Source: http://studylib.es/doc/369787/leer-sentencia-de-prisa-corporativa
Timestamp: 2018-02-21 11:34:29
Document Index: 176780669

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 124', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 218', 'artículo 8', 'artículo 207', 'artículo 1281', 'artículo 207', 'artículo 51', 'artículo 51']

Leer sentencia de Prisa Corporativa
DESPIDO COLECTIVO (PRISA). DECISIÓN EXTINTIVA NO AJUSTADA A
DERECHO POR NO CUMPLIRSE LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE
20-05-2011 Y 14-06-2011. CONDENA A ABONAR INDEMNIZACIÓN DE 45
DÍAS POR AÑO DE SERVICIO CON TOPE DE 42 MENSUALIDADES
PREVISTA EN DICHOS ACUERDOS. EFICACIA ERGA OMNES DE LOS
ACUERDOS DE FIN DE HUELGA. VIGENCIA DE LOS ACUERDOS.
Recurso Num.: CASACION/47/2013
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso
de Casación interpuesto por el Letrado D. Luis Coll de la Vega, en nombre y
representación de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., contra la
Madrid, de fecha 8 de enero de 2013, Núm. Procedimiento 73/2012, en
actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de Federación de
Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y de Dª Cristina Almazán
Delgado, D. Alfonso Jáuregui Campuzano, D. Arturo Belda Nuevo (como
integrantes de la Comisión "ad hoc" elegida en el Expediente de Regulación de
Empleo), contra Promotora de Informaciones S.A., Prisa Brand Solutions S.L., y
Estructura Grupo de Estudios Económicos S.A. sobre Despido colectivo.
Ha comparecido el Letrado D. Enrique Lillo Pérez en nombre y
representación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras (FSC-CCOO), y de la Comisión Ad Hoc elegida en el Expediente de
Regulación de Empleo Dª Cristina Almazán Delgado, D. Alfonso Jáuregui
Campuzano y D. Arturo Belda Nuevo, en concepto de recurridos.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª. ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL,
Magistrada de Sala.
PRIMERO.- Por la representación de Federación de Servicios a la
Ciudadanía de Comisiones Obreras y de Dª Cristina Almazán Delgado, D.
Alfonso Jáuregui Campuzano y D. Arturo Belda Nuevo (como integrantes de la
Comisión "ad hoc" elegida en el ERE), se presentó demanda en materia de
expediente de regulación de empleo de la que conoció la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en la que tras exponer los hechos y
motivos que estimaron de aplicación se terminó por suplicar se dicte sentencia
por la que se "declare la nulidad de la decisión extintiva colectiva decidida por la
empresa PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., con la condena a la
reincorporación inmediata de los afectados y al abono de los salarios dejados de
percibir o subsidiariamente se declare la inexistencia de causa legal justificativa
del despido, condenando a PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. a estar y
pasar por esta declaración.".
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio,
con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra
unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas
por las partes y declaradas pertinentes.
TERCERO.- Con fecha 8 de enero de 2013 se dictó sentencia por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que consta el
siguiente fallo: "Que debemos estimar y estimamos en parte, la demanda
formulada por el Sr. Letrado D. RAMON ENRIQUE LILLO PEREZ, en nombre y
representación de Dª CRISTINA ALMAZAN DELGADO, D. ALFONSO
JAUREGUI CAMPUZANO, D. ARTURO BELDA NUEVO y FEDERACION DE
SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS, contra
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), PRISA BRAND
SOLUTIONS S.L., ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, S.A.,
se declara no ajustada a derecho la decisión extintiva, cuyas consecuencias
jurídicas y condiciones en materia indemnizatoria deben ser las contenidas en los
Pactos de fechas 20 de mayo de 2011 y 14 de junio de 2011: abono de 45 días
por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, prorrateándose por meses
los periodos inferiores a un año; y debemos condenar y condenamos a
PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (PRISA) a estar y pasar por esta
declaración así como a todas las consecuencias que de ello se deriven.".
CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes
hechos: "PRIMERO La empresa demandada, Promotora de Informaciones S.A.
(en adelante PRISA), con domicilio social en Gran Vía 32 de Madrid, cuyo objeto
social es: a) la gestión y explotación de toda clase de medios de información y
comunicación; b) la promoción y ejecución de toda clase de proyectos, negocios
o empresas de medios de comunicación, industriales, comerciales y de servicios;
c) la constitución de empresas y sociedades y la asociación con terceros en
operaciones y negocios, mediante fórmulas de colaboración; d) la adquisición,
tenencia, explotación y enajenación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles y derechos; e) la contratación y prestación de servicios de
asesoramiento, adquisiciones y gestión de interés de terceros; f) la actuación en
el mercado de capitales y monetario mediante la gestión de los mismos, la
compra y venta de títulos de renta fija o variable o de cualquier otra índole, por
cuenta propia. Las actividades descritas se entienden referidas a sociedades y
empresas, operaciones o negocios, nacionales o extranjeros. Promotora de
Informaciones S.A. es la cabecera del Grupo PRISA, y en ella radica el
denominado Centro Corporativo, que aglutina las funciones de dirección y
coordinación del resto de negocios del Grupo. Adicionalmente a las operaciones
que lleva a cabo directamente, PRISA es cabecera de un grupo de entidades
dependientes, negocios conjuntos y empresas asociadas que se dedican a
actividades diversas y que constituyen el Grupo PRISA. Está obligada a elaborar,
además de sus cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo que
incluyen, asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en
asociadas. En las cuentas anuales, en el apartado económico, vienen reflejadas
las participaciones societarias que tiene la compañía. Las principales
participaciones de PRISA son las que a continuación se indican: Unidad Prensa:
Prisa Noticias S.L. 100%; Unidad Radio: Prisa Radio S.L. 73,49%; Unidad Edición
y Educación: Grupo Santillana de Ediciones S.L. 35%; Unidad Audiovisual: Prisa
Televisión S.A.U. 100%; Digital: Prisa Digital S.L. 100%; Comercialización
Publicidad: Prisa Brand Solutions S.L.U. 100%; otras actividades: Prisa División
Inmobiliaria S.L. 100%; Vertix, SGPS, AA 100%; Prisa Finance (Netherlands) BV
100%; Liberty Adquisition Holdings Virginia, Inc. 100%, Promotora de Actividades
América 2010, S.L. 100%; Prisa Print, S.L. 100%; Prisa Gestión de Servicios S.L.
100%; Promotora de Emisoras de Televisión S.A. 25%; Diario el País México S.A.
de C.V. 11,18%, U-ME Media Inc. 8,12%; Promotora General de Revistas S.A.
0,04%. PRISA es un grupo multimedia cuyas actividades están organizadas en
cuatro grandes áreas de negocio, Educación/Editorial, prensa, radio, audiovisual,
estructura que se completa con dos unidades de negocio, Digital y PBS, que
operan trasversalmente en todas las áreas. La primera actividad aglutina los
negocios de la Editorial Santillana en España, Portugal y Latinoamérica. La
actividad de prensa aglutina principalmente los negocios de El País, Cinco Días,
As y revistas de prensa en España y Portugal. La actividad de radio aglutina los
negocios de Unión Radio, en España y en el exterior. Sus cadenas en España
son la Cadena Ser, Los 40 Principales, Cadena Dial, Máxima FM, Radiolé y M80.
La actividad audiovisual, agrupa los negocios de Prisa Televisión y Media Capital.
