Source: http://academiadevaluadores.org/noticias/noticias022.html
Timestamp: 2018-11-13 00:04:19
Document Index: 302721169

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 112', 'artículo 113', 'Artículo 50', 'Artículo 5']

CARTA A MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA / JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - 27 de Mayo del 2014
México, D.F., a 27 de mayo del 2014
Fredy Antonio José Sabido y Rivas con domicilio para oír y recibir notificaciones el de: Niza No. 62, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. respetuosamente comparezco, sabiendo de la sólida formación jurídica con la que Usted cuenta, para exponer los siguientes hechos.
En el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padron Territorial tienen como practica el llamar a exámenes tanto a los aspirantes a perito valuador como a peritos registrados y cuando a juicio de la persona que aplica y revisa los exámenes estos no son aprobatorios se niega o se suspende el registro del perito valuador. En el cuarto renglón del CONSIDERANDO del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA publicado el 6 de diciembre del 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal manifiesta que “es necesario normar y controlar la práctica valuatoria”.
Lo anterior viola los artículos 5, 14 y 16 Constitucionales, así como el principio de seguridad jurídica en atención a que el Código Fiscal del Distrito Federal debió de haber establecido los lineamientos generales con base en los cuales debería hacerse el examen teórico práctico y presenta la inconstitucionalidad del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA, toda vez que impone sanciones que exceden la facultad reglamentaria del poder ejecutivo, en atención a que la ley, Código Fiscal del Distrito Federal, no señala la sanción aplicable por no acreditar el examen teórico práctico. También es violado el principio de legalidad en virtud de que de conformidad con el artículo 4º de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, únicamente el poder ejecutivo federal está facultado para reglamentar y limitar el ejercicio de profesiones.
Vale la pena señalar la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:
“COMERCIO Y EJERCICIO PROFESIONAL, LIBERTAD DE INTERES JURIDICO. El artículo 5º. Constitucional garantiza en principio a todos los mexicanos el derecho de dedicarse a actividades comerciales y profesionales lícitas. Así pues, se trata de un derecho que no depende de una graciosa concesión de las autoridades administrativas, sino de un derecho otorgado en forma primaria por la Constitución Federal. Es cierto que ese derecho puede ser limitado por las autoridades administrativas, pero ello debe ser siempre con miras al interés público y con base en una ley formalmente emanada del Congreso. Es decir, no es que las autoridades administrativas concedan a los particulares el derecho a dedicarse a actividades lícitas, y así ese derecho entre en su patrimonio y sea defendible mediante el juicio de amparo, sino que ese derecho pertenece a los particulares por mandato constitucional que lo garantiza, y en esos términos es defendible mediante el juicio de amparo, contra la limitación que de ese derecho pretendan hacer las autoridades administrativas. Si sólo se pudiese defender mediante el amparo el derecho a dedicarse a una actividad profesional o comercial cuando las autoridades administrativas autorizan a ejercerla, ello equivaldría a derogar la garantía constitucional y a sustituirla por la autorización de las autoridades, pues sin ésta, no habría derecho constitucionalmente protegido, y con esa autorización, saldría sobrando ese derecho. Así pues, siempre que las autoridades nieguen u obstaculicen a un particular el dedicarse a una actividad comercial o profesional, ese particular tendrá expedita la acción de amparo para defender su pretensión basada en la garantía constitucional, y será en el juicio de amparo en el que se determine, examinadas las cuestiones legales que se planteen por el quejoso y por la autoridad, si ésta está justificada o no, para impedirlo o en cualquier forma, estorbar el particular el ejercicio de la actividad de que se trate. Así pues, aunque en el amparo se plantee la inconstitucionalidad de la negativa a otorgar al quejoso una autorización o licencia, ese amparo no puede ser desechado por falta de interés jurídico del quejoso, en término del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por la falta de esa autorización o licencia, porque ello equivaldría a prejuzgar que la autoridad actuó lícitamente al negar al quejoso la autorización para dedicarse a una actividad protegida en principio por el artículo 5º. Constitucional y, por ende, a derogar esa garantía cuando las autoridades administrativas niegan tales autorizaciones.
Amparo en revisión 584/76.- Unión Mexicana de Mariachis del D.F.- 11 de enero de 1977.- Unanimidad de votos. Volúmenes 97-102, Sexta Parte, p. 61.”
La violación al artículo 14 Constitucional es evidente de la simple lectura del mismo:
“ARTICULO 14.- ...
“ARTICULO 16.-
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
No. Registro: 390,893
Dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal e imperiosamente obedecible; máxime cuando tal determinación es revocatoria de otra anterior otorgada en favor de algún individuo. Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas.
La Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial no puede fundar y motivar sus acciones respecto a los exámenes en comento toda vez que están derogadas las disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal y también las del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA en atención al artículo 2º transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional
Esta Ley deroga todas las leyes y disposiciones de carácter general que se le opongan. No deroga las disposiciones especiales contenidas en leyes de carácter federal, ni la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como servidores del Estado.
Adicionalmente me permito comentarle, independientemente de los exámenes, el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA es inconstitucional en virtud de que, como usted sabe, los elementos de un impuesto son: objeto, sujeto, base y tasa. En el caso del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, el objeto y sujeto están claramente definidos en el artículo 112 del Código fiscal, la tasa se define en el artículo 113 del mismo Código, sin embargo la Base NO está definida para este Impuesto ni en el Manual ni en el Código.
Respetuosamente proponemos la solución para estas dos violaciones al marco legal.
1.- En el caso de la autorización y actualización de los peritos valuadores, la autoridad puede pedir dos cosas, la primera es la Cédula de Posgrado en Valuación Inmobiliaria (Así todos los exámenes serán aplicados por las Instituciones Educativas debidamente autorizadas por la Secretaria de Educación Pública, como ocurre en todas los ámbitos del ejercicio profesional en este país.) y el respaldo del Colegio de Profesionistas correspondiente, en cumplimiento con la ley de la Materia. Artículo 50 fracción “o” de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional
Los Colegios de Profesionistas tendrán los siguientes propósitos:
o).-Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente.
Y para determinar la base del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la misma manera que publica los valores para el cobro del Impuesto Predial, mediante la observación anual del mercado inmobiliario por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y a propuesta de ésta se igualaran, el cobro de los dos Impuestos sería sobre la base del Valor Comercial de los Inmuebles como ha sido su deseo manifiesto.