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Timestamp: 2018-12-11 18:22:34
Document Index: 135227952

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 117', 'artículo 21', 'artículo 76', 'artículo 132', 'Artículo 8', 'artículo 31', 'Artículo 23', 'artículo 8', 'Artículo 25', 'artículo 59', 'Artículo 39', 'artículo 25', 'Artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 12', 'artículo 63', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 764', 'artículo 39', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 41', 'artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 131']

Ley sobre impuesto a las ventas y servicios – artículo 3 N° improcedencia del créDITO FISCAL artículo 23 N° de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios – ususfructo - Página 10
TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA -20.06.2015- RIT GR-09-00021-2014 - JUEZ TITULAR sr. SERGIO VERA APARICIO
109.- Factura de ventas y servicios No afectos o Exentos de I.V.A. N° 000736, triplicado, emitida por Distribuidor y Servicios XXXX E.I.R.L., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X, a XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X, de fecha 08 de noviembre de 2013, por un monto total de $815.270.-
110.- Factura N° 66999, triplicado, emitida por XXXX y Compañía Limitada, R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X, a XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X, de fecha 19 de diciembre de 2011, por un monto total de $33.431.-
111.- Acta de Recepción/Entrega y/o Acceso Documentación, Formulario 3309, Programa Plan I.V.A., de fecha 30 de julio de 2012, emitido por la fiscalizadora doña XXXX del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas, a don XXXX, R.U.T. N° X.XXX.XXX-X, en representación de la contribuyente XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X.
112.-Acta de Recepción y/o Acceso Documentación, Formulario 3309, de fecha 03 de agosto de 2012, emitido por don XXXX del Departamento de Fiscalización, Sección Giros, del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas, a don XXXX, R.U.T. N° X.XXX.XXX-X, en representación de la contribuyente XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X.
113.- Descripción de activo fijo a diciembre de 2011, de la contribuyente XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X.
114.- Descripción de activo fijo a septiembre de 2012, de la contribuyente XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X.
115.- Acta de Recepción/Entrega y/o Acceso Documentación, Folio 588027377914, Programa A.2.6.2011, de fecha 28 de agosto de 2014, emitida por el Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas, a don XXXX, R.U.T. N° X.XXX.XXX-X, en representación de la contribuyente XXXX S.A., R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X.
116.- Pauta Programa Selectivo de Fiscalización “Remanente Crédito Fiscal I.V.A., Versión 2011”.
Se deja constancia que los documentos anteriores no fueron impugnados por la parte reclamante.
A fojas 144 a 146 vuelta, consta la declaración de la testigo, doña XXX.
A fojas 284 y siguientes, rola exhorto diligenciado, retirado por la abogada doña XXXX con fecha 12 de marzo de 2015, según consta de certificación de fojas 92 del Secretario (S), el que fue recibido por el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano, con fecha 24 de marzo de 2015, cuya declaración testimonial de don XXXX, rola a fojas 291 y siguiente de autos, la que se realizó el día 08 de abril del año en curso, con la asistencia de los abogados don XXXX por la parte reclamante y la abogado doña XXXX por la parte reclamada, siendo devuelto debidamente diligenciado y recepcionado por el Tribunal Tributario y Aduanero de Magallanes y Antártica Chilena con fecha 28 de abril de 2015.
Se deja constancia que, aparte de los medios de prueba ya referidos, la parte reclamada no aportó otros a la causa.
OCTAVO.- Que en nuestro ordenamiento jurídico se establece un sistema de autodeterminación de los impuestos, en virtud del cual son los propios contribuyentes quienes, con la periodicidad que establecen las distintas normas tributarias aplicables, confeccionan, declaran y posteriormente pagan sus tributos, teniendo dicha situación como contrapartida las facultades fiscalizadoras con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos, quien se encuentra legalmente habilitado para impugnar las declaraciones y determinaciones de los impuestos efectuados por los contribuyentes, facultando el artículo 117 del Código Tributario a dicha Repartición Pública para comparecer como parte en los procesos que hayan a lugar.
NOVENO: Que el Servicio de Impuestos Internos, de conformidad a las facultades fiscalizadoras que le son propias, mediante la Resolución N° 082, se pronunció rechazando el remanente de crédito fiscal declarado por la actora para el período tributario de diciembre de 2013, notificada a la reclamante el mismo día, siendo dicho acto administrativo el objeto de la reclamación de fojas 26 y siguientes de autos.
DÉCIMO: Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.698 del Código Civil y 21 del Código Tributario, el contribuyente es el obligado a probar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las operaciones que deben servir de base para el cálculo del respectivo impuesto, conteniendo la última norma citada un estatuto particular aplicable a la carga de la prueba en el Procedimiento General de Reclamaciones, contenido en el Título II del Libro III del Código Tributario.
DÉCIMO PRIMERO: Que, en efecto, el artículo 21 del Código Tributario dispone que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.
DÉCIMO SEGUNDO: Que corresponde a este Tribunal, en aplicación del artículo 76, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, pronunciarse resolviendo el presente litigio, debiendo para ello interpretar y aplicar las normas legales pertinentes, estudiando la procedencia y valorando los medios de prueba aportados en autos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y admitiendo cualquier otro medio probatorio para producir fe en esta clase de juicios, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos décimo y décimo cuarto del artículo 132 del Código Tributario, respectivamente.
DÉCIMO TERCERO: Que, para una adecuada resolución de la causa, se hace necesario revisar, entre otras, las siguientes normas tributarias particulares:
a).- Decreto Ley N° 825 de 1974:
1).- “Artículo 8°- El impuesto de este Título afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos serán consideradas también como ventas y servicios según corresponda:
m) La venta de bienes corporales muebles que realicen las empresas antes de que haya terminado su vida útil normal, de conformidad a lo dispuesto en el N° 5 del artículo 31 de la Ley de la Renta o que hayan transcurrido cuatro años contados desde su primera adquisición y no formen parte del activo realizable efectuada por contribuyentes que, por estar sujetos a las normas de este Título, han tenido derecho a crédito fiscal por la adquisición, fabricación o construcción de dichos bienes. La venta de bienes corporales inmuebles o de establecimientos de comercio, sin perjuicio del impuesto que afecte a los bienes de su giro, sólo se considerará comprendida en esta letra cuando ella se efectúe antes de doce meses contados desde su adquisición, inicio de actividades o construcción según corresponda.”
