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Timestamp: 2017-07-28 17:20:12
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Unidad de Defensa Penal Juvenil - PDF
Unidad de Defensa Penal Juvenil
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Juan Antonio Barbero Gómez
1 DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 14 Sobre la determinación de pena y el recurso de nulidad en la Ley sobre responsabilidad penal adolescente Gonzalo Medina Schulz Mayo de 2008 Consulta sobre este documento a: Unidad de Defensa Penal Juvenil2 SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PENA Y EL RECURSO DE NULIDAD EN LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE Gonzalo Medina Schulz * 1. Introducción 1 Una de las cuestiones fundamentales introducidas a propósito del nuevo régimen de responsabilidad penal adolescente en Chile se refiere al sistema de sanciones aplicables a los ilícitos cometidos por menores infractores de ley. En efecto, la Ley N que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en adelante LRPA, contempla diversas formas de sanciones, que permiten dar un tratamiento diferenciado respecto a la responsabilidad penal de adultos. La cuestión de determinación de pena y su revisión mediante el recurso de nulidad es un asunto cuya respuesta depende de diversos supuestos. En primer término, de un análisis de los presupuestos de la determinación de penas en general, como fenómeno clave del Derecho Penal, del cual la LRPA es sólo un caso de regulación especial. Enseguida, es necesario detenerse en consideraciones generales del sistema de determinación de pena en su regulación positiva, a efecto de establecer cuáles son las particularidades del mismo. Establecidas las consideraciones que la materia posee en el Derecho Penal en sentido amplio, corresponderá el análisis de la revisión de los elementos de la determinación de pena en la LRPA, para lo cual se ha de contextualizar éste tanto en el sistema de sanciones que establece el mencionado cuerpo legal como en el marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la correspondiente ley. En ese contexto, se hace especial hincapié en el examen de los criterios que en concreto dispone la ley para su consideración y valoración al momento de determinar la pena concreta a imponer. El segundo paso se refiere a la posibilidad de revisión de las sentencias, por cuestiones vinculadas al problema de la determinación de pena. Al igual que en el apartado anterior, previo al análisis de las cuestiones referidas a la LRPA se analiza el aspecto como un problema general del Derecho Penal y Procesal Penal, para lo cual se expone el estado actual de la discusión dogmática y jurisprudencial. En particular, ese análisis requiere de una breve exposición de las cuestiones referidas al recurso de casación y su procedencia respecto a la determinación de pena, para después revisar esos criterios a la luz de la regulación del recurso de nulidad. Finalmente, se revisarán las causales del recurso de nulidad y sus relaciones con los aspectos relevantes del sistema de determinación de pena contemplado en la LRPA, de tal * Profesor invitado de Derecho Penal, Universidad de Chile. 1 El autor agradece especialmente los comentarios formulados a una versión preliminar de éste trabajo por don Gonzalo Berríos, doña Alejandra Díaz, don Alejandro Gómez y don Fernando Mardones, todos ellos de la Defensoría Penal Pública. 13 manera de establecer en qué casos y qué causales podrían dar lugar a un recurso de nulidad en la materia. 2. La determinación de penas en el Derecho Penal chileno La cuestión sobre determinación de pena en el Derecho chileno obedece a un doble sistema, de determinación legal de marcos y determinación judicial de la pena concreta a aplicar, momento en el cual tanto la clase de sanción como su extensión son elementos sobre los cuáles ha de reflexionarse. El sistema de determinación de pena obedece al juego de diversos factores que permiten llegar desde el marco que en la parte especial se establece para una conducta ilícita determinada hasta la pena concreta, expresada habitualmente en cantidades, sea de días de privación de libertad, total o parcial, o privación de otros derechos, sea en sumas de unidades de valor, que finalmente se impone a un sujeto por un hecho determinado. La aplicación fundada de esas reglas en la sentencia constituye el proceso de determinación judicial de la pena, también conocido como individualización de la misma. Los factores que inciden en la determinación judicial de la pena aplicable dicen relación con diversos elementos: el juicio de subsunción de la conducta bajo una norma penal determinada, el establecimiento del grado de ejecución de la conducta, el establecimiento del grado de participación que le cabe al sujeto y, finalmente, la aplicación de las reglas de determinación de pena en sentido estricto. Esas reglas están contempladas en nuestro Código Penal en los artículos 65 y siguientes, disposiciones que están estrechamente ligadas con aquellas de los artículos 62 y siguientes del Código Penal. Es indudable que las normas sobre determinación de pena constituyen normas de carácter jurídico, cuya vulneración en principio daría lugar a la procedencia de un recurso de nulidad. Ello sin embargo parece enfrentarse con un problema conceptual arraigado en nuestra praxis judicial, que consideraría que la discrecionalidad judicial en la determinación de la pena concreta significa el otorgamiento de una facultad que puede ejercerse arbitrariamente por parte del juez. Esta arbitrariedad tendría dos consecuencias: (i) la posibilidad de establecer la concurrencia de causales de modificación de la responsabilidad penal y, en especial, sus consecuencias, sin expresión de fundamentos; (ii) la ausencia de un control de derecho estricto sobre las decisiones que sobre esa base adopten los tribunales. Ambas premisas bajo las cuales opera la determinación de pena en nuestro derecho han transformado a esta etapa de la atribución de responsabilidad por hechos ilícitos en el espacio predilecto de la arbitrariedad judicial, de forma tal que, con prescindencia de los esfuerzos dogmáticos a fin de refinar el proceso de subsunción de un comportamiento bajo una determinada norma penal, el resultado concreto se puede ver notoriamente alterado de acuerdo a la aplicación que de esas disposiciones efectúen los tribunales. La facultad judicial de determinar la pena concreta es invaluable y, por cierto, irrenunciable. Sin embargo, ella no puede convertirse en el vehículo predilecto del decisionismo contralegislativo. 24 i. Aspectos dogmáticos La discusión sobre determinación judicial de la pena constituye sin duda uno de los aspectos más problemáticos y, a la vez, más descuidados de la dogmática penal. Ella se ha concentrado más bien en las etapas de determinación legal, subsunción en un tipo penal, grado de ejecución y participación, que en la búsqueda de parámetros que permitan orientar al juez al momento de imponer una pena concreta, en virtud de un hecho determinado. Lo anterior se ve claramente agravado en sistemas como el chileno, en el cual el lapso que abarcan las penas privativas de libertad puede ser muy extenso, de cinco años en los casos de la pena de presidio mayor, con lo cual los márgenes decisorios entregados al órgano judicial son extremadamente amplios. Sin perjuicio de ello, la determinación de pena sigue siendo un aspecto del Derecho penal material 2, que como veremos no puede entenderse sin referencia a las reglas de la teoría del delito y sus consecuencias. En este sentido se afirma correctamente que reducir la teoría penal sólo a la teoría del delito y del sujeto responsable, es una forma de encubrimiento que impide ver la realidad del sistema penal 