Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-junta-seccional-de-salud-depto-de?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c034870fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 10:09:27
Document Index: 332243582

Matched Legal Cases: ['artículo 1618', 'artículo 1609', 'artículo 1546', 'artículo 254', 'artículo 1609', 'artículo 1156', 'artículo 1617', 'artículo 1222', 'artículo 479', 'artículo 1223', 'artículo 606', 'artículo 1620', 'artículo 1624', 'artículo 1156']

﻿ LAUDO EN DERECHO JUNTA SECCIONAL DE SALUD (DEPTO. DE SUCRE) VS COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LOTERÍAS LTDA. OCTUBRE 31 DE 1970
LAUDO EN DERECHO DE 31 DE OCTUBRE DE 1970
CONTENIDO:• Son administrativos los contratos tendientes a la construcción de obras, prestación de servicios o explotación de bienes del Estado.• En la teoría de la imprevisión, el advenimiento de un hecho inesperado no coloca al deudor en la imposibilidad en el tiempo o en el espacio de cumplir su prestación, pero produce una alteración de los factores que rompe la ecuación financiera del contrato y propicia un empobrecimiento del deudor, correlativo al enriquecimiento del acreedor. Por ello, si el fenómeno adveniante hubiese sido previsto, el deudor habría contratado en condiciones distintas. Entonces, ante el empobrecimiento del deudor, acosado por la mala suerte, se impone la intervención del juez para restablecer la simetría contractual o el equilibrio de las prestaciones en aras de la equidad.• Uno de los elementos esenciales de la teoría de la imprevisión es que la alteración de las condiciones contractuales, sobrevenga sin culpa del acreedor.
ÁRBITROS:Eduardo García Badel, Gonzalo Vargas Rubiano y Luis Carlos Iragorri
DEMANDANTE:Junta Seccional de Salud (Depto. de Sucre)
DEMANDADO:Compañía Distribuidora de Loterías Ltda.
NORMAS ANALIZADAS:Código Civil, arts. 1497, 1498, 1524, 1604 Código de Comercio, art. 1234 Código Contencioso Administrativo, art. 254 Código de Procedimiento Civil, arts. 177, 305
Junta Seccional de Salud del Departamento de Sucre
Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, en relación con la Lotería de Sucre
Octubre 31 de 1970
Tribunal arbitramiento convocado para dirimir el diferendo entre la junta seccional de salud del departamento de Sucre y la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, en relación con la Lotería de Sucre.
Bogotá, D.E., treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta.
La Compañía Distribuidora de Loterías Ltda., haciendo uso de lo estipulado en la cláusula trigésimo segunda del contrato contenido en la escritura pública Nº 647 de dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), otorgada en la Notaría Segunda de Sincelejo, requirió al presidente de la junta seccional de salud segunda de Sucre para el nombramiento de un árbitro a fin de integrar el tribunal de arbitramiento que se encarga de dirimir las diferencias surgidas en el desarrollo del contrato celebrado entre ellas. Codilol designó como árbitro al doctor Luis Carlos Iragorri y la junta de beneficencia al doctor Eduardo García Badel. Dichos arbitradores designaron como árbitro tercero al doctor Gonzalo Vargas Rubiano, en su sesión primera verificada el día 3 de marzo del año en curso. Integrado e instalado el tribunal en la forma anotada, se eligió presidente al doctor Eduardo García Badel y secretario al doctor Mario Enrique Pérez, quienes aceptaron las respectivas designaciones. La Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, designó como su apoderado ante el tribunal al doctor Efraím Osorio Castillo, y la junta de beneficencia otorgó poder especial a favor del doctor Francisco Gil Aviles, quien en el curso del negocio lo sustituyó en la persona del doctor Carlos Gustavo Arrieta. Esta sentencia es un derecho, por petición expresa de ambas partes.
El doctor Efraím Osorio Castillo en ejercicio de su poder, instauró demanda ante el tribunal de arbitramiento, mediante libelo presentado el 3 de julio de 1970, solicitando que en sentencia definitiva y siguiendo las regulaciones de la Ley 2ª de 1938 y de los artículos 1218 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se hagan estas o semejantes declaraciones: Acordar las modificaciones pertinentes al contrato de que cuenta la escritura Nº 647, arriba citada; que su poderdante pague un precio menor por la compra de los billetes de los sorteos de la Lotería de Sucre, a fin de obtener la reducción total de las pérdidas de la Lotería de Sucre, a fin de obtener la reducción total de las pérdidas sufridas hasta el momento de dictar el fallo de arbitramiento; que al precio menor por la compra de los billetes se tase correctamente para que la pérdida se absorba totalmente en el tiempo que falta correctamente para el ejercicio del contrato, y si esto es insuficiente se compense con las participaciones que reciba la beneficencia de Sucre por concepto de los sorteos extraordinarios anuales de su lotería; que la compensación ascienda a $ 4.150.424.42, desde el 19 de septiembre de 1967 hasta el 31 de enero de 1970, y las que se estimen hasta la fecha de duración del contrato; que se reconozca la suma de $ 2.000.000, por los intereses bancarios de las inversiones, riesgos, trabajo y prestación de servicios de Codilol, desde el primer sorteo de la lotería hasta el 31 de enero de 1970 o hasta que se haga el pago total; que se estime en cuantía mínima de $ 500.000 los perjuicios ocasionados a Codilol por haberse negado el departamento a arreglar oportunamente este problema; que de acuerdo a las solicitudes anteriores la compensación que debe hacer la beneficencia asciende a la suma de $ 6.650.424.42. y que si la compensación no alcanzare a dicha suma total la beneficencia pague el faltante treinta (30) días después de ejecutoriada la sentencia.
Las afirmaciones de hecho que contiene la demanda se pueden asumir así: que el objeto del contrato celebrado el 6 de julio de 1967 entre las partes en conflicto, del que da cuenta la escritura 647 de 18 de septiembre de 1967, de la Notaría 2ª de Sincelejo, fue y sigue siendo la compraventa de los billetes de Lotería de Sucre y la distribución de los mismos por parte de Codilol, siendo de cargo de esta el pago de los precios fijados a los billetes, según los planes que se fueron acordando, y la erogación de los gastos de impresión de billetes, propagada, agentes, comunicaciones, transporte y el pago de los premios, mientras que la beneficencia se limita a recibir la retribución ... (sic) pactada, vigilar los sorteos y ejercer otras funciones puramente administrativas. Que las funciones administrativas de la junta le otorgan al contrato su naturaleza propia, que excluye la idea de delegación y de concesión y surge de la cláusula primera, que se corresponde y complementa con el contenido de otras cláusulas para ratificar el anterior concepto, así: sobre el plan de premios (cláusula 4ª), sobre emblema de los billetes (cláusula 2ª); sobre el precio de venta de los billetes (cláusula 5ª); sobre el pago de premios e impuestos (cláusula 7ª); sobre el precio de venta al distribuidor (cláusula 8ª); sobre pago de premios y aproximaciones (cláusula 9ª); sobre causales de caducidad (cláusula 30); sobre lugar de verificación de los sorteos (cláusula 10 y 11); sobre libros de actas (cláusula 12); sobre un segundo plan de sorteos (cláusula 16); transcribe la cláusula 21 para afirmar que se comprueba la preocupación común de las partes signatarias de remodelar el contrato o de modificar su estructura en el evento de que otras loterías jugaren el mismo día martes en que se realizan los sorteos de la de Sucre, y la de defender la empresa en caso de que factores análogos colocaren al distribuidor en circunstancias diferentes y desfavorables a las consignadas en el contrato.
Que el ordinal “h” de la cláusula 27 (que en realidad corresponde al ordinal “g”), señala como obligación de la junta “llamar directamente a el contratista para hacer los arreglos del caso, cuando las circunstancias así lo exijan,” y que la cláusula 32 determina la manera de resolver las diferencias que surjan entre las partes por razón del ejercicio del contrato.
Que el contrato se ha desarrollado no en las condiciones normales que existían cuando se celebró por la concurrencia de 24 loterías en la semana y por la fuerte competencia de las loterías de la Cruz Roja y la de Córdoba; que Codilol ha realizado grandes esfuerzos para imponer los billetes de la Lotería de Sucre en todo el mercado nacional; que la empresa ha contabilizado pérdidas por más de $ 4.000.000 hasta el 31 de enero de 1970 y que la beneficencia ha obtenido ingresos por más de $ 8.000.000, sin correr riesgos, sin hacer inversiones, sin aportar trabajo personal; que la compañía ha sido víctima del daño emergente y del lucro cesante; que Codilol planteó esta situación ruinosa de la junta y que esta no le atendió sino que expidió una resolución “por la cual se modifica el contrato sobre administración delegada y distribución de los billetes de la lotería de la Beneficencia de Sucre, y se dictan otras medidas”, estableciendo “con carácter obligatorio, el pago extraordinario de la suma de quince mil pesos ($ 15.000), por parte de la Compañía Distribuidora de Loterías”; que la junta inició así otros incumplimientos que llevaron a Codilol, previo concepto de los doctores Luis Carlos Pérez y Arturo Valencia Zea a retener los pagos debidos a la beneficencia y que la compañía apeló a la cláusula compromisoria para que se defina el problema.
El apoderado de la parte demandante hace apreciaciones de carácter legal con fundamentos de los artículos 1602 y 1609 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, explica la teoría de la imprevisión y transcribe fallos de la Corte Suprema de Justicia, así como conceptos de tratadistas (Rafael Bielsa, Kahn, Lapeyra y Eustorgio Sarria).
