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Timestamp: 2019-10-21 03:21:38
Document Index: 401871656

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 44', 'artículo 317', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 25']

﻿ DECRETO 141 DE 2011
DECRETO 141 DE 21 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. MODIFICA LA LEY 99 DE 1993, EN LO RELACIONADO ENTRE OTROS ASPECTOS CON LA FUSIÓN, DENOMINACIÓN, JURISDICCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE, COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS, ADOPCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y LA NUEVA PLANTA DE PERSONAL DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, CONTRATOS Y CONVENIOS ACTUALMENTE VIGENTES CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES FUSIONADAS, TRANSFERENCIAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES FUSIONADAS, TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES LITIGIOSAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RESULTANTE DE LA FUSIÓN, Y CON RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE UNA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, FUSIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, ORGANISMOS AMBIENTALES, PORCENTAJE AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL, FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, ASAMBLEA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, OBJETO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, PLAN DE ACCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, PROCESO DE FUSIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1401 DE FEBRERO 28 DE 2011, PG.337
VIGENCIA:DECLARADO INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SALA PLENA EN SENTENCIA C-276 DE 2011, M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
“Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones”.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-276 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo)
Que el fenómeno de La Niña constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, ocasionando una mayor saturación de humedad de los suelos generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región Andina, Caribe y Pacífica.
Que, además, de acuerdo con el Ideam, el fenómeno descrito como lo muestran los patrones de los eventos anteriores puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatando con el segundo régimen de lluvias del segundo año, lo cual no solo extendería los efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más grave por la falta de capacidad de la tierra para absorber semejante caudal de agua.
Que para la adopción de medidas efectivas y oportunas para conjurar los hechos críticos e impedir la extensión de sus efectos, es indispensable el concurso de las corporaciones autónomas regionales que ejerzan sus funciones dentro de un marco orientado por una visión integral y sistémica de las principales cuencas hidrográficas, que sean fortalecidas en su capacidad institucional y de gestión técnico ambiental y que tengan las competencias, funciones e instrumentos suficientes para contribuir a solucionar los graves problemas generados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011.
Que de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional “Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7º de la Constitución, y están concebidas por el constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo”(1) (subraya y destacado fuera de texto), lo cual no obsta para que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ejerza sobre las mismas la debida inspección y vigilancia.
Que mediante Decreto 20 del 7 de enero de 2011, se señaló que se han presentado hechos nuevos relacionados con el fenómeno de La Niña, que fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 de 2010 y que se hace necesario adoptar medidas encaminadas a contrarrestar esta crisis y sus efectos.
Que el fenómeno climático de La Niña 2010 - 2011 que afectó gran parte del país, durante el segundo semestre de 2010 y con igual pronóstico para el primer semestre del año 2011 según concepto del Ideam, es sin duda alguna un desastre eminentemente ecológico, de magnitud grave que afecta el orden ambiental, económico y social del país, especialmente a las clases menos favorecidas y sujetos más vulnerables, así como, las zonas de producción agrícola y ganadera, de pequeña, mediana y gran escala.
Que en la revisión de la gestión ambiental en el territorio nacional a cargo de las autoridades ambientales regionales, se evidenciaron omisiones y acciones que contribuyeron a la ocurrencia de los eventos de catástrofe y calamidad que dieron lugar a la expedición de los decretos 4579 y 4580 de 2010 y el Decreto 20 de 2011, relacionados con la existencia de inundaciones, derrumbes, daños de vías, pérdida de zonas agrícolas, vivienda, centros educativos, daños en servicios públicos, muertes y fenómenos de desplazamiento, deterioro y destrucción de infraestructura, los cuales a su vez guardan íntima relación con una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos naturales renovables a lo largo del territorio nacional y a la falta de visión de cuenca en la gestión integral del territorio.
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten (art. 31, num. 5º).
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables... (art. 31, num. 11).
Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (art. 31, num. 18).
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del sistema nacional de adecuación de tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes (art. 31, num. 19).
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables (art. 31, num. 20).
Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (art. 31, num. 23).
Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley (art. 31, num. 27).
