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Timestamp: 2017-02-24 06:20:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7']

Actualidad Normativa N.º 15 (2016) - Lexology
abril 2016 N.o 15 Coordinadora: Rosana Hallett Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2016. Todos los derechos reservados Diseño y maquetación: José Ángel Rodríguez León  Edición y corrección: Cristina Sierra de Grado N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Actualidad Normativa Sumario I. Medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Agroalimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 III. Propiedad industrial e intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IV. Medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 V. Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VI. Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 VII. Laboral y Seguridad Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VIII. Audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 IX. Contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales . . . . . 10 X. Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 XI. Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 XII. Inmobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa I. Medio ambiente 1. En el ámbito estatal, se ha aprobado el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño‑Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Este real decreto, en vigor desde el día 20 de enero del 2016, consta de tres artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Aborda diferentes temas, entre los que cabe destacar: definición de las masas de agua; criterios de prioridad y compatibilidad de usos; regímenes de caudales ecológicos y otros requerimientos ambientales; asignación y reserva de los recursos; zonas protegidas y régimen de protección; objetivos medioambientales y modificación de las masas de agua; medidas de protección de las masas de agua; programa de medidas y organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública. Además, su peculiaridad es que, a su entrada en vigor, automáticamente quedan derogados los reales decretos por los que se aprobaron los Planes Hidrológicos del 2013 y del 2014. 2. Asimismo destaca especialmente la publicación de la siguiente normativa autonómica que afecta a temas medioambientales: La Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó- noma de Aragón. Esta ley, entre otras, modifica la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. El Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, y Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de las Illes Balears. Por medio del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, se modifican las siguientes leyes: Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo; Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears; Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears; Ley 7/2012, de 13 de junio, de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible; Ley 6/1999, de 3 de abril, de Directrices de Ordenación Territorial y de Medidas Tributarias, y Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears. II. Agroalimentario 1. En materia de derecho agroalimentario, destacamos este trimestre que el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado un dictamen en fecha reciente (2016/C 071/02) en el que reconoce que la Comisión Europea considera prioritario simplificar en profundidad la aplicación de la política agrícola común (PAC). Señala que se propone para ello la simplificación de determinados actos de la Comisión, de manera que la legislación de la Unión Europea sea más fácil de comprender y de aplicar sobre el terreno. No es difícil estar de acuerdo con tan sensata reflexión. Entiende que procede aumentar la transparencia y reforzar la seguridad jurídica (criterio capital sobre el que volveremos más adelante), así como reducir la carga administrativa innecesaria y los costes asociados —entre otros— para los agricultores, organizaciones de productores y Administraciones nacionales. Se trata, en definitiva, de hacer más sencilla la normativa aplicable a todos los eslabones de la cadena alimentaria en su fase inicial. El informe quiere dejar claro que simplificar la política agrícola común no es desmantelarla y que ya se han dado significativos pasos en esa línea simplificadora. La reducción de las organizaciones comunes de mercado (OCM) de veintiuna a una (lo que supuso derogar más de mil regulaciones sectoriales), la reducción o supresión de regímenes especiales o la reducción de los requisitos para las importaciones son hitos en ese camino. Se trata de simplificar sin perder de vista los objetivos de la política agrícola común y sin amenazar el empleo creado en estos años. 2. También, es de gran interés el Real Decreto 71/2016, de 19 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 3 El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, establece en su disposición transitoria cuarta el plazo máximo y las condiciones en que, cuando la situación epidemiológica de la enfermedad valorada en cada región así lo aconseje, podrá autorizarse la vacunación contra la brucelosis bovina de hembras, en determinadas áreas o explotaciones, con la vacuna RB-51 respecto de la infección con Brucella abortus, o con la vacuna REV-1 respecto de la infección con Brucella melitensis. En este sentido, el Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina 2015/2016, aprobado mediante la Decisión núm. SANTE/VP/2015/ES/SI2.700776, de 30 de enero del 2015, prevé la posibilidad de vacunación con la citada vacuna en casos de rebrote de la enfermedad (declaración de zonas de especial incidencia). Dado el carácter plurianual del referido programa, las previsiones de vacunación con RB51 se extienden al año 2018. Por ello, la norma básica debe modificarse para ampliar hasta el 31 de diciembre del 2018 la posibilidad de uso de dicha vacuna, lo que permitirá, de forma adicional, que, si otras comunidades autónomas deciden su aplicación, dispongan de un periodo suficiente para que sea eficaz. III. Propiedad industrial e intelectual 1. En primer lugar, tiene