2).- Artículo 23°- “Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo periodo tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes:
1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o, en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo periodo. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa de venta de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.”
3).- Artículo 25°- “Para hacer uso del crédito fiscal, el contribuyente deberá acreditar que el impuesto le ha sido recargado en las respectivas facturas, o pagado según los comprobantes de ingreso del impuesto tratándose de importaciones, y que estos documentos han sido registrados en los libros especiales que señala el artículo 59°. En el caso de impuestos acreditados con factura, éstos sólo podrán deducirse si se hubieren recargado separadamente en ellas.
b).- Decreto Supremo N° 55 del Ministerio de Hacienda de 1977 1).- Artículo 39º.- “El crédito fiscal que establece el párrafo 6º del Título II de la ley está constituido por los impuestos que a los contribuyentes afectos al Impuesto al Valor Agregado les han sido recargados en sus adquisiciones o servicios recibidos y que pueden deducir de su débito fiscal mensual determinado en conformidad a las normas contenidas en la ley.
Para hacer uso de este derecho, es requisito esencial, de acuerdo con el artículo 25º de la ley, que los referidos contribuyentes acrediten que los impuestos les han sido recargados separadamente en las respectivas facturas o en los comprobantes de ingreso, si se trata de importaciones“.
c).- Decreto Ley N° 824 de 1974
1).- Artículo 31.- “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa…”
DÉCIMO CUARTO: Que con la finalidad de resolver la causa, es necesario analizar los argumentos esgrimidos por la actora en contra de la Resolución Exenta N° 082, del 29 de agosto de 2014, emanadas de la XII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas, y determinar si dichos actos administrativos se encuentran ajustados a Derecho, todo en el marco de la legislación vigente, y de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes en el proceso, y conforme pasa a expresarse.
DÉCIMO QUINTO.- Que, precisado todo lo anterior, se analizarán en los siguientes considerandos las alegaciones, argumentos y antecedentes probatorios acompañados por las partes, en relación a los dos puntos de prueba fijados a fojas 68 de autos.
DÉCIMO SEXTO.- Que en cuanto al primer punto de prueba, que señala “1).-Efectividad de la procedencia del remanente de Crédito Fiscal IVA, declarado por la reclamante en el formulario 29, folio 56148056906, correspondiente al periodo tributario de diciembre de 2013, e impugnado por la Resolución Exenta N° 082 de 29 de agosto de 2014, emanada del Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional. Antecedentes y circunstancias que lo acreditan”, cabe señalar lo siguiente:
Que la reclamante expresa que el Servicio de Impuestos Internos rebajó el remanente de crédito fiscal I.V.A. declarado en el Formulario N° 29, del período tributario diciembre de 2013, de $46.896.704.- a la suma de $3.530.928, en base al principal argumento de que la adquisición de los bienes configuran hechos no gravados con I.V.A., o bien que se encuentran exentos de dicho impuesto, o no guardan relación con la actividad del proveedor de dichos bienes, teniendo presente que la gran mayoría de ellos fue entregado en usufructo en favor de otra empresa, rechazando también los créditos fiscales asociados a los gastos del ítem “Otras compras con facturas”, por estimar que se desconocía la necesidad de incurrir en ellos, o eran desconocidos los vínculos con la empresa respecto de quienes aparecen como beneficiarios de dichos gastos.
Que, en relación a las operaciones cuyo crédito fiscal desconoció el Servicio, se puede hace la siguiente distinción:
a).- La compra de activos fijos (nuevos y usados):
Respecto de ellos la reclamante señala que se dedica a la comercialización de cemento, el cual compra a su sociedad matriz, XXXX S.A., con domicilio en Argentina, y que para su posterior venta requiere del servicio de transporte del cemento a granel para llevarla a sus compradores, por lo que tuvo que “tercerizar” este servicio, suscribiendo una alianza estratégica con la empresa Transportes XXXX y Compañía Limitada, para lo cual tuvo que proveer a dicha empresa de una flota de camiones para transportar el cemento, reduciendo los costos de flete, y por consiguiente el costo final a sus clientes, mejorando con ello su eficiencia al separar el comercio del cemento con la actividad del transporte. Que las tarifas por los fletes son fijadas por su matriz, XXXX S.A., a las cuales se ajusta la empresa Transportes XXXX en los servicios de transporte que presta a la reclamante, resulta que ellos son notoriamente inferiores a los valores de mercado.
Que en virtud de esta alianza estratégica, la reclamante cede los derechos de usufructo en favor de Transportes XXXX sobre los camiones para el referido transporte del cemento, manteniendo la actora la propiedad sobre ellos, los que son parte de su activo no realizable, y son sólo usados por Transportes XXXX para el transporte nacional e internacional del cemento de propiedad de la empresa matriz o de la reclamante.
Por lo anterior, concluye que los activos fijos no han sido adquiridos para ser destinados a operaciones no gravadas o exentas de I.V.A., o que no guarden relación directa con su giro, sino que los ha adquirido para el transporte de su mercadería, operación que se encuentra gravada con I.V.A. y relacionada con su giro.
En cuanto a los activos fijos usados, sostiene que el Servicio de Impuestos Internos interpreta erróneamente el artículo 12 letra A N° 1 de la Ley de I.V.A., al considerar que la adquisición de los camiones se encuentra exenta de dicho impuesto, por no tratarse de “vehículos motorizados usados”, ya que los semiremolques, no son vehículos motorizados. Agrega que, si bien actualmente no existe una definición legal o reglamentaria del término “vehículo motorizado”, el hoy derogado artículo 63 del Reglamento de la Ley de I.V.A. no incluía los semiremolques como motorizados, por lo que debe recurrirse al artículo 20 del Código Civil, con lo cual expone que el sentido natural y obvio del término semiremolque, es: “Vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser acoplado a un vehículo motorizado, sobre el que reposará parte del mismo”, agregando que además debe efectuarse un análisis del Derecho en forma integrada, invocando el artículo 2 N° 42, de la Ley N° 18.290 de tránsito, y el artículo 12 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, la cual para efectos de aplicar las tasas por concepto del permiso de circulación hace un distingo entre vehículos y semirremolques, aplicando a estos últimos la misma tabla de los tracto camiones.
