Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-arbitral-almacenes-generales-de-deposito-s-a?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_f6c643d1874d02a8e0430a01015102a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 04:41:21
Document Index: 245611193

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 180', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 454', 'artículo 136', 'artículo 164', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 199', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 87', 'artículo 136', 'artículo 87', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 624', 'artículo 1602', 'artículo 1618', 'in casu', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 218', 'artículo 392', 'artículo 393', 'artículo 393', 'artículo 159']

﻿ LAUDO ARBITRAL ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO S.A. ALMAVIVA VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE NOVIEMBRE 22 DE 2013
LAUDO ARBITRAL DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:EN LO SUSTANCIAL, LOS CONTRATOS CATALOGADOS COMO “ESTATALES”, SIN PERJUICIO DE DISPOSICIONES ESPECIALES REGULATORIAS DE LOS MISMOS, ESTÁN SUJETOS A UN RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO, SALVO EN LO QUE TIENE QUE VER CON AQUELLAS CUESTIONES REGULADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.LAS “DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES”, A QUE ALUDE LA CLÁUSULA, NO SON OTRAS QUE LAS PREVISTAS EN EL DECRETO 1818 DE 1998 -ARTS. 115 Y SIGUIENTES-, PERO RESULTA QUE SON INSUFICIENTES, PORQUE NO REGULAN TODAS LAS INSTITUCIONES, ETAPAS Y REQUISITOS PROCESALES QUE INVOLUCRA UN CONFLICTO JUDICIAL. PARA SUPERAR ESTE VACÍO, LOS ÁRBITROS DEBEN ACUDIR, EN SU ORDEN, AL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -PORQUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO REEMPLAZA A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (A LO QUE SE LA HA DENOMINADO COMO EL EQUIVALENTE JURISDICCIONAL), LUEGO DEBE APLICAR LAS NORMAS PROCESALES DEL JUEZ REEMPLAZADO-, Y SI PERMANECEN LOS VACÍOS DEBE ACUDIR, A CONTINUACIÓN, AL CPC -POR INCORPORACIÓN QUE EL MISMO CCA. HACE DE DICHO ESTATUTO-. NO OBSTANTE, EL DECRETO 1818 INTEGRA DIRECTAMENTE, EN ALGUNOS CASOS AL CPC -POR EJEMPLO EN LOS ARTS. 130 Y 151, ENTRE OTROS-, EN CUYO EVENTO PRIMERO SE DEBE ATENDER ESTA NORMA SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL CCA”. LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO ESTATAL, TANTO EN CUANTO A SU TÉRMINO SE REFIERE, COMO EN LA MANERA DE COMPUTAR EL MISMO, SE ENCUENTRA GOBERNADA HOY EN DÍA, POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ÉSTE, POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR.EL JUEZ NO DEBE RECURRIR A LAS DEMÁS REGLAS DE INTERPRETACIÓN PREVISTAS EN NUESTRO ORDEN JURÍDICO SINO SOLAMENTE CUANDO LE RESULTE IMPOSIBLE DESCUBRIR EL REAL QUERER DE LOS CONTRATANTESCUÁLES FUERON REALMENTE LOS OBJETIVOS Y LAS FINALIDADES QUE ÉSTOS SE PROPUSIERON AL AJUSTAR LA CONVENCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCESAL
ÁRBITROS:ARMANDO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALBA
DEMANDANTE:ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO S.A. ALMAVIVA
DEMANDADO:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Almacenes Generales de Depósito S.A. Almaviva Vs. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
1. Partes del proceso.
La parte convocante es ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO S.A. ALMAVIVA, que a través de su representante legal designó apoderado judicial.
La parte convocada es la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, representada en el proceso a través de la Subdirectora de Gestión de Representación Externa, quien designó apoderada judicial en distintas etapas de la actuación.
Se contó, adicionalmente, con la intervención del Ministerio Público, a través de la Procuradora Judicial II 132 en Asuntos Administrativos.
2. Trámite general del proceso.
El escrito introductor del presente proceso fue radicado el 3 de agosto de 2012, y surtido el trámite de designación del árbitro, el Tribunal se instaló en audiencia realizada el 17 de octubre de 2012, en la cual se inadmitió la demanda, concediendo el plazo legal de cinco días para subsanarla.
La demanda fue corregida mediante escrito radicado el 24 de octubre de 2012, en el cual se subsanaron los defectos señalados en el auto inadmisorio y, además, se agregaron algunos hechos y pruebas, y se hicieron modificaciones al capítulo titulado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” en lo relativo al “Régimen Legal aplicable al Contrato de Depósito y la acción de controversias contractuales” y al “Término de caducidad” de la acción.
La demanda fue admitida mediante auto del 26 de octubre de 2012 y, luego de los trámites pertinentes, fue contestada por la DIAN oportunamente, mediante escrito radicado el 14 de enero de 2013, con proposición de la excepción única de “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES”. De la contestación se corrió traslado a la demandante, quien se pronunció el 23 de enero de 2013.
El 13 de febrero de 2013 se llevó a cabo la audiencia de conciliación dentro del proceso, que se desarrolló sin llegar a un acuerdo.
La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 18 de abril de 2013, y dentro de ella el Tribunal se declaró competente para resolver la controversia, decisión que no fue objeto de oposición por las partes. Así mismo, se declaró abierta la etapa probatoria.
La etapa probatoria se declaró concluida el 24 de septiembre de 2013, y el 15 de octubre siguiente se oyeron los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público.
3. Desarrollo de la etapa probatoria.
Dentro del proceso se recibieron los testimonios de Jaime Ramírez Cuevas, Candelaria Díaz Montalvo, John Paul Veloza Díaz, Anyola Lucía Mendoza Durante, Oscar Alzate Ibáñez (que fue tachado de sospechoso por el apoderado de la parte convocante) y Samuel de Jesús Cárdenas Torres.
A petición de la convocante, se libraron oficios a la DIAN, a la oficina jurídica de la misma entidad, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
También a petición de la parte convocante, se practicó un dictamen pericial a cargo de Nelson Fernando Mariño Fonseca, que fue objeto de aclaración, complementación y ampliación a solicitud del Tribunal.
La parte convocante solicitó la práctica de interrogatorio a la representante legal de la DIAN, petición que fue negada en los términos que constan en el Acta No. 8 del 18 de abril de 2013 (fl. 344, cdno. ppal. 1), no obstante lo cual, por parte del Tribunal se decretó la rendición de informe escrito bajo juramento, tal como lo señala el inciso tercero del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, concediendo a la parte convocante un plazo para que, si a bien lo tuviera, formulara el cuestionario pertinente. Dicho plazo transcurrió sin que hubiera pronunciamiento de la parte convocante. Con todo, mediante auto dictado en audiencia del 9 de julio de 2013, el Tribunal, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, decretó la rendición de un informe escrito bajo juramento por parte de la representante de la DIAN, sobre los puntos enunciados en la misma decisión, informe que fue rendido y fue objeto de aclaraciones y complementaciones, con todo lo cual se formó un cuaderno separado.
Otras pruebas solicitadas por la parte convocante, incluidos testimonios e inspección judicial con exhibición de documentos, fueron objeto de desistimiento, excepto el testimonio de Luís Manuel Corrales, que fue negado según consta en el Acta No. 8 del 18 de abril de 2013 (fl. 344, cdno. ppal 1).
4. Suspensiones decretadas a solicitud de las partes.
Durante el proceso se decretaron las siguientes suspensiones, a solicitud de las partes:
— Mediante auto dictado el 14 de mayo de 2013, se suspendió del 15 de mayo al 13 de junio de 2013, ambas fechas incluidas.
— Mediante auto dictado el 14 de junio de 2013, se suspendió del 22 de junio al 2 de julio de 2013, ambas fechas incluidas.
— Mediante auto dictado el 3 de julio de 2013, se suspendió del 4 de julio al 8 de julio de 2013, ambas fechas incluidas.
— Mediante auto dictado el 9 de julio de 2013, se suspendió del 13 de julio de 2013 al 7 de agosto de 2013, ambas fechas incluidas.
— Mediante auto dictado el 10 de septiembre de 2013, se suspendió del 11 de septiembre de 2013 al 16 de septiembre de 2013, ambas fechas incluidas, y del 1 de octubre de 2013 al 14 de octubre de 2013, ambas fechas incluidas.
— Mediante auto dictado el 15 de octubre de 2013, se suspendió del 16 de octubre de 2013 al 21 de noviembre de 2013, ambas fechas incluidas.
5. Los hechos expuestos en la demanda y su corrección, y los fundamentos de derecho relacionados con la caducidad de la acción.
En el capítulo de hechos de la demanda, la parte convocante empezó explicando que ALMAVIVA y la DIAN celebraron el “Contrato de Depósito Nº 026-067 (en adelante el ‘Contrato de Depósito’)” para mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas, retenidas e inmovilizadas a favor de la Nación.
En cuanto a la duración del contrato, expuso en el hecho 5.4. que “El plazo de ejecución del Contrato de Depósito estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2005, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, como se lee en la cláusula quinta del mismo. En todo caso, las partes dejaron la puerta abierta para que el Contrato de Depósito de (sic) prorrogara por un período igual al inicialmente pactado, ‘siempre y cuando las partes manifiesten su intención de prórroga, mediante comunicación escrita por lo menos con 15 días de antelación a la fecha de su vencimiento’". Afirmó luego, en el hecho 5.5., que “A la fecha, el Contrato de Depósito se encuentra vigente y en ejecución”.
El valor del contrato se estipuló originalmente en trescientos ochenta millones de pesos. Sin embargo, a través de adición suscrita el 27 de diciembre de 2005 se agregó la suma de ciento noventa millones de pesos.
A continuación, describió el procedimiento y requisitos previstos contractualmente para el ingreso de mercancías y para el descuento por parte de la DIAN en caso de presentarse algún faltante de mercancía ingresada al depósito.
Dice la convocante, en el hecho 5.27., que “En cumplimiento del Contrato de Depósito Nº 026-067, el 26 de septiembre de 2005 ingresaron al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, noventa y tres (93) ítems de mercancía aprehendida por la DIAN, consistente en ventiladores, televisores, ropa y telas, entre otras, en dos contenedores de veinte pies (20') (en adelante la ‘Mercancía’)”. Luego, menciona que “No obstante lo claro y rotundo de los términos del Contrato de Depósito, la Mercancía ingresó al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, sin Acta de Aprehensión ni DIIAM” (hecho 5.31.); y que “sólo hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2005, esto es, más de un mes y medio después del ingreso de la Mercancía al depósito de ALMAVIVA, la DIAN procedió a elaborar el Acta de Aprehensión, así como el DIIAM, al cual correspondió el número 3106011000” (hecho 5.43.), pese a lo cual “tanto en el Acta de Aprehensión de la Mercancía como en el DIIAM se lee que su fecha de elaboración fue el 26 de septiembre de 2005” (hecho 5.44.).
Según el hecho 5.30. el peso neto de la mercancía ingresada “es de diecisiete mil ochocientos diez kilogramos (17.810 Kg)”. Sin embargo, dijo que “El mismo 26 de septiembre de 2005, la DIAN elaboró un documento base de ingreso denominado ‘Relación de Muestras de Textiles tomadas de la aprehensión de la M/N Grayeicar’, a través del cual señaló que los ítems setenta y cuatro (74) a noventa y dos (92) de la Mercancía tenían un peso de veinticinco mil doscientos cincuenta y nueve kilogramos (25.259 Kg)”, peso que calificó como “equivocado y manifiestamente contrario a la realidad, habida cuenta de que el mismo es muy superior a aquel peso registrado por la báscula de ALMAVIVA para la totalidad de la Mercancía” (hecho 5.37.) y agregó que la DIAN no había pesado realmente la mercancía (hecho 5.38.) siendo que ello era necesario, pues para calcular la longitud de la tela era necesario conocer el peso en gramos por metro cuadrado (hecho 5.48.).