especial importancia la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre del 2015, sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas, en la que el Parlamento Europeo destaca que, para la Organización Mundial del Comercio, las indicaciones geográficas son indicaciones que permiten identificar un producto como originario de un territorio de un miembro de dicha organización o de una región o localidad de dicho territorio, en caso de que la calidad, reputación u otras características determinadas del producto sean esencialmente atribuibles a su origen geográfico. Y también destaca que estos productos, «por su estrecha vinculación regional, sobre todo en zonas rurales,» […] «contribuyen a aumentar el atractivo general de una zona, a preservar las identidades locales y a promover su carácter distintivo, con beneficios para el turismo, la cultura, el empleo y el comercio». Por ello, se considera que «sería altamente recomendable que la Unión Europea adoptase disposiciones legislativas en materia de indicaciones geográficas para productos no agrícolas, con el fin de sacar el máximo provecho de los efectos económicos positivos de la protección del carácter distintivo y de la calidad de dichos productos, proporcionar a los consumidores información fiable sobre su lugar y/o método de producción y preservar los conocimientos técnicos y el empleo relacionados con ellos». Y también destaca el Parlamento que ello podría «contribuir eficazmente a luchar contra la falsificación, el uso fraudulento de las indicaciones geográficas y otras prácticas desleales que puedan inducir a error al consumidor final y perjudicar, en particular, a las microempresas y las pymes, que producen de forma legítima la gran mayoría de los productos potencialmente beneficiarios de la protección y no disponen en la actualidad de medios jurídicos ni financieros para defender sus intereses, lo que a su vez repercute negativamente en sus exportaciones». 2. La labor armonizadora del derecho de marcas se inició en lo que hoy es la Unión Europea con la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE). Esta directiva armonizó sólo algunos aspectos de la regulación de los Estados relativa a las marcas, en particular, aquellos que se consideró que afectaban en mayor medida al funcionamiento del mercado interior (signos que pueden constituir una marca, prohibiciones absolutas y relativas de registro de la marca, derechos conferidos por la marca y sus limitaciones, la licencia, la prescripción por tolerancia, el uso obligatorio de la marca y, en general, las causas de caducidad y de nulidad de la marca). Esta labor de armonización de las legislaciones de marcas se vio acompañada de la creación de un derecho de marca de ámbito comunitario con el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (RMC). Posteriormente, estos textos normativos dieron paso a la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre del 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que codificó la Directiva 89/104/CEE y sus modificaciones posteriores; y al Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero del 2009, sobre la Marca Comunitaria, versión codificada del reglamento anterior y sus ulteriores modificaciones. 4 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa Pues bien, en diciembre del 2015 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea una nueva directiva en materia de marcas, así como una profunda reforma del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Se trata de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre del 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23 de diciembre del 2015), y del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre del 2015 (DOUE L 341, de 24 de diciembre del 2015). 3. Con la nueva normativa de la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, es de esperar que se ponga fin a supuestos de abuso de posición dominante en la fijación de las tarifas como los que han tenido que conocer los tribunales españoles. 4. El Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, tiene por objeto regular el régimen jurídico organizativo, de procedimiento y funcionamiento de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual —órgano colegiado de ámbito nacional adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, a la cual se refieren los artículos 158 y 158 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. IV. Medicamentos Son de especial relevancia dos normas recientemente aprobadas: 1. El nuevo Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que, según los principios de la atención integral de la salud y para la continuidad asistencial, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en relación con los artículos 7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, tiene por objeto regular lo siguiente: a) las actuaciones de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, relacionados con su ejercicio profesional; b) la elaboración y validación de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros, y c) el procedimiento de acreditación del enfermero, tanto del responsable de los cuidados generales como del responsable de los cuidados especializados, como requisito previo y necesario para el pleno desarrollo de las actuaciones referidas. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán tanto si las actividades se desarrollan en los servicios sanitarios públicos como si tienen lugar en el ámbito de la sanidad privada. 2. El Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, que, tal como dispone el primero de sus artículos, se aplicará a los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano que se efectúen en España y tiene por objeto: a) desarrollar las disposiciones específicas relativas a tales ensayos para la aplicación en España del Reglamento (UE) núm. 