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Timestamp: 2019-06-16 09:26:43
Document Index: 108405470

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 63', 'Artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 82', 'Artículo 88', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 44', 'Artículo 102', 'artículo 100', 'Artículo 108']

LEY 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 191915557
Emisor: 15557
TÍTULO II. Derechos de la infancia y la adolescencia y sus garantías.
CAPÍTULO I. De la prevención y garantías. - arts. 6 a 8
CAPÍTULO II. De los derechos de la infancia y la adolescencia. - arts. 9 a 19
CAPÍTULO III. Del derecho ala crianza y educación.
SECCIÓN 1. a De los padres y otros responsables legales. - arts. 21 a 25
SECCIÓN 2.a. De los centros educativos. - arts. 26 a 28
SECCIÓN 3.a. Del derecho ala cultura y a la adecuada utilización del ocio y el tiempo libre. - arts. 29 a 31
CAPÍTULO IV. Del derecho a la protección de la salud. - arts. 32 a 35
CAPÍTULO V. Del derecho a disfrutar de entornos saludables y ala adecuada distribución del espacio urbano. - arts. 36 a 38
CAPÍTULO VI. De la limitación de algunas actividades, medios y productos. - arts. 39 a 44
TÍTULO III. De la protección social y jurídica de los menores.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales. - arts. 45 a 55
CAPÍTULO II. De las situaciones de riesgo. - arts. 56 a 58
SECCIÓN 1.a. Del Desamparo. - arts. 59 y 60
SECCIÓN 2.a. De La Tutela. - arts. 61 y 62
SECCIÓN 3.a. De la Promoción del Nombramiento de Tutor. - art. 63
SECCIÓN 4.a. De La Guarda de Menores. - arts. 64 y 65
SECCIÓN 5.a. De la guarda mediante acogimiento residencial. - arts. 66 a 69
SECCIÓN 6.a. De la Guarda Mediante Acogimiento Familiar. - arts. 70 a 73
SECCIÓN 7.a. De la adopción. - arts. 74 y 75
SECCIÓN 8.a. Procedimiento Sobre Acogimiento y Adopción. - arts. 76 y 77
TÍTULO IV. De los menores en conflicto social. - arts. 78 a 81
TÍTULO V. Distribución de competencias. - arts. 82 a 86
TÍTULO VI. Plan Integral de atención a la infancia y adolescencia. - arts. 87 a 90
TÍTULO VII. Iniciativa social e instituciones colaboradoras. - arts. 91 a 95
CAPÍTULO I. Infracciones. - arts. 96 a 98
CAPÍTULO II. Sanciones administrativas. - arts. 99 a 101
CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador. - arts. 102 a 105
TÍTULO IX. De los registros.
CAPÍTULO I. Registro de protección de menores. - arts. 106 y 107
CAPÍTULO II. Del Registro de instituciones colaboradoras. - art. 108
Las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en la protección y defensa de los intereses de los menores. Así, el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en su texto reformado por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, establece en su artículo 35.1.26.8, 27.8 y 28.8 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia, bienestar social, fundaciones de carácter benéfico, asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón, así como en la protección y tutela de menores.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, trata de dar respuesta a las lagunas que se detectaron en la aplicación de la Ley 21/1987, a las nuevas necesidades surgidas y demandadas por la sociedad y ala nueva filosofía y concepción que la misma tiene sobre los niños y adolescentes.
Los niños y adolescentes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Pero la protección es cosa de todos. La aplicación de los principios del Estado de Derecho ala protección de los menores conlleva una responsabilidad compartida entre sus padres y los poderes públicos.
La Comunidad Autónoma de Aragón no podía quedar al margen de este reconocimiento jurídico del papel de la infancia, no sólo por sus competencias plenas en materia de protección de menores en situación de desamparo, sino porque gran parte de las actuaciones de los distintos departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma inciden en mayor o menor grado en el bienestar de la infancia. Por ello, el Justicia de Aragón y las Cortes aragonesas instaron al ejecutivo aragonés para que elaborase y presentase alas Cortes para su aprobación un proyecto de ley que respondiese a ese carácter integral de la promoción y defensa de los derechos de los menores.