Concluye que el artículo 12, letra A N° 1, de la Ley de I.V.A., al referirse a “vehículo motorizado”, no incluye el semirremolque, ya que éste es un equipo que no tiene autopropulsión y que se acopla precisamente a un vehículo motorizado, como el tracto camión, el cual sí se traslada de forma independiente. Luego al no serle aplicable esta norma de excepción, sí lo es el artículo 2°, N° 1, del Decreto Ley N° 825, el cual no distingue entre bienes corporales muebles, usados o nuevos, y por ende, la venta se encuentra gravada con I.V.A. y procede el Crédito Fiscal respectivo para el comprador, señalando que la empresa vendedora XXXX, tiene el giro de ventas de semiremolques.
Por su parte, la reclamada replica lo anteriormente señalando que el usufructo celebrado entre las partes no constituye hecho gravado con I.V.A., por tanto la reclamante no tiene derecho al crédito fiscal por la compra de dichos activos fijos, según el artículo 23 N° 2 de la Ley de I.V.A. Ello debido a que el contrato, por el cual se confirió el derecho de usufructo, es a título gratuito, por lo que la onerosidad del contrato es un elemento aplicable a todos los hechos gravados, tanto al general, como a los especiales. Agrega que el único beneficiario de dicho contrato es la reclamante, pues le asegura un precio inferior al de mercado, como ella así lo expone, dando cuenta, además, de las distintas operaciones de adquisición de bienes a que se refiere la Resolución N° 82, impugnada en autos.
Señala que respecto de estos activos fijos existen dos situaciones que analizar, la primera en cuanto dice relación con la compraventa de vehículos usados efectuados por comerciantes y que de acuerdo al artículo 12, letra A N° 1, del Decreto Ley N° 825 de 1974 dichas operaciones se encuentran exentas de I.V.A., constituyendo una excepción a la disposición del artículo 8 letra m) de dicho decreto ley, y que al no existir una definición legal ni reglamentaria de la expresión “vehículos motorizados” que emplea el legislador en el artículo 12, letra A N° 1, del Decreto Ley N° 825, ella debe ser interpretada en su sentido natural y obvio de conformidad a las normas de hermenéuticas contenidas en el título preliminar del Código Civil, de forma tal que dicha expresión debe comprender a “todo medio equipado con motor o alguna maquinaria, que permite el transporte de una persona u objeto", y que por “semirremolque" debe entenderse aquel “vehículo no propulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un vehículo motorizado, sobre el que reposará parte del mismo", y que como el semirremolque tiene por finalidad intrínseca el transporte de carga ello que es coincidente con el sentido natural de la expresión “vehículos motorizados", y es, por consiguiente, la adquisición de los remolques configura el hecho gravado especial contenido en el artículo 8 letra m) de la Ley del I.V.A. respecto del vendedor del bien usado, pero no en cuanto al comprador del mismo, y así debe soportar el impuesto en la compra, más no le dará derecho al crédito fiscal por tratarse de una operación exenta.
Que, sin perjuicio de lo anterior, expresa que se presenta una segunda situación en cuanto a los mismos bienes del activo fijo, la que se produce con motivo de la celebración de los contratos de Usufructo N°s. 1 y 4, atendido lo dispuesto en el artículo 23 N° 2 del Decreto Ley N° 825, norma que señala “no procede el derecho al crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados por esta ley u operaciones exentas o que no guarden relación directa con la actividad del vendedor", y en este caso los usufructos celebrados entre las partes no constituyen un hecho gravados del Impuesto al Valor Agregado y por ello es que la reclamante no tiene derecho al Crédito Fiscal I.V.A. por la compra de tales activos fijos, lo cual se desprende del propio texto de los referidos contratos de usufructos, pues fueron acuerdos a título gratuito, y es del caso que la onerosidad del acto constituye un elemento que debe relacionarse no sólo con los hechos gravados básicos sino que también con los hechos gravados especiales del artículo 8 del Decreto Ley N° 825, dado que es necesario la existencia de actos y contratos que involucren una contraprestación entre las partes involucradas y éste no es el caso.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Ahora bien, en cuanto a lo señalado en el considerando anterior, el Tribunal tiene por probada la existencia de los siguientes contratos de usufructo entre XXXX S.A. y Transportes XXXX y Compañía Limitada:
a).- Contrato de Usufructo N° 1, de fecha 01 de agosto de 2013, renovado el 24 de julio de 2014, que consta fojas 65 y siguientes de la Carpeta de Auditoría que se contiene en el archivador que corresponde a Custodia N° 4-2015, y también en la Custodia 5-2015, señaladas en los considerando séptimo y octavo, por el cual XXXX S.A. entregó en usufructo a Transportes XXXX y Cía. Ltda., los siguientes bienes:
1).- Un semirremolque Silo a Granel Marca XXXX, modelo SR-SL-TV-03-27, año 2009, usado, dotado de un motocompresor XXXX SB-D, color blanco, chassis N° 9ADH0973XXXXXXXX, adquirido a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Limitada, según factura N° 28601 de fecha 12 de marzo de 2012.
2).- Semirremolque Silo a Granel, marca XXXX, modelo SR-SL-TV-03-27, año 2009, usado, dotado de un motocompresor Betico SB-D, color blanco, Chasis N° 9ADH0983XXXXXXXXX, adquirido a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Limitada, según factura N° 28602 de fecha 12 de marzo de 2012.
b).- Contrato de Usufructo N° 2, de fecha 01 de octubre de 2013, renovado el 01 de octubre de 2014, que consta a fojas 68 y siguientes de la Carpeta de Auditoria que se contiene en el archivador que corresponde a Custodia N° 4-2015 y también en la Custodia N° 5-2015, señalada en el considerando xx, instrumento por el cual XXXX S.A. entregó en usufructo a Transportes XXXX y Cía. Ltda., los siguientes bienes:
1).- Tres tractocamiones marca XXXX, modelo M212 6x4, año 2013, nuevos, placas patentes XXXXX-3, XXXXX-1 y XXXXX-K, adquiridos a XXXX S.A, y entregados a la reclamante con fecha 31 de agosto de 2012, mediante contrato de leasing celebrado con el Banco xxxx, documento este último que consta a fojas 78 y siguientes de la custodia en referencia.
