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Timestamp: 2020-06-06 09:43:36
Document Index: 175322536

Matched Legal Cases: ['Artículo 353', 'Artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 89', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 181', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 3', 'artículo 388', 'artículo 3', 'artículo 935']

CAPÍTULO XVII DEL TÍTULO SEXTO TRABAJO UNIVERSITARIO
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON UN CAPÍTULO XVII
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
SE ADICIONA EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY DEL TRABAJO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo XVII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo en vigor, como sigue:
Artículo 353-J.- Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones.
Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan.
Artículo 353-U.- Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus Leyes Orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.
Primero.- Los acuerdos o convenios que de conformidad con esta ley sean de materia de contratación colectiva y hayan sido celebrados con anterioridad a la fecha de expedición de este Decreto por las instituciones autónomas, se considerarán como contratos colectivos para todos sus efectos, sin necesidad de ningún trámite, y serán revisados conforme a esta ley en la fecha que se haya pactado en los mismos, la cual no podrá ser posterior a dos años a partir de aquella en la que iniciaron su vigencia.
Segundo.- La convocatoria para la elección de los representantes a que se refiere el artículo 353-T, se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación del presente Decreto. En la misma se fijará la fecha en que se efectuarán las convenciones respectivas que será anterior al 15 de diciembre de 1980 y se señalará que los representantes que resulten electos durarán en su cargo hasta el 31 de diciembre de 1982. A partir de esa fecha la designación de representantes se efectuará conforme a las disposiciones generales de la ley.
Mientras se lleve a cabo el procedimiento de elección de representantes, los asuntos seguirán siendo atendidos por las autoridades jurisdiccionales que han venido conociendo de ellos.
Tercero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
México, D.F., 17 de octubre de 1980. -Ismael Orozco Loreto, D.P.- Nicolás Reynés Berezaluce, S.P.-Juan Maldonado Pereda, D.S.- Mario Carballo Pazos, S.S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos ochenta. José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.
Apéndice: Exposición de Motivos a la Iniciativa del Decreto anterior.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON UN CAPÍTULO XVII.
C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Por el digno conducto de ustedes y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Decreto que tiene por objeto promover el correspondiente proceso legislativo para adicionar el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, con un Capítulo XVII que regule las relaciones de trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley.
El considerable desarrollo que ha alcanzado la educación superior en nuestro país, sobre todo en las últimas décadas, se ha traducido en la creación de un gran número de universidades e instituciones de enseñanza superior, a muchas de las cuales la ley les ha otorgado autonomía. Este avance del sistema educativo nacional ha traido consigo, como lógica consecuencia, un aumento importante en el número de trabajadores académicos y administrativos sin cuyo concurso no sería posible atender la creciente demanda de enseñanza, investigación y difusión de la cultura.
Los trabajadores de estas instituciones han venido demandando el pleno reconocimiento a sus derechos laborales, sin demérito de los principios y objetivos que justifican la autonomía y la libertad de cátedra. Faltaba, no obstante, el marco jurídico, el principio constitucional que permitiera lograrlo.
De acuerdo con lo anterior, el 10 de octubre de 1979 presenté ante esta H. Cámara, una iniciativa de adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitiera precisar los derechos y obligaciones laborales de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía.
El pasado 10 de junio, concluido el proceso legislativo correspondiente, entró en vigor el Decreto, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el día anterior, por virtud del cual se adicionó con una nueva fracción al artículo 3o. Constitucional. A partir de entonces tiene el carácter de garantía constitucional la autonomía universitaria.
En la Exposición de Motivos de la iniciativa la que me he referido señalé con relación a los aspectos laborales que "las universidades públicas del país han solicitado que se legisle a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomía y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, con la finalidad de hacer compatibles la autonomía y los fines de las instituciones de educación superior con los derechos laborales de los trabajadores tanto académicos como administrativos. El Gobierno de la República -añadí-, está persuadido de que estas precisiones auxiliarán a que las universidades cumplan cada día mejor sus finalidades y se superen académicamente para que México pueda lograr su independencia científica y tecnológica".
