Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334106&fecha=27/02/2014
Timestamp: 2020-08-13 20:09:01
Document Index: 176011727

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 102', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 131', 'artículo 29', 'artículo 49', 'artículo 28', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 104', 'artículo 32', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 42', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 11', 'artículo 6']

ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposic
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones.
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES."
1. El 11 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (Decreto), mismo que reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) considerando la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto).
2. El 10 de septiembre de 2013, en términos del vigésimo primer párrafo del artículo 28 de la Constitución reformado por el Decreto, en relación con su respectivo artículo Sexto Transitorio, el Senado de la República ratificó la designación de los Comisionados que integran el Pleno del Instituto.
3. El 23 de septiembre de 2013, se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del Instituto (Estatuto).
4. El 15 de noviembre de 2013, el Pleno del Instituto, a través del ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SOMETE A CONSULTA PÚBLICA EL DOCUMENTO TITULADO "LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES" (Acuerdo de Consulta), número P/IFT/EXT/151113/8, determinó someter a consulta pública del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2013, el proyecto de "LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES." (Proyecto de Lineamientos).
5. En el periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2013, el Instituto recibió 32 manifestaciones en la consulta pública, en las cuales se vertieron comentarios, opiniones y propuestas concretas sobre el Proyecto de Lineamientos, incluyendo temas sobre aspectos técnicos, regulatorios, derechos de autor y comentarios generales.
6. Con motivo de la consulta pública señalada en el numeral anterior y en atención a los comentarios recibidos con referencia a los derechos de autor y de las audiencias, se hicieron diversas modificaciones al proyecto relacionadas con la obligación de retransmitir exclusivamente en las mismas zonas de cobertura geográfica donde se transmite la señal radiodifundida, así como el deber de bloquear señales de eventos públicos en vivo que no se transmiten en la localidad donde tienen lugar, entre otras modificaciones.
7. El 4 de febrero de 2014, la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, en acato al quinto párrafo del acuerdo segundo del Acuerdo de Consulta, sometió a consideración del Pleno el resultado de la consulta que nos ocupa.
PRIMERO.- Competencia del Instituto.- De conformidad con el párrafo décimo quinto del artículo 28 de la Constitución, el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6 ° y 7 ° de la Constitución.
Asimismo, el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades del artículo 28 de la Constitución y las que las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica.
A fin de dotar a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión de una regulación que permita el cumplimiento del mandato constitucional, el Instituto, en ejercicio de las atribuciones que la Carta Magna le confiere, es competente para emitir disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de su función regulatoria. Adicionalmente, debe considerarse que el párrafo cuarto del Artículo Séptimo Transitorio del Decreto señala que de no haberse realizado las adecuaciones al marco jurídico aplicable a la fecha de integración del Instituto, éste ejercerá sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
El Pleno del Instituto, en términos del artículo 9, fracciones I, II y III del Estatuto, tiene la atribución de planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confieren al Instituto la Constitución y las leyes; regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva e insumos esenciales; y expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia.
Por todo lo anterior, del Decreto se desprende el otorgamiento de facultades expresas al Instituto, consistentes en garantizar los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6 º y 7 º de la Constitución, por lo que se constituye la facultad implícita consistente en conocer de la regulación y alcances de los derechos y obligaciones contenidos en la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto, para garantizar la debida prestación de los servicios públicos de interés general que nos ocupan, sirviendo de sustento para lo anterior, el siguiente criterio:
Registro: 189959
Localización: Tomo XIII, Abril de 2001
Tesis: I.8o.A.9 A
Pág. 1067
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Pág. 1067
FACULTADES IMPLÍCITAS. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, CUENTA CON ELLAS PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.
El principio de competencia, entendido en su origen como la aptitud atribuida expresamente a una autoridad, por una norma jurídica, para llevar a cabo determinadas conductas o actos, acepta actualmente una interpretación menos rígida. Según ésta, además de las facultades expresas, existen las facultades implícitas, contenidas como aquellas potestades que, a pesar de no preverse de manera expresa en la norma, resultan imprescindibles o necesarias para que la autoridad pueda realizar las funciones que le han sido encomendadas por ley. Sin embargo, para que ello no implique que la competencia del órgano, exigida por el artículo 16 constitucional, sea rebasada o desconocida, la doctrina sostiene que para el reconocimiento de una facultad implícita se requiere: a) la existencia de una facultad expresa de la autoridad, prevista en la Constitución; b) que esa facultad, por sí sola, sea imposible de ser ejercida; y c) que entre la facultad expresa y la implícita derivada de la interpretación de una ley expedida por el Congreso de la Unión, haya una relación de medio a fin. Ahora bien, para impugnar las sanciones pecuniarias impuestas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el artículo 102 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece el recurso de revocación en beneficio de los afectados; también señala que ese medio de impugnación debe interponerse ante el presidente de dicha comisión, expresando el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que se consideren convenientes, así como el otorgamiento de una garantía por la multa impuesta; que ese recurso se desechará si no se señala el acto impugnado o no se expresan agravios; que se tendrán por no ofrecidas las pruebas que se omitieren; y que el recurso debe resolverse en un plazo de sesenta días hábiles. Sin indicar ese precepto o algún otro del citado ordenamiento, qué funcionario debe resolver el recurso. Ante esa laguna de la ley, interpretándola de manera armónica con la Constitución, así como el principio general de derecho de que el legislador no emplea palabras inútiles, y por
beneficiar al particular justiciable, se deben reconocer a favor del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, facultades implícitas para resolver ese recurso de revocación, a fin de satisfacer respecto del mismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, que otorga a todo funcionario público la facultad expresa de pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulen, pues resultaría absurdo, ineficaz y estéril que la ley de la materia prevea el recurso de revocación, ante quién debe interponerse, su trámite y un término perentorio para la resolución del mismo, sin que exista un órgano facultado para resolverlo; dejando en estado de indefensión al particular sancionado quien, por haber interpuesto ese recurso ordinario, dejó transcurrir los plazos para la promoción del juicio de nulidad o el de amparo, que también tenía a su alcance para combatir el mismo acto de autoridad, infringiéndose también en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna. Esta interpretación es acorde con lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I y XVI, de la ley de la materia, donde se dispone que el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, además de las facultades expresamente establecidas a su favor, cuenta con las que le delegue la Junta de Gobierno, o le sean atribuidas por esa u otras leyes; así como la exposición de motivos del mismo ordenamiento legal, donde se advierte con claridad la intención de que se aplicarán y perfeccionarán las funciones de supervisión y regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, fortaleciendo la figura de su presidente, a quien se le confirió una mayor participación en su funcionamiento y actuación, otorgándole mayores facultades y reservando a la Junta de Gobierno el ejercicio de aquellas que, por su trascendencia, requieran de la participación de un órgano colegiado de mayor jerarquía."
En conclusión, con fundamento en los artículos 28, párrafo décimo quinto de la Constitución; Séptimo Transitorio, párrafo cuarto y Octavo Transitorio, fracción I, del Decreto, y 1, 2, 3, fracción III, 4, fracción I, 8 y 9, fracciones I, II, III y L, del Estatuto, este órgano constitucional autónomo resulta competente para emitir los lineamientos generales a que se refiere el presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Servicios públicos de interés general, derechos fundamentales e interpretación constitucional.- Como lo ordena el décimo quinto párrafo del artículo 28 de la Constitución, en el cumplimiento de sus funciones el Instituto tiene el mandato de garantizar lo establecido en los artículos 6 º y 7 º constitucionales, mismos que prevén, entre otras cosas, el derecho fundamental de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (artículo 6 º, tercer párrafo) y que otorgan a dichos servicios la naturaleza de servicios públicos de interés general (artículo 6 º, apartado B, fracciones II y III).
