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Timestamp: 2017-10-18 18:44:20
Document Index: 282756097

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 42', 'artículo 191', 'artículo 37', 'artículo 82', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 222', 'artículo 408', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 191']

Sentencia T.S.J. Madrid 521/2010 de 16 de septiembre. Mejoras voluntarias sobre prestaciones. No devengan el interés por mora del art. 29 ET - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Madrid 521/2010 de 16 de septiembre
Mejoras voluntarias sobre prestaciones de Seguridad Social. Interés por mora: No procede la condena al interés por mora que aplica la sentencia de instancia, porque las mejoras voluntarias de las prestaciones de Seguridad Social no se rigen por el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Estimación parcial.
SENTENCIA: 00521/2010
SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 4.ª (C/ GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 27)
N.I.G: 28079 4 0040990 /2010, MODELO: 46050
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 3071/2010
Recurrente/s: LURCA SA
Recurrido/s: Tomás
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de MADRID de DEMANDA n.º 798/2008
Sentencia número: 521/2010
En MADRID, a 16 de Septiembre de 2010, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 4.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en
en el RECURSO SUPLICACION 3071/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/D.ª Belén Lareo Lodeiro, en nombre y representación de LURCA SA, contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2010, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de MADRID, en sus autos número 798/2008, seguidos a instancia de Tomás frente a la empresa recurrente, parte demandante representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/D.ª David Moya García, en reclamación por cantidad, ha sido Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª MARIA LUZ GARCIA PAREDES.
"PRIMERO.- El demandante Don. Tomás con DNI NUM000 ha prestado servicios para la empresa demandada con la antigüedad de 7-6-93, categoría profesional de encargado y debiendo percibir un salario mensual de 1.760,34 euros. E1 salario del actor se compone de salario fijo y salario variable o comisiones del 1 % sobre las ventas del establecimiento que en el mes anterior a la baja ascendió a 668,52 euros (según consta probado en el ordinal primero de los hechos declarados probados de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Social n° 38 autos 351/08).
Segundo.-El actor presta servicios para la empresa demandada en el Burger King sito en Paseo de las Avenidas, siendo la relación laboral de carácter indefinido a jornada completa.
Tercero.-El actor desde el 6-9-07 se encuentra en situación de incapacidad temporal, en el período que reclama de enero a mayo inclusive de 2008 continuaba en IT.
Cuarto.-La actividad económica de la empresa demandada es la de hostelería siendo de aplicación el convenio colectivo de Hostelería de la Comunidad de Madrid; dicho convenio en su artículo 42 establece el complemento de empresa en situación de incapacidad temporal "hasta el 100% del salario en la primera incapacidad temporal del año por enfermedad".
Quinto.-El actor en el período comprendido de enero a mayo de 2008 el actor percibió la cantidad que se especifica: en enero cobró 1.364,31 euros.
Febrero cobró 1.276,29 euros.
Marzo cobró 1.364,31 euros.
Abril cobró 1.320,30 euros.
Mayo cobró 1.364,31 euros.
Sexto.-El actor reclama la cantidad de 2.429,7 euros en concepto de diferencias salariales del complemento de incapacidad por el período comprendido de enero a mayo de 2008 al considerar que al mes se le debió abonar la cantidad de 1.823,86 euros.
Octavo.-En sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social n° 38 autos 351/08 de 12-9-2008 firme; y por el Juzgado de lo Social n° 35 autos 1616/2008 se estimó la pretensión del actor por el concepto de mejora voluntaria complemento de empresa al estar en situación de incapacidad temporal, referidas a un período anterior y posterior al reclamado.
Noveno.-La parte actora el presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, siendo celebrado dicho acto el 25-1-07 con el resultado de intentado sin efecto."
Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se estimó la demanda planteada por el actor.
Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 18 de junio de 2010, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.
Primero.-La sentencia de instancia ha estimado la demanda, condenando a la empresa al pago de la cantidad de 2.429,7 euros, en concepto de diferencias en el complemento de incapacidad temporal, en el periodo de enero a mayo de 2008, más el 10% de interés por mora.
