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Timestamp: 2017-12-12 13:56:14
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Coss v. Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.), 137 DPR 877 – Biblioteca PopJuris
Coss v. Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.), 137 DPR 877
By PopJuris On July 14, 2009 October 13, 2009 In Derecho Constitucional de Puerto Rico Tagged Díalogo, Foros públicos, Libertad de expresión, UPR Leave a comment
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
a 8 de febrero de 1995.
¿Puede la Comisión Estatal e Elecciones regular el contenido del mensuario Nota 1: universitario Diálogo, en virtud de la prohibición de anuncios durante año eleccionario, según el Art. 8.001 de la Ley Electoral y la Sec. 2.1 de su Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Gobierno?
Nota 1: “Periódico que se publica mensualmente. Mensual. No tiene registro académico, pero este neologismo es de formación correcta y de notoria necesidad en nuestra lengua. Por analogía, monthly en inglés; común adjetivo, significa mensual; y como sustantivo una revista o periódico que se publica una vez por mes.” Buonocore, D., Diccionario de Bibliotecología, 2a. Ed. (1983), pág. 300. _____________________________________________
En septiembre de 1986 la Universidad de Puerto Rico comenzó su publicación financiada con fondos propios y la venta de anuncios y suscripciones. Su Director Sr. Luis Fernando Coss, por contrato tiene a cargo la supervisión de los escritores, en su mayoría egresados de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad y el resto del personal. Diálogo mantiene sustancialmente un enfoque universitario y educativo sobre el quehacer cultural de Puerto Rico y del exterior. Entre sus colaboradores se encuentran profesores, estudiantes, empleados del sistema universitario y destacados escritores nacionales e internacionales. Nota 2: Es utilizado como taller de práctica para los estudiantes de la mencionada Escuela. Cuenta además con personal técnico responsable de confeccionar las ediciones.
Diálogo produce una tirada de 40,000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente durante el año académico a los estudiantes, profesores y empleados de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones universitarias privadas del país.
Por otro lado, la independencia editorial de los que confeccionan Diálogo nunca ha estado en duda. En su primera edición, el entonces Presidente de la Universidad, Lcdo. Fernando Agrait dijo:
“Para facilitar el flujo de información, incrementar los niveles de conocimiento sobre nuestra propia realidad universitaria y para enseñarnos y enseñar a la comunidad puertorriqueña que la Universidad existe todos los días, surge este instrumento. Diálogo no es un instrumento de la administración para exponer su posición con respecto a temas que generen controversias; Diálogo es un esfuerzo por unir voluntades
Nota 2: Recientemente la Universidad acordó con la UNESCO la publicación en cada edición de Diálogo de una obra literaria de algún escritor reconocido de Iberoamérica. _____________________________________________
universitarias aún cuando existan controversias.” (Diálogo, septiembre, 1986, página 2, énfasis suplido; además, en declaración jurada del ex-presidente de la UPR Dr. José M. Saldaña, anejada a la demanda, confirma esta postura). (Enfasis suplido).
Al iniciarse el año eleccionario 1992, la Comisión Estatal de Elecciones comenzó a exigirle a las agencias del gobierno el cumplimiento estricto con el mencionado Reglamento de Gastos. En específico, requirió al Sr. Coss que le sometiera antes de su publicación copias del mensuario para revisar que su contenido no incluyera anuncios prohibidos. El Sr. Coss decidió ignorar esos requerimientos y publicó sin someter las copias. Ante ello, la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones emitió un informe el 13 de abril de 1992 y ordenó a la Universidad que cesara y desistiera esa publicación y anuncios hasta tanto obtuviera previa autorización.
El 1 de mayo de 1992 la Universidad y el Sr. Coss radicaron demanda contra la Comisión Estatal cuestionando la validez y autoridad constitucional de esa orden. El Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, hijo), ordenó a la Comisión Estatal que celebrara una vista, y retuvo jurisdicción. Celebrada, con el beneficio de memorandos de derecho de las partes, el 22 de junio de 1992 la Junta de Anuncios unánimemente recomendó se autorizara la publicación bajo las mismas condiciones impuestas en la Resolución del 13 de abril de 1992, es decir, siempre que se cumpliera cabalmente con el Art. 8.001 de la Ley Electoral y Reglamento de Gastos. A esos fines, propuso se ordenara a la Universidad que remitiera, una vez publicado, desde agosto hasta noviembre de 1992, cuatro (4) copias de Diálogo a la Junta de Anuncios. El 1 de julio de 1992 la Comisión Estatalaprobó dicho informe.
No conforme, tanto la Universidad como el Sr. Coss, volvieron y radicaron sendos recursos de revisión ante el mismo Tribunal. Luego de una vista en cámara, el 21 de diciembre de 1992 dicho foro revocó por el fundamento de que Diálogo era un foro público con las mismas garantías y protecciones que gozan los demás periódicos de circulación en nuestra sociedad.
