Source: http://consorcio.org.mx/boletin/lxi_noviembre_2911.html
Timestamp: 2017-06-24 05:10:56
Document Index: 202132303

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'Artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 3', 'e contrario', 'artículo 72', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 44', 'artículo 98', 'artículo 3']

e-Boletín, 29 de noviembre 2011, Primer Periodo Ordinario del III Año de Ejercicio de la LXI Legislatura
Inicia: 11:00
Termina: 16:17 hrs. del día 29/11/2011
Quórum de inicio: 255
Próxima sesión: 01/12/2011 a las 10:00 hrs.
Asuntos: Programados 95
Abordados 41
No abordados 54
Jaime Cárdenas (PT) cuestionó la información publicada en diversos medios de comunicación respecto a que se señala que habrá consejeros electorales antes del 15 de diciembre. Además sobre la polémica sobre un comunicado de la presidencia de la República respecto al tema de los 23 mil ciudadanos que presentaron la denuncia en contra del titular del Ejecutivo y de algunos secretarios de Estado, en relación con la guerra en contra del crimen organizado, y en donde en la parte final de ese comunicado aparentemente se señala que va a haber alguna reacción por parte del gobierno federal interponiendo demandas o denuncias en contra de los promoventes de ese juicio ante la Corte Penal Internacional.
Pidió que la Cámara debe estar muy al pendiente por si existe algún tipo de hostigamiento o persecución en contra de los denunciantes, porque ellos solamente están ejerciendo, por una parte su libertad de expresión, y por otra promoviendo su derecho al acceso a la justicia ante una instancia internacional.
Chuayffet explicó que el jueves presentará una iniciativa para agregar un artículo transitorio al Cofipe, para hacer frente a la situación que desde 14 meses hay en la Cámara y agilizar el procedimiento de selección de los consejeros. Fernández Noroña cuestionó si ya hubo una respuesta para el semanario Desde la mala fe, y también si se mandó el comunicado al IFE, sobre el respeto a la investidura legislativa.
Se discutió un dictamen en Materia de Secuestro. Humberto Benítez Treviño fundamentó el dictamen y acotó que se creó un grupo multidisciplinario dentro de la Comisión de Justicia para que revisara escrupulosamente la vigencia de la ley y sus términos y una de las cuestiones que se plantearon en la subcomisión es que por vez primera, se concilia la persecución del delito de secuestro con un combate conexo, es decir, conjunto entre las autoridades federales y las autoridades estatales. Explicó que el debate de fondo que se dio en la subcomisión es que más expedir una ley federal que estableciere el monopolio de la Procuraduría General de la República en el combate al delito de secuestro, se estableciera una ley general que distribuyera las competencias que obligara a las autoridades federales, a la PGR y a las procuradurías estatales a combatir de forma coordinada, uniforme, al delito de secuestro.
Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) aclaró que su Grupo Parlamentario no está a favor de la impunidad de los delincuentes. Recalcó que en el dictamen se establecen penas de 35 años de prisión a prisión vitalicia, y de 40 años de prisión se pasa a prisión vitalicia, la cual consideran “es totalmente contraria a lo que se establece en el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en uno de sus apartados establece: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.Abundó en que el delincuente al no tener motivación alguna para salir de la cárcel, se formará o se integrará a alguna banda criminal que operará desde la prisión. Adriana Sarur Torre del PVEM dijo que esta reforma es una advertencia para todas las bandas criminales que no continuarán más viviendo en la impunidad en este delito. Ángeles Nazares (PRD) comentó que con la aprobación del dictamen se mejorarían los mecanismos de investigación y persecución de este delito y los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y las entidades federativas. Sin embargo, respecto de la prisión vitalicia señaló que es una medida contraria a los derechos humanos, que se inscribe en una lógica que durante décadas ha probado su ineficacia.
Camilo Ramírez Puente (PAN) remarcó que “Afuera tenemos más de 110 millones de personas que nos están exigiendo que promovamos las legislaciones, que no tan sólo vengan a cubrir una demanda, sino que le den verdaderamente ejemplaridad a aquellas penas que se les impongan a los criminales que hoy por hoy pretende hacer de sus víctimas un delito o un modus vivendi.”
