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Timestamp: 2017-09-21 14:04:34
Document Index: 78699508

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 44', 'artículo 49', 'artículo 54', 'artículo 64']

Ley 5/1995, de 23 de marzo
24 Sep 2007 01:13
TÍTULO I. DE LA SOLIDARIDAD CON LOS CIUDADANOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CAPÍTULO I. DE LA SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES
Artículo 4. Programas específicos.
Artículo 5. Programa de incorporación de la mujer al trabajo.
Artículo 6. Programa de integración de mujeres en situación de desventaja social.
Artículo 7. Sensibilización de la sociedad y apoyo a la participación social de las mujeres.
CAPÍTULO II. DE LA SOLIDARIDAD CON LOS MENORES
Artículo 8. Ámbito de aplicación personal.
Artículo 9. Principios rectores.
Artículo 10. De los programas específicos.
Artículo 11. Atención de los menores en su familia.
Artículo 12. Atención de los menores en familias alternativas.
Artículo 13. Accesibilidad de los menores a los recursos sociales.
Artículo 14. Inserción social de los menores.
Artículo 15. Sensibilización de la sociedad.
CAPÍTULO III. DE LA SOLIDARIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL
Artículo 16. Principios rectores.
Artículo 17. Programas específicos.
Artículo 18. Fomento de la autonomía personal y estilo de vida independiente de las personas con discapacidad.
Artículo 19. Inserción laboral de las personas con discapacidad.
Artículo 20. Inserción social y participación de las personas con discapacidad.
Artículo 21. Accesibilidad en el medio físico y social de las personas con discapacidad.
CAPÍTULO IV. DE LA SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 22. Principios rectores.
Artículo 23. Programas específicos.
Artículo 24. Protección social de las personas mayores.
Artículo 25. Apoyo al alojamiento y convivencia de las personas mayores.
Artículo 26. Promoción de la integración social y participación de las personas mayores.
CAPÍTULO V. DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA
Artículo 27. Planificación.
Artículo 29. De las subvenciones a personas y familias para la integración familiar, la autonomía personal y funcional y alojamiento alternativo.
Artículo 30. De la prestación de los servicios sociales residenciales.
Artículo 31. Del contrato de alojamiento.
CAPÍTULO VI. DE LA TUTELA DE LOS DERECHOS
Artículo 32. Comisión de Tutela.
Artículo 33. Administración de bienes de los menores tutelados por situación de desamparo.
TÍTULO II. DE LA SOLIDARIDAD CON LOS CIUDADANOS DE CASTILLA-LA MANCHA EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DEL PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Artículo 35. Principios orientadores.
Artículo 38. Comisión para la coordinación administrativa de integración social.
Artículo 39. De la participación social.
Artículo 40. De los programas específicos para la inserción social.
CAPÍTULO I. PROGRAMA DE APOYO PERSONAL Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Artículo 41. Programa de apoyo personal y atención individualizada.
Artículo 42. Contenido del Plan individual.
Artículo 43. Propuesta de intervención.
Artículo 44. Acuerdo de Inserción.
Artículo 45. Seguimiento y evaluación.
CAPÍTULO II. PROGRAMA DE INSERCIÓN
Artículo 47. Contenido.
Artículo 49. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 50. Permanencia en los programas.
CAPÍTULO III. PROGRAMA DE PRESTACIONES INDIVIDUALES
SECCIÓN 1. INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD
Artículo 51. Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Artículo 52. Naturaleza jurídica.
Artículo 54. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 55. Acuerdo de inserción.
Artículo 56. Cuantía.
Artículo 57. Pago y devengo.
Artículo 58. Duración de la ayuda.
Artículo 60. Concesión provisional.
Artículo 62. Suspensión.
Artículo 63. Extinción.
SECCIÓN 2. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Artículo 67. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 68. Cuantía.
Artículo 69. Pago y obligación de justificación.
TÍTULO III. GESTIÓN DE PRESTACIONES
Artículo 72. Unidad familiar independiente.
Artículo 73. Cómputo de medios económicos.
TÍTULO IV. DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a los poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud,
En virtud de este mandato, la Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, organizó el sistema público de Servicios Sociales. Propugnó una línea de máxima descentralización, considerando al municipio como la unidad básica de servicios sociales, en beneficio de la eficacia en las actuaciones y de la mayor participación de los ciudadanos. Introdujo criterios de unidad, globalidad y coherencia, configurándose, de este modo, el conjunto de actuaciones tendentes a la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación e inadaptación social.
