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Timestamp: 2017-12-14 07:03:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 46', 'artículo 882', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 155', 'artículo 156', 'artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 168', 'artículo 150', 'artículo 166', 'artículo 1688', 'artículo 324', 'artículo 136', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 281', 'artículo 151', 'artículo 153', 'artículo 155', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 217', 'artículo 42', 'artículo 155', 'artículo 156', 'artículo 346', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 10', 'artículo 152', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 159', 'artículo 161', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155']

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Modos de representación procesal
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1 Modos de representación procesal Oswaldo Parilli A. SUMARIO l. INTRODUCCIÓN 11. REQUISITOS DEL REPRESENTANTE PROCESAL Y TIPOS DE INTERVENCIONES PROCESALES 111. REQUISITOS INTRÍNSECOS DEL PODER PROCESAL IV. REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA EN JUICIO V. PODER CONVENCIONAL VI. PODER APUD ACTA VII. REPRESENTACIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL PODER VIII. PODER OTORGADO POR UN CÓNSUL VENEZOLANO EN EL EXTRANJERO IX. REPRESENTACIÓN POR DEFENSOR AD-LITEM X. REPRESENTACIÓN SIN PODER Bibliografía REVISTA DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 133
3 OSWALDO PARILLI A. l. INTRODUCCIÓN Con este trabajo no se pretende hacer un estudio total acerca del Capítulo II, Título III, Libro Primero del Código de Procedimiento Civil referido a los apoderados de las partes. El mismo está enfocado a la actuación en el proceso de los abogados en ejercicio, haciendo un bosquejo sobre las maneras en que aquél puede intervenir ante los órganos jurisdiccionales. Por su naturalezacientífica, la participaciónen un proceso determinado requiere de la experticia necesaria para llevar a cabo los actos que le integran; la ley impone a las personas naturales y jurídicas la obligación de nombrar abogados para que le asistan o representen en las diversas etapas del juicio, tanto para su mejor defensa como para evitar los consejos o consultas en las que se vería imbuido el juzgador, pudiendo ser participante, con su asesoría, a favor de una u otra parte. Surge así la representación procesal, concebida como las facultades para actuar ante el órgano jurisdiccional, en interés de la persona jurídica o natural que las concede; también se dan estas facultades para actuar extrajudicialmente ante cualquier autoridadcivil, política, administrativa, personasjurídicaso naturales, estimándose que éste puede ser un mandato general o especial. En virtud de estos lineamientos, el abogado, constituidocomo apoderado, realizalos actos jurídicos procesales dentro de un juicio en el que toma parte en nombre del que le otorgó el poder, reemplazándole en todos las incidencias tal se tratara de él mismo. Distinto es el caso del mandato conferido para realizar uno o más actos jurídicos patrimoniales o no en beneficio del mandante, constituido a través de un contrato para llevar a cabo una gestión determinada, la cual tiene como propósito un acto declarativo que se evidenciará a través de un servicio personal destinado a la consecución de un fin. Ambos casos están indicados en el artículo del Código Civil, cuya norma establece: «Los actos cumplidos en los límites de sus poderes por el representante en nombre del representado, producen directamente sus efectos en provecho y en contra de este último». En la doctrina y jurisprudencia se ha estimado que esta norma es aplicable tanto en el ámbito sustantivo, como en el procesal o adjetivo. REVISTA DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 135
4 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL La representación procesal la define Rangel Romberg como una relación jurídica bien sea legal, judicial o voluntaria, mediante la cual los actos procesales son realizados por el apoderado dentro de los límites de su poder, a nombre de su representado, sobre quien recaerán los efectos jurídicos que derivan de su gestión). Luego hace análisis de lo que debe entenderse por cada una de esas relaciones jurídicas que enuncia en su definición, sobre lo cual no se abundará en esta oportunidad. Interesa a esta disertación la representación procesal o poder para actuar en asuntos judiciales, que es aquella exigida por el Juez a las partes para participar en un juicio determinado por medio de abogados apoderados designados, con facultades para ello. Esta especie de subrogación procesal, permite a las partes no ocurrir a los órganos judiciales personalmente, por cuanto confieren las facultades para la defensa de sus derechos e intereses a profesionales del derecho que les suplan en su lugar, conocedores de las técnicas utilizadas en el proceso, y de la ley en general. 11. REQUISITOS DEL REPRESENTANTE PROCESAL Y TIPOS DE INTERVENCIONES PROCESALES Las exigencias para ostentar la representación en juicio de aquél que de una u otra forma participe en él, están indicados por el artículo 3 de la Ley de Abogados, el cual exige que para comparecer por otro en juicio, evacuarconsultasjurídicas, verbales o escritas y realizar cualquiergestión inherente a problemas o cuestionesjurídicas, se requiere poseer el título de abogado, quienes son los únicos que tienen la capacidad de postulación en nombre de otra persona dentro de un juicio, salvo las excepciones contempladas en la Ley". Una vez obtenido el título de abogado de conformidad RENGEL ROMBERG, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo JI, Editorial Ex Libris, Caracas, 1991, p Las excepciones vienen dadas por el artículo 168 del C.P.e. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 46, por ejemplo, permite que las personas naturales puedan actuar por sí mismas, pero debe entenderse que deben someterse a las exigencias de la Ley de Abogados y Código de Procedimiento Civil para la representación en juicio. Este último, en su artículo 882, referido al juicio breve, indica que si el valor de la demanda fuere menor de cuatro mil bolívares, podrá proponerse verbalmente por el interesado, aún sin estar asistido de abogado. 136
