Source: http://lanic.utexas.edu/la/mexico/telecom/cap07.html
Timestamp: 2019-02-18 03:08:26
Document Index: 117724956

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 392', 'artículo 11', 'artículo 28']

Regulación y reprivatización de Telmex
La reprivatización de Teléfonos de México el 10 de diciembre de 1990 constituyó la medida central de reestructuración de las telecomunicaciones mexicanas en los últimos veinte años, no solo porque se traspasó a empresas privadas la propiedad del monopolio público telefónico sino por las implicaciones jurídicas y económicas que ello trajo. Con esta medida el sector mexicano se ubicó a la altura de los cambios que tienen lugar en países tan diversos como Paquistán, Tahilandia, Nueva Zelanda, Cuba, Perú, Inglaterra, Japón, Rusia, Argentina, Chile, China, Malasia y Canadá.
A partir de esta medida, es indudable que la política para el sector discurrirá bajo la égida de la desregulación y liberalización. Siendo consecuente con esta estrategia, un año antes de la desincorporación de Telmex se habían separado las funciones de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en dos órganos: Telecomunicaciones de México que presta los servicios reservados al estado y la Dirección General de Políticas y Normas de Comunicación que realiza las funciones propias de regulación. Incluso, dentro de la lógica liberalizadora, los servicios constitucionalmente considerados como estratégicos (telégrafos, radiotelegrafía y servicios de comunicaciones vía satélite), no tienen razón de continuar reservados al gobierno. La tecnología ha subsumido en una sola a las transmisiones telefónicas y telegráficas, y la situación de los satélites obedecía más a una cuestión de tradición jurídica. Su mención específica en la Constitución no dejaba dudas sobre su carácter público estratégico, sin embargo, la modificación del artículo 28 constitucional [1] para volverlos no estratégicos, representó para el gobierno sólo protestas en contra por parte de algunos diputados de oposición y académicos nacionales. Irónicamente, la telegrafía sí debe mantenerse bajo la operación gubernamental porque ninguna empresa privada querría hacerse cargo de ella, ya que tal como opera en la actualidad, es un negocio poco redituable. La participación del gobierno en el sector será exclusivamente como regulador en los rubros lucrativos, y fungirá como operador y regulador en los que no lo son como telegrafía, radiotelegrafía y correos.
En el capítulo anterior señalamos que el gobierno mexicano ha restado importancia a la expedición de una ley general de telecomunicaciones del mismo rango que otras leyes que existen para el sector comunicaciones y transportes como la Ley del Servicio Postal Mexicano de 1986, por ejemplo. Ello ha puesto de manifiesto la carencia de un proyecto de largo plazo y por tanto el desarrollo del sector sigue estando supeditado a las coyunturas políticas y económicas o de presiones internas y externas. Precisamente, por ello el vacío jurídico se viene cubriendo con la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos dispersos como es el caso de la Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, instrumento legal utilizado para la reprivatización de esta empresa, y que se ha convertido de facto en el marco normativo de mayor peso en estos años de transición.
La venta de Telmex
La desincorporación de Teléfonos de México, fue anunciada por el presidente Carlos Salinas el 18 de septiembre de 1989 en la XIV Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de Telefonistas aduciendo que durante los 16 años en que la administró el Estado no contó con recursos suficientes para la expansión del sistema telefónico nacional. En esa ocasión el Presidente, explicó:
"Durante años el Estado mexicano absorbió más y más actividades productivas, pero descuidó más y más su responsabilidad social fundamental: la atención de las necesidades básicas de los mexicanos. Esta reforma del Estado -exponía- exige que concentre su atención en responder a los mexicanos que menos tienen, atender sus justos reclamos por agua potable, educación, salud, vivienda, abasto, (...) servicio indispensables que cuando se carece de ellos (...) se va en sentido contrario a la propuesta de justicia de la Revolución Mexicana. La crisis -señaló- puso en evidencia que el exceso de actividades productivas que absorbió el Estado, no le dieron fortaleza, sin más debilidad, reflejada en el endeudamiento excesivo, incapacidad para ampliar la producción y debilidad para orientar el crecimiento del país." [2]
Los acontecimientos que antecedieron la privatización se dieron muy al estilo del gobierno mexicano que tiene por norma negar públicamente la toma de decisiones que indirectamente se sabe serán inminentes, como fue el caso de la venta de Telmex.
En los años previos a la privatización ya se habían vertido opiniones serias a favor de la privatización. En 1987, Carlos Casasús, subdirector de planeación estratégica de Telmex presentó en la VIII Reunión de Planeación Corporativa la propuesta de "Cambio estructural de Teléfonos de Mexico". En el extranjero se venía impulsando la idea de la privatización. En noviembre de 1987 en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en una reunión de académicos y funcionarios del gobierno mexicano, auspiciada por empresas de telecomunicaciones estadounidenses y Teléfonos de México, se plantearon las prospectivas para las telecomunicaciones mexicanas entre las que la privatización ocupó un lugar central en los distintos análisis. [3]
Sin embargo, al interior del país diversos funcionarios de la SCT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Programación y Presupuesto, los tres últimos directores de Telmex [4] y el Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, [5] venían negando hasta mediados de 1989 la posible privatización de Telmex.
Fue en mayo de 1988, cuando a finales de la campaña presidencial, Carlos Salinas manifestó su acuerdo con la propuesta de privatización de Telmex que presentó el poderoso grupo económico de Monterrey en el foro denominado "Retos para la modernización: modernización del sector industrial, infraestructura nacional, telecomunicaciones e informática", llevado a cabo en la ciudad de Monterrey.
Teléfonos de México se asignó a un grupo de empresarios mexicanos, asociados con dos compañías extranjeras. Las acciones se distribuyeron de la siguiente manera: El grupo mexicano Carso compró las series controladoras "A", que representaban el 20.4% del capital, equivalente al 51% de los votos de la empresa en 1,757 millones de dólares. Dadas las restricciones legales a las empresas extranjeras el Grupo Carso obtuvo la mayoría del control de la compañía con el 10.4% del capital [6] mientras que Southwestern Bell y France Cable et Radio adquirieron 5% cada una. También, al igual que el caso inglés donde los trabajadores accedieron a parte de las acciones de las empresas privatizadas, el Sindicato de Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana adquirió 4.4% de las acciones "A", mediante un fideicomiso con Nacional Financiera por 325 millones de dólares. El 15.2% de las acciones "A" serían de suscripción libre y el 60% restante serían acciones "L" también de suscripción libre y se pondrían a la venta en los mercados financieros internacionales.
En una segunda etapa de la venta, a mediados de junio de 1991, el gobierno vendió en varios mercados internacionales un primer paquete de acciones serie "L" (1,500 millones de títulos) que representaban 15.7% del capital social y por los que obtuvo 2 mil 166 millones de dólares. El mismo Grupo Carso adquirió el 5.1% de esas acciones. En mayo de 1992 el gobierno obtuvo 1,240 millones de dólares por otra colocación en los mercados financieros, con lo que todavía poseía cerca de 4% del capital social de Telmex. [7] Finalmente, en marzo de 1994 se llevaría a cabo la desincorporación del último paquete accionario de Telmex en poder del gobierno. [8]
Por la venta de la paraestatal, catalogada como la más importante del país y de América Latina, el gobierno federal obtuvo recursos (alrededor 5,500 millones de dólares) equivalentes a 25% del total recibido por concepto de enajenación de más de 250 empresas públicas efectuada entre 1988 y 1994.
La venta de Telmex implicó, prácticamente, la venta completa de las telecomunicaciones del país a un grupo privado. La nueva concesión incluyó no sólo la concesión de los servicios básicos telefónicos local, nacional e internacional, sino una serie de servicios anexos y otras actividades del sector.
El Grupo Carso adquirió, en principio, el derecho de construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica con cobertura nacional, por un periodo de 50 años a partir de 1976. La nueva empresa adquirió el derecho de prestar los servicios públicos de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes a nivel local y de larga distancia nacional e internacional. En este último rubro se le otorgó un lapso de seis años como concesionario único (de diciembre de 1990 a diciembre de 1996).
Otros segmentos del mercado de telecomunicaciones que se le adjudicaron abarcan;
a) Comercialización e instalación de equipo terminal,
b) Fabricación de equipo de telecomunicaciones, computación y electrónica.
c) Prestación bajo el régimen de competencia, los servicios de:
Distribución de señales de televisión (aunque no podrá explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país),
Radiotelefonía rural,
Radiocomunicación que usan el espectro radioeléctrico,
Radiotelefonía móvil,
Servicios complementarios y de valor agregado.
d) Prestación del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular, con la condición de que dentro de las regiones del país donde se instale, exista otra empresa concesionaria de este servicio y que no tenga participación directa o indirecta de Telmex.
e) Adjudicación de la Red Federal de Microondas.
Al asignarle esta concesión "maestra" para operar ese conjunto de servicios y manufacturación de equipo, el gobierno otorgó a Telmex el status de monopolio privado, y convirtió también a la Modificación al Título de Concesión en el instrumento jurídico más importante para la regulación de las telecomunicaciones, con implicaciones para un amplio espectro del sector. De hecho, los mismos lineamientos que se contemplan en la Modificación, se preveen en el Reglamento de Telecomunicaciones de 1990 que el gobierno se vió obligado a expedir dos meses antes de la venta de Telmex. Este sería el primer reglamento de telecomunicaciones nacional, que, no obstante, incluyó importantes aspectos para la regulación del sector (tales como definición de competencia en servicios básicos y de valor agregado, prácticas monopólicas, las funciones de los órganos regulatorios y la participación de empresas extranjeras); parece que su objetivo fundamental fue servir de marco para la privatización de Telmex.
A partir de la privatización de Telmex, el gobierno mexicano se ha autodefinido como el "rector" de las telecomunicaciones nacionales, ejerciendo a través de la SCT las funciones de: [9]
I) Formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país.
La SCT además de ejercer las funciones de gobierno como son la normatividad vigilancia y control de los servicios de su competencia, también presta servicios de telecomunicaciones que son reservados constitucionalmente al Estado, a saber: telégrafos, correos, radiotelegrafía, comunicaciones vía satélite y ferrocarriles.
Respecto a Telmex las facultades de la SCT son de supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Modificación al Título de Concesión. Debe evaluar el cumplimiento de compromisos y la calidad de los servicios básicos y solicitar información técnica, administrativa y financiera de la empresa. La SCT tiene también atribuciones para modificar los términos de dicha concesión, aprobar un sistema de tarifas competitivo a nivel internacional, entre otras.
Precisamente en momentos de transición la regulación es crucial. La diversificación de la industria de telecomunicaciones, la introducción vertiginosa de nuevas tecnologías y la cada vez mayor incursión de empresas transnacionales en el mercado nacional requieren de un órgano regulador con gran capacidad técnica, jurídica y económica, similar a la que poseen las empresas privadas. Además, la SCT no sólo debe desplegar estas capacidades sino habilidad de coordinación con otras dependencias públicas nacionales (Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Comercio, de Salubridad, de Desarrollo Social, etc.); con organismos técnicos no gubernamentales del país involucrados en el sector; asi como con entidades públicas y empresas privadas del extranjero.
