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Timestamp: 2017-12-13 11:15:02
Document Index: 161207469

Matched Legal Cases: ['Artículo 1329', 'Artículo 1969', 'Artículo 424', 'Artículo 36', 'Artículo 48', 'Artículo 1981', 'Artículo 200', 'Artículo 139', 'Artículo 384', 'Artículo 139', 'Artículo 139', 'Artículo 122', 'Artículo 12', 'Artículo 139', 'Artículo 50', 'Artículo 12', 'Artículo 123', 'Artículo 1969', 'Artículo 1970', 'Artículo 1969', 'Artículo 1969', 'Artículo 1981', 'Artículo 397', 'Artículo 1329', 'Artículo 1330', 'Artículo 139', 'Artículo 122', 'Artículo 12', 'Artículo 139', 'Artículo 1969', 'Artículo 1970', 'Artículo 1981', 'Artículo 36', 'Artículo 48', 'Artículo 1985', 'Artículo 1321', 'Artículo 1322', 'Artículo 1329', 'Artículo 1330']

No son aplicables en la responsabilidad extracontractual las normas sobre factores de atribución recogidos en el libro de obligaciones - Actualidad Civil
No son aplicables en la responsabilidad extracontractual las normas sobre factores de atribución recogidos en el libro de obligaciones
Fuente: Officium Lex
CAS. N.° 4083-2015 Junín
Emitida el 8 de agosto del 2016
(Publicada en El Peruano, 03-10-17)
Señora Jueza suprema Yaya Sumaeta
Artículo 1329 y 1330 del Código Civil
Igualmente, en la responsabilidad civil extracontractual el factor subjetivo de responsabilidad sólo puede ser el dolo o la culpa, y corresponde al supuesto dañante probar que no actuó con dolo o con culpa, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1969 del Código Civil, en tanto que en la responsabilidad civil contractual el factor subjetivo de responsabilidad puede ser a título de dolo, culpa inexcusable o culpa leve, presumiéndose la culpa leve y debiendo probar el supuesto dañado el dolo o la culpa inexcusable, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1329[1] y 1330[2] del Código Civil. En tal sentido es evidente que la regulación y prueba del factor atributivo de responsabilidad subjetiva son diferentes en los regímenes de responsabilidad civil extracontractual y contractual, por lo que en ese escenario la alegada infracción de los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil, y los hechos que pretenden darle fundamento, no son pertinentes al caso.
CAS. N.° 4083-2015
SUMILLA. “La regulación y prueba del factor atributivo de responsabilidad subjetiva son diferentes en los regímenes de Responsabilidad Civil Extracontractual (dolo o la culpa, y corresponde al supuesto dañante probar que no actuó con dolo o culpa) y contractual (dolo, culpa inexcusable o culpa leve, presumiéndose la culpa leve y debiendo probar el supuesto dañado el dolo o la culpa inexcusable), por lo que en ese escenario, desde que la controversia ha sido resuelta determinando la existencia de una Responsabilidad Civil Extracontractual no son pertinentes al caso las normas previstas dentro del régimen de la denominada responsabilidad civil contractual o por inejecución de obligaciones”.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; de conformidad con lo opinado por la Fiscalía Suprema en lo Civil según Dictamen número 81-2016-MP-FN-FSC, corriente de fojas setenta y tres-B a ochenta y siete del Cuaderno de Casación formado en esta Sala Suprema, vista la causa en el día de la fecha, expide la siguiente sentencia:
Se trata del Recurso de Casación corriente de fojas mil quinientos treinta y cuatro a mil quinientos treinta y siete, interpuesto el diecisiete de julio de dos mil quince por el Ministerio del Interior contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de junio de dos mil quince, obrante de fojas mil quinientos tres a mil quinientos diecisiete, en cuanto revoca en parte la sentencia apelada de primera instancia inserta en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, corriente de fojas mil cuatrocientos trece a mil cuatrocientos veintinueve, que declara infundada la demanda sobre Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Extracontractual, y reformando la recurrida declara fundada en parte la demanda de su propósito y en consecuencia ordena que el demandado César Ángel Ortega Ruiz, solidariamente con la Unidad de Salud (ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú (PNP), paguen la cantidad de sesenta y tres mil soles (S/.63,000.00) a favor del menor de iniciales A.B.V.R, descontándose el monto señalado como reparación civil en el proceso penal.