Al respecto, resulta importante analizar los elementos esenciales que componen a los servicios públicos(1):
a) Generalidad.- Consiste en la posibilidad de que toda persona, previa satisfacción de los requisitos aplicables, use o acceda al servicio público, sin más límite que la capacidad del mismo.
La generalidad del servicio público se vincula indisolublemente con la satisfacción y respeto de derechos fundamentales, porque todo ser humano por el simple hecho de serlo debe poder acceder a éste previa satisfacción de los requisitos aplicables y con sujeción a la capacidad respectiva.
b) Igualdad.- Consiste en el trato uniforme que debe darse indiscriminadamente a todas las personas, pudiéndose establecer categorías que deben ser igualitarias en el tratamiento con aquéllas pertenecientes a las mismas.
Dicho elemento también se encuentra directamente vinculado con el respeto al derecho fundamental de igualdad.
c) Regularidad.- Consiste en que el servicio público de interés general debe prestarse de conformidad con la normatividad jurídica aplicable. En la prestación de servicios públicos se sustrae del ámbito del consenso de particulares aspectos fundamentales del mismo (horario, condiciones, tarifas, gratuidad, etc.), los cuales no son materia de negociación sino unilateralmente predeterminados en un régimen jurídico exorbitante de derecho privado.
d) Obligatoriedad.- Implica el deber del Estado de asegurar su prestación por todo el tiempo que subsista la necesidad de carácter general que está destinado a satisfacer, así como la obligación del concesionario de proporcionarlo mientras subsista dicha necesidad.
e) Continuidad.- Consiste en la necesidad de evitar la interrupción en la prestación de los servicios, ello al tenor de sus propias características y a las necesidades que debe satisfacer.
f) Adaptabilidad.- Consiste en la constante posibilidad de modificar su regulación a efecto de mejorar las condiciones del servicio y aprovechar los adelantos tecnológicos.
Lo anterior se ve robustecido por lo establecido en la siguiente tesis aislada:
Registro: 177794
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO
Tesis: XV.4o.8 A
Pág. 1538
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Pág. 1538
SERVICIO PÚBLICO. SUS NOTAS CARACTERÍSTICAS.
Aunque la doctrina no ha llegado a un consenso respecto del concepto de servicio público, de las definiciones más aceptadas es factible obtener las siguientes notas características: 1. El servicio público debe consistir en una actividad prestacional, es decir, una actividad que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de cualquier naturaleza y, por lo tanto, varía el ingreso de quien la recibe o disminuye los gastos en que pudiera incurrir en el supuesto de no recibirlo. 2. Esta actividad es asumida por la administración pública de manera expresa y concreta, lo que significa que es reservada en exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano estatal y que el ejercicio de esa actividad requiere de autorización previa del Estado expresada con un acto de autoridad. En este sentido, las actividades en las que se permite la concurrencia de particulares sin esta previa autorización no son servicios públicos. 3. La administración pública realiza la actividad de servicio público en forma directa o indirecta, es decir, valiéndose de la concesión, aunque la legislación mexicana no es consistente en la denominación que otorga a esta figura jurídica, puesto que en algunas leyes administrativas se emplea el término autorización, cuando se refiere a la prestación de un servicio público. 4. El servicio público siempre debe tender a la satisfacción del interés general. 5. El servicio público se presta conforme a un régimen de derecho público, especial y propio que lo particulariza e identifica frente a otras actividades administrativas y cuyas características son su generalidad, uniformidad, continuidad, regularidad, obligatoriedad y subordinación a la administración pública. Por lo tanto, no puede estar sujeto a un régimen de derecho privado en cuanto a su prestación."
En ese orden de ideas, como ya se invocaba, el artículo 6 º de la Constitución, apartado B, fracciones II y III, señala lo siguiente:
Como puede apreciarse, además de cumplir con las características de los servicios públicos en general, la propia Constitución impone características especiales que deben regirlos en particular, entre las que destacan como elementos comunes, que deben ser prestados en condiciones de competencia, calidad y pluralidad.
Asimismo, el décimo primer párrafo del artículo 28 de la Constitución establece a la letra:
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la
utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
Por lo tanto, debe concluirse que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general destinados a la satisfacción de necesidades de dicha clase, bajo los principios de generalidad, igualdad, regularidad, obligatoriedad, continuidad y adaptabilidad que el Estado originalmente se encuentra obligado a prestar, pudiendo realizarlo de manera directa o a través de particulares bajo la figura de concesionamiento a que se refiere el décimo primer párrafo del artículo 28 de la Constitución, bajo un régimen jurídico especial exorbitante de derecho privado, en beneficio indiscriminado de cualquier persona.
Por lo que concierne a la protección de los derechos fundamentales en el contexto de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, la prestación de estos servicios públicos está sujeta a condiciones especiales impuestas por la propia Constitución. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, éstos deben ser prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, en tanto que los servicios de radiodifusión deben ser prestados en condiciones de competencia y calidad, y brindar los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 º de la propia Constitución.
Por lo expuesto, al ordenar el artículo 28 de la Constitución que el Instituto debe garantizar, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en los artículos 6 º y 7 º de la Constitución, resulta claro que la actuación del Instituto debe regirse por el deber de preservar las condiciones generales y especiales que la ley fundamental impone a la prestación de estos servicios públicos. Más aún, debe garantizar el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 6 º y 7 º de la Constitución, entre los que se encuentran los derechos de libertad de expresión y de información, y los recientemente incorporados: derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
A este respecto, en virtud de la reforma constitucional publicada en el DOF el 10 de junio de 2011, el artículo 1 º de la Constitución, establece a la letra lo siguiente:
El artículo en comento reconoce a toda persona, por el simple hecho de serlo, el goce de los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, así como de las garantías necesarias para su protección.
Asimismo, establece que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz del principio pro personae, el cual es un criterio hermenéutico que integra todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su
suspensión extraordinaria. Consecuentemente, la aplicación de dicho principio para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, ello como parte del cumplimiento de obligaciones estatales en este rubro.
Lo anterior se desprende del siguiente criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Registro: 2000263
Localización: Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 659
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro."
Es necesario adicionar que el principio hermenéutico señalado se encuentra previsto también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el DOF, de manera respectiva, el 7 y el 20 de mayo de 1981.
Igualmente, el párrafo tercero del artículo 1 º en análisis señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes.
Resulta importante analizar, a su vez, los principios referidos al tenor de lo siguiente:
a) Universalidad.- Dicho principio conlleva la valoración de los derechos fundamentales vinculada a la premisa de que éstos deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias de cualquier índole.
b) Interdependencia e Indivisibilidad.- Dichos principios obligan a apreciar de forma relacionada toda la gama de derechos fundamentales de manera que no sea posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente.
c) Progresividad.- Este principio implica que cada uno de los derechos fundamentales, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor de la persona.
Los principios de referencia componen criterios de optimización interpretativa para garantizar la observancia de derechos fundamentales, orientando el actuar de cualquier autoridad hacia el cumplimiento de sus obligaciones consistentes en promover, respetar, proteger y garantizar éstos.
Lo anterior se desprende del siguiente criterio:
Registro: 2003881
Localización: Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2
Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.)
Pág. 1289
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 1289
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia."