La participación de empresas extranjeras
En la nueva etapa de privatización de las telecomunicaciones, los capitales extranjeros vuelven a desempeñar un papel de primer orden, acercándose paulatinamente a la influencia que tuvieron en los primeros cincuenta años de desarrollo de la telefonía. Así, en la constitución de la empresa Teléfonos de México de 1990, se aceptó, como ya mencionamos, la participación de France Cable et Radio y Southwestern Bell. Cada una inició con un 5% de participación en el capital social, y más tarde la segunda compraría otro 5%.
France Cable et Radio es filial de France Télécom, catalogada como la empresa que cuenta con la tecnología más avanzada de Europa, se especializa en servicios de teleinformática, conducción de datos y señales de televisión. Es una de las corporaciones más avanzadas en prestación de servicios de directorios electrónicos, localización de personas, servicios de compra-venta, entre otros. También es lider en tecnología digital y de fibras ópticas. Las ventas de esta empresa promediaban para 1990 más de 20 mil millones de dólares anuales y contaba para ese mismo año con cerca de 155 mil empleados. Es responsable de la instalación, mantenimiento y expansión de alrededor de 28 millones de líneas telefónicas en toda Francia. Participó también junto con STET Telecom de Italia en la compra de la empresa telefónica de Argentina en noviembre de 1990. Se previó que su participación en Telmex sería para construir redes externas, canalización e instalaciones telefónicas para la propia empresa, larga distancia y actualizaciones de inventarios de red.
La participación de France Cable ha causado polémica. Su carácter de filial de la empresa estatal France Télécom le acarreaba problemas legales y de soberanía nacional, que aún no están resueltos del todo. A pesar de que meses antes de que se asociara con el grupo mexicano que adquirió Telmex, se expidió la ley de 2 de julio de 1990 que separó a France Télécom del servicio postal de Francia y se le otorgó capacidad jurídica para competir "con un alto grado de autonomía a nivel internacional", existe una ambiguedad irresuelta puesto que hasta principios de 1995 continuaba siendo una empresa estatal. [10] Queda indefinido, pués hasta dónde llega la autonomía de France Télécom respecto del gobierno francés y cómo procedería éste en un caso concreto de conflicto legal de su filial en México.
La participación de la compañía francesa ameritó la inclusión de una cláusula específica (2-7) en la Modificación al Título de Concesión, donde se dispone que,
"no se considerará como participación accionaria de un gobierno o estado extranjero las que realicen en acciones de voto limitado o en forma minoritaria en acciones comunes de Telmex, empresas paraestatales de países extranjeros, con personalidad jurídica y patrimonio propios, si dichas empresas extranjeras se comprometen a considerarse como mexicanas, respecto a los títulos de acciones que adquieran, a no pedir o aceptar la intervención diplomática de los países de orígen o de países extranjeros, ni la de ningún organismo público o privado de carácter internacional, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todos los bienes y derechos que hubieren adquirido".
En estricto sentido y de acuerdo a esta cláusula France Cable et Radio debió haber firmado la cláusula de exclusión, con lo que se daría el problema de la nacionalidad.
No obstante, nuestro gobierno ha dispuesto otras medidas legislativas para despejar las trabas legales que pudieran aparecer. El 20 de abril de 1993 el presidente de la república envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley sobre Nacionalidad, que depura los conceptos que establecía la ley de 1934 y elimina los obstáculos para que las empresas extranjeras se establezcan en el territorio nacional. El artículo 9 de dicha ley señala que "son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República Mexicana y tengan en ella su domicilio legal".
Por su parte, Southwestern Bell es una de las siete compañías telefónicas regionales de Estados Unidos. Para 1990 operaba 12 millones de líneas telefónicas en cinco estados de la Unión Americana (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri y Kansas), contaba con alrededor de 66,700 empleados. Fue fundada en 1983 y agrupa a seis compañías y otras pequeñas subsidiarias dedicadas a servicios de telecomunicaciones, venta de equipo, investigación y desarrollo. Es una empresa lider en telefonía celular. Su subsidiaria Southwestern Bell Mobile Systems otorga servicios de telefonía celular y contaba con 382 mil usuarios en todo el país, en la rama de localizadores tenía cerca de 860 mil consumidores, produce directorios telefónicos en casi todo el país excepto en los estados Alaska y Hawai.
Sus ventas promedian más de 8,900 millones de dólares anuales. Tiene las siguientes subsidiarias: Southwestern Bell Telephone Company, Publications, Telecom Mobile Systems, Metromedia Paging Services, Gulf Printing. Posee inversiones en Inglaterra (en la compañía Cable Televisión Systems y otra dedicada a la venta de equipo de telecomunicaciones), en Israel y Australia (donde presta servicio de directorio telefónico).
Se previó que con Telmex implantaría modalidades tecnológicas y de servicio en algunas de las subsidiarias de la mexicana como Radiomovil Dipsa (Telcel), Teléfonos del Noroeste, Anuncios en Directorios, Imprenta Nuevo Mundo, Editorial Argos, Operadora Mercantil y Renta de Equipo.
Con la participación de estas dos empresas extranjeras y con la nueva organización, Telmex se colocó a la vanguardia de la liberalización internacional en telefonía pública, al lado de países como Argentina, Chile, Australia y Jamaica que, a diferencia de los países desarrollados, han permitido participación extranjera en sus empresas de telefonía básica.
Las razones oficiales que se manejaron en distintos documentos, discursos y declaraciones para optar por la privatización de Telmex fueron:
a) Sanear las finanzas del sector público;
b) La necesidad de invertir anualmente dos mil millones de dólares en seis años para desarrollar la infraestructura, crecer a una tasa de 12% anual y mejorar sustancialmente la calidad y diversidad de los servicios;
c) Dedicar fondos a programas de desarrollo social;
d) Garantizar los derechos de los trabajadores;
e) Realizar investigación científica, tecnológica para fortalecer la soberanía del país;
f) Promover una competencia equitativa con otras empresas de telecomunicaciones.
Como vimos en el capítulo anterior, la crítica situación en que había caído el sector justificaba por sí misma cualesquier medida que se hubiera tomado con tal de rescatarlo del enorme retraso e ineficiencias que presentaba. Sin embargo, existían otras condiciones que no convencieron del todo sobre el recurso de privatización de Telmex, principalmente por su fuerte potencial económico y la situación financiera que presentaba y prometía gran éxito en el futuro inmediato. Este es el principal cuestionamiento a que todavía se somete la privatización y que pone en entredicho la validez de los argumentos oficiales.
Uno de los principales argumentos oficiales aducidos para justificar la venta de Telmex fue que se requería sanear las finanzas públicas vendiendo empresas que no fueran rentables para el Estado. No obstante, y a pesar de las circunstancias adversas por las que había atravesado en distintas ocasiones, Telmex venía obteniendo desde su creación ganancias cada año y no era una empresa ruinosa para el Estado, su utilidad neta era superior a los estándares de las industrias norteamericanas. Las ganancias de las compañías telefónicas regionales en Estados Unidos en 1988 estaban entre 10.2% y 15.2%, mientras que Telmex registraba alrededor de 25%. [11]
Telmex. Una empresa altamente rentable
Telmex se ha caracterizado por ser una de las empresas mexicanas más rentables nacional e internacionalmente. Sus utilidades netas se han incrementado constantemente. En 1984, tuvo una utilidad neta de 5%, en 1985 subió a 8.4%, en 1985 fue de 12.7%, en 1986 alcanzó 14.4%, en 1988 se dispararon hasta 42% y en 1989 (curiosamente cuando se anunció la desincorporación) bajaron a 21% pero con una rentabilidad de 11%. [12]
Una vez privatizada, su rentabilidad continuó en un ascenso impresionante. En enero de 1991 el incremento en tarifas y procedimientos de cobro, mejoró todavía más las finanzas de la empresa. La liquidez era 3.08% veces sus pasivos circulantes, el margen neto de utilidades pasó de 21% a 35% y la disminución del desliz cambiario contribuyó a aliviar el servicio de los pasivos contratados en dólares. En el cuarto trimestre de 1991, Telmex reportó utilidades netas por 6 billones 985 mil 668 millones de pesos, resultando 77.8% superiores a las de 1990. [13] Conjugando la evolución de sus ventas con la utilidad neta, la rentabilidad de la empresa alcanzó niveles de 42.93% para ubicarse como la más elevada de cuando menos los últimos diez años. [14]
Comparando la rentabilidad de Telmex con empresas del mismo rubro en el exterior, encontramos que, a solamente un año de ser privatizada, fue, según la firma consultora californiana Salomon Brothers, la segunda empresa con mayores ganancias en la lista mundial de compañías dedicadas a la telefonía y solamente fue precedida por la inglesa British Telecom. [15]
En 1992 la empresa mexicana figuró como la segunda compañía más rentable del sector servicios en el mundo, sólo superada por la norteamericana AT&T. Telmex obtuvo, en ese año, ganancias por 2,577 millones de dólares, mientras que AT&T generó utilidades por 3,800 millones. British Telecom ganó 2 mil millones de dólares, una de las Baby Bells de Estados Unidos, Bell South obtuvo 1,600 millones y NTT registró 1,300 millones de dólares. Además, Telmex incrementó sus activos en 14.7% respecto a 1991, para un total de 13,976 millones de dólares, con ello se colocó en el lugar 39 de la lista de las 500 grandes empresas, que encabezó en 1992 Electricité de France con 117 mil 600 millones. [16]
En diferentes análisis, pués, la segunda ex-paraestatal más importante de México figura como una de las empresas financieramente más exitosas. De acuerdo a un análisis de la revista Businessweek, para mediados de 1994 Telmex ocupó el primer lugar como compañía emergente en el mercado mundial de acuerdo a su valor en el mercado, con un monto de 32.94 mil millones de dólares. En ese mismo concepto, ninguna otra empresa de telecomunicaciones considerada como emergente, alcanzó la mitad del valor de Telmex. Telebras de Brasil que es la segunda después de la mexicana tenía un valor de 11.22 mil millones de dólares, despues figuraron: Telecomasia de Tailandia con 8.56, Telefónica de Argentina con 8.51, Telecom de Argentina con 6.36, Telecom de Sao Paulo con 4.67 y Telefónica de Chile con 4.49. [17] Comparada también con empresas líderes mundiales del sector, Telmex ya se equipara a la inglesa British Telecom, que para la misma fecha tenía un valor en el mercado de 33.89 mil millones de dólares (véase cuadro 1).
Empresas de telecomunicaciones por su valor en el mercado (1994)
Empresa Valor en el mercado
(bill. de dólares)
Nippon Telegraph & Telephone 128.94
American Telephone & Telegraph 73.87
Singapore Telecommunications 34.81
British Telecommunications 33.89
Teléfonos de México 32.94
BellSouth 29.52
GTE 29.51
Southwestern Bell 24.68
Bell Atlantic 22.90
Hong Kong Telecommunications 22.09
Ameritech 21.39
Fuente: Businessweek, julio 11, 1994, pp56 y 59.