Alfonso Navarrete Prida del PRI resaltó que se introducen algunas mejoras como el capítulo de coordinación en el que se señalan con mayor claridad las facultades que competen a cada nivel de gobierno en la prevención, en la investigación, en la persecución y en la sanción del delito de secuestro. Asimismo, que se definen con claridad las competencias de las autoridades preventivas y de las investigadoras en la materia. Para la discusión del dictamen, Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que le llamaba la atención que dos priístas cercanos a Peña Nieto, promuevan la cadena perpetua, porque eso acredita que éste va en la misma la línea que Calderón. Carolina Viggiano del PRI insistió en que lo más importante es trabajar en los temas de prevención social, porqula mayoría de estos delincuentes tuvieron una infancia difícil, en una circunstancia violenta, “seguramente viviendo las mismas cosas que hoy son una consecuencia que todos estamos padeciendo”.
Jaime Cárdenas aseguró que le preocupa que en México conformemos un derecho penal del enemigo en donde, por ejemplo, este delito del secuestro es imprescriptible, en donde nuestra Constitución establezcamos el arraigo como mecanismo penal, en donde se viole el principio de equilibrio procesal entre las partes, en donde además se disminuyan beneficios procesales o derechos procesales.
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía de Movimiento Ciudadano destacó el tema de la reparación del daño a las víctimas u ofendidos del delito de secuestro y el Fondo para la Atención a las Víctimas que deberá manejarse con criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad, así como en las tareas que deberá realizar el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de realizar los estudios sobre las causas estructurales de los factores que inciden en la comisión del delito de secuestro, sin duda nos facilitará poder disponer datos que midan con precisión los efectos de este delito.
Luis Carlos Campos Villegas del PRI destacó que la pena de prisión vitalicia no es una peña extraña en el régimen “ y es tan intensa como sea necesaria para evitar la venganza privada”.
Pablo Escudero del PVEM resaltó que aquí el debate y la Litis es si esta reformaes violatoria o no a los tratados internacionales y a los derechos humanos. Destacó que “estamos actuando con pleno apego a los derechos humanos, a las garantías individuales y lo más importante, estamos actuando respecto a un reclamo social que es el secuestro. Esta Cámara tiene que contribuir de manera decida y fuerte a evitar que en este país se siga secuestrando”.
Fue aprobado en lo general, con los artículos no reservados con 309 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.
Destaca la intervención de Enoé Uranga (PRD), quien reservó a dos artículos para oponerse a la cadena perpetua. Dijo que quienes proponen esta reforma son conscientes de que ni la pena de muerte ni la pena vitalicia resuelven en nada la criminalidad, toda vezx que saben que no inhibe en nada la incidencia de delito, que eso se logra con atrapar a los culpables, con sentenciarlos correctamente y con mantenerlos en la cárcel, que es lo que el gobierno no puede hacer.
Recalcó que por encima de la lucha contra la impunidad están otros intereses; (PAN) “la desesperación de un verdugo ineficaz que gobierna a fuerza de violencia y venganza. Para el gobierno federal éste es un tema de venganza. Es humanamente imposible readaptar a un condenado a cadena perpetua, así que el gobierno, con esto, el PAN con esto, renuncia a su deber de cumplir con esta premisa”.
Dijo que la verdadera razón por la que están a favor es porque van a intentar convertir a los ciudadanos en electorado. “La verdadera razón por la que estamos en disposición de atacar, de atentar contra el estado de derecho es ésta, este electorado, al que ya le prometieron este tema como un tema de campaña”.