3, por lo que a esta teoría ha de dotársele de un desarrollo dogmático tan intenso como aquél que ha experimentado la teoría del hecho punible. Al fin y al cabo, tan o más importante que el título de incriminación y la atribución de responsabilidad a un sujeto por un suceso criminal, es la fijación de un quantum de pena que en el caso concreto corresponde. De igual manera, la vinculación entre praxis de determinación de pena y actividad legislativa es evidente 4, pues mediante la técnica de los delitos cualificados y privilegiados el legislador va desarrollando criterios similares a los de la determinación judicial, pero fijando sus consecuencias, de manera que siempre existe una relación dinámica entre la determinación legal y la judicial. Las teorías sobre la determinación de la pena se han vinculado tradicionalmente a dos aspectos: los fines de la pena y el concepto de culpabilidad, como límite del reproche penal. En ese contexto se ha desarrollado la teoría del ámbito de juego (Spielraumtheorie), desarrollada por la jurisprudencia alemana, que se traduce en la determinación de límites mínimos y máximos de la pena, al interior de los cuales el juez puede operar orientándose a los fines legítimos de la pena 5. En esta tesis los límites mínimos y máximos siempre están determinados por la pena adecuada a la culpabilidad, no debiendo el juez jamás imponer una pena que exceda el merecimiento por la 2 Así Roxin, Claus, Strafrecht, AT, T.I, 4ª Ed., Beck, 2006, 1 Rdn Bustos, Juan, Obras Completas, Derecho Penal, Parte General, EJS, 2007, p Con detalle, ya advertido en Schröder, Horst, Gesetzliche und richterliche Strafzumesung, en: Engisch/Maurach, (Eds.) Festschrift für Edmund Mezger, C.H. Beck, Münich, 1954, p. 413 ss. 5 Vid. Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 49; Streng, 46, Rdn. 97. en: Kindahäuser, Urs/ Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich (Eds.), Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch. 2ª ed., Baden-Baden: Nomos Verlag, 2005, citado en adelante NK/autor. 35 culpabilidad 6. Sin embargo, la teoría del ámbito de juego no permite solucionar los problemas de discrecionalidad en la determinación de pena 7, con lo cual sólo permiten excluir los casos más evidentes de penas que exceden el marco de la culpabilidad, pero no entrega criterios para eliminar la discrecionalidad en la generalidad de los casos. A la teoría del ámbito de juego se le opone la denominada teoría de la pena puntual (Punktstrafetheorie), la cual postula que para cada caso determinado sólo existe una determinada pena correcta 8, que sólo no puede ser conocida en virtud de los defectos cognitivos humanos 9. Esta propuesta parece acercarse más a la determinación conforme a la culpabilidad, pero su pretensión es, por una parte irrealizable, por la otra, conduce a consecuencias indeseadas en el plano procesal. En el primer sentido, la teoría de la pena puntual desconoce la imposibilidad, más allá de las posibilidades humanas, de clasificar y valorar diferenciadamente todos y cada uno de los posibles resultados y variaciones de los tipos penales, así como de su traducción en valores numéricos 10. La segunda objeción se verifica al revisar las posibilidades de revisión judicial de la determinación de pena, la cual se transforma en infinita e incontrolable, al establecer un criterio de determinación con tal pretensión de exactitud. Como alternativa de la teoría del ámbito de juego se ha desarrollado también la teoría del valor relativo (Stellenwerttheorie), que a través de una parcialización del proceso de determinación de pena, considera que en la fijación del quantum de la sanción ha de atenderse exclusivamente a la culpabilidad por el hecho, siendo esto una cuestión necesariamente previa. Acto seguido, al momento de determinar la clase de sanción y su ejecución se deben atender a los fines preventivos 11. Esta teoría enfrenta críticas desde el punto de vista del texto legal alemán, que reclama la orientación a fines en la determinación de la entidad de la sanción aplicable, pues ya en ese momento deben considerarse los efectos de la pena para la futura vida en sociedad del condenado, según reza el 46 StGB 12. En el marco de la teoría de la determinación de la pena concurren actualmente dos marcadas orientaciones. Una de ellas ve en la cuestión de la determinación de pena una concretización de la teoría de los fines de la pena 13. La mencionada posición en la teoría de la determinación de pena, que aboga por la aplicación de los criterios derivados desde 6 Cfr. Schaffstein, Friedrich, Spielruam-Theorie, Schuldbegriff und Strafzumessung nach den Strafrechtsreformgesetzen, en: Lackner et. al (Eds.) Festshcrift für Wilhelm Gallas, Walter de Gruyter, Berlin, 1973, p Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, p Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, p. 51; NK/ Streng, 46, Rdn Schaffstein, Friedrich, Spielruam-Theorie, Schuldbegriff und Strafzumessung nach den Strafrechtsreformgesetzen, p. 100 s.; Hörnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, Duncker & Humblot, Berlin, 1999, p Vid. Hörnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, p Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, p. 51; NK/ Streng, 46, Rdn A ello se ha respondido con una teoría del valor relativo preventivo-especialmente modificada que acepta consideraciones de prevención general positiva en el momento de la determinación de la entidad de la sanción, lo cual contradice en si los postulados esenciales de la teoría del valor relativo cfr. NK/Streng, 46, Rdn En ese sentido expresamente Feijoo, Bernardo, Retribución y Prevención General, B. de F., 2007, p6 la teoría de la pena, se puede reconducir ya al trabajo señero en la materia de Spendel 14, el cual postula que el fin de la pena es el fundamento final de la determinación de pena. Desde esa concepción, la individualización de la pena es un fenómeno que depende del establecimiento previo de los fines de la sanción penal, de los cuales la individualización no sería sino su concreción en el caso particular. Así, la ponderación de los fines preventivos de la sanción penal pertenece a la naturaleza de la individualización y exige una valoración de tales fines en sus proyecciones para el caso concreto, que complementa la apreciación abstracta realizada por el legislador. 15. Para ello se argumenta, en referencia al artículo 69 del Código Penal, que su interpretación debe hacerse en clave preventiva, pues de lo contrario existe el riesgo de caer en una vulneración del ne bis in idem 16. Sin embargo, no puede negarse a la teoría de la determinación de pena en clave de orientación a los fines de la pena, aún cuando se opte por una teoría preventiva de la misma, una vinculación con el principio del hecho, como elemento rector del reproche penal a imponer 17. Junto a ello, no es posible vislumbrar cómo se solucionan los conflictos con el ne bis in idem, sólo porque las circunstancias relevantes para la determinación de la pena sean consideradas globalmente, esto es, no en su efecto particular, sino como una consideración a la apreciación conjunta de ellas. Ese procedimiento no permite refinar la pena que ha de determinarse, sino que sólo introduce mayores espacios de arbitrariedad. En el caso de una valoración global, de todas formas vuelve a existir una nueva valoración cuya infracción del mencionado principio no se hace evidente, por lo difuso que resulta esa consideración general de las circunstancias modificatorias. Entre nosotros, algunos autores han tomado postura al respecto. Así, Van Weezel 18 manifiesta su opción por una teoría de la determinación de la pena que pone acento en las funciones de la pena como criterio esencial de la interpretación y aplicación de los factores