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Timestamp: 2018-09-24 06:13:46
Document Index: 41538259

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 28', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 37', 'artículo 126']

﻿ Sentencia 2004-00182 de marzo 11 de 2010
SENTENCIA 2004-00182 DE 11 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:ABANDONO DEL CARGO. COMPORTA DOBLE CONSECUENCIA, COMO CAUSAL AUTÓNOMA DE RETIRO DEL SERVICIO Y COMO FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA
TEMAS ESPECÍFICOS:ABANDONO DEL CARGO, VACANCIA EN LOS EMPLEOS PÚBLICOS, FALTAS DISCIPLINARIAS, RETIRO DE EMPLEOS PÚBLICOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:463 DE JULIO DE 2010, PG.1231
Sentencia 2004-00182 de marzo 11 de 2010
Rad. 63001-23-31-000-2004-00182-01
EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a las súplicas de la demanda formulada por Alba Lucía Cárdenas Quintero contra el municipio de Armenia.
Como problema jurídico principal, considera la Sala, que en el presente caso se trata de establecer si la administración municipal, previo a la expedición del acto administrativo que declaró vacante el empleo que ocupaba la parte actora, por abandono del cargo, debió adelantar un procedimiento breve y sumario en orden a comprobar las circunstancias en las que se produjo la dejación del empleo.
De otra parte, además del efecto negativo que implica para el servidor público la decisión que dispone su retiro definitivo del servicio, debe decirse que, en tanto que la conducta de abandono del cargo está consagrada en el Código Disciplinario Único como una falta gravísima, corresponderá a la autoridad competente establecer la responsabilidad disciplinaria del servidor.
En el presente caso, con fundamento en lo previsto en el artículo 126(6) del Decreto 1950 de 1973, el Secretario de Educación Municipal de Armenia, declaró mediante el acto administrativo acusado, vacante el empleo de auxiliar administrativo, código 550, grado 05 que desempeñaba la señora Alba Lucía Cárdenas Quintero, en la Institución Educativa Gustavo Matamoros D´Costa, por haberse configurado el abandono del cargo.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 126 y 127 del Decreto 1950 de 1973, en los eventos en que se presente la ausencia de un servidor al trabajo durante tres días consecutivos, el nominador deberá adelantar un procedimiento breve y sumario en orden a comprobar la ocurrencia de la omisión y proceder a declarar la vacancia del empleo, sin perjuicio de que el empleado pueda allegar oportunamente las pruebas que justifiquen su ausencia.
De la actuación administrativa reseñada se desprende, que el acto que dispuso el retiro definitivo del servicio por abandono del cargo, fue expedido, luego de que mediante oficio del 31 de octubre de 2003, el rector de la institución educativa a la cual se encontraba vinculada la actora, comunicara al secretario de educación municipal, que la misma “no se había presentado a laborar a partir del 24 de septiembre del 2003 sin justificar su ausencia”.
En el caso concreto, la actuación administrativa se inició de oficio con ocasión del informe rendido por el rector de la Institución Educativa Gustavo Matamoros D´Costa, al secretario de educación municipal, según el cual, la demandante no asistía a la institución desde el 21 de abril de 2003, por presentar “una serie de incapacidades médicas las cuales unas se han reportado por la institución y otras las ha enviado directamente a la Secretaría de Educación Municipal”, y se indica, que como el último reporte de incapacidad médica que presentó expiraba el 23 de septiembre, debía presentarse a partir del día 24 de septiembre, sin que ello ocurriera.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo(7), a la administración le asistía el deber de comunicar a la demandante, la existencia de la actuación y el objeto de la misma.
Conforme a lo previsto en el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, el abandono del cargo, como causal autónoma de retiro definitivo del servicio (conc. art. 37 L. 443/98), se produce cuando un empleado sin justa causa, entre otras razones “Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos”, como en efecto ocurrió en el presente caso, en el que la demandante se ausentó por un término, incluso que excedía los tres días consecutivos a los que hace mención la norma.