En ese contexto de ascendente éxito financiero y rentabilidad, [[questiondown]]qué tan recomendable resultaba para el gobierno mexicano, deshacerse de Telmex? Obviamente en el entorno internacional y acorde a la política de liberalización económica que había emprendido el gobierno, privatizar Telmex mostraría con gran contundencia hacia el exterior la firmeza gubernamental de abrir éste y otros sectores de la economía a los capitales extranjeros.
Las razones de la reprivatización de Telmex
Los factores endógenos y exógenos que estuvieron detrás de la decisión de privatizar Telmex, aunque no se hicieron explícitos, fueron:
A) Infundir confianza en los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. La privatización de Telmex fue la señal inequívoca de la nueva estrategia de apertura y desregulación que caracterizó el programa de desarrollo económico del gobierno del presidente Carlos Salinas. La privatización y apertura en telecomunicaciones hicieron de este sector uno de los más atractivos para la inversión extranjera, [18] abrió posibilidades al desarrollo de nuevos servicios y tecnologías con capital privado, tales como transmisión de datos, correo de voz, correo electrónico, redes de comunicaciones, servicios bilingues, entre otros.
B) Las políticas de organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Banco Mundial influyeron en México y muchos países, al haber creado un clima internacional propicio para la desregulación y privatización. Esto estuvo acompañado por el declive de la tradicional visión de las telecomunicaciones como un servicio público y ganó importancia dentro de foros comerciales internacionales como el GATT, particularmente en las negociaciones sobre comercio de servicios de la Ronda Uruguay. [19]
C) Otro de los factores exógenos que intervinieron para la privatización de Telmex fue la necesidad de una fuerza de trabajo disciplinada. [20]
Es pertinente remitirnos, aunque sea a grandes rasgos, al rol que ha tenido el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en la empresa. Su posición fue clave para llevar a cabo la privatización bajo un clima de cooperación.
En los ochenta las relaciones laborales de Telmex con el Sindicato estuvieron signadas por los fuertes conflictos laborales. Este Sindicato observó, hasta antes de la reprivatización una trayectoria compleja y controvertida. La naturaleza de su materia de trabajo, el delicado manejo de la infraestructura para las comunicaciones nacionales e internacionales, le permitió ejercer fuertes presiones para exigir mejores condiciones laborales y salarios mediante repetidas huelgas. [21]
La situación laboral y sindical se había complicado sobremanera entre 1976 y 1987, cuando el Sindicato estalló en huelga en cinco ocasiones luchando contra los topes salariales impuestos por el gobierno, porque no solamente cargaba con el lastre de las requisas, sino además observaba serios problemas internos.
La posición sindical, o al menos de la dirigencia con Francisco Hernández Juárez [22] a la cabeza (secretario del STRM desde 1976 hasta la fecha) con la reputación de ser uno de los pocos sindicatos autónomos de la república, dió un vuelco completo a partir de 1988. En 1989, con las nuevas políticas laborales y acciones directas tomadas en contra de los sindicatos por el gobierno del presidente Carlos Salinas, el STRM firmó un nuevo contrato colectivo de trabajo, aceptando todas las condiciones de la compañía.
A partir de 1988 Telmex se reorganizó para funcionar con tres direcciones corporativas y cinco operativas, lo que implicó la descentralización de muchos puestos de dirección de la empresa y la reubicación de trabajadores sindicalizados y de confianza. Paralelamente, se fusionaron departamentos administrativos, desaparecieron direcciones y se simplificaron trámites. Estos cambios tenían como finalidad fomentar el ahorro en la administración cotidiana de la empresa.
De acuerdo al proceso de reestructuración laboral, en 1989 el Sindicato y la Empresa establecieron un Convenio de Concertación que tuvo como objetivo la modernización de la empresa y el mejoramiento del servicio. Al firmarse dicho convenio, desaparecieron 58 convenios departamentales que reglamentaban las funciones y cargas de trabajo de alrededor de 45 mil trabajadores. En su lugar se establecieron 31 especialidades y 134 perfiles de puestos. Tambien se suprimieron 9 cláusulas del contrato colectivo, se modificaron 20 y cambiaron 14 artículos del reglamento interior de trabajo.
Con estos cambios se suprimió la bilateralidad de las relaciones obrero patronales y Telmex logro libertad para contratar personal segun parámetros de productividad, la movilidad temporal y permanente del personal según las necesidades de la empresa y el traslado a cualquier parte del país si desaparece la materia de trabajo o existe exceso de trabajadores en algún departamento. [23]
A raíz de la reestructuración productiva que realizó la empresa con la privatización, limitó su radio de acción en nuevos servicios, en la conmutación privada [24] y otros aspectos relacionados con la infraestructura básica. Por ello se han multiplicado en los últimos años las empresas contratistas que al amparo de Telmex se apoderan de la materia de trabajo de los trabajadores sindicalizados: la instalación de fibra óptica, las reconcentraciones, la mensajería interna, las modificaciones de centrales, la instalación de nuevos equipos, los módulos públicos de larga distancia, entre otros. [25]
A partir de la privatización, prácticamente se terminó con el lastre de conflictos laborales que venía arrastrando Telmex con su Sindicato y que por ser una empresa paraestatal la hacia muy susceptible de ser presionada políticamente; e incluso se llegó a afirmar que los trabajadores telefonistas se venían oponiendo a la introducción de nuevas tecnologías.
El factor sindical realmente no significaba ningún obstáculo para el desarrollo de Telmex. Las mismas condiciones que les fueron impuestas, ya privatizada la empresa, asi como su participación accionaria de 4.4% pudieron haberse realizado incluso siendo empresa paraestatal. Además, durante el gobierno de Carlos Salinas, la mayoría de los sindicatos que se habían destacado por su combatividad y autonomía del gobierno, de una manera u otra se plegaron a las políticas oficiales de topes salariales y reducción de conquistas gremiales. [26] Por lo tanto, no era necesario que se diera la privatización para que el Sindicato fuera sometido a las directrices laborales oficiales.
Con un sindicato pro-empresa y con la serie de incentivos que le dotó el gobierno -como otorgarle una concesión "maestra" y con un monopolio protegido por seis años-, la nueva Telmex se ubicaba en condiciones óptimas no sólo para continuar con su éxito financiero y altas utilidades, sino también para mejorar el servicio como millones de mexicanos y empresas lo esperaban.
Las obligaciones de Telmex
Como contrapartida a la inmejorable concesión otorgada, lo menos que se le podía pedir a Telmex de 1991 en adelante es que hiciera las inversiones necesarias para mejorar y modernizar la infraestructura telefónica. Así, las principales obligaciones que se le impusieron fueron:
Cumplir con el objetivo de servicio universal, para que cualquier persona pueda tener acceso al servicio telefónico básico en el menor plazo posible. Aunque esta obligación se diluye al especificarse que dicho servicio no es necesariamente que cada casa tenga acceso a una línea telefónica, sino que pueda accederlo bajo la modalidad de caseta telefónica pública. Además el cumplimiento de este objetivo se sujetará también a la capacidad financiera de Telmex y a la demanda por servicios telefónicos.
Se prohibió la proveeduría en exclusividad de equipo de telecomunicaciones, es decir, Telmex no podrá condicionar sus compras de equipo o servicios a que el proveedor le venda los mismos exclusivamente a Telmex.
Interconectar a su red los equipos terminales y redes privadas de telecomunicaciones
Permitir a partir del 1o. de enero de 1997 la interconexión con otras redes públicas de larga distancia.
En obligaciones se prevee el establecimiento de programas de expansión de los servicios que deberán ser vigilados por la SCT. Para 1994 se le requirió a:
Ampliar la red pública telefónica, a una tasa mayor de 12% anual,
Ofrecer servicio telefónico básico con conmutación automática en todas las poblaciones de más de cinco mil habitantes.
Lograr que todas las poblaciones con más de 500 habitantes tengan acceso al servicio telefónico al menos mediante una caseta pública o agencia de servicio de larga distancia.
Aumentar la densidad de casetas públicas telefónicas de .5 a 2 casetas por cada mil habitantes y a 5 por cada mil a diciembre de 1998.
En cuanto a calidad del servicio se le obliga a cumplir las normas especificadas de acuerdo a los índices de Continuidad del Servicio (que evalúa la cantidad de líneas con falla y sus tiempos de raparación), el Indice de Calidad del Servicio Básico (que pondera la velocidad de contestación de operadora, establecimiento de llamadas locales y de larga distancia al primer intento; porcentaje de casetas públicas en servicios y dilación en tono de marcar); y el Indice de Calidad de Líneas y Circuitos Privados (que pondera los plazos de instalación y tiempo de reparación de líneas y circuitos privados en caso de averías). [27]
Debemos destacar que después de privatizada Telmex, sus directivos han puesto especial atención al cumplimiento puntual en cuanto a expansión e inversión en infraestructura, o sea los compromisos de mayor peso contraídos en la Modificación al Título de Concesión y sobre los que primordialmente la SCT evaluaría a los tres años el desempeño de la empresa; sin embargo, esas inversiones no fueron suficientes para mejorar la calidad del servicio, que aunque es también un parámetro para evaluar el comportamiento de la empresa, no sería determinante para poner en riesgo la continuación de la concesión y a lo más que se llegaría sería a la aplicación de multas por entidades públicas de protección al consumidor, como veremos en páginas posteriores.
Los compromisos de expansión e inversión en infraestructura más importantes de Telmex han sido cumplidos.
En cuando a ampliación de la red pública telefónica, la tasa de crecimiento promedio mínima anual a que se comprometió Telmex para expandir el número de líneas de servicio telefónico básico ha sido cumplida. (Una meta muy cercana fue obtenida de 1975 a 1980. En ese lapso, y sin estar sujeta a ningún compromiso contractual, el porcentaje de crecimiento promedio anual fue de 11%. Creció de 1.6 a 2.7 millones de líneas en ese periodo). [28]
En el primer año Telmex logró sus objetivos de crecimiento, alcanzando 12.5% de incremento en términos de líneas en servicio, al incorporar 670 mil líneas para totalizar 6 millones 25 mil líneas en servicio. [29]
Para diciembre de 1992 había en total 6,545,880 líneas, es decir se instalaron 545,855 nuevas, lo que representó una expansión de 12%. Para 1993 se instalaron 823,060 nuevas líneas que darían un total de 7,368,940. Para el primer semestre de 1994 ya se habían instalado 328 mil 723 más, que en total dieron 7,082,445 líneas en servicio a nivel nacional, lo que significa un incremento de 11.5% respecto a las que había un año antes. [30] De esa manera, el número de líneas por 100 habitantes ha evolucionado conforme a los planeado. En 1990 había 6.7 líneas por cada 100 habitantes y para finales de 1993 existían 8.7 líneas por cada 100 habitantes, ello indica que Telmex avanza con firmeza en el cumplimiento de su objetivo de aumentar la densidad telefónica a 20 líneas por 100 habitantes para el año 2000.
