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Timestamp: 2018-02-25 00:09:59
Document Index: 115682623

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 447', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 68', 'artículo 32', 'artículo 344', 'artículo 447', 'artículo 106', 'artículo 447', 'artículo 250', 'artículo 157', 'artículo 294', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 317', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 317', 'artículo 29', 'artículo 302', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 6', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 7', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 455', 'artículo 350', 'artículo 31']

INDICE SISTEMA ACUSATORIO - INDICE SISTEMA ACUSATORIO
Martes, 13 de Abril de 2010 21:37
Radicado: 24768, Sentencia de Casación 02 de diciembre de 2008 M.P. Javier Zapata Ortiz. En los delitos que requieren querella no necesariamente el ofendido debe presentar la querella dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia del hecho, si ha manifestado su voluntad de que el Estado investigue la comisión de la conducta punible, a través de actos de concurrencia a la investigación. “Tiene dicho la Sala y como de manera oportuna lo acota el Procurador Primero Delegado en su concepto, que la querella es la solicitud que eleva el sujeto pasivo de la conducta punible, para que la jurisdicción adelante la investigación criminal ante la comisión de un delito respecto del cual el legislador estableció esa condición”. “Sin embargo y como lo ha expresado esta Corporación[1], la ausencia formal de la querella, no constituye por si misma una transgresión trascendente del derecho fundamental del debido proceso, pues la satisfacción de la condición objetiva de procesabilidad de que trata el artículo 31[2] del estatuto instrumental (Ley 600 de 2000), no comporta un fin en si mismo, como sí lo es, la manifestación de la voluntad del titular del derecho afectado en procura de su reparación, que lleva al interés público el adelantamiento de la acción, sometido a esa facultad de disponer del bien jurídico.”
Radicado: 29586, Auto que inadmite Casación 09 de junio de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero. El delito de Receptación es un delito de ejecución permanente “Lo primero porque la conducta de encubrimiento por receptación es de carácter permanente en el entendido que se comete y se continúa cometiendo de manera indefinida en todo tiempo y lugar mientras que el agente activo persista en el comportamiento que vulnera el bien jurídico[3]. Cuando un delito permanente se ejecuta en vigencia de dos legislaciones procesales, en relación con las cuales se predica, además de la obvia sucesión de leyes, el tránsito de legislaciones, no hay duda que los procesos adelantados bajo el imperio de la normatividad vigente al momento de su comisión (ley procesal preexistente al acto que se imputa) deben adecuarse a la posterior reglamentación (salvo cuando ésta de manera expresa indique a partir de qué momento o de qué actuación procesal debe aplicarse), como que ese es -justamente- el efecto del tránsito de legislaciones, esto es, una posterior que modifica o deroga la anterior, tal como la experiencia judicial lo enseña en relación con los cuatro últimos códigos de procedimiento.
Radicado 26716, sentencia de casación de mayo 16 de 2007. Magistrado Ponente Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Objeto de la audiencia de individualización de pena y sentencia, regulada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, y tipo de actividad probatoria posible de realizar en sede de la misma.
El fundamento probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o el acuerdo y emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informes aportados por la Fiscalía, sin que pueda denominársele “prueba” en sentido estricto, naturaleza que solo se adquiere cuando los elementos de conocimiento son aducidos en el debate público –del cual se prescinde en estos casos-, con total respeto de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración.
La actividad probatoria en sede de audiencia de individualización de pena y sentencia es absolutamente informal, y debe versar única y exclusivamente en torno a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Ello, desde luego, para que la Fiscalía y la defensa sustenten las pretensiones que a continuación formularán, en lo que respecta a la probable determinación de la pena y la concesión de subrogados.
¿Cómo se desarrolla ese despliegue probatorio?. A través de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas, entrevistas o declaraciones que las partes pueden recolectar en su particular labor investigativa; sin que sea necesario llamar a testigos para someterlos a interrogatorios, contrainterrogatorios y objeciones propios, se repite, del debate público oral en el cual se determina la responsabilidad penal del acusado.
Recuérdese que la incorporación de dichos elementos de convicción en la audiencia de individualización de pena y sentencia, está condicionada a los parámetros generales de legalidad, licitud, admisibilidad y pertinencia, los cuales valorará el juez con base en la alegación del solicitante, garantizando en todo momento el derecho de contradicción de la contraparte.
Radicado: 30976. Auto 16 diciembre 2008. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Trámite colisión competencia e impedimentos.
Radicado: 28476. Auto 16 diciembre 2008. M. P. Dr. Javier Zapata Ortiz. Caso Policías. Principios que orientan las nulidades (Ley 600/00). Acción de revisión. Favorabilidad: retroactividad y ultractividad.
Radicado: 31055. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Auto 15 enero 2009 que resuelve apelación de proveído que negó hábeas corpus. Características y eventos en que puede ejercerse esa acción constitucional. A partir del momento en que se impone medida de aseguramiento, todas las peticiones que se relacionan con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del hábeas corpus, pues ésta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal.
Radicado: 30991. Auto 16 diciembre 2008. M. P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Casos en que la Corte define conflicto de competencias. “Los incidentes con base en los factores determinantes de la competencia que se presenten en la etapa de la investigación son conocidos y resueltos por los mismos funcionarios de la fiscalía, de acuerdo con los diversos niveles de organización de la estructura del ente acusador, tal como lo prevé el artículo 7º de la Ley 938 de 2004 (Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación), en armonía con los artículos 118-4 y 119-4 del Código de Procedimiento Penal” (Ley 600 de 2000)
Radicado: 20484. Sentencia de casación de diciembre 16 de 2008. M. P. Dr. Javier Zapata Ortiz. Primera instancia absuelve, Tribunal revoca y condena a 16 meses de prisión por aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. Las partes en el procedimiento de la Ley 906 de 2004 son, en sentido estricto, la Fiscalía como titular de la acción penal y el acusado como sujeto pasivo de la misma; el juez es un tercero imparcial que resuelve el conflicto que se plantea. Actúan como intervinientes, el Ministerio Público en representación de la sociedad, y la víctima por abogado de confianza o de oficio. Sobre las víctimas dijo la Corporación: “Además de privilegiar el nuevo procedimiento los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación –en defensa de los cuales puede hacer presencia dentro de la actuación-; amplía su posibilidad de acceso a la administración de justicia estableciendo una serie de derechos con categoría de principio rector en el artículo 11 ibídem (…….) Para la intervención de la víctima, entonces, sólo basta que sumariamente acredite su calidad de perjudicada con el delito, pudiendo participar inclusive en las fases más primarias de la actuación para los fines previstos en los artículos 133 a 136 de la codificación procesal”.
