Source: https://elespiritudel48.org/docu/actas/ac160.htm
Timestamp: 2018-10-15 17:59:19
Document Index: 162495588

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 74', 'artículo 91', 'artículo 75', 'artículo 70', 'artículo 75', 'artículo 97', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'artículo 443']

Acta 160 Asamblea Nacional Constituyente
No. 160.- Centésima sexagésima acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las catorce horas y media del día cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios. Vargas Vargas, Acosta Piepper, Arroyo, Monge Ramírez, Zeledón, Volio Jiménez, Baudrit González, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, González Flores, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Herrero, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, y los suplentes: Castro, Carrillo, Rojas Vargas, Lobo, Elizondo, Morúa, Rojas Espinoza y Chacón.
Artículo 2º.- Se continuó en la discusión del grupo de mociones presentadas por los Representantes Baudrit Solera y compañeros en relación con el capítulo de la educación y la cultura. Se discutió la siguiente moción para que el artículo 74 se lea así:
“La Universidad de Costa Rica e una Institución de Cultura Superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones, y de la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”. [84]
El Diputado BAUDRIT SOLERA explicó que la disposición anterior viene a fortalecer la autonomía universitaria desde el punto de vista administrativo. Por lo demás, no es una novedad, ya que el Código de Educación mantiene una norma similar.
Sometida a votación la moción en debate, fue aprobada.
Los mismos proponentes presentaron moción para que el artículo siguiente se lea así:
“El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor del diez por ciento del presupuesto anual de gastos del Ministerio encargado de la Educación Pública, que se le girará en cuotas mensuales”. [85]
La moción provocó un largo debate en el que participaron varios señores Representantes.
El Licenciado ORTIZ usó de la palabra para defender la tesis de la autonomía universitaria desde el punto de vista económico. Empezó diciendo que era muy grato para él defender a la Universidad de Costa Rica, a la que está ligado por estrechos lazos de cariño. Piensa que la Universidad no podrá llevar a cabo su alta misión, gozar de plena independencia, si no cuenta con los medios económicos indispensables. Para que una institución goce de libertad, es necesario que esté asentada sobre una sólida base económica. No es otra cosa lo que se pretende para nuestra máxima institución de cultura. Añadió que le ha extrañado la actitud de algunos señores Representantes que le niegan rentas a la Universidad, cuando no han tenido las mismas reservas en lo que se refiere a las otras instituciones autónomas del Estado. Se dice que la Universidad pide mucho, sin meditar en la alta misión que tiene que desarrollar. Además, las otras instituciones autónomas del Estado no podrían vivir sin la ayuda de la Universidad, que las provee de los técnicos indispensables. Expresó luego que la Universidad no quiere nada para sí. Todo lo contrario. Pide para dar a manos llenas. La Universidad es una institución utilitaria en constante dación. El único orgullo de la Universidad es ver sus esfuerzos cumplidos, sus ideales alcanzados. Todo lo que le demos a nuestra Universidad redundará en beneficio de la cultura nacional. (El discurso completo del Diputado señor Ortiz se publica al pie del acta.)
Seguidamente usó de la palabra el Representante DOBLES SEGREDA, quien dio lectura a las siguientes declaraciones suyas que íntegras se publican al pie del acta en “La Gaceta”.
El Diezmo Universitario: [en esta intervención se repiten argumentos y cifras del señor Dobles Segreda expresados extensamente en el Acta 154]
Permítaseme ahora afirmar que las cinco mociones presentadas a la consideración de la Constituyente son casi gemelas en cuanto a sus aspiraciones, y se divorcian en muy poco en punto a su contenido general.
Todas revelan un estudio maduro del problema y un nobilísimo deseo de acertar en beneficio de la cultura. Sus divergencias adjetivas son fáciles de arreglar sin pérdidas ni ganancias de uno y otro sector. Las diferencias sustantivas son solamente dos: una económica y una técnica. Me concretaré por el momento, a esa diferencia fiscal que podríamos llamar el diezmo.
El proyecto de 1949 dispone en su artículo 91: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor del diez por ciento del presupuesto anual de gastos del Ministerio de Educación, que se le girará en cuotas mensuales”.
Los universitarios acogen el mismo criterio en su artículo 75, en el cual hacen copia textual del proyecto con la mínima variante de decir: “El Ministerio encargado de la Educación” en vez de escribir a secas “El Ministerio de Educación”.
Este es el punto álgido de toda discusión. Esta es la madre del cordero.
El señor Esquivel Fernández y sus compañeros, no conceden ese diez por ciento y dejan al Congreso Nacional la facultad de dictar el presupuesto de la Universidad.
El señor González Flores y yo nos pronunciamos por el mismo criterio.
El señor Esquivel Fernández y compañeros dicen en el artículo 70: que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su propio gobierno y, como contribución del Estado para su sostenimiento, la Asamblea Legislativa le fijará anualmente una suma apropiada”. El señor González Flores y yo decimos: “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones. Tendrá capacidad jurídica para contratar y comparecer ante los tribunales. Dispondrá de un patrimonio propio que la Asamblea Legislativa fijará anualmente en el Presupuesto General de Gastos Públicos correspondiente, como contribución del Estado para su sostenimiento. La Universidad de Costa Rica tendrá carácter autónomo y es la institución autorizada para otorgar, revocar y revalidar títulos profesionales de orden universitario y de enseñanza especializada”. El señor Volio Sancho propone: “El Estado proporcionará a la Universidad el patrimonio y las rentas que fueran necesarias para los fines de su instituto”.
El señor Vargas Fernández se expresa de igual sentido.
Conviene hacer notar que de las 5 mociones que se discuten, solamente una pide el diezmo del Presupuesto de Educación para la Universidad. Las otras 4 dejan al Congreso la facultad de datarla como sea debido y convenga a la capacidad del Erario.
Se plantea este debate, pues, en un punto eminentemente fiscal y no hay en él nada técnico a qué referirse.
Los profesores de la Facultad de Pedagogía lo comprenden así y, no sintiendo vulnerados sus intereses espirituales o docentes, dicen en su memorial elevado a esta Cámara: “Este crecimiento de la Universidad que origina mayores necesidades, sólo puede mantenerse si la institución está económicamente garantizada en su existencia. Conocedores de las condiciones en que actualmente se desenvuelve la Universidad de Costa Rica y de la necesidad de asegurarle recursos económicos para que alcance el desenvolvimiento a que ésta llamada en un país que hace notorias sus preocupaciones por la cultura, venimos a identificarnos con los conceptos planteados en el artículo 75 del proyecto a que hacemos referencia y a solicitar respetuosamente a ese Alto Cuerpo Legislativo, consagre en la Constitución, para honra de Costa Rica el artículo del proyecto, presentado por el Licenciado Baudrit y compañeros”.