El cambio que efectúa esta Ley al pasar de una concepción meramente de «protección», como existía hasta ahora, a una «promoción» y desarrollo de los derechos de todos los niños y adolescentes requiere de una Administración ágil y dinámica, por lo que parece oportuno incardinar toda esta actividad en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, organismo autónomo especializado en el bienestar social de todos los ciudadanos aragoneses, cuya actuación está regida por los principios de eficacia, simplificación, racionalización, descentralización, deseo ncentración de la gestión y participación de los interesados.
En determinadas materias de naturaleza civil, la Ley hace referencia a la legislación aplicable, tanto a las normas contenidas en el Código Civil como alas normas civiles aragonesas hoy contenidas en nuestra Compilación del Derecho Civil, incorporándose al texto las instituciones contenidas en la misma.
Las situaciones de desamparo, que hacen desplegar una actividad más intensa de la Administración, son objeto de las ocho secciones en que se desarrolla el capítulo tercero, diferenciando entre los distintos instrumentos protectores. Se ha incluido una redacción detallada de supuestos concretos que se entienden como desamparo, para tener una referencia clara, pero abierta, teniendo en cuenta las consideraciones que se puedan hacer desde otros campos sociales. Se regula la asunción de tutela por la entidad pública y las causas de su cese. La guarda se configura como medida a tomar a solicitud de los padres o como consecuencia de la asunción de tutela y que se puede ejercer tanto en acogimiento residencial como familiar. La sección séptima se dedica a la adopción, con especial referencia ala adopción internacional.
TÍTULO II Derechos de la infancia y la adolescencia y sus garantías. Artículos 6 a 44
CAPÍTULO I De la prevención y garantías. Artículos 6 a 8
Limitar el acceso de los niños y adolescentes a medios, productos y actividades
perjudiciales para su desarrollo integral.
Artículo 8 Medidas para garantizar el ejercicio de los
Los menores pueden dirigirse alas Administraciones públicas encargadas de su protección y asistencia, sin conocimiento de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, cuando sea preciso por motivos de urgencia o situación de conflicto y en la medida en que la comunicación con aquellas personas pudiese frustrar la finalidad pretendida. La Administración guardará la debida reserva y tomará las medidas necesarias para la efectiva asistencia de los menores en el ejercicio de sus derechos.
Podrá requerir ala Administración autonómica o local el cumplimiento efectivo de los derechos ola puesta en marcha de programas o actuaciones previstos en las leyes.
CAPÍTULO II De los derechos de la infancia y la adolescencia. Artículos 9 a 19
La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá y coordinará políticas integrales con las distintas Administraciones competentes en defensa de los derechos de los menores y en garantía del buen trato a la infancia y ala adolescencia.
Artículo 10 Derecho ala identificación.
La intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y ala propia imagen del menor dará lugar ala intervención del Ministerio Fiscal, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 12 Derecho ala información.
Las Administraciones públicas informarán a los ciudadanos sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y procurarán que la información dirigida a los menores respete los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de los niños y adolescentes a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales. Promocionarán asimismo los medios de información dirigidos a menores con necesidades especiales por razón de su etnia, cultura, lengua, religión o dificultades físicas, psíquicas o sensoriales.
Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y ala Administración de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.
Cuando el menor solicite ser oído directamente o por medio de persona que le represente o asista, la denegación de la audiencia será motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a aquellos.
Artículo 14 Derecho ala libertad ideológica.
Los menores tienen derecho ala libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Las Administraciones públicas desarrollarán y fomentarán los programas necesarios para prevenir y proteger a los niños y adolescentes de los efectos nocivos de grupos o asociaciones cuya ideología, métodos o finalidad atenten contra los derechos reconocidos a aquellos. Cualquier persona física o jurídica o entidad
pública que tenga conocimiento de que la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impide o perjudica el desarrollo integral de los derechos del menor deberá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas de protección que estime necesarias.
Artículo 16 Derecho ala libertad de expresión.
En especial, el derecho ala libertad de expresión de los menores se extiende a la publicación y difusión de sus opiniones, a la edición y ala producción de medios de difusión.
Los menores extranjeros que residan ose encuentren en Aragón recibirán los apoyos y ayudas públicas necesarios para su integración social y cultural, especialmente a través de la enseñanza del idioma y usos sociales.
CAPÍTULO III Del derecho ala crianza y educación. Artículos 20 a 31
Artículo 20 El derecho ala educación.