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril del 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE, y b) regular los comités de ética de la investigación con medicamentos, así como el Registro Español de Estudios Clínicos, conformado tanto por los ensayos clínicos como por los estudios postautorización observacionales que se lleven a cabo con medicamentos de uso humano. Se aclara, asimismo, que no tendrá la consideración de ensayo clínico con medicamentos la administración a pacientes individuales de un medicamento en proceso de investigación en el ámbito de la práctica médica y con el único propósito fundamental de conseguir un beneficio terapéutico para el paciente. En ese supuesto, el uso de medicamentos no autorizados o en condiciones de uso distintas de las autorizadas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. De igual modo, y como principio general, se establece que la práctica médica y la libertad profesional de 5 prescripción del médico u otros profesionales sanitarios no ampararán, en ningún caso, la realización de ensayos clínicos no autorizados ni la utilización de remedios secretos o no declarados a la autoridad sanitaria. Entre las cuestiones específicamente reguladas cabe destacar la protección de los sujetos del ensayo y su consentimiento informado (distinguiendo los requisitos generales y los ensayos clínicos con menores, con personas con la capacidad modificada para dar su consentimiento, en situaciones de urgencia y con mujeres embarazadas o en periodo de lactancia); la indemnización por daños y perjuicios y el régimen de responsabilidad; los comités de ética de la investigación con medicamentos; la presentación, la validación, el procedimiento de evaluación y la autorización de los ensayos clínicos con medicamentos; la continuación del tratamiento tras el ensayo, los aspectos económicos del ensayo clínico, la fabricación y la importación, el etiquetado y la adquisición de los medicamentos utilizados en un ensayo clínico; las normas de buena práctica clínica y su verificación, el sistema de comunicaciones, la vigilancia de la seguridad de los medicamentos en investigación y el régimen de infracciones y sanciones. En el último trimestre también se han aprobado nuevas normas interesantes en el ámbito tributario: 1. Por su relevancia, debemos destacar en el ámbito foral de Navarra la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Entre las medidas más destacadas se encuentran las siguientes: 1) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, vuelven a tributar las retribuciones en especie pactadas en procesos de negociación colectiva; la reducción por rendimientos irregulares podrá aplicarse a los rendimientos de trabajo percibidos de forma fraccionada (indemnizaciones por despido inclusive); se restringe la aplicación del régimen de estimación objetiva a los rendimientos de actividades económicas; se modifica la escala de gravamen; la reducción en la base imponible de los mínimos personales y familiares se convierte en deducción en la cuota íntegra; se reforma la deducción por adquisición de vivienda habitual; y, por último, se introduce el tax exit; 2) en el impuesto sobre el patrimonio, dejan de estar exentos los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial o profesional, si bien podrá aplicarse una deducción en la cuota íntegra del 100 %; 3) en el impuesto sobre sociedades, se adapta la normativa fundamentalmente en lo referido a los regímenes fiscales de consolidación fiscal y de reestructuración empresarial; las SICAV pasarán a tributar al tipo general; el tipo para las grandes empresas se eleva al 28 %; y se limita la compensación de las bases imponibles negativas; 4) en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se introducen cambios encaminados mayoritariamente a contrarrestar maniobras elusivas, y 5) por último, se prevén, entre otras medidas, la publicación del listado de los deudores relevantes y la ampliación de las potestades de la Administración en la lucha contra el fraude. 2. En el territorio histórico de Gipuzkoa, el Decreto Foral 88/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el 2016 para la determinación en ambos impuestos de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales. 3. En el territorio histórico de Bizkaia, el Decreto Foral Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre, del Impuesto sobre las Primas de Seguro. Este decreto foral tiene por objeto adaptarse a diversas novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016: 1) en el impuesto sobre el valor añadido, se introducen modificaciones técnicas en determinadas exenciones para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comunitaria; 2) en el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, se prorroga para el ejercicio 2016 la reducción de los tipos impositivos aplicable en el 2015. Asimismo, destacamos la Norma Foral 2/2016, de 17 de febrero, de modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cuya principal novedad consiste en la publicación de listados de los deudores en situación de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. 4. Reseñamos para el territorio histórico de Álava, la Norma Foral 22/2015, de 29 de diciembre, de modificación de la normativa reguladora de determinados impuestos. Entre las medidas más destacadas se encuentran: 1) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se concreta la imputación temporal de V. Tributos 6 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados, y se establece su régimen transitorio; se aclara, en materia de actividades económicas, que las compensaciones y reservas previstas en el impuesto sobre sociedades no son de aplicación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; se recoge expresamente la posibilidad de reducir en los cinco ejercicios siguientes las cantidades aportadas o imputadas a sistemas de previsión social del contribuyente que no hayan podido ser objeto de reducción en la base imponible general por insuficiencia de ésta; se establece la exención de las rentas obtenidas por la persona deudora en procedimientos concursales, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas; 2) en el impuesto sobre sociedades, se regula expresamente la no deducibilidad de los intereses de demora derivados del incumplimiento de alguna norma; 3) se introducen diversas modificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y 5) se prevé la publicación de listados de deudores, que se incorpora a la Norma Foral General Tributaria. Asimismo, destacamos el Decreto Foral 3/2016, de 12 de enero, del Consejo de Diputados, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en virtud del cual se actualiza y acompasa la regulación del impuesto sobre la renta de no residentes con las reformas efectuadas en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; y el Decreto Normativo de urgencia fiscal 1/2016, de 4 de febrero, del territorio histórico de Araba, del Consejo de Diputados, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el impuesto sobre el valor añadido y en el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, cuyo objetivo es incorporar en la normativa del territorio foral las modificaciones llevadas a cabo en la normativa estatal. 