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Timestamp: 2020-08-13 06:14:34
Document Index: 173294441

Matched Legal Cases: ['artículo 271', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 231', 'e contrario', 'artículo 3', 'artículo 3']

DS. Senado, Comisiones, núm. 470, de 10/02/2011
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ
Sesión celebrada el jueves, 10 de febrero de 2011
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía (621/000079).
Pido al letrado que proceda a comprobar las asistencias.
Por el señor letrado se procede a la comprobación de las señoras y los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.
Quiero dar la bienvenida a la nueva senadora, doña Eva Parera Escrichs, perteneciente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que viene a sustituir a don Jordi Casas i Bedós. Señoría, esperamos que se encuentre usted a gusto entre todos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Supongo que todos los portavoces habrán recibido el acta de la última sesión, celebrada el día 24 de noviembre de 2010. ¿Hay alguna objeción al acta? (Denegaciones.)
La damos, pues, por aprobada.
A continuación procedemos a dictaminar el proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. Procederemos a la votación a las doce y media en el caso de que hubiesen finalizado las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.
A este proyecto de ley se han presentado diecinueve enmiendas distribuidas de la siguiente forma: siete del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que a última hora ha retirado las números 15 y 16, por tanto, se quedan en cinco; tres del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y nueve del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas números 13, 14, 17, 18 y 19, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra la senadora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas, con la puntualización de que, efectivamente, hemos retirado dos de ellas. Reitero lo que se estipula en el documento, señor presidente.
A continuación, para la defensa de las enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Gràcies president. Una vegada més començo en català per plantejar la necessitat d’una reforma Reglamentària que ens permeti l’ús de la nostra llengua en el conjunt de l’activitat d’aquesta cambra, que pretén ser de representació territorial.»
Continúo mi intervención en castellano por una imposición que me parece poco democrática.
Dicho esto, la verdad es que nuestras enmiendas también se refieren fundamentalmente a la cuestión lingüística. En realidad, son dos enmiendas recurrentes en prácticamente todas las transposiciones de normativa europea y plantean la cuestión de la relación de nuestros órganos judiciales con los órganos judiciales europeos, en la medida en que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 271, prevé la validez legal de los documentos que se presenten en las lenguas cooficiales en aquellos juzgados de las comunidades que tienen una lengua propia oficial. Por lo tanto, parece lógico que en los documentos que vienen de los juzgados europeos también se aplique esta consideración que se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ahí que también se haga mención expresa en la ley de la posibilidad de traducción a estas lenguas. Esto en lo que se refiere a nuestras enmiendas 11 y 12.
Respecto a la otra enmienda, es cierto que la competencia del secretario judicial para indagar el domicilio de un deudor está contenida en la propia ley, pero también lo es que hay un sector de la abogacía que considera que es necesario reiterarlo. Evidentemente, estaría obligado a hacerlo, pero nosotros creemos que es mejor que conste expresamente esta mención. Nos gustaría que los demás grupos, si no
van a apoyar nuestra enmienda, al menos se pronuncien en el sentido de que, efectivamente, es una competencia del secretario judicial hacer esta indagación del domicilio de los deudores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 9, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Conde Bajén.
El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda la brevedad que este acto parlamentario exige, doy por defendidas las enmiendas presentadas, que tienen por objeto lo que en nuestra opinión son mejoras técnicas. Me voy a detener estrictamente en dos aspectos.
En primer lugar, algunas de nuestras enmiendas pretenden la inclusión en el texto de la ley de la mención expresa de los juzgados de lo Mercantil y de lo Social. Efectivamente, como saben sus señorías, el objeto de la ley es facilitar en España la aplicación de los procesos monitorio y de escasa cuantía europeos, regulados por el reglamento de la Comisión y del Consejo, y nosotros entendemos que dentro de esas cuantías puede haber créditos que se reclamen que tengan su naturaleza sustantiva en una relación jurídico-mercantil o jurídico-laboral, y que por su consecuencia deberían, van a poder ser ejecutadas y reclamadas ante la jurisdicción española. Tenemos el problema de que la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales, podría crear un problema de aplicación por cuanto que se estarían reclamando créditos sustantivamente mercantiles o laborales en el Juzgado de Primera Instancia, es decir en el orden jurisdiccional civil, y eso podría originar algún problema para los litigantes. Por eso, esa mención que nosotros pretendemos hacer a los juzgados de lo Mercantil y de lo Social en el fondo lo único que pretende es clarificar para el futuro esta situación. Me detendré luego en dos enmiendas, las números 6 y 8.
