Source: https://www.abc.fi.cr/acontecer-legislativo-21-de-junio-del-2019/
Timestamp: 2019-07-16 19:26:29
Document Index: 360174902

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 115', 'artículo 9', 'artículo 137', 'artículo 7', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 3']

Acontecer Legislativo, 21 de junio del 2019. – Asociación Bancaria Costarricense
Acontecer Legislativo, 21 de junio del 2019.
EUROBONOS: Iniciativa avanza en su proceso de aprobación.
Reforma Ley Mercado de Valores: BCCR, SUGEF, SUGESE, SUPEN y SUGEVAL, emiten criterios sobre iniciativa.
El 18 de junio el Presidente Legislativo dio a conocer el dictamen afirmativo emitido por la Comisión de Asuntos Económicos, posteriormente, informo que se presentaron 15 mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de primer día, pasando a la Comisión dictaminadora para el trámite correspondiente.
El 21 de junio en el Diario Oficial La Gaceta No. 116, Alcance Digital No. 139 se publicó lo siguiente:
Exp. 21.161. Ley de transparencia fiscal, reforma del artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). Publicación deudores Hacienda. (Texto base).
Exp. 21.184. Ley de fortalecimiento de la norma de subcapitalización. Reforma del artículo 9 bis de la Ley del impuesto sobre la renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1998 y sus reformas. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). (Texto base).
Exp. 21.210. Ley de cero tolerancia a la evasión fiscal. Proponente: Gustavo Viales Villegas (PLN). (Texto base).
El 19 de junio los Diputados que integran la Comisión conocieron 15 mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de primer día, aprobando 05 mociones.
El 19 de junio los Diputados que integran la Comisión conocieron y aprobaron el informe negativo de subcomisión, posteriormente, el expediente se dictamina en forma negativa.
Exp. 21.071. Derogatoria de leyes caducas o históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (IX parte-energía). Proponente: Carolina Hidalgo Herrera (PAC) y otros.
El 18 de junio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el expediente ante: Banco Nacional de Costa Rica, Procuraduría General de la República, entre otras instituciones.
El 19 de junio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia al Señor Gustavo Vargas Fernández, Gerente General y Licda. Marietta Herrera Cantillo, Directora Jurídica, ambos del Banco Nacional de Costa Rica y el Lic. Juan León Blanco, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Resumen.
Exp. 20.917. Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo. Proponente: Erwen Masís Castro (PUSC) y otros.
El 12 de junio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las (el) Diputadas (o) Paola Valladares Rosado (PLN), quien coordina, Mileidy Alvarado Arias (PRN) y José María Villalta Florez-Estrada (PFA), con un plazo para rendir que vence el 24 de julio de 2019.
El 19 de junio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el expediente ante: Sistema Bancario Nacional, MINAE, MEIC, Ministerio de Hacienda, MICIT, ARESEP, Universidades Públicas, Empresas Eléctricas, CNFL, JASEC, COOPESANTOS, COOPELESCA, COOPEALFARORUÍZ, COOPEGUANACASTE, Asociación Costarricense de Productores de Energía, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Costarricense de la Construcción, Asociación Costarricense de Energía Solar, Municipalidades de todo el país, Centro Nacional de Control de Energía, Ministerio de la Presidencia, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Sistema de Banca para el Desarrollo, Consumidores de Costa Rica, UCCAEP, Estado de la Nación, Comisión de Promoción de la Competitividad, Cámara de Comercio de Costa Rica, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Defensoría de los Habitantes de la República, y Defensoría del Consumidor.
Exp. 20.969. Ley marco para regularizar la generación distribuida de energía a base de fuentes renovables. Proponente: Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) y otros.
El 19 de junio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el expediente ante: Sistema Bancario Nacional, MINAE, Ministerio de Hacienda, MEIC, MICIT, ARESEP, Universidades Públicas, Empresas Eléctricas, ICE, CNFL, JASEC, COOPESANTOS, COOPELESCA, COOPEALFARORUÍZ,, COOPEGUANACASTE, Asociación Costarricense de Productores de Energía, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Costarricense de la Construcción, Asociación Costarricense de Energía Solar, Municipalidades de todo el país, ICT, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, UCCAEP, Cámara Nacional de Turismo, Cámara Costarricense de Hoteles, Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines y Cámara Costarricense de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones.
