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Timestamp: 2020-01-28 08:44:08
Document Index: 7442852

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Aprovacio definitiva de la modificacio del Reglament municipal de prestacions socials de caracter economic de l Ajuntament (Versio en castella). | Iberley
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament (Versió en castellà). - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018
ANUNCIO APROVACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO DE AYUNTAMIENTO DE GAIÀ
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora General de subvenciones, el texto íntegro se hace público, para su conocimiento general y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE GAIÀ
La lucha decidida contra la exclusión social y la pobreza ha sido y es una de las líneas estratégicas de actuación más importante del Ayuntamiento de Gaià para conseguir que ningún vecino o vecina de nuestro municipio, que tenga unos ingresos o recursos personales, sociales familiares y / o culturales inadecuados, se quede sin participar o disfrutar plenamente de su condición de ciudadano y pueda disfrutar de un nivel de vida y una calidad de vida aceptable para el resto de la comunidad.
En Cataluña, actualmente, casi una de cada cuatro personas se encuentra en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, esta situación afecta principalmente a los niños, las personas mayores, las mujeres solteras, las familias monoparentales, las personas poco cualificadas, paradas o inactivas en edad de trabajar, incluidas aquellas con discapacidades, las personas que viven en zonas rurales y los inmigrantes.
Por ello, es necesaria la intervención de todos los poderes públicos en la esfera personal de la ciudadanía desde la primera infancia en ámbitos como la salud, la educación, el aumento de plazas de las guarderías, en servicios de capacitación de buena calidad, en la promoción de la participación de los padres en el mercado de trabajo y en garantizar el apoyo a la renta adecuada para las familias con hijos, mediante una combinación de prestaciones universales y específicas.
Y también en actuaciones destinadas a las personas sin techo, o que sufren exclusión por cuestiones relacionadas con la vivienda, por pobreza energética y / o la exclusión financiera.
El Ayuntamiento de Gaià regula, en cumplimiento de la Constitución Española, artículos 39 y siguientes, de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales (en adelante LSS) y de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, la atención a personas y núcleos familiares en situación o riesgo de exclusión social.
Por ello, con esta norma se disponen, en primera instancia, un conjunto de ayudas destinadas a palo ' liar las necesidades sociales y económicas de las familias en situación o riesgo de exclusión social, pero también se contempla un segundo objetivo, a medio y largo plazo, incidir en la consecución de la autonomía personal de las mismas y garantizar su inclusión social.
El presente reglamento da cumplimiento a los principios que deben imperar en la relación entre la administración y la ciudadanía en materia de objetividad, transparencia, proporcionalidad, confianza legítima, buena fe, eficacia y eficiencia de los servicios públicos; particularmente en un ámbito tan sensible como es el de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
La importancia de garantizar la suficiencia en materia de recursos e igualdad de oportunidades-en un sentido amplio y extensivo de este principio- motiva que las prestaciones sociales de carácter económico no se desvinculen del proyecto o plan de trabajo individual y familiar de la persona perceptora, con el objetivo de lograr una política social inclusiva que vaya más allá de las ayudas reactivos e incluya la necesaria articulación de recursos en función de las necesidades de las familias.
El plan de mandato del Ayuntamiento de Gaià contempla como actuación municipal preeminente y relevante la ayuda a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social. Sin perjuicio del bienestar individual y familiar, la consecución de índices de cohesión social se convierte en una condición para el crecimiento económico y social del municipio. En este sentido el presente reglamento se inscribe como regulación jurídica municipal del gasto con objetivo asistencial, y constituye, por tanto, un instrumento de primer orden para las políticas públicas locales.
La cimentación en el otorgamiento de las prestaciones de carácter económico constituye un aspecto esencial en el presente reglamento el cual ha adoptado un criterio de máxima objetividad. Los criterios de otorgamiento del presente reglamento combinan dos causas que generan la concesión de prestaciones: primero el cumplimiento de los indicadores social y económica de las personas perceptoras (objetivando de este modo la concesión en base a los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad del derecho público); y segundo, la concesión excepcional en base a la valoración consensuada del equipo técnico de servicios sociales para determinadas situaciones.
Las necesidades sociales que acompañan el nuevo marco social y económico cambiante y la heterogeneidad de la ciudadanía potencialmente vulnerable en términos de inclusión social, justifican esta segunda modalidad de concesión en base a la necesaria flexibilidad que debe acompañar la atención a las situaciones de riesgo o exclusión social. En este mismo sentido hay que tener presente que los requisitos de accesibilidad contemplados en este reglamento siguen una pauta de signo extensivo y riguroso, lo que justifica en mayor medida la facultad de los profesionales de la atención social en materia de otorgamiento.
Dentro de las competencias básicas municipales, recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), se contempla, en el artículo 25.2.e) la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
El presente reglamento deriva de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de prestaciones económicas, y de forma particular de la LSS.
En materia de procedimiento y cumplimiento de los requisitos legales que deben guiar la actuación de la administración territorial básica, el presente reglamento se subsidiario de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la ley 40 / 2015, de 1 de octubre de régimen jurídico de las administraciones públicas, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y el Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), en materia de relación con entidades no lucrativas cuando las mismas son prestadores de servicios de ayuda a la ciudadanía.
Así como de toda la normativa específica vigente en estos momentos que sea de aplicación, entre la que hacemos mención del Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la cartera de servicios sociales 2010-2011, la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de derecho a la vivienda, modificada por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica; y el Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras medidas de carácter económico.
1.1. El objeto del presente reglamento es regular las prestaciones económicas o su equivalente del Ayuntamiento de Gaià, a personas en situaciones de especial necesidad social y / o emergencia para la atención de situaciones de estado o riesgo de exclusión social.
1.2. Quedan excluidas del ámbito objetivo de este Reglamento la prestación económica de la renta mínima de inserción, las prestaciones económicas derivadas de la aplicación de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias y las prestaciones económicas del Plan de ayuda al retorno, establecidas por la Ley 25/2002, de 25 de noviembre de Medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigrados y sus descendientes y de segunda modificación de la Ley 18/1996, así como las prestaciones que son otorgadas por otros niveles de administración, aunque la evaluación e información sobre la situación necesidad inmediata que las genere haya sido gestionada por los servicios técnicos de este Ayuntamiento.
1.3. Las prestaciones económicas de carácter social, reguladas en el presente reglamento, no forman parte de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, a pesar de que pueden ser beneficiarias las personas incluidas en este sistema.
1.4. De acuerdo con la LSS, y la Ley 13/2006, de 27 de julio de prestaciones sociales de carácter económico, las prestaciones de urgencia social y otras prestaciones económicas municipales quedan sujetos, en primer lugar, a la disponibilidad de crédito y dotación presupuestaria por parte de la corporación y, en segundo término, al criterio de necesidad social reflejado en el baremo social y al baremo económico del presente reglamento.
2. Modalidades de prestación
2.1. Las prestaciones sociales de carácter económico contempladas en el presente reglamento para atender situaciones de necesidad puntuales, urgentes y básicas y de subsistencia, desde la primera infancia y en ámbitos como la salud, la educación, el aumento de plazas de las escuelas
cunas, en los servicios de capacitación de buena calidad, en la promoción de la participación de los padres en el mercado de trabajo, en el apoyo a la renta adecuada para las familias con hijos, y en el conseguir habitar en un alojamiento digno, se clasifican en:
a) Prestaciones para alimentación, ropa y calzado, y las necesidades básicas de subsistencia.
b) Prestaciones para garantizar los suministros básicos (agua, gas y electricidad) y el correcto funcionamiento de las instalaciones ' instalaciones básicas así como la alta de consumo de energía eléctrica, la acometida de agua o la contratación del gas en el vivienda habitual.
c) Prestaciones para hacer frente a la pérdida temporal o permanente de vivienda por ruina, higiene, catástrofe u otro causas de fuerza mayor.
d) Prestaciones para la atención de situaciones urgentes y de grave necesidad que no puedan ser atendidas en base a las modalidades contempladas.
