Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0405_ES.html
Timestamp: 2019-05-24 07:43:19
Document Index: 26322975

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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0405/2018),
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a las que va unido siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión. Para afrontar estos problemas y reforzar también la aplicación de la Directiva 2015/849/UE1, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una mejor cooperación transfronteriza entre autoridades competentes.
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a las que va unido siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión y para la seguridad pública y la seguridad individual de los ciudadanos de la Unión. Para afrontar estos problemas crecientes y complementar y reforzar la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo1, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una cooperación transfronteriza más eficaz y rápida entre las autoridades competentes nacionales y de la Unión y con las agencias pertinentes de la Unión, con vistas a mejorar el intercambio de información y a permitir la identificación de quienes promueven el terrorismo.
1 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(2) Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Las medidas adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y, como mínimo, igual de rigurosas.
(2) Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tienen efectos muy limitados. En la Unión, el marco jurídico actual no es ni completo ni lo suficientemente coherente como para ser plenamente eficaz. En los Estados miembros está tipificado el blanqueo de capitales, pero existen diferencias significativas entre ellos en cuanto a la definición de blanqueo de capitales, qué constituye un delito principal y el nivel de las sanciones. Las diferencias que existen entre los marcos jurídicos nacionales pueden ser aprovechadas por los delincuentes y los terroristas, que tienen la posibilidad de efectuar sus operaciones financieras en Estados miembros en los que perciben que las medidas de lucha contra el blanqueo son menos duras. Las medidas adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y, como mínimo, igual de rigurosas. De este modo, se constituye un marco jurídico consolidado a escala de la Unión que aborda de un modo más eficaz las cuestiones relativas a la financiación del terrorismo y la conjuración de las amenazas procedentes de las organizaciones terroristas, limitando su capacidad para financiar sus actividades.
(3) En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los pertinentes actos jurídicos de la Unión deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE n.º 198), la Unión debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.
(3) En su actuación, la Unión debe ir más allá de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otras organizaciones y organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión debe efectuar su propia evaluación de la eficacia de las medidas propuestas por el GAFI y de la aplicación y eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales en general. El GAFI debe revisar las normas existentes, evaluar sus propios resultados, garantizar la representación regional, la credibilidad y la eficiencia y velar por un mejor uso de la inteligencia financiera. Los actos jurídicos pertinentes de la Unión deben adaptarse a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE n.º 198), la Unión debe incorporar con carácter de urgencia los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico. Independientemente de la actuación de la Unión en este ámbito, los Estados miembros que firmaron pero que todavía no han ratificado el Convenio procederán a hacerlo en el plazo más breve posible.
(4) La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo2 establece requisitos sobre la tipificación de los delitos de blanqueo de capitales. No obstante, dicha Decisión marco no es suficientemente exhaustiva y la actual tipificación del blanqueo de capitales carece de la coherencia precisa para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Unión, lo que provoca la existencia de lagunas en materia de aplicación y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros.
(4) La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo2 establece requisitos sobre la tipificación de los delitos de blanqueo de capitales. No obstante, dicha Decisión marco no es suficientemente exhaustiva y la actual tipificación del blanqueo de capitales carece de la coherencia precisa para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Unión, lo que provoca la existencia de lagunas en materia de aplicación y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros. Un ejemplo de esas lagunas en materia de aplicación es el aumento de los ciberdelitos relacionados con el blanqueo de capitales y con la utilización de monedas digitales, un tipo de delito que antes apenas existía.
2 Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DO L 182 de 5.7.2001).
(5) La definición de las actividades delictivas que constituyen los delitos principales a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente uniforme en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben incluir una serie de delitos dentro de cada una de las categorías designadas por el GAFI. Cuando las categorías de delitos, como el terrorismo o los delitos medioambientales, están establecidas en el Derecho de la Unión, la presente Directiva remite a dicha legislación. De esta manera se garantiza que el blanqueo del producto de la financiación del terrorismo y el tráfico de especies silvestres sean punibles en los Estados miembros. En los casos en que el Derecho de la Unión permite a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a definir tales casos como delito principal a efectos de la presente Directiva.
(5) La definición de las actividades delictivas que constituyen los delitos principales a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente amplia y uniforme en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben aplicar el delito de blanqueo de capitales a todos los delitos que sean punibles con una pena de prisión de un nivel definido en la presente Directiva. En la medida en que la aplicación de estos umbrales de penas no lo haga ya, los Estados miembros deben incluir una serie de delitos dentro de cada una de las categorías designadas por el GAFI, incluida la evasión, el fraude y la elusión fiscales, así como cualquier conducta fraudulenta que implique la ocultación de ingresos o ganancias. Cuando las categorías de delitos, como el terrorismo o los delitos medioambientales, están establecidas en el Derecho de la Unión, la presente Directiva remite a dicha legislación. De esta manera se garantiza que el blanqueo del producto de la financiación del terrorismo y el tráfico de especies silvestres sean punibles en los Estados miembros. Cualquier tipo de participación punible en la comisión de un delito principal o actividad de blanqueo de dinero, como la participación, la asociación o conspiración para cometerlas, las tentativas y ayudas para perpetrarlas, la complicidad en su realización, su facilitación y el hecho de aconsejar sobre su ejecución, se considerará una actividad delictiva a efectos de la presente Directiva. En los casos en que el Derecho de la Unión permite a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a definir tales casos como delito principal a efectos de la presente Directiva.
(5 bis) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por tráfico ilícito de bienes robados y otros bienes, entre otros, el tráfico ilícito de crudo, armas, estupefacientes, tabaco y productos del tabaco, metales y minerales preciosos, bienes culturales y otros objetos de importancia religiosa, cultural, histórica y arqueológica, o de valor científico excepcional, además de marfil y especies silvestres.
(6) Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben incluirse en la definición de «actividad delictiva», de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI. Dado que, en cada Estado miembro, diferentes delitos fiscales pueden constituir una actividad delictiva castigada por medio de las sanciones a que se refiere la presente Directiva, las definiciones de los delitos fiscales pueden diferir en función de la legislación nacional. No obstante, no se pretende armonizar las definiciones de los delitos fiscales en la legislación nacional de los Estados miembros.
(6) Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben incluirse en la definición de «actividad delictiva», de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI. Dado que, en cada Estado miembro, diferentes delitos fiscales pueden constituir una actividad delictiva castigada por medio de las sanciones a que se refiere la presente Directiva, las definiciones de los delitos fiscales pueden diferir en función de la legislación nacional. Aunque no se pretende armonizar las definiciones de los delitos fiscales en la legislación nacional de los Estados miembros, las distintas definiciones de los delitos fiscales no deberían obstaculizar la cooperación internacional en procedimientos penales sobre blanqueo de capitales.
