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Timestamp: 2020-02-26 22:21:41
Document Index: 211087975

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 34', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 7']

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017 - Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017
Madrid, 5 de febrero de 2020.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante el citado ejercicio, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, los sistemas de control interno, la estabilidad presupuestaria, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, el área medioambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia. Igualmente, se ha incorporado el seguimiento de las recomendaciones formuladas tanto por el Tribunal en informes de ejercicios anteriores como por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
La Cuenta General no se presenta según la estructura prevista en la Ley de Finanzas de Cantabria. Además, cuatro organismos autónomos (entre ellos el Servicio Cántabro de Salud) siguen sin elaborar cuentas específicas, integrándose en las de la Administración General, pese a lo señalado por este Tribunal en informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la Resolución de 24 de septiembre de 2013.
En lo referente al control interno establecido, la Comunidad Autónoma (CA) no contaba con un procedimiento debidamente aprobado para el análisis y tratamiento de los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información. Además, el Comité Técnico de Ciberseguridad, previsto en el artículo 8 del Decreto 31/2015, competente para desarrollar los aspectos técnicos y procedimentales de la seguridad de la información, no había sido constituido al cierre de 2017. A dicha fecha, tampoco se había llevado a cabo de forma generalizada la auditoría de la seguridad sobre el conjunto de los sistemas de información a la que se refiere el artículo 34 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Del informe de actuación, emitido por la Intervención General de la Administración de Cantabria derivado de su actividad de control financiero, cabe señalar que la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) había procedido al reintegro derivado de dos de los tres hechos recogidos en el mismo, aunque no emprendió acciones para recuperar, de aquellos empleados que percibieron indebidamente las cantidades, el importe reintegrado.
En el ejercicio fiscalizado no existía un sistema automatizado de vinculación entre la contabilidad y el sistema de gestión patrimonial, cuyo desarrollo e integración acumulaba un considerable retraso. Asimismo, las debilidades detectadas en el Inventario siguen afectando a este documento a la hora de ser reflejo de la realidad patrimonial de la Comunidad.
En relación con el sistema de contabilidad auxiliar de Modernización y Organización Unificada de Recursos Operativos (MOURO) y el Sistema de Información Contable (SIC), se han apreciado debilidades derivadas de la falta de conexión automatizada entre los sistemas y la ausencia de registro de determinada información en el segundo.
El presupuesto de gastos no presentaba ni objetivos ni indicadores que permitiesen realizar un seguimiento de su grado de consecución, de lo que se deriva la ausencia de elaboración del informe de gestión previsto en la Ley de Finanzas de Cantabria.
Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la Administración General de la Comunidad y las de los entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, además de desarrollarse la gestión presupuestaria según las normas que la rigen, si bien se realizan una serie de salvedades y observaciones.
Se dejaron de imputar al presupuesto de 2017 gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 179 millones de euros, aplicándose al mismo 159 millones por gastos realizados en ejercicios anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad recogido en el artículo 46 de la Ley de Finanzas de Cantabria, si bien están amparadas en las excepciones establecidas a dicho principio en la citada Ley.
En la memoria integrante de la Cuenta de la Administración General no se incluye información ni del riesgo económico ni de los potenciales desembolsos presupuestarios para la Comunidad Autónoma derivados de determinadas operaciones o hechos, pese a lo dispuesto, entre otras normas, en la Orden HAC/43/2017. Por otra parte, la exactitud de la cifra del remanente de tesorería se vería afectada por las discrepancias detectadas en la información de la Cuenta General sobre los fondos líquidos, la no inclusión del saldo de las cuentas restringidas de recaudación y la incorrecta imputación temporal de las obligaciones reconocidas.
Nueva Papelera del Besaya, S.L., Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. y Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., se encontraban incursas en causa de disolución obligatoria al cierre del ejercicio 2017, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Se han detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de 112 Cantabria, S.A., Hospital Virtual Valdecilla, S.L. y Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. Además, el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. y SRECD reflejaba una opinión favorable con salvedades.
Según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2018, Cantabria cumplió el objetivo de déficit y de regla de gasto del ejercicio 2017. Por otra parte, la deuda de la Comunidad al cierre de 2017, situada dentro del objetivo, ascendía a 3.033 millones de euros, el 23,1% de su PIB.
Los diferentes compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) al proyecto ECOMASA, pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros, pues, al cierre del ejercicio fiscalizado, se habría recuperado (y se estaría próximo a recuperar) solo una cantidad residual de dichos desembolsos.
No se produjo la declaración de los sectores y categorías profesionales considerados prioritarios a los efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017.
La superación del periodo medio de pago a proveedores de 30 días determinado conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, en todos los meses del ejercicio 2017 (salvo septiembre), afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera según lo establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
No se ha llegado a constituir la Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, como órgano colegiado consultivo de interlocución de las asociaciones de mujeres con el Gobierno regional, siendo finalmente suprimida en el ejercicio 2018, momento en el que se recupera la figura del Consejo de la Mujer. Además, no se disponía de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel de la Comunidad.
Las cuentas justificativas presentadas por la Real Federación Española de Vela en relación con las subvenciones nominativas recibidas en los ejercicios 2016 y 2017, por importe conjunto de 110.000 euros, ponen de manifiesto deficiencias relevantes en relación con los gastos subvencionables.
El personal interino del Servicio Cántabro de Salud representaba el 34 % de los puestos ocupados de plantilla y el número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2017, se hace necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 75. Por otra parte, al cierre del ejercicio fiscalizado destaca la mayor tasa de pacientes en espera para consultas especializadas por 1.000 habitantes sobre la media de los servicios de salud de todas las Comunidades Autónomas y el porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para dichas consultas, cercano al doble de la media nacional.
En materia de gestión medioambiental procede señalar que la Comunidad no contaba con determinados registros previstos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, ni tampoco había procedido al desarrollo de diversas acciones recogidas en la misma. Por otro lado, seguían sin constituirse el registro ambiental al que se refiere el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control ambiental integrado y sin utilizarse los mecanismos previstos en los artículos 102 y 103 de dicho Reglamento, para exigir a los autores o responsables de las infracciones previstas en la Ley la reparación del daño causado y la indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo, aparte de las sanciones que procedan.
La Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio (al margen del control financiero de la Intervención General), ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. Además, no se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados en el ejercicio fiscalizado, ni por la propia Consejería ni por la Intervención General. Por otra parte, la Comunidad no había aprobado formalmente ningún plan de acción derivado de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado ni contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el cual debería formar parte de su plan general de infraestructuras.
Del análisis de la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial, cabe destacar que las obligaciones vinculadas a los proyectos financiados con recursos de los Fondos no disponían de aplicaciones en el presupuesto de gastos específicamente asignadas para su registro en la contabilidad y esta última no distinguía los remanentes de crédito correspondientes a la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con las dotaciones de los Fondos, lo que dificulta el adecuado seguimiento que establece el artículo 10.3 de la Ley reguladora de estos fondos. Además, la sustitución de proyectos no se realiza conforme al procedimiento previsto en el artículo 7 de la Ley.
Finalmente, en el Informe se reiteran la mayor parte de las recomendaciones incluidas en fiscalizaciones anteriores, dado que no se ha apreciado la existencia de medidas para su efectiva implantación.
El contenido del presente Informe (nº 1.349) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).