2.2. El presente reglamento también regula aquellas prestaciones económicas destinadas a prevenir, paliar y evitar situaciones de exclusión o de riesgo de exclusión social y que se asocien a un plan de intervención social realizado por los equipos básicos de atención social, como son:
a) Carencia o insuficiencia de recursos económicos para el mantenimiento de la vivienda habitual y / o de los gastos derivados del mismo: a.1.) Pago de los gastos de alquiler de la vivienda habitual de forma puntual y siempre y cuando existan garantías de continuidad en su pago.
b) Situaciones de desamparo y falta de recursos de carácter urgente: b.1.) Pagos de enterramientos de beneficencia. b.2.) Prestaciones para el traslado en caso de circunstancias graves.
c) Prevención y mantenimiento de la salud y atención sanitaria: c.1.) Prestaciones para medicamentos: siempre que sea por prescripción médica. c.2.) Prestaciones por gastos para odontología, oftalmología, ortopedias y prótesis.
d) Desplazamientos habituales para necesidades formativas o de atención sanitaria: d.1.) Prestaciones por desplazamientos para recibir atención sanitaria siempre y cuando no estén cubiertas por el sistema sanitario, y que a juicio de la Alcaldía, previo informe de los servicios sociales, sean casos totalmente justificados en cuanto a su necesidad, la que resulte inaplazable.
e) Atención socioeducativa a los niños: e.1) Prestaciones para la escolarización en la educación infantil de 0 a 3 años. e.2) Prestaciones para la adquisición de material escolar y libros. e.3) Prestaciones para extraescolares y casales de veranos y similares.
2.3. No se contemplan reservas o contingentes de presupuesto asignado a cada modalidad de prestaciones, siendo el límite del montante económico consignado en la correspondiente partida del presupuesto municipal en ejercicio.
3. Tipología y formas de concesión de las prestaciones
3.1. El conjunto de modalidades de prestaciones, reguladas en el presente reglamento pueden ser:
a) Dinerarias o en especie:
Se entiende como prestaciones en especie -a diferencia de las dinerarias- aquellas en que se presta de forma directa el apoyo técnico o material de la ayuda.
b) De pago único o pago periódico:
b.1) Son prestaciones de pago único aquellas que se materializan en un pago individual y puntual, según una situación concreta de necesidad, con carácter urgente, transitorio y previsiblemente irrepetible, que la persona no lo puede atender por sí misma. Dado el carácter anual de estas prestaciones sólo se otorgará una de la misma tipología de prestación para cada ejercicio. Excepcionalmente se podrá otorgar, además de una prestación de la misma tipología cuando haya transcurrido al menos un período de seis meses desde la anterior concesión y siempre que un informe técnico lo justifique.
b.2) Son prestaciones de pago periódico aquellas que, dadas las necesidades sociales que originan la demanda, y / o para la mejor consecución de los objetivos de la intervención social, se hace necesaria la aplicación de una periodicidad en el pago de la ayuda durante un periodo de tiempo, realizándose pagos mensuales. Este tipo de prestaciones tendrán, en consecuencia, un régimen especial a concretar por parte del personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social y que quedará recogido en la propuesta de concesión de la ayuda. Estas prestaciones también tendrán carácter anual.
b.3) La concesión de una prestación económica durante un ejercicio concreto no generará derecho a recibirla en los ejercicios económicos posteriores.
c) De cuantía fija o cuantía variable: Las aportaciones pueden ser fijas -en función de las cantidades que estipule la Corporación para determinadas necesidades de carácter urgente- o variables en función del porcentaje del coste real y efectivo de la prestación, y una aportación directa por parte del beneficiario de la ayuda .
3.2. En cuanto a las formas de concesión de las prestaciones es contemplan las siguientes modalidades:
a) A fondo perdido o reintegrable:
a.1) Son prestaciones a fondo perdido aquellas en que no se prevé la devolución o reintegro por parte de las personas perceptoras de la prestación.
a.2) Son prestaciones reintegrables aquellas en que se valore la disposición de recursos suficientes a corto o medio plazo para proceder a su devolución. La resolución que acuerde el otorgamiento establecerá, a estos efectos, la forma y tiempo de devolución, constante este de forma previa en la propuesta de resolución de los servicios técnicos.
b) De concesión directa o de concurrencia:
b.1) Son de concesión directa, aquellas que se otorgan mediante un procedimiento sin convocatoria pública.
b.2) Son de libre concurrencia, aquellas que se tramitan siguiendo el procedimiento público de convocatoria. La convocatoria de estas prestaciones quedará condicionada a las bases específicas que apruebe y publique la Corporación.
4.1. El presente reglamento se aplica a las personas físicas y unidades familiares o de convivencia empadronadas en el municipio, con un período mínimo continuado de 6 meses dentro del último año natural.
4.2. Se considerará unidad familiar de convivencia, a los efectos de este Reglamento, las constituidas por un grupo de convivencia común -según el padrón municipal- por vínculo de matrimonio o una relación estable análoga; o de parentesco por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado. La relación de parentesco se evaluará a partir de la persona solicitante. La unidad familiar deberá considerarse como unidad económica en términos de ingresos y gastos. En aquellos casos en que se justifique debidamente la necesidad, el equipo técnico de servicios sociales básicos podrá autorizar motivadamente la consideración de miembro de la unidad familiar para personas con un grado de parentesco más alejado. Excepcionalmente, y previo informe técnico que lo justifique,
No son unidades de convivencia las formadas por las personas realojadas por familiares por pérdida de la vivienda habitual o por otras situaciones, en las que no se tendrán en cuenta los ingresos de la familia realojando durante los doce meses posteriores a realojamiento.
5. Naturaleza jurídica de las prestaciones económicas
5.1. Las prestaciones contempladas en el presente reglamento serán consideradas, a todos sus efectos, gasto de derecho público.
5.2. Las prestaciones tienen un carácter puntual y voluntario sometido a limitación presupuestaria. El personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social podrá limitar las prestaciones a personas físicas que reúnan los requisitos objetivos contemplados en el reglamento cuando, de forma justificada, se valore la necesidad de priorizar los casos de mayor puntuación según el baremo establecido.
5.3. El beneficiario de la prestación no podrá exigir su aumento o revisión. Sin embargo, podrá sol ' licitar la vista del expediente que ha sido instruido por su concesión.
5.4. El Ayuntamiento de Gaià es competente para la interpretación de las cuestiones que pueda suscitar la aplicación de este reglamento.
6.1. El Ayuntamiento de Gaià, consignará en una única partida presupuestaria el conjunto de prestaciones económicas de carácter social destinadas a personas en situación o riesgo de exclusión social.
6.2. Dicha partida podrá ser incrementada en función de las modificaciones de crédito que se aprueben a conveniencia de la disponibilidad presupuestaria del ente.