Los miembros del Consejo de la Universidad opinan lo mismo en su memorial. Ellos dicen: “Un proyecto que ha sido presentado a la consideración de esa honorable Asamblea, estipula que el Poder Legislativo fijará anualmente la suma que el Estado otorga a la Universidad. Esto a nuestro juicio sería un grave error. En primer lugar la labor creciente y sistemática de la Universidad no debe queda supeditada a las posibilidades de una erogación periódica e incierta; en segundo lugar este procedimiento permitirá que la política y que determinados intereses no culturales intervengan en la Universidad”.
Insisto en que no se trata de ningún conflicto técnico sino de un problema meramente fiscal. Líbreme Dios de ir yo contra una institución prócer que me merece el más profundo respeto. Yo sé que necesita fondos para crecer y afirmo que ningún Ministro sería capaz de regateárselos dentro de las capacidades económicas en que el país se mueva. Y, si tal Ministro tacaño hubiera, el Congreso, con cuarenta y cinco voluntades, le enmendaría la plana en beneficio de la cultura nacional.
Pero, por principio, por justicia, no me parece bien que se deje en el texto constitucional una preferencia como esa. La Universidad la merece, pero otras muchas instituciones, también meritorias, vendrían con igual derecho, a apartar sus fondos y, por el camino de las preferencias iríamos al desbarajuste del Presupuesto.
No me opongo, ni me opondré nunca; por razones de cultura, a que se le den fondos abundantes, pero que los señale el Congreso, que queden establecidos dentro del Presupuesto que sea el Ministro de Hacienda quien los arbitre.
Sé que esos fondos estarán siempre administrados por manos cuya honorabilidad nadie discute, sé que serán invertidos con economía y buen criterio, pero es preferible que, así como a la última Junta de Educación se le exige rendir cuentas y justificar presupuestos ante la Secretaría de Educación, así lo haga la más alta institución educacional. Que haya una sola medida y un solo rasero para todos.
Se le podrá señalar el diez por ciento, o el doce, o el catorce. Nadie se opone a eso, pero sólo el Ministro de Educación, que contempla todas las necesidades docentes en su conjunto, podrá decirlo. Que sea ese departamento técnico y el de Hacienda quienes digan cuánto puede gastar la Universidad. Pero no me parece bien que se ponga ese aporte preferencial en nuestra Constitución Política, donde no caben apartos de dineros.
En una democracia todas las instituciones deben tener privilegios iguales.
Si realmente se pretende cuidar los intereses de la cultura dentro de la democracia, habría que buscar y preferir la escuela primaria, que la distribuye modestamente, pero en un radio más amplio.
La educación y la cultura, según la vieja teoría de Victorino Lastarria, son de arquitectura piramidal: necesitan apoyarse en anchas bases para elevar sus vértices.
La primaria sirve al mayor número y concurre hasta los más apartados caseríos. No hay que olvidar que el 88% del alumnado es primario.
Cualquiera que haya visitado nuestras escuelas primarias de los campos, se habrá dado cuenta de la pobreza y estrechez de sus edificios, de su falta, casi total de mobiliario adecuado, de su absoluta carencia de material escolar. De la desnutrición de sus alumnos, de los harapos que visten muchos de ellos y, sin embargo, yo no pediría para ellas un trato preferencial. Que las estrecheces las sufran todos por igual y la holgura la disfruten todos.
Se ha dicho aquí que la Universidad no puede comprar microscopios y eso es realmente lamentable, pero faltan 35.000 pupitres en las escuelas primarias, donde hay 70.000 niños mal sentados. Faltan microscopios, es cierto, pero yo digo aquí que hace doce años que las escuelas primarias no reciben siquiera un mapa, ni un compás.
El Almacén Nacional Escolar, que ha de suplir materiales a las escuelas y a los muchachos pobres, no tiene con qué surtir sus anaqueles vacíos. Las necesidades crecen, con el aumento de la población. En 1949 dio útiles escolares y material didáctico por valor de ¢257,835.00. Este año ha tenido que suplir ¢310,425.00. Pero se está comiendo su propia carne por que no puede renovar su bodega.
Sirve apenas a un 60% de los escolares, y, según la teoría de don Ricardo Jiménez, está obligado a dar ese servicio a todos por que, si el Estado obliga a recibir la enseñanza, debe proveer los materiales.
Pues, surtiendo apenas a ese porcentaje del 60%, su dádiva alcanza a la ridícula suma de ¢2.50 por cada muchacho y otros ¢2.50 por alumno favorecido en cada escuela para los materiales de todo el año.
¿Qué puede darse en útiles escolares con ¢2.50 por año para el muchacho que los necesita? y ¿qué material pueden comprar las Juntas de Educación con esa suma?
El Presupuesto de ese Almacén, para atender modestamente su cometido, debe ser de ¢700,000.00 y apenas se le pueden dar ¢270,000.00.
Pero hay más y es que el Almacén Nacional le surte materiales a muchas escuelitas religiosas necesitadas, le da a la Universidad y le da a los Colegios de Segunda Enseñanza, que ahora tendrán que recargársele del todo si se le quitan los derechos de matrícula, como se dispuso. Pero no se crea que es tienda de lujo. El mismo se renta y paga sus empleados, que ganan lo que ganaban hace diez años, sin reclamar aumento y él mismo paga el alquiler de su local con sus exiguas ganancias.
Nadie tiene la culpa de todo esto, pero conviene establecer este contacto con la realidad. Las Juntas de Educación de todo el país se sirven de tres rentas: la de licores que produce ¢600,000.00 en números redondos, la del destace que significan 72 céntimos por cabeza y calculada sobre 64.000 cabezas anuales da apenas ¢46,080.00, y la de las multas de policía, muy variable para calcular, pero que se acerca siempre a los ¢100,000.00.
Todavía ocurre algo más grave y es que el Estado percibe esas rentas, las echa en su caja común y apunta la cuenta a su debe.
Actualmente el Erario debe a las Juntas de Educación más de un millón de colones. A la Universidad le corren mejores vientos porque recibe directamente sus rentas. No culpo a nadie de esta penuria pero, mientras ella exista, no puede votar un aparte de dos millones a título de preferencia, establecida ad-perpétuam dentro del Estatuto Constitucional que obliga ineludiblemente.
