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Timestamp: 2019-05-22 06:58:29
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BOE.es - Documento BOE-A-2018-13192
Documento BOE-A-2018-13192
«BOE» núm. 236, de 29 de septiembre de 2018, páginas 93875 a 93908 (34 págs.)
BOE-A-2018-13192
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2018/07/31/7
1. Esta ley tiene por objeto el desarrollo y el régimen jurídico del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral como organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, y se configura como órgano científico-técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Asimismo, tiene por objeto establecer el marco de actuación que posibilite la reducción de la siniestralidad en el trabajo y la mejora en la defensa y la protección de la salud en el trabajo en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante la adopción de un conjunto de medidas dirigidas al aprendizaje, la sensibilización, la formación y la promoción de la seguridad y la salud laboral, todo ello en el ámbito competencial que le es propio en la comunidad autónoma de las Illes Balears y en cooperación y colaboración con el Estado y con el resto de autoridades y organismos competentes de la comunidad autónoma de las Illes Balears en esta materia.
Artículo 2. Finalidades.
El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral
Artículo 3. Naturaleza jurídica.
1. El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, que también puede utilizar el acrónimo IBASSAL, es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 2.1.a) de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, creado por la Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
2. El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral se rige por esta ley, por su ley de creación, por el resto de disposiciones que resulten de aplicación y por las normas que la desarrollen.
Artículo 4. Ámbito de actuación.
1. El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral extiende su actuación a todas las ramas de la actividad económica en que haya personas trabajadoras ocupadas, incluyendo las administraciones públicas, en sus centros de trabajo establecidos en la comunidad autónoma de las Illes Balears. Asimismo, extiende su actuación a las cooperativas, con las particularidades derivadas de su normativa específica.
2. El Instituto también lleva a cabo actividades de promoción de la prevención de riesgos laborales en relación con las personas trabajadoras por cuenta propia.
Artículo 5. Finalidad.
Artículo 7. Órganos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
1. La Presidencia es el órgano superior de dirección unipersonal, y ejerce la representación legal y ordinaria del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y las funciones que esta ley le encomienda.
2. Con carácter nato, el cargo de la Presidencia recae en la persona titular de la consejería competente en materia de trabajo.
Artículo 9. Funciones de la Presidencia.
Artículo 10. La Vicepresidencia.
1. La Vicepresidencia recae con carácter nato en la persona titular de la consejería competente en materia de salud.
2. La persona que ejerce la Vicepresidencia del Instituto tiene que asumir las funciones de la persona que ejerce la Presidencia en caso de ausencia, vacante o enfermedad del presidente o la presidenta, y las que expresamente esta le delegue.
Artículo 11. La Dirección. Naturaleza, nombramiento y cese.
1. La persona que ejerce la Dirección es el órgano de dirección técnica, gestión y ejecución de las competencias que desarrolla el Instituto, bajo la superior autoridad de la persona que ejerce la Presidencia y con dependencia funcional de la persona titular de la dirección general competente en materia de salud laboral.
2. El nombramiento y el cese se disponen por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona que ejerza la Presidencia.
3. En el supuesto de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, las funciones de la persona que ejerce la Dirección del Instituto las tiene que asumir, temporalmente, la persona que ocupa la dirección general competente en materia de salud laboral o la persona que designe la Presidencia del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
Artículo 12. Funciones.
Artículo 13. El Consejo de Dirección. Naturaleza y composición.
1. El Consejo de Dirección es el órgano superior colegiado y está integrado por el presidente o la presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta y once vocales.
2. El presidente o la presidenta es la persona titular de la consejería competente en materia de trabajo, y el vicepresidente o la vicepresidenta es la persona titular de la consejería competente en materia de salud.
3. Los vocales y las vocales del Consejo de Dirección son los siguientes:
4. Ejerce las funciones de secretario o secretaria del Consejo de Dirección el director o la directora del Instituto, que asiste a las sesiones con voz y sin voto.
5. Tiene que asistir a las sesiones para tareas de asesoramiento jurídico de los órganos directivos, con voz y sin voto, una persona en representación de la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de que esta pueda delegar las funciones en una persona miembro del servicio que tenga atribuido el asesoramiento del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
6. El consejero o la consejera titular de la consejería competente en materia de trabajo y el consejero o la consejera competente en materia de salud adquieren la condición de miembros y son nombrados de forma automática cuando acceden al cargo correspondiente. El resto de miembros representantes de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears deberán nombrar a otra persona que pueda asistir en su nombre cuando no puedan estar presentes en caso de ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal.
