Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=26&_es=0
Timestamp: 2020-01-28 04:21:02
Document Index: 297178916

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 201', 'artículo 5', 'artículo 132', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

Mostrando únicamente secciÃ³n 26
26.2. La reparaciÃ³n del daÃ±o debe ser integral
26.3. Deber de proveer una adecuada asistencia mÃ©dica y sicolÃ³gica, incluida la provisiÃ³n de medicamentos, como reparaciÃ³n a las vÃ­ctimas por las condiciones de reclusiÃ³n a que fueron sometidos
26.4. ObligaciÃ³n del estado de brindar en forma gratuita tratamiento adecuado y medicamentos a los familiares de las vÃ­ctimas
En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte consideró necesario implementar una medida de reparación que busque reducir los padecimientos psicológicos de todos los familiares de las víctimas ejecutadas o desparecidas. Por tanto, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 1
En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 2
En el Caso de las Masacres de Ituango, con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieren los familiares de las víctimas ejecutadas, previa manifestación de su consentimiento, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. nota 3
En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que el Estado debe brindar por medio de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por todas las víctimas, a partir de la notificación de la Sentencia y por el tiempo que sea necesario. Este tratamiento será gratuito, sin cargo alguno e incluirá los medicamentos y exámenes que éstos requieran. Para este tratamiento deberá pedirse el consentimiento de sus beneficiarios. nota 4
En el Caso Baldeón García, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que designe, el tratamiento psicológico y psiquiátrico, según sea el caso, a los familiares del señor Baldeón García, si así lo requieren y por el tiempo que sea necesario. Dicho tratamiento debe incluir, inter alia, los medicamentos que puedan ser necesarios. Al proveer el tratamiento se deben considerar las circunstancias particulares de cada persona y las necesidades de cada una de ellas, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de dichas personas, y después de una evaluación individual nota 5
En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 6
En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico requerido, individual y de grupo, conforme a las características del caso y según lo determinen los profesionales a cargo de dicho tratamiento, a través de las instituciones públicas de salud, en forma gratuita y con inclusión de los exámenes y medicamentos pertinentes. nota 7
En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual. Respecto de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, en la forma y plazos establecidos en la sentencia, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, el Estado deberá depositarles en una cuenta bancaria que cada víctima indique, la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con el propósito de que ese dinero pueda constituir una ayuda para dicho tratamiento. nota 8
En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinde el tratamiento que corresponda. nota 9
En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno, el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento, se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, en especial sus costumbres y tradiciones, de manera que se les brinde el tratamiento adecuado que corresponda. nota 10
26.5. Deber de buscar, identificar y entregar los restos mortales de las vÃ­ctimas a sus familiares
26.6. Suministro de bienes y servicios bÃ¡sicos
En el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que mientras la comunidad se encuentre sin tierras, el Estado deberá suministrar, de manera inmediata y periódica, agua potable; brindar atención médica periódica y medicinas, incluyendo aquellas para la desparasitación; entregar alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes; facilitar letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado; y dotar a la escuela ubicada en el asentamiento actual de la Comunidad, con materiales bilingües suficientes para la debida educación de sus alumnos. nota 1
26.7. Deber del estado de entregar la informaciÃ³n solicitada que estÃ© bajo su control o de adoptar una decisiÃ³n fundamentada para negarlo
26.9. ObligaciÃ³n del estado de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
26.10. ObligaciÃ³n del estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, asÃ­ como recuperar los restos de las vÃ­ctimas
26.11. ObligaciÃ³n de definir la situaciÃ³n procesal penal de la vÃ­ctima garantizÃ¡ndole aplicaciÃ³n de debido proceso
26.12. Constituir un Ã³rgano independiente e imparcial que adopte una decisiÃ³n vinculante
26.13. Funcionamiento de una comisiÃ³n nacional de bÃºsqueda de jÃ³venes que desaparecieron cuando eran niÃ±os durante un conflicto armado y participaciÃ³n de la sociedad civil