La sentencia en comento señala el trámite del incidente de reparación de perjuicios en los dos eventos que se presentan: (1) cuando el proceso agota la totalidad de los pasos; y (2) terminación simplificada del proceso, por preacuerdo con la fiscalía, aceptación de imputación o cargos.
Radicado: 27779. Sentencia de casación de octubre 8 de 2008. M. P. Dra. María del Rosario González de Lemos. Justicia Penal Militar. Favorabilidad. Decreto 522 de 1999 (Código Penal Militar). Excepción de inconstitucionalidad del inciso 1º del artículo 68 del Decreto 1791 de 2000, porque el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias dadas por el Congreso.- Ver sentencias C-253 de 2003 y C-1493 de 2007.
Radicado: 28361. Sentencia de octubre 8 de 2008 inadmite demanda de casación. La solicitud de absolución por parte de la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento (Ley 600 de 2000), no hace desaparecer los cargos formulados en la resolución de acusación.
Radicado: 26394. Sentencia de casación de 8 octubre 2008. M. P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. Método de apreciación de las pruebas. . “La certeza es el conocimiento seguro de algo. La duda constituye la evaluación de un conocimiento sin poder garantizar la verdad ni la falsedad de las cosas”
Radicado: 25578. Sentencia de casación de octubre 8 de 2008. M. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. Caso de acceso carnal violento. Edema y equimosis en los bordes del himen son demostrativos de una penetración traumática, pues si la víctima no hubiese sido accedida contra su voluntad, no tenía por qué presentar tales signos de violencia propios de relaciones forzadas derivadas cuando la víctima opone resistencia o cuando por la resistencia sus esfínteres no se dilatan y lubrican adecuadamente.
Radicado: 24780. Octubre 8 de 2008. M. P. Dr. Socha Salamanca. El recurso de casación se declara desierto cuando no se presenta la correspondiente demanda o se allega extemporáneamente, situaciones en las que únicamente procede el recurso de reposición.
Radicado: 25311. Sentencia de casación de 8 octubre 2008. M. P. Dr. Socha Salamanca. Homicidio agravado por sevicia (19 puñaladas). Casa la sentencia impugnada por violación del derecho de defensa; pues el procesado detenido (en lugar diferente al de la sede del juzgado) no fue llevado a la audiencia preparatoria y de juzgamiento.
Radicado: 25387. Sentencia de casación de octubre 8 de 2008. M. P. Dr. Socha Salamanca. Homicidio y porte ilegal de arma de defensa personal. Causal excluyente de responsabilidad del artículo 32-10 del Código Penal. Variación de la calificación jurídica en la audiencia de juzgamiento para eliminar la ira e intenso dolor. Omisiones probatorias. Adujo la Corte: “La variación de la calificación jurídica de la conducta punible, entre otras situaciones, únicamente procederá para eliminar una atenuante ya reconocida en la resolución de acusación cuando concurra prueba que sobrevenga a la misma”. En esas condiciones, varió la posición que aducía anteriormente según la cual, también procedía la variación por error en la calificación del mérito del sumario. Por ello, recomendó a la defensa acudir a la acción de revisión invocando cambio favorable de jurisprudencia; pero, sin embargo, culminó casando oficiosa y parcialmente la sentencia, pues aceptó la ira e intenso dolor reconocida en la calificación y disminuyó la pena.
Radicado: 30442. Auto de octubre 3 de 2008. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Justicia y Paz. Se relaciona con la apelación de la decisión que suspendió la audiencia convocada para medidas cautelares sobre bienes ofrecidos por “macaco”, por falta de abogado que representara a las víctimas. Dijo la Corte que el Ministerio Público garantiza la representación de las víctimas indeterminadas, es decir aquellas que no han hecho valer su condición de tales (Decreto 315 de 2007); pero si las víctimas comparecen, tienen derecho a acceder en forma personal o a través de apoderado.- Oportunidad para materializar medidas cautelares sobre bienes que con propósito de reparación ofrece voluntariamente el desmovilizado: puede procederse a ello antes de la formulación de la imputación, bajo dos condiciones: (1) que el desmovilizado esté rindiendo versión libre en la cual haya confesado delitos que a futuro puedan ser cobijados por la pena alternativa; y (2) que tales vienes hayan sido ofrecidos voluntariamente por el desmovilizado con miras a reparación. Agrega la Corte que una fórmula similar tendría cabida cuando los bienes hayan sido denunciados por las víctimas, el Ministerio Público o el Fiscal.
Radicado: 25316, Sentencia de Casación de 27 de octubre de 2008 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. En los delitos de hurto calificado y agravado, cuando se retiene a la víctima, mas allá de lo razonable, para la pretensión de despojarla de sus pertenencias, independientemente del tiempo que perdure esa retención, se configura el delito de secuestro simple, que se puede concursar con el delito inicial. “De la misma manera, no se exige como ingrediente de los tipos penales de secuestro que la privación de la libertad tenga una duración mínima determinada, es suficiente que se demuestre que la víctima permaneció efectivamente retenida en contra de su voluntad durante un lapso razonable para entender que los implicados le limitaron su libertad de locomoción, como facultad de desplazarse autónomamente.
Como lo ha dicho la Sala[4], esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero inmediatamente después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción”.
“Ha dicho la Corte, que los tiempos posteriores o adicionales al apoderamiento de los bienes que la víctima lleva consigo, en que permanezca retenida por acción de los involucrados en el delito, ya configuran el delito de secuestro, al implicar en si mismo un atentado contra la libertad individual, así esa retención se utilice para asegurar el producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para incrementar el botín a través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes, como ocurre en el caso del hurto calificado por la violencia cuando se continúa delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la delincuencia sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de los agresores se lo impide.
En cualquiera de estas hipótesis, como se acotó, si la víctima es retenida más allá de lo razonable al despojo de sus efectos personales, se configura el delito de secuestro, como atentado contra la libertad individual, como ocurre en el presente caso”:
Radicado: 28807, Sentencia de Casación de 04 de febrero de 2009 M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Vulneración al debido proceso y el derecho de defensa. Art. 29 C.N. como quiera que la Fiscalía vinculara a los procesados mediante declaratoria de persona ausente, sin que previamente se realizaran todas las labores tendientes a la ubicación de los implicados. “El proceso penal es dialéctico por excelencia, lo que significa que se construye a partir de posturas opuestas de probar y contraprobar, argumentar y contra-argumentar, actuaciones que, por lo general, vienen dadas por dos partes: la persona señalada de cometer la conducta punible y el afectado con el mismo. Con el mismo alcance, el artículo 344 dispone que el trámite para la vinculación en contumacia se habilita si luego de ordenada la captura “no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir indagatoria”. El carácter accesorio de esta forma de vinculación surge evidente, en tanto la supedita a la imposibilidad de lograr la presencia física del sindicado a rendir explicaciones.