2).- Tres semirremolques Tanque Silo V para cemento, de tres ejes balances, 27 m³, marca XXXX, modelos SR-SL-TV-03-27, año 2012, nuevos, placas patentes xxxxx-0, xxxxx-9 y xxxxxx-7, adquiridos a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Limitada, y entregados a la reclamante con fecha 31 de agosto de 2012 mediante contrato de leasing celebrado con el Banco XXXX, documento este último que consta a fojas 78 y siguientes, de la custodia en referencia.
3).- Tres compresores marca XXXX modelo CG-600 Light, nuevos, adquiridos a XXXX Chile S.A. y entregados a la reclamante con fecha 31 de agosto de 2012 mediante contrato de leasing celebrado con el Banco XXXX, documento este último que consta a fojas 78 y siguientes en la custodia citada.
Se deja constancia que dichos compresores se comprenden en este usufructo, pues son parte del equipamiento para el transporte de cemento en los semirremolques y tractocamiones señalados, y como tal así lo señala el contrato de usufructo al expresar que tiene por objeto ”TRES EQUIPOS TRACTO CAMIÓN, TOLVA Y COMPRESOR DE TRANSPORTE A GRANEL”.1
4).- Treinta y nueve neumáticos 295/80 R 22,5, marca XXXX, de procedencia china, nuevos, entregados a la reclamante con fecha 31 de agosto de 2012, mediante contrato de leasing celebrado con el Banco XXXX, documentos este último que consta a fojas 78 y siguientes, de la Custodia N° 4 de 2015 y Custodia N° 5-2015.
En este caso, el magistrado que suscribe considera que estos bienes al haber sido adquiridos en conjunto con los tres tractocamiones y los tres remolques, mediante el referido contrato de leasing con el Banco XXXX, y que ellos corresponde al equipamiento de estos bienes para poder desplazarse y prestar los servicios conforme a la naturaleza de los mismos, es que son también parte del usufructo N° 1. Además, no existe antecedente alguno en autos que lo desvirtúe.
c).- Contrato de Usufructo N° 3, de fecha 01 de enero de 2013, y renovado el 01 de enero de 2014 y 14 de enero de 2015, que consta a fojas 71 y siguientes de la Carpeta de Auditoria que se contiene en el archivador que corresponde a Custodia N° 4-2015 y también Custodia N° 5-2015, instrumento por el cual XXXX S.A. entregó en usufructo a Transportes XXXX y Cía. Ltda., los siguientes bienes:
1).- Cinco semirremolques Tanque silo V para cemento, 3 ejes balances, 27 m³, marca XXXX, modelo SR-SL-TV-03-27, año 2013, nuevos, patentes XXXXX-5, XXXXX-3, XXXXX-1, XXXXX-5 y XXXXX-3, adquiridos a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Limitada , y entregados a la reclamante mediante contrato de leasing celebrado con el Banco XXXX con fecha 25 de noviembre de 2012.2
2).- Sesenta y cinco neumáticos 295/80 R 22,5, modelo CR 976 de 16 telas, marca XXXX, de procedencia China, adquiridos en la empresa xxxx y XXXX S.A., nuevos, entregados a la reclamante con fecha 26 de noviembre de 2012 mediante contrato de leasing celebrado con el Banco XXXX, documento que consta a fojas 90 y siguientes de la custodia N° 4 de 2015 y custodia N° 5-2015.
Al efecto, este sentenciador considera que tales neumáticos se comprendieron dentro del presente contrato de usufructo, por haber sido adquiridos junto a los semiremolques referidos; y, más aún, considerando dicho contrato en su numerando tercero expresa que los equipos –que son de tres ejes- se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento, lo cual no podría ser posible sin contar con sus neumáticos instalados, esto es, doce neumáticos por remolque, más el de repuesto en cada caso, es decir 65 neumáticos.
d).- Contrato de Usufructo N° 4, de fecha 01 de agosto de 2013, renovado el 24 de julio de2014, que consta a fojas 74 vuelta y siguientes de la Carpeta de Auditoría que se contiene en el archivador que corresponde a las custodias N°s. 4-2015 y 5-2015, en que consta instrumento que XXXX S.A. entregó a Transportes XXXX los siguientes bienes:
1).- Un semirremolque Silo a granel marca XXXX, modelo SR-SL-CA-03-31, año 2008, usado, color blanco, Chasis N° 9ADH12238XXXXXXXX, adquirido a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Ltda., según consta de factura N° 30958, que rola a fojas 109, de las carpetas de custodia señaladas.
2).- Un semirremolque Silo a granel marca XXXX modelo SR-SL-CA-03-31, año 2008, usado, color blanco, Chasis N° 9ADH1223XXXXXXX, adquirido a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Ltda., según consta de factura N° 30959, que rola a fojas 110, de la carpeta de custodia referida.
3).- Un semirremolque Silo a granel marca XXXX, modelo SR-SL-CA-03-31, año 2008, usado, color blanco, Chasis N° 9ADH122XXXXXXXXX, adquirido a XXXX Equipos para el Transporte de Carga Ltda., según consta de factura N° 30960, que rola a fojas 111 de la carpeta en custodia, ya señalada.
Que, a mayor abundamiento, se deja constancia que la existencia de los usufructos y la existencia del vínculo comercial entre XXXX S.A y Transportes XXXX y Compañía Limitada, se ve acreditada, además, por las declaraciones de los testigos de la reclamante don XXXX, doña XXXX, don XXXX y don XXXX, quienes deponen a fojas 125 y siguientes de autos.
Que, en consecuencia, y de conformidad a todo lo señalado, cabe sostener que todos los bienes correspondientes a activos fijos, aludidos en autos, fueron entregados en usufructo a Transportes XXXX, con la sola excepción de dos de los cinco compresores, de similares características, adquiridos durante el periodo fiscalizado, y que no aparecen comprendidos en tales usufructos, y respecto de los cuales no se señala, ni acredita la causa, que la actora haya dispuesto de ellos en alguna forma.
Ahora bien, precisado todo lo anterior, y en cuanto a la procedencia del Crédito Fiscal IVA en beneficio de la reclamante respecto de los referidos bienes entregados en usufructo a la empresa Transportes XXXX y Compañía Limitada, cabe señalar en primer lugar que de acuerdo al artículo 764 del Código Civil, el derecho de usufructo “es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible”.
