Source: https://es.scribd.com/document/302757375/El-Principio-de-Autonomia-de-Responsabilidades-2014-GJ-10p
Timestamp: 2019-04-24 08:08:00
Document Index: 94468183

Matched Legal Cases: ['artículo 382', 'artículo 397', 'artículo 153', 'artículo 25', 'Artículo 115', 'Artículo 32', 'Artículo 231', 'Artículo 96', 'artículo 25', 'artículo 153', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 168', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40']

El Principio de Autonomía de Responsabilidades - 2014 - GJ 10p.
Sobre la función pública.
Ley Penal Tributa Ria
C-829-14
Material de Lectura Analisisstc 2012
SUMARIO_GP75
ATIPICIDAD RELATIVA EN EL DELITO DE FALSEDAD INFORMÁTICA EN COLOMBIA
Afrontando el dilema de la concurrencia
de responsabilidades penal, civil y
administrativa en la función pública
Para ejemplificar esta situación. para los núcleos centrales de las siguientes conductas cometidas por funcionarios o servidores públicos: - Utilización o disposición de bienes públicos en beneficio propio o de terceros (art. es el de la concurrencia en la tipificación. ¿cómo debe proceder la administración instructora? ¿Darle prioridad a la vía penal. En estos casos. ¿darle prioridad a la vía administrativa para los mismos fines? Este es el dilema que pretendemos analizar en esta oportunidad. Problemática Uno de los problemas más comunes que se presenta en las entidades públicas cuando se identifican casos de corrupción administrativa. 22 a) y 28 a) del Decreto legislativo Nº 276 y el artículo 382 del Código Penal).El principio de autonomía de responsabilidades Afrontando el dilema de la concurrencia de responsabilidades penal. civil y administrativa en la función pública I. 3 . procesamiento y resolución de los ordenamientos jurídicos penales y administrativos. - La celebración. en los cuales tengan intereses el propio servidor o familiares (arts. 23 e) y 28 a) del Decreto Legislativo Nº 276 y el artículo 397 del Código Penal). por sí o por terceras personas. 28 literal h) del Decreto Legislativo Nº 276 y los artículos 376 a 381 del Código Penal). por sobre la administrativa. podemos mencionar. 387 y ss del Código Penal). - La percepción de retribución de terceros para realizar u omitir actos del servicio (arts. para la investigación y el deslindamiento respectivo? O por el contrario. o intervenir directa o indirectamente. la concurrencia de tipificaciones penales y administrativas. - El abuso de autoridad (art. en los contratos en su entidad. 28 literal f) del Decreto Legislativo Nº 276 y los arts.
mantienen recíproca autonomía técnica. refiriendo que tales tipificaciones y procesamientos existen “sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que los mismos hechos puedan generar”(2). Como veremos a continuación. sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan”. El principio de autonomía de las responsabilidades 1. de calificación y de (1) (2) Sobre este debate. y sanciones(1). consecuencias.Juan Carlos Morón Urbina / Control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos II. puede leerse con provecho la obra Sanciones Administrativas de Susana Lorenzo. le conducirán a la consecuencia de la independencia de criterios. que indica que: “Los servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones. Por su parte para aquellos que sostengan la autonomía de ambos. es aquella frase incluida constantemente en las normas sancionadoras que tipifican diversas conductas punibles. de regulación. 2. Para aquellos que sostengan la necesaria subordinación del derecho sancionador administrativo al Derecho Penal. El único reconocimiento de esta regla en el derecho positivo. El principio de autonomía de las responsabilidades. y el artículo 153 de su reglamento. valoraciones posibles. tenemos que la jurisprudencia como fuente jurídica vía interpretación en casos concretos ha sentado una doctrina uniforme en el sentido de proclamar su afiliación a la Autonomía de Responsabilidades. Concepto El principio de la autonomía de las responsabilidades lo podemos definir como el régimen jurídico en el cual cada una de las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos. 4 . Uruguay. obviamente le conducirá a la consecuencia que la concurrencia aparente de consecuencias jurídicas para la responsabilidad. sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir”. Editorial Julio César Faira Editor. Esta disposición la encontraremos en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 276 (“Los servidores públicos son responsables civil. civil y administrativo) La premisa necesaria por la cual aparece el problema de la concurrencia de regímenes de responsabilidades en simultáneo para disciplinar la conducta de los funcionarios y servidores públicos es el debate acerca de la independencia o no del derecho sancionador administrativo respecto del otro régimen de mayor trayectoria en el Derecho. se resolverá por la regla de la preferencia judicial penal. penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público. que es el Derecho Penal. si bien la normativa expresamente ha omitido dilucidar directamente este aspecto del Derecho Administrativo. de valoración. La premisa del problema: la relación entre los ordenamientos sancionatorios existentes (penal.