Si lo posible es lo que puede ser o suceder, que se puede ejecutar, se tiene que lo “no posible”, lo “imposible”, es aquello que no puede ser o suceder, lo que no se puede ejecutar, de donde deriva que solamente hay lugar a acudir a la declaratoria de persona ausente en tanto se hubiesen agotados todos los mecanismos al alcance de la justicia para lograr esa presencia personal, física, y ésta no haya sido viable.
La escasas pruebas aportadas a la investigación ponen de presente que la víctima y los presuntos victimarios eran, y son, hombres del campo, jornaleros, de tal forma que en la confrontación del proceso, el sentido común indica que un investigador no ha debido realizar, esa búsqueda de datos, pues el perfil social y económico de los involucrados ponía en evidencia que mal podía existir información de ese tipo sobre ellos, personas evidentemente ajenas a tarjetas de crédito, cuentas corrientes, cartera y demás.
De los artículos 29 constitucional y 8° procesal (norma rectora, prevalente sobre cualquiera otra y que debe ser utilizada como fundamento de interpretación) surge la obligación del juez y el derecho fundamental del imputado de contar con un abogado titulado, ya de confianza, ya de oficio, que lo asista en todas las instancias procesales, toda vez que esa garantía es integral e ininterrumpida”.
Radicado: 30267, Sentencia de Casación de 08 de octubre de 2008 M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Reglas que se deben tener en cuenta para que la víctima participe activamente, en el incidente de reparación, incluso en el evento que el A-quo absuelva y el A-quem profiera fallo de remplazo absolutorio. Participación de la víctima en el proceso penal.
“Tramitado y decidido el incidente de reparación integral, bien como fruto del anuncio del sentido del fallo, ora porque se solicitó luego de aprobarse un preacuerdo o bien a partir del momento en que el juez de conocimiento recibe la actuación con allanamiento de cargos, el cognoscente debe convocar a audiencia de individualización de pena y sentencia, estando forzado -una vez escuchados los intervinientes en aquella diligencia- a proferir la sentencia “en un término que no podrá exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral”, fallo al cual “incorporará la decisión que puso fin al incidente de reparación integral” según reza el artículo 447.
Entonces, si la sentencia debe emitirse dentro de los 15 días siguientes a la finalización del juicio y en ella debe incorporarse la decisión que puso fin al incidente de reparación integral, no hay duda que tan perentorio plazo se opone al más extenso de 30 días señalado por el artículo 106 para solicitar el trámite del mencionado incidente, términos que resultan incompatibles entre sí, como que de cumplirse el primero resulta claro que la petición del incidente tendría cabida con posterioridad al fallo, incluso estando este ejecutoriado, tal como sucedió en el caso fallado en la tutela 22491. En efecto, si del fallo debe hacer parte lo decidido en el incidente, conforme lo señalan paladinamente tanto el artículo 447 inciso 3 (sentencia “en la cual se incorporará la decisión que puso fin al incidente de reparación integral”) como el 105 (“…el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal”), la lógica y el sentido común indican que el trámite del reseñado incidente debe ser previo a la emisión de la sentencia.
Los derechos de las víctimas tienen rango constitucional (artículo 250, numerales 6 y 7) y su derecho de postulación es una clara expresión del de acceso a la administración de justicia. Por consiguiente, dentro del proceso deben contar con oportunidades efectivas para hacer valer sus derechos[5], y los plazos que para ese propósito estableció el legislador deben ser respetados a plenitud por el funcionario judicial. Recuérdese que su intervención ha sido ampliamente reconocida por la jurisprudencia constitucional, que les ha garantizado su participación en aspectos medulares del proceso y les ha reconocido facultades en materia probatoria, en relación con el principio de oportunidad, frente a la decisión de preclusión y a la impugnación[6].
De manera pues que para que se inicie el incidente es necesaria la existencia de una solicitud expresa. No es de iniciativa del juez ni puede ser adelantado de oficio, su promoción pertenece a la víctima.
No admite discusión, entonces, que el juez está obligado, una vez proferido el sentido del fallo como condenatorio, a garantizar que la víctima pueda comparecer y postular el incidente de reparación integral. No hacerlo comporta vulneración de sus derechos, generándose la consiguiente declaración de nulidad a efectos de que le sean restablecidos. Pero si, finalizada esa ritualidad, la conclusión de la Corporación apunta a que debe revocarse la absolución para emitir condena, en la audiencia allí convocada debe (1) “anunciar el sentido del fallo”; (2) devolver el expediente al Juez para que éste agote el trámite propio de la reparación a las víctimas; (3) cumplido este procedimiento, el A quo regresará los registros al Tribunal; y, (4) el Ad quem proferirá la sentencia, a la cual deberá integrar el resultado del incidente de reparación”.