Es así que la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte reconocen una gama de derechos fundamentales que todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar, tales como la libertad de expresión y de difusión de las ideas, el derecho a la información, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. En el caso del Instituto, el artículo 28 de la Constitución le impone además el deber específico de garantizarlos en el ejercicio de sus funciones.
En este tenor, es importante tener presente que, por la reforma constitucional publicada en el DOF el 10 de junio de 2011, las autoridades en cualquier ámbito tienen el deber de aplicar e interpretar las normas en materia de derechos humanos en su sentido más protector y garantista en favor de la persona. Esto significa que cualquier autoridad, incluyendo el Instituto, tiene la obligación de promover y garantizar los
derechos humanos, realizando la interpretación más extensiva y funcional de las normas para la protección de los mismos, a fin de cumplir con el mandato de maximización de los derechos humanos; en el caso particular, del derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Aunada a la interpretación pro personae, cuyo concepto y alcance ha sido precisado con antelación, el Instituto, al aplicar el texto constitucional, deberá determinar el alcance de sus preceptos atendiendo a los principios establecidos en ese texto, arribando a una conclusión congruente, sistemática, causal y atendiendo a los fines del constituyente. Pero incluso, cuando el análisis literal, sistemático, causal y teleológico no es suficiente para desentrañar el sentido de los preceptos constitucionales, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva; lo anterior, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el constituyente para establecer una determinada norma constitucional, atendiendo incluso a las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional. Así, ante la posible oscuridad o insuficiencia de la letra de la Constitución, debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el poder revisor de la Constitución, sirviendo de apoyo a lo anterior los siguientes precedentes sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.
Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.
El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.
Conforme al texto vigente del citado precepto constitucional "El Supremo Poder de la
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.-En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.". De la interpretación literal de este precepto se advierte que en el mismo se prohibió que las facultades del Poder Legislativo sean ejercidas por el titular del Ejecutivo de la Unión, salvo el caso en que éste sea dotado de facultades extraordinarias para legislar, ya sea con motivo de la suspensión de garantías, en términos de lo previsto en el citado artículo 29 o en virtud de la autorización que le dé el Congreso de la Unión para regular el comercio exterior, al tenor de lo dispuesto en el diverso 131, párrafo segundo, de la propia Norma Fundamental, sin que de su lectura sea factible concluir si con el término "Poder Legislativo" se hace referencia a las facultades que constitucionalmente se encomiendan al órgano respectivo o bien a la función consistente en emitir cualquier disposición de observancia general. En ese tenor resulta insuficiente para desentrañar el alcance de la prohibición en comento acudir a la interpretación literal del citado artículo 49, por lo que para ello resulta conveniente precisar cuál es la finalidad del principio de división de poderes así como acudir a la interpretación sistemática, causal, teleológica e histórica del dispositivo antes transcrito, máxime que el referido principio constituye una institución jurídica que se ha desarrollado desde tiempos remotos y ha adquirido matices diferentes según la época y el lugar."
Es importante señalar que en la consulta pública referida en el numeral 5 de antecedentes, el Instituto recibió diversas opiniones respecto a la probable afectación a los derechos de autor por los presentes lineamientos, de tal modo que el Instituto analizó, valoró y consideró dichas opiniones y como resultado realizó adecuaciones al proyecto que son consistentes y congruentes con el texto constitucional, a saber:
a) Se modifica la definición de Misma Zona de Cobertura Geográfica, a fin de delimitar claramente que ésta es el área geográfica en que coinciden las áreas donde tienen autorizado prestar, en términos de las disposiciones normativas y administrativas aplicables, sus respectivos servicios el Concesionario de Televisión Radiodifundida y el Concesionario de Televisión Restringida de que se trate, haciendo explícito de manera consecuente que este último sólo podrá retransmitir gratuitamente la Señal Radiodifundida a los suscriptores que tengan registrado su domicilio dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica.
b) Se modifica la definición de Señales Radiodifundidas de 50% o más de Cobertura en el Territorio Nacional, precisando que éstas son aquellas que se transmiten con su contenido programático coincidente en 75% o más entre sí, dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, aun en un orden distinto, de acuerdo con la información programática presentada por los propios Concesionarios de Televisión Radiodifundida cada año a través de su Información Técnica, Legal y Programática, así como con los demás medios que pueda tener el Instituto, y que se realiza en el 50% o más del Territorio Nacional, las cuales corresponden a las que se radiodifunden en las localidades cuya lista se publicará y mantendrá actualizada en el sitio electrónico del Instituto (www.ift.org.mx). En este sentido, se trata de señales que cumplan las características de contar, por lo menos, con dicho porcentaje de identidad programática.
Lo anterior obedece a que el 50% de coincidencia en el contenido programático entre Señales Radiodifundidas no resulta suficiente para considerar que dichas señales son esencialmente las mismas, requisito que se satisface al establecer el porcentaje de referencia en 75%.
c) Se incorpora el deber de los concesionarios de televisión restringida vía satélite de bloquear en las zonas de cobertura geográfica de que se trate, las señales relativas a eventos públicos en vivo que no sean radiodifundidas en dicha zona de cobertura.
TERCERO.- Análisis de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto.- Al efecto, el artículo en cita señala a la letra:
"OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, deberá observarse lo siguiente:
Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se
radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales.
Como se desprende del artículo transcrito, el Decreto estableció las siguientes obligaciones:
1. Los concesionarios de televisión radiodifundida deben permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.
2. Los concesionarios de televisión restringida, en general, deben retransmitir las señales radiodifundidas de forma gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad, con la misma calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.
3. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, en particular, sólo deben retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del 50% o más del territorio nacional, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad, con la misma calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.
4. Todos los concesionarios de televisión restringida deben retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales, de manera gratuita y no discriminatoria, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad, con la misma calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. En relación con este supuesto, es importante destacar que no resulta aplicable la referencia a una misma zona de cobertura geográfica, en virtud de que la propia Constitución señala que es obligación de todos los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de las señales radiodifundidas por dichas instituciones.
Ahora bien, el párrafo segundo de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto cuya obligación fue listada con el numeral 3, establece una regla específica para los concesionarios que prestan servicios de televisión restringida vía satélite, consistente en que éstos tienen la obligación de retransmitir sólo las señales radiodifundidas que tengan una cobertura del 50% o más del territorio nacional.
La justificación de existencia de un régimen específico en el caso de los concesionarios de televisión restringida vía satélite obedece a la naturaleza y características técnicas, geográficas y económicas particulares de dicho servicio, cuya capacidad es limitada. De no existir dicha regla, los concesionarios se encontrarían obligados a retransmitir todas y cada una de las señales radiodifundidas en el territorio nacional, limitando su actuar y oferta programática como prestador de servicios de televisión restringida, tomando en cuenta que existen 1035 estaciones de televisión autorizadas en el territorio nacional, las cuales resultan contenidas dentro del área de cobertura de un operador satelital.
Según señala el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la Opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, respecto de la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones (Dictamen):
"...dada su cobertura nacional, los concesionarios de televisión restringida vía satélite, conocidos como DTH (Direct to Home) deberán retransmitir obligatoriamente la señal de cada concesionario que cubra el cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Lo anterior tiene una lógica económica y geográfica pues los concesionarios que explotan servicios de TV restringida vía satélite, cubren todo el territorio nacional. Exigirles a éstos retransmitir todas las señales de TV abierta que se radiodifundan dentro de su territorio de cobertura, es decir, dentro de todo el territorio nacional les impone una carga regulatoria que se traduce en un incremento sustancial de sus costos de operación, pues les obligaría a arrendar transpondedores adicionales en los satélites que les prestan servicios, situación que incrementaría significativamente sus costos y en consecuencia los precios de los paquetes de programación que ofrecen al consumidor. Además, de que la capacidad satelital disponible es limitada.
