Source: http://www.luispetri.com.ar/ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
Timestamp: 2017-11-21 02:16:44
Document Index: 49423617

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 75', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 12', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 20', 'Artículo 21']

Ley de acceso a la información pública | Luis Petri
Politicas de Transparencia, Proyectos de ley, Uncategorized
La información es a la democracia
como la soberanía a los pueblos
El presente proyecto de ley tiene por objeto reglamentar el acceso a la información pública en nuestra Provincia.
Es de destacar que en la elaboración del presente proyecto se ha contado con la inestimable colaboración y aporte de entidades de gran prestigio en lucha por el reconocimiento y reglamentación del derecho de Acceso a la Información Publica, en el ámbito Nacional y Provincial, como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, FAVIM, ADC (Asociación de Derechos Civiles), que sin duda han enriquecido esta iniciativa.-
Los aportes realizados se acompañan y forman parte de los fundamentos del presente proyecto.
El derecho de Acceso a la Información Publica es entendido como parte integrante de un derecho más amplio como es el derecho a la Información, teniendo raigambre constitucional en nuestro país.
Así, el conjunto de derechos y libertades relacionadas con la comunicación pública de ideas, el acceso a la información y a las noticias han tenido y tienen diversas denominaciones, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión, etc.
Pero estos conceptos no son sinónimos entre sí, ni mucho menos, aún equivalen al derecho a la información, en la medida que este derecho es más amplio, ya que resulta un haz de derechos y libertades que se dirigen a la expresión y a la comunicación pública de ideas y noticias.
La inclusión de este derecho de acceso a la información en la Constitución Argentina por la Reforma de 1994 persigue fines concretos: promover la transparencia en la función pública, combatir la corrupción, ayudar a la participación de los ciudadanos, etc. Fines consagrados por Tratados Internacionales y legislaciones de varios países del mundo que buscan mejorar y transparentar el funcionamiento de las Instituciones del Sistema Democrático.
El efectivo ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos monitorear y controlar la función pública, formar opinión sobre diversos temas y participar en el debate político, incrementando la transparencia en la gestión del Estado y mejorando consiguientemente la calidad de sus instituciones.
Es vital entonces, que una ley determine con claridad mecanismos sencillos para que todos los ciudadanos puedan acceder a todo aquello comprendido que revista la categoría de “INFORMACIÓN PÚBLICA”.
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL SISTEMA DEMOCRATICO
Es de señalar cómo el ejercicio de este derecho es instrumental al funcionamiento de la democracia y de la economía.
En primer lugar, contar con información general sobre el funcionamiento del sector público facilita que las personas conozcan de qué manera actúan los poderes del estado y por ende cómo pueden peticionar a las autoridades respecto de sus derechos.
En segundo lugar, el acceso a la información permite ejercer acciones de control sobre la gestión pública. Un ejemplo concreto es la disponibilidad de información oportuna, completa y consistente relativa al presupuesto – en sus etapas de formulación, aprobación, aplicación y control-. Tal información permite articular acciones de seguimiento y control de los recursos que se destinan a las distintas políticas públicas. Este tipo de acciones se enfocan en el funcionamiento de las instituciones.
En tercer lugar, el acceso a la información permite ejercer el control de la gestión pública a partir del seguimiento del comportamiento de quienes la integran. Por ejemplo, la Ley 25.188 de Ética Pública establece la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del estado. El acceso a la información contenida en estos instrumentos permite tanto el seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios, como la detección de situaciones de incompatibilidad y conflicto de intereses.
En cuarto lugar, el acceso a la información asociado con los procedimientos de formulación de políticas públicas que facilitan la participación ciudadana, permite incrementar los niveles de legitimidad e imparcialidad en la definición de las tales políticas. El Decreto Nacional 1172/03 de Acceso a la Información Pública, redactado a partir de la experiencia de la Oficina Anticorrupción, incorpora procedimientos que combinan el acceso a la información con mecanismos participativos en la definición de la decisión pública.
En el plano económico el adecuado acceso a la información permite tomar mejores decisiones acerca de las opciones que tienen a disposición. Del mismo modo, los mecanismos de acceso a la información previstos en el ámbito de la regulación de las empresas prestadoras de servicios públicos, posibilitan a los consumidores conocer e intervenir en las decisiones críticas.
Disposiciones similares que regulan el acceso a la información respecto del impacto ambiental producido por la actividad económica, garantiza la defensa de derechos de esta naturaleza y facilitan la protección del interés público.
Diversos estudios confirman que los países en los cuales existe mayor y mejor información acerca de la actividad de los agentes económicos – mercados de valores transparentes, acceso a información contable, protección de derechos de accionistas minoritarios, información sobre entidades financieras confiable y oportuna – registran niveles de crecimiento más sostenido. Más aún, los trabajos producidos por Vito Tanzi, Joseph Stiglitz y Gastón Gelos y Shang-Jin Wei – por mencionar algunos – confirman que existe un vínculo entre la pobreza, la inequidad en la distribución de recursos y el subdesarrollo – por una parte – y la corrupción y falta de información por el otro.
Es fácil reconocer cómo la información que permite construir la confianza en el sistema político tiene su correlato en la actividad económica, donde produce el mismo efecto.
Lo que es más difícil de reconocer, a pesar de todas las ventajas que presenta el acceso a la información, son las razones por las cuales nuestro Congreso de la Nación no ha dado aun aprobación al proyecto de ley respectivo.
EL ACCESO A LA INFORMACION EN LA CONSTITUCION
Nuevos derechos y garantías fueron incorporados a la Constitución Nacional como cierre de la Primera Parte de las Declaraciones, Derechos y Garantías y a ellos se dedicaron los nuevos artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.
La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1, 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales
El artículo 41 obliga al Estado Nacional a proveer información y educación ambiental. Mediante este artículo, los constituyentes impusieron a las autoridades de la Nación informar a los habitantes sobre las condiciones ecológicas en las que se encuentra el país, a fin de obtener la protección del derecho al ambiente sano y la preservación de los recursos naturales.
Por su parte en el artículo 42 establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, de intereses económicos; a una información adecuada y veraz.”
Finalmente, hace mención respecto al secreto de las fuentes de información periodística, a raíz de la inclusión constitucional del llamado hábeas data.
Este hábeas data es una forma especial de solicitar amparo a la justicia en caso de violaciones de ciertos derechos constitucionalmente reconocidos. El Art. 43 lo establece de la siguiente forma:
“Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, confidencialidad o actualización de aquellos”.
ACCESO A LA INFORMACION EN
Por vía de la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos, los nuevos derechos y garantías resultan trascendentales para la consagración del Derecho a la Información como derecho constitucional en la Argentina.
Por una parte, la aceptación con rango constitucional en el Art. 75 inciso 22 -entre otras- de la Declaración de Derechos Humanos de París de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 implica que el Derecho a la Información ha sido reconocido con jerarquía supralegal.