La actividad digital es una actividad trasversal al resto de las actividades del
grupo, mediante la cual distintos negocios del Grupo Prisa distribuyen sus
contenidos a través de canales digitales. La actividad comercial de publicidad
que, como la anterior, opera trasversalmente a la actividad del Grupo
comercializando su publicidad (prensa, radio, internet) con la única excepción de
Televisión que comercializa directamente su publicidad (folios 46 a 49 del
expediente administrativo); SEGUNDO.- En fecha 5 de septiembre de 2012, la
empresa Promotora de Informaciones S.A. comunicó a la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, el
inicio del periodo de consulta, habiendo comenzado aquél el día 3 de septiembre
de 2012, e insta la instrucción del correspondiente expediente de regulación de
empleo que fue registrado bajo el nº 1535/2012, en el que se reflejaba un número
de 26 trabajadores afectados y un número de trabajadores de la plantilla actual
que están ubicados en la Comunidad de Madrid de 124, basando su pretensión
extintiva en razones económicas y organizativas; a dicho escrito acompañó
relación nominal de trabajadores afectados por el expediente, nota explicativa
para la Comisión designada, donde se expresan las razones y circunstancias que
hacen necesaria la presentación del expediente de despido colectivo, memoria
explicativa de las causas del despido colectivo, informe técnico explicativo de las
causas organizativas y plan de racionalización, informe de auditoría de cuentas
anuales correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 de PRISA, informe
financiero semestral (enero-junio 2012), informe de auditoría de cuentas anuales
consolidadas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 de PRISA e impuesto
de sociedades correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 de PRISA, criterios
a tener en cuenta para la designación de los afectados, comunicación del inicio
del expediente a los afectados y plan de acompañamiento social, documentación
que asimismo se entregó a los representantes de los trabajadores (folios 18 a 21,
34 a 849 y 854 a 1162 del expediente administrativo); TERCERO.- En fecha 0309-2012 PRISA remitió carta a los trabajadores afectados comunicándoles la
decisión adoptada por la dirección de la empresa de promover un ERE por
causas económicas y organizativas para la extinción de los contratos de trabajo
de 26 empleados de la misma. La apertura del periodo de consultas, con efectos
del día 3 de septiembre de 2012, al no existir en la empresa representación legal
de los trabajadores se les dio opción a los empleados entre elegir
democráticamente una comisión o, alternativamente, conferir el derecho de
designación de los integrantes de la comisión a los sindicatos más
representativos (folios 868 a 1155 del expediente administrativo). CUARTO.- Los
trabajadores de PRISA, reunidos en Asamblea General celebrada el día 5 de
septiembre de 2012, acordaron la elección de las siguientes personas para
formar la comisión negociadora como representantes de los trabajadores: Alfonso
Jáuregui Campuzano, Arturo Belda Nuevo, María Cristina Almazán Delgado
(folio 1173 expediente administrativo); QUINTO.- El periodo de consultas se inició
el día 06-09-2012 y finalizó el 03-10-2012, y se formalizó en siete actas relativas
a las reuniones de los días 6, 11, 17, 20, 25 y 28 de septiembre de 2012 y el 3 de
octubre de 2012, cuyo contenido, obrante en autos (folios 9 a 57 del ramo de
prueba de la parte demandante - documentos 4 y 5- y folios 1170 a 1173, 1191 a
1222 y 1255 a 1263 del expediente administrativo) se da por reproducido;
SEXTO.- En el acta nº 1 se adjuntan la relación de la documentación entregada
por la empresa a los representantes de los trabajadores (folios 20 y 21 de la
prueba de la parte actora) y la relación de trabajadores afectados que
inicialmente eran 26 (folio 8 de la prueba de la parte actora), igualmente la
representación de la empresa hace entrega a los representantes de los
trabajadores de la carta en la que se solicita la emisión del informe al que se
refiere el artículo 64.5.a) del E.T.; SÉPTIMO.- El periodo de consultas finalizó sin
acuerdo, la empresa procede a notificar a la Comisión negociadora su decisión
de llevar a cabo el despido de 24 trabajadores, cuyos nombres constan
relacionados en el anexo adjunto al acta final (folio 58 de la prueba de la parte
actora); OCTAVO.- En el acta nº 3 del periodo de consultas, la representación de
los trabajadores entrega a la representación empresarial un escrito en el que se
solicita documentación a la empresa y se hacen manifestaciones discrepando de
la concurrencia de las causas económicas y organizativas alegadas por la
empresa como justificativas del despido colectivo (folio 28 de la prueba
documental de la parte actora, que se da por reproducido). La empresa procedió
a entregar a los representantes de los trabajadores los documentos que se
relacionan en el folio nº 20 de la prueba documental de la parte actora y procede
a entregar un escrito en el que se da contestación al escrito presentado por la
representación social en la reunión celebrada el 17 de septiembre cuyo
contenido, obrando en autos (folios 32 a 45 del ramo de prueba de la parte
actora), se da por reproducido. NOVENO.- En la nota explicativa entregada por la
empresa a los representantes de los trabajadores (Comisión designada) se refleja
que las causas motivadoras del expediente de despido colectivo son de índole
económico y organizativo. En relación a las causas económicas se alega: los
ingresos de PRISA provienen fundamentalmente de la facturación de los
servicios corporativos que presta a las distintas empresas y unidades de negocio
integrantes del Grupo Prisa, a través del denominado " fee de gestión" (canon de
gestión). Estos servicios corporativos se refieren a servicios de asesoría fiscal,
asesoría jurídica, planificación y control, financiero, personal y formación y
administración. Además de lo anterior, Prisa también refactura a sus filiales la
parte que les corresponde de los servicios que determinados proveedores
externos prestan a las distintas compañías del grupo, toda vez que el canon de
gestión consiste en un determinado porcentaje sobre los ingresos de las distintas
compañías y unidades de negocio, los ingresos de Prisa dependen de la
facturación de sus empresas y unidades filiales. Es decir, la evolución comercial y
económica de las distintas empresas y unidades de negocio del Grupo Prisa,
afecta a la situación económica de PRISA. Se señala que el mercado de medios
de comunicación, en el que se encuadra la empresa, padece desde hace varios
años una situación de crisis y recesión que ha llevado a las compañías filiales de
PRISA a un deterioro en sus resultados. Los factores que incurren en la crisis del
negocio de los medios de comunicación son los siguientes: entorno
macroeconómico negativo de España, desplome de la inversión publicitaria,
cambio estructural del mercado hacía soportes digitales. Las compañías y
unidades de negocio integrantes del Grupo Prisa no han sido ajenas a esta
situación, como lo demuestran los datos correspondientes al ejercicio 2011, entre
los que se destaca, la caída del EBITDA (26,7% con respecto a 2010), resultado
de pérdidas y ganancias negativo de -451 millones de euros. Descenso de
ingresos de publicidad de un 8% en 2011 respecto a 2010 y en un 10,7% en el
primer semestre de 2012 respecto del primer semestre de 2011. Este deterioro
comercial y económico del Grupo Prisa ha tenido una repercusión directa sobre
los resultados de Prisa que ha visto minorados sus ingresos en 2011 en 2,2
millones de euros respecto del año anterior, ha visto minorado su resultado de
explotación en el año 2011 en un 9% respecto del año anterior, ha obtenido un
resultado de pérdidas y ganancias negativo en el año 2011 por importe de 616.903 millones de euros, ha alcanzado un flujo de tesorería negativo en 2011
en la cifra de -118 millones de euros. La situación de PRISA en el primer
semestre del año 2012 respecto al mismo periodo del año anterior es el
incremento de pérdidas de -44,2 millones de euros (a junio de 2011) a -93,5
millones (a junio 2012). En relación a las causas organizativas, resulta necesario
llevar a cabo un plan de racionalización de la estructura organizativa de PRISA a
través de la implementación de un nuevo modelo organizativo y de gestión con el
objetivo de adecuar la estructura de costes y personal de la misma al actual
escenario de mercado y menos actividad y, por otro lado, reducir la caga
económica que PRISA supone para las distintas unidades de negocio del Grupo
Prisa, lo que conlleva externalizar parte de las funciones en terceras empresas,
concentrar equipos de trabajo de las distintas unidades de negocio (se da por
reproducido el documento unido a los folios 34 a 41 del expediente
administrativo). DÉCIMO.- El periodo de consultas finalizó el 31-10-2012 con
resultado de "sin acuerdo", en dicha fecha la empresa procede a notificar a la
comisión negociadora su decisión de llevar a cabo el despido de 24 trabajadores,
cuyos nombres constan relacionados en el listado anexo adjunto al acta. PRISA
remitió a los representes de los trabajadores carta de fecha 08-10-2012
comunicándoles que al haber finalizado el periodo de consultas en el seno del
ERE 1535/2012, sin acuerdo, la empresa ha comunicado hoy día 08-10-12 a la
Autoridad laboral el resultado del periodo de consultas, así como la decisión final
del despido colectivo adoptada por la compañía y las condiciones del mismo, se
les informa asimismo, que la decisión final de la empresa es la siguiente:
A) Extinción de los contratos de trabajo de 24 empleados que se relacionan en el
B) Los trabajadores afectados percibirán por la extinción de sus contratos de
trabajo una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicios,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un
máximo de 12 mensualidades, que se hará efectiva en el momento que se
notifiquen las extinciones. El importe del preaviso y de la liquidación se hará
efectivo en el momento que se haga efectiva la extinción del contrato.
Se dejan constancia de que del listado inicial de trabajadores afectados se ha
excluido a dos trabajadores, D. Luis Pedro Rodríguez Alonso y Doña Mercedes
Rodríguez Márquez, quedando reducido el listo de trabajadores afectados a 24.
PRISA se compromete a suscribir el convenio especial con la seguridad social
para mayores de 55 años de edad afectados por el ERE con los siguientes
trabajadores: D. Alfonso Jáuregui Campuzano, nacido el 22-11-1956, Doña
Monserrat Lucas Prieto, nacida el 25-11-52 y D. Andrés Pozo Fernández, nacido
el 07-01-1953. Los efectos de la extinción de los contratos de trabajo se llevarán
a cabo el día 8 de octubre de 2012 (folios 108 a 110 de la prueba documental de
la parte actora); UNDÉCIMO.- La empresa demandada remitió a los trabajadores
afectados carta de fecha 08-10-2012 comunicándoles la extinción de sus
contratos de trabajo con efectos de 08-10-2012, cuyo contenido, obrando en
autos (doc. nº 26 aportado por la empresa con el escrito de 04-12-2012) se da
por reproducido; DUODÉCIMO.- El número de trabajadores afectados es de 23,
al haberse excluido de la lista a Doña Patricia González Maroto, habiendo dado
cumplimiento la empresa a lo dispuesto en el artículo 124.9 de la L.R.J.S.,
habiendo remitido a tal efecto burofaxes dirigidos a la totalidad de los
trabajadores afectados por el despido colectivo, informándoles de la formulación
de la presente demanda de despido colectivo promovida por el Sindicato CCOO y
la comisión designada por los trabajadores de la empresa, que se sigue ante esta
Sección de Sala. Los trabajadores afectados son:
1.- Montserrat Lucas Prieto - 5040674C; 2.- Idoia Pérez-Urdangarín Moraleda 44137814D; 3.- Carolina Carbonell Schultz - 50733856L; 4.- Mercedes Alegre
Mayo - 12388640N; 5.- Arturo Belda Nuevo - 05283174M; 6.- Jaime Corro
Bestard - 42975454T; 7.- Nieves Domínguez Carrillo - 00403776B; 8.- Javier
García Ramos - 04843286S; 9.- Gabriela Huelin Rueda - 03469064C; 10.Alfonso Jáuregui Campuzano - 50284779V; 11.- Mª de los Ángeles Martín
Álvarez - 05403798V; 12.- Pedro Luis Moratilla Rodríguez - 50153900P; 13.Andrés Pozo Fernández - 02844506G; 14.- Jaime Ruiz Rodríguez - 07234153D;
15.- Sonia Privado del Amo - 02657481S; 16.- Paloma Antón Pérez - 53491679G;
17.- Cristina Almazán Delgado - 02238263H; 18.- Antonio Jorge Terré GarcíaOrtega - 34772904D; 19.- Manuel Fernando Delgado Rivera - 51413372T; 20.Andrea Barrilero García Miñaur - 52996100Y; 21.- Javier Fariñas Carmona 02528154V; 22.- María del Pilar Gutiérrez Martín - 02255226F; 23.- Barbara
Lenhardy Ruiz - 52476698J.