5. Por último, en el ámbito europeo, destacamos la Decisión (UE) 2016/221, de la Com is ión, de 12 de febrero, por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1937 por la que se crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente. VI. Contabilidad En materia de derecho contable, destacamos las siguientes novedades: 1. La Resolución de 29 de enero del 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. Entre los aspectos más relevantes caben subrayar los siguientes: 1) deberá informarse sobre el periodo medio de pago a proveedores con efecto retroactivo con respecto a las cuentas anuales de los ejercicios comenzados a partir del 1 de enero del 2015, incluso en aquellas sociedades mercantiles que elaboren su memoria conforme al modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, y 2) se prevé el método de cálculo para determinar dicho periodo. 2. La Resolución de 9 de febrero del 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios, a partir de la cual se adaptan los criterios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas al nuevo Plan General Contable y a la Ley de Impuesto sobre Sociedades, y se afecta a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2015. Entre sus aspectos fundamentales destacamos: 1) el reconocimiento de activos y pasivos por impuesto corriente o diferido, que se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión; 2) la reserva de capitalización se tratará como un menor impuesto corriente; 3) la reserva de nivelación supondrá un pasivo por impuesto diferido; 4) respecto de la limitación a la amortización deducible del 70 %, la no deducibilidad del 30 % en ejercicios anteriores habrá dado lugar a un pasivo por impuesto diferido, que irá reduciéndose a medida que se vaya deduciendo a partir del 2015 (no será necesario llevar a cabo ajuste alguno con motivo de la modificación de los tipos impositivos desde el momento de la generación del pasivo hasta la deducción); 5) los impuestos extranjeros de naturaleza similar al impuesto sobre sociedades se registrarán de igual manera que si se tratara de los gastos derivados de dicho impuesto en España; 6) las provisiones y contingencias derivadas del impuesto sobre beneficios generarán una dotación a la provisión por el importe estimado de la deuda tributaria, y 7) se regulan aspectos vinculados a la presentación en el balance de los activos y pasivos por impuestos diferidos o corrientes, así como la información que debe incluirse en la memoria de las cuentas anuales respecto de la situación fiscal. 7 Tras haber sido aprobados —y analizados en este boletín— en el trimestre anterior los textos refundidos de las normas nucleares del ámbito laboral (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre —BOE de 24 de octubre—, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) y en materia de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre —BOE de 31 de octubre— por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), sus correspondientes entradas en vigor han marcado las fechas sucesivas. Con todo, algunas otras normas han sido publicadas en este último trimestre; reseñamos a continuación las de mayor interés: 1. Entre las normas laborales destaca la aprobación del Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, que fija el salario mínimo interprofesional para el 2016 en 655,20 euros al mes (21,84 euros/día). Se trata de un salario mínimo para cualquier actividad en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquél. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se trabajase una jornada inferior se percibiría a prorrata. 2. Por lo que se refiere al ámbito de la Seguridad Social, procede destacar, en primer lugar, la corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015 (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de febrero del 2016 y en la que se contienen algunas modificaciones del texto vigente. En segundo término, conviene reseñar la aprobación del Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. La Ley de Presupuestos Generales para el 2016 contiene, dentro de su título IV, los criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para dicho ejercicio y prevé su revalorización en un 0,25 %. De acuerdo con tales previsiones legales, este real decreto establece una revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social, incluido el límite máximo de percepción de pensiones públicas, del 0,25 %. Igualmente, se fija una revalorización del 0,25 % de las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas de dicho sistema, así como de las pensiones no concurrentes del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez. Asimismo, se actualizan las cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad que tengan dieciocho o más años. En este sentido, el importe de la pensión, una vez revalorizada, estará limitado a la cantidad de 2567,28 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. Asimismo se establece en un anexo de la norma indicada la cuantía de los complementos para mínimos de las diferentes pensiones, incompatibles todos ellos con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales. Del mismo modo, se recogen las reglas sobre concurrencia de pensiones públicas dispensadas por distintas entidades u organismos y se fija en 5150,60 euros íntegros anuales la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, para el 2016. A