26.14. ObligaciÃ³n del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una instituciÃ³n estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas
26.15. CampaÃ±a nacional de sensibilizaciÃ³n con relaciÃ³n a los niÃ±os y jÃ³venes en situaciÃ³n de riesgo
26.16. CreaciÃ³n de una pÃ¡gina web de bÃºsqueda y conformaciÃ³n de una red internacional de bÃºsqueda
26.17. PublicaciÃ³n de libro censurado
26.18. CreaciÃ³n de un sistema de informaciÃ³n genÃ©tica
26.19. CreaciÃ³n de una base de datos sobre muerte por violencia de jÃ³venes
26.20. CreaciÃ³n de un fondo estatal de desarrollo
26.21. Nombramiento de calle o plaza y fijaciÃ³n de una placa en memoria de la vÃ­ctima
26.22. InstalaciÃ³n de placas conmemorativas
26.23. Acto pÃºblico de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a las vÃ­ctimas y sus familiares como forma de reparaciÃ³n
26.24. ConstrucciÃ³n de un monumento como forma de recordar los hechos y prevenir su ocurrencia en el futuro
26.25. DesignaciÃ³n de una calle, plaza o escuela en memoria de la vÃ­ctima
26.27. Publicidad de apartes de la sentencia como forma de satisfacciÃ³n
26.28. DesignaciÃ³n de un dÃ­a dedicado a los niÃ±os desaparecidos durante el conflicto armado interno
26.29. ImplementaciÃ³n de los parÃ¡metros del manual para la investigaciÃ³n y documentaciÃ³n eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
26.30. Deber del estado de difusiÃ³n y formaciÃ³n sobre prevenciÃ³n de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a miembros de las fuerzas de seguridad, de los Ã³rganos de investigaciÃ³n y de la administraciÃ³n de justicia
26.31. ImplementaciÃ³n de un programa de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n en derechos humanos
26.32. ObligaciÃ³n del estado de otorgar un programa de educaciÃ³n
Caso EscuÃ© Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 178
26.33. CreaciÃ³n de una cÃ¡tedra universitaria
5- En principio no puede hacerse un pago único, de la obligación del pago de la beca salvo que la beneficiaria acepte esa modalidad cuando cumpla la mayoría de edad, en tanto que la naturaleza de la obligación. nota 4En el Caso Escué Zapata, los representantes solicitaron, como forma de desagravio de la memoria y como ?medio para garantizar la no repetición de hechos similares, la creación de Cátedra Nasa como historia de vida de los mayores. El Estado por su parte, informó que ha venido adelantando gestiones con la Universidad del Cauca para crear una cátedra universitaria con el nombre de ?Germán Escué Zapata?. Por lo anterior, la Corte aceptó y toma nota de las gestiones que ha venido realizando el Estado a este respecto.[Nota]
26.34. CampaÃ±a sobre los derechos del paciente y formaciÃ³n y capacitaciÃ³n de los operadores de justicia
26.36. RevocaciÃ³n de la sentencia a pena de muerte
26.37. Medidas de no repeticiÃ³n, pena de muerte y compatibilidad con la convenciÃ³n americana, respecto de: adecuaciÃ³n constitucional; la sentencia condenatoria y de las condiciones de detenciÃ³n
26.38. Deber de adoptar las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra Ã­ndole necesarias para dejar sin efecto alguno, los procesos penales y sus sentencias condenatorias, incluyendo la supresiÃ³n de los antecedentes penales del registro correspondiente
26.39. Deber de reglamentar el juicio de protecciÃ³n, de manera que se garantice un recurso rÃ¡pido, sencillo y efectivo para el cuestionamiento ciudadano de la constitucionalidad de la regulaciÃ³n legal del derecho a ser elegido
26.40. Deber del estado de restituir a personas en sus cargos y pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir por violaciÃ³n de derechos en un juicio polÃ­tico o en proceso administrativo
26.41. AprobaciÃ³n de cÃ³digo de ética garantizando independencia e imparcialidad del Ã³rgano disciplinario
· Deber de reformar el ordenamiento jurídico para eliminar la censura previa a exhibiciones cinematográficas
En el Caso La Última Tentación de Cristo la Corte ordena al Estado modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo", y debe rendir a la Corte Interamericana un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto. La Corte estima que la presente Sentencia constituye una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las víctimas. Respecto a la restitución de los gastos del proceso, la Corte, sobre una base equitativa, estima dichos gastos en una cantidad total de US$ 4.290. nota 1
· Deber de modificar ley sobre pena de muerte por ser incompatible con la Convención