El artículo 127 ibídem, señala que: “Comprobado cualquiera de los hechos de que trata el artículo anterior, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previos los procedimientos legales”. Los procedimientos legales a los que hace mención la norma, no son otros que los previstos para esta clase de actuaciones administrativas, de conformidad con los artículos 2º, 28, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite (…)”.
En este orden de ideas, si bien, el acto administrativo fue expedido con fundamento en lo previsto en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998(8), que preveía dentro de las causales de retiro del servicio de los empleados de carrera, en su literal g, la “declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo”, dicha facultad no podía ser ejercida sin el respeto a la totalidad de las garantías propias del debido proceso, so pena de incurrir la administración en una actuación típicamente arbitraria.
En el caso concreto, dicha garantía no se respetó en la medida en que de acuerdo con la motivación del acto y los antecedentes que dieron origen a su expedición, para la administración resultó suficiente el hecho objetivo de la inasistencia de la demandante desde el 24 de septiembre de 2003, según lo informó el rector de la Institución Educativa Gustavo Matamoros D´Costa en escrito de 31 de octubre del mismo año, sin que se adelantara un procedimiento previo, breve y sumario en orden a comprobar las circunstancias en las que se produjo la dejación del empleo, para permitirle de esta manera a la interesada, ejercer su derecho de defensa al otorgársele la oportunidad de ser oída, aportar pruebas y controvertir las que le resultaran adversas.
La administración debió garantizar plenamente el derecho de defensa, de tal forma que, luego de permitirle a la empleada que acreditara las razones por las que dejó de asistir al trabajo por más de tres días consecutivos, procediera a calificar si resultaba razonable o no la justificación que presentaba, pues conforme a lo previsto en el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, el abandono del cargo se produce, cuando concurre en el empleado la causal sin justa causa.
Por eso, en el caso concreto, los recursos agotados por la parte interesada en vía gubernativa, resultan insuficientes para salvaguardar el debido proceso, pues dada la gravedad de las consecuencias que se desprenden de la declaratoria de vacancia del empleo, resultaba absolutamente indispensable que la señora Alba Lucía Cárdenas Quintero contara con las garantías del debido proceso (defensa y contradicción), previo a la expedición del acto administrativo de retiro del servicio.
Para la Sala no son de recibo los argumentos expresados por la entidad recurrente en el sentido de que el debido proceso se respetó en tanto que la demandante interpuso recurso de reposición “en el cual omitió mencionar y aportar prueba siquiera sumaria de su presunta incapacidad…”. Al respecto debe insistirse en que, el agotamiento de la vía gubernativa parte del supuesto de que previo a la expedición del acto que pone fin a la actuación administrativa, el afectado ejerció su derecho de defensa y contradicción, situación que como quedó demostrado no ocurrió en el caso sub judice.
Bajo las anteriores consideraciones, los actos administrativos de desvinculación son nulos, como lo consideró el a quo, al haber sido expedidos con desconocimiento de los derechos de contradicción y defensa de la empleada afectada.
Las razones expresadas resultan suficientes para CONFIRMAR la sentencia recurrida, sin necesidad de abordar los restantes motivos de inconformidad expresados por la parte demandada en el recurso de apelación, toda vez que, para la Sala resulta incontrovertible la ilegalidad del acto de retiro del servicio por declaratoria de vacancia del cargo por abandono del mismo, sin haberse adelantado previamente un procedimiento breve y sumario en orden a comprobar las circunstancias en las que se produjo la dejación del empleo».
(1) Sentencias del 21 de junio de 2001. Expediente 533-00, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. Actor: Gustavo Adolfo Betancur Cataño y del 18 de noviembre de 2004. Expediente 5620-03, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, actor: Jesús Antonio Hernández Sánchez, entre otras.
(2) Referencia 110010325000200300244-01(2103-03) Actor: Cristina Lara Castro, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.
(5) Magistrado Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto.
(6) “ART. 126.—El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa: (…).
3. Deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos…”.
(7) Reza el texto de la norma: “Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a estos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.