A solicitud de la Comisión Estatal revisamos. Nota 3:
La Comisión Estatal argumenta que la sentencia beneficia al Sr. Coss y no a la Universidad. Aduce que es él quien únicamente tiene legitimación activa para reclamar frente al Estado los derechos constitucionales aquí en controversia. No tiene razón.
El requisito de legitimación exige “la obligación de cerciorarnos de que las partes que suscitan la controversia están particularmente capacitadas para así hacerlo y de que su interés es uno ‘de tal índole, que con toda probabilidad habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia’.” Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, res. en 18 de marzo de 1994 y casos allí citados. Con tal propósito, el promovente tiene que cumplir “con determinados requisitos indispensables, a saber: 1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso y no uno abstracto o hipotético; (3) que la causa de
Nota 3: Formulan así el planteamiento: “Se plantea en este recurso si es inconstitucional que la Comisión Estatal de Elecciones -en años en que se celebran elecciones- requiera a la Universidad de Puerto Rico que sus anuncios y publicaciones cumplan -durante este periodo- con las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral y sus reglamentos.”
acción debe surgir bajo el palio de la Constitución o de una ley y (4) que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada.” Noriega v. Hernández Colón, supra.
Respecto a la prensa, hemos resuelto que los dueños y editores de un periódico tienen un interés especial que los legítima para representarlo en los tribunales e invocar derechos a su favor. Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89 , 102-103 (1947). Cuando el Estado crea un foro público tiene que asegurarle a sus beneficiarios que los derechos constitucionales de libertad de expresión y prensa no serán menoscabados salvo que la intervención gubernamental cumpla un escrutinio estricto. Además, si se violentan esos derechos, sus beneficiarios son quiénes pueden invocar la protección judicial.
El Sr. Coss demandó por su condición de Director de Diálogo, publicación de la Universidad. Como usufructuarios de los derechos constitucionales de libertad de expresión y prensa que protegen a Diálogo, ambos cumplen cabalmente los requisitos de legitimación activa para instar esta acción. Superado este aspecto procesal, concentremos en la sustancia del recurso.
La pieza legislativa en que la Comisión Estatal fundamenta su intervención reza:
“Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse unaelección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones.” 16 L.P.R.A. sec. 3351; Art. 8.001. (Enfasis suplido).
A su vez, el Reglamento Para Gastos ordena:
“Toda agencia que, directa o indirectamente, proyecte incurrir en gastos en el uso de cualquier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público, tendrá que someter previamente una solicitud de autorización ante la Comisión.” Sec. 2.1.
Esta prohibición, aunque amplia, no es absoluta. Veda aquellos anuncios y publicaciones, directa e indirectamente, que de una u otra forma enaltecen o divulgan las ejecutorias del gobierno. Según su historial legislativo, tiene el propósito de terminar “durante el período eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de hacer campaña política mediante la publicación de anuncios sobre sus logros y planes”. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984).
Recientemente reiteramos ese enfoque en el contexto de unos anuncios invitando a la ciudadanía a celebrar los actos oficiales conmemorativos del día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin el correspondiente permiso. Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, res. en 16 de diciembre de 1993. A tal efecto dijimos que “del lenguaje suficientemente claro del propio Artículo 8.001, surge inequívocamente la intención legislativa de excluir definitivamente del proceso político la influencia solapada que el partido en el poder puede tener mediante el uso de los anuncios gubernamentales.” Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, supra. Es claro pues, que la validez del Art. 8.001 respecto a publicaciones por las ramas de gobierno de anuncios con matiz político partidista es absoluta y su validez no se cuestiona.
En el caso de autos, el tribunal sentenciador concluyó que Diálogo era un foro público de génesis estadual, al cual no se le podía limitar la expresión. Invocó a Hazelwood School District v. Kuhlmer, 484 US 260 (1988) a los efectos de que “el Estado puede crear un periódico financiado con fondos públicos y convertirlo en un foro público”. El dictamen es de correcta juridicidad.
El Art. II, Sec. 4 de nuestra Constitución consagra los derechos de libertad de prensa y expresión como pilares fundamentales de esta sociedad democrática. La esencia de ambos derechos estriba en que el Estado no puede arbitrariamente restringir el contenido de publicaciones ni coartar la capacidad del ser humano para expresarse libremente. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).
La libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos goza de una primacía peculiar. Todo individuo está en libertad de poder expresar sus opiniones según su conciencia. Esta libertad intenta “proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exteriorización de los contenidos de conciencia”. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. UPR, 1954, pág. 205. Para lograr este fin, nuestra carta fundamental establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir del Gobierno la reparación de agravios.
