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Timestamp: 2019-12-06 20:07:19
Document Index: 128367161

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 107', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 2', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 107', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 107', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 107', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 40']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 112-1019, de 15/09/2011
cve: BOCG_D_09_112_1019
Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
(624/000017)
(Cong. Diputados, Serie B, núm. 265
Núm. exp. 122/000239)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.
Se propone la modificación del Artículo 3, quedando redactado como sigue:
«Artículo 3. Destinatarios.
1. La presente ley será de aplicación a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o supraconstitucional democrático, conculcar los derechos humanos, impedir el advenimiento del sistema democrático o alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana y el orden internacional.
Será aplicable igualmente a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente, aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas, o bien cuando dichos responsables formaran parte de los poderes u organismos del Estado o
de sus Fuerzas de Seguridad en el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y 6 de octubre de 1977.»
Necesidad de hacer una referencia a la época predemocrática, ya que el artículo 7.º de esta proposición refleja el inicio de la aplicabilidad de esta norma el 1 de enero de 1960. Es necesario expresar que en esa época el propio Estado cometió excesos y actuaciones equivalentes a las condenadas en esta Ley. Tan rechazable es intentar subvertir el orden constitucional democrático por medio de la violencia como impedir su advenimiento violentamente. En ese sentido, la Ley debe contribuir también al reconocimiento de quienes sufrieron en defensa de la democracia.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.2.a.
Se propone modificar el punto 2. a) del artículo 6, quedando redactado como sigue:
«a) A las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen contra el Estado español o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles o sus ciudadanos.»
Sustituyendo el término «en España» por el de «contra el Estado español» se amplia más el ámbito territorial, incluyendo así en y fuera del Estado español.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.2.b.
Se propone modificar el punto 2. b) del artículo 6, quedando redactado como sigue:
«b) A los participantes en operaciones humanitarias, de paz y seguridad que formen parte de los contingentes humanitarios y sean objeto de atentado terrorista.»
Se trata de evitar que queden al margen actuaciones humanitarias como las que realizan las Organizaciones No Gubernamentales.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.
Se propone añadir un nuevo apartado d) en el punto 2 del artículo 6 con el siguiente tenor literal:
«d) A las personas aprehendidas en territorio nacional o jurisdicción española y trasladadas fuera de los mismos».
Se trata de cubrir una laguna de esta Proposición de Ley. Garantizar los requerimientos del ordenamiento jurídico aplicado al ámbito territorial español en las situaciones en que este ámbito se encuentra por razones legales fuera del territorio del Estado.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 20.
Se propone modificar el apartado que hace referencia a las «Lesiones no invalidantes» en el apartado 4 del artículo 20, quedando redactado como sigue:
«— Lesiones no invalidantes. Las indemnizaciones serán las que resulten de añadir a 30.000 euros la cantidad que resulte de multiplicar 300 euros por el número de días que el herido haya tardado en curar. A la cantidad resultante se añadirán otros 10.000 euros si el herido ha tardado más de cien días en curar o si padece secuelas físicas o psicológicas.»
Tomar en consideración la relevancia de las lesiones no invalidantes.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo I. Tabla II.
Se propone la modificación de la Tabla II del anexo I, quedando el texto redactado como sigue:
«Tabla II
Las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes se establecerán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de seguridad social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El Estado asumirá en este supuesto y con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil hasta un límite máximo de 100.000 euros. La cuantía del abono extraordinario por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia existente entre la cantidad fijada como responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites del apartado anterior, y la cantidad percibida como ayuda por los daños personales.
En ningún caso el abono previsto supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.»
Corregir la asimetría existente entre las indemnizaciones por causa de muerte o lesiones invalidantes con las no invalidantes.
La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—María Mar Caballero Martínez.
De doña María Mar Caballero Martínez (GPMX)
La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. I.
«Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de los que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, y que favorezca un desenlace en el que las víctimas sean las vencedora y los terroristas, los vencidos.»
