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Timestamp: 2017-06-24 00:04:50
Document Index: 32846882

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La Jurisdicción Universal - Historia Virtual del Holocausto
TRATADO DE VERSALLES DE 1919: Selecciona un apartado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En 1945, los tribunales de los victoriosos Aliados, de conformidad con la Ley Núm. 10 del Consejo del
Control Aliado, comenzaron a ejercer en nombre de la comunidad internacional la jurisdicción universal
con respecto a los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante la Segunda Guerra
Mundial fuera de sus territorios y contra personas que no eran ciudadanos suyos ni residentes en esos
territorios. Sin embargo, durante el medio siglo siguiente, sólo un reducido número de Estados
mantuvieron en virtud de su derecho interno la jurisdicción universal sobre tales delitos. En esos
cincuenta años, sólo algunos de ellos —como Australia, Canadá, Israel y el Reino Unido— ejercieron
alguna vez tal jurisdicción, y lo hicieron únicamente respecto de crímenes cometidos durante la Segunda
Guerra Mundial. Por desgracia, los Estados no ha ejercido la jurisdicción universal sobre delitos graves
comprendidos en el derecho internacional cometidos con posterioridad a esa guerra, aun cuando casi
todos ellos son Partes en al menos cuatro tratados que conceden a los Estados Partes jurisdicción
universal sobre tales delitos. La capacidad y el deber, en virtud del derecho internacional, de ejercer la
jurisdicción universal. Tradicionalmente, los tribunales de un Estado sólo tenían jurisdicción sobre las
personas que habían cometido un crimen en su propio territorio (jurisdicción territorial); pero, con el
paso del tiempo, el derecho internacional ha ido reconociendo que los tribunales pueden tener ciertas
formas de jurisdicción extraterritorial, como son las que se ejercen sobre los delitos cometidos fuera de
su territorio por los nacionales de un Estado (jurisdicción respecto de la persona activa), sobre los delitos
contra los intereses esenciales del Estado en materia de seguridad (jurisdicción por el principio de
protección) y, aunque en este caso la jurisdicción sea rechazada por algunos Estados, sobre los delitos
cometidos contra los nacionales del propio Estado (jurisdicción respecto de la persona pasiva). Asimismo,
empezando con la piratería en alta mar, el derecho internacional comenzó a reconocer que los tribunales
de un Estado podían ejercer en nombre de toda la comunidad internacional la jurisdicción sobre ciertos
delitos graves comprendidos en el derecho internacional que eran motivo de preocupación internacional.
Puesto que tales delitos amenazaban la totalidad de la estructura internacional del derecho, todo Estado
donde las personas sospechosas de tales delitos se encontraran podía llevarlas a los tribunales. El
derecho y las normas internacionales permiten y, en algunos casos, exigen ya a los Estados ejercer su
jurisdicción sobre las personas sospechosas de ciertos delitos graves comprendidos en el derecho
internacional, independientemente del lugar donde se hayan cometido esos delitos (incluso si es el
territorio de otro Estado), de que los sospechosos o las víctimas no sean nacionales suyos o de que los
delitos no hayan representado una amenaza directa a los intereses concretos del Estado en materia de
seguridad (jurisdicción universal).
Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 para la
protección de las víctimas de conflictos armados, que han sido ratificados por casi todos los Estados del
mundo, exigen a cada Estado Parte buscar a los sospechosos de cometer u ordenar cometer infracciones
graves de lo dispuesto en ellos, enjuiciarlos ante sus tribunales nacionales, extraditarlos a Estados en los
que exista prima facie una causa contra ellos o entregarlos a un tribunal penal internacional. Las
infracciones graves de los Convenios incluyen cualquiera de los siguientes actos cometidos durante
conflictos armados internacionales contra personas protegidas por los Convenios (como náufragos de las
fuerzas armadas, marinos o soldados heridos, prisioneros de guerra y civiles): el homicidio intencional, la
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; el hecho de causar
deliberadamente sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental; la
destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran
escala, ilícita o arbitrariamente; el hecho de obligar a un prisionero de guerra o a un habitante de un
territorio ocupado a prestar servicio en las fuerzas de la potencia hostil; el hecho de privar
deliberadamente a un prisionero de guerra o a un habitante de un territorio ocupado del derecho a un
juicio justo y ordinario; la toma de rehenes, y la deportación o traslado ilícitos o el confinamiento ilícito
de un habitante de un territorio ocupado.
El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas y la tortura. También se reconoce ya ampliamente que, en virtud del derecho internacional
consuetudinario y de los principios generales del derecho, los Estados pueden ejercer la jurisdicción
universal sobre los sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, otros crímenes de guerra
distintos de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra cometidos en conflictos armados
internacionales y crímenes de guerra cometidos en conflictos armados de carácter no internacional,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura. Los crímenes de lesa humanidad, definidos
ya en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), incluyen los actos
siguientes si se comenten de manera generalizada o sistemática: asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento y otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación otras formas de
violencia sexual, persecución, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos.