Exp. 20.569. Detección oportuna de problemas auditivos en el adulto mayor. Proponente: Ex diputada Silvia Sánchez Venegas (PLN).
El 19 de junio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las Diputadas María José Corrales Chacón (PLN), Catalina Montero Gómez (PAC) y Marulin Raquel Azofeifa Trejos (I), con un plazo para rendir el respectivo informe de 30 días hábiles.
El 19 de junio la Presidenta de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las (el) Diputadas (o) María Inés Solís Quirós (PUSC), Ana Karine Niño Gutiérrez (PLN) y Welmer Ramos González (PAC), con un plazo para rendir informe de 30 días hábiles.
Suministro movimientos bancarios
Exp. 20.890. Aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la República de Colombia sobre asistencia judicial en materia penal. Proponente: Poder Ejecutivo (Administración Alvarado Quesada).
El 19 de junio la Presidenta de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados (a) Walter Muñoz Céspedes (PIN), Nidia Lorena Céspedes Cisneros (I) y Luis Antonio Aiza Campos (PLN), con un plazo para rendir informe de 30 días hábiles.
El 17 de junio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a los Señores Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica; Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras; Tomás Soley, Superintendente General de Seguros; Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones y a las señoras María Lucía Fernández, Superintendente General de Valores y Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior. Resumen.
Audiencia Sr. Gustavo Vargas Fernández, Gerente General y Licda. Marietta Herrera Cantillo, Directora Jurídica, ambos Banco Nacional de Costa Rica y el Lic. Juan León Blanco, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quienes señalaron:
Sr. Gustavo Vargas Fernández:
Señaló que la propuesta del Banco Nacional de Costa Rica es que se les permita a los Bancos del Estado tener abogados institucionales, de forma que no se le cobre a los usuarios los servicios notariales; es decir, reducir los costos no solo a un 50%, sino que tenga un costo cero.
La Diputada Yorleny León Marchena (PLN) consultó ¿por qué si en el artículo 7 y 8 del Código Notarial se regula la figura de los notarios institucionales, los Bancos del Estado no cuentan con los mismos, además consultó ¿cuál es porcentualmente el costo de los honorarios en la adquisición de créditos para vivienda y si, mediante este proyecto, sería más accesible el crédito?, la Sra. Marietta Herrera Cantillo indicó que si bien actualmente hay algunos notarios institucionales nombrados, la Dirección Nacional de Notariado tomó la decisión de no nombrar más, por lo que reitera, la idea es que con esta ley se permita extender la cantidad de estos notarios a los Bancos del Estado. Respecto al porcentaje del costo, el Sr. Gustavo Vargas Fernández señaló que representan de un 3% a 5%, por lo que afirmó, que mediante este proyecto sí serían más accesibles los créditos, puesto que los honorarios notariales generan altos costos a los procesos.
La Diputada Catalina Montero Gómez (PAC) consultó ¿de qué forma se puede agilizar esta extensión de los notarios institucionales a los Bancos del Estado y si existe alguna forma en que los Bancos diferencien cuando se trata de la población vulnerable a la que se refiere el proyecto, y que no se terminen beneficiando grandes empresas?, a lo que la Sra. Marietta Herrera Cantillo respondió, basta con que se integre en el proyecto la habilitación de nombrar los notarios institucionales en los Bancos del Estado necesarios para atender la demanda de los créditos, y añadió, los Bancos cuentan con los requisitos que debe poseer una familia para entrar en esa categoría y para el caso de las pequeñas y medianas empresas, estas deben estar inscritas como tales para recibir el beneficio.
La Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez (PIN) preguntó ¿cuántos notarios se necesitaría?, a lo que el Sr. Gustavo Vargas Fernández estimó que, alrededor de 10 notarios, sin embargo, señaló, se debe hacer un análisis para dar un dato más preciso.
La Diputada Catalina Montero Gómez (PAC) consultó ¿cuánto tiempo en el trámite se reduce al no tener el usuario que buscar un notario externo por contar con uno institucional?, el Sr. Gustavo Vargas Fernández indicó que el tiempo no tendría mayores cambios, sino que la diferencia se da principalmente en el costo.