En ese sentido, se impone una regla específica que atiende a las características técnicas, geográficas y económicas del servicio de televisión restringida satelital, cuyas señales cubren todo el territorio nacional,
consistente en que los concesionarios que prestan dicho servicio sólo se encuentran obligados a retransmitir las señales radiodifundidas que tengan cobertura del 50% o más del territorio nacional. Lo anterior, por un lado, asegura el derecho de acceso a las señales radiodifundidas, al mismo tiempo que se evitan obligaciones excesivas a estos concesionarios, como lo sería la obligación de retransmitir todas las señales radiodifundidas del país, lo que elevaría significativamente sus costos y por lo tanto afectaría la competencia en el mercado de televisión restringida, condición que conforme al artículo 28 constitucional, debe regir en la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones.
Es importante señalar que, si bien la obligación constitucional y los derechos correlativos entraron en vigor a la integración del Instituto como se desprende de la lectura de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto, no puede considerarse exigible hasta que exista certeza sobre el cumplimiento de la hipótesis específica, cuya determinación requiere de la valoración de elementos técnicos que no se encuentran en poder de estos concesionarios y que no tienen el deber de tener o de prever.
Lo anterior encuentra sentido bajo la consideración de que los concesionarios de televisión restringida vía satélite sólo tendrán certeza de la obligatoriedad de retransmitir señales radiodifundidas cuando exista información fidedigna sobre las señales que tienen cobertura en 50% o más del territorio nacional, determinación que en el marco de la prestación de servicios públicos de interés general como los que nos ocupan, no puede dejarse a la libre y subjetiva apreciación de particulares, pues ello implicaría indefectiblemente el dejar a consideración de éstos cuándo, cómo y en qué casos se encuentran obligados a cumplir con una obligación constitucional que tiene la finalidad de garantizar la protección de derechos fundamentales de las personas. Por lo anterior y a fin de generar certeza a los particulares, el Instituto se aboca a la identificación de las señales que tienen cobertura en 50% o más del Territorio Nacional.
Es importante resaltar que, del análisis del artículo de mérito, no se infiere que exista prohibición o limitación para que concesionarios de televisión restringida vía satélite tengan la potestad de retransmitir cualquier señal radiodifundida que se encuentre dentro de su zona de cobertura, pues la permisibilidad de dicha retransmisión es una obligación de todo radiodifusor de televisión; sin embargo, no se encontrará sujeta a la condición de gratuidad más que en el caso de retransmisión en la Misma Zona de Cobertura Geográfica, según se define más adelante, y deberá cumplir con los principios establecidos en la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto, incluyendo el de no discriminación. En este sentido, en el caso de que un Concesionario de Televisión Restringida Vía Satélite pretenda retransmitir una o más señales radiodifundidas respecto de las cuales no tenga obligación, deberá retransmitir todas las Señales Radiodifundidas en la Misma Zona de Cobertura Geográfica, lo que asegura un trato no discriminatorio para los Concesionarios de Televisión Radiodifundida.
Por otra parte, el texto constitucional establece la obligación para los concesionarios de televisión restringida de retransmitir todas las señales radiodifundidas de instituciones públicas federales, instituciones que por su propia naturaleza jurídica corresponden, enunciativamente, a las siguientes:
1. Universidad Nacional Autónoma de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública que se conceptualiza como organismo descentralizado del Estado, lo anterior de conformidad con el artículo 1 º de su ley orgánica que a la letra señala:
"ARTICULO 1 °.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública - organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura."
2. Instituto Politécnico Nacional.- El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el contenido de los artículos 1 y 2 de su ley orgánica que a la letra señala:
"ARTÍCULO 1.- El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 2.- El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las Entidades de la República donde funcionen Escuelas, centros y unidades de Enseñanza y de Investigación que dependan del mismo."
3. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.(Canal 22).- El artículo 1 ° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la
De igual forma, el artículo 12 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente en el DOF, la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal.
En ese sentido, de conformidad con la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2013, se advierte que Televisión Metropolitana, S.A. de C.V, constituye una empresa de participación estatal mayoritaria dependiente de la Secretaría de Educación Pública.
4. Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).- El OPMA se constituye como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y estará sectorizado a la Secretaría de Gobernación, lo anterior de conformidad con el artículo Primero del "Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales" que a la letra señala:
"Artículo Primero.- Se crea el organismo descentralizado denominado "Organismo Promotor de Medios Audiovisuales", con personalidad jurídica y patrimonio propio. El organismo tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y estará sectorizado a la Secretaría de Gobernación."
Todas las referencias efectuadas en relación con el OPMA deberán, en su momento, ser entendidas con referencia al organismo público descentralizado a que se refiere el artículo 6 º, apartado B, fracción V del Decreto, ello en términos del artículo Tercero Transitorio, fracción II del mismo Decreto.
Es importante señalar que los concesionarios de televisión restringida, al retransmitir las señales radiodifundidas de instituciones públicas federales, deberán incluir aquélla(s) realizada(s) a través de multiprogramación, entendiendo ésta como la distribución de varias Señales Radiodifundidas dentro del mismo Canal de Transmisión, cada una de las cuales constituye un Canal de Programación, siempre y cuando éstas correspondan, precisamente, a instituciones públicas federales.
Finalmente, debe resaltarse que el presente listado se realiza de manera informativa y enunciativa mas no limitativa, ya que el cumplimiento de la obligación constitucional no requiere de ninguna declaración previa por parte del Instituto respecto de las señales que tengan esta naturaleza y por ende deban ser retransmitidas, pues ello radica en que su naturaleza jurídica puede ser conocida por cualquier concesionario, ya que ésta se encuentra establecida en leyes o disposiciones administrativas de carácter público. Asimismo, esta obligación se actualiza en relación con cualquier señal que hoy o en el futuro encuadre en el supuesto de nuestra carta magna, siempre y cuando se encuentre disponible para el concesionario de televisión restringida. Sin embargo, para efectos de claridad y para facilidad de los concesionarios, el Instituto mantendrá y actualizará permanentemente en su sitio electrónico, el listado completo de instituciones públicas federales que tengan señales radiodifundidas, así como el listado de éstas que hagan disponible, por el medio que corresponda, sus señales.
Para fines meramente referenciales, dichas señales coinciden con las transmitidas por las estaciones XHUNAM-TV (canal 20), XEIPN-TDT (canal 33), XEIMT-TDT (canal 23) y XHOPMA-TDT (canal 30) de la Ciudad de México, respectivamente, incluyendo las de multiprogramación en dichos canales.
CUARTO.- Determinación de las señales radiodifundidas con cobertura del 50% o más del territorio nacional para el caso de concesionarios de televisión restringida vía satélite.- El párrafo segundo de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto, establece literalmente:
"...Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional.
De lo anterior se desprende que la exigibilidad de la obligación a cargo de los concesionarios de televisión restringida vía satélite, consistente en retransmitir señales de televisión radiodifundida, se actualizará cuando se determine cuáles de éstas tienen cobertura del 50% o más del territorio nacional.
