Source: https://es.scribd.com/doc/130454281/LEGISLACION-FUNERARIA
Timestamp: 2016-02-06 19:29:47
Document Index: 57531008

Matched Legal Cases: ['Artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 96', 'Artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 189', 'artículo 111', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 30', 'artículo 108', 'artículo 111', 'artículo 112', 'Artículo 112', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 65', 'artículo 72', 'artículo 96', 'artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 111', 'Artículo 110', 'Artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 110', 'artículo 1045', 'Artículo 1045', 'artículo 1045', 'artículo 1', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 24', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'Artículo 96', 'Artículo 33', 'Artículo 50', 'Artículo 92', 'artículo 96', 'Artículo 65', 'Artículo 56']

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y en particular las de las superintendencias Bancaria y de la Economía Solidaria. a pesar de que su naturaleza es materialmente esa. invadiendo las facultades de intervención propiamente ejecutivas. Quienes se oponen a las pretensiones de la demanda sostienen que las aseguradoras tienen un campo de acción restringido por el objeto social exclusivo que les atribuye la ley. sino la de las empresas aseguradoras y su límite de acción. se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas. De esta manera. y que por ello. Las intervenciones públicas. para circunscribirlas únicamente a la legislación cooperativa (Art.Examen de los cargos de inconstitucionalidad material 9. agrega que el hecho de que los servicios exequiales se presenten. Por lo cual concluyen que el legislador puede válidamente delimitar su ámbito de operación. se encuentra la opinión de quienes sostienen que el Congreso excedió sus facultades de regular mediante ley marco la actividad aseguradora. estiman que las normas acusadas no pretenden sustraer una actividad aseguradora de la intervención y vigilancia del Estado. (Artículos 150 numeral 19 literal d). Tras explicar detalladamente las razones por la cuales estima que los llamados servicios funerarios a que se refieren los artículos 110 y 111 acusados reúnen todos los elementos del contrato de seguros. pues estos últimos entes desenvuelven sus actividades en desarrollo de los principios de solidaridad cooperativa. de participación y ayuda mutua. la ley ha dispuesto que sólo pueden desarrollar la actividad aseguradora en Colombia las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria que se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de seguros. como un servicio prepagado. Señala también este grupo de opositores. y de que las operaciones de previsión exequial hasta ahora han sido consideradas como un ramo de las compañías de seguros. Este mismo grupo de opositores a la demanda arguye que la Constitución no define en qué consiste la actividad aseguradora. definición que por tanto debe ser dada por el legislador. Además sostienen que en los llamados servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado no se presentan los elementos determinantes del contrato de seguros. por lo cual considera que la verdadera intención de la norma no es otra que sustraer de la vigilancia estatal una actividad que por su naturaleza debe estar sujeta a ella. por parte de las cooperativas. Explica que el especial control del Estado que consagran los artículos 335 y concordantes de la Constitución se justifica porque el negocio de los seguros implica una masiva captación de recursos del público. especialmente los servicios exequiales prestados por cooperativas. excluyéndolas de la aplicación del estatuto orgánico del sistema financiero. en algunos casos. Y explican las razones por las cuales los servicios funerarios no constituyen contrato de seguros. en consecuencia. no sólo señalando las operaciones que pueden desarrollar. como los funerarios. Como se dijo anteriormente. en protección de los usuarios. no cambia su naturaleza de actividad aseguradora. el ejercicio de la actividad aseguradora. la demanda alega que las normas acusadas sustraen de la intervención y de la vigilancia del Estado una actividad económica que reúne todos los elementos del contrato de seguros. La vista fiscal estima que el artículo 111 no puede ser interpretado en el sentido de que mediante él se
. 110). 189 numeral 24 y 335 de la Constitución). con lo cual desconocen las normas superiores que ordenan dicha intervención y vigilancia estatal. sino también aquellas que no hacen parte de su capacidad legal. ausentes en el mencionado contrato. y su verdadero sentido no sería el de regular la actividad de las empresas funerarias. y el de sustraer de la actividad aseguradora los mencionados servicios funerarios. que el verdadero alcance de las normas atacadas es el de permitir la prestación de servicios de previsión y solidaridad. y que. el artículo 111 no haría otra cosa que precisar el campo de la competencia de las aseguradoras. y además por las operaciones específicas que les sean autorizadas por el Estado. Entre quienes coadyudan la demanda. sino mantener tales controles solamente frente a las actividades que verdaderamente constituyen contrato de seguro. no existiendo una obligación constitucional de considerar como tal toda actividad que implique la asunción de un riesgo.
reparto según el cual aquel. aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo. la jurisprudencia ha dicho que "la diferencia entre lo que atañe al Congreso y al Gobierno. bursátil. por cuya declaración de inconstitucionalidad aboga. ii. Se trata de los mismos asuntos -la actividad financiera. los argumentos de quienes la coadyuvan. bursátil. vigilancia y control de las actividades financiera. De igual manera. mediante los cuales una persona o grupo de personas. P. a la luz de los mencionados preceptos superiores (art. A esta distribución de funciones se refiere particularmente el numeral 24 del artículo 189 superior. así como de las cooperativas y sociedades comerciales. literal d). las razones de los opositores y la opinión de la vista fiscal. al Presidente de la República corresponde "ejercer. por la vía de las leyes marco. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. por ser un contrato de seguros o por cualquier otra circunstancia. la Constitución ha dispuesto un reparto de competencias entre el Congreso y el Presidente de la República. cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. entiende el Procurador que el verdadero sentido de la norma es que no constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios que se acuerden a través del contrato de prestación de servicios que se define en el artículo 111. No. negocios o acuerdos la constituyen y cuáles no. De la demanda. cualquiera sea su modalidad de contratación y pago. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política. el numeral 24 del artículo 189 señala que al presidente de la República corresponderá ejercer el control y vigilancia de las cooperativas y sociedades mercantiles. Para esta intervención. vigilancia y control. que autorizan dispensar un trato legal diferente.). debido a que ello constituye un pago anticipado de dichos servicios. iii) Es necesario estudiar si. según el momento en que obre cada uno respecto de los temas en cuestión: la fijación de políticas. podrá la Corte entrar a definir la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. indicando qué tipo de contratos. Correlativamente. Los artículos 150 numeral 19.excluye a las compañías de seguros de la actividad de explotar el ramo de los seguros funerarios. adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. Más bien. es menester definir si. aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo.) Es preciso definir también si al legislador le asiste libertad para definir el concepto de actividad aseguradora. Establecido todo lo anterior. la parte de la disposición que induce a confusión y que permite la primera de las interpretaciones contraria a la Carta es la frase. el contrato de servicios funerarios debe prestarse bajo la inspección y vigilancia estatal. la Corte concluye que los asuntos que debe avocar para definir el problema jurídico que se plantea en esta acción pública son los siguientes: i) En primer lugar debe establecer el alcance de los artículos 150 numeral 19. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política prescriben que las actividades financiera. y señalar en ellas "los objetivos y criterios" a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las referidas actividades. de manera que el legislador debe someter a quienes los celebren a las mismas reglas y condiciones que rigen para quienes celebran el contrato de seguro. de acuerdo con la ley" dichas inspección. De esta manera. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política que el demandante estima violados. o si por el contrario se presentan diferencias entre ambas figuras jurídicas. según el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. en
. iv) Finalmente. en los términos de los artículos 335 y concordantes de la Constitución. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público-. no está señalada a partir de una discriminación por materias. Explicando cómo opera este sistema de distribución de competencias. bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo. el contrato de servicios funerarios es en realidad un contrato de seguros por reunir todos sus elementos. por que ello resultaría inconstitucional. 150. orientaciones y criterios. el Congreso debe "dictar las normas generales". pero la competencia está repartida entre el legislador y el Ejecutivo. como lo afirman la demanda y varias intervenciones. vigilancia y control de tales actividades. referentes todos ellos a la intervención. 11. y 335 C. El alcance de los artículos 150 numeral 19. vigilancia y control estatal. según el cual. señala las pautas 1 y criterios legislativos a los cuales debe sujetarse la actividad presidencial en estas materias. 10. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público se consideran de interés público y que estarán sujetas a la intervención. así como de las cooperativas y sociedades mercantiles. numeral 19.
