Source: https://it.scribd.com/document/98148465/Exp-02670-2011-Accion-de-Amparo-Walter-Amaya-Llenque-Sentencia-1ra-Instancia
Timestamp: 2020-02-21 10:59:49
Document Index: 261399652

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 8', 'artículo\n25', 'artículo 200', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 1764', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 17', 'artículo 138']

Exp 02670-2011 Accion de Amparo Walter Amaya Llenque - Sentencia 1ra Instancia | Caso de ley | Derecho laboral
SalvaSalva Exp 02670-2011 Accion de Amparo Walter Amaya Llenq... per dopo
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE PIURA
EXPEDIENTE N°: 02670-2011 -0-2001 -JR-CI-03 DEMANDANTE: WALTER AMAYA YENQUE DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA MATERIA: PROCESO DE AMPARO JUEZ: RICARDO GUSTAVO CASAS SENADOR ESPECIALISTA: ROMY KARIN PAREDES CADENILLAS.
RESOLUCIÓN N° 5 Piura, 10 de enero de 2012.-
El Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, ejerciendo justicia en nombre
de la Nación, ha expedido la siguiente:
1. Don WALTER AMAYA LLENQUE interpone demanda de amparo contra
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA con la finalidad que el órgano
jurisdiccional ordene dejar sin efecto la Resolución Gerencial General N°
2011, y como consecuencia de ello, disponga su reposición en el cargo que
venía desempeñando al momento de ser despedida, alegando que se ha
127-201 '¡/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR de fecha
vulnerado su derecho al trabajo, a la defensa y al debido proceso.
SOBRE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
2. El Estado garantiza a toda persona, sea natural o jurídica, el derecho a
ejercer la tutela jurisdiccional efectiva en defensa de^s,us derechos ya sea
como demandante o como demandada. Derecho qué/al estar previsto en el
inciso 3 del artículo 139° de la Constitución J?6l/#ca*y artículo 8o de la
Declaración Universal de los Derechos Humar Rorr.y -f"
isi cómo en el artículo
25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, es definido por Domingo García Belaúnde como “un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a Ia justicia, es decir el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales’1. Lo que significa, que el referido derecho está integrado por otros derechos como el de tener la oportunidad de acceder de manera directa o a través de representante ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus intereses o derechos, ejercer el derecho a la defensa y las demás garantías procesales sin ninguna interferencia, obtener una decisión oportuna y fundada en derecho, así como el de exigir la plena ejecución de la sentencia. Por tanto, estando al contenido del citado derecho y al estado del proceso, corresponde que el órgano jurisdiccional expida el pronunciamiento que corresponda.
FINALIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL
3. En los procesos constitucionales, toda decisión jurisdiccional debe tener en cuenta que son fines esenciales de estos, garantizar: 1) /a primacía de la Constitución; y 2) la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, conforme lo señala expresamente el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, el proceso de amparo, contenido en el inciso 2 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú, constituye un mecanismo procesal sumarísimo, especial y excepcional que tiene por finalidad asegurar a las personas naturales y jurídicas, el goce efectivo de sus derechos constitucionales, protegiéndolas de toda restricción o amenaza ilegal arbitraria contra los mismos por parte de funcionarios públicos o particulares, ya sea/ nsestableciendo el derecho vulnerado o haciendo cesar los actos que amenazan dicho derecho, o si fuera el caso, disponiendo la ejecución del acto
J S « B
1GARCIA BELAUNDE, Domingo. Diccionario de J uris
udaa oib g gtfffiijlig ipnd G
for ial GRIJLEY.
Lima 2009. Pág. 832.
* * %,O0Í^ ar!'
j u z g a d o c w
*&ÍS5$S>
La demandante alega que desde el 1 de mayo de 2003 ingresó a trabajar en la sede central del Gobierno Regional de Piura en calidad de obrero como operador de motobombas (manejo, mantenimiento y limpieza de los equipos) y como seguridad de la caseta de bombeo, hasta el 28 de febrero de 2011, fecha a partir del cual no se le permitió ingresar a su centro de labores. Que ha suscrito contratos como servicios no personales y posteriormente como Contrato Administrativo de Servicios -CAS-, acumulando un total de 7 años y 9 meses, afirmando, que los contratos CAS suscritos han sido desnaturalizados por cuanto las labores realizadas son de naturaleza permanente.