6.3. Las prestaciones económicas vinculadas en su fuente de financiación a la actividad de fomento o subvenciones, no disfrutarán del efecto de la consolidación de las mismas en el presupuesto municipal del siguiente ejercicio, quedando condicionadas, en consecuencia, a la aprobación del programa o subvención y la disponibilidad efectiva de liquidez.
6.4. A la ejecución del gasto le será de aplicación el presente reglamento independientemente de la fuente de financiación.
CAPITULO 2. BENEFICIARIOS, ACCESIBILIDAD Y ACREDITACIÓN
7. Personas beneficiarias, requisitos y obligaciones
7.1. Personas beneficiarias.
a) Podrán ser beneficiarios de las prestaciones económicas reguladas en este reglamento cualquier persona y / o unidad familiar de convivencia que se encuentre en una situación de dificultad socioeconómica o en riesgo de exclusión social y que con su otorgamiento sea posible contener o evitar empeoramiento de la situación de carencia.
b) Se determina como un perfil de ciudadanos con acceso prioritario en base a las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social o, en su defecto y en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico, las personas o unidades familiares que tienen a su cargo menores.
7.2. Requisitos de los beneficiarios:
Las persona solicitante de las prestaciones deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años, estar legalmente emancipada o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal de emancipación.
b) Estar empadronadas en el término municipal de Gaià, con un período mínimo continuado de 6 meses dentro del último año natural. Este requisito se podrá eximir en situaciones debidamente justificadas, como por ejemplo, personas acogidas en recursos de alojamiento institucional, cuando se detecte riesgo para menores, casos de violencia doméstica y de inmigrantes o emigradas en situación de especial necesidad.
c) Que la unidad familiar de convivencia de la persona solicitante tenga una renta disponible igual o inferior al 100% del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (en adelante IRSC) mensual del ejercicio en curso para su primer miembro. Para cada nuevo miembro que forme parte de la unidad se añadirá el valor resultante de multiplicar esta cantidad por un factor de ajuste equivalente a 0,3 [(IRSC) x0.3].
(En el anexo 1 se encuentra la tabla de importes máximos de la renta disponible según cada unidad de convivencia para el año en curso).
d) No disponer de bienes inmuebles -diferentes a la vivienda habitual-, en calidad de propietario, poseedor o usufructuario, o de rentas de la actividad económica o rentas del capital que proporcionen recursos alternativos suficientes para atender la necesidad para la que se suele ' licita la ayuda económica.
e) No tener acceso a prestaciones económicas otorgadas por otras administraciones y con el objeto de cubrir la misma necesidad.
f) No haber recibido por parte de esta Corporación, en los últimos 6 meses, alguna de las prestaciones económicas reguladas en el presente reglamento, a excepción hecha de las convocatorias por libre concurrencia, los casos en que se valore la persistencia de la situación de necesidad o aquellos casos que requieran de una atención urgente e inmediata.
7.3. Obligaciones de los beneficiarios: a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las prestaciones.
b) Aceptar ofertas de trabajo tutelado y / o protegido formuladas por los servicios públicos de empleo u otras instituciones competentes, siempre que no se acredite impedimento.
c) Comunicar a los servicios sociales municipales las variaciones o cambios existentes en la situación social y económica de la persona o de la unidad familiar de convivencia que puedan modificar las circunstancias que dieron lugar a la sol ' licitud y resolución.
d) Destinar la prestación a la finalidad que la motivó. Con carácter general el otorgamiento de la prestación estará condicionada a la aceptación del plan de trabajo individual y familiar por parte de la persona beneficiaria.
e) Hacerse cargo de una parte del gasto siempre y cuando la prestación no sea por el total.
f) Justificar la prestación mediante la presentación de facturas acreditativas del gasto.
g) Comunicar a los servicios sociales del Ayuntamiento la obtención de otras prestaciones económicas para la misma finalidad.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe el Ayuntamiento de Gaià y facilitar cuanta información y documentación le sea requerida.
i) Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para las finalidades para las que se concedieron.
j) Mantener el empadronamiento y la residencia efectiva en el municipio de Gaià durante el tiempo de percepción de la prestación.
k) Cualquier otra obligación relacionada directamente con el objeto de la prestación y que específicamente se establezca en el acuerdo de concesión de la misma.
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7.4. Cada modalidad o tipología de prestación podrá tener unas obligaciones concretas y específicas que se detallarán en la resolución de concesión de la prestación o, en su caso, en la convocatoria ad hoc que publique el Ayuntamiento para su concesión.
8. Criterios de otorgamiento
8.1. El otorgamiento de las prestaciones estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de este Ayuntamiento.
8.2. El informe técnico de los equipos básicos de atención social se sustentará en los requisitos contemplados en el apartado segundo del artículo 7 del presente Reglamento, sin perjuicio de que, en las situaciones que lo requieran y rebasando la casuística concreta, el / la profesional de referencia pueda establecer alguna excepción de forma justificada en el informe social correspondiente.
8.3. El informe generador de la resolución favorable al otorgamiento de la prestación indicará el fundamento y causas que, en el caso de cumplimiento de los requisitos, basan dicha aprobación e irá acompañado de un modelo normalizado de valoración social y económica.
8.4. A efectos del cálculo final de la valoración de la situación de cada unidad familiar de convivencia la valoración económica representará un 70% de la ponderación final y la valoración social el 30% restante.
a) Valoración económica
a.1) Para establecer la situación económica se considerarán los ingresos netos percibidos por el conjunto de miembros la unidad familiar de convivencia durante los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. Para establecer el cómputo de ingresos se valorarán:
1. Ingresos del trabajo por cuenta ajena. 2. Beneficios y pérdidas del trabajo por cuenta propia. 3. Prestaciones y ayudas sociales. 4. Rentas de capital y de la propiedad. 5. Transferencias recibidas y pagadas a otros hogares. 6. Ingresos percibidos por niños. 7. Resultados de declaraciones de impuestos.
a.2) Para calcular la Renta Disponible se descontará al total de ingresos los gastos de acceso a la vivienda habitual de los últimos 6 meses. Por este concepto se establece un máximo de gasto mensual deducible, equivalente a 0.5 veces el valor del IRSC mensual del año en curso.
a.3.) Se entiende, de manera general, que la unidad familiar de convivencia presenta una situación de falta de recursos económicos cuando cumple los requisitos especificados en el artículo 7 apartado 2, letra c del presente reglamento. En función de los requisitos de acceso económico de cada tipo de unidad familiar de convivencia establecerá la puntuación de la situación económica de la unidad que será de, como máximo, 7 puntos:
Tabla de puntuación para la valoración económica según el tramo de renta disponible PUNTOS Renta inferior al 33,3% del máximo mensual establecido los requisitos económicos según tipología de la unidad de convivencia. 7 puntos Renta entre el 33,4 y el 66,6% del máximo mensual establecido los requisitos económicos según tipología de la unidad de convivencia. 5 puntos Renta entre el 66,7 y el 100% del máximo mensual establecido los requisitos económicos según tipología de la unidad de convivencia 3 puntos (En el anexo 1 del reglamento se encuentra la tabla de baremación que sirve de base para la valoración económica en función de los diferentes tramos de renta disponible)
b) Valoración Social.
b.1) Para establecer la situación social el profesional de referencia de los servicios sociales básicos municipales evaluará las carencias, necesidades y factores discrecionales de cada unidad familiar de convivencia.
b.2) Se considerarán de forma especial aquellos casos en que se identifiquen carencias ligadas a las necesidades básicas que recibirán la máxima puntuación en la valoración social (3 puntos).
b.3) El personal técnico evaluará para cada unidad familiar de convivencia la presencia de las situaciones de carencia y / o necesidad social (descritas en la tabla del anexo 2 del presente reglamento) y determinará la puntuación resultante hasta un valor máximo de 3 puntos.
b.4) Complementariamente, el profesional podrá valorar la existencia de otros factores discrecionales que favorezcan o dificulten la eficacia en el logro de los objetivos sociales de la prestación económica. Estos factores serán puntuados a discreción por el profesional hasta completar la valoración social.
b.5) La puntuación de la valoración social de la unidad familiar de convivencia será de como máximo de 3 puntos.
b.6) Sin embargo, en función de lo previsto en los artículos 5.2 y 8.2 del presente reglamento, la valoración social podrá ser completada por el informe o informes técnicos de los servicios sociales básicos donde se realicen las consideraciones especiales de cada caso y se razone la no aplicabilidad del baremo económico o social.
