Source: http://docplayer.es/2515492-Derechos-economicos-sociales-y-culturales-derribar-mitos-enfrentar-retos-tender-puentes-una-vision-desde-la-in-experiencia-de-america-latina.html
Timestamp: 2018-04-24 13:43:23
Document Index: 407547662

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 47']

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: DERRIBAR MITOS, ENFRENTAR RETOS, TENDER PUENTES. Una visión desde la (in)experiencia de América Latina - PDF
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: DERRIBAR MITOS, ENFRENTAR RETOS, TENDER PUENTES. Una visión desde la (in)experiencia de América Latina
Download "DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: DERRIBAR MITOS, ENFRENTAR RETOS, TENDER PUENTES. Una visión desde la (in)experiencia de América Latina"
Isabel Maldonado Escobar
1 DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: DERRIBAR MITOS, ENFRENTAR RETOS, TENDER PUENTES Una visión desde la (in)experiencia de América Latina Ligia BOLIVAR 1. Introducción 2. Derribar Mitos 3. Enfrentar Retos 4. Tender Puentes 5. Reflexiones Finales
2 1. Introducción Aunque algunos teóricos han clasificado -a nuestro juicio erróneamente- los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de segunda generación, la realidad actual los ha convertido más bien en derechos de segunda clase. No es sorprendente entonces que encontremos entre colegas con quienes compartimos visiones sobre los derechos civiles y políticos, una expresión que oscila entre el escepticismo y la incertidumbre cuando se trata de abordar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, mientras que, al otro lado del espectro, nos topamos con organizaciones de la más variada naturaleza, cuyos conocimientos generales sobre derechos humanos son más bien limitados, pero que comienzan a abordar los derechos económicos, sociales y culturales, a veces con las mejores intenciones pero desde una perspectiva temática y no de derechos, lo cual se puede traducir en inconsistencias con lo que ha venido siendo la tradición analítica y normativa en materia de derechos humanos; tradición que no pretendemos defender por un simple apego conservador a la historia sino en la medida en que ha resultado eficaz y consistente en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Es innegable que se han producido valiosos aportes analíticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales desde el campo académico y por parte de los estudiosos de problemas tales como el desarrollo y la pobreza, así como interesantes avances prácticos desde organizaciones de base y grupos comunitarios; pero también hay que tener presente el surgimiento de posiciones confusas desde ciertos movimientos sociales y sectoriales con menor preparación y consistencia en el campo de los derechos humanos, que comienzan a levantar la bandera de los derechos económicos, sociales y culturales con toda suerte de imprecisiones que no hacen más que añadir confusión y escepticismo entre quienes históricamente han contribuido al desarrollo normativo de los derechos humanos en general y de los civiles y políticos en particular. A nuestro juicio, existen al menos tres razones para que las comunidades académicas y no gubernamental de la región, que durante años han contribuido a un desarrollo doctrinal y normativo de los derechos civiles y políticos, comiencen a brindar aportes significativos para un desarrollo similar en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Primero, por la necesidad de comenzar a abordar los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de derechos humanos. Vemos con preocupación una tendencia creciente, por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nacionales y regionales, a abordar los derechos económicos, sociales y culturales más como temas que como derechos, lo cual, lejos de cerrar las brechas, puede crear distancias aún mayores con lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de los derechos civiles y políticos. Se ha insistido tanto en las diferencias entre ambos grupos de derechos que se olvidan las semejanzas, corriendo el riesgo de perder de vista que los derechos económicos, sociales y culturales también son derechos.
3 Compartimos las tesis relativas a la necesidad de superar la doctrina de la dicotomía entre ambos grupos de derechos, en favor de la indivisibilidad y la interdependencia; es por ello que creemos necesario hacer todos los esfuerzos posibles, especialmente desde el terreno académico y de investigación, pero también desde el activismo, por subrayar el carácter de derechos de los derechos económicos, sociales y culturales y evitar que su tratamiento se reduzca a lo temático. Cuando se nos pregunta sobre el contenido del derecho a la vida, la libertad personal o las garantías judiciales, podemos formular rápidamente un listado de ideas que llenan de contenido a estos derechos; no sucede aún así con los derechos económicos, sociales y culturales. Creemos que las comunidades académicas y no gubernamentales de la región pueden jugar un importante papel promoviendo la profundización del debate, la reflexión, la investigación y el intercambio de experiencias sobre el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales en cuanto derechos humanos. Segundo, por la necesidad de comenzar a conocer y utilizar los mecanismos de protección existentes, en función de los derechos económicos, sociales y culturales. La gran mayoría -por no decir la totalidad- de los cursos de formación sobre protección internacional y regional de los derechos humanos que se está ofreciendo en la región, deja por fuera el tratamiento de los mecanismos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y el seguimiento de las decisiones de los órganos correspondientes. Ciertamente, no existe un cuerpo de instituciones y mecanismos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales tan desarrollado como el existente para los derechos civiles y políticos, pero ello no significa que debamos ignorar o desaprovechar la existencia de los pocos recursos ya disponibles. Por otra parte, si bien es cierto que no existe a nivel del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales un mecanismo de canalización de quejas equivalente al establecido por el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido mecanismos bastante flexibles para la participación de ONG y para el tratamiento de la información que éstas brindan. Dicho Comité se queja constantemente de la falta de participación de las ONG para impulsar un mayor desarrollo normativo de los derechos económicos, sociales y culturales; sin duda, esta falta de participación obedece en buena medida a la carencia de un conocimiento adecuado por parte de las ONG sobre los mecanismos establecidos por el Comité para elevar sus preocupaciones y denuncias. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a brindar más atención a estos derechos; seguramente, las ONG podrían hacer más por asegurar un trabajo más permanente de la CIDH sobre los derechos económicos, sociales y culturales si contaran con la preparación para ello. Existen, además, mecanismos especializados para ciertos derechos (OIT, UNESCO, etc.) sobre los cuales hay escasa información entre las ONG.
