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Timestamp: 2018-12-14 12:17:33
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Por Sergio	 Ultima actualización Dic 25, 2015
¿Que significa el principio de legalidad? ¿Por qué es necesaria una ley para reglamentar derechos y deberes, y no otro acto? ¿Y qué significa “ley” según el derecho argentino?
A diferencia de los tribunales argentinos, que solo pueden expedirse en el marco de un conflicto, de una causa, y que solo pueden intepretar la constitución en el marco de un conflicto, la corte interamericana puede opinar en abstracto para interpretar la convención americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de SJosé de Costa Rica). Tiene, se dice, una función consultiva.
Hace unos años, Uruguay le consultó sobre el alcance de la convención de DDHH, que reconoce una serie amplia de derechos y dice: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas“. Es decir, para gobernar, esta norma exigible en todos los países parte exige una “ley”, y ¿qué es una “ley”?
John Adams, un abogado que no inventó los chicles pero sí vivió en Massachusetts y fue el segundo presidente de los Estados Unidos también tomó la idea que venía de hace rato y la
casa de John Adams
resumió en el lema: “un gobierno de leyes, no de hombres”, un gobierno basado en leyes escritas claramente, previamente consentidas, y no por la voluntad impredecible de un hombre o grupo. Y lo que no esté reglamentado por una ley, está permitido.
La respuesta que dio la corte interamericana de DDHH a Uruguay es que una “ley”, es una norma emanada del congrso, previa deliberación y debate, donde están representadas las mayorías y minorías, donde puedan proponer alternativas y consensuar una solución, esta es la idea que mejor se ajusta a un régimen democrático, algo sobre lo que también Habermas escribió en Facticidad y Validez, al referirse a la democracia deliberativa, perfectible, pero algo al fin.
La corte expresó:
“A través de este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder”
Y el poder ejecutivo debe aplicar la ley, ponerla en práctica (no necesariamente ‘reglamentarla’) o incurre en una omisión inconstitucional. Desde ya que el poder ejecutivo u otra autoridad también puede desconocer la ley por medio de un decreto o acto i-legal, aplicarla con abuso de poder y demás, o modificarla con un decreto de necesidad y urgencia en forma inconstituciona, actos contra los cuales el poder judicial debe intervenir (por ej. el poder judicial puede controlar si hay o no tal “urgencia” y si hay o no abuso de poder, etc.). Y el funcionario que obró así responde legalmente, previo sumario o acción para removerlo.
Y también puede pasar que una mayoría circunstancial del congreso sancione una ley inconstitucional, una ley irrazonable o que viole el principio de igualdad o que afecte el derecho constitucional de propiedad, o de circular libremente y así tantas cosas. Para estos casos de abusos debe haber un poder judicial independiente que controle su aplicación concreta, en el marco de un conflicto. Estos son algunos de los lineamientos del diseño constitucional para que haya equilibrio de poderes en una república democratica.
Foto: Sergio Mohadeb (c) año 2015.
La Expresion “Leyes” en el Articulo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
1. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay ( en adelante ” el Gobierno ” o ” el Uruguay ” ), mediante comunicación del 14 de agosto de 1985, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante ” la Corte ” ) una solicitud de opinión consultiva acerca del alcance de la expresión leyes empleada por el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( en adelante ” la Convención ” o ” la Convención Americana ” ).
2. Por nota de fecha 31 de octubre de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Corte ( en adelante ” el Reglamento ” ), la Secretaría solicitó observaciones escritas sobre el tema objeto de la presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos ( en adelante ” la OEA ” ), así como, a través del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo X de la Carta de la OEA.
“cabe preguntarse acerca de la expresión leyes utilizada ( en el artículo 30 de la Convención ), en cuanto a si se refiere a leyes en sentido formal -norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución-, o en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico ( párr. 2 ).”
“Jugaría, además, la necesaria armonización de la Convención de San José con los demás instrumentos básicos del sistema jurídico interamericano, en particular la Carta, que hace del ” ejercicio efectivo de la democracia representativa ” ( art. 3.d ), uno de los principios de los Estados Americanos.”
9. Esta solicitud de opinión consultiva ha sido sometida a la Corte por el Uruguay, un Estado Parte en la Convención Americana y Miembro de la OEA. Según el artículo 64.1 de la Convención, ” los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos “. La solicitud del Gobierno pretende la interpretación del artículo 30 de la Convención y está, por tanto, incluida en la previsión del artículo 64.
10. La presente solicitud de opinión consultiva debe considerarse dentro del marco de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 64 de la Convención, aun cuando no se le invoque especialmente. Esta conclusión es evidente ya que lo que se solicita es la interpretación de un artículo de la Convención y no se plantea ninguna cuestión relativa a la ” compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales ” ( art. 64.2 ).