que inciden en la determinación de la misma. En ese sentido se han expresado también Horvitz 19 y Cillero 20, autores que abogan, la primera por el criterio de la prevención 14 Spendel, Günther, Zur Lehre vom Strafmaß, Klostermann, Van Weezl, Alex, Determinación de la pena exacta: El artículo 69 del Código Penal, Ius et Praxis, Año 7, N 2, p Van Weezl, Alex, Determinación de la pena exacta: El artículo 69 del Código Penal, Ius et Praxis, Año 7, N 2, p La vinculación entre teoría de la pena y teoría de la determinación de pena es un punto controvertido, adhiriendo algunos a la diferenciación entre uno y otro plano, así Demetrio Crespo, Eduardo, Prevención general e individualización judicial de la pena, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, p. 48 ss.. Crítico al planteamiento de Crespo vid. Feijoo, Bernardo, Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho, In-Dret, N 1, 2007, p. 11 ss. 17 Crítica a una perspectiva judicial en la determinación de la pena enfocada a criterios de prevención vid. García Aran, Mercedes, La prevención general en la determinación de la pena, ADPCP, 1981, p. 510 ss. La autora argumenta en contra de esta utilización con base en la clásica crítica al utilitarismo que subyace a todas las teorías relativas de la pena, op. cit. 519 ss. 18 Van Weezl, Alex, Determinación de la pena exacta: El artículo 69 del Código Penal, Ius et Praxis, Año 7, N 2, p. 401 ss. 19 Horvitz Lennon, María Inés, Determinación de las sanciones en la ley de responsabilidad penal juvenil y procedimiento aplicable, Documento de Trabajo N 1/2006, Unidad de Defensa Penal Juvenil, p. 5, quién sin perjuicio de atribuir importancia a factores retributivos, sostiene la preponderancia de la finalidad preventivo-especial. 57 especial positiva como determinante en el sentido de la LRPA, el segundo por una aplicación de las reglas de determinación de pena orientada hacia la idea de una teoría de los fines de la pena de corte integradora, sin perjuicio de abogar por una pena determinada con vista a la culpabilidad por el hecho 21. En el Derecho Penal en general también es posible encontrar posturas inclinadas más bien a la idea de prevención general negativa 22. La otra tesis en discusión actual, denominada generalmente neoproporcionalismo o teoría de la determinación de pena proporcionada al hecho (Tatproportionale Strafzumessung) intenta una interpretación de las reglas de determinación de pena orientada no a las consecuencias preventivas, sino al hecho realizado 23. Esta orientación se prefiere aquí, cuestión que es de importancia, pues la adopción de una u otra tesis sobre la determinación de pena conduce a significativos efectos en el marco de la interpretación y aplicación de las reglas de determinación de pena en el Derecho Penal, en general, y en la LRPA. Por otra parte, la teoría de la determinación de pena proporcional al hecho plantea que los criterios han de orientarse al establecimiento de una pena adecuada al hecho cometido por el autor, antes que a la búsqueda de la pena más adecuada para lograr efectos en el propio autor o en terceros 24, y que en buena parte surge como reacción a las consecuencias indeseadas de la orientación a la prevención especial en la determinación de pena, extendida en diversos ordenamientos jurídicos 25. En el planteamiento de Hörnle, la teoría de la determinación de la pena es independiente de la teoría de la pena 26. En su propuesta, esta autora indica la necesaria diferencia de planos entre la persecución de fines mediante el Derecho Penal, como institución, y la aplicación de una concreta pena, a esa diferencia subyace la necesaria separación entre la razón de existencia de una institución social y los principios que regulan su modo de operar en particular Cillero, Miguel, Consideraciones para la aplicación del criterio de idoneidad en la determinación de las sanciones en el Derecho Penal de Adolescentes Chileno, Documento de Trabajo Nº 13, 2008, Unidad de Defensa Penal Juvenil, p Cillero, Miguel, Consideraciones para la aplicación del criterio de idoneidad en la determinación de las sanciones en el Derecho Penal de Adolescentes Chileno, p Rudnick Vizcarra, Carolina, La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación de la pena, Lexis Nexis, 2007, p. 484 ss. 23 En esa línea recientemente Silva Sánchez, Jesús M. La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo, In-Dret, 2007, p. 1 ss. 24 Ello parte de una actualización de la concepción del rol de la culpabilidad en la determinación de pena, que deje de lado los criterios referidos a la culpabilidad por el carácter y se acerque a la culpabilidad como reproche por el injusto, vid. Hörnle, Tatjana, Das antiquierte Schuldverständnis der traditionellen Strafzumessungsrechtsprechung und lehre, JZ, N 22, 1999, p [traducción al español de María Martin Lorenzo: La concepción anticuada de la culpabilidad en la jurisprudencia y doctrina tradicionales de la medición de la pena, Anuario de derecho penal y ciencias penales 2001, p. 401 ss.] 25 Feijoo, Bernardo, Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho, In-Dret, Nº 1, 2007, p Cfr. Hörnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, p. 125 ss. 27 Hörnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, p8 Asimismo, la cuantía y clase de las sanciones tienen relaciones complejas en la interpretación de los tipos penales, en cuanto es posible que en el proceso de interpretación de los tipos penales, y sus variaciones, se tome en consideración el marco penal. Por ello, un aumento en el marco penal puede llevar aparejada una interpretación más restrictiva del tipo penal, cuestión que puede ser problemática en los casos en que la decisión del legislador precisamente pretende mantener los presupuestos de extensión de un tipo penal y agravar las consecuencias asociadas a su realización 28. El sistema chileno contemplado en la LRPA contiene elementos tanto vinculados a la determinación de la pena orientados al injusto, como elementos de carácter prevencionista. Este último se expresa particularmente en el literal f) del artículo 24 LRPA, referido a la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social. No puede obviarse que éste es sólo uno de los seis criterios que el artículo 24 LRPA contempla y nada indica que debiese ser más relevante que los demás criterios. Todo indica que los criterios de determinación de pena se orientan esencialmente a la precisión de los grados de disvalor de conducta y de resultado, de lo cual es fiel reflejo la enumeración de criterios contenidos en los literales a) a e) del artículo 24 LRPA, todos los cuales se relacionan con el grado de reproche por el hecho, con independencia de las consideraciones preventivas. Ello parece adecuado en un sistema de carácter proteccionista con el serio riesgo a caer en consideraciones paternalistas infundadas 29, que podrían traducirse en la lógica, por cierto perversa, de la privación de libertad total como mecanismo de protección de los intereses del menor. ii. El sistema legal general, en especial el contenido del artículo 69 y la valoración de las circunstancias modificatorias Tal como se ha indicado, el sistema chileno de determinación de pena establece reglas generales referidas al establecimiento del marco de la pena en el cual el juez debe fijar la sanción concreta. El proceso de determinación del marco penal aplicable incluye las fases de determinación del tipo penal aplicable, el establecimiento de su grado de ejecución y del grado de participación. Acto seguido, ha de procederse a la verificación de la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, sean éstas de efecto especial o de efecto general, para después dar curso a las reglas que determinan el efecto de las circunstancias modificatorias. Entre esas reglas, las que deciden sobre la efectiva aplicación de una circunstancia, como los artículos 63 y 64 del Código Penal, y aquellas que regulan su concurrencia, artículos 65 y siguientes del mismo cuerpo legal. 