Source: https://es.scribd.com/document/37457558/ACCION-DE-CUMPLIMIENTO
Timestamp: 2017-10-19 12:25:50
Document Index: 239029616

Matched Legal Cases: ['artículo 300', 'artículo 87', 'artículo 6', 'artículo 122', 'artículo 208', 'artículo 189', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 305', 'artículo 87', 'artículo 116', 'artículo 87', 'artículo 116', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 87', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 87', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 7', 'artículo 86', 'artículo 116', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 228', 'artículo 87', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 87', 'artículo 146', 'artículo 48', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 143', 'artículo 30', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 267', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 345', 'artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 345', 'artículo 9', 'artículo 93', 'artículo 345', 'artículo 84', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 87', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 130', 'artículo 14', 'artículo 45', 'artículo 14', 'artículo 863', 'artículo 77', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 10', 'artículo 87', 'artículo 134', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 87', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 87', 'artículo 175', 'artículo 124', 'artículo 177', 'artículo 9', 'artículo 87', 'artículo 36', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 66', 'artículo 132', 'Artículo 132', 'artículo 25', 'artículo 36']

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Sala Administrativa ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO AUTOR: AUGUSTO MORALES VALENCIA
en tanto que a las Asambleas Departamentales les corresponde según el artículo 300-12. solo tuvo cabal concreción seis años y un mes después. • Permitir el análisis práctico en la aplicabilidad de la acción de cumplimiento y su regulación frente a las acciones ordinarias contenciosas administrativas. La antigua acción de reparación directa y cumplimiento. Otras disposiciones del Estatuto Superior que es preciso citar de modo particular por vía de enunciación. al paso que el precepto 265 ordinal 5º obliga al Consejo Nacional Electoral “Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política. • Destacar las sub-reglas jurídicas que surgen de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la Acción Constitucional de Cumplimiento. el precepto 121 del mismo ordenamiento supralegal dispone que. son aquellas que establecen perentoriamente la obligación de las autoridades públicas de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. cuando se expidió (julio 29) la ley 393 de 1997 que reglamenta el artículo 87 de la Suprema Ley. Es más.. “la omisión…en el ejercicio de sus funciones. Habrá de entenderse que en la teoría ius publicista los dictados constitucionales constituyen un catálogo de principios. frente a lo cual los asociados carecían de un instrumento idóneo o eficaz para exigir las autoridades el cumplimiento de las normas jurídicas. resultaban siendo permanentemente desconocidas por los servidores del Estado. El artículo 6º Constitucional prevé como responsabilidad de los servidores públicos. • Desarrollar habilidades y destrezas en el discente que le permitan identificar problemas jurídicos relacionados con la Acción de Cumplimiento. Estas disposiciones podrían ser la razón de ser de la acción de cumplimiento. y es el caso de los textos normativos que se han dejado reproducidos en los apartados pertinentes en párrafo anterior. De igual modo. pues nótese que su realización se da en la medida en que existan o se expidan las normas legales o administrativas que determinen el ámbito de competencias de los servidores públicos. 1991.Oe • Conocer el concepto y desarrollo de la acción de cumplimiento en la legislación y jurisprudencia nacional. En este sentido. . “Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley”. pues no obstante la claridad de sus textos que eran de similar calado a los que contenía la Constitución de 1886. pero en esencia de carácter material. al paso que el artículo 122 ibídem determina que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento…”. “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. mientras que el artículo 208 impone a los Ministros y Directores de Departamento administrativo la potestad de “ejecutar la ley”. “Promulgar las leyes. de normas o reglas abstractas que para su cabal materialización requieren de la ley que los desarrolle. no obstante la época en que se previó ese novel mecanismo. el artículo 189 numeral 10 establece como atribución del Presidente de la República. pero en especial el artículo 6º. obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”.”.
materializar el derecho. para exigir el cumplimiento del deber omitido contenido en normas infraconstitucionales. se vio en la imperiosa necesidad de crear y diseñar ese nuevo recurso judicial que le permitiría a la comunidad actuar. En caso de prosperar la acción. que entrambos recursos judiciales. y responsabilizar a las autoridades por la omisión en el cumplimiento de los deberes que les incumben previstos en el ordenamiento legal. por modo. por lo que el Constituyente de 1991. entre otras.que en términos similares rige para los Concejos (art. primero ante la autoridad renuente. es decir. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución. El complemento ideal para la acción de tutela lo constituye la Acción de Cumplimiento. la ley. Estos mismos textos permean el ordenamiento jurídico en cuanto asignación de atribuciones de los demás servidores del Estado. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL El artículo 87 de la Carta Política consagra la acción de cumplimiento en los siguientes términos. Al igual que la tutela. las ordenanzas y los acuerdos del concejo”. cimentaron. que mantenían lastimosa omisión con respecto a la inobservancia o incumplimiento de normas por parte de éstos. a lo que se agrega el compromiso que con el juramento adquieren aquéllos de cumplir y defender la Constitución “y desempeñar los deberes que le incumben” Fue tanto el desgaste de los ciudadanos frente a los servidores públicos. las bases sobre las cuales habría de edificarse una nueva concepción de Estado en la administración de justicia. Con este recurso judicial de defensa se logra. ad pedem litterae: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. sí lo es para garantizar la observancia de todas las demás normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico-positivo. las leyes. 315-1 ibídem): “Cumplir y hacer cumplir la Constitución. y que. los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales”. para rescatarla. los decretos del gobierno. la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido” . de todas aquéllas disposiciones que tengan fuerza vinculante con rango de ley o acto administrativo. especialmente de la Rama ejecutiva. Si bien la Acción de Cumplimiento no es el mecanismo judicial para hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional. y contenido obligacional del mismo tenor lo es para el Alcalde (art. dinamizar la norma jurídica. la Acción de Cumplimiento se caracteriza tanto por su celeridad y eficacia entre otros rasgos. cuales son su finalidad y el plazo para decidirlas. en buena hora. 313 numeral 10). además. pero también con sus diferencias que otorgan la autonomía a cada una. han propiciado el desarrollo de un nuevo derecho que originó el efectivo acercamiento o contacto de las comunidades con las autoridades públicas. luego ante el juez contencioso administrativo. y con las acciones populares. Así mismo. es atribución del Gobernador al tenor del artículo 305 ordinal 1º.
mediante la exigencia de cumplimiento del mandato de la ley o de lo dispuesto en un acto administrativo. para asuntos ambientales. lo mismo que por los particulares. que una vez entró en vigencia la última ley en mención. tiene por finalidad el hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente por parte de las autoridades públicas. luego fue consagrada para asuntos urbanísticos en la Ley 388 de 1997. Es del caso indicar. se generó polémica en los Tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. 41001-23-31-000-2001-4174-01(ACU) . y por último en la Ley 393 de 1993. capricho o conveniencia de la autoridad pública o del particular investido de función pública. y por lo mismo. es el contemplado en la ley 393 de 1997 y que la jurisdicción o juez natural lo es el Administrativo. en la ley 99 de 1993. imperando el criterio de que el procedimiento a aplicar como único. en orden a que el precepto de uno y otro encuentren materialización en la vida real y diaria de los asociados y en el funcionamiento del Estado en general.P. dotando para ello a toda persona de la facultad de exigir tal cumplimiento y no reducir éste a la simple voluntad. Dr. La acción allí prevista. por cuanto en principio se estimó que las acciones de cumplimiento consagradas en leyes anteriores a la 393 mantenían su propia vigencia. para el caso de los asuntos urbanísticos. o ley del Medio Ambiente. para todos los casos y que es el estatuto vigente cuya fuente directa lo es la Constitución. adoptó nueva doctrina: “4. después de reconocer que se había admitido por parte del mismo Consejo de Estado la competencia del juez civil del circuito para conocer de las acciones de cumplimiento derivadas de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 (asuntos urbanísticos). Germán Rodríguez Villamizar. e incluso con los jueces civiles. Consejo de Estado. pues fue prevista de manera autónoma por primera vez.FUNDAMENTO LEGAL La acción de cumplimiento es novedosa como institución jurídica nacional. veamos: En sentencia de la Sección Tercera de 29 de marzo de 20011. con fundamento también en decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre definiciones de conflictos de jurisdicción sobre la materia.2 La acción de cumplimiento respecto de la ley 388 de 1994 El constituyente de 1991 consagró en el artículo 87 de la Carta Política un instrumento jurídico procesal para que cualquier persona pueda acudir ante la autoridad judicial con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. se debía acudir al juez civil del circuito al tenor del artículo 116 de la Ley 388 de 1997 referida. como instrumento de concreción y realización del Estado Social de Derecho. aunque han existido decisiones contradictorias en el H. 1 M. Exp. Hoy el debate parece encontrarse superado. cuando quiera que éstos últimos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas.
la ley de ordenamiento territorial. por primera vez. la ley 388 de 1997. el legislador reguló de manera general en la ley 393 de 1997 la acción de cumplimiento para perseguir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos. solamente para conocer del cumplimiento de leyes y actos administrativos relacionados con aspectos atinentes al medio ambiente. con el propósito de desarrollar de manera integral el artículo 87 constitucional. Si su no aplicación se debe a órdenes o instrucciones impartidas por un superior. sin limitarla a una materia específica. Procedimiento de la acción de Cumplimiento. en el artículo 116 estableció otra reglamentación de la acción de cumplimiento. . la acción de cumplimiento. dado que la ley 393 de 1997 reglamentó de manera general dicha acción. si lo fue por vía orgánica. se estableció.Toda persona.Ahora bien. Por otra parte. la reglamentación legal de ese instrumento presenta el siguiente recorrido: 1. en el artículo 32 de esa ley derogó de manera expresa los artículos 77 a 82 de la ley 99 de 1993. Posteriormente. así como de lo regulado por ella misma. podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley. Esta acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y se deberá surtir el siguiente trámite: “1. directamente o a través de un apoderado. por manera que. encaminada a perseguir el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con la aplicación de los instrumentos previstos en la ley 9ª de 1989. “La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o acto administrativo o el acto administrativo. la acción se entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe o Director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito…” (Negrillas y subrayado fuera del texto). al punto que. si bien la acción de cumplimiento prevista en la ley 388 de 1997 no fue objeto de derogación expresa. y todas aquellas que le sean contrarias. En el artículo 77 y siguientes de la ley 99 de 1993. En efecto el artículo 116 de la ley 388 de 1997 disponía: “Artículo 116. 2. esto es. pero.
en el sentido de dirimir tales conflictos bajo la directriz según la cual. con invocación de los argumentos expuestos en el auto del 24 de septiembre de 1998. se afirmó lo contrario. Dr. en relación con la fijación del juez natural que debía conocer de estas acciones y el procedimiento a seguir. A. y 22 de abril. En esta otra oportunidad. en el entendimiento de que esta norma no había sido objeto de modificación ni de derogación por parte de la Ley 393 del 1997. según lo previenen los artículos 40 y 43 de la ley 153 de 1887. ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de resolver sendos conflictos de jurisdicciones suscitados entre juzgados civiles del circuito y tribunales administrativos del país. Rómulo González Trujillo. es lo cierto que. cuyo cumplimiento es inmediato y prevalecen sobre la anterior desde el momento en que deba empezar a regir. decisión ésta que acoge la Sala. P.A. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Pero. Acción de Cumplimiento. expediente 20900101. Consejo Superior de la Judicatura.Acerca de este punto. expediente 20000514. las siguientes providencias. todas ellas proferidas el año inmediatamente anterior: 25 de febrero. antes citado se dijo: “Así. en distintas ocasiones. 13 de abril. entre otras. siendo fácil observar que la voluntad del legislador fue abarcar toda la disciplina. expediente 20000247. se afirmó que la competencia para conocer de la acción de cumplimiento relacionada con las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. P. en auto del 24 de septiembre de 19982. a raíz de discutirse la vigencia o no del artículo 116 de la ley 388 de 1997. artículo 71 del Código Civil en concordancia con el artículo 3º de la ley 153 de 1887. dicho criterio luego fue rectificado. Amelia Mantilla Villegas. porque ‘la anterior disposición se refería’. M. en más reciente pronunciamiento contenido en el auto del 24 de agosto de 20003. M. estableciendo una competencia y procedimientos nuevos. la segunda legislación mencionada en precedencia (ley 393 de 1997) regula íntegramente la materia atinente con el desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política. la nueva ley trata específica y totalmente lo concerniente a la acción de cumplimiento. En un primer momento. No obstante. Sobre el particular pueden citarse. según lo reglado en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997. en tanto que la anterior su carácter de acción pública. Dra. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. . por 2 3 Consejo Superior de la Judicatura. el juez competente es el civil del circuito. “Además constituye una derogación tácita de la anterior legislación por pugnar con la nueva. es decir. A.
25000-23-25-000-2003-1014-01(ACU) .P. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito la cual contendrá. directamente o a través e un apoderado. negrillas y cursivas corresponden al texto original). Exp. Toda persona. Dr. como norma involucrada en un estatuto no relacionado con la Acción de Cumplimiento sino con el ordenamiento Municipal. “No se diga que la ley 388 de 1997 es una ley especial en lo que se refiere a la Acción de Cumplimiento porque ésta ley es una ley de ordenamiento territorial y la ley 393 de 1997 es una ley que regula íntegramente la materia al desarrollar el principio constitucional que establece la acción de cumplimiento. Darío Quiñónez Pinilla. podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley. Si su no aplicación se debe a órdenes o instrucciones impartidas por un superior. dijo en esa ocasión: “El artículo 116 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997. establecida de esta forma la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto. "por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones". La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o el acto administrativo.“…existir una nueva ley que regula íntegramente la materia’ disposición (sic) se refería a la competencia y procedimiento de esas acciones. la Sala analizará aquellas normas que el actor alegó como incumplidas respecto de la ley 388 de 1997…” (Resaltados. reguló la acción de cumplimiento en los siguientes términos: “Procedimiento de la acción de cumplimiento. Criterio diametralmente opuesto -como en su oportunidad lo había hecho el Consejo Superior-. además de los requisitos generales previstos en el Código de Procedimiento Civil. la acción se entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe o Director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente. la especificación de la ley o acto administrativo que considera no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente. según el demandante debe hacer efectivo el 4 M. adoptó posteriormente la Sección Quinta mediante auto de 19 de febrero de 20044 . Esta acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y se deberá surtir el siguiente trámite: 1. En consecuencia. la identificación de la autoridad que.
precisamente. . si existe una norma general y otra especial.cumplimiento de la ley o acto administrativo y la prueba de que el demandante requirió a la autoridad para que diera cumplimiento a la ley o acto administrativo.) ". Ello muestra que. . se caracteriza por señalar la procedencia de esta acción constitucional en relación con normas con fuerza material de ley o actos administrativos de naturaleza subjetiva o generales. Sin embargo. la primera. esto es. de manera general.sino también el contenido sustancial de aquellas –si es general o especial-. el artículo 87 de la Constitución y reguló el trámite y procedencia de la acción de cumplimiento. la regule de manera íntegra y pugne con las disposiciones de la regulación legal anterior. por medio de la Ley 393 del 29 de julio de 1997. el legislador reglamentó. puesto que solamente tiene efectos derogatorios aquella normativa que la reemplace.. las Leyes 388 y 393 de 1997 diseñaron un mecanismo procesal para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. pueden interpretarse de manera armónica y no se excluyen. pues solamente se dirige a obtener la ejecución de normas referidas al tema que regula. diseñó una acción especial por su contenido y procedimiento. Mientras que la Ley 393 de 1997. En tal contexto. De hecho. pretende el cumplimiento de una ley o acto administrativo “relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989” y la Ley 388 de 1997. esa regla de interpretación se aplica únicamente cuando el texto normativo posterior verse sobre la misma materia. De lo expuesto surge una pregunta obvia: ¿la Ley 393 de 1997 derogó lo dispuesto en la Ley 388 de ese mismo año? Dicho de otro modo: ¿la ley que regula de manera general la acción de cumplimiento derogó la especial prevista para exigir la ejecución de las normas relacionadas con la aplicación de los instrumentos previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997? Al tenor de lo dispuesto en los artículos 72 del Código Civil y 3º de la Ley 153 de 1887 la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. así está última sea anterior. Pocos días después. En efecto. evidentemente. No obstante. pues la primera regulará condiciones y características aplicables en la mayoría de los casos y la segunda regirá las situaciones jurídicas y fácticas precisas que contiene. la interpretación de normas que contienen disposiciones jurídicas diferentes no solamente debe tener en cuenta el momento en el que se expiden –si es anterior o posterior. (. la simple regulación posterior no deja sin efectos jurídicos la norma anterior.
