Source: https://psicolog.org/educacin-inclusiva-y-vida-independiente.html?page=7
Timestamp: 2019-08-21 11:06:56
Document Index: 113336002

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 27', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 50', 'artículo 74', 'artículo 1', 'artículo 74']

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
Educación Inclusiva y Vida Independiente
4. VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS CASOS
4.1. ANÁLISIS SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA ALCANZAR UNA VIDA INDEPENDIENTE
4.2. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE LA VIDA INDEPENDIENTE
3.3 ESTADO ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
Posteriormente a la sentencia del contencioso administrativo, que falló a favor de la inclusión de Víctor, la Generalidad de Cataluña ha interpuesto recurso en frente al Tribunal Superior de dicha Comunidad Autónoma.
Los motivos por los que la administración basa la apelación son:
Inaplicación del artículo 74 de la Ley Orgánica de Educación. Según la abogada de la Generalidad Cataluña hay que tener presente que la Ley 14/2010, que la Sentencia impugnada hace prevalecer, no es una Ley de educación, en el sentido que regula materias relativas al derecho a la educación o a la programación general de la enseñanza. Es decir, no es una Ley que integra el conjunto de normas que se pueden considerar dictadas en desarrollo del artículo 27 de la CE. Por el contrario, la Ley 14/2010 se inscribe en la técnica de las leyes transversales dirigidas a un determinado colectivo de ciudadano (los menores y los adolescentes); y ninguno de los títulos estatutarios, que fundamentan su promulgación tienen que ver con el derecho a la educación. Por lo tanto, de acuerdo con esto, la correcta aplicación del criterio de especialidad7 tendría que haber llevado a afirmar la prevalencia del artículo 74 de la LOE.
Error en la valoración de la prueba. En particular, en cuanto a la prueba testifical, recuerda la abogada, que las declaraciones de algunos testigos se tenían que considerar desvirtuadas por razón del vínculo de parentesco o profesional con los recurrentes.
Incorrecta apreciación del superior interés del menor. La Administración demandante, de hecho, afirma que el razonamiento de la Sentencia en cuestión, parece más una valoración a favor de la educación inclusiva, y que esto es improcedente a la hora de concretar cuál es el interés superior del menor en la presente controversia.
A la luz de dicha apelación, los padres de Víctor han recurrido, contestando con las siguientes razones. En relación al primer término de apelación, contestan que la sentencia del Juzgado, no fundamenta el fallo en la no aplicación del citado artículo 74 de la LOE y, en consecuencia, en aplicación del artículo 50 de la Ley 14/2010 de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por el contrario, la sentencia del Juzgado efectúa un análisis completo e interpreta en la sentencia del TC de 27 de enero de 2014, que se refiere al artículo 74 de la LOE, que el propio Tribunal Constitucional ajusta o interpreta conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, recuerdan que en el ámbito de este procedimiento, la cuestión no es de interpretación o de aplicación de la legislación ordinaria, sino de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: en este caso, el derecho a la igualdad en relación con el derecho a la educación. Las Leyes que se mencionan en el recurso, evidentemente desarrollan normativamente el derecho a la educación y en concreto, en lo que competen a las personas con discapacidad.
Por lo que se refiere a la impugnación del valor testifical, contestan que esta ha sido adecuadamente rechazada por la propia sentencia del Juzgado, cuando dice que la circunstancia de ser un testigo familiar directo del menor no afecta para nada a la seriedad de sus conclusiones ni tampoco que algunos testigos pertenezcan a determinada fundación, implica que hayan alterado sus conclusiones o percepciones técnicas, las cuales son razonables y razonadas, conformes a un razonamiento ordinario o sentido común.
Por último, afirman que, el interés del menor, en este caso, justifica plenamente la permanencia de Víctor en un centro educativo ordinario; ya que como se desprende de las actuaciones del procedimiento, se produciría una regresión irreversible en su evolución favorable, si tiene que ir a un centro de educación especial.
Al día de hoy la familia espera que el Tribunal Superior de Cataluña dicte sentencia. En caso de fracaso, la familia está decidida a continuar su lucha por la educación inclusiva, recurriendo eventualmente al Constitucional y solicitando medidas cautelares, para que el niño pueda acabar la ESO. Cualquiera que sea el resultado del futuro camino judicial que le espera a la familia y el niño, lo que queda claro es que nunca irá a un centro de educación especial.
Como afirmado por los padres, de hecho, la fase postobligatoria, que inicia la transición a la vida adulta, es mucho más compleja y es necesario luchar para un verdadero cambio de perspectiva, que contemple la inclusión como un proceso natural, no forzado, ni costoso, ni artificial.
Después del complicado camino judicial que ha involucrado Ana y su familia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso contencioso-administrativo contra resolución de la Consejería de Educación, que inadmite a trámite su reclamación por responsabilidad patrimonial por vulneración de Protección de datos.
