Source: http://absta.info/banco-itau-buen-aire-s-a-c-ministerio-de-economa-rentas-s-pret.html
Timestamp: 2018-12-14 19:51:21
Document Index: 415299668

Matched Legal Cases: ['artículo 322', 'artículo 30', 'artículo 51', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 157', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 60', 'artículo 6', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 155', 'artículo 322', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 60', 'artículo 52', 'artículo 322', 'artículo 12', 'artículo 322', 'artículo 279']

Banco Itau Buen Aire S. A. c/ Ministerio de Economía-Rentas s/ Pretensión declarativa de certeza
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LA PLATA, 10 de setiembre de 2008.
Estos autos caratulados “Banco Itau Buen Aire S.A. c/ Ministerio de Economía-Rentas s/ Pretensión declarativa de certeza”, causa n° 1778, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata, a mi cargo, de los que:
I) Que el letrado apoderado del Banco Itau Buen Ayre S.A., promueve acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del código ritual, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la disposición normativa Serie “B” n° 12/03, a cuyo cumplimiento fue intimada la institución bancaria por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, mediante notificación de fecha 24 de junio de 2003, haciendo cesar de tal modo, la incertidumbre que aqueja a su mandante debido a que dicha disposición colisiona con normas de raigambre constitucional, como es el secreto bancario y la ley de entidades financiera n° 21.526.
Señala que mediante dicha notificación, la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, fundamentándose en razones de buena administración y sustentándose en el artículo 30 del Código Fiscal, requiere la aplicación de la Disposición Normativa–Serie “B” n° 12/03, a los fines que las entidades financieras cumplan con un nuevo régimen de información.
Aclara que la información requerida por el organismo recaudador se refiere a la clave bancaria única de la cuenta, nombre y apellido del titular o titulares, CUIT, CUIL o CDI, domicilio y monto de las acreditaciones bancarias. Agrega que el organismo intima a su poderdante a presentar, dentro del plazo de quince días, la Declaración Jurada Informativa correspondiente a los períodos marzo/abril de 2003, requerida en la mencionada disposición, bajo apercibimiento de la sanción prevista en el artículo 51 del Código Fiscal.
Considera que la letra del artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras, texto según ley 24.144, surge que la posibilidad de brindar a los organismos recaudadores de impuestos provinciales y municipales información comprendida dentro de la figura del secreto financiero, está supeditada al previo cumplimiento de los condicionamientos de que: a) se refiera a un responsable determinado; b) se encuentre en curso una verificación impositiva con respecto a ese responsable; y c) que la información haya sido requerida formal y previamente.
Afirma que estos presupuestos no se cumplen en la disposición cuestionada a cuyo cumplimiento fue intimada su representada por la Dirección Provincial de Rentas, estableciendo un régimen sobre información que por estar referidas a operaciones pasivas, se encontraría alcanzada por el secreto bancario previsto en el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras, con cuya violación se tipifica la conducta prevista en el artículo 157 del Código Penal, además de las sanciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras n° 21.526 y las civiles por daños que pudieran derivarse.
Destaca que el criterio expuesto es el desarrollado por el Banco Central de la República Argentina en su dictamen de fecha 15 de agosto de 2003, cuya copia adjunta a fojas 23/26.
Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional referidos a la procedencia de la acción declarativa promovida.
Señala que en el caso, la incertidumbre que se trata de aventar se encuentra sustentada en el hecho de que sí su representada cumple con la disposición n° 12/03, contradice palmariamente con la Constitución Nacional y con la Ley de Entidades Financieras.
Funda dicha contraposición en dos circunstancias; la primera, la inconstitucionalidad sobreviviente respecto de la violación al secreto bancario; y la segunda en el desconocimiento por parte de la Dirección Provincial de Rentas de las disposiciones establecidas en la ley 21.526, en las que se establece que las entidades financieras no podrán revelar las operaciones pasivas que realizan, salvo excepciones taxativas establecidas en el artículo 39, en las que no se encuentra comprendida la Disposición Normativa Serie “B”, n° 12/03.