Radicado: 30363, Sentencia de Casación de 04 de febrero de 2009 M.P. Dra. María del Rosario González de Lemus. Contabilización de los términos a tener en cuenta para las causales de libertad Art. 317 C.P.P. los términos ante los Jueces de Garantías y los términos a tener en cuenta frente a los Jueces de Conocimiento. “Como el demandante plantea que se debe disponer la invalidación de lo actuado por cuanto el Fiscal presentó el escrito de acusación luego de vencerse el término de 30 días dispuesto en la ley para ello, circunstancia constitutiva de una causal de impedimento, pese a lo cual continuó con el diligenciamiento, bastaría señalar al respecto que de tiempo atrás la Sala[7] ha resuelto pacíficamente dicha temática. En efecto, sobre el particular se ha puntualizado que si bien la ausencia de declaración de impedimento del funcionario en quien concurre alguno de los supuestos de hecho que conforman las causales para proceder a ello comporta una incorrección de la cual pueden derivarse eventuales consecuencias disciplinarias, lo cierto es que no conlleva la invalidación de la actuación, puesto que el desconocimiento de tal obligación puede ser suplida por los sujetos procesales acudiendo al instituto de la recusación. (i) Ni la fase preprocesal es de competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, ni tampoco la del juicio oral es privativa de los jueces de conocimiento.(ii) La intervención de los jueces de control de garantías es episódica, urgente e inmediata en el ámbito de protección de derechos fundamentales y garantías con relación a las actuaciones de la Fiscalía y se extiende en todo el marco del diligenciamiento, no solamente en la etapa preprocesal y procesal investigativa, sino también en el juicio. Si se trata de las primeras, actuaciones ante jueces de control de garantías, “Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función”. Respecto de las segundas, actuaciones ante jueces de conocimiento, “se adelantarán en días y horas hábiles”. Debe entenderse que cuando el artículo 157 de la legislación procesal de 2004 establece que “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente” (subrayas fuera de texto), no incluye en tal vademecum de posibilidades la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, como que sólo está señalando la necesidad de establecer conforme a los diversos factores de competencia el juez a quien corresponderá el curso de la fase del debate oral. Por las mismas razones, también los términos de que trata el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 deben ser contabilizados para los efectos allí establecidos de manera continua. Los términos dispuestos en esta norma son independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la duración de los procedimientos. En efecto, los lapsos en la preceptiva transcrita obviamente tienen como fin evitar la indefinición en la privación real de la libertad personal del incriminado, mientras que los tiempos señalados en el artículo 175 se ocupan de soslayar las dilaciones injustificadas en el trámite. Se reitera, el término de 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación sin que se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión, es independiente por completo del término de 30 días que para formular acusación o preclusión le asiste a la Fiscalía en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004. No obstante, se advierte que si bien una tal interpretación responde a criterios lógico – formales y exegéticos en desarrollo del principio de legalidad, lo cierto es que crea una distinción odiosa entre quienes se encuentran efectivamente privados de su libertad estando en la fase anterior a la presentación del escrito acusatorio y aquellos cuyos diligenciamientos ya han superado dicho estadio procesal, pues respecto de los primeros el lapso para acceder a su libertad provisional incluye los sábados, domingos y festivos, mientras que para los segundos tales días no cuentan, porque sólo se contabilizan los hábiles, de manera que, en primer lugar, se hace más gravosa de forma irrazonable la situación de éstos, y en segundo término, se quebranta el postulado, según el cual, a idénticas circunstancias de hecho corresponden las mismas consecuencias de derecho. Lo expuesto permite concluir que la voluntad del legislador se orientó a tratar de manera igual las dos situaciones analizadas en punto del acceso a la libertad provisional, pese a ello, el texto finalmente aprobado comporta una odiosa distinción en el trato carente de razonabilidad, como que un día de privación efectiva de la libertad es igualmente gravoso tanto para quien está pendiente de que se presente el escrito de acusación, como para aquél en cuyo trámite ya obra dicho documento del ente acusador. En suma, advierte la Corte que la distinción realizada por el legislador en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 modificados por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 no responde a criterios razonables y objetivos y quebranta el derecho de igualdad de las personas, circunstancia que impone en virtud del artículo 4º de la Carta Política dar prevalencia a su artículo 13 y por ello, entender que la contabilización “en forma ininterrumpida” de los términos previstos en el citado numeral 4º del artículo 317, también se hace extensiva a los tiempos establecidos en el numeral 5º del mismo precepto”.
Radicado: 30275, Auto de 08 de Octubre de 2008 M.P. Dr. Sigifredo Espinoza Pérez. La acción de revisión no procede cuando el proceso ha terminado por allanamiento a cargos o por preacuerdo con la Fiscalía. “Desconoce el demandante que la acción de revisión, a diferencia del recurso extraordinario de casación, no es un mecanismo para discutir la regularidad del trámite procesal o el cumplimiento de las garantías debidas a las partes, sino que tiene como finalidad remediar errores judiciales originados en causas que no se conocieron durante el desarrollo de la actuación y que están limitadas a las previstas en la ley. Las causales de revisión de una sentencia ejecutoriada, y la forma como ello debe impetrarse de la autoridad competente, son requisitos de interpretación estricta y restrictiva. En este sentido, no basta la mera alegación de la injusticia material de la decisión que pretende removerse sino que deben demostrarse de entrada unas circunstancias tales que creen en el funcionario competente la convicción de que ha ocurrido una real afectación al contenido de justicia del fallo cuya inmutabilidad busca derrumbarse”.
Radicado: 30942, Auto de 09 de febrero de 2009 M.P. Dra. María del Rosario González de Lemus. La falta de motivación por parte del Juez de Garantías respecto que la medida de aseguramiento cumpla con los fines Constitucionales, puede acarrear una nulidad por vulneración del debido proceso en lo que tiene que ver con el derecho de contradicción.”Lo expuesto en precedencia demuestra con claridad que el funcionario prescindió de cualquier ponderación y optó por plegarse sin valoración alguna a lo solicitado por la Fiscalía, impidiendo de esa forma a los intervinientes conocer los argumentos por medio de los cuales concluye que en este caso se infiere razonablemente la autoría del imputado en las diversas conductas atribuidas, no obstante tratarse de un análisis insoslayable en orden a justificar la imposición de la medida de aseguramiento, según lo visto. Tal actitud se traduce en evidente transgresión del debido proceso[8] y del derecho de defensa, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política, que amerita el decreto de nulidad a partir de la decisión por cuyo medio el Magistrado de Control de Garantías decretó la medida de aseguramiento en contra del imputado EDWAR COBOS TÉLLEZ, a fin de que exponga los motivos en que fundamenta dicha determinación”.
Radicado: 29904, Auto de 12 de junio de 2008 M.P. Dr. Sigifredo Espinoza Pérez. El Juez de Control de Garantías no puede negarse a legalizar captura, en el evento que la captura o los hechos no se hubieren perpetrado en su jurisdicción. “Por ello, a manera de ejemplo, la audiencia de legalización de captura no es de obligatoria realización (porque la persona no necesariamente debe ser capturada), ni constituye antecedente procesal de ninguna actuación formalizada; igual ocurre con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, o las tantas otras que verifican los resultados de allanamientos o interceptaciones telefónicas o las medidas cautelares sobre bienes, o, en fin, todas aquellas, dentro del amplio catálogo de la Ley 906 de 2004, que representan afectación de derechos. Por principio, acorde con lo anotado, cualquier Juez de Control de Garantías, independientemente del lugar donde se cometió el delito, se capturó al procesado, o se halla recluido este, es el competente para conocer de la solicitud de legalización de la captura. Y, si se tratara de tomar un criterio básico para el efecto, debería significarse que el más adecuado corresponde al sitio donde se halla recluido el indiciado, pues, precisamente para hacer valer sus derechos es necesario, en la generalidad de los casos, que concurra a la diligencia, y además, por razones obvias, el principio de inmediatez se respeta de manera más acabada si se acude, por parte del fiscal, al funcionario con mejor disponibilidad para atender en ese mismo momento la solicitud. Como se trata de proteger derechos fundamentales y hacer eficaz el valor relativo a la inmediatez, no existe razón para que, en principio, un Juez de Control de Garantías, independientemente del lugar donde cumpla su función, se diga incompetente para conocer de la solicitud del fiscal de legalizar la captura, cuando este funcionario presenta para el efecto al indiciado, como lo dispone el inciso 5° del artículo 302 de la Ley 906 de 2004, que así reza. Mucho menos, se agrega, puede invocar para el efecto lo consignado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, respecto del fenómeno de la definición de competencia, dado que el mismo opera exclusivamente, en tratándose de audiencias preliminares, respecto de la diligencia de formulación de imputación. Lo adecuado es, acorde con todo lo expresado en precedencia, que el Juez de Control de Garantías, dada la urgencia, naturaleza y efectos de la diligencia, aborde sin discusiones el tópico de la legalización de captura, decidiendo acerca de la legalidad o ilegalidad de la aprehensión de la persona que se pone a su disposición. Y, si se solicita la audiencia de formulación de imputación y el funcionario se estima incompetente por el factor territorial o es controvertida por las partes esa competencia, allí sí puede acudir a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, sin que ello implique menoscabo para los derechos de las partes, asumiéndose claro que cualquier decisión atinente a la libertad le corresponde al Juez de Control de Garantías y no al fiscal, dado que el indiciado ya se halla bajo la férula de protección judicial –si no se ordenó su libertad en la audiencia anterior, por estimarse ilegal la aprehensión- y tomando en consideración que la decisión del superior debe producirse en el término improrrogable de tres días”.
