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Timestamp: 2020-04-10 03:51:41
Document Index: 179120847

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 52', 'artículo 61', 'artículo 77']

Publicado en BOJA núm. 2 de 03 de Enero de 2020
Artículo 3 Sedes de los centros
Artículo 4 Persona titular y persona encargada en caso de pluralidad de sedes
Artículo 5 Oferta, promoción y publicidad
Artículo 6 Tablón de información al público
Artículo 7 Documento de información específica de cada enseñanza
Artículo 8 Contrato de enseñanza
Artículo 9 Expedición de diplomas y certificados que acrediten la asistencia
Artículo 10 Registro del alumnado y de diplomas o certificados que acrediten la asistencia
Asimismo, en su artículo 58.2.4.º, señala que la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones. Por último, en su artículo 52.1, determina que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre enseñanzas no universitarias que no conduzcan a la obtención de un título académico y profesional estatal.
En el ejercicio de la competencia en materia de consumo, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que, junto con el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, vienen a constituir el marco legislativo de carácter general para la protección de las personas consumidoras y usuarias andaluzas.
Dentro del marco de protección de los intereses económicos se incluye el sector de los centros privados que imparten enseñanzas no oficiales, cuya regulación actual en la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no académicos, el cual comprende los derechos que, al respecto, tienen las personas usuarias, así como las obligaciones de los prestadores de estos servicios que afectan a la publicidad, a la información precontractual y a los contratos que se celebren entre las partes, entre otras cuestiones.
Este decreto tiene en consideración que, con posterioridad a la promulgación del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, y, especialmente, en los últimos años, se han desarrollado páginas webs dedicadas a la formación, a través de las cuales se publicita y proporciona información sobre la formación que se oferta. Asimismo, tiene en cuenta que se puede realizar la contratación a distancia de la formación e incluso utilizar sistemas de formación on-line y mecanismos de contratación fuera del establecimiento mercantil, siendo necesario regular las obligaciones que resulten de aplicación a estas nuevas formas, tanto de proporcionar información como de contratación.
Por otra parte, en los últimos años están cobrando relevancia en el ámbito de esta formación no oficial, las enseñanzas de idiomas debido a que en diferentes campos, tanto a nivel profesional como académico, se está exigiendo la acreditación de determinados niveles de competencias en idiomas, conforme a los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el acceso a determinados puestos de trabajo u obtención de titulaciones. En Andalucía, mediante el Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Escuelas Oficiales de Idiomas, junto con el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, constituyen el único medio oficial de acreditar los diferentes niveles de competencia de una lengua extranjera dentro del Estado español, conforme a las indicaciones descritas por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, al margen de las enseñanzas obligatorias. Para las restantes acreditaciones, aunque algunas están ampliamente reconocidas, cada organismo (Universidades, etc.) establece el listado de certificados de los diferentes organismos que considera equivalentes a cada uno de los niveles de competencias que establece Marco Común Europeo de Referencia.
El decreto recoge la obligación de que en los centros conste la información sobre la persona titular de los mismos que garantizará el cumplimiento de la norma; también se designará a una persona encargada de cada una de las sedes de las que disponga el centro, si las hubiese. La norma incluye las obligaciones que han de tenerse en consideración en la oferta, promoción y publicidad de la formación que se oferta, estableciéndose la prohibición de que se utilicen términos que puedan inducir a error sobre el carácter no oficial de las enseñanzas que se impartan o de que éstas puedan estar homologadas o gocen de reconocimiento por parte de alguna Administración Pública, debiéndose incluir la leyenda «Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad».
Por tanto, mediante el presente Decreto se pretende crear un marco normativo actualizado que recoja los numerosos y profundos cambios sociales, tecnológicos y jurídicos que han tenido lugar desde la promulgación del anterior Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, proporcionando a las personas destinatarias la misma seguridad jurídica y certidumbre que durante casi veinticinco años ha existido bajo la vigencia de éste.
La norma es respetuosa con los principios de necesidad y eficacia, puesto que con el mismo se trata de adaptar la regulación sobre la materia a los profundos cambios sociales y jurídicos ocurridos en los veinticinco años transcurridos desde la entrada en vigor del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre.
Su contenido será exigible por las personas usuarias en los términos y con los efectos previstos en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
4. En toda oferta, promoción y publicidad que se realice en estos centros sobre las enseñanzas no oficiales impartidas en los mismos, se incluirá de forma clara y con caracteres similares al resto del texto, tanto en tipo como en tamaño, la leyenda: «Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad».
1.º «Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales que son impartidas por este centro tienen la consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad».
2.º «Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas impartidas, los precios y las modalidades de pago están a disposición del público en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada centro y sede».
3.º «El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales se encuentra a disposición del público y del alumnado en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada centro y sede».
4.º «Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por el importe total de las enseñanzas o servicios recibidos, así como por las cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas».
5.º «Este centro se encuentra adherido al Sistema Arbitral de Consumo», en el caso de que se halle adherido al mismo, y sin perjuicio del distintivo de adhesión que se haya obtenido. Si la adhesión se hubiera realizado de forma limitada, se indicarán expresamente las limitaciones de la oferta pública de sometimiento».
6.º «Este centro se encuentra adherido al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones», en el caso de que el centro se halle adherido al mismo».
c) La mención de la leyenda «Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad». Esta leyenda se reflejará de forma clara y con caracteres similares al resto, tanto en contraste como en tipo y en tamaño de letra.
r) En los casos de contratación a distancia y fuera del establecimiento mercantil, se deberá informar del derecho de desistimiento del alumnado, conforme a las previsiones del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
s) En el supuesto de que el centro tenga concertado un seguro o aval para garantizar las cantidades anticipadas, deberá identificarse a la persona física o jurídica con quien se haya suscrito, el código o número de identificación fiscal del mismo y el número de póliza correspondiente o el número de registro en el registro centralizado de avales previsto en la norma 71 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España. Tanto la existencia como la inexistencia del mencionado seguro o aval deberán hacerse constar de forma destacada.
4. En el supuesto que se concierte un crédito o cualquier medio equivalente de financiación, se hará constar dicha circunstancia en el contrato de enseñanza, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que se prevén en la Ley 16/2011, de 24 de junio, y en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con respecto a las obligaciones relativas al derecho de desistimiento en contratos vinculados a financiación.
c) En el anverso del documento se incluirá la siguiente leyenda, en caracteres similares a los del resto del texto, tanto en tipo como en tamaño de letra y contraste, de manera que sea claramente legible: «Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad».
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto y, en particular, el Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanzas que expiden títulos no académicos.