Señala que el interés jurídico suficiente, en el caso, esta dado en que la incertidumbre acerca de si resulta ajustado a derecho no proveer la información solicitada por la Dirección Provincial de Rentas, llevaría a su mandante a recibir una sanción que implicaría una multa considerable, o bien, cumplir con dicho requerimiento, e incumplir con lo dispuesto por la ley 21.526, violando normas de raigambre constitucional.
Sostiene que la entidad actora no tiene a su alcance otro medio idóneo que la interposición de la presente demanda declarativa de certeza, ya que esta pretensión puede ejercerse para evitar el daño de origen tributario, atento su carácter preventivo.
Entiende que se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la presente acción declarativa, solicitando se declare formalmente admisible la misma y, oportunamente se disponga la inaplicabilidad de la Disposición Serie “B” n° 12/03 a cuyo cumplimiento fuera intimada su mandante, por intermedio de “Cédula de Intimación por Incumplimiento al deber de información, Disposición Serie “B” n° 12/03”, cursada a su representada por la Dirección Provincial de Rentas y notificada el día 24 de junio de 2003.
Solicita que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, se decrete la prohibición de innovar sobre el tema, ordenándose a la demandada se abstenga de aplicar a la actora los efectos jurídicos de la disposición normativa cuestionada.
Acompaña prueba documental y deja planteado el caso federal.
II) Que a fojas 46, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5, ante el cual se promovió la demanda, se declara incompetente y remite la causa a la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo dictaminado por el Fiscal Federal (fs. 44/46).
Que previo sorteo de ley (fs. 55), conforme a lo ordenado por el Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata (fs. 54), la causa quedó radicada ante el Juzgado a mi cargo (fs. 56)
III) Que a fojas 67/69, se desestima la medida cautelar solicitada por la actora, pronunciamiento confirmado por la alzada (fs. 93/94).
IV) Que conferido el traslado de la demanda (fs. 100), se presenta el Señor Fiscal de Estado, la contesta y solicita se rechace en todos sus términos (fs. 104/115).
Señala que de conformidad a los antecedentes de del caso, la demanda en traslado resulta formalmente improcedente, dado que no se encuentran reunidos los requisitos a los que la normativa aplicable supedita la admisibilidad de este tipo de procesos (arts. 12 inc. 4°, C.C.A. y 322, C.P.C.C.).
Sostiene la inexistencia de incertidumbre que justifique la procedencia de la vía intentada, ya que conforme surge de las actuaciones administrativas -cuyas etapas relevantes describe-, la autoridad de aplicación mediante resolución n° 795/05, decidió instruir a la actora el sumario que determina el artículo 60 del Código Fiscal. Aduna que contra éste acto administrativo, la entidad articuló una presentación en la cual insiste con la supuesta incompatibilidad de la Provincia de Buenos Aires en establecer reglas que obliguen a las entidades financiera a brindar información de sus clientes, pues según sostiene se encuentran amparados por el secreto bancario.
Destaca que tal recurso se encuentra en trámite, lo que evidencia que en el caso existen actos administrativos expresos que han dejado explícita la voluntad de la administración con relación a la materia en debate, decisiones que debieron ser impugnadas por la vía que establece la normativa fiscal o en su caso, entablar la demanda contenciosa administrativa correspondiente.
Recuerda que el Código Procesal Administrativo provincial prevé expresamente la impugnación de actos de alcance general –tal como el cuestionado en autos-, ya sea en forma directa o indirecta.
Advierte que en definitiva el actor pretende impugnar en autos decisiones administrativas de la Dirección Provincial de Rentas, obviando de tal forma los recaudos de admisibilidad que al efecto establece el Código ritual de la materia.
Sostiene que en el caso, bajo la argucia de presentar el agravio de marras como una situación de incertidumbre que debe ser aclarada, en realidad lo que se pretende someter a decisión, es el análisis mismo de la validez y eficacia de las resoluciones dictadas por el organismo demandado.
