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Timestamp: 2019-05-21 03:50:50
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Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la Mezquita de Córdoba, por Claudio Rodríguez Vera – Blog del Ateneo de Málaga
Obligaciones fiscales y contables por la explotación
Claudio Rodríguez Vera. Licenciado en Derecho.
El Estado español ha establecido un régimen fiscal para la Iglesia por el que no tributa nada y sus cuentas son secretas. Esto puede parecer una exageración, pero atendiendo a los hechos no puede afirmarse otra cosa. La Constitución entró en vigor con su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Por poner un ejemplo, el 30 de diciembre se publicó un Decreto que establecía un plazo de dos meses para regular la Seguridad Social. En cambio, bastó esperar al 3 de enero de 1979 para firmar en el Vaticano un Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. En esa fecha ni existían las leyes reguladoras de los principales impuestos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto de Sociedades. El mencionado Acuerdo establecía para la Iglesia la “exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio”. La idea era que así se englobaría todo impuesto que pudiese crearse, y posteriormente se iría aclarando la aplicación del Acuerdo a través de la publicación de Órdenes del Ministerio de Hacienda. Hasta el momento han sido necesarias cinco concreciones de sus términos.
Esta situación privilegiada es, desde el primer momento, contraria a la Constitución. Supone un trato diferenciado a una comunidad religiosa concreta, vulnerando tanto el principio de igualdad religiosa como los principios constitucionales del sistema tributario español: universalidad, capacidad económica e igualdad. Con la entrada de España en la CEE en 1985 el régimen se vuelve más ilegal si cabe. La entrada en la Unión Europea supone que toda norma interna o acuerdo internacional debe modificarse para adecuarse a la normativa europea. Esto está recogido tanto en el Acta de Adhesión de España como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, el Estado español optó por no modificar ni una línea del Acuerdo. Esto provocó que en 1989 la Comisión Europea presentase una queja pidiendo la derogación de dicho régimen. España utilizó ese argumento para no extender esos beneficios al resto de confesiones religiosas. Eso no fue obstáculo para no eliminar esos privilegios a la Iglesia Católica hasta el año 2006. Actualmente goza de diversas exenciones, si bien con argumentos más elaborados. El punto clave es encubrir que tiene actividades empresariales. El hecho de que la contabilidad de la Iglesia es secreta permite echar los balones fuera. Decir que se dedican a la caridad y a fines sociales sin tener que demostrarlo. Les permite declarar que no existen beneficios empresariales, sino desinteresada dedicación a la conservación de los monumentos y a acciones sociales.
La explotación económica de la Mezquita de Córdoba por la Iglesia Católica constituye una actividad empresarial sujeta a los principales impuestos del tráfico mercantil, el IVA y el Impuesto de Sociedades. No obstante, no tributa por ellos por gozar de sendas exenciones por su carácter de Patrimonio Histórico. Esas exenciones y la total oscuridad de sus cuentas garantizan el redondo negocio de la Mezquita. Sin transparencia, ¿por qué no decir que la explotación no existe, que es ejercicio de la caridad?
La situación del IVA
En lo referente al IVA, las entradas a la Mezquita están sujetas y exentas. ¿Qué quiere decir esto? Una operación está sujeta a IVA cuando es empresarial, y la explotación de la Mezquita es una actividad económica. Pese a esto, determinadas actividades están exentas, no incluyen IVA. Se trata de actividades de especial relevancia o utilidad pública, como la sanidad, la educación o la cultura. En ningún caso es por tratarse de donaciones y no entradas, como decía el Obispado hasta que rectificó, obligado por lo burdo del argumento. Es una actividad empresarial con sus correspondientes beneficios, por más que le cueste reconocerlo a la Iglesia. Para determinar que una actividad está sujeta a IVA lo principal es dilucidar si el sujeto que la realiza puede ser considerado empresario y su actividad, por tanto, empresarial.
Ya la Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de febrero de 1988 declaraba que las entidades eclesiásticas que realicen actividades empresariales o profesionales conforme a lo previsto en el Ley del IVA son sujetos pasivos del impuesto. Es necesario, pues, acudir a dicha ley. La Ley 37/1992, del IVA, establece un concepto de empresario más abierto al común, con el objetivo de que encajen todas las posibles actividades mercantiles, por variadas que puedan ser. Así, su artículo 5 incluye una definición extensa y abierta de las actividades que se consideran empresariales. En resumen, son consideradas empresariales todas las actividades que impliquen una ordenación de factores de producción materiales o humanos ordenados para la producción de bienes o servicios. El resto de requisitos impuestos por la Ley del IVA, onerosidad y habitualidad, se cumplen sin discusión. No puede negarse que las visitas no gratuitas a monumentos constituyen una actividad empresarial. Normalmente se alude al fin del dinero recaudado para esquivar esta calificación, pero eso es irrelevante. Ya lo señala el artículo 4.Tres, al decir que la sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. Cuestión distinta es que, si se está muy interesado en destinar los beneficios a un fin de interés social, lo más adecuado para difundir esa idea es publicar las cuentas que lo demuestran.