esta última cantidad se añade un importe de 525 euros anuales como complemento en favor del pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener como residencia habitual una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. Por su parte, el Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), recoge las reglas de revalorización y los complementos de las pensiones de clases pasivas para el 2016. En tercer lugar, la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Con carácter general, el tope máximo de la base de cotización al régimen general será, a partir del 1 de enero del 2016, de 3642 euros mensuales, siendo el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 764,40 euros mensuales. Por su parte, las bases mí- nimas y máximas por contingencias comunes estarán limitadas para cada grupo de categoría profesional VII. Laboral y Seguridad Social 8 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa en el que se encuadre el trabajador. La máxima se fija en 3642 euros y la mínima oscila entre los 1067,40 euros del grupo 1 y los 764,40 del grupo 7, fijándose el resto de los grupos en función de las cotizaciones por días y no por meses. Por lo demás, los tipos de cotización al régimen general serán, para contingencias comunes, el 28,30 %, del que el 23,60 % será a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo del trabajador y, para contingencias profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas vigentes. Finalmente, conviene precisar que el Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Este último contiene el listado de las enfermedades profesionales en el anexo 1 y se incluye como anexo 2 la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1 como enfermedad profesional podría establecerse en el futuro. A tales efectos, ahora se encuadra en el grupo 6 del cuadro de enfermedades profesionales (codificación) del anexo 1, dentro de las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos y, en concreto, por el amianto, un nuevo subagente, el cáncer de laringe; se enumeran asimismo las principales actividades asociadas a ese subagente. Por su parte, en el anexo 2, de la lista complementaria de las enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales se podría prever en el futuro (codificación), se suprime el cáncer de laringe producido por la inhalación de polvo de amianto, ya que pasa a contenerse en el citado anexo 1; se procede asimismo a la nueva numeración del grupo 6 del anexo 2. VIII. Audiovisual En el sector audiovisual, destaca la publicación de diversas normas que completan el régimen jurídico de las ayudas a la producción cinematográfica: 1. La principal de estas normas es el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. El Real Decreto Ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, eliminó el sistema de ayudas a la amortización de largometrajes y estableció una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de éstos con el propósito, entre otros, de adecuar la normativa interna en materia de ayudas a la cinematografía y al audiovisual a los principios establecidos en la «Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual» (DOUE, de 15 de noviembre del 2013). Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Real Decreto 1084/2015 desarrolla la modificada Ley 55/2007 en los aspectos relativos a la calificación de las obras cinematográficas, su nacionalidad y la acreditación de su carácter cultural; regula las coproducciones con empresas extranjeras; establece normas mínimas sobre la distribución y exhibición de las obras cinematográficas en salas; aprueba las líneas generales de las medidas de fomento previstas en la ley y regula el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. En el nuevo sistema de ayudas a la producción cinematográfica desaparecen las ayudas a la amortización y se sustituyen por ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto. El real decreto fija los límites máximos a las ayudas (con carácter general, el 50 % del total del presupuesto de producción); establece las normas generales para el acceso a cada línea de ayudas así como las obligaciones inherentes a la condición de beneficiario, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y remite a la correspondiente orden ministerial la determinación de los aspectos específicos de cada tipo de ayudas. En el nuevo sistema, el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. Los procedimientos de concesión de las ayudas se iniciarán de oficio mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado. El real decreto establece la obligación de reembolso de las ayudas recibidas según los resultados alcanzados por las producciones beneficiadas. 2. Completan lo establecido en el Real Decreto 1084/2015, la Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor, y la Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales corregida por la Orden ECD/43/2016, de 22 de enero. En la primera se contienen precisiones que afectan a la remuneración del productor ejecutivo; a la 9 consideración de determinados gastos como gastos generales o no, dependiendo del momento de su realización; a los límites temporales para poder reconocer gastos de postproducción, escenografía y decoración; a la manera de justificar determinadas aportaciones dinerarias en el caso de coproducciones con empresas extranjeras y a la posibilidad de modificar la resolución de reconocimiento del coste cuando se detecte la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para su adopción. Podrán ser reconocidos como coste nuevos conceptos, entre los que se cuentan los intereses financieros derivados de préstamos efectuados por personas físicas o jurídicas no vinculadas a la empresa productora, con determinadas condiciones, o los gastos de traducción a cualquier lengua oficial española, e incluso a lenguas no oficiales, en supuestos justificados por razones de promoción de la película. Se precisa el ré- gimen de subcontratación de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se fija el porcentaje máximo del coste de realización de la película que resulta posible subcontratar con otros profesionales o empresas de producción