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Timestamp: 2018-01-22 17:58:23
Document Index: 217808583

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 55', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 1226', 'artículo 88', 'artículo 33', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 1216', 'artículo 1216', 'artículo 1216', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 1217', 'artículo 1217', 'artículo 43', 'artículo 1217', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 70', 'artículo 120', 'Artículo 120', 'artículo 9']

SUCESOS CONTEMPORÁNEOS Thinking & History: PROCESO DE SEGURIDAD SOCIAL
( no ACTUALIZADO)
(bosquejo de investigacion)
Las estadísticas facilitadas por el Centro de Documentación Judicial demuestran la importancia de los pleitos de Seguridad Social en la jurisdicción social. Las cifras son elocuentes, es en donde más demandas se presentan:
TOTAL JUZGADOS ASUNTOS SOCIALES
Sanciones e Infrac. de orden social
Actuación admtva. en traslados colect.
Y también en donde más pleitos se resuelven:
Pero junto a la contundencia de la estadística, el peso económico de las prestaciones sobre el sistema publico de Seguridad Social[1] decididas jurisdiccionalmente son, significativamente, más relevantes que el resto de procedimientos tramitados en esta jurisdicción especializada. Por todos estos motivos, el proceso de Seguridad Social se convierte en soporte esencial de la jurisdicción social hasta el extremo de identificarlo como una de las causas de ralentización de los tribunales sociales, tanto de instancia como Superiores de Justicia[2] lo que justifica la progresiva creación de Juzgados de lo Social y Secciones dentro de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
Las críticas hacia este proceso son numerosas, entre algunas de ellas destacamos: causa de aplastamiento del orden jurisdiccional social; ser atentatoria a la realización de la función tutelar del proceso. En suma, incidencia negativa en la jurisdicción social por el gran número de pleitos. Dada esta causa, su origen se haya justificado por la gratuidad del proceso laboral y de seguridad social – en los términos señalados por el art. 2.2º.d) de la Ley 1/1996, de 10 enero 1996- lo que ocasiona que la instancia judicial fiscalice la mayor parte de las resoluciones administrativas de la Administración de la Seguridad Social, constituyéndose, de hecho, en una prolongación de la vía administrativa, en ocasiones, indebida. Otros reproches, de carácter técnico, relativos a la oportunidad desaprovechada por el legislador en la redacción de la LPL, Texto articulado de 1990 como en la de 1995, Texto Refundido, de introducir en el proceso de Seguridad Social la previsión del art. 158.3º de la LPL en el proceso de conflicto colectivo, consistente en la extensión de la cosa juzgada de la sentencia firme a pleitos que posean idéntico objeto[3].
Con las cifras expuestas es difícil justificar una regulación tan escueta en la LPL: únicamente 3 artículos en su fase prejudicial, arts. 71 a 73; 7 artículos en su fase declarativa, arts. 139 a 145 ( Capítulo VI del Titulo II del Libro II); en su fase ejecutiva arts. 285 y 286 ( Capitulo IV del Titulo I del Libro IV) para la ejecución definitiva y arts. 292 a 294 para la ejecución provisional ( Capitulo II del Titulo II del Libro IV), en términos estrictamente literales. Lo que obliga ante vacíos irreductibles remitirse a otras instituciones generales reguladas en la propia LPL o en la LEC de 2000 por aplicación de su art. 4.
Esa regulación contrasta con la existente en la LPL de 1980 en donde existían tres clases de procedimientos: el común, el de accidentes de trabajo y otras contingencias y el de oposición a la ejecución dineraria en materia de Seguridad Social . La explicación de esa reducción debe entenderse producida por la opción del legislador hacia la simplificación y clarificación procedimental que si bien ocasiona algunas deficiencias técnicas en su regulación no deja de ser una manifestación de constituirse España en un Estado democrático que facilita el acceso y comprensión a la jurisdicción social.
Sin embargo, las sumas ofrecidas por la estadística deben analizarse con prudencia dado que la competencia para el conocimiento de los asuntos de Seguridad Social se haya dividida entre la social y la contencioso-administrativa. Aún la fuerza expansiva que aquélla parece desprender desplazando, hasta el límite de lo interpretativamente aceptable, la atribución de asuntos a la contenciosa.
Los litigios en materia de Seguridad Social pertenecieron exclusivamente a la jurisdicción social desde la Ley de 17 de octubre de 1940 . Las Magistraturas de Trabajo eran el único órgano jurisdiccional en el Orden social del Derecho para decidir los pleitos sobre previsión social. De este modo, las Magistraturas conocían las demandas sobre accidentes de trabajo, el seguro de enfermedad y demás seguros básicos además de las mutualidades denominadas de previsión social , los casos de exacción de cuotas y primas de seguros sociales y reintegro de prestaciones. Esta situación quedó alterada por la creación de la Magistratura Especial de Previsión Social creada bajo el imperio de la LPL de 1958 con jurisdicción en todo el territorio nacional. El control judicial quedaba distribuido entre aquellos asuntos atribuidos a esta Magistratura: seguros de enfermedad, vejez e invalidez y familiares, desempleo, enfermedades profesionales y mutualismo laboral y los atribuidos a las otras magistraturas: accidentes de trabajo, oposición en procedimientos ejecutivos contra empresas por prestaciones y asuntos sobre Mutualidades Libres creadas por la Ley 6 de de diciembre de 1941.
Esta situación, sin embargo, únicamente se prolongó hasta el Texto Refundido de 1966, de hecho, la OM 16 de febrero de 1967 transformó la Magistratura especial en la Magistratura núm. 8 de Madrid. A partir de 1966 la competencia de todas las magistraturas se extiende al conjunto de los pleitos sobre Seguridad Social[4], sin atender a la actual exclusión de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social residenciada, en la vigente LPL, en la jurisdicción contencioso administrativa al amparo del art. 3.1º.b) de la LPL . De hecho, el art. 1.4º de la LPL de 1973, Decreto 17 de agosto de 1973, núm. 2381/1973, atribuye a la jurisdicción de trabajo el conocimiento de las ejecuciones en vía de apremio derivadas el incumplimiento de las obligaciones de cotizar a la Seguridad Social . Idéntico contenido en el art. 1.6º de la LPL de 1980, RD-Leg. 13 de junio de 1980 y arts. 126 a 132 que regula la Oposición a la ejecución en materia de Seguridad Social. Es decir, originariamente la fiscalización de la gestión recaudatoria era conocida por las Magistraturas de Trabajo, sin embargo, se produjo una evolución que atribuyó el enjuiciamiento de tales actos administrativos a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Esa desmembración de la jurisdicción social se produjo por una serie de etapas sucesivas que tuvieron como fin retener la competencia de los órganos de la Administración del Estado. Quizás ello sea la causa principal que provoca las fricciones entre los órdenes social y contencioso-administrativo ya que tanto la estructura de organización y financiera como la gestión prestacional del sistema de Seguridad Social viene encomendada en nuestro ordenamiento a entidades de Derecho Público[5].
Una primera , motivada por la intervención de las Inspecciones de Trabajo y Delegaciones de Trabajo, como órganos de la Administración Central permitían mediante las correspondientes actas y certificaciones la efectividad coactiva de la función de recaudación. El soporte normativo se encontraba en los arts. 79 de la LGSS y 25 y 30 del Decreto 1860/1975 de 10 de julio.
Otro momento como consecuencia de la reforma del sistema de Seguridad Social por el art. 41 de la CE y el Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, que atribuye a la Seguridad Social la condición de « Régimen Público» . Esta calificación provocó una descentralización incipiente de la función de recaudación en tanto las actas de liquidación continúan atribuidas a la Inspección del Trabajo, el artículo 11.2º de la Ley 40/1980 de 5 de julio disponía que la expedición de las certificaciones de descubierto corresponde al órgano competente de la Tesorería General aunque se mantenga la exigencia de que sean autorizadas por la Delegación Territorial del Departamento Ministerial, bien singular o bien cumulativamente.
Una tercera etapa marcada por el Real Decreto-Ley 10/1981 de 19 de junio, art. 1º declarando a la TGSS como caja única del Sistema Nacional de la misma, gestionando la recaudación. Su art. 2º expresa que serán las Tesorerías Territoriales las que promoverán el procedimiento ejecutivo expidiendo los correspondientes certificados de descubierto en los casos que detalla. Para su plena eficacia operativa no es precisa ninguna intervención de cualquier otro órgano administrativo. La norma deja vigente el procedimiento de exacción de cuotas por actas de liquidación que la Ley General de la Seguridad Social atribuye a la Inspección de Trabajo. En desarrollo de dicho Decreto-Ley y de la Ley 40/1980 , el Decreto 1694/1982 de 9 de julio mantiene el principio descentralizador y su artículo 12 ordena que sea la Tesorería General la que curse los requerimientos.
La Ley 44/1983 de 28 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 1984, incorpora dentro del epígrafe «Normas relativas al presupuesto para la Seguridad Social » en su artículo 55, la gestión recaudatoria de la TGSS , de este modo su apdo. 4 explicita: « Las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social, previamente a la expedición de la certificación de descubierto, deberán reclamar la deuda, mediante notificación de descubierto, al sujeto responsable que no hubiera ingresado las cuotas correspondientes habiendo presentado los documentos de cotización y/o, en su caso, ingresado solamente la aportación de los trabajadores» .
Bajo estos antecedentes normativos, las sentencias de los tribunales atribuían a la jurisdicción contenciosa el conocimiento de los asuntos, sin perjuicio que tanto por la Ley 40/1980, de 5 de julio de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social en el art. 14.2º habilitara al Gobierno para aprobar, mediante Real Decreto, el oportuno procedimiento de cobranza de los débitos a la Seguridad Social en vía de apremio. Ubicando la impugnación de sus actos en la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad a su art. 16.1º. Publicado el Reglamento General de Recaudación de 16 de abril de 1986, la vocación es clara en residenciar en la jurisdicción contenciosa, de modo definitivo, la impugnación de los actos recaudatorios, tal y como expresa su Exposición de Motivos[6]:
« Asimismo, el presente Real Decreto, desarrollando las previsiones del artículo 16.1 de la Ley 40/1980, de 5 de julio, consagra una modificación importante respecto de la revisión de los actos de gestión recaudatoria al residenciarla en la vía contencioso- administrativa, en lógica coherencia con la configuración administrativa de los procedimientos recaudatorios en el ámbito de la Seguridad Social y consecuencia obligada de la caracterización de las potestades de recaudación en vía ejecutiva como potestades típicamente administrativas» .
El objeto de este estudio se ciñe al proceso de Seguridad Social regulado en la LPL , no a los procesos en materia de Seguridad Social que bien pueden conocerse o en la LPL , ajenos por tanto al procedimiento especial o los que se tramiten en la LJ de 1998.
Ámbito objetivo del proceso de Seguridad Social
Dos son las cuestiones a desarrollar en el presente epígrafe: Primera, delimitación jurisdiccional de la social frente a la contencioso-administrativa, es decir, qué asuntos en materia de Seguridad Social son conocidos por los órganos jurisdiccionales sociales y qué materias deben fiscalizarse por la contencioso-administrativa. Segunda, dentro de la jurisdicción social, bajo los principios de la LPL, qué controversias deben tramitarse entre el proceso ordinario y el especial de Seguridad Social.
A) Delimitación jurisdiccional de la social frente a la contencioso-administrativa en materia de Seguridad Social .
Escuetamente el art. 2.b) de la LPL sitúa la materia de Seguridad Social incluida la protección por desempleo en la jurisdicción social con la excepción, ya dicha, del art. 3.1º.b)[7], en congruencia con el art. 9.5º de la LOPJ mucho mas preciso que la norma procesal laboral en la delimitación de la jurisdicción social[8] .
Ahora bien ¿qué se entiende por materia de Seguridad Social ¿. En plena fase expansiva de la protección social a través del sistema público de Seguridad Social es difícil dar una respuesta que ubique los múltiples procedimientos administrativos que comprende esta expresión en la jurisdicción social. Por ello, no es extraño comprobar tesis de autores[9] que denuncian la falta de sistematicidad entre el concepto de Seguridad Social empleado en la LPL, concepto procesal de la Seguridad Social por tanto, y el usado en la LGSS y Estatuto de los Trabajadores, concepto sustantivo de la Seguridad Social.
Esa dicotomía en materia de Seguridad Social no se presenta en materia de Derecho del Trabajo cuyas relaciones jurídicas son fiscalizadas, ordinariamente, por la jurisdicción social[10]. Y ello es congruente porque como señalan entre otras, la STSJ de Castilla-La Mancha de 14 de febrero de 1992[11], FD primero, con remisión a las SSTS de 10 de febrero de 1978[12], 23 de febrero de 1980[13] y 18 de febrero de 1982[14], la normativa de Trabajo y la que regula la Seguridad Social no son coextensas[15]. Prueba de ello es que el art. 9.5º de la LOPJ diferencia entre « rama social del derecho» y « reclamaciones en materia de Seguridad Social » , es decir, no hay identidad entre la una y la otra, lo que justifica los conflictos jurisdiccionales entre la social y la contencioso-administrativa en materia de Seguridad Social .
No ha existido un criterio uniforme en la delimitación material de la jurisdicción social frente a la contencioso-administrativa en cuestiones de Seguridad Social y todo ello porque el diseño de la misma obedeció a un cierto pragmatismo y casuismo sobre la ponderación del principio ordenador para cada orden jurisdiccional [16]. Si embargo, específicamente para el proceso especial de Seguridad Social, la frontera entre jurisdicción social y contencioso-administrativa se encuentra en una tensión permanente, acrecentada por la normativa de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social que quiebra la regla del art. 9.5º de la LOPJ « reclamaciones en materia de Seguridad Social » . Muchas han sido las hipótesis construidas para atribuir a una u otra jurisdicción la materia de Seguridad Social pero ninguna colma las exigencias de la sistemática científica: Tal vez la más idónea sea la que bajo la interpretación del término reclamaciones empleado por la LOPJ se identifique la actividad prestacional de Seguridad Social, la acción protectora del Sistema, en cuyo caso , todas las controversias jurídicas pertenecientes a esa actividad administrativa quedarían dentro del orden social. Ninguna prestación del sistema[17] se reconoce en vía contencioso-administrativa , dejando a un lado la impugnación del grado de minusvalía que anteriormente era residenciado en la jurisdicción contenciosa modificando posteriormente el Tribunal Supremo su propio criterio para atribuirla a la social[18]. Pero en cambio, sí es posible destacar que las prestaciones recogidas en el Régimen Especial de Funcionarios Públicos
Desde este prisma, cobra fuerza el criterio defendido por la STS 28 de septiembre de 1987[19], Sala de lo Social, FD único, que razona:
« […] El proceso especial de la Seguridad Social […] está concebido en aras de unas pretensiones contra las entidades gestoras y no contra una actuación de la Administración pública, por lo que el tema de la impugnación del acta queda atribuido a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, aunque la materia subyacente sea de derecho social[…] ».