2.1. DEMANDA. El dieciséis de julio de dos mil tres, mediante escrito corriente de fojas cuarenta y ocho a sesenta, Rosa Elvira Rivera Calderón, por derecho propio y en representación de su cónyuge José César Varas Gamboa, interpone demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Extracontractual contra el Ministerio del Interior, Manuel Chiri Márquez (Director de la Unidad de Salud Ex Sanidad de la PNP-Huancayo), Raúl Félix Zárate Huaynalaya y César Ángel Ortega Ruiz, solicitando como pretensión principal se ordene el pago solidario de la suma de trescientos mil soles (S/ 300,000.00), y como pretensiones accesorias se disponga una atención especializada hasta que su hijo cumpla los dieciocho años de edad, así como el cambio periódico de la prótesis ocular, conforme a su crecimiento y desarrollo. Expone como fundamentos principales de su petitorio lo siguiente: i) El catorce de agosto de dos mil uno su menor hijo, aproximadamente a las cinco y treinta minutos de la tarde, por accidente de la infancia llegó a caerse sobre unas plantas del jardín de su domicilio, llevándolo de inmediato al Hospital de la Sanidad de la PNP-Huancayo, siendo atendido por el demandado Raúl Félix Zárate Huaynalaya, encargado del Servicio de Emergencia, quien lo derivó para ser atendido por el codemandado César Ángel Ortega Ruiz (Médico Oftalmólogo) en su Consultorio Particular Oftalmológico, según sus labores y de acuerdo al Convenio Contrato que tiene con la PNP; ii) Luego de examinar a su menor hijo diagnosticó que requería de una inmediata intervención quirúrgica y sin embargo no lo operó hasta después de quince horas de los hechos antes mencionados, pues prefirió estar en la celebración de su cumpleaños; iii) Luego de la operación que fue el dieciséis de agosto de dos mil uno, los otros codemandados para tratar de limpiar o enmendar sus errores y negligencia médica, en Junta Médica autorizan el traslado de su hijo a la ciudad de Lima para su atención en el Hospital Central de la PNP, pero ya era demasiado tarde, por cuanto en dicho nosocomio se limitaron a impedir el incremento de la infección orgánica con fuertes antibióticos y a enuclear el ojo derecho (extracción), para que no se complique el otro ojo; iv) Su menor hijo debió ser operado el catorce de agosto de dos mil uno, pero como no había anestesista para una intervención inmediata la responsabilidad recae en el Director del Hospital de la Sanidad de Huancayo, quien debió ordenar la transferencia o traslado inmediato al Hospital Regional de Essalud Huancayo, con el que existe convenio institucional o a cualquier otro hospital de Huancayo; v) Cuando fue ubicado el anestesista a las nueve de la noche del mismo catorce de agosto de dos mil uno, el demandado César Ángel Ortega Ruiz se negó a operarlo mediante un argumento absurdo y falta de ética, aduciendo que sus instrumentos no los tenía a su disposición pues se encontraba esterilizándolos; vi) Su hijo sufrió una lesión leve en el parpado del ojo ocasionado por una astilla, pero los demandados confiados de tratarse de una pequeña herida dejaron que prosiga y se incremente la infección, hasta después de quince horas, sin siquiera recetar antibióticos, sino simplemente Diclofenaco (analgésico y antiinfl amatorio), mientras que la infección avanzaba; y, vii) La atención médica se debió iniciar con antibióticos sistémicos masivos, según el Informe Médico de fecha doce de noviembre de dos mil uno, emitido en el proceso penal número 2002-004 seguido ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo contra el demandado César Ángel Ortega Ruiz, reconociendo este mal médico su negligencia. Por ello demanda solidariamente con la única finalidad de que se les resarza por el inmenso daño corporal, emocional y de proyecto de vida ocasionado a su menor hijo y a los recurrentes, amparando su pedido en lo dispuesto por los Artículos 1969, 1981, 1983, 1984 y 1985 del Código Civil.
2.2. El Juez de la causa mediante resolución de fecha siete de julio de dos mil cuatro, corriente a fojas cuatrocientos cuatro, admite a trámite la demanda en la vía del proceso de conocimiento, y confiere traslado de ella a los demandados a fin que cumplan con contestarla dentro del plazo de ley.
2.3. Contestación a la demanda y reconvención formulada por Raúl Félix Zárate Huaynalaya: De la contestación a la demanda. El ocho de noviembre de dos mil cuatro el precitado demandado contesta la demanda, según escrito obrante de fojas cuatrocientos setenta y cinco a cuatrocientos noventa y uno, argumentado que: i) El catorce de agosto de dos mil uno el paciente ingresa a las seis horas y seis minutos de la tarde, por el Servicio de Emergencia siendo atendido por el recurrente, quien se hallaba de turno entre las dos de la tarde y las ocho de la noche brindándole al menor las primeras atenciones de emergencia al presentar un cuerpo extraño en el ojo derecho, y en vista que se trataba de una lesión ocular a horas seis horas con treinta minutos de la tarde lo deriva al médico César Ángel Ortega Ruiz en una ambulancia bajo el cuidado de la Enfermera Civil Anita Gómez Arana, en compañía de sus padres y con la respectiva Hoja Interconsulta y su Resumen de Historia Médica, conforme al procedimiento; ii) En su Consultorio Particular el Médico César Ángel Ortega Ruiz no pudo examinar adecuadamente al menor porque se encontraba adolorido y muy irritado, sin embargo observó que en la parte externa del ojo derecho se encontraban restos de tejido uveal, comunicando a los padres del menor que debía ser examinado bajo anestesia general en el Centro Quirúrgico de la Sanidad PNP Huancayo, bajo el suministro de medicamentos; iii) Cuando los padres del menor fueron a la Sanidad a comunicarse con el anestesiólogo Luis Navarro, éste les contestó que se hallaba de guardia en el Hospital Essalud Huancayo hasta el día siguiente, ocurriendo lo mismo con la doctora Romaní quien se encontraba en el Hospital Daniel Alcides Carrión, al igual que otros anestesiólogos que fueron convocados, por lo que ante la ausencia de dicho especialista a horas nueve de la noche el codemandado César Ángel Ortega Ortiz dispone la hospitalización del menor en el Servicio de Pediatría de la Sanidad PNP Huancayo, dejándose coordinado para su concurrencia a la Sanidad al día siguiente quince de agosto para su examen e intervención; iv) Dentro de las quince horas de ocurrido el accidente y estando hospitalizado el menor es examinado por el Médico César Ángel Ortega Ruiz, quien diagnosticó herida penetrante corneal con pérdida amplia de tejido corneal y contenido ocular a infección mítica ojo derecho, como si fuera un forado central y un trozo de madera incrustado dentro del ojo dirigido hasta la cámara anterior; v) Luego de su operación y por la delicada situación que se advertía del diagnóstico, el recurrente como Director de la Sanidad dispuso todas las atenciones y cuidados necesarios del menor, así como previa coordinación con el especialista en horas de la noche en Junta Médica y conocimiento del General PNP, se decidió su transferencia al Hospital Central PNP, comunicándose a los padres; y, vi) En horas de la mañana del dieciséis de agosto de dos mil uno salió el menor bajo el cuidado de sus padres con destino a Lima, sin embargo por razones extrañas recién ingresa el día diecinueve de los mismos mes y año, por lo que resulta de responsabilidad de los demandantes el tiempo perdido que habría acelerado la infección y enucleación del ojo. De la reconvención. Pretende se le indemnice por daños y perjuicios hasta la cantidad de veinticinco mil dólares americanos (US$ 25,000.00), por daño moral y personal debido a una imputación falaz.