cinematográfica y se determinan los supuestos en los que no cabe la subcontratación. Se fortalecen las obligaciones de transparencia respecto a la acreditación del coste requiriendo la presentación de informes especiales de auditoría sometidos a la supervisión del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Por su parte, la Orden ECD/2796/2015 establece las nuevas bases comunes y específicas reguladoras de las ayudas al cine. En concreto, fija las bases reguladoras comunes de las ayudas estatales previstas como medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual en el capítulo III de la Ley del Cine, así como las bases reguladoras específicas de las ayudas generales y selectivas a la producción de largometrajes sobre proyecto, a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados, a la distribución, a la participación de películas españolas en festivales y a la organización de festivales y certámenes. La orden también reorganiza y simplifica la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. En el ámbito autonómico, se han aprobado algunas normas sobre el régimen de las correspondientes televisiones autonómicas: 1. La Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. Mientras se elabora y tramita una reforma más profunda del modelo de radiotelevisión, esta ley modifica algunos aspectos concretos de la Ley 15/2010. En particular, se pretende adaptar la producción de contenidos a los nuevos formatos de internet de modo que la función de servicio público del ente público se lleve a cabo mediante la producción y la edición de contenidos audiovisuales para su difusión multimedia por medio de televisión, radio y plataformas de internet, con una programación en abierto de servicios conexos o interactivos. Se exige una nueva mayoría para la elección del Consejo de Dirección y del director o directora del ente (mayoría de tres quintos del Parlamento en primera votación y mayoría absoluta en segunda votación). Se refuerzan los mecanismos de control respecto a la contratación y gestión económica del ente. 2. La Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, que puede calificarse como una ley de tránsito entre la Ley 5/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, del servicio público de Radiotelevisión Valenciana, que queda derogada, y la futura ley de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, que Les Corts deberán aprobar en el plazo de seis meses desde la presentación por los liquidadores del primer informe de situación de la extinta Radiotelevisión Valenciana. La Ley 12/2015 pretende fijar las condiciones para el restablecimiento de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, suprimida por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico. Según la nueva Ley 12/2015, los futuros servicios autonómicos incluirán, además de los clásicos servicios de comunicación audiovisual radiofónica y televisiva, los servicios de comunicación audiovisual a petición y en movilidad, así como servicios conexos e interactivos, plataformas digitales de comunicación y «cualquier otro servicio propio de la sociedad de la información relacionado con los anteriores»; serán servicios de titularidad pública y sujetos a gestión directa. La programación se emitirá en valenciano, con emisión multilingüe en castellano e inglés, siempre que sea técnicamente posible. En el tránsito hacia el nuevo modelo, la ley prevé la liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S. A. U., la reversión o adjudicación a la Generalitat de los bienes necesarios para la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión y la posible recuperación provisional o en pruebas de la señal mientras no se haya aprobado la ley reguladora de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat Valenciana. También se autoriza al Consell, dentro de los límites que se establecen en la Ley de Presupuestos de la 10 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa Generalitat para el ejercicio 2016, a efectuar las contrataciones de obras, servicios y suministros que resulten necesarias para la preparación de los diferentes servicios que deben integrar el modelo de radiotelevisión pública valenciana. El Reglamento (UE) 2015/2341 de la Comisión, de 15 de diciembre del 2015, ha modificado la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (arts. 16 y 61 de la directiva) con efectos desde el 1 de enero del 2016. El Diario Oficial de la Unión Europea del día 1 de enero del 2016 ha publicado el texto consolidado de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo del 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, que incluye las modificaciones llevadas a cabo por el reglamento citado, así como otras anteriores. En diario oficial de la misma fecha se publica el texto consolidado de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, con efectos a partir del 18 de abril del 2016. IX. Contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales X. Energía eléctrica 1. En el sector de la energía eléctrica, destaca el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. El real decreto obliga a las grandes empresas o grupos de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, independientemente del sector de actividad en el que actúen. Se definen como «grandes empresas» aquellas que ocupen al menos a doscientas cincuenta personas, o las que, sin cumplir el anterior requisito, cuenten con un volumen de negocio que exceda de cincuenta millones de euros y un balance general que sobrepase los cuarenta y tres millones de euros. La auditoría energética debe tener en cuenta todos los consumos de energía existentes que proceden de la empresa, incluso el consumo del transporte vinculado a ésta. La auditoría debe cubrir, al menos, el 85 % del consumo total de la energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que la gran empresa, o grupo, gestione en el desarrollo de su actividad económica. El fin último de la auditoría es determinar y cuantificar el potencial ahorro de energía al que puede llegar una empresa (a un coste eficiente). Por ello se exige cifrar todas las fuentes de consumo, si bien el real decreto no impone