Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-637-de-octubre-7-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_a88e8dc4b91441dbbd8a53abf4d8ec55&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 08:13:13
Document Index: 32086362

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 51', 'artículo 241', 'artículo 242', 'artículo 242', 'artículo 2', 'artículo 157', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 67', 'artículo 189', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 157']

﻿ Sentencia C-637 de octubre 7 de 2015
SENTENCIA C-637 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1740 DE 2014 LUEGO DE VERIFICAR QUE EN EL TRÁMITE DE LA NORMA NO SE INCURRIÓ EN VICIOS DE PROCEDIMIENTO Y EL MENSAJE DE URGENCIA FORMULADO POR EL GOBIERNO NACIONAL RESPETÓ EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, EDUCACIÓN, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, TRÁMITE DE URGENCIA DEL PROYECTO DE LEY, TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, VICIOS DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ELEMENTOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓ
Sentencia C-637 de octubre 7 de 2015
Ref.: Expediente D-10664
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1740 de 2014.
Demandante: Melissa Pastrana Soto.
EXTRACTOS: «La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia, con fundamento en los siguientes
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, el 26 de noviembre de 2014, la ciudadana Melissa Pastrana Soto demandó la inexequibilidad de la Ley 1740 de 2014, por vicios de procedimiento en su formación.
A continuación se transcribe el texto de la ley acusada.
3. La prestación continúa de un servicio educativo con calidad.
ART. 23.—Trámites para Superintendencia de Educación. Durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, deberá presentar al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se cree la Superintendencia de Educación. Las normas que reglamenten la creación y el funcionamiento de la Superintendencia de la educación, quien tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo.
ART. 25.—Derogatoria. La presente ley deroga los artículos 32, 48, 49, 50, y la expresión “a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes” de los incisos primero y cuarto del artículo 51 de la Ley 30 de 1992.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República.
En los términos del artículo 242.3 Superior: “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto”.
En el caso concreto, la Ley 1740 de 2014 fue publicada en el Diario Oficial 49374 del 23 de diciembre de 2014 y la acción pública de inconstitucionalidad fue radicada en la Secretaría General de la Corte el 17 de febrero de 2015. En consecuencia, se ha cumplido con el término previsto en el artículo 242.3 constitucional.
3. Requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad(3), deben existir requisitos y contenidos mínimos en la demanda que permitan a la Corte Constitucional la realización satisfactoria del examen de constitucionalidad, es decir, el libelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
Por ello, esta corporación ha interpretado el alcance de las condiciones materiales que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad y ha sistematizado, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, que los cargos formulados por la demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(4). Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).
Ahora, cuando quiera que se trate de demandas por vicios de procedimiento, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece el cumplimiento del siguiente requisito:
“4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado”
La Corte en Sentencia C-403 de 2003, interpretó el alcance de la disposición anteriormente citada, de la siguiente manera:
“Si es del caso que la demanda se dirija a controvertir el proceso de aprobación de la norma acusada, el actor deberá adjuntar las pruebas que sustentan sus afirmaciones, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionados”.
De igual manera, esta corporación en Sentencia C-034 de 2011, adelantó las siguientes consideraciones en relación con la suficiencia del cargo de inconstitucionalidad, en materia de vicios de procedimiento:
“cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º num. 4), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante”. (negrillas agregadas).
4. Argumentos de la demanda y precisión de los cargos de inconstitucionalidad.
La ciudadana Melissa Pastrana Soto demandó la inconstitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, por los siguientes vicios procedimentales en su formación.
En relación con la violación al artículo 157 Superior, sostiene que la referida ley fue aprobado en dos (2) debates y no en cuatro (4), tal y como lo exige la referida norma constitucional. Fundamenta su acusación en las siguientes afirmaciones:
“El proyecto de ley demandada tuvo sólo dos debates luego de que el Gobierno Nacional aparentemente usara la institución del mensaje de urgencia consagrada en el artículo 163 Superior…Con el establecimiento de los cuatro debates parlamentarios que no se surtieron en el caso concreto, se busca blindar los principios democrático y de participación ciudadana, además de propiciar el ambiente para deliberar y conocer de fondo y de forma eficaces decisiones sobre temas trascendentales, que únicamente se pueden obviar por razones de urgencia manifiesta evidente”.
