Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-proteccion-medio-ambiente-vasco-77930980
Timestamp: 2019-10-22 02:04:02
Document Index: 127943898

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 38', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'Artículo 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 44', 'ARTÍCULO 47', 'artículo 59', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'ARTÍCULO 48', 'Artículo 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'Artículo 52', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 44', 'Artículo 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'Artículo 55', 'ARTÍCULO 56', 'Artículo 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'Artículo 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 59', 'Artículo 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'Artículo 61', 'Artículo 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 62', 'artículo 57', 'Artículo 62', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'Artículo 64', 'ARTÍCULO 65', 'artículo 10', 'Artículo 65', 'Artículo 65', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'ARTÍCULO 68', 'ARTÍCULO 69', 'ARTÍCULO 70', 'ARTÍCULO 71', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'ARTÍCULO 76', 'ARTÍCULO 77', 'ARTÍCULO 78', 'ARTÍCULO 79', 'artículo 87', 'ARTÍCULO 80', 'ARTÍCULO 81', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 84', 'artículo 83', 'ARTÍCULO 85', 'ARTÍCULO 86', 'ARTÍCULO 87', 'Artículo 88', 'ARTÍCULO 88', 'ARTÍCULO 89', 'ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 92', 'ARTÍCULO 93', 'ARTÍCULO 94', 'ARTÍCULO 95', 'Artículo 96', 'ARTÍCULO 96', 'Artículo 97', 'ARTÍCULO 97', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 99', 'ARTÍCULO 100', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 102', 'ARTÍCULO 103', 'ARTÍCULO 104', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 106', 'ARTÍCULO 107', 'ARTÍCULO 108', 'ARTÍCULO 109', 'Artículo 109', 'ARTÍCULO 110', 'ARTÍCULO 111', 'ARTÍCULO 113', 'artículo 326', 'ARTÍCULO 114', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 117', 'Artículo 118', 'ARTÍCULO 118', 'artículo 73', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 55']

Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998, de 27 de febrero) - Normativa del Pais Vasco - Legislación - VLEX 77930980
TÍTULO PRELIMINAR. Objeto de la ley - arts. 1 y 2
CAPÍTULO I. Derechos y deberes de las personas - arts. 3 y 4
CAPÍTULO II. La política ambiental del país vasco - arts. 5 a 11
CAPÍTULO III. Consejo asesor de medio ambiente - arts. 12 a 15
CAPÍTULO IV. Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente - arts. 16 a 18
CAPÍTULO V. Terminación convencional del procedimiento - arts. 19 a 21
TÍTULO II. Protección de los recursos ambientales
CAPÍTULO I. La biodiversidad - arts. 22 y 23
CAPÍTULO II. Protección de las aguas y del litoral - arts. 24 a 26
CAPÍTULO III. Protección del suelo - arts. 27 a 29
CAPÍTULO IV. Protección del aire, ruidos y vibraciones - arts. 30 a 37
TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 38 y 39
CAPÍTULO II. Evaluación de impacto ambiental - arts. 40 a 54
CAPÍTULO III. Actividades clasificadas - arts. 55 a 66
CAPÍTULO IV. Residuos
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 67 a 71
SECCIÓN 2ª. Residuos sólidos urbanos - arts. 72 a 74
SECCIÓN 3ª. Residuos peligrosos y otras tipologías de residuos - arts. 75 a 79
CAPÍTULO V. Suelos contaminados - arts. 80 a 84
TÍTULO IV. Instrumentos de política ambiental
CAPÍTULO I. Instrumentos públicos
SECCIÓN 1ª. Instrumentos públicos de ordenación - arts. 85 a 87
SECCIÓN 2ª. Instrumentos de concertación - art. 88
SECCIÓN 3ª. Instrumentos económico-financieros y tributarios - arts. 89 a 93
SECCIÓN 4ª. Inventarios y bases de datos - arts. 94 y 95
CAPÍTULO II. Instrumentos de tutela y gestión ambiental
SECCIÓN 1ª. Auditorías ambientales - art. 96
SECCIÓN 2ª. Ecoetiqueta - art. 97
SECCIÓN 3ª. Educación y formación ambiental - arts. 98 a 100
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 101 a 105
CAPÍTULO II. Inspección y control - arts. 106 y 107
CAPÍTULO III. Infracciones - arts. 108 a 112
CAPÍTULO IV. Sanciones - arts. 113 a 117
CAPÍTULO V. Procedimiento sancionador - art. 118
TERCERA. Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco a la licencia de actividad se entenderán realizadas a la licencia de actividad clasificada
ANEXO II. Lista de actividades e instalaciones clasificadas
Norma citada en: 498 sentencias, 64 artículos doctrinales, 111 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 3 resoluciones administrativas
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco suspendida parcialmente por recurso de inconstitucionalidad número 2870/98, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 44.1; 47, apartados 1, 4, 6 y 8; 48; 52.2, y el Anexo I, B), en cuanto se refiere a obras o actividades de competencia estatal, de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco, publicado el 28 de Julio de 1998.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, suspensión mantenida por recurso de inconstitucionalidad número 2870/98, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 44.1; 47, apartados 1, 4, 6 y 8; 48; 52.2, y el Anexo I, B), en cuanto se refiere a obras o actividades de competencia estatal, de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco, publicado el 23 de Diciembre de 1998.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 199900165 de 09/03/1999 publicado con fecha 26/03/1999
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 200000199 de 10/10/2000 publicado con fecha 26/10/2000
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 200300183 de 22/07/2003 publicado con fecha 04/09/2003
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 200400141 de 06/07/2004 publicado con fecha 03/09/2004
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 200800202 de 02/12/2008 publicado con fecha 12/12/2008
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco desarrollada por DECRETO 200900049 de 24/02/2009 publicado con fecha 18/03/2009
TÍTULO PRELIMINAR Objeto de la ley Artículos 1 y 2
Es objeto de la presente ley establecer el marco normativo de protección del medio ambiente, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas.
El aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas, constituyen el medio ambiente en el que se desarrolla la vida humana. Su uso se hará de forma sostenible.
El medio ambiente es un bien social generador de derechos y obligaciones individuales y colectivos.
Conservar la biodiversidad, velando por la utilización sostenible de sus componentes, a fin de obtener una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos ambientales.
Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea el medio ambiente en el que habite.
Minimizar los impactos ambientales, evaluando previamente las consecuencias del ejercicio de las actividades, estableciendo las medidas correctoras.
Fomentar la investigación en todos los campos del conocimiento ambiental.
Promocionar la educación ambiental en todos los niveles educativos, así como la concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente urbano a través de la integración efectiva de las consideraciones medioambientales en la planificación urbana y la protección del patrimonio histórico.
Garantizar la sostenibilidad del medio rural, preservando e impulsando el equilibrio entre la actividad agraria y el medio ambiente.
TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículos 3 a 21
CAPÍTULO I Derechos y deberes de las personas Artículos 3 y 4
Todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de un medio ambiente saludable, correspondiendo a las Administraciones públicas promover políticas ambientalmente adecuadas para garantizar el ejercicio de este derecho.
ARTÍCULO 4 Deberes.
CAPÍTULO II La política ambiental del país vasco Artículos 5 a 11
ARTÍCULO 5 Política ambiental.
La política ambiental, responsabilidad de las Administraciones públicas, estará constituida por las medidas legislativas, reglamentarias, ejecutivas y de gestión referidas a la protección y restauración del medio ambiente, sin perjuicio de la necesaria participación, en su definición y desarrollo, de los agentes sociales y económicos, corresponsables y copartícipes de la misma, dada la función social del medio ambiente.
La política ambiental en el País Vasco estará basada en los principios de aprovechamiento sostenible de los recursos, de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección de los daños, preferentemente en la fuente, y en el principio de que quien contamina paga y quien daña responde, debiendo integrarse la protección del medio ambiente en la definición y ejecución de todas las políticas sectoriales.
La política ambiental propiciará la creación de una ordenación estable y duradera que dote de garantía, seguridad y eficacia a la acción pública y a la iniciativa privada.
ARTÍCULO 6 Programa Marco Ambiental y memoria.
La política ambiental del País Vasco se plasmará en un programa marco ambiental elaborado por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en colaboración con las Administraciones públicas representadas en la Comisión Ambiental del País Vasco.
La Administración General de la Comunidad Autónoma publicará con carácter trienal una memoria sobre el estado del medio ambiente del País Vasco.
ARTÍCULO 7 Ejercicio de competencias en materia de medio ambiente.
Corresponde a las instituciones comunes la elaboración y aprobación de la normativa en materia de medio ambiente en el marco de lo establecido en la presente ley, así como el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Corresponde a los órganos forales de los territorios históricos ejercer las competencias reconocidas en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, las atribuidas por la presente ley y por el resto de la normativa autonómica medioambiental.
Corresponde a los municipios ejercer las competencias reconocidas por esta ley, las atribuidas por la legislación de régimen local y las que les atribuye la legislación sectorial medioambiental.
ARTÍCULO 8 Coordinación de la política ambiental.
En el ejercicio de competencias en materia de medio ambiente, las diversas Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación.
Para garantizar la coherencia de la política ambiental, corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general del País Vasco y que comprenderá indicativamente algunos de los siguientes instrumentos y mecanismos:
Elaboración de normativa.
Elaboración del Programa Marco Ambiental.
Homogeneización de métodos y criterios técnicos.
Acción conjunta de las respectivas autoridades en el ámbito de sus competencias.
Implantación de sistemas de información recíproca.
ARTÍCULO 9 Comisión Ambiental del País Vasco.
Promover la coordinación y realizar las labores de seguimiento pertinentes de todas aquellas actuaciones que, en el área de medio ambiente, sean desarrolladas por las instituciones representadas en la Comisión.
Elevar propuestas de actuación a todos aquellos órganos responsables de ejecutar competencias medioambientales.
Informar los anteproyectos normativos elaborados en desarrollo de la presente ley.
Informar el Programa Marco Ambiental.
Conocer y pronunciarse sobre los anteproyectos normativos en materia medioambiental elaborados por las instituciones representadas en la Comisión.
Informar los planes y programas elaborados en desarrollo del Programa Marco Ambiental.
Conocer aquellos anteproyectos normativos, planes y programas que tuvieran significativas repercusiones sobre el medio ambiente.
