Source: http://joseantonioartusi.blogspot.com.ar/2014/
Timestamp: 2017-06-28 17:37:35
Document Index: 238889531

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 85', 'Artículo 124', 'artículo 124']

José Antonio Artusi: 2014
Por José Antonio Artusi * / En 2008 la reforma de la Constitución Provincial incorporó numerosos nuevos derechos, institutos e instrumentos en materia de política ambiental. Quizás sea la nuestra la constitución provincial más ambiciosa y detallada en este sentido. Sin embargo, a más de 6 años de la reforma, la política ambiental que se tendría que haber basado en aquellas disposiciones brilla por su ausencia y basta leer el texto constitucional para verificar que, lamentablemente, por ahora es casi letra muerta. El artículo 22 garantiza el derecho de todos los habitantes a “vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable”. El artículo 83 dispone que el Estado “fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad” Con sentido programático, este mismo artículo establece, entre otras disposiciones, que “el Estado promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía renovables y limpias.” El artículo 84 plantea que “un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental”, y dispone que este ente deberá aplicar, sin perjuicio de otros que se establezcan, los siguientes instrumentos: la evaluación ambiental estratégica, un plan de gestión estratégico, el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo, el ordenamiento ambiental territorial, los indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información, la participación ciudadana y la educación ambiental. También establece que “la ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental”. El artículo 85 dispone que “el acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Algunos datos muestran a las claras el divorcio entre la letra de la Constitución y la realidad, sobre todo en la ciudad de Concepción del Uruguay. Ley General del Ambiente. Es una asignatura pendiente. Aunque parezca difícil de creer, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley general del ambiente el 31 de Marzo de 2011, y fue remitido al Senado el 20 de Abril de ese año. El proyecto contó con la firma de diputados de todos los bloques y el texto fue acordado como producto de un proceso de elaboración participativa de la norma, con aportes de todos los sectores interesados, tras numerosos foros de debate en diversas localidades de la provincia. Contó a su vez con el asesoramiento profesional de la FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y de asesores de los bloques, especializados en Derecho Ambiental. No sería honesto si no dijera que el principal mérito de ese logro le correspondió al diputado Jorge Kerz, pero me honro de haberlo acompañado en la iniciativa. Pues bien, ¿qué hizo el Senado, donde el partido de gobierno tiene unanimidad? Envió el proyecto al archivo, y ni lo senadores oficialistas ni el Poder Ejecutivo se dignaron a presentar un proyecto alternativo. Bastaría con esto para poder asegurar con sobrados fundamentos que al gobierno no lo interesa en lo más mínimo la política ambiental. Como producto de la falta de una ley general del ambiente no tenemos el ente encargado del diseño y gestión de la política ambiental, y por ende tampoco se aplican los numerosos e innovadores instrumentos mencionadas en la Constitución, que son por ahora una expresión de deseos. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
La Ley 10.311, de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, fue sancionada el 3 de Junio de 2014, y promulgada el 13 de Junio de 2014. O sea, 6 años después de la reforma de la Constitución. Como decía el slogan de Urribarri, “avancemos tranquilos…”. No es que antes no hubiera habido proyectos en la Legislatura; el 3 de Diciembre de 2009 presenté un proyecto de ley de “Basura Cero”, que considero es en muchos aspectos superador de la norma vigente. Norma que, por otra parte, prevé un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que ha vencido el día 13 de Diciembre de 2014 sin que tal reglamentación se haya efectivizado (al menos eso es lo que se desprende la normativa publicada en la página de la Secretaría de Ambiente http://www.entrerios.gov.ar/ambiente , en su sección Normativas). Lo notable es que en esa misma página la Secretaría publica un proyecto de decreto reglamentario. Todo parece indicar que las prioridades del Gobernador pasan por costosos viajes para promocionar en vano su candidatura o jugar al fútbol con mandatarios extranjeros, pero no por reglamentar e impulsar en serio la ley de residuos. De todos modos, más allá de las normas, basta dar una breve recorrida por Concepción del Uruguay para constar que la presencia de basura en la vía pública y la proliferación de minibasurales es moneda corriente. La incorporación de contenedores, un modesto avance pero avance al fin, no prevé la separación en origen ni la recolección diferenciada, y estamos lejos de tener un verdadero y eficiente sistema de gestión integral de residuos, como sí han hecho muchos municipios, incluso desde antes del 2008. Saneamiento
El tratamiento de los efluentes cloacales en Concepción del Uruguay es prácticamente nulo. La mayor parte de los líquidos cloacales se vuelcan crudos, a cursos de agua que se ven de esta manera seriamente contaminados. Conexiones clandestinas que van a parar a las cuencas urbanas, estaciones de bombeo y plantas compactas de conjuntos de viviendas que no funcionan, y una red cloacal colapsada son parte de una realidad dolorosa frente a la que no se reacciona adecuadamente. Existen desde mediados de la década del 80 proyectos para construir plantas de tratamiento de efluentes cloacales, como parte del proyecto integral de defensas contra inundaciones, pero claramente estas cuestiones, al igual que la Defensa Norte, han estado lejos de constituir las prioridades del gobierno nacional y provincial. Las consecuencias están a la vista. Las autoridades miran para otro lado, pero la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay ha mostrado la dolorosa realidad: aguas de uso recreativo con altos niveles de contaminación bacteriológica. Agua potable El decreto provincial 2235/02 establece que el valor máximo de turbiedad del agua potable es 2 UNT. El Código Alimentario Argentino, por su parte, fija el valor máximo en 3 UNT. El Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud monitorea desde hace algún tiempo en forma periódica los niveles de turbidez del agua potable de red en Concepción del Uruguay. Los resultados pueden consultarse en http://www.fcs.uner.edu.ar/saludparatodos . Sólo comentaremos los datos publicados de los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. Se analizó la turbidez del agua correspondiente a 23 días. En 18 oportunidades, vale decir el 78,26% de las muestras, los niveles estuvieron por encima del máximo admisible del Código Alimentario Argentino (3 UNT). En 20 oportunidades, vale decir el 86,95% de las muestras, los niveles estuvieron por encima del máximo admisible del decreto 2235/02 (UNT). Es decir que en sólo 3 ocasiones, el 13,04 %, los niveles estuvieron por debajo de 2 UNT. La Municipalidad de Concepción del Uruguay no dice nada al respecto, y no parece haber tampoco reacción por parte de las autoridades provinciales, que deberían controlar a través de la autoridad de aplicación el efectivo cumplimiento del mencionado decreto. Podríamos seguir dando ejemplos. ¿Alguien conoce los resultados del monitoreo conjunto de la calidad del agua del río Uruguay en proximidades de la planta de UPM (ex Botnia) y la desembocadura del río Gualeguaychú? ¿Y el monitoreo de la calidad del aire en Gualeguaychú? ¿Y el derecho al acceso a la información ambiental? ¿Y el control efectivo de la aplicación de agroquímicos?... En materia ambiental, no existen ni el “sueño entrerriano”, ni la “década ganada”, más bien un panorama sombrío y déficits acumulados, que será necesario revertir con decisión y voluntad política, que precisamente es lo que ha faltado por parte del gobierno los últimos años.- * José Antonio Artusi es Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR y fue diputado provincial entre 2007 y 2011.- Leer más...