(7) La presente Directiva no debe aplicarse al blanqueo de capitales por lo que se refiere a los bienes derivados de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, que está sujeto a normas específicas de conformidad con la Directiva 2017/XX/UE3. Con arreglo al artículo 325, apartado 2, del TFUE, los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
(7) La presente Directiva no debe aplicarse al blanqueo de capitales por lo que se refiere a los bienes derivados de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, que está sujeto a normas específicas de conformidad con la Directiva 2017/XX/UE3. No obstante, los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de transponer la presente Directiva y la Directiva 2017/XX/UE por medio de un marco único global a escala nacional. Con arreglo al artículo 325, apartado 2, del TFUE, los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
3 Directiva 2017/XX/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de x.x.2017, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L x., de x.x.2017, p. x).
(8) Cuando la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesión o utilización, sino que también implique la transferencia o la ocultación y el encubrimiento de bienes a través del sistema financiero, y dé lugar a daños adicionales a los ya causados por el delito principal, tales como daños a la integridad del sistema financiero, la correspondiente actividad debe ser sancionada por separado. Así pues, los Estados miembros deben velar por que esa conducta sea asimismo punible cuando su autor sea el autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes (delito denominado de «autoblanqueo»).
(8) Los Estados miembros deben garantizar así que determinados tipos de actividades de blanqueo de dinero también sean punibles cuando las cometa el autor de la actividad delictiva que haya generado dichos bienes («autoblanqueo»). Cuando, en estos casos, la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesión o utilización, sino que también implique la transferencia, la conversión, la ocultación o el encubrimiento de bienes y dé lugar a daños adicionales a los ya causados por el delito principal, tales como daños a la integridad del sistema financiero, por ejemplo con de la puesta en circulación de los bienes obtenidos a través de la actividad delictiva ocultando su procedencia ilegal, esta actividad también deberá ser punible.
(9) Para que la tipificación como delito del blanqueo de capitales sea un instrumento eficaz de lucha contra la delincuencia organizada, no ha de ser necesario determinar los detalles del delito que haya generado los bienes ni a fortiori ha de ser preceptiva una condena previa o simultánea por ese delito. Asimismo, resulta oportuno que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales no se vea obstaculizado por el mero hecho de que el delito principal se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que se trate de un delito penal en ese Estado miembro o tercer país. Los Estados miembros pueden establecer como requisito que el delito principal se considere un delito en su legislación nacional, de cometerse en su territorio.
(9) Para que la lucha contra el blanqueo de dinero a través de medidas penales sea eficaz, debe ser posible la condena sin que sea necesario determinar con precisión el delito principal que haya generado los bienes ni a fortiori sea preceptiva una condena previa o simultánea por ese delito. Asimismo, resulta oportuno que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales no se vea obstaculizado por el mero hecho de que el delito principal se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Directiva.
(9 bis) Redunda en interés de la justicia que las personas acusadas de un delito contemplado en la presente Directiva dispongan de una oportunidad para defender su caso e impugnar los cargos de los que se les acusa y acceder a los alegatos y a las pruebas disponibles en su contra. A pesar de que los casos relacionados con el terrorismo y la financiación del terrorismo son de carácter grave, existe un interés primordial en informar a las personas sobre la esencia del caso contra ellos cuando se enfrenten a la posibilidad de medidas coercitivas por parte del Estado, a fin de que puedan proporcionar instrucciones eficaces a su abogado o al abogado especial. La presente Directiva debe respetar, asimismo, el principio de igualdad de armas entre las partes.
(9 ter) La decisión, en situaciones concretas y objetivas, sobre si se trata de un concurso de delitos o de un solo delito debe incumbir a los órganos jurisdiccionales competentes.
(10) La finalidad de la presente Directiva es tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se haya cometido intencionadamente. La intención y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias fácticas objetivas. Puesto que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener normas de Derecho penal más estrictas con respecto al blanqueo de capitales. Los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer que el blanqueo de capitales cometido temerariamente o por negligencia grave constituye un delito penal.
(10) La finalidad de la presente Directiva es tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se haya cometido intencionadamente y se sepa que los bienes proceden de una actividad delictiva. La intención y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias fácticas objetivas. En cada caso concreto, al examinar si los bienes proceden de una actividad delictiva y si la persona acusada tuviera conocimiento de ello, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas del asunto, como, por ejemplo, que el valor de la propiedad sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona acusada y que las actividades delictivas y la adquisición de bienes se hayan producido dentro del mismo periodo de tiempo. Puesto que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener normas de Derecho penal más estrictas con respecto al blanqueo de capitales. Los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer que el blanqueo de capitales cometido temerariamente o por negligencia grave constituye un delito penal.
(10 bis) Es importante que la información sobre la titularidad real de empresas, fideicomisos y otros mecanismos se haga pública en formatos de datos de libre acceso para evitar que sociedades instrumentales anónimas y estructuras jurídicas similares sean utilizadas para blanquear capitales con miras a financiar actividades terroristas.
(11) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben fijar tipos y niveles mínimos de sanciones para los casos en que se cometan los delitos penales definidos en la presente Directiva. Cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva a tenor de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo4, o cuando el autor haya abusado de su posición profesional para permitir el blanqueo de capitales, los Estados miembros deben prever circunstancias agravantes, de conformidad con las pertinentes normas establecidas por sus ordenamientos jurídicos.
(11) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben fijar tipos y niveles mínimos de sanciones para los casos en que se cometan los delitos penales definidos en la presente Directiva. Cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva a tenor de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo4, cuando el autor haya abusado de su posición profesional para permitir el blanqueo de capitales, o cuando el dinero o los bienes blanqueados procedan de actividades terroristas conforme a la definición de la Directiva (EU) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo4 bis, o cuando el autor sea una persona del medio político conforme a la definición de la Directiva (EU) 2015/849, los Estados miembros deben prever circunstancias agravantes, de conformidad con las normas aplicables establecidas por sus ordenamientos jurídicos.
4 Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).
4 bis Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
(11 bis) La Unión y los Estados miembros deben establecer las medidas jurídicas necesarias para proteger a los denunciantes de irregularidades que comuniquen información relacionada con el blanqueo de capitales, también en terceros países.
(12) Dada la movilidad de los autores y del producto derivado de las actividades delictivas, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que resultan necesarias para combatir el blanqueo de capitales, todos los Estados miembros deben establecer su competencia de modo que las autoridades competentes estén facultadas para investigar y perseguir dichas actividades. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que su competencia englobe los casos en los que el delito se cometa por medio de tecnologías de la información y la comunicación desde su territorio, con independencia de que tengan o no su base en él.
(12) Dada la movilidad de los autores y del producto derivado de las actividades delictivas, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que resultan necesarias para combatir el blanqueo de capitales, todos los Estados miembros deben establecer su competencia de modo que las autoridades competentes estén facultadas para investigar y perseguir dichas actividades. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que su competencia englobe los casos en los que el delito se cometa por medio de tecnologías de la información y la comunicación desde su territorio, con independencia de que tengan o no su base en él. Para garantizar el éxito de las investigaciones y del procesamiento por delitos de blanqueo de capitales, los responsables de investigar o procesar por tales delitos deberían recurrir a herramientas de investigación eficaces y mejoradas como las que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. Dichas herramientas deberán adaptarse a los últimos avances en los ámbitos de la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, incluido el blanqueo de capitales efectuado mediante la utilización de bitcoins, criptomonedas y ataques con programas de secuestro de datos («ransomware»). El recurso a tales herramientas, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectivo y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protección de los datos personales. Los Estados miembros deben velar por que el personal reciba la formación adecuada. Además, el carácter transfronterizo de las actividades de blanqueo de capitales exige una respuesta firme y coordinada y la cooperación en los Estados miembros y entre ellos, así como con las agencias y órganos competentes de la Unión y entre ellos, incluidos Eurojust y Europol, para combatir el blanqueo de capitales. A tal fin, se debe hacer un uso eficaz de las herramientas y recursos de cooperación disponibles, como los equipos conjuntos de investigación y las reuniones de coordinación organizadas por Eurojust. El carácter mundial del blanqueo de capitales requiere una acción internacional, lo que exige que la Unión y sus Estados miembros refuercen la cooperación con los terceros países pertinentes.