En los hechos 5.53. y siguientes hizo referencia al informe de laboratorio que ordenó realizar la DIAN para la elaboración del Acta de Aprehensión y del DIIAM (“Informe de Laboratorio No. 05-198 de 9 de noviembre de 2005”), en el cual se estableció un peso por metro cuadrado de tela de los ítems 74 y 83 de la mercancía depositada (80 gramos y 90 gramos por metro cuadrado, respectivamente), pero “siendo el peso de la mercancía manifiestamente erróneo, lo mismo ocurre con el metraje asignado por la DIAN a los ítems setenta y cuatro (74) y ochenta y tres (83): que es totalmente contrario a la realidad” (hecho 5.59.).
De acuerdo con lo explicado en la demanda (hecho 5.45.), en el Acta de Aprehensión de la Mercancía, fechada el 18 de noviembre de 2005, aparece la siguiente información respecto de los ítems 74 y 83:
Ítem Descripción mercancía, marca, modelo serie, referencia Pesos KGS Unidad de empaque Cantidad
74 Tejido Bordado, tafetán, blanqueado, peso: 80 GRS/MTK, 100% algodón, 65 rollos subp.58.10.91 M2 49862.5
83 Tejido plano, liga manejo tafetán, estampado, peso: 90 grs/mtk, 70% poliéster, 44 rollos, subp.55.13.41 2246 M2 24955.56
Posteriormente, la demanda narra que una parte de la mercancía fue donada por la DIAN a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (“Acción Social”), dentro de la cual se encontraban los ítems 74 y 83 (hecho 5.62.). Dice que en vista de la donación, la DIAN realizó un nuevo análisis de laboratorio que conceptuó que el peso del ítem 74 era de 70 gramos por metro cuadrado, y para el ítem 83 se determinaron tres tipos de tela con pesos de 163, 190 y 213 gramos por metro cuadrado cada uno (hecho 5.63.).
En el hecho 5.69. se anotó que “A fin de dar cumplimiento a la Donación, mediante Acta No. 0090 de 9 de julio de 2009 se procedió a entregar la mercancía donada. Con todo, en dicha Acta aparecen las siguientes constancias respecto de la situación de los ítems 74 y 83 de la Mercancía: ‘EN EL ÍTEM 74 DEL DIIAM 3106011000 SE ENTREGAN 65 ROLLOS DE TAL CON UN PESO DE 356 KGS APROXIMADAMENTE REPRESENTADOS EN 5.086 M2 DE ACUERDO A CONCEPTO EMITIDO POR EL GRUPO DE LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIÓN ADUANERA. ‘EN EL ÍTEM 83 SE ENTREGAN 44 ROLLOS DE TELA CON UN PESO APROXIMADO DE 530,1 KG. REPRESENTADO EN 2.857,06 M2 DE ACUERDO A CONCEPTO EMITIDO POR EL GRUPO DE LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIÓN ADUANERA’”, explicando que “Acción Social, si bien recibió el número correcto de rollos de tela, no recibió los metros cuadrados de tela que aparecen registrados en el Acta de Aprehensión de la Mercancía y en la (sic) DIIAM”.
Continúa la demanda detallando el requerimiento de la DIAN a ALMAVIVA para aclarar por qué se presentó una “inconsistencia entre el número de rollos y el número de metros cuadrados de la tela correspondiente a los ítems 74 y 83 de la Mercancía”, y las respuestas dadas por el almacén general de depósito fundadas en que “la información consignada en el Acta de Aprehensión y en la (sic) DIIAM era errada”, a consecuencia de lo cual ofreció devolver el precio del bodegaje cobrado en exceso. No obstante, señala la demanda, mediante Oficio No. 1-48-235-407-1212 del 6 de octubre de 2009 la DIAN rechazó el ofrecimiento de devolución de los bodegajes y señaló que se expediría el “acta de faltante” respectiva (hechos 5.74. a 5.79.).
Con respecto a la expedición del acta de faltante, dicen otros apartes de la demanda:
“5.80. Resulta destacable el hecho de que el 6 de octubre de 2009 la DIAN hubiera manifestado que iba a proceder a expedir un acta que finalmente fue fechada de 9 de julio de ese mismo año, como en efecto fue fechada el Acta de Faltante. Es decir, el 6 de octubre la DIAN anunció que expediría un acta con casi tres meses de anterioridad.
5.81. Pues bien, el 20 de octubre de 2009 la Jefe del Grupo Interno de Trabajo y Comercialización elaboró el Oficio No. 1-48-235-407-001071, través del cual remitió a ALMAVIVA el Acta de Faltante No. 0003, cuya fecha, se insiste, curiosamente es de 9 de julio de 2009, a través de la cual manifestó que no se había encontrado la siguiente mercancía (en adelante el ‘Acta de Faltante’):
‘Acta de Faltante’): DIIAM Acta de Inventario y Avalúo Fecha Descripción de la Mercancía Cantidad Valor Unitario Valor total
3106011000 26/09/2005 Tejido bordado tafetán blanqueado, peso 80 gr/mtk, 100%, algodón, 65 rollos, subp. 58.10.91 44776.5 1522.72 68.182,072.08
3106011000 26/09/2005 Tejido plano, ligamento tafetán, estampado, peso 90 gr/mk 70% poliéster, 44 rollos, subp. 55.19.41 22098.5 1504.93 33,256,695.61
VALOR TOTAL 101,438,767.69
5.88. En vista de lo anterior, y de lo muy ajena a la realidad de la información contenida en el Acta de Faltante, el 26 de octubre de 2009 ALMAVIVA remitió a la DIAN la comunicación No. 661-100-008786, mediante la cual no aceptó y le devolvió el Acta de Faltante, habida cuenta del error que dicha acta reflejada (sic)”.
La demanda sostiene que no hubo el faltante de mercancía que denunció la DIAN, y que en comunicación del 30 de octubre de 2009 el Gestor III de la Subdirección de Gestión Comercial de la DIAN en Bogotá “expresamente reconoció que a ALMAVIVA le asistía toda la razón en sus planteamientos y que, efectivamente, en el caso de autos no se presentaba faltante alguno de la tela correspondiente a los ítems 74 y 83 de la Mercancía” (hechos 5.92. a 5.94.).
En el hecho 5.99. se dice que “La DIAN, de manera arbitraria, resolvió expedir la Cuenta de Cobro No. 0007 de 30 de diciembre de 2009, a través de la cual le cobraba a ALMAVIVA la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69) (en adelante la ‘Cuenta de Cobro’)”.
Más adelante expuso: “5.106. Posteriormente, la DIAN elaboró y remitió a ALMAVIVA el Oficio No. 1-48-235-407-000114 de 2 de febrero de 2010, a través del cual le enviaba copia del Oficio No. 100217321-0019 de 18 de enero de ese mismo año, mediante el cual la Subdirección de Gestión Comercial informó que se debe ‘continuar con el trámite del faltante y la cuenta de cobro del caso de las telas del DIIAM 3106011000 del 26/09/2005, por lo que reiteremos (sic) nuevamente la devolución del acta de faltante No. 003 del 27/06/09 y del documento de egreso debidamente firmado y a cancelar el valor del respectivo faltante’”. “5.107. De hecho, mediante el mencionado Oficio No. 100217321-0019 de 18 de enero la DIAN, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 454 de la Resolución 4240 de 2000 y la cláusula segunda, literal h), del Contrato de Depósito, le notificó formalmente a ALMAVIVA el Acta de Faltantes y la Cuenta de Cobro”. “5.108. Adicionalmente, se lee en este Oficio No. 1-48-235-407-000114 de 2 de febrero de 2010 que: "[d]e lo contrario se procederá a realizar cruce de cuentas con la factura de bodegajes a partir del próximo mes".
Así pues, dice la demanda que “…una vez la DIAN, actuando contra legem, se afincó en su posición de que, supuestamente, se presentaba un faltante de la tela correspondiente a los ítems 74 y 83 de la Mercancía, dicha entidad simplemente resolvió descontar la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito” (hecho 5.119); que “En efecto, el 30 de abril de 2010 ALMAVIVA expidió la Factura de Venta No. CAR 0104471, a través de la cual, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Depósito, le cobraba la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte ($82.493.645), por concepto del almacenamiento de mercancía en bodegas propias para el período comprendido entre el 1° y el 30 de abril de 2010 (en adelante la "Factura de Venta")” (hecho 5.122.); que “Como se detalla en la misma Factura de Venta, ALMAVIVA expresamente reconoció que debía reconocer a favor de la DIAN la suma de veintiséis millones quinientos setenta y nueve mil quinientos veintiún pesos m/cte ($26.579.521), de manera que el total a pagar a favor de mí representada ascendía los cincuenta y cinco millones novecientos catorce mil ciento veinticuatro pesos m/cte ($55.914.124)” (hecho 5.123.); que “No obstante lo anterior, la DIAN, a través de Oficio No. 1-48-235-407-000525 de 12 de mayo de 2010, le envió a ALMAVIVA el Certificado de Cumplimiento Prestación de Servicio de Almacenamiento correspondiente al mes de abril del año 2010 (en adelante el "Certificado de Cumplimiento")” (hecho 5.124.); que “Como se lee en el Certificado de Cumplimiento, a las sumas de derecho a cuyo pago ALMAVIVA tenía derecho, la DIAN resolvió restarles el valor de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), conforme a lo establecido en la Cuenta de Cobro” (hecho 5.125.); que “De ahí que, como se lee en el Certificado de Cumplimiento, en concepto de la DIAN existe una deuda por cuarenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos con sesenta y nueve centavos ($45.524.643.69), a cargo de ALMAVIVA” (hecho 5.126.); que “De esta forma la DIAN descontó la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho conforme a lo establecido en el Contrato de Depósito” (hecho 5.127.); que “A fin de materializar el anterior descuento, el Subdirector de Gestión Comercial de la DIAN, mediante comunicación No. 100206217-004897 de 26 de mayo de 2010, remitió a la Coordinadora de Contabilidad General de dicha entidad las "facturas originales relacionadas en el siguiente cuadro, por concepto de bodegaje y/o gastos extraordinarios a favor del Almacén General de Depósito ALMAVIVA S.A., con Nit. 860.002.153-8, por valor de $318.692.789, para que se efectúe el pago como se indica a continuación"” (hecho 5.128); que “Así pues, al dar la orden de pago contenida en la comunicación atrás mencionada, la DIAN materializó el descuento de la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho conforme a lo establecido en el Contrato de Depósito” (hecho 5.130.); que “De esa forma ALMAVIVA dejó de recibir la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), suma que, por virtud de lo dispuesto en el Contrato de Depósito, tenía pleno derecho de recibir” (hecho 5.131.); y que “En todo caso, lo cierto es que, como quedará probado a lo largo del presente proceso, la DIAN no tenía derecho alguno para efectuar dicho descuento, habida consideración de que no hay faltante de telas correspondientes a los ítems 74 y 83 de la Mercancía” (hecho 5.132.).
La demanda, en su versión radicada el 3 de agosto de 2012, trae un capítulo titulado “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, dentro del cual se encuentra la apreciación inicial de la convocante en cuanto a la caducidad de la acción, la cual se trascribe enteramente a continuación:
“6.2. El término de caducidad.
Como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia atrás citada, el término de caducidad aplicable a la acción de controversias contractuales es aquel que se encuentra contemplado en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de que dicha acción se ejerza ante la jurisdicción contencioso administrativa o ante los tribunales de arbitramento.
Por ende, en todos los casos el término de la acción de controversias contractuales será de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento a dicha acción.
Lo anteriormente expuesto, aplicado al caso de autos, pone de presente que el término de caducidad de la presente acción es de dos (2) años, cuyo término deberá contabilizarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a que mi representada promoviera la presente demanda.
Así las cosas, el término de caducidad de la presente acción de controversias contractuales debe empezar a contabilizarse a partir del 21 de octubre de 2009, que es el día siguiente de la ocurrencia de los hechos en los cuales se base (sic) la reclamación que por esta vía está elevando ALMAVIVA.
