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Timestamp: 2019-04-21 16:54:17
Document Index: 56307413

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 6', 'in fine', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 62', 'artículo 11', 'artículo 34']

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2018.
La Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, que modificó la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales, preveía por primera vez, en nuestra Comunidad Autónoma, una inspección en materia de servicios sociales.
Posteriormente, el Preámbulo de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, reafirmaba el papel de la Inspección configurándola como el órgano al que corresponde velar por el cumplimiento de la normativa en materia de servicios sociales y garantizar una adecuada calidad en la prestación de los servicios. Entre las funciones que esta Ley atribuye a la Inspección, se encuentran las de velar por el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios sociales, controlar el cumplimiento de la normativa vigente y el nivel de calidad de los servicios sociales que se presten en el Principado de Asturias. Para el desarrollo de sus funciones la Inspección realizará, entre otras actividades, la de vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de servicios sociales. Asimismo, la citada Ley de Servicios Sociales prevé como función básica de la Inspección la de supervisar el destino y la adecuada utilización de los fondos públicos del Principado de Asturias concedidos a personas físicas o jurídicas por medio de subvenciones, contratos, convenios o cualquier otra figura similar contemplada en la normativa vigente.
En el nivel reglamentario y con anterioridad a la citada Ley de Servicios Sociales de 2003, el Decreto 79/2002, de 13 junio, por el que se aprobó el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, disponía que estos centros serán objeto de inspección en los términos previstos en la normativa de aplicación, imponiendo a los titulares de los centros, sus representantes y su personal un deber de colaboración para el normal desarrollo de las funciones de la inspección, permitiendo el acceso del personal inspector a los centros e instalaciones y facilitando la información, documentos y datos que les sean requeridos.
Reiterando el tenor de dicha regulación, el Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, dedica su Capítulo V a la inspección de Servicios Sociales regulando en su artículo 31 el Plan anual de Inspección y señalando su contenido.
Delimitada la función inspectora en servicios sociales, cabe recordar que su ámbito de aplicación viene explicitado por la tipología de centros y servicios sociales recogida en los artículos 3 y 4 del citado Decreto 43/2011, que amplía, de modo notable, el ámbito fijado por el, asimismo citado, Decreto 79/2002 tan solo referido a algunos tipos de centros. A todo lo anterior, ha de unirse el régimen de autorización e inspección en guarderías infantiles cuya regulación obra en el Decreto 47/90, de 3 de mayo y que es competencia de esta Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas en dicho Decreto, a la Consejería competente en materia sanitaria.
El Servicio de Inspección y Acreditación de Centros tiene asimismo entre sus cometidos la acreditación de entidades, centros y servicios sociales, públicos y privado (art. 16 del Decreto 66/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, en la redacción dada por el Decreto 190/2015 de 2, de diciembre, de primera modificación del anterior).
En este Plan se muestra nuevamente un esfuerzo por profundizar en un mayor nivel de detalle en la determinación de los objetivos y las acciones concretas a desarrollar, en aras a una mayor transparencia en la actuación inspectora en servicios sociales.
Continuando con la línea de inspecciones monográficas colectivas iniciada en los planes de años anteriores, en el Plan de Inspección de este año resulta crucial finalizar la labor realizada en los planes del último bienio para la comprobación de las ratios de personal en centros de titularidad privada, en aras a conseguir el objetivo previsto de dotar a la actuación inspectora de una mayor eficiencia y eficacia en la consecución de sus fines.
En línea con lo anterior, resulta necesaria la prosecución de la ejecución del Plan de Inspección 2017 dirigidas a verificar en todos los centros de servicios sociales de mayores, discapacidad e infancia de titularidad pública, tanto autonómica como municipal, la comprobación de la documentación relativa a las condiciones de seguridad de los centros, en particular las comprendidas en el art. 9.6 del citado Decreto 43/2011, como la existencia de los planes de autoprotección debidamente informados por el órgano competente en materia de protección civil, o en su caso, las recomendaciones sustitutivas emanadas por aquél.
