Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655348
Timestamp: 2019-05-26 22:22:31
Document Index: 288071087

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 62', 'artículo 62', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 235', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 3', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 100', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 100', 'artículo 29', 'artículo 1']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 66
OTORGAMIENTO DE MÉRITO EJECUTIVO A LA CARTA DE PORTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
MODIFICACIÓN DE PLANTA DE OFICIALES Y EMPLEADOS CIVILES DE LA ARMADA. Primer trámite constitucional.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 62 DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 458, LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES. Primer trámite constitucional.
FISCALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
CREACIÓN DE COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS. Primer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
REDUCCIÓN DE COSTOS ASOCIADOS AL PREPAGO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS.
PRÓRROGA DE BENEFICIOS EN FAVOR DE DEUDORES DE LA EX CORPORACIÓN DE REFORMA AGRARIA.
INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
ALCANCES SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA.
APLICACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
INVESTIGACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA TELEFONÍA RURAL. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADORES. Oficio.
FORMACIÓN DE ALIANZA PARA EL EMPLEO.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE VIVIENDAS UBICADAS EN FALDEOS DEL CERRO SAN CRISTÓBAL. Oficio.
APERTURA DE PODER COMPRADOR PARA PEQUEÑOS MINEROS DE EL SALADO, EN CHAÑARAL. Oficio.
HOMENAJE A LA ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES Nº 1 DE LA UNIÓN, CON MOTIVO DE SU CENTENARIO. Oficio.
PROHIBICIÓN DE TRANSACCIÓN DE ACCIONES DE SOQUIMICH. Oficio.
DESIGNACIÓN DE MINISTRO EN VISITA POR INCIDENTES ENTRE EFECTIVOS POLICIALES Y COMUNEROS MAPUCHES EN COMUNA DE TIRÚA
ALCANCES A INFORME SOBRE GESTIÓN DE SECTOR PÚBLICO DE SALUD. Oficios.
HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. Oficio.
DECISIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE PROYECTO DE MACROINTERVENCIÓN URBANA DE TALCA. Oficio.
ELIMINACIÓN DE REQUISITO PARA POSTULAR A SUBSIDIO HABITACIONAL. Oficio.
Sesión 66ª, en jueves 17 de mayo de 2001
(Ordinaria, de 10.44 a 13.33 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
I. Asistencia	6
III.Actas	9
IV.Cuenta	9
-	Otorgamiento de mérito ejecutivo a la carta de porte. Primer trámite constitucional. (Continuación)	9
-	Modificación de planta de oficiales y empleados civiles de la Armada. Primer trámite constitucional	14
-	Modificación del artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional	14
-	Fiscalización del tratamiento y evacuación de los residuos industriales líquidos. Primer trámite constitucional. (Continuación)	19
-	Creación de Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Primer trámite constitucional	20
-	Reducción de costos asociados al prepago de créditos hipotecarios	28
-	Prórroga de beneficios en favor de deudores de la ex Corporación de Reforma Agraria	28
-	Alcances sobre situación económica	30
-	Aplicación de la reforma procesal penal en la Cuarta Región. Oficio	31
-	Investigación de problemas relacionados con la telefonía rural. Oficio	32
-	Información sobre evolución del número de empleadores. Oficio	33
-	Formación de alianza para el empleo	33
-	Solución a problemas de viviendas ubicadas en faldeos del cerro San Cristóbal. Oficio	34
-	Apertura de poder comprador para pequeños mineros de “El Salado” en Chañaral. Oficio	35
-	Homenaje a la escuela superior de hombres Nº 1 de La Unión, con motivo de su centenario. Oficio	35
-	Prohibición de transacción de acciones de Soquimich. Oficio	37
-	Designación de ministro en visita por incidentes entre efectivos policiales y comuneros mapuches en Tirúa	38
-	Alcances a informe sobre gestión de sector público de salud. Oficios	39
-	Homenaje a la Universidad de Concepción. Oficio	40
-	Decisión gubernamental sobre proyecto de macrointervención urbana de Talca. Oficio	42
-	Eliminación de requisito para postular a subsidio habitacional. Oficio	43
1.	Oficio de S. E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que establece nueva fecha para las elecciones parlamentarias del año 2001 (boletín Nº 2689-06)	45
-	Oficios del Senado, mediante los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
2.	Suprime las cotizaciones previsionales dispuestas por el artículo 2º de la ley Nº 18.754, efectuadas por los pensionados de las entidades previsionales que indica (boletín Nº 2684-13)	45
3.	Establece nueva fecha para las elecciones parlamentarias del año 2001 (boletín Nº 2689-06)	46
4.	Aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir, suscrito en Arica, Chile, el 3 de septiembre de 1999 (boletín Nº 2612-10)	46
5.	Moción de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Encina, Núñez y Urrutia, que establece normas para asegurar la participación ciudadana en los procesos de fijación tarifaria de los servicios de distribución eléctrica domiciliaria y de servicios de agua potable y alcantarillado y en los servicios de telefonía (boletín Nº 2709-03)	47
6.	Moción de los diputados señores Ascencio, Aguiló, Bustos, Elgueta, Krauss, Palma, don Andrés; Sánchez, Seguel, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que establece una reforma constitucional con el objeto de permitir que sea el Congreso Nacional el que autorice la compra o venta de armamento por parte de Chile, a solicitud del Presidente de la República (boletín Nº 2710-07)	50
-De la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente mediante la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como presidente al diputado señor Montes.
-De la jefa de Comité del Partido por la Democracia mediante las cuales informa de los siguientes cambios permanentes:
a)	En la Comisión especial investigadora de Infracciones a la Legislación Laboral, el diputado señor Jaramillo será reemplazado por la diputada señora Saa, doña María Antonieta;
b)	En la Comisión de Ciencias y Tecnología, el diputado señor Leal será reemplazado por el diputado señor Jaramillo, y
c)	En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el diputado señor Tuma será reemplazado por el diputado señor Leal.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (84)
Acuña Cisternas, Mario	PDC	IX	52
Alessandri Valdés, Gustavo	RN	RM	20
Ávila Contreras, Nelson	PPD	V	11
Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13
Rozas Velásquez, María	PDC	RM	17
Caminondo Sáez, Carlos	RN	X	54
Coloma Correa, Juan Antonio	UDI	RM	31
Díaz Del Río, Eduardo	DEL SUR	IX	51
Elgueta Barrientos, Sergio	PDC	X	57
Espina Otero, Alberto	RN	RM	21
Fossa Rojas, Haroldo	RN	VIII	46
García Ruminot, José	RN	IX	50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UCCP	VI	32
González Román, Rosa	IND	I	1
Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37
Hernández Saffirio, Miguel	PDC	IX	49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco	PDC	IX	50
Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás	PDC	RM	24
Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30
Martínez Labbé, Rosauro	IND	VIII	41
Monge Sánchez, Luis	IND	IX	48
Navarro Brain, Alejando	PS	IV	9
Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25
Palma Irarrázaval, Andrés	PDC	RM	25
Palma Irarrázaval, Joaquín	PDC	IV	7
Pareto González, Luis	PDC	RM	20
Pollarolo Villa, Fanny	PS	II	3
Prochelle Aguilar, Marina	RN	X	55
Prokurica Prokurica, Baldo	RN	III	6
Soria Macchiavello, Jorge	PPD	I	2
Soto González, Laura	PPD	V	14
Urrutia Cárdenas, Salvador	PPD	I	1
Valenzuela Herrera, Felipe	PS	II	4
Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44
Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15
Venegas Rubio, Samuel	IND	V	15
Walker Prieto, Ignacio	PDC	IV	8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Gabriel Ascencio.'
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 60ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor PARETO ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Comercio para dar mérito ejecutivo al recibo de mercadería contenido en la guía de despacho.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Ceroni.
Señor Presidente , este proyecto otorga mérito ejecutivo al recibo de mercadería consignado en la guía de despacho.
¿Qué significa esto? Para conocimiento de los honorables colegas que no asistieron a la Comisión, esto es parte del acuerdo alcanzado entre don Héctor Moya , presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Presidente de la República.
Esta iniciativa no es tan sencilla como parece, porque cambia la naturaleza de la guía de despacho. Si se aprueba, alguien deberá hacerse responsable del pago del flete. Ése es el fondo del asunto. En estos momentos, una persona envía su mercadería a través de un medio de transporte, con la respectiva guía de despacho; pero el transportista no sabe a quién cobrarle cuando una de las partes que interviene en la transacción comercial se niega a pagar. En virtud de este proyecto, debe consignarse claramente en la guía de despacho la forma en que se vende la mercadería y, por lo tanto, quién debe pagar el flete.
Existen diversas formas de vender mercadería. Por ejemplo, si se venden cereales, madera o animales, debe indicarse en la guía de despacho si el valor del producto es puesto en el lugar de origen o en el de destino. En el primer caso, el flete debe ser pagado por el comprador, es decir, por quien recibe la mercadería. En el segundo caso, si la madera, los animales o cualquier otro producto es puesto en su lugar de destino, el flete será pagado por el vendedor, pues está incluido en el precio de venta. Como digo, esto deberá quedar claramente establecido en la carta de porte o guía de despacho.
El proyecto contiene también otros aspectos muy importantes. La guía de despacho -o carta de porte, de ahora en adelante- será endosable; es decir, podrá ser cobrada por la persona en favor de la cual se endosó. Por otra parte, con la carta de porte se evitarán muchas de las maniobras a las cuales se recurre para no pagar el flete, toda vez que, eventualmente, puede aducirse que no se ha recibido la mercadería, lo que ocasionará gran pérdida al transportista, porque no puede cobrar por sus servicios.
Con esta guía de porte, el transportista podrá recurrir a empresas de “factoring”. El que emite una guía de despacho el 1º de mes, dispone para facturar prácticamente de 40 días; puesto que el IVA se paga el 12 del mes siguiente, podrá exhibir este documento como un compromiso de pago pendiente, lo cual facilita la obtención de algunos dineros.
Tenemos algunas dudas. Por ejemplo, se puede dar el caso de una persona cualquiera que compra mercaderías por despachar. Cuando éstas llegan a su destino, el encargado las recibe, porque vienen a nombre del dueño de la empresa. Pero ¿qué puede hacer este último si no las ha pedido?
Incluso puede ocurrir el siguiente absurdo. Me voy a poner en la situación que más conozco: el caso agrícola. Una persona puede comprar en Temuco dos rollos de alambre y pedir al proveedor que se los envíe al campo. Los dos rollos cuestan 10 mil pesos, y el flete, 45 mil. O sea, el adquirente, que está en el campo y los recibe, deberá pagar el flete que, a veces, es mucho más caro que la mercadería.
Cuando se emite la guía de despacho y se paga el flete, indudablemente queda cubierto el pago de la prestación del servicio; pero el problema más preocupante es qué seguridad tiene el comprador de que quien recibe esos recursos pagará el IVA. Vale decir, aquel actúa de buena fe, pues, junto con el flete, paga el IVA ¿Y si el receptor no lo entera? ¿Quedará, quien ya pagó ese impuesto, implicado en el delito? Entonces, también debería haber un resguardo para estas personas.
En el fondo, el proyecto otorga mérito ejecutivo a la guía de despacho, transformándola en un documento mercantil, razón por la cual la persona que no la paga podría ser ejecutada y quedar sujeta a embargo.
El proyecto no es tan simple, porque, como muchos creen, no se trata sólo de una medida para asegurar el pago de los fletes. Está encaminado a amarrar el pago, a la buena o a la mala, de un servicio, porque, de no hacerlo, quedará registrado en Dicom y afecto también a otras situaciones no deseadas. En definitiva, estos proyectos, que aparentemente son muy sencillos, tienen sus complejidades.
A las personas que les interesan estas cosas por su actividad, les recomendaría que tuvieran mucho cuidado en precisar quién paga el flete y en verificar si efectivamente lo que está recibiendo corresponde, en cantidad y calidad, a lo que compró. Puede suceder -lo conversábamos con otros diputados- que una persona compre 10 mil kilos de arroz, pague el flete correspondiente y que, en el lugar de destino, lleguen sólo 8 mil. ¿A quién reclama si el bodeguero recibe la guía conforme? Entonces, es necesario salvaguardar los intereses del comprador en un espectro de situaciones.
En consecuencia, hay dos maneras de hacer negocios con esta guía de despacho, lo que tiene que quedar absolutamente explícito. Por ejemplo, las lecherías no tienen problema, porque cuando venden su producción puesta en planta, del precio se descuenta el flete, y el cliente, persona conocida, recibe la factura. El problema se genera cuando los fletes los realizan personas desconocidas. Por ejemplo, si se vende trigo a molinos de Santiago, lógicamente los fletes son aparte. En este caso, el molino paga al corredor el valor del trigo y el flete, y éste recibe la factura a nombre del despachador, pero también existe la posibilidad de que el vendedor pague el flete. Entonces, como el vendedor siempre tendrá la garantía de que sus fletes serán pagados, él deberá cumplir asimismo con el pago de su IVA y obligaciones posteriores, para no generar problemas al comprador.
En el fondo, el proyecto transforma las guías de despacho en un cheque o en una letra firmada ante notario, porque tienen exactamente el mismo mérito ejecutivo. O sea, quien no paga se expone a embargo, quedará registrado en Dicom y tendrá otra serie de problemas.
Se trata de un muy buen proyecto para los camioneros, siempre que éstos tengan el mismo respeto para con las personas que les han pagado sus honorarios.
Teniendo en consideración que el proyecto favorece a los transportistas, vamos a votarlo favorablemente.
Si hay alguna duda razonable, estaremos dispuestos a contestarla.
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
Señor Presidente, comparto el espíritu del proyecto, que tiene por objeto establecer un mecanismo que permita a quienes realizan fletes -llamados porteadores- obtener el pago de sus servicios.
Pero me preocupan tres cuestiones. La primera, que con el mismo principio de resguardar el pronto pago de este servicio -para lo cual le estamos dando a la guía de despacho el carácter de título ejecutivo-, bien se podría aplicar igual criterio para el resto de las actividades de servicios y de comercio, propuesta que, obviamente, estaría fuera de las ideas matrices del proyecto.
La segunda cuestión se refiere a un aspecto particular del proyecto: resulta extraño que entre las personas que intervinieron en la comisión, no haya concurrido ningún representante de los consignatarios, de los que reciben las mercaderías. Entonces, no se conoce la opinión de ninguna de sus organizaciones.
