Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-267-de-1996?documento=legcol&contexto=legcol_759920414a29f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 23:54:48
Document Index: 155540771

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 21', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 14', 'artículo 102', 'artículo 66']

﻿ LEY 267 DE 1996
LEY 267 DE 29 DE ENERO DE 1996
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS", HECHO EN WASHINGTON EL 18 DE MARZO DE 1965.
DIARIO OFICIAL N°:42704 DE ENERO 30 DE 1996
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965”.
Visto el texto del “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
Santafé de Bogotá, D.C., 23 de marzo de 1993.
ART. 1º—Apruébase el “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados Preámbulo
Reconociendo, que el consentimiento mutuo de las partes en someter dichas diferencias a conciliación o a arbitraje a través de dichos medios constituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se preste la debida consideración a las recomendaciones de los conciliadores y que se cumplan los laudos arbitrales;
ART. 1º—1. Por el presente convenio se crea el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (en lo sucesivo llamado el centro).
ART. 2º—La sede del centro será la oficina principal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo llamado el banco). La sede podrá trasladarse a otro lugar por decisión del consejo administrativo adoptada por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
ART. 3º—El centro estará compuesto por un consejo administrativo y un secretariado, y mantendrá una lista de conciliadores y una lista de árbitros.
ART. 4º—1. El consejo administrativo estará compuesto por un representante de cada uno de los Estados contratantes. Un suplente podrá actuar con carácter de representante en caso de ausencia del titular de una reunión o de incapacidad del mismo.
ART. 5º—El presidente del banco será ex officio presidente del consejo administrativo (en lo sucesivo llamado el presidente) pero sin derecho a voto. En caso de ausencia o incapacidad para actuar y en caso de vacancia del cargo de presidente del banco, la persona que lo sustituya en el banco actuará como presidente del consejo administrativo.
ART. 6º—1. Sin perjuicio de las demás facultades y funciones que le confieren otras disposiciones de este convenio, el consejo administrativo tendrá las siguientes:
f) Adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del centro, y
ART. 7º—1. El consejo administrativo celebrará una reunión anual, y las demás que sean acordadas por el consejo, o convocadas por el presidente, o por el secretario general cuando lo soliciten a este último no menos de cinco miembros del consejo.
ART. 8º—Los miembros del consejo administrativo y el presidente desempeñarán sus funciones sin remuneración por parte del centro.
ART. 9º—El secretariado estará constituido por un secretario general, por uno o más secretarios generales adjuntos y por el personal del centro.
ART. 10.—1. El secretario general y los secretarios generales adjuntos serán elegidos, a propuesta del presidente, por el consejo administrativo por mayoría de dos tercios de sus miembros por un período de servicio no mayor de seis años, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta a los miembros del consejo administrativo, el presidente presentará uno o más candidatos para cada uno de esos cargos.
2. Los cargos de secretario general y de secretario general adjunto serán incompatibles con el ejercicio de toda función política. Ni el secretario general ni ningún secretario general adjunto podrán desempeñar cargo alguno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobación del consejo administrativo.
ART. 11.—El secretario general será el representante legal y el funcionario principal del centro y será responsable de su administración, incluyendo el nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este convenio y los reglamentos dictados por el consejo administrativo, desempeñará la función de registrador, y tendrá facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a este convenio y para conferir copias certificadas de los mismos.
ART. 12.—La lista de conciliadores y la lista de árbitros estarán integradas por los nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone más adelante, y que están dispuestas a desempeñar sus cargos.
ART. 13.—1. Cada Estado contratante podrá designar cuatro personas para cada lista quienes podrán ser, o no, nacionales de ese Estado.
ART. 14.—1. Las personas designadas para figurar en las listas deberán gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del derecho será circunstancia particularmente relevante para las personas designadas en la lista de árbitros.
ART. 15.—1. La designación de los integrantes de las listas se hará por períodos de seis años, renovables.
ART. 16.—1. Una misma persona podrá figurar en ambas listas.
ART. 17.—Si los gastos del centro no pudieren ser cubiertos con los derechos percibidos por la utilización de sus servicios, o con otros ingresos, la diferencia será sufragada por los Estados contratantes miembros del banco en proporción a sus respectivas subscripciones de capital del banco, y por los Estados contratantes no miembros del banco de acuerdo con las reglas que el consejo administrativo adopte.
