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Timestamp: 2017-10-19 18:11:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 110', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 108', 'artículo 58', 'artículo 26', 'artículo 66', 'artículo 73', 'artículo 66', 'artículo 189', 'artículo 139']

Sentencia T.S.J. Castilla y León 507/2010 de 30 de noviembre. IRPF. Cuota y sanción. Prescripción. Motivación. Conducta culpable - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 507/2010 de 30 de noviembre
IRPF. Cantidades a ingresar por cuota tributaria y sanción impuesta. Prescripción del derecho a liquidar: La interposición del recurso interumpe la prescripción. Prescripción del derecho a exigir el pago de la deuda: El inicio del plazo surge a partir del momento en que puede exigirse el pago, lo que implica la existencia de una liquidación vencida y exigible. Motivación: Se cumplen las exigencias de motivación necesarias, y se acredita la no deducibilidad de los gastos aplicados. Sanción: La conducta es, cuando menos, imprudente y culpable. Desestimación.
En el recurso número 286/2009, interpuesto por D. Cornelio y Dña. Nicolasa, representados por el Procurador D. Cesar Gutiérrez Moliner y defendidos por el Letrado D. José María Aramburu Agra-Cadarso, contra Resolución la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 28 de mayo de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º NUM000 y la acumulada NUM001 habiendo comparecido, como parte demandada La Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, en virtud de representación que por ley ostenta.
Primero.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 10 de julio de 2009. Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 17 de septiembre de 2009, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "se acuerde anular la resolución del TEAR aquí recurrida, y en su consecuencia, la liquidación citada por el concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 1992, así como la sanción impuesta, en mérito a los fundamentos de derecho desarrollado en esta demanda, declarando la prescripción del derecho a liquidar y recaudar por parte de la Administración".
Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada, quien contestó a medio de escrito de 29 de octubre de 2009, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.
Tercero.-Una vez dictado Auto de fijación de cuantía y habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos, presentando las partes sus respectivas conclusiones escritas, quedando los autos concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 19/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art., 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento el día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 11 de noviembre de 2009 para votación y fallo, lo que se efectuó.
Primero.-- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 28 de mayo de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º NUM000 y la acumulada NUM001 formulada por D. Cornelio y D.ª Nicolasa el acuerdo del Inspector Regional Adjunto de la Dependencia de Inspección Tributaria de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León en Burgos que contiene la liquidación definitiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas del ejercicio 1992, en ejecución de la Sentencia de la Audiencia nacional que resuelve el recurso 1418/2002 y que determina unas cantidades a ingresar de 47.605,71 euros de los que 23.509,47 corresponden a cuota y el resto a intereses de demora.
Igualmente se interpuso reclamación económico administrativa contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid de resolución del expediente sancionador por infracción tributaria grave que impone una sanción de 5.877,37 euros.
Segundo.-- La parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución recurrida y alega los siguientes motivos.
En primer lugar, considera que ha prescrito la acción de la Administración para liquidar la deuda así como para exigir el cobro de la misma y para sancionar la infracción que se dice cometida.
En segundo lugar, considera que ni la liquidación ni la infracción está suficientemente motivada y, también, considera que los intereses de demora liquidados son improcedentes.
La Administración demandada interesa la desestimación de la demanda, rebatiendo los motivos de impugnación en lo que la misma se basa.
Tercero.-A los efectos de resolver el presente recurso, debemos de destacar los siguientes antecedentes:
1.- En 1995 comienzan las actuaciones inspectoras, y el 19 de abril de 1996 se levantó a los actores acta por parte de la Inspección de Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 1992 así como la liquidación de la que resultaba una cuota a pagar de 4.024.282 pesetas, unos intereses de demora de 1.374.320 pesetas y unas sanciones de 1.690.198 pesetas. Acta de conformidad acta de conformidad número NUM002
2.- Frente a dicha liquidación se interpuso la reclamación económico administrativa número 1233/1996, dictándose por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León resolución de fecha 26 de enero de 2000 por la que se anula la referida liquidación NUM003 girada por la Administración por motivos formales, concretamente por la no justificación del aumento de la base imponible.
Como consecuencia de ello, la Administración da de baja a la liquidación y levanta la suspensión acordada en fecha 16 de marzo de 2000.