5 OSWALDO PARILLI A. con la Ley, deberá ser inscrito en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado; todo lo cual se debe hacer después de cumplir con los requerimientos previos de protocolización ante una Oficina de Registro. El abogado podrá actuar en el proceso de varias maneras, a saber: 1) Mediante el poder que le inviste de la facultad para representar al mandante, el cual debe ser otorgadoen forma públicao auténtica, sin que tenga validez el poder simplemente reconocido aunque sea registrado con posterioridad, como lo establece el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. Esta figura de participación procesal podría tener variantes, como en los casos del poder apud acta y la sustitución del poder; 2) A través de la asistencia del abogado al demandante, al demandado o al tercero interviniente en cualquier acto fundamental del proceso (demandas, contestaciones de demandas, oposiciones de cuestiones previas y su contestación, reconvenciones, pruebas, informes, apelaciones, actuaciones en los Juzgados Superiores y en los casos ventilados ante el Tribunal Supremo de Justicia, con excepción de las formalizaciones de recursos de casación); 3) Cuando la parte se niega a designar abogado, el nombramiento lo hará el Juez. En el caso del demandado, ocurre la designación del defensor ad litem (Arts. 224, 225 y 226 del Códigode ProcedimientoCivil). 4) Otra de las formas de intervenir en el proceso es la representación espontánea o sin poder, que también se analizará posteriormente. La diferencia entre un apoderado y un abogado asistente, radica en que el apoderado actúa sustituyendo a su representado en el juicio con libertad en su intervención, salvo los casos en que se exigen facultades expresas según la Ley o que las mismas sean limitadas también de manera expresa. El abogado asistente en un acto del proceso, no tendrá las mismas responsabilidades de un mandatario judicial, pues su participación se reduce a la mera asistencia en un acto determinado para el cual fue solicitado. En cuanto al defensor ad litem, se ha dicho que es un cargo que el legislador ha previsto con una doble finalidad: a) Colaborar en la recta administración de justicia al representar y defender los intereses del no presente; y, b) Impedir que la acción en justicia pueda ser burlada en detrimento de los derechos del actor, mediante el subterfugio de una desaparición adhoc. Esa designación se hace en provecho del actor y del reo, en beneficio del orden social y del buen desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Dr"'~...r...T"l" T"o.... C... 'T"'TT...l... "'l't"t":'c' T"\T:' T)cnC'-'l..lA non T A TTl\.TTV~D~TnAf) M{)NTPÁVTT.A 137
6 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL Es una verdadera gestión de negocios establecida por mandato de la Ley, a favor del actor, del reo y del bien público", Con relación al poder apud acta, se otorga para el juicio contenido en el juicio correspondiente y generalmente se utiliza entre abogados para el reemplazo de quien lo otorga. De la misma manera, la sustitución del poder implica la actuación en el proceso del abogado designado, con las facultades totales o parciales de aquél que suple. En cuanto a la representación sin poder, es una figura contemplada en la ley para el actor en los casos de herencias y coherederos, y de comunidades de bienes donde uno de los comuneros actúa en representación de otros que forman parte de la comunidad; en cuanto al demandado, cualquiera que reúna las condiciones de abogado para actuar en juicio, podrá representar al demandado, todo lo cual se analizará con más amplitud en esta exposición REQUISITOS INTRÍNSECOS DEL PODER PROCESAL Según lo dispone el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, el poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica. Se entiende esta exigencia, por cuanto el abogado designado deberá actuar en el proceso en nombre de su representado, suplantándolo como parte en el mismo. La forma pública a que se refiere la norma es la protocolización del poder ante un Registrador, que lo dejará asentado en el Protocolo destinado a tales fines (30, según la Ley de Registro Público); y la forma auténtica se refiere a dejarlo asentado en una Notaría Pública, consulado o tribunal con facultades notariales. Si el otorgante no supiere firmar o no pudiere hacerlo, lo hará por él un tercero, dejándose expresa constancia de ello en el instrumento-poder, como también la identificación de ese tercero que está firmando a ruego. No será válido el poder simplemente reconocido, aunque sea registrado con posterioridad. El legislador quiso darle solemnidad al acto de otorgamiento del poder y por eso exige su forma pública o auténtica, requisito que impone la obligación de transcribirlo íntegramente en el Libro correspondiente, que es llevado a esos efectos en la oficina J GACETA FORENSE, W 22, 2" Etapa, Volumen n, Sentencia del , p