28 Vid. Schroth, Ulrich, Hermeneutik, Norminterpretation und richterliche Normanwendung, en: Kaufmann/Hassemer/Neumann (Eds.) Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 7ª ed., C.F. Müller, Heidelberg, 2004, p. 291 s. 29 Es una cuestión obvia que las distintas capacidades de los menores justifican un ámbito de intervención coactiva que puede ser calificada de paternalismo. Ello no es problemático en la medida que se comprenda que esas medidas deben estar orientadas a posibilitar el desarrollo de la autonomía del menor. Sobre esto vid. González Contró, Mónica, Paternalismo jurídico y derechos del niño, Isonomía, N 25, 2006, p9 En este último paso, aparece ya el fenómeno descrito como arbitrariedad judicial. En efecto, las reglas sobre efectos de las circunstancias modificatorias contemplan en diversos casos la posibilidad de aumentar o disminuir el marco penal aplicable a un hecho concreto. Dado que en esos casos el aumento o disminución es facultativo 30, y la magnitud de la disminución es variable, pudiendo llegar a ser de hasta tres grados, se ha discutido asimismo la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales en razón de la aplicación de esas facultades. Sin embargo, el proceso de determinación de la pena no concluye con el establecimiento de un grado o grados determinados en los cuales ha de enmarcarse la sanción a imponer, sino que nuestra legislación penal contempla una fase final de determinación de la pena, en la cual ha de establecerse la magnitud concreta de la pena. Así, el artículo 69 del Código Penal dispone que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Es innegable que la importancia de esta norma no se condice con la aplicación que ella suele encontrar en la práctica, pues nuestros tribunales suelen aplicar enfrentados al supuesto de la disposición la respectiva pena en su grado mínimo 31. Sin embargo, el análisis de esos criterios puede dar una orientación a efecto de establecer posteriormente con mayor precisión, en qué forma han de ser aplicados los criterios que sobre el punto consagra el artículo 24 de la LRPA. Dos son los criterios que el artículo 69 del Código Penal señala: (i) las circunstancias atenuantes y agravantes y (ii) la extensión del mal causado por el delito. Estos criterios deberían ser necesariamente considerados al momento de establecer cuál es el monto de la pena. Sobre el contenido de esos criterios nada se adelanta en esta sección, pues ambos están también indicados como factores a considerar por el artículo 24 LRPA. Será al referirse en particular a todos los criterios de esa disposición que se hará mención respecto al contenido de ambos elementos. 3. Las particularidades de la determinación de penas en materia de responsabilidad penal juvenil i. El sistema de sanciones en la Ley El sistema de sanciones de la LRPA presenta entre sus características esenciales, su dependencia del sistema de penas respecto del establecido en el Código Penal, según consagra el artículo 21 de la ley, el cual indica que para los efectos de la LRPA el tribunal debe aplicar la pena, partiendo de la inferior en un grado a la señalada por la ley para el delito correspondiente, cuando es cometido por un adulto. En ese contexto, las reglas de determinación de pena cumplen dos funciones: (i) reglas que permiten la determinación 30 Sobre la discusión acerca del carácter facultativo u obligatorio de los aumentos o rebajas en virtud de esta circunstancia vid.rudnick Vizcarra, Carolina, La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación de la pena, p. 12 ss. 31 Matus/Van Weezel en: Texto y Comentario del Código Penal chileno, T. I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p10 de un marco sancionatorio aplicable y (ii) reglas que permiten, en ese marco, el establecimiento de la naturaleza y entidad concreta de la sanción. En ese sentido, la LRPA excluye expresamente la aplicación del artículo 69 del Código Penal, norma que establece el régimen general para, una vez determinado el marco dentro del cual ha de decidirse la entidad de la sanción, se establezca cuál es la pena concreta. Sin embargo, la normativa puede resultar confusa en cuanto a la aplicación del artículo 24, dado que expresa mención a los criterios de esa norma se encuentran sólo en el artículo 9 de la LRPA, lo que sin embargo se explica por la suma de criterios adicionales a los del artículo 24 en el caso de la pena de multa, que consideran la capacidad económica del infractor y la persona que lo tuviere a su cuidado. En consecuencia, no puede ponerse en duda que el artículo 24 LRPA cumple en el caso del régimen penal de los adolescentes, la misma función que el artículo 69 del Código Penal cumple en el régimen general, esto es, proveer de criterios que permiten fijar la magnitud de la sanción dentro de un marco predeterminado según las reglas legales. Junto a ello, la función del artículo 24 es proveer también de los criterios que orientan en la adopción de la clase de sanción adecuada. ii. La determinación de penas en el artículo 24 Sin perjuicio de la aplicabilidad de criterios generales aquí expuestos sobre la determinación de la pena y su validez en el marco de los efectos de las circunstancias modificatorias en las normas que regulan sus efectos, este trabajo se centra en el artículo 24 LRPA y su aplicación. Esa disposición establece: Criterios de determinación de la pena. Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios: a) La gravedad del ilícito de que se trate; b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal; d) La edad del adolescente infractor; e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social. Como se ha señalado, la norma precedentemente transcrita cumple dos funciones en el marco de la LRPA: (i) orienta la elección de una clase de sanción determinada; y (ii) entrega los criterios a considerar en la fijación de la magnitud final de la sanción. Sobre las diversas teorías de la determinación de pena que se han revisado aquí con anterioridad, se descartan por sus inconvenientes ya señalados las teorías del ámbito de juego, y su consagración de la discrecionalidad, así como la teoría de la pena puntual, por 911 su impracticabilidad. La teoría del valor relativo encuentra en Alemania esencialmente problemas de texto legal 32, mismos que se presentan entre nosotros con otra connotación, pues aquí se enumeran los criterios de determinación de pena, la mayoría de los cuales dice relación con el disvalor del hecho conforme a la culpabilidad. Por ello, una separación en un primer momento de determinación vinculado a la culpabilidad por el hecho y uno posterior referido a cuestiones preventivas no tiene fundamento legal entre nosotros. Más bien los dos momentos, referido a la determinación pre y post consideración de lo dispuesto en el artículo 24 LRPA se refieren siempre a cuestiones acerca del disvalor asociados a la culpabilidad por el hecho, en un primero paso de forma general, para después especificarlo según las características concretas del hecho. Sobre esta doble función se ha vertido la crítica del riesgo de vulneración del principio ne bis in idem, por cuanto algunos de los factores enumerados en la disposición han sido de alguna forma ya considerados en las fases previas de la determinación de pena 33. La objeción puede ser considerada eventualmente como fundada, en la medida en que se trate de criterios ya valorados para el establecimiento del marco penal que no sean susceptibles, en modo alguno, de una diferenciación en la expresión del fenómeno criminal. En