Lo anterior, habida cuenta de que, precisamente, fue mediante Oficio No. 1-48-235-407-1071 de 20 (sic) octubre de 2009, que la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena de la DIAN, le remitió a ALMAVIVA el Acta de Faltante, a través de la cual formalmente, y siguiendo el procedimiento contractualmente previsto para tal efecto, le notificó que no se encontraban unos rollos de tela, correspondientes a los ítems 74 y 83, cuyo valor ascendía a los $101.438.767,69.
En efecto, fue solo a partir de la remisión del Acta de Faltantes que mi representada tuvo conocimiento de que, en concepto de la DIAN, se configuraba la mencionada ausencia de tela por un valor superior a los cien millones de pesos, pues hasta aquel entonces lo único que existía era un cruce de comunicaciones entre Convocante y Convocada, las cuales expresaban las opiniones y argumentos de aquel y de esta. Nada más.
En otras palabras, solo cuando la DIAN siguió al pie de la letra el procedimiento específicamente establecido en el numeral 26 de la cláusula segunda del Contrato de Depósito en caso de faltantes, ALMAVIVA tuvo pleno y detallado conocimiento de la cantidad de tela que, en concepto de la Convocada, no se encontraba en los depósitos de mi representada, y del valor en el que se encuentra avaluada dicha tela.
Por lo tanto, la caducidad de la presente acción de controversias contractuales debe empezar a contarse a partir del día siguiente al 20 de octubre de 2009, fecha en la cual la DIAN remitió a mi representada el Acta de Faltantes, pues, se insiste, sólo a partir de la mencionada Acta de Faltantes ALMAVIVA se enteró formalmente de que, en concepto de la Convocada, se presentaba un faltante de tela cuyo valor supera los cien millones de pesos.
Cualquier otra comunicación anterior no tenía la virtualidad ni la fuerza jurídica para enterar a ALMAVIVA del supuesto faltante, ni mucho menos para legitimar a la DIAN a realizar el respectivo descuento por valor de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69).
Es claro entonces que el motivo de hecho que le sirve de fundamento a la presente demanda es el hecho de que la DIAN considerara que existe un supuesto faltante de la tela correspondiente a los ítems 74 y 83 de la Mercancía, hecho que se materializó con la remisión del Acta de Faltante por parte de la Convocada a ALMAVIVA, lo cual, como bien se sabe ya, tuvo lugar el pasado 20 de octubre de 2009”.
En el escrito de corrección de la demanda radicado el 24 de octubre de 2012, se agregaron hechos relacionados con “El procedimiento sancionatorio iniciado por la DIAN contra ALMAVIVA por los supuestos faltantes de la mercancía”. Allí se mencionó que con anterioridad al presente proceso arbitral, el 26 de enero de 2011 ALMAVIVA había presentado otra convocatoria a tribunal de arbitramento por los mismos hechos objeto de esta demanda, que en su trámite se suspendió varias veces la designación de árbitro a solicitud de la DIAN, que la demanda fue inadmitida y posteriormente rechazada.
Dentro de los hechos adicionados también se encuentra mención a que “Mediante Resolución No. 1316 de fecha 31 de agosto de 2011, esto es, con posterioridad a la fecha de radicación de la demanda arbitral, la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena-División de Gestión de Liquidación, impuso a ALMAVIVA S.A. una sanción equivalente a $34.783.000, con motivo de la supuesta existencia de los faltantes de mercancías, el mismo faltante que dio origen a la anterior y a la presente demanda arbitral, y ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales otorgada por Seguros Alfa” (hecho 5.141.); que “Mediante Resolución 1750 del 04 de noviembre de 2011, al desatar el recurso de reconsideración interpuesto por ALMAVIVA S.A. contra la Resolución 1316 de 2011, la DIAN resolvió "DAR POR TERMINADA la presente investigación, por traslado del expediente a otra Dirección, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente proveído", y ordenó el traslado del mismo a la División de Gestión de Fiscalización por ser la competente para adelantar la investigación contra ALMAVIVA por los supuestos faltantes de mercancías” (hecho 5.142.); que “Mediante Resolución 2111 del 30 de diciembre de 2011, la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena revocó de oficio la Resolución No. 1316 del 31 de agosto de 2011, y aclara la Resolución 1750 de 2011. Teniendo en cuenta que el domicilio de ALMAVIVA S.A. es la ciudad de Bogotá, dicha Dirección revocó por estar viciada de nulidad la actuación que concluyó con la Resolución 1316 de 2011 por lo que procede el archivo del expediente por falta de competencia, y aclaró que ALMAVIVA S.A. no estaba en la obligación de pagar la multa que le había sido impuesta a través de esta resolución” (hecho 5.143.); y que “Con la expedición de la Resolución 2111 del 30 de diciembre de 2011, la DIAN dejó plenamente establecido que ALMAVIVA S.A. no tiene responsabilidad alguna en lo referente a los supuestos faltantes de mercancías que dieron lugar al presente proceso” (hecho 5.144.).
En el escrito de corrección de la demanda también se modificó el capítulo de “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, incluyendo las consideraciones relativas a la caducidad de la acción, cuya nueva versión se transcribe de manera íntegra:
“6.2. Término de caducidad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 en lo referente a su caducidad.
"j. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento."
En el caso presente, la DIAN profirió la Resolución No. 2111 del 30 de diciembre de 2011 que revocó la investigación adelantada contra ALMAVIVA S.A. por los supuestos faltantes de mercancías, dejó sin efectos la multa que le fue impuesta, y por lo mismo, dejó establecido que ALMAVIVA S.A. no tiene responsabilidad alguna respecto a dichos faltantes, pues en la práctica no hubo tales faltantes de mercancías.
Por lo mismo, el término de caducidad opera a partir de la notificación a ALMAVIVA S.A. de la Resolución No. 2111 del 30 de diciembre de 2011, la cual se surtió el día 5 de enero de 2012, como consta en la notificación por correo remitida por la DIAN a mi representada”.
6. Pretensiones de la demanda.
Las pretensiones de la demanda, contenidas en el escrito inicial, son las siguientes:
PRIMERA: Que se declare que el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005, celebrado entre la Convocante y la Convocada, actualmente se encuentra vigente y en ejecución;
SEGUNDA: Que se declare que, en cumplimiento del Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005, el 26 de septiembre de 2005 ingresaron al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, noventa y tres (93) ítems de mercancía aprehendida por la DIAN, consistente en ventiladores, televisores, ropa y telas, entre otras, en dos contenedores de veinte pies (20') cada uno;
TERCERA: Que se declare que la mercancía de que trata la pretensión anterior se encuentra avaluada en quinientos cuarenta y seis millones setecientos dieciséis mil dieciocho pesos m/cte. ($546.716.018), y su peso neto es de diecisiete mil ochocientos diez kilogramos (17.810 Kg); CUARTA: Que se declare que la mercancía de que trata la pretensión segunda ingresó al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, sin Acta de Aprehensión, sin Documento de Inventario, Ingreso y Avalúo de Mercancías Aprehendidas - DIIAM, y, por ende, sin Documento de Ingreso;
QUINTA: Que se declare que, de la mercancía de que trata la pretensión segunda, los ítems setenta y dos (72) a noventa y dos (92) correspondían a dos mil cuatrocientos treinta y seis (2436) rollos de tela aprehendidos por la DIAN;
SEXTA: Que se declare que el peso de veinticinco mil doscientos cincuenta y nueve kilogramos (25.259 Kg), asignado por la DIAN mediante el documento base de ingreso "Relación de Muestras de Textiles tomadas de la aprehensión de la M/N Grayeicar" a los ítems setenta y cuatro (74) a noventa y dos (92) de la mercancía de que trata la pretensión segunda, es un peso superior al verdadero peso de tales ítems, y, por lo tanto, equivocado y contrario a la realidad.
SÉPTIMA: Que, en consecuencia, se declare que la cantidad de metros cuadrados (m2), utilizada por la DIAN para calcular la cantidad de tela correspondiente a los ítems setenta y cuatro (74) y ochenta y tres (83) de la mercancía de que trata la pretensión segunda, se obtuvo a partir de una fórmula matemática equivocada y contraria a la realidad;
OCTAVA: Que, en consecuencia también, se declare que la cantidad de tela correspondiente al ítem setenta y cuatro (74) de la mercancía de que trata la pretensión segunda que ingresó al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, no asciende a los cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos punto cincuenta metros cuadros (sic) (49.862,50 m2) de tela;
NOVENA: Que, en consecuencia también, se declare que la cantidad de tela correspondiente al ítem ochenta y tres (83) de la mercancía de que trata la pretensión segunda, que ingresó al depósito de ALMAVIVA ubicado en la ciudad de Cartagena, no asciende a los veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco punto cincuenta y seis metros cuadrados (24.955,56 m2) de tela;
DÉCIMA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que no hay faltante alguno de la tela correspondiente al ítem setenta y cuatro (74) de la mercancía de que trata la pretensión segunda;
DÉCIMO PRIMERA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que no hay faltante alguno de la tela correspondiente al ítem ochenta y tres (83) de la mercancía de que trata la pretensión segunda;
DÉCIMO SEGUNDA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que la DIAN no tenía derecho alguno para descontar la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
DÉCIMO TERCERA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que la DIAN se encuentra obligada a pagarle a ALMAVIVA la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), los cuales fueron descontados por la Convocada de los pagos a los cuales la Convocante tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
DÉCIMO CUARTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que la DIAN se encuentra obligada a pagarle a ALMAVIVA la suma de dinero de que trata la pretensión anterior, debidamente actualizada a la fecha de su pago de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor debidamente certificado por el Departamento Nacional de Estadística-DANE;
DÉCIMO QUINTA: Que, en consecuencia, se declare que la DIAN es responsable por la indemnización integral de todos los daños y perjuicios que les causaron a ALMAVIVA por razón de haber descontado sin derecho la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
DÉCIMO SEXTA: Que, en consecuencia también, se declare que ALMAVIVA tiene pleno derecho a que se les indemnicen de manera integral todos los daños y perjuicios que la DIAN le causó por razón de haber descontado sin derecho la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
DÉCIMO SÉPTIMA: Que, en consecuencia también, se declare que ALMAVIVA tiene pleno derecho a que se le indemnicen integralmente el lucro cesante y el daño emergente que la DIAN le causó por razón de haber descontado sin derecho la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
DÉCIMO OCTAVA: Que se declare que la DIAN se encuentra obligada a pagar las costas del presente proceso, junto con los demás gastos y erogaciones previstos en la ley.
DÉCIMO NOVENA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la DIAN a pagarle a ALMAVIVA la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), la cual fue descontada por la Convocada de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005;
VIGÉSIMA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, se condene a la DIAN a pagarle a ALMAVIVA la suma de dinero de que trata la pretensión anterior, debidamente actualizada a la fecha de su pago de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor debidamente certificado por el Departamento Nacional de Estadística-DANE;
VIGÉSIMA PRIMERA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la DIAN a indemnizar de manera integral todos los daños y perjuicios que le causó a ALMAVIVA por razón de haber descontado sin derecho la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005, cuya suma resulte probada en el curso del presente proceso;
VIGÉSIMA SEGUNDA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, se condene a la DIAN a indemnizar de manera integral el lucro cesante y el daño emergente que le causó a ALMAVIVA por razón de haber descontado sin derecho la suma de ciento un millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. ($101.438.767,69), de los pagos a los cuales ALMAVIVA tiene derecho por virtud de lo dispuesto por el Contrato de Depósito No. 026-067 de 4 de octubre de 2005, cuya suma resulte probada en el curso del presente proceso;
VIGÉSIMO TERCERA: Que se condene a la DIAN al pago de las costas del presente proceso, junto con los demás gastos y erogaciones previstos en la ley”.
7. La contestación de la demanda.
La DIAN contestó la demanda solicitando “NEGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por no asistirle razón a la demandante” y, en relación con los hechos aceptó unos, negó otros, y frente a otros dijo que eran apreciaciones del demandante.