Los principios esenciales inspiradores de la presente Proposición de Ley memoria, dignidad, justicia y verdad impiden, para conseguir la reparación integral de las víctimas por parte del Estado perseguida por la presente iniciativa, que existan ambigüedades en el trato y en la consideración entre los terroristas, sobre quienes ha de recaer todo el peso de la Ley, y las víctimas, sufridoras de los delitos cometidos por aquellos.
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo primero del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:
«Con la presente Ley, tras la actuación de diversos grupos terroristas en España y los más de cincuenta años de terrorismo de ETA que todavía padecemos, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes,…»
La Exposición de Motivos no contiene referencia alguna a quienes han sido y continúan siendo la causa principal del sufrimiento y el dolor de las víctimas, cuyo reconocimiento y protección constituyen el objeto único de esta Ley.
La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo I.
Se propone incorporar la siguiente idea al final del párrafo tercero del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:
«La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas. En este sentido, los poderes
públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas.»
Los principios esenciales o «ideas fuerza» citados en la Exposición de Motivos y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo cuarto del Preámbulo, el cual quedaría redactado como sigue:
«Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Asimismo, garantizarán que ningún partido, agrupación o coalición que apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las instituciones democráticas y adoptarán las medidas necesarias para impedir la continuidad de los electos de dichas formaciones que ya lo hubiesen hecho.»
Los principios esenciales o «ideas fuerza» citados en el Preámbulo y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 enmienda a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.
“1. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas y del pago, en su caso, de las cuantías por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de esta ley podrán solicitar en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la ley, el abono de las diferencias que pudieran corresponderles.
2. En el mismo plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la ley, las personas que hayan sufrido los daños materiales a que se refiere el artículo 4.4. por hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960, podrán solicitar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la acción terrorista declarada por una resolución judicial o administrativa.”»
Se justifica la presente enmienda en coherencia con la modificación introducida en esta ley en relación con el reconocimiento de indemnización de los daños materiales ocasionados por actos de terrorismo como una de las novedades respecto de la anterior legislación sobre resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo que no contemplaba estos supuestos.
Se justifica asimismo para dar un contenido efectivo al artículo 7 de la ley, que regula expresamente la aplicación retroactiva de la ley a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960, sin distinguir entre la compensación entre daños personales o materiales. Se posibilita de esta forma además que la norma pueda ser de aplicación retroactiva para todos aquellos que, en aplicación de la legislación anterior, hubiesen recibido ayudas o indemnizaciones por dichos actos por cuantías inferiores a las que la presente ley establece o bien no hubiesen recibido ningún resarcimiento por los mismos.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.
Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo I.
De modificación del primer párrafo del apartado I del Preámbulo
Con la presente Ley, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Sentado, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de las ilegítimas acciones armadas de los poderes públicos o grupos de extrema derecha frente a personas indefensas que ejercían o defendían derechos democráticos durante la dictadura franquista hasta la aprobación de la Constitución Española, y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. (El resto igual).
La correcta consideración como víctimas de las personas afectadas por acciones armadas terroristas ha de llevar a la misma consideración de quienes «padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa» durante el franquismo, siendo evidente que el trato y el reconocimiento como víctimas no fue hecho por la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.
Esta diferencia de trato carece de justificación, máxime si consideramos que las víctimas del franquismo, además de otras limitaciones, han carecido del derecho a que quienes ejercieron la violencia contra ellos fueran llevados a juicio.
Por ello esta enmienda, así como las que se desarrollan en el articulado, pretende evitar el trato desigual a unas y otras víctimas, en función de si el autor de las agresiones ha sido una organización terrorista, un estado ilegítimo o grupos organizados de la extrema derecha.
Elementos como la retroactividad de la aplicación de la ley a efectos de prestaciones a las víctimas o la cuantía de las mismas deben tener, al menos, un mismo trato, evitando así esa consideración desigual entre víctimas y, por lo tanto, las inevitables comparaciones y descalificaciones que en esta materia debemos evitar, por el exquisito cuidado y respeto que se merecen dichas víctimas.
Por ello, la inclusión de la consideración como víctimas de las personas afectadas por la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de la Memoria Histórica facilita la equiparación entre víctimas, al menos en una parte del reconocimiento de prestaciones, aun cuando la insuficiencia de aquella Ley 52/2007 no pueda ser paliada en su totalidad en este trámite parlamentario.