En desarrollo de esta Ley el Plan Cuatrienal de Servicios Sociales, hizo posible la creación de recursos sociales generales y especializados con capacidad para dar respuesta cada vez más completas a las diferentes necesidades detectadas.
Posteriormente, el Plan Regional de Solidaridad articuló el conjunto coordinado de ayudas públicas para atender las necesidades básicas de los ciudadanos de nuestra región.
El desarrollo de este sistema ha posibilitado, por un lado, el acercamiento de los Servicios Sociales a todos los ciudadanos de nuestra región, con independencia del medio urbano o rural en donde desarrollan su vida, y por otro, ha hecho posible la atención de sus necesidades desde su propia realidad, adecuando a las mismas las acciones concretas que se desarrollan desde los servicios sociales. Este sistema de protección ha permitido a muchos mayores envejecer en sus casas, en su entorno familiar; a muchos niños en situación de desprotección abandonar los grandes centros y vivir en familia o en pequeñas unidades convencionales que reproducen el ambiente familiar, y a través de la prevención, evitar situaciones de abandono; a muchas personas con discapacidad el acceso a la formación profesional y la rehabilitación social, incluso a puestos de trabajo que hasta hace poco eran inalcanzables para ellos y se han hecho más accesibles los pueblos para quienes no podían usarlos con autonomía. El Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres ha permitido una mayor incorporación al mercado laboral y a la educación, en condiciones de igualdad y una mayor participación en la vida pública, de tal manera que será difícil o imposible el retorno a viejas formas de desigualdad.
El propio desenvolvimiento de nuestro sistema de servicios sociales ha permitido un mejor conocimiento, cada vez más cercano de la realidad, y una prevención más adecuada de los problemas. Las investigaciones de las Ciencias Sociales nos ayudan a conocer a veces con cierta anticipación, las nuevas formas que la desigualdad y la marginación adoptan en cada momento. Simultáneamente, conocemos la posición cambiante con que la mayoría de los ciudadanos viven este problema, pudiendo afirmar que en determinadas situaciones de desarrollo económico, no se acepta éticamente la existencia de bolsas de exclusión social o marginación. Se tiene la convicción de que la sociedad cuenta con los medios necesarios para erradicarlas, sin embargo, comúnmente, se rechazan aquellas acciones de promoción que no exigen a los usuarios una incorporación activa y esforzada por abandonar su situación.
En nuestros días se concibe difícilmente una visión localista de los problemas sociales: El conocimiento directo y actualizado de todo lo que sucede en el mundo, nos hace sentir más cercanos a los problemas alejados en la geografía. Por otra parte, la creciente presencia entre nosotros de ciudadanos de otros países, que buscan aquí formas de vida inalcanzables en sus países de origen, nos hacen presentes problemas a los que es difícil sentirnos ajenos.
El principio de solidaridad precisa de la promoción de medidas de acción positivas dirigidas a aquellos ciudadanos en situación de desventaja social que faciliten su libre desarrollo y plena participación en la sociedad en condiciones de igualdad. Para la promoción de la igualdad de oportunidades entre aquellos colectivos como mujeres, menores, personas discapacitadas y personas mayores, debe hacerse propiciando el acceso a los recursos sociales y promoviendo su desarrollo integral, garantizando el respeto a su identidad diferencial mediante planes integrales de acción positiva.
El lema envejecer en casa se constituye en el objetivo fundamental en la política de alojamiento y convivencia de las personas mayores, a través del fomento de la permanencia en su entorno familiar y social y de la promoción de la participación activa en la comunidad, en especial, en defensa de sus derechos.
Los procesos de exclusión social en el marco internacional se han incrementado en el último decenio, debido entre otras causas a la evolución del mercado de trabajo y, en particular, al aumento del desempleo de larga duración y a los cambios en la concepción de la familia con procesos de conflicto convivencial y de incremento de familias monoparentales o de personas solas.
Es preciso acompañar las políticas estructurales con políticas de integración social para así adaptarlas a las diferentes dimensiones que caracterizan la exclusión, lo cual implica asociar a las diversas formas de ayuda económica medidas encaminadas a la integración personal, social y laboral de las personas afectadas, facilitando las prestaciones económicas necesarias para vivir conforme a la dignidad humana a aquellas personas que precisen el apoyo no sólo económico, sino de atención individualizada de los servicios sociales que garanticen su inserción social.
