Source: http://espanito.com/apelacion-de-sentencia-de-amparo.html
Timestamp: 2018-10-20 04:44:06
Document Index: 402275556

Matched Legal Cases: ['artículo 257', 'artículo 408', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 408', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 42']

Gaceta Jurisprudencial Nº 45 -Apelaciones de Sentencias de Amparos
EXPEDIENTE No. 478-97
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, ocho de julio de mil novecientos noventa y siete.
En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete dictada por la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, en el amparo promovido por Carlos Roberto Arzú Orantes, Gustavo Salomón González Reyes, Ismael Quevedo Fuentes, Marcelino Escobar Haz, Jorge Mario Salguero Cordero y Nicolás Solares del Cid contra el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla. Los postulados actuaron con el patrocinio del abogado Sergio Manfredo Beltetón De León.
A) Interposición y autoridad: presentado en la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones el nueve de enero de mil novecientos noventa y siete. B) Actos reclamados: a) resolución de seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que ordenó la aprehensión de los postulantes y el desalojo de las personas que ocupan la finca propiedad de Pacífico, Sociedad Anónima, ubicada en Barrio El Laberinto, municipio del Puerto de San José del departamento de Escuitla, en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de usurpación; b) despacho enviado por la autoridad impugnada al Juez de Paz del Puerto de San José y oficios enviados a la Dirección General de la Policía Nacional, Jefe de la Policía Nacional del departamento de Escuintla y Jefe de la Policía Nacional del Puerto de San José, ordenando la ejecución de la resolución identificada en la literal anterior. C) Violaciones que denuncian: a los derechos de libertad, debido proceso, posesión y a la justicia. D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por los postulantes se resume: a) en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla, la entidad Pacífico, Sociedad Anónima, promovió querella penal en su contra por el delito de usurpación, argumentando que la finca donde habitan, ubicada en el Barrio El Laberinto del Puerto de San José del departamento de Escuintla es de su propiedad; b) el juez dictó la resolución de seis de enero de mil novecientos noventa y siete, por la que ordenó su aprehensión y el desalojo de las personas que ocupan el inmueble relacionado, sin tomar en consideración que dicha finca es propiedad del Estado de Guatemala y que la poseen desde hace más de cincuenta años en forma pacífica, legal y legítima, por lo que interpusieron apelación; c) no obstante que el referido recurso se encuentra pendiente de resolver, la autoridad impugnada envió despacho al Juez de Paz del Puerto de San José y oficios a la Dirección General de la Policía Nacional, Jefe de la Policía Nacional del departamento de Escuintla y Jefe de la Policía Nacional del Puerto de San José, con el objeto de que ejecutaran la resolución anterior. Estima que la autoridad impugnada violó los derechos constitucionales enunciados, porque ordenó la aprehensión y el desalojo de las personas que habitan el inmueble de mérito sin que mediara solicitud del Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 257 del Código Procesal Penal; además, pretende ejecutar una resolución que no se encuentra firme por estar pendiente de resolverse la apelación presentada en su contra, contraviniendo el contenido del último párrafo del artículo 408 del Código Procesal Penal. Solicitan que se les otorgue amparo. E) Uso de recursos: apelación contra el primer acto reclamado. F) Casos de procedencia: invocaron los contenidos en los incisos a), c), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citaron los artículos 2o., 5o. y 12 de la Constitución Política de la República; 257 y 408 del Código Procesal Penal y 613 del Código Civil.