Otro planteamiento se apartaría notoriamente de la pretensión de la Ley de «evitar equidistancias morales o políticas» y traicionaría el propio espíritu que inspira la Ley.
Porque las actuaciones armadas de represión de personas que ejercían derechos humanos básicos pretendían, como se dice en el texto, «imponer un proyecto totalitario y excluyente» o expresaba el «uso de la violencia para imponer ideas políticas» y sus víctimas «simbolizaban», igual que las de ahora, la «defensa de la libertad y del Estado de Derecho».
Por otra parte, qué duda cabe que las descritas acciones de las fuerzas de orden público durante la dictadura atentaban contra derechos democráticos y, consecuentemente, contra la paz pública y seguridad ciudadana. Dichas acciones «golpeaban» a los «derechos democráticos» como luego, restaurada la democracia, el terrorismo golpea a las «sociedades democráticas», con las mismas consecuencias de violación de derechos humanos y «cosificación de las personas».
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. I.
De modificación del cuarto párrafo del apartado I del Preámbulo
Las víctimas del terrorismo y de las ilegítimas acciones armadas de los poderes públicos durante la dictadura franquista constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a quienes atentan contra ambos. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas vean respetados sus derechos y asegurarán la tutela efectiva de su dignidad.
En coherencia con la enmienda anterior en lo referente a las víctimas del franquismo.
En lo relativo a la actuación genérica de los poderes públicos respecto de los derechos de las víctimas y la tutela de su dignidad, ha de reconocerse, ya desde la exposición de motivos, la necesidad de que aquella actuación no se considere como una mera función de «velar», sino como una responsabilidad más fuerte: la de «garantizar» y asegurar, en la misma medida en la que se garantizan el resto de los derechos fundamentales de las personas.
De modificación del noveno párrafo del apartado I del Preámbulo
Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir al Estado democrático y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y libertad, del mismo modo que las acciones armadas de los poderes públicos o de los grupos ultraderechistas durante la dictadura franquista contra quienes ejercían o reclamaban derechos democráticos, afectaron negativamente a la convivencia en paz y libertad y golpearon los derechos humanos. En este sentido, esas acciones, más que otros delitos violentos, suponen la cosificación de las personas, a las que se pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes políticos, miembros de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, hombres y mujeres, niños y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva como medios para fines ideológicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia o para impedir el ejercicio de derechos democráticos envenena definitivamente a la sociedad y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia.
En coherencia con enmiendas anteriores, añadiendo la referencia a las víctimas por actos de organizaciones ultraderechistas, a los efectos de que, a la hora de aplicación de la Ley quede clara la voluntad del legislador de incluirlas en el ámbito de protección definido en el artículo 3.
La actual identificación de las acciones terroristas con los grupos armados que han llevado a cabo atentados violentos con posterioridad a la aprobación de la Constitución Española, no debe hacer olvidar ni fundamentar ningún trato desigual hacia aquellas víctimas de quienes igualmente pretendían imponer
un proyecto totalitario, mediante la eliminación física de personas que defendían la aplicación de los derechos y libertades ciudadanas en nuestro país.
Muchas han sido las personas fallecidas a manos de grupos de la ultraderecha hasta la publicación de la Constitución Española y, en su consideración de víctimas de actos terroristas, han de quedar claramente integrados en la definición desarrollada en el artículo 3 de la ley. Por ello, para evitar dudas interpretativas o de aplicación posterior, la presente enmienda tiene la virtualidad de aclarar la voluntad del legislador.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo II.
De modificación del párrafo décimo del apartado II del Preámbulo
Esta ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos, al igual que lo fueron las víctimas de las acciones armadas de las fuerzas de orden público contra quienes ejercían o defendían esos mismos derechos humanos durante el franquismo. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo o las ilegítimas acciones armadas de fuerzas públicas durante el franquismo.
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 afirma en su apartado 8 que «se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.»
El apartado 9 de la misma Declaración afirma que «Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.»