Con no menos urgencia, consideramos necesario el fomento de actuaciones en apoyo a los ciudadanos del tercer mundo que permitan favorecer su desarrollo socio-económico para contribuir a la disminución de las injusticias sociales, sin que ello suponga injerencia en los asuntos internos de dichos países, con esta finalidad se regula la cooperación internacional a través de ayudas de carácter humanitario, que permitan el desarrollo de proyectos para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos en los países subdesarrollados.
La Ley de Solidaridad pretende configurar un sistema de atención integral a los colectivos más desfavorecidos, desde la estructura creada por la Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, intenta complementar el marco de protección social en nuestra región. Por ello aborda las políticas de acción positiva que a través de planes integrales den respuestas globales a las necesidades de los colectivos en desventaja social, desde una perspectiva personal, respetando la realidad diferencial de cada individuo o grupo, pero atendiendo la problemática social desde la integración de las políticas que inciden en la vida, para alcanzar los máximos niveles de igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de nuestra región.
La Ley aborda el problema de la exclusión social desde una visión cualitativa más que cuantitativa, pues la exclusión no se define por la suma de sus contenidos, sino por la ausencia de elementos que se estiman básicos y esenciales para considerar humana y socialmente aceptable una determinada situación. Comporta, por tanto, la referencia a una opinión pública cambiante al mismo ritmo que evoluciona el grado de bienestar medio de cada comunidad. La exclusión social tiene un componente objetivable, visible a través de los niveles de renta, de la calidad del hábitat, de la posesión de bienes determinados, etc..., pero sobre todo viene determinada por una actitud subjetiva caracterizada por la pasividad, la ausencia de autoestima, la falta de formación, información y la dificultad para salir de esa situación.
Promover en Castilla-La Mancha la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en situación de desventaja social a través de medidas de acción positiva que faciliten el desarrollo personal y la plena participación de todos los ciudadanos en la sociedad en condiciones de igualdad.
Facilitar a aquellos ciudadanos castellano-manchegos, que no tengan atendidas sus necesidades básicas, un mínimo de recursos, comprometiéndose éstos para ello a participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción personal, social y laboral.
Apoyar las acciones de cooperación internacional de carácter humanitario que faciliten la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en situación de pobreza y promuevan el desarrollo endógeno de los países menos desarrollados.
Garantizar el ejercicio de la tutela de menores y adultos incapacitados para velar por sus derechos.
La igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos sociales, promoviendo el desarrollo integral de las personas y colectivos sociales más desfavorecidos y garantizando el respeto a su identidad diferencial, mediante planes integrales y actuaciones de acción positiva.
Favorecer y facilitar la atención de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos sociales a aquellos ciudadanos que, por causas ajenas a su voluntad, sufren procesos de marginación o exclusión social.
Facilitar las actuaciones integrales en favor de las personas, familias y colectivos ante sus necesidades sociales, desde la globalidad y la eficacia, todo ello a través de la coordinación entre las instituciones públicas y privadas.
Prevenir la marginación y la exclusión social.
Potenciar la implicación social por medio del desarrollo de medidas de responsabilidad pública y social que promuevan la solidaridad entre las instituciones y los ciudadanos y de éstos entre sí.
Promover la igualdad de tratamiento y de oportunidades en el marco del principio constitucional de igualdad legal entre hombres y mujeres.
Garantizar la información y el asesoramiento específico para las mujeres como medio de acceder sin discriminación a todos los ámbitos de la vida social.
Promover la integración socio-laboral, principalmente de las mujeres que se encuentran en situación de desventaja social.
Facilitar la atención especializada a las mujeres en situación de riesgo.
Potenciar la utilización de los recursos sociales de su entorno, especialmente a las mujeres más desfavorecidas por procesos de marginación.
Favorecer el movimiento asociativo de las mujeres para el conocimiento y defensa de sus derechos.
Sensibilizar a la opinión pública sobre la corresponsabilidad social en los fenómenos de exclusión de las mujeres.
Programa de incorporación de la mujer al trabajo.
Programa de integración para mujeres en situación de desventaja social.
Programa de sensibilización de la sociedad y apoyo a la participación social de las mujeres.
Actuaciones dirigidas a una mayor cualificación y formación profesional que contribuyan a disminuir la segregación en el mercado laboral y tiendan a eliminar las barreras culturales en el mundo empresarial.
Medidas que hagan posible la reconciliación entre la vida laboral y familiar, para hacer compatible su horario laboral con el tiempo de atención a su familia.
Formación educativa dirigida a mujeres adultas con carencias formativas básicas.