4 Creemos que se llenaría un importante vacío si las instituciones regionales que tienen entre sus especialidades la formación y el estudio de los mecanismos de protección, incorporaran en sus cursos información sobre los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y sobre la forma en que las ONG pueden acceder formal o informalmente a ellos. Tercero, por la necesidad de desarrollar de manera sistemática relaciones de intercambio con personas e instituciones afines. Sin duda, el éxito de los espacios de análisis, formación, capacitación y difusión existentes en la región depende, al menos parcialmente, de la calidad de los grupos de referencia con los que se cuente. Aunque la mayoría de las instituciones de la región cuentan con un magnífico banco de recursos humanos para el tratamiento de los derechos civiles y políticos, no sucede lo mismo en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, donde los pocos pero valiosos esfuerzos existentes se encuentran dispersos, acudiéndose en ocasiones a personas e instituciones que brindan más un tratamiento temático que desde una perspectiva de derechos humanos, afianzando la tendencia a la que nos referíamos en el primer punto. Creemos que debe hacerse un esfuerzo de investigación para identificar interlocutores y expositores de calidad en materia de derechos económicos, sociales, y culturales; por tratarse de un campo poco desarrollado, no existen abundantes estudiosos y expositores que puedan manejar adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales, pero consideramos que es posible hacer un esfuerzo para ubicar un grupo mayor y más consistente que sirva de referente en este campo. En síntesis, la visión dicotómica de los derechos humanos no ha hecho más que aumentar la brecha entre ambos grupos de derechos, lo cual incide en el tratamiento teórico y práctico del tema, en la formación de los integrantes del movimiento de derechos humanos y en la ubicación de interlocutores válidos. El presente trabajo recoge reflexiones personales, estimuladas especialmente por intercambios producidos con el equipo del Programa Venezolano de Educación- Acción de Derechos Humanos (Provea), así como con el grupo de expertos convocado en mayo de 1995 por la Comisión Andina de Juristas para reflexionar sobre el tema. Estas ideas pretenden ser una contribución a la reflexión de las ONG de derechos humanos en el sentido contrario a la posible ampliación de la brecha antes referida, con el objeto de comenzar a tender puentes entre ambos grupos de derechos y entre quienes, desde la teoría y la práctica, han empezado a explorar consistentemente el todavía novedoso campo de los derechos económicos, sociales y culturales.
5 2. Derribar mitos Somos herederos de una tradición que nos ha dicho durante muchos años que los derechos civiles y políticos, por su naturaleza y características, son distintos a los derechos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, los mecanismos de control nacionales e internacionales, la exigibilidad, el papel del Estado, las prioridades, el papel de los afectados y las estrategias de defensa deberían reflejar estas diferencias. En nuestra opinión, esta insistencia -interesada o no- en las diferencias, ha sido una de las causas principales del dispar desarrollo de ambos grupos de derechos, tanto a nivel nacional como internacional. En esta sección se espera, sin mayores pretensiones académicas, insistir en las semejanzas entre ambos grupos de derechos. Al insistir en las semejanzas no pretendemos ignorar la especificidad de cada derecho (independientemente del grupo al que pertenezca) sino desmontar algunos mitos que se han venido asumiendo de manera poco crítica y que, más que ayudar a identificar la especificidad antes referida, pueden llevamos a planteamientos basados en supuestos erróneos o, al menos, incompletos. Asumir acríticamente que existen diferencias fundamentales entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los económicos, sociales y culturales, por la otra, puede conducirnos a una trampa, que es precisamente la que, en buena medida, ha contribuido a la postergación de los segundos. De allí la necesidad de desmontar generalizaciones inapropiadas que hasta ahora han sido utilizadas desde los sectores oficiales para justificar la constante postergación de las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. a) Obligaciones de abstención y aplicación inmediata vs. obligaciones de acción y aplicación progresiva Una de las diferencias que tradicionalmente se esgrime tiene que ver con el papel del Estado; se señala que, en torno a los derechos civiles y políticos, por ser de aplicación inmediata, el compromiso del Estado consiste fundamentalmente en abstenerse de actuar (no matar, no torturar, no censurar, no detener arbitrariamente, etc.), mientras que los compromisos referidos a los derechos económicos, sociales y culturales apuntan más al desarrollo progresivo de un cuadro normativo que garantice su disfrute (políticas de empleo o salud, ampliación de las oportunidades educativas, etc.). Ésta es una primera falsa distinción.
6 Hay derechos del primer grupo 1 que requieren del Estado algo más que una simple abstención de acción. Tal es el caso, por ejemplo, del conjunto de Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Recomendaciones Relacionadas de la ONU que se refieren a derechos del detenido y que suponen un conjunto de acciones por parte del Estado. Igualmente, el cuerpo de normas desarrolladas para prevenir e investigar las ejecuciones sumarias o las desapariciones, indican que también en el campo de derechos civiles y políticos es necesario promover un desarrollo progresivo, mediante un marco jurídico que asegure su vigencia, entendiendo que ésta no puede limitarse a la abstención de actuar en contra del derecho en cuestión, sino que debe apuntar también a una serie de acciones concretas orientadas a la prevención, así como a la eficaz investigación y sanción de cualquier violación. Asimismo, el ejercicio de los derechos políticos requiere del Estado una acción que supone, entre otras cosas, el desarrollo de mecanismos y la asignación de recursos suficientes a los cuerpos electorales para garantizar la universalidad y libertad del derecho al sufragio. De esta misma forma, observamos que el disfrute de ciertos derechos económicos, sociales y culturales no está condicionado a la progresividad y que su satisfacción puede ser inmediata, como es el caso de la libertad sindical o la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos, sin que pueda alegarse la inexistencia de recursos estatales necesarios para dar cumplimiento a estas obligaciones. Igualmente, la satisfacción de muchos derechos económicos, sociales y culturales suponen una abstención de actuación por parte del Estado, como es el caso de la no discriminación en el campo de la educación, la salud, el empleo o la vivienda. Si bien en estos casos una acción positiva del Estado -mediante, por ejemplo, la promulgación de legislación apropiada- puede contribuir a asegurar el principio de la no discriminación, ello no puede ser entendido como condicionante para que, en primer lugar, el Estado se abstenga de actuar de forma tal que promueva la discriminación en las esferas ya señaladas. Por lo tanto, la supuesta dicotomía entre ambos grupos de derechos no parece sostenible en atención a diferencias derivadas del papel del Estado en cuanto al tipo de orientaciones requeridas para su satisfacción. b) La complejidad como obstáculo a la satisfacción Más allá de los debates conceptuales, en el orden práctico se ha pretendido establecer diferencias -derivadas de dicho debate- sobre la imposibilidad de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales, en base a una supuesta 1 Nos referimos a los derechos civiles y políticos como "primer grupo" identificando los derechos económicos, sociales y culturales como "segundo grupo" por razones de estilo, sin que está identificación implique una clasificación o sea sinónimo de las llamadas "generaciones", las cuales, a nuestro juicio, constituyen clasificaciones incompletas y encubridoras.