Esta definición de la consideración de «víctimas» es claramente aplicable a quienes fallecieron hasta la aprobación de la Constitución Española a manos de unos cuerpos de seguridad del estado que tenían precisamente como una de sus misiones centrales la represión de quienes reclamaban derechos democráticos y de quienes defendían o ejercían derechos humanos básicos.
Por otro lado, la referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se efectúa toda vez que los valores constitucionales a los que se hace referencia tienen como reconocimiento previo dicha Declaración, que constituyó un hito histórico que hay que reivindicar también en relación con quienes han visto violentamente impedido el ejercicio de sus derechos básicos, entre los que se encuentra el de la vida, la libertad y la salud.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.1.
De modificación del apartado 1 del artículo 2
1. Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo, restaurar la convivencia y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.
Se trata con esta enmienda de ofrecer una mejora en la redacción que refleje realmente la descripción de los valores que fundamentan la ley.
En primer lugar, porque lo que se busca es la defensa del estado democrático y de derecho, y no exclusivamente el estado de derecho. Hay que recordar que también los estados con regímenes dictatoriales pueden ser, y lo han sido a lo largo de la historia, estados de derecho.
En segundo lugar es obvio que el valor de la justicia se traduce tanto el evitar las situaciones de desamparo, como en el resarcimiento de las víctimas, el fomento y fortalecimiento de la convivencia y la persecución judicial de los autores de atentados.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.
De adición de un nuevo párrafo tercero en el artículo 3
Esta ley también será de aplicación, como complemento de la Ley 52/2007, a las víctimas de las acciones armadas de los poderes públicos dirigidas a impedir el ejercicio, reivindicación o defensa de derechos democráticos y de libertades ciudadanas durante la dictadura franquista y hasta la publicación de la Constitución Española, siempre que durante dichas acciones armadas, las víctimas no hubiesen realizado actos graves de violencia contra las personas. Dichas víctimas se consideran incluidas en todas las menciones que a las «víctimas del terrorismo» se hacen a lo largo de esta ley.
En coherencia con las enmiendas anteriores
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 40.1.
De modificación del apartado 1 del artículo 40
Artículo 40. Régimen específico de asistencia a las víctimas en el sistema educativo:
1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia educativa deberán establecer un sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo … (el resto igual).
Se pretende cambiar el carácter potestativo («podrán») referido a la introducción del sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo en materia educativa, por el carácter imperativo del mismo.
Si realmente se considera conveniente un especial apoyo a las víctimas del terrorismo para la continuación de sus estudios, no debe dejarse este apoyo a la consideración de cada responsable en materia educativa. La obligatoriedad de introducir el sistema de atención específica deja un amplio margen para la determinación de sus características, en función de la situación concreta de la víctima que en cada caso sea motivo de atención.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.
De adición de una nueva Disposición final
Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de la Memoria Histórica, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978.
1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.
Quienes hubieran percibido indemnizaciones por cuantías inferiores por este mismo concepto, podrán solicitar, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de esta ley, el abono de las diferencias que pudieran corresponderles. Asimismo se reconocerán las prestaciones mencionadas.
El mismo plazo tendrán las personas que ostentan el derecho a estas prestaciones por fallecimientos producidos entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978.
Se pretende evitar, con esta enmienda, un trato injustificadamente diferenciado y, por lo tanto, discriminatorio entre unas víctimas y otras. Así, no resultaría aceptable que para las personas fallecidas en defensa de la democracia o los derechos civiles durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977 se fije una indemnización de casi la mitad que la reconocida a las víctimas de acciones de organizaciones terroristas (135.000 euros en el primer caso y 250.000 euros en el segundo caso, más la indemnización por responsabilidad civil).
El mantenimiento del trato desigual entre víctimas supondría un doble agravio a quienes, reconocidos como tales en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, se les ha privado también del derecho al enjuiciamiento de los responsables de los fallecimientos y daños personales, eliminando así la responsabilidad civil que, en su caso, podría haberse fijado en Sentencia.