(12 bis) El blanqueo de capitales, la corrupción, los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscales siguen obstaculizando el desarrollo sostenible, afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo y constituyen una grave amenaza para su futuro. La Unión, los Estados miembros y los terceros países tienen una responsabilidad compartida a la hora de mejorar la coordinación de las medidas adoptadas para luchar contra este tipo de conductas negativas y perniciosas y adecuarlas a sus estrategias y políticas de desarrollo.
(12 ter) Las autoridades competentes que supervisen el cumplimiento de la presente Directiva por parte de las entidades financieras y de crédito deben poder colaborar entre sí e intercambiar información confidencial, con independencia de su naturaleza o estatuto. A tal efecto, dichas autoridades competentes deben disponer de una base jurídica adecuada para intercambiar información confidencial y colaborar en la mayor medida posible, de conformidad con las normas internacionales aplicables en este ámbito. La información fiscal relacionada con los registros de los titulares reales debe constituir la base del intercambio automático de información entre las autoridades tributarias, otras autoridades de reglamentación gubernamentales pertinentes y las autoridades policiales y judiciales.
(12 quater) El principio del secreto profesional y el derecho a la privacidad y a un juicio justo no deben verse socavados o violados por la recogida y la transmisión, sobre la base de una sospecha, de datos o información sobre las operaciones ordinarias de la esfera privada de las personas.
(13 bis) La presente Directiva respeta los principios reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI, que engloban, entre otros, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan asimismo los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad en el Derecho penal, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos personales y a la presunción de inocencia, así como los derechos de los sospechosos y acusados a tener acceso a un abogado, el derecho a no autoinculparse y el derecho a un juicio justo. La presente Directiva debe aplicarse con arreglo a los derechos y principios citados, teniendo en cuenta también el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en virtud del Derecho internacional.
b) terrorismo, incluido cualquiera de los delitos previstos en la Directiva 2017/XX/UE7;
b) terrorismo, incluidos los delitos pertinentes previstos en la Directiva (EU) 2017/541;
7 Directiva 2017/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de X de X de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (DO L x de x.x.2017, p. x).
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra h bis (nueva)
h bis) delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos según se definen en la legislación nacional;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra v
v) todos los delitos, incluidos los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos definidos en la legislación nacional de los Estados miembros, que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a un año o, en los Estados miembros en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración mínima superior a seis meses.
v) todos los demás delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a un año o, en los Estados miembros en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración mínima superior a seis meses.
a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad, aunque dicha ayuda se preste solo para eludir las consecuencias jurídicas de su acto;
c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción o utilización de los bienes, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
1 bis. Los Estados miembros velarán por que los actos a que se refiere el apartado 1 constituyan delitos penales punibles cuando:
a) el autor sospechara o debiera haber sabido que los bienes procedían de una actividad delictiva o de la participación en ella; y
b) el autor tenga una relación contractual y una responsabilidad frente a una entidad obligada o sea una entidad obligada a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2015/849.
2. Para que un delito contemplado en el apartado 1 sea punible no será necesario determinar:
2. Para que un delito contemplado en los apartados 1 y 1 bis sea punible no será necesario determinar:
a) la existencia de una condena previa o simultánea por la actividad delictiva que haya generado los bienes;
a) la existencia de una condena previa o simultánea por la actividad delictiva que haya generado los bienes, cuando una autoridad judicial esté convencida, más allá de cualquier duda razonable, sobre la base de circunstancias específicas y de todas las pruebas disponibles, de que los bienes provienen de actividades de carácter delictivo;
b) la identidad del autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes u otras circunstancias relativas a esa actividad delictiva;
b) la identidad del autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes;
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
b bis) todos los elementos de hecho o circunstancias relacionados con la actividad delictiva cuando esté demostrado que los bienes proceden de dicha actividad;
c) si la actividad delictiva que ha generado los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país, cuando la conducta de que se trate constituya un delito penal con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro o del tercer país en el que se haya cometido y constituiría un delito penal con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que implemente o aplique el presente artículo de haberse cometido en él.
c) si la actividad delictiva que ha generado los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país, cuando la conducta de que se trate constituya una actividad delictiva con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que implemente o aplique el presente artículo de haberse cometido en él; los Estados miembros podrán también requerir que la conducta de que se trate constituya un delito penal con arreglo a la legislación nacional del otro Estado miembro o del tercer país en el que se haya cometido, excepto cuando:
– la conducta en cuestión constituya uno de los delitos a que se refieren las letras a) a h bis) y l) a n) del artículo 2, apartado 1,
– ese tercer país esté identificado por la Comisión como de «alto riesgo», en el sentido del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
2. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años, al menos en los casos graves.
2. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cinco años.
2 bis. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración mínima no sea inferior a dos años, en presencia de al menos una de las circunstancias agravantes a que se refiere el artículo 6.
2 ter. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 4 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a tres años.
2 quater. Cada Estado miembro velará por que las personas físicas responsables de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4, incluso si han operado a través de una persona jurídica, puedan ser castigadas también con sanciones accesorias como:
a) la prohibición temporal o definitiva de celebrar contratos con la administración pública;
b) una prohibición temporal del ejercicio de actividades comerciales;
c) si la sentencia es firme, una prohibición de larga duración de ocupar cargos elegidos democráticamente o de ocupar una plaza de funcionario, entendiéndose por «larga duración» el equivalente de dos mandatos consecutivos o un mínimo de diez años.
a) que el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva a tenor de lo dispuesto en la Decisión marco 2008/841/JAI20; o
a) que el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva a tenor de lo dispuesto en la Decisión marco 2008/841/JAI;
20 Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).
a bis) que los bienes objeto de blanqueo procedan de uno de los delitos contemplados en las letras a) a d) y letras f) y m) del punto 1) del artículo 2, o la finalidad del blanqueo de capitales sea financiar tales delitos;
a ter) que el delito se haya cometido en su totalidad o en parte en el territorio de un país o territorio no cooperador incluido en la lista de la Unión o que implique la utilización de un sistema informal de transferencia de valores, participaciones al portador, monedas virtuales o transportes de fondos;
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)
a quater) que el autor del delito sea una persona del medio político, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que trasponen el artículo 3, punto 9), de la Directiva (UE) 2015/849; o
b) que el autor del delito tenga una relación contractual y una responsabilidad frente a una entidad obligada o sea una entidad obligada a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2015/849/UE, y haya cometido el delito en el ejercicio de sus actividades profesionales.
b) que el autor del delito tenga una relación contractual y una responsabilidad frente a una entidad obligada o sea una entidad obligada a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2015/849, y haya cometido el delito en el ejercicio de sus actividades profesionales; o
b bis) que los bienes o los capitales objeto del blanqueo asciendan a un valor igual o superior a 500 000 EUR.