7 complejidad de éstos, la cual no estaría presente en el caso de los derechos civiles y políticos. Es necesario aclarar que la complejidad de cualquier derecho puede ser esgrimida desde dos ópticas diferentes; una primera se relaciona con la diversidad cultural de las naciones que participan en los foros internacionales (donde, por ejemplo, los países musulmanes pueden presentar serias reservas al reconocimiento de igualdad de derechos a la mujer o sobre la abolición de la pena de muerte, en base a criterios supuestamente religiosos); una segunda óptica sobre la complejidad se fundamenta en las dificultades que pueden enfrentar los Estados para satisfacer derechos que suponen una multiplicidad de variables que, según afirman, a veces escapan de su control por razones económicas o políticas (por ejemplo en lo relativo al conjunto de derechos de los trabajadores, derecho a la vivienda, a la salud, etc.). Dejando a salvo la situación de las poblaciones indígenas, en cuyo caso la variable cultural puede resolverse por vía de integración entre el derecho consuetudinario y la legislación nacional, en nuestro contexto el factor cultural no presenta mayores problemas para el Estado, por lo que nos referiremos aquí solamente a la supuesta complejidad derivada de la intervención de múltiples variables de orden político o económico. Comencemos por subrayar que, ni el desarrollo normativo de los derechos civiles y políticos ni el de los económicos, sociales y culturales, es uniforme y que esta falta de uniformidad obedece tanto a la capacidad demostrada por la comunidad no gubernamental de derechos humanos para formular propuestas en tomo a ciertos derechos -mientras otros permanecen poco desarrollados- corno a la complejidad del derecho en sí, independientemente del grupo en el que se ubique. Algunos derechos civiles y políticos permanecen poco desarrollados debido a que las variables que afectan su vigencia son diversas o porque para su implementación se requiere de un complejo sistema que asegure su disfrute de manera efectiva. Ejemplo de ello es todo el conjunto de derechos vinculados a las garantías judiciales cuya vigencia depende de múltiples factores relacionados con una recta administración de justicia y que pasan por medidas -políticas, legislativas, administrativas y económicas- que deben ser adoptadas por poderes públicos, no sólo diferentes sino, en ocasiones, enfrentados; ello, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la comunidad no gubernamental reclame medidas inmediatas destinadas a asegurar las garantías judiciales indispensables para el debido proceso, ni para que los órganos internacionales y regionales de protección se inhiban de producir decisiones condenatorias contra Estados que vulneran estos derechos. La complejidad de ciertos derechos civiles y políticos, entonces, no ha impedido que se exija su respeto y protección a los Estados. Asimismo, hay derechos económicos, sociales y culturales que han alcanzado un grado considerable de derecho normativo, como es el caso del conjunto de derechos de los trabajadores sobre los cuales existe abundante normativa y jurisprudencia internacional, especialmente en la OIT; lo mismo podría
8 decirse en tomo a ciertos derechos sociales y culturales relacionados con la educación y la libertad académica, sobre los cuales la UNESCO ha logrado avances no despreciables. Algunos de estos derechos requieren una acción mínima y poco compleja por parte del Estado, como sucede en relación con las ya mencionadas libertad sindical o libertad de enseñanza. De lo anterior podemos concluir que, si bien hay que reconocer que la complejidad de cierto derecho puede dificultar la vigencia del mismo, especialmente en el corto plazo, ello no puede convertirse en obstáculo para evaluar la conducta del Estado y sus esfuerzos en la satisfacción de tal derecho, y mucho menos a partir de distinciones relacionadas con la supuesta naturaleza diferente de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los civiles y políticos. c. Justiciabilidad de ambos grupos de derechos El tercer mito a derribar tiene que ver con la creencia de que la progresividad (supuestamente exclusiva) de los derechos económicos, sociales y culturales relativizará la posibilidad de exigirlos por la vía judicial. En realidad, muchas de las reservas existentes en tomo a la justiciabilidad de estos derechos están relacionadas con una inadecuada definición del contenido de cada uno de ellos, razón por la cual se tiende a confundir el contenido del derecho con nociones de carácter político o filosófico ajenas al campo de los derechos humanos. Así como sería absurdo suponer que el derecho a la libertad personal puede implicar la obligación del Estado a garantizar a todo ser humano la facultad de actuar o no actuar en un sentido amplio que comprenda todos los ámbitos de la vida, incluso el privado, o concluir que el derecho a la libertad de expresión supone que el Estado debe asegurar a toda persona el desarrollo de habilidades literarias o de oratoria, sin tomar en cuenta las destrezas personales, resulta igualmente carente de base asimilar el derecho a la salud a la obligación del Estado a garantizar que nadie se enferme o equiparar el derecho a la educación a la responsabilidad del Estado de producir ciudadanos inteligentes. Lo que sí tiene sentido, en cualquier caso, independientemente del derecho en cuestión, es que, una vez definido el contenido mínimo esencial de un derecho, se creen mecanismos mediante los cuales los ciudadanos, en igualdad de oportunidades y condiciones, puedan reclamar su disfrute tomando en cuenta las obligaciones del Estado en tomo a su satisfacción. Todos los derechos humanos requieren del Estado acciones que aseguren su respeto (absteniéndose de actuar en contrario) y su protección (mediante medidas que aseguren su disfrute efectivo). La protección se asegura en la medida en que se desarrollan mecanismos y normas para evitar su violación y para que, si ésta ocurre, el afectado pueda exigir su restitución y / o reparación por la vía judicial.