A su vez, en lo atinente al desconocimiento del artículo 163 Superior, alega la ciudadana que el mensaje de urgencia que envió la Ministra de Educación, actuando en nombre del Gobierno Nacional, adolece de las siguientes irregularidades sustanciales: (i) no fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República; y (ii) carece de motivación. Lo anterior condujo, en su opinión, a que el debate congresional sobre la reforma a la Ley de Educación, se diera “de espaldas” a las universidades.
Por tratarse de una demanda por vicios de forma, la demandante aportó las siguientes pruebas para respaldar sus afirmaciones:
d) Gaceta del Congreso 747 del 2014 (Publicación del Proyecto de Ley 124 de 2014, Senado, 179 de 2014, Cámara).
e) Gaceta del Congreso 755 de 2014 (Publicación de ponencias para primer y tercer debate).
f) Gaceta del Congreso 830 de 2014 (Publicación de la ponencia para segundo debate).
Adicionalmente, la ciudadana solicitó que la Corte decretara como prueba que se oficiara a la Secretaría General del Congreso de la República, con el fin de que remitiera copia simple del mensaje de urgencia que presentó la Ministra de Educación Gina Parody, en nombre del Gobierno Nacional, sobre el Proyecto de Ley número 124 de 2014 Senado, 179 de 2014, Cámara. Lo anterior por cuanto el referido documento no fue publicado en la Gaceta del Congreso.
El magistrado ponente, en auto del 7 de abril de 2015, decretó como prueba que el Secretario General del Congreso remitiera copia simple del mensaje de urgencia enviado por el Gobierno Nacional, así como de la totalidad del trámite legislativo.
Los intervinientes y la Vista Fiscal coinciden en que esos son los dos cargos de inconstitucionalidad que estructuró la demandante contra la Ley 1740 de 2014. Al respecto, salvo la Universidad de Antioquia y la ciudadana Olga González, coinciden en solicitarle a la Corte declarar exequible la normatividad acusada, por los cargos analizados.
Así las cosas, la Corte debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿El trámite de la Ley 1740 de 2014 surtió cuatro (4) debates o, al menos tres (3), en caso de haberse presentando un mensaje de urgencia?
¿El texto del mensaje de urgencia debe ser publicado en la Gaceta del Congreso y encontrarse motivado?
Para resolver los anteriores problemas jurídicos la Corte: (i) describirá el trámite que surtió la aprobación de la Ley 1740 de 2014; (ii) analizará la configuración constitucional y legal de la figura del mensaje de urgencia; (iii) examinará algunos precedentes de la Corte en la materia; (iv) analizará el origen, contenido y alcance del principio de publicidad en el trámite legislativo; y (v) resolverá los cargos de inconstitucionalidad.
4. Descripción del trámite que surtió la aprobación de la Ley 1740 de 2014.
El 24 de noviembre de 2014, la Ministra de Educación Nacional radicó en el Senado de la República el proyecto de ley 124 de 2014, “por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras disposiciones”., publicado en la Gaceta del Congreso número 747 de 2014.
Ese mismo día, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Ministra de Educación Nacional, envió mensaje de urgencia y deliberación conjunta de las correspondientes Comisiones Constitucionales Permanentes, a los Presidentes de Senado y Cámara de Representantes(5). Las razones expuestas por el Gobierno Nacional fueron las siguientes:
“Para que el sistema educativo cumpla sus fines y se logre la prestación de un servicio educativo con calidad y continuidad, es necesario que todos los actores cumplan adecuadamente su papel dentro del marco de la Constitución y la ley. Hemos identificado que la función de inspección y vigilancia que debe realizar el Estado a la Educación Superior para lograr el fin anterior, no está siendo disuasiva, ni ha contado con las herramientas suficientes para solucionar problemas crónicos de algunas instituciones. Tampoco le está permitido al Ministerio de Educación Nacional hacer un análisis oportuno de la situación ni generar alertas tempranas para evitar situaciones críticas.
Por ende, para el Gobierno Nacional es fundamental fortalecer sus funciones de inspección y vigilancia mediante la creación de mecanismos y herramientas eficaces que permitan cumplir esta función y así garantizar los derechos de los estudiantes a la educación y la prestación continua del servicio público con altos estándares de calidad.