Informar los catálogos de recursos ambientales.
Adoptar las normas de funcionamiento interno de la Comisión y crear, en su caso, secciones, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
ARTÍCULO 11 Composición.
Representantes del Departamento responsable del área de medio ambiente.
Representantes de aquellos Departamentos del Gobierno cuyas actuaciones guarden relación con el área de medio ambiente.
Representantes de los órganos forales de los territorios históricos.
Representantes de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL.
CAPÍTULO III Consejo asesor de medio ambiente Artículos 12 a 15
ARTÍCULO 12 Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de naturaleza consultiva, para favorecer la participación de los sectores representativos de intereses sociales y económicos y de la Universidad, en la elaboración, consulta y seguimiento de la política ambiental.
El Consejo queda adscrito, a efectos administrativos, al Departamento competente en materia de medio ambiente.
Asesorar en materia de política ambiental, planes y programas que sean sometidos a su consideración y guarden relación con el medio ambiente.
Emitir informes y propuestas, a iniciativa propia o a petición de las Administraciones públicas, en materia ambiental.
Proponer medidas que conecten las políticas ambientales con la generación de empleo, el desarrollo sostenible, la coordinación de la iniciativa económica pública y privada y la participación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental.
Impulsar la participación de la Universidad y centros de investigación en la política ambiental.
Administración General de la Comunidad Autónoma.
Administraciones Forales.
Administraciones Locales a propuesta de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL.
Asociaciones o movimientos ciudadanos representativos de sectores ecologistas.
Organizaciones y agrupaciones empresariales.
Centros de investigación relacionados con el medio ambiente.
Personas expertas de reconocido prestigio en materia medioambiental.
Artículo citado en: 19 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
El Consejo Asesor se reunirá al menos tres veces al año, mediante convocatoria de su Presidente, y cuantas veces lo exija el cumplimiento de sus funciones. Una de las reuniones tendrá lugar preceptivamente con motivo de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
La organización y el régimen de funcionamiento interno serán establecidos por el propio Consejo, de acuerdo con las normas y disposiciones administrativas vigentes.
CAPÍTULO IV Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente Artículos 16 a 18
ARTÍCULO 16 Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
ARTÍCULO 17 Ámbito.
La información ambiental disponible en las Administraciones públicas y/o en los concesionarios de servicios públicos relacionados con el medio ambiente, bajo cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material, será proporcionada por el procedimiento establecido en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, y estará referida:
Al estado de las aguas, el aire, el suelo y la tierra, la fauna, la flora y los espacios naturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como a las actividades y medidas que hayan afectado o puedan afectar al estado de estos elementos.
El ejercicio del derecho de acceso a la información dará lugar, en su caso, al pago del precio público que establezca la Administración requerida y cuyo importe no podrá exceder de un coste razonable, entendiéndose por tal el coste del soporte físico de la información.
ARTÍCULO 18 Denegación de información.
Se podrá denegar el acceso a la información sobre medio ambiente cuando ésta afecte a cualquiera de los aspectos siguientes:
Los asuntos que se encuentren sub judice o sean objeto de pesquisas, incluidas las investigaciones disciplinarias o preliminares.
Los datos proporcionados por un tercero, sin que éste esté obligado jurídicamente a facilitarlos.
Se facilitará parcialmente la información en poder de las autoridades públicas cuando sea posible separar de la misma la información sobre puntos relacionados con los intereses mencionados en el apartado anterior.
Las Administraciones públicas deberán resolver las solicitudes de información sobre el medio ambiente en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
Serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, las resoluciones administrativas que denieguen total o parcialmente la información solicitada.
Las citadas resoluciones podrán ser objeto de recurso en los términos previstos en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO V Terminación convencional del procedimiento Artículos 19 a 21
ARTÍCULO 19 Terminación convencional.
Los procedimientos administrativos derivados de la aplicación de esta ley, exceptuando, en todo caso, aquellos que versen sobre materias no sujetas a transacción, podrán concluir mediante acuerdo entre el solicitante y la Administración competente. A tal fin, podrá optarse por la negociación directa o a través de mediadores o conciliadores nombrados de común acuerdo.
Si transcurridos tres meses desde el comienzo de la negociación no se hubiese llegado a ningún acuerdo, la Administración resolverá definitivamente.
En caso de que se firme un acta de conciliación o documento equivalente, su contenido será formalizado como resolución definitiva.
ARTÍCULO 20 Fin de la vía administrativa.
Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas opcionalmente:
mediante los procedimientos generales de recurso.
solicitando su resolución por vía de mediación, conciliación o arbitraje.
En este último caso la designación de los mediadores, conciliadores o árbitros se hará de común acuerdo y su actuación deberá darse antes de que se agote el plazo que con carácter general se haya establecido para la resolución del recurso.
ARTÍCULO 21 Límites.
las disposiciones sustantivas del ordenamiento jurídico,
el interés general de protección ambiental,
los derechos de los terceros, eventualmente afectados por el acuerdo.
TÍTULO II Protección de los recursos ambientales Artículos 22 a 37
CAPÍTULO I La biodiversidad Artículos 22 y 23
ARTÍCULO 22 De la biodiversidad.
Se entiende por diversidad biológica o biodiversidad a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, comprendiendo los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
La conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos constituirá eje esencial de la definición de la política ambiental y demás políticas sectoriales.
Artículo citado en: 21 sentencias, una disposición normativa
ARTÍCULO 23 Objetivos.
Corresponderá a las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales:
Velar por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y el mantenimiento de sus procesos ecológicos esenciales.
Identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible, definiendo indicadores y criterios de valoración, así como los riesgos para su mantenimiento.
Elaborar las estrategias, planes y programas para la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos naturales renovables, evitando el agotamiento de los no renovables.
Proponer medidas de conservación estableciendo para el mantenimiento de la biodiversidad bancos de datos, corredores de biodiversidad y controles de la introducción de especies alóctonas y de organismos genéticamente modificados.
Proponer las medidas de rehabilitación y restauración de hábitats degradados y la conservación de las especies amenazadas.
Promover y fomentar la investigación aplicada a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, así como la formación de especialistas en las áreas de interés para el conocimiento y gestión de la biodiversidad.
Lograr el compromiso de las instituciones públicas y de los agentes sociales en la consecución del fin último de la estrategia, mediante una cooperación activa entre todas las partes implicadas.
Fomentar el conocimiento y la concienciación ciudadana para fortalecer el compromiso social dirigido a conservar la biodiversidad y promover su uso sostenible.
Participar y colaborar en programas de cooperación.
Velar por la conservación del paisaje.
CAPÍTULO II Protección de las aguas y del litoral Artículos 24 a 26
ARTÍCULO 24 Objetivos.
La política de las Administraciones públicas en materia de protección de las aguas y del litoral estará encaminada a lograr su gestión sostenible y la potenciación del ahorro y reutilización de los recursos hídricos, basándose en los principios de conservación y restauración de la biodiversidad, funcionalidad y procesos ecológicos de los ecosistemas acuáticos y ribereños.
ARTÍCULO 25 Principios.
Las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales desarrollarán actuaciones dirigidas a la protección ambiental del agua y del litoral y en especial a:
Fijar estándares de calidad y caudales ecológicos.
Garantizar el uso sostenible y la calidad de las aguas subterráneas delimitando las zonas de recarga y la vulnerabilidad frente a la contaminación de los acuíferos.
Prevenir situaciones de deterioro ambiental del agua, cauces y riberas.
Garantizar un uso que permita acrecentar la calidad y cantidad del recurso acuático, impulsando su ahorro, incrementando la eficiencia en todos los usos consuntivos y evitando su despilfarro.
Recuperar paulatinamente los ecosistemas asociados al recurso acuático.
Garantizar, en la medida de lo posible, el carácter de corredor ecológico de los cauces y riberas.
Elaborar planes que aseguren el uso sostenible de las zonas costeras.
Asegurar la integridad y adecuada conservación del litoral, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.
Velar por la utilización racional de los bienes que integran el dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con su naturaleza, sus fines y el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
Conservar las zonas húmedas, fijando objetivos y medidas de protección y recuperación, potenciando su conocimiento y evitando, en todo caso, su destrucción y deterioro.
ARTÍCULO 26 Concesiones y autorizaciones.
Las Administraciones públicas incorporarán, en las autorizaciones y concesiones, los criterios ambientales que garanticen la conservación de los recursos hídricos y del litoral en consonancia con los principios establecidos en el artículo anterior.
Los usos y actividades en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, así como los vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco, estarán sometidos a autorización administrativa del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con la legislación sectorial en la materia y lo que se disponga reglamentariamente.
CAPÍTULO III Protección del suelo Artículos 27 a 29
ARTÍCULO 27 El suelo.
Se entiende por suelo la parte sólida de la corteza terrestre desde la roca madre hasta la superficie, que incluye tanto sus fases líquida y gaseosa como los organismos que habitan en él, con la capacidad de desempeñar funciones tanto naturales como de uso del mismo.
Son funciones naturales:
Hábitat y soporte de los seres humanos, flora y fauna, incluyendo a los organismos del suelo.
Parte del ciclo natural, y en especial de sus ciclos de nutrientes e hidrológicos.
Medio de descomposición, compensación y formación de agentes químicos en virtud de sus propiedades como filtro, acumulador y transformador de sustancias.
Son funciones de uso:
Yacimiento y reserva de materias primas no renovables.
Emplazamiento para la explotación agrícola, ganadera y forestal, y el cultivo de materias primas renovables.
Emplazamiento de vivienda y áreas de recreo.
Emplazamiento para otros usos económicos e infraestructuras.
ARTÍCULO 28 Principios.
Las Administraciones públicas, en aras de la protección del suelo, actuarán conforme a los siguientes principios:
La asignación de los usos del suelo a través de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico en orden a garantizar sus funciones, dando prioridad a la preservación del uso productivo agrario y, en todo caso, a la reutilización de los suelos.
El mantenimiento del máximo de funciones naturales en el ejercicio de las funciones de uso del suelo.
A tal fin, se establecerán reglamentariamente estándares de calidad del suelo vinculados a los distintos usos, que optimicen la armonización entre funciones naturales y de uso y sirvan así mismo de referencia tanto para la asignación de usos como para el establecimiento de las medidas de prevención, defensa y recuperación propias de la política de protección del suelo.