Los derechos de libertad de expresión y prensa no sólo protegen el contenido del mensaje, sino el medio y lugar donde ejercitarse. Para delimitarlos, la jurisdicción federal desarrolló la doctrina de los foros públicos que acogimos en Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, supra y reafirmamos en Unión de Trabajadores de la Salud v. Soler Zapata, res.en 16 de abril de 1993.
A tales efectos, incorporamos la decisión de Perry Educ. Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., 460 US 37, 74 L. Ed. 2d 794 (1983) en la que el Tribunal Supremo Federal reconoció por primera vez la existencia de tres tipos de foros donde el derecho de libertad de expresión disfruta de protecciones distintas. Nota 4: El primero, foro público tradicional, son lugares que el Estado ha reconocido históricamente como idóneos para el debate público y la reunión pacífica, tales como calles, aceras y parques. En éstos no puede prohibirse absolutamente el derecho a la libertad de expresión, pero si reglamentar el tiempo, lugar y manera de expresión siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión y promueva un interés público apremiante, limite su intervención a la mínima necesaria objetiva (“narrowly tailored”), y deje amplios medios de comunicación alternos. International Society for Krishna Consciousness v. Lee, ___ US ___ (1992); 60 USLW 4749, 4751 (1992); Frisby v. Schultz, 487 US 474, 101 L. Ed. 2d. 420 (1988); Perry Educ.
Nota 4: Se ha dicho que la frase “foro público” fue por primera vez utilizada por el Profesor Harry Kalven en su artículo “The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana”, 1965, Sup. Ct. Rev. 1. Véase: Nimmer on Freedom of Speech, Sec. 4.09 0: n. 163, pág. 4-69 (1992). _____________________________________________
Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, pág. 44.Si la reglamentación establece clasificaciones o limitaciones por razón del contenido del mensaje, entonces debe sobrepasar un escrutinio estricto. Es decir, responder a un interés gubernamental apremiante y limitar su interferencia a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo. Burson v. Freeman, ___ US ___; 119 L. Ed. 2d 5, 14 (1992). Nota 5:
El segundo es el foro público por designación. Abarca lugares no comprendidos en el foro público tradicional pero que han sido designados por el Estado para el ejercicio del derecho de libertad de expresión. La identificación de estos lugares dependerá de la intención del Estado al destinar la propiedad para determinados fines. Estos foros gozan de la misma protección que los públicos tradicionales. Se abren “para propósitos específicos y para beneficio de ciertos grupos o temas. El derecho a expresarse se extiende sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema”. Unión de Trabajadores de la Salud v. Soler Zapata, supra. En estos foros la reglamentación al derecho de expresión debe ser razonable.
El último foro es el no tradicional, no enmarcado dentro de los anteriores. “En estos la protección de la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El gobierno puede limitar la actividad expresa a aquella compatible con el objetivo para el cual fue creada la propiedad pública en cuestión. La reglamentación de la expresión será válida
Nota 5: Para casos federales que examinan la validez constitucional de reglamentaciones impuestas a publicaciones estudiantiles por oficiales de escuelas y universidades públicas véase: Annotation, Validity, Under Federal Constitution, of Public School of State College Regulation of Student Newspapers, Magazines of Other Publications – Federal Cases, 16 ALR fed.182 (Supp. 1993). _____________________________________________
siempre que sea razonable aunque no tiene que ser ni la única ni la más razonable … neutral en cuanto a puntos de vistas,… y siempre que no sea parte de un esfuerzo para suprimir la expresión”. Unión de Trabajadores de la Salud v. Soler Zapata, supra.
En el ámbito de la prensa, la doctrina de los foros públicos ha sido extendida a periódicos subvencionados por escuelas públicas. El Estado o una institución educativa pueden crear y subvencionar un periódico o una publicación, y clasificarlo como foro público por designación; así gozará de todas las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión. R. Salomone, Free Speech and School Governance in the Wake of Hazelwood, 26 Ga. L. Rev. 253, 268 (1992); G. Danning, Freedom of Speech in Public Schools: Using Communication Analysis to Eliminate the Role of Educational Ideology, 19 Hastings Const. LQ 123, 129 (1991); W. Buss, School Newspapers Public Forum, and the First Ammendment, 74 Iowa L. Rev. 505, 507 (1989); M. Yudof, Personal Speech and Government Expression, 38 Case W. Res. L. Rev. 671, 680 (1988).”Por ende, las facilidades educativas podrían considerarse foros públicos sólo si las autoridades escolares han ‘mediante política o por práctica’ abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado por el público general’ Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., 460 US 37, 487, 74 L. Ed. 2d. 794, 103 S.Ct. 948 (1983), o por algún segmento del público, tal como organizaciones estudiantiles”. Pág. 267. (Traducción nuestra). Hazelwood School District v. Kuhlmer, supra.