La demanda fue admitida y se le corrió traslado de ella al doctor Francisco Gil Aviles, apoderado de la junta seccional de salud de Sucre, quien la contestó oportunamente y en la forma como se sintetiza a continuación: Admitió como ciertos los hechos primero, quinto y décimo primero, y como parcialmente cierto el décimo. Negó los hechos octavo y noveno. Pidió que se probaran los hechos tercero, sexto y séptimo. Respecto al hecho segundo hizo argumentaciones para afirmar que en este hecho el demandante no fija la verdadera naturaleza del contrato. Sobre el hecho cuarto afirmó que este no es un hecho sino un simple comentario del hecho tercero.
El señor apoderado de la junta seccional de salud de Sucre, mediante escrito presentado el 6 de julio del año en curso, formuló demanda de reconvención, solicitando que en sentencia definitiva, en derecho, y previo los trámites consagrados el la Ley 2ª de 1938 y de los artículos 1214 a 1227 del Código de Procedimiento Civil, se hagan las siguientes o similares declaraciones:
Que Codilol entregue a la junta las sumas que por concepto de participaciones líquidas y mínimas tiene retenidas el sorteo efectuado el 19 de agosto de 1969, hasta el día en que se haga el último sorteo de la Lotería de Sucre; que se declare resuelto o terminado, a partir de la ejecutoria del fallo, el contrato contenido en al escritura 642 de 1962; que Codilol pague a la junta por indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento, la suma de $ 500.000; que Codilol a partir de la fecha del fallo y por espacio de 4 meses haga los sorteos ordinarios de la Lotería de Sucre en las mismas condiciones del contrato; que las sumas retenidas por concepto de participaciones y el valor de la indemnización de perjuicios sean cubiertos totalmente por Codilol en la fecha de la ejecutoria de la sentencia; que por el incumplimiento de Codilol se haga efectiva la garantía bancaria de que trata la cláusula 23 del contrato, y que se declare resuelto o terminado el contrato contenido en la escritura pública 646 del 18 de septiembre de 1967, otorgada en la Notaría 2ª de Sincelejo, sobre los sorteos extraordinarios de la Lotería de Sucre.
Las afirmaciones de hecho que contiene la contrademanda se puede resumir así:
Que por el contrato celebrado entre las partes en litigio y elevado a escritura pública, la beneficencia se obligó a venderle a Codilol la totalidad de los billetes de que se compone cada sorteo; que se ha especulado mucho sobre la naturaleza del contrato; que poco interés tiene el nombre o denominación del contrato por lo que dispone el artículo 1618 del Código Civil; que de todos modos, llámesele como se le quiera llamar, el contrato fue incumplido por Codilol; que las cláusulas 16 y 18 han sido violadas por la compañía y en ello se funda para pedir el pago de las participaciones retenidas por Codilol desde el sorteo efectuado el 19 de agosto de 1969; que no hay riesgo imprevisto tal como lo alega o pretende el demandante; que no se justifica derecho de retención con base en el artículo 1609 del Código Civil; que se trata de un contrato bilateral en el cual va envuelta la condición resolutoria tácita estipulada en el artículo 1546 del Código Civil; que Codilol incumplió el contrato al retener, por sí y ante sí el valor de las participaciones y que por eso se solicita la resolución o terminación del contrato; que la resolución legal de un contrato trae la indemnización de perjuicios y pide por este concepto la suma de $ 500.000; que Codilol retiene lo que no le pertenece, que su contabilidad es intocable y que aduce pérdidas que en un principio había calculado como gastos a su cargo para el funcionamiento de la lotería; que Codilol efectúe el pago a la ejecutoria del fallo; que la garantía bancaria pactada se haga efectiva y que el contrato sobre sorteo extraordinario de la Lotería de Sucre ha sido violado por la demora en la cancelación de la participación mínima de $ 500.000.
El contrademandante se funda en las disposiciones de la Ley 2ª de 1938; en los artículos 1546, 1609, 1618, 1849 del Código Civil; en los artículos 1214 a 1227 del Código de Procedimiento Civil; en la Ley 64 de 1923; en el Decreto 2067 de 1940 y en las demás disposiciones pertinentes.
En oportunidad procesal el apoderado de Codilol contestó la demanda de reconvención oponiéndose a que se hagan las declaraciones pedidas por el contrademandante con excepción de la segunda sobre la resolución del contrato contenido en la escritura 647 de 1967, pero no por los motivos a que se refiere la contrademanda, sino por las causas planteadas en la demanda principal.
Sobre los hechos de la demanda de reconvención el apoderado de Codilol expone lo que se puede sintetizar así:
Del hecho primero acepta el señalado bajo la letra “A”; niega y rechaza lo señalado bajo las letras “B, C y D” del hecho primero. Sobre el hecho segundo letras “A y B”, niega de Codilol haya incumplido sus obligaciones y pide que sean probados. Sobre el hecho tercero afirma que Codilol retiene los pagos no por voluntad de incumplir porque la junta dejó de satisfacer sus obligaciones contractuales y pide que el incumplimiento que alega el contrademandante debe ser probado. Sobre el hecho cuarto advierte que no es sino consecuencia del hecho tercero y sobre la resolución del contrato pide que sea el tribunal quien fije el tiempo durante el cual deba seguirse ejecutando este. Sobre el hecho quinto afirma que por no haber incumplimiento no puede caber la indemnización por perjuicios y si estos existen deben ser aprobados. Sobre el hecho sexto afirma que la garantía bancaria no tiene carácter de multa y que mal pueden acumularse la indemnización y la efectividad de la fianza. Niega el hecho séptimo.
Surtidos los trámites propios del arbitramento y en atención a que no se observan ninguna causal de nulidad que invalide la actuación, el tribunal procede a dictar la sentencia, previa las siguientes consideraciones:
En la explotación del juego de suerte y azar denominado “lotería” una actividad monopolista que, de acuerdo con la Constitución colombiana, ha sido establecida por la ley como arbitrio rentístico y cedida por ella a los departamentos, con el loable propósito de que puedan atender a la asistencia pública en sus respectivas comarcas.
Creado el departamento de Sucre en el año de 1966 por la Ley 47, una de las primeras preocupaciones de la naciente entidad al poner en marcha su actividad administrativa, fue, como es obvio, la organización de su lotería. Para tal efecto abrió licitación pública, en la cual el único postulante fue la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, firma esta ampliamente aprestigiada en el ramo, como quiera que para la fecha de la licitación llevaba cerca de 30 años de ejercicio en dicha actividad con éxito inequívoco, y manejaba a la sazón, entre otras, las loterías del Chocó, Cauca, Nariño y Guajira.
Bajo tan halagadores auspicios fue celebrado entre la junta seccional de salud de Sucre, representada por su presidente el gobernador del departamento don Julio Alejandro Hernández, y la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, representada por el doctor César Moyano Bonilla, mandatario especial del gerente doctor Luis Osorio Castillo, el contrato fechado el seis (6) de julio de mil novecientos sesenta y siete (1967), elevado a escritura pública mediante el instrumento número seiscientos cuarenta y siete (647), del mismo año, otorgado ante el notario segundo de Sincelejo, con la advertencia de que al mencionado contrato le fue impartida la aprobación del Ministerio de Salud Pública, entidad que de acuerdo con las leyes 93 de 1938 y 12 de 1963 ejerce la tutela administrativa sobre dicha actividad, aprobación contenida en la Resolución 425 de 1967 (sep. 13), emanada de aquel ministerio, división de atención médica.
Son las siguientes las estipulaciones esenciales del contrato:
La JUNTA asume la administración directa de la Lotería de Sucre, para todos los efectos legales, y se obliga a venderla al CONTRATISTA la totalidad de los diez mil (10.000) billetes de que se compone cada sorteo semanal (cláusulas primera y segunda).
Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos relacionados con la propaganda de la empresa, la remuneración de los empleados y demás trabajadores y sus correspondientes prestaciones sociales, los portes postales y telegráficos, la impresión de los billetes y su distribución, así como el pago de los agentes y subagentes, el de los vendedores ambulantes, y en general, todo desembolso de fondos ajeno a la función meramente directora de la empresa que le corresponde a la junta (cláusula tercera).
El plan de premios por el primer año, con un premio mayor de cien mil pesos ($ 100.000), y el plan de premios para el segundo año en adelante, con un premio mayor de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000) (cláusulas cuarta y décimo sexta).
Los precios de los billetes en el territorio del departamento de Sucre y fuera de él (cláusula quinta y décimo séptima).
La obligación para el CONTRATISTA de distribuir todos los billetes, sin derecho a devolver los no vendidos, ni a reclamar su valor pero percibiendo los premios y aproximaciones correspondientes a dichos billetes no vendidos (cláusula sexta).
La obligación para el CONTRATISTA de pagar siempre los premios al público, por sí mismo o por intermedio de sus representantes y agentes en todo el país, y pagar además, por su cuenta y riesgo, el impuesto nacional para ciegos y sordomudos y los impuestos departamentales para las loterías foráneas (cláusula séptima).