Con respecto al interrogante acerca de qué quiere decir el constituyente cuando atribuye a ciertos tratados jerarquía constitucional, Ekmekdjian en su obra Derecho a la Información señala que la doctrina que se ha ocupado del tema puede resumirse en dos corrientes:
1-	Una sostiene que los tratados mencionados en el Art. 75 inciso 22 se hallan en un plano jerárquico inferior a la Constitución Nacional
2-	Por el contrario, otra sostiene que los tratados mencionados en el Art. 75 inciso 22 se encuentran en un mismo plano jerárquico que la Constitución Nacional.
Así como se introdujo el Derecho a la Información como un plexo de facultades en la Declaración de Derechos Humanos de París de 1948, que no tiene fuerza de ley sino que sólo cuenta como declaración institucional, existen otros tratados internacionales que reconocen este derecho en similares términos, entre ellos:
– La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada por la ONU el 16-12-1966.
– La Convención Europea de los Derechos del Hombre, aprobada por el Consejo de Europa el 4-11-1950.
– La Declaración de los Derechos Civiles, Políticos y Culturales de Teherán (1973).
– El Acta de Helsinki de 1975.
Pero la introducción del Derecho a la Información como derecho positivo en la Argentina se realiza a través del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que se aprobó por ley 23.054 en marzo de 1984.
El artículo 13 de este Pacto prevé:
1.	Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2.	El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.
Nos hemos referido a diversas conceptualizaciones que la doctrina y los pactos internacionales señalan sobre el derecho a recibir información.
También nuestra jurisprudencia se ha expresado al respecto no con menos fuerza:
“El Derecho de Información, de naturaleza individual, adquiere conexión de sentido con el Derecho a la Información, de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la cultura y las manifestaciones del espíritu como derecho humano esencial.” (Vago, Jorge c/Ediciones de la Urraca SA y otro. LL 1992-B-367, con nota Carlos Colautti DJ 1992-2,89, ED,195,516) Causa V.91 XXIII.
“Ya no basta que un gobierno dé cuenta al Pueblo de sus actos; sólo por medio de la más amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito y responsabilidad de las autoridades intervinientes. Dentro de ese marco, las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social, ya que su actividad está dirigida al bien de la sociedad, y por tanto, de todos y cada uno de sus miembros” (Ekmedjian c/Sofovich LL 1992-C—543-DJ-1992-2, 296 ) Causa E.64-XXIII.
“La libertad de expresión consiste en asegurar a los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la República en un momento dado.” (Servini de Cubría M.R. s/amparo LL 1995-B,253,DJ,1995-1-908-ED-158,607) Causa S.289, S.303, S.292 XXIV.
Sólo mencionaremos como antecedente el de países que por su antelación en el tiempo en el reconocimiento de este derecho, o la repercusión y la regulación del mismo en el sistema democrático y/ o su tradición en el respeto de la libertades individuales; tomamos como destacables.
La Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA) fue sancionada en 1966 y entró en vigencia en 1967. Fue numerosas veces enmendada, y su más reciente modificación fue en 1996 con la Ley de Acceso a la Información Electrónica.
La norma habilita a toda persona u organización, más allá de su nacionalidad o país de origen, a solicitar información contenida por los organismos del gobierno nacional.
Los organismos incluidos en esta norma son los correspondientes del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, las empresas del Estado y otros organismos que tengan funciones de gobierno, excepto el Congreso, las Cortes, personal de la Casa Blanca en directa relación con el Presidente.
Las agencias del gobierno deben responder en 20 días.
Existen nueve tipos de excepciones: seguridad nacional, reglas internas de las agencias, información protegida por otros estatutos, información sobre negocios, memorándums efectuados dentro y entre organismos del gobierno, privacidad, ejecución de la ley registro, información sobre inteligencia y seguridad nacional, instituciones financieras y datos sobre pozos de petróleo. Hay 142 estatutos diferentes que permiten la denegatoria a otorgar información.
Las apelaciones por denegatorias o las quejas por exceso en el plazo de tiempo previsto pueden ser hecho de manera interna a la propia agencia de gobierno. La Corte Federal puede rever las decisiones de estas agencias.
El artículo 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789, reconoció la libertad del acceso a la información sobre el presupuesto: “Todos los ciudadanos tienen el derecho a decidir, sea personalmente o por medio de sus representantes, sobre la necesidad de las contribuciones públicas; y a saber con qué destino se emplean.”
La Ley sobre Acceso a Documentos Administrativos de 1978, reconoce a todas las personas un derecho a acceder a documentos administrativos en manos de agencias públicas.
Estos documentos incluyen “archivos, reportes, estudios, minutas, estadísticas, órdenes, instrucciones, circulares ministeriales, memorandos, o respuestas que contengan una interpretación del derecho positivo, o una descripción de los procedimientos administrativos, recomendaciones, proyecciones y decisiones originadas en el Estado, las autoridades territoriales, las instituciones públicas o las organizaciones públicas o privadas que presten un servicio público.”
Los documentos que sean “instrumentales para una decisión administrativa…” no estarán disponibles hasta que la decisión se haya adoptado.
Existen también excepciones obligatorias para la exhibición de documentos cuando ello pudiera:
1. Dañar el secreto de los procedimientos del gobierno y cierta autoridades que estén bajo la órbita del poder ejecutivo; el secreto en materia de defensa nacional; la conducción de la política exterior de Francia; la seguridad del Estado, la seguridad pública y la de los individuos; la moneda y el crédito público; la conducción apropiada de los procedimientos iniciados ante la justicia o de las operaciones preliminares a dichos procedimientos, salvo que exista autorización de parte de la autoridad en cuestión; las acciones llevadas a cabo por los servicios con competencia para detectar infracciones impositivas y aduaneras; o los secretos protegidos por la ley.
2. Los documentos cuya exhibición dañaría la privacidad personal, los secretos comerciales o industriales, que contengan un juicio de valor sobre un individuo o una descripción de la conducta de un individuo sólo pueden ser facilitados a la persona involucrada.
La Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (La Comisión d’accèss aux documents administratifs –CADA-) está encargada de la supervisión o el monitoreo.
La Ley de Acceso a la Información fue adoptada en Noviembre de 2000 después de 20 años de discusiones y debates.
Esta Ley le da a cualquier persona el derecho de acceder a toda información en manos de autoridades públicas. Los organismos del Estado deben responder en 20 días hábiles
Existen tres categorías de excepciones. Bajo la categoría de “excepción absoluta” se encuentran comprendidos: los registros de la Corte, la información estrictamente personal, información relacionada con o de los servicios secretos, información obtenida bajo estrictas condiciones de confidencialidad, información protegida por otra ley.
Bajo la categoría “clase clasificada de excepción”, la información puede ser retenida si así se lo determina.
Esto incluye información relacionada a formulación de políticas del gobierno, seguridad nacional de salvaguardia, investigaciones, comunicaciones reales, privilegio legal, seguridad pública o recibida por gobiernos extranjeros.
La tercera categoría es una clase más limitada de excepción, donde los organismos del gobierno son quienes deben mostrar los perjuicios a sus intereses específicos que esgrimen para retener la información solicitada.
Esto incluye información relacionada con defensa, relaciones internacionales, economía, prevención del crimen, intereses comerciales, o información que puede perjudicar el efectivo cause de los asuntos públicos.
Los organismos públicos están también obligados a publicar un esquema con sus estructuras, actividades y categorías de información que serán “liberadas” automáticamente.