Asimismo, se reconoce cada vez más que los Estados no sólo están facultados para ejercer la
jurisdicción universal sobre estos crímenes sino que también tienen el deber de hacerlo o de extraditar a
los sospechosos a Estados dispuestos a ejercer esa jurisdicción. Por ejemplo, la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura),
adoptada en 1984, exige a los Estados Partes enjuiciar ante sus propios tribunales a los sospechosos de
tortura que se encuentren en su territorio o extraditarlos a un Estado que pueda y quiera hacerlo. El ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales nacionales sobre delitos cometidos durante la
posguerra. Durante muchos años, la mayoría de los Estados no concedieron a sus tribunales tal
jurisdicción en virtud del derecho interno. Al final, varios Estados, en su mayoría latinoamericanos,
promulgaron leyes que estipulaban el ejercicio de la jurisdicción universal sobre ciertos delitos
comprendidos en el derecho internacional cometidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
Entre ellos figuraban Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Noruega,
Panamá, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela. Muy pocos de estos Estados ejercieron alguna vez tal
Sin embargo, en los últimos años, empezando con el establecimiento de los tribunales penales
internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda (Tribunales de Yugoslavia y Ruanda) en 1993 y 1994, los
Estados han comenzado por fin a cumplir las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional
de promulgar una legislación que permita a sus tribunales ejercer la jurisdicción universal sobre delitos
graves comprendidos en el derecho internacional y de ejercer tal jurisdicción. En Alemania, Austria,
Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Suiza, los tribunales han ejercido la jurisdicción universal sobre
delitos graves comprendidos en el derecho internacional cometidos en la antigua Yugoslavia. En Bélgica,
Francia y Suiza, se han abierto investigaciones criminales o iniciado procesamientos por genocidio,
crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cometidos en 1994 en Ruanda, en respuesta a la
Resolución 978 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a los Estados a detener y recluir, de
acuerdo con su derecho interno y las normas pertinentes del derecho internacional y en espera de su
procesamiento por el Tribunal de Ruanda o por las autoridades nacionales, a las personas que se
encuentren en su territorio contra las que haya pruebas suficientes de su responsabilidad en actos de la
competencia del Tribunal de Ruanda.
Italia y Suiza han abierto investigaciones criminales sobre casos de tortura, ejecución extrajudicial y
desaparición forzada ocurridos en Argentina en los años setenta y ochenta. España, así como Bélgica,
Francia y Suiza, ha pedido la extradición desde el Reino Unido de ex jefe del Estado de Chile Augusto
Pinochet, contra quien que se ha dictado acta de acusación por esos delitos. El 24 de marzo de 1999, la
Cámara de los Lores del Reino Unido resolvió que no gozaba de inmunidad procesal penal por los cargos
de tortura y conspiración para la tortura que se le imputaban, y el ministro del Interior ha permitido que
los tribunales examinen la solicitud española de extradición por esos cargos.
La necesidad de que los Estados supriman las diferencias existentes en el Estatuto de Roma ejerciendo
la jurisdicción universal. En la Conferencia Diplomática de Roma de junio y julio de 1998, una
abrumadora mayoría de los Estados estuvieron de acuerdo en que se concediera a la Corte Penal
Internacional la misma jurisdicción universal que tienen ellos respecto del genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra. Sin embargo, debido a un acuerdo alcanzado en el último momento
con objeto de persuadir a ciertos Estados para que no se opusieran a la Corte, el Estatuto de Roma omite
tal jurisdicción si el Fiscal actúa a partir de información de fuentes que no sean el Consejo de Seguridad.
El artículo 12 del Estatuto limita la jurisdicción de la Corte a los delitos cometidos dentro del territorio de
un Estado Parte o a bordo de buques o aeronaves suyos y a los delitos cometidos por los nacionales de
un Estado Parte, a menos que un Estado que no sea Parte haga, en virtud de ese artículo, una
declaración especial en la que admita la jurisdicción de la Corte sobre delitos cometidos en su territorio o
a bordo de buques o aeronaves suyos o por sus nacionales. En cambio, el Consejo de Seguridad,
actuando de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para mantener o
restablecer la paz o en un caso de agresión, puede remitir a la Corte una situación relacionada con delitos
cometidos en el territorio de un Estado que no sea Parte.
