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Timestamp: 2017-06-28 17:37:30
Document Index: 57452175

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 57', 'artículo 24', 'artículo 88']

(IVA), de 28 de diciembre de 1992, establece, en su Art. 1, que dicho impuesto
"es un tributo de naturaleza
indirecta que recae sobre el consumo y grava... las siguientes operaciones: a)
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o
profesionales. b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. c) Las
importaciones de bienes". Aquí interesan, desde luego, las entregas de
bienes. El Art. 8 de la Ley dispone, en su primer
apartado, que "se considerará
entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales,
incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos
bienes". El apartado dos del citado precepto de la ley reguladora del
IVA establece que "también se
considerarán entregas de bienes... 3º. Las transmisiones de bienes en virtud de
una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la
expropiación forzosa". Con todo, a menudo, la operación estará exenta
ya que suele recaer sobre terrenos no edificables”. En efecto, conforme al Art.
20.1.20 de la Ley, están exentas del IVA:
"las entregas de terrenos rústicos y demás que no
tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones de cualquier
naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de
una explotación agraria, y los destinados exclusivamente a parques y jardines
públicos o a superficies viales de uso público.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos
calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y demás normas urbanísticas, así como los demás terrenos aptos para la
edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia
La exención no se extiende a las entregas de los
siguientes terrenos, aunque no tengan la condición de edificables:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización,
realizadas por el promotor de la urbanización, excepto los destinados
exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas
edificaciones en curso de construcción o terminadas cuando se transmitan
conjuntamente con las mismas y las entregas de dichas edificaciones estén
sujetas y no exentas al Impuesto. No obstante, estarán exentas las entregas de
terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas construcciones de
carácter agrario indispensables para su explotación y las de terrenos de la
misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas”.
En tales supuestos, será aplicable el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales, de acuerdo con la regla general de que las
transmisiones de inmuebles exentas del IVA quedan sujetas a aquél (art. 4.4
LIVA y 7.5 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales).
En cuanto los terrenos “en curso de
urbanización”, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2003 (RJ
4010) considera que la delimitación de los terrenos urbanizados o en curso de
urbanización exige que se hayan iniciado las operaciones materiales de
urbanización, no siendo suficiente la integración en un plan de ordenación ni
la existencia de Junta de Compensación, criterio que confirma la STS de 8 de
noviembre de 2004 (RJ 7796).
En su caso, de todos modos, cabría plantear la
renuncia a la exención del IVA, en los términos establecidos en su ley
reguladora. Si se renuncia a la exención, además, se produce la inversión del
sujeto pasivo, que pasa a ser el adquirente (Art. 84. Uno. e) de la Ley del
Fuera de dicho supuesto, los sujetos pasivos
del IVA serán los transmitentes, aquí generalmente las sociedades expropiadas (Cfr. Art. 4.2 de la Ley del IVA), pues en el
caso de personas físicas profesionales raramente la expropiación afectará a su
actividad profesional, pero los sujetos pasivos están obligados, en general, a
repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se
realice la operación, quedando éste obligado a soportarlo (Art. 88 de la Ley
del IVA), de forma que, en principio, el
IVA sería soportado por la Administración expropiante o el beneficiario de la
expropiación. Durante un tiempo se sostuvo que el IVA debía entenderse incluido
en el justiprecio, por aplicación de las reglas de la contratación pública.
P.ej. en la Resolución del TEAC 15 de
noviembre de 2000 (Rec. 1803/1999). Posteriormente, se pasa a reconocer que el
IVA se calcule sobre el justiprecio como base imponible, sin estar incluido en él.
En este sentido, podemos citar la Resolución de la Dirección General de
Tributos núm. 124/1999, de 29 enero (JUR 2001\192077). Igualmente podemos citar
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana núm. 1004/2009 de 9
julio. (JUR 2009\375547) y núm. 357/2013 de 11 julio (JUR 2013\324608), así
como las Sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha núm. 73/2011 de 18 febrero y
núm. 72/2011 de 18 febrero (JUR 2011\144706).
Por lo demás, en relación con el IVA y las
expropiaciones se ha planteado igualmente el problema del devengo. A tenor del Art.