En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, La Corte ordena al Estado de Trinidad y Tobago abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona y, dentro de un plazo razonable, modificarla, adecuándola a la Convención y otras normas internacionales de derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de ésta, de manera que se garantice el respeto y el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso legal y a las garantías judiciales. Entre las respectivas modificaciones de la legislación debe quedar incluida la referente a la introducción de diversas categorías (tipos penales) de homicidio intencional, que correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta las circunstancias del delito y del justiciable, y se debe establecer una gradación de los niveles de severidad de la pena que guarde relación con la gravedad de los hechos y con la culpabilidad del imputado. El Estado debe tramitar de nuevo los procedimientos penales correspondientes a los delitos que se imputan a las víctimas del presente caso, aplicando en los nuevos juicios de las 31 víctimas, la legislación penal que resulte de las reformas mencionadas. El Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto debe plantear de nuevo los casos de dichas víctimas ante la autoridad ejecutiva competente para pronunciarse sobre esa medida de gracia, previo desarrollo de un trámite ante ese mismo Comité, que se ajuste a las prescripciones sobre el derecho a la vida contenidas en la Convención y con plena observancia de las normas sobre el debido proceso legal consagradas en la misma. nota 2
Para los efectos de las reparaciones, la Corte dispone que el Estado con fundamento en la equidad, se abstenga de ejecutar, en cualquier caso, y cualesquiera que sean los resultados de los nuevos juicios, e incluso con independencia del hecho de si esos nuevos juicios se realizan o no, a las 31 víctimas a las que se refiere este caso. Dado que el Estado privó arbitraria y deliberadamente de la vida a Joey Ramiah, a pesar de que existían medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte a su favor, destinadas a evitar esa ejecución hasta tanto los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se hubieran pronunciado con carácter definitivo sobre la materia de este caso, y es presumible que con ello causó perjuicios a la señora Carol Ramcharan y al hijo que tuvo con ésta, Joanus Ramiah, la Corte considera apropiado establecer, en equidad, que Trinidad y Tobago debe proporcionar a la señora Ramcharan una indemnización cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América para el sustento y educación de Joanus Ramiah. Asimismo, esta Corte estima que debe disponer, en equidad, que Trinidad y Tobago proporcione a la madre de Joey Ramiah, señora Moonia Ramiah, una indemnización por la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América tendiente a reparar el daño inmaterial presumiblemente sufrido por ella con ocasión de la ejecución de su hijo. Por último, la Corte considera pertinente y necesario ordenar al Estado que ajuste las condiciones del sistema carcelario a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, la Corte considera que es equitativo otorgar, la suma total de trece mil dólares de los Estados Unidos de América por concepto de gastos en que incurrieron los representantes de las víctimas en el proceso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. nota 3
En el Caso Raxcacó Reyes la Corte dispuso que el Estado debe modificar, dentro de un plazo razonable, el artículo 201 del Código Penal vigente, de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a aquéllas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor, dentro de los extremos máximo y mínimo que deberá consagrar cada conminación penal. nota 4
· Deber de adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena
En el Caso Fermín Ramírez, la Corte resolvió que el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo. Además, advirtió que en estos casos, no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados. nota 5
En el Caso Raxcacó Reyes la Corte dispuso que el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto o conmutación de pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo. En estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados. nota 6
· Deber de modificar Ley de Penas Corporales por ser incompatible con la Convención
En el Caso Caesar, la Corte declaró que la Ley de Penas Corporales es incompatible con los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención. En consecuencia, requirió al Estado que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales. En el mismo sentido, al imposibilitar que la Ley de Penas Corporales sea impugnada, por virtud de la ?cláusula de exclusión? contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, la Corte ordenó que el Estado enmiende, dentro de un plazo razonable, la mencionada Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en cuanto imposibilita a las personas el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente para la protección violaciones de sus derechos humanos. nota 7
· Deber de derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión
En el Caso Palamara Iribarne, la Corte expresó que el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior. nota 8
· Deber de adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar
En el Caso Palamara Iribarne, la Corte estimó que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares. El Estado deberá realizar las modificaciones normativas necesarias en un plazo razonable. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares. nota 9
·Deber de adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas.