Radicado: 26144 Sentencia Marzo 11 de 2009 M. P. Dr. Alfedo Gómez Quintero Para condenar válidamente por el delito de lavado de activos no se requiere demostrar la conducta subyacente, basta con ...ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, en fin, basta ocultar o encubrir el origen ilícito para incurrir, por esa sola conducta, en delito de lavado de activos"
Radicado: 30237. Sentencia de casación de febrero 19 de 2009. M. P. Dr. María del Rosario González de Lemus. La Corte, respecto al incidente de reparación integral cuando en sede de segunda instancia se revoca el fallo absolutorio objeto de la alzada y, en reemplazo, emite sentencia condenatoria, varió o recogió la postura anterior [radicados anteriores 22920/05, 29542/08 y 29484/09, entre otros], disponiendo que en firme la sentencia de condena o dentro de los treinta (30) días siguientes, la víctima por sí o a través del Ministerio Público podrá promover incidente de reparación integral ante el juez de primera instancia. Agregó la Corte que la víctima también tiene la posibilidad de promover incidente de reparación con posterioridad a la ejecutoria del fallo [lógico que condenatorio] cuando éste se obtenga mediante la figura de terminación anticipada por allanamiento o preacuerdo y el juzgado de primer grado no haya dado la oportunidad de su interposición dentro de los hitos a los cuales se refirió la Corte en sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2005 [radicado 22920], es decir, en el primer caso [allanamiento], dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo por parte del juez del proceso y, en el segundo [preacuerdo], dentro de ese mismo término contado a partir de la aprobación por el juez del respectivo acuerdo. El auto que resuelva el incidente de reparación integral es susceptible de los recursos ordinarios de reposición y apelación, así mismo del extraordinario de casación.
Radicado: 30769. Auto de casación de Marzo 26 de 2009. M. P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Cuando se porta armas de Fuego, y las mismas no cuentan con la munición dentro del artefacto, de todas maneras se vulnera el bien jurídico de la seguridad pública. “Resáltese que si de conductas de peligro se trata, la simple utilización del artefacto, tenga o no munición, infunde temor a los asociados, esto es, que de manera real y efectiva afecta el bien jurídico. Solamente, en los supuestos previstos por el artículo 6 del Decreto 2553 de 1993, puede admitirse la atipicidad de la conducta, esto es cuando el arma pierda ese carácter, cuando sea total y permanentemente inservible. En modo alguno se elimina la tipicidad porque de manera ocasional y transitoria no se lleve la munición”.
Radicado: 26909 Sentencia de Casación de Marzo 24 de junio 2009. M. P. Dr. Julio Enrique Socha salamanca. La duda deberá resolverse siempre a favor del procesado. “Es que el axioma de in dubio pro reo, como concreción de la garantía de presunción de inocencia, se traduce en un estadio cognoscitivo en el que en la aprehensión de la realidad objetiva concurren circunstancias que afirman y a la vez niegan la existencia del objeto de conocimiento de que se trate. En esa medida, en los supuestos de duda se plantea una relación probatoria de contradicciones en la que concurren pruebas a favor y en contra, de cargo y descargo, de afirmaciones y negaciones, las cuales como fenómenos proyectan sus efectos de incertidumbre respecto de alguna o algunas de las categorías jurídico-sustanciales discutidas dentro del proceso penal. No es suficiente, en modo alguno, para la decisión contraria, como sin ambages y paladinamente se postula en los fallos, el hecho de que el acusado no haya suministrado explicación creíble o verificable de las actividades oficiales que desarrollo las fechas de marras, para, en una evidente inversión de la carga de la prueba, asumir que la utilización del automotor por parte del acusado las citadas fechas, con el aducido consumo “exagerado” de gasolina, fue en “cualquier clase de diligencias ajenas a la institución o por fuera de las labores oficiales”, o en beneficio propio, porque una tal conclusión carece de respaldo en los hechos que se clararon probados en las sentencias de primera y segunda instancia. Lo anterior obliga a reiterar el criterio pacífico de la jurisprudencia[9] de acuerdo con el cual ante falta de certeza probatoria en el momento de proferir sentencia, ha de acudirse al amparo del apotegma in dubio pro reo, expresamente consagrado en el vigente ordenamiento procesal penal en su artículo 7° (Ley 600 de 2000), para prevenir el inaceptable riesgo de condenar a un inocente, extremo de la disyuntiva falladora más grave que el de absolver a un eventual responsable, pues, la justicia es humana y, por lo mismo, falible; de ahí que el acto soberano y trascendente de emitir sentencia de condena ha de estar anclado firmemente en prueba de irrefutable solidez; cuando ello no ocurre, se impone en nombre de esa misma justicia, decisión absolutoria.”