El Partido Popular mantiene un discurso en relación con el uso de las lenguas españolas que creo que es conocido por todas sus señorías. Nosotros sostenemos la plena vigencia de la Constitución, en concreto su artículo 3, que dice que el castellano es la lengua oficial del Estado, de ahí que cuando se trata de utilizar una lengua en un órgano del Estado nosotros defendamos que ha de utilizarse el castellano. De ahí se deriva nuestra posición al uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas en relación con esta Cámara, que es obviamente un órgano estatal, y por eso sostenemos que aquí debe hablarse la lengua común a todos: el castellano. Pero eso en absoluto nos hace desconocer lo que también dice ese artículo 3 de la Constitución, que las lenguas cooficiales en el territorio de su comunidad autónoma pueden ser también utilizadas.
Esta no es una cuestión nueva que haya surgido con esta ley. Surgió ya hace años con otros proyectos de ley que también pretendían la aplicación de resoluciones judiciales dictadas por tribunales o autoridades extranjeras en España. Quiero recordar que fue este Grupo Parlamentario Popular, este y no otro distinto, el que hizo valer el tenor literal del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que desde el año 1985 venía diciendo —y sigue haciéndolo— que los litigantes, según reza el apartado 4 de dicho artículo 231, y sus representantes pueden utilizar oralmente y por escrito la lengua cooficial en el territorio de la comunidad; por su parte, el artículo 231.3 señala que cualquier documento que se aporte a los autos en la lengua cooficial surtirá efecto en los autos sin necesidad de su traducción.
Para nosotros, en coherencia con nuestro discurso, hay una jerarquía de las normas que debe ser respetada, y cuando nosotros hemos dicho, y decimos, que algunas leyes orgánicas, por ejemplo, las aprobatorias de un estatuto de autonomía, deben ser redactadas de manera diferente porque contradicen lo que dice la Constitución, también mantenemos que cuando se haga una ley ordinaria se tiene que respetar la jerarquía de las fuentes y, por lo tanto, adecuarse a lo que digan las leyes orgánicas que son de superior rango. Diciendo como dice el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que acabo de resumirles, es de coherencia que cuando estamos elaborando una ley ordinaria modificativa de Enjuiciamiento Civil en relación con este asunto se permita también a la parte aportar la traducción en la lengua cooficial.
Quiero llamar la atención de sus señorías respecto de un hecho. Conforme al tenor literal del proyecto de ley, aquí no se trata de que los juzgados traduzcan las resoluciones y las aporten a otro juzgado. Aquí lo que se impone es al litigante la obligación de ser él el que se procure una traducción y ser él el que la lleve al procedimiento declarativo o ejecutivo correspondiente. Es, por tanto, un documento de parte y el artículo 231.4 le faculta a llevarlo en la lengua cooficial. Es un derecho del litigante.
Eso es lo que nosotros pretendemos con nuestras enmiendas: respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles que tienen dos lenguas españolas, el castellano y el catalán, el euskera, el valenciano o el gallego.
Estas son las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, nos ha llamado poderosamente la atención que el Gobierno, a la hora de aprobar este proyecto de ley, el mismo Gobierno cuyo presidente en esta Cámara, pronunciándose sobre el uso de las otras lenguas cooficiales dijo que era un ejercicio de pluralismo y libertad, ese mismo Gobierno, apruebe un proyecto de ley desconociendo este hecho, y en el texto del proyecto, al denominar a la lengua común se refiere al español. El español. Lo ha dicho el Gobierno socialista presidido por Zapatero. Dice que habrá que traducirse al español. Pero, claro, el artículo 3 de la Constitución dice lo que dice y la lengua común es el castellano, porque españolas son las cinco lenguas; española es el castellano; española es el catalán; española es el valenciano; española es el gallego; y española es el euskera. Y ninguna es más española que otra, ni ninguna es menos española que las demás. Esto es lo que ha aprobado el Gobierno socialista y esto es lo que el Partido Popular pretende rectificar con las enmiendas que acabo de exponerles.
Hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que son claramente coincidentes en este aspecto lingüístico con las del Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, en principio no habría ningún problema por nuestra parte en votarlas a favor, como estoy convencido de que tampoco habría ningún problema por parte de la Entesa en apoyar las nuestras, salvo por un pequeño detalle. El detalle es, precisamente, aquello a lo que hacía mención al principio de mi intervención, que la enmienda de Entesa habla de la aportación al Juzgado de Primera Instancia de esa traducción, y nosotros, en la nuestra, proponemos una redacción muy similar a la de Entesa en relación con el asunto lingüístico, pero, además, por supuesto, incluimos la mención a los juzgados de lo Mercantil y a los juzgados de lo Social.
