Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/abr/20010419.html
Timestamp: 2019-04-25 19:59:49
Document Index: 80199360

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Gaceta Parlamentaria, año IV, número 731, jueves 19 de abril de 2001
Dictamen, y Voto particular
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Orden del Día de la sesión del jueves 19 de abril de 2001
De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración del Pleno el jueves 19 de abril de 2001.
De los Congresos de los estados de Durango, Jalisco y San Luis Potosí.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
Del Congreso del estado de Coahuila, en relación a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Informe de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
De reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y a los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias, a cargo del Dip. David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 8º de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
De la Secretaría de Gobernación, cuatro con los que se remiten comunicaciones de los estados de Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala, respecto a la adecuación de sus constituciones con motivo de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Cámara de Senadores, con Proyecto de Decreto que concede permiso a ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania.
Dcitámenes
De la Comisión del Distrito Federal, de su tercera reunión ordinaria.
De la Comisión del Distrito Federal, de su cuarta reunión ordinaria.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, a su reunión extraordinaria, el jueves 19 de abril, a las 8:30 horas.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a su sesión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 9 horas.
De la Comisión de Pesca, a su reunión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, a su reunión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 11 horas.
SESION DEL JUEVES 19 DE ABRIL DE 2001
De los Congresos de los estados de: Durango, Jalisco y San Luis Potosí.
Del Congreso del estado de Coahuila, con relación a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Que adiciona el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 81 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Fernando Ortiz Arana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Que reforma la Ley Federal de Derechos de Autor, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 2º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 8º de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Cuatro con los que se remiten comunicaciones de los estados de: Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala, respecto a la adecuación de sus constituciones con motivo de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Federico Salas Lotfe y Bertha Larios Alzua, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania. (Turno a Comisión).
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Gobierno Federal realice la aportación correspondiente a la duodécima reposición de recursos a la asociación a que se refiere la ley que establece las bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Gobierno Federal realice la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o partes sociales del Organismo a que se refiere el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
Proposiciones pendientes del 10 de abril
Proposiciones pendientes del 17 de abril
Con Punto de Acuerdo en relación a los consulados mexicanos, en Estados Unidos de Norteamérica, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).
Con Punto de Acuerdo en relación a la problemática de la tortuga en las costas de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a las declaraciones del Presidente Vicente Fox Quesada, sobre el proyecto de reforma fiscal, a cargo del Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el tema de la reforma fiscal, a cargo del Dip. Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo referente a los concesionarios de Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, SA de CV, a cargo de la Dip. Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la actitud mediática del Ejecutivo Federal contra el Congreso de la Unión, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DEL PLENO EL JUEVES 19 DE ABRIL DE 2001
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.
En el Palacio Legislativo de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cuarenta y un minutos del martes diecisiete de abril de dos mil uno, con la asistencia de cuatrocientos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
El Presidente informa del sensible fallecimiento del diputado a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, José Mario Rodríguez Alvarez y la Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.
La diputada María Eugenia Galván Antillón, del Partido Acción Nacional, hace una semblanza del diputado José Mario Rodríguez Alvarez.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo, con acuerdo relativo al asesinato del mexicano Roberto Chávez Reséndiz, por parte de un agente de migración de los Estados Unidos de América. De enterado.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo que crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros. Se aprueba en votación económica. Cúmplase.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo para enviar al archivo proyectos de resolución derivados de temas cuya vigencia resulta extemporánea. Se aprueba en votación económica. Notifíquese a los interesados y cúmplase.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo a proposiciones con punto de acuerdo sobre la problemática del virus de la tristeza de los cítricos en el Estado de Yucatán. De enterado, transfiérase el expediente a la Comisión de Agricultura y Ganadería y cúmplase.
Se refieren al tricentésimo sexto aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, las diputadas: María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México;
y Maricruz Cruz Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputados.
La diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el cual remite iniciativa de Ley de Capitalización del Programa de Apoyos Directos al Campo. Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permisos para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Dos minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Otra minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden permiso para que el ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el alcalde de la Ciudad de Atenas, y para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno de Rumania. Son de primera lectura.
La Asamblea les dispensa la segunda lectura en votación económica, y sin discusión se aprueban por trescientos cincuenta y ocho votos en pro y siete en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y siete de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una comunicación de la Mesa Directiva de la Comisión Dictaminadora, por la que propone modificaciones al proyecto de decreto. La Asamblea las aprueba en votación económica.
Para fundamentar el dictamen, sube a la tribuna el diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de la Comisión Dictaminadora.
Fijan la posición de sus respectivos partidos políticos, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; José María Rivera Cabello, del Partido Acción Nacional; y Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifica hechos el diputado José del Carmen Soberanis González, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera el asunto suficientemente discutido en votación económica.
La Secretaría da lectura al proyecto de decreto, mismo que se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por cuatrocientos cuarenta y cuatro votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados: Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados, el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo dos mil uno - dos mil seis y para que comparezca a exponerlo el Secretario de Gobernación. Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación y Seguridad Pública, ésta última a solicitud del diputado Adrián Rivera Pérez.
Sobre el mismo tema, habla la diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática. María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de Diputados ratifique el pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre los nombramientos hechos por el Presidente de la República para integrar el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y a la de Energía.
Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; y Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados: Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, y antes de su última intervención, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un oficio mediante el cual se dio cumplimiento al punto de acuerdo de la Comisión Permanente sobre la integración del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y a un oficio remitido por el Ejecutivo en relación con el mismo; y Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional.
Agotado el tiempo reglamentario de la sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves diecinueve de abril de dos mil uno a las once horas.
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un Punto de Acuerdo, el cual nos permitimos transcribir, para su conocimiento y efectos legales convenientes: "Primero.- El H. Congreso del Estado de Durango se manifiesta en contra de eliminar la tasa cero y cobrar el IVA en medicinas y alimentos".
"Segundo.- Se haga llegar el presente Punto de Acuerdo al Congreso de la Unión para que sea considerado al momento de discutir la reforma fiscal anunciada y no se afecte más la calidad de vida de las familias mexicanas". Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Victoria de Durango, Dgo., a 27 de marzo de 2001.
Dip. Pedro Luna Solís (rúbrica)
Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
La Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en sesión de fecha 3 de los corrientes, aprobó el Acuerdo Económico número 78101 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual esta Legislatura se pronuncia a favor de hacer una solicitud a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa alta representación popular y a la Semarnat, a efecto de que intervengan y tomen medidas urgentes, tanto jurídicas como técnicas, en la recuperación y restauración del lago de Chapala y evalúen las acciones y medidas implementadas por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en la administración del agua.
Por instrucciones de la Directiva de esta Honorable Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, solicitándoles sí a bien lo tienen informen a este cuerpo legislativo estatal, las acciones que tomen al respecto.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles nuestra consideración y respeto.
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril del 2001.
La suscrita diputada, Ena Luisa Martínez Velasco, integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Jalisco y, en uso de la facultad que me confieren los artículos 16, de la Constitución Política para el Estado de Jalisco, 85 y 88, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Jalisco, someto a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la siguiente Iniciativa de Acuerdo Económico a efecto de que esta soberanía haga una atenta solicitud al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que intervengan y tomen medidas urgentes, tanto jurídicas como técnicas, en la recuperación y restauración del lago de Chapala y en la evaluación de acciones y medidas implementadas por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en la administracion del agua.
1.- El lago de Chapala se ubica en la parte sur de la altiplanicie mexicana, en lo que se denomina mesa central. Tiene una longitud de 82.18 kilómetros, una anchura promedio de 12.5 kilómetros; una superficie de 1,100 kilómetros cuadrados y una capacidad de 6,354 millones de metros cúbicos. Es el lago más grande de la República Mexicana, el tercero en tamaño en América Latina y el segundo en altura en América, después del Titicaca. Se encuentra en los estados de Jalisco y Michoacán y funge como vaso regulador de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que abarca aproximadamente 123,530 kilómetros cuadrados en los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit.
2. El lago de Chapala drena una superficie aproximada de 5,120 kilómetros cuadrados. Además de ser vaso regulador de la cuenca, como señalamos, ofrece los siguientes servicios: turismo, recreación, agricultura (los cultivos más comunes son de maíz, sorgo, trigo, garbanzo y hortaliza, así como el cártamo), abastecimiento de agua, pesca (de la que aún proviene un porcentaje considerable del valor de la producción estatal, así como el empleo directo de las personas que se dedican a ello; las especies aprovechadas son: charal, pescado blanco, bagre, carpa y mojarra) y deportes acuáticos. De éstos y otros factores depende la economía de la ribera, determinada definitivamente por las condiciones del lago.
3. Chapala abastece de agua a 70 por ciento de la zona metropolitana de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
4. Las autoridades federales y locales han puesto en marcha diversos programas institucionales para regular el lago de Chapala; entre los más significativos se encuentran:
i) Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo federal, los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales, para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (13 de abril de 1989). Anexo 1.
ii ) Acuerdo de Coordinación por el cual se constituye el Consejo Consultivo de Evaluación y Seguimiento a los compromisos contraídos en el acuerdo mencionado en el punto anterior, para desarrollar un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (1º de septiembre de 1989). Anexo 2.
iii) Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo federal, los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y diversas secretarías de Estado, a fin de poner en marcha un programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala (agosto de 1991). Anexo 3.
iv) Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo federal, por conducto de diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales, así como los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, con el objeto de realizar un programa de coordinación especial que permitirá reglamentar el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas subterráneas de la cuenca Lerma-Chapala; llevar a cabo la segunda etapa del programa de saneamiento de la cuenca; ordenar el aprovechamiento de las aguas residuales y emprender acciones de fomento acuícola-pesquero; de agua limpia; uso eficiente de agua y de manejo de cuencas (28 de enero de 1993).
v) Programa de Trabajo Chapala 2000 de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap) y el Gobierno del Estado de Jalisco, coordinadamente con los programas nacionales de reforestación, desarrollo forestal, manejo de la vida silvestre, plantaciones forestales y, uso eficiente del agua. Se fomentará el manejo sustentable de especies no maderables y de la vida silvestre a través de las Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS). Anexo 5. Las acciones planteadas para el año 2000 son:
Incrementar la capacidad de captación de agua y disminuir la cantidad de azolve.
Mantener los niveles de agua conforme al acuerdo de distribución.
Continuar con el programa de saneamiento.
