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Timestamp: 2019-10-19 09:51:01
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BOE.es - Documento BOE-A-1999-6946
Documento BOE-A-1999-6946
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 1999, páginas 11723 a 11750 (28 págs.)
BOE-A-1999-6946
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/1999/02/24/1
La tarea legislativa de desarrollar sistemáticamente el Derecho aragonés corresponde a las Cortes de Aragón, de acuerdo con el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, en la amplia interpretación avalada por el Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia 88/1993, de 12 de marzo. Esta tarea de largo aliento es la que la presente Ley inicia, sin prejuzgar ahora la configuración final del futuro Cuerpo legal.
El Código Civil seguirá siendo supletorio en materia de sucesiones por causa de muerte, pues la Ley no trata de excluir su aplicación entre nosotros. En realidad, los juristas aragoneses se sintieron en el siglo XIX coautores del Código Civil y ni entonces ni ahora mostraron rechazo al mismo o suscitó éste su repulsa. Por ello, es grande el espacio que esta Ley deja a las normas del Código Civil, en concepto de Derecho supletorio de acuerdo con el artículo 1.º de la Compilación. Ahora bien, la Ley procura evitar, mediante la inclusión de normas específicas, la injerencia de aquellos preceptos del Código que no armonizan con los principios del Derecho aragonés o dificultan la aplicación o desarrollo de sus instituciones propias.
La Ley de Sucesiones por causa de muerte convivirá, al menos durante algún tiempo, con la vigente Compilación del Derecho Civil de Aragón (exceptuados sus artículos 89 a 142, ahora derogados). Ningún problema especial deriva de ello, pues una y otra Ley forman, sustantivamente, el mismo Cuerpo legal del Derecho Civil de Aragón. Como es obvio, la Ley de Sucesiones se apoya en las normas compiladas a la vez que contribuye a su interpretación. Así, cuando algún precepto de la presente Ley (como de cualquiera otra, por lo demás) exige la mayoría de edad, por ejemplo para otorgar pactos sucesorios, para otorgar testamento ológrafo o para ser fiduciario, naturalmente entiende referirse a la mayoría de edad del Derecho aragonés, hoy regulada en un punto fundamental en el artículo 4.º de la Compilación, que hace mayores de edad a todos los efectos a quienes han contraído matrimonio, aun antes de cumplir los dieciocho años. Por otra parte, artículos como el 31 y el 51 de la presente Ley (capacidad de las personas físicas para aceptar o repudiar, partición con menores de catorce años o incapacitados) se entienden como concreción de las normas y principios de la Compilación sobre capacidad por razón de la edad, relaciones entre ascendientes y descendientes y relaciones parentales y tutelares, que resultan así potenciados y de más segura aplicación también en algunos supuestos no claramente previstos.
El cuerpo de la Ley está dividido en siete títulos. El primero y más extenso de ellos se dedica a «las sucesiones en general» y es el que en mayor medida recoge preceptos formalmente nuevos que tienen, entre otras, la función de proporcionar a los más tradicionales y esenciales el entorno normativo apropiado para su correcta interpretación, aplicación y eficacia conformadora de las relaciones sociales, a la vez que facilitan el engarce con el Derecho supletorio.
El orden de los títulos II a VII sigue el de la preferencia de los modos de delación, empezando, por tanto, por la sucesión voluntaria. Parece lo coherente en una Ley que proclama (artículo 3) que «el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión... sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio "standum est chartae"».
Dentro de la sucesión voluntaria, se trata, en primer lugar, de los pactos sucesorios, que prevalecen frente al testamento, para seguir con éste y, luego, con la fiducia sucesoria, siempre sujeta a la voluntad manifestada en pacto o testamento. Tras unas normas comunes a las sucesiones voluntarias, se aborda la regulación de la legítima de los descendientes -límite principal de la libertad de disponer por causa de muerte y, finalmente, la sucesión legal, para cuando no existen o son insuficientes las disposiciones voluntarias.
El artículo segundo enuncia que «la sucesión se defiere por pacto, por testamento o por disposición de la Ley». Los pactos sucesorios y la fiducia sucesoria, fenómenos tan propios de nuestro Derecho, requieren una formulación igualmente propia de las normas generales, que en otros ordenamientos, como el del Código Civil, tienen en cuenta únicamente al testamento como cauce instrumental de sucesión voluntaria, y sólo al testamento unipersonal, con proscripción del mancomunado y de la intervención normal de un tercero en la ordenación de la propia sucesión; mientras que el testamento mancomunado y la fiducia sucesoria tienen un papel central en nuestra vida jurídica. También la existencia de la sucesión troncal tiene su necesario reflejo en el título primero.