Hazelwood School District v. Kuhlmer, supra, validó la actuación del director de un periódico de escuela superior al censurar unos artículos publicados como parte de un cursoofrecido de periodismo. El director determinó que sucontenido no era apto para el público estudiantil al cual sedirigía. El tribunal entendió que el periódico escolar habíasido creado como un taller de aprendizaje para losestudiantes del curso de periodismo y no como un foro para ladiseminación de ideas. Nota 6: No obstante, reafirmó lo resuelto en Cornelius v. NAACP, 473 US 788, 802, 87 L. Ed. 2d 567 (1985), -“el gobierno no crea un foro público por inacción o permitiendo el discurso limitado, sino solamente abriendo intencionalmente un foro no tradicional para el discurso público”-, y resolvió que de haber existido una intención clara de la escuela de crear un foro público (“clear intent to create a public forum”) para la diseminación indiscriminada de ideas, el periódico hubiese gozado de las garantías constitucionales que protegen a esos foros. Nota 7:
En la confección de Diálogo participan activamente
Nota 6: En First Ammendment Rights of Free Speech and Press as Applied to Public Schools – Supreme Court Cases, 73 L. Ed. 2d. 1466, Sec. 11, (Supp. 1993) se analizan las razones por las cuales el periódico escolar no cualificaba como un foro público
Nota 7: La Universidad invoca Mississippi Gay Alliance v. Goudelock, 536 F. 2d 1073 (5to. Cir. 1976), que resolvió que la negativa del editor de un periódico de una universidad estatal publicar los anuncios de la organización demandante violaba los derechos garantizados por la Primera Enmienda. Además, nos cita Lueth v. St. Clair Community College, 732 F. Supp. 1390 (EDM 1990), en que la Corte de Distrito dictaminó que el periódico universitario constituía un foro público y, por ende, el Decano de la institución no podía prohibir la publicación de un anuncio de un club de de bailarinas nocturnas pues atentaba contra los derechos de expresión del editor del periódico.
En esa misma sintonía, anotamos San Diego Committee v. Governing Bd., 790 F. 2d. 1471 (9no. Cir. 1986), en que la Corte de Apelaciones expresó que la decisión de una junta escolar de prohibir la publicación de un anuncio en oposición al servicio militar violaba la Primera Enmienda por ser el periódico un foro público.
profesores, estudiantes y reconocidos autores iberoamericanos. Los temas cubiertos en sus artículos varían desde aspectos de la vida universitaria hasta obras literarias. El propio informe de la Junta de Anuncios reconoció que ” u:n examen de los ejemplares sometidos a partir de enero de 1992, demuestra que el periódico Diálogo mantiene sustancialmente un enfoque universitario y educativo sobre el quehacer cultural universal y nacional”. Además, de la prueba testifical surgió:
“La manera en que se compila Diálogo no se diferencia mucho de cualquier otro periódico, se establece un plan monitorial a base de unas reuniones de tipo de redacción donde se toman en consideración los temas más sobresalientes del momento. Hay unas secciones naturalmente permanentes en la que participan académicos o personas asociadas al mundo de la cultura y la ciencia entre otros han participado como colaboradores Luis Rafael Sánchez, José Luis González, Ana Lydia Vega, Magaly García Ramos, Luis Arcadio Díaz Quiñones, entre algunos científicos José Miguel García Castro, Manuel Gómez, la corporación de estudios de ingeniería de la UPR y las universidades privadas, han participado también investigadores prominentes de la Estación Experimental como ustedes saben es una dependencia de la Universidad y escritores del exterior, entre otros, García Márquez, Alfredo… José Camilo Cela y otros.” (TE Vista del 4 de mayo de 1992 ante la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal).
Dicha prueba también demostró que su contenido editorial es seleccionado exclusivamente por su editor Sr. Coss y equipo de redactores; la administración no participa en este proceso. Apuntaló el Sr. Coss en la vista oral ante la Junta de Anuncios:
” L:a administración universitaria naturalmente es parte de la comunidad y también sus iniciativas o ejecutorias son propuestas de temas periodísticos pero esto se evalúa con total y absoluta independencia por parte del equipo yRedacción, la Coordinadora de Redacción y el Director”. (Id., pág. 60).
Resulta pues claro, que Diálogo es un foro público por designación, lo que implica examinar si la reglamentación impuesta sobrepasa el análisis de escrutinio estricto. Es decir, la restricción gubernamental tiene que responder a un interés gubernamental apremiante y constituir una intervención mínima para lograr sus objetivos.