11. Se trata de una consulta que busca la interpretación de una norma de especial interés referente a la aplicación de las posibles restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, por todo lo cual es admisible en los términos de la Convención y del Reglamento. No existe, por otra parte, ninguna razón para que la Corte haga uso de las facultades de naturaleza permisiva implícitas en su competencia consultiva, las cuales hubieran podido llevarla a no emitirla ( ” Otros tratados ” objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 31. Restricciones a la pena de muerte ( arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 28 ). La Corte, en consecuencia, admite la petición y pasa a responderla.
“Artículo 30.- Alcance de las Restricciones
14. El artículo 30 se refiere a las restricciones que la propia Convención autoriza a propósito de los distintos derechos y libertades que la misma reconoce. Debe subrayarse que, según la Convención ( art. 29.a ), es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno cualquiera de los derechos proclamados por ella. En circunstancias excepcionales y bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contraídas por los Estados ( art. 27 ). En condiciones normales, únicamente caben restricciones al goce y ejercicio de tales derechos. La distinción entre restricción y supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades resulta de la propia Convención ( arts. 16.3, 29.a y 30 ). Se trata de una distinción importante y la enmienda introducida al respecto en la última etapa de la elaboración de la Convención, en la Conferencia Especializada de San José, para incluir las palabras ” al goce y ejercicio “, clarificó conceptualmente la cuestión ( Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 ( en adelante ” Actas y Documentos ” ) repr. 1978, esp. pág. 274 ).
15. La Corte entra ahora a analizar la disyuntiva de si ” la expresión leyes utilizada por la disposición transcripta… se refiere a leyes en sentido formal -norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución- ” o si en cambio se la usa ” en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico “.
16. La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convención utiliza expresiones como ” leyes “, ” ley “, ” disposiciones legislativas “, ” disposiciones legales “, ” medidas legislativas “, ” restricciones legales ” o ” leyes internas “. En cada ocasión en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado específicamente.
b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a ” razones de interés general ” y no se aparten del ” propósito para el cual han sido establecidas “. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder; y
20. En este sentido, la Corte tiene en cuenta el hecho de que los sistemas jurídicos de los Estados Partes en la Convención se derivan de tradiciones diferentes. Algunos se inscriben en el sistema del ” common law ” y otros siguen la tradición romanista. Sus regímenes constitucionales muestran particularidades vinculadas con su desarrollo jurídico y político. El concepto de leyes no puede interpretarse en abstracto y, en consecuencia, no debe divorciarse del contexto del orden jurídico que le presta sentido e incide en su aplicación ( Cfr. Eur. Court H.R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párr. 47 ).
“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.”
26. En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual ” los derechos esenciales del hombre… tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos “.
28. La Convención no se limita a exigir una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades sean jurídicamente lícitas. Requiere, además, que esas leyes se dicten ” por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas “. E1 criterio según el cual las restricciones permitidas han de ser aplicadas ” con el propósito para el cual han sido establecidas ” se encontraba ya reconocido en el Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos ( 1959 ), en el que se expresaba que tales restricciones ” no podrán ser aplicadas con otro propósito o designio que aquél para el cual han sido previstas ” ( Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968, Washington, D.C.: Secretaría General, OEA, 1973, pág. 248 ). En cambio, la exigencia de que la aplicación de las restricciones esté ” conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general ” es el resultado de una enmienda introducida al proyecto final, en la Conferencia Especializada de San José, en 1969 ( Actas y Documentos, supra 14, pág. 274 ).
29. El requisito según la cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del ” bien común ” ( art. 32.2 ), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es ” la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad ” ( ” Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ” ( en adelante ” Declaración Americana ” ), Considerandos, párr. 1 ).
30. ” Bien común ” y ” orden público ” en la Convención son términos que deben interpretarse dentro del sistema de la misma, que tiene una concepción propia según la cual los Estados americanos ” requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa ” ( Carta de la OEA, art. 3.d ); y los derechos del hombre, que ” tienen como fundamento los atributos de la persona humana “, deben ser objeto de protección internacional ( Declaración Americana, Considerandos, párr. 2; Convención Americana, Preámbulo, párr. 2 ).
“Es posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana… No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de ” orden público ” y ” bien común “, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el ” orden público ” o el ” bien común ” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real ( ver el art. 29.a de la Convención ). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las ” justas exigencias ” de ” una sociedad democrática ” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención ( La colegiación obligatoria de periodistas ( arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 66 y 67 ).
32. La ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el artículo 30, interpretado en el contexto de la Convención y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad ( ver supra 23 ). Este principio, dentro del espíritu de la Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al ” ejercicio efectivo de la democracia representativa “, que se traduce, inter alia, en la elección popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común ( ver supra 22 ).
33. La Declaración de México ha afirmado que el ” fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. E1 hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad ” ( ” Declaración de México ” del 6 de marzo de 1945, inciso 12. Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954. Washington, D.C.: Unión Panamericana, Departamento Jurídico, 1956, pág. 25 ).
34. No es posible desvincular el significado de la expresión leyes en el artículo 30 del propósito de todos los Estados americanos expresado en el Preámbulo de la Convención ” de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre ” ( Convención Americana, Preámbulo, párr. 1 ). La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un ” principio ” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. E1 régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos ( art. 23 ), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema.
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