”Elegid, compatriotas! O
un mar de petróleo en que
se ahogue la soberanía, o
la sagrada soberanía
a flote aunque sea en un
charco de petróleo”
Citado por C.E.Solberg en “Petróleo y Nacionalismo en Argentina”
A QUE VIENE LA NUEVA
La sanción de la ley de Hidrocarburos, No.
27007, viene a cerrar la estructura
legal de un ciclo de retroceso de una política oficial que, iniciada con la
toma del 51% del capital social de YPF S.A, declaraba apuntar al logro de la
soberanía hidrocarburífera. A las limitaciones que ya se mostraban en la
recuperación de YPF, se sumaron luego las falacias de la Ley de Soberanía
Hidrocarburífera y su decreto reglamentario, y el acuerdo de YPF con Chevron,
que consagró la subordinación de una genuina política nacional a los dictados
de los intereses de las multinacionales petroleras, particularmente norteamericanas.
Y que además refirmó el manejo discrecional y autoritario de la política
energética, demostrado por el secreto que rodea a las condiciones contractuales
con Chevron y por la falta de solidaridad con Ecuador, país donde se había
condenado a la empresa por delitos contra el ambiente. El fallo de la Corte
Suprema que rechazó el bloqueo de los activos de Chevron, no solo ratifica la
jurisprudencia de época de los ´90, sino que confirma el alejamiento de la
doctrina determinada por el fallo del juez Salvador Lozada en el caso
Swift–Deltec, que aprobara las
reparaciones judiciales ante agresiones externas. Más tarde, el generoso
arreglo de compensación a Repsol por la toma de sus acciones -si bien estuvo
orientado principalmente por una política generalizada de buena letra ante la
comunidad financiera internacional- reforzó el viraje de la estrategia en el
negocio hidrocarburífero para alinearla con los intereses de las
multinacionales del sector.[i]
La nueva ley 27007 refuerza las excepciones y ventajas que se otorgan a las empresas que invierten en el sector en los contratos de concesión, incluidos en la ley 17319 y puestos en vigencia por la administración Menem. Entre otras medidas, se facilita la exportación de crudo y la libre disponibilidad de las divisas, se amplían los plazos de concesión, se concede un status especial a la concesión para explotación de hidrocarburos no convencionales, se &nbsp;limita&nbsp; el&nbsp; porcentual&nbsp; a &nbsp;pagar &nbsp;por &nbsp;regalías&nbsp; y&nbsp; otros&nbsp; gravámenes&nbsp; a&nbsp; la&nbsp; producción &nbsp;-independientemente de cuál sea la autoridad concedente- y se contemplan reducciones a las regalías en el caso de explotación con técnicas especiales (estimulación -&#180;fracking&#180;-, producción terciaria, petróleos extra pesados, offshore). &nbsp;
Se modifica profundamente la anterior ley 17319 (de 1967) estableciendo bases uniformes para el otorgamiento de las concesiones y el pago de regalías, y se aboga para que las distintas jurisdicciones -el Estado Nacional y las provincias- fijen condiciones similares en el tratamiento impositivo y en los requerimientos de política ambiental a imponer a las empresas. Estas condiciones, de por sí recomendables, surgen como reacción a las consecuencias de la aplicación caótica de la ley &#8220;corta&#8221;, que permitió el avance de las dirigencias de las principales provincias petroleras -a veces en connivencia y otras en conflicto con las autoridades nacionales- en el manejo de las concesiones, y la participación de empresas provinciales como socios privilegiados. Ahora la ley prohibe que se reserven áreas para empresas con participación estatal, y que éstas se asocien a las multinacionales con &#180;acarreo&#180;, es decir sin aportar a las inversiones proporcionalmente a su participación accionaria.[ii]
ley viene a correr un telón de olvido e
impunidad sobre los incontables incumplimientos de la ley 17319, que llevaron a
la pérdida del autoabastecimiento y de gran parte de las reservas de
hidrocarburos, acrecentando el poder de las empresas frente a la debilidad del
Estado. Pero principalmente se pretende instalar un horizonte de
“gobernabilidad” en la política hidrocarburífera, que asegure la continuidad de
los negocios con las grandes empresas en el período de transición política que
atravesamos hasta diciembre de 2015, y después; y que sea el Gobierno Nacional
el que asegure ese clima de confianza, facilidades y estabilidad de las reglas
que reclama el llamado ´establishment´, reduciendo la ingerencia de las
provincias. EL PAPEL DE YPF
YPF cumple un papel determinante[iii].