En definitiva y ante la falta de obtener un criterio que contemple rigurosamente todas las manifestaciones jurídicas de la Seguridad Social y delimite la jurisdicción aplicable , inexistente en la actualidad, se estará a un criterio enumerativo únicamente . La complejidad es tal, que aún en materia de prestaciones, propiamente atribuible a la jurisdicción social, algunos aspectos de la ejecución forzosa de la Sentencia condenatoria a la Administración de la Seguridad Social se fiscalizaran en la jurisdicción contencioso administrativa. En este contexto alguna Sentencia del Tribunal Supremo, v.gr.: la de 31 de julio de 1990[20] , criticó esta situación calificándola como una « separación artificial de la competencia judicial» . Su FD tercero expone:
« En efecto, un concepto amplio de recaudación que excluya del ámbito del orden social todo lo relativo a la recaudación de las prestaciones priva al mismo de conocer sobre materia propia y exclusiva de su competencia al introducir una separación artificial sometiendo los aspectos ejecutivos e incluso algunos claramente declarativos, como el acto liquidatorio, al control del orden contencioso-administrativo. Esta separación rompe la unidad de la atribución legal de la competencia y por ello hay que dejar claro que cuando las normas a que se ha hecho mención inicialmente excluyen la gestión recaudatoria de la Seguridad Social se están refiriendo a la recaudación de Cuotas y de otros recursos distintos de los que constituyan una cuestión litigiosa en materia de seguridad social en el sentido del artículo 1,4 antes citado, porque cuando existe una controversia de esta naturaleza la competencia del orden social ha de ser plena[…] » .
En definitiva cabe apreciar en la regulación de los procesos de Seguridad Social un marco sustantivo único, la LGSS , si bien existe una dualidad jurisdiccional en su control que se realiza a través de órganos sociales y contencioso-administrativos. Y esa duplicidad de jurisdicciones concurrentes en una sola materia se deba a la naturaleza pública de la Administración de la Seguridad Social . Ese carácter impide que los procesos emanados de su actividad pueden determinarse en una sola jurisdicción .
Fase probatoria en el procedimiento especial de Seguridad Social .
No presenta excesivas particularidades la fase probatoria en este proceso especial . Por ello , la exposición de este capítulo contendrá una teoría general de la prueba para, después , adentrarnos en los aspectos más destacados de los distintos medios probatorios; aspectos relacionados no sólo con el medio sino también, especialmente, con el proceso especial de Seguridad Social . Respecto a éste último podemos apuntar tres especialidades , dos de ellas atinentes a la prueba documental : la primera contenida en el art. 143.3º de la LPL, que autoriza la ficta documentatio cuando la Administración de la Seguridad Social no remitiera el expediente administrativo al juzgado una vez que el procedimiento se hubiere suspendido a causa de no estar incorporado en autos. La segunda, contenida en la Disp. Transitoria Segunda. dos[41], referentes a los documentos oficiales de cotización con interesantes consecuencias como veremos mas adelante.
La última, tercera, cuando se solicita interrogatorio de las partes al representante legal de la Administración de la Seguridad Social, el Director Provincial , en cuyo caso, de conformidad a las previsiones del art. 315.1º de la LEC de 2000 , se evacuará mediante informe.
Sección I. - Concepto y naturaleza de la prueba.
Se configura la prueba como parte esencial del denominado silogismo judicial, componente que junto a la pretensión y la norma jurídica aplicable conforma la operación lógica del Órgano judicial ante la existencia de hechos controvertidos. La incardinación de la prueba en esa estructura racional determina no únicamente la viabilidad de la pretensión formulada por la parte sino también el sentido de la norma jurídica aplicable al caso. El resultado de la misma conforma, del mismo modo, la motivación de la sentencia, exigencia constitucional del art. 120.3º de la CE [42].
La relación entre prueba y sentencia desde una dimensión psicológica es esencial. Si la sentencia es resultado una operación intelectual y una expresión de voluntad[43], la prueba expresa la certeza jurídica de unos hechos que tienden a crear en la mente del juez el convencimiento de los mismos con anterioridad a la aplicación de la norma.
Hablamos de certeza jurídica, no de verdad material. La doctrina científica del siglo XIX hallaban en la búsqueda de la verdad material[44] el fundamento de la prueba – Bonnier: las pruebas son los diversos medios por los cuales llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad -. Pretensión tan ambiciosa como utópica, hoy sólo se persigue la fijeza de unos hechos concretos , previamente alegados[45] , con exclusión de otros no aducidos con la finalidad de fijar unas premisas fácticas sobre las cuales aplicar las consecuencias jurídicas plasmadas en nuestras normas[46].
La concepción dogmática de la prueba presenta dos orientaciones: La primera centrada en el aspecto formal de la misma definiéndola como mecanismo de fijación formal de los hechos procesales. La segunda, material, que persigue demostrar la existencia o inexistencia de un hecho, verdad o falsedad de una afirmación[47]. Junto a la imposibilidad de esta ultima, la artificialidad de la primera, por ello la doctrina elabora una tesis más elaborada centrándola en el convencimiento psicológico del iudex. En esta corriente incluimos a Prieto Castro - actividad que desarrollan las partes con el Tribunal para llevar al Juez la convicción de la verdad de una afirmación o para fijarla a los efectos del proceso[48]-; Gómez Orbaneja y Herce Quemada - actividad procesal encaminada a producir en el juez el convencimiento de la verdad o no-verdad de una alegación de hecho; o bien, a fijar los hechos necesitados de prueba como dados, independientemente de ese convencimiento, en virtud de unas reglas de valoración legal[49] -; Guasp– el acto o serie de actos procesales por los que se trate de convencer al Juez de la existencia o inexistencia de los datos lógicos que han de tenerse en cuenta en el fallo[50]; Cortes Domínguez – actividad de las partes encaminadas a convencer al juez de la veracidad de unos hechos que se afirman existentes en la realidad[51]- Bien la sostenida por la doctrina alemana, Kleinfelle y Weismann, como cauce para convencer al juez de la certeza[52] de los hechos que son fundamento de la relación o del estado jurídico litigioso[53].
Una definición más amplia es ofrecida por Montero Aroca – actividad procesal por la que se tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso o a fijarlos conforme a una norma legal[54]-. Y sobre ésta se impone la aclaración de algunos de sus componentes:
1. - La prueba únicamente se manifiesta en un proceso concreto y para ese exclusivamente. Circunstancia que estimo adverada por la ineficacia que los hechos probados de una sentencia provocan en otra, vid. Sentencias de 30 de noviembre de 1998[55] y 19 de junio de 1996[56], del TSJ de Aragón; 11 de septiembre de 1998[57] y 6 de febrero de 1998[58], del TSJ de Andalucía, Málaga; 18 de noviembre de 1997[59], del TSJ de Valencia y 13 de mayo de 1996[60], del TSJ de Extremadura - empero la excepción contemplada en la Ley 8 de noviembre de 1995, art. 42.5º[61] de la Ley 8 de noviembre de 1995-.
2. - Se habla de datos y no de hechos en cuanto su objeto puede consistir también en una norma jurídica[62].
3. - La prueba posee un distinto alcance en atención al sistema de valoración o apreciación de la misma: en aquellos que establecen el sistema de libre valoración, la prueba es la actividad procesal que persigue el convencimiento psicológico del Órgano judicial sobre la existencia o no de los datos aportados al proceso. En otros en donde impera el sistema legal de valoración, la prueba será la actividad procesal que tiende a fijar como ciertos los datos aportados al proceso con independencia del convencimiento del juzgador.
Esta definición es la asumida por la legislación ya que atiende al elemento psicológico del iudex[63]. El elemento normativo en la definición de la prueba se hace necesario, esencial, pues como apunta Montero Aroca no es valida la definición de la prueba sino es con referencia a un determinado derecho positivo[64].
La finalidad de la misma es el convencimiento del iudex, evitando la búsqueda de la verdad material[65]. Pero en esa singladura es claro que participa no sólo la actividad de las partes sino mucho la actividad psicológica del órgano jurisdiccional, calificada como compleja e inaprensible pero plasmada exteriormente en la sentencia. Este factor, indudablemente, puede cercenar todas las definiciones sobre la prueba pues el ingrediente psicológico del juez puede neutralizar los intentos de las partes de crearle una determinada visión sobre los datos aportados. De este modo, las motivaciones de una sentencia llevan el marchamo inconfundible de la personalidad del juez[66]. Así pues si admitimos que el convencimiento psicológico del órgano jurisdiccional es el elemento teleológico de la prueba, esta otra que pondera el fuero interno del órgano decisor ofrece matices distintos, ambiciosos, que alcanzan a la circunstancia cognoscitiva de éste con lo que conlleva de indeductible y de lo inabarcable que supone concretar y sistematizar lo abstracto. Elemento que habrá que calibrar necesariamente aún se opte por un sistema de libre valoración de la prueba, bien por uno tasado – rechazable por inoperativo -, bien por un sistema mixto. En suma un importante factor todavía inexplorado.
1. - Normas reguladoras de la prueba en el proceso de Seguridad Social .
No posee el proceso de Seguridad Social normas probatorias diferentes del proceso ordinario regulado en la LPL por ello la remisión a las generalidades probatorias contenidas en la LPL se hacen obligadas[67] . La prueba en el Proceso Laboral se contiene en los arts. 76.2º, 78, 85.4º, 87, 88, 89.1º.b) que regula sus aspectos procedimentales y los arts. 90 a 96, que disciplina los distintos medios de prueba. Sin embargo, la regulación normativa es escueta, fragmentaria e incompleta lo que origina la remisión a la LEC de 2000 dados la Disp. Adicional Primera. I de la LPL y el art. 4 de la LEC . Como a los artículos del CC - 1216 a 1225 y 1227 a 1230 - que no han sido derogados por la Disp. Derogatoria única 2º de la LEC de 2000[68] pertenecientes a la prueba documental .
La LPL de 1980 remitía al CC y a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Idéntica previsión ha realizado el legislador en la LPL de 1990 y 1995 , cuyos arts. 90.1º disponen que las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley. Esta remisión genérica a la ley no puede ser otra que los Textos atrás expuestos : CC y Ley de Enjuiciamiento Civil.
El art. 299.1º de la LEC de 2000 establece como medios probatorios los siguientes:
1º. Interrogatorio de las partes.
2º. Interrogatorio de testigos.
3º. Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.
4º. Reconocimiento judicial, cuando no se haya de llevar a cabo fuera de la sede del tribunal.
5º. Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.
Igualmente se prevé en su apartado 2º los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
Es significativa la cláusula abierta del apartado 3º, pudiendo el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, utilizar otros medios que procuren la certeza de la misma.
La ubicación de los medios probatorios se ubican en la Secciones 1ª a 9ª, del Capítulo VI, Título I, Libro II del nuevo Texto referidos respectivamente: Del interrogatorio de las partes, arts. 301 a 316; De los documentos públicos, arts. 317 a 323; De los documentos privados, arts. 324 a 327; Disposiciones comunes a la Secciones 2ª y 3ª, arts. 328 a 334; Del dictamen de peritos, arts. 335 a 352; Del reconocimiento judicial, arts. 353 a 359; Del interrogatorio de testigos, arts. 360 a 381; Del interrogatorio de las partes, arts. 375 a 383; De la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso, arts. 382 a 384; De las presunciones, arts. 385 a 386.
Respecto al Real Decreto Legislativo 7 de abril de 1995, núm. 2, la escueta regulación de la prueba denota lo subsidiario del Texto procesal, breves menciones que únicamente contienen – y de modo incompleto[69]- las especialidades de la prueba laboral: el art. 91 respecto a la confesión; el art. 92 en cuanto a la testifical; el art. 93 respecto a la pericial; el art. 94 en cuanto a la documental y el art. 95 referido a la prueba de expertos.
Dada esta situación la LEC 1/2000 establece en su art. 4 el carácter supletorio de la misma, específicamente, respecto a la LPL . Aplicación igualmente prevista por el Texto Laboral en la Disp. Adic. 1ª.1º.
I Aspectos procedimentales de la prueba.
1.- Orden en la práctica de la prueba.
La práctica de la prueba se realizará con el siguiente orden de conformidad al art. 301 de la LEC de 2000 :
Este orden podrá ser alterado por el Tribunal – órgano jurisdiccional – de oficio o a instancia de parte siguiéndose con las consecutivas prefijadas.
Las fases de la prueba: el tiempo de la prueba.
La LPL describe en el art. 87 el procedimiento probatorio en general, remitiendo a la regulación especifica del medio en concreto en los siguientes artículos de la LPL . Nos hallamos ante un procedimiento procesal entendido como el encadenamiento de todas aquellas actividades que se dirigen específicamente a convencer al Juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado[70].
El iter procedimental de la LPL es inexistente, remitiéndose al recogido en la LEC de 2000 que prevé fases de proposición y práctica de la prueba, arts. 284 a 288. La inexistencia del recibimiento a prueba obedece a la tesis del legislador del 2000 que defiende lo superfluo de ésta en tanto no existan hechos controvertidos[71], respondiendo de algún modo a las indicaciones del Libro Blanco de la Justicia, en donde el recibimiento en sí era concebido como un acto procesal de escasa relevancia en tanto era puesto a disposición de las partes junto a la proposición de la prueba[72] . Es decir, únicamente cuando no exista conformidad sobre los hechos comenzará la fase probatoria. Ahora bien, la doctrina ha criticado la simplicidad de esta opción en tanto existan supuestos que puedan provocar discrepancias no sobre los hechos o datos objetos de la prueba sino sobre la oportunidad o no de la misma– hechos notorios por ejemplo o incluso la posibilidad o no de ser practicada la prueba en el mismo acto del juicio- que requerirán una resolución del iudex pronunciándose sobre su idoneidad[73]. Esta critica secunda aquella otra que exponía los resquemores a que las partes decidieran sobre la idoneidad del recibimiento a prueba sin intervención del juez a efecto de valorar dicha opción[74].
Ante la falta de un trámite de audiencia previa como el previsto en los arts. 414 a 430 de la LEC de 2000 para el proceso ordinario o el acto de vista regulado en los arts. 443 a 444 para el juicio verbal, actos encaminados a fijar los hechos controvertidos y que justifican la inexistencia del trámite de la petición de recibimiento a prueba me cuestiono la pervivencia del mismo para el proceso laboral pues el mismo sería exigible sobre la concentración del proceso laboral y la falta del acto previo judicial a la vista oral. Por ello mantengo el trámite de la solicitud de recibimiento a prueba en la Procesal Laboral.
