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Timestamp: 2015-10-06 14:44:28
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Educación Sexual. Lineam... Curriculares. Introducción 1
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| | Documentos - Documentos de Argentina	LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Documento aprobado para la discusión- Resolución CFE Nº43/08. Buenos Aires, 17 de abril de 2008
La Ley N° 26.150 establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. El presente documento propone los lineamientos curriculares nacionales sobre los cuales las diferentes jurisdicciones, en el marco de sus atribuciones específicas, fundamentarán sus acciones tendientes a dar cumplimiento a los artículos 5°, 6° y 8° de dicha Ley y a los preceptos establecidos por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en sus artículos 8°, 11° inc. f), e inc. p) y 86°.Para la elaboración de estos lineamientos se han tomado en cuenta los aportes realizados por la Comisión Asesora, creada por el artículo 7° de la Ley N° 26.150, con el objetivo de asesorar al Ministerio en la definición de los lineamientos curriculares básicos del "Programa Nacional de Educación Sexual Integral" que deberá implementarse en todas las escuelas del país. Esta Ley es resultado y, a su vez, complemento necesario de un marco legislativo internacional y nacional que Argentina posee y promueve en el campo de los derechos humanos. Dicho avance legislativo, sumado y articulado con otro conjunto de normas, posiciona al país en un escenario de oportunidades especiales para hacer efectivos los derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en lo que refiere a la Educación Sexual Integral. El cumplimiento de los propósitos de la Ley N° 26.150 implica para el sistema educativo el abordaje de la educación de la sexualidad de una manera formal, explícita e integral. Ello requerirá la implementación de estrategias superadoras que, incluyendo experiencias y proyectos educativos preexistentes, permitan integrar la sexualidad en la formación armónica, equilibrada, integral y permanente de las personas, tal como lo establece el artículo 3° inciso a) de la citada ley. La inclusión de la educación sexual dentro de la formación sistemática reafirma la responsabilidad del Estado en lo que hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas acciones deberán ser respetuosas de las consideraciones emanadas del plexo normativo nacional e internacional que fundamenta al presente documento, entre ellas las que señalan el derecho fundamental de las familias en relación a sus hijos menores de edad, facultad que rige en tanto éstos efectivicen las obligaciones que conlleva este derecho.1 La consideración de que todo derecho de los adultos en relación a los menores conlleva una obligación legal y que es obligación del Estado la implementación de acciones que propendan a garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, debe ser el eje que oriente la progresiva superación de las tensiones que pueden suscitarse a la hora de definir el modo en que éstos se hagan efectivos. Estas tensiones podrán superarse en la medida en que exista un reconocimiento generalizado del pluralismo social y cultural presente en la sociedad, inherente al régimen democrático que impera en la Argentina, que el Estado debe respetar y hacer respetar y de las acciones que el propio Estado, en tanto promotor y garante de derechos, debe realizar obligadamente en pos de la realización del bien común.
Reconociendo los derechos y obligaciones que asisten a los padres madres y/o tutores como primeros educadores de sus hijos y/o representados y el rol de las familias como institución indisolublemente ligada a la socialización y educación de las personas, desde el Estado deben propiciarse, a la vez, las condiciones para que la escuela se constituya en el espacio institucional con el deber y la capacidad para generar condiciones que igualen el acceso a la información y a la formación de todos los alumnos y alumnas en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y dignidad. A partir de estas premisas y de los cometidos de la Ley Nº 26.150, todos los educandos/as deberán entonces recibir educación sexual integral, según las condiciones contempladas en su artículo 5° y respetando las previsiones del artículo 128° de la Ley N° 26.206, que establece derechos y obligaciones de madres, padres y tutores.. Para el logro de los propósitos enunciados precedentemente se deberá propiciar la transmisión de conocimientos pertinentes y validados científicamente, la promoción de actitudes responsables, protectoras y solidarias en el terreno de la sexualidad, la prevención de problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, asegurando la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.
El siguiente apartado aporta el marco legal que respalda el conjunto de acciones que deberán iniciar, continuar o profundizar, en el ámbito de la educación sexual integral de la población escolar, las autoridades responsables de su implementación tanto desde el nivel nacional como desde el nivel jurisdiccional.Este plexo normativo debe ser dado a conocer a toda la comunidad educativa ya que constituye el encuadre de referencia de la Ley N° 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En esta norma se establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Los objetivos de la Ley N° 26.150 son:
a. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.
b. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
c. Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
d. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular.e. Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.