aseguradora y cualquier otra que implique la captación de ahorro público a la intervención. vigilancia y control estatales. menor libertad de acción para el legislador. deja de lado su función rectora y general para entrar de lleno a establecer aquellas normas que debería plasmar el Ejecutivo con la ya anotada flexibilidad. sin embargo. aseguradora. menor espacio de acción para la ley.. la libertad de configuración del legislador y la intensidad del control constitucional. La explicación de este particular sistema de reparto de competencias para llevar a cabo la intervención. siendo del resorte del legislador precisar su sentido y alcance. vigilancia y control de las actividades a que se refieren los artículos 335 y concordantes de la Constitución radica en el carácter técnico administrativo común a tales actividades. en tales temas. Los conceptos jurídicos indeterminados en la Constitución confieren al Congreso un amplio margen de libertad definitoria que. es decir. Empero la Constitución no se ocupa de definir en qué consisten dichas actividades. resulta inadecuado y engorroso manejar por el accidentado proceso de la 4 deliberación y votación parlamentaria pública. en razón de haberse ocupado ya por el precepto legal.y. 12. la concreción. aseguradora o bursátil. de manera que no quede para la actuación administrativa campo alguno. es del resorte exclusivo del Congreso.. invade un ámbito que no le es propio -el del Presidente de la República. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad superior. pues tales leyes. admite una gradación que depende a su vez del grado de precisión con el que el constituyente perfila una institución jurídica. ya se ha referido la Corte así: "Este margen de acción o libertad de configuración política. y de los referentes constitucionales y aun sociales que estén 5 presentes en cada caso . no suministra la definición de lo que se debe entender por actividad financiera.) " Ha hecho ver también la Corte. cómo este sistema de competencias compartidas impide al legislativo invadir la esfera de acción del ejecutivo y viceversa. Correlativamente. exigen una regulación flexible o dúctil que permita responder a circunstancias cambiantes. que implican fenómenos económicos "que por su condición esencialmente mutable. o cualquier otra relacionada con el manejo.términos generales y abstractos. y del propio desarrollo constitucional de la misma. numeral 19. o a asuntos que ameritan decisiones inmediatas y que. Así. la intensidad del control constitucional debe adecuarse a esta mayor o menor libertad de configuración legislativa. Es claro que el constituyente ordena el sometimiento de las actividades financiera. Las facultades legislativas para la definición del concepto de actividad aseguradora. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. de la Constitución sino el 113. Así.. A su
. vulnera no sólo el artículo 150. por su naturaleza. tales conceptos están indeterminados en la Constitución.) si el Congreso. está en cabeza del 2 Gobierno (. El margen de libertad legislativa a la hora de precisar un concepto jurídico que aparece indefinido en la Constitución depende pues de la precisión de las referencias que la misma Carta contenga. bursátil. A mayor precisión en las referencias constitucionales. menor libertad de configuración legislativa y viceversa.. bursátil. podría decirse que la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica. deben limitarse a contemplar el marco al que tenga que ajustarse el Gobierno al regular estos asuntos. por tanto. de manera que "(.) ". no está exento de los límites que se derivan de la subordinación general de la ley a las normas superiores. A mayor precisión de las nociones constitucionales... fundadas en la ley pero limitadas por el marco de la misma. en normas o medidas específicas. a cuyo tenor los diferentes órganos del Estado tienen 3 funciones separadas pese a la colaboración armónica entre ellos (. A esta relación entre la mayor o menor precisión de las normas constitucionales. " Los anteriores criterios son importantes a la hora de examinar la constitucionalidad de aquellas disposiciones legales que pretendan establecer reglas relativas a las actividades financiera. por tanto. relativas al concepto que el legislador pretende definir.
Otro de los criterios a que podría acudir el legislador para definir la actividad aseguradora. por ejemplo. desde este punto de vista. correspondiendo al Congreso precisar el concepto. Por ello. se entenderán por tales las realizadas por este tipo de entidades y. aquí podría el legislador indicar que la actividad aseguradora es la que se desarrolla bajo la forma jurídica del contrato de seguros. a partir del cual podría considerar como aseguradora la actividad de ciertos entes jurídicos previamente definidos legalmente. En efecto. pues la Carta es un marco de coincidencias básico. cualquiera que sea la forma jurídica que revista. el Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso. Así. Por el contrario. permiten precisar los alcances del control constitucional de las definiciones legislativas de las categorías constitucionales. Podría también utilizar elementos definitorios positivos o negativos. por ejemplo. pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la Carta. Uno de ellos es el criterio material. así como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales. a operaciones o a negocios de seguros. en tales casos. es decir podría señalar operaciones jurídicas que considera que constituyen actividad aseguradora. Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución." (Resaltado 7 por fuera del original) Así pues. es que utiliza el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando prescribe que "Cada vez que se aluda en este Estatuto a la actividad aseguradora. obviamente respetando el marco constitucional fijado. el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto. salvo que de la naturaleza del texto se desprenda otra cosa. el legislador puede acudir a diversos criterios. el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites. 189 y 335 la actividad aseguradora. y otras que no considera como tales. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas. En efecto. pero no define en qué consiste. que resulta inversamente proporcional al rigor con el que esta Corte debe emprender el examen de constitucionalidad de las definiciones que legalmente se adopten."