ARTÍCULO 29 La protección del suelo.
La protección del suelo constituye un deber básico de sus poseedores y propietarios, que conllevará las obligaciones de conocer y controlar la calidad del suelo, así como de adoptar medidas preventivas, de defensa y de recuperación.
CAPÍTULO IV Protección del aire, ruidos y vibraciones Artículos 30 a 37
ARTÍCULO 30 Objetivos.
La política de protección de la atmósfera estará orientada a prevenir, vigilar y corregir la presencia en el aire de materias o formas de energía, incluida la acústica y vibratoria, que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas y bienes de cualquier naturaleza, procediéndose a tal fin a la definición y establecimiento de objetivos de calidad, valores límite y umbrales de alerta.
A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por valor límite para cada contaminante, incluyendo los ruidos y vibraciones, un nivel fijado basado en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse en un plazo determinado y no superarse una vez alcanzado.
ARTÍCULO 31 Acciones para la protección del aire.
Con el fin de cumplimentar los objetivos del artículo anterior, en materia de protección del aire se procederá al desarrollo de las siguientes acciones:
La definición y el establecimiento de los objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el sosiego público y el medio ambiente en su conjunto.
La evaluación de la calidad del aire ambiente.
La obtención de información adecuada sobre la calidad del aire ambiente y su puesta en conocimiento del público en general.
El mantenimiento de una buena calidad del aire ambiente y la mejora en su caso.
La adopción de las medidas necesarias a fin de contribuir a la mejora y solución de los problemas medioambientales generados por la lluvia ácida, el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, los flujos transfronterizos contaminantes y la contaminación radiactiva.
ARTÍCULO 32 Acciones en materia de ruidos y vibraciones.
En aras de cumplimentar los objetivos de protección del ambiente atmosférico en materia de ruidos y vibraciones, se desarrollarán las siguientes acciones:
La definición y el establecimiento de los objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos que sobre la salud humana, el sosiego público y el medio ambiente en su conjunto se derivan de la generación de ruidos y vibraciones.
La determinación de los niveles máximos de ruido y vibración permitidos para los medios de transporte, industrias, actividades, instalaciones, máquinas, aparatos, elementos y, en general, cualquier situación susceptible de generar niveles de ruido o vibración que puedan ser causa de molestia o suponer riesgos de cualquier naturaleza para las personas, los bienes o el medio ambiente.
La fijación de las limitaciones o especificaciones al planeamiento urbanístico en áreas expuestas al ruido o la vibración.
La definición de las condiciones de aislamiento y otros requisitos acústicos a cumplir por los edificios que alberguen usos sensibles al ruido o la vibración.
La evaluación de los niveles de ruidos y vibración.
ARTÍCULO 33 Competencias del órgano ambiental.
Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la presente ley, y en aquellas materias reguladas por el presente capítulo, el desarrollo de las siguientes funciones:
Evaluar la calidad del medio ambiente atmosférico.
Elaborar un catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Establecer planes de reducción de contaminantes.
Elevar al Gobierno la propuesta de declaración de zonas de atmósfera contaminada.
Establecer programas de control de los focos emisores a fin de vigilar y garantizar el cumplimiento de los límites de emisión aplicables.
Evaluar los impactos generados por los focos emisores y medidas de corrección de dichos impactos.
Establecer programas de actuación para resolver situaciones de contaminación del aire episódicas o de emergencia que supongan riesgo de superación de los valores límite o de los umbrales de alerta.
Elevar al Gobierno la propuesta de declaración de zonas acústicamente contaminadas.
Los programas de actuación a los que se refiere el apartado 1.g) del presente artículo incluirán el conjunto de medidas que deban adoptarse a corto plazo y en las zonas afectadas por el riesgo de superación de los valores límite o de los umbrales de alerta, entre las que podrán contemplarse, cuando sea preciso, la suspensión temporal de actividades, incluido el tráfico automovilístico.
ARTÍCULO 34 Competencias de los municipios.
Con el fin de cumplimentar los fines de la política de protección del medio atmosférico, los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco procederán a la promulgación de ordenanzas o a la adaptación de las ya existentes, así como a la incorporación a sus instrumentos de planificación territorial de los objetivos de calidad, valores límite y umbrales de alerta, pudiendo incorporar medidas de restricción en la utilización de suelos donde se hayan observado altos niveles de contaminación y limitando asimismo la implantación de nuevas fuentes emisoras.
ARTÍCULO 35 Obligación de adoptar medidas.
Los titulares de cualesquiera focos de contaminación atmosférica, incluida la causada por ruido y vibración, tendrán la obligación de adoptar las medidas necesarias para observar los niveles aplicables, sin necesidad de actos de requerimiento o sujeción individuales.
ARTÍCULO 36 Vehículos.
Todos los vehículos que circulen por el territorio de la Comunidad Autónoma deben cumplir los niveles de emisión de contaminantes gaseosos y partículas. Asimismo cumplimentarán los niveles de emisión de ruido y demás condiciones de calidad acústica aplicables, incluso para los sistemas de alarma o sirena que lleven instalados.
ARTÍCULO 37 Obras en edificios y locales.
Todo proyecto de obra o actividad susceptible de producir o recibir ruido o vibración deberá incluir un estudio de estos impactos.
Todas las obras deberán incorporar las medidas correctoras necesarias para que su futura utilización respete los niveles de contaminación acústica aplicables.
Las ordenanzas municipales deberán extremar las medidas tendentes a paliar los efectos de la contaminación acústica de los locales en los que se instale cualquier actividad.
Artículo citado en: 18 sentencias, 20 disposiciones normativas
TÍTULO III Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente Artículos 38 a 84
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 38 y 39
ARTÍCULO 38 Medio ambiente y salud pública.
La ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente se llevará a cabo atendiendo a la necesaria protección de la sanidad ambiental y a la valoración de los riesgos que del ejercicio de aquéllas se deriven en la salud humana.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, las funciones atribuidas al órgano ambiental para la ejecución de lo contemplado en este Título se ejercitarán sin perjuicio de las que desarrolle el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
ARTÍCULO 39 Control integrado de la contaminación.
Con el fin de lograr una correcta ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente y en aras asimismo de hacer efectivo el principio de control integrado de la contaminación, y en el supuesto de intervención de varios órganos competentes, se impulsará la adopción de todas aquellas medidas necesarias para coordinar los procedimientos administrativos destinados a la obtención de las licencias y autorizaciones contempladas en la normativa sectorial medioambiental, así como las condiciones que en las mismas se impongan.
Asimismo, en aquellas materias competencia del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma se impulsará por éste la refundición de las autorizaciones y procedimientos contemplados en la legislación sectorial de medio ambiente.
CAPÍTULO II Evaluación de impacto ambiental Artículos 40 a 54
Deberán someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que, encontrándose recogidos en el Anexo I de esta ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En casos excepcionales el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, en su totalidad o en parte a alguno de los planes y proyectos citados en el Anexo I de la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental recogidos en esta ley. El citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.
Artículo citado en: 36 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa
introducir en las primeras fases del proceso de planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis relativo a las repercusiones sobre el medio ambiente teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas actividades.
facilitar al promotor de la actividad cuanta información sea posible para que éste se halle en condiciones de poder realizar el estudio de impacto ambiental.
informar al promotor sobre los criterios de calidad ambiental necesarios para la valoración de las repercusiones de los planes y proyectos en el medio ambiente.
favorecer la participación pública y privada.
ARTÍCULO 43 Procedimientos para la evaluación de impacto ambiental.
Evaluación conjunta de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos que sobre el medio ambiente se deriven de la aplicación de un plan, de acuerdo con el procedimiento que se desarrollará reglamentariamente.
Evaluación individualizada de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos de la ejecución de un proyecto sobre el medio ambiente de acuerdo con el procedimiento contemplado en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y su normativa de desarrollo.
Evaluación simplificada de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos que sobre el medio ambiente se deriven de la ejecución de un proyecto de menor incidencia en el entorno y respecto del cual la detección o corrección de impactos ambientales pueda ser simple.
Artículo citado en: 25 sentencias, una disposición normativa
ARTÍCULO 44 Competencias.
No obstante tal atribución, en aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la aprobación del plan o autorización del proyecto resida en los órganos forales de los territorios históricos, la competencia reconocida en el párrafo anterior queda atribuida a estos últimos, excepto cuando el plan o proyecto que se pretenda ejecutar supere o afecte al ámbito territorial de más de un territorio histórico, supuesto éste en el que se garantizará la participación en el procedimiento de los órganos forales.
Artículo 44, apartado 1, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo de 2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias en materia de medio am- biente: evaluación de impacto ambiental de obras y actividades competencia del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO 45 Estudio de impacto ambiental.
Descripción del proyecto y acciones que de él se deriven.
Resumen de las alternativas y justificación de la solución adoptada.
Identificación y valoración de impactos tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.
ARTÍCULO 46 Evaluación conjunta de impacto ambiental.
En relación con los planes contemplados en el apartado A) del Anexo I, y con carácter previo a su aprobación, el órgano responsable de su formulación procederá a realizar una evaluación conjunta, correspondiendo al órgano competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 la emisión de un informe de impacto ambiental que exprese, a los solos efectos ambientales, su parecer sobre aquéllos y sobre su evaluación ambiental, así como sobre las medidas de carácter preventivo, corrector o compensatorio que, en su opinión, debieran acompañar a la ejecución de los mismos.
El plazo máximo para la evacuación del informe de impacto ambiental a que se refiere el apartado anterior será de cuatro meses. Dicho informe deberá ser tenido en cuenta por los órganos responsables de la elaboración y aprobación de los planes en el proceso de toma de decisión.
La resolución administrativa por la que se apruebe el plan, y, en su caso, la norma legal que dicte la aprobación, deberá motivar la decisión adoptada cuando la misma discrepe del contenido del informe de impacto ambiental.
Los informes de impacto ambiental de los planes contendrán las directrices generales para la evaluación individualizada de impacto ambiental de los proyectos en ellos contemplados.
ARTÍCULO 47 Evaluación individualizada de impacto ambiental.
