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Timestamp: 2020-06-01 02:21:30
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 190', 'Artículo 202', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 51', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 120', 'artículo 117', 'artículo 117', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3']

COVID-19 SU TRATAMIENTO COMO RIESGO DEL TRABAJO
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Considerando las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ARGENTINA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procedió, el 20 de marzo, a la elaboración y difusión del documento llamado “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABORALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT. Esta resolución, con posterioridad a la publicación del decreto 367/20, que se transcribe, emitió las resoluciones 38, 39 y 40, que también se transcriben en su parte resolutiva.
La primera de ellas, entre sus aspectos más destacados, señala que en este marco la exposición de trabajadores de aquellas actividades declaradas como exceptuadas por el Decreto 297/20 están plenamente alcanzadas por La Ley N° 19587 y sus Decretos y Normas Reglamentarias, que establecen entre otros aspectos la obligación de parte de los empleadores a la entrega y reposición de Elementos de Protección Personal, concretamente en el Artículo 8 dispone que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, para, a continuación realizar un listado enunciativo, el cual va modificándose conforme las actividades .
Por su parte, el Decreto N° 351/79, Reglamentario de aquella para la industria en general, establece en su
Artículo 190.- Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. Y agrega a través del Artículo 202 que Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, estarán provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuadas al riesgo a prevenir.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha hecho circular una serie de recomendaciones que ha denominado BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, identificándolos como aquellos elementos de uso personal e individual, que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el trabajador.
La Resolución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, que dispuso la creación del Comité de Crisis de la S.R.T. Que en el ámbito del citado Comité de Crisis, se entendió necesario informar a los actores involucrados en el sistema de riesgos del trabajo, las medidas de prevención conducentes para contribuir a los fines establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en relación con el coronavirus COVID-19, en concordancia con los objetivos establecidos en la Ley N° 24.557. Que en consecuencia, se dictó la Resolución S.R.T. Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020, mediante la cual se impuso la obligación a los empleadores de exibir en sus establecimientos el modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19, provisto por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso en forma temporaria el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con el fin de proteger la salud pública. En el artículo 2º del referido cuerpo normativo se prevé que durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. No obstante, en el artículo 6º se prevé que las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en el contexto de referida situación de emergencia, podrán desplazarse y concurrir a los lugares de prestación de servicio. En ese marco, considerando que en todos los casos de excepción previstos en el citado decreto, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad tendientes a preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.
Así las cosas, podríamos afirmar que hay dos tipos de trabajadores, quienes no realizan tareas que el Ejecutivo Nacional ha considerado esenciales y los otros, tales como empleados de la salud, transporte de bienes y personas, medios de comunicación, seguridad, generación y distribución de energía, siendo esta una enumeración susceptible de modificaciones.
El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido considerar al infortunio vinculado con el Covid-19 enfermedad profesional no listada, cuando es un interesante debate determinar si es en efecto una enfermedad o un accidente, pues el contagio es súbito y no el resultado de un proceso lento y degenerativo, y este no es un tema menor pues entra en juego la teoría de la indiferencia de la concausa y las preexistencias.
Otro punto que se da por superado es si se podría esgrimir que se trata de casos de fuerza mayor? La Ley sobre Riesgos del Trabajo, en su artículo 6° inc. 3, apartado a) excluye de cobertura a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por fuerza mayor extraña al trabajo.
Yendo al punto concreto del decreto 367/20 y las resoluciones 38, 39 y 40/20 de la S.R.T. A nuestro entender tienen fortalezas y debilidades.
Entre las fortalezas, el considerar que el contagio del coronavirus Covid-19 que las actividades exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio es un infortunio del trabajo. Primera observación, el término “presuntivamente” es un contra sentido, es enfermedad profesional o no lo es. Entonces nos preguntamos cual es la idea del PEN? Que se brinden las prestaciones y luego recurrir ante la Comisión Médica para que se expida al respecto. No compartimos la idea, si se encuentra el factor de riesgo, las circunstancias de trabajo y la incapacidad sobreviniente, no hay discusión.
La ausencia del tratamiento de los accidentes in itinere no parece un error. El PEN nos informa y recomienda evitar el transporte público, incluso se ha limitado severamente la cantidad de pasajeros que pueden ser transportados.
La intervención de la Comisión Médica Central con competencia originaria nos parece muy mala solución por cuanto contradice doctrina y jurisprudencia. Sacar al trabajador de sus jueces naturales ha sido reiteradamente considerado inconstitucional, lo mismo aplica para las Comisiones Médicas Jurisduccionales.