Concluyendo en el ámbito de la inspección monográfica, como novedad en este Plan, se introduce la comprobación del cumplimiento de los requisitos de cualificación y ejercicio de las funciones de dirección en los centros, complementándose con el dictado y publicación de instrucciones interpretativas en este punto de la normativa de servicios sociales.
Por lo expuesto, en el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, y con el objeto de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido por el artículo 31 del Decreto 43/2011, de 17 de mayo.
Primero.—Aprobar el Plan de Inspección de Servicios Sociales para el ejercicio 2018, que se incluye como anexo a esta Resolución.
Segundo.—Autorizar al Jefe del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros a dictar las instrucciones necesarias para la organización, desarrollo, concreción y aplicación de este Plan.
Oviedo, a 15 de marzo de 2018.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela Díaz.—Cód. 2018-03170.
Plan de Inspección de servicios sociales en el Principado de Asturias para el año 2018
Primero.—Órgano responsable.
El órgano administrativo responsable de la ejecución del Plan será el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros, dependiente de la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos, que lo ejecutará ajustándose al marco normativo vigente.
Segundo.—Objetivos.
1.º Garantizar los derechos de las personas usuarias de los centros de atención social objeto de regulación normativa velando por:
a) Que a tal garantía coadyuve el cumplimiento de las condiciones materiales y organizativo-funcionales establecidas en el Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales y las disposiciones concordantes.
2.º en aras a mantener la legalidad vigente, la detección de situaciones de funcionamiento irregular de centros, así como vigilar su situación para que se adapten a las condiciones materiales y organizativo-funcionales en los términos establecidos en el citado Decreto 43/2011, de 17 de mayo y disposiciones concordantes.
3.º Para la formación y consolidación de la red de centros del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el territorio del Principado de Asturias y la promoción de unos servicios sociales de calidad, la acreditación, de aquellos centros que habiéndolo solicitado, cumplan los requisitos establecidos de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente fijado.
4.º Comprobar y asesorar en el efectivo y correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en requerimientos o en las resoluciones de procedimientos de autorización o acreditación de centros.
Tercero.—Normativa de aplicación.
— La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
— La Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano.
— El Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, y en lo que resulte de aplicación según su Disposición Transitoria Tercera el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales.
— El Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.
— Decreto 47/1990, de 3 de mayo, por el que se regula las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los establecimientos destinados a Guardería Infantiles del Principado, así como su régimen de autorización.
— Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias y sus modificaciones.
Cuarto.—Líneas de actuación y acciones concretas.
1.ª) Línea de actuación: Inspección para la autorización de nuevos centros o de modificaciones sustanciales de centros ya existentes en los términos del artículo 6.1 a) in fine del citado Decreto 43/2011, de 17 de mayo. Esta línea de actuación perseguirá el cumplimiento de la legalidad conforme a los principios de agilidad, proporcionalidad, eficiencia y eficacia.
1.1. Acción: Inspección para autorización de nuevos centros de titularidad privada, o de las modificaciones sustanciales en centros ya existentes: se llevarán a cabo dentro del plazo establecido para la tramitación del procedimiento que es de 4 meses conforme dispone el artículo 12.5 del citado Decreto 43/2011, de 17 de mayo. En el supuesto de centros de nueva creación, se realizará una visita de inspección en todo caso, que se llevará a cabo en un solo acto.
1.2. Acción: Comprobación del cumplimiento de las condiciones materiales y organizativo-funcionales por parte de nuevos centros de titularidad pública: se realizará una visita de comprobación al centro público en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por el centro de su puesta en funcionamiento prevista en el artículo 8.2 del meritado Decreto 43/2011.
1.3. Acción: Inspección para la comprobación de cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en requerimientos o resoluciones de autorización. Finalizado el plazo otorgado para la subsanación o corrección de las deficiencias observadas, se realizará la oportuna inspección en el plazo máximo de tres meses, de la que se extenderá acta que refleje el grado real de cumplimiento de lo requerido.