Cuarta y Quinta de esta Corporación. mediante auto del 19 de marzo de 1998. Así. bajo los parámetros señalados en la ley especial6. por lo tanto. en el sentido de atribuir el conocimiento de una A esa misma conclusión llegaron las Secciones Primera. Con posterioridad. En este orden de ideas. 5 . porque se concluyó que la Ley 393 de 1997 derogó tácitamente la Ley 388 de 1997 y. a saber: En el año de 1997. pero con un objetivo preciso que no contradice la regla general sino que. Por su parte. en los autos del 28 de mayo. deben tramitarse ante los jueces civiles del circuito. del 13 y 22 de abril de 1997. es una norma general que se aplica en todos los casos no regulados expresa y específicamente por el legislador. es preciso advertir que la definición de competencias en relación con la aplicación del artículo 116.Así las cosas. No obstante lo anterior. 6 de julio y 3 de septiembre de 1998. de la Ley 388 de 1997. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió un conflicto de competencias planteado entre las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. inciso 1º. por lo que se agota en ese contenido normativo. precisamente. esa tesis fue modificada. la acción de cumplimiento a que hace referencia la Ley 388 de 1997 es una norma especial que se limita a desarrollar un procedimiento “para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley”. por el contrario. 6 Autos del 25 de febrero de 1997. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 no fue derogado ni modificado por la Ley 393 de ese año. se convierte en una excepción a aquella. por lo que las acciones de cumplimiento para exigir la observancia de normas relacionadas con las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997. respectivamente. no es un asunto fácil sino. se encuentra produciendo efectos jurídicos. expediente 19980314A. expedientes 20000247 y 20000514. por lo que debe aplicarse5. respectivamente. por el contrario. ante la existencia de una norma general que regula la acción de cumplimiento y otra especial que se refiere a esa acción. ha originado varios pronunciamientos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en diferentes sentidos. la acción de cumplimiento es solamente la regulada por la ley general. expediente 20900101 A. como acertadamente lo afirma el Tribunal. se concluye que el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 no fue derogado y. se tiene que la acción de cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997 como mecanismo procesal “para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”.
dos leyes. por la materia. Al respecto dijo: “Como la naturaleza del asunto delimita el factor objetivo de competencia. . casi simultáneamente. cuando de una parte. el procedimiento y el juez natural para conocer de las mismas. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura utilizó la interpretación histórica y el sentido útil de las normas..acción de cumplimiento instaurada para exigir la observancia de la Resolución número 03 del 4 de noviembre de 1992 proferida por la Junta Administradora Local de Puente Aranda para la recuperación del espacio público en esa localidad. y esta clase de acción de cumplimiento. Tampoco sería lógico que el legislador expidiera con escasos 11 días de intervalo. ley exactamente aplicable. y si su voluntad hubiera sido que las acciones de cumplimiento derivadas de la aplicación de la Ley 9 de 1989 se rigiera por la acción general reglamentada en la 393.) se conoce el aporte doctrinario. en la 388.. cuyo artículo 7 En ese mismo sentido: auto del 24 de agosto de 2000. como es el caso. so pretexto de la señalada en la Ley 393 de 1997 que reguló de manera general la Acción de Cumplimiento. sobre todo cuando las normas de competencia son de orden público y de obligatoria observancia.) En consecuencia.. posteriormente. pues sencillamente no habría establecido en una ley específica. pero no con el alcance de eliminar del ordenamiento jurídico los instrumentos judiciales ya existentes. (. para luego sustraer la primera de sus efectos por la segunda.7 Sin embargo. recurriendo a una pretendida derogatoria tácita de la competencia atribuida a la jurisdicción ordinaria. esa posición fue nuevamente modificada para asignar el conocimiento de esos asuntos a los jueces civiles del circuito. (.. pues no sería lógico derivar de la Acción de Cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997. la derogatoria de los medios cabalmente establecidos en otras disposiciones con el mismo propósito. no es válido desatender la expresa determinación que al respecto hizo el legislador. en ningún momento dijo en la Ley 393 de 1997 que derogaba alguna de las disposiciones contenidas en la 388 promulgada unos días atrás. una especial y otra general. la 388 de 1997. su conocimiento le fue adscrito a los jueces civiles del circuito. al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. existiendo para el cumplimiento de los actos y normas derivadas de la aplicación de la Ley 9ª de 1989.. Para llegar a esa conclusión..
como lo prevé el art.. Y es que no se remite a duda que el art. veamos: ‘Lex posterior generalis non derogat priori speciali y legi speciali per generalem non derogatur. como lo señala aquel.116 le adscribió la competencia para conocer de esas acciones a la jurisdicción ordinaria en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito. sentencia del 30 de enero de 1968. derogó la competencia que acaba de transcribirse de la Ley 388 del mismo año.. De allí que la doctrina contenida en aquellas fórmulas jurídicas se pueda sintetizar así: la ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma generalidad o la misma especialidad.. son aforismos antiquísimos que enuncian el principio universal de derecho de que la ley general posterior no deroga la ley especial anterior y que complementa la conocida regla de prevalencia.Sí es cierto que la Ley 393/97 es una ley posterior. lo que no implica que necesariamente derogue las anteriores. pero la especial. es el 8 9 Auto del 13 de diciembre de 2001. expediente 2001073801.P. 87 de la C. a menos que la segunda derogue expresamente la primera o que entre ellas exista incompatibilidad’9(subrayamos). y la Ley 393 de 1997.. expedidas con apenas once días de intervalo. determinante.. o de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. pues este principio no es absoluto. esa Sala reiteró la posición adoptada en el sentido de dirimir un conflicto de jurisdicciones asignando competencia al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. la Sala habrá de dirimir el presente conflicto de conformidad con lo establecido en la misma”8 En otra oportunidad. para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. con arreglo a las siguientes consideraciones: 1.) 2. de ésta. subsiste en cuanto se refiere a la materia concreta regulada en ella. .En armonía con el planteamiento anterior y que resulta ser argumento definitivo.La aparente falta de técnica legislativa por la también aparente contradicción entre las dos leyes en cuestión.. prevén la acción de cumplimiento de manera genérica. aunque sea anterior a una general. concluyente.. Consejo de Estado. 1º. en consideración con los siguientes argumentos: “No puede pues entenderse. no existe. 3. como sí lo es el que la ley especial anterior rige sobre la general posterior. (. que el surgimiento de la Ley 393 de 1997.
según la norma parcialmente en trasunto). auto del 20 de noviembre de 2003. Por lo expuesto.”10 Así. acatándose de esta forma uno de los más eficaces principios del Estado de derecho. la reparación del daño. pues esa misma tesis fue adoptada por esta Sección en anterior oportunidad11. “La persona que acredite interés podrá pedir directamente el restablecimiento del derecho. es la posición que esta Sala comparte. por cuanto. con el progreso del derecho. debiéndose notar igualmente que.CARÁCTER RESIDUAL de la acción de cumplimiento regulada en la Ley 393 de 1997..C. a la sazón. el cumplimiento de un deber que la administración elude. DEFINICIÓN La acción de cumplimiento se ha definido por la H.” De otro lado no sobra recordar. o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad…”. la acción estaba encaminada. Incluso. Puede además estimarse. Corte Constitucional como la “…acción destinada a brindarle al particular la oportunidad de exigir de las autoridades la realización del deber omitido.C Al respecto. desde el año 2001. o la devolución de lo indebidamente pagado. que lo que era materia de cumplimiento (“deber que la administración elude”. Como se puede apreciar. expediente 20010963 01/577.. únicamente al cumplimiento de actos administrativos y no de leyes. la competencia está asignada a los jueces civiles del circuito. a manera de análisis histórico. cuando la causa de la petición sea un hecho. con el transcurrir de los años. expediente 1050 . se le dio a dicha institución jurídica el carácter de omisión administrativa para perseguir indemnización por la vía de la acción de reparación directa del actual artículo 86 del C. como es el de que el mandato de la ley o lo ordenado en un acto 10 11 Auto del 18 de marzo de 2002. en lo pertinente.A. Dicho dispositivo legal dispuso que. al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 116 de la Ley 388 de 1997.. la Sala concluye que la jurisdicción competente para tramitar la demanda objeto de estudio es la ordinaria y no la contencioso administrativa. que les permite procurar la verdadera vigencia y verificación de las leyes y actos administrativos. que sí lo trae la figura actual. que la primera vez que en Colombia se previó un mecanismo judicial parecido lo fue con la expedición del Decreto 01 de 1984 que en su artículo 86 consagró la “acción de reparación directa y cumplimiento”. sólo podía accionar quien demostrara interés. a través de la facultad radicada en cabeza de todos los individuos. aunque podría señalarse que la acción por incumplimiento propia del Derecho Comunitario tiene algunos rasgos más similares.. Tampoco sobra mencionar que son escasísimos los países que cuentan con el mecanismo judicial de la acción de cumplimiento. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha reiterado la tesis descrita en precedencia.
y Hernando Herrera Vergara. PRINCIPIOS Se tienen como principios que gobiernan u orientan la acción de cumplimiento los que a continuación se enlistan: 1. MM. 14 Sección Quinta. Así. C-893/99. 3.administrativo no puede dejarse a un simple deseo y tenga en cambio concreción en la realidad” (Corte Constitucional. contenida en leyes o Decretos con fuerza de ley12 cuyo fin es mandar. salvo que para el afectado haya un peligro grave e inminente13. FINALIDAD Y LÍMITES Sobre la finalidad y límites de la acción del artículo 87 constitucional se ha pronunciado así mismo el H.P. exp. sentencia de dos (2) de octubre de dos mil tres (2003). Alejandro Martínez Caballero.P. 12 13 Oficiosidad Publicidad Prevalencia del derecho sustancial Corte Constitucional. parte sobre la cual habrá de hacerse comentario posterior. como tampoco para obligar a la aplicación de normas de alcance general o abstracto. se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y contencioso administrativos”. impersonal y abstracta. permitir. M. sentencia AC-001 de 10 de diciembre de 1992.P. Darío Quiñónez Pinilla. C-195/98. Para actos de carácter particular o concreto se debe acudir a la acción ordinaria. M. puesto que si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto. 25000-23-24-000-2003-1071-01(ACU) . Stc. Dr. Corte Constitucional. 2. y así lo expuso el H. Consejo de Estado14: “…esta acción constitucional no procede para reconocer derechos o para definir exclusivamente la interpretación válida de una norma. pues ni la constitución nacional ni la ley que desarrolla este importante mecanismo jurídico lo prevén. modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general). no puede ser otra la interpretación del núcleo esencial de la acción de cumplimiento.PP: Antonio Barrera C. M. prohibir o castigar) o acto administrativo (Manifestación de la voluntad de la administración que crea. Simón Rodríguez Rodríguez) OBJETO Lo es el cumplimiento de una norma con fuerza material de Ley (Manifestación de la voluntad general. Consejo de Estado: “No se trata de una acción encaminada a dar contenido interpretativo a un determinado dispositivo legal o administrativo. Stc.
incluso la electoral y cualquiera otra distinta a la acción de tutela. 7. Por celeridad. concluyendo el proceso con una decisión de mérito. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. y de igual modo el menor costo posible para las partes. 5.4. impulsando el proceso y decretando las medidas que sean pertinentes para la cabal observancia del mismo. El principio de eficacia corresponde al efectivo cumplimiento de la finalidad de la acción. lo que normalmente hará mediante notificación y comunicación telegráfica. 8. todo lo cual apunta a una sentencia de fondo. principio que emerge del artículo 228 de la Constitución. garantizando desde luego el principio de legalidad y el debido proceso. y que las decisiones que se adopten en el proceso tengan la virtud de ser cumplidas y acatadas por las autoridades. salvo con respecto a la acción de tutela. suprimiendo trámites innecesarios. que acudiendo a la autorizada voz del jurista Español don Jesús González Pérez. el juez de cumplimiento debe hacer uso del principio inquisitivo. Economía Celeridad Eficacia Gratuidad. La prevalencia del derecho sustancial. se estableció lo que dicho tratadista entiende por legitimación en la causa: . o para terceros que eventualmente puedan resultar involucrados en el proceso. consistente en que su trámite prefiere al de las demás acciones contenciosas administrativas. En la Unidad 6 del módulo Juez Director del Proceso Contencioso Administrativo hice referencias sobre el punto. 6. Y el de prelación. El principio de gratuidad apunta a que el acudimiento al juez de la acción no implique erogación o gasto alguno para las partes. sin violar el debido proceso. conexo con los principios de oficiosidad y economía. Prelación. Por el principio de economía ha de entenderse tanto la optimización del tiempo en los trámites procesales en aras de agilizar las decisiones. Por principio de publicidad deberá entenderse el deber que tiene el juez de dar a conocer todas las providencias o decisiones que adopte dentro del proceso de cumplimiento. lo mismo que a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades. y expidiendo las providencias a la mayor brevedad. evitando sentencias inhibitorias. significa que debe primar en el proceso el derecho material sobre las formalidades. En virtud del principio de oficiosidad. implica observar estrictamente los términos de ley.
