Source: https://www.scribd.com/document/398239599/Sentencia-del-Juzgado-que-fallo-recurso-de-amparo-por-andenes-en-el-Cusco
Timestamp: 2019-03-19 00:08:56
Document Index: 59214495

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 49', 'Artículo 35', 'artículo 66', 'artículo 427', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo\n21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 79', 'Artículo 22', 'Artículo 60', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 202', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'artículo 48', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 86', 'artículo 202', 'Artículo\n22', 'artículo 49', 'Artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 15', 'artículo 36', 'Artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 35', 'Artículo 1', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 5']

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La jueza Marianella Cárdenas declaró improcedente recurso de amparo que buscaba la restitución del patrimonio histórico dañado durante la construcción del hotel Four Points by Sheraton, en 2015.
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R.A.26-2015-NCPP-legis.pe_
Castañada Electr
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCO - Sistema
de Notificaciones Electronicas SINOE
AV. EL SOL S/N CUSCO,
Juez:CARDENAS VILLANUEVA MARIANELLA /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 31/12/2018 18:53:34,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
CUSCO / CUSCO,FIRMA DIGITAL
5°JUZGADO CIVIL-SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00710-2016-0-1001-JR-CI-05
CUSCO - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE : MARIANELLA CARDENAS VILLANUEVA
AV. EL SOL S/N CUSCO, ESPECIALISTA : VARGAS TRUJILLO VILMA
Secretario:VARGAS TRUJILLO
VILMA /Servicio Digital - Poder TERCERO : AMICUS CURIAE APORVIDHA REPRESENTADO POR PAUL JOSE CSAFRANCA BOUB ,
Fecha: 31/12/2018 18:57:39,Razón:
: PROCURADOR PUBLICO DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CUSCO
JUDICIAL,D.Judicial: CUSCO /
CUSCO,FIRMA DIGITAL
DIRECTOR DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CUSCO
DANIEL MARAVI VEGA CENTENO
PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ,
GOBIERNO MUNICIPAL DE CUSCO ,
EMPRESA INMOBILIARIA R & G SAC REP POR HUGO MANUEL CCORIMAYTA CUBA,
MINISTRA DE CULTURA DIANA ALVAREZ CALDERON ,
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO ,
ALCALDE DEL CUSCO CARLOS MOSCOSO PEREA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE CULTURA ,
DEMANDANTE : COMISION DE JURISTAS CONTRA LA CORRUPCION Y POR LA DEFENSA SOCIAL.
Resolución N° 35.
Cusco, 27 de diciembre de 2018.-
VISTA: La demanda de amparo presentada por la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa
Social, contra el Ministerio de Cultura, representado por la Ministra de Cultura Diana Alvarez Calderón Gallo, el
Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, representada por Daniel Maraví Centeno, Gobierno
Municipal del Cusco, representado por su Alcalde Carlos Manuel Moscoso Perea, y la Empresa Inmobiliaria R&G
S.A.C., para que se declare:
i) A la Municipalidad del Cusco y al Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura del
Cusco, que cesen su omisión y adopten todas las medidas necesarias que aseguren la protección y conservación
del patrimonio histórico y cultural que se encuentra en el inmueble en construcción (Único) ubicado en la calle
Saphy inmuebles N° 346, 386, 674, 704, 714, 740 dentro del Centro Histórico del Distrito y Provincia del Cusco,
procediendo conforme a la Ley General del Patrimonio Ley N° 28296 y su reglamento Art. 35, el Plan Maestro del
ii) Que a efectos de restituir la situación de hecho y de derecho al estado anterior a la vulneración que sustenta
esta demanda, se ordene a la Dirección desconcentrada de Cultura del Cusco, la apertura de un proceso de
demolición de lo ilícitamente construido en el citado inmueble, que altera y destruye en forma continua los muros
arqueológicos prehispánicos, e incas existentes, violentando los parámetros urbanísticos y distorsiona la armonía.
iii) Que se ordene a la empresa Inmobiliaria R&G S.A.C. se abstenga de realizar graves alteraciones y destrucciones
de muros incas y prehispánicos, así como abstenerse de seguir construyendo edificaciones que alteren y
destruyan el patrimonio cultural de la Nación, y que proceda a ejercer su propiedad de conformidad con las normas
nacionales e internacionales sobre protección del patrimonio cultural.
Siendo el estado del proceso se emite la presente sentencia con los siguientes:
1. Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2016, la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa
Social, debidamente representada por su presidente Melitón Velarde Andrade y Heraclio José Cereceda Vergara,
interponen demanda de amparo (folio 63 a 85), con la pretensión antes referida, bajo los siguientes fundamentos.
1.1. Que, la ciudad del Cusco fue declarada patrimonio cultural de la Nación. Mediante Ley N° 23765.
1.2. La empresa inmobiliaria R&G S.A.C. adquirió la propiedad de tres inmuebles contiguos situados en el Centro
Histórico, calle Saphy N° 674, 704, 714, 740, que vienen a constituir físicamente una sola unidad que queda a unos
500 metros de la plaza Mayor del Cusco y en el ámbito del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. No siendo
cuestionada la adquisición de propiedad y su titularidad.
1.3. La propiedad, al momento que fue adquirida, se encontraba localizada en donde habían varios muros
prehispánicos como restos arqueológicos de inminente valor arqueológico y cultural.
La empresa R&G S.A.C.: viene edificando (edificación ya avanzada) en dicho bien el Hotel Four Points-Sheraton,
de 9 niveles, transgrediendo la normatividad internacional (UNESCO), Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural reunión celebrada en París del 17 al 21 de noviembre de 1972 y normatividad
nacional, como la Ley General del Patrimonio N° 28296, Art. V Protección. "Los bienes integrantes del patrimonio
cultural de la nación independientemente de su condición pública o privada están protegidos por el Estado,
vulnerando el Plan Maestro del Centro Histórico, el Reglamento de Edificaciones normas que establecen
edificaciones de máximo 2 pisos y medio.
Nada de esto se ha realizado en el caso concreto. la omisión pasiva y negligente de las autoridades responsables
ha sido absoluta y con resultados nefastos. La empresa R&G S.A.C no ha tenido el menor respeto al momento de
edificar su obra, destruyendo todo lo que había a su paso por el simple afán de construir mayor cantidad de cuartos
y espacios para su futuro negocio, alterando y destruyendo los muros prehispánicos, afectando además la armonía
paisajística, transgrediendo todas las normas.
Pese a que precisamente, para tales supuestos existen técnicas de restauración y conservación que procuran
conciliar y armonizar el pasado y el presente al establecer reglas y limitaciones en cuanto a nuevas obras y
remodelaciones, a fin de generar una correcta conservación del patrimonio y una edificación nueva armónica con el
Actos violatorios y agresiones concretas al patrimonio
1.4. Que, hubo ciertos procedimientos administrativos relativos a la obra entre la empresa y las autoridades
demandadas. Incluso a la fecha existen procedimientos administrativos donde se discute la legalidad de la
actuación. Sin embargo, las cuestiones de mera legalidad no pueden entorpecer ni bloquear el derecho y obligación
de protección y conservación del patrimonio cultural e histórico, la Constitución está por encima de disputas de mera
legalidad, por lo que el amparo es la única vía procedente para la protección del patrimonio cultural. No se busca
desconocer ni controvertir el derecho de propiedad de la empresa inmobiliaria, tampoco determinar las eventuales
responsabilidades civiles o penales de los responsables, sino que no se destruya el patrimonio cultural de la Nación.
1.5. Se puede apreciar el exceso de arbitrariedad de la obra en los siguientes hechos concretos y verificados:
a) El actual Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y su Reglamento – Ordenanza Municipal 115-MC- no permite
edificaciones ni construcciones de materiales de Cemento y Fierro de más de 02 niveles o 9 metros de altura
máxima en el Centro Histórico, Sector C-SP-5 donde se encuentra la calle Saphy. Y en el caso concreto, la
edificación cuenta con más de 09 niveles, sobrepasando visiblemente todas las demás.
b) La inmobiliaria R&G S.A.C., han procedido con esta arbitrariedad, sin el respeto a las normas de patrimonio cultural y
el ornato de la ciudad junto con la pasividad, omisión y negligencia del Ministerio de Cultura como del Gobierno
Municipal del Cusco, que han facilitado y permitido la destrucción y alteración del patrimonio cultural del Cusco en el
inmueble referido en la calle Saphy, permitiendo a la vez, esta construcción desproporcionada, de volúmenes
excesivos, que agrede y daña, en un aspecto externo, la configuración tipológica y armonía urbanística del Centro
Histórico, las referidas autoridades han omitido los deberes constitucionales de protección de protección del
patrimonio de la nación de sus cargos.
No se debe permitir que bienes públicos y privados que tengan compromiso cultural sean pasibles de graves
alteraciones y destrucción de los muros incas y prehispánicos que se encontraban al interior de los inmuebles
c) Las autoridades que conocían han actuado, omitiendo los deberes de sus cargos. Se concreta con la transgresión de
sus deberes constitucionales de protección inobservando la diferente normativa. No se ha previsto en lo más mínimo
el impacto negativo que genera la obra civil sobre la estructura prehispánica. Sobre todo, la omisión de no haber
recomendado y dispuesto que la obra civil no podría ejecutarse si antes no efectúen las acciones de conservación,
restauración y puestas en valor de los muros prehispánicos e Incas. Ha significado la alteración y destrucción de
más de tres muros prehispánicos.
d) Conforme con el Memorándum 18-2014-DMO-DGPQA/MC, de fecha 07/01/2014, el Ministerio de Cultura recomendó
evaluar la pertinencia y viabilidad de la construcción de la obra civil, teniendo en consideración la magnitud,
importancia y potencial arqueológico del muro prehispánico. De aprobarse la ejecución, esta deberá adecuarse a la
evidencia arqueológica, reduciendo al mínimo el impacto negativo hacia la estructura prehispánica. La obra civil no
podrá ejecutarse si antes no se han realizado acciones de conservación y restauración y puesta en valor de los
muros prehispánicos e incas. Por lo que, los demandados eran conscientes de la existencia de dicho patrimonio, y
pese a ello, no cumplieron con su protección ni cumplieron con la recomendación hecha.
e) La actuación de las demandadas es incompatible con las normas reguladoras de la administración del patrimonio,
respecto de las alturas máximas permisibles. En vez de recrear y continuar con la arquitectura predominante de la
zona, se ha construido una mole que perturba el paisaje y que genera un impacto visual grotesco.
f) Las demandadas habiendo festinado trámites administrativos, a favor de la Empresa R&G S.A.C. han permitido
condiciones de intervención adversas para la protección, conservación y puesta en valor del inmueble con
compromiso de elementos patrimoniales e históricos. Resulta incomprensible que no exista estudio arqueológico
confiable que guíe la ejecución de un proyecto de puesta en valor con carácter arqueológico.
1.6. El fundamento jurídico de la demanda.
a) Radica en los derechos difusos previstos en el artículo 2°, inciso 19). En los casos de amenaza y destrucción del
patrimonio en que también se ve comprometido y violentado el derecho a la identidad cultural
b) y el artículo 21 de la Constitución que establece obligaciones positivas de protección del Patrimonio Cultural de la
Nación por el Estado.
De tal manera que en el caso de que el Estado adopte una conducta omisiva que permita, por su pasividad o
negligencia, la destrucción y grave alteración del patrimonio, estaremos ante un acto inconstitucional y genera
agravio susceptible de ser reparado en la vía de amparo.
2. Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2016, la demandada Municipalidad Provincial del Cusco, a través de su
Procuradora Pública Zoraida Pillco Huillcahuamán, contesta la demanda (folio 194- 199) bajo los siguientes
2.1. Las acciones realizadas por la Municipalidad con relación a la solicitud formulada por la Inmobiliaria R&G
SAC representada por su apoderado legal Hugo Manuel Corimayta Cuba, donde mediante Exp. N° 104065 de fecha
04-12-13 solicitó la ampliación de vigencia de la Licencia de Obra N° 17-SGAUR-GDUR-MC, expedida el 21 de
enero de 2011, motivo por el cual se le emitió la Licencia de Obra N° 9-SGAUR-GDUR-MC de 29-01-2014,
posteriormente solicita la modificación de la obra en arquitectura mediante el Exp. N° 100906 de fecha 13-03-14,
para lo que se conformo una Comisión Técnica Calificadora de Proyectos conformada por 06 delegados del Colegio
de Arquitectos, 03 delegados del Colegio de Ingenieros, 03 representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco
y representantes Ad Hoc, dentro de estos lo conformaban 05 delegados del Ministerio de Cultura-Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco.
2.2. Se emitieron varios dictámenes, entre los que se encuentran Dictamen N° 292-CTPCP-MC de 14/04/2014,
N° 444-CTPCP-MC del 22/08/14, N° 457-CTPCP-MC de 05/09/14, N° 484-CTPCP-MC de fecha 26/09/14, N° 489-
CTPCP-MC de 03/10/14, en donde se ha precisado que dicha modificación y ampliación del establecimiento del
hospedaje no cumple con los parámetros urbanísticos, debiendo respetar la tipología volumétrica del área urbana
monumental, no se ha cumplido con los Art. 79.2 y 87.5 del Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico, así
como no se ha cumplido con la propuesta presentada con los planos topográficos y demás observaciones.
2.3. La Comisión Técnica emite su conformidad respecto a la modificación y ampliación del establecimiento del
hospedaje sin tomar en cuenta las observaciones efectuadas en los diferentes rubros de los dictámenes expedidos,
así como no ha justificado la decisión adoptada, consecuentemente emite su conformidad por lo que la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la anterior gestión, faltando dos días para el ingreso de la nueva gestión, había expedido
licencia de edificación N° 155-SGAUR-GDUR-MC de 29/12/14, la misma que no cuenta con la firmas de los
diferentes delgados, hecho contrario a la exigencia normativa de la Ley N° 29090 y D.S. N° 008-2013-VIVIENDA, en
el art. 11, numeral 7 señala como obligación de los delegados "... en cada plano debe constar el dictamen,
debidamente sellado y firmado por cada uno de los miembros de la comisión técnica con la indicación del número
de su colegiatura". Hechos estos que han sido evaluados y se han tomado las acciones penales y civiles
correspondientes, conforme a sus facultades como órgano de Gobierno Local regulado en la Constitución Política
del Perú y leyes especializadas.
2.4. Por ello la nueva gestión, Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 822-GM/MPC-2015 resuelve declarar la
nulidad de la Licencia de Edificación N° 155-SDAUR-MC-2014 y dispone la paralización inmediata del proyecto de
modificación y ampliación de establecimiento de hospedaje. Se emite la Resolución de Gerencia Municipal N° 004-
GM/MPC-2016 que resuelve aclarar la resolución N° 822-GM/MPC-2015 del 28 de diciembre de 2015, en el extremo
de disponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural adopte las acciones correspondientes y de ser el caso
efectué la paralización o demolición de la obra en salvaguarda del interés público y la protección del patrimonio
2.5. Como consecuencia, la inmobiliaria R&G SAC ha interpuesto recurso de apelación contra las referidas resoluciones
en fecha 11 de enero de 2016, y plantea demanda de amparo en fecha 12 de enero de 2016, al día siguiente de
interpuesto su recurso de apelación en sede administrativa, argumentando que se le habrían vulnerado derechos
constitucionales como la libertad de Trabajo, libertad de Empresa Comercio e Industria, Derecho a la Propiedad, el
Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, fundamento que la obra de construcción que se viene
ejecutando cuentan, según inmobiliaria, con la autorización respectiva de la autoridad competente, que ha sido
obtenida de forma regular y que la Resolución Gerencial Municipal N° 822-GM/MPC-2015 que resuelve declarar la
nulidad no ha sido notificada de acuerdo a ley, vulnerándose el procedimiento establecido por ley.
2.6. El Primer Juzgado Civil del Cusco concedió Medida Cautelar Innovativa, solicitado por la inmobiliaria,
respecto a la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución de Gerencial Municipal N° 004-GM/MPC-2016
que dispuso la demolición y se abstenga de realizar cualquier acto administrativo tendiente a la demolición de la
obra. Mediante sentencia del 08 de abril de 2016, ha resuelto declarar fundada en parte la demanda de amparo
declarando sin efecto y consecuentemente nula las Resoluciones de Gerencia Municipal N° 822-GM/MPC-2015 de
28 de diciembre de 2015, declarando sin efecto y consecuentemente nula la resolución de Gerencia Municipal N°
004-GM/MPC-2016 de 04 de enero de 2016 y por conexidad la esquela de atención N° 00640-AF-GDUR-CMC del
06 de enero de 2016 y dispone que la Municipalidad se abstenga de realizar la paralización y/o demolición inmediata
del la ejecución de las obras y/o demolición inmediata, por lo que esta parte presento recurso de apelación.
2.7. La jueza no ha tomado en cuenta todas las documentales que obran en los expedientes administrativos, y
desarrollados en el escrito de apelación, como es el aviso de notificación respecto la Resolución Gerencial Municipal
N° 822-GM/MPC-2015, acta de notificación de 28 de diciembre de 2015, como la notificación efectuada en el diario
la República de la referida resolución, concluyendo irregularmente dicha juez que se le habría vulnerado su derecho
al debido procedimiento. No ha tomado en cuenta la cronología de los actos administrativos expedidos por la
Municipalidad Provincial del Cusco, donde la licencia de edificación N° 155-SDAUIR-GDUR-MC-2014 prescribía
para la declaración de su nulidad en sede administrativa en fecha 29 de diciembre de 2015 y la resolución de
Gerencia Municipal N° 822-GM/MPC-2015, que declara la nulidad de la referida licencia, se ha emitido dentro del
plazo es decir el 28 de diciembre de 2015. Finalmente, deja sin efecto resoluciones que se han pronunciado sobre
2.8. Al expedir la Licencia de Edificación N° 155-SDAUR-GDUR-MC-2014 no se ha cumplido con la observancia
de la normatividad que regula las edificaciones del centro histórico como es el Plan Maestro del Centro Histórico del
Cusco respecto a la altura de edificación interior del inmueble, superando los niveles establecidos en dicho
reglamento, teniendo 08 niveles de altura, vulnerando proporciones de los coeficientes de edificación establecidos,
siendo el parámetro de 1.4 y la Municipalidad otorgo 2.4. Los parámetros edificatorios del plano de ubicación y
localización alcanza los 2.64, siendo peligro emergente que resulta agresivo para el entorno.
2.9. La Municipalidad Provincial del Cusco ha cumplido y viene cumpliendo en la actualidad con la defensa a la
conservación y protección del patrimonio histórico de la Nación, por lo que mal se atribuye una conducta omisiva a
la Municipalidad del Cusco.
2.10. De todo lo desarrollado se puede concluir que el interés público, consistente en la protección y preservación del
patrimonio cultural, viene afectándose severamente a raíz de lo resuelto en vía judicial.
3. Mediante escrito de fecha 14 de junio de 2016, el demandado Ministerio de Cultura, a través de su Procurador
Público Javier Wilfredo Paredes Sotelo, contesta la demanda (folio 285- 301) bajo los siguientes fundamentos:
3.1. Plantea excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, con los fundamentos que contiene dicho
3.2. Refiere que el 18 de noviembre de 2009 la empresa Inmobiliaria R&G SAC presenta ante la Dirección Regional de
Cultura de Cusco, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el expediente del proyecto denominado
“Proyecto Saphy 674 (Hotel y Residencia), para su revisión y calificación, que se aprobó por Resolución Directoral
Regional N° 252/INC-Cusco, habiendo tenido Licencia de Obra N° 17-SGAUR-GDUR-MC-2011, de 21 de enero de
2011, emitida por la Sub Gerencia de Administración Urbana de la Municipalidad Provincial del Cusco.
3.3. Los predios se encuentran dentro del ámbito de la Zona Monumental y Ambiente Urbano Monumental de Cusco, así
como dentro del ámbito del Centro Histórico de Cusco, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio
Cultural Mundial por la UNESCO en 1983, por tanto sujeto a las obligaciones, restricciones y limitaciones previstas
en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley N° 28296.
3.4. Mediante el Informe N° 000071-2016/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 16 de mayo de 2016, la Dirección de
Patrimonio Histórico Inmueble advierte que la supervisión efectuada por el personal técnico responsable de la
Dirección desconcentrada de Cultura, en los respectivos predios, que por Informe N° 76-88-2014 se señalo que “En
los sótanos se continua ejecutando la mampostería de distribución de ambientes que difiere de los planos
aprobados” así como señalo “la residencia de la obra indico que los cambios ejecutados en proyecto aún siguen
siendo evaluados en la Municipalidad de Cusco”.
3.5. Mediante el mismo informe se señala que la construcción del muro proyectado en la parte posterior hacia la calle
Don Bosco, denominado “muro pantalla” no se ejecuto de acuerdo al diseño presentado en los planos de cortes del
proyecto aprobado por la Dirección Regional de Cultura en el año 2010, en lugar de seguir con el escalonamiento
planteado, el primer tramo se prologo verticalmente hasta una profundidad de 16 metros, hecho que fue deducido de
lo señalado en el informe N° 214-273-2014-SBFD-FDA-AFPC-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del 10 de diciembre de
2014, que indica "se continúa con los avances de obras de ingeniería civil de sector Don Bosco, teniendo un avance
del 90% de la ejecución del muro pantalla-placa de concreto armado con sistema de anclajes en proceso de
conclusión del sexto anillo, para lo cual se ha previsto por las lluvias la colocación de una cobertura de lona para el
3.6. De ello se evidencia que las obras ejecutadas entre abril y diciembre de 2014 diferían del proyecto aprobado en el
año 2010 por la Dirección Regional de Cultura mediante Resolución Directoral Regional N° 252/INC-Cusco de fecha
07 de junio de 2010, así como de la Licencia de Obra N° 17-SGAUR-GDUR-MC-2011 de 21 de enero de 2011,
emitida por la Municipalidad Provincial del Cusco, existen argumentos suficientes que acreditan la infracción
cometida por la empresa inmobiliaria R&G SAC en la ejecución del proyecto mencionado.
3.7. El literal f) del art. 49 de la Ley N° 28296, dispone la potestad de aplicar sanción de paralización y/o demolición por
ejecutar obra pública o privada de inmueble integrante al patrimonio cultural de la nación sin contar con autorización
del Ministerio de Cultura, o cuando contando con ella, incumple especificaciones técnicas aprobadas por la misma
3.8. Se ha determinado que la administrada empresa Inmobiliaria R&G S.A.C ha ejecutado obras en predios ubicados
en zonas conformantes de la Zona Monumental y Ambiente Urbano Monumental de Cusco y del Centro Histórico de
Cusco, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO, transgrediendo la
autorización del Ministerio de Cultura transgrediendo las disposiciones del numeral 22.1 del Art. 22 de la Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que amerita disponer el acto administrativo de inicio de
3.9. En este contexto, La Dirección Desconcentrada de Cusco, con fecha 10 de junio de 2016, a emitido la Resolución
Sub Directoral N° 143-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC mediante la cual se dispuso el Procedimiento
Administrativo Sancionador, por ejecución de obras transgrediendo la autorización del Ministerio de Cultura en los
predios ubicados en la calle Saphy N° 647 (386) y Don Bosco, siendo pasible de las sanciones previstas en el literal
f) del numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley 28296 (Paralización y demolición de obra privada).