2.ª) Línea de actuación: Inspección para la acreditación de centros de titularidad privada en el ámbito del Principado de Asturias. Esta línea de actuación está orientada por los principios de agilidad, proporcionalidad y calidad en la atención a las personas dependientes.
Acción 2.1. Inspección previa a la acreditación de los centros. Se efectuará, en todo caso, la oportuna visita para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y su grado de implantación según lo dispuesto en la normativa vigente, dentro del plazo de 3 meses establecido para la tramitación del procedimiento (artículo 19.5 del Decreto 43/2011).
Acción 2.2. Inspección para la comprobación de cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en requerimientos o resoluciones de acreditación. Finalizado el plazo otorgado para la subsanación o corrección de las deficiencias observadas, se realizará la oportuna inspección en el plazo máximo de tres meses, de la que se extenderá acta que refleje el grado real de cumplimiento de lo requerido.
3.ª) Línea de actuación: Inspecciones de oficio completas o monográficas, por denuncia, orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La inspección también podrá realizarse a solicitud del propio centro a inspeccionar. Esta línea de actuación se regirá por el principio de transparencia, proporcionalidad, eficacia y calidad en la atención a las personas.
3.1 Acción: Finalización de las actuaciones administrativas subsiguientes que arrancaron con la línea de acción 3.1 del Plan de Inspección de 2016 dirigida a la comprobación de las ratios de personal en centros de titularidad privada hasta su completa ejecución.
En línea con lo anterior, resulta necesaria la prosecución de la ejecución del Plan de Inspección 2017, una vez realizados los primeros requerimientos, dirigidas a verificar en todos los centros de servicios sociales de mayores, discapacidad e infancia de titularidad pública, tanto autonómica como municipal, la comprobación de la documentación relativa a las condiciones de seguridad de los centros, en particular las comprendidas en el art. 9.6 del citado Decreto 43/2011, como la existencia de los planes de autoprotección debidamente informados por el órgano competente en materia de protección civil, o en su caso, las recomendaciones sustitutivas emanadas por aquél.
Concluyendo en el ámbito de la inspección monográfica, como novedad en este Plan, se vigilará el cumplimiento de los requisitos de cualificación, vinculación jurídica con el centro, jornada y, en su caso, compatibilización de funciones tanto en centros autorizados como acreditados de personas mayores y con discapacidad.
3.3. Acción: Inspecciones completas. Las labores de inspección verificarán el cumplimiento de todos los requisitos de funcionamiento de los centros públicos y privados por orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos, siempre que existan motivos de interés general que así lo aconsejen.
3.4. Acción: Inspecciones por denuncia. Las inspecciones de comprobación de reclamaciones, quejas y denuncias tendrán preferencia en su programación sobre el resto de asuntos o líneas de actuación comprendidas en este plan y se realizarán actuaciones para su atención en el plazo de dos días hábiles desde su entrada en el Servicios de Inspección y Acreditación de Centros cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de las infracciones previstas en el artículo 28.3 a), de la Ley 7/91 del Anciano, relativo a irregularidades en la observancia, sobre la salud o seguridad de las personas o las previstas en los artículos 56.1 apartados c) y d) y 57.1 apartados a), b), c) e) y f) de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales.
Corresponderá al Servicio de Inspección y Acreditación del Centros, a través de una comisión técnica, la comprobación de reclamaciones, quejas y denuncias presentadas para su valoración y determinación de la urgencia de su atención de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior.
El procedimiento por denuncia se ajustará a los principios y requisitos previstos en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.
Se informará al denunciante del resultado de la inspección, lo cual no implicará vista ni traslado de los documentos que obren en el expediente, salvo que le sea reconocida la condición de interesado, previa solicitud en los términos de la normativa de procedimiento administrativo común y respetando la normativa de datos de carácter personal. En el caso de que la reclamación, queja o denuncia sea anónima, las actuaciones inspectoras que pudieran derivarse como consecuencia de las mismas se considerarán iniciadas de oficio por el propio órgano y perderán el carácter prioritario.
