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Timestamp: 2018-11-13 16:20:56
Document Index: 317749296

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 2008-00251 de mayo 19 de 2011
SENTENCIA 2008-00251 DE 19 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LÍNEA JURISPRUDENCIAL RELACIONADA CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ISS, CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2008-00251 de mayo 19 de 2011
Ref.: Expediente 250002325000200800251 01
Nº Interno: 1742-2010
Actor: Norma Constanza Serrato Jiménez
Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil once
Consiste en determinar si la señora Norma Constanza Serrato Jiménez tiene derecho a que la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En Liquidación le pague las prestaciones legales y convencionales que le adeuda como consecuencia del contrato realidad suscrito para el desempeño del cargo de médico general, y por ende se declare que la vinculación fue legal y reglamentaria; o si por el contrario, los contratos y órdenes de prestación de servicios fueron celebrados conforme a la ley.
Oficio LCGS-LIQ 2237-2007 de 31 de octubre de 2007, suscrito por la agente liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En liquidación que resolvió la petición de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales conforme a la convención colectiva de trabajadores del ISS, negándola en razón a que la vinculación fue mediante contrato de prestación de servicios no en calidad de servidora pública o trabajadora oficial (fls. 4-7).
Entre la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento y la actora se suscribieron sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales como médica general, a efectos de lo cual se relacionan los siguientes:
• Nº VA 15511 de 14 de junio de 2003 con un plazo de 5 meses, por valor de $ 10.488.700 (fls. 242-243).
• Acta Modificatoria del Contrato Nº VA 15511 de 1º de diciembre de 2003, que adicionó por a meses y 15 días más el plazo, por un valor de 5.244.350 (fl. 242).
• Nº 0141-03 de 28 de octubre de 2003 con un plazo de 1 mes y 8 días meses, por valor de $1.045.937 (fl. 240).
• Nº 1352-04 de 16 de febrero de 2004 con un plazo de 1 mes, por valor de $ 2.097.740 (fls. 249-250).
• No. 4892-04 de 16 de marzo de 2004 con un plazo de 1 mes y 15 días, por valor de $ 3.146.610 (fls. 251-252).
• Nº 7085-04 de 30 de abril de 2004 con un plazo de 2 meses, por valor de $ 4.195.480 (fls. 253-254).
• Nº 9469-04 de 1º de julio de 2004 con un plazo de 4 meses, por valor de $ 8.390.960 (fls. 255-257).
• Nº 10960-04 de 1º de noviembre de 2004 con un plazo de 2 meses y 15 días, por valor de $ 5.244.350 (fls. 263-265).
• Convenio Modificatorio del contrato 10960-04 que adicionó por 15 días más el plazo, por un valor de $ 1.048.870 (fl. 271).
• Nº 1066-05 de 21 de enero de 2005 con un plazo de 4 meses, por valor de $ 8.390.960 (fls. 272-274).
• Nº 04785-05 de 1º de junio de 2005 con un plazo de 3 meses, por valor de $ 6.293.220 (fls. 276-277).
• Nº 11184-06 de 1º de febrero de 2006 con un plazo de 3 meses días, por valor de $ 6.607.881 (fls. 92-94).
• Convenio modificatorio del contrato 11184-06 de 28 de febrero de 2006, que adicionó por 30 días más el plazo, por un valor de $ 2.202.627 (fl. 95).
• Nº 14068-06 de 1º de junio de 2006 con un plazo de 3 meses días, por valor de $ 6.607.881 (fls. 96-98).
• Convenio modificatorio del contrato 14068-06 que adicionó por 40 días más el plazo, por un valor de $ 2.936.836 (fl. 99).
• Nº 16073-06 de 11 de octubre de 2006 con un plazo de 1 mes y 20 días, por valor de $ 3.671.045 (fls. 100-102).
• Nº 19014-06 de 1º de diciembre de 2006 con un plazo de 1 mes y 4 días, por valor de $ 2.496.311 (fls. 103-105).