La obligación para el CONTRATISTA de pagarle a la JUNTA, como PARTICIPACIÓN LÍQUIDA Y MÍNIMA (así con mayúsculas aparece en el texto), la suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) semanales, por sorteo, más el 15% de impuestos, o sea un total de CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 55.000), que serán consignados semanalmente en la tesorería departamental, o donde disponga hacerlo la JUNTA, la víspera de cada sorteo, durante el primer año y de acuerdo con el primer plan de premios, y la suma de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 68.750) semanales, por sorteo desde el principio del segundo año, bajo la vigencia del nuevo plan. En este último plan la suma dicha corresponde a cincuenta mil pesos ($ 50.000), más el 15% de impuestos, y es de observar que Este 15% de impuestos es sobre el valor del premio mayor de cada plan (cláusulas octava y décimo octava).
Los sorteos de la lotería podrán efectuarse en el día y hora que escoja el CONTRATISTA, no pudiéndose cambiar después dicho día sino a petición del mismo CONTRATISTA (cláusula décimo quinta).
Cuando por circunstancias anormales, excepcionales o imprevisibles, como turbación del orden público, o graves calamidades de orden nacional, y, a juicio de la JUNTA y del CONTRATISTA, no se pudiere efectuar su sorteo ordinario, y se hubiesen ya vendido billetes para el mismo, el CONTRATISTA les devolverá a los respectivos tenedores el dinero que hubieren pagado por ello, siendo entendido que, en este caso, tampoco él que pagar las participaciones y demás sumas que le correspondan a la JUNTA (cláusula vigésima).
Si, por razones legales, las bonificaciones y comisiones para los loteros y los agentes sufrieren alzas respecto de las actuales tarifas, que son del 20% sobre el precio de venta al público y del 15% sobre el valor nominal de cada billete, respectivamente, o si se crearen o aumentaren por la Nación, los departamentos, los distritos o municipios los actuales gravámenes, tasas y contribuciones de las loterías, se harán oportunamente entre la JUNTA y el CONTRATISTA, los arreglos, y acuerdos que impusieren y aconsejaren las nuevas circunstancias. Igualmente se convendrá y dispondrá de común acuerdo entre las partes, lo que fuere más aconsejable y necesario, si otra empresa se pusiere a jugar el mismo día en que se efectúen los sorteos de la Lotería de Sucre (cláusula vigesimoprimera).
La obligación para la JUNTA de llamar directamente al CONTRATISTA para hacer los arreglos del caso, cuando las circunstancias así lo exijan, y disponer el funcionamiento de la lotería de la Beneficencia de Sucre de manera de facilitarle al CONTRATISTA el cumplimiento de sus compromisos (cláusula vigesimoséptima, litis. a) y g)).
La facultad para la JUNTA de imposición de multas sucesivas al CONTRATISTA hasta por cinco mil pesos ($ 5.000) cada una, y la atribución para la misma de la declaratoria de caducidad del contrato por incumplimiento o incapacidad financiera del CONTRATISTA (cláusulas vigesimonovena, trigésima y trigesimoprimera).
La cláusula compromisoria (cláusula trigesimosegunda), y
El plazo de cuatro (4) años para la duración del contrato, contados a partir del día del primer sorteo ordinario (cláusula trigesimotercera).
Además de la elevación a escritura pública del contrato mencionado, cuyas treinta y seis (36) cláusulas integran el numeral segundo del instrumento notarial (escritura 647, sep. 18/67, Notaría 2ª de Sincelejo, atrás citada), las partes consideraron pertinente hacer las siguientes declaraciones en el mismo público instrumento, declaraciones de singular relevancia para el estudio y decisión del presente caso:
En el numeral tercero expresan que, según determinación del CONTRATISTA y aviso oportuno a la JUNTA, los sorteos semanales ordinarios se iniciarán el MARTES diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), y continuarán efectuándose en dicho día de la semana.
Y en el numeral sexto transcribe la Resolución 38, junio 6 de 1967, en virtud de la cual la junta seccional de salud de Sucre adjudicó el contrato a la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, mediante licitación pública, resolución de cuyos considerandos hacen parte integrante los siguientes:
Que estudiada la propuesta presentada por Codilol y su actual gerente Luis Osorio Castillo; esta ofrece las mejores ventajas y garantías para el departamento de Sucre y los intereses de la junta seccional de salud, “Porque dicha firma se compromete a pagar $ 13.585.000, por sorteos ordinarios en los cuatro (4) años de la duración del contrato en forma segura y sin que la beneficencia tenga que correr riesgos, ni hacer desembolsos de ninguna especie” (considerando tercero).
Que estos proponentes han aceptado también todas las condiciones del pliego de cargos y que le darán en premios al público el 54% del valor nominal y global de las emisiones de billetes, como lo exige la ley, y pagarán por su cuenta el impuesto de ciegos y sordomudos (considerando cuarto).
Que la Compañía Distribuidora de Loterías y su gerente “cuentan con una larga experiencia en el ramo de lotería y han presentado magníficas referencias oficiales y bancarias, que acreditan su solvencia moral y económica” (considerando octavo), y
Que “actualmente manejan así mismo con administración delegada y distribuyen con pleno éxito, los billetes de las loterías del Cauca, del Chocó, de Nariño y de La Guajira, y que por esta razón cuentan con una magnífica organización en todo el país y se encuentran en excelentes condiciones para organizar igualmente la nueva Lotería de la Beneficencia de Sucre, y se han comprometido, por último, a iniciar los sorteos a más tardar noventa (90) días después de revisado y aprobado el contrato por el Ministerio de Salud Pública” (considerado noveno).
De los elementos anteriormente descritos, fluyen las siguientes consecuencias liminares:
1. Se trata de un contrato administrativo celebrado entre un establecimiento público del orden departamental, como es la junta seccional de salud de Sucre, tendiente a la explotación de un bien departamental —la lotería— árbitro rentístico y monopolio creado por la ley y atribuido a las entidades seccionales con fines de asistencia pública.
Si la asistencia pública es función del Estado (art. 19 de la Carta), los medios o recursos oficiales destinados a prestarla por mandato de la ley, constituyen servicio público esencial.
Por cuyo motivo en este caso se reúnen los tres requisitos o características que, según reciente decisión del Consejo de Estado (sent. de jun. 19/70. Sección Tercera), le imprimen el sello administrativo a una determinada contratación: la definición legal, la presencia de la cláusula exorbitante y la finalidad de servicio público. Si, según la antedicha doctrina, bastaría una sola de dichas circunstancias para construir un negocio jurídico administrativo, tanto más acontece en nuestro caso en que se dan todas tres. En efecto:
Definición legal. El artículo 254 del Código Contencioso Administrativo (L. 167/41), llama administrativos los contratos tendientes a la construcción de obras, presentación de servicios o explotación de bienes del Estado.
Cláusula exorbitante. Aquí fue expresamente pactada la cláusula de caducidad, y fines de servicio público. Se trata de la finalidad de la asistencia pública, esencial deber social del Estado, según los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional.
11. Es un contrato i ntuitu personae. Se celebró en consideración a las condiciones singulares de idoneidad del contratista, con miras a aprovechar para el servicio público la excelente organización y dilatada experiencia de aquel en el ramo de las loterías.
111. Es un contrato conmutativo, oneroso, que participa de la categoría de aleatorio porque a la prestación de la junta —entrega de un bien departamental para su explotación: la lotería— el equivalente o contraprestación del contratista: el pago de una líquida y fija de dinero constituía para él la asunción de una contingencia incierta de ganancia o pérdida (C.C., arts. 1497 y 1498).
Para probar este aserto basta sencillamente tener en cuenta que el contratista asumió la totalidad de los riesgos y gastos, sin que la junta asumiera ninguno. Así quedó pactado. Más aún: fue el motivo que indujo a la junta a la celebración del acto. Lo cual equivale a la causa del contrato (art. 1524, inc. seg. del C.C.), es por entero presumible que de no haber sido así o no se habría celebrado el contrato por la junta, o esta habría exigido prestaciones distintas, y
IV. Finalmente, se trata de un contrato de los llamados de tracto sucesivo o ejecución sucesiva porque las obligaciones de las partes se renovaban en el tiempo: cada semana, durante cuatro (4) años, la junta le vendería al contratista y este le compraría la totalidad de la emisión de los billetes de cada sorteo.
Inicialmente, el pacto principió a ejecutarse de manera normal, al parecer en consonancia con las previsiones razonables del contratista, tratándose de lotería nueva y en presencia de un mercado en extremo competido. Pero luego el contratista principió a quejarse a la junta por notorio descenso en la colocación de billetes en el público, con las consiguientes pérdidas para él ya que de todas maneras tenía que pagarle a aquella una suma fija semanal. Pero la junta no consideró pertinente atender las ahincadas sugestiones del contratista, quien en un esfuerzo por reavivar la lotería en decadencia, optó unilateralmente por cambiar el sistema de números por otro combinado de letras y números, que tampoco produjo resultados favorables, y le determinó la imposición de una multa de $ 15.000 por la junta administradora de la lotería aun cuando por convenio entre las partes la resolución respectiva no la llama propiamente multa sino contribución extraordinaria.
El contratista prosiguió en su intento de obtener una modificación de las bases del pacto, con alegación de circunstancias imprevistas alterantes de la economía del contrato e invocando la obligación de la junta de “llamar directamente al contratista para hacer los arreglos del caso, cuando las circunstancias así lo exijan” (cláusula vigésima séptima, lit. g)).
Creyendo el contratista que la renuencia reiterada de la junta a llamarlo directamente “para hacer los arreglos del caso”, constituía una infracción del contrato por parte de esta, y basado en el concepto escrito de dos distinguidos juristas, procedió a retener las participaciones que a la junta le correspondían a partir del sorteo número ciento uno (101), retención que pretende fundarse en el artículo 1609 del Código Civil y que ha perdurado hasta el momento.