Sobre esta exigencia distingo como fases del procedimiento probatorio las siguientes:
q Petición de recibimiento a prueba.
q Recibimiento a prueba.
q Proposición de los medios de prueba.
q Admisión de los medios de prueba.
q Práctica.
En cuanto a las fases realizamos la siguiente discriminación:
a.Petición de recibimiento a prueba.
Entendido como aquel acto procesal por el que las partes solicitan al órgano jurisdiccional que en el proceso se realice prueba[75]. Se efectúa fuera de la etapa probatoria, y aunque nada explicita la LPL , es lógico pensar que deba practicarse con posterioridad pero inmediatamente después de las alegaciones orales formuladas por las partes, dada la naturaleza eminentemente oral del proceso de cognición laboral. Ello justifica que el legislador haya omitido cualquier referencia del momento de la solicitud. Esta petición recae en la parte o partes respecto a hechos controvertidos del proceso bajo la carga de sufrir las consecuencias de no probar o refutar los que afecten a su derecho[76].
Consecuencia del principio de aportación de parte cabe solicitar el recibimiento a prueba del pleito a prueba si existe petición de al menos una. Esa petición constituye un acto procesal, una petición genérica de apertura del procedimiento probatorio. Se manifesta en el Proceso Laboral en una de las resoluciones verbales del art. 49.4º de su Procesal Laboral. La doctrina del Tribunal Supremo sentada en la Sentencia de 7 de diciembre de 1988[77] expone con claridad la incidencia del principio de aportación de parte y dispositivo en cuanto a la solicitud de recibimiento a prueba, en su FD segundo .
b. Recibimiento a prueba.
Definido como el acto procesal por el que el Juez, ante la concurrencia de los requisitos necesarios , resuelve que exista en general prueba en el proceso.
La LEC de 1881 consagra el principio dispositivo que atribuye a las partes el dominio del proceso. Pero esta atribución debe ser objeto de limitaciones aún topándonos con intereses privados y siendo razonable que derivado de tal carácter la voluntad particular pueda delimitar el proceso ya que el proceso mismo es un instrumento de derecho público[78] .Todo lo cual debe matizar ese poder de disposición y dar cabida a la voluntad del órgano jurisdiccional que pueda decidir el recibimiento de la misma .
Desde esta perspectiva, la postura doctrinal esgrimida, ha tenido una cierta recepción en la LEC de 2000, art. 282[79], en cuanto permite que el órgano jurisdiccional de oficio, pueda acordar que se practiquen determinadas pruebas, si bien limitado a los supuestos establecidos en la ley.
La previsión novedosa en la Procesal civil de 2000, sin embargo, choca, frontalmente, con los postulados de la Procesal Laboral donde el dominio del proceso queda residenciado en las partes y en modo alguno su articulado reconoce facultades al iudex. Véanse los arts. 87.2º y 87.4º de la LPL , ostentando la intervención de éste carácter excepcional como evidencia el art. 87.3º.
La dinámica procesal de estos trámites puede ocasionar dos situaciones procesales controvertidas[80]:
a) Ante la negativa del Juzgador de recibir el pleito a prueba no obstante la petición de las partes o parte, cabrá que éstas formulen la correspondiente protesta que deberá documentarse en el acta a efecto del recurso de suplicación correspondiente, ex art. 191. a) o del incidente de nulidad ex art. 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Es criterio pacífico de la jurisprudencia del TS que únicamente será necesaria la protesta en el acta contra los acuerdos verbales pero no cuando la denegación sea acordada mediante providencia. Ratio contenida en las STS dictada en sede de Casación para la unificación de la doctrina de 19 de junio de 1993[81] , FD segundo.
Pero frente a esta tesis, no desconocemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara la actitud del magistrado que no reciba el pleito a prueba sobre la consideración que la misma no es decisiva circunscribiendo el pleito a una cuestión estrictamente jurídica[82]. Esta opción se encuentra plasmada en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1986[83] , en su FD segundo. Doctrina que debe ser atemperada por la sentada por la Sentencia del mismo Tribunal Constitucional de 28 de enero de 1997[84], FD noveno.
b) Que el iudex aun la inexistencia de voluntad de las partes al recibimiento opte por éste motu proprio.
Es calificado de excepcional esta eventualidad en un acto oral y concentrado como el establecido en el procedimiento laboral y cuya practica producirá nulidad de actuaciones si hubo acuerdo de las partes en omitir la práctica de la prueba.
c. Proposición de medios concretos de prueba.
Acto de los litigantes por el que se precisa qué medios de prueba piden que se practiquen en el proceso a realizar de modo oral y después del recibimiento a prueba. La proposición de los medios de prueba es otra manifestación más del principio de aportación de parte de tal modo que son éstas, y no el juzgador quienes deben determinar los medios de prueba que han de practicarse. Ostentando el Órgano jurisdiccional facultades negativas o de control, pero no positivas o de disposición, véase la STS de 19 de junio de 1993[85], FD cuarto.
Dos son los momentos en los cuales puede proponerse la prueba, a salvo las previsiones de los arts. 76.2º respecto a la testifical o interrogatorios de testigos - cuando en estos concurran circunstancias tales como edad avanzada, peligro inminente de su vida, proximidad de una ausencia a lugar con el que sean imposibles o difíciles las comunicaciones u otro motivo grave y justificado - y art. 78 –en cuanto a las medidas precautorias - aplicables a aquellas pruebas que no puedan ser realizadas en el acto del juicio en tanto las partes hayan solicitado la practica anticipada de pruebas -. Estos instantes pueden ser:
1.- O bien en el propio acto del juicio oral una vez recibido el juicio a prueba comenzando por el actor y posteriormente por el demandado. El orden expuesto no viene establecido por el art. 87 pero se desprende del art. 89.1º.b) de la LPL que disciplina el contenido del acta.
2.- El art. 90.2º del Texto Laboral excepciona la norma general probatoria establecida en la Ley en cuanto a la proposición de los medios probatorios pero no en cuanto a su práctica.
Estrechamente unido a este acto de parte se haya el art. 87.2º[86] de la LPL determinando que los litigantes han de concurrir con todos los medios de prueba de que intentan valerse. Característica ésta que en materia probatoria de la LEC de 2000 [87] tiene su consagración en el art. 290.
Las partes, por su respectivo orden, primero el demandante y después el demandado, formularán oralmente la proposición de la prueba. Si bien la LPL omite en su art. 87.1º cualquier referencia a este tramite, sí lo hace el art. 89.1º, b), al tener el Secretario Judicial que documentarlo en el acta[88], aunque de modo tácito, quizás por mimetismo procedimental.
No obstante la limitación de la potestad del iudex para proponer los medios probatorios estimo aplicable al Proceso laboral, las previsiones que la LEC de 2000 reconoce al Órgano jurisdiccional civil:
1.- Al amparo del art. 429.1º de la Ley Civil cuando el Tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a éstas indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.
2.- Al amparo del art. 282 de la Ley el Tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley.
La doctrina judicial estima que únicamente las pruebas que puedan ser practicadas en el acto del juicio oral pueden ser objeto de proposición, rechazándose las que por su naturaleza y finalidad no puedan serlo, v.gr.: las diligencias finales . Pero que incomparecido el medio de prueba propuesta al acto del juicio oral, si es del tipo personal, cabe la posibilidad, a discreción del juez, solventarlo acordando de nuevo su práctica a través de las diligencias finales .
d. Admisión de los medios de prueba
Se entiende por admisión de la prueba el acto judicial, de forma oral, por el que resuelve, si concurren los requisitos necesarios, no ya que haya prueba en general sino que se admita el medio de prueba particularmente pedido[89]. O bien como el acto del juzgador por el que, previo examen de los requisitos necesarios, determina, siempre oralmente, los medios de prueba que de entre los propuestos por las partes deben practicarse en el proceso[90].
En esta fase del procedimiento probatorio aparecen las facultades del juzgador aunque sean negativas refiriéndose a la no admisión de los medios de prueba en los siguientes supuestos:
q Aquellos que refieran a hechos no controvertidos o admitidos, resultando esta negación justificada por aplicación del art. 281.3º de la LEC de 2000. Con la peculiaridad introducida de modo expreso cuando el objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes. Desde esta perspectiva es constante la jurisprudencia que justifica la inadmisión de la prueba.
Aquellos que por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, hayan de considerarse impertinentes. Véanse las SSTS de 8 de marzo de 1996[91] , FD segundo y 7 de noviembre de 1995[92], FD cuarto:
Tampoco deben admitirse, por inútiles, las pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos, art. 283.2º de la LEC de 2000 . En esta tesitura, SSTS de 28 de enero de 1986[93], FD primero y 2 de noviembre de 1985[94] , FD tercero.
q Tampoco se admitirán como prueba cualquier actividad prohibida por la ley, art. 283.3º de la LEC de 2000 .
q Aquellos que sean imposibles en el sentido que no puedan practicarse en el acto del juicio oral. Máxime como ya se dijo, la LPL en su art. 82.2º ordena que la citación se haga constar a las partes que deben concurrir al juicio con todos los medios de que intenten valerse. Esta previsión normativa impide que ante la decisión del órgano jurisdiccional de rechazar algún medio de prueba de imposible práctica en el acto del juicio oral sea declarada nula la decisión por causar indefensión[95]. Vide, STS de 19 de junio de 1993[96], FD tercero.
Como excepción a lo expuesto, el supuesto especial de que los medios de prueba que requieran la traslación del Juez o Tribunal fuera del local de la audiencia, que serán admitidas si se estimasen imprescindibles, suspendiéndose el proceso por el tiempo estrictamente necesario.
Los medios probatorios que pueden causar el desplazamiento del juzgador pueden ser bien el interrogatorio de las partes, art. 301 de la LEC de 2000 ; bien el interrogatorio de testigos, art. 360 de la LEC de 2000 . Tal desplazamiento causa la suspensión del proceso de conformidad al art. 87.1º de la LPL , aunque más que suspensión hay que referir trasladar al lugar en donde debe practicarse la prueba.
La no practica de la prueba una vez admitida ocasiona indefensión a la parte proponente, sea a causa de la denegación injustificada o de la denegación sin motivación jurídica originando este hecho la posible interposición de un incidente de nulidad ex art. 240.3º de la LOPJ ante el mismo órgano jurisdiccional o Suplicación al amparo del art. 192.a) de la LPL ante el TSJ por infracción de los arts. 87.3º de la LPL y art. 238.3º de la LOPJ.
Ante la denegación de la prueba sin motivación alguna, véase la STSJ de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 3 de abril de 1998[97] , FD segundo; STSJ de Andalucía, Sevilla, de 2 de abril de 1997[98] , FD único; STSJ del País Vasco de 18 de febrero de 1997[99]; STSJ de Murcia de 21 de junio de 1994[100] y del TSJ de Baleares de 17 de enero de 1994[101].
En cuanto a la denegación de la prueba con justificación, es preciso ponderar la influencia que la misma pudiera ocasionar al resultado del pleito, vid. STSJ de Navarra de 25 de abril de 1996[102] , junto a la doctrina constitucional que en ella se cita. citada .
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva, ex art. 24, la potestad del órgano jurisdiccional de limitar los medios probatorios en la sentencia de 1 de julio de 1986[103], FD tercero, cundo las estime inútiles fundamentada esta denegación en la aplicación del principio de proscripción de las dilaciones indebidas.
Cabe la posibilidad que el propio órgano jurisdiccional decida la práctica de la prueba sobre las facultades que la LPL concede al juez. Empero esta facultad es necesario que las partes hayan propuesto la prueba para que pueda practicarse. Posibilidad ésta contemplada en el art. 87.2º de la LPL y sancionada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 15 de julio de 1982[104], FD cuarto.
El control de la admisión de la prueba propuesta por las partes se encuentra justificada sobre distintos elementos: el poder de éstas para proponer los medios probatorios se encuentra sometida a la previsión legal de la existencia de medios de prueba reconocidos por el legislador, vid. STC de 27 de septiembre de 1988[105] .Pero además cada medio probatorio debe proponerse y practicarse en la forma establecida en la ley y no de modo diferente. Cuestión que no es baladí máxime cuando de conformidad a la ley procesal - y por ello de necesario cumplimiento - en muchas ocasiones sobre postulados de una mal concebida justicia material tienden a prescindirse de las solemnidades procesales que protegen, en suma, los derechos de las partes.[106] Pero además el juzgador, debe pronunciarse expresamente sobre la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas y si rechazada motivar en derecho su decisión.
e. Practica de la prueba.
Es el acto procesal por el que se realizan o verifican cada una de las propuestas ya admitidas, denominándose este periodo, practica de la prueba. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho a los medios de prueba comprende la práctica de los que hayan sido declarados pertinentes por el órgano jurisdiccional pero no el de la admisión de cualesquiera que las partes puedan proponer, vid. Sentencia de 6 de junio de 1995[107], FD quinto y STC 11 de julio de 1994[108], FD segundo-
La falta de práctica de la prueba supone jurídicamente el de la falta de admisión de la misma, carente de fundamentación jurídica pero sin embargo , la ausencia de la práctica de una prueba admitida como pertinente no supone por sí misma la infracción del art. 24.2 º de la CE debiendo ponderarse los perjuicios que esa omisión ha causado, vid. SSTC 29 de noviembre de 1993[109], FD segundo y 25 de septiembre de 1987[110], FD tercero.
Además de las particularidades normativas respecto a cada medio probatorio contenidas en la LPL y LEC de 2000, se han extraído las siguientes características:
1.- Unidad de acto, publicidad e inmediación de modo que el juzgador que presenció la práctica de la prueba ha de ser el que dicte la sentencia, art. 98.
2.- Todas las pruebas han de practicarse en el juicio sin posibilidad de acudir al auxilio judicial para practicarla, a diferencia de lo que puede ocurrir en el proceso escrito.
3.- La LPL concede al juzgador mayores facultades de dirección que en otras jurisdicciones, que se manifiestan en los siguientes supuestos:
a) Puede ordenar la continuación de la práctica de la prueba aunque renuncie a ella la parte que la propuso, art. 87.2º. La renuncia de la prueba si bien desconocida en la jurisdicción civil había sido ya perfilada en la STS de 4 de enero de 1991[111], provocando una interpretación favorable a que pudiera impedir a la parte contraria formular sus propias preguntas, vulnerando el principio de contradicción. No obstante, la STS , Sala de lo Civil, de 24 de julio de 1992[112], establece que la renuncia de la prueba de la parte en modo alguno vincula al órgano jurisdiccional .
b) Puede el órgano jurisdiccional formular las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos a los testigos y peritos presentados, art. 87.3º. Posibilidad ésta criticada por la doctrina[113] en cuanto vislumbra un reconocimiento a la investigación ex officio del juzgador que puede erosionar la imparcialidad exigida.