Que por su parte el concepto de “Crédito Fiscal” se encuentra en el artículo 39 del Decreto Supremo 55 del año 1977, que en lo pertinente dispone “el que está constituido por los impuestos que a los contribuyentes afectos al Impuesto al Valor Agregado les han sido recargados en sus adquisiciones o servicios recibidos y que pueden deducir de su débito fiscal mensual determinado en conformidad a las normas contenidas en la ley”.
Que la procedencia del Crédito Fiscal se establece en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 825 del año 1974, precisando dicha norma que no es procedente en los casos siguientes:
“2°.- No procede el derecho al crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados por esta ley o a operaciones exentas o que no guarden relación directa con la actividad del vendedor.”
Luego, en este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el usufructo, al ser a título gratuito –como se desprende de los contratos en referencia- , no se comprende en el hecho gravado básico venta, ni servicio, que se contiene en el artículo 2 del D.L. N° 825, ni en los hechos especiales de ventas o servicios, referidos en el artículo 8 de la misma Ley del I.V.A., lo que trae como consecuencia que estamos en presencia de una operación no gravada con I.V.A. al momento que XXXX S.A. constituye un usufructo en favor de Transporte XXXX Compañía Limitada, pues esta es una operación exenta realizada en favor de un tercero, que a XXXX S.A. no le genera ingresos afectos a este impuesto, y de ahí que el I.V.A. que pagó a su proveedor por los bienes en comento no lo podrá usar como crédito en contra de sus débitos, sin perjuicio de su tratamiento como gasto.
Que la conclusión anterior no se ve alterada, ni modificada, por el hecho de que la parte reclamante, con razón, haya planteado que los semiremolques de autos no son vehículos motorizados, a diferencia de lo que sostiene el Servicio de Impuestos Internos en su contestación, tesis ésta que resulta contraria con lo señalado por el propio Ente Fiscalizador en la Resolución N° 44615, que resolvió la Reposición Administrativa Voluntaria Nº 15.817-2014 que le planteó la misma contribuyente, y en la que se expresa “Que, para el solo efecto de la presente resolución , se concuerda en que las operaciones se encuentran afectas a IVA ya que no se trata de vehículo motorizados…”.
En todo caso, y a mayor abundamiento, es dable señalar que el término “vehículos motorizados” no tiene en la actualidad definición legal, y para determinar si es aplicable a los semiremolques se debe estar a las normas del artículo 19 y siguientes del Código Civil, estándole vedado al Órgano Fiscalizado emplear un criterio de interpretación analógico para arribar a una conclusión que podría implicar que se considere un bien dentro de una determinada categoría para efectos de aplicar un impuesto, pues colisionaría con el principio de legalidad.
Por último, y en cuanto al Crédito Fiscal IVA relacionado con los dos compresores aludidos, y que no aparecen entregados en usufructo a Transportes XXXX y Compañía Limitada, resulta que se ignora en autos cual es el destino dado a ellos por su propietario XXXX S.A., pues nada se dijo, ni se probó, al respecto, necesidad jurídica en que se encontraba la reclamante en el marco del artículo 21 del Código Tributario, es decir, no ha demostrado que su adquisición constituyó un gasto necesario para producir su renta de conformidad al artículo 31 de la Ley de la Renta, lo que no se puede presumir, no siendo suficiente para ello la sola existencia de documentación que da cuenta de su adquisición, si no se demuestra su vinculación con el giro de la empresa o se desprende ello de la propia naturaleza del bien, amén de que por las reglas de la lógica y máximas de la experiencia se concluye que dichos compresores se ocupan para efectos de “transvasar” cemento en polvo desde o hacia un camión que los transporta, y la reclamante no ha acreditado en autos que haya realizado de manera alguna, por sí misma, actividades de transportes, sino que reconoce que esta actividad la ha externalizado. De hecho, si hubiese realizado ella misma el transporte de sus mercaderías podría haber acompañado a la causa facturas de combustibles e insumos para el funcionamiento de los camiones, y contratos que dieran cuenta de los choferes y demás personal contratado para desarrollar dichas labores, pero en este sentido no se acompañó prueba alguna al proceso.
En consecuencia, respecto de estos dos compresores, este Magistrado estima que no se ajusta a derecho el uso del Crédito Fiscal IVA por parte de la reclamante.
DÉCIMO OCTAVO.- Que, ya analizado lo referente a los bienes entregados en usufructo, que comprendían tanto los adquiridos nuevos y usados, así como los comprados en forma directa o a través de leasing, corresponde avocarse a la procedencia del Crédito Fiscal I.V.A. “en otras compras con factura”, lo cual es parte del primer punto de prueba, y ha sido objeto de debate por las partes.
Al respecto la reclamante expone que el Servicio objetó el crédito fiscal asociado a una serie de gastos menores facturados, y así señala que los gerentes y jefes comerciales que expresa son funcionarios de su matriz, XXXX S.A., y que, por razones del vínculo estratégico que tienen con la reclamante, ellos deben realizar constantes visitas por razones de contraloría y comerciales, por lo que se les financió su estadía, señalando que don XXXX es el gerente de operaciones, y por lo mismo es quien se encarga de recibir a los funcionarios de la casa matriz y de proveer su traslado, alojamiento y alimentación, entre otros servicios, durante su estadía en Chile.
Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos expresa que le impugna dieciséis facturas por no haber acreditado con antecedentes adecuados y suficiente la concurrencia de los requisitos legales a fin de acceder al correspondiente I.V.A. Crédito Fiscal; y, como tal, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario le corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir de base para el cálculo del impuesto.
Agrega el Ente Fiscalizador que de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825 el I.V.A. Crédito Fiscal será equivalente al impuesto recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios o en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo periodo; luego, dará derecho a crédito fiscal el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su activo realizable o activo fijo y aquellas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente; y que de igual manera dará derecho a crédito el impuesto recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa de venta de un bien corporal inmueble y del contrato referidos en la letra e) del artículo octavo.