Ordenar la producción pesquera.
5. Chapala constituye una síntesis de los problemas de conservación de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico por ser su vaso receptor. Esto se traduce en una cantidad considerable de metales pesados contenidos en su líquido, que provoca graves enfermedades en su población piscícola; la desmedida extracción de agua; y gran cantidad de nutrientes que genera la sobrepoblación del lirio acuático.
La situación actual de la Cuenca Lerma Santiago en el Estado de Jalisco es crítica y compleja, este año según la Comisión Nacional del Agua, se encuentra en una de las peores crisis de los últimos 101 años bajo a la cota el 26 de marzo del año en curso registrada en 91.55 y con un porcentaje 18.93% de la capacidad total.
La condición general del lago de Chapala, de los ríos Lerma, Duero, Santiago y Zula presentan globalmente, drásticas reducciones en los aportes del Lerma debido a la creciente demanda de agua en el Bajío, donde es retenida en varias presas (11 aproximadamente, de las cuales 5 pertenecen al estado de Guanajuato), debido a esta reducción del acceso de las fuentes hídricas, cada vez hay menos agua, lo que la convierte en un recurso escaso, que tiende a ser utilizado y sobrexplotado en la parte alta de la cuenca, impactando con ello negativainente al lago de Chapala, al no permitirle que los verdaderos volúmenes acordados ingresen a este cuerpo de agua y el deterioro de la calidad del agua; la contaminación que padece el agua durante toda la cuenca, ha sido totalmente demostrada por diversos especialistas e investigadores, resultando que el poco volumen que llega a nuestro estado presente concentraciones de contaminantes que por mucho rebasan los niveles máximos permitidos de descargas establecidas en la normatividad ambiental.
El Ing. Ramón García Mayén, Gerente Regional de la Comisión Nacional del Agua, reconoció que el lago de Chapala se encuentra en los niveles más críticos y su "salvación está en manos de la naturaleza" y que cada día el lago de Chapala baja en su nivel de 3 a 4 millones de metros cúbicos o bien un centímetro cada tercer día lo que lo sitúa en peligro de desaparecer, no obstante, la difícil situación de Chapala, no se llevará a cabo ningún trasvase de otras presas.
La Comisión Nacional del Agua informa que para evitar un colapso por la falta de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ante una eventual falla del acueducto Chapala-Guadalajara, la unidad de proyectos del SIAPA, viene ejecutando obras diversas en el canal de Atequiza, con el fin de rehabilitar esta obra alterna, así como las obras de poco más de 4 mil metros en el canal de Ocotlán, con la compra e instalación de 12 plantas de bombeo y desasolve del canal Atequiza-Las Pintas, que es el tramo final para conectar el agua de Chapala, estas obras representan un monto de 10 millones de pesos, que quedarán inhabilitadas luego de que se normalice el temporal.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a la elevada consideración de esta H. Asamblea Legislativa el siguiente
Unico.- Esta soberanía se pronuncia a favor de hacer una atenta solicitud a la Semarnat y a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que intervengan y tomen medidas urgentes, tanto jurídicas como técnicas en la recuperación y restauración del lago de Chapala y en la evaluación de acciones y medidas implementadas por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en la administración del agua.
Guadalajara, Jalisco, 3 de abril de 2001.
Dip. Ena Luisa Martínez Velasco (rúbrica)
Fracción parlamentaria del PVEM
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado, abrió el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Ismael Trujillo Martínez
Primer Vicepresidente: Dip. Fernando Toranzo Fernández
Segundo Vicepresidente: Dip. Gabriel López Maya
Primer Secretario: Dip. Malaquías Guerra Martínez
Segundo Secretario: Dip. Xicoténcatl Turrubiartes Flores
Primer Prosecretario: Dip. Efraín Rodríguez Gallegos
Segundo Prosecretario: Dip. Olivo Martínez Borja
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Dip. Ismael Trujillo Martínez (rúbrica)
Dip. Malaquías Guerra Martínez (rúbrica)
Dip. Xicoténcatl Turrubiartes Flores (rúbrica)
"2001, Año del Fortalecimiento de la Cultura del Agua"
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SEGUNDA LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 9 de abril de 2001.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Por este conducto, me es grato comunicar a usted que en la sesión celebrada el día de hoy, se resolvió y aprobó enviar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento el siguiente:
Punto de Acuerdo "Unico: Hacer llegar al Honorable Congreso de la Unión, la preocupación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la presentación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Iniciativa para gravar con el 15% los medicamentos y alimentos así como la enérgica protesta por las consecuencias que dicha medida ocasionaría en los inventarios de medicamentos y prestación de servicios a la población radicada en el Distrito Federal, principalmente a la población abierta que carece de la cobertura institucional de la seguridad social, y que acude a los hospitales y centros de la Secretaría de Salud en el Distrito Federal, así como de otras instituciones gubernamentales para la atención de sus padecimientos." Presentado por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática.
Anexo al presente copia de la propuesta de Punto de Acuerdo en comento. Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Dip. Juan José Castillo Mota (rúbrica)
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, EN RELACION A LAS REFORMAS AL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. Dip. Manuel Medellín Milán
C. Dip. Bernardo Borbón Vilches
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Recibimos su oficio número DGPC 58-II-0-069, mediante el cual se solicita que se informe sobre el estado que guardan las adecuaciones que deben hacerse a la Constitución y a la legislación local, como consecuencia de las reformas al artículo 115 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente el año de 1999.
Atendiendo a lo solicitado, hacemos de su conocimiento que para cumplir con lo anteriormente señalado, el Congreso del Estado aprobó y expidió el Decreto número 148 de fecha 8 de marzo del presente año, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia municipal y de justicia constitucional local.
Asimismo, con fecha 14 de marzo del año en curso, se aprobó y expidió el Decreto número 149, mediante el cual se reformaron 12 ordenamientos de la legislación estatal, en concordancia con las mencionadas reformas a la Constitución local y al artículo 115 de la Constitución General de la República.
Por otra parte, les comunicamos que los decretos a que se alude anteriormente, fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 20 de marzo de este año y entraron en vigor al día siguiente de su publicación.
Sin otro particular y en espera de que esta información cumpla debidamente con lo solicitado, protestamos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Saltillo, Coahuila, a 9 de abril del año 2001.
El Oficial Mayor del Congreso del estado
Dip. Sergio Félix Landeros (rúbrica)
Dip. José Luis Márquez Fernández (rúbrica)
INFORME DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION
Palacio Legislativo, 30 de marzo de 2001.
Presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República
Presidente de la Mesa Directiva en la H. Cámara de Diputados
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y en cumplimiento con lo señalado en la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 132, apartado 3, que a la letra dice: "La Comisión informará al inicio de cada periodo de sesiones ordinarias en cada Cámara a través de las respectivas mesas directivas sobre el desarrollo de las actividades del Canal", por este conducto anexo dicho informe para su consideración.
Presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión
DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y A LOS ARTICULOS 4 Y 6 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON OBJETO DE AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, A CARGO DEL DIP. DAVID RODRIGUEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4° y 6° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias, al tenor de la siguiente:
En los últimos años el sistema de gobierno en México ha mostrado avances significativos, lo cual constituye un factor que estimula el cambio hacia un nuevo diseño institucional del país.
En todo momento, los diputados estamos obligados a escuchar el sentir de los ciudadanos que nos exige cumplir con la responsabilidad encomendada. Nuestra participación en el Congreso es una oportunidad para mostrarle a los mexicanos que la confianza puesta en nosotros, tendrá una respuesta positiva.
Como parte responsable del destino del país, debemos dar con anticipación y oportunidad los pasos adecuados para cumplir con este momento transcendental en la historia de México, ampliando el segundo Período Ordinario de Sesiones para que se logre el deshago de los asuntos legislativos y en su caso político que se presenten.
Debemos saber que estos periodos se entienden como los lapsos en los cuales se realizan las sesiones y por ende cuando el Congreso realiza sus funciones, sin detrimento de que la labor legislativa y parlamentaria continúe en comisiones.
Así tenemos que en el ámbito del derecho internacional comparado, los periodos de sesiones ordinarias son variados; en Alemania por ejemplo, es permanente, esto significa que la asamblea se reúne y cierra sus sesiones cuando lo estima pertinente; en España se celebran dos periodos de sesiones, con una duración el primero de cuatro meses (de septiembre a diciembre) y el segundo con una duración de cinco meses (de febrero a junio); Francia cuenta también con dos periodos, el primero de 80 días (iniciando el 2 de octubre) y el segundo de 90 días (iniciando el 2 de abril). Ahora bien, en América Latina, tenemos a Colombia el cual cuenta con dos períodos, con una duración el primero de casi cinco meses (20 de julio al 16 de diciembre) y el segundo de 3 meses (16 de marzo al 20 de junio); en Panamá el primer periodo es de 4 meses ( 1º de septiembre al 31 de diciembre) y el segundo también de casi 4 meses (1º de marzo al 31 de junio), por mencionar algunos.
Aunado a lo anterior, cabe acotar que en México la mayoría de la Constituciones Mexicanas se habían inclinado por establecer dos periodos ordinarios de sesiones, sin embargo del periodo del Porfiriato a la Constitución de 1917 y hasta 1986, existía sólo un periodo que duraba del 1º de septiembre al 31 de diciembre. Fue hasta el 7 de abril 1986 que se publicó en el DOF Decreto que reformó los artículos 65 y 66 constitucionales, estableciendo nuevamente dos periodos de sesiones. En el Dictamen respectivo, se argumentó que el propósito de ampliar la duración y periodicidad de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, era aumentar el tiempo efectivo de trabajo y fortalecer, de esta manera, su acción a través del establecimiento de dos periodos, con lo que se propiciaría una adecuada programación del trabajo legislativo y permitiría contar con mayor tiempo a lo largo de dichos periodos; por dicha reforma el primer periodo se estableció el 1º de noviembre al 15 de diciembre y hasta el 31 de diciembre en caso del supuesto establecido en el artículo 83 constitucional, y el segundo del 15 de abril al 15 de julio, teniendo éste último una duración de tres meses.
No obstante por reforma del 3 de septiembre del 93, se reformó la Constitución a efecto de ampliar el primer periodo de dos meses a tres y medio (cuatro en el caso del supuesto mencionado) y disminuir el segundo de tres meses a mes y medio para quedar como actualmente se encuentran.
