Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-781860953
Timestamp: 2019-10-23 08:23:42
Document Index: 4937572

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 273', 'artículo 155', 'artículo 24', 'artículo 24']

STC 47/2019, 8 de Abril de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 781860953
Número de Recurso: 5693-2017
En fecha 22 de noviembre de 2017, la procuradora de los tribunales doña Raquel Cano Cuadrado, en nombre y representación de la entidad Meka Block, S.A.U., y con la asistencia del letrado don Daniel Álvarez de Blas, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
El día 13 de enero de 2017, la entidad Meka Block, S.A.U., notificó por carta a su empleada, doña María Velázquez Pecharromán, la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por veintiocho días, que se habría de hacer efectiva entre los días 1 y 28 de febrero del referido año.
[C]onforme al art. 97.2 LJS, los anteriores hechos han sido probados por la documental aportada por la parte actora con su demanda, así como por el interrogatorio de la parte demandada, que no comparece. El art. 91.2 de la ley de jurisdicción social vigente dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte. Tal precepto establece una confesión presunta de carácter legal de reconocimiento de los hechos base de la pretensión del actor, en que del hecho de la incomparecencia no justificada deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión contraria, por falta de fundamento de una posición procesal de oposición […]
Para el caso de la sanción el art. 114.3 LJS impone al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de sanción, lo cual no exime al actor de probar el hecho de la existencia de la relación laboral, sus características, así como especialmente el hecho mismo de la sanción citada
En el presente caso, la empresa al no comparecer no acredita la responsabilidad de la trabajadora en los incumplimientos imputados. Todo ello conlleva la improcedencia de la sanción acordada por la demandada en fecha 13 de enero de 2017, aquí impugnada, de conformidad con el apartado b) del artículo 115.1 de la ley de Jurisdicción Social
[D]e conformidad con lo establecido en los artículos 53.1 y 55 LRJS las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se han de hacer en el local de la oficina judicial si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos, mediante correo certificado con acuse de recibo o a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante; y solo en el caso que no pueda practicarse por los medios anteriores se acude a la notificación al interesado de manera personal. Que los arts. 53.2 de la LJS, 162 y 273.3 a) LEC, 230 y 271 LOPJ, en el artículo 3 de la Ley 59/2003, así como en el Real Decreto 1065/2015, regulan las comunicaciones a través de medios telemáticos y que estas se practicarán cuando los intervinientes estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la administración de justicia, añadiendo que ‘[...] dispone el art. 273.3 a) LEC, que en todo caso están obligados a intervenir a través de los medios electrónicos con la administración de justicia las personas jurídicas. El artículo 22 del Real Decreto 1065/2015 establece que a través de la sede judicial electrónica podrán realizarse los actos de comunicación emanados de los órganos y oficinas judiciales y fiscales mediante la dirección electrónica habilitada, que es donde la mercantil demandada en este procedimiento, Meka Block, S.A.U., ha sido notificada, sin que conste revocación de tal dirección
[E]n las notificaciones efectuadas a la mercantil la citación consta correctamente enviada y recibida en destino, conforme a los resguardos, que obran en autos, que han sido emitidos por el propio sistema. Esa citación, que aparece recibida en destino por el destinatario en fecha 3 de abril de 2017, no es retirada por la mercantil, pero la efectividad de las notificaciones se determina con la adecuada recepción del acto de comunicación, pues cuando hay constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entiende que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. Es por ello que las citaciones al acto de conciliación y acto de la vista han sido practicadas conforme a la normativa vigente, siendo estas efectivas, por lo que al no haberse producido un defecto procesal en el acto cuya nulidad se interesa, habiéndose cumplido el trámite previsto en el art. 238 LJS, no procede la declaración de nulidad de actuaciones interesada
En la demanda de amparo la recurrente alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Tras traer a colación la doctrina constitucional relativa a los actos de comunicación procesal y su vinculación con el referido derecho fundamental (entre otras, las SSTC 110/1989 , de 12 de junio; 169/2014 , de 22 de octubre, y 30/2014 , de 24 de febrero), sostiene que una deficiente práctica de las notificaciones por parte del órgano judicial que, a su vez, sea determinante de la falta de emplazamiento personal de quien debe ser llamado al proceso, vulnera el referido derecho y acarrea la nulidad de actuaciones. Sitúa la vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 CE en el hecho de que la citación a juicio de la demandante fuera efectuada a través de su dirección electrónica habilitada, la cual no resultó efectiva, como así lo reconoce el propio órgano judicial en el auto que desestima el incidente de nulidad de actuaciones, toda vez la entidad demandada en el procedimiento judicial no retiró la citación. Añade que la modalidad por la que optó el juzgado no es el medio requerido legalmente para llevar a cabo un acto de comunicación tan importante, pues no garantiza el acceso al proceso de la parte, su tutela judicial efectiva ni su derecho de defensa. Por ello, sostiene que el ilegal proceder del juzgado supuso un arbitrario incumplimiento de los deberes que le concernían, de cara a agotar todas las posibilidades para lograr la efectividad de la notificación (art. 53.1 LJS) y de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal.