Hasta que la Ley de Acceso a la Información no entró en vigencia, existía un Código de Prácticas para el Acceso a la Información del Gobierno que permitía el acceso a registros del Gobierno y tenía 15 excepciones.
Los solicitantes de información que no estaban satisfechos podían quejarse vía un miembro del Parlamento al Ombudsman parlamentario si su solicitud era denegada.
Suecia tiene una larga historia de libertad de información, dado que el país aprobó la primera ley de libertad de información del mundo –el Acta de Libertad de Prensa- en 1766.
El Acta exigía que los documentos oficiales “fueran inmediatamente puestos a disposición de cualquier persona que efectuara un pedido”, sin cargo. La versión actual del Acta (Freedom of the Press Act), que forma parte de la Constitución, fue adoptada en 1949 y reformada en 1976.
El capítulo 2, sobre la Naturaleza Pública de los Documentos Oficiales, establece que “cualquier ciudadano sueco tendrá libre acceso a los documentos oficiales.”
Las autoridades públicas deben responder inmediatamente a los pedidos de documentos oficiales. Los pedidos pueden estar formulados de cualquier forma y pueden ser anónimos.
Cada autoridad está obligada a llevar o conservar un registro de todos los documentos oficiales y la mayoría de los índices están disponibles al público.
Esto permite que cualquier ciudadano pueda ir a la oficina del Primer Ministro a ver copias de toda su correspondencia. Existe actualmente un esfuerzo por hacer que los registros estén disponibles electrónicamente.
Hay cuatro excepciones a la obligación de registro: documentos que son de poca importancia sobre las actividades de los funcionarios; documentos que no son secretos y que son conservados de un modo que pueda verificarse si han sido recibidos o elaborados por el funcionario; documentos que son conservados en grandes números y que el gobierno ha exceptuado de acuerdo a la ordenanza que regula el secreto; y registros electrónicos ya registrados y disponibles en otro ministerio.
ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS
El derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional mediante la inclusión en el artículo 75 inc 22, de pactos y convenciones internacionales de derechos humanos. Este reconocimiento es un paso fundamental hacia el ejercicio efectivo del derecho.
El Decreto 1172/03 que regula, entre otros institutos, el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
El Decreto fue un paso importante no sólo para la regulación del derecho, sino también para el establecimiento de herramientas de participación ciudadana como las audiencias públicas, la gestión de intereses, las reuniones abiertas de los entes reguladores y el mecanismo de elaboración participada de normas.
Según el decreto, cualquier persona puede acceder a la información generada o almacenada por el Estado Argentino y contiene un régimen de responsabilidades para los funcionarios en la provisión de información.
El texto del Reglamento resguarda principios y requisitos mínimos recomendados en las normativas de acceso a la información acorde a los estándares internacionales en la materia.
Mientras que la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia fue establecida como autoridad de aplicación, la Oficina Anticorrupción fue designada como el organismo de recepción de denuncias en caso de incumplimiento de la normativa.
El Reglamento General de Acceso a la Información Pública entró en vigencia a fines de abril de 2004, para permitir que las oficinas públicas pudieran preparase internamente.
Numerosas Provincias y Municipios han reconocido el Derecho a la Información en sus sistemas jurídicos, a través de la Constitución Provincial, Legislación local o Cartas Orgánicas Municipales.
Es de destacar que en algunas Provincias como Misiones, Entre Ríos, Salta, donde la regulación está instrumentada por decreto, podría suscitarse una dificultad de aplicación teniendo en cuenta la vigencia de leyes de procedimiento administrativo que impone la obligatoriedad de invocar derecho subjetivo e interés legítimos, de allí la imperiosa necesidad de otorgar jerarquía legal a la normativa que pretendemos impere en nuestra provincia.
Esto es quiénes resultan titulares del derecho y por tanto pueden acceder a la información pública obligando a los sujetos requeridos.
En este aspecto existe claramente una evolución de las legislaciones recientes en nuestras provincias, con respecto a aquellas sancionadas con anterioridad en el tiempo.
La ley 3764 de la Provincia de Chubut habla de que “Todo habitante de la Provincia tiene el derecho de libre acceso a las fuentes de información”.
Mientras que la Ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si bien habla de toda persona no menciona expresamente a las personas jurídicas como lo establece la ley 12465 de la Provincia de Buenos Aires.
El Artículo 1 de la ley 104 dispone: “Toda persona tiene derecho a…solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna…”, no mencionando expresamente a las personas jurídicas.
El proyecto presentado, en su Artículo 1º establece como sujeto activo a que toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar información. Estableciendo un criterio amplio de legitimación activa, en consonancia con la más moderna doctrina y legislación en la materia.
En referencia a los sujetos obligados a brindar información el proyecto presentado, se acerca en su redacción a Ley 104 Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en su Art. 1º expresa: “cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas…etc.”.
Por el contrario la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley 12.475 utiliza una fórmula genérica en su Art. 2º al disponer: “…los órganos públicos del Estado provincial” y resultando por tanto de alcance mas limitado.
Nuestro Proyecto en forma amplia y exhaustiva, define en el Art. 1º los sujetos obligados al decir los “Organismos de la Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, y de toda otra Sociedad Comercial en donde el Estado Provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; Concesionarios de Servicios Públicos; los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto ejerzan función administrativa y entes públicos no estatales”.
Un párrafo destacado del proyecto que merece mencionar es incluir entre los sujetos obligados a los entes públicos no estatales, como lo son los Colegios Profesionales, quienes conforme a los recientes fallos jurisprudenciales tienen la obligación de proporcionar información pública.
ALCANCE DE LA INFORMACION
En cuanto al alcance de la información a la cual acceder existe, más allá de las limitaciones que todas las legislaciones imponen a este derecho, dos posturas bien marcadas, una amplia y otra restringida. Notoriamente el uso de una redacción más sucinta y de apariencia amplia termina restringiendo el alcance de la información a la que se accede.
Así, en sentido restringido la Ley 12.475/00 de la Provincia de Buenos Aires se refiere a “ datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la ley.” También la Ley 4444/89 Jujuy en su art. 5 se refiere a “las resoluciones de carácter general y demás actos definitivos que dictaren”.
Mientras que el Art. 2º de la Ley 8803/99 Córdoba, como la Ley 104/98 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablan de la información que siendo creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control.
Entendemos la necesidad de adoptar el criterio que permita alcanzar el acceso más amplio a la información que el Estado posea, sea que la genere él mismo o no, o bien la controle por cualquier motivo o razón.
Por ello el Art. 2º del proyecto determina en forma amplia qué documentación es la que está obligada la administración pública a proporcionar de manera completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita, en este caso toda la que se encuentre en posesión y control cualquiera sea el formato. Y para el caso de que no tenga la posesión o el control de la misma deberá indicar el Organismo Competente para satisfacer la solicitud del requirente. La información deberá facilitarse para su examen, consulta y/o recepción en el formato en el que se encuentre al momento de efectuar la solicitud por parte del requirente.
El proyecto presentado, acorde a la más moderna legislación en materia de información pública, no requiere la expresión de causa o motivo de parte del solicitante a la hora de presentar el pedido.