La comunidad internacional debe garantizar que se suprimen estas diferencias en la protección
internacional. Los cuerpos legislativos de los Estados que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma
tendrán que promulgar una legislación sobre aplicación que permita la entrega de personas acusadas a la
Corte y exija a sus autoridades cooperar con ella. Al promulgar tal legislación, han de asegurarse de que
los tribunales nacionales pueden ser un complemento eficaz de la Corte Penal Internacional, para lo cual
deberán no sólo definir los delitos competencia de la Corte como delitos tipificados en el derecho interno
de manera compatible con las definiciones del Estatuto de Roma, sino también concediendo a sus
tribunales jurisdicción universal sobre los delitos graves comprendidos en el derecho internacional,
incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la ejecución extrajudicial,
la desaparición forzada y la tortura. Tales medidas, al potenciar un sistema integral de investigación y
procesamiento por crímenes comprendidos en el derecho internacional, contribuirán a reducir y,
finalmente, a eliminar los paraísos de protección que encuentran todavía los responsables de los peores
crímenes del mundo.
CATORCE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SOBRE
EL EJERCICIO EFICAZ DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL
PRINCIPIO 01: LOS DELITOS SOBRE LOS QUE SE DEBE EJERCER LA JURISDICCIÓN
Los Estados deben garantizar que sus tribunales nacionales pueden ejercer la jurisdicción universal y
otras formas de jurisdicción extraterritorial sobre las violaciones y los abusos graves contra los derechos
humanos y contra el derecho humanitario internacional.
Los Estados deben garantizar que sus tribunales nacionales ejercen en nombre de la comunidad
internacional la jurisdicción internacional sobre los delitos graves comprendidos en el derecho
internacional si se encuentra dentro de su territorio o jurisdicción una persona sospechosa de tales
delitos. Si no lo hacen ellos mismos, deben extraditar al sospechoso a un Estado que pueda y quiera
hacerlo o entregarlo a un tribunal internacional con competencia. Si un Estado no asume esta
responsabilidad, otros Estados solicitaran la extradición del sospechoso y ejercerán la jurisdicción
Entre las violaciones y abusos contra los derechos humanos sobre los que los tribunales nacionales
pueden ejercer la jurisdicción universal en virtud del derecho internacional figuran el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra (tanto si se cometen en conflictos armados
internacionales como en conflictos armados que no sean de carácter internacional), otros homicidios
deliberados y arbitrarios y la toma de rehenes (tanto si estos delitos han sido cometidos por un Estado o
por agentes no estatales, como miembros de grupos políticos armados), así como las ejecuciones
extrajudiciales, las «desapariciones» y la tortura.
Al definir los delitos graves comprendidos en el derecho internacional como delitos extraterritoriales
tipificados en su derecho penal, los cuerpos legislativos nacionales deberán garantizar que esa definición
es compatible con el derecho y las normas internacionales tal como se hallan recogidos en instrumentos
internacionales como el Convenio de la Haya IV, de 1907, relativo a las leyes y usos de la guerra
terrestre, y su reglamento anexo; la Carta de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, de 1945 y 1946; la
Ley Núm. 10 del Consejo del Control Aliado, de 1945, la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio, de 1948; los cuatro Convenios de Ginebra, de 1949, relativos a la protección de las
víctimas de los conflictos armados, y sus dos Protocolos Adicionales de 1977; la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984; los Principios de las
Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias o Sumarias, de 1989; la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 1992; el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y
la Seguridad de la Humanidad, de 1996, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998.
Al definir estos delitos, los cuerpos legislativos nacionales deberán tener también en cuenta los estatutos
y la jurisprudencia de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda.
Los cuerpos legislativos nacionales deberán garantizar que, de acuerdo con su derecho penal interno,
las personas estarán también sujetas a procesamiento por delitos extraterritoriales conexos e incipientes
como la asociación ilícita para cometer genocidio y la tentativa de comisión de delitos graves
comprendidos en el derecho internacional, la incitación directa y pública a cometerlos o la complicidad en
ellos. El derecho interno de los Estados debe también incorporar plenamente las normas de
responsabilidad penal de los jefes militares y los superiores civiles por la conducta de sus subordinados. PRINCIPIO 02: EL CARGO OFICIAL NO EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL.
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que sus tribunales nacionales tienen competencia
respecto de toda persona sospechosa o acusada de delitos graves comprendidos en el derecho
internacional cualquiera que fuera el cargo oficial de esa persona en el momento del presunto delito o en
cualquier otro momento posterior.