En tercer término, me parece increíble que en este proyecto se le imponga una obligación al consignatario sin que se establezca algún documento donde conste que él ha llegado a un acuerdo con el despachador, con el proveedor o con el cargador, respecto del medio de transporte en que se efectuará el flete y su valor. Con este proyecto de ley, el consignatario podría recibir una mercadería por avión, lo que le encarecería tremendamente su valor y él tendría que aceptarla. Le estamos colocando una obligación de pago de un servicio cuya naturaleza nunca ha convenido.
Para que esta guía de despacho tenga validez y fuerza ejecutiva, es necesario incorporar el contrato original, en el cual conste que el proveedor ha llegado a un acuerdo de compra y venta con el consignatario. Así, éste asumiría la responsabilidad de pagar un flete establecido en el propio contrato, donde estará especificado el tipo de flete: si es aéreo, marítimo o terrestre. Además, es necesario facultar al despachador para contratar el precio con el cargador y con el fletero, porque en el proyecto no se dice nada sobre ese aspecto. ¿Cómo es posible imponerle al consignatario el pago del precio de un flete que nunca ha sido conocido ni contratado?
Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción el diputado señor Elgueta.
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Elgueta.
Señor Presidente , el diputado señor Tuma tiene razón. Además, quiero agregar que, a veces, el cargador es el mismo consignatario, pues una persona se puede enviar ella misma la mercadería. En consecuencia, en ese caso no habría problema entre el cargador y el consignatario. Sin embargo, el problema se presenta -primer tema- cuando las personas son distintas y el consignatario no ha tenido nada que ver con el transporte. Por ejemplo, supongamos que al Presidente de la Cámara de Diputados le llega una carga que nunca ha encomendado a nadie; no obstante, nuestro Código de Comercio señala que cualquier persona adulta que la reciba puede representar al consignatario. Entonces, la pregunta es: ¿cómo la guía de despacho tendrá título ejecutivo y dicha persona asumirá todas estas obligaciones si nunca encargó que le enviaran esa mercadería?
El segundo tema -desgraciadamente no se encuentra presente el diputado informante para haberle preguntado- dice relación con la supresión de la llamada guía de despacho, que está relacionada con el decreto ley Nº 825, sobre impuesto al valor agregado. Esa guía, además de especificar la mercadería y destinatario, es un documento que permite al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el pago del impuesto al valor agregado; sin embargo, acá esto se suprime. Por eso, no sé si al derogarse subsistirá esta guía de despacho, con la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, o simplemente van a coexistir ambas situaciones, lo que aún no está claro.
Muchas gracias por la interrupción, diputado señor Tuma .
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Tuma.
Señor Presidente , como la diputada señora Eliana Caraball ha participado en esta Comisión, podría aclararnos algunas dudas. En caso de que éstas persistieran, le pediría al señor Presidente , si lo tiene a bien, recabar el acuerdo de la Sala para que este proyecto vuelva nuevamente a la Comisión, por cuanto presenta la gran debilidad de imponer una obligación a quien en ningún momento ha suscrito documento alguno.
Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción a la diputada señora Eliana Caraball.
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
Señor Presidente , creo que hay un error. Lo que pretende este proyecto es darle título ejecutivo no a la guía de despacho, como lo dice erróneamente el título, sino a la carta de porte que contempla nuestro Código de Comercio, la cual hoy no tiene esa validez. Este proyecto da mérito ejecutivo a esa carta de porte, que es el contrato que firman la persona que encarga el transporte, la que lo ejecuta y la que recibe la mercadería transportada. La guía de despacho subsiste para los efectos tributarios. Hoy se usa la cuarta copia de esa guía como contrato, la que en realidad tampoco opera, porque, primero, debería haber un reconocimiento judicial antes de seguir con el procedimiento de cobranza.
Repito, la idea de este proyecto es darle título ejecutivo a la carta de porte, o sea, al contrato que firma la persona que pide que le manden la mercadería, la que la transporta y la que la recibe.
No sé si con esto aclaro en algo sus dudas, diputado señor Tuma .
Recupera el uso de la palabra su Señoría.
Señor Presidente , en este proyecto estamos fundamentando este título ejecutivo y la obligación del consignatario sólo en una presunción: que siempre recibirá la mercadería la misma persona que firmó. Además, existe la presunción de que el que la recibe tiene representación legal o está en conocimiento absoluto de las condiciones del contrato. Lo que normalmente ocurre en las transacciones comerciales y en la práctica es que quien recibe la mercadería no necesariamente está en conocimiento de cómo fue contratada por quien la pidió. Por eso, lo que debería contener este proyecto, para darle fuerza ejecutiva a la carta de porte, es el documento mediante el cual el cliente faculta al proveedor para mandar la mercadería en un medio y a un valor determinados, o bien que faculta al despachador para llegar a un acuerdo respecto del flete. Sin embargo, este proyecto está absolutamente incompleto en cuanto a imponer alguna obligación al consignatario, pues en ninguna parte exige un documento en el cual éste tenga conocimiento del valor del flete.
Señor Presidente , si me permite, le concedo una interrupción al diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente , trataré de ser lo más claro posible. Todo lo que se refiere al Servicio de Impuestos Internos, es decir, el control del IVA, los controles carreteros, etcétera, sigue exactamente igual. Pero ¿qué pasará de ahora en adelante? Son dos los grandes cambios. Primero, la guía de despacho pasará a llamarse guía de porte, sin perder ninguno de sus atributos anteriores. Segundo, antes la guía de despacho no tenía mérito ejecutivo y, hoy, en virtud de esta iniciativa, lo tendrá. Por último, uno de los dos -el cargador o el consignatario- tendrá que pagar el flete. Al efectuarse el flete, una de las partes debe pagarlo. Por lo tanto, los objetivos fundamentales son asegurar que el flete se pague, que la guía de despacho tenga mérito ejecutivo, que podrá ser endosable y, dado su carácter financiero, ser aceptada por los bancos, empresas de “factoring” y otras.
Muchas gracias por la interrupción, señor diputado .
Recupera la palabra su Señoría.
Señor Presidente , sólo para insistir en que aún no está resuelto el tema. Puede suceder que el consignatario, quien tiene la obligación de pagar y contra quien se está ejerciendo el título ejecutivo, nunca ha aceptado el valor del flete ni el medio de transporte. Por lo tanto, es indispensable establecer un documento en que conste su aceptación.
Por último, señor Presidente, le pido que, si lo tiene a bien, solicite la unanimidad de la Sala para que este proyecto vuelva a Comisión.
Señor Presidente , sin perjuicio de destacar todas las ventajas que representa este proyecto -el cual traerá tranquilidad a los transportistas, pues tendrán seguridad de recibir el pago y podrán usar la carta de porte para respaldar los créditos o actividades de tipo presupuestario, dado su carácter de título ejecutivo-, estimamos conveniente aclarar todas las dudas. Por eso, comparto el planteamiento del diputado señor Tuma , de que no importa retrasar un poco más el despacho de este proyecto, siempre y cuando dejemos absolutamente claro que su objetivo es asegurar que el transportista obtenga un pago seguro por el trabajo que ha ejecutado.
¿Habría acuerdo para mandar nuevamente el proyecto a Comisión?
Ha llegado a la Mesa un acuerdo de los Comités para tratar, en segundo lugar, sin debate, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la planta de oficiales y empleados civiles de la Armada y que figura en el cuarto lugar de la Tabla.
Diputado informante de la Comisión de Defensa es el señor Jorge Ulloa, y de la de Hacienda, el señor Andrés Palma.
-Mensaje, boletín Nº 2666-02, sesión 39ª, en 6 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, sesión 65ª, en 16 de mayo de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, respectivamente.
El señor PALMA ( don Andrés) .-
Señor Presidente , voy a hacer un informe muy breve, por el diputado señor Ulloa , informante de la Comisión de Defensa, y en representación de la Comisión de Hacienda.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso es muy simple, pero muy importante para el país. Todos sabemos lo relevante que es para Chile un adecuado control del litoral, debido al incremento del transporte de carga, las faenas pesqueras y otras actividades, de las cuales se encarga la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. De allí la pertinencia de su objetivo, que es aumentar la planta y, por esa vía, cubrir la dotación efectiva de la referida Dirección General. En el hecho, significa una reasignación de recursos en la Subsecretaría de Marina, por cuanto, para este año, en que se materializará el primer incremento de veinte plazas, el financiamiento ya está contemplado en su presupuesto. Además, establece que, en los cuatro años siguientes, la planta se incrementará en otras veinte plazas anuales, hasta completar, en dicho período, ochenta adicionales. El proyecto total, cuando esté en plena ejecución, implicará un costo anual de poco menos de 900 millones de pesos, al valor actual de los recursos.
Por estas razones, ambas Comisiones lo aprobaron por unanimidad. Parece importante, como se señala extensamente en el informe de la Comisión de Defensa, y por los antecedentes que entregó el vicealmirante Arancibia , director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, otorgarle el trámite de mayor urgencia.
He entregado las cifras y el monto de los recursos. Además, los señores diputados podrán encontrar más detalles en el informe que tienen en su poder.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general, por unanimidad.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la indicación de Hacienda.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el nuevo informe de la Comisión de Vivienda, recaído en el proyecto de ley que modifica el artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones.
Diputada informante de la Comisión de Vivienda es la señora Eliana Caraball.
-Nuevo informe de la Comisión de Vivienda, boletín Nº 2673-14, sesión 65ª, en 16 de mayo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.
Tiene la palabra la señora diputada informante.
Señor Presidente , la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar acerca del nuevo informe solicitado en relación con el proyecto de ley que modifica el artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones.
Como recordará la Sala -el primer informe se trató hace pocos días-, la iniciativa tiene por objeto permitir que, respecto de los inmuebles que actualmente se encuentran “congelados” por no conformarse con la normativa del plan regulador de las comunas, puedan, entre otras cosas, aumentar el volumen de las construcciones, rehacer las instalaciones existentes u otorgar patente a un nuevo propietario o arrendatario.
El objetivo original de la legislación que se modifica era lograr que las industrias que producían contaminación o polución salieran del radio urbano o central de la ciudad y se instalaran en otros lugares, para lo cual el municipio les daría plazos. Desgraciadamente, han pasado muchos años y estamos en peor situación. Hoy tenemos inmuebles que no se pueden utilizar integralmente, porque las empresas que los ocupan siguen funcionando con instalaciones deficientes y, lo que es más grave, con esta normativa se les impide a sus dueños hacer las reparaciones que podrían ayudar a descontaminar. Por ejemplo, en muchas de ellas se utiliza carbón, que podría reemplazarse por gas natural, el cual no es contaminante. Pero ello requiere cambiar las instalaciones actuales.
Cuando se rindió el primer informe se objetó el término “instalaciones”. Se habla de modificar la arquitectura, las estructuras y las instalaciones, y tal vez no se entiende la extensión de este último vocablo. Queremos aclarar a la Sala que se utiliza en el sentido que establece el capítulo 9 del título 5º de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones, denominado “Instalaciones y pavimentación de calzadas interiores” y que se refiere a las instalaciones de agua potable y desagües, instalaciones eléctricas, de gas, de calefacción central, de agua caliente y de ascensores y montacargas.
En vista de eso, la Comisión procedió, por unanimidad, a rechazar la indicación suscrita por el diputado señor Andrés Palma , en el sentido de suprimir la palabra “instalaciones”, por cuanto el proyecto quedaría mal redactado, puesto que, precisamente, son las instalaciones las que habría que cambiar en muchas de las industrias congeladas. De esa manera no se conseguiría el objetivo del proyecto, cual es lograr el mayor uso de los predios que se encuentran en el interior de las ciudades.
Se procedió a votar la indicación y, como digo, se rechazó por unanimidad, de modo que el artículo único, que reemplaza al inciso primero del artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conocido como ley general de Urbanismo y Construcciones, quedó de la siguiente forma:
“Los terrenos cuyo uso no se conformare con los instrumentos de planificación territorial correspondientes, se entenderán congelados. En consecuencia, no podrá aumentarse en ellos el volumen de construcción existente para dicho uso de suelo. Sin embargo, los aumentos que tengan por objeto preciso mitigar los impactos ambientales adversos que provocare su actividad productiva no estarán afectos a dicho congelamiento, como, asimismo, las obras destinadas a mejorar la calidad de su arquitectura, de sus estructuras y de sus instalaciones, incluidas aquellas que tengan un sentido estético que contribuya a mejorar su aspecto”.
De modo que se salvaguarda lo fundamental, que es mantener la congelación sobre esos terrenos respecto de la ampliación de las industrias o de nuevas instalaciones. Sin embargo, se permite mitigar los impactos ambientales adversos que dichas industrias producen al autorizarlas para cambiar sus instalaciones.
Por lo tanto, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano solicita la aprobación de este proyecto de ley.
Señor Presidente, sólo quiero señalar la incomodidad que me produce el proyecto.
Creo que las implicancias en materia de ordenamiento territorial y urbanismo debieran haber estado insertas en otro proyecto, porque en el artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458 se contempla la prohibición de que las empresas existentes fueran ampliadas, y a pesar de suprimirse el vocablo “instalaciones”, me queda la impresión -no puedo ser poseedor de la razón absoluta sobre el proyecto-, de que, una vez más, el centralismo se impone. Sin duda, con este proyecto se dan facilidades, veladamente, a todas las empresas o industrias instaladas en Chile; sin embargo, a los cientos de empresas o industrias existentes en la metrópoli, en Santiago, nunca las moveremos de allí, porque las arreglarán, “amononarán” y, por supuesto, les darán un sentido estético que contribuya a mejorar su aspecto. De este modo, restamos la posibilidad de que Santiago, de una vez por todas, deje de ser la capital de las industrias y de los empresarios. Las industrias debieran instalarse en las regiones, de donde viene la materia prima, y pagar en ellas sus derechos.
Por eso, anuncio mi voto en contra.
Señor Presidente , porque creo que el debate no es menor, quiero reiterar los argumentos que señalé durante la discusión del primer informe.
Decimos que hay que descongelar, lo cual significa que el instrumento que se usó en el pasado para orientar la ciudad de una determinada manera no funcionó. Ahora, de hacerlo, hay que evaluar qué resultados implica, para dónde nos lleva.
No comparto lo expresado por el diputado señor Jaramillo en el sentido de que esto perjudica a las regiones. Es una medida válida tanto para las regiones como para todas las ciudades de Chile. Por ejemplo, Valdivia tiene problemas muy serios, incluso mayores que los de la Región Metropolitana, porque tiene propiedades muy antiguas que también están congeladas. Por eso hay que hacer un debate a fondo.