En conformidad con esta nueva fracción del artículo 3o. Constitucional, la autonomía y los derechos laborales deben ser aspectos complementarios en la vida de las comunidades universitarias. Entre ellos no debe haber oposición ni, tampoco, primacía de uno sobre otro y de ahí que disponga que en la Ley Federal del Trabajo se fijen, conforme a las características propias de un trabajo especial, los términos y modalidades con los que los derechos consagrados en la fracción "A" del artículo 123 de nuestra Ley Fundamental han de aplicarse al personal académico y al personal administrativo de las universidades e instituciones de referencia.
La naturaleza especial de las relaciones laborales que existen en las instituciones de este tipo, se deriva tanto de la índole específica del trabajo que en ellas se realiza, como de los objetivos que con él se persiguen.
No son muy numerosos ni los términos ni las modalidades que han de imponérseles a nuestro sistema de derecho laboral para que resulte aplicable en las instituciones autónomas. En el capítulo al que se refiere esta iniciativa se ha seguido el camino, como la señala la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 181, de consignar sólo los términos y modalidades en que las relaciones de trabajo de este tipo han de apartarse de los principios generales para coincidir, en todo, con la autonomía y la libertad de cátedra . Como es obvio suponer cuando no se ha consignado salvedad alguna han de seguirse las normas generales de la Ley.
La iniciativa, en conformidad con la fracción VIII del artículo 3o. Constitucional, distingue entre trabajadores académicos y trabajadores administrativos.
En lo que se refiere a los primeros, o sea los trabajadores académicos, se señalan las bases para que pueda considerárseles sujetos a una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Los principios adoptados son evidentes ya que, por una parte, se exige que la tarea que realicen tenga ese carácter y, por la otra, que hayan demostrado que poseen la aptitud necesaria para hacerlo a juicio de la universidad o institución en la que presten o vayan a prestar sus servicios. El artículo se refiere, así, con deliberada generalidad, a una evaluación académica efectuada por el órgano competente.
De esta manera no se afecta la protestad que la Constitución confiere a las universidades e instituciones autónomas para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico ni, tampoco, el principio general de que los aspectos académicos no estan sujetos a negociación y fijarlos es de la exclusiva competencia de las instituciones autónomas por Ley.
La ley laboral al reglamentar en su artículo 86 el principio constitucional de que a trabajo igual debe corresponder igual salario, precisó que su aplicabilidad depende de que el puesto, jornada y condiciones de eficiencia en que se le desempeña sean también iguales. Las diversas categorías o calidades académicas constituyen puestos diferentes y podrían en consecuencia, suponerse ya consideradas por la ley. Sin embargo, y siguiendo un principio que el legislador ha adoptado en los capítulos sobre trabajos especiales, se ha estimado conveniente hacer aquí una aclaración semejante.
La Ley Federal del Trabajo establece las diversas formas de sindicatos que pueden constituirse. En esta iniciativa se fijan, en conformidad con la nueva fracción del artículo 3o. de la Ley Fundamental, los que pueden establecerse en las universidades e instituciones a que la misma se refiere.
Por este motivo se señala que sólo podrán formarse sindicatos de personal académico, de personal administrativo o de institución si incorporan a los dos tipos de trabajadores. La autonomía de que disfrutan estas instituciones de educación superior les garantiza, también, su independencia entre sí, y de ahí el principio de que sólo pueden formarse sindicatos para cada institución. De no entender así la autonomía universitaria, podría darse el caso de que intervinieran en la contratación colectiva personas ajenas a estas instituciones, impidiéndole a sus propios trabajadores el ejercicio directo de sus derechos laborales y afectaría el derecho constitucional de las universidades e instituciones autónomas para gobernarse a sí mismas.
Para dirimir problemas de titularidad en la contratación colectiva la iniciativa adopta, por analogía, el sistema fijado por el artículo 388 estableciendo que los sindicatos de personal académico y los sindicatos de personal administrativo recibirán, en este caso, el tratamiento que corresponde a los sindicatos gremiales, mientras que el sindicato de institución tendrá el de sindicato de empresa.
Esta iniciativa tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia sociales en las relaciones de trabajo de tal manera que concuerden plenamente con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de las instituciones autónomas de enseñanza superior.