Esta pérdida de objetividad atentaría al principio de igualdad procesal – tan particular en la Procesal laboral[114] – demandándose al Juzgador que su intervención en la práctica de la prueba sea extremadamente prudente e imparcial. En suma, se postula una dirección del proceso probatorio pero sin una intervención excesiva[115].
c) Las posibles cuestiones incidentales deberán ser resueltas por el juzgador mediante resoluciones verbales. No cabe interponer contra ellas recurso alguno pero sí será preceptiva protesta de la parte presuntamente lesionada que deberá ser documentada en el acta, bien a los efectos de interponer recurso de suplicación, ex art. 192, a) de la LPL ; bien interponer el incidente de nulidad contemplado en el art. 240. 3º de la LOPJ.
2.- Anticipación de la prueba.
La LPL excepciona el principio de unidad de acto en cuanto a la prueba contemplada en su art. 87.1º admitiendo la anticipación de la misma como medida cautelar. Previsión normativa prevista en la LEC de 2000, arts. 293 a 296. A través de la prueba anticipada se tiende a evitar que pueda producirse indefensión en el caso concreto ( art. 24.1º de la CE ) y, en definitiva, garantizar la efectividad del derecho fundamental de las partes a utilizar en el proceso los medios de prueba pertinentes para su defensa ( art. 24.2º de la CE )[116].
Dos son los momentos en los cuales pueden formularse estas medidas protectoras de la prueba: con anterioridad a la presentación de la demanda, ex art. 76.2º y después de la presentación de ésta, ex arts. 78 y 90.2º de la LPL .
I. La prueba solicitada con anterioridad a la presentación de la demanda.
En cuanto a la solicitada con anterioridad a la presentación de la demanda, se haya regulada en el art. 76.2º de la Ley de Procedimiento Labora. El objeto de esta medida tiene como fin proteger la fuente de prueba[117]. Su ámbito de aplicación exclusivamente refiere al interrogatorio de testigos.
Es criticable la ubicación de estos actos preparatorios en el Titulo I del Libro II de la LPL , con manifiesta deficiencia sistemática pues regula junto a las autenticas diligencias preliminares – las definidas en los arts. 256 y ss. de la LEC de 2000 - las anticipaciones de prueba que no son, propiamente, diligencias preliminares[118] y que han merecido en la LEC de 2000 un tratamiento especifico en los arts. 297 y 298 que clarifican su carácter sustantivo.
La adopción por el órgano jurisdiccional de estas medidas cautelares es discrecional debiendo motivar su decisión mediante auto. Resolución que a la sazón no es la regulada en los arts. 297 y 298 de la LEC de 2000 que prevé la forma de providencia. Resolución a todas luces inadecuada por su propia esencia siendo mas ajustada normativamente la forma de auto al amparo del art. 245.1º.b) de la LOPJ [119].
El auto dictado en este incidente no es susceptible de impugnación mediante el remedio de reposición, art. 76.3º, sino que deberá ser impugnado mediante el recurso de suplicación pertinente por la totalidad del pleito al amparo del art. 192.a) de la LPL .
II. Prueba solicitada con posterioridad a la presentación de la demanda pero con anterioridad al juicio oral.
En cuanto al segundo supuesto, anticipación con posterioridad a la presentación de la demanda, puede referirse tanto a la proposición y práctica de la prueba como a la proposición únicamente .
Reúne esta medida unas características que la distinguen de la anterior regulada en el art. 76.2º porque su ámbito objetivo se extiende a todos los demás medios de prueba a salvo la testifical o interrogatorio de testigos y porque, además, debe ser solicitada una vez comenzado el proceso pero sin haberse llegado al acto del juicio oral. Esta peculiaridad es la que ha motivado que diversos autores diferencien entre acto preparatorio, consistente en la práctica de prueba testifical que pueda ser realizada antes de que se presente la demanda y la medida precautoria, comprendiendo todas las pruebas que puedan ejercitarse una vez iniciado el proceso.
En cuanto a la primera, anticipación a la proposición y practica, art. 78 de la LPL , se admitirá respecto a las que no puedan ser realizadas en el acto del juicio o cuya realización presente graves dificultades en dicho momento, el Juez o Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica en los términos previstos por la norma que regule el medio de prueba correspondiente. Contra la resolución denegatoria no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del que, por este motivo, pueda interponerse en su día contra la sentencia .
En cuanto a la segunda, proposición y admisión de los medios de prueba , cuando estime la parte proponente que sin la citación o el requerimiento judicial no podrá llevarla a cabo en el juicio oral, art. 90.2º de la LPL , debiendo solicitarla, al menos, con tres días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.
La ratio del art. 90.2º obedece a que, en ocasiones, las partes no pueden acceder a las fuentes de prueba directamente y sin la intervención del órgano jurisdiccional fácilmente provocará una indefensión a la parte.
Como particularidades de esta práctica anticipada resulta:
1.- Que la proposición se realice por escrito como mínimo con tres días de anticipación a la fecha señalada para el juicio oral, ex art. 90.1º de la LPL . Plazo extremadamente corto dados los ordinarios que el Servicio de Correos emplea en practicar la notificación. La LEC de 2000 establece un plazo uniforme en el art. 290 respecto a las pruebas que no puedan practicarse en el mismo día de la vista, fijando su práctica con una antelación de cinco días. Empero esta limitación temporal, la Ley únicamente acota el mínimo no el máximo, lo cual obligará al postulante a la presentación del escrito con tiempo prudencial razonable para que el órgano jurisdiccional oficie lo solicitado.
2.- Ha de referirse a medios de prueba que precisen de citación: interrogatorio de las partes e interrogatorio de testigos , o requerimiento, ordinariamente para la parte que deba presentar prueba documental.
La imposibilidad normativa de impugnar la resolución judicial denegatoria de la prueba anticipada desapareció en el Real Decreto Legislativo 27 de abril de 1990, núm. 521- y en el vigente Texto de 1995 por mimetismo legislativo- sobre dos consideraciones: la inexistencia de prohibición alguna en el art. 90 y la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales que tengan la forma de providencia y auto, conforme a los arts. 184 a 186 de la LPL .
Ante la omisión del órgano jurisdiccional de practicar la prueba ofertada cabe, previa alegación de protesta en el acto de juicio oral, interponer recurso de suplicación ex art. 192. a) sobre la indefensión causada, vid. STSJ de Andalucía, Sevilla, de 2 de abril de 1997[120], FD único. A efecto de la viabilidad del recurso de suplicación contra la sentencia en donde se haya denegado la admisión de la prueba anticipada es necesario que haya causado efectiva indefensión no provocándola cuando la prueba rechazada carezca de relevancia a los efectos dialécticos del pronunciamiento judicial, vid. STSJ de Murcia, de 8 de octubre de 1996[121] , FD segundo con remisión a jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Del mismo modo no ocasionaría indefensión la no admisión de la prueba propuesta, justificada sobre la preservación de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, Sentencia de 3 de octubre de 1997[122] del TSJ de Cataluña, FD tercero.
De ordinario, la solicitud para la realización de la prueba anticipada se insta en el otrosí de la demanda, también mediante escrito ampliatorio de la misma, precisando taxativamente el carácter de la prueba postulada[123].
El rechazo del órgano jurisdiccional a acordarla equivale a una denegación de la prueba propuesta, véase la STS de 19 de junio de 1993[124], FD tercero.
En cuanto al ultimo apartado del art. 90.2º de la LPL tratándose de solicitar mediante requerimiento prueba documental, es pacífico en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la formula empleada tiene un ámbito subjetivo de aplicación y que refiere a quien ostente la condición de parte, STS de 28 de junio de 1994[125], FD segundo.
Las pruebas anticipadas que requieran diligencias de citación o requerimiento causan una doble actividad judicial que refiere a su pertinencia o admisión y practica o denegación justificada. Práctica que se agota con la citación o el requerimiento y ulterior repetición ante la practica infructuosa de las mismas pero que, en cambio, no conlleva, en el orden procesal, a un cumplimiento imperativo[126].
II. Medios Probatorios.
A) El interrogatorio de las partes
1. Concepto del interrogatorio de las partes .
Al amparo del art. 301.1º de la LEC de 2000 el interrogatorio es la declaración que efectúan las partes o los terceros – según los casos- sobre hechos relevantes y circunstancias de los que se tenga noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.
3. Requisitos del interrogatorio.
El interrogatorio de las partes es una declaración de parte que requiere la concurrencia de capacidad legal, exigida en el art. 7 de la LEC de 2000 .Efectivamente es una declaración, exteriorización voluntaria de una cierta actitud humana que se expresa mediante signos del lenguaje. Manifestación de datos procesales que constituyen el objeto de la prueba configurándose como creencia o conocimiento y no únicamente una voluntad o un querer que chocaría con el concepto esencial de prueba.
4.- La amplitud subjetiva del interrogatorio de las partes: la intervención del tercero.
El interrogatorio de las partes conformado por la LEC de 2000 permite al amparo del art. 301.2º, la declaración de tercero. La intervención de éste en la práctica de la prueba puede ser necesario para no prescindir de la eficacia de la declaración cuando los hechos no sean personales de la parte aceptando, de este modo, la responsabilidad de la declaración de tercero. La LEC de 2000 lo admite en dos supuestos:
1.- Cuando la parte interviniente en el proceso no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en cuya virtud se acciona, ejemplo de sustitución procesal y en supuestos de legitimación extraordinaria.
2.- Cuando el interrogatorio practicado no se refiera a hechos personales del declarante pudiendo proponer la intervención en el interrogatorio de un tercero quien depondrá sobre lo que personalmente haya tenido conocimiento, art. 308. I de la Ley núm. 1/2000 . Para su viabilidad es necesario el consentimiento favorable de la parte quien propuso la prueba, art. 308. II.
Sobre estos antecedentes, distinguimos los siguientes supuestos:
q Interrogatorio por representante legal. Cuestión polémica ocasionaba bajo la LEC de 1881 que una parte pudiera confesar a través de su representante legal. Pues si bien complementa la capacidad que le falta desconoce los hechos personales del incapaz, únicamente siendo válida respecto a los actos del representante que haya realizado en nombre del menor o del incapacitado pero no sobre aquellos hechos que haya realizado el representante excediéndose de su habilitación representantiva, que en puridad sean nulos de pleno derecho.
q Interrogatorio por representante voluntario. La posición de la jurisprudencia del TS fue que la confesión no puede ser evacuada por el representante voluntario[127]. Obsta a ello diversos motivos, el más concluyente, aquel que recae sobre la naturaleza de la Institución probatoria, centrada en hechos estrictamente personales, no pudiendo ser evacuada por persona distinta a aquella afectada por los mismos. No siendo extensivo a este supuesto la previsión que la LPL realiza en el art. 91.3º respecto a las personas jurídicas privadas. En este sentido, STSJ de Madrid de 27 de marzo de 1992[128], FD primero.
No obstante, deberá admitirse la confesión del representante voluntario cuando viniera actuando de modo permanente.
No debemos olvidar que tras la LEC de 2000 al no ser preciso que el interrogatorio de las partes recaiga sobre hechos estrictamente personales sino sobre los que tenga noticias y guarde relación con el objeto del juicio, art. 301, los argumentos impeditivos de la representación voluntaria han desaparecido, debiendo ser aceptada sobre una interpretación negativa de la doctrina judicial expuesta.
En los supuestos de confesión del sustituido, la verdadera parte es el sustituto no así el sustituido, pues aquel actúa en nombre propio debiendo de confesar el primero. Ante este hecho, no es extraño que la confesión de este modo obtenida llegue al absurdo de que quien depone como confesante no es tal por cuanto no puede declarar sobre hechos que no son personales suyos. Eventualidad ésta que podrá ser paliada por la aplicación del art. 301.2º de la LEC de 2000 . Situación ésta extensible a aquellos fenómenos de sustitución que pueden encontrarse en la acción directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil, en donde el asegurado si bien no puede ser concebido como parte y por ello sobre la LEC de 1881 debería declarar como testigo[129] , sobre el precepto 301.2º, en cambio, se le podrá solicitar interrogatorio.
q Interrogatorio en el supuesto de intervención litisconsorcial.
Es mayoritaria la tesis que sostiene que la declaración del interviniente litisconsorcial es verdadera confesión en cuanto se constituye como autentica parte con plenitud de derechos procesales reconocidos . También la del interviniente adhesivo simple[130]. Ambos criterios quedan confirmados a tenor de los arts. 12 y 13 de la LEC de 2000 .
q Interrogatorio del codemandado.
La Ley núm. 1/2000, art. 301.1º[131], prevé la posibilidad que un colitigante solicite la declaración de otro colitigante aunque guarde idéntica posición procesal , reconociendo que un codemandado pregunte a otro codemandado, siempre y cuando concurra en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ellos.
Consecuentemente, sobre una interpretación negativa, no cabrá interrogatorio entre colitigantes que se hallen en semejante posición procesal cuando no hubiere contienda jurídica entre ellos, debiendo ser inadmitida la prueba por el tribunal . Ahora bien, la especialidad del proceso social ex art. 87.3º que permite la confesión entre codemandados ,aun la prohibición de la LEC de 2000 - sobre una interpretación negativa del art. 301.1º - autorizarían la práctica de la prueba.
En el proceso de Seguridad Social es practica habitual la intervención de varios litisconsortes como demandados: en los procesos por accidente de trabajo, junto a la intervención del empresario, art. 140, la de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o la del Instituto Nacional de Seguridad Social o Tesorería General de la Seguridad Social y ante esta situación no generaría conflicto alguno la práctica del interrogatorio de las partes si no concurren intereses similares y no litigan bajo una misma dirección, es decir, se precisa la concurrencia de intereses contradictorios[132] para la viabilidad de la prueba.
La confesión posee una especial significación probatoria cuyo objetivo es convencer al Juez de la existencia o no de los hechos o datos procesales que constituyen el objeto de la prueba tendiendo a convencer directamente al juez[133].
5. Acotación conceptual del interrogatorio de las partes.
El interrogatorio de las partes presenta diferencias esenciales con el denominado reconocimiento de los hechos que pueda ser aducido por la contraparte. Este ocasiona un acotamiento negativo de aquellos que precisen de prueba pues necesariamente debe referirse a los controvertidos, ex art. 87.1º de la LPL . Contrariamente, el interrogatorio de las parte es un medio de fijar hechos que deben estar referidos a los que sean objeto de debate, hechos y circunstancias […] que guarden relación con el objeto del juicio, art. 301 de la LEC de 2000[134].