DÉCIMO TERCERO.- La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid, en fecha 7 de diciembre de 2012 emitió informe, cuyo contenido, obrando
en autos, se da por reproducido; DÉCIMO CUARTO.- La empresa Estructura
Grupo de Estudios Económicos S.A., dedicada a la actividad de edición del diario
económico "Cinco Días" inició el periodo de consultas con la representación legal
de los trabajadores para la extinción de 27 contratos de trabajo de los 72 que
componen la totalidad de la plantilla de la empresa, basado en causas
económicas, organizativas y de producción. Con fecha 4 de octubre de 2012
tiene entrada en el registro de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, acta final del periodo de consultas que concluyó sin acuerdo. Fruto de
la negociación el número inicial de afectados pasa de 27 a 22; DÉCIMO
QUINTO.- El Grupo Prisa adquirió en 1994 la totalidad de las acciones de la
sociedad. Son accionistas el Grupo Empresarial de Medios Impresos S.L. con un
99,99% y Promotora de Información con el 0,01% restante. La comunicante se
integra en un grupo de consolidación de un grupo superior, cuya sociedad
dominante es Prisa Noticias S.L. que es la propietaria, entre otras, del 100% de
Grupo Empresarial de Medios Impresos S.L. Asimismo la sociedad Prisa Noticias
S.L. se integra en el Grupo Prisa, cuya sociedad dominante es Promotora de
Informaciones S.A. que, entre otras, posee el 100% de Prisa Noticias S.L. y
formula cuentas anuales consolidadas; DÉCIMO SEXTO.- Prisa Brand Solutions
S.U. inició el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores
para la extinción de 29 contratos de trabajo de los 218 que conforman la totalidad
de la plantilla de la empresa, basado en causas económicas, organizativas y de
producción. Con fecha 03-10-2012, tiene entrada en la Dirección General de
Trabajo de la Comunidad de Madrid, acta final del periodo de consultas que
concluyó sin acuerdo. Fruto de la negociación el número inicial de afectados pasa
de 29 a 24; DÉCIMO SÉPTIMO.- El 26-07-2010 los órganos de administración de
Prisa Brand Solutions S.L.U., antes denominada Box News Publicidad S.L.U., y
de Gerencia de Medios S.A., antes denominada PROMED S.A., adoptaron el
acuerdo de fusión de esta última con la primera, en virtud de la decisión del socio
único de ambas sociedades, Promotora de Información S.A. Prisa Brand
Solutions S.L.U. tiene dos filiales: Prisa Innova S.L. y Solomedios S.A. que no
tiene actividad ni empleados, y se integra contablemente en la consolidación del
Grupo Prisa, cuya sociedad dominante es Prisa que formula cuentas anuales
consolidadas. Lleva a cabo la comercialización de los espacios publicitarios de
las empresas del Grupo Prisa, a excepción de televisión, comercializa la
publicidad de los siguientes medios: Diarios de Prensa: El País, As, Cinco Días y
sus correspondientes suplementos. Radio: Cadena Ser, Los 40 Principales,
Cadena Dial Máxima FM, Radiolé y M80. Revistas: Cinemanía, Rolling Stone,
Car, Gentleman, Europa, Tiempo de Relojes y Clave. Digital: webs de todo el
grupo; DÉCIMO OCTAVO.- Los ingresos de Promotora de Informaciones S.A.
provienen fundamentalmente de la facturación de los servicios corporativos que
prestan a las distintas empresas y unidades de negocio integrantes del Grupo
Prisa, a través del denominado " fee de gestión" (canon de gestión). Estos
servicios corporativos se refieren a servicios de asesoría fiscal, asesoría jurídica,
planificación y control, financiero, personal y formación y administración. Además
de lo anterior, Prisa también refactura a sus filiales la parte que les corresponde
de los servicios que determinados proveedores externos prestan a las distintas
compañías del grupo. Toda vez que el canon de gestión consiste en un
determinado porcentaje sobre los ingresos de las distintas compañías y unidades
de negocio, los ingresos de Prisa dependen de la facturación de sus empresas o
unidades filiales. Es decir la evolución comercial y económica de las distintas
empresas y unidades de negocio del Grupo Prisa, afecta a la situación
económica de prisa; DÉCIMO NOVENO.- En el informe de gestión
correspondiente al ejercicio 2011, al analizar la "evolución de los negocios" y, en
concreto, en el apartado "resultados y rentabilidad", se recoge que durante el
ejercicio 2011 el grupo mantuvo sus ingresos y EBTIDA recurrentes estables
alcanzo los 2.714,16 y 493,16 millones de euros respectivamente. Estas cifras
suponen unas caídas del 1,3% y del 1,7% con un margen de EBITDA del 18,2%
en línea con el de 2010 (página 275 del expediente administrativo). Durante el
año 2011 las condiciones de mercado han permanecido estables en todas las
áreas de negocio, a excepción de la publicidad y el consumo de libros de
ediciones generales, que continúan viéndose afectados por un entorno
macroeconómico débil, especialmente en España y Portugal. Las cuentas de
resultados resumidas consolidadas correspondientes a los periodos de seis
meses terminados el 30 de junio de 2012 y 2011 establecen una cifra de
negocios respectivamente de 1.255,312 y 1.305,628 millones de euros,
suponiendo una cifra de caída de 3,6% (página 305). Los datos anteriores
acreditan que no se ha producido una disminución significativa de los ingresos
del Grupo durante los periodos de referencia. A nivel individual, las cuentas de
Prisa muestran un incremento en la cifra de negocios en el año 2011, respecto al
año 2010 (página 217) y un incremento de dicha magnitud media durante los seis
primeros meses del 2012 frente a los seis primeros meses de 2011 (página 281).
Pese a no existir un deterioro significativo en los ingresos y ventas, los resultados
tanto a nivel individual como a nivel consolidado del Grupo han arrojado pérdidas
durante los ejercicios 2010, 2011 y primeros seis meses de 2012. Dichas
pérdidas han sido consecuencia fundamentalmente de las pérdidas de valor del
fondo de comercio a nivel consolidado y del deterioro de instrumentos financieros
en poder de Prisa (página 217, 281 y 557). Las retribuciones de los Consejeros
Ejecutivos del Grupo Prisa (en nº 3 en 2011) han aumentado en más del 160%
respecto a las percibidas en 2010. Algunos elementos retributivos de los
Consejeros han tenido incrementos por encima del 337% (en el caso del bono de
referencia para Consejeros ejecutivos) en relación a 2010, habiendo pasado las
retribuciones de los consejeros ejecutivos (tres) de 4.056.860 en 2010 a
10.566.920 en 2012, estas cifras no incluyen las retribuciones por pertenencia a
otros Consejos o alta dirección de sociedades del grupo (cifras obtenidas de
pagina 25, 26, 9 y 10 de informes corporativos a CNMV de 2010, 2011 y 2012
respectivamente). Durante 2011 los poseedores de acciones ha percibido
dividendos en cantidades muy superiores a las del ejercicio previo 2010. En el
ejercicio 2011 se han calificado como gastos financieros los pagos por
dividendos, es decir, por beneficios distribuidos realizados a los propietarios de
acciones tipo B, por un monto total -mínimo abonado- de 25,7 millones en 2010 y
83 millones en 2011. En fecha 24 de octubre de 2012 Prisa comunica ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otras decisiones, que
el Consejo de Administración ha acordado reducir en un 30% las remuneraciones
fijas de los consejeros externos e independientes y en un 24% las dietas por
asistencia, con efectos de 11 de noviembre de 2012; VIGÉSIMO.- En fecha 12 de
abril de 2011 se firmó un acta de acuerdo entre las representaciones sindicales
UGT y CCOO y la representación empresarial del Grupo Prisa en la que se
alcanzan los siguientes Acuerdos:
- Las partes se comprometen a desarrollar el proceso negociador de las
empresas pertenecientes al ámbito de PRISA TV afectadas por convocatoria de
huelga específica, con la representación legal y/o unitaria y/o sindical de los
trabajadores de dichas empresas.
- Abrir un proceso de negociación con una duración máxima de hasta el 15 de
mayo de 2011, que contemple todas las medidas alternativas de la destrucción
de empleo, y posibilite la viabilidad económica del Grupo Prisa. Las partes podrán
dar por concluido este plazo en cualquier momento anterior a la situación de
acuerdo. A tal fin la representación empresarial facilitara con carácter de urgencia
la documentación solicitada por las federaciones sindicales. En todo caso,
entregará en plazo de 48 horas, las cifras de afectación de empleo por compañía,
distinguiendo entre despidos y externalizaciones. La afectación de empleo por
centro de trabajo y el resto de la documentación será entregada antes del 27 de
- La representación de la empresa se compromete a no realizar despidos
colectivos ni individuales (salvo los derivados de causas disciplinarias, en el plazo
señalado para la negociación).