Actualmente los cinco meses y medio de sesiones ordinarias no responden a las expectativas de la nación, por eso con la ampliación del segundo periodo de sesiones ordinarias aspiramos a hacer más productivo el trabajo legislativo y parlamentario en el Congreso de la Unión.
Si bien es cierto que la labor legislativa no se desarrolla únicamente en las sesiones de la Cámara éstas se efectúan dos días de cada semana, quedando tres días hábiles para reuniones de comisiones y seis meses y medio de tiempo sin aprovechar al máximo.
Es evidente que ampliar los periodos da como resultado un fortalecimiento y consolidación del Poder Legislativo, con el consecuente beneficio al esquema de división de poderes
Los ciudadanos con su participación en las urnas han realizado un voto por un Congreso en cuyas Cámaras de Diputados y Senadores impere el equilibrio de fuerzas. Con ese mandato no podemos dejar de asumir a plenamente nuestra función de Poder Legislativo.
Ahora bien, objetivo de la presente iniciativa es fortalecer y dignificar los trabajos del Poder Legislativo, así como la división de Poderes mediante reformas a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos que permiten reforzar no sólo la tarea parlamentaria sino el equilibrio republicano como garantía de control y autocontrol del Poder.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
Iniciativa de reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4° y 6° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 65.- El congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones.
Artículo 66.- Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de Mayo del mismo año.
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 4° en sus numerales 1 y 2 y el artículo 6° en su numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 4°. 1.- De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones.
2.- Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de Diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en la cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. Artículo 6°. 1.- El 1° de septiembre, a las 17:00 horas y el 1° de marzo a las 11:00 horas de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias. Trasitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor en el próximo periodo ordinario, al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: José Carlos Borunda Zaragoza (rúbrica), María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Abelardo Escobedo Prieto (rúbrica), Gregorio Arturo Meza de la Rasa (rúbrica), Luis Villegas Montes, David Rodríguez Torres (rúbrica).
QUE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
Los suscritos diputados a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con las influencias doctrinales del moderno Estado constitucional y de los teóricos que la sustentaron, entre ellos Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes, establecen la necesidad de la división del Poder Público para evitar que el mismo pueda ser ejercido de manera autocrática por un solo individuo.
Desde el siglo XVIII en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se estableció que el Poder Público se dividía en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En nuestro país y desde la Constitución del 4 de octubre de 1824 se establece también ese principio de división del Poder Público, mismo sistema que siguen nuestras cartas constitucionales de 1857 y 1917.
Sin embargo, en el siglo XX algunos tratadistas, particularmente Karl Loewenstein, establecieron que la división del Poder público no era tajante y absoluta sino que entre ellos existía una colaboración para poder lograr la consecución de los fines del Estado.
Nuestro texto constitucional en lo que se refiere al proceso legislativo establece una clara colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por una parte el artículo 71 establece quiénes tienen facultad de iniciativa de leyes y se incluye en la fracción I al Presidente de la República, el artículo 72 establece lo referente al proceso legislativo y la relación que existe entre la Cámara de origen y la revisora y de esta última con el Ejecutivo Federal para los efectos de la promulgación de las leyes en términos de lo que se dispone en la fracción I del artículo 89 constitucional.
Atentos a lo anterior encontramos que el Presidente puede intervenir en las siguientes fases del proceso legislativo: a) ejercer su derecho de iniciativa, b) hacer observaciones a las resoluciones aprobadas por el Congreso, y c) promulgar las leyes. Esto significa que eventualmente el Ejecutivo Federal puede intervenir en la iniciativa y las observaciones, y siempre, con excepción de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la promulgación de todas las leyes.
Sin embargo el texto actual del inciso c) del artículo 72 constitucional establece un procedimiento dificultado para superar las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal y que consiste en una votación calificada de las dos terceras partes del número total de votos, en ambas Cámaras, es decir da un tratamiento para superar las observaciones similar al que se exige para aprobar una reforma constitucional, cuando ambas hipótesis son de suyo diferentes.
Por ello los autores de la presente Iniciativa estimamos que la reforma que se propone tiene que ir en el sentido de flexibilizar el requisito de votación exigida y además consideramos que no se debe dar el mismo tratamiento en cuanto a votación a las observaciones del Ejecutivo que a la que se exige en el artículo 135 en tratándose de reformas constitucionales.
En consecuencia proponemos que la reforma al inciso c) del artículo 72 constitucional, en caso de que el Presidente de la República decidiera correr el riesgo político de hacer observaciones a algún proyecto de ley que la Cámara revisora le haya enviado debe consistir en modificar el requisito de votación de las dos terceras partes del número total de votos que se exige actualmente a una mayoría absoluta de los votos emitidos en la sesión de que se trate, en cada Cámara del Congreso. Esto tiene una razón explicable, a partir de la elección federal realizada en 1997 ningún partido político obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
En la elección federal del año 2000 para la renovación de las Cámaras del Congreso ningún partido político obtuvo mayoría absoluta en las dos Cámaras. La situación anterior resulta inédita pues desde 1929 hasta 1997 el PNR, el PRM y el PRI siempre tuvieron el control mayoritario o absoluto de las dos Cámaras. En la actualidad dada la pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso, en las que además ninguna posee por sí misma mayoría absoluta se requiere reducir el margen de votación para superar las observaciones del Ejecutivo.
Además todos sabemos que una ley puede ser aprobada, existiendo el quórum legal de 251 diputados, por un número de 126 legisladores, sin embargo no es el caso de hacer tan laxo el número de votos requeridos para superar las observaciones del Presidente, por lo que los autores de la presente Iniciativa sometemos a su consideración que la votación que se requiere sea de mayoría absoluta en ambas Cámaras.
Aunado a lo anterior se propone que si en la Cámara revisora se obtiene esa mayoría el proyecto de ley ya no sea remitido al Ejecutivo para su promulgación, sino que sea el Presidente de la Cámara revisora el que ordene inmediatamente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que a partir de este acto de difusión la ley entrará en vigor según se disponga en los transitorios correspondientes.
Los autores de la presente Iniciativa coincidimos en la frase pronunciada por el Presidente de la República en su toma de posesión, porque el Congreso dispone, sometemos a su consideración la presente Iniciativa de reformas constitucionales para que la voluntad del Congreso plasmada en ley, sea ejecutada por el Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Se reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 72.- ................... A. a B. ...
C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y el Presidente de la Cámara revisora ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
D. a J. ... Transitorio
Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil uno.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador; José Narro Céspedes, Vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Juan Carlos Regis Adame.
QUE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY PARA LA INSCRIPCION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
Los suscritos, diputados a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que reforma el artículo octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, con base en la siguiente:
En el pasado periodo de sesiones ordinarias el Honorable Congreso de la Unión aprobó el 27 de diciembre de 2000 la Minuta de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. En esta Cámara de Diputados actuando como Cámara revisora respecto de la Minuta turnada por la colegisladora se dio un intenso debate en el que todas las fuerzas políticas aquí representadas coincidieron en la necesidad impostergable de dar solución jurídica a un intenso problema de carácter social como lo es el referente a la regularización de vehículos cuya estancia en el país es irregular por no haber cumplido con los requisitos de importación que la ley de la materia señala.
Es menester destacar que la introducción ilegal de vehículos denominados "chocolates" se da por diversas causas: desde los altos costos de las unidades de producción nacional, a las cuales nuestros connacionales no pueden acceder, destacando que los costos de estas unidades se incrementan en virtud de los diversos impuestos que tienen que pagar; por otro lado la ineficiencia de las autoridades aduanales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las cuales nunca fueron capaces de detener esta introducción de vehículos, situación que quizá pueda ser explicada por la gran corrupción que en esa área se encuentra.
A tal grado creció este problema que se calculaba que en nuestro país son cerca de un millón quinientas mil unidades las que se encuentran de manera irregular en nuestro país. Por ello es pertinente tomar medidas que por un lado posibiliten la regularización de dichos vehículos y el reconocimiento del carácter de propietario a quienes actualmente los posean.
El Ejecutivo Federal en el último año de la pasada administración expidió en marzo y mayo del año pasado dos decretos de regularización, sin embargo este esfuerzo fue insuficiente. Por esta situación el Poder Legislativo Federal en la LVII Legislatura aprobó en la Cámara de Diputados como Cámara de origen el Dictamen de la "Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano", misma que fue remitida a la Cámara revisora. Pero en esta última se hicieron modificaciones a la Minuta turnada por esta Soberanía, razón por la cual el Senado de la República regresó a la Cámara de Diputados la Minuta de la "Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera".
Posterior a la aprobación en diciembre pasado de dicha Minuta por parte de la Cámara de Diputados el Ejecutivo Federal promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la federación el 12 de marzo de 2001 de la ley en cuestión.
Sin embargo, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no se satisface el deseo de los "poseedores" de vehículos para asumir el carácter de propietarios plenos. Los diputados del Partido del Trabajo estamos plenamente convencidos de que los propietarios de dichos vehículos deben asumir a plenitud los derechos de uso, goce y disfrute de los bienes con los que cuenten.
En tal virtud proponemos a esta Soberanía que con el propósito de que se garantice la propiedad de los vehículos que se inscriben en el registro que se plantea en la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, se reconozcan plenamente los derechos de propietarios de todas aquellas personas que acudan a inscribir sus vehículos.
Nos anima también el propósito de establecer la clara congruencia en los artículos que componen la ley, por ello proponemos la reforma al artículo octavo para que quede claramente establecido que a las personas que cumplan con el requisito de inscripción de los vehículos automotores de los modelos comprendidos entre 1970 y 1993 tengan el carácter de propietarios de dichos vehículos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo Octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, para quedar como sigue:
Articulo Unico.- Se reforma el artículo octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, para quedar como sigue:
Artículo Octavo.- La inscripción de los vehículos conforme a la presente ley, otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo, en los términos de la presente ley.
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CUATRO CON LOS QUE SE REMITEN COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI Y TLAXCALA, RESPECTO A LA ADECUACION DE SUS CONSTITUCIONES CON MOTIVO DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Con relación al oficio No. DGPL 58-II-2-219, de fecha 21 de febrero último, suscrito por los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del escrito que el C. Dip. Lic. Raúl Muñoz de León, Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Durango dirigió a esta Secretaría, respecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México, D.F., a 6 de abril de 2001.