En telefonía pública, el compromiso de aumentar la densidad de 0.5 a dos casetas públicas por cada mil habitantes para diciembre de 1994 fue cumplido con un año de anticipación. En diciembre de 1990 había un total de 89,829 teléfonos públicos, entre casetas convencionales y agencias rurales. De enero a diciembre de 1991 se instalaron 13,288 incluyendo las líneas telefónicas del programa "ponga sus líneas a trabajar", para dar un total acumulado de 103,117. [31] Para 1992 casi se cumplieron antes de tiempo los compromisos de expansión al incrementarse el número de casetas telefónicas en 23,500, lo que da un total nacional acumulado de 126 mil 564, con lo que se alcanzó una densidad ligeramente mayor a 1.5 aparatos públicos por cada 1000 habitantes. Para 1993 Telmex reportó un total de 177,995 aparatos públicos instalados con lo que alcanzó la meta en densidad de telefonía pública de 2.0 teléfonos públicos por cada 1000 habitantes. [32]
Modernización de Telmex
En otros rubros de infraestructura Telmex se moderniza accediendo a tecnologías de punta.
Ha implementado un proyecto de instalación de fibras ópticas de 13,500 kilómetros en las principales ciudades del país donde participan las compañías Alcatel-Indetel (ITT-Telmex), AT&T, Northern Telecom y Ericsson. Para finales de 1993 se habían construído 8,701 kilómetros, que representaban un 64.5% del total proyectado. El atraso en su ejecución se debió al rediseño de algunas rutas y a la incorporación de ramales adicionales; no obstante, en 1994 fué concluído.
Durante 1993 se sustituyeron 925,369 líneas en servicio de tecnología obsoleta por tecnología digital, que sumadas a las nuevas líneas permitieron alcanzar el 65% de digitalización. Con ello se duplicó la eficiencia de operación del servicio, pasando de 22 a 40 llamadas de larga distancia por hora. Para principios de 1994 concluyó la etapa de modernización de todas las centrales electromecánicas que tenían hasta 60 años en operación y que fueron sustituidas por modernas centrales digitales. De un total de 7 millones 621 mil líneas telefónicas 68.4% eran digitales, lo que representó más del doble de las que había en 1990. Este índice es mayor que el que se logró en promedio a nivel mundial, además de que se rebasó el de países como Estados Unidos, Alemania y Suecia.
Con este sistema digital, informó la empresa, se codifican las señales en forma binaria con lo cual se mejora sustancialmente la calidad de las llamadas telefónicas, disminuye la probabilidad de fallas e interferencias y permiten disponer de servicios adicionales avanzados. En una línea telefónica digital se utiliza el sistema de teclado y es posible realizar la marcación abreviada de los números más utilizados mediante dos dígitos, retener una llamada en espera, realizar una consulta mientras se atiende otra línea, tener programas recordatorios con el timbre del teléfono, es decir, como si se contara con dos número telefónicos en una misma línea.
De enero de 1991 a diciembre de 1993 puso en servicio 2,266,380 nuevas líneas, que significó un crecimiento de 42.3 porciento en tres años y sustituyó en el mismo periodo más de un millón 300 mil líneas analógicas en operación por líneas digitales, lo que representó haber reemplazado el equivalente a la cuarta parte del total de líneas de 1990. En el mismo periodo, el índice de digitalización de la red nacional pasó del 29 porciento al 68 por ciento. [33]
Digitalización de la red Líneas de acceso conectadas a centrales digitales (1993)
Hong Kong Telecom 100.00
Telekom Malasya 72.00
Teléfonos de Chile 76.00
Bell Canada 65.00
British Telecom 64.00
Teléfonos de México 57.00
Compañías Operadoras Regionales de Estados Unidos (promedio) 56.10
Nippon Telephone and Telegraph 50.00
STET (Italia) 48.40
Telefónica de Argentina 34.00
Fuente: Tomado de U.S. Department of Commerce/International Trade Administration, U.S.Industrial Outlook 1994.
La digitalización, indicó Telmex, también proporciona beneficios adicionales como el uso más eficiente del espacio en un edificio, por la "miniaturización" de las partes, máxima confiabilidad, eficiencia y sencillez en el mantenimiento y una gran flexibilidad para el proceso de contratación, puesto que se facilita la asignación y el cambio de números y la conexión de líneas, entre otras funciones que se realizan por medios de comandos en las computadoras. En la zona metropolitana de la ciudad de México, donde se concentran 40 porciento de todas las líneas en servicio del país, esperaban digitalizar para 1995 la red telefónica en su totalidad. [34]
También, Telmex participó como socio mayoritario desde noviembre de 1992, junto con otras 57 compañías de 41 países, en la instalación del cable trasatlántico Columbus II, que une desde diciembre de 1994 varios puntos geográficos en México, Estados Unidos y Europa. El sistema, a base de fibra óptica, cubre 12,200 kilómetros. Esto traerá una eficiencia importante en las comunicaciones internacionales y provocará una fuerte competencia con las empresas de comunicaciones por satélites nacional e internacional.
Tarifas e ineficiencias del servicio telefónico
La reprivatización de Telmex creó una gran expectativa entre los usuarios del país de poder tener al fin, después de años de espera, acceso a líneas telefónicas y a un servicio telefónico eficiente. Se pensó que por el hecho de tener una empresa privada como proveedora del servicio este mejoraría inmediatamente. La mejoría obviamente no podía ser inmediata pues las inversiones en infraestructura sólo se reflejarían años después en el aumento de líneas disponibles. Sin embargo, las quejas ya no fueron únicamente por la falta de líneas e ineficiencia del servicio, sino porque inmediatamente se aplicaron desmesurados aumentos en tarifas por un servicio que siguió siendo de pésima calidad.
Todavía a principios de 1993 había 700 mil solicitudes pendientes de un millón 700 mil que había en 1990. A inicios de 1993 el director de Telmex, Juán Antonio Pérez Simon, informó que hasta 1995 se concluiría dicho rezago, [35] y en julio de ese mismo año, el mismo director de Telmex, dijo que en dos años y cuatro meses a partir de esa fecha se satisfacerían la demanda de instalación de líneas telefónicas que sumaban 500 mil. [36]
Aunque la mejoría del servicio y aumento de lineas no podía ser inmediato, el alza de las tarifas y la recategorización de conceptos como renta básica mensual y el servicio local medido, si lo fueron. El nuevo Título de Concesión previó que las tarifas de los servicios de telefonía básica se modificarían periódicamente con objeto de reducir los subsidios cruzados, de acuerdo con un sistema de precios tope. Durante 1991 los períodos de ajuste se harían mensualmente y de 1992 a 1996 serían trimestralmente.
La renta básica para el servicio telefónico se designó de acuerdo a línea contratada, terminal o troncal, para suscriptores residenciales o comerciales e incluyó un tiempo o número máximo de llamadas locales libres de cobro. El servicio local medido [37] se integra con las tarifas por el servicio de conferencias telefónicas, medidas por número de llamadas, duración y distancia, según la hora del día y día de la semana, para suscriptores residenciales y comerciales. El número de llamadas que incluyó la nueva renta básica mensual fue de 67 en vez de 150 y el precio por cada llamada extra se incrementó de 100 a 355 pesos. La explicación de estos ajustes por parte de los directivos de la empresa fue que sentaban "las bases para un sistema de tarifas que buscan estimular la productividad, eliminar los subsidios y garantizar una expansión eficiente de la red telefónica". [38]
Formalmente, al 1o. de abril de 1991 las tarifas de renta básica aumentarían en 27% con relación al 31 de diciembre anterior y además se aumentaría en 4% a partir de la primer fecha. [39] Sin embargo, en análisis realizados en enero de 1991 se determinó que el nuevo costo del servicio telefónico representaba en términos reales un incremento de 257.4 porciento y no 16.3 porciento como se anunció oficialmente. El alza en el costo del servicio, comparado con el incremento al salario mínimo, fue once veces el incremento de 18% otorgado a éste. O sea, cada vez que se realizaba una llamada tendría que pagarse 139 pesos contra 54 que se pagaban en 1990. [40]
Esto provocó quejas de las Cámaras de la Industria de Transformación y la Confederación Nacional de Cámaras Comerciales no se hicieron esperar. Esta última exigió que la empresa telefónica presentara, con un plazo de tres meses, su solicitud de aumento debidamente fundamentada ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. [41] Algunos expresaron que era inexplicable "un crecimiento tan elevado en el costo por un servicio que ni siquiera presentaba ligeros cambios positivos y mucho menos cuando la empresa era una de las más rentables y había duplicado sus ganancias en los doce meses anteiores". También se reclamaba que las autoridades y los nuevos propietarios habían efectuado estudios cuatro meses antes de la privatización para ajustar tarifas, pero no hicieron lo mismo con el fin de mejorar el servicio, entre cuyas ineficiencias e irregularidades se contaban desde líneas contratadas y pagadas desde hacia tres años por lo menos y que aún no se instalaban, aparatos descompuestos, líneas cruzadas, interrupciones constantes, saturación de las centrales y operadoras que nunca contestaban.
En el mismo mes de enero de 1991, los nuevos propietarios de Telmex tomaron conciencia de lo desmesuradas que habían resultado las tarifas, por lo que tuvieron que corregir la aplicación de la renta básica. En un comunicado en los principales periódicos nacionales se anunció que las llamadas de servicio medido sin cargo incluídas en la renta básica y que habían sido autorizadas a un límite de 67 al mes, aumentarían hasta 150 durante enero, 125 en febrero y 100 de marzo en adelante. [42]
Para agosto de 1994, el Consejo Cívico de Instituciones del estado de Nuevo León publicó los resultados de un estudio donde mostraba que Telmex incrementó el costo de sus servicios en 328.6 porciento de enero de 1990 a agosto de 1994, mientras la inflación acumulada en el mismo periodo ascendió a 85.6 porciento, lo que violaba los diversos pactos que se habían suscrito por los sectores productivos, los representantes del sector social y el gobierno para controlar la inflación. Se mostró que mientras en 1990 la renta de un aparato telefónico a las empresas tenía un costo mensual equivalente a 35.32 pesos, a agosto de 1994 su costo fué de 88.22, es decir, registró un aumento de 249.7 porciento, y este costo era todavía mayor en los aparatos domésticos. En el servicio medido, 100 llamadas tenían un costo de 5.50 pesos que ascendieron a 46.99 pesos, es decir, hubo un aumento de 839.2 porciento. Una llamada de larga distancia de Monterrey a San Luis Potosí que en 1990 tenía un costo de 4.80 pesos aumentó a 21.87 pesos a agosto de 1994, lo que implicó un incremento acumulado de 455.6 porciento. [43]
Por otra parte, en cuanto a calidad del servicio, si bién es cierto que el déficit de líneas se ha solventado paulatinamente, la eficiencia del servicio es todavía el Talón de Aquiles de Telmex. [44]
Las quejas contra la empresa han sido de tal magnitud que la Procuraduría Federal del Consumidor atendió casi exclusivamente reclamos contra Telmex en los tres primeros años de privatizada. En 1992 ocupó el primer lugar con más de 120 mil quejas de usuarios y multas por 4,500 millones de pesos en todo el país. [45] En la zona metropolitana de la Ciudad de México es donde presenta los problemas más agudos. Allí las quejas y denuncias contra el mal servicio en vez de disminuir aumentan año con año. En 1990-1991 subieron de 12,137 a 62,796, en 1992 fueron 72 mil y en 1993 aumentaron espectacularmente a 114 mil. Para 1994 no se veían visos de solución, pues a mediados de este año ya sumaban 36,900. [46]
Entre las fallas e irregularidades que se acusa a la empresa están la asignación de números iguales hasta para tres suscriptores distintos, líneas y números cruzados, cortes y suspensiones hasta por 6 meses, facturación a cuenta de los clientes de llamadas "fantasmas" e instalación de líneas en forma extraoficial, cobrándose por este "servicio" entre 50 y 200 nuevos pesos, [47] obviamente adicionales a la tarifa oficial de Telmex por concepto de instalación de Telmex.