- Ambas representaciones se comprometen a desarrollar de forma conjunta un
proceso de interlocución ante la Dirección General de Trabajo.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Comisiones obreras comunicó a la Autoridad Laboral la
desconvocatoria de la huelga convocada para los días 15 y 29 de abril de 2011,
tras el acuerdo alcanzado; VIGÉSIMO SEGUNDO.- En fecha 12-05-2011 se firmó
ante el mediador el documento suscrito por los representantes del Grupo Prisa y
CCOO y UGT en el que el Grupo Prisa se compromete a remitir a las
Federaciones Sindicales el día 17-05 el borrador del Documento de Acuerdo de
principios de Extensión al ámbito del Grupo. Por ambas partes se asume el
compromiso de no adoptar medidas unilaterales en materia de empleo o
externalización de actividades, o medidas de conflicto colectivo en ninguna de las
empresas del Grupo hasta el término de la negociación de este Acuerdo de
principios, comprometiéndose a concluir el proceso de negociación de ese
Acuerdo antes del próximo 21 de mayo; VIGÉSIMO TERCERO.- En fecha 20 de
mayo de 2011, la representación de la dirección de las empresas filiales o
participadas que, a afectos de la negociación, se han venido considerando
integradoras del "Grupo Prisa" y las representaciones de la Federación de CCOO
y UGT, que ostentan la representación absolutamente mayoritaria en el ámbito de
las empresas citadas, así como una representación de los distintos Comités de
huelga, que ostentan la condición de representantes unitarios y han sido
designados como representantes legítimos a los efectos del proceso negociador
emanado del Acuerdo de 12 de Abril, acuerdan: «Primero. Ambas partes se
comprometen a acometer, en caso de necesidad, cualquier proceso de
reestructuración que pueda afectar al volumen de empleo a través de cauces de
diálogo y negociación, con plena observancia de los principios de buena fe,
eficacia y legalidad. Segundo.- Constituirá un elemento prioritario y previo, para
cualquier supuesto de extinción colectiva de contratos de trabajo, la obligación
empresarial de definir, concretar y causalizar la existencia y necesidad de los
posibles excedentes laborales, tal y como está previsto en la legislación laboral
española. Tercero.- La representación empresarial se compromete a no aplicar
extinciones colectivas de contratos de trabajo sin agotar procedimientos de
acogimientos voluntarios a las mismas, debiendo justificar, ante la Comisión de
Seguimiento, haber agotado dichos procedimientos. Cuarto.- Ambas partes
convienen en establecer como método regulador de Baja Indemnizada, a los
efectos de desvinculaciones, los siguientes criterios:
1. Las desvinculaciones se cubrirán acudiendo previamente a los procesos de
voluntariedad [...]
2. Se acuerda establecer como módulo indemnizatorio de referencia el abono de
45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. A efectos del
módulo indemnizatorio se aplicará el prorrateo mensual de los periodos inferiores
3. Para el establecimiento de dichos módulos, podrán establecerse en el ámbito
de cada Unidad Empresarial factores correctores o variabilidad en la aplicación
de los topes [...].»
Se establecen, asimismo, medidas de mantenimiento de empleo, medidas de
empleo alternativo, sistemas de prejubilación y garantías para los trabajadores
afectados por las medidas de mantenimiento del empleo o empleo alternativo. La
vigencia del Acuerdo es hasta la finalización de los compromisos adquiridos (se
da por reproducido el documento nº 14 de la prueba documental de la parte
actora). VIGÉSIMO CUARTO.- En fecha 14 de junio de 2011, las mismas partes
que suscribieron el acuerdo de 20 de mayo, suscriben un Acuerdo en términos
similares a este, cuyo contenido, obrando en autos (documento nº 5 de la
demandante), se da por reproducido; VIGÉSIMO QUINTO.- En fecha 14 de
septiembre de 2011, se aprobó el Reglamento de funcionamiento de la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Acuerdo de Garantías de fecha 14 de junio de 2011,
suscrito entre las centrales sindicales CCOO y UGT y la Dirección del Grupo
Prisa, cuyas funciones son velar por el cumplimiento del Acuerdo en su ámbito,
establecer los criterios orientativos de prioridad en la interpretación, desarrollo y
aplicación del acuerdo firmado, examinar las discrepancias y en su caso, mediar
en el supuesto de desacuerdo de la representación legal de los trabajadores con
cada una de las empresas del grupo. La Comisión se mantendrá vigente durante
el tiempo de aplicación del Plan del Acuerdo y en todo caso, hasta el 31 de
diciembre de 2012 sin perjuicio de que la Comisión acuerde mantener su
operatividad más allá de dicha fecha; VIGÉSIMO SEXTO.- En fecha 04-07-2011
la dirección de CATSA y la representación legal de los trabajadores llegaron a un
Acuerdo en el Expediente de Regulación de Empleo promovido por la empresa
en el que se acordó una indemnización de 45 días por año de antigüedad más
otros complementos indemnizatorios adicionales. El 4 de octubre de 2011, la
representación del Grupo Prisa -radio- y los representantes legales de los
trabajadores llegaron a un Acuerdo en el ERE promovido por la empresa en el
que la Compañía abonó a los trabajadores una indemnización por cese de 45
días por año trabajado con el tope de 42 meses más una indemnización
adicional; VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El grupo Prisa confeccionó en fecha 27-042011 un Plan de Transformación y futuro 2015. En el resumen operativo se
refleja: Transformar el modelo operativo del Grupo es un objetivo de primer nivel
para ganar competitividad. El Plan de eficiencia operativa contribuye de manera
decisiva a mejorar la cuenta de resultados del Grupo. El Grupo sostiene un fuerte
compromiso con sus profesionales y con el mantenimiento de los niveles de
ocupación una vez se haya realizado el necesario ajuste. Una parte muy
significativa de las excedentes están analizados como recolocaciones con el
objetivo final de ocasionar el menor impacto social. Las Proyecciones 2010-2015,
entre otras, son implementar el Plan de Eficiencia Operativa y la reducción de
costes de personal gracias al Plan de eficiencia. En lo relativo al nivel de
ocupación, los objetivos sociales son, entre otros, garantizar en todo lo posible
los niveles de empleo del grupo y ofrecer las mejores condiciones posibles a los
trabajadores afectados, estableciendo medias compensatorias que minimicen el
impacto de las decisiones que le pudieran afectar (se da por reproducido el
contenido del documento nº 28 aportado por la parte demandante). El plan de
eficiencia operativa se apoya en tres palancas, plan de ajuste de gastos, plan de
mejora de EBITDA y plan de ajuste de plantilla, y contiene entre otros objetivos
una previsión de bajas 2011-2012 (folio 227 de la prueba documental de la parte
actora, doc. 29, cuyo contenido se da por reproducido).
QUINTO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la
representación de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), siendo
admitido a trámite por esta Sala.
SEXTO.- Impugnado el recurso por las partes personadas y evacuado el
traslado conferido por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de
considerar IMPROCEDENTE el recurso, e instruida la Excma. Sra. Magistrada
Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el
día 23 de octubre de 2013, en que tuvo lugar.
PRIMERO.- 1.- Por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
DE COMISIONES OBRERAS, y por Dña. CRISTINA ALMAZAN DELGADO, D.
ALFONSO JAUREGUI CAMPUZANO y D. ARTURO BELDA NUEVO (como
integrantes de la Comisión “ad hoc” elegida en el Expediente de Regulación de
Empleo), se formula demanda frente a PROMOTORA DE INFORMACIONES
S.A. (PRISA), PRISA BRAND SOLUTIONS S.L., y ESTRUCTURA GRUPO DE
ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A., de impugnación colectiva de Despido colectivo,
frente a la decisión final del Expediente de Regulación de Empleo, en la que
Promotora de Informaciones S.A. procede a extinguir un total de 23 contratos de
trabajo con efectos del día 8 de octubre de 2012, solicitando que se declare la
nulidad de la decisión extintiva colectiva decidida por la empresa con la condena
a la reincorporación inmediata de los afectados y el abono de los salarios dejados
de percibir o, subsidiariamente, se declare la inexistencia de causa legal
justificativa del despido condenando a PRISA a estar y pasar por tal declaración,
alegando que en el Grupo PRISA se acordaron unos pactos, en el seno de un
plan estratégico del grupo empresarial que se pone en conocimiento de todos los
representantes legales de las empresas del grupo mediante exposición pública
en marzo de 2011 en la que los representantes de la empresa dieron a conocer el
denominado Plan de Eficiencia Operativa y Plan de Transformación y Futuro con
vigencia, al menos, hasta 2015. Habiendo las partes, empresarial y sindicales
más representativas, pactado dos acuerdos colectivos los días 20 de mayo y 14
de junio de 2011, suscritos en un procedimiento de mediación dentro de una
convocatoria y proceso de huelga, en el que ambas partes se comprometen a
acometer cualquier proceso de reestructuración que pueda afectar al volumen de
empleo a través del cauce de diálogo y negociación con plena observancia de los
principios de buena fe y acuerdan, entre otros pactos, establecer como módulo
indemnizatorio de referencia el abono de 45 días por año de servicio con un tope
de 42 mensualidades, prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año. Sostiene la parte demandante que estos pactos están
vigentes. Se alega vulneración del artículo 51.2 del E.T . en cuanto a la exigencia
de negociar de buena fe y prohibición de conductas intimidatorias porque la
empresa reunió a los que ya previamente había designado como afectados y los
informó que serían despedidos en el ERE y les requirió para que constituyeran la
comisión "ad hoc", habiendo sido también despedidos estos representantes
cuando deberían gozar de las mismas prerrogativas de permanencia que tienen
los representantes de los trabajadores. También se entiende vulnerado el art.
51.4 puesto que en la comunicación de la decisión definitiva de extinción a los
representantes de los trabajadores, no se menciona en qué causas se basan.
Además en el periodo de consultas no se han observado los requisitos
establecidos en el artículo 51.2 del E.T ., puesto que la empresa, contradiciendo
el convenio y sus actos propios, no ha consultado con los representantes legales
de los trabajadores de manera efectiva sobre las posibilidades de evitar y reducir
los despidos colectivos. En relación a la obligación legal de entrega de toda la
documentación pertinente y útil contenida en el Reglamento de despido colectivo,
se sostiene que la empresa nunca suministró el importe de los denominados
contratos de gestión o cánones o tarifas que esta sociedad cobraba a las
restantes empresas del Grupo por la gestión de dirección de recursos humanos,
legales, financieros y de las diversas áreas o unidades que integran el grupo
Para el supuesto de que no prosperen los motivos jurídicos de
impugnación expuestos se solicita que se entre a examinar la concurrencia o no
de causas justificativas del despido colectivo, que entiende que no concurren y
que tampoco se suministran de manera concreta y precisa unos criterios o
parámetros en función de los cuales se hiciera la reducción del personal afectado
por el despido colectivo.