En respuesta a su atento oficio No. 532, de fecha 22 de febrero del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que mediante Decreto No. 308 de fecha 7 de noviembre del año próximo pasado y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 43 BIS, correspondiente al domingo 26 de noviembre de 2000, el H. Congreso del Estado libre y Soberano de Durango aprobó la reforma a la Constitución Política local, mediante la cual se adecuó al artículo 115 constitucional federal vigente. Asimismo, le informo que las reformas correspondientes al marco legal, forman parte de la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones que inició el 15 de marzo y concluye el 15 de junio del presente año.
Sin otro particular, me es grato reiterarle mi más distinguida consideración.
Victoria de Durango, Dgo., a 23 de marzo de 2001.
Dip. Raúl Muñoz de León (rúbrica)
Con relación al oficio No. DGPL 58-II-2-219, de fecha 21 de febrero último, suscrito por los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del escrito que el C. Dr. José Luis Pech Várgez, Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, dirigió a esta Secretaría, respecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México, DF, 16 de abril de 2001.
En contestación de su oficio número 514, dirigido al Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito adjuntar un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el que consta la publicación del decreto de la IX Legislatura del estado que contiene las adecuaciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a la reforma relativa al artículo 115 constitucional, aprobada por el H. Congreso de la Unión, de la LVII Legislatura, en el año de 1999.
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades a mi consideración más distinguida.
Chetumal, Q. Roo, a 23 de marzo de 2001.
Dr. José Luis Pech Várgez
Con relación al oficio No. DGPL 58-II-2-219, de fecha 21 de febrero último, suscrito por los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del escrito que el C. Dip. Ignacio Palacios Robledo, Secretario del H. Congreso del estado de San Luis Potosí, dirigió a esta Secretaría, respecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del estado celebrada el día de la fecha se acordó acusarle recibo y comunicarle en relación con su atento oficio No. 546 del 22 de febrero del año en curso, recibido el 13 de marzo del mismo año, por el que hace del conocimiento Punto de Acuerdo aprobado respecto a la reforma al artículo 115 constitucional, aprobado en el año de 1999, que este Congreso del estado procedió a dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999.
Al agradecer su atención hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Con relación al oficio No. DGPL 58-II-2-219, de fecha 21 de febrero último, suscrito por los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del escrito que el C. Heladio Cuautecontzi Romano, secretario particular del C. Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, dirigió a esta Secretaría, respecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lic. Sergio Orozco Aceves
Por instrucciones del MVZ Fabián Pérez Flores, Secretario de Gobierno, y en atención a su oficio No. 520, de fecha 22 de febrero del año en curso, debo informarle que una vez analizada la Constitución local que ha sido reformada por el Honorable Congreso del estado, esta ya se encuentra adecuada a las reformas del artículo 115 constitucional; encontrándose pendiente para que sea aprobada por los Honorables Ayuntamientos del estado en términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución local, hecho lo anterior se sancionará y publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que surta sus efectos legales.
Sin otro particular, le reitero un cordial saludo.
Tlaxcala, Tlax., abril 3 de 2001.
C. Heladio Cuatecontzi Romano (rúbrica)
DE LA CAMARA DE SENADORES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR EL GOBIERNO DE RUMANIA
Para los efectos legales correspondientes, me permito, remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Federico Salas Lotfe y Bertha Larios Alzúa, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania.
México, DF, a 17 de abril de 2001.
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Federico Salas Lotfe, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Bertha Larios Alzúa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 17 de abril de 2001.
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REALICE LA APORTACION CORRESPONDIENTE A LA DUODECIMA REPOSICION DE RECURSOS A LA ASOCIACION A QUE SE REFIERE LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
El pasado día 20 de marzo del año en curso el Ejecutivo Federal con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta H. Cámara de Diputados un Proyecto de "Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece las bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento".
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicho proyecto de Decreto fue turnada el día 23 del mismo mes a consideración de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y dictamen.
Esta Comisión que suscribe con base en las facultades antes señaladas, se abocó a su análisis, procediéndolo a dictaminar conforme a su articulado, para lo cual, realizó diversas reuniones de trabajo con servidores públicos responsables de la materia.
Con base en dichos resultados y de las liberaciones y el análisis de los miembros de esta Comisión de Hacienda reunidos en pleno, se presenta a esta honorable Asamblea el siguiente:
La Asociación Internacional de Fomento (AIF), del cual México es miembro fundador, es un organismo financiero filial del Banco Mundial, creado en 1960 que, durante los últimos años, se ha constituido como el mecanismo más importante de financiamiento concesionario a los países en desarrollo de bajo ingreso, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales.
En la exposición de motivos del Ejecutivo Federal se indica que la asistencia del organismo beneficia a los habitantes de los países que tienen un Producto Nacional Bruto per cápita anual de 895 dólares de los Estados Unidos de América o menos, por lo que alrededor de 80 países con una población mayor a 3,000 millones de personas son elegibles de recibir su financiamiento.
Actualmente la Agencia mantiene una cartera de aproximadamente 900 proyectos dirigidos al combate a la pobreza extrema, el fortalecimiento de las instituciones de desarrollo nacional y de rubros sociales, que están distribuidos principalmente en Africa, sur de Asia y en algunos países latinoamericanos como es el caso de Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua.
Para formalizar sus relaciones con la AIF, se expidió la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, siendo la suscripción inicial de 8 millones 740 mil dólares de los Estados Unidos de América, quedando abierta la posibilidad de aumentarse por acuerdo de la Asamblea de Gobernadores de este organismo. Hasta ahora, México ha aportado 155 millones 925 mil 291 dólares.
Cabe indicar que a la fecha, la Asamblea de Gobernadores ha aprobado once reposiciones de recursos, de las cuales México únicamente ha decidido participar en las últimas seis realizadas entre diciembre de 1980 y mayo de 1997. Cabe precisar que para las reposiciones primera y segunda sólo se solicitó la aportación de algunos países industrializados.
La Iniciativa del Ejecutivo estima importante aclarar que a partir de la sexta reposición, la Agencia resolvió otorgar sus créditos en derechos especiales de giro, en tanto que las aportaciones de los países generalmente se solicitaban en moneda nacional, situación que provocó la erosión del valor real de las reposiciones, debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas locales.
Por ello, la AIF ha solicitado que las contribuciones de los países se realicen en derechos especiales de giro para evitar, por un lado, la pérdida de valor real ya comentada y, por el otro, brindar un marco de referencia más estable para sus operaciones de financiamiento.
Con el propósito de dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, la Asamblea de Gobernadores aprobó la duodécima reposición de recursos por un monto total de 8 mil 640 millones de derechos especiales de giro equivalentes a 11 mil 578 millones 464 mil dólares de los Estados Unidos de América -considerando un tipo de cambio de 1.3401 derechos especiales de giro por un dólar-, mismos que deberán ser utilizados para cubrir sus compromisos de operación durante el periodo comprendido entre el 1º de julio de 1999 y el 30 de junio de 2002.
Por lo que respecta a México, se negoció con la Asociación el pago de 4 millones 084 mil derechos especiales de giro en cuatro aportaciones que equivalen, según el tipo de cambio previamente señalado, a 5 millones 472 mil 968.4 dólares, correspondientes al 0.05% del valor total de este nuevo incremento de recursos.
De este monto, el Gobierno Federal tiene debidamente presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal el importe correspondiente al pago de la aportación que se debe realizar este año por un monto de 1 millón 021 mil derechos especiales de giro, equivalentes a 1 millón 368 mil 242.10 dólares de los Estados Unidos de América.
Finalmente, el Ejecutivo Federal subraya que la AIF constituye un elemento fundamental dentro de la iniciativa del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados.
Esta Comisión considera, al igual que el Ejecutivo Federal, que la continuidad de las aportaciones a la Asociación Internacional de Fomento por parte de México constituyen un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en los mercados internacionales en términos razonables.
Además, es un hecho que esta participación en la AIF siempre ha sido reconocida como una muestra solidaria con los países de menor grado de desarrollo económico y que ha contribuido a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad internacional, si bien México siempre ha insistido en que los países en desarrollo no se encuentran en condiciones de otorgar recursos en las cantidades que permitan sustituir a las contribuciones que deben realizar los países industrializados.
Por otro lado, en previsión a este tipo de obligaciones, el Gobierno Federal ya tiene considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal el monto correspondiente al pago de la aportación que se debe realizar este año por un monto de 1 millón 021 mil derechos especiales de giro, equivalentes a 1 millón 368 mil 242.10 dólares de los Estados Unidos de América, mismos que representan el 25% del importe total de su contribución.
Por lo que respecta al saldo pendiente de cubrir por 3 millones 063 mil derechos especiales de giro, esta Comisión estima conveniente que, en los términos de la resolución número 194 de la Asamblea de Gobernadores de la Agencia de fecha 8 de abril de 1999 y sujeto, desde luego a la disponibilidad presupuestal correspondiente del próximo ejercicio fiscal, se autorice a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercer, por conducto del Banco de México, su pago antes del 30 de junio del 2003, fecha en que los recursos solicitados por la AIF deben ser utilizados para cubrir sus compromisos de operación.
Al respecto, esta Dictaminadora considera que no es necesario reformar el artículo 2º de la Ley en comento como lo propone el Ejecutivo, ya que el mismo sólo hace referencia a la suscripción inicial, mientras que la nueva aportación corresponde a la duodécima reposición de recursos. Igualmente, estima que la reforma propuesta contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley referida, ya que las eventuales aportaciones que efectúe México deben contar con la autorización expresa del Congreso de la Unión.
De acuerdo a lo anterior, se propone que el proyecto de Decreto conste de un artículo único cuya redacción quedaría de la siguiente forma:
"Artículo Unico.- Con fundamento en el artículo 11 de la Ley que establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, se autoriza al Gobierno Federal para que, por conducto del Banco de México, realice la aportación correspondiente a la duodécima reposición de recursos de la Agencia, hasta por 4,084,000 derechos especiales de giro, cantidad que, sujeta a disponibilidad presupuestal, deberá quedar cubierta antes del 30 de junio del 2003."