• Nº 10929-07 de 5 de enero de 2007 con un plazo de 4 meses, por valor de $ 11.453.660 (fls. 106-108).
• Convenio modificatorio del contrato 10929-07 que adicionó por 60 días más el plazo, por un valor de $ 5.726.830 (fl. 109).
• Nº 04590-07 de 5 de julio de 2007 con un plazo de 2 meses y 26 días, por valor de $ 8.208.456 (fls. 360-362).
A folios 111, 112, 244, 245, 258-259, 266-267, 286, 287-289, 304, 309, 341, 363-364, obran las pólizas de seguro de cumplimiento ante entidades estatales.
A folios 312-313, 359, 366 obran las planillas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones del ISS de la actora.
A folio 291 fue incorporado el certificado de disponibilidad presupuestal de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento para la Vigencia Fiscal 2006 por un valor de $ 3.900.000.000 para amparar la contratación asistencial.
El gerente de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento el 1º de febrero de 2006, certificó que no existe el personal de planta suficiente para ejercer las actividades encaminadas a prestar los servicios asistenciales y administrativos de la entidad, por lo que se hace necesaria la vinculación adicional mediante contratos (fl. 292).
Por oficio ESE LCGS LIQ 001525 de 3 de septiembre de 2007, la agente liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En Liquidación le informó a la demandante la terminación unilateral del contrato 04590-07 porque la entidad se encontraba en liquidación y no continuaría desarrollando la prestación de los servicios de salud (fl. 365).
A folio 3 obra la petición elevada por la actora ante la agente liquidadora de la entidad, solicitándole el pago de las prestaciones sociales conforme a la convención colectiva de los trabajadores del ISS.
Mediante el oficio LCGS-LIQ 2237-2007 de 31 de octubre de 2007, la agente liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En Liquidación resolvió la anterior solicitud negándola (fls. 4-7) (acto acusado).
El coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de la Protección Social certificó que dentro del Kardex de la entidad aparece registrada la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de los Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, Sintraseguridadsocial, vigente desde el 1º de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004 (fl. 113).
De folios 116 a 185 fue incorporada la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial.
De folios 393 a 399 obra el Manual específico de funciones y requisitos para los médicos de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento y la lista de los empleados de planta.
A folio 400 obra la lista de las dotaciones entregadas por el ISS a los trabajadores.
De folios 418 a 458 obra la lista del personal que de la Clínica San Pedro Claver pasó a la ESE accionada.
La actora sostiene que de las pruebas allegadas al proceso puede concluirse que entre ella y la Entidad hubo una vinculación legal y reglamentaria, porque cumplió las mismas funciones que los empleados de planta de la ESE, razón por la cual debe reconocérsele dicho status en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.
De la citada norma no puede inferirse que la condición de empleado público se pueda alcanzar por el hecho de desarrollar una actividad, sino que por el contrario, el ordenamiento jurídico estableció expresamente los presupuestos que deben cumplirse para tal efecto.
El artículo 122 de la Constitución preceptúa los requisitos para ostentar un empleo público, con el siguiente tenor literal:
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas...”.
El artículo 125 ibídem establece:
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”.
Para hablar de empleo público se requiere, entonces, satisfacer sus elementos esenciales, cuales son: funciones asignadas; requisitos exigidos para desempeñarlo; remuneración correspondiente; e incorporación en una planta de personal.
Esta Sala, mediante sentencia de 30 de marzo de 2006, magistrado ponente Tarsicio Cáceres Toro, expediente 4885-2004, sobre el mismo tema dijo:
“De lo anterior se infiere que para alcanzar la condición de empleado público es necesario que se profiera un acto administrativo que ordene la respectiva designación; que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio. Ninguno de los supuestos antes mencionados está probado en este proceso, ni la actora ingresó por concurso, ni el cargo está contemplado en la planta de personal, ni tomó posesión del empleo, pues se repite, para acceder a un determinado cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos y condiciones señalados en la constitución y en la ley; y ello porque el sólo hecho de trabajar para el Estado no confiere la condición de empleado público”.
