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Timestamp: 2020-02-21 00:28:27
Document Index: 218062104

Matched Legal Cases: ['Artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 57', 'artículo 9', 'artículo 57', 'artículo 52', 'artículo 18']

Resolución de TEAF Navarra, 5290, 14-06-2016 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 5290 de 14 de Junio de 2016
Artículo 44.1.e) de la Ley Foral 13/2000 letra e) del artículo 44.1 de la Ley Foral 13/2000. Decreto Foral 136/2005, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Comprobación de valor. Las comprobaciones llevadas a cabo mediante informe de perito de la Administración se consideran dictamen pericial y deben reunir los requisitos exigibles, en especial, la inspección ocular. Anulación por falta de motivación. Devolución de las cantidades ingresadas. SE ESTIMA EN PARTE.
Comprobación de valor. Las comprobaciones llevadas a cabo mediante informe de perito de la Administración se consideran dictamen pericial y deben reunir los requisitos exigibles, en especial, la inspección ocular
EXPEDIENTE 154/2015
En la ciudad de Pamplona a 14 de junio de 2016, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Na-varra, adopta la siguiente propuesta:
Visto escrito presentado por don (…) en representación de AAA, S.A.U., con NIF XXX, en relación con liqui-dación provisional girada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales como consecuencia de adquisi-ción de bien inmueble.
PRIMERO.- La ahora reclamante presentó su reglamentaria declaración-liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales como consecuencia de la adquisición de una determinada finca urbana sita en (…), número (…), de (…), consignado en ella una base imponible de 185 077,20 euros.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la comprobación del valor real del inmueble llevada a cabo por el Servi-cio de Riqueza Territorial, los órganos de gestión del impuesto dictaron, el 2 de julio de 2014, propuesta de li-quidación en la que elevaban el importe de la base imponible a la cantidad de 222.626,00 euros. Presentadas las oportunas alegaciones, las mismas fueron desestimadas, girándose, el 3 de febrero de 2015, liquidación provisional en los mismos términos contenidos en la propuesta.
TERCERO.- Mediante escrito presentado en la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT el 18 de marzo de 2015 interpone la interesada reclamación económico-administrativa solicitando que se declare la nulidad de la liquidación provisional girada y que se proceda a la devolución del importe ingresado en exceso junto con sus correspondientes intereses de demora, oponiéndose a la comprobación de valor realizada por la Administración.
SEGUNDO.- Se cuestiona, en la presente reclamación económico-administrativa, la adecuación a Derecho del acto de comprobación de valores llevado a cabo por los órganos del Servicio de Riqueza Territorial en re-lación con declaración por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de una determinada adquisición de un bien inmueble. La citada comprobación de valores vino a recogerse en un informe emitido por arquitec-to técnico adscrito a la Sección de Tasación del Servicio de Riqueza Territorial, basándose para su cálculo en la correspondiente valoración catastral (al menos, así resulta del informe emitido por el Jefe de la Sección de Tasación del citado Servicio el 23 de diciembre de 2014 en contestación a las alegaciones formuladas por la interesada, ya que no obra en el expediente el original informe de 4 de abril de 2014, sino únicamente una hoja resumen del mismo).
Pues bien, en relación con esta cuestión se ha pronunciado recientemente este Tribunal entendiendo que, en casos como el presente en el que la Administración utiliza una combinación de medios para llevar a cabo la comprobación de valor (comprobación por medio de perito que se basa, a su vez, en otro criterio, como po-dría ser el de precios medios en el mercado o el de valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal), nos hallaríamos realmente ante un dictamen pericial, debiendo el mismo cumplir con las exigencias que ha venido estableciendo la jurisprudencia para tales casos.