8.5. Las prestaciones concedidas no podrán ser invocadas como precedente para la obtención de nuevas prestaciones.
8.6. Es un criterio relevante para el otorgamiento que la prestación económica contribuya a la resolución definitiva de la situación carencial.
8.7. Las prestaciones reguladas en el presente reglamento son intransferibles y, por tanto, no podrán ofrecerse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, excepto para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, y / o la
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retención o embargo (excepto en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte aplicable).
8.8. En el supuesto de que concurran varias personas solicitantes de una misma unidad familiar de convivencia para hacer frente al mismo gasto, sólo podrá concederse a una de ellas, promoviendo el acuerdo entre las partes interesadas.
CAPÍTULO 3. CUANTÍA Y BAREMO DE LAS PESTACIONS
9. Cuantía de las prestaciones y baremo
9.1. Por resolución del órgano competente del Ayuntamiento se establecerán las cuantías máximas de ayuda para cada una de las modalidades de prestaciones económicas recogidas en el artículo 2 del presente reglamento.
Esta resolución determinará de forma anual la cuantía y temporalidad de estas según las diversas tipologías de unidades familiares de convivencia.
9.2. Las prestaciones con cuantía fija son las siguientes de las especificadas en el artículo 2, apartado 1: a) Prestaciones por gastos en alimentación, ropa, calzado, lactancia y necesidades básicas de subsistencia.
b) Prestaciones por gastos de suministro.
9.3. El resto de modalidades de prestaciones económicas locales reguladas en el artículo 2 del presente reglamento tendrán una cuantía variable siempre que se concedan de forma directa.
9.4. El importe de las prestaciones económicas de cuantía variable quedará determinado el resultado del proceso de valoración. El importe de la financiación municipal será un porcentaje sobre el importe solo ?' licitado siempre y cuando sea inferior a la cuantía máxima determinada para cada modalidad de prestación. En caso contrario el porcentaje se establecerá en función a dicha cuantía máxima.
9.5. En caso de extrema y severa necesidad del importe solo ?' licitado será íntegramente financiado por parte de la Corporación.
9.6. La forma de acreditación de la prestación y subsiguiente gasto es guiará por cualquiera de las formas habitualmente admitidas en derecho en materia de justificación material y económica.
9.7. La cuantía máxima anual a recibir por concepto de prestaciones económicas de este Ayuntamiento para cada unidad familiar de convivencia se fija en la cuantía de 2,5 veces del importe mensual del IRSC. Sin embargo, y de forma acreditada en el expediente, se podrá superar dicha cuantía por necesidades sociales justificadas y excepcionales.
9.8. El importe de las prestaciones concedidas en ningún caso podrá, de forma aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas superar el coste de la actividad subvencionada.
9.9. Al tratarse de un derecho discrecional, y no revisable por parte de la persona perceptora, el Ayuntamiento podrá revisar el aumento o disminución de las cuantías máximas de las ayudas en casos que así quede justificado por necesidades sociales.
CAPÍTULO 4. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
10. Órgano competente para resolver y órgano gestor
10.1. Los procedimientos para la concesión o denegación de una prestación económica prevista en el presente Reglamento se emprenderán de oficio o a instancia de la persona beneficiaria.
10.2. Para el otorgamiento de una prestación económica se seguirá o bien el procedimiento ordinario o bien el de urgencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
10.3. El órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de las prestaciones solo ?' licitadas es la Alcaldía-Presidencia que podrá delegar esta facultad en la Junta de Gobierno Local o en el / la concejal / a, teniente de alcalde, del Ayuntamiento de Gaià.
10.4. La concejalía del Área o Servicio del Ayuntamiento llevarán a cabo la gestión administrativa de las prestaciones.
11. Inicio del procedimiento a instancia de la persona beneficiaría
11.1. La solicitud, acompañada de la documentación complementaria especificada en el artículo siguiente, se presentará a los servicios sociales para su tramitación, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
11.2. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el año, con excepción de aquellas ayudas que sean objeto de convocatoria específica de concurrencia.
11.3. Las solicitudes no atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria durante el año de presentación de la solicitud se tendrán por vigentes en la convocatoria siguiente, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos
11.4. Las personas interesadas que presenten solicitudes defectuosas o documentación incompleta serán requeridas para que en el plazo de 10 días hábiles subsanen los errores o defectos, o presenten la documentación exigida, con indicación de que si no lo hacen se les tendrá por desistidos en su petición.
11.5. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante o, en su caso, por su representante legal.
11.6. La presentación de solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación descrita en el presente reglamento.
11.7. Las solicitudes se atenderán por orden de entrada, salvo que a juicio del profesional técnico de referencia de los equipos básicos de atención social exista una
11.8. En caso de que la prestación a conceder sea parte de un plan de actuación integral desarrollado por los servicios sociales básicos, la inacción del procedimiento podrá ser de oficio por parte de los profesionales, siendo necesaria en cualquier caso la documentación relacionada en el artículo siguiente.
12. Documentación que debe acompañar a la solicitud
12.1. La documentación relacionada en este artículo será considerada como máxima y se reclamará, en cada caso, la necesaria para realizar la valoración económica y social de una forma fidedigna.
12.2. En ningún caso se reclamará documentación que ya obre en el expediente del solicitante o de la unidad familiar, ni aquella que se pueda conseguir de oficio a otros servicios municipales u otras administraciones según lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39 / 2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12.3. El solicitante podrá presentar, junto con el resto de la documentación exigida, una autorización para que el Ayuntamiento obtenga de forma electrónica los datos requeridos en el curso de este procedimiento. Esta autorización, que se realizará aceptando la cláusula prevista en el formulario de solicitud o mediante la presentación de una autorización creada a tal efecto, especificará los datos y el ente emisor de estas.
12.4. Documentación general necesaria para tramitar cualquier tipo de prestación:
a) Solicitud de la prestación, según modelo normalizado, debidamente cumplimentada.
b) Documento de identificación del solicitante.
c) Documentación que acredite la situación económica de la unidad familiar de convivencia:
c.1. Cualquier justificante admitido en derecho de la totalidad de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia correspondientes a los meses determinados para cada tipo de ayuda.
c.2. En el caso de no disponer de los justificantes, deberá aportar una declaración jurada de ingresos de la unidad familiar.
c.3. Declaración responsable en la que se haga constar:
- Que no ha recibido prestaciones económicas por el mismo destino de otro organismo, público o privado. En caso contrario, deberá indicar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.