7. Los vocales y las vocales que representan a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas son nombrados y cesados por resolución del consejero o consejera de adscripción a propuesta de las organizaciones empresariales y sindicales respectivas, que podrán nombrar a otra persona que pueda asistir en nombre de la persona titular cuando esta no pueda estar presente por ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal.
8. Los miembros del Consejo de Dirección que tengan su domicilio fuera de la isla donde se realicen las reuniones tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que puedan producirse por asistencia a las sesiones y de las dietas correspondientes, de acuerdo con lo que determine la normativa aplicable al funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de su sector instrumental.
Artículo 14. Funciones.
Artículo 15. Funcionamiento.
Artículo 16. El Consejo Rector de Salud Laboral. Naturaleza.
1. La composición del Consejo Rector de Salud Laboral es la siguiente:
2. Ejercerá las funciones de secretario o de secretaria del Consejo Rector el director o directora del Instituto, quien asistirá a las sesiones con voz y sin voto.
3. Los vocales y las vocales que representan las organizaciones empresariales y sindicales más representativas son nombrados y cesados por resolución del consejero o de la consejera de adscripción a propuesta de las organizaciones empresariales y sindicales respectivas, que podrán nombrar a otra persona que pueda asistir en nombre de la persona titular cuando esta no pueda asistir por ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal.
4. Igualmente tienen que asistir, con voz y sin voto, una persona representante de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y otra de las asociaciones de servicios de prevención ajenos con representatividad en las Illes Balears.
5. También, con voz y sin voto, tiene que asistir una persona en representación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
6. Por iniciativa propia o a petición de la mitad de los miembros del Consejo Rector, la Presidencia puede invitar a las reuniones, con voz y sin voto, a personas cuya intervención considere conveniente de acuerdo con los puntos incluidos en el orden del día, a razón de sus conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias.
7. En ningún caso, los que ejerzan como vocales pueden atribuirse la representación o las facultades del Consejo Rector, a no ser que expresamente se les haya otorgado por acuerdo del órgano colegiado y para cada caso concreto.
8. También, con voz y sin voto, tienen que asistir dos personas en representación de la Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral.
Artículo 18. Funciones.
Artículo 19. Funcionamiento.
1. El Consejo Rector funciona en pleno y en comisión de grupos de trabajo.
2. El Consejo Rector puede constituir grupos de trabajo, en los ámbitos de su competencia, de forma temporal o permanente, con carácter temático, sectorial o insular, siempre que se considere necesario para el cumplimiento de sus finalidades. La creación, la regulación de la composición y el funcionamiento son competencia del Consejo Rector.
3. Las reuniones plenarias del Consejo Rector se tienen que convocar, con carácter ordinario, dos veces el año, y con carácter extraordinario, cuando la importancia o la urgencia de los asuntos así lo requiera, por iniciativa del presidente o la presidenta o de las dos terceras partes del conjunto de los vocales del pleno.
4. Para la válida constitución del Consejo Rector, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia de la mitad más una de las personas que lo integran.
5. La convocatoria del Consejo Rector se efectuará con una antelación mínima de 48 horas y contendrá como mínimo las siguientes indicaciones: el día, la hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, y la inclusión, en su caso, de la documentación necesaria para el desarrollo de la reunión.
6. Los acuerdos del pleno del Consejo Rector se adoptan por mayoría de los representados. En todo caso, tienen que constar en el acta los votos discrepantes y su fundamento, cuando así lo soliciten los respectivos miembros.
7. De cada sesión que se celebre en el Consejo Rector se tiene que extender un acta, que tiene que firmar la persona que ejerza la secretaría, que tiene que visar la persona que ejerza la Presidencia.
8. Los miembros del Consejo Rector que tengan el domicilio fuera de la isla donde se hagan las reuniones tienen derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que se puedan producir por asistencia a las sesiones y de las dietas correspondientes, de acuerdo con lo que determine la normativa aplicable al funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de su sector instrumental. Se adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la participación de forma telemática y con plenos efectos de los vocales del Consejo Rector que no residan en la isla donde se celebren las reuniones.