Que así mismo existe negligencia de parte de las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones de policía que la ley les impone, para la vigilancia, cuidado y recuperación de áreas de especial importancia ecológica y de seguridad de las poblaciones ribereñas. Tal es el caso de la ocupación de rondas hídricas, desecación de humedales, canalización de lagos, desviación de cauces, explotación de materiales de arrastre y de otros minerales, sin que las corporaciones actúen en forma contundente y ejemplarizante. Estas intervenciones antrópicas irregulares e ilegales, sumadas a la inacción de las corporaciones son una de las causas determinantes de los efectos ambientales negativos que se viven con ocasión del fenómeno de La Niña 2010 - 2011.
Que es imperioso, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental, SINA, expida los lineamientos y directrices bajo los cuales se adelanten las acciones inmediatas y prioritarias para atender la emergencia, siguiendo criterios de manejo integral de las cuencas hidrográficas del país.
Que como uno de los objetivos de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica contenida en el Decreto 4580 de 2010 y Decreto 20 de 2011, se previó el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación con las entidades territoriales, para efectos de proteger los derechos constitucionales de las personas afectadas por la ola invernal.
Que para esos efectos, se procederá a reorganizar los órganos de dirección y administración de las corporaciones autónomas regionales, con el fin que cuenten con una mayor capacidad técnica que fortalezca su capacidad decisoria y de gestión.
Que en concordancia con lo anterior y con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y la articulación entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales, es necesario optimizar los espacios de dirección y administración del nuevo esquema institucional, de forma que se facilite la implementación de la política nacional encaminada a contrarrestar y/o mitigar la situación de desastre nacional y de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional. Estos ajustes permitirán al mismo tiempo la estrecha articulación entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales y locales para incorporar consideraciones de riesgo ambiental, vulnerabilidad climática y salvaguarda de la estructura ecológica de soporte, en la toma de decisión y en las inversiones de reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras y condiciones socioeconómicas del territorio, en las áreas más afectadas del país por la ola invernal.
ART. 1º—Fusión y denominación de las corporaciones autónomas regionales. Con el fin de conjurar la crisis en sus aspectos ambientales e impedir la extensión de sus efectos, decrétase la fusión y modificación en la denominación de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible de que tratan los artículos 33 y 41 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera:
1. Fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Dique - Cardique, en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, la cual en adelante se denominará Corporación Autónoma Regional del Delta del Magdalena, Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río Magdalena CAR Bajo Magdalena.
2. Fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CSB, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, Corpomojana, en la Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre, la cual en adelante se denominará Corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, CAR-Momposina.
PAR.—Las demás corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible conservarán su denominación y jurisdicción.
ART. 2º—La jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales fusionadas mediante el presente decreto serán las siguientes:
— Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río Magdalena, CAR - Bajo Magdalena: localizada en la zona hidrográfica Caribe litoral y parcialmente en las zonas hidrográficas parte baja del río Magdalena. Su jurisdicción comprenderá los municipios del departamento del Atlántico y los municipios de Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates, Turbaná, Arroyohondo, Arjona, Calamar, San Cristóbal, Soplaviento, Turbaco, San Estanislao, Villanueva, Santa Rosa, Clemencia, Cartagena de Indias y Santa Catalina en el departamento de Bolívar.
— Corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, CAR - Momposina: localizada en las zonas hidrográficas de la cuenca baja de los ríos Magdalena - Cauca - San Jorge. Su jurisdicción comprenderá todos los municipios del departamento de Sucre y los municipios de San Jacinto del Cauca, Tiquisio (Puerto Rico), Regidor, Altos del Rosario, Achí, Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba, Pinillos, Margarita, San Fernando, Córdoba, Montecristo, San Martín de Loba, Mompós, Cicuco, Talaigua Nuevo, Magangué, Cantagallo, San Pablo, Morales, Arenal, Rioviejo, Santa Rosa del Sur y Simití en el departamento de Bolívar.
ART. 3º—Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas regionales resultantes de la presente fusión conservarán la naturaleza jurídica establecida en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993.