La DIAN no aceptó que el contrato 026-067 de 2005 se encontrara vigente, pues dijo que de acuerdo con la cláusula quinta venció el 31 de diciembre de 2005.
Con respecto al ingreso de la mercancía, dijo que también debía ser firmado por el representante o empleado del depósito, como también era obligación inventariar conjuntamente la mercancía en el proceso de ingreso. Dijo que “El correcto ingreso de la mercancía a depósito es una responsabilidad de ambas partes por lo tanto si Almaviva consideró en su momento que se estaba haciendo un ingreso improcedente lo debió objetar y no suscribir los documentos de ingreso”.
En relación con el peso de la mercancía, dijo que “De la mercancía entregada al depósito en las instalaciones de guardacostas, únicamente las consistentes en textiles fueron pesadas en una báscula en el depósito de ALMAVIVA, la cual en ese momento no reportó tiquetes del peso registrado. Esta báscula fue operada por un empleado del depósito” y que el peso de las telas lo dio el empleado de ALMAVIVA que estaba a cargo de la báscula al momento de recibirlas.
Aceptó que la mercancía se recibió el 26 de septiembre de 2005 y dijo que el 18 de noviembre de 2005 corresponde a la finalización del Acta de Aprehensión, “porque en ese periodo de tiempo el depósito revisó la mercancía a recibir, se realizó avalúo, el DIIAM y el examen químico a las mercancías aprehendidas que lo ameritaban”.
Sobre la expedición del acta de faltante con fecha 9 de julio de 2009, pese a haber sido anunciada en Oficio No. 11964 del 16 de octubre de 2009, dijo que “se debe simplemente al hecho de que previamente a efectuarse la entrega de la mercancía en donación a Acción Social, ya se había detectado la existencia de los faltantes”.
En cuanto al informe del 30 de octubre de 2009 elaborado por el Gestor III de la Subdirección de Gestión Comercial de la DIAN en Bogotá, que según la demanda sería un reconocimiento de que ALMAVIVA tenía razón en sus planteamientos, dice la contestación de la demanda que “Este informe se refiere a un peso por contenedores de 20, pero de acuerdo con la factura 07370 del 29/09/2005 de Transportes Carrascal y Franco Ltda., se utilizaron contenedores de 40', por lo tanto consideramos que dicho informe no se debe tener en cuenta ya que no se tiene certeza de los soportes que lo respaldan”.
Sobre la expedición de la cuenta de cobro por el faltante de mercancía por parte de la DIAN, dijo que “obedeció al procedimiento señalado en el Contrato de Depósito de Mercancías No. 026-067 de 2005, en sus Cláusulas Segunda, numeral 26, literal K) y Décima Segunda Parágrafo 4°”, que “el descuento se hizo siguiendo instrucciones de la Subdirección de Gestión Comercial, toda vez que se tenía la certeza de faltantes en las mercancías depositadas por la DIAN en ALMAVIVA”, y aceptó como ciertos los hechos 5.122. a 5.130.
La DIAN contestó los hechos relacionados con “El procedimiento sancionatorio iniciado por la DIAN contra ALMAVIVA por los supuestos faltantes de la mercancía” afirmando que “Este proceso arbitral es independiente del que se intentó el 26 de enero de 2011” y, en cuanto a la revocación de la resolución que sancionaba a ALMAVIVA, dijo que lo fue “por falta de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, correspondiéndole a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y no porque se determinara que ALMAVIVA no estuviese obligada a pagar la multa impuesta mediante Resolución 1316 del 31 de agosto de 2011”.
Como única excepción de mérito propuso la de “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES”, en la cual reiteró que el contrato terminó “por cuanto venció el término de duración estipulado en el mismo el día 31 de diciembre de 2005, sin embargo la mercancía se mantuvo almacenada hasta el año 2009, cuando se detectó por parte de la Entidad el faltante de la mercancía y en el mismo año se hizo efectivo el descuento por su valor de ingreso de acuerdo al inventario y avalúo de la misma”; y argumentó que “cualquier pretensión de la demanda, referentes (sic) al Contrato de Depósito de Mercancías Código 026-067 de 2005, caducaron (sic) por cuanto ya trascurrieron más de dos años desde la fecha en que se configuró el faltante, lo cual se dio el día 09 de julio de 2009, mediante Acta No. 00003 y comunicada al accionante mediante oficio No. 1-48-235-407-001071-1280 del 20 de octubre de 2009”, siendo la demanda radicada el 3 de agosto de 2012.
La representante del Ministerio Público conceptuó que en el presente caso operó la caducidad de la acción, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, determinó el término de caducidad de las acciones contractuales, en dos años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. El numeral 10 literal d) indica la forma de contabilizar el término de caducidad para aquellos contratos que no fueron objeto de liquidación por parte de la administración, en cuyo caso la acción debe incoarse dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de dicha obligación.
En el caso concreto, para efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción, debemos partir de la fecha en que sale la mercancía del almacén de depósito, en consideración a que como lo afirma la Convocada dicho contrato no fue objeto de liquidación, siendo a partir de esta fecha que se informa a la Convocante sobre los faltantes y el descuentos (sic) de los mismos se realiza el día 26 de mayo de 2010.
Luego si tomamos la fecha del retiro de la mercancía que corresponde al 9 de julio año 2009, cuando mediante Acta No. 0090 se dispuso por parte de la DIAM (sic), entregarlas a título de donación la mercancía a la Acción Social, se tiene que el término de caducidad para iniciar la acción de controversias contractuales venció el 9 de julio de 2011 y la demanda se presenta el día 3 de agosto de 2012.
Siendo aún más flexibles, si tomáramos la alternativa de contabilizar el término a partir del día siguiente de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento, en este caso la reclamación del valor descontado por fatante (sic) de la mercancía, se tiene que dicho valor fue descontado mediante deducción de factura a favor de ALMAVIVA de fecha 26 de mayo de 2010, por lo cual el término de caducidad vencía el 27 de mayo de 2012 y la demanda se presenta el 3 de agosto de 2012”.
Se encuentran cumplidos los requisitos para dictar el Laudo, teniendo en cuenta la participación en el proceso de sujetos capaces y debidamente representados, el carácter transigible de la controversia formulada mediante demanda que cumple con los requisitos legales, y el estar cobijada por la cláusula compromisoria, lo cual otorga competencia al árbitro para proferir decisión de fondo.
Debe analizarse, para efectos de resolver la controversia, el asunto relativo a la caducidad de la acción impetrada, que además ha sido propuesto como medio exceptivo por parte de la DIAN, pues habiendo caducado la acción correspondiente ello redundaría en la denegación de todas las pretensiones de la demanda.
El contrato de que trata la demanda y su terminación.
El contrato de que trata la demanda se identificó con el número 026-067, y se celebró entre las partes del proceso el día 4 de octubre de 2005, según se observa en el texto del mismo.
De conformidad con la cláusula primera del mismo, su objeto consistió en “(…) el depósito, guarda, conservación, custodia y pago de las mercancías ingresadas a las bodegas y demás lugares del DEPOSITARIO, que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas, retenidas e inmovilizadas a favor de la Nación, debidamente autorizadas por las autoridades aduaneras. b) Mercancías que se encuentran actualmente en las bodegas y lugares del DEPOSITARIO en virtud de los convenios y/o contratos celebrados con anterioridad al presente documento. c) Mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas en favor de la Nación que se encuentren en instalaciones de la DEPOSITANTE, depósitos habilitados, sociedades portuarias o bodegas de terceros, que requieran ser trasladadas a las bodegas y lugares del DEPOSITARIO, previa autorización de la DEPOSITANTE (…)” (folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas No. 1).
En cuanto a la duración del contrato, en la cláusula quinta del mismo se previó lo siguiente: “(…) La duración del presente contrato es a partir de la aprobación de la garantía a que hace referencia la cláusula décima primera del presente contrato y hasta el 31 de diciembre de 2005, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, el cual podrá ser prorrogado por un período igual siempre y cuando las partes manifiesten su intención de prórroga, mediante comunicación escrita por lo menos con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento. PARÁGRAFO.- En caso de no acordarse la prórroga, la DEPOSITANTE tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato, para el retiro total de las mercancías en las condiciones estipuladas en el mismo (…)” (folios 16 y 17 del cuaderno de pruebas No. 1).
Este contrato fue adicionado mediante acuerdo de 27 de diciembre de 2005, en cuya cláusula primera se dispuso “(…) Adicionar el valor del contrato Depósito de Mercancías código 026-067 de 2005, en la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) M/CTE, pagaderos en la forma establecida en la cláusula novena del contrato inicial (…)” (folio 29 del cuaderno de pruebas No. 1).
No se dispuso, por virtud de esta adición, ningún tipo de modificación en cuanto al término del contrato se refiere, lo que supone, al haberse dejado clara la vigencia de todas las disposiciones del contrato inicial, en cuanto no fueran modificadas por lo dispuesto en la adición, que el contrato estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, o hasta que se agotara la correspondiente partida presupuestal, teniendo en cuenta la adición de valor a que se ha hecho referencia.
Este Tribunal requirió a la representante legal de la DIAN, en los términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, para que informara sobre los contratos suscritos entre las partes con idéntico objeto al contrato 026-067, desde septiembre del año 2005, detallando sus fechas de inicio y finalización, incluyendo sus adiciones, y especialmente, la vigencia del contrato 026-067 de 2005. Esto último, en consideración a lo dispuesto en la cláusula de duración del mismo, a que se ha hecho referencia.
Frente a la solicitud antes mencionada, la Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la DIAN relacionó y aportó contratos suscritos entre ALMAVIVA y la DIAN desde el año 1991, los cuales, se observa, tuvieron vigencia en distintas épocas, y, específicamente, en relación con el contrato 026-067 de 2005, informó, mediante oficio de 16 de septiembre de 2013, lo siguiente: “(…) En cumplimiento del Auto de Fecha 10 de septiembre de 2013, me permito comunicarle que de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de recursos Físicos de esta entidad, el contrato 026-067 de 2005 celebrado entre ALMAVIVA y la DIAN, tuvo como fecha de inicio el 5 de octubre de 2005 y de finalización el 6 de diciembre de 2006, toda vez que el agotamiento de la partida presupuestal se dio en esta última fecha (…)” (folio 678 del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”).
En este orden de ideas, la DIAN informó con toda claridad que el 6 de diciembre de 2006 se agotó la partida presupuestal correspondiente al contrato de que trata la demanda, lo que supone la finalización del mismo en esa precisa fecha, si se tiene en cuenta lo dispuesto por la cláusula quinta del contrato, relativa a su duración.
Otra posición es la que ha adoptado la parte convocante, empezando porque en sus planteamientos omite por completo mención alguna (mucho menos ataque) a la celebración de los contratos que antecedieron y que sucedieron al 026-067 de 2005, cuya, validez, autonomía e independencia queda, entonces, incólume. Para la parte convocante, el contrato 026-067 de 2005 se ejecutó inclusive hasta el año 2011, conclusión a la que llega, se repite, sin reparar en que, como pudo probarse en el proceso, entre ALMAVIVA y la DIAN se suscribieron con posterioridad otros contratos con idéntico objeto, con vigencias que se extendieron a lo largo de varios años, alcanzando, a través del último contrato suscrito, allí sí, el año 2011.
Sobre lo anterior volverá el Tribunal más adelante.
La naturaleza del contrato y su régimen jurídico.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “(…) Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo, se definen a continuación (…)” (negrillas fuera de texto).
Y de acuerdo con el artículo 2º de la misma Ley, “(…) Para los solos efectos de esta ley:
1. Se denominan entidades estatales (…) b) (…) las unidades administrativas especiales (…)”.
No cabe duda, entonces, dado el criterio orgánico adoptado el legislador para efectos de catalogar un contrato como “estatal”, de que el contrato que nos ocupa, teniendo en cuenta la calidad de Unidad Administrativa Especial que tiene la DIAN, tiene naturaleza estatal.