75.1.1º de la Ley vigente, se devengará el impuesto... en las entregas de
bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su
caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable",
lo que en el supuesto objeto de estudio sucede en el acto de la ocupación de los
bienes y derechos expropiados. Sin embargo, en caso de pago del justiprecio,
total o parcialmente, antes de la ocupación se estará al momento de pago, ya
que el Art. 75.2 de la Ley estatuye que "en las operaciones sujetas a
gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho
imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del
precio por los importes efectivamente percibidos", regla que aplica, por
ejemplo, la Resolución de 23 de marzo de 1995 del Tribunal Económico-Administrativo
Central (Rec. 10.933/92).
“Para la valoración del suelo urbanizado que no está
edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal
o se encuentra en situación de ruina física:
(…) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso
privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media
y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido”.
Se trata de una regla
semejante, aunque no idéntica completamente al Art. 29 de la Ley del Suelo y Valoraciones de 1998, a cuyo tenor "en los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano
o urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no
incluido en un determinado ámbito de
gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de su
valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos,
referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a efectos
catastrales esté incluido el mismo".
En desarrollo del precepto legal, el Art. 20.3 del Reglamento de Valoraciones de
la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de
24 de octubre, precisa
que “si los terrenos no tienen asignada
edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística se les atribuirá la
edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el uso
mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la
ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por
ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con
el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos
Los preceptos citados contemplan
supuestos en que el terreno concreto afectado por la expropiación carece de un
aprovechamiento urbanístico determinado, en cuyo caso hay que atender al
aprovechamiento medio del entorno, en los términos definidos por la legislación aplicable.
ser ésta una cuestión valorativa es de competencia
estrictamente estatal, y así se anuló una ley vasca pues “ una norma que establece una garantía mínima
otorgada por el legislador de un determinado valor urbanístico en defecto de
planeamiento entronca tanto con el art. 149.1.18 CE, en su vertiente relativa a
la fijación de criterios de valoración del suelo a efectos expropiatorios, como
con el art. 149.1.1 CE, en cuanto que la valoración se halla directamente
relacionada con las condiciones básicas del derecho de propiedad, lo que
determina que, en ambos casos, sea el Estado el competente para establecerla”
(STC 14/2007, de 18 de enero). La
competencia estatal es ratificada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2013 (Rec.
312/2012), en respuesta a la impugnación del precepto reglamentario por el
Ayuntamiento de Valencia, que igualmente rechaza la existencia de
extralimitación reglamentaria, en la medida en que el Texto Refundido llama
precisamente al desarrollo reglamentario.
En estricta aplicación de los
criterios generales de valoración urbanística se podría llegar a resultados
injustos: si el terreno no tiene aprovechamiento lucrativo, y se tiene en cuenta solo
ese aprovechamiento, el justiprecio sería
nulo. Antes al contrario, el aprovechamiento lucrativo que hay que tomar como
referencia es el atribuido a las parcelas colindantes, como señalan la
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1995, con la que concuerdan las
de 18 de diciembre de 1992 y 1 de
diciembre de 1992, al establecer que "la
valoración [del terreno] ha de ser independiente de su destino a vial en el
plan, ya que lo que ha de abonarse es el bien en la situación que el propio
plan establece por lo que existiendo éste ha de estarse a lo permitido por él
o, en su caso, al aprovechamiento medio fijado a los polígonos o unidades de
actuación sujetas a reparcelación, y si en aquél no se fijase aprovechamiento
alguno por razón de la calificación de los terrenos expropiados como zona de
parques, jardines, o con destino a viales, al de los terrenos colindantes, pues
sólo así se cumple el reparto equitativo de beneficios y cargas del
planeamiento, ya que la satisfacción del interés público, razón de ser los
sistemas generales, como lo es al que sirve la zonificación de parques y
jardines o destino a vial, no puede ser a costa del sacrifico singularizado de
un particular"; y "si en el procedimiento administrativo previo de
determinación del justiprecio y en el posterior proceso
contencioso-administrativo no se ha aportado el aprovechamiento que corresponde
a los terrenos colindantes, el aprovechamiento que deberá tomarse como
referencia vendrá referido por las ponderación de los valores señalados a
parcelas o solares afectados por la misma obra y colindantes con los ...
expropiados ...".
En esta línea, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1990 explica que "el justiprecio
del Jurado de Expropiación parte del error de valorar los terrenos según el
valor urbanístico reconocido a los mismos según su consideración en el
planeamiento como zona verde (sistema de parques y jardines de nueva creación,
de carácter local), sin atender a un criterio básico de distribución de cargas
y beneficios del planeamiento en lugar de acudir al aprovechamiento medio, como
acertadamente hace el perito procesal".