Del alegato de la Comisión Estatal no surge evidencia suficiente que demuestre que al aplicarse el Art. 8.001 al mensuario Diálogo se promovió algún interés gubernamental apremiante. Aunque el propósito de la Ley Electoral es evitar que los poderes gubernamentales utilicen fondos públicos para realizar campañas políticas durante años eleccionarios, y ello constituye un interés legítimo, en este caso, no es apremiante. Diálogo no es un medio que atenta contra el propósito codificado; por el contrario, tiene un enfoque amplio universitario y académico que no cae dentro del marco limitante del susodicho Art. 8.001.
En conclusión, resolvemos que Diálogo constituye un foro público creado por el Estado que no está sujeto al escrutinio de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones. El derecho constitucional a la libertad de expresión y prensa protegen a la Universidad y al Sr. Coss, en beneficio de Diálogo, contra intervenciones de este tipo.
Se dictará sentencia confirmatoria.
ANTONIO S.NEGRON GARCIA, Juez Asociado
Sentencia –
San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 1995.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se confirma la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan fechada 21 de diciembre de 1992.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Subsecretaria General. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió Opinión Concurrente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Disidente.
Carmen E. Cruz Rivera, Subsecretaria General
Opinión concurrente del Juez Asociado señor Hernández Denton
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 1995.
Mediante recurso de revisión comparece ante nos la Comisión Estatal de Elecciones (“CEE”) y solicita que revoquemos una sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que dispone que el periódico universitario Diálogo constituye un foro público con idénticas garantías a los demás periódicos de circulación general, por lo que el Reglamento para Gastos de Difusión de la CEE no le es aplicable. Nota 1: La mayoría de este Tribunal hoy confirma dicho dictamen. Por entender que, al reglamentar la compra de tiempo y espacio en los
Nota 1: Dicho Reglamento, creado por virtud de los poderes cuasi-legislativos concedidosle a la CEE por los artículos 1.005 y 8.001 de la Ley Electoral, 16 LPRA§3013(1) y 3351, exige que “toda agencia que, directa o indirectamente, proyecte incurrir en gastos en el uso de cualquier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público … somet a: previamente una solicitud de autorización ante la Comisión.” Sección 2.1 del Reglamento. _____________________________________________
medios de difusión pública, el Artículo 8.001 de la Ley Electoral no quiso referirse a publicaciones universitarias tales como Diálogo, y que al hacer extensiva su aplicación a tales publicaciones, el Reglamento es ultra vires, concurrimos.
A principios del año electoral 1992, la CEE comenzó a exigirle a todas las agencias de gobierno que cumplieran con su Reglamento para Gastos, aprobado por los tres partidos políticos en noviembre de 1991. Como la Universidad de Puerto no sometió su mensuario Diálogo a la CEE, esta última emitió un informe ordenándola a cesar y desistir de publicar y anunciar el periódico hasta tanto no cumpliera con los requisitos del Reglamento.
A raíz de ello, la Universidad de Puerto Rico presentó, en unión al director de Diálogo, Luis Fernando Coss, una demanda de injunction para paralizar las actuaciones de la Comisión. El Tribunal Superior devolvió el caso a la Junta de Anuncios para que ésta celebrase una vista evidenciaria. Como resultado de la misma, la Junta concluyó que Diálogo tenía la obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8.001 de la Ley Electoral, así como con el Reglamento.
Luego de evaluar el recurso de revisión presentado por los demandantes, el Tribunal Superior revocó la determinación de la Junta de Anuncios. Concluyó que Diálogo era un foro público al cual no se le podía restringir la expresión, por lo cual el Reglamento no le podía aplicar. La mayoría de este Tribunal confirma dicho dictamen. Concurrimos por entender que las publicaciones universitarias con propósitos académicos tales como Diálogo deben estar exentas de este tipo de reglamentación, y que fue precisamente ésta la intención dellegislador al redactar el Artículo 8.001 de la Ley Electoral.Por tal razón, no consideramos necesario evaluar laaplicabilidad o el alcance de la doctrina del foro público aDiálogo o cualquier otra publicación sufragada con fondosPúblicos por la Universidad de Puerto Rico.
La controversia del caso de autos se reduce esencialmentea si el Reglamento de Gastos de la CEE es aplicable aperiódicos con propósitos didácticos o académicos comoDiálogo. La resolución de dicha controversia requiere queexaminemos no tan sólo el propósito detrás de la adopción delReglamento, sino también el del Artículo 8.001 de la LeyElectoral, en cuyas disposiciones se basa dicho Reglamento.
El Artículo 8.001 dispone lo siguiente:
“Se prohibe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones (Enfasis nuestro). 16 L.P.R.A. 3351 .”