Según reportes de Telmex, muchas de las fallas de las líneas tienen su origen en las instalaciones que están en el interior de los domicilios de los usuarios y que representaron el 28% del total de las quejas de 1992. Para solventar estas deficiencias Telmex anunció que dichas fallas deberían ser resueltas por los propios usuarios, tal como se procede en los casos de problemas con servicios de energía eléctrica, agua o drenaje. [48] A mediados de 1994 la empresa empezó a instalar dispositivos mecánicos (dispositivos de interconexión terminal) para identificar el punto de conexión terminal de la red, a partir del cual el cableado y aparatos corresponden a los usuarios, asi como las fallas que surjan.
Aunque han tenido poca incidencia en los directivos de Telmex, algunos usuarios se han organizado para protestar contra el monopolio telefónico. A principios de 1993 se gestó una fuerte campaña en contra de la empresa telefónica, particularmente por los aumentos en las tarifas telefónicas, que se anunció el 25 de diciembre de 1992, sería de 9.9%. Surgieron en el país movimientos de usuarios, como el de la Confederación Nacional de Consejos e Instituciones de la República Mexicana, que solicitó directamente al presidente de la república su intervención para eliminar ese aumento, revisar la concesión, pedir que se adelantara la introducción de competencia, el mejoramiento del servicio, y que se atendieran las quejas con agilidad y justicia.
Ante la presión, en febrero de ese año el director general de Telmex, Juán Antonio Pérez Simon, se reunió en Monterrey con presidentes de organismos empresariales, donde aseguró que durante 1993 no habría nuevos aumentos, a la vez defendió las altas utilidades de la empresa aduciendo que no se debían a lo elevado de las tarifas sino a los impuestos que "la Secretaria de Hacienda regresa por las inversiones que realiza para la modernización de la compañía". [49]
También en 1993 se demandó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados se hiciera una investigación sobre las operaciones de la empresa, para detectar anomalías como cobros excesivos, duplicidad de cobros e irregularidades en el proceso de desincorporación. Entre estas irregularidades se menciona el régimen fiscal que goza la empresa y que le ha permitido que el grueso de sus utilidades sea producto de los impuestos que el gobierno le reembolsa. Según algunos diputados de oposición, esos reembolsos se hacen, de acuerdo a un documento del Consejo de Administración de Telmex, para aplicarse en parte a inversiones. [50]
Las quejas contra Telmex por no haber cumplido de manera óptima con los compromisos de calidad y tarifas competitivas ameritaron la aplicación de sanciones. [51]
A partir de junio de 1993 y en 60 días la empresa bonificaría a los usuarios de la zona metropolitana de la ciudad de México, 60 millones de nuevos pesos por incumplimiento en normas de calidad. En 1991 Telmex reembolsó 7 millones a los usuarios por falta de reparación de líneas. En 1992 también regresó 11,900 millones de nuevos pesos por no reparar las lineas en el plazo de tres días hábiles. En total en los tres primeros años de privatizada la empresa ha reembolsado a lo usuarios cerca de 80 millones de nuevos pesos. [52] En el primer cuatrimestre de 1994 se le aplicaron multas por más de 4.5 millones de nuevos pesos debido a incumplimiento de contratos y alteración en los cobros del servicio. [53]
Sin embargo, parece que estas medidas no surten ningún efecto en Telmex, a lo más le provoca contratiempos por tener que realizar simples trámites administrativos. Es muy conocida la declaración que hizo el Procurador Federal del Consumidor en 1992, Alfredo Baranda García, último director general de Telmex cuando era paraestatal, para expresar el desaliento que significa corregir el servicio telefónico a través de sanciones económicas y amonestaciones: "La empresa -dijo-, por la cantidad de recursos que maneja, y nosotros por las cantidades de multas que pudiéramos imponerle, me hace un cheque ahorita y me dice: [[questiondown]]Cuántas multas quieres que te pague por anticipado de aquí a diez años, con tal de que no me estés dando guerra? Si digo -continúa- que le hemos quitado dos mil, tres mil, cuatro mil, o cinco mil millones de pesos de multa, es cierto, pero no ganamos nada, y lo que eso significa para Telmex no es ni el pelo de un gato". [54]
Telmex ante a la competencia
Lo que sí ha sido motivo de preocupación real entre los directivos y socios de Telmex, incluso desde el primer año en que se privatizó, fue la estrategia que seguirían para enfrentar la inminente competencia a partir de 1997. Cuando la compañía se defendía justificando los ajustes tarifarios el primer año de la privatización explicaba que tales ajustes se hacían para "lograr que la empresa enfrente con éxito la competencia de los servicios de telefonía extranjera que se instalarán en México con la apertura comercial dentro de un plazo de cinco años". [55]
Si bien el Título de Concesión le aseguró el monopolio exclusivo de la telefonía básica por seis años, allí mismo se le indicó la obligación que tendría de permitir la interconexión de otras redes públicas de larga distancia a partir del primero de enero de 1997. Es de esperarse, como en el caso de Japón, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra y otros países que el país se divida en regiones. [56]
Para dar inicio al proceso de introducción de competencia en los servicios de larga distancia, Teléfonos de México presentó a la SCT un plan de interconexión el 29 de diciembre de 1993. Los aspectos que se destacan y que perfilan lo que será la competencia en telefonía básica en el país para 1997, son:
Se previó un número ilimitado de participantes, aunque la empresa había propuesto que sólo diez empresas ingresaran al mercado. Se espera que entren en un principio diversos grupos empresariales nacionales en alianza con empresas extranjeras, seguramente en un corto plazo se concentrarán en unas cuantas empresas, tal como ha ocurrido en otros países y en México mismo con la telefonía celular. [57]
Todos los operadores tendrán la obligación de llevar contabilidad separada para los servicios básicos de telefonía local y de larga distancia, de tal forma que sea posible conocer los costos de cada servicio. Esta disposición incluye a Telmex y Telnor.
Los puntos de interconexión para 1997 estarán en las 60 ciudades más importantes [58] y serán acumulables, de tal suerte que para el año 2000 los nuevos operadores se podrán interconectar en 200 ciudades.
El usuario podrá elegir al operador de dos formas: por pre-suscripción o marcando un código que identifique al operador con el que desea cursar su tráfico.
Además, en caso de que los nuevos competidores no deseen utilizar la red de Telmex, cubriendo el costo de interconexión, tendrán la opción de crear la propia. Técnicamente esta opción es poco operativa. La experiencia indica que los competidores continuarán necesitando el acceso a las redes de distribución actual y la regulación será necesaria en todo caso para asegurar el justo pago por la interconexión y una competencia equitativa con el operador principal. Según Jill Hills, dada la magnitud de la inversión requerida para levantar infraestructura alternativa para redes locales de distribución, es muy improbable que las empresas privadas voluntariamente hagan esos gastos masivos. En Inglaterra, Mercury, que entró como segundo competidor de British Telecom, no obstante la presión del gobierno, rehusó extender su servicio troncal por una red alternativa. [59]
Una opción sería que en zonas donde no se ha tendido la red telefónica (nuevos complejos residenciales, turísticos e industriales y nuevos centros de población) pudieran instalarse infraestructura con nuevas tecnologías (celular, por ejemplo) por parte de empresas que operen pagando costos de acceso a la red de Telmex. [60]
Hasta el 31 de mayo de 1994 la SCT recibió más de 30 comentarios, objeciones y solicitudes de participación por parte de diversos grupos empresariales. Entre los interesados para concursar por el servicio aparecieron Radio Beep; SOS (de Iusacell), Banamex, Bancomer, Grupo Domos, Grupo Industrial Alfa, Luis Niño de Rivera, Cedetel (del grupo Protexa), la Asociación de Trunking (es una unión de concesionarios de servicios de radiolocalización de personas), Norcel y Sersa.
Más allá de los plazos legales, los grupos empresariales interesados han estado realizando alianzas estratégicas, principalmente con empresas estadounidenses para competir en el servicio de larga distancia. Dichas alianzas y acuerdos de entendimiento estan encabezadas por las tres principales compañías de larga distancia de Estados Unidos y que incluso operan servicios de telecomunicaciones en Canadá. Este aglutinamiento prefigura un escenario a mediano plazo que daría lugar a un mercado global regional no sólo de servicios de telefonía de larga distancia, sino a un amplio mercado de servicios de telecomunicaciones en general.
En octubre de 1994 quedó formalmente constituída la empresa Avantel (Avance Telecomunicaciones de Latinoamérica) formada por la estadounidese MCI (Microwave Communications Inc.) y el Grupo Financiero Banamex-Accival. Su propósito es ofrecer servicios de telecomunicaciones a partir de 1995 y concretamente servicio de larga distancia en el país cuando éste se abra a la competencia. El grupo bancario tendrá una participación de 55% del capital y el resto le corresponderá a MCI. [61]
La incursión de la compañía de larga distancia norteamericana en el mercado mexicano es parte de una estrategia de incursión en mercados extranjeros más amplia. En octubre de 1994 MCI recientemente aceptó 20% de inversión de British Telecom y manejará con ella el proyecto de red global denominado Syncordia. En el acuerdo de inversión se previó que la primera se haría cargo del mercado de América Latina, el Caribe y América del Norte y la segunda del mercado europeo. MCI también realizó un acuerdo exclusivo de mercadeo con Stentor de Canadá para proveer servicios internacionales entre los dos países usando una plataforma idéntica de red inteligente que podría extenderse a México.
La compañía telefónica regional norteamericana, Bell Atlantic, desde mediados de 1994, participa con la operadora de telefonía celular mexicana, Iusacell. Adquirió el 42% de las acciones de Iusacell por un total de mil 400 millones de dólares. Aunque la operación ha sido catalogada como desventajosa para la norteamericana sus directivos la asumen como la puerta de entrada no solamente al mercado de larga distancia mexicano sino hacia América del Sur.
En noviembre de 1994, AT&T [62] y el Grupo Alfa anunciaron una alianza para invertir mil millones de dólares en México en un período de cuatro a seis años. AT&T, a su vez, es propietaria del 20% de Unitel, la segunda operadora telefónica canadiense de larga distancia en Canadá.
Por su parte Teléfonos de México también ha trazado su estrategia para enfrentar la competencia que legalmente iniciará en 1997. En diciembre de 1994 anunció que se uniría con la operadora de larga distancia norteamericana Sprint para incrementar la competitividad de ambos, brindar los servicios de larga distancia, video y datos y contar con la posibilidad de participar en el proyecto global que tiene la norteamericana con France Télécom y Deutsche Bundespost. La misma Sprint había acordado en julio de 1994 formar una empresa de riesgo con el grupo Iusacell para construir una red de larga distancia con miras a 1997; sin embargo, el acuerdo fue cancelado en octubre del mismo año cuando la norteamericana no reanudó el memorándum de entendimiento establecido, en virtud de que prefirió aliarse a Telmex.