Atendiendo a lo expuesto hasta aquí podemos decir que en la Mezquita se produce una explotación económica. Ahora bien, las ganancias de esta actividad no tributan por estar exentas. Gozan de la exención del artículo 20.Uno.14.b de la ley. Este declara exentas las visitas a museos, lugares históricos o monumentos. Con esto trata de fomentarse que se realicen estas actividades, con la ayuda que supone un menor precio. Para aplicar esta exención la Iglesia debe tener el carácter de entidad cultural privada de carácter social, otorgado por el reconocimiento de la Administración Tributaria. Esto significa que debe carecer de finalidad lucrativa, dedicando sus beneficios a la propia actividad y asegurando que las personas que forman su dirección no reciben dinero por su trabajo. Cuesta creer que esto se de.
La explicación clásica del Obispado ha sido decir que no se trataba de una explotación económica, sino de donativos para la conservación del monumento y la caridad. Se trata de confundir el objeto de la actividad con su fin. El objeto es una actividad empresarial, y su fin es otra cosa. El argumento presentado por la Iglesia tiene su base en la opacidad de las cuentas. La dedicación a esos fines es una cuestión de fe, pues nunca han hecho pública la contabilidad del negocio. Así, tratan de eliminar por completo la idea de que es una verdadera empresa. Que lo sea no debería ser ningún problema, con independencia de quién lo gestione. El problema es que las cuentas sean secretas y no pueda saberse a qué se dedican esos beneficios.
Como el resto de empresas y personas jurídicas, la Iglesia ve gravadas sus ganancias por el Impuesto de Sociedades. En este sentido no hay que pensar únicamente en beneficios fruto de actividades económicas, pues por este impuesto tributan igualmente las donaciones o cualquier otro tipo de ingreso que obtenga. Para aclarar cómo tributan las entidades eclesiásticas por este impuesto hay que atender a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Esta ley establece un régimen fiscal más beneficioso para las entidades que logren la calificación de entidades sin fines lucrativos. El objetivo es, naturalmente, incentivar que se lleven a cabo actividades que difícilmente podrían realizarse con un régimen tributario ordinario. Con esto las ONGs tienen un trato de favor para llevar a cabo sus actividades. La situación de la Iglesia es anómala. Desde su fundación es, legalmente, una entidad religiosa. Es un régimen distinto al de las fundaciones u ONGs. Y distinta es también su entrada en la ley. Entra por la puerta de atrás, por la Disposición Adicional Novena. Esto se traduce en que recibe directamente el carácter de entidad sin fines lucrativos, sin que se cuestione si reúne los requisitos que le son exigidos al resto de entidades. Se da por hecho que los cumple.
Así obtiene directamente los beneficios de la ley. En primer lugar quedan exentas de tributar las donaciones que reciba. Pero lo importante es que quedan igualmente exentas las numerosas actividades empresariales que puedan realizar. La Mezquita recibe un trato especialmente beneficioso. En atención al artículo 7.4 están exentas las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas. Esta exención atiende al carácter del monumento, de forma que funciona con independencia de quién realice la gestión. El Obispado ha dicho reiteradamente que este régimen fiscal atiende a su desinteresada labor de mantenimiento del monumento, lo que es inadmisible. Se trata de nuevo de ocultar las cuentas con el telón de los supuestos fines de la Iglesia, de imposible comprobación contable. Lejos de eso, el régimen se basa en el reconocimiento de la Mezquita como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco. Y las características del monumento reconocidas por la Unesco son las que trata de eliminar el Obispado convirtiéndola en una Catedral. La Mezquita es más que eso.
