Source: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1596&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
Timestamp: 2020-05-30 04:55:32
Document Index: 144577470

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 3']

Sede electrónica de la Administración Pública de la C.A.R.M. - Autorización Ambiental Sectorial con Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
Sábado, 30 de mayo de 2020, 06:55h.
Autorización Ambiental Sectorial con Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (código 1596)
Conceder las Autorizaciones Ambientales Sectoriales exigidas por la normativa estatal que comprenden la relativas a la gestión de residuos, reguladas por la legislación de residuos; las de actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera, reguladas por la legislación de calidad del aire y protección de la atmósfera; y las de vertidos al mar, reguladas por la legislación de costas. (Conforme al art. 45 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, en su redacción dada por Ley 10/2018, de 9 de noviembre).
Cuando sea exigible más de una autorización ambiental sectorial, éstas deberán solicitarse conjuntamente y serán objeto de una sola resolución, que será desestimatoria si procediera denegar alguna de ellas.
Personas físicas y jurídicas titulares de actividades, instalaciones o proyectos a los que la normativa estatal somete a Autorizaciones Ambientales Sectoriales y que comprenden la gestión de residuos, las de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y las de vertidos al mar.
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (A14028280)
Según el art. 46 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, en su redacción dada por la Ley 10/2018, de 9 de noviembre:
a) La documentación necesaria de acuerdo con la normativa estatal reguladora de la autorización. Ésta se acompañará de la documentación que al efecto se establezca por Orden del consejero competente en materia de medio ambiente.
b) La comunicación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en el caso de estar sujeto a ella (grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera), o justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4. El plazo máximo para resolver y notificar las autorizaciones ambientales sectoriales será de tres meses, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
5. No se concederán las autorizaciones ambientales sectoriales sin el previo informe de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, cuando resulten exigibles.
Según el art. 85 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, en su redacción dada por la Ley 10/2018:
a) Con carácter general, cuando el proyecto esté sometido a autorización o aprobación del órgano autonómico competente por razón de la materia, será este el que tenga la condición de órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto ambiental.
b) En los proyectos de explotación agrícola intensiva de áreas naturales, seminaturales e incultas será órgano sustantivo la consejería competente en materia de montes.
c) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, será órgano sustantivo el órgano autonómico competente en materia de accidentes graves.
d) En los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del entorno del Mar Menor, tendrán la consideración de órgano sustantivo la consejería que ostente las competencias en materia de agua a que se refiere.
e) Cuando se trate de proyectos sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los anteriores, el órgano sustantivo será la consejería con competencias en materia de medio ambiente si el municipio en que se ubica la instalación no supera los 50.000 habitantes, y el ayuntamiento en aquellos municipios de población superior a 50.000 habitantes.
f) En los proyectos no sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los previstos en los apartados a), b) y c), el ayuntamiento.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental.
Las autorizaciones ambientales sectoriales se otorgan salvando el derecho a la propiedad, sin perjuicio de terceros y no eximen de las demás autorizaciones y licencias que resulten exigibles para el ejercicio de la actividad, como la licencia municipal de obra y actividad; por lo que no podrá realizarse lícitamente sin contar con las mismas.
Las actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial están sometidas a licencia de actividad según el anexo I de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, en su redacción dada por la Ley 10/2018, de 9 de noviembre.
Se otorgan por un plazo máximo de 8 años y se renovarán conforme a la legislación estatal sectorial de aplicación.
Los deberes de los titulares de instalaciones y actividades están regulados en el artículo 12 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo.
El titular de la autorización debe comunicar las modificaciones que pretenda llevar a cabo y el carácter sustancial o no de las mismas (artículo 22 de la Ley 4/2009 en su redacción dada por la Ley 10/2018 y artículo 7.2 Ley 21/2013 de evaluación ambiental).
El titular deberá comunicar con antelación el cese total o parcial de la actividad
El adquirente está obligado a comunicar la transmisión de la titularidad de la autorización de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 4/2009 y si se trata de una actividad de gestión de residuos deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 27.9 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Con arreglo al artículo 8 del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten la transmisión de derechos sobre aquellas. La existencia de tal declaración se hará constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal transmisión de lugar.
- Comunicación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en el caso de esta sometida a ella, o justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.- Comunicación previa al inicio de actividad de producción y gestión de residuos, si resulta exigible, o justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Informes a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 deenero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en el supuesto de actividades incluidas en su ámbito de aplicación.-Informe de Impacto Ambiental o declaración de impacto ambiental cuando resultenexigibles.
solicitud de autorización ambiental sectorial con evaluación de impacto ambiental simplificada
T240. Tasa por Actuac.protección medioambiental y control activ.
S1H004 - Solicitud AAS con EIA + 1 Autoriz.especif.
S1H005 - Solicitud AAS con EIA + 2 Autoriz.especif.
S1H006 - Solicitud AAS con EIA + 3 Autoriz.especif.
DIRECTOR/A GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.