Comparto la idea de legislar en materia urbana sobre aspectos puntuales; pero es necesario un debate global, porque, de lo contrario, nos vamos a ir metiendo en un tipo de opción que no es la que necesariamente queremos como corrientes políticas, como sectores, o sea, decisiones parciales.
Es conveniente hacer tres preguntas.
En primer lugar, ¿qué sentido tenía congelar con la legislación vigente? ¿Fue una tontería de los legisladores? ¿Se congeló de esta manera porque sí?
En segundo lugar, ¿qué significa descongelar?
En tercer lugar, ¿es la única alternativa? Se trata de que los terrenos no estén congelados.
Quiero reflexionar brevemente sobre esas preguntas.
¿Por qué se congeló? Se entiende que el principio fundamental para congelar es el hecho de que ser dueño de un predio urbano conlleva las prerrogativas del derecho de propiedad, pero también implica deberes. En muchas legislaciones del mundo, quien posee un terreno urbano tiene el deber de utilizarlo como el interés general lo demande. O sea, ser su dueño no es para hacer lo que se quiera, sino para responder a ciertos intereses generales de la sociedad. Eso se traduce en planes y criterios que se discuten para orientar el desarrollo urbano de la ciudad. Por eso surge la planificación urbana: para garantizar la búsqueda de objetivos que no pueden ser alcanzados por la suma de acciones individuales. Asimismo, los mecanismos del mercado no aseguran que el resultado sea en función del interés general; es decir, tiene que haber una coherencia global y social del desarrollo urbano; no puede existir una suma de decisiones sin coherencia básica. Deben construirse viviendas sociales y no excluirlas, como ocurre en ciertas partes de nuestra ciudad; debe existir transparencia y prevenirse los efectos del crecimiento del transporte y de la circulación de personas, como también la conservación del medio ambiente. Eso es parte del interés general.
Es posible que algunos libremercadistas extremos pregunten por qué el Estado planifica el uso del suelo. Les diría que le preguntaran eso al señor Poduje, ex ministro de Vivienda . En la época de Pinochet, durante el plan nacional de desarrollo urbano, en 1979, a alguien se le ocurrió que el mercado hacía las ciudades en la forma que fuere, pero fue el propio Poduje quien, en 1985, corrigió esa medida porque era una barbaridad. Zonas como La Florida y parte de Maipú son víctimas de ella, porque no se planificó. No hay calles, no hay vías; en definitiva, su urbanización fue muy inadecuada.
Quiero recordarles a los libremercadistas extremos, que no quieren que el Estado y los municipios -en el sentido más amplio, etcétera- planifiquen el uso del suelo, que Adam Smith , en “La riqueza de las naciones”, habla de la necesidad del “brazo fuerte del Estado” para garantizar las condiciones globales del mercado y su ordenarmiento. León Walras , francés, economista neoclásico, llega al extremo de decir que todo el suelo debe ser de propiedad del Estado.
Henry George , quizás el más creativo, un holandés que ha influido mucho en Dinamarca, manifiesta que para proteger una economía libre y de mercado, es necesario recaudar las plusvalías que son el resultado de la evolución general de la sociedad y no del trabajo de los propietarios. Plantea, por lo tanto, que hay que tener un sistema de recaudación de plusvalía. En Chile, no existe, en circunstancias de que varios países de América Latina ya lo tienen.
La Cámara de Diputados, junto con el Lincoln Institute , de los Estados Unidos, el Instituto de Estudios Urbanos y distintas instituciones, realizaron, hace tres o cuatro semanas, un seminario de gran nivel, al que asistió la mejor gente relacionada con esta materia. Está creciendo la preocupación por asumir este problema.
El legislador congeló los terrenos porque consideró que debían destinarse a otras actividades, cumplir otras funciones más adecuadas para el interés general de la ciudad. Buscó, a través de congelar, desincentivar la mantención de actividades preexistentes; es decir, desincentivar para que haya otra función. Pero ocurrió que el objetivo del legislador no se alcanzó.
Hay otros congelamientos que no sólo dicen relación con la actividad productiva, sino también con vías, etcétera.
¿Qué significa descongelar? En primer lugar, reconocer -como decía la diputada señora Caraball - que el congelamiento de los terrenos no fue un instrumento suficiente para inducir comportamientos en el sentido deseado. O sea, se congeló y no sirvió. Se mantuvieron esos predios en lo que eran, pero se fueron deteriorando y afectaron de manera negativa el entorno, a todos los que viven a su alrededor y al interés general de la ciudad.
Por lo tanto, hoy, descongelar significa dar oportunidad de redefinir y dinamizar el uso de los terrenos, los cuales, de esta manera, tendrán menos efectos negativos sobre el entorno, potenciarán su uso y, probablemente, incrementarán su valor y comercialización.
Descongelar significa que esos terrenos pueden revalorizarse, comercializarse o entrar al mercado en mejor forma; en otras palabras, significa una nueva opción para sus propietarios.
Pero ¿qué ocurre si los propietarios de los terrenos no hacen lo que espera el legislador al descongelarlos? Pueden especular, negociarlos o, simplemente, no activarlos, lo cual implicaría un cierto retroceso respecto del interés general original que se planteó, cual es dar nuevas oportunidades a sus propietarios. En consecuencia, el hecho de descongelarlos no garantiza ningún comportamiento en el sentido de que los propietarios les darán otro uso, dinamizarán y redefinirán su función, con lo cual disminuirá el impacto negativo sobre el entorno.
La tercera pregunta que nos hacemos: ¿Es ésta la única alternativa para dinamizar el uso de terrenos urbanos? Creo que el gran problema es que no hemos innovado en tecnología de servicios urbanos. Por ejemplo, en la actualidad, todos los planos reguladores tienden a echar fuera de la ciudad a los talleres mecánicos, pero los vehículos están dentro de la zona urbana. Se requiere un cambio tecnológico que permita que los talleres mecánicos permanezcan allí, pero con otra tecnología. Por lo tanto, tenemos que incentivar nuevas tecnologías.
Insisto, la medida de descongelar permite dinamizar los terrenos, pero no garantiza el efecto positivo deseado. Después de un tiempo veremos cuántos propietarios hicieron uso o no de esta posibilidad, así como el sentido en que actuaron.
En otras palabras, el simple comportamiento de los agentes individuales no asegura un resultado apropiado. Esta medida no lo garantiza. Podría recurrirse a otros instrumentos, alternativos o complementarios, por ejemplo, al impuesto territorial, para incentivar o desincentivar a los propietarios de los terrenos, de acuerdo con lo previsto en la planificación urbana, o a una sanción para quienes no hagan uso de ellos de una determinada manera.
Otra posibilidad es el modelo holandés, que ha logrado más adeptos y simpatizantes en el mundo. Consiste en un banco municipal de terrenos; es decir, a los municipios se les permite acceder a créditos para comprar terrenos que, una vez equipados con cierta infraestructura, ponen en venta, induciendo ciertas actividades. Es decir, el municipio pasa a jugar un rol mucho más activo en esta materia, en el sentido de representar el interés general y operar como un actor del mercado.
Reitero, la especulación en Chile es soportada y considerada normal, mientras que en España y en Holanda es penada por ley.
El modelo holandés permite que terrenos con disfuncionalidad se conjuguen con el interés general y adquieran pleno valor de uso.
Por consiguiente, descongelar no es la única alternativa; sólo es una medida parcial. Quiero hacer conciencia en este tema, que debiera convocarnos a un debate más general a fin de dotar a los municipios de otros instrumentos que aseguren que los intereses se conjuguen con las funciones adecuadas para la ciudad, o mejoren su tecnología o redefinan su uso, de manera de favorecer la situación general de sus habitantes.
También existen otros instrumentos que pueden contribuir a esta perspectiva. Los terrenos que fueron congelados para inducir su cambio de actividad, pero que se mantienen en ese estado, afectando a la ciudad, pueden dinamizarse de distinta manera, no sólo descongelándolos. Comparto la iniciativa en la medida en que inicia un nuevo proceso, aunque no resuelve el problema. El debate de este tema queda pendiente.
Quiero recalcar que, como parlamentarios, debemos tener muy claro que la construcción de una ciudad supone preocupación por el interés general, lo que se llama planificación urbana, la cual ha experimentado desarrollo en el tiempo y hay formas más modernas de llevarla a cabo, teniendo siempre en vista el interés general. Las simples decisiones individuales y de mercado, no generan la ciudad adecuada e incluso pueden originar un modelo inadecuado.
Al respecto, nuestro sistema normativo está viviendo una crisis muy fuerte, la que debe enfrentarse de una vez por todas.
Cerrado del debate.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se declara aprobado en general y en particular.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prokurica, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio).
-Votó por la negativa el diputado señor Jaramillo.
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.902, que creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y deroga la ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales, y su reglamento.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El proyecto vuelve a Comisión para su segundo informe.
Acuña, Alessandri, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Martínez (don Rosauro), Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prokurica, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio).
-Se abstuvo el diputado señor Palma (don Andrés).
-De la señora Pérez y de los señores Prokurica, Vargas, Bertolino, Fossa, Longton y Orpis, para consultar el siguiente número, nuevo:
“....- Agrégase en el artículo 3º, el siguiente inciso segundo:
“El Superintendente será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, requiriéndose para ello, del voto conforme de la mayoría de los miembros en ejercicio. Su remoción se hará en igual forma.”
Finalmente, corresponde conocer el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de crear la Comisión permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno , Administración y Reglamento es el diputado señor Rodrigo Álvarez.
-Moción, boletín Nº 2548-16, sesión 15ª, en 12 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Régimen Interno, sesión 53ª, en 11 de abril de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Informará el proyecto el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente , solicito que el diputado señor Pedro Muñoz , también autor del proyecto, informe sobre la materia, sin perjuicio de mi derecho de intervenir posteriormente.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de acuerdo, originado en una moción de los diputados señores Pedro Muñoz Aburto , Carlos Alvarado Andrade , Rodrigo Álvarez Zenteno , Francisco Encina Moriamez, Enrique Jaramillo Becker y Alejandro Navarro Brain .
La idea central consiste en crear la Comisión carácter permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con competencia para conocer, en forma especializada, sobre todos los asuntos relativos a esta importante actividad económica, dadas las particularidades que presenta.
Igualmente, se propone ampliar la competencia de la actual Comisión de Agricultura y Silvicultura, adicionándole el Desarrollo Rural, nomenclatura que comprenderá todo lo relacionado con el sector agrícola que, no siendo parte directa en la actividad productiva, tiene gran incidencia en su desarrollo o en la calidad y forma de vida de las personas que participan de ella.
El proyecto en informe consta de un artículo único, que sustituye el número 8º del artículo 213 del Reglamento de la Cámara, y agrega a dicho precepto el numeral 19, nuevo, que incorpora la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
El debate en la Comisión se centró, fundamentalmente, en la conveniencia de establecer un nuevo órgano interno que se aboque en forma especial a conocer todas las materias relativas a esta importante área productiva.
Se destacó la importancia que tiene para nuestra economía el sector marítimo y la pesca en particular, así como los diversos problemas y desafíos que estas actividades tienen en la actualidad.
Se recordó que nuestra Cámara no puede estar ajena a la preocupación que el Estado tiene respecto de esta materia, sobre todo si se considera que hace algunos años se constituyó en el Senado esa Comisión y que funciona un órgano de similar competencia.
El proyecto consta de un artículo único, que introduce modificaciones en el artículo 213 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
La letra a) tiene por objeto reemplazar el numeral 8º, por el siguiente:
“8º.- De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural ”.
La letra b) incorpora el numeral 18º, nuevo, pasando el actual 18º a ser 19º, que dice:
“18ª De Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos”.
Solicito a su Señoría que requiera a la Sala la aprobación unánime de este proyecto que crea la Comisión indicada.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , recuerdo que en 1990 se presentó un proyecto destinado específicamente a crear esta comisión en la Cámara de Diputados. Desgraciadamente, en esa oportunidad no hubo los votos necesarios para aprobar la proposición, que habría permitido entender que en nuestro país existe un sector productivo donde convergen distintos intereses económicos: los de los pescadores artesanales y los de aquellos que realizan actividades de acuicultura y marítimas.
Se estima que su Excelencia el Presidente de la República , dentro de breve plazo, enviará un proyecto sobre los pescadores artesanales, para satisfacer las necesidades de más de cien mil trabajadores que se desempeñan no sólo en la extracción de productos del mar, sino que en diversas otras actividades, como las mujeres encarnadoras, que trabajan en condiciones muy inconfortables, y en otras labores en las caletas y puertos pesqueros alrededor de los pescadores artesanales e industriales.
Nuestra preocupación es que lamentablemente, cada vez que se trata un proyecto referido a esta actividad, algunos sectores de la Cámara tenemos distintas visiones respecto del tema pesquero. Por eso, la importancia del proyecto, cuya aprobación solicito a los honorables colegas, el cual hace necesaria la especialización de los parlamentarios en el tema, a fin de que tengamos mayor conciencia y conocimiento de este relevante sector productivo nacional.
El señor VALENZUELA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente , si la Cámara de Diputados crea una comisión especialmente dedicada al tema pesquero y acuícola y a los intereses marítimos, quedará a la par del Senado en el trabajo legislativo, donde hay una Comisión de Agricultura y una Comisión de Pesca y Acuicultura. Es decir, tres temas separados, aunque todos muy importantes.
En la Comisión de Agricultura, que trata además lo relativo a la pesca, hemos estado trabajando de manera muy estrecha en este tema y, en verdad, ha habido coincidencia en que se requiere la existencia de esta comisión, aunque se produjo debate respecto de su necesidad. Chile tiene más de cuatro mil kilómetros de costa y una problemática vigente y candente en torno de los recursos marinos.
Esta modificación beneficia el trabajo legislativo, realza un tema tan importante como la pesca y requiere mayor grado de especialización de los parlamentarios, lo cual hará que el problema de la acuicultura sea tratado con mayor profundidad. La Comisión actual se podrá abocar a los asuntos propios de la agricultura con mayor prolijidad.
En este momento enfrentamos una grave situación provocada por la acusación de dumping formulada por el Congreso de Alaska, el desembarque de albacora en Punta Arenas -lo cual impactará en el mercado chileno y hará reaccionar fuertemente a nuestros pescadores artesanales- y el cuestionamiento al ingreso a la Comunidad Económica Europea de la harina de pescado, problema que afecta también a las importaciones peruanas.