1. Cada Estado miembro velará por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 que cometa en beneficio de dichas personas jurídicas cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:
1. Cada Estado miembro velará por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 que cometa en su beneficio o en beneficio de otra persona física o jurídica cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, y que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:
2. Los Estados miembros velarán por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una persona de las contempladas en el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 en beneficio de la persona jurídica.
2. Los Estados miembros velarán por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una persona de las contempladas en el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 en su beneficio o en beneficio de otra persona física o jurídica.
Artículo 8 – párrafo 1 – parte introductoria
Cada Estado miembro velará por que puedan ser impuestas a las personas jurídicas consideradas responsables de un delito con arreglo al artículo 6 sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o no penal y podrán incluir otras sanciones, tales como:
Cada Estado miembro velará por que puedan ser impuestas a las personas jurídicas consideradas responsables de un delito con arreglo al artículo 7 sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o no penal y podrán incluir otras sanciones, tales como:
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
1) inhabilitación de la persona jurídica para obtener subvenciones y ayudas públicas;
1) inhabilitación de la persona jurídica para obtener subvenciones y ayudas públicas, también en el marco de los fondos o programas de la Unión Europea;
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
1 bis) prohibición temporal o definitiva para esa persona jurídica de celebrar contratos con la administración pública;
Decomiso de los bienes y los beneficios derivados de actividades delictivas
1. Cada Estado miembro procederá a decomisar todos los bienes y beneficios procedentes de actividades delictivas, así como los instrumentos utilizados o destinados a su utilización en la comisión de dichas actividades definidas en la presente Directiva, de conformidad con la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
2. Cada Estado miembro procederá a decomisar todos los bienes y beneficios procedentes de actividades delictivas, así como los instrumentos utilizados o destinados a su utilización en la comisión de dichas actividades definidas en la presente Directiva sin condena penal firme, cuando el caso haya prescrito debido a la muerte del delincuente.
3. El presente artículo se aplicará con independencia de que el delito de blanqueo de dinero o el delito principal hayan sido cometidos por una persona física o por una persona jurídica.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la cooperación en el embargo y el decomiso de bienes procedentes de los delitos contemplados en la presente Directiva, así como de los instrumentos utilizados o destinados a su utilización en la comisión o la contribución a la comisión de dichos delitos y, en caso necesario, podrán dirigirse a Eurojust y Europol para una cooperación rápida y eficaz, de conformidad con el artículo 10.
1 bis Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
Artículo 9 – apartado 1 – letra b
b) el responsable criminal sea uno de sus nacionales o residente habitual; o
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
b bis) el delito se haya cometido en favor de una persona física o jurídica establecida en su territorio;
2. Todo Estado miembro informará a la Comisión cuando decida ampliar su competencia respecto de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 cometidos fuera de su territorio cuando:
2 bis. Cuando un delito mencionado en los artículos 3 y 4 sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera de estos Estados pueda legítimamente iniciar acciones judiciales por los mismos hechos, los Estados miembros afectados colaborarán para decidir cuál de ellos emprenderá acciones judiciales contra el autor del delito con el objetivo de centralizar dichas acciones en un único Estado miembro.
Se tendrán en cuenta los siguientes factores por orden de prioridad:
a) el territorio del Estado miembro donde se haya cometido el delito;
c) el país de origen de las víctimas;
d) el territorio donde se halló al autor del delito.
Los Estados miembros podrán recurrir a Eurojust con el fin de facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y la coordinación de sus actuaciones.
Instrumentos de investigación y cooperación
Cada Estado miembro velará por que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o la persecución de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, tales como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves.
1. Cada Estado miembro velará por que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o la persecución de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, de personal suficiente y formación específica adecuada y de capacidades tecnológicas, tales como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Estas herramientas y esta formación se adaptarán a los últimos avances en el ámbito de la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales.
1 bis. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para mejorar el intercambio de datos y la cooperación en el seno de la Unión, así como para incrementar la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales que luchen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, garantizando al mismo tiempo una mejor coordinación entre ellos y con las instituciones, organismos, oficinas y agencias pertinentes de la Unión, con el fin de luchar de forma eficaz contra el blanqueo de dinero y alentar a terceros países, en especial los identificados por la Comisión como terceros países de alto riesgo en el sentido del artículo 9 de la Directiva (EU) 2015/849, a que adopten medidas y reformas similares. Por otra parte, cada Estado miembro se comprometerá a adoptar medidas para mejorar el intercambio de información, a nivel tanto de la Unión como internacional, entre las unidades de inteligencia financiera.
1 ter. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no se niegue la cooperación internacional en procedimientos penales relativos a blanqueo de capitales sobre la base de que su Derecho nacional solo considera constitutivos de delito la evasión o el fraude fiscales a partir de una cantidad significativa de importes no declarados o de impuestos impagados o cuando existe un uso sistemático de maniobras fraudulentas.
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [24 meses después de su fecha de adopción]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [doce meses después de su fecha de adopción]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
A más tardar el [veinticuatro meses después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
A más tardar el [doce meses después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
A más tardar [transcurridos treinta y seis meses desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará el valor añadido de la presente Directiva para la lucha contra el blanqueo de capitales. El informe abordará asimismo el impacto de la presente Directiva sobre los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho de defensa o el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. Sobre la base de ese informe, la Comisión decidirá, en caso necesario, las medidas de seguimiento oportunas.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (13.10.2017)
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a las que va unido siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión. Para afrontar estos problemas y reforzar también la aplicación de la Directiva 2015/849/UE34, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una mejor cooperación transfronteriza entre autoridades competentes.
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a las que va unido siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión. Para afrontar este problema urgente y reforzar también la aplicación de la Directiva 2015/849/UE34, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una mejor cooperación transfronteriza entre autoridades competentes.
34 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(3) En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los actos jurídicos pertinentes de la Unión deben adaptarse a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE n.º 198), la Unión debe incorporar con carácter de urgencia los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.
(7 bis) La ayuda humanitaria es vital y está destinada a ofrecer, a escala mundial, ayuda y asistencia a las personas necesitadas. Las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal no deben impedir que las personas y organizaciones presten ayuda humanitaria a las personas necesitadas.
(9) Para que la tipificación como delito del blanqueo de capitales sea un instrumento eficaz de lucha contra la delincuencia organizada, no ha de ser necesario determinar los detalles del delito que haya generado los bienes ni a fortiori ha de ser preceptiva una condena previa o simultánea por ese delito. Asimismo, resulta oportuno que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales no se vea obstaculizado por el mero hecho de que el delito principal se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que se trate de un delito penal en ese Estado miembro o tercer país, en las condiciones establecidas en la presente Directiva.