3.10. Su representada viene ejecutando las acciones correspondientes a sus atribuciones de Defensa del Patrimonio
Cultural como denuncia penal el 22/DIC/2015, las Licencias de construcción (Licencias de obra y de edificación) que
fueron otorgadas por la Municipalidad Provincial del Cusco – ente competente, que en su oportunidad declaro la
nulidad de las licencias de construcción y el trámite administrativo interno respecto a la edificación de la Calle
3.11. Sin embargo lamentablemente por sentencia expedida en el proceso de amparo N° 00068-2016-0-1001-JR-CI-01,
en el que el Ministerio de Cultura no es parte procesal, se ha declarado fundada en parte la demanda de amparo
interpuesta por Inmobiliaria R & G S.A.C. contra la Municipalidad Provincial del Cusco en cuanto a la vulneración
del derecho constitucional de defensa y debido proceso; y ha declarado sin efecto y nulas las resoluciones de
Gerencia Municipal N° 822-GM/MPC-2015 y 004-GM/MPC-2016 y sin efecto las esquelas de atención N° 640-AF-
GDUR-GMC y N° 000644-AF-GDUR-GMC, e infundada la demanda con relación a los demás derechos
constitucionales invocados en la demanda, disponiéndose que la Municipalidad Provincial del Cusco, se abstenga
de efectuar la paralización y/o demolición inmediata de la ejecución de las obras y/o demolición ya ejecutadas
hasta la culminación de la litis, que se halla en apelación. De lo que se concluye que las autoridades lejos de omitir
sus funciones y obligaciones de acuerdo a sus competencias de acuerdo a ley han venido realizando denodados
esfuerzos en forma conjunta a efecto de defender y proteger su patrimonio cultural lastimosamente el Poder Judicial
ha retrotraído las acciones realizadas a nivel estatal.
3.12. En virtud de diversos informes y recomendaciones de la Alta Dirección, la Secretaría Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, mediante
Informe N° 000151-2016/ST/OGRH/SG/MC, de 10 de julio de 2016 ha iniciado acciones contra los presuntos
involucrados que habrían incurrido en faltas administrativas respecto de la obra indicada.
Por lo cual no se puede indicar que incumplieron o vienen omitiendo sus funciones , en todo caso, se servirá tener
en cuenta que las acciones realizadas siguen el trámite legal interno destinadas a determinar el establecimiento de
responsabilidades, todo en claro cumplimiento de sus funciones, las mismas que posteriormente darán a conocer
4. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2016, el demandado Daniel Maraví Vega Centeno, en derecho propio y en
condición de Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, contesta la demanda (folio 306- 326)
bajo los mismos argumentos que el demandado Ministerio de Cultura, a través de su Procurador Público Javier
Wilfredo Paredes Sotelo con siguientes fundamentos:
4.1. Deduce excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, con los fundamentos que obran en dicho
4.2. La empresa Inmobiliaria R&G SAC presenta ante la Dirección Regional de Cultura de Cusco, hoy Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco, el expediente del proyecto denominado “Proyecto Saphy 674 (Hotel y
Residencia), para su revisión y calificación, que se aprobó por Resolución Directoral Regional N° 252/INC-Cusco,
habiendo tenido Licencia de Obra N° 17-SGAUR-GDUR-MC-2011, emitida por la Sub Gerencia de Administración
Urbana de la Municipalidad Provincial del Cusco.
4.3. Los predios se encuentran dentro del ámbito de la Zona Monumental y Ambiente Urbano Monumental de Cusco, así
4.4. Mediante el Informe N° 000071-2016/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 16 de mayo de 2016, la Dirección de
los sótanos se continua la mampostería de distribución de ambientes que difiere de los planos aprobados” así como
señalo “la residencia de la obra indico que los cambios ejecutados en proyecto aun siguen siendo evaluados en la
Municipalidad de Cusco”.
4.5. Mediante el mismo informe se señala que la construcción del muro proyectado en la parte posterior hacia la calle
proyecto, en lugar de seguir con el escalonamiento planteado, el primer tramo se prologo verticalmente hasta una
profundidad de 16 metros.
4.6. Se acredita que las obras ejecutadas entre abril y diciembre de 2014 diferían del proyecto aprobado en el año 2010
por la Dirección Regional de Cultura, así como la Licencia de Obra emitida por la Municipalidad Provincial del Cusco,
existen argumentos suficientes que acreditan la infracción cometida por la empresa inmobiliaria R&G SAC en la
ejecución del proyecto mencionado.
4.7. El literal f) del art. 49 de la Ley N° 28296, dispone la potestad de aplicar sanción de paralización y/o demolición por
4.8. Se ha determinado que la administrada empresa Inmobiliaria R&G S.A.C ha ejecutado obras en predios ubicados
4.9. La Dirección Desconcentrada de Cusco, con fecha 10 de junio de 2016, a emitido la Resolución Sub Directoral N°
143-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC mediante la cual se dispuso el Procedimiento Administrativo Sancionador, por
ejecución de obras transgrediendo la autorización del Ministerio de Cultura en los predios ubicados en la calle Saphy
N° 647 (386) y Don Bosco.
4.10. Su representada viene ejecutando las acciones correspondientes a sus atribuciones de Defensa del Patrimonio
Cultural como denuncia penal el 22/DIC/2015, las Licencias de [construcción fueron otorgadas por la Municipalidad
Provincial del Cusco – ente competente, que en su oportunidad declaro la nulidad de las licencias de construcción y
el trámite administrativo interno respecto a la edificación de la Calle Saphy.
5. Mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2016, la demandada Inmobiliaria R&G S.A.C., debidamente
representada por su Gerente Yuliana María Aguirre Hidalgo y mediante su apoderado Hugo Manuel Corimaita Cuba,
contesta la demanda (folio 533- 543) bajo los siguientes fundamentos:
5.1. Formula excepciones de prescripción, falta de agotamiento de la vía previa, con los fundamentos que se expresa en
dicho escrito se precisa.
5.2. Se tiene que la supuesta omisión que reclama la parte demandante constituiría en una supuesta omisión a la
“preservación y omisión de protección del patrimonio cultural de la nación dentro de la propiedad de mi poderdante,
conducta que estaría generando graves alteraciones, destrucción de muros incas prehispánicos, así como
construyendo una edificación que altera y destruye el patrimonio cultural.
5.3. Se actuó conforme a ley y las licencias fueron otorgadas válidamente. El 2014 se pone a consideración de la
Comisión Técnica Provincial Calificadora de Proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco un proyecto
arquitectónico de modificación y ampliación. La inmobiliaria adquirió dos predios colindantes por lo que se reformulo
el proyecto inicial y se presenta el nuevo expediente del proyecto de arquitectura que se aprobó por Dictamen N°
499-CTPCP-MC que declaro conforme en todas las especialidades, posteriormente se otorgo la Licencia Municipal
de Edificación N° 155-SGAUR-GDUR-MC-2014 del 29 de diciembre de 2014.
5.4. Para la presentación del proyecto es menester la obtención previa del Certificado de Parámetros urbanísticos y
edificatorios, una vez obtenido dicho certificado se procede a la presentación del proyecto para su revisión y
aprobación, en el caso por parte de la Comisión Técnica nominada con arreglo de Ley.
5.5. La actuación de la Comisión Técnica está regulada por el D.S 008-2013, por lo que para la presentación del
proyecto nos hemos sujetado a la Modalidad D, de aprobación con evaluación previa, por tratarse de licencia para
5.6. Durante todo el proceso se conto con supervisiones permanentes tanto de funcionarios como de supervisores
municipales, como los acreditados por la Dirección Desconcentrada de Cultura- Cusco del Ministerio de Cultura.
Todo procedimiento ha sido previamente consultado y procedimientos establecidos en concordancia por la Ley
29090 como normas especiales que rigen en el Centro Histórico, por tanto dicha parte jamás tuvo una conducta
omisiva que sea pasible de ser demandada, por lo que la demanda debe ser declara infundada,
5.7. De la improcedencia de la demanda: Si la supuesta omisión que reclama la parte demandante constituye una
supuesta omisión al cumplimiento de funciones establecidos por la Ley N° 29286, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y su Reglamento (Artículo 35), así como el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco), no
corresponde ser reclamado en la vía del proceso de Amparo, conforme lo establece el artículo 66 del Código
Procesal Constitucional, por lo que el petitorio es imposible jurídicamente, y por tanto improcedente, al amparo del
artículo 427.6 CPC.
5.8. Otra causal de improcedencia de la demanda se da por el no agotamiento de las vías previas, lo que supone que el
acto reclamado se haya resuelto en alguna instancia administrativa o entidad corporativa privada, salvo las
excepciones establecidas por el artículo 46 del Código Procesal Constitucional.
5.9. La entidad cultural a la fecha ha implementado el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, mediante la
Resolución Sub Directoral N° 155-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, donde se viene tramitando un proceso
administrativo sancionador en el mismo que se ha dado y ejecutado, en el mismo que ya se ha dado y ejecutado
una medida cautelar de paralización de la obra mediante la resolución Sub Directoral N° 171-2016-SDDPCDPC-
DDC-CUS/MC, por lo que se encuentra en curso dicho proceso administrativo, y los accionantes no se encuentran
en ninguna de las causales previstas en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda es
5.10. De acuerdo al artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional dispone que no procede los procesos
constitucionales, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado, siendo la vía procedimental igualmente satisfactoria (que
brinda una tutela idéntica y específica la vía contencioso administrativa). Igualmente los demandados han iniciado
proceso judicial en la vía penal, corriente en la carpeta Fiscal 743-2016 acumulada la denuncia de su parte carpeta
fiscal 150-2016.
5.11. La demanda resulta improcedente porque se ha producido la sustracción de la materia, el artículo 5, inciso 5 del
Código Procesal Constitucional dispone que no cabe dar inicio a un proceso constitucional cuando a la
presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en
irreparable, en este caso ya se ha sustraído la materia en mérito del inicio del procedimiento sancionador de la
Dirección de Cultura de la paralización de la obra como medidas cautelares referidas.
5.12. De acuerdo al artículo 5, inciso 6 del Código procesal Constitucional, no procede el proceso de amparo para
cuestionar lo decidido en otro proceso constitucional, ello en tanto a sus patrocinados les han declarado fundada
una acción de amparo en el Exp. N° 68-2016, ante el primer Juzgado Civil.
5.13. Improcedencia por prescripción del plazo para demandar, de acuerdo al artículo 5, inciso 10 del Código Procesal
Constitucional establece que no cabe dar inicio a un proceso constitucional si se ha vencido el plazo para presentar
la demanda, que vence a los 60 días de producido el acto lesivo, a excepción de los actos de ejecución continuada ,
amenaza u omisión, que no cabe en autos por la paralización ordenada mediante Resolución Sub Directoral N°
171-2016-SDDPCPC-DDC-CUS/MC antes referida ejecutada el 10 de agosto de 2016.
1. Procedencia del proceso de amparo
Esta acción de garantía constituye el medio adecuado e idóneo para la protección efectiva ante la amenaza o violación
de un derecho constitucional, ya sea por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, incluso cuando
exista incompatibilidad entre una norma legal y la Constitución, es recurrible por esta vía de protección,
declarándose en tal caso la inaplicabilidad de la norma en cuestión al caso concreto.
En el presente proceso de amparo la pretensión principal se interpone en defensa del derecho Derecho a la
identidad cultural y deberes especiales de protección del Estado en la conservación y protección del Patrimonio
Histórico y Cultural, previstos en los artículos 2, inciso 19 y artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Como
se señaló en la demanda (folios 63 al 85) y el Auto Admisorio (folios 131 al 133).
2. La pretensión: La pretensión demandada se ha referido en el primer folio de esta sentencia.
3.1. Derechos Vulnerados: El demandante señala que los derechos vulnerados son: i) Derecho a la identidad
cultural. ii) Deberes especiales de protección del Estado en la conservación y protección del Patrimonio Histórico y
Cultural. Obligaciones positivas incumplidas por omisión y pasividad.
