano competente de las Entidades Locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales cuya concesión les corresponda o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.
d) El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador, en los demás supuestos.'
Esta última previsión ha sido desarrollada por el Decreto Foral 97/2008, del Consejo de Diputados, de 18 de noviembre, que aprueba el Reglamento de infracciones y sanciones tributarias, cuyos arts. 25, 27.5 y 28 establecen lo siguiente:
'Artículo 25. Iniciación del procedimiento sancionador.
Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable.Conducta que motiva …Órgano competente para la imposición de las sanciones e identificación del instructor.Indicación del derecho a formular alegaciones …
2. Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que se determine en este Reglamento o en la normativa(de organización)aplicable a los órganos con competencia sancionadora. En defecto de norma expresa, será órgano competente el que tenga atribuida la competencia para su resolución'.
'Artículo 27. Resolución del procedimiento sancionador.
5. El órgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador será el establecido en el apartado 5 del artículo 217 de la Norma Foral General Tributaria'.
'Artículo 28. Procedimiento abreviado.
No obstante lo dispuesto en este Capítulo(artículos 25 a 29, Tramitación separada del procedimiento sancionador), en aquellos casos en que se cumplan las circunstancias previstas en el artículo 216 de la Norma Foral General Tributaria, el procedimiento sancionador se tramitará en la forma y con los efectos previstos en el referido artículo'.
Por su parte, el Decreto Foral 43/2008, del Consejo de Diputados, de 20 de mayo, que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, no hace mención específica alguna a la función o a la competencia para imponer sanciones por infracciones tributarias, limitándose a regular en su artículo 17.1 que corresponde al Servicio de Tributos Indirectos, entre otras, apartado f), las funciones de gestión, comprobación y liquidación de los Impuestos que dentro del Servicio no estén asignados a alguna de las dos Secciones (de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones, y del IVA e Impuestos Especiales), y en el 17.3 que corresponde a la Sección del IVA e Impuestos Especiales, entre otras, apartados b) y g), las funciones de practicar liquidaciones provisionales y definitivas y los requerimientos que procedan.
La redacción del apartado d) del número 5 del artículo 217 de la Norma Foral, no desarrollada en el Reglamento de infracciones y sanciones, permite la interpretación proclive a la incompetencia del Jefe de la Sección a la que llega la reclamante, dado que, por aplicación de los anteriormente transcritos apartados 1 y 3 del art. 216 de la Norma, el órgano competente para resolver debe firmar el documento de notificación de iniciación del procedimiento sancionador con propuesta de sanción incluida, pero, ni en el Reglamento ni en el Decreto de estructura se determina -cuando el procedimiento no se instruye en la Inspección de los Tributos sino en los Órganos de Gestión, como es el caso- quién es el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador o para proponer el inicio del mismo al que se refiere el art. 217.5.d) y que conlleva que en tal supuesto el competente para resolver sea el órgano superior inmediato de la unidad administrativa proponente.
Por ello, si en este caso el requerimiento es para liquidar el IVA o los Impuestos Especiales -del obligado tributario, de las personas o entidades relacionadas en la declaración, o de todos ellos-, la competencia para emitirlo es de la Sección que tiene atribuida esta función en el Decreto de estructura, y, en consecuencia, la competencia para sancionar por no atenderlo es también de la misma por ser el órgano competente para liquidar al que se refiere la letra d) del apartado 5 del art. 217.
Pero, si el requerimiento no es sólo para liquidar estos impuestos sino que se entiende que la declaración modelo 347 tiene un carácter informativo general y afecta a la gestión y a la recaudación de todos los tributos exigibles al obligado tributario, como expresaba el Real Decreto primigenio que reguló esta obligación, habrá que entender también que estamos'enlos demás supuestos'a los que se refiere la letra d) del apartado 5, en cuyo caso se desconoce cuál es la unidad administrativa -Servicio de Tributos Indirectos, u otro u otros- que debe proponer el inicio del procedimiento sancionador y, por ende, se ignora cuál es el órgano superior inmediato de la misma que resulta competente para imponer la correspondiente sanción.
En definitiva, lo que pone de manifiesto la normativa examinada es que el derecho sancionador tributario foral debe estar conformado por normas concretas, precisas, claras e inteligibles, cualquiera que sea el rango jurídico de las mismas, pues sólo así las sanciones podrán calificarse de ajustadas a derecho y alcanzarán el fin disuasorio que les es propio.
