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Timestamp: 2013-05-22 03:45:24
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Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 4ª de lo Social) de 24 de Abril de 2012, recaída en el recurso de casación común número 60/2011
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Lunes, 11 de Junio de 2012 16:33	por Administrator
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La reducción salarial a empleados públicos ordenada por el RDLy 8/2010 alcanza también a los trabajadores de las empresas públicas.
Es de sobra conocida una de las primeras normas urgentes que el Gobierno de España se vió obligado a aprobar en los últimos tiempos, encaminada a la adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público como consecuencia de la grave crisis que nos viene afectando desde hace ya unos cuantos años. Nos estamos refiriendo al Real Decreto Ley (RDLy) número 8/2010 de 20 de Mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 24 del propio mes y convalidad por el Congreso de los Diputados con fecha 27 de Mayo de 2010. Entre las diferentes medidas que constituyen el contenido del citado RDLy se encuentra la que acordó reducir la retribución de los empleados públicos en porcentajes relacionados con la cuantía del sueldo o salario que cada colectivo venía percibiendo.
La aplicación de esta norma ha dado lugar, en el ámbito de la jurisdicción social, a numerosos litigios relacionados con la inclusión o exclusión de determinados colectivos de trabajadores laborales en la aludida normativa, litigios que, desde hace pocos meses, van llegando ya al Tribunal Supremo, que está emitiendo numerosas resoluciones en orden a la afectación de los preceptos de referencia a determinados colectivos de trabajadores laborales al servicio de sociedades publicas. De entre esas numerosas resoluciones hemos elegido, prácticamente al azar, la que hoy se ofrece como objeto del presente comentario, cuyo contenido viene repitiéndose en varias más, atinentes a la misma materia.
El citado RDLy modificó la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, concretamente su artículo 22, en el sentido de establecer -en lo que ahora nos concierne- una reducción de la masa salarial del personal laboral del sector público como "consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos ", precisando a continuación lo siguiente : "Sin perjuicio de la aplicación directa e individual en la nómina del mes de junio de 2010 de la reducción a que se refieren los párrafos anteriores, la distribución definitiva de la misma podrá alterarse en sus ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva sin que, en ningún caso, de ello pueda derivarse un incremento de la masa salarial como consecuencia de la aplicación de las medidas recogidas en los puntos anteriores". Se trata de una norma básica, aplicable a todas las Administraciones Públicas y que, en cuanto tal, ha sido implementada por las diversas Comunidades Autónomas.
La interpretación de las normas transcritas se viene llevando a cabo por parte del Tribunal Supremo, conjugando el método literal con el sistemático, acudiendo respecto de éste último al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por Ley 7/2007 de 12 de Abril, cuyo artículo 27, bajo el título "Retribuciones del personal laboral", dice: "Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto”. Y el artículo 21, bajo la rúbrica " Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos " establece lo siguiente: "1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal". Ha de tenerse en cuenta que dicho EBEP es aplicable a todas las Comunidades Autónomas, tal como establecen su art. 2.1 y su Disposición Final Segunda, todo ello al amparo del art. 148.1.18ª de la Constitución. Precisamente por eso, la doctrina de esta sentencia –y de las demás sobre la misma materia que últimamente viene pronunciando el Tribunal Supremo- resulta aplicable a todas las empresas públicas radicadas en cualquier lugar del territorio Nacional.
La Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos (SEAGA) había reducido, a partir de 1 de Junio del año 2010, el salario medio de sus empleados laborales en un promedio del 5 por ciento. La reducción salarial en cuestión se operó como consecuencia de la promulgación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que modificó la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, concretamente su artículo 22, al que ya antes se ha hecho referencia.
El Sindicato Nacional CCOO de Galicia presentó ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia demanda de conflicto colectivo contra la "Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos (SEAGA)", cuyo Suplico dice: "que se declare que, en función de los acuerdos y prácticas empresariales vigentes en el SEAGA, las retribuciones a percibir por los trabajadores en los meses de junio de 2010 y sucesivos, han de ser las mismas que venían percibiendo hasta entonces, dejando sin efecto las reducciones salariales retributivas efectuadas por la empresa y retrotrayendo la situación al momento existente previo a esta aplicación unilateral". Subsidiariamente, que se declare que las retribuciones deben ser las mismas que se venían percibiendo hasta 31 de diciembre de 2009, sin aumento pero también sin reducción alguna.
El argumento principal en que se fundamenta la demanda gira en torno a la fuerza vinculante que el artículo 37.1 de la Constitución española (CE) atribuye a los convenios nacidos de la negociación colectiva, lo que impide que su contenido pueda ser modificado unilateralmente por el empresario o entidad empleadora, salvo que se acuda al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo previsto en el artículo 41 del ET. Por lo tanto, se habría vulnerado, por parte del RDL 8/2010 y quienes lo aplican, el derecho de libertad sindical de cuyo contenido esencial forma parte la negociación colectiva, según la conocida doctrina constitucional que se cita en la demanda.
El segundo argumento es que, incluso aplicando el RDL 8/2010, el mismo contiene una Disposición Adicional Novena según la cual la reducción salarial en cuestión no se aplicará al personal laboral no directivo de "las sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 22, Uno, g) de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010" que, entre los entes que integran el sector público, menciona: "Las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación". Entiende el sindicato demandante que los trabajadores de SEAGA, ninguno de los cuales son directivos, deben considerarse beneficiados por esta excepción a la reducción salarial.