Ha reafirmado su posición de empresa líder por su predominio en el sector de
downstream (refinación, distribución y comercialización) y por la recuperación, o leve crecimiento, en
la extracción de gas y petróleo -se va a convertir en la principal productora
de gas tras la compra de los activos de Apache- pero sobre todo por su carácter
de herramienta de las políticas del Gobierno Nacional. Sin embargo sigue en pie
su carácter de sociedad anónima, no sujeta a auditorías por el Estado, en
abierta violación al art. 85 de la Constitución Nacional y a la ley de administración financiera del Estado Nacional, lo
que resulta incomprensible desde un punto de vista sensato de las ciencias de
la administración y control. Financia sus inversiones con los aumentos apreciables
de los precios de las naftas que se le conceden, y que aprovechan las otras
empresas, aun cuando su producción declina. Y también con la obtención de
créditos y emisiones de bonos, apalancados por el Gobierno Nacional y pagados en
buena medida por el ahorro de los argentinos. Gran
parte de esos fondos -y las inversiones de las empresas extranjeras en sus
sociedades con YPF, como lo ha hecho Chevron- se concentran en la exploración y
explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Ya hemos
señalado que no parece ser esa la prioridad más conveniente para YPF y para el
país, privilegiar estas explotaciones frente a las de los yacimientos
convencionales, y apuntar más a la extracción de petróleo shale, cuando el
mayor déficit de producción en el país se encuentra en el gas. No parece ser una buena decisión
además, teniendo en cuenta que los costos de producción son muchísimo mayores que
en la explotación no convencional y se requiere una mayor proporción de insumos
y tecnología importados. Y por sobre todo, avanzar sin responder adecuadamente
a la resistencia que genera en la población de gran parte del país la
aplicación de la fractura hidráulica, el “fracking”, que está siendo objetado
en la mayoría de los países o zonas donde se utiliza, aun en EEUU, y en algunos
casos prohibido.[iv] No se puede ignorar que el art. 41 de la Constitución Nacional
preserva el derecho de todos a vivir en un ambiente sano, y obliga al cuidado
del ambiente y a la utilización racional de los recursos naturales, preservando
el derecho de las generaciones futuras, lo que no parece estar sucediendo en
las actuales operaciones no convencionales, si atendemos a las denuncias de las
poblaciones vecinas a las explotaciones.
Chevron otras multinacionales como Exxon, Shell y Total también se adjudicaron
concesiones en las formaciones shale en el país, pero el ritmo de exploración
aparece muy lento, y no hay reportes de producción significativa y de
abastecimiento de petróleo o gas shale desde esas concesiones. Y se observa que
los montos de inversión comprometidos, o no se conocen o son ínfimos -de 250 o
300 millones de dólares por empresa- cuando se estiman en varios miles de
millones anuales la cantidad necesaria para solucionar nuestra crisis[v].
Mientras se señala que son los riesgos de operar en Argentina la causa
principal de la escasa inversión, las multinacionales responden a su estrategia
en el plano internacional, a la que subordinan su accionar en el país. El precio
del petróleo ha bajado casi un 35 % en un año, llegando a alrededor de los U$
70 el barril en los distintos mercados globales (WTI, Brent, Arab Light, Cesta
OPEP). La explicación más común que se ofrece es que la gran producción de
shale en EEUU, junto a cierto freno a la demanda por parte de China, India y
otros grandes consumidores, ha hundido los precios. Sin embargo, el crecimiento
en EEUU en producción de petróleo y líquidos ha sido en los últimos años -2009 a 2013- de sólo unos
3,5 Mbepd (millones de barriles equivalentes de petróleo por día) frente a una
producción mundial cercana a los 88 Mbepd, si bien por ese aumento y por un uso
mas racional, las importaciones de petróleo en EEUU han disminuido
significativamente. Simultáneamente, la mayor parte del aumento de la
producción shale ha sido en el gas, lo que ha provocado la caída de su precio
interno, y que las empresas presionen al gobierno de EEUU para que autorice su
exportación. Entretanto, empresas operadoras de shale están empezando a retraer
sus inversiones, ya que se estima que una la mayoría de los campos de no
convencionales dejan de ser rentables con precios del barril de petróleo que
oscilan entre 50 y 80 U$ el barril. En Argentina ese precio límite de
rentabilidad, llamado ‘break even’, es
seguramente mayor.
cimbronazo del mercado, la OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo, que integran 12 países, entre ellos grandes productores como Arabia
Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Irán, y abastece un 30 % del consumo
mundial, ha decidido no aplicar a su producción un recorte que podría forzar el
aumento de los precios[vi].
Estos vaivenes del mercado no son resultado de la simple aritmética de la
relación oferta/demanda. Se especula que las grandes petroleras maniobran para
que las medianas y pequeñas empresas que operan en el shale de EEUU queden
fuera del negocio, y que los grandes de la OPEP coinciden en la maniobra para
no resignar su cuota de mercado, reduciendo su producción. Por lo que no es posible augurar que la caída
del precio del petróleo sea duradera; podría revertirse cuando los grandes operadores
consideren que ganaron la partida. Queda por considerar si no hay también presiones
geopolíticas, que coinciden con las comerciales, tratando de perjudicar a otros
países exportadores, opuestos políticamente a EEUU o a las monarquías del Golfo,
como Rusia, Irán y Venezuela. SOBERANIA O AUTOABASTECIMIENTO?
fuere su estrategia global, es evidente que las grandes petroleras no
arriesgarán en el país más capital que el suficiente para conservar las áreas
concesionadas procurando que, a través de YPF y los gobiernos nacional y
provinciales, el conjunto de los argentinos haga la mayor parte del esfuerzo, tal
como sucedía hasta la llegada de Enrique Mosconi a YPF en la gestión
presidencial de Marcelo T. de Alvear. El proceso para convertir los recursos no
convencionales en reservas probadas, desarrollar la infraestructura y el
aprendizaje para elevar la eficiencia de los procesos de extracción y lograr
una producción competitiva en el mercado internacional, requiere grandes
inversiones y llevará muchos años. Chevron
logró a través de la firma de varios acuerdos previos, ‘estrictamente confidenciales, que el contenido de la nueva ley resultara de su ´entera satisfacción´, tal como aseguran fuentes periodísticas que
accedieron a esos documentos. Y todas las empresas gozarán de esas condiciones.