De las pruebas que fueron arrimadas al plenario para determinar la existencia de una relación laboral entre la actora y la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, se destacan los Contratos de Prestación de Servicios junto con las modificaciones o adiciones, celebrados desde octubre de 2003 hasta julio de 2007(11).
Convención colectiva de trabajadores del ISS
La actora solicita que se concedan las pretensiones aplicando la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, vigente desde el 1º de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004 (fl. 113)(12).
El artículo 3º de la convención dispuso lo siguiente:
“ART. 3º—Beneficiarios de la convención Serán beneficiarios de la presente convención colectiva de trabajo los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes y los que por futuras modificaciones de estas normas asuman tal categoría, que sean afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, o que sin serlo no renuncien expresamente a los beneficios de esta convención, según lo previsto en los artículos 37, 38 y subsiguientes del Decreto Ley 2351 de 1965 (CSC). Para efectos de la aplicación de lo establecido en el presente artículo, el ISS le reconoce su representación mayoritaria.
Igualmente, serán beneficiarios de la presente convención colectiva de trabajo los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de los Seguros Sociales, afiliados a: Sintraiss, Asmedas, Andec, ANEC, Asteco, Asocolquifar, Acodin, Asincoltras, Asbas, Asdoas, Aciteq.
Para el caso de los médicos que laboran en el Instituto y que adquirieron la calidad de empleados públicos en razón del Decreto 416 de 1997 serán beneficiarios al tenor del Decreto 604 de 1997.
En el caso del personal de trabajadores oficiales al servicio del instituto representados por Sintraseguridadsocial, la organización gremial que pretenda su representación, deberá acreditar el 75% o más de afiliados dentro del ISS de conformidad con la ley”.
De acuerdo al artículo 3º de dicha convención, para ser beneficiario es necesario ostentar la calidad de trabajador oficial vinculado a la planta de personal del ISS o en el caso de los médicos haber adquirido la calidad de empleado público en virtud del Decreto 416 de 1997, circunstancias en las que no se encuentra la demandante, pues dentro del expediente no existe ningún documento que permita inferir que estuvo vinculada con dicha entidad bajo un régimen distinto al de contratista de prestación de servicios(13).
La Corte Constitucional, en Sentencia C- 154 de 1.997, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y aquel de prestación de servicios, así:
“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(14).
Tal posición ha sido adoptada por la Sala en los siguientes términos(15):
La demandante en el recurso de apelación manifestó que no se desempeñó con autonomía e independencia en el desarrollo de sus funciones como médica general porque a pesar de que su vinculación fue mediante contrato de prestación de servicios, en realidad desempeñó las mismas funciones en iguales condiciones que los empleados de planta.
De las pruebas que fueron arrimadas al plenario para determinar la existencia de una relación laboral entre la demandante y la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, se destacan alrededor de 16 contratos de prestación de servicios y sus adiciones o modificaciones, visibles a folios 92-109. 240-243, 249, 253-257, 263-265, 271-274, 276-277, 360-362 del expediente, cuyo objeto contractual es el siguiente:
“Objeto: El contratista se obliga para con la empresa a prestar los servicios ofertados que se concretan en la carta oferta presentada por el contratista, requeridos por la entidad, además de responsabilizarse del inventario que el asigne La empresa para el desarrollo de las actividades contratadas; mantener la debida reserva y discreción de los asuntos que conozca en razón de sus actividades; manejar adecuadamente los elementos que La empresa le entregue para el desarrollo de sus actividades y devolverlas a la terminación del contrato, cumplir oportunamente con los informes de actividades ante el supervisor del contrato; (...)”.
De las propuestas de prestación de servicios profesionales presentadas por la actora como médico general (fls. 262, 275, 293 y 367) se destacan las siguientes actividades:
1. Atención de consulta de urgencias de acuerdo con los procedimientos médicos establecidos.
2. Atención de consulta programada.
3. Atención del paciente hospitalizado.
4. Cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.
5. Ejercer su profesión dentro del estado de la técnica reconocida, con moral y ética.
6. Emitir conceptos técnicos sobre suministros, materiales y equipamiento, cuando se lo solicite por escrito.
7. Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente.