Nuestra jurisprudencia ha sido clara al expresar que el propósito del Artículo 8.001 es muy limitado. En PPD v. Junta Revisora Electoral, 109 D.P.R. 464 (1980), por ejemplo, este Tribunal se negó a expedir auto de revisión por entender que la publicación, en los periódicos de circulación general, de una invitación a celebrar el Día de Reyes en Fortaleza no constituía un gasto “con el propósito de exponer…programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes” de gobierno. Id. a la pág. 465. Del mismo modo, en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984), expresamos que el televisar un procedimiento parlamentario no representaba la exposición de “programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.” Id. a la pág. 392. Añadimos que “la divulgación de los procedimientos legislativos cumple un propósito de estirpe constitucional, claramente distinguible del proselitismo que anima la propaganda electoral. La ley se refiere más a anuncios y propaganda sobre tales programas, logros, etc.” Id.
Más adelante, en Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, 136 DPR ___ (1993); 93 JTS 163, dispusimos que tanto del texto del Artículo 8.001 como de su intención legislativa surgía claramente que el propósito de dicha disposición fue “excluir del proceso político la influencia solapada que el partido en el poder puede tener mediante el uso de los anuncios gubernamentales.” Id. a la pág. 11378.
Finalmente, en PPD et. al. v. Rosselló González, 138 DPR ___; 94 JTS 117, dispusimos que ” e:l concepto de igualdad económica con relación a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral impide que un partido que ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos, tomando ventaja indebida para promover su postura. El Art. 8.001 es precisamente una medida preventiva para que dicha práctica indebida no ocurra.” Id. a la pág. 132.
En fin, al examinar la letra y propósito del Artículo 8.001, este Tribunal ha consistentemente determinado que su aplicación se limita a aquellos anuncios y propaganda que se difunden “con el propósito de exponer los programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes” del gobierno de turno.
Dicha determinación inevitablemente nos lleva a concluir que el Reglamento para Gastos del CEE es ultra vires. Al disponer que toda agencia que “proyecte incurrir en gastos en el uso de cualquier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público”, el Reglamento va más allá que el referido Artículo 8.001. Nota 2: El mismo sobrepasa inclusive lo dispuesto en su propia Declaración de Propósitos, que limita sus fines a lo expuesto en el Artículo 8.001, es decir, a “evitar la divulgación publicitaria indiscriminada con el propósito de exponer…programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes del gobierno que en alguna forma coaccionen o afecten la voluntad de los electores.” Nota 3:
Resultaría excesivamente oneroso aplicar la veda electoral a toda publicación universitaria con propósitos académicos, como por ejemplo, Diálogo; la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho o su periódico, Entredicho; la Revista de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Sociales o la Revista de Estudios Hispánicos. Ello atentaría contra los
Nota 2: Sección 2.1 del Reglamento. Véase supra nota 1 para una lectura del texto integro de la sección.
Nota 3: Sección 1.2 del Reglamento.
más básicos principios de libertad académica, libertad de cátedra y autonomía universitaria, que buscan brindarle resguardo a las universidades contra esfuerzos gubernamentales de controlar o dirigir el contenido de la expresión en las universidades, o más bien, el discurso universitario. Consejo de Educación Superior v. Rosselló González, 138 DPR ___;94 JTS 125, a la pág. 236.
Resulta patente que, dado el contenido de estas publicaciones universitarias, el interés en proteger a la comunidad contra la saturación de propaganda gubernamental durante el período eleccionario no se adelantaría en proporción al costo de implementar el Artículo 8.001 según la interpretación amplia del mismo que hace el Reglamento. Diálogo constituye una publicación académica seria, que, como admite la misma CEE, mantiene sustancialmente un enfoque universitario y educativo sobre el quehacer cultural universal y nacional. Para muchos de sus colaboradores –entre ellos profesores universitarios– Diálogo constituye una continuación de la cátedra. Un periódico de la excelencia de Diálogo, según ha sido administrado hasta ahora, no pone en peligro el derecho al sufragio libre de coacción ni constituye una erogación injusta de fondos públicos. Por lo tanto, no debe aplicarle el Artículo 8.001.
No queremos decir con esto que quedan exentos de la veda electoral las publicaciones universitarias que pretendan difundir los logros y proyectos del gobierno en un año electoral. Tampoco quedan exentos los anuncios que publiquen otras agencias de gobierno con el mismo propósito en dichos medios de difusión. Nuestra posición en este caso se basa en el hecho de que se ha pretendido tratar a una publicación universitaria de índole académica como propaganda gubernamental.
Por todo lo anterior, concurrimos con la confirmación de la sentencia recurrida.
FEDERICO HERNANDEZ DENTON, Juez Asociado
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
Nos vemos obligados a disentir en el presente caso. Lo más “fácil” hubiera sido no hacerlo; ello debido al hecho de que, dados los hechos particulares del caso, la posición disidente que sostenemos no resulta ser la más “simpática”. La función judicial, sin embargo, no puede regirse por consideraciones de esa naturaleza.