Sprint también participa en el recientemente desregulado mercado canadiense de telecomunicaciones. A finales de 1993, adquirió el 25% de CallNet de Canada, que adoptó el nombre de Sprint Canadá, la más grande operadora de redes privadas de este país. [63]
Adicionalmente, Telmex ha adoptado otras estrategias corporativas para enfrentar en mejores condiciones la competencia en el mercado que ha sido de su monopolio exclusivo por más de medio siglo, y que como declaró el líder del Sindicato de Telefonistas, le podrían quitar hasta el 50% de sus usuarios. En noviembre de 1994, emulando las estrategias de fusión de las compañías telefónicas estadounidenses, adquirió el 49% del capital de Cablevisión, [64] la compañía de cable filial de Televisa (Televisión por Satélite). Con esta medida Telmex se adelanta a la probable pérdida de suscriptores de telefonía básica proveyendo tráfico a su red mediante la cooptación de clientes de televisión por cable y aprovechar su red para incursionar en otros servicios como radiofónicos, de música, computacionales y telemercadeo.
Los retos de los reguladores
Este panorama plantea al gobierno mexicano serios retos y responsabilidades, en un escenario donde ya no estaría ocupado en regular exclusivamente cuestiones de mercado local, sino también a su interrelación con empresas y reguladores canadienses y estadounidenses.
En principio, significa oportunidad de establecer de una vez por todas un plan integral para las telecomunicaciones mexicanas de largo plazo y una ley de telecomunicaciones que defina la función de estos medios en el desarrollo económico, cultural y político del país.
Los retos son de igual envergadura, pues el despliegue de agresivas estrategias de las empresas nacionales y extranjeras por formar mercados regionales globales exigen un regulador con similar capacidad técnica y política de los regulados; además, ya no únicamente habrá que regular la participación de las empresas de telecomunicaciones nacionales en el mercado doméstico, sino las condiciones de su incursión en el extranjero; la participación de consorcios que operan en otros rubros de las telecomunicaciones como el de televisión, o de sectores diferentes como el financiero.
Las reglas de la competencia deben ser definidas con sumo detenimiento. Los empresarios nacionales que participan en el sector se han convertido en importantes competidores tanto nacional como internacionalmente. El grupo Carso, por ejemplo, junto con Southwestern Bell, Korea Telecom y Daewoo Telecom de Corea y el Banco de Crédito Oversea de Bahamas formaron un grupo para participar en la compra de la Telefónica Nacional de Perú que incluyó la participación mayoritaria en la empresa. También el grupo Domos Internacional (que después de vender su concesión de telefonía celular en la zona noreste de la república), adquirió el 49% de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETEC). [65]
En cuanto al arribo de empresas extranjeras en la nueva etapa de regulación de las telecomunicaciones mexicanas, se plantean dos riesgos iniciales. El primero es que la participación de las empresas estadounidenses de larga distancia internacional, MCI, Sprint y AT&T, puede traer riesgos por la posibilidad de que se apropien de la larga distancia mexicana utilizando sus propias redes y canalizándolas desde Estados Unidos, sin dejar ganancias en el país, máxime que el mayor flujo de llamadas de larga distancia que se hacen a México vienen de Estados Unidos.
El segundo se refiere a que las empresas se concentren en los mercados más competidos o en las zonas de alta densidad de tráfico telefónico y que puedan dedicarse a atender preferentemente a usuarios selectos. Esto es particularmente sensible en nuestro país, ya que el 6% de los usuarios telefónicos realizan el 90% de las llamadas de larga distancia; y de esos, siete de cada diez se ubican el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
Si antes de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica iniciada en diciembre de 1994, existía alguna posibilidad de que los reguladores nacionales actuaran con menos presiones, ahora esa posibilidad se ha desvanecido por completo, pués a las debilidades que poseían ahora se le agrega la enorme desconfianza de los inversionistas nacionales extranjeros por la inestabilidad económica.
En 1995, una vez más el futuro de las telecomunicaciones mexicanas se decide apresuradamente al margen de planes diseñados reposadamente con objetivos y metas ligados primordialmente al desarrollo nacional. Dos de las principales medidas económicas anunciadas por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) para intentar renovar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el país y enfrentar la crisis económica, fue la privatización de los satélites Morelos y Solidaridad y el adelanto en los tiempos previstos para la introducción de competencia en telefonía local y de larga distancia nacional e internacional.
En 1995, la insolvencia económica del estado mexicano vuelve a ser otra vez, el argumento principal para desregular y privatizar el único subsector redituable de las telecomunicaciones considerado constitucionalmente como prioritario y estratégico. En el discurso de enero 3 de 1995, el presidente de la República, explicaba y justificaba que
"el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes para emprender por sí sólo la edificación de la infraestructura para un desarrollo integral y equilibrado entre las regiones del país... Ante necesidades esenciales de la población, expuso, una prioridad indiscutible es canalizar mayores recursos sanamente posibles a la atención de los requerimientos básicos del desarrollo social. Por eso, para no detener la expansión y modernización de la infraestructura del país, el Programa de Emergencia Económica incluye propuestas para alentar la concurrencia de la inversión privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos". [66]
Es obvio que en el contexto de crisis económica y financiera nacional, ofrecer unilateralmente a las empresas nacionales y extranjeras, los dos más importantes segmentos del mercado de telecomunicaciones, es derivado de presiones de los grupos financieros y del gobierno norteamericano despues de las devaluaciones de diciembre de 1994 y enero de 1995. Es decir, son concesiones que provienen fuera del mercado de telecomunicaciones donde el gobierno mexicano como un agente más pudo haber seguido una estrategia mercantil tratando de obtener la máxima ganancia. Pero al no haber ocurrido así la asignación será todavía más politizada que la privatización de Telmex.
Adicionalmente a la desregulación unilateral de las telecomunicaciones, el gobierno utilizó a los dos más importantes subsectores, considerados hasta hace poco como estratégicos y definitorios de la soberanía nacional, como un mero gancho mercantil para renovar la confianza de las empresas transnacionales. Incluso en acciones desesperadas y contra lo que ya es una norma en el extranjero de imponer cuotas o derechos por el otorgamiento de concesiones o licencias a las empresas concursantes, se ha considerado que su aplicación sería contraproducentes y podrían retrasar el ingreso de nuevas compañías extranjeras. [67]
Ante esta realidad el gobierno tiene la obligación de establecer mecanismos que garanticen que las empresas efectivamente inviertan en el país en desarrollo científico y tecnológico; condicionamiento o prohibición de cesión o venta de concesiones de una empresa a otra; estricto control tarifario; y, provisión de servicios de telefonía inalámbrica, telemedicina y teleeducación a zonas remotas con tarifas bajas especiales, entre otros.
Dentro de la propia esfera gubernamental es impostergable que para que el gobierno efectivamente cumpla su papel de rector de las telecomunicaciones y equilibre la actuación de las empresas, establezca inmediatamente la carrera pública para ocupar los principales puestos de dirección de las telecomunicaciones, fijando requisitos estrictos para ocupar los cargos, establecer normas de conducta de las autoridades durante el tiempo de gestión y preveer las condiciones de su posible incorporación en el futuro dentro de empresas privadas.
El desarrollo de las telecomunicaciones mexicanas ha discurrido bajo una serie de incertidumbres y complejidades que surgen tanto por la falta de políticas de largo plazo definidas en relación al desarrollo económico y social del país y porque se les ha utilizado como elemento de negociación política frente a intereses de grupos privados nacionales y extranjeros.
Existe la certeza de que, en México, lo mismo que en Italia, la variable institucional definirá en los próximos años la trayectoria y desarrollo del sector. No se puede soslayar que las autoridades, internas y del extranjero, estan implicadas en procesos de negociaciones con todos los competidores potenciales, donde se vuelven comunes los lobbies, maniobras políticas y presiones de todo tipo. Por ello, cualquiera que sea el tipo de desregulación el poder de negociación se convierte en un parámetro esencial de la desregulación de los mercados.
En México el poder de negociación de las autoridades nacionales comúnmente se diluye o cambia por relaciones de poder. La designación misma de las autoridades, desde las del primer hasta los de cuarto y quinto niveles, se realizan en cadena descendiente dependiendo de la amistad o parentesco entre unos y otros dejando en segundo término la capacidad y responsabilidad de las personas; cualidades que en las empresas sí son escrupulosamente cuidadas. Por ello el poder y capacidad de negociación no es proporcional y se ve demeritado en contra de las instituciones públicas. Comúnmente, cuando las autoridades se encuentran en presencia de varios competidores y estan obligadas a regular los mercados, sus referentes de aplicación de la ley son muy pobres y muchas veces no saben cuales reglas invocar. [68]
En nuestro país es muy difícil que los reguladores se despojen de prácticas discrecionales y colusión con los grupos empresariales que participan en el sector. Las prácticas de corrupción permean los órganos de aplicación de la ley y diferentes niveles del gobierno mexicano. [69] La fuerte dependencia de jueces y magistrados de las Cortes y de legisladores, federales y locales de los titulares del poder ejecutivo, impide la aplicación imparcial de las normas. Muy ocasionalmente, y sobre todo al final de cada sexenio presidencial, pero sólo como un rito de demostración de poder del nuevo presidente, se entablan juicios penales contra unos cuantos exfuncionarios a quienes se acusa por enriquecimiento ilegítimo y raras veces por incursión en faltas administrativas.
Existen decisiones gubernamentales que se toman irresponsablemente al amparo de la inexistencia de normas precisas. Por ejemplo, el gobierno mexicano ha permitido que mismos grupos empresariales se posesionen de áreas particularmente delicadas para la seguridad y estabilidad nacional como son las de telecomunicaciones y finanzas. La decisión gubernamental de otorgar a principios de 1993 al grupo Carso, que controla Teléfonos de México, una licitación bancaria, despertó serias preocupaciones entre grupos académicos críticos a las acciones gubernamentales, y algunos banqueros mexicanos que expresaron temores por las implicaciones de que un mismo grupo empresarial controle la red telefónica nacional y un buen número de servicios bancarios. [70]
En este contexto de resquebrajamiento de las instituciones públicas y de reestructuración del sector, el gobierno mexicano requiere actualizar el marco legislativo que se adecue a la nueva realidad de las telecomunicaciones.
Las precisiones legales que se requieren realizar a corto plazo, son:
En transmisión de datos no se conoce si prevalecerán o no las redes privadas, redes públicas especializadas; o en el caso de una completa liberalización, si las nuevas redes especializadas manejadas por proveedores privados prevalecerán. Debe precisarse, en la medida de lo posible como funcionaría la competencia en casos de de traslapes de tecnologías como telex-fax-correo electrónico, o fibras ópticas y satélites.
Se debe vigilar el desarrollo de la red de radiotelefonía movil celular y preveer que no sea abandonada una vez que se explote y quede en condiciones deplorables, pués puede ocurrir que una vez que se mejore el servicio telefónico basico o se introduzcan tecnologías como las de redes de comunicaciones personales, pueda decaer o desaparecer.