2.4. Contestación a la demanda y reconvención formulada por Manuel Fernando Chiri Márquez, Director de la Unidad de Salud de la PNP Huancayo. El tres de noviembre de dos mil cuatro el precitado demandado contesta la demanda, según escrito obrante de fojas quinientos cuarenta y tres a quinientos sesenta y dos, bajo similares argumentos que los reseñados en el punto inmediato anterior.
2.5. Contestación a la demanda por el Procurador Público del Ministerio del Interior. El veinte de marzo de dos mil seis el precitado demandado contesta la demanda, según escrito obrante de fojas setecientos cuarenta y dos a setecientos cuarenta y nueve, señalando que: i) El menor desde su ingreso por el Servicio de Emergencia al Hospital de Sanidad PNP Huancayo, hasta su evacuación al Hospital Central de Lima, después de la intervención, fue atendido con la diligencia respectiva, e incluso luego de la intervención médica se realizó una Junta Médica en la que se tomó la decisión de evacuarlo a la ciudad de Lima, sin embargo tal como obra en la Historia Clínica el Oficio para la transferencia fue recogido el día quince de agosto de dos mil uno en horas de la noche, por lo que el paciente debió haber llegado al día siguiente, y sin embargo lo hizo el día diecinueve de los mismos mes y año; y, ii) Los hechos descritos determinan que los médicos actuaron diligentemente, quedando desvirtuada la supuesta negligencia médica y probada la falta del deber de cuidado de los padres para con su hijo, al permitir el accidente que generó el daño, así como la manipulación a que fue sometido el paciente por personal que no pertenece al Hospital de Sanidad de Huancayo y la responsabilidad de haberlo ingresado tres días después de haber sido evacuado a la ciudad de Lima, factor contributivo para que la infección se pueda haber acentuado.
2.6. Por resolución de fecha trece de septiembre de dos mil seis, corriente a fojas setecientos sesenta, se declara rebelde al demandado César Ángel Ortega Ruiz.
2.7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, el Juez Especializado expidió la sentencia de primera instancia contenida en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, obrante de fojas mil cuatrocientos trece a mil cuatrocientos veintinueve, que declaró infundada la demanda. Consideró para ello lo siguiente: 1) Sobre la conducta antijurídica. a) Respecto al demandado Raúl Félix Zárate Huaynalaya, su actuación fue oportuna y acorde a las funciones que desempeñaba el catorce de agosto de dos mil uno, lo que se desprende de su manifestación policial y fundamentos de hecho consignados en el expediente penal acompañado, así como del escrito de contestación a la demanda, no evidenciándose conducta antijurídica en su actuar por haber derivado al paciente en forma rápida y oportuna a un oftalmólogo, para su atención especializada; b) En cuanto al codemandado César Ángel Ortega Ruiz, de su manifestación policial e Informe Médico número 88-01-DIVSAN-DM que obra en el expediente penal acompañado, se desprende que su actuar también fue oportuno y de acuerdo a las circunstancias del caso, pues en su momento no pudo examinar con mayor detenimiento y precisar la gravedad de la lesión sufrida por el menor, porque éste no se dejaba examinar debido a lo adolorido e irritable en que se encontraba, necesitando el apoyo de un anestesista, con lo que se desvirtúa la versión de la demandante que señala: “el demandado Dr. César Ortega Ruiz después de examinar minuciosamente al paciente, diagnosticó que mi niño requería de una inmediata intervención quirúrgica, pero negligentemente no lo operó hasta después de 15 horas de los hechos mencionados, pues prefirió estar en las celebraciones de su cumpleaños antes que cumplir con su juramento de médico al servicio de sus pacientes en cualquier momento, cualquier hora del día. Es más, el demandado Dr. César Ortega Ruiz, después de la intervención médica el quince de agosto de dos mil uno a horas doce del mediodía (meridiano), que realizó a regañadientes, y creo hasta embriagado por la mala noche de su fiesta personal, [...]”, toda vez que si no lo operó en el momento fue por la falta de un Médico Anestesiólogo, como acredita con la manifestación policial del Médico Anestesista Luís Andrés Navarro Peña, sin acreditarse tampoco que el doctor César Ángel Ortega Ruiz a la hora de la intervención quirúrgica estuviera con signos de ebriedad, por lo que su proceder no puede calificarse de antijurídico al no violar norma alguna; y, c) En cuanto al codemandado Manuel Fernando Chiri Márquez, en condición de Director de la Unidad de Salud de la PNP Huancayo, tampoco su actuar es antijurídica; por el contrario, al tomar conocimiento que el menor hijo de la demandante se había internado en su representada, se contactó con el doctor Ramírez (Médico Anestesista), quien acepta concurrir a la Sanidad PNP e intervenir quirúrgicamente al menor, pero el doctor Ortega Ruiz le manifiesta que la operación no puede realizarse porque sus materiales quirúrgicos se encontraban en esterilización, circunstancia que es comunicada a los padres del menor por la Enfermera Rocío Condori Yancán, quien les da la salvedad de derivarlo a otros Centros Asistenciales, pero el padre del niño decide dejarlo Hospitalizado en la Sanidad PNP, por lo que pasa al servicio de hospitalizados a las diez de la noche aproximadamente; 2) En cuanto a la relación de causalidad entre el hecho generador del daño y su resultado. i) Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa-efecto (médico-daño o muerte), que debe ser directa, próxima y principal del resultado, lo que no se cumple, toda vez que de la Historia Clínica del paciente, del Informe Médico Legal, así como del expediente penal, se ha determinado que la pérdida del ojo del infante se debió a un hecho ajeno al actuar de los médicos, así como que el daño no proviene de