(12 ter) Las remesas de los emigrantes constituyen una importante contribución al desarrollo de las familias y las comunidades y se han convertido de hecho en una fuente importante de financiación exterior del desarrollo. Por muy importante que sea la lucha contra la evasión fiscal, las medidas adoptadas en este sentido no deben obstaculizar las transferencias de remesas a escala internacional. Un obstáculo así podría afectar negativamente a los derechos humanos de las personas que viven en los países en desarrollo. Resulta fundamental que la Unión aplique políticas de lucha contra el terrorismo de manera que las remesas discurran por los cauces adecuados, y que refuerce las infraestructuras formales de envío de remesas, incluso facilitando el acceso a los servicios bancarios y canalizando los flujos del sector informal al sector formal contribuyendo de este modo a la prevención del terrorismo.
1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes actos constituyan delitos penales punibles, cuando se cometan intencionadamente:
1. Los Estados miembros velarán por que los siguientes actos constituyan delitos penales punibles:
a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad, aunque solo sea a eludir las consecuencias jurídicas de su acto;
c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos y de su empleo en una actividad económica o financiera, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
c bis) si la actividad delictiva de la que se derivan los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de un tercer país en el que, de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro que ejecuta o aplica el presente artículo, habría constituido un delito tipificado como terrorismo o financiación del terrorismo, delincuencia organizada, corrupción, tráfico de seres humanos, explotación sexual, esclavización, tráfico de residuos, tráfico de especies silvestres o delitos fiscales;
Prever la doble tipificación para algunos delitos facilitaría las actividades de los delincuentes y los grupos criminales que aprovechan las lagunas normativas existentes en las jurisdicciones de algunos terceros países para invertir después sus beneficios en Europa. Los delitos enumerados son tan graves y la ilegalidad de las conductas respectivas tan innegable que el hecho de haber llevado a cabo dicha conducta en el ámbito de un ordenamiento jurídico que no la tipifique como delito no permite invocar el principio de legalidad («nullum crimen sine lege»).
1. Cada Estado miembro velará por que las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles mediante sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.
1. Cada Estado miembro velará por que las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles mediante sanciones penales autónomas, efectivas, proporcionadas y disuasorias, dentro del estricto respeto de los derechos fundamentales y de los principios generales del Derecho penal mediante los que se protegen los derechos de la defensa y del acusado.
2. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años.
2 bis. Cada Estado miembro velará por que las personas físicas responsables de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4, incluso si han operado con la cobertura de una persona jurídica, puedan ser castigadas también con sanciones accesorias como:
a) una prohibición temporal o permanente de celebrar contratos con las autoridades públicas, excluidos los contratos laborales;
b) una prohibición temporal del ejercicio de actividades comerciales.
2 ter. La Comisión procurará garantizar la armonización y la coordinación de los niveles de las sanciones, mínimas y máximas, previstas en la materia en las legislaciones nacionales de los diferentes Estados miembros, respetando al mismo tiempo las especificidades de los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro.
2 quater. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración mínima no sea inferior a dos años, en presencia de al menos una de las circunstancias agravantes a que se refiere el artículo 6.
b bis) que los capitales o los bienes objeto de blanqueo provengan de actividades terroristas o tráfico de armas o que el blanqueo se destine a financiar actividades terroristas o tráfico de armas.
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)
b ter) que los bienes o los capitales objeto del blanqueo asciendan a un valor igual o superior a 500 000 euros.
Cada Estado miembro velará por que puedan ser impuestas a las personas jurídicas consideradas responsables de un delito con arreglo al artículo 6 sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o no penal y podrán incluir otras sanciones, dentro del estricto respeto de los derechos fundamentales y de los principios generales del Derecho penal mediante los que se protegen los derechos de la defensa y del acusado, tales como:
1 bis) la prohibición definitiva de celebrar contratos con la administración pública;
Confiscación de los bienes y los beneficios derivados de actividades delictivas
1. Cada Estado miembro se asegurará de que se proceda a la confiscación de todos los bienes y beneficios derivados de una actividad delictiva como se define en el artículo 2, cuando la autoridad judicial, en función de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta los hechos específicos y las pruebas disponibles, tales como que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada, esté convencida de que los bienes en cuestión derivan de conductas delictivas, en uno de los casos siguientes:
a) el delito de blanqueo de capitales, tal como se define en la presente Directiva, se haya demostrado con una condena firme en un Estado miembro o, tras una sentencia no firme, se haya producido la prescripción o la extinción del delito debido al fallecimiento de su autor; o
b) el delito del que se deriven los beneficios (delito principal) se haya demostrado con una sentencia dictada en un Estado miembro o en un tercer país o, tras una sentencia no firme, se haya producido la prescripción o la extinción del delito debido al fallecimiento de su autor.
2. El presente artículo se aplicará con independencia de que el delito de blanqueo o el delito principal hayan sido cometidos por una persona física o por una persona jurídica.
b bis) el autor del delito resida o se encuentre en el territorio de dicho Estado miembro y no sea ciudadano de otro Estado miembro;
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
b ter) el delito se haya cometido en favor de una persona jurídica establecida en su territorio;
Artículo 9 – apartado 1 – letra b quater (nueva)
b quater) los bienes objeto de blanqueo o el producto de la actividad de blanqueo se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción.
Artículo 9 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)
b quinquies) el autor del delito sea detenido en su territorio.
Jurisdicción de más de un Estado miembro
1. Los Estados miembros velarán por que mejoren la cooperación y el intercambio de información transfronterizos, incluso por medio de Eurojust, para facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y coordinar su actuación.
2. Los distintos Estados miembros adoptarán normas legislativas que garanticen que es posible resolver de manera eficaz y oportuna todo conflicto de jurisdicción positivo o negativo. Cuando una infracción sea competencia de más de un Estado miembro y más de uno de estos Estados pueda ser objeto de acciones judiciales por los mismos hechos, dichos Estados miembros colaborarán para decidir cuál de ellos tiene competencias para centralizar, en la medida de lo posible, estas acciones en ese Estado miembro.
Los Estados miembros mencionados en el párrafo primero incluirán todos los Estados miembros que tengan competencias o las hayan establecido de conformidad con el artículo 9.
Devolución de fondos y activos ilegales al país de origen
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para devolver los fondos y activos derivados u objeto de actividades ilegales al tercer país de origen. Dichos fondos y activos se devolverán a los países en desarrollo de origen a condición de que sirvan para:
a) mejorar las condiciones de vida de la población de estos países, y en particular de los grupos de población más vulnerables de su territorio;
a) reforzar el Estado de Derecho en estos países, con miras a contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros actos delictivos.
Cada Estado miembro velará por que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o la persecución de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, tales como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves; entre estos instrumentos figurarán unos recursos y un personal adecuados, y una formación específica y determinada.
Cooperación entre los Estados miembros, con la Unión y con los terceros países
1. Los distintos Estados miembros adoptarán medidas eficaces destinadas a reforzar la coordinación y el intercambio de información y la cooperación transfronteriza entre Estados miembros y con la Unión para evitar el arbitraje regulatorio, intensificar el diálogo y la cooperación con los terceros países, incluso mediante el desarrollo de una comunicación efectiva, y luchar contra el blanqueo de capitales.