Promoción de una red de información y asesoramiento específico que contribuya a favorecer la autonomía personal, el acceso a los recursos sociales y la participación en la vida comunitaria de las mujeres.
Desarrollo de estrategias para la prevención de situaciones de marginación de las mujeres.
Ampliación de la red de centros de alojamiento temporal para mujeres que sufren violencia familiar.
Apoyo psicológico que contribuya a lograr la autoestima y autonomía personal.
Actuaciones encaminadas a la sensibilización de los profesionales cuyo trabajo tiene relación con mujeres que sufren violencia familiar.
Garantizar los derechos individuales y colectivos de todos los menores, tal y como se reconoce en la Constitución Española, en la Convención de los Derechos del Niño y en las Recomendaciones del Consejo de Europa en Infancia.
La primacía del interés general de los menores, sobre cualquier otro interés legítimo, interpretando las limitaciones a su capacidad de obrar de forma restrictiva.
La promoción de las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los padres o tutores en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones para con sus hijos, pueda realizarse adecuadamente.
Garantizar la acción protectora de la Administración para aquellos menores que se encuentren en situación de desamparo.
Promover que los menores y sus familias puedan participar activamente en la resolución de sus conflictos.
Potenciar la participación plena en cualquier actividad de tipo cultural, social, artística o recreativa de su entorno, de acuerdo a su desarrollo personal y evolutivo.
Impulsar la implicación y participación de la sociedad en las iniciativas de atención a menores.
Atención de menores en su familia para favorecer su desarrollo integral y autonomía personal.
La atención de los menores que no puedan permanecer en su propia familia, ya sea por su inexistencia o por el inadecuado ejercicio de los deberes de protección de los padres o tutores.
La inserción socio-familiar y laboral de menores en situación de alto riesgo o infractores.
Sensibilización de la sociedad sobre la problemática específica de los menores.
Medidas de apoyo y capacitación a la familia en aquellas habilidades de competencia parental que permitan la convivencia de los menores en su núcleo familiar de origen o con otros miembros de su familia.
Medidas para prevenir situaciones de negligencia, abandono o violencia física o psíquica contra los menores.
Medidas encaminadas a la creación de recursos socio-educativos que permitan compensar las desigualdades de los grupos más desfavorecidos socialmente y facilitar la incorporación al mundo laboral de sus padres o tutores.
Medidas dirigidas a la búsqueda y formación de familias alternativas para la incorporación del menor a núcleos de convivencia familiar.
Medidas encaminadas a la creación y potenciación de pequeñas unidades de convivencia que permitan la integración de los menores.
Medidas destinadas a garantizar la cobertura de las necesidades básicas y formativas de aquellos mayores de dieciocho años sobre los cuales se ha ejercido alguna actuación protectora por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hasta conseguir su integración social y laboral.
La prevención de conductas antisociales que eviten la reincidencia de menores infractores, ofreciendo alternativas que posibiliten su integración.
Garantizar el carácter educativo de las medidas a ejecutar por la Comunidad Autónoma, promoviendo actividades que permitan el desarrollo de las medidas en medio abierto y de trabajo en beneficio de la comunidad.
La coordinación con el Poder Judicial, promoviendo la especialización de los agentes implicados.
La garantía de una calidad de vida digna, basada en el respeto y afirmación de los derechos y libertades personales.
La promoción del desarrollo personal y el estilo de vida independiente.
La promoción de su inserción social a través del acceso al trabajo.
La accesibilidad al entorno físico y social.
La participación plena y activa en la comunidad.
Compensar sus desventajas a través de la promoción de las medidas específicas de rehabilitación, apoyo y tratamiento.
La participación social activa.
La accesibilidad al medio físico y social.
Actuaciones que faciliten los aprendizajes necesarios para favorecer el nivel de independencia social suficiente que les permita acceder a los recursos normales de la comunidad.
Medidas de apoyo, asesoramiento y formación a las familias, para dotarlas de los conocimientos y aptitudes necesarios que ayuden al fomento de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Sensibilización a la comunidad sobre medidas de actuación que potencien un estilo de vida independiente de las personas con discapacidad.
Potenciación del acceso a las ayudas técnicas y a los recursos de alojamiento necesarios, para alcanzar el mayor grado de autonomía personal.
Promoción de actividades que, orientadas a la permanencia en la comunidad y en su entorno familiar, de las personas con discapacidad.
El programa de inserción laboral se desarrollará a través de las siguientes medidas de acción positiva:
Medidas dirigidas a la formación básica profesional para las personas con discapacidad que responda a las exigencias del mercado laboral.