9 Ningún derecho, independientemente del grupo al cual pertenezca, es materialmente justiciable si no se cuenta con estos mecanismos y normas; dicho en otras palabras, si no se puede reclamar un derecho utilizando los mecanismos jurisdiccionales porque "su contenido normativo puede ser tan indeterminado que permita la posibilidad de que los que ostentan los derechos no poseen ningún derecho particular a nada" 2, entonces, no estaríamos frente a un derecho jurídicamente exigible sino ante una aspiración de valor moral. La justiciabilidad no le otorga a un derecho la calidad de tal, pero refuerza esa calidad en la medida en que establece los parámetros específicos de exigibilidad frente a quien se ha comprometido a protegerlo y no sólo a proclamarlo. Más allá de la existencia de legislación específica de protección de un derecho, hay disposiciones constitucionales de carácter general -también presentes en los instrumentos internacionales de protección- que le otorgan, al titular de un derecho, recursos para exigir respuesta oportuna a sus demandas (procedimientos administrativos), para reclamar judicialmente las fallas de hecho o de derecho en que haya incurrido la administración (vía contenciosoadministrativa) y para evitar su violación o asegurar su restitución (amparo). Aún si no existiera la posibilidad de exigir un derecho a nivel interno habiendo sido éste reconocido, es posible reclamarlo en la jurisdicción internacional. Así, por ejemplo, en el sistema interamericano de protección existe ya jurisprudencia al respecto, al establecerse que el requisito del agotamiento de los recursos internos no tiene que ser cubierto cuando dichos recursos no existen o cuando, aún existiendo, no son adecuados o efectivos para proteger oportunamente el derecho cuya violación se alega 3. Cabe agregar que la ausencia de legislación que permita la justiciabilidad de un derecho es, en sí misma, violatoria de la Convención Americana, ya que ésta establece que los Estados se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivos los derechos (artículo 2) y a garantizar recursos ante los tribunales que amparen a las personas contra actos que violen sus derechos (artículo 25); otro tanto sucede en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales puede ser -y de hecho lo es- negada por autoridades judiciales nacionales, bien sea por ignorancia o por una concepción restrictiva de los recursos jurisdiccionales existentes sobre la materia, pero ello no significa que, precisamente esa imposibilidad de hacer justiciable un derecho en el ámbito interno, no pueda ser 2 AIston, Philip. Out of the Abyss: The challenges confronting the new UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights". En: Human Rights Quarterly, vol. 9, 1987, pág Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de junio de 1988, Párr. 64. La jurisprudencia sentada por la Corte fue posteriormente incorporada al reglamento de la Comisión Interamericana en el Art Al respecto, ver la Observación General Nº. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales Culturales, en especial los párrafos 5 y 6.
10 base de denuncias a nivel internacional, aunque también es cierto que la instancia internacional ha sido escasamente utilizada. d. La inexistencia de recursos internacionales Otro mito con el que nos tropezamos frecuentemente es el de la imposibilidad de movilizar la maquinaria internacional de protección de los derechos humanos en función de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que los Estados son los únicos protagonistas en los escasos mecanismos existentes. Consideramos que el argumento de que es poco lo que se puede hacer en el terreno internacional en función de estos derechos porque no hay un sistema desarrollado, es una verdad a medias, pues, si bien es cierto que el sistema normativo en el campo de los derechos civiles y políticos está mucho más desarrollado, eso no significa que no exista nada en materia de derechos económicos, sociales y culturales; la falta de creatividad para trabajar con lo poco que existe no puede servir de justificación para cruzamos de brazos ante el sistema internacional. En la mayoría de los casos, ciertamente, no se trata de mecanismos específicamente orientados a la protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales; algunos no tienen procedimientos de quejas, otros sí; algunos son temáticos y generales, otros se concentran en un derecho específico, etc. Pero lo cierto es que hay una variedad de mecanismos y espacios internacionales, algunos de los cuales han comenzado a producir importantes avances interpretativos, a veces a pesar de la comunidad no gubernamental de derechos humanos y no gracias a ella. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño está haciendo una interpretación muy creativa sobre las obligaciones de los Estados Parte de la convención sobre Derechos del Niño en materia de derechos económicos, sociales y culturales; pero es poco el seguimiento realizando desde la comunidad no gubernamental de derechos humanos, más allá de las ONG dedicadas específicamente a los derechos del niño, a la labor del Comité y a los interesantísimos criterios que se están sentando. Un vistazo rápido a los mecanismos y espacios internacionales nos presenta una lista no despreciable de recursos: a) Naciones Unidas: 1) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2) Comité de los Derechos del Niño; 3) Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 4) Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; 5) Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías; 6) Grupo de Trabajo sobre Derecho al Desarrollo; 7) Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales *; 8) Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda *; 9) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; 10) Comisión de Desarrollo Sostenible;
