Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/4725
Timestamp: 2020-04-01 10:49:21
Document Index: 27481217

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 5', 'Artículo 240']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 189/2002
SENTENCIA 189/2002, de 14 de octubre
ECLI:ES:TC:2002:189
En el recurso de amparo núm. 2688-2001 (demanda núm. 1123-B-2001), promovido por don Manuel Maza de Ayala, Abogado en ejercicio, representado por el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal, contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2001, que declaró inadmisible el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia de la misma Sección, de 28 de noviembre de 2000, desestimatoria del recurso de casación núm. 8937/96 contra la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 17 de octubre de 1996, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 2792/94 contra la Resolución del Consejo General de la Abogacía Española, de 9 de junio de 1994, que confirmó en alzada el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, de 14 de diciembre de 1992, por el que se le impuso al demandante de amparo la sanción de suspensión en el ejercicio de la Abogacía por un plazo de diez días. Han comparecido y formulado alegaciones el Consejo General de la Abogacía Española, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo y asistida por el Letrado don José Ramón Aizpún Bobadilla, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 7 de mayo de 2001, don Luciano Rosch Nadal, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Manuel Maza de Ayala, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones administrativas y jurisdiccionales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Al demandante de amparo le fue incoado expediente disciplinario por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, en el que propuso prueba testifical de descargo e interesó que para que no se produjera indefensión se cumplieran los plazos (de un mes) previstos en el Reglamento de procedimiento disciplinario de 1 de diciembre de 1989.
b) En el escrito del recurso de casación se hizo constar que la Sentencia de instancia había vulnerado el art. 24.1 y 2 CE. Del mismo modo, por escrito de 19 de enero de 2001, se hizo constar que la Sentencia de casación había vulnerado los apartados 3, letras d) y e), y 5 del art.14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966, y los arts. 10.2 y 24.1 y 2 CE, solicitándose la nulidad de la sanción impuesta por no haberse cumplido los trámites del recurso de casación vigente.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta la vulneración del art. 24.1 y 2 CE.
a) En primer lugar, el recurrente en amparo estima que la sanción impuesta y las Sentencias impugnadas vulneran el art. 24.1 CE, en relación con el art. 13 del Reglamento de procedimiento disciplinario de 1 de diciembre de 1989, habiéndole producido indefensión, ya que se formuló el pliego de cargos una vez transcurrido en exceso el plazo de diez días del que disponía el instructor de conformidad con el mencionado art. 13.
b) Como segundo motivo del recurso de amparo, el demandante aduce que, tras la formulación de la propuesta de resolución acusatoria, propuso como prueba testifical, de conformidad con el art. 11.2 del Reglamento, la declaración del propio denunciante, así como la celebración de un careo entre éste y el denunciado y prueba documental a interesar del Juzgado de Instrucción, sobre la que el instructor no se pronunció, desestimándolos tácitamente y admitiendo la práctica de otros medios de prueba. Además, la prueba admitida no se practicó en el término que ordena el art. 12 del Reglamento. Todo ello supone una clara vulneración del art. 24.1 CE, por falta de tutela judicial efectiva, y del art. 14.3, letras a) y c) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966, en relación con el art. 10.2 CE, con la consiguiente nulidad de todas las actuaciones procesales por imperativo de los arts. 238.3 y 240.2 LOPJ.
c) Como tercer motivo de amparo argumenta que la prueba testifical se practicó sin intervención alguna del denunciado y ahora demandante de amparo, que no fue citado al efecto. Aunque se declaró la nulidad de la misma, por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, en su sesión de 20 de junio de 1992, tales declaraciones siguieron en los autos y fueron tenidas en cuenta en la nueva práctica de la prueba testifical, al formular el instructor como primera pregunta a los testigos si se ratificaban en su declaración anterior, con el consiguiente perjuicio para el denunciado por haberse ya viciado la prueba y no poderse dar la contradicción y, sobre todo, por permitir que continuaran en los autos hasta como base incluso de la practicada ya con la asistencia del expedientado. Actuación que, en su opinión, vulnera el art. 14 d) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, así como los arts. 10.2 y 24 CE.
d) Como último motivo de su pretensión de amparo, aduce el recurrente, tras aludir a la doctrina constitucional sobre la aplicación de los principios inspiradores del orden penal al derecho administrativo sancionador (STC 31/1981) y apelar al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 20 de julio de 2000 (sic) sobre el sistema de casación español, que en materia penal o administrativa sancionadora, como acontece con la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de Abogado, resulta necesaria una segunda instancia con iguales posibilidades de defensa que la primera, lo que no acontece en nuestro sistema con el recurso de casación, en el que se limitan los derechos del Tribunal, que no puede valorar la prueba, ni contradecir la valoración que de la misma se haya hecho en instancia, por lo que dicho recurso no se ajusta a la segunda instancia efectiva que la normativa internacional exige.