Todos los niños tienen derecho a recibir las ayudas precisas para compensar toda clase de carencias y deficiencias y acceder a la educación en igualdad de oportunidades, así como recibir orientación educativa, profesional y personal necesarias para incorporarse plenamente ala vida ciudadana.
SECCIÓN 1 a De los padres y otros responsables legales. Artículos 21 a 25
Artículo 22 Del apoyo ala familia.
La Administración de la Comunidad Autónoma elaborará programas específicos de apoyo dirigidos a aquellas familias con dificultades para atender correctamente ala crianza, desarrollo y educación, en prevención del maltrato infantil y para disminuir el riesgo de desamparo.
SECCIÓN 2.a De los centros educativos. Artículos 26 a 28
Las Administraciones públicas colaborarán con la familia en el proceso educativo de los menores y garantizarán la existencia de un número de plazas suficiente en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, así como de medios humanos, materiales y de transporte para asegurar una atención escolar de calidad. También garantizarán la existencia de un número suficiente de plazas accesibles para aquellos alumnos con discapacidades y dispondrán de los recursos técnicos y de transporte adaptado para su escolarización.
La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la participación del alumnado y de las familias en el ámbito escolar. Procurará el cumplimiento de los derechos y los deberes de los alumnos, particularmente los deberes de respeto hacia los profesores, compañeros e instalaciones a su disposición. Igualmente velará por el cumplimiento de los derechos y deberes de los padres o de quienes ejerzan las funciones parentales y por que los proyectos educativos y curriculares de los centros fomenten la libertad, la igualdad, la no violencia, la solidaridad y los demás valores establecidos en los principios y normas constitucionales.
SECCIÓN 3.a Del derecho ala cultura y a la adecuada utilización del ocio y el tiempo libre. Artículos 29 a 31
Artículo 29 El derecho ala cultura, ocio y tiempo libre.
Artículo 30 De la promoción de la cultura para los
Las Administraciones públicas, para el desarrollo cultural de los niños y adolescentes, y como complemento al aprendizaje en los centros escolares, promoverán actividades y recursos en su entorno relaciona¡ y facilitarán su acceso a los servicios de información, documentación, bibliotecas, museos y demás servicios culturales públicos, favoreciendo, en especial, el conocimiento de los valores, historia y tradiciones de Aragón, así como el respeto a las culturas diferentes a la del menor. En todos los museos de titularidad autonómica o local se crearán secciones pedagógicas con recursos didácticos adecuados.
Artículo 31 De la promoción de la adecuada utilización del ocio y tiempo libe.
La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la educación en valores a través del juego y de los juguetes. Éstos deben adaptarse alas necesidades de los niños y adolescentes y ayudar a su desarrollo integral.
CAPÍTULO IV Del derecho a la protección de la salud. Artículos 32 a 35
La detección y tratamiento precoz de enfermedades congénitas, así como de las deficiencias psíquicas, físicas o sensoriales, únicamente con los límites que la
ética, la tecnología y los recursos existentes impongan en el sistema sanitario.
Cuando fuera necesario someter a un menor a pruebas médicas o diagnósticas que requieran consentimiento expreso para su realización, éste se recabará de sus padres o de las personas que les sustituyan en el ejercicio de las funciones de la patria potestad o autoridad familiar. Si el menor tuviera más de doce años, será preciso también su consentimiento. En todo caso primará el derecho ala vida del menor y, en caso de negativa de las personas antes mencionadas a que se realicen las pruebas o tratamiento, deberá resolver la autoridad judicial de acuerdo con las circunstancias.
Se preferirá el tratamiento ambulatorio siempre que sea posible. Si la hospitalización es indispensable, se procurará que sea lo más breve posible y que se realice en unidades adecuadas a su edad. Para ello se procurará habilitar espacios adaptados ala infancia donde se permita el derecho al juego y se impida la desconexión de la vida escolar y familiar, especialmente en aquellos centros que dispongan de atención especializada para menores.
CAPÍTULO V Del derecho a disfrutar de entornos saludables y ala adecuada distribución del espacio urbano. Artículos 36 a 38
Los niños y adolescentes tienen derecho a conocer, disfrutar y desarrollarse en un medio ambiente adecuado y saludable. 2. Los niños y adolescentes tienen el derecho a conocer su pueblo, barrio o ciudad y a disfrutar de un entorno urbano adecuado a sus necesidades.