En particular, dicho Tribunal ha reconocido que los actores fueron aquellos que inicialmente hicieron público, en varios medios de comunicación, el conflicto contra la Administración educativa, sin ocultar la identidad de los padres y de la hija, ni la condición de salud de ésta, ni sus concretas necesidades educativas. Por lo que tales datos han perdido el carácter de secretos cuando han sido divulgados por la familia a través de la prensa.
Al día de hoy, la familia de Ana se declara lista para recurrir contra dicha sentencia y, si es necesario, llegar hasta el Tribunal Europeo, para garantizar los derechos de la hija, con todas las garantías que establece un sistema democrático.
Luchar por una educación inclusiva es el objetivo de la familia para obtener la independencia que Ana, como cualquier joven de su edad, tiene derecho; y para garantizar su futuro social y laboral, es decir, para que tenga un verdadero proyecto de vida.
En los dos casos analizados en la descripción anterior, se ha evidenciado la violación del derecho a la educación inclusiva, detallados en el Capítulo 3 de este Informe. A continuación se presentarán los argumentos, conforme a los principios de la educación inclusiva y su vinculación con la consecución de una vida independiente. Además, se hará un análisis respecto al impacto psicosocial que genera la educación inclusiva y la vida independiente en el entorno social y familiar de las personas con discapacidad.
Como se ha expuesto anteriormente, la educación inclusiva es un derecho de todos los niños y niñas, independientemente de su discapacidad, que propone un sistema de escolaridad enriquecedor, en la que los alumnos aprenden a vivir con la diversidad. De este modo, estamos convencidos que para la construcción de una sociedad justa, basada en los valores de la solidaridad, igualdad, libertad y paz, es necesario promover una educación inclusiva de calidad.
Sin embargo, el derecho a la educación inclusiva, aunque esté reconocido en el derecho internacional, regional y nacional, no es todavía una realidad de todos los estudiantes. Así, el derecho a una educación de calidad en igualdad de oportunidades es negada frecuentemente, sobre todo a los niños y niñas con discapacidad, como se mostrará a continuación.
En el primer caso analizado, siendo el caso de Víctor, la autoridad administrativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del centro ordinario donde estudia impuso que el aprendizaje fuera a un centro especial, contra su voluntad y la voluntad de sus padres. La administración aseveró que debido a la discapacidad del alumno, Víctor tendría que frecuentar un centro especial, aunque el niño hubiera tenido un buen proceso de integración y de aprendizaje en la escuela. Actuando de esta forma, la Administración está incumpliendo las normas a que el Estado español está obligado por el Derecho Internacional y por el ordenamiento jurídico interno, vinculadas a los derechos constitucionales del acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Su proceso está todavía en curso, esperando por una respuesta.
Además, Víctor desde los 3 años hasta el día de hoy, ha tenido diversos tipos de apoyo en la escuela. Su apoyo consiste, primeramente, en una monitora que en Cataluña son denominadas “veladoras”. La principal función de la veladora es la vigilancia y contención. Estas monitoras están con el menor prácticamente durante todas las horas lectivas, el resto de las horas el niño siempre tiene el apoyo de maestras de educación especial y de las propias tutoras de aula.
En segundo lugar, se ha diseñado el currículo del menor mediante la introducción de determinados materiales en su educación. Entre ellos cabe destacar el sistema de comunicación alternativo y aumentativo, creado y orientado para mejorar su inclusión, potenciando la interacción con sus compañeros, mejorando la comprensión del mundo y de su entorno, y actuando como lenguaje vehicular para el aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares adaptados. Este lenguaje ha permitido que la participación de Víctor en la escuela tenga un éxito positivo en todas y cada una de las actividades del grupo, sin excepción. En ese sentido, a pesar de la distancia curricular en relación a sus compañeros, su inclusión entendida como la presencia, participación y éxito en las diferentes actividades escolares, es positiva.
Igualmente, los informes presentados por los profesionales de la escuela en el proceso son positivos en relación a la educación inclusiva del niño. Así, la monitora de deportes afirma que Víctor es un participante activo de la actividad deportiva, forma parte del equipo, disfruta cada día de los ejercicios propuestos y se relaciona con sus compañeros y compañeras que participan con él en la actividad. La actividad de Víctor es muy positiva, se muestra contento alegre y participativo. La persona que ha sido el apoyo de Víctor asevera en su último año de escuela, sexta primaria: mantiene un buen comportamiento en clase, tiene todos los hábitos que todos los niños deben haber adquirido, tales como ir hasta el aula, bajar la silla, colocar la mochila, colgar la chaqueta y sentarse en silencio a esperar la profesora (…) Víctor es un niño que se adapta a los cambios y a las actividades esporádicas que se realizan (…) Referente a los compañeros, Víctor cada vez muestra más interacción con ellos (…) la integración dentro de la clase es muy buena y Víctor se le ve feliz y a gusto con sus compañeros. (…) ve a Víctor como un niño feliz, que sabe adoptar un buen comportamiento y sabe estar en el aula. Además la tutora de Víctor en un informe de junio de 2014 deja muy claro la actitud positiva de Víctor con los profesores, sus compañeros y los hábitos de autonomía. En cuanto a su actitud se dice que ha tenido una evolución muy positiva y en cuanto al aprendizaje se pone de manifiesto du evolución y progreso en las áreas de lenguas y matemáticas.