Todo derecho interno que autorice el procesamiento por delitos graves comprendidos en el derecho
internacional deberá aplicarse a todas las personas por igual, independientemente del cargo oficial que
hayan desempeñado o desempeñen, sea el de jefe de Estado, jefe o miembro del gobierno, miembro del
parlamento u otra posición que se ocupe como funcionario del Estado o representante elegido. Las Cartas
de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda y el
Estatuto de Roma han confirmado claramente que los tribunales tienen competencia respeto de las
personas sospechosas o acusadas de delitos graves comprendidos en el derecho internacional
independientemente del cargo o posición oficial que ocuparan en el momento del crimen o
posteriormente. La Carta de Nuremberg estipulaba que el cargo oficial de una persona declarada culpable
de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no podía ser considerado una circunstancia
La Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó unánimemente en la Resolución 95
(I), del 11 de
diciembre de 1946, los principios de derecho internacional reconocidos en la Carta y en la sentencia del
Tribunal de Nuremberg. Tales principios han sido aplicados por tribunales nacionales, así como
internacionales, en varias ocasiones, la más reciente de ellas al decidir la Cámara de los Lores del Reino
Unido que el ex jefe del Estado de Chile Augusto Pinochet podía ser considerado penalmente responsable
ante un tribunal nacional por el crimen, recogido en el derecho internacional, de tortura. PRINCIPIO 03: AUSENCIA DE INMUNIDAD POR DELITOS COMETIDOS EN EL PASADO.
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que sus tribunales tienen competencia respecto de
los delitos graves comprendidos en el derecho internacional independientemente de cuándo se hayan
El principio, internacionalmente reconocido, de nullum crimen sine lege (no hay crimen sin ley),
conocido también como principio de legalidad, es una importante norma del derecho penal sustantivo.
Ahora bien, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura se
consideraban delitos en virtud de principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional antes de ser codificados. Por tanto, los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que
los tribunales tienen por ley jurisdicción penal extraterritorial sobre los delitos graves comprendidos en el derecho internacional independientemente de cuándo se hayan cometido. Como dispone claramente el
artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), la promulgación de tal
legislación es totalmente compatible con el principio de nullum crimen sine
lege. El PIDCP establece que
nada de lo dispuesto en dicho artículo con respecto a la prohibición de imponer penas con efecto
retroactivo «se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el
momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad internacional». Por tanto, el hecho de que un Estado donde se cometió un crimen
comprendido en el derecho internacional no reconociera en ese momento que el acto cometido constituía
un crimen en virtud de su derecho interno no impide que ese Estado u otro cualquiera ejerzan la
jurisdicción universal en nombre de la comunidad internacional y procesen a la persona acusada de tal
PRINCIPIO 04: IMPRESCRIPTIBILIDAD.
Los cuerpos legislativos nacionales garantizarán que no se impone ningún plazo a la obligación de
procesar a una persona responsable de delitos graves comprendidos en el derecho internacional. Es un principio generalmente reconocido ya que los plazos fijados en muchos sistemas nacionales de
justicia penal para el procesamiento por delitos comunes tipificados en el derecho interno no son
aplicables en el caso de los delitos graves comprendidos en el derecho internacional. La última vez que se
reconoció tal principio fue el 17 de julio de 1998, cuando 120 Estados aprobaron en votación el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 29 dispone que el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra «no prescribirán». Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968,
estipula que estos crímenes no prescriben nunca, independientemente de cuándo se hayan cometido. Ni
los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias ni la Convención contra la Tortura contienen disposiciones que
eximan a los Estados del deber de enjuiciar a los responsables de tales crímenes fijando plazos para ello. La comunidad internacional considera ya que las desapariciones forzadas, cuando son generalizadas o
sistemáticas, constituyen un crimen que no prescribe. El artículo 29 del Estatuto de Roma dispone que los
delitos de la competencia de la Corte, incluida la desaparición forzada cuando se comete de manera
generalizada o sistemática, no prescriben, y el artículo 17 del Estatuto permite a la Corte ejercer su
jurisdicción concurrente si los Estados Partes no pueden o no quieren realmente emprender
investigaciones o procesamientos por tales delitos. Por tanto, la mayoría de los Estados han rechazado,
por considerarla desfasada, la parte del artículo 17.3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que parece permitir la prescripción
del crimen de desaparición forzada. No obstante, incluso en la limitada medida en que todavía se aplica,
esta disposición exige que, de haber prescripción, ha de ser «de plazo largo y proporcionado a la
extrema gravedad del delito», y el artículo 17.2 establece que si no se dispone de recursos eficaces, «se
suspenderá la prescripción relativa a actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos
recursos». Además, la Declaración dispone también claramente que todo «acto de desaparición forzada
será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de
la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos» (artículo 17.1; la cursiva es
PRINCIPIO 05: LAS ORDENES DE SUPERIORES, LA COACCIÓN Y LA NECESIDAD NO DEBEN
SER CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES PERMISIBLES.
Los cuerpos legislativos deben garantizar que las personas sometidas a juicio ante tribunales nacionales
por la comisión de delitos graves comprendidos en el derecho internacional sólo pueden presentar
eximentes compatibles con el derecho internacional. Las órdenes de superiores, la coacción y la
necesidad no deben ser circunstancias eximentes permisibles.