. el grado de la libertad de configuración. se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador. para ello cual goza de un amplio margen de configuración. por el artículo 108 ibídem. Otro criterio que podría ser utilizado sería el formal.vez. dentro del cual coexisten visiones políticas diversas. entrando a definir este último en todos sus elementos. Eso significa que cuando no puede deducirse del texto constitucional 6 una regla clara. en el cual el legislador. la Constitución menciona en sus artículos 150. 8º y 150)." Criterio que también es acogido. Este criterio. 3º. podrán anunciarse como entidades aseguradoras y denominar como pólizas de seguros a los contratos de prestación de servicios que ofrecen. determina la intensidad del control constitucional: (…) Esta libertad de configuración del Legislador. en forma negativa. se entenderán comprendidas también en dicha denominación las operaciones efectuadas por las sociedades de reaseguros. el control material de la Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la supremacía de la Carta y la libertad política del Legislador. el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (CP arts 1º. podría decir que actividad aseguradora es la que implica la asunción de un riesgo. expresamente la excluye de esta definición cuando dice: "En ningún caso los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de previsión y solidaridad que requieran de una base técnica que los asimile a seguros. en función del pluralismo político. que mira a la naturaleza misma de la actividad. en principio debe considerarse válida la regla establecida por el Legislador. que atendería principalmente a la forma jurídica utilizada para el desarrollo de la actividad. si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa. Para definir el concepto de actividad aseguradora. prescindiendo de ciertos elementos que materialmente podrían llevar a considerar que una actividad es aseguradora. la soberanía popular. esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues. sería uno de naturaleza orgánica. si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos.
debe quedar sujeta a la intervención. (v) De la Constitución no emana que la intervención y vigilancia de la actividad aseguradora o de cualquier otra que involucre el manejo. se encuentra obligado a someter a la especial tutela estatal la actividad de que se trate. pues con este proceder desconocería los principios de igualdad y de prevalencia del interés general sobre el particular que emanan de las normas superiores. Empero. que bajo cualquier forma se organizan para soportar mutuamente tal contingencia. (iv) de la Constitución sí emana que la actividad aseguradora conlleva el manejo. para efectos de restringir el ejercicio de tal actividad reservándolo únicamente a las compañías de seguros. (C. como indicativas de la actividad aseguradora. aunque no necesariamente a la supervigilancia de la Superintendencia Bancaria. P art.13. no podría estimar que dos actividades que por su contenido material son idénticas. so pena de desconocer el principio de igualdad. suele entenderse como actividad aseguradora. con ellas. como
. para la colectividad no. Sin embargo. la Corte no pierde de vista que existen referentes no constitucionales. limitan su libertad de configuración. aprovechar o invertir recursos o. vigilancia y control estatales. de gran cantidad de entes expuestos a él y de mutualidad aparecen. Porque entonces entra en juego la Ley de los Grandes Números y el Cálculo de las Probabilidades y. (ii) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que desarrollan las entidades constituidas bajo la forma jurídica de compañías aseguradoras (criterio orgánico de definición). Ahora bien. tanto jurídicos como económicos y técnicos. aprovechamiento o inversión del ahorro público tenga que llevarse a cabo conforme a unas mismas reglas y bajo el control de un mismo órgano de supervigilancia estatal. si de alguna manera la actividad involucra el manejar. como ciencia que sólo opera en relación con grandes números. 334). que ofrecen una noción de actividad aseguradora comúnmente aceptada. por ejemplo. vigilancia y control estatales. " Las nociones de riesgo. queden sujetas a un régimen jurídico distinto que implique sólo en un caso la exclusión de la intervención. a través del mecanismo de las "leyes marco". siempre que la atención de un conjunto de riesgos se enfrenta mediante la conformación de una mutualidad que opera con bases técnico estadísticas. tomadas en conjunto. cualquiera que sea la forma jurídica en que ella se manifieste. al definir la actividad aseguradora el legislador también está sujeto a algunos principios y valores superiores. las diferencias que se introduzcan en las modalidades de control deben aparecer justificadas. que aunque no constituyen referencias expresas y directas a dicha actividad. y que comprometen de manera igual el interés general presente en la actividad de intermediación financiera. el Congreso no está obligado a definir que se está en presencia de actividad aseguradora. Esta noción comúnmente aceptada obra como un referente que limita la libertad de configuración del legislador. 14. que se lleva a cabo mediante un reparto de competencias entre el legislativo y el ejecutivo. por lo cual la existencia de un gran número de entes económicos expuestos a la contingencia de un peligro eventual y análogo. Ciertamente. pudiendo atender a otros elementos de la relación jurídica mediante la cual opera esta forma cobertura de riesgos. y que se organizan para hacer frente mutuamente a la eventualidad de su realización. con el cual se cubren los riesgos en la medida en que se presenten. para permitir que la actividad sea desarrollada por otros entes distintos de las compañías de seguros. Empero. De lo dicho pueden extraerse las siguientes conclusiones de cara al problema jurídico que se plantea en la presente demanda: (i) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que se desarrolla bajo la forma jurídica de contrato de seguros o de cualquier otra figura jurídica particular (criterio formal de definición). la doctrina jurídica usualmente postula que en tal actividad humana siempre está de por medio la circunstancia de un gran número de entes económicos que soportan riesgos análogos. No obstante todo lo anterior. (iii) de la Constitución no emana que toda actividad que 8 implique en alguna forma la asunción de un riesgo sea actividad aseguradora (criterio material de 9 definición) . estima la Corte. aprovechamiento o inversión de recursos y que por esta razón. La mutualidad parte de la base de que "si bien es verdad que el riesgo implica un elemento de incertidumbre para cada uno de los individuos aisladamente considerados. es comúnmente sabido que las bases técnico-matemáticas de la actividad aseguradora se encuentran en la estadística. la constante que 10 regula el acaecimiento de los sucesos casuales. La mutualidad implica la formación de un fondo común constituido con los aportes de los sujetos expuestos al peligro. En efecto. y el papel de conductor de la economía que igualmente se le atribuye en la Constitución.
Los servicios funerarios aparecen legalmente definidos en el artículo 111 aquí demandado. Depositarán ante la entidad que ejerza su inspección y control los modelos de contrato. adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. en su versión original correspondía al artículo 112 del proyecto. Solamente las sociedades comerciales y las entidades de carácter cooperativo mutual que cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo podrán prestar la modalidad del servicio exequial aquí previsto. por un término indefinido. fue introducida al proyecto de ley cuando se inició el trámite en el Senado de la República. para lo cual observarán lo siguiente: Su objeto social será exclusivamente la prestación de servicios exequiales y estarán sometidas al control estatal que la ley prevea para su especie asociativa. Por lo tanto. que permite trasladar el riesgo de la muerte que acaece antes de que las cuotas cubran totalmente el valor del servicio. una cooperativa. Contarán con una infraestructura adecuada para atender sus compromisos. transporte de acompañantes. sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos). en la primera página.