Mientras Santiago del Estero y Jujuy destacan en sus respectivas legislaciones sobre la materia la imposición como requisito de la indicación del motivo, fundamento y/ o causa, el resto de la legislación de las provincias con buen criterio no lo hacen.
Éstas, expresamente luego de determinar que la solicitud no esta sujeta a formalidad, agregan: “sin que sea necesario indicar las razones que motivaron el requerimiento”. Como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido en la Ley 104/98, Córdoba dispuesta en la Ley 8803/99 y Chubut conforme a la Ley 3764/92.
Nuestro proyecto, no establece requisitos formales previos excluyentes para el ejercicio del derecho de acceso a la información.-
Los mencionados en la ley no se refieren a ninguna formalidad alguna, sino a la posibilidad de agilizar la solicitud, cuando el acceso a la información no resulte de manera inmediata, y a fin de dar cumplimiento con lo requerido por parte de los sujetos obligados.
Toda la legislación vigente en nuestro país y en las provincias referidas al acceso de la información publica cuando lo prevén, con la denegatoria agotan la vía administrativa y dan lugar al reclamo vía amparo por mora de la administración.
a- Buenos Aires la Ley 12.475/00 en su Art. 8º establece: “Contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el art. 7° podrán interponerse las acciones de amparo o hábeas data, según corresponda.”
b- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ley 104/98 en su Art. 8 y 10 establecen que en caso de denegatoria, queda habilitada la vía judicial a través de una acción de amparo. Quien obstruya el acceso a la información.
c- En Córdoba la Ley 8803/99 Art. 8º y 10º disponen que queda habilitada la acción de amparo por mora de la Administración en caso de que la demanda de información no se hubiera satisfecho.
El proyecto que presentamos para su consideración contempla la existencia de un recurso autónomo dentro de la administración pública, a los efectos de no generar un desgaste jurisdiccional innecesario y que mediante la vía recursiva pueda ser la propia administración quien rectifique el acceso incompleto o la negativa de información.
Con estos fundamentos y convencidos de la necesidad de brindar a nuestra comunidad la posibilidad de reglamentar sus derechos e informar sobre el quehacer y actuar del estado, en consonancia con el principio republicano de raigambre constitucional es que solicitamos al cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Mendoza, 30 de agosto de 2006
Comentarios de FUNDACIÓN FAVIM al proyecto de Ley de Acceso a la información Pública acercado por el Diputado Luis Petri
Hemos analizado atentamente cada uno de los puntos contenidos en su proyecto de ley y adjuntamos aquí nuestros comentarios y observaciones. Destacamos que nuestra opinión no constituye un dictamen jurídico acerca del proyecto, sino la opinión fundada de una organización que ha participado activamente en la discusión previa de proyectos de ley similares, y ha propiciado reformas en los mismos a partir la conciencia acerca de la importancia que tiene una futura Ley de Acceso a la Información Pública para perfeccionar las instituciones democráticas de la provincia y promover y efectivizar la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
Desde ya muchas gracias por su consulta, y esperamos que nuestra respuesta sea de utilidad.
Eliana Luna Irma Salinas de Neme
Coordinadora Presidenta FAVIM
Nuestros comentarios y agregados están resaltados en letra azul sobre el original.
PROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
ELABORADO POR DIP. LUIS PETRI
Artículo 1º.- Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita de los Organismos de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, y de toda otra (organización empresarial) sociedad comercial en donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; concesionarios de servicios públicos y los Poderes Legislativos y Judicial en cuanto a su actividad administrativa.
Pensamos que sería conveniente agregar un párrafo similar al del art. 1 de la Ley Modelo de la OEA, para evitar que en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial se malentienda que solicitar determinada información sobre las gestiones y proyectos de los legisladores (por ejemplo) no constituyen información administrativa:
“Este derecho de información también comprende el derecho a acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la Administración Pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no lesione un interés público preponderante o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero.
Este derecho también incorpora la posibilidad de formular consultas sobre las competencias y atribuciones de las entidades y funcionarios públicos que en ella laboran y a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre sus actividades en la ejecución de las competencias a su cargo”.
Artículo 2º.- Se considerará como información pública cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de las reuniones oficiales.
Deberá facilitarse el acceso y proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, informático o digital y en general cualquier otro formato que se encuentre en posesión y control del órgano (sujeto) requerido. En el caso de no encontrarse en posesión y control de la información solicitada deberá indicar el organismo competente para satisfacer la solicitud del requirente.
La información deberá facilitarse para su examen, consulta y/o recepción en el formato en el que se encuentre al momento de efectuar la solicitud por parte del requirente. El sujeto requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, excepto que se trate de información que el sujeto esté obligado a producir. (Este punto es importante incorporarlo, por que suele usarse como excusa para no entregar información el hecho de que la información que se solicita muchas veces no está elaborada de la manera en que ha sido pedida).
Artículo 3º.- Presunción de publicidad. Toda información producida u obtenida por los sujetos mencionados en el art. 1 se presume pública, salvo que se encuentre expresamente exceptuada por la ley, debiendo probar fundadamente quien alega la limitación al derecho de acceso a la información pública alguno de los extremos del art. 10 (excepciones)
A los fines de cumplir con esto… (Pensamos que aquí podría agregarse lo establecido en el art. 8, Índice de Información Pública)
Aquí podría considerarse agregar un art. similar al art. 9 y 10 de la mencionada ley modelo, ya que no hemos podido detectar en numerosos organismos la obligatoriedad de proporcionar información institucional.
De hecho, ante esta inexistencia firmamos con FAVIM en el 2003 o 2004 un Pacto de transparencia con el gobierno provincial por el cual entre otras cosas, éste ultimo se comprometía a implementar mecanismos para facilitar el acceso a este tipo de información en la Administración pública, hasta la fecha no se ha cumplido. Creo que esta ley es una buena oportunidad para insistir en la idea de que este tipo de información es obviamente información pública.
También, gradualmente, podría pensarse en avanzar hacia una incorporación de los contenidos del art. 11 de la ley de la OEA, aunque algunos de estos aspectos están regulados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y mientras no exista en la provincia presupuesto por programas es de difícil implementación.
Artículo 4º.- Requisitos. La solicitud deberá presentarse por escrito, sin otro requisito que:
a)	Identificación del sujeto al que se requiere la información
b)	La acreditación de identidad del solicitante y/o de la representación legal invocada en el supuesto de tratarse de personas jurídicas
c)	La constitución de domicilio para notificación y;
d)	La firma del requirente.
No podrá exigirse la manifestación del motivo de la requisitoria. Se deberá otorgar al requirente constancia del pedido.
Artículo 5º.- No podrá rechazarse la solicitud de información por incumplimiento de forma, salvo las establecidas en el artículo anterior. La autoridad de aplicación establecerá el formulario tipo para facilitar el pedido de acceso a la información.
“Si la solicitud es presentada a una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tiene por no ser de su competencia, la oficina receptora deberá enviar la solicitud a la administración competente para la tramitación conforme a los términos de la presente ley. En ningún caso la presentación de una solicitud a una oficina no competente dará razón al rechazo o archivo de una gestión de acceso hecha por un ciudadano.”
