Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02934-2004-HC.html
Timestamp: 2017-01-20 09:45:50
Document Index: 223433034

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo\n25', 'artículo\n139', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 137', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 137', 'artículo 1', 'artículo 135', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 22']

2934-2004-HC
EXP. N.° 2934-2004-HC/TC LIMA FREDDY IVÁN MORALES CÓRDOVA
En Lima, a los 28 días del mes
de diciembre 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
constitucional interpuesto por don Freddy Iván Morales Córdova contra la
Resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 152, su fecha 25 de junio de 2004, que declara infundada la acción hábeas corpus de autos.
II. DATOS GENERALES Tipo de proceso : Hábeas Corpus Demandante : Freddy Iván Morales Córdova
Agraviado : Freddy Iván Morales Córdova Demandado : Jueza del Tercer Juzgado Penal de Lima
Presunto acto lesivo : Tiene mas de 9 meses de detención, sin que
se le dicte sentencia en primera instancia Derecho demandado : Derecho a la libertad individual, (artículo 2º24 de la Constitución y artículo
25º del Código Procesal Constitucional) y derecho al debido proceso (artículo
139º3 de la Constitución y artículo 4º del Código Procesal Constitucional).
Petitorio : - Solicita que se ordene su inmediata excarcelación
1. Demanda Con
fecha 4 de junio de 2004 don Freddy Iván Morales Córdova, interpone acción de hábeas corpus
contra la Jueza del Tercer Juzgado Penal de Lima, con el objeto que se
ordene su inmediata libertad, por exceso de detención. Refiere estar siendo procesado por los supuestos delitos de homicidio simple y lesiones graves, asimismo que se
encuentra recluido en el Penal San
Pedro desde el 31 de agosto de 2003, por mandato de detención expedido por la
emplazada; alega que a la fecha de interposición de la demanda han transcurrido
más de los 9 meses, previstos por el articulo 137.º del Código Procesal
Penal como plazo máximo de detención preventiva para los procesos sumarios.
Indica que durante la tramitación del proceso ha colaborado con la justicia;
que es padre de familia que cuenta con trabajo y domicilio conocidos; y que se
ha desvanecido la probabilidad de que evada la acción de la justicia o de que
perturbe la actividad probatoria. Añade que al no haberse dictado sentencia, su
detención resulta arbitraria y lesiona su derecho a la libertad individual, por
lo que solicita que se corrija el exceso de la autoridad judicial disponiendo su inmediata libertad. 2. Contestación de la
demanda El Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Poder Judicial, con
fecha 8 de junio de 2004, contesta la demanda indicando que no existe
vulneración constitucional y, que la presente acción de garantía debe ser
declarada improcedente porque el
artículo 6º2 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.º 23506 establece que no
procede la acción de garantía contra resolución judicial o arbitral emanadas de
un proceso regular. Alega que el demandante no ha acreditado que el proceso sea
irregular, asimismo que al interponer la presente el accionante pretende
convertir la sede constitucional en un una instancia supra nacional revisora de fallos judiciales.
Indagatorias La
jueza emplazada Flor de María Deuar Moran sostiene que no existe vulneración
constitucional. Alega que con fecha 1
de junio de 2004, dispuso prolongar el mandato de detención por un plazo igual a 9 meses, en aplicación del tercer
párrafo del artículo 137.º del Código Procesal Penal; aduce que el peligro
procesal es latente, pues el Ministerio Público al formular acusación contra el demandante,
solicito que se le imponga 10 años de pena privativa de libertad.