. que decía así: "Artículo 112. No constituye actividad aseguradora el contrato de prestación de servicios exequiales por virtud del cual una persona. avisos murales y de prensa. como aquellos mediante los cuales "una persona. El estudio de los antecedentes legislativos del artículo 111 arroja algunas luces sobre la naturaleza de la figura que esa norma regula. una sociedad comercial o cualquier persona). cofre fúnebre. ni tampoco indica si el derecho de recibir en especie los servicios de tipo exequial. pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo. no resulta claro si se trata de un servicio completamente prepagado para cuando se presta. traslado del cuerpo. los derechos de los usuarios y se sustentarán en estudios de carácter técnico." La norma no señala quién puede prestar esta clase de servicios (si una compañía aseguradora. acompañamientos musicales) y destino final (inhumación o cremación del cuerpo). o si la figura jurídica involucra un factor de aseguramiento mediante la conformación de una mutualidad. o si tales características no necesariamente deben estar presentes. implica que tales cuotas hayan cubierto totalmente el valor de los servicios para cuando la muerte que los causa se produzca. a) El contrato de servicios funerarios 15. como se dijo. como el de seguros. que no requerirán autorización estatal y serán redactados en forma clara y comprensible. cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. La naturaleza jurídica de los servicios funerarios. La norma tampoco permite concluir si se trata de un contrato o negocio de carácter oneroso y bilateral. Diferencias y similitudes con el contrato de seguros. mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación adquieren el derecho cierto de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. obtención de licencias de inhumación o cremación. destacando.corresponde a las compañías de seguros. o un grupo de personas." A continuación la disposición añade que "se entiende por servicios funerarios el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres. a la cual anteriormente se ha hecho referencia. cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. o un grupo determinado de personas. suministro de carroza fúnebre para el servicio. Esta norma que. no obstante lo cual no es posible esclarecer definitivamente si ella involucra o no una actividad aseguradora entendida en el sentido que comúnmente se le atribuye a esta noción. servicios complementarios (arreglos florales.
un capital social y las cooperativas y las asociaciones mutualistas un patrimonio no inferior a las siguientes cuantías en función del número de usuarios: Quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para las empresas que tengan un número inferior o igual a 250. la Corte observa que. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para las empresas que tengan un número superior a 250. transporte de acompañantes. la norma indicaba que el derecho de percibir en especie los servicios de tipo exequial se obtenía por un término indefinido "mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación". sin necesidad de que mediante tal pago de cuotas se haya cubierto totalmente el
. o si el solo hecho de venir cancelándolas periódicamente daba derecho a obtener los mencionados servicios funerarios. una vez estudiados los antecedentes del artículo 111 en el Congreso. No obstante. avisos murales y de prensa. Las empresas que actualmente ofrecen contratos de prestación de servicios funerarios.000 usuarios. cofre fúnebre. Así. independientemente de si su costo estaba o no totalmente cubierto. Parágrafo 2°. 16. contados a partir de la 11 entrada en vigencia de la presente ley. y previo el cumplimiento de ciertos requisitos de capital o patrimonio mínimo que garantizaran a los usuarios la prestación del servicio contratado. contarán con un plazo máximo de dos (2) años. Mil quinientos salarios mensuales vigentes para las empresas que tengan un numero superior a 500. En efecto. eso sí. servicios complementarios (arreglos florales. obtención de licencias de inhumación o cremación.El precio de los productos debe cubrir los costos de operaciones y ser equitativo para los usuarios. traslado del cuerpo. subsiste la duda a cerca de la naturaleza de los llamados servicios funerarios. especialmente en lo relativo a si implican un factor de aseguramiento de riegos. pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende por servicio de tipo exequial el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres. Sin embargo. resulta claro. Sin embargo. esos textos omitidos revelan que el legislador inicialmente estimó que los servicios funerarios no podía ser prestados sino por sociedades comerciales y entidades de carácter cooperativo mutual.000 y hasta 500. las sociedades comerciales. a pesar de lo precaria que resulta la redacción actual del artículo 111 y de sus antecedentes en el Congreso. para adecuarse a lo previsto en el presente artículo. aunque la norma no lo diga. Ahora bien. no resultaba claro si el servicio debía estar completa y previamente pagado mediante el abono de las referidas cuotas. Deberán acreditar. que inicialmente el legislador estimó que se trataba de una actividad que debía quedar sujeta a vigilancia y control estatal y prestarse observando unos requisitos patrimoniales o de capital mínimos.000 usuarios. Parágrafo 1°. sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos). De esta manera. suministro de carroza fúnebre para el servicio. sobre la naturaleza asegurativa o no de los servicios funerarios. en sus diferentes modalidades. en esta redacción inicialmente presentada a la Comisión Tercera del Senado. mediante el único requisito de estar "cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación". sometidas al control estatal que la ley previera según su especie asociativa. el proyecto de artículo no resultaba tampoco completamente esclarecedor.000 usuarios. el alcance que comúnmente se le reconoce al llamado contrato o convenio de servicios funerarios es el de estimarse que mediante él una persona o grupo de personas adquiere el derecho de percibir en especie los servicios de tipo exequial. " Sobre el texto trascrito se han resaltado los apartes que no fueron adoptados finalmente como texto del 12 actual artículo 111 . acompañamientos musicales) y destino final (inhumación o cremación del cuerpo).