Por su parte, la Sentencia de
12 de julio de 1990 defiende que "existiendo
plan ha de estarse al permitido por él o, en su caso, al aprovechamiento medio
fijado a los polígonos o unidades de actuación sujetos a reparcelación, y si en
aquel no se fijase aprovechamiento alguno por razón de la calificación del
terreno expropiado como zona de parques y jardines o destino a vial, al de los
terrenos colindantes -Sentencia de 10 de diciembre de 1987".
El mismo criterio resplandece
en la Sentencia de 12 de abril de 1997, ponente Excmo. Sr. PECES MORATE, según
la cual, "al carecer [el suelo] en
este caso de aprovechamiento debido a su destino a zona verde o jardín, habría
que estar, según doctrina jurisprudencial consolidada (Sentencias de esta Sala
y Sección de 17 de marzo de 1993, 5 de febrero de 1994, 18 de junio de 1994, 24
de octubre de 1994, 15 de julio de 1995, 8 de noviembre de 1995, 18 de
noviembre de 1995 y 2 de enero de 1996 ... , al aprovechamiento de las parcelas
próximas más representativas a fin de preservar la eficacia del principio
rector del urbanismo, que obliga a respetar el derecho de los propietarios a
una distribución equitativa de los beneficios y cargas derivadas del
planeamiento, para cuya consecución el sistema más justo de valoración es
atribuir al suelo urbano carente de aprovechamiento en el plan el fijado por
éste a los terrenos limítrofes o más próximos ...".
Con igual perspectiva, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1997, de la que fue ponente el
Excmo. Sr. XIOL RÍOS, contiene el siguiente razonamiento: "Ciertamente, el Jurado de Expropiación
argumenta que, al estar el terreno expropiado dedicado a una plaza pública,
carece de aprovechamiento reconocido por el plan. Debemos sin embargo recordar
que esta circunstancia no justifica que se acuda a otros criterios subsidiarios
de valoración (y mucho menos a estimar no aplicables los criterios de
valoración legal tasada), sino que la jurisprudencia, teniendo en cuenta el
principio legal de equitativa distribución de los beneficios y cargas del
planeamiento, ha declarado que cuando aquella circunstancia concurre el técnico
debe calcular el valor de repercusión acudiendo al aprovechamiento concedido
por el planeamiento a los terrenos del entorno. Entre otras resoluciones, puede
citarse la Sentencia de esta Sala de 29 de enero de 1996 (recurso número
1354/1994), en la cual se declara que <<para la determinación del
aprovechamiento urbanístico el informe pericial [...] ha realizado un estudio
de los terrenos concretos que lindan con el suelo expropiado, que por
encontrarse destinado a viales carece de edificabilidad lucrativa, lo que
obliga a adoptar, como la sentencia combatida verifica, la correspondiente al
entorno>>. En el mismo sentido, la Sentencia de 9 de octubre de 1995
(recurso número 3906/1991) considera que <<procede desestimar esta
alegación porque el informe pericial, para hallar la edificabilidad que
utiliza, no se refiere a una finca concreta, sino a las zonas edificables y
edificadas más próximas a la finca expropiada, siendo acertado que, al tratarse
de un terreno que se ha de destinar a espacios libres y que, por tanto, carece
de edificabilidad, el perito lleva a cabo los correspondientes cálculos sobre
la base de la edificabilidad media del entorno de los terrenos que son objeto
de tasación>>".
Este criterio es confirmado,
entre otras muchas, por las Sentencias de 30 de junio y 26 de julio de 2001, 3
de diciembre de 2002 y 21 de febrero y 9
de marzo de 2006 y 21 de febrero de
2007, para las cuales el justiprecio debe determinarse según el aprovechamiento
urbanístico resultante del de las fincas más representativas del entorno.
La Ley de 1998 atendía
preferentemente al “polígono fiscal” y
el Texto Refundido vigente al “ámbito espacial homogéneo”, conceptos a los que
habrá que estar, salvo que no puedan determinarse o resulten inaplicables
(porque el polígono fiscal no tenga un aprovechamiento lucrativo o no haya un
ámbito espacial donde inscribir la finca con esa homogeneidad necesaria).