ART. 4º—Modifíquese el artículo 24 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente forma:
ART. 24.—De los órganos de dirección y administración. Las corporaciones autó­nomas regionales tendrán dos (2) órganos de dirección y administración a saber:
ART. 5º—Modifíquese el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:
ART. 26.—Del consejo directivo. Es el órgano de dirección y administración de la corporación y estará conformado por:
PAR. 1º—Cuando fuere necesario, los miembros del consejo directivo de que tratan los literales a) y b) serán elegidos por ellos mismos para el período de un (1) año de acuerdo con el procedimiento que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PAR. 2º—El proceso de elección de los representantes a que se refieren los literales c) y d), se continuará efectuando conforme a las disposiciones vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PAR. 3º—En los casos en que dentro de la jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales no se presenten las comunidades de que tratan los literales c) o d), harán parte de los consejos directivos el rector o vicerrector de una de las universidades públicas o privadas con sede en su jurisdicción, elegidas por ellas mismas.
PAR. 4º—Para el caso de la corporación autónoma regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Coralina, el consejo directivo estará integrado por:
e) El director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” - Invemar;
PAR. TRANS. 1º—Los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales que surgen de la fusión prevista en este decreto deberán integrase dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su expedición y ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para tal efecto, los miembros actuales y en ejercicio, de que tratan los literales a), b), c), d) y los representantes de las entidades sin ánimo de lucro y de gremios económicos organizados, elegirán entre ellos mismos sus representantes al consejo directivo.
PAR. TRANS. 2º—Los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales existentes deberán integrase dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente decreto y ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para tal efecto, los miembros actuales y en ejercicio, de que tratan los literales a) y b) elegirán entre ellos mismos sus representantes al consejo directivo, los demás miembros continuarán ejerciendo sus funciones.
ART. 6º—Modifíquese el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:
ART. 27.—De las funciones del consejo directivo. Son funciones del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales:
l) Nombrar o remover al director general de la corporación;
r) Aprobar la creación de subsedes en la jurisdicción de la corporación.
PAR.—Cuando las corporaciones vayan a hacer uso de recursos que se originaron o se originen, incluidos su producido, de la venta de activos, se requerirá una mayoría calificada del 75% del consejo directivo.
PAR. TRANS.—Será función del consejo directivo aprobar el plan de acción para la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos, de que trata el parágrafo transitorio del artículo 9º del presente decreto.
ART. 7º—Modifíquese el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:
ART. 28.—Del director general. El director general será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será nominado por el Presidente de la República ante el consejo directivo quien podrá ratificar dicha nominación, para un período institucional de dos (2) años, contado a partir de 1º de enero de 2012, en concordancia con el inicio del período establecido por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. Si el consejo no ratifica la nominación, el Presidente postulará otro candidato. Si el consejo se abstiene de adoptar una decisión respecto del candidato postulado, pasado un mes desde la nominación el Presidente de la República encargará un director que permanecerá en el cargo hasta que el consejo designe.
PAR. TRANS.—El Presidente de la República designará, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente decreto, los directores generales de las corporaciones autónomas regionales resultantes de la fusión, quienes ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011.
ART. 8º—Modifíquese el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:
ART. 29.—Funciones del director general. Son funciones del director general, las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los estatutos respectivos. En particular le corresponde:
ART. 9º—Adiciónese a las funciones de las corporaciones autónomas regionales establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las siguientes:
b) Participar activamente y prestar el apoyo técnico requerido por los comités regionales para la prevención y atención de desastres, Crepad, y los comités locales de prevención y atención de desastres, Clopad, para la identificación, priorización y ejecución de obras tendientes a mitigar la vulnerabilidad del riesgo por desastres naturales;
PAR. TRANS.—Las corporaciones autónomas regionales adicionalmente deberán:
g) En atención a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional por el Decreto 4580 de 2010 y 20 de 2011, las Corporaciones aquí creadas deberán colaborar y coordinar armónicamente en materia técnica y presupuestal para atender la presente crisis.
ART. 10.—Modifíquese el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
ART. 44.—Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo concejo a iniciativa del alcalde municipal.
Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las corporaciones autónomas regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1º del artículo 46, deberán ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación.
PAR. 1º—El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a 1’000.000 de habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión.
PAR. 2º—Las corporaciones destinarán como mínimo el 10%, de los recursos de que trata el presente artículo para atender actividades de mitigación del riesgo y manejo del recurso hídrico.