3.2. La controversia:
Estando a lo antes referido, el tema relevante, en el presente proceso constitucional de Amparo, es determinar, si
con relación a la construcción avanzada del Hotel Four Points-Sheraton, en la Calle Saphy N° 346, hoy 647, 704,
714, 740 dentro del Centro Histórico del distrito, provincia y departamento del Cusco de propiedad privada de dicha
empresa, por la empresa inmobiliaria R&G S.A.C., en que se ha alterado y destruido muros prehispánicos, y se ha
falseado burdamente estos mismos desmontándolos de su lugar sin justificación alguna, para ponerlos
supuestamente en valor, y en que se ha afectado la armonía paisajística del lugar, el tejido urbano, se ha
irrespetado los parámetros urbanísticos y vulnerado el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, se ha dado una
conducta omisiva de los funcionarios demandados Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, al incumplir con las obligaciones positivas que le impone la
Constitución del Estado, normas internacionales y nacionales como la Ley 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y si con dicha conducta omisiva se ha vulnerado el derecho a la identidad cultural de los
ciudadanos cusqueños y peruanos.
3.3. Es necesario, tener en cuenta, que conforme se tiene de lo establecido en el tercer párrafo del artículo VI del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional1; los jueces y tribunales deben interpretar los preceptos
1 Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional: "(...) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o
toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
constitucionales según los criterios interpretativos que haya establecido el Tribunal Constitucional. Y,
complementariamente, deben interpretar y aplicar las demás normas del ordenamiento jurídico (leyes y reglamentos)
según los dispositivos constitucionales interpretados de acuerdo a los mencionados criterios hermenéuticos que
haya planteado el Tribunal Constitucional. Así lo dispone el tercer párrafo de este artículo VI, el mismo que es
concordante con lo dispuesto por la Primera Disposición Final de la LOTC, en la que se lee que: "los Jueces y
Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad"2.
3.4. Estando a lo antes referido tomamos en cuenta lo interpretado por el Tribunal Constitucional con relación al
derecho a la identidad cultural y los Deberes especiales de protección del Estado en la conservación y
protección del Patrimonio Histórico y Cultural:
i) Exp. N°. 0042-2004-AI/TC Luis Alberto Lobatón Donayre y más de cinco mil ciudadanos. "La Constitución de
1993 (artículo 1) señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”.
Además, establece (artículo 2, inciso 19) el derecho fundamental de las personas “a su identidad étnica y
cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Del mismo modo, prevé (artículo
21) que “los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y
de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y
provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su
condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo,
así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional”.
Estas disposiciones constitucionales, junto con la dignidad humana –como premisa antropológica–, constituye la
dimensión principal del contenido cultural de nuestra Constitución[1], es decir, el conjunto de rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y creencias[2].
ii) EXP. N.º 4677-2004-PA/TC LIMA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ 23. ..., es su
declaración como patrimonio cultural de la humanidad (UNESCO: 12 de diciembre de 1991). En tal medida, sostiene
que la disposición se encuentra amparada por el artículo 21 º de la Constitución 13 . 24. Este Tribunal ha tenido
ocasión de resaltar la vital importancia de la Constitución cultural, de los derechos culturales y del patrimonio cultural
14. En efecto, se ha destacado que el artículo 21 º de la Constitución, junto con su artículo 1 º (que reconoce el
respeto por la dignidad humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado) y 2° 19 (que reconoce el derecho
fundamental a la identidad étnica y cultural), "constituyen la dimensión principal del contenido cultural de nuestra
Constitución, es decir, el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida,
las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias." 15 En atención a ello, no puede
caber la menor duda de la necesidad de brindar a nuestro patrimonio cultural (material e inmaterial) la máxima
protección necesaria, a efectos de que quede garantizado no sólo su valor histórico, sino también el valor intrínseco
que, en comunión con otros factores, dota de identidad y unidad a nuestra nación.
25. Sin embargo, como no podría ser otro modo, con el mismo énfasis, este Colegiado ha sostenido que la
obligación de respetar, reafirmar y promover las manifestaciones culturales (incluyendo, desde luego, el patrimonio
cultural), debe desarrollarse siempre "dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios
constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora." 16 En tal sentido, no puede permitirse que
so pretexto de relevar ámbitos protegidos por nuestra Carta Fundamental, se sacrifique el contenido
constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental. Hacerlo, implicaría generar un desequilibrio repudiado
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
2 Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional; Universidad de Piura, Colección
jurídica, ARA Editores p. 71.
por la configuración unitaria de nuestro orden constitucional, que reclama la consecución de todo fin constitucional
bajo el máximo respeto del principio interpretativo de concordancia practica . Esto, que es exigible a la generalidad
de las personas (artículo 38º de la Constitución18), lo es, sin duda, en mayor grado, a quienes ejercen el poder que
emana del pueblo (artículo 45° de la Constitución19).
26. Así las cosas, no se encuentra en tela de juicio el poder-deber de la MML de adoptar todas las medidas
necesarias para preservar el Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ocurre, sin
embargo, que si dichas medidas restringen desproporcionadamente los derechos fundamentales, deberán ser
declaradas inconstitucionales. ...
27. El Tribunal Constitucional considera que la respuesta es negativa. Y es que resulta evidente que la norma no
supera el test de proporcionalidad20, puesto que si bien persigue un fin constitucionalmente válido (proteger el
Centro Histórico como patrimonio cultural) y utiliza un medio idóneo para ello (prohibir las reuniones en el área que
lo configura), sin embargo, al proscribir en abstracto toda reunión en el Centro Histórico de Lima (con la salvedad
hecha de los eventos tradicionales), incurre en una medida absolutamente innecesaria ...
28. Este Colegiado comparte la preocupación de la MML de proteger el Centro Histórico, y comprende que la
prohibición general de permitir reuniones en dicha área sea quizá, junto con otros factores, una de las medidas más
sencillas para lograr tal cometido. Sucede, sin embargo, que es tan sencilla como inválida. Pues su adopción olvida
que todo límite a los derechos fundamentales, por tratarse de tales, no debe superar, por así llamarlo, el "límite de
los límites", es decir, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, manteniendo incólume, en todo caso, el
contenido esencial de dichos derechos. Olvida el deber especial de protección de los derechos fundamentales que
orienta la actuación de todo poder (público o privado) 21 . Olvida, en fin, que fue el derecho de reunión ejercido,
justamente, en el Centro Histórico de Lima, por quienes conocen la manifestación pacífica que le es inherente, el
que, de la mano del resurgimiento de otros valores constitucionales, permitió derrocar las dictaduras, incluyendo la
iii) Fundamento 4 de la STC 0042-2004-AI/TC: “(...) el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos
que atiendan al interés general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo del juicio
crítico y de las artes, así como a la integración y fortalecimiento de las manifestaciones que contribuyen a la
identidad cultural de la Nación (...)”.
iv) Exp. N° 00551-2013-PA/TC Lima Asociación Civil - Patronato del Bosque El Olivar de San Isidro Representado
por Fernando Guillermo de Pierola Romero: "La existencia de nuestro patrimonio cultural impone (...) no solo un
deber de protección por parte del Estado, sino un auténtico derecho subjetivo para todo ciudadanos peruano que es
asumido como parte integrante de su identidad entendida en términos culturales" (STC Exp. N.° 00917-2007-AA, f. j.
29). 8. Así, a la luz de lo ya avanzado jurisprudencialmente, este Tribunal reitera que la protección del patrimonio
cultural de la Nación constituye un auténtico atributo iusfundamental, cuyo carácter es básicamente difuso, el cual
puede ser exigido y judicializado por cualquiera de sus titulares. Asimismo, los bienes protegidos por cho son
aquellos declarados por la autoridad competente o aquellos ados por la presunción a la que se refiere el artículo 21
de la Constitución y 'culo III de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 9. En similar
sentido, y también la luz de las discusiones y reivindicaciones más actuales en materia de derechos humanos (cfr.
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes), la protección
y el acceso a bienes comunes universales, y en especial la protección de los bienes considerados como patrimonio
de la humanidad (o mundial) y como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, también constituyen atributos
iusfundamentales, los cuales además merecen una protección reforzada por parte del Estado y la comunidad (cfr.
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial)".
v) Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 11 de junio de 2008 Exp_006_2008_PI_TC
"Que el derecho a la identidad cultural está contenido el artículo 2°, inciso 19 de la Constitución Política del Estado,
el mismo que establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y
proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación, concordada tal disposición con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el que se reconoce el derecho de las personas a tener su propia vida, y cultural, con
todas sus manifestaciones, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma y a cultivarlos
procurando la coexistencia de diversas culturales y el desarrollo de los pueblos en forma pacífica".
3.5. Por lo tanto podemos considerar en abstracto que se podría afectar el derecho a la identidad cultural de
los ciudadanos cusqueños y peruanos con la omisión de protección del patrimonio cultural de la Nación por los
obligados por Ley a su protección (El Estado y las entidades a quienes se les atribuye dicha competencia por Ley),
si con dicha omisión se atenta, destruye o afecta los bienes integrantes del referido patrimonio, sin embargo debe
analizar se en el caso concreto si se da dicho supuesto con relación al caso de autos, dadas las particularidades
que este presenta.
3.6. Los intereses difusos, autorizan a accionara a aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto
indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el
patrimonio cultural o histórico o del consumidor, esto es los intereses difusos pertenecen a una pluralidad de
personas, estos intereses definidos vinculan a toda una comunidad al Estado mismo, erigiéndose como intereses
supranacionales). Es decir la titularidad de un derecho no reside en un sujeto en especial, sino que la lesión de este
derecho colectivo afecta simultánea y globalmente, a los intereses de los integrantes de un determinado sector de la
sociedad, por lo que en el caso concreto la asociación demandante tiene legitimidad para obrar, al referirse la
demanda a intereses difusos respecto de bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación.
3.7. "De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución del Estado: "Los yacimientos y restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y
testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada
o pública. Están protegidos por el Estado".
3.8. Podemos afirmar que la zona donde se ubica la construcción del Hotel Four Points By Sheraton, entre
las calles Saphy y Don Bosco se ubican en el centro histórico del Cusco, en efecto pertenece al Centro Histórico
de la ciudad del Cusco, al efecto citamos lo referido en el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, aprobado
mediante ordenanza municipal N° 116-MC, aprobada durante la gestión del Alcalde Carlos Valencia Miranda: "(...)
Para comprender de manera cabal la concepción del Cusco incaico es necesario abarcar con la mirada el conjunto.
Vemos así que son tres las quebradas que determinan el plan urbano de la ciudad: la quebrada del río
Chunchulmayo, la del río Saphy y la del Choquechaca o Tullumayo. Un papel importante en la conformación de la
morfología urbana lo juegan además las laderas y partes altas, en las que estaban distribuidos los barrios periféricos
...(Chávez 1970: 1-14)". Siendo el Cusco una ciudad depositaria de elementos culturales de las distintas épocas de
la historia del Perú, desde época pre-inca e inca, pasando por el Virreinato del Perú hasta época Republicana. Por
lo tanto es testimonio de la creatividad y el aporte cultural de varias generaciones de peruanos. La esencia de tales
aportes culturales se encuentra en el Centro Histórico del Cusco, así como en los centros históricos de Santiago,
San Sebastián y San Jerónimo que también deben ser conservados. Siendo que además el Hotel referido se viene
construyendo dentro del ámbito de la Zona Monumental y Ambiente urbano Monumental de Cusco, declarada y
delimitada mediante Resolución Suprema N° 2900-72-ED de fecha 28 de diciembre de 1972, ampliada por
Resolución Suprema N° 505-74-ED de fecha 15 de octubre de 1974 y por Resolución Jefatural N° 348/INC de
fecha 08 de marzo de 1991.
