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Timestamp: 2019-07-21 07:06:05
Document Index: 28872318

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 103', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 66', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 20', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 93', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 34']

Ley 1/1995, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Publicado en BOIB núm. 32 de 16 de Marzo de 1995 y BOE núm. 112 de 11 de Mayo de 1995
Vigencia desde 17 de Marzo de 1995
Con la entrada en vigor de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se cumplió el mandato contenido en el artículo 11.3 de nuestro Estatuto de Autonomía que establecía la necesidad de que, conforme a las bases contenidas en la legislación del Estado, se regulase el régimen estatutario de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local.
Dicha norma legal, como todas, se materializó en un contexto social y en una realidad jurídica determinada que no podía serle ajena y, consecuentemente, tuvo que coordinar la distinta procedencia y la naturaleza jurídica diferente del personal incluido en su ámbito, con la especial circunstancia del ejercicio de una competencia en la que la ejecución y, más particularmente, el desarrollo legislativo deben llevarse a cabo con respeto al marco de la legislación básica del Estado de conformidad con lo que establece el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
En este ámbito, la experiencia que da la práctica diaria y la jurisprudencia establecida por los diferentes pronunciamientos emanados del Tribunal Constitucional en esta específica materia, determinan la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a las nuevas necesidades técnicas, organizativas o jurídicas que permitan, dentro de una administración moderna, garantizar una ágil y eficaz prestación de los servicios públicos con absoluto respeto a los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución Española y a la normal evolución que el tiempo ha determinado respecto de la función pública.
Al mismo tiempo, la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad Europea, la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, contienen regulaciones que afectan al régimen jurídico de la función pública que, además, inciden sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y, por tanto, resultan de aplicación al personal al servicio de todas las administraciones públicas y conllevan, junto a todo lo anteriormente expresado, la necesidad de adaptar nuestra la Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a las modificacianes operadas por las aludidas normas.
Los artículos 55, 58, 59.1, 59 bis, 66, 68, 71.2, 71.4, 71 bis, 72, 73.1.e), 78.2, 79.2 y 82.m), y el apartado 1 de la disposición adicional duodécima y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónomas de las Islas Baleares, quedarán redactados en los siguientes términos:
Uno.- El artículo 55 tendrá la siguiente redacción:
«1. Para ser admitido en las pruebas selectivas previstas en este capítulo se exigirán los siguientes requisitos:
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de función pública, determinará cuales deben ser los puestos de trabajo que, entre los que compongan la relación de puestos en vigor, puedan ser cubiertos o desempeñados por los nacionales del resto de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.»
Dos.- El párrafo segundo del artículo 58 tendrá la siguiente redacción:
«Los nombramientos de libre designación se realizarán por el Consejero de la Función Pública, previo acuerdo con el Consejero del departamento al que figure adscrito el puesto convocado.»
Tres.- El apartado 1 del artículo 59 tendrá la siguiente redacción:
«1. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos libremente mediante resolución del Consejero de la Función Pública, previo acuerdo con el Consejero del departamento al que figure adscrito el puesto de que se trate.»
Cuatro.- Se crea un artículo 59 bis que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 59 bis.
Cuando la reasignación implique cambio de residencia, el funcionario tendrá derecho a un indemnización, que consistirá en el abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, a una indemnización de tres dietas para el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, así como a una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus retribuciones, excepto el complemento de productividad sin perjuicio de otras ayudas que el plan de empleo establezca.»
Cinco.- El artículo 66 tendrá la siguiente redacción:
«1. La condición de funcionario de la Administracion de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se pierde por alguna de las siguientes causas:
3. La pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tiene carácter definitivo.»
Seis.- El artículo 68 tendrá la siguiente redacción:
«Los funcionarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se pueden encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
h) Suspensión.»
Siete.- El apartado 2 del artículo 71 tendrá la siguiente redacción:
«2. La excedencia voluntaria se concederá a petición del funcionario:
a) Por interés particular. En este caso queda subordinada a las necesidades del servicio.
Para solicitar la excedencia por este motivo será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. En esta situación no se podrá permanecer menos de dos años continuados, ni más del número de años equivalentes a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las administraciones públicas, con un máximo de quince.
La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del período de duración de la excedencia voluntaria por interés particular, comportará la pérdida de la condición de funcionario.