(Este párrafo es textual de la ley modelo de la OEA, nos parece importante que se incluya una aclaración similar, por que hemos analizado proyectos que incluyen la declaración de improcedencia de la solicitud en estos casos y nuestro argumento es decir que tal como son las cosas en la actualidad al ciudadano se le hace imposible determinar qué oficina tiene la información que requiere, y no cuenta con el debido asesoramiento. La improcedencia se evitaría de hecho si al momento de presentar la solicitud de información el ciudadano es bien atendido en las mesas de entrada y se le avisa en esos momentos si el organismo en cuestión tiene o no dicha información. Desde ya que la elaboración del Índice propuesto por este proyecto también sería de mucha utilidad para salvar estas situaciones).
Artículo 6º.- Gratuidad. El acceso y examen de la información es gratuito, no pudiendo cobrarse ningún tipo de arancel, cargo o tarifa para su efectivización. La información que se presta por medio de servicios de correo electrónico y acceso público por vía de internet será entregada en forma gratuita.
Artículo 7º.- Expedición y/o duplicación de copias. Son a cargo del requirente la expedición de copias simples y/o certificadas. El arancel fiscal fijado para este supuesto deberá ser razonable y calculado tomando como base el costo de suministro de la información a fin de no causar una carga excesivamente onerosa al órgano que entrega la información solicitada.
La autoridad de aplicación podrá determinar la reducción del arancel de (duplicación de la información) expedición de copias de la información, en los casos en que se declare que la información solicitada es de interés público.
Artículo 8º.- Todos los sujetos contemplados en el art. 1º deben confeccionar, actualizar y dar a publicidad un “Índice de Información Pública” (INDIP) que obre en su poder (posesión y/ control) para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
La autoridad de aplicación deberá controlar el efectivo cumplimiento (de lo preceptuado por el presente artículo) de la confección, actualización y publicitación del INDIP, a fin de optimizar el ejercicio de este derecho.
Artículo 9º.- Plazos. Las solicitudes de información deberán ser contestadas en un plazo no mayor de quince (15) días.
El sujeto podrá solicitar una prórroga excepcional por diez (10) días adicionales cuando la complejidad de lo requerido así lo exija, previa comunicación de las razones que fundan la prórroga antes del vencimiento del primer plazo al interesado.
Artículo 10º.- Límites al Derecho a la Información. La información solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos:
a)	Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales.
b)	Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.
c)	Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial;
(Cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en su etapa de secreto. Asimismo los jueces podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso).
d)	Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial o la propiedad intelectual.
e)	Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nº 25.323.
f)	Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados.
g)	Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o de cualquier tipo de que resulte protegida por el secreto profesional.
Artículo 11º.- Información parcial. En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrarse el resto de la información solicitada.
Artículo 12º.- Denegatoria fundada. La denegación total o parcial del pedido de acceso a la información deberá ser comunicada al solicitante por escrito, fundada razonablemente en alguna de las causales previstas por el art. 10 y toda otra normativa correspondiente y dispuesta por un funcionario con jerarquía superior o equivalente a Director.
Podría agregarse en este capítulo del proyecto un art. similar al art. 17 de la OEA, por que también hemos recibido y analizado otros proyectos que prevén que si la información solicita está disponible en forma “publicada”, se podría declarar la solicitud como improcedente, con lo cual volvemos a lo que afirmamos mas arriba, el ciudadano NO CONOCE todos los medios disponibles para encontrar la información y sería bueno que el organismo requerido conteste al menos dónde puede encontrarse la misma.
De los recursos autónomos de acceso a la información pública
Artículo 13º.- Recurso de apelación. Vencido el plazo para responder una solicitud de información establecido en el artículo 9, sin mediar solicitud de prórroga y no habiendo dado cumplimiento o siendo el mismo defectuoso injustificadamente, queda habilitado el Recurso Administrativo Autónomo de Apelación, el que podrá ser interpuesto ante el Superior jerárquico en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la denegatoria de la solicitud de información pública o del vencimiento del plazo del artículo 9.
Aquí se nos presenta una confusión por que de lo que entendemos de este artículo, este recurso puede ser presentado en estos casos:
–	Cuando no se respondió en los plazos del art. 9 y sin haber solicitado prórroga o vencida la prorroga.
–	Cuando se ha recibido una respuesta denegatoria que a criterio de solicitante no es justificada.
–	Cuando la respuesta ha sido recibida en tiempo pero no satisface al solicitante en cuanto a la forma o calidad de respuesta.
Tampoco se incluyen acá (y no sabemos si esto está previsto en otra ley) los plazos de respuesta para estos recursos, solo se ha colocado el tiempo que hay para interponerlo.
Artículo 14º.- Recurso de Alzada. Vencido el plazo establecido en el artículo 13 y no habiendo dado cumplimiento o siendo el mismo defectuoso injustificadamente de la solicitud de información publica queda habilitado el Recurso Administrativo de Alzada, el que será interpuesto ante la autoridad de aplicación de la presente ley en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación de la denegación de solicitud de acceso a la información pública o del vencimiento de igual plazo del art. 9.
Lo mismo con este articulo.
Entendemos que por lo que charlamos antes respecto de la posibilidad de que existan “cataratas de amparos” por la denegatoria de información se ha evitado en el proyecto la vía rápida, pero nos parece que este tipo de mecanismos administrativos no garantiza un acceso rápido (que es lo que justifica que directamente se pueda presentar amparos). De esta forma creemos que los plazos para la respuesta a la interposición de estos recursos debe acortarse el máximo posible y de ser necesario incluir en este proyecto la modificación de los arts necesarios de la ley de procedimiento administrativo y otras similares.
Artículo 15º.- Responsabilidad. El funcionario público que en forma arbitraria restrinja, lesione o conculque el derecho del solicitante a la información solicitada, quedará incurso en la causal de falta grave dando lugar a las actuaciones sumariales correspondientes, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.
Artículo 16º.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley la Dirección Provincial de Fiscalización y Control. (no sabemos cómo podría subsanarse el tema de la autoridad de aplicación para no interferir en los otros poderes)
Artículo 17º.- Los órganos enumerados en el art. 1 deberán disponer de sitios web que cuenten con información actualizada y sistematizada trimestralmente respecto de los actos, resoluciones, decretos y leyes que sancione o cumplimente en ejercicio de sus funciones, como así también de la reproducción de informes otorgados a los requirentes en cumplimiento de la presente ley. (esto está bien, si se incluye lo mencionado anteriormente respecto los aspectos funcionales, estructurales y de realización de tramites, etc)
Artículo 18º.- El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación establecerá las normas para que los organismos públicos adecuen sus sitios web garantizando un acceso rápido, fácil e integral, posibilitando sistemas de consulta on line.
Artículo 19º.- Invítase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente ley.
Artículo 20º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PROVINCIA DE MENDOZA
El derecho de acceso a la información pública está regulado en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, artículo 13) , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP, artículo 19), como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo XIX), consagran el derecho de todo individuo a buscar, recibir y difundir información de toda índole .