El interrogatorio de las personas jurídicas.
No sólo las personas físicas pueden ser sujetos de confesión o interrogatorio de las partes; también las personas jurídicas, incluso aquellas que sobrepasando la existencia de una física no alcanzan la configuración como jurídica[135]: las llamadas entidades sin personalidad jurídica.
Toda esta tipología de entes jurídicos pueden ser objeto de interrogatorio por quien legalmente las representen, ex art. 7 de la LEC de 2000, comprendiendo bajo un criterio exhaustivo:
1.- Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuando el mismo haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
2.- Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
3.-Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7º del apartado 1 del art. 6, es decir, los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables.
Y junto a esa representación se precisan facultades para absolver posiciones, art. 91.3º de la LPL .
El art. 309.1º de la LEC de 2000 establece una excepción que estimo es inoperativa en el proceso laboral aplicada sensu stricto: cuando el representante de la persona jurídica actuante no hubiere intervenido en los hechos controvertidos deberá alegarse esta circunstancia en la audiencia previa al juicio facilitándose la identidad de la persona que intervino en nombre de la persona jurídica o entidad interrogada. Inexistente el trámite previo en el proceso laboral esta posibilidad no seria de aplicación, en tanto que además chocaría con lo exigido en el art. 91.3º del Texto laboral en cuanto al declarante. No obstante, sobre una interpretación progresiva del precepto cabría, mediante la alegación en la demanda del actor o escrito del demandado presentado ante el juzgado con anterioridad a la vista, articular como declarante a aquel que aunque no tuviese poder para absolver posiciones hubiere actuado en nombre de la persona jurídica en el supuesto dado.
La problemática que genera la actividad probatoria es distinta atendiendo al carácter publico o privado de las personas jurídicas .
I. Personas jurídicas privadas.
1.- Para las personas jurídicas privadas la doctrina plantea la problemática sobre la capacidad de absolver posiciones pues si bien, aparentemente, los tribunales solucionan estos trances en la practica, como exponemos a continuación, la regulación normativa es confusa y sombría[136]. Sin embargo no faltan autores que afirman que el interrogatorio de las partes habrá de ser prestada por sus órganos entendiendo por tales quienes asuman la representación procesal de las mismas[137]. O bien, aquella persona que, según las normas de constitución o fundación pudiera vincular a la persona jurídica[138].
La problemática sobre estas personas o entidades son diversas y han sido analizadas desde tiempo inveterado con resultados contradictorios. El criterio actual admite el interrogatorio a quien la represente con poderes suficientes. El art. 91.3º de la LPL establece que el interrogatorio de las personas jurídicas privadas deberá hacerse por quien legalmente las represente y ostente facultades para absolver posiciones, vid. SSTS de 17 de julio de 1986[139], FD segundo y 26 de noviembre de 1992[140], FD tercero.
No es válido, a efecto del interrogatorio de persona jurídica el poder o apoderamiento voluntario que en tales casos podría introducirse en el proceso a través del interrogatorio de testigos , vid. STS de 13 de julio de 1983[141], Cdo. Primero.
Matizando la dimensión y alcance de este poder sobre el art. 309 de la LEC de 2000 podemos diferenciar los siguientes notas:
1.- Cuando el representante de la persona jurídica no hubiere intervenido en los hechos podrá solicitar que la persona identificada sea citada en calidad de testigo, art. 309.1º. II.
2.- Cuando el representante de la persona jurídica ante la pregunta formulada no hubiere participado en los mismos en nombre de la sociedad deberá citarse a la que intervino para practicarle un interrogatorio, fuera del juicio a través de las llamadas, al amparo de la nueva ley, diligencias finales - diligencias para mejor proveer de conformidad a la regla segunda del art. 435.1º- , art. 309.2º. Este interrogatorio estimo, dado el tratamiento que el legislador practica en la párrafo anterior del artículo citado no sería interrogatorio de las partes - o confesión- sino más bien interrogatorio de testigos - o testifical - .
Podría plantearse la hipótesis en el proceso de Seguridad Social que la persona para absolver posiciones en el interrogatorio de las personas jurídicas podría ser cualquiera designada por la sociedad sin necesidad que conste en sus estatutos. Esta posibilidad cabria por la incidencia de la celeridad, característica más que principio del proceso laboral , al amparo del art. 74 de la LPL, en cuanto supondría un entorpecimiento a la justicia exigir poder especial para absolver posiciones para las personas jurídicas con implantación nacional. Además que el interrogatorio de las partes ha perdido su carácter privilegiado o de prueba legal o tasada en la LEC de 2000 .
Es indiferente, procesalmente, a efectos del interrogatorio de personas jurídicas el momento del otorgamiento de la representación con tal que concurra en la fase procesal oportuna, vid. STS de 17 de marzo de 1992[142], FD segundo.
2. Personas jurídicas publicas.
No previene la LPL regulación normativa específica para el interrogatorio de las personas jurídicas publicas. La aplicación de la LEC de 2000 resuelve dicha laguna remitiéndose al art. 315 solventando el incidente por vía de informe a través de sus representantes procesales en el periodo probatorio. La peculiaridad de este medio probatorio atenta al principio de oralidad, como principio procesal, pero del mismo modo al principio de unidad de acto, a la concentración, art. 74.2º de la LPL .
Dada la amplitud del elemento subjetivo[143] - qué debe entenderse como Administración Pública - y las disputas doctrinales en la delimitación de la misma, sobre el carácter esencialmente extraordinario de práctica del medio de prueba, quizás debiera ser empleada la máxima de Derecho favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda[144] sobre la que se construye y justifica el empleo restrictivo de los privilegios procesales – en tanto que el art. 315 de la LEC de 2000 reconoce los privilegios de no comparecer y de no contestar oralmente a las preguntas- . Operación hermenéutica que afectaría, incluyéndola, a la Administración de la Seguridad Social, excluyendo a los Colegios Profesionales[145].
La razón por la cual el interrogatorio del Estado y restantes personas jurídico-públicas se practica a través de informe radica en que los hechos o datos objeto de la prueba están contenidos en los expedientes administrativos. Sin embargo, se han vertido críticas sobre la misma, primero: la sustitución que se produce en la práctica probatoria en tanto si bien se solicita declaración al represente de la Administración Pública el escrito es evacuado a través de uno de los empleados – funcionarios- de la misma a quienes conciernen los hechos propuestos por la parte promotora de la declaración, pero, consecuentemente, no por el representante legal, sensu stricto. Además, al amparo del art. 315.2º de la Ley núm. 1/2000 , el representante procesal de la Administración Pública actuante cabe responder a las preguntas que en práctica de la prueba puedan proponerle, recurriéndose de nuevo al escrito ante la no contestación por el misma. Y segunda objeción, circunstancias tales como la jerarquía administrativa y dependencia orgánica pueden convertir los informes personales en informes oficiales convirtiendo la verdad material en una verdad oficial que bien puede ser diferente a la realmente existente[146].
No faltan autores que critican la naturaleza jurídica del documento confesorio[147], en general, sobre esta modalidad de prueba, extensible, en mi opinión, al interrogatorio de personas jurídicas publicas, optando por calificarla como documental en atención al soporte, concretamente documental publica, STSJ de Andalucía, Sevilla, de 24 de enero de 1995[148] , FD quinto y STS 19 de octubre de 1996[149]. Con antecedentes en la STS de 30 de noviembre de 1927[150], declarando que la contestación por parte de los dependientes del Estado, bajo cuya custodia estén los documentos, no pueden referirse a hechos personales sino a los que consten en los documentos , y tales informes no pueden producir los mismos efectos que la confesión de los litigantes.
Aunque el art. 447.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica quienes ostentan la representación procesal de las Administraciones Públicas: bien los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, en el ámbito competencial especifico de esta Administración; bien los Abogados del Estado, para la Administración General del estado, se defendió que la misma no alcanzaba a aquella que era exigida para el interrogatorio por cuanto respecto a los Abogados del Estado, únicamente en determinados supuestos, pueden vincular su declaración a la Administración representada[151]. Idéntico tenor es mantenido en la Ley de 27 de noviembre de 1997, núm. 52, que regula el régimen de la Asistencia jurídica al estado e instituciones públicas, art. 1, cuando señala que la representación del Estado y sus Organismos Autónomos queda acotada en la postulación ante el Órgano jurisdiccional. Norma declara en vigor, específicamente, por la LEC de 2000 en su disposición derogatoria única 3ª.II.
3. La declaración.
El interrogado deberá declarar por sí mismo sin valerse de borrador ni consultar con su abogado o cualquier persona. Se le permite utilizar simples notas o apuntes cuando a discreción del iudex puedan auxiliar la memoria, posibilidad ésta recogida en el art. 585 de la LEC de 1881 que es reproducida en el art. 305.1º de la Ley núm. 1/2000 .
Frente a las preguntas, que deberán tener un sentido positivo ( declare ser cierto que…)[152], las contestaciones serán afirmativas o negativas y de no ser posible, se contestará de modo preciso y concreto, art. 305.2º de la LEC de 2000; pudiendo añadir o agregar las explicaciones que estime convenientes y que guarden relación con las cuestiones planteadas.
El no levantamiento de alguna de estas cargas otorgará al Juez la posibilidad de aplicar la ficta confesio, art. 91.2º de la LPL en relación con los arts. 304.1º y 307 de la LEC de 2000 [153]
Incomunicación de los declarantes.
El art. 310 de la LEC de 2000 previene que cuando sobre unos mismos hechos controvertidos hayan de declarar dos o más partes o personas asimiladas a ellas – desde un aspecto procesal al amparo del art. 301- , el órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias para evitar que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las preguntas y respuestas. La doctrina estima que la incomunicación en este caso debe ser real y efectiva no bastando con habilitar ad exemplum una sala de espera[154]. Ante la oposición a declarar podrá el Juez advertirle que podrá tenerle por confeso.
Introduce la LEC de 2000 el denominado interrogatorio cruzado o libre, art. 306.1º y 2º, que ya existía en el proceso laboral consecuencia de no ser exigible el pliego de posiciones como era habitual en la confesión civil, ex art. 91.1º de la LPL . La regulación de la Procesal Civil, en todo caso, llena ,de este modo , un vacío normativo que adolecía la laboral. Régimen procedimental especifico de este interrogatorio establecido en el art. 306.1º y que deberá ser de aplicación al proceso laboral.
La denominada ficta confessio o confesión presunta.
La LPL, art. 91.2º, previene tener por confesa – o interrogada - a la parte declarante cuando no compareciese sin justa causa; rehusare o persistiere en no responder afirmativa o negativamente. Si bien el limite impuesto viene marcado en la posible indefensión que la ficta confessio acordada pueda irrogar a alguna de las partes[155]. Se impone, como requisito objetivo previo, la advertencia o apercibimiento de tenerlo como tal que deberá obligatoriamente realizarse en la citación judicial, resultado de la interpretación del art. 91.2º de la LPL ( esta practica es reconocida igualmente para la prueba documental en el art. 94.2º).
Sobre si es precisa una segunda advertencia como requisito de procedibilidad para declarar la ficta confessio , esta problemática es resuelta por la propia dicción del art. 90.2º de la LPL ya que únicamente se exige incomparecencia a la primera citación cursada o negativa a declarar o persistiere en no responder afirmativa o negativamente. Criterio que podía ser adoptado en cuanto a la inasistencia del declarante , específicamente, dados los principios de unidad de acto y oralidad, contenidos en el art. 74.1º de la LPL , pues la ausencia del confesante, motivaría una segunda citación con la consiguiente suspensión de la vista oral. Otra razón más, el principio de proscripción de las dilaciones indebidas, ex art. 24 de la CE .
El ámbito objetivo de la ficta confessio se circunscribe a los hechos no siendo admitida el acogimiento de los fundamentos jurídicos de la demanda, como la STS de 30 de octubre de 1987[156] precisa en su FD primero.
El momento en el cual debe ser apreciada la confesión presunta se realiza en el momento de apreciación de la prueba, en la sentencia cuando pueda ser verificada la importancia real de la no asunción de la carga por el confesante[157], véase la STS de 23 de enero de 1973[158].
La no declaración de confeso no puede ser motivo de recurso alguno, como sanciona la STS de 20 de marzo de 1931[159], 21 de abril de 1965[160] y más actualmente, la STS de 1 de junio de 1995[161], FD segundo.
La presunción legal debe ser considerada por el iudex a quo, configurándose como potestad discrecional del juzgador, vid. art. 91.1º.
La intervención del tribunal en el interrogatorio.
La LPL autoriza al órgano jurisdiccional a realizar no ya sólo toda clase de preguntas sino también a continuar la prueba renunciada por la parte. Las funciones inquisitivas no quedan limitadas sobre la aplicación del art. 87 apartados 2º y 3º. Posición ésta equiparada por la incidencia de los arts. 282 y 306.1.II de la LEC de 2000 .
Las características de la confesión tales como la irrevocabilidad e indivisibilidad, no pueden ser atribuidas al interrogatorio de las partes dado que la disposición derogatoria única, 2º,1ª de la LEC de 2000 deroga el art. 1233 del CC . Sin embargo, la total falta de referencia en la nueva Ley a la indivisibilidad e irrevocabilidad del interrogatorio como consecuencia de la derogación del art. 1233 del CC continuarán mostrándose[162].
Igualmente, por incidencia de la ya mentada disposición derogatoria única, 2º,1ª se deroga el art. 1234 del CC , de tal modo, que el interrogatorio de las partes no podrá ser atacado por error de hecho.
Valoración del interrogatorio de las partes .
La LEC de 2000 atribuye al interrogatorio de las partes un sistema de valoración mixto sometido a una valoración legal y a otra libre.
Las reglas legales de valoración de la prueba de interrogatorio de las partes pueden ser sistematizadas a dos:
1.- Si no es contradicha con las demás pruebas practicadas se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales siempre que el declarante interviniera personalmente y su fijación como ciertos les fuese enteramente perjudiciales, art. 316.1º.
2.- Se ignora que cuando sobre un mismo hecho existen dos medios de prueba con valor legal y se llega a resultados diferentes ninguno de los dos puede tener preferencia estándose entonces a la aplicación del principio de la libre valoración de la prueba.
El silogismo que el interrogatorio goza del valor legal en cuanto concernientes a hechos personales y perjudiciales para quien declara descansaría sobre la máxima de experiencia que cuando una persona reconoce hechos personales que le perjudican tiene que ser creída adquiriendo certeza los hechos incluso sobre aquellos deducidos por el juez[163].