9. Se podrán crear comisiones científico-técnicas para el desarrollo de investigaciones y análisis específicos en atención a las características especiales que el Consejo Rector considere.
Sección 3.ª Órgano de asesoramiento
Artículo 20. La Unidad de Enfermedades Profesionales.
1. La Unidad de Enfermedades Profesionales es el órgano de asesoramiento y consulta de la actuación ordinaria del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral en materia de enfermedades profesionales. A este órgano corresponden las actividades del Instituto en relación con la investigación, el estudio y el control de enfermedades profesionales. En todo caso, la Unidad de Enfermedades Profesionales tiene que llevar a cabo sus funciones teniendo presente la perspectiva de género.
2. La Unidad de Enfermedades Profesionales tiene entre sus funciones generar el conocimiento suficiente para la investigación, sobre las posibles causas y evolución de las enfermedades profesionales, especialmente de las enfermedades recogidas en el anexo II del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social, de las cuales se sospeche su origen profesional y cuya inclusión podría preverse en el futuro en el anexo I del mencionado real decreto.
3. Reglamentariamente, se tienen que desarrollar la organización y el funcionamiento de la Unidad de Enfermedades Profesionales. Específicamente, se establece que tienen que formar parte de la Unidad las consejerías competentes en materia de trabajo y salud.
4. La Unidad de Enfermedades Profesionales del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral es el órgano competente de la comunidad autónoma para la tramitación y el registro de las comunicaciones de enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen los criterios para su notificación y registro.
Régimen jurídico, económico, presupuestario y de personal
Artículo 21. Régimen jurídico.
1. Los actos dictados por el director o la directora y por el vicepresidente o la vicepresidenta del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral en el ejercicio de las funciones expresamente delegadas no agotan la vía administrativa y se puede interponer un recurso de alzada ante el presidente o la presidenta del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
2. Los actos dictados por el presidente o por la presidenta y por el Consejo de Dirección del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral en el ejercicio de sus competencias agotan la vía administrativa y se puede interponer, potestativamente, recurso de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo.
3. La competencia para resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad de los actos anulables de los órganos unipersonales del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral corresponde al Consejo de Dirección y, respecto de los actos dictados por el Consejo de Dirección, a la persona titular de la consejería de adscripción, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 22. Régimen económico y presupuestario.
1. El presupuesto del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral se integra como sección presupuestaria en el presupuesto de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Los recursos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral están constituidos por:
Artículo 23. Régimen patrimonial y de contratación.
1. El patrimonio del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral estará integrado por los bienes y derechos de contenido económico que le adscriba la comunidad autónoma de las Illes Balears, los cuales se tienen que destinar exclusivamente al cumplimiento de los fines para los cuales fueron adscritos, bien de forma directa, bien mediante la percepción de sus rentas y frutos.
2. Los bienes y el patrimonio que la comunidad autónoma de las Illes Balears adscriba al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral para el cumplimiento de sus fines conservan su calificación jurídica originaria.
3. Los bienes y el patrimonio que el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral pueda adquirir o recibir por legados, donaciones u otras causas quedan integrados, con carácter general, en el patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
4. La contratación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral se tiene que ajustar a las prescripciones de la normativa básica en materia de contratación de las administraciones públicas y a la normativa autonómica en la materia. Tiene que actuar como órgano de contratación quien sea titular de la Presidencia del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
Artículo 24. Régimen del personal.
1. El personal del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral está integrado por el personal funcionario o laboral de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears que le sea adscrito, así como por el personal de nuevo ingreso que se incorpore de acuerdo con la normativa vigente en materia de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. El Instituto, como referente en prevención de riesgos laborales, tiene que contar con un equipo multidisciplinar de técnicos superiores de prevención de riesgos laborales que desarrolle las funciones de planificación, gestión, ejecución, control, estudio e investigación en esta materia. Estos técnicos deben tener la capacitación profesional necesaria para ejercer las funciones de nivel superior propias de la prevención, por lo cual deben tener una titulación universitaria oficial y, además, poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa al cual se refiere el anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
3. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral tiene la consideración de agente de la autoridad pública, las personas titulares de los centros de trabajo le tienen que facilitar el acceso, y los colectivos empresariales y las personas trabajadoras le tienen que prestar su colaboración para el mejor cumplimiento de sus funciones.