ART. 18.—El centro tendrá plena personalidad jurídica internacional. La capacidad legal del centro comprende, entre otras, la de:
b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y
ART. 19.—Para que el centro pueda dar cumplimiento a sus fines, gozará, en los territorios de cada Estado contratante, de las inmunidades y privilegios que se señalan en esta sección.
ART. 20.—El centro, sus bienes y derechos, gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial, salvo que renuncie a ella.
ART. 21.—El presidente, los miembros del consejo administrativo, las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 52, y los funcionarios y empleados del secretariado:
a) Gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial respecto de los actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones, salvo que el centro renuncie a dicha inmunidad, y
ART. 22.—Las disposiciones del artículo 21 se aplicarán a las personas que comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este convenio como partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con excepción de las contenidas en el párrafo b) del mismo, que se aplicarán solamente en relación con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde los procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar.
ART. 23.—1. Los archivos del centro, donde quiera que se encuentren, serán inviolables.
ART. 24.—1. El centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las operaciones y transacciones autorizadas por este convenio estarán exentos de toda clase de impuestos y de derechos arancelarios. El centro quedará también exento de toda responsabilidad respecto a la recaudación o pago de tales impuestos o derechos.
ART. 25.—1. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado contratante acreditados ante el centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.
a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3 del artículo 28 o en el apartado 3 del artículo 36, la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, y
b) Toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este convenio, por estar sometidas a control extranjero.
ART. 26.—Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este convenio.
ART. 27.—1. Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consentido en someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este convenio, salvo que este último Estado contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.
2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin facilitar la resolución de la diferencia.
ART. 28.—1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al secretario general quien enviará copia de la misma a la otra parte.
ART. 29.—1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 28, se procederá lo antes posible a la constitución de la comisión de conciliación (en lo sucesivo llamada la comisión).
2. a) La comisión se compondrá de un conciliador único o de un número impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes, y
ART. 30.—Si la comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado 3 del artículo 28, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no hubieren sido designados.
ART. 31.—1. Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la lista de conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme al artículo 30.
ART. 32.—1. La comisión resolverá sobre su propia competencia.
2. Toda delegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del centro, o que por otras razones la comisión no es competente para oírla, se considerará por la comisión, la que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión.
ART. 33.—Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de conciliación vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por la comisión.
ART. 34.—1. La comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos por las partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones aceptables para ambas. A este fin, la comisión podrá, en cualquier Estado del procedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las partes fórmulas de avenencia. Las partes colaborarán de buena fe con la comisión al objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus fines y prestarán a sus recomendaciones, la máxima consideración.
ART. 35.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitrario judicial o ante cualquier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisión de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del procedimiento de conciliación, o el informe o las recomendaciones propuestas por la comisión.
ART. 36.—1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al secretario general quien enviará copia de la misma a la otra parte.
ART. 37.—1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se procederá lo antes posible a la constitución del tribunal de arbitraje (en lo sucesivo llamado el tribunal).
ART. 38.—Si el tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado 3 del artículo 36, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido designados. Los árbitros nombrados por el presidente conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia.
ART. 39.—La mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado contratante. La limitación anterior no será aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el árbitro único o cada uno de los miembros del tribunal.
ART. 40.—1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros, salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme al artículo 38.
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la lista de árbitros deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado 1 del artículo 14.
ART. 41.—1. El tribunal resolverá sobre su propia competencia.
ART. 42.—1. El tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.
ART. 43.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, el tribunal, en cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario:
ART. 44.—Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de arbitraje o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por el tribunal.
ART. 45.—1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga uso de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho, podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar laudo el tribunal, previa notificación, concederá un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo.
ART. 46.—Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal deberá, a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del centro.
ART. 47.—Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes.
ART. 48.—1. El tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos sus miembros.
ART. 49.—1. El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte de una copia certificada del laudo. Éste se entenderá dictado en la fecha en que tenga lugar dicha remisión.
2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días después de la fecha del laudo, el tribunal podrá, previa notificación a la otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que éste. Los plazos establecidos en el apartado 2 del artículo 51 y apartado 2 del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la decisión.
ART. 50.—1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración mediante escrito dirigido al secretario general.
2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo. Si el tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la aclaración.
ART. 51.—1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.
ART. 52.—1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al secretario general fundado en una o más de las siguientes causas:
d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, o
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
4. Las disposiciones de las artículos 41-45, 48, 49, 53 y 54 y de los capítulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite ante la comisión.
ART. 53.—1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio.