Ahora bien, es claro el precepto cuando matiza que las declaraciones del interrogatorio se refutarán como ciertas siempre que no queden contradichos con otros medios. Ahora bien, cuando lo declarado en un interrogatorio sea contradicho por lo alegado por otra parte en otro interrogatorio la cuestión será entender si el contradictorio podrá ser considerado como otro medio de prueba , capaz de privar de eficacia a la valoración legal del primero o si únicamente la contradicción será operativa con los otros medios . Bajo una interpretación estricta del precepto estimo que el interrogatorio solo podrá ser refutado por la colisión contradictoria con el resto de medios, debiendo ponderar el iudex las declaraciones enfrentadas sobre criterios de la sana crítica.
2.- Si la parte citada para el interrogatorio no compareciese a juicio o se negare a declarar el Órgano jurisdiccional apercibirá en el acto que salvo concurrencia de una obligación legal de guardar secreto puede aplicarse la ficta confessio del art. 91.2º de la LPL .
A salvo estas previsiones la valoración del interrogatorio de las partes en el proceso laboral a semejanza de las previstas para el proceso civil se encuentran sometidas a las reglas de libre valoración de la prueba a tenor del art. 316.II de la LEC de 2000 .
Eficacia revisora del interrogatorio de las partes en el Recurso de suplicación .
Han sido diversas las teorías esgrimidas por la doctrina judicial en orden a justificar lo inoperante de la confesión, extensible al interrogatorio de las partes - a efectos de revisión de los hechos declarados probados por el iudex a quo. Una primera es adyacente al problema de la eficacia revisora del acta judicial, pues la declaración del confesante debe ser reflejada en ésta. Único instrumento que documenta la existencia y contenido del medio probatorio empleado. Esa limitación probatoria del acta[164] radica en que únicamente sintetiza lo aportado al juicio pero no lo fija.
La base para la resolución del juez es lo oído por él en el juicio de lo que el acta es únicamente recordatorio. Por ello, la doctrina científica no le atribuye el carácter de documento a efecto de revisión por error de la sentencia impugnada en suplicación - ex art. 192.b) - o casación - ex art. 205.d) - aplicándose el principio ya conocido que el acta judicial da fe que es verdad que lo dijo, puede no ser verdad lo que dijo[165].
De lo expuesto, el acta judicial goza de una eficacia probatoria plena respecto al cumplimiento de los trámites judiciales realizados en el juicio pero aún siendo un documento publico no es documento idóneo para fundamentar una revisión de hechos ante el iudex ad quem. Lo que encuentro limitativo de su eficacia procesal en un doble aspecto: desde la operatividad de la fe publica judicial esgrimida por el Secretario Judicial y desde la propia concepción , amplitud y garantía de documento público que como tal es[166].
La prueba documental no venía contemplada en el Texto Procesal laboral de 1980[167], siendo introducida una breve mención , idéntica a la actual, en la LPL de 1990 en su artículo 94.1º. En el texto vigente, idéntico artículo 94, no contiene una definición de lo que debe entenderse como documento. La remisión al CC y LEC de 2000 se hace obligada.
La aplicación de la Disposición Derogatoria Única, 2ª. 1º, de la LEC de 2000 deroga el artículo 1226 del CC , manteniendo la vigencia de los artículos 1225 a 1230 del CC . En la LEC de 2000 se regula en el Libro II, Titulo I, Capitulo VI, Sección 2ª, artículos 301 a 316, sobre Documentos públicos , Sección 3ª, artículos 324 a 327, sobre Documentos privados y Sección 4ª, Disposiciones comunes aplicables a las dos secciones anteriores, artículos 328 a 334. Sin perjuicio de completar esta exposición con las normas, vigentes, contenidas en la Ley del Notariado de 1862 y en el Reglamento Notarial de 1944, que se equiparan a los documentos públicos por eficacia y no por esencia[168].
5. Naturaleza jurídica y requisitos del documento.
Las características del documento son las siguientes:
a) Es un medio de prueba en tanto en cuanto se trata de obtener la convicción psicológica del juzgador sobre los datos o hechos contenidos en el documento. El objeto de este medio se centra en la probanza de su lectura, apreciación, percepción y deducción que practica el órgano jurisdiccional de su contenido[169].
b) El valor del documento como medio de prueba radica en su autenticidad como es exigido en la LEC y CC . La autenticidad del documento se encuentra en función de la coincidencia absoluta entre el autor formal que expresa el propio documento y el verdadero y genuino autor material[170].
c) Es indiferente a efectos de determinar la naturaleza del documento la materia en donde se encuentran extendidos los signos escritos[171].
d) Es un medio de prueba procesal en cuanto únicamente interesa, en la medida de la posible convicción judicial resultando estéril jurídicamente la escisión de las normas que la instruyen entre las ubicadas en el CC y en la LEC de 2000 .
e) Es un medio de prueba procesal de carácter real constituido por una cosa u objeto pero no por una persona ni por una actividad.
f) Bien se trate de documentos privados reconocidos o públicos, ostentan ambos el carácter de prueba tasada, característica de la prueba que se mantiene sobre la aplicación de los artículos 319 para los documentos públicos y 326 para los privados[172]
En cuanto a los requisitos se diferencian entre los subjetivos, objetivos y de procedibilidad.
Los requisitos subjetivos imponen al sujeto activo de la prueba que ostente la condición de parte y que quiera servirse de la prueba a efecto de crear certeza en el órgano jurisdiccional sobre los hechos o datos que el documento contiene. No únicamente puede servirse de éste el o los litigantes, también el tribunal puede hacer uso de la misma a través de la diligencias finales, ex artículo 88 de la LPL y artículos 340 a 342 de la LEC de 2000, cualquier documento que crea de relevancia para resolver el litigio planteado.
Junto al sujeto activo, el pasivo, viene determinado por aquel frente al cual se opone el contenido del documento. El Órgano jurisdiccional configura el sujeto destinatario de la práctica de la prueba documental.
Como requisitos objetivos se impone la concurrencia de la posibilidad, idoneidad y causa, elementos comunes a todos los actos del proceso que persiguen que el documento demuestre los hechos que contiene y no en cuanto corroboración de un eventual contenido jurídico, quedando éste allende de la eficacia probatoria del documento
Los requisitos denominados de actividad refieren al lugar, aplicándose la regla general que rige para el órgano jurisdiccional destinatario de la prueba. Se establece una excepción conformada por el reconocimiento de los libros de los comerciantes y papeles de los empresarios que se practicará en su establecimiento al amparo del artículo 33 del CdC .
5.3.Requisitos formales.
Junto al requisito geográfico, el formal se ajusta a las disposiciones comunes de aplicación, si bien hay que especificar que nos hallamos ante forma manifestativa no declarativa ya que la aportación del documento como su examen por el iudex no constituyen manifestación de voluntad alguna mediante signos del lenguaje sino operaciones físicas sujetas a la regla de la experiencia común acerca de su práctica[173] .
El artículo 1216 del CC define el documento público como los autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la Ley. Sin embargo, la LEC de 2000, no ofrece un concepto de documento público ya que se limita a una exposición casuística de los considerados como tales en el artículo 317. El concepto normativo de documento deriva de Las Partidas. Por ello el concepto de documento público adoptado por el CC y LEC de 2000 es el esgrimido por los autores clásicos que exigían la concurrencia de dos requisitos:
· Que el autor fuese una persona pública – a publicis personis -.
· Que se practique con las solemnidades legales – solemniter confecta -.
Junto a la definición normativa, la doctrinal la haremos sobre tres concepciones:
a) Guasp lo define como aquel que pertenece a la esfera del Derecho Administrativo[174] . Definición que intenta superar la definición legal en tanto solo se ciñen a la forma y al sujeto.
b) Montero Aroca, estima que la comprensión de este concepto pasa por la distinción entre quién realiza el acto y quién da fe del mismo. Toda vez que la Administración Pública en un momento de la historia asumió en exclusiva la función de otorgar fe de la existencia de los hechos y actos jurídicos, función practicada por ciertas personas, apareciendo los denominados documentos heterógrafos, aquellos en donde un tercero ajeno al acto realiza la representación del mismo[175].
c) De la Oliva, considera como documento público aquellos cuya confección final ha autorizado persona a la que está atribuido el oficio de dar fe de la fecha , de los sujetos intervinientes en dicha confección y de los actos de tales sujetos realizados en presencia del fedatario[176].
La concurrencia de ambos artículos ha sido objeto de debate en orden a conceder una preferencia o a la descriptiva del art. 1216 del CC o a la enumerativa del art. 317 de la LEC de 2000 . Algunos autores de la doctrina estiman que la descripción contenida en el artículo 1216 del CC es suficientemente amplia como para comprender los distintos tipos de documentos públicos que aparecen enumerados en otras leyes. En cambio hay otros que no han admitido esta prevalencia y estiman, sobre los elementos concurrentes necesarios del documento público, el concepto más preciso ofrecido por la LEC pues además que sea emitido por funcionario público debe encontrarse autorizado para ello en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones[177].
La preeminencia del artículo 317.5º sobre el artículo 1216 del CC posee una finalidad práctica cual es eliminar la abundante fronda de insolventes certificados que libran quienes, no obstante de ejercer una función pública, ignoran que tal ejercicio por sí solo no basta para permitirles documentar fehacientemente su actividad[178]. Tal competencia genera una autoría que únicamente puede ser impugnada por falsedad.
Tanto los contenidos en el artículo 1216 del CC como los citados en la LEC de 2000 - por citar las dos normas más relevantes, sin poder obviar esos otros que se encuentran previstos en otras normas sectoriales tales como la Ley y Reglamento Notarial y la legislación registral, especialmente la del Registro Civil- concurren en la delimitación conceptual del documento público pues la Disp. Derogatoria Única, 2ª, 1º mantiene en vigor el precepto sustantivo. La vigencia de este último puede resultar contradictorio con lo manifestado en la Exposición de Motivos de la LEC de 2000 , parágrafo XI, en cuanto postula la unicidad y claridad de la materia procesal derogando, por ello, preceptos del CC que contengan ese matiz. La vigencia del artículo 1216 no puede significar otra cosa que el legislador no lo ha considerado de influencia procesal, limitándolo al ámbito del derecho sustantivo.
De la concurrencia del artículo 1216 del CC con el artículo 317.5º de la LEC de 2000 extraemos los siguientes elementos conformadores del documento público que causan la autenticidad de éste:
1.- Encontrarse autorizado o expedido por funcionario público, que forma el requisito de la oficialidad de la persona que los redacta.
2.- Dictado o realizado dentro de su competencia o en el ejercicio de sus funciones - estimo que con esta última afirmación es suficiente en cuanto el ejercicio de funciones administrativas propias del funcionario implica su competencia para ellas -.
Este segundo elemento integra la competencia, definida como la autorización del documento atribuida por la ley al funcionario autorizante, siendo acotada esta potestad por encontrarse emanada en el ejercicio de su oficio.
3.- Necesario que concurran las formas o solemnidades establecidas por la ley[179]. Este factor integra el elemento formal[180].
2. Clasificación de los documentos públicos.
Son diversos los criterios utilizados por la doctrina científica a la hora de sistematizar los calificados instrumentos públicos. Se atiende, de ordinario, a distinguir entre documentos notariales, administrativos y judiciales[181], siendo generalmente aceptada la misma. Incluso esta ordenación ha tenido su plasmación en la STS de 27 de julio de 1994[182], FD segundo.
Sin embargo, algún autor se aparta de esta ya tradicional clasificación discrepando de los documentos notariales sobre la consideración que no son auténticos documentos públicos sino privados dada la realidad jurídica que documentan. Por ello prefiere calificarlo como documento auténtico o fehaciente porque la creación o reconocimiento por el derecho es lo que da autenticidad o fehaciencia[183].
Atendiendo a la clásica distinción diferenciamos entre documentos notariales, administrativos y judiciales. Sin perjuicio de añadir los denominados documentos oficiales, estimados por De la Oliva y que han sido estudiados jurisprudencialmente[184] señalando que son los provenientes de las entidades públicas en el desempeño de sus funciones o fines, los expedidos por el Gobierno, por sus agentes, por los empleados públicos que tienen el poder de hacerlo, por las oficinas de todas clases que, con arreglo a la institución los expidan o los que acreditan una situación jurídica, función o garantía mediante la intervención de algún organismo público del Estado, Provincia o Municipio, véanse además la SAP de Vizcaya de 11 de febrero de 1999[185] FD tercero y STS 10 de octubre de 1997[186] .
3. Documentos Notariales.
Son notariales los definidos en el artículo 1217 del Código civil, es decir, aquellos en donde intervenga Notario público. El precepto realiza una remisión a la legislación notarial, Ley del Notariado de 29 de mayo de 1862 complementada con su Reglamento de 2 de junio de 1942 modificado por el Real Decreto 8 de junio de 1984, núm. 1209 . Ahora bien, ese reenvío al CC es limitada por la jurisprudencia del TS que la califica de instrumental, no de fondo, afectando aspectos de su competencia y forma pero no a su valor y eficacia legal, vid. STS de 9 de mayo de 1988[187] FD sexto.
Bajo un análisis estricto, los documentos notariales deberían considerarse como documentos privados en atención a la realidad que documentan, sin embargo, sin ser calificados como públicos son considerados como auténticos o fehacientes, cualidades que lo equiparan a la eficacia de un documento público.
El artículo 1217 no tiene correspondencia alguna con regulaciones similares en Derecho Comparado aunque responde a un criterio universalmente aceptado como es el reconocimiento del Derecho notarial que goza de autonomía científica propia[188].
La inhibición normativa que realiza el CC es asumida por el artículo 43 del Reglamento Notarial, señalando: A los efectos del artículo 1217 del CC , los documentos notariales se regirán por los preceptos contenidos en el presente título. Esa remisión normativa motiva que el CC acoja para sí la regulación notarial convirtiéndolas en normas propias[189]. Cuestión de la que discrepa algún sector doctrinal[190]. El objeto de la misma radica en la homologación del documento notarial al concepto mismo de documento . La noción que ofrece el CC es esencialmente representativa no teniendo encaje en la realidad del documento notarial. Para la teoría representativa, el documento es la representación de una voluntad pero no contiene la voluntad misma. Esa concepción ataca frontalmente la función de documento notarial. Para soslayar esa contradicción la doctrina notorialista estima que la forma no es un elemento añadido al negocio que le dota de ciertos efectos, de suerte que el hecho negocial es normalmente anterior al documento que congela un hecho pasado formalmente reiterado. En estos casos el documento no representa una voluntad preexistente, sino que contiene la voluntad jurídicamente relevante en forma escrita. La voluntad anterior es un proyecto, la voluntad documentada, o mejor, expresada en documento, es lo que importa al Derecho. Frente a la distinción clásica entre forma ad probationem y ad solemnitatem , se articula una dualidad más útil y compleja, entre formas de valer y formas de ser[191].