2.- Por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha
8 de enero de 2013 (Demanda 73/2012) se dicta sentencia por la que se estima
la pretensión subsidiaria y se declara la decisión extintiva no ajustada a derecho,
con las consecuencias indemnizatorias previstas en los Pactos de 20-05-2011 y
14-06-2011 (45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42
mensualidades), condenando a PRISA a estar y pasar por tal declaración así
como a todas las consecuencias que de ello se derivan.
Dicha sentencia parte del relato fáctico que figura en los antecedentes de
la presente resolución que se dan aquí por reproducidos, si bien por afectar más
directamente a la cuestión debatida, destacamos los hechos probados vigésimo a
vigésimo quinto que señalan:
“ (…) VIGÉSIMO.- En fecha 12 de abril de 2011 se firmó un acta de
acuerdo entre las representaciones sindicales UGT y CCOO y la representación
empresarial del Grupo Prisa en la que se alcanzan los siguientes Acuerdos:
Las partes se comprometen a desarrollar el proceso negociador de las
Abrir un proceso de negociación con una duración máxima de hasta el 15
de mayo de 2011, que contemple todas las medidas alternativas de la
destrucción de empleo, y posibilite la viabilidad económica del Grupo Prisa. Las
partes podrán dar por concluido este plazo en cualquier momento anterior a la
situación de acuerdo.
A tal fin la representación empresarial facilitara con carácter de urgencia
La representación de la empresa se compromete a no realizar despidos
Ambas representaciones se comprometen a desarrollar de forma conjunta
un proceso de interlocución ante la Dirección General de Trabajo.
Los representantes sindicales se comprometen a desconvocar la huelga.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Comisiones obreras comunicó a la Autoridad
Laboral la desconvocatoria de la huelga convocada para los días 15 y 29 de abril
de 2011, tras el acuerdo alcanzado.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En fecha 12-05-2011 se firmó ante el mediador
el documento suscrito por los representantes del Grupo Prisa y CCOO y UGT en
el que el Grupo Prisa se compromete a remitir a las Federaciones Sindicales el
día 17-05 el borrador del Documento de Acuerdo de principios de Extensión al
ámbito del Grupo.
Por ambas partes se asume el compromiso de no adoptar medidas
unilaterales en materia de empleo o externalización de actividades, o medidas de
conflicto colectivo en ninguna de las empresas del Grupo hasta el término de la
negociación de este Acuerdo de principios, comprometiéndose a concluir el
proceso de negociación de ese Acuerdo antes del próximo 21 de mayo.
VIGÉSIMO TERCERO.- En fecha 20 de mayo de 2011, la representación
de la dirección de las empresas filiales o participadas que, a afectos de la
negociación, se han venido considerando integradoras del "Grupo Prisa" y las
representaciones de la Federación de CCOO y UGT, que ostentan la
representación absolutamente mayoritaria en el ámbito de las empresas citadas,
así como una representación de los distintos Comités de huelga, que ostentan la
condición de representantes unitarios y han sido designados como
representantes legítimos a los efectos del proceso negociador emanado del
Acuerdo de 12 de abril, acuerdan:
«Primero. Ambas partes se comprometen a acometer, en caso de
necesidad, cualquier proceso de reestructuración que pueda afectar al volumen
de empleo a través de cauces de diálogo y negociación, con plena observancia
de los principios de buena fe, eficacia y legalidad.
Segundo.- Constituirá un elemento prioritario y previo, para cualquier
supuesto de extinción colectiva de contratos de trabajo, la obligación empresarial
de definir, concretar y causalizar la existencia y necesidad de los posibles
excedentes laborales, tal y como está previsto en la legislación laboral española.
Tercero.- La representación empresarial se compromete a no aplicar
Seguimiento, haber agotado dichos procedimientos.
Cuarto.- Ambas partes convienen en establecer como método regulador
de Baja Indemnizada, a los efectos de desvinculaciones, los siguientes criterios:
Las desvinculaciones se cubrirán acudiendo previamente a los procesos
de voluntariedad (...)
Se acuerda establecer como módulo indemnizatorio de referencia el
abono de 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. A
efectos del módulo indemnizatorio se aplicará el prorrateo mensual de los
periodos inferiores a un año.
Para el establecimiento de dichos módulos, podrán establecerse en el
ámbito de cada Unidad Empresarial factores correctores o variabilidad en la
aplicación de los topes (...).»
VIGÉSIMO CUARTO.- En fecha 14 de junio de 2011, las mismas partes
similares a este, cuyo contenido, obrando en autos (documento num. 5 de la
demandante), se da por reproducido.
VIGÉSIMO QUINTO.- En fecha 14 de septiembre de 2011, se aprobó el
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria de Seguimiento del
Acuerdo de Garantías de fecha 14 de junio de 2011, suscrito entre las centrales
sindicales CCOO y UGT y la Dirección del Grupo Prisa, cuyas funciones son
velar por el cumplimiento del Acuerdo en su ámbito, establecer los criterios
orientativos de prioridad en la interpretación, desarrollo y aplicación del acuerdo
firmado, examinar las discrepancias y en su caso, mediar en el supuesto de
desacuerdo de la representación legal de los trabajadores con cada una de las
La Comisión se mantendrá vigente durante el tiempo de aplicación del
Plan del Acuerdo y en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2012 sin perjuicio
de que la Comisión acuerde mantener su operatividad más allá de dicha fecha.”
La Sala de instancia fundamenta su decisión en los siguientes extremos:
1.- En relación a la vulneración del art. 51.2 ET por incumplimiento de la
obligación de negociación de buena fe, ya que se han realizado conductas
intimidatorias puesto que la empresa antes de abrir el periodo de consulta reunió
a los afectados por el ERE y les informó de que serían despedidos, debiendo
elegir una comisión:
A.- Que ello no consta, ya que de los hechos probados se deduce que la
empresa remitió cartas a los trabajadores informándoles de que quería proceder
a despedir colectivamente, por lo que puesto que carecían de representación
deberían elegir una comisión representativa, ofreciendo un local para la reunión.
B.- Que los miembros de la comisión o gozan del beneficio de prioridad
de permanencia en la empresa que sólo se prevé respecto de los representantes
C.- Y por último, señala que las causas generadoras del despido colectivo
han tenido que haber sido objeto de análisis en el periodo de consultas, sin que el
art. 51 ET exija que el empresario entregue a los representantes de los
trabajadores una comunicación expresiva de las causas de despido, sino sólo la
decisión final de despido colectivo que haya adoptado, lo que hizo la empresa,
puesto que en el acta final del periodo de consultas procedió a notificar a la
comisión negociadora su decisión de llevar a cabo el despido, remitiendo a
continuación carta de notificación de la extinción de los contratos, con fecha de
efectos y condiciones indemnizatorias.
2.- En relación con que no se ha entregado durante el periodo de
consultas toda la documentación necesaria, que sí se cumplieron las exigencias
del art. 51.2 ET , y arts. 6 y 7 RD 801/2011, de 1 de junio, además de que a raíz
de la solicitud de información efectuada por la comisión negociadora en una de
sus reuniones, la empresa pasa a aportar la información solicitada, sin que
conste que los contratos de servicios se solicitaran por los representantes de los
trabajadores ni que conste en el acta que existiera queja alguna por falta de
3.- En relación con los pactos, en los que posteriormente fundamentará el
fallo, señala:
A.- Que los pactos suscritos el 20-05-2011 y 15-06-2011, son de
aplicación al despido.
B.- Que los acuerdos se suscriben entre la representación de la dirección
de las empresas filiales o participadas integrada en el Grupo Prosa, y las
representaciones de las Federaciones de CCOO que tienen representación
mayoritaria en el ámbito de las empresas, por lo que tienen la misma eficacia que
lo acordado en Convenio Colectivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.2 RDLey 04-03-1977.
C.- Que si bien los pactos no concretan un plazo de vigencia puesto que
sólo se recoge que la vigencia y aplicación del acuerdo “será hasta la finalización
de los compromisos adquiridos”, creándose una comisión de seguimiento vigente
hasta por lo menos 31-12-2012, la vigencia de los acuerdos es clara: están
vigentes hasta la finalización de los compromisos adquiridos y por lo menos hasta
el 31-12-2012 o hasta que finalicen los procesos de reestructuración con el límite
temporal del plan estratégico del grupo y plan de eficiencia operativa, es decir,
4.- Que no concurre causa de nulidad por vulneración de la obligación de
negociación de buena fe, fraude de ley o abuso de derecho, puesto que ello no
se ha probado.
5.- Que procede la estimación en parte de la demanda declarando no
ajustada a derecho la decisión extintiva, con las consecuencias indemnizatorias
contempladas en los acuerdos “sin entrar la Sala a valorar la concurrencia de las
causas económicas y organizativas invocadas por la empresa porque, por los
fundamentos que se exponen en la presente resolución, resulta ocioso el estudio
de esta cuestión desde el instante en que su estudio viene subordinado al fracaso
de la solicitud de aplicación de los Acuerdos que acabamos de analizar”.
SEGUNDO.1.- Contra dicha resolución recurre en Casación la
codemandada PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (PRISA), planteando
cinco motivos de recurso, en los que en síntesis señala:
En el primero se denuncia la infracción del art.124.2 y 124.11 LRJS en
relación con el art. 218 LEC por entender que la sentencia incurre en
incongruencia prohibida al declararse que la decisión extintiva no es ajustada a
derecho si bien no entra a valorar si se han acreditado o no las causas. En el
segundo se postula la revisión de los hechos declarados probados en los
términos que se dirán. En el tercero estima el recurrente que la Sala de manera
incorrecta ha atribuido eficacia erga omnes a los acuerdos por considerar que los
mismos son pactos que ponen fin a la huelga y que por lo tanto hay que dotarlos
de igual eficacia que lo acordado en convenio colectivo. En el cuarto discrepa de
la vigencia otorgada por la sentencia recurrida a los acuerdos, en particular, en
relación a que éste podría entenderse vigente hasta 2015. Por último en el quinto,
y en relación con el cumplimiento de los requisitos causales del despido
(económicos y organizativos), considera el recurrente que cuando la sentencia
considera no ajustada a derecho la decisión extintiva, está vulnerando el art. 51.1
ET por cuanto la empresa tiene una situación negativa que no resulta
desvirtuada por el hecho de que los consejeros del Grupo PRISA se hayan
incrementado sus retribuciones, ya que ello deriva de compromisos societarios de
reparto de beneficios, además de que la sentencia no niega la existencia de
causas organizativas para proceder a extinguir los contratos laborales.