11 b) Organización Internacional del Trabajo: 11) Comité de Libertad Sindical; 12) Comité de Aplicación de Normas; 13) Comité sobre Discriminación; c) Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud: 14) Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos *, d) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: 15) Comité sobre Convenciones y Recomendaciones; 16) Comité de Conciliación y Buenos Oficios; e) Banco Mundial: 17) Panel de inspección; f) Banco Interamericano de Desarrollo 18) Panel de Inspección; g) Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 19) Procedimiento convencional de casos; 20) Informes de países. (* Aunque estos relatores y grupos de trabajo culminaron su mandato hace algún tiempo, han dejado una importante documentación que sirve hoy en día como referencia para el trabajo de varias instancias internacionales y que debe ser conocida y utilizada por las ONG.) Cabe aclarar, sin embargo, que incluso en el terreno internacional, las posibilidades de exigir la satisfacción de derechos económicos sociales y culturales está poco desarrollada. Aunque en algunos campos -como el ya señalado relativo al de los derechos de los trabajadores- se han logrado significativos avances, éstos se han producido en el marco de convenios específicos desarrollados por las agencias especializadas del sistema universal (en este caso OIT). No se cuenta con el mismo desarrollo en los mecanismos propios del sistema universal de protección (Comisión y Comité de la ONU y otros órganos y procedimientos especiales). Por ejemplo, el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos permite que denunciantes individuales -y no sólo los Estados Partes- presenten quejas sobre violaciones ante el sistema y crea una instancia especial para ello como es el Comité de Derechos Humanos, reconociendo además la posibilidad de que las ONG dirijan comunicaciones y asistan, con derecho a voz, a las deliberaciones. La ausencia de un protocolo facultativo similar en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, constituye un vacío que impide una participación más activa de actores distintos a los Estados Parte de este Pacto. Aún así, como veremos más adelante, es mucho
12 lo que una buena estrategia creativa y consistente puede lograr dentro del actual estado de desarrollo del sistema de protección, particularmente en el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cambio, en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual reconoce una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales culturales, se establece un mecanismo único de control para ambos grupos de derechos y se otorga la facultad a individuos y representantes de ONG para dirigir comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para que tales reclamaciones lleguen eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, los mecanismos regionales de protección permanecen subutilizados en el caso de derechos económicos, sociales y culturales. Aunque la eventual entrada en vigor del Protocolo de San Salvador podría introducir cambios -por lo demás restrictivos- en el sistema interamericano, lo cierto es que hoy por hoy no existe nada que impida el uso del sistema regional para la protección de derechos económicos, sociales y culturales 5. Lo anterior nos permite adelantar que las estrategias de defensa de derechos económicos, sociales y culturales pueden ser diferentes porque los recursos judiciales y administrativos a utilizar son diferentes, pero no porque la naturaleza de todos los derechos económicos, sociales y culturales sea diametralmente distinta; de allí que el énfasis deba colocarse en la exploración de modalidades creativas de utilización de los recursos existentes, superando los mitos que insisten en la distinción entre ambos grupos de derechos en atención a su naturaleza, al papel del Estado, a la complejidad y escasez de recursos disponibles para su satisfacción. e....hasta el máximo de los recursos de que disponga... Esta salvedad, introducida para relativizar de alguna manera las obligaciones del Estado en cuanto al cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2), ha presentado varias dificultades que deben ser cuestionadas y superadas. Por una parte, sugiere una división artificial de derechos, en el entendido -a nuestro juicio, equivocado- de que mientras todos los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, todos los derechos económicos, sociales y culturales 5 El sistema interamericano ha formulado varias decisiones en casos en los que se ven afectados derechos económicos, sociales y culturales; si bien éstas no son abundantes, su existencia demuestra que sí es posible que se produzcan pronunciamientos al respecto. La futura entrada en vigor del Protocolo de San Salvador podría suponer una restricción en este sentido, ya que sólo sería posible presentar denuncias de particulares en relación con violaciones al derecho a organizar y afiliarse a sindicatos (art. 8 a) y al derecho a la educación (art. 13). Que el sistema interamericano opte por una interpretación literal y restrictiva de esta disposición, dependerá en buena medida de la voluntad de los órganos del sistema, en especial de la Comisión Interamericana, la cual podría ajustar su interpretación de acuerdo con el procedimiento más favorable para el afectado.