En ejercicio de las atribuciones de este órgano autónomo constitucional, para efectos de la determinación del 50% de las señales radiodifundidas en el territorio nacional, a partir de una interpretación pro personae, deben considerarse las zonas de cobertura de estaciones de radiodifusión por televisión dentro de la extensión geográfica señalada en el artículo 42 de la Constitución, de acuerdo al universo de títulos de concesión y permiso vigentes. Lo anterior, ya que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos que tienen la finalidad de satisfacer necesidades de interés general de las personas (derechos fundamentales), por lo que no tendría sentido alguno tomar en cuenta, para el cálculo correspondiente, las porciones del territorio nacional en donde no existen señales de radiodifusión (como el territorio marítimo o el desértico despoblado), pues no pasa desapercibida a esta autoridad la obligación contenida en el párrafo tercero del artículo 1 ° de la Constitución, consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a la luz de los servicios públicos que nos ocupan; es decir, esta autoridad parte del hecho de que la radiodifusión y la televisión restringida deben proveer a las personas los beneficios de sus contenidos.
Para tal efecto, resulta necesario tomar como punto de partida que del Decreto se desprende que las señales radiodifundidas a que se refiere la fracción I de su artículo Octavo Transitorio, únicamente para los efectos precisados en ella, consisten en la programación de audio y video asociado transmitida por concesionarios y permisionarios de estaciones de radiodifusión por televisión, en cada canal de programación a través de un mismo canal de transmisión de 6 MHz, observando las directrices y características que establece la propia fracción invocada. Bajo esta definición de señal, es posible la retransmisión de señales radiodifundidas a través de la multiprogramación, consistente en la distribución de varias señales de televisión radiodifundidas dentro del mismo canal de transmisión, es decir, varios canales de programación en un mismo ancho de banda de 6 MHz, que corresponde al espectro asignado a cada estación de televisión, por supuesto observando las características que el texto constitucional establece. Dicho supuesto fue reconocido en el Dictamen.
El objetivo del mecanismo previsto en la Constitución es que la población acceda a los contenidos programáticos de televisión radiodifundida, independientemente de que sea usuaria de servicios de televisión restringida, pues es a través de dichos contenidos, a la luz del cuidado, promoción y vigilancia de los derechos fundamentales, que las audiencias pueden ejercer materialmente derechos fundamentales como los de acceso a la información, libertad de expresión, educación y cultura.
A efecto de determinar las señales de televisión radiodifundida que tienen cobertura del 50% o más del territorio nacional, con base en el "ACUERDO por el que se integra en un solo documento, la información técnica, programática, estadística y económica que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión deben exhibir anualmente a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1997, y modificado el 28 de junio de 2013, los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida tienen la obligación de presentar ante el Instituto la información técnica, legal y programática (ITLP) de sus estaciones, a más tardar el 30 de junio de cada año. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la programación de cada estación de televisión es definida libremente, en el marco de la normatividad aplicable, por cada concesionario y permisionario.
Consecuentemente, con base en la información programática de la ITLP de cada estación en diferentes regiones del país, es posible agruparlas en función de su programación. Esta información es presentada como parte del cumplimiento de sus obligaciones y se realiza bajo protesta de decir verdad, lo cual aporta un elemento homogéneo, objetivo y suficiente para determinar la forma en que se agrupan las estaciones en función de su programación.
Por ello, con sustento en su estrategia operativa y en los convenios correspondientes, más de un concesionario o permisionario de televisión radiodifundida puede transmitir programación de otra estación de televisión. Es por esta razón que en la industria de la televisión mexicana se han conformado denominaciones comerciales o marcas como "El canal de las estrellas", "Azteca Trece" o "Canal Once" para referirse a un contenido programático transmitido por un grupo amplio de estaciones de televisión que utilizan diversos canales de transmisión a lo largo del país, para la distribución de estos contenidos bajo la misma marca.
Ahora bien, tomando en cuenta la existencia de la libertad programática por parte de los concesionarios de radiodifusión y la posibilidad de que la programación asociada a cada señal tenga variaciones dependiendo de la localidad en la que se transmita, aunado a que no existe una definición formal de "cadenas nacionales de televisión", es indudable la existencia de transmisiones de los mismos contenidos programáticos por parte de una multiplicidad de estaciones bajo la misma marca, por lo que este Instituto considera que existen estaciones de televisión que transmiten la misma señal cuando 75% o más de su contenido programático coincide entre sí, de acuerdo con lo informado en la ITLP, dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, aún en un orden distinto, por ser ello lo más benéfico para las personas.
Ahora bien, el horario referido es aquél en que por regla general las personas acceden a las señales radiodifundidas a través de sus receptores, lo cual encuentra argumento, por analogía, en la fracción II del artículo Primero del "DECRETO por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica." publicado en el DOF el 10 de octubre de 2002.
Una conclusión distinta conllevaría la ineficacia de la reforma constitucional, la inaplicabilidad de la retransmisión de señales radiodifundidas por concesionarios de televisión restringida vía satélite y, en consecuencia, que las personas se vean privadas del derecho de recibir dichas señales.
Por lo anterior, tomando en cuenta la información aportada por los propios concesionarios y permisionarios del servicio de radiodifusión de televisión al exhibir su ITLP y considerando que el territorio nacional debe reflejar la cobertura geográfica de la televisión radiodifundida, se instruyó a la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión (USRT) para realizar el cálculo de las señales que cuentan con 50% o más de cobertura geográfica radiodifundida, tomando en cuenta las estaciones radiodifusoras cuyo contenido programático presentado coincida en 75% o más entre sí e informe de su resultado al Pleno del Instituto.
Al efecto, la USRT, informó al Pleno del Instituto lo siguiente:
"La Norma Oficial Mexicana NOM-03-SCT1-93 define con claridad cómo se establecen las zonas de cobertura de las estaciones de televisión que quedan registradas en los títulos de concesión o permiso correspondientes. La Figura 1 siguiente muestra gráficamente estas zonas de cobertura para las estaciones de televisión radiodifundida del país.
La cobertura geográfica continental contenida dentro de la región conformada por las zonas de cobertura de las estaciones de televisión radiodifundida es igual a 1'416,078.044 km ² y en ella habitan 109'821,788 habitantes, de un total de 112'336,538 registrados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el censo general de población y vivienda
2010. Así, dentro de las zonas de cobertura de las estaciones de televisión radiodifundida se encontraría el 97.76% de la población total del país.
Figura 1. Gráfico de las zonas de cobertura de las estaciones de televisión radiodifundida autorizadas en México. Fuente: Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, Instituto.
76.58 %"
Por lo anterior, en ejercicio de las atribuciones de este órgano autónomo constitucional, se determina que las señales de televisión radiodifundida que tienen cobertura del 50% o más del territorio nacional son aquéllas identificadas con los nombres comerciales "Canal de las Estrellas", "Canal 5", "Azteca Siete" y "Azteca Trece". Para fines de referencia, dichas señales corresponden a las transmitidas por las estaciones XEW-TV (canal 2), XHGC-TV (canal 5), XHIMT-TV (canal 7) y XHDF-TV (canal 13) de la ciudad de México, respectivamente. Lo anterior no implica de forma alguna que los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite deban retransmitir forzosamente dichas señales de la ciudad de México, sino cualquiera en el país que cumpla las características de identidad programática, en virtud de ser esencialmente las mismas, conforme lo han manifestado los propios concesionarios a través de la ITLP.
En ese orden de ideas, para efectos de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto y bajo una interpretación pro personae, debe considerarse que las señales de televisión radiodifundida comprenden la programación de audio y video asociado transmitida por concesionarios y permisionarios de estaciones de radiodifusión a través de los canales de transmisión de 6 MHz asignados a cada estación. Lo anterior cobra sentido al afirmar que técnicamente ninguna estación radiodifusora de televisión terrestre podría cubrir por sí sola el 50% o más del territorio nacional, por lo que el sentido de la reforma constitucional debe ser el que se aplica a través del presente Acuerdo, a fin de garantizar a los usuarios de los servicios públicos su acceso en los términos que señala la Constitución.
