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Timestamp: 2020-02-25 17:21:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 42', 'artículo 236', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7']

Importancia del diseño de la estructura societaria y de los sistemas de compliance como mecanismo de defensa corporativa en los grupos de sociedades - Informativo Jurídico
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Importancia del diseño de la estructura societaria y de los sistemas de compliance como mecanismo de defensa corporativa en los grupos de sociedades
Por Letrada Juana Pardo Pardo, – Asociada Senior de Garrigues y coordinadora del Programa Executive Corporate Compliance del Centro de estudios Garrigues. Ponente del I Congreso de Carga, Transporte y Estiba.
La defensa corporativa de las sociedades, especialmente en los grupos de sociedades que operan en distintos países y con distintos ámbitos de actividad, está compuesto por distintos mecanismos que sirven para aislar riesgos entre las distintas empresas y actividades de un mismo grupo empresarial y conseguir así una estructura sólida que permite proteger mejor al patrimonio de la sociedad en su conjunto ante cualquier adversidad. Nos estamos refiriendo a la estructura societaria, el sistema de gobierno corporativo, el sistema de gestión de riesgos, los contratos intragrupo, los procedimientos de compras, la gestión de representación, la responsabilidad social corporativa, los procedimientos y el sistema de compliance y su estructura de supervisión. Esos distintos mecanismos, correctamente diseñados, encajan a la perfección como las piezas de un puzle de manera que se convierten en un verdadero escudo protector para el patrimonio del grupo empresarial.
El artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) hace referencia al concepto de grupo de sociedades, al disponer que “a los efectos de esta ley, se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”.[1]
(i) la derogación o atenuación del principio general de limitación de responsabilidad de los socios al capital aportado, que rige en todas las sociedades de capital,
(ii) ni la existencia en los grupos de sociedades, ope legis, de una responsabilidad, de carácter solidario o subsidiario, de la sociedad dominante por las deudas contraídas con terceros por las sociedades dominadas,
(iii) ni mucho menos la desaparición de la personalidad jurídica de cada una de las sociedades que integran dicho grupo.
Tanto la doctrina[2] como la jurisprudencia[3] coinciden en defender que las empresas filiales son centros individualizados de imputación de responsabilidad, es decir, que las responsabilidades que surjan como resultado de las actuaciones de una filial, se deben imputar como regla general a dicha sociedad independiente de su matriz y del resto de sociedades del grupo, excepto en los supuestos excepcionales a los que nos referiremos más adelante en los que quepa aplicar la teoría del levantamiento del velo o concurran los requisitos para que la sociedad dominante pueda ser calificada como administradora de hecho de sus filiales[4].
3.1. Doctrina del levantamiento del velo
La doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica[5] es uno de los instrumentos empleados por nuestros tribunales para ofrecer a los acreedores un patrimonio de responsabilidad más amplio que el de la sociedad deudora cuando ésta se encuentra incardinada en un grupo de sociedades. Dicha doctrina consiste en desconocer la personalidad jurídica diferenciada de las distintas sociedades agrupadas y la limitación de responsabilidad de las sociedades de capital, en determinadas ocasiones, cuando esa personalidad jurídica y la limitación de responsabilidad de las sociedades de capital son empleadas por los respectivos socios que se hallen detrás de la sociedad para propósitos ilegales o defraudatorios de intereses de terceros (acreedores, consumidores, socios o la administración). En cualquier caso, esta técnica jurisprudencial, en atención a la seguridad jurídica y a la pluralidad de intereses en juego, solo se apreciará en supuestos excepcionales como así ha reiterado la jurisprudencia del Alto Tribunal[6], con extraordinaria cautela, moderación y caso a caso, debiéndose probar el ánimo y actuar defraudatorio[7]. Así, para proceder a desconocer la personalidad jurídica diferenciada de las distintas sociedades agrupadas, para levantar el velo de la personalidad jurídica, la jurisprudencia ha venido construyendo un catálogo de supuestos en los que entiende que concurre tal fraude de ley o abuso de derecho: Creación artificial o mera apariencia para obtener un resultado contrario a derecho; Ente totalmente ficticio o pura ficción; Inconsistencia de la persona jurídica; Instrumentación; Desdoblamiento de una persona en dos sociedades; Personalidad jurídica meramente formal; Confusión de personalidades o de patrimonios; Sustancial confusión e identidad; o Infracapitalización.
3.2. Administrador de hecho
El artículo 236.3 de la LSC establece que: “La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad”[8]. Será esta última acepción del administrador de hecho la que presumiblemente aplicará a la sociedad matriz, dada la relación de poder que le une a la sociedad filial y que puede llegar a suponer, en determinadas ocasiones, la suplantación por la matriz de la labor del órgano de administración de la filial.
