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Timestamp: 2020-01-21 05:12:00
Document Index: 196164560

Matched Legal Cases: ['artículo 163', 'artículo 66', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 366', 'artículo 72', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 73', 'artículo 82', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 128', 'artículo 36', 'artículo 162']

Consejo de estado - Página 2
CONSEJO DE ESTADO - Competencia. Errores in procedendo e in judicando de los árbitros / ARBITROS - Errores in procedendo e in judicando
RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - No es una instancia adicional
LAUDO ARBITRAL - Causal octava de anulación del artículo 163 del decreto 1818 de 1998
COMISION DE REGULACION DE SERVICIOS PUBLICOS - Competencia para resolver conflictos entre operadores
ARBITROS - Competencia. Ejercicio hermenéutico / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO - Competencia. No se extiende al control jurídico de los actos administrativos / ACTO ADMINISTRATIVO - Los árbitros abordaron el aspecto relacionado con su fuerza ejecutoria, vigor u observancia
Si bien es cierto que, y así lo ha señalado en otras oportunidades la Sección, no es posible que la justicia arbitral conociera y determinara la legalidad de actos administrativos generales y aquellos actos particulares contractuales que involucren el ejercicio de potestades exorbitantes, cuya competencia en cuanto a determinar su validez corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no lo es menos que el análisis realizado por los árbitros en el laudo arbitral para despachar, entre otros aspectos, la excepción formulada por la ahora impugnante relacionada con la derogatoria de la Resolución CRT 463 de 2001, no corresponde a los eventos censurados por la jurisprudencia, sino que se refiere al ejercicio hermenéutico propio de cualquier fallador, inclusive de los árbitros, para resolver el asunto que se les somete a su consideración por voluntad de las partes de un litigio. En efecto, en el laudo arbitral del sub examen, los árbitros manifestaron, entre otros aspectos, que no era de recibo la excepción de derogatoria de la Resolución CRT 463 de 2001, por cuanto la misma ETB en los alegatos de conclusión se fundamentó en su existencia y en las comunicaciones que dirigió a otras operadoras se acogió a ella y, por ende, se había beneficiado de sus efectos económicos, por lo que no le era dable con fundamento en el principio de la buena fe, venir contra sus propios actos; igualmente, mencionó que la Resolución 469 de 2002 no derogó el contenido de la 463 de 2001, según la secuencia de normas del régimen de interconexión, las circunstancias en que fueron expedidas y los antecedentes previos, así como de acuerdo con la explicación que había realizado la autoridad que lo expidió, esto es, la CRT, en la Circular 40 [de 2002]. En el contencioso administrativo la validez del acto administrativo consiste en su ajuste y concordancia con las normas superiores, porque no infringe los preceptos jurídicos en los que debía fundarse, fue expedido con competencia, en forma regular, con respeto del derecho de audiencias o defensa, sin falsa motivación y sin desviación de las atribuciones propias de quien lo expidió (art. 84 C.C.A); al paso que la ejecutividad del acto hace referencia a su obligatoriedad, esto es, a la plena producción de los efectos jurídicos que se predican de él, estando en firme y siendo válido, y sin que haya perdido esa fuerza ejecutoria por la ocurrencia de los eventos previstos en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, entre ellos el de la pérdida de vigencia por su derogatoria. La vigencia de una norma, incluyendo dentro de esta categoría los actos administrativos generales, es entendida como la época en que ésta comienza a regir, estos es, a producir efectos jurídicos y su prolongación o proyección con esta propiedad en el tiempo, con el fin de regular con carácter vinculante y coercitivo las situaciones fácticas que ella contempla y otorgar las consecuencias jurídicas que la misma establece para los supuestos por los cuales fue expedida, obligatoriedad que se pierde entre otros eventos jurídicos por su derogatoria.