Lic. Juan Luis León Blanco:
Destacó la convicción del derecho en los temas de responsabilidad social y que parte del proceso democrático se debe a que se ha entendido que no se puede tratar a todos por igual, sino que hay poblaciones menos privilegiadas que deben recibir un trato especial para llevar a cabo sus proyectos, es por esta razón que afirmó, el Colegio de Abogados y Abogadas apoya este tipo de proyectos.
Explicó que conforme a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en su artículo 59, en lo relativo al interés social, ya se regula el que las comisiones tengan la posibilidad de que el notario cobre únicamente el 50% de lo que corresponde, de manera que, crear la posibilidad de que a determinadas personas se les cobre menos del 50%, puede generar injusticias al provocar un aprovechamiento inadecuado que realmente no se necesita. Añadió que la importancia del notario radica en que es él quien asesora al usuario para que se realice una transacción segura, de manera que, si se descuida la importancia del notario, reduciendo sus honorarios, se provocaría un riesgo para la sociedad.
La Diputada Yorleny León Marchena (PLN) consultó al compareciente ¿que si no estaba de acuerdo con la disminución en los precios para las pequeñas y medianas empresas y si tenía alguna objeción para que los Bancos Estatales tengan notarios institucionales?, el Lic. Juan Luis León Blanco contestó que lo que se tiene claro es que el acceso al crédito para esas poblaciones no tiene relación con el cobro de honorarios, sino con la tasa de intereses que establecen las instituciones.
Señaló que el ejercicio de la función notarial ha estado actuando bajo una excepción que no se encuentra en la ley, sino que, por una sentencia de la Sala Constitucional se les permite a los notarios trabajar para el Estado, bajo un salario, sin embargo, el espíritu de la ley es que estos ejerzan su labor respecto a la tabla de honorarios definida. Asimismo, expresó estar de acuerdo con las ayudas a poblaciones que se han establecido en la ley, las pequeñas y medianas empresas no estarían dentro de estas.
La Diputada Yorleny León Marchena (PLN) le consultó ¿si la asesoría que brinda un abogado externo representa el mismo nivel que uno institucional, a lo que el Lic. Juan Luis León Blanco contestó de manera afirmativa, dado que los deberes y obligaciones son iguales para todo profesional.
La Diputada Catalina Montero Gómez (PAC) preguntó ¿en qué casos requieren las personas los servicios notariales y cuánto se afectaría los notarios con este beneficio?, el Sr. Juan Luis León Blanco señaló los casos en los que se requiere los servicios notariales, como el patrimonio de bienes muebles e inmuebles, asuntos de familia y las actas notariales cuya importancia radica en la fe pública que les otorga el Estado.
Además, indicó que en el proyecto se menciona beneficios adicionales que no tienen los demás, esto es lo que afectaría los intereses de los notarios. Añadió que de acuerdo con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos se protege el derecho a trabajar, el cual se ve vulnerado con la aprobación de este proyecto, puesto que le niega la posibilidad al notario de ejercer su trabajo sin poder cobrar sus honorarios.
La Diputada María José Corrales Chacón (PLN) mencionó el artículo 45 de la Ley No. 7052, el cual regula las viviendas de interés social, por lo que le preguntó ¿si se modifica el proyecto reduciéndolo a las viviendas para las familias que requieren la ayuda social, no se estaría proporcionando nada nuevo a la legislación?, el Lic. Juan Luis León Blanco manifestó que si todos los actos asociados a los bonos de vivienda y las transacciones para cualquier contrato se adecúan a la ley, estaría de acuerdo con el proyecto.
La Diputada Yorleny León Marchena (PLN) se refirió a lo señalado por el señor León, al señalar que el artículo 3 del proyecto de ley transgrede los principios de proporcionalidad, remuneración y libertad, de forma que consultó ¿si con los altos costos de honorarios, más bien es a los usuarios a los que se les restringe su libertad de acceso al crédito?, el Lic. Juan Luis León Blanco contestó negativamente, debido a que el servicio de notariado se da como cualquier otro servicio profesional, incluso es este el que le garantiza a los usuarios que su contrato se realice con la mayor solidez y seguridad.
Finalmente, se aprobó enviar a consultar el texto de la iniciativa ante: Sistema de Banca para el Desarrollo, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Caja Costarricense de Seguro Social, y Dirección Nacional de Notariado.