En este título primero se encuentra, asimismo, regulación más pormenorizada de cuestiones que ya tenían alguna en la Compilación, como la capacidad para aceptar o repudiar la sustitución legal, la responsabilidad del heredero o el consorcio foral.
El «consorcio foral», reintroducido en la Compilación de 1967 tras vencer algunas dudas, es mantenido en esta Ley en sus rasgos básicos, pero añadiendo precisiones inspiradas en las necesidades de la práctica tanto en la previsión de los hechos que lo originan como en la determinación de sus efectos. En particular, parece llamada a tener frecuente aplicación la permisión de separación de un consorte por el sencillo medio de declarar su voluntad en escritura pública, con lo que tendrían fácil solución algunas situaciones indeseadas puestas de relieve por algunos autores.
Los artículos específicamente dedicados al testamento mancomunado no son muchos, pero todos ellos contienen alguna novedad. La más aparente es la que admite el otorgamiento de estos testamentos por cualesquiera dos personas, «sean o no cónyuges o parientes», mientras la Compilación exigía la condición de cónyuges. Es una apertura que parece adecuada a la realidad presente a la vez que apoyada en la experiencia histórica, pues documentos de varios siglos muestran, aunque no con gran frecuencia, la práctica del testamento mancomunado también entre personas no casadas entre sí. La institución recíproca entre los otorgantes, por otro lado, y, asimismo, a diferencia de lo dispuesto en la Compilación, no producirá los efectos del «pacto al más viviente» salvo que así lo hayan establecido los testadores, según parece más conforme para respetar su verdadera voluntad. Sobre la revocación unilateral del testamento, cuestión de siempre disputada, se ha buscado compaginar la mayor libertad de la misma -salvo en el caso de las disposiciones correspectivas con la lealtad debida al otro otorgante, a quien hay que dar a conocer la revocación para que obre, si quiere, en consecuencia. Por ello se exige que, en todo caso -haya o no cláusulas correspectivas-, la revocación o modificación unilateral se haga en testamento abierto y que el notario la comunique al otro testador, sirviéndose de los datos que necesariamente ha de proporcionarle el revocante. Es también nueva la norma que atiende a las disposiciones de bienes entre vivos por parte de los testadores, para evitar que por este medio se dejen indirectamente sin efecto disposiciones correspectivas que no podrían revocarse o para atribuir a la disposición los efectos de la revocación, todo ello sin entorpecer el tráfico de bienes y la seguridad de los terceros adquirentes.
La doctrina de la invalidez de los testamentos tiene contornos muy borrosos en el Código Civil, dada la ausencia de un régimen legal propio y el recurso necesario, pero no plenamente satisfactorio, a las normas dictadas para los contratos en este Cuerpo legal. Por ello, ha parecido útil distinguir en esta Ley diversas clases de invalidez de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, y las consecuencias de cada una de ellas, con indicación de las correspondientes acciones. Para la distinción de los casos en que opera una u otra clase de nulidad (la que, por dar lugar a acción imprescriptible, la doctrina acaso prefiera denominar de «inexistencia», o aquella otra en que la acción prescribe a los quince años), o bien la anulabilidad, hay que tener en cuenta que los requisitos y formalidades de los testamentos y de la voluntad testamentaria vienen establecidos predominantemente en el Código Civil. Son las consecuencias de la ausencia o infracción de los requisitos lo que especialmente regula esta Ley con régimen específico, atendiendo primordialmente a la ponderación de los intereses en juego y a la seguridad jurídica, que es de creer queda reforzada ya por el simple hecho de la existencia de una regulación legal que permite saber a qué atenerse en cada caso. También la revocación del testamento se ha regulado de manera más realista que en el Código, siguiendo sustancialmente las indicaciones de la jurisprudencia.
El título V, «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», tiene, en un ámbito más limitado, función similar a la del primero en el ámbito total del Derecho de sucesiones. Se perfilan las figuras del heredero y del legatario, así como algunas de sus modalidades, se aportan reglas supletorias o interpretativas de las disposiciones voluntarias y se atiende a algunos otros aspectos en que cabría dudar sobre el alcance de la libertad de los otorgantes.
Por tanto, la legítima, como límite de la libertad de disponer de que gozan los aragoneses, sigue siendo legítima colectiva a favor de los descendientes, no hay más legitimarios que ellos, y el causante puede con la misma normalidad tanto dejar los bienes a uno sólo de ellos (obviamente, también al nieto viviendo el hijo) como distribuirlos en forma tendencialmente igualitaria, todo ello según su criterio.