Como la demanda principal se basa en que la junta violó el contrato … (sic) a las solicitudes del contratista tendiente a la revisión del pacto en presencia de circunstancias imprevistas, lo que llevó al contratista a retener las participaciones de la junta, y como la contrademanda de esta se funda precisamente en que por tal retención quien ha incumplido es la Compañía Distribuidora de Loterías Ltda., incumplimiento que conduce a la resolución del contrato, el orden lógico impone al tribunal el deber de examinar el comportamiento de las partes, tratándose como se trata de contrato de ejecución sucesiva, o de tracto sucesivo, según se advirtió al estudiar la naturaleza de este negocio jurídico. Y desde luego tal comportamiento debe ser valorado ante la interpretación que el tribunal ha de hacer de las cláusulas motivo del diferendo.
La Compañía Distribuidora de Loterías Ltda., ha enrumbado su conducta por el convencimiento que tiene la junta seccional de salud de Sucre, al no acceder a sus peticiones revisionistas infringió el literal g) de la cláusula vigésima séptima relacionada, a su turno, con la cláusula vigésima primera.
Las partes previeron, en la cláusula vigesimoprimera, tres circunstancias cuyo advenimiento, aislado o conjunto, les imponía a ambas el deber de hacer oportunamente “los arreglos y acuerdos que impusieren y aconsejaran las nuevas circunstancias”:
1. “Si, por razones legales, las bonificaciones y las comisiones para los loteros y los agentes sufrieran alzas respecto a las actuales tarifas, que son del 20% sobre el precio de venta al público y el 15% sobre el valor nominal de cada billete, respectivamente”.
No ha habido norma legal, o decreto con fuerza de ley, u otro precepto superior, que, con posterioridad a la celebración del contrato, o mejor de su solemnización (sep. 18/67), haya aumentado en alguna forma las tarifas para las bonificaciones y comisiones de los loteros y los agentes de loterías.
2. “Si se crearen o aumentaren por la Nación, los departamentos, los distritos o municipios los actuales gravámenes, tasas y contribuciones de las loterías”.
Tampoco ha habido desde la solemnización del contrato norma superior alguna que haya creado nuevos impuestos, tasas y contribuciones sobre las loterías, o aumentado los existentes. Esto en cuanto a los preceptos nacionales, cuyo conocimiento es el único obligatorio para los dispensadores de justicia. Porque entratándose de normaciones de inferior linaje, como son las de escalas departamental o municipal, su existencia debe ser acreditada, y aquí no la ha sido. Y en derecho lo que no de prueba es como si no existiera. Y;
3. “Igualmente se dispondrá y convendrá, de común acuerdo entre las partes, lo que fuere más aconsejable y necesario, si otra empresa se pusiere a jugar el mismo día en que se efectúen los sorteos de la Lotería de Sucre”.
Cuando el contratista escogió los días martes para la celebración de los sorteos ordinarios de la Lotería de Sucre, sabía que ese mismo día, con antelación de varios años, jugaban las loterías de Córdoba, de la Cruz Roja Nacional y del Huila.
Además, en el expediente aparece la prueba escrita de que el gerente de Codilol manifestó la inconveniencia de cambiar de día, había consideración de que en cada uno de los otros cinco días hábiles de la semana estaban jugando cuatro loterías. Razón prudentísima porque el traslado a otro día hábil de la semana equivaldría a dividir por cinco lo que ya estaba dividido por cuatro, con mayor saturación del mercado.
Y, en cuanto a la cláusula 27, literal g), que trata de la obligación para la junta de “Llamar directamente al contratista para hacer los arreglos del caso, cuando las circunstancias así lo exijan”, la mayoría del tribunal considera que tal cláusula consagró para la junta una obligación potestativa ante la luz de los artículos 1534 y 1535 del Código Civil, especialmente de la parte final de este último que dice: “Si la condición (potestativa) consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá”. Funda la mayoría del tribunal su convicción en lo siguiente: el radical contraste entre redacción de la cláusula 27 y la redacción de la cláusula vigesimoprimera, atrás analizada. En está última se impone a las partes la revisión del contrato en presencia de cualquiera de las tres circunstancias allí precisadas, o de dos o de todas tres, al decir que “harán los arreglos y acuerdos que impusieren las nuevas circunstancias”. En cambio, la (cláusula vigesimoséptima, lit. g)), al decir que la junta llamará directamente al contratista “cuando las circunstancias así lo exijan”, atribuye la calificación de tales circunstancias a la junta para que esta, al valorarlas, llame directamente al contratista, es decir, por su propio impulso o conato. Pero no dice “atender los llamados que directamente le haga el contratista”. Como este parece entenderlo.
En otras palabras: El sentido de la cláusula vigesimoprimera es el de que, ante la presencia objetiva de cualquiera de los tres eventos previstos, no cabe apreciación discrecional alguna. Ambas partes, en tal hipótesis, están obligadas a acordar la revisión del contrato. Pero al contrario, la calificación de las circunstancias dentro del ámbito de la cláusula vigesimoséptima, es de la pura incumbencia de la junta para llamar al contratista, pero aun así este no estaría obligado en tal caso a atender las proposiciones revisionistas de la junta. Vale decir, en ejercicio de la condición potestativa atribuida a la junta para llamar directamente al contratista y proponerle nuevos arreglos, conservaría este su facultad de decisión para aceptarlos o no, sin que su rehusamiento implicare quebramiento contractual alguno.
Porque fuera de los tres eventos descritos en la cláusula vigesimoprimera, las partes no están obligadas a revisar el pacto. Y sería poco menos que extravagante pretender que la resistencia de una parte a modificar el contrato equivaliera a su violación, cuando precisamente se está pretendiendo su pleno cumplimiento.
En síntesis: la mayoría del tribunal estima que la junta no estaba obligada a atender los requerimientos o sugestiones del contratista, por no darse los supuestos de hecho previstos en las cláusulas vigesimoprimera, y por ser potestativa suya, y no del contratista, la calificación de las circunstancias de que trata la cláusula vigesimoséptima.
Ha invocado tesoneramente la parte demandante en favor de sus pretensiones la teoría de la imprevisión, por lo cual el tribunal debe detenerse a examinar si, por encima o desbordando lo ya dicho, tal teoría legitima las aspiraciones del actor. Ya que se trata de principio general de derecho de recibo en nuestro ordenamiento jurídico según el artículo octavo de la Ley 153 de 1887, y conforme lo tienen consagrado la doctrina y la jurisprudencia patrias.
Es bien sabido que tan precioso instituto jurídico, brotado de la equidad, aparece expuesto por los glosadores en la edad media con la fórmula clásica de rebusic stantibus, amortiguado después en los albores de le edad moderna por la interpretación exegética individualista de pacta sunt servanda, pero avivado en este siglo, especialmente en el campo del derecho administrativo —a partir de la primera conflagración mundial— al compás de las nuevas exigencias sociales. Hoy en día constituye un poderoso instrumento jurídico en la humanización de las relaciones sociales. Aun cuando no faltan doctrinantes que consideren que en él se inspiró Maquiavelo, para aconsejar al príncipe el desconocimiento de los tratados que pudieran llegarle a ser inconvenientes.
Pero lo cierto es que constituye una de las ricas maneras en que en el derecho moderno se expresa la forma genérica del enriquecimiento sin causa. A nadie le es lícito enriquecerse injustamente con detrimento ajeno (Neminem laedere locupletari cumaalterius injuria vel jactura). Y se diferencia específicamente de la teoría del caso fortuito o fuerza mayor, en que en este surge un acontecimiento imprevisto que impide la ejecución en el tiempo y ejecución en el espacio, o sea la imposibilidad temporal y la imposibilidad espacial de la ejecución de la obligación del deudor, por lo cual este se libera de su cumplimiento. En cambio, en la teoría de la imprevisión, el advenimiento del hecho inesperado no coloca al deudor en la imposibilidad en el tiempo o en el espacio de cumplir su prestación, pero produce una alternación de los factores que rompe “la ecuación financiera” del contrato y propicia un empobrecimiento del deudor correlativo al enriquecimiento del acreedor. Por eso se ha dicho que si el fenómeno adveniante hubiese sido previsto, el deudor no habría contratado o lo habría hecho en condiciones distintas. Entonces, ante el empobrecimiento del deudor, acosado por la mala suerte, se impone la intervención del juez para restablecer la simetría contractual o equilibrio de las prestaciones, en aras de la equidad.
Empero, todos los tratadistas y jurisprudentes están acordes en que no cualquier hecho futuro y malhadado es imprevisible. Porque entonces, como diría Ortega, para el espíritu humano todo lo porvenir es contingencial, a diferencia de los demás seres de la naturaleza: minerales, vegetales y animales cuya existencia está predeterminada. Solo cabe al hombre el atributo, no de existir, sino de vivir. Y la vida humana es contingencia, es circunstancia, es azar.
Centrándonos en la cuestión jurídica, tenemos que uno de los ingredientes esenciales de la teoría de la imprevisión es el de que la alteración de las bases sobrevenga sin culpa del deudor:
“Elemental establecer que los hechos modificativos de las circunstancias imperantes a la época en que se pactaron los deberes, no puede derivar de actividad del propio deudor y, mucho menos, de su negligencia o descuido. A semejanza de lo que ocurre en la imposibilidad sobreviniente, cuando corresponde al obligado probar no solamente la razón específica de su incumplimiento, sino además que no tuvo que ver con ella (C.C., art. 1604, inc. 2º), la demanda de revisión del contrato exige que la imprevisión se justifique y realmente las transformaciones advengan fortuitamente”.