7 OSWALDO PARILLI A. pública de que se trate. El funcionario hará constar que conoce al otorgante del poder al cual identificará, además, si se tratara de una persona jurídica, hará constar que tuvo a su vista los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, los cuales acreditan la representación que aquél ejerce, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos necesarios para la identificación (Art. 155 del Código de Procedimiento Civil). En sentencia de13l de julio de 2000, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, decidió que si el funcionario que declara autenticado el poder no señala que tipo de documento le fue exhibido (fotocopiasimple, copia certificada, publicación), ni las fechas del documento que tuvo a la vista porque solo mencionalos datos de registro, ni de donde procede el documento llevado a su presencia, siguiendo el contenido del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, debe concluirse que el poder no fue otorgado conforme exige el citado artículo de procedimiento, debiendo quedar desechado del proceso", Más aún, la mayoría de los autores consideran que si no se cumplieron las formalidades para el otorgamiento del poder debe tenerse por inexistente, pues la única formula válida establecida por el legislador es la autenticación o registro', siendo esta interpretación la adecuada para la legislación venezolana. La presentación de los documentos ante el funcionario competente que autentica o registra el poder es obligatoria, por cuanto estos documentos, que demuestran cómo se origina la potestad de conferir el poder, pueden ser solicitados en exhibiciónpor la otra parte, como lo dispone el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil. El contenido del documento que acredita el apoderamiento debe estar firmado por el otorgante, quien deberá también suscribirel asiento llevado con tal propósito en la oficinarespectiva, conjuntamente con el funcionario que ha presenciado el acto de otorgamiento. El apoderado no necesita estar presente, sino solamente identificado en el cuerpo del documento que le está acreditando la representación. 4 JURISPRUDENCIA RAMÍREZ y GARAY, Tomo 167, pág. 111, W Caracas, SEQUERA, Carlos, Documento público o auténtico y poderes para actos judiciales, Caracas, 1950, pp. 12 Y ss. D"''''~'''A nc P~"'lTm"'. ""'''m' nprprho np la UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 139
8 MODOS DE REPRESENTACiÓN PROCESAL Por último, para actuar en juicio como apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio de acuerdo a las previsiones del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil que remite a las disposiciones de la Ley de Abogados, cuyo artículo 3 establece que para comparecer en juicio por otro, se requiere poseerel título de abogado, salvo las excepciones establecidas en la Ley, y el mismo artículo en su único aparte señala que los representantes legales de personas o derechos ajenos, así como los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio. De la misma manera se ratifica en el artículo 4 tal exigencia y el artículo 5 se establece una prohibición para los Jueces, Registradores, Notarios y demás autoridades civiles, políticas y administrativas, los cuales sólo admitirán como representantes o asistentes de terceros, a abogados en ejercicio para los asuntos reservados a éstos en virtud de la Ley, salvo lo establecido en las leyes que regulan las relaciones obrero-patronales (los trabajadores pueden asistir a los organismos administrativos sin abogado, no así ante los órganos jurisdiccionales en los cuales se plantee una contención). IV. REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA EN JUICIO Anteriormente se asintió que para comparecer por otro enjuicio se requiere poseer el título de abogado (Art. 3 de la Ley de Abogados) salvo las excepciones legales como en el caso del Artículo 168 del Código de Procedimiento Civil ( como accionantes, el heredero por su coheredero en los juicios relacionados con la herencia y el comunero por su condueño en los aspectos que se refieran a la comunidad; como demandados, aquél que reúna la condiciónde abogado). Esta idea está reforzadapor el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil que establece: «Cuando las partes gestionan en el proceso civil por medio de apoderados, éstos deben estar facultados con mandato o poder». Siempre que el poder se otorgue a una persona que no sea abogado, para realizar cualquier actuación en juicio defendiendo los derechos e intereses de su representado, deberá a su vez conferir poder a un abogado, pues no tendrá validez la representación que ejerza con un abogado asis- 140
9 OSWALDO PARILLI A. tente, ya que sus facultades no son transmisibles a otro, sino mediante el conferimiento de un poder. Así lo ha señalado la Casación venezolana en repetidas oportunidades cuando el apoderado no es abogado y se asiste con uno que lo sea para actuar en juicio, como se determinó en la sentencia N de la Sala Político Administrativa de fecha 20 de julio de 2000, en la cual se estableció: «Se observa que tales ciudadanas acudieron al proceso asistidas por el profesional del derecho, abogado... Sin embargo, conforme lo prevé el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados. Esta Ley especial exige además de la obtención del correspondiente título de Abogado de la República, la inscripción en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional. En este orden de ideas, es fácil colegir que para poder ejercer un poder judicial dentro de un proceso se requiere ser abogado, lo cual no podrá ser suplido siquiera por la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma, cuando una persona que sin ser abogado ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado en ejercicio En el caso que toca analizar a la Sala, se observa que las ciudadanas no son abogadas en ejercicio y por ello mal pueden representar en el proceso a otras personas naturales Esta manifiestafalta de representaciónque se atribuyen, obliga a la Sala a declarar inadmisible la demanda intentada...»6. El artículo 1688 del Código Civil, refiriéndose al mandato en general, establece que el poder conferido en términos generales, no comprende más que los actos de administración; de modo que en la sentencia se está convalidando un principio general del derecho sustantivo al exigir que se confiera poder a un abogado para que represente a los que han encomendado la gestión a otra personaque no es abogado, quien no podrá comparecer asistido por abogado en los actos fundamentales del proceso. De la misma manera, otra sentencia de la Sala de Casación Civil del 08 de abril de' 1999 indica que cuando un apoderado no es abogado, no puede intervenir judicialmente ni aún asistido de abogado: «Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la capacidad de postulación en juicio por otra persona es 6 También en JURISPRUDENCIA RAMÍREZ y GARAY, Tomo 167, W , Caracas, 2000, p