El contenido de la declaración de impacto ambiental tendrá efectos vinculantes en lo relativo a las medidas y condiciones para la ejecución de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I, así como respecto a la imposibilidad de su ejecución como consecuencia de una declaración desfavorable.
En los supuestos de actividades incluidas en el apartado A del anexo II de la presente Ley y sometidas a su vez al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, dicha evaluación suplirá, a todos los efectos, al trámite de imposición de medidas correctoras al que se refiere el artículo 59 de esta ley.
El plazo contemplado en el apartado anterior será de un mes en el supuesto de que el trámite de información pública contemplado en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, hubiera sido sustanciado por el órgano que resuelva sobre la autorización o realización del proyecto.
A todos los efectos, y en especial a los de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, el contenido de ésta tendrá el mismo valor y eficacia que el resto del contenido de la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos.
Sin perjuicio de su notificación al promotor del proyecto y a cuantos interesados hubiesen formulado alegaciones en la fase de información pública del procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y/o en el del territorio histórico donde corresponda.
Las condiciones generales o específicas recogidas en la declaración de impacto ambiental deberán adaptarse a las innovaciones aportadas por el progreso científico o técnico que incidan sobre la actividad evaluada, siempre que sean económicamente viables, tomando en consideración los costes y beneficios y que el promotor del proyecto pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones, licencias y demás resoluciones adoptadas sin observar el procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, cuando éste sea exigible.
Artículo 47, apartados 1, 4, 6 y 8, declarados inconstitucionales y nulos por la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo de 2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias en materia de medio am- biente: evaluación de impacto ambiental de obras y actividades competencia del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Mayo de 2006.
Artículo 47, apartado 3, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
ARTÍCULO 48 Resolución de discrepancias.
Artículo 48, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo de 2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias en materia de medio am- biente: evaluación de impacto ambiental de obras y actividades competencia del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO 49 Evaluación simplificada de impacto ambiental.
ARTÍCULO 50 Cambios o ampliaciones de planes y proyectos.
Cualquier cambio o ampliación de un plan o proyecto que, encontrándose recogido en el Anexo I de esta ley, se halle ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, será sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que en ella se contemplan, en el caso de que pueda tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que el órgano competente para emitir la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los planes o proyectos contemplados en el párrafo anterior determine si los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de los cambios o ampliaciones propuestos tienen un carácter significativo.
El procedimiento al que se refiere el párrafo anterior podrá contemplar un estudio caso por caso o el establecimiento previo de umbrales o criterios, debiendo tener en cuenta los criterios de selección establecidos en el Anexo III de la Directiva 97/11/CE.
ARTÍCULO 51 Zonas ambientalmente sensibles.
Se entenderá por zona ambientalmente sensible la que por sus especiales características en cuanto a valores ambientales contenidos y fragilidad de los mismos sea susceptible de un mayor deterioro ambiental.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo, y exceptuándose en todo caso el territorio clasificado como suelo urbano en el momento de la promulgación de la presente ley, se entenderán, al menos, como zonas sensibles las siguientes:
El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.
El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Las áreas pertenecientes a la zona de policía y zona de servidumbre de márgenes siempre y cuando se encuentren catalogadas.
Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la contaminación de los mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas.
Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogadas.
Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico artístico, incluyéndose su entorno.
Corresponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma la aprobación, a propuesta del órgano ambiental y previo informe de la Comisión Ambiental del País Vasco, de un catálogo de zonas ambientalmente sensibles.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de revisión y modificación de los catálogos a fin de mantenerlos permanentemente actualizados.
ARTÍCULO 52 Relaciones intercomunitarias y transfronterizas.
En el supuesto de actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental que, teniendo lugar en otra Comunidad Autónoma, tuvieran incidencia en el territorio de la Comunidad Autónoma vasca, esta última solicitará de aquella Comunidad información sobre dicha actividad.
Artículo 52, apartado 2, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo de 2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias en materia de medio am- biente: evaluación de impacto ambiental de obras y actividades competencia del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO 53 Inspección y control.
El órgano competente para emitir la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los planes o proyectos asumirá la vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones impuestas en el informe o en la declaración de impacto ambiental.
El órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 podrá ordenar la suspensión de la ejecución de los proyectos ya autorizados contemplados en el apartado B) del Anexo I cuando no hubiera tenido lugar la preceptiva evaluación o se descubra falseamiento, manipulación u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación, así como un incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales contempladas en la declaración.
Artículo 53, apartado 2, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 101/2006, de 30 de marzo de 2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias en materia de medio am- biente: evaluación de impacto ambiental de obras y actividades competencia del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO 54 Financiación pública.
CAPÍTULO III Actividades clasificadas Artículos 55 a 66
ARTÍCULO 55 Ámbito de aplicación.
Las actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar molestias a las personas adoptarán la denominación genérica de clasificadas.
Dichas actividades e instalaciones, en función de la mayor o menor afección que las mismas puedan causar al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa contemplados en los artículos siguientes, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, ampliación o reforma.
En el anexo II de la presente Ley se recoge el listado de actividades e instalaciones sujetas al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa, habiéndose realizado la clasificación sobre la base de la mayor o menor afección de las actividades e instalaciones teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
El uso de sustancias peligrosas.
En el supuesto de que una actividad o instalación englobe actividades o instalaciones sometidas a cada uno de los regímenes de intervención administrativa, la actividad o instalación en su conjunto deberá sujetarse al régimen de licencia.
Artículo 55, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo citado en: 18 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas
ARTÍCULO 56 Competencia y denominación.
La licencia municipal se denominará licencia de actividad clasificada y se atendrá en su formalización a lo especificado en los siguientes artículos y en la normativa de desarrollo que se dicte.
La comunicación se denominará comunicación previa de actividad clasificada y se atendrá en su formalización a lo especificado en esta ley y en la normativa de desarrollo que se dicte.
Artículo 56, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo citado en: 24 sentencias, 2 disposiciones normativas
ARTÍCULO 57 Solicitud de licencia de actividad.
Con antelación a la propia solicitud de licencia de actividad, el promotor de la actividad pública o privada podrá realizar una consulta al Ayuntamiento, dirigida a que se le proporcione información de los requisitos jurídicos y técnicos de la licencia y de las medidas correctoras previsibles, así como sobre la viabilidad formal de la actividad.
En los supuestos de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, la documentación citada en el apartado anterior deberá incorporar un estudio de impacto ambiental, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo II de este título.
ARTÍCULO 58 Información pública y emisión de informes.
Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia de actividad por razones de competencia municipal basadas en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales, el Alcalde o Alcaldesa, en el plazo de 15 días, someterá el expediente relativo a la solicitud de establecimiento de actividad a exposición pública en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y la notificará personalmente a los vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse.
El periodo de exposición pública será de 15 días, al objeto de que puedan presentarse alegaciones por quienes se consideren afectados. Asimismo, se incorporará al expediente un informe sanitario de carácter preceptivo y vinculante, debiendo incluirse, igualmente, aquellos informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad.
La emisión del informe sanitario y del resto de informes técnicos se llevará a cabo en el plazo máximo de 15 días una vez agotado el periodo de exposición pública. Realizados los trámites señalados anteriormente, el Ayuntamiento emitirá informe razonado sobre el establecimiento de la mencionada actividad en el plazo máximo de 10 días.
En el caso de establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas se estará a lo previsto en dicha normativa respecto a la remisión de los proyectos técnicos e informe del órgano autonómico competente en materia de espectáculos.
Artículo 58, apartado 4, añadido por la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Artículo citado en: 15 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
ARTÍCULO 59 Imposición de medidas correctoras.
A la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales indicadas y previamente al otorgamiento de la licencia de actividad por el Alcalde o Alcaldesa, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órgano foral competente emitirá informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de instalación o ampliación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días.
El informe al que se refiere el apartado anterior será vinculante para la autoridad municipal cuando sea contrario a la concesión de la licencia de actividad, así como cuando determine la necesidad de imposición de medidas correctoras.
Artículo citado en: 14 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas
ARTÍCULO 59 BIS Concesión, modificación y revocación de la licencia de actividad clasificada.
Una vez recibido el correspondiente informe de medidas correctoras, el ayuntamiento, en el plazo de seis meses desde la solicitud inicial, concederá, en su caso, la licencia de actividad clasificada.
Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieran subordinadas.
Las licencias podrán ser modificadas de oficio cuando se produzca la entrada en vigor de nueva normativa sectorial o cuando se acredite la insuficiencia de las medidas correctoras implantadas en relación con la afección que se puede causar al medio ambiente, a las personas o sus bienes. Esta modificación no dará derecho a indemnización alguna.
Las licencias deberán ser revocadas cuando se conozcan circunstancias que hubieran justificado su denegación de acuerdo con los procedimientos de revisión de los actos administrativos contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 59 bis, añadido por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
ARTÍCULO 60 Silencio administrativo.
ARTÍCULO 61 Relación entre la licencia de actividad clasificada y el resto de licencias urbanísticas.
Una vez implantadas las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio de la actividad se sujetará a un régimen de comunicación previa.
o obstante, los establecimientos públicos sujetos a la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas pueden iniciar su funcionamiento en las condiciones expresadas en el párrafo anterior cuando el certificado técnico que acompañe a la comunicación previa acredite que ello no supone riesgo para la seguridad de personas y bienes o el medio ambiente, aun cuando no se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la licencia del establecimiento. En tal supuesto, la persona titular del establecimiento debe acreditar el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en la licencia, en un plazo de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse acreditado el cumplimiento de tales requisitos, la licencia quedará sin efecto.
Artículo 61, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo 61, apartado 3, segundo párrafo añadido por la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Artículo citado en: 35 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
ARTÍCULO 62 Delegación competencial.
ARTÍCULO 62 BIS Comunicación previa de actividad clasificada.
Quienes promuevan actividades clasificadas sometidas al régimen de comunicación previa podrán realizar ante el ayuntamiento la consulta prevista en el artículo 57.1 de esta ley.
La comunicación vendrá acompañada de la siguiente documentación:
El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que sean preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
En el supuesto de que una actividad de las contempladas en el apartado B del anexo II de esta ley sobrepase en su funcionamiento cualquiera de los umbrales que para ellas se fijan en dicho apartado, tal circunstancia supondrá la aplicación a la misma del régimen de licencia de actividad clasificada.