En consideración al viudo, además, se introducen a su favor algunas desviaciones en las reglas sobre reducción de liberalidades e intangibilidad cualitativa de la legítima. Se define con precisión quiénes son legitimarios de grado preferente, pues de esta condición depende la legitimación para la acción de reducción de liberalidades y la de preterición. La acción de reducción de liberalidades (o de lesión de la legítima colectiva, si atendemos a su causa) es la principal que se ofrece a los legitimarios cuando el causante ha dispuesto infringiendo los límites legales. En efecto, además de ser la que procede cuando el conjunto de los descendientes no ha percibido beneficios en cuantía, al menos, de la mitad del caudal computable, es la única que, en su caso, corresponde a los legitimarios de grado preferente que hayan sido preteridos intencionalmente o excluidos voluntariamente.
Se ha evitado el concepto de «legítima formal», una novedad de la Compilación, que no parece haya podido cumplir la función sistematizadora y de auxilio a la interpretación que cabía esperar de ella. No hay, por tanto, un deber de nombrar o mencionar a ningún legitimario en el acto de disposición «mortis causa». La preterición se ha regulado de acuerdo con la que se entiende debe ser su función propia en nuestro Derecho, que es evitar que un legitimario de grado preferente quede excluido de la herencia sin haberlo querido así el causante, como consecuencia de que éste, al disponer, desconocía la existencia del legitimario o su condición de tal, en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido o desconocer que era descendiente suyo. En estos casos, el legitimario preterido tiene derecho a una porción en el caudal relicto igual a la del menos favorecido por el causante, salvo que preterido haya sido el único o todos los legitimarios de grado preferente, caso en que se produce la delación ab intestato de todo el caudal relicto, a no ser que haya sido designado heredero o legatario algún otro descendiente.
Estas consecuencias son semejantes a las previstas en la Compilación, pero no así los supuestos. En particular, para cuando la preterición sea intencional -cosa que, además, se presume-, ningún derecho o acción específicos nacen para el así excluido por la omisión de toda atribución y mención a su favor. Mención, por lo demás, que para ser suficiente a efectos de evitar la preterición, basta en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura, aun sin disposición alguna o exclusión expresa.
Consiguientemente, la exclusión expresa, como la preterición intencional, no ha de producir otros efectos que, en su caso, el derecho a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, efecto que no es, propiamente, de la preterición o exclusión, sino de la lesión de la legítima. La exclusión voluntaria de un legitimario sin necesidad de alegar causa alguna tiene, sin embargo, otros efectos cuando es absoluta, es decir, cuando el disponente expresa su voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión, lo que le priva en efecto (y salvo que afecte a todos o al único legitimario) incluso del derecho a suceder ab intestato y del de ejercitar la acción de lesión, en los que será sustituido por su estirpe de descendientes si los tuviera.
Puesto que en el Derecho aragonés se ha podido, desde hace siglos, excluir de la herencia a alguno o algunos de los hijos sin más que dejarles, acaso, la manda simbólica de los famosos cinco sueldos o fórmulas similares, ya se comprende el muy distinto y limitado juego que la desheredación propiamente dicha ha tenido en nuestra vida jurídica. Es de suponer que se seguirá manteniendo en tan estrechos límites, pues sólo parece tener sentido práctico cuando el causante quiere excluir de la herencia a todos o al único descendiente, finalidad que no podrá lograr si no concurre y, en su caso, se prueba, alguna de las causas tasadas para ello. Sólo por este camino se puede llegar al excepcional resultado de la extinción de la legítima colectiva.
Para el caso de que falte, total o parcialmente, la ordenación voluntaria de la sucesión, tiene lugar la «sucesión legal», objeto del título VII. Se considera preferible hablar de «sucesión legal» en lugar de sucesión intestada o ab intestato, teniendo en cuenta la posible existencia de los pactos sucesorios. La regulación es formalmente completa, sin remisiones al Derecho supletorio, con pocas variaciones respecto del Derecho ya vigente, pero con desarrollo más detallado que facilite su aplicación.
Naturalmente, se ha conservado la sucesión troncal, calificada expresamente como universal. Sus normas, aunque con otra formulación, no distan mucho de las anteriores, aunque limitando algo los supuestos. Para cuando proceda, la previsión sobre su constancia en las declaraciones de herederos ab intestato facilitará hacer valer sus derechos a los herederos troncales. Se ha prescindido del recobro de dote y firma de dote, por el total desuso de estos institutos, pero se mantiene el de liberalidades hechas a favor de descendientes o hermanos.
Por lo demás, la sucesión de los descendientes y, respecto de los bienes no troncales ni recobrables, a favor de los ascendientes, el cónyuge y los colaterales queda regulada sin alteración de fondo, con el mismo límite del cuarto grado y la anteposición del cónyuge a todos los colaterales que la reforma del Código Civil de 1981 introdujo en Aragón. Aunque la valoración de este criterio, perfectamente asumido en ambientes ciudadanos, quizá difiera en las distintas comarcas de Aragón, la existencia de normas propias para los bienes troncales lo hace adecuado para todos.