En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe modificar su legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas del Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. nota 10
· Deber de suprimir la peligrosidad del agente contemplada en el sistema jurídico penal
En el Caso Fermín Ramírez, la Corte resolvió que el Estado debe modificar dentro de un plazo razonable la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, por ser violatoria de la Convención Americana. Tal modificación consistirá en suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto. nota 11
· Deber de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad y establecer un recurso efectivo para los casos en que sea denegada la solicitud
En el Caso de las Niñas Yean y Bosico la Corte consideró que la República Dominicana debe adoptar en su derecho interno, dentro de un plazo razonable, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento. Dicho procedimiento debe ser sencillo, accesible y razonable, en consideración de que, de otra forma, los solicitantes pudieran quedar en condición de ser apátridas. Además, debe existir un recurso efectivo para los casos en que sea denegada la solicitud. La Corte consideró que el Estado, al fijar los requisitos para la inscripción tardía de nacimiento, deberá tomar en cuenta la situación especialmente vulnerable de los niños dominicanos de ascendencia haitiana. Asimismo, los requisitos deben estar claramente determinados, ser uniformes y no dejar su aplicación sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios del Estado. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas necesarias y permanentes que faciliten la inscripción temprana y oportuna de los menores, independientemente de su ascendencia u origen, con el propósito de reducir el número de personas que recurran al trámite de inscripción tardía de nacimiento. nota 12
· Deber del Estado de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas
En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado deberá adoptar en su derecho interno, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. nota 13
En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte dispuso que el Estado debe garantizar el goce efectivo los derechos reconocidos en su Constitución Política y en su legislación, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado, en un plazo razonable, deberá adoptar en su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. nota 14
· Deber de adoptar medidas de carácter legislativo, político, administrativo y económico para adecuar la legislación interna a los estándares internacionales sobre los cuerpos de vigilancia penitenciaria, uso de la fuerza de agentes estatales, competencia de la jurisdicción ordinaria, no militar, para la investigación de las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y procedimiento eficaz para su trámite.
En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a la Convención Americana. En tal sentido debe: a) incorporar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley; b) poner en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil; c) garantizar un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente, imparcial e independiente, para la investigación de las quejas que sobre violaciones de los derechos humanos que presenten las personas privadas de libertad, en particular sobre la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales; d) garantiar que las investigaciones por hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos sean adelantadas por fiscales y jueces ordinarios y no por fiscales y jueces militares. nota 15
· Deber de compatibilizar legislación penal con estándares internacionales sobre de desaparición forzada de personas
En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas, con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. nota 16
En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. Para ello, el Estado deberá tener en cuenta los alcances del hábeas corpus a la luz de las normas internacionales en la materia y, en particular, la jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que dicho recurso representa el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención. nota 17
En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas, con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, con la finalidad de que su legislación penal abarque la sanción ?de personas o grupos de personas que actúen con ?la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado?, y no limitarlo a ?la autoridad pública? o ?persona al servicio del Estado?. Además, Venezuela deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que la protección a una víctima de desaparición forzada sea efectiva ante la privación de libertad, ?cualquiera que fuere su forma?, y no limitarla a privaciones ?ilegítimas? de libertad. nota 18
·Deber de adecuar los delitos de tortura y desaparición forzada de personas con los con los estándares internacionales en la materia