No se deben aceptar como circunstancias eximentes las órdenes de superiores. Las Cartas de los
Tribunales de Nuremberg y Tokio y los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda no admiten tal
eximente. El artículo 33.2 del Estatuto de Roma estipula que «las órdenes de cometer genocidio o
crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas», por lo que las órdenes de superiores no
pueden servir de circunstancia eximente en el caso de estos delitos. El artículo 33.1 dispone que la orden
de un superior no exime a un individuo de responsabilidad penal a menos a que se den las tres
circunstancias excepcionales siguientes: «a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por
el gobierno o el superior de que se trate; (b) No supiera que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera
manifiestamente ilícita». Dado que a los subordinados sólo se les exige que acaten órdenes lícitas, que en
el ejército la mayoría de los subordinados reciben formación en derecho humanitario y que los actos de la
competencia de la Corte son todos manifiestamente ilícitos, las situaciones en que las órdenes de
superiores pueden constituir ante la Corte circunstancias eximentes con respecto a crímenes de guerra
probablemente sean sumamente raras. En cualquier caso, esta circunstancia eximente está limitada a las
causas sustanciadas ante la Corte Penal Internacional y no afecta al derecho internacional vigente, que
prohíbe utilizar las órdenes de superiores como circunstancia eximente de responsabilidad penal por
crímenes de guerra en otros tribunales internacionales y en los tribunales nacionales.
El principio 19 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias dispone que «no podrá invocarse una orden de un funcionario
superior o de una autoridad pública como justificación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o
sumarias». El artículo 6.1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas estipula: «Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil,
militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada. Toda persona que
reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecer». Asimismo, el artículo 2.3
de la Convención contra la Tortura establece: «No podrá invocarse una orden de un funcionario superior
o de una autoridad pública como justificación de la tortura.»
La coacción o coerción ejercida por otra persona tampoco debe ser considerada circunstancia eximente
admisible. En muchos casos, y sin lugar a duda en los relativos a crímenes de guerra, la admisibilidad de
la coacción o coerción como circunstancia eximente permitiría a los encausados invocar disimuladamente
como eximente las órdenes de superiores. En muchos sistemas nacionales de justicia penal, la coacción o
coerción es admisible como circunstancia eximente en el caso de delitos comunes si el daño
presuntamente infligido por el acusado es menor que el daño corporal grave que había temido sufrir si se
hubiera resistido a la coacción o coerción. En el caso del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, cuesta imaginar cómo la comisión
de tales delitos podría ser lo que menos daño causaría. No obstante, la coacción o coerción puede ser
considerada en algunos casos una circunstancia atenuante a la hora de determinar la condena apropiada
a tales delitos graves.
En ningún caso circunstancias como un estado de guerra, un estado de sitio o cualquier otro estado de
excepción eximirán a las personas que han cometido delitos graves comprendidos en el derecho
internacional de responsabilidad penal por considerarse que lo hicieron por necesidad. Este principio está
reconocido en disposiciones de diversos instrumentos, incluidos el artículo 2.2 de la Convención contra
la Tortura, el artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y el artículo 19 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e
Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
PRINCIPIO 06: LAS LEYES Y DECISIONES INTERNAS ADOPTADAS CON OBJETO DE IMPEDIR
EL PROCESAMIENTO DE UNA PERSONA NO PUEDEN SER VINCULANTES PARA LOS TRIBUNALES
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que los tribunales de su país pueden ejercer su
jurisdicción sobre los delitos graves comprendidos en el derecho internacional en el caso de que los
sospechosos o acusados estén protegidos de la acción de la justicia en cualquier otra jurisdicción
La comunidad internacional en general tiene un interés legítimo en el procesamiento de los
responsables de delitos graves comprendidos en el derecho internacional con el fin de impedir la comisión
de tales delitos en el futuro, castigar su comisión en el pasado y contribuir al ofrecimiento de una
reparación a las víctimas. En realidad, cada Estado tiene el deber de hacerlo en nombre de toda la
comunidad internacional. Por consiguiente, si un Estado no cumple con su deber de poner a disposición
judicial a los responsables de tales delitos, los demás Estados tienen la obligación de tomar medidas. Del
mismo modo que los tribunales internacionales no están obligados a respetar las decisiones
adoptadas por el poder judicial, ejecutivo o legislativo de una jurisdicción nacional para proteger de la acción de la
justicia a los responsables de tales delitos mediante amnistías, simulacros de procedimientos penales o
cualquier otro plan o resolución, ningún tribunal nacional que ejerza la jurisdicción extraterritorial sobre
tales delitos tiene la obligación de respetar medidas de este tipo adoptadas en otras jurisdicciones para
impedir la acción de la justicia internacional.