Visitas e itinerarios programados por los diversos entornos medioambientales. d) Programas formativos y divulgativos sobre el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, sobre el reciclaje de residuos y la utilización de energías limpias, y sobre la conservación del medio ambiente.
Se facilite la participación de los niños y adolescentes en el diseño de los espacios públicos, y, en especial, aquellos de uso específico de menores. e) Las instalaciones deportivas con las que cuenten los centros públicos educativos sean utilizadas fuera del horario escolar, para lo que se adoptarán las medidas que sean necesarias.
CAPÍTULO VI De la limitación de algunas actividades, medios y productos. Artículos 39 a 44
A fin de garantizar una más correcta protección de los niños y adolescentes en su relación con los establecimientos y espectáculos públicos, se prohibe:
Su admisión en locales especialmente dedicados a la expedición de bebidas alcohólicas, salvo que vayan acompañados de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar.
La publicidad dirigida específicamente a los niños y adolescentes deberá estar sometida a límites reglamentariamente establecidos que obliguen a respetar los siguientes principios de actuación:
No se explotará la inexperiencia o credulidad de los niños y adolescentes o la especial confianza que éstos tienen en sus padres, profesores o tutores. Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad de su tamaño, movimiento, prestaciones y demás atributos. Los anuncios deberán hacer indicación del precio del objeto anunciado.
TÍTULO III De la protección social y jurídica de los menores. Artículos 45 a 77
CAPÍTULO I Disposiciones generales. Artículos 45 a 55
a)La responsabilidad pública, objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica.
Procurarla colaboración del menor y de su familia en la intervención protectora.
Se articularán, en el marco de la política de vivienda, programas cuyo fin sea favorecer la adquisición o arrendamiento de una vivienda destinada a servir de residencia ala familia cuando ésta carezca de ella o la suya sea inapropiada.
Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva. Están especialmente obligadas a guardar secreto de la información que obtengan y de los datos de filiación de los menores las personas que intervengan en el procedimiento de constitución de acogimientoy propuestas de adopción, evitando especialmente en este último caso que la familia de origen conozca a la adoptiva. No obstante, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá facilitar al adoptante, así como a quienes tengan al menor en acogimiento familiar preadoptivo, la información disponible sobre la familia natural del menor que resultase precisa en interés de la salud y desarrollo del mismo.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el adoptado, a partir de la mayoría de edad, puede ejercer las acciones que conduzcan a averiguar quiénes han sido sus padres biológicos, lo cual no afectará ala filiación adoptiva.
La valoración de la declaración de riesgo y de
desamparo y de la procedencia de las medidas de protección requerirá previamente un estudio interdisciplinar del menor y su entorno que ponga de manifiesto las necesidades que se deben cubrir, el objetivo general y las medidas o instrumentos de protección. El plazo máximo de dicha valoración no será superior a dos meses desde el inicio del expediente.
Las resoluciones que se adopten en el procedimiento de declaración de la situación de riesgo o de desamparo y en la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección serán motivadas y deberán ser notificadas a los padres o a quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, e inscritas en el Registro de protección de menores. Siempre que no sea contrario al interés del menor, se les informará en el plazo de cuarenta y ocho horas, de forma presencial y de modo claro y comprensible, sobre las causas que dieron lugar
a la intervención y los posibles efectos de la decisión adoptada por la Administración.
CAPÍTULO II De las situaciones de riesgo. Artículos 56 a 58
Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad
familiar están obligados a colaborar activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas de protección indicadas en la resolución de la situación de riesgo. La negativa a la colaboración podrá dar lugar a la declaración de desamparo, si así lo requiere la evolución de la situación de riesgo y la protección del menor.
CAPÍTULO III De las situaciones de desamparo. Artículos 59 a 77
SECCIÓN 1.a Del Desamparo. Artículos 59 y 60
Riesgo para la vida o integridad física o psíquica del menor. Cuando, debido al incumplimiento de los deberes de protección o por negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, de salud o educativas por parte de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, se atenta contra la vida ola integridad física o psíquica del menor.
Malos tratos. Cuando el menores objeto de malos tratos físicos, psíquicos o de abusos sexuales, por parte de familiares o terceros, producidos en el ambiente familiar del menor.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para declarar la existencia de una situación de desamparo mediante resolución motivada, previo informe del
equipo interdisciplinar, y que acuerde la medida de protección que corresponda.
