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Timestamp: 2019-02-17 10:12:39
Document Index: 391637201

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 123', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 84', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 223', 'artículo 65', 'artículo 42', 'artículo 192', 'artículo 17', 'artículo 223', 'artículo 11', 'artículo 122', 'artículo 5', 'artículo 166', 'artículo 12', 'artículo 122', 'artículo 167', 'artículo 192', 'artículo 12', 'artículo 180', 'artículo 187', 'artículo 189', 'artículo 192', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 192', 'artículo 151', 'artículo 9', 'artículo 193', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 265', 'artículo 229', 'artículo 84']

﻿ SENTENCIA 2234 DE JULIO 1 DE 1999
SENTENCIA 2234 DE 01 DE JULIO DE 1999
CONTENIDO:RECLAMACIONES Y PROCESOS ELECTORALES. CAUSALES DE NULIDAD, CAUSALES DE RECLAMACIÓN Y COMPETENCIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ELECTORAL, RECLAMACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE RECLAMACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL, COMPETENCIA DE LA SALA ELECTORAL, SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:335 DE NOVIEMBRE DE 1999, PÁG.2028
Sentencia 2234 de julio 1º de 1999
RECLAMACIONES Y PROCESOS ELECTORALES
CAUSALES DE NULIDAD, CAUSALES DE RECLAMACIÓN Y COMPETENCIAS
EXTRACTOS: «Son del caso algunas consideraciones preliminares, para la decisión que habrá de adoptarse.
a) Las causales de nulidad.
Dice el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en que se encuentra establecida la acción de nulidad, que toda persona puede solicitar se declare la nulidad de los actos administrativos cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse o cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa, estén falsamente motivados o hubieran sido expedidos con desviación de las atribuciones propias del funcionario que los profirió.
La primera de tales causales, esto es, la infracción de normas en que debería fundarse el acto administrativo, es una causal genérica de nulidad, porque las comprende todas. También se viola la ley si quien expide el acto no tiene competencia para hacerlo, o si se expide en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa o cuando se lo motiva falsamente o si se expide con desviación de las funciones propias de quien lo profiere. Sin embargo, la infracción de las normas en que debería fundarse el acto administrativo está erigida como causa especial de nulidad, pero referida a las reglas de derecho de fondo, que determinan la materia misma del acto.
Es también causa de nulidad la incompetencia de la autoridad que profiere el acto. La nulidad por incompetencia resulta principalmente de lo establecido en los artículos 6º y 121 constitucionales, según los cuales ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. La competencia, se ha dicho, es la aptitud de cada órgano para producir actos jurídicos, es atribuida por ley previa y es irrenunciable e indelegable, es decir, que debe ejercerse por el órgano que la tenga atribuida, aun cuando puede la ley establecer supuestos en que puede trasladarse. Y se determina en función de la materia, atribuyendo al órgano o al funcionario determinados asuntos; en función del territorio dentro del cual puede ejercerse esa competencia material, que será el de la Nación o el que corresponda según la división general del territorio o determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado; y en función del tiempo, cuando se señalan las oportunidades dentro de las cuales puede actuar. Desde luego que no siempre que se señala un plazo para resolver está disponiéndose una limitación temporal de manera que transcurrido ese plazo se pierda la competencia y la decisión adoptada resulte inválida, pero ello es así cuando expresamente se establezca o implícitamente resulte determinado por la naturaleza misma del plazo.
Es causa de nulidad del acto administrativo su expedición irregular y con desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa, como resulta no solo de lo establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo sino también del artículo 29 de la Constitución, según el cual el debido proceso ha de aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y nadie puede ser juzgado sino con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio. Es irregular la expedición del acto administrativo cuando se omiten o se adelantan defectuosamente los trámites establecidos en la ley, que son todas aquellas diligencias que deben cumplirse previamente a su expedición; el desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa, que resulta de la omisión o del adelantamiento defectuoso de los trámites de ley, es una modalidad de expedición irregular del acto.
Conviene señalar que son actos de trámite los que han de cumplirse para la producción de actos definitivos, y son definitivos los que deciden sobre el fondo del asunto, directa o indirectamente. Entonces, si es causa de nulidad la expedición irregular, que tiene lugar cuando se omiten o se adelantan defectuosamente los trámites establecidos en la ley, no son los actos de trámite los que pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino los actos definitivos, que recogen el vicio que tuvo origen en su trámite.