Esa es la razón por la que anuncio que no votaremos a favor de la enmienda de Entesa, por la falta de mención a los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, pues en ese caso el voto del Grupo Popular sería contradictorio con las otras enmiendas que hemos presentado, y quizás esa misma razón sea la que puede hacer a Entesa no votar a favor de la enmienda del Grupo Popular, precisamente, por hacer mención a los juzgados de lo Mercantil y a los juzgados de lo Social. Pero parece ser que aquí los consensos son los que son.
Me llama la atención, señor presidente, que antes de entrar en esta comisión se nos haya pedido que retiráramos las enmiendas lingüísticas, porque el ministerio no estaba de acuerdo con ellas. Parece ser que en estos escasos diez minutos el Gobierno ha cambiado de opinión. Pues, bienvenidos. No es la primera vez que lo hace el Gobierno, estamos acostumbrados a que lo hagan a diario, pero la verdad es que en tan poco tiempo, es la primera vez que se nos da el caso. En diez minutos no lo habíamos visto; de un día para otro, sí; de la mañana a la tarde, también; pero de menos cuarto a en punto, es la primera vez que se nos da el caso y queremos remarcarlo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
Antes de continuar quiero hacer una precisión, ya que usted no la ha hecho. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una corrección de errores a la enmienda número 6. En concreto, en el texto de la enmienda que se propone, donde dice: «y en su caso, además», debe decir: «o».
Una vez introducida esta corrección la enmienda quedaría redactada de la siguiente forma: Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil o de lo Social competente una traducción oficial al español o a la lengua oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento…
El señor CONDE BAJÉN: Perdón, señor presidente, al español no, al castellano. (El señor Bofill Abelló: En su enmienda, el Grupo Popular dice español, que es lo que acaba de criticar del Gobierno.—Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, aquí dice español, tendrá que presentar otra enmienda de sustitución.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, obviamente es un error que no se corresponde con el discurso de este portavoz y solicito que quede corregido.
El señor PRESIDENTE: Señoría, los cambios se hacen muy rápido, a velocidad de vértigo.
Leo de nuevo la redacción definitiva: Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil o de lo Social competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento CE 1896/2006.
Creo que hemos adaptado muy rápido todos los cambios.
Una vez terminada la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, cabe un turno en contra.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, algunos colegas me avisan de que el mismo error se produce en la enmienda número 8, donde también debe poner castellano.
El señor PRESIDENTE: Paso a leer también la redacción dada a la enmienda número 8: Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil o de lo Social competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales del certificado de dicha sentencia, certificada en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento de la CE 861/2007.
Para turno en contra, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Izaskun Gómez.
La señora GÓMEZ CERMEÑO: Gracias, señor presidente.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, adelanto que las vamos a rechazar todas, pero voy a dar unos brochazos sobre cada una de ellas.
La enmienda número 1 no la podemos aceptar ya que de hacerlo daríamos a entender que no cabe la reclamación de la deuda por un juicio ordinario, estableciendo, por lo tanto, una especie de cosa juzgada y que consideramos, a todas luces, perjudicial, porque parecería que estamos resolviendo el asunto, cuando, en definitiva, no es así.
Respecto a la enmienda número 2, coincidente con la enmienda número 13 de Convergència i Unió, no podemos aceptarla porque debemos tener presente que son procedimientos con tramitaciones simples, por lo que pueden ser asumidos por los juzgados de Primera Instancia. Además, entendemos que estos juzgados tienen como ventaja dar una mayor celeridad a la tramitación de estos procedimientos y, en consecuencia, evita conflictos de competencias y se produce una mejor atención al ciudadano precisamente por la proximidad de estos juzgados.
La enmienda número 4 la consideramos innecesaria y entendemos que no hay contradicción entre esta previsión y las normas de la Unión Europea.
También consideramos innecesaria la propuesta de la enmienda número 7, ya que la norma europea remite el régimen de ejecución de las sentencias recaídas en estos procesos a las normas nacionales.
En cuanto a la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular, coincidente con la enmienda número 19, de Convergència i Unió, entendemos que supone incluir una nueva exención objetiva que rompe la dinámica de la tasa para las personas jurídicas, que son, principalmente, las obligadas a su pago. De cualquier forma, esta idea, más o menos con otro enfoque, ya la tenemos contemplada en el anteproyecto de ley de agilización procesal.
Respecto a la enmienda número 10, de la Entesa, como el senador Bofill ha pedido que se diga expresamente por parte de este grupo, se lo digo. Consideramos innecesario recogerlo de forma expresa, ya que la competencia corresponde al secretario judicial.
