Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-44-de-febrero-9-de-1995-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415115f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-21 04:30:05
Document Index: 365150783

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 148', 'artículo 29', 'artículo 161', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 161', 'artículo 31', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA SU-44 DE FEBRERO 9 DE 1995 UNIFICACION
SENTENCIA SU-44 DE 09 DE FEBRERO DE 1995
CONTENIDO:DEFENSA EN ASUNTOS PENALES Y POLICIVOS, CALIDADES DEL DEFENSOR
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIAR DE LA JUSTICIA, PROCESO PENAL, DEFENSOR, ACTUACIÓN DEL DEFENSOR, ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR, DEBERES DEL DEFENSOR, FACULTADES DEL DEFENSOR, NOMBRAMIENTO DEL DEFENSOR, RECONOCIMIENTO DEL DEFENSOR, DAÑO EN BIEN AJENO, PROCESO POLICIVO, DEFENSA TÉCNICA, DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, DEFENSOR PÚBLICO, DEFENSOR DEL CIUDADANO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:280 DE ABRIL DE 1995, PÁG.387
Sentencia de tutela SU-044 de febrero 9 de 1995
Ref.: Expediente T-41694
Peticionario: María Guillermina Franco Rocha.
Aprobado en Santafé de Bogotá, D.C. a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
"1. Condenar, como en efecto se hace, a Agustín González y María Guillermina Franco Rocha, de condiciones civiles y personales conocidas en autos a seis meses cada uno de arresto, por haber resultado responsables de infringir el artículo 1º, numeral 19, de la Ley 23 de 1991, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
2. Conceder el beneficio de la condena de ejecución condicional, de conformidad con el artículo 68 del C.P. a Agustín González y María Guillermina Franco Rocha, debiéndose suspender la ejecución de la decisión por un lapso de dos años durante los cuales, bajo suscripción de diligencia de compromiso y otorgamiento de caución por la suma de cinco mil pesos, cada uno, que depositarán en el Banco Popular de esta ciudad a nombre de este Despacho, que garantiza las obligaciones impuestas en el artículo 69 del C.P. las cuales deben cumplir los sentenciados, so pena de que en caso de incumplimiento se revoque el beneficio y se le imponga que cumpla la totalidad de la sanción impuesta.
3. Contra la presente providencia procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo para ante el H. Consejo de Justicia Distrital".
"1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (C.P., art. 29) y a la igualdad de la ley (C.P., art. 13) inherentes a la señora María Guillermina Franco Rocha en los procesos tramitados en la Inspección 18 E Distrital de Policía con los números 226 y 315, y, desintegrados por la citada Autoridad Policiva.
2. DECLARAR la nulidad de lo actuado en los expedientes referidos a partir de las resoluciones emitidas por la Inspección 18 E Distrital de Policía y en los términos examinados en los considerandos.
3. ORDENAR a la Inspección 18 E Distrital de Policía que en el término de 48 horas designe un defensor de oficio conforme a lo ordenado en el D. 196/71, L. 81/91 y D.800/91, siendo una persona idónea en Leyes descartando la nominación de un ciudadano alfabeta.
4. ABSTENERSE de tasar perjuicios por no existir daño alguno.
5. SOLICITAR a la Personería Distrital se investigue al Dr. Misael Guzmán Castro por las irregularidades anotadas.
5. SOLICITAR a la Personería Distrital la nominación de un agente especial para que vigile los profesos que se le han seguido a la señora María Guillermina Franco Rocha y para la efectividad de la misma debe informar periódicamente al juez de tutela de lo acaecido en los mentados expedientes en procura de enaltecer un debido proceso y la igualdad de la ley.
— La actuación cumplida por el Inspector 18 E de Policía en los procesos policivos mencionados estuvo ceñida a la normatividad contenida en la Ley 23 de 1991 y el Decreto 800 del mismo año.
— No se violó el debido proceso de la peticionaria por cuanto tuvo la oportunidad de intervenir en todas las actuaciones, asistida por personas habilitadas por la ley. Por consiguiente, se desestimó por el juzgado la apreciación del a quo, en el sentido de que la defensa debía estar a cargo necesariamente de un abogado o de un estudiante de derecho.