3.- Frente a la Resolución de 26 de enero de 2000 se interpuso recurso de alzada el 18 de febrero de 2000, dado que el actor quería no solo la anulación de la liquidación con la retroacción de actuaciones, que era lo que había resuelto el citado Tribunal Económico, sino que por parte de este se entrase a conocer del resto de las cuestiones que quedaron imprejuzgadas.
Este recurso de alzada fue desestimado mediante Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 31 de octubre de 2002.
4.-En el tiempo intermedio, el 8 de mayo de 2000 la Dependencia de Inspección citó a los demandantes para que comparecieran en relación a las Resoluciones del Tribunal relativas a las reclamaciones NUM004, NUM005 y NUM006, alegándose por pare del actor en escrito de 28 de julio de 2000 que la decisión que estimaba su reclamación había sido recurrida por lo que no podía ejecutarse la decisión que acordaba la retracción de actuaciones para dictar una nueva liquidación convenientemente motivada, dictándose por la Inspección resolución de 28 de julio de 2000 en la que se indicaba que quedaba pendiente del resultado de la impugnación de la resolución de 26 de enero de 2000.
5.- Frente a la desestimación del recurso de alzada indicado, se interpuso recuso contencioso administrativo el 18 de diciembre de 2002, resolviendo la Audiencia Nacional en Sentencia de 1 de diciembre de 2005 desestimando el mismo.
Dicha Sentencia se declaró firme por Providencia de 3 de febrero de 2006, remitiéndose las actuaciones al Tribunal Central, donde tuvo entrada el 7 de febrero de 2006.
6.- En fecha 5 de diciembre de 2006, la Dependencia de Inspección dicta acuerdo por el que dando cumplimiento a la resolución del Tribunal Regional de 26 de enero de 2000 y del Tribunal Económico Administrativo Central de 31 de octubre de 2002 y a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre de 2005 se anula la liquidación derivada del acta de conformidad número NUM002 y se requería a los interesados para que compareciesen al objeto de reponer las actuaciones acordada por el Tribunal Regional.
Dicha Resolución fue notificada a la parte actora el 10 de enero de 2007
7.- El 1 de agosto de 2007 se dictó por el Inspector Regional Adjunto acuerdo de liquidación provisional por el IRPF del ejercicio 1992, concerniente a los actores de donde resulta una cantidad a pagar de 47.605,71 euros, de los que 23.509,47 se corresponden a cuota y el resto a intereses.
8.- Frente a dicha liquidación se interpuso reclamación económico administrativa, registrada con el número 697/2007.
9.- En fecha 18 de octubre de 2007 la Inspección de Hacienda de Madrid impone al actor sanción por la comisión de una infracción grave derivada de la anterior liquidación.
10.- Frente a dicha resolución se interpuso reclamación económico administrativa que se acumuló a la anteriormente interpuesta frente a la liquidación y una vez acumuladas se resolvieron por medio de la Resolución que constituye el objeto de este recurso.
Cuarto.-Expuestos los anteriores antecedentes, debemos de entrar a analizar los distintos motivos en los que se basa la demanda, comenzando por el que se refiere a la prescripción del derecho de la administración a liquidar la deuda.
A tales efectos, sostiene el actor que desde el 20 de junio de 1993 (fecha en la que venció el plazo para presentar la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1992) hasta la liquidación impugnada, concretamente hasta el 10 de enero de 2007 en que se notifica la Resolución de 5 de diciembre de 2006 de la Dependencia de Inspección, ha transcurrido el plazo de cuatro años que considera aplicable.
Ahora bien, frente a tal planteamiento, debe de recordarse, en primer lugar, que la interposición de recursos interrumpe la prescripción, como el propio actor reconoce, de modo y manera que todas la actuaciones que en tal sentido ha promovido la parte actora frente a la liquidación correspondiente al ejercicio 1992 y que hemos reseñado más arriba, han tenido esta virtualidad, con base en el artículo 66.1.b) de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria.
No cabe oponer, como hace la parte actora, que esas actuaciones -primero el recurso de alzada ante el Tribunal Central y luego el recurso contencioso ante la Audiencia Nacional-, no producen los efectos interruptivos que sostiene la Administración porque tales acciones no iban dirigidas a impugnar la liquidación, que, de hecho ya había sido anulada por Resolución de 26 de enero de 2000, sino a interesar un pronunciamiento, en cuanto al fondo de la liquidación, y ello porque lo que impide que se consume la prescripción es la interposición del recurso frente al acto, con independencia de los motivos en los que el mismo se sustente, en la medida en que cualquiera de ellos provoca el mismo efecto e impide que la liquidación gane firmeza.