Lamentó que no importa que el tema sea un tema de derechos humanos, ni la reflexión profunda sobre la violación a la Constitución; porque lo que importa son los votos, lo que importa es lo que dicen las encuestas, lo que ya prometieron en campaña, que ya están los spots en la tele, que ya está una gran campaña en medios y hay la promesa del partido mayoritario de cumplirle a su aliado para que vayan a las elecciones. Pablo Escudero del PVEM le cuestionó como “ defensora de los derechos humanos”, por qué nunca en habla de las violaciones graves a derechos humanos, de la tortura, del homicidio, de la desaparición forzada que comete el gobierno del Distrito Federal y sólo habla del gobierno federal. Enoé respondió que cuando fue asambleísta, se la pasó hablando de la violación a los derechos humanos del gobierno local; y como hoy es legisladora federal, señala al que corresponde, pero además sin perder de vista, que justicia de ninguna manera es venganza.
“Cuando en vez de encarcelarte, te proponga te sacudas la tristeza de los ojos cuando vos, aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos trastornaste, voz torturaste sin lograr que abandonaran la ternura. Ésa es la diferencia entre un Estado que entiende los derechos humanos y uno que no tiene otra herramienta que la venganza barata”, finalizó.
Emilio Serrano (PRD) se pronunció en contra de la reserva de Enoé Uranga, ya que cuestionó: “¿cómo reaccionaríamos si llegamos a la casa y violaron al niño, a la niña, a la esposa, al esposo, los masacraron, los mataron, así como dice la diputada Enoé Uranga? Le daríamos un apretón de manos y le diríamos: no lo vuelvas a hacer, tienes derecho a la rehabilitación.” Insistió en que el castigo sea mayor para quienes dañan más a la sociedad.
En la siguiente votación de las reservas, se smitieron 272 votos a favor, 48 en contra y 1 abstención. Pasa al Senado.
Las iniciativas y las proposiciones que se no presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.
· Con la que da respuesta a las conclusiones y recomendaciones derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en Sesión del 22 de septiembre de 2011, por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ver Documento. Se turnó a Comisiones Unidas de Marina y de Justicia.
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE LOS DICTÁMENES
· De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Mediante esta iniciativa se propone que la prescripción de la acción penal en los delitos de violación, abuso sexual o los previstos en el Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal, cuente a partir de que la persona cumpla 18 años de edad). Ver Documento. Al respecto, se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política pidiendo que fuera retirado del orden del día.
· De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver Documento. Fue aprobado en lo general, con los artículos no reservados con 309 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones. En la siguiente votación de las reservas, se emitieron 272 votos a favor, 48 en contra y 1 abstención. Pasa al Senado.
· Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (propone adicionar y reformar diversos artículos al Código Penal Federal en materia de Delitos Informáticos, como la pornografía infantil, corrupción de menores y turismo sexual, y la trata de personas). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Justicia.
· Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (adicionar la frase “prejuicio o rechazo social, motivados” posterior al enunciado “Queda prohibida toda discriminación”; “lateralidad” posterior al enunciado de “la religión, las opiniones, las preferencias sexuales”, e “integridad física o mental o autoestima” posterior al enunciado “o menoscabar los derechos y libertades”). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
· Que expide la Ley Federal para Ejercer el Derecho de Réplica, y deroga el artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, a cargo del Dip. Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marcela Vieyra Alamilla, del Grupo Parlamentario del PRI. (se propone contribuir desde el régimen jurídico constitucional a atender una exclusión de género arraigada en la cultura mexicana observada en nuestras leyes). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Inicia: 11:30
Termina: 14:40 hrs. del día 29/11/2011
Quórum de inicio: 70
Próxima sesión: 01/12/2011 a las 11:00 hrs.
Asuntos: Programados 86
No abordados 6
Hoy en la sesión del Senado, se remitieron a comisiones diversas minutas enviadas por la Cámara de Diputados, entre las que están la que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y la que plantea derogar la disposición que permitía el no ejercicio de la acción penal en el delito de trata de personas cuando hubiera consentimiento expreso de la víctima.