3.9. De otro lado se tiene que el Centro Histórico de Cusco fuera elevado a la categoría de Patrimonio Cultural
de la Humanidad, por la UNESCO el 9 de diciembre de 1983. En poco más de 520 hectáreas se atesora una
cantidad todavía incalculable de bienes incas y coloniales, y otras obras resultado de la yuxtaposición de ambas
La Ley No. 7688 declara al Cusco como Capital Arqueológica de Sudamérica, la Ley No. 23765 declara y reconoce
que la ciudad del Cusco es Patrimonio Cultural de la Nación. Por su parte, el Art. 49 de la Constitución determina
que el Cusco es la Capital Histórica del Perú.
3.10. Se ha determinado de acuerdo a las pruebas actuadas en autos: Fotos (Folios 5 al 38, videos visualizados,
folios 773 al 781, que no han sido contradichos por los demandados, sobre todo por la empresa demandada,
resoluciones de Gerencia Municipal N° 822-GM/MPC-2015 del 28 de diciembre de 2015 y Resolución N° 155-2016-
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC (Folios 490 a 493), que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador
contra la empresa Inmobiliaria R&G S.A.C. por presuntamente haber transgredido la autorización del Ministerio de
Cultura, en los Predios ubicados en la calle Saphy N° 674 (386) y Don Bosco, del distrito, provincia y departamento
del Cusco, y finalmente de acuerdo a la carpeta de control N° 0927-2016-CG/EDUC-AC-CC (Folios 812 al 897),
que en la zona donde se viene construyendo el hotel Four Points Sheraton, entre las calle Shapy y Don Bosco,
existía muros incas los cuales fueron desmotados como se apreciado en las fotos y videos grabados en el lugar, en
la época donde se realizaba los trabajos de remoción de tierras para la construcción de dicho hotel, en el referido
terreno. Por tanto está acreditado que en dicho inmueble se encontraban restos arqueológicos de data pre-hispánica
que pueden ser calificados como integrantes del patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su
condición de propiedad privada o pública y que por tanto merecen protección del Estado.
3.11. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 21 de la Constitución Política del Perú de 1993, en el Estado
descansa la obligación de proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, como el que se refiere en la demanda.
Obligación que se establece incluso en normas de orden internacional como la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, cuyo Art. 4 determina: "La obligación de cada Estado Parte de
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural
situado en su territorio". Convención que forma parte del derecho nacional al haber sido ratificada mediante
Resolución Legislativa 23349 o como la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y
Artístico de las Naciones Americanas o Convención de San Salvador, ratificada por el Perú mediante Decreto Ley
22682 de 1976, al establecer como uno de los compromisos de los Estados: "Delimitar y proteger los lugares
arqueológicos y de interés histórico y científico".
3.12. La Ley No. 28296, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, establece el marco jurídico
genérico para la protección del patrimonio cultural, en su artículo 19 establece los organismos competentes de
dicha protección y dispone:
"El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, están encargados
de la identificación, inventario, inscripción, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia.
De otro lado el artículo 29 de la misma Ley disponía en su inciso 1) que: "En concordancia con las competencias y
funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades en sus
respectivas jurisdicciones:
a) Cooperar con el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación en
la identificación, inventario, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes
muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
b) Dictar las medidas administrativas necesarias para la protección, conservación y difusión de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de su localidad, en concordancia con la legislación sobre la materia
y las disposiciones que dicten los organismos a que se refiere el artículo 19 de esta Ley.
Esto es se establece en las Municipalidades provinciales y el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de
Cultura y para el caso de Cusco Dirección Regional de Cultura, la obligación y facultad de proteger el patrimonio
3.13. Estableciendo las normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Ley General
del Patrimonio de la Nación N° 28296, y su modificatoria Ley 30230, Ley 27444, las facultades especificas con
que cuentan la Municipalidad Provincial del Cusco, la Dirección Regional de Cultura del Cusco, con relación a
la construcción de edificaciones, entre las que se encuentra el otorgamiento de licencias de construcción, o licencias
especiales en el caso de construcciones en que se involucre bienes que integren en Patrimonio Cultural de la
Nación, las facultades de hacer verificaciones de las obras, e incluso aplicar las sanciones diversas que preve la ley
en caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas con que se emitieron dichas licencias, e incluso en caso
de incumplimiento de normativa de orden público, que afecte el interés público 3.
3. ARTÍCULO 79 de la Ley N° 27972.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: ...
Artículo 22, de la Ley N° 28296 .- Protección de bienes inmuebles
22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción,
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de
Cultura.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 60 de la Ley N° 30230, publicada el 12 julio 2014, cuyo texto es el siguiente:
Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura." (*)
(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1255,
publicado el 07 diciembre 2016, se dispone que el Ministerio de Cultura de manera excepcional a lo dispuesto por el
Artículo 2 de la Ley 27580, queda facultado a autorizar la intervención u obra pública o privada respecto de un bien
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación del periodo posterior al prehispánico cuyo inicio de
ejecución se haya producido hasta la fecha de entrada en vigencia de la citada norma, sin haber contado con la
autorización previa a que se refiere el Numeral 22.1 del presente Artículo, siempre que el Ministerio de Cultura
constate que se ha producido cualquiera de los supuestos indicados en la citada disposición.
22.2 Es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales que correspondan. (*)
"22.2 Para dichos efectos, el Ministerio de Cultura designará los delegados ad hoc que estime necesarios
de conformidad con lo establecido en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
22.3 El Instituto Nacional de Cultura queda facultado para disponer la paralización y/o demolición de la
obra no autorizada, de la que se ejecute contraviniendo, cambiando o desconociendo las especificaciones técnicas y
de las que afecten de manera directa o indirecta la estructura o armonía de bienes inmuebles vinculados al
Patrimonio Cultural de la Nación, solicitando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.
22.4 Las paralizaciones de obra y las demoliciones que ordene el Instituto Nacional de Cultura, se
ejecutarán por la vía coactiva y todo gasto que se irrogue será asumido por los infractores. La orden de paralización
de obra o de demolición a que se refiere esta Ley, conlleva la obligación de los infractores de devolverla al estado
anterior a la agresión, salvo el caso de imposibilidad material demostrada, correspondiendo a dicha entidad ejercer
las acciones legales necesarias.
22.5 En los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de un inmueble sometido al régimen
que prevé esta Ley, los organismos competentes darán cuenta al Ministerio Público para que inicie la acción penal
Artículo 6 del DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA (*) que aprueba el Reglamento de Licencias de
(*) DEROGADO por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 011-2017-
VIVIENDA, publicado el 15 mayo 2017.Vigente a la fecha en que se ejecutó la obra sub.demanda.- Obligaciones de
Para los efectos del presente Reglamento, bajo responsabilidad, las Municipalidades:...
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA, publicado el 23 julio
2016, cuyo texto es el siguiente:...
f) Realizarán en el ámbito de su jurisdicción, el seguimiento, supervisión y fiscalización de la ejecución de
los proyectos contemplados en las diversas modalidades establecidas en la Ley en concordancia con la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.”
g) En los trámites para la obtención de la Licencia de Edificación, verificarán que los proyectos cumplan
con los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como, comprobarán que los profesionales que participan en el
proyecto se encuentren habilitados en el ejercicio de su profesión y revisarán la información relevante de la partida
registral del predio, a través de los portales web de los colegios profesionales y del Registro de Predios,
Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, existen cuatro (4) modalidades:...
Mediante la Verificación Técnica la municipalidad respectiva, a cargo de los supervisores de obra,
supervisa que la ejecución de las obras esté en correspondencia con las normas y el proyecto aprobado.
Si a consecuencia de la Verificación Técnica se constata que la ejecución de las obras se realiza
infringiendo las normas, la municipalidad puede disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata
ejecución que pueden consistir en lo siguiente:
a. Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva.... "
(*) (*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30494, publicada el 02 agosto 2016, cuyo texto es el
"6. Verificación Técnica:
Mediante la Verificación Técnica, la municipalidad respectiva verifica que las obras sean ejecutadas en
correspondencia con el proyecto aprobado y las normas de construcción vigentes.
La Verificación Técnica está a cargo de Inspectores Municipales de Obra, arquitectos o ingenieros
colegiados y hábiles, debidamente acreditados y registrados en los colegios profesionales CAP y CIP que pueden o
no tener relación de dependencia laboral con la municipalidad.
En aquellas obras que cuenten con un Supervisor de Obra privado, este puede asumir las funciones de
Verificación Técnica, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley y en el
Artículo 202 de la Ley 27444.- Nulidad de oficio
202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público....
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008, cuyo
"202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el
acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación
jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los
elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no
sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que
el vicio se produjo."
202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado
a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.
202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga
dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad
en sede administrativa...."
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 diciembre 2016, cuyo texto
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen
202.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los
elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no
sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que
el vicio se produjo.
3.14. Funciones que corresponden a dichas entidades estatales, lo que es importante resaltar, pues la demanda
persigue que el Juzgado ordene determinadas conductas que deben asumir los funcionarios de las entidades
demandadas con la finalidad de cumplir la obligación de proteger el patrimonio cultural que le encomienda la Ley, lo
que se condice con el Principio de corrección funcional, con relación al cual el Tribunal Constitucional, refiere que
es: "el cual exige al Tribunal y al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúen las
funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo
tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional y democrático, como presupuesto del respeto de los derechos
fundamentales, se encuentre plenamente garantizado". (STC Exp. N° 5156-2006-PA/TC, P, f. j. 20)
3.15. Que está acreditado en autos que previo al inicio de la construcción del inmueble sub-demanda, la empresa
demandada obtuvo la aprobación de expediente "Proyecto Saphy 674 (Hotel y Residencial)", propuesto en los
predios ubicados con frente a las calles Saphy N° 674 (386) y Don Bosco, Cusco, mediante resolución Directoral
Regional N° 252/INC-Cusco, de fecha 07 de junio de 2010 (De acuerdo a lo que se consigna en la Resolución Sub
Directoral N° 143-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del 10 de junio de 2016, folios 238 al 242), ante el Ministerio de
Cultura; así como la Licencia de Obra N° 17-SGAUR-GDUR-MC-2011, de 21 de enero de 2011, licencia de
edificación N° 009-SGAUR-GDUR-MC-2014 de 29 de enero de 2014, y Licencia de edificación N° 155-SGAUR-
GDUR-MC-2014, de 29 de diciembre de 2014, (Licencias- Folios 500, 501 y 514) estas 03 últimas otorgadas por la
Se acota que en las licencias emitidas por la Municipalidad Provincial del Cusco, no se hace referencia alguna a la
existencia de restos arqueológicos que como indicamos se verificaron con las pruebas antes analizadas existían en
el terreno en que se construyó el Hotel Four Sheraton, y que se aprecian al momento de remoción de tierras para
iniciar la construcción de dicho inmueble. Con relación a la autorización emitida por la Dirección Regional de Cultura
al respecto se tiene que no consta los términos de la autorización al respecto, refiriéndose más adelante lo que se
refiere en Resoluciones emitidas por dicha Dirección con relación a dicha autorización.
3.16. Como se ha acreditado en el expediente, se tiene que con respecto a la Construcción del Hotel Four
Points Sheraton por la empresa demandada, se han dado las siguientes acciones de las entidades
- Por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco:
a) La emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 822-GM/MPOC-2015, de fecha 28 de diciembre de 2015
(folio 60) por la que se dispone la paralización inmediata del proyecto de modificación y ampliación del
establecimiento de hospedaje solicitada por la empresa Inmobiliaria R&G S.A.C. ubicada en la calle Saphy N° 740,
en salvaguarda de la protección del patrimonio cultural y el interés general (...).
En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la
autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para
202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de
dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.