la culpa del agente, sino como consecuencia directa e inmediata de la caída del menor sobre un macetero con plantas, con la consecuente pérdida del ojo derecho por incrustación de una astilla de dos centímetros en el tejido corneal central, con secreción de líquido blanco amarillento, deviniendo infundada la demanda al no existir conducta antijurídica atribuible a los demandados ni acreditada la relación causal, careciendo de objeto el análisis y pronunciamiento de los demás elementos; 3) Las pretensiones de atención médica especializada del menor hasta la edad de dieciocho años, y el cambio periódico de prótesis ocular según su crecimiento y desarrollo, constituyen pretensiones accesorias, por lo que al haberse desestimado la demanda principal, éstas corren igual suerte; 4) Los demandados reconvinientes Raúl Félix Zárate Huaynalaya y Manuel Fernando Chiri Márquez, a través de sus escritos demandan reconvencionalmente la indemnización por daños y perjuicios hasta por la suma de veinticinco mil dólares (US$25,000.00), cada uno, por haberles causado daño moral y personal con la imputación falaz y estar ocasionándoseles problemas personales y familiares y dificultades económicas. Sin embargo, no corre en autos detalle o fundamento de cada uno de los mismos, significando una pretensión abstracta al incumplir lo previsto por el inciso 5) del Artículo 424 del Código Procesal Civil, referido al petitorio, que debe contener una determinación clara y concreta de lo que se pide, no encontrándose sus argumentos respaldados por ninguna prueba y, en todo caso, los gastos que le irrogue la tramitación del proceso serán incluidos en el pago de las costas y costos, si acaso les correspondiere.
2.8. RECURSO DE APELACIÓN. La precitada sentencia de primera instancia fue materia de Apelación por la demandante Rosa Elvira Rivera Calderón, según Recurso corriente de fojas mil cuatrocientos treinta y tres a mil cuatrocientos cuarenta y uno, en el que expresa lo siguiente: i) El Juez de la causa no ha dado una debida motivación en el extremo que hace mención que no se ha podido acreditar el actuar antijurídico de los codemandados César Ángel Ortega Ruiz, Manuel Fernando Chiri Márquez y Raúl Félix Zárate Huaynalaya, ya que no ha justificado por qué no ha tomado en cuenta la sentencia de primera instancia, ni la sentencia de vista recaída en el expediente número 2002-2004-11-20-Huancayo (folios cuatrocientos dieciséis y cuatrocientos diecisiete); ii) El Juez de la causa no ha tenido en cuenta que la demanda encaja en un supuesto de responsabilidad solidaria; iii) No se ha tomado en cuenta las manifestaciones de los testigos Rocío Condori Yancán y Anita Bernandina Gómez Arana prestadas en la Audiencia de Pruebas, en las que ambas afirman haber tenido conocimiento que el doctor César Ángel Ortega Ruiz no habría intervenido al menor por estar esterilizando su material quirúrgico, configurándose de esta manera la negligencia del médico; y, iv) No se ha realizado un debido análisis de las conclusiones a las que arriba el Informe Médico Legal.
2.9. SENTENCIA DE VISTA. La Sala Superior expide la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de junio de dos mil quince[3], corriente de fojas mil quinientos tres a mil quinientos diecisiete, aclarada mediante resolución de fecha veinte de julio del mismo año, obrante a fojas mil quinientos treinta y dos y mil quinientos treinta y tres, que confirmó en parte la sentencia apelada en el extremo que desestimó la demanda contra el Ministerio del Interior, Manuel Chiri Márquez (Director de la Unidad de Salud (Ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú) y Raúl Félix Zarate Huaynalaya por responsabilidad civil extracontractual, así como las pretensiones accesorias de atención médica especializada del menor hasta la edad de dieciocho años y cambio periódico de prótesis ocular según su crecimiento y desarrollo, y revocó en parte la sentencia que declaró infundada la demanda y reformándola declara fundada en parte la demanda y ordena que César Ángel Ortega Ruiz, solidariamente con la Unidad de Salud (ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú, paguen la suma de sesenta y tres mil soles (S/.63,000.00) a favor del menor de iniciales A.B.V.R., debiéndose descontar el monto señalado como reparación civil en el proceso penal. Considera para asumir dicha posición:
1) Sobre la antijuricidad, respecto al codemandado César Ángel Ortega Ruiz: i) Como se aprecia de la sentencia y Resolución de Vista que obran en el expediente acompañado número 2002-004, seguido contra César Ángel Ortega Ruiz por el delito de Lesiones Culposas Graves, éste codemandado ha sido sentenciado como autor del Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Culposas Graves, en agravio del menor de iniciales A.B.V.R., disponiéndose la reserva del fallo por el período de prueba de un año y fijándose como reparación civil la cantidad de tres mil soles (S/.3,000.00); ii) Si bien se viene solicitando la indemnización por daños y perjuicios, para el presente proceso se verifica no el actuar por resultado sino la obligación de procurar que el daño que se ocasionó no sea mayor al que había sufrido el menor, y del Informe Médico Legal se señala que: “[...] ha habido POSTERGACIÓN de INDICACIONES DIAGNOSTICAS para llegar a un diagnóstico preciso de la intensidad de la Lesión Ocular [...] que no se ha CONTEMPLADO COMO INDICACIÓN TERAPÉUTICA el uso de antibióticos sistémicos masivos, como se recomienda inmediatamente en casos de perforación del globo ocular [...]”, con lo que se determina que si bien el accidente sufrido era grave “[...] este pronóstico EMPEORA al no tener una indicación terapéutica que agote todas las posibilidades [...]”, es decir que el codemandado al ser el Médico Especialista Oftalmólogo ha debido de tomar las previsiones necesarias, como era el uso de antibióticos, lo que no hizo, con lo cual su actuar se considera antijurídico, motivo por el cual incluso ha sido sentenciado penalmente;
