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Timestamp: 2017-12-11 19:26:45
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 172', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'artículo 172', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el que se desarrollan los Procedimientos Relativos a la Protección de Menores y a la Adopción y se regula el Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia. TÍTULO I. DE LA PROTECCIÓN DE MENORES (Vigente hasta el 28 de Enero de 2011).
PREVENCIÓN, RIESGO, DESAMPARO Y GUARDA
Artículo 5 Carácter prioritario de la prevención
En materia de protección de la infancia y la adolescencia, tiene carácter prioritario la prevención de posibles situaciones de desprotección y carencias que menoscaben su adecuado desarrollo integral a través de los diferentes programas y recursos que se arbitren con la dotación presupuestaria necesaria.
Artículo 6 Concepto de riesgo
Se considera situación de riesgo aquella que perjudica el desarrollo personal o social de la infancia y adolescencia, aunque no requiera la asunción de la tutela por ministerio de la ley.
Artículo 7 Situación de riesgo
Se podrá considerar que los menores están en situación de riesgo cuando se encuentren de hecho con una familia que pretenda su adopción prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
Artículo 8 Declaración administrativa de riesgo
1. Cuando la Administración tenga conocimiento de que un menor se encuentra en situación de riesgo, lo declarará de manera expresa y tratará de prevenir o reparar dicha situación mediante la adopción de alguna de las medidas siguientes:
a) Apoyo familiar, dirigido a satisfacer las necesidades básicas del menor que no estén adecuadamente cubiertas, mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo.
2. Las medidas correctoras que puedan acordarse no tienen naturaleza sancionadora, recayendo sobre los padres, tutores o guardadores la responsabilidad de su cumplimiento.
Declaración de desamparo y asunción automática de tutela
Artículo 9 Concepto de desamparo
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del Código Civil y a los efectos de este Decreto, se considera que existe situación de desamparo cuando en relación a un menor concurra o se presente alguno de los supuestos siguientes:
d) Trastornos adictivos de los padres, tutores o guardadores que afecten al menor de manera negativa.
e) Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas al menor.
Artículo 10 Efectos de la declaración de desamparo
La declaración de desamparo de un menor implicará la asunción automática de tutela por el Gobierno de Cantabria y la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, en los términos previstos por el Código Civil.
Artículo 11 Formas de atención al menor
1. En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y para asegurar la cobertura de sus necesidades subjetivas junto con su plena asistencia moral y material, se acordará su atención por medio de alguna de las siguientes formas:
a) Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, por lo que complementariamente podrán acordarse:
1º Ayudas sociales al menor o su familia.
2º Apoyo y seguimiento técnico-profesional de la familia.
g) Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del menor.
2. La medida adoptada se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 12 Bienes
1. Si el menor sujeto a tutela tuviese bienes, se elaborará su inventario, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
2. Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen se promoverá el nombramiento judicial de tutor de los bienes.
Artículo 13 Tutela por terceras personas
1. La Administración cesará en el ejercicio de la tutela cuando existan personas físicas o jurídicas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para el menor.
2. En tanto en cuanto se constituya judicialmente la tutela y siempre que la Administración lo estime conveniente, el futuro tutor se podrá hacer cargo del menor mediante la constitución del acogimiento que corresponda. El acogimiento cesará automáticamente en el momento en que se constituya la tutela.
La tutela se prolongará hasta que se constituya judicialmente la tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado o reintegrado al titular de la patria potestad o la tutela, o, en todo caso, hasta que se emancipe o llegue a la mayoría de edad.
Artículo 15 Guarda
1. Se entiende por guarda de un menor la asunción de la obligación, por parte de quien la ejerce de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación y atención integral.
2. La Administración podrá asumir la guarda de menores en los términos previstos por el artículo 172.2 del Código Civil previa petición escrita de los padres o tutores o del juez.
3. La asunción de la guarda a instancia judicial no se tramitará por el procedimiento previsto en este Título.
REGLAS COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN REGULADOS EN ESTE TÍTULO
Artículo 16 Incoación
1. Cuando el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia tenga conocimiento de que un menor se encuentra en una posible situación de riesgo o desamparo, o cuando los padres o tutores soliciten la asunción de su guarda, incoará de oficio un procedimiento de protección.
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá abrir un período de información previa. Concluido este período, se dictará el acto de incoación o, por el contrario, y sólo cuando se hubiera verificado que la situación denunciada no justifica la adopción de una medida de protección, se ordenará el archivo de las actuaciones.
3. El acto de incoación del procedimiento deberá ser motivado.
4. En el plazo de diez días, se notificará a los padres, tutores o guardadores la incoación del procedimiento y se les informará del plazo para dictar resolución expresa y de los efectos de la falta de resolución.
Artículo 17 Acumulación
Para garantizar la celeridad de la actuación administrativa y el principio de economía procesal, se podrán acumular los procedimientos de asunción de la tutela o la guarda al de constitución de un acogimiento.
1. En la instrucción del procedimiento, se realizarán cuantas actuaciones resulten necesarias para el mejor esclarecimiento de la situación del menor y se aceptarán los elementos de prueba que propongan los interesados.
2. Es preceptiva la emisión de un informe social sobre la situación del menor y su familia. Además, podrán solicitarse cuantos informes sociales, médicos, psicológicos, policiales o de cualquier naturaleza, resulten necesarios.
3. Cuando las medidas de protección incluyan una ayuda económica, ésta se otorgará aplicando los criterios establecidos para la concesión de estas ayudas y, en su defecto, los criterios generales de las ayudas sociales vigentes en cada momento.