civiles y penales por un mismo hecho. Allan. En los términos lúcidos de Brewer Carias. y. como veremos en la siguiente relación: En Chile. civil y administrativo. por lo tanto. el Derecho Sancionatorio Administrativo de la región nos muestra también una consecuencia clara con el principio de autonomía de responsabilidades. configura ilícito penal. penal o administrativo. respectivamente. con sanción administrativa y sanción penal”(3). en consecuencia. el estatuto administrativo establece que: “Artículo 115. la investigación o la sanción en los órdenes civil. 1997. civiles y penales. aun cuando concurren en la necesidad de proscribir determinadas actitudes y la necesaria ejecutoriedad administrativa que demanda que los asuntos de interés público sean resueltos de manera diligente y aleccionadora. (3) BREWER CARIAS. con su pena. en principio. que a su vez. La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.) Se admite. a diferencia de los plazos extendidos que brinda el proceso judicial.. Nuestro autor afirma: “(.La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal. si una conducta está regulada en la Ley de Salvaguarda como ilícito administrativo. el concurso de sanciones administrativas y penales derivado del concurso de transgresiones administrativas (ilícito administrativo) y penales (ilícito penal) producidas por un mismo hecho.. el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos”. es necesario que la conducta esté expresamente sancionada en la Ley. con su sanción administrativa y también como ilícito penal. a cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora. Los fundamentos de la tipificación administrativa de las conductas punibles son: las finalidades distintas que tienen los ordenamientos administrativos. En consecuencia. Para ello. 5 .El principio de autonomía de responsabilidades resolución. estableció la afiliación a la doctrina de la autonomía de las responsabilidades públicas. quien frente a las acciones de garantías planteadas por quienes consideraban afectativo de sus derechos constitucionales el procesamiento. como lo veremos más adelante. Jurídica Venezolana. la condena. Por otra parte. 50. sin embargo. La existencia de este principio implícito en nuestro sistema jurídico sancionatorio ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional.. puede decirse que el concurso de sanciones es perfectamente admisible. este principio implica para el derecho administrativo sancionador admitir el concurso de sanciones administrativas. p.
p. para instruir sumarios y disponer las cesantías que correspondan. la cual se hará efectiva en la forma que determine la Ley”. con arreglo a derecho y mediante el procedimiento debido..Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la competencia administrativa. en la calificación de los hechos y en las decisiones”(4) En tal sentido. la que será juzgada como grave falta disciplinaria. la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público expresa: “Artículo 32. las consecuencias fundamentales del acogimiento del principio de autonomía de (4) LORENZO. no podrá el sumariado ser declarado exento de responsabilidad. el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. en los casos claros de conducta incompatible con la calidad de funcionario público..El funcionario o empleado público responde administrativamente por sus actos. (. Pendiente la causa criminal. establece que: “4. En Argentina.La substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes. cit. los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de los procedimientos en curso de ejecución”.. Susana.. hechos u omisiones que sean contrarios a una disposición legal o reglamentaria.Juan Carlos Morón Urbina / Control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos En Venezuela. establecen que: “Artículo 231. En Uruguay. 6 . tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las originen constituyan delito”. III.) tiene lugar en tres aspectos: independencia en los procedimientos. independiente de la judicial. las Normas Generales de Actuación Administrativa en la Administración Central. el Reglamento de Investigaciones para determinar la responsabilidad patrimonial o disciplinaria (Decreto 1789). Ob. sin esperar fallos judiciales. la autoridad administrativa podrá requerir de la magistratura actuante. En tales casos. Consecuencias del principio Sostiene Lorenzo que “la recíproca autonomía de la infracción y sanción disciplinaria respecto del delito y la sanción penal.. se desprende que para nuestra autora. El régimen disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. 136.. En España. establece: “Artículo 96. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil”.