En definitiva y, como sostiene el Sr Abogado del Estado, a través de esos recursos se está cuestionando el derecho de la Administración a liquidar y por lo tanto hasta que los mismos no concluyan, los plazos de prescripción no transcurren.
Por otro lado, la anulación de la inicial liquidación, que desde luego se produce por decisión del Tribunal Económico y no por medio del acto material de anulación por parte de la Administración, no puede llevarse a efecto por estar pendiente de recurso y así lo establecía el artículo 110.3 del Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo que regulaba el procedimiento de las reclamaciones económico administrativas, como de hecho así se lo hizo saber el actor a la oficina gestora en escrito de 28 de julio de 2000.
Consiguientemente y en base a los razonamientos expuestos resulta con total claridad que la liquidación ahora impugnada y que es la consecuencia de que la inicialmente dictada hubiese sido anulada por falta de motivación, no puedo dictarse hasta el término de todos los recursos administrativos y jurisdiccionales interpuestos por el actor y, por este motivo, los mismos con base en el ya citado artículo 66.1.b) de la derogada Ley Tributaria tienen la virtualidad de interrumpir los plazos de prescripción.
Quinto.-En segundo lugar, se sostiene por la parte actora que ha prescrito el derecho a exigir el pago de la deuda porque, reiterando los argumentos anteriores, desde que la liquidación fue anulada por la Administración, hasta la nueva liquidación, ha habido una pasividad por parte de ella; y, en otro caso, si esa inicial liquidación era eficaz, la Administración debió de proceder a su cobro antes de que transcurrieran los plazos de prescripción.
La cuestión suscitada por el demandante exige partir de que el plazo de prescripción para exigir el pago de la deuda tributaria comienza cuando termina el plazo de pago en periodo voluntario (artículo 65 de la Ley General Tributaria).
A partir de tal previsión normativa resulta que la ejecutividad de la primera liquidación quedó suspendida por así interesarlo el actor, prestando la correspondiente garantía, con ocasión de la reclamación económico administrativa interpuesta; y, una vez que la reclamación fue parcialmente estimada, y se anuló por falta de motivación la liquidación, obviamente se dio de baja la misma y se devolvieron las garantías constituidas conforme a lo acordado en fecha de 16 de marzo de 2000, no pudiendo exigir el pago de la liquidación sino hasta que terminan todas las instancias de control, y se dicta la nueva liquidación que ahora se impugna.
Como sostiene el Sr Abogado del Estado, la doctrina jurisprudencial que invoca la parte demandante no es de aplicación al presente caso, ya que una cosa es que la interrupción de la prescripción del derecho a liquidar pueda no afectar a la prescripción del derecho a cobrar y otra distinta es que el derecho al cobro y, por lo tanto, el inicio del plazo de prescripción, solo surge a partir de que efectivamente puede exigirse aquel, lo que implica la existencia de una liquidación vencida y exigible, que en el presente caso no se produce hasta el 1 de agosto de 2007, a diferencia de lo que podría haber sucedido en el caso de que la Resolución de 26 de enero de 2000 hubiese sido desestimatoria, en cuyo caso y, no obstante los recursos del actor, habría una liquidación vencida y exigible, salvo que estuviese suspendida.
Sexto.-La parte demandante ataca también la liquidación girada por la Administración al entender que no está suficientemente motivada.
En primer lugar, deben de diferenciarse los defectos de motivación de las discrepancias en relación a los motivos que amparan o pretenden amparar una determinada decisión administrativa.
En el presente caso, la simple lectura del acuerdo de liquidación que obra a los folios 252 y siguientes del expediente administrativo nos permite afirmar que se han cumplido las exigencias de motivación en relación al aumento de la base imponible y la no consideración de determinados gastos como deducibles.
Por otro lado, debe también de significarse que el obligado tributario no ha atenido a los requerimientos hechos por la Administración para que aportase determinada documentación de modo y manera que cualquier defecto de motivación debido a esta circunstancia es imputable a la parte actora y así se hace constar por la Inspección que da rigurosa y cumplida cuenta de los distintos requerimientos hechos y de la documentación que no ha sido presentada.
Frente a ello no cabe opone que la documentación requerida ya obraba en poder de la Administración ya que en el acuerdo se hace constar que la documentación fue retirada por el sujeto pasivo.