Respecto de la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la
nulidad de oficio se extiende hasta un (1) año después de la notificación de la resolución correspondiente a la
sentencia penal condenatoria firme.
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad
202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales,
competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración
de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus
miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es
notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso
contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada
la resolución emitida por el consejo o tribunal.”
b) La emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 004-GM/MPC-2016, de 4 de enero de 2016 (fojas 66), que
resuelve: aclarar la resolución de Gerencia Municipal N° 822-2015-GM-MPC de 28 de diciembre de 2015, en los
siguientes extremos: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Licencia de Edificación N°
155-SDAUR-GDUR-MC-2014 de fecha 29 de diciembre del año 2014, y retrotraer el procedimiento administrativo
hasta la etapa de pre verificación, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente
resolución. ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural adopte las acciones
correspondientes, y de ser el caso efectúa la paralización y/o demolición de obra ubicada en la calle Saphy N° 674
en salvaguarda del interés público y la protección del patrimonio cultural. (...).
Sustentándose la primera resolución, en las observaciones del Informe N° 183-GCHC-MPC/2015 emitido por el
gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco, en que se hizo las siguientes observaciones a
la licencia de obra para la intervención del inmueble N° 740 de la calle Saphy, por no haberse tenido en cuenta lo
establecido en el Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, que con relación a bienes inmuebles
con algún elemento de patrimonio patrimonial o histórico, el artículo 48 de dicho Reglamento, establece que en los
inmuebles con esta categoría de intervención se permiten, entre otras obras de reestructuración edificatoria o de
acondicionamiento, modificación y remodelación; y, de reestructuración urbanística de demolición, sustitución,
ampliación u obra nueva de integración, de conformidad con lo estipulado en los parámetros Urbanísticos y
Edificatorios del Título VII del reglamento y cuando corresponda a los parámetros especiales de los ambientes
urbanos y que las intervenciones de dicha categoría deberían garantizar la conservación de los elementos
arquitectónicos y arqueológicos con valor histórico evidenciados, y en todo caso, las intervenciones deberían
garantizar su conservación, su restauración e integración a los proyectos de arquitectura para su puesta en valor,
acotando que revisados los expedientes correspondientes a dicha obra, no obraba en ellos documento que avalará
la ejecución de una proyecto de puesta en valor de carácter arqueológico, pese a que dicho inmueble se encuentra
catalogado como C-SP-5, Sector dentro de la Pumallacta Inca, con traza urbana inca, presencia de andenería y
arquitectura inca y pre-inca, pendientes altas, enfoque paisajístico, edificaciones modestas, lotes más pequeños
dentro de la Pumallacta Inca, con predominio tipológico casa patio "área de alto compromiso arqueológico; que
respecto a las alturas máximas permitidas, el artículo 79.2 del Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del
Cusco, establece alturas máximas de edificación para la fachada, así mismo el artículo 80 del mismo reglamento
establece cual es la altura máxima de edificación al interior de inmuebles estableciendo que se prohíbe
sobreelevación al interior del inmueble o manzanas y que el inmueble se estaría edificando con un coeficiente
mayor al que le corresponde. Respecto a la conformación de volúmenes el artículo 86.1. del Reglamento del Plan
Maestro del Centro Histórico, establece que las obras nuevas o de estructuración urbanística deben recrear la
tipología volumétrica predominante en la manzana donde se ubica y que en el caso de inmuebles ubicados en
ambientes urbanos monumentales o en zonas donde existen condicionantes paisajísticas, la volumetría se ceñirá a
las características especiales determinadas para casa en las Fichas de ambientes urbanos, y que en el proyecto no
se había considerado. Acotando que en el proyecto no se habría considerado el contexto inmediato urbano el
mismo que está conformado por elementos líticos, arqueológicos, resultando agresivo al entorno urbano que
corresponde al parámetro urbano sectorizado dentro del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, por lo que se
resolvió lo antes referido, con lo que cabe concluir que la Municipalidad demandante si tomo algunas acciones
destinadas a proteger el patrimonio cultural de la Nación, que se involucrado en la intervención del inmueble en que
se construye el Hotel Four Sheraton, en el Estado en que se encontraba la obra al momento en que se hizo cargo la
c) Si bien las referidas resoluciones fueron anuladas en el proceso de amparo con expediente n° 68-2016 seguido
por Inmobiliaria R&G S.A.C., contra la Municipalidad Provincial del Cusco, con sentencia de primera instancia que
declaro fundada la demanda de amparo, y la de segunda instancia que la confirmo; por un tema de vulneración del
derecho de defensa y debido proceso al no haberse notificado a la empresa demandada con el inicio del
procedimiento administrativo de nulidad de oficio de dicha licencia. Siendo de tomar en cuenta que en la sentencia
de segunda instancia la Sala Civil del Cusco, a pesar de lo decidido, en el considerando 33 refiere que: "No
obstante, ante la posible vulneración de un derecho constitucional como es el derecho de conservar el patrimonio
Cultural de la Nación y considerando los hechos expuestos en la contestación a la demanda, la Municipalidad
demandada aún tiene la facultad de ejercer las acciones correctivas, pues puede recurrir a la vía judicial, como
dispone el artículo 202.3 de la ley 27444, a través del denominado proceso de lesividad, a efecto de conseguir la
eventual nulidad de la licencia de construcción, garantizando un proceso en el cual se pueda discutir y revisar con la
amplitud necesaria las causas de tal nulidad, al no haberlo hecho en la instancia administrativa; actuar así, significa
respetar el debido proceso de los administrados, ...., más aún si la resolución no sólo dispone la nulidad de una
resolución administrativa, sino que también impone una sanción, como claramente aparece de la resolución N° 004-
GM/MPC/2017, y que se viene ejecutando a través de un proceso de ejecución coactiva ..., por tanto, este Tribunal
exhorta a la parte demandada actuar dentro del marco establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente,
respetando el debido proceso, a efecto de hacer prevalecer los derechos de la población a la que representa, por la
vías y formas que correspondan y que se encuentran debidamente establecidas en la ley".
d) De otro lado se ha aportado a los autos la resolución de Alcaldía N° 413-2016-MPC (Folios 665 al 669), de fecha
29 de noviembre de 2016, en que el alcalde Carlos Moscoso Perea declara la lesividad de la licencia de edificación
N° 155-SGAUR-GDUR-MC-2014, de fecha 29 de diciembre de 2014, disponiendo la notificación de dicha resolución
a la Procuraduría de la Municipalidad Provincial del Cusco, a efectos de que entable las acciones legales
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,
con el objeto de lograr la nulidad de la licencia referida, se entiende en la vía judicial.
De lo que se tiene que la actual gestión municipal del Cusco encabezada y dirigida por Carlos Moscoso Perea ha
estado tomando las acciones correspondientes, si bien en algunos casos no ha respetado el debido procedimiento
- Por parte del Ministerio de Cultura a través de la Dirección Regional de Cultura, ha tomado las siguientes
acciones con relación a la Construcción del Hotel Four Points By Sheraton:
a) Ha emitido la Resolución Directoral N° 143-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC (Folios 238 al 242), del 10 de junio
de 2016, que ha dispuesto el inicio del Procedimiento Administrativo sancionador en contra de la empresa
Inmobiliaria R&G S.A.C., por presuntamente haber incumplido la obligación contenida en el numeral 22.1 del Artículo
22 de la Ley N° 28296- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, por ejecución de obras transgrediendo la
autorización del Ministerio de Cultura, en los predios ubicados en las calles Saphy N° 674 (386) y Don Bosco,
distrito, provincia y departamento del Cusco, que se encuentra dentro del ámbito de la Zona Monumental y Ambiente
Urbano Monumental de Cusco, así como dentro del ámbito del Centro Histórico del Cusco, declarado como
Patrimonio Cultural de la Nación, conducta que es pasible de las sanciones previstas en el literal f) del numeral 49.1
del artículo 49 de la norma citada, por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
b) Ha emitido la resolución Sub- Directoral N° 155-2016-SDDPCDPC-CUS/MC del 07 de julio de 2016, por la que
se dispone el inicio del Procedimiento Administrativo sancionador en contra de la empresa Inmobiliaria R&G S.A.C.,
por presuntamente ejecutar obras transgrediendo la autorización del Ministerio de Cultura, en los predio ubicados
en haber incumplido la obligación contenida en el numeral 22.1 del Artículo 22 de la Ley N° 28296- Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, por ejecución de obras transgrediendo la autorización del Ministerio de Cultura, en
los predios ubicados en las calles Saphy N° 674 (386) y Don Bosco, distrito, provincia y departamento del Cusco,
que se encuentran dentro del ámbito de la Zona Monumental y Ambiente Urbano Monumental de Cusco, así como
dentro del ámbito del Centro Histórico del Cusco, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, conducta que es
pasible de las sanciones previstas en el literal f) del numeral 49.1 del artículo 49 de la norma citada, por infracciones
contra el Patrimonio Cultural de la Nación, sustentando dicha resolución el incumplimiento de dichas
especificaciones técnicas en el informe N° 76-88-2014-SBFD-FDA-AFPC-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 15
de abril de 2014, se señalo que "En los sótanos se continúa ejecutando la mampostería de la distribución de
ambientes que difiere de los planos aprobados" y que el muro proyectado en la parte posterior , hacia la calle Don
Bosco, denominado "muro pantalla", no se ejecutó de acuerdo al diseño que se aprecia en los planos de cortes del
proyecto aprobado por la Dirección Regional de Cultura en el año 2010, ya que en lugar de seguir el escalonamiento
planteado, el primer tramo se prolongó verticalmente hasta una profundidad de 16 metros.
c) Por resolución Sub Directoral N° 171-2016-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC (Folios 495 y 496), del 10 de agosto de
2016, se dispuso la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, dispuso la medida
cautelar de paralización de obras civiles de construcción, que viene ejecutando la administrada Inmobiliaria R&G
S.A.C., en los predios ubicados en la calle Shapy N° 674 (386) y en la calle Don Bosco del distrito, provincia y
departamento del Cusco, dentro de la zona Monumental y Centro Histórico del Cusco, incumpliendo y/ o
transgrediendo la autorización otorgada por el Ministerio de Cultura, generando afectación grave al mencionado
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
Siendo de conocimiento público que con ocasión de dicho mandato a la fecha las obras en dicho inmueble se hallan
3.17. De todo lo antes expuesto y de las pruebas antes referidas, consistente sobre todo en resoluciones
administrativas que constatan hechos concretos de vulneración de normas que protegen el Patrimonio Cultural de la
Nación en la construcción del Hotel Four Points By Sheraton (a los que se ha hecho referencia líneas arriba), a lo
que se agrega lo referido en la denominada "Carpeta de control N° 027-2016-CG/EDU-AC-CC, presentada por la
parte demandante (Folios 812 al 897), que se ha incorporado a los autos, como medio probatorio por resolución N°
33 (Folios 899), que no ha sido cuestionado por ninguna de las partes, se tiene que se refiere en dicho informe de
control emitido por la Contraloría General de la República, que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso f) del
artículo 15 de la Ley N° 277854 (Publicada el 23 de julio de 2002), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de
la Contraloría de la República, constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o
legales que sean recomendadas en dichos informes, en que se precisa lo siguiente:
"Descripción de los hechos evidenciados:
"De la revisión realizada a la aprobación del proyecto de modificación, ampliación y otorgamiento de las licencias de
edificación extendidas por la Municipalidad Provincial del Cusco en los años 2011 y 2014, así como su supervisión,
para la ejecución del "Hotel de la calle Saphy en el centro Histórico del Cusco, se ha evidenciado los hechos que a
Funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco aprobaron Licencias de obra y ampliación de hotel, emitiendo
y validando documentos contrarios a los parámetros urbanísticos del Centro Histórico, permitiendo la destrucción de
un predio con fachada de valor contextual y muros prehispánico y republicano e inaplicando una multa al
administrado por S/. 1,736 274.00 por modificar el proyecto original en obra sin licencia; hechos que conllevan un
atentado contra el patrimonio cultural y perfil urbano del centro histórico del Cusco, con riesgo de ser incluido en la
lista del patrimonio mundial en peligro.
b) Hechos evidenciados:
El proyecto para la construcción de un hotel a cargo de la empresa inmobiliaria R&G SAC comprendió, para el año
2010, los predios ubicados en la Calle Shapy N° 3896 y el lote n° 5 de la Avenida Don Bosco. En el año 2014 se
adiciona el predio ubicado en la Calle Saphy N° 704, debido a la solicitud de ampliación y modificación del proyecto
Los tres predio mencionados se encuentran situados dentro del perímetro declarado como Zona Monumental del
Cusco, cuidad declarada como patrimonio Cultural de la Nación mediante Ley n° 23765 el 30 de diciembre de 1983
de conformidad con el artículo 36° de la Constitución Política de 1979, y en la sesión n° 7 del año 1983, el comité
del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO consideró declarar a la ciudad del Cusco como Patrimonio
Mundial. Asimismo, estos predios forman parte del "Sector 54 A" acorde al Plano Catastral del registro Arqueológico
y Monumental del Centro Histórico del Cusco ... de abril de 1990, en el cual muestra la existencia de restos incas
(prehispánicos) y de andenerías, las que fueron documentadas fotográficamente por el Servicio de Aerofotografía
Nacional-SAN...