Es también irregular la expedición del acto administrativo cuando se omiten las formalidades establecidas en la ley, como, por ejemplo, cuando exige que se expresen los motivos del acto y no se expresan.
El acto administrativo también es nulo cuando está falsamente motivado. La motivación falsa es causa de nulidad autónoma y distinta. Son motivos del acto los hechos en que se basa y que determinan su producción y condicionan su legalidad. Por ello, es nulo el acto expedido con base en motivos falsos.
El acto administrativo es nulo, es esta la última de las causales de nulidad, cuando se expide con desviación de las funciones propias de quien lo profiere. Dice el artículo 2º de la Constitución que son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Además, dice el artículo 123 de la Constitución que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Entonces, actúan con desvío de sus atribuciones cuando son distintos los fines que los mueven a obrar, y en tal caso los actos que profieran son nulos, por más de que formalmente se ajusten a la ley y sean ejercicio de sus propias competencias.
La acción electoral es una modalidad de la acción de simple nulidad, en cuyo ejercicio se controvierte solo la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, como resulta de lo establecido en los artículos 128, numeral 1º, 132, numeral 8º, 134A, numeral 9º, 136, numeral 12, 227, 228, 229 y 231 del Código Contencioso Administrativo, principalmente. Solo que, a más de la simple declaración de nulidad, en los procesos electorales hay lugar, en ciertos eventos, a disponer la práctica de un nuevo escrutinio, y su ejecución corresponde al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos, según los casos, y a otorgar nuevas credenciales y cancelar las expedidas, según lo establecido en los artículos 247 y 248 del código.
Además, la acción de nulidad puede ejercerse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto, según lo establecido en el artículo 136, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo, y las demandas que en su ejercicio se presenten han de recibir el trámite propio del procedimiento ordinario, establecido en el libro cuarto, título XXIV, artículos 206 a 214, del mismo código, en tanto que la acción electoral caduca en 20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique el acto por medio del cual la elección se declara o se expida el nombramiento de que se trate, según lo dispuesto en el artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo, y las demandas presentadas en su ejercicio deben tramitarse por el procedimiento especial señalado en el libro cuarto, título XXVI, capítulo IV, artículos 223 a 251, del código.
En general, son causas de nulidad de los actos de elección y de nombramiento, como lo son respecto de la generalidad de los actos administrativos, las establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Desde luego, hay causas de nulidad especiales, referidas a la materia electoral, y particularmente de nulidad de actas o registros electorales, establecidas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, como quedó finalmente modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, que dice así:
1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o estas se hayan destruido por causa de la violencia.
4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema del cuociente electoral adoptado por la Constitución Política y las leyes de la República.
6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del candidato o candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición”.
La causal de nulidad del numeral 2º, que han invocado los demandantes, o sea la falsedad de las actas y registros o de los elementos que hubieran servido para su formación, resulta de la alteración u ocultación de la verdad, como cuando se supone la intervención de personas que no han intervenido, o se atribuye a las que han intervenido declaraciones que no han hecho, o se hace constar cosa contraria o diferente de la que corresponde a la verdad, o se alteran las fechas, o se finge firma o rúbrica, y también cuando se altera materialmente su contenido, todo lo cual hace nulas las actas de escrutinio.
Pero siendo que lo legalmente protegido es la elección misma, que es el objeto de la acción electoral, además de que solo así se daría eficacia al voto válidamente emitido y ese según lo establecido en el artículo 1º, numeral 3º, del Código Electoral es criterio de interpretación de las disposiciones electorales, ha de entenderse que la falsedad que hace nulas las actas de escrutinio solo haría nula la elección cuando tuviera entidad bastante para mutar su resultado, es decir, cuando la cantidad de votos inválidos sea tanta que pueda determinar un resultado distinto, y no cuando en modo alguno pueda tener influencia en ese resultado y sea por lo mismo inocua para ese efecto, asunto que corresponde examinar en cada caso.
Es de advertir, finalmente, que las causales de reclamación, de que más adelante se trata, no pueden alegarse como causales de nulidad de actas o registros electorales.
En efecto, en el numeral 6º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, según fue modificado por el artículo 65 de la Ley 96 de 1985, se dispuso que las actas de escrutinio eran nulas cuando ocurriera cualquiera de las causales de reclamación, establecidas entonces en el artículo 42 de esa ley y después en el artículo 192 de la codificación que tuvo lugar mediante el Decreto 2241 de 1986, por el cual fue expedido el Código Electoral.