Por otra parte, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por la DIAN, que como se ha visto tienen la naturaleza de “estatales”, según lo previsto en la Ley 80 de 1993, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1071 de 1999, cuya vigencia se reiteró por virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 4048 de 2008, “(…) El régimen presupuestal y de contratación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- es el previsto para los establecimientos públicos del orden nacional (…)”.
En cualquier caso, en materia de contratos celebrados por establecimientos públicos nacionales, así como por las unidades administrativas especiales, es evidente que según lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 80 de 1993, ellos “(…) se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley (…)”.
Así, en lo sustancial, según se ha visto, los contratos catalogados como “estatales”, sin perjuicio de disposiciones especiales regulatorias de los mismos, están sujetos a un régimen de derecho privado, salvo en lo que tiene que ver con aquellas cuestiones reguladas en el Estatuto de Contratación Pública.
Desde una perspectiva procesal, hay que decir que, en cualquier caso, las controversias originadas en contratos del tipo del que trata la demanda se discuten mediando el ejercicio de una acción de carácter contencioso administrativo.
La caducidad de la acción derivada de los contratos estatales.
Ya se ha dicho que más allá de que en buena medida los contratos estatales estén regidos por el derecho privado en lo sustancial, lo cierto es que desde el punto de vista procesal la acción que se ha utilizado de antaño, y que se utiliza hoy en día, para resolver las controversias originadas en aquellos, tiene carácter contencioso administrativo.
Dado lo anterior, la caducidad de la misma ha estado regida tradicionalmente por el Código Contencioso Administrativo, y se rige hoy en día por lo previsto en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con independencia de si el régimen aplicable al contrato estatal, en cuanto a sus aspectos sustanciales se refiere, es de derecho privado, de derecho público o de carácter mixto.
Esta circunstancia no varía por razón de que la controversia contractual, por disposición de las partes del negocio jurídico, se ventile ante un Tribunal de Arbitramento. Ello, en la medida en que el tipo de acción que se ejerce sigue siendo exactamente la misma, aunque cambie su Juez, lo que supone que el término no tiene por qué ser distinto, a menos que existiera algún tipo de disposición especial, que no existe, por virtud de la cual se estableciera tal cosa.
Sobre esta circunstancia se ha pronunciado de manera expresa el Consejo de Estado, sosteniendo exactamente lo que antes se ha afirmado, es decir, que el término de la acción que se ejerce para la resolución de una controversia contractual sigue siendo el mismo, así:
“(…) En segundo lugar, y según se desprende de lo analizado, en los contratos estatales —como el del caso concreto— si la justicia arbitral reemplaza a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe entenderse que las reglas aplicables a aquélla son las que rigen en esta, sencillamente porque opera un reemplazo de la jurisdicción, es decir, se trata de un verdadero equivalente jurisdiccional, toda vez que la justicia arbitral funge de juez de la administración, con la misma pretensión correctora y protectora del ordenamiento jurídico y del comportamiento de las partes del contrato.
Por esta razón, la acción que se ejerce ante los árbitros es la contractual, regulada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, y por eso mismo el término de caducidad de la acción es la prevista en dicho estatuto, es decir, la regulada en el artículo 136 numeral 10.
En reciente ocasión esta Sala tuvo la oportunidad de señalar sobre el régimen procesal de los tribunales de arbitramento, en el sentido indicado en estos párrafos —sentencia de julio 22 de 2009, Expediente 35.564—, que:
“En el caso concreto, las cláusulas compromisorias de cada uno de los tres contratos establecieron que el arbitramento escogido sería el legal, pues en el inciso segundo de las cláusulas sextas respectivas se dispuso:
“… El Tribunal estará integrado por 3 miembros y su fallo será en derecho; el modo de su designación y su funcionamiento se someterá a las disposiciones legales vigentes.” (Negrillas fuera de texto)
Las “disposiciones legales vigentes”, a que alude la cláusula, no son otras que las previstas en el decreto 1818 de 1998 —arts. 115 y siguientes—, pero resulta que son insuficientes, porque no regulan todas las instituciones, etapas y requisitos procesales que involucra un conflicto judicial. Para superar este vacío, los árbitros deben acudir, en su orden, al Código Contencioso Administrativo —porque el tribunal de arbitramento reemplaza a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (a lo que se la ha denominado como el equivalente jurisdiccional), luego debe aplicar las normas procesales del juez reemplazado—, y si permanecen los vacíos debe acudir, a continuación, al CPC —por incorporación que el mismo CCA. hace de dicho estatuto—. No obstante, el decreto 1818 integra directamente, en algunos casos al CPC —por ejemplo en los arts. 130 y 151, entre otros—, en cuyo evento primero se debe atender esta norma sobre las disposiciones del CCA”.
Según esta providencia, que señala algunas bases sobre la integración de las normas procesales que rigen en un tribunal de arbitramento -a falta de que las partes las acuerdan (lo que es admisible tratándose de tribunal independiente)-, el régimen procesal del arbitramento legal -como el del caso sub iudice, pues el contrato de cesión no dispuso nada(1)- se construye por una sumatoria de regímenes procesales previstos en leyes vigentes, de cuya adecuada armonización depende la garantía del debido proceso para las partes del conflicto.
En el caso concreto, para la Sala no cabe duda de que si el tribunal de arbitramento era el legal, la acción ejercida ante los tribunales de arbitramento, tratándose de contratos estatales, es la contractual del art. 87 Código Contencioso Administrativo, y por tanto la caducidad de la acción es la que regula ese mismo estatuto (…)”(2). (negrillas fuera de texto).
En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 24 de julio de 2013:
“(…) En este orden de ideas, el primer aspecto a definir es el régimen procesal aplicable a los procesos arbitrales, teniendo en cuenta que la caducidad es el asunto que origina este debate de anulación. La respuesta a esta pregunta involucra una combinación de normas, que deben armonizarse adecuadamente, de la siguiente manera.
En el caso concreto, para la Sala no hay duda de que si el tribunal de arbitramento era el legal, la acción ejercida ante los tribunales de arbitramento, tratándose de contratos estatales, es la contractual del artículo 87, Código Contencioso Administrativo, y por tanto la caducidad de la acción es la que regula ese mismo estatuto —como lo entendió y aplicó el tribunal de arbitramento— (…)”(3).
Así pues, no queda duda, y de hecho es pacífico en nuestra jurisprudencia, que la caducidad de la acción derivada del contrato estatal, tanto en cuanto a su término se refiere, como en la manera de computar el mismo, se encuentra gobernada hoy en día, por las normas del Código de Procedimiento Administrativo, y antes de la entrada en vigencia de éste, por las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo anterior.
La norma aplicable al caso concreto en materia de caducidad de la acción ejercida.
De acuerdo con lo que se ha expuesto, la norma que debe aplicarse al caso concreto, para la resolución de la controversia, teniendo en cuenta la excepción de caducidad que ha sido propuesta por la DIAN, es el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que es del siguiente tenor, en lo pertinente:
“(…) 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así.
d) En los que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar (…)”.
Ahora bien, está claro que esta norma no se encuentra vigente actualmente, y que ha sido reemplazada por virtud de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, el Tribunal considera que debe ser la aplicable a este caso concreto, en la medida en que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 “(…) Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (…)”, norma cuyo contenido ha sido modificado por el artículo 624 del Código general del Proceso, que entró en vigencia el 12 de julio de 2012, quedando así: “(…) Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir… Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubiesen empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”.
En este orden de ideas, habiendo estado vigente la norma de la Ley 446 cuando comenzó a correr el término de caducidad de la acción que se ha ejercido en este caso, como se verá a continuación, es aquella la que debe tenerse en cuenta para efectos de resolver la presente controversia.
Los contratos celebrados por la DIAN y ALMAVIVA para el depósito de mercancías.
Un asunto que merece la atención de este Tribunal, sobre el cual ya se hizo mención, es que la relación sostenida entre la DIAN y ALMAVIVA estuvo determinada por la celebración de varios contratos, uno de los cuales es precisamente aquel del cual dice derivar sus pretensiones la demanda y con base en el cual, según se expone en el texto de aquella, se ejerce la acción de controversias contractuales que ha dado origen a este proceso.
Se insiste en lo anterior, por cuanto al alegar de conclusión, la parte convocante, ALMAVIVA, ha considerado que el contrato estuvo vigente hasta el año 2011, y para dar soporte a dicha postura se apoya en el hecho de que hasta esa fecha hubo mercancía en poder de ALMAVIVA en ejecución del contrato a que se ha hecho referencia, de acuerdo con declaraciones de algunos testigos como Oscar Alzate Ibáñez y Anyola Mendoza.
Sin embargo, lo que ha informado la DIAN, por intermedio de su representante legal, es que el contrato de que trata la demanda terminó, conforme se dispuso en la cláusula de duración del mismo, por agotamiento de la partida presupuestal correspondiente, lo cual tuvo lugar el 6 de diciembre de 2006.
Lo anterior merece credibilidad, en tanto la cláusula de duración del contrato, en efecto, dispone que la terminación estaría sujeta al vencimiento del plazo allí establecido o al agotamiento de la partida correspondiente.
Por otra parte, no existe prueba en el expediente que refleje que las partes modificaron esa cláusula para extender el plazo del contrato, como tampoco existe prueba que demuestre que se acordó algún tipo de prórroga de ese mismo contrato que extendiera sus efectos más allá del 6 de diciembre de 2006, y tampoco existe prueba que acredite que el agotamiento de la partida presupuestal haya tenido lugar en una fecha distinta a la ya indicada.
Y está claro que no es suficiente para sostener la vigencia del contrato hasta el año 2011, con afirmar que ALMAVIVA tuvo en su poder mercancías entregadas por la DIAN hasta ese momento, como pretende derivarse de los testimonios citados, pues lo que arrojan las pruebas documentales arrimadas al proceso, así como el informe rendido por la DIAN, es que hubo contratos posteriores, celebrados entre las mismas partes y con el mismo objeto.
Esto explica que hubiera mercancía en poder de ALMAVIVA hasta el año 2011, lo que definitivamente no es prueba de la vigencia del contrato 026-067 hasta esa fecha. Ciertamente, en el año 2010 se suscribió el contrato 026-002 de 2010 (fls. 418 y ss. del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”), vigente hasta el 31 de marzo de 2011 (según acta de liquidación visible en el folio 446 del mismo cuaderno) que recaía, entre otras, sobre las “Mercancías que se encuentran actualmente en las bodegas y lugares del DEPOSITARIO en virtud de los convenios y/o contratos celebrados con anterioridad al presente documento”. Así, la referencia testimonial mencionada en el alegato del apoderado de ALMAVIVA (particularmente el testimonio de Óscar Alzate Ibáñez) en cuanto a la duración de la relación entre ALMAVIVA y la DIAN hasta el año 2011, no desvirtúa lo que se desprende con mayor precisión de la prueba documental allegada, de la cual se infiere que si bien existió relación contractual hasta el 2011, lo fue en ejecución de distintos contratos(4).
Si se observa el informe remitido por la representante legal de la DIAN el 6 de agosto de 2013, con destino a este proceso, obrante a folios 1 a 6 del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”, se pueden advertir los contratos celebrados entre las partes del presente proceso, y cómo efectivamente algunos de ellos, teniendo el mismo objeto que el contrato 026-067 de 2005, fueron celebrados y ejecutados con posterioridad a este.
De hecho, entre los documentos que fueron remitidos por la DIAN, fruto de la prueba de oficio que fue decretada en el marco del proceso, se encuentran dichos contratos posteriores, lo que da soporte documental a lo afirmado por la representante legal de la DIAN en el sentido de que efectivamente hubo otros contratos celebrados entre las partes con el mismo objeto.