Estos tres temas, específicos y muy complejos, requieren una dedicación especial y urgente.
También debemos preocuparnos de la reconversión de los miles de trabajadores que han sido expulsados de los barcos y plantas industriales tras la aprobación de la ley de Pesca, por reducción de la flota. En esta Comisión este tema tendrá un espacio para su tratamiento inmediato.
Esperamos que ingrese pronto a trámite legislativo un proyecto misceláneo en relación con los pescadores artesanales. Es decir, hay tareas pendientes de las cuales esta Comisión deberá hacerse cargo de manera inmediata, en especial, en el ámbito de la pesca artesanal, por el compromiso de los que estamos aquí, asumido cuando se aprobó la ley de Pesca, en el sentido de que íbamos a comenzar un debate profundo y detenido de la nueva legislación sobre la materia en una comisión especial de pesca.
Recuerdo a los señores diputados que dicho cuerpo legal es transitorio, pues su vigencia es de dos años, lo cual hará que el debate -han transcurrido cuatro, cinco o seis meses- surja muy pronto, y requerirá conocimientos y especialización.
Por lo anteriormente señalado, la bancada del Partido Socialista votará favorablemente el proyecto destinado a mejorar el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , no puedo sino alegrarme por esta modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados. Era necesaria la separación de los temas que actualmente le corresponde abordar a la Comisión de Agricultura y Acuicultura.
Más de un millón doscientos mil personas dependen de la pesca. Por ello, lo relativo a esa actividad requiere un tratamiento especial. La nueva comisión se concentrará en una de las actividades de más relevancia en el país: la pesca, porque la ley que la rige desmerece al pescador artesanal respecto de las grandes empresas pesqueras.
Esta iniciativa permitirá integrar verdaderamente a los pescadores artesanales, quienes tendrán dónde exponer sus puntos de vista, hacer sus peticiones y lograr que dicha actividad se desarrolle por el carril correcto. Por ejemplo, vamos a zanjar, de una vez por todas, la preocupación de los pescadores artesanales: el resguardo de las cinco millas marinas, que deben ser inviolables para ellos.
Con relación a mi zona, si me remito a la acuicultura e intereses marítimos, pronto tendremos un problema en la caleta de Queule, de la Novena Región, por cuanto hoy se está hablando de la construcción de un puerto industrial. Al respecto, me gustaría saber en qué condiciones quedarán los pescadores artesanales de dicha caleta, que es un orgullo para nosotros, pues, aparte de que es muy bonita, se han hecho en ella muy buenas inversiones. Además, los pescadores están haciendo cursos, arreglando y manteniendo su caleta para que la pesca artesanal no muera o no la mate el puerto pesquero.
Cuando hablamos de asuntos relacionados con el mar, no pensemos sólo en los puertos. Recordemos los corredores bioceánicos y los callejones que también afectarán a nuestro mar, lo que puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estos corredores bioceánicos fueran ocupados por gente de la zona de Neuquén, de Argentina, por donde sale la fruta nuestra? Chile perdería sus primores y no podría vender la fruta al precio que realmente hoy está obteniendo. O sea, no sólo se trata de acuicultura y asuntos marinos; todo está relacionado.
Pero lo que más me alegra es que los pescadores artesanales podrán ser atendidos y tendrán donde exponer sus puntos de vista. En este momento estoy pensando en mi querida caleta de Queule, ya que por fin sus pescadores, con su presidente a la cabeza, don Hernán Machuca , tendrán la oportunidad de hacer todos sus planteamientos y ser escuchados como corresponde.
Por ello, aprobaré esta iniciativa con mucha decisión, sobre todo pensando en que ahora los pequeños pescadores artesanales no estarán tan desprotegidos.
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
Señor Presidente , quiero expresar mi satisfacción por la preocupación que demostraron los colegas al acoger el planteamiento de los pescadores artesanales. Ellos querían que una comisión de la Cámara se encargara en forma permanente del tema de la pesca en Chile y se compenetrará de sus áreas, tan amplias e importantes para el desarrollo económico. Esos trabajadores representan un sector postergado; incluso han existido leyes que los han perjudicado en lugar de beneficiarlos.
El Gobierno ha dado pasos importantes en cuanto a mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero, pero eso no es suficiente si no existe una modificación a la ley general de Pesca. El hecho de que estuvieran juntas peras con manzanas, como ocurría en la Comisión de Agricultura y Pesca, confundía al sector y a los colegas que formaban parte de ella. Espero que la Comisión permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos quede integrada por los parlamentarios que representan los lugares donde están ubicadas las áreas marinas donde se desarrolla actividad pesquera.
Esta iniciativa también significa cumplir con un compromiso contraído con los pescadores artesanales hace algunos meses, cuando acordamos una modificación a la ley de Pesca. En esa oportunidad se planteó que debería existir una instancia donde ellos pudieran hacer llegar sus conocimientos, su visión y todo lo que necesitan que sea escuchado. De esta manera, accedemos a lo solicitado por este sector y contribuimos a la economía de nuestro país, porque la pesca mejor valorada y que se está exportando por ser cada día más apetecida, es la que aportan los pescadores artesanales.
Estamos ante un beneficio muy grande que favorecerá a un sector que tengo el honor de representar en la Cámara. Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto, con la mayor expresión de alegría que he tenido desde que fui elegido diputado por San Antonio , reconocido como puerto pesquero.
Tiene la palabra la diputada señora Soto.
Señor Presidente , también estoy muy contenta y considero que es una de las mejores iniciativas que me ha correspondido ver durante estos cuatro años.
A mi juicio, hemos subvalorado nuestro mar y a los pescadores artesanales. Chile tiene 4.500 kilómetros de costa, la que se ve notablemente aumentada con el mar presencial, y nunca le hemos dado la real importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista de los pescadores artesanales, sino de la propia economía del país, pues el pescado constituye el alimento más popular en muchos países. Nos falta mucho por realizar en este tema. En una oportunidad quise presentar como iniciativa -aun cuando son palabras mayores, espero que algún día lo logremos- la creación de un Ministerio del Mar, que no solamente contemplara el tema productivo y la pesca, sino todos los intereses marítimos. Recuerdo que los pescadores artesanales fueron los que más me apoyaron en esa oportunidad, al igual que la Marina.
Nuestros Presidentes, que han vivido y viven en Santiago y elaboran todo allí, creen que hacer nacionalismo significa visitar, a veces, las regiones y los puertos. Desgraciadamente, no han comprendido en todo su valor lo que significa para nosotros la actividad marítima y, en particular, la pesca.
Este proyecto es un avance muy importante y ojalá constituya un peldaño para pensar en la creación del Ministerio del Mar, aunque la gente pueda pensar que daría lugar a más burocracia. Por lo menos habría una dirección nacional respecto de los recursos marítimos. Pienso que esa debería ser nuestra meta. Al respecto, tengo un proyecto listo, cuyo contenido nunca captó totalmente el Ejecutivo , pero sí hubo mucho interés del sector pesquero y de la Marina.
Por lo tanto, muy contenta voy a votar favorablemente el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Monge.
El señor MONGE .-
Señor Presidente , aunque represento a una provincia mediterránea, porque en Malleco no tenemos acceso a la costa, como miembro de la Comisión de Agricultura me ha correspondido participar intensamente en todos los trámites a que han sido sometidos a nuestra consideración algunos proyectos que inciden en el campo de la pesca.
En principio, concuerdo plenamente con el interés manifestado por los autores de la moción debido a la importancia de la pesca, al número de personas involucradas en dicha actividad y al sentido que la acuicultura le da a muchas regiones, en general, y a su vida económica. Por tanto, resulta altamente conveniente contar con una comisión especializada en la Cámara dedicada al estudio de estos temas. Pero es importante someter esta iniciativa a un segundo estudio, por cuanto hay razones de tipo práctico para el funcionamiento de las comisiones, tales como espacio físico y otros. Los parlamentarios que la integrarán, sin duda, tendrán mucho interés en participar y aquilatar el cúmulo de materias que serán sometidas a la consideración de esa comisión.
También es importante para los autores de esta moción definir el ámbito de competencia de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, en el caso de que se acceda a la modificación.
El ministro de Agricultura nos ha explicado que se quiere cambiar la denominación de su Ministerio. Sería importante que no sólo el Ministerio Agricultura tenga que ver con los desafíos de la alimentación. En ese sentido, nuestra Comisión de Agricultura -estoy pensando en voz alta- en el caso de que el proyecto sea aprobado, debería llamarse Comisión de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural.
Me parece fundamental incorporar el desarrollo rural dentro de su ámbito de acción. También debemos tener en cuenta que hay muchas materias que deberían ser de conocimiento de la Comisión de Agricultura, pero que, por una u otra razón, han sido derivadas a otras comisiones. Me refiero concretamente a la Comisión de Recursos Naturales, la que muchas veces debe conocer asuntos de competencia de aquélla, la que se ha transformado, en algunos aspectos, en una suerte de comisión de asuntos varios.
Sin embargo, pido a los autores que, en un segundo trabajo, la Comisión de Agricultura pase a denominarse Comisión de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
Señor Presidente , quiero sumarme a la opinión manifestada en esta Sala en cuanto a la importancia de crear una comisión que se aboque específicamente a los problemas del sector pesquero. Comparto la visión de que el tema ha estado permanentemente subsumido dentro de otro tan vasto y complejo como es el de la agricultura. Separarlo me parece un mínimo de racionalidad.
Pero, además, quiero sumarme a lo expuesto sobre la importancia que tiene el sector pesquero.
Por la experiencia que he recogido en mi distrito, donde hay una zona costera -concretamente Tocopilla -, quiero decir que allí se advierte la necesidad de coordinar mucho mejor las políticas de pesca con el desarrollo de la ciencia, la investigación y los cambios que se producen en el clima, los cuales afectan a la fauna marina. Tengo la impresión de que todavía hay una cierta desconexión entre la información científica y esas políticas.
Es muy importante, además, reconocer la importancia que han adquirido las caletas pesqueras.
La pesca artesanal, por muchas razones, es de una riqueza enorme; no sólo por lo que significa desde el punto de vista social, sino que también por lo que ha ido ocurriendo, con la incorporación de elementos de esta llamada modernidad, sin que se pierda su riqueza. En ese sentido, en las caletas de mi distrito, alrededor de Tocopilla, ha habido una experiencia muy rica. Es muy importante que una comisión de este tipo las conozca y las vaya incorporando a su quehacer para entregarles, especialmente, el necesario apoyo legislativo. De esa forma, el pescador artesanal se podrá convertir en un pequeño empresario, y sin dejar de hacer su tarea específica, la pesca, incorporará a su labor elementos técnicos que le permitirán salir de la pobreza o de la extrema pobreza en que vive.
Por las razones expuestas, considero muy importante contar con una comisión que se aboque específicamente a esa labor.
Por lo tanto, voy a aprobar con mucho entusiasmo el proyecto.
Señor Presidente, sin duda, un proyecto de esta naturaleza es inteligente, toda vez que le confiere a un pilar de la economía nacional la importancia que se merece.
No es casualidad que en Chile la actividad pesquera haya adquirido durante las décadas de los años 70, 80 y 90 una relevancia capital en el desarrollo nacional. Pero no ha sido sólo importante el desarrollo económico, sino que, además, el elevado número de actores que participan en esta actividad.
Es más, hace unos minutos, esta honorable Sala aprobó un proyecto que aumenta las plantas de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, que tiene como una de sus obligaciones proteger y cautelar los intereses marítimos chilenos, y naturalmente, de los pescadores, que ha tenido un porcentaje de crecimiento muy alto.
Desde esa perspectiva, parece razonable que la Cámara de Diputados, dentro del ámbito de su competencia, tenga una comisión dedicada exclusivamente a tratar las materias de carácter pesquero.
La pesca en Chile se encuentra dividida en dos grandes sectores.
Hoy día, todo el mundo puede observar en nuestro país un sector pesquero artesanal muy numeroso -comprende naves de hasta 50 toneladas de registro grueso- que, particularmente, está formado por trabajadores que obtienen el sustento familiar a través de la obtención de los productos del mar y, en segundo lugar, el sector pesquero industrial, que ha hecho un gran aporte a la economía nacional.
Por estas razones, y con particular entusiasmo, voy a dar mi aprobación a la modificación reglamentaria propuesta para que, de una vez por todas, contemos con una comisión que se dedique exclusivamente al tema de la pesca, de la acuicultura y de los intereses marítimos. Desde ya expreso mi disposición para integrarla, sobre todo pensando en que represento al distrito que constituye, en la práctica, el primer puerto militar, industrial y pesquero del país.
Señor Presidente , represento a distritos de la Décima Región de Los Lagos, donde hoy -hay que decirlo con orgullo- se encuentra la mayor producción de salmones del país. Este es un momento expectante para Chile, pues en el ranking de producción de salmones ha alcanzado el primer lugar en el mundo. Hay que decir y comentar que es un orgullo para Chile entero y, por supuesto, para la Décima Región, donde se encuentra el mayor número de las llamadas jaulas de producción salmonera.
Me sumo, asimismo, a la moción de la diputada señora Laura Soto y del diputado señor Alejandro Navarro sobre la creación de un Ministerio del Mar.
Chile es un país marítimo, y casi todos los parlamentarios representamos distritos y regiones que poseen costa. De ahí la importancia de que, en un área económica de crecimiento insospechado, sea necesario contar con el apoyo unánime y la satisfacción de los legisladores de haber tenido la idea de crear, de una vez por todas, una Comisión de Pesca, quizás un tanto tarde dado el momento que estamos viviendo, porque Chile ha tenido que pasar por insospechados problemas provenientes de la economía de otras latitudes. Sin embargo, en casos como éste, Chile podría haber tenido un mayor crecimiento en su producción marítima.
Apoyo esta moción, la que considero de trascendental importancia.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
Señor Presidente , apoyo la creación de una Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y espero que, en el ámbito de su competencia, aborde los numerosos problemas del borde costero, del uso de las aguas, de la playa y de los terrenos de mar, y sirva, a la vez, para dar mayor jerarquía y realce al análisis de los problemas que existen en todas esas áreas.