Radicado: 28649 Sentencia de Casación de Junio 3 de junio 2009. M. P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. Principio de Congruencia, el Juez no puede condenar por delitos por los cuales la Fiscalía no ha solicitado condena. Diferencias entre Acceso Carnal con incapaz de resistir y Acceso Carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Eventos en los cuales el Juez puede condenar por un delito diferente al sostenido por la Fiscalía en la acusación. Variación de la calificación jurídica.”La Corte insiste en que el fallador perdió de vista que aún cuando, en un caso particular, la embriaguez de la víctima y el acceso carnal pueden materializar las conductas que describen los artículos 207 y 210 del Código Penal, la diferencia fundamental radica en la manera en que se llega al acceso carnal: en el primer caso, a través de una manifestación violenta por parte del agente –al inducir en la víctima un estado que le impide ejercer resistencia- y, en el segundo, aprovechando la existencia previa de dicha circunstancia. A partir de las anteriores distinciones, la Corporación ha de concluir, entonces, que las conductas punibles de que tratan los artículos 207 y 210 del Código Penal, no son idénticas en su núcleo esencial. Para la Sala, la decisión del Tribunal fue acertada, comoquiera que el sistema acusatorio que implementa la Ley 906 de 2004 no permite al juzgador fallar –en cualquiera de los dos sentidos posibles- por hechos o denominaciones jurídicas distintas a aquellas que fueron objeto de acusación. Lo anterior encuentra sustento en que en dicha sistemática procesal –al contrario de lo que, de manera relativa, ocurría en la Ley 600 de 2000- al juez con funciones de conocimiento no le está dado suplantar las funciones de la fiscalía; es así que, entre otras prohibiciones, no puede decretar pruebas de oficio, como tampoco asumir la acusación que el fiscal, en un momento determinado, decide declinar. “En el sistema regulado por la Ley 906, la fiscalía es la titular de la acción penal durante todo el proceso, de tal forma que al formular la acusación no renuncia a la potestad de retirar los cargos formulados, pues es dueño de la posibilidad de impulsarla o no. La acusación, no es una decisión judicial, sino su pretensión. El Juez está impedido para actuar de oficio porque se está ante un sistema de partes”[10].
“En cambio, en aplicación de la ley 906/04 cuando el fiscal abandona su rol de acusador para demandar absolución sí puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de los cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso puede condenar por delitos por los que no se haya solicitado condena por el fiscal (independientemente de lo que el Ministerio Público y el defensor soliciten), tal como paladinamente lo señala el art. 448 de la ley 906 al establecer que (entre otro caso) la congruencia se establece sobre el trípode acusación –petición de condena- sentencia.”[11] “(…) encuentra la Corte que nada de ello se opone a que [la fiscalía] bien pueda solicitar condena por un delito de igual género pero diverso a aquél formulado en la acusación –siempre, claro está, de menor entidad-, o pedir que se excluyan circunstancias de agravación, siempre y cuando –en ello la apertura no implica una regresión a métodos de juzgamiento anteriores- la nueva tipicidad imputada guarde identidad con el núcleo básico de la imputación, esto es, con el fundamento fáctico de la misma, pero además que no implique desmedro para los derechos de todos los sujetos intervinientes.”[12] Es así que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, la eventualidad de condenar por delito distinto al acusado encuentra los siguientes límites: a) es necesario que la fiscalía así lo solicite de manera expresa; b) la nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género[13]; c) el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad; d) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y e) no debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes. “(…) se hace imperioso llamar de nuevo la atención en el sentido de que los cargos no se pueden formular sobre bases inciertas de demostración, si los sistemas procesales que nos han regido siempre fueron exigentes sobre la precisión, exactitud y concreción que debía tenerse en la tipificación de los hechos y sus circunstancias concurrentes, parecería un contrasentido y una flexibilidad inconsecuente que en desarrollo de un sistema judicial acusatorio, dicho condicionamiento no fuera más riguroso y ajustado a los principios que lo fundamentan.” “Por lo demás, dado que con la formulación de la acusación se anuncia el ingreso al torrente procesal de las pruebas –cuya materialización se produce una vez sean introducidas en el debate del juicio oral-, no es aceptable que la Fiscalía formule cargos sin contar con elementos probatorios y evidencia física suficientemente seria para edificar una acusación. Esta decisión tiene exactamente el mismo poder vinculante que siempre ha tenido en el proceso penal y no admite ligerezas, apresuramientos o descuidos en su elaboración y conceptualización jurídica, menos aún cuando todo el fundamento que conduce a su producción y que ha de servir a la presentación de la teoría del caso, debe quedar ratificada o desvirtuada en el juicio oral.”[14]
Radicado: 31280 Sentencia de Casación de Julio 8 2009. M. P. Julio Enrique Socha salamanca. Los requisitos de la formulación de la imputación. El allanamiento a cargos y los preacuerdos, no solo es irretractable para todos los intervinientes, entre ellos el procesado si no que también lo es para la Fiscalía. No es viable la continuación de la actividad investigativa por parte de la Fiscalía cuando hubo allanamiento a cargos o se llego a un acuerdo con el investigado y su defensor. “En las voces del artículo 288 de la Ley 906 de 2004 como requisitos esenciales se cuenta, entre otros, con la obligación de expresar oralmente la concreta individualización, identificación y ubicación del imputado, así como la “relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”. En efecto, esa etapa embrionaria debe contar, de todas formas, con una inferencia razonable sobre el eventual compromiso penal del imputado con base en los medios persuasivos de que dispone la Fiscalía, por ello, la Corte ha insistido en que la formulación de imputación ha de ser fáctica y jurídica. La misma se ubica en el terreno de la posibilidad al sólo preceder la noticia criminal y las pesquisas tendientes a su verificación, luego, según el principio de progresividad, se allegarán elementos materiales probatorios y evidencia a fin de acreditar la materialidad del delito y la responsabilidad del incriminado con miras a sustentar la formulación de acusación con un grado de probabilidad de verdad, momento culminante de la investigación que la reviste de un halo definitivo delimitando el marco factual y jurídico dentro del cual habrá de surtirse el debate oral.
Además, resultaría imposible exigirle a la Fiscalía que para el momento de la formulación de imputación tuviera y aportara toda la información otorgándole así a tal acto un carácter inmodificable y vinculante para el diligenciamiento; sin embargo, aquella se constituye en condicionante fáctico de la acusación, o del allanamiento o del preacuerdo, sin que los hechos puedan ser modificados, mediando así una correspondencia sólo desde la arista factual lo cual implica respetar el núcleo de los hechos, sin que ello signifique la existencia de un nexo necesario o condicionante de índole jurídica entre tales actos.