Deben definirse las áreas de competencia para cada uno de los subsectores para que no se generen conflictos de intereses en las nuevas áreas. La división entre mercados innovadores (SVA, celular, transmisión de datos) y entre nuevos proveedores de servicios telefónicos y el operador público que dependen de las celeridad de las procesos de liberalización.
En cuanto a las perspectivas para el operador público se aprecia que la entrada de firmas de informática en el mercado de telecomunicaciones para la provisión de servicios de valor agregado lleva a una competencia directa en la provisión de dichos servicios en la red, y una compretencia indirecta en la capacidad de reventa. [71]
Sin embargo un temor mayor se presenta al operador público por la competencia indirecta. La implementación de redes privadas a través de arrendamiento de circuitos puede llevar a una provisión ilegal de servicios de red, trayendo un decrecimiento en el tráfico de la infraestructura pública y generando pérdidas económicas por la protección legal de servicos de red básica. [72]
La actualización del marco legislativo se requiere no sólo para adecuarla al nuevo contexto de reestructuración, diversificación de los servicios e incremento en el uso de tecnología avanzada, sino ante la globalización económica y la formación de bloques comerciales (regionales, bilaterales o multilaterales).
Algunos de los cambios legislativos que se requieren son:
a) Redefinir y precisar la figura constitucional de actividad estratégica plasmada en el artículo 28, párrafo IV donde se ubican a las telecomunicaciones.
b) Promulgar una ley general de telecomunicaciones, separando estatutariamente esta actividad de la de los transportes convencionales (aéreo, marítimo y terrestre), que actualmente se condensan en la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1939. La nueva ley deberá definir integralmente a los distintos medios de telecomunicaciones; los principios que marquen la pauta de su desarrollo; su función en la economía, la cultura y la ciencia; los principios que regirán las participación de los particulares o empresas privadas; prohibir la constitución de monopolios; incorporación de avances tecnológicos; las responsabilidades de usuarios, operadores y propietarios de sistemas; procedimientos de homologación de equipo; estricto control tarifario; previsiones generales sobre la introducción de nuevos servicios; requisitos y diferenciación del otorgamiento de concesiones y permisos para explotar sistemas de telecomunicaciones; entre otros.
b) Definir a las telecomunicaciones como factor estratégico para la seguridad nacional, dejando a salvo el control gubernamental de la infraestructura en casos de inestabilidad política o conflictos graves mundiales.
Una vez expedida la Ley General de Telecomunicaciones, y a partir de ella expedir los reglamentos específicos para cada uno de los subsectores.
c) Reglamentar las actividades de telecomunicaciones que carecen de regulación: teledetección, flujo transfronterizo de datos, uso de la telefonía celular, incorporación de redes privadas a la red nacional, transmisión de televisión por cable telefónico, etc. (artículo 392 LVGC).
d) Actualizar el régimen de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 11 LVGC).
e) Reglamentar la competencia por la participación de concesionarios en la prestación de servicios no básicos.
f) Definir el régimen sobre utilización de redes públicas.
g) Establecer principios que rijan la adopción de criterios para la asignación de concesiones y licencias, para la participación de mismos grupos empresariales o corporaciones en distintos segmentos de las telecomunicaciones, como por ejemplo, en la televisión por cable y la telefonía básica, la radiodifusión (televisión) y comunicaciones vía satélite.
Una cuestión fundamental para que la nueva Ley General de Telecomunicaciones sea el marco jurídico idóneo a partir del cual se impulse una sana competencia entre las empresas establecidas y las emergentes, es el establecimiento de mecanismos institucionales como la carrera pública, para que quienes ocupen los primeros cuatro niveles en los cargos directivos en la administración de las telecomunicaciones se desempeñen con absoluta imparcialidad en la toma de decisiones y en la vigilancia e imposición de sanciones legales a los actores económicos del sector. En el reglamento sobre la carrera pública en telecomunicaciones se deberán fijar los requisistos profesionales y técnicos para ocupar cada puesto directivo, normas de conducta durante el tiempo de gestión y prevención de condiciones sobre posible incorporación en el futuro de un directivo público dentro de empresas privadas. Así, gobierno estará en mejores condiciones para cumplir su papel de rector de las telecomunicaciones y podrá equilibrar la actuación de las empresas.
1 A principios de 1995 se modificó el artículo 28 Constitucional para retirar del gobierno federal la facultad exclusiva de prestar los servicios de comunicación vía satélite. Regresar
2 Tomado de El Financiero, septiembre 19, 1989. Regresar
3 Los trabajos presentados en esta reunión estan publicados como libro en Peter F. Cowhey, Jonathan D. Aronson, and Gabriel Székely (eds.). Changing Networks: Mexicos's Telecommunications Options. California, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1989. Regresar
4 Joaquín Muñoz Izquierdo y Alfredo Pérez de Mendoza, directores General y de Planeación y Desarrollo Corporativo de Telmex, coincidieron en marzo de 1989 en que "en el proceso de redimensionamiento del Estado, la empresa se encargará de proporcionar sólo los bienes y servicios estratégicos, mientras que a empresas de capital foráneo o compañías integradas con recursos de la iniciativa privada nacional se concesionarán para trabajar en las demás ramas de las telecomunicaciones". El Financiero, marzo 8, 1989. Regresar
5 En marzo de 1989, Francisco Hernández Juárez declaró que la modernización de Telmex no debería apoyarse en el despido e trabajadores, "ni en facilitar el acceso a la inversión privada nacional y extranjera", ya que es una empresa estratégica; y que "dejar en manos del capital privado el servicio, que no se ha caracterizado precisamente por contribuir al fortalecimiento del país, se corre un riesgo muy importante". El Financiero, marzo 8, 1989. Regresar
6 Los socios mexicanos del Grupo Carso encabezado por Carlos Slim fueron: Manuel Espinoza Yglesias, Moisés y Antonio Cosio, Pablo Aramburuzabala, Angel Lozada, Bernardo Quintana, Rómulo O`Farril Jr., Beatriz y Jorge Alemán, Antonio del Valle, Jorge Estevez, Luis Berrondo, José Miguel Nader, Carlos Abedrop Dávila, Antonio Chedraui, Angel Demerutis y Claudio X. González. Regresar
7 El Financiero, mayo 18, 1992. Regresar
8 Véase Excélsior, febrero 14, 1994. Regresar
9 Articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Regresar
10 Para finales de 1993, el Ministerio de Industria, Correos y Telecomunicaciones de Francia anunció planes para transformar a France Télécom de una empresa 100% estatal a un compañía con acciones compartidas. La decisión gubernamental ha sido influída en parte por el acuerdo que tomó la Comunidad Europea de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones en 1998; además, el ser empresa estatal le ha traído a France Télécom algunos problemas para concretar alianzas con empresas estadounidenses y alemanas. Telecommunications Policy, vol.18, núm.1, enero-febrero de 1994, p82. Regresar
11 Véase, Eduardo Barrera, Telecommunications international capital. The peripheral state: the case of Mexico, (PH.D. Dissertation), Graduate School of The Universitiy of Texas at Austin, Austin, Texas, agosto de 1992, p121-118; y Alfredo Pérez Mendoza, op. cit., p95. Regresar
12 La Jornada, mayo 18, 1993. Regresar
13 Este resultado se vió influído por 628 mil 237 millones de pesos derivados de la operación de intercambio de deuda entre Telmex y el gobierno federal mexicano, y también por la variación favorable en los primeros meses del año del dólar norteamericano frente a las otras monedas complementada con las operaciones de cobertura de riesgo cambiaria tomadas por la empresa. En los resultados operativos, se notó la administración privada en la empresa, debido a que los gastos de operación observaron una importante contracción. Mientras a fines de 1990 representaron el equivalente a 36.1% de las ventas, para 1991 se ajustaron a 43.6%, dicho fenómeno motivó un incremento de 46.47% en la utilidad de operación, misma que se situó en 7 billones 105 mil 151 millones de pesos. El valor de sus ventas totalizó 16 billones 263 mil 43 millones de pesos, superando en 21.09 a las de 1990. Regresar
14 El Financiero, abril 22, 1992. Regresar
15 El Financiero, diciembre 23, 1991. Regresar
16 Tomado de La Jornada, agosto 10, 1993. Regresar
17 Businessweek, julio 11, 1994, p59. Regresar
18 A raíz de la apertura y privatización diferentes empresarios del extranjero se congratulaban de las medidas de apertura. Don Smith, vicepresidente para latinoamérica de AT&T, declaró que los cambios "hacen que el sector de telecomunicaciones en México sea tal vez el mejor y más atractivo mercado extranjeo para Estados Unidos en la actualidad (al grado que) AT&T haya ampliado su planta de trabajadores en México de uno a 2,600 empleados entre 1987 y 1991". Foro de Análisis sobre Telecomunicaciones y Comercio, Washington, Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, 5 de junio de 1991. Información tomada de El Día, junio 6, 1991. Regresar
19 Véase capítulo 4, p142-149 de este mismo libro. Regresar
20 El Sindicato había puesto en virtual jaque a los dos gobiernos previos con la realización de más de media docena de huelgas. Regresar
21 Durante el periodo de la Revolución Mexicana los trabajadores telefonistas (afiliados en ese entonces al Sindicato Mexicano de Electricistas) exigieron a las empresas telefónicas aumento de salarios y reconocimiento de sus organizaciones sindicales, y, siendo presidente de la república Venustiano Carranza estalló una huelga en contra de la CTTM. Destacan también las huelgas de 1935 que recibió apoyo gubernamental a través de las juntas de conciliación y arbitraje, la de 1944 que sufrió la requisa gubernamental, las de 1952 y 1958, la de 1978 que estalló para exigir la revisión del contrato de trabajo y también fue requisada, entre otros movimientos sindicales de reivindicación política y laboral de los trabajadores. Véase Mario Rangel Pérez, op. cit., p25-50. Regresar
22 Francisco Hernández Juárez fue electo por absoluta mayoría después de que la Secretaría del Trabajo en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo ordenó en 1976 un recuento de sindicalizados. Actualmente continúa como líder sindical despues de 19 años. Regresar
23 Documento de Telefonistas Democráticos del STRM s/f (1991). Regresar
24 Un grupo de trabajadores del Departamento de Instalación y Mantenimiento de Telmex denunciaron a principios de 1992 que companías contratistas y personal de confianza estaban "robándoles la materia de trabajo" y que la dirección sindical pretendía establecer un convenio con la empresa para que 900 trabajadores fueran trasladados a otra especialidad. La Jornada, enero 15, 1992. Regresar
25 Documento de Telefonistas Democráticos del STRM, s/f (1991). Regresar