2) Sobre la relación de causalidad, respecto del codemandado César Ángel Ortega Ruiz, se encuentra probado que en el presente proceso no se le imputa que haya ocasionado la caída del menor sobre un macetero y que por ello se le haya incrustado en el ojo derecho una astilla, siendo que lo reclamado es su actuar que contribuyó a que la lesión se agrave, por cuanto no sólo existe la pérdida del ojo derecho por dicha causa sino que su proceder no se condice con su obligación de cuidado de la salud e integridad de toda persona, pues al no otorgar el tratamiento sistémico empeoró el diagnóstico desfavorable, contribuyendo a que mediante una cirugía se efectúe la enucleación del ojo derecho, con lo cual la conducta desplegada contribuyó al resultado totalmente dañoso de la pérdida del ojo derecho, conforme se acredita con lo actuado en el proceso penal, en el cual se determina la relación entre el no actuar diligente y el resultado de pérdida de la vista, no solo a consecuencia del accidente sufrido sino por la falta de tratamiento con antibióticos;
3) Criterio de imputación o factor atributivo de responsabilidad. Al respecto se presenta la culpa como consecuencia del actuar negligente del demandado César Ángel Ortega Ruiz, quien no efectuó el seguimiento de un protocolo de atención con una indicación terapéutica de antibióticos, como se señala en el Informe Médico Legal que obra en el proceso penal, no pudiéndose imputar dolo sino negligencia, como consecuencia de una mala praxis médica por omisión, que determina su responsabilidad, y por lo cual tiene la obligación de indemnizar, conforme a lo previsto por el Artículo 36 de la Ley número 26842 (Ley General de Salud);
4) Respecto al codemandado Raúl Félix Zárate Huaynalaya, como se advierte del análisis efectuado en la sentencia no ha sido probada su responsabilidad por la parte demandante, quien únicamente ha realizado alegaciones sin adjuntar instrumentos que la prueben, ni que haya realizado una conducta antijurídica y negligente en el cumplimiento de su función de Médico; por el contrario, de las pruebas que adjuntó el mencionado codemandado, como la Historia Clínica, hizo la atención primaria y la derivación al Médico Especialista dentro de un plazo razonable, con lo cual no puede imputarse la existencia de conducta antijurídica ni que haya ocasionado daño alguno;
5) Respecto al codemandado Manuel Fernando Chiri Márquez, se advierte que es demandado en su condición de Director de la Unidad de Salud de la PNP- Huancayo, por no efectuar atención directa al menor y actuar sin diligencia al no contar con anestesiólogo, además de no ordenar el inmediato traslado. Si bien en su condición de Médico y Director debía lograr una atención óptima en el Hospital a su cargo, no se cuenta con medio probatorio que acredite que tenía como función el contratar un anestesiólogo ni que dicho Hospital debía tener ese profesional permanente y, en todo caso, no se cuenta con prueba que permita lograr certeza sobre las condiciones en las que se contrataban anestesiólogos externos, por lo que no se ha establecido que el codemandado haya incidido en el daño, más si de la Historia Clínica aparece que la Unidad de Salud de la PNP-Huancayo intervino en la atención del menor y no puede responder de manera personal;
6) Respecto a la Unidad de Salud de la PNP Huancayo. conforme lo señala el Artículo 48 de la Ley número 26842, de los actuados se tiene acreditado que el demandado César Ángel Ortega Ruiz mantenía un vínculo laboral con la Unidad de Salud de la PNP-Huancayo, con lo cual existe responsabilidad objetiva de dicha Unidad de Salud así como una responsabilidad solidaria, al haberse causado un daño por negligencia conforme señala el Artículo 1981 del Código Civil, revocándose en este extremo la sentencia apelada;
7) Sobre el Quantum Indemnizatorio. en el ordenamiento civil no existe la tasación respecto a la pérdida de algún órgano para los montos de indemnización civil o una uniformidad en la cuantificación de los daños a la persona, y si bien existe respecto al monto el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, estos no son determinantes, encontrándose determinado que el origen del hecho se debe a un accidente, caída e incrustación de una astilla en el ojo derecho del menor, por lo cual el daño se originó ante una eventualidad no cometida por el demandado César Ángel Ortega Ruiz, sino que la conducta del mismo, de conformidad al Informe Médico Legal del expediente penal número 2002-004, contribuyó al daño permanente constituido por la pérdida del ojo derecho, al no haber contemplado la indicación terapéutica en el uso de antibióticos, por lo que el monto no puede ser el solicitado por la parte actora, debiendo considerarse el aspecto tan sólo del daño moral, fijándolo en la cantidad de sesenta y tres mil soles (S/.63,000.00), con descuento de la suma señalada como Reparación Civil fijada en el proceso penal número 2002-004, seguido contra César Ángel Ortega Ruiz por delito de Lesiones Culposas Graves, proceso que no impide emitir pronunciamiento sobre indemnización conforme al criterio expuesto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación número 3824-2013-Ica; y,
8) De la demanda también se aprecia que existen pretensiones accesorias como la atención especializada hasta los dieciocho años de edad y cambio periódico de prótesis ocular. Al respecto, el demandado César Ángel Ortega Ruiz no ocasionó el accidente, sino que contribuyó al resultado de pérdida del ojo derecho, por no seguir un protocolo de atención y no haber efectuado la indicación terapéutica de antibióticos, con lo cual este extremo no puede ser amparado, siendo de aplicación lo previsto por el Artículo 200 del Código Procesal Civil.