De las pretensiones de la demanda transcritas al comienzo de esta providencia, frente a lo resuelto, no se vislumbra un pronunciamiento incongruente, en la medida en que se solicitó declarar que la ETB S.A. ESP., estaba obligada a pagar a COMCEL S.A., por concepto de CARGO DE ACCESO, los valores establecidos bajo la Opción 1: “Cargos de acceso por Minuto” previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002, así como condenarla como consecuencia de ello, y eso fue lo que se sentenció por el tribunal, luego de surtido el trámite arbitral. Para la Sala este cargo tampoco puede prosperar fundamentalmente porque se trata de un ataque de mérito o de fondo al laudo y no sobre la actividad in procedendo de los árbitros, motivo por el cual no puede ser de recibo para quebrar la validez del laudo en estudio, por cuanto esta Corporación no se encuentra autorizada por la ley para entrar a analizar si las consideraciones de los árbitros cayeron o no en error jurídico o vicio in iudicando o valoraron inadecuadamente el acervo probatorio cuando decidieron sobre las materias que le fueron sometidas en el pacto arbitral y la convocatoria al proceso, toda vez que este asunto se encuentra por fuera del análisis del recurso extraordinario de anulación de laudos, según se explicó a propósito de las generalidades del mismo al comienzo de esta providencia.
Este no es un medio que permita la apertura de una instancia adicional, en la que se actúe como superior jerárquico del tribunal arbitral, para entrar a examinar de fondo el asunto en cuanto a los hechos que fueron materia de decisión o sobre el valor que se le otorgó a cada una de las pruebas o inferencias que en derecho éste aplicó, materia ésta que, precisamente, es de la competencia de los mismos por expresa voluntad de las partes.
RECURSO DE ANULACIoN - Errores aritméticos o disposiciones contradictorias del laudo arbitral / LAUDO ARBITRAL - Errores aritméticos o disposiciones contradictorias / RECURSO DE ANULACION - Numeral 7 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. Requisito de procedibilidad. Condiciones
La esencia de la causal contemplada en el numeral 7º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 (numeral 7º artículo 163 del Decreto 1818 de 1998), por cuya inteligencia se encuentra viciado el laudo cuando en su parte resolutiva contiene errores aritméticos o disposiciones contradictorias, de semejante linaje a la establecida para el recurso extraordinario de casación (artículo 366 No. 3 del C. de P. Civil) y equivalente a la tercera que establecía el artículo 72 de la Ley 80 de 1993. La Sala también ha recalcado que en tratándose de esta causal debe cumplirse con el requisito de procedibilidad en ella contemplado, toda vez que “…cuando la norma alude a la reclamación oportuna de tales irregularidades ante el Tribunal de Arbitramento, debe entenderse que aquella reclamación debe efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la expedición del laudo arbitral, contemplados en el artículo 36 del decreto ley 2.279 de 1989, días en los cuales se puede pedir la aclaración, la corrección y/o la complementación del mismo laudo…”; y que la contradicción del laudo para que sea anulable, debe buscarse entre las disposiciones contenidas en la parte resolutiva y no entre ésta y la motiva o solo en esta última, salvo en condiciones muy particulares en que se torna imposible prescindir de la parte motiva. De acuerdo con lo anterior, la procedencia de la causal del numeral 7º artículo 38 del Decreto ley 2279 de 1989, en cuanto a su último supuesto está condicionada: i) a que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento ii) a que las contradicciones que se alegan estén presentes en la parte resolutiva del laudo; y iii) a que determinen la imposibilidad de ejecutar sustancialmente la decisión contenida en la parte resolutiva, como cuando “…una afirma y otra niega, o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obligación y la otra el pago...”. Nota de relatoría: Ver Sentencia de 14 de abril de 2005, Exp. 25.489, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En similar sentido Sentencia 6 de junio de 2002, Exp. 20634 y Sentencia del 16 de agosto de 1973, reiterada en la sentencia del 18 de agosto de 1998, Exp. C-4851 (S-070-98) Corte Suprema de Justicia. Ver Sección Tercera, Sentencia de 11 de marzo de 2004, Exp. 25021 C.P. María Elena Giraldo Gómez y Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326