Las inspecciones por denuncia se realizarán en horario de noche cuando tengan por objeto la comprobación de hechos que tengan lugar dicha franja horaria.
En los centros que sean objeto de una inspección por denuncia, además de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, podrá realizarse una evaluación complementaria de la atención dispensada, con el objeto de proponer, en su caso, recomendaciones para la mejora de la misma.
El informe de recomendaciones figurará como anexo a informe del hecho inspeccionado con motivo de la denuncia y será remitido tanto al titular del centro como al denunciante.
4.ª) Línea de actuación: Asesoramiento para la autorización y acreditación de centros y servicios sociales. Esta línea de actuación se rige por los principios de colaboración y eficacia.
4.1. Acción: Asesoramiento para la autorización. Atención de las peticiones de asesoramiento previo sobre los trámites y cumplimiento de requisitos necesarios para la creación, adaptación o modificación de centros y servicios sociales, que se efectuará, preferentemente, de manera personalizada en las dependencias y por técnicos del servicio.
En las solicitudes de autorización de creación de centros se realizará, con carácter general y a instancia del interesado, asesoramiento por el personal técnico del Servicio competente en la materia de las condiciones materiales exigibles al centro con carácter previo a la presentación del visado de proyecto de obra a que se refiere el artículo 11 del meritado Decreto 43/2011. En este supuesto, se realizará asimismo asesoramiento de las condiciones organizativo-funcionales por personal técnico del Servicio para la preparación de la documentación y organización de recursos humanos exigibles para la autorización de funcionamiento del centro.
4.2. Acción: Asesoramiento para la obtención y mantenimiento de la acreditación. El personal técnico del Servicio prestará asesoramiento para la obtención o mantenimiento de la acreditación a los centros de servicios sociales privados. Esta actuación podrá incluir la visita al centro con el objetivo de conocer in situ cómo se aplican y concretan los criterios exigidos en la normativa que regula la acreditación de centros desde la perspectiva de las cuestiones técnicas y metodológicas y en función de lo anterior, asesorar a los responsables de los centros y/o a los equipos profesionales sobre la correcta aplicación de elementos clave, procesos y pautas para el cumplimiento de los criterios exigidos referidos a cuestiones técnicas y metodológicas.
Quinto.—Criterios para su ejecución y seguimiento.
5.1. La actividad inspectora se acomodará a las siguientes pautas de intervención:
I. La Inspección actuará de oficio, bien por orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos, o por denuncia. La inspección también podrá realizarse a solicitud de la propia entidad, centro o servicio a inspeccionar.
II. Con carácter general, las visitas de inspección no se comunicarán previamente y podrán efectuarse en días laborables y festivos, tanto en horario diurno como nocturno.
III. Las inspecciones se desarrollarán con arreglo a los protocolos, en su caso, existentes.
IV. El personal inspector, una vez acreditado como tal, podrá:
a) Acceder a todas las dependencias del centro o servicio inspeccionado sin previa notificación, salvo que la labor inspectora exija la entrada en domicilio particular, supuesto en el que se deberá recabar el consentimiento de la persona de cuyo domicilio se trata o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.
b) Recabar los documentos e informaciones y efectuar las pruebas, tomas de muestras, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar los hechos objeto de inspección así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre centros y servicios sociales, respetando, en todo caso, lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
c) Entrevistarse en privado con los profesionales del centro o servicio y con las personas usuarias del mismo o sus representantes legales.
d) Requerir la subsanación de las deficiencias o irregularidades que detecte.
e) Recabar el auxilio de otras autoridades e instituciones públicas para el efectivo ejercicio de la función inspectora.
V. De todo lo actuado se levantará la correspondiente acta comprensiva de los hechos constatados y, en su caso, de las infracciones a que pudieran dar lugar, que será firmada por el titular del centro, por su representante o en su defecto por la persona presente en la inspección y por el propio inspector actuante, entregándose una copia de la misma al inspeccionado.