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, corriente a fojas cincuenta y cinco y cincuenta y seis del Cuaderno de Casación, declaró la procedencia ordinaria del Recurso de su propósito, interpuesto por el Ministerio del Interior, por:
A) Infracción Normativa Material de los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil, al haberse señalado que: i) La Sala Superior omite referirse a los eximentes de responsabilidad de la Administración Pública, como por ejemplo que no hay lugar a reparación alguna cuando la entidad hubiere actuado razonablemente y de manera proporcional en defensa de los bienes públicos, o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar, de acuerdo al ordenamiento jurídico y a las circunstancias particulares del caso, como es el hecho que la Unidad de Salud de la Policía Nacional del Perú-Huancayo haya derivado al menor dentro de un plazo razonable y del protocolo establecido para estas situaciones al Especialista Oftalmológico, el mismo que trabaja por un Convenio con la institución, al no contar el Hospital Policial con profesional propio de la especialidad; y, ii) La Sala Superior no ha tenido en cuenta que el Convenio firmado por el Instituto Medico de Oftalmología y la Unidad de Salud de la Policía Nacional del Perú no genera un vínculo laboral, como pretende sostener el accionante y lo ha establecido la Sala Superior, por lo que no podría hablarse de responsabilidad solidaria como si el Médico Oftalmológico fuera un dependiente de la institución de salud policial; y,
B) La procedencia excepcional del Artículo 139 incisos 3) y 5) de la Carta Magna, que recogen las garantías al debido proceso y la adecuada motivación de las resoluciones judiciales, a fin que se establezca si al emitirse la recurrida se ha configurado o no la afectación de tales derechos de orden constitucional.
IV. ASUNTO JURÍDICO EN DEBATE
En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en verificar si se ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso y el Principio de Motivación de Resoluciones Judiciales y, en su caso, determinar si se ha infringido lo dispuesto por los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil.
PRIMERO. El Recurso de Casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el Artículo 384 del Código Procesal Civil. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.
SEGUNDO. Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso[4], debiendo sustentarse el mismo en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[5], por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo.
TERCERO. La infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los principios procesales o hasta fundamentales.
CUARTO. En el caso particular, y como se ha adelantado, se ha declarado la procedencia excepcional del Recurso de Casación por la causal de Infracción normativa procesal del Artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, por lo que en primer término debe procederse con el análisis de esa infracción procesal, desde que si por ello se declarara fundado el Recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, careciendo de objeto en tal supuesto emitir decisión sobre la infracción material invocada por el casacionista en el escrito de su propósito.
QUINTO. El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura que en la tramitación de una causa se respeten determinados requisitos mínimos que, en general, se considera que comprenden los siguientes criterios: a) Derecho a ser oportunamente informado del proceso, a efectos de otorgar un tiempo razonable para preparar la defensa; b) Derecho a ser juzgado por un Juez imparcial, esto es que no tenga interés en un determinado resultado de la litis bajo su dirección; c) Derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa de un profesional (publicidad del debate); d) Derecho a la prueba; e) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito de lo actuado; y, f) Derecho al Juez legal. Aquel derecho continente es fundamental y asiste a todos los sujetos que plantean pretensiones ante los órganos resolutivos de conflictos.
SEXTO. Así también, el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el inciso 3) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú[6], comprende a su vez, entre otros derechos de los ya señalados en el considerando precedente, el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 122 del Código Procesal Civil[7] y Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[8]. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5) del Artículo 139 de la Carta Fundamental[9], garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional.
SÉPTIMO. En esa misma línea, cabe anotar que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en sociedades pluralistas como las actuales, importa el deber de justificar las decisiones de la jurisdicción, de tal manera que sean aceptadas por la sociedad y que el Derecho cumpla su función de guía[10]. Igualmente, la obligación de fundamentar las sentencias, propias del derecho moderno, se ha elevado a categoría de deber constitucional, a mérito de lo cual la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado en el Primer Pleno Casatorio, Casación número 1465-2007-CAJAMARCA, una similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en el expediente número 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido que: La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente.
OCTAVO. Asimismo, el proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha: se presenta cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisum jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente y/o sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones con las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común.
NOVENO. Igualmente, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones al Principio de Congruencia, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de Congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) Coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finamente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisum sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de la sentencia número 1230-2003-PCH/TC[11]. En tal escenario, corresponde también a este Supremo Tribunal determinar si la decisión adoptada por la Sala de mérito fue expedida respetando lo dispuesto por el Artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, concordante con el mencionado Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disciplinan que los Magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
EL CONTROL DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES Y EL DEBIDO PROCESO EN EL CASO CONCRETO
DÉCIMO. En este estado del desarrollo argumentativo es conveniente precisar que el extremo de la sentencia de primera instancia que declara infundada la reconvención planteada por Raúl Félix Zárate Huaynalaya y Manuel Fernando Chiri Márquez, no ha sido materia de impugnación ni consecuente análisis en la Sentencia de Vista, por lo que esa parte de la decisión jurisdiccional tiene la calidad de inmutable, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 123 inciso 2) del Código Procesal Civil. Asimismo, el extremo de la Sentencia de Vista que confirmó en parte la sentencia apelada en cuanto declaró infundada la demanda interpuesta por Rosa Elvira Rivera Calderón, por derecho propio y en representación de José Cesar Varas Gamboa, contra el Ministerio del Interior, Manuel Chiri Márquez y Raúl Félix Zárate Huaynalaya por responsabilidad civil extracontractual, así como las pretensiones accesorias de atención médica especializada del menor hasta la edad de dieciocho años y cambio periódico de prótesis ocular según su crecimiento y desarrollo, al no ser objeto del Recurso de Casación interpuesto, no es materia de análisis.