Los análisis tendientes a concluir enfáticamente que las Comisiones de Regulación no cumplen funciones judiciales, en éste caso resultaban totalmente innecesarios tanto por su falta de pertinencia como por lo inanes, puesto que dicho asunto jamás ha estado en discusión en tanto de lo dispuesto en los artículos 68, 69, 70, 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 surge con absoluta claridad y evidencia que tales entidades cumplen las funciones presidenciales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y que su naturaleza jurídica corresponde a la de Unidades Administrativas Especiales adscritas al respectivo Ministerio, a lo cual se agrega el hecho de que las funciones que legalmente les fueron asignadas no se encuentra una sola de naturaleza jurisdiccional. En efecto, aun cuando la Ley 142 de 1994 en el artículo 73.8 atribuyó expresamente y de manera general a las Comisiones de Regulación la facultad de “Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas” sin que en el contenido de dicha facultad se haya hecho distinción alguna respecto del contenido del conflicto, como tampoco alude a determinados tipos contractuales, lo cierto es que la referida atribución funcional fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1120 del 1 de noviembre de 2005. La sentencia de la Sala a la cual se refiere el presente Salvamento de Voto, entra también en contradicción con el reconocimiento efectuado por la Corte Constitucional a la función arbitral que se desprende del ejercicio de la facultad de resolución de conflictos que cumplen las Comisiones de Regulación, pues en dicha providencia se afirmó enfáticamente que “no es posible asimilarlas a sus homólogas foráneas… que tienen “competencias parajudiciales”,… en donde su intervención se trata de un verdadero arbitraje”.En tal sentido vale la pena citar las siguientes apreciaciones doctrinales: “En las regulaciones de las comisiones independientes, es un fenómeno común la atribución de competencias de tipo arbitral. (…). [La] crítica a los poderes arbitrales de la Administración está ahora ya del todo vencida por la evolución del papel de las Administraciones Públicas en la ordenación y supervisión del funcionamiento de los sectores económicos. Una de las competencias que en todos los ordenamientos se considera indispensable es la que permite la resolución inmediata de los conflictos que se generan entre los operadores que actúan en los mercados. Estas controversias requieren una solución casi instantánea, que es imposible que pueda esperar al debate judicial, que siempre se produce de un modo irremediablemente más lento. Las comisiones reguladoras independientes han sido, por ello, llamadas a ejercer una función de arbitraje que resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del mercado. Es esta función un componente esencial de las competencias de regulación que se atribuyen a las indicadas comisiones.”
CONSEJO DE ESTADO - Competencia. Recurso de anulación / RECURSO DE ANULACION - Empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios. Causales / EMPRESAS MIXTAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Naturaleza jurídica
El laudo que se estudia dirimió las controversias surgidas entre la ETB SA. ESP y COMCEL, con ocasión de un contrato de interconexión de redes celebrado en 1998. No hay duda que se está en presencia de un contrato suscrito por una empresa de servicios públicos domiciliarios -en adelante ESP- cuya naturaleza jurídica es la de ser mixta, su socio mayoritario es el Distrito Capital. Esta Corporación, en varias ocasiones, ha definido la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias donde son parte las empresas de SPD. Lo significativo de la sentencia de la cual me aparto, en relación con este punto, es que la Magistrada Ponente, quien siempre salvó su voto en esta materia, ahora acepta que esta jurisdicción es la competente para conocer de los conflictos de las empresas mixtas de SPD. De esta forma, no sólo se mantiene el criterio que desde hace varios años se sostenía, sino que ahora existe consenso y unanimidad en la Sección. En efecto, es necesario recordar que luego de la entrada en vigencia de las leyes 142 y 143 de 1994, por medio de las cuales se reguló el régimen de prestación de los SPD, se suscitaron diferencias entre las distintas corporaciones judiciales, quienes vacilaban al momento de establecer cuál era el juez de estas controversias, en razón al