Artículo 19 Trámite de audiencia
1. Antes de redactar la propuesta de resolución, se deberá oír a los padres, tutores o guardadores y al menor siempre que éste fuere mayor de 12 años.
2. En este trámite se pondrá de manifiesto el procedimiento a los interesados, si bien se retirarán del expediente todos los documentos que resulten necesarios para no revelar datos referentes a la intimidad de las personas y asegurar la reserva de las actuaciones.
Artículo 20 Propuesta
Las medidas de protección se adoptarán, previa propuesta del órgano colegiado competente, en el que existirá una visión pluridisciplinar de la situación del menor y de su entorno.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento, que deberá ser motivada, decidirá todas las cuestiones planteadas y expresamente declarará si el menor se encuentra en situación de riesgo o desamparo, la asunción de la guarda o, por el contrario, ordenará el archivo del expediente.
2. Si se adoptara una medida de protección, la resolución deberá aprobar el correspondiente plan de intervención y/o proyecto educativo que necesariamente fijará los objetivos generales y el plazo máximo de su duración.
3. La declaración de desamparo y la asunción de la guarda deberán establecer, además, la forma de acogimiento que corresponda.
Artículo 22 Plazo y efectos del silencio
1. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos regulados en la presente Sección es de seis meses.
2. Transcurrido este plazo sin que hubiera sido notificada la resolución expresa, se podrá entender caducado el procedimiento de protección y, en los casos de la petición de guarda, desestimada la solicitud.
Artículo 23 Declaración urgente de desamparo
1. Cuando la situación de desamparo sea de tal naturaleza que haga precisa la intervención urgente de la Administración, se podrá acordar la inmediata declaración de la tutela por el procedimiento previsto en este artículo.
2. En el acto de iniciación del procedimiento deberá acreditarse la situación de desamparo y la urgencia de la medida de protección.
3. El órgano competente para resolver, sobre la base del acto de iniciación del procedimiento, decidirá la declaración urgente de la tutela o bien la remisión del expediente al órgano instructor para su tramitación por el procedimiento ordinario.
4. En todo caso, una vez asumida la tutela por el procedimiento de urgencia, se realizarán las actuaciones de instrucción del procedimiento ordinario.
Artículo 24 Notificación a los interesados y comunicación al Ministerio Fiscal
1. La resolución será notificada a los padres, tutores o guardadores siempre que no exista resolución judicial que lo prohiba.
2. Las medidas de protección deberán ser comunicadas al Ministerio Fiscal en el plazo más breve posible, que será de cuarenta y ocho horas para la asunción de la tutela.
3. La asunción de la tutela además será comunicada al Registro Civil.
Artículo 25 Auxilio judicial
Si los padres, los tutores o los guardadores impidieran la ejecución de la medida de protección acordada, el órgano competente solicitará a la Autoridad Judicial la realización de las actuaciones necesarias para hacerla efectiva.
1. Mediante el seguimiento se verificará el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de intervención y/o proyecto educativo y la oportunidad del mantenimiento de la medida de protección.
2. El seguimiento se realizará siempre que se considere necesario y, al menos, cada seis meses.
Artículo 27 Revisión del plan de intervención
1. El órgano encargado del seguimiento podrá revisar los objetivos o plazos de cumplimiento del plan de intervención, o incluso acordar su prórroga, dando cuenta al Comité de Tutela.
2. Cuando esta revisión suponga la modificación sustancial de los objetivos fijados en el plan de intervención, el Comité de Tutela deberá informar preceptivamente.
Artículo 28 Limitación temporal del plan de intervención en situaciones de riesgo
1. Tratándose de situaciones de riesgo, no se podrán acordar prórrogas al plan de intervención, salvo que éstas estuvieran expresamente previstas y, en todo caso, por un plazo máximo que no podrá superar el tiempo para el que el citado proyecto fue concebido.
2. Si transcurrido el plazo máximo se considerase que el menor continúa en la situación de riesgo, deberá incoarse un nuevo procedimiento.
La Administración informará a los padres, tutores o guardadores sobre la situación y la evolución del menor cuando no exista resolución judicial que lo prohiba.
Artículo 30 Cesación de las medidas de protección
1. Con carácter general, las medidas de protección cesarán:
d) Por el transcurso del plazo para el que fueron adoptadas.
e) Por resolución administrativa, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la adopción de la medida, o el interés del menor lo aconseje.
f) Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto en la resolución, siempre que esté garantizado el superior interés del menor.
Artículo 31 Resolución administrativa
1. Con carácter general, el procedimiento de cesación se iniciará de oficio siempre que resulte conveniente para el interés del menor y se regirá, en lo que proceda, por lo previsto para la adopción de las medidas de protección.
2. Tratándose de guardas asumidas a petición de parte y de acogimientos familiares, el procedimiento de cesación se podrá iniciar también a instancia de los padres o tutores y de los acogedores, respectivamente. Transcurridos tres meses sin que se hubiese dictado resolución, se podrá entender que se extingue la medida de protección.
Artículo 32 Resolución judicial
1. Será precisa la intervención del órgano judicial para la cesación de la guarda y el acogimiento constituidos judicialmente.
2. La tutela «ex lege» cesará siempre que se constituya judicialmente otra tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado.
3. Igualmente las medidas de protección cesarán siempre que se acuerde por resolución judicial.
4. Dictada la correspondiente resolución judicial, la Administración procederá sin más trámite al archivo del expediente.
Transcurridos tres meses desde la cesación de la medida de protección, se podrá realizar un informe final sobre la situación del menor.