Así es cómo, mientras se estima que YPF está aportando el 70% de la inversión
actual en los hidrocarburos no convencionales, el conjunto del pueblo argentino
carga con la crisis; el precio doméstico del petróleo es hoy de más de U$ 80 el
barril -no acompaña la caída del precio internacional, que ya bajó de los U$ 70-
y las naftas se pagan más que en EEUU y poco menos que en muchos países que no
tienen petróleo[vii]. Así las
grandes petroleras afianzan la seguridad energética de sus países, reteniendo
el control sobre los recursos ajenos. Y la tan pregonada ´Soberanía
Hidrocarburífera´ se ha sacrificado en aras de una pretendida cruzada por lograr
lo más rápidamente posible el autoabastecimiento de hidrocarburos. La cita que
encabeza este documento grafica, en otro contexto de nuestra historia, esta
disyuntiva que hoy enfrentamos.
Ante la sanción de la nueva ley los
principales grupos políticos opositores se manifestaron contrarios a las limitaciones
que establece a la acción de las provincias productoras y sus empresas de
energía; en particular la eliminación -finalmente sólo parcial- del ´acarreo´.
Recelan de la concentración de poder en el P.Ejecutivo y especulan con el apoyo
político de los gobernadores y futuros candidatos de las provincias petroleras.
Sin embargo varios líderes políticos rehusan comprometerse públicamente a
derogar la ley 27007 en caso de acceder al gobierno. Algunos realzan la
profesionalidad -para nosotros discutible- del presidente de YPF, y señalan que las divergencias que asoman en
ocasiones entre sus apreciaciones y las del ministerio de Economía, son resultado
de las incongruencias en las políticas que aplica la presidente.
hidrocarburífera en Argentina muestra que, en diversas circunstancias, se han adoptado resoluciones drásticas, anulando o
retrotrayendo las consecuencias de actos de gobierno previos. Tenemos como
ejemplos la anulación de concesiones otorgadas y la reserva de áreas para YPF con
la oposición de jurisdicciones provinciales -recurrente en las primeras décadas del siglo pasado- y la anulación en 1963 de los contratos celebrados
durante el gobierno del Dr. Frondizi. La eliminación en el pasado de decretos
o resoluciones, demostraba entonces el
corte franco con las políticas que los habían generado, y su efecto fue
respetado, aun por potencias extranjeras.
Hoy se recurre a modificar parcialmente
leyes o resoluciones, aun aquéllas promovidas por el mismo gobierno, o por
anteriores gobiernos políticamente afines, sin renegar abiertamente de su
espíritu, lo que refleja el retroceso, vergonzante, de la política de soberanía
declamada poco tiempo atrás.
En los últimos años se ha conformado un
cuerpo de opinión sobre las políticas en energía, con las apariciones públicas
y documentos difundidos por un grupo de ex-secretarios de Energía, de dispar
prestigio, de diversos orígenes políticos y de solvencias técnicas diversas, prekeynesianos
en lo económico con propuestas neomenemistas que tenderían a reproducir la
década del 90, cuando se llevó a cabo la eliminación de las politicas que
consideraban a los hidrocarburos como bienes estratégicos, y su reemplazo por
las decisiones del mercado. Para ellos los males parten de la crisis del 2001,
producto justamente de las políticas de los ´90, a las que disimuladamente
pretenden volver.
Varios de ellos se han comprometido aún
más en el apoyo a las políticas de apertura a las grandes multinacionales, hasta
alentar que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea compatible con los
intereses de los EEUU (La NACION 24-11-14, pag 21). Algunos ya actúan como expertos
de agrupaciones partidarias, las cuales,
aun criticando hoy las decisiones del gobierno nacional, no aparecen dispuestas
a realizar cambios sustanciales en la política energética. Estos expertos no responsabilizan
de la situación actual a las políticas del menemismo, y silencian la
continuidad con las mismas en su esencia, a
través de los gobiernos de la Alianza y del kirchnerismo; en especial cargan
las tintas en la crítica a las intervenciones del Estado al amparo de la Ley de
Emergencia Económica vigente, en su mayoría parches mal aplicados que han
empeorado la situación de coyuntura que venían a remediar. Más allá de sus
competencias técnicas y de sus trayectorias políticas previas, estos expertos no
parecen ser portadores de proyectos de un rumbo realmente nuevo para el sector
energético. QUÉ DECIR DEL
FUTURO Hemos señalado en documentos anteriores
que la situación energética se tornaba realmente crítica, en la medida en que
se conjugaban tres aspectos netamente desfavorables: el primero, la caída de la
producción, que impedía revertir el déficit en el balance físico que acabó con
el autoabastecimiento; en segundo término, el creciente déficit en la balanza
comercial de la energía, producto de la importación de hidrocarburos y del
incremento de la cuenta subsidios; y finalmente, la pérdida del poder de
decisión de los gobiernos para revertir los aspectos anteriores, poder que,
cada vez más, se transfería a las grandes empresas del sector, particularmente
las transnacionales. Creemos que este último aspecto se ha
convertido en el predominante, en la medida que los pasos dados por las autoridades
para intentar enfrentar los déficits físico y económico no han dado resultados
notorios, y sí han reforzado el poder de las empresas. Y que no se puede
esperar de esta administración un cambio positivo en el sector energético, en
tanto las medidas en el campo económico general muestran su política cambiante y
su debilidad frente al mundo financiero.
Hemos pregonado siempre que la energía
es un asunto de todos, en la medida que disponer de energía suficiente y de
calidad para llevar una vida digna es un derecho humano. Hoy más que nunca es
imprescindible el compromiso de la gran mayoría del pueblo en la reconquista de
la soberanía sobre nuestros recursos naturales para asegurar los derechos
elementales de la salud, el trabajo, la educación, vivienda.