DÉCIMO PRIMERO. En el análisis de la Infracción normativa procesal, este Supremo Tribunal verificará si la Sentencia de Vista se encuentra debidamente justificada, externa e internamente, y si ha respetado las reglas de la motivación en estricto. Delimitado el tema, cabe indicar que nuestro sistema jurídico sustantivo, al positivizar la responsabilidad civil extracontractual, ha incorporado entre otros tipos de responsabilidad, la responsabilidad extracontractual subjetiva, regulada en el Artículo 1969 del Código Civil[12] y la responsabilidad civil extracontractual objetiva, prevista en el Artículo 1970 del mismo Código[13]. La primera —dentro de la que se enmarca el pronunciamiento cuestionado— constituye el tipo de responsabilidad que exige al actor acreditar el daño y el nexo causal, pues el dolo y la culpa son presumibles, correspondiéndole acreditar la ausencia de dolo y culpa al autor. En este sentido, la responsabilidad civil extracontractual subjetiva es consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a los demás, siendo necesaria para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y factores de atribución. La antijuricidad implica que sólo nace la obligación de indemnizar cuando se causa daño a otro y que la conducta dañina no es amparada por el derecho por contravenir normas imperativas o principios que conforman el orden público o las reglas de convivencia social que constituyen las buenas costumbres[14]. El daño jurídicamente indemnizable es la lesión al interés jurídicamente tutelado, pudiendo ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extra patrimonial (daño a la persona —entendido como un ente biopsicosocial— daño al proyecto de vida y daño moral). La relación de causalidad importa la existencia de una relación de causa-efecto, es decir de antecedente y consecuente, entre la conducta antijurídica de autor y el daño causado a la víctima. El factor de atribución, para el caso de la responsabilidad subjetiva, exige la intencionalidad con la que se realiza la conducta antijurídica (dolo o culpa).
DÉCIMO SEGUNDO. En lo concerniente a la justificación interna, la cual consiste en verificar que el paso de las premisas a la conclusión es lógica o deductivamente válido, sin que interese la validez de las propias premisas, se tiene que el orden lógico propuesto por la Sala Superior para estimar la pretensión demandada, por la que se atribuye responsabilidad civil extracontractual al codemandado César Ángel Ortega Ruiz y a la Unidad de Salud de la PNP Huancayo, ésta última en calidad de responsable solidaria por la pérdida del ojo derecho sufrido por el menor de iniciales A.B.V.R., ha sido como sigue: premisa normativa: lo dispuesto por los Artículos 1969[15] (referido a la indemnización por daño por dolo o culpa) y 1981[16] del Código Civil (referente a la responsabilidad solidaria), y 36[17] (referido a la responsabilidad por la salud de los pacientes) y 48[18] (referente a la responsabilidad del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo) de la Ley número 26846-Ley General de Salud; premisa fáctica: 1) (conducta antijurídica) el demandado César Ángel Ortega Ruiz al ser el Médico Especialista Oftalmólogo, debió tomar las previsiones necesarias, como era recetar antibióticos, lo que no hizo, motivo por el cual inclusive ha sido sentenciado penalmente; 2) (daño) pérdida del ojo derecho; 3) (relación de causalidad) el no actuar diligente y el resultado de pérdida de la vista no sólo ha sido consecuencia del accidente sufrido, sino por la falta de inicio de tratamiento con antibióticos; 4) (criterio de imputación o factor atributivo de responsabilidad) no se puede imputar dolo sino negligencia, como consecuencia de una mala praxis médica por omisión; 5) El demandado mantenía vínculo laboral con la Unidad de Salud de la PNP-Huancayo; y conclusión: se determina la responsabilidad del demandado, así como solidariamente del establecimiento de salud. En ese contexto, se aprecia que la deducción lógica de la Sala Superior es compatible con el silogismo que ha establecido, por lo que la resolución presenta una debida justificación interna.
DÉCIMO TERCERO. En lo que se refiere a la justificación externa, ella consiste a decir de Manuel Atienza, en controlar la adecuación o solidez de las premisas[19], lo que supone que las normas contenidas en la premisa normativa sean normas aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[20]. En esa apariencia, este Supremo Tribunal considera que la justificación externa realizada por la Sala Superior es adecuada, desde que las premisas indicadas son las correctas para resolver la materia en controversia (indemnización por responsabilidad civil extracontractual), al haber atendido a los términos de lo que fue objeto debatible y puntos controvertidos[21]. En atención a la premisa normativa y fáctica, la conclusión a la que arribó la Sala de revisión fue la adecuada, existiendo debida justificación externa. Por tanto, debe rechazarse la casación por las infracciones normativas procesales, al advertirse un desarrollo argumentativo suficiente y válido, con apreciación razonada de las pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas y una motivación suficiente.
DÉCIMO CUARTO. Al haberse desestimado la infracción normativa procesal corresponde absolver la infracción normativa material, y, en estricto, la invocada infracción de los Artículos 1321[22] y 1322[23] del Código Civil. Sobre ello tenemos, en primer lugar, que tales disposiciones regulan el factor de atribución de responsabilidad civil subjetiva (dolo, culpa inexcusable o culpa leve) y los daños resarcibles (daño emergente, lucro cesante y daño moral), empero dentro del régimen de la denominada responsabilidad civil contractual o por inejecución de obligaciones, a pesar que en el presente caso el régimen de responsabilidad civil alegado por la parte demandante y aplicado por la Sala Superior en la Sentencia de Vista es la denominada responsabilidad civil extracontractual, regulada por el Artículo 1969 del Código Civil. Además, es evidente que entre el dañado y los responsables establecidos (el Médico Especialista Oftalmólogo César Ángel Ortega Ruiz y la Unidad de Salud de la PNP-Huancayo) no se puede determinar la existencia de una relación contractual, por lo que las infracciones normativas materiales denunciadas son inconducentes para los fines del Recurso, desde que la controversia ha sido resuelta determinando la existencia de una responsabilidad civil extracontractual.