Esa ausencia de colaboración de la parte actora no puede entenderse suplida por la presentación del certificado de la Hermandad Nacional de Arquitectos porque como resulta de la lectura del acuerdo impugnado la falta de justificación de los gastos va más allá de la ausencia de ese documento.
En cuanto al fondo de la liquidación, en el acuerdo de explican las discrepancias con la declaración de la parte actora, la Administración considera que determinados gastos no deben de considerarse deducibles, a diferencia de lo que sostiene el actor, por dos motivos.
En primer lugar, los justificantes de los gastos en cuestión no han sido aportados por la parte demandante, pese a que ha sido reiteradamente requerido por la Administración a tales efectos, y de ahí que la Administración considere que no han sido acreditados los mismos por lo que no procede la deducción que se pretende de donde surge claramente cual es la razón de decidir del acto administrativo impugnado. Además, los gastos controvertidos, de viaje y de la Hermandad nacional de Arquitectos, figuran englobados conjuntamente.
Por lo tanto, resulta, en primer lugar, que los gastos no están desglosados; en segundo lugar, no se ha aportado, pese a reiterados requerimientos, el libro registro de gastos de la actividad profesional del ejercicio 1992 y los justificantes de dietas y gastos de Hermandad del Colegio de Arquitectos.
Pese al documento presentado, el actor no explica como ese documento pone de manifiesto el error de la Administración.
En segundo lugar, la Administración no acepta como rendimiento de la actividad profesional del actor la cifra de -8.112.988 ya que solo consta como enajenado en el año 1992 uno solo de los apartamentos construidos, por importe de 8.600.000 pts, pese a declarar ingresos por importe de 15.600.000 pts.
Por otra parte, se señala que se han incumplido las normas de contabilidad ya que las existencias deben de valorarse al precio de adquisición a al coste de producción, lo que no se ha hecho, dándose además las circunstancia de que en el año 1993 se vendieron determinadas fincas, que debieron de figurar como existencias finales en el año 1992 así como que todos los costes de construcción de determinados apartamentos se incluyeron en ese ejercicio
Por lo tanto, la motivación, en cuanto requisito o elemento de la liquidación, se ha cumplido, siendo otra cuestión la que afecta a la corrección de tales argumentos.
A tales efectos, la demanda no controvierte tales razonamientos ya que insiste en que los gastos están justificados y guardan relación con la actividad profesional así como que la información que solicita la Administración obra en su poder.
Ahora bien, en ausencia de los libros que han sido requerido al administrado y demás documentación y justificantes, no puede darse por cierta la procedencia de la deducción del gasto por lo que el razonamiento empleado en la resolución recurrida deba de considerarse conforme a derecho.
Por otro lado, la discusión se centra en si esas aportaciones a la Hermanada Nacional son deducibles por el capítulo que sostiene el actor, pero lo que no es objeto de análisis es si puede serlo por otro capitulo como se sostiene en al demanda.
En definitiva, el acuerdo de liquidación está motivado y la parte actora no ha demostrado que las razones que llevan a la Administración a dictar la liquidación impugnada sean incorrectas.
Séptimo.-Se impugna también por parte del actor los intereses de demora exigidos por la Administración como consecuencia de la nueva liquidación, aduciendo que la tardanza en la misma no le es imputable.
La cuestión suscitada no es nueva y ya ha sido resuelta por esta sala en supuestos semejantes por lo que debemos de reproducir las argumentaciones expuestas con anterioridad, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo.