Yo no pretendo que se quiten rentas a la Universidad, lo que quiero es que no se calculen a bulto por quienes no estamos aquí para distribuir partidas que sólo debe distribuir el Presupuesto. Mi posición no es contra la Universidad, es a favor de toda docencia que está fuera del paraninfo universitario. No es economizar en educación, como suelen decir, es repartir con sabiduría frente a la evidencia de los hechos.
Quiero agregar algunos números nada más que para ilustrar este debate. De las 926 escuelas que integran el sistema primario, solamente 164 llegan a tener sexto grado.
Hoy 762 que no alcanzan a rematar su desarrollo, 762 escuelas que están fuera de la Constitución por que ella ordena que la Enseñanza Primaria sea obligatoria y deja sin remate y truncada esa escolaridad en los campos.
Es gratuita, dice la Carta Magna, pero lo promete nada más, por que no puede cumplirlo. Queremos extender nuestra cultura popular, que es la que forma y asienta la democracia y hay 97.000 niños que se quedan semi-analfabetos, no por su culpa y negligencia, sino por que el Estado, que les promete Enseñanza Primaria gratuita y obligatoria, no puede sostener esa promesa.
Hacemos compulsión escolar para que asistan los muchachos a las escuelas y ambulan ellos fuera de las casas de enseñanza, sin poder entrar por falta de espacio y de maestros. Estos 97.000 niños que se quedan sin sexto, ni quinto y a veces ni cuarto grado, constituyen el 2% de la escolaridad del país.
La Universidad presta eminentes servicios que no desconocemos, como máximo factor de cultura, pero los ejerce en la élite y atiende apenas el medio por ciento de la escolaridad. Véase este sólo dato que es desconsolador en la tragedia de nuestra escuela elemental: hay 1,339 maestros que trabajan con horario alterno, es decir, con un grupo en la mañana y otro en la tarde. Los alumnos que ellos educan sólo trabajan medio tiempo, es decir, medio año por uno.
Eso acontece por falta de locales y de maestros y falta de dinero para suplirlos.
Otro dato igualmente trágico es éste: en Obras Públicas hay solicitudes pendientes por 35.000 pupitres escolares. Esos bancos, que son bipersonales, daría acomodo a 70.000 niños que están hoy mal sentados.
Parece imposible salir de tan triste condición, por que esos pupitres cuestan a ¢75.00 cada uno y su total construcción haría la suma de ¢2.625,000.00
Pues bien, con el aumento que va a darse a la Universidad, en tres años quedaría, de sobra satisfecha esa demanda tan urgente.
El Presupuesto actual de Educación sube a ¢19.835,152.00. Para decirlo en números redondos, es de ¢20.000.000.00 anuales.
Su diezmo implica ¢2.000,000.00. Es decir, casi el doble de lo que percibe actualmente. La Universidad recibe, a más de su tajada en el Presupuesto, que sube del medio millón un gravamen sobre refrescos, que le produjo el año pasado ¢67,109.00. Tiene el impuesto de aviación: ¢0.50 por cada pasaje en el interior y ¢2.00 por cada uno de los del exterior que le dio ¢75,118.00. Percibe el impuesto de timbre universitario sobre sucesiones, que arrojó la suma de ¢189,643.00. Recibe un impuesto sobre cancelación de hipotecas que produjo ¢10,837.00. Alquila su viejo edificio de los Archivos en ¢42,000.00 anuales. Cobró, por derechos de examen el año pasado ¢46,477.00, por derechos de matrícula la suma de ¢174,047.00. Cobró, por diversas rentas menores ¢29,041.00 y recibió una dotación del Estado de ¢431,184.00. Todo lo cual hace un total de ¢1.067,402.00.
¿Le son suficientes o no esas rentas? ¿Necesita más dinero para su crecimiento? Yo no lo sé. Es necesario que lo digan a la próxima Asamblea Legislativa los próximos Ministros de Educación y Hacienda, pero no a la Asamblea Constituyente, porque ni estamos redactando el Presupuesto, ni es elegante que ese aparte de rentas se haga en la Constitución.
La Universidad ha recibido este año una dotación de ¢400,000.00 y tiene asignada, para su cobro, otra partida de ¢800,000.00.
Que buena pro le hagan por que lo gaste la Universidad, bien gastado ha de estar, pero que sean los órganos correspondientes los que lo señalen.
El actual Ministro de Educación acaba de publicar, en días pasados, una calurosa defensa de la Universidad. Me parece que está sobrando su entusiasmo por que nadie ataca la Universidad. Sin embargo en este artículo, sin quererlo el señor Gámez, justifica nuestra tesis y la hace indispensable.
Veamos algunos de sus guarismos:
En 1941, gastó la Universidad ¢349,942.00.
En 1949, ha gastado ¢1.690,000.00, y que conste, que faltan algunos meses donde pueden ocurrir eventuales.
Sus gastos han crecido en ¢1.340,058.00.
Los alumnos apenas se han duplicado y la ración se ha quintuplicado.
En 1941 atendió 719 alumnos. En 1949 atiende 1.606.
Barajando esos números se encuentra que, para preparar cada alumno, gastaba en 1941 alrededor de ¢486.00. Para prepararlo hoy gasta ¢1,052.00 por alumno.
Deseo que se contemple esta sola relación: el año pasado gastó la Universidad ¢1.169,959.00. Este año lleva gastados ¢1.690,000.00. Es decir que, sin terminar el curso, del año pasado a éste, sus gastos han aumentado en más de ¢500,000.00.
Sin embargo, nadie le está negando fondos a la Universidad. Que se le den los que necesite y puedan serle otorgados, pero que lo señalen los órganos correspondientes en la Ley General de Presupuesto.
Me parece injusto e irritante darle esa preferencia que se pide, y no en una ley ordinaria, que puede ser enmendada, o ajustada a las necesidades docentes, sino en el Estatuto Constitucional que se presume perdurable.
Si es hora de padecer, que padezcamos todos, pero no tratemos de vestir de tafetanes a la niña mimada de la casa; para dejar al desnudo a sus hermanas menores, igualmente en penuria.
Como Constituyente y como maestro de escuela, me opongo a esas preferencias.
Este no es un conflicto ideológico entre sabios e ignorantes, entre hombres de avanzada como se llaman y cavernícolas, como nos llaman. Es un simple contacto con la realidad y un sincero apego a la justicia. Los mal pensados dirían que la Universidad debe trabajar mal cuando supone que le negarán fondos los gobiernos que han de venir y quiere asegurarse con tiempo, en forma tal que, ande bien o ande mal, nadie la pueda tocar.