Por tanto. interesa directamente al particular afectado. ibídem). exp. en armonía con los artículos 1º y 4º de la Ley 393 de 1997. La legitimación presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un proceso. lo puede ser cualquier (toda) persona atendiendo al interés que tiene todo asociado de que se cumpla con el ordenamiento jurídico. Editorial Temis. el titular de la acción sólo puede ser aquél que demuestre interés: “… “Esta interpretación se explica si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los actos administrativos de carácter particular. mientras que la parte pasiva (demandado) sólo puede ser aquella autoridad pública o el particular que ejerza funciones públicas. De aquí que sea el problema procesal más íntimamente ligado con el derecho material. esta idoneidad específica se deriva del problema de fondo que se pretenda discutir en el proceso.“La legitimación es la aptitud de ser parte en un proceso concreto. y a los Contralores. 76001-23-31-000-200203177-01(AP) .P. como a los Procuradores. En relación con este tema en la Asamblea Nacional Constituyente se dijo lo siguiente: “La acción de cumplimiento tiene el propósito de combatir la falta de actividad de la administración. a los Personeros Municipales. se tendría que la legitimación en la causa por activa (demandante) en la acción de cumplimento. pp. analizado el artículo 87 de la Constitución. Agréguese a lo anterior. respecto de las cuales se deduzca la pretensión de incumplimiento del deber omitido (arts. Son frecuentes los casos en los cuales pese a existir un clarísimo deber para que las autoridades desarrollen una determinada acción de beneficio 15 16 GONZALEZ PEREZ. cuando se trate de actos de contenido particular o concreto. Alier Eduardo Hernández Enríquez. M. 1985. Jesús. que es esencialmente una acción pública. 115-116 supra. Derecho Procesal Hispanoamericano. Y se ha dicho que la acción de cumplimiento es esencialmente pública puesto que como lo ha indicado el H. Sentencia de 29 demayo de 2003. En este orden. Consejo de Estado en su Sección Tercera16. razón por la cual debe ser él mismo quien lo reclame. habiéndose llegado a considerar como una cuestión de fondo y no meramente procesal”15. Defensor del Pueblo y sus delegados. por la alta misión que se les ha encomendado de vigilar el efectivo cumplimiento de las normas del Estado en sus distintos ámbitos. sino únicamente las que se encuentren en determinada relación con la pretensión. que en atención a la finalidad que la acción conlleva. 6º y 8º ibídem). y dentro de estos de manera especial a los que se enlistan en el literal a) del artículo 4º de la Ley 393. así mismo. de modo específico el legislador ordinario autorizó a los servidores públicos. autoriza fungir como demandantes a las organizaciones sociales y no gubernamentales (literales b y c.
por el contrario. sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones predicables de las autoridades públicas y de los particulares”18. que crean situaciones jurídicas individuales. No sobra señalar que la Corte Constitucional ha concluido que resultan constitucionales las diferencias que se establecen. se hace necesario que sea el titular del derecho lesionado”19. 57. como cualquiera otra. pero cuando lo que se pretende hacer efectivo es el cumplimiento de una ley en sentido formal o un acto administrativo de carácter particular ante la Administración. libertades y deberes de los asociados. ya que si bien ella es propia de nuestro Estado Social de Derecho. la prevalencia del derecho sustancial en modo alguno significa un plano desdibujamiento de la ritualidad. vale decir. que por lo mismo no podrían quedar al arbitrio exclusivo de quien quiera demandarlas apoyado solamente en el respeto debido a la ley. su ejercicio no debe chocar con las formas ni con los hitos finalísticos que cada proceso prevé justamente en defensa del derecho sustancial. 18 Consejo de Estado. Ponencia para Segundo Debate ante la Plenaria de la Asamblea Constitucional No. donde los efectos de una eventual sentencia favorable involucrarían situaciones de carácter subjetivo. particular y concreto amparadas constitucionalmente en punto al derecho al trabajo.particular o colectivo. esto es. al estudiar la constitucionalidad del artículo 9° de la ley 393 de 1998. cuando se trata de actos administrativos subjetivos. Sección Segunda ACU 560 de 1999. cuando se trata de un acto de contenido particular. “De lo anterior se deduce que cualquier persona. desligada de su entorno jurídico y sus efectos. (Negrillas del Consejo de Estado) Adicionalmente. En efecto. 17 Nacional Constituyente. Gaceta . expresó: “Por el contrario. El particular afectado podría entonces acudir a esta acción para exigir el cumplimiento del deber omitido"17. Y es que la titularidad de la acción de cumplimiento. implica en mucho un fortalecimiento jurídico y fáctico procesalmente garantizador de los derechos. en el caso de la acción de cumplimiento. 19 Consejo de Estado. Sección Segunda ACU 343 de 1998. sin ostentar la legitimación en la causa por activa que el caso amerita. esta Corporación ha afirmado: “Pero si lo anterior es particularmente cierto. no puede mirarse in abstracto. Hay que reconocerlo. las mismas se abstienen de hacerlo. sin acreditar interés para demandar puede reclamar que se haga efectivo el cumplimiento de una norma de carácter general. también lo es que el tema de la titularidad de la acción por regla general no puede escindirse de las materias que le son propias con arreglo a la Constitución y a la ley. tal como ocurre en el caso de autos.
En otros términos. cualquier persona puede intervenir voluntariamente como tercero. a quien se le lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos. no resulta contrario al referido mandato constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos. valga precisar que en punto a los actos creadores de situaciones particulares y concretas deberá acreditarse el interés para intervenir. o sea. salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para el interesado “un perjuicio grave e inminente”. Sentencia C-193 de 1998. no es inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular o subjetivo”20 …” (Negrillas son del texto original) De ello también se sigue la misma regla tanto en cuanto se trate de la vinculación de terceros. el afectado.concretas y particulares. por considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional. . el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. No obstante lo anterior. lo cual por sí solo justifica la garantía de la intervención. A esta conclusión se llega en consideración a la naturaleza propia de esta acción que es alcanzar la efectividad de la legalidad abstracta en la cual están interesados todos los habitantes del territorio. 20 Corte Constitucional. pues si se demanda el cumplimiento de un deber omitido contenido en un acto general e impersonal. y así razonó el órgano límite de la jurisdicción especializada: “Considera la Sala entonces que cualquier persona puede pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnadora cuando se trata de actos de carácter general. podría intervenir como tal únicamente quien demuestre interés en el asunto. porque dentro de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica. pero en tratándose de actos subjetivos o particulares. la previsión del legislador. en el sentido de que en tales casos. Por ello se justifica constitucionalmente.
sentencia de 10 de marzo de 1999.El artículo 146 del C. 4. por el otro. Autoridad a la que le corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. el proceso continuará hasta su terminación también con las autoridades con respecto a las cuales se ha ejercitado la acción. pero solo para el cumplimiento de las mismas. cuando la acción se dirige contra alguna autoridad o particular que cumple funciones públicas no obligados al cumplimiento de la norma. so pena de rechazo.P.C. Los servidores públicos. Las organizaciones Sociales. que pueden ser demandantes: 1. modificado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998 prevé la intervención de terceros hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o única instancia. Ahora bien. Distritales y Municipales. Sección Segunda. . CADUCIDAD No existe término de caducidad. sin embargo. el Defensor del Pueblo y sus delegados. en especial el Procurador General de la Nación.A. pero existiendo duda. Regionales y Provinciales. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Las Organizaciones No Gubernamentales En tanto que demandados lo serían: 1. FACTOR FUNCIONAL: Conocerán los Jueces Administrativos en primera instancia. Cualquier persona. M. éstos deberán informar al juez de conocimiento a quién corresponde su cumplimiento. cuando el demandante ha tenido otro medio de defensa judicial y dejó vencer el plazo previsto para el medio judicial pertinente. de un lado el factor funcional.. Los particulares cuando actúan en ejercicio de funciones públicas. el Contralor General de la República. Subsección ‘A’. 2. 3. el factor territorial. 21 Consejo de Estado. COMPETENCIA Para efectos de determinar la competencia del juez administrativo que habrá de conocer de la demanda de cumplimiento deberán tenerse en cuenta dos factores previstos en la Ley 393 de 1997. La segunda instancia se tramitará ante los Tribunales Administrativos. no podrá incoar la acción de cumplimiento. Exp. los Contralores Departamentales. los Procuradores Delegados. 2.. sólo podrá demandar quien demuestre interés. ACU 615. pero cuando se trate del cumplimiento de actos de contenido particular.”21 Así las cosas. se tiene. los Personeros Municipales..
228 C. inobjetable y exigible de la autoridad a la cual se le formula el cumplimiento. 63001-23-31-000-2004-0073-01(ACU). y podría asimilarse la renuencia a una especie de agotamiento de la instancia administrativa. Sección Quinta. María Noemí Hernández Pinzón. debe darle el contenido o alcance de constitución en renuencia. Definición Consiste la renuencia en la actitud expresa o tácita negativa que asume una autoridad ante el reclamo o requerimiento que le formula un interesado para que cumpla con una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo. aun cuando la decisión expresa de la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas de omitir su cumplimiento. como por ejemplo que no se debe expresar en ella que se trata de un derecho de petición sino de una constitución en renuencia. Lo que si no debe pasarse por alto es que en la solicitud de constitución en renuencia debe especificarse la disposición de la cual se pide su cumplimiento y sea la misma de la que se pide ante el juez su observancia. obliga al rechazo de plano de la demanda22. REQUISITOS DE LA CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA La constitución en renuencia debe cumplir con las exigencias establecidas en la ley (art. Otra condición es que el deber omitido se halle consagrado en un mandato imperativo. Esto no deja de ser un requisito que no trae la norma. con lo que de contera garantizará la prevalencia del derecho sustancial (art. El escrito o solicitud no está sujeto a ninguna fórmula sacramental o formalidad especial. . Dr.P. Consejo de Estado23. carecerá de recurso. senencia de 6 de mayo de 2004. No es inusual que en ocasiones haya rigidez en algunos despachos judiciales por exigir ciertas condiciones a la petición. ACU-687. La constitución en renuencia Constituye presupuesto procesal de la acción de cumplimiento. 23 M. y debe considerarse como una especie del derecho de petición previsto en el artículo 23 constitucional. sin que para efectos de la acción se pueda perseguir el cumplimiento de normas constitucionales.P.FACTOR TERRITORIAL: El Juez Administrativo del lugar donde se incumple la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. caso aquél en el cual se rechazará la demanda. Exp. 8º Ley 393/97). M.). Exp. Para esta definición se tuvo como fuente la sentencia de 2 de septiembre de 1999 de la Sección Primera del H. La no demostración de la constitución en renuencia. sino que en virtud de las facultades o poderes de de interpretación que tiene el juez de la acción. En primer lugar debe formularse la petición a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas de los cuales se deduce la pretensión de cumplimiento del deber omitido. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. o la falta de requisitos de la misma.N. 22 Consejo de Estado.
Debe indicarse el sustento en que se funda el incumplimiento. En tratándose del cumplimiento de un acto particular, la petición la debe formular la persona legitimada para hacerlo. Por último, que la autoridad se ratifique en el incumplimiento (decisión expresa), o no conteste en el término de diez (10) días contados a partir de la solicitud (decisión tácita negativa). Es importante tener en cuenta que el actor debe ser el mismo que hizo la petición de constitución en renuencia, y que esta es autónoma, es decir, que debe tener existencia por si sola y que no se derive por ejemplo en virtud de la interposición de un recurso; en otros términos, que si se interpone un recurso administrativo y en el se aluda al incumplimiento de una norma, de allí no puede derivarse la resistencia de la autoridad del cumplimiento del deber omitido.
CONDICIONES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
La acción de cumplimiento tiene unos requisitos o exigencias para que la misma sea judicialmente viable: 1. Que se trate del cumplimiento de una ley o acto administrativo que contenga o contemple el deber imperativo omitido; 2. Que la autoridad de la cual se deduce el incumplimiento sea la obligada a cumplir; 3. Que se pruebe la renuencia de la autoridad al cumplimiento del deber omitido, salvo, y por excepción, que el cumplimiento de este requisito pueda generar un inminente peligro de sufrir el accionante un perjuicio irremediable, situación que se debe sustentar en el libelo demandador. 4. Que no existe otro medio de defensa judicial
El principio de la escritura es el que gobierna la acción de cumplimiento; de allí que por regla general la demanda debe ser presentada en forma escrita; no obstante la misma puede ser verbalmente únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando el accionante no sepa leer ni escribir; 2. Cuando sea menor de edad; 3. Cuando el demandante se encuentre en situación de extrema urgencia, la cual deberá explicar.
Como toda demanda contenciosa administrativa, la de cumplimiento debe contener algunas formalidades. Estas son según el artículo 10 de la Ley 393 de 1997:
1. Nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción 2. Determinación de la norma con fuerza material de Ley o acto administrativo incumplido (Si la acción recae sobre acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo; tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia) 3. Hechos constitutivos del incumplimiento 4. Determinación de la autoridad o particular incumplido 5. Prueba de la renuencia, salvo cuando para cumplir con este requisito a cabalidad genere inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, circunstancia que deberá sustentarse en la demanda 6. Petición de pruebas y la enunciación de las que pretendan hacer valer 7. Manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. 8. Determinación de la autoridad o particular incumplido 9. Prueba de la renuencia, salvo cuando para cumplir con este requisito a cabalidad genere inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, circunstancia que deberá sustentarse en la demanda 10. Petición de pruebas y la enunciación de las que pretendan hacer valer 11. Manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. En cuanto a los ANEXOS, a la demanda se deben acompañar cuando menos: 1. El poder, cuando se actúa a través de apoderado 2. La prueba de la renuencia 3. Copia del acto administrativo incumplido cuando no tenga alcance nacional. Cuando el funcionario de la jurisdicción contenciosa administrativa carece de competencia, deberá remitir la demanda de cumplimiento, a la mayor brevedad, al juez que considere competente conforme lo dispone el artículo 143 del C.C.A. por la remisión que a dicho código hace el artículo 30 de la Ley 393/97; en caso de que la misma no cumpla con los requisitos formales, deberá ordenarse la corrección por parte del competente para que se cumpla dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del auto que así lo disponga, ello en los términos del artículo 12 de la ley 393.
La demanda debe ser admitida dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del libelo si cumple con los requisitos de ley (art. 12 ibídem), cuyo auto admisorio deberá contener: 1. La decisión de admisión de la demanda; 2. Orden de notificación personal (en su defecto comunicación) del auto admisorio al demandado, y de entrega de copia de la demanda y sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes a la admisión;
3. información al demandado de que el fallo se proferirá dentro de los veinte (20) días siguientes a la admisión de la demanda, y que tiene derecho a ser parte en el proceso, allegar pruebas o solicitar su práctica dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación (art. 13 ib.)
Rechazo e improcedencia
1. Cuando se ha presentado demanda similar por los mismos hechos y normas; 2. Por no presentarse la prueba de la constitución en renuencia, salvo la excepción mencionada; 3. Por existir otro medio de defensa judicial, salvo la ACCIÓN DE TUTELA, caso en el cual, mediante auto, se declara la improcedencia de la acción de cumplimiento y se dispondrá darle el trámite que a ésta corresponde por el funcionario competente (art. 86 C.N. y Decreto 2591 de 1991); 4. Por perseguirse el cumplimiento de una norma que establece gastos (Corte Constitucional, sentencia C-157/98. MM.PP. Antonio Barrera C.; Hernando Herrera V.) 5. por no corregirse la demanda. En sentido estricto, la jurisprudencia únicamente admite dos eventos de rechazo de la demanda de cumplimiento, uno es por no cumplir con la orden de corrección en los términos que dispone el artículo 12 de la Ley 393/94; y el segundo evento es por la no constitución
Contestación de la demanda de cumplimiento
Notificada la demanda al demandado en la forma prescrita, aquél podrá presentar pliego de contestación de la demanda indicando los hechos u omisiones que acepta o rechaza, o respecto de cuáles expone que se requiere prueba. En la misma oportunidad puede aportar pruebas o solicitar su práctica.
Vencido el término de tres (3) días para dar respuesta a la demanda, se procede a dictar auto abriendo el proceso a pruebas, ordenando tener como tales las aportadas con la demanda y decretando las pedidas por las partes en caso de ser pertinentes o conducentes, y las que de oficio decrete el juez. En esta etapa procesal el juez también puede pedir informes a la autoridad o persona contra la cual se hubiere dirigido la acción, así como solicitar los antecedentes administrativos de la actuación administrativa, cuya omisión en su envío -que debe ser entre uno (1) y cinco (5) días-, acarrea responsabilidad disciplinaria. Los informes se entenderán dados bajo la gravedad del juramento.
Para darle cumplimiento al principio de publicidad, todas las providencias que se dicten dentro del proceso de cumplimiento deben ser dadas a conocer, así:
la sentencia se notifica en la forma que para las mismas dispone el Código Procesal Civil para las providencias que deban ser notificadas personalmente (art. Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto. Terminación anticipada El Juez competente. podrá ordenar el cumplimiento del deber omitido. 5. salvo que en el término de traslado el demandado haya hecho uso de su derecho a pedir pruebas. El juez competente. el que ordena corregir. todas las cuales deben además comunicarse por vía telegráfica. La determinación de la obligación incumplida. La sentencia Practicadas las pruebas que se hubieren solicitado y las que de oficio haya decretado el juez.Notificación por estado: Por regla general se notifican por estado las providencias que se dicten dentro del proceso de cumplimiento. por así autorizarlo el artículo 13 de la misma Ley 393. Notificación por comunicación telegráfica: o por cualquier otro medio que garantice el derecho de defensa.C). por vía de enunciación. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido. el auto que admite la demanda con respecto al demandante. cuando no sea posible la notificación personal del auto admisorio de la demandad al accionado o demandado. contados a partir de la fecha en que quede .P. el que resuelve sobre nulidades. 315 y ss C. rechaza o remite la demanda por incompetencia. prescindiendo de cualquier consideración formal. mediante sentencia. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento. Suspensión del trámite procesal El proceso de cumplimiento promovido con respecto a un acto administrativo. mediante auto. deberá suspenderse hasta que se profiera decisión definitiva en el evento en que en un proceso de nulidad en curso se hubiese decretado la suspensión provisional del acto que se discute como incumplido al tenor del artículo 18 de la Ley de cumplimiento. el cual deberá contener: 1. La identificación del solicitante 2. el que abre el proceso a pruebas. siempre y cuando aquélla se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento del deber contenido en la Ley o Acto Administrativo. 3. se procede a dictar fallo (artículo 21 de la ley 393). que no podrá exceder de diez (10) días hábiles. 4. podrá igualmente dar por terminado el proceso si el demandado desarrolla la conducta exigida en la ley o acto administrativo. entre ellas. Notificación personal: Se notifican personalmente el auto que admite la demanda al demandado. si las hubiere.