26 Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, se habían seguido estrategias eficaces para apaciguar a los sindicatos o resolver disputas laborales difíciles. Liquidaciones de empresas como Aeroméxico y Fundidora Monterrey, que significaron pérdida de empleo para más de 20 mil trabajadores, fueron una muestra contundente de lo que que el gobierno estaba dispuesto a hacer con los Sindicatos. El gobierno tenía la opción de reestructurar o privatizar esas empresas, sin embargo decidió liquidarlas y con ello se dió por terminada también la relación laboral. Ben Ross Schneider, "La política de privatización en Brasil y México: variaciones sobre un tema estatista", Foro Internacional, vol.XXXI, julio-septiembre de 1990, núm.1, p26. Regresar
27 Anexo "A", Normas de Calidad de la Modificación al Título de Concesión de Telmex, op. cit. Regresar
28 El número de poblados con servicio telefónico fue ligeramente mas de tres mil en 1975 a cinco mil en 1980. Jorge Valerdi & Associates. Computer-communications marketin in Mexico. A study on strategies, abril de 1982, p34. Regresar
29 El Financiero, abril 22, 1992. El Plan de Expansión de Telmex para el período 1981-1985 contemplaba un incremento de líneas anuales de 340 mil en promedio, incluyendo la incorporación de poblados con más de tres mil habitantes, el capital a invertir en esos cinco años era ocho mil millones de dólares para instalar 530 mil líneas digitales y un millón 152,778 líneas troncales en varias centrales públicas. En 1980, se esperaba que para 1990 fueran alrededor de 7.45 millones de líneas, que representaban 2.8 veces más que la capacidad instalada en 1980 (ese número apenas fue ligeramente rebasado hasta mediados de 1994). De 1970-1980 el crecimiento promedio fue estimado en 12.6%, el de 1980-1990 fue estimado en 10.9%. El incremento en líneas digitales sería para 1990, 200 mil o sea 30%. Jorge Valerdi, op.cit., p70 y 72. Regresar
30 La Jornada, julio 23, 1993. Regresar
31 Teléfonos de México. Programa Anual de Expansión 1992; y, El Financiero, abril 22, 1992. Regresar
32 Telmex. Informe Anual 1993. Regresar
33 Excélsior, abril 25, 1994. Regresar
34 Excélsior, febrero 28, 1994. Regresar
35 La Jornada, febrero 11, 1993. Regresar
36 El Economista, julio 21, 1993. Regresar
37 El servicio medido se introdujo por primera vez en México en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 1955 como un mecanismo para garantizar el pago justo del servicio telefónico de acuerdo a su uso. Regresar
38 Revista Expansión, febrero 20, 1991, p41. Regresar
39 El gasto de instalación residencial en abril de 1991 era de 995 mil pesos y el comercial de un millón 707 mil. El costo por minuto calculado era de 112 pesos o de 335 pesos si no excedía los tres minutos (los montos son en pesos corrientes). La Jornada, abril 3, 1991. Regresar
40 De acuerdo a los aumentos previstos, durante el primer trimestre de 1991, se calculó que el servicio telefónico observaría un alza real de 278 porciento en el costo por llamada y de 26 porciento en la renta del mismo. En el servicio residencial mínimo el costo mensual de la renta se incrementó 16.3 porciento, sin embargo el número de llamadas que no serían objeto de costo adicional se redujo, de 150 a 67 (de tres minutos cada una), es decir un 55 porciento. Socorro López Espinoza, "Exagerada e injustificable el alza tarifaria de un servicio telefónico que además es ineficiente", El Financiero, enero 7, 1991. Regresar
41 Desde 1987, con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982 -1988) se empezaron a establecer acuerdos entre los sectores productivos del país (obrero, campesino, iniciativa privada) como una estrategia para enfrentar la crisis económica y controlar la inflación. El primero se denominó Pacto de Solidaridad Económica y durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) cambió a Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Regresar
42 La Jornada, enero 8, 1991. Regresar
43 La Jornada, octubre 27, 1994. Regresar
44 Los índices de calidad establecidos en la Modificación al Título de Concesión comprenden: reparación de líneas en uno y tres días, dilación en la obtención de tono de marcar, llamadas locales y de larga distancia que pasan al primer intento, velocidad en la contestación de operadoras, porcentaje de casetas públicas en servicio y plazo máximo de instalaciones de líneas privadas y de circuitos privados. Regresar
45 La Jornada, mayo 26, 1993. Regresar
46 Noroeste, julio 31, 1994. Regresar
47 A partir de 1993 el peso mexicano cambió su denominación por nuevo peso suprimiéndole tres ceros, de tal forma que a partir de ese año, por ejemplo, un mil nuevos pesos pesos equivalen a un millón de viejos pesos y un nuevo peso equivale a un mil viejos pesos. Regresar
48 Telmex, Informe del Consejo de Administracion 1992. Regresar
49 La Jornada, febrero 11, 1993. Regresar
50 La Jornada, mayo 26, 1993. Regresar
51 Las sanciones previstas para el incumplimiento de Telmex van desde bonificación de renta básica por no incumplimiento de contrato de línea, por líneas no reparadas, por no instalar casetas públicas. Algunas de esas sanciones entrarían en vigor hasta enero de 1995. Telmex se obligó a instrumentar antes del primero de enero de 1994, los mecanismos para llevar a cabo las reparaciones de líneas con falla dentro de las ocho horas hábiles siguientes a la recepción del reporte. Cuando se interrumpa el servicio hacia la red desde el punto de conexión terminal del usuario, por un tiempo no mayor de 72 horas consecutivas, después de haber sido reportado, Telmex bonificará a los usuarios la parte de la cuota correspondiente al tiempo que dure la interrupción, aún cuando la suspensión se deba a caso fortuito o de fuerza mayor. Regresar
52 La Jornada, junio 12, 1993. Informe de Raúl Zorrilla, Subsecretario de Comunicaciones y Transportes a las Comisiones de Vigilancia, Comunicaciones y Transportes y Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, México, D.F., 10 de junio de 1993. Regresar
53 Las quejas se incrementaron particularmente por los cobros por el servicio hot line que en algunos casos se hicieron facturas por 100 mil nuevos pesos. Regresar
54 Citado por Fernando Ortega Pizarro, Noroeste, julio 31, 1994. Regresar
55 Revista Expansión, febrero 20, 1991, p41. Regresar
56 Según José Ramón Díaz Moncayo, Director General de Políticas y Normas de Comunicación de la SCT, el país podría dividirse en 5 regiones. La Jornada, octubre 7, 1993. Regresar
57 La Jornada, julio 1o., 1994. Regresar
58 Entre los puntos de interconexión se encuentran las siguientes ciudades: Aguascalientes, Tijuana, Mexicali, La Paz, Campeche, Torreón, Saltillo, Colima, Tapachula, Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango, Ciudad de México, León, Celaya, Irapuato, Guanajuato, Acapulco, Chilpancingo, Pachuca, Guadalajara, Puerto Vallarta, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Cancún, San Luis Potosí, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Hermosillo, Ciudad Obregón, Villahermosa, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tlaxcala. Regresar
59 Consultar Jill Hill. Deregulating Telecoms. Competition and Control in the United States, Japan and Britain. Conn., Quorum Books, 1986. Regresar
60 Véase, Gabriel Martínez, "Regulación de la industria mexicana de telecomunicaciones", en Eduardo Andere y Georgina Kessel (comp.). México y el Tratado Trilateral de Libre Comercio. Impacto sectorial. México, McGraw-Hill, 1992, p258. Regresar
61 Tienen planeado invertir 650 millones de dólares en 1995-1996 en una primera etapa de una red de fibra óptica con una longitud de aproximadamente 20 mil kilómetros. En una inversión adicional se consideraron 1,150 millones de dólares a ejercerse entre 1997 y el año 2000. La Jornada, octubre 18, 1994. En enero de 1995 Banamex empezó a ofrecer a sus clientes una tarjeta prepagada para hacer llamadas telefónicas dentro de Estados Unidos y desde este país a México y al extranjero. Regresar
62 A través de las redes de AT&T se realiza el 70% de las llamadas de larga distancia entre México y Estados Unidos. Regresar
63 Businessweek, septiembre 5, 1994, p86 y The Economist, octubre 29, 1994, p74. Regresar
64 Esta empresa contaba para finales de 1994 con aproximadamente 220 mil suscriptores y 115 millones de dólares en ventas. La compra se hizo en cerca de 211 millones de dólares. Regresar
65 La concesión será por 55 años con una inversión de 1,450 millones de dólares y tendrá la opción de explotar el servicio de televisión por cable. Para 1994 la densidad telefónica en Cuba era de tres teléfonos por cada 100 habitantes. Los compromisos principales fueron, instalar un millón de líneas en un plazo de siete años, reemplazar 200 mil de las 450 mil existentes y obtener 11 líneas por cada cien habitantes. Regresar
66 Palabras del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León durante la firma del Acuerdo de Unidad para la Superar la Emergencia Económica el 3 de enero de 1995, El Mercado de Valores, núm.2, febrero de 1995. Regresar
67 The Wall Street Journal, abril 12, 1995. Regresar
68 Laurent Benzoni and Raymond Svider, "Departing from monopoly: asymetries, competition dynamics, and regulation policy", en Eli M. Noam y Gerard Pogorel. Asymetric deregulation: the dynamics of telecommunications policy in Europe and the United States. NJ, Ablex Publishing Co., 1994, p256. Regresar
69 Aludiendo a oscuros precedentes en la venta de paraestatales, un analista de la economía nacional, recomendaba en junio de 1990, que un paso importante en la venta de Telmex sería la introducción de transparencia en los términos de la operación. Señalaba, como práctica que no debería repetirse, la venta que se hizo de los bancos a "una clientela secreta" en 1987, mismos que obtuvieron 300 porciento de ganancias cuando empezaron a vender acciones en el mercado de valores, lo que fue calificado como un "patrocinio de alta política". Una acusación similar fue hecha por la venta la Compañía Mexicana de Aviación al Grupo Falcon, cuando información relativa no se hizo disponible a otros postores . Incluso, comentaba el mismo analista, en agosto de 1989, los medios de comunicación anunciaron que había finalizado la venta de 23 empresas paraestatales. Sin embargo, sólo 15 de ellas habían sido autorizadas para reestructurarse. Roberto Salinas, "Pushing privatization", Business Mexico, junio de 1990, p7. Regresar
70 El tesorero de la firma de inversión Grupo Santander, expuso la posibilidad de que Telmex a través de su red tenga "acceso virtual al perfil crediticio de todo mexicano", enterándose "exactamente de quien" y cómo se "gasta dinero en México, pues la gente gasta su dinero en pagar el servicio telefónico más regularmente que en cualquier otra cosa". Excélsior, 31 de enero de 1994. Regresar
71 El establecimiento de redes privadas en México está liberalizado. Las redes privadas que se establezcan para enlazar distintos inmuebles de un usuario, empresa u organización, sólo requerirán dar aviso a la SCT para su registro, cuando rebasen una capacidad mayor a 50 circuitos telefónicos equivalentes. Regresar
72 En Europa hay gran preocupación por esto debido a que no han encontrado mecanismos para controlar este fenómeno. El propósito mas viable parece ser el cambio de la estructura de tarifas de arrendamiento de circuitos privados a un sistema de contratos de arrendamiento. La nueva estructura de tarifas estaría basada en el volúmen de información transportada, destruyendo así la ventaja económica de reventa del resto. Roberto Camagni, Roberta Capello and Marco Scarpinato, "Scenarios for the Italian telecommunications market", Telecommunications policy, vol.17, num.1, enero-febrero de 1993, p35. Regresar