La «Parte final» de la Ley consiste en una disposición adicional, diez disposiciones transitorias, una sencilla pero fundamental, disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Con anterioridad se ha aludido, al hacer referencia a la sustitución legal, a la disposición transitoria cuarta, que contiene regla especial para unos casos, asimismo, especiales. En cuanto a la disposición transitoria décima, sobre preterición, acaso no fuera imprescindible, pues la interpretación llevaba en el Derecho de la Compilación a la misma regla que la más claramente expresada en la presente Ley, pero se ha considerado prudente introducirla para disipar toda posible duda.
La disposición final primera da una nueva redacción al Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, es decir, los tres primeros artículos de ésta. La finalidad es expresar con mayor rigor y justeza el sistema de fuentes del Derecho Civil de Aragón, para lo que tiene competencia plena la Comunidad Autónoma en virtud del inciso final del artículo 149.1.8. a de la Constitución. La nueva redacción respeta al máximo el texto anterior de estos artículos, que es de notable altura técnica y está bien consolidado en nuestra cultura jurídica, modificándolo en lo necesario para expresar mejor el sistema ya existente como consecuencia de los cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Resulta cuando menos oportuna esta modificación del texto del Título Preliminar de la Compilación, al tiempo que se aprueba la primera Ley aragonesa de Derecho Civil distinta y aparte de la compilación, pues al decir el artículo primero de ésta, en su redacción anterior, que «constituyen el Derecho Civil de Aragón... las disposiciones de esta Compilación...» parecía dar a entender que no hay ni puede haber otra Ley aragonesa de Derecho Civil que la propia compilación. Expresión, por tanto, ocasionada a error, que entraría en contradicción con la existencia de la presente Ley y las posibles iniciativas futuras del legislador aragonés.
En los artículos segundo y tercero se aclara que no hay más normas imperativas o prohibitivas aplicables en el Derecho Civil de Aragón -límites, en consecuencia, tanto de la costumbre como del principio «standum est chartae» que las del Ordenamiento jurídico aragonés y las superiores al mismo, es decir, la Constitución; evitando así alguna duda interpretativa a la que acaso se prestaba el texto antes vigente, que fue redactado en el marco jurídico preconstitucional. Naturalmente, en el ámbito de la competencia del Estado, las normas imperativas del Código Civil y de las demás leyes estatales producirán sus efectos propios, conforme al sistema de fuentes estatal; pero es igualmente claro que las normas del Código Civil o de otras leyes del Estado, en cuanto actúan como supletorias de las aragonesas en el ámbito de la exclusiva competencia autonómica, operan únicamente en defecto, no sólo de Ley, sino también de costumbre y después de que despliegue todos sus efectos el principio «standum est chartae», es decir, en la forma indicada en el apartado 2 del artículo 1.º
Para propiciar, aun en limitada medida, una mayor aplicación de las normas consuetudinarias, en el artículo 2.º de la Compilación se sustituye la expresión «el propio conocimiento» por la de «las propias averiguaciones», que es la que proponían todos los proyectos de compilación elaborados en Aragón en los años sesenta. Aunque bien podía entenderse que el propio conocimiento incluía la realización de averiguaciones para formarlo, la invitación más explícita a los jueces y tribunales a averiguar con los medios que las leyes de procedimiento les brindan la vigencia de una costumbre es acorde, a la vez, con la creciente iniciativa que van asumiendo legalmente en los procesos civiles y con la conveniencia de que no dejen de aplicarse, cuando proceda, costumbres realmente existentes.
Por último, la disposición final segunda prevé una «vacatio legis» superior a la ordinaria, que se ha estimado conveniente dada la extensión y trascendencia de la Ley para que la sociedad y los profesionales del Derecho puedan conocer suficientemente el alcance de las nuevas normas.
Artículo 1. La sucesión por causa de muerte.
Artículo 2. Modos de delación.
Artículo 3. Ordenación voluntaria.
El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio «standum est chartae».
Artículo 4. Sucesores por causa de muerte.
Artículo 5. Momento y lugar de apertura de la sucesión.
1. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante y en el lugar de su último domicilio.
Artículo 6. Momento de la delación.
Artículo 7. Adquisición de la herencia.
Artículo 8. Ineficacia del llamamiento voluntario.
Artículo 9. La herencia yacente.
Artículo 10. Capacidad sucesoria de las personas físicas.
