Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-1443-de-2011?documento=legcol&contexto=legcol_9d2272f0f7f9008ce0430a010151008c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-17 11:05:13
Document Index: 65313599

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﻿ LEY 1443 DE 2011
LEY 1443 DE 28 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES U OFICIALES. SE MODIFICA LA LEY 647 DE 2001, EN LO RELACIONADO CON EL DERECHO A LA IGUALDAD, LA LIBRE ESCOGENCIA Y LA CONTINUIDAD EN SALUD DE LOS AFILIADOS A LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS DE SALUD CON POSTERIORIDAD AL RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN, INDEPENDIENTE DE QUIÉN SEA EL RESPONSABLE DE SU PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD DEL SERVIDOR PÚBLICO, RÉGIMEN PENSIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, AFILIACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, UNIVERSIDAD, SISTEMA DE SALUD, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD, PLANILLA INTEGRADA PARA LA LIQUIDACIÓN DE APORTES, SELECCIÓN DE LA EPS, RÉGIMEN DEL SISTEMA DE SALUD, DERECHO A LA IGUALDAD, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PÚBLICO, AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, HOSPITAL UNIVERSITARIO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE SALUD
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1405 DE ABRIL 30 DE 2011, PG.866
ART. 1º—Modifíquese el literal c) del artículo 2º de la Ley 647 de 2001, el cual quedará así:
ART. 3º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil once (2011)
Referencia: Expediente OP-135 Sentencia C-939 de 2010. Proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001. Magistrado Ponente: Jorge I. Palacio Palacio.
Objeciones presidenciales al proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001.
Mediante oficio recibido por la Secretaría General de esta corporación el veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), el presidente del Senado de la República hizo llegar copia del expediente del proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001, que fue objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
A continuación la Corte transcribe el texto definitivo, aprobado en el Congreso, del proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001:
“LEY Nº__
El trámite legislativo del proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001, presenta los siguientes hechos relevantes:
1. Iniciativa y trámite en la Cámara de Representantes.
— El 25 de agosto de 2008 fue presentado el proyecto ante la secretaría general de la Cámara de Representantes, por el congresista Jaime Restrepo Cuartas, radicado con el número 103 de 2008 Cámara. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 549 del 26 de agosto de 2008 (fls. 306 a 308).
— La ponencia positiva para primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, presentada por la representante Amanda Ricardo de Páez, fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 686 del 3 de octubre de 2008 (fls. 268 a 269).
— De acuerdo con el informe de sustanciación suscrito por el vicepresidente y el secretario general de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes(1), el anuncio previo a la discusión y votación del proyecto se dio en sesión del 8 de octubre de 2008 (Acta 9). Buena parte de la discusión del proyecto se efectuó en la sesión del 21 de octubre (Acta 10, Gaceta del Congreso Nº 72 del 16 de febrero de 2009, págs. 12 y siguientes). Allí la Comisión decidió suspender la discusión y la aplazó para la próxima sesión. El articulado se aprobó por unanimidad en la sesión del 4 de noviembre de 2008, con un quórum decisorio de 16 de los 19 representantes que conforman la Comisión (Acta 11)(2).
— La ponencia para el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por los representantes Amanda Ricardo de Páez y Jorge Morales Gil, fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 821 del 19 de noviembre de 2008 (fls. 91 a 94).
— De acuerdo con el informe de sustanciación suscrito por el secretario general de la Cámara de Representantes(3), el anuncio previo a la discusión y votación del proyecto se dio en la Sesión Plenaria del 18 de noviembre de 2008 (Acta 151(4)), en donde expresamente se indicó que estas se llevarían a cabo el 25 de noviembre de 2008. Efectivamente, el articulado se aprobó en la sesión plenaria del 25 de noviembre, con un quórum decisorio de 158 de los 166 representantes que conforman la plenaria (Acta 153)(5).
2. Trámite en el Senado de la República.
— Remitido el proyecto al Senado de la República(6), la presidencia de esa Cámara repartió el mismo a la Comisión Séptima Constitucional Permanente, radicado con el número 227 de 2008(7).