Igual que el diputado señor Jaramillo , como parlamentario de un distrito integrado a la Décima Región, en la que existe la mayor cantidad de pescadores artesanales del país y donde están prácticamente todas las aguas interiores, considero que la creación de esta comisión responderá a la necesidad de abordar los problemas que presentan tanto el recurso humano como la infraestructura portuaria y, desde luego, nuestro inmenso territorio marítimo.
Aquí se mencionó a la salmonicultura, actividad relacionada con la acuicultura, cuyas exportaciones hoy bordean casi los mil millones de dólares. Esta labor es muy importante para la Décima Región, porque le ha permitido convertirse en una de las zonas de menor índice de cesantía del país; prácticamente, alcanza el número tradicional de desempleo histórico en Chile.
Existen otros elementos que también deben ser analizados, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Palena, donde un ciudadano norteamericano se opone a la salmonicultura. Debemos definir ese tipo de problemas y abordar su solución en la Cámara.
En lo personal, pediré a mi Comité que me integre a esa comisión, con el objeto de trabajar específicamente en esta actividad tan relevante para el país y especialmente para la Décima Región, de manera que me sentiré muy complacido y de acuerdo si se aprueba el proyecto.
No sé si en el Reglamento se especifica el ámbito de competencia de la comisión, porque no basta con el mero título. Me parece necesario explicitar algunas ideas al respecto, en particular sus atribuciones y funciones, como ha ocurrido con otras comisiones. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos.
De manera que, aun cuando estoy de acuerdo con la creación de esa comisión, hago estas observaciones.
Dos Comités han solicitado la clausura del debate, la que se votará después de que haga uso de la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
Señor Presidente , me sumo a la aprobación que la Sala dará a este proyecto que crea la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Éste es un paso y una decisión trascendente dentro del trabajo legislativo y de lo que representan la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional. Es una iniciativa muy oportuna, que hacía falta, porque la pesca es una actividad que adquiere cada día mayor importancia, ya que, a través del tiempo, se ha incrementado y acentuado el fomento y la explotación de los recursos marítimos.
Nuestro país tiene aproximadamente cinco mil kilómetros de costa y es rico en pesca; por ello, hacía falta crear una Comisión de Pesca. Como somos un país agrícola, tenemos una Comisión de Agricultura; por contar con riquezas mineras, existe una Comisión de Minería; por sus muchas bondades turísticas, hay también una Comisión especial de Turismo.
Por eso, me alegro de la feliz iniciativa que se ha tenido al proponer la creación de esta comisión permanente, sobre todo porque cada vez adquiere mayor importancia el rubro relativo a la pesca, acuicultura e intereses marítimos.
Desgraciadamente, no tengo antecedentes más concretos ni datos estadísticos, sobre todo cuando el Gobierno tiene un proyecto sobre construcción y estructuración de puertos artesanales. Hemos tenido la suerte en la región de ser favorecidos con la construcción de un puerto artesanal, que costará más de mil millones de pesos, el cual originará fomento, traerá progreso y representará una gran opción para los pescadores artesanales.
Por eso, a la par con la preocupación del Estado, el Congreso Nacional también debe manifestar una preocupación importante, acentuada y determinante respecto de las grandes políticas en materia de pesca.
En definitiva, considero que la creación de esta comisión es absolutamente oportuna y una iniciativa muy sabia de parte de quienes la han presentado.
Si le parece a la Sala, se dará por cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, igual como lo hicimos con el proyecto que se vio en el segundo lugar del Orden del Día, se aprobará por unanimidad la iniciativa.
El señor SEGUEL ( Vicepresidente ).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 556.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 559, de los señores Pérez, don José; Ceroni, Rocha, Pérez, don Aníbal; Mesías, Jarpa, Jaramillo, Huenchumilla, Letelier, don Felipe, y Sánchez.
1.	Que el 21 de noviembre de 1994 se promulgó la ley Nº 19.353, que condona deudas respecto de los predios derivados del proceso de reforma agraria.
2.	Que debido a la gran demanda de este beneficio de los pequeños campesinos, los efectos de esta ley se prorrogaron con la ley Nº 19.508 del 19 de agosto de 1997 por un período de dos años.
3.	Que debido a que en la actualidad, aproximadamente 5.000 familias mantienen una deuda fiscal de aproximadamente $ 11.617 millones.
4.	Que debido a la actual depresión en el sector campesino y a sus altas deudas con el fisco, como así también con la banca privada.
Por tanto, en virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes venimos en proponer a la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de solicitarle disponga estudiar lo siguiente:
Un proyecto de ley, similar a la ley Nº 19.508 del 19 de agosto de 1997, por un período de dos años, para aquellos beneficiarios que posean un máximo de dos predios provenientes de la ex Cora, que no excedan una superficie total de 12 hectáreas de riesgo básico, pudiendo ser asignatarios originales o no”.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
Señor Presidente , hace unas semanas presenté un proyecto de acuerdo similar a éste. No tuve la oportunidad de participar en la votación; curiosamente, me han dicho que fue rechazado.
La Comisión de Agricultura ha enviado reiterados oficios al ministro del ramo , a fin de que actúe en el sentido señalado en el proyecto de acuerdo, y según consultas que he hecho -porque he estado atento al desarrollo del tema-, tengo la impresión de que el ministro don Jaime Campos ya elaboró el proyecto, el que, entiendo, se encuentra para la firma del ministro de Hacienda .
Quedan aproximadamente cinco mil parceleros deudores de la ex Cora, repartidos en el país, que no alcanzaron a acogerse a los beneficios de ley de condonación, muchos de los cuales se encuentran en la Séptima Región del Maule. De manera que comparto absolutamente dicho proyecto. Por lo demás, el Gobierno cuenta con recursos suficientes porque oportunamente se consignaron fondos para beneficiar a la totalidad de los ex deudores Cora.
Por lo tanto, una iniciativa legal en ese sentido es lógica y necesaria, por lo cual, si ya está adoptada una resolución, no procedería insistir ahora sobre la materia a través de un proyecto de acuerdo, pero, como dice el dicho “lo que abunda no daña”, corresponde votarlo favorablemente.
Queda un minuto para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
Por no haberse reunido el quórum, se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , en nuestra región y en el país se viven días de aflicción: los campos están tristes, la agricultura muere, y con ella la economía, el trabajo, el comercio, el transporte, todo.
Muchos aún no se dan cuenta de esa situación; pero hay protestas en distintas zonas, lo que no ocurre cuando las cosas están bien. Los estudiantes reclaman con justicia, porque los atropellan en la entrega de sus carnés escolares. No estoy de acuerdo con la violencia, pero, en el fondo, tienen razón, igual que los universitarios, ya que el Presidente de la República les prometió que “ningún joven capaz quedará sin estudiar por problemas económicos”. Hoy miles de jóvenes ven alejarse sus sueños de superación; por no tener dinero, siguen sin poder estudiar, sobre todo en las regiones, en las cuales les resulta más caro, porque deben pagar, incluso, la estada.
Las cosas están mal en las regiones agrícolas, peor que en el resto del país: la agricultura tradicional está quebrada, son pocas las lecherías que no han cerrado; las siembras de trigo constituyen un fracaso; la uva, un desastre; el arroz se halla sin banda de precio. Cuando todo esto se junta, no hay trabajo; cuando no hay trabajo, no hay plata, y cuando no hay plata, no se come, y es difícil vivir sin comer. En muchos hogares de nuestro amable sur y del resto del país, a las madres les resulta difícil hacer la comida de todos los días para sus hijos. Muchos pueblos agrícolas de regiones aún no se dan cuenta de lo que sucede y empiezan a dormir el sueño eterno de aquellos abandonados, que viven sólo de recuerdos y de cuentos de ancianos, que hablan de días mejores y felices, con trabajo para todos; pueblos que sólo reviven durante las vacaciones, porque la gente de la ciudad prefiere nuestros paisajes para descansar.
Todo esto es muy triste y doloroso. Que se vaya preparando la gente: éste es el futuro que nos tiene asegurado la Concertación, para la cual no es importante la agricultura ni las regiones, sino sólo la Región Metropolitana. Esto sólo cambia cuando hay elecciones. Entonces, aparecen los buenos discursos llamando a salvar la agricultura, y los parlamentarios de la Concertación emplazan al Gobierno para que cree políticas agrarias, para que la proteja de los malos convenios comerciales internacionales que hoy la están ahogando. Es el colmo; ellos, como Gobierno, son precisamente quienes han votado a favor de tratados como el Mercosur, en virtud del cual se benefició a algunos sectores, pero se sacrificó a la agricultura y a las regiones.
Igual que la salud, la agricultura no puede esperar. Digo esto, porque todos conocen la triste realidad de la salud de los pobres y, en particular, de la clase media. Sin embargo, tal como la educación, sigue esperando. Lo mismo ocurre con la delincuencia. En fin, todos los problemas continúan esperando una solución.
En este año de elecciones, los discursos serán los mismos; los ingenuos electores escucharán la misma demagogia y las mismas promesas. Lamentablemente, Chile tendrá que esperar muchos años más para solucionar sus numerosos problemas. Lo más triste es que perderemos generaciones de gente buena, de jóvenes que sumarán su fracaso al de nuestro país.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero referirme al proceso que se está llevando adelante en la Cuarta Región, relacionado con la reforma procesal penal.
Hace algún tiempo, muchos de los parlamentarios aquí presentes estuvimos de acuerdo con dicha reforma, dada la situación en que se encontraba nuestra justicia.
A continuación, quiero entregar algunos antecedentes sobre los resultados de dicha reforma en mi región, a fin de que sean remitidos al ministro de Justicia.
En primer lugar, la sensación de la ciudadanía es que la cantidad de recursos invertidos y la reforma en sí, transcurridos ya casi cinco meses, en nada han contribuido a mejorar la administración de justicia para los chilenos.
En segundo lugar, se está produciendo una situación que bien vale la pena considerar. La gente percibe que cuando se hacen denuncias, las policías no actúan hasta que el fiscal ordena hacer la investigación. Es así como en muchos casos de delitos menores, a pesar de que los denunciantes son testigos y víctimas a la vez, se encuentran con que las policías no actúan porque no existe una orden del fiscal.
En tercer lugar, hemos visto que se está abusando de la libertad condicional, porque los fiscales no pueden ordenar la detención preventiva cuando consideran que no tienen todos los antecedentes del caso.
En cuarto lugar, los jueces de garantía se están transformando en un verdadero muro para llevar adelante las investigaciones y, al mismo tiempo, con su accionar están inhibiendo la acción de las policías. Entonces, si sumamos su actitud al exceso de garantía o a un código garantista para los delincuentes o victimarios, nos encontramos con que en nuestra región -que es piloto en esta reforma procesal penal- la justicia no está operando de la forma en que todos deseamos.
Por estas razones, pido que se oficie al ministro de Justicia , a fin de que tome nota de los problemas descritos, que se fundamentan en las sensaciones y opiniones de personas afectadas por delitos que las han llevado a recurrir a este nuevo estilo de hacer justicia y que no han quedado satisfechas ni contentas.
¿Por qué digo esto? Porque ya llevamos cinco meses y dentro de poco tiempo otras regiones entrarán en este proceso de la reforma procesal penal. No desearía que se llevara a cabo sin que se haga una evaluación de los problemas y deficiencias detectados, porque sería nefasto para el país poner en práctica esta reforma en otras regiones sin antes corregir las deficiencias que está mostrando.
Hace algún tiempo, pedí que se oficiara al ministro de Justicia , a fin de que me informara sobre la forma en que se habían desarrollado los primeros casos. Dicho ministro respondió a la honorable Cámara que todavía no tenía los antecedentes, porque algunas empresas consultoras estaban haciendo los seguimientos pertinentes.
En realidad, concuerdo con que debe haber un informe técnico; sin embargo, basta con recorrer las poblaciones y hablar con la gente más modesta para darse cuenta de que ahora tienen menos acceso a la justicia que antes, en circunstancias de que aprobamos una reforma, precisamente, para lograr tal objetivo.
Podría citar otros ejemplos que avalarían mi intervención, pero considero que, primero, es necesario pedir información al ministro , y después podemos dedicarnos a ver caso a caso.
Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
Señor Presidente , hace unos cinco años, el Congreso Nacional aprobó la denominada ley sobre telefonía rural.
Ese gran esfuerzo y excelente idea del Gobierno se materializó mediante la instalación de miles de teléfonos en las localidades más alejadas, hecho que permitió que las familias, comerciantes y estudiantes de esas localidades, que antes no tenían posibilidad alguna de hacerlo, se conectaran con el mundo a través de internet.
Pero hoy ese gran esfuerzo se ha visto tronchado, porque las empresas telefónicas han cambiado las reglas del juego a los usuarios. Es así como después de un año de la instalación de esos teléfonos, las llamadas telefónicas efectuadas entre los pequeños poblados y las ciudades más importantes de la región han experimentado un considerable incremento. Además, les cambiaron el número telefónico. Aparte de esto, no pueden ingresar a internet. Por último -les pido que hagan la prueba-, los colegas no podrían comunicarse desde sus oficinas con un teléfono rural; no es posible establecer contacto con ellos. Desconozco las causas de esto.
En la práctica, todo ese gran esfuerzo hecho por el Gobierno y el Congreso para aprobar la mencionada ley -tan importante para las zonas rurales- se ve absolutamente minimizado, porque ahí están los teléfonos, pero las personas que recibieron cuentas tan altas no se atreven a usarlos precisamente por el costo que tienen que pagar. Además -como dije-, no pueden ingresar a internet ni usar cualquier carrier para hacer llamadas de larga distancia, porque sólo pueden usar el de las empresas instaladas allí.
Hace más de dos meses y medio, en atención a las denuncias que recibimos en nuestros distritos, junto con el diputado Mario Bertolino le planteamos al ministro de Obras Públicas que hiciera una investigación, a fin de determinar cuáles eran esas empresas. Se lo consultamos aquí en la Sala y él dijo que no podía haber aumentos de tarifas. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos nada: ni resultado, ni investigación, ni tampoco solución al problema.
Ayer, traté de comunicarme con algunas localidades, pero tuve que hacerlo a través de otro teléfono, porque el de mi oficina del Congreso Nacional no tiene acceso a los teléfonos rurales.
Pido que, de una vez por todas, los ministros de este gobierno respeten a este Congreso Nacional y den respuesta a sus peticiones, aunque sea diciendo -como ha señalado el diputado señor Bertolino-, que no pueden solucionar el problema.