“Por último, la revisión puede aceptarse apenas en circunstancias extremas, por decir, dramáticas, y nunca por motivos individuales, al punto de requerirse una afectación general, si no de todos los habitantes del país entero, sí de una región o núcleo social considerables en sus proporciones. Por lo mismo que en todo negocio existe una base subjetiva por entero personal (presuposición), que carece de todo influjo, como tal, mientras permanezca retenida en la mente del individuo, se hace más oportuno recalcar esta exigencia de la figura, cuyo interés quizá se explique mejor a través de ejemplos: un comerciante que previendo restricciones o dificultades en el comercio de ciertos artículos, hace pedidos desproporcionados a sus fuerzas, no podrá alegar la revisión de los términos de los contratos de suministro alegando las dificultades en que se ve por la abundancia de sus deudas y la escasez de sus ventas, como sí la lograría al acreditar que esa situación la padecen sus colegas o toda la vecindad, por motivos sociales, políticos o económicos cuya contemplación no podía entrar en un juicioso cálculo de probabilidades, caso que recuerda los detalles de la repercusión económica de 1929, sorteada airosamente con la ley de deudas o moratorias”. (Fernando Hinestrosa, “Derecho Civil —Obligaciones”— publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.E., edición de 1969, págs. 361 y 362).
“Enunciación del problema de la imprevisión. Con posterioridad a la celebración de un contrato cuya ejecución no sea inmediatamente, la obligación del deudor llegar a ser especialmente gravosa por razón de circunstancias o eventos imprevistos e imprevisibles en la época del perfeccionamiento de dicho contrato. En el caso, v. gr. de un arrendamiento al largo plazo, la presencia de una crisis que valorice la moneda puede colocar al arrendatario en condiciones ruinosas; igual cosa sucedería en el caso de un comerciante que se hubiera obligado a suministrar determinadas materias primas cuya explotación viene luego a ser fuertemente gravada con impuestos, etc. Situaciones semejantes, que constituyen un desequilibrio verdaderamente injusto en las prestaciones de las partes, “un trastorno en la economía del contrato”, podrán ser razón suficiente para que el juez intervenga y declare su resolución o suspensión o lo modifique, o por el contrario, la ley contractual será absoluta. (No debe perderse de vista que se trata de eventualidades imprevistas e imprevisibles, pues, de lo contrario, la situación es muy distinta, como acontece en aquellas convenciones en que precisamente se juega la habilidad y talento de los contratantes en relación al futuro, como en los contratos aleatorios)”.
“Tan clamorosa y casi unánime aspiración (el profesor Capitant es impugnador de la teoría) de la doctrina francesa (la consagración legislativa de la teoría de la imprevisión) ha sido satisfecha por una legislación extranjera: el código Polaco de las obligaciones y de los contratos, consagró legislativamente, por primera vez en derecho privado, la teoría de la imprevisión. La fórmula adoptada es de una grandísima amplitud y responde a los deseos de la doctrina. Dice así el artículo correspondiente: “ART. 269.—Cuando a causa de eventos excepcionales, como guerra, epidemia, pérdida total de cosechas u otras catástrofes naturales, la ejecución de la prestación tropiece con dificultades excesivas e implique para una de las partes un pérdida exorbitante que los contratantes no pudieron prever en el momento de perfeccionar el contrato, el tribunal puede, si lo juzga necesario, de acuerdo con los principios de la buena fe y teniendo en cuenta los intereses de ambas partes, fijar la forma de ejecución, el monto de la prestación y aun dictar la resolución misma del contrato”. (Francisco Tafur Morales, “La Nueva Jurisprudencia de la Corte”, segunda edición, Editorial Optima, Bogotá, págs. 175, 176, 183 y 184).
“969.—La noción de imprevisibilidad. Como lo indica el mismo nombre de la teoría, el acontecimiento que subvierte el contrato, debe haber sido imprevisible en el momento de la conclusión de este”.
“Esta condición corresponde a la idea de que, si en todo contrato existen “aleas ordinarias”, es decir, aleas “en las cuales se pueda razonablemente que las partes han debido tener en cuenta en sus previsiones” (Jesé) y que son soportadas por el contratante, se puede registrar también “aleas extraordinarias” que el co contratante no ha podido razonablemente prever”.
“El acontecimiento imprevisible es, según la expresión de Corneille en sus conclusiones en el negocio Fromassol, “el acontecimiento que sobrepasa todos los cálculos que las partes han podido hacer el momento del contrato y traspasan los límites que las partes han podido contemplar”. Estas expresiones (la expresión “que sobrepasa todos los cálculos” se halla también en el mismo fallo del caso del gas de Burdeos), hacen aparecer que la exigencia de imprevisibilidad es rigurosa, pero es necesario precisar, como se ha hecho a propósito de la misma exigencia en la teoría de la fuerza mayor, que la noción de imprevisibilidad no se define en sí mismo sino en relación con las circunstancias del caso concreto o especie judicial; no hay acontecimiento absolutamente imprevisible sino solamente acontecimientos que no podrían ser normalmente previstos a la conclusión de un contrato determinado”: (Andre de Laubadere, “Traite Theorique et Practique des Contrats Administatifs”, T. III, edición de 1956, págs. 97 y 98).
“Yo considero esta tesis (la de la imprevisión) como nueva, pero la miro al mismo tiempo como jurídica. Ella está de acuerdo con una interpretación liberal y amplia del artículo 1156 (del C.C. francés). En derecho civil, lo mismo que en derecho administrativo, no es admisible que una de las partes tenga que soportar riesgos que nadie podría prever y que, por consiguiente, no se tuvieron en cuanta al tiempo de celebrar el contrato. La teoría de la imprevisión no es sino la aplicación razonable del adagio sumum jus suma injuria” (H. Berthelemy, “Traite Elemtaire de Droit Administratif” decimotercera edición 1933, pág. 718). (lo resaltado de las transcripciones es del tribunal).
Expuesta de manera tan lúcida la teoría de la imprevisión por los tratadistas colombianos y franceses, vamos a aplicar el caso concreto.
¿Cuáles son, en la especie sub lite, los motivos invocados por al actor para justificar la imprevisión?
Están expuestos concretamente en el hecho sexto de la demanda. Y son estos tres: la concurrencia de veinticuatro (24) loterías en la semana, en lugar de las diecisiete (17) que venían funcionando anteriormente. Que la Lotería de la Cruz Roja resolvió competir fuertemente en el mercado con multiplicación de atractivos. Y que lo mismo hizo la Lotería de Córdoba al saber que la de Sucre iba también a jugar los martes.
Ninguno de estos extremos, ni aislamientos ni en conjunto, a juicio de la mayoría del tribunal, configuran la teoría de la imprevisión.
Era por entero previsible para el contratista cuya versación en estas materias es un hecho de notoriedad pública, y aún para personas extrañas o profanas en el negocio, que los nuevos departamentos harían pronto uso del árbitro rentístico que la ley les concede, que el Distrito Especial de Bogotá lo podría hacer de un momento a otro, ya que tal facultad le había sido atribuida desde el año 1954. Máxime cuando el expediente está acreditado que no eran diecisiete (17) sino veinte (20) las loterías que estaban jugando en la fecha de la celebración del contrato (jul. 1967). Y que bien pronto entrarían a jugar la nueva de Risaralda, desde luego la misma de Sucre, como también la del Cesar, departamento que ya había sido creado por medio de la Ley 25 del 21 de junio de 1967. Con la cual habría, durante la vigencia del contrato, veinticuatro (24) loterías compitiendo.
También era fácilmente presumible que los dos (2) loterías que para julio de 1967 estaban jugando los días martes (las de Córdoba y Cruz Roja), —día martes precisamente escogido por el contratista para los sorteos de la de Sucre— pugnarían abiertamente por defenderse ante esta, siguiendo una ley económica universal de competencia mercantil, que nadie es osado a desconocer, ni a discutir.
Precisamente el departamento de Sucre depositó su confianza, para la protección de sus intereses, en quien la merecía, habida consideración de sus indiscutibles méritos y rica dilatada experiencia sobre la materia. Empresa fogueada en recios combates por la adquisición de mercado, victoriosamente afrontados en la explotación de loterías similares manejadas por ella como las del Cauca, Nariño, Chocó y Guajira, amén de la de los territorios nacionales.
Ocurre de manera extraña un fenómeno curioso. Al éxito anterior y actual en aquellos departamentos, se acompaña el insuceso de Sucre. Hecho que el mismo distinguido apoderado de Codilol en varios pasajes de sus alegaciones orales y escritas ante el tribunal, no puede menos de calificar de misterioso e inexplicable, a pesar de los denodados esfuerzos de la compañía por superar las circunstancias adversas.
Claro es que el contratista ha realizado considerables gastos y esfuerzos en premios, participaciones, impresión de billetes, impuestos, propaganda, gasto de organización y de administración, desde la promoción de la lotería hasta el 30 de junio del presente año. Erogaciones que el dictamen pericial registra en el apreciable guarismo de tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos noventa y dos pesos con 48/100 ($ 3.405.592.48), como pérdida neta (dictamen pericial cdno. 4, fl. 98 anexo 46).