Como documentos notariales distinguimos los siguientes:
a) Documentos notariales protocolizados: originales ( escrituras y actas) y copias.
b) Documentos notariales no protocolizados: testimonios, legalizaciones, legitimidad de firmas, certificados de existencia o vigencia de leyes y traducciones[192].
La diferencia esencial entre los documentos con valor de instrumento público y los que no lo tienen está en el signo notarial, expresión de la autenticidad del documento, simbolizando su privilegiado carácter en cuanto a la prueba y eficacia. El resto son sólo firmados no alcanzándoles los beneficios del instrumento público careciendo de la presunción de veracidad[193].
La clasificación más generalizada es la que refiere a las escrituras y a las actas:
a) Escrituras: Contienen declaraciones de voluntad, actos jurídicos que implican prestación de consentimiento y contratos. Tienen como finalidad documentar un negocio jurídico. Es más, el negocio jurídico centra su total actividad. Las escrituras se encuentran entre la esfera
de los hechos y la del Derecho, porque la intervención del Notario por imponérselo la ley es la de un funcionario publico realizando una actividad técnica de jurista acomodando las declaraciones de voluntad de las partes intervinientes a lo ordenado por el ordenamiento jurídico.
b) Actas: Contienen hechos que no sean declaraciones de voluntad. Exigen únicamente del Notario una actividad de viso et auditu suis sensibus. No entran en el fondo, únicamente es copia del natural no le viste ni le agrega nada
Tanto de las escrituras como de las actas es preciso diferenciar la matriz de las copias. El instrumento público original queda afecto al protocolo del Notario conformando la escritura matriz o acta matriz. Dada la naturaleza del documento matriz la eficacia del mismo se opera a través de traslados o reproducciones literales de un instrumento publico, también conocidas como copias. Se incluyen dentro de los notariales los expedidos por el Registrador de la Propiedad[194].
4. Documentos públicos administrativos.
Son administrativos los emitidos por funcionario público en el marco de su competencia y con las solemnidades legales. Se diferencia entre el original y la certificación del mismo de tal modo que el original forma parte de un expediente administrativo y queda incorporado a un archivo emitiéndose de él las certificaciones que son entregadas a los interesados o partes en el expediente[195] .
No obstante, el concepto de documento público administrativo no es fácil. Y ello no sólo por el alcance del artículo 1216 del CC también por la incidencia del artículo 317.5º de la LEC de 2000 que dista mucho de la contenida en el CC en cuanto son considerados como tales los documentos expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en el ejercicio de sus funciones. Esa habilitación para dar fe es un elemento que deberá ser objeto de una profunda ponderación. Y ello porque es criterio de la doctrina que la lista de documentos públicos contenida en la LEC de 2000 es una relación cerrada con una finalidad de justificación procesal, es una enumeración con una finalidad estrictamente procesal a efectos de prueba en el proceso. Por ello, los documentos públicos que enumera la LEC de 2000 son únicamente los que para este Cuerpo Normativo tiene esa conceptuación, exclusivos y excluyentes efectos de la prueba en el proceso[196].
Debemos analizar, entonces, la acepción empleado público – vid. artículo 1216 del CC y artículo 317.5º - , que provocará adentrarnos en su significación jurídica. En segundo lugar, el concepto y extensión de Administración Pública y por ultimo, el nuevo requisito establecido en el artículo 317.5º de la LEC de 2000 , cual es la especial habilitación para dar fe en el ejercicio de sus funciones.
[1] Incluyendo las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo gestionadas por Mutuas de Accidentes de Trabajo y a cuyo cargo se abonan.
[2] Baylós Cruz, Cruz Villalón y Fernández, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, 2ª Edic., Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 374.
[3] De escasa eficacia dado que la actividad jurisdiccional se ciñe a la interpretación de normas estatales de carácter general. Dificultad evidenciada, por ejemplo, en la escasa operatividad de la cosa juzgada en las sentencias dictadas en materia de incapacidad permanente .
Véase, sin embargo, respecto a este punto el interesante estudio de Salinas Molina, El conflicto colectivo de Seguridad Social , en « Conflictos colectivos» , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1994, 34, s.p. [ pero 209-56 ].
[4] Vid. Montero Aroca, El proceso laboral, t.I I, 2ª Edic., Editorial Librería Bosch, Barcelona, 1982, p. 220.
[5] Cruz Villalón, El reparto de conocimiento jurisdiccional en materia de seguridad social , en« Problemas de delimitación de competencias entre el orden contencioso-administrativo y el orden social de relaciones laborales en el sector público» , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial, 1993, 24, s.p. [pero 293-335].
[6] Vid. STS 21 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6220) y, especialmente, la STS 14 de noviembre de 1991 (RJ 1991, 8397).
« De las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o, en su caso, por las Entidades gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta, así como de las relativas a las actas de liquidación y de infracción» .
« Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral» .
[9] Cfr. Delgado Sainz, La modalidad procesal de Seguridad Social , Actualidad Laboral, 1992, XXXVI, p.515 con remisión a González Ortega, La extensión de la jurisdicción social en materia de Seguridad Social y otras afines, Relaciones Laborales,1990, T. I, pp. 351-77.
[10] Resultan más extraños los conflictos jurisdiccionales que, no obstante, se manifiestan dada la intervención de la Administración de Trabajo como encargada de controlar múltiples aspectos de la relación laboral.
[11] (AS 1992,1525).
[12] (RJ 1978,619).
[13] (RJ 1980,748).
[14] (RJ 1982,821).
[15] Alonso Olea, Miñambres Puig y Alonso García, Derecho Procesal del Trabajo, 8ª Edic, Editorial Civitas, Madrid, 1995.
[16] Conde Martín de Hijas ,« Ámbito del Orden social de la jurisdicción » , en La nueva LPL , dir. Borrajo Dacruz, t. XIII, v.1º, Edersa, Madrid, 1990 , pp. 7 y 8 y Conde Martín de Hijas, « La problemática delimitación de competencias entre el orden contencioso-administrativo y el orden social de la jurisdicción: criterios de delimitación» , en Problemas de delimitación de competencias entre el orden contencioso- administrativo y el orden social de relaciones laborales en el sector público ,Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1993, 24, s.p. [ pero 11-57 ].
[17] Con la excepción de las prestaciones reguladas en el Régimen Especial de Funcionarios Públicos .
[18] SSTS de 3 de junio de 1995 (RJ 1995,5898),22 de marzo de 1996 (RJ 1996,2310) ,27 octubre 1997 (RJ 1997, 7552) y 20 de junio de 1998 (RJ 1998,5474).Superando antigua doctrina que la residenciaba en la contencioso-administrativa : SSTS 27 de enero de 1993 (RJ 1993, 278) y 26 de mayo de 1993 (RJ 1993, 6288), entre otras, en tanto ésta reclamación tenia por objeto resoluciones no consideradas como procesos de Seguridad Social pues la normativa reguladora no era la Ley 26/1990 sino el art. 46 del Real Decreto 383/1984, dictado en ejecución de la Ley 13/1982, de 7 abril .
[19] (RJ 1987,6401).
[20] (RJ 1990,6495).
[21] Cfr. Lorenzo de Membiela, Reclamación Previa en el Procedimiento ante la Seguridad Social , 1ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 25 y ss.
[22] A salvo las excepciones contempladas en el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Laboral .
[23] (AS 1998,2455).
[24] (AS 1996,2485).
[25] (AS 1994,957).
[26] (AS 1996,3221).
[27] (AS 1994,3757).
[28] (AS 1993,1240).
[29] (AS 1993,5154).
[30] Sobre la posible consideración de estos documentos como elementos de la demanda, vid. Lorenzo de Membiela, Excepciones dilatorias y perentorias en el proceso laboral y de Seguridad Social, 1ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 342 y ss..
[31] (RJ 1995,5370).
[32] (AS 1997,4019).
[33] Cfr. Gómez Colomer, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), cit., p. 303.
[34] Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, cit., p. 169.
[35] Álvarez Sacristán, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, cit., p. 469.
[36] Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, cit., p. 169.
[37] Cfr. Oliva Santos, Derecho Procesal Civil, t. II, cit., pp. 364 a 365 y 366.
[38] Vid. Oliva Santos, Derecho Procesal Civil, t. II, cit., pp. 365 con remisión a Guasp, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , t. II, v.I, cit., p. 188; Prieto Castro, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 615; Fenech y Carreras, Doctrina Procesal Civil del TS , v. III, p. 4071 y v. V, p. 9865 y Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , 7ª ed., Madrid, 1953, pp. 690 a 695 . En semejante sentido, De la Oliva Santos, « La presentación de documentos» , Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, IV, 1970, octubre-noviembre, pp. 881-2.
Del mismo criterio Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, cit., p. 156.
[39] Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, cit., p. 286.
[40] Vid., Oliva Santos, Derecho Procesal Civil, t. II, cit., pp. 365-6.
« […] Los documentos oficiales de cotización que hayan sido diligenciados, en su día, por las oficinas recaudadoras constituirán el único medio de prueba admisible a tales efectos» .
[42] La potenciación del componente racional de la sentencia surgió en el siglo XIX al imponerse su motivación. La Constitución de 1978 exige la motivación de las sentencias en el artículo 120.3º, precepto novedoso en los precedentes constitucionales españoles y en la comparada son escasos los Textos que la plasman. La Constitución Francesa de 1958 y la Ley Fundamental de Bonn de 1944 no recogen un precepto similar que sin embargo sí es incorporado en la Constitución Italiana de 1947 - Vid. Serrano Alberca, «Artículo 120 de la Constitución», en Comentarios a la Constitución, dir. Garrido Falla, 1ª Edic., Civitas, Madrid, 1980, pp. 1252-.
[43] Ortells Ramos, Derecho Jurisdiccional, t. II, 8ª Edic. ( con Montero Aroca, Gómez Colomer y Montón Redondo), Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 273.
[44] Definida como la certeza histórica lograda en el proceso por vía de una o más experiencias probatorias cuyos resultados deben ser apreciados por el juez con plena y absoluta libertad de criterio – Carlo Furno, Teoría de la prueba legal, cit ., p. 25-.
[45] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, 2ª Edic., Civitas, Madrid, 1998, pp. 25 a 26.
[46] La aplicación de una norma jurídica depende de que efectivamente se hayan dado en el caso concreto los hechos( condición de hecho) que el legislador, en abstracto, ha fijado en la norma como requisito de la producción de su efecto, señalan Gómez Orbaneja, Derecho Procesal, t. I, 2ª Edic.( con Herce Quemada), Editorial Gráfica Administrativa, Madrid, 1947, p. 272.
Sin embargo, aún ya en la lejanía de los tiempos se impone, brevemente una reflexión sobre estos antecedentes tan sugestivos como polémicos tanto en doctrina patria como extranjera. La verdad fue considerada como problema técnico del derecho[46] - Carlo Furno, Teoría de la prueba legal, trad. de Sergio González Collado, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 13 - manifestándose no ya como cuestión a discutir sino como punto a resolver, es decir, como problema práctico concretado en la situación de hecho preprocesal – supuesto de hecho- de la que ha nacido y con la cual se identifica la relación o el estado jurídico litigioso a la cual la ley aúna consecuencias jurídicas- Cfr. Menestrina, La pregiudicial en el processo civile, Viena, 1904, pp. 42 y ss.; Calamendrei, La genesi logica della sentenza civile, 1904, reeditado en Studi sul processo civile, v. I, Padua, 1930, pp. 1 y ss; Carnelutti , Prova civile, Roma, 1915, p. 11 y ss.; Betti, Diritto processale civile italiano, Milan, 1938, pp. 308 y ss.-.
[47] Cfr. Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, ( actualizada por Aragoneses Alonso), Civitas, Madrid, 1998, p. 301 criticándola por el inconveniente de concebir la prueba como una institución de carácter netamente artificial.
[48] Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, t. I, 1ª Edic., Librería General, Zaragoza, 1946, p. 269.
[49] Gómez Orbaneja, Derecho Procesal, t. I, 2ª Edic. ( con Herce Quemada), Gráfica Administrativa, Madrid, 1947, p. 273.
[50] Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, cit ., p. 301.
[51] Cortes Domínguez, Derecho Procesal Civil, 2ª Edic. ( con Gimeno Sendra y Moreno Catena), Colex, Madrid, 1997, p. 199.
[52] La verdad en sentido objetivo pasa a convertirse en certeza en sentido subjetivo – configuración subjetiva de la verdad.
[53] Sobre el concepto de "hecho" en función del concepto de "prueba", cfr. Kleinfeller, Die geschichtiiche Entwickelung des Thatsacheneides in Deutschland, Berlín, 1891, pp. 1 a 14, y la importante recensión crítica de Weismann, en Zeitschr. f. dts. Civilpr., v. XVIII, 1893, pp. 279 y ss. y p. 285 .
[54] Montero Aroca, « El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000) » (con Gómez Colomer, Montón redondo y Barona Vilar), 1ª Edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 254; Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, 4ª Edic., Editorial JM Bosch, Barcelona, 1997, p. 155 y Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, t. II, 8ª Edic. ( con Ortells Ramos, Gómez Colomer y Montón Redondo), Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 179.
[55] (AS 1998, 4492).
[56] (AS 1996, 2331).
[57] (AS 1998, 4269).
[58] (AS 1998, 1238).
[59] (AS 1997, 4028).
[60] (AS 1996, 2156).
« La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de la Seguridad Social[…] » .
[62] Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, cit ., pp. 155-6 y Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, 2ª Edic., Editorial Librería Bosch, Barcelona, 1982, p. 255.
[63] Cfr., Montero Aroca, « El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000) », cit ., p. 254 y Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, t. II, cit ., p. 179.
[64] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, 2ª Edic., Civitas, Madrid, 1998, p. 27.
[65] Cortes Domínguez, Derecho Procesal Civil, cit ., p. 200.
[66] Ramos Méndez, Enjuiciamiento Civil, t. I, Editorial Bosch, Barcelona, 1997, p. 322.
[67] Para un estudio más detallado de algunos medios pueden consultarse mis obras: La Nueva prueba de peritos en la LPL3, Dijusa, Madrid, 2000; Modificaciones en la prueba laboral operadas por la LEC de 2000 , La Ley, Madrid, 2001 y La Prueba documental en el Proceso Laboral y las modificaciones introducidas en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Aranzadi, Pamplona, 2002.
[68] Esos artículos derogados han sido los 1214, 1215, 1226 y 1231 a 1253.
[69] Dado el carácter oral del proceso laboral.
[70] Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, Cit., pp. 313 a 314.