En vista de estos propósitos y de las líneas de trabajo a desarrollar previstas por elartículo 2° de la Ley 26.150, la cartera educativa nacional aprobó la Resolución Ministerial N° 1341/07, que establece el plan de acción del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La concertación entre el Consejo Federal y el Ministerio de Educación de la Nación de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral, constituye uno de los ejes de este plan. 2.1 Marco normativo nacional e internacional
La Ley N° 26.150 retoma principios y derechos incorporados a la Constitución Nacional, y dispone líneas de acción tendientes a garantizar la educación sexual integral para todos los alumnos y alumnas de los establecimientos educativos del país. Asimismo, responde a la obligación del Estado de adecuar políticas y programas en torno a esta temática a las normas internacionales adoptadas por el país.
La Constitución Nacional ha incorporado con la máxima jerarquía tratados de derechos humanos que establecen los principios que la Ley N° 26.150 ha recogido. Entre las normas relacionadas se encuentran: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas normas se encuentran en la cúspide del sistema normativo argentino y, desde su posicionamiento, inspiran la interpretación y alcance de todo el ordenamiento jurídico. También forman parte de la normativa internacional otras convenciones internacionales que fueron suscriptas por la legislación argentina, como la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 24.632) y el Protocolo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (Ley Nº 25.763), que amplían el marco de interpretación de la Ley N° 26.150 basado en el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.En consecuencia, la Ley N° 26.150 recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y en su espíritu propone una cultura democrática que promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal. Entre los antecedentes normativos nacionales, debe mencionarse la Ley N° 25.673 mediante la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que establece la responsabilidad del Estado en pos de garantizar a la población el acceso a la información y la formación en conocimientos básicos vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable, de acuerdo a sus convicciones.. En igual sentido, la Ley de Educación Nacional N° 26.2076 plantea como objetivo de la educación y como obligación de los docentes garantizar el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes N° 26.061, otorgando a la comunidad educativa un rol activo para la promoción y protección de derechos. La Ley de Educación Nacional promueve, a la vez, la transmisión de estos conocimientos como expresión del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas sin más distinción que las derivadas de su edad, nivel educativo y modalidad, respetándolos en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática Desde esta perspectiva, el sentido de la educación, orientada al pleno desarrollo de las personas (Art. 26 inc. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional cf. Art. 75 inc. 22.) y a “asumir una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena" (Art. 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional art. 75 inc. 22), tal como se promueve desde la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, necesariamente lleva a incluir el desarrollo de contenidos programáticos que abarquen la educación sexual en su integralidad, basada en información y conocimientos validados científicamente y en la promoción de valores que fortalezcan una sexualidad responsable (Ley 26.206 art. 11 inc. p). De este modo, el cumplimiento de la Ley N° 26.150 busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, que contribuirá a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, tal como recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que hace a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH Sida y de salud reproductiva en los programas escolares. En el mismo sentido, la educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores, comience a buscar y ofrecer respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos, como la violencia, abuso, maltrato contra los-as niños-as y adolescentes de todas las medidas de protección y reparación necesarias para atender a estos problemas (Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución Nacional) arts. 14, 29, 19, 39 y ccs.; Ley 26.061 arts. 4, 5, 15, 24, 30 y 31; y Ley 26.206 arts. 67 y ccs.) Asimismo, el abordaje de esta temática en la escuela también contribuye a la tarea de eliminar todo concepto, prejuicio, estereotipo o práctica basada en la idea de superioridad o inferioridad entre las personas, independientemente de su identidad sexual, de conformidad con lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.
En igual sentido que la Convención de los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061, la Ley N° 26.150 reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos portadores de derechos, tomando en consideración las distintas etapas evolutivas.
Los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad para gozar de derechos, libertades fundamentales y ejercerlos en forma progresiva, en consonancia con la evolución de sus facultades (Arts. 1, 2, 3, 5 y ccs. de la CDN. También Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (incorporado a la Constitución Nacional, art. 75 inc. 22) art. 13.). El ordenamiento jurídico debe ser interpretado armoniosamente en su conjunto, siendo que los tratados de derechos humanos incorporados al plexo normativo constitucional inspiran siempre una interpretación favorable al reconocimiento progresivo de sus derechos (principio pro homine) (art. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
La implementación de políticas que atiendan a la educación sexual, se inscribe, finalmente, en las medidas que deben atender a la promoción de la igualdad y calidad educativas. Este es el eje central que orienta todas las decisiones que se toman desde el Estado. En este punto, la Ley N° 26.206 en su artículo 79° establece la responsabilidad del Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, en lo que hace al desarrollo de tales políticas, “...destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación” (Ley 26.206 art. 79). < Prev