2.- Impugna el recurso la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
Comisiones Obreras, en nombre de la comisión negociadora creada,
considerando que el recurso debe ser desestimado.
3.- El Ministerio Fiscal emite informe en el que muestra conformidad con
el contenido de la sentencia recurrida, señalando que ”La interpretación y
valoración que hace la sentencia no puede sino considerarse adecuada, sin que
ello tenga que ser compartido por el recurrente. Los pactos están vigentes,
obligan a las partes, (“Por lo tanto, aún cuando los acuerdos no concretan
vigencia temporal, en todo caso deben entenderse vigentes al menos hasta el 31
de diciembre de 2012, ya que la Comisión de seguimiento se mantiene vigente,
en todo caso, hasta el 31-12-2012 sin perjuicio de que la misma acuerde
mantener su operatividad más allá de dicha fecha, también podrá entenderse que
está vigente hasta que finalicen los procesos de reestructuración con el límite
temporal del plan estratégico del grupo y el plan de eficiencia operativa, es decir,
hasta 2015”) y la decisión extintiva vulnera lo pactado, por lo que, a juicio del
Fiscal, procede la resolución de que dicha declaración extintiva no es ajustada a
derecho. No existe incongruencia, ya que se da respuesta a lo pretendido en la
demanda, pues no hay causa legal que justifique la causa extintiva del modo
realizado, al vulnerarse lo pactado”. Concluye interesando se declare la
TERCERO.- 1.- El primer motivo de recurso se formula con amparo en el
art. 207 c) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción
Social (LRJS), por quebrantamiento de las normas esenciales del procedimiento
con infracción de las normas que rigen la sentencia al haberse infringido en la
sentencia los artículos 124.2 y 124.11 de la indicada norma en relación con el
artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse producido además en el
pronunciamiento una incongruencia prohibida.
El recurrente tras recordar el contenido del art. 124 apartados 2 y 11 LRJS
que reproduce en gran medida, entiende, en un claro juego de palabras, que al
haberse pronunciado expresamente la sentencia sobre la inexistencia de la
nulidad postulada en la demanda con desestimación de la misma, al declarar con
estimación de la pretensión subsidiaria que la decisión de la empresa respecto al
despido colectivo no resulta ajustada a derecho, se extralimita en su
pronunciamiento y por lo tanto es incongruente.
2.- El motivo ha de desestimarse. La incongruencia de las sentencias
es, según el art. 218 de la LEC y reiterada doctrina de esta Sala – entre otras,
SSTS/IV de 22-marzo-1999 (rcud. 1048/1998), 5-junio-2000 (rc. 2469/1999) y 5mayo-2011 (rc. 30/2010) -, una falta de correspondencia entre lo decidido en la
sentencia y lo pedido o resistido por las partes, de forma que no puede
otorgarse más de lo pedido por el demandante, menos de lo resistido por el
demandado, ni algo distinto de lo que se solicitó.
En ninguno de estos defectos incurre la sentencia recurrida, pues lo que
se pidió fue la nulidad del despido o subsidiariamente que se declarase la
inexistencia de causa legal, lo que técnicamente equivale a una no conformidad
del despido a Derecho, si bien en el suplico esa calificación se vincula a la
inexistencia de causa. La petición de nulidad se fundaba en que
desconocimiento de los acuerdos firmados entre la empresa y los representantes
de los trabajadores para poner fin a la huelga vulneraba los derechos
constitucionales (arts. 28.1 y 37 de la Constitución), era contrario a la buena fe
en la negociación y se había adoptado con fraude y abuso de derecho. La
sentencia recurrida descarta el fraude y el abuso de derecho; no aprecia
vulneración de derechos fundamentales, pero considera que ha existido
vulneración de la buena fe, lo que la lleva a descartar la nulidad, pero a
apreciar que el despido no es conforme a Derecho.
No se ha dado, por tanto, más de lo pedido ni cosa distinta de ello, pues
quien pide la nulidad del despido, está pidiendo también la declaración de que la
resolución extintiva no es ajustada a derecho, si la causa de nulidad alegada no
se apreciara como susceptible de aquella declaración. Tampoco ha incurrido la
sentencia recurrida en la denominada, por la doctrina constitucional,
y que el art. 218 de la LEC considera como
exhaustividad, pues, al apreciar la no conformidad del despido a derecho por la
razón ya indicada, no era necesario pronunciarse sobre la existencia de las
causas de despido alegadas, ya que, aunque éstas existieran, el despido
seguiría siendo no ajustado a derecho por contrario a la buena fe.
CUARTO.- El segundo motivo, articulado en seis submotivos –A hasta F, se fundamente en que ha existido error en la valoración de la prueba, instando
la revisión de los hechos probados como sigue:
1ª.- Del hecho decimonoveno: Mediante la introducción de un párrafo específico entre
el quinto y el sexto párrafo del hecho citado, que literalmente reconozca que :
“Los resultados de la empresa Promotora de Informaciones, S.A. a nivel individual,
también denominada PRISA CORPORATIVO, han sido durante los años 2009 a 2011, y durante
el 1er semestre del año 2012, los siguientes:
Año 2009: -7.683.000 euros
Año 2010: +9.482.000 euros
Año 2011: -616.903.000 euros
Año 2011 (ter semestre): -44.230.000 euros Año 2012 (ter semestre): -93.518.000 euros"
Los resultados del ejercicio 2010 incorporan 254 millones de euros de beneficio por
enajenación de inmovilizado extraordinario procedente de la venta del 25% de participación de
Grupo Santillana de Ediciones, S.L."
2ª.- En el mismo hecho decimonoveno: Mediante la modificación de su párrafo sexto,
“"Las retribuciones de los Consejeros Ejecutivos del Grupo Prisa (en N°3 en 2011) han
aumentado en un 25% respecto a las percibidas en 2010. Dentro de los importes de 2011 hay que
tener en cuenta las gratificaciones entregadas como premio de permanencia (853.440),
corresponden a un pago no recurrente y vinculado a la entrada de los nuevos accionistas en la
compañía. En este sentido, si se elimina este pago, el incremento retributivo de 2011 respecto a
2010 hubiese ascendido a un 13,8% de incremento, habiendo pasado las retribuciones de los
consejeros ejecutivos de 7.523.625 en 2010 a 9.415.645 en 2011. Estas cifras incluyen las
retribuciones por pertenencia a otros Consejos o Alta Dirección de sociedades del Grupo".
3ª.contenido:
La incorporación de un nuevo hecho decimonoveno bis, con el siguiente
“"El 25.01.2011, el Grupo PRISA anunció que iba a llevar a cabo una reducción de las
plantillas de las empresas que lo integran hasta alcanzar bajas en número de más de 2.500
trabajadores y trabajadoras. (Estos hechos se encuentran literalmente reflejados en el escrito de
convocatoria de huelga promovida por el Sindicato UGT ante la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración en fecha 6 de abril de 2011, que se encuentra unido a las
actuaciones como documento n° 4 del ramo de prueba presentada por esta parte, en soporte
digital, el 4 de diciembre de 2012.
El detalle del plan de reestructuración consta en un documento de fecha 17 de febrero de
2012 denominado "PLAN DE EFICIENCIA OPERATIVA", que se traslada a los Sindicatos según
se expresa en su portada. (Este documento fue aportado por la parte demandante como
documento n° 29).
En dicho Plan de Eficiencia Operativa y en su página 11 se expresan los periodos de
tiempo en que las medidas se van a llevar a cabo, señalándose que el mismo se extenderá hasta
el primer trimestre del año 2012.
La empresa también facilitó a la representación de los trabajadores un documento
sintético del Plan de Eficiencia Operativa, en el que se detallan igualmente los lapsos de tiempo
en que se va a llevar a cabo dicho Plan, y que comprende los cuatro trimestres del año 2011 y el
año 2012, referido al primer trimestre.
(Este documento consta en las actuaciones al ser aportado en la prueba de la empresa
de fecha 4 de diciembre de 2012, en soporte digital, como documento n° 1).
Igualmente, en la Memoria 2010 del Grupo consolidado que acompaña a las cuentas
anuales de dicho año, también se dice (pág. 78), que la duración del Plan alcanzaría hasta el
primer trimestre de 2012. (Este documento consta en las actuaciones al ser aportado en la prueba
de la empresa de fecha 20 de noviembre de 2012 en soporte digital (Documento n° 1, pdf n° 7),
que recoge los documentos trasladados a la Comisión Negociadora al inicio del periodo de
A raíz de este anuncio de reestructuración, los sindicatos y comités de empresa de las
empresas filiales del Grupo PRISA, promueven unas jornadas de huelga en cuya convocatoria, se
establecen como motivos de la huelga "el rechazo al Plan de reestructuración aprobado por la
comisión ejecutiva de PRISA y que llevará al despido de más de 2.500 trabajadores y
trabajadoras, cuya reestructuración pretende extenderse hasta el primer trimestre de 2012, plan
anunciado el 25.01.2011"). (Estos hechos se encuentran literalmente reflejados en el escrito de
digital, el 4 de diciembre de 2012.”
4ª.- Respecto del hecho probado vigésimo tercero: Añadiendo la siguiente frase dentro
del párrafo segundo:
“Estas medidas complementarias tienen establecidos determinados plazos de garantías,
reseñadas en el apartado IV (Garantías) y V (Garantías de Empleo) del citado Acuerdo que se
extienden durante los tres años siguientes a las fechas de extinción de los contratos de trabajo
efectuados en aplicación de dicho acuerdo”.