Es en atención a este fin que se precisan las reglas para el ejercicio del derecho a la contratación colectiva.
Para tutelar de la manera más efectiva los derechos de los trabajadores académicos y de los trabajadores administrativos, se propone que las disposiciones que corresponden a cada una de las ramas del personal sólo podrán extenderse a la otra cuando así se convenga expresamente.
Por otra parte se propone que las cláusulas de exclusión no se apliquen en ninguna de sus modalidades al personal académico, ni por separación en el caso del personal administrativo. Se atiende así a la concordancia entre las relaciones laborales, la autonomía universitaria y los principios de libertad de cátedra, investigación y libre examen y discusión de las ideas que de manera imperativa dispone la fracción VIII del artículo 3o. Constitucional.
La preocupación del Ejecutivo a mi cargo por mantener los valores de nuestra convivencia política en todos sus aspectos, no podía concretarse a mantener intactos los que implica la autonomía. Era necesario hacer otro tanto con los valores del derecho del trabajo y de ahí que a los trabajadores de las instituciones autónomas se les reconozca plenamente, sin restricción alguna, el derecho de huelga.
Se hacen sólo dos referencias a la huelga, ya que privan los principios generales. La primera se ocupa del aviso de suspensión de labores, que ha de notificarse con una antelación de cuando menos diez días, para darle el mismo tratamiento que la Constitución establece en el caso de huelga en otros servicios públicos. La segunda añade a las previsiones del artículo 935 sobre las labores que deben seguirse ejecutando en caso de una huelga, las necesarias para evitar que la suspensión de las labores dañe irreparablemente una investigación o experimento en curso.
Es también en respeto a la autonomía y a las situaciones que de ella se desprendan, que la iniciativa propone que en la integración de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje participen, un representante de la Institución, uno de los trabajadores a su servicio -que deberá ser académico o administrativo según corresponda-, y el Presidente respectivo. Serán, así, miembros de la comunidad educativa y no otros, quienes con el Estado, resuelvan sus problemas.
Al atender, por último, a los distintos regímenes de seguridad social que las instituciones ofrecen a sus trabajadores, se propone que en esta materia su personal se rija por lo que determine la Ley que haya creado cada institución o los acuerdos que con fundamentos en ella se suscriban. Este tratamiento convalida los sistemas de protección social aplicables y evita reajustes administrativos que podrían entorpecer el ejercicio de los derechos adquiridos por los trabajadores, sobre la base de que las prestaciones nunca podrán ser inferiores a las establecidas por nuestra Ley Fundamental y la Ley Federal del Trabajo.
Es imprescindible reconocer la validez de los acuerdos o convenios colectivos que rigen actualmente las relaciones laborales en las universidades e instituciones autónomas. Por ello se señala, en el primero de los artículos transitorios, que para los efectos de esta Ley, se les considera como contratos colectivos, aceptando que tienen fuerza legal, para todos sus efectos y sin mayor trámite hasta su vencimiento. Se estableció la salvedad de que tales convenios, sin embargo, no pueden tener una validez que exceda de dos años ya que ésta es la regla general de vigencia de los contratos colectivos.
El segundo artículo transitorio prevé un plazo breve para elegir a los representantes, trabajadores e institucionales, de cada organismo autónomo para integrar las Juntas de Conciliación y Arbitraje o de Conciliación Permanente que corresponda. Se propone que, mientras tanto, los asuntos serán atendidos por las autoridades jurisdiccionales que han venido conociendo de ellos.
El Ejecutivo a mi cargo estima que la iniciativa que aquí se presenta, al atender las legítimas inquietudes de un sector de trabajadores mexicanos al que la Ley no amparaba, establece principios que pueden producir importantes avances en la justicia social y, a la vez, las instituciones autónomas de educación superior pueden lograr el equilibrio social en sus relaciones laborales sin afectar su régimen autónomo ni sus funciones académicas.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de ese H. Poder Legislativo Federal, por el digno conducto de ustedes, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO.................................
Distrito Federal, Palacio Nacional. Al primer día del mes de octubre de mil novecientos ochenta.-
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. José López Portillo.- Rúbrica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2019