3. Si el causante ha expresado en debida forma su voluntad de fecundación asistida «post mortem» con su material reproductor, los hijos así nacidos se considerarán concebidos al tiempo de la apertura de la sucesión siempre que se cumplan los requisitos que la legislación sobre esas técnicas de reproducción establece para determinar la filiación.
Artículo 11. Llamamientos a favor de no nacidos.
Artículo 12. Capacidad sucesoria de las personas jurídicas.
Artículo 13. Causas de indignidad.
Artículo 14. Momento para calificar la capacidad.
Artículo 15. Efectos de la indignidad.
Artículo 16. Deber de restitución.
Artículo 17. Rehabilitación del indigno.
Artículo 18. Caducidad de la acción.
Salvo previsión en contrario del disponente, los descendientes de un llamado a título universal o particular o legitimario de grado preferente ocupan el lugar de éste en la sucesión o en la legítima por sustitución legal en los casos previstos en esta Ley.
Artículo 21. Sucesiones voluntarias.
1. En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar cuando el llamado ha premuerto o ha sido declarado ausente o indigno de suceder.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de grado, del sustituido que, a su vez, sea descendiente o hermano del causante.
Artículo 22. Sucesión paccionada.
Las reglas del artículo anterior son de aplicación a la sucesión paccionada, salvo en el caso de premoriencia del instituido al instituyente regulado en el artículo 72.
Artículo 23. Sucesión legal.
Artículo 24. Sustitución legal en la legítima.
Artículo 26. Inexistencia en caso de renuncia.
Artículo 27. Libertad para aceptar o repudiar.
Artículo 28. Caracteres de la aceptación y la repudiación.
Artículo 29. Diversidad de llamamientos a una misma herencia.
Artículo 30. Aceptación y repudiación parcial.
1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce años no incapacitadas; pero para repudiarla los menores de edad mayores de catorce años, aunque estén emancipados, necesitarán la asistencia que requiere la Compilación del Derecho Civil.
2. La aceptación y la repudiación de las atribuciones deferidas a menores de catorce años o a incapacitados sometidos a tutela o a autoridad familiar prorrogada o rehabilitada corresponde a sus representantes legales; pero para repudiarlas necesitan autorización de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorización judicial, se entenderá automáticamente aceptada la atribución sucesoria.
Artículo 32. Aceptación y repudiación por las personas jurídicas.
La capacidad y los requisitos para la aceptación y repudiación de las herencias deferidas a las personas jurídicas de derecho público o privado se rigen por las normas que específicamente les sean aplicables. A falta de éstas, se aplican a la aceptación las reglas de la persona jurídica relativas a los actos de administración y a la repudiación las reglas de los actos de disposición de bienes.
Artículo 33. Interpelación.
Artículo 34. Formas de aceptación.
Artículo 35. Aceptación tácita.
Artículo 36. Forma de la repudiación.
Artículo 37. Efectos de la repudiación.
Artículo 38. Repudiación en perjuicio de acreedores.
Artículo 39. Transmisión del derecho a aceptar o repudiar.
Artículo 40. Limitación de la responsabilidad del heredero.
2. Sin embargo, cuando los bienes heredados existentes no sean suficientes, el heredero responderá con su propio patrimonio del valor de lo heredado que enajene, consuma o emplee en el pago de créditos hereditarios no vencidos, así como del valor de la pérdida o deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes heredados.
Artículo 41. Cargas hereditarias.
Artículo 42. Separación de patrimonios.
Artículo 43. Embargo de bienes del heredero.
Artículo 44. Preferencias.
Artículo 45. Pago de deudas y legados.
Artículo 46. Formas de pago.
SECCIÓN 1.ª COLOCACIÓN
Artículo 47. Voluntariedad.
Artículo 48. Liberalidades no colacionables.
Cuando el causante hubiera dispuesto la colación de las liberalidades hechas por él, no se entenderán comprendidos, salvo que expresamente así lo declare, las liberalidades y gastos a que se refiere el apartado 2 del artículo 174.
Artículo 49. Práctica de la colación.
Artículo 50. Derecho a la división.
2. No obstante, el disponente podrá ordenar que tanto respecto a la herencia como a bienes concretos de ésta no se proceda a la partición durante un tiempo determinado, que no podrá exceder de quince años a contar desde la apertura de la sucesión, o por el tiempo en que los bienes estén sujetos al usufructo del viudo. Igualmente, los partícipes podrán convenir unánimemente la indivisión por un plazo máximo de quince años. En ambos casos, podrá prorrogarse la indivisión por acuerdo unánime de los partícipes por término que, cada vez, no sea superior a quince años.
1. En representación de los menores de catorce años o incapacitados, solicitarán la partición e intervendrán en ella:
2. No será necesaria la intervención conjunta de ambos padres ni la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se limite a adjudicar pro indiviso a los herederos en la proporción en que lo sean todos los bienes integrantes de la herencia.