Pero, por lo menos, que “se pongan las pilas”, porque si hay desprestigio es justamente porque no se esmeran en trabajar. Ellos tienen la obligación de defender a los consumidores, de defender este proyecto del Gobierno, y no lo hacen.
Hasta aquí no hemos recibido respuesta y no tengo información de que se haya hecho investigación alguna y los problemas siguen vigentes.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informe en qué estado se encuentra la investigación, que supuestamente ha hecho, respecto del tema del aumento de tarifas, del acceso a internet y del acceso a los teléfonos rurales de las regiones Tercera y Cuarta. Entiendo que existe el mismo problema en la Décima y en la Octava regiones.
Por lo tanto, pedimos, derechamente, que se haga la investigación, si no se ha hecho, y que nos manden los resultados.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiesten.
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Economía , a fin de que nos envíe un informe acerca de cómo ha evolucionado, mensualmente, el número de empleadores dentro de la fuerza laboral en los últimos tres años, según la información del Instituto Nacional de Estadísticas.
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Moreira.
Señor Presidente , el Jefe del Estado ha reconocido que la deuda más grande de su gobierno es no haber cumplido su compromiso de crear nuevos puestos de trabajo. Por eso esta mañana, junto con el diputado de la UDI señor Cristián Leay , le hemos recordado que en el optimista mensaje presidencial del 21 de mayo de 2000, prometió crear 200 mil nuevos empleos dignos y bien remunerados. La realidad es aplastante. No se ha creado ningún nuevo puesto de trabajo y, lo que es peor, más de 100 mil chilenos lo han perdido. En pocas palabras, el gobierno del Presidente Lagos le debe al país 300 mil empleos si a los prometidos se suman los perdidos durante su administración.
El panorama es preocupante. A las malas prácticas de Hacienda y a los errores del Banco Central, que se iniciaron en el gobierno anterior, se suman las negativas señales que sigue enviando esta administración, y, como al parecer aún no se toma conciencia sobre esta realidad, tampoco se adoptan medidas para reparar los errores.
El Gobierno manifiesta la necesidad de invertir y crear empleos, pero, al mismo tiempo, ataca y desprestigia al sector privado. Hay que terminar con esta contradicción. Por otro lado, de nada sirven las proposiciones que en más de una oportunidad hemos hecho, ya que lo más probable es que seamos descalificados, no escuchados o bien que se apliquen algunas de nuestras ideas tardíamente, por razones políticas.
Está claro, entonces, que no existe economía que pueda crecer y atraer inversiones en estas condiciones. En el país reina un ambiente de desconfianza y de incertidumbre que es necesario terminar a la brevedad.
Se acerca el 21 de mayo y es una buena oportunidad para abandonar el discurso descalificador y divisionista que ha seguido la autoridad.
Por eso, en nombre de la UDI, manifiesto que ha llegado la hora de provocar un cambio de actitud, que ha llegado el momento de que el Presidente Lagos tenga la oportunidad de efectuar la conformación de una gran alianza para el empleo; entienda que es la hora de trabajar en propuestas serias y efectivas, en las cuales participen los mejores técnicos del país; que hay que actuar como una selección nacional, para así atraer capital, aumentar el consumo y, lo más importante para la familia chilena, dar trabajo.
Con la misma energía con que hemos dicho que este 21 de mayo los diputados de Oposición vamos a evaluar, en democracia -porque es un derecho que tenemos como parlamentarios y chilenos-, con la cartilla de la verdad, las promesas del jefe de Estado, hoy hacemos una proposición concreta: solicitamos al Presidente Lagos que convoque a Chile para dar trabajo, que conforme una gran alianza para el empleo.
Lo que pedimos es un gesto del primer mandatario, que nosotros estamos dispuestos a apoyar. No le diremos cuándo ni dónde convoque, pero estamos dispuestos a apoyarlo.
-La Mesa saluda y da la bienvenida a la delegación del colegio Miraflores, de Malloco, presente en las tribunas.
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Vivienda , a fin de plantearle la situación de las poblaciones Roosevelt y San Cristóbal , ubicadas en los faldeos del cerro San Cristóbal .
El plano regulador ha considerado peligroso construir viviendas en ese sector, por estar en laderas de cerro. No obstante, si se toman las medidas y los resguardos, no toda la ladera del cerro San Cristóbal es peligrosa. Por lo tanto, nos gustaría que ese Ministerio pudiera realizar una seccional en dicha zona, para analizar las exigencias que se harán a los vecinos.
En esas dos poblaciones viven más de 600 familias por más de 50 años, y hoy les están cambiando las reglas del juego.
Sé que su Señoría está sorprendido con lo que estoy diciendo, porque la situación afecta a familias modestas, a las cuales se les está exigiendo construir muros de contención, que pueden significar inversiones superiores a 10 ó 15 millones de pesos por vecino.
Pido a los diputados presentes en la Sala -sé que han quedado impactados; su sensibilidad social así lo amerita también- que me apoyen en este oficio, con el objeto de que, ojalá, el Ministerio de Vivienda concurra con recursos para solucionar el problema de estos vecinos, otorgue estabilidad a sus viviendas y, en definitiva, realice el estudio de una seccional, la cual nos permitirá tener una información concreta sobre las medidas que se deberían adoptar en construcciones aledañas al Parque Metropolitano para asegurar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiesten y de quienes toma debida nota la Secretaría. Adhiero también al oficio solicitado por su Señoría.
Los dos minutos que restan al Comité de la UDI han sido cedidos al diputado señor Carlos Vilches.
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Minería y al vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería , por la situación que se está viviendo en la planta “ Osvaldo Martínez ”, de El Salado, en la cual se ha hecho una inversión muy importante, con tecnología de última generación, para instalar una planta de extracción por solvente y electrodepositación. En ella es posible procesar, a muy bajo costo, los minerales oxidados de cobre de baja ley, lo que permitiría abrir un poder de compra a los pequeños mineros. Sin embargo, Enami ha insistido en que tiene un plan para reprocesar sus propios ripios de cobre durante los próximos cuatro años. Se trata de materiales ya procesados en años anteriores, a los cuales aún les queda un residuo de cobre, por lo que pueden ser tratados con esta tecnología.
La idea es tener un tema mixto, es decir, abrir un poder de compra a los pequeños mineros para los minerales oxidados de baja ley y, además, procesar los ripios de cobre, lo cual permitiría una mayor generación de empleo en esta localidad minera de la provincia de Chañaral.
El presidente de la asociación minera, señor Pedro Gaete , y el concejal señor Pedro Riveros , están encabezando esta solicitud tan legítima.
Creo que la negativa de la Empresa Nacional de Minería constituye un error, y que aún es posible corregir esta decisión técnica, a fin de aprovechar dicha tecnología para reactivar el sector de los pequeños mineros.
En el turno correspondiente al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente, honorables diputados de la República:
En los momentos que el mundo vive, de las ciencias y la tecnología, y en la modernidad existente, cien años no es mucho, pero es tiempo pasado. En un día de mayo de 1901 -el 17- nace una escuela. Para algunos de nosotros, habitantes de la ciudad de La Unión, no nos es fácil olvidar el mes de mayo y ese día. Somos miles los ex alumnos de la Escuela Superior de Hombres Nº 1 de La Unión, que, a lo largo de nuestras vidas, conservamos el recuerdo de tantos aniversarios vividos, como en este día especial, en que nuestra escuela cumple su centenario.
Cuántos de nosotros que tenemos más años y cuántos de quienes no poseen tantos, esparcidos en este territorio aportamos lo propio en este país, nuestro Chile, y también en algunos lugares lejanos, en otras naciones; pero todos recordamos siempre con cariño esas aulas. Los estudiantes que en esa escuela tuvimos la oportunidad de formar parte de la semilla del saber que yo comparto, y conocedores de la educación que allí se siembra, no podemos dejar de hacer un emocionado recuerdo de la Escuela Nº 1, escuela del saber que nació con muchas dificultades económicas. En aquellos tiempos sus maestros eran filántropos que entregaban sus conocimientos, y altruistas decididos en cambiar la historia de los pueblos del sur de Chile. En aquella época, en lugares tan lejanos a los pocos centros de perfeccionamiento de educación, sólo personas de principios, como esos profesores, se atrevían a vivir en los lugares recién colonizados, para entregar educación, con un ánimo que siempre quisiéramos ver y no sólo recordar cuando hacemos historia de gestos nobles.
En las páginas de la educación sureña consta que en la ciudad de La Unión, en la provincia de Valdivia, en mi país, hace cien años se fundó con el grado de primera clase la Escuela Superior de Hombres Nº 1.
Con fecha 17 de mayo de 1901, firmaron el decreto de la Presidencia de la República el entonces vicepresidente, don Aníbal Zañartu , y el ministro de Educación , don Ramón Escobar .
En la historia de la escuela están los acontecimientos vividos posteriormente. Su primer director fue don Ramón Santos Carrasco ; luego ocuparon ese cargo don Juan Bautista Alvarado y don Honorio Ojeda Valderas , educador de trayectoria que llegó a La Unión en 1908. Destacado profesor en la Escuela Militar en 1899, en el Liceo Miguel Luis Amunátegui de Santiago y en la Escuela Normal de Curicó, llegó a ser director de la Escuela Superior de Hombres Nº 1, donde es nombrado por decreto supremo en 1908. Dirige y educa por varios años. Su deceso lo sorprende desempeñando el cargo en 1917.
Recibimos los primeros pasos en el saber y los iniciales conocimientos que nos llevaron a incursionar en el mundo del aprendizaje, que nunca terminaremos, pero que tuvo su inicio con tantos compañeros que compartimos esos lindos años de niñez. Si la memoria me es esquiva, espero que las posibles omisiones de este ex alumno sean comprendidas por quienes no menciono: Juan Coliqueo , Roberto Huenutripay , Pedro Huaquin , Miguel Huaquin , Américo Barría , Carlos Mancilla , Bernardo Henríquez , Jaime Mundaca -hoy presente en las tribunas-, Pablo Montesinos -que ya no está con nosotros-, Guido Montesinos , Emeterio Bravo , Carlos Uribe, Sergio Muñoz , Armando Pardo , Roberto Werth , Hugo Uribe, Iván García , etcétera.
Fuimos muchos, pero sólo algunos privilegiados podemos recordar hoy este aniversario y rendir un homenaje con cariño a nuestra escuela y a todos sus maestros, mujeres y hombres de excepción, como mi profesor don Froilán López Baeza ; las señoras María Luisa Villanueva de Mundaca , Raquel Montoya de Westermeier , Liliana Arias de Lopetegui , los señores Daniel Oñate , Miguel Gaete , Agilio García , Fructuoso Oyarzo , Horacio Oñate , Marcelino Neira , Germán Angulo , Mario García , Wilfred Casanova, Juan Gatica , Jorge Cabrera , Bernardo Robles y Héctor Delgado Agüero , junto a tantos otros de la misma calidad humana y capacidad para entregar conocimiento a miles de niñas y de niños que pasan por sus aulas.
También los adultos tuvieron allí un espacio para superar la falta de educación. En 1924, se crean los cursos de la escuela nocturna para adultos.
Quiero recordar momentos vividos; pero aparece como una neblina en el espacio que no quiere dejarme ver con claridad lo que mi padre me contaba cuando era alumno de esa escuela de primera clase. Sí, veo de forma más nítida los tiempos en que mis hijos fueron alumnos, cuando cantaban en los actos o comentaban las competencias deportivas. Cómo olvidar el orgullo de mi padre cuando, en un aniversario de años pasados, decía: “Aquí, donde yo me eduqué, también lo hicieron mis hijos y hoy se educan mis nietos”. Lo mismo quisiera decir antes de la hora que todos tenemos, la de la partida.
Desde este templo de la democracia, rindo un homenaje a aquellos que hicieron Patria hace cien años al fundar una escuela en el sur de Chile. Mi familia es parte de ese privilegio, y yo soy parte también de esa virtud, de esa herramienta sagrada que nos entregan los maestros: la educación.
Por último, saludo a los profesores de hoy; a su director, don Humberto Delgado Agüero , a sus alumnas y alumnos jóvenes, a quienes invito a soñar para que hagan realidad sus objetivos de un mañana mejor, porque la escuela Honorio Ojeda Valderas es la guía espiritual en la vehemencia que siempre tendrá la juventud. Ese faro del saber, que es su escuela, les enseña sus derechos y también sus obligaciones.
Es necesario que las enseñanzas recibidas sepan seguirlas, para que no tengan que arrepentirse cuando sea tarde para aplicar lo que los profesores de esa escuela tan querida han sabido entregarles.
Fundamentales han sido los valores que nos ha dado, que entrega y que seguirá entregando, para que quienes pasen por sus aulas sean mujeres y hombres preparados para participar en forma correcta en la vida democrática del país.
Profesoras y profesores de hoy: no vivamos de los éxitos del pasado. Sí, del agradecimiento y cariño a lo que como legado nos han dejado los que educaron ayer. Un homenaje para ellos. El ejemplo es seguir en nuestra comunidad, ayudar en las circunstancias del presente y preparar a nuestros niños para un futuro mejor.
Elevo mi petición al Supremo Hacedor por ustedes y mi gratitud y recuerdo por siempre a esa escuela de primera clase, Honorio Ojeda Valderas Nº 1, de La Unión.
Solicito que se oficie al director de la Escuela , don Humberto Delgado Agüero , adjuntándole copia de mi intervención.
-La Mesa saluda a los miembros del programa Tiempo Pleno para adultos mayores de la Caja de Compensación La Araucana, de Talagante, presentes en tribunas, invitados por el Presidente de la Cámara, don Luis Pareto.
En el tiempo concedido por el Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , agradezco al diputado señor Navarro por concederme medio minuto para referirme a un tema que, creo, también le va a interesar.
En estos días hay mucha información en los medios de comunicación especializados sobre la eventualidad de que pueda producirse un negociado en torno de la propiedad de las empresas Soquimich, similar al que hubo hace un par de años con motivo de la transacción que afectó a las empresas Enersis y Chispas.
Por tal razón, solicito que se oficie al superintendente de Valores y Seguros , con el objeto de que establezca una prohibición de transacción de las acciones de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Calichera , Soquimich y Cerámicas Industriales, que se pueden ver involucradas en esta operación, con los fundamentos del oficio que tengo en mis manos y que, para abreviar y de acuerdo con las normas reglamentarias de la Cámara, haré entrega a la Mesa.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente , sin duda, los graves incidentes ocurridos el martes 15 de mayo recién pasado causaron conmoción, porque afectaron a comuneros mapuches, como resultado de una operación de Investigaciones, en cumplimiento de la orden emanada del ministro instructor , señor Araya , que lleva la causa por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado.