derecho privado y al régimen de libre competencia al que se sujetan las empresas. El tema adquirió estabilidad con la entrada en vigencia de la ley 1.107, por medio de la cual se modificó el artículo 82 del CCA., al precisar aquella jurisdicción conocerá de las controversias originadas en litigios de las “entidades públicas”. Sin embargo, el parágrafo del art. 2 de dicha normatividad señaló que se mantenían, entre otras, las competencias previstas en las leyes 142 de 1993 y 712 de 2001. Frente al presente caso, además de reiterar la anterior posición, examinaré la naturaleza jurídica de las empresas mixtas de SPD -tema que la sentencia abordó de manera excesivamente rápida, pese a la importancia que tenía en este momento en particular-, teniendo en cuenta que se han proferido nuevas decisiones judiciales que han incidido poderosamente en la consolidación de la postura que tradicionalmente ha manejando esta Sección, de las que se ocupa y comparte la sentencia de la cual me aparto, lo que, en esta materia, creo es un gran acierto. Es claro que las empresas mixtas de SPD, así como las privadas que prestan SPD con algún porcentaje de participación estatal, son entidades estatales, sin importar el porcentaje de participación pública en la sociedad, pero no son sociedades de economía mixta, de manera que por ese sólo hecho esta jurisdicción tiene competencia para conocer de sus controversias, sin importar el monto del capital público; al paso que tratándose de las Sociedades de Economía Mixta convencionales, es decir, las de la ley 489 de 1998, deben tener un porcentaje de participación pública superior al 50% para que su juez sea esta jurisdicción. A manera de conclusión -que deduzco de la sentencia de la cual me aparto-, de esta ya larga discusión sobre la naturaleza jurídica de las empresas mixtas de SPD, que han protagonizado tanto la doctrina como la jurisprudencia colombiana, y con lo cual se cierra definitivamente esa etapa de indefinición e incertidumbre en que se han movido estas empresas -situación que data desde la expedición de la ley 142 de 1994 hasta hoy- y, del mismo modo, a manera de síntesis unificadora de las distintas providencias del Consejo de Estado -en particular las de la Sección Tercera de marzo 2 de 2006 (exp. 29.703) y de febrero 8 de 2007 (exp. 30.903)- y de la Corte Constitucional -en especial la sentencia C-736 de 2007-, es posible concluir lo siguiente: Las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto -es decir, aquellas que tienen un capital público superior al 50%-, ii) así como las privadas con participación estatal -esto es, aquellas que tienen capital público inferior al 50%- son entidades descentralizadas y pertenecen a la rama ejecutiva del poder público, y por esta misma razón son entidades estatales. Por oposición, iii) las empresas privadas sin participación pública -o sea, aquellas que tienen capital 100% privado- pertenecen al sector privado. Pertenecen a la rama ejecutiva del Estado las empresas mixtas de SPD y las privadas que tienen participación estatal, por aplicación de la sentencia C-736 de 2007, pues dijo la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 14, numerales 6 y 7, de la ley 142 de 1994, que toda sociedad donde exista participación pública y privada, sin importar el monto del ca pital con que concurra el Estado, forma una entidad estatal que pertenece a la estructura del Estado. Es incorrecto decir que la ley 489 de 1998, solo dispone que integran la rama ejecutiva del poder público las “empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”, lo cual se ha deducido equivocadamente del hecho de que el artículo 38, literal d), señala que hacen parte de ella “d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”. Estas entidades también pertenecen a la estructura del Estado toda vez que el propio artículo 38 establece, en la letra g), que integran la rama ejecutiva “g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.” No bastaba con establecer que las empresas industriales y comerciales del Estado pertenecen a la estructura del Estado para entender allí incluidas todas las ESPD oficiales, porque habrían quedado por fuera las empresas oficiales constituidas como sociedades por acciones; de ahí que fuera necesaria la expresa previsión que se hizo en los arts. 38 y 68, en el sentido de que hacen parte de tal estructura las empresas oficiales de SPD a fin de recoger en este concepto las dos formas jurídicas que