13 deben esperar, como condición previa para su satisfacción, la disponibilidad de recursos estatales suficientes. Los teóricos, sin embargo, han sido incapaces de brindar una explicación jurídica consistente y satisfactoria a las incongruencias que presenta esta división artificial de derechos. Un ejemplo puede ilustrar mejor el punto que intentamos evidenciar. Como ya hemos señalado, hay derechos clasificados en el grupo de civiles y políticos que requieren una acción decidida del Estado -incluyendo la asignación de recursos suficientes- para su satisfacción, como es el caso de los derechos del detenido. Hasta donde sabemos, no existe ningún instrumento internacional o regional de protección, ni jurisprudencia de los órganos de alguno de ambos sistemas, que acepten que un prolongado retardo en la excarcelación de una persona pueda justificarse en virtud de que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para asegurar un adecuado registro de detenidos o que garantice que el Poder Judicial dicte la medida oportunamente y que ésta sea prontamente ejecutada por las autoridades penitenciarias. En otras palabras, parecería inaceptable que se condicione o se postergue el disfrute del derecho a la libertad personal en estas circunstancias, de tal manera que dicho derecho pueda ser exigido sólo cuando el Estado cuente con los recursos necesarios para ajustar adecuadamente el cumplimiento de los lapsos procesales o la administración de los establecimientos penitenciarios. El ejemplo anterior evidencia que, aún en el campo de ciertos derechos civiles y políticos, los recursos limitados podrían invocarse como justificación para una falta de acción estatal destinada a asegurar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin que por ello la comunidad de naciones haya renunciado a exigir su satisfacción, por lo que podemos concluir que las pretendidas diferencias entre ambos grupos de derechos son más un reflejo del debate ideológico, propio de los años de la guerra fría, que producto de un cuidadoso estudio sobre la complejidad jurídica y política de cada uno de los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales. Por otra parte, la salvedad expresada en el artículo 2 del Pacto no puede considerarse absoluta, dando lugar a una postergación indefinida de los compromisos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sino que, por el contrario, impone claras obligaciones al Estado al indicar que se debe emplear "el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas", lo cual supone no sólo la irreversibilidad de los logros ya alcanzados -bien sea a nivel legislativo o en cuanto al desarrollo de políticas- sino también un énfasis especial en la asignación de recursos para estas áreas, por encima de otros rubros presupuestarios que no se revierten en la satisfacción de los derechos reconocidos en el pacto 6 6 Sobre este particular ver la Observación General Nº 2 párr. 9 y la Observación General Nº. 3, párrafos 9,10 y 11, ambas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ver además los Principios de Limburgo, relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
14 Finalmente, si existe un área en la cual el discurso neoliberal debe ser enfrentado con fuerza por el movimiento de derechos humanos, es la referida a los supuestos beneficios a largo plazo que se pueden obtener a costa de sacrificios a corto plazo en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, a consecuencia de una disponibilidad de recursos limita pero temporal. Con frecuencia, de acuerdo con esta lógica, incluso los retrocesos son vendidos como avances, pues serían tan sólo retrocesos relativos y circunstanciales destinados a lograr progresos sustanciales en el futuro. Una vez más, en honor a la consistencia, habría que preguntarse hasta qué punto sería aceptable que se argumentara la imposición violenta de un régimen dictatorial -y todas sus consecuencias en materia de violación de derechos civiles y políticos- en base a la promesa de una futura y fortalecida democracia "deslastrada" de agentes perturbadores. Siguiendo a Nikken, vale recordar que "del mismo modo en que no es admisible que se imponga una tiranía con el pretexto de preparar a la población para disfrutar en el futuro de instituciones democráticas, es insostenible que se someta deliberadamente a la miseria a la mayoría de la población con la excusa de que ello garantiza el bienestar futuro o la supervivencia de un sector de la economía 7. En otras palabras, argumentos que resultan inaceptables en el campo de los derechos civiles y políticos, no pueden ser consentidos en el de los derechos económicos, sociales y culturales, pues la postergación de cualquier derecho en atención a "un futuro mejor", no es más que la postergación de la realización de la persona y de su dignidad, lo cual resulta incompatible con los principios de una sociedad democrática. f. Cantidad vs. Calidad Otro mito que cobra fuerza -especialmente a medida que avanza el discurso neoliberal- tiene que ver con el supuesto deterioro cualitativo en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, a causa de lo que se considera un injustificado incremento cuantitativo de la cobertura de los servicios destinados a satisfacer esos derechos por la vía de la masificación-universalización, en el lenguaje de los derechos humanos. Uno de los ejemplos a los que con mayor frecuencia se recurre para sustentar este mito es el del deterioro de la educación, pues la masificación de la enseñanza gratuita a nivel primario -y progresivamente en los niveles secundario y superior- sería la causa del deterioro de su calidad. Económicos, Sociales y Culturales. Human Rights Quarterly. Vol. 9 Nro. 2, 1987, en especial párrafos 23 a Nikken, Pedro. En defensa de la persona humana. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Págs. 87 y 88.
15 En nuestra opinión, resultaría cómodo y encubridor responsabilizar a la universalización de la educación, prevista tanto en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13) como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26, en concordancia con el artículo 47 de la Carta Reformada de la OEA), por tal situación. Estos instrumentos no sólo garantizan el derecho a la educación, sino que establecen la necesidad de que la misma tenga un componente marcadamente cualitativo. El Pacto no se conforma con reconocer el derecho universal a la educación, sino que le otorga una finalidad al destacar que "... debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad" y que "... debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos y religiosos...", para lo cual se prevé igualmente que los Estados deben "... mejorar continuamente las condiciones del cuerpo docente". En términos similares se formulan los artículos 45 y 50 de la Carta reformada de la OEA, imprimiéndole un carácter eminentemente cualitativo a la educación, por encima de un crecimiento cuantitativo vaciado de contenido, ya que en dichos instrumentos se subraya una visión de la persona humana para cuyo desarrollo es imprescindible el componente cualitativo. El argumento del sacrificio de la calidad en favor de la cantidad se ha utilizado en tomo a otros derechos como el derecho a la salud. De nuevo, la consistencia nos obliga a examinar esta afirmación desde otro punto de vista. Resulta curioso que se contraponga calidad y cantidad en el caso de los derechos sociales, sin que tal preocupación se evidencie en el caso de los derechos políticos. Así, por ejemplo, podría afirmarse que la masificación del sufragio le ha restado calidad a la participación política, debido a que los electores -muchas veces analfabetos- no cuentan con los elementos necesarios para formarse un juicio adecuado sobre las ofertas electorales. Sin embargo, sería absurdo concluir que la respuesta a este problema estaría en revertir la universalidad del voto; por el contrario, de lo que se trata es de abrir canales de participación informada que aseguren, además de cantidad, calidad. Somos de la opinión de que, desde el punto de vista de los derechos humanos, fundamentados en la idea de dignidad humana, calidad y cantidad no pueden ser conceptos contrapuestos sino complementarios. En tal sentido, si la conclusión es que la expansión de la educación fue producto de la lógica clientelista del populismo en boga en muchos países de la región, de lo que se trata entonces es de acabar con el clientelismo, no con la educación o con la salud o con cualquier otro derecho, cuyo disfrute debe asegurarse en función del pleno desarrollo de la persona en atención a su dignidad.