8. Participar en comités técnicos de calidad.
9. Participar en estudios de caso.
10. Realización de ayudas quirúrgicas.
11. Realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos urgentes y/o programados en consultorio.
12. Responder interconsultas.
13. Mantener la debida reserva y discreción de los asuntos que conozca en razón de sus actividades.
14. Manejar adecuadamente los elementos que utilice para el desarrollo de sus actividades.
15. Cumplir oportunamente con los informes de actividades ante el interventor del contrato.
Ahora bien, respecto de la subordinación, en losa (sic) testimonios rendidos por Jorge Luís Chero Farias (fls. 214-217), Danys Raquel Mercado Barraza (fls. 230-233) y Liliana María Vega Fragozo (fls. 234-237), médicos de la ESE, son coincidentes en afirmar que la accionante se desempeñó como médico general, atendiendo urgencias, cumplía los turnos y horarios, y atendía a los pacientes establecidos; debiendo comprar una póliza de cumplimiento del contrato, cumplía los protocolos de manejo del servicio en igualdad de condiciones que los demás funcionarios; esto aunado con la circunstancia de que en la entidad existían cargos de planta para médicos generales (fls. 418-458).
En conclusión, durante toda su vinculación como contratista con la entidad, la demandante realizó funciones similares a los demás médicos generales de la entidad, pues el hecho de guardar reserva sobre historias clínicas y asuntos relacionados con su actividad, la aplicación de procedimientos científicos, protocolos y demás, son inherentes a la profesión que ejercen; y el cumplimiento de turnos y horarios evidencian no sólo la relación de coordinación entre las partes, sino una subordinación respecto de la Institución.
Si bien es cierto que dentro del plenario no existen pruebas documentales que demuestren claramente el elemento de subordinación, Vr. gr., llamados de atención, memorandos, sanciones, felicitaciones, investigaciones disciplinarias etcétera, que permitan afirmar que dependía del superior jerárquico, recibiendo órdenes continuas y realmente subordinadas, también lo es, que tal elemento debe ser apreciado con el conjunto de las pruebas obrantes (testimonios y la planilla de turnos) como uno de los indicios que contribuyen a la convicción del juez sobre la situación fáctica materia de conocimiento.
En el caso de autos, según obra en el plenario, se suscribieron con la demandante contratos de prestación de servicios, de forma continua e ininterrumpida. No se trató, entonces, de una relación o vínculo de tipo esporádico u ocasional sino de una verdadera relación de trabajo que, por ello, requirió de la continuidad durante más de tres años, constituyéndose en un indicio claro de que bajo la figura del contrato de prestación de servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral, en idénticas condiciones a las del médico general de planta.
Acerca de la vinculación bajo la aparente figura de un contrato de prestación de servicios, esta Sala en sentencia de 22 de julio de 2010, Exp.: 2785-2008, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, en un caso análogo, concluyó lo siguiente:
“2.4 Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios.
El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado[3]
Adicionalmente, el artículo 25 constitucional, establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza “...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes. (...)”(16).
En consecuencia la Sala sintetiza lo expuesto, de la siguiente manera:
1. La actora no ostenta el carácter de empelada pública ni tampoco de trabajadora oficial, porque su vinculación se hizo mediante la figura de contrato de prestación de servicios.
2. No es beneficiaria de la convención colectiva del ISS, razón por la cual no procede ningún reconocimiento prestacional en relación con las normas allí pactadas.
3. El acervo probatorio evidenció que en el sub-lite se configuró un contrato realidad, es decir, que a pesar de la vinculación contractual, las actividades desarrolladas por la actora fueron similares a las de otros médicos generales de la planta de la entidad, bajo continuada subordinación, prestando personalmente el servicio y recibiendo a cambio una remuneración.