Remarca que no puede pretenderse a través de la acción intentada en autos, sustituir otro tipo de proceso, dado que de tal forma se estaría permitiendo soslayar indebidamente el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad exigidos por el legislador para la procedencia de las pretensiones contempladas en el Código Procesal Administrativo. Cita doctrina legal de la casación bonaerense en apoyo de su postura.
Si bien entiende que lo dicho es suficiente para desestimar la demanda en traslado, por aplicación del principio de eventualidad, sostiene que la misma es inatendible desde el punto de vista sustancial.
Destaca que la disposición normativa Serie “B” n° 12/03, establece la obligación de informar para los agentes inscriptos en el régimen de recaudación sobre créditos bancarios y resulta complementario de las disposiciones normativas Serie “B” n°s. 10/02 y 30/02, en base a la autorización establecida por el artículo 6° de la ley 12.837. Afirma que de tales disposición surge claramente que no existe violación a la normativa federal, sino por el contrario, la misma habilita el establecimiento de reglas tendientes a hacer efectiva una política tributaria en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Interpreta que tales facultades no se contradicen con la alegada pauta del artículo 39 de la ley 21.526, pues el artículo establece la excepción a la restricción de informar para el caso de “los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales”, indicándose algunas condiciones para su procedencia, las que según afirma, no pueden contrarrestar el debido ejercicio del poder tributario provincial.
Recuerda que corresponde a la Provincia decidir todo lo referente a la determinación y recaudación de las contribuciones que rigen en su territorio, contando implícitamente entre estas facultades la de imponer deberes formales –como el de información- a todas las personas que habiten o se desempeñen en su ámbito.
Entiende que mediante la disposición normativa Serie “B”, n° 12/03, se impone un deber de información tendiente a maximizar la recaudación y combatir la evasión fiscal, encontrando sustento inmediato en lo normado por el Código Fiscal de la Provincia y legislación complementaria, que otorga amplias facultades a la Autoridad de Aplicación, las cuales resultan necesarias para la consecución del bien común y, como fundamento mediato, el poder tributario que la Provincia se ha reservado.
Sostiene la inconsistencia del planteo de inconstitucionalidad como fundamento en el secreto bancario, resaltando que tal instituto debe analizarse conforme al artículo 1° de la ley 23.271 y al criterio elaborado en el ámbito federal por la Dirección General Impositiva –hoy AFIP- al dictar la Resolución General n° 2614/86, por el cual constituyó a las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 en agentes de información respecto de todas las cuentas corrientes, cheque postal y de caja de ahorro que existan en sus casas matrices y sucursales ubicadas en el país.
Finalmente, alega la improcedencia del pedido de condena en costas, con fundamento en la doctrina legal sentada por el cimero Tribunal de justicia provincial en el precedente “Sayco”, sentencia del 11 de agosto de 2004.
Ofrece como prueba, copia certificada del expediente administrativo 2306-9220/03 y agregados, acompañados en el responde.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y deja planteado el caso constitucional provincial y federal.
V) Que a fojas 119, se presenta espontáneamente el actor y formula consideraciones con relación al escrito de contestación de la demanda, observando que el Señor Fiscal de Estado no acredita personería, pues no hace mención a los actos que lo habrían designado como tal.
VI) Que a fojas 123/124, se presenta el apoderado de Fiscalía de Estado y recuerda que en lo atinente a la falta de acreditación de personería del Fiscal de Estado, que al resultar ser un organismo de la Constitución (art. 155, Const. Pcial.), no es necesario certificar personería alguna cuando comparece en defensa del fisco provincial.
Afirma que la presentación del Fiscal de Estado resulta legitimada por la índole del interés que defiende, encontrándose además en ejercicio de tal función mediante la designación legal efectuada el día 30 de noviembre de 1987, mediante decreto n° 10.369, por lo cual no requiere de la exhibición de instrumento alguno que así lo acredite, en virtud de la publicidad que su investidura adquiere desde la inserción en el Boletín Oficial del día 6 de enero de 1998.
En virtud de lo expuesto, sostiene que las observaciones formuladas carecen de virtualidad.