Así, según nos enseña la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012, “Es sabido que, cuando el planeamiento no atribuye aprovechamiento, debe
estarse, tal como ordena el Art. 29 LSV [semejante a la previsión
citada del vigente TRLS08, aunque no idéntico pues hace referencia al polígono
fiscal, referencia que suprime la Ley vigente], a la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso
predominante del polígono fiscal en que se halle el terreno expropiado. Pero en
el presente caso ocurre, sin que nadie lo haya puesto en duda, que el
aprovechamiento del polígono fiscal correspondiente no tiene carácter
lucrativo. Ello implica, con arreglo a un criterio jurisprudencial constante de
esta Sala -véase, por todas, nuestra sentencia
de 19 de octubre de 2011 (recurso de casación nº
3270/89)-, que como sustitutivo habrá de aplicarse el aprovechamiento del
entorno. Téngase en cuenta que el Art. 29 LSV, en el fondo, no es sino
un intento de formulación legislativa del mencionado criterio jurisprudencial,
que venía de más atrás en el tiempo; es decir, la referencia legal al
aprovechamiento del polígono fiscal opera como un modo de objetivar qué debe
entenderse por "aprovechamiento del entorno”. Ahora bien, en relación
con esta Sentencia, debemos poner de manifiesto, además de la supresión de la
mención al polígono fiscal y por tanto la irrelevancia de éste en el Art. 24.1
TRLS08, que es la norma de aplicación, la mención del mismo a “la edificabilidad media y el uso mayoritario”,
frente al Art. 29 de la Ley del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998
(LSV) que atendía a “la media ponderada
de los aprovechamientos, referidos al uso predominante”.
Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 15
de julio de 2013, ponente Excmo. Sr. FONSECA-HERRERA
RAIMUNDO, aparte de negar la falta de competencia estatal y la extralimitación
reglamentaria, aborda dos cuestiones más de interés.
primera son los terrenos a tener en
cuenta. Según el Art. 21 del
Reglamento de Valoraciones, a la hora de determinar la edificabilidad media
del ámbito espacial homogéneo, la fórmula correspondiente tiene un divisor en
el que se resta, a la superficie de
suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados, la superficie de
suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado
a su destino, en metros cuadrados. Esto es, no se tiene en cuenta en la superficie a considerar la afectada a un
destino público. Dice
así la Sentencia: “Es evidente, de no ser por el planteamiento de la parte,
sería innecesaria toda mención a ello, que en esta primera parte de la fórmula
(dividendo/numerador) solo se computan parcelas del Ámbito Espacial Homogéneo
con edificabilidad reconocida en la ordenación urbanística, es decir, los usos
y sus respectivas intensidades asignadas al suelo y que son susceptibles de
aprovechamiento y ejercicio privados. Así, es de resaltar cómo el artículo 20.3
del RV alude a "terrenos que no tiene asignada edificabilidad o uso
privado", en clara referencia al aprovechamiento privativo. Esos son los
únicos que se pueden cuantificar para su conversión en valores abstractos
susceptibles de ser atribuidos a suelos que no tienen asignada edificabilidad
en la ordenación urbanística y que, o no se computan o necesariamente
aparecerán computados como "0". Es incorrecto por tanto el planteamiento
de la parte actora en orden a que la fórmula detrae (de su divisor/denominador)
la superficie de suelo dotacional ya adquirido y afectado a su destino -SD-
cuando, por el contrario, no lo hace (la detracción) en su dividendo/numerador
y respecto de la edificabilidad ya materializada.
Lógicamente, y analizando ya la segunda parte de la
fórmula (divisor/denominador) esa media de edificabilidades homogeneizadas ha
de ser dividida por la superficie del Ámbito Espacial Homogéneo (SA) descontándose la superficie de suelos dotacionales
ya existentes y afectados a su destino (SD) y cuyo uso se pretenda mantener. Si
no se hiciese así, tal y como postula el Ayuntamiento de Valencia, el resultado
no sería otro que el atribuir edificabilidad a los suelos de dominio público ya
existentes, actuación claramente contraria a derecho. En definitiva, en el
divisor/denominador debe constar únicamente la superficie del Ámbito Espacial
Homogéneo que es susceptible de aprovechamiento lucrativo.
