Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-22109-de-mayo-27-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f361f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 04:09:56
Document Index: 156933297

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 5', 'artículo 235', 'artículo 45', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 214']

﻿ SENTENCIA 22109 DE MAYO 27 DE 2004
SENTENCIA 22109 DE 27 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOLICITUD DE APLICACIÓN EN SEDE DE CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, RECURSO DE CASACIÓN, EXCEPCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:391 DE JULIO DE 2004, PG.1036
Sentencia 22109 de mayo 27 de 2004
SOLICITUD DE APLICACIÓN EN SEDE DE CASACIÓN
EXTRACTOS: «La decisión absolutoria del tribunal se fincó en que cuando se produjo la desvinculación del demandante este tenía la condición de funcionario de la seguridad social, categoría que fue creada por el Decreto 1651 de 1977, reafirmada por el artículo 235 de la Ley 100 de 1993, la cual vino a desaparecer sólo a raíz de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 1996 que declaró inexequibles los segmentos de las disposiciones atrás citadas que se referían a la existencia de tal categoría de funcionarios. No desconoció el juzgador de segundo grado que el ISS fue transformado en una empresa industrial y comercial del Estado mediante el Decreto 2148 del 30 de diciembre de 1992, pero consideró implícitamente que pese a este carácter no le era aplicable la pauta de clasificación contenida en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 en el sentido de ser la generalidad de sus servidores trabajadores oficiales y sólo algunos, por excepción, empleados públicos, por cuanto en su caso seguía vigente la clasificación establecida en el Decreto 1651 de 1977, reafirmada más tarde por el artículo 235 de la Ley 100 de 1993, según la cual los servidores del instituto serían trabajadores oficiales, empleados públicos y funcionarios de la seguridad social.
Retomando las razones tenidas en cuenta por el tribunal para llegar a la decisión absolutoria que ahora se critica, se tiene que dicha corporación luego de establecer la vigencia y aplicabilidad a este caso de los artículos 3º del Decreto 1651 de 1977 y 235 de la Ley 100 de 1993 y de determinar que estas disposiciones rigieron hasta el 19 de noviembre de 1996, cuando quedó en firme la sentencia de la Corte Constitucional que en esencia declaró inexequible la expresión funcionarios de la seguridad social, encontró que cuando el demandante fue despedido tenía, a la luz de aquellas normas, la condición de funcionario de la seguridad social, luego que no era trabajador oficial.
El primer reparo que expone el recurrente tiene que ver con los efectos temporales del fallo de inexequibilidad en tanto, a su juicio, tales consecuencias no pueden obrar a partir de la ejecutoria de la sentencia de inconstitucionalidad.
No lo estima la Sala así. Basta advertir el contenido tanto de la propia sentencia dictada por la Corte Constitucional como el artículo 45 de la Ley Estatutaria 260 de 1997 en el sentido de que las sentencias que profiera la mentada corporación sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, “tienen efecto hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. El anterior mandato no es nuevo dentro de nuestro ordenamiento jurídico ya que antes el Decreto 2067 de 1991 había provisto en igual sentido.
Entonces, ningún error cometió el tribunal al concluir que la sentencia de inexequibilidad parcial de los artículos 3º del Decreto 1651 de 1977 y 235 de la Ley 100 de 1993 surte efectos hacia el futuro, a partir del momento en que quedó ejecutoriada, sin que sea posible que estos se produzcan en forma retroactiva, en el sentido de dejar sin validez la clasificación que habían hecho las disposiciones retiradas del ordenamiento jurídico. Por el contrario, lo que el tribunal determinó y la Sala prohíja es que dicha clasificación, que además fue realizada por el legislador extraordinario en el caso del Decreto 1651 y por el ordinario en el evento de la Ley 100, en ambos casos utilizando sus atribuciones constitucionales y la libertad de configuración legislativa, debe aplicarse a todas aquellas situaciones ocurridas antes de que las disposiciones que la contemplaban fueran declaradas contrarias a la norma superior. Como esa es la situación que se dio en el sub lite, dado que el demandante fue removido el 8 de julio de 1996, no incurrió el tribunal en los yerros que se le endilgan puesto que para ese momento aquel no tenía la condición de trabajador oficial, sino que era funcionario de la seguridad social.
El otro aspecto del ataque tiene que ver con la obligación que, según su criterio, tenía el tribunal de declarar la excepción de inconstitucionalidad conforme lo manda el artículo 4º de la Constitución Política porque las normas legales en que se fundó para absolver al demandado son inconstitucionales desde su nacimiento.
Para la Sala es claro que en sede de casación bien puede echarse mano de la señalada excepción pues aunque el recurso extraordinario fue establecido para mantener la uniformidad en la aplicación y la interpretación de la ley, ello no puede llevar al extremo de predicar que se está imposibilitado para confrontar las disposiciones legales con los textos constitucionales, siempre que la contrariedad entre unas y otros salte de bulto; además, si bien los tribunales ordinarios, incluso sus órganos límites, están obligados a aplicar las leyes y a velar por su recta aplicación e interpretación, esa potestad no puede llevar al extremo de sostener que deben también aplicar las manifiestamente contrarias a la constitución, pues es tanto como admitir que pueden violar la norma superior, lo cual de suyo entraña un exabrupto.
Sin embargo, esta potestad excepcionalísima está supeditada a algunos requisitos procesales que la armonicen con el debido proceso y con el carácter extraordinario del recurso de casación.
A ese propósito, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral ha dicho:
“No es de recibo el argumento de que el Decreto de 1958 es inaplicable al juicio porque pugna con el artículo 215 de la Constitución. El ordenamiento establece un sistema de control judicial de la ley, distinto del instituido por el constituyente en el artículo 214. Estructura una excepción, para cuya estimación se requiere que haya sido propuesta o alegada en las instancias del juicio. No ocurrió así en el caso de autos. Se aduce por primera vez en casación, motivo suficiente para su rechazo, de acuerdo con jurisprudencias muy conocidas sobre el punto, recibidas por las salas de casación de la Corte” (G.J. 2261, pág. 539).
Criterio reafirmado después en sentencia del 16 de junio de 1965, publicada en la Gaceta Judicial 2276, página 504.
Aquí no se cumplió con ese requerimiento toda vez que el demandante ni en el libelo primigenio (fl. 184 a 193 c. ppal), ni en el recurso de apelación contra el fallo absolutorio de primer grado (fl. 1362 a 1371 ibídem) dijo en forma clara y franca sustentar su pretensión en la excepción de inconstitucionalidad; por el contrario, lo que afirmó es que su calidad de trabajador oficial advino como consecuencia automática de la transformación del ISS en empresa industrial y comercial del Estado.
Por otra parte, cabe advertir que la excepción de inconstitucionalidad no puede soslayar los efectos cronológicos de las sentencias de inexequibilidad a que antes se hizo referencia, pues sería una forma de eludir tales efectos, que es a lo que conduce el planteamiento del recurrente pues si pretende que en este caso particular no se apliquen los artículos 3º del Decreto 1651 y 235 de la Ley 100 por ser contrarios a la Carta Política, está proponiendo en la práctica es que los efectos del fallo de inexequibilidad se extiendan al tiempo anterior a la fecha de su expedición, esto es, hacerlo retroactivo por otro camino, lo cual reñiría con las disposición estatutaria que arriba se mencionó y con el mismo fallo de inexequibilidad».
(Sentencia de casación, 27 de mayo de 2004. Radicación 22.109. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).