Ahora bien, no podría decirse bajo ninguna circunstancia, ni así lo plantea la demandante, que los contratos que se celebraron entre ALMAVIVA y la DIAN con el mismo objeto, antes y/o después del contrato 026-067 de 2005, realmente conforman con éste un único contrato. Cada uno de los contratos celebrados entre dichas entidades, más allá de la coincidencia de objetos, corresponde a un vínculo válido, autónomo e independiente de los demás, con una vigencia temporal establecida diferente en cada uno, determinada según sus reglas, por una fecha cierta o por el agotamiento de la partida presupuestal respectiva.
Para arribar a dicha conclusión, el tribunal parte de la base de que el artículo 1602 del Código Civil reconoce el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual “(…) Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (…)” y de que el artículo 1618 del Código Civil establece que “(…)Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más a que lo literal de las palabras (…)”. Por lo tanto, se le impone al juzgador la interpretación de los contratos de acuerdo con la común intención de las partes, es decir, conforme a la voluntad común y originaria que acompañó a los contratantes, incluyendo lo relacionado con la vigencia, asunto en el cual no hay constancia de una voluntad diferente a la literalmente plasmada en los textos contractuales. Así, el juez no debe recurrir a las demás reglas de interpretación previstas en nuestro orden jurídico sino solamente cuando le resulte imposible descubrir el real querer de los contratantes; cuáles fueron realmente los objetivos y las finalidades que éstos se propusieron al ajustar la convención.
En efecto, los artículos 1602 y 1618 del Código Civil desarrollan el principio de la autonomía de la voluntad privada, razón por la cual la institución contractual, como fuente de derechos y obligaciones, “se objetiva en el contrato y cobra desarrollo pleno cuando es interpretada y se le asignan efectos conforme a la intención común de los contratantes”(5). Por ello, el intérprete judicial debe determinar el alcance del negocio jurídico celebrado privilegiando la intención demostrable de los contratantes, y en tal sentido debe ahondar en la búsqueda del entendimiento común, originario y auténtico que acompañó a las partes al momento de la emisión de la declaración conjunta, para lo cual resulta necesario atender a la interpretación del conjunto de las declaraciones de voluntad en cuanto puedan reflejar la común intención de las partes, y de los elementos de cognición extra textuales, principalmente el comportamiento de los contratantes y la forma como éstos hayan ejecutado las prestaciones convenidas, o de cualquier otro medio de convicción que permita realizar un escrutinio tendiente a esclarecer de modo suficiente cuál es el verdadero vínculo jurídico que las ata; y de no ser ello posible, debe acudir a los principios generales de derecho, la costumbre y la equidad(6).
Lo anterior implica que cuando el pensamiento y el querer de quienes contrataron quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquéllos, y que, por lo mismo, es innecesario cualquier intento de interpretación. Adviértase que, a pesar de que los jueces tienen facultad amplia para interpretar los contratos oscuros, no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos para quitarles o reducirles sus efectos legales(7).
De otro lado, es importante anotar que la interpretación del negocio jurídico es necesaria no solo respecto de cláusulas oscuras, ambiguas, contradictorias o incoherentes entre sí, sino también en presencia de estipulaciones claras o diáfanas, cuando las partes, una o ambas, le atribuyen un significado divergente.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente: “(…) Por supuesto, la labor del juez no se orienta a enervar, reemplazar o suplantar la autoridad del dominus negotti, ni a modificar, eclipsar, adulterar o desvirtuar sus estipulaciones (cas. mar. 27/27), está ceñida a “la fidelidad” del pacto (cas. ago. 27/71, CCLV, 568) y “a la consecución prudente y reflexiva” del sentido recíproco de la disposición (cas. ago. 14/2000, Exp. 5577). Empero, el rol interpretativo del juzgador no es de mero reproductor del contenido negocial, la exégesis de su sentido, ni se encamina exclusivamente a explicitar el querer de las partes como si fuera un autómata. Más concretamente, la actividad hermenéutica del juzgador no es estática, el ordenamiento jurídico le impone ex autoritate el deber de decidir las controversias buscando el resultado concreto perseguido por las partes con la celebración del negocio jurídico en coherencia con su “contenido sustancial”, utilidad práctica, esencial, “real” y funcional (Massimo BIANCA, Diritto Civile, Tomo 3, Il contrato, Dott. A. Giuffré Editore, S.p.A. Mila, 1987, Ristampa, 1992, pp. 379), para lo cual, sin alterar, sustituir ni tergiversar lo acordado, debe intervenirlo efectuando un control eficaz e idóneo, incluso corrector, para determinar su relevancia final o efectos definitivos conforme a los intereses sustanciales, el tipo específico, su función y la preceptiva rectora, en general y, en particular… Con referencia a la común intención, el legislador impone la regla de no limitarse al sentido literal, esto es, al significado gramatical o semántico natural del vocablo utilizado, sea en el contexto general del contrato, sea en el contexto específico de cada palabra, sea en su expresión textual y literal o en su conexión sintáctica por elementales márgenes de disimilitud, ambigüedad u oscuridad semántica, trascendiendo la esfera del simple motivo (interpretación subjetiva), del escrito y la actuación (interpretación objetiva), para lo cual, el juez, sin restringirse a un subjetivismo puro o estricto, de suyo, intrascendente in menta retenta, indagará desde su fase genética in toto el acto dispositivo, la conducta previa, coetánea y ulterior de las partes inserta en la época, lugar y medio predeterminado, verificará su conformidad o desavenencia con el ordenamiento y precisará sus efectos, o sea, la relevancia jurídica del sentido de la communis intentio, locución referida ab initio a la concepción eminentemente voluntarista del negocio jurídico a speculum como acto de “voluntad interna”, ora “declarada” (cas. mayo 15/72 “... entre los contratantes debe prevalecer la voluntad real sobre la declarada” y ago. 1º/2002, Exp. 6907, “es la voluntad interna y no la declarada la que rige la hermenéutica contractual”), ya “manifestada”, bien de “voluntad objetiva” (cas. civ. ene. 29/98) y, más próxima, aunque del todo no exacta, al “acto de autonomía privada” (cas. mayo 21/68), cuyo alcance es menester subiecta materia en una perspectiva más concorde con sus diversas expresiones y, en particular, con la función práctica o económica social, o sea, en consonancia a la función coordinada, coherente, racional y convergentemente perseguida por las partes con su celebración. (cas. civil jun. 12/70, cas. civ. sentencia de 14 de enero de 2005, Exp. 7550, sentencia de 3 de junio de 1946. Gaceta Judicial LX, 656)… Es menester, por tanto, denotar la inteligencia de la expresión communis intentio acorde a los principios informadores del sistema jurídico para atribuirle un significado real, coherente y compatible con el contexto histórico actual, particularmente, en consideración a la función práctica o económica social procurada por las partes con la celebración del negocio jurídico, correspondiendo al juzgador determinarla in casu partiendo y yendo más allá de lo estipulado, esto es, sin limitarse al sentido literal de las palabras escritas, ni aún si no ofrecen motivo de duda, tanto más por el carácter prevalente de la recíproca intención respecto del clausulado y su significado natural, el cual, podrá infirmarla in radice. (…) En la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular connotación a la conducta, comportamiento o ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos al constituir de lege utenda una “interpretación auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han hecho del mismo” (C.C. art. 1622; Cas. Civil. S-139-2002 [6907], ago. 1º/2002 reiterando cas. oct. 29/36, XLIV, 456)”(8).
Ciertamente, la interpretación del acto jurídico como fuente de derechos y obligaciones, debe partir del respeto a la libertad humana. Ello quiere decir que la operación interpretativa del contrato por parte del juez inicia necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo, es traicionar la personalidad del sujeto comprometido en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar o desvirtuar la voluntad plasmada en él.
Resulta evidente para el tribunal que, en el caso bajo examen, en ningún momento las partes hicieron referencia a que el contenido de sus múltiples declaraciones de voluntad tendiera a la prórroga de un único contrato. Tampoco se observa prueba que desvirtúe la validez, autonomía e independencia de los distintos contratos celebrados entre ALMAVIVA y la DIAN, al punto que ni siquiera fueron objeto de mención en la demanda introductoria del proceso. Por el contrario, tan claro es que la intención de las partes fue la de celebrar contratos autónomos e independientes, que algunos de ellos (v. gr. el contrato 026-123-2004 —según acta visible en los folios 442 y ss. del cuaderno “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”—, y el contrato 026-002-2010 —según acta visible en los folios 446 y ss. del mismo cuaderno—), fueron objeto de liquidación individualmente, mientras que el contrato de que trata la demanda jamás fue liquidado.
Las partes entendieron así, que se trataba de vínculos completamente distintos; si no hubiera sido tal el entendimiento de las partes no se habría procedido a la liquidación de uno de ellos, sin que para nada se afectara la relación surgida a partir de otro.
Así las cosas, teniendo en cuenta el sentido literal y exegético de los contratos celebrados, y la intención recíproca de las partes, desentrañada a partir no sólo de lo expresado en los contratos sino a partir de otros actos asociados a la ejecución de los mismos, como lo es el de liquidación, a juicio de este Tribunal, fueron varios los contratos de depósito, y no uno solo, los que se celebraron entre la DIAN y ALMAVIVA.
LA DIAN descontó del valor a pagar por concepto de facturas expedidas por ALMAVIVA el valor de las mercancías descritas como faltantes.
No puede perderse de vista que la DIAN procedió, basándose en un alegado faltante de mercancías entregadas a título de depósito a ALMAVIVA, a descontar el valor de las mercancías correspondientes, de algunas sumas a que tenía derecho ALMAVIVA en ejecución del contrato de depósito No. 026-002-2010.
A folio 107 del cuaderno de pruebas No 1, obra un documento denominado “ACTA DE FALTANTES No. 0003” del 9 de julio de 2009, en el que la DIAN, más específicamente la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, deja constancia del faltante a que se viene haciendo referencia.
En efecto, en el mencionado documento se lee: “(…) SE DETECTÓ EL FALTANTE EN EL MOMENTO DE HACER LA ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN DE DONACIÓN No. 005547 DEL 26/05/2009 A LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL, SE ENTREGÓ LA CANTIDAD DE TELA ENCONTRADA EN LOS ITEMS 74 Y 83, DE ACUERDO CON ANÁLISIS DEL GRUPO DE TÉCNICA DE OPERACIÓN ADUANERA, CON OFICIOS Nos. 1583 DEL 10/07/2009 Y 1630 DEL 17/07/2009, SOLICITADO POR LA JEFE DEL G.I.T DE COMERCIALIZACIÓN (…)”.
En el mismo documento, se hace una descripción de las mercancías denunciadas como faltantes, y se señala el valor de las mismas, así: en relación con el ítem 74, se expresa que corresponde a “(…) TEJIDO BORDADO TAFETÁN BLANQUEADO, PESO 80 GR/MTK, 100% ALGODÓN, 65 ROLLOS, SUBP 58.10.91 (…)”, y se expresa que su valor es de $68.182.072.08. Y en relación con el ítem 83, se explica que corresponde a “(…) TEJIDO PLANO, LIGAMENTO TAFETÁN, ESTAMPADO, PESO 90 GR/MK 70% POLIESTER, 44 ROLLOS, SUBP 55.19.41 (…)”, y se indica que su valor es de $33.256.695.61.
Así, el valor de las mercancías a que se hace referencia en el “ACTA DE FALTANTES No. 0003”, ascendió a un total de $101.438.767.69.
El hallazgo del alegado y presunto faltante, por el valor que se ha indicado, motivó la expedición de la “CUENTA DE COBRO No. 0007” del 30 de diciembre de 2009 por parte de la DIAN, que obra a folio 106 del cuaderno de pruebas No 1, por valor de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS $101.438.767.69, por concepto de “RECLAMACIÓN FALTANTE ESTABLECIDO EN EL ACTA DE FALTANTE No. 0003 DEL 27 DE JUNIO DE 2009…”.