Yo no podría admitir esa duda. Pero, si anda bien, como estoy seguro, ningún Ministro podría regatearle fondos, porque iría contra la voluntad de los costarricenses que quieren y protegen su Universidad. El Congreso de Diputados le enmendaría la plana al Ministerio ignorante. Otros dirían que esa insistencia en separar sus fondos es ofensiva para el señor Ulate que significa presumir que tiene tan poca cultura que, apenas llegado al ejercicio de su mando, lo primero contra que habría de arremeter sería la Universidad y que, sabidos de eso, tratan de llevarlo prensado y amarrado al poste de los postulados constitucionales como si fuera contra su gusto y voluntad.
Tampoco es admisible ese supuesto por que todos lo conocemos y sabemos que no ha dado motivo para suponer tal cosa. Porque los señores Universitarios no han querido, en ningún momento hacerle ese cargo. Todo juicio a este respecto queda proscrito porque el propio señor Baudrit Solera, que es Rector muy ilustre de la Universidad, ha declarado, en varias ocasiones que siempre encontró en el señor Ulate la mejor acogida y las mejores intenciones para resolver este problema, lo que sí admito yo es que en un Gobierno del señor Ulate no podrán girarse sumas en globo, señaladas a pulso, sin gastos justificados y urgentes. Por autónoma que sea la Universidad, deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto necesita gastar y en qué lo va a gastar.
Precisamente el desorden administrativo de que nos quejamos depende, en gran parte, de esas sumas globales, calculadas al capricho, que deberán ser proscritas de los presupuestos de la Nación.
Yo repito que tengo confianza plena de que a la Universidad le será siempre dado lo que necesite para su desarrollo. Así me lo ha dicho, con la claridad de su talento, el señor Ulate. Lo que yo no quiero es que hagamos ese adefesio dentro de una Constitución Política que no tiene nada que ver con la distribución de rentas que sólo corresponde a la Ley General de Presupuesto.
El Diputado BAUDRIT SOLERA se refirió a algunos pasajes del discurso del Profesor Dobles Segreda. He vuelto a oír con mucha atención -dijo-, el discurso de don Luis Dobles Segreda, discurso con el cual ya nos regaló en otra ocasión. Se dice el mejor defensor de la Universidad de Costa Rica, pero habrá que replicarle que él es el enemigo número uno de nuestra institución. Vuelve a sonar en el ambiente de este recinto un argumento que en ocasión pasada rectificamos. Se afirma nuevamente que nosotros pretendemos quitarle a la raquítica economía de nuestra educación el 10%. Esto no es cierto. La afirmación carece por completo de validez. Hemos dicho en repetidas ocasiones que no es ese nuestro propósito. Y mal podría serlo, ni nosotros hemos dado pruebas de nuestro interés por la educación nacional. No estamos quitándole a la educación primaria o secundaria un solo céntimo. Pretendemos que a la máxima institución de cultura con que cuenta el país se la coloque en un plano de justa igualdad con respecto a las otras instituciones culturales de la República. Nuestra demanda es justa y legítima. Pedimos que el presupuesto general de educación sea adicionado con una partida para la Universidad, equivalente al diez por ciento del mencionado presupuesto. Esto es, una vez satisfechas todas las necesidades del país en materia educacional, que a la Universidad se la dote con una suma básica, que le permita hacer frente a sus múltiples necesidades, que aumentan día con día. Si las necesidades educacionales del país requieren un presupuesto de cincuenta millones de colones, el Estado tiene la obligación de obtener ese dinero de los costarricenses, creando las rentas del caso.
A la Junta de Gobierno le hemos presentado un proyecto para dotar a la educación con varios millones, sin que por ello se estruje a nadie. La Junta no ha tramitado ese proyecto, para no gravar más le economía nacional. Sin embargo, no quedará otro recurso en el futuro, si es que deseamos que nuestra educación no carezca, al menos, de los fondos indispensables. Agregó que en otra oportunidad había sostenido que el ideal sería dotar a la Universidad de rentas propias y suficientes, ideal difícil de alcanzar en un medio como el nuestro. Mientras no se llegue a alcanzar, el único medio que tenemos para preservar a nuestra Universidad de las influencias politiqueras, es aprobando la moción en debate.
Lo que perseguimos es evitarle a la Universidad la amenaza de futuros Congresos movidos por intereses politiqueros. Le educación primaria o secundaria no corren ningún riesgo. En cambio, la situación de la Universidad es bien distinta. Mañana, si la Universidad no se adapta al ambiente político imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla, lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado. Ya dije que si no estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo. Ya se tramaba, en este mismo recinto, y por el último Congreso en ese sentido. Hasta se barajaban los nombres de las personas que nos iban a sustituir, en la dirección de la Universidad. ¿Quién nos asegura que en el futuro no podría presentarse una situación parecida? Precisamente para evitar que esto pueda llegar a presentarse, es necesario, indispensable, dotar a la Universidad de Costa Rica de una auténtica independencia administrativa, docente y económica. Luego el orador explicó las razones que tuvieron para asignarle a la Universidad el 10%. ¿Por qué este porcentaje? Y ¿por qué referido al presupuesto de Educación? Lo lógico es que se refiera al presupuesto general de Educación Pública y no a Salubridad, por ejemplo, máxime que ya la Asamblea ha declarado que la educación es un proceso integral desde la enseñanza pre-escolar hasta la universitaria. Desde 1941 el presupuesto de Educación ha venido aumentando año con año. También el presupuesto de la Universidad ha experimentado, cada año, un aumento desde la fundación. Se puede afirmar, guardando las diferencias que ambos presupuestos han aumentado paralelamente. Las necesidades educacionales del país han crecido y es lógico que el presupuesto del Ministerio de Educación también haya subido. Lo mismo cabe decir de la Universidad. El orador leyó luego algunos datos estadísticos, que demuestran la curva de ascenso de ambos presupuestos, el de la Universidad y el de Educación Pública. De la lectura de las cifras se desprende que el presupuesto general de Educación ha venido aumentando más o menos en un millón de colones cada año; el de la Universidad, en cien mil colones, aproximadamente. Si esto es así, al establecer el 10% del presupuesto de Educación para la Universidad, podemos afirmar que con- forme han de crecer las necesidades de nuestra institución, aumentará también la subvención del Estado, ya que también el Presupuesto de Educación crecerá año con año de acuerdo con las necesidades culturales del país. Añadió que tampoco la idea por ellos defendida es una novedad. Como ya lo dijo en otra oportunidad, las constituciones de Cuba y Venezuela tienen una disposición similar.