— La ponencia para primer debate en la Comisión Séptima del Senado, presentada por los senadores Gloria Inés Ramírez Ríos, Dilian Francisca Toro y Germán Antonio Aguirre Muñoz, fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 875 del 10 de septiembre de 2009 (fls. 152 a 156)(8).
— En paralelo, el 14 de septiembre de 2009, el Ministro de Hacienda y Crédito Público remitió a la presidencia de la Comisión Séptima del Senado un concepto acerca del proyecto de ley, del que vale la pena resaltar lo siguiente: “La medida que se pretende implementar, le restaría disponibilidad a las universidades públicas para el desarrollo de su actividad académica, acentuando el problema financiero que en reiteradas ocasiones y en diferentes escenarios han manifestado los diferentes estamentos y representantes de las mismas”(9).
— De acuerdo con el informe de sustanciación suscrito por el secretario general de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado(10), el anuncio previo a la discusión y votación del proyecto se dio en sesiones del 16 de septiembre de 2009 (Acta 06) y el 7 de octubre del mismo año (Acta 07), y el articulado se aprobó en la sesión del 13 de octubre de 2009, con un quórum decisorio de 8 de los 14 senadores que conforman la Comisión (Acta 8).
— En el entretanto, el 13 de octubre de 2009, el Ministro de la Protección Social presentó un “concepto institucional” sobre el proyecto de ley, indicando que el mismo desconoce el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 superior y contribuye a la proliferación de regímenes especiales.
– La ponencia para segundo debate en Senado (plenaria), presentada por los senadores Gloria Inés Ramírez Ríos, Dilian Francisca Toro y Germán Antonio Aguirre Muñoz(11), fue publicada en la Gaceta del Congreso 1042 del 16 de octubre de 2009 (fls. 80 a 84).
— Más adelante, el Ministro de Hacienda y Crédito Público reiteró nuevamente los “comentarios” presentados al proyecto de ley, mediante oficios radicados en la presidencia del Senado de la República el 17 de noviembre de 2009(12) y el 9 de diciembre de 2009(13).
— De acuerdo con el informe de sustanciación suscrito por el secretario general del Senado(14), el anuncio previo a la discusión y votación del proyecto se dio en Sesión Plenaria del 10 de diciembre de 2009 (Acta 25). La siguiente sesión se llevó a cabo el lunes 14 de diciembre de 2009 (Acta 26, Gaceta del Congreso Nº 26). En esta, el proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, fue nuevamente anunciado para segundo debate para la próxima sesión (págs. 72 y 73). Finalmente, el articulado se aprobó efectivamente en la sesión plenaria del 15 de diciembre de 2009 (Acta 27)(15).
El ejecutivo considera que la modificación al literal c) del artículo 2º de la Ley 647 de 2001 conlleva una ampliación del sistema de salud de las universidades estatales u oficiales, “a aquellas personas que al término de su relación laboral se encuentren afiliadas a dicho sistema y adquieran el derecho a la pensión con el sistema general de pensiones”.
De acuerdo al informe de sustanciación de las objeciones presidenciales, suscrito por el secretario general de la Cámara de Representantes(16), el anuncio previo a la discusión y votación del documento emanado de la Comisión Accidental se dio en sesión plenaria del 4 de mayo de 2010 (Acta 238), y su aprobación se efectuó en la sesión plenaria del 11 de mayo de ese mismo año (Acta 239). Por su parte, en el informe de sustanciación del estudio de las objeciones presidenciales suscrito por el secretario general del Senado de la República(17), se indica que el documento presentado por la Comisión Accidental fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 157 de 2010, que el anuncio previo se efectuó en la sesión plenaria del 4 de mayo (Acta 35) y que fue aprobado en la sesión plenaria del 11 de mayo de 2010 (Acta 36).