2. Los Estados miembros intensificarán la cooperación con los terceros países, en particular para fomentar las buenas prácticas destinadas a reforzar sus sistemas financieros. Los Estados miembros incentivarán la realización de reformas con vistas a aplicar medidas y mecanismos efectivos para luchar contra el blanqueo de capitales y desarrollar una cooperación internacional eficaz en este ámbito, de conformidad con el principio de cooperación leal.
3. La Comisión reflexionará sobre la manera de reforzar la cooperación internacional y apoyar a los países en desarrollo mediante medidas eficaces, en particular el establecimiento de programas de asistencia técnica, a fin de que dichos países puedan reforzar sus ordenamientos administrativos y jurídicos con el objetivo de luchar mejor contra el blanqueo de capitales.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [12 meses después de su fecha de adopción]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
La lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (7.11.2017)
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada con los que se relaciona siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión y socavan la confianza de los agentes del mercado. Para afrontar estos graves y urgentes problemas y reforzar también la aplicación de la Directiva 2015/849/UE, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una mejor, más rápida y eficiente cooperación transfronteriza entre autoridades competentes.
(3) En su actuación, la Unión debe ir más allá de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión debe efectuar su propia evaluación de la eficacia de las medidas propuestas por el GAFI y la aplicación y eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales en general. El GAFI debe revisar las normas existentes, evaluar sus propios resultados, garantizar la representación regional, la credibilidad y eficiencia y velar por un mejor uso de la inteligencia financiera. Los pertinentes actos jurídicos de la Unión deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE n.º 198), la Unión debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.
(5) La definición de las actividades delictivas que constituyen los delitos principales a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente amplia y uniforme en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben incluir una serie de delitos dentro de cada una de las categorías designadas por el GAFI, incluida la evasión, el fraude y la elusión fiscales, así como cualquier conducta fraudulenta que implique la ocultación de ingresos o ganancias. Cuando las categorías de delitos, como el terrorismo o los delitos medioambientales, están establecidas en el Derecho de la Unión, la presente Directiva remite a dicha legislación. De esta manera se garantiza que el blanqueo del producto de la financiación del terrorismo y el tráfico de especies silvestres sean punibles en los Estados miembros. En los casos en que el Derecho de la Unión permite a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a definir tales casos como delito principal a efectos de la presente Directiva.
(9) Para que la tipificación como delito del blanqueo de capitales sea un instrumento eficaz de lucha contra la delincuencia organizada, no ha de ser necesario determinar los detalles del delito que haya generado los bienes ni todas las circunstancias o elementos fácticos relacionados con la actividad delictiva, ni a fortiori ha de ser preceptiva una condena previa o simultánea por ese delito. Asimismo, resulta oportuno que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales no se vea obstaculizado por el mero hecho de que el delito principal se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que se trate de un delito penal en ese Estado miembro o tercer país. Los Estados miembros también deben poder establecer como requisito que la conducta de que se trate se considere un delito principal en su legislación nacional, de cometerse en su territorio. No obstante, cuando la conducta de que se trate constituya algún delito grave, los Estados miembros no deben requerir que dicha conducta constituya un delito penal en el Estado miembro o país en el que se haya cometido.
(11) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben fijar tipos y niveles mínimos de sanciones para los casos en que se cometan los delitos penales definidos en la presente Directiva. Cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva a tenor de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo37 , o cuando el autor haya abusado de su posición profesional para permitir el blanqueo de capitales, los Estados miembros deben prever circunstancias agravantes, de conformidad con las pertinentes normas establecidas por sus ordenamientos jurídicos.
(11) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben fijar un listado de tipos y niveles mínimos de sanciones claramente definidas para los casos en que se cometan los delitos penales definidos en la presente Directiva. Asimismo, deben establecerse tipos y niveles mínimos de sanciones con respecto a la inducción a cometer dichos delitos penales, la complicidad en su comisión y la tentativa de cometerlos. Los Estados miembros deben prever las circunstancias agravantes, de conformidad con las normas aplicables establecidas por sus ordenamientos jurídicos en relación con las siguientes circunstancias: cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva a tenor de la Decisión marco 2008/841/JAI37 del Consejo; cuando el autor abuse de su posición profesional para permitir el blanqueo de capitales; cuando los capitales o los bienes objeto de blanqueo provengan de actividades terroristas, tal como se define en la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo 37 bis, o el tráfico ilícito de armas; o cuando el autor sea una persona del medio político, tal como se contempla en la Directiva 2015/849 o esté implicado en actos de corrupción de funcionarios electos. Los Estados miembros deben calcular el importe de las multas de conformidad con el principio bruto, es decir, sobre la base de las ganancias procedentes de la actividad delictiva sin deducir los costes incurridos, a fin de garantizar que la sanción sea superior al valor económico del delito. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para la aplicación efectiva de dichas sanciones.
37 Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).
37 bis Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra p bis (nueva)
p bis) delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos, incluida la evasión de impuestos por ocultación de ingresos, obtenidos de forma legal o ilegal, a fin de evitar la detección y recaudación por parte de las administraciones tributarias;
v) todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año o, en los Estados en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración mínima superior a seis meses.
c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, tanto en el momento de la recepción de los mismos como a posteriori, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
a) la existencia de una condena previa o simultánea por la actividad delictiva de la que procedan los bienes tal como se establece en el apartado 1;
b bis) todas las circunstancias o elementos de hecho relacionados con la actividad delictiva cuando se determine que los bienes proceden de dicha actividad, tal como se recoge en el apartado 1;
c) si la actividad delictiva que ha generado los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país, cuando la conducta de que se trate constituya una actividad delictiva con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que implemente o aplique el presente artículo de haberse cometido en él. No obstante, los Estados miembros podrán requerir que la conducta de que se trate constituya un delito penal con arreglo a la legislación nacional del otro Estado miembro o del tercer país cuando no entre dentro de las categorías a que se refiere el artículo 2, párrafo primero, letras a), b), c), d), h), l) y p bis);
c bis) si la actividad delictiva que ha generado los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de un tercer país de alto riesgo en el sentido de la Directiva 2015/849, cuando la conducta de que se trate constituya una actividad delictiva con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que implemente o aplique el presente artículo de haberse cometido en él;
1. Los Estados miembros velarán por que las actividades delictivas a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles mediante sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, así como mediante multas basadas en el valor bruto de la cantidad total procedente de la actividad delictiva. Los Estados miembros garantizarán el respeto de los derechos fundamentales y de los principios generales del derecho penal que protegen los derechos de defensa y del acusado.
2 bis. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 4 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a tres años.