Este es el criterio seguido por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 26 de noviembre de 2015 (recurso de casación número 3369/2014) y de 18 de enero de 2016 (recurso de casación para la unificación de doctri-na número 3379/2014), en las cuales (la segunda transcribe parcialmente la primera) se afirma lo siguiente: «3. En definitiva, cuando la Administración tributaria recurre, como método de valoración, al dictamen de peri-to de la Administración, si bien amparado en precios medios de mercado, los cuales proceden, a su vez, de la utilización de diversos métodos (comparación en el mercado; valores medios extraídos de estudios de mercado efectuados por la propia Administración tributaria, por citar los más comunes), debe cumplir las condiciones exigidas al informe pericial.
Y ello porque no se trata de la utilización del medio de comprobación referido en la letra e) del artículo 57.1 de la LGT (precios medios de mercado) para determinar el valor, sino que el medio seleccionado ha sido el dictamen de perito de la Administración, aunque la Administración Tributaria utilice una "simbiosis" o "hibrida-ción" de medios valorativos. Estos servirán sólo para fundamentar el informe del perito, pero no cabe la susti-tución del valor "real" a que se refiere el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) por el que resulta de la aplicación automática de dichos medios. La califica-ción definitiva del método de comprobación de valores ha de ser el regulado en el artículo 57.1.e) de la LGT: dictamen de peritos de la Administración, no pudiéndose confundir el medio empleado con los elementos te-nidos en consideración.
Dicho valor "real", que no medio, ni por aproximación al de mercado, es el que podrá ser comprobado por la Administración "por los medios de comprobación establecidos en el artículo 52 (actualmente 57) de la Ley General Tributaria", tal y como establece el artículo 18 de la LISD.
Así pues, la reiterada exigencia de que las valoraciones administrativas han de estar debidamente motivadas se ha traducido, en los casos en que se emplean medios combinados de comprobación (esto es, dictamen de perito, amparado en precios medios de mercado) en el ineludible cumplimiento de ciertas condiciones. Así se exige una valoración individualizada, en contraposición a la naturaleza del precio medio, de carácter objetivo y general, por lo que se exige que el perito razone la aplicación de dichos precios medios, lo que en la mayo-ría de las ocasiones obligará a una inspección personal del bien a comprobar.
No basta pues manifestar que se han tenido en cuenta determinadas circunstancias, sino que ha de justifi-carse individualmente su apreciación, probándose la circunstancia de la que resulta la aplicación de un coefi-ciente corrector y no otro.
La motivación por remisión del contribuyente a estudios de mercado realizados por la propia Administración tributaria deben reunir una serie de requisitos. En todo caso, la necesidad de justificar el modo de pondera-ción, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los estudios de mercado».
TERCERO.- Sentado lo anterior, procede analizar en el caso si la comprobación de valores realizada reúne los requisitos que la jurisprudencia ha venido exigiendo. Y entre dichos requisitos, a la vista de las alegacio-nes de la reclamante, ha de hacerse especial referencia al de la procedente inspección ocular del inmueble por parte del perito o la justificación de la falta de necesidad de la misma.
En relación con esta última cuestión, existen numerosas sentencias que así lo vienen exigiendo. Citaremos, por ejemplo, como más reciente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2015 (recurso de casación número 3369/2014), antes mencionada, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se afirma lo si-guiente: «5. El reconocimiento directo y personal del inmueble por el perito como garantía de acierto para la motivación de la comprobación de valores.
Resulta necesario, en la mayoría de las ocasiones, el examen personal del bien a valorar por parte del perito para entender correctamente realizado el procedimiento de peritación, salvo que por las circunstancias con-currentes resulte acreditado que no es precisa esa inspección detallada, bien entendido que esta justificación ha de basarse en datos contrastados y cuyos justificantes queden debidamente incorporados al expediente de valoración.
Este Tribunal Supremo ha exigido la inspección personal del objeto de la comprobación. En la sentencia de 29 de marzo de 2012 (casa. 34/2010), asumiendo la doctrina de la sentencia aportada de contraste, se afirma categóricamente que "...el principio general ha de ser
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