La situación de algunas instituciones de Educación Superior en la actualidad requiere medidas urgentes que permitan prevenir y minimizar aquellos riesgos que atentan contra la continuidad y la calidad del servicio educativo. La dinámica del sector y el inicio de un nuevo ciclo académico a partir de enero de 2015, hace necesario que el país adopte de manera inmediata instrumentos y mecanismos eficaces de inspección y vigilancia que les permitan actuar para garantizar oportunamente los derechos y los propósitos dispuestos anteriormente.
Por lo anterior, de manera atenta, solicitamos a ustedes impartir el trámite de urgencia al proyecto mencionado.
Ministra de Educación Nacional”.
Las Mesas Directivas de Senado y Cámara de Representantes, mediante resoluciones 120(6) y 3087 del 25 de noviembre de 2014, respectivamente, autorizaron a sus respectivas Comisiones Sextas Permanentes para sesionar conjuntamente y dar trámite de urgencia al proyecto de Ley 124 de 2014. Los referidos actos administrativos no se publicaron en la Gaceta del Congreso, pero se comunicaron a las correspondientes comisiones.
El Informe de Ponencia para Primer Debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 755 del 26 de noviembre de 2014.
El anuncio para discusión y votación en sesiones conjuntas figura en el Acta 19 del 26 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso número 172 de 2015, la cual finalmente se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2014(7), tal y como quedó registrado en el Acta 20 de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso 173 de 2015.
En relación con el debate en Plenaria del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2014 fue publicada en la Gaceta del Congreso 830 de 2014, el texto del “Informe de Ponencia Segundo Debate proyecto de Ley 124 de 2014 Senado, 179 de 2014, Cámara”. El anuncio para discusión y votación fue publicado en la Gaceta del Congreso 149 de 2015, en tanto que la aprobación en Plenaria lo fue en la Gaceta del Congreso número 150 de 2015.
El Acta 43 de sesión Plenaria de Cámara de Representantes del 11 de diciembre de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso número 382 de 2015, da cuenta de la realización del anuncio de discusión y votación previa del proyecto de ley 124 de 2014 Senado, 179 de 2014 Cámara.
En conclusión, la Ley 1740 de 2014 fue aprobada en tres debates, debido a que las Comisiones Sextas de Cámara y Senado sesionaron conjuntamente.
5. Configuración constitucional y legal de la figura del mensaje de urgencia.
La Constitución de 1991 regula la figura del mensaje de urgencia, en los siguientes términos:
“ART. 163.—El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.
En términos muy similares, la Ley 5ª de 1992 prevé:
“ART. 191.—Trámite de urgencia. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo, dentro de un plazo de treinta (30) días. Aún dentro de este lapso la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto.
Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”.
La citada disposición debe ser interpretada conjuntamente con aquella sobre sesiones conjuntas:
En conclusión, el mensaje de urgencia le permite al Presidente de la República incidir directamente en la agenda del Congreso, en la medida en que le establece un plazo máximo de treinta días a la respectiva Cámara para decidir sobre un determinado proyecto de ley; incluso, de llegar a insistir, se alterará el orden de día para darle prelación a aquél. Adicionalmente, el mensaje de urgencia puede ir acompañado de una petición de deliberación conjunta de comisiones, caso en el cual el respectivo proyecto de ley surtirá tres debates y no cuatro.
6. Pronunciamientos de la Corte sobre la figura del mensaje de urgencia.
En diversas oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica y la configuración normativa del mensaje de urgencia:
Naturaleza jurídica del trámite de urgencia. Se trata del ejercicio de una potestad y no de una obligación. En consecuencia, el Presidente de la República decide si lo presenta, insiste o lo retira. (Sent. C- 872/2002).
Forma de contabilizar los términos constitucionales en el trámite legislativo cuando media mensaje de urgencia. Si bien entre la aprobación del proyecto ley en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (art. 160 Superior), la deliberación conjunta de las respectivas comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la República (art. 163 Superior), hace innecesario el cumplimiento de dicho término (Sentencia C- 025 de 1993, reiterada en fallo C-658 de 2003). La anterior contabilización se realiza en días hábiles (sents. C-607/92 y C-510/96).