Cabe señalar que, en adición a lo expuesto, por lo que hace a las señales radiodifundidas identificadas con los nombres comerciales "Canal de las Estrellas" y "Canal 5", con la finalidad de aclarar su existencia y alcances es de resaltarse el contenido del "REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012(2)." realizado por Grupo Televisa, S.A.B. de C.V en términos del contenido del artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, reporte que a la letra señala, en lo conducente, lo siguiente:
La Compañía opera cuatro cadenas de televisión que pueden ser vistas a través de sus estaciones afiliadas en todo el país, a través de los canales 2, 4, 5 y 9 en la Ciudad de México. La siguiente tabla muestra el número total de estaciones de televisión afiliadas en todo el país con cada una de las cuatro cadenas de la Compañía, así como el número total de afiliadas locales al 31 de diciembre de 2012.
Cadena del Canal 2. El canal 2, conocido como "El Canal de las Estrellas", en conjunto con sus estaciones afiliadas, es la cadena líder de televisión en México y la cadena líder de televisión en español en todo el mundo en términos del potencial de audiencia que puede recibir su señal. La programación del canal 2 se transmite a todo el país a través de 127 estaciones concesionadas, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las estaciones afiliadas generalmente retransmiten la programación y publicidad del Canal 2 sin interrupciones. Estas estaciones se conocen como "repetidoras". La Compañía estima que la cadena del canal 2 llega aproximadamente a 26.6 millones de telehogares, que representan más del 98.3% de los telehogares del país. En 2010, 2011 y 2012, la cadena del canal 2 aportó la mayoría de las ventas de tiempo publicitario de la Compañía a nivel nacional.
Cadena del Canal 5. Además de su estación base, la cadena del canal 5 está afiliada con 66 estaciones repetidoras ubicadas en el interior del país. La Compañía estima que la cadena del canal 5 llega aproximadamente a 24.6 millones de hogares, que representan aproximadamente el 91.2% de los telehogares del país.
Por su parte, de los portales electrónicos(3) de las empresas prestadoras de los servicios de televisión radiodifundida que nos ocupan, se desprende la existencia de las señales radiodifundidas identificadas con los nombres comerciales "Canal de las Estrellas", "Canal 5", "Azteca Siete" y "Azteca Trece", lo cual robustece la determinación alcanzada ya por el Instituto en relación con su porcentaje de cobertura del territorio nacional radiodifundido, ello en concordancia con el contenido del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra señala:
Cabe señalar que el Instituto realizará periódicamente el cálculo, actualización y consecuente determinación de las señales de televisión radiodifundida que tengan cobertura del 50% o más del territorio nacional.
Finalmente, se incorporan reglas para que los concesionarios con poder sustancial en los mercados, los agentes económicos preponderantes o cualquier concesionario que no tenga derecho a la regla de gratuidad en la retransmisión de contenidos radiodifundidos, acuerden las condiciones y precios de los mismos, entre otras modificaciones.
De todo lo anterior, se desprende que los presentes lineamientos son la base estructural para llevar a cabo la retransmisión de señales radiodifundidas en los términos del Decreto, siendo trascendental que con esta disposición de carácter general se otorga un beneficio común para los distintos participantes del sector de radiodifusión, en el sentido de que existirán ganancias para la industria al ampliarse la transmisión de sus señales, para los autores creadores de contenidos al ampliarse la difusión de los mismos a través de otros medios dentro de la misma zona de cobertura geográfica, y para los productores que ofertan espacios de publicidad, al ampliarse su audiencia. Al expandirse la difusión de señales y contenidos del servicio de radiodifusión de televisión al de telecomunicaciones que comprende a la televisión restringida, se generan
mayores incentivos a los inversionistas de esta industria, consolidando con ello las exigencias del Decreto para el fomento de la competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, con lo cual se incentiva la generación de más empleos en la industria que impactarían en un mayor beneficio social.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución; Séptimo Transitorio, cuarto párrafo, Octavo Transitorio, fracción I, y Décimo Primero Transitorio del Decreto; 9-A, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 1, 2, 3, fracción III, 4, fracción I, 8 y 9, fracciones I, II, III, y 9, fracciones I, II, III y L del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo acuerda:
PRIMERO.- Se emiten los "LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 °, 7 °, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES", en los siguientes términos:
Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de orden público y tienen como finalidad regular, en el marco competencial del Instituto, los alcances de los derechos y obligaciones contenidos en la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto.
Artículo 2.- Todos los individuos tienen derecho a recibir Señales Radiodifundidas. En caso de ser suscriptor y usuario de algún servicio de televisión restringida, se tiene el derecho a recibir la retransmisión de tales señales a través de la prestación de dicho servicio bajo las directrices establecidas en la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto.
Artículo 3.- Para efectos de los presentes lineamientos deberá estarse a las siguientes definiciones(4):
BLOQUEO.- Acción que lleva a cabo el Concesionario de Televisión Restringida Vía Satélite mediante la programación de los equipos decodificadores para evitar la recepción de un Canal de Programación durante un tiempo determinado.
CANAL DE PROGRAMACIÓN.- Es la secuencia continua de programación de audio y video asociado susceptible de distribuirse a través de un Canal de Transmisión.
CANAL DE TRANSMISIÓN.- Ancho de banda de 6 MHz del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado para la prestación del servicio público de interés general de televisión radiodifundida.
CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA.- Aquéllos que, previo el otorgamiento del título de concesión correspondiente, prestan el servicio público de interés general de televisión radiodifundida, consistente en la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de Canales de Transmisión, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello.
CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA.- Aquéllos que, previo el otorgamiento del título de concesión correspondiente, prestan el servicio público de interés general de televisión restringida, transmitiendo de manera continua programación de audio y video asociado, mediante contrato y el pago periódico, por parte del suscriptor y usuario del servicio, de una cantidad preestablecida y revisable.
CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRENAL.- Aquellos Concesionarios de Televisión Restringida cuya transmisión de señales y su recepción por parte de los suscriptores y usuarios se realiza a través de redes cableadas o de antenas terrenales.
CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA VÍA SATÉLITE.- Aquellos Concesionarios de Televisión Restringida cuya transmisión de señales y su recepción por parte de los suscriptores y usuarios se realiza utilizando uno o más satélites.
DECRETO.- El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMACIÓN.- Aplicación utilizada en los decodificadores de televisión restringida que permite al suscriptor identificar la barra programática de un Canal de Programación.
MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA.- Es el área geográfica en que coinciden las áreas donde tienen autorizado prestar, en términos de las disposiciones normativas y administrativas aplicables, sus respectivos servicios el Concesionario de Televisión Radiodifundida y el Concesionario de Televisión Restringida de que se trate.