En cuanto a la enmienda número 14, de Convergència i Unió, entendemos que se trata de una repetición del Reglamento 861/2007 que rompe con la política legislativa en esta materia, cuyo fin es no repetir lo que dice la norma de la Unión Europea y así evitamos también posibles distorsiones.
Las enmiendas números 15 y 16 han sido retiradas.
Para finalizar, entendemos que la enmienda número 18 propone una reforma que es ajena al proyecto de ley. Las medidas no nos parecen especialmente novedosas, e incluso establecen unos plazos que no podrían cumplirse. Además, hace mención a las medidas provisionales, cuando lo que creemos que corresponden son medidas cautelares.
Por mi parte, nada más. Aprovecho para pedir la votación separada de las enmiendas de la Entesa, por un lado la número 10, y por otro las números 11 y 12.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gómez.
A continuación, iniciamos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
Mi grupo se va a abstener en la votación de la enmienda número 2, del Grupo Popular, relativa a la competencia objetiva y jurisdicción que se añade respecto a los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, que coincide, además, con la enmienda número 13, de Convergència i Unió.
Vamos a votar a favor de la enmienda número 9, del Grupo Popular, que coincide también con la enmienda número 19, de Convergència i Unió, relativa a las tasas. Estimamos que si no se establece una exención con el límite que aparece en la enmienda de 30 000 euros, difícilmente se va a poder acceder a la justicia para aquellas deudas de escasa cuantía, lo que, precisamente, es el objeto de este proyecto de ley.
En relación con las enmiendas 6 y 8, del Grupo Parlamentario Popular, relativas a las lenguas cooficiales, nos vamos a abstener, y nos vamos a oponer a las demás enmiendas del Grupo Popular.
Vamos a votar a favor de todas las enmiendas de la Entesa, tanto la del secretario, en cuanto a la averiguación del domicilio, como la relativa a las lenguas cooficiales, y también votaremos a favor de la enmienda número 14 de Convergència i Unió, relativa a la determinación de la escasa cuantía. En relación con las enmiendas números 17 y 18, de Convergència i Unió, de momento nos abstenemos. Nuestra abstención debe entenderse en el sentido de que será en el Pleno cuando fijaremos la posición definitiva en relación con estas enmiendas que he mencionado.
En resumen, solicitamos votación separada de las enmiendas del PP, por una parte la 2, la 6 y la 8, que se podrían votar conjuntamente, y por otra, la 9; así como votación separada de las enmiendas 13, 17 y 18, que se podrían votar conjuntamente, y 14 y 19, todas ellas de Convergència i Unió.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, senadora Parera.
Como comprenderán, por mi reciente incorporación no estoy en disposición de entrar a valorar muy detalladamente cada una de las observaciones a las enmiendas que aquí se han realizado. No obstante, sí quisiera aprovechar la ocasión para hablar específicamente de las números 17 y 18, relativas a los procedimientos de protección a la infancia y a las que se ha hecho una mención especial. A pesar de que no tiene nada que ver con el procedimiento que estamos aquí realizando, creo que es importante aprovechar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para tratar un tema tan delicado y tan sensible como es la protección a la infancia. Por tanto, hemos estimado conveniente incluir estas enmiendas.
En cuanto a nuestro voto, me gustaría especificar que, respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, nos vamos a abstener prácticamente en todas las que han presentado, a excepción de las números 2, 8 y 9, a las que votaremos favorablemente. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Entesa, nos abstendremos en la 10, y votaremos a favor de la 11 y la 12. Y, obviamente, votaremos a favor de todas las de CiU.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies president.
(El señor senador comienza su intervención en catalá, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Gràcies president. Novament començo en català demanant una ampliació de l’ús de les llengües oficials a les Comunitats Autònomes a la totalitat de l’activitat parlamentària del Senat i, per tant, també en aquesta Comissió de Justícia.»
Creo que me han entendido —además, si no me han entendido, como siempre es lo mismo, lo entienden igualmente. (Risas.)—, estoy pidiendo una vez más el uso del catalán en esta comisión.