Actuaciones encaminadas a establecer entre los diversos recursos existentes, una dinámica que facilite el acceso al nivel de empelo más integrador, para cada persona con discapacidad. Primando la integración laboral a través del empleo ordinario en sus diversas modalidades.
Actuaciones de apoyo a fórmulas puente de empleo para las personas con discapacidad, así como la adaptación de los puestos de trabajo.
Actividades de fomento de la autoestima y el protagonismo social de las personas con discapacidad, modificando estereotipos, actitudes y comportamientos que obstaculizan la plena integración social de las personas con discapacidad.
Promoción de actividades que permitan el acceso de las personas con discapacidad a los programas de ocio, culturales y deportivos de la comunidad.
Medidas dirigidas a posibilitar la participación activa de las personas con discapacidad en la vida de su comunidad y especialmente en la defensa de sus derechos.
El derecho a una calidad de vida digna durante la vejez.
Abordar la intervención con las personas mayores de una forma integral, considerando una visión multidisciplinar y multisectorial de sus necesidades.
Coordinación efectiva y real entre las diferentes Administraciones, especialmente de la sanitaria y la de servicios sociales, que responda al planteamiento multisectorial considerado.
Contemplar la política de atención a los mayores basada en los principios de normalización e integración.
Envejecer en casa como objetivo fundamental en la política de convivencia de las personas mayores.
Promoción de la participación activa de las personas mayores en la vida de su comunidad, y especialmente, en la defensa de sus derechos y gestión de los recursos propios.
Garantizar la protección jurídica de nuestros mayores incapacitados.
De protección social de la persona mayor.
De alojamiento y convivencia de las personas mayores.
De la integración social y participación.
Actividades que promuevan la atención a las personas mayores a través de la red básica de servicios sociales y del sistema de prestaciones.
Medidas que faciliten la accesibilidad al medio social a los mayores, así como su movilidad en él.
Medidas destinadas a promover la permanencia en su domicilio habitual de las personas mayores, mediante el fomento de su autonomía personal y de la mejora en las condiciones de habitabilidad de su vivienda.
Apoyo a las familias que habitualmente conviven con sus mayores, a través de programas de asesoramiento y formación, así como programas de alojamiento temporal.
Desarrollo de un sistema complementario de servicios de apoyo a las personas mayores que permanecen en sus domicilios, fomentando los centros de día, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia y las estancias temporales en centros de atención especializada.
Articulación de una red de alojamiento alternativo para aquellas personas que lo necesiten, mediante viviendas tuteladas o residencias, orientadas principalmente a personas con grave deterioro físico o psíquico.
Actuaciones dirigidas a impulsar la consideración de la jubilación como etapa activa en la que los mayores permanecen integrados en su comunidad participando en el desarrollo de actividades de carácter social, formativo y cultural.
Apoyo al asociacionismo de las personas mayores para aumentar su capacidad de autogestión, de resolución de problemas y de defensa de sus derechos.
Impulso de la participación de los mayores en la comunidad y en los órganos de representación social.
Incentivación de las actividades de formación permanente del mayor.
Fomento de la corresponsabilidad a través de iniciativas en beneficio de su comunidad.
2. El cumplimiento de los deberes tutelares de adultos se ejercerá conforme a lo dispuesto en el título X del Código Civil. Todas las medidas que se adopten estarán dirigidas tanto a la guarda y protección de la persona y bienes del adulto representado, como a propiciarle la integración y normalización en su propio medio social, o alternativamente, facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo personal.
DE LA SOLIDARIDAD CON LOS CIUDADANOS DE CASTILLA-LA MANCHA EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DEL PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
1. Para facilitar la autonomía personal, la inserción social y laboral y la plena participación en la sociedad de las personas, familias y colectivos cuya escasez de recursos materiales, culturales y sociales les comporta un proceso de exclusión de los ámbitos sociales normalizados, se articula el Plan Regional de Integración Social.
La elaboración, contenido y ejecución del Plan estarán orientados por los siguientes principios:
Corresponsabilidad de las Administraciones Públicas y la sociedad civil para prevenir y erradicar la exclusión social.
Coordinación y colaboración entre las instituciones públicas y privadas, profesionales, agentes sociales y los propios sujetos de la acción, aunando esfuerzos para que las actuaciones tengan una mayor eficacia.
Actuación integral para dar respuesta desde los distintos ámbitos de actuación a las diferentes causas que inciden sobre la exclusión.
Rentabilidad social y eficacia de los recursos.