Respecto a este duodécimo aumento de recursos de la Asociación esta Comisión considera importante recordar que México fue invitado a contribuir con el 0.1% del aumento total de poco más de 8 mil 647 millones 370 mil derechos especiales de giro, tomando como base su contribución a la reposición anterior -AIF11-, sin embargo se negoció cubrir la mitad de lo solicitado, 0.05% del total de la reposición, en consideración a las dificultades económicas y presupuestales por las que atravesaba el país desde la crisis de 1995.
A su vez y dada la importante reducción del apoyo de nuestro país, se acordó con la Asamblea de Gobernadores que la participación de México se realizaría en la mitad del tiempo autorizado, esto es, en cuatro años en vez de ocho. De ahí la necesidad de regularizar el calendario de sus aportaciones atrasadas.
De esta forma, con la reforma al artículo 2 de la Ley en comento se podrá realizar una primera contribución antes de finalizar el presente ejercicio fiscal y recalendarizar los pagos subsecuentes, cubriendo el equivalente a dos tramos por un millón 021 mil derechos especiales de giro cada uno en el ejercicio fiscal 2002 y el cuarto y último tramo en el ejercicio fiscal del año 2003.
Vale la pena comentar que con la aportaciones de recursos a la Agencia, México tiene la posibilidad de participar en las licitaciones derivadas de las operaciones de crédito que realiza dicho organismo, lo cual también resulta en una ventaja económica.
Finalmente, esta Comisión considera conveniente recomendar al Ejecutivo Federal que se haga mención en el tomo respectivo del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, de las aportaciones o suscripciones que el Gobierno Federal realice en este tipo de organismos bilaterales o multilaterales, ajustándose para ello al Clasificador por Objeto del Gasto que corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO FEDERAL REALICE LA APORTACION CORRESPONDIENTE A LA DUODECIMA REPOSICION DE RECURSOS A LA ASOCIACION A QUE SE REFIERE LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO.
Artículo Unico.- Con fundamento en el artículo 11 de la Ley que establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, se autoriza al Gobierno Federal para que, por conducto del Banco de México, realice la aportación correspondiente a la duodécima reposición de recursos de la AIF, hasta por 4,084,000 derechos especiales de giro, cantidad que, sujeta a disponibilidad presupuestal, deberá quedar cubierta antes del 30 de junio del 2003.
Diputados: Aguilar Borrego, Enrique Alonso (rúbrica), PRI; Agundis Arias, Francisco, PVEM; Añorve Baños, Manuel, PRI; Araujo Sánchez, Enoch (rúbrica), PAN; Arizpe Jiménez, Miguel (rúbrica), PRI; Castro López, Florentino (rúbrica), PRI; Chávez Presa, Jorge A. (rúbrica), PRI; De la Madrid Cordero, Enrique Octavio (rúbrica), PRI; De Silva Ruiz, Francisco de Jesús (rúbrica), PAN; Fuentes Domínguez, Roberto Javier (rúbrica), PRI; García Cabeza de Vaca, Francisco (rúbrica), PAN; Hernández Santillán, Julián, PAN; Hinojosa Aguerrevere, Diego Alonso (rúbrica), PAN; Hopkins Gámez, Guillermo, PRI; Levin Coppel, Oscar Guillermo (rúbrica), PRI; López Hernández, Rosalinda, PRD; Magallanes Rodríguez, José Antonio, PRD; Minjares Jiménez, José Manuel (rúbrica), PAN; Monraz Sustaita, César Alejandro (rúbrica), PAN; Pazos de la Torre, Luis Alberto (rúbrica), PAN; Ramírez Ávila, Francisco Raúl (rúbrica), PAN; Riojas Santana, Gustavo (rúbrica), PSN; Rocha Díaz, Salvador (rúbrica), PRI; San Miguel Cantú, Arturo (rúbrica), PAN; Silva Beltrán, Reyes Antonio, PRI; Tamayo Herrera, Yadira Ivette (rúbrica), PAN; Ugalde Montes, José Luis (rúbrica), PRI; Ulloa Pérez, Emilio, PRD; Yunes Zorrilla, José Francisco, PRI; Zepeda Berrelleza, Hugo Adriel (rúbrica). PAN.
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REALICE LA SUSCRIPCION DE TRES MIL QUINIENTAS DOS ACCIONES O PARTES SOCIALES DEL ORGANISMO A QUE SE REFIERE EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE LAS BASES PARA SU EJECUCION EN MEXICO
El pasado día 20 de marzo del año en curso el Ejecutivo Federal con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta H. Cámara de Diputados un Proyecto de "Decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México".
En su Exposición de Motivos, el Ejecutivo Federal señala que la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es un organismo filial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo Convenio Constitutivo se aprobó el 19 de noviembre de 1984, por 34 países, entre ellos México, iniciando sus operaciones 5 años después con el propósito de promover el desarrollo económico de sus asociados latinoamericanos y del Caribe, a través del financiamiento de la pequeña y mediana empresa privada de la región, complementando las actividades del BID.
Las actividades de la Corporación fundamentalmente consisten en reunir y proporcionar financiamiento para proyectos en forma de préstamos, inversiones de capital, líneas de crédito e inversiones en fondos de inversión local y regional, concentrando sus actividades en las empresas que tienen dificultades para obtener financiamiento de otras fuentes.
Cabe indicar que el financiamiento aportado por el organismo sirve de catalizador para captar recursos adicionales, tecnología y conocimientos especializados, mediante operaciones de cofinanciamiento y sindicación de fondos por parte de inversionistas privados, apoyo a suscripciones de valores e identificación de socios para la formación de empresas conjuntas. En suma, se puede decir que la CII es una institución de fomento altamente especializada para beneficio de la pequeña y mediana empresa de la región latinoamericana y del Caribe.
En los casi 10 años que lleva operando esta organización se han canalizado recursos a más de 1 350 compañías que se desenvuelven en los sectores productivos y de servicios. De hecho, se calcula que el costo agregado de los proyectos que hasta ahora se han emprendido superan los 3 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América.
A su vez, se estima que por cada dólar que la CII ha invertido corporación en forma de créditos e inversiones de capital, se destinan 6 dólares adicionales a compañías que están creando empleos y generan divisas a través de acuerdos de cofinanciamiento.
La Iniciativa señala que en diciembre de 1999, la Asamblea de Gobernadores del organismo filial del BID aprobó un nuevo aumento de capital por 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de 50 mil acciones con un valor nominal de 10 mil dólares de los Estados Unidos de América cada una, para llevarlo a un monto de 700 millones, con el propósito de continuar su labor tradicional de fomento al desarrollo de la región.
De esta nueva emisión de acciones, México ha sido invitado a suscribir 3 502 acciones hasta por un monto de 35 millones 020 mil dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con un calendario de pagos establecido por el Directorio Ejecutivo de la Corporación y cuyo término está previsto para el 31 de octubre de 2007.
El pago de la cuota de este año, por un monto de 4 millones 377 mil 500 dólares de los Estados Unidos de América, se encuentra debidamente presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, en tanto que el pago de las cuotas no cubiertas de los años de 1999 y 2000 se harán en conjunto con la correspondiente a la de 2002.
De acuerdo a la Iniciativa, la Corporación ha proporcionado asistencia a México, mediante financiamiento y asesoría técnica a un segmento empresarial que hasta el momento ha tenido un acceso limitado a los mercados de capital, mismo que ha sido importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de nuestro país. Así, se espera que para la próxima década, con el incremento de capital propuesto, el organismo podrá aumentar sus actividades en México, principalmente a través de una mayor movilización de capital privado, el desarrollo del mercado de valores en beneficio de este tipo de empresa, así como su apoyo crediticio a proyectos productivos.
Finalmente, se menciona que en nuestro país, más de 20 empresas han obtenido recursos de la CII por un importe ligeramente superior a los 100 millones de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos principalmente en los ramos financiero, turístico, y la industria de la transformación.
Esta Comisión de Hacienda considera importante señalar que el 10 de enero de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual el H. Congreso de la Unión aprobó la suscripción del Convenio Constitutivo de la CII y que establece bases para su ejecución en México, mismo que fue promulgado mediante Decreto de fecha 3 de octubre de 1986.
Se calcula hasta ahora que el monto canalizado por la Corporación en programas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa mexicana ha resultado ser aproximadamente 7 veces superior a la suscripción actual que México ha hecho a este organismo, el cual asciende a casi 15 millones de dólares de los Estados Unidos de América.
Además, vale la pena señalar que una de las formas en que la CII persigue sus objetivos de desarrollo en el país, es precisamente a través de una gama de intermediarios financieros privados para canalizar sus recursos a la pequeña y mediana empresa, con la finalidad de que estas empresas cuenten con mayores oportunidades de acceder al crédito.
Cabe indicar que el 46% de las pequeñas y medianas empresas que hasta ahora han sido apoyadas en México por CII son del ramo financiero, 16% del químico-industrial y farmacéutico, 15% del sector alimentario, mientras que el restante 23% corresponde a la industria turística, textil, manufacturera y acuícola.
Por ello, la que Dictamina estima conveniente que nuestro país participe de la nueva emisión de acciones, de la cual le corresponde suscribir 3 mil 502 acciones hasta por un monto de 35 millones 020 mil dólares de los Estados Unidos de América.
Cabe indicar que la participación inicial de México en el capital social del organismo le otorgó un derecho de votación de 7.3%, con la nueva suscripción su participación quedará en 7%, situación que se deriva de la entrada de cinco nuevos miembros del BID. En efecto, algunos países, entre ellos el nuestro, tuvieron que liberar algunas de sus acciones comprometidas a fin de dar cabida a Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia como miembros de la CII.
De acuerdo a los compromisos establecidos por la Asamblea de Gobernadores, el periodo para el pago de la primer cuota comenzó el 31 de octubre de 1999 y terminó el 31 de octubre de 2000.
No obstante ello, vale la pena aclarar que los periodos de pago subsecuentes, de doce meses cada uno, comenzaron el 1º de noviembre de cada uno de los años 2000 a 2006 y terminarán el 31 de octubre de cada uno de los años 2001 a 2007 o, en su caso, en las fechas posteriores que determine el Directorio Ejecutivo.
Dado que el pago de la cuota de este año, por un monto de 4 millones 377 mil 500 dólares de Estados Unidos de América, se encuentra debidamente presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, esta Dictaminadora considera aprobar su pago a través del Banco de México.