Pero las participaciones pagadas al departamento de una parte, y las erogaciones constitutivas de los otros renglones o rubros de pérdida para el contratista, de la otra, no han ocurrido de manera gratuita o graciosa para la Beneficencia de Sucre, como lo asevera el demandante, sino como contraprestación a la entrega de un bien departamental —la lotería— para su explotación. Que los cálculos, esperanzas o ilusiones del contratista resultaron por desventura fallidos, ese fue ciertamente el riesgo que, como contraprestación, asumió en el contrato para el aleatorio de que se ha hecho merito. Bien habría podido obtener copiosas utilidades, si sus previsiones se hubiesen visto coronadas por el éxito, caso en el cual la junta habría carecido de derecho para exigirle superiores participaciones en las estipuladas.
El contratista, en su demanda, pretende trastocar la situación jurídica de las partes en el contrato. Porque pide se condene a la junta a reembolsarle no solamente todos los gastos e inversiones hechos, sino los intereses comerciales del capital significado por aquellos. Además, una indemnización, remuneración o compensación por el esfuerzo y trabajos desplegados. Todo lo cual pugna con la naturaleza jurídica del contrato, ya que en este se estipuló precisamente todo lo contrario: que todos los gastos y riesgos estuviesen a cargo del contratista y nunca de la junta.
El contratista, pues, asumió lo que certeramente llama Jesé, en el pasaje trascrito de Laubaders, el “alea ordinario” del negocio. Y de ese “alea ordinario” hace parte integrante la contingencia de pérdida, ya que no puede predicarse de todos los contratos que por medio de estos se obtengan siempre utilidades o provechos.
Todos lo anterior lleva a la mayoría del tribunal a despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda.
Por medio de esta se pide la resolución del contrato con base en el incumplimiento del contratista por el no pago de las participaciones correspondientes, a partir del sorteo ciento uno (101).
Petición que prospera como consecuencia del análisis de la conducta de las partes hecho con ocasión del estudio de las pretensiones de la demanda principal.
Si la junta no estaba obligada, por los motivos aducidos por el actor, a aceptar la revisión del contrato con base en la (cláusula vigesimoséptima, lit. g)), es obvio que el contratista infringió el contrato al no darle cumplimiento a su obligación principal de pagar las participaciones, sino que las ha retenido equivocadamente.
Esta consecuencia resolutoria se impone tanto más cuanto que el demandante principal, al darle respuesta a la demanda de reconvención, acepta la resolución aun cuando por motivo distinto consistente en las pérdidas que está afrontando, y que el dictamen pericial patentiza.
Sobre la fecha en que debe quedar terminado el contrato, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá lo pertinente.
La Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, deberá pagarle a la junta las sumas que por concepto de participaciones le tiene retenidas desde el sorteo ciento uno (101), efectuado el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos sesenta y nueve (1969), y para la fijación de su monto o cuantía se estará al dictamen pericial (cdno. 4, fls. 4, 10 vto. y 73) y al cuadro de “Pago de participaciones e impuestos de ciegos y ganadores”, presentado por el apoderado de Codilol doctor Efraím Osorio Castillo, y agregado a los autos por solicitud suya (cdno. 1, fls. 86 y 92).
Como no se ha probado perjuicio alguno distinto a la mora en el pago de suma líquida de dinero, o sea los intereses legales de las sumas retenidas y a partir de las diversas y periódicas retenciones, tratándose como se trata de obligación de pagar una cantidad de dinero, se estará a los ordenamientos del artículo 1617 del Código Civil.
Por estimar el tribunal que el contratista, para retener las participaciones, procedió equívocamente, pero de buena fe, preválido de un concepto escrito de dos eminentes juristas, no hace las condenaciones solicitadas por el mandato de la junta bajo las peticiones tercera y sexta.
Tampoco prospera la petición séptima y final de resolución del contrato sobre sorteos extraordinarios porque lejos de probarse incumplimiento alguno, está acreditado en los autos que hasta ahora dicho contrato ha tenido cabal ejecución. Y, además, a está petición, a diferencia de la relativa a la resolución del contrato sobre sorteos ordinarios, se opone Codilol al contestar la demanda de reconvención.
El tribunal deja constancia de que el presente fallo es proferido dentro del término previsto en el artículo 1222 del Código de Procedimiento Civil, por constar el expediente de cuatro (4) cuadernos con un total de quinientas once (511) hojas.
En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramiento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Absuélvese a la junta seccional de salud del departamento de Sucre de todos los cargos formulados en la demanda principal.
2. Declárese resuelto el contrato de fecha seis (6) de julio de mil novecientos sesenta y siete (1967), celebrado entre la junta seccional de salud del departamento de Sucre y la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, elevado a escritura pública mediante el instrumento 647 del 18 de septiembre del mismo año, otorgado ante el notario segundo de Sincelejo.
3. La resolución de que trata el punto anterior será a partir del día 18 de noviembre de 1970, o sea la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, deberá intervenir hasta el sorteo correspondiente al día martes de 17 de noviembre del año en curso, inclusive de la Lotería de Sucre.
4. Ordénase a la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, pagarle a la junta seccional de salud del departamento de Sucre, a más tardar el primero (1º) de febrero del año de mil novecientos setenta y uno (1971), las siguientes cantidades:
a) La suma de tres millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos no/100 ($ 3.169.400) moneda legal Colombiana, por concepto de las participaciones correspondientes a los sorteos ordinarios verificados del 19 de agosto de 1969 al 30 de junio de 1970 (Nº 101 a 146, ambos inclusive);
b) La suma de un millón ciento setenta y un mil trescientos pesos no/100 ($ 1.171.300) moneda legal colombiana, por concepto de las participaciones correspondientes a los diecisiete días (17) sorteos ordinarios verificados desde el martes siete (7) de julio del presente año hasta el martes veintisiete (27) de octubre del corriente año, y,
c) La suma de doscientos seis mil setecientos pesos no/100 ($ 206.700) moneda legal corriente colombiana, por concepto de las participaciones correspondientes a los sorteos que se verificarán los próximos días martes (3), diez (10) y diecisiete (17) del mes de noviembre del año en curso.
5. Ordénase a la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, pagarle a la junta seccional de salud del departamento de Sucre, a más tardar el primero (1º) de febrero del año de mil novecientos setenta y uno (1971), los intereses legales del seis por ciento (6%) anual, sobre el valor de la participación de cada sorteo, o sea la suma de sesenta y ocho mil novecientos pesos ($ 68.900) semanales, desde la fecha del respectivo sorteo hasta el día en que se verifique el pago. Es entendido que la liquidación de estos intereses se hará sorteo por sorteo, a partir del número 101 verificado el 19 de agosto de 1969, hasta el día en el que se haga el pago de cada participación en particular.
6. Ordénase deducir de la suma de que trata el ordinal a) del punto cuarto, la cantidad de ciento setenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos con sesenta centavos ($ 173.405.60) moneda legal colombiana, suma esta que la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, sufragó, por orden y cuenta de la junta seccional de salud del departamento de Sucre, para gastos del presente tribunal de arbitramiento, discriminada así:
Gastos del tribunal $ 160.000.00
Honorarios del perito $ 10.000.00
Impuesto de timbre del dictamen pericial $ 3.405.60
Total $ 173.405.60
7. Declárese que no hay lugar a la resolución del contrato de fecha seis (6) de julio de mil novecientos sesenta y siete (1967), celebrado entre la junta seccional de salud del departamento de Sucre y la Compañía Distribuidora de Lotería Limitada, Codilol, elevado a escritura pública mediante el instrumento 646 del 18 de septiembre del mismo año otorgado ante el notario segundo de Sincelejo.
8. Absuélvase a la Compañía Distribuidora de la Lotería Limitada, Codilol, de los demás formulados en al demanda de reconvención.
9. Sin costas
Publíquese y notifíquese y una vez ejecutoriada y registrada la presente sentencia protocolícese el expediente de la Notaría Doce del Círculo de Bogotá.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por el tribunal en su sesión del treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos setenta (1970).
La anterior sentencia, proferida hoy 31 de octubre de 1970, fue publicada en la misma fecha, en la forma prevista en el artículo 479 del C.J.
Hoy dos de noviembre de mil novecientos setenta notifiqué personalmente al doctor Carlos Gustavo Arrieta, apoderado de la junta seccional de salud del departamento, la sentencia que antecede. Bien impuesto firma manifestando que la consiente y que renuncia al término de la ejecutoria,
El suscrito secretario deja la constancia de que hoy siete de noviembre de mil novecientos setenta presentó el escrito fechado el seis de los corrientes, en el que se da como notificado personalmente de la sentencia que antecede, y, al mismo tiempo, solicita adición y corrección de la misma, con fundamento en el artículo 1223 del C.J. Aclaró que el referido escrito fue presentado personalmente por el doctor Efraím Osorio Castillo, apoderado de la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol.
Hoy siete (7) de noviembre de mil novecientos setenta (1970) notifiqué personalmente la sentencia anterior al doctor Carlos Gustavo Arrieta, apoderado de la junta de salud del departamento de Sucre, impuesto firma.