Para, a juicio del recurrente, acreditar que el presente ERE, no es parte del Plan de
eficiencia operativa, y por lo tanto no le es de aplicación los acuerdos de garantías del 2011,
suscrito en relación con el citado plan.
5ª.- Respecto del hecho probado vigésimo cuarto, mediante la inclusión de un
segundo párrafo con el siguiente texto:
“"El Acuerdo de 14 de junio de 2011 incorpora en su redacción un extremo que no
aparece consignado en el Acuerdo de 20 de mayo. Así en el "Acuerdan TERCERO" del
documento de 14 de junio se dice "... dentro del proceso de transformación a afrontar en los
próximos meses, la representación empresarial se compromete a no aplicar extinciones colectivas
o individuales de contratos de trabajo".
Para acreditar que el acuerdo de garantías de 14 de junio no era de aplicación al
presente despido colectivo, por llevarse a cabo en fecha muy distante (3.9.12), y no en los meses
6ª.- Se propone un nuevo hecho probado vigésimo quinto bis, cuyo contenido sea el
“"En las reuniones mantenidas por la Comisión de Seguimiento en fechas 2 de marzo y
14 de septiembre de 2012, la Dirección de la empresa manifestó en la primera "... que entendía
completado y realizadas las medidas contenidas en el Acuerdo de 14 de junio de 2011, en tanto
en cuanto se ha completado el proceso de reestructuración", y señalando en la segunda "... que la
situación económica se ha agravado sustancialmente respecto de 2011. Los negocios del Grupo
PRISA están sufriendo un grave deterioro de una manera acelerada en los últimos meses y que
su previsión es que esta situación empeore. Adicionalmente manifiesta que el Plan de Eficacia
Operativa de 2011 finalizó, y ahora hay que reaccionar con otras medidas y acuerdos diferentes
para esta nueva situación de deterioro económico sobrevenido."
El motivo ha de desestimarse por las razones que correlativamente se
1ª) La primera y la segunda , que tratan de añadir determinadas
precisiones fácticas , porque los datos que tratan de incorporar sobre la
situación económica de la sociedad demandada y las retribuciones de sus
administradores son intrascedentes a efectos del fallo, a la vista de que, por
lo ya dicho, no es necesario entrar en el examen de la causas alegadas para el
2ª) La tercera, sobre el alcance temporal de los acuerdos, porque los
documentos que se citan, el Plan de Eficacia Operativa y la memoria de 2010
del grupo, son escritos de la propia parte sin valor de prueba documental -no
son documentos públicos, ni, si les considera
privados, contendrían
declaraciones vinculantes para las organizaciones demandantes, conforme al art.
1225 del Código Civil. Además, ningún dato relevante aportan esos
documentos, pues no se trata aquí de la vigencia del plan de eficiencia
operativa, sino de la vigencia de los acuerdos con los sindicatos.
3ª) La cuarta sobre la vigencia de las medidas complementarias,
porque lo que se propone es la incorporación de un dato -la duración de tres
años de esas medidas- que sirva para una simple deducción sobre la
“explicación” de la duración prevista para la Comisión Paritaria del Acuerdo.
4ª) La quinta sobre la incorporación de una referencia del acuerdo de
14 de junio de 2011 sobre el “proceso de transformación a afrontar en los
próximos meses”, porque el acuerdo en su totalidad ya se da por reproducido
en el hecho probado 24ª de la sentencia recurrida y porque de nuevo la
modificación propuesta no es decisiva, pues se refiere a un término temporal
abierto que no se concreta.
5ª) La sexta, en la que se interesa la incorporación de determinadas
referencias a las manifestaciones realizadas por la Dirección sobre la terminación
de la aplicación de las medidas previstas en el acuerdo de 14 de junio de 2011,
porque obviamente se trata solamente de meras opiniones de parte, sin
ninguna trascendencia decisoria.
En consecuencia, el motivo ha de desestimarse por cuanto queda dicho, y
además, de acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala como propone el
Ministerio Fiscal en su informe, por cuanto la valoración efectuada por la Sala de
instancia de los documentos que ahora en base a los mismos se pretende
revisar, no puede ser sustituida por la de la parte recurrente. Sin perjuicio de que
los documentos designados puedan ser interpretables, una vez lo ha hecho la
Sala de instancia, no cabe una nueva valoración en casación, al no ponerse de
manifiesto expresa y concretamente error alguno en aquella valoración. No cabe
pues, sustituir el criterio objetivo e imparcial de la Sala de instancia, por una
valoración interesada y subjetiva de parte.
QUINTO.- Se formula un tercer motivo de recurso, en el que se denuncia
la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto Ley 17/1.977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo, por indebida aplicación del mismo, en relación con los
artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.
El recurrente cuestiona que el acuerdo adoptado pueda considerarse un
acuerdo que pone fin a una huelga y que por lo tanto tenga eficacia de convenio
colectivo, por lo que no debería haberse fallado en el sentido de que sea de
aplicación la indemnización allí prevista.
Al respecto cabe considerar que, como resulta del relato fáctico de
instancia (HP 20 a 25), como consecuencia de la convocatoria de la huelga, se
firmó ante el mediador el 12-05-2011 un documento en el que se comprometían
las partes a negociar un acuerdo de principios que debería concluirse antes del
21-05-2011, firmándose dicho acuerdo el 20-05-2011 y posteriormente otro el 1406-2011 en los mismos términos que el anterior. Es claro, de lo actuado, que
tales acuerdos tienen la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.2 del Real Decreto Ley de 04-03-1977; se
trata de acuerdos que ostentan la naturaleza de acuerdos de desconvocatoria o
fin de huelga, y como tales han de desplegar plena eficacia.
El motivo ha de desestimarse pues, porque no concurren ninguna de las
razones alegadas:
a) En primer lugar, los acuerdos citados son consecuencia por su
forma de negociación y por su contenido, del proceso de negociación abierto
para poner fin a la huelga, constituyendo la terminación de ese proceso que
inició el acuerdo de 12 de abril de 2011 . Son, por tanto, acuerdos de fin de
Es reiterada la doctrina de esta Sala que llega a igual conclusión respecto
a la naturaleza jurídica de tales acuerdos o pactos. Así:
La STS de 7-febrero-2011 (rec. 102/2010) señala que: “1.- Los acuerdos
de desconvocatoria o de fin de huelga, -- cuya naturaleza ostenta el ahora
objeto de la interpretación cuestionada, del que no se discute la ratificación
posterior del preacuerdo alcanzado por las partes representadas ni consta que
hubiere sido impugnado --, tienen el valor de convenio colectivo, como
establecen los arts. 8.2 ("... El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma
eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo ") y 24.1 del Real Decreto-ley
17/1977 de 4 - marzo ("... Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia que lo pactado
en Convenio Colectivo ") y corrobora la jurisprudencia constitucional y social
(entre otras, STC Pleno 11/1981 de 8-abril , SSTS/IV 31-mayo-1995 -rco
1677/1994 , 29-octubre-2002 -rco 1244/2001 , 14-marzo-2005 -rco 6/2004 , 21julio-2009 -rcud 3389/2008 , 21-septiembre-2009 -rco 56/2009 , 23-septiembre2009 -rcud 4065/2008 , 22-enero-2010 -rcud 925/2009 , 9-febrero-2010 -rco
19/2009 , 3-junio-2010 -rcud 3008/2009 , 15-junio-2010 -rcud 680/2009 , 5-julio2010 -rcud 2039/2009 ,4-noviembre-2010 -rcud 2907/2009 ); por tanto, su
interpretación debe ajustarse a las normas que regulan la interpretación de los
b) La entidad demandada no puede ahora poner en duda , sin dato
alguno , la representatividad de las entidades con las que negoció la
terminación de la huelga . Es un proceder contrario a la buena fe procesal. Si
las secciones sindicales no representaban a los trabajadores, no debió
negociar con ellas en la forma en que lo hizo un acuerdo que tenía indudable
alcance general. Tampoco puede negar su propia representatividad, ni de las
entidades del grupo que participaron en la negociación, directamente o través de
c) Este planteamiento constituye además
discutida en la instancia.
SEXTO.- El motivo de recurso cuarto se formula con amparo en lo
dispuesto en la letra e) del artículo 207 de la LRJS, por entender que la sentencia
recurrida ha incurrido en infracción de lo dispuesto en el artículo 1281 y
siguientes del Código Civil, sobre interpretación de los contratos, en relación con
la vigencia de los Acuerdos alcanzados por la Dirección del GRUPO PRISA y los
Sindicatos CCOO y UGT, en fechas 20 de mayo y 14 de junio de 2011, por no
estar conforme la parte recurrente con la interpretación que realiza la Sala
sentenciadora.
Plantea el recurrente la vigencia e interpretación que haya de darse a los
acuerdos, no solo por el tenor literal de los mismos, sino también por los actos
coetáneos y posteriores a los mismos, en particular, por la creación de una
comisión que preveía su vigencia hasta el 31-12-2012, y por la elaboración de un
Plan de Eficiencia Operativa y Plan de Transformación y Futuro 2015, que se
elaboró como consecuencia de los compromisos adquiridos en los acuerdos para
evitar despidos. Se reiteran aquí los argumentos ya expuestos con anterioridad.
Como hemos indicado en el fundamento anterior, los Acuerdos
alcanzados por la representación empresarial del Grupo PRISA y los Sindicatos
CCOO y UGT en fechas 20 de mayo y 14 de junio 2011, ostentan la naturaleza
de acuerdos de desconvocatoria o de fin de huelga, y como tales tienen el valor
de convenio colectivo como establecen los arts. 8.2 y 24.1 del Real Decreto-Ley
17/1977 de 4 de marzo, por tanto, su interpretación debe ajustarse a las normas
que regulan la interpretación de los convenios colectivos; solución acorde con la
doctrina constitucional y de esta Sala IV del Tribunal Supremo (entre otras, STS.