ellas podían adoptar. De allí que deba entenderse que la referencia expresa, en ambos artículos, a este tipo de empresa, no significa que las mixtas de SPD y las privadas con participación pública hayan quedado excluidas de la estructura del Estado, pues ellas quedaron recogidas en otros apartes de las normas citadas El sólo hecho de que una entidad estatal se cree, o se constituya, o se rija por el derecho privado no hace que su naturaleza jurídica necesariamente sea de derecho privado, pues con este criterio incluso las sociedades de economía mixta convencionales serían entidades privadas, lo cual es a todas luces un despropósito, como lo señaló la propia Corte Constitucional en la sentencia C-953 de 1999. Puede ocurrir, perfectamente, que una entidad estatal se cree o rija, en mayor o menor medida, según las reglas propias del derecho privado, lo que no la convertirá en privada, pues este criterio desconocería que el legislador, en muchos campos -pero no en forma absoluta- tiene la potestad de escoger el régimen jurídico de las entidades que crea o autoriza crear, sin que eso desdibuje su naturaleza de entidad pública. Incluso, puede asignar regímenes jurídicos diferenciados a entidades estatales de idéntica naturaleza, siempre que existan razones que justifiquen el trato distinto. Una razón más que afirma la competencia para conocer del recurso de anulación, en el caso concreto, es que si una de las partes que celebró el contrato es entidad estatal, también es estatal el contrato objeto del litigio. Así, en el mismo sentido que se viene analizando, de conformidad con lo previsto en el artículo 128.5 del Código Contencioso Administrativo -en los términos en que fue modificado por el numeral 5 del artículo 36 de la Ley 446 de 1998-, y en virtud de lo ordenado por el artículo 162 del Decreto 1818 de 1998-, esta Corporación es competente para conocer, de manera privativa y en única instancia, del recurso de anulación.
Esta causal de anulación corresponde, con similar redacción, a la contemplada en el numeral 4 del art. 72 de la ley 80 de 1993. No obstante, es claro que su fuente, para efectos del estudio del caso concreto, es el del primer ordenamiento jurídico citado. Sin embargo, para su análisis, desde el punto de vista de su explicación, contenido y justificación, se tendrán en cuenta los criterios jurisprudenciales que respecto de una y otra disposición ha emitido esta Sala, por ser exactamente idénticos. En tal sentido se ha dicho que se configura siempre que se esté ante una de las siguientes circunstancias: i) que el laudo recaiga sobre materias no susceptibles de ser sometidas a arbitramento, contrariando con ello la Constitución y la ley, ii) que se aborden asuntos que las partes no dejaron sujetos a la decisión de los árbitros, desconociendo que la competencia está limitada y restringida a la materia que señalen las partes, y iii) que se exceda la relación jurídico procesal delimitada por la demanda y su contestación, violando el principio de congruencia.
Para establecer cuándo un laudo incurre en la causal que se comenta, habrá de establecerse si los árbitros se pronunciaron, exclusivamente, sobre los temas contemplados en la cláusula compromisoria. En tal sentido, en junio de 2002, sobre el alcance de esta causal, la Sala afirmó que: De una parte, permite al juez del recurso verificar si los árbitros se pronunciaron únicamente sobre los puntos sujetos a su decisión, teniendo en cuenta que su competencia está limitada y restringida a la materia que le señalen las partes y a ella exclusivamente deben circunscribirse. Por lo tanto, para determinar la procedencia de dicha causal deberá efectuarse un análisis comparativo entre el pacto arbitral, las pretensiones de la demanda, la contestación de la misma y el laudo, con el fin de establecer la competencia de los árbitros y la congruencia del fallo, principios ínsitos en toda decisión judicial. Nota de relatoría: Ver Sentencia de 20 de junio de 2002. Rad. 19.488