Posteriormente, sin embargo, esa causal de nulidad, que recogía todas las de reclamación, fue derogada mediante el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, por el cual fue nuevamente modificado el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, “por antitécnica e improcedente”, como se lee en la historia del establecimiento de la ley (Historia de las leyes, Legislatura de 1988, t. IV, pág. 162 y 183).
Hoy, entonces, se repite, las causales de reclamación no pueden alegarse como causales de nulidad de las actas o registros electorales.
Sin embargo, la autoridad judicial es competente para decidir sobre la legalidad de los actos mediante los cuales los organismos electorales resuelvan reclamaciones, para el efecto de determinar la validez de la elección.
b) Los escrutinios, las causales de reclamación y la declaración de elección.
El artículo 11 de la Ley 6ª de 1990, que subrogó el artículo 122 del Código Electoral, dice así:
“ART. 11.—Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellos se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado.
Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación”.
Se advierte que por disposición del artículo 5º, parágrafo segundo, de la Ley 163 de 1994, las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos de ellos, en lo cual fue modificada la disposición anterior.
El artículo 166 del Código Electoral, según fue modificado por el artículo 12 de la Ley 62 de 1988, dice:
“ART. 166.—Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación, conforme al artículo 122 de este código.
Las apelaciones que se formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares así como los desacuerdos que se presenten entre los miembros de estas, serán resueltos por las correspondientes comisiones distrital o municipal, las que también harán el escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declararán la elección de concejales y alcaldes y expedirán las respectivas credenciales.
Cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se formulen en ese escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el caso y expidan tales credenciales”.
El artículo 167 del mismo código, dice:
“ART. 167.—En los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras distritales y municipales no se aceptarán reclamos o apelaciones que no sean formulados por escrito en el acto mismo del escrutinio y que no estén fundadas en alguna de las causales establecidas en el artículo 192 de este código. También deberán presentarse por escrito los reclamos que se hagan ante las comisiones auxiliares”.
En el artículo 12, numerales 7º y 8º, del mismo código, se estableció:
“ART. 12.—El Consejo Nacional Electoral ejercerá las siguientes funciones: (...).
8. Conocer y decidir los recursos que interpongan contra las decisiones de sus delegados para los escrutinios generales, resolver sus desacuerdos y llenar sus vacíos u omisiones en la decisión de las peticiones que se les hubieren presentado legalmente (...)”.
En el artículo 180 se dispuso:
“ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, estos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos esta función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación. [...]”.
En el artículo 187:
“ART. 187.—Corresponde al Consejo Nacional Electoral:
a) Hacer el escrutinio general de los votos emitidos para Presidente de la República en el territorio nacional y en las embajadas y consulados colombianos en el exterior, con base en las actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados y las actas válidas de los jurados de votación en el exterior.
c) Desatar los desacuerdos que se presenten entre sus delegados. En tales casos, hará la declaratoria de elección y expedirá las correspondientes credenciales”.
El artículo 189 del mismo código, dice:
“ART. 189.—El Consejo Nacional Electoral podrá verificar los escrutinios hechos por sus delegados cuando hubiere comprobado la existencia de errores aritméticos o cuando los resultados de las votaciones anotadas en las actas de escrutinios no coincidan entre sí o existan tachaduras en las mismas actas respecto de los nombres o apellidos de los candidatos o sobre el total de votos emitidos a favor de estos”.
El artículo 192 del Código Electoral, con la modificación introducida al numeral 7º por el artículo 15 de la Ley 62 de 1988, dice:
“ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que les formulen con base en las siguientes causales:
1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares distintos o sitios no autorizados conforme a ley.
2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados en la ley, o de los señalados por la autoridad con facultad legal para este fin.
3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de tres (3) de éstos.
6. Cuando el número de votantes de una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.
7. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyen del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones con base en las causales 11 y 12 de este artículo, en el mismo acto decretarán también su corrección correspondiente. (...)”.
Si las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en estrados y contra ella el peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de los escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo”.
Se advierte que según el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990 son dos los ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación, y que según el artículo 5º, parágrafo segundo, de la Ley 163 de 1994, se reitera, esas actas son válidas cuando están firmadas al menos por dos de los jurados. De manera que en este sentido debe entenderse modificado el numeral 3º del artículo 192 del Código Electoral, es decir, que es motivo de reclamación la circunstancia de que los dos ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de dos de ellos.