VI) Que declarada la cuestión que se debate en autos, como de puro derecho (fs. 128) y adquiriendo firmeza el llamamiento de autos para sentencia (fs. 131/136), la causa quedó en estado de emitir pronunciamiento (arts. 12 inc. 4°, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101; 322 y concs., C.P.C.C.); y
1°) Que en primer término y, a tenor de las observaciones que plantea la parte actora respecto a la falta de acreditación de personería del Señor Fiscal de Estado, en el escrito de responde de la demanda, procede recordar que el artículo 155 de la Constitución Provincial establece que “habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones…”
En ese marco constitucional, la Ley Orgánica de Fiscalía (decreto-ley 7543/69, establece que “el Fiscal de Estado representa a la Provincia, sus organismos autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en todos los juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción, conforme con las disposiciones de la presente ley” (art. 1°).
Así, a la luz de la cláusula constitucional y la norma legal transcripta, resulta indubitable la legitimación y consecuente representación, del Señor Fiscal de Estado para actuar en defensa de los intereses de la Provincia de Buenos Aires (conf. C.S.J.N. Fallos: 242:278).
2°) Sentado ello, procede destacar que el Código Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de articular pretensiones con el objeto de obtener la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el Derecho Administrativo, las que tramitarán con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial (art.12, inc. 4°, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).
Esta pretensión tiene por objeto suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o de una situación jurídica, esto es, remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o situación jurídica. De modo tal que obtenida la declaración de la existencia o inexistencia de la relación jurídica, la pretensión declarativa ha alcanzado su objetivo (conf. Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación, Ed. Platense-Abeledo Perrot, Bs. As., 1984, t. IV-A, p. 404).
Mediante la sentencia meramente declarativa, el peticionante tiende exclusivamente a procurar la certeza jurídica, frente a un estado de incertidumbre que le es perjudicial, pidiendo que se declare existente un derecho suyo e inexistente el derecho ajeno, con independencia de la efectiva realización, de la condena o de la ejecución forzada (conf. Chiovenda, Giusseppe, Acciones y sentencias de declaración de mere certeza, en “Ensayos de Derecho Procesal Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo, t. I, p. 131).
Esta pretensión no persigue, contrariamente a lo que caracteriza a las de condena, un pronunciamiento que cree en los órganos de ejecución el deber de actuar compulsivamente contra el obligado. La sentencia que en ella recaiga tiene como finalidad la de fijar, con carácter irrevocable, una relación jurídica o un estado de derecho que hasta entonces permanecía desconocido o en incertidumbre (S.C.B.A., causa B. 66.031, res. 6-IV-2004).
Por otra parte, la declaración de certeza debe sustentarse en un caso originado en la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas de los entes mencionados en el artículo 1° del Código Contencioso Administrativo, de modo tal que el accionante debe invocar un interés real, concreto y suficiente para incitar la jurisdicción. No puede pretender la interpretación abstracta de una norma jurídica, ni pronunciamientos meramente teóricos o hipotéticos.
Así, la Corte Suprema de Justicia Nacional tiene decidido que la acción declarativa no comprende planteamientos académicos o declaraciones abstractas, pues la petición tiene que referirse a una relación jurídica concreta, esto es, responder a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad (Fallos: 304:759; 310:606; 311:421 y 1835; 318:2374).
La idea básica –sostiene Chiovenda- consiste en entender que se da interés suficiente cuando la situación de hecho es tal que el actor, sin la declaración judicial de certeza, sufrirá un daño, de modo que la declaración judicial se presenta como medio necesario para evitarlo (conf. Chiovenda, Revista de Derecho Procesal, año V, primera parte, p. 561). Así para este autor son casos típicos de interés, la negación pública de un derecho que el actor juzga poseer y la jactancia de un derecho por parte de la demandada (conf. Ensayos de Derecho Procesal Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1940, t. 1, p. 198 y ss.).
En suma, la pretensión de sentencia declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades, o alcance de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor.