10 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL exclusiva de los abogados, lo cual tiene por finalidad asegurar que los planteamientos dirigidos a los órganos de administración de justicia contengan la mayor claridad, sencillez y precisión técnico-jurídicaposibles, evitando el desgaste innecesario de la actividad jurisdiccionalpor impericiade los litigantes, impidiéndose de esta manera que la sustanciación del proceso quede en manos del empirismo o improvisación de personas inexpertas, legos en derecho, cuyas pretensiones correrían el riesgo de verse frustradas por una utilización inadecuadade la ley adjetiva»? Esas sentencias supra citadas reafirman las normas establecidas tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley de Abogados, acerca de la necesaria actuación del abogado en el proceso como apoderado, debido al mejordesenvolvimiento para intervenircon la pericia y técnicas necesarias para atender los juicios y a la conducta a seguir ante el Tribunal, además de asesorar a la persona que lo utiliza, a quien sustituye por el conocimiento cabal que posee tanto en materia procesal como en la referida al controvertido; de manera que actuará autónomamente en tanto no le sean impartidas instrucciones especiales. Calamandrei, con acierto, indicó que el proceso no lo constituyen solamente los actos que deben sucederse en un determinado orden establecido por la ley, sino que también en el cumplimiento de esos actos hay un orden alternado de varias personas, cada una de las cuales, en esa serie de actos, debe actuar y hablar en el momento preciso, ni antes ni después. Pero no será únicamente alternarse en un orden cronológicopreestablecido, de actos realizados por distintos sujetos, sino que es la concatenación lógica que vincula cada uno de esos actos al que lo precede y al que lo sigue y que dará a la otra parte la oportunidad de realizar el acto inmediatamente después. El proceso es una serie de actos que se cruzan y se corresponden como los movimientos de un juego: preguntas y respuestas, réplicas y contrarréplicas, acciones que provocan reacciones y que a su vez suscitan contrarreaciones''. El mismo autor reafirma el criterio que sostiene acerca de la necesidad de designar un representante abogado para intervenir en el proceso, al diferenciar el mandato otorgado a cualquierpersona, aún no profesionalmente calificada, con el poder para la litis. Así, la parte que siendo procesalmente capaz para estar en juicio, generalmente no llena los extremos que posee un profesio- 7 JURISPRUDENCIA RAMÍREZ y GARAY, Tomo 153, W , Caracas, 1999, p CALAMANDREI, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I1I, p. 264, Y Volumen 11, p. 379, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires,
11 OSWALDO PARILLI A. nal de derecho para la defensa adecuada y el cumplimiento de los actos procesales que requieren de técnicas especiales que son conocidas únicamente por los abogados. Adicionalmente, para actuar en las formalizaciones y contestaciones de recursos de casación, así como intervenir en los actos de réplica y contrarréplica ante el Tribunal Supremo de Justicia, deben cumplirse una serie de requisitos entre los cuales figura ser abogado, de donde se desprende que se requiere poder para intervenir en estos actos, lo que se evidencia aún más cuando en el mismo artículo 324 del Código de Procedimiento Civil se dispone que el apoderado constituido en la instancia, que llene los requisitos exigidos en este articulo, no requerirápoder especial para tramitar el recurso de casación. Por otra parte, los abogados pueden ocurrir a un proceso como asistentes del demandante, del demandado o del tercero interviniente para un acto concreto en el cual se requierala presenciade un abogado. En este sentido, no tendrá las mismas responsabilidades que las de un apoderado, ya que sólo es utilizado para un acto que le involucraría, pero no para los demás actos del proceso. El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, dispone que son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, que podrán gestionar por sí mismas (con la asistencia de abogado, salvo que lo sea) o por medio de apoderados, observando las limitaciones establecidas en la ley. La asistencia del abogado en juicio, deviene del artículo 4 0 de la Ley de Abogados, según la cual toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justiciapara la defensa de sus derechos e intereses, pero, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor o como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de un contrato, deberá designar abogado, para que le represente o asista en todo el proceso, lo cual fue ratificado por el texto constitucional en su artículo 49, cuyo numeral 1 señala que son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso la defensa y la asistencia jurídica, refiriéndose al debido proceso, principio que se aplicará a todas las actuacionesjudiciales y administrativas.