Efectos jurídicos del desconocimiento del trámite de urgencia sobre los demás proyectos de ley. El desconocimiento del mensaje de urgencia e insistencia de un proyecto de ley no tiene la vocación de afectar el trámite de otros proyectos distintos, pues cada procedimiento legislativo es autónomo e independiente, y por lo mismo, no pueden comunicarse entre ellos las irregularidades que se presentan en su desarrollo. (sents. C- 072 de 1995 y C-1040 de 2005).
Efectos jurídicos del incumplimiento del término del treinta días de treinta (30) días. El término señalado por el Constituyente carece de fuerza preclusiva, pues su finalidad se limita a exigir una mayor celeridad en el trámite de la iniciativa. En consecuencia, el Congreso de la República no pierde su competencia para seguir tramitando el proyecto pasado el citado plazo, ya que en todo momento se conserva la función legislativa. El mismo artículo 163 del Texto Superior restringe sus efectos al apremio en el trámite, cuando le otorga la facultad al Presidente o a sus Ministros de insistir en la manifestación de urgencia, lo que significa que su uso no se agota en una primera oportunidad y se puede volver sobre ella para lograr una mayor agilidad en el procedimiento legislativo, en concreto, dándole prelación al proyecto en el orden del día, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él. (sentencias C- 446 de 2009 y C-225 de 2014).
Leyes aprobatorias de tratados internacionales. No existe ningún impedimento constitucional para que, como consecuencia de un mensaje de urgencia y de la solicitud del Gobierno Nacional, un proyecto de ley dirigido a aprobar un tratado internacional, pueda ser debatido en sesión conjunta de las comisiones permanentes de las cámaras. En efecto, el artículo 163 de la Constitución Política autoriza el mensaje de urgencia “para cualquier proyecto de ley”, lo cual incluye –entre otros– a los proyectos aprobatorios de tratados y convenios internacionales. (Sent. C- 225/2014).
Leyes estatutarias. El mensaje de urgencia y la deliberación conjunta de las Comisiones es admisible, incluso en la tramitación de proyectos de ley estatutaria. El artículo 163 de la Constitución dice que el Presidente de la República puede solicitar trámite de urgencia “para cualquier proyecto de ley”. (Sent. C- 784/2014).
7. Contenido y alcance del principio de publicidad en el trámite legislativo.
La garantía del principio democrático implica que se respete la regla de la mayoría y se asegure la participación, en condiciones de igualdad, de todos los sectores de la Cámara, especialmente de las minorías. Para ello es esencial que se asegure la transparencia en el trámite legislativo. De allí que se aseguren diversas modalidades de acceso al público a los debates congresionales, así como la publicación de determinados textos esenciales para la construcción de una decisión libre e informada por parte de un órgano colegiado. Tales exigencias suelen encontrarse previstas en la Constitución, y de forma más detallada, en el Reglamento del Congreso.
En forma reiterada esta Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de publicidad en el trámite legislativo sosteniendo que:
“Un Estado constitucional interesado por el fortalecimiento de la democracia debe contar con procedimientos que garanticen la transparencia de la información dentro del trámite legislativo. El principio de publicidad cumple importantes finalidades dentro del Estado social de derecho, pues el Congreso es el lugar en donde se realiza de manera privilegiada la discusión pública de las distintas opiniones y opciones políticas. De un lado, la publicidad racionaliza la propia discusión parlamentaria y la hace más receptiva a los distintos intereses de la sociedad, con lo cual las deliberaciones producen resultados más justos. De otro lado, la publicidad articula la actividad del Congreso con la ciudadanía, y es una condición necesaria para que el público esté mejor informado sobre los temas de trascendencia nacional, con lo cual se estrechan además las relaciones entre electores y elegidos, valor esencial en una democracia participativa como la colombiana. La publicidad es una condición de legitimidad de la discusión parlamentaria, pues es la única manera de que el Congreso cumpla una de sus funciones esenciales, esto es, la de traducir políticamente la opinión de los distintos grupos y sectores de la sociedad y, a su vez, la de contribuir a la preservación de una sociedad abierta en la cual las distintas opiniones puedan circular libremente. Por todo ello, sin transparencia y publicidad de la actividad de las asambleas representativas no cabe hablar verdaderamente de democracia constitucional”(8).