efecto, y esa es tarea del análisis de los criterios en particular. Con relación a las diversas teorías sobre la determinación de la pena, no parece adecuado cerrarse a una sola, habida consideración de los diversos criterios que el mismo artículo 24 LRPA contiene. En todo caso, la opción preferente es aquella referida por criterios que den cuenta de la magnitud del injusto realizado, cuando ellos sean aplicables. Sobre este punto se volverá antes de tratar los criterios en particular. a) El catálogo de sanciones en la LRPA Entre las características del sistema de sanciones de la LRPA se encuentra el contemplar no sólo penas diferenciadas respecto de los adultos, sino también el establecimiento de modalidades diversas de afectación de la libertad ambulatoria u otra clase de afectaciones de derechos. Así, el artículo 6 de la LRPA enumera el catálogo de sanciones: a) internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; b) internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; c) libertad asistida especial; d) libertad asistida; e) prestación de servicios en beneficio de la comunidad; f) reparación del daño causado; multa y h) amonestación. Como penas accesorias se contemplan tanto la prohibición de conducir vehículos motorizados, como el tratamiento forzado de rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol del artículo 7 LRPA. 32 Lo que no sucede en España, de ahí que Feijoo sustente su plausibilidad, cfr. Feijoo, Bernardo, Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho, In-Dret, N 1, 2007, p En ese sentido Horvitz Lennon, María Inés, Determinación de las sanciones en la ley de responsabilidad penal juvenil y procedimiento aplicable, p. 24; Cillero, Miguel, Consideraciones para la aplicación del criterio de idoneidad en la determinación de las sanciones en Derecho Penal de Adolescentes Chileno, p12 Es posible observar que el catálogo de penas establecido es muy diverso y debiese permitir al juez responder de modo proporcionado y eficiente a las distintas expresiones que pueden presentar los ilícitos cometidos. Es por ello que de acuerdo al artículo 23, existen diversos supuestos en los cuales la naturaleza de la sanción aplicable puede ser diversa, diversidad que por cierto implica importantísimas consecuencias para el condenado. Así por ejemplo, en caso que la pena asignada a un ilícito, una vez consulta la penalidad general establecida para el hecho y considerada la regla de cálculo modificado de la LRPA del artículo 21, resulte ser una superior a 3 años y un día e inferior a 5 años, el juez posee la facultad de aplicar tanto un régimen cerrado o uno semicerrado de internación o libertad asistida especial. Es evidente el enorme margen de individualización de la pena que corresponde resolver judicialmente, de forma que debe existir un doble control que indique tanto la elección de uno u otro tipo de sanción, así como la extensión de ésta. La clase de sanción sólo indica uno de los aspectos de la condena a cumplir, pero no puede olvidarse que es considerablemente distinta una pena de régimen semicerrado de 3 años y un día frente a una de igual naturaleza, pero de una extensión de 5 años. En todo caso, no debe olvidarse que los criterios de determinación legal e individualización judicial de la sanción están sometidos a controles adicionales del legislador, que pueden ocasionar la alteración del resultado que corresponde de acuerdo a la aplicación de las reglas ya referidas. Esas reglas corresponden a: (i) (ii) (iii) los límites máximos de la sanción penal indicados en el artículo 18 LRPA que señala el máximo de la extensión de la sanción de régimen cerrado y semicerrado en virtud de la edad del sancionado, disposición que en virtud de los dispuesto en el artículo 22 LRPA tiene efecto directo sobre los marcos establecidos de acuerdo a las reglas pre-aplicación del artículo 24 LRPA, con lo que limitan la clase de sanciones aplicables a adolescentes de 14 y 15 años, quedando excluida la procedencia a su respecto del artículo 23 Nº 1 LRPA; las restricciones del artículo 11 respecto de los servicios en beneficio de la comunidad; el límite máximo de tres años para los casos de libertad asistida, tanto simple como especial, contemplado respectivamente en los artículos 13 y 14 de la LRPA. Cabe agregar que una limitación similar se prevé para la sanción accesoria de prohibición de conducir vehículos motorizados, la cual no depende de la entidad de la pena sino que se sujeta al lapso restante para alcanzar los veinte años de edad por parte del condenado. Finalmente, sin establecer un límite temporal concreto, las últimas pautas se presentan en el artículo 26 de la LRPA que se refiere expresamente a los límites de la imposición de sanciones privativas de libertad entregando tanto un criterio orientador referido al carácter de medida extrema de la privación de libertad, sin distinción de si ésta es total o parcial, y una regla extraordinaria de restricción de la procedencia de privación de libertad para el infractor, que impide la aplicación cuando existen partícipes adultos y menores sancionados por el mismo hecho, y no se condena a una privativa de libertad al adulto. 1113 La extensión de esta regla no es clara, pero dado el carácter extraordinario de la privación de libertad para menores parece ser irrelevante que al adulto se le sancione por un grado menor de participación en el hecho y al menor como autor, la regla del artículo 26 LRPA sería preferente y excluiría de todos modos la aplicación de una pena privativa de libertad, bastando acreditar la identidad del hecho atribuido a los distintos partícipes. Como se refleja en las disposiciones anteriores, son múltiples los factores que han de tenerse en consideración a fin de establecer la pena en el caso concreto, pero es relevante a lo menos destacar desde ya, que las reglas antes mencionadas sobre límites de la pena concreta aplicable, no pueden ser, por regla general, consideradas antes de evaluar la clase de sanción aplicable, y su entidad, sino sólo una vez determinada la pena, como criterios de corrección ex post frente a la sanción determinada. Por ello, su invocación y aplicación en la sentencia debe efectuarse siempre a continuación de las reglas generales y de la consideración de los criterios especiales del artículo 24 LRPA, salvo que expresamente se disponga algo distinto, como sucede con la regla del artículo 22 LRPA que ordena aplicar los criterios máximos de sanción contemplados en el artículo 18 LRPA, ya en el momento posterior a la determinación del marco general de extensión de la sanción, que corresponde según dispone el artículo 21 LRPA. b) El deber de expresión de los criterios en la sentencia Junto a lo anterior, es destacable en la norma citada que establece el deber del tribunal de atender a los criterios dejando constancia de ello en su fallo. Ese deber de dejar constancia debe comprenderse como un especial llamado de atención al órgano judicial en cuanto a dar razón de la aplicación de los criterios en la determinación de pena. Ello no implica que a contrario sensu en materia penal general ese deber no exista. Sin embargo, dado que la norma lo contempla expresamente en la LRPA, el deber se vuelve especialmente exigible y despeja toda duda sobre el hecho que, en la fundamentación de la sentencia, la parte referida a la fundamentación del fallo debe hacer expresa consideración a los criterios. Así, la norma del artículo 24 LRPA no sólo constituye una directiva de orientación para el juez al momento de optar por una clase de sanción determinada y fijar su extensión, sino también cumple una función de garantía y control de racionalidad de la decisión judicial sobre la pena aplicable 34. Esta función dice especial relación con la posibilidad de revisión del fallo en virtud de un recurso de derecho estricto como el de nulidad. Cuestión aparte es la determinación de la extensión del deber de referencia de la sentencia a los criterios establecidos en el artículo 24 LRPA. Ese deber puede ir desde la sola mención genérica de los criterios considerados para la elección de la sanción y la determinación de su extensión hasta la obligación de mencionar cada uno de ellos, sea que se haya considerado o no para efectos de determinación de la pena, debiendo pronunciarse en cada caso sobre si un determinado criterio ha sido o no utilizado, indicando en los casos en que se ha prescindido de alguno la razón de ello y en los demás casos señalando cómo se ha valorado el criterio para arribar a la pena establecida. 