2. A los fines previstos en esta sección, el término “laudo” incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 ó 52.
ART. 54.—1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los Estados que lo integran.
ART. 55.—Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero.
Sustitución y recusación de conciliadores y árbitros
ART. 56.—1. Tan pronto quede constituida una comisión o un tribunal y se inicie el procedimiento, su composición permanecerá invariable. La vacante por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o árbitro será cubierta en la forma prescrita en la sección 2 del capítulo III y sección 2 del capítulo IV.
ART. 57.—Cualquiera de las partes podrá proponer a la comisión o tribunal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado 1 del artículo 14. Las partes en el procedimiento de arbitraje podrán, así mismo, proponer la recusación por las causas establecidas en la sección 2 del capítulo IV.
ART. 58.—La decisión sobre la recusación de un conciliador o árbitro se adoptará por los demás miembros de la comisión o tribunal, según los casos, pero, si hubiere empate de votos o se tratare de recusación de un conciliador o árbitro único, o de la mayoría de los miembros de una comisión o tribunal, corresponderá resolver al presidente. Si la recusación fuere estimada, el conciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido en la forma prescrita en la sección 2 del capítulo III y sección 2 del capítulo IV.
ART. 59.—Los derechos exigibles a las partes por la utilización del centro serán fijados por el secretario general de acuerdo con los aranceles adoptados por el consejo administrativo.
ART. 60.—1. Cada comisión o tribunal determinará, previa consulta al secretario general, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los límites que periódicamente establezca el consejo administrativo.
ART. 61.—1. En el caso de procedimiento de conciliación las partes sufragarán por partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la comisión así como los derechos devengados por la utilización del centro. Cada parte soportará cualquier otro gasto en que incurra, en relación con el procedimiento.
ART. 62.—Los procedimientos de conciliación y arbitraje se tramitarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en la sede del centro.
ART. 63.—Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedimientos de conciliación y arbitraje podrán tramitarse:
a) En la sede de la corte permanente de arbitraje o en la de cualquier otra institución apropiada, pública o privada, con la que el centro hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto, o
ART. 64.—Toda diferencia que surja entre Estados contratantes sobre la interpretación o aplicación de este convenio y que no se resuelva mediante negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia, a la Corte Internacional de Justicia, salvo que dichos Estados acuerden acudir a otro modo de arreglo.
ART. 65.—Todo Estado contratante podrá proponer enmiendas a este convenio. El texto de la enmienda propuesta se comunicará al secretario general con no menos de 90 días de antelación a la reunión del consejo administrativo a cuya consideración se ha de someter, y aquél la transmitirá inmediatamente a todos los miembros del consejo administrativo.
ART. 66.—1. Si el consejo administrativo lo aprueba por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, la enmienda propuesta será circulada a todos los Estados contratantes para su ratificación, aceptación o aprobación. Las enmiendas entrarán en vigor 30 días después de la fecha en que el depositario de este convenio despache una comunicación a los Estados contratantes notificándoles que todos los Estados contratantes han ratificado, aceptado o aprobado la enmienda.
ART. 67.—Este convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del banco. Quedará también abierto a la firma de cualquier otro Estado signatario del estatuto de la Corte Internacional de Justicia al que el consejo administrativo, por voto de dos tercios de sus miembros, hubiere invitado a firmar el convenio.
ART. 68.—1. Este convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.
2. Este convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha del depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Entrará en vigor respecto a cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, 30 días después de la fecha de dicho depósito.
ART. 69.—Los Estados contratantes tomarán las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para que las disposiciones de este convenio tengan vigencia en sus territorios.
ART. 70.—Este convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al depositario de este convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o aprobación, o con posterioridad.
ART. 71.—Todo Estado contratante podrá denunciar este convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación.
ART. 72.—Las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo de los artículos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario.
ART. 73.—Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de este convenio y sus enmiendas se depositarán en el banco, quien desempeñará la función de depositario de este convenio. El depositario transmitirá copias certificadas del mismo a los Estados miembros del banco y a cualquier otro Estado invitado a firmarlo.
ART. 74.—El depositario registrará este convenio en el secretariado de las Naciones Unidas de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y el reglamento de la misma adoptado por la asamblea general.
ART. 75.—El depositario notificará a todos los Estados signatarios lo siguiente:
e) La fecha en que las enmiendas de este convenio entren en vigor, conforme el artículo 66, y
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de agosto de 1994.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de enero de 1996.