De igual manera, esta corporación ha considerado que las exigencias de publicidad del trámite parlamentario deben encontrarse expresamente señaladas en la Constitución o en el Reglamento Interno del Congreso. Así, en Sentencia C- 465 de 2014 consideró lo siguiente:
“Si bien uno de los fines esenciales del principio de publicidad está determinado por la transparencia de la información y el conocimiento que se tenga, ni en la Constitución ni en la ley se ha establecido que las proposiciones presentadas por los parlamentarios, deban ser previamente publicadas en el Gaceta Oficial del Congreso, no se entendería cómo puede exigirse que cuando se trate de proposiciones o enmiendas a un proyecto inicialmente presentado por parte del Gobierno, las mismas sí deban ser publicadas”.
En conclusión, el principio de publicidad resulta esencial para amparar los derechos de las minorías políticas. A su vez, la constatación de su desconocimiento por el juez constitucional debe acompasarse con el principio de instrumentalidad de las formas y su previsión en la Carta Política o en el Reglamento del Congreso.
8. Resolución de los cargos de inconstitucionalidad.
8.1. Examen sobre la supuesta vulneración del artículo 157 Superior.
La ciudadana Melisa Pastrana Soto alega que durante el trámite congresional que surtió la Ley 1740 de 2014, se vulneró el artículo 157 Superior, por cuanto ésta fue aprobada en dos (2) debates y no en cuatro (4), tal y como lo exige la referida norma constitucional.
Un examen de las pruebas aportadas por la demandante y de las practicadas por la Corte evidencia que el referido vicio de procedimiento no existió.
El proyecto de ley fue presentado el 24 de noviembre de 2014. Ese mismo día, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Ministra de Educación Nacional, envió mensaje de urgencia y deliberación conjunta de las correspondientes Comisiones Constitucionales Permanentes, a los Presidentes de Senado y Cámara de Representantes(9).
El anuncio para discusión y votación en sesiones conjuntas figura en el Acta número 19 del 26 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso número 172 de 2015, la cual finalmente se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2014(10).
Con posterioridad a las sesiones conjuntas se realizaron los debates en las correspondientes Plenarias. En la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2014 (Acta 44) y el texto definitivo fue publicado en la Gaceta del Congreso número 879 de 2014. En el Senado de la República, por su parte, la votación tuvo lugar el 16 de diciembre de 2014 (Acta 38), siendo publicado el texto definitivo publicado en la Gaceta del Congreso número 872 de 2014.
Como puede advertirse entre la aprobación del proyecto de ley en sesiones conjuntas y los debates en las correspondientes Plenarias, se respetó el término de ocho días. Al respecto, la Corte en Sentencia C- 751 de 2008 consideró lo siguiente:
“Según el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. No obstante, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional, la solicitud de trámite de urgencia del gobierno altera el rito ordinario de las leyes en el Congreso. Cuando el mensaje de urgencia propicia la sesión conjunta de las comisiones, no es imperativo que medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, haciéndose innecesario el cumplimiento de dicho término. En el trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días”. (negrillas y subrayados agregados).
Adicionalmente, se respetó el término de treinta (30) días de que trata el artículo 163 Superior.
8.2. Examen de constitucionalidad sobre la presunta violación del artículo 163 Superior.
La ciudadana Melisa Pastrana Soto alega que durante el trámite congresional que surtió la Ley 1740 de 2014 se desconocimiento el artículo 163 Superior, alega el mensaje de urgencia que envió la Ministra de Educación, actuando en nombre del Gobierno Nacional, adolece de las siguientes irregularidades sustanciales: (i) no fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República; y (ii) carece de motivación. Lo anterior condujo, en su opinión, a que el debate congresional sobre la reforma a la Ley de Educación, se diera “de espaldas” a las universidades. No comparte la Corte las anteriores conclusiones, por las razones que pasan a explicarse.
8.2.1. La publicación del mensaje de urgencia.
Contrario a lo sostenido por la demandante, ni la Constitución ni el Reglamento Interno del Congreso disponen como requisito en el trámite de formación de la ley, la publicación del mensaje de urgencia en la Gaceta del Congreso.
La materialización del principio de publicidad no se limita a la publicación de un determinado texto o documento en la Gaceta del Congreso. Por el contrario, una de sus manifestaciones más importantes consiste en que los congresistas tengan plena claridad acerca del trámite que viene surtiendo un determinado proyecto de ley.