Los argumentos que sustentan la insistencia del Congreso de la República en la aprobación del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, son los siguientes:
1. En primer lugar, el Congreso abordó los antecedentes legislativos y jurisprudenciales de la Ley 647 de 2001, “por la cual se modifica el inciso 3º del artículo 57 de la Ley 30 de 1992”. En este sentido, resaltó que tal disposición constituyó la aplicación del principio de autonomía universitaria previsto en el artículo 69 superior. A continuación, procedió a transcribir el artículo 1º de tal norma, de la siguiente manera: “El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley”.
Posteriormente, puntualizó que el gobierno, a través del artículo 16 del Decreto 1890 de 1995, reglamentó la situación jurídica de aquellas personas que siendo trabajadoras antes del 23 de diciembre de 1993, se terminaran jubilando en las “entidades objeto de adaptación”, para que ellas pudieran continuar recibiendo el servicio de salud en estas últimas(18). Agregó que el Decreto 4248 de 2007 reguló el tema de los afiliados y beneficiarios vinculados al servicio de salud de las universidades y planteó que dicha disposición conllevó a que “quienes estaban vinculados a dicho servicio de salud, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pudieran ejercer su derecho a la libre escogencia entre una EPS del sistema general de seguridad social en salud y el servicio de salud de las universidades estatales u oficiales. || A pesar de que este último decreto les permite a los vinculados a los sistemas universitarios, jubilados por el sistema general de pensiones continuar dentro de dichos sistemas de salud, restringe dicha posibilidad solamente a aquellos que hubiesen estado vinculados a dicho servicio de salud, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”.
2. De otra parte, en lo que se refiere al proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, el legislativo consideró necesario precisar las razones que le llevaron a aprobar la iniciativa. Al respecto afirmó:
“Igualmente el proyecto pretende poner a tono la Ley 647 con las normas relacionadas con la facultad de otorgar pensiones, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y específicamente, con la expedición del Decreto 2337 de 1996, las universidades públicas del orden territorial, perdieron competencia para continuar pensionando al personal que con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 cumpliera requisitos de edad y tiempo de servicios; similar situación ocurrió en lo pertinente con el Decreto 2527 de 2000 que estableció de manera restringida las condiciones que debería reunir el funcionario público para ser pensionado directamente por el empleador. Genera de este modo la normatividad en pensiones, un panorama que afecta no solo el competente para el pago de la prestación económica, sino también la calidad de afiliados, frente al contenido del literal c) del artículo 2º, de la Ley 647 de 2001 que a pesar de las disposiciones transcritas habla de los pensionados y jubilados de la respectiva universidad, dejando por fuera a los empleados de la universidad que adquieran el derecho a la pensión por el sistema general de pensiones”.
A continuación, el Congreso argumentó que la medida es válida a la luz de la Constitución, debido a que los sistemas universitarios de salud se encuentran soportados en el principio de autonomía universitaria y a que su regulación define los “mecanismos que garantizan el cumplimiento de los principios de solidaridad, libre afiliación, universalidad y eficiencia”. También planteó que la Corte Constitucional ha aceptado la existencia legítima de regímenes pensionales especiales, siempre que garanticen un nivel de protección igual o superior al régimen general(19). Añadió que el artículo 13 constitucional exige la adopción de medidas a favor de las personas que por su condición se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y coligió lo siguiente:
Considera el interviniente que se vulnera el principio de libre elección y la “… legítima expectativa de seguir gozando de una condición ya reconocida por la ley”, cuando se obliga a una persona que viene disfrutando de los servicios del sistema universitario de salud a que, contra su voluntad, se traslade al sistema general de salud.
2. Por otra parte, los ciudadanos Fabián de Jesús Espinosa Cano y José Alveiro Betancur Diossa, en calidad de vinculados al sistema universitario de salud de la Universidad de Antioquia, en escritos radicados el 8 de junio de 2010 en la secretaría general de esta corporación, presentan sus consideraciones respecto de la objeción presidencial al proyecto de ley, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001.