A) Amparo provisional: se otorgó. B) Terceros interesados: Pacífico, Sociedad Anónima y Municipalidad del Puerto de San José del departamento de Escuintla. C) Remisión de antecedentes: proceso penal setecientos tres-noventa y seis del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla. D) Prueba: a) el antecedente incorporado al amparo; b) fotocopias: del informe rendido por el Director de la Oficina Encargada del Control de las Areas de Reserva de la Nación -OCREN- el once de febrero de mil novecientos noventa y siete, por el que expone que la finca inscrita en el registro de la Propiedad con el número mil setenta y dos, folio nueve del libro veinticuatro de Escuintla, se encuentra inscrita a favor de la Nación y corresponde al Barrio El Laberinto, ubicado en el municipio del Puerto de San José; de recibos, contratos y planos suscritos por la Oficina Encargada del Control de las Areas de Reserva de la Nación -OCREN-, que acreditan la posesión legal de los postulantes en el inmueble objeto de la litis; de la sentencia de diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla, constituido en Tribunal de Amparo, que declaró con lugar el amparo interpuesto por Pacífico, Sociedad Anónima, contra la Corporación Municipal del Puerto de San José; del plano de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número quinientos quince, folio cuarenta y nueve del libro dieciocho de Escuintla, en la que consta el área del inmueble y su ubicación; del memorial presentado por el Ministerio Público al Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, solicitando el sobreseímiento del proceso tramitado en el expediente dos mil ciento cincuenta y seis-noventa y seis; de las diligencias de carácter administrativo tramitadas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en donde se concluye que la finca denominada El Laberinto constituye propiedad privada; de la constancia extendida el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete por OCREN, en la que consta que los inmuebles dados en arrendamiento, ubicados en El Barrio El Laberinto se encuentran actualmente clasificados como área de propiedad privada; del oficio de OCREN, de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, por el que reconoce como propiedad privada la citada finca inscrita con el número quinientos quince, folio cuarenta y nueve del libro dieciocho de Escuintla; de la apelación presentada por Luis Federico Enrique Marroquín Estrada ante la Corte de Constitucionalidad contra la sentencia de diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo; de auto de veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete dictado por la Corte de Constitucionalidad, que enmendó el procedimiento y denegó para su trámite la apelación identificada anteriormente; de la inspección ocular practicada en la finca de mérito, en el amparo tramitado en el expediente nueve-noventa y seis promovido por Pacífico, Sociedad Anónima contra la Corporación Municipal del Puerto de San José; b) constancias: la extendida el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete por OCREN, en la que consta que la finca denominada Barrio El Laberinto se encuentra inscrita a favor de Pacífico, Sociedad Anónima; la extendida el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete por OCREN, en la que consta que los interponentes del amparo no aparecen registrados con solicitudes de arrendamiento en la citada dependencia; las extendidas el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete por OCREN, en las que constan que el inmueble de mérito fue clasificado como área de propiedad privada. E) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: "...Esta Sala al estudiar la resolución de la cual resulta agravio para los amparistas Carlos Roberto Arzú Orantes, Gustavo Salomón González Reyes, Ismael Quevedo Fuentes, Marcelino Escobar Haz, Jorge Mario Salguero Cordero y Nicolás Solares del Cid, advierte que efectivamente la resolución de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, el Juez quebrantó el debido proceso; toda vez que el Ministerio Público no le había solicitado la detención de los recurrentes por el delito de Usurpación, ni el desalojo de los mismos; pues de acuerdo con el Código Procesal Penal vigente, es a este último al que le corresponde la investigación y hacer las solicitudes pertinentes al Juez que controla la investigación, toda vez que ahora es un sistema acusatorio y no inquisitivo, por lo que al ordenar la aprehensión y el desalojo de la finca número 515, folio 49 del Libro 18 de Escuintla, ubicada en el Barrio Laberinto del municipio de San José de este departamento, el Juez contralor obró fuera de sus facultades regladas. Lo anterior se deduce de las actuaciones existentes tanto en la pieza de declinatoria como en el proceso principal, donde no consta que el Ministerio Público haya hecho la investigación correspondiente sobre el delito que se les acusa a los amparistas, ni mucho menos que haya solicitado la aprehensión de éstos, para que el Juez de la causa procediera a hacer el estudio correspondiente y ordenara la detención de estas personas. En vista de lo considerado, la resolución es manifiestamente ilegal, y no se entra a analizar la documentación presentada por ambas partes para probar sus afirmaciones, en vista que la orden de aprehensión y desalojo nació de una resolución como ya se dijo, manifiestamente ilegal; caso contemplado en el artículo 8 de la Ley de Amparo que refiere que es procedente ésta para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación hubiere ocurrido y que procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones y leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. De ahí que por lo considerado, se otorga el amparo solicitado y se deja en suspenso el acto reclamado. A criterio de esta Sala, no hay condena en costas en virtud de que se tiene conocimiento de oficio que el Juez recurrido y quien dictara la resolución de mérito, Abogado Miguel Angel Solórzano Monzón, ha cesado en sus funciones..." Y resolvió "...I) Otorga el amparo solicitado por Carlos Roberto Arzú Orantes, Gustavo Salomón González Reyes, Ismael Quevedo Fuentes, Marcelino Escobar Haz, Jorge Mario Salguero Cordero y Nicolás Solares del Cid; II) Deja en suspenso en cuanto a los reclamantes, la resolución de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla, Abogado Miguel Angel Solórzano Monzón; III) Se conmina al actual Juez del referido Juzgado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto por esta Sala, dentro del término de veinticuatro horas, y que en caso de incumplimiento se hará acreedor al apercibimiento contenido en el arto. 53 del Dto. 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente; IV) No hay especial condena en costas..."
Pacífico, Sociedad Anónima, apeló.