Ahora bien, el día 26 de mayo de 2010, la Coordinadora de Contabilidad General de la DIAN, doctora Claudia Monsalve Castellano, recibió una comunicación remitida por el Subdirector de Gestión Comercial de la misma entidad, doctor Oscar Alzate Ibáñez, en la que se lee lo siguiente: “(…) Adjunto remito las facturas originales relacionadas en el siguiente cuadro, por concepto de bodegaje y/o gastos extraordinarios a favor del Almacén General de Depósito ALMAVIVA S.A., con NIT. No. 860.002.153-8, por valor de $318.692.789, para que se efectúe el pago como se indica a continuación:
1. $318.546.703, para que amortice al pago anticipado del valor del contrato No. 026-002 de 2010, según literal a) de la cláusula novena del mismo.
2. $146.086, que corresponde al valor del RTE ICA para que se descuente del saldo del contrato No 026-002 de 2010, según literal a) de la cláusula novena del mismo (…)” (fl. 134, cdno. de pruebas No. 1).
En el documento que se cita se observa un cuadro en el que aparecen detalladas las facturas a pagarse, entre ellas la factura CAR0104471, y al pie de ella aparece reflejada una nota de contabilidad por valor de $101.438.768.oo, que de acuerdo con la información que aparece en el mismo cuadro, se identifica como “N.C. Faltante”, que corresponde al valor del “ACTA DE FALTANTES No. 0003” y la “CUENTA DE COBRO No. 0007” a que antes se hizo referencia. En efecto, aparece probado en el expediente que ALMAVIVA expidió la factura CAR0104471 del 30 de abril de 2010 —fl. 122, cdno. de pruebas No. 1— por almacenamiento en bodegas entre el 1 y el 30 de abril de 2010, y que, a raíz de dicha factura, la DIAN descontó la suma de $101’438.767,69 por el alegado faltante, según la “CUENTA DE COBRO No. 0007” del 30 de diciembre de 2009, de acuerdo con el “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO” expedido por la DIAN (suscrito por el Director Seccional de Aduanas de Cartagena y la Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera” –folios 131 y 132 del Cuaderno de Pruebas No. 1-), remitido a ALMAVIVA mediante oficio No. 1-48-235-407-000525 del 12 de mayo de 2010, según el cual del valor de almacenamiento facturado por ALMAVIVA en la factura CAR0104471 por el período del 1 al 30 de abril de 2010 ($82.493.645 con IVA), menos la nota crédito reconocida en la misma factura CAR0104471 ($26.579.521 con IVA), y menos el descuento del faltante ($101.438.767,69), se obtiene un saldo de “Menos Cuarenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos con sesenta y nueve centavos M/Cte.” ($-45.524.643,69), valor que, con el ajuste al peso, fue computado por la DIAN según las instrucciones dadas en la comunicación del 26 de mayo de 2010 a la que ya se hizo referencia (lo pertinente obra en el folio 135 del Cuaderno de Pruebas No. 1).
En este orden de ideas, la comunicación que se ha citado, del 26 de mayo de 2010, es indicativa de que el pago del valor del faltante, o lo que es lo mismo, del valor de las mercancías supuestamente perdidas, iba a tener lugar mediante el descuento de valores a favor de ALMAVIVA como contraprestación por los servicios de bodegaje y gastos extraordinarios “del contrato No. 026-002 de 2010”, como lo dice la citada comunicación. Y por esto no puede admitirse como cierto que el haber realizado el descuento la DIAN en el año 2010, muestra que el contrato 026-067 de 2005 se ejecutó más allá de su fecha de vencimiento (se repite, por agotamiento de la partida presupuestal, el 6 de diciembre de 2006).
Dicho de otra forma, habrían de compensarse valores a favor de ALMAVIVA “del contrato No. 026-002 de 2010”, con un valor que a juicio de la DIAN aquella debía pagarle, como consecuencia de la alegada pérdida de algunas mercancías que se encontraban en poder suyo, a título de depósito.
Del cumplimiento de la indicación a que se refiere la comunicación recibida el 26 de mayo, relativa a la amortización del anticipo, por valor de $318.546.703, quedó constancia mediante nota de contabilidad No. 283, de 31 de mayo de 2010, que obra a folio 511 del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”, en la que se observa la amortización a que se viene haciendo referencia.
En todo caso, en el marco del proceso se le solicitó a la representante legal de la DIAN que rindiera informe con destino a este expediente, en relación, entre otras cosas, con la fecha en que ALMAVIVA pagó o asumió los valores de las mercancías que supuestamente se perdieron estando bajo su responsabilidad. En dicho informe se lee lo siguiente: “(…) CUARTA PREGUNTA: “Informar la fecha en la que se realizó el pago a ALMAVIVA del cual trata la comunicación dirigida a Claudia Jesús Monsalve Castellanos (Coordinadora de Contabilidad General) recibida el 26 de mayo de 2010 (folios 134 y 135 del Cuaderno de Pruebas No. 1), adjuntando los soportes respectivos. Especificar si en dicho pago la DIAN compensó o descontó el valor de la Cuenta de Cobro No. 0007 del 30 de diciembre de 2009 a cargo de ALMAVIVA y, en caso contrario, precisar en qué fecha se hizo la aludida compensación o descuento, enviando copia de los soportes respectivos”.
RESPUESTA: “Los documentos recibidos en la Coordinación de Contabilidad General con radicado No. 04897 de fecha 28 de mayo de 2010 por la suma de $318.546.703, fueron remitidos por el Subdirector de Gestión Comercial para ser tramitados así:
— Amortizar contra el Anticipo girado previamente, la suma de $318.546.703, registro contable que se realizó con la nota de contabilidad General No. 283 de fecha 31 de mayo de 2010 la cual se anexa con todos sus soportes. En esta amortización se incluye el valor de la Cuenta de Cobro No. 0007 de 30 de diciembre de 2009.
— Aplicar al saldo del contrato, la suma de $146.086 cifra que fue constituida como impuesto de Industria y Comercio retenido con Comprobante de Egreso No. 4174 de junio 3 de 2012, Orden de Pago No. 1796 y Obligación No. 2611.
Por lo anteriormente expuesto se establece que no hubo desembolsos por parte de la Dian a favor de Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. con base en la comunicación dirigida a Claudia Jesús Monsalve Castellanos y recibida el 26 de mayo de 2010 ya que amortizó el anticipo girado y el valor de la Cuenta de Cobro No. 007 del 30 de diciembre de 2009 forma parte de dicho valor (…)” (folio 6 del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”)
De acuerdo con lo que hasta aquí se ha expuesto, no queda duda de que, por una parte, ALMAVIVA asumió el valor de las mercancías que de acuerdo con la DIAN se perdieron en poder de aquella, y por otra, dicha asunción no tuvo lugar mediante un desembolso de los recursos, sino mediante la realización de un descuento de valores a que tenía derecho ALMAVIVA.
Ese descuento se hace efectivo el 31 de mayo de 2010, pues es en ese momento que se procede a realizar los pagos que incluyen aquel.
Ahora bien, se reitera que las facturas expedidas por ALMAVIVA, de las cuales se hicieron los descuentos antes indicados, no corresponden a servicios prestados en ejecución del contrato No. 026-067 de 4 de octubre de 2005, a que la demanda se refiere, sino a servicios que se prestaron en ejecución del contrato No. 026-002-2010.
La acción que ha motivado el presente proceso deriva del contrato No. 026-067 y no del contrato No. 026-002-2010.
Ya se ha dicho que fueron varios los contratos de depósito que se celebraron entre la DIAN y ALMAVIVA; y también se ha afirmado que las sumas cuya restitución se pretende por virtud de la demanda, fueron descontadas de facturas que habían sido presentadas por ALMAVIVA a la DIAN en ejecución del contrato No. 026-002-2010, no de facturas presentadas en ejecución del contrato No. 026-067, a que la demanda se refiere.
Lo anterior lleva al Tribunal a estudiar si la acción que se ejerce realmente derivó del contrato No. 026-067, o del contrato No. 026-002-2010, dado que fue de sumas a pagarse con ocasión de este último que se hicieron los descuentos que motivaron la presente demanda.
Y está claro que es necesario dicho estudio para resolver sobre la excepción de caducidad propuesta, pues es evidente que el término de caducidad de las acciones derivadas de los dos contratos corre, o corrió, de manera diferente, por evidentes razones.
Aclarada la necesidad del estudio antes referido, debe decirse que definitivamente la acción que se ha ejercido derivó del contrato No. 026-067, y no del contrato No. 026-002-2010, a pesar de que con cargo a este último contrato se hicieron los descuentos correspondientes a los faltantes o presuntos faltantes de que trata la demanda.
En efecto, la primera circunstancia que lleva al tribunal a dicha conclusión es lo que se expresa en la demanda misma, en el sentido de que el origen de la controversia se halla en la ejecución del contrato No. 026-067 y no en la de otro contrato distinto. Así, la propia convocante ha sostenido que la acción que ejerce deriva de ese contrato en particular, lo cual es de la mayor importancia para efectos de dilucidar el punto que ahora nos convoca(9).
Por otra parte, el contrato No. 026-002-2010 fue objeto de liquidación de mutuo acuerdo, según se observa en acta obrante a folios 446 a 453 del cuaderno denominado “Informe Rendido por la Representante de la DIAN”, dejándose claro en el documento correspondiente, suscrito también por el contratista, que “(…) La ENTIDAD declara encontrarse a PAZ y SALVO con el Contrato de Prestación de Servicios número 026-002 suscrito con ALMAVIVA (…)”, declaración cuyo efecto transaccional se presume, al estar contenida en la liquidación bilateral del contrato.
Pero en todo caso, lo cierto es que a pesar de que fue en ejecución de dicho contrato que se produjeron los descuentos que ahora ALMAVIVA reclama, pareciera que las partes no entendieron transigida la diferencia que debe ser resuelta por este Tribunal. En efecto, por una parte ALMAVIVA considera que su reclamación judicial debe formularse con base en el contrato No. 026-067, y por otra, la DIAN no sólo jamás contradice dicha situación para afirmar que la controversia corresponde a un contrato distinto(10), sino que se abstuvo de proponer la excepción de transacción, como dando a entender que realmente esta diferencia no fue objeto de acuerdo por virtud del acta de liquidación del contrato No. 026-002-2010.
En consecuencia, debe concluirse que las partes entienden que la diferencia que las convoca realmente tiene origen en el contrato No. 026-067 y por ende, no puede sino entenderse por este tribunal que la acción ejercida deriva de dicho contrato en particular.
La aplicación del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo al caso concreto.
Para dar aplicación al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, hay que tener en cuenta que el contrato que nos ocupa no es de ejecución instantánea, sino sucesiva, y que el mismo, debiendo ser objeto de liquidación, como consecuencia de su sujeción a las normas del Estatuto de Contratación Pública, nunca fue liquidado.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta también, que el contrato terminó el 6 de diciembre de 2006, pero el descuento de los valores que se reclaman en la demanda tuvo lugar mucho tiempo después, específicamente el 31 de mayo de 2010, en ejecución de otro contrato, como se ha visto.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que la situación que nos ocupa no permite la aplicación de los literales a), b) o c) de la norma referida, en la medida en que no se trata de un contrato de ejecución instantánea; no es de aquellos contratos que no requería liquidación; y habiendo requerido liquidación ella no se efectuó jamás de mutuo acuerdo.
Por otra parte, tampoco se trata de un evento en que la entidad contratante haya procedido a liquidar unilateralmente el contrato, y hay que tener en cuenta que el contratista no ha acudido a la jurisdicción solicitando la liquidación del contrato en sede judicial, lo que excluye la aplicación del literal d).
Ahora bien, si se entendiera en gracia de discusión que el literal d) dispone que la acción de controversias contractuales caduca dos años después de que se incumple la obligación de liquidarlo por parte de la entidad, no solo para solicitar la liquidación del contrato, sino para solicitar la resolución de cualquier tipo de controversia contractual, habría que decir que en todo caso, en el evento que nos convoca ello no podría tener lugar, pues no tendría ningún sentido que hubiera empezado a correr el término para ejercer la acción que ahora nos ocupa, antes de que se presentaran los hechos que han dado lugar a la misma.