El señor Procurador General de la Nación, mediante oficio de 2 de junio de 2010, rinde su concepto de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, y en él solicita a esta corporación que declare infundadas las objeciones formuladas por el ejecutivo contra el proyecto de ley, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Posteriormente, solo en el evento en que la Corte encuentre que se cumplieron los requisitos anotados, procederá al análisis material del asunto y estudiará si la norma objetada desconoce o no el derecho a la igualdad, los principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema de seguridad social en salud, el principio de progresividad del sistema de educación superior o la unificación del sistema de seguridad social definida en la Ley 100 de 1993.
El artículo 166 de la Carta Política también establece que si al momento de presentar las objeciones el Congreso se encuentra en receso, el Presidente deberá publicarlas dentro de dicho plazo. Para ello es preciso tener en cuenta lo previsto en el artículo 138 de la Constitución, según el cual el Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante dos periodos por año que constituirán una sola legislatura: el primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre, y el segundo comienza el 16 de marzo y concluye el 20 de junio siguiente(22).
4.1. En el caso objeto de examen el texto definitivo del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara y 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001, consta de tres (3) artículos. Por lo tanto, el término para devolverlo con objeciones era de seis (6) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del mismo por el Gobierno Nacional.
5. Trámite de las objeciones en el Congreso de la República.
5.1.1. Senado de la República.
— Presentación del informe. Los congresistas Dilian Francisca Toro Torres (senadora), Amanda Ricardo de Páez (representante a la Cámara), Germán Antonio Aguirre Muñoz (senador) y Jaime Restrepo Cuartas (representante a la Cámara), presentaron el 11 de mayo de 2010, el “Informe sobre objeciones presidenciales al proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001.
— Anuncio previo. El anuncio previo para la votación del informe de objeciones se llevó a cabo el día martes 4 de mayo de 2010, según consta en el Acta 35 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 280 del 1º de junio de 2010(32). En ella se lee:
Proyecto de ley Nº 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001”.
— La aprobación del informe por parte de 56 senadores, de los 57 presentes, tuvo lugar el día martes 11 de mayo de 2010, según consta en el Acta 36 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 281 del 1º de junio de 2010(33). Según consta en la citada Gaceta, previamente la presidencia del Senado indicó a la secretaría continuar con el informe de objeciones formulado al proyecto de ley de la referencia y, en tales condiciones, se concedió el uso de la palabra a la senadora Dilian Francisca Toro Torres, quien fue escuchada sobre los antecedentes del informe.
5.1.2. Cámara de Representantes.
El anuncio previo a la votación del informe de objeciones del proyecto de ley de la referencia, se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes el 4 de mayo de 2010, según consta en el Acta 238 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 299 del 4 de junio de 2010(34), de la siguiente manera:
Proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001”.
La votación y aprobación del informe de objeciones fue realizada en la sesión del 11 de mayo de 2010, según consta en el Acta 239, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 344 del martes, 15 de junio de 2010(35), de la cual se destaca lo siguiente:
Proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001.
Para que sean sometidas a discusión y aprobación de las plenarias de Senado y Cámara, los miembros de esta comisión decidimos frente a las objeciones presidenciales al proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2010, lo siguiente.
En consideración las objeciones presidenciales del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, en referencia. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Aviso que se va a cerrar. Se cierra. Señora secretaria, favor abrir el registro.
Señora secretaria, favor cerrar el registro y anunciar el resultado de la votación, incluyendo al parlamentario (…) Doctor Carmelo Pérez (…) Y al representante Fáber Giraldo (…).
Señor presidente, ha sido aprobado el informe de objeciones presidenciales al proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001”.
— Finalmente, el presidente del Congreso de la República remitió a la Corte Constitucional el proyecto de la referencia, el 25 de mayo de 2010, para que la corporación decida sobre la exequibilidad del artículo objetado.
5.2. Para la Corte, el trámite del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política, por cuanto para estudiar las objeciones presidenciales se nombró una comisión accidental conformada por miembros de ambas células legislativas, la cual rindió un informe que fue aprobado por las plenarias del Senado y Cámara.