VI. La comprobación de supuestos tipificados como infracciones en la normativa sobre servicios sociales y/o la inobservancia de los requerimientos de subsanación que la inspección formule determinará la incoación de expediente sancionador.
VII. En el ejercicio de sus funciones, la Inspección de Servicios Sociales comunicará los hechos de que tuviera constancia y que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal o de infracción administrativa al Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o autoridad administrativa competente, respectivamente.
VIII. Los restantes órganos y organismos del Principado de Asturias están obligados, por ministerio de la Ley (art. 49.2 Ley 1/2003) a colaborar con la mayor eficacia y celeridad con la Inspección siempre que sean requeridos para ello.
IX. Las personas responsables de las entidades, servicios y centros, así como sus representantes y el personal a su servicio, están obligados a facilitar las funciones de inspección en los términos del artículo 34 del Decreto 43/2011, de 17 de mayo.
5.2. La actividad comprobante del mantenimiento de los requisitos de acreditación se acomodará a las siguientes pautas de intervención:
I. La actividad comprobante del mantenimiento de los requisitos de acreditación actuará de oficio, bien por iniciativa propia, orden superior, a petición razonada de otros órganos administrativos o también solicitud de la propia entidad, centro o servicio.
II. Las visitas o inspecciones de acreditación podrán comunicarse previamente y se efectuarán, con carácter general, en días laborables y en horario diurno.
III. Las visitas o inspecciones se desarrollarán con arreglo a los protocolos que se hayan aprobado al efecto.
IV. El personal técnico actuante, una vez acreditado como tal, podrá acceder y recabar los documentos e informaciones y efectuar las pruebas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre centros y servicios sociales, respetando, en todo caso, lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
V. Requerir la subsanación de las deficiencias o irregularidades relacionadas con la acreditación que detecte.
De todo lo actuado se levantará el correspondiente informe comprensivo de las actuaciones practicadas.
Las personas responsables de las entidades, servicios y centros, así como sus representantes y el personal a su servicio, están obligados a facilitar, en relación con la acreditación, las funciones a que se refiere el apartado b) del art. 20 del Decreto 43/2011, de 17 de mayo.
En el ejercicio de sus funciones el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros atenderá los asuntos con arreglo al siguiente orden de prelación:
1) Detección, constatación y suspensión de funcionamiento de centros y servicios o cierre de centros carentes de autorización.
2) Comprobación de los hechos denunciados por usuarios, familiares, entidades, asociaciones y servicios sociales de titularidad pública relativos a un funcionamiento irregular de centros o servicios autorizados o acreditados, deficiente atención o maltrato a los usuarios.
3) Verificación de los requisitos y condiciones establecidas en los procedimientos de autorización de centros y servicios sociales.
4) Comprobación de cumplimiento de las condiciones establecidas en requerimientos o resoluciones de autorización.
5) Inspecciones de oficio, comprobando el mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para el otorgamiento de autorizaciones, así como todas aquellas que se lleven a cabo en función de necesidades.
6) Asesoramiento para la autorización y acreditación de centros y servicios sociales.
Sexto.—Medios.
Para el desarrollo de la función inspectora y la actividad de acreditación, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales dotará a la Inspección del personal y medios que resulten adecuados y garantizará la colaboración de los restantes órganos y organismos de ella dependientes. Igualmente la Inspección contará con el apoyo de los servicios de inspección adscritos a otros departamentos de la Administración del Principado de Asturias y con la colaboración de otras Administraciones Públicas con facultades inspectoras o competencias en materia de servicios sociales.
Séptimo.—Publicidad de criterios interpretativos.
El Servicio de Inspección y Acreditación de Centros procederá a la publicación los criterios interpretativos de la normativa aplicable en materia de inspección en la web institucional del Principado de Asturias del área destinada a Servicios Sociales, el portal socialasturias.es