De igual forma y con el fin de no afectar los programas adicionales que se pueden instrumentar para el desarrollo y expansión de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, esta Comisión conviene en que es necesario prever en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate el pago de las cuotas hasta cubrir el importe total del paquete de las 3 mil 502 acciones.
Por lo que respecta a los pagos de las cuotas que se deberían haber realizado en 1999 y 2000 se conviene en que estos dos pagos se efectúen en conjunto con la correspondiente a la de 2002, siempre y cuando exista para ello la reserva presupuestal suficiente.
Al respecto, esta Comisión de Hacienda estima que no es necesario reformar el artículo 2º, ya que el mismo sólo hace referencia a la suscripción inicial, mientras que para que pueda tener lugar la nueva suscripción a la que el país ha sido invitado es necesario dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 9 del propio decreto en comento.
En tal virtud, se propone que el decreto conste de un artículo único cuya redacción sería la siguiente:
"Artículo Único.- Con fundamento en el artículo 9 del Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece las Bases para su ejecución en México, se autoriza al Gobierno Federal para efectuar, por conducto del Banco de México, la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o partes sociales de la citada Corporación, hasta por un monto de treinta y cinco millones con veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que, sujeta a disponibilidad presupuestal, deberá quedar cubierta antes del treinta y uno de octubre de dos mil siete o, en su caso, en las fechas posteriores que determine el Directorio Ejecutivo de dicho organismo."
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO FEDERAL REALICE LA SUSCRIPCION DE TRES MIL QUINENTAS DOS ACCIONES O PARTES SOCIALES DEL ORGANISMO A QUE SE REFIERE EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO.
Artículo Unico.- Con fundamento en el artículo 9 del Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece las Bases para su ejecución en México, se autoriza al Gobierno Federal para efectuar, por conducto del Banco de México, la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o partes sociales de la citada Corporación, hasta por un monto de treinta y cinco millones con veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que, sujeta a disponibilidad presupuestal, deberá quedar cubierta antes del treinta y uno de octubre de dos mil siete o, en su caso, en las fechas posteriores que determine el Directorio Ejecutivo de dicho organismo.
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL, DE SU TERCERA REUNION ORDINARIA
Acta de la Comisión del Distrito Federal
tercera reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2001
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once horas del día veintiocho de febrero de 2001, acuden al Palacio Legislativo los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados a la sesión ordinaria de trabajo, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha veintisiete de febrero de 2001, para el desahogo del siguiente
Bienvenida por parte del Secretario de la Comisión, Dip. Víctor Hugo Círigo del PRD.
Exposición por parte del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti, acerca de la metodología, resultados y conclusiones de la consulta realizada los días 24 y 25 de febrero del pasados respecto del Horario de Verano.
Despedida al Secretario de Gobierno del D.F. a cargo del Presidente de la Comisión.
Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Jorge Alberto Lara Rivera, Mauricio Enrique Candiani Galaz, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Manuel Castro y del Valle, Raúl García Velázquez, Héctor González Reza, Mauro Huerta Díaz, José Benjamin Muciño Pérez, Mario Reyes Oviedo, Máximo Soto Gómez, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Enrique Alonso Aguilar Borrego, Javier García González, Oscar Levín Coppel, Maricruz Montelongo Gordillo, Luis Priego Ortiz, Salvador Rocha Díaz, Reyes Antonio Silva Beltrán, Alfredo Hernández Raigosa, y José Antonio Arévalo González.
En virtud de que se encuentran presentes veinte diputados de los veintinueve integrantes de la Comisión, se declara que existe el quórum reglamentario y, por lo tanto, se procede al desahogo del siguiente punto del orden del día.
Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
IV. Bienvenida por parte del Secretario de la Comisión Víctor Hugo Círigo del PRD.
Compañeros y compañeras diputadas integrantes de la Comisión del Distrito Federal, bienvenidos a esta sesión ordinaria de nuestra Comisión, quiero dar la bienvenida al Licenciado José Agustín Ortíz Pinchetti, Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, ha sido acuerdo de la Mesa Directiva que a partir de esta fecha se invite a los integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México a comentar los temas de la ciudad; en esta ocasión con el tema del horario de verano, el cual abordará el Licenciado Ortíz Pinchetti para que podamos enriquecer nuestra información acerca de este tema y en su momento asumir nuestra responsabilidad en el asunto de los horarios. El tema es complejo, hay cerca de cinco horarios diferentes a lo largo y ancho del País, es evidente que algo no está funcionando, que en nuestra legislación probablemente se den ambigüedades que requieren de ser consideradas por el Congreso para poder establecer con claridad quien o quienes tienen las facultades para definir el asunto de los horarios.
Sin más preámbulos damos paso a la intervención del licenciado José Agustín Ortíz Pinchetti.
V. Exposición por parte del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti, acerca de la metodología, resultados y conclusiones de la consulta realizada los días 24 y 25 de febrero del pasados respecto del Horario de Verano.
El Decreto del Jefe de Gobierno considera como fundamento jurídico y político la consulta que se hizo los días veinticuatro y veinticinco de febrero sobre el tema del horario de verano y también consideraciones jurídicas respecto de la validez del Decreto del Presidente de la República publicado en el Diario Oficial del primero de febrero. Son tres los fundamentos jurídicos y políticos del Decreto de Andrés Manuel López Obrador que lo legitiman:
El primero, es una promesa de la campaña electoral, ya que la población consideraba que estaba sufriendo molestias y no veía los beneficios, no hay una claridad en el debate sobre el horario de verano, los argumentos han sido complejos, confusos, a veces han tenido un carácter muy técnico, se han ido moviendo los defensores del tema y los que lo combaten, se han ido moviendo en uno y en otro sentido sin que alguien o algo fije la controversia en sus términos adecuados.
El segundo punto, es la reiterada manifestación de la población en el sentido de oponerse al horario de verano, no hay una sola encuesta de opinión que indique que es mayoritaria la voluntad, al menos en el Distrito Federal, de apoyar el horario de verano. Por el contrario, en todas las encuestas aparece la resistencia en una mayoría contundente, fue esto y las promesas de campaña lo que impulsaron a Andrés Manuel López Obrador a utilizar un medio estrictamente jurídico que es la consulta, la cual está prevista en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en el Capitulo cuarto.
Otro elemento que originó el Decreto fue la falta de fundamento jurídico de aquél emitido por el Ejecutivo Federal. No porque no aludiera a ciertas disposiciones, sino porque simplemente éstas no son aplicables; el decreto presidencial se refiere a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su articulo 33; a la Ley Orgánica de la Administración Pública y su argumento central de tipo jurídico es el artículo 33, por más que se examinó dicho artículo en sus diversas fracciones no se encontró ninguno que permita al Poder Ejecutivo fijar la medida de huso horario, quien tiene facultades es el Congreso en el artículo 73 en la fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos.
Asimismo, desde el punto de vista del Gobierno de la Ciudad se considera que el Congreso es la autoridad competente y como surge un diferendo entre el punto de vista del Poder Ejecutivo y el punto de vista del Gobierno del Distrito Federal, estamos preparando, una demanda de controversia constitucional. No solo se debe a razones estrictamente jurídicas y políticas la promoción de este instrumento, también es un acto de congruencia y sentido de responsabilidad; estamos perfectamente a tiempo de tomar las medidas que impidan el caos horario en la República. Refiere que está abierto a que si el Congreso no comparte el criterio que sostiene el Gobierno del Distrito Federal la cuestión se desplace a ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia, que no cree que sea el camino adecuado y el Congreso tendría aquí una alta responsabilidad política, que una reforma relativamente sencilla de las disposiciones de la Ley de Metrología, ampliando el concepto hacia los husos horarios y reglamentar la forma en que estos deban de determinarse.
Por su parte, el Diputado José Antonio Arévalo da una serie de argumentos a favor del horario de verano refiriendo el ahorro en el consumo de electricidad durante las horas pico y pregunta si se ha proporcionado la suficiente información a los capitalinos respecto del horario de verano.
El Secretario de Gobierno manifiesta que el Gobierno capitalino no está en contra del horario de verano, que precisamente está de acuerdo en que no se le ha informado a la población de los beneficios del horario de verano y que es precisamente la preocupación del Gobierno de la Ciudad el que se dé la información adecuada; asimismo, asevera que el problema fundamental consiste en la legalidad del Decreto presidencial.
El Diputado Alfredo Hernández Raigosa manifiesta que los objetivos del horario de verano no han sido alcanzados o apenas mínimamente, además de que hay un descontento generalizado acerca de su aplicación, ya que de acuerdo al artículo 124 constitucional, las facultades que no estén reservadas a la Federación se consideran reservadas a los Estados además de que son facultades del Congreso de la Unión y que en caso de que haya controversia que la Corte decida. Además, pregunta si se tiene en consideración que la participación ciudadana en la consulta no fue la que se esperaba.
El Secretario de Gobierno responde que efectivamente la participación de la ciudadanía estuvo por debajo de lo que esperaba; sin embargo, se tiene que seguir trabajando en este tipo de democracia participativa a través del teléfono e internet.
En su oportunidad, el Diputado Mauricio Candiani manifiesta que es absurdo y populista el decreto expedido por el Jefe de Gobierno capitalino toda vez que en la fracción "F" de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se le otorgan facultades al Jefe del Ejecutivo Local, el cual evidentemente se está excediendo de sus facultades.
Por su parte, el Diputado Salvador Díaz Rocha considera que le asiste la razón al Jefe de Gobierno que desde 1985, cuando estaba en Asuntos Jurídicos de Gobernación la conclusión a la que llegó fue que Ejecutivo Federal no tenía facultades para fijar el horario de verano.
El Diputado Hector González Reza comenta que es errónea la afirmación del Ejecutivo Local en el sentido de que el horario de verano corresponde al Congreso de la Unión, que no se adoptará un nuevo sistema de medición, que la Ley sobre Metrología y Normalización no cambia las unidades para medir tiempo, masa, longitud, temperatura, etc, además de que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de llevar a cabo programas de ahorro de energía.
De la misma manera, solicita informen de las consecuencias que va a tener en la vida cotidiana si da por hecho la consulta y ver si los ciudadanos se arrepienten de la bondad del Decreto del Jefe de Gobierno.
Por otra parte, el Diputado Jorge Lara recibe la solicitud de intervención de los Diputados Víctor Hugo Círigo y Antonio Arévalo, la cual es concedida para que haya una equivalencia en el trato hacia los partidos políticos de esta Cámara.