Llevar a los tribunales a autores de delitos a los que se ha protegido de la acción de la justicia en otra
jurisdicción nacional es totalmente compatible con el principio de ne bis in idem o prohibición de ser
juzgado o condenado dos veces por el mismo delito en la misma jurisdicción. Como ha explicado el
Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos establecido en virtud del PIDCP para vigilar la
aplicación de este tratado, el artículo 14.7 del PIDCP «no garantiza el principio de non bis in idem en
relación con las jurisdicciones nacionales de dos o más Estados. El Comité observa que esta disposición
prohíbe el ser juzgado dos veces por un mismo delito sólo en relación con un delito particular en un
Estado concreto» (Caso A.P. v. Italy, Núm. 204/1986, 2 de noviembre de 1987, 2, Selected Decisions of
the Human Rights Committee under the Optional Protocol 67, Documento de la ONU
CCPR/C/OP/2, Núm.
de venta E.89.XIV.1 [traducción de edai]). La Comisión de Derecho Internacional, órgano de expertos
creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para codificar y desarrollar progresivamente el
derecho internacional, ha declarado que éste «no obliga a los Estados a reconocer una sentencia penal
pronunciada en un Estado extranjero» y que, si un sistema judicial nacional no ha funcionado
independientemente o imparcialmente o si los procedimientos han tenido por objeto eximir al acusado de
responsabilidad penal internacional, «no se debe exigir a la comunidad internacional que reconozca una
decisión adoptada como resultado de tan grave transgresión del proceso de la justicia penal»
(Report of
the International Law Commission's 48th session - 6 May to 26 July 1996), Documento de la ONU
A/51/10, 1996, p. 67 [traducción de edai]).
Las disposiciones de los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda y del Estatuto de Roma
que permiten a los tribunales internacionales juzgar a personas que han sido absueltas por tribunales
nacionales en simulacros de procesamientos o a las que otras decisiones nacionales han eximido de
someterse a la justicia internacional a pesar de ser sospechosas o estar acusadas de delitos graves
comprendidos en el derecho internacional son, por tanto, totalmente compatibles con las garantías del
derecho a un juicio justo establecidas en el derecho internacional.
PRINCIPIO 07: AUSENCIA DE INTROMISIONES POLÍTICAS.
La decisión de iniciar o interrumpir una investigación o un procesamiento por delitos graves
comprendidos en el derecho internacional debe tomarla únicamente el Fiscal, sujeto al debido examen
judicial sin menoscabo de su independencia, basándose sólo en consideraciones jurídicas y sin
intromisiones ajenas.
La decisión de iniciar, continuar o interrumpir investigaciones o procesamientos se debe tomar sobre la
base de la independencia y la imparcialidad. Como indica claramente la directriz 14 de las Directrices de
las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, éstos «no iniciarán ni continuarán un procedimiento,
o bien harán todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que la
acusación es infundada». Además, la directriz 13.a y b establece que la decisión de iniciar o continuar
procedimientos se tomará sin ejercer discriminación política, religiosa, racial, cultural, sexual ni de
ninguna otra índole y teniendo en cuenta la obligación internacional que tiene el Estado de enjuiciar y
ayudar a enjuiciar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y del derecho
humanitario internacional, los intereses de la comunidad internacional en general y los intereses de las
víctimas de los presuntos delitos.
PRINCIPIO 08: EN LOS CASOS DE DELITOS GRAVES COMPRENDIDOS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL, SE DEBEN EMPRENDER INVESTIGACIONES Y PROCESAMIENTOS SIN
ESPERAR A QUE SE PRESENTEN DENUNCIAS DE LAS VÍCTIMAS O DE OTRAS PERSONAS CON
INTERÉS SUFICIENTE EN EL CASO.
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que su derecho interno exige a las autoridades del
país ejercer la jurisdicción universal para investigar delitos graves comprendidos en el derecho
internacional y, si hay pruebas admisibles suficientes, iniciar procesamientos sin esperar a que una
víctima u otra persona con interés suficiente en el caso presenten una denuncia.
El deber de llevar a los tribunales en nombre de la comunidad internacional a los responsables de
delitos graves comprendidos en el derecho internacional implica que los Estados no pongan obstáculos
innecesarios a los procesamientos. Por ejemplo, no debe haber requisitos mínimos innecesarios como el
de que sólo se pueda iniciar una investigación o un procesamiento si una víctima u otra persona con
interés suficiente en el caso ha presentado una denuncia. Si existen pruebas suficientes para emprender
la investigación o pruebas admisibles suficientes para comenzar el procesamiento, se debe procede a
hacerlo. Sólo en casos excepcionales se podría, en interés de la justicia, lo cual incluye los intereses de
las víctimas, no hacer nada en tales circunstancias.