1. Los menores de edad mayores de catorce años pueden solicitar la partición e intervenir en ella con la asistencia prevista en el artículo 5 de la Compilación del Derecho Civil.
Artículo 53. Partición por el disponente.
Artículo 54. Responsabilidad antes de la partición.
Artículo 55. Derechos de los acreedores.
Artículo 56. Responsabilidad después de la partición.
Artículo 57. Acción de regreso entre coherederos.
Artículo 58. Consorcio foral.
Artículo 59. Efectos.
1. Vigente el consorcio foral, sólo son válidos los actos de disposición, inter vivos o mortis causa, realizados por un consorte sobre su cuota en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran cuando se otorguen a favor de sus descendientes, que con ello adquirirán la condición de consortes, o de otro consorte.
Artículo 60. Separación de un consorte.
Artículo 61. Disolución del consorcio.
Artículo 62. Validez y forma.
Artículo 63. Capacidad.
Artículo 64. Carácter personalísimo.
Artículo 65. Modalidades.
Artículo 66. Contenido.
Artículo 67. Idioma de los pactos sucesorios.
Artículo 68. Carácter de las donaciones.
Artículo 69. Interpretación y normas supletorias.
1. Los pactos sucesorios se interpretarán, de conformidad con el principio «standum est chartae», en los términos en que hayan sido redactados, atendiendo a la costumbre, usos y observancias del lugar, a los que deberá estarse cuando el pacto se refiera a determinadas instituciones consuetudinarias.
Artículo 70. Aceptación de la herencia o legado.
Artículo 71. Clases.
Artículo 72. Derecho de transmisión.
Artículo 73. «Señorío mayor».
Artículo 74. Efectos.
Artículo 75. Disposición de los bienes entre vivos.
Artículo 76. Responsabilidad de los bienes transmitidos.
Artículo 77. Efectos.
Artículo 78. Disposición de los bienes entre vivos.
Artículo 79. Responsabilidad de los bienes.
Artículo 80. Efectos.
Artículo 81. Supervivencia de descendientes.
Artículo 82. Adquisición de la herencia o legado.
Artículo 83. Disposición de los bienes entre vivos.
Artículo 84. Validez y modalidades.
Artículo 85. Modificación y revocación convencional.
Artículo 86. Revocación unilateral.
2. La revocación unilateral deberá hacerse en escritura pública. El Notario la notificará a los demás otorgantes dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la revocación.
Artículo 87. Efectos de la revocación en la institución de presente.
Artículo 88. Efectos en las estipulaciones recíprocamente condicionadas.
Artículo 89. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Artículo 90. Voluntad testamentaria.
Artículo 91. Tipos de testamento.
Artículo 92. Caracteres comunes.
Artículo 93. Capacidad para testar.
Artículo 94. Forma de los testamentos.
Artículo 95. Testamento mancomunado cerrado.
Artículo 96. Testamento mancomunado ológrafo.
Artículo 97. Idioma del testamento
Artículo 98. Testigos en el testamento notarial.
Artículo 99. Número y capacidad de los testigos.
Artículo 100. Incapacidad para ser testigo.
Artículo 101. Interpretación del testamento.
Artículo 102. Testadores.
Artículo 103. Apertura de la sucesión.
Artículo 104. Institución recíproca entre otorgantes.
Artículo 105. Disposiciones correspectivas.
Artículo 106. Revocación.
3. La revocación o modificación unilateral de disposiciones correspectivas sólo podrá hacerla un testador en vida del otro o, después, si concurre alguna causa de las que posibilitan la revocación unilateral de los pactos sucesorios, y producirá la ineficacia total de las disposiciones correspectivas del otro. Todo ello salvo que en el testamento o en el contrato sucesorio se prevea otra cosa.
Artículo 107. Disposición de bienes entre vivos.
Artículo 108. Invalidez del testamento.
Artículo 109. Invalidez de la disposición testamentaria.
Artículo 110. Error en la indicación de la persona o de los bienes.
Artículo 111. Acción de nulidad.
Artículo 112. Acción de anulabilidad.
Artículo 113. Límites en el ejercicio de la acción.
Artículo 114. Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar.
Artículo 115. Conversión del testamento nulo.
Artículo 116. Facultad de revocación.
3. Se tendrá por no escrita cualquier cláusula que contraríe la facultad de revocación, como la derogatoria de disposiciones futuras o aquella en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no lo hiciere con ciertas palabras o señales.
Artículo 117. Revocación.