P. ACU-1443. Exp. directamente y de primera mano. auto de 19 de abril de 2002. Contra el auto que rechaza la demanda por haberlo así dispuesto la Sala Plena del H. por el representante legal de la entidad a la que éste pertenezca. 6. Consejo de Estado25. Dijo la Corporación: La Sala estima conveniente precisar que tiene por apelable el auto que rechaza la demanda en esta clase de eventos. 24 25 C. por la autoridad renuente. Recursos La regla general es que en la acción de cumplimiento no proceden recursos. procederá el recurso de apelación: 1. Filemón Jiménez Ochoca. Debe tenerse en cuenta que la sentencia. que produce efectos inter partes. 8. el Juez lo definirá previa sustentación en la parte motiva de la sentencia. M. Otras providencias: Sección Quinta. 05001-23-31-000-2002-0700-01(ACU-1284) . “las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento”. el artículo 16 de la Ley 393 de 1997.P. El recurso de reposición sólo procede contra el auto que deniegue la práctica de pruebas. Darío Quiñónez Pinilla. Orden a la autoridad de control pertinente de adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias. Se concede en el efecto suspensivo. por así autorizarlo. como excepción. ACU-653. Carlos Arturo Orjuela Góngora. En caso de que fuese necesario un término mayor.E. pero habrá ocasiones en que se dicte sentencia inhibitoria por eventual indebida acumulación de pretensiones. las sentencias. Sección Cuarta. En caso de no prosperar las pretensiones del actor. Dr.ejecutoriado el fallo. auto de Sala Plena de 27 de junio de 2000. salvo el auto que deniegue la práctica de pruebas y naturalmente. la condena en costas. dentro de los tres (3) días siguientes la notificación por el demandante. 11001-03-15-000-2005-00975-00.P. el fallo negará la petición advirtiendo que no podrá instaurarse nueva acción con la misma finalidad. en lo posible. Exp. Contra la sentencia. es susceptible del recurso de apelación dicho auto. porque aún no se ha dado trámite a la acción misma. si no se dispone su corrección al momento de estudiar sobre la admisión de la demanda24 Condena en costas Podrá condenarse en costas cuando se de la terminación anticipada del proceso por haber desarrollado el demandado la conducta exigida en la ley o acto administrativo. habida cuenta de que el artículo 16 de la ley 393 de 1997 señala que carecen de recurso alguno. empero. dictada en el proceso de cumplimiento debe. cuando la conducta del incumplido así lo exija. M. Exp. Auto de 16 de febrero de 2006. Sección Quinta. el cual deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación de la respectiva providencia. porque tiene que ver. Si hubiere lugar. Dr. con el acceso a la justicia. Dr. a contrario sensu. Consejo de Estado. Exp. M. ser de mérito. Y es apenas lógico que el recurso sea procedente. salvo que la suspensión del cumplimiento del fallo origine un perjuicio irremediable para el demandante. sentencia de 26 de marzo de 1999. Daniel Manrique Guzmán. 2. entonces.P. 7. M. y por el Defensor del Pueblo.
el mismo se tramita como incidente por el juez de conocimiento en los términos de los artículos 137 y ss del C. . el juez debe analizar si es o no procedente la aplicación de dicho control por la autoridad supuestamente incumplida. Se le sugiere responda las preguntas antes de analizar los casos. Consejo de Estado.. pero referido únicamente a la excepción de inconstitucionalidad. El fallo lo debe proferir dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del expediente.A. 3.C. El incumplimiento del deber omitido contenido en una norma con fuerza de ley o acto administrativo se da por la aplicación de la autoridad de la excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad. lo confirmará (art. al paso que el C.Segunda instancia El Juez remitirá el expediente a más tardar al día siguiente al superior jerárquico. En el proceso. básicamente se trata de recordar algunos aspectos que se estiman necesarios para abordar y solucionar los problemas que en tal sentido se le presenten en el ejercicio de la función judicial. cuya sanción es susceptible del recurso de segundo grado o de apelación. pero si no es impugnada. sin que se pretenda agotar el tema.C. si lo encuentra ajustado a derecho. *** Nota: Se comprenderá que el ensayo sólo contiene algunos conceptos clave.P. Desacato El desacato lo constituye la resistencia al cumplimiento de la sentencia. Este cuestionario de auto-evaluación será muy útil para medir sus conocimientos acerca de las sub-reglas desarrolladas por la jurisprudencia del H. 2.. quien estudiará el contenido de la impugnación cotejándola con el acerbo probatorio y con el fallo. procederá a revocarlo comunicándolo de inmediato. 27 L. 393). Ca. La aplicación de la excepción de ilegalidad no es motivo para incumplir con el deber legal contenido en una ley o acto administrativo. En esta oportunidad el juez ad-quem podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas de oficio. Si el fallo carece de fundamento. Se aplica aquél dispositivo legal por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 393 de 1997. La vía de excepción en la acción de cumplimiento El artículo 26 de la ley 393 de 1997 prevé la excepción de inconstitucionalidad cuyo soporte se encuentra en el artículo 4º de la Carta Política. Pueden extraerse como elementos de la vía de excepción en la acción de cumplimiento: 1. en virtud del artículo 267 remite al Código Adjetivo Civil. casos en los cuales se tramitan en el efecto suspensivo. debe ser consultada con el superior.
¿Procede el recurso de apelación cualquiera sea la decisión que se adopte en el incidente de desacato al fallo de cumplimiento? 23. ¿El mismo juez de la acción de cumplimiento es el competente para tramitar la acción de tutela? 13. ¿Puede convertirse la acción de cumplimento en acción de tutela? 12. ¿Es adecuada la acción de cumplimiento para que se ejerza una potestad o facultad administrativa por parte de una autoridad pública? 11. ¿Se puede exigir mediante la acción del artículo 87 de la Constitución el cumplimiento de normas generales. ¿Procede la revocación directa contra un acto administrativo que ha sido revocado o derogado? 7. ¿En la demanda de cumplimiento debe razonarse la cuantía? 24. ¿Si el demandante no sabe leer ni escribir. ¿Es procedente la acción de cumplimiento para hacer ejecutar sentencias? 4. ¿Procede la prejudicialidad en la acción de cumplimiento? 27. ¿Puede lograrse mediante la acción de cumplimiento la orden para liquidar un contrato Estatal? 9. ¿Cuándo hay caducidad de la acción de cumplimiento? 18. ¿Puede dirigirse la demanda de cumplimiento contra autoridad competente con respecto al particular que cumple funciones públicas y omite un deber previsto en ley o acto administrativo? . o es menor de edad. ¿Es posible solicitar a través de la acción de cumplimiento estatutos legales? 15. ¿Procede establecer gastos del proceso para el trámite de una demanda incoada en ejercicio de la acción de cumplimiento?¿En qué momento se deben acreditar? 19. ¿Es posible exigir el cumplimiento de normas constitucionales mediante la acción contemplada en el artículo 87 constitucional? 2. ¿La no respuesta de la solicitud de constitución en renuencia es un acto ficto o presunto negativo? 6. impersonales o abstractas? 22. ¿Procede la agencia oficiosa en la acción de cumplimiento? 25.1. ¿Procede la suspensión provisional en la acción de cumplimiento? 16. ¿Es procedente la acción de cumplimiento para el cobro de créditos laborales? 8. ¿Mediante la acción de cumplimiento puede perseguirse el pago de indemnizaciones? 3. su apoderado puede presentar la demanda verbalmente? 26. ¿Procede la acción de cumplimiento para exigir la ejecución de una cláusula contractual? 10. ¿Es posible ejercitar la acción de cumplimiento contra funcionarios judiciales que resulten los asuntos bajo su competencia? 5. ¿Procede la corrección de la demanda ante la no acreditación de la constitución en renuencia? 20. ¿Se requiere tener interés para accionar el cumplimiento de un acto administrativo de contenido particular o concreto? 21. ¿Para asuntos ambientales y urbanísticos se aplica el régimen contenido en la Ley 393 de 1997? 17. ¿La constitución en renuencia es un presupuesto procesal de la acción de cumplimiento o un anexo de la demanda? 14.
por los recursos y rentas propias de cada institución. que la difícil situación financiera por la que atraviesa el Departamento impide hacer aumentos en el aporte de la Universidad. por los aportes de los entes territoriales. el Secretario de Hacienda respondió a lo anterior. que establece lo siguiente: “Los presupuestos de las universidades nacionales. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales. C: La Universidad de Antioquia demanda el cumplimiento por parte del Departamento de Antioquia. departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión. vigentes a partir de 1993. por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. tomando como base los presupuestos de rentas y gastos. El 22 de noviembre de 2000. en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992. Pj: ¿Es Procedente la acción de cumplimiento? ¿Es posible admitir la demanda? Si se admite la demanda. aclarando que el 15 de noviembre fue aprobado en tercer debate el proyecto de ordenanza del presupuesto para la vigencia del año 2001 del Departamento de Antioquia. el cumplimiento de la norma antes transcrita con la adición al presupuesto Departamental en lo correspondiente a la vigencia fiscal de los años 2000 y 2001. solicitó al Gobernador del Departamento la actualización de los aportes ordinarios a precios constantes de 1993. A lo anterior respondió la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia. del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.At Guías procesales de casos típicos: T: La acción de cumplimiento frente a normas que establecen gastos. no pudiéndose hacer la transferencia del modo y con la cuantía solicitada. que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes.” Se cumplió con el requisito de la renuencia. Nuevamente el 29 de noviembre la Universidad de Antioquia. ya que la Universidad de Antioquia solicitó a la Gobernación del mismo Departamento el 9 de noviembre de 2000. ¿cómo sustentará en el fallo? . máxime cuando no existe posibilidad de obtener recursos para estos gastos.
Por lo tanto. dentro de la actuación debe obtenerse certeza de que la ley o el acto administrativo que impliquen gasto han sido incluido en la ley de apropiaciones. se incurriría en violación del artículo 345 de la Constitución Política. además. aspecto que debe ser materia de conclusión. 8º. Sj: C. debe haber sido decretada por la Asamblea Departamental. máxime cuando. pues la autonomía universitaria y la calidad del servicio requieren de los incrementos constantes que la ley en mención previó. que en su artículo 1º estableció que tal educación es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. En su inciso segundo prohíbe cualquier gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. pero es claro que el fin de esta Ley es que dicho proceso se dé de forma permanente. Lo anterior quiere decir que un acto administrativo que genere gastos y que no esté debidamente presupuestado. conforme a las causales previstas en el artículo 84 del C. establece que mediante la acción de cumplimiento no se podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. el cual no se logrará mientras no se transfieran los recursos suficientes para ello. P.4749-01(ACU. las Asambleas o los Concejos. es necesario precisar. sin que a su vez se haya asignado la partida correspondiente en el presupuesto. La improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de normas que impliquen gastos se justifica en la medida en que no se puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan la realización de una nueva erogación. que fue declarado exequible mediante la sentencia C-157 de 1998 de la Corte Constitucional. En cuanto a la omisión por parte de la Gobernación del aumento de los recursos que debe transferir a la Universidad de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. como en el caso en estudio. frente a la procedencia de la acción de cumplimiento. mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento el juez no está facultado para ordenar la incorporación al presupuesto de la entidad de determinadas sumas. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO. encuentra la Sala que en vista de la importancia que tiene el sector de la educación superior se expidió la Ley 30 de 1992. pues el acto administrativo así emanado estaría afectado de nulidad. que toda partida que afecta el gasto público con cargo al tesoro debe estar incluido en la ley de gastos y. de E. el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. El artículo 345 de la Constitución Política es terminante al prohibir cualquier erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de rentas y gastos. se solicite la adición de presupuesto de vigencia anterior. previo análisis de fondo del asunto.A.N: Arts. no puede hacerse efectivo mientras no se hayan hecho las correspondientes apropiaciones. 1º.4749) “Al respecto. 21 de Septiembre de 2001. 9º Ley 393 de 1997. frente a la solicitud de la accionante en el sentido de que se ordene la adición al presupuesto departamental de las sumas que compensen lo que la Universidad dejó de apropiar en los años 2000 y 2001. No obstante. teniendo por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.C. Sin embargo. C. de lo contrario. .Radicación número: 05001-23-31-000-2000.
Por tanto. establece que mediante la acción de cumplimiento no se podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.” Co: El parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997. la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. no puede hacerse efectivo mientras no se hayan hecho las correspondientes apropiaciones. como no hay previsión de gastos sobre los cuales pueda exigirse su erogación. mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento el juez no está facultado para ordenar la incorporación al presupuesto de la entidad. Lo anterior quiere decir que un acto administrativo que genere gastos y que no esté debidamente presupuestado.A. Así las cosas. por lo que no es posible ordenar dicha adición. de realizarse ésta como lo pretende la accionante. En su inciso segundo prohíbe cualquier gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. como lo establece el artículo 93 del Decreto 4670 de 1996. El artículo 345 de la Constitución Política es terminante al prohibir cualquier erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de rentas y gastos. FALLA PRIMERO: REVÓCASE el fallo de 10 de julio del 2001. efectivamente ejecutados por la Gobernación de Antioquia. las Asambleas o los Concejos. no resulta relevante en este caso precisar si se está frente a una transferencia que determine el que sea un gasto prioritario para el Departamento. en su lugar. . Obran en el expediente los documentos que certifican los gastos contemplados en la ley de apropiación del presupuesto. administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley. conforme a las causales previstas en el artículo 84 del C. declarado exequible mediante sentencia C-157 de 1998 de la H. se iría en contravía del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. al verificar los documentos allegados al proceso se concluye que la partida que solicita la Universidad de Antioquia se complete con cargo al presupuesto del Departamento. pues el acto administrativo así emanado estaría afectado de nulidad. pues se comprobó que el gasto no está presupuestado. La improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de normas que impliquen gastos se justifica en la medida en que no se puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan la realización de una nueva erogación. no se encuentra dentro del presupuesto de apropiaciones.De acuerdo con lo anterior. En mérito de lo expuesto. de determinadas sumas. proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y. Corte Constitucional. máxime cuando se solicita la adición del presupuesto de la vigencia anterior. RECHÁZASE por improcedente la solicitud. en consecuencia. sin que a su vez se haya asignado la partida correspondiente en el presupuesto.C.
los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE.///&&&/// T: La acción de cumplimiento frente a convenios. 8º Ley 393 de 1997.C. la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”. de las acciones de cumplimiento. mediante acto administrativo que deberá ser expedido en un plazo no mayor a 6 meses. Pj: ¿Procede la acción de cumplimiento frente a convenios? N: Arts.y/o Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-. solicita que se ordene al demandado entregar en forma inmediata y otorgar el título de propiedad del predio denominado El Tablón al Resguardo Indígena de Guambía. Como consecuencia de lo anterior. Sj: C. La Ley 393 de 1. comoquiera que el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 señala que. trece (13) de mayo de dos mil cuatro (2004). de E. DARÍO QUIÑONES PINILLA. dispuso. en su artículo 1º.01(ACU) Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. con el objeto de que se ordene lo dispuesto en el Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano. Objeto de la acción de cumplimiento El artículo 87 de la Constitución consagra la acción de cumplimiento en los siguientes términos: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. D. Además. C. Radicación número: 19001-23-31-000-2003-1542.. corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado conocer.P. la competencia para conocer de la acción de cumplimiento en segunda instancia corresponderá al Consejo de Estado. C: El señor Álvaro López Tombe ejerció la acción de cumplimiento contra el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA.997 que desarrolló la norma constitucional transcrita. mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos. por disposición del artículo 1º del Acuerdo número 55 del 5 de agosto de 2003. En caso de prosperar la acción. la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 y el Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria efectuó el recibo material del predio El Tablón. que el objeto de la acción de cumplimiento es el siguiente: . 1º. Bogotá. en forma transitoria.