- Que ha procedido a la justificación de las prestaciones económicas incluidas en este Reglamento y concedidas por este Ayuntamiento y, en caso contrario, indicar las ayudas pendientes de justificar y la causa que lo motiva.
- Que no posee bienes muebles o inmuebles, distintos de la vivienda habitual, sobre los que se tenga un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características,
valoración, posibilidad de explotación o venta, indique existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la prestación. En caso contrario, indicar cuáles.
c.4. Cualquier otra documentación que para la correcta valoración de la solicitud pueda ser requerida durante su tramitación, si se considera conveniente por el personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social.
12.5. Documentación Específica: Para el acceso a determinadas modalidades de prestaciones económicas será necesario aportar, además de la documentación general, la documentación específica que corresponda para determinar el cumplimiento de los requisitos y el importe de la solicitud.
12.6. En caso de que se prevea un pago por transferencia, documento de domiciliación bancaria o documento acreditativo de los datos bancarios.
12.7. Si la solicitud fuera presentada en representación de la persona solicitante, esta solicitud deberá ser firmada por el / la representante legal, y deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Fotocopia del DNI del representante legal
b) Documentación que acredite la condición de representante legal de la persona solicitante.
12.8. Los equipos básicos de atención social podrán solicitar aquella documentación, datos, o aclaraciones que se consideren necesarios para resolver la solicitud.
12.9. Toda esta documentación acreditativa será incorporada al expediente de la persona o la unidad familiar.
12:10. En los casos de solicitudes formuladas por personas físicas en situación de vulnerabilidad social o bien incoadas por actuación profesional, no constituye una obligación expresa ni excluyente de la validez del expediente administrativo, la formalización de la solicitud, quedando la misma subsumida en el informe social del personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social.
13. Tramitación por procedimiento ordinario.
13.1. El personal técnico de los servicios sociales básicos se encargará de recibir, valorar y formular la propuesta de resolución de las solicitudes recibidas o tramitadas de oficio.
13.2. El profesional de referencia podrá incoar de oficio, y no necesariamente a instancia de parte, la tramitación de una prestación de urgencia sin necesidad de la presencia física en el expediente de la solicitud en los casos que la situación de necesidad justifique esta modalidad de intervención.
13.3. En el proceso de tramitación y con respecto a los plazos, subsanación de errores y trámites se aplicará lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
13.4. Se comprobará si el solicitante cumple los requisitos establecidos para percibir la ayuda solicitada, se especificará la finalidad y la cuantía de la misma, y se realizará la propuesta de resolución favorable o desfavorable a su concesión.
13.5. Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente informe social por parte de los equipos básicos de atención social en el que se efectuará un estudio y valoración de la petición y de la situación personal y / o familiar de la persona solicitante a los efectos de efectuar, si fuera necesario, el correspondiente historial social y / o familiar y el diseño de la intervención social personalizada que sea necesaria.
En el mismo informe social se procederá a la comprobación de los recursos y prestaciones de contenido económico, así como el cumplimiento de los requisitos regulados en la normativa vigente y en el presente reglamento y también se comprobará si la persona solicitante le han sido concedidas o denegadas, y el motivo de la denegación si procede, ayudas en régimen de concurrencia del mismo tipo que las que solicite.
Se comprobará si la persona solicitante cumple los requisitos establecidos para percibir la ayuda sol ' citada, se especificará la finalidad y la cuantía de ésta y se realizará la propuesta, favorable o no favorable, a su concesión.
13.6. El informe del personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social es preceptivo y el plazo para evacuarlo es de 10 días hábiles.
13.7. En caso de que sea necesario para una valoración más completa y esclarecedora de la situación, las solicitudes pueden ser tratadas por el personal de referencia, supervisión o mando de los equipos básicos de atención social.
13.8. El profesional que genera el informe que motiva el otorgamiento velará por la correcta aplicación de la prestación, incorporando al expediente los justificantes, acreditaciones, facturas y análogos que permitan justificar la prestación. El plazo de justificación sobre la correcta aplicación de las prestaciones es de tres meses a partir de su abono efectivo.
13.9. En caso de que en el proceso de valoración que motiva la propuesta de resolución del expediente se valoren otros hechos y alegaciones que la documentación y pruebas presentadas por el solicitante, se seguirá el trámite de audiencia que establece la legislación vigente.
13:10. La concejalía de servicios sociales validará la propuesta e informe técnico social, que recogerá en su caso, el resultado de las alegaciones efectuadas por el interesado, y aprobará, en su caso, la ayuda.
13:11. El equipo básico de atención social podrá disponer que se lleven a cabo las actuaciones de comprobación oportunas sobre la certeza de los datos aportados por parte de la persona interesada. Del mismo modo podrá reclamar aclaraciones y documentación que considere necesaria a los efectos de fundamentar la resolución.
13:12. Igualmente, dentro del período de instrucción, se llevarán a cabo las entrevistas individuales o familiares necesarios con los interesados, así como posibles visitas domiciliarias.
13:13. En el presente reglamento las visitas a domicilio se conceptúan tanto como actividades de comprobación como de intervención social a efectos de paliar las situaciones de pobreza y exclusión mediante el otorgamiento de ayudas económicas pero, también, mediante las intervenciones sociales en infancia, educación, sanitaria, de vivienda y de todos aquellos extremos que contribuyen a paliar las situaciones de vulnerabilidad social.
13:14. Una vez incoado e instruido el expediente, así como examinada la documentación aportada, el servicio o área de servicios sociales municipal emitirá una propuesta de resolución sobre la procedencia de otorgar o denegar la prestación.
13:15. Para cualquier incidencia que se pueda presentar se acordará lo que se considere más ajustado al presente reglamento y previa audiencia por un plazo no menor de 15 días hábiles al interesado.
13:16. El Ayuntamiento es competente para la interpretación de las cuestiones que pueda suscitar la aplicación de este reglamento.
14. Resolución del procedimiento ordinario
14.1. La resolución será emitida la Alcaldía del Ayuntamiento previo informe favorable de fiscalización del gasto por la Intervención de fondos.
14.2. La cuantía, finalidad y forma de pago de las prestaciones concedidas serán las que determine la resolución donde se indicarán también las obligaciones o compromisos de los beneficiarios, los recursos que se puedan interponer y las condiciones para hacer efectivo el cobro de la prestación. Si en el plazo de tres meses no se hubieran cumplido las condiciones establecidas se revocará la ayuda.
14.3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes a contar de la fecha en que la solicitud de la ayuda haya tenido entrada en el Ayuntamiento, con excepción de aquellas ayudas que sean objeto de una convocatoria de concurrencia específica.
15. Procedimiento de urgencia
15.1. Excepcionalmente, cuando el carácter prioritario y extraordinariamente urgente de la situación de necesidad lo requiera, el procedimiento administrativo se tramitará de forma urgente sin perjuicio de las posteriores actuaciones destinadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos fijados en la presente normativa y de las garantías procedimentales que amparan a la ciudadanía. En todo caso, y salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas, será imprescindible el informe social que acredite la efectiva situación de emergencia y la propuesta de resolución.
15.2. Detectada la situación urgente de necesidad el personal técnico de referencia de los equipos básicos de atención social emitirá un informe-propuesta de concesión de la ayuda mencionando su cuantía.