La entidad emplazada, al absolver el traslado de la demanda a través de la Procuradora Pública, señala que el Tribunal Constitucional ha establecido en el Exp. N° 0206-2005-PA/TC que los reclamos sobre cese laboral del sector público deben tramitarse mediante proceso contencioso administrativo y que la pretensión de renovación del contrato CAS esta prohibida en la Cuarta Disposición Complementaria Final. Alega además, que el contrato CAS ha sido declarado constitucional y cuya suscripción es obligatoria por mandato legal.
De la lectura de los fundamentos de la demanda, así como de la absolución de la misma, corresponde a este despacho dilucidar, en primer lugar, si el proceso constitucional de amparo es la vía idónea para dilucidar la controversia que versen sobre materia laboral, para luego determinar si, en el presente caso, el contrato CAS celebrado entre las partes ha sido desnaturalizado; y finalmente, determinar si la corphrsjón unilateral de la relación existente entre la demandante y la enlfidad /demandada afecta derechos constitucionales de la actora.
SOBRE LA IDONEIDAD DEL PROCESO DE AMPARO
7.- En el EXP. N° 0206-2005-PA/TC-HUAURA. caso CÉSAR ANTONIO
BAYLÓN FLORES, el Tribunal Constitucional ha establecido criterios
jurisprudenciales para la aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal
Constitucional referidos a las vías igualmente satisfactorias para la
protección del derecho constitucional al trabajo y derechos conexos tanto
para los trabajadores del régimen laboral privado como para los servidores
bajo el régimen laboral público.
8.- El Juzgador considera que cuando el Tribunal Constitucional ha establecido
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo para casos
de materia laboral, lo ha hecho teniendo en cuenta a partir del régimen
laboral a la cual se encuentra sujeto el trabajador o servidor público, sin
que sea trascendente la entidad o sector para el cual labora, ya sea del
sector público (Gobierno central, regional o local), O ya sea del sector privado
(empresa privada o mixta). Dicho precedente ha sido establecido sobre la
base de un contrato laboral válido que no ha sido desnaturalizado
9.- Para los casos del sector público, los criterios establecidos tienen su
explicación en el hecho que en una dependencia pública, pueden coexistir
trabajadores bajo el régimen de la actividad pública {D. Leg. N° 276) así
como trabajadores bajo el régimen de la actividad privada (D. Leg. N° 728),
como es el caso de las municipalidades y otras dependencias públicas
como el mismo poder judicial.
10.- En el presente caso,
a que uno el fundamento central de
demanda es la desnaturalización a que ha sido objeto la modalidad
contractual a la que se le impuso al actor tanto en el periodo que aparece
prestando labores como “servicios no personalesf como en el periodo que
suscribe los “contratos Cas”, el juzgador, hacienao uso de la técnica del
distinguísh,
mtí*«*«*st’ 08^ jf'&koH establecido por el Tribunal Constitucfc®:«lsi íá’'^itójKG2<)6-2005 PA/TC
no resulta ser aplicable al presente caso. Pues, dicho precedente
resulta vinculante solamente para los casos en los que las relaciones
laborales no han sido objeto de desnaturalización. Por otro lado, dicho precedente fue establecido cuando el régimen de los contratos CAS aún no existían.
11.- Por otro lado, siendo que es materia de controversia el determinar si las relaciones laborales han sido objeto de desnaturalización o no, este
despacho también considera que el artículo 16° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, D.S. N° 075-2008-PCM, que regula los contratos CAS, no resulta aplicable porque, reitero, dicho dispositivo solamente debe aplicarse cuando la suscripción del contrato CAS reúna
todos los elementos que le otorguen validez y se hayan celebrado dentro de los parámetros constitucionales. Por esta razón, el juzgador considera que, a priori, no puede establecer la competencia sobre la base de la citada norma cuando precisamente se está cuestionando su aplicación, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 26° de la Constitución Política concordante y teniendo en cuenta el carácter tuitivo de las normas constitucionales laborales, de existir duda razonable en la aplicación de una norma, la misma debe resolverse a favor del trabajador, en este caso de la administrada.