Que la reclamante gira en el rubro de sociedad de inversión y rentista de capitales mobiliarios, como a su vez en el ámbito de la venta al por mayor de materiales de construcción, situación que se debe relacionar con lo dispuesto por el N° 2 de la disposición legal recién citada, la que establece que no procede el derecho al crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados por la Ley del I.V.A. u operaciones exentas o que no guarden relación directa con la actividad del vendedor. Que, por su parte el artículo 41 N° 3 del D.S. N° 55 Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, dispone en su inciso segundo que se entenderá que las operaciones no guardan relación directa con la actividad o giro del contribuyente cuando se destinen a fines diferentes de aquellos que constituyen su giro o actividad habitual, como ocurriría por ejemplo con las importaciones adquisiciones o utilización de servicios que éste efectuara para su uso particular, o que destinándola a su empresa o negocio dicha destinación sea con fines ajenos a los de su industria o actividad, de forma tal que no pueda estimarse que guarda relación directa con el giro.
Que el Tribunal a fin de resolver respecto de lo anterior, ha podido constatar en cuanto a las dieciséis facturas impugnadas, que en aquellas que dicen relación con hospedajes se consigna el nombre del pasajero, en tanto que en las de consumo de alimentos se ignora quienes fueron los comensales.
Que en el expediente obra a fojas 147 fotocopia simple (o copia escaneada) de un certificado fechado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de la Empresa XXXX S.A., dando cuenta que los señores XXXX, XXXX, XXXX y XXXX son ejecutivos de dicha empresa, en tanto que don XXXX, ha prestado servicios como consultor externo de la misma.
Que, sobre este punto, la testigo de la reclamante doña XXXX a fojas 126 vuelta, a quien al exhibírsele los documentos de fojas 112 a 127 del libro denominado control de auditoria, señaló: “Estas facturas fueron recibidas por XXXX y XXXX, don XXXX es representante legal y don XXXX es Gerente Comercial y Operaciones de XXXX. Los servicios de alojamiento y estadía de don XXXX, él es Gerente de Auditoría de la empresa XXXX dueña del 99% de XXXX, don XXXX es Gerente de Sistemas XXXX, don XXXX es Gerente Comercial · de XXXX, don XXXX es Subgerente de Administración y Finanzas, don XXXX es un consultor externo contratado por XXXX, y esas son las personas que vienen a la región porque la empresa principal que es XXXX, unificó el sistema de Contabilidad y Gestión, y vinieron a instalar todas las cosas que se necesitan y a capacitarnos en el uso del sistema”.
Que a su vez, el testigo don XXXX, repreguntado a fojas 130 vuelta respecto de que personas es que se incurrió en estos gastos, y cuál es su vinculación con la empresa XXXX S.A., el respondió: “Las personas involucradas en esos servicios son funcionarios de nuestra matriz XXXX S.A., prestaron y han prestado servicios en nuestra empresa en ámbito de auditorías y sistemas principalmente, entre estas personas puedo mencionar a don XXXX, Subgerente de Finanzas de la matriz, XXXX Gerente de Sistemas de la matriz, XXXX Gerente de Auditoria de la matriz, XXXX Jefe Comercial de la matriz y XXXX consultor de sistemas de la matriz”.
Sobre este mismo tema, la testigo de la reclamada, doña XXXX, consultada respecto de la razón por qué se rechazaron los gastos contenidos en facturas de restaurant y otros, a fojas 144 y siguientes, señaló que “Dentro del periodo de revisión se detectó el registro de facturas por alojamiento, restaurant y otros gastos por personas que no se encuentran en nómina de declaración jurada formulario 1887 de nómina de sueldos por consiguiente no son empleados de la empresa, como así también se verifico si eran accionistas de esta empresa, que tampoco tienen dicha calidad, por lo tanto, son personas ajenas a la empresa, se desconoce los motivos del gasto necesario de este tipo para producir la renta”.
Ahora bien, para resolver la procedencia del I.V.A. Crédito Fiscal impugnado se debe determinar si los gastos que dan cuenta dichas facturas son necesarios para producir la renta de la reclamante, y para tales efectos han de cumplirse los siguientes requisitos conforme al artículo 31, inciso 3° N° 3, de la Ley de la Renta, que al efecto dispone:
"Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del negocio:” “...3° Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad."
Luego, consistente con lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos, a través de diversos pronunciamientos, ha establecido para que un gasto pueda ser calificado de necesario para producir la renta, debe cumplir los siguientes requisitos copulativos:
a).- Que se relacionen directamente con el giro o actividad que se desarrolla;
b).- Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta expresión en el sentido de lo que es menester, indispensable o que hace falta para un determinado fin, contraponiéndose a lo superfluo. En consecuencia, el concepto de gasto necesario debe entenderse como aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios, considerándose no sólo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, hasta qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio anual, cuya renta líquida se está determinando;
c).- Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo de los bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta;
d).- Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se encuentre pagado o adeudado al término del ejercicio. De este modo, para el debido cumplimiento de este requisito, es menester que el gasto tenga su origen en una adquisición o prestación real y efectiva y no en una mera apreciación del contribuyente, y
e).- Por último, que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad, efectividad y monto de los gastos con los medios probatorios de que disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si por razones fundadas no se estimaren fehacientes.
Que, revisando la situación de autos, nos encontramos en primer lugar con que las personas indicadas en las facturas de alojamiento y las que dos testigos expresan que vinieron a la zona no son trabajadores que pertenecen a XXXX S.A., sino dependientes o prestadores de servicio de una empresa relacionada con ésta –XXXX S.A.-, no existiendo en la causa antecedentes precisos y circunstanciados de cuáles fueron las actividades desarrolladas en el marco del giro de la reclamante, y de qué manera incidían para producir su renta. De hecho, no consta en autos antecedentes concretos de la labor efectuada por ellos en XXXX S.A., siendo carga de la actora aportar la prueba en tal sentido en el proceso de acuerdo al ya mencionado artículo 21 del Código Tributario, y si bien los testigos de la actora se refieren a esta materia a fojas 125 y siguientes de autos, lo hacen solo de manera referencial e imprecisa, no señalando fechas, tiempo de permanencia y la labores concretas y específicas desarrolladas. Tampoco obra en autos antecedentes que acrediten el trabajo realizado por dichas personas para XXXX S.A., como por ejemplo implementación de algún proyecto, resultados de las auditoria, documentos dando cuenta de las instrucciones impartidas, etc..