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de marzo de 2002, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiesen, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 9837/96 y al recurso contencioso-administrativo núm. 2792/94, debiendo previamente emplazar el segundo de los órganos judiciales mencionados a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que si lo deseasen pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 18 de abril de 2002, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación del Consejo General de la Abogacía Española, así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que pudieran formular las alegaciones que tuvieran por conveniente.
6. La representación procesal del Consejo General de la Abogacía Española evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de abril de 2002, que a continuación sucintamente se extracta:
a) Respecto al primer motivo de amparo, que se sustenta en el incumplimiento de los plazos fijados en el Reglamento de procedimiento disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, aduce que el mero retraso de las actuaciones administrativas no supone infracción de precepto constitucional alguno y ni siquiera, desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, implica la invalidez del acto resultante, de conformidad con el art. 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El demandante de amparo se limita a denunciar el incumplimiento de los plazos señalados en el citado Reglamento sin exponer qué infracción concreta del art. 24.1 CE han supuesto dichos retrasos o de qué forma han implicado una indefensión real y efectiva.
b) En relación con los motivos segundo y tercero que se esgrimen en la demanda de amparo, considera, en primer lugar, que al alegado retraso en la práctica de la prueba testifical le son aplicables los razonamientos antes expuestos; en segundo lugar, respecto a la práctica en un primer momento de la prueba sin la intervención del recurrente en amparo, que dicha prueba, como reconoce el demandante de amparo, y se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, fue anulada y reproducida respetando adecuadamente el principio de contradicción, y el hecho de que la prueba continuara en los autos no implica infracción alguna, ni de índole constitucional, ni de legalidad ordinaria, ni causó indefensión alguna al entonces denunciado, como lo demuestra el hecho de que no concrete qué tipo de indefensión le ha supuesto tal circunstancia; y, finalmente, en cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la prueba, que ni siquiera en sede administrativa se ha negado en este caso la prueba solicitada por el recurrente, debiendo además recordarse que para que pueda prosperar la vulneración aducida del mencionado derecho fundamental es necesario que se hayan agotado las posibilidades que ofrecen las leyes procesales para subsanar la infracción alegada, lo que no aconteció en el presente supuesto, en el que el demandante de amparo no solicitó en vía jurisdiccional, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, práctica de prueba alguna.
c) Por último, en relación con la queja relativa a la exigencia de la doble instancia jurisdiccional en el ámbito administrativo sancionador, sostiene que tal garantía pertenece al ámbito estrictamente penal, como resulta del propio tenor literal del art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, que se refiere a las personas declaradas culpables de un delito.
7. La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 17 de mayo de 2002, en el que sucintamente reitera las formuladas en el escrito de demanda.
8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 10 de junio de 2002, en el que interesó, con base en la argumentación que seguidamente se extracta, la desestimación de la demanda de amparo.
a) Aduce, en primer término, la posible extemporaneidad de la demanda de amparo por agotamiento defectuoso de la vía judicial (art. 44.1 y 44.2 LOTC). Alega al respecto que el demandante de amparo interpuso contra la Sentencia desestimatoria del recurso de casación incidente de nulidad de actuaciones (art. 240.3 LOPJ). Tal incidente o recurso de nulidad de actuaciones está previsto para supuestos de incongruencia de la resolución combatida o indefensiones formales causantes de indefensión. Sin embargo, en este caso el recurrente no planteó ninguno de esos dos supuestos legales, sino una presunta infracción del derecho a la doble instancia (art. 14.5 Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, y art. 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950), por lo que el Tribunal Supremo dictó Auto de inadmisión, al entender, de un lado, no comprendidas las pretensiones en ninguno de los supuestos legales y, de otro, que el recurrente había tenido la oportunidad de hacer valer aquellas pretensiones en el recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.4 LOPJ.
b) En cuanto a las cuestiones de fondo planteadas en la demanda de amparo, el Ministerio Fiscal entiende que están conectadas, de un lado, con la posible lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, y, de otro, con la denunciada vulneración por la Sentencia del Tribunal Supremo y, en su caso, del Auto desestimando la petición de nulidad de actuaciones, del derecho a la doble instancia reconocido por los convenios internacionales que cita el recurrente en amparo.
c) En relación con la denunciada lesión del derecho a la doble instancia, el Ministerio Fiscal considera que tal cuestión se suscita per saltum ante este Tribunal, por lo que respecto a la misma se ha incumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial (art. 44.1.a LOTC).