Al interior de un local del INP, en la localidad de Tirúa, mientras cientos de personas recibían el pago de subsidios estatales y otras tantas circulaban por las ferias de comerciantes que se instalan ese día -de mayor presencia, tanto de comuneros como de habitantes de la comuna- se realizó un operativo que pretendió detener a José Marihuén Marihuén . El resultado está claro: cuatro mapuches, Juan Bautista Liempi Marihuén , de 47 años, miembro de la comunidad de Tranicura; Domingo Marihuén Marín , de 37 años, miembro de la comunidad de Cumillahue; Abel Marihuén Huenupil , de 18 años, y Hernán Albornoz Carilao , de 27 años, ambos de la comunidad de Tranicura, fueron heridos de bala. Juan Bautista Liempi tiene una fractura de la pelvis, producto de una bala, y está a punto de que le amputen sus testículos.
Junto con el alcalde Millabur estuvimos en el hospital, donde perdimos advertir que la situación es dramática para cada uno de ellos.
Esta es una comunidad de identidad lafquenche, que podría señalarse como una de las moderadas, que ha querido dialogar con el Gobierno: con un alcalde mapuche que recibió al Presidente de la República sin problema alguno en la comuna de Tirúa, dispuesto a dialogar y a buscar soluciones.
El incidente fue gravísimo. Con posterioridad, siguió una persecución que terminó en las afueras de la Escuela F-866, de Tirúa. Ayer, los niños jugaban a buscar y encontrar casquillos de balas en las puertas del establecimiento, que cuenta con 660 alumnos y jornada escolar completa. Sin duda, durante el tiroteo se asomaban por las ventanas para ver lo que sucedía. De acuerdo con las versiones que tenemos, tanto Carabineros como el personal de Investigaciones hacían disparos al aire en la persecución para detener a un comunero mapuche, por orden del juez Araya .
Debemos poner límites a esta situación. Mi gobierno, el de la Concertación, debe intentar modificar su política indígena, a menos que queramos ver comuneros baleados o asistir al cementerio, por cuanto estamos llegando a un extremo donde el riesgo de la vida puede crear mártires, y éstos hacen historia, generan mayor conflicto y confrontación.
Se requiere una modificación y reestructuración profunda de la Conadi, porque en la actualidad no es un instrumento válido para la inmensa mayoría de la comunidad indígena.
No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Junto con los diputados señores Tuma , Huenchumilla y Hernández , le hemos dicho en todos los tonos al Gobierno que debe innovar y modificar dicha Corporación.
Con el alcalde señor Millabur, solicitamos la designación de un ministro en visita, porque si se utilizó la ley de seguridad del Estado para investigar el incendio de una hacienda en Lleulleu, me parece que la igualdad ante la ley obliga a que, frente a un hecho gravísimo, donde cuatro comuneros quedaron heridos de bala, uno de ellos con peligro y riesgo de su vida, también debe haber una investigación que determine tal actuación.
Esperamos que la Corte de Apelaciones de Concepción acceda a designar un ministro en visita para que investigue y dé la mayor transparencia y ecuanimidad para que esta situación se aclare y no se repita.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
Señor Presidente , en mi condición de médico recibido hace 32 años y con más de 20 de desempeño en el sector público de salud en nuestro país, deseo expresar ante estas tribunas mi malestar por el informe sobre el resultado y rendimiento de la gestión del sector público en 1999, realizado en diciembre del año pasado por los funcionarios de gobierno señores Rodríguez y Tokoman, cuyos resultados no nos parecen válidos como única visión del sector público de salud, por lo que rechazamos que se utilicen para atacar la labor que realizan los funcionarios en dicho sector.
Éste no es un informe de la Cepal ni del Ministerio de Hacienda, porque así lo han hecho saber las autoridades de Gobierno. Sin embargo, lamentamos que esta duplicidad de funciones lleve a la confusión; nos parece una falta a la ética.
Mi rechazo a ese informe se basa en que contiene errores que nos parecen graves e invalidantes. En primer lugar, comparar sólo acción por resultado, como una simple función aritmética, sin considerar la diferencia y complejidad entre una intervención quirúrgica y una consulta, nos parece un grave e incalificable error.
Se incurre en otro error cuando se dice que en Chile, del 7 por ciento del producto interno bruto, se gasta el 2.8 en el sector público y el 4.2 en el sector privado, pero que el sector público atiende al 70 por ciento de la población y el sector privado sólo al 30 por ciento.
Este informe no señala que los gastos de administración en el sector público sólo llegan al 4 por ciento, y en el sector privado, al 20 por ciento.
Los resultados que se han logrado en el sector público son importantísimos. Por ejemplo, en los últimos diez años, ha bajado la mortalidad infantil de 17.1 por mil nacidos vivos a 10.1, y la mortalidad por causas maternas -en el parto-, de 4 por cien mil nacidos vivos a 2.8.
Las consultas han aumentado: por cien beneficiarios, de 25.3 a 38, es decir, poco menos del 50 por ciento; los exámenes, de 181 a 483, y las intervenciones quirúrgicas complejas, de 9.3 a 11.1, cifra que contrasta con la de las isapres, que en los diez años ha disminuido de 18 a 10.
No ocultamos las deficiencias que existen en el sector público y estamos conscientes de que deben mejorarse las condiciones y aumentarse los beneficios, pero para eso es necesaria la reforma. Sin embargo, exigimos que los estudios se hagan con rigurosidad, conocimiento y metodología adecuada, para que las comparaciones en una materia tan compleja como es la salud tengan validez.
Solicito que se envíe dicho informe a los Ministerios de Hacienda y de Salud.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados presentes y de la bancada de la Democracia Cristiana.
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
Señor Presidente , honorables diputados, así como lo he hecho durante once años, una vez más rindo homenaje a la Universidad de Concepción en su 82º aniversario, que acaba de cumplirlo el 14 de mayo.
En el hemiciclo hay distinguidos ex alumnos que el alma mater de la Universidad de Concepción hizo posible que se formaran con grandes condiciones de profesionales y de líderes. Me refiero a los señores Sergio Ojeda y Sergio Elgueta , de la Facultad de Derecho; a los doctores Carlos Abel Jarpa , Carlos Olivares y Osvaldo Palma, de la Facultad de Medicina, y a don Alejandro Navarro , y a quien habla, José Miguel Ortiz , de la Facultad de Educación.
El lunes recién pasado, con la clase magistral “Desafíos del humanismo en este mundo globalizado”, expuesta por el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar , doctor honoris causa de nuestra universidad desde el 3 de enero de 1994 por decisión unánime del consejo académico, se desarrolló el acto oficial del 82º aniversario.
En esa ocasión, 41 alumnos y alumnas se hicieron acreedores al premio “Universidad de Concepción”, que se comenzó a entregar en 1937.
En 1919, un grupo de visionarios, entre los cuales estaba don Enrique Molina Garmendia, dio los primeros pasos para consolidar el proyecto que representaba las aspiraciones de los penquistas de contar con un alma mater en la ciudad de Concepción, y que la convirtió en la tercera universidad estatal que emergía a principio del siglo pasado en nuestra patria.
La Universidad de Concepción es la primera casa de estudios superiores fundada en regiones, institución que ya llegó a los 82 años de vida. Está dividida en tres sedes: Chillán, Los Ángeles y Concepción.
En la capital penquista se encuentra emplazado el campus principal, de 44 hectáreas, que es orgullo para todos los hijos de Concepción y que visitamos en primer lugar con nuestros invitados de diferentes regiones del país.
Actualmente, cuenta con casi 15 mil alumnos en pregrado y mil en programas de posgrado. El quehacer y la excelencia académica son los pilares más sólidos con los cuales se ha posicionado en el mundo académico y en la sociedad entera, aportando de manera constante en el ámbito científico y tecnológico.
Como parte del patrimonio de la ciudad, la Universidad de Concepción desarrolla la investigación y la búsqueda del conocimiento en 17 facultades, 51 carreras y con un cuerpo docente de 1.100 académicos, los cuales son apoyados por más de 1.500 funcionarios.
“Por el desarrollo libre del espíritu” es el lema que concentra la característica inamovible que ha mantenido nuestra universidad a través de estos 82 años de existencia, adaptándose a los cambios que exige el entorno para seguir proyectando su misión a nivel nacional e internacional.
También el lunes recién pasado, en un discurso oficial, el actual rector don Sergio Lavanchy Merino , que en ese instante cumplía tres años en el cargo, dio a conocer lo que piensa de nuestra Universidad de Concepción, sin perjuicio de la cuenta anual de los logros que entregó hace poco.
Sergio Lavanchy Merino es un digno sucesor de esos pioneros que tuvieron la visión de crear nuestra universidad.
¿Qué planteó en forma general el rector? La Universidad de Concepción debe ser dinámica. Es importante recordar que ese dinamismo ha sido capaz de mantener un crecimiento sostenido, a pesar de las limitaciones a su desarrollo impuestas por la situación económica, tanto interna como externa.
La comunidad nacional reconoce el aporte que esta universidad hace al país, lo que se ha visto reflejado en el permanente apoyo de las autoridades, que han estado presentes en diferentes actividades.
Además, existe en la Universidad de Concepción un programa de calidad institucional que abarca el mejoramiento continuo, el seguimiento del plan de desarrollo institucional y, en general, la visión de la universidad que deseamos, que es la preocupación permanente del actual rector, Sergio Lavanchy Merino , como lo fue la de todos los rectores que ha tenido a lo largo de los 82 años de existencia.
Durante el año recién pasado, con la conducción del rector Lavanchy se creó el Programa de Calidad Institucional, que integra todas las actividades que se desarrollan en este ámbito.
Por otro lado, en el área de posgrado, la Universidad de Concepción participa activamente en la Comisión Nacional de Acreditación del Posgrado e, internamente, se encuentra en la preparación de dicho proceso para sus programas de magister y los nuevos programas de doctorado.
En infraestructura, concordante con la política trazada por esta rectoría hace tres años, cuando asumió el rector Sergio Lavanchy Merino , apoyado por todo el directorio de nuestra universidad, del que me siento orgulloso de formar parte desde hace seis años, las inversiones concretadas en el 2000 o que se encuentran en etapa de ejecución, se orientaron en su totalidad hacia el objetivo de otorgar a los estudiantes mejores y más modernas instalaciones.
Es así como se adecuaron, remodelaron y habilitaron laboratorios de docencia de pregrado para el Departamento de Ciencias Clínicas y laboratorio de termofluidos en el campus de Chillán, y laboratorios científicos en la unidad académica de Los Ángeles, entre otros.
El posicionamiento que nuestra Universidad de Concepción ha logrado en la comunidad local, nacional e internacional, se ha manifestado en diferentes actividades, donde ha demostrado eficiencia, capacidad, ponderación y entrega.
Debido a eso, para nosotros, los universitarios de Concepción, fue muy importante que el Presidente de la República , don Ricardo Lagos Escobar , se dirigiera al país desde el campus de la Universidad de Concepción el día en que asumió su cargo.
Por su trascendencia y por su prestigio institucional, debemos sentirnos orgullosos de que se haya elegido en el cargo de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, que agrupa a 25 de ellas, al actual rector Sergio Lavanchy Merino .
En el tema de la docencia, es importante que nuestra universidad también entregue la posibilidad de que se integren diferentes actores del mundo social de nuestra región a las jornadas de verano.
Respecto del desarrollo regional, debo recordar la visión que se tuvo para crear el programa de biotecnología, el cual permitirá establecer las bases para la creación de un centro de esa disciplina.
Quiero recordar algo que, por estar presente, se olvida. En 1960, el país, en especial nuestra ciudad de Concepción, fue estremecido por un violento terremoto, movimiento al que siguió otro de similar magnitud. No obstante, este desastre trajo algo positivo desde el punto de vista cultural para nuestra universidad, ya que se construyó la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, gracias al aporte del gobierno de México, de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos, y también la Orquesta Sinfónica de Concepción.
Termino rindiendo este homenaje, en mi nombre y en el de muchos otros colegas parlamentarios fuera de los que ya nombré, como los honorables diputados señor Edmundo Salas , señora María Rozas y señor Rodolfo Seguel.
Solicito que mi intervención se haga llegar en forma oficial al rector, cuerpo de decanos y directores de nuestra Universidad de Concepción.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo están indicando.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Homero Gutiérrez.
Señor Presidente , muchas ciudades, por no decir la totalidad, se están preparando para la celebración del bicentenario. Es una fecha que el Presidente de la República , el Gobierno y muchas entidades culturales consideran muy significativa. Todas esperan que el bicentenario las encuentre en las mejores condiciones posibles.
Lo mismo ocurre con nuestra ciudad de Talca, cuyos habitantes esperan tener resueltos, para esa fecha, una gran cantidad de problemas, de manera que se dé paso a un cierto progreso.
Por eso, ha elevado un conjunto de propuestas al Gobierno para la construcción de diversas obras, con el objeto de lograr un principio de desarrollo en las provincias y localidades que pasan por una situación tremendamente grave en este momento. Por ejemplo, se propone la construcción de un aeródromo, con el fin de que Talca tenga una comunicación más expedita con Santiago y, por supuesto, con el resto del país.
A pesar de su cercanía con Santiago -está a 250 kilómetros-, Talca es una ciudad aislada. Curiosamente, si se toma en consideración el tiempo que se ocupa para trasladarse hasta allá, queda más lejos que Temuco o que cualquiera otra ciudad del país, porque la única manera de llegar a ella es por tierra, lo que toma más tiempo que ir a Temuco o a Osorno por avión.
Son curiosidades, son alteraciones, son modificaciones que nos está imponiendo la vida moderna con sus cambios en los sistemas de comunicación y de transporte.
También se propone que se construya un nuevo hospital. El actual es regional, pero, por su estructura, por sus condiciones y por su antigüedad, no presta los servicios que demandan los enfermos. Es necesario construir un hospital regional de alto nivel y que cuente con una estructura moderna.
Además, se ha avanzado en la construcción del paso Pehuenche, una aspiración antigua, prácticamente una leyenda en Talca; pero, al fin, en los gobiernos de don Eduardo Frei y de don Ricardo Lagos , se han construido los primeros kilómetros. Ahora se está ejecutando el quinto tramo, que es el más difícil y complejo. Esperamos que para el próximo año esté terminado, a fin de que exista un tránsito expedito con la República Argentina.