#Artículo 62 bis, adicionado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
ARTÍCULO 63 Actividades de interés general.
ARTÍCULO 64 Inspección y control.
Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control de las actividades clasificadas, hallándose facultados los alcaldes o alcaldesas respectivos para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente determinadas.
Cuando exista amenaza inminente de que se produzcan daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para las personas o sus bienes, el alcalde o alcaldesa podrá, con carácter preventivo, imponer la adopción de medidas, incluida en su caso la suspensión de la actividad total o parcialmente, en tanto no desaparezcan las circunstancias que generen la amenaza o el peligro.
En el supuesto del apartado anterior, cuando la persona titular de una actividad se niegue a adoptar alguna medida que le haya sido impuesta, la autoridad que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo de la persona titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio.
Artículo 64, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo citado en: 17 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
ARTÍCULO 65 Actividades sin licencia o comunicación previa.
Si la actividad pudiese legalizarse, requerirá al titular de la misma para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses, pudiendo además clausurarla, si las circunstancias lo aconsejaran, previa audiencia del interesado.
Si la actividad no pudiera legalizarse por incumplimiento de la normativa sectorial vigente o de las ordenanzas municipales correspondientes, deberá procederse a su clausura, previa audiencia del interesado.
Cuando la actividad afectada se encuentre en el ámbito de aplicación de la Ley de Política agraria y alimentaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada disposición.
Artículo 65, apartado 2 adicionado por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, publicada el 31 de Diciembre de 2008.
Artículo 65, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo citado en: 24 sentencias, un artículo doctrinal, 5 disposiciones normativas
ARTÍCULO 66 Registro de actividades clasificadas.
Los Ayuntamientos tendrán el deber de informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órgano foral competente de la concesión de licencias y demás decisiones adoptadas por parte del ente local en relación con las actividades clasificadas.
Los Ayuntamientos mantendrán un registro de actividades clasificadas, en el que deberá incluirse cualquier actuación pública que se refiera a esta materia.
CAPÍTULO IV Residuos Artículos 67 a 79
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 67 a 71
ARTÍCULO 67 Definiciones.
ARTÍCULO 68 Exclusiones.
Los residuos derivados de recursos minerales y canteras.
Las aguas residuales que no constituyan residuos peligrosos.
Los efluentes gaseosos emitidos a la atmósfera.
ARTÍCULO 69 Principios.
Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de ciclos.
ARTÍCULO 70 Planes de residuos.
Con el fin de hacer efectivos los principios contenidos en el artículo anterior, las Administraciones públicas elaborarán planes de residuos que contendrán, entre otras, especificaciones relativas a objetivos a cumplimentar, estrategias a desarrollar, creación de infraestructuras y sistemas de financiación.
Los planes deberán contener pronunciamientos expresos sobre vinculación y rango, así como su duración y vigencia, que deberá acomodarse a los ciclos y actividades económicas industriales, al objeto de garantizar la deseable estabilidad y la eficacia de la planificación.
La elaboración de los planes de residuos garantizará la participación y colaboración de los agentes e instituciones representados en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
ARTÍCULO 71 Regímenes de autorización específicos.
La constitución de un seguro de responsabilidad civil por daños.
La prestación de una fianza para responder ante la Administración autorizante de posibles responsabilidades en el ejercicio de la actividad.
La aplicación de planes de minimización a los productores y, en su caso, a los gestores.
La incorporación de alternativas técnicas y económicas, con arreglo a los criterios y prioridades establecidos en la presente ley.
SECCIÓN 2ª Residuos sólidos urbanos Artículos 72 a 74
ARTÍCULO 72 Residuos sólidos urbanos
Promover la implantación en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco de sistemas de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos que posibiliten su reciclado u otras formas de valorización.
Desarrollar campañas de formación y concienciación ciudadana dirigidas a promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y fomentar la disminución del uso de envases de productos, principalmente de los de difícil reutilización o reciclado.
Establecer los mecanismos de actuación y promover las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de envases y residuos de envases.
Fomentar y coordinar la gestión consorciada o mancomunada de los servicios municipales de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Apoyar el desarrollo técnico y la comercialización de productos de consumo y formas de prestación de servicios que permitan la reutilización, minimicen los residuos generados o reduzcan su impacto.
Impulsar la implantación de infraestructuras de recuperación y valorización de materiales.
Fomentar la reutilización de materiales y de envases preferentemente dentro de los mismos ciclos productivos que los originarios.
Instaurar una política de compras públicas que priorice la adquisición de productos que incorporen materiales reciclados.
ARTÍCULO 73 Competencias del órgano ambiental.
En materia de residuos sólidos urbanos, y sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a los entes locales en virtud de la normativa en vigor, corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la elaboración de la planificación marco de la gestión de residuos sólidos urbanos.
Asimismo corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
la definición de los requisitos técnicos de ubicación, implantación y explotación de infraestructuras de gestión de residuos que garanticen altos estándares de protección medioambiental y la uniformidad de criterios dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
la validación desde una óptica medioambiental de los sistemas emergentes de gestión de residuos.
ARTÍCULO 74 Competencias de los órganos forales de los territorios históricos.
El desarrollo, en cada territorio histórico, de la planificación marco de gestión de residuos sólidos urbanos, a través de los correspondientes planes forales.
La coordinación, en el ámbito de cada territorio histórico, de las actuaciones municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en esta materia.
El impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos.
SECCIÓN 3ª Residuos peligrosos y otras tipologías de residuos Artículos 75 a 79
ARTÍCULO 75 Residuos peligrosos y otras tipologías de residuos
Impulsar la introducción de tecnologías limpias que permitan un uso más eficiente de los recursos naturales, minimizando la cantidad y peligrosidad de los residuos generados.
Apoyar el desarrollo técnico y la comercialización de productos que, por sus características de fabricación, utilización y eliminación, reduzcan la cantidad y peligrosidad de los residuos generados y los riesgos de contaminación.
Promover la sustitución progresiva de materias primas y productos auxiliares que contemplen elementos peligrosos o generen importantes cantidades de residuos de tal carácter, por otros de menor impacto.
Potenciar una gestión tecnológicamente avanzada de los residuos que conlleve costes crecientes en la eliminación o vertido de los mismos, con el fin de incentivar a los productores a orientar sus esfuerzos hacia una política de minimización, aplicando medidas de prevención y de reciclaje-recuperación.
Promover la suficiencia de las infraestructuras de gestión para los residuos peligrosos que se generen en la Comunidad Autónoma del País Vasco y evitar, acorde con el principio de proximidad, el traslado de contaminación de unas a otras áreas geográficas cuando exista esta suficiencia.
Fomentar la multiplicidad y flexibilidad de soluciones para las distintas corrientes de residuos peligrosos, dentro del marco general de los principios de autosuficiencia y proximidad establecidos en el apartado anterior.
Evitar el vertido de los residuos peligrosos que dispongan de infraestructuras de valorización.
ARTÍCULO 76 Competencias del órgano ambiental.
En materia de residuos peligrosos y restantes tipologías de residuos, corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la autorización, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a los entes locales en virtud de la normativa en vigor.
ARTÍCULO 77 Planes.
ARTÍCULO 78 Servicios de gestión.
Las actuaciones de las Administraciones en el ámbito de la gestión de residuos peligrosos y otras tipologías de residuos se acomodarán al principio de subsidiariedad respecto de la gestión privada. La gestión de determinados residuos podrá realizarse mediante la constitución del servicio público correspondiente.
El servicio público de gestión, cuando resulte objetivamente esencial para los fines de la protección ambiental, podrá constituirse en régimen de monopolio, creándose a tal efecto la correspondiente tasa.
ARTÍCULO 79 Tributos medioambientales.
En orden a la minimización y valorización de los residuos peligrosos se podrá establecer un régimen específico de tributos medioambientales de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la presente ley.
Los tributos medioambientales contemplados en el apartado anterior podrán repercutirse a los productores y gestores de residuos peligrosos, a cualquier otro agente interviniente o intermediario en el ciclo de vida de los residuos y a los fabricantes, adquirientes o importadores de productos de cuyo uso pudieran derivarse residuos peligrosos.
CAPÍTULO V Suelos contaminados Artículos 80 a 84
ARTÍCULO 80 Suelos contaminados.
Son suelos contaminados aquellos que presenten una alteración de sus características químicas incompatible con sus funciones, debido a que supongan un riesgo inaceptable para la salud pública o el medio ambiente, y así sean declarados por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha nota marginal se cancelará cuando el órgano ambiental declare que el suelo ha dejado de tener tal consideración.
ARTÍCULO 81 Obligaciones.
La declaración de un suelo como contaminado conllevará la obligación de adoptar medidas de recuperación en la forma que determine el órgano ambiental. Tal obligación corresponderá a los causantes de la contaminación, que cuando sean varios responderán de forma solidaria, y subsidiariamente a los propietarios del suelo contaminado.
En todo caso, si la adopción de las medidas de recuperación de suelos contaminados fuera realizada con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las citadas ayudas.
ARTÍCULO 82 Reparación en vía convencional.
ARTÍCULO 83 Principios de la política de suelos contaminados.
La recuperación del suelo, acorde con el uso a que vaya a ser destinado.
La exigencia de solución ambiental para la totalidad del suelo comprendido en el ámbito de gestión urbanística cuando se asigne un uso a un suelo contaminado.
La protección jurídica del suelo, que se estructurará teniendo en consideración las características químicas, biológicas o físicas que son elementos definitorios del bien y forman parte del contenido normal del derecho de propiedad.
La prioridad del conocimiento y control de la alteración de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ARTÍCULO 84 Competencias.
Para el cumplimiento de los principios anteriormente descritos, corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma:
La elaboración de una lista de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
La definición e imposición de las medidas de prevención, defensa y recuperación de suelos contaminados y la aprobación de planes de saneamiento y recuperación cuando aquéllas resulten de especial complejidad o gravedad.
El establecimiento de los valores máximos tolerables de los distintos componentes del suelo, en relación con los distintos usos del mismo.
El establecimiento de un sistema progresivo de evaluación y control de las alteraciones del suelo y de un sistema de valores de evaluación.