Debido a estas consideraciones y al ubicarse dentro del centro histórico y zona monumental de la ciudad, todo
proyecto debía contar previamente con autorización del Instituto Nacional de Cultura - INC, quien a través de un
convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial del Cusco ... cuenta con un instrumento técnico
normativo, cuyo objetivo central es la conservación y protección del patrimonio cultural; y ser un instrumento de
orientación para una intervención técnica apropiada que contribuya a su preservación y revitalización como
4 "Artículo 15.- Atribuciones del sistema
Son atribuciones del Sistema: ....
f) Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los Informes respectivos con el debido
sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o
legales que sean recomendadas en dichos informes.
En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la participación del
Ministerio Público y/o la Policía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así como
solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables".
conjunto urbano. Sin embargo la Municipalidad Provincial del Cusco, otorgó el Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios (CPUE) N° 194-08 ... de 21 de agosto del año 2008, consignando parámetros que
contravienen la normatividad urbanística y edificatoria vigente, tales como un coeficiente de edificación de 2.4. y un
porcentaje de área libre de 20%. Dicho documento fue suscrito por funcionarios de la Sub gerencia de
Administración Urbana y Rural y División de Edificaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) y
otorgado a favor de la empresa inmobiliaria R&G S.A.C; de la misma manera, dicho CPUE consigna en el
encabezado "División de Saneamiento Físico Legal".
De forma contraria , en la documentación del proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) presentado por el
administrado a la Dirección desconcentrada de Cultura de Cusco obra otro Certificado de Parámetros urbanísticos
cuyo encabezado consigna "División de Edificaciones" y no "División de Saneamiento Físico Legal" como el
anteriormente descrito, el cual cuenta con rúbricas de los mismos funcionarios y con la misma numeración 194-08,
con la diferencia de que este documento si presenta parámetros en concordancia con la normativa vigente, tal
como un coeficiente de edificación de 1.4. y área libre de 30%. Esta situación denota que el CPUE otorgada por la
GDUR de la Municipalidad Provincial del Cusco, permitió al administrado construir sobrepasando los límites
establecidos de acuerdo con el reglamento del Plan maestro del centro Histórico de Cusco - RPMCH así como el
Reglamento de la Ley n° 29090.
Por consiguiente , en junio de 2010 el administrado incluyó en el Expediente Técnico del Anteproyecto de Consulta"
y luego en el "Proyecto" el CPUE N° 194-08 emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco, cuyo contenido
soslaya la normativa aplicable, no obstante, esta situación fue inobservada por funcionarios de la gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos (CTCP) de la Municipalidad
Provincial del Cusco, validando así el contenido de dicho CPUE ...Asimismo en ninguno de los nueve dictámenes
emitidos por el CTCP, observó que la propuesta planteaba el uso de 65% del área del inmueble para hospedaje en
vez de 40%, según lo indicado en el RPMCHC; a pesar de esta situación, la Gerencia de Desarrollo Urbano expidió
la Licencia de Obra n° 378-CTPCP-MC de 29 de diciembre de 2010 para un proyecto denominado
"Establecimiento de Hospedaje", sobre un terreno de 2,822.00 m2 y un área total construida de 8,956.85 m2,
iniciándose la ejecución de obra en noviembre del año 2013.
Aunado a lo expuesto, en el mes de febrero de 2012, los funcionarios de la Sub Gerencia de Gestión del centro
Histórico y de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural permitieron el desarrollo de un muro prehispánico, ubicado
en el predio n° 386, el cual debió ser conservado in situ acorde con la normativa aplicable; sin embargo los
delegados ad hoc de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del año 2014, inadvirtieron sobre el
rearmado del muro sobre estructura moderna afectando irreversiblemente el patrimonio cultural.
En el año 2014 el administrado solicitó una nueva licencia para el proyecto de Modificación y Ampliación de
Establecimiento de hospedaje", el cual añade al área de terreno del proyecto primigenio el predio urbano ubicado
en la calle Saphy n° 704, no obstante el proyecto se trataba de una "Obra Nueva" en el marco de la definición de
"Modificación y Ampliación", situación que no fue advertida por los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural (GDUR) ni por la comisión Técnica Calificadora de Proyectos (CTCP)del año 2014, inobservando también
que el certificado de Parámetros urbanísticos y Edificatorios n° 194-08 adjunto en el expediente ya no se
encontraba vigente, que el proyecto planteaba una altura máxima al interior de las edificaciones excediendo el límite
máximo según normativa aplicable , ni la prohibición de sótanos en predio con valor cultural. Pese a estas
transgresiones mediante Dictamen N° 549-CTCP-MC de 5 de diciembre de 2014, los miembro de la CTCP aprobó el
proyecto con el cual la GDUR emitió licencia N° 155-SGAUR-GDUR-MC-2014, situación que soslaya la normativa,
conllevando a que se afecte el patrimonio cultural del Centro Histórico del Cusco.
Adicionalmente a lo expuesto se pone en evidencia el daño irreparable ocasionado por la autorización del
"desmontaje " al predio n° 704, cuya fachada fue clasificada como de "valor contextual" por la ficha de catalogación
n° 0090050220, elaborada el 13 de febrero de 2010. En tal sentido se advierte, que de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Texto
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Cusco, y al Código Municipal
para la Protección de la ciudad Histórica del Qosqo no existe la figura del "desmontaje", sólo el de "demolición", sin
embargo en base a esta figura de ejecución de obra, la Entidad a través de la Sub Gerencia de Administración
Urbana y Rural y la GDUR autorizaron la intervención desmontaje de edificación, permitiendo al administrado la
demolición completa del predio 704, atentando así en contra la conservación de arquitectura residencial propia del
Centro Histórico del Cusco. cabe indicar que la intervención en bienes de "valor contextual" sólo se permite en obras
que no alteran dicho "valor contextual".
De otro lado, en forma paralela al inició del trámite para la obtención de la Licencia de edificación para la
Modificación y Ampliación del proyecto, en marzo de 2014 se realizaron verificaciones técnicas de ejecución de
obra, efectuadas por las supervisoras acreditadas de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y certificadas por la
Entidad, quienes advirtieron al gerente de la GDUR lo siguiente: "Lo ejecutado no corresponde a la Licencia de
Edificación n° 17-SGAUR-GDUUR-MC-2011 (...) Modificaciones que deberán aprobarse de acuerdo a la Normativa
Vigente, es decir, que los funcionarios de la Municipalidad provincial del Cusco, permitieron que se ejecute el
proyecto de "Modificación y Ampliación" sin licencia que aprobara dichos cambios , en tal sentido le correspondería
a la Inmobiliaria R&G SAC, pagar una multa calculada de S/. 1 736 274 ..., por la infracción de realizar
remodelaciones, adecuaciones, ampliaciones, modificaciones, refacciones, reparaciones o puestas en valor sin
licencia de obra en zona monumental equivalente al 15% del costo de la obra.
La situación expuesta, evidencia la inobservancia de la normativa por parte de los funcionarios y miembros de
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco, permitiendo al administrado
edificar 3 594.32 m2 de área construída comercial adicional y dos pisos más al perfil normativo aprobado, afectando
la conservación y preservación del entorno y paisaje urbano del centro Histórico del Cusco, pudiendo ser incluida
por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, sin perjuicio del daño irreversible al patrimonio cultural
inferido con motivo de las autorizaciones emitidas por las autoridades respecto a los inmuebles donde se ejecuta la
edificación del hotel. Evaluación que se hizo y se concluyo considerando además el marco normativo aplicable que
en dicho informe se precisa y al cual me remito.
De todo lo expuesto se puede concluir que en efecto hubo incumplimiento de las obligaciones de los
funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, y la Dirección Regional de Cultura como órgano
descentralizado del Ministerio de Cultura, con relación a la obligación de protección que les encomiendan
las normas antes citadas respecto al Patrimonio Cultural de la Nación, concretamente los bienes integrantes
de dicho patrimonio, como es el Centro histórico del Cusco donde se ubica el terreno y la construcción del Hotel
Four Points By Sheraton, en que los funcionarios aprobaron autorizaciones y licencias de obra y ampliación del hotel
indicado contraviniendo los parámetros urbanísticos del Centro Histórico, específicamente en lo que se refiere a la
altura y volumetrías máximas permitidas, permitiendo además que las intervenciones sobre el inmueble no hayan
garantizado la conservación de los elementos arquitectónicos y arqueológicos con valor histórico encontrados, en
tanto que además en los expedientes correspondientes a dicha obra, no se incluyo los documentos que avalarán la
ejecución de un proyecto de puesta en valor de carácter arqueológico, pese a que dicho inmueble se encuentra
catalogado como C-SP-5, Sector dentro de la Pumallacta Inca, con traza urbana inca, y, de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, permitiendo la alteración del
contexto urbano y patrimonio cultural encontrado con la demolición y desmontaje de muros prehispánicos.
3.18. Con relación a la afectación de los elementos arquitectónicos y arqueológicos con valor histórico
encontrados que se catalogan como patrimonio cultural de la Nación, cómo se refiere en el informe de la
Contraloría General de la República presentado por la demandante, se tiene que la afectación ha sido
IRREVERSIBLE, verificándose igualmente que no se habría cumplido con las verificaciones permanentes que
encomiendan las normas citadas a dichas autoridades, que hubieran permitido detectar y tomar oportunamente las
medidas inmediatas a fin de evitar que se continuará con el avance de la obra y de esta manera evitar la afectación
Y teniendo en cuenta que la ACCIÓN DE AMPARO tiene por finalidad de reponer las cosas al estado anterior, en el
caso concreto la violación del derecho constitucional al que se refiere la demanda en este extremo, se ha convertido
en irreparable, y por tanto la demanda resulta improcedente, conforme dispone el inciso 5 del artículo 5 del
3.19. Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es esclarecedora, cuando indica:
- EXP. N.º 01236-2011-PA/TC LIMA. LUIS MIGUEL BARRIENTOS TEJADA.