Disentimos debido al hecho de que somos del firme criterio que la Opinión mayoritaria emitida en el presente recurso no sólo es una errónea en derecho sino que la misma constituye un peligroso precedente en nuestra jurisdicción. La citada decisión “abre las puertas”, y constituye “carta blanca”, para que el clima de politización extrema que desafortunadamente prevalece en nuestro País pueda acrescentarse, y agravarse, aún más.
Ello en vista del hecho de que la norma jurídica hoy implantada por la referida Opinión mayoritaria tiene el potencial de permitir que muchas de las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico establezcan periódicos o publicaciones, análogas al mensuario universitario Diálogo, las cuales podrán ser impunemente utilizadas por la administración de gobierno, de turno en un momento determinado de nuestra historia, para “…exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes… ” Nota 1, aun durante años eleccionarios.
Como surge de la Opinión mayoritaria emitida, el mensuario universitario Diálogo fue creado por la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico durante el año 1986. Su personal, y principales colaboradores, está compuesto –en su inmensa mayoría– por estudiantes, profesores y empleados de la referida Escuela de Comunicaciones; siendo su director, el codemandante Luis Fernando Coss, un empleado por contrato de la Universidad. Diálogo es distribuido, en forma gratuita, entre los estudiantes, empleados y profesores de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. El mismo es sufragado con fondos públicos y es utilizado –en palabras de la propia Mayoría– “…como un taller de práctica para los estudiantes de la mencionada Escuela…” de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico. (Enfasis suplido.)
De lo expuesto surge con claridad que Diálogo es un
Nota 1: Véase: Artículo 8.001 de la Ley Electoral; 16 L.P.R.A. sec. 3351 ____________________________________________________________.
apéndice de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad, el cual fue creado para beneficio de los estudiantes de dicha Escuela. Dicho de la manera más sencilla, y examinado el asunto desde la perspectiva más objetiva e imparcial posible, Diálogo no es otra cosa que un “laboratorio” en el cual los estudiantes y profesores de la mencionada Escuela de Comunicaciones practican o ponen en viqor las enseñanzas que se imparten, y que se reciben, en la misma; laboratorio similar o análogo a los relativos a otras disciplinas que se enseñan en la Universidad de Puerto Rico.
No discrepamos de la aseveración, contenida en la Opinión mayoritaria, a los efectos de que la “…libertad de expresión es la quintaescencia de una sociedad democrática…”, como tampoco del hecho de que una prensa, libre y objetiva, constituye uno de los requisitos indispensables, o pilares fundamentales, de una sociedad democrática como la nuestra. De hecho, hemos sido “celosos guardianes de la libertad de prensa. Nuestras decisiones al respecto constituyen la mejor evidencia de ello.
Ahora bien, aquí realmente no nos enfrentamos a una situación en que el Estado pretende censurar o amordazar a un periódico o publicación privada. Se trata, repetimos, de un “taller de práctica” o laboratorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico; la cual institución universitaria, independientemente de cómo se le clasifique, cuando menos es una corporación pública o una “criatura” del Estado. Nota.2: Por otro lado, estamos conscientes de las bien intencionadas palabras expresadas por el Presidente de la Universidad, al crearse Diálogo, a los efectos de que dicha publicación gozaría de “independencia editorial”.
Ante dicha situación fáctica, ¿puede aseverarse con corrección que dicho mensuario ha sido “designado” por el Estado como un foro público?
No hay duda de que, a la luz de la jurisprudencia federal pertinente Nota 3:, puede argumentarse a favor o en contra de la posición de que Diálogo es un “foro público por designación”. Por otro lado, parece ser igualmente debatible la posición a los efectos de si una publicación de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico –la cual, repetimos, fue creada con el propósito principal de que los estudiantes de dicha Escuela puedan practicar lo que aprenden en la misma– cualifica o no como “beneficiaria” de la protección que le concede a la “prensa” la Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico.
Ahora bien, para la correcta solución del recurso ante nuestra consideración, dichas interrogantes no tienen que ser contestadas. Ello así ya que, aun asumiendo a los fines de la argumentación que Diálogo haya sido “designado” como foro
Nota 2: En Sepúlveda v. UPR, 115 D.P.R. 526 (1984), expresamos que la Universidad es “…una corporación pública, de génesis legislativa, encargada de la educación superior en Puerto Rico…”.