Frente a dicha sentencia se interpone recurso de suplicación por la empresa en el que como primer motivo, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la infracción de los artículo 37 de la Constitución Española, artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores y artículos 1281 a 1283 del Código Civil, en relación con lo que disponen los artículos 27 y 42 del Convenio Colectivo del sector de la Hostelería para la Comunidad de Madrid. Según la parte recurrente, la retribución del demandante, compuesta por un salario fijo y otro variable, consistente en comisiones. Estas últimas, según dicha parte, no debe formar parte de la mejora voluntaria porque esta partida salarial no figura en la estructura salarial que regula el convenio colectivo y, por tanto, no pudo ser objeto de valoración a la hora de fijar el importe de la mejora. El concepto salario, según manifiesta, recogido en el artículo 42 del Convenio Colectivo solo puede referirse a las partidas retributivas del propio convenio porque de lo contrario se estaría ampliando el ámbito del convenio a conceptos no previstos en él.
El motivo no puede prosperar porque la sentencia de instancia no ha incurrido en la infracción legal que se denuncia.
En efecto, es correcta la afirmación del escrito del recurso en orden a la interpretación de los Convenios Colectivos
"....- El punto de partida obligado ha de ser la consideración de que el carácter mixto del Convenio Colectivo -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- determina que su interpretación haya de atender tanto a las reglas legales propias de las normas jurídicas [arts. 3 y 4 CC ] como a aquellas otras que disciplinan la hermenéutica de los contratos [arts. 1281 a 1289 CC ](con muchas otras anteriores, SSTS 03/12/08 -rco 180/07-; 26/11/08 -rco 139/07-; 21/07/09 -rco 48/08-; 21/12/09 -rco 11/09-; y 02/12/09 -rco 66/09 -). Por ello, la interpretación del Convenio Colectivo ha de combinar los criterios de orden lógico, gramatical e histórico, junto con el principal de atender a las palabras e intención de los contratantes (así, SSTS 27/06/08 -rco 107/06-; 26/11/08 -rco 95/06-; 26/11/08 -rco 139/07-; 27/01/09 -rcud 2407/07-; y 21/12/09 -rco 11/09 -), lo que confiere especial relevancia al Tribunal "a quo" ante el que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes (en este sentido, recientemente, SSTS 22/04/09 -rco 51/08-; 15/09/09 -rco 78/08-; 08/10/09 -rco 13/09-; 02/12/09 -rco 66/09-; 17/12/09 -rco 120/08-; y 21/12/09 -rco 11/09 -).
3.- Conforme a este planteamiento, hemos de señalar -en línea con lo indicado-que el primer canon hermenéutico en la exégesis es "el sentido propio de sus palabras" [art. 3.1 CC ], el "sentido literal de sus cláusulas" [art. 1281 CC ], de forma que cuando los términos de un contrato -léase convenio colectivo- son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas y es innecesario acudir a ninguna otra regla - subsidiaria- de interpretación (recientemente, SSTS 16/01/08 -rco 59/07-; 27/06/08 -rco 107/06-; 26/11/08 -rco 95/06-; 02/12/09 -rco 66/09-; y 21/12/09 -rco 11/09 -)...." (STS de 21 de Abril del 2010, R. 1075/09, ROJ: STS 2461/2010).
Partiendo de estas reglas, es indiscutible que el artículo 42 del Convenio Colectivo del sector de Hostelería para la Comunidad de Madrid, al fijar el importe del complemento de incapacidad temporal, lo cuantifica en atención al "salario". Igualmente, es claro que en la estructura salarial del referido convenio se hace una distribución de la misma en diferentes conceptos retributivos, tales como "salario base", "complemento personal de porcentaje de servicio", complemento personal de antigüedad consolidada", gratificaciones extraordinarias, nocturnidad, plus de transporte y complemento de permanencia. Del contenido de uno y otro precepto no podemos llegar a la interpretación que hace la parte recurrente de entender que el "salario" que rige el complemento de incapacidad temporal solo se integra por las cantidades o percepciones salariales que figuran como estructura salarial porque la literalidad de los términos no lo permite. Por otro lado, desde una interpretación finalista, el concepto salario que se contempla en el artículo 42 debe interpretarse, ante esa falta de concreción, atendiendo a lo que con él se persigue o pretende cubrir, que no es ni más ni menos que el trabajador no sufra una merma en sus retribuciones salariales regulares u ordinarias como consecuencia de encontrarse en situación de incapacidad temporal, garantizándole la empresa el mantenimiento de la misma. Es por ello que si tal es su finalidad resulta contrario a la misma apartar del cálculo del complemento una partida claramente salarial y regular por el hecho de que la misma no figure en la nueva estructura retributiva que, en el sector y ámbito territorial, se adoptó a raíz de apartarse de la que figuraba en la ordenanza de trabajo.