Por el contrario, si habiendo solicitado el reingreso éste no se concede por falta de vacante con dotación presupuestaria, el funcionario continuará en situación de excedencia voluntaria por interés particular hasta que exista vacante con dotación presupuestaria a la que pueda acceder. No podrá concederse esta modalidad de excedencia voluntaria cuando el funcionario esté sometido a expediente disciplinario o cuando cumpla una sanción disciplinaria que se le haya impuesto anteriormente.
b) Para el cuidado de un hijo, el funcionario tendrá derecho a un período de excedencia voluntaria, no superior a tres años, tanto si el hijo es natural como adoptivo, a contar desde la fecha del nacimiento o, en su caso, desde la fecha de adopción. En este último caso, el plazo de excedencia se extinguirá cuando el hijo adoptivo cumpla tres años.
Los hijos sucesivos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en cualquier caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Durante este primer año de duración de cada período de excedencia, los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos pasivos.
c) Por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máximo de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral en cualquier administración pública, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del poder judicial. La concesión de excedencia voluntaria por agrupación familiar será potestativa por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.»
Ocho.- Se crea un apartado 4 al artículo 71 que tendrá la siguiente redacción:
«4. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se hallen en alguna de las dos primeras fases del artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, según redacción dada por la Ley 22/1995, de 29 de diciembre* ;, podrán solicitar ser declarados en situación de excedencia voluntaria incentivada, una vez que se publique en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares" el correspondiente plan de empleo.
* ; Conforme BOE. Debería decir: Ley 22/1993 de 29 de diciembre.
Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicio efectivo y con un máximo de doce mensualidades.»
Nueve.- Se crea un artículo 71 bis que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 71 bis.
A los restantes efectos, esta situación se equipara a la de servicio activo.»
Diez.- El artículo 72 tendrá la siguiente redacción:
«1. La excedencia forzosa se producirá:
Si no lo hacen así se les declarará en excedencia voluntaria. Los funcionarios excedentes forzosos no podrán ocupar puesto de trabajo en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, ya sea de naturaleza laboral o administrativa. Si obtuviesen un puesto de trabajo en el sector público pasarán automáticamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.»
Once.- El apartado 1.e) del artículo 73 tendrá la redacción siguiente:
«e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
Asimismo, cuando sean adscritos a órganos equivalentes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.»
Doce.- El apartado 2 del artículo 78 tendrá la siguiente redacción:
«2. La condena o sanción de suspensión determinan la pérdida definitiva del destino o puesto de trabajo que reglamentariamente se ocupase, así como la privación temporal del resto de derechos inherentes a la condición de funcionario durante el tiempo de la suspensión, excepción hecha de aquellos casos en que la suspensión firme no exceda de seis meses. En este caso no se producirá la pérdida del destino o puesto de trabajo.»
Trece.- Se crea un apartado 2 al artículo 79 que tendrá la siguiente redacción:
«2. Cuando los funcionarios en las situaciones descritas en el apartado anterior concurran con funcionarios en situación de expectativa de destino, el orden de prelación para obtener el reingreso quedará de la siguiente forma:
d) Excedentes voluntarios.»
Catorce.- Se crea el subapartado II) al artículo 82 que tendrá la siguiente redacción:
«II) Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de un plan de empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada incentivada, en las condiciones establecidas en el régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años, acrediten al menos treinta años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen.
Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una indemnización en la cuantía que al efecto fije el Consejo de Gobierno.»
Quince.- El apartado 1 de la disposición adicional duodécima tendrá la siguiente redacción:
«1. Los funcionarios que por no cumplir los requisitos de titulación exigidos no puedan ser integrados en los cuerpos o las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, quedarán en plazas singulares en el grupo correspondiente que se declaren a extinguir. Estas plazas, a medida que se vayan extinguiendo, pasarán a convertirse en dotaciones del cuerpo o escala correspondiente.
No obstante, podrán participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo que se convoquen, entendiéndose asimilados al cuerpo o escala en el que, de tener la titulación se hubieran integrado, salvo si para el puesto al que optaren se exigiera, como requisito específico, alguna titulación concreta.»
Dieciséis.- Se crea una nueva disposición adicional decimoquinta que tendrá la siguiente redacción:
5. Los planes de empleo serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales más representativas, en los términos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34 de la misma.»
El Gobierno de la Comunidad Autonoma aprobará un texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de función pública. La refundición comprenderá también la regularización, la aclaración y la armonización de dichas disposiciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de esta Ley.