ningún objetivo cualitativo o cuantitativo de ahorro que haya de adoptar la gran empresa, una vez medidos sus consumos. El órgano competente que controlará la realización de las auditorías por parte de las empresas obligadas es el de la comunidad autónoma en la que se encuentren sus instalaciones. Las empresas deberán comunicar a dicho órgano el haberse sometido, tres meses después de su finalización, a la auditoría energética a fin de posibilitar su inspección. El órgano autonómico remitirá dicha comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección General de Política Energética y Minas) en el plazo de un mes para efectuar el registro de auditorías regulado. Las grandes empresas que durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan tal condición han de someterse a la primera auditoría energética en el plazo de nueve meses tras la entrada en vigor del real decreto comentado (el 14 de febrero del 2016), por lo que dichas empresas deberán contar con tal auditoría a partir del 15 de noviembre del 2016. No obstante, se considerarán válidas aquellas auditorías que se hayan ejecutado desde el 5 de diciembre del 2012, fecha de entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, siempre que cumplan sus requerimientos. Las siguientes auditorías se llevarán a cabo cada cuatro años. 11 Las auditorías energéticas deberán ser efectuadas por auditores energéticos debidamente cualificados, tal y como se establece en el capítulo III del real decreto. No obstante, también se permite que sean técnicos cualificados de la empresa auditada los que las lleven a cabo, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa. El incumplimiento de las obligaciones en materia de auditoría se sancionará conforme a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (arts. 80 y 81). 2. Se han aprobado asimismo diversas normas que determinan los precios de la energía para el 2016. Junto a la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos —que ha sido objeto de diversos recursos contencioso-administrativos admitidos a trámite por el Tribunal Supremo—, se ha aprobado la Resolución de 23 de diciembre del 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2016, corregida en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre del 2015. 3. Mediante la Resolución de 23 de diciembre del 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, se han aprobado las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. La disposición final primera del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, modifica la redacción de, entre otros, el apartado 3 del artículo 25 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. La modificación consiste en designar al Operador del Mercado Ibérico (OMIE) para actuar como contraparte central de las operaciones de compra y de venta de electricidad en el mercado de producción interponiéndose en las obligaciones derivadas de las compras y ventas y convirtiéndose en vendedor de cada operación de compra y en comprador en cada operación de venta. Mediante la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 11 de diciembre del 2015, se ha designado al Operador del Mercado Ibérico de la Energía‑Polo Español, S. A., como «operador designado para el mercado eléctrico (NEMO)», al amparo de lo previsto en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio del 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de la congestión (CACM). En cumplimiento del citado Real Decreto 900/2015, OMI‑Polo Español, S. A. (OMIE), como operador del mercado, ha elaborado una propuesta de modificación de las «Reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción» que ha sido aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con efectos desde el 1 de enero del 2016. Estas reglas cumplen el mandato de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, y son necesarias para gestionar el sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en los mercados diario e intradiario. A ellas se adhieren expresamente los compradores y vendedores en dichos mercados de producción de energía eléctrica por medio de la suscripción del correspondiente contrato de adhesión, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) haberse adherido expresamente a las reglas y condiciones de funcionamiento y liquidación del mercado diario de producción que comprende las sesiones de los mercados diario e intradiario, en el correspondiente contrato de adhesión, que será único y habrá de ser aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y b) prestar al operador del mercado garantía suficiente para dar cobertura a las obligaciones económicas que se puedan derivar de su actuación como agente en el mercado diario de producción, en los términos que se establezcan en el contrato de adhesión. 4. Es muy interesante, asimismo, la Resolución de 18 de enero del 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se resuelve la subasta para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre. En la subasta, que se celebró el 14 de enero del 2016, se han adjudicado 200 MW de potencia a instalaciones de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y 500 MW a instalaciones eólicas (tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares). El anexo II de 12 | Actualidad Normativa abril 2016 Actualidad Normativa la resolución detalla el nombre de los adjudicatarios para cada una de las tecnologías, así como la potencia adjudicada a cada una de las instalaciones. La resolución aprueba también una reducción del cien por cien del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia (ITR) tanto para la tecnología de biomasa (ITR-0101) como para la tecnología eólica (ITR‑0102), lo que significa que los promotores adjudicatarios no percibirán ninguna cantidad en concepto de retribución a la inversión inicial por las instalaciones que obtengan la autorización de explotación definitiva entre los años 2015 y 2020 (vid. anexo II). Sí percibirán retribución por el resto de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con autorización de explotación definitiva en determinado año, calculados según lo establecido en el artículo 5 de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre. En el caso de la eólica, los titulares de las instalaciones recibirán únicamente la retribución del mercado (sin prima) y, para el caso de la biomasa, percibirán la retribución del mercado más otra variable por el coste del combustible (retribución de la operación). 