Y así hemos dicho que 2 de Julio de 2008 Recurso: 816/2007 Ponente: MANUEL MARTIN TIMON, se nos dice: "En todo caso, la doctrina legal de esta Sala acerca del particular es la contenida en su Sentencia de 28 de noviembre de 1997, dictada en recurso de casación en interés de Ley número 9163/1996 y consolidada luego en reiterados pronunciamientos de los que son muestra las sentencias de 6 de julio de 2004 (rec. cas. 3305/1999, 18 de noviembre de 2004 (rec. cas. 2895/1999) y 18 de septiembre de 2006 (rec.cas. 3624/2001). En la referida sentencia se dijo:
"...cuando se anula un acto administrativo de liquidación, cuya ejecución se halla suspendida, al estimar parcialmente un recurso administrativo o jurisdiccional, no ha lugar evidentemente a exigir intereses de demora suspensivos (art. 61.4 de la LGT) por el tiempo que ha durado la suspensión, pero al practicar la nueva liquidación procederá exigir los intereses de demora del artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria, girados sobre la cuota liquidada de nuevo, y calculados por el período de tiempo que media desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de la declaración-autoliquidación, hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidación, es decir, el interés suspensivo (art. 61.4 de la LGT) es sustituido por el interés de demora (art. 58.2.b de la LGT), respecto de la nueva cuota procedente conforme a Derecho, según la resolución administrativa o la sentencia de que se trate"; lo que significa que en el caso de autos procede exigir intereses de demora del artículo 58.2.b) LGT, como componente de la deuda tributaria, desde el "dies a quo" inicial o sea desde el día siguiente a la terminación del plazo voluntario de presentación de las declaraciones-liquidaciones, ya indicado, hasta la fecha de la nueva liquidación, que fue el 3 de febrero de 1994, aplicando el tipo de interés vigente en el "dies a quo" a la cuota que no se discute, durante todo el período referido, con lo cual se elimina el anatocismo de intereses.".
Bien es verdad que la doctrina indicada no sería aplicable al hoy prácticamente desaparecido sistema de meras declaraciones de hechos imponibles por parte del obligado tributario, como por ejemplo la noticia del fallecimiento del causante en el caso del Impuesto de Sucesiones y en las que si la Administración practica con retraso las liquidaciones correspondientes, que luego son anuladas, no deben exigirse intereses de demora, por cuanto ha existido una conducta administrativa que ha llegado a denominarse de "mora accipiendi".
Esto es lo que vino a sostener la Sentencia de esta Sección de 25 de junio de 2004, de la que después se hizo eco la de 31 de octubre de 2006, citada por la parte recurrente, que a su vez se refiere a las 23 de octubre de 1995 y 5 de enero de 2001.
Como con acierto señaló la referida Sentencia de 31 de octubre de 2006, referida a "liquidación" practicada por el SENPA, por tasa suplementaria en el sector de la leche, "no cabe la menor duda que la sentencia de 28 de noviembre de 1997 se refiere a los supuestos de autoliquidación, pero no a los casos de liquidación administrativa, como expresamente declaró la posterior sentencia de 25 de junio de 2004, recurso de casación 8.564 /99, en la que se alude a la otra modalidad de gestión, precisando con respecto a este último sistema que, aunque el tributo se devenga con la realización del hecho imponible, la obligación tributaria ya devengada sólo es líquida, vencida y exigible a partir de la notificación de la respectiva liquidación, de modo que en esta modalidad no existen, en principio, intereses de demora, por el período de tiempo que va desde la fecha de devengo del Impuesto hasta la fecha de liquidación, sin que se pronuncie por el período comprendido entre la liquidación inicial y la definitiva, en caso de estimación parcial de la impugnación."
En el presente caso, fue la entidad recurrente la que practicó autoliquidación del Impuesto, tal como consta en autos e incluso se afirma en el recurso de casación, pero sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 108.2 y 3 de la Ley del Mercado de Valores, cualquiera que sea la interpretación que se realice del mismo, por lo que resulta de aplicación lo señalado en la Sentencia antes referida de 28 de noviembre de 1997 cuando afirmaba: "El régimen de declaración-autoliquidación significa, que la obligación tributaria nace "ex lege" cuando se realiza el hecho imponible, y es líquida, obviamente, cuando el sujeto pasivo practica la autoliquidación, y, si no lo hace, se entiende que lo es el último día del plazo reglamentario para la presentación de la correspondiente declaración autoliquidación, y vencida cuando ha transcurrido dicho plazo.
En consecuencia, si la Administración comprueba la declaración autoliquidación y descubre hechos ocultados o que ha sido practicada incorrectamente (errores de hecho y de derecho), deberá exigir intereses de demora del artículo 58.2, b) de la Ley General Tributaria, por las cuotas liquidadas como consecuencia de su actuación comprobadora desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para declarar, pues se entiende que la obligación tributaria es por ministerio de la Ley líquida, exigible y vencida." En cualquier caso, en una situación de generalización del régimen de autoliquidaciones, la doctrina de esta Sala ha sido recogida en el artículo 26.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que se dispone: "En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución."
Por su parte, el artículo 66 del Real Decreto 520/2005, que aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, especialmente invocado en el acto administrativo de ejecución recurrido, establece, en su apartado 3: "Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule total o parcialmente el acto impugnado, se conservarán los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido.
