Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-03942-2784-13-de-febrero-11-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_13a09b9fa74f00d4e0530a01015100d4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-19 05:55:42
Document Index: 193642321

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 36', 'artículo 76', 'artículo 120', 'artículo 76', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 151', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 58', 'artículo 146', 'artículo 45', 'artículo 146', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2005-03942 de febrero 11 de 2015
SENTENCIA 2005-03942 DE 11 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES SE CONSAGRAN DOS SITUACIONES DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE SU APLICACIÓN. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 BUSCÓ AMPARAR LA EXPECTATIVA DE LOS TRABAJADORES QUE HUBIESEN CUMPLIDO DETERMINADA EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, CON BASE EN ELLO SE HA PRECISADO DOS CASOS DE EXCEPCIÓN: LAS SITUACIONES JURÍDICAS CONSOLIDADAS CON BASE EN DISPOSICIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES ANTES DEL 30 DE JULIO DE 1995 O ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN CADA ENTIDAD TERRITORIAL, Y LOS RECONOCIMIENTOS PENSIONALES INDIVIDUALES SUSTENTADOS EN CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PARA LOS CUALES SE DEBE GARANTIZAR EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 146 DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD TERRITORIAL, DERECHO AL SISTEMA DE SALUD, FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, ENTIDAD ADAPTADA AL SISTEMA DE SALUD, RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CLASES DE RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, MIEMBROS DEL SISTEMA DE SALUD, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia 2005-03942 de febrero 11 de 2015
Rad.: 08001 23 31 000 2005 03942 02 (2784-13)
Demandado: Carmen María Angulo Álvarez
Apelación sentencia – Autoridades departamentales.
De acuerdo con el enfoque planteado en el recurso, corresponde a la Sala revisar la legalidad del acto demandado, en orden a determinar si el derecho pensional de la señora Carmen María Angulo Álvarez, debe regirse por las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos como lo sostiene la parte demandante, o por el contrario, tiene derecho a seguir percibiendo la pensión mensual vitalicia de jubilación en los términos que le fue reconocida.
A partir de la reforma constitucional de 1968 (Acto legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968), la competencia para fijar tanto las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos, se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9º del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo 120 ibídem, autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9º del artículo 76.
Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f), el cual dispone:
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y estas no podrán arrogárselas. […]” (resalta la Sala).
El artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se dijo que esta atribución del Gobierno no pugna con la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, siempre y cuando se entienda que tal facultad está referida, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
En suma, el Presidente de la República puede establecer, para el sector territorial, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos y señalar las prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, pero debe sujetarse a la ley marco expedida por el Congreso, que en nuestro caso es la Ley 4ª de 1992(6).
Del recuento anterior, se desprende que antes de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el régimen prestacional tanto de empleados nacionales como de los empleados territoriales estaba exclusivamente atribuida a la ley, de manera que correspondía privativamente al Congreso de la República su determinación, sin distinción del sector al cual pertenecieran, y que a partir de la expedición de la Carta Política actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 - numeral 19 - literal e) del Ordenamiento Superior y habilitada por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel.
El régimen jubilatorio aplicable a los empleados territoriales antes de la entrada en vigencia de la Constitución actual, se define entonces bajo las siguientes normas, dependiendo de la fecha de consolidación del status pensional:
Dicho sistema determinó como requisitos pensionales para el régimen de prima media con prestación definida, el haber cumplido 55 años de edad para las mujeres y 60 años para los hombres, con una cotización mínima de 1000 semanas en cualquier tiempo(7). Para reducir los efectos del tránsito legislativo y garantizar el derecho pensional de algunos empleados se previó el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 ibídem, en virtud del cual la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión se determinaría por el régimen anterior al que se encontraran afiliados quienes al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral, hubieren cumplido treinta y cinco (35) años de edad, si son mujeres y cuarenta (40) años si fueren hombres o hubieren acumulado por lo menos quince (15) años de servicios cotizados.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley” (se destaca)(8).
Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tiene fue expedida y publicada en el Diario Oficial 41.148 el 23 de diciembre de 1993, por lo que de manera general sus efectos se surten a partir de dicha fecha; sin embargo, frente al Sistema General de Pensiones se consagraron dos situaciones de excepción frente a su aplicación inmediata, consistente la primera, en el régimen de transición consignado en el artículo 36 de dicho ordenamiento, que buscó amparar la expectativa de los trabajadores que hubiesen cumplido determinada edad y tiempo de servicios; y la segunda, en un periodo de vigencia diferido establecido por el Legislador en el artículo 151, en virtud del cual, se determinó que el sistema regiría integralmente a partir del 1º de abril de 1994, con excepción de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, para los cuales entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995 o en la fecha en que así lo determinase la respectiva autoridad territorial.
Quiere ello decir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1995 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.