En el mismo sentido, carece de justificación el diferente trato temporal entre unas y otras víctimas, toda vez que a las víctimas de la dictadura únicamente se les reconoce indemnizaciones por fallecimiento a partir del 1 de enero de 1968. Evitar esa injustificada diferenciación obliga a que se iguale el periodo a considerar desde el 1 de enero de 1960, aun cuando esta fecha se siga considerando como un periodo aleatorio que deja fuera a miles de víctimas desde la guerra civil hasta 1960.
Por último, no deben quedar fuera de protección las víctimas de actos violentos, fundamentalmente a manos de grupos organizados de la extrema derecha, cometidos hasta la misma publicación de la Constitución Española, puesto que hasta ese mismo momento se produjeron asesinatos de defensores de la democracia y de la libertad o de personas que simplemente ejercían cívicamente sus derechos humanos.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 20 enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título de la Proposición de Ley.
Se modifica el título de la ley
Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y de la violencia política.
Por creerlo conveniente.
Se suprime el párrafo sexto del apartado II del Preámbulo
En segundo lugar...» y finaliza por «de ningún tipo de aseguramiento».
El Preámbulo de la Ley establece «La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan dirigidos o no contra “intereses españoles”, sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.»
A pesar de esta manifestación de voluntad del legislador, en el cuerpo de la Ley se distingue a estas víctimas que sufren atentados en el extranjero estableciendo un sistema indemnizatorio especial bajo la denominación «ayudas excepcionales por daños sufridos». En ningún caso deberían ser ayudas excepcionales, ya que todas las personas deben ser tratadas por igual, es decir, lamentablemente todas son víctimas del terrorismo sin distinción alguna.
En razón de este trato en la ley como víctimas en el extranjero beneficiarias de ayudas excepcionales, éstas, tienen menos derechos. La Ley les limita a estas víctimas las indemnizaciones a percibir; «así se ha fijado la cuantía del cincuenta por 100 para quienes tengan residencia habitual en el país en que se produzcan los daños; un cuarenta por 100 para quienes no teniendo la residencia habitual en el país dispongan de algún tipo de aseguramiento y un treinta por 100 para quienes no dispongan de ningún tipo de aseguramiento», se expone en la exposición de motivos.
Distinción del todo absurda, pues: si la víctima tiene residencia habitual en ese país, es más posible que pueda ser beneficiaría en dicho país de las indemnizaciones pertinentes o pueda más fácilmente realizar las reclamaciones oportunas, y si se dispone de algún tipo de aseguramiento éste no podrá utilizarse por tratarse de una causa excepcional que exime a las compañías aseguradoras del pago de las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, una persona extranjera, no residente, víctima de un atentado en España de un grupo que no opera habitualmente en España, tiene derecho al 100 por 100 de las indemnizaciones previstas y no se considera un supuesto de ayuda excepcional. Por lo que tendrá acceso a todos los derechos previstos en la Ley y además podrá obtener la nacionalidad española.
Una persona con ciudadanía española si sufre un atentado en otro país no percibirá del Estado Español este 100 por 100, y aunque tampoco lo perciba del Estado donde se haya producido el atentado. Además, de acuerdo con el actual redactado de la ayuda excepcional, estas víctimas en el extranjero «tendrán derecho a percibir, exclusivamente una ayuda económica, en los términos...», y el resto de ayudas y derechos previstos, no? No podrá ejercer los derechos laborales, en materia de vivienda, ayudas educativas, no tendrá asistencia sanitaria de urgencia, psicológica y psiquiátrica... Esta distinción que propone el legislador lleva al absurdo.
Se modifica el apartado 1 del artículo 2
1. Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad y justicia. Memoria, que mantenga vivo el recuerdo de su involuntario sacrificio en pro de la sociedad. Dignidad, simbolizando en la defensa del honor de las víctimas. Justicia, para el resarcimiento de las mismas y la condena penal de los terroristas.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.2.e.
Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 2
e) Consagrar, enumerar y garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.2.h.
Se suprime la letra h) del apartado 2 del artículo 2.
Se modifica el párrafo primero del artículo 3.
La presente ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen violentamente con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente mediante la violencia terrorista la paz pública y la seguridad ciudadana.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.
