Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/01/30/se-modifica-la-ley-de-migraciones-estableciendo-condiciones-mas-estrictas-sobre-las-causas-impedientes-de-ingreso-y-permanencia-de-extranjeros-en-el-pais-con-antecedentes-delictivos/
Timestamp: 2017-12-14 20:40:47
Document Index: 31297202

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 59', 'artículo 99', 'artículo 22', 'artículo 82', 'artículo 99', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 20', 'Artículo 3', 'artículo 20', 'Artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 14', 'Artículo 5', 'artículo 54', 'Artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 14', 'Artículo 7', 'artículo 62', 'Artículo 8', 'artículo 63', 'Artículo 9', 'artículo 68', 'Artículo 10', 'artículo 69', 'Artículo 11', 'artículo 69', 'Artículo 12', 'artículo 69', 'artículo 23', 'Artículo 13', 'artículo 69', 'Artículo 14', 'artículo 69', 'Artículo 15', 'artículo 69', 'Artículo 16', 'artículo 69', 'Artículo 17', 'artículo 69', 'Artículo 18', 'artículo 69', 'Artículo 19', 'artículo 69', 'Artículo 20', 'artículo 69']

Se modifica la ley de migraciones estableciendo condiciones más estrictas sobre las causas impedientes de ingreso y permanencia de extranjeros en el país con antecedentes delictivos – Microjuris - Argentina
Se modifica la ley de migraciones estableciendo condiciones más estrictas sobre las causas impedientes de ingreso y permanencia de extranjeros en el país con antecedentes delictivos
30 enero 2017 por Ed. Microjuris.com Argentina
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 70/2017 – Ley de Migraciones. Ley N° 25.871. Modificación.
Fecha B.O.: 30-ene-2017
Cita: LEG84399
Que con fecha 17 de diciembre de 2003 se sancionó la Ley N° 25871 , la cual instituyó el actual régimen legal en materia de política migratoria argentina.
Que, al respecto, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS definió que la política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, o medida institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Agregando, que dicha facultad es potestad del Estado Nacional, asintiendo con que éstos cuentan con un ámbito de discrecionalidad para fijar las políticas migratorias (OC-18/03; “Caso Vélez Loor vs. Panamá”, Sentencia de 23 de Noviembre de 2010, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas y “Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs.
República Dominicana” Sentencia de 28 de Agosto de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, inciso j), de la Ley de Migraciones.
En ese orden de ideas, la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos -durante el extenso proceso recursivo actual- atenta contra dicho objetivo.
Que por otro lado, en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las personas bajo custodia del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL son extranjeros.
Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (4,5%).
Que de manera análoga a lo previsto en el artículo 59 de la “Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, del REINO DE ESPAÑA, se prevé un nuevo supuesto de dispensa -que se añade a los ya existentes de reunificación familiar y razones humanitarias- para el migrante que preste auxilio a la justicia en el esclarecimiento de delitos contra el orden migratorio.
Que, por otra parte, es importante destacar que la Ley N° 25871 estableció que el control judicial de la orden de expulsión fuera ejercido por parte del fuero Contencioso Administrativo Federal y de la Justicia Federal con asiento en las provincias, hasta tanto sea creado el Fuero Migratorio.
Que en dicho sentido, a fin de evitar que diferentes interpretaciones de la Ley N° 25871 dilaten los procesos, deben adecuarse sus términos a la uniforme jurisprudencia de los fueros intervinientes.
Que, también como consecuencia de los controles precedentemente mencionados, se ha advertido otra modalidad de fraude a la Ley Migratoria que hace indispensable modificar la Ley N° 346 de Ciudadanía, a fin de precisar que es requisito tener residencia
permanente o temporaria de forma continua en los DOS (2) años anteriores, a los efectos del cómputo del arraigo necesario para acceder a la nacionalidad por naturalización.
Que tanto ese bien común como el interés general de la sociedad se ven actualmente afectados por las graves consecuencias que provocan los delitos que merecen, según las leyes argentinas, penas privativas de la libertad y en particular los delitos de tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y d e estupefacientes, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, trata de personas, genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
Que la Ley N° 26122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene
competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1, 2 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2 ,19 y 20 de la Ley N° 26122.
Artículo 1.- Sustitúyese la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO II de la Ley N° 25871 y su modificatoria por la siguiente:
Artículo 2.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 3.- Incorporase como artículo 20 bis de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 4.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
h) Haber sido condenado en la REPÚ
BLICA ARGENTINA o tener antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;
A los efectos de los incisos c), d), h) y j), entiéndase por antecedentes a todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable. El PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de CINCO (5) días hábiles de producido.
El incumplimiento será considerado falta grave en los términos del artículo 14, inciso “A”, apartado 7), de la Ley N° 24937 (T.O. 1999) y sus modificatorias.
Artículo 5.- Sustitúyese el artículo 54 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 6.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
e) Se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de una residencia permanente, temporaria o transitoria, o cuando la instalación en el país hubiera
sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente, por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención;
En los casos en que sobre el extranjero recayere sentencia condenatoria firme en la REPÚBLICA ARGENTINA, la misma operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión. El trámite recursivo se regirá por lo reglado en el Título V, Capítulo I bis -Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo-.
Excepcionalmente, en los casos comprendidos en los incisos a) y e), y en los supuestos del inciso c) y de cancelación automática, si el delito doloso mereciera para la legislación nacional pena privativa de la libertad cuyo monto máximo no exceda de TRES (3) años de prisión, o cuando sea de carácter culposo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá dispensar la cancelación de la residencia si el extranjero invocare reunificación familiar respecto de progenitor, hijo o cónyuge ciudadano argentino. Asimismo, se tendrá especialmente en consideración el tiempo que la persona lleve residiendo legalmente en el territorio nacional. Fuera de los supuestos expresamente enumerados no podrá hacerse lugar al trámite excepcional regulado en el presente párrafo, sin perjuicio de las previsiones de la Ley N° 26165.
Cuando en los términos del párrafo precedente se invoque el derecho a la reunificación familiar, deberá acreditarse la convivencia.A dichos fines no se considerará al extranjero de quien se comprobare que se hubiera desinteresado afectiva o económicamente de la persona cuyo vínculo familiar invoque.
El PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de CINCO (5) días hábiles de producido. El incumplimiento será considerado falta grave en los términos del artículo 14, inciso “A”, apartado 7), de la Ley N° 24937 (T.O. 1999) y sus modificatorias.”
Artículo 7.- Incorpórase como artículo 62 bis de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 8.- Sustitúyese el artículo 63 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 9.- Incorpórase, como CAPÍTULO I BIS del TÍTULO V, a continuación del artículo 68 de la Ley N° 25871 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 69 de la Ley N° 25871 y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 11.- Incorpórase como artículo 69 bis de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 12.- Incorpórase como artículo 69 ter de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
El atraso injustificado de las oficinas públicas en las contestaciones de informes dará lugar a las sanciones disciplinarias por incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 23 de la Ley N° 25164 para quien resulte responsable por no contestar en plazo.”
Artículo 13.- Incorpórase como artículo 69 quater de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 14.- Incorpórase como artículo 69 quinquies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 15.- Incorpórase como artículo 69 sexies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 16.- Incorpórase como artículo 69 septies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Exceptúase de la comunicación establecida en los artículos 6 y 8 de la Ley N° 25344 al Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”.
Artículo 17.- Incorpórase como artículo 69 octies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 18.- Incorpórase como artículo 69 nonies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 19.- Incorpórase como artículo 69 decies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 20.- Incorpórase como artículo 69 undecies de la Ley N° 25871 y su modificatoria el siguiente:
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