Source: https://www.marn.gob.sv/a-quien-corresponde-la-autorizacion-de-poda-o-tala-de-arboles/
Timestamp: 2020-08-03 11:43:04
Document Index: 118436877

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45']

¿A quién corresponde la autorización de poda o tala de árboles? – MARN
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¿A quién corresponde la autorización de poda o tala de árboles?
A menudo surge la pregunta: ¿a quién le compete emitir las autorizaciones o restricciones sobre tala, aprovechamiento o poda de los árboles? Esta competencia se divide en tres instancias: si es en la zona urbana, le corresponde regular a las alcaldías, las áreas rurales y los planes de manejo forestal le competen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le conciernen las Áreas Naturales Protegidas, los bosques salados y la regulación de especies protegidas.
Zonas urbanas: alcaldías
Para ser más específicos, si usted quiere podar o talar un árbol en el caso de la zona urbana, debe contar con un permiso emitido por la alcaldía correspondiente, ya que de conformidad al artículo 15 de la Ley Forestal, la regulación sobre siembra, poda y tala de árboles en esas zonas será de competencia exclusiva de la municipalidad respectiva.
De acuerdo con la Ley, lo que esté prohibido o no depende de cada alcaldía, esto es parte de su autonomía. Cada gobierno municipal podrá decretar ordenanzas y reglamentos locales para gestionar libremente en materias de su competencia; sin embargo, el MAG se encargará de recomendar las especies adecuadas para el ornato en dichas zonas urbanas.
Esta facultad de los municipios también está expresada en el Código Municipal. En su artículo 4, numeral 10, determina que la regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, según la ley; es atribución de las municipalidades.
Muestra de ello es San Salvador, que cuenta con la Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo. En ella se determina el marco normativo y técnico que regula las actividades de siembra, plantación, poda y tala de árboles y arbustos en los espacios público y privado.
Así, por ejemplo, las empresas de telefonía, de señal de televisión, energía eléctrica, publicidad, Internet y otras similares de servicio público; deberán solicitar a esta alcaldía el correspondiente permiso de poda o tala de los ejemplares arbóreos de que se trate, previo pago de la tasa correspondiente, según el artículo 26 de la mencionada Ordenanza.
En algunos casos, los gobiernos municipales solicitan un visto bueno del MARN, cuando se trata de la tala de árboles incluidos en la lista de “Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción”, pero solo es para respaldar decisiones técnicas, ya que la potestad por Ley les corresponde a ellos únicamente.
Zonas rurales: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Para las zonas rurales, corresponde al MAG la aplicación de la referida Ley, que en su artículo 3 establece que todos los organismos e instituciones de la administración pública, en el área de su respectiva competencia, estarán obligados a prestar su colaboración a este Ministerio.
La Ley Forestal define los recursos forestales como parte del patrimonio natural de la Nación y señala que corresponde al Estado su protección y manejo. En ella están establecidas las disposiciones sobre el incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera.
Esta ley busca establecer las condiciones para estimular la participación del sector privado en la reforestación del territorio nacional con fines productivos.
En propiedades privadas, el artículo 8 de la Ley Forestal dice que la cosecha de productos forestales maderables y no maderables, de conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad, estará regulada por su respectivo plan de manejo forestal, el cual será elaborado bajo la responsabilidad del propietario o poseedor del terreno y aprobado por el MAG.
Para el caso de las plantaciones forestales en propiedades de particulares, el artículo 16 dice que no se requiere autorización alguna para su mantenimiento, raleo o aprovechamiento final.
Los planes de manejo forestal no serán requeridos si se trata de los aprovechamientos estipulados en el artículo 17 de la Ley Forestal, como corte, tala y poda de especies que se encuentren dentro de plantaciones de café, en suelos con vocación agrícola o ganadera, entre otros.
La Ley también define como Áreas de Uso Restringido los lugares que por su potencial de deslizamiento debido a fuertes pendientes constituyen un peligro para las poblaciones, además orillas de ríos, lagunas y quebradas, los terrenos de las partes altas de las cuencas hidrográficas, los que bordeen los nacimientos de agua o manantiales y otros especificados en su artículo 23.
Los propietarios de estas áreas tendrán la obligación de manejar de manera sostenible la vegetación existente y los Consejos de cada municipio, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán emitir ordenanzas que tengan como fin la protección y el aprovechamiento de los recursos forestales en las áreas de uso restringido, con base en lineamientos establecidos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Áreas Naturales Protegidas y bosques salados: MARN
La regulación del tema forestal de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los bosques salados es atribución del MARN.
Las ANP son zonas del territorio nacional propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o privados y de personas naturales; legalmente establecidas con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan una alta significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos.
En cada caso específico, cada ley dispone de tasas o multas que se consideran de acuerdo con el nivel de la infracción, catalogados como infracciones leves, graves y muy graves. Además del decomiso de aperos, secuestro de productos, partes, derivados o piezas obtenidas.
Por ejemplo en la Ley de Áreas Protegidas, competencia del MARN, se considera en el artículo 43 como:
Infracciones leves: “El extraer madera o leña sin la autorización correspondiente, además de incumplir normativas internas del lugar”.
Infracciones graves, detalladas en el artículo 44, son: “podar árboles, arbustos o cualquier otro tipo de vegetación representativa, sin autorización” y “extraer organismos completos o partes de diferentes especies vegetales diversas como: hongos, bejucos, lianas, helechos y otras”.
Infracciones muy graves, en el artículo 45, son: “destruir o dañar los recursos naturales existentes en el lugar”; “talar árboles, arbustos o cualquier otro tipo de vegetación, sin la correspondiente autorización”, además de “(…) comercializar especímenes de la vida silvestre o sus partes, sin la autorización correspondiente. Se considera agravante cuando la especie estuviere protegida de conformidad a la ley, o en peligro de extinción”.
Asimismo, la Ley Forestal hace lo propio desde la aplicación del MAG, detallando las infracciones en los artículos 35 y 36, aplicando multas y el decomiso de los productos, implicando a veces la restauración del recursos forestal dañado.
En el caso de especies forestales protegidas como el cedro, el ébano y la caoba, desde el marco sancionatorio de la Ley de Conservación y vida Silvestre, aplican sanciones por la adhesión del MARN a convenios regulatorios internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).