16 3. Enfrentar retos Si, como creemos haber evidenciado, muchas de las afirmaciones que a lo largo de los años han prevalecido para pretender justificar unas supuestas diferencias entre ambos grupos de derechos, obedecen a un tratamiento acrítico basado más en mitos que en realidades, el siguiente paso consiste entonces en identificar los retos que confrontamos para asegurar un tratamiento adecuado de los derechos económicos, sociales y culturales. a) Contribuir al desarrollo normativo de los derechos económicos, sociales y culturales Los derechos civiles y políticos han logrado un mayor grado de desarrollo normativo, en buena parte por la activa intervención de la comunidad internacional no gubernamental, la cual ha formulado abundantes propuestas normativas y de control y verificación. De cierta forma, se ha desarrollado un ciclo que se retroalimenta: denuncia de casos = desarrollo de propuestas normativas internacionales = puesta a prueba y aplicación nacional de la normativa = nuevos y más complejos casos = mejoramiento del marco normativo internacional. Otros dos factores influyeron en un mayor desarrollo normativo de los derechos civiles y políticos. Por una parte, la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, nacen en países industrializados y con una visión, si se quiere, occidental, de los derechos humanos, según la cual las libertades y derechos a ser tutelados se ubican principalmente en el terreno de los civiles y políticos, marcando tempranamente desde los años de la posguerra el rumbo a seguir en la defensa de los derechos humanos, hasta el punto que, aún en los casos en que sistemas regionales como el interamericano no establecieran diferencias entre ambos grupos de derechos, el peso de la acción ha estado más cargada hacia los derechos civiles y políticos, a causa -al menos en parte- del enfoque predominante de las ONG hacia dichos derechos. Por otra parte, la existencia de un Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos a través del cual se abre la posibilidad de que actores no gubernamentales intervinieran e incidieran en los debates sobre estas materias, creó un ambiente propicio al desarrollo normativo de estos derechos a nivel internacional. Estas circunstancias permearon el enfoque de trabajo de derechos humanos a nivel nacional, dando preponderancia a los derechos civiles y políticos. En el campo de los derechos económicos, sociales y culturales no se ha producido aún ese ciclo al que nos referíamos anteriormente; naturalmente, éste no tiene que ser idéntico, pero no puede ser diametralmente diferente. Cada derecho (incluso dentro del mismo grupo) tiene su propia "personalidad", algunos más desarrollados que otros, y no se les puede tratar de igual forma pero, tampoco, por el hecho de estar ubicados -a veces de forma arbitraria, como hemos visto- en determinado grupo, se justifica que se les trate de una manera tan radicalmente distinta que terminemos por desarrollar dos sistemas independientes que transiten
17 rumbos paralelos, sin tocarse, en contra de lo que la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. No podemos despreciar o ignorar la experiencia acumulada en estrategias de defensa y avances normativos en el campo de los derechos civiles y políticos, sino nutrir de ella el trabajo por los derechos económicos, sociales y culturales. Si no hay consistencia en las estrategias, si no intentamos que los sistemas de protección comiencen a utilizar una lógica para abordar los derechos económicos, sociales y culturales similar a la que han utilizado en el caso de los derechos civiles y políticos, reforzando los mecanismos de control y verificación, abriendo nuevos espacios para la participación de actores no gubernamentales, etc., corremos el riesgo de caer en la trampa: como son derechos de naturaleza diferente, no podemos exigir los mismos avances ni esperar los mismos logros. Éste es quizá uno de los campos menos explorados y que requiere con mayor urgencia una atención y acción innovadora. La utilización de recursos administrativos y de amparo, así como de otros recursos judiciales para la defensa de estos derechos, debe incrementarse, ya que, si bien es posible que se obtengan fallos contrarios en la jurisdicción interna, sólo así es posible acudir a la instancia internacional, evidenciando las limitaciones del sistema interno y brindando elementos para que los mecanismos del sistema internacional produzcan un mayor número de pronunciamientos en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. b) Identificación del contenido mínimo y construcción de indicadores* *Esta sección ha sido elaborada con base en criterios desarrollados por la autora para la construcción de un marco conceptual sobre derecho a la salud que forma parte de un estudio publicado por el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos. Al referirnos a la justíciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, intentamos evidenciar cómo el carácter indeterminado del contenido de un derecho puede convertirse en un obstáculo para su exigibilidad. Un reto importante que confronta el movimiento de derechos humanos consiste en identificar desarrollar el contenido mínimo esencial de cada uno de estos derechos. Como bien lo ha señalado Ayala:...el contenido esencial de los derechos señala una frontera que el legislador no debe traspasar, un terreno que la ley limitadora no puede invadir sin incurrir en inconstitucionalidad. La garantía de contenido esencial es límite de los límites porque limita la posibilidad de limitar,
18 porque señala un límite más allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 8. Diversos autores coinciden en señalar la necesidad de definir el contenido mínimo esencial o contenido básico mínimo de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales como una forma de identificar las obligaciones concretas que un Estado asume al reconocer estos derechos en la legislación nacional o mediante la adhesión a un convenio internacional Así, por ejemplo, Alston señala que existe un contenido básico mínimo identificable de cada derecho que no puede ser disminuido bajo pretexto de diferencias razonables permitidas (...). El hecho de que dicho contenido debe existir (que en cierta medida puede, no obstante, estar potencialmente sujeto a la suspensión o a las limitaciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales]) parecería una consecuencia lógica del uso de la terminología de los derechos (...). Por lo tanto, cada derecho debe dar lugar a un derecho mínimo absoluto, en ausencia del cual deberá considerarse que un Estado Parte viola sus obligaciones 9. Sin embargo, otros autores -inclusive en el interior del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- rechazan la posibilidad de establecer un contenido mínimo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo en el caso del derecho a la salud, sosteniendo que siendo el ideal del ser humano llegar al nivel más alto posible de vida, no es posible fijar un límite mínimo uniforme debajo del cual se considere que un determinado Estado no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de salud. En cambio, sí es factible determinar, teniendo en cuenta su naturaleza progresiva, si han habido avances, retrocesos o estancamientos en el goce del derecho a la salud 10. Consideramos que fijar un límite mínimo uniforme por debajo del cual no debe ubicarse ningún Estado, no debilita el derecho en cuestión siempre y cuando dicho contenido sea entendido como un punto de inicio y no como un punto de llegada; por el contrario, establecer ese marco asegura una base uniforme que debe ser respetada, incluso por aquellos estados con recursos económicos limitados. Vale recordar que una de las razones que ha impedido el desarrollo de mecanismos más eficaces de verificación del cumplimiento de las 8 Ayala, Carlos. "Consideraciones sobre el desarrollo legislativo inadecuado de derechos y garantías constitucionales". En: Constitución y Reforma: un proyecto de Estado social y democrático de derecho. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Caracas, AIston, Philipe. Op. cit., págs. 352 y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Día de debate general sobre el derecho a la salud. Nota de debate. Ginebra, diciembre de 1993.