12 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL No obstante lo expuesto, se permiteintroduciracciones de amparo constitucional sin la asistencia de abogados a todas las personas que se sientan afectadas por la violación de un derecho constitucional, es decir, el solicitante del amparo no necesita de la representación o asistencia de abogados para interponerla acción de amparo constitucional, pero en los actos subsecuentes del proceso si es obligatorio estarasistido o representado por un abogado, si el accionante no tiene este carácter. En los casos para los cuales no se presente el agraviado con la asistencia jurídica debida o un representante judicial legalmente constituido en su nombre, ha sido constante la jurisprudencia al sostener que debe ordenarse la notificación de la Defensoría del Pueblo para que, en razón de los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la Constitución se le asista en los aspectos técnicos del proceso. Si se trata de menores, de acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, debe notificarse a los Procuradores de Menores de la jurisdicción donde se ventile el amparo. Con referencia a estos criterios, la mayoría de los autores estima que al comparecer sin abogado a interponer una acción de amparo, en virtud de la investida celeridad dada a esta institución por la violación de una situación jurídicaprevista en la Constitución o en la Ley Orgánica de Amparo Constitucional, se debe admitir la acción advirtiéndose al supuesto agraviado que debe designar un abogado para que le asista en la continuación del proceso y si se negare, el Juez hará las notificaciones correspondientes a los mencionados organismos. Si es el agraviante que se presenta en la audiencia constitucional sin abogado, el Juez deberá designar en ese acto un abogado asistente y dado el caso en que no haya esta posibilidad, si no puede diferirse el acto por la celeridad requerida, se admitirá que el agraviante realice su defensa. Expuestas las excepciones anteriores y aclarado que para intervenir en un proceso judicial es necesario que la parte sea asistida por un abogado, siempreque éste no lo haga en nombre propio como parte en ese juicio, o de otra maneraconstituircomo apoderado a un abogado en ejercicio, que no tenga prohibición de actuar libremente según la Ley de Abogados (Arts. 12 y 13), se señalan a continuación las formas determinadas por la ley procesal para concurrir como apoderado en un juicio. 144 DEREC:HO y SorlFnAn
13 OSWALDO PARILLI A. V. PODER CONVENCIONAL El poder para el proceso debería conferirse previamente a la actuación del abogado, mediante documento autenticado o registrado (forma pública o auténtica exigida en el artículo 151 del c.p.c.), señalándole las facultades expresamente. Significa este acerto que será necesaria la redacción de un instrumento que comprenda las prerrogativas que se le confieren al abogado, presumiéndose que se otorga para todas las instancias y recursos ordinarios y extraordinarios según lo establece el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil. Pero podría ser que el poder contenga algunas limitaciones que impiden al apoderado proceder libremente en sustitución de la voluntad del conferente del poder, por cuanto sus actuaciones fuera de los parámetros establecidos, se considerarían sin ningún efecto con relación a su poderdante y así se podrían oponer a los terceros (salvo la ratificación por el interesado que confirió el poder). Según cita Henriquez La Rache, si las facultades no constan en el poder, pero sí en los instrumentos que se refieran a aquél (atribuciones estatutarias conferidas al administrador o personero poderdante; mandato conferido al sustituyente o a quien da poder a nombre de otro) surtirán efectos procesales, si se han llenado los requisitos que la ley indica para producir esos efectos frente a terceros, independientementeque su fecha y demás datos de registro hayan sido mencionados o no por el funcionario que autorizó el otorgamiento del poder. Porque si no han sido mencionados esos datos, la razón de pertinencia que tiene la restricción con el poder conferido, lleva a considerar que el otorgamiento del poder (o sustitución) adolece de un vicio sustancial que acarrea de un todo su nulidad por incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil (CSJ, Sent , citada por Maruja Bustamante en su recopilación de Jurisprudencia)", Sin embargo, las facultades dadas a un administrador o presidente de una empresa por sus Estatutos, es menester que al otorgar el poder se reflejen en el documento en el entendido que podrían ser parte de las atribuciones que se confieren de esas que le fueron dadas en el documento estatutario; si no constan podría ser objeto de impugnación, ya que, como se dijo previamente, el poder procesal es el instrumento en que constan las facultades o atribuciones que se dan a uno o más 9 HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo, Código de Procedimiento Civil, Tomo I, p. 462, Caracas, REVISTA DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 145
14 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL abogados para que en su lugar represente y defienda los derechos e intereses del otorgante en un procedimiento judicial. El poderpodrá ser general o común, otorgadopara actuar en todos los procesos, como por ejemplo cuando se es apoderado de una empresa; o específico para actuar en uno o más procesos determinados. Distinto es el caso del poder o mandato conferido para otro tipo de gestiones, pues el artículo del Código Civil establece que el mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios del mandante. Esta norma no se encuentra en la ley adjetiva o procesal porque el legislador consideró que el poder se confiere para la actuación en juicio y, en consecuencia, para obrar en todas las instancias, grados e incidencias del proceso, o como lo indica el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil: «El poder se presume otorgado para todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios». Pero también existen las limitaciones legales establecidas en el artículo 154 eiusdem, que faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, así como para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponerdel derecho en litigio; todo lo cual requerirá de facultades expresas. No obstante, hay otras situaciones procesales en que también se necesita facultad expresa, como en el caso de la citación exigida por el artículo 217 para que el apoderado del demandado pueda darse por citado. En efecto, si ese poder conferido a uno o más abogados para el proceso no indica expresamente que tiene facultades para darse por citado, la citación carecerá de valor debido a la insuficiencia del poder. Si el poder es otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, deberá enunciarse en el documento que al efecto se elabore y exhibir al funcionario, los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce el conferente, lo que hará constar el funcionario con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna opinión o interpretación jurídica de los mismos (Art. 155 del Código de Procedimiento Civil). Según sentencia del 28 de septiembre de 1988, la otrora Corte Suprema de Justiciainterpretó que el otorgante de un poder sólo está obligado a enunciar en el documento los datos más relevantes de los distintos recaudos que acrediten su carácter, con una breve descripción de los actos a que 146
15 OSWALDO PARILLI A. se refiere el recaudo en cuestión. «El significado literal de la palabra enunciar...se traduce en expresar el otorgante en el poder, de manera breve y sencilla, los recaudos que acreditan su representación y su contenido... Ello no obsta para que el otorgante si lo desea incluya una transcripción parcial más completa de aquellos recaudos que acreditan su representación, tal como lo preveía el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil derogado. Pero lo que sí está claro es que el artículo 155 exige que el otorgante en el poder, al menos, identifique breve y sencillamente los recaudos que supuestamente acreditan la representación con que actúa, para que posteriormente el funcionario que autorice deje constancia de los documentos que le fueron exhibidos por el otorgantey que están identificados en el poder»!", En los tribunales de instanciaes muy frecuente la solicitudde exhibición de los recaudos enunciados en el poder, mediante la impugnacióndel mismo, lo que debe hacerse en la contestación de la demanda o en la primera oportunidad en que la parte ocurra al proceso para actuar como representante judicial de su otorgante. Si se permite que el apoderado actúe con un poder insuficiente, posteriormente no podrá hacerse uso de la impugnación, convalidándose el contenido del poder. En el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil se especifica la manera de objetar el poder: Una vez que se fija el día y hora para la exhibición de los documentos, gacetas, libros o registros mencionados en el instrumento que se pretende rechazar y examinados como hayan sido por el interesado y el Tribunal, éste resolverá dentro de tres días sobre la eficacia del poder, con vista a las observaciones que haya hecho el impugnante. Si éste no asiste al acto de examen de los recaudos exhibidos, el poder se tendrá por válido y eficaz; pero cuando los documentos requeridos no se exhiben, el poder quedará desechado lo que hará constar el Juez en el acta respectiva. En sentencia del 23 de noviembre de 1999, la Sala Civil refiriéndose a la impugnación de los poderes, ratifica la doctrina anterior sobre la oportunidad para hacerla valer en juicio, que se verifica en «la primera oportunidad inmediatamente después de su consignación en que la parte interesada en su desestimación actúe en el proceso; de lo contrario hay que presumir que tácitamente se ha admitido como buenay legítimala representación que ha invocado el apoderado judicial» y agrega la sentenciaque está delimitado claramenteen el 10 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tomo 8-9, pp. 225 Y ss, Recopilación por Osear Pierre Tapia,
16 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL encabezamiento del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, «la diferencia entre actos de la proposición de cuestiones previas y de la contestación de la demanda, así como la circunstancia según la cual la proposición de cuestiones previas o la contestación de la demanda se efectúan sin la presenciadel demandante, es evidente que la impugnación del poder del demandado debe hacerla el actor en la primera oportunidad que comparezca después de la consignación de dicho poder» 11. Pero, según doctrina de la misma extinta Corte Suprema de Justicia y ahora ratificada, la impugnación del mandato judicial está creada para demostrar si la persona que otorgó el poder en nombre de otra, detenta le representación que dice tener y tal impugnación no está prevista por el legislador para atacar simples defectos de forma en la elaboración el poder. VI. PODER APUD ACTA Otra de las maneras de otorgar un poder para el proceso, es la que se realiza en el mismo expediente, denominado poder apud acta, previsto expresamente por el legislador en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil: «El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad». Se observa que este tipo de poder no requiere estar autenticado para que tenga validez, simplemente el interesado (asistido de abogado) estampará una diligencia ante el Secretario del Tribunal para el juicio que se lleva en el expediente en concreto, confiriendo facultades al abogado 'para que le represente. «Apud acta» significa «en el mismo expediente», según lo refiere el Diccionario de Derecho Procesal Civil publicado por Eduardo Paliares", y es el mandato que se confiere en las propias actas del expediente, se otorga o sustituye mediante un acta o diligencia, haciendo constar que se autoriza a determinado abogado para representar en ese juicio donde se otorga, a otra persona 13, lo cual implica que debe 11 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Recopilación Osear Pierre Tapia, Tomo 11, p. 734, Caracas, Noviembre, PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial PaITÚa S.A, 4" Edición, México 1963, p. 91, cita de Enrique L. Fermín v., Revista N 10 de Derecho Probatorio, p. 381, Editorial Jurídica Alva. Caracas ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS, Tomo IV, Ediciones Libra, Caracas, 1995, p. 318.