4. La plantilla del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, en caso de necesidad, estará desconcentrada territorialmente para cada isla, garantizando una dotación mínima de personal.
Artículo 25. Promoción y divulgación de valores relativos a la seguridad y la salud en el trabajo.
1. Dentro del marco fijado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el sistema educativo balear tiene que prestar especial atención a la promoción y a la divulgación de los valores relativos a la seguridad y la salud en el trabajo y, en particular, la importancia del cumplimiento de las medidas tendentes a garantizarlos.
2. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que impulsar la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar mediante las cuales se fomenten en el alumnado actitudes y comportamientos preventivos que les permitan adquirir hábitos conformes a los valores de seguridad y salud en el trabajo antes de su incorporación en el ámbito laboral.
Artículo 26. Campañas públicas de sensibilización.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que hacer regularmente campañas de sensibilización sobre la prevención de riesgos laborales y a favor de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. A este efecto, tiene que utilizar los medios que sean necesarios para que el conjunto de la población y, especialmente, la población en edad laboral tengan acceso a las campañas, y prestar especial atención a los colectivos sociales con necesidades específicas en los cuales el nivel de desprotección pueda ser mayor.
2. Las campañas pueden orientarse, entre otras finalidades, a favorecer la integración de la prevención laboral como hábito social de primer orden, así como a propiciar el cumplimiento de las obligaciones a que quedan sujetos tanto las empresas como las personas trabajadoras.
3. Asimismo, las campañas de sensibilización se tienen que llevar a cabo de manera que se garantice su accesibilidad a las personas con discapacidad.
4. En todo caso, y en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, en las campañas de sensibilización se tiene que promover la incorporación de la perspectiva de género en la integración de la actividad preventiva de riesgos laborales.
5. En todo caso, y en cumplimiento de la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia, en las campañas de sensibilización se tiene que promover la incorporación de la perspectiva sobre la orientación sexual y la identidad de género para garantizar el principio de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en la actividad preventiva de riesgos laborales.
Artículo 27. Otras acciones promocionales.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que realizar acciones públicas de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, y fomentar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
2. La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que garantizar la difusión de los actos que organice con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud y de la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y potenciar institucionalmente cualquier actividad relativa a la prevención de riesgos laborales.
Artículo 28. Los medios de comunicación social.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que promover la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración con los medios de comunicación social que operen en el territorio de la comunidad autónoma, con el fin de conseguir que incluyan en su programación mensajes, contenidos o programas específicos que fomenten la prevención de riesgos laborales y que se comprometan a divulgar valores positivos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo.
2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, la programación de los servicios públicos de radio y televisión gestionados por el Ente Público de la Radiotelevisión de las Illes Balears tiene que incluir, entre sus principios inspiradores, el de promover la sensibilización de la sociedad de las Illes Balears en materia de prevención de riesgos laborales, y adoptar las medidas necesarias para hacer un tratamiento de la información relacionada con la siniestralidad laboral conforme a las finalidades y los objetivos previstos en esta ley y a los valores constitucionales.
Artículo 29. Campañas de información a las pymes y microempresas.
Artículo 30. Empresas de nueva creación.
Artículo 31. Nuevas tecnologías.
Artículo 32. Buenas prácticas.
Artículo 33. Excelencia.
Artículo 34. Política preventiva orientada a resultados.
Artículo 35. Fomento de la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Las enseñanzas regladas
Artículo 36. Medidas de fomento de la formación en materia de prevención de riesgos laborales en la enseñanza de régimen general.
1. La consejería competente en materia de educación tiene que fomentar la inclusión en los planes formativos de los objetivos y contenidos específicos en materia de seguridad y salud laboral, adaptados a los diversos niveles de enseñanza. Los valores de la seguridad y la salud laboral se tienen que difundir con carácter transversal en las diferentes etapas del sistema educativo.
2. La consejería competente en materia de educación tiene que promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar que, en la etapa de educación primaria, el alumnado pueda adquirir y desarrollar valores elementales de seguridad y salud en el trabajo.
3. La consejería competente en materia de educación facilitará la adopción de las medidas para garantizar que, en la etapa de educación secundaria obligatoria y bachillerato, el alumnado adquiera conciencia de la importancia de seguir hábitos de trabajo seguro, así como los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud.
4. La consejería competente en materia de educación tiene que velar por el refuerzo de los contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en las materias de modalidad del bachillerato que, por su carácter, mantengan una vinculación más directa.