12.- Corrobora la idoneidad de la vía procedimental, lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 01330-2011-PA/TC PIURA, en el cual el máximo interprete de la Constitución ante un caso similar en la cual la primera y segunda instancia habían declarado improcedente in limine la demanda de amparo que buscaba su reincorporación a su centro de
labores del demandante que tenía la condición de obrero (muellero), declaró fundado el recurso de agravio constitucional y dispuso que se admita a trámite la demanda, sustentando su decisión en el hecho que la relación laboral en controversia no estaba relacionadsucon el régimen laboral público del Decreto legislativo. 276AEñ el pásente caso, el
demandante tiene la condición de obrero.(operadckd® motobomba) por lo
que tampoco se encuentra dentro del régimen laboral público del D. Leg.
N° 276.
13.- Por lo expuesto, el medio de defensa alegado por la emplazada en el
sentido que el proceso de amparo no es la vía idónea para conocer la
presente controversia queda desvirtuada.
EL CAS Y SU AMBITO DE APLICACIÓN.-
14.- Este despacho, ante demandas similares en donde están en controversia
el establecer si los contratos CAS han sido desnaturalizados, en
resoluciones debidamente motivadas desde el punto de vista
constitucional, ha expedido resoluciones en donde ha establecidos criterios
homogéneas y uniformes por las cuales este despacho ha llegado a la
conclusión que en los casos allí resueltos, los contratos CAS fueron
desnaturalizados. En el presente caso, los criterios y fundamentos
expresados por este juzgado han sido recogidas por la parte demandante
para sustentar su pretensión, por lo que con las singularidades del caso,
este juzgado procede a fundamentar su decisión.
15.- El Decreto Legislativo N° 1057 ha establecido una modalidad especial de
contratación cuyo régimen es de naturaleza laboral2 denominado
Contrato de Administración de Servicios -CAS-, independiente de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa así como del régimen laboral de
la actividad privada y de otros regímenes laborales especiales previstos
para distintos sectores como los aplicados a los trabajadores de la micro y
pequeña empresa (ley N° 28015), a los trabajadores del sector agrario
(Ley N° 27360), a los de construcción civil, profesora^, etc3.
, X» rtí S» s» «3 ** ®* m ** "
Afeog. Rom 2 Así lo ha establecido el Tribunal Constitücioñaí^fe^SPüfl^
00002-2010-PI/TC.
o Ver Fundamento 24 de la misma sentencia.
"'U10CORPQRA’
,civi¡ ¿Tfi.'de la STC N°
16.- Dicha norma ha sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el proceso de Inconstitucionalidad N° 00002- 2010-PI/TC de fecha 7 de setiembre de 2010. Además, en ella, haciendo un acto interpretativo, el citado tribunal, en el Fundamento 47 ha establecido que el CAS es un contrato de régimen especial de contratación laboral para el sector público. Igualmente, en el Fundamento 34 de la mencionada sentencia, el citado tribunal ha señalado que para este órgano queda claro "que no es posible que la norma impugnada -se refiere al Dec. Leg. N° 1057- sea aplicada tal como fu e promulgada, tanto porque su naturaleza es distinta de ¡a denominación que el legislador ordinario le confirió, como porque su aplicación, en tanto considerada como una norma de naturaleza labora!, exige que sea interpretada y complementada con el contenido de la Constitución” (entre líneas cursiva y subrayado es ag regad o). Lo que
significa que la interpretación y aplicación del referido decreto legislativo, debe hacerse conforme a la Constitución, es decir, respetando los derechos laborales constitucionales de los servidores públicos.
17.- Si bien el artículo 2o del decreto legislativo materia de análisis señala como ámbito de aplicación a todas las entidades de la administración pública sujetas al régimen laboral de la actividad pública o privada, con excepción de las empresas del Estado; también es cierto que este régimen laboral especial -CAS- es independiente de los regímenes generales previstos en el Decreto Legislativo N° 276 y del régimen laboral de la actividad privada -Dec. Leg. N° 728- y de cualquier otro de naturaleza especial. Por tanto, previo a emitir pronunciamiento sobre la desnaturalización del CAS, se debe establecer plenamente qué actividades laborales prestados por trabajadores al sector público deben ser\cpnsiderados bajo los alcances de dicho contrato especial.