Así mismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 79-4 de la Ley 5ª de 1992 —reglamento interno del Congreso—, dicho informe fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria de las cámaras legislativas y fue sometido a votación en sesión diferente a la que previamente fue anunciado, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 160 de la Constitución, introducido por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
6. Delimitación de la materia objeto de análisis.
Posteriormente, mediante la Ley 647 de 2001(39), dicho inciso fue ampliado, agregando como potestad adscrita al régimen especial universitario la posibilidad de organizar “su propia seguridad social en salud”(40). Además, esta disposición introdujo un parágrafo en el cual se concretaron los parámetros mínimos que debían atenderse para la regulación de dicho sistema. Estos se encuentran consignados en el artículo 2º de la Ley 647 de la siguiente manera:
“En respaldo de lo anterior, a partir de una interpretación sistemática de la Carta, en especial de sus artículos 1º, 2º, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370, para la Corte es evidente que, de manera general, la atribución constitucional para regular todo lo concerniente a los servicios públicos es exclusiva del legislador a quien compete —de conformidad con su reiterada jurisprudencia establecer aquellos criterios normativos básicos relativos a: “la naturaleza, extensión y cobertura del servicio, su carácter de esencial o no, los sujetos encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, permanencia, constancia, calidad y eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, en lo que atañe a sus deberes, derechos, al régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que presten el servicio, el régimen tarifario, y la manera como el Estado ejerce el control, la inspección y la vigilancia para asegurar su prestación eficiente (C.P., arts. 1º, 2º, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370)”(43).
“... la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, comoquiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta” (Sent. C-461/95 (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto original).
“8. Confrontando las anteriores indicaciones consignadas en la Sentencia C-1435 de 2000, con el contenido dispositivo del proyecto de ley en su nueva versión, la Corte encuentra que el mismo, aunque es mínimo, cumple con los requerimientos formulados al legislador de conformidad con la Constitución. En efecto, mediante el artículo 2º del nuevo proyecto, el Congreso adiciona el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 con un parágrafo que contiene las reglas básicas del sistema de seguridad social en salud que podrán organizar las universidades estatales u oficiales. En dicho parágrafo se contemplan normas sobre organización, dirección y funcionamiento del nuevo sistema, así como sobre su administración y financiamiento, aspecto este último respecto del cual remite a lo previsto en la Ley 100 de 1993. De igual modo, señala quiénes podrán figurar como afiliados y se garantiza el principio de libre afiliación. Respecto a la regulación sobre beneficiarios y plan de beneficios, el nuevo parágrafo remite igualmente a lo dispuesto al respecto por la Ley 100 de 1993, remisión que también se hace en lo referente a los aportes de solidaridad. En cuanto a las instituciones prestadoras del servicio de salud, la nueva reglamentación legal indica que los servicios de salud podrán ser prestados directamente por las universidades que decidan organizar su régimen propio, o que podrán contratarlos con otras instituciones prestadoras de tales servicios”.
Como se observó, en aquella providencia la objeción relativa al derecho a la igualdad estaba fundamentada en la discriminación que surgiría de la creación de un sistema de salud en las universidades públicas, frente al régimen que tienen los demás afiliados al sistema general de seguridad social en salud. La Corte antepuso a este cargo la competencia que tiene el legislador para regular este régimen y crear ordenaciones de carácter especial respecto de ciertos trabajadores, atendiendo las condiciones específicas de su empleo. Eso sí, advirtió que la competencia del Congreso está limitada a la definición de prácticas discriminatorias o a la disminución de las garantías establecidas en la Ley 100 de 1993. Esta tesis ha sido reiterada por esta corporación, cuandoquiera que ha analizado la creación de parámetros especiales de seguridad social; en la Sentencia C-928 de 2006 argumentó lo siguiente:
“Así las cosas, es posible concluir que existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad frente al sistema general de seguridad social. Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio este es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que pueda concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe ser evidente”(48).
Ahora el gobierno objeta por inconstitucional el proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara y 227 de 2008 Senado, por considerar que desconoce el derecho a la igualdad además de generar un trato discriminatorio entre las personas que se jubilen encontrándose afiliadas al sistema universitario de salud, quienes podrán escoger libremente entre permanecer en este o afiliarse al general, y los demás pensionados, quienes tendrán que permanecer obligatoriamente en el sistema general.