2°) Sentadas tales pautas rectoras de la pretensión de mera certeza y tal como han quedado expuestas las circunstancias del caso, juzgo que en el sub judice no concurren los presupuestos de procedencia formal de la vía elegida, prescriptos por el ordenamiento adjetivo (arts. 12 inc. 4°, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101; 322, C.P.C.C.).
En efecto, no se advierte que la actora pretenda poner fin a un estado de incertidumbre sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, sino por el contrario, plantea concretamente, su discrepancia con el acto de intimación notificado el 24 de junio de 2003, mediante el cual la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, la emplaza, dentro de un plazo perentorio, a regularizar su situación, presentando la correspondiente Declaración Jurada Informativa, en su carácter de Agente de Información del régimen establecido en la Disposición Normativa Serie “B”, n° 12/03, conforme se desprende de la documental que luce agregada a fojas 15.
Asimismo, en el expediente administrativo n° 2306-69220/03, agregado por cuerda a la presente causa, consta que la entidad bancaria aquí actora, con fecha 7 de julio de 2003, interpone recurso de revocatoria contra la intimación efectuada por la Autoridad de Aplicación, alegando -en términos similares a los expuestos en la demanda motivo de autos-, que el cumplimiento de la citada Disposición Normativa implicaría la violación del secreto bancario que –según su interpretación-, impone el artículo 39 de la ley 21.526, texto según ley 24.114 (v. fs. 2/9).
La actuaciones administrativas acreditan que con fecha 17 de setiembre de 2003, la Dirección Provincial de Rentas emitió la resolución n° 3177, por la cual desestima el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad financiera y ordena proseguir con la tramitación de la intimación impugnada (fs. 27/28).
Con fecha 24 de agosto de 2005, la Gerencia Regional Metropolitana Capital de la Dirección Provincial de Rentas, resuelve instruir a la firma bancaria, el sumario que determina el artículo 60 del Código Fiscal, por infracción a los deberes formales previstos en el artículo 52, primer párrafo del citado ordenamiento, en razón de no haber cumplido oportunamente con los deberes de información. Asimismo, se emplaza al contribuyente a presentar su defensa y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho (fs. 50).
En virtud de ello, con fecha 27 de octubre de 2005, la entidad presenta defensa y ofrece prueba (fs. 55/60).
De la precedente reseña, se desprende que la Autoridad de Aplicación ha efectivizado, el acto de intimación notificado con fecha 24 de junio de 2003, procediendo a instruir el procedimiento sumarial previsto en el Código Fiscal de la Provincia, con lo cual se disipó el alegado estado de incertidumbre, sustentado en la referida intimación.
Ello pues, tal como lo sostiene el alto Tribunal de Justicia Federal, la pretensión declarativa de certeza, no procede cuando la autoridad local ha hecho ya aplicación de las normas cuestionadas que sirvieron de fundamentación para el rechazo de los recursos administrativos interpuestos, habida cuenta que no existe incertidumbre alguna que remediar por la vía intentada. Destaca el Tribunal que, “de lo contrario, las partes podrían, por vía de esta acción suplir sus propias omisiones en la vía recursiva, lo que en modo alguno resulta admisible” (C.S.J.N., Fallos: 312:1003, “Conarpesa” (1989).
Se advierte entonces que la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica administrativa en cuestión, aparece claramente delimitada –con absoluta certeza- en el marco del procedimiento tributario que tramita ante el organismo recaudador, extremo que permite inferir en el sub lite no existe incertidumbre alguna –presupuesto sine qua non de la pretensión deducida-, sino disconformidad con la aplicación de la disposición normativa en cuestión.
En tal sentido, la Casación Bonaerense tiene sentado que la acción meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica, en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como reza el artículo 322 del C.P.C.C. (por remisión expresa del artículo 12 inc. 4° de la ley 12.008, texto según ley 13.101).