fecha 9 de junio de 2004, el Décimo Noveno Juzgado Penal de Lima declaró
fundada la demanda, por considerar que
la emplazada transgredió el Decreto Legislativo N.º 124 al haber excedido el
plazo de investigación previsto por ley sin haber resuelto el proceso en el
cual el accionante se encuentra involucrado, irregularidad que vulnera los
segunda instancia Con
fecha 25 de junio de 2004, la Cuarta
Sala Penal para procesos con Reos
Libres de Lima, revocó la sentencia apelada y reformándola declaró
infundada la demanda; por considerar
que no existe detención arbitraria ya que la emplazada prolongó la detención preventiva en aplicación de la Ley
N.º 28105, dispositivo que faculta prorrogar el plazo de detención preventiva cuando concurran
circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación
de la investigación y que el inculpado pueda sustraerse a la acción de la justicia; circunstancias que se evidencian en el proceso penal seguido contra el
IV. MATERIAS SUJETAS AL ANALISIS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A lo largo de la presente sentencia, este Colegiado debe
llegar a determinar:
a). Si la detención preventiva del accionante se encuentra dentro de un plazo razonable y,
si en dicha detención respeta los principios de proporcionalidad,
razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que
debe observar toda prisión provisional para ser reconocida como constitucional b). En consecuencia, será materia de análisis si la prórroga de la detención afecta el derecho a que la detención a la
preventiva fue dictada observando plazos razonables. V. FUNDAMENTOS
A. La detención preventiva
como medida excepcional y subsidiaria 1. En
relación a la detención preventiva, este Tribunal considera pertinente
recordar, que: la medida de
encarcelamiento ha sido instituida, prima
facie, como una fórmula de purgación de pena por la comisión de ilícitos
penales de determinada gravedad. En tal sentido, su aplicación como medida
cautelar en aras de asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la
plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria, debe ser la última ratio entre las opciones que
dispone un juez para asegurar el éxito
del proceso penal. [1]
artículo 9º3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “(...) la
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la
regla general”. Lo propio queda expuesto en la regla 6.1 de las denominadas
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas Privativas de la
que precisa que: “ (...) sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último
recurso”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado
que : “ (...) la detención preventiva
es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya
una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar
la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia.
Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho
preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención
preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías
de debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa”[3].
ello, su dictado presupone que el juez penal haya evaluado y –a la luz de las
particulares circunstancias de cada caso–, descartado, la posibilidad de, dictar una medida menos restrictiva de la
libertad personal. Sin embargo, aún en esas circunstancias, resulta
inconstitucional que la medida de detención exceda de un plazo razonable. B. De la afectación al debido proceso 4. Este Colegiado, ha
sostenido que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en
abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de
que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la
libertad locomotora, tras la imposición de un mandato de detención, este
Tribunal tiene competencia, ratione
materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos
judiciales considerados lesivos[4]
Del plazo razonable y la detención preventiva 5. El derecho que tiene todo encauzado a que la
prisión preventiva no exceda de un plazo razonable, no se encuentra
expresamente contemplado en la Constitución. Sin embargo, se trata de un
derecho que coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad,
debe observar toda prisión provisional para ser reconocida como constitucional.
Se trata, propiamente, de una manifestación implícita del derecho a la libertad
personal reconocido en el artículo 2.º, numeral 24 de la Carta Fundamental; y, en tal medida, se funda en el
6. Por lo
demás, la interpretación que permite a este Tribunal reconocer la existencia
implícita del referido derecho en la Constitución, se encuentra plenamente
respaldada por su Cuarta Disposición Final y Transitoria, que exige que las
normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce
se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos
ratificados por el Perú.
respecto, debe señalarse que existen diversos tratados en materia de derechos
humanos ratificados por el Estado que sí reconocen expresamente este derecho.
Tal es el caso del artículo 9°3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que establece que “[t]oda persona detenida (...) tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Por su
parte, el artículo 7.°5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
reconoce el derecho de “[t]oda persona detenida o retenida (...) a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso”.
8. En consecuencia, el derecho a que la detención preventiva no exceda
de un plazo razonable forma parte del núcleo mínimo de derechos
reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos
y, por tanto, no puede ser desconocido.
De los plazos legales de
detención 9. Sobre plazos de detención la legislación es muy clara La Ley N.º 28105, que modifica el artículo 137.º del Código Procesal Penal, establece en su artículo 1.º que la detención no durará más de nueve meses en el procedimiento
ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 135.º del Código Procesal Penal. A su vencimiento,
sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la
inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas.