A) Los accionantes reiteraron lo expuesto en su solicitud inicial y manifestaron que previo a acudir al amparo no tenían recursos ordinarios que agotar, puesto que la autoridad impugnada, sin que la resolución reclamada estuviera firme, ordenó su ejecución violando el contenido del artículo 408 del Código Procesal Penal; además, no les dieron la oportunidad de defenderse, previo a que la autoridad impugnada emitiera la orden de aprehensión y desalojo. B) Pacífico, Sociedad Anónima, alegó: a) quedó demostrado con las certificaciones del Registro de la Propiedad que presentó, que la finca objeto del litigio es de su propiedad, por lo que puede usarla, gozarla y disfrutarla de conformidad con la ley; b) los interponentes argumentan que el propietario de los terrenos donde habitan es el Estado de Guatemala, por lo que éstos no pueden arrogarse la calidad de representantes del Estado para defender sus intereses, pues dicha representación le compete únicamente al Procurador General de la Nación; c) los postulantes interpusieron contra el acto reclamado un recurso de apelación al mismo tiempo que presentaron la acción de amparo, por lo que no agotaron los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; d) el tribunal de primer grado en la sentencia apelada, omitió analizar las pruebas aportadas y fundamentarse en la ley específica de la materia, Decreto 33-96 del Congreso de la República, que modifica el Decreto 17-73 del mismo Organismo en cuanto al delito de usurpación, incumpliendo con el contenido del artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Solicitó que se declare sin lugar el amparo. C) El Alcalde Municipal del Puerto de San José expuso que los interponentes del amparo no son invasores de la finca El Laberinto, pues la misma es propiedad del Estado de Guatemala y se encuentra inscrita en el Registro General de la Propiedad bajo el número mil setenta y dos, folio nueve del libro veinticuatro del departamento de Escuintla. D) El Ministerio Público manifestó: a) la autoridad impugnada no violó el derecho de defensa de los accionantes pues emitió por conocimiento de oficio una orden de aprehensión, que por su naturaleza no es notificable, por lo que debieron acudir al órgano jurisdiccional a realizar su declaración indagatoria y hacer uso de su derecho de defensa; b) la apelación interpuesta por los postulantes contra la resolución reclamada es improcedente porque los procesados no tenían la calidad de sujetos procesales al momento en que se dictó la orden de aprehensión en su contra; c) la sentencia de primer grado no llena los requisitos del artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues no analizó las pruebas y actuaciones, ni todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Solicitó que se revoque la sentencia apelada.
El amparo es una garantía constitucional protectora de los derechos fundamentales. En los asuntos del orden judicial y administrativo procede sólo cuando la persona o personas que se estimen agraviadas demuestren que han agotado los procedimientos y recursos legales, que establezcan las leyes ordinarias, ya que no puede operar sino en forma extraordinaria, extendiéndose su procedencia a toda situación que sea susceptible de riesgo, amenaza, restricción o violación de los derechos establecidos por la Constitución y garantizados por las demás leyes de la República.
Los postulantes piden amparo contra el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla, por haber emtidio la resolución que ordena su aprehensión y el desalojo de las personas que ocupan la finca ubicada en Barrio El Laberinto, Puerto de San José del departamento de Escuintla, así como el despacho enviado por dicha autoridad al Juez de Paz del Puerto de San José y los oficios remitidos a la Dirección General de la Policía Nacional, Jefe de la Policía Nacional del departamento de Escuintla y Jefe de la Policía Nacional del Puerto de San José, ordenando la ejecución de la resolución mencionada.
Esta Corte al examinar los antecedentes respectivos establece que los amparistas presentaron ante la autoridad reclamada recurso de apelación contra el primer acto impugnado, el que, según los antecedentes que se tienen a la vista, no ha sido resuelto por la Sala Jurisdiccional competente; esa situación legal impide formalmente que esta Corte conozca el fondo de la pretensión de la accionante, porque el acto reclamado aún no está firme. En consecuencia, tampoco puede pronunciarse respecto del segundo, por ser consecuencia de aquél. De ahí que, la sentencia venida en grado deba revocarse denegando, por notoriamente improcedente, el amparo, imponerse multa al abogado patrocinante y condenarse en costas a los postulantes.
Artículos 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 10, 19, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 60, 61, 67, 149, 163 inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: A) revocar la sentencia venida en grado y, como consecuencia: I) Deniega el amparo promovido. II) Revoca el amparo provisional otorgado. III) Impone al abogado patrocinante, Sergio Manfredo Beltetón De León, la multa de un mil quetzales que debe pagar en la Tesorería de esta Corte, dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que este fallo quede firme; en caso de incumplimiento, se cobrará por la vía ejecutiva correspondiente. IV) Condena en costas a los postulantes. B) Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuálvase los antecedentes.
Jose Rolando Quesada Fernandez
»Número de expediente: 478-97
»Solicitante: Carlos Roberto Arzú Orantes y otros
»Autoridad impugnada: Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Escuintla