Las iniciativas enlistadas en el orden del día de hoy, se turnarán a las Comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta el día de mañana. Asimismo, se dio a conocer que a partir del próximo jueves 1º de diciembre, las iniciativas y proposiciones se seguirán inscribiendo en el orden del día, se publicarán en la gaceta y se turnará turno directo a las Comisiones que corresponda a fin de priorizar el desahogo de dictámenes que las Comisiones están haciendo llegar para su despacho. Por otra parte, quedó de primera lectura el dictamen que plantea que las opiniones de las y los diputados no sean objeto de proceso judicial (inmunidad constitucional)
Tomás Torres (PRD) cuestionó que en la última reunión de trabajo de Comisiones Unidas, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, él y otro senado, integrantes de dichas comisiones, previa la aprobación en lo general del dictamen formularon reservas en lo particular al contenido del proyecto de este dictamen. Explicó que en este dictamen se aborda el aspecto relativo al retiro, a la inmunidad constitucional, y sustituye la declaración de procedencia para que la autoridad investigadora, el Ministerio Público, pueda proceder al ejercicio de la acción penal en contra de altos funcionarios (Presidente de la República, Presidentes, senadores, diputados, ministros de la Corte, Magistrados del Tribunal Federal Electoral, secretarios encargados del despacho, consejeros ciudadanos del IFE y para el caso de los estados, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y esa estructura también en lo local. El presidente de la Mesa, el panista José González Morfín, aclaró que el dictamen se entregó en tiempo y forma, y dentro del plazo reglamentario.
Jesús Garibay (PRD) pidió que se les hiciera llegar la información pertinente de la sesión de las comisiones donde se aprobó este dictamen para que no quede ninguna duda. Durante la discusión del dictamen sobre delitos de imprenta, que propone despenalizar los delitos de difamación, calumnia e injuria.
Pablo Gómez (PRD) comentó que “la casa presidencial ha declarado y reiterado ayer con otras palabras, el señor Felipe Calderón, se procederá en contra de quienes lo han denunciado ante la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad relacionados con la acción de las fuerzas federales en la llamada guerra contra el narcotráfico”. Recordó que la denuncia es no sólo un derecho, sino una obligación, y que no puede ser perseguida sólo por hacerse en contra de un gesto de gobierno. “Si se va a perseguir a quienes denuncian, a dónde va este país”. Calificó de inaceptable la posición de Los Pinos al respecto y pidió condenar de manera enérgica esa postura, defendiendo los derechos constitucionales de los mexicanos y de las mexicanas a presentar en las instancias competentes las denuncias que ellos cada uno considere correcto y apropiado, sin que pueda haber represalia de ninguna especie por el ejercicio de este derecho constitucional. Ricardo García Cervantes (PAN) declaró “mi convicción, mi absoluta adhesión a la voluntad del Presidente Felipe Calderón, de combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. De combatir a los criminales que están amenazando a los ciudadanos indefensos de este país en sus combates intestinos y que llevan una serie de flagelaciones, de pérdidas de vida y de pérdidas de derechos sustantivos del ciudadano que habita en nuestro país. Ciudadano o no, del ser humano que está en nuestro territorio, está siendo amenazado por las organizaciones criminales a quienes hay que combatir, por supuesto en el marco del derecho con toda la fuerza del Estado”.
Pablo Gómez enfatizó que Felipe Calderón tiene todo el derecho a defenderse, pero él no ha hablado de defenderse, ya que sólo respondió agregando una amenaza. García Cervantes aclaró que para ella no existe dilema entre combatir al crimen organizado y al desorganizado, al criminal, y el respeto irrestricto a los derechos humanos, porque no se justifica la persecución de un delincuente violando derechos humanos. Además insistió en la necesidad de respeto irrestricto a los derechos humanos en todo el territorio nacional y la amenaza como reacción de la autoridad en cualquier nivel es absolutamente contrario a un régimen democrático. Teresa Ortuño, también (PAN), pidió “ no engrosar el caldo, agrandarles la fiesta a los delincuentes que se gozan de que estos debates se den, y qué quiso decir el Presidente, y que si se va a defender, y que si la Corte Interamericana”.