Los candidatos a que se refiere el artículo 151 del código, según fue modificado por el artículo 9º de la Ley 62 de 1988, de que trata el numeral 10 de la disposición transcrita, son los vinculados a los miembros del jurado de votación por matrimonio o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Y el artículo 193 del código, según fue modificado por el artículo 16 de la Ley 62 de 1988, dice:
“ART. 193.—Las reclamaciones de que trata el artículo anterior, podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral.
Durante el trámite y sustentación de la apelación ante el Consejo Nacional Electoral no podrán alegarse causales o motivos distintos de los recursos mismos”.
En el artículo 7º de la Ley 163 de 1994, se dispuso:
“ART. 7º—Escrutinios. Corresponde a los delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos depositados para los gobernadores, declarar su elección y expedir las credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos depositados para el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá Distrito Capital, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.
Corresponde a las comisiones escrutadoras departamentales hacer el escrutinio de los votos depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las correspondientes credenciales.
Corresponde a las comisiones escrutadoras distritales y municipales hacer el escrutinio de los votos depositados para alcaldes distritales, municipales y concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales”.
Por otra parte, el artículo 265, numeral 3º, de la Constitución, dice así:
“ART. 265.—El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones: (...).
7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. (...).
De las disposiciones anteriores, resulta:
1. Pueden los testigos electorales presentar reclamaciones ante los jurados de votación en los siguientes casos: cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando en las actas de escrutinio se hubiera incurrido en error aritmético al computar los votos; cuando con base en las tarjetas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos, y cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de dos de éstos.
Esas reclamaciones han de ser resueltas por las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, según los casos.
2. Los candidatos, sus apoderados y los testigos electorales pueden presentar reclamaciones ante las comisiones escrutadoras auxiliares, en los siguientes casos: cuando funcionen mesas de votación en lugares distintos o sitios no autorizados conforme a ley; cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados en la ley o por la autoridad con facultad para ello; cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de dos de éstos; cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones; cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar en ella; cuando el número de votantes de una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales; cuando hayan sido recibidos extemporáneamente los pliegos electorales, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos; cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente; cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieran expresado su aceptación y prestado el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la ley para la inscripción o para la modificación, según el caso; cuando se computen votos a favor de candidatos vinculados a los miembros del jurado de votación por matrimonio o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; cuando en las actas de escrutinio se hubiera incurrido en error aritmético al sumar los votos consignados en ella, y cuando de las tarjetas electorales y las diligencias de inscripción resulte que en las actas de escrutinio se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos.
Corresponde a las comisiones escrutadoras auxiliares resolver sobre tales reclamaciones, que si las encontraren fundadas deberán ordenar que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios, o decretar su corrección cuando se trate de error aritmético en la suma de votos o de error en los nombres o apellidos de uno o más candidatos.
De la misma manera les corresponde resolver las reclamaciones que hubieran sido presentadas ante los jurados de votación.
Contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares procede el recurso de apelación ante las comisiones escrutadoras distritales o municipales, a las que también corresponde resolver si hay desacuerdo entre los miembros de aquéllas.
3. Corresponde a las comisiones escrutadoras distritales y municipales hacer el escrutinio general de los votos para alcaldes distritales y municipales, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.
Les corresponde así mismo resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares y resolver también cuando haya desacuerdos entre sus miembros.
Y resolver las reclamaciones presentadas por primera vez ante las mismas por los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales, que pueden hacerlo por cualesquiera de las causales señaladas.
Contra las decisiones de las comisiones escrutadoras distritales o municipales procede el recurso de apelación ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, que integran las comisiones escrutadoras departamentales, a los que también corresponde resolver en caso de desacuerdo entre los miembros de aquéllas.
Cuando sean apeladas las decisiones de las comisiones escrutadoras distritales o municipales sobre reclamaciones o haya desacuerdos entre sus miembros, éstas se abstendrán de declarar la elección y de expedir las credenciales, para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el asunto y declaren la elección y expidan las credenciales.
4. Corresponde a los delegados del Consejo Nacional Electoral, que integran las comisiones escrutadoras departamentales, hacer el escrutinio de los votos para gobernadores, diputados y Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, declarar su elección y expedir las credenciales respectivas.
Corresponde también a los delegados del Consejo Nacional Electoral resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de las comisiones escrutadoras distritales y municipales y resolver los desacuerdos de sus miembros, y en tal caso declarar la elección y expedir las credenciales respectivas.