Manifestó después el orador que ciertamente habían cambiado impresiones con el señor Presidente Electo sobre estos pequeños problemas. Don Otilio objetó algunas de nuestras mociones. En todos los casos le ofrecimos rectificar nuestro criterio. Cuando se discutió nuestra moción para crear el Consejo Superior de Educación, aceptamos la sugerencia del señor Ulate y variamos el texto de la moción, estableciendo que la Presidencia del mencionado Consejo le correspondería al Ministro de Educación. También el señor Ulate objetó la tesis en debate. Como somos los primeros en comprender la difícil situación fiscal que tendrá que confrontar el próximo Gobierno, estamos conformes en que no se nos entregue el diez por ciento total a partir del año próximo. Le prometimos al señor Ulate presentar a la consideración de la Cámara un Transitorio en el sentido de que el año próximo se nos pague tan sólo el 6% aumentando cada año un 1% hasta completar en 1954 el 10%. Es claro que esto representa un sacrificio para nosotros. Tendremos que atrasar un poco nuestra marcha. Pero en esa forma no le estamos creando al Fisco un problema inmediato. En la actualidad el presupuesto fiscal nos señala una subvención que es un poco mayor al 6% del presupuesto general de Educación. Nos conformaremos con seguir en nuestras dificultades, sorteando a los numerosos acreedores de la Universidad, en la esperanza de mejores tiempos. Terminó su discurso manifestando que esperaba que la Asamblea Nacional Constituyente habría de oír el clamor de más de mil seiscientos estudiantes y de más de cuatrocientos profesores, que le piden autonomía docente, administrativa y económica para la Universidad de Costa Rica.
El Licenciado ARROYO expuso las razones que lo llevan a estar de acuerdo con la tesis planteada. Indicó que consideraba necesario darle a la Universidad una autonomía económica efectiva, aunque la medida que se propone no sea muy técnica, para obligar a los gobiernos a respetarla. Añadió que estaba seguro que en todo tiempo, tanto la enseñanza primaria como la secundaria contarían con todo el apoyo del Estado. No se puede afirmar otro tanto de la Universidad, que está expuesta a una serie de peligros. De ahí que es urgente rodearla de toda clase de garantías, para que no dependa de ninguna fuerza política. La autonomía económica es vital para la Universidad, que de otra manera no podría cumplir su alta misión.
El Representante FOURNIER también se manifestó de acuerdo con la moción en debate. Aclaró que era catedrático de la Universidad, pero que todos sabían que el desempeño de esas funciones docentes, lejos de acarrear granjerías, proporcionan sacrificios. Por eso no puede pensarse que intereses de carácter personal lo llevan a estar de acuerdo con la tesis para dotar a nuestra Universidad de los medios económicos necesarios. Para votar la moción que se debate, lo mueven los supremos intereses del país, tomando en cuenta la enorme importancia y trascendental misión de la Universidad en nuestro medio. La Universidad le está prestando al país en la actualidad grandes servicios. Para el progreso futuro de la Patria es indispensable una Universidad bien establecida, refugio del pensamiento libre. Si la Universidad le es absolutamente indispensable a la República, lógico es que ésta le proporcione los medios suficientes para que no perezca. Agregó que al mejorar la situación económica de la institución, indirectamente se está resolviendo el grave problema de nuestra educación. Por otra parte, no es posible condenar a nuestra Universidad a acudir año con año a los políticos, en demanda de sus rentas. Si así fuera, la estaríamos condenando a una asfixia segura, ya que, al no contar con la autonomía económica indispensable, la Universidad estará a merced de los políticos, según que los satisfaga o no el ambiente universitario. En esta situación, preferible sería cerrarla, si va a estar a merced de los vaivenes de la politiquería.
El Representante ACOSTA JIMENEZ defendió la tesis en debate. Empezó recordando la ga- llarda actitud asumida por la muchachada universitaria durante la fenecida reforma electoral del 15 de mayo de 1943, cuando un Congreso envilecido, de apóstatas a la voluntad popular trató de oscurecerle a los pueblos el derecho de elegir. Gracias a la actitud de la Universidad, se logró atajar la reforma inmoral que se pretendía. La Universidad, a los pocos años de su existencia, se le enfrentó decididamente a los sicarios del régimen. Se erigió la Universidad en un reducto de la libertad de pensamiento, clima propio a todo régimen democrático. Agregó luego que para que la libertad de cátedra sea una realidad y no una simple utopía, es fundamental la autonomía universitaria en sus tres aspectos. Para que la Universidad continúe siendo el reducto de la democracia y la libertad, es fundamental rodearla de toda clase de garantías. Es necesario dotarla de rentas propias. Manifestó luego que después del bochornoso 13 de febrero, la Universidad llevó a la Rectoría a un hombre que había alzado su voz de protesta contra el infame atropello a la dignidad ciudadana, a pesar de la oposición del régimen. La Universidad, pues, tiene a su haber el blasón de habérsele enfrentado valientemente a los conculcadores de la libertad de sufragio en Costa Rica. Para que la Universidad pueda continuar en su tarea de velar para que no se desquicie nuestro régimen democrático, es fundamental garantizarle su plena autonomía económica.