también demandado en este proceso. el artículo 72 de la Ley 79 de 1988. y que cuando desarrollen "servicios de previsión y solidaridad" que "requieran de una base técnica que los asimile a seguros" éstos deberán ser contratados con organismos cooperativos especializados en este ramo. o con otras entidades aseguradoras legalmente establecidas. dispone que las cooperativas que presten servicios de seguros deben especializarse en esa actividad. como se recuerda.valor del servicio para cuando la muerte que origina la prestación acaece. El texto de esta norma. si involucraría un factor asegurativo. "por la cual se actualiza la legislación cooperativa". 50 y 92 inciso segundo de la Ley 79 de 1988 en los términos que establezca el Gobierno Nacional. requeridas por el organismos correspondiente del Estado.) Así entendido. el alcance jurídico del artículo 110. Los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de seguros deberán ser especializados y cumplirán la actividad aseguradora principalmente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos. la parte final del segundo inciso. Los asociados de la cooperativa que le dio origen a la cooperativa así constituida. no demuestren su competencia técnica y económica para hacerlo. la cual no estará sujeta a lo 13 14 15 previsto en los artículos 33 inciso primero . (De esta manera interpretan tal contrato prácticamente todas las intervenciones que se presentan dentro del proceso. cuando los servicios de previsión y 18 solidaridad a que se refiere el artículo 65 de la presente ley requieran de una base técnica que los asimile a seguros. En este punto la Corte hace ver que ni el artículo 72 de la Ley 79 de 1988. que en virtud de la aplicación de la ley de los grades números permita atender el riesgo de la muerte de uno o varios de ellos cuando acaece antes de que las cuotas cubran totalmente el valor del servicio respectivo." Por ello. al permitir que con los recursos formados por las cuotas captadas de un grupo grande de usuarios se constituya una mutualidad. o con otras entidades aseguradoras. De otro lado. las decisiones se 16 adoptarán según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 79 de 1988. como más adelante se verá. el objetivo del artículo trascrito es adicionar con una nueva regulación "la parte final del inciso segundo del artículo 72 de la Ley 79 de 1988. asistencia y solidaridad podrán crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines. No obstante. la modificación que introduce el artículo 110 bajo examen a esta parte final del artículo 72 consiste en permitir a estas últimas entidades "crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines". En este último caso. ni el 110 de la Ley 795 de 2003 mencionan el contrato de servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 de esta última ley. Ahora bien. aun las que insisten en su naturaleza no asegurativa." Al parecer de la Corte. contribuye a reforzar las anteriores conclusiones relativas a la presencia de un factor asegurativo en los servicios funerarios. para entender su verdadero sentido y alcance es menester conocer el texto de esta norma: "Ley 79 de 1988. Sin embargo. así como los asociados de otras cooperativas que participen en su conformación. las entidades que actualmente los presten podrán continuar haciéndolo a menos que. es el siguiente: "Artículo 110. Artículo 72. a menos que no lograran demostrar ante los órganos de supervigilancia estatal su competencia técnica y económica. se entiende). es decir una cooperativa de segundo grado." Como claramente se aprecia. el contrato de servicios funerarios. deberán ser contratados con organismos cooperativos especializados en este ramo. que es justamente la que viene a ser adicionada por el artículo 110 demandado. sin llegar a identificarse con el contrato de seguros. podrán utilizar los servicios de la nueva cooperativa. 17. estima la Corte. debe entenderse que dentro de la categoría jurídica llamada "servicios de previsión y
. Las entidades que en desarrollo de la parte final del inciso segundo del artículo 72 de la Ley 79 de 1988 presten directamente servicios de previsión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley . afirma que las entidades que en el momento de la entrada en vigencia de la Ley 79 de 1988 vinieran prestando tales servicios de asistencia y solidaridad podrían seguir haciéndolo (sin necesidad de contratarlos con organismos o entidades especializadas en seguros.
en que intervienen como partes el asegurador. persona jurídica que asume los riesgos (art. ha acogido las siguientes definiciones: "(. supuestos en que se les llama de 'daños' o de 'indemnización efectiva'. 2º y 1039). dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura. 1037. requieren de una base técnica que los asimile a seguros. 20 es la previsión.. La prima o precio del seguro. la doctrina colombiana ha diseñado la siguiente noción para ese tipo de contrato : "Es un contrato solemne. como se sabe. b) El contrato de seguros 18. En defecto de cualquiera de estos elementos. traslada los riesgos (arts. 1072. la capitalización y el ahorro (. En efecto. A su turno. 1054. la prima. bilateral. el riesgo asegurable (art. sin ahondar desde luego en mayores detalles técnicos para el caso impertinentes. aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona -el asegurador. 1047. 1066.. esto es el 110 y el 111 de la Ley 795 de 2003. no obstante lo cual el legislador estimó que no constituía actividad aseguradora. El Código de Comercio no suministra una definición legal del contrato de seguros. 1045. 1045) el interés asegurable (arts. obrando por cuenta propia o por cuenta de tercero. y que se trata de un servicio que. que es aquél negocio solemne. ord. a indemnizar al 'asegurado' los daños sufridos o. Precisado el alcance del artículo 110. 1066) y la obligación condicional del asegurador que
. con fundamento en la norma transcrita. bilateral. A esta conclusión se llega cuando se tiene en cuenta que los dos artículos aquí acusados.solidaridad" se encuentra la prestación de servicios funerarios por parte de la cooperativa a los cooperados. 1037. o bien de seguros sobre las personas cuya función. según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas. bien pude decirse. cuyos elementos esenciales son (art. oneroso. 1083 y 1137). cuyo pago impone a cargo del tomador (art." Sobre la noción de contrato de seguro esta Corporación. dado el caso. El interés asegurable 2. "requieren de una base técnica que los asimila a seguros". y de modo particular en los artículos 1037. La obligación condicional del asegurador. 1077 y 1082.) Aun cuando el Código de Comercio vigente en el país desde 1972 no contiene en el Titulo V de su Libro Cuarto ninguna definición expresa del contrato de seguro. oneroso y aleatorio (art. 1054). Empero indica cuáles son sus elementos esenciales.se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina 'prima'. 1036). ord. lo cierto es que con apoyo en varias de las disposiciones que de dicho Título hacen parte. el contrato de seguro no producirá efecto alguno. como los llamados servicios funerarios. El riesgo asegurable 3. en cuanto adiciona una norma que tolera que ciertas cooperativas no aseguradoras presten servicios de previsión y solidaridad que. Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1... sobre derechos o sobre el patrimonio mismo.)" . a satisfacer un capital o una renta. 1º) y el tomador que. fueron incluidos dentro del proyecto que surtía trámite en el Senado bajo la consideración de que ellos regulaban los servicios exequiales 19 prepagados . la Corte corrobora que el referido contrato de servicios funerarios sí involucra un factor de aseguramiento. y 4. el artículo 1045 de dicho estatuto es del siguiente tenor: "Artículo 1045. como otros de esta clase.