15.3. La concejalía de servicios sociales dará la conformidad al informe-propuesta de concesión de la prestación. La concesión de la prestación económica se efectuará mediante resolución en el plazo máximo de 15 días hábiles sin más exigencia que la documentación que sea indispensable
para la tramitación de la concesión ya la vista del informe técnico de los equipos básicos de atención social. El informe evaluará la situación de necesidad y se recogerá el carácter prioritario y urgente de la misma. Seguidamente se procederá al abono de la prestación económica de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del presente reglamento.
15.4. Con posterioridad a la concesión de la ayuda con carácter urgente se procederá a completar el expediente administrativo de concesión y se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar su finalidad y debido cumplimiento.
15.5. Si en la tramitación del citado expediente se demostrara que la urgencia no era tal o que en realidad la persona beneficiaria no cumplía todos los requisitos necesarios para la concesión de la prestación económica se iniciará el correspondiente procedimiento de revocación y, en su caso, reintegro de la ayuda concedida.
15.6. El personal técnico de referencia que haya emitido el informe-propuesta de otorgamiento de la prestación económica deberá velar por la correcta disposición de los fondos entregados y su estricta aplicación a la situación correspondiente. A tal efecto deberá procurar la documentación o información justificativa de la aplicación de la prestación a su finalidad e incorporarlo al expediente correspondiente.
15.7. Una vez efectuada dicha comprobación el personal técnico de referencia firmará el documento de justificación de la aplicación de la prestación, el cual será conformado por el superior que corresponda. Este documento, en formato de justificación hecha por delegación de la Intervención general, será suficiente a los efectos del artículo 214.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales.
16. Resolución del procedimiento por silencio administrativo
Transcurridos los plazos establecidos en ambos procedimientos sin que se haya emitido resolución expresa y ésta haya sido notificada, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
17. Sobre la denegación
17.1. Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) La falta de todos o algunos de los requisitos necesarios para su concesión.
b) Que la persona solicitante no resida, efectivamente, en el municipio.
c) Dificultar el proceso de valoración de la solicitud.
d) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad de prestar ayuda a la persona solicitante.
e) Que la ayuda solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática planteada o que su mera concesión no sea suficiente para la resolución de la problemática planteada.
f) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
g) Que en el plazo de los 12 meses anteriores a la solicitud le haya sido extinguida o revocada cualquier otra ayuda o prestación social por incumplimiento de las condiciones establecidas en su concesión.
h) El falseamiento u ocultación de cualquiera de los datos declarados por los solicitantes podrá dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada, incluso cuando la persona solicitante reúna los requisitos para la concesión.
e) Que se demuestre que la persona solicitante puede satisfacer adecuadamente las necesidades por sí misma y / o con el apoyo de sus familiares, representantes legales o guardadores de hecho.
j) Que corresponda la atención de la persona solicitante por razón de la naturaleza de la prestación o por razón de residencia a otra administración pública.
k) Cualquier otro motivo que atendiendo a las circunstancias y previa valoración de los equipos básicos de atención social, supongan un incumplimiento de cualquier norma aplicable.
18. Notificación a la parte interesada
18.1. La resolución adoptada, tanto si es favorable como desfavorable, será notificada al interesado en el domicilio que, a efectos de notificación, figure en el expediente o en aquellos centros y secciones de las entidades colaboradoras que proceda.
18.2. Será contenido de la notificación la indicación a la parte interesada, de forma expresa, de las condiciones a cumplir para hacer efectivo el cobro de la prestación.
19. Incoación de los procedimientos de oficio
De manera excepcional, los expedientes podrán ser incoados de oficio, cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen. La incoación de oficio tendrá lugar por acuerdo del órgano competente para la tramitación del expediente de concesión, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, o bien por petición razonada de otros órganos. En el supuesto de tramitación de un procedimiento iniciado de oficio, el día de inicio a efectos de cómputo de plazos, será el de la resolución a partir de la cual se acuerda su incoación.
20. Temporalidad y prórroga de las prestaciones
20.1. Las prestaciones reguladas en el presente reglamento tienen carácter voluntario, temporal y extraordinario. Las prestaciones concedidas en forma de pago único, por el periodo de tiempo máximo establecido en esta normativa o por la duración que se determine en la resolución de su concesión, no se prorrogarán de forma automática una vez extinguido el derecho a su percepción. Sin embargo, las prestaciones de pago periódico podrán ser renovadas bien de oficio oa instancia de la parte interesada si, según informe del técnico de referencia, se valora que se mantienen las condiciones y los requisitos que justifican su concesión.
20.2. Las prestaciones otorgadas con concurrencia tienen la duración prevista en la convocatoria o resolución de concesión.
21. Pago de las prestaciones
21.1. En el supuesto de una resolución favorable, la corporación iniciará los trámites para el pago a la persona usuaria mediante la fórmula de transferencia bancaria, de forma preferente.
También se podrá contemplar la utilización de cheques y / o vales. No obstante, en los supuestos en que sea posible, y dada la naturaleza de la finalidad a la que se destina la ayuda, ya los efectos de garantizar el destino de la misma, el pago se realizará directamente al proveedor del servicio o suministro que se trate.
El proveedor de la prestación facturará a este ayuntamiento, acreditando, previamente, la satisfacción de la ayuda repercutida en la persona interesada o beneficiaria.
21.2. Las modalidades de pago de las prestaciones serán:
a) De caja a cuenta mediante entrega dineraria o talón suscrito por el administrador / a del fondo y con firma de recepción de la persona interesada con generación del expediente posterior al pago.
b) A cuenta del anticipo de caja fija mediante talón o transferencia por parte del administrador del fondo y previa resolución del órgano competente.
c) Pago prioritario de urgencia previo informe social y decreto de aprobación del gasto.
21.3. Ayudas gestionados indirectamente. Las prestaciones económicas podrán hacerse efectivas en favor de terceras personas físicas o jurídicas, siempre que las circunstancias así lo aconsejen en vistas a una mejor gestión del recurso. En estos casos será necesario acreditar que la prestación ha sido destinada a la finalidad concreta que la motiva. Los servicios técnicos municipales indicarán, por otra parte, en la propuesta de resolución esta circunstancia con el corresponden fundamento. Procedimentalmente esta modalidad de gestión de la prestación se erige el presente reglamento como excepcional y precisa que la tutela de la persona usuaria la ostente la persona perceptora final de la prestación.
22. Seguimiento de las prestaciones económicas otorgadas
El Ayuntamiento de Gaià efectuará el seguimiento que corresponda y comprobará el adecuado cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas las prestaciones económicas contempladas en este reglamento, realizando el correspondiente informe que será incorporado al expediente de la persona o unidad familiar de convivencia destinataria de la ayuda.
23. Control financiero y justificación del gasto
23.1. La justificación del gasto se acreditará, con carácter general, por las facturas de los pagos y gastos realizados o mediante otros documentos, de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Estos documentos deberán reunir todos los requisitos legales exigibles y serán originales o copias compulsadas.
23.2. Si los gastos fueran soportados por diferentes entidades en régimen de cofinanciación deberá hacerse constar el porcentaje de imputación correspondiente a la prestación otorgada por el Ayuntamiento. En los documentos acreditativos se hará constar el importe concedido, cuando éste no coincida con el total del justificante.
23.3. La justificación deberá efectuarse en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la fecha de concesión. Si no existe tal justificación dentro del plazo establecido se iniciarán los trámites necesarios para que se reintegre la cantidad recibida y, asimismo, la falta de justificación o la justificación incorrecta de la ayuda recibida puede ser motivo de denegación de otra ayuda posterior.
23.4. El órgano competente en la concesión de la prestación será el encargado de comprobar la efectiva justificación de la misma.