Creemos firmemente en que debemos
luchar por imponer el regreso a una política energética -avalada por la opinión
mayoritaria del pueblo- de firme compromiso del Estado Nacional en la
recuperación del manejo soberano del sector, a través de grandes empresas estatales
e independiente de los dictados del comercio internacional. Esto requerirá un gran esfuerzo, imposible de
lograr sin el apoyo de la gran mayoría del país, que sólo lo brindará si
recupera la confianza en sus mandatarios y en las medidas que se adopten, que
deberán implicar la captura de las riquezas generadas por el sector y su
inversión racional, estratégica, por parte del Gobierno Nacional.
de la llamada ley corta, devolviendo el dominio jurisdiccional del subsuelo al
servicio público la provisión de los combustibles sólidos y líquidos y gas, la
electricidad, el agua y los servicios sanitarios.
totalmente YPF S.A: convertirla en YPF Sociedad del Estado y otorgarle la
exclusividad en la gestión operativa del sector hidrocarburos líquidos,
transformando las actuales concesiones de explotación en contratos de
la cadena del gas, de producción y transporte, creando la nueva empresa estatal
única, Gas del Estado S.E.
una exhaustiva evaluación de las reservas hidrocarburíferas, independiente de
un plan de corto y mediano plazo tendente a recomponer paulatina y sensatamente
el autoabastecimiento, enmarcado en una renovación de la matriz energética.
los marcos regulatorios del gas y la electricidad y establecer los marcos regulatorios
de los demás servicios, reconvirtiendo los entes reguladores en organismos
estatales, no independientes, con direcciones idóneas.
Rejerarquizar
la Secretaría de Energía, ampliando su rol planificador y su dotación de.
precios y/o márgenes de utilidad en los distintos subsectores de las cadenas de
valor. Reestatizar
el despacho unificado de cargas de la electricidad.
todo el sistema tarifario de los servicios, de modo de establecer una jerarquía
progresiva, uniformidad para todo el territorio nacional, y valores subsidiados para la población de
bajos ingresos. BUENOS
AIRES, 13 DE DICIEMBRE DE 2014
[i] Ver MORENO, “El acuerdo con
Repsol”, 17-04-2014.
[ii] Las
multinacionales aceptan el acarreo: según Aranguren, el CEO de Shell, “tener de socio a la provincia no es malo,
porque ante problemas con el gobierno nacional, por la importación de equipos o
el incremento de las retenciones a la exportación, o con las comunidades
locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa
provincial participa” (Perfil, 24-8-2014)
[iii] La ley fue bautizada en
medios oficiosos, citados en la prensa, como ´ley Galuccio´.
[iv] “Habrá que decidir entonces si, y en qué condiciones, es aceptable
aplicar las modernas técnicas de fractura para superar la declinación de las
reservas convencionales en nuestros yacimientos. Pero si se aceptaran, hay que
atender también a que las formas, ritmo y circunstancias de la explotación
respondan a una estrategia genuina de afirmación de la soberanía energética”. MORENO; “La refinación de
petróleo”, junio 2013. [v] Según dijo el Ing Galuccio,
en una exposición pública ante autoridades e invitados en la Casa Rosada en
mayo de 2012, el crecimiento propuesto para YPF entre 2013
y 2017 requería un promedio de inversiones de U$ 7.000 millones anuales.
[vi] Se
estima que los grandes productores del Golfo Pérsico y Medio Oriente pueden
sostener hoy su producción con un precio de U$ 30 el barril.
[vii] La OFEPHI pidió al gobierno
no bajar el precio interno del petróleo; el
mencionado es el del crudo liviano Medanito, con el que se elaboran las naftas.
La contracara: el barril del tipo más pesado Escalante, de la cuenca del golfo
S.Jorge, se está exportando a U$ 60. Leer más...
A 99 años de su nacimiento, el Comité Departamental Uruguay de la UCR rinde homenaje a la memoria de Carlos Humberto Perette. Nació en Paraná el 12 de Diciembre de 1915 y murió el 18 de Junio de 1992. Perette se desempeñó como Concejal de la ciudad de Paraná, diputado provincial, diputado nacional, Vicepresidente de la Nación en el gobierno ejemplar que presidió Arturo Umberto Illia, Presidente del Bloque de Senadores nacionales de la UCR, y Embajador en la República Oriental del Uruguay, además de numerosos cargos partidarios. Militó toda su vida en la Unión Cívica Radical, en las buenas y en las malas, dando siempre testimonio de conducta y coherencia. Abogado comprometido, promotor consecuente del cooperativismo, militante de la solidaridad argentina con la República Española, legislador progresista y laborioso, defensor de los derechos humanos, diplomático responsable, su figura se agiganta con el paso de los años y su trayectoría límpida nos debe servir como un ejemplo a seguir en la ardua tarea de fortalecer el radicalismo. Leer más...