ART. 11.—Las corporaciones destinarán como mínimo el 10% de los recursos de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, para adelantar en toda su jurisdicción actividades de reforestación, restauración, recuperación o rehabilitación de ecosistemas y para la elaboración de los planes de establecimiento y manejo de sistemas forestales, siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Adicionalmente podrán incluirse procesos de declaratoria y manejo de aéreas protegidas del nivel regional.
ART. 12.—Adicionar el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en los siguientes términos:
ART. 13.—Modificar el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera:
ART. 66.—Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que respecta a la protección y conservación del medio ambiente en las áreas urbanas, a excepción de la elaboración de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso hídrico.
ART. 14.—De las comisiones conjuntas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial integrará y presidirá las comisiones conjuntas de que trata el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Se autoriza a dichas comisiones para constituir un fondo común sin personería jurídica a través del cual deberán realizar las inversiones necesarias para el manejo integral de la respectiva cuenca.
ART. 15.—Adopción de la nueva estructura y la nueva planta de personal. De conformidad con las disposiciones señaladas en el presente decreto el consejo directivo de cada corporación resultante de la fusión dispuesta en el presente decreto, procederá a adoptar la nueva estructura y la nueva planta de personal necesaria para el cumplimiento de sus funciones con criterios de eficiencia, eficacia en la prestación de los servicios y racionalidad en el manejo de los recursos disponibles.
ART. 16.—Las incorporaciones de los empleados a la nueva planta de personal que se adopte para las corporaciones fusionadas, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su publicación. Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente.
ART. 17.—Atribuciones de los funcionarios de las plantas actuales. Los funcionarios de las plantas de personal de las corporaciones autónomas regionales existentes al momento de la fusión continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta tanto, sea adoptada la nueva planta de personal de la corporación autónoma regional resultante de la fusión.
ART. 18.—Contratos vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes celebrados por las entidades fusionadas, se entienden subrogados en la corporación autónoma regional resultante de la fusión, la cual continuará con su ejecución y cumplimiento sin que para ello sea necesario suscripción de documento adicional alguno.
ART. 19.—Transferencia de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes, derechos y obligaciones de las corporaciones autónomas regionales fusionadas, deberán ser transferidos a la corporación autónoma regional a la cual fueron fusionadas.
Los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas absorbidas por alguna de las enunciadas en el artículo 1º del presente decreto, conservarán su validez y efectos. Será responsabilidad de las corporaciones resultantes de la fusión dispuesta en el presente decreto, velar por el cumplimiento de los mismos y atender las solicitudes de aclaración que en relación con dichos actos se formulen.
ART. 20.—En desarrollo del proceso de fusión, la adecuación y operación de los sistemas contables, financieros, de tesorería, almacenes y demás servicios de apoyo, así como la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones a la corporación autónoma regional resultante de la fusión, tendrá como plazo máximo para concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo anterior de conformidad con las normas que regulan la materia.
ART. 21.—Derechos y obligaciones litigiosas. En desarrollo del proceso de fusión, la transferencia de los derechos y obligaciones litigiosas a la corporación autónoma regional resultante de la fusión, deberá concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo anterior de conformidad con las normas que regulan la materia.
ART. 22.—Transitorio. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar debidamente constituidas al cierre de la vigencia fiscal de 2010, debidamente constituidas con cargo al presupuesto de las entidades que se fusionan serán ejecutadas por la corporación autónoma regional resultante de la fusión.
ART. 23.—Desde la entrada en vigor del presente decreto hasta la fecha de terminación de la transición prevista en el presente decreto, las actuales corporaciones autónomas regionales deberán en todas sus decisiones incluir una visión integral de la cuenca hidrográfica de su jurisdicción con el fin de asegurar que sus actos y determinaciones, en lo pertinente, estén dirigidos de manera directa y específica a conjurar las causas ambientales de la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. También deberán coordinar sus decisiones al respecto con las otras corporaciones autónomas regionales cuya jurisdicción corresponda a la misma cuenca hidrográfica y continuar con el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución.
ART. 24.—Control fiscal. La auditoría de las corporaciones autónomas regionales fusionadas mediante el presente decreto estará a cargo de la Contraloría General de la República siendo indelegable el ejercicio de esta función.
ART. 25.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga expresamente el artículo 25 de la Ley 99 de 1993 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-593 de 1995.