Artículo 37. Formación profesional.
1. En cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, la consejería competente en materia de educación tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar que el alumnado de los diferentes ciclos de formación profesional adquiera las capacidades y los conocimientos necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y salud, prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo y poder actuar ante las eventuales situaciones de emergencia que puedan producirse.
2. Con esta finalidad, hay que garantizar la inclusión de contenidos específicos en materia de prevención de riesgos laborales. También hay que potenciar que la formación relacionada con la prevención de riesgos laborales tenga carácter transversal.
3. A los efectos previstos en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, la consejería competente en materia de educación tiene que garantizar que el alumnado que curse ciclos formativos de formación profesional de grado medio o superior pueda obtener la certificación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, siempre que esta cumpla los requisitos de contenido y duración establecidos en dicha norma.
4. La consejería competente en materia de educación promoverá la impartición de ciclos formativos en materia de riesgos laborales.
Artículo 38. Enseñanza universitaria.
1. Dentro del marco que fija la normativa estatal y respetando la autonomía universitaria, la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que promover la impartición de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado o postgrado en materia de prevención de riesgos laborales en la Universidad de las Illes Balears (UIB). Específicamente, se tiene que fomentar la elaboración y difusión de proyectos docentes o de investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la comunidad autónoma y la UIB tienen que procurar promover la difusión y ampliación de contenidos sobre la materia de prevención de riesgos laborales en las titulaciones académicas que presentan una relación más estrecha con el ámbito de seguridad y salud laboral. Asimismo, tienen que promover los contenidos preventivos de seguridad y salud en los programas reglados de postgrado relacionados con el ámbito de esta ley.
Artículo 39. Educación de personas adultas.
Artículo 40. Formación del profesorado.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene que adoptar las medidas necesarias para que, en los programas de formación permanente del profesorado, se incluya formación específica en materia de prevención de riesgos laborales que le permita adquirir las técnicas y los conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios para:
2. Además, la comunidad autónoma de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de educación, tiene que promover actividades formativas en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a la inspección de educación.
Medidas de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en materia de subvenciones públicas y contratación administrativa
Promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en materia de subvenciones públicas
Artículo 42. Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.
Promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en el ámbito de la contratación administrativa
Artículo 43. Acreditación de la solvencia técnica en determinados contratos.
1. Sin perjuicio de lo que dispone la normativa básica de contratación pública sobre los medios para acreditar la solvencia técnica o profesional necesaria para contratar con el sector público, los órganos de contratación de los entes, organismos y entidades que conforman el sector público pueden incluir, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos que por su objeto lo puedan requerir, la exigencia que, en la declaración del personal técnico o las unidades técnicas con que cuenten las empresas para la ejecución del contrato, se haga una mención específica al personal que tiene que ejercer funciones en materia de prevención de riesgos laborales.
2. Asimismo, siempre que se relacione con el objeto del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que elaboren los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes, organismos y entidades que conforman el sector público autonómico pueden establecer que la acreditación de la solvencia técnica que se efectúe mediante la declaración de la maquinaria, el material y el equipo técnico disponible para la ejecución del contrato detalle expresamente los medios materiales que la empresa se compromete a adscribir para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
Artículo 44. Condiciones especiales de ejecución de los contratos.
1. Además de las obligaciones que, de acuerdo con la normativa básica de contratación pública, sean exigibles según el tipo de contrato de que se trate, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que aprueben los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes, organismos y entidades que conforman el sector público autonómico tienen que incluir expresamente la obligación de la persona contratista de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales durante la ejecución del contrato.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes, organismos y entidades que conforman el sector público autonómico pueden establecer, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que aprueben condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que refuercen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y que favorezcan la formación en materia de prevención de riesgos laborales del personal asignado para ejecutarlos.
3. El incumplimiento de estas condiciones puede configurarse en los respectivos pliegos como causa de resolución contractual por infracción de obligaciones de carácter esencial, si expresamente se le ha atribuido este carácter, o bien dar lugar a la imposición de penalidades con el alcance y cuantía que se determinen, dentro de los límites fijados por la normativa básica de contratación pública.
4. Asimismo, los órganos de contratación vigilaran para la inclusión, entre las obligaciones de la persona contratista, la de informar, en los términos que se establezcan en el contrato, sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, de las incidencias que durante su ejecución se hayan podido detectar.