Por providencia de fecha 16 de julio del 2018, la Sección Tercera del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite la demanda de amparo, al apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], toda vez que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009 , FJ 2 b)]. En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC dispuso requerir al Juzgado de la Social núm. 1 de Toledo, a fin de que, obrando ya el testimonio del procedimiento sobre sanciones núm. 109-2017, en plazo que no exceda de diez días emplace a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, si lo desean, puedan comparecer en el presente recurso.
Mediante escrito presentado el día 30 de agosto del 2018, doña María Velázquez Pecharromán interesó su personación en el presente recurso de amparo, bajo la representación de la procurador de los tribunales don Vicente Javier López López y asistida por el letrado don Jesús Juanas Iglesias.
Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 12 de noviembre de 2018, se acordó tener por personado y parte en el presente procedimiento al procurador de tribunales don Vicente Javier López López, en nombre y representación de doña María Velázquez Pecharromán. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 52.1 LOTC se dispuso dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al ministerio fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
Por escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, a través de su representación procesal presentó sus alegaciones doña María Velázquez Pecharromán. En síntesis, sostiene que la empresa demandante en este recurso de amparo fue debidamente citada a través de la sede electrónica que la referida empresa tiene dada de alta para recibir notificaciones, según se constató por medio del punto neutro judicial. Asimismo, afirma que en el Libro de Actos de Comunicación del órgano judicial consta que la empresa fue debidamente emplazada el día 3 de abril de 2017, comunicación que fue recibida por la destinataria ese mismo día, por lo que considera que la citación fue practicada de forma correcta y ajustada a Derecho. Sostiene que lo esencial para la validez de las notificaciones es que hayan llegado a conocimiento del destinatario, que es lo que ha sucedido en el presente caso. Cuestión distinta es que, por dejadez o negligencia del personal responsable de la empresa, no se haya atendido la notificación.
Por providencia de fecha 12 de diciembre de 2018, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, con suspensión del plazo para alegaciones acordado en la diligencia de ordenación de 12 de noviembre de 2018, dar traslado de las actuaciones a la abogacía del Estado por sí, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 LOTC, pudiera estar interesada la administración pública en el procedimiento, disponiendo de un plazo para su personación de diez días.
El día 21 de diciembre de 2018 presentó sus alegaciones el ministerio fiscal. En un primer apartado resume los antecedentes más relevantes de los que trae causa el presente recurso de amparo, entre los que destacan el contenido de la sentencia recaída en el procedimiento núm. 109-2017 y del auto de fecha 5 de octubre de 2017, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones. Posteriormente, sintetiza los aspectos esenciales de la demanda de amparo y aclara que, aunque en el suplico se alude a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (arts. 24.1 y 9.3 CE), la referencia a este último precepto solo puede ser tenida en consideración como un argumento para reforzar la alegación referida a la lesión del derecho citado, conforme a una reiterada doctrina constitucional relativa a la omisión o deficiencias en los actos de comunicación del proceso judicial que producen indefensión (en este caso concreto, en la faceta de acceso al proceso). A su vez destaca que, si bien se impugna directamente el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, la indefensión habría tenido lugar al realizarse la primera comunicación a la empresa demandada en el procedimiento judicial; y ello, porque en la sentencia se tuvo por confesa a la referida empresa, por no comparecer sin alegar justa causa (art. 91.2 LJS), y se consideró que la empleadora también incumplió la carga de probar los hechos en que fundó la sanción impuesta a la trabajadora. Por ello, la nulidad pretendida no solo atañe al mencionado auto, sino también a la sentencia y al acto de comunicación relativo a la fecha de celebración de los actos de conciliación y juicio efectuada por vía electrónica.
En otro apartado, el fiscal trae a colación la doctrina constitucional que considera de aplicación al caso (expuesta, entre otras, en las SSTC 3/2010 , de 17 de marzo, FJ 2; 122/2013 , de 20 de mayo, FJ 3, y 200/2016 , de 28 de noviembre, FJ 6) de cuyo contenido extrae que: i) el art. 24.1 CE garantiza el derecho de la parte a conocer la existencia del proceso, a fin de poder intervenir y defenderse en el mismo; ii) que los órganos judiciales no sólo están obligados a ejecutar correctamente los actos de comunicación, pues también deben asegurarse de que, efectivamente, garanticen que la parte pueda intervenir en el proceso; iii) y que no se producirá vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva si la parte tiene conocimiento extraprocesal del acto concreto para el que no fue correctamente citada, así como en los casos en que la inefectividad de la comunicación resulta imputable a la conducta dolosa o imprudente del afectado.