Octavo. Esta falta de definición normativa es contraria a los apartados 1 y 2 del art. 127 de la Ley 30/1992, inserto en el Capítulo I que regula los principios de la potestad sancionadora, del Título IX, arts. 127 a 138, cuya rúbrica es 'De la potestad sancionadora'. Dice así este artículo:
'1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este Título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes están vinculados a ellas por su relación contractual'.
La indefinición está provocada por el propio Reglamento de infracciones y sanciones al no regular en los arts. 25.1 (procedimiento general) y 28 (abreviado) lo necesario para que el procedimiento sancionador tributario garantice al presunto responsable su derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción, y de la norma que atribuye la competencia, tal y como expresamente contempla el art. 135 de la Ley 30/1992, precepto que, al estar incardinado en el Título IX, y por disposición del 127.1, vincula a todas las Administraciones Públicas cuando reglamentan sus procedimientos sancionadores, pues el número 3 del citado artículo sólo excluye de la aplicación de las disposiciones del Título IX al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto del personal, lo que significa que, como expresa el apartado 14 de la Exposición de Motivos de la Ley, todos los principios de este Título se consideran básicos al garantizar a los administrados un tratamiento común ante las distintas Administraciones Públicas.
Noveno. La conclusión anterior resulta también de la jurisprudencia sobre esta materia, pues una cosa es la especialidad de los procedimientos tributarios en función de los fines que el régimen tributario persigue, y otra muy distinta que los procedimientos sancionadores aplicables por infringir normas tributarias puedan prescindir de los derechos que el ordenamiento jurídico penal y el administrativo sancionador garantizan a todo presunto infractor.
Así lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2010 (Westlaw RJ\2010\1319), cuando, al resolver sobre la debida motivación de una sanción tributaria, afirma:
'… cuando se pretenden allegar recursos para hacer frente a las necesidades que la sociedad demanda, el legislador ha de actuar sobre los parámetros que inciden en la obligación tributaria. En ningún caso, sobre los que operan en el ámbito sancionador, pues las finalidades recaudatorias son ajenas a las sanciones …
Hay que insistir en ello, lo decisivo cuando de sanciones tributarias se trata no es que sean 'tributarias' sino que son sanciones. Su regulación, en la LGT o en cualquier norma fiscal, es claramente secundaria, pues lo importante es que su regulación respete los principios del derecho sancionador (El campo del derecho tributario tiene su ámbito de actuación en la obligación tributaria) …
… cuando el legislador no delimita de modo preciso el bien jurídico protegido por el sistema sancionador lo que sucede es que se dificulta la aplicabilidad del sistema … cuando se analiza si concurre una infracción tributaria, la discusión ha de girar en torno a si se dan los presupuestos a los que el ordenamiento supedita la legal imposición de sanciones y no sobre el alcance del incumplimiento de la obligación tributaria, circunstancia o extremo que se presupone'.
En síntesis, los actos recurridos no indican cuál es la normativa que atribuye al Jefe de la Sección del IVA e Impuestos Especiales la competencia para iniciar y resolver el procedimiento sancionador por no atender el requerimiento para la presentación del modelo 347; esta falta de indicación es contraria al art. 135 de la Ley 30/1992, si bien tal causa por sí sola no los hace anulables; y de la normativa examinada no puede concluirse quién es el órgano administrativo que tiene expresamente atribuida la potestad sancionadora para la infracción de que se trata, tal y como preceptúa el art. 127.2 de la citada Ley al regular el principio de legalidad.
Décimo. Por lo anteriormente expuesto y razonado procede estimar la presente reclamación y anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa 114/11, interpuesta por la representación de S.L., contra la resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales, de 24 de febrero de 2011, que confirma una sanción impuesta por infracción tributaria,RESUELVEESTIMARla misma y, en su virtud, anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho.
Sentencia Administrativo Nº 452/2016, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 15018/2016, 28-09-2016
Orden: Administrativo Fecha: 28/09/2016 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Núñez Fiaño, María Del Carmen Num. Sentencia: 452/2016 Num. Recurso: 15018/2016
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 474/2017, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 282/2016, 21-04-2017
Orden: Administrativo Fecha: 21/04/2017 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Picón Palacio, Agustín Num. Sentencia: 474/2017 Num. Recurso: 282/2016
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 473/2017, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 278/2016, 21-04-2017
Orden: Administrativo Fecha: 21/04/2017 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Picón Palacio, Agustín Num. Sentencia: 473/2017 Num. Recurso: 278/2016
Orden: Administrativo Fecha: 17/03/2017 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Zatarain Valdemoro, Francisco Javier Num. Sentencia: 330/2017 Num. Recurso: 281/2016
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