Por José Antonio Artusi / El 13 de Diciembre de 1907 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia y comenzó la larga y conflictiva historia de la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Historia jalonada por éxitos notables y retrocesos penosos, por gestas ejemplares y por ignominiosas entregas y defecciones. Los Presidentes Yrigoyen y Alvear, de la mano del Gral. Ing. Enrique Mosconi, sentaron las bases de una gran petrolera estatal nacional, YPF, la primera en su tipo en el mundo, verdadero orgullo nacional durante décadas, espejo en el que se miraron las naciones hermanas de América Latina para crear sus propias empresas petroleras. Hipólito Yrigoyen tenía absolutamente en claro, con notable lucidez, que el petróleo sería un bien estratégico, no renovable, y que la gestión de la política hidrocarburífera debía estar en manos de la Nación. Los intereses reaccionarios de oligarquías feudales enquistadas en las provincias y la connivencia con intereses extranjeros que dominaban al Senado le impidieron, lamentablemente, lograr lo que constituía su obsesión: la ley de nacionalización del petróleo. El golpe infame del 30, como se ha dicho, tuvo olor a petróleo, y truncó las posibilidades de avanzar en aquel momento por el camino de la autodeterminación y la defensa del interés nacional. Yrigoyen, en el mensaje al Congreso acompañando el proyecto de ley orgánica del petróleo en 1929, expresa con contundencia: "Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en una época en no podía sospecharse el valor económico y la importancia social que adquirirían en el futuro los aceites minerales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio. De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen legal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsuelo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además de la jurisdicción federal… Es suficiente enunciar ese estado de cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus peligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesiones por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medidas suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflictos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Va a ser durante la presidencia de Arturo Frondizi que aquel anhelo de la nacionalización se concreta, a través de la Ley 14.773, siguiendo el criterio de la efímera Constitución de 1949, de la que aquella disposición era casi lo único rescatable. En su libro "Política y petróleo", Frondizi había señalado claramente el camino a seguir. Como señala Eduardo Conesa, "Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otras países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas." (Conesa). Me cuento entre los defensores de la anulación de los contratos de Frondizi que llevó a cabo el Presidente Arturo Illia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral, por considerarlos concesiones encubiertas pero considero también que en realidad aquellas diferencias operan como una suerte de árbol que no nos deja ver el bosque. Más allá de la interpretación que se haga de los contratos, Frondizi e Illia, herederos de las mejores tradiciones del radicalismo estaban de acuerdo en lo fundamental: el petróleo es nacional, debe ser explotado por YPF, y no hay que permitir concesiones, sino que el capital privado debe colaborar a través de contratos de exploración y explotación, entregando el producto a la petrolera estatal que debe ser el organismo rector de la política hidrocarburífera. El gobierno del usurpador Onganía, derogó la ley 14.773 y la sustituyó por la 17.319, que permitió las concesiones. En 1973 el bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido en ese entonces por Antonio Troccoli propuso por ley la nacionalización de los hidrocarburos, “ratificando la política de nacionalización total de las fuentes naturales de energía” que se planteaba en la Plataforma Electoral. También se propuso en ese momento por parte de los legisladores radicales que las regalías a las provincias productoras debían elevarse al 16,75%. (Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical, 1973). La línea entreguista y antinacional se profundizaría luego en el gobierno peronista de Carlos Menem, auspiciado de manera entusiasta por el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La entrega y extranjerización de YPF en los 90, no revertida del todo más allá del relato falaz del gobierno, unida más tarde a la sanción de la denominada “ley corta” en una interpretación distorsionada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, tuvo las consecuencias de saqueo y pérdida de reservas y autoabastecimiento que son conocidas: "Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales. Por otra, la anti-política petrolera del Estado bobo nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado…., y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe quién. Pero más allá del problema de la corrupción, las provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en el mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente." (Conesa).
Bibliografía consultada Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical Cumplimos con la plataforma electoral [Publicación periódica] // Opinión Radical. - Buenos Aires : [s.n.], Diciembre de 1973. - 1. - pág. 8. Conesa Eduardo Portal Académico de la Facultad de Derecho de la UBA [En línea] // EL IMPUESTO A LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS, RECURSOS NATURALES, HIDROCARBUROS Y EL FEDERALISMO EN LA ARGENTINA. - 11 de Diciembre de 2014.
José Antonio Artusi, titular del Comité Departamental de la UCR, participó este viernes del acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias en Basavilbaso. El ex Diputado reconoció que no le resulta fácil llegar a la ciudad desde que falleció Roberto Fleitas, “muchos lo extrañamos, y seguramente nos está haciendo falta su ejemplo de convicción, de doctrina y de conducta”.
Pero Artusi no se quedó en un recuerdo nostálgico sino que afirmó que el radicalismo tiene una responsabilidad muy grande en tiempo de “definiciones, tiempos conflictivos, de incertidumbre...donde el año que viene vamos a transitar un período electoral que exigirá de nosotros lo mejor”. “El adversario que enfrentamos, el kirchnerismo que no es más que una versión remosada del peronismo, pero que expresa sus peores defectos, sus peores vicios...el gobierno nacional ha distorsionado todo lo que toca y pretende
“vender” ante la sociedad un relato mentiroso, falaz y por donde nos han pretendido correr por izquierda a los radicales y a otras fuerzas progresistas del país”, describió.
“Tenemos, con la ayuda de la juventud, que hacer un gran esfuerzo por desentrañar y desenmascarar la verdadera esencia del kirchnerismo”, afirmó Artusi para quien el gobierno nacional es “impostor”, “que se disfraza de democrático, pero que en realidad es demagógico”. “El gobierno se disfraza de popular, pero en realidad expresa los peores vicios del populismo...un gobierno que se disfraza de defensor de lo nacional y popular, pero en realidad entrega el patrimonio nacional como hemos visto hace poco con la Ley de hidrocarburos, una de las entregas más vergonzosas e ignominiosas de la historia nacional es lo que pretenden hacer con Chevron y con YPF, una de las peores empresas petroleras del mundo”, reflexionó.
El titular de la UCR del Departamento recordó que fue el radicalismo quien impulsó la nacionalización de los hidrocarburos y conseguir la autonomía y autosuficiencia energética. “Se consiguió en el gobierno de (Rául) Alfonsín, es inconcebible que estos descarados nos corran por izquierda pretendiendo parecer como los que recuperaron YPF cuando en realidad lo hicieron muy mal y a medias, pagándole a Repsol que esquilmó los yacimientos del país cuando se llenaban la boca diciendo que no le pagarían nada...y así con tantas otras cosas más”, expresó en tono enérgico el dirigente radical que llamó a “desentrañar la verdadera esencia de este gobierno y desenmascararlo y mostrarle al pueblo que hay otra alternativa...en cada pueblo, en cada Junta de Gobierno, en cada ciudad, en cada provincia...tenemos un mandato histórico”, exclamó.
“Basavilbaso tiene que volver a tener un Intendente radical para volver a encaminarse en la senda del progreso”, afirmó Artusi en otro pasaje de su discurso arrancando cerrados aplausos de los presentes. “Entre Ríos tiene que volver a tener un Gobernador radical para que volvamos a retomar la senda del progreso, de la decencia y la transparencia y la administración de la cosa pública como siempre hicimos cuando fuimos gobierno, más allá de las dificultades y las profundas crisis”, dijo.
Artusi denunció que el gobierno nacional “demoniza” de manera “hipócrita” la década de los ‘90 cuando “fueron compañeros de ruta, de la entrega del menemismo”, y más: “expresan el mismo modelo autoritario y hegemónico en lo político, concentrador en lo económico y excluyente en lo social”.