Constitucionalmente, si bien este derecho ya se encontraba establecido en el artículo 1° (sistema de gobierno democrático y republicano) y 14 (derecho de peticionar a las autoridades), es con la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que se consagra como un derecho humano fundamental, permitiendo su exigibilidad e imponiendo al estado argentino la obligación de garantizarlo. Dentro de este marco se encuentran los estados provinciales, dónde aún sin regulación específica podrá y deberá garantizarse el ejercicio de este derecho básico.
Específicamente, el acceso a la información es una condición de todo sistema democrático de gobierno y esta íntimamente relacionado con dos de los principios distintivos del
sistema republicano: la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración pública. De este modo, la información es concebida como una precondición del sistema democrático, del ejercicio de la participación ciudadana y de la libertad de expresión.
Si bien en el caso específico de Mendoza la Constitución no establece , explícitamente el derecho de Acceso a la Información, este surge de las disposiciones establecidas en el Art. 11º que dice: “Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones de palabra o por escrito, valiéndose de la imprenta u otro procedimiento semejante, sin otra responsabilidad que las que resulte del abuso que pueda hacerse de este derecho, por delito o contravención, y ninguna ley, ni disposición se dictarán estableciendo a su respecto medidas preventivas, o restringiéndolo o limitándolo de manera alguna”. De este modo entonces el derecho de acceso a la información pública tiene total vigencia, aunque sin lugar a dudas la sanción de normativa de este tipo permitirá una mejor y específica protección del derecho.
Desde hace algunos años varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática del derecho de acceso a la información pública, hemos desarrollado y consensuado ciertos principios básicos que una ley de acceso a la información debería contener. Estos requisitos han surgido de un trabajo compartido con distintos actores regionales e internacionales especialistas en la materia que sugieren que, a efectos de garantizar la eficacia de este derecho humano, una ley de estas características debe contar con ciertos principios, ellos son :
·	No sería necesario que el peticionante acredite los motivos por los que la información es solicitada.
·	Los plazos dentro de los cuales la información debería ser provista deben estar claramente establecidos en la norma.
·	El estado debe proveer toda la información que se encuentra en su poder, admitiendo excepciones taxativamente enumeradas.
·	Debe establecerse un sistema de sanciones para los responsables que nieguen injustificadamente proveer información.
·	Deben establecerse remedios judiciales rápidos que garanticen a la ciudadanía un remedio eficaz ante la violación de su derecho.
En definitiva la sanción de normativa sobre esta temática, sin duda favorece a construir gobiernos mas trasparentes; la información es no sólo un derecho, sino también una herramienta necesaria para asegurar otros valores democráticos como la eficiente gestión pública, la igualdad y la confianza en el sistema político.
II. Comentarios al Proyecto de Ley
A continuación se desarrollan algunos aportes en relación con el proyecto de ley de acceso a la información pública, aclarando que hemos trabajado sobre aquellas disposiciones que consideramos merecían comentarios o cambios.
II.1 Legitimación Pasiva – Sujetos Obligados (Art. 1)
El sujeto obligado a brindar información debe ser el estado entendido en sentido amplio. Esta concepción adquiere particular relevancia luego del fuerte proceso de privatizaciones producido durante la década del noventa.
En igual sentido podrían incluirse los entes públicos no estatales como por ejemplo pueden serlo un colegio de profesionales o una obra social, a fin de evitar exclusiones que pueden resultar de importancia .
II.2 Definición de Información Pública (Art. 2)
La definición consignada en el Artículo 2º del proyecto de ley que dispone “Se considerará como información pública cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de las reuniones oficiales.” resulta insuficiente y contradictoria. En efecto al tratarse de un derecho novedoso la redacción de las disposiciones debe ser lo más clara e inclusiva posible para evitar interpretaciones restrictivas que permitan sostener que información pública es “sólo” la mencionada en el artículo en estudio.
En este contexto, sugerimos destacar que información pública es aquella que hubiera sido obtenida, que esté bajo la posesión o que se encuentra en control del Estado (siempre que no se encuentre exceptuada por algunos de los limites previstos también en la norma). Y además vale recordar el principio rector en esta materia que establece que la regla es la publicidad –establecida en el art. 5 de éste proyecto- y las excepciones deben estar concebidas taxativamente en la norma.
II.3 Provisión de la información (Art. 3)
Acordamos con lo establecido en este artículo en relación a que la información debe considerarse pública y por tanto ser entregada sin distinción del formato en que se encuentre.
Sobre el modo en que debe realizarse la entrega de información destacamos que de los monitoreos efectuados y el análisis de experiencias diversas, aparece como ventajoso que las respuestas otorgadas por la Administración lo sean siempre por escrito dado que así se protege más adecuadamente el derecho de los ciudadanos. Las respuestas o indicaciones verbales pueden a veces no conducir efectivamente a la información requerida.
A su vez consideramos que la disposición del Articulo 3 que establece: “Provisión de la Información … En el caso de no encontrarse en posesión y control de la información solicitada deberá indicar el Organismo Competente para satisfacer la solicitud del requirente”, no es conveniente.Nuestra experiencia en la materia ha demostrado que en un alto porcentaje de casos la derivación a búsquedas de información hacia otras oficinas, o en páginas WEB genera complicaciones y desincentiva a los ciudadanos (más aún si por ej. consideramos que no toda la ciudadanía tiene acceso a Internet).
En este sentido, y dado que la norma propone que toda persona tiene derecho al acceso a la información, debemos prever sistemas que respeten tales principios.
II.4 Solicitud de Información y Rechazo (Arts. 6 , 7 y 8)
El articulo 6 prevé los requisitos que debe contener la solicitud de información, entre ellos establece que: deberá presentarse por escrito, acreditarse identidad; establecer los datos personales del solicitante y/o la representación invocada en el supuesto de tratarse de personas jurídicas; constituir domicilio y firmar. El articulo 7 dispone que las solicitudes que no se ajusten a estos requisitos serán
rechazadas (Rechazo de la solicitud.-No podrá rechazarse la solicitud de información por incumplimiento de forma, salvo las establecidas en el artículo anterior); a su turno el articulo 8 contempla que la Autoridad de Aplicación establecerá el formulario tipo para facilitar el pedido de acceso a la información.
En el análisis de este punto vale hacer una breve mención a la importancia y operatividad que debe dársele al principio de informalidad del procedimiento administrativo que está previsto a favor de los habitantes. Este principio asegura que el trámite de las actuaciones administrativas deberán juzgarse con amplitud de criterio y en favor del administrado no pudiendo disponerse rechazos siempre que no se traten de exigencias formales no esenciales.
Algunos autores agregan que el procedimiento administrativo es informal sólo para el individuo, quien es el único que puede invocar dicha garantía ya que el Estado no podría bajo éste pretexto eludir obligaciones normativas.
A partir de este principio, consideramos que las solicitudes de información también podrían ser efectuadas de manera oral o por vía electrónica. En este sentido, suponemos que obligar que la solicitud de información sólo se efectúe por escrito, estaría limitando el acceso exclusivamente a aquellos que pueden expresarse de ese modo. En la misma dirección destacamos que en un país con un alto índice de pobreza y problemas culturales , estas cuestiones deberían ser contempladas. Por cierto, la mayoría de las leyes de acceso a la información que existen en el mundo prevén la posibilidad de solicitar información de manera oral o electrónica. Particularmente, en nuestro país, la Ordenanza de Acceso a la Información del Municipio de Morón de la Provincia de Buenos Aires, también ha incluido esta posibilidad, dicha modalidad permite incorporar un antecedente muy valioso e innovador en la materia.