que para esos efectos constituyen "fondos mutuales" o "amparos mutuales".Primer caso: Cuando los servicios funerarios son prestados por entidades cooperativas: 19. Las explicaciones anteriores ponen de presente que los servicios de asistencia y solidaridad (como los funerarios) que prestan las entidades cooperativas denotan unas marcadas diferencias tanto en su
. 2. En el amparo mutuo la contribución es variable y modificable. 4. no obstante lo cual las diferencias entre ambos conceptos vienen dadas porque: "1. se inspiran. ejecutan e interpretan conforme a los principios de solidaridad cooperativa. la Corte detecta que la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria explica claramente las particularidades de los servicios funerarios que prestan las entidades cooperativas. que están ausentes en el contrato de seguros. De las características del contrato señaladas en las definiciones anteriores la Corte destaca.se transforma en real con el siniestro (art. entre quienes se convienen las obligaciones y derechos contractuales. sin su presencia no puede hablarse de contrato de seguro. Dicha intervención pone de relieve que los servicios de previsión y solidaridad. Destaca también que los cuatro elementos mencionados en el artículo 1045 del código de comercio. 6. c) Diferencias entre el contrato de seguro funerario o exequial y el contrato de servicios funerarios. asistencia y solidaridad son prestados por entidades solidarias supervigiladas. el carácter bilateral y oneroso del contrato de seguros. Es también un contrato 23 consensual . a pesar de operar sobre bases técnicas similares. El seguro supone la contraprestación total del riesgo y la protección mutual hasta la concurrencia del 24 fondo. En el seguro existe prima fija. participación y ayuda mutua. forma parte de la propiedad colectiva o solidaria d la entidad de la cual los asociados amparados son los mismos dueños. mientras que en el amparo mutuo se obtiene un servicio por los convenios de cooperación. el amparo mutual presupone un convenio o contrato de asociación de la cual emana la obligación de cotizar o contribuir y el derecho de auxilio. mientras en el amparo mutual ésta. es decir. 5. ". como comercial o mercantil que es. que los alejan desde su mismo fundamento del contrato de seguros. ánimo lucrativo en el asegurador.. 3 de la Ley 79 de 1988) 7. Es decir. (. el asegurador tiene derecho a apropiarse de la renta residual o empresarial. Sobre las diferencias que podrían detectarse entre el contrato de seguro funerario o exequial y el de servicios funerarios varias de las intervenciones son prolíferas. El seguro incluye. el fondo mutual responderá hasta el monto total de dicho fondo. mientras el amparo mutuo excluye la idea de beneficio o provecho lucrativo. que origina la relación asociativa..) ".1080). (acuerdo cooperativo Art. El seguro expide póliza. sino de otra forma de negocio jurídico. mientras en la protección mutual los asociados asumen mutuamente sus propios riesgos. 3. cuando se produce. Sin embargo. como los servicios funerarios que prestan las cooperativas. en donde siempre hay de un lado un sujeto llamado "asegurador" y otro llamado "tomador". en lo cual se asemejan al contrato de seguros. El seguro comercial presupone en contrato bilateral del cual emanan obligaciones y derechos recíprocos. Tales servicios de previsión. El seguro comercial supone la concurrencia de dos persona distintas en la relación: el asegurador y el asegurado. En el seguro la prima no es susceptible de aumento o disminución. para lo que interesa a este asunto. . tienen carácter esencial. 1072) y cuya solución debe aquel efectuar dentro del plazo 22 legal (art.
sino de una forma jurídica diversa con características especiales. Aquí..fundamento filosófico como en los efectos jurídicos que de allí se derivan. Ello por las diferencias entre ambas instituciones que reseñan algunas de las intervenciones. pues en ellos la ley habla de cuotas fijadas con antelación cuya cancelación oportuna da derecho a la prestación del servicio. y que pasan a comentarse: El artículo 1. el riesgo asegurable. Concepto este que difiere de la noción de prima pues el elemento de prepago ubica al contrato en una categoría diversa al puro contrato de seguros. la prima y la obligación condicional del asegurador. Así las cosas.045 del Código de Comercio establece los elementos esenciales del contrato de seguro. la Corte también considera que no se está en presencia de un contrato de seguros. y que en vista de eso permita que otras personas distintas de las compañías aseguradoras lo lleven a cabo. En vista de lo anterior. ausente de ánimo de lucro.). los servicios funerarios prestados por entidades cooperativas constituyen una práctica autogestionaria solidaria. y que es posible que ellos sean ofrecidos al público directamente por empresas funerarias que revistan otras formas asociativas. existen suficientes razones para que el legislador disponga que se trata de una relación jurídica que no constituye contrato de seguros. para la Corte es claro que los servicios de asistencia y solidaridad de carácter funerario prestados por entidades del sector solidario no constituyen contratos de seguros. el contrato de seguros es siempre aleatorio y el de servicios funerarios no lo es. encuentra que no sólo a través de este tipo de formas asociativas cooperadas o solidarias se presta este tipo de servicios. sino que también las empresas funerarias -que como es sabido pueden organizarse bajo otras formas asociativas como por ejemplo la de sociedad comercial. A esta conclusión arriba a partir del hecho de que en el proyecto de artículo que vino a ser el 111 de la Ley 795 de 2003 se definía que "las sociedades comerciales y las entidades de carácter cooperativo mutual" podrían prestar los servicios exequiales bajo la modalidad jurídica llamada servicios funerarios. 25 Corrobora lo anterior el hecho de que en una de las intervenciones se afirme que "el sector funerario" desarrolla esta actividad "que ha sido inherente al giro ordinario del negocio" y que el excluir a las empresas funerarias de la celebración de los contratos exequiales les traería consecuencias francamente negativas. como es lo propio del contrato de seguros.. No obstante. Dichos elementos son "interés asegurable". definido en el artículo 111 de la Ley 795 de 2003. El contrato de servicios funerarios no implica la captación de recursos del público. Además. pues de tales "planes" por ellas ofrecidos se benefician actualmente seis millones de personas (. por todas las diferencias sustanciales detectadas. al paso que el contrato de seguros es de naturaleza bilateral y onerosa. Para la Corte. adicionalmente la obligación que surge como contraprestación al pago de las "cuotas" consiste en la prestación de un servicio en especie y no en el pago de una indemnización. la Corte estima que aun en el caso en el que los servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 de la Ley 795 de 2003 se contratan con una empresa comercial no perteneciente al sector cooperativo (la ley no restringe esta posibilidad luego debe entenderse abierta a los particulares). se tiene que no sólo las entidades cooperativas o de economía solidaria prestan los servicios funerarios que aparecen regulados en el artículo 111 bajo examen. y señala que a falta de cualquiera de ellos el contrato de seguro no producirá efecto alguno. en los servicios funerarios no existe "prima". que permite distinguirlos con claridad de ese contrato comercial. En efecto.
. -Segundo caso: cuando los servicios funerarios son prestados por empresas que no son de carácter solidario: 20.ofrecen ese tipo de servicios al amparo de esa forma jurídica. Ahora bien.