de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. que los actos de la administración se expiden también con el concurso de la voluntad de los particulares o con la participación directa del administrado. por lo que “la participación de intereses colectivos y difusos. incluso. esto es. no lo es menos cierto que esa intervención no se ubica en el mismo plano de la administración simplemente porque quien adopta la decisión final es ella y no el particular. individual y concreto.Carías. como aquellas manifestaciones de la voluntad unilateral de la administración dirigidas a producir efectos jurídicos y a imponer consecuencias jurídicas a sus destinatarios porque se presumen válidas. ha provocado el abandono de la acción unilateral de la Administración. los actos administrativos pueden definirse. algunos doctrinantes consideran que existen actos administrativos bilaterales. Por ello. 1986. se pronunció la Sección Primera de esta Corporación al exponer que: “Dentro de las diversas manifestaciones del poder del Estado. El Derecho Administrativo y la Participación de los Administrados en las Tareas Administrativas. Ediciones Rosaristas. Sin embargo. expediente 3531. es decir. de normas aplicables y. con la necesaria intervención de los particulares. mientras que las normas con fuerza material de ley son aquellas que tienen el rango. Bogotá. en consecuencia. de otro. pues sólo así tienen eficacia jurídica y les son oponibles –los actos sancionadores sólo resultan válidos si se garantizó el derecho de defensa al administrado-. Ahora. que se trata de una decisión capaz de producir efectos jurídicos y. el acto administrativo constituye una de las más importantes. la acción de cumplimiento es un instrumento procesal para exigir a las autoridades públicas o los particulares que actúan en ejercicio de funciones públicas que cumplan real y efectivamente las leyes y los actos administrativos. que las normas transcritas señalan con claridad que el objeto de la acción de cumplimiento es la efectividad. expediente 6402. En igual sentido. “los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración por medio de la cual se crea. de un lado. de vincular a los administrados”27. la Sala considera que si bien es cierto existen algunos actos administrativos que se expiden con la participación e. sino que por el contrario. impersonal o abstracta. Allan. en sentido estricto. de carácter subjetivo. 27 Sentencia del 16 de febrero de 2001. Nótese. una situación jurídica de carácter general. a través suyo. al igual que el sector mayoritario de la doctrina. la eficacia y la vinculación jurídica de la ley –normas formalmente expedidas por el Congreso de la República y las expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de función legislativa extraordinaria o excepcional-. . o bien. destinada a producir efectos en derecho. En consecuencia. En el mismo sentido. como lo advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado. en forma obligatoria. 26 Brewer. sentencia del 18 de octubre de 2001. sustituyéndose por la decisión convenida con los representantes de aquellos”26. exterioriza su voluntad unilateral.“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”. Artículo publicado en El Derecho Administrativo en Latinoamérica II. se concluye que los actos de la administración no incluyen las manifestaciones bilaterales de voluntad. en ejercicio de la función administrativa. A pesar de la aparente unanimidad en relación con el carácter unilateral de los actos administrativos. Páginas 277 a 310.
la observancia que se reclama no puede exigirse en ejercicio de la acción de cumplimiento. dotar tierras. se tiene que fue suscrito por los representantes del PLANTE. expediente 11616 . bien para crear. opiniones o conceptos de la autoridad pública que no entrañan un deber de cumplimiento ni comportan una decisión. a manejar y ejecutar correctamente los recursos correspondientes (folios 2 a 8). entre otras cosas y. el INCORA y del Cabildo Indígena de Guambía. esa acta no es un acto administrativo y. a saber: i) el Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano. Ahora. con base en lo anterior. con el objeto de “apoyar el proceso del Plan de Vida del Pueblo Guambiano a partir de su propia decisión de erradicar los cultivos ilícitos de su territorio”. modificar o extinguir situaciones jurídicas. En cuanto al Acta de Reunión INCORA. las autoridades gubernamentales se comprometieron a desarrollar programas. ii) los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE. el grupo indígena. el demandante pretende el cumplimiento de varias decisiones administrativas. la Sala resolverá si los actos jurídicos cuyo cumplimiento se pretende pueden exigirse por medio de la acción de cumplimiento. respecto de esta pretensión no procede la acción de cumplimiento. Luego. la Red de Solidaridad. por lo tanto. En relación con la solicitud de cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano. PLANTE se tiene que ese encuentro tuvo como objetivo informar que para dar cumplimiento al Convenio denominado Guambía Territorio Libre de Amapola: i) se destinaron 1500 millones de pesos del presupuesto de esas entidades.No se trata de meras manifestaciones. En consecuencia. sean éstas generales o particulares”28. pues se limitan a describir situaciones fácticas y a informar la forma en que se desarrollaron los deberes adquiridos en convenios celebrados con comunidades indígenas. su 28 Sentencia del 21 de octubre de 1999. iv) el Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón”. sino de aquellos actos decisorios de la administración que producen consecuencias jurídicas. aportar y ejecutar recursos. Para ello. ii) se adquirieron varios predios y iii) no se pudo hacer entrega formal de los predios La Peña y El Tablón “por conflictos interétnicos entre la comunidad de Guambía y las de Ambaló y Totoró respectivamente” (folios 9 a 11) En tal virtud. iii) la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 y. vale decir cambios en el mundo de las regulaciones del derecho. en el presente asunto. por lo tanto. se obligó a esforzarse por hacer cumplir la prohibición de cultivos ilícitos en su territorio. Por ello. ese documento no expresa manifestaciones unilaterales de voluntad de la administración para crear situaciones jurídicas que produzcan efectos jurídicos. De consiguiente. ese convenio contiene manifestaciones de voluntad bilateral que no tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos y.
ubicado en el Municipio de Totoró. de los bienes encontrados. para que sea procedente la orden judicial de cumplimiento de la norma es indispensable que ella contenga un mandato. En efecto. Por lo tanto. departamento del Cauca La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Entonces. respecto de esta pretensión no prospera la acción de cumplimiento. (…) . de sus instalaciones. se concluye que la Sala deberá estudiar si respecto de la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 procede la acción de cumplimiento. Al efecto. se dejó en claro lo relacionado con el pago del empleado de ese predio (folios 16 a 18). En tal virtud. el “mayordomo del predio” y el esposo de la propietaria”. la consagración de una obligación jurídica que está contenida en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo y. Por tal motivo. en uso de su facultades legales y estatutarias y. De consiguiente. corresponde a la Sala averiguar si Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 contiene obligaciones claras o deberes jurídicos que deben cumplirse por las autoridades demandadas. De otra parte. respecto de esta pretensión tampoco procede la acción de cumplimiento. la existencia de un deber jurídico omitido. finalmente. se discriminaron los valores del terreno. el segundo. el estado de las instalaciones. ubicado en jurisdicción del municipio de Silvia. Así las cosas. también resulta claro que el acta objeto de estudio no contiene un acto administrativo porque no expresa la voluntad unilateral de la administración sino que se limita a describir situaciones fácticas. las instalaciones y sus anexos y. Departamento del Cauca”.observancia no puede exigirse en ejercicio de esta acción constitucional. se hizo una descripción del predio. en cuanto al Acta “por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA Regional Cauca efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón. tendiente a la reestructuración del Resguardo Indígena de Guambía. Ese acto administrativo preceptúa lo siguiente: Resolución número 036 de 1998 (21 junio 1998) Por la cual se adopta un programa de adquisición de tierras. que esté a cargo de la autoridad o particular que tenga la obligación jurídica. en esa diligencia participaron dos funcionarios del INCORA. Ausencia de deber jurídico omitido La lectura de los artículos 87 de la Constitución y 1º de la Ley 393 de 1997. ocurre que está limitada a dejar constancia de lo que se encontró en ese predio al momento de ser recibido por la autoridad administrativa adquirente. muestra que la acción de cumplimiento parte de la existencia de dos supuestos fundamentales: El primero.
De manera que. conforme al numeral 3º del artículo 58 de la Ley 135 de 1961. mediante escrito del 7 de julio de 1998. al mismo tiempo. para que quienes haya delegado esa función. a título de compraventa. establecidos en las tierras de propiedad del Resguardo. . efectivamente. Y.484. el acto administrativo cuyo cumplimiento se reclama impone a la autoridad pública demandada el deber jurídico de adquirir por negociación directa o expropiación los predios necesarios para reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía. la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adoptó el programa de adquisición de tierras que. fue allegada al expediente copia de la Escritura Pública número 2847 del 31 de diciembre de 1997 de la Notaría del Círculo Notarial de Santander de Quilichao y del folio de matrícula inmobiliaria número 134-0007369. se tiene que el pueblo indígena de Guambía aceptó que el predio El Tablón permite reestructurar dicho resguardo. Adoptar un programa de adquisición de tierras tendiente a reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía. distintos a los indígenas. con más de 56 hectáreas. Igualmente se adquirirán las mejoras de propiedad de terceros.RESUELVE Artículo primero. Para el cumplimiento y desarrollo de este programa se adquirirán por negociación directa o expropiación si fuere el caso. Así. en el proceso aparece demostrado que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adquirió. se tiene que la obligación jurídica que surge con ese acto administrativo se agota con la respectiva adquisición de los predios. tierras aún adecuadamente explotadas de predios colindantes o próximos al citado Resguardo Indígena. en las cuales consta el negocio jurídico celebrado entre la señora María Victoria Giraldo Montoya y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. para facilitar la reestructuración del mismo. un predio rural denominado El Tablón. de tierras para la debida ejecución de dicho programa” (folios 14 a 16) Para reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía. pues fue parte activa del proceso de adquisición del mismo por parte del INCORA. Ahora. Incluso. Autorizar al Gerente General del Instituto. ubicado en jurisdicción del municipio de Silvia. por valor de $115. departamento del Cauca. adelante los trámites administrativos tendientes a la negociación voluntaria o la expropiación. informó al Gerente Regional del INCORA que “autoriza la gestión que se viene dando con el INCORA regional Cauca para la compra y entrega a el (sic) Cabildo de Guambia de la finca El Tablón de la propiedad de la señora Maria Victoria Giraldo…” (folio 19). tal y como lo dispone el acto transcrito en precedencia.200 (folios 24 a 30). si fuere el caso. De otra parte. consiste en adquirir tierras colindantes o próximas a ese resguardo. el Gobernador y Secretario del Cabildo Indígena Totoró. Artículo segundo. Parágrafo.
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. En efecto. Luego.Lo anterior muestra que la entidad demandada adquirió. Los convenios no son. Co: Se pretende el cumplimiento de varias decisiones administrativas: i) El Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano ii) Los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE iii) La Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 iv) El Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón”. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. su cumplimiento no puede ordenarse por medio de esta acción constitucional. por ende. III. mediante negociación directa. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. y no a actos administrativos. el predio denominado El Tablón que se ubica en los terrenos contiguos al lugar donde se ubica la comunidad indígena de Guambía. como se dijo en precedencia. FALLA: 1º Confírmase la sentencia del 25 de noviembre de 2004. Por las razones expuestas en precedencia.” NOTA : El Tribunal había negado la acción de cumplimiento. actos administrativos. no son actos administrativos y. comoquiera que cumplió el deber jurídico contenido en ese acto administrativo. se debe confirmar la sentencia apelada. La Resolución 036 de 21 de julio de 1998 ya fue cumplida en la medida en que el predio ‘El Tablón’ ya fue adquirido y recibido por el Instituto Colombiano de la Reforma Urbana . strictu sensu. para efectos de reestructurar ese resguardo. la Sala concluye que la Resolución número 036 de 1998 del Instituto Colombiano de la Reforma Urbana se limitó a ordenar la compra del predio denominado El Tablón y no la entrega del mismo como lo pretende el demandante. aparece claro que la demandada cumplió lo dispuesto en la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 del Instituto Colombiano de la Reforma Urbana. SECCION QUINTA. LA DECISIÓN En mérito de lo expuesto. Así las cosas. El acta hace alusión a reunión informativa. el CONSEJO DE ESTADO. la pretensión del demandante está contenida en los convenios que.
El Hospital agotó la vía gubernativa. según la primera. ///&&&/// T: La acción de cumplimiento y otros medios de defensa judicial.). CLARA FORERO DE CASTRO. porque la citada señora tenía derechos de carrera administrativa. quien remitió su reclamo a la Comisión Nacional del Servicio Civil. la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó al Director del Hospital La Perseverancia revocar la declaratoria de insubsistencia del nombramiento hecho a la señora Luz Stella Rey Benito en esa entidad. Pj: ¿Es procedente la acción de cumplimiento? ¿Se admitiría la demanda? N: Arts.996 por medio de la cual ORDENA REVOCAR el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de la señora LUZ STELLA REY BENITO. pero no constituyen acto administrativo.996. 8º. por la segunda. expidió la RESOLUCIÓN No. . La Comisión. 121 del 20 de Agosto de 1. razón por la cual se quejó ante el señor Defensor del Pueblo de la misma ciudad (Bogotá D. como la Entidad competente para conocer del asunto.992. 1º. Los acuerdos mencionan la entrega. se confirmó la decisión inicial.al tenor del acta que se menciona. con fundamento en la atribución consignada en el artículo 130 de la Constitución Nacional y en el artículo 14 literal b) de la Ley 27 de 1. pero la Comisión negó el recurso. 9º Ley 393 de 1997 Sj: C. 14960 del 31 de diciembre de 1. quien era empleada amparada por el fuero de carrera administrativa.P. Radicación número: ACU-403 “Sobre los anteriores presupuestos legales en este caso se observa que los actos administrativos cuyo cumplimiento se pide ordenar son las resoluciones 14960 (diciembre 31) de 1996 y 291 (octubre 24) de 1997. y. por medio de las cuales. lo que hacía ilegal el acto discrecional. Pide la interesada se ordene el cumplimiento de este acto administrativo de revocatoria y la entidad no accede al que la empleada tiene la acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar. el señor Director del Hospital La Perseverancia declaró insubsistente el nombramiento de la señora ZOILA REINA D EL CORRAL.C. veintiuno (21) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998). C: Mediante la Resolución No.
Sección Segunda. que asiste razón a la apelante cuando advierte (fl. Dicho acto goza de la presunción de legalidad.62) que contra los actos cuyo cumplimiento pide ordenar no tiene acción judicial. el Consejo de Estado. Por lo expuesto. puesto que la favorecen y lo procedente es disponer que se cumplan como resultado lógico de la Acción de Cumplimiento. pues para eso es para lo que se ha establecido. Sala de lo Contencioso Administrativo.Estos actos administrativos -plenamente vigentes puesto que no se ha probado que hayan sido revocados por la administración. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.” Co: Se trata de pedir el cumplimiento de la Resolución N° 14960 de diciembre 31 de 1996 con la que Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó al Director del Hospital La Perseverancia revocar la declaratoria de insubsistencia del nombramiento hecho a la señora Luz Stella Rey Benito en esa entidad. FALLA: Revócase la sentencia apelada. la cual se mantiene en la ley 443 de 1998 artículo 45.C. Contra el acto de declaratoria de insubsistencia -resolución 121 de agosto 20 de 1996. Pero la orden de revocar esa declaratoria de insubsistencia debe darse al decidir la Acción de Cumplimiento La orden de revocar la declaratoria de insubsistencia la dio la Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio de la facultad que le confirió el artículo 14 de la ley 27 de 1992. 85) y tanto es ello así que ya instauró la demanda correspondiente. Es incuestionable. Su legalidad no puede dilucidarla el juez de Cumplimiento. Subsección “A”.A. perentoria e inequívoca al Director del Hospital de la Perseverancia de revocar el acto de insbusistencia del nombramiento hecho en esa entidad a la señora Luz Stella Rey Benito. ni suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso administrativa .imponen la obligación indudable. En su lugar se dispone: Accédese a ordenar el Cumplimiento demandado en esta oportunidad. el cual impone la obligación indudable. perentoria e inequívoca al Director . proferida el 24 de julio de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección “B” -dentro de la Acción de Cumplimiento instaurada por la señora LUZ STELLA REY BENITO. art. y por tanto la Sala revocará la sentencia apelada y despachará favorablemente la demanda de Cumplimiento en examen teniendo en cuenta que ésta se aviene en un todo a lo establecido en las disposiciones legales inicialmente transcritas.la accionante tiene a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. entonces.