Disposición adicional única. Reducción a rango reglamentario.
Disposición transitoria primera. Nombramiento de los miembros del Consejo Rector de Salud Laboral.
Disposición transitoria tercera. Personal del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.
1. Quedan adscritos al organismo autónomo Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral los funcionarios de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria que, al entrar en vigor esta ley, ocupen puestos de trabajo cuyas funciones pase a ejercer el organismo autónomo.
2. La persona titular de la consejería competente en materia de función pública, a propuesta del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, determinará, mediante resolución, los puestos de trabajo afectados por lo que se establece en el apartado anterior y que, en consecuencia, tienen que prestar servicios en el organismo autónomo.
3. El personal funcionario adscrito conserva las mismas condiciones y el mismo régimen jurídico, y se debe entender a efectos de participación en concursos, comisiones de servicio y cualquier otro procedimiento en materia de función pública como si prestara servicios en la consejería.
4. El personal funcionario adscrito que continúa bajo la dependencia orgánica del consejero o consejera competente en materia de función pública prestará sus servicios bajo la dependencia funcional del consejero o consejera competente en materia de salud laboral, y llevará a cabo sus funciones de acuerdo con las directrices establecidas por la persona que ejerza la Dirección del organismo autónomo y otros superiores jerárquicos que consten en la relación de puestos de trabajo según establezcan las órdenes de funciones de cada puesto de trabajo.
5. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral habilitará procesos de adaptación para el personal técnico de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral cuyos requisitos de los puestos de trabajo incluyan la titulación de técnico superior de prevención y que se encuentren encuadrados en el cuerpo facultativo técnico, en el plazo de dos años desde su creación.
6. En los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del Instituto que tengan atribuidas funciones de carácter científico-técnico, se puede admitir funcionarios o personal laboral que preste servicios en funciones análogas en materia de prevención de riesgos laborales y que cumpla los requisitos de la plaza a la que se puede optar.
Disposición final segunda. Relación de puestos de trabajo.
Disposición final tercera. Financiación de la actividad en el ejercicio presupuestario de entrada en vigor.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.
1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 1. Objeto y naturaleza jurídica.
2. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears se configura como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades.»
2. Se modifica la Disposición transitoria única de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, con la adición de un apartado 2 con la siguiente redacción:
«2. Hasta la aprobación y entrada en vigor del reglamento de funcionamiento y de régimen interno de la Oficina, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears será el órgano de contratación.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
«4. También con carácter excepcional durante el ejercicio de 2018, el Consejo de Gobierno podrá aprobar créditos extraordinarios o suplementos de créditos siempre que el resultado presupuestario del ejercicio de 2017 calculado en términos de contabilidad nacional, de acuerdo con el Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, sea positivo, y teniendo en cuenta los requisitos y las limitaciones que se establezcan a estos efectos en la legislación presupuestaria estatal.
En caso de que el saldo del remanente de tesorería no afectado y consolidado del ejercicio de 2017, antes mencionado, sea insuficiente o negativo, los expedientes de modificación de créditos a que hace referencia este apartado tendrán que incorporar un informe subscrito por el director general de Presupuestos y Financiación en el cual se justifique que, de acuerdo con la planificación presupuestaria a medio plazo, es previsible un remanente de tesorería no afectado y consolidado de la comunidad autónoma positivo en el plazo máximo de tres años.»
Disposición final sexta. Modificación del Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el procedimiento de selección de personal funcionario interino al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. El artículo 4 del Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el procedimiento de selección de personal funcionario interino al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, queda modificado con la siguiente redacción:
«Artículo 4. Procedimiento extraordinario.
10. En caso de empate en la constitución de una bolsa por el procedimiento extraordinario se tienen que aplicar los criterios de desempate regulados para el procedimiento ordinario.»
2. El artículo 6 del Decreto 30/2009 mencionado queda modificado con la siguiente redacción:
«Artículo 6. Procedimiento específico de selección para subvenir a necesidades temporales y urgentes.
3. Igualmente, se pueden crear bolsas de trabajo específicas de otros cuerpos, escalas y especialidades distintos a los previstos en el apartado primero anterior, en los mismos casos, cuando se considere necesario para atender adecuadamente las funciones propias de estos cuerpos, escalas y especialidades.»