18.- Al respecto, el artículo 5o del Dec. Leg. N° 1057 señala que la duración de los contratos CAS es a plazo determinado y renovable4. Este dispositivo, en una interpretación conforme a la Constitución, nos lleva a concluir que las labores reguladas por el CAS son de naturaleza temporal o accidental. Pues, no se puede llegar a otra conclusión por cuanto las
actividades para el sector público de carácter permanente se encuentran regulados en el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276 que establece: “La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido el plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable
” (subrayado agregado). Este dispositivo
regula los servicios de carácter permanente prestados por servidores contratados gue aún no son incorporados a la Carrera Pública.
y siempre que exista plaza vacante,
19.- Otro fundamento que corrobora la conclusión que los contratos CAS regulan servicios de carácter temporal o incidental es lo expresado por el Tribunal Constitucional en el Fundamento 35 de la sentencia antes aludida, cuando señala que: “Abona a lo dicho que este sistema de contratación laboral es sustitutorio del sistema civil de contratación de locación de servicios, también conocido como de servicios no personales -regulado por el artículo 1764° y siguientes del Código Civil-, siempre que se advierta ¡a desnaturalización de dicho contrato. Esto no significa que el Estado no pueda recurrir a los contratos de locación de servicios, cuando por la naturaleza de la actividad a desarrollar, ello se justifique; lo que se proscribe es recurrir a este sistema de contratación para actividades que importan la existencia de un vínculo laborar (subrayado agregado). El citado fundamento se está refiriendo a la desnaturalización de los contratos civiles en las labores de naturaleza laboral que se prestan de modo temporal. N
4 El art. 5o del Reglamento del D.Leg. N° 1057, D.S. N° administrativo de servicios es de plazo determinado. La durac periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro de embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuanjgj en función a sus necesidades. Cada prórroga renoyaotón^l^xu'd
cuenta que uno de los elementos de los contratos civiles es precisamente
la temporalidad de dichos servicios.
20.- Una de las razones por las cuales el máximo interprete de la Constitución declaró constitucional el Dec. Leg. N° 1057, fue precisamente con la finalidad de superar las deficiencias que presentaban los contratos de naturaleza laboral celebrados bajo la forma de “Locación de Servicios” o “Servicios No Personales” en perjuicio de los trabajadores que eran contratados para labores temporales y por el cual no percibían ningún tipo de beneficio laboral. Es por ese motivo que el referido colegiado hace una comparación entre esta modalidad de contratos con el CAS, cuando en el Fundamento 38 señala que: "Al compararse este sistema de contratación -se refiere a! CAS- con los regímenes laborales vigentes, se advierte que, en determinados supuestos, aquellos protegen en mayor medida los derechos fundamentales de los trabajadores; sin embargo, al comparar el mismo sistema de contratación con las reglas imperantes para ¡os contratos de tocación de servicios también conocidos como servicios no personales, obviamente la comparación sería más favorable al previsto por el decreto Legislativo N ° 1057\ (entre líneas y subrayado agregado).
21.- De lo expresado en los fundamentos que anteceden, considerando que los Contratos de Servicios No Personales o también denominados Locación de Servicios son de naturaleza temporal, ello nos lleva a concluir que el ámbito de aplicación de los contratos CAS está referido a las labores de naturaleza temporal o accidental, precisamente porque el contrato CAS fue creado para suplir a las modalidades antes nombrados.
LA DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS CAS
22.- De lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia de Inconstitucionalidad antes citada, se observa que una de las finalidades de la promulgación de la norma que regula el Q^S, entre otros, es el de favorecer la situación laboral de los servidores ael Éstedcrüue tenían una relación laboral bajo la modalidad de “Laee&famwé '^S&^yídWs” o llamada
“Servicios No personales".
Por tanto, de ningún modo se puede
pretender, hacer uso
perjudicar o restringir
23.- Conforme lo ha expresado el miembro del Tribunal Constitucional Vergara Gotelli, la intención del Poder Ejecutivo fue la de “frenar la situación agobiante que mostraba la simulación de un contrato civil, cuando en realidad la naturaleza era labora!”. Dicha afirmación nos lleva a la conclusión, que había ya una práctica acentuada por parte de la administración pública, para
simular contratos civiles cuando en realidad eran de naturaleza laboral.
Esto indudablemente respondía a la intención de desconocer derechos laborales de los servidores en unos casos, o de manipular los contratos de naturaleza temporal a su libre albedrío con fines extra institucionales en otros casos.