La doctrina[9] suele identificar también esta figura con el “accionista de control”, pero ello no implica que en todos los supuestos de control, directo o indirecto, de la mayoría del capital de otras sociedades proceda atribuir automáticamente al accionista de control la condición de administrador de hecho[10], ya que su injerencia en la gestión de la compañía deriva del especial interés que éste tiene en su correcto desarrollo y que se traduce en su influencia en la toma de decisiones de la sociedad[11]. Si bien son innumerables las opiniones doctrinales que llaman la atención sobre la falaz asunción que supone considerar que toda sociedad es, por el mero hecho de controlar un importante paquete de acciones o participaciones sociales en otra, un administrador de hecho de la sociedad participada.
En los supuestos de control, directo o indirecto, de la mayoría del capital de otras sociedades –lo que se conoce como “el socio o accionista de control”– tampoco parece sensato atribuir automáticamente a éste la condición de administrador de hecho, ya que su injerencia en la gestión de la compañía deriva del especial interés que éste tiene en su correcto desarrollo y que se traduce en su influencia en la toma de decisiones de la sociedad[12].
(i) La primera, obvia y principal, que engloba a todas, es garantizar en tiempo y forma el debido cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que resulten de aplicación;
(ii) Gestionar las sociedades y sus actividades en interés de las mismas evitando adoptar acuerdos o suscribir contratos que beneficien a los socios y/o terceros en perjuicio de las sociedades.
(iii) Evitar la concurrencia de elementos y circunstancias que puedan ser tenidos en cuenta por los tribunales para establecer la comunicación de responsabilidades empresariales entre sociedades del mismo grupo, tales como: Confusión de plantillas: cuando existan trabajadores prestando servicios de forma simultánea a varias sociedades del grupo; Confusión de patrimonios sociales: cuando existan activos vinculados a varios negocios o actividades, así como la posible existencia de caja única; Apariencia externa unitaria: por ejemplo, la existencia de garantías o pagos realizados por sociedades del grupo de forma indistinta; Dirección unitaria; Objeto propio: es importante que la intención con la que se constituyan las sociedades sea el desarrollo de un objeto social propio, sin que su constitución esté motivada en el ánimo de defraudar a terceros.
(iv) Documentar por escrito las relaciones contractuales suscritas por las sociedades (independientemente de que se trate de sociedades del grupo o de terceros);
(v) Disponer de un sistema de archivo documental que permita a las sociedades acceder en todo momento a los documentos que hayan sido suscritos o presentados ante organismos públicos. Cumplir con esta recomendación facilitará considerablemente la organización de data rooms o puesta a disposición de información para los procesos de auditoria;
(vi) Disponer de los libros de los libros contables y societarios debidamente legalizados y mantenerlos actualizados;
(vii) Inscribir en el registro mercantil la declaración de unipersonalidad en aquellas sociedades en las que concurra dicha circunstancia –evitando así la responsabilidad solidaria del socio con la sociedad derivada de la falta de inscripción- y transcribir al libro registro de contratos con el socio único aquellos contratos que hayan sido suscritos.
(viii) Disponer de unas políticas internas de ejercicio de facultades por parte de los apoderados de la sociedad, (aunque los mismos puedan tener plenas facultades de decisión y ejercicio frente a terceros como el Consejero Delegado, Administrador Único o Administrador Solidario) de manera que las operaciones de cierta relevancia para el Grupo se sometan a la aprobación previa del consejo de administración o de la junta general, en su caso;
(ix) Procurar que las decisiones se sometan a debate (consignándose los mismos en las actas) y se adopten de manera sistemática y autónoma por los órganos sociales competentes (junta general u órgano de administración), evitando la tendencia de algunos grupos de sociedades de aglutinar las decisiones para las sociedades del grupo en la sociedad cabecera.
(x) Evitar la autocontratación (suscripción de contratos o negocios por una misma persona en representación e interés de personas distintas), especialmente en caso de concurrir un conflicto de intereses. En este caso es aconsejable obtenerla pertinente licencia de los representados, con carácter previo a la firma del negocio o contrato, a través de una decisión de los órganos sociales competentes de cada una de las partes representadas.