MULTIPROGRAMACIÓN.- Es la distribución de varias Señales Radiodifundidas dentro del mismo Canal de Transmisión, cada una de las cuales constituye un Canal de Programación.
a) DE MANERA GRATUITA.- Prohibición a los Concesionarios de Televisión Restringida y de Televisión Radiodifundida de obtener una contraprestación de cualquier naturaleza, entre ellos o de los suscriptores y usuarios, con motivo del cumplimiento de las obligaciones y/o ejercicio de los derechos contenidos en la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La regla de gratuidad sólo se actualiza cuando la retransmisión de las Señales Radiodifundidas por parte de Concesionarios de Televisión Restringida se realiza dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica.
b) DE MANERA NO DISCRIMINATORIA.- Trato no diferenciado que todo Concesionario de Televisión Restringida deberá darle a las Señales Radiodifundidas que retransmita, según corresponda, a fin de no generar una ventaja competitiva artificial para una o más señales.
c) EN FORMA ÍNTEGRA Y SIN MODIFICACIONES.- Retransmisión sin alteración o privación de alguna de las partes componentes de las Señales Radiodifundidas, incluida la publicidad. Los Concesionarios de Televisión Restringida sólo podrán alterar o modificar las Señales Radiodifundidas y su publicidad por mandato de autoridad competente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 8 de los presentes Lineamientos.
d) SIMULTÁNEA.- Retransmisión de las Señales Radiodifundidas al mismo tiempo que se radiodifunden, sin perjuicio del retraso natural derivado del procesamiento necesario para la retransmisión de la señal por el medio de que se trate.
e) CON LA MISMA CALIDAD.- Retransmisión de las Señales Radiodifundidas sin degradar intencionalmente los parámetros técnicos asociados a éstas.
SEÑAL RADIODIFUNDIDA.- Contenido programático de audio y video asociado transmitido por Concesionarios de Televisión Radiodifundida y por permisionarios de televisión radiodifundida en cada Canal de Programación, a través de un mismo Canal de Transmisión.
SEÑALES RADIODIFUNDIDAS DE 50% O MÁS DE COBERTURA DEL TERRITORIO NACIONAL.- Son las Señales Radiodifundidas cuyo contenido programático coincide en 75% o más entre ellas, dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, aún en un orden distinto y que se transmiten en el 50% o más del Territorio Nacional, identificadas con los nombres comerciales "Canal de las Estrellas", "Canal 5", "Azteca Siete" y "Azteca Trece". Para mayor referencia, dichas señales coinciden con las transmitidas por las estaciones XEW-TV (canal 2), XHGC-TV (canal 5), XHIMT-TV (canal 7) y XHDF-TV (canal 13), respectivamente, sin que ello implique considerar como tales necesariamente a las que se transmiten en la Ciudad de México, sino cualquiera en el país que cumpla las características de identidad programática señaladas.
El Instituto realizará periódicamente el cálculo, actualización y consecuente identificación de las Señales Radiodifundidas de 50% o más de cobertura del Territorio Nacional, bajo los criterios expuestos en la parte considerativa de los presentes Lineamientos.
SEÑALES RADIODIFUNDIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FEDERALES.- Son las Señales Radiodifundidas transmitidas por Concesionarios de Televisión Radiodifundida y por permisionarios de televisión radiodifundida que tengan el carácter de instituciones públicas federales en términos de las disposiciones normativas correspondientes, y que coinciden con las transmitidas por las estaciones XHUNAM-TV (canal 20), XEIPN-TDT (canal 33), XEIMT-TDT (canal 23) y XHOPMA-TDT (canal 30) de la Ciudad de México, respectivamente, incluyendo las de multiprogramación en dichos canales.
TERRITORIO NACIONAL.- Extensión geográfica de los Estados Unidos Mexicanos prevista en el artículo 42 de la Constitución, dentro de la cual existen zonas de cobertura de las estaciones de radiodifusión por televisión, de acuerdo al universo de títulos de concesión y permiso otorgados y vigentes en el país.
Artículo 4.- La obligación por parte de los Concesionarios de Televisión Radiodifundida consistente en permitir la retransmisión de Señales Radiodifundidas, conlleva la obligación de los Concesionarios de Televisión Restringida de realizar dicha retransmisión en la Misma Zona de Cobertura Geográfica sin necesidad de contar con manifestación de voluntad alguna por parte del Concesionario de Televisión Radiodifundida.
Artículo 5.- Los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal están obligados a retransmitir las Señales Radiodifundidas de cualquier Concesionario de Televisión Radiodifundida únicamente dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica, de Manera
Gratuita y No Discriminatoria, en Forma Íntegra y Sin Modificaciones, Simultánea, incluyendo la publicidad y con la Misma Calidad de la señal que se radiodifunde.
Artículo 6.- Los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite están obligados a retransmitir obligatoriamente las Señales Radiodifundidas de 50% o más de Cobertura del Territorio Nacional únicamente dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica en que dichas señales son radiodifundidas, de Manera Gratuita y No Discriminatoria, en Forma Íntegra y Sin Modificaciones, Simultánea, incluyendo la publicidad y con la Misma Calidad de la señal que se radiodifunde.
A efecto de que los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite se encuentren en posibilidad de retransmitir las Señales Radiodifundidas de 50% o más de Cobertura del Territorio Nacional dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica, el Instituto publicará y mantendrá actualizado en su sitio electrónico (www.ift.org.mx) el listado de las localidades en el país donde dichas señales son radiodifundidas.
Artículo 7.- Los Concesionarios de Televisión Radiodifundida y/o los Concesionarios de Televisión Restringida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes, en los términos del Decreto y demás disposiciones aplicables, no tendrán derecho a la regla de gratuidad. Lo anterior en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.
Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente las Señales Radiodifundidas perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto en los términos que establezca la legislación aplicable.
Artículo 8.- Todos los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite deberán realizar, en la zona geográfica de que se trate, el Bloqueo del contenido programático relativo a eventos públicos en vivo que no sean transmitidos por el Concesionario de Televisión Radiodifundida en dicha zona durante el tiempo asignado para dicho evento en el Canal de Programación que corresponda. Para estos efectos, el Concesionario de Televisión Radiodifundida deberá comunicar en forma indubitable a los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite la solicitud de Bloqueo y dar aviso de ello al Instituto con al menos siete días naturales de anticipación a la realización de dicho evento. El Instituto publicará en su portal de Internet los eventos públicos en vivo, cuyo Bloqueo le sea notificado.
El Concesionario de Televisión Restringida Vía Satélite deberá informar oportunamente a sus suscriptores y usuarios del Bloqueo que corresponda mediante su Guía Electrónica de Programación.
Artículo 9.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de los presentes Lineamientos, los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite podrán retransmitir las Señales Radiodifundidas en la Misma Zona de Cobertura Geográfica, de Manera Gratuita y No Discriminatoria, en Forma Íntegra y Sin Modificaciones, Simultánea, incluyendo la publicidad, con la Misma Calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.
En el caso de que Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite retransmitan una Señal Radiodifundida no obligatoria de una determinada localidad, deberán retransmitir todas las Señales Radiodifundidas de dicha localidad, en los términos establecidas en el artículo Octavo Transitorio fracción I del Decreto.
Artículo 10.- Los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal no se encuentran obligados a retransmitir Señales Radiodifundidas que dupliquen sustancialmente a otras Señales Radiodifundidas que se reciban en la misma cobertura y que ya sean retransmitidas por el Concesionario de Televisión Restringida Terrenal de que se trate. Para el propósito de este párrafo, se entiende que se trata de señales que se duplican sustancialmente, cuando el 75% o más de la programación transmitida de las 6:00 a las 24:00 horas de una estación de televisión radiodifundida que se reciba en la cobertura del Concesionario de Televisión Restringida Terrenal coincida en dicho porcentaje con la de otra estación de televisión radiodifundida que se reciba dentro de la Misma Zona de Cobertura Geográfica.
Artículo 11.- Los Concesionarios de Televisión Restringida deberán tomar las Señales Radiodifundidas con la mayor definición de imagen y sonido disponibles y retransmitirlas con la mayor definición de imagen y sonido que sus redes sean capaces de transmitir, y acorde a las distintas características de los equipos terminales de usuario con que cuenten sus
De igual forma, las Señales Radiodifundidas que sean retransmitidas por Concesionarios de Televisión Restringida deberán ubicarse dentro de los paquetes básicos en la definición correspondiente.