La propuesta de declaración de utilidad pública en aquellos supuestos de imposición de mecanismos de control y de medidas de protección o recuperación, previo expediente en que se acredite la urgencia o necesidad de la intervención administrativa.
La creación de inventarios y registros administrativos que garanticen la seguridad jurídica, el derecho a la información y la fe pública en relación con la actuación administrativa en la materia.
La recepción en el planeamiento urbanístico de los principios recogidos en el artículo 83.
La incorporación de dichos principios en la gestión urbanística.
La aplicación de estos principios desde la disciplina urbanística.
TÍTULO IV Instrumentos de política ambiental Artículos 85 a 100
CAPÍTULO I Instrumentos públicos Artículos 85 a 95
SECCIÓN 1ª Instrumentos públicos de ordenación Artículos 85 a 87
ARTÍCULO 85 Planes y programas.
Como instrumentos de ejecución de la política ambiental, las distintas Administraciones públicas vascas elaborarán los planes y/o programas que fijarán objetivos, plazos y actuaciones públicas y privadas, con indicación de los órganos responsables y las previsiones económico-financieras.
ARTÍCULO 86 Instrumentos de ordenación territorial.
Los planes y demás instrumentos de ordenación territorial y sectorial deberán respetar las siguientes exigencias ambientales:
Garantizar la conservación de los recursos ambientales.
Integrar en la ordenación territorial las adecuadas calificaciones, así como las normas de protección.
Mejorar, recuperar y rehabilitar las áreas y procesos ecológicos que se encuentren degradados.
ARTÍCULO 87 Ordenanzas municipales de medio ambiente.
Los entes locales, en el ejercicio de sus atribuciones en materia ambiental, deberán aprobar las correspondientes ordenanzas municipales de medio ambiente.
SECCIÓN 2ª Instrumentos de concertación Artículo 88
ARTÍCULO 88 Conciertos ambientales.
Las Administraciones públicas que tengan encomendadas la gestión de recursos ambientales o la tutela de los mismos podrán concertar la cuantificación de los límites de responsabilidad con los titulares de derecho de uso de los citados recursos o con quienes realicen actividades que entrañen riesgos para los citados recursos.
Asimismo, se podrán concertar de forma complementaria acciones de protección, prevención y restauración que, financiadas a cargo de los sujetos responsables, puedan suponer una reducción importante de los límites objetivables de responsabilidad. Estas acciones deberán incorporar, en la medida de lo posible, acciones formativas, informativas y de investigación.
SECCIÓN 3ª Instrumentos económico-financieros y tributarios Artículos 89 a 93
ARTÍCULO 89 Fondos específicos y tributos medioambientales.
Las Administraciones públicas podrán crear fondos específicos destinados a financiar actuaciones de protección del medio ambiente, sin perjuicio de la adecuación a la legislación presupuestaria en vigor.
Asimismo, para la efectiva implantación de los principios y acciones establecidos en el marco de la presente ley, se podrán establecer regímenes específicos de tributos medioambientales cuya recaudación podrá destinarse a la financiación de los fondos previstos en el apartado anterior.
ARTÍCULO 90 Garantías de obligaciones ambientales.
Las Administraciones públicas podrán exigir, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en el marco de sus competencias específicas, la constitución de fianzas u otras garantías en cantidad suficiente a tal fin.
ARTÍCULO 91 Incentivos fiscales.
Las Administraciones públicas evaluarán con carácter periódico la eficacia de los instrumentos medioambientales de índole económica y/o fiscal en vigor, impulsarán y potenciarán las políticas fiscales incentivadoras de la mejora medioambiental ya existentes, y propondrán, en su caso, la aplicación de nuevos incentivos o modificaciones en los ya establecidos.
ARTÍCULO 92 Tasas y precios públicos.
Las Administraciones públicas podrán repercutir los costes de servicios públicos ambientales mediante la aplicación de tasas o precios públicos a los beneficiarios o usuarios de los mismos, cuyo establecimiento atenderá al régimen tributario aplicable.
Las Administraciones públicas podrán fijar tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que ocasionen deterioro al medio ambiente, así como por la prestación de servicios o realización de actividades medioambientales cuando éstos sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados y no exista concurrencia del sector privado en su prestación.
Asimismo, las Administraciones públicas podrán fijar precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades medioambientales cuando estos no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados y sean prestados en concurrencia con el sector privado.
ARTÍCULO 93 Aseguramiento de riesgos.
Las personas físicas o jurídicas de cuya actividad se deriven riesgos ambientales podrán dotarse de instrumentos asegurativos diversos con el fin de poder responder adecuadamente a sus obligaciones presentes y futuras.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las personas físicas o jurídicas podrán dotarse de los siguientes instrumentos:
Sistemas de autoseguro que deberán ser garantizados adecuadamente.
Seguros específicos contratados en el mercado asegurador, tanto en materia de responsabilidad civil como respecto de sus propios bienes e instalaciones.
SECCIÓN 4ª Inventarios y bases de datos Artículos 94 y 95
ARTÍCULO 94 Inventarios.
Las Administraciones públicas elaborarán inventarios públicos de los recursos ambientales, los cuales tendrán carácter abierto.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de revisión y modificación de los inventarios, a fin de mantenerlos permanentemente actualizados.
ARTÍCULO 95 Bases de datos ambientales.
El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco coordinará la creación y gestión de una base de datos ambientales, tanto documentales como cartográficos, que faciliten la información sobre los recursos ambientales de la Comunidad Autónoma.
Se instrumentará la cooperación e intercambio de información con las bases de datos y redes estatales e internacionales establecidas al efecto.
CAPÍTULO II Instrumentos de tutela y gestión ambiental Artículos 96 a 100
SECCIÓN 1ª Auditorías ambientales Artículo 96
ARTÍCULO 96 Auditoría ambiental.
Las Administraciones públicas fomentarán la realización de auditorías ambientales o ecoauditorías, como sistema de evaluación de la gestión ambiental de empresas que desarrollen actividades económicas, así como su correspondiente información al público.
A efectos de la presente ley, se entiende por auditoría ambiental el proceso de evaluación voluntaria, sistemática, objetiva y periódica, del sistema de gestión ambiental de las actividades económicas, así como del cumplimiento de requerimientos ambientales.
Las auditorías ambientales irán dirigidas a la obtención de un diagnóstico de la actividad económica en lo que se refiere a emisión de contaminantes, producción de residuos, consumo de materias primas, energía y agua, y análisis del grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como de la capacidad de la actividad auditada para asegurar la gestión ambiental requerida.
La información al público de los resultados de la auditoría se realizará a través de la declaración ambiental, que habrá de expresar, de forma resumida y comprensible, la situación ambiental de la gestión de la empresa, conforme lo dispone la reglamentación comunitaria de aplicación.
SECCIÓN 2ª Ecoetiqueta Artículo 97
ARTÍCULO 97 Ecoetiqueta.
La ecoetiqueta es un distintivo ambiental que acredita, de conformidad con el Reglamento 880/92/CEE, de 23 de marzo de 1992, que el producto que la ostenta es respetuoso con el medio ambiente y tiene debidamente internalizados los costes medioambientales, respecto de todo el ciclo de vida del producto.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá designar el organismo competente para la concesión de la ecoetiqueta, en desarrollo de la normativa comunitaria.
El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la difusión de información a los consumidores y consumidoras y empresas sobre los objetivos y características de los sistemas de ecoetiquetado.
Se tomarán las medidas necesarias para que todo producto manipulado genéticamente u obtenido a partir de manipulación genética haga constar esta circunstancia en su etiquetado e identificación.
SECCIÓN 3ª Educación y formación ambiental Artículos 98 a 100
ARTÍCULO 98 Educación ambiental.
Las Administraciones públicas impulsarán la educación ambiental en todos los sectores sociales, mediante actuaciones que difundan y extiendan en la ciudadanía y en el conjunto de instituciones conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades prácticas encaminadas a la prevención y resolución efectiva de los problemas ambientales.
ARTÍCULO 99 Divulgación ambiental.
Los programas de gestión ambiental tendrán, en todo caso, un componente de educación y divulgación, favoreciendo el conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía y la participación de los diferentes sectores sociales, fomentando, asimismo, la consolidación del asociacionismo en el área de la protección del medio ambiente.
ARTÍCULO 100 Planes de educación ambiental.
El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco pondrán en funcionamiento un plan de actuación conjunta en materia de educación, investigación y sensibilización ambiental.
El plan tendrá como finalidades:
La generalización de la conciencia ambiental.
La correcta educación ambiental en las enseñanzas no universitarias.
Ofrecer, en el ámbito universitario, capacitación especializada en los distintos sectores del conocimiento ambiental.
El fomento de la investigación ambiental en los campos de la tecnología, ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades.
TÍTULO V Disciplina ambiental Artículos 101 a 118
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 101 a 105
ARTÍCULO 101 Responsabilidad.
Las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de los preceptos de la presente ley, generarán una responsabilidad de carácter administrativo, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil en que se pueda haber incurrido.
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos. Cuando la infracción consista en el incumplimiento de obligaciones impuestas a varias personas conjuntamente responderán todas ellas de forma solidaria.
ARTÍCULO 102 Restitución del medio alterado.
Cuando el infractor o infractora no cumpla la obligación impuesta en el apartado anterior o lo haga de una forma incompleta, podrán serle impuestas multas coercitivas a tal fin.
Con anterioridad a la imposición de las multas contempladas en el apartado anterior, se requerirá al infractor para la ejecución voluntaria de lo ordenado, fijando un plazo cuya duración será determinada atendidas las circunstancias y que será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.
ARTÍCULO 103 Vía de apremio.
ARTÍCULO 104 Ejecución subsidiaria.
Si el infractor o infractora no cumpliera sus obligaciones de restauración del medio ambiente habiendo sido requerido a tal fin por el órgano sancionador, éste ordenará la ejecución subsidiaria.
No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.
La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 105 Adopción excepcional de medidas cautelares.
suspensión de obras o actividades.
cualquier otra medida de corrección, seguridad o control que impida la extensión del daño ambiental.
CAPÍTULO II Inspección y control Artículos 106 y 107
ARTÍCULO 106 Inspección y control.