Lo antes expresado, es reconocido por el Tribunal Constitucional en el Fundamento 36 de la sentencia varias veces mencionada, cuando expresa: “En efecto, el contrato de locación de servicios podía ser utilizado fraudulentamente, en razón de las labores que se pretendía realicen los comitentes - que podían ser de naturaleza permanente-, o por la duración de estos contratos -cuya extensión los desnaturalizaba-, sin que por ello se respetara el goce o acceso a ningún derecho constitucional de naturaleza laboraf'.
24.- No obstante la buena intención de la norma que regula el CAS, sin embargo, este despacho observa que en una aplicación errada e inconstitucional, el problema de simulación de un contrato laboral bajo la forma de un contrato civil, el problema se ha trasladado a la aplicación indiscriminada y arbitraria del CAS simulando contratos bajo esta régimen especial cuando en realidad por su carácter permanente de las labores les corresponde estar bajo los alcances de lo^j regímenes generales u
25.- Por tanto, habiéndose establecido que el ámbito de aplicación de los Contratos Administrativos de Servicios alcanza a las relaciones laborales que celebren un trabajador con una entidad públicas, ya sea bajo el régimen laboral público o privado, alcanza solamente a las actividades de naturaleza temporal o accidental, el juzgador concluye que todo contrato que se celebre bajo el régimen especial del CAS se desnaturaliza cuando las labores a realizarse son de naturaleza
LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS RELACIONES LABORALES
26.- Por el artículo 1o de la Constitución, el respeto de la dignidad de la persona humana se convierte en la razón de ser de la sociedad y del Estado por ello es que toda actuación estatal debe estar en función de la persona y en el respeto de su dignidad.
27.- Autores como Marcial Rubio, Francisco Eguiguren y Enrique Bernales definen a la dignidad humana como “ un concepto jurídico proteico: garantiza la vigencia de los derechos, les da nuevos contenidos y aún identifica nuevos derechos no explícitamente expuestos en la Constitución”/ Es en ese sentido que la dignidad humana viene a constituirse en el quid de todos los derechos fundamentales el ser humano. Por ello es que ocurre que su vulneración no se dé “en abstracto” sino en la afectación concreta concurrente de otro derecho fundamental6.
28.- Concordante con el artículo 1o de la Constitución, el tercer párrafo del art. 23° de la misma Carta Magna señala que “ninguna relación labora! puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la disnidad de! trabajador'. (subrayado agregado). Por esta razón el Tribunal Constitucional en la STC emitida en el Exp. N° p906-2002-AA/TC ha señalado que: “La Constitución protege, pues, al trabajador, aún respecto de
U B IO
C O R R E A
arcial; E G U
IG U R E N
PR A E LI, F rancisco; B E R N A L E S
B A L ^ ^
g f t jl t e m
q t j f i T L O S
E R E C H O S
N D A M E N T A L E S
JU R ISP R U D E N C IA D E L
Editorial. P rim era E dición. 2010. Pág. 77.
R U B IO
C O R R E A . M arcial; E G U IG U R E N
J|R Í
P R A E I.I, F rancisco: B E R N A L B iir^ S L L E S T 'E K ^ fe in riq u e . Pág. 55.
sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le corresponden, evitando que, por desconocimiento o ignorancia -y sobre todo, en los casos de amenaza, coacción o violencia- , se perjudique "1.
29.- Por lo expuesto, la posibilidad de conseguir un trabajo o de permanecer en el mismo no puede constituir un “favorJ’ ni una “dádiva” por parte de ningún funcionario público, precisamente por el respeto mismo a la dignidad del ser humano. No sólo porque el trabajo dignifica a la persona, sino que además, el derecho al trabajo, en sus distintas dimensiones, constituyen un deber derecho y un medio de realización de la persona y su familia conforme lo señala expresamente el artículo 22° de la Constitución Política.
30.- En una sociedad, en donde conseguir un puesto de trabajo significa un logro tan ansiado para una persona desocupada laboralmente, constituye un maltrato perverso y una deplorable falta de respeto a la persona, imponer como condición a otorgar un puesto de trabajo, la suscripción formal de un contrato simulando la forma para que dicho contrato sea por “periodo corto” sin que exista la seguridad que el mismo se renueve. Dicha imposición, que genera en el trabador un estado de angustia y ansiedad al no tener la certeza si el contrato por tiempo determinado será renovado, además de ser un acto malvado, constituye una grave y directa afectación a la dignidad de las personas.