PRINCIPIO 09: RESPETO DE LAS GARANTÍAS DE JUICIO JUSTO INTERNACIONALMENTE
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que el Código de Procedimiento Penal garantiza a las
personas sospechosas o acusadas de delitos graves comprendidos en el derecho internacional todos los
derechos necesarios para que su juicio sea justo y se celebre sin demoras, respetando estrictamente el
derecho internacional y las normas internacionales sobre juicios justos. Todos los departamentos del
Estado, incluida la policía, el fiscal y los jueces, deben garantizar que se respetarán plenamente estos
A los sospechosos y acusados se les deben ofrecer todas las garantías de juicio justo y sin demora
reconocidas en el derecho y las normas internacionales. Tales garantías se hallan recogidas en
una amplia variedad de instrumentos internacionales, entre ellos los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; los artículos 9, 14 y 15 del PIDCP; las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, de la ONU; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, de 1988; los artículos 7 y 15 de la
Convención contra la Tortura; los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura; las
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, y los Principios Básicos de las
Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados. Estas garantías están también reconocidas en el
Estatuto de Roma y en los Estatutos y las Reglas de Procedimiento y Prueba de los Tribunales de
Yugoslavia y Ruanda, así como en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos.
Cuando un sospecho o un acusado sea sometido a juicio en una jurisdicción extranjera será esencial
proporcionarle un servicio de traducción e interpretación en un idioma que comprenda perfectamente y
hable, en todas las etapas de los procedimientos, durante su interrogatorio como sospechoso y desde el
momento de su detención. El derecho a contar con servicios de traducción e interpretación forma parte
del derecho a preparar la defensa.
Los sospechosos y los acusados tienen derecho a recibir asistencia letrada de su elección en todas las
etapas del proceso penal, desde el momento de su interrogatorio como sospechosos o detenidos. Cuando
un sospechoso sea detenido en una jurisdicción extranjera, se le deberá informar de su derecho a
recibir asistencia consular, como reconocen la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el principio
16.2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión. Esta última disposición establece que si la persona es un refugiado, o se encuentra
bajo la protección de una organización internacional, se le debe informar de su derecho a comunicarse
con la organización internacional competente.
Para garantizar que se respeta plenamente el derecho a estar presente en el propio juicio, reconocido
en el artículo 14.3.d del PIDCP, y que se aplican las sentencias dictadas por los tribunales, los cuerpos
legislativos nacionales deberán impedir que la legislación permita los juicios in absentia en los casos de
delitos graves comprendidos en el derecho internacional. Ni el Estatuto de Roma ni los Estatutos de los
Tribunales de Yugoslavia y Ruanda prevén los juicios in absentia.
PRINCIPIO 10: JUICIOS PÚBLICOS Y CON LA ASISTENCIA DE OBSERVADORES
Para garantizar no sólo que se hace justicia, sino también que se ve que se hace justicia, las autoridades
pertinentes deben permitir que a los juicios de personas acusadas de delitos graves comprendidos en el
derecho internacional asistan en calidad de observadores organizaciones intergubernamentales y no
La presencia de observadores internacionales en los juicios de personas acusadas de delitos graves
comprendidos en el derecho internacional y los informes públicos que tales observadores elaboren
pondrán claramente de manifiesto que el procesamiento justo de los acusados de estos delitos es de
interés para la comunidad internacional en general. Asimismo, ayudarán a garantizar que el
procesamiento de los responsables no les pasa desapercibido a las víctimas, testigos y demás interesados
en el país donde se cometieron los delitos. La presencia de observadores internacionales en un juicio
público y los informes que elaboren fomentan el principio fundamental del derecho penal de que no sólo
se tiene que hacer justicia, sino que también se debe ver que se hace justicia, contribuyendo así a
garantizar que la comunidad internacional confía en la integridad y la justicia de los procedimientos,
sentencias y penas y las respeta. Si los juicios son justos y se celebran sin demora, la presencia de
observadores internacionales puede ayudar a los tribunales penales internacionales a determinar si será o
no necesario que ejerzan su jurisdicción concurrente sobre los delitos en cuestión. Por tanto, los
tribunales deben invitar a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a asistir como
observadores a tales juicios.
PRINCIPIO 11: SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS, DE LOS
TESTIGOS Y DE SUS FAMILIAS.
Lo tribunales nacionales deben proteger a las víctimas y los testigos, así como a sus familias. En la
investigación de los delitos se deben tener en cuenta los intereses especiales de las víctimas y los
testigos vulnerables, como son las mujeres y los niños. Los tribunales deben ofrecer la debida reparación
a las víctimas y a sus familias.