Cuando el importe del acto recurrido hubiera sido ingresado total o parcialmente, se procederá, en su caso, a la compensación prevista en el artículo 73.1 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre."
Finalmente, no debe dejarse de poner de relieve la naturaleza estrictamente compensadora de los intereses, puesta de relieve tanto por el Tribunal Constitucional, como por esta Sala en muy diversas sentencias."
Consiguientemente y con base a la doctrina aquí transcrita debemos de desestimar el motivo impugnatorio expuesto.
Octavo.-Considera el actor que el derecho de la Administración para sancionar la infracción que se le imputa ha prescrito así como que no está motivada la comisión de la misma.
Por lo que hace a la cuestión de la prescripción, hay que tener presente que tanto el artículo 66.1 de la derogada Ley Tributaria como el artículo 189.3.a) de la Ley 58/2003 afirman que la acción administrativa tendente a la regularización de la situación tributaria interrumpe los plazos de prescripción para imponer las sanciones que se deriven de dicha regularización.
Consiguientemente, habiendo razonado la no prescripción para liquidar la deuda es evidente que puede la Administración sancionar la conducta puesta de manifiesto tras esa liquidación consistente en no haber dejado de pagar parte de la deuda tributaria.
Por lo que hace a la infracción que se dice cometida y a la sanción que se impone hay que decir que en la medida en que el actor dejó de pagar la totalidad de la deuda tributaria al deducirse gastos a los que no tenía derecho cometió la infracción desde el punto de vista de su tipicidad objetiva.
La circunstancia de que la infracción se atribuya solo a D. Cornelio y no a D.ª Nicolasa es algo ajeno a la anterior afirmación, ya que no es objeto del presente recurso que no se haya sancionado a la Sra Nicolasa sino la sanción impuesta a su marido.
Es verdad que en el derecho sancionador está prohibido el principio de responsabilidad objetiva, siendo necesario para que la sanción sea procedente hacer un juicio positivo de culpabilidad y así se establece en los artículos 178,179 183 de la Ley Tributaria
A propósito de esta cuestión dice el Tribuna Supremo en Sentencia de 23 de octubre de 2001, rec. 5149/1995. Pte: Sala Sánchez, Pascual que: " como consecuencia de reiterada doctrina -Sentencias de 9 de diciembre de 1997, 18 de julio de 1998, 17 de mayo de 1999 y 2 de diciembre de 2000 (recurso 774/95), entre muchas más- según la cual toda la materia relativa a infracciones tributarias, como inscritas en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, ha de resolverse desde la perspectiva de los principios de culpabilidad y tipicidad, con completa proscripción de la imposición de sanciones por el mero resultado, tanto antes como después de la reforma introducida en la Ley General Tributaria por la Ley 10/1985, de 26 de abril, conforme tuvo ocasión de declarar la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990. En definitiva, puede afirmarse, como hizo la propia Dirección General de Inspección Tributaria en su Circular de 29 de febrero de 1988, que la tendencia jurisprudencial ha sido la de "vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente -sigue la Circular- cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esa interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable, sobre todo si va acompañado de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria."
En el presente caso, no puede considerarse que los hechos declarados probados vengan amparados en una interpretación razonable de la norma puesto que esta es clara y su entendimiento no genera dificultad alguna de modo y manera que es clara la motivación del acto en cuanto que de ahí se deduce la comisión de una infracción y la imposición de la correspondiente sanción.
Es la conducta, cuando menos imprudente la conducta de quien decide deducirse unos gastos sin tener derecho a ello y quien declara un rendimiento neto inferior al que debería de ser, infringiéndose las normas claras sobre la contabilidad o desconociendo las circunstancias fácticas puestas de manifiesto en el acuerdo de liquidación.
Por lo tanto, la infracción cometida y la sanción impuesta deben también de declararse conforme a derecho.
Noveno.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso.
Desestimar el recurso contencioso administrativo número 286/09 interpuesto por el Procurador D. Cesar Gutiérrez Moliner en nombre representación de D. Cornelio y de D.ª Nicolasa, defendido por su Letrado contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 28 de mayo de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa N.º NUM000 y la acumulada NUM001 y en el que ha intervenido la Administración del Estado, como parte demandada, representada y defendida por sus Servicios Jurídicos, debiendo de declarar:
Primero.-Que la Resolución recurrida es conforme a derecho
Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno. Conforme establece el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la administración que en el plazo de diez días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.