No obstante, entrando en el examen de la queja del recurrente en amparo, el Ministerio Fiscal entiende que el derecho a la segunda instancia no se desprende ni de la literalidad ni del espíritu de los textos sobre cuya base se quiere asentar. Así, el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, se refiere a "toda persona declarada culpable de un delito...". El art. 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, habla de la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional. Por su parte, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 20 de julio de 2000 -caso Gómez Vázquez contra España- viene referido a un asunto penal, como también la resolución que se menciona en la demanda de amparo del Pleno del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2001. De modo que ninguno de los textos a los que alude el recurrente en amparo apoyan el derecho a la doble instancia en materia administrativa.
9. Por providencia de 10 de octubre de 2002, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 de octubre siguiente.
1. Si bien en el encabezamiento de la presente demanda de amparo, que es el lugar adecuado para indicar el objeto del recurso, se indica que éste se interpone, conforme a lo dispuesto en el art. 44.1 LOTC, contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2001, por el que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el recurrente, debe tenerse en cuenta que en el suplico de la demanda se solicita, no sólo la nulidad de dicho Auto, sino la de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 8937/96, de 28 de noviembre de 2000, y la de la sanción impuesta. Dicha sanción se impuso al actor por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia de 14 de diciembre de 1992, respecto del que el recurrente interpuso recurso contencioso- administrativo, desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 17 de octubre de 1996, contra cuya Sentencia el demandante interpuso el recurso de casación del que el actual de amparo trae causa.
2. En la demanda de amparo se imputa al mencionado Acuerdo sancionador la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de diversas irregularidades acaecidas durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, que se concretan en que el instructor formuló el pliego de cargos una vez trascurrido el plazo que al efecto le confiere el art. 13.1 del Reglamento de procedimiento disciplinario de 1 de diciembre de 1989, en la desestimación tácita de algunos de los medios de prueba propuestos por el recurrente en amparo y en haberse practicado la prueba testifical sin su presencia e intervención. En este extremo ningún reproche se efectúa en la demanda de amparo contra las resoluciones jurisdiccionales que pusieron fin a la vía judicial procedente, salvo el de no haber reparado las aducidas vulneraciones de derechos fundamentales acaecidas durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.
3. Entrando ya en la impugnación del Auto, es constatable que su impugnación se ha efectuado dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 44.2 LOTC; por lo que respecto de él el recurso de amparo no resulta extemporáneo.
4. En cuanto a la impugnación de la Sentencia del Tribunal Supremo, y por lo que hace al óbice procesal alegado por el Ministerio Fiscal respecto a ella (la extemporaneidad del recurso), es necesario traer a colación la reiterada doctrina de este Tribunal Constitucional, según la cual el cumplimiento del plazo previsto en los arts. 43.2 y 44.2 LOTC no constituye una exigencia formal sin justificación, sino que representa una garantía sustancial de seguridad jurídica que actúa como plazo de caducidad, improrrogable y de imposible suspensión, no susceptible de ser ampliado artificialmente por arbitrio de las partes, mediante el ejercicio abusivo e indebido de todos los remedios procesales imaginables en la vía judicial previa, los cuales sólo deben de utilizarse cuando resulten razonablemente exigibles por ser los procedentes con arreglo a las normas procesales, debiendo estimarse excluidos aquellos otros no previstos en la Ley o manifiestamente improcedentes en el curso del proceso del que se trate.
En razón de ello la fecha en la que ha de iniciarse el cómputo del referido plazo es aquella en la que al demandante de amparo se le notifica o tiene conocimiento suficiente o fehaciente de la resolución que pone fin a la vía judicial previa, sin que puedan tomarse en consideración los recursos notoriamente inexistentes o inviables que se interpongan con posterioridad (SSTC 199/1993, de 14 de junio, FJ único; 338/1993, de 15 de noviembre, FJ 2; 161/1998, de 14 de julio, FJ 2; 245/2000, de 16 de octubre, FJ 2; 12/2001, de 29 de enero; 122/2002, de 20 de mayo, FJ 2).