"6. Que sin perjuicio de lo expuesto, para este Tribunal importa señalar que en el caso, el actor contaba con un
derecho expectaticio respecto de la posibilidad de ascender de grado. En tal sentido, este Tribunal tiene establecido
en su jurisprudencia que el amparo, y con él todos los procesos constitucionales de la libertad, sólo tiene por
finalidad restablecer el ejercicio de un derecho constitucional, esto es, tienen una finalidad eminentemente
restitutoria. Lo que significa que, teniendo el recurrente la calidad de titular del derecho constitucional, el amparo se
dirige básicamente a analizar si el acto reclamado es o no lesivo de aquel atributo subjetivo reconocido por la Carta
Magna. En efecto, a través de estos procesos no se puede solicitar la declaración de un derecho o, quizá, que se
constituya uno. El artículo 1° del Código Procesal Constitucional señala que su finalidad es la de reponer las cosas
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, lo que significa que el
recurrente sea o haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues de otro modo no se podrían
restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo no se discuten cuestiones concernientes a la titularidad de un
derecho –así sea este constitucional– sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso éste resultó lesionado.
7. Que, por tal motivo, la pretensión del actor –que se le otorgue el puntaje que alega le corresponde para
efectos del proceso de ascenso– no puede ser atendida por este Tribunal, toda vez que, conforme lo manda el
artículo 1° del Código Procesal Constitucional, la finalidad del proceso de amparo es de carácter restitutivo –reponer
las cosas al estado anterior a la violación– más no declarativo de derechos. Vale decir que, mediante este proceso,
no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio.
Consecuentemente, la demanda resulta manifiestamente improcedente.
Por lo que en el extremo antes referido la demanda resulta improcedente, al amparo de lo dispuesto por el inciso 5
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.
3.20. Con relación al segundo punto al que se refiere la demanda respecto a que los funcionarios aprobaron
autorizaciones y licencias de obra y ampliación del hotel indicado contraviniendo los parámetros
urbanísticos del Centro Histórico, específicamente en lo que se refiere a la altura (Que de acuerdo al
Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco es de 1.4., y de dos pisos) y volumetrías (Que
hacen referencia al área de uso de hospedaje que admiten las normas en la zona residencial del Centro
Histórico del Cusco, que es hasta un 40% y un 30 % de área libre) máximas permitidas, en contravención a
la protección del contexto y escala del Centro Histórico, en desmedro del paisaje (contexto urbano) del
Centro Histórico del Cusco debe tenerse en cuenta en primer lugar que: También se considera como bien
inmueble material integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a su entorno paisajístico (pudiendo ser el paisaje
natural o urbano), conforme se tiene de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación5
3.21. Que para analizar dicho tema se debe tener en cuenta que el petitorio de la demanda, contiene el pedido
de que se ordene a la Municipalidad Provincial del Cusco, y al Ministerio de Cultura a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura del Cusco que cesen su omisión y adopten las medidas necesarias que aseguren la
protección y conservación del patrimonio histórico y cultural que se encuentra en el inmueble de la calle Saphy
N°s. 346, 386, 674, 7034, 714 y 8740, y que a efectos de restituir la situación de hecho y de derecho al estado
anterior a la vulneración que sustenta la demanda, se ordene a las entidades demandadas, la apertura de proceso
de demolición de lo ilícitamente construido en el citado inmueble, que altere o destruya en forma continua los muros
arqueológicos prehispánicos, e incas existentes, violentando los parámetros urbanísticos y distorsiona la armonía
de la configuración tipológica del Centro Histórico del Cusco, procediendo conforme a la Ley General del
Patrimonio ley N° 28296 y su reglamento artículo 35, el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, así como se
ordene a la empresa Inmobiliaria R&G SAC se abstenga de realizar graves alteraciones y destrucciones de muros
incas y prehispánicos, así como abstenerse de seguir construyendo edificaciones que alteren y destruyan el
5 Artículo 1.- Clasificación
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en:
Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos
monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad
humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor
arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional,
científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.
La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el
suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente
necesaria para cada caso.
Patrimonio Cultural de la Nación y que proceda a ejercer su propiedad de conformidad con las normas nacionales e
internacionales sobre protección del patrimonio cultural.
3.22. De otro lado de lo antes analizado se tiene que las dichas alegaciones realizadas por el demandante en efecto
se han acreditado como se refirió anteriormente, en que los funcionarios tanto de la Municipalidad Provincial del
Cusco, como de la Dirección de Cultura del Cusco, han violentado su obligación de protección del
Patrimonio Cultural de la Nación con la expedición de dichas licencias antes referidas sin embargo, la
licencia de edificación otorga a quien la obtiene seguridad jurídica en relación a lo que se le ha autorizado a
edificar, si estamos a lo dispuesto por la norma contenida en el artículo 12 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación
de habilitaciones urbanas y de edificaciones, que dispone:
"Artículo 12.- Efectos
El otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos de
construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la misma, en los términos y
condiciones expresados en la respectiva licencia.
La expedición de las citadas licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos
reales, sobre el inmueble o inmuebles, objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y producen
todos sus efectos, aun cuando sean enajenados.
El régimen de aprobación automática, regulado en la presente Ley, no exime a las municipalidades del control
posterior, el cual será regulado mediante el reglamento al que se hace referencia en el artículo 5".
Lo que se desprende también de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Supremo 024-2008-VIVIENDA: que
aprueba el Reglamento de Licencias de habilitaciones urbanas y Licencias de Edificaciones, que dispone:
"El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y/o el Certificado de Zonificación y Vías, durante su
vigencia, otorgan seguridad jurídica a sus titulares, quienes podrán beneficiarse de la información contenida en
dichos documentos, según la zonificación asignada y las normas urbanísticas vigentes..".
Con relación a la seguridad jurídica el Tribunal Constitucional, refiere:
- (Fundamento número 4 de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2003, página 244144 del diario oficial El Peruano)
" ... es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo desde luego a la norma fundamental que lo
preside, su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución ..."
- El Tribunal Constitucional Español ha establecido que: "...la seguridad jurídica supone una expectativa razonable
fundada del ciudadano en cual ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho" ((Fundamento número 3
de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2003, página 244144 del oficial El Peruano).
- El Tribunal Constitucional se refiere a la relación existente entre la Seguridad Jurídica y el derecho a la propiedad,
cuando dice: "Para el pleno desarrollo del derecho de propiedad, en los términos que nuestra Constitución lo
reconoce y promueve, no es suficiente saberse titular del mismo por una cuestión de simple convicción, sino que es
imprescindible poder oponer la titularidad de dicho derecho frente a terceros y tener la oportunidad de generar, a
partir de la seguridad jurídica que la oponibilidad otorga, las consecuencias económicas que a ella le son
consubstanciales. Es decir es necesario que el Estado cree las garantías que permitan institucionalizar el derecho"
(Fundamento número 5 de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2003, páginas 244145 y 24446 del diario oficial El
- El Tribunal Constitucional refiere que: "... sólo en un ordenamiento en el que la seguridad jurídica sea un principio
predominante pueden los ciudadanos defender adecuadamente sus intereses y derechos y planificar su actuación".
(Exp. N° 4027-2004-AA/TC LIMA, COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS SAGITARIAS LTDA.
- Teniendo en cuenta lo antes expuesto por el Tribunal Constitucional se debe tener en cuenta que el mismo
Tribunal refiere en la sentencia emitida en el expediente N° 0116-2004-AA/TC LIMA, HEYLER ALBERT PRADO
GONZALES, que: "8. Entonces, de lo actuado no se aprecia que la resolución de Alcaldía N° 342-2002.RASS,
mediante la cual se multa al recurrente por construir sin licencia de construcción, afecte su derecho de propiedad
debido a que la construcción edificada se efectuó sin contar con autorización, como el mismo demandante lo
reconoce a lo largo del proceso, limitándose la emplazada al ejercicio de las atribuciones de control que en la
materia le confieren los dispositivos legales....".
En el caso concreto si existieron las licencias de edificación (Si bien no otorgadas ajustándose a los
parámetros urbanísticos previstos en la norma respectiva), sin embargo en base a dichas licencias de edificación,
la administrada construyó, con el costo económico que ello implica (existe una situación consolidada, se ha
construido en base a las autorizaciones otorgadas por los entes competentes), de tal manera que desconocer
dichas licencias de construcción vulneraría la seguridad jurídica que genera el otorgamiento de las mismas, con
las características especificadas para levantar la edificación respectiva, y además se afectaría el derecho de
propiedad de la administrada, ello con relación a lo ya construido; no así con relación a lo que estaría pendiente
de edificación si es que se ajusta a las licencias de construcción, y que debe ser adecuada en lo más posible a las
normas que regulan los parámetros urbanísticos previstos normativamente, correspondientes a la zona, debiendo
cesar así las autoridades demandadas su conducta contraria al deber de protección del Patrimonio Cultural de la
Nación que les encomienda la Constitución, en el caso concreto con relación al paisaje urbanístico contextual del
centro Histórico al que debió adecuarse dicha construcción y las licencias respectivas(de acuerdo a los parámetros
urbanísticos establecidos por las normas aplicables).
3.22. Si bien se evidencia la responsabilidad de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial del
Cusco e integrantes de las comisiones Técnicas Calificadoras de de Proyectos respectivos (Referidos a folios
845 vuelta y 846 de los autos, del informe de Contraloría General), que estando a cargo del procedimiento
administrativo y decisión de otorgar la licencia de edificación, que se refieren en el informe de contraloría General de
la República, han permitido el otorgamiento de dichas licencias que contravienen las normas que protegen el
Patrimonio Cultural de La nación, cuya responsabilidad no puede ser establecida ni declarada en este proceso, pues
dichos funcionarios y trabajadores no han sido emplazados en autos para que ejerzan su derecho de defensa,
sin embargo se anota de que existen procesos de orden administrativo y penal en que se investiga al respecto como
se indicó líneas arriba.
En la investigación realizada por la Contraloría de la República se habla también de incumplimiento de la parte
demandada con relación a las licencias que le fueron otorgadas, al haber realizado cambios arquitectónicos que le
favorecían, esto es realizó los cambios referidos sin tener licencia, sin embargo no se precisa en forma clara en
dicho informe si las modificaciones referidas, determinaron el incremento de las volumetrías y/o altura de las
construcciones autorizadas, que distorsionen el paisaje contextual.
Por lo que con relación a la afectación del Patrimonio Cultural de la Nación en lo que se refiere al contexto y
escala del Centro Histórico, en desmedro del paisaje (contexto urbano) del Centro Histórico del Cusco en los
términos antes expuestos, la demanda debe ser declarada fundada en parte, con las precisiones antes indicadas.
Por estas consideraciones FALLO:
A) Declarando IMPROCEDENTE la demanda de AMPARO, interpuesta por la Comisión de Juristas contra la
Corrupción y por la Defensa Social, contra el Ministerio de Cultura, representado por la Ministra de Cultura Diana
Alvarez Calderón Gallo, el Director de la Dirección desconcentrada de Cultura Cusco, representada por Daniel
Maraví Centeno, Gobierno Municipal del Cusco, representado por su Alcalde Carlos Manuel Moscoso Perea y la
empresa Inmobiliaria R&G S.A.C., en lo que se refiere a la afectación de los elementos arquitectónicos y
arqueológicos, considerados bienes integrantes del patrimonio Cultural de la Nación, encontrados en el proceso de
construcción, al haberse convertido en irreparable la vulneración de derechos demandada.
B) Declarando FUNDADA EN PARTE la misma demanda con relación a la afectación del Patrimonio Cultural de la
Nación en lo que se refiere al contexto y escala del Centro Histórico, en desmedro del paisaje (contexto
urbano) del Centro Histórico del Cusco, ello con relación a lo pendiente de construcción, que debe ser adecuada
en lo más posible a las normas correspondientes respecto a los parámetros urbanísticos previstos por dichas
normas, debiendo cesar así las autoridades demandadas su conducta contraria al deber de protección del
Patrimonio Cultural de la Nación que les encomienda la Constitución.- Sin perjuicio de que la administración deba
continuar con los procedimientos iniciados y deba iniciar los procedimientos correspondientes destinados a
sancionar a los responsables de las afectaciones denunciadas. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-
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