DÉCIMO QUINTO. Igualmente, en la responsabilidad civil extracontractual el factor subjetivo de responsabilidad sólo puede ser el dolo o la culpa, y corresponde al supuesto dañante probar que no actuó con dolo o con culpa, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1969 del Código Civil, en tanto que en la responsabilidad civil contractual el factor subjetivo de responsabilidad puede ser a título de dolo, culpa inexcusable o culpa leve, presumiéndose la culpa leve y debiendo probar el supuesto dañado el dolo o la culpa inexcusable, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1329[24] y 1330[25] del Código Civil. En tal sentido es evidente que la regulación y prueba del factor atributivo de responsabilidad subjetiva son diferentes en los regímenes de responsabilidad civil extracontractual y contractual, por lo que en ese escenario la alegada infracción de los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil, y los hechos que pretenden darle fundamento, no son pertinentes al caso.
DÉCIMO SEXTO. En la línea de ideas expuestas, el pronunciamiento cuestionado de la Sala Superior es coherente con los hechos determinados en sede de instancia, a partir de los cuales se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual de los codemandados César Ángel Ortega Ruiz y Unidad de Salud de la PNP-Huancayo, por la pérdida del ojo derecho sufrido por el menor afectado como consecuencia de una mala praxis médica por omisión, quedando claro que nuestra normatividad reconoce que la culpa por negligencia no sólo se deriva de una responsabilidad subjetiva directa, sino además que ella puede ser solidaria entre el autor directo y el autor indirecto, conforme a lo regulado por el Artículo 1981 del Código Civil, sin que esa solidaridad exija la evidencia de un nexo laboral y/o contractual entre los agentes generadores del daño. Por los fundamentos expuestos y de acuerdo a lo regulado además por el Artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio del Interior, en consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución número ciento veinte de fecha dos de junio de dos mil quince, expedida por la Segunda Sala Mixta de la Provincia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por José Cesar Varas Gamboa con el Ministerio del Interior y otros sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Ponente Señor Yaya Zumaeta, Juez Supremo.
SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA.
[1] Artículo 1329 del Código Civil. Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor.
[2] Artículo 1330º del Código Civil. La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
[3] Sentencia de Vista corregida y aclarada por resolución del 20 de julio de 2015, obrante a folios 1532 y 1533: “RESOLVIERON: 1. CORREGIR la Sentencia de Vista N.º 553-2015, contenida en la Resolución N.º 120, de fecha 02 de junio de 2015, obrante de fojas 1503 al 1517, en el considerando nueve que señala “[...] el 29 de setiembre de mil novecientos noventa y tres [...]” debiendo decir: “[...] el 29 de setiembre de mil novecientos noventa y ocho [...]”. 2. ACLARAR el considerando nueve de la Sentencia de Vista N.º 553- 2015, señalando que los padres del menor afectado Anthony Brayam Varas Rivera, siguen ejerciendo la representación de su menor hijo. Notifíquese.”
[4] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
[5] De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.
[6] Artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
[7] 5 Artículo 122 inciso 3) del Código Procesal Civil. Las resoluciones contienen: [...] 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
[8] Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.
[9] Artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
[10] ATIENZA, Manuel. “Las razones del Derecho”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1991, páginas 24 y 25.
[11] Tribunal Constitucional, Sentencia N.º 1230-2003-PCH/TC.
[12] Artículo 1969 del Código Civil. Indemnización por daño doloso y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.
[13] Artículo 1970 del Código Civil. Responsabilidad por riesgo. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo.
[14] Taboada Córdova, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editorial Griley. 2da. Edición, página 40.
[15] Idem pie de página 10.
[16] Artículo 1981 del Código Civil. Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.”
[17] Artículo 36 de la Ley N.º 26846. Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades.
[18] Artículo 48 de la Ley N.º 26846. El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en éste con relación de dependencia. Es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece.
[19] ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En http://razonamiento jurídico.blogspt.com.
[20] MORENO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores, página 184.
[21] Fijados en la Audiencia de Conciliación del 22 de marzo de 2007, obrante de folios 926 a 929, consistentes en: 1. Determinar el derecho de los demandantes de ser indemnizados como consecuencia del accidente sufrido por el menor A.B.V.R.; [...] 4. Determinar si la indemnización de ser procedente sea asumida en forma solidaria por todos lo demandados; 5. Determinar el contenido e de la indemnización por responsabilidad civil extracontractual como son: la imputación, la antijuricidad y nexo causal, los factores de atribución (dolo o culpa), y el daño); [...] 7. Determinar para efectos de establecer el monto que pueda resultar los presupuestos contenidos en el Artículo 1985 del Código Civil (daño material y moral). Respecto a los puntos 2 y 3 no son objeto del presente Recurso de Casación. Respecto al punto 6, no es materia de cuestionamiento en el presente Recurso de Casación, máxime si el régimen de responsabilidad civil alegado por la parte demandante y aplicado por la Sala Superior en la sentencia de vista es la denominada responsabilidad civil extracontractual.
[22] Artículo 1321 del Código Civil. Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.
[23] Artículo 1322 del Código Civil. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento.
[24] Artículo 1329 del Código Civil. Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor.
[25] Artículo 1330º del Código Civil. La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.