Por su parte, el Diputado Víctor Hugo Círigo lee parte de un debate sobre este tema, el cual en esencia refiere que el Diputado Armando Salinas Torre sostuvo que la aplicación del horario de verano es arbitraria por parte del Ejecutivo Federal, quien se atribuye la facultad de modificar los husos horarios que rigen a las entidades del país contraviniendo un precepto constitucional en perjuicio de los Estados de la Unión y de los derechos de los ciudadanos.
De la misma manera, refiere que el Senador Ricardo García Cervantes sostenía en un debate a que era facultad de los Congresos Locales el determinar sus horarios y que el artículo 124 de la Constitución en los términos en que esta redactada no esta sujeta ni al capricho ni a la consideración particular que aquellas materias que no estén expresamente conferidas a la función Federal están reservadas a las Entidades Federativas.
En el mismo sentido, manifiesta que la propuesta que ha hecho el Diputado Rocha es la más prudente, que se tiene que opinar sobre este tema y que se tienen que sentar el Ejecutivo Federal y Local a buscar una conciliación de intereses y no atropellar la vida económica, política y social de la ciudad, asimismo refiere que de lo que se trata, no es discutir las bondades o no del horario de verano, es ver en realidad como puede el Congreso de la Unión coadyuvar a resolver un problema que ha generado inquietud.
Por otro lado, el Diputado Oscar Levin manifiesta que lamenta el espectáculo en que se ha vuelto la política nacional y local, qué aquí no hay el tema de que va a legislar el Congreso de la Unión, lo que hace falta es que gobiernen tanto el que está en la presidencia como el está en el Ejecutivo Local; que no se puede convertir al Congreso de la Unión en el receptáculo de la irresponsabilidad cuando no puede gobernar el presidente o el Jefe de Gobierno; que hay que buscar advenimientos y que se pongan de acuerdo; que gobernar no es una transmisión de poder, es una responsabilidad; que no usen al Congreso de la Unión como basurero de todo lo que no puede arreglar el Ejecutivo Federal.
Por su parte el Diputado Juan Antonio Arévalo, manifiesta que en 1999, el Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas reconoció mediante comunicado oficial al Presidente Zedillo que no tenía facultades para expedir un decreto en la materia.
Por lo que pregunta cuáles son las facultades que se atribuye el gobernante de la Capital para ejecutar un acto que viola nuestra Carta Magna; que según el articulo 122 de la Constitución Federal, el Ejecutivo Local no tiene facultades para legislar en la materia y el congreso, según el artículo 73 le da facultades para legislar al Presidente en materia de pesas y medidas y que el horario de verano es una medida; que lo que tenemos que resolver es si conviene al D.F. entrar al horario de verano, no quien tiene la atribución. Continúa en su exposición manifestando que se debe hacer una campaña avisando cuáles son los beneficios por aceptar el horario de verano, que es algo necesario para esta ciudad y se va aplicar en todo el país, que en los países del primer mundo se aplica, que López Obrador tiene que recapacitar y hacer un análisis técnico si realmente funciona este horario de verano.
Por su parte, el Secretario de Gobierno responde que el Jefe de Gobierno no está viendo como receptáculo al Congreso, que el hecho de que se respete la facultad de este último en legislar en materia de medidas no es menospreciarlo, sino todo lo contrario. Asevera, no se trata de una pugna entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Local, se trata de que se cumpla el Estado de Derecho. En el mismo sentido manifiesta que el Gobierno de la Ciudad desea que el Congreso actúe como el Poder Legislativo que es y se tiene la flexibilidad para aceptar una propuesta como la del Diputado Rocha, que esté basada en un diálogo, que se tienen que encontrar consensos para ir contra natura y establecer los horarios que convengan a la población en general; En el mismo sentido se pronuncia a favor de respetar la voluntad popular, que se le escuche, que para eso es la consulta.
V. Despedida al Secretario de Gobierno del D.F. a cargo del Presidente de la Comisión.
El Diputado Jorge Lara manifiesta que coincide con él, que los problemas nacionales de ninguna manera pueden considerarse que cuando llegan al Congreso es por incapacidad de algún órgano de gobierno, que le parece que los problemas públicos tienen un espacio privilegiado en la Cámara, a más no es honroso considerar al Congreso como receptáculo de desperdicios políticos y que con un diálogo racional es como se puede seguir avanzando a construir una nueva institucionalidad.
El Diputado Jorge Lara comenta que se siguen recibiendo propuestas de adiciones para el programa de trabajo de la Comisión, por lo mismo, no considera pertinente presentarlo a discusión en ese momento, se incorporarán las propuestas e indicaciones realizadas por los Diputados integrantes de la Comisión.
Además informa que se contactó con el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC) que dirige el Dr. Manuel Perló, que se está organizando un seminario de sobre la Ciudad. por lo que se pone a su consideración si se realiza en una sesión semanal o en curso intensivo.
Agotada la orden del día se declara clausurada la reunión siendo las 12:45 horas.
Diputados: Jorge Alberto Lara Rivera (rúbrica), Presidente; Enrique de la Madrid Cordero (rúbrica), secretario; Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbrica), secretario; Mauricio Enrique Candiani Galaz (rúbrica), secretario.
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL, DE SU CUARTA REUNION ORDINARIA
cuarta reunión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2001
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas del día cuatro de abril de 2001, acuden al Palacio Legislativo los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados a la sesión ordinaria de trabajo, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fechas 2 y 4 de abril del 2001, para el desahogo del siguiente
Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Lic. Leonel Godoy , acerca de los programas, resultados y conclusiones sobre el tema de seguridad pública en el Distrito Federal.
Despedida al Lic. Leonel Godoy a cargo del Presidente de la Comisión del Distrito Federal.
Puntos a definir sobre Seminario de Estudios sobre la Ciudad a impartir a los integrantes de la Comisión por el PUEC-UNAM.
Conclusiones respecto al Programa de Trabajo de la Comisión.
Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo referente a los actos de violencia ocurridos en el barrio de Tepito.
Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Jorge Alberto Lara Rivera, Mauricio Enrique Candiani Galaz, Enrique de la Madrid Cordero, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Manuel Castro y del Valle, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Raúl García Velázquez, Héctor González Reza, Mauro Huerta Díaz, José Benjamin Muciño Pérez, Mario Reyes Oviedo, Armando Salinas Torre, Máximo Soto Gómez, Enrique Alonso Aguilar Borrego, Javier García González, Salvador Rocha Díaz, Reyes Antonio Silva Beltrán.
En virtud de que se encuentran presentes diecisiete diputados de los veintinueve integrantes de la Comisión, se declara que existe el quórum reglamentario y, por lo tanto, se procede al desahogo del siguiente punto del orden del día.
IV. Bienvenida.
El Diputado Enrique de la Madrid da la bienvenida al Lic. Leonel Godoy, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Asimismo, señala que es la segunda reunión con altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y hace énfasis en la importancia del tema de seguridad pública tanto para el Congreso de la Unión como para el Gobierno de la Ciudad de México.
V. Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Lic. Leonel Godoy , acerca de los programas, resultados y conclusiones sobre el tema de seguridad pública en el Distrito Federal.
El Lic. Leonel Godoy agradece la invitación de la Comisión del Distrito Federal, y señala que seguramente la mayoría de los presentes está de acuerdo en que esto debe ser competencia de la Asamblea Legislativa pero actualmente es materia federal.
De la misma manera refiere que en la Ciudad de México, de acuerdo al último censo de población y vivienda, habitan 8 millones 591 mil 309 personas, distribuidas en 2,131,336 viviendas, donde el promedio de sus ocupantes es de 4 en números redondos.
Las delegaciones más pobladas son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán; éstas cuatro concentran el 50.3% de la población, y que delegaciones como Milpa Alta y Cuajimalpa no rebasan por sí solas el 2% de la población total del Distrito Federal.
Por otra parte señala, que la Ciudad de México contribuye aproximadamente con la cuarta parte del PIB del país; y que existe una concentración de actividades en 8 delegaciones: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Coyoacán; y de las 1413 sucursales bancarias el 69.8 está en estas delegaciones; además, el aforo vehicular del D.F. es de aproximadamente 3,500,000 automóviles diarios, por lo que se requiere de un enorme esfuerzo para agilizar y vigilar el tránsito vehicular en los 9,360 kilómetros de calles y ejes viales. Esta afluencia, genera dificultades y es precisamente en las citadas delegaciones donde se concentra el mayor índice delictivo.
De la misma manera, afirma que 1997 se presenta como el punto de inflexión del índice delictivo en la Ciudad de México. Esto es, los delitos de 1997 aumentaron el 78.22% con respecto a 1994, y el en el año 2000, comparado con el año 1997, disminuyeron en un 29.4%. No obstante lo anterior, sigue prevaleciendo una percepción negativa en los ciudadanos sobre su veracidad de las cifras, debido a que los índices siguen siendo altos (439 delitos diarios).
Asimismo, comenta que el Jefe de Gobierno ha tomado el tema con una visión integral instrumentando diversas acciones, entre las que destacan la creación del gabinete de Seguridad y Gobierno, que da seguimiento a las políticas y medidas a desarrollar. En dicho Gabinete participan el Secretario de Seguridad Pública, El Procurador General de Justicia y la Consejera Jurídica, y éste se reúne diariamente presidido por el Jefe de Gobierno.
En este tenor, se estableció un programa de coordinación entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, sobre la base de la territorialización y la inteligencia policial. Asimismo, se reformularon las tareas de los grupos de reacción rápida, reasignando a los elementos del grupo "Álamo" y conformando el grupo "Alfa" y siguen actuando los grupos "Hora" y "Huracán".
De la misma manera, los comités vecinales son los principales promotores de las políticas de seguridad pública por lo que la Secretaría de Seguridad Pública creó una Dirección General para la prevención del delito, que tiene como tarea, asesorar a los comités vecinales sobre estrategias que puedan implementarse en materia de seguridad pública.
En este mismo tenor, se integró el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, conformado por empresarios, académicos y ciudadanos reconocidos. Dicho Consejo tiene como objetivo analizar, discutir y trabajar propuestas para resolver el problema de la inseguridad.
Asimismo, comenta que se reformaron las reglas de operación del sistema de la carrera policial en el D.F., se han reestructurado las policías complementarias, la auxiliar y la bancaria e industrial, entre los programas especiales tenemos el de las 10 colonias más conflictivas.