Los Estados deben tomar medidas eficaces de seguridad para proteger de represalias a las víctimas, a
los testigos y a sus familias. Tales medidas han de abarcar la protección antes, durante y después del
juicio, hasta que la amenaza a la seguridad desaparezca. Puesto que la investigación y el procesamiento
por delitos graves comprendidos en el derecho internacional es responsabilidad del conjunto de la
comunidad internacional, todos los Estados deben ayudarse mutuamente en la protección de las víctimas
y los testigos, impulsando, entre otras cosas, los programas de reasentamiento. No obstante, las
medidas de protección no deben menoscabar el derecho de los sospechosos y los acusados a un juicio
justo, incluido el derecho a interrogar a los testigos de cargo.
Se deben tomar medidas especiales para abordar las exigencias concretas de las investigaciones y
procesamientos por delitos que hayan comportado violencia contra mujeres, incluida la violación y otras
formas de abusos sexuales. Las mujeres que han sufrido tal violencia pueden ser reacias a comparecer
en el juicio para declarar. Los fiscales deben garantizar que los encargados de realizar la investigación
son personas competentes y saben actuar con delicadeza, sin causar traumas innecesarios a las víctimas
ni a sus familias. Las investigaciones y procesamientos por delitos cometidos contra niños o contra
miembros de otros grupos vulnerables también se deben realizar con especial sensibilidad y competencia. Los tribunales deben conceder a las víctimas y a sus familias la debida reparación, que ha de incluir
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
PRINCIPIO 12: PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE Y DE OTRAS PENAS CRUELES,
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que en los juicios por delitos graves comprendidos
en el derecho internacional no se impone el castigo capital ni otras penas crueles, inhumanas o
Amnistía Internacional cree que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida garantizado
por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que constituye la más extrema de
las penas crueles, inhumanas y degradantes prohibidas por el artículo 5 de la Declaración. No se debe
imponer jamás, por grave que sea el delito cometido. De hecho, el Estatuto de Roma y los Estatutos de
los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda no prevén la imposición de esta pena por los peores crímenes del
mundo —el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra—. Los cuerpos
legislativos nacionales deben garantizar que las penas de prisión se cumplen en centros y en condiciones
que se ajusten a normas internacionales para la protección de las personas detenidas como las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Para garantizar que el trato que reciben
en prisión los condenados por delitos graves comprendidos en el derecho internacional se ajusta a las
normas internacionales pertinentes, se debe permitir el acceso periódico, confidencial y sin restricciones
al condenado de observadores internacionales, así como del cónsul de su país.
13: COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES Y
Los Estados deben cooperar plenamente en las investigaciones y procesamientos con las autoridades
competentes de otros Estados que ejerzan la jurisdicción universal sobre delitos graves comprendidos en
La Asamblea General de la ONU ha declarado que todos los Estados deben ayudarse mutuamente a
llevar a los tribunales a los responsables de delitos graves comprendidos en el derecho internacional. En
la Resolución 3074 (XXVIII), de 3 de diciembre de 1973, adoptó los Principios de Cooperación
Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de
Guerra, o de Crímenes de Lesa Humanidad, en los que se especifica claramente el alcance de estas
obligaciones. Asimismo, los Estados Partes en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio, los Convenios de Ginebra y su Primer Protocolo Adicional, y la Convención contra la Tortura
están obligados a prestarse ayuda mutua para llevar a los tribunales a los responsables de genocidio,
crímenes de guerra y tortura. Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas obligan a los Estados a cooperar con otros Estados
extraditando a las personas acusadas de ejecución extrajudicial o desaparición forzada si no las procesan
ante sus propios tribunales.
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que el derecho interno obliga a las autoridades
competentes a ayudar a las autoridades de otros Estados en las investigaciones y procesamientos por
delitos graves comprendidos en el derecho internacional siempre que tales procedimientos se ajusten al
derecho y las normas internacionales y excluyan el castigo capital y otras penas crueles, inhumanas o
degradantes. Tal ayuda debe incluir la identificación y localización de personas, la toma de declaraciones
y la reunión de pruebas, el servicio de documentos, la detención de personas y la extradición de
PRINCIPIO 14: FORMACIÓN EFICAZ DE LOS JUECES, FISCALES, INVESTIGADORES Y
Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que los jueces, fiscales e investigadores reciben
formación eficaz en normas de derechos humanos, derecho humanitario internacional y derecho penal
Tales personas deben recibir formación en la aplicación práctica de los instrumentos internacionales
pertinentes, las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de esos instrumentos y el derecho
consuetudinario, así como sobre la jurisprudencia pertinente de los tribunales y cortes de otras
jurisdicciones nacionales e internacionales.
Los jueces, fiscales, investigadores y abogados defensores deben recibir también la debida formación
en métodos de investigación que tengan en cuenta las características culturales y en métodos de
investigación y procesamiento por la comisión de delitos graves comprendidos en el derecho internacional
contra mujeres, niños u otras personas pertenecientes a grupos vulnerables.
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