34 Vid. Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, p. 96 ss. 1214 La última alternativa significa una evidente carga para el juez que a primera vista pareciese ser excesiva. Ello sólo es así dado que la habitual práctica decisoria en la materia no contempla esa modalidad de confección de la parte de la sentencia, que se refiere a la determinación de la pena, con tal intensidad. Sin perjuicio de ello, debe considerarse cuál es la forma en la que el sistema procesal se estructura y las instancias procesales que al respecto se contemplan. En tal sentido, el artículo 40 LRPA establece que la audiencia de determinación de pena del artículo 343 del Código Procesal Penal se realizará de forma obligatoria en todos los casos de sentencia condenatoria. Con ello se despeja toda duda sobre el momento de discusión sobre la aplicación de los criterios y reglas relevantes para la determinación de la sanción. Es en esa oportunidad que los intervinientes tienen la posibilidad, y deber, de esgrimir todos los argumentos conducentes a individualizar la pena aplicable. Puesto que el sistema procesal se estructura como adversarial con órgano persecutor separado de la labor jurisdiccional y mecanismo de defensa obligatoria, el deber del juez en cuanto al pronunciamiento sobre los criterios de determinación de pena se debiese extender, a lo menos, a las alegaciones de las partes, indicando si éstas son acogidas o no, y el por qué de ello, así como la forma en que son aplicadas en caso de acogerse. Con lo anterior se satisface a lo menos formalmente, en términos de estructura del debate, el deber de dejar constancia sobre la aplicación de los criterios. Junto a ello, puede que ese deber no se haya cumplido materialmente, es necesario establecer cuál es el margen de razonamiento que el tribunal tiene respecto de esos criterios, es decir, determinar el contenido de ellos, para saber cuándo no se los ha tratado de manera adecuada. iii. Los criterios del artículo 24 Como se indicó más arriba, la determinación de la pena aplicable está sujeta a criterios de racionalidad legalmente definidos que vinculan al juez al momento de elegir la sanción aplicable así como la magnitud de la misma. Aquí se trata de decidir la aplicación de los criterios y su incidencia en la elección de la sanción y la extensión de la misma. En ese sentido, es una cuestión sobre aplicación de normas y no de ponderación de principios. No se trata de optimizar la aplicación de los criterios en la determinación de la pena, sino de analizar su concurrencia y efecto en el caso concreto 35. a) La infracción al ne bis in idem La primera cuestión a dilucidar es si la consideración de los criterios, como afirma Horvitz, implica necesariamente una vulneración del principio ne bis in idem, así considerado, ese principio cumple el rol de una regla de exclusión de una circunstancia: si ella fue previamente considerada, no lo puede volver a ser. Dicho principio recogido, a lo menos indirectamente, en el inciso primero del artículo 63 del Código Penal, el cual indica que no producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas 35 Otra opinión Cillero, Miguel, Consideraciones para la aplicación del criterio de idoneidad en la determinación de las sanciones en Derecho Penal de Adolescentes Chileno, p15 constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo. Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse. En su formulación más amplia, ese principio prohíbe la duplicidad de sanciones a una misma persona por los mismos hechos. Este principio extiende sus alcances en diversos ámbitos. Así, supuestos clásicos de posible conflicto con el ne bis in idem constituyen la aplicación conjunta de sanciones penales y administrativas, las medidas de seguridad y sanciones penales, la doble valoración de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y su expresión en el principio de inherencia, entre otras 36. También es discutido el rango que el principio del ne bis in idem posee, pues no existe una consagración constitucional expresa del mismo. Sin perjuicio de ello, puede considerarse que tal principio es en parte reflejo del principio de legalidad y en parte también del principio de proporcionalidad 37. La pregunta aquí se presenta con relación a los criterios que el legislador tiene presente al momento de fijar los marcos abstractos de penalidad para los delitos y la concurrencia de esos criterios, de acuerdo al artículo 24 LRPA, al momento de determinar la sanción concreta. Así, la afirmación del conflicto por parte de Horvitz se estructura sobre un presupuesto cuestionable: las posibles valoraciones del injusto y sus diversas manifestaciones se encuentran ya recogidas en la formulación de los tipos penales y la aplicación de las reglas generales que los afectan 38. Esas reglas se expresan como cuestiones particulares de la teoría del delito, como la referida a la sanción de los casos de delito culposo o bien, por medio de reglas modificatorias que alteran la valoración del disvalor de injusto o de resultado. Ello sería correcto en la medida que la descripción de los tipos penales y las reglas que permiten modificar las distintas expresiones del injusto abarcaran con detalle las distintas expresiones de las conductas ilícitas, por lo que el riesgo de vulneración del ne bis in idem existe 39. Lo cierto es que los tipos penales, y las reglas complementarias, sólo expresan, y sólo eso pueden hacer, rangos en los cuales la sentencia puede ser expresada, pero la concretización está entregada al juez. Ello es evidente cuando se observa, particularmente en la LRPA, que fruto del resultado de la aplicación de las reglas generales sólo se obtiene un catálogo de posibles sanciones y topes máximos y mínimos en la extensión de éstas. Lo cierto es que con independencia de la pre-valoración de ciertas cuestiones relativas al disvalor de injusto y al de resultado de un hecho criminal, aún es posible refinar más el 36 Cfr. Garcias Planas, Gabriel, Consecuencias del principio non bis in idem en Derecho Penal, ADPCP, T. XLII, Fasc. I, 1989, p. 109 ss. 37 Boix Reig, Javier, La jurisprudencia constitucional sobre el principio non bin in idem, en: Agustín Jorge Barreiro (Ed.) Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Civitas, Navarra, 2005, p. 128 ss. 38 Horvitz Lennon, María Ines, Determinación de las sanciones en la ley de responsabilidad penal juvenil y procedimiento aplicable, p. 24 ss. 39 Vid. Demetrio Crespo, Eduardo, Prevención general e individualización judicial de la pena, p. 290 s. 1416 análisis. Por ello los criterios del artículo 24 LRPA se refieren en muchos casos a cuestiones propias de la valoración de la conducta penal que ya han sido considerados, pero cuyo análisis puede ser refinado una vez que la subsunción de la conducta a un tipo legal ya se ha efectuado. Sobre cómo es posible esa operación, se indica en el análisis separado de cada uno de los criterios. Por ello, no es relevante que se considere en más de una ocasión una misma categoría de relevancia para el injusto, sino que sea valorado un mismo hecho o circunstancia más de una vez. De ahí lo importante del deber de fundamentación de la sentencia en su parte considerativa, en especial la subsunción de los hechos probados bajo los supuestos legales correspondientes, sino que ello se vincula directamente con el deber de expresión de los criterios considerados para determinación de la pena. Múltiples casos se presentan como problemáticos al momento de definir la infracción del ne bis in idem. Entre ellos se pueden considerar los tipos penales con múltiples alternativas de realización, como el homicidio calificado o las lesiones. En esos casos puede considerarse que satisfechos los presupuestos de realización del injusto típico, queda un espacio para considerar las modalidades alternativas de realización como elementos de determinación de la pena concreta 40. Asimismo, es aún posible al interior de una modalidad, como la comisión por medio de arma, diferencias en disfavor del condenado acerca de la clase de arma que se trate 41. Estos ejemplos muestran que la infracción del ne bis in idem es una cuestión límite en muchos aspectos de la determinación de pena, pero no un principio que necesariamente se infrinja. Sobre esto se volverá en la revisión de los criterios del artículo 24 LRPA. b) La elección de la clase de sanción Una cuestión previa a la que referirse trata sobre la valoración diferenciada de las sanciones que pueden imponerse. Aquí se trata de establecer si existe un orden absoluto en la entidad de las sanciones de modo tal que se permite afirmar que la privación de libertad en todo caso constituye la modalidad más grave de sanción, mientras que la amonestación por definición es la más baja, mientras que las sanciones están ordenadas por gravedad, en forma decreciente, en el modo que aparecen en la tabla demostrativa del artículo 23. Dado que nuestro sistema penal, incluida la LRPA, no contempla el sistema de días-multa, no es factible un simple cálculo comparativo entre penas privativas de libertad y la de multa. En el caso de la LRPA ello es especialmente decisivo, pues casos como el tramo de penas de 3 años y un día a 5 años contemplan un catálogo de sanciones muy diversas. En efecto, previo a la determinación de la extensión temporal de la sanción resulta más decisivo la disyuntiva entre una privación total de libertad (régimen cerrado), una parcial (régimen semicerrado) y una mera restricción de la libertad (libertad asistida especial). 40 Vid. Teuhne, 46, Rdn en: Jähnke, Burkhard/Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Odersky, Walter (Eds.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, 12ª ed., De Guyter Recht, Berlin, 2005, citado en adelante LK/autor 41 Ejemplo utilizado en NK/Streng, 46, Rdn17 Claramente esos constituyen tres clases de sanciones de entidades radicalmente distintas, porque lo que el razonamiento sobre determinación de pena deberá explicar en cada caso, qué motivos llevan a preferir una sanción sobre la otra, considerando que mientras más intensa es la afectación de la libertad, de mayor entidad deben ser los antecedentes que justifiquen la elección de la sanción. Todo lo anterior sin perjuicio que en los casos más graves, esto es, aquellos que se refieran al numeral primero del artículo 23, la LRPA no prevé distintas sanciones, sino que las argumentaciones sobre determinación de pena sólo se refieren a la duración de ésta. c) El análisis de los criterios Tal como se indicó anteriormente, la determinación de pena depende en buena parte de cuál es el contenido que se da a los criterios que la determinan. Por ello, a continuación se hará una breve referencia a cada uno de los criterios mencionados en el artículo 24 LRPA indicando cómo pueden incidir éstos en la elección de la sanción y la fijación de la extensión. c.1 La gravedad del ilícito de que se trate El primero de los criterios que enumera el artículo 24 se refiere a la gravedad del ilícito por el cual se sanciona. Aquí observa Horvitz 42 un primer caso de conflicto con la máxima del ne bis in idem. Esa observación la fundamenta la autora, en el hecho que la gravedad del delito constituye ya uno de los elementos claves de la valoración del legislador a efectos de asignar pena a los distintos delitos. Así, afirma que todos aquellos aspectos, elementos o circunstancias que fundan el ilícito, esto es, que han sido tomados en consideración por el legislador al configurar el tipo penal y la extensión de la pena, no pueden ser valorados nuevamente- en un sentido desfavorable al reo_ para seleccionar, esta vez, la clase o naturaleza de la sanción aplicable 43. Sin embargo, esta apreciación puede ser algo apresurada, pues ella parte del supuesto que en la descripción y valoración que el legislador efectúa al establecer un ilícito penal los elementos contenidos son de tal naturaleza, que no permiten diferenciar grados de intensidad en la vulneración de la norma. Tal concepción del injusto penal deja de lado la multiplicidad de conductas, susceptibles de distinta apreciación, que puede dar lugar a la infracción de una misma norma penal. Para ello es de utilidad la orientación a la teoría del delito 44, y en particular a la clásica distinción entre disvalor de conducta y disvalor de resultado 45. En cuanto al disvalor de la conducta, puede resultar apropiado el ejemplo del robo con violencia. El elemento violencia es el que justifica tratar al robo con violencia como una forma calificada de 42 Horvitz Lennon, María Inés, Determinación de las sanciones en la ley de responsabilidad penal juvenil y procedimiento aplicable, p Horvitz Lennon, María Ines, Determinación de las sanciones en la ley de responsabilidad penal juvenil y procedimiento aplicable Determinación de las sanciones, p Así Hörnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, p Roxin, Claus, Strafrecht, AT I, 10, Rdn. 88 ss. 1618 coacción 46, sin embargo, las manifestaciones de la violencia pueden ser diversas, lo que justifica una penalidad diferenciada 47, sin que por ello se vulnere el ne bis in idem. En ese sentido, los criterios propuestos, a modo ejemplar, por Silva Sánchez 48 pueden ilustrar cuáles son los elementos que pueden dar lugar a una distinta apreciación y, por ende, a una distinta pena concreta. Así, el injusto subjetivo de una norma penal puede ser satisfecho con diversos grados de reproche, escala en la cual puede concurrir tanto el dolo eventual como el dolo directo, sea de primer o segundo grado. Esta distinta forma de vulneración de una norma penal puede, por ende, dar lugar a juicios de reproche diferenciados que no encuentra expresión sino al momento de la fijación de una concreta magnitud de pena, precisamente por aplicación del criterio de la gravedad del ilícito. No reconocer ese momento del reproche penal sería equivalente a obviar las diferencias propias de la comisión de un ilícito con distintos grados de intensidad en el aspecto subjetivo del tipo, lo cual es en una teoría orientada a sopesar la real gravedad del injusto, algo esencial. Asimismo, ello no constituye afectación alguna del ne bis in idem, aún cuando la sola invocación de una misma circunstancia fuese suficiente para plantear un conflicto de aplicación en esos términos. También pueden considerarse como factores que inciden en la determinación de pena, la aplicación de las soluciones de concurso aparente de leyes, según las cuales el desvalor de ciertas conductas queda subsumido en el de la conducta principal, con lo cual ello no tiene un efecto en la fijación del marco legal de pena, pero sí puede ser evaluado en la determinación de la clase de sanción y la cuantía de la misma. Como estas reflexiones ejemplares demuestran, es posible realizar una especificación del disvalor de injusto, sin infringir el principio del ne bis in idem, en múltiples casos. La enumeración de todos ellos es una tarea compleja que excede con creces este trabajo y cuyo desarrollo es materia de la labor jurisprudencial y dogmática. c.2 La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción Este elemento se suele considerar también como de aquellos a los que puede objetarse una infracción al ne bis in idem. Dado que el grado de participación y el grado de ejecución están contemplados como reglas que determinan el marco, por lo que no podrían ser nuevamente valoradas. Si bien ello es principio correcto, debe tenerse en consideración que las reglas sobre autoría y grado de ejecución no necesariamente determinan de manera exhaustiva el grado de disvalor del injusto ni el reproche por la contribución particular en la realización del hecho. 