Se ha detectado también que. a la vista o en un plazo convenido.21. Sin embargo. y por otro tipo de entes. vigilancia y control del Estado. y contra reembolso de un precio. constituye captación masiva de recursos de manos del público por parte de las entidades financieras. como bien pueden ser las sociedades comerciales cuyo objeto es ser empresas funerarias. que implique el manejo. conjunta o separadamente. decidir que no es aseguradora toda actividad que involucre elementos asegurativos o de traslado de riesgos. podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta. o b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o
. desechando el criterio material. aunque la ley no precisa quiénes pueden celebrar esta última clase de contrato. en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. llámese aseguradora o no. En efecto. que el legislador ha decidido catalogar como actividad no aseguradora. en los términos de los artículos 335 y concertantes de la Constitución. para lo cual puede válidamente acudir a criterios negativos. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones: a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona. Cuando. aprovechamiento o inversión de recursos captados del público debe quedar sujeta a la intervención. cuando aparecen otros elementos jurídicos que estima relevantes para otorgar un tratamiento legal diferente. implican tal manejo. Se ha dicho también que al legislador le asiste un amplio margen de libertad para definir en qué consiste la actividad aseguradora. Parágrafo 1°. A este respecto encuentra que la actividad de quienes prestan los llamados servicios funerarios no se encuadra dentro de aquella que. incluso si conllevan la formación de mutualidades. en la práctica es desarrollado por las empresas de economía solidaria. o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie. que lo consideran una forma de servicio de asistencia y solidaridad. haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario. Desde este punto de vista puede el Congreso. indicando qué operaciones no la constituyen. o por parte de las compañías constituidas como compañías aseguradoras (criterio orgánico). Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. el artículo 1° de esa disposición (modificado por el artículo 1° del Decreto 1981 de 1988) dispone que se entiende que las entidades 26 financieras captan dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos: "1. Como un resumen de lo hasta aquí dicho se concluye que existen algunas diferencias entre el contrato de seguros que celebran las compañías de seguros y los servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado. Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior. 2. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones. se ha hecho ver que cualquier actividad. Por lo tanto es menester que la Corte estudie si los llamados servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado. de conformidad con lo prescrito por el Decreto 3227 de 1982. Puede también decidir que sólo es aseguradora la actividad que se desarrolla bajo la forma jurídica pura del contrato de seguros (criterio formal). aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital. Estima entonces la Corte que el artículo 111 sólo se refiere a la prestación de servicios funerarios." Al parecer de la Corte. la Corte emprende el examen concreto de constitucionalidad que se le pide. del artículo 111 no se deduce directamente que el legislador prohíba a las compañías aseguradoras explotar el ramo de seguros funerarios o exequiales. justamente por las diferencias entre ambas figuras jurídicas que han sido anotadas en las consideraciones anteriores. Recuérdese que según el artículo 111 tales servicios pueden incluir solamente una serie de actividades básicas (preparación del cuerpo. Con fundamento en las consideraciones anteriores. En efecto. Además. además. Es decir. Al parecer de la Corte. o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. No al contrato de seguros. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. traslado del cuerpo. si como se ha visto el contrato de seguros exequiales no es idéntico a los servicios funerarios. transporte de acompañantes. La Corte estima que para pronunciarse sobre la exequibilidad de la disposición que examina es necesario precisar su sentido. en especial el alcance de la expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago". A estas posibles variantes de la contratación es que se refiere la expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago"contenida en el referido artículo 111. o con los socios o asociados que. Parágrafo 2°. al calificar de no aseguradora la prestación de servicios funerarios "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago". la prestación de servicios funerarios consistentes en el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres llevadas a cabo como contraprestación al pago de cuotas periódicas no se encuadra dentro de la descripción normativa transcrita referente a la captación masiva de recursos de manos del público. Para algunos de los intervinientes y a juicio del Ministerio Público. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982. sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos). se refiere igualmente a las diversas formas en que pueden contratarse los servicios funerarios. Examen concreto de constitucionalidad de las normas acusadas 22.privadas a personas innominadas.
. acompañamientos musicales). teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos. La expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago". el legislador. 2º de afinidad y único civil. el llamado "destino final" puede revestir una de dos modalidades: "inhumación o cremación del cuerpo". algunos agregan que con esa misma calificación se sustraería de la vigilancia estatal una actividad que implica el manejo. obtención de licencias de inhumación o cremación. el hecho de que califique como no aseguradora la actividad de prestación de servicios funerarios. suministro de carroza fúnebre para el servicio. está impidiendo a las compañías de seguros explotar el ramo de seguros funerarios o exequiales. o involucrar también otras llamadas complementarias (arreglos florales. lo cual resulta contrario a los postulados superiores que prescriben la intervención del Estado en dichas actividades. no conlleva que el contrato de seguros exequiales tampoco lo sea. avisos murales y de prensa. no implica que el contrato de seguros tampoco lo sea. el hecho de que el legislador no considere a esta última figura como "actividad aseguradora". cofre fúnebre.
anteriormente se ha visto cómo la prestación de servicios funerarios no es actividad que pueda ser considerada como captación masiva de recursos del público.»
1 Cf. Tercero. siempre que se reúnan los requisitos para la existencia del contrato de seguros. según su naturaleza jurídica respectiva. respecto del artículo 110 de la Ley 795 de 2003 se inhibirá de producir un fallo de fondo.955 de 2000. Al parecer de la Corte. el alcance de dicha disposición es modificar el aparte final del artículo 72 de la Ley 79 de 1988. entre otras. personas o empresas que presten servicios exequiales deben sujetarse a la vigilancia y control que legalmente les corresponda. INHIBIRSE de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad material del artículo 110 de la Ley 795 de 2003. Sentencia C-700 de 1999. personas o empresas que los prestan a las mismas reglas de vigilancia y control que rigen la actividad aseguradora. En tal virtud. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. el que el legislador exprese que no constituye actividad aseguradora la prestación de servicios exequiales no viola ningún artículo de la Constitución Política. es decir una cooperativa de segundo grado. hay que señalar que tales cooperativas. Por lo tanto la compañías de seguros pueden celebrar contratos de seguros exequiales u ofrecer amparos funerarios. Empero. Por último debe la Corte señalar que contra el alcance normativo del artículo 110 de la Ley 795 de 2003 no fueron aducidos en el presente proceso cargos de violación constitucional por razones de fondo. Segundo. 24.
. si no se produce esta captación. consecuencialmente tampoco puede hablarse de manejo. respecto de los cargos examinados por vicios de fondo. Ahora bien. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. respecto de los cargos examinados por vicios de forma. RESUELVE: Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003.Por todo lo anterior la Corte rechaza la exégesis del artículo 111 de la Ley 795 de 2003 según la cual él implica la exclusión de las compañías de seguros de la explotación del ramo de seguros funerarios. En efecto. C. lo cual resultaría contrario a los postulados superiores que prescriben la intervención del Estado en dichas actividades. En tal virtud. para permitir que las entidades cooperativas que prestan directamente servicios de asistencia y solidaridad que operan sobre bases técnicas similares a las de los seguros puedan "crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines". en relación con los cargos de inconstitucionalidad material alegados. por lo cual el referido cargo debe considerarse improcedente. Así pues. VII. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. si tienen la correspondiente autorización. ni conlleva el someter a las cooperativas. ninguno de los cargos aducidos en la presente demanda se refieren la inconstitucionalidad de la autorización para crear cooperativas de segundo grado que se concede a las mencionadas organizaciones cooperativas. Estas compañías. en cuanto a la acusación según la cual el artículo 111 sustraería de la vigilancia estatal una actividad que implica el manejo. conforme a las normas vigentes siguen explotando dicho ramo. como se dijo. la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Declarar EXEQUIBLE el artículo 111 de la Ley 795 de 2003. 23.