19 obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es precisamente el carácter vago e indeterminado del contenido de dichos derechos, por lo que no tiene mayor sentido rechazar la posibilidad de definir el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales. La definición de un contenido mínimo esencial de un derecho no puede significar un techo sino tan sólo un piso a partir del cual se vaya desarrollando progresivamente el más alto nivel posible de satisfacción del mismo. Lo anterior es posible si se toma en cuenta que: La normativa internacional establece un nivel mínimo de protección y bienestar social cuya consecución debe ser buscada por todos los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas o circunstancias, incluso si - como en el caso del Convenio sobre derechos económicos, sociales y culturales- la plena consecución de éstos está concebida como el resultado del progresivo desarrollo de la política, la legislación y actuación práctica de una nación 11. Siguiendo a Ayala es posible identificar al menos dos elementos que facilitarían la tarea del movimiento de derechos humanos a la hora de definir el contenido esencial de un derecho: En primer lugar, identificar el ámbito de la realidad aludida por el derecho; es decir, fijar qué debe entenderse por la declaratoria (por ejemplo, por asociación, o por reunión pacífica y sin armas ) y diferenciarlo de aquello que no puede considerarse incluido en el precepto por no pertenecer a lo que éste específicamente quiere proteger (por ejemplo, excluyendo de la reunión el simple hecho de estar juntos). En segundo lugar, lo que se llama el tratamiento jurídico contenido en el precepto que reconoce el derecho; es decir, la fijación del contenido y alcance de la protección constitucional que con él se quiere dispensar (...). La mención de la realidad protegida va acompañada en las propias normas de una especificación del contenido de la protección misma, de una concreción de los elementos que integran el tratamiento jurídico del sector de la realidad 12. Otro reto en este campo consiste en diferenciar ente contenido mínimo y obligaciones mínimas del Estado. En debates recientes sobre el contenido mínimo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, se ha propuesto que, más que apuntar a los contenidos del derecho sería necesario identificar las obligaciones mínimas del Estado. 11 Kartashikin, Vladimir. "Derechos económicos, sociales y culturales". En: Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Vasak, K. (ed.). Vol. I, UNESCO, París, Pág Énfasis añadido. 12 Ayala. op. cit., Págs. 277 y 278.
20 Más allá de sus posibles ventajas prácticas, este enfoque presenta al menos dos problemas conceptuales. Por una parte, siendo que el titular del derecho es la persona humana, la definición del contenido debe realizarse en relación con aquello que el derecho confiere a su titular; definir el contenido del derecho en base a las obligaciones del Estado supone trasladar el peso de la conceptualización del derecho, de la persona como titular, a la entidad responsable por su satisfacción. En tal sentido, consideramos que las obligaciones mínimas del Estado pueden derivarse de aquellos elementos identificados como contenidos mínimos del derecho, pero en ningún caso sustituirlos. Por otra parte, la definición de obligaciones mínimas en base a las prioridades y aplicación de políticas públicas, supondría el privilegio de determinado tipo de políticas frente a otras, prescindiendo del carácter neutro que debe regir el examen sobre la satisfacción de los derechos humanos independientemente del tipo de régimen político imperante en un Estado, partiendo de la base de que el papel del Estado debe estar orientado a garantizar "la procura existencial" de sus ciudadanos, prescindiendo del modelo de Estado que se adopte 13. Además, tal enfoque estaría reñido con la libertad con la que debe contar cada Estado para aplicar las políticas que considere más eficaces, siempre que éstas redunden en la satisfacción del derecho en cuestión. La identificación del contenido mínimo no puede sugerir determinadas políticas como las únicas, mejores o más satisfactorias para alcanzar la realización de un derecho, sino fijar un marco básico de referencia cuya insatisfacción permita establecer el incumplimiento de las obligaciones del Estado independientemente de las políticas adoptadas. Si bien es cierto que se debe tomar en cuenta el problema de la posible carencia de recursos, éste no puede convertirse en un condicionante para la identificación del contenido mínimo esencial de un derecho que, siendo inherente a la persona humana, confiere a su titular un núcleo intocable de garantías para su satisfacción. El ejercicio propuesto permite, además, identificar el núcleo intangible de un derecho, que es diferente a su contenido mínimo y a las obligaciones mínimas del Estado, pues nos remite a aquellos aspectos del derecho que, aun en situaciones excepcionales, no puede ser menoscabado por restricciones derivadas de, por ejemplo, la suspensión de garantías constitucionales. De manera que, un tercer ámbito de retos para el movimiento de derechos humanos, consistiría en identificar ese núcleo intangible partiendo de la base de que, de la misma manera que existen ciertos derechos civiles y políticos que no pueden verse sometidos a restricciones en casos de emergencia -generalmente de carácter político-, debería asegurarse un núcleo intangible de derechos y garantías en el campo económico, social y cultural, que no esté sujeto a 13 Ver: Ayala. op. cit.