SECCIÓN 2.a De La Tutela. Artículos 61 y 62
El cese de la tutela se comunicará deforma inmediata a los profesionales o particulares que solicitaron la intervención de la Administración, motivando esta decisión.
SECCIÓN 3.a De la Promoción del Nombramiento de Tutor. Artículo 63
La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, y cuando no haya designación de autoridad familiar, promoverá el nombramiento de tutor cuando existan personas que puedan asumir la tutela en beneficio del menor en situación legal de desamparo, conforme alas normas civiles aplicables.
SECCIÓN 4.a De La Guarda de Menores. Artículos 64 y 65
SECCIÓN 5.a De la guarda mediante acogimiento residencial. Artículos 66 a 69
Todos los centros de protección de menores deberán estar autorizados por la Administración de la Comunidad Autónoma. Reglamentariamente se determinarán las clases de centros, los derechos y deberes de los menores, el procedimiento de ingreso y de baja, así como su autorización, organización y funcionamiento.
Al menos durante el año siguiente ala salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Comunidad Autónoma efectuará un seguimiento de aquellos al objeto de comprobar que su integración sociolaboral sea correcta, aplicando las ayudas técnicas o económicas necesarias. Para ello, se podrá recabar la colaboración de los servicios sociales comunitarios gestionados por entidades locales, así como de cualesquiera otros organismos e instituciones.
Su dimensión y número de plazas serán los precisos para que puedan fomentar las relaciones personales y la madurez afectiva. A tal objeto, se procurará que sean centros de dimensiones y número de plazas reducidas. Reglamentariamente se establecerá el número máximo de plazas de cada centro.
Estarán abiertos ala relación y colaboración familiar, siempre que la reinserción familiar sea en interés del menor.
Se respetará el derecho ala educación de los menores residentes en los centros de observación y acogida, permitiendo la continuidad de su formación en el centro educativo al que asistieran hasta el momento de ser internados o en otros similares. En los casos en que las circunstancias del menor aconsejaran la no asistencia a un centro educativo, se establecerá la coordinación necesaria con el centro educativo de procedencia, de forma que el menor pueda mantener el proceso educativo en igualdad de condiciones con sus compañeros de curso.
SECCIÓN 6.a De la Guarda Mediante Acogimiento Familiar. Artículos 70 a 73
Artículo 70 Acogimiento familia.
Artículo 72 Modalidades de acogimiento familia.
Si los padres o personas que ejerzan la autoridad familiar o tutores no consienten o se oponen al acogimiento, éste sólo podrá ser acordado por el Juez. No obstante, junto alas modalidades de acogimiento establecidas en los artículos anteriores, la entidad pública podrá acordar el acogimiento provisional en los casos y en la forma regulados por la legislación civil aplicable.
SECCIÓN 7.a De la adopción. Artículos 74 y 75
Corresponde ala Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, la gestión del procedimiento previo a la adopción.
SECCIÓN 8.a Procedimiento Sobre Acogimiento y Adopción. Artículos 76 y 77
TÍTULO IV De los menores en conflicto social. Artículos 78 a 81
La ejecución de las medidas judiciales que impliquen un internamiento del menor en un centro de régimen abierto, semiabieno o cerrado, o un internamiento terapéutico.
TÍTULO V Distribución de competencias. Artículos 82 a 86
Artículo 82 órganos competentes.
Corresponde ala Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia en materia de protección y de ejecución de medidas de reforma de los menores, que ejercerá a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la materia.
Corresponde alas corporaciones locales, a través de los servicios sociales comunitarios, realizar las funciones de prevención, información, promoción y reinserción social en materia de menores, así como de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma en la orientación y seguimiento de los casos que requieran su intervención en el propio medio.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la matería, tendrá, en el marco de esta Ley, como objetivos básicos:
Proponer la remisión del acogimiento ala autoridad judicial, conforme a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la oposición o falta de consentimiento de los padres o tutores.
TÍTULO VI Plan Integral de atención a la infancia y adolescencia. Artículos 87 a 90
Artículo 88 Contenido del Plan Integral de atención
a la infancia y la adolescencia.