31.- Pues, cosa distinta sería que, si por la naturaleza de las labores o las circunstancias del caso en concreto, el trabajador suscribe un contrato con el pleno conocimiento que será temporal, teniendo conciencia que dicha temporalidad responde, no a la discreción absoluta ni al estado de ánimo del o de los funcionarios con capacidad para contratar al personal, sino que esa situación sea consecuencia directa con /la naturaleza de las actividades o a la situación especial que se preserve. Por esta razón, es
Inciso 2 del artículo 26° Constitución también sustenta el c
-« . ^ T7,
\ \ \ a s
tHjtijfe'd 'e l^ e]^etrrTlaboi-aI.
que todo contrato temporal o accidental, por limitar o restringir derechos laborales, debe necesariamente señalar las causas objetivas de dicha temporalidad.
32.- También se hace necesario desterrar la práctica asumida por los representantes de las entidades públicas, de contratar los servicios de
trabajadores por periodos cortos desnaturalizando los regímenes especiales para que realicen labores de naturaleza permanente, por cuanto con ello se estaría
eliminando una forma de corruptela que podría estar encubierta bajo la forma de contrato CAS, así como poner fin a los favores políticos y a la manipulación de las personas, sin descartar posibles cobros por “renovar1’ contratos.
SOBRE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
33.- El último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional señala que “Los jueces interpretan y aplican tas leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación que de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribuna! Constitucional”. Este dispositivo
establece la obligación de los jueces del poder judicial de interpretar y aplicar las leyes según la jurisprudencia constitucional emitida por el máximo interprete de la Constitución.
34.- El ex integrante del Tribunal Constitucional Víctor García Toma en una publicación recopilada por Jhonny Tupayachi Sotomayor, ha definido la jurisprudencia constitucional como el “conjunto de sentencias que de manera
reiterada y uniforme imponen un determinado criterio de interpretación o aplicación de una norma en un caso concreto que ostenta relevancia o relieve
constitucional"^. Esto significa, que debe existir más de una sentencia que contenga de modo reiterado y uniforme un cijt^rio jurisprudencial para
8 GARCIA TOMA, Víctor. EL PRECEDENTE CONSTITUCIC ADRUS - INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECH 2009. Pág. 54
que un juzgador deba necesariamente tenerlo en cuenta cuando resuelva un caso similar. En esto radica el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional.
35.- Sin embargo, el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional no es absoluto por cuanto, como lo señala el profesor Castillo Córdova, “si se
toma en consideración que el juez es juez de casos concretos, entonces, no se le podía desconocer la capacidad de enjuiciamiento de tas concretas circunstancias de las cosas que conoce a fin de que él decida si a! caso le es o no aplicable el criterio jurisprudencial contenida en Ia ratio decidendi de la sentencia
constitucionaf 9. De tal manera, que si el juez considera que la doctrina jurisprudencial no le es aplicable a un caso concreto debe señalar las razones por las cuales considera que no le resulta aplicable. En esto radica la diferencia entre la doctrina jurisprudencia constitucional y el precedente vinculante previsto en el artículo VII del T.P. del mismo cuerpo procesal. Si bien ambos son vinculantes, los grados de vinculación son distintos. En los primeros el Juez puede no aplicarlos debiendo para ello fundamentar su decisión, mientras que en el precedente la aplicación es obligatoria.
36.- Debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial establece criterios que el magistrado está en la obligación de analizar si le resulta aplicable al caso concreto sometido a su jurisdicción, no puede proceder a manera autómata a aplicarlos indistintamente a todos los casos sin que exprese los motivos su aplicación o inaplicación si fuere el caso. Pues, los criterios jurisdiccionales no exoneran a los magistrados de su obligación constitucional de motivar sus decisiones ni mucho menos constituyen razón suficiente en sí mismos. Los criterios son puntos de partida sobre los cuales se va a tomar una decí »ipn siendo necesario para ello expresar las razones del sentido de su decis
' CA STILLO CORD OVA , Luis. EL PRECEDENTE J U D ig A W ¥ jJ $ 0 '
EDITORES. Prim era Edición. Perú. 2008. Pág. 188.