De allí que la existencia de una duda acerca de alguno de estos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester, además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (S.C.B.A., causas B. 65.445, “Cámara Argentina de Agencias de Turf”, res. 2-IV-03; B. 65.546, “Bingo King S.A.”, res. 20-VIII-03; B. 65.559, “Formatos Eficientes S.A.”, res. 6-X-04; B. 65.721, “Vistamar S.A.”, res. 6-X-2004; B. 64.101, “Van Riel”, res. 27-X-04; B. 67.480, “Municipalidad de Patagones-Sylpa S.R.L.”, res. 27-X-2004; B. 66.737, “Spicer Ejes Pesados S.A.”, res. 6-VI-05; B. 68.298, “Colegio Farmacéutico de la Provincia contra Municipalidad de Merlo”, res. 10-VIII-05; B. 69.022, “Transporte Santa María”, res. del 21-III-2007; B. 69.098, “Municipalidad de La Plata s/ cuestión de competencia”, res. del 2-V-2007).
Además, destaca el alto Tribunal provincial que, cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para resolver tal conflicto (conf. doctr. causas B. 64.222, “Caja de previsión Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos”, res. 17-VII-02).
En un caso que guarda analogía con el sub judice, en el cual la administración ya se había expedido mediante el dictado de un acto administrativo, la casación bonaerense dejo sentado que el supuesto estado de incertidumbre carece de entidad, como así también que la pretensión declarativa de certeza -tal como lo indica el artículo 322 del C.P.C.C.-, es un remedio subisidiario, que procede sólo cuando el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Ello pues, la pretensión declarativa de certeza no puede ser utilizada como un medio omnicomprensivo y versátil que permita superar los obstáculos jurídicos y/o temporales que puedan plantear las vías legales específicamente previstas para el caso por el legislador (S.C.B.A., causa B. 66.737, “Spicer”, res. 6-VII-2005).
En el caso, resulta indubitable que el accionante, una vez agotado el procedimiento contemplado en el Código Fiscal, esta en condiciones de ejercer la pretensión impugnativa prevista en el Código Procesal Administrativo, vía que no obsta al planteamiento de cuestiones constitucionales (arts. 3° y 12 inc. 1°, ley 12.008, texto según ley 13.101)
Tal interpretación acerca de los presupuestos de procedencia de la vía intentada, conforma la doctrina legal de la Casación Bonaerense en los términos del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al sub judice (art. 77 inc. 1°, C.C.A.).
Al respecto, se impone resaltar que la Suprema Corte de Justicia local, tiene dicho que el acatamiento que los tribunales hacen a su doctrina legal, responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Sin perjuicio de ello aclara que esto no significa propiciar un ciego seguimiento a sus pronunciamientos, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta –llegado el caso-, dejar a salvo sus opiniones personales (S.C.B.A., causas Ac. 42.965, sent. 27-XI-1990; Ac. 45.768, sent. 22-IX-1992; Ac- 52.258, sent. 2-VIII-1994).
Así pues, los jueces deben acatamiento a la doctrina legal sentada por el Superior Tribunal provincial, ya que la casación tiene por finalidad primordial unificar la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales, evitando de tal modo la posibilidad del streptus fori que producen los fallos contradictorios, y concretar así, los principios de seguridad jurídica, celeridad y economía procesal (arts. 34 inc. 5°, ap. “e”, 279 y concs., C.P.C.C.; 161 inc. 3°, ap. “a”, Constitución Prov.).
3°) A mérito de tales fundamentos procede rechazar la pretensión declarativa de certeza deducida en autos (arts. 12 inc. 4°, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101; 322 y concs., C.P.C.C.).
Las costas se imponen en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, según texto ley 13.101);
1°) Desestimar la pretensión declarativa de certeza deducida por el Banco Itau Buen Ayre S.A., a mérito de los fundamentos expuestos ut supra (arts. 12 inc. 4°, C.C.A, ley 12.008, texto según ley 13.101; 322 y concs., C.P.C.C.).
2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).
3°) Regular los honorarios profesionales del letrado apoderado de la parte actora, doctor Héctor O. Rossi, en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500), cantidad a la que deberá adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).
Ana Cristina Logar. Juez en lo Contencioso Administrativo nº 2, Dpto. Judicial La Plata.