En conclusión, dado lo expresado anteriormente, no se cumplen a juicio de este Sentenciador los presupuestos necesarios para efectos de considerar como ajustada a Derecho las alegaciones de la reclamada en cuanto a que se le reconozca el Crédito Fiscal I.V.A. relacionado con las facturas aludidas.
DÉCIMO NOVENO.- Ahora bien, conforme a todo lo expresado en los considerandos anteriores, cabe referirse al segundo punto de prueba, esto es,
“2).- Efectividad de adolecer de vicios de forma la Resolución Exenta N° 082 de 29 de agosto de 2014, emanada del Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional, de conformidad al Ordenamiento Jurídico vigente.
Antecedentes y circunstancias que lo acreditan”, cabe señalar lo siguiente:
A este respecto la reclamante señaló que la Resolución Exenta N° 082, impugnada en autos, adolece de vicios de forma, dado que existen errores en las referencias a la fundamentación de dicho acto administrativo, razón por la que no se explica cómo el Servicio de Impuestos Internos llega al cálculo del nuevo remanente de Crédito Fiscal, además que le da la impresión que faltase un cuadro anexo que indique cuáles son las partidas objetadas en la Resolución reclamada, junto con los montos a rebajar. Agrega que existen algunas facturas cuyos créditos fiscales se objetan, en que los bienes no se entregaron en usufructo, pero no se hizo en la Resolución impugnada la distinción entre cuáles facturas comprenden bienes entregados en usufructo y cuáles no. Así por ejemplo, en el caso de la compra de activos fijos nuevos, habiéndose comprado cinco compresores nuevos, sólo tres de ellos se entregaron en usufructo; luego, refiere no saber qué ocurre con los otros dos compresores, si acaso se habrán considerado en el total del remanente rebajado, o si se habrán excluido. Lo mismo en caso de la compras vía leasing, en que señala que la Resolución solo indica que los tracto camiones y semirremolques fueron entregados en usufructo, pero no aclara qué ocurre con los compresores y neumáticos.
Junto a lo anterior, agrega que el Servicio no consideró el período comprendido entre la fecha de adquisición de los activos fijos y la de celebración de los usufructos, según detalla, razón por la cual estima que el Servicio debió haber reconocido dicho período, cuestión que no hizo.
Frente a los cuestionamientos anteriores, la reclamada expresa que las causales de Nulidad de Derecho Público, que en principio corresponden a las mencionadas en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, según fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, corresponde a aquellas contenidas en el inciso primero de dicha norma, es decir, incompetencia, investidura y forma, y por ello es que la Nulidad de Derecho Público constituye una sanción de derecho estricto, no pudiendo ser interpretada de manera amplia.
Que, en este caso no existe una transgresión que pudiese facultar a la declaración de nulidad de la Resolución reclamada pues el Servicio ha actuado dentro del marco de las facultades fiscalizadoras que por ley se encuentra investido, conforme al artículo 6 del Código Tributario y el de Decreto con Fuerza de Ley N° 7 del año 1980 que corresponde a la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, correspondiéndole a dicho Ente Fiscalizador verificar que la determinación de la obligación tributaria corresponda efectivamente a aquella originada de la ejecución de los hechos gravados contemplados en la legislación, verificando la aplicación de las disposiciones referentes a la materia en cuanto derechos y obligaciones que implican para los contribuyentes, controlando la correcta, integrada y oportuna declaración de los impuestos, evitando la evasión tributaria.
Reconoce, eso sí, que la resolución reclamada no consigna el considerando segundo en la misma, no obstante alega que con claridad se desprende que se está disminuyendo el remanente de Crédito Fiscal debido a las facturas que se detallan y que por el fundamento de la misma Resolución se deja expresamente estampado que se refiere a un simple error de tipeo, situación que no puede ser invocada por la reclamante para pretender que se anule este acto administrativo.
Además, expresa que en cuanto a que no se consideró el periodo comprendido entre la fecha de adquisición de los activos fijos y la fecha de celebración de los usufructos, lapso en que se habría explotado según la reclamante dichos tractocamiones y semirremolques, indica que se deberán presentar por la reclamante los documentos que acrediten que durante dichos lapsos tales vehículos generaron ingresos afectos al I.V.A. por transporte de carga.
Que, el Tribunal a fin de resolver la controversia antes planteada, tiene presente que de conformidad al artículo 3, inciso final, de la Ley Nº 19.880 los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, tanto administrativa como judicialmente, de manera tal que ello es aplicable a las resoluciones, giros y/o liquidaciones emanadas del Servicio de Impuestos Internos.
Que, dado lo expuesto, si en un reclamo se argumenta la falta de validez de un acto administrativo del Servicio de Impuestos Internos, por deficiencias o falta de cumplimiento de los requisitos legales en su gestación, éste gozará de tal presunción de legalidad, y sólo deberá ser invalidado en el marco de un debido proceso.
Que, en este orden de ideas, y en el contexto de los preceptos señalados, se evidencia que los requisitos determinados que constituyen las condiciones o exigencias de validez de los órganos estatales, son:
a).- La investidura previa y regular del órgano respectivo; b).- La actuación dentro de su competencia; y,
c).- En la forma prescrita por la ley;
Y así, sólo en el caso de no darse cumplimiento a estos requisitos en la dictación del acto administrativo, este adolecería de un vicio de nulidad que autoriza su impugnación, hipótesis ésta que no ha sido objeto de discusión en la causa.
En consecuencia, la parte reclamante sostiene que existen errores en la Resolución N° 082, como la carencia de un considerando y de una memoria de cálculo de como practicó el acertamiento del impuesto, y de esta forma se está atacando un requisito esencial de este acto administrativo, que es “la fundamentación del acto”, exigencia que no se requiere expresamente dentro de los señalados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política del Estado, no obstante se debe atender en cuanto a este último precepto que, para actuar “válidamente”, ello debe hacerse en conformidad a Ley N° 19.880, y particularmente dando cumplimiento a sus artículos 11 inc. 2 y 41 inc. 4, en que se exige que para actuar válidamente se deben fundar los actos administrativos, y así cabe citar las siguientes disposiciones legales:
Art. 11 inc. 2: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”
Art. 41 inc. 4: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.5
Sin embargo, y no obstante lo anterior, no se puede desatender el principio de la conservación de los actos administrativos, en cuanto el defecto que se acusa en el cumplimiento de los requisitos formales resultan inocuos para alcanzar su fin y no dando lugar a la indefensión de los interesados, y así efectuando un análisis de la doctrina atingente, el profesor Jorge Reyes
Riveros expresa “C4. Irregularidades no invalidantes.- Hay ciertos vicios que no dan lugar a la anulabilidad por tratarse de defectos de menor entidad, como serían irregularidades de forma que no privan al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin ni origen (originan) la indefensión de los interesados. En este caso, habrá un acto irregular pero valido...”.