Y resolver las reclamaciones presentadas por primera vez ante los mismos por los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales, que pueden hacerlo por cualesquiera de las causales señaladas.
No pueden proponerse por primera vez ante los delegados del Consejo Nacional Electoral reclamaciones de votaciones municipales o distritales, salvo la de Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, porque se trata de escrutinios que los delegados no realizan, sino las comisiones escrutadoras distritales o municipales, y en esos casos sólo pueden conocer de reclamaciones los delegados para resolver recursos de apelación o desacuerdos entre los miembros de esas comisiones.
Cuando sean apeladas las decisiones de los delegados del Consejo Nacional Electoral sobre reclamaciones o haya desacuerdos entre los mismos, éstos se abstendrán de declarar la elección y de expedir las credenciales, para que sea el consejo quien resuelva el asunto y declare la elección y expidan las credenciales.
5. Es competencia del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio general de los votos emitidos para Presidente de la República y, en general, de toda votación nacional, hacer la declaración de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.
Corresponde también al Consejo Nacional Electoral resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados y resolver los desacuerdos de sus miembros, y en tal caso hacer la declaración de elección y de expedir las credenciales.
También corresponde al consejo llenar los vacíos y omisiones de sus delegados.
Y resolver las reclamaciones presentadas por primera vez ante el mismo consejo por los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales, por las causas señaladas. Ante el Consejo Nacional Electoral solo pueden proponerse por primera vez reclamaciones respecto de los escrutinios que le corresponde hacer, es decir, de votaciones nacionales.
No pueden proponerse, entonces, por primera vez, reclamaciones de votaciones municipales distritales o departamentales, porque se trata de escrutinios que el consejo no realiza sino las comisiones escrutadoras distritales o municipales o sus delegados, en cada caso, y solo le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de sus delegados y resolver los desacuerdos que hubiera entre los mismos.
Ello, desde luego, sin perjuicio de la facultad del Consejo Nacional Electoral de verificar los escrutinios hechos por sus delegados cuando hubiera comprobado la existencia de errores aritméticos o cuando los resultados de la votaciones anotadas en las actas de escrutinio no coincidan entre sí o existan tachaduras en las mismas actas respecto de los nombres o apellidos de los candidatos o sobre el total de votos emitidos en favor de éstos.
c) El acto que debe ser demandado.
Según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo debe demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los actos de trámite, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. Es que, como ya se dijo, en ejercicio de la acción electoral se controvierte solo la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento.
Esta disposición guarda armonía con el precepto del artículo 84 del mismo código, en lo que dispone que es causa de nulidad del acto administrativo su expedición irregular, que ello ocurre, entre otros casos, cuando se omiten o se adelantan defectuosamente las diligencias o trámites que deben cumplirse previamente, caso en el cual no son los actos de trámite los que pueden ser impugnados, sino los actos definitivos, que recogen el vicio que tuvo origen en su trámite.
Es consecuencia de lo anterior que solo puede ser declarado nulo el acto por medio del cual la elección se declara, y no los actos de trámite, aunque el vicio de nulidad afecte a estos.
d) El principio de congruencia.
Como resulta de lo establecido en los artículos 137, numerales 2º, 3º y 4º, 170 y 175 del Código Contencioso Administrativo y 305 del Código de Procedimiento Civil, a los términos de la demanda debe ajustarse la sentencia.
Tal es el principio de la congruencia, según el cual la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones de la demanda y con los hechos expresados como causa de los derechos pretendidos, de manera que en la sentencia debe resolverse sobre todas las pretensiones de la demanda y no puede condenarse por más de lo pretendido ni por objeto distinto del pretendido o por hechos diferentes de los invocados como causa de la que derivaría el derecho pretendido, es decir, que la sentencia es incongruente cuando se deja de resolver en todo o en parte sobre lo pedido, cuando se otorga más de lo pedido o cuando lo que se otorga es distinto de lo pedido o se otorga por causa distinta de la invocada.
Además, cuando se trata de actos administrativos, el control de legalidad ha de limitarse a las normas que se dicen violadas y al motivo de la violación alegado en la demanda, esto es, que en el proceso contencioso administrativo no se da un control general de legalidad.
La sentencia ha de estar también en consonancia con las excepciones probadas, que además han de ser alegadas cuando así lo exige la ley».
(Sentencia de julio 1º de 1999. Expediente 2234. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).