46 Vid. Bascuñan Rodríguez, Antonio, El robo como coacción, Revista de Estudios de la Justicia, N 1, 2002, p. 55 ss. 47 Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, p Así en el razonamiento del fallo sobre recurso de nulidad de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 20 de julio de 2007, Rol , Considerando Silva Sánchez, Jesús M. La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo, In-Dret, 2007, p. 11 ss. 1719 Así por ejemplo, dentro de los diversos comportamientos que acorde al artículo 15 del Código Penal pueden ser calificados de autoría, se presenta un espectro fenomenológico de gran amplitud. Que la inducción sea una forma de participación calificada especialmente como autoría 49, de acuerdo al artículo 15 Nº 2 del Código Penal, en nada impide que se le pueda considerar para efectos de determinación de pena, como una forma de participación que merezca menos reproche. En el mismo sentido, desde una lectura no sólo formal del artículo 15 del Código Penal, se pueden establecer distintos grados de reproche respecto al dominio del hecho típico, que pueden reflejarse en el momento del establecimiento de una pena concreta. Consideraciones similares se pueden efectuar respecto del grado de ejecución, en cuanto ésta se aplica a una cadena de sucesos que no en todos los casos sólo da cuenta de tres momentos relevantes, sino de diversos sucesos que pueden ser encasillados en los tres momentos legislativamente considerados: tentativa, tentativa acabada y consumación. La posibilidad de distinguir múltiples sucesos, algunos de ellos constituyendo parte de un mismo estadio de la ejecución también es un factor que puede ser evaluado a efectos de la determinación de pena. c.3 La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal Este criterio se encuentra presenta en la regulación general de la determinación de pena de acuerdo al artículo 69 del Código Penal. En efecto, puede también aquí presentarse un conflicto con la idea del ne bis in idem. Sobre ello se pronuncia ya Van Weezel, quién desde una concepción orientada a fines de la determinación de la pena en el contexto del artículo 69 del Código Penal, propone algunos criterios para salvar una eventual colisión con el mencionado principio 50. Así, afirma que no existiría tal conflicto si previamente las circunstancias sean en esta última fase valoradas de modo global y con orientaciones preventivas. No parece posible que la mera valoración global sea una salida a la infracción del ne bis in idem, puesto que no es lo relevante la consideración individual o conjunta de las circunstancias, sino el hecho que la consideración de una circunstancia ya haya tenido un efecto concreto en la determinación de marco de la pena. La cuestión también podría tener otra respuesta, en la medida que la concurrencia de los supuestos fácticos de las circunstancias modificatorias pueden ser también graduados. Esto es especialmente notorio en el caso de la norma que permite calificar a una circunstancia atenuante como muy calificada (artículo 68 bis CP), otorgándole efectos especiales en ese caso. Se demuestra así, que la verificación de la concurrencia de circunstancias modificatorias no es una cuestión binaria, sino que el juez tiene la facultad de, considerándola concurrente y sin llegar a catalogarla como muy calificada, tenga una entidad comparativa que justifique su influencia a nivel de determinación final de pena. 49 Así Yañez, Sergio, Problemas básicos de la autoría y la participación en el Código Penal chileno, RCP, T. XXXIV, N 1, 1965, p. 62. [republicado en Polit. Crim. N 1, 2006, CH3] 50 Van Weezel, Alex, Determinación de la pena exacta: El artículo 69 del Código Penal, Ius et Praxis, Año 7, N 2, p. 406 s. 1820 A lo anterior cabe hacer presente, que tal argumento sólo podría operar en la medida que la compensación racional de circunstancias modificatorias se siguiese aplicando de forma matemática, esto es, las atenuantes y agravantes se anulan recíprocamente, sin consideración a la entidad 51. En caso de corregirse este defecto en el procedimiento de determinación de pena, sólo subsistiría como alternativa válida la consideración global de circunstancias modificatorias como criterio relevante a efectos de la determinación en el marco del artículo 24 LRPA, o igualmente del artículo 69 del Código Penal. c.4 La edad del adolescente infractor Uno de los criterios esenciales de determinación de pena de la LRPA es la edad del adolescente condenado, con base a lo cual se establece un máximo de duración de las penas temporales, de 5 años a menores de 16 años y de 10 años a menores entre esa edad y los 18 años. Es evidente que el criterio de la edad da cuenta de un menor reproche de culpabilidad, en la medida en que el menor es menos susceptible de motivación normativa, según su edad decrece. La reiteración de este criterio ahora, para efectos de la determinación de la naturaleza y duración final de la sanción, permite hacer un examen aún más detallado de la edad. Así, puede resultar justificado diferenciar en la pena concreta que ha de imponerse en un caso a un menor de 14 años, frente a uno que se aproxima a cumplir el límite de los 16 años. Este criterio refleja las sutilezas plausibles en el momento final de la determinación de pena, pues la individualización permite precisamente dar razón de los diferentes estadios de desarrollo de un sujeto, cuestión central en la responsabilidad penal adolescente. Huelga decir que una posible infracción del ne bis in idem en este caso, siendo posible, es del todo evitable. c.5 La extensión del mal causado con la ejecución del delito Aquí se encuentra el segundo criterio contemplado en el artículo 69 del Código Penal, como general para la concretización de la pena en nuestro ordenamiento jurídico penal. La idea de mal causado presupone la necesaria valoración del resultado ocasionado con la comisión del ilícito. En tal sentido, la idea de mal como resultado no puede entenderse en forma restringida. En consecuencia, este es un criterio no sólo aplicable a aquellas conductas en las cuales hay un resultado material verificable, ni tampoco sólo a aquellas figuras penales que puedan clasificarse bajo el concepto de delitos de resultado. En general, cualquier norma penal que proteja legítimamente un bien jurídico está siempre estructurada acorde a la idea de una forma de afectación del bien jurídico tutelado. En ese orden de ideas y considerando al mal causado como un fenómeno de naturaleza normativa, es posible efectuar diversas consideraciones respecto a la intensidad de la afectación del bien jurídico. A ello en nada obsta que el tipo penal concreto esté concebido como una forma de afectación distinta a la lesión del bien jurídico 51 Rudnick Vizcarra, Carolina, La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación de la pena, p. 39 ss. 19 Mostrar más
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