Por providencia de fecha 4 de febrero de 2019, la Sección Tercera de este Tribunal acordó alzar la suspensión antes indicada, al no haberse personado la abogacía del Estado en el presente recurso.
Por providencia de fecha de 4 de abril de 2019 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 8 del mismo mes y año.
Sin perder de vista las concretas circunstancias del presente supuesto, a continuación se trae a colación el marco normativo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS) para los actos de comunicación procesal.
Los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles vías existentes para lograr la efectividad de las notificaciones
Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo
Cuando la comunicación tenga lugar utilizando medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, se realizará conforme a lo establecido en el art. 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquellos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia
Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la administración de justicia conforme a lo establecido en las leyes procesales y en la forma que estas determinen
ii) De acuerdo a lo estatuido en el precepto anterior, el art. 273.3
LEC prevé:
En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas
En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos
3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional […]
Tras el compendio normativo llevado a cabo procede traer ahora a colación las consideraciones que, en relación con el empleo de los medios electrónicos para la realización de los actos procesales de comunicación, figuran en el fundamento jurídico 4 de la reciente STC 6/2019 , de 17 de enero:
Tanto el derecho de opción, como en su caso el cumplimiento de la obligación, de utilizar estos medios electrónicos por los interesados que no sean profesionales de la justicia, quedó fijada legamente a partir del 1 de enero de 2017 (disposición transitoria cuarta , apartado 3; y disposición final duodécima, apartado 2, de la Ley 42/2015).
(iii) Como excepción, no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el artículo 155.1 LEC, los cuales ‘se harán por remisión al domicilio de los litigantes’, regla que también opera en el proceso laboral (art. 53.1 LJS) y de hecho así se hizo en la causa a quo
Este Tribunal se ha pronunciado reiteradas veces respecto de la vinculación de los actos de comunicación procesal con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Respecto de esta temática, en el fundamento jurídico 2 de la ya citada STC 6/2019 expusimos la siguiente doctrina:
c) En relación con los actos de comunicación, nuestra doctrina es reiterada acerca de su importancia para la efectividad no solamente del derecho de acceso a la jurisdicción (entre otras, SSTC 148/1995 , de 16 de octubre, FJ 2; 6/2008 , de 21 de enero, FJ 2, y 180/2015 , de 7 de septiembre, FFJJ 4 y 7), sino también del derecho al recurso legalmente previsto, en relación con el cual hemos declarado que ‘para evitar que se produzca la indefensión prohibida por el artículo 24.1 CE, que se caracteriza, precisamente por una privación o limitación del derecho de defensa (SSTC 48/1984 , 181/1994 y 39/1995 , entre otras), el derecho constitucional a los recursos no sólo garantiza su posible interposición sino que se trata de una garantía efectiva en orden a la tutela judicial, a cuyo fin adquieren una especial trascendencia los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, tanto respecto de quienes aún no lo son y han de ser emplazados como respecto de aquellos a los que ha de darse traslado de las resoluciones judiciales a los efectos de un posible recurso contra las mismas (SSTC 9/1991 , 126/1991 y 17/1992 , entre otras muchas)’ (STC 229/1998 , de 1 de diciembre, FJ 4). d) La protección constitucional, por tanto, se proyecta específicamente sobre aquellos actos de comunicación que ha regulado el legislador y que pueden considerarse por tanto como tales: ‘el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 CE, garantiza el derecho de acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y de ejercitar la defensa de los derechos e intereses legítimos, con respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales lo que impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y en su caso, requerimientos, llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de actuar en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión’ (STC 334/1993 , de 15 de noviembre, FJ 2)
En la reciente STC 32/2019 , de 28 de febrero, FJ 4, aparece compendiada nuestra posición sobre el especial deber de garantizar la efectividad de los actos de comunicación procesal, dada su vinculación el derecho fundamental anteriormente indicado: “[e]ste Tribunal ha afirmado con reiteración que pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídica procesal y que una incorrecta o defectuosa constitución de esta puede ser causa de indefensión lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Solo si la constitución de la litis tiene lugar en los términos debidos es posible garantizar el derecho a la defensa de quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la inexcusable observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído. De ahí la especial relevancia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados; de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho de defensa (entre otras muchas, SSTC 115/1988 , de 10 de junio, FJ 1; 195/1990 , de 29 de noviembre, FJ 3; 326/1993 , de 8 de noviembre, FJ 3; 77/1997 , de 21 de abril, FJ 2; 219/1999 , de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2000 , de 16 de mayo, FJ 5; 61/2010 , de 18 de octubre, FJ 2; 30/2014 , de 24 de febrero, FJ 3, y 169/2014 , de 22 de octubre )”. Asimismo, en el fundamento jurídico 3 de la indicada STC 30/2014 , recordamos que “recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso”.