Audiencia Señores Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica; Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras; Tomás Soley, Superintendente General de Seguros; Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones y a las señoras María Lucía Fernández, Superintendente General de Valores y Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior, quienes señalaron:
Sr. Rodrigo Cubero:
Manifestó que trataría el tema de la gobernanza de la supervisión y la regulación financiera. Indicó que el Banco Central de Costa Rica se encarga de la regulación financiera en el país y que el CONASSIF, el cual está constituido por una junta directiva cuyos miembros los elige el Banco Central, opera como una “sombrilla” por encima de las superintendencias.
Expresó que el CONASSIF aprueba la regulación que plantean las superintendencias y que es un ente de desconcentración máxima del BCCR.
Añadió que, como parte del modelo de supervisión y regulación financiera, Costa Rica se ha sometido a la evaluación de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Explicó que, en materia financiera, Costa Rica se encuentra en una fase de transición a un modelo de supervisión basada en riesgos, migrando al igual que los mejores países del mundo a un modelo de estándares altos de calidad.
Con respecto al proyecto, explicó que la iniciativa de ley pretende abordar brechas con respecto a los estándares internacionales que promueven un sistema financiero seguro, eficiente y competitivo, tales como:
a) Consulta, cooperación e intercambio de información: Imposibilidad legal de compartir información entre los supervisores locales y entre éstos y los externos.
b) Comercialización y derivados: La Ley Reguladora del Mercado de Valores no los incluye. Oferta reducida de instrumentos para la inversión financiera, en especial para coberturas.
c) Protección al supervisor: No existe protección legal al supervisor.
d) Contribución al financiamiento: Requiere aumentar la contribución de los regulados conforme a la experiencia internacional.
Respecto a la protección al supervisor, indicó que el proyecto pretende mitigar el riesgo de procesos judiciales intimidatorios a los superintendentes, siendo esto un riesgo para la estabilidad financiera. Aclaró que la protección no es equivalente a la inmunidad; pretende proteger actos legales y válidos, no proteger la omisión o el incumplimiento de deberes ni actos con dolo o culpa grave.
Sobre el tema de la contribución al financiamiento, manifestó que la iniciativa propone que se genere un aumento gradual en la contribución del regulado al financiamiento de la regulación y supervisión. Señaló que esta medida mejora la transparencia debido a que se le brinda la oportunidad a las organizaciones reguladas de hacerle observaciones a los presupuestos de las superintendencias. Como finalidad de la propuesta señaló: Mantener bajo control el costo y calidad de la regulación y supervisión; reducir las pérdidas del Banco Central y suavizar impacto sobre costos de los servicios financieros.
Sra. María Lucía Fernández:
Señaló que los Comités de la OCDE que están vinculados a esta propuesta de Ley se encuentra los Comités de Inversiones, Gobierno Corporativo y el de Mercados Financieros.
a) Manifestó que para cada uno de ellos se busca los siguiente:
b) Comité de Inversiones: Se busca principalmente ampliar el ámbito regulatorio de las superintendencias, para que no solo se puedan regular valores, sino también contratos que podrían ser instrumentos financieros y que hoy quedan fuera de la regulación, como es el caso de los derivados.
c) Comité de gobierno corporativo: Se pretende fortalecer la regulación y el marco sancionatorio aplicable a obligaciones sobre información de los emisores de valores y las auditorías externas.
Comités de Mercados Financieros: Busca otorgar atribuciones al regulador en el intercambio de información tanto dentro del territorio nacional, como en el exterior.
Apuntó que el proyecto aprovecha la infraestructura del mercado de valores y no genera una duplicación de funciones. Añadió que el proyecto plantea una reforma importante al marco sancionatorio, bajo la cual la superintendencia podrá realizar visitas de auditoría a los emisores y a los auditores externos, con el fin de aclarar la información sobre las auditorías. También, mencionó el proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés).