Dicho de otra forma, para aplicar a este caso la previsión del literal d), habría que concluir que a ALMAVIVA le empezó a correr el término para reclamar los valores descontados antes de que hubiera acta de faltantes y por ende, antes de que los descuentos tuvieran lugar, lo cual resultaría absurdo.
En consecuencia, en este caso particular, el punto de partida para contar la caducidad debe ser el previsto en la primera parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es decir, “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, por un término de dos años.
Para este Tribunal, el motivo que da base a la acción que ha dado origen a este proceso no es otro que el descuento de los valores que ahora se reclaman. Es tal situación la que materializó una pérdida en cabeza de ALMAVIVA, que, según ella, jamás debió sufrir.
Por esta razón, está claro que habiéndose materializado el descuento el día 31 de mayo de 2010, a partir del 1 de junio de 2010 se empezaron a contar los dos años a que se refiere el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, por lo que al momento de presentación de la demanda que dio origen el presente proceso, esto es, el 3 de agosto de 2012, la acción había caducado.
Se recuerda que la norma a la que se le ha dado aplicación es el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que era la norma vigente al momento en que el término empezó a correr.
No es de recibo la posición asumida por ALMAVIVA en el sentido de que el contrato se mantuvo vigente hasta el año 2011, pues ya se ha explicado que el contrato que da base a la presente acción, que no es otro que el No 026-067, finalizó en diciembre de 2006.
Tampoco puede decirse que el hecho de que se hayan formulado reclamaciones a la DIAN en el año 2011, y se hayan cruzado comunicaciones por razón de tales reclamaciones, produciéndose una etapa de arreglo directo, generó que el término de caducidad solo empezara a contarse cuando se decidió que no había lugar a la devolución de suma alguna por parte de la DIAN.
El hecho que da base a la acción no es otro que el descuento de los valores ya indicados, no el hecho de que las discusiones que se presentaron a raíz de los mismos no hayan llegado a feliz término.
Por otra parte, tampoco puede decirse que hubo actos contractuales que tuvieron lugar en el año 2011, relativos a la celebración de una transacción en relación con el contrato de que trata la demanda. Lo que se observa en el expediente es que se celebró una transacción, cuyo resultado fue incorporado en el acta de liquidación correspondiente, en relación con el contrato 026-002-2010, no en relación contrato de que trata la demanda. Y ya se ha visto que se trata de dos contratos diferentes, al punto que este último, como se ha visto, fue objeto de liquidación de mutuo acuerdo.
Y tampoco puede decirse que el hecho que da base a la acción es la imposición de una sanción a ALMAVIVA con base en el supuesto faltante de que trata la demanda, como tampoco la revocatoria de dicho acto administrativo, pues ni uno ni otro determinan la acción que ahora se ejerce.
La acción que se ha ejercido en este evento nada tiene que ver con tales actos administrativos, pues por virtud de la misma no se discute, ni se podría discutir, la sanción impuesta, como tampoco se discute la legalidad de la revocatoria que ha tenido lugar(11). Lo que aquí se discute es si había lugar a descontar los valores descontados el 31 de mayo de 2010 o no.
En conclusión, es perfectamente claro que la acción ejercida se encontraba caducada al momento de presentación de la demanda, lo que definitivamente conllevará a que se declare probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, pero con el alcance que se ha esbozado anteriormente, es decir, partiendo de la base de que el motivo que ha dado base a la acción es el descuento de los valores reclamados.
Probada la excepción de caducidad de la acción derivada del contrato No. 026-067 de 2005, es evidente que deberán denegarse todas las pretensiones de la demanda, al tener origen todas ellas en el contrato mencionado.
3. La tacha del testimonio de Óscar Alzate Ibáñez.
El apoderado de la parte convocante tachó por sospecha el testimonio de Óscar Alzate Ibáñez, en los siguientes términos:
“DR. TANGARIFE: Presidente, quisiera hacer una manifestación, porque me parece que es necesario … tachar al testigo precisamente por su vinculación con la Dian, el testigo ha mencionado en repetidas ocasiones que goza de muy buena memoria, más sin embargo por ejemplo frente a una pregunta que era muy clara y contundente de parte del apoderado de Almaviva, simplemente dijo no recordar un acta de una reunión de hace dos años en la que los funcionarios que la firman a propósito de la conciliación o el arreglo directo que se buscó, son Juan Manuel Camargo como representante legal de Almaviva y Oscar Alzate subdirector de gestión comercial de la Dian, para que el Tribunal tenga en cuenta esa situación.
DR. GUTIÉRREZ: Perfecto, pero entiendo que no está formulando ninguna tacha frente al testigo.
DR. TANGARIFE: Sí porque la memoria del testigo pareciera ser selectiva.
DR. GUTIÉRREZ: La razón de la tacha es la vinculación.
DR. TANGARIFE: Sí, la vinculación con la Dian.
DR. GUTIÉRREZ: Lo está tachando por sospechoso con base en eso, le pediría que me precisara un poco la razón de la tacha si es sospecha por razón de la…
DR. TANGARIFE: Sí, estoy tachándolo por sospechoso, por razón de su vinculación con la Dian, precisamente por la forma como selectivamente ha venido contestando las preguntas”.
El testigo, en efecto, había manifestado al inicio de su declaración desempeñarse para la fecha como “Gestor III en la coordinación de la contabilidad de la Dian”, razón por la cual es tachada por sospecha su declaración.
Sin embargo, se opone a lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil que sea quien pidió tener como prueba la versión de Óscar Alzate Ibáñez, el mismo que solicita al Tribunal que lo tenga como testigo sospechoso, porque la norma en cuestión dispone que “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez”. De manera que al haberse decretado como prueba el testimonio de Óscar Alzate Ibáñez a petición de la parte convocante (petición que obra en el folio 50 del Cuaderno Principal No. 1), no puede abrirse paso la tacha que propone ella misma.
Aún más, la condición del testigo como funcionario de la DIAN, en lo cual se apoyó la tacha, no era novedosa, pues en varios documentos aportados al proceso (folios 93, 103, 105, 111, 112, 113, 139, entre otros), incluyendo el acta de reunión del 18 de enero de 2011, figura como Subdirector de Gestión Comercial de la DIAN, posición conocida por el solicitante de la prueba, pues así lo indicó al pedir el testimonio (folio 50 del Cuaderno Principal No. 1).
Lo anterior es suficiente para desestimar la tacha del testimonio, sin perjuicio de hacer claridad en cuanto a que los elementos probatorios que sustentan la decisión del Tribunal de declarar probada la excepción de caducidad de la acción, provienen de medios de convicción distintos a la prueba testimonial, a los que se hizo referencia en su oportunidad, y que el haber caducado la acción releva al Tribunal de estudiar otros aspectos para los cuales eventualmente podría ser relevante la declaración del testigo.
En la medida en que serán denegadas las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Laudo, se dará aplicación al numeral 1 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso…”, correspondiendo entonces a ALMAVIVA cubrir los gastos en los que incurrió la DIAN por causa de este proceso, compuestos por la cuota de los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal a su cargo, y las agencias en derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.
La cuota de honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal que debe reconocer ALMAVIVA a la DIAN se discrimina de la siguiente manera:
50% de los honorarios del árbitro $2’650.000
IVA $424.000
50% de los honorarios del secretario $1’325.000
IVA $212.000
50% de los gastos del Centro de Arbitraje y Conciliación $880.000
IVA $140.800
50% de la partida de gastos $500.000
TOTAL $6’131.800
En cuanto a las agencias en derecho, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el numeral 3 del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y en los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003 dictados por el Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con los cuales la tarifa debe fijarse en atención a la naturaleza, calidad y duración de la gestión, además de la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, tomando como valor de referencia los honorarios del árbitro y en la medida en que se declarará la caducidad de la acción, que fue una excepción propuesta por la convocada, pero con el alcance precisado por el Tribunal, se fija en dos millones de pesos ($2’000.000) la suma que por este concepto debe reconocer ALMAVIVA a la DIAN.
En total, las costas a reconocer por ALMAVIVA a la DIAN son ocho millones ciento treinta y un mil ochocientos pesos ($8’131.800).
Por las consideraciones expuestas, el Tribunal de Arbitramento —árbitro único—, administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Primero: Desestimar la tacha por sospecha propuesta por la parte convocante, con respecto al testimonio de Óscar Alzate Ibáñez.
Segundo: Declarar fundada, con el alcance expuesto en la parte motiva, la excepción de “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES”.
Tercero: En consecuencia, se deniegan todas las pretensiones de la demanda.
Cuarto: Se condena a ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO S.A. ALMAVIVA a pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN las costas del proceso, fijadas en la suma de ocho millones ciento treinta y un mil ochocientos pesos ($8’131.800).
Quinto: En firme este Laudo, se protocolizará el expediente en una notaría de la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de “Protocolización y otros”, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente. Si resultare mayor, se devolverá lo correspondiente.
Sexto: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las partes y al Ministerio Público, con las constancias de Ley (CPC., art. 115, num. 2).
NOTIFICADO EN AUDIENCIA.
Armando Rafael Gutiérrez Villalba, árbitro único.
(1) Prescribe el art. 116 del Decreto 1818 de 1998: “CLASES. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes.” (Negrillas fuera de texto).
(2) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA sentencia de febrero 18 de 2010. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00058-00(37004) C.P.: Enrique Gil Botero.
(3) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Sentencia de julio 24 de 2013. Radicación: 11001-03-26-000-2011-00053-00 (42.002). C.P. Dr. Enrique Gil Botero.
(4) Se lee en la declaración de Oscar Alzate Ibáñez (folio 1218 –reverso- del Cuaderno de Pruebas No. 2: “SR. ALZATE: Bueno, esta relación con Almaviva estuvo hasta el año 2010 cuando llega el actual director, doctor Juan Ricardo él decide unilateralmente cancelar ese contrato y ya no se vuelven a llevar mercancías a Almaviva solamente a Almagrario, entonces yo salgo en el 2011 después se firman unas actas de transacción con respecto a la mercancía que todavía existe allí en esos depósitos Alpopular y Almaviva, quienes no se les vuelve a ingresar mercancía. DR. GUTIÉRREZ: ¿En el 2011 todavía había mercancía? SR. ALZATE: Sí señor, cuando yo salí todavía existía mercancía allí”.
(5) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. Sentencia de junio 30 de 2011. Rad.: 11001-0326-000-2010-00024-00. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(6) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de mayo 8 de 2001. M.P. Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.
(7) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de julio 5 de 1983.
(8) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de febrero 7 de 2008. Ref.: Expediente 2001-06915-01. M.P. Dr. William Namén Vargas.
(9) Ver, por citar sólo lo más sobresaliente, las pretensiones declarativas primera, segunda, décima segunda, décima tercera, décima quinta, décima sexta y décima séptima; y las pretensiones de condena décima novena, vigésima primera y vigésima segunda.
(10) Con todo, la posición de la DIAN plasmada en la contestación de la demanda, enmarcando los hechos, tal como fueron planteados, como derivados del contrato 026-067 de 2005, contrasta con la prueba documental obtenida en el proceso, que ubica el descuento del faltante dentro del contrato 026-002 de 2010, por lo cual, incluso de llegar a pensarse en las afirmaciones de la DIAN en las distintas oportunidades procesales como una confesión, ésta resultaría infirmada por las demás pruebas obrantes en el expediente, a las que se hizo referencia ya.
(11) Aunque no lo menciona el apoderado de la convocante, mediante auto dictado el 5 de marzo de 2012, el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá dispuso archivar el expediente sancionatorio a nombre de ALMAVIVA, considerando que el almacén general de depósito “responde por los faltantes de mercancías según las Cláusulas previstas y fijadas para el evento, en el contrato de Depósito suscrito con la DIAN en los términos y bajo el amparo de la normatividad comercial y no bajo los parámetros legales Aduaneros. Por lo tanto, no encuentra el Despacho que el hecho reportado configure una infracción administrativa…” (folios 988 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 2).