4. En esas condiciones, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo que negó el pago de las prestaciones sociales y la condena a la entidad demandada será teniendo en cuenta las prestaciones sociales devengadas por los médicos generales de la planta de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, como se explica a continuación:
En la sentencia de noviembre 30 de 2000 se expresó que no es de recibo porque, como ya se dijo, el régimen prestacional tiene unos destinatarios que son los empleados públicos y trabajadores oficiales, calidad que en verdad la parte demandante no tenía en el lapso discutido.
Agregó, que no obstante, en aras de preservar la equidad hasta donde es posible, la jurisdicción ha accedido a reconocer a título de indemnización, el equivalente a las prestaciones sociales que perciben los docentes oficiales (de la respectiva entidad Contratante), tomando el valor de lo pactado en el contrato de prestación de servicios, como base para la liquidación de la indemnización, tal como se expresó claramente en la sentencia de marzo 18 de 1998 del expediente 11722 – 1198 de 1998, de la sección 2ª de esta corporación, con ponencia del doctor Flavio Rodríguez.
Y para tal efecto, se deben determinar inicialmente cuáles son esas prestaciones ordinarias a que tienen derecho los educadores oficiales (v.gr. prima de navidad, cesantía, etc.) y la forma de su liquidación (v.gr. número de días y valores, etc.), para después calcular, teniendo en cuenta esos parámetros y el valor de esas prestaciones que no pudieron devengar, conforme a los honorarios pactados”(17). (Negrilla del texto).
El artículo 53 de la Constitución Política que establece la prevalencia de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, que no puede ser escindido, sino concordado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, por lo que una vez declarada la situación irregular del contrato de prestación de servicios, la lógica jurídica y la interpretación gramatical de la norma superior no debe ser otra que reconocer las garantías establecidas en las normas jurídicas(18).
Esta sección con el cambio jurisprudencial(19) prohíja la aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, respecto de una reparación integral de los daños causados por la administración al momento de celebrar el contrato realidad, indicando que es apenas lógico que la condena ordene producir plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.
Las prestaciones sociales han sido clasificadas, en general, dependiendo a cargo de quien está la obligación de efectuar el aporte, así, unas son a cargo del empleador (vr.gr. prestaciones comunes u ordinarias como primas, cesantías, riesgos profesionales, caja de compensación etc.) y otras compartidas con el trabajador (vr.gr. pensión y salud). Las vacaciones en cambio, no tienen la connotación de prestación salarial porque son un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada año de servicios.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico las prestaciones sociales referentes a pensión y salud son cubiertas por las partes que integran la relación laboral, así por ejemplo, en materia pensional durante la ejecución de las órdenes de servicio de la actora, se destinaba el equivalente al 10% de la tasa de cotización, monto cubierto por el empleador con un 75% y el trabajador con un 25% (L. 100/93, art. 20 sin sus modificaciones posteriores), y en materia de salud la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social en salud, es la misma contemplada en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (par. primero art. 204).
Por tanto, la reparación del daño en el sub-lite no podrá ser la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que la entidad demandada no trasladó al respectivo fondo de pensiones o empresa prestadora de salud, debiéndose pagar a la actora quien finalmente tenía la obligación de efectuar dichos aportes como contratista o trabajador independiente (L. 100/93, arts. 15 y 157).
“Así las cosas, el Estado infractor no puede entonces beneficiarse de su conducta irregular y pretender trasladar la responsabilidad de su actuación a quien ha sido de esa manera contratado, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad lo que impone es que se le reconozca con certeza y efectivamente todo derecho que deviene del despliegue de su actividad laboral (...).
Por lo anterior, los derechos que por este fallo habrán de reconocerse, se ordenarán no a título de indemnización, como ha venido otorgándose de tiempo atrás, sino como lo que son: el conjunto de prestaciones generadas con ocasión de la prestación del servicio y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes, aspectos estos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación...”(20).