No sobra señalar que la Sala de Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2011(9), concluyó que los reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Al confrontar el acto acusado con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, considera la Sala que no existe la causal de ilegalidad invocada por la universidad demandante y por el contrario, tal disposición normativa convalidó temporalmente los efectos de las normas de alcance territorial y las proferidas por los entes descentralizados del mismo orden en materia pensional. Por tanto, los actos administrativos que reconocieron derechos pensionales con fundamento en acuerdos y demás actos sinalagmáticos emanados de la universidad, fueron legalizados por esta disposición, en los términos anteriormente expuestos.
Si bien es cierto, que la autonomía universitaria no incluye la facultad de regular el régimen pensional de sus empleados —pues tal función para la fecha de celebración de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 era exclusiva del Congreso de la República por expresa disposición de la Carta Política de 1886, por lo cual resulta ilegal cualquier disposición perteneciente a normas de carácter territorial, como ordenanzas, acuerdos, resoluciones, acuerdos de establecimientos públicos etc., que pretendan reglamentar la materia—, lo cierto es, que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo o convalidó los derechos adquiridos con base en las normas territoriales expedidas con anterioridad a su vigencia, sin consideración a su irregularidad.
En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-410 de agosto veintiocho (28) de mil novecientos noventa y siete (1997)(10), con ponencia del Dr. Hernando Herrera Vergara, declaró la exequibilidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, salvo la expresión “o cumplan dentro de los dos años siguientes”, después de considerar que la norma en mención “[…] desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva Ley”. De esta manera, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes. Consideró la Corte:
“En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional, son las situaciones jurídicas definidas, y no aquellas que tan solo configuran meras expectativas […]”
“Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la ley 100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segunda social (Ley 100 de 1993).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan ‘dentro de los dos años siguientes’ los requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse —es decir, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley— y que tan solo tienen una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los beneficios propios de la Ley 100 de 1993.
Así entonces, el derecho pensional solo se perfecciona previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, edad y tiempo de servicio, lo cual significa que mientras ello no suceda, los empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 no habían cumplido dichos requisitos, apenas tenían una mera expectativa, por lo que no les son aplicables las normas vigentes antes de la expedición de dicha ley. Quiere ello decir, que en el momento en que el legislador expidió la norma cuestionada, ‘el derecho’ a pensionarse con arreglo a las normas anteriores no existía como una situación jurídica consolidada, como un derecho subjetivo del empleado o servidor público. Apenas existía, se repite, una expectativa, susceptible de ser modificada legítimamente por el legislador.
En este orden de ideas, se declarará exequible el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, salvo la expresión ‘o cumplan dentro de los dos años siguientes’, la cual se declarará inexequible, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia” (negrilla de la Sala).
A pesar de la decisión de la Corte, esta Sala ha concluido con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal no moduló los efectos de su decisión
Por consiguiente, es dable concluir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.
En este orden de ideas y como quiera que la situación pensional de la demandada se encontraba ya definida con antelación al pronunciamiento de la Corte Constitucional, en tanto que consolidó su status de conformidad con los requisitos establecidos en el literal b)(11) del artículo 9º(12) de la Convención Colectiva desde el mes de mayo de 1996(13), se concluye que a la demandada le asiste la garantía del respeto a sus derechos adquiridos.
Así las cosas, se confirmará la decisión del a quo que desestimó las pretensiones de la demanda instaurada por el ente universitario.
CONFÍRMASE la sentencia de 25 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por la Universidad del mismo Departamento contra la señora Carmen María Angulo Álvarez.
6 Sentencia del 19 de mayo de 2005. Rad. No. Interno: 4396 - 2002.- C. P. Jesús María Lemus Bustamante.
7 ART. 33.—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. […]”.
8 Nota: La expresión resaltada y entre corchetes fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-590/97.
9 Número interno de radicación: 2434-2010. Actor: Universidad del Atlántico contra Julia Lourdes Llanos Borrero.
10 Proceso D0001585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.
11 En la Resolución demandada No. 488 de 28 de mayo de 1996, visible a folios 35 y siguientes, se reconoció la pensión de jubilación a la demandada con base en el artículo 9º de la Convención Colectiva de 1976. No se indicó el literal correspondiente, pero se atendió al concepto emitido para tal efecto por la Oficina Jurídica de esa entidad en la que previo cómputo del tiempo laborado concluyó que le era aplicable el literal b) del artículo 9º de la Convención Colectiva. Obra a folios 35 y ss. y 44.
12 “ART. 9º—La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según las siguientes reglas:
a) Con más de diez (10) años de servicio y menos de quince ( 15) a cualquier edad, y si es retirado sin justa causa, o sesenta (60) años de edad y se retira voluntariamente,
c) Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier edad.
13 La pensionada nació el 10 de mayo de 1948 (fl. 34) De acuerdo a certificación aportada a folio 45, se tiene que laboró para la Universidad del Atlántico, como profesora, desde el 17 de mayo de 1976 y en tanto que se le aceptó la renuncia mediante Resolución 317 de 2 de mayo de 1996 se tiene que laboró en esa entidad por más de 19 años, consolidando el derecho con la aceptación de la renuncia en tanto que la norma convencional solo exige más de 15, pero menos de 20 años de servicios.