Desde un punto de vista general, es decir, en un sentido muy amplio, la regulación es una noción que abarca todo aquello que pueda catalogarse como normatividad, a la cual se someten los sujetos en el desarrollo de sus actividades. Así, tenemos que, de forma amplia, el concepto puede comprender tanto las leyes expedidas por el Congreso, como los reglamentos, proferidos por diferentes autoridades, en ejercicio de la función administrativa. Depurando un poco más el concepto, se tiene que, por mandato constitucional, el Estado está legitimado para intervenir, normativamente hablando, en el ámbito social y económico, porque se trata de una actividad que compromete los intereses públicos y para ello ejerce una función de regulación de múltiples sectores y tareas específicas. Por lo tanto, puede decirse que cuando el Estado actúa y se pronuncia buscando el correcto funcionamiento de la economía y de la sociedad, ejerce una forma de regulación. Sin embargo, este término abarca diversas significaciones, lo que genera dificultades, al momento de definir su naturaleza, pues la discusión en torno al papel que juega el Estado en la economía no es pacífica. Entre la variedad de competencias asignadas a la regulación de los servicios públicos domiciliarios, en manos de las Comisiones de Regulación por delegación, se encuentra la potestad de resolver conflictos entre empresas, según lo indica la ley 142 de 1994. En efecto, en desarrollo del art. 367 de la Constitución, según el cual al legislador le corresponde fijar las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de servicios públicos, bajo el título V de la ley 142 de 1994, sobre “Regulación, control y vigilancia del Estado en los servicios públicos”, se plasmaron las funciones generales y especiales de las Comisiones de Regulación. En particular, entre las competencias asignadas a la Comisión de Regulación se encuentra una que ha sido objeto de debates en la doctrina y la jurisprudencia, en razón de su posible vicio de inconstitucionalidad. Se trata de la función de resolución de conflictos. Esta potestad de resolver conflictos, en sede administrativa, ha sido objeto de inconformidad por parte de la doctrina jurídica de los SPD, de las mismas empresas de servicios públicos e incluso la jurisprudencia, quienes han dudado de su ajuste adecuado a la Constitución, pues esta función se comporta, en un sentido amplio, de manera parecida a la jurisdiccional, generándose discrepancias sobre su alcance y contenido, bien porque limita el acceso a la administración de justicia o bien porque confiere potestades de solución de controversias a autoridades administrativas. Esta potestad de resolver conflictos encarna y realiza, como lo dice la Corte Constitucional, la función regulatoria, de manera que su resultado es un acto administrativo particular, que afecta a una empresa o persona determinada, lo cual evidencia que la regulación se puede contener en diversos instrumentos jurídicos, entre ellos, en actos administrativos particulares o generales, y, en otras ocasiones, en reglamentos y en otro tipo de instrumentos jurídicos que sirven de medio de expresión de la voluntad de la administración que regula. En particular, la doctrina moderna viene denominando esta función resolutoria de conflictos, como la “función arbitral de la administración”.No se puede pasar por alto que, efectivamente, la ley 142 de 1994, confirió una función regulatoria especial a las comisiones de regulación, que consiste en la potestad administrativa de resolver conflictos entre empresas, derivadas, entre otros, de los contratos que suscriben aquéllas entre sí -como el de interconexión celebrado en 1998, en el caso concreto- Esta facultad, además, fue declara exequible por la Corte Constitucional, de manera que, efectivamente, la CRT tenía competencia para resolver el conflicto puesto a consideración por COMCEL. La Sala niega esta competencia aduciendo que el conflicto tenía naturaleza jurisdiccional, no administrativa, y que por eso no podía conocerlo -ni lo conoció- la CRT. Insisto en que la CRT sí tenía competencia para dirimir el conflicto, pues se equivoca la Sala en decir que las comisiones de regulación sólo pueden resolver conflictos administrativos, y que este era judicial. De hecho, el presente asunto se trata del típico conflicto surgido entre operadores, con ocasión de un contrato de interconexión celebrado entre ellos. Además, la Sala también dice, erradamente, que admitir la competencia de la CRT para resolver estas controversias “… conllevaría… la eliminación en la práctica del contencioso contractual en los servicios públicos…”, argumento inadamisible, pues este tipo de temores, infundados por demás, no puede conducir al juez a declarar que, entonces, las comisiones de regulación no pueden resolver conflictos, cuando el legislador les ha asignado claramente esta función, y la Corte encontró que no viola la Constitución Política.