Flexibilización de los recursos de inserción e individualización de las intervenciones.
1. El Plan fijará los principios, la priorización de necesidades sociales así como los colectivos, los objetivos, los criterios de acceso de los destinatarios y el conjunto de actuaciones o programas a desarrollar por el Gobierno Regional; contendrá, igualmente, los mecanismos de colaboración y coordinación con otras Administraciones y con Entidades Públicas y privadas de la región. Asimismo preverá su ejecución a través de programas operativos anuales.
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades, a través de sus Consejerías correspondientes, el desarrollo y ejecución del Plan Regional de Integración Social de acuerdo a sus respectivas competencias y en el marco del programa operativo anual.
2. Los trabajos de elaboración, la coordinación y evaluación general del Plan Regional de Integración Social corresponderá a la Consejería de la Junta de Comunidades que tenga atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales, que ejercerá además, las funciones siguientes:
Realizar el seguimiento de los programas y actividades del Plan, en colaboración con las demás Consejerías.
Diseñar, elaborar y mantener las estadísticas relativas al Plan, en colaboración con las demás Consejerías.
Prestar a la Administración Local y a la iniciativa social el apoyo y el asesoramiento técnico necesario en materia de inserción social.
Establecer y proponer, en su caso, las normas necesarias para el desarrollo del Plan Regional de Integración Social.
1. Se crea la Comisión interadministrativa de Integración Social de Castilla-La Mancha como órgano de coordinación, entre las Administraciones Públicas, actuantes en materia de integración social.
Representantes, con rango de Director general de cada una de las Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencias en promoción de empleo, vivienda, sanidad, educación, cultura, servicios sociales y Administración local.
Representantes de las Corporaciones Locales, nombrados por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
1. Los Consejos de Servicios Sociales, como órganos de participación ciudadana en sus distintos ámbitos, informarán las propuestas de actuación en materia de exclusión social y podrán proponer medidas de apoyo a todas aquellas iniciativas tendentes a la implicación de la sociedad civil en la lucha contra la exclusión social, pudiendo actuar con carácter supletorio los Consejos Provinciales respecto a aquellos de ámbito local o de zona no constituidos, en tanto se mantenga tal circunstancia.
El Plan Regional de Integración Social incorporará al sistema de los servicios sociales los siguientes programas e instrumentos de actuación:
Programa de prestaciones individuales, de contenido económico y carácter temporal, singularmente las siguientes:
El ingreso mínimo de solidaridad.
1. Los servicios sociales básicos realizarán acciones de apoyo personal a la inserción encaminadas a favorecer la utilización de los recursos educativos, sanitarios y sociales, y a potenciar las capacidades relacionales y de convivencia para facilitar el desarrollo armónico de las personas en su entorno socio-familiar.
El Plan individual contendrá la propuesta de intervención, que se formalizará en el Acuerdo de Inserción que permita el seguimiento del proceso de inserción del beneficiario y su unidad familiar.
La propuesta de intervención, atendiendo a las necesidades del beneficiario y su unidad familiar, podrá contener alguna de las siguientes actuaciones:
Actividades encaminadas a derivar al beneficiario hacia recursos de empleo ordinario.
Actividades que posibiliten la participación del beneficiario en los programas de inserción socio-laboral.
Actividades de educación, formación y reciclaje o cualificación profesional.
Acciones encaminadas a favorecer o recuperar su autonomía personal.
Propuesta de incorporación al programa de prestaciones individuales.
El Acuerdo de Inserción deberá ajustarse a las circunstancias y aptitudes de las personas y a los recursos de que se disponga, habiendo de contener al menos:
Las causas y circunstancias que aconsejan su incorporación al Programa.
La naturaleza del proceso de inserción propuesto.
Los recursos necesarios para la consecución de los objetivos que se determinen.
Los servicios sociales de base realizarán una actividad sistemática de seguimiento y evaluación. Cuando determinadas acciones lo requieran, el seguimiento y evaluación podrá realizarse en colaboración con otros organismos públicos o privados, debiendo reflejarse dicha circunstancia en el Plan Individual.
1. Promover el desarrollo de actitudes, hábitos y capacitación socio-laboral de las personas y unidades familiares, previniendo situaciones de exclusión social así como para hacer posible la integración personal, social y laboral, de los que ya se encuentren en situación de exclusión mediante la realización de actuaciones educativas, de formación ocupacional y empleo social protegido.