A. dentro del proceso de determinación de impuestos. más los intereses moratorios en la forma que lo prevé el artículo 863 del Estatuto Tributario”. por tanto al haber vencido el término de un año que tiene el municipio para dar respuesta se configuró el silencio administrativo positivo. varias resoluciones con las cuales se impone sanción por extemporaneidad y por no informar oportunamente el cierre de los establecimientos.A.del Hospital de la Perseverancia. le profirió a Carvajal S. en sus tres (3) establecimientos de comercio ….A. Por error involuntario el día 3 de octubre de 1996. Flexa y Carvajal S. Carvajal S. Valle. Contra el acto de declaratoria de insubsistencia -resolución 121 de agosto 20 de 1996. El acto del que se pide su cumplimiento no tiene acción judicial para la actora. art. Kiut. 3261 del 30 de noviembre de 1999.El día 26 de abril de 1995.171.la accionante tiene a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. solicita que se ordene al alcalde de Yumbo. el día 3 de octubre de 1996. La división de rentas del municipio de Yumbo. ya no ejercía actividades en dicho municipio. por la declaración de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros.A. 85).A. con base en los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. cuando Carvajal S.. 022.318. Carvajal S.A. que la sociedad realizó operaciones en el municipio de Yumbo hasta el 31 de diciembre de 1995. por un valor total de $121. .A. realizó actividad industrial en ese municipio hasta el día 31 de diciembre de 1995. las resoluciones impugnadas. y la declaración juramentada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto.). Por ello Carvajal S. pues le favorece. otorgada en la Notaría 14 del Círculo Notarial de Santiago de Cali. protocolizó la escritura pública No. con la presentación de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros por los establecimientos de comercio Carvajal S. pero no el de apelación. 023 y 024 del 21 de junio de 1995. presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el año gravable de 1995.A.A. pero la orden de revocar esa declaratoria de insubsistencia se da con la decisión en la Acción de Cumplimiento ///&&&/// T: La acción para exigir el cumplimiento de un acto ficto o presunto C: Carvajal S. mediante escritura pública” y en consecuencia.C. realizar “la devolución de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($197. proceder al “reconocimiento del silencio administrativo positivo. se presentó (sic) nuevamente las declaraciones correspondientes al año de 1995..832) por concepto de los valores cancelados indebidamente por Carvajal S.A.A. protocolizado por la sociedad CARVAJAL S. los recursos. HECHOS: Carvajal S. las cuales fueron confirmadas por la división de rentas de la secretaría de Yumbo mediante las resoluciones Nos. de revocar el acto de insubsistencia del nombramiento hecho en esa entidad a la señora Luz Stella Rey Benito (Zoila Rosa del C.066.A. Presentados los recursos resolvió el de reposición.
a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento Civil” (se subraya). se entenderá (o podrá 29 30 Al respecto.) y al acceso a la administración de justicia (art.P.). en estos términos: “El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica. exp: ACU. sólo se requiere verificar la omisión de un deber contenido en una ley o en un acto administrativo. Por lo tanto. sentencia de la Sección Cuarta del 9 de julio de 1999. El error en la exigencia referida tuvo su origen en la redacción del artículo 77 de la ley 99 de 1993 que establecía la acción de cumplimiento en asuntos ambientales. Pj: ¿Son pasibles de la acción de cumplimiento los actos fictos o presuntos? ¿Admitiría la demanda?. entre otras. En cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento en relación con los llamados actos fictos o presuntos. . Fundamente Sj: C. esto es. una violación de los derechos de las personas a un debido proceso (art. identificar la acción de cumplimiento con un proceso ejecutivo constituye un desconocimiento del mandato constitucional aludido y por contera. la existencia de una obligación clara. en cuanto dicha oportunidad procesal constituye una garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y de eficacia de la acción29. En contra. providencias de la Sección del 30 de marzo de 2000. exp: ACU-1213 y del 22 de abril de 199. tal como fue consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política. de E. expresa y exigible a cargo de la demandada para la procedencia de la acción de cumplimiento contraviene la ley30. RICARDO HOYOS DUQUE. auto del 6 de noviembre de 1997. En el mismo sentido. que para la procedencia de la acción.Luego pide las devoluciones de los saldos a favor o de las sumas pagadas indebidamente. Pero debe advertirse que dicha disposición fue expresamente derogada por el artículo 32 de la ley 393 de 1997 y lo que es aún mas relevante. II. considera la Sala desacertada la decisión del Tribunal en cuanto rechazó la acción interpuesta con el argumento de que el acto presunto no reunía los requisitos del título ejecutivo.P. III. ocho (8) de junio de dos mil (2000) Radicación número: ACU-1309 “Esta Sala ha considerado procedente la impugnación del auto que rechaza la acción de cumplimiento. se precisa: El silencio administrativo es un fenómeno jurídico que puede definirse como “una presunción o ficción legal por virtud de la cual. 228 C. pero el municipio de Yumbo dio respuesta al derecho de petición sin hacer alusión en parte alguna del escrito a la solicitud de devolución de las sumas canceladas indebidamente en 1996. exp: 794.035. ACU-686. 29 C. transcurrido cierto plazo sin resolver la administración y producidas además determinadas circunstancias. También ha considerado la Sala que la exigencia de los requisitos del título ejecutivo. En consecuencia.
se procederá a su admisión. En consecuencia. pág.A. Valle del Cauca.). Una vez producido el acto.” Co: Producido el acto administrativo que surge por haber operado el silencio positivo. la administración sólo debe proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. pues en dicha norma no se distingue el mecanismo mediante el cual surge el acto para determinar la procedencia de la acción. la administración no puede dictar uno posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el consentimiento expreso y escrito del titular o cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 9 ley 393 de 1997). 789 . Sala de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto. Una vez se produzca el acto administrativo por haber operado el silencio positivo.C. El artículo 42 del Código Contencioso Administrativo establece la forma de acreditar su ocurrencia y efectividad. Madrid. contra el municipio de Yumbo. como los actos presuntos son verdaderos actos administrativos. el Consejo de Estado. no esté conforme o atente contra el interés público o social. Civitas. El artículo 42 del Código Contencioso Administrativo sólo establece la forma de acreditar su operancia. la administración sólo puede proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. RESUELVE: REVOCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de abril de 2000 y en su lugar. 31 ERNESTO GARCÍA -TREVIJANO GARNICA. 69 y 73 C. ADMÍTESE la acción de cumplimiento presentada por el señor OSCAR RIVERA ARBELAEZ. Sección Tercera. 1990. salvo la existencia de otro medio de defensa judicial (art. Ed. En mérito de lo expuesto. se cause agravio injustificado a una persona o fuere evidente que el acto se produjo por la utilización de medios ilegales (arts. su cumplimiento puede obtenerse.entenderse) denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los particulares u otras administraciones”31. El Silencio Administrativo en el Derecho Español. Producido el silencio positivo surge un verdadero acto administrativo en el cual se reconocen derechos. como la acción interpuesta cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley 393 de 1997.A. quien actúa en calidad de representante legal de la empresa Carvajal S. a través del ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución.
situación crítica de inseguridad o mineras -particularmente el municipio de Fómeque. una vez determinadas las zonas correspondientes y expedido que fue por el Gobernador. Y de la Secretaría de Educación del mismo departamento elaborar el listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas. categorización y modificación de tales zonas por medio de acto administrativo. 8º.994. con los nombres de los docentes y directivos docentes que allí presten sus servicios. cabe señalar que es deber del Gobernador de Cundinamarca determinar qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad y solicitar al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera. que en ello resulta contrario. previa consulta con la respectiva junta de educación”. especialmente. su cumplimiento puede obtenerse. y que con esa actitud se ha violado también el artículo 134 de la ley 115 de 1. se les ordene su cumplimiento. entre otros municipios. mediante el artículo 5. 17 de enero de 2000. la determinación. en consecuencia. prevé que corresponde “al gobernador o alcalde distrital. oportunidad. cuáles argumentos plantearía en la sentencia? N: Arts. Es de advertir también que. de E. ni elaborado el listado de establecimientos educativos estatales ubicados en tales zonas.º del decreto 1051 de 1999.051 de 1. 1º. se halla en situación crítica de inseguridad-. que. a . el reglamento por el cual se determinó la cuantía.º del decreto 1. para determinar esas zonas no es requisito que pueda ser tenido en cuenta la disponibilidad presupuestaria. en tanto no han determinado qué zonas son de difícil acceso. ///&&&/// T: Norma que implica gastos C: La señora María Lupe presentó demanda contra el Gobernador de Cundinamarca y la Secretaría de Educación para que se declare que han sido renuentes en cumplir lo dispuesto en el decreto 707 de 1. y ese acto es presupuesto para que los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos correspondientes accedan a las prerrogativas señaladas en el artículo 3º del mismo decreto.999.998. ACU-1094 Mario Alario Méndez . Se admitiría la demanda. El artículo 2º del Decreto 707 de 1. con la indicación de los nombres de los docentes y directivos docentes que allí prestan servicios.996.Como los actos fictos o presuntos son verdaderos actos administrativos. salvo que exista otro medio de defensa judicial. forma de pago y momento a partir del cual comienza a percibirse el beneficio de la bonificación. Sj: C. Radicación número: “Para lo que es materia de este proceso. a través del ejercicio de la acción del artículo 87 de la Constitución. que el Gobernador de Cundinamarca no ha cumplido esta norma y no ha dictado hasta hoy el acto administrativo que la ley ordena. Pj: ¿Puede admitirse la demanda de cumplimiento? ¿En caso de admitirse. y para que. pese a lo dispuesto en tal sentido en el artículo 4. 9º Ley 393 de 1997.
ordenar al Gobernador de Cundinamarca que. y es zona minera el territorio ubicado en un frente de explotación minera y que por tal circunstancia pueda afectar la salud de quienes allí desempeñen una actividad permanente”.996. con los nombres de los docentes y directivos docentes que tienen derecho a que el tiempo de servicio. según lo establecido en el artículo 9. y para todo ello habrá de concederse el término de un mes. qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad. Se advierte.Concepto / ZONAS DE SITUACIÓN CRITICA DE INSEGURIDAD Concepto / ZONA MINERA . una zona resulta ser de difícil acceso si por sus características geográficas. Y a la Secretaría de Educación la elaboración del listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas. además de las señaladas. y si fuera el caso. y por lo mismo no se trata de disponer el cumplimiento de normas que establecen gastos. Co: Corresponde al Gobernador determinar qué zonas son de difícil acceso se encuentran en situación crítica de inseguridad. y también aquellas áreas urbanas y rurales que por su vulnerabilidad. en cuanto sean declaradas como tales. entre otras. a la Secretaría de Educación. que ninguno ha sido solicitado. deficiencias de vías y medios de transporte es necesario un esfuerzo físico o económico fuera de lo ordinario para la permanencia o movilización del docente. por la naturaleza y complejidad del asunto. finalmente. qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad y solicite al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera. ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO . determine a su arbitrio. inmediatamente. que se estima razonable para el caso.º del decreto 707 de 1. que no se trata de ordenar pago alguno. la elaboración del listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas en cuanto sean declaradas como tales. Ordenar al Gobernador que además de las señaladas. en su lugar. Habrá de revocarse la sentencia impugnada para. con los nombres de los docentes y directivos docentes que tienen derecho a que el tiempo de servicio les sea computado doblemente para el efecto de ascender en el Escalafón Nacional Docente y a la bonificación remunerativa especial establecida. y solicite al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera. que ello resultaría improcedente. Para determinar dichas zonas no es requisito que pueda ser tenida en cuenta la disponibilidad presupuestaria. marginalidad y pobreza no aseguran la eficiente prestación del servicio público educativo. e inmediatamente. determine a su arbitrio. es zona de situación crítica de inseguridad aquella en donde se presenta alteración del orden público que objetivamente afecte el normal desarrollo de las actividades productivas y de servicios.lo establecido en el artículo 2.º de la ley 393 de 1. les sea computado doblemente para el efecto de ascender en el Escalafón Nacional Docente y a la bonificación remunerativa especial establecida. y si fuera el caso. .997.Concepto Según el Decreto 707 de 1996.
.P.. como lo precisó el Consejo de Estado.S. 132 y 133. Exp. las convenciones colectivas de trabajo no pueden involucrar aspectos disciplinarios. Constituyó en renuencia a algunos servidores públicos quienes guardaron silencio. ya que un disciplinario no es un conflicto económico entre patronos y trabajadores. Pj: ¿Constituye una convención colectiva de trabajo un acto administrativo? .. y prevaleciendo sobre las normas convencionales. 467 del C. 2º Aplicar el Art. le inició investigación disciplinaria por presuntos ceses de actividades en los meses de abril.. la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación se oponen porque la convención colectiva de trabajo no es ley ni acto administrativo. informándole del inicio de indagaciones preliminares con fundamento en la norma disciplinaria. derogando los regímenes disciplinarios vigentes hasta esa fecha. ponente Dr. Sala de Consulta y Servicio Civil.P. que yerra el actor al solicitar la excepción de inconstitucionalidad pues mal puede la ley 200 entrar en contradicción con la constitución cuando es esta última la que defiere al legislador la facultad exclusiva para determinar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos.P.///&&&/// T: La acción de cumplimiento y las convenciones colectivas de trabajo. C-09/94 de 20 de enero. 5021. que regula el régimen prevalente a los servidores de los entes descentralizados contenido en el Estatuto del Distrito Capital en materia disciplinaria y que ha sido objeto de fallo en Sentencias de 17 de julio 95.S. Solicita: 1º Aplicar el Decreto 1421 de 1993 en sus Arts. que solicito se valoren como doctrina.. del Trabajo y se aporta como prueba convención colectiva de trabajo contentiva del régimen disciplinario especial. y el Art. que las normas invocadas son inaplicables dado que conforme a la Constitución corresponde a la Ley determinar lo relativo a la responsabilidad de los funcionarios públicos y ese postulado fue desarrollado por la Ley disciplinaria que solo exceptuó del mismo a los miembros de la Fuerza Pública. No. Actor: Luis A. Sentencia 27 Enero/95. que es desatinada la cita del artículo 3º del C. Ponente: Miguel González Rodríguez. Ponente: Jaime Avella Zarate. mayo y junio. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-obliga a aplicarla. y el derecho a defenderse. numeral 1º. Sala Plena Corte Constitucional. 130.” La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. Exp. Sección 1ª.S. 2651. cuya constitucionalidad fue decretada mediante Sent. Exp. 48. 131..L. y por último que. 2902 Ponente: Libardo Rodríguez. Antonio Barrera Carbonell. excepto que se trate de materias relacionadas con el reglamento interno de trabajo. 41 Transitorio de la Constitución Nacional. Consejo de Estado. C: Dice el demandante que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. expedido con fundamento en el Art.. Velasco P.
y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores.C.. como su nombre lo indica. y así lo declarará esta sentencia adicionando la del Tribunal.N: Arts. la administración está aplicando la ley. no son ni una ley. El artículo 20 de la Ley 393 de 1997 al tratar lo relativo a la excepción de inconstitucionalidad prevé que la acción de cumplimiento cabe cuando el incumplimiento provenga del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad y en este caso sucede todo lo contrario. 9º. concede al ciudadano un mecanismo para pedir el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. por la otra. dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). La acción de cumplimiento. El artículo 1º de la ley 393 de 1997. en otras palabras su aplicación y nó su inaplicación. 10. Cuando el administrado acude a la acción de cumplimiento. 1º. establece: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”. no pueda alegarla respecto a normas que han sido objeto de análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. uno de los requisitos mínimos exigidos para que salga avante una acción de cumplimiento es que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en Ley o Acto Administrativo La convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales. de allí que en su parágrafo prescriba que el incumplido.Radicación número: ACU-337 “En primer lugar dirá la Sala que la excepción de inconstitucionalidad que plantea el accionante no es procedente. 20 Ley 393 de 1997 Sj: Consejera ponente: CLARA FORERO DE CASTRO Santa Fe de Bogotá. Así entonces. ni un acto administrativo. busca regular aquellos casos en los cuales la administración se abstiene de aplicar la ley o el acto administrativo al considerarlos inconstitucionales. D. La norma mencionada. para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. que regula la acción de cumplimiento en desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política. En sentir de la Sala. las convenciones colectivas de trabajo. que no es otro que la administración. no puede pedir que se le inaplique una norma pues se desvirtuaría la naturaleza misma del mecanismo. 8º. por una parte. sino una extensión de las condiciones generales de los contratos de .