El testamento anterior queda revocado por el pacto sucesorio o testamento posteriores perfectos, salvo que del contenido de éstos se infiera la subsistencia del anterior testamento en todo o en parte. Se presume la subsistencia cuando el pacto sucesorio o testamento no tienen contenido patrimonial o éste se limita a sólo una parte del caudal hereditario.
Artículo 118. Revocación e ineficacia del pacto o testamento revocatorio.
Artículo 119. Otorgamientos en el mismo día.
Artículo 120. Inutilización del testamento cerrado.
2. Este testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si aparecieren rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar, además, la autenticidad del testamento para su validez.
Artículo 121. Inutilización del testamento ológrafo.
Artículo 122. Supuestos de ineficacia.
Artículo 123. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Artículo 124. Comitente.
Artículo 125. Fiduciarios.
Artículo 126. Subsidiariedad.
Artículo 127. Forma del nombramiento.
Artículo 128. Revocación del nombramiento.
Artículo 129. Plazo.
Artículo 130. Cómputo del plazo.
Artículo 131. Prórroga del plazo.
Artículo 132. Reducción del plazo.
Artículo 133. Delación.
Artículo 134. Administrador y representante.
Artículo 135. Inventario.
Artículo 136. Obligaciones y cargas.
c) Los gastos de conservación de los bienes, los tributos, primas de seguro u otros gastos a que se hallen afectos aquéllos, así como las obligaciones contraídas por el administrador en la gestión de los negocios del causante o que se deriven de su explotación, en cuanto no hayan de ser satisfechos por el cónyuge usufructuario.
Artículo 137. Contenido de la administración y representación.
Artículo 138. Facultades de disposición.
Artículo 139. Disposición habiendo legitimarios.
Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición de los inmuebles por naturaleza y de los muebles como sitios a que se refiere el artículo 39 de la Compilación del Derecho Civil será necesaria la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, siendo todos los legitimarios menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente.
Artículo 140. Facultades de liquidación.
Artículo 141. Forma.
Artículo 142. Modo de actuar.
Artículo 143. Eficacia.
Artículo 144. Integrantes de la fiducia colectiva.
Artículo 145. Ejecución de la fiducia colectiva.
Artículo 146. Sucesión de la casa.
Artículo 147. Pérdida de la condición de fiduciario.
Artículo 148. Extinción de la fiducia.
Artículo 149. Sucesión voluntaria.
Artículo 150. No exigencia de la institución de heredero.
2. En estos casos se cumplirán las disposiciones paccionadas o testamentarias hechas con arreglo a las herederos legales, abriéndose para ellos la sucesión legal.
Artículo 151. Nombramiento de heredero.
Artículo 152. Heredero «ex re certa».
3. El instituido en el derecho de usufructo de la herencia, o de una parte o cuota de ella, cuando la voluntad del disponente es que sea heredero, tiene la consideración de heredero «ex re certa».
Artículo 153. Legado de parte alícuota.
Artículo 154. Distribución de toda la herencia en legados.
Artículo 155. Certeza de la designación.
Artículo 156. Motivación de la disposición.
Artículo 157. Concurrencia de designados.
Artículo 158. Disposición a favor del alma o a favor de los pobres.
Artículo 159. Disposición a favor de parientes o herederos.
Artículo 160. Prohibiciones de adquirir por causa de muerte.
a) El Notario autorizante del acto o las personas ante las que se otorgan los testamentos especiales, y su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado.
Artículo 161. Condiciones válidas.
Artículo 162. Adquisición del legado.
Artículo 163. Derecho de transmisión.
Artículo 164. Posesión del legado.
Artículo 165. Prelación entre legatarios.
Artículo 166. Casos en que procede.
Artículo 167. Acrecimiento por grupos.
Artículo 168. Efectos del derecho de acrecer.
Artículo 169. Carácter dispositivo.
Artículo 170. Testamento mancomunado.
Artículo 171. Legítima colectiva.
Artículo 172. Títulos de atribución.
Artículo 173. Legitimarios de grado preferente.
Artículo 174. Cálculo.
Artículo 175. Imputación.
Artículo 176. Liberalidades no imputables.
Artículo 177. Renuncia a la legítima.
Artículo 178. Prescripción de acciones.
Artículo 179. Lesión de la legítima.
Artículo 180. Prelación en la reducción de liberalidades.
Artículo 181. Forma de practicar la reducción.
Artículo 182. Cumplimiento en bienes relictos.
Artículo 183. Prohibición de gravámenes sobre la legítima.
Artículo 184. Efectos de la infracción.
Artículo 185. Cautelas de opción compensatoria.
b) Y que si se optara por la atribución gravada, el conjunto de liberalidades recibidas por los legitimarios cubra, además, la mitad de la parte de libre disposición.
Artículo 186. Gravámenes permitidos.