Se modifica el artículo 6
1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española y siempre que las víctimas sean españolas, fuera del territorio español.
2. Asimismo, será aplicable a las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de atentados terroristas, realizados por personas integradas en bandas o grupos armados.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.1.
Se sustituye el redactado del artículo 6.1
1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones, se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española.
Igual justificación que la enmienda de supresión del párrafo sexto, del apartado II del Preámbulo.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.2.
Se sustituye el redactado del artículo 6.2
2. Asimismo, será aplicable a las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.
Se modifica el artículo 7
Las disposiciones de !a presente ley serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido desde el 6 de octubre de 1977.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.
Se modifica el artículo 8
1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos.
La Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los citados protocolos; en ambos casos la elaboración de dichos criterios y protocolos deberán estar en vigor antes de un año desde la publicación de esta ley.
2. Para conseguir la máxima eficacia en la ejecución de los protocolos, las Administraciones Públicas establecerán mecanismos específicos de coordinación y cooperación que comprenderán la creación de unidades o puestos de mando integrados por los responsables de los distintos servicios intervinientes, que serán los responsables últimos de las actuaciones ante el atentado terrorista.
3. Corresponde al Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y de la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos, en el tiempo previsto en el párrafo 1 de este mismo artículo.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.1.
Se modifica el apartados 1 del artículo 11
1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán conjunta y coordinadamente, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que corresponda.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.3.
Se modifica el apartado 3 del artículo 11
3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, incluyendo la asistencia y acompañamiento de traductor, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.
Se modifica el artículo 12
La Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá los gastos de traslado, sepelio, inhumación y/o incineración e inhumación de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22.
Se modifica el enunciado del artículo 22
Artículo 22. De las ayudas a las víctimas del terrorismo que sufran atentado terrorista fuera de España.
Se sustituye el redactado del artículo 22
Artículo 22. Daños sufridos en el extranjero.
1. En el supuesto que las víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional recibieran una compensación o ayuda económica por el Estado donde se haya producido el atentado, deberá reintegrar al Estado español la cantidad que haya recibido de este en razón de la presente ley. Aun así, si la indemnización a percibir en el exterior fuera inferior a la establecida en España, el Estado español abonará la diferencia.
Igual justificación que la enmienda de supresión del párrafo sexto del apartado II del Preámbulo.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22.1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 22
1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 50 por 100 de las cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo.
Si el español no tuviera su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40 por 100 de las cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo, siempre que disponga de algún tipo de aseguramiento, y el 30 por 100 de dichas cantidades si no dispone de ningún tipo de aseguramiento.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
Se añade una nueva disposición adicional
Disposición adicional (nueva).
El Gobierno, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, modificará el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, para suprimir de entre las causas que imposibilitan la percepción de las indemnizaciones contenidas en el artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a quienes hayan pertenecido a bandas o grupos armados.
El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con
la finalidad de que sean consideradas, en su caso, beneficiarias de las indemnizaciones previstas en la presente ley.
El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política desde el 6 de octubre de 1977 hasta la entrada en vigor de la Constitución española, con la finalidad de que sean consideradas, en su caso, beneficiarias de las indemnizaciones previstas en la presente ley.
Artículo Enmendante N.º de enmienda
Título GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  20
Preámbulo Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 7
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 8
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 9
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX)  10
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 12
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 13
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 14
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 15
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  21
Artículo 2 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 16
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 22
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 23
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  24
Artículo 3 GP de Senadores Nacionalistas (GPSN)  1
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 17
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  25
Artículo 6 GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 2
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 3
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN)  4
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 26
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 27
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  28
Artículo 7 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  29
Artículo 8 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  30
Artículo 11 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 31
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  32
Artículo 12 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  33
Artículo 20 GP de Senadores Nacionalistas (GPSN)  5
Artículo 22 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 34
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 35
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  36
Artículo 40 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  18
Anexo I GP de Senadores Nacionalistas (GPSN)  6
Disposición adicional primera GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)  11
Disposición adicional nueva GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 37
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 38
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  39
Disposición final nueva GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 19