. entre ellos los trabajadores oficiales. La primera determina que los conflictos económicos entre patronos y trabajadores se regirán por leyes especiales sobre la materia.P. el análisis precedente muestra que no está llamada a prosperar la Acción de Cumplimiento en examen y por tanto la sentencia apelada deberá confirmarse. y 31 a 33 del D. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Distrital o Municipal. o que le sean contrarias. es decir. inequívoco. debe ser gobernado por la ley. y el segundo grupo señala la obligación de adoptar el reglamento interno de trabajo. salvo los regímenes especiales de la fuerza pública. de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código.T. al tenor del artículo 124 de la C. Por lo expuesto el Consejo de Estado. Departamental. Una atenta lectura de estas disposiciones permite asegurar que en ellas nó se establece ninguna obligación clara y expresa para ninguna de las autoridades contra las cuales se está accionando y por los motivos que dieron lugar a esta acción. En síntesis. indudable. Invoca también el accionante el cumplimiento de los artículos 3º del C. por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria se aplicará a todos los servidores sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel Nacional. que a la sola vista de su texto el juez tenga la certeza irrefutable de que aquella autoridad a la cual ordenará cumplir lo incumplido sí es. la llamada a acatar la obligación inobservada. razón por la cual no se cumpliría el requisito enunciado para la prosperidad de la acción que ahora estudia la Sala. como lo pide el accionante. no se trata en este caso de la renuencia del patrono a expedir el reglamento interno de trabajo. R. En efecto. 2127 de 1945. por los Personeros. por lo antes expuesto.” Así entonces. Subsección “A”. no existe duda de que al tenor del artículo 177 del Código Unico Disciplinario fueron derogados al determinar: “Esta Ley…será aplicada por la Procuraduría General de la Nación. tampoco resultan aplicables los artículos 6º y 15 de la Ley 200 de 1995. ni de la resolución de un conflicto económico entre trabajadores y patrono. sin discusión. Sección Segunda. Sala de lo Contencioso Administrativo. respecto a la aplicación de los artículos 130 a 133 del Decreto 1421 de 1993.P. . porque el régimen disciplinario de los servidores públicos. Tratándose de la acción de cumplimiento es necesario que el mandato incumplido sea imperativo. específico.trabajo. sino de una situación de carácter disciplinario Y por último. razón por la cual el que se haya previsto en convención colectiva es inaplicable por inconstitucional.
por lo mismo. Mediante Resolución la Juez aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto de la lista de elegibles para el citado cargo porque el servidor judicial que actualmente lo ocupa. Las normas cuyo cumplimiento se pide. proferida el 11 de junio de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ///&&&/// T: Acción de cumplimiento contra actos administrativos de carácter particular y concreto. para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.S. se expidió Resolución 1000 de 5 de febrero de 2005. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actuó con morosidad en la . la Personería de Santa Fé de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. por la otra. Con base en la lista del registro seccional de elegibles y con el fin de proveer la vacante definitiva de Escribiente .grado 6 que existía en el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Facatativa. PRESIDENTA DE CONSEJO SECCIONAL instauró acción de cumplimiento contra la Juez Segunda Promiscuo Municipal para que se cumplan los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2 de la Ley 270 de 1996. Subsección “A” dentro de la Acción de Cumplimiento instaurada por el señor Jaime Cepeda Bautista contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. por medio de la cual se establece la lista de elegibles para ese cargo. por medio del cual se publicó el registro seccional de elegibles para varios cargos entre los que se cuenta el de Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial . Sección Primera. Esta Resolución fue remitida en su oportunidad al mencionado Juzgado. y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores. la Sala Administrativa expidió el Acuerdo número 016 de 2001. está protegido por el fuero sindical previsto por el Código Sustantivo del Trabajo. no es ni ley ni acto administrativo. ni de la resolución de un conflicto económico entre trabajadores y patrono. Adiciónase para declarar que es improcedente la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el accionante. Aduce que previo concurso de méritos y agotadas todas las etapas. en el caso particular lo que se está haciendo es aplicando la ley. La convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales. La excepción de ilegalidad C: MARIA BERNAL.P.” Co: La acción de cumplimiento cabe cuando el incumplimiento provenga del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad. no establecen ninguna obligación clara y expresa para ninguna de las autoridades contra las cuáles se acciona.grado nominado. por una parte. como que no se trata de la renuencia del patrono a expedir el reglamento interno de trabajo. sino de una situación de carácter disciplinario .F A L L A: Confírmase la sentencia apelada.
20 Ley 393 de 1997. “cualquier persona puede ejercer la acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos administrativos”. En relación con este tema en la Asamblea Nacional Constituyente se dijo lo siguiente: “La acción de cumplimiento tiene el propósito de combatir la falta de actividad de la administración. las mismas se abstienen de hacerlo.P. Así. Pj: ¿Está legitimada la Presidenta del Consejo Seccional para interponer la acción? ¿Procede la orden de cumplimiento? N: Arts. el término para nombrar el Escribiente grado 6 ya venció sin que la juez procediera al nombramiento en propiedad. cuando se solicita el cumplimiento de un acto de carácter particular. 9º.se han colocado en una situación fáctica distinta a la que existiera en el momento de la convocatoria.tramitación del concurso de méritos. motivo por el cual las Resoluciones contentivas de las mencionadas listas de elegibles han perdido fuerza ejecutoria. Legitimación por activa en la acción de cumplimiento De acuerdo a los artículos 1° y 4° de la Ley 393 de 1998. Finalmente. Sj: M. se reserva a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La mencionada morosidad vulnera “la calificación de los empleados que por su nivel de experiencia y educativo. El particular . Radicación número: 76001-23-31-000-2002-03177-01(AP) “1.ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ. Son frecuentes los casos en los cuales pese a existir un clarísimo deber para que las autoridades desarrollen una determinada acción de beneficio particular o colectivo.. debe ser el titular del derecho lesionado o el interesado quien interponga la acción. Dice la demandante que la Juez está siendo renuente al cumplimiento de sus deberes. sin embargo. por regla general. razón por la cual debe ser él mismo quien lo reclame. sostuvo que la facultad de inaplicar actos administrativos contrarios a las normas superiores. La Juez insistió en su argumento dentro de la contestación de la acción y alegó falta de legitimación en la causa por activa. Esta interpretación se explica si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los actos administrativos de carácter particular. que adicionalmente viola el derecho a la igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública para todos los ciudadanos y en especial de los servidores que hoy ocupan en provisionalidad esos cargos. todas las personas tienen el derecho a acudir ante el juez competente con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. 1º. pues a pesar de haberse solicitado el cumplimiento de la Resolución 1000. interesa directamente al particular afectado. Sentencia de veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003)..
su ejercicio no debe chocar con las formas ni con los hitos finalísticos que cada proceso prevé justamente en defensa del derecho sustancial. sin ostentar la legitimación en la causa por activa que el caso amerita. Y es que la titularidad de la acción de cumplimiento. cuando se trata de actos administrativos subjetivos. “De lo anterior se deduce que cualquier persona. concretas y particulares. no resulta contrario al referido mandato Ponencia para Segundo Debate ante la Plenaria de la Asamblea Constitucional No. desligada de su entorno jurídico y sus efectos. también lo es que el tema de la titularidad de la acción por regla general no puede escindirse de las materias que le son propias con arreglo a la Constitución y a la ley. No sobra señalar que la Corte Constitucional ha concluido que resultan constitucionales las diferencias que se establecen. esto es. por el contrario. Hay que reconocerlo.afectado podría entonces acudir a esta acción para exigir el cumplimiento del deber omitido"32. tal como ocurre en el caso de autos. el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. a quien se le lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos. en el sentido de que en tales casos. Sección Segunda ACU 343 de 1998. 32 Nacional Constituyente. no puede mirarse in abstracto. En efecto. sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones predicables de las autoridades públicas y de los particulares”33. 33 Consejo de Estado. particular y concreto amparadas constitucionalmente en punto al derecho al trabajo. la prevalencia del derecho sustancial en modo alguno significa un plano desdibujamiento de la ritualidad. 57. 34 Consejo de Estado. cuando se trata de un acto de contenido particular. al estudiar la constitucionalidad del artículo 9° de la ley 393 de 1998. Gaceta . Por ello se justifica constitucionalmente. expresó: “Por el contrario. ya que si bien ella es propia de nuestro Estado Social de Derecho. en el caso de la acción de cumplimiento. que por lo mismo no podrían quedar al arbitrio exclusivo de quien quiera demandarlas apoyado solamente en el respeto debido a la ley. o sea. esta Corporación ha afirmado: “Pero si lo anterior es particularmente cierto. libertades y deberes de los asociados. que crean situaciones jurídicas individuales. donde los efectos de una eventual sentencia favorable involucrarían situaciones de carácter subjetivo. sin acreditar interés para demandar puede reclamar que se haga efectivo el cumplimiento de una norma de carácter general. como cualquiera otra. se hace necesario que sea el titular del derecho lesionado”34. vale decir. por considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional. implica en mucho un fortalecimiento jurídico y fáctico procesalmente garantizador de los derechos. pero cuando lo que se pretende hacer efectivo es el cumplimiento de una ley en sentido formal o un acto administrativo de carácter particular ante la Administración. la previsión del legislador. porque dentro de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica. Sección Segunda ACU 560 de 1999. el afectado. (Negrillas de la Sala) Adicionalmente.
no hay falta de legitimación de la señora Canaval teniendo en cuenta que es la Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle. garantizar un proceso de ingreso transparente basado en el mérito. En otros términos. 2. De lo anterior. salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para el interesado “un perjuicio grave e inminente”. en tanto que la Resolución 789 de 2001 contraría la Constitución al desconocer lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978. deben procurar que el cargo para el cual se realizó el concurso sea provisto en propiedad. el cargo de escribiente grado 6 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida. pues el ejercicio de dicha acción constitucional está comprendido entre las funciones que legalmente se le han atribuido. Excepción de inconstitucionalidad. Sentencia C-193 de 1998. con mayor razón si se tiene en cuenta que también se pide se una norma legal. es la encargada de administrar la carrera judicial. sin duda alguna. conforme a lo dispuesto en la Ley estatutaria de Administración de Justicia. una evaluación permanente del servicio y un mecanismo efectivo de promoción y de retiro. la Sala considera que. .constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos. directamente o por medio de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales. Una vez aclarado que la señora Canaval tiene legitimidad para interponer la presente acción. resulta que la señora Canaval tiene interés para interponer la acción de cumplimiento que pretende que se dé cumplimiento a la obligación de proveer. (Negrillas de la Sala) Aunque la mencionada Resolución es un acto administrativo de carácter particular. no es inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular o subjetivo”35. en propiedad. de ahí que las Salas administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura no agotan su competencia con la realización del concurso y la elaboración de la lista de elegibles como resultado de éste. además. Al respecto. La provisión de los cargos en propiedad mediante concurso de méritos es. La Administración de la carrera judicial implica. es necesario señalar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. la Sala se pronunciará sobre los demás argumentos expuestos por los demandados. La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad puede ejercerse por cualquier autoridad administrativa cuando advierta la contradicción entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía. Así lo ha precisado la Corte Constitucional: 35 Corte Constitucional. atendiendo las normas correspondientes. en este caso. desarrollo del deber de administrar la carrera judicial. entre otras funciones.
A tal punto que si. o si por el contrario. por tanto. habiendo hallado fundada la inaplicación en el caso examinado. habiéndose confiado a los jueces la competencia para resolver acerca de sí hay o no incumplimiento. Ello. por el contrario. respaldada por el tribunal competente la ejecutabilidad de la disposición por ser constitucional. si en el ámbito circunscrito a él se ofrece prima facie una abierta e incontrovertible oposición entre normas. prefiriéndose siempre la primera. se produce después una sentencia erga omnes en sentido contrario. ante el alegato de la autoridad que aduce haber inaplicado y no incumplido un precepto.”36 (Negrillas de la Sala) Ahora bien. no es algo extraño a los mandatos superiores que. con efectos exclusivos en ese caso y sin que su sentencia sustituya las providencias que hayan de proferir aquellos tribunales en ejercicio de sus respectivas competencias. bien podría hacia el futuro intentarse de nuevo la acción de cumplimiento sin que el funcionario encargado 36 Corte Constitucional. a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 393 de 1997. está obligada a cumplir el deber omitido. sino que también se hace extensiva para las autoridades administrativas. caso en el cual. y su dictado no afecta la obligatoriedad ni el vigor jurídico general de aquellos. por expreso mandato de la norma en comento. trazó los lineamientos que debe observar el juez de la acción de cumplimiento al momento de analizar la procedencia de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. habrá de declarar que el incumplimiento se configuró y deberá impartir la orden que haga efectivo el mandato inobservado. es perfectamente natural y resultaría incoherente el sistema si. cuando quiera que haya una clara incompatibilidad entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía. no sólo como una facultad.“La jurisprudencia también es uniforme en señalar que la posibilidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad no está reservada únicamente a los jueces. Es claro que. Solamente establece. la autoridad que la aplicó indebidamente. si no ha habido una definición erga omnes por el tribunal competente (la Corte Constitucional o el Consejo de Estado) y el juez no encuentra fundada la inaplicación como consecuencia de la excepción de inconstitucionalidad. el juez que deba fallar sobre el mismo goce también de autoridad para establecer si se da o no la causa que justifica la inejecución de la norma o acto. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del Artículo 20 de la Ley 393 de 1994. Sentencia T-537 de 2002. el juez careciera de competencia para establecer si se configura o no el motivo de justificación al que la autoridad acude. Sobre el punto precisó: “La necesidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad justifica la abstención de la autoridad en la aplicación de la norma incompatible con la Carta. ésta prevalece y. sino como un deber. para el caso específico. el juez que decida la acción de cumplimiento deberá abordar el asunto para determinar si es procedente o no la aplicación de la mencionada excepción en el caso concreto. puede derivarse de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Y. . que justifique la inaplicación a la que procedió el funcionario acusado. El juez de cumplimiento no resuelve si la norma o el acto en cuestión son constitucionales o inconstitucionales. el incumplimiento de un deber consagrado en una ley o en un acto administrativo.
o aun puede ser pronunciada de oficio. alegando la excepción de ilegalidad pues. como lo sostuvo el a-quo.. la Sala considera. podrían ser demandadas a través de la acción de cumplimiento.. hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos administrativos. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la potestad de aplicar la excepción de ilegalidad. invoquen dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos. no puede ser inaplicada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida en ejercicio de funciones administrativas. cuando. se concluye que dicha excepción era improcedente. Pero. tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas. Ahora bien.38 (Negrillas de la Sala) Conforme lo dicho. luego de realizarlo. las cuales. Sentencia C-037 de 2000. a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado.de aplicar la norma pudiese ya escudarse en la excepción de inconstitucionalidad para justificar su abstención. un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. en tanto que sólo es posible establecer que la autoridad ha incumplido. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda. de acuerdo con la lista de elegibles contenida en la Resolución 789 de 2001. que la demandada está aplicando la excepción de ilegalidad y no la de inconstitucionalidad como cree hacerlo. no hay lugar a admitir que pueda servir de fundamento para desconocer la obligación de proveer el cargo de escribiente. 132 y 176 de la Ley 270 así como de la Resolución 789 de 2001. en consecuencia. (. Corte Constitucional. . no resulta posible eludir el cumplimiento de los art. y dado que la potestad de aplicar la excepción de ilegalidad está limitada a los jueces de lo contencioso administrativo. ilegalidad que debe ser decretada en los términos que indica el legislador. en caso de asumir tal conducta. que busca.) “La llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar.”37 Es claro que el análisis de la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad es ineludible. sino por el contrario estaría ejerciendo el deber de guarda de la Constitución impuesto por ésta misma. Sentencia C-600 de 1998. por fuera del contexto de un proceso judicial. la autoridad no estaría omitiendo el cumplimiento de ningún deber. en virtud de lo dispuesto por la norma sub exámine tal y como ha sido interpretado en la presente decisión. la misma. justamente. 37 38 Corte Constitucional. manifestando: “No hay en la Constitución un texto expreso que se refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad. pues de no ser así. ni a la posibilidad de que los particulares o las autoridades administrativas. sino que la Carta puso en manos de una jurisdicción especializada la facultad de decidir sobre la legalidad de los mismos. dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento.
Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 3. .(.. Posteriormente mediante Acuerdo No. porque su fundamento de derecho.. perdió fuerza ejecutoria en tanto que el Consejo Superior de la Judicatura dejó transcurrir el tiempo sin realizar los actos correspondientes a la ejecución del mismo.. se elaboró la lista de aspirantes admitidos y rechazados mediante Resolución No.el 24 de febrero de 1994-.A. los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 5. no se presentó el fenómeno jurídico mencionado. de lo cual se deduce que. En efecto. sostuvo que.)”. en este caso. 160 de 1994) perdió fuerza ejecutoria. pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1. pues en la Resolución 003 de 27 de julio de 2001 señaló: “(. 494 de 1995 y explicó que. mediante Acuerdo 298 de 1996. 43 de 1995 que obligó a ajustar la convocatoria al concurso de méritos. al entrar en vigencia la Ley 270 de 1996.3. 160 de 1994. que es el Acuerdo 160 de 1994. Cuando pierdan su vigencia”. se produjo el decaimiento de la Resolución 789 de 2001. Para los recurrentes.) Mediante acuerdo No. El artículo 66 del C. en el intervalo entre los dos Acuerdos. La Sala considera que.. sólo hasta 1995. pues la entidad realizó los actos necesarios para ejecutar la Resolución 789 de 2001. Por otra parte. se expidió el registro de elegibles a nivel nacional.Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme. se expidió el Acuerdo 273 de 1996 “con el fin de respetar las expectativas de vinculación a la Carrera de los afectados”. Adicionalmente. el 27 de julio de 1999. Finalmente. la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos 4. reconoció que finalizadas las inscripciones de los aspirantes . dispone: “Pérdida de fuerza ejecutoria: Salvo norma expresa en contrario. sostuvo que. se convocó a concurso de méritos con el fin de conformar el Registro de Elegibles para los Cargos de Empleados de Carrera de los Despachos Judiciales. emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se realizó una nueva convocatoria que fue incorporada a la Primera.C. se reabrieron las inscripciones del concurso del 16 al 20 de diciembre de ese año y que. se formuló la convocatoria final.Por suspensión provisional 2. se expidió el Decreto No. 166 de 1996. se observa que es la misma demandada la que reconoce la existencia de actos tendientes a ejecutar dicho Acuerdo. La Resolución 789 de 2001 decayó porque su fundamento de hecho de derecho (Acuerdo No. mediante los Acuerdos 4 y 14 de 1995.
entre otras cosas porque la Ley39 le otorga a éste tipo de nombramiento un carácter temporal. o la misma sea superior a un mes. sino que. ni ha decaído por el transcurso del tiempo. según reza el numeral 2º del artículo 132 de la Ley 270 de 1996. citada en Sentencia T-1164 de 2001 de la Corte Constitucional.. o en caso de vacancia temporal. El funcionario que actualmente ocupa el cargo de escribiente grado 6 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida esta amparado por fuero sindical y circunstancial. Para la Sala el fuero sindical del señor Luis Armando Victoria Medina no autoriza a la demandada para incumplir el deber que la ley le ha impuesto en tanto que. pues una vez provisto el cargo en propiedad aquel debe desaparecer. fue necesario incluir modificaciones en las condiciones de la convocatoria. hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto. pues dicho servidor apenas se desempeña en el cargo “hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto”. su desvinculación. por consiguiente. 4. si bien es cierto. que retardaron el trámite del concurso. En efecto.La descripción del procedimiento del concurso efectuada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida. . es decir. por demás. pues el Consejo Superior de la Judicatura realizó los actos necesarios para su ejecución dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que quedó en firme. por quien resultó elegible dentro del respectivo concurso de méritos. no requiere de la previa calificación judicial de una justa causa. en propiedad. “En las circunstancias anotadas la desvinculación del servidor se da por mandato de la Constitución y de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y no por “despido” o decisión unilateral del “empleador”. no significa que el nominador quede obligado a mantener éste vinculo indefinidamente. circunstancias que impiden su despido. la Resolución 789 de 2001. cuando no se haga la designación en encargo. No puede perderse de vista que. hasta que se provea el cargo por virtud de un concurso de méritos. 16 del Presidente del Consejo Superior de la Judicatura..(. el término de duración del concurso es extenso. y. En efecto con la expedición de la Ley 270 de 1996. el cargo de escribiente grado 6 de su Despacho. Artículo 132 numeral 2: “El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva. que no podrá exceder de seis meses. dicha circunstancia se debe al tránsito de legislación ocurrido en su desarrollo. el hecho de que un cargo de carrera se provea en provisionalidad mientras se agotan las etapas del concurso de méritos. Ello es así. por ende. no implica el desconocimiento de su derecho de asociación. Así lo ha precisado la Corte Constitucional: “El reemplazo de un servidor judicial nombrado en provisionalidad. pone de presente que el Acuerdo 160 de 1994 no perdió fuerza ejecutoria. Así las cosas. al desempeñar sus labores en provisionalidad. por el contrario es el instrumento para cumplir lo dispuesto en los artículos 132 numeral 1 y 167 inciso 2 de la Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.)” 40 Circular No.40 (Negrillas de la Sala) 39 Ley 270 de 1996. la supuesta pérdida de fuerza ejecutoria tampoco es un argumento que permita a la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida (Valle) dejar de proveer. no materializa la figura del despido. no ha perdido sus fundamentos de hecho y de derecho. inexistente.
en este caso no se requiera de la calificación judicial a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. la Sala confirmará la decisión del Tribunal por considerar que se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.Los argumentos planteados. en ese caso el desempeño en el cargo está sometido a una condición resolutoria. Conclusión Conforme a lo anterior. si un vínculo es esencialmente temporal. una vez que concurran los requisitos para la finalización del mismo. dicho mecanismo de protección no puede cambiar la naturaleza de los vínculos de los trabajadores. FALLA CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo”. La protección del derecho de asociación de los trabajadores en virtud del fuero circunstancial. Co: Cuando se solicita el cumplimiento de un acto de carácter particular. debe ser el titular del derecho lesionado o el interesado quien interponga la acción. por lo tanto. La Presidente del Consejo sí le asiste interés para interponer la acción de cumplimiento. reglamentado por el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978. resultan aplicables también para el fuero circunstancial. dado que consagran un deber imperativo. En mérito de lo expuesto. pues su vínculo está destinado a desaparecer una vez provisto el cargo en propiedad. La potestad de aplicar la excepción de ilegalidad está limitada a los jueces en lo contencioso administrativo . dada la naturaleza del nombramiento en provisionalidad. no puede entenderse de manera absoluta. de ahí que. en efecto. pues el ejercicio de dicha acción constitucional está comprendido entre las funciones que legalmente se le han atribuido. en virtud de la cual. por consiguiente. ni de la Resolución 789 de 2001. inobjetable y exigible y que. como es el caso del nombramiento en provisionalidad. el nominador debe proceder conforme la ley haya previsto. la Juez Segundo Promiscuo Municipal ha sido renuente en el cumplimiento del mismo. SECCIÓN TERCERA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. es claro que ninguno de los argumentos de los demandados justifican el incumplimiento de los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2 . pues se trata de figuras análogas. que continúan vigentes pues la Ley 584 de 2000 no derogó lo dispuesto en ellos. la desvinculación de quien desempeña un cargo en esas condiciones no constituye despido. una vez provisto el cargo en propiedad se termina el vínculo. así. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. pues pese al requerimiento del Consejo Seccional de la Judicatura no ha aplicado la lista de elegibles contenida en la Resolución 789 de 2001 como consta a folio 33 del cuaderno principal. pues. EL CONSEJO DE ESTADO.
dado que consagran un deber imperativo. 2.Ha habido incumplimiento de los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2. Se asigna el Número Único de Radicación y se Oficina Reparto reparte la demanda. Inscripción o registro en el Sistema Siglo XXI. 5. Remisión de la demanda al Oficina Reparto despacho judicial correspondiente. Foliar. Pasa a despacho para resolver sobre la ADMISION o Juez RECHAZO Ídem Tres (3) días Art. Mismo día Acuerdo Sala Adva C. 8. es decir. Ley 393/97 . Se presenta la demanda en la Oficina Reparto correspondiente Oficina Judicial u Oficina de servicios para el reparto de ley. S. Ídem Ídem Mismo día Estas actuaciones deben hacerse inmediatamente. 6. 4. Mismo día Mismo día recibo de demanda Ídem Ídem de la Estas actividades deben realizarse el mismo día de la presentación de la demanda. o a más tardar el día de recibo de la demanda en el Juzgado ________________ Plazo máximo en el despacho del 12 Juez 7. Recibo de la Secretaría demanda por el Juzgado despacho. y de la Resolución 789 de 2001. J. 3.Caratular. o Ídem en el que haga sus veces. una vez se presente la demanda a la Oficina encargada de realizar el Reparto. inobjetable y exigible *** PROTOCOLO PROCESO ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Augusto Morales Valencia ACTUACION DEPENDENCIA TERMINO NORMA COMENTARIO 1.
181 C. por estado día siguiente y comunicación telegráfica No recurso (Art.C.C. auto de Sala Plena de 27 de junio de 2000.. 393/97) 12 Auto sustanciación Notif.A. y 352 C. Exp. Ley 393/97 11. 393/97) Art.9. 393/97.A.P. (arts. 12 Auto interlocutorio L. M. REMISION Juez A la mayor Art. por estado día siguiente y comunicación telegráfica Recurso de apelación (Consejo de Estado. 393/97 Notif.C. Dr. por estado día siguiente y comunicación telegráfica 10. CORRECCION Juez Dos (2) días Art. 16 L.P. RECHAZO Juez Tres (3) días No recurso (Art. 143 Si observa que brevedad C. Auto interlocutorio Notif. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 16 L. 30 L. existe incompetencia por el factor territorial. . ACU-1443). dentro tres (3) días siguientes notific.
P. y 315 ss C.C. presentación o 393/97 Notificación corrección. 22 L. 15 Sentencia potestativa L.12. Contestación demanda y Demandado petición pruebas Juez 16. si no es posible. ADMISION Juez DEMANDA No recurso Tres (3) días Art. 393/97.C Notif. comunicación telegráfica u otro medio que garantice derecho defensa Notificación personal demandado. 393/97 Tres (3) días inmediatamente Art. 14. 13 Auto sustanciación siguientes a su L. Estado al demandante día siguiente y comunicación telegráfica. 124 Auto sustanciación C.P. admisión 393/97 Art. Tres (3) días No recurso Art. 393/97 Notificación personal (arts. 13 Se recibe en la Secretaría L. Cumplimiento inmediato(Sentenc.) . Análisis y Juez decisión sobre procedencia recurso Tres (3) días Art. Anticipada). por estado día siguiente y comunicación telegráfica 13. 13 Término se cuenta a partir de la L. Entrega copia Secretaría demanda y anexos 15.
Tres (3) días a Art. si deniega o rechaza pruebas Se pueden solicitar informes (1-5 días para rendirlos. Recurso Afectado con reposición auto denegación o rechazo pruebas 17. 19 Auto interlocutorio estado proceso L.P. 26 Recibo Secretaría L. 19.C.P. 393/97 Notif. por estado y comunicación telegráfica. por la autoridad partir 393/97 renuente o por el notificación representante de la entidad a la que pertenezca y por el Defensor del Pueblo Juez . 393/97) Notif. Terminación Juez anticipado y condenación en costas Un (1) día. Auto sustanciación. 393/97 notificación en 18. Resolución Juez Recurso Reposición recibe Un (1) día. 30 L. 13 Notificación partir admisión L.C. personal (arts. 16. Impugnación Sentencia Veinte (20) días contados a Art. SENTENCIA 20.) en Por demandante. 16 Auto interlocutorio siguiente a la L. 17 L. Art. 22 de la demanda 393/97 L. si accede pruebas Auto interlocutorio. y comunicación telegráfica.15. 393/97. por estado. auto pruebas Juez Tres (3) días Arts. Art. y 315 ss C. 393/97 y 124 C. 16 Se Secretaría siguiente a L. por estado y comunicación telegráfica Cualquier Art. 393/97 notificación Notif. Art.
393/97 Num.21. superior cumpla 393/97 Notif. incumplido quien podrá pedir pruebas y podrá acompañar documentos y pruebas anticipadas que . personal y traslado por tres 137 (3) días al C. por estado y comunicación telegráfica 24. por estado y comunicación telegráfica En cualquier época por incumplimiento orden judicial emanada L. 29 Auto interlocutorio L. 393/97 y art. comunicación telegráfica No recurso 23. interlocutorio 393/97 Notif. 393/97 No recurso Art. 25 L. después ejecutoria se 393/97 remite Art. 21 y art. Desacato Juez (INCIDENTE) No recurso Vencidos cinco Art. salvo que este efecto genere perjuicio irremediable para el accionante 22. 393/97 Auto sustanciación Notif. 27 L. Decisión Ad Tribunal Quem 22. 27 L. se concede por regla general en efecto suspensivo. Notif. Requerimiento Juez al superior de quien desacata Diez (10) días siguientes a la recepción del expediente o Diez (10) días o plazo mayor justificado.C. adopción Juez medidas para exigir cumplimiento fallo y ordena investigación disciplinaria 25. 26 expediente L. 25 Auto interlocutorio (5) días sin que L. contados a partir ejecutoria fallo Vencido el plazo para el cumplimiento Art. 393/97 Art. 25 Auto L. Análisis y Juez concesión recurso si reúne requisitos. Cumplimiento Autoridad sentencia particular obligado Un (1) día Art. 5 art.P. por estado.
Se practican dentro de un término de diez (10) días Diez (10) días Art. 137 estado término traslado.P. si reúne requisitos concede recurso en efecto suspensivo ________________ 25. 393/97 y 352 C.C.C pedidas y las que decrete de oficio. interlocutorio Notif. Notif.4.P.P.5 sanción Consulta _______________ ______________ Vencido término ejecutoria auto que impone sanción sin apelación remite expediente superior Tres (3) días siguientes a recibo expediente ________________ Art.5 Decisión del Tribunal Ad Quem confirmando o revocando 25.C. 29 Auto sustanciación L. . por estado Afectado con Tres (3) días sanción (art. por estado 393/97 25. Decisión Juez incidente 25.P. 3 Notificación Vencido art. Art. Notif.P.1 Auto pruebas Juez 25.C. 393/97 Notif. auto de estar a lo dispuesto por el superior Art. 39 C. por estado. Tres (3) días 25.6 Regreso del Juez expediente.C.25. las C. 29 Auto interlocutorio L. 124 Auto C. 124 Auto sustanciación C. 29 Recibo Secretaría L. por estado Auto sustanciación Notif.3 Impugnación tenga en su poder si no se hallan en el expediente. por estado en Art.2. por Num. Análisis Juez recurso.
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