1. La Administración de la Junta de Comunidades, planificará las acciones de inserción socio-laboral atendiendo a los colectivos destinatarios, estableciendo los objetivos y formas de gestión, en colaboración con las Corporaciones Locales y la iniciativa social, a través de los siguientes instrumentos:
Proyectos de formación socio-laboral, dirigidos a aquellas personas que carecen de la necesaria cualificación para acceder al mercado de trabajo.
Proyectos de empleo de utilidad pública, dirigidos a aquellas personas que por su problemática específica no pueden acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad.
Proyectos de apoyo a empresas de inserción, como paso intermedio que faciliten la incorporación al mercado laboral.
1. Podrán ser beneficiarios de los programas de inserción aquellas personas, incluidas en el ámbito del Plan Regional de Integración Social, que reúnan los siguientes requisitos:
Tener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, exceptuando en el cumplimiento de este requisito a quienes tienen a su cargo menores o personas con discapacidad.
Carecer de los medios económicos que reglamentariamente se determinen para cada tipo de proyecto.
2. No podrán ser beneficiarios de los Programas de Inserción los titulares de pensiones contributivas, no contributivas y asistenciales del Sistema Público de Pensiones, así como de prestaciones y subsidios del mismo en cuantía igual o superior al 75 % del salario mínimo interprofesional.
Los beneficiarios de los programas de inserción deberán cumplir las siguientes obligaciones:
Firmar el Acuerdo de Inserción con los Servicios Sociales, a que se refiere el artículo 44, en el que se establecerán las medidas de actuación, tendentes a posibilitar la inserción social del beneficiario y en su caso de los miembros de su unidad familiar.
Comunicar a los Servicios Sociales de base, en el plazo máximo de quince días naturales, cualquier variación de sus circunstancias personales, familiares o económicas que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
Poner de manifiesto un cambio de actitudes, en su comportamiento personal y familiar, que impidan la permanencia o el agravamiento de la situación de necesidad en la que se encuentra.
Permitir y facilitar la actuación de los profesionales de los Servicios Sociales para evaluar su situación.
La escolarización efectiva de los menores a su cargo.
1. La permanencia de un beneficiario en un programa de inserción se ajustará a lo establecido en el Acuerdo de Inserción, no pudiendo exceder de doce meses. No obstante, excepcionalmente dicha permanencia podrá superar este plazo cuando estudiada la situación del beneficiario se aprecien dificultades graves de inserción.
PROGRAMA DE PRESTACIONES INDIVIDUALES
1. Se entiende por Ingreso Mínimo de Solidaridad una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas.
1. El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica de carácter periódico, complementario y subsidiario de cualquier otro tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente, las cuales deberán hacerse valer íntegramente con carácter previo para el acceso al Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Podrán ser beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad aquellas personas en las que concurran circunstancias físicas, psíquicas o socio-familiares que permitan razonablemente presumir la imposibilidad temporal para su integración socio-laboral y que reúnan los siguientes requisitos:
Los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad deberán cumplir las siguientes obligaciones:
Las establecidas en el artículo 49 de la presente Ley.
Destinar la cuantía de la prestación a la finalidad para la que se otorga.
Realización de actividades específicas de búsqueda de empleo planteadas en su caso por los Servicios Sociales Básicos.
1. Cuando el Plan Individual de Inserción contemple contraprestaciones por parte del beneficiario o de alguno de los miembros de su unidad familiar, éstas se concretarán en el Acuerdo de inserción que deberá firmarse en el plazo máximo de un mes desde que se dicte la resolución por la que se reconozca el derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Realización de aquellas actividades de promoción personal y social propuestas por los Servicios Sociales de Base.
Inscripción, en su caso, como demandante de empleo en alguna de las Oficinas del INEM.
Participación en los cursos de educación, formación o reciclaje y cualificación profesional planteados directamente al interesado por las Administraciones Públicas o por entidades privadas.
Realización de actividades específicas de búsqueda de empleo planteadas por los Servicios Sociales de Base.
La escolarización efectiva de los menores a cargo del beneficiario.
La utilización de los recursos sanitarios por parte de los miembros de la Unidad Familiar.
1. La cuantía máxima del ingreso mínimo de solidaridad será equivalente al 60 % del importe establecido anualmente como salario mínimo interprofesional, para personas individuales, más un complemento del 6,6 % del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar superior a uno.
2. El beneficiario tendrá derecho a una cantidad igual a la diferencia entre la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad, establecido según lo dispuesto en el párrafo anterior, y sus ingresos reales computados mensualmente, sin que en ningún caso dicha cantidad pueda ser inferior al 10 % del SMI.