Yeidckol Polevnsky (PRD) recordó que se hizo un abuso de desplegados en los periódicos, con recursos públicos, para a través de ellos ir o anunciar a los que se han sumado, a esos 23 mil firmantes que van a ir contra ellos. Asimismo, comentó que el propio desplegado acepta que se han violado derechos humanos. Ramón Galindo (PAN) dijo que Calderón “es un Presidente de la República que durante casi cinco años ha enfrentado a un problema que no se había enfrentado con esa intensidad y de esa manera durante mucho tiempo”. Recordó que su fracción parlamentaria no puede aceptar que se vaya a la Corte Internacional a acusar de crímenes de Lesa Humanidad al Presidente y a los cárteles de criminales. René Arce avaló que el Senado tiene que apoyar todo aquel esfuerzo que intente acabar con la inseguridad y con el crimen organizado en este país, pero que la diferencia es la forma de cómo hacerlo. Enfatizó que la mejor manera de defender una institución es dándole los elementos. Tomás Torres aclaró que sí hay un derecho legítimo, universal, o cuando menos en donde exista algo de democracia para que alguien se defienda de una imputación, y más cuando la vea ilícita, absolutamente de acuerdo. Pero en esta hipótesis, seguramente habrá que evaluar si el Estado Mexicano se vuelva en contrademandante de los que lo están haciendo la Corte Penal Internacional. Jesús Garibay expuso algunos datos para que cuando la Junta de Coordinación Política acuerde un debate, los pudiera tomar en cuenta y los pudiera traer como parte de la información que todos van a requerir. En primer lugar, comentó que el día de hoy, el Banco de México informó a través de una publicación, que en los últimos 10 años en el país se han lavado 46 mil 500 millones de dólares; y en los últimos 5 años se han lavado 31 mil 325 millones de dólares. Comentó que si el Banco de México lo sabe, supone que la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo Federal también deberían saberlo. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 81 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.
Proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. Ver Documento. Se turnó a comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ver Documento. Se tunó a comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
Proyecto de decreto que deroga el último párrafo del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. (derogar la disposición que permitía el no ejercicio de la acción penal en el delito de trata de personas cuando hubiera consentimiento expreso de la víctima). Ver Documento. Se turnó a comisiones unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.
INICIATIVAS · De los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López (PRD) la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción iii del artículo 17, así como la fracción iii del artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Para crear un banco de datos de información genética de mujeres asesinadas, desaparecidas o no identificadas). Ver Documento. Se turnó a Comisiones Unidas: Estudios Legislativos, Primera.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila (PT) la que contiene proyecto de decreto que deroga el párrafo tercero y adiciona el párrafo cuarto del artículo 98 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (En materia de coaliciones). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
De los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López (PRD) la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 22, 49 y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 3° de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública serán evaluados periódicamente por los organismos públicos de protección de los derechos humanos competentes, y para cuyo efecto se emitirá un certificado en los términos que prevea la ley aplicable). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
Del Sen. Arturo Escobar y Vega (PVEM)la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Sobre el informe presidencial). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Para que las opiniones de las y los diputados no sean objeto de proceso judicial / inmunidad constitucional). Ver Documento. Quedó de primera lectura. DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, se derogan los artículos 1º y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. (para despenalizar los delitos de difamación, calumnia e injuria). Ver Documento. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 81 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.
PROPOSICIONES De los Senadores Ma. del Socorro García Quiroz, Guillermo Tamborrel Suárez y Julio César Aguirre Méndez, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las diversas delegaciones federales ubicadas en el estado de Querétaro, se apoye el boteo masivo teletón 2011, a celebrarse los días 2 y 3 de diciembre, a fin de recaudar fondos suficientes para la construcción del hospital oncológico en dicha entidad. Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Salud.
De los Senadores Carlos Sotelo García y René Arce Círigo, relativo al informe presentado por Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, Desapariciones y Tortura en la ‘Guerra contra el Narcotráfico’ de México”. Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García (PRD) exhorta al titular del Poder Ejecutivo a enviar a esta Cámara el Convenio C189 de la Organización Internacional del Trabajo, para su ratificación. (En materia de trabajo doméstico). Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores René Arce Círigo, Carlos Jiménez Macías y José Guadarrama Márquez, relativo a la postulación del ciudadano Javier Laynez Potisek como candidato de la lista para cubrir un sitio como juez de la Corte Penal Internacional. Ver Documento. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.