En el caso de autos, y no obstante la reclamada reconoce que omitió el considerando segundo en la Resolución impugnada, lo cual es reprochable a su respecto, o el que la reclamante exprese que se carece de un cuadro anexo que indique cuáles son las partidas objetadas, junto con los montos a rebajar, resulta que ello no convierte en ininteligible o equívoco el tenor de dicho acto administrativo, y tal es así que la propia reclamante en forma metódica y sistemática presenta sus argumentos atacando el fondo de la Resolución, conforme se desprende su presentación de fojas 26 y siguientes, y consecuente con ello presenta sus pruebas en el proceso.
Es por ello que, a juicio de este este Magistrado, no concurren razones suficientes para invalidar la Resolución impugnada en razón de los argumentos recién revisados.
Por último, y en cuanto a no haber considerado la Resolución impugnada, el tiempo que pudieron haber considerado los dos compresores que no fueron entregados en usufructo a Transportes XXXX y Compañía Limitada, ni el tiempo que la reclamante pudo haber utilizado los bienes entregados antes de disponer de ello para esta tercera empresa, cabe mencionar que en cuanto a los dos compresores en cuestión se debe estar a lo señalo en el considerando décimo sexto, y en cuanto a lo segundo, tiempo de permanencia de los equipos en poder de la reclamante, el propio representante legal de la empresa de transporte citada, don XXXX, señala en su declaración de fojas 125, en cuanto a lo consultado de los contratos contendidos en la Custodia 4-2015, rolantes de fojas 65 a 77 de autos, expresa: “Reconozco la firma como propia en los tres contratos, recibí los equipos efectivamente, los modelos corresponden a los equipos, la marca y el año, y la placa patente me son muy familiares, en estricto rigor no tengo en la memoria la patente de los equipos, pero estoy casi seguro que son los equipos. Respecto a la forma, los equipos fueron adquiridos en Santiago por XXXX y en cada oportunidad se me contrató para transportar los equipos, desde Santiago a Punta Arenas. Las fechas exactas no las recuerdo pero es muy fácil comprobarlo, ya que todos los equipos hicieron ingreso a la región, vía el transbordador de XXXX. Cualquier vehículo que ingresa por XXXX, tiene un control por Aduana, Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio de Impuestos Internos, por tanto hay un registro escrito de la fecha exacta de cuando los equipos ingresaron a la región”; luego, interrogado para que precisara “si recibió materialmente todos los equipos singularizados en los contratos, o algunos no” declaró “Sí, recibí cada uno de los equipos, que siguen estando en mi poder y control hasta el día de hoy”, y ante una nueva pregunta respondió “Los equipos me fueron entregados por el proveedor, tengo los equipos en mi poder desde que fueron vendidos a XXXX. Los equipos no me los entregan físicamente XXXX, me los entrega el proveedor, no recuerdo la fecha exacta de la entrega de los equipos”.
De lo anterior, se desprende además, de acuerdo a las reglas de la máximas de la experiencia, la improcedencia de la alegación de la reclamante en cuanto a que algunos bienes estuvieron en su poder siendo utilizados por ella, como por ejemplo los neumáticos, pues no cabe explicarse cómo se pudieron haber traído los semirremolques de Santiago a Punta Arenas, dada sus grandes dimensiones e importante tara, sin sus neumáticos instalados, los que además cuales fueron coetáneamente adquiridos, sino solamente con ellos integrados a sus respectivas llantas, para así poder desplazarlos en base a sus mismas bandas de rodamiento.
En consecuencia, por las razones expuestas, este Magistrado, estima que no hay mérito suficiente para acoger las alegaciones tendientes a invalidar o modificar la Resolución Exenta N° 082 mencionada, en base a las irregularidades de forma alegadas.
VIGÉSIMO.- Que a partir de lo razonado precedentemente y en virtud de los hechos que se han tenido por verdaderos en este juicio, ponderando la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de las máximas de la experiencia, y en su caso, aplicando los Principios Generales de Derecho, se arribó a las conclusiones enunciadas en los considerandos que anteceden.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que analizada la demás documentación, testimoniales y antecedentes de autos, en nada altera lo razonado y concluido precedentemente.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que no se condenará en costas a la parte reclamante, por haber tenido motivo plausible para litigar.
Y atendidas las consideraciones precedentes, mérito de autos, y visto además lo dispuesto en los artículos 2, 21, 29 y siguientes, 59, 86, 115, 117, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 131 bis, 132 y siguientes, y 148 del Código Tributario; artículo 31 del Decreto Ley N° 824 de 1974, Decreto Ley N° 825 de 1975 y su Reglamento, y artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, y normas legales citadas y demás pertinentes,
a).- Que no se hace lugar a la reclamación de fojas 26 y siguientes de autos, interpuesta por el abogado don Mauricio Sandoval Romero, R.U.T. N° X.XXX.XXX-X, en representación de XXXX S.A., (xxxx), R.U.T. N° XX.XXX.XXX-X, ambos ya individualizados, en contra de la Resolución Exenta N° 082, de fecha 29 de agosto de 2014, emanada del Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional de Punta Arenas, la que se confirma.
b).- Que no se condena en las costas de la causa a la parte reclamante. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.
Notifíquese la presente resolución a la parte reclamante por carta certificada, y a la reclamada por la publicación de su texto íntegro en el sitio en internet del Tribunal www.tta.cl, conforme al artículo 131 bis del Código Tributario. Asimismo, dese aviso a las direcciones de correo electrónico XXXX@XXXX.cl y XXXX@XXXXX.cl. Déjese testimonio en el expediente.”