“Con la hegemonía y el autoritarismo político pretenden lograr el control de la Justicia, basta ver los pocos medios independientes de prensa para ver todas las maniobras que pusieron en marcha para controlar y sojuzgar a la Justicia. Necesitan una Justicia adicta porque el año que viene si somos gobierno y hay Jueces independientes muchos de ellos van a ir presos, porque este es el gobierno más corrupto que registra la historia nacional”, enfatizó.
El radical dijo que los avances conseguidos obedecieron a un contexto internacional favorable más que al accionar de los gobernantes. Además contó que la Asignación Universal por Hijo para muchas familias puede significar un alivio para satisfacer las necesidades más básicas, pero hizo un llamado a ver que la vigencia del sistema depende de un Decreto, el que fue establecido en 2009, después que la oposición le ganara las elecciones y había cambiado la correlación de fuerzas en el Congreso. Además denunció: “es mentira que sea universal, es focalizada, condicional y con montos que la inflación devora”.
Inmediatamente recordó que fueron Diputados radicales en los años ´90 que propusieron el subsidio, y un Intendente radical, Sergio Varisco en Paraná fue quien puso en marcha, por primera vez en el país -durante la “peor de la crisis”- un programa de ingreso ciudadano a la niñez. “Me tocó también integrar el bloque de Diputados provinciales que propuso una iniciativa en ese sentido, y que espero algún día sea realidad”, expuso Artusi.
“No nos pueden correr por izquierda. Tenemos que levantar las banderas populares...tenemos que volver a ser la causa de los desposeídos, tenemos que representar intereses concretos...se un partido movilizad, en la calle, que dialogue con todos los sectores y que exprese las demandas e intereses de los jóvenes que demandan derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a tener un horizonte y una perspectiva que les permita desarrollarse y ser ciudadanos plenos. Vamos a cumplir 31 años de la recuperación plena de las instituciones de la democracia, y los radicales tuvimos un protagonismo central en esa gesta...hoy hay una generación de Argentinos, no sólo de radicales, que puede decirse “hijos de la democracia”, y el radicalismo fue quién puso los cimientos de ese logro histórico: “democracia para siempre, nunca más terrorismo de Estado y nunca más dictaduras”. Esas banderas son radicales y las tenemos que hacer flamear y bien fuerte”, enfatizó.
“Nuestra misión histórica es lograr que un radical asuma como Gobernador en la Casa Gris el 10 de diciembre del 2015, y no por una cuestión de vanidad o por saber que un afiliado a mi partido político es Gobernador sino porque tenemos una misión más trascendente que solo el radicalismo, acompañado seguramente, puede hacer realidad la democracia social que nos debemos para complementar esa democracia institucional, pero que está medio renga, que conquistamos en 1983...Debemos hacer radicalismo, movilizar el partido, tener un partido unido que debata, que discuta y elabore programas y propuestas desde la Junta de Gobierno más pequeña hasta el Gobierno Nacional para tener una clara idea del programa alternativo y progresista que le vamos a ofrecer a la sociedad”, finalizó.
http://www.rielfm.com.ar/2014.12.06,artusi-el-kirchnerismo-expresa-los-peores-defectos-y-vicios-del-peronismo,47414.htm Leer más...
Asumieron las autoridades del radicalismo de Basavilbaso y de la JR
En el Comité "Roberto Fleitas" de la Unión Cívica Radical de Basavilbaso, en la noche de este viernes, asumieron las autoridades partidarias de los distintas localidades del Departamento. Con la presencia del presidente del centenario partido a nivel provincial, Fuad Sosa, mas las autoridades departamentales, entre ellas su presidente, Jose Antonio Artusi, se entregaron los correspondientes diplomas. En Basavilbaso, Jorge Pioli asumió la titularidad, en tanto en Concepción del Uruguay, Ernesto Bulay. En un encendido discurso, Artusi llamó a los radicales a recuperar las banderas históricas del partido, haciendo mención en forma permanente, luego de analizar la situación del país y de la provincia, que Entre Ríos necesita gobernantes, especialmente un gobernador del partido de Alem, Yrigoyen, Alfonsin, entre otros mencionados. "Somos la garantía de honestidad y transparencia en la cosa publica, este gobierno de nacional y popular no tiene nada, nos quieren correr por izquierda y son lo mismo que en los 90", indicó el presidente del partido y ex diputado provincial. También, en el acto, asumieron las autoridades de la Juventud Radical.