(xi) Realizar la operaciones entre sociedades del grupo en interés de cada una de las sociedades y en condiciones de mercado (en particular, las operaciones de préstamos, cashpooling o de otorgamiento de garantías);
(xii) Evitar que sociedades del grupo o sus accionistas actúen como garantes del cumplimiento de las obligaciones de otras sociedades del grupo cuando las mismas no participen de forma directa o puedan tener un interés particular en las operaciones que se garantizan;
(xiii) Suscribir las pólizas de seguros necesarias para cubrir los posibles riesgos de responsabilidad asociados a las actividades del Grupo (incluidas pólizas de responsabilidad civil de administradores de la sociedad);
(xiv) Someter a informe de auditoría las cuentas de las sociedades aunque las mismas no tengan obligación legal de hacerlo. Someter igualmente a valoración de experto independiente las aportaciones no dinerarias que puedan efectuarse en aumentos de capital que suscriban las sociedades del Grupo aunque no exista obligación legal de hacerlo;
(xv) Disponer de un código ético de conducta aplicable a empleados, proveedores o grupos de interés que trabajen o colaboren con las empresas del grupo; o
(xvi) Realizar auditorías periódicas de áreas específicas (laboral, fiscal, medioambiente, protección de datos, etc.) con el fin de verificar posibles incumplimientos y establecer un plan de regularización de contingencias.
Tras la introducción del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, el deber genérico de los administradores de velar con diligencia y lealtad por los intereses patrimoniales ajenos se materializa, en parte, en el deber concreto de configurar y/o mantener una estructura organizativa transparente y adecuada en la persona jurídica gestionada de tal modo que dicha organización sea idóneamente objetiva para reducir significativamente el riesgo de que cualquier persona vinculada a la empresa cometa un ilícito de cualquier naturaleza susceptible de generar un perjuicio en la organización[13].
[1] El citado artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio (en adelante, “CCom”).
[2] Paz-Ares, C. en “Lecciones de Derecho Mercantil”, Volumen I, 10ª edición, página 596, establece que: “el grupo de sociedades, que puede definirse como la organización de varias sociedades jurídicamente independientes bajo una dirección económica unitaria. Los elementos básicos de esta definición son dos. El primero viene dado por la independencia jurídica de las sociedades que forman parte del grupo; las sociedades agrupadas mantienen, en efecto, su autonomía jurídica tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito organizativo”.
[3] Vid. SSTS núm. 530/2002 de 4 de junio de 2002 (RJ 2002\6754), núm. 375/2005, de 25 mayo de 2005, 20 de diciembre de 2011, núm. 628/2013, de 28 octubre o la de 30 de mayo de 2012.
[4] Entre otras muchas resoluciones cabe destacar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) en su Sentencia núm. 236/2017 de 25 mayo, o también la Sentencia de la misma Sala núm. 429/2014 de 17 julio.
[5] Esta técnica está basada en la aplicación de los principios generales del derecho tales como son la equidad (artículo 3.2 del Código Civil, en adelante, “Cc”), la buena fe (artículo 7.1 Cc) y, fundamentalmente, el fraude de ley (artículo 6.4 Cc) y el abuso de derecho (artículo 7.2 Cc).
[6] Vid. SSTS 475/2008, de 26 de mayo; 422/2011, de 7 de junio; de 20 de diciembre de 2011.
[7] Vid. STS número 21/2005, de 28 enero.
[8] Redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la LSC para la mejora del gobierno corporativo.
[9] Vid. Paz-Ares, C. (obra colectiva dirigida por J. IBÁÑEZ JIMÉNEZ), Comentarios a la reforma del régimen de la junta general de accionistas en la reforma del buen gobierno de las sociedades. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor (2014). Página 106. Así, según Cándido Paz-Ares, la referencia a los administradores ocultos supone extender los deberes fiduciarios a los “accionistas de control”. La razón que justifica en tales casos la extensión se comprende sin esfuerzo: si prácticamente actúan como administradores normativamente deben responder como administradores, sobre todo en el terreno de la deslealtad.
[10] Así lo ha establecido, entre otras, la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 8 de abril de 2013 en la que, analizando la figura del administrador de hecho y si se puede considerar como tal el socio mayoritario o de control de un grupo de sociedades, establece que “no puede asentarse la calificación de administrador de hecho de la sociedad dominante en el mero control”, recordando que la condición de administrador de hecho “ha de valorarse con criterios de prudencia”.
[11] Martínez Sanz, F.: “Requisitos según la judicatura española para la consideración de la figura del administrador de hecho”, Economist & Jurist, Mayo, 2013.
[12] Martínez Sanz, F.: “Requisitos según la judicatura española para la consideración de la figura del administrador de hecho”, Economist & Jurist, Mayo, 2013.
[13] Vid. a este respecto Ruiz de Lara, m. y Serrano Zaragoza, o.: “El deber de organizar a la persona jurídica en compliance y su incidencia en el ámbito de la responsabilidad societaria”. Revista Aranzadi Doctrinal núm.4/2017 (BIB 2017/1113).
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