En relación con la concurrencia de indefensión, este Tribunal ha matizado, no obstante, que “el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte , que excluiría la relevancia constitucional de la queja, ‘no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega’” (STC 181/2015 , de 7 de septiembre, FJ 3).
[L]a fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en un error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (SSTC 147/1999 , de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000 , de 31 de enero, FJ 2; 87/2000 , de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001 , de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001 , de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003 , de 24 de marzo, FJ 6, y 213/2003 , de 1 de diciembre, FJ 4). El art. 24 CE impone entonces, a los órganos judiciales, la obligación de dictar una resolución fundada en Derecho que no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61/1983 , de 11 de julio; 5/1986 , de 21 de enero; 78/1986 , de 13 de julio; 116/1986 , de 8 de octubre, y 75/1988 , de 25 de abril, FJ 3). No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, esta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994 , de 27 de enero, FJ 2; 324/1994 , de 1 de diciembre, FJ 2; 24/1999 , 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000 , de 31 de enero, FJ 2).
A tenor de esta doctrina, corresponde a este Tribunal ‘la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a este’ (SSTC 22/1994 , de 27 de enero, FJ 2, y 155/2001 , de 2 de julio, FJ 5). La función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Es a los órganos judiciales a quien corresponde con carácter exclusivo la adopción de las pertinentes resoluciones que sean consecuencia del proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, sin más límites que el carácter manifiestamente irrazonable, arbitrario o incluso error patente de la interpretación y aplicación de las normas llevada a cabo por los Jueces y Tribunales ordinarios (por todas, SSTC 148/1994 , de 12 de mayo; 117/1996 , de 25 de junio; 58/1997 , de 18 de marzo; 68/1998 , de 30 de marzo, y 238/1998 , de 15 de diciembre, entre otras)
(STC 51/2007 , de 12 de marzo, FJ 3).
Sin perder de vista que, conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución, a este Tribunal solo le compete efectuar un control meramente externo a la hora de enjuiciar si una resolución judicial está fundada en Derecho, en relación con el supuesto que ahora nos ocupa debemos afirmar que el hecho de no tomar en consideración los preceptos citados (arts. 155.1 y 2 y 273.4 LEC) empece de por sí la razonabilidad del auto impugnado en este recurso, habida cuenta de la relevancia que presentan esas normas respecto del presente caso. Por otro lado, debemos añadir que este tribunal ya sostuvo, en el fundamento jurídico 4 de la ya citada STC 6/2019 , que a modo de excepción y conforme a lo previsto en los arts. 155.1 LEC y 53.1 LJS, no procede efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento, pues esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio. El criterio sintetizado en la sentencia objeto de cita —que es diametralmente opuesto al que sustenta la juzgadora a quo — se extrae sin dificultad de la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS y 155.1 y 2 LEC. Y corrobora lo expuesto, la obligación que impone el segundo párrafo del art. 273.4 LEC, consistente en tener que presentar en soporte de papel las copias de los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado. La finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido demandado las copias presentadas en papel.
Procede a continuación resolver las objeciones que la codemandada personada opone a la estimación del presente recurso, las cuales, según afirma, obstan la concurrencia ad casum de la indefensión constitucionalmente proscrita que se alega en la demanda. Sostiene aquella que la notificación efectuada en la dirección electrónica habilitada fue ajustada a Derecho y que la falta de conocimiento de que se queja la demandante fue debida a la dejadez o negligencia del personal a su cargo, que dejó transcurrir el plazo legalmente previsto sin atender a la comunicación. Por otro lado, afirma que la empresa sí tuvo debida constancia de la celebración del juicio, habida cuenta de que la parte actora en la vía judicial y los testigos por ella propuestos manifestaron a la empresa que dejarían de asistir al puesto de trabajo para acudir a dicho acto, siendo oportunamente autorizados para ello.
Por todo lo expuesto, debe reconocerse la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo y, en consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo. De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto y la sentencia de fechas 5 de octubre y 27 de julio del 2017, respectivamente, así como la retroacción de las actuaciones hasta el trámite procesal que proceda, a fin de que la nueva citación para los actos de conciliación y juicio se lleve a cabo de manera respetuosa con el derecho fundamental indicado, según lo razonado en el fundamento jurídico 4 de esta resolución.
STSJ Galicia 72/2008, 7 de Febrero de 2008