Como consecuencia de todo lo anterior puede decirse que la
finalidad de la fórmula de cálculo de la edificabilidad media en el Ámbito
Espacial Homogéneo no es otra que el cálculo del aprovechamiento
patrimonializable de terrenos que no lo tienen asignado por el planeamiento
-atribución efectiva de usos e intensidades susceptible de adquisición
privada-, es decir, la misma finalidad que la perseguida por el artículo 29 de
la Ley del Suelo y Valoraciones 6/1998. La diferencia existente entre ambos
preceptos radica en que mientras en el artículo 29 de la Ley 6/1998 se atendía
al aprovechamiento resultante de la media ponderada de los aprovechamientos,
referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que a efectos catastrales
estuviese incluido el terreno, en el artículo 24.1 del TRLS 2/2008 y en el
artículo 21 del RV se alude a la edificabilidad media del ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías el planeamiento haya incluido a los
terrenos, atendiendo al uso mayoritario”.
Aquí hay que recordar que el Art. 24.1 TRLS08 impone que debamos tomar en consideración “la
edificabilidad media y el uso mayoritario”.
uso mayoritario no es un uso ponderado de los distintos usos admisibles sino
simplemente “el (uso) que dispone de
mayor superficie edificable”, como lo define, por ejemplo, la Disposición
Preliminar, apartado14, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Por su parte, la Disposición
Adicional Única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aun cuando
no define el uso mayoritario, emplea este concepto al definir el “Uso predominante”, como “el uso característico de un ámbito, de tal
forma que sea mayoritario respecto del aprovechamiento total del mismo”. Así por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de julio
de 2011 expone: “La
Lletrada de la Generalitat defiende el promedio efectuado por el JEC de los
precios de venta de vivienda libre, con las distintas modalidades de protección
oficial a partir de lo dispuesto en el artículo 57.3 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de julio , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Catalunya, sin embargo, tal precepto es un mandato dirigido al
planificador, por lo que no constando que en el caso que nos ocupa tal
previsión se haya materializado, y refiriéndose el artículo 24.1 del Real
Decreto Legislativo antes citado al uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido, procederá excluir el valor promedio obtenido de aquella forma por el
JEC”, y por ello se aplica exclusivamente el valor de vivienda libre
(porque ese era, como ahora, el uso mayoritario).
Para el régimen anterior, de la Ley de 1998
(Art. 29), en cuanto se hablaba de “media ponderada”, se había entendido en
ocasiones que ello conllevaba a considerar la media de distintos usos. Por
ejemplo, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia de 29 de octubre de 2010 distingue entre el régimen del TRSL08, de uso mayoritario, y el de la LSV, de
media ponderada.Y en esta línea parece moverse
también la ya citada Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 de diciembre
Antes al contrario, la Sentencia objeto de
comenTario, de 15 de julio de 2013, se remite a la de 11 de octubre de 2011
(Rec. Casación nº 1596/2008), que referida al Art. 29 de la Ley del Suelo y
Valoraciones de 1998, rechaza la toma en consideración de distintos usos, sino
que debe estarse al uso predominante (salvo que quepa considerar varios usos al
tiempo como predominantes), lo que sería igualmente aplicable al uso
mayoritario según el Texto Refundido y el Reglamento de Valoraciones vigentes.
Nos dice así, con cita como decimos de la
previa Sentencia de 2011:
“Una vez sentado lo anterior, la comprensión del art. 29
LSV exige examinar tanto la noción de "media ponderada" como la de
"aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono
fiscal". Comenzando por ésta última, es claro que el ámbito espacial a
tener en cuenta es el polígono fiscal donde se halle la finca, por lo que
cualquier utilización de aprovechamientos ajenos al polígono fiscal
correspondiente no resulta conforme al art. 29 LSV . Dicho esto, es claro que
en el inciso que se acaba de transcribir la palabra "aprovechamiento"
vuelve a significar edificabilidad, como ocurría en la descripción del supuesto
de hecho, pues de lo que se trata es de tener en cuenta, a los solos efectos
valorativos, las edificabilidades existentes en el polígono fiscal. Pero las
edificabilidades que hay que tener en cuenta -y éste es un punto crucial- no
son todas las existentes en el polígono fiscal, sino únicamente las referidas
al uso predominante. Si en un mismo polígono fiscal hay edificabilidad para
usos diferentes, sólo se tendrá en cuenta aquélla que corresponda al uso más
abundante o numeroso y que, por consiguiente, pueda calificarse de
"predominante". Las edificabilidades correspondientes a usos
no predominantes en el polígono fiscal no se computan a efectos de hallar
la media ponderada. Repárese que esto es lo mismo que, con anterioridad a la
aprobación de la Ley del Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998, venía ya
aplicando la jurisprudencia para dar respuesta al problema planteado por el
suelo urbano o urbanizable carente de aprovechamiento lucrativo: se acudía al
aprovechamiento de las llamadas "fincas representativas del entorno",
en el bien entendido que esa representatividad venía dada precisamente por el
uso predominante en el entorno. Véanse, entre otras, las sentencias de esta
Sala de 30 de abril de 2001 , 25 de marzo de 2004 , 30 de marzo de 2004 , 21 de
junio de 2006 y 17 de noviembre de 2010 . El art. 29 LSV no hace, en
definitiva, sino encapsular en una fórmula legal el mencionado criterio de
origen jurisprudencial, lo que confirma ulteriormente la exigencia de
descartar, al calcular la media ponderada, las edificabilidades para usos
diferentes del predominante en el polígono fiscal.