5. A la luz de la doctrina constitucional reseñada ha de ser analizada la causa de inadmisión de la demanda de amparo puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal.
Según resulta del examen de las actuaciones judiciales, el demandante de amparo promovió, con base en el art. 240.3 LOPJ, incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso de casación, en el que denunció, con cita del art. 24.1 CE, en relación con los arts. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 20 de julio de 2000 -caso Gómez Vázquez contra España-, la infracción del derecho a un doble grado de jurisdicción en materia administrativa sancionadora, por entender que el recurso de casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa no satisfacía la referida exigencia, al impedir que el Tribunal de casación efectuase una nueva valoración de la prueba o pudiese contradecir la valoración que de la misma hubiese efectuado el órgano jurisdiccional de instancia.
6. La conclusión alcanzada no puede verse alterada por el dato de que hubiera sido inadmitido mediante providencia de 18 de junio de 2001, por prematuro [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), LOTC], un primer recurso de amparo que el ahora demandante había interpuesto una vez promovido el incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de casación y antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el mismo.
Desestimar el recurso de amparo promovido por don Manuel Maza de Ayala, en cuanto dirigido contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2001.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Tomás S. Vives Antón a la Sentencia recaída en el recurso de amparo 2688-2001.
Numéro et date BOE [Nº, 271 ] 12/11/2002 Correction 1
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 2688-2001
Promovido por don Manuel Maza de Ayala frente al Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia que, en grado de casación, había confirmado una sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía.
El demandante de amparo prolongó indebidamente la vía judicial previa mediante la interposición de un recurso manifiestamente improcedente, lo que determina la extemporaneidad de la presente demanda de amparo [FJ 5].
Las exigencias del principio de seguridad jurídica?que determinan que el plazo para la interposición del recurso de amparo sea un plazo de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y, por tanto, de inexorable cumplimiento? han de armonizarse con el respeto al pleno contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 289/1993, 352/1993) [FJ 4].
La decisión de inadmitir el incidente de nulidad de actuaciones se encuentra motivada y fundada en una interpretación y aplicación razonada y razonable de la legislación procesal vigente [FJ 3].
No puede acudir ante este Tribunal por la vía de amparo quien ha considerado procedente la utilización de un recurso o remedio procesal en la vía ordinaria en tanto ésta no haya concluido, ya que de lo contrario se estaría afectando a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (SSTC 129/2000, 44/2002) [FJ 6].
El nuevo recurso de amparo debe diferenciarse del precedente, frustrado por causa imputable al recurrente, y el control de los requisitos procesales, y en concreto el de la interposición en plazo del recurso, debe efectuarse sobre la base de esa consideración como nuevo recurso, y no como una continuación del precedente [FJ 6].
Cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también recurridas las precedentes resoluciones judiciales confirmadas (SSTC 97/1999, 115/2002) [FJ 1].
A este Tribunal no le corresponde reconstruir de oficio la demanda de amparo, ni suplir las razones de las partes, sobre las que recae la carga de la argumentación, cuando aquéllas no se aportan al recurso (SSTC 1/1996, 52/1999) [ FJ 3].
La inadmisión del recurso dirigido contra la Sentencia con la que culminaba la vía judicial previa cierra el paso al posible control constitucional de las resoluciones judicial y administrativa precedentes [FJ 6].
Artículo 14.5, ff. 2, 5
Artículo 43.2, ff. 4, 5
Artículo 44.1 a), ff. 4, 6
Artículo 44.2, ff. 3 a 5
Artículo 5.4, ff. 2, 5
Artículo 240.3, ff. 2, 5
Agotamiento de la vía judicialAgotamiento de la vía judicial, f. 5, VP
Extemporaneidad por recurso manifiestamente improcedenteExtemporaneidad por recurso manifiestamente improcedente, f. 4, VP
Falta de agotamiento de la vía judicialFalta de agotamiento de la vía judicial, f. 6, VP
Inadmisión de recurso de amparoInadmisión de recurso de amparo, f. 6, VP
Pendencia de recursos judicialesPendencia de recursos judiciales, f. 6
Plazos del recurso de amparoPlazos del recurso de amparo, VP
Término inicial en el recurso de amparoTérmino inicial en el recurso de amparo, f. 4
Incidente de nulidad de actuacionesIncidente de nulidad de actuaciones, f. 5, VP
Incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedenteIncidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente, f. 5, VP