Sin embargo, el motivo principal de mi intervención es señalar que el hospital, el aeródromo, el puerto en Constitución, las obras del paso Pehuenche resultarán absolutamente insuficientes si no se moderniza y urbaniza como corresponde el casco antiguo de la ciudad de Talca.
Talca es una ciudad estrecha y cortada por la línea del ferrocarril. Para superar sus problemas, hace aproximadamente cinco o seis años, en el gobierno de don Eduardo Frei, se anunció un proyecto que se llamó “macrointervención urbana”, a cargo de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de otros. Significa ensanchamiento de calles, un mejor flujo vehicular, una mejoría notable del tránsito interno; el cambio de la línea del ferrocarril o la construcción de pasos superiores que comuniquen el sector oriente con el sector poniente de la ciudad. Es decir, un conjunto de ideas y de iniciativas.
Lamentablemente, a pesar del paso de los años, el proyecto no se ha concretado. Las autoridades de Talca no saben absolutamente nada de lo que pasó con el diseño que se encargó a ciertas empresas consultoras externas.
Por eso, pido que se envíe oficio, en mi nombre, al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , que tenía a su cargo esta responsabilidad, a fin de que informe a la Cámara acerca de la situación en que se encuentra el proyecto de macrointervención urbana de Talca, que conlleva una modificación profunda: respecto de la línea de ferrocarriles, eventual construcción de pasos superiores, y del tránsito entre oriente y poniente, un cambio total en el sistema y la ampliación de avenidas y calles que, con el incremento de la movilización colectiva, se hacen absolutamente estrechas. La ciudad está inmanejable desde este punto de vista. Esta información es necesaria. La requieren la ciudadanía y las autoridades de Talca.
Reitero que sin la materialización del proyecto de macrointervención urbana de Talca no habrá una ciudad moderna para el bicentenario, como todos deseamos y esperamos.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta, por 30 segundos.
Quiero referirme a una exigencia que hace el Ministerio de Vivienda en relación con las inscripciones a subsidios habitacionales. Desde hace poco tiempo, no sé con motivo de qué, se exige que los postulantes no figuren, ni ellos ni sus cónyuges, en Dicom, lo que limita automáticamente, no sé en qué porcentaje, la cantidad de familias que tendrá el derecho.
Tengo entendido que no existe reglamento ni decreto por el cual se hayan ampliado las exigencias en relación con las inscripciones.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda , con el objeto de que se elimine ese requisito, porque no corresponde.
El señor SEGUEL ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo indiquen.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 13.33 horas.
Moción de los diputados señores Aníbal Pérez , Encina , Núñez y Urrutia .
Establece normas para asegurar la participación ciudadana en los procesos de fijación tarifaria de los servicios de distribución eléctrica domiciliaria y de servicio de agua potable y alcantarillado y en los servicios de telefonía. (boletín Nº 2709-03)
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República y lo previsto en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
1º	Que nuestro país ha optado, a lo largo de las últimas décadas, por un modelo económico fundado en la libertad de los mercados y en el apoyo a la iniciativa privada, quedando el Estado limitado a ejercer un rol subsidiario en el plano económico y regulador de los mercados.
2º	Que la regulación de la economía, tiene distintas funciones y fines. Una de ellas es asegurar la libre competencia entre los actores, evitando la concentración de poder y la explotación de posiciones dominantes en su interior, y otra, asegurar unos mínimos derechos económicos de los ciudadanos, como son la igualdad en el acceso, la calidad de los servicios que se prestan y el amparo administrativo y/o jurisdiccional ante el abuso o las acciones restrictivas de sus derechos.
3º	Que estas regulaciones, se hacen particularmente importantes cuando se está en presencia de servicios de utilidad pública, como es la distribución domiciliaria de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, en todas sus formas y modalidades.
La relevancia de las regulaciones en este caso, se fundan en que esta clase de servicios satisfacen necesidades públicas fundamentales, que son esenciales para el desarrollo de la vida humana y que deben brindarse de manera permanente, y con un acceso universal garantizado.
Más aún, hoy, instituciones de la sociedad civil tan relevantes como Consumers International, a través de su oficina para Latinoamérica y el Caribe, ha trabajado hace ya largos años en un programa sobre consumidores y servicios básicos y ha llegado a estructurar el concepto de democracia reguladora, haciendo mención con ello a la necesidad de crear “un sistema regulador transparente, eficiente y justo para evitar los abusos económicos y asegurar los derechos de los consumidores”, dentro del cual, deben necesariamente consignarse instituciones que den cabida efectiva y eficaz a la participación de los consumidores organizados.
Más aún, el programa, con el cual colaboramos en este momento, nos recuerda la necesidad de crear una política profundamente democrática en la administración pública, y especialmente en las instituciones reguladoras, colocar en su justa dimensión la responsabilidad social del capital privado y profundizar las implicancias internacionales de la democracia reguladora que está fuertemente mediada también por la internacionalización de las inversiones en sectores de servicios básicos para los usuarios y consumidores de todo el globo.
4º	Que es un hecho indiscutible, que los actuales servicios públicos otrora eran prestados directamente por empresas públicas, con el respaldo del Estado y que, fruto de opciones estratégicas y de modelo económico, han sido traspasadas al sector privado, para su mejor servicio y cometido y para aprovechar los siempre escasos recursos financieros del Estado en sus funciones propias, como son la aplicación de programas sociales de ayuda a los sectores más deprivados de la población en áreas tan sensibles, como salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, y otros.
5º	Que actualmente, en el caso de los servicios de distribución eléctrica y de telefonía, las empresas privadas que lo prestan están sujetas en la práctica a regímenes de fijación tarifaria por parte de la autoridad, fruto de las imperfecciones de los mercados, toda vez, que en la mayor parte del país, no existen medios para asegurar la libre competencia de los oferentes de tales servicios, produciéndose la mayor parte de las veces monopolios naturales, que obligan por una parte a recurrir a la institucionalidad de salvaguarda de la libre competencia y por otra a establecer procedimientos reglados de determinación y fijación de tarifas por parte de la autoridad.
Por su parte, en materia de servicios sanitarios, esto es, elaboración, potabilización y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas las normas sobre fijación tarifaria, esto es, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y especialmente su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 453, de 1989, también de esa cartera de Estado, prescribe la existencia de un régimen altamente reglado, de fijación tarifaria. Más aún, el Reglamento consigna un tímido mecanismo de participación ciudadana, en su artículo 4º que consiste en la obligación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de efectuar una publicación en el Diario Oficial y poner a disposición del público las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias del período sobre el cual se ha abierto un proceso de fijación de precios al consumidor.
6º	Que atendida nuestra actual legislación de protección a los derechos de los consumidores y usuarios, se hace recomendable, utilizar de manera progresiva sus institutos, especialmente aquellos que aseguran la participación organizada de la ciudadanía, como son las denominadas organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores contenidas en el párrafo 2º del Título III de la ley Nº 19.496. Para ello, proponemos, modificar el artículo 8º de la ley, agregando en el listado de funciones, una letra e), en virtud de la cual se les autorice a participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios públicos en la forma dispuesta por esta ley y por los reglamentos correspondientes.
7º	Que, es necesario, considerar la actual realidad del país, en cuanto a la baja tasa de asociatividad y organización de los consumidores, por lo cual, proponemos en este proyecto que presentamos a consideración de esta honorable Cámara, que la participación de las organizaciones de consumidores sea voluntaria y no obligatoria, aunque sí, es necesario mantenerlos como parte en el todo del proceso de fijación tarifaria, para que hagan ver sus especiales puntos de vista, que hoy en día, no están presentes, por cuanto, sólo son parte en el proceso, las empresas y el Estado.
8º	Que, en consecuencia, es menester modificar el DFL Nº 1/82 del Ministerio de Minería, específicamente su artículo 100, con la finalidad de precisar, por razones de técnica legislativa, que la fijación tarifaria cuando proceda, se realizará en base a un proceso reglado en el cual, deberá asegurarse, por un reglamento, la posibilidad de participación directa de organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, cuestión que proponemos en esta iniciativa legal.
9º	Que en materia de fijación de tarifas de telefonía, cualquiera sea su tiempo (de corta y larga distancia y móvil, incluyendo los servicios de conexión a Internet), es menester modificar el artículo 29 de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones , para precisar, que también por la vía reglamentaria se regulará la participación de esta misma clase de organización civil, con la finalidad de asegurar una participación ciudadana equilibrada y equitativa, que sólo redundará en beneficios para los usuarios de los servicios y de legitimidad social para el proceso de fijación tarifaria.
10º Que es deber del Estado y especialmente de este Parlamento, Asamblea democrática por excelencia de la Nación, el resguardar los derechos de los ciudadanos, promover su respeto por todos los actores de la sociedad civil y política, incluyendo los actores económicos, estimamos, que el Congreso Nacional no puede desaprovechar la posibilidad de avanzar en estas reformas institucionales tan básicas, que pretenden que la gente común y corriente del país, que utiliza obligatoriamente los servicios de telefonía y distribución eléctrica para ser oídos y representados adecuadamente en los procesos de tarificación de estos mercados, tan imperfectos.
Por tanto, el diputado que suscribe, viene en presentar el siguiente:
Artículo primero.- Agréguese la siguiente letra e) al artículo 8º de la ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores”:
e)	Participar en los procesos de fijación tarifaria de los servicios básicos domiciliarios, en la forma prevista por esta ley y por los reglamentos dictados al efecto.
Artículo segundo.- Modifícase el artículo 100 del decreto con fuerza de ley Nº 1 del año 1982 del Ministerio de Minería, agregando el siguiente inciso primero, pasando el actual a ser segundo y así sucesivamente:
“La fijación de las tarifas de distribución domiciliaria, incluyendo la determinación del precio nudo, por parte de la autoridad, se regulará por las normas siguientes. Un reglamento determinará la forma en que se hará efectiva la participación de la ciudadanía durante todo el proceso de fijación tarifaria, a través de las organizaciones de defensa de los consumidores contempladas en el párrafo 2º del Título II de la ley Nº 19.496 “Sobre protección de los derechos de los consumidores”.
Artículo tercero.- Modifícase el artículo 29 de la ley Nº 18.168 general de Telecomunicaciones, agregando el siguiente inciso tercero y final:
“En los casos en que proceda la fijación de tarifas por parte de la autoridad, se asegurará la participación ciudadana. Un reglamento determinará la forma en que podrán participar durante todos los trámites del procedimiento las organizaciones de defensa de los consumidores contempladas en el párrafo 2º del Título II de la ley Nº 19.496 “sobre protección de los derechos de los consumidores”.
Artículo cuarto.- Modifícase el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 70 del año 1988 del Ministerio de Obras Públicas, agregando el siguiente inciso tercero y final:
En los procesos de fijación tarifaria de los servicios sanitarios de producción, potabilización y distribución de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas que regula este decreto con fuerza de ley, se considerará siempre la participación en todo el proceso de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores contempladas en el párrafo 2º del Título II de la ley Nº 19.496 “Sobre protección de los derechos de los consumidores”. Un Reglamento determinará la forma en que se haga efectiva dicha participación”.
Moción de los diputados señores Ascencio , Aguiló, Bustos , Elgueta , Krauss , Andrés Palma , Sánchez , Seguel y de la diputada señora Laura Soto .
Reforma constitucional para permitir que sea el Congreso Nacional el que autorice la compra o venta de armamento por parte de Chile, a solicitud del Presidente de la República. (boletín Nº 2710-07)
“La Cámara de Diputados en la sesión especial del día 10 de abril de 2001, acordó que “en el contexto de un ordenamiento constitucional presidencial, el Congreso Nacional tenga participación en la compra o venta de armas por el Estado o empresas nacionales. Para ello comprometemos nuestro apoyo a fin de efectuar las modificaciones constitucionales que correspondan a tal efecto”.
Lo anterior dentro del marco de la discusión en relación a nuestra política de defensa y a las compras de material bélico.
Durante el debate, gran parte de las intervenciones estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el parlamento tenga la responsabilidad, junto al Presidente de la República , de resolver acerca de la necesidad y oportunidad de los gastos militares. Ello especialmente por cuanto sabemos que a pesar de que el gasto ordinario de la Defensa Nacional se discute año a año en la ley de Presupuestos de la Nación, los gastos destinados a compra de armamento, especialmente el de alta tecnología, se realizan a través de la simple aplicación de la llamada ley reservada del cobre que destina los recursos a estos fines sin que tengan que pasar por el examen del Parlamento.
Más aún, muchas veces se levantan hoy día pidiendo la reorientación de los gastos no urgentes, incluyendo el de las compras de material bélico, para destinarlos a ayudar a resolver los problemas sociales que presenta nuestro país, y que son mucho más urgentes. Especial mención merecen, al respecto, las opiniones de los obispos de la iglesia católica.
En ese sentido, la Cámara de Diputados, en la misma sesión especial señalada anteriormente, ya había acordado que “siendo el problema de la desocupación nuestra primordial preocupación, esta Cámara de Diputados hace un llamado al Gobierno, a los empresarios, a las organizaciones de trabajadores, a las instituciones públicas y privadas y a las instituciones de la Defensa Nacional, a fin de que adecuen sus objetivos inmediatos, a la solución de este crucial tema, comprometiendo sus mejores esfuerzos en aportar a que la desocupación disminuya lo más pronto posible”.
No debemos dejar de recordar también, que en relación a las negociaciones para la compra de aviones en Estados Unidos, será el Congreso de dicho país el que autorizará o denegará tal negociación, cuestión que acentúa aún más la necesidad de que nuestro Congreso Nacional participe en tales negociaciones autorizando o denegando las operaciones en tal sentido.
Para ello, proponemos una reforma constitucional, que incorporando un numeral al art. 60 de nuestra Constitución, declare que son materias de ley, las autorizaciones para la compra o venta de armamento por parte de Chile, siempre a solicitud del Presidente de la República , cuestión que no sólo salva el vacío existente actualmente e introduce facultades de ambas ramas del Congreso Nacional, sino que además posibilitará la amplia y transparente discusión de este tipo de materias en nuestra sociedad.
Por ello, presentamos la siguiente Reforma Constitucional:
Agréguese el siguiente numeral al art. 60 de la Constitución Política del Estado:
Nº 21. Las que autoricen la compra o venta, importación o exportación, de armamento y equipamiento militar, a solicitud del Presidente de la República ”.