Tiene razón el senador Conde en lo que dice el artículo 3 de la Constitución: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Dice esto, y no dice nada más. Luego continúa diciendo que las otras lenguas
serán oficiales en las comunidades autónomas. (El señor Conde Bajén: Cooficiales.) Perdone, senador, no tiene usted el turno, pero le voy a contestar: en ningún momento la Constitución habla de lenguas cooficiales. Incluso creo que es una cierta incorrección hablar de lenguas cooficiales, porque es dar a entender que hay una lengua oficial y lenguas cooficiales. No, señores, hay lenguas oficiales; unas son oficiales en unos sitios y otras oficiales en otros. Todas son lenguas oficiales, no son cooficiales. Por ejemplo, la corrección que ha hecho el senador Conde respecto a su enmienda número 6 me parece muy bien, porque decía que además de ir en español —debía decir castellano—, además de ir en castellano podía ir en otra lengua. A veces, cuando se utiliza la terminología cooficial se está dando a entender una especie de minorización de la oficialidad, como si esa oficialidad fuera de un segundo rango, y no es así. Es oficial, y ya está. Lo es allí donde pueda serlo, pero es oficial, y ya está; y eso es lo que justamente dice el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, o en cualquier otra comunidad autónoma que tenga una lengua oficial, además de la lengua oficial del castellano, un ciudadano o cualquier organismo —no tiene por qué ser un ciudadano— puede presentar un escrito en ese juzgado en castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma propia; eso tendrá carácter de oficialidad y será perfectamente válido igualmente. En esto tiene razón.
Lo que no dice en ningún sitio la Constitución —y es evidente que no lo dice en ningún sitio porque, si no, actualmente en el Pleno no se podría utilizar el catalán— es que en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales y que nosotros no podemos reformar nuestro Reglamento para que, si la mayoría del Senado lo considera necesario, se usen las lenguas oficiales en todas las actividades de la Cámara; no hay ninguna restricción desde el punto de vista constitucional. Lo que es cierto es que los documentos que emite el Senado sí que acaban siendo siempre publicados en castellano y pueden ser, además, traducidos a otras lenguas. Por lo tanto, los efectos de la oficialidad del castellano están preservados actualmente en la actual redacción del Reglamento del Senado y lo van a estar cuando se amplíe, porque se va a terminar ampliando, a otros ámbitos del Pleno y de las comisiones. Es cuestión de dejar que la historia avance, simplemente. Porque esto va a pasar si este país tiene una evolución democrática y si este país se mantiene en su amplitud territorial actual.
Dicho esto, que, además, nos llevaría muy lejos, me alegra que el senador Conde haya hecho esta intervención tan prolija porque me permitirá en el Pleno volver sobre alguna de estas cuestiones que son de interés más general que el ámbito de esta comisión. Pero lo que quiero decir hoy es que me alegro de que actualmente haya unanimidad en esta Comisión de Justicia —espero que esta unanimidad de alguna manera se pueda reflejar en el Pleno; sería bueno— en torno al tema lingüístico en relación con la transposición de estas normativas europeas respecto a temas de Justicia. No sé decir, entre esta legislatura y la anterior, cuántas han sido, pero hemos hecho una serie de transposiciones de normativas europeas en las que se planteaba la relación entre órganos judiciales de nuestro país con órganos judiciales europeos, y siempre ha habido algún problema o algún chirrido en torno a esta cuestión. Espero que a partir de ahora en las que vengan ya no suceda, y que incluso nos podamos plantear el revisar el articulado de algunas normas que hemos aprobado anteriormente en relación con esta cuestión.
El hecho de que el Grupo Socialista vaya a apoyar las enmiendas 11 y 12 de Entesa, que hacen referencia a esta cuestión, es un paso muy importante adelante, porque signigica que en el Pleno también van a tener una mayoría suficiente para que prosperen —y esperemos que en el Congreso de los Diputados también—; por lo tanto, tendremos una norma en relación con esta cuestión que será distinta a otras dictadas anteriormente. Además, debo reconocer al senador Conde que en esta cuestión ha sido muy coherente desde el principio, y desde mucho antes incluso, porque en algunas cuestiones su argumentación jurídica ha sido más sólida que la que hemos mantenido en la Entesa en torno a la necesidad de que se refleje la posibilidad de que desde un juzgado europeo se dirija un escrito, por ejemplo, en catalán, a un juzgado residente en Cataluña, porque esto lo ampara la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No es un día para andar metiendo puyas en contra, pero tengo que precisar que este acuerdo al que he llegado con el Grupo Socialista tiene una cierta contrapartida, y es que respecto de las otras enmiendas con las que el Grupo Socialista no está de acuerdo, y atendiendo además a la composición de nuestro grupo parlamentario, en el que hay mayoritariamente senadores socialistas, entenderán que yo vote en contra de las enmiendas de los demás grupos junto con el Grupo Socialista en aras de que avance esta cuestión.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, senadora Gómez. (Pausa.) Perdón, el senador Díaz Tejera.