Fuente y fotos: FM Centro
http://www.fmcentrobasavilbaso.com/asumieron-las-autoridades-en-la-ucr_n-15289.htm
Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Basavilbaso y la JR
Por José Antonio Artusi / El 12 de Octubre de 1963 asumió la primera magistratura de la República el Dr. Arturo Umberto Illia, quien designó como Ministro de Salud Pública al Dr. Arturo Oñativia. El 15 de Enero de 1964, sólo 3 meses después, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso sendos proyectos de ley referidos a la producción y comercialización de medicamentos, sobre la base doctrinaria de considerarlos un bien social indispensable para garantizar a todos los argentinos el derecho a la salud. El 2 de Diciembre de 1964, hace 50 años, ambas leyes, las nº 16.462 y 16.463, estaban sancionadas, promulgadas y reglamentadas. En poco más de un año un régimen jurídico que enfrentaba poderosos intereses foráneos y defendía los derechos de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad se había transformado en realidad. A ese Presidente ejemplar, honesto pero también eficiente y eficaz como pocos, le decían la “tortuga”. Paradojas de la Historia, los herederos de quienes proferían esa absurda descalificación no han logrado en 6 años reglamentar buena parte de los nuevos derechos e institutos incorporados en la Constitución Provincial de Entre Ríos en 2008 y son los responsables de haber abortado el único proyecto de producción pública de medicamentos que se puso en marcha en esta provincia, durante el gobierno radical de Sergio Montiel. Junto a la anulación de los contratos petroleros, las leyes de medicamentos fueron uno de los factores decisivos que incidirían en el derrocamiento de Illia, en 1966. En efecto, una de las primeras medidas del gobierno del usurpador Onganía fue derogarlas. A 50 años de aquella gesta magnífica rendimos homenaje a la memoria de sus máximos impulsores, el Presidente Illia y el Ministro Oñativia, a la vez que renovamos nuestro compromiso en la defensa de políticas públicas que garanticen a todos los ciudadanos de manera igualitaria el derecho a la salud en el marco de una verdadera democracia social.-
Por José Antonio Artusi Se cumplen 30 años de la consulta popular convocada por el Presidente Raúl Alfonsín para legitimar el acuerdo con Chile. En un hecho inédito en nuestra historia, una mayoría aplastante de los ciudadanos que concurrieron a votar expresó un contundente SI que expresaba la conformidad con los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el conflicto relativo a la zona del Canal de Beagle. Aquella consulta y aquel acuerdo significaron cerrar una etapa de absurdos enfrentamientos con un país vecino y garantizaron la paz que las dictaduras de ambos países habían puesto en serio riesgo. Pero fueron mucho más que eso; fueron un ejercicio genuino de democracia participativa, permitieron desactivar una hipótesis de conflicto que era funcional a la permanencia de la dictadura chilena, y afianzaron el proceso de integración latinoamericana que el gobierno radical de entonces puso en marcha a través del MERCOSUR y tantas otras iniciativas. A 30 años de aquella histórica jornada rendimos homenaje a la memoria de Raúl Alfonsín y de todos los ciudadanos argentinos que la hicieron posible, a la vez que renovamos un compromiso militante con las banderas de la paz, la democracia social y la integración de los pueblos hermanos. José Antonio Artusi Presidente del Comite Departamental Uruguay de la UCR
2.- Reforma Social Renta Básica de Ciudadanía. 82% móvil para los jubilados. Democracia sindical.
3.-Reforma Económica Reforma impositiva funcional al financiamiento de la RBC. Eliminación de retenciones a las economías regionales y a la industria. Desgravación del consumo popular. Reforma financiera. Preservación del poder adquisitivo del salario por medio del control gradual de la inflación. Normalización del INDEC. Afirmación de la iniciativa privada y pleno apoyo al sistema cooperativo en todos sus aspectos. Vigencia efectiva del régimen competitivo, a cuyo efecto, el Estado deberá impedir las interferencias monopólicas que lo perturben.
4.- Reforma Educativa Reafirmar la defensa de los principios de la enseñanza pública, laica, común, gratuita, obligatoria y asistencial, acorde con la ley 1420. Las mejores escuelas en los barrios más vulnerables. Jerarquización de la carrera docente. Programa Nacional de Parques Biblioteca. Fortalecimiento de la autonomía universitaria, de la investigación científica y extensión.
5.- Reforma Sanitaria Seguro Nacional de Salud. Programa Nacional de Atención Primaria y Promoción de la Salud. Ley de medicamentos.
6.- Seguridad Democrática Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Reforma penitenciaria, policial y judicial.
7.-Reforma Urbana Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Programa Nacional de Acceso al Hábitat y la Vivienda Digna. Promoción del sistema cooperativo para construcción de viviendas y de las cooperativas de cesión de uso. Ayudas a los municipios para la implementación de sus propios planes de ordenamiento territorial, gestión integral de residuos domiciliarios y de recursos hídricos.
8.- Reforma Energética Recuperación para el Estado nacional del 100% de las acciones de YPF. Nacionalización de los hidrocarburos. Nueva ley nacional de hidrocarburos, sin concesiones, aumentando regalías para las provincias y jerarquizando el rol de la Secretaría de Energía de la Nación. Plan Nacional de Promoción de Energías Renovables. Racionalización y disminución de consumos en sector residencial y transporte. Declaración del GLP como servicio público. 9. Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Consolidación del plan nuclear y el plan espacial. Apoyo a la investigación y desarrollo para la incorporación de conocimiento y el agregado de valor en los procesos productivos.
10. Plan Nacional de Transporte Recuperación del rol del Estado nacional en el transporte ferroviario y fluvial. Plan Nacional de Autopistas Interurbanas y caminos rurales, financiado con peajes e impuestos a los combustibles. Jerarquización del transporte público colectivo en áreas urbanas metropolitanas.Leer más...
La turbidez del agua potable que se distribuye por las redes de obras sanitarias municipales en la ciudad de Concepción supera los niveles máximos de turbidez admitidos por el Decreto provincial 2235 y por el Código Alimentario (2 y 3 UNT, respectivamente). Así se desprende de los datos publicados por el Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER. De un total de 11 muestras correspondientes a fechas entre el 1º y el 22 de Octubre, en el 100% de los casos se superó el máximo fijado en la normativa provincial. En sólo una oportunidad, el día 9 de Octubre, el nivel de turbidez se ubicó dentro de los parámetros admitidos por el Código Alimentario. Lo que los uruguayenses pueden advertir o sospechar cada vez que abren la canilla, tiene ahora una confirmación a cargo de un entidad académica.- Fecha: 22 de Octubre de 2014. Turbidez: 4.63 UNT Fecha: 20 de Octubre de 2014. Turbidez: 4.56 UNT Fecha: 17 de Octubre de 2014. Turbidez: 4.48 UNT Fecha: 15 de Octubre de 2014. Turbidez: 5.85 UNT Fecha: 10 de Octubre de 2014. Turbidez: 6.12 UNT Fecha: 9 de Octubre de 2014. Turbidez: 2.81 UNT Fecha: 8 de Octubre de 2014. Turbidez: 3.21 UNT Fecha: 7 de Octubre de 2014. Turbidez: 2.44 UNT Fecha: 6 de Octubre de 2014. Turbidez: 3.66 UNT Fecha: 3 de Octubre de 2014. Turbidez: 3.07 UNT Fecha: 1 de Octubre de 2014. Turbidez: 4.21 UNT Fuente: Programa Salud para Todos
http://www.fcs.uner.edu.ar/saludparatodos/category/proyectos/control-de-calidad-de-agua/ Foto: imagen tomada el día 23 de Octubre, muestra la diferencia entre el agua directa de la canilla y agua proveniente de un filtro domiciliario.- Leer más...