Otros aspectos a considerar tienen que ver con los requisitos de: la acreditación de identidad, la constitución de domicilio, la constancia de datos los personales. Según el articulo 7, sí tales datos no se consigan en la solicitud de información la
misma puede ser rechazada. Este tipo de medida no se encuentra acorde con los presupuestos básicos del derecho de acceso a la información. La solicitud de acreditación de identidad puede resultar una valla insalvable para aquellas personas que no posean documentación, es sabido que varios individuos suelen tener problemas de documentación y no logran acceder a un DNI o una Cédula (además ello es habitual en estratos de bajos recursos produciéndose entonces una doble estigmatización). Una situación similar se produce en el supuesto del domicilio, por un lado ello puede generar que sólo se acepten solicitudes que constituyan domicilio en el radio de la Ciudad produciéndose obvias restricciones, y del mismo modo puede suceder que algún individuo no tenga un domicilio fijo.
Vale aclarar que sí la pretensión de la norma consiste en tener la posibilidad de contactar al requeriente, podría cambiarse la redacción estableciendo que todo ciudadano deberá dejar “datos de contacto” .
También, en relación con la existencia de un formulario para uso de los requerimientos, en efecto creemos que sólo deberá ser utilizado para el caso que el requirente concurra a alguna dependencia del gobierno sin una solicitud ya confeccionada y con la única finalidad de facilitar el trámite, pero entendemos que no deberá disponerse el uso obligatorio del mismo.
II. 5 Gratuidad (Art. 9 y 10)
En relación con esta disposición sugerimos incorporar a la norma la posibilidad de exceptuar del pago al solicitante que acredite fehacientemente que no cuenta con recursos para cubrir este gasto. En tal inteligencia podría agregarse en el último párrafo del articulo 10 una frase que contenga tal posibilidad.
II. 6 Índice de Información Pública (Art. 11)
El articulo 11 obliga a todos los sujetos obligados a confeccionar y actualizar un índice de acceso a la información pública con la finalidad de “….poder orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información”, aclarando luego que “la autoridad de aplicación deberá controlar el efectivo cumplimiento del confeccionamiento, actualización y publicitación del “Índice de Información Pública” (INDIP) a fin optimizar el ejercicio de este derecho”.
Tenemos dudas respecto de esta disposición normativa por varios motivos. Por un lado, no se comprende acabadamente si se trataría de un índice de desempeño de cada unidad de información y luego si ello permitiría orientar al ciudadano en la práctica de este derecho. En el mismo sentido, si dicho índice crea una calificación respecto de cada organismo obligado a dar información, no parecería lo mejor que dicha herramienta sea confeccionada y actualizada por los mismos organismos encargados de dar la información ya que ello supone que cada organismo se dé una calificación a sí mismo. Por ello también resulta esencial, uniformar el diseño metodológico de la herramienta ya que ello es lo que permitiría realizar una adecuada comparación entre cada una de las unidades obligadas a dar información. Si bien se entiende que este articulo deberá ser reglamentando aparecen dudas respecto de la posibilidad de generar un índice que permita indicar por igual el nivel de acceso a la información entre órganos independientes, que cuentan con diferentes estructuras, herramientas, etc. .
Además de lo expuesto sugerimos evaluar si la realización de esta tarea no generaría una demanda de horas de trabajo valiosas para establecer más y mejores medidas de implementación y difusión (como capacitación, publicidad, organización institucional) en una etapa inicial de puesta en marcha de este derecho.
II. 7 Límites al Acceso a la Información Pública (Arts. 13, 14 )
En relación a este Capitulo vale destacar la importancia de que la interpretación de las excepciones sea realizada siempre bajo el principio que dispone que la publicidad es la regla y del mismo modo sugerimos la mayor claridad posible en la redacción del texto dado que lo contrario podría generar interpretaciones restrictivas.
Sugerimos modificar el art. 14 que obliga a que la denegatoria sea dispuesta por autoridad equivalente a director, y reemplazarla por el concepto de “autoridad competente”.
II. 8 Reclamo Judicial (Arts. 15, 16 y 17)
La gran mayoría de las normas de acceso a la información prevén la posibilidad de presentar un reclamo judicial rápido y sencillo para el caso de que se configure silencio, negativa injustificada, falsedad de la información por parte de la Administración. Esta posibilidad de acudir a la vía judicial sin necesidad de agotar la instancia administrativa se fundamenta en el hecho de que se configuraría un comportamiento arbitrario de parte del estado que requiere una rápida restauración del derecho del individuo. Para estos supuestos la vía del amparo es considerada el proceso más apropiado, y si bien existiría de todas maneras la posibilidad de iniciar esa acción judicial, propiciamos su incorporación explicita en el texto de la norma.
II. 9 Autoridad de Aplicación (Art. 19)
En el artículo en estudio se establece cómo autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información a la Dirección Provincial de Fiscalización y Control . En principio no acordamos con que una Ley establezca la autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, dado que consideramos que ello forma parte de la competencia propia de ese órgano . Entendemos que ello debe ser resuelto y decidido luego de un análisis minucioso de las capacidades, particularidades y en definitiva posibilidades de cada órgano a fin de lograr una implementación exitosa.
Asimismo, internacionalmente se fueron desarrollando diferentes formas de organización institucional destinadas a las leyes de acceso a la información. Estas estructuras suelen responder a criterios acordes a la cultura política, los diseños organizacionales, los recursos humanos, económicos y técnicos, y los procesos administrativos de cada régimen particular. Estos diseños básicamente responden a dos criterios: uno que tiene que ver con la disposición de acciones de implementación y otro que apunta al control de la aplicación de la normativa.
Dentro del modelo de implementación a su vez pueden presentarse dos supuestos: que las leyes de acceso a la información sean implementadas por una autoridad de aplicación que establece lineamientos centralizados para su cumplimiento por parte de cada entidad descentralizada, ó la centralización de la gestión de la información en una oficina única.
En el modelo dónde el centro está puesto en el control, la implementación suele ser vigilada por organismos institucionales ya existentes o por instituciones creadas especialmente para ese fin.
En definitiva pueden elegirse dos modelos, uno que haga centro en el “control” otro que haga centro en la “implementación”. En este contexto pues reiteramos las posibilidad de revisión del artículo 19 dado que el mismo podría estar entrometiéndose en una esfera propia del Poder Ejecutivo Provincial, generando así que la actividad no pueda ser llevada a cabo.
II. 10 Libertad de Prensa (Art. 21)
En relación con la reglamentación establecida en el art. 21 consideramos que el párrafo que establece que: “Los periodistas profesionales acreditados por ante sus respectivos medios de comunicación, podrán optar por acogerse a los beneficios que reconoce esta ley cuando así lo consideraren oportuno”, podría generar alguna restricción en la práctica del derecho. En efecto no resulta necesaria “acreditación alguna” para acogerse a los beneficios de las leyes de acceso a la información. Al tratarse de un derecho humano con reconocimiento en tratados internacionales y garantizado constitucionalmente, no resulta necesario disponer requisitos para su práctica y uso.