Incidentalmente, conviene señalar que puede a veces
resulta difícil determinar con precisión cuál es el uso predominante de un
polígono fiscal, por existir dos o más usos en similar proporción. En esta
hipótesis, lo procedente con arreglo al art. 29 LSV es considerar que esos usos
existentes en proporción similar son predominantes y, una vez ponderados,
tenerlos todos en cuenta para hallar el aprovechamiento a efectos valorativos.
En cuanto a "la media ponderada" de los
aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal, se trata
de un concepto matemático cuya previsión por el art. 29 LSV responde seguramente
a la necesidad de reducir a cantidades conmensurables edificabilidades que, por
tener intensidades diferentes, no son automáticamente comparables. Ello se
logra mediante la ponderación. Así, la media ponderada de que habla el art. 29
LSV no es la simple media aritmética, sino que en palabras del Diccionario de
la Real Academia Española es el "resultado de multiplicar cada uno de los
números de un conjunto por un valor particular llamado su peso, sumar las
cantidades así obtenidas, y dividir esa suma por la suma de todos los
pesos". No es ocioso, por lo demás, recordar que los aprovechamientos cuya
media ponderada debe hallarse son los de aquellos sectores o unidades
territoriales -cualquiera que sea su denominación según la legislación urbanística
autonómica de cada lugar- que, dentro del polígono fiscal, están destinados al
uso predominante. Para el cálculo del aprovechamiento dentro de cada uno de
esos sectores -donde se lleva a cabo la equidistribución de beneficios y cargas
y, en su caso, las cesiones obligatorias- habrá que excluir la superficie que
esté destinada a usos no susceptibles de apropiación privada, es decir, a
viales y dotaciones públicas. La razón de esta exclusión es que, como ha
observado repetidamente esta Sala, el suelo llamado a un destino no lucrativo
no puede ser tenido en cuenta al aplicar el art. 29 LSV , pues ello equivaldría
a hacer depender el valor de las fincas afectadas de la finalidad a que el
planificador destina la zona donde se hallan: por la misma razón por la que, a
tenor del art. 36 LEF, las plusvalías derivadas del proyecto que
legitima la expropiación no pueden ser tenidas en cuenta para valorar el bien
expropiado, tampoco pueden ser tomadas en consideración las minusvalías
dimanantes de aquél. Véanse en este sentido, entre otras muchas, las sentencias
de esta Sala de 21 de abril de 2009 , 17 de mayo de 2011 y 21 de septiembre de 2011”.
edificabilidad media,
reglamento de valoraciones,
Se trata de un recurso de casación interpuesto por una Universidad contra la Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, en el recurso interpuesto contra la desestimación presunta
de la solicitud de reversión de la antigua parcela que fue expropiada en
su día la Junta de Construcción, Instalaciones y Equipo Escolar (Ministerio de
Educación y Ciencia), para la construcción del Centro de Ensayos e
Industria Eléctrica y la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Madrid y laboratorio anejo.
Se recurre la resolución del TSJ de Madrid que
estimó el recurso contencioso-administrativo y declaró el derecho de reversión de los recurrentes
de la antigua parcela.
La parte recurrente
alega la infracción de los artículos 54.1.y 54.3b) LEF, así como de los
artículos 63.a) y 64.2 del REF, en correlación con los preceptos mencionados de
la legislación estatal del suelo que constituyen el único fundamento jurídico
en que se asienta la decisión del Tribunal "a quo" para reconocer el derecho de
Frente a la Sentencia de instancia que determina
que concurre el motivo de reversión por inejecución de la obra que motivó la
expropiación durante los dos años posteriores a la solicitud de reversión, la Universidad recurrente sostiene que no ha podido realizar actuación alguna tendente a
la ejecución de la obra por encontrarse la parcela sometida a la disciplina
urbanística del ámbito de actuación a que ahora pertenece. El TS desestima este motivo, porque 1) la obra nunca fue ejecutada a pesar de los años
transcurridos desde la expropiación de los terrenos, y por tanto concurre el
supuesto de inejecución material de la obra; y 2) la alegación de la recurrente
de imposibilidad de ejecución decae porque no se han realizado actuaciones encaminadas a satisfacer la causa de la expropiación (con cita de la STS de 5 de marzo de 2013).