En este orden, además del principio de congruencia que se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, se debe también abogar por un principio de coherencia a lo largo del diligenciamiento a fin de que entre los actos de formulación de imputación y acusación; entre el allanamiento a cargos o preacuerdos y alguna de aquellas audiencias; entre la formulación de la acusación y los alegatos de conclusión; así como entre el anuncio del sentido de fallo y la sentencia propiamente dicha se preserve siempre el núcleo básico fáctico de la imputación. Ciertamente, no se trata de enarbolar como dato estadístico el trámite y evacuación de un proceso más, como para mostrar resultados positivos de la gestión judicial. La administración de justicia demanda el reposo, la ponderación y el adecuado análisis desde el mismo momento en que se recibe la noticia criminis con el propósito de recolectar en debida forma la evidencia física la cual marcará la pauta para un adecuado trámite, de ahí que como organismo de investigación cuente con medios técnicos y personales idóneos para cumplir su cometido. Se insiste por lo tanto, en que la formulación de imputación ha de ser lo más ceñida posible a la realidad, pues va a ser el fundamento del fallo en caso de un allanamiento a cargos del procesado, o un acuerdo que celebre con la Fiscalía al punto que con base en el marco fáctico y jurídico allí fijado el juez emitirá la respectiva sentencia por consenso, acercándose de esa manera a la verdad material y a la justicia de la misma índole. Tal momento también marca el límite respecto de la actividad investigativa de la Fiscalía, en tanto no tiene justificación que luego del allanamiento y de la celebración del acuerdo con su respetiva aprobación el ente acusador siga recabando en la práctica, por ejemplo, de entrevistas o en el acopio de elementos probatorios, pues para ese fin ya contó con un término prudencial previo a la formulación de imputación para el cual tenía a su disposición medios técnicos, científicos y personales”.
Radicado: 31531 Sentencia de Casación de Julio 8 2009. M. P. Yesid Ramírez Bastidas. Factores que determinan el principio de lesividad y falta de antijuridicidad material en el porte se estupefacientes. Posibilidad de acudir en casación cuando se ha preacordado. “ Bien puede afirmarse que al concepto de dosis personal se liga el de “aprovisionamiento”, el cual se evidencia en dependientes (habituales, disfuncionales, destructivos) o experimentadores y ocasionales apenas en proceso de iniciación en ese mundo, a quienes como “consumidores hormiga” se les sorprende llevando consigo marihuana, cocaína (derivados) o cualquier otra droga que produzca dependencia física, psíquica y fenómenos de tolerancia, en cantidades escasas que sobrepasen los topes legalmente permitidos, eventos en los que antes que producir un daño o peligro de menoscabo al bien jurídico socio colectivo de la salud pública de que trata el Título XIII de la Ley 599 de 2000, lo que se pone de presente es un comportamiento “auto–destructivo” o de “auto-lesión” el cual incumbe los ámbitos exclusivos de la libertad de esa persona, es decir, a un fenómeno singular carente de antijuridicidad material (ausencia de lesividad) y que, por ende, no es punible. En esa condición de afectación de su voluntad y limitaciones a su capacidad de auto-determinación, despliega comportamientos orientados a la consecución de la droga con la cual puede calmar sus apetencias (no ilimitadas). En esos propósitos, al encontrar la fuente de abastecimiento y previendo la persecución, opta por adquirir la “dosis personal” o alternativamente la de “aprovisionamiento” para consumir y alterar de manera nociva su mente y su cuerpo no durante una oportunidad sino previendo la posibilidad de varias (en eventos, acompañado de varios sujetos consumidore), razón por la que en circunstancias como la que ahora es objeto de control constitucional y legal, puede aparecer como portador de cantidades un poco mayores de las permitidas, resultado objetivo que al valorarse al interior de una actuación como la presente, se proyecta carente de lesividad en la medida que aparece distante de los comportamientos del tráfico y de los objetivos del lucro. Al respecto se ha escrito: En esa mirada valorativa es como se entiende que en los eventos de llevar consigo dosis personal o de aprovisionamiento de sustancias estupefacientes, se trata de comportamientos intraneus en un todo individuales que no afectan la ajenidad singular o colectiva de una comunidad concreta, y no se puede pregonar entonces antijuridicidad material pues, por exclusión de efectos, la ausencia de lesividad social resalta, amén que pueden converger figuras de exoneración de responsabilidad delictiva como la atipicidad (Prieto Rodríguez), estado de necesidad (Antonio Beristain), causal de inculpabilidad, ya como trastorno mental que implica inimputabilidad o como no exigibilidad de otra conducta por el acoso de la dependencia (Bacigalupo), y por ende, no se torna jurídico imponer una pena sino, por el contrario, absolver, como aquí se debe proceder”
Radicado: 31115 Auto de Abril 16 2009. M. P. José Leónidas Bustos Martínez. La Formulación de Imputación es un acto de parte, por tanto no requiere aprobación o improbación por parte del Juez de Garantías. “De otra parte, la Corte encuentra oportuno referirse a la mala práctica judicial adelantada por jueces de control de garantías (de Magistrados para el caso apelado), relativa a la aprobación o improbación que hacen de la imputación, cuando la misma está llamada a ser un acto de parte, de comunicación al imputado, cuya legalidad está controlada por el juez, sin que sus atribuciones se extiendan a la posibilidad de aprobarla o improbarla; lo cual no excluye que el juez por iniciativa propia pida a la Fiscalía que precise, aclare o explique elementos constitutivos de la imputación, contenidos en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004, especialmente en la relación de los hechos jurídicamente relevantes.”
Radicado: 31900 Sentencia de Agosto 24 2009. M. P. José Leónidas Bustos Martínez. La oportunidad para proponer nulidades será la audiencia de formulación de acusación y produce unos efectos jurídicos específicos. “Así, se tiene claro que las nulidades que pueden proponerse en la audiencia de formulación de acusación están limitadas a irregularidades que afectan la estructura del proceso a partir del cuestionamiento de alguno de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, en el cual, a su vez, se fundamentará la sentencia. A su turno, la vulneración de garantías en desarrollo de un procedimiento investigativo, de acuerdo con la intensidad de la misma, produce como consecuencia la exclusión del producto de dicho acto y de todo de lo que de él se derive; dejando a salvo solo aquello cubierto por las excepciones, legales y las previstas en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004, vale decir, el descubrimiento inevitable, la fuente independiente y vínculo atenuado. Excepcionalmente la ilegalidad de las pruebas se traducen en nulidad del proceso según lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 2005, al limitar tal consecuencia a los eventos de crímenes de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, supuestos que se salen del acontecer fáctico analizado.”