2 Sentencia C-955 de 2000. 9 La anterior conclusión se ve reforzada cuando se evidencia que en el orden jurídico existen diversas instituciones encaminadas a enfrentar "riesgos" y que muchas de ellas no han sido consideradas nunca como actividad aseguradora y tampoco se identifican con el contrato de seguros. M. La forma de enfrentar el riesgo así entendido presenta diversas modalidades jurídicas de carácter preventivo o compensatorio. Entre estos requisitos estaba el de no ser sociedades comerciales o cooperativas y no cumplir con ciertos requerimientos de patrimonio o capital mínimo. Explica que dada la diferencia entre el contrato de servicios funerarios y el contrato de seguros. P. La intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria expresa que ese recorte de la norma obedeció a que "la Superintendencia de Economía Solidaria en su gestión de supervisión y control y autorización de este tipo de actividades "prestación de servicios funerarios a través de fondos mutuales". las sentencias C. o como el peligro que amenaza la vida o el patrimonio de las personas. 3 Sentencia C-196 de 1998. En efecto. sobre el cual no se tiene certeza de su ocurrencia. pero el parágrafo en comento sí. 15. 10 J. entre otras. En todos estos casos está presente un riesgo que se trata de prevenir o de remediar. denominadas sociedades mutuarias por la Ley 24 de 1981 y demás instituciones sin ánimo de lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades que desarrollen estos organismos. 4 Sentencia C-955 de 2000. fondos de empleados. 7 Sentencia C. en volumen de operaciones. asociaciones mutualistas.. requieren para constituirse un número mínimo de diez cooperativas. 5 Sobre concepto jurídico indeterminado cf. las medidas de asistencia social o de beneficencia pública. M. Pág. P. que son usuarios y beneficiarios de los servicios funerarios". etc. no hay ninguna explicación en los antecedentes legislativos de los artículos acusados. 11 Nótese que el parágrafo preveía la existencia de empresas que prestaran este tipo de servicios y que no llegaran a cumplir con los requisitos fijados en el artículo. Se hace ver que los requisitos no quedaron en el texto definitivo de la ley. sobre el cual no se tiene certeza de su ocurrencia. Vg. los requisitos generales que se exigen a las entidades aseguradoras pueden ser los mismos que los que se piden a las entidades de economía solidaria. el desplazamiento del riesgo mediante cláusulas contractuales (como las que obligan a alguno de los contratantes a responder aun en el evento de fuerza mayor o caso fortuito). en número de asociados. 8 Entendiendo por tal. teniendo en cuenta su diversidad de tamaño. los organismos cooperativos de segundo y tercer grado deberán establecer en los estatutos el régimen del voto y
. Bedout. por lo cual "es natural que sea una facultad discrecional de la Superintendencia de la Economía solidaria. Los organismos de segundo grado de carácter nacional. Marco Gerardo Monroy Cabra. cuenta con la facultad discrecional propia de las superintendencias para exigir lo que considere adecuado conforme a la ley a cada entidad solidaria. José Gregorio Hernández Galido. 12 Respecto de las razones por las cuales dichos apartes fueron omitidos en el texto definitivo. C-371 de 2002. En los organismos de segundo grado podrán participar además. 16 Artículo 96. Ed. pero en algunos de ellos no existen en absoluto referencias sociales o jurídicas que permitan calificarlos como actividad aseguradora.. Medellín. P. precisamente estatuida para salvaguardar el interés público en relación con las entidades cooperativas del sector solidario. Aquellos de índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad." 13 Artículo 33. 14 Artículo 50. Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. Efrén Ossa Gómez. la doctrina suele definir de manera general el riesgo como "la posibilidad de pérdida o desembolso". o el peligro que amenaza la vida o el patrimonio de las personas. y les daba un plazo para transformarse y cumpliros. 1956. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. C-530 de 1993. las reservas contables que se obliga hacer a ciertas personas jurídicas. C-024 de 1994. según la definición doctrinaria comúnmente aceptada. el contrato de seguros. Los de carácter regional se constituirán con no menos de cinco cooperativas. 15 Artículo 92. salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la presente ley. 6 Ibídem.871 de 2002. José Gregorio Hernández Galindo. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo voto. Tales son. la posibilidad de pérdida o desembolso. Tratado elemental de seguros.404 de 2001 M. Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos.
las corporaciones financieras. Las cooperativas podrán crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados. la norma incorpora requisitos prudenciales que deben cumplir los interesados en realizar contratos de prestación de servicios. 20 Corte Suprema de Justicia. fijando un mínimo y un máximo que asegure la participación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de algunos de ellos. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. En todo caso. las compañías de financiamiento comercial. Martha Sáchica de Moncaleano. incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo el ejercicio anual. mediante la presente ponencia se introduce una definición que permite determinar la prestación de servicios exequiales prepagados que no constituye actividad aseguradora. exceptuando los sociedades administradoras fondos de inversión. mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación. Teoría General del Seguro . 23 Cf. Sentencia No. En tal sentido precisa que no constituye actividad aseguradora el contrato de prestación de servicios exequiales por virtud del cual una persona. P. asistencia y solidaridad para sus miembros. Efrén. al volumen de operaciones con la entidad. 2. Bogotá-Colombia 1991. obrante en el expediente a folios 239 y siguientes. en donde se dijo lo siguiente: "finalmente. M. 1°." (Gaceta del Congreso 464 del 1° de noviembre de 2002. Sala de Casación Civil. exceptuando las sociedades urbanizadoras de que trata la Ley 66 de 1968.. Dr. las cooperativas podrán comprender en su objeto social la prestación de servicios de previsión. 18 Artículo 65. Ley 389 art. M. 25 Intervención de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. 21 Ossa G. y las demás sometidas. 26 Se entiende por entidades financieras. adquiere el derecho cierto de recibir en especie unos servicios de tipo exequial por un término indefinido. J. y las demás sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. al control de la Superintendencia Bancaria. los bancos. las corporaciones de ahorro y vivienda. las sociedades administradoras de fondos de inversión.P. 11). o a una combinación de estos factores. pág.El Contrato. 19 La única referencia que existe en los antecedentes legislativos de los artículos acusados relativa a las razones por las cuales los mismos se introdujeron al proyecto es la explicación dada en la ponencia para primer debate en el Senado. 22 Sentencia C-269 de 1999. 002 del 24 de enero de 1994. 24 Intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria. las compañías de seguros y de capitalización. 17 Artículo 56. Así mismo. Pág. reglamentado por el Decreto 3227 de 1982.(Decreto legislativo 2920 de 1982. modificado por el Decreto 1981 de 1988)
. Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad. Editorial Temis. o un grupo determinado de personas. para estos efectos.representación proporcional al número de asociados.
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