Corresponderán a las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de competencias, las facultades de vigilancia, inspección y control en relación con las actividades radicadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El personal que realice la inspección dispondrá en el ejercicio de esta función de la consideración de agentes de la autoridad, hallándose facultados para acceder, en su caso sin previo aviso, tras su identificación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades objeto de esta ley.
Las Administraciones públicas podrán otorgar determinadas facultades de vigilancia y control a entidades públicas o privadas debidamente acreditadas, estableciéndose reglamentariamente las funciones a desarrollar y los requisitos para su ejercicio.
ARTÍCULO 107 Acta de inspección.
De toda visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los hechos que puedan ser motivo de irregularidad, acta en la que se harán constar las alegaciones que formule el responsable de aquéllos. Estas actas gozarán de la presunción de certeza y valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos intereses, puedan aportar los administrados.
CAPÍTULO III Infracciones Artículos 108 a 112
ARTÍCULO 108 Infracciones.
ARTÍCULO 109 Infracciones muy graves.
La iniciación o ejecución de obras, proyectos y actuaciones sin haberse obtenido licencia, autorización o evaluación de impacto ambiental, sin haber realizado la oportuna comunicación previa, sin ajustarse a las condiciones impuestas en las autorizaciones y licencias ambientales o en las declaraciones de impacto ambiental o sin ajustarse a las condiciones notificadas en la comunicación previa.
La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera o el suelo, de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de energía, incluso sonora, que suponga un deterioro de las condiciones ambientales o afecte al equilibrio ecológico en general.
La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la documentación que se acompañe o incorpore a la comunicación previa de actividades clasificadas, a la evaluación de impacto ambiental y a la emisión de autorizaciones y licencias ambientales de todo tipo.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura, o el incumplimiento reiterado de medidas correctoras.
La realización de tareas de control ambiental por entidad colaboradora de forma contraria a las previsiones reglamentarias.
El incumplimiento de las órdenes administrativas de restauración y recuperación del medio ambiente alterado.
El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el órgano competente.
La incineración de residuos a cielo abierto.
La realización de obras, usos y actividades en contra de las disposiciones relativas a suelos contaminados.
La no adopción de medidas de recuperación, prevención o defensa en relación con suelos contaminados.
Artículo 109, letras a) y c), modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
ARTÍCULO 110 Infracciones graves.
Son infracciones graves las contempladas en el artículo anterior cuando generen riesgos o daños de carácter grave a las personas, sus bienes o el medio ambiente y se realicen contraviniendo el ordenamiento jurídico.
Se considerarán asimismo infracciones graves:
La omisión de datos y la negativa a facilitar los que sean requeridos a titulares de actividades y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la Administración.
El incumplimiento de las obligaciones sobre seguros y fianzas previstas en la presente ley.
ARTÍCULO 111 Infracciones leves.
Un año en caso de infracciones leves.
Tres años en caso de infracciones graves.
Cinco años en caso de infracciones muy graves.
CAPÍTULO IV Sanciones Artículos 113 a 117
ARTÍCULO 113 Graduación.
Las sanciones por las infracciones contenidas en la presente ley se graduarán teniendo presente el riesgo o daño ocasionado, el beneficio obtenido y la intencionalidad, así como las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran.
Tendrán la consideración de circunstancias agravantes en un procedimiento sancionador las expresadas en el artículo 326 del vigente Código Penal.
Tendrá también la consideración de circunstancia agravante la comisión de hechos tipificados como infracciones, cuando los mismos se realicen en zonas sensibles.
Será considerada circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa la adopción, con antelación a la incoación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una determinada actividad.
ARTÍCULO 114 Sanciones.
Para las infracciones leves.
– Multa de 50.000 a 4.000.000 PTA.
– Clausura temporal y parcial de las instalaciones por un periodo máximo de un año.
– Cese temporal de las actividades por un periodo máximo de un año.
– Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo máximo de tres años.
Para las infracciones graves.
– Multa de 4.000.001 a 40.000.000 PTA.
– Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo de más de tres años y no superior a 10 años.
Para las infracciones muy graves
– Multas entre 40.000.001 y 200.000.000 PTA.
– Cese definitivo.
– Clausura temporal no superior a seis años.
– Cese temporal de las actividades por un periodo no superior a los seis años.
– Pérdida definitiva de la condición de entidad colaboradora.
Las multas serán compatibles con las sanciones de apercibimiento, cese temporal y clausura temporal, total o parcial.
ARTÍCULO 115 Competencias.
En las materias de competencia de las instituciones comunes corresponderá la sanción al Consejero o Consejera competente, por las infracciones graves y leves, y al Consejo de Gobierno por las infracciones muy graves.
En las materias de competencia municipal y/o foral, la imposición de las sanciones corresponderá a los órganos competentes de acuerdo con lo que dispongan al respecto sus normas de organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 116 Prescripción.
ARTÍCULO 117 Prohibición de contratar.
CAPÍTULO V Procedimiento sancionador Artículo 118
ARTÍCULO 118 Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador deberá establecer la adecuada separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.
La resolución que ponga fin al procedimiento, que será motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.
TERCERA Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco a la licencia de actividad se entenderán realizadas a la licencia de actividad clasificada
Disposición Adicional Tercera, incorporada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
En tanto en cuanto no se proceda a la aprobación de la planificación marco contemplada en el artículo 73 de la presente ley,serán de plena aplicación en los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los planes integrales de gestión de residuos sólidos urbanos que hubieren sido aprobados por sus órganos forales.
La aprobación de la planificación marco supondrá la adaptación a sus directrices de los citados planes forales.
Disposición citada en: 26 sentencias, 16 disposiciones normativas
Disposición citada en: 15 sentencias, 2 disposiciones normativas
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se tramitarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación.
Quienes fueran titulares de autorizaciones y licencias seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a ésta a tenor de las resoluciones que recaigan en virtud de los procedimientos correspondientes.
El procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental previsto en el artículo 43.1.a) de la presente ley será de aplicación a aquellos planes comprendidos en el Anexo I.A cuya tramitación se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de las normas reglamentarias que regulen aquel procedimiento.
No será de aplicación la evaluación conjunta de impacto ambiental prevista en el artículo 43.1.a) de la presente ley a aquellos planes contemplados en el Anexo I.A cuya aprobación inicial se hubiera llevado a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de las normas reglamentarias que regulen aquel procedimiento, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo que fueran precisas para el cumplimiento de esta ley, y, en concreto, para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 39 en relación con el contenido de los Capítulos II y III del Título III. El Consejo de Gobierno podrá modificar mediante decreto los listados de actividades, proyectos, planes y programas contenidos en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
Disposición Final Segunda, modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica:
Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Aquellos otros planes o programas que cumplan los siguientes requisitos:
Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del órgano ambiental, los siguientes planes y programas, cuando se determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente y cumplan los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior:
Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d).
Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa establece el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros, a la ubicación, las características, las dimensiones, o el funcionamiento de los proyectos o que establezcan de forma específica e identificable cómo se van a conceder las autorizaciones de los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección del medio ambiente del País Vasco.
Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora, establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En tanto en cuanto no se proceda a la aprobación del catálogo de zonas ambientalmente sensibles recogido en el artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco, las zonas ambientalmente sensibles a las que se refiere este anexo serán únicamente las recogidas en el artículo 51.2 y en la disposición transitoria tercera de dicha Ley.
Proyectos de infraestructura del transporte.
1.1. Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales. Las variantes y modificaciones de trazado de longitud superior a 2 km., cuando no cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
1.2. Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
1.3. Puertos comerciales, pesqueros, vías navegables y puertos deportivos. Ampliaciones y accesos de puertos que supongan una ocupación del dominio público marítimo-terrestre de un 50% o más de la superficie actual o siempre que superen la superficie de 5 Ha.
1.4. Aeropuertos, incluidos sus accesos, y sus ampliaciones cuando supongan una ocupación del suelo de un 50% o más de la superficie actual o siempre que superen la superficie de 5 Ha.
Proyectos de infraestructura hidráulica, de gestión y tratamiento del agua y actuaciones en dominio público hidráulico.
2.1. Presas que superen la altura de 10 mts. hasta la coronación o la capacidad de embalse de 100.000 m.3.
2.2. Recrecimiento de presas cuando supongan un aumento de la superficie máxima de la lámina de agua de un 25% o superior, o bien sea superior a 5 Ha.
2.3. Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación sobre al menos 250 mts. de longitud de cauce en estado natural.
2.4. Centrales hidroeléctricas y sus instalaciones anejas.
2.5. Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 10 millones de metros cúbicos al año, excluidos los trasvases de agua potable por tubería.
2.6. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad superior a 100.000 habitantes-equivalentes, tal como se define en el punto 6 del artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE.
2.7. Aprovechamientos de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos cuya descarga natural suponga, al menos, el 50% de los caudales de estiaje de los cursos fluviales de su influencia o que tengan relación directa con el mantenimiento de la lámina de agua de las zonas húmedas conspicuas o del nivel piezométrico subsuperficial de los criptohumedales, y siempre que supere alguno de los siguientes umbrales:
si el volumen anual de extracción supera el 25% de la recarga anual del acuífero.
si el volumen de agua ya extraído supera el 50% de la recarga anual del acuífero y el nuevo aprovechamiento supera un volumen anual de, al menos, el 10% de dicha recarga.
Si la recarga artificial supera el 50% de la recarga natural anual del acuífero.
Proyectos de infraestructuras para la generación, transporte y distribución de energía.
3.1. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de 50 MW o más, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o la puesta fuera de servicio definitivo de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración permanente térmica).
Instalaciones diseñadas para:
– la producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
– el proceso de combustible nuclear irradiado o de residuos altamente radiactivos.
– exclusivamente el almacenamiento temporal de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.
3.3. Parques eólicos que tengan 5 o más aerogeneradores con una potencia total igual o superior a 10 MW. Parques eólicos que se sitúen a menos de 2 km de otro parque eólico, siempre que, considerando sus magnitudes conjuntas, se igualen o superen los umbrales anteriores. Parques eólicos que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles cualquiera que sea su magnitud. A los efectos de esta norma únicamente se considerarán parques eólicos las instalaciones definidas como tales en la normativa sectorial de la energía eólica.
Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.
3.4. Proyectos de construcción de líneas de transporte de energía eléctrica de primera categoría (igual o superior a 100 kV) y de combustible fósil de tipo fluido, de vapor y agua caliente, siempre que se desarrollen en una longitud igual o superior a 1 km.