Radicado: 31900 Sentencia de Agosto 24 2009. M. P. José Leónidas Bustos Martínez. La ilegalidad de la captura no afecta la validez del proceso. “Esto por cuanto la arquitectura del sistema acusatorio en la pretensión de garantizar un juez imparcial, esto es, lo menos informado posible de las incidencias de las labores de investigación, dispuso que lo que tiene que ver con garantías esté vigilado y controlado precisamente por el juez de control de garantías, mientras que el juez de conocimiento, básicamente juzga de manera libre y fresca, sin estar atado a informaciones y discusiones previas que posiblemente motivaron posiciones procesales en favor de una u otra parte, y por eso mismo, el juez que ejerza el control de garantías, no puede ser, en ningún caso, el mismo del juicio. Así las cosas, cuando el juez de conocimiento en sede de audiencia de formulación de acusación analiza, por ejemplo, la legalidad de la captura para efectos de determinar si el acusado fue o no capturado en flagrancia, se compromete con la tipicidad, el grado de ejecución y así se acerca peligrosamente al juicio de responsabilidad, que fue justamente lo que el Legislador quiso evitar al haber distribuido de la manera que lo hizo, las funciones del juez de control de garantías y el de conocimiento. Si fue ilegal o no la captura, tiene dicho la Corte desde antaño, tal situación tiene efectos exclusivamente frente al derecho a la libertad, de suerte que de comprobarse tal situación, corresponde restablecerla, para lo cual existen mecanismos constitucionales y legales específicos, pero que en todo caso, tal eventual ilegalidad no tiene efectos directos y automáticos en la validez del proceso penal.”
Radicado: 32793 Sentencia de Agosto 06 de octubre de 2009. M. P. José Leónidas Bustos Martínez. Cuando no se ha realizado la audiencia de individualización de pena y sentencia, después de los 90 días que se produce el acto procesal de allanamiento a cargos, no puede considerarse privación ilegal de la libertad, que haga producir los efectos de causal de libertad del art. 317 del C.P.P “El allanamiento a cargos excluye la posibilidad de la libertad provisional prevista en el numeral 5º en tanto en tal caso no se va a producir un juicio oral, porque fue justamente al debate probatorio a lo que renunció el imputado cuando aceptó los cargos a cambio de una significativa reducción de pena; y en ese orden la aceptación de la imputación implica necesariamente la producción de una sentencia de naturaleza condenatoria, de suerte que desde que el imputado se declara conforme con los cargos formulados se conoce ya el sentido del fallo, y se tiene claro que el mismo será condenatorio, y el proceso salta automáticamente a dicha estadio procesal, en el que ya terminó la audiencia del juicio oral, y se está a la espera del trámite necesario para que se profiera el fallo.
C-654, agosto 7 de 2007. M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Estudiantes sin recursos no cancelan derechos de grado.
T-458, junio 7 de 2007. M. P. D. Álvaro Tafur Galvis. El delito de acto sexual con incapaz de resistir no requiere probar la violencia sobre la víctima.
C-209, marzo 21 de 2007. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Ley 906 de 2004, intervención de las víctimas en el proceso acusatorio. Derechos de las víctimas.
C-1260 de 2005. Declaró exequible artículo 350 de la Ley 906 de 2004 con la condición que el Fiscal no cree tipos penales ni califique jurídicamente la conducta en forma contraria a lo establecido en el Código Penal.
C-1194 de 2005 y C-1260 de 2005. Descubrimiento obligatorio de la prueba.
C-396 mayo 23 de 2007. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Prueba de oficio en el sistema acusatorio. Están limitadas al Juez de Control de Garantías.
C–425 abril 30 de 2008. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Declaratoria de Inconstitucionalidad de los parágrafos 1 y 3 del Art. 289 del C.P.P. prohibición de formular imputación e imponer medida de aseguramiento, cuando el indiciado se encuentre en clínica inconsciente o que se encuentre en condiciones de salud que le impida ejercer su derecho a la defensa material. Igual ocurre cuando por razones de distancia o dificultad en las vías de acceso se impida poner al capturado a disposición del Juez de Garantías para legalizar captura.
C–425 abril 30 de 2008. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Requisitos que se exigen para la declaratoria de persona ausente.
C–425 abril 30 de 2008. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. La captura en flagrancia en los delitos que requieren querella, para nada desnaturaliza la figura en el entendido que no pueda ser posible la conciliación y el desistimiento.
T-1030, octubre 23 de 2008. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Si el Juez da un trámite inadecuado al proceso, se configura una vía de hecho, independientemente de la conducta y la estrategia de la defensa de las partes (fallo adoptado en asunto civil. Sin embargo, estima que resulta aplicable en materia penal).
Continuará ………..
[1] sentencia de casación de 30 de enero de 2008, radicación No. 28921.
[2] El artículo 31 de la Ley 600 de 2000, dispone: “Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal.”
[3]Cfr. sentencia del 23/03/2006, rad. 24300; auto del 3 de mayo de 2007, Acción de revisión, radicado número 23339.
[4] Sentencia de casación de 25 de mayo de 2006, radicación No. 20326.
[5] Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006 de la Corte Constitucional.
[6] Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007 de la Corte Constitucional.
[7] Sentencias del 26 de marzo de 2008. Rad. 25610, 14 de septiembre 2000. Rad. 13268, 8 de agosto de 1996. Rad. 10632, auto del 14 de abril de 1994. Rad. 9169 y sentencia del 23 de noviembre de 1989. Rad. 3600, entre otras.
[8] Cfr., entre otras, sentencia del 21 de marzo de 2007, rad. 14794.
[9] Sentencias de 26 de enero de 2005, radicación 15834; 30 de enero y 2 de julio de 2008, radicaciones 22983 y 18402, 21 de mayo y 17 de junio de 2009, radicaciones 22825 y 27816, respectivamente.
[10] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de marzo de 2008, radicación No. 27413
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de junio de 2006, radicación No. 15843.
[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de julio de 2007, radicación No. 26468
[13] Aún así, la Corte precisó en el mismo precedente jurisprudencial que la variación de la calificación de una conducta punible hacia otra dentro del mismo capítulo podría configurar una inconsonancia, si se desborda el marco fáctico. Así lo precisó: “La Corte ha tenido oportunidad de señalar, inclusive, que no obstante tratarse de delitos pertenecientes a un mismo capítulo, existir identidad en el bien jurídico tutelado y de la sanción punitiva, como quiera que los argumentos defensivos se encaminan a desvirtuar los presupuestos que la descripción típica del delito imputado contiene, una variación en torno de ella que suponga la existencia de elementos delictivos diversos, de contenido jurídico, o extrajurídico y en relación con los cuales, en todo caso, no se habría ocupado de ser desvirtuados a través de las pruebas con dicho cometido solicitadas en el juicio, dado que no hacían parte de la acusación, es incuestionable la vulneración del derecho de defensa…”
[14] Sentencia del 27 de julio de 2007, radicado 26468
Última actualización el Viernes, 23 de Abril de 2010 01:20