Junto a esto, la ley establece la obligación de declarar a Hacienda todas las rentas, estén exentas o no. A esta obligación formal añade otras respecto a la contabilidad. Toda entidad sin fines lucrativos deberá cumplir con las obligaciones contables específicas de su tipo de sociedad, detallando qué parte de los ingresos está exento y cuál no. Las fundaciones presentarán sus cuentas en el Registro de Fundaciones, las asociaciones de utilidad pública en el Registro de Asociaciones, etc. ¿Y la Iglesia? La Iglesia en ninguno, pues no hay norma que le obligue a ello. Es aquí donde obtiene el mayor apoyo para manipular la opinión acerca de su gestión del monumento. Tiene un régimen único en las tres principales cuestiones contables: la llevanza de una contabilidad, la legalización de sus libros y el depósito de las cuentas en un registro público. Sólo está obligada a lo primero.
La contabilidad: llevanza, legalización y depósito de las cuentas
La llevanza de contabilidad consiste en elaborar y mantener de forma constante unas cuentas que reflejen de forma fiel a la realidad la situación económica de la entidad. La Iglesia está obligada a ello por tres normas: por el Acuerdo de 10 de octubre de 1980, por la Ley 49/2002 de Mecenazgo y por el Código de Comercio. El Acuerdo de 10 de octubre de 1980 aclara el original de Asuntos Económicos con el Vaticano, diciendo en su Disposición Duodécima que las entidades eclesiásticas deberán llevar contabilidad. En segundo lugar, la Ley de Mecenazgo, establece que las entidades sin fines lucrativos deben llevar contabilidad. Esta deberá presentarse en el Registro en el que esté inscrita la entidad, salvo en el caso de la Iglesia. Además, deberán entregar anualmente una memoria económica a Hacienda. Por su parte, el Código de Comercio obliga a todos los empresarios a llevar contabilidad.
La legalización consiste en la presentación de los libros de contabilidad en el Registro en el que está inscrita la sociedad, para que se sellen y certifique su autenticidad. Con esto, se está declarando que sólo esos libros son la contabilidad de la sociedad de ese año, impidiendo una modificación fraudulenta posterior. La Iglesia no tiene que hacerlo, no hay norma que le obligue. Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, que sería el lugar natural en el que legalizar sus cuentas, pero la ley no recoge que las entidades eclesiásticas deban hacerlo. Eso aunque están interesadas en hacerlo, pues les asegura frente a terceros cierta tranquilidad en la llevanza de sus cuentas. Les permite obtener más fácilmente financiación ante entidades de crédito o solicitar subvenciones. Para ello han recurrido a un Notario o al Registro Mercantil. Si la entidad religiosa en cuestión (parroquia, diócesis, etc.) realiza actividades económicas, podría conseguir la inscripción en el Registro y legalizar sus cuentas más fácilmente.
Por último, y más importante, el depósito de las cuentas consiste en presentar una copia de las mismas en el Registro en el que la sociedad está inscrita. Esto hace públicas las cuentas, pudiendo cualquiera conseguir una copia sin tener que alegar ningún interés especial. Cuando una persona o sociedad debe depositar sus cuentas (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) tiene que acudir al registro que la inscribió. La Iglesia debería acudir al Registro de Entidades Religiosas, pero como esta obligación no está establecida, ni debe ni puede hacerlo por más que quisiera. La única posibilidad sería el Registro Mercantil. En principio el Registro lo rechazaría por no tratarse de una sociedad inscrita en él. Sólo podría aceptarlo por entender que debe inscribirla en el mismo por realizar actividades económicas. Para ello, hay que entender la norma atendiendo al tipo de actividad, una explotación económica, y no al sujeto. Una interpretación integradora de estas normas obliga a la Iglesia a hacer públicas sus cuentas.
Como conclusión. Con esta situación jurídica la Iglesia obtiene grandes beneficios con la explotación de las Catedrales y de la Mezquita. Tiene todos los gastos de mantenimiento y conservación cubiertos. El Obispado alega que invierte grandes sumas de dinero en su cuidado, pero lo cierto es que sólo con los ingresos de las entradas ya satisface todas las inversiones en el monumento, aparte de recibir dinero público para tal fin. Siendo una empresa que sólo puede tener beneficios, no tributa. Y no lo hace por el carácter único de la Mezquita. No tributa por el reconocimiento de la Unesco a su singularidad, por ser un auténtico crisol de culturas. Carácter que, para colmo, la Iglesia trata de silenciar, de eliminar de la historia. Esta gestión debe cambiar, y, en el aspecto económico, debe empezar por hacer públicas sus cuentas. No es una obligación extraordinaria, ni un capricho. Es una actitud natural en un Estado democrático de Derecho. Es la única forma de comprobar la dedicación del Obispado a los fines que propugna, y él debería ser el primer interesado. Lo contrario es perpetuar una situación privilegiada única en España que no debería ser permitida por Tribunal alguno, por el poder político y, menos aún, por el pueblo.