f% C #M $ílT rU C ¡O N A L . ARA
\\¿
SOBRE EL CASO MATERIA DE AUTOS
37.- En el presente caso, con los memorándum N° 123-2010-GRP-450500 de fecha 25 de mayo de 2010 que obra en folio 21 y N°319-2010/GRP-45000 de fecha 30 de diciembre de 2010 que corre en folio 26, las fotocopia
fedateadas de los recibos por honorarios profesionales y comprobantes de pago que obran de folio 39 a 92, los registros de los Roles de Servicios que obran de folio 104 a 158, en donde se consigna las actividades que realizaba el demandante, éste ha acreditado que ha desempeñado labores de operador de motobombas para la emplazada. Este hecho está corroborado con la afirmación que hace el demandante al momento de fundamentar su demanda cuando afirma que ha laborado como operador de motobombas de la Sub Gerencia de Defensa Civil, así como en el silencio guardado por la emplazada quien al momento de absolver el traslado de la demanda no ha contradicho en absoluto dicha afirmación, debiendo entenderse como una aceptación tácita sobre las labores realizadas. Siendo así y dada la naturaleza de las funciones del Gobierno Regional en aspectos de Defensa Civil así como por el tiempo que ha estado prestando servicios -m ás de 7 años-, este despacho llega a la conclusión, que el demandante ha estado prestando labores de naturaleza laboral y de carácter permanente de modo ininterrumpido.
38.- En el presente caso, el Gobierno Regional como entidad público tiene como una de sus funciones el es brindar protección a la ciudadanía de peligros o desastres naturales a través de la Sun Gerencia de defensa civil. Para ello cuenta con oficinas y bienes que requieren de recursos humanos de modo permanente para que coadyuven la labor de los funcionarios como son, entre otros, el de manejo y mantenimiento de las motobombas. Por esta razón, el juzgador concluye que el Decreto Legislativo N° 1057 que regula los contratos CAS no resulta aplicable al presente caso por cuanto no está referid^ a labores de naturaleza
contractual del CAS, se ha desnaturalizado dicha modalidad
o accidental,
39.- Si bien es cierto, que en el presente caso se observa que el demandante ha firmado contrato CAS conforme se observa con el Contrato de Renovación de Adenda que obra de folio 238 a 240, en los mismos no se expresan cuales son las funciones o actividades específicas que debe realizar el trabajador ni tampoco las razones o causas de la temporalidad, lo que nos lleva a concluir que la suscripción de los mencionados contratos constituyen un acto fraudulento al haberse simulado la contratación de servicios bajo el régimen del CAS, presumiendo este despacho que con la finalidad de limitar o desconocer los derechos laborales del agraviado.
40.- Por tanto, siendo que con la suscripción del contrato CAS se ha desnaturalizado dicha modalidad contractual, en el presente caso, dicho contrato no puede surtir efectos por cuanto con ello se estaría perjudicando al trabajador recortando sus derechos laborales, resultando por ello necesario que en estas circunstancias prevalezca la Constitución con la finalidad de garantizar el derecho al trabajo y a la dignidad humana de la parte accionante.
SOBRE EL PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD
41.- El Tribunal Constitucional ha señalado en múltiples sentencias como en los Exp. N° 991-2000—AA/TC; Exp. N° 525-99-AA/TC-Cajamarca; Exp. N° 598-2000-AA/TC-Puno y Exp. N° 731-99-AA/TC-Loreto, que: “Elprincipio
de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto este como un deber y un derecho, base del bienestar social, y medio de la objetivo de atención prioritaria
de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato administrativo de
servicios’’ {subrayado agregado). Similar criterio, ha sido reiterado en la sentencia N° 03216-2010-PA/TC cuando en el segundo párrafo del
Fundamento 4 señala “Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de! contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribieron tos demandantes fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido dicha situación de fraude constituiría un periodo independiente de! inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucionaí
(Subrayado agregado).
45.- En principio, de la lectura integral de mencionadas sentencias, nos lleva a determinar que se deben diferenciar 2 momentos o periodos: Antes de la suscripción del CAS y después de la suscripción del CAS. De estos 2 periodos, el Tribunal Constitucional, en los procesos antes citados, solamente se está pronunciando por el segundo periodo, es decir en los supuestos que se hayan suscrito contratos CAS válidos. No analiza en absoluto si el primer periodo fue o no desnaturalizado, por cuanto una vez suscrito un contrato CAS válido (no desnaturalizado), considera que el periodo anterior es totalmente independiente. Por tanto, el criterio establecido en los procesos antes mencionados resultan aplicables solamente para los casos en que los contratos CAS son válidos.