debiendo el Juez disponer las medidas necesarias para asegurar su presencia en
las diligencias judiciales. 10. La norma precisa
que, excepcionalmente, cuando concurran
de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la
justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual,
disponiendo que dicha prórroga se acuerde mediante auto debidamente motivado,
de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del
inculpado. Contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la
Sala, previo dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos
11. Entonces se infiere que la prórroga importa una prolongación de la
investigación, motivada por las circunstancias de especial dificultad o
complejidad que presente la instrucción, con el objeto de aportar hechos,
documentos o pruebas, que serán
evaluados al emitir el dictamen y el
pronunciamiento respectivos. Del proceso penal sumario 12. El Decreto Legislativo N.º 124, dispositivo que norma la
tramitación de procesos sumarios, establece que concluida la etapa de la
investigación con el pronunciamiento del Fiscal Provincial los autos se pondrán
de manifiesto durante un plazo común en
la Secretaria de Juzgado para que los abogados defensores presenten sus
informes escritos. Vencido éste sin más tramite el juez deberá
pronunciar la resolución que corresponda en el término de 15 días De la afectación a la libertad personal 13. El exceso de detención según el demandante El demandante
alega que se ha vencido el plazo máximo de prisión preventiva previsto en el
artículo 137.º del Código Procesal Penal, que establece que esta no debe durar
mas de nueve meses en caso de los procesos sumarios como el seguido en su
contra, no obstante ello la emplazada no dicta sentencia en primera instancia. [5]
14. La prorroga del mandato de detención es
legitima, según la demandada Según alega la
demandada, no existe vulneración constitucional. Sostiene que con fecha 1 de junio de 2004, dispuso prolongar el
mandato de detención dictado por un plazo igual a 9 meses, en aplicación del tercer
párrafo del artículo 137.º del Código Procesal Penal; alega que el peligro
solicito se le imponga 10 años de pena privativa de libertad. 15. Al respecto, éste Tribunal
ha sostenido que la imposibilidad de establecer un plazo único e inequívoco
para evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad de la duración de la prisión
preventiva, no impide el establecimiento de criterios o pautas que,
aplicadas a cada situación específica, permitan al juez constitucional
determinar la afectación del derecho constitucional a no ser privado de la libertad
preventivamente más allá del tiempo razonablemente necesario. Precisando que serán
materia de evaluación: la actuación de los órganos judiciales, quienes deberán
observar la prioridad y diligencia
debidas; la complejidad del asunto y la actividad procesal del detenido[6]
16. En tal sentido, la resolución cuestionada refiere[7] (...) “ que se prorroga la detención preventiva del accionante por la
existencia material de latente peligro procesal, que evidencia que el acusado pueda sustraerse a la justicia o
perturbar la actividad probatoria (...) De lo cual se
colige que la emplazada al dictar la
prorroga del mandato de detención preventiva considero que existía peligro
procesal porque el accionante al tener cocimiento que el Fiscal formulo acusación y solicito se le imponga 12
años de pena privativa de libertad, podría sustraerse a la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria;
lo que implica invertir la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad 17. A mayor abundamiento, de autos se advierte que la etapa de la investigación había precluido con el pronunciamiento del representante del Ministerio Público, al
formular éste acusación respecto del primero de los delitos más no así respecto del segundo (fs. 27/34). En este orden de ideas,
es indudable que los elementos probatorios actuados con posterioridad a dicho
pronunciamiento, no invalidán el
dictamen indicado, ni el fiscal tampoco cambiará los términos de su opinión. En consecuencia, no existe
justificación legal para que la emplazada, de oficio, con fecha 1 de junio de 2004, expida la resolución cuestionada, y mucho menos que, mediante prórroga, disponga la duplicación
del plazo máximo de detención preventiva, conforme se acredita con las copias
certificadas que obran a fojas 36 y 37 de autos.
18. Por consiguiente, evidenciándose que se encontraba vencido el
plazo legal sin que la emplazada emita sentencia que establezca la situación
jurídica del accionante, la presente demanda debe ampararse. No obstante
ello, resulta importante precisar que
la excarcelación solicitada procederá únicamente si contra el demandante no se hubiera dictado mandato judicial de
19. Por otro lado,
es importante señalar que de autos se advierte que durante la
tramitación del proceso penal no se observo la prioridad debida y la diligencia
especial que requieren las causas en las que el inculpado se encuentra en
condición de detenido, las mismas que motivaran la interposición de la presente
demanda; en tal sentido hágase de conocimiento de la Oficina del Control de la
Magistratura a efectos de determinar las responsabilidades
previstas en el artículo 22.° del Código Procesal Constitucional Ley N.° 28237 VI. FALLO Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
la inmediata excarcelación siempre y cuando contra el accionante no se hubiera dictado sentencia condenatoria
o existiera condena pendiente en otros procesos. 3. Hágase
de conocimiento la presente sentencia a la Oficina de Control de la
Magistratura para que proceda conforme a sus atribuciones Publíquese y notifíquese.
GARCÍA TOMA LANDA ARROYO
STC Exp. N°. 2915-2004-HC/TCL Caso
[2] Reglas de
[3] Informe N.° 12/96, párrafo 84) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos [4] STC EXP. N.° 1230-2002-HC/TC Caso Tineo Cabrera [5] Fundamento
de hecho de la demanda (fs. 2 del Expediente)
[6] STC EXP. N.° 2915-2004-HC/TC Caso Berrocal Prudencio [7] Resolución
de fecha 1 de junio de 2004 que prórroga la detención preventiva