17 OSWALDO PARILLI A. tomarse como un acto procesal porque se realiza y crea situaciones jurídicas dentro del proceso, a diferencia del poder convencional o voluntario considerado en la doctrina como acto prevenido o preparatorio que posteriormente puede convertirse en acto procesal al consignarlo en el expediente, es decir, aquél es un acto constitutivo del proceso, mientras que el poder conferido voluntariamente puede ser un acto que crea la expectativa de usarlo o no en el juicio. Una sentencia de casación de fecha 13 de noviembre de 1991, estableció los requisitos para conferir un poder de esta naturaleza: «...el artículo 152 exige, de manera terminante, que el Secretario firme el acta y de fe de la identidad del otorgante, en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Notarías Públicas. Más aún, cuando el otorgamiento del poder apud acta se hace mediante diligencia que redacta la propia parte, y que el Secretario, por mandato de los artículos 106 Y107 del Código de Procedimiento Civil, debe suscribir; razón por la cual el artículo 152 eiusdem, trae como requisito esencial que debe cumplirse, según lo contemplado en el artículo 7 del CódigoProcesalCivil, que el Secretariocertifiquela identidad del otorgante y que obviamente el acto pasó bajo su presencia; lo contrario sería dar entrada a todo tipo de irregularidades en el proceso... En consecuencia, si bien ahora el poder apud acta no tiene que ser inscrito en el libro de registro como preveíael artículo 41 del Código de Procedimiento Civil derogado, el Secretario tiene que autorizarlo, dando fe de la identidad del otorgante...la Sala observa que los legisladores, en su afán de apartar al Juez de la actividad diaria del proceso, sin lógica alguna, eliminaron la facultad que éste tenía para presenciarel otorgamiento de los poderes apud acta. Ciertamente resulta absurdo que el Juez, como máxima autoridad del Tribunal y funcionario público, y ateniéndose a lo previsto en el artículo del Código Civil, no tenga la facultad, al igual que el Secretario, de presenciar y autorizar el otorgamiento de un poder apud acta...»14. La decisión transcrita inserta la interpretación que debe hacerse del poder en referencia y, como consecuencia de la misma, si el Secretario no-identifica al otorgante y firma el acta o diligencia, el poder no tendrá ninguna validez y,por consiguiente, las actuaciones deberán ser consideradas inexistentes, con los posibles perjuicios que le acarrearía al poderdante, 14 JURISPRUDENCIA RAMÍREZ y GARAY, Tomo 119, p. 389, W Caracas, D~"W~A,",e H~TJTm'''T'''''~m' nfriwhn DE LA UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 149
18 MODOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL quien es el interesado en que se hayan cumplido todos los requerimientos para el conferimiento de ese poder. VII. PREPRESENTACIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL PODER La sustitución del poder no está definida en el Código Procesal, pero la doctrina la ha definido como la delegación en otro abogado con capacidad y solvencia, de todas o parte de las facultades de representación que ostenta el sustituyente. La sustitución puede hacerse con reserva de ejercicio por parte del apoderado de las mismas facultades que transfiere al sustituto, o puede hacerse sin esta reserva y en este caso, cuando se realiza una sustitución total, el sustituyente quedará excluido del ejercicio del poder, lo que equivaldría a una renuncia del poder". El artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, contiene las reglas para efectuar la sustitución del poder y de allí podría extraerse una definición simple: Consiste en la transmisión de las facultades, en todo o en parte, que le han sido conferidas en el poder al sustituyente por el mandante. La norma del artículo que se comenta establece que el apoderado que hubiere aceptado el mandato, podrá sustituirlo en la persona que el poderdante le hubiese designado o le designare, y a falta de designación, en abogado capaz y solvente, si en el poder se le hubiere facultado para sustituir. Si nada se dijo en el poder sobre la sustitución, también podrá ser sustituido por el apoderado en abogado de reconocida aptitud y solvencia, cuando por alguna causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo. Si en el poderse prohibe la sustitución, no podráhacerse la misma, salvo en caso de enfermedad, alejamiento forzado, envío de la causa a un tribunal de otra localidad, o por cualquier otro motivo grave que le impida el ejercicio del poder; pero en estos supuestos, el apoderado deberá comunicarlo al poderdante para que éste provea lo conducente. Si hay una prohibición expresa, el sustituyente será responsable del perjuicio que la sustitución cause al poderdante. En sentencia del 26 de octubre de 1972, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, sostuvo que la sustitución debe constar en el propio texto del poder o en otra forma auténtica. Tam- 15 Sentenciade la Sala de Casación Civil del 06 de agosto de 1998, citandola obrade Arístides Rangel Rornberg, Tratado de Derecho Procesal Venezolano, Tomo Il, p DERECHO y SOrIFnAn