En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que, en atención a las obligaciones del Estado derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y del artículo 2 de la Convención Americana, y como una garantía de no repetición de los hechos del presente caso, el Estado debe adecuar en un plazo razonable la tipificación de los delitos de ?desaparición forzosa? y tortura contenidas en los artículos 236 y 309 del actual Código Penal a las disposiciones aplicables del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. nota 19
·Deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información que esté bajo el control del Estado
En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. nota 20
· Obligación estatal de adecuar el ordenamiento interno para corregir imprecisiones en los tipos penales de calumnia e injuria para no lesionar el derecho a la libertad de expresión
En el Caso Kimel, la Corte ordenó al Estado adecuar dentro de un plazo razonable su derecho interno respecto de la Convención en el sentido de corregir las imprecisiones en la tipificación de los delitos de injuria y calumnia a fin de "satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión". nota 21
Caso La última TentaciÃ³n de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 73
Caso Hilaire, Constantine y BenjamÃ­n y otro Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94
Para ver los hechos del Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
26.43. ObligaciÃ³n de implementar las normas constitucionales referentes a procedimientos e alta corte de justicia
26.44. Deber del estado de otorgar garantÃ­as de seguridad para aquellos desplazados que decidan regresar
En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte, consciente de que los miembros de Mapiripán no desean regresar al pueblo debido a que tienen temor de seguir siendo amenazados por los paramilitares consideró que el Estado debe garantizarles su seguridad en el momento en que los ex habitantes decidan regresar a Mapiripán. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a Mapiripán durante el primer año, para verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones mensuales los habitantes del pueblo expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas. nota 1
En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que, en el momento en que los ex habitantes decidan regresar a Pueblo Bello, el Estado de Colombia deberá garantizarles su seguridad. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales a dicho corregimiento periódicamente, para verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones los habitantes del corregimiento expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas. Además, el Tribunal consideró que el Estado debe implementar, un programa habitacional de vivienda adecuada para los familiares que regresen a Pueblo Bello. nota 2
26.45. Deber del estado de otorgar garantÃ­as de seguridad para los miembros de comunidad indÃ­gena que decidan regresar a su aldea
26.46. ImplementaciÃ³n de un programa de vivienda
En el Caso de las Masacres de Ituango, la Corte dispuso que el Estado debe implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran. El Estado debe desarrollar este programa dentro de un plazo que no excederá cinco años, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 1
Caso Ivcher Bronstein Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 74
26.48. Deber del estado de abstenerse de cobrar tasa judicial desproporcionada y fijar honorarios razonables que deberÃ¡ asumir
26.49. TitulaciÃ³n colectiva y restituciÃ³n del uso y goce del derecho de propiedad sobre territorios tradicionales indÃ­genas
26.50. Fortalecimiento de los controles en centros de detenciÃ³n
26.51. Deber del estado de adoptar, como garantÃ­a de no repeticiÃ³n, y dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cÃ¡rceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos
En el Caso Caesar, la Corte declaró que las condiciones de detención a las cuales ha sido sometido el señor Caesar no respetan sus derechos a la integridad física y mental y a recibir un trato humano. Por estas razones, la Corte requirió al Estado, para que, como una garantía de no repetición, adopte dentro de un plazo razonable las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos en este tema. nota 1
Esta decisión se reitera en el Caso Fermín Ramírez. nota 2
26.52. Reconocimiento de responsabilidad en la sentencia como forma de reparaciÃ³n
En cuanto a otras formas de reparación, la Corte considera que la sentencia en que se reconoce la responsabilidad del Estado infractor de la Convención, constituye per se una forma de reparación. nota 1
Caso Lori Berenson MejÃ­a Vs. PerÃº Sentencia Serie C. No. 119 . Caso TibÃ­ Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 . Caso Instituto de ReeducaciÃ³n del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 . Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 . Caso GarcÃ­a Asto y RamÃ­rez Rojas Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 137 . Caso ServellÃ³n GarcÃ­a y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 . Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 . Caso LÃ³pez Alvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 . Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 144 . Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 158 . Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149