— El Juzgado 42 Penal Municipal se extralimitó en sus funciones en el análisis crítico que hizo del procedimiento y del fallo proferido por el Inspector 18 E de Policía. Dice así el aparte pertinente de la sentencia de segunda instancia:
"Ahora, dentro del análisis crítico que se hace en el Juzgado Penal Municipal del procedimiento y fallo emprendidos por el señor Inspector de Policía en los procesos que aquí interesan, llama la atención del despacho la manera como se enjuician las actuaciones adelantadas por éste, desbordando enormemente las funciones de juez de tutela en la búsqueda del resarcimiento de los derechos presuntamente conculcados a la aquí accionante María Guillermina Franco Rocha. Inexplicablemente la mencionada señora Juez 42 cuestiona la prueba existente, la que hace falta y la decisión misma (sentencia condenatoria), asumiendo el cargo de funcionario de segunda instancia, lo cual no hace parte de su competencia; para ello, en este evento se encuentran las alcaldías y gobernaciones, y para Santafé de Bogotá, Distrito Capital, se debe acudir al Consejo de Justicia del Distrito, y no a un juzgado penal municipal. Y es que como se ha repetido en tantas oportunidades por nuestros altos tribunales de justicia "está vedado pronunciarse al juez constitucional de tutela, esto es, no debe inmiscuirse en el debate jurídico propio del específico procedimiento, pues su función se circunscribe a auscultar si se ha producido transgresión o amenaza de derechos fundamentales constitucionales.
Se auna a lo anterior la decisión de decretar nulidad en los procesos contravencionales que aquí interesan, donde, en el de radicación 226, existe un fallo condenatorio que cuenta con todos los pasos de notificación y términos legales, sin que durante los mismos aparezca constancia de haberse interpuesto recurso alguno (D. 800/91, art. 40) para que cobrara la debida ejecutoria; entonces la acción de tutela no es una vía de consulta de procesos judiciales, ni una instancia más de los mismos. Una nulidad en estos casos atentaría contra principios básicos de cosa juzgada y el non bis in ídem".
El inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política prevé, entre las garantías que hacen parte integral del debido proceso, que el "sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento". El aparte normativo en cuestión es aplicable en los procesos policivos, pues el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
La finalidad protectora de los derechos del sindicado que persiguen las garantías previstas en el artículo 29 de la C.P., que configuran el mínimo de requisitos y condiciones que deben observarse en las actuaciones procesales para asegurar la vigencia del debido proceso, como son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a la asistencia de abogado durante la investigación y el juzgamiento, el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, exigen necesariamente que dentro del respectivo proceso el sindicado se encuentre representado por un defensor idóneo, esto es, de una persona con suficientes conocimientos de derecho que este habilitada para afrontar con una adecuada solvencia jurídica las vicisitudes que de ordinario se presentan en el proceso, de manera que pueda asegurarle una defensa técnica y la oportuna y eficaz protección de sus derechos fundamentales. Ello naturalmente supone que la actuación del defensor no sólo debe ser diligente, sino eficaz, lo cual sólo puede garantizarse o ser el resultado de su propia formación profesional, pues de esta depende su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa que el estatuto procesal respectivo ha instituido en la búsqueda de una decisión ajustada al derecho y a la justicia.
Una adecuada y eficaz representación dentro de un proceso, que necesariamente comporta la utilización de instrumentos y del variado repertorio de actos y recursos procesales se asegura con la presencia y actividad de un defensor profesional que hace efectiva la exigencia constitucional de que el sindicado deba estar asistido por un abogado, pues se supone que éste como conocedor de las disciplinas jurídicas, es quien está habilitado para actuar con la dinámica y habilidad requeridas para la defensa técnica de las garantías procesales de aquél. A esta defensa cualificada se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-592 de 1993(1) , en los siguientes términos:
La ley no puede autorizar a cualquier persona para intervenir en la defensa de un sindicado; solamente en casos excepcionales en que no pueda contarse con abogado titulado puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, (D. 176/91, arts. 30, 31, y 32, D. 765/77) pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica. Ni siquiera para la indagatoria del imputado es posible prescindir de la asistencia de un defensor cualificado, porque la indagatoria constituye un acto de defensa del procesado, pues en ella expone las justificaciones y explicaciones de su conducta y de las sindicaciones que se le hagan.