[71] Vid. Garciandia González, «Aproximación a la nueva regulación de la prueba en el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil», La Ley, 1999, 4879, en http://www.laley-actualidad.es/diario/diario_laley.html
[72] Vid., « Los distintos ordenes jurisdiccionales» en Libro Blanco de la Justicia, Consejo General del Poder Judicial, 1997, p. 201.
[73] Cfr. Montero Aroca, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), Cit., p. 281.
[74] Garnica Martín, « Los procesos declarativos ordinarios » , en Comentarios sobre el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil , Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 38.
[75] Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, Cit., p. 160.
[76] Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1997, 23, s.p. [pero 177 a 228].
[77] (RJ 1988,9581).
[78] Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, Cit., p. 268.
[80] Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, Cit., pp. 268 a 269 y Montero Aroca, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, 1ª Edic. ( con Iglesias Cabero, Marín Correa y Sanpedro Corral), Civitas, Madrid, 1993, pp. 601 a 602.
[81] (RJ 1993,4768).
[82] Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cuadernos de Derecho Judicial , Cit., s.p. [pero 177 a 228].
[83] (RTC 1986,89).
[84] (RTC 1997,14).
[85] (RJ 1993,4768).
La celebración de los actos de conciliación y juicio tendrá lugar en única convocatoria, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos. En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse .
[87] Cfr. Montero Aroca, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), Cit., pp. 283 a 284 y Alonso-Cuevillas Sayros, « Principales ideas-clave para el estudio de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil » . Actualidad Jurídica Aranzadi . 2000, 428, pp. 3 a 4.
[88] Montero Aroca, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Cit., p. 602.
[89] Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, Cit., p. 314.
[90] Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, cit., s.p. [pero 177 a 228].
[91] (RJ 1996,1934).
[92] (RJ 1995,8080).
[93] (RJ 1986,335).
[94] (RJ 1985,5507).
[95] Cfr., Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cuadernos de Derecho Judicial , Cit., s.p. [pero 177 a 228].
[96] (RJ 1993,4768).
[97] (AS 1998,983).
[98] (AS 1997,4520).
[99] (AS 1997,786).
[100] (AS 1994, 2661).
[101] (AS 1994, 110).
[102] (AS 1996,1264).
[103] (RTC 1986, 89).
[104] (RTC 1982, 50).
[105] (RTC 1988, 167).
[106] Cfr. Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, cit., s.p. [pero 177 a 228].
[107] (RTC 1995, 87).
[108] (RTC 1994, 206).
[109] (RTC 1993,357).
[110] (RTC 1987,147).
[111] Vid. Montero Aroca, « Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. especial referencia a la prueba documental» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cit., s.p. [pero 177 a 228].
[112] (RJ 1992,6451).
[113] Lorca Navarrete, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Cit., p. 438.
[114] Cfr. Rodríguez-Piñeiro, «Jurisdicción de trabajo y sistema constitucional» en La reforma del Procedimiento laboral, dir. Alarcón Caracuel, Marcial Pons, Madrid, 1989, pp. 49 a 50.
[115] Álvarez Sacristán, El juicio oral en el Proceso Laboral, Montecorbo, Madrid, 1993, pp. 61 a 63.
[116] Salinas Molina, « Medidas cautelares y prueba anticipada» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cuadernos de Derecho Judicial ,Consejo General del Poder Judicial , 1997, 23, s.p. [pero 113 a 176].
[117] Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, Cit., p. 162.
[118] Ibidem, p. 106.
[119] Cfr. Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, Cit., p. 273 y Álvarez Sacristán, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Cit., p. 391; Sánchez Pego, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, t. XIII, v. 1º, ( con Borrajo Dacruz, Montero Aroca y Marín Corea), Edersa, Madrid, 1990, p. 638 y Salinas Molina, « Medidas cautelares y prueba anticipada» en La Prueba en el Proceso Laboral, Cit., s.p. [pero 113 a 176].
[120] (AS 1997,4520).
[121] (AS 1996, 4593).
[122] (AS 1997,3702).
[123] En la STS 19 de junio de 1993 (RJ 1993, 4768), se critica la proposición de prueba en otrosí de la demanda escuetamente sin referenciar el carácter particular de la verdaderamente postulada, en este caso prueba anticipada.
[124] (RJ 1993, 4768).
[125] (RJ 1994,5493).
[126] Vid. Sánchez Pego, « El intento de conciliación judicial y el juicio oral» , en La nueva Ley de Procedimiento Laboral, dir. Borrajo Dacruz, t. XIII, v.1º, Edersa, Madrid, 1990, p. 724.
[127] STS de 12 de junio de 1954, 14 de noviembre de 1969 y 20 de abril de 1981 – vid. Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, Cit., p. 123-.
[128] (AS 1992,1648).
[129] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, Cit., p. 125.
[130] Ramos Méndez, Enjuiciamiento Civil, t. I, Cit., p. 388 con remisión a Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, Barcelona, p. 237 ; Cachón Villar, « El acceso a la jurisdicción civil (1): la titularidad de derechos e intereses legítimos: legitimación de las partes. intervención de terceros. protección de intereses difusos» , en Principios constitucionales en el proceso civil , Cit., s.p. [pero 11 a 70] y Salgado Carrero, « La tutela de los terceros en el proceso civil: la intervención procesal. La intervención adhesiva » en Jurisdicción, competencia y partes en el proceso civil , Cuadernos de Derecho Judicial ,Consejo General del Poder Judicial , 1996, 13, s.p. [pero 363 a 447].
Cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos .
[132] Álvarez Sacristán, « Aspectos prácticos de la prueba de confesión judicial en el proceso laboral» , Relaciones Laborales, 1988, 20, p. 104.
[133] Ibidem., p. 322.
[134] Vid. Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, Cit., p. 163.
[135] Cfr., Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional ( con Ortells Ramos, Gómez Colomer y Montón Redondo) , t. II, 8ª Edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 41 y ss..
[136] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, Cit., p. 127; Gómez Orbaneja, Derecho procesal Civil, v. I, 8ª Edic., ( con Herce Quemada), Artes gráficas y ediciones, Madrid, 1976, p. 335.
[137] Vid. Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, ( actualizada por Aragoneses Alonso), Civitas, Madrid, 1998, p. 127.
[138] Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, t. I, 1ª Edic., Librería General, Zaragoza, 1946, p. 320, Montero Aroca, Introducción al Proceso Laboral, Editorial JM Bosch, Barcelona, 1997, p. 163, Ramos Méndez, Enjuiciamiento Civil, I, Editorial Bosch, Barcelona, 1997. p. 390, Prieto-Castro y Ferrándiz, Tratado de Derecho Procesal Civil, I, 2ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 1985, p. 662 y Cortes Domínguez, Derecho Procesal Civil, 2ª Edic., ( con Gimeno Sendra y Moreno Catena), Colex, Madrid, 1997, p. 256.
[139] (RJ 1986,4164).
[140] (RJ 1992, 9591).
[141] (RJ 1983, 4220).
[142] (RJ 1992, 2200).
[143] Vid. en la acotación del término Administración Pública a González Pérez y González Navarro, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, t. I, 2ª Edic., Civitas, Madrid, 1999, págs 157 y ss.; Lorenzo de Membiela, Reclamación Previa en el Procedimiento ante la Seguridad Social , 1ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 1998 , pp. 76 y ss.. y Lorenzo de Membiela, Ejecución de sentencias en materia de Seguridad Social, 1ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 22 y ss ..
[144] Cfr., Pedraz Penalva « El acceso a la jurisdicción civil (ii)», en Principios constitucionales en el proceso civil , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1992, 22, s.p. [pero 71 a 136]; Álvarez-Linera y Uría, «"La Vía de Hecho" y los Interdictos contra la Administración Pública» en Expropiación Forzosa , Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial , 1992, 19, s.p. [pero 241 a 264]; Boned Sopena, « El proceso contencioso-administrativo especial» en Función Pública, Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1993, 7, s.p. [pero 189 a 210] y Salinas Molina, « La ejecución en la jurisprudencia constitucional», en El Proceso Laboral en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial , 1996, 17, s.p. [pero 15 a 79]
En cuanto a este aforismo cfr. Bonifacio VIII Líber Sextus 5.12.15 y Decio, Consilium 541, núm. 8 ,p. 581.
Cfr., el artículo 9.3º de la Constitución que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi­duales .
Vid. sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1988 (RTC 1988, 109) y 14 de febrero de 1991 (RTC 1991, 38).
Y del Tribunal Supremo , sentencias de 25 de marzo de 1993 (RJ 1993, 2207); 7 de julio de 1993 (RJ 1993, 5967); 14 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2768); 24 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8871) y 11 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2506).
[145] Cfr., Lorenzo de Membiela, Reclamación Previa en el Procedimiento ante la Seguridad Social , Cit., p. 90. En cuanto a los Colegios Profesionales, vid. García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, t. II, 4ª Edic., Civitas, Madrid, 1995, p. 402- declarando la falta de correspondencia entre Administración corporativa y Administración pública sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo, que negó el carácter de Administración Pública a las Cámaras de Comercio, Sentencia de 22 de marzo de 1954 y 24 de octubre de 1958. En este sentido, SAN de 19 de diciembre de 1995 (JT 1995,1533).
[146] De la Oliva Santos, Derecho Procesal Civil, t. II, ( con Fernández Delgado), Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996, pp. 338 a 339.
[147] Ramos Méndez, Enjuiciamiento Civil, t. II, Cit., p. 400.
[148] (AS 1995, 227).
[149] (RJ 1966,5144).
[150] CJ, t. 178, núm.155.
[151] Instrucción de 8 de octubre de 1993 de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado que modifica la Circular 2/1987 de 25 de junio.
Vid. Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del estado y del Cuerpo de Abogados del Estado de 27 de julio de 1943, artículos 55 y ss..
[152] Montero Aroca, Introducción al proceso laboral, 5ª Edic., Cit., p. 210.
[153] Idem., p. 210.
[154] Montero Aroca, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), Cit., p. 298.
[155] Bodas Martín, « La valoración y motivación de la prueba» , en Evitación del proceso , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial, 1997, 24, s.p. [pero 157 a 210].
[156] (RJ 1987,7428).
[157] Montero Aroca, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral , t. I, Cit, p. 637
[158] (RJ 1973, 256).
[159] Medina y Marañón, Leyes Civiles de España, Novísima Edición ( con Castán Tobeñas, Joaquín Garrigues, Batlle Vázquez, Prieto Castro, Roca Sastre y Fuenmayor Champin), Instituto Editorial Reus, Madrid, 1943, p. 164, nota 3, en Ley de Enjuiciamiento Civil.
[160] (RJ 1965,2169).
[161] (RJ 1995,4590).
[162] Montero Aroca, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), Cit., p. 299.
[163] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, Cit., p. 136.
[164] En este sentido por ser las más novedosas, entre muchas, sentencia 6 de abril de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (AS 1998,1272) y 9 de marzo de 1998 (AS 1998,789) Tribunal Superior de Justicia de Madrid .
Y del Tribunal Supremo, jurisprudencia inveterada, sentencias de 20 de diciembre de 1968 (RJ 1968,5674), 6 de octubre de 1968 y 17 de diciembre de 1970 [(RJ 1970,3923 ) y (RJ 1970,5612)].
[165] Alonso Olea y Miñambres Puig, Derecho Procesal del Trabajo, 8ª Edic, Civitas, Madrid, 1995, p. 188.
[166] Lorenzo de Membiela, « El acta judicial: significación procesal» , Información Laboral , 1999, 10, pp. 7 y ss..
[167] Cfr., Montero Aroca, El proceso laboral, t. I, cit., p. 280.
[168] Martín Pastor, Derecho Procesal Civil, ( con Ortells Ramos y Bonet Navarro), Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 402.
[169] Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 368.
[170] Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 338; Cortes Domínguez, Derecho Procesal Civil, 2ª Edic., ( con Gimeno Sendra y Moreno Catena), Colex, Madrid, 1997, p. 242 y Silguero Estagman, La Teoría y la práctica del proceso civil y u concordancia con el proceso laboral y con el contencioso administrativo, 1ª Edic., ( con Lorca Navarrete y Alvarez Sacristán), Dykinson, Madrid, 1997, p. 397.
[171] Gómez Orbaneja , Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 315.
[172] Cfr. Gómez Colomer, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000), cit., p. 308 y ss..
[173] Idem., p. 370.
[174] Martín Pastor, Derecho Procesal Civil, ( con Ortells Ramos y Bonet Navarro), cit. p. 415.
[175] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, 2ª Edic., cit., p. 146.
[176] De la Oliva Santos, Derecho Procesal Civil, t. II, cit., p. 360.
[177] Gutiérrez de Cabiedes y Cordón Moreno, Comentarios al Código Civil y compilaciones Forales, t. XIII, v, 2º, cit., p. 138.
[178] Guasp, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , t. II, v. 1º, cit., p. 554, nota 1.
[179] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, cit., p. 146.
[180] Cfr. De la Plaza, Derecho Procesal Civil Español, v. I, cit., p. 496-7.
[181] Vid. Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, cit., pp. 146 a 148, Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 332; Gutiérrez de Cabiedes y Cordón Moreno, Comentarios al Código Civil y compilaciones Forales, t. XIII, v, 2º, cit., 138; Gómez Colomer, Derecho Jurisdiccional, t. II, cit., p. 224 y Gómez Orbaneja, Derecho procesal Civil, v. I, cit., p. 340.
[182] (RJ 1994,6929).
[183] Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, t. I, cit., p. 365.
[184] STSJ de Murcia de 5 de septiembre de 1998 (RJCA 1998,3204).
[185] (ARP 1999,323).
[186] ( RJ 1997,7601).
[187] (RJ 1988,4047).
[188] Manresa, Comentarios al Código civil español, t. VIII, 1918, p. 476.
[189] Nuñez Lagos, Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial, Alcalá de Henares, 1945, pp. 8- 9.
[190] González Palomino, Instituciones de Derecho notarial, t. I, Madrid, 1948, pp. 36 y ss.
[191] García Caridad, « Algunos problemas sobre la prueba documental» en La prueba en el proceso civil, Cuadernos de Derecho Judicial ,cit, s.p. [pero 121-45 ] .
[192] Giménez Arnau, Derecho notarial, Aranzadi, Pamplona, 1976, p. 406.
[193] Giménez Arnau, Derecho notarial, cit. p. 146.
[194] Álvarez Sacristán, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, cit., p. 470.
[195] Montero Aroca, La prueba en el proceso civil, cit., p. 147 y Ramos Méndez, Enjuiciamiento Civil, t. I, cit., p. 360.
[196] Lorca Navarrete, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, El Nuevo Proceso Civil, Dykinson, Madrid, 2000, p. 674.
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en 4/25/2013 02:46:00 a. m.
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