2 ter. Cada Estado miembro se asegurará asimismo de que los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 también puedan castigarse, a discreción del juez, por medio de sanciones complementarias, temporales o permanentes, incluida:
a) la prohibición de celebrar contratos con la administración pública;
b) la prohibición del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y
c) la prohibición de postularse a cargos públicos electos.
b bis) cuando los capitales o los bienes objeto de blanqueo provengan de actividades terroristas, tal como se define en la Directiva 2017/541, o el tráfico ilícito de armas;
b ter) cuando el autor sea una persona del medio político, tal como se contempla en la Directiva 2015/849, o esté implicado en actos de corrupción de funcionarios electos; o
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b quater (nueva)
b quater) que la actividad delictiva se haya cometido o promovido mediante empresas extraterritoriales; que se haya recurrido a sociedades fantasma en los actos delictivos; que hayan tenido lugar transferencias ilegales de fondos; que se utilicen «mulas» y ONG; cuando exista la sospecha de que el blanqueo de capitales se realiza como actividad profesional, si la persona, por ejemplo, actúa para más de dos carteles de blanqueo de capitales o grupos delictivos.
1. Cada Estado miembro velará por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 que cometa en su beneficio o en beneficio de un tercero cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:
2. Los Estados miembros velarán por que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una persona de las contempladas en el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 en su beneficio o en beneficio de un tercero.
Dentro del estricto respeto de los derechos fundamentales y de los principios generales del Derecho penal que protegen los derechos de la defensa y del acusado, cada Estado miembro velará por que puedan ser impuestas a las personas jurídicas consideradas responsables de un delito con arreglo al artículo 7 sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal y no penal basadas en el valor bruto del importe total procedente de la actividad delictiva y deberán, a discreción del juez, incluir otras sanciones temporales o permanentes, entre ellas:
(1) inhabilitación de la persona jurídica para obtener subvenciones y ayudas públicas;
(1) inhabilitación de la persona jurídica para ocupar cargos públicos, obtener beneficios contractuales o ayudas, así como subvenciones y ayudas relacionadas con la Unión;
1 bis) inhabilitación de esa persona para obtener fondos de la Unión;
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
1 ter) prohibición de celebrar contratos con la administración pública;
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
(2) inhabilitación temporal o definitiva de la persona jurídica para ejercer actividades comerciales;
(2) inhabilitación temporal o definitiva de la persona jurídica para ejercer actividades comerciales, incluida la retirada de licencias comerciales;
a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio; o
b) el infractor sea uno de sus nacionales; o
b bis) el delito se haya cometido fuera de su territorio pero el autor del delito tenga su residencia habitual en su territorio; o
b ter) el delito se haya cometido fuera de su territorio pero en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio.
1 bis. Cuando un delito sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera de los Estados miembros implicados pueda emprender acciones judiciales por los mismos hechos, dichos Estados miembros tendrán en cuenta los factores siguientes, enumerados por orden de prioridad, para decidir cuál de ellos enjuiciará al autor del delito:
a) el Estado miembro en que se haya cometido el delito;
d) el Estado miembro en que se halló al autor del delito.
1 ter. Los Estados miembros podrán recurrir a Eurojust con el fin de facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y la coordinación de sus actuaciones.
1. Cada Estado miembro velará por que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o la persecución de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, tales como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves.
2. Los Estados miembros velarán por que se habiliten, lo antes posible, recursos humanos suficientes y personal adecuadamente formado para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos a que refieren los artículos 3 y 4.
3. Los Estados miembros garantizarán la cooperación efectiva entre las autoridades competentes de cada país y velarán por que las autoridades nacionales que investiguen o enjuicien los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 estén facultados para cooperar con otras autoridades nacionales y sus homólogos en otros Estados miembros, así como con las instituciones de la Unión.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (15.9.2017)
Los recientes atentados terroristas ponen de manifiesto la necesidad de prevenir y combatir el terrorismo. Cortar las fuentes de financiación de las organizaciones terroristas es fundamental para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. La Unión Europea ya ha establecido instrumentos para resolverlo, en particular la legislación penal en vigor, la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales y el intercambio de información pertinente, así como la legislación encaminada a prevenir y combatir el blanqueo de capitales que se está reforzando constantemente. La propuesta de Directiva tiene por objeto luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Con miras a la consecución de este objetivo, la propuesta de Directiva prevé la imposición de obligaciones internacionales en este ámbito basadas en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, STCE n.º 198 de 2005 (en lo sucesivo, «Convenio de Varsovia»), así como en las recomendaciones pertinentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
II. Posición del ponente de opinión
En términos generales, la propuesta de la Comisión es equilibrada, pero existen algunos ámbitos que merecen una reflexión más detenida. Uno de ellos es la transparencia y la apertura, así como las cuestiones relacionadas con la privacidad. Otro es cómo abordar adecuadamente la supervisión de las entidades financieras. Otra cuestión que merece reflexión es la forma de garantizar que la Directiva respete adecuadamente los derechos fundamentales.
(1) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada relacionadas siguen siendo problemas importantes a nivel de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para la seguridad interior y el mercado interior de la Unión. Para afrontar estos problemas y complementar y reforzar la aplicación de la Directiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1, la presente Directiva está destinada a luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una mejor cooperación transfronteriza entre autoridades competentes y con las agencias pertinentes de la Unión, con vistas a mejorar el intercambio de información e identificar a quienes promueven el terrorismo.
(3) En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otras organizaciones y organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los pertinentes actos jurídicos de la Unión deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE n.º 198), la Unión debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.
(7) La presente Directiva no debe aplicarse al blanqueo de capitales por lo que se refiere a los bienes derivados de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, que está sujeto a normas específicas de conformidad con la Directiva 2017/XX/UE33. Con arreglo al artículo 325, apartado 2, del TFUE, los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
(7) La presente Directiva no debe aplicarse al blanqueo de capitales por lo que se refiere a los bienes derivados de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, que está sujeto a normas específicas de conformidad con la Directiva 2017/XX/UE33. No obstante, los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de transponer la presente Directiva y la Directiva 2017/XX/UE por medio de un marco único global a escala nacional. Con arreglo al artículo 325, apartado 2, del TFUE, los Estados miembros adoptarán, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
3 Directiva 2017/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de x.x.2017, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L x., de x.x.2017, p. x).
(8) Los Estados miembros deben garantizar que determinados tipos de actividades de blanqueo de dinero también sean punibles cuando las cometa el autor de la actividad delictiva que haya generado dichos bienes (autoblanqueo). Cuando, en estos casos, la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesión o utilización, sino que también implique la transferencia, la conversión, la ocultación o el encubrimiento de bienes y dé lugar a daños adicionales a los ya causados por el delito principal, tales como daños a la integridad del sistema financiero, como a través de la puesta en circulación de los bienes obtenidos a través de la actividad delictiva y, mediante esta, la ocultación de la procedencia ilícita de los mismos, esta actividad deberá castigarse con sanciones.
(9) Para que la tipificación como delito del blanqueo de capitales sea un instrumento eficaz de lucha contra la delincuencia organizada, no ha de ser necesario determinar los detalles del delito que haya generado los bienes ni a fortiori ha de ser preceptiva una condena previa o simultánea por ese delito. Asimismo, resulta oportuno que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales no se vea obstaculizado por el mero hecho de que el delito principal se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que se trate de un delito penal en ese Estado miembro o tercer país. Los Estados miembros pueden establecer como requisito que el delito principal se considere un delito en su legislación nacional, de cometerse en su territorio. Esto no se debe interpretar como una limitación del derecho a un juicio justo.