La senadora Gómez es infinitamente mejor y, gracias a Dios, distinta a este senador que les habla. (Risas.)
Yo no pensaba esta mañana hacer ningún análisis comparativo entre una mujer y un hombre, no quería empezar por ahí, quería hablar del texto del proyecto, de la facilitación en España de los procesos monitorios y de escasa cuantía. El martes por la tarde, en la interpelación del paisano y amigo, Narvay Quintero, colega de todos nosotros, escuche todas las medidas que ha relatado el Gobierno sobre la protección a los deudores hipotecarios, y hoy quería hablar de la protección al crédito. El esquema de la intervención estaba planteado sobre la protección al crédito, el conjunto de rasgos que caracterizan al procedimiento monitorio, su porcentaje, que llega a más de la tercera parte de las ejecuciones en los ámbitos civiles. Pero, ciertamente, no estamos hablando de este procedimiento monitorio y de escasa cuantía, sino que estamos hablando de las lenguas. Y yo estoy encantado de hablar de eso, y de cualquier otra cosa que tenga que ver con la condición humana. Y empiezo por recordar algo. En el Senado de España se hablan todas las lenguas de España desde el año 1994; en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que está aquí, en Madrid, y es el Senado de España se hablan todas las lenguas de las comunidades autónomas. En 1997, el entonces presidente, señor Aznar, se puso el pinganillo para escuchar un conjunto de idiomas —no sé lo que hablará en la intimidad, no lo sé—, pero en ese momento les aseguro que utilizó el pinganillo, puesto que hay testimonios fotográficos de ello.
Por tanto, conviene situar las cosas en lo que son en términos reales, y es que a las personas y a los grupos se les evalúa por su práctica, no por sus proclamaciones. Y en la práctica real, si yo no pongo en duda que algún servidor público ha cometido un patinazo, un lapsus scriptum, en las enmiendas 6 y 8 del Grupo Parlamentario Popular, no sé por qué se tiene que presumir que en el texto proveniente del Congreso de los Diputados —porque ese texto viene del Congreso de los Diputados, no viene directamente al Senado—, también se produce ese lapsus scriptum. Por lo tanto, atengámonos a lo que realmente interesa, y es que estamos protegiendo, fortaleciendo y haciendo posible el uso de todas las lenguas que se hablan en España. Todo el que cita un artículo de la Constitución siempre tendrá razón, siempre; pero lo relevante es evaluar por la práctica, y en la práctica se ha avanzado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y se está avanzando en el Pleno por la coherencia, la cohesión, la firmeza y el sostenimiento de esa idea, y es que nos enriquecemos todos, no se empobrece nadie; todos se enriquecen con ese esfuerzo. Por lo tanto, insisto en resituar el debate en términos de evaluar la práctica que hacemos los grupos que participamos en esta Cámara.
Me voy a ceñir ahora al texto. El argumento acerca de los órdenes jurisdiccionales estaría bien si se abordase el fondo del asunto, la sustancia del asunto. Estoy de acuerdo en que los asuntos que tienen que ver con los contratos de trabajo se vean en el orden social y las relaciones mercantiles se aborden en los jugados de lo Mercantil. Pero aquí no estamos abordando el fondo y la sustancia del asunto. Si hay impugnación, ya no se sigue con este asunto. En términos coloquiales —no en términos jurídicos—, estos son los asuntos de sota, caballo y rey. Si hay acreditación documental de la existencia de esa relación crediticia se entra y se dicta el auto de ejecución, nada más. Por consiguiente, si hay impugnación, ya no se ve en ese Juzgado de Primera Instancia, sino que se vería en el que corresponda, no se sustancia como procedimiento monitorio, sino como un procedimiento que aborda el fondo, la sustancia del asunto. Eso en relación con el contenido.
En cuanto a la distribución de la planta, hay que recordar que los juzgados mercantiles son provinciales, y los juzgados de Primera Instancia son por partido judicial y, como ustedes saben, en una provincia puede haber muchos partidos judiciales.
¿De qué tratamos? Se trata de un texto que persigue facilitar la aplicación de dos procedimientos expeditivos: principio de máxima celeridad en la tramitación, porque no se entra en el fondo del asunto, hay pruebas suficientes y no se impugna, porque si se impugnase ya no podría seguir por el procedimiento monitorio; insisto, tendría que ir a un procedimiento que abordase el fondo del asunto. Pero en este caso, en cada uno de los partidos judiciales hay un juzgado de Primera Instancia.