46.- Es con relación al segundo momento —posterior a la suscripción del CAS válido- que el Supremo intérprete de la Constitución ha establecido criterio respecto a los alcances del derecho a la 11protección adecuada que se les debe
brindar a los trabajadores del régimen laboral especia! del contrato administrativo de servicios contra el despido a r b itr a r io Por ello es que
concluye que en los contratos CAS válidos “no le resiüUi aplicable el régimen
procesa! de eficacia restitutoria (readmisión en el emp¡eo¡), sino únicamente el
contratos CAS, por tanto el criterio establecido en las sentencias antes mencionadas no resulta aplicable al presente caso, cuyos hechos materia de análisis está referido a la desnaturalización de los contratos CAS.
47.- Es preciso señalar que de la lectura de las sentencias en mención, se concluye que los casos sobre los cuales el Tribunal Constitucional ha establecido la eficacia restitutiva del CAS (indemnizatorio), están referidos a los
Contratos Administrativos de Servicios que han sido celebrados conforme a la Ley y a la Constitución. Pues, no es posible pensar que el máximo interprete de la Constitución esté avalando, con dichos criterios, la desnaturalización de los contratos CAS.
48.- El Tribunal Constitucional, como guardián del Estado democrático de derecho, de ningún modo puede avalar que las mismas entidades públicas, aprovechando su situación de poder, desnaturalicen un tipo de contrato especial, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el mismo
colegiado en desmedro de los cimientos democráticos de un Estado. Por esta razón, este despacho no tiene dudas que el Tribunal Constitucional en ningún momento ha pretendido “ampararJ’ la desnaturalización de los contratos CAS, sino que el criterio establecido responde para contratos suscritos que no han sido desnaturalizados.
Por lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 138° de la Constitución Política de Perú, el Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, resuelve:
1.- Declarar FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por WALTER ANAYA LLENQUE contra el GOBIERNO REGIONAL DE PÍURA.
2.- Cumpla, la entidad demandante a través de su titular, con reponer al demandante Walter Amaya Llenque en el puesto de trabajo aue tenía
antes de ser despedido, con
corresponden, bajo apercibimiento de hacer uso de las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional, que incluye la destitución del responsable en el incumplimiento del mandato judicial
3.- Declarar sin efecto legal los contratos de Contrato de Administración de Servicios -CAS- suscritos por la demandante por haber desnaturalizado la relación laboral.
4.- Requerir a los representantes de la entidad
demandada actuar con
diligencia en el ejercicio de sus funciones respetando los derechos
Notifíquese a las partes la presente resolución, y consentida fuera la presente, cúmplase y ARCHÍVESE.-
¡cutoriada que
Documenti simili a Exp 02670-2011 Accion de Amparo Walter Amaya Llenque - Sentencia 1ra Instancia
El Despido Fraudulento - Lesly Montoya Obregón
Sentencia Sobre Vencimiento Anticipado
Luz Emi Carrillo Ortiz
Dip. Clase Mayo 2019.ppt
Antonio Hechem
Rev TFJA Jun 2017 Unlocked
Altro di Jorge Manuel Ramirez Gianella
garantías básicas del debido proceso
Resumen - Michael Dobry (Movilizaciones Multisectoriales y actividad Táctica de los actores)
Marco Jurídico y Normativo de La Gestión Ambiental y Sustentabilidad
Solicitan a la Autoridad Nacional del Agua la solución al problema de la determinación de la naturalización del cauce del río Chilca
Derecho Constitucional - Ciencia Política 2 UNMSM
01-Ordenanza Indígena Municipal Del Municipio Maturín
El Medioambiente Como Derecho Humano - López Alfonsín y Tambussi
Debate Propuesta PlanDesarrolloBogotaPositiva
T-UCE-0003-267
Antología Derecho Constitucional I
loco 3d
Final Derecho Laboral
Ordenanza 1000-17 GADMR
A quién representar, qué representar - María Serena Piretti
M N García