El Diputado FACIO dijo: (*) Señores Diputados, unas palabras nada más para referirme a una afirmación del distinguido compañero profesor Dobles Segreda, sobre que la moción en debate representa una situación de preferencia para la Universidad de Costa Rica, afirmación que creo necesario contradecir. Porque si bien ella es en apariencia bien fundada, sólo lo es en apariencia, y a la realidad, es, por el contrario, que con la moción en debate de lo que se trata es de equiparar a la Universidad con los demás organismos e instituciones del Estado, y de darle, no un situación de preferencia, sino una de equiparación o de nivelación con las demás. Desde hace muchos años en el seno del Consejo Universitario, el año próximo pasado en el seno de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, y hoy como Diputado de esta Asamblea Nacional Constituyente, ha sido precisamente la convicción de que la Universidad se halla en una situación de inferioridad, en lo que refiere a finanzas, con respecto a las demás instituciones nacionales, la que ha impreso en mi espíritu la idea de que sólo mediante un recurso como el que la moción en debate contempla puede colocársela en la deseada y justa situación de igualdad. Vemos por qué. Todos los organismos nacionales, bien pertenecen a la Administración Central, como dependencias de los distintos Ministerios de Gobierno, bien están constituidos como instituciones autónomas; bien están bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo, bien se hallan en status autónomo mediante la ruptura de esa jerarquía central. En este segundo caso se halla, junto con las instituciones económicas o bancarias, la Universidad. Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada Ministro trata de atraer hacia su Ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada Ministro es el abogado de su Ministerio y de sus dependencias. Es lo lógico, es lo humano. Es, además, la consecuencia de la responsabilidad que las leyes ponen sobre el Ministro en relación con la rama que le está enmendada. Frente a ésta, ¿cuál es el abogado de las instituciones autónomas, de aquellas instituciones que, por definición, no dependen de ningún Ministerio? Ciertamente, ninguno de los Ministros. El Ministro tratará de financiar convenientemente aquellos servicios de los cuales él es legal y moralmente responsable; pero no se le podría pedir, salvo formalmente, que se convirtiera en defensor constante y vehemente de instituciones que se hallan fuera del radio de su acción y de su responsabilidad. Concretamente, en el caso de la Universidad, si bien es cierto que el Ministerio de Educación forma parte del Consejo Universitario y es natural que él se preocupe por los intereses de la institución, también es natural que no ponga en la defensa de esos intereses el mismo vigor, la misma intensidad de voluntad, que pone para defender los intereses de aquellas oficinas y dependencias de las cuales es legal y moralmente responsable. El Ministro no lo es de la Universidad. De lo que la Universidad haga o no haga, el Ministro de Educación no responde. Sus triunfos o sus fracasos no lo son suyos propios y exclusivos, como sí lo son los de la Enseñanza Pre-escolar, los de la primaria, los de la Secundaria. De la suerte de éstos depende su éxito como Ministro, su prestigio como tal. Su interés en la Universidad ha de ser de lógica, humanamente, secundado. Es decir, la Universidad, al momento de discutirse el presupuesto nacional, carece de abogado propio, de abogado que sienta como suya su causa. ¿Y a las otras instituciones autónomas? Se me dirá. Las otras instituciones autónomas, los bancos, lejos de requerir la ayuda financiera del Fisco, producen utilidades bastantes, no sólo para atender bien sus servicios, para pagar bien sus funcionarios y para extender progresivamente el radio de sus labores, sino también para darle importantes aportes al Tesorero Central. Así sucede con el Banco Nacional, así con el de Seguros, así con los bancos nacionalizados, que hoy responden con sus utilidades por títulos de la deuda pública. Luego, no requieren esas instituciones abogado frente al Fisco. Entonces, en resumen, la situación es ésta. Todas las oficinas, todos los organismos de la Administración Central tienen en el respectivo Ministro su abogado; de las instituciones autónomas, los bancos y demás organizaciones económicas o encargadas del dominio industrial o comercial del Estado, producen utilidades suficientes para proveer con amplitud a sus propias necesidades, y aun para darle al Fisco un aporte. Los bancos tienen en su organización su propia defensa. Sólo la Universidad, señores Diputados, sólo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar. Dígase, entonces, si se halla o no en franca situación de inferioridad. En el año 1946, cuando la ANDE hizo su campaña, sus profesores y universitarios escribieron e hicieron propaganda, desfilaron con los maestros de primaria y secundaria en apoyo de la demanda. Vino el aumento, pero vino sólo para la primaria y la secundaria. Sólo la Universidad no se benefició. ¿Por qué? Es difícil dar una sola respuesta. Sería porque la Universidad, así como no produce utilidades financieras, tampoco da dividendos políticos, y al Gobierno de entonces no le interesó invertir un dinero que no iba a dar esos dividendos. ¿Sería porque la Universidad se hallaba, como es natural en una institución de pensamiento y de juventud, abiertamente en oposición con el régimen? ¿Sería porque al Ministro de Educación, con todo y ser buen amigo de la Universidad, le interesaba más la suerte de aquellos funcionarios directamente dependientes de su Ministerio? Una u otra cosa, o todas juntas, lo cierto es que la Universidad no tuvo abogado entonces, como no lo ha tenido ni lo tendrá nunca si esta moción no pasa. Ahora bien, ¿deseamos realmente la autonomía para la Universidad? Todos aquí han dicho que sí. Pues si la deseamos de verdad, tenemos que echar mano a un medio que le permita financiarse convenientemente sin tener que renunciar a su libertad, sin tener la necesidad de irse plegando al Ministerio de Educación y comprometiendo su libertad y su cultura. Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución. Y por eso hemos venido aquí a pedir que en ella se establezca que obligatoriamente una cantidad equivalente al 10% del presupuesto del Ministerio de Educación, le sea girada todos los años. Sólo así equipararemos a la Universidad con las demás organizaciones del Estado. Sólo así repararemos la injusticia. No buscamos entonces ninguna preferencia para ella. Buscamos justicia e igualdad de trato, más bien. Buscamos para la causa de la autonomía financiera de la Universidad un buen abogado. Nos damos cuenta de que la Constitución es un abogado distinguido, es un abogado importante; pero nos damos cuenta también, señores Diputados, de que la causa es bien digna del abogado.
(*) El acta original no hace referencia alguna sobre esta intervención del Dip. Facio.
El Diputado VOLIO SANCHO expresó que en más de una ocasión ha dado muestras de no ser insensible a las buenas razones cuando éstas lo han convencido de que son malas las que él sustenta en cuanto a alguna materia. Después de haber oído las razones de los defensores de la autonomía económica de la Universidad, debe manifestar que votará favorablemente la moción en debate. Al propio tiempo, desea expresar que no de ahora, sino de siempre, toda su simpatía ha estado con la Universidad, y hace votos para que ella perdure y florezca como centro de la cultura y del civismo nacionales. Su moción -añadió luego- contemplaba la necesidad de darle a la Universidad los fondos necesarios, aunque no era la más acertada para lograr ese noble propósito de la autonomía, para que la Universidad siga siendo la fuerza rectora del pensamiento nacional y para que continúe encauzando a la ciudadanía por senderos de bien y de decoro.
El Diputado ROJAS VARGAS también se manifestó de acuerdo con la moción en debate, dada su condición de estudiante universitario. Piensa que la Universidad, para que pueda cumplir su elevada misión, requiere contar con la autonomía en sus tres aspectos: docente, administrativa y, en especial, económica. Si la Universidad no cuenta con una base económica firme, su independencia será un mito.
El Diputado GONZALEZ FLORES se pronunció en desacuerdo con la tesis suscrita en la moción que se debate. Aclaró que su conducta no podía tildarse en el sentido de ser enemigo de la Universidad. Lo que sucede es que no puede estar de acuerdo con la tesis del 10%, contraria a todos los principios hacendarios. La fijación de porcentajes arbitrarios no puede ser materia constitucional. Por otra parte, piensa que la fórmula que se propone está con el inciso 18), del artículo 97, ya aprobado, sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa. El mencionado inciso establece la obligación, por parte de la Asamblea, de crear y estimular el desarrollo de establecimientos educacionales, dotándolos de rentas propias, así como la preferencia por la enseñanza primaria. A pesar de que reconoce la gran tarea de la Universidad, no acepta la tesis del compañero Baudrit Solera, por las razones anteriores.