Ordenación de los recursos asistenciales y descripción de las funciones de los
TÍTULO VII Iniciativa social e instituciones colaboradoras. Artículos 91 a 95
La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará cauces de participación a las entidades sin ánimo de lucro en órganos de carácter consultivo, para asesorar en materia de atención a la infancia, proponiendo actuaciones que puedan dar respuesta alas nuevas necesidades planteadas.
Tener establecido como fin la protección de menores en sus estatutos o reglas
Tener domicilio social en Aragón o actuara través de establecimientos radicados en su territorio, a los que en todo caso se referirá la habilitación.
Disponer en el territorio de actuación de los medios materiales y equipos pluridisciplinares que regiamentariamente se exijan.
La resolución por la que se conceda la habilitación se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», dándose traslado de la misma al Ministerio Fiscal.
El contenido de la habilitación podrá variar cuando se modifiquen las circunstancias que concurrieron en su concesión. La modificación podrá tener lugar de oficio o a instancia de parte.
Las entidades colaboradoras de adopción internacional podrán ser habilitadas para realizar las funciones de mediación en la adopción internacional de acuerdo con la legislación vigente y su reglamentación específica.
TÍTULO VIII Infracciones y sanciones. Artículos 96 a 105
CAPÍTULO I Infracciones. Artículos 96 a 98
Son infracciones administrativas ala presente Ley las acciones y omisiones dolosas o imprudentes tipificadas en este artículo.
Incumplir la normativa aplicable en el ámbito de los derechos de los menores en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, si de ello no se derivan perjuicios para aquellos.
Incumplir, por parte de sus titulares, las normas sobre funcionamiento de centros o servicios de atención a la infancia ola adolescencia, cuando dicho incumplimiento no merezca considerarse como grave.
Proceder ala apertura o iniciar el funcionamiento de servicios o centros de atención a los menores sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
I) Excederse en las medidas correctoras a niños y adolescentes sometidos a medidas judiciales o la limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros e instituciones en los que se encuentren aquellos, efectuadas por los responsables, los trabajadores o los colaboradores de los centros o instituciones.
Vender o suministrara menores las publicaciones recogidas en el artículo 41, así como la venta, alquiler, difusión o proyección de los medios audiovisuales a que se hace referencia en el artículo 42.
Emitir programación a través de medios audiovisuales sin ajustarse alas reglas contenidas en esta Ley.
Vender o suministrar a menores objetos y productos que incumplan las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 44 de esta Ley. w) Infringir el derecho a la propia imagen por parte de los medios de comunicación social.
CAPÍTULO II Sanciones administrativas. Artículos 99 a 101
Infracciones leves: amonestación por escrito o multa de hasta 500.000 pesetas. b) Infracciones graves: multa de 500.001 pesetas a 5.000.000 de pesetas. c) Infracciones muy graves: multa de 5.000.001 pesetas a 50.000.000 de pesetas.
Revocación de la habilitación como institución colaboradora. c) Revocación de las ayudas o subvenciones concedidas e inhabilitación para recibir cualquier tipo de ayudas o subvención de la Administración autonómica por un plazo de uno a cinco años.
Calificadas las infracciones, la cuantía de la sanción se determinará en atención a la reiteración de las mismas, al grado de intencionalidad o negligencia del infractor, a la gravedad de los perjuicios causados a los menores y ala relevancia o transcendencia social que hayan alcanzado.
CAPÍTULO III Procedimiento sancionador. Artículos 102 a 105
Artículo 102 órganos competentes.
Salvo lo señalado en el artículo 100, en ningún caso se impondrá doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien podrán exigirse otras responsabilidades que se deduzcan de hechos o infracciones
Toda persona que detecte hechos que pudieran ser constitutivos de delito o falta deberá ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Las infracciones tipificadas como leves en esta Ley prescribirán al año; las graves, a los tres años, y las muy graves, a los cinco años, a contar desde el momento en que se hubiera cometido la infracción.
TÍTULO IX De los registros. Artículos 106 a 108
CAPÍTULO I Registro de protección de menores. Artículos 106 y 107
El derecho ala intimidad y la obligación de reserva respecto a las inscripciones.
CAPÍTULO II Del Registro de instituciones colaboradoras. Artículo 108
Primera. Convenios con corporaciones locales.
Segunda. Actualización de cuantías económicas y afectación de ingresos.
Segunda. Autorización de desarrollo de convenios con la iniciativa social.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 86, de 20 de julio de 2001).