(9 bis) Redunda en interés de la justicia que las personas acusadas de un delito contemplado en la presente Directiva dispongan de una oportunidad para defender su caso e impugnar los cargos de los que se les acusa y acceder a los alegatos y a las pruebas disponibles en su contra. A pesar de que los casos relacionados con el terrorismo y la financiación del terrorismo son de carácter grave, existe un interés imperioso en informar a las personas sobre la esencia del caso contra ellos cuando se enfrentan a la posibilidad de medidas coercitivas por parte del Estado, a fin de que puedan proporcionar instrucciones eficaces a su abogado o al abogado especial. La presente Directiva debe respetar, asimismo, el principio de igualdad de armas entre las partes.
(11) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben fijar tipos y niveles mínimos de sanciones para los casos en que se cometan los delitos penales definidos en la presente Directiva. Cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva a tenor de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo4, cuando el autor haya abusado de su posición profesional para permitir el blanqueo de capitales o cuando el autor sea una persona del medio político, los Estados miembros deben prever circunstancias agravantes, de conformidad con las pertinentes normas establecidas por sus ordenamientos jurídicos.
(11 bis) Los Estados miembros deben garantizar que el juez o el órgano jurisdiccional tengan la posibilidad de tener en cuenta las circunstancias agravantes, tal como se definen en la presente Directiva, cuando condenen a los delincuentes, si bien no hay obligación de aumentar la pena. Queda a discreción del juez o del órgano jurisdiccional determinar si se aplican las agravantes específicas, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso de que se trate. Los Estados miembros no están obligados a prever circunstancias agravantes siempre y cuando, en su Derecho nacional, las infracciones penales en la acepción de la Decisión marco 2008/841/JAI sean punibles como infracciones penales independientes y puedan dar lugar a penas más graves.
(12) Dada la movilidad de los autores y del producto derivado de las actividades delictivas, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que resultan necesarias para combatir el blanqueo de capitales, todos los Estados miembros deben establecer su competencia de modo que las autoridades competentes estén facultadas para investigar y perseguir dichas actividades. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que su competencia englobe los casos en los que el delito se cometa por medio de tecnologías de la información y la comunicación desde su territorio, con independencia de que tengan o no su base en él. Con arreglo al concepto de jurisdicción del Derecho internacional en materia de derechos humanos, los Estados que sean partes contratantes en tratados sobre derechos humanos están obligados a velar por los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, incluso si dichas personas no están en su territorio.
(12 bis) Para garantizar el éxito de las investigaciones y del procesamiento por delitos de blanqueo de capitales, los responsables de investigar o procesar por tales delitos deben tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigación eficaces como las que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. El recurso a tales instrumentos, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectivo y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protección de los datos personales.
(12 ter) Las autoridades competentes que supervisen el cumplimiento por parte de las entidades financieras y de crédito de la presente Directiva deben poder colaborar entre sí e intercambiar información confidencial, con independencia de su naturaleza o estatuto. A tal efecto, dichas autoridades competentes deben disponer de una base jurídica adecuada para intercambiar información confidencial y colaborar en la mayor medida posible, de conformidad con las normas internacionales aplicables en este ámbito. La información fiscal relacionada con los registros de los titulares reales debe constituir la base del intercambio automático de información entre las autoridades tributarias, otras autoridades de reglamentación gubernamentales pertinentes y las autoridades policiales y judiciales.
(12 quater) A la hora de combatir el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, se debe garantizar un alto grado de seguridad jurídica, además del respeto de los derechos fundamentales y, en concreto, de los derechos del acusado. A este respecto, todas las medidas adoptadas por los Estados miembros deben ser proporcionadas y equilibradas.
(12 quinquies) El principio del secreto profesional y el derecho a la privacidad y a un juicio justo no deben verse socavados o violados por la recogida y la transmisión de datos o información sobre las operaciones ordinarias, sobre la base de una sospecha, de la esfera privada de las personas.
1. La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos penales y las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales.
1. La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos penales y las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales, con el fin de contribuir a la modernización de la legislación existente y a subsanar las lagunas identificadas.
2 bis. La presente Directiva respeta plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra g
g) tráfico ilícito de bienes robados y otros bienes, como el tráfico de crudo, armas, estupefacientes, tabaco y productos del tabaco, metales y minerales preciosos, bienes culturales y otros objetos de importancia religiosa, cultural, histórica y arqueológica, o de valor científico excepcional, además de marfil y especies silvestres;
c) la adquisición, posesión, gestión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
2. Para que un delito contemplado en el apartado 1 sea punible no será necesario determinar: a)
2. A efectos de aplicar el apartado 1, cada Estados miembro deberá velar por que:
a) no sea necesario que el establecimiento de una condena previa o simultánea por la actividad delictiva que haya generado los bienes constituya un requisito previo para una condena por los delitos establecidos en el apartado 1;
b) no sea necesario establecer la identidad del autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes u otras circunstancias relativas a esa actividad delictiva;
c) no sea necesario establecer si la actividad delictiva que ha generado los bienes se ha llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país, cuando la conducta de que se trate constituya un delito penal con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro o del tercer país en el que se haya cometido y constituiría un delito penal con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro que implemente o aplique el presente artículo de haberse cometido en él.
3 bis. El conocimiento, la intención o la motivación que tienen que ser elementos de los delitos mencionados en el artículo 1 podrán establecerse basándose en circunstancias de hecho objetivas.
Cada Estado miembro velará por que sean punibles la inducción a cometer los delitos a que se refiere el artículo 3, la complicidad en su comisión y la tentativa de cometerlos.
Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para velar por que sean punibles la inducción a cometer los delitos a que se refiere el artículo 3, la complicidad en su comisión y la tentativa de cometerlos, así como el asesoramiento o la conspiración para su comisión.
1. Los Estados miembros velarán por que las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles mediante sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias en el pleno respeto de los derechos fundamentales.
2. Cada Estado miembro velará por que los delitos a que se refiere el artículo 3 puedan castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años, al menos en los casos graves, de forma proporcional a la gravedad del delito.
2 bis. Cada Estado miembro velará por que la pena máxima de privación de libertad en casos con circunstancias agravantes se ajuste en consecuencia.
b bis) que el autor del delito sea una persona del medio político en el sentido del artículo 3, punto 9), de la Directiva 2015/849/UE.
Artículo 6 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
b ter) que se emplee dinero o bienes para financiar o apoyar directamente actividades delictivas como el terrorismo.
Artículo 8 – apartado 1 – punto 1
(1) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas;
Artículo 8 – apartado 1 – punto 2
(2) inhabilitación temporal o definitiva para ejercer actividades comerciales;
Artículo 8 – apartado 1 – punto 4
4) disolución judicial;
4) una orden de disolución judicial;
2 bis. Cada Estado miembro cooperará con el otro Estado miembro afectado por el mismo delito, en el respeto del principio de buena cooperación judicial en asuntos civiles y mercantiles.