Proyectos de construcción de líneas de energía eléctrica y subestaciones de transformación de energía eléctrica cuando se desarrollen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles. Se excluirá de este último supuesto la construcción de pequeñas líneas de energía eléctrica que se ejecuten exclusiva o principalmente mediante el método de hinca.
3.5. Instalaciones para la regulación del suministro de gas natural mediante almacenamiento subterráneo.
3.6. Perforaciones geotérmicas profundas.
3.7. Instalaciones para la fabricación industrial de briquetas de hulla y lignito cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Proyectos de infraestructura para la gestión ambiental.
4.1. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente de residuos radiactivos.
4.2. Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos así como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.
Vertederos de residuos inertes que reciban 10 toneladas al día o más, o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas o más, o que, aún no superando estos umbrales, se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles y ocupen una superficie igual o mayor de 1 hectárea.
Proyectos de infraestructuras, industrias, instalaciones o actividades agrícolas, ganaderas, forestales o agroalimentarias.
5.1. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
5.2. Extracción de turba cuando se desarrolle en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.3. Mataderos con capacidad superior a 1.000 Tm/año cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.4. Instalaciones para la fabricación de harinas, piensos compuestos y extracción y tratamiento de aceites de pescado cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.5. Instalaciones para la fabricación de salazones y conservas de productos animales y vegetales cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.6. Fábricas de productos lácteos cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.7. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol, bebidas alcohólicas y plantas azucareras cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.8. Instalaciones para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
5.9. Instalaciones para la cría intensiva de animales (avícolas y de cerdos) con más de:
40.000 plazas para aves de corral.
300 emplazamientos para cerdas de cría.
5.10. Proyectos de liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados de conformidad con la Directiva 90/220/CEE.
5.11. Cría intensiva de peces.
Proyectos de minería.
6.1. Extracción de hulla, lignito u otros minerales.
6.2. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: para los productos de amianto-cemento una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos terminados; para los materiales de fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de productos terminados, y para otras utilizaciones de amianto una utilización de más de 200 toneladas por año.
6.3. Depósitos de productos intermedios o estériles procedentes de la extracción y tratamiento de minerales metálicos.
6.4. Instalaciones de superficie de la industria de extracción de rocas y minerales cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
6.5. Instalaciones para la extracción de gas natural y petróleo.
Proyectos de industrias destinadas a fabricar productos en base a materias minerales.
7.1. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
7.2. Coquerías.
7.3. Instalaciones destinadas a la fabricación de cemento y hornos de cal.
7.4. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
7.5. Plantas asfálticas cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
7.6. Instalaciones para la fabricación del vidrio, incluida la fibra de vidrio, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
7.7. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Proyectos de instalaciones de industria química.
8.1. Instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí y que se utilizan:
8.2. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas.
8.3. Instalaciones para la fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
8.4. Tratamiento de productos intermedios y de productos químicos.
8.5. Instalaciones para la producción de pesticidas y productos farmacéuticos, con excepción de los proyectos contemplados en el apartado 8.1.
8.6. Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos farmacéuticos distintos de los proyectos contemplados en el epígrafe 8.1 de este anexo.
8.7. Instalaciones industriales para la fabricación de pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos, con excepción de las instalaciones en las que únicamente se efectúen mezclas de productos, sin dar lugar a reacciones químicas entre los mismos.
Actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre.
9.1. Obras en el dominio público marítimo-terrestre, distintas de las incluidas en los apartados 1.3 y 9.2 de este anexo, que afecten directa o indirectamente a zonas naturales, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de diques, malecones y otras obras de defensa.
9.2. Emisarios, oleoductos y gasoductos submarinos.
Turismo y actividades recreativas.
10.1. Campings con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
10.2. Pistas y circuitos permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados que se desarrollen en el exterior con una superficie igual o superior a 1 hectárea.
10.3. Campos de tiro con arma de fuego con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
10.4. Campos de golf con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
10.5. Parques temáticos con una superficie igual o superior a 1 hectárea. Parques temáticos cuando se sitúen en todo o en parte en humedales incluidos en áreas protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la Red Natura 2000.
Proyectos de instalaciones de industria metálica.
11.1. Plantas siderúrgicas integrales.
11.2. Establecimientos siderúrgicos comprendida la fundición, forjas, perfilados y laminados cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
11.3. Instalaciones para la extracción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
11.4. Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
11.5. Instalaciones de calcinación y sinterizado de minerales metálicos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
11.6. Fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
11.7. Astilleros.
11.8. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
11.9. Fabricación de material ferroviario, cuando se sitúe en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Fábricas de lavado, desengrasado, blanqueo y tintado de fibras textiles, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Fábricas de tableros de fibras, de partículas y de contrachapado, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel, de papel y cartón y para la producción y tratamiento de celulosa.
Plantas de curtidos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Gasolineras cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Aparcamientos en suelo no urbanizable con una superficie igual o superior a 3.000 m2 que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Instalaciones de torres, antenas u otros equipos similares, destinados a las telecomunicaciones o señales, o a la obtención y transmisión de datos metereológicos, que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles designadas en aplicación de los apartados d) y e) del artículo 51.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, incluyéndose sus accesos.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 50 Ha.
Proyectos de urbanización de zonas industriales con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Proyectos de urbanizaciones de zonas residenciales y comerciales con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, cuando se sitúen en todo o en parte en humedales incluidos en áreas protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la Red Natura 2000.
Almacenamiento de chatarra, cuya superficie sea igual o superior a 3.000 m2, y desguace de vehículos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Se exceptúan las actividades de almacenamiento de chatarra localizadas en puertos, relacionadas con actividades de estiba y desestiba.
Bancos de prueba de motores, turbinas o reactores, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
Los proyectos de los apartados anteriores que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y cuya utilización esté prevista para un plazo superior a dos años.
Los mismos proyectos citados en el párrafo anterior cuya utilización esté prevista para un plazo inferior a dos años cuando se sitúen en todo o en parte en humedales incluidos en áreas protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la Red Natura 2000.
Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo.
El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
1.1. Duplicaciones de calzada y ensanches de plataforma de carreteras. Las variantes y modificaciones de trazado de longitud inferior a 2 Km., o superior a 2 Km. que cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial, siempre que dichos planes hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
1.2. Modificaciones de trazado, variantes y desdoblamientos de líneas de ferrocarril, cuando se desarrollen en suelo no urbanizable en longitud inferior a 2 km., o superior a 2 km. que cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial, siempre que dichos planes hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
1.3. Ampliaciones y accesos de puertos que supongan una ocupación del dominio público marítimo-terrestre entre el 5% y el 50% de la superficie actual o cuando se ocupe una superficie entre 1 y 5 Ha.
1.4. Ampliaciones y modificaciones de aeropuertos cuando supongan una ocupación del suelo inferior al 50% de su superficie actual y siempre que supongan una ampliación de las pistas de rodadura y despegue una superficie de más del 5% de la actual.
Proyectos de infraestructura hidráulica y actuaciones en dominio público hidráulico.
2.1. Proyectos sobre azudes, derivaciones y captaciones, cuando se realicen como ampliación o modificación de instalaciones preexistentes de abastecimiento, de centrales hidroeléctricas y de presas.
2.2. Dragados y limpiezas de cauces y embalses.
2.3. Recrecimiento de presas cuando supongan un aumento de la superficie máxima de la lámina de agua inferior a un 25%.
2.4. Instalaciones de acueducto.
2.5. Obras de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.
2.6. Obras de investigación hidrogeológica que impliquen sondeos, perforaciones o calicatas, proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos.
2.7. Instalaciones de transporte de aguas residuales de la red primaria.
Proyectos de infraestructuras, industrias, instalaciones o actividades agrícolas, acuícolas o forestales.
3.1. Extracción de turba.
3.2. Proyectos de ordenación de montes y planes técnicos, repoblaciones y explotaciones forestales, construcción de caminos rurales y forestales.
3.3. Repoblaciones de animales silvestres.
3.4. Proyectos de concentración parcelaria.
3.5. Proyectos de gestión de los recursos hídricos para la agricultura, con la inclusión de la irrigación y del avenamiento de terrenos.
4.1. Investigación minera que implique perforaciones, sondeos y calicatas.
5.1. Accesos correspondientes a obras e infraestructuras que afecten al dominio público marítimo-terrestre.
Aparcamientos en suelo no urbanizable cuando superen la superficie de 3.000 m.2.
Actividades que, sin estar comprendidas en alguno de los apartados anteriores, supongan una transformación del tipo de aprovechamiento del suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y se realicen en superficies entre 5 Ha. y 50 Ha.
Anexo I, apartados A) y B), modificados por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, el 19 de Noviembre de 2012.
ANEXO II Lista de actividades e instalaciones clasificadas
Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a licencia de actividad.
Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos.
Los establecimientos destinados a salas de fiestas, discotecas, discotecas de juventud, disco-bares, karaokes, bares especiales, pubs o similares, así como las plazas de toros permanentes.
Otros establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:
- disponer de algún recinto catalogado de riesgo especial alto de acuerdo con la normativa técnica en vigor.
- que se trate de edificios de valor cultural cuyas características arquitectónicas no permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con carácter general.
- que se trate de establecimientos de régimen especial conforme a la normativa de espectáculos y actividades recreativas.
Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.
Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a comunicación previa de actividad.
Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW.
Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición de productos y materiales no incluidas en el punto 7 del anexo A).
Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una estación de servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga.
Guarderías para vehículos.
Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, centros sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros de seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias.
Hoteles y residencias comunitarias, residencias de personas mayores, casas de huéspedes y establecimientos similares.
Establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada previa.
Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en la letra A) de este anexo.
Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, banco de datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o informático de la información, estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de control de alarmas) y similares.
12.1. Sala de calderas.
12.2. Instalaciones de aire acondicionado.
12.3. Instalaciones de cámaras frigoríficas.
12.4. Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la reglamentación que resulte de aplicación.
Cementerios y tanatorios sin crematorio.
Anexo II, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Anexo II, apartado A).15 y 16, y apartado B).8, modificados por la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Ley de Residuos de Galicia (Ley 10/2008, de 3 de noviembre)