Otro programa es de corredores con mayor índice delictivo, así como el de la recuperación del Centro Histórico y el de proteescolar.
Las acciones realizadas por la policía sectorial a través de las 51 jefaturas de sector y 171 cuadrantes de vigilancia, tuvieron los siguientes resultados: fueron detenidas 246,151 personas, de éstas se presentaron al Ministerio Público 34,726 mientras que 194,479 fueron llevadas al Juez Cívico y 16,946 al Consejo de Menores, todo lo anterior en 100 días de gobierno.
Asimismo, comenta que en diciembre del 2000, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y del propio Estatuto de Gobierno, entre la que destacan la propuesta de la descentralización de la policía.
VI. Sesión de preguntas y respuestas.
El Diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez, comenta que reconoce el enorme esfuerzo realizado por Andrés Manuel López Obrador para combatir el delito y que acepta que el problema de la seguridad pública también es un problema de percepción, que mientras no se abata de manera importante los índices delictivos, la ciudadanía no va a darse por enterada de las cifras que se le muestren. De la misma manera, pregunta que cuáles son los criterios que aplica la Secretaría para la distribución de efectivos en toda la Ciudad, también pregunta que dónde se van a instalar los 60 centros de justicia.
Por otro lado, externa su preocupación por la impunidad del grupo llamado "Frente Popular Francisco Villa", ya que éste grupo está llenando de cascajo el vaso regulador de las aguas pluviales de la sierra de Santa Catarina, y asegura que de no desalojar de cascajo este vaso, se van a inundar muchas colonias en Iztapalapa, asimismo, dicho "Frente" se ha puesto a la cabeza del único grupo de comerciantes que en Iztapalapa se opone al reordenamiento del comercio en vía pública.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública responde que se está trabajando sobre los criterios de distribución de la policía, esto implica, el crecimiento de la Ciudad obliga a una nueva redistribución del uso de la fuerza pública y precisamente se van a crear 60 centros de justicia a diferencia de los 51 sectores que existen actualmente, que junto con las 16 fiscalías de la Procuraduría General de Justicia es lo que se va a revisar, junto con los juzgados cívicos y los propios juzgados penales que actúan en el Distrito Federal, todo lo anterior con la idea de que la distribución tenga que ver con criterios de población e índices delictivos.
Respecto al "Frente Popular Francisco Villa" el Lic. Leonel Godoy asegura que se desalojará antes de la temporada de lluvias y, respecto al ordenamiento en vía pública, que se ha actuado conforme a derecho.
La Diputada Julieta Prieto Fuhrken cuestiona acerca del mínimo recomendado para formar un policía, ya que el estándar internacional recomienda 18 meses, mientras que en la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. dicha formación es de sólo seis meses.
El Secretario de Seguridad Pública responde que efectivamente hay un criterio internacional de 18 meses para formar un policía, pero éste realiza funciones diferentes a las que realiza en México. Asimismo, asegura que en México la policía no tiene funciones de persecución del delito ni de gestión como la policía norteamericana o la europea, donde realizan funciones que tienen que ver con el alumbrado público con los servicios primarios en las zonas que ellos patrullan, además persiguen y previenen delitos y en México, la única función de la policía preventiva, se remite exclusivamente a la prevención.
Por otra parte, el Diputado José Benjamín Muciño Pérez pregunta que cómo podemos pensar que vivimos en la Ciudad de la Esperanza cuando en los primeros 100 días de gobierno se cometieron 3,472 delitos.
Asimismo, afirma que en 1995, la Asamblea de Representantes elaboró un "Atlas Delictivo", donde se señalaban los modus operandi, lugares, tiempos, métodos y nombres de bandas; por lo que pregunta que cómo es posible que a seis años las mismas colonias y las mismas delegaciones sigan apareciendo como las de más alto índice delictivo.
De la misma manera, cuestiona por qué las administraciones emanadas del PRD han desacatado el ordenamiento de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Seguridad Pública Nacional, para que se establezca en el Distrito Federal un Consejo de Seguridad Pública.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, contesta que sí se han movido las colonias con mayor índice delictivo, aunque hay colonias que efectivamente no lo han hecho.
Respecto al Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Secretario Godoy asegura que de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública este debe ser expedido seis meses después de que se halla emitido el Plan Nacional de Desarrollo. Y dado que hasta el momento el Presidente no ha emitido dicho Plan aún se ésta en tiempo para hacerlo y entregarlo a ésta a Comisión.
Por otra parte, la Diputada Hilda Anderson Nevárez pregunta con cuántas patrullas cuenta la policía del D.F. y con respecto a la policía montada en qué áreas está distribuida y cómo trabaja, así como cuál es la actuación de las mujeres dentro de la institución y cuál es la coordinación con las policías de los municipios conurbados.
El Secretario de Seguridad Pública comenta que la policía preventiva está armada, ya que actualmente cuenta con 42 676 armas entre cortas y largas, además de que hay suficiente munición. Asimismo, se cuenta con 6 403 patrullas y de éstas 969 vehículos no sirven.
El Secretario Godoy, continua explicando que la policía montada tiene dos funciones: la primera es la que tiene junto con los granaderos de contención cuando hay disturbios; y la otra, es distribuirse en las zonas rurales o aquellas partes que por sus características requieren de éste agrupamiento.
Respecto a la participación de las mujeres, el Lic. Godoy asegura que se tienen aproximadamente 600 policías, actualmente hay dos jefas de sector y la de Tlalpan es la coordinadora de los cuatro sectores.
De la misma manera, refiere que los convenios en materia de seguridad pública están suscritos entre el gobierno del Estado de México y el gobierno del Distrito Federal y que es muy difícil aterrizarlos debido a los problemas de logistica. por que a veces la línea fronteriza es simplemente una calle.
Por su parte, el Diputado Mario Reyes Oviedo manifiesta que no han bajado los delitos y que la percepción ciudadana dista mucho de las cifras ofrecidas por el Secretario de Seguridad Pública, ya que muchos delitos no son denunciados por temor a represalias o por las horas que se pierden en las agencias del ministerio público.
El Secretario de Seguridad Pública contesta que el método para medir índices de inseguridad son las denuncias penales y éstas no pueden ser falsificados, y asegura que en 100 días hubo 160 000 infracciones y que los arrastres por grúas son 31,000.
El Diputado Enrique Aguilar Borrego comenta acerca de los robos que sufren los trabajadores, al cobrar su quincena. De la misma manera, externa su preocupación por la descentralización de la policía ya que se pudieran enfrentar graves problemas si cada delegación va a tener lineamientos diferentes en el combate al delito.
El Secretario de Seguridad Pública comenta que efectivamente no hay un programa específico para la clase trabajadora, para la protección del salario en las quincenas, pero que se va a tratar de instrumentar.
De la misma manera, comenta que respecto a la descentralización de la policía se presentan debates intensos, sostiene que desde su punto de vista en materia de combate al delito, la cual es una función del Ministerio Público, la centralización debe continuar; pero en materia de prevención se debe buscar la descentralización.
VII. Despedida al Lic. Leonel Godoy a cargo del Presidente de la Comisión del Distrito Federal.
El Diputado Armando Salinas Torre comenta que le hubiera gustado saber de algún esfuerzo para tener encuestas de victimización, partes policiales que crucen la información como insumos adicionales que puedan acercar la brecha entre la estadística y la percepción ciudadana.
El Diputado Enrique de la Madrid Cordero agradece la presencia del Secretario de Seguridad Pública y manifiesta que los Diputados del PRI quieren profundizar en el tema y contribuir con ideas y así cumplir con su responsabilidad.
También refiere que la percepción de la población respecto a que la delincuencia no ha disminuido es real, que el índice de medición que se utiliza es inoperante y realiza como sugerencia trabajar en conjunto para buscar otros indicadores en donde se pueda observar como va realmente el combate a la delincuencia.
El Diputado Jorge A. Lara Rivera comenta que al no existir el quórum reglamentario se deben posponer los temas VIII, IX y X del orden del día, mismos que serán desahogados en una reunión posterior de la Comisión del Distrito Federal.
Siendo las 14:15 horas del mismo día de su inicio, se da por clausurada la cuarta reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal.
A su reunión extraordinaria, el jueves 19 de abril, a las 8:30, en la sala Leona Vicario, planta baja del edificio H.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión del Pleno del 7 de marzo.
5. Lectura y aprobación del informe semestral.
6. Con relación al panel "Protección de las Lenguas Indígenas de México".
7. Integración de la Subcomisión de Dictámenes. Integrantes propuestos por los secretarios de la Mesa Directiva, con el considerando de que se pueda ampliar. 1. José Melitón Morales Sánchez (PRI), 2. Nelly Campos Quiroz (PAN), 3. Pablo de Jesús Arnaud Carreño (PAN), 4. Héctor Sánchez López (PRD), 5. Félix Castellanos Hernández (PT), 6. Nicasia García Domínguez (PVEM), 7. (PRI), 8. (PRI), 9. (PAN), 10. Bonifacio Castillo Cruz (PRD).
8. Referente al Encuentro Nacional de Cafeticultores Indígenas.
a) Gira de trabajo a Veracruz.
b) Del logotipo de la Comisión.
c) De reuniones con especialistas en materia indígena.
A su sesión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (votación).
5. Discusión y en su caso aprobación de Dictamen de la Minuta enviada por el Senado de la República por el que se Reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (votación).
6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Ley de Amnistía a favor de los CC. Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (votación).
7. Discusión del Dictamen que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pesca y del Código Penal Federal.
8. Informe sobre los Foros de Consulta Nacional sobre una Nueva Ley de Amparo.
9. Informe sobre las reuniones del Poder Legislativo e instituciones públicas de protección de los derechos humanos.
A su reunión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 9:30 horas, en el restaurante Terraza.
2. Planteamientos sobre la reforma hacendaria.
A su reunión de trabajo, el jueves 19 de abril, a las 11 horas, en el salón Libertadores.
3. Aprobación del proyecto de Dictamen relativo al Punto de Acuerdo sobre las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley de Desarrollo Rural.
5. Intervención del Lic. Santiago Levy Algazi, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. Preguntas de los CC. diputados y respuestas de los funcionarios invitados.
6. Intervención del C. Lic. José Antonio Mir, Coordinador Sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.