A ello debemos añadir que según dispone el artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, el "salario" es toda percepción que reciba el trabajador por la prestación profesional de los servicios laborales, de forma que este concepto genérico comprende todo lo que retribuye el trabajo. Y en este sentido es en el que debe entenderse el término que contempla el artículo 42 del Convenio Colectivo ya que ni tan siquiera el propio convenio viene directamente a identificar el "salario" con la estructura salarial. A tal conclusión se llega con una lectura de la citada norma que al hacer uso del citado término, sin calificativo que lo acompañe, lo hace en diferentes sentidos y alcance y no precisamente en el que pretende la recurrente. Así, se refiere al salario como contraprestación por el trabajo realizado en el artículo 21 g) y h), 39.
Es cierto que, a la inversa, podría entenderse que, como indica el recurso, las comisiones que percibe el demandante no figuran en forma alguna en la regulación del convenio colectivo y por ello, en cualquier caso, no ha podido presidir la voluntad de los negociadores a la hora de establecer el complemento de incapacidad temporal y ello impediría incluirlo. Pero ello no obsta para alcanzar la conclusión que ha tomado la sentencia recurrida ya que, como hemos dicho anteriormente, no debemos olvidar la finalidad del complemento que no haber querido cubrir el 100% de las retribuciones salariales que percibe el trabajador, estén o no integradas en la estructura salarial fijada en convenio colectivo, hubiera sido más preciso en orden a determinar las partidas que lo integrasen. Además, no puede ampararse la parte en la estructura salarial que dispone el convenio colectivo cuando resulta que la retribución del trabajador, cuya antigüedad es anterior al periodo de transformación de la misma y, por tanto, con un régimen retributivo inicial que no se corresponde con el actualmente vigente, no ha sufrido la adaptación.
Por último, hay que hacer mención del efecto que debe otorgarse a la sentencia firme en la que se reconoce el derecho del demandante a percibir el complemento de incapacidad temporal con el importe de las comisiones, que se recoge en el hecho probado octavo y sobre cuya cuestión insiste la parte recurrida en el escrito de impugnación del recurso. La sentencia de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de 20 de Enero del 2010, R. 1093/2009, ROJ: STS 511/2010, nos dice que "...El examen de la cuestión requiere recordar lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del citado artículo 222, donde se dispone: 1.- La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. 2.- La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley. Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. 4.- Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal". Esta sentencia sigue diciendo que "....Como dijimos en nuestras sentencias de 23 de octubre de 1995 (Rec. 627/95) y de 27 de mayo de 2003 (Rec. 543/02), el efecto positivo de la cosa juzgada requiere, aparte de la identidad de sujetos, una conexión entre los pronunciamientos, sin que sea necesaria una completa identidad de objetos que excluiría el segundo proceso de darse, "sino que para el efecto positivo es suficiente, como ha destacado la doctrina científica, que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona vinculándolo a lo ya fallado". Por ello, como dice nuestra sentencia de 29 de mayo de 1.995 (Rec. 2820/94), "no es necesario que la identidad se produzca respecto de todos los componente de los dos procesos, sino que, aunque en alguno de ellos no concurra la más perfecta igualdad, es bastante con que se produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial que ha de dictarse en el nuevo juicio Esto no significa que lo resuelto en pleito anterior sea inmodificable indefinidamente pues, si cambian las circunstancias, no opera la presunción legal pero, en caso de no producirse esta alteración, se produce la eficacia material de la cosa juzgada".