Por no estar de acuerdo con mis distinguidos compañeros del tribunal de arbitramiento que dirime las dificultades surgidas entre el departamento de Sucre, y la Compañía Distribuidora de Loterías Limitada, Codilol, en la interpretación del contrato que consta en al escritura 647 de 18 de septiembre de 1967, pasada ante el notario segundo del Circuito de Sincelejo, lo mismo que en la apreciación de las pruebas del proceso, me veo en el caso de salvar mi voto, basándolo en las consideraciones que sintetizo a continuación:
Primera. Es fundamento de la sentencia, según se dice ella, que Codilol asumió la totalidad de los riesgos del negocio, lo que no es así porque esa estipulación no se encuentra en el contrato sino que es una consideración de la Resolución 38 de 6 de junio de 1967, de la junta seccional de salud de Sucre, por medio de la cual se aprobó el contrato y que no está firmada por el representante de la compañía, se expresa en el punto tercero:
“... porque dicha firma se compromete a pagar $ 13.585.000 por sorteos en los 4 años de la duración del contrato, en forma segura y sin que la beneficencia tenga que correr riesgos, ni hacer desembolsos de ninguna especie”. De suerte que tal aseveración no forma parte del contrato, hecho que equivocadamente se ha tenido como sustancial para respaldar la sentencia. Es natural que descartada esa estipulación, cambia radicalmente el problema”.
Segunda. Al leerse las cláusulas cuarta y dieciséis del contrato, entre otras, se deduce que estas se refieren concretamente a los planes de los premios y no al sistema que se emplea en los sorteos, que son conceptos muy diferentes. El contratista podía adoptar el sistema de los sorteos mediante la combinación de letras y números y, más aun, cuando en este caso se le ofreció al público un cuadro de premios más halagador, pues se subió el valor del premio mayor de $ 125.000 a $ 150.000 lo que en vez de ser desfavorable para la Beneficencia de Sucre, redundó en su provecho, ya que aumentó su participación en $ 18.000 por sorteo. Tan evidente es lo anterior que el contratista ha empleado el sistema de letras y números, con gran resultado, en los sorteos extraordinarios. Habiendo obtenido la beneficencia una indiscutible utilidad, no acierto a explicarme cómo se critica ese sistema de sorteos, que no le estaba prohibido implantar a Codilol.
Tercera. La conducta de la compañía ha sido ejemplar y provechosa para el departamento, puesto que nada hubiera sido más fácil para el contratista que dar por terminado el contrato, pagando los perjuicios que son insignificantes en comparación con la enorme pérdida que ella ha tenido durante la vigencia del contrato, pero Codilol prefirió continuar el negocio para no perjudicarla lotería y, naturalmente, en la confianza de que pudiera mejorar el desastroso resultado, más aun, cuando en todas las otras loterías que maneja (Cauca, Nariño, Chocó y Guajira), las ventas de billetes siempre han pasado de 7.000, mientras que la de Sucre ha reducido tales ventas a un máximo de 3.000 billetes semanales.
Cuarta. El contratista ha hecho todos los esfuerzos posibles para mejorar el resultado de la lotería, pero no le ha sido dable conseguir ese buen resultado, a pesar de haber invertido en su propaganda la suma, aproximada de $ 3.600.000 en tres años, que es casi igual a la invertida en la de Nariño en un período de ocho años. En cambio, no hubo ninguna gestión por parte del departamento para ayudar al contratista, ni inversión alguna.
Quinta. Entre los reparos que me merece la sentencia, en la parte esencial de su motivación, quiero anotar estos:
a) El libelo principal debe interpretarse en conjunto, como toda demanda, por tratarse de una unidad jurídica. Por lo mismo el tribunal ha debido estimar lo en él expuesto sobre la imprevisión, que tan directamente afectó el desarrollo del contrato, y la culpa de la junta seccional de salud de Sucre, que contribuyó también directamente a la ruina del negocio, por no haberle prestado ninguna atención. La sentencia hace abstracción de la conducta negligente de la junta, no obstante que su mismo apoderado la confesó. Esto es jurídicamente inadmisible;
b) Es un deber del fallador apreciar en conjunto las cláusulas que integran el contrato (C.C. art. 1622). La sentencia omite consideraciones sobre la cláusula veinte, que alude a las “circunstancias anormales, excepcionales e imprevisibles que impidan la celebración de uno o más sorteos”. Esta cláusula al igual que otras, está poniendo de bulto que del ánimo de los contratantes no estuvo ausente la idea de la imprevisión, que campea en todo el contrato, y,
c) La cláusula, veintiuna, que plantea la ocurrencia de tres eventos con suficiente poder para modificar el contrato, denuncia también la intención de consagrar la imprevisión. Si bien es cierto que estos casos no acontecieron, ello no quiere decir que esta estipulación excluya la imprevisión para otras contingencias. Lo que pasa es que se previeron esas tres circunstancias específicas. Mas es improcedente circunscribir únicamente a ellas los elementos imprevisibles, sobre todo cuando el literal g) de la cláusula veintisiete consagra de manera general la imprevisión, con la universidad de contingencias que ella engloba.
Sexta. Se configura la imprevisión por lo siguiente:
1. Porque la Lotería de Sucre fue contratada y manejada por una compañía con treinta años de experiencia en el ramo, que ha sacado adelante cinco empresas similares, siendo aquella la única que no ha tenido éxito.
2. Porque dicha lotería se distribuyó a través de la misma organización de Codilol, con una idéntica red de agencias y loteros, organización que ha alcanzado eficacia con las otras loterías y no con la de Sucre.
3. Porque la propaganda fue excesiva en su costo y planificada en los métodos, aunque se trataba de una lotería pequeña, en la cual se invirtió una cuantía muy superior a las invertidas en otras loterías más desarrolladas.
4. Porque los planes de premios han sido atractivos e iguales al de las otras loterías administradas por Codilol, con un mismo precio para los billetes, todo lo cual hace resaltar la imprevisión porque a pesar de que se tomaron todas las medidas aconsejables para el éxito, este no se logró.
5. Porque el hecho de constituir el departamento de Sucre una región ganadera, muy rica, hacía presumir necesariamente que la lotería iba a encontrar un buen mercado propio y, contra todo lo previsible, las de departamento de inferior riqueza, como la Guajira y el Chocó, cuyas ventas sobrepasan los 7.000 billetes por sorteo sobre los 10.000 emitidos, la de Sucre no llega a 3.000, originándose así las grandes pérdidas, que hasta el 30 de junio de 1970, conforme al peritazgo respectivo, representan la suma de $ 3.405.552.48, suma a la cual deben agregarse las pérdidas del 1º de julio al 17 de noviembre de este año, inclusive.
6. Porque el día escogido para los sorteos fue el que registraba menos sorteos de otras loterías, ya que en ellos jugaban cuatro empresas, menos los martes en el que solamente jugaban tres. Fue mucho más grave para la Lotería de Sucre, el que la de Córdoba y la de la Cruz Roja, muy acreditadas y con planes superiores atractivos, duplicaran las fracciones de sus billetes, que si se hubieran puesto a jugar en el mismo día martes otras loterías de las ya establecidas, o que hubieran creado nuevas, como por ejemplo la del Putumayo o la del Caquetá. Es de elemental simplicidad pensar que es mucho más grave la duplicación de premios de grandes loterías, que la creación de una de planes reducidos. No acierto cómo esta circunstancia, de innegable evidencia, no se tuvo en cuenta para considerar el caso.
A mi modo de ver no basta ceñirse a la literalidad de un artículo sino que debe, consultarse su espíritu, y esto ha sido frecuente doctrina de los tribunales colombianos. Me basta citar el reciente asunto en que el Consejo de Estado hizo pagar, contra el concepto de la Junta Monetaria, certificados de abono tributario, CAT, por una cantidad de algodón que se iba a exportar y que se incendió en el puerto, antes de estar embarcado. Dentro de la literalidad de la ley ese fallo resulta inconsulto porque los certificados se pagan por la exportación y no hay exportación cuando ni siquiera se ha puesto en el barco la mercancía. El Consejo de Estado, aplicando la equidad, consideró que sí había exportación y sentó una doctrina amplia y elástica, que en el presente fallo no se aplicó, aunque quien ganó dicho asunto ante el Consejo fue precisamente el doctor Gonzalo Vargas Rubiano, ponente de esta sentencia.