La sanción o establecimiento de normativa de acceso a la información y su apropiada implementación, sin lugar a dudas es un avance de suma importancia para el ejercicio de este derecho que contribuye de este modo a construir gobiernos más trasparentes, democráticos, y eficientes. Si bien, estamos convencidos que contar con una buena legislación no es suficiente es desde ya un importantísimo avance de modo que apoyamos la iniciativa de garantizar este derecho humano.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN
Artículo 1º.- Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita de los Organismos de la Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, y de toda otra Sociedad Comercial en donde el Estado Provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; Concesionarios de Servicios Públicos; los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto ejerza función administrativa y entes públicos no estatales.
Artículo 2º.-	Alcance. Deberá facilitarse el acceso y proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, informático o digital y en
general en cualquier otro formato que se encuentre en posesión y control del sujeto requerido. En el caso de no encontrarse en posesión y control de la información solicitada deberá indicar el Organismo Competente para satisfacer la solicitud del requirente.
La información deberá facilitarse para su examen, consulta y/o recepción en el formato en el que se encuentre al momento de efectuar la solicitud por parte del requirente.
Articulo 3º.- Producción de la Información. El Sujeto requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo disposición legal o administrativa que lo disponga.
Artículo 4º.-	Carácter Público de la Información. Toda información producida u obtenida por los Sujetos se presume pública, salvo que se encuentre expresamente exceptuada por la ley, debiendo probar fundadamente quien alega la limitación, alguno de los extremos establecidos en el artículo 12.
Artículo 5º.-	Requisitos. La solicitud deberá presentarse, sin otro requisito que:
1)	La acreditación de la identidad por cualquier medio idóneo; y/o la representación invocada en el supuesto de tratarse de personas jurídicas;
2)	La constitución de domicilio y;
3)	La firma del requirente.No podrá exigirse la manifestación del motivo de la requisitoria.
Se deberá otorgar al requirente constancia del pedido.
Artículo 6º.-	Rechazo de la solicitud. No podrá rechazarse la solicitud de información por incumplimiento de forma, salvo las establecidas en los incisos 1 y 3 el artículo anterior.
Artículo 7º.- Formulario de Solicitud. La Autoridad de Aplicación deberá proporcionar un formulario tipo para facilitar el pedido de acceso a la información, siendo éste a opción del interesado.
Artículo 8º.-	Gratuidad. El acceso y examen de la información es gratuito, no pudiendo establecerse ningún tipo de arancel, cargo o tarifa para su efectivización.
La información que se presta por medio de servicios de correo electrónico y acceso público por vía de Internet será entregada en forma gratuita.
Artículo 9°.-	Expedición y/o duplicación de copias. Son a cargo del requirente la expedición de copias simples y/o certificadas. La expedición de copias certificadas tendrá lugar respecto de aquellos documentos que se encuentren en original o con firmas originales en las oficinas respectivas.
El arancel fiscal fijado para la expedición de copias será razonable y calculado en base el costo del soporte suministro de la información a fin de no causar una carga excesivamente onerosa al Órgano que entrega la información solicitada.
La Autoridad de Aplicación podrá determinar la reducción o eximición del arancel de expedición copias de la información, en los casos en que se declare que la información solicitada es de interés público.
El solicitante podrá solicitar la reducción y/o eximición de los aranceles fijados por razones económicas. La reglamentación determinará la forma de acreditar sumariamente este extremo.
Artículo 10º.- Índice de Información Pública. Todos los sujetos contemplados en el artículo 1º deben confeccionar, actualizar y dar a publicidad un “Índice de Información Pública” (INDIP), el que detallará la información que obra en su poder, a fin optimizar el ejercicio de este derecho.
La autoridad de aplicación deberá controlar el efectivo cumplimiento del confeccionamiento, actualización y publicitación del “Índice de Información Pública” (INDIP)
Artículo 11°.-	Plazos. Las solicitudes de informes, deberán ser contestadas en un plazo no mayor de quince (15) días, prorrogables por diez (10) días cuando la complejidad de lo requerido así lo exija, previa comunicación al interesado de las razones que se funda la prorroga antes del vencimiento del plazo.
DE LOS LÍMITES AL ACCESO
Artículo 12°.- Limites al Derecho a la Información. La información solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales
b) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes.
c) Cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de secreto. Los Jueces podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso.
d) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial, bancario, industrial o la propiedad intelectual;
e) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nº 25.323;
f) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados;
g) Cuando su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o que resulte protegida por el secreto profesional.
Artículo 13º.- Información parcial. En caso que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrarse el resto de la información solicitada.
Artículo 14º.- Denegatoria Fundada. La denegación total o parcial del pedido de acceso a la información deberá ser por escrito, fundada razonablemente en alguna de las causales previstas y dispuesta por Autoridad Competente.
DEL RECURSO AUTÓNOMO DE ACCESO A LA
Artículo 15º.- Recurso de Apelación. El Recurso Administrativo Autónomo de Apelación, será interpuesto ante la autoridad requerida, tramitado dentro de los diez días y resuelto en igual plazo en los siguientes supuestos:
a) Vencido el plazo establecido, no habiendo dado cumplimiento a lo peticionado.
b) Cuando el cumplimiento resulte ambiguo, incompleto o defectuoso injustificadamente.
c) Rechazada la solicitud de acceso a la información pública.
Denegado el recurso, el mismo podrá ser planteado ante el jerárquico superior siendo tramitado y resuelto en igual plazo. La resolución fundada del recurso por la máxima autoridad del organismo agota la vía administrativa.
Artículo 16º.- Recurso de Amparo. Agotada la vía administrativa o en los supuestos de entes público no estatales, será procedente el recurso de amparo para dar cumplimiento a lo preceptuado por la presente ley.
Artículo 17º.- Responsabilidad. El funcionario público que en forma arbitraria, restrinja, lesione o conculque el derecho del solicitante de la información, quedará incurso en la causal de falta grave dando lugar al las actuaciones sumariales correspondientes.
Artículo 18º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley Fiscalía de Estado.
Artículo 19º.-	Páginas Web. Los Sujetos enumerados en el Artículo 1 deberán disponer de sitios web que cuenten con información actualizada y sistematizada trimestralmente respecto de los Actos, Resoluciones, Decretos y Leyes que sancione o cumplimente en ejercicio de sus funciones, como así también de la reproducción de los informes otorgados a los requirentes en cumplimiento de la presente ley.
El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación establecerá las normas para que los organismos públicos adecuen sus sitios Web garantizando un acceso rápido, fácil e integral, posibilitando sistemas de consultas on line.
Artículo 20°:	Libertad de Prensa. Los Sujetos obligados, no podrán limitar, lesionar, restringir o amenazar la libertad de prensa so pretexto del cumplimiento de la presente ley.
Artículo 21º.-	Invitación a Adherir. Invitase a los Municipios de la Provincia a adherir a las disposiciones de la presente Ley.