Nota 3: Desafortunadamente nuestra jurisprudencia está huérfana de expresiones al respecto. Ello nos obliga a acudir a la jurisprudencia federal.
público por el Estado y/o que el mismo efectivamente sea beneficiario de la protección que confiere la Sección 4 del Artículo II de la Constitución, somos del criterio que la aplicación a Diálogo, por la Comisión Estatal de Elecciones de las disposiciones del citado Artículo 8.001 de la Ley Electoral y de la Sección 2.1 del Reglamento para Gastos, resiste y sobrepasa el “criterio de escrutinio estricto” que debe ser aplicado en esta clase de situaciones. Véase: Unión Nacional de Trabajadores de la Salud v. Secretario de Salud, Opinión y Sentencia de 16 de abril de 1993.
Existe, no hay duda, un “interés gubernamental apremiante” de parte del Estado de mantener y preservar, lo más incólume posible y libre de influencias indebidas, el ejercicio del derecho al sufragio en nuestra jurisdicción. Véase: PPD v. Rosselló González, Opinión y Sentencia de 8 de septiembre de 1994. Como este Tribunal expresara en el antes mencionado caso: “tanto nuestro ordenamiento constitucional como el norteamericano han reconocido a cabalidad la condición fundamental y preeminente del derecho al sufragio”; derecho que “…es consustancial con la existencia misma de la democracia.” (Enfasis suplido.) Ello así ya que, en las sabias e ilustrativas palabras del Tribunal Supremo Federal, el derecho al sufragio “…preserva todos los demás derechos.” Nota 4
Resulta mandatoria, en consecuencia, la conclusión a los efectos de que el “derecho de libertad de prensa” que pueda tener el mensuario Diálogo –apéndice o laboratorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico–debe y tiene que ceder ante el “interés apremiante” que tiene
Nota 4: Yick Wo v. Hopkins, 118 US 356, 370 (1886). _____________________________________________
el Estado de mantener las elecciones generales que cada cuatro años se celebran en el País lo más libre posible de propaganda e influencia política indebida. Nota.5:
Lo procedente en derecho, por ende, sería que este Tribunal revocara la sentencia recurrida por el fundamento de que el Estado tiene un “interés gubernamental apremiante” –salvaguardar la pureza del derecho al sufragio– que válidamente le permite a la Comisión Estatal de Elecciones regular el contenido del mensuario Diálogo durante el año en que se celebran las elecciones generales en nuestro País; ello al amparo de lo dispuesto por el citado Artículo 8.001 de la Ley Electoral.
Pero, aun hay más. La peligrosidad de la errónea norma hoy implantada por el Tribunal no tiene límite. No obstante ser los primeros en aceptar que, hasta el día de hoy y hasta donde conocemos, Diálogo no ha sido utilizado con fines político partidistas, procede que nos preguntemos: ¿qué garantías hay de que las personas que hoy, o mañana, controlan la Universidad de Puerto Rico no utilicen dicha publicación como un instrumento indebido de propaganda política? La contestación en la negativa resulta ser obvia. Ahora bien, ello no es lo realmente crucial en este asunto.
Lo verdaderamente importante lo son las implicaciones que tiene la errónea norma que hoy se establece por el Tribunal. Si una corporación pública como la Universidad de
Nota 5: En cuanto al codemandante Luis Fernando Coss, el cual es un empleado por contrato de la Universidad de Puerto Rico, éste no puede tener mayores derechos que los que tiene Diálogo o la Universidad de Puerto Rico respecto al derecho de “libertad de prensa” garantizado por la Constitución. _____________________________________________
Puerto Rico tiene derecho –meramente debido al hecho que el Presidente de la misma “garantice” su imparcialidad editorial– a publicar un mensuario sin que la Comisión Estatal de Elecciones pueda pasar juicio sobre la imparcialidad y corrección, desde un punto de vista de propaganda política indebida, de su contenido en un año eleccionario, ¿qué impide que otras agencias o corporaciones públicas del Gobierno hagan lo mismo durante el año de 1996 o en años eleccionarios subsiguientes?
Esto es, la Opinión emitida abre las puertas para que cualquier jefe de una corporación pública pueda anunciar, con bombos y platillos, la creación de una publicación la cual, conforme sus palabras en ese momento, no será utilizada por dicha corporación pública como instrumento del gobierno para difundir los supuestos logros del mismo. Dicha actuación o “garantía verbal”, conforme la Opinión emitida, será suficiente para convertir a dicha publicación en un “foro público por designación”, el cual estará inmune de fiscalización por la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones.
En síntesis, disentimos debido al hecho de que no podemos refrendar una Opinión que establece un erróneo y peligroso precedente en nuestra jurisdicción, el cual, al gravemente afectar y lastimar el derecho al sufragio, resulta igualmente perjudicial para nuestro sistema democrático de gobierno.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ, Juez Asociado
Néstor Cortés Portalatín Et Al. v. Roberto Hau Colón, 103 D.P.R. 734
Resumen: Sociedad de Gananciales v. González Padin, 117 DPR 94 (1986)