23.5. En los supuestos de prestaciones económicas tramitadas por el procedimiento de urgencia y en cuanto a la justificación del gasto y la correcta aplicación de los fondos recibidos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15 del presente reglamento en regular el citado procedimiento.
CAPÍTULO 5. MODIFICACIÓN, Revocación y reintegro DE LAS PRESTACIONES
24. Procedimientos de modificación, suspensión, revocación y reintegro de la prestación
Los procedimientos de, modificación, suspensión, revocación y reintegro de la prestación otorgada podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte. Una vez iniciados se notificará al titular la incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y las posibles consecuencias económicas del mismo así como el plazo para resolver y notificar, y las consecuencias del silencio administrativo.
25. Sobre la modificación
25.1. Con posterioridad a la resolución de otorgamiento, se podrá modificar, de oficio o previa solicitud del beneficiario de la prestación económica, el importe de la prestación, siempre y cuando hayan variado las circunstancias que motivaron la solicitud pero persista la necesidad de la prestación. También se podrá modificar la finalidad de la prestación a propuesta del propio interesado o de oficio, previo informe técnico de los equipos básicos de atención social. En las modificaciones tramitadas de oficio se dará, en todo caso, previa audiencia al interesado, por un plazo de 10 días para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga.
25.2. El Ayuntamiento tendrá el derecho de revisión de las cuantías concedidas siempre que se produzca un cambio en la situación socioeconómica de los beneficiarios de la prestación.
25.3. La resolución que acuerde la modificación deberá ser dictada en el período de 3 meses desde que se inició el procedimiento de modificación
26. Suspensión cautelar de las prestaciones
26.1. Previa a la revocación o reintegro de la prestación económica concedida, con independencia de que se haya iniciado o no un procedimiento de revocación o reintegro, bien de oficio oa instancia
de parte, se podrá proceder, por decisión motivada del órgano competente, a la suspensión cautelar del pago de la prestación cuando se hubieran detectado en una unidad de convivencia indicios de una situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la misma.
26.2. La suspensión de la prestación podrá ser motivada por la pérdida temporal de algunos de los requisitos de la misma o por el incumplimiento de las obligaciones de la persona beneficiaria recogidas en este reglamento. Sirvan como ejemplo los siguientes:
a) Que la persona beneficiaria titular supere el nivel de ingresos establecidos y computados de conformidad con este reglamento.
b) Que se incumpla el requerimiento formulado por el Ayuntamiento así como que la persona beneficiaria obstruya o dificulte la actividad de seguimiento, comprobación o control de la permanencia de la situación que motivó la concesión de la prestación.
c) Por incumplimiento de las condiciones que, en su caso, se hubieran acordado o establecido en el momento de la concesión.
d) Que se tenga constancia de conductas de la persona beneficiaria que, con posterioridad al reconocimiento de la prestación, agraven de forma intencionada su situación de necesidad personal o la de la unidad de convivencia.
e) Si la persona beneficiaria destinara el importe de la prestación económica, total o parcialmente, a fines diferentes de aquellas para las que fue otorgada.
f) Por incumplimiento de cualquier obligación derivada de lo establecido en el presente reglamento.
26.3. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma y por un periodo continuado máximo de 3 meses, transcurrido el cual se procederá a la extinción o revocación del derecho a la prestación.
27. Sobre la revocación
27.1. Procederá la revocación de las prestaciones, mediante resolución del órgano competente del Ayuntamiento, por alguna de las siguientes causas:
a) En caso de incumplimiento de los requisitos por parte de la persona de signo subjetivo (cumplimiento del plan de trabajo individualizado, aceptación de ofertas de trabajo y escolarización de niños). Serán los equipos básicos de atención social que determinarán en una propuesta de resolución la valoración sobre el cumplimiento o eventual incumplimiento de estos extremos.
b) Cuando la persona beneficiaria incumpla, todas o algunas, de las obligaciones impuestas con la aceptación de la prestación.
c) Falsear, ocultar o mostrar obstrucción a las actuaciones de comprobación tomadas por parte del personal municipal de servicios sociales y servicios económicos, a pesar de reunir la persona solo ?' licitando los requisitos para la concesión.
d) Que haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el otorgamiento de la ayuda, sin que el ingreso haya podido hacerse efectivo por causas imputables a la parte interesada.
e) La utilización de la ayuda para finalidad distinta a aquella para la que fue concedida.
f) Desaparición de todas o algunas de las circunstancias que dieron lugar a su concesión.
g) Por la aparición de causas sobrevenidas que produzcan la imposibilidad material de continuar con la prestación de la ayuda.
h) Para ser beneficiario simultáneamente de otra prestación con la misma finalidad, sin que tal circunstancia haya sido comunicada al Ayuntamiento.
i) La reiteración de las causas que motivaron la suspensión cautelar de la prestación, de conformidad con lo establecido en el apartado correspondiente de este reglamento.
j) Otras causas de carácter grave imputables al beneficiario no contempladas en los apartados anteriores.
k) Cambio de domicilio a otro municipio.
l) Muerte del beneficiario (Cuando la ayuda se haya concedido a una unidad familiar de convivencia el órgano concedente valorará si es pertinente o no su continuidad).
27.2. La revocación de la ayuda dará lugar a la tramitación, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por parte de la persona beneficiaria y en los supuestos previstos, la posibilidad de tramitar un expediente sancionador. En todo caso, y en función de las circunstancias económicas y personales concurrentes, el Ayuntamiento podrá establecer formas de devolución fraccionada.
27.3. El acto de revocación, extinción o suspensión irá precedido por un trámite de audiencia, por un plazo de 10 días, durante el cual la persona beneficiaria podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
28. Invalidez de las resoluciones de concesión de las prestaciones
28.1. Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:
a) Las Indicadas en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
28.2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en especial, de las contenidas en el presente Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
28.3. La tramitación y declaración de nulidad se ajustará a lo dispuesto en los artículo 106 a 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
29.1. Cuando a consecuencia de la revocación, modificación o anulación de la prestación, el importe definitivo de ésta sea inferior al importe pagado, el beneficiario estará obligado a reintegrar el exceso.
29.2. Asimismo también estará obligado a reintegrar el beneficiario que haya percibido la prestación falseando las condiciones exigidas u ocultando aquellas que hubieran impedido su concesión; por incumplimiento total o parcial del objetivo a conseguido con la prestación; por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos; por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control financiero y en los demás supuestos previstos en el presente Reglamento.
29.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento, bien por iniciativa propia, previo informe motivado de los Servicios Social del Ayuntamiento, bien por renuncia del beneficiario oa consecuencia del informe de control sobre la ejecución de la prestación e indicará la causa que determine su inicio, en su caso, las obligaciones incumplidas por el beneficiario y el importe de la prestación afectado.
29.4. La resolución a acuerde el reintegro de la prestación irá precedido por un trámite de audiencia, por un plazo de 10 días, durante el cual la persona afectada podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
30. Desistimiento y renuncia
30.1. La persona solicitante podrá desistir de su solicitud o renunciar a su derecho a la prestación reconocida, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento. En el caso de prestaciones otorgadas en procedimientos incoados de oficio o en supuestos de incapacidad para realizar la renuncia por parte del solicitante, ésta podrá ser cumplimentada por los técnicos de los servicios sociales básicos.