El Diputado MORUA manifestó que la Universidad de Costa Rica tenía todas sus simpatías. Sin embargo, no votará la moción tal y como se ha redactado, por estimarla sumamente rígida. Tampoco aclara cuál será la situación en el caso de que las rentas propias de la Universidad excedan del diez por ciento. Luego presentó a la Cámara una nueva fórmula, para que fuera considerada, en el supuesto caso de que se desechara la moción en debate. Su moción dice así:
“El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica. Le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con suma no menor del 5% y no mayor del 15% del presupuesto anual de gastos del Ministerio encargado de la Educación Pública que se girará en cuotas mensuales. Transitorio. Cuando las rentas propias de la Universidad alcancen el 7.5% del presupuesto del Ministerio encargado de la Educación Pública, lo establecido en el artículo anterior queda sin efecto”. [85]
El Diputado HERRERO expresó que su voto sería contrario a la moción en debate, ya que opina que las Instituciones Autónomas se rigen por leyes especiales. Aun cuando considera muy justa la petición de la Universidad, opina que no debe consignarse en la Constitución.
El Representante VARGAS FERNANDEZ, con el afán de armonizar ambas corrientes, la que está de acuerdo con el 10%, y la otra que está de acuerdo en dotar de rentas propias a la Universidad, sugirió a los proponentes una nueva fórmula, mediante la cual el Estado dotará de patrimonio a la Universidad de Costa Rica y de un conjunto de rentas equivalentes al 10% del presupuesto del Ministerio de Educación Pública.
El Licenciado BAUDRIT SOLERA manifestó que sentía mucho no estar de acuerdo con la sugerencia anterior del compañero Vargas Fernández, por medio de la cual se les quita el producto de las rentas, dejando reducida la Universidad a la subvención del Estado, equivalente al 10% del presupuesto de educación. Refiriéndose a las palabras del señor Morúa, indicó que la moción era bien clara. Las rentas están sujetas a variaciones constantes; en cambio el porcentaje es estable. Además, el hecho de imponer nuevos impuestos en beneficio de la Universidad, le crea a la institución enemigos.
Los proponentes acordaron votar la moción junto con el Transitorio. La moción y el Transitorio redactados en los términos siguientes:
“Artículo 75.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor de la que represente el diez por ciento del presupuesto anual de gastos del Ministerio Encargado de la Educación Pública, que se le girará en cuotas mensuales.
Transitorio.- Al porcentaje mínimo a que refiere el artículo... se llegará así: 6% el año entrante y un uno por ciento más en los siguientes de 1951, 1952, 1953 y 1954”. Sometidas a votación la moción anterior y el Transitorio, fueron aprobados.
Se discutió luego la siguiente moción de los mismos proponentes de la anterior:
“Artículo 76.- La Universidad de Costa Rica es la única institución autorizada para otorgar, reconocer y revalidar títulos referentes a estudios y disciplinas humanistas, docentes y profesionales de orden universitario. Los títulos extendidos o reconocidos por la Universidad de Costa Rica son indispensables para que los Colegios de Graduados autoricen el ejercicio público de las profesiones”.
La moción anterior fue objetada por el Licenciado ARROYO, en su parte segunda, la cual, a su juicio, está en contradicción con un artículo aprobado que garantiza la libertad de asociación. Nunca ha estado de acuerdo con que se los obligue a pertenecer a un determinado Colegio, mucho menos al de Abogados, con el que ha mantenido serias divergencias debido a una serie de actuaciones del mismo. Sugirió a los proponentes suprimir el párrafo final de su moción. El Diputado BAUDRIT SOLERA manifestó que no participaba en las ideas del compañero Arroyo en lo que se refiere al Colegio de Abogados. Desgraciadamente, debido a la falta de medios económicos, el Colegio se ha movido con grandes dificultades, sin que pudiera llevar a cabo sus propósitos. Por otra parte, siempre ha sido partidario de la colegiatura obligatoria. En un lejano futuro -al menos se trata de una aspiración-, la Universidad otorgará tan sólo títulos académicos y los colegios autorizarán el ejercicio de las profesiones. Sin embargo, está de acuerdo en que sea suprimida la frase final de su moción si ninguno de los otros firmantes se opone.
Los Diputados ESQUIVEL y VARGAS FERNANDEZ, se manifestaron en desacuerdo con la moción tal y como se ha redactado. El primero indicó que la moción viene a establecer un monopolio de cultura en favor de la Universidad de Costa Rica inaceptable desde todo punto de vista. Mañana bien podrían llegar a instalarse universidades particulares. Si se mantiene en la Constitución una disposición como la propuesta, le estaremos cerrando las puertas a esa posibilidad, en perjuicio de la cultura nacional que ganaría mucho con la creación de varias universidades. El segundo -señor Vargas Fernández-, manifestó que abundaba en las mismas ideas anteriores del compañero Esquivel. Además, la moción está en abierta contradicción con el principio que se ha aprobado, que garantiza la libertad de enseñanza.
El Licenciado BAUDRIT SOLERA aclaró que la moción no representaba ninguna novedad. El artículo 443 del Código de Educación establece una disposición similar. Tampoco se está limitando la facultad de recibir o de dar enseñanza, ni la creación de centros universitarios particulares.
El Diputado ESQUIVEL de nuevo intervino en el debate para oponerse a la moción planteada, que estima lesiva al principio de la libertad de enseñanza. Indicó que conocía la disposición del Código de Educación. No puede aceptar que se la eleve a la categoría de canon constitucional.
El señor TREJOS observó que la facultad de reconocer y revalidar títulos universitarios debe corresponder a alguien, pero no la exclusividad de otorgar títulos o diplomas universitarios. Piensa que la objeción planteada por el compañero Esquivel podría resolverse si de la moción en debate se suprime el término “otorgar”.
El Diputado VOLIO SANCHO manifestó que, consecuente con la tesis que ha defendido sobre la libertad de enseñanza, no votará la moción planteada aún cuando de la misma se suprima el término “otorgar”, ya que siempre se estará restringiendo el principio de la libertad de enseñanza al sujetar a las otras universidades que se pudieran llegar a crear en el futuro, al tutelaje de la Universidad de Costa Rica. Por esas razones, en el grupo de mociones que presentó, establecía que esa facultad de otorgar, revalidar y reconocer títulos, le corresponde a la Universidad de Costa Rica, mientras no se creara otra institución.