El Diputado Jonathan Prendas Rodríguez (I) cuestionó ¿por qué se planteó un 50% y no un 30% de financiamiento por parte de los regulados al presupuesto de las superintendencias y cuál es el sustento técnico?, adicionalmente, afirmó que esta pareciera ser una decisión que tiene como fin evitar pérdidas para el Banco Central y no particularmente cumplir con los requerimientos para la incorporación a la OCDE, ya que según lo que tienen entendido es que la OCDE solicita al menos un 30%. El Sr. Rodrigo Cubero explicó que la decisión planteada de un 50% es política, adiciono que existen argumentos técnicos, pero estos no le van a indicar si es un porcentaje determinado. El diputado solicitó que les remitan por escrito a la Comisión el sustento técnico y el criterio OCDE, referente a los porcentajes.
El Diputado Jonathan Prendas Rodríguez (I) le indicó a la Sra. María Lucía Fernández que pensando en consultores externos de inversión, se habla de aquellos asesores de inversión que andan ofreciendo valores internacionales no regulados y captan estas inversiones sin ningún tipo de regulación o penalización, más allá de la lista financiera, consultando ¿cómo se puede integrar a estos actores financieros en la norma, para que queden debidamente involucrados y ustedes puedan regularlos?, señaló que según entiende, actualmente están por la libre y que ustedes no tienen la forma de supervisar que eso se haga correctamente, la Sra. María Lucía Fernández indicó que el proyecto de Ley está muy focalizado a las recomendaciones que se ha recibido en los diferentes Comités, indicó que se están ajustando a los parámetros solicitados y que tiene plazos definidos para cumplirlos, adicionalmente, manifestó que comparte el criterio del Diputado que se requiere una reforma mayor en otros aspectos de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y que la Superintendencia está ya realizando un esfuerzo importante para lograr identificar aquellos modificaciones que se deban impulsar.
La Diputada Laura Guido Pérez (PAC) consultó sobre ¿cuál es el requerimiento de la OCDE en cuanto a la contribución del regulado y solicitó un informe que contenga la contribución del regulado en los países miembros de la OCDE?, el Sr. Rodrigo Cubero indicó que el FMI insiste en que la contribución sea 100%, pero que la OCDE reconoce la situación particular de Costa Rica donde el BCCR financia una parte. Señaló que el 50% no es para cubrir las pérdidas del BCCR, es para reducirlas y reducir el costo de las entidades financieras.
El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) consultó ¿sí la protección a los superintendentes es un requerimiento de la OCDE?, ¿por qué Costa Rica no se ha integrado a IOSCO? y ¿cuáles serían los presupuestos anuales de cada una de las superintendencias con esta reforma?, el Sr. Rodrigo Cubero contestó que la protección sí es un requerimiento de la OCDE y que el resto de las preguntas las enviará por escrito debido a la poca disponibilidad de tiempo.
El Diputado Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC) consultó ¿sí los supervisados pueden tener injerencia en el presupuesto de estudios e investigaciones de las superintendencias y quiénes son los responsables de lo que sucedió con el grupo Aldesa?, el Sr. Rodrigo Cubero contestó que existe normativa de ejercicio independiente de la supervisión de la regulación y que la protección legal de los superintendentes fortalecerá este aspecto, así como que no tiene competencia para referirse al caso de Aldesa. El Sr. Bernardo Alfaro indicó que la superintendencia que dirige no tenía potestad para supervisar este caso.
La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) consultó ¿por qué Costa Rica no se ha unido a IOSCO?, la Sra. María Lucía Fernández manifestó que se han formulado tres proyectos de ley a lo largo de los años para que la Asamblea Legislativa apruebe la integración de Costa Rica a esta organización, pero que la misma no los ha acogido en su debido tiempo y estos pierden vigencia porque IOSCO ha cambiado sus regulaciones en varias ocasiones.
La Diputada Silvia Hernández Sánchez (PLN) consultó ¿sí, debido a este cambio de financiamiento para las supervisadas, existe algún estudio que determine las consecuencias e impacto de estos cambios?, ¿cuál es el presupuesto anual de cada superintendencia y si se está trabajando en protocolos de confidencialidad?, la Sra. Dyalá Jiménez explicó que el compromiso con la comisión fue enviar proyectos con requisitos para ingreso a la OCDE y que esos otros aspectos pueden interesar para un periodo posterior.
Finalmente, se aprobó una moción para dejar sin efecto la convocatoria en audiencia de la Sra. Edna Camacho, Ministra de Coordinación con el Sector Económico.