En el caso concreto, las Mesas Directivas de Senado y Cámara de Representantes, mediante Resoluciones 120(11) y 3087 del 25 de noviembre de 2014, respectivamente, autorizaron a sus respectivas Comisiones Sextas Permanentes para sesionar conjuntamente y dar trámite de urgencia al proyecto de ley número 124 de 2014. Los referidos actos administrativos si bien no fueron publicados en la Gaceta del Congreso, fueron comunicados a las correspondientes Comisiones.
En este orden de ideas, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar por cuanto los congresistas fueron informados, por intermedio de las respectivas mesas directivas, de la presentación de un mensaje de urgencia y sesiones conjuntas, por el Gobierno Nacional.
8.2.2. La falta de motivación del mensaje de urgencia.
Al igual que sucede con la publicación del mensaje de urgencia, tampoco existe en la Constitución ni el Reglamento Interno del Congreso un deber, a cargo del Presidente de la República, en el sentido de tener que motivar dicho acto.
No obstante lo anterior, en el caso concreto, en el texto del mensaje de urgencia y sesiones conjuntas remitido al Congreso de la República el 24 de noviembre de 2014, el Gobierno Nacional expuso diversas razones vinculadas con la premura por la aprobación del proyecto de ley: (i) la función de inspección y vigilancia que debe realizar el Estado a la Educación Superior para lograr el fin anterior, no está siendo disuasiva, ni ha contado con las herramientas suficientes para solucionar problemas crónicos de algunas instituciones; (ii) es fundamental fortalecer sus funciones de inspección y vigilancia mediante la creación de mecanismos y herramientas eficaces que permitan cumplir esta función y así garantizar los derechos de los estudiantes a la educación y la prestación continua del servicio público con altos estándares de calidad; (iii) la situación de algunas instituciones de Educación Superior en la actualidad requiere medidas urgentes que permitan prevenir y minimizar aquellos riesgos que atentan contra la continuidad y la calidad del servicio educativo; (iv) la dinámica del sector y el inicio de un nuevo ciclo académico a partir de enero de 2015, hace necesario que el país adopte de manera inmediata instrumentos y mecanismos eficaces de inspección y vigilancia que les permitan actuar para garantizar oportunamente los derechos y los propósitos señalados.
La ciudadana Melisa Pastrana Soto planteó dos cargos de inconstitucionalidad contra la Ley 1740 de 2014, por vicios de procedimiento.
En primer cargo consistió en la violación del artículo 157 Superior, por cuanto ésta fue aprobada en dos (2) debates y no en cuatro (4), tal y como lo exige la referida norma constitucional.
Una revisión de las pruebas aportadas por la demandante y las practicadas por la Corte permitió constatar que el referido vicio en el trámite legislativo no existió. En efecto, el proyecto de ley surtió tres debates, por cuanto el mensaje de urgencia fue acompañado de petición de sesiones conjuntas. Igualmente se respetaron los plazos constitucionales entre los debates en comisiones conjuntas y plenarias.
Un segundo cargo de inconstitucionalidad apuntó a que el mensaje de urgencia no fue publicado en la Gaceta del Congreso ni se encontraba motivado. La Corte considera que el cargo no está llamado a prosperar por cuanto no existe ninguna norma constitucional u orgánica que prevea la publicación del mensaje de urgencia, o que obligue al Presidente de la República a motivar el mensaje de urgencia. Con todo, en el caso concreto, las correspondientes mesas directivas fueron debidamente informadas del mensaje de urgencia y el texto de éste se encontraba motivado. En consecuencia, no se desconoció el principio de publicidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, a0dministrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la Ley 1740 de 2014.
3 Corte Constitucional, Auto del 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
4 Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
5 Visible a folios 67 y 68 del cuaderno de pruebas.
6 Ver folio 153 del cuaderno de pruebas.
7 En esa misma Gaceta aparecen publicadas las correspondientes votaciones.
8 Ver Sentencia C-540 de 2012. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional: C-397 de 2010, C-840 de 2008, C-1040 de 2005, C-951 de 2001, C-161 de 1999 y C-386 de 1996. Autos de Sala Plena 033 de 2009 y 232 de 2007, entre muchas otras.
9 Visible a folios 67 y 68 del cuaderno de pruebas.
10 En esa misma Gaceta aparecen publicadas las correspondientes votaciones.
11 Ver folio 153 del cuaderno de pruebas.