Lo dicho antes, eventualmente puede implicar el avance de un juicio sobre la constitucionalidad del inciso 1 del artículo 148 de CPP que dice:
La norma en cuestión está en contradicción con el artículo 29 de la actual Constitución que, como se ha visto, exige que el sindicado esté asistido por un abogado durante la actuación procesal destinada a investigar o a juzgar su conducta, y por consiguiente resulta igualmente contradictoria con el artículo 161 de la misma obra, que en su actual redacción luego de la declaratoria de inexequibilidad de su inciso 2 (Sent. C-150, abr. 22/93), expresa:
Los artículos 3º, 4º y 12 de la Ley 23 de 1991, disponen que en los procesos por contravenciones especiales, el sindicado debe estar asistido por un "defensor", quien tiene la calidad de parte y como tal puede asistir al procesado en la indagatoria, solicitar la práctica de pruebas y, en general, realizar todos los actos procesales requeridos para asegurar su adecuada defensa.
El inciso 3 del artículo 31 del Decreto 800 de 1991, reglamentario de la Ley 23 de 1991, establece sobre las calidades del defensor de oficio lo siguiente:
"Como defensor de oficio se nombrará a un abogado titulado, o a un egresado de la facultad de derecho oficialmente reconocida por el Estado, debidamente habilitado conforme a la ley, o un estudiante miembro de consultorio jurídico, y a falta de estos, a cualquier ciudadano honorable y alfabeta que no sea empleado oficial".
Observa la Corte que la disposición últimamente transcrita, en cuanto establece que el defensor de oficio debe ser un abogado titulado, o un egresado de facultad de derecho oficialmente reconocida por el Estado, debidamente habilitado conforme a la ley o un estudiante miembro de consultorio jurídico, obedece a los lineamientos que la norma constitucional consagra sobre la asistencia del sindicado por un abogado dentro del proceso penal y, desde luego, en el policivo penal, el cual por su naturaleza jurídica similar, se rige por los mismos principios o garantías del debido proceso; pero se aclara, que aunque la norma permite confiar la defensa a quienes no son abogados titulados, ello no contraría el precepto del art. 29 en referencia, pues debe entenderse que el legislador, facultado por la Constitución (art. 26) para determinar en qué casos se exigen títulos de idoneidad, ha habilitado especialmente al egresado de facultad de derecho que ha obtenido licencia temporal y al estudiante de derecho miembro de consultorio jurídico para actuar como defensores. Pero obviamente, resulta violatorio del artículo 29 la parte final de la norma en cuanto autoriza la actuación de un ciudadano honorable y alfabeta, pero sin conocimientos jurídicos, para actuar como defensor durante toda la actuación procesal, cuando se presente la hipótesis de que el presunto contraventor no pueda estar asistido por un abogado o un egresado o estudiante de derecho.
Legitimar la intervención de un ciudadano honorable y alfabeta como representante de un sindicado durante la actuación del proceso contravencional significa, ni más ni menos, que desproteger de toda defensa al encartado y desconocer de este modo, la garantía que significa el derecho a ser asistido por un defensor idóneo, que es en el fondo la prerrogativa que reconoce a favor de un sindicado el artículo 29 de la Carta Política. No obstante, a juicio de la Corte podría permitírsele su intervención en el evento que contempla el inciso final del artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía.
La primera, porque en ambos procesos policivos que se adelantaron por la Inspección 18 E Distrital, la defensa de la sindicada debió ser confiada, no a un ciudadano honorable y alfabeta, sino a un abogado titulado o a un egresado o estudiante de derecho. En efecto, en el proceso que concluyó con la expedición de la providencia policiva condenatoria la defensa se confió a una persona que era simple auxiliar de la justicia y no reunía las calidades anotadas; en el otro proceso policivo, que aún no ha concluido, la sindicada no estuvo asistida en la indagatoria por un abogado ni por un egresado o estudiante de derecho, como correspondía según la interpretación racional y acorde con la Constitución de la norma del inciso 3 del artículo 31 del Decreto 800 de 1991, sino igualmente por una persona carente de las calidades mencionadas.