¿Y qué es lo que hace el juez de Primera Instancia? Lo examina para ver si hay acreditación documental y, si nadie lo impugna, tira hacia delante; no se plantean verbales, no se plantean menores cuantías, sigue adelante y dicta el auto de ejecución. Por eso se intenta concentrar en un Juzgado de Primera Instancia, porque está más cercano a la gente, hay muchos más y están repartidos en toda la geografía española. Si, por el contrario, el procedimiento monitorio se repartiera por materias, no facilitaríamos la cercanía al ciudadano ni la celeridad.
Por esa razón nosotros hemos planteado la necesidad de concentrar los asuntos. Yo no pongo en duda la buena voluntad de que los asuntos se concentren, según la materia, en unos órganos o en otros, pero no estamos hablando del fondo del asunto. Voy a poner otro ejemplo. Los contratos de seguros no se abordan en los juzgados de lo Mercantil, los contratos de préstamos no se abordan en los juzgados de lo Mercantil y, sin embargo, siguen adelante. ¿Por qué razón está teniendo éxito en toda España el procedimiento monitorio? Porque es expeditivo, porque es muy rápido y porque, en la práctica real, son los juzgados de Primera Instancia los que están concentrando todo ese trabajo. Por tanto, no desvirtuemos eso, que es muy importante. El martes en la interpelación del senador Narvay Quintero debatimos sobre la protección del deudor hipotecario. Lo de ahora es facilitar que el acreedor tenga ese método expeditivo para que realmente tenga un auto que se pueda ejecutar. Por eso les insisto en estas razones relativas a la concentración en el juzgado de Primera Instancia y no en el de lo Social ni en el de lo Mercantil.
Respecto al asunto de los idiomas, reitero lo dicho en la mañana de hoy. En la práctica real nosotros lo que hacemos es respetar lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento, solo eso; no nos metemos en ninguna otra consideración hacia intra del país; hacia fuera del país —lo que son los litigios transfronterizos— la situación es distinta, pero estamos hablando hacia intra del país.
Hemos reiterado verbalmente lo que se nos ha pedido. ¿Cómo no vamos a decir que sea el secretario judicial el responsable de esa materia? Es evidente. Lo ha subrayado mi compañera y ahora lo vuelvo a subrayar.
Y respecto a las personas jurídicas, sinceramente debo indicar que ya está prevista la figura del submandato. Cuando se plantea la figura del administrador, en algunas personas jurídicas se hace imposible que el administrador tenga que ir a todos los pleitos, pero ya está previsto que, si no está expresamente prohibido, con la figura del submandato se solventa esa situación. Por lo tanto, no es necesario volver a plantear esa posibilidad en el texto del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Anuncio que nosotros vamos a votar favorablemente la enmienda número 19, de Convergència i Unió, por lo cual solicito de la Presidencia votación separada, porque coincide con una de la misma redacción presentada por el Grupo Parlamentario Popular; ello sin perjuicio de que, de aquí al Pleno, podamos intentar acercar posturas con otras enmiendas de Convergència i Unió que resultan también razonablemente coincidentes con las nuestras.
Entrando en el fondo del proyecto de ley, y para justificar la razón por la cual el Grupo Popular pretende la separación de los tres órdenes jurisdiccionales, el portavoz del Grupo Socialista tiene una razonable dosis de razón. Pero permítame que le haga ver lo siguiente. Ciertamente, en el procedimiento monitorio se pretende la pura y simple ejecución de un crédito que conste documentalmente; y, ciertamente, si hay oposición, acaba el procedimiento monitorio y empieza el procedimiento declarativo. Pero también será consciente el portavoz del Grupo Socialista que cuando eso sucede, en el mismo procedimiento se transforma el monitorio en un declarativo; es ese mismo juzgado el que comunica al demandante la existencia de la oposición, le requiere para que formule la demanda y da traslado de la misma al demandado para que pueda oponerse a ella. De ahí la necesidad de entrar directamente en el orden jurisdiccional que sustantivamente corresponda a la naturaleza del crédito para permitir, efectivamente, que dentro del orden civil, dentro del orden mercantil o dentro del orden social, producida la oposición y transformado el procedimiento de monitorio en declarativo, continúe en el mismo juzgado en que comenzó a tramitarse el litigio.
Por el procedimiento que apunta el portavoz del Grupo Socialista, ciertamente, el acreedor acudiría al juzgado de Primera Instancia en ejecución de una deuda de naturaleza mercantil o social y podría iniciar ese procedimiento monitorio, y en caso de no haber oposición, podría obtener un auto que sería título ejecutivo bastante. Pero si se opone el deudor, el juzgado de Primera Instancia tendría que dar por finalizado el procedimiento monitorio y emplazar entonces al acreedor para que en el juzgado de lo Mercantil o en el juzgado de lo Social interpusiera la correspondiente demanda.