Los Diputados VARGAS FERNANDEZ y ESQUIVEL expresaron que tampoco votarían la moción aun cuando de la misma se haya suprimido el término “otorgar”. Además, el primero considera que la moción es típicamente reglamentaria, impropia de una Constitución.
El Diputado FOURNIER indicó que tratándose de títulos universitarios, la sociedad se ve obligada a controlarlos en alguna forma. El Estado tiene un interés especial en que los profesionales sean eficientes y no una amenaza para la propia sociedad. De ahí que en todos los países, el Estado a través del organismo adecuado, se reserva el derecho de reconocer o revalidar esos títulos. Lo lógico es que en un país, donde existe una Universidad del Estado, sea la llamada a revalidar o reconocer toda clase de títulos universitarios.
El Diputado CHACON JINESTA intervino nuevamente en el debate. Expresó que estaba en un todo de acuerdo con la libertad de enseñanza, pero no con el libertinaje. No puede aceptar que toda clase de universidades puedan extender, reconocer o revalidar títulos profesionales a diestra y siniestra. Luego se manifestó en un todo de acuerdo con la frase segunda de la moción, que fuera objetada por el compañero Arroyo, el cual expuso nuevos argumentos que lo llevan a no votar esa parte de la moción.
Los proponentes acordaron votar su moción en dos partes, la primera de ellas modificada en el sentido de que de la misma se suprimió el término “otorgar”.
El Representante HERRERO declaró que no votaría la primera parte de la moción, que consideraba no debe ir a la Constitución. Por otra parte, no está de acuerdo en que los profesionales que se han graduado en universidades del exterior, algunas mejores que la nuestra, se vean sometidos a lo obligación de presentar exámenes y llenar otros requisitos, para que la Universidad de Costa Rica les reconozca o revalide sus títulos respectivos. Puesta a votación la primera parte de la moción en debate, fue desechada. Los proponentes acordaron retira la parte segunda.
Por lo avanzado de la hora, el señor Presidente suspendió la sesión a las seis y cuarenta y cinco de la noche.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
DISCURSO del Diputado Ortiz Martín Señores Diputados:
Es para mi, sumamente grato, defender en esta ocasión las rentas propias de la Universidad de Costa Rica. Soy de los que creen, y siempre lo he venido creyendo, que para que ésta sustente una verdadera libertad, necesita ante todo, su independencia económica. No es posible pensar que exista autonomía y verdadera independencia de un organismo, si ésta no está enraizada en su propia base económica, que le permita actuar a una forma, que no esté subordinada al poder del Estado.
Mucho me ha sorprendido señores Constituyentes, ver que haya en algunos de ustedes ciertas reservas al hablar de la autonomía económica de la Universidad Nacional; y gran extrañeza me ha causado, porque he visto que nadie se ha inquietado ante la independencia económica de las muchas instituciones que hoy día existen en el país, sino que, más bien le otorgan gustosos cuantiosas rentas. Yo estoy perfectamente de acuerdo con esto, pero traigo el caso a cuento, solamente para que se vea la urgencia y la necesidad de una independencia económica, para la buena marcha y fortalecimiento de la verdadera autonomía.
Tenemos en Costa Rica el Hospital San Juan de Dios y la Caja de Seguro Social, instituciones autónomas que día a día sus rentas aumentan, sin que nadie sea capaz de intentar restringirlas en lo más mínimo, sino que todo costarricense tiene como deber velar porque esos ingresos se acrecienten, pues van en beneficio de todo nuestro pueblo, que constantemente invade esos salones, recibiendo gratuitamente su curación. Tenemos también el caso de los Bancos, que son orgullo para nuestra patria, cuyos edificios se levantan airosos en el corazón de nuestra ciudad, engrandeciéndola tanto material como económicamente, gozan de cuantiosos sueldos para todos sus empleados y gerentes, que bien se lo merecen. También para sus valiosas máquinas de calcular y demás mobiliario.
Nadie ha dado la menor prueba de descontento. Pero viene la Universidad a solicitar ante esta Asamblea que se le otorgue la autonomía económica a que es merecedora, y ven todos, que para ella, que es el verdadero centro intelectual de toda la nación, es mucho lo que se pide; y que tiene suficiente con haber levantado un pobre edificio; ignorando quizá, que es la Universidad el primer medio fundamental en el desarrollo de un país, desde su aspecto cultural. Sin ella, es muy posible que las demás instituciones autónomas tendrían que cerrar sus puertas, ya que es la Universidad quien brinda al servicio del pueblo, los más connotados intelectuales y técnicos que hoy en día se hallan en los Bancos como egresados de Ciencias Económicas, en los laboratorios, como cazadores de microbios: haciendo caminos y puentes, como ingenieros civiles. La Universidad, señores, solamente tiene una finalidad o propósito, y es de darse sus propios discípulos, profesionales que han de integrar las fuentes progresivas y culturales de la nación. Y no puedo concebir cómo es posible que a otras instituciones de igual importancia o de semejante envergadura, no se les discuta la autonomía económica, como se le discute a la Universidad, a pesar de que ésta no ambiciona nada para sí, sino que la única ambición que persigue y que la llena de orgullo, es la de ver en las ventanas de ciertos profesionales, donde se lean rótulos, Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Costa Rica; Cirujano Dentista, de la Universidad de Costa Rica, y quizá en no lejano día, Médico y Cirujano, de la Universidad de Costa Rica; es ésta la única y legítima ambición que persigue ese centro, a quien algunos señores desean regatearle algunos centavos que se demandan para beneficiar el progreso de Costa Rica, poblándola de profesionales aptos. Darle a la Universidad el apoyo que verdaderamente necesita, no es demasiado, señores, es solamente un deber de todo costarricense, velar porque surja cada día con más fuerza ese centro fundamental, a cuyo alrededor habrá de girar el futuro de nuestro país. Yo pido a los señores Diputados que piensen, que lo que hoy damos a ese centro, donde residen todas las ramas del saber, se recogerá más adelante en abundantes frutos que vendrán a ayudar enormemente al pueblo costarricense, que desea vivamente progresar técnica y económicamente.
Por eso vengo a rogar a los señores Diputados, a nombre de mis discípulos, que se den cuenta de que una Universidad sin independencia económica, no será una Universidad. En este mo- mento en que la Universidad está colocada frente a su propio destino, que es el de Costa Rica, es que pido que resolvamos este asunto, una vez más, con alto criterio.