7-febrero-2011, rec. 102/2010 a la que en el FJ anterior nos hemos referido.).
El motivo debe desestimase porque : a) el motivo no especifica qué
regla del art. 1281 CC se ha vulnerado por la sentencia recurrida, si la de la
interpretación literal “ in claris” o la de la finalidad ; b) en realidad, no cita
ninguna cláusula de los acuerdos - salvo la indeterminada mención a los
“próximos meses” del acuerdo de 14 de junio de 2011, ya comentada - ,
aparte de los planes, memorias o manifestaciones de la propia parte que
ninguna relevancia interpretativa pueden tener en relación con las reglas del
art. 1281 del CC, que es el único que se ha alegado . Por otra parte, la
doctrina de la Sala ha señalado con reiteración que la interpretación de los
negocios jurídicos «es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo
criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto
la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis
contractual» ( sentencia de 3 de febrero de 2005 y las que en ella se citan ).
En el presente caso la interpretación por la sentencia de instancia de unos
acuerdos , que se limitan de forma imprecisa a indicar que su vigencia se
mantendrá “hasta la finalización de los compromisos adquiridos”, situando su
vigencia “al menos hasta el 31 de diciembre de 2012, ya que la Comisión de
seguimiento se mantiene vigente, en todo caso, hasta el 31-12-2012 sin perjuicio
de que la misma acuerde mantener su operatividad más allá de dicha fecha (...)
hasta que finalicen los procesos de reestructuración con el límite temporal del
plan estratégico del grupo y el plan de eficiencia operativa, es decir, hasta
2015”, no puede considerarse ni contraria a la lógica, ni constitutiva de una
infracción del art. 1281 del Código Civil, infracción cuyo alcance no se ha
precisado en el correspondiente motivo.
A mayor abundamiento, en orden a la interpretación de los convenios
colectivos esta Sala tiene declarado, entre otras en las SSTS/IV 5-abril-2010 (rco
119/2009 ),15-junio-2010 (rcud 179/2009 ), 17-junio-2010 (rcud 97/2009 ) y 11noviembre-2010 (rco 239/2009 ) que: " a) el carácter mixto del Convenio
Colectivo -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativadetermina que su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes
a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquellas otras que disciplinan
la interpretación de los contratos, esto es, los arts. 3, 4 y 1281 a 1289 CC (así,
recientemente, SSTS 03/12/08 -rco 180/07 ; 26/11/08 -rco 139/07 ; 21/07/09 -rco
48/08 ; 21/12/09 -rco 11/09 ; y 02/12/09 -rco 66/09 ); b) la interpretación de un
Convenio Colectivo ha de combinar los criterios de orden lógico, gramatical e
histórico (así, SSTS 16/01/08 -rco 59/07 ; 27/06/08 -rco 107/06 ; 26/11/08 -rco
95/06 ; y 21/12/09 -rco 11/09 ), junto con el principal de atender a las palabras e
intención de los contratantes (por ejemplo, SSTS 26/11/08 -rco 95/06 ;26/11/08 rco 139/07 ; y 27/01/09 -rcud 2407/07 ); y c) las normas de interpretación de los
arts. 1282 y siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación,
de forma que cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no
son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical; o
dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la
doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita,
sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en
el primer supuesto las palabras empleadas, y en el segundo la intención evidente
de los contratantes (aparte de otras muchas, SSTS 16/01/08 -rco 59/07 ;
26/11/08 -rco 95/06 ;26/11/08 -rco 139/07 ; 03/12/08 -rco 180/07 ; 21/07/09 -rco
48/08 ; 21/12/09 -rco 11/09 ; 02/12/09 -rco 66/09 ) ".
Siendo, igualmente doctrina consolidada de esta Sala, como recuerda
especialmente la citada STS/IV 11-noviembre-2010 (rco 239/2009 ), que " en
materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en
cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con
las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de
apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha
desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los
hechos concomitantes (recientemente, manteniendo criterio iniciado por la
sentencia de 20/03/97 -rco 1526/96 , las SSTS 23/06/10 -rco 215/09 ; 01/06/10 rco 73/09 ; 01/06/10 -rco 164/09 ;08/07/10 -rco 125/09 ; y 23/07/10 -rcud 4436/09
). Pero aunque a los citados Tribunales de instancia se les atribuya esa
prevalencia interpretativa, la misma se excluye cuando su conclusión
interpretativa no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción
de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual (entre las últimas,
SSTS 01/06/10 -rco 164/09 ; 08/07/10 -rco 125/09 ; 13/07/10 -rco 134/09 ;
20/09/10 -rco 190/09 ; y 23/09/10 -rco 192/09 ); o, más sucintamente, cuando no
supere un «juicio de razonabilidad» ( SSTS 26/04/07 -rco 62/06 ; 27/06/08 -rco
107/06 ; 22/04/09 -rco 51/08 ; y 05/04/10 -rco 119/09 ) ".
En la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de
hechos concomitantes, no obstante lo cual, esa prevalencia interpretativa se
excluye cuando su conclusión interpretativa no sea racional ni lógica, o ponga de
manifiesto la infracción de alguna de las normas reguladora de la exégesis
contractual. Ello no sucede en el caso de autos, en que la interpretación de los
Acuerdos por la Sala de instancia es racional y lógica, sin que se haya
demostrado lo contrario. En consecuencia ha de darse prevalencia a la
interpretación dada por la sentencia recurrida en relación a la vigencia de los
pactos, en los términos antes expresados.
Por ello, y de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal se impone –
como se ha adelantado- la desestimación de este motivo de recurso.
SEPTIMO.- 1.- El motivo quinto del recurso se formula al amparo de lo
dispuesto en la letra e) del artículo 207 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
reguladora de la jurisdicción social, por entender que la sentencia recurrida ha
incurrido en infracción del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Considera
que concurre el presupuesto de causa económica previsto en el artículo 51.1 del
Estatuto de los Trabajadores ya que de los resultados de la empresa se
desprende una situación económica negativa por la existencia de pérdidas
actuales en un volumen muy elevado y reiterado en el tiempo desde el año 2011.
Plantea de nuevo el recurrente que no puede declararse que la decisión
extintiva no es ajustada a derecho cuando se han cumplido las exigencias
causales. Nos remitimos por ello a las alegaciones vertidas en el FD segundo en
el que se analizaba el primer motivo de recurso en el que se denunciaba la
infracción del art.124.2 y 124.11 LRJS en relación con el art. 218 LEC.
Partiendo de la vigencia y aplicación al caso de los Acuerdos de 20 de
mayo y de 14 de junio de 2011, ha de estarse a ellos y respetarlos, con la
consecuencia de la innecesariedad de un análisis sobre la determinación de la
concurrencia de las causas económicas y organizativas alegadas, que en todo
caso quedaba subordinado a la inaplicabilidad de los mismos.
2.- Así, estableciéndose en
aquellos Acuerdos de forma clara e
indubitada el establecimiento a los efectos de desvinculaciones, como módulo
indemnizatorio de referencia el abono de 45 días de salario por año de servicio
con un tope de 42 mensualidades, con prorrateo mensual de los periodos
inferiores a un año, al declararse no ajustada a derecho la decisión extintiva
empresarial, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la fijación de las
correspondientes indemnizaciones de acuerdo con lo establecido en aquellos
Pactos, de lo contrario estaríamos ante una decisión ilícita por contravenir el
convenio colectivo, al tener los Acuerdos la misma eficacia por cuanto se ha
argumentado. Ello nos lleva asimismo a la desestimación de este último motivo
OCTAVO.- Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el
elaborado informe del Ministerio Fiscal, dado que en el pacto de fin de huelga,
que tiene valor de convenio colectivo, la empresa se comprometió a no aplicar
extinciones colectivas de contratos de trabajo sin agotar procedimientos
voluntarios a las mismas lo cual ha incumplido, así como, en su caso, a que las
desvinculaciones de indemnizarían con 45 días por año de servicio con un tope
de 42 mensualidades lo cual tampoco ha efectuado, procede la desestimación del
recurso de casación interpuesto por la empresa PROMOTORA DE
INFORMACIONES S.A. (PRISA), confirmando la sentencia recurrida. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 235 LRJS, no procede la imposición de
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida
Desestimamos en Recurso de Casación interpuesto por PROMOTORA
DE INFORMACIONES S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de enero de 2013, en la Demanda
de Despido Colectivo nº 73/2012, seguida a instancias del letrado D. Ramón
Enrique Lillo Pérez, en nombre y representación de Dña. CRISTINA ALMAZÁN
DELGADO, D. ALFONSO JAUREGUI CAMPUZANO, D. ARTURO BELDA
NUEVO y FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES
OBRERAS, frente a PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (PRISA), PRISA
BAND SOLUTIONS S.L., ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS S.A., confirmando la resolución recurrida. Sin imposición de
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la
certificación y comunicación de esta resolución.
LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Dª María Milagros Calvo Ibarlucea
Dª María Luisa Segoviano Astaburuaga
Dª María Lourdes Arastey Sahún
D. Miguel Angel Luelmo Millán
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Rosa María Virolés Piñol hallándose
celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo
el poder económico busca el poder político, y para
EL PAÍS Portada Internacional Opinión
PRISA (Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima)
Educación • Medios de comunicación • Publicidad • Radio y televisión • Internet • Prensa • Historia de PRISA (Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima) • Cadena SER • Cine • Marketing • El Pàís • As
la funcion de la prisa - Federación de Foros del Campo Lacaniano
Art 40 Dec 2150 de 1995
Algunos contenidos de la reforma laboral son estos :
Examenes: Primer parcial Febrero 2002:
Conflictos colectivos • Impugnación • Orden social • Órganos sociales • Coadyuvancia • Abstención y Recusación • Competencia • Juristicción • Capacidad procesal • Administración