5. Diversas normas completan el régimen del servicio de interrumpibilidad: la Resolución de 23 de diciembre del 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario de instalación y verificación de los equipos de medida, control y comunicaciones (EMCC) del sistema de comunicación, ejecución y control del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad; la Resolución de 18 de enero del 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se fija el precio medio de la energía que se ha de aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre del 2016, y la Resolución de 9 de febrero del 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se modifica la Resolución de 18 de diciembre del 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen los criterios para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 6. Además, se han aprobado varias normas tendentes a concretar los costes del sistema eléctrico a efectos de liquidación de ejercicios anteriores. Este capítulo comprende la Resolución de 16 de febrero del 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual del año 2012, correspondiente a la aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica; la Resolución de 1 de marzo del 2016 , de la D irecc ión Genera l de Política Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre del 2015, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005; la Resolución de 1 de marzo del 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre del 2015, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio del 2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas, y la Resolución de 1 de marzo del 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre del 2015, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 7. Aunque no son disposiciones normativas, se han de citar también tres sentencias de 3 de noviembre del 2015 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (RJ 2015\4965; RJ 2015\5171 y RJ 2015\5358) en las que se anula el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. El apartado anulado establecía que el valor del margen de comercialización fijo, definido en el artículo 7, para cada una de las tarifas aplicables al precio voluntario para el pequeño consumidor «a partir del 1 de abril del 2014 será de 4 euros/kW y año», valor que podría ser modificado por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El Tribunal Supremo ordena a la Administración demandada que fije el margen de comercialización habiendo adoptado previamente una metodología para calcularlo. 13 En este trimestre, en el sector de las telecomunicaciones, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2016, de 4 de febrero del 2016, dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 709-2015, interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso y declara la nulidad del precepto legal que establece que los planes de despliegue o instalación de una red pública de comunicaciones electrónicas se entenderán aprobados si la Administración Pública competente no hubiese dictado resolución expresa «transcurridos dos meses desde su presentación» (párr. quinto del art. 34.6 de la Ley 9/2014). XI. Telecomunicaciones En el sector inmobiliario merece especial interés la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2015 (JUR/016/33203), que se aparta de la doctrina reiterada en relación con las obras en locales comerciales y nos obliga a estar a cada caso concreto en cuanto a las posibilidades de realización de obras por los propietarios o inquilinos de locales comerciales. Según dicha doctrina, las exigencias normativas sobre mayorías aplicables a las comunidades de propietarios para la ejecución de obras deben ser interpretadas de modo flexible cuando se trata de locales de negocio en régimen de propiedad horizontal. En opinión del Tribunal Supremo, las posibilidades de realización de obras en los locales de negocio deben ser más amplias que en el resto de los casos por la finalidad comercial que cumplen [Sentencia de 17 de enero del 2012 (RJ 2012, 1786)]. Recordemos que la Ley 49/1960, de 21 de julio de Propiedad Horizontal (LPH) prevé la unanimidad de la comunidad de propietarios para llevar a cabo cualesquiera obras que modifiquen los elementos comunes (art. 17), con lo que, en realidad, lo que se procura evitar con esta doctrina es que una rigurosa aplicación de dicha ley impida a los propietarios y a los arrendatarios de locales de negocio explotar su empresa. De hecho, al amparo de la falta de unanimidad de la comunidad de propietarios, lo que se pretendía en ocasiones era impedir la aplicación de la norma que permitía efectuar tales obras según lo previsto en el título o en los estatutos, por considerar que el consentimiento unánime es una norma de derecho necesario que, como tal, no podía ser modificada por la voluntad de los particulares. Sin embargo, la reciente jurisprudencia ha fijado como únicos límites a dicha autonomía de voluntad los recogidos en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, esto es, que las obras permitidas en el título: a) no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general o configuración exterior, ni b) perjudiquen los derechos de otro propietario. Ahora bien, como hemos indicado, la reciente sentencia de 15 de diciembre del 2015 no sigue esta doctrina jurisprudencial y, pese a reconocer su criterio flexible en esta materia, el Tribunal Supremo declara que ello no puede suponer que el dueño de un local de negocio pueda ejecutar obras que alteren la fachada del edificio aunque no afecten a su estructura, en contra de lo acordado unánimemente por la comunidad de propietarios. Sobre todo, apunta el alto tribunal, cuando tampoco se acredita la necesidad de tales modificaciones para la buena marcha del negocio ni que sean precisas para la adecuación a la actividad económica. XII. Inmobiliario