Artículo 187. Justa causa de gravamen.
Artículo 188. Supuestos de preterición.
1. Se entienden preteridos aquellos legitimarios de grado preferente que, no favorecidos en vida del causante ni en su sucesión legal, no han sido mencionados en el pacto o testamento o en el acto de ejecución de la fiducia.
Artículo 189. Mención suficiente.
Artículo 190. Preterición intencional.
Artículo 191. Preterición no intencional.
Artículo 192. Consecuencias de la preterición intencional.
Artículo 193. Consecuencias de la preterición no intencional.
2. Cuando todos o el único legitimario de grado preferente hayan sido preteridos no intencionalmente y no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, se produce la delación ab intestato de todo el caudal relicto.
Artículo 194. Desheredación con causa legal.
Artículo 195. Causas legales de desheredación.
Artículo 196. Efectos de la desheredación con causa legal.
Artículo 197. Exclusión voluntaria de descendientes.
Artículo 198. Exclusión absoluta.
2. Los excluidos absolutamente quedan privados del derecho a suceder ab intestato y del de ejercitar la acción de lesión que pudiera corresponderles, en los que serán sustituidos por sus estirpes de descendientes si los tuvieran.
3. No obstante, si la exclusión absoluta afecta a todos o al único legitimario, conservarán el derecho a suceder ab intestato y a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.
Artículo 199. Error en el motivo o la causa.
Artículo 200. Derecho a alimentos.
Artículo 201. Procedencia.
Artículo 202. Orden de sucesión legal.
2.º Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos si no hay parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza.
Artículo 203. Diversidad de llamamientos universales.
Artículo 204. Principio de proximidad de grado.
Artículo 205. Ineficacia del llamamiento.
2. Quienes reciban la porción del llamado ausente, deberán cumplir las obligaciones que impone la normativa sobre la ausencia.
Artículo 206. No discriminación.
Artículo 207. Sucesión a favor de los hijos.
Artículo 208. Sucesión a favor de otros descendientes.
Artículo 209. Recobro de liberalidades.
Artículo 210. Recobro, habiendo descendientes.
Artículo 211. Sucesión troncal.
1.º A los hermanos por la línea de donde procedan los bienes, sustituidos por sus respectivas estirpes de descendientes. Habiendo sólo hijos o sólo nietos de hermanos, la herencia se deferirá por cabezas.
Artículo 212. Bienes troncales de abolorio.
Artículo 213. Bienes troncales simples.
Artículo 214. Sucesión a favor de los padres.
1. La herencia se defiere al padreyalamadre por partes iguales.
Artículo 215. Sucesión a favor de otros ascendientes.
Artículo 216. Sucesión a favor del cónyuge viudo.
Artículo 217. Sucesión a favor de hermanos y sobrinos.
3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo, la herencia se defiere a los primeros por derecho propio y a los segundos por sustitución legal.
Artículo 219. Sucesión a favor de otros colaterales.
Artículo 220. Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma.
Artículo 221. Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
Disposición adicional única. Régimen tributario de las instituciones civiles aragonesas.
Disposición transitoria primera. Norma general.
Disposición transitoria segunda. Validez de los actos por causa de muerte anteriores a la Ley.
Disposición transitoria tercera. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía.
Disposición transitoria cuarta. Sustitución legal.
2. No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado antes de la entrada en vigor de esta Ley se hubiera previsto expresamente la aplicación del régimen contenido en el artículo 141 de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen el que se aplique.
Disposición transitoria quinta. Normas sobre aceptación, repudiación y partición.
Disposición transitoria sexta. Consorcio foral.
Disposición transitoria séptima. Sucesión paccionada.
Disposición transitoria octava. Modificación o revocación de actos y disposiciones por causa de muerte.
Disposición transitoria novena. Fiducia sucesoria.
Disposición transitoria décima. Preterición.
Disposición derogatoria única. Derogación del Libro II de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
Queda derogado por la presente Ley el Libro II, «Derecho de sucesión por causa de muerte», artículos 89 a 142, de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
Disposición final primera. Modificación del Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
Conforme al principio "standum est chartae", se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constituciónoalas normas imperativas del Derecho aragonés.»
Zaragoza, 24 de febrero de 1999.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 26, de 4 de enero de 1999)
Fecha de disposición: 24/02/1999
Publicada en el BOA núm. 26, de 4 de enero de 1999.
los arts. 31, 51, y 52, por Ley 13/2006, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-1616).
los arts. 139, 202.2.2 y 221, por Ley 2/2003, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2003-5182).
DEROGA el libro II y MODIFICA el título preliminar de la Compilación, aprobada por Ley 15/1967, de 8 de abril (Ref. BOE-A-1967-5590).