4. respectivamente) y no entre ellos mismos. civil o penal. por parte de cada de una de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. no excluyen la posibilidad que en otra se pueda aplicar una sanción distinta. se aplica respecto de cada régimen de responsabilidad (administrativo. y en la determinación de acción a seguir respecto de ella. b) Que preceda la investigación judicial e informada la autoridad administrativa competente. sobreseimiento o de absolución) en alguna de ellas. como las que a continuación citamos: 7 . 5. La calificación acerca de la existencia o no de responsabilidad de los agentes es potestad privativa de las autoridades administrativas (la responsabilidad administrativa) y de las autoridades jurisdiccionales (las responsabilidades penal y civil). en razón de la misma conducta. 3.El principio de autonomía de responsabilidades responsabilidades. Resulta compatible con el ordenamiento jurídico que concurran una o más responsabilidades por una sola conducta indebida cometida por un funcionario o servidor público. No existe prejudicialidad ni vía administrativa previa en el análisis de responsabilidad que cada jurisdicción puede conducir (salvo disposición expresa de la ley. la jurisprudencia nacional ha sentado doctrina concordante con estas directrices. Las decisiones (sean de condena. El principio non bis in ídem. se encuentran en la viabilidad del procesamiento de ambas investigaciones. sin perjuicio de la colaboración de la Administración con el Poder Judicial. Los procesamientos administrativo y judicial pueden ser continuados en forma autónoma hasta su conclusión. afirmamos que el reconocimiento del principio de autonomía de responsabilidades determina para nuestro ordenamiento las siguientes consecuencias: 1. Además de estas consecuencias. Por nuestra parte. 2. en la potestad de apreciar. (salvo mandato expreso en contrario del Poder Judicial). calificar y ponderar conductas. proceda a ordenar el procesamiento administrativo de la conducta. En tal sentido pueden darse los siguientes supuestos: a) Que preceda la investigación administrativa y. 6. consciente de que los hechos sean constitutivos de delito. lo comunique al Ministerio Público y continuará el procesamiento administrativo (independientemente del grado de pena administrativa que aplicare).
Nº 885-98-AA/TC-Huánuco. Nº 515-99-AA/TC-Junín. En consecuencia. únicamente se da siempre que se susciten cuestiones litigiosas entre dos particulares sobre determinadas relaciones de Derecho Privado que deban ser esclarecidas. por cuanto en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 276 concordante con el artículo 153 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. • La aplicación de una sanción administrativa por una conducta punible penalmente no implica penalizar el ilícito penal. asimismo. (Exp. Ídem.. los servidores públicos pueden ser sancionados administrativamente por el incumplimiento de normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones. ha sido archivado y que por lo tanto no cabría aplicar la sanción administrativa. la obligación de la Administración Pública de abstenerse de seguir conociendo un proceso. Demandante: Alejandro Cox Vera)(5). situación que no es aplicable al presente caso” (Exp.Juan Carlos Morón Urbina / Control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos • El procesamiento penal por la misma conducta no conlleva suspensión del proceso o sanción administrativa “(. sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que (5) (6) En idéntico sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en el Exp. concordante con el artículo 13 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial. sino solo la falta administrativa “Que. Nº 885-98-AA/TC-Huánuco. remitirlo al Poder Judicial... sino por las faltas administrativas en que incurrió al haber cumplido sus obligaciones en el desempeño del cargo”.) Que se debe tener presente que la imposición de una sanción administrativa a un servidor público es ajena y distinta a la responsabilidad penal que este pudiera tener. por los mismos hechos. texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. • El archivamiento de un proceso penal no afecta el procesamiento administrativo de la conducta “(. 8 . y en consecuencia.) Que en cuanto al argumento del demandante en el sentido que el proceso penal [ha] abierto contra él. debemos resaltar que con la imposición de la sanción administrativa no se ha sancionado al demandante por el presunto ilícito penal en que hubiera cometido.. conforme se infiere del artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 276. más aún cuando de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. la existencia de un proceso penal no conlleva a que la sanción administrativa sea suspendida. Jorge Edwin Kohler Vivanco. no tiene asidero legal. Demandante: Alejandro Cox Vera)(6). Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
toda vez que en dicho proceso se decidirá si tiene o no responsabilidad luego de merituar sus descargos y las pruebas que considere conveniente presentar.) Que. Más bien lo diligente en estos casos es que la autoridad administrativa actúe de oficio. el demandante sostenía la tesis que la apertura de procedimiento administrativo investigatorio afectaba su derecho al debido proceso porque los hechos materia de imputación habían sido investigados por el Poder Judicial y archivados. penal y administrativa por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público.. no vulnera derecho constitucional alguno del mismo. sino de la necesaria subordinación de la Administración a los criterios concluyente y definitivos del Poder Judicial: 1. Excepciones La aplicación del principio de autonomía de responsabilidad debe ser permanentemente armonizado con criterios de razonabilidad. aplicación de algún (7) En este proceso constitucional. que se aprecie en otros fueros.El principio de autonomía de responsabilidades pudieran incurrir” (Exp. al estar comprendido en la carrera pública del profesorado y como tal. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. tanto por la primera como por la segunda instancia. emita un fallo simplemente no condenatorio (por prescripción. La demanda fue finalmente declarada improcedente por el Tribunal Constitucional.. Si el Poder Judicial comprueba fehacientemente la inexistencia de los hechos imputados al funcionario. el demandante. Finalmente debemos aclarar que este principio de autonomía no puede ser interpretado en el sentido que permita inacciones administrativas frente a actos evidentes de responsabilidad civil o penal. la expedición de la Resolución Directoral N° 03104 en virtud de la cual se instaura proceso administrativo al demandante. Nº 719-96-AA/TC-Tacna. Que. archivamiento por falta de evidencia. de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 9 . IV. lo cual origina el archivamiento del expediente administrativo o la revisión de lo ya ejecutado. “(. Julio Bermildo Polo Huacacolqui)(7). la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la rigidez del principio se atempera en dos situaciones excepcionales en aras no solo de la razonabilidad. ser un servidor público. (Exp. Por ello. de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 276. Nada más extraño al objetivo de este principio. No se trata que el Poder Judicial. Basilio Agustín Castro Copa). N° 53596-AA/TC-La Libertad. de tal suerte que no nos conduzca a situaciones adversas a los propósitos que la inspiran. en cautela de la función pública. Reglamento de la Carrera Administrativa”. en tal sentido. tiene responsabilidad civil.