El pago se realizará por mensualidades, produciéndose los efectos económicos del reconocimiento de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se presentó la solicitud debidamente cumplimentada.
1. El Ingreso Mínimo de Solidaridad tendrá una duración máxima de seis meses, con posibilidad de renovación o prórroga por igual plazo, mientras subsistan las causas que motivaron su concesión.
El reconocimiento del ingreso mínimo de solidaridad se llevará a cabo por la Consejería de la Junta de Comunidades con competencia en materia de servicios sociales, a través de resolución motivada que se notificará al interesado.
1. En los casos de nulidad, separación o divorcio, podrá acordarse la concesión provisional del Ingreso Mínimo de Solidaridad, que estará condicionada al ejercicio por parte del beneficiario de los derechos que le asisten, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
Las modificaciones en el número de miembros de la unidad familiar o en los medios económicos que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad podrá dar lugar a la minoración o aumento del mismo, de oficio o a instancia de parte.
1. Cuando los recursos económicos computables con arreglo a los preceptos recogidos en la presente Ley superen, con carácter temporal, la cuantía mensual del Ingreso Mínimo de Solidaridad, se suspenderá el pago del mismo, reanudándose a instancias del interesado, cuando decaigan las circunstancias que la motivaron.
La imposibilidad sobrevenida imputable al beneficiario de realizar las contraprestaciones establecidas para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
El ingreso del beneficiario en un centro residencial, asistencial o penitenciario.
La declaración legal de incapacitación del beneficiario.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad se extinguirá por las siguientes causas:
Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su concesión.
Fallecimiento del titular del Ingreso Mínimo de Solidaridad. No obstante, atendiendo a las condiciones familiares y a la situación económica podrá acordarse el paso de la titularidad en el Ingreso Mínimo de Solidaridad a otro miembro de la unidad familiar, modificando en su caso su cuantía, mientras subsistan las causas.
Renuncia expresa de la persona perceptora.
Incorporación del titular a un programa de inserción.
Incumplimiento de alguna de las obligaciones del artículo 54 de la presente Ley.
El mantenimiento, de las causas que dieron lugar a la suspensión del artículo anterior por tiempo superior a seis meses.
Trasladar la residencia a un municipio fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Actuación fraudulenta para la obtención o conservación del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Incumplimiento de las contraprestaciones contempladas en el Acuerdo de Inserción.
1. Se establece una ayuda económica de carácter no periódico, denominada Ayuda de Emergencia Social, para hacer frente a gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de las necesidades básicas de carácter alimenticio, así como la adecuación, equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario y su unidad familiar, provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles.
Las Ayudas de Emergencia Social, tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de cualquier prestación pública que pudiera corresponder al beneficiario o a cualquiera de los miembros de su unidad familiar.
1. Las Ayudas de Emergencia Social están destinadas a aquellas personas o unidades familiares cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a los gastos básicos a que se refiere el artículo 64 de la presente Ley, y que cumplan los siguientes requisitos:
Residir en Castilla-La Mancha, al menos con un año de antelación a la solicitud, o ser emigrante retornado.
Encontrarse en situación de emergencia social, careciendo de recursos económicos para afrontarla, en los términos que se determine en la legislación de desarrollo de la presente Ley.
Carecer de medios económicos en los términos previstos en la presente Ley y las normas que la desarrollen, y no ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda de uso habitual, cuyas características, valoración, posibilidad de venta o cualquier otra forma de explotación, indiquen de manera notoria la existencia de medios materiales suficientes, para atender a los gastos para los que se demanda la prestación.
Los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia vendrán obligados a:
Aplicar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada.
Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales, para evaluar su situación y comprobar la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que se concedió.
Reintegrar las cantidades percibidas en los siguientes casos:
La cuantía, cuyo límite se fijará reglamentariamente, estará en función del informe social donde se acreditarán las circunstancias excepcionales que concurran en el supuesto concreto, modulándose atendiendo al concepto concreto de la ayuda demandada y a la situación económica del solicitante.
Estas ayudas se configuran como de pago único, que deberá justificar el beneficiario documentalmente tal y como reglamentariamente se determine.
3. En todo caso quedan excluidas de la consideración de unidad familiar independiente aquellas situaciones derivadas de procesos educativos y formativos, así como la convivencia por razones de conveniencia.
DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
(Contenía artículos del 74 al 78).
Toledo, 4 de abril de 1995.
Derogado por Ley 3/2003, de 13 de febrero de 2003, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.