De la misma manera, esta Sala considera que el proyecto de ley no es contrario a la solidaridad, la unificación o la eficiencia del sistema. Esto, atendiendo los parámetros de la Sentencia C-1435 de 2000 y del parágrafo del artículo 57 de la Ley 30 de 1993, específicamente su literal e)(49) (adicionado por la L. 647/2000). Bajo estas condiciones, el funcionamiento del sistema universitario de salud debe garantizar el pago de las cotizaciones respectivas al Fosyga con destino a la financiación del régimen subsidiado. En esta medida, a pesar de su especialidad, estos sistemas se encuentran obligados a ayudar a sostener la prestación de los servicios a favor de aquellos que no se encuentran en el régimen contributivo, es decir, para las personas más pobres. Así las cosas, siempre que todo sistema universitario asegure el traslado de los recursos correspondientes para garantizar el funcionamiento de la subcuenta de solidaridad, a partir del porcentaje legalmente previsto de las cotizaciones de todos y cada uno de sus afiliados, en los términos del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, la Sala considera que no se afectan los principios del sistema general de seguridad social en salud.
“5.4.3. Ahora bien, el carácter progresivo de un derecho implica no solo el compromiso estatal de ampliar el espectro de cobertura real del mismo hasta satisfacer el principio de universalidad, sino también el aumentar el número y contenido de las prerrogativas que dicho derecho confiere a sus titulares. Pero sobre todo, conlleva la prohibición prima facie de retrocesos. Así lo ha entendido esta corporación en fallos precedentes, especialmente en el recogido en la Sentencia C-038 de 2004, en los cuales refiriéndose a tal carácter progresivo de otros derechos como la salud y las garantías laborales, ha insistido en la imposibilidad jurídica que en principio se presenta para disminuir el ámbito de cobertura y de prerrogativas de los derechos de desarrollo progresivo. Así pues, si bien el carácter progresivo de los derechos sociales no es absoluto, su restricción exige una adecuada justificación en la persecución de objetivos prioritarios de carácter constitucional, y debe respetar parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
“El inciso 2º del artículo 86 trascrito contiene una fórmula que busca lograr que dichos aportes del prepuesto nacional, y también los que provienen de los presupuestos de las entidades territoriales, mantengan su valor constante, por lo cual ordena tomar cada año, como base para determinar el monto de los aportes respectivos, los presupuestos correspondientes al año anterior, y traerlos a valor actual(53).
En efecto, el principio de progresividad sí tiene una estrecha relación con el monto de recursos fiscales asignados para el cumplimiento de los fines constitucionales. Sin embargo, de lo expuesto por el gobierno esta corporación no logra inferir la afectación de la prestación del servicio de educación superior a partir de lo dispuesto en el proyecto de ley objetado. Por el contrario, tal y como lo señaló uno de los intervinientes, la Corte destaca que en virtud del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, los recursos destinados a funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior se encuentran debidamente separados y que, por otra parte, la Ley 647 de 2001 previó unas condiciones de financiación específicas de los beneficios derivados de los sistemas universitarios de salud, lo que garantiza que no se afecte el cumplimiento de los objetivos constitucionales asignados a tales entidades. Bajo estas condiciones, esta objeción también será declarada infundada, por lo que el artículo 1º del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara - 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2000, será declarado exequible, únicamente por los cargos planteados en la objeción presidencial analizada en esta sentencia.
Primero. DECLARAR INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República respecto de las expresiones “y a las personas que al término de su relación laboral se encuentren afiliados al sistema universitario de salud y adquieran el derecho a la pensión (…) con el sistema general de pensiones” previstas en el artículo 1º del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara - 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2000”.
Segundo. DECLARAR EXEQUIBLE las expresiones objetadas del artículo 1º del proyecto de ley Nº 103 de 2008 Cámara, 227 de 2008 Senado, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2000, únicamente por los cargos planteados en la objeción presidencial analizada en esta sentencia.