Con carácter subsidiario, la Universidad denuncia en el segundo
motivo la vulneración de los artículos 218 LEC y 33.1 LJCA, por cuanto la
Sentencia de instancia incurre en incongruencia al dejar sin resolver la
cuestión planteada por ambas partes sobre la determinación del importe a abonar
por los reversionistas al titular de la finca. Este segundo motivo es estimado. Se afirma que
es indiscutible que no se ha hecho ningún pronunciamiento sobre el modo en que
debe establecerse el precio de revisión. Y ello porque el art. 55 LEF, donde esta materia está regulada, contempla
dos sistemas diferentes -en sus apartados primero y segundo respectivamente-
según que el bien expropiado haya permanecido inalterado o no.
En este caso, en
concreto consideran que es de aplicación el apartado segundo del art. 55 LEF,
dado que ha habido cambios en la calificación jurídica del bien expropiado, que suponen
una innegable mejora de su valor económico con respecto al momento en que tuvo
expropiación. De aquí que sea inexcusable proceder a la
fijación de un nuevo justiprecio por el Jurado de Expropiación, que deberá
fijar el valor de la parcela en el momento en que por vez primera se solicitó la reversión. El
importe así calculado habrá de ser abonado por los demandantes a la Universidad como presupuesto para el efectivo ejercicio de su derecho de
dificultades urbanísticas,
inejecución,
legalidad urbanística,
- Finalmente, por lo que se refiere a la revisión de la pericial en casación: “Con carácter general, debe recordarse, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones (por todas nuestra sentencia de 7 de octubre de 2011, rec. nº 978/2008), que "...el órgano judicial, como se afirma entre otras en Sentencia de 12 de febrero de 1996, no está vinculado por el resultado de la prueba pericial como tampoco lo está por los acuerdos de los Jurados, siempre que razone debidamente la discrepancia y apartamiento de la pericia, bien por indebida aplicación de elementos de hecho o por incoherencia o falta del necesario razonamiento o por contradicción con otras pruebas, dado el principio de valoración conjunta de la prueba.". A renglón seguido debe decirse, que no cabe invocar en casación los preceptos que en la valoración de la prueba obligan a sujetarse a la sana crítica con el fin de sustituir la del juzgador por la propia (sentencia de 17 de noviembre de 2009, rec. nº 108/2006, entre otras), pues, debe anticiparse ya, no se aprecia, en los términos y con los límites, ya apuntados antes, en que se desarrolla la litis en la primera instancia (que también han de condicionar las lindes de esta casación), que la Sala sentenciadora se haya conducido con falta de lógica o irracionalidad en la valoración de la prueba, o que le lleve su valoración a conclusiones inverosímiles. A estos efectos, no estará de más recordar, como dijimos en nuestra STS de 23 de febrero de 2009 (Rec. Cas. 6289/2005 ), que "el recurso de casación no es el camino adecuado para revisar la apreciación de la prueba realizada por los jueces a quo ni para alterar el relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, salvo que se sostenga y se demuestre, invocando el motivo de las letra d) del artículo 88, apartado 1, de la Ley 29/1998 , la infracción de algún precepto que discipline la apreciación de pruebas tasadas o que esa valoración resulta arbitraria o ilógica [véase, por todas, las sentencias de 6 de octubre de 2008 (casación 6168/07, FJ 3º), y 26 de enero de 2009 (casación 2705/05 , FJ 2º)]. No basta, pues, con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, o incluso que es erróneo, sino que resulta menester demostrar que las inferencias realizadas son, como decimos, arbitrarias, irrazonables o conducen a resultados inverosímiles [véanse las sentencias de esta Sala y Sección, de 24 de octubre (casación 2312/96, FJ 3º) y 21 de noviembre de 2000 (casación 2930/96 , FJ 10º)]". Francisco García Gómez de Mercado
tasada,
expropiación ilegal,