30.2. El Ayuntamiento dictará resolución en la que se exprese la circunstancia en que concurra con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
CAPÍTULO 6. Régimen jurídico SANCIONADOR
31. Infracciones
31.1. Constituyen infracciones administrativas en materia de las prestaciones económicas reguladas por el presente
Reglamento, la comisión por acción u omisión de las siguientes conductas:
a) La obtención de prestaciones económicas falseando las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para las que la ayuda fue concedida, siempre que no se haya producido a su devolución sin previo requerimiento.
d) La falta de justificación del uso dado a los fondos recibidos, la justificación incompleta o inexacta y la justificación fuera de plazo.
f) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de seguimiento y / o comprobación por parte del Ayuntamiento (se incluyen dentro de este apartado las conductas o actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir estas actuaciones por parte del Ayuntamiento como son no aportar documentación, no facilitar el examen de los documentos, informes, antecedentes, justificantes o cualquier otro documento requerido a estos efectos, no atender los requerimientos efectuados en este sentido por parte del Ayuntamiento y las coacciones al personal del Ayuntamiento que realice estas actuaciones).
g) Incumplimiento de la obligación de comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio o mejora en las circunstancias que propiciaron la concesión de la ayuda
31.2. Las infracciones reguladas en el apartado anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves. Serán muy graves aquellas en las que la persona responsable haya realizar una conducta dolosa. Se tipifican como graves aquellas en las que en su comisión u omisión por la persona responsable haya sido culposa y serán leves aquellas infracciones en que la persona responsable haya observado una conducta negligente.
31.3. Serán responsables de las infracciones los beneficiarios o sus representantes. Se podrá exceptuar esta responsabilidad cuando las conductas tipificadas como infracción sean realizadas por personas sin capacidad de obrar y en aquellos supuestos en los que concurra fuerza mayor.
32.1. Por resolución del órgano competente del Ayuntamiento, las infracciones administrativas tipificadas en este
Reglamento, se sancionarán:
a) Las muy graves mediante multa de hasta el triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada y hasta un límite de 3.000 EUR. Alternativamente, se podrá imponer la pérdida durante un plazo de hasta tres años de la posibilidad de obtener ningún tipo prestación económica del Ayuntamiento de (nombre de la entidad local).
b) Las graves mediante multa hasta un límite de 1.500 EUR. Alternativamente, se podrá imponer la pérdida de la posibilidad de obtener ningún tipo de prestación económica del Ayuntamiento (nombre de la entidad local), llevarán el plazo de dos años.
c) Las leves mediante multa hasta un límite de 750 EUR.
32.2. La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
33. Prescripción
Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
34. Régimen de incompatibilidades
34.1. Con carácter general las prestaciones económicas previstas en el presente reglamento no son incompatibles con ayudas concedidas por otras administraciones, teniendo, en todo caso, el carácter de complementaria de estas, con las siguientes excepciones:
a) Por su carácter extraordinario, finalista y no periódico será incompatible la concesión de prestaciones económicas con el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesidades, resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan esta finalidad
b) Igualmente serán incompatibles con las ayudas concedidas por otras entidades, que sean de la misma naturaleza, alcance, cuantía y / o finalidad.
34.2. No podrán otorgarse prestaciones económicas por el mismo concepto si estas han sido previamente denegadas por no reunir los requisitos exigidos por otras administraciones u organismos públicos. Exceptúa este requisito si la ayuda concedida no resolviera la necesidad, pudiendo, en este caso, complementarse desde el Ayuntamiento. También se exceptuará este requisito si las circunstancias sociales personales o de la unidad de convivencia hubieran variado desde la finalización del proceso de solicitud.
34.3. No serán compatibles con cualquier tipo de ingreso privado que pudiera corresponder al beneficiario u otro miembro de la unidad de convivencia familiar, para la misma finalidad, salvo aquellos casos excepcionales y justificados mediante los informes técnicos pertinentes que acrediten la grave situación socioeconómica.
34.4. Se excluyen las prestaciones económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y situaciones de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas) excepto en situación de emergencia social con graves repercusiones para la unidad de convivencia.
34.5. Tampoco se concederán ayudas destinadas a la amortización de deudas contraídas con esta u otras administraciones públicas, ni para el abono de servicios prestados por estas o que podrían serlo, salvo que concurran en la persona solicitante circunstancias excepcionales que lo hagan aconsejable y necesario.
34.6. Las prestaciones económicas no podrán otorgarse para la prestación de atención sanitaria no incluida en el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Salud.
35. Régimen fiscal y Derecho Supletorio
35.1. Las prestaciones económicas reguladas en el presente reglamento quedan sometidas al régimen fiscal vigente en el momento de su otorgamiento.
35.2. Todo lo no previsto en el presente reglamento se regulará según la legislación específica, estatal, autonómica o local, que sea de aplicación y, en su defecto, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y la LGS, por lo que con respecto a los criterios de otorgamiento de la concesión directa, justificación y elegibilidad del gasto y, en cuanto al procedimiento administrativo, por la LRJAP-PAC.
36. Tratamiento de datos personales y confidencialidad de las prestaciones económicas concedidas
36.1. Con la presentación de la solicitud de ayuda la parte interesada da su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal, laboral, económico y familiar que son necesarias para la tramitación del correspondiente expediente.
36.2. Asimismo y de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), los datos de este carácter suministrados por la parte de la persona interesada, así como las contenidas en la documentación adjunta necesaria para la tramitación del correspondiente expediente, serán objeto de tratamiento informatizado por parte del Ayuntamiento para posibilitar su concesión o denegación, y las correspondientes acciones de seguimiento y comprobación. Para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, los interesados deberán dirigirse al personal responsable del tratamiento que es el propio Ayuntamiento.
36.3. Se garantiza la total confidencialidad en relación a las peticiones efectuadas en este ámbito en el Ayuntamiento, así como de cualquiera de sus datos personales y familiares facilitados, siendo utilizadas estrictamente para las finalidades para las cuales han sido facilitados y dentro del marco establecido por LOPD, teniendo en cuenta la obligación del Ayuntamiento de efectuar su comunicación a la BNDS.
36.4. No se realizará ningún tipo de publicación de la concesión directa de las prestaciones económicas. En los casos en que estas otorguen mediante procedimiento de pública concurrencia, se realizarán las acciones y medidas necesarias para que la publicación garantice los derechos recogidos en la LOPD.
37.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la LRJAP-PAC, en relación con lo establecido en los artículos 116 y 117 del mismo texto legal, y el artículo 8 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, contra el acuerdo de concesión, que es definitivo en vía administrativa, se puede interponer, alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que ha dictado la resolución o bien, directamente recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de
Barcelona en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto expreso que pone fin a la vía administrativa.
37.2. Asimismo, los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
A los efectos previstos en el presente reglamento, el concepto lavas e ingresos del presente reglamento contempla rentas del trabajo, de la actividad económica, del capital, patrimoniales, subsidios o cualquier otra fuente de ingresos o recursos patrimoniales.
Las solicitudes de prestaciones económicas que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, les será de aplicación lo dispuesto en el mismo, en todo lo que les sea favorable.
Quedan derogadas todas las normas municipales en vigor que regulen las mismas prestaciones que son objeto de este reglamento, y toda la normativa de igual o inferior rango, que se oponga al contenido formal o procedimiento del presente reglamento.
Una vez el reglamento quede aprobado de forma definitiva por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor con la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y transcurridos los plazos establecidos en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Gaià, 6 de junio de 2018
El Alcalde Enric Armengou Vall de Vilaramó