Esta Sala en anteriores oportunidades, ha declarado la prescripción trienal de los derechos que surgen del contrato realidad, aceptando que dicho fenómeno se interrumpe desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Entidad demandada. Sin embargo, mediante sentencia de 19 de febrero de 2009, expediente 3074-2005(21), la Sala Plena de la Sección Segunda replanteó este criterio por las razones que a continuación se explican:
En esas condiciones, la Sala no declarará la prescripción de los derechos laborales de la actora.
Finalmente, en cuanto a la pretensión de reintegro del valor descontado por concepto de retención en la fuente, la Sala se abstiene de emitir algún pronunciamiento sobre el particular, en la medida en que este es el cobro anticipado de un impuesto, que bien puede ser el de renta por los honorarios percibidos por la actora al suscribir los contratos de prestación de servicios, cuyo trámite de devolución debe realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN una vez hubiese presentado la declaración de renta, empero, como en el sub judice no existe siquiera prueba sumaria de que ello hubiere ocurrido, no están los elementos de juicio suficientes, y si en gracia de discusión existieran, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por controversias laborales no es la idónea para ventilar dicha pretensión.
Respecto al reintegro del valor pagado por concepto de las pólizas de cumplimiento, no hay lugar a conceder esta pretensión, puesto que amparo de cumplimiento del contrato fue adquirido por la actora cuando celebró los contratos de prestación de servicio, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, es decir contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, de manera que esa controversia debe hacerse a través de la acción contractual, porque guarda estrecha relación con los asuntos emanados directamente del contrato estatal.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada, declarando la nulidad del Oficio LCGS-LIQ-2237-2007 de 31 de octubre de 2007, suscrito por la agente liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En Liquidación, que negó las prestaciones sociales adeudas; condenando a título de reparación del daño, al pago de las prestaciones sociales que devengue un empleado público en el mismo o similar cargo desempeñado por la actora, liquidadas con base en los honorarios contractuales, pagando a título de indemnización las cotizaciones por concepto de caja de compensación y teniendo en cuenta el tiempo laborado para efectos de la pensión de jubilación, por último se negaran las demás pretensiones.
1. REVÓCASE la sentencia de 13 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Norma Constanza Serrato Jiménez contra la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, En Liquidación.
2. DECLÁRASE la nulidad del Oficio LCGS-LIQ 2237-2007 de 31 de octubre de 2007, suscrito por la agente liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, El Liquidación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. CONDÉNASE a la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, El Liquidación a pagar a la demandante, a título de reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, durante el periodo que prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor pactado en contratos de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas conforme quedó expuesto en la motiva de la presente providencia.
4. DECLÁRASE que el tiempo laborado por la señora Norma Constanza Serrato Jiménez, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales.
7. La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto por los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
(11) Consejo de Estado, sentencia de 3 de junio de 2010, Exp.: 0851-2009, actor: Nancy Stella Rocha Moreno, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(13) (sic) Consejo de Estado, sentencia de 7 de octubre de 2010, Exp: 0696-2009, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(14) Consejo de Estado, Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(15) Consejo de Estado, expedientes 0245 y 2161 de 2005, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante.
(16) Consejo de Estado, sentencia de 22 de julio de 2010, Exp. 2785-2008, actor: Esperanza Alarcón Rosas, demandado: ESE Luís Carlos Galán Sarmiento.
(17) Sentencia de 28 de junio de 2001, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, Exp. 2324-00, Actora: María Bertha Díaz Correa.
(18) Consejo De Estado, Sección Segunda, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 19 de febrero de 2009, Exp. 730012331000200003449-01 (3074-2005), Actora: Ana Reinalda Triana Viuchi.
(19) Sentencia de 19 de febrero de 2009, Exp. 730012331000200003449-01 (3074-2005), Actora: Ana Reinalda Triana Viuchi.
(20) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, había ordenado el reconocimiento de estos efectos, en sentencia del 17 de abril de 2008, Radicación: 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05), Actor: José Nelson Sandoval Cárdenas, Demandado: Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, Ifinorte, M.P. Jaime Moreno García.
(21) M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.