Mauricio González Cuervo (ausente en comisión).
(1) Folio 229.
(2) Acta 011 del 4 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 073 de 2009.
(3) Folio 221.
(4) Vid. página 48 de la Gaceta del Congreso Nº 48.
(5) Acta 153 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 015 del 30 de enero de 2009.
(6) Oficio S.G.2-3610-08 del 26 de noviembre de 2008, folio 218.
(7) Folios 191 y 192.
(8) La constancia de entrega de esta Gaceta a los senadores de la Comisión se encuentra en el folio 151.
(9) Folios 147 a 149.
(10) Folio 130.
(11) Folios 116 ss.
(12) Folio 111.
(15) Gaceta del Congreso Nº 27, del 15 de diciembre de 2009. Cuaderno 2, folio 147.
(18) Esta norma dispone lo siguiente: “Artículo 16. Servidores de una entidad objeto de adaptación que se jubilen. En el caso de personas que se encontraban vinculadas el 23 de diciembre de 1993 a la entidad sujeta de adaptación, que continúen trabajando en la misma hasta el término de su relación laboral y que se jubilen con el sistema general de pensiones, la entidad objeto de adaptación recibirá de la respectiva administradora de pensiones la cotización correspondiente a salud, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, para efectos de continuar prestando el servicio a los pensionados que así lo decidan”.
(19) Específicamente, el legislativo citó un párrafo de la Sentencia C-461 de 1995.
(22) La norma aclara que el Congreso también se reunirá en sesiones extraordinarias, por convocatoria del gobierno y durante el tiempo que este señale, en cuyo caso solo podrá ocuparse en los asuntos que el gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.
(31) Cuaderno 2, folios 107 a 113.
(34) Cuaderno 5, folio 28.
(35) Cuaderno 6, folio 26.
(42) Entre ellos enlistó los siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (C.P., art. 67), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (C.P., art. 69), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (C.P., art. 150-23) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (C.P., arts. 11 y sig.)”.
(44) De manera concreta el fallo dice lo siguiente: “Así las cosas, para la Corte el citado proyecto de ley presenta un vicio de inconstitucionalidad que lo hace parcialmente inexequible; inexequibilidad que puede ser remediada en la medida en que el Congreso de la República, en estricta sujeción a los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, adicione la iniciativa legislativa con un contenido regulador básico sobre el régimen de seguridad social aplicable a las universidades del Estado. En este sentido, la ley deberá consagrar aquellos aspectos generales aplicables al nuevo sistema como pueden ser los relacionados con: (i) su organización, dirección y funcionamiento; (ii) su administración y financiación; (iii) las personas llamadas a participar en calidad de afiliadas y beneficiarias; (iv) su régimen de beneficios y (v) las instituciones prestadoras del servicio de salud. (…) En consecuencia, el proyecto de ley Nº 118 de 1999 Cámara y 236 de 2000 Senado, se declarará parcialmente inexequible por cuanto no existe un desarrollo legal sobre el régimen especial de seguridad social de las universidades del Estado. Por lo tanto, conforme lo disponen los artículos 167 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2067 de 1991, el proyecto objetado se devolverá a la Cámara de origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre la disposición afectada en los términos que sean concordantes con el dictamen de la Corte”.
(47) Sentencia C-173 de 1996.
(48) Sentencia C-080 de 1999, criterio reiterado en fallos C-890 de 1999, C-956 de 2001, C-835 de 2002, C-1032 de 2002 y C-941 de 2003.
(49) “El sistema propio de la seguridad social en salud de que trata este artículo, se regirá por las siguientes reglas básicas: (…) e) Aporte de solidaridad. Los sistemas efectuarán el aporte de solidaridad de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993”.
(50) Los ingredientes del sistema pensional en Colombia se encuentran previstos en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Por su parte, el octavo inciso del artículo 48 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, establece lo siguiente: “Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia (…)”.
(51) Ver Sentencia C-177 de 2002.