Disposición final sexta bis. Deslegalización.
Disposición final séptima. Modificaciones del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
1. El artículo 10 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, queda modificado con la siguiente redacción:
«Artículo 10. Prohibiciones para ser beneficiario.
6. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar sometidas a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias señaladas en los apartados 1 y 2 de este artículo, se puede hacer mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo que establece la normativa que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por las administraciones públicas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando este documento no pueda ser expedido por la autoridad competente puede ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o un notario público.»
2. El artículo 36 del texto refundido de la citada Ley de subvenciones queda modificado con la siguiente redacción:
«Artículo 36. Pago.
Las liquidaciones parciales a que se refiere el párrafo anterior se rigen por las mismas normas que contiene el artículo 42 bis de esta ley para la liquidación de la subvención, salvo el plazo máximo para dictarlas y notificarlas que será de seis meses.»
3. El artículo 37 del texto refundido de la Ley de subvenciones mencionado queda modificado con la siguiente redacción:
«Artículo 37. Pago anticipado de subvenciones.
No se tiene que exigir ningún tipo de garantía para el pago anticipado de subvenciones a los beneficiarios que, de acuerdo con la legislación vigente, disfruten del privilegio de exención de constitución de garantías ante los órganos administrativos y jurisdiccionales, ni en los supuestos que se establezcan reglamentariamente.»
4. Se añade un nuevo artículo, el artículo 42 bis, en el texto refundido de la Ley de subvenciones mencionado, con la siguiente redacción:
«Artículo 42 bis. Liquidación de la subvención.
4. Sin perjuicio del resto de supuestos a que hace referencia el artículo 39.2 de la Ley general de subvenciones, cuando la persona interesada presente la justificación de la subvención en el plazo correspondiente, el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la administración concedente a liquidar el eventual reintegro que, en su caso, corresponda se inicia el día siguiente de la notificación de la liquidación de la subvención o del transcurso del plazo máximo para dictarla y notificarla.»
5. Los apartados 2 y 3 del artículo 44 del texto refundido de la Ley de subvenciones mencionado quedan modificados con la siguiente redacción:
«2. El reintegro parcial de la subvención por razón de los incumplimientos parciales por cualquiera de las causas previstas en el apartado 1 de este artículo se tiene que regir por lo que dispongan los criterios de gradación a que se refiere la letra n) del artículo 13 de esta ley y, en todo caso, por el principio de proporcionalidad, siempre que la finalidad de la subvención, dada su naturaleza, sea susceptible de satisfacción parcial.
3. En particular, cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, la entidad colaboradora se aproxime de una manera significativa al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el eventual reintegro parcial de la subvención que resulte de la aplicación de los criterios de gradación y del principio de proporcionalidad a que hace referencia el apartado anterior de este artículo se tiene que exigir sin interés de demora.»
6. El tercer párrafo del apartado 5 del artículo 44 del texto refundido de la Ley de subvenciones mencionado queda modificado con la siguiente redacción:
«El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de doce meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin que sean exigibles los intereses moratorios que se puedan meritar a partir del día siguiente del transcurso de este plazo máximo. Tampoco son exigibles los intereses moratorios que se puedan meritar a partir del día siguiente del transcurso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos de recurso en vía administrativa contra las resoluciones de reintegro.»
1. Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
2. No obstante, las modificaciones del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, que contienen los puntos 1 y 3 de la disposición final por la que se modifica el texto refundido de la Ley de subvenciones, despliegan efectos, respectivamente, desde el día 20 de abril de 2018 y 1 de junio de 2018.
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 8 de agosto de 2018.
Publicada en el BOIB núm. 97, de 7 de agosto de 2018.
el Decreto 107/2010, de 1 de octubre (BOIB núm. 149, de 16 de octubre).
en la forma indicada el Decreto 8/2006, de 3 de febrero (BOIB núm. 21 de 11 de febrero).
en la forma indicada el Decreto 34/2013, de 21 de junio (BOIB núm. 88, de 22 de junio).
el art. 8.4 de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-929).
el art. 1 y la disposición transitoria única de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-267).
los arts. 10, 36, 37, 44 y AÑADE el 42 bis a la Ley de subvenciones, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre (Ref. BOIB-i-2005-90013).
los arts. 4 y 6 del Decreto 30/2009, de 22 de mayo (BOIB núm. 78, de 30 de mayo).