La Aplicación de las eventuales prestaciones dinerarias o en especie que deben hacer las A.R.T. a un fondo específico, es una solución adecuada dado que la ecuación magnitud-frecuencia se ve alterado y por tanto es de esperar que, las aseguradoras no estén en condiciones de afrontar esos costos, máxime cuando no han percibido prima por ese riesgo. Lo que no se entiende es el por qué del plazo tan exiguo, solamente sesenta días.
Si analizamos las resoluciones 38,39 y 40/20 de la S.R.T. observamos que hay un exceso de requisitos e incluso contradicciones en el momento de establecer la forma de las denuncias y tratamiento de las mismas, así como los informes y requisitos que se les exige a los trabajadores que presuntamente han contraído la dolencia para dar curso al reclamo. A modo de ejemplo podemos citar el tema de los test y medidas preventivas que se le exigen a los empleadores y que sin lugar a duda no serán plenamente cumplidas. Lo mismo cuando se le dispone que el curso definitivo del reclamo quedaría en manos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, burocráticamente la solución sería tardía e ineficaz, aparte solo aplicable a CABA y no al resto del país.
La ART no puede rechazar la cobertura denunciada por el trabajador “esencial” y debe otorgarle las prestaciones dinerarias y en especie, una vez presentado el certificado que acredite su condición infectado por el Covid-19, sin embargo no se trata de una aceptación definitiva, pues el trabajador deberá presentarse (con patrocinio letrado) ante la Comisión Médica Central que determinará el carácter definitivo la enfermedad Covid 19 como patología, presentando la denuncia mediante un escrito donde debe describir las circunstancias fácticas que se acrediten las tareas y el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad Covid-19 con las actividades desarrolladas en su empleo. Debe acompañar la historia clínica y la constancia de alta médica otorgada por la ART.
La prueba de relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo” que enuncia el decreto en el párr. 1º de su art. 3º y reitera el artículo 3° cabe interpretarlo en realidad a la prueba de la exposición del trabajador al riesgo biológico del coronavirus SARSCoV-2, en su medio ambiente laboral o en ocasión de sus tareas. No puede exigírsele la prueba diabólica acerca del momento y el momento preciso en el la cual virus ingresa a su organismo.
El trabajador hará una presentación electrónica con la documentación pertinente, en caso de ser necesario podrá rectificar los errores dentro de los días posteriores en comisión médica Local, y la ART deberá responder dentro del plazo de cinco días hábiles.
El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. considera como aceptada la enfermedad. Posteriormente, la causa pasa a la CMC a fin de acreditarse la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del ASPO. En el mismo plazo podrá requerir a través de la ventanilla electrónica la revocación del Dictamen de la CMC por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusiones u haber omitido en resolver algunas de las peticiones formuladas.
Se puede observar rápidamente se hay un “bloqueo” burocrático que puede derivar en alta litigiosidad.
DECRETO 367/20
(El proyecto original consideraba al COVID 19 enfermedad profesional “iure et de iure”, lo cual podría llegar a generar conflictos posteriores dado que al no admitirse prueba en contrario y visto que el vínculo agente de riesgo y tareas no es “universal” sino que solo alcanza a aquellas actividades con dispensa y declaradas esenciales, estimamos que el término “presuntivamente” es correcto.)
(Otro punto que seguramente dará mucho que hablar es la limitación temporal, pero a nuestro entender también es acertado dado que la inclusión o cobertura que se le brinda a los trabajadores es excepcional, una vez desaparecido el asilamiento social, cualquier trabajador estará expuesto.)
(El contenido de este artículo modifica o excluye la posibilidad con que cuentan las A.R.T. para que dentro del plazo fijado en el artículo 6to. del Decreto 717/96 procedan a rechazar el infortunio.)
ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°. La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente.
(Este artículo deberá ser complementado con una prolija y amplia reglamentación pues, prima facie puede haber una contradicción con lo regulado en el artículo anterior. ¿Si no existe la posibilidad de rechazar el infortunio, en qué casos se podrá recurrir ante la Comisión Médica Central? Debemos entender que una vez recibida la denuncia, la ART debe brindar las prestaciones, en el decreto no se discrimina entre prestaciones en especie o dinerarias, y entonces la única posibilidad que se nos ocurre es brindar y luego cuestionar si estamos en presencia de un infortunio. Además, es discutible “la relación de causalidad”, cuando se refiere a “actividades en el referido contexto” y habla de establecimientos, cercanía y posible contacto”. Han dejando sin contemplar los contagios in itinere, podría llegar a ser el transporte público el lugar más expuesto. El otro punto cuestionable y que podría dar lugar a conflicto, judiciable, es la competencia originaria de la Comisión Médica Central y no las jurisdiccionales. Podríamos llegar a ver un desborde la CMC y a la vez que el trabajador considere que lo están obligando a interponer un recurso en la Ciudad de Buenos Aires, modificando lo dispuesto en la ley 27.348.)
ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.
(Es entendible que los trabajadores de la Salud reciban un tratamiento especial pues la relación de causalidad se debe presumir, salvo prueba en contrario que obviamente estará a cargo de la ART.)
ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.
(El plazo de 60 días no parece razonable pues, de hecho se puede extender mucho más allá de ese plazo el suministro de prestaciones en especie y eventualmente la dinerarias.)
ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. ARTÍCULO 9°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Resolución 38/2020 S.RT.
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA CORONAVIRUS COVID-19
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL PARA LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CÁRACTER PROFESIONAL DE LA CONTINGENCIA
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 22 de fecha 26 de noviembre de 2018, y a los efectos de las notificaciones en el marco del presente procedimiento mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica”, el/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán constituir domicilio electrónico por medio de su abogado/a patrocinante.
Las A.R.T., los E.A. y los empleadores serán notificados mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica” en los términos de las Resoluciones S.R.T. Nº 635 de fecha 23 de junio de 2008 y Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009.
DE LA IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS
Resolución 39/2020 S.R.T.
Que, por otra parte, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.) Nº 637 de fecha 31 de julio de 1996, dispone en su artículo 1° que “(…) las relaciones del personal que preste servicios en la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, se regirán por la legislación laboral vigente - Ley Nº 20.744, sus normas complementarias y modificatorias - y por el Reglamento Interno que se aprueba formando parte de la presente como ANEXO I, de conformidad con el artículo 38, apartado 3 de la Ley 24.557”.
Que, a su turno, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, dispuso la transferencia del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias a esta S.R.T. y de los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.
Que, en ese contexto, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, facultó a la S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.
Que, asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, asignó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) todas las competencias de la entonces SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por esta S.R.T..
Que por otro lado, el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General (C.C.T.) aprobado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, estableció que sus disposiciones serán de aplicación para todos los trabajadores bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas, determinando que para el personal regido por la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), le serán de aplicación sus normas con las salvedades que se formulen para cada Instituto en particular.
Que el artículo 117 del Anexo I del mencionado Decreto N° 214/06, creó la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT), la cual contará con una delegación en cada jurisdicción o entidad descentralizada y estará integrada por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por parte del Estado Empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial.
Que, asimismo, dicha noma estableció la obligación de que por lo menos UNO (1) de cada parte propuesta sea especialista en la materia.
Que, a su vez, por medio del artículo 118 del Anexo I del referido Decreto N° 214/06 se indicó que, en las Delegaciones por jurisdicción o ente descentralizado, deberá garantizarse que en sus reuniones participe UN (1) representante de la máxima autoridad y UNO (1) por cada una de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Mantenimiento y Servicios Generales, y Administración y Servicio Médico.
Que seguidamente, a través del artículo 120 del Anexo I de dicho cuerpo normativo se estableció que las Delegaciones de la Comisión tendrán las siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en sus respectivos ámbitos; b) Inspección y relevamiento periódico y regular de los lugares de trabajo a efectos de detectar riesgos físicos y prácticas peligrosas; c) Promover y/o realizar cursos de adiestramiento de primeros auxilios y de prevención de accidentes de índole laboral y verificación de la realización de los obligatorios; d) Seguimiento de los programas de mejoramiento establecidos en virtud de los contratos celebrados con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; e) Recibir denuncias procurando la solución en la jurisdicción o entidad descentralizada correspondiente para lo que podrá solicitar la presencia de un especialista ante la Comisión y su Comité Asesor y/o de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; f) Informar a la Comisión, a requerimiento de ésta o al menos anualmente, de sus actividades y resultados, así como del estado de situación en la jurisdicción o entidad descentralizada respectiva.
Que a fin de dar cumplimiento a dicha manda legal, la Gerencia General impulsó la creación de la citada Comisión en el ámbito de la S.R.T..
Que la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) propuso por su parte, DOS (2) miembros titulares y DOS (2) miembros suplentes; en tanto que la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) propuso UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente.
Que, en ese marco, resulta conveniente designar a los TRES (3) representantes titulares y a los TRES (3) representantes suplentes de la S.R.T. -como Estado Empleador-, para integrar la aludida Comisión.
Que conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo I del C.C.T. General aprobado por el Decreto N° 214/06, cada una de las partes manifestó que al menos UNO (1) de sus miembros es especialista en la materia.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06.
ARTÍCULO 1º.- Créase la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la que quedará integrada de conformidad con lo establecido en el Anexo IF-2020- 28644471-APN-SRT#MT que forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que una vez transcurridos SESENTA (60) días de la publicación de la presente resolución, se deberá dictar el Reglamento Interno.
ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
Resolución 40/2020 S.R.T.