El tercer argumento es que, existiendo el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública de 25 de septiembre de 2009, por el que se estableció un incremento del 0,3 por ciento de los salarios de todo el sector público para el año 2010, lo más que podría hacer ahora el legislador sería anular dicho incremento pero no proceder a una reducción: de ahí la petición subsidiaria de la demanda.
El TSJ de Galicia estimó la demanda en su sentencia de 18 de febrero de 2011, y contra ella recurrió en casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la entidad SEAGA. La estimación se basa –esencialmente- en el siguiente argumento: sostiene que la norma aplicable es la Disposición Adicional Novena del RDLy 8/2010, que excluye de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas mencionadas en la letra g) del artículo 22 de la Ley 26/2009, de PGE para 2010, así como al de las Entidades Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA, "salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación". Entendiendo la sentencia que SEAGA se encuentra afectada por esta concreta Disposición, concluye que, en ausencia de negociación colectiva al respecto que, efectivamente no ha existido, no cabe que la empleadora decida unilateralmente aplicar la reducción salarial.
Esta argumentación no es compartida por la Sala 4ª del Tribunal Supremo, que sienta su criterio contrario en la doctrina que –de forma resumida- expondremos seguidamente.
DOCTRUINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Señala en primer lugar la Sala que SEAGA no se encuentra en el ámbito de la letra g) del artículo 22 citado sino en el de la letra h): "Entidades Públicas Empresariales", respecto a las cuales -salvo las expresamente mencionadas: RENFE, ADIF y AENA- no establece la Disposición Adicional Novena del RDLy 8/2010 ninguna excepción ni condicionamiento para la reducción salarial. Que tal es la naturaleza de SEAGA lo reconoce el propio sindicato demandante de manera expresa en el Hecho Quinto de su demanda. Y basta con examinar el Decreto 260/2006, de 28 de diciembre de la Xunta de Galicia para concluir que eso es así: se trata de una entidad cuyo objeto social es básicamente todo lo relacionado con materias forestales, especialmente las referentes a prevención y lucha contra los incendios, esto es, una actividad esencial del poder público que no se desarrolla como una actividad que actúa en el mercado, de donde obtendría sus recursos y por ello se pueden producir los déficits de explotación a que se refiere la letra g) del artículo 22 de la Ley 26/2009, y que eventualmente serían cubiertos por la Administración Pública; por el contrario, en el caso de SEAGA su financiación es casi completamente pública, tal como se desprende con claridad de sus Estatutos (y cita literalmente su art. 50.3), afirmando, finalmente, que a esta caracterización como entidad pública empresarial no es óbice el que la entidad en cuestión, como es el caso de SEAGA, pueda recibir la forma jurídica de una sociedad anónima.
Se extiende después la Sala en un amplio razonamiento acerca de que los arts. 21 y 27 del EBEP (antes los hemos dejado transcritos literalmente) no autorizan a sostener la tesis que en la sentencia recurrida se sostiene y, a continuación, se dedica a exponer un razonamiento que constituye una importante doctrina en el sentido de que el RDLy 8/2010 no es inconstitucional, tal como ya afirmara en su día el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El Auto del TC 85/2011 de 7 de junio, que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el Real Decreto-ley 8/2010, en el que el TC afirma que los preceptos cuestionados "no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes ", posición que es la de subordinación jerárquica a la ley y, concretamente, a las limitaciones presupuestarias de la negociación colectiva en el ámbito del sector público. Y añade el citado Auto del TC: "Abstracción hecha de que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse ni, en consecuencia, confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del convenio colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida ( STC 210/1990, de 20 de diciembre , FFJJ 2 y 3 ".
Con ello, el TC dejó claramente establecido que el RDLy que nos ocupa no es inconstitucional, pues su normativa resulta perfectamente compatible con el art. 37.1 de la CE, del que se desprende que si bien los convenios tienen fuerza vinculante, ello no obstante, la ley –de rango jerárquico superior en el sistema de fuentes de la relación laboral- puede alterar lo establecido en los convenios.
Esta es también la doctrina recogida por la Sala Cuarta del TS que, en alguna sentencia anterior de este mismo año ya afirmó que la única característica singular del caso es que la limitación presupuestaria no se hizo solamente “ex ante” sino también “ex post”, debido a circunstancias de crisis bien conocidas. Pero por eso fue necesario modificar la Ley de Presupuestos del año 2010, si bien no se hizo con efecto retroactivo puesto que la modificación, y la consiguiente reducción salarial, ha operado a partir del mes de junio de 2010, es decir con posterioridad a la norma que establece dicha modificación. Siendo esto así, no estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo que debiera seguir el procedimiento del artículo 41 del ET sino ante una nueva fijación de límites a la negociación colectiva dimanante de normas presupuestarias de superior rango que, en el caso, solamente tienen la ya citada singularidad de su inhabitual fecha de promulgación, lo que implica la reducción salarial que se denuncia.
Por todo ello, la Sala llega a la conclusión en el sentido de que el tribunal de instancia vulneró la Disposición Adicional Novena del RDLy 8/2010, de 20 de mayo, y su trasunto para la Comunidad de Galicia, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 3/2010, de 23 de junio, normas éstas que la recurrente citaba como infringidas, por lo que estimó el recurso, casando la sentencia combatida para acordar, en su lugar, la desestimación de la demanda.
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