"El examen de la prueba es requisito indispensable para proferir una sentencia, es el cimiento del origen de una condena o una absolución, y la autoridad policiva debe balancear la evidencia, no solo de adentrarse en citarla, es prioridad tajante cotejarla para encontrar el pro o contra de la prueba y que de ella emerja, circunstancia extraña a la investigación de la contravención, toda vez que no se estableció si efectivamente ocurrió el daño, se omitió una diligencia de inspección judicial, necesaria, a consecuencia de los conflictos suscitados entre las partes, y más aún, no se llegó a establecer la cuantía, ya que si tenemos la establecida por la querellante señora Leiva Opina (fl. 21) florece una falta de competencia del funcionario distrital por el monto de los deterioros ocasionados, y ello, no fue investigado por la Inspección, se dio una credibilidad a la querellante distorsionándose el equilibrio de la evidencia y del desvió notorio de la función pública.
El juez de tutela no puede callar la falta de motivación de la sentencia proferida por la Inspección, pese a ello, emergió una condena, razonamiento incoherente con la función pública que ejerce la inspección, la no valoración de la prueba, el no cotejo de la misma, la inexistencia de una defensa técnica, el desequilibrio de aplicar la ley, las erradas explicaciones e interpretaciones funestas de la norma expuesta por el señor Inspector 18 E Distrital de Policía....".
Por lo anterior, no son válidas las apreciaciones del juzgador de segunda instancia, pues tratándose de juicios de policía de naturaleza penal es procedente la acción de tutela, porque contra las decisiones dictadas en dichos juicios no existe medio alternativo de defensa judicial (CCA., art. 82).
Por las razones expuestas, se revocará la Sentencia del 24 de junio de 1994 proferida por el Juzgado 36 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. En su lugar se confirmará la sentencia del Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, en cuanto tuteló los derechos al debido proceso e igualdad de la señora María Guillermina Franco Rocha, dispuso lo concerniente al cumplimiento de dicho fallo, se abstuvo de condenar al pago de perjuicios, solicitó la intervención de la Personería Distrital para que vigile los procesos policivos seguidos contra la petente y ordenó la remisión del proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión (nums. 1. 3, 4, 5 bis y 6), y se revocarán los numerales 2 y 5 de la parte resolutiva, por las siguientes razones:
— No es procedente declarar la nulidad de lo actuado en los referidos procesos sino que al conceder la tutela consecuencialmente se debe ordenar al señor Inspector 18 E Distrital de Policía que proceda a rehacer la actuación dentro de los procesos que se siguieron contra la petente a efecto de garantizarle el derecho de defensa.
— No se justifica ordenar la investigación por la Personería Distrital del Dr. Misael Castro, por qué la Corte no aprecia que hubiera procedido dolosamente o con negligencia grave al omitir la designación de defensores, según los criterios expuestos en esta sentencia. No obstante se le prevendrá para que no vuelva a incurrir en las irregularidades anotadas.
1. REVOCAR la sentencia del 24 de junio de 1994, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Santafé de Bogotá.
2. CONFIRMAR los numerales 1, 3, 4, 5 bis y 6 de la sentencia del 9 de mayo de 1994 proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal Municipal de Santafé Bogotá, y REVOCAR los numerales 2 y 5 de dicha sentencia.
3. ORDENAR al Inspector 18 E Distrital de Policía de la ciudad de Santafé de Bogotá rehacer las actuaciones adelantadas dentro de los procesos que se siguen contra la peticionaria conforme se indica en la parte motiva de esta providencia.
4. PREVENIR al Inspector 18 E Distrital de Policía de la ciudad de Santafé de Bogotá para que no vuelva a incurrir en los hechos irregulares que dieron lugar a la presente acción de tutela.
5. LIBRAR comunicación al Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, notifique esta sentencia a las partes y adopten las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por esta Corte.