Y nosotros entendemos que hay que empezar ya desde el principio en el orden jurisdiccional que corresponde conforme a la naturaleza sustantiva del crédito. Esa es la razón por la que lo hemos puesto. Y se podrá utilizar como argumento de contrario: pero como no todos los procedimientos monitorios
acaban teniendo oposición, le estamos haciendo una cierta faena —permítaseme la expresión— a aquel que se opone en sede del orden jurisdiccional civil por un asunto que sustantivamente sea social, obligándole a ir posteriormente al juzgado de lo Social.
Nosotros entendemos las cosas de la manera que acabo de exponer; es decir, el choque obviamente no es político, pero dentro de la técnica jurídica, se comprenderá que hay dos visiones diferentes, y tan aceptable me parece la una como la otra: tiene parte de razón el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en su argumento, pero habrá de reconocérsenos que también nosotros tenemos razón en decir lo que estamos diciendo por las razones que acabo de exponer.
Termino ya, señor presidente, con dos muy breves menciones. Una, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés sus palabras, porque cuando en ocasiones uno escucha elogios y palabras amables por parte de un colega, amigo, aunque adversario político, sin duda lo agradece. Y, dos, me va a permitir una pequeña disputa en relación con la cooficialidad. Tiene razón también cuando dice que el artículo 3 de la Constitución no habla de las lenguas cooficiales. El artículo 3 dice: serán también oficiales. El portavoz de Entesa es miembro de esta comisión, es partícipe de esta comisión, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular también es partícipe de esta comisión, lo cual nos convierte a ambos en coopartícipes de la comisión.
Por tanto, hablar de cooficial es un sinónimo de una lengua que también es oficial, es un puro sinónimo. Si lo que pretende decir el portavoz de la Entesa es que la cooficialidad no implica —ya que estamos en la Comisión de Justicia se me permitirá utilizar los términos del Código civil— una mancomunidad sino una solidaridad en la deuda, tiene razón; es decir, que la cooficialidad no implica que hayan de usarse las dos simultáneamente, lo cual en el lenguaje oral es complicado, salvo para el vicepresidente tercero, pero en el lenguaje escrito sí es posible. Esa cooficialidad es a la que me estoy refiriendo; no implica que ambas deban ser utilizadas de consuno, sino que pueden utilizarse la una o la otra. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución.
A continuación, finalizadas las intervenciones, vamos a proceder a la votación de las enmiendas con el siguiente orden: en relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, si están de acuerdo, votaremos, en primer lugar, las enmiendas números 13, 17 y 18; después votaremos la enmienda número 14, y, finalmente, la enmienda número 19.
Votamos, por tanto, las enmiendas números 13, 17 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 1.
A continuación, votamos la enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23.
A continuación, votamos la enmienda número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 11.
A continuación, procedemos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Si les parece bien, votamos, en primer lugar, la enmienda número 10, y después en el mismo bloque las números 11 y 12.
Votamos la enmienda número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 22; abstenciones, 1.
Votamos a continuación las enmiendas números 11 y 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 12.
Y, a continuación, procedemos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En primer lugar, votamos el bloque de enmiendas números 2, 6 y 8; después votaremos la enmienda número 9; y, finalmente, el bloque de enmiendas números 1, 3, 4, 5, y 7.
Votamos por tanto las enmiendas números 2, 6 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 11; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda número 9.
Votamos el último bloque. Enmiendas números 1, 3, 4, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 12; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Como ha habido empate, procedemos de nuevo a su votación.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la tercera y última votación.
El señor PRESIDENTE: En tercera votación, con 12 votos a favor, 12 votos en contra y una abstención, quedan rechazadas las enmiendas números 1, 3, 4, 5 y 7.
A continuación, procederemos a votar el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubieran sido aprobadas.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado.
Una vez finalizada la votación, proclamamos que ha sido dictaminado en la Comisión de Justicia el proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
A continuación, se designará al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado.
Tiene la palabra el senador Conde.
Como de costumbre, el Grupo Parlamentario Popular propone a su señoría para la presentación del dictamen ante el Pleno.
El señor DÍAZ TEJERA: El Grupo Parlamentario Socialista lo apoya con megahiperentusiamo.
El señor BELDA QUINTANA: Por nuestra parte no hay inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, así lo haremos durante el próximo Pleno.
Deseando a sus señorías que tengan un buen fin de semana, se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cinco minutos.