Artículo 12.- Los Concesionarios de Televisión Restringida deberán retransmitir todas las Señales Radiodifundidas de Instituciones Públicas Federales, de Manera Gratuita y No Discriminatoria, en Forma Íntegra y Sin Modificaciones, Simultánea, incluyendo, en su caso, la publicidad, y con la Misma Calidad de la Señal Radiodifundida. También deberán incluir aquélla realizada a través de Multiprogramación, salvo que el Canal de Programación no corresponda al de una Institución Pública Federal.
Las Instituciones Públicas Federales que transmiten señales radiodifundidas al día de hoy son, por su propia naturaleza jurídica, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales(5) y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Para efectos de claridad, el Instituto mantendrá y actualizará permanentemente en su sitio electrónico, el listado completo de las instituciones públicas federales para los efectos que nos ocupan.
Los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal que no tengan acceso a las Señales Radiodifundidas de Instituciones Públicas Federales en la Misma Zona de Cobertura, estarán obligados a retransmitir dichas señales una vez que el Instituto publique en el Diario Oficial de la Federación que las mismas se encuentren disponibles en su zona de cobertura por el medio que corresponda para su retransmisión, ya sea satélite, microondas, fibra óptica o cualquier otro idóneo, en términos de este artículo.
La misma regla a que se refiere el párrafo anterior será aplicable para los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite cuando su centro de transmisión y control se encuentre fuera de la zona de cobertura de la Señal Radiodifundida de Instituciones Públicas Federales.
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, las instituciones públicas federales que deseen que sus Señales Radiodifundidas sean retransmitidas, deberán realizar las acciones necesarias para hacer disponibles sus señales a través de satélite, microondas, fibra óptica o cualquier otro medio idóneo. En estos casos, las instituciones públicas federales deberán informar al Instituto el medio y las características técnicas con que consideran que sus Señales Radiodifundidas se encuentran disponibles. El Instituto, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente en que la institución pública federal proporcione la información correspondiente, determinará si, efectivamente, desde el punto de vista técnico, las Señales Radiodifundidas de dichas instituciones se encuentran disponibles para su retransmisión. En caso contrario, le hará del conocimiento los elementos técnicos que considere aplicables para lograr su disponibilidad.
De considerarse que tales Señales Radiodifundidas efectivamente se encuentran disponibles, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación un listado de éstas, con lo cual se hará exigible la obligación de los Concesionarios de Televisión Restringida correspondientes para retransmitirlas. Los costos asociados a la obtención de dichas Señales Radiodifundidas del medio de que se trate y su retransmisión correrán a cargo del Concesionario de Televisión Restringida.
Artículo 13.- El Pleno del Instituto resolverá cualquier controversia con motivo de la aplicación de los presentes lineamientos entre Concesionarios de Televisión Radiodifundida, permisionarios de televisión radiodifundida y Concesionarios de Televisión Restringida, sometida a su consideración por cualquiera de las partes, conforme a la normativa aplicable.
El procedimiento será instrumentado y tramitado por la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, la que, en coordinación con las Unidades Administrativas del Instituto que pudieran tener injerencia derivado de la naturaleza de la controversia, someterá al Pleno del Instituto un proyecto de resolución que ponga fin al procedimiento.
Artículo 14.- Los presentes lineamientos se emiten sin perjuicio de lo previsto en los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto, así como de las medidas que el Instituto pueda tomar y/o se contemplen en cualquier disposición normativa aplicable con relación a las declaraciones de agentes económicos preponderantes o con poder sustancial en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Los Concesionarios de Televisión Radiodifundida y Concesionarios de Televisión Restringida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de
telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el acuerdo o antes, si así lo solicitan ambas partes, el Instituto determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia.
El mismo procedimiento se aplicará a los concesionarios que deban acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos a efecto de no beneficiar directa o indirectamente con la regla de gratuidad a agentes económicos preponderantes o con poder sustancial de mercado.
Artículo 15.- Los presentes lineamientos se emiten sin perjuicio de las obligaciones y medidas que los Concesionarios de Televisión Radiodifundida y los Concesionarios de Televisión Restringida deban cumplir en materia electoral, autoral, de tiempos de Estado o fiscales, de protección civil y protección al consumidor, así como lo previsto en los títulos de concesión o cualquier otra disposición aplicable.
Artículo 16.- El incumplimiento a lo dispuesto en los presentes lineamientos será sancionado por el Instituto en términos de las disposiciones normativas aplicables.
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión y a la Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información del Instituto, para que realicen las gestiones necesarias a fin de publicar en el portal electrónico del Instituto, el documento aprobado por este Pleno el 21 de febrero de 2014, a través del cual se atienden de manera general los comentarios, opiniones y propuestas concretas recibidas en la consulta, en el que se especifica cuáles de ellos resultaron en adecuaciones y especificaciones a los lineamientos.
PRIMERO. Salvo por lo establecido en el artículo Segundo Transitorio, el presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Al día siguiente de la publicación de los presentes Lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite deberán abstenerse de retransmitir Señales Radiodifundidas distintas de las señaladas en los artículos 6 y 12 de estos lineamientos, salvo convenio con los titulares de los derechos respectivos.
El Presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar.- Rúbrica.- El Comisionado, Luis Fernando Borjón Figueroa.- Rúbrica.- El Comisionado, Ernesto Estrada González.- Rúbrica.- La Comisionada, Adriana Sofía Labardini Inzunza.- Rúbrica.- La Comisionada, María Elena Estavillo Flores.- Rúbrica.- El Comisionado, Mario Germán Fromow Rangel.- El Comisionado, Adolfo Cuevas Teja.- Rúbrica.
El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su IV Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2014, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Luis Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores y Adolfo Cuevas Teja, con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 1, 2 y 11 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/EXT/IFT/210214/71. El Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifiesta voto particular concurrente respecto de las señales de los canales 2 y 13 del DF, como de retransmisión obligatoria, pero disidente en la definición de territorio nacional y respecto de las señales de los canales 5 y 7; así mismo, voto particular disidente en el artículo 11, en relación con la duplicidad de señales; y voto particular disidente en cuanto a la omisión sobre los husos horarios.
(R.- 384857)
Fernández Ruíz, Jorge. âServicios Públicos Municipalesâ. México, Instituto Nacional de Administración Pública, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2002. Páginas 104 a 107.
Gómez Benítez Armando. âLa prestación de los servicios públicos municipalesâ. Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, número 12-13, Sección de Tribuna, 1984.
Cienfuegos Salgado David y Luis Gerardo Rodríguez Lozano, Actualidad de los servicios públicos en México. [en línea], Primera edición 2009, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional
Autónoma de México, 2009, Disponible en Internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2654, ISBN 978-607-02-0664-1.
2 http://i2.esmas.com/documents/2013/05/28/3020/reporte-anual-por-el-ano-terminado-al-31-de-diciembre-de-2012.pdf
3 http://www.televisa.com/ y http://www.azteca.com/
4 Los términos definidos pueden ser utilizados indistintamente en singular o plural según corresponda.
5 Todas las referencias efectuadas en relación con el OPMA deberán, en su momento, ser entendidas con referencia al organismo público descentralizado a que se refiere el artículo 6 º, apartado B, fracción V del Decreto, ello en términos del artículo Tercero Transitorio, fracción II del mismo Decreto.