. Que. sino que declare probadamente que los hechos constitutivos de la falta administrativa no han existido. es evidente que en el presente caso existe entre ambos una relación de causalidad.. dando que el demandante fue sancionado administrativamente por los mismos hechos que se investigaron en sede judicial. A esta excepción se refiere el Estatuto Administrativo chileno. cuando establece que “(. no ya presunta. en casos análogos como el presente. puesto que. no puede arguirse. Que. etc. que exista una relación de independencia entre la sanción administrativa.Juan Carlos Morón Urbina / Control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos eximente de punibilidad de conducta. y el procedimiento administrativo en su pase al retiro. el pase a la situación de disponibilidad dispuesta por la Resolución Jefatural cuestionada haya devenido en arbitraria. lo que supone que. habiendo concluido el proceso penal en el archivamiento por absolución. habiéndose determinado la inexistencia de responsabilidad penal por idénticos hechos a los que motivaron la sanción administrativa.). Ante dicha situación. se 10 .) si bien el objeto del proceso penal es distinto del objeto del procedimiento administrativo. Esta posición ha sido la asumida por el Tribunal Constitucional en el caso de un miembro de la Policía Nacional del Perú que fuera sometido simultáneamente a un proceso penal por hurto agravado. llevaría al absurdo de considerar que la inocencia. fueron los mismos hechos los que se ventilaron en ambas vías. conforme a lo previsto por el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 745.) Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados. como aparece de autos. sino judicialmente declarada. en tal virtud. el intérprete de la constitución calificó como inconstitucional por arbitrario la pervivencia de la sanción administrativa frente a la absolución de la judicatuta. en el presente caso. que concluyó con el pase a la situación de disponibilidad del demandante. argumentando que: “(. impuesta al demandante respecto de su responsabilidad penal. como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. especialmente de la Resolución Jefatural Nº 010-JFPSM-HCO/F1 y de la Ejecutoria Suprema expedida por la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.. una interpretación distinta del artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 745. el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía” (art. y a un procedimiento administrativo por los mismos hechos. 115). negándose judicialmente las conclusiones a las que se llegó en la vía administrativa..
(8) STC Exp. Por ello. puesto que. además de aplicar la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos. en casos que así lo determine la sentencia judicial. como se ha indicado. Que. Si el Poder Judicial comprueba la existencia de hechos imputados al funcionario o servidor público. no alegándose para la determinación de tal grave sanción administrativa. puesto que poco o nada le serviría a este para enervar los efectos de una sanción administrativa. el pase a la situación de disponibilidad del demandante se debió a un hecho que. en el presente caso. Wilmer Rojas Ruiz. 11 . cuya responsabilidad. de los alcances previstos en el artículo 40 del Decreto legislativo Nº 745 y. concretamente. simultáneamente a la consideración de una falta grave en el orden administrativo. fue considerado como delito. N° 44-98-AA/TC-La Libertad. la normativa laboral pública tiene la previsión de establecer que “La condena penal privativa de la libertad por delito doloso cometido por un servidor público lleva consigo la destitución automática”. después ha sido declarada inexistente. ningún otro hecho adicional que pudiera importar una falta”(8). 2. lo expresado en los fundamentos jurídicos anteriores no significa que este Tribunal Constitucional pretenda enervar la validez. judicialmente. que no han sido probados o sancionados en la vía administrativa.El principio de autonomía de responsabilidades tornase en una declaración lírica para su beneficiario. el de la distinción de la responsabilidad administrativa y la que pueda constituir una de naturaleza judicial.
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