2. La aplicación de lo dicho al caso examinado obliga a estimar el recurso y a casar y anular la sentencia recurrida. En efecto, el objeto de los anteriores procesos fue el mismo que el de éste: el complemento a pagar por la empresa por la prejubilación del actor y, más concretamente, si para el cálculo de ese complemento debían computarse y de qué forma las pagas extras de beneficios del año 1.999. La causa de pedir, entendida como el hecho al que van anudadas las consecuencias jurídicas cuya efectividad se reclama, al pedir la tutela judicial, ha sido la misma en los procesos anteriores, donde la pretensión ejercitada ha sido igual: que las pagas extras de beneficios del año 1.999 se computaran para el cálculo del complemento por prejubilación a cargo de la demandada. Cierto que en el nuevo proceso se reclaman diferencias por ese complemento con un periodo de tiempo distinto, pero ese dato no desvirtúa lo dicho, porque no existen acaecimientos posteriores que integren una causa de pedir distinta. El hecho de que se añada un nuevo pedimento, que se reclame un periodo de tiempo distinto, no impide la identidad de la "causa petendi", ya que la misma no cambia porque se modifique la petición, pues lo decisivo es que los hechos y los fundamentos de la pretensión son los mismos: la prejubilación que conlleva el reconocimiento del deber de pagar cierta cantidad, cuya cuantificación se debía hacer con arreglo a ciertos parámetros. Por ello, resuelta por sentencia firme la forma de cuantificar el complemento dicho y el tratamiento a dar a esos efectos a las pagas extras de beneficios del año 1.999, no era viable volver a plantear un nuevo proceso sobre esa cuestión, pues lo relevante no es que se reclame el pago de un periodo distinto, sino que la existencia y la extensión del deber de pagar ya quedaron juzgadas en un anterior proceso, como en caso semejante al de autos resolvió esta Sala en la sentencia de 27 de mayo de 2003 ". En el mismo sentido y apreciando de oficio el efecto de cosa juzgada la ST de 4 de Marzo del 2010, R 134/2007, ROJ: STS 1968/2010. Pues bien, esta doctrina es aplicable al presente caso y ello, también, nos llevaría a confirmar la solución alcanzada en la instancia,
Segundo.-En el siguiente motivo, con igual amparo procesal que el anterior, se denuncia la infracción del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia recogida en la sentencia de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de 13 de julio de 1998 al considerar que no procede la condena al interés por mora que aplica la sentencia de instancia porque las mejoras voluntarias de las prestaciones de Seguridad Social no se rigen por aquel precepto estatutario.
El motivo debe ser estimado porque la sentencia de instancia al aplicar aquel precepto legal ha incurrido en su infracción.
En efecto, como indica la parte recurrente, la jurisprudencia ha venido excluyendo la aplicación el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores a las mejoras voluntarias por la sencilla razón de que no son salario sino que se integran en la acción protectora del sistema de seguridad social, como prestación complementaria, reconocida y regulada por los artículos 39 y 191 a 194 de la Ley General de la Seguridad Social y demás "normas dictadas para su aplicación y desarrollo" en los términos del artículo 191.2 de la citada norma, y es por ello que los preceptos del Estatuto de los Trabajadores, como el que aquí es denuncia o como los relativos a los plazos de prescripción, no rigen la materia (STS de 14 de noviembre de 1994, y 13 de julio de 1998 que se cita en el escrito de recurso).
Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por LURCA, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Madrid, de fecha nueve de marzo de dos mil diez, en los autos seguidos ante el mismo a instancia de Tomás frente a la empresa recurrente, en reclamación por cantidad, debemos revocar parcialmente la expresada resolución, en el sentido de excluir de la condena el 10% de interés por mora, al no ser procedente, confirmando el resto del pronunciamiento. Dese el destino legal a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir una vez sea firme esta resolución.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.
Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, n.º 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2829-0000-00-3071-10 que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ Miguel Ángel, 17, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.
En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.