7. Hubo culpa de la junta seccional de salud de Sucre, por esto:
a) Porque Codilol, como está demostrado en autos, agotó los medios posibles para conversar con la junta con el fin de exponerle el desastre económico que venía confrontando la lotería, sin lograr que esta la oyera. Es de presumirse que al haber podido lograrse un entendimiento comercial entre los contratantes, como ha ocurrido en varias de las loterías contratadas, seguramente se habría encontrado una solución equitativa, o cuando menos no habría transcurrido tanto tiempo sin arreglo alguno, con lo cual pérdidas para Codilol no hubieran alcanzado cifras tan voluminosas, pues las sufridas en un año no se hubieran extendido durante tres. A propósito de lo anterior, no hay pruebas en el expediente de que hubo conversaciones sino, al contrario, de que no existieron y de que se rehuyeron por la junta;
b) Porque la junta incumplió el contrato al no facilitar al contratista su desarrollo, no atendiendo sus clamores (lit. a) de la cláusula veintisiete); lo mismo que los literales d) y e) ibídem, pues no fomentó la venta de los billetes de su propia lotería, ni trabajó, ni ayudó a conseguir el buen nombre de la misma;
c) Porque se abstuvo de llamar al contratista, conociendo la situación de ruina que lo afligía, conforme lo imponía el literal g) de la cláusula veintisiete. Es de lógica interpretación que en esta clase de contratos no se puede decir apropiadamente que hay parte y contraparte, sino que la lotería se administra por medio de un contratista y, por lo mismo, debió la junta tomar todas las medidas necesarias para evitar un fracaso, que seguramente será mucho más grande si llega a administrarse directamente, porque según publicaciones del DANE, muchas de las loterías que se administran en esa forma han tenido grandes pérdidas. La inexplicable actuación de la junta desquicia el carácter de conmutativo que tiene el contrato porque no se justifica tamaña indiferencia ni tan grande safismo(sic) contractual y económico. La actitud pasiva, cruelmente indolente, absurda y negativa de la junta constituye porque a ella le interesaba que el contratista no perdiera, ya que esta situación se traducía en descrédito para su lotería, la que en definitiva es y sigue siendo de la beneficencia. Todo el apoyo que se le hubiera dado al contratista iba en favor de la renta de la lotería;
d) Porque fue tal la culpa de la junta que ni siquiera la suspensión del pago de las participantes la movió a llamar al contratista para que explicara su actitud y cesara en ese comportamiento. Habría sido el momento de buscar una solución que sin perjudicar a la beneficencia hubiera mejorado la posición de Codilol. Tampoco solicitó, como se lo aconsejaba su entonces asesor jurídico, doctor Francisco Gil Avilés, la caducidad del contrato. Estas injustificables actuaciones de la junta constituyen en mi sentir culpa grave de que habla el Código Civil;
e) Porque cuando se estableció el sistema con letras y números la junta lo criticó, llamó al contratista y lo sancionó con una multa, no obstante que se aumentaron sus participaciones y, por lo mismo, debió proceder de idéntica manera cuando se suspendió el pago de las participaciones. Lo anterior configura una reiterada omisión culposa de la junta, que no puede ser inadvertida y que debió tener presente la mayoría del tribunal al dictar su decisión, de la cual me ha visto muy precisado a apartarme;
f) Porque el más profundo error del fallo mayoritario de este arbitramento radica en la interpretación que se ... (sic) al literal g) de la cláusula veintisiete del contrato, consistente en afirmar que consagra una obligación potestativa mediante la cual queda a voluntad de la junta llamar directamente al contratista, sin reparar en que el mismo literal estipula imperativamente que la junta deberá hacer el llamamiento “cuando las circunstancias del negocio así lo exijan”. Cabe preguntarse: ¿puede sostenerse, con elemental sensatez, que la conocida ruinosa situación que en todo momento ha afrontado la lotería de Sucre, dejaba de constituir una circunstancia poderosa que exigiera, sin lugar a dudas, el llamado que tan reiteradamente pidió el contratista? No, porque esto significaría la inversión del criterio con que lógicamente debe interpretarse al referido literal. Es este un mayúsculo error de hermenéutica jurídica, en el que no debió incurrir la mayoría del tribunal, máxime cuando el apoderado de la junta confesó la negligencia de la misma y la contumacia que al respecto ella adoptó;
g) Porque una culpa confesada expresamente por el apoderado de la junta en el escrito de la demanda principal, cuando afirma que “la junta se abstuvo de llamar al contratista porque no le interesa hacerlo ya que estaba recibiendo tranquilamente sus participaciones” (resaltado). No acierto a explicarme cómo esta confesión, que hace plena prueba, no se consideró, en presencia del artículo 606 del C.J., que legalmente hace imposible, inexplicable y contra evidente un fallo que no contemple este definitivo y trascendental aspecto del proceso. Dicha norma del derecho probatorio dice así:
“La confesión judicial tiene fuerza de plena prueba, y se ha hecho directamente por la parte misma, no es admisible prueba en contrario, a menos de demostrarse que el confesante ha incurrido en error inculpable o explicable”, y,
h) Porque la negligente actitud de la junta colocó en hombros de Codilol todas las obligaciones contractuales, prescindiendo de la correlación y obligaciones entre los convencionistas.
Octava. A propósito del carácter aleatorio del contrato de análisis, cabe esbozar la tesis de que las circunstancias que no previó razonablemente Codilol, se deben a la naturaleza intrínseca de aquel, pues en este tipo de convenciones se acentúa más la dificultad para hacer previsiones razonables.
Novena. La sentencia deja sin aplicación práctica algunas cláusulas contractuales, en contravención al artículo 1620 del Código Civil, que impide que haya estipulaciones sin capacidad para producir ningún efecto, y porque algunas cláusulas ambiguas no las interpreta el tribunal a favor del deudor, que en este caso es Codilol, como lo ordena el artículo 1624 de la misma obra. Nótese que se trata de un contrato administrativo comercial, que contempla no la utilidad de una sola parte, sino la de ambas. Dicen los artículos en referencia:
“ART. 1.620.—El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.
“ART. 1.624.—No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor” .
Décima. Volviendo sobre la teoría de la imprevisión, me basta con la exposición que sobre el particular hacen los distinguidísimos juristas doctores Luis Carlos Pérez y Arturo Valencia Zea, que obra en autos lo mismo que con algunos apartes de connotados tratadistas y las alegaciones que en este sentido hace el apoderado de Codilol en la demanda principal y en el escrito de conclusión, para reafirmarme, con aplicación de ellas, que en el caso de autos sí hubo lugar a darle cabida a este principio jurídico y, que como consecuencia de su aplicación, habría sido pertinente, en justicia y de acuerdo con la ley, exigirle a la administración que participe en las pérdidas de la explotación del negocio común, tanto más cuanto la propaganda hecha por Codilol no le sirve a ella sino a la lotería, que en el futuro administrará la junta en la forma que estime conveniente.
Transcribo a continuación las teorías a que hago referencia, con las cuales respaldo mi punto de vista en cuanto a que existió la imprevisión, que debió dar lugar a un fallo diferente, aún entratándose de una decisión en derecho, teorías acogidas por la jurisprudencia Colombiana. Ellas son:
“Cuando acontecimientos excepcionales y anormales, imprevisibles en el momento en que la concesión se celebra, y a los cuales las dos partes son extrañas, han venido a hacer más onerosa la economía de la concesión y a colocar así al concesionario en una situación extracontractual, hay que tener en cuenta lo siguiente:
“1. El concesionario está obligado a ejecutar sus obligaciones y debe seguir haciendo funcionar el servicio”;
“2. Pero el concesionario tiene, por otro lado, derecho a cierta compensación de parte de la administración, no por el lucro cesante, sino por las pérdidas que han sufrido y que resulten del trastorno de la economía de la concesión” (resaltado).
“Tal es la teoría que se llama la teoría de la imprevisión. El término está bastante mal escogido, porque la idea de imprevisión desempeña su papel, no solamente en esta hipótesis, sino también en otras. En el caso de fuerza mayor, por ejemplo, la imprevisión es igualmente una condición. Se trata, pues, en este caso, no propiamente de una teoría general de la imprevisión, sino de una cierta imprevisión, que implica condiciones especiales y produce determinados efectos”.
“Para que ocurra el estado de imprevisión no es necesario que los acontecimientos hagan la ejecución imposible. En esto se distingue la imprevisión de la fuerza mayor. Pero no basta que los acontecimientos hagan la ejecución simplemente difícil y la situación del concesionario un poco más onerosa. Es preciso que la situación se más onerosa hasta el punto de producir un trastorno económico de la empresa. En otros términos, no basta un exceso cualquiera sobre las aleas normales de la empresa; es preciso que se cree una situación de déficit neto... La imprevisión no ocurre sino cuando el concesionario se halla en situación extracontractual” (Bonnard, Droit 9dm. pág. 572).
“Yo considero está tesis (la de imprevisión), como nueva, pero la miro al mismo tiempo como jurídica. Ella está de acuerdo con una interpretación liberal y amplia del artículo 1156 (del C.C. francés). En derecho civil, lo mismo que en derecho administrativo, no es admisible que una de las partes tenga que soportar riesgos que nadie podría prever y que, por consiguiente no se tuvieron en cuenta al tiempo de celebrar el contrato.
La teoría de la imprevisión no es sino la aplicación razonable del adagio summun jus, summa injuria” (2) (H. Berthelemy, Traité. Elementaire de Droit Administratif, Treizieme edition, 1933, pág. 718).
“Si, a pesar de los sucesos económicos excepcionales, independientes de la voluntad de las partes e imprevisibles que afectan la economía del contrato, el contratista no interrumpe su colaboración en el servicio público y hace toda suerte de esfuerzos para continuar esta colaboración en las condiciones previstas en el contrato, tiene derecho a exigir de la administración, que participe en las pérdidas de la explotación” (Teoría de la Imprevisión, Gastón Jesé. Les principes Generaux du Droit Administratif, Théorie Generale des Contrats de L´Administration, Troisieme. Edition. T. 20, págs. 465 a 477 inclusive).
En resumen: Yo creo que el fallo debió contemplar imprescindiblemente, la imprevisión que medió, y la culpa de la junta, y aunque debía pronunciarse en derecho, hay pruebas en proceso, disposiciones legales y amplia jurisprudencia para producir una sentencia en diferente sentido, es decir, equitativa para ambas partes. Por algo el símbolo de la justicia con los ojos vendados y la balanza en la mano, se ha cambiado, en el Palacio de la Paz, donde funciona nada menos que la Corte Internacional, por una bella estatua simbólica, con los ojos abiertos y sin equívoca balanza desnivelada.
Antes que firmar la sentencia que me ha permitido criticar, prefiero equivocarme con los grandes tratadistas colombianos Luis Carlos Pérez y Arturo Valencia Zea, en sus conceptos al respecto y con los afamados juristas extranjeros Bonnard, Gastón Jesé, y Berthelemy).
El anterior salvamento de voto fue presentado por el doctor Luis Carlos Irragorri, hoy 31 de octubre de 1970.