19 OSWALDO PARILLI A. bién analiza la posibilidad de restricciones en la sustitución, cuando se establece que el apoderadopuede sustituirpero con la autorizacióndel otorgante, lo cual condiciona la sustitución a la aprobación previa de aquél. «Para que se haga inválida la sustitución, es necesario que se haga contra la prohibición expresa del mandante y que ésta conste en el mismo instrumento del mandato o en otra forma auténtica, pues la efectuada en contravención de documentos o instrumentos privados sólo hace responsable al sustituyente de los perjuicios que causare a su representados". El sustituto podrá sustituir, siguiendo las reglas establecidas para toda sustitución e igualmente deben cumplirse las mismas formalidades que se requieren para el otorgamiento de poderes (Arts. 160 y 162 del Código de Procedimiento Civil), las cuales ya se esbozaron anteriormente cuando se citan las otras formas de representación procesal (Arts. 150, 151, 152, 154, 155 Y 157). La sustitución, como lo señaló el autor citado, podrán hacerse en forma total o parcial y el sustituyente podrá reservarse o no el ejercicio del poder sustituido. El artículo 161 eiusdem, indica que pueden ser especiales aun cuando el poder sea general, lo que ha sido criticado en doctrina en cuanto se entiende que se refiere a sustitución parcial de un poder general. Para hacer una sustitución del poder conferido, sea en forma parcial o total, el Secretario del Tribunal deberá copiar íntegramente el poder sustituido, después que se haya inscrito la sustitución en el expediente, si es que la misma se ha efectuado en el Tribunal donde cursa la causa, porque podría hacerse por instrumento autenticado o público y el Notario o Registrador deberán observar las mismas formalidades que para el otorgamiento de poderes. Si se trata de un poder conferido por una persona jurídica que va a ser sustituido, los criterios no son uniformes, pues unos piensan que para su validez deben cumplirse los requisitos del artículo 155 del Código de ProcedimientoCivil, pues allí se mencionaexpresamenteque cuandofuere sustituido por el mandatario, deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejercen y el funcionario hará constar en la nota respectiva que esos recaudos le han sido exhibidos con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, como si se tratará del otorgamiento del poder original. 16 GACETA FORENSE, N 78, 2 a etapa, p Rp\""TA f)p F'mmTANTF.<; DE DERECHO DE LA UNIVERSlDAD MONTEÁVILA 151
20 MODOS DE REPRESENTACiÓN PROCESAL Otros opinan que sería suficiente que el funcionario haga constar los datos de otorgamiento del poder sustituido que le haya sido exhibido, y así lo acogió una jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del 06 de Agosto de 1998, al señalar que no hay razón para que el Secretario del tribunal deje constancia de la exhibición del poder y de sus datos de identificación, pues el mismo se halla incorporado en el expediente del juicio en cuestión, según se desprende del escrito que contiene la sustitución del poder, lo cual posibilita a la parte contraria la verificación de los datos suministrados en el acto de sustitución del poder y las facultades de representación del sustituyente. Dice la sentencia que la finalidad de la norma del artículo 155 es posibilitar al interesado la verificación y revisión mediante el examen respectivo, de los documentos que acreditan la representación del poderdante o el sustituyente. «Constando en el expediente mismo tales documentos no era necesario que el Secretario del tribunal hiciera la constancia referida»!". A pesar de lo expuesto, no siempre ha sido considerado de esta manera por la jurisprudencia patria, que en oportunidades ha ratificado su criterio que para la sustitución del poder deben enunciarse y exhibirse los mismos documentos que se presentaron cuando se confirió ese poder, lo cual resulta en un trámite adicional que dificulta la celeridad a que alude tanto la Constitución venezolana como el mismo Código de Procedimiento Civil. En sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 10 de marzo de 1999 se asentó: «...El sustituyente en este poder en que sustituye su representación, transcribe el poder que le había otorgado la poderdante...sin embargo, no enuncia en el texto mismo de la sustitución los documentos autenticados, gacetas, libros o registros que acreditaban la representación del otorgante, como lo exige el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, tratándose como se trata de un poder otorgado a nombre de una persona jurídica; tampoco exhibe dichos documentos, y el funcionario o Notario que autorizó el acto en la nota de autenticación no hizo constar que le hubieran exhibido tales documentos, pues más bien establece que tuvo a su vista el poder 'que aquí se sustituye'...»18 17 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA recopilada por O. Pierre Tapia, Tomo 8, p. 353.Caracas, Agosto, JURISPRUDENCIA RAMÍREZ y GARAY, Tomo 152, p. 314, W Caracas, DERECHO y SOCIEDAD