En el segundo caso analizado, siendo el caso de Ana, encontramos los mismos derechos violados y las mismas alegaciones por parte de la autoridad administrativa de la Comunidad de Galicia y por el colegio público ordinario que frecuentaba. Sabemos que después de una larga lucha por parte de la familia de Ana, que la alumna ha podido ejercer su derecho al acceso a una educación inclusiva. Aunque esto ha implicado el traslado de la familia a otra ciudad, causado por las discriminaciones sufridas por la niña y por toda su familia.
Ana, así como Víctor, desde que ha empezado su proceso de escolarización en el colegio ordinario ha tenido todos los apoyos necesarios para su inclusión. Primeramente, ha tenido un auxiliar cuidador o mediador, ofrecido por la escuela, que le ayudaba en cuestiones relacionadas a su autonomía personal, especialmente para el desplazamiento dentro de la escuela, de apoyo en clase y el comedor y de facilitador en los recreos para que interactuase con sus compañeros. En segundo lugar, disponía de un profesor de audición y lenguaje, y de un profesor de pedagogía terapéutica, así como de un departamento de orientación habilitado para seguir el proceso educativo de la niña. En cuanto a su integración en la escuela fue muy buena, los propios informes del colegio así lo fueron recogiendo. El problema surgió cuando pasó a secundaria y se le negaron los apoyos dentro del aula, para poder participar y aprender. Por lo tanto, en los casos presentados no se trata de una falta de apoyos, sino de voluntad por parte de las instituciones y del colegio para la inclusión del niño.
La educación inclusiva pretende superar un modelo educativo segregacionista, en que se considera que los niños y niñas con discapacidad no pueden acceder a la educación en el colegio ordinario, sino que debido a su condición de discapacidad son forzados a una escolarización especial, tal y como pareciera ocurrir en los casos de Ana y Víctor. Sin embargo, negar el acceso a un niño o niña con discapacidad a una educación ordinaria, ajustada a sus condiciones, es un acto discriminatorio, ya que el menor no puede ejercer plenamente sus derechos, como es el caso de Ana y Víctor. Además, esta negación comporta también la privación del niño o niña al máximo desarrollo de su personalidad, capacidades y aptitudes.
La inclusión implica un proceso de reestructuración del sistema escolar para que todos los estudiantes puedan participar sin que encuentren barreras directas y/o indirectas al acceso a la educación, que es lo que ha sucedido con Ana y Víctor. Este proceso de cambio, eficacia y mejora de la educación escolar tiene como propósito que todos los estudiantes estén presentes, participen y alcancen resultados en las clases escolares, y es por este modelo inclusivo que los familiares de Ana y Víctor están luchando para que esta sea una realidad para todas las personas con discapacidad.
En ese sentido, tal y como se ha expuso a lo largo del texto, el fin del derecho a la educación inclusiva es alcanzar al máximo nivel posible el libre desarrollo de la personalidad, de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas.
A través de la educación especial, que las autoridades administrativas de las Comunidades Autónomas de Galicia y Cataluña pretenden imponer, Ana y Víctor no podrían alcanzar el propósito anteriormente descrito de la educación inclusiva. Es evidente que impedir a ambos niños el acceso a una educación ordinaria, en la que se han integrado con éxito, con los apoyos necesarios, no es la vía adecuada para promover una educación en igualdad de condiciones. En este sentido, fue demostrado en el proceso que ambos niños tienen una buena integración en la escuela ordinaria, la cual ha sido positiva y eficaz para su desarrollo académico y social.
La educación especial es una educación segregacionista, en que los niños que son considerados menos capaces que otros no pueden acceder a una educación ordinaria de calidad, como en el caso de Ana y Víctor, sino que tienen que estar en un centro aparte, de perfil médico-rehabilitador, sin desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas y sociales.
El Estado español, en relación al dictamen del modelo de educación a ser seguidos por ambos niños, está asumiendo que ellos no cumplen las condiciones necesarias para acceder a una educación ordinaria de calidad, y por lo tanto no tiene el mismo derecho de los otros niños. Esto va en contra el artículo 1 de la Constitución Española y sus valores de solidaridad, igualdad, libertad y justicia, y viola los derechos fundamentales, incorporados en la misma Constitución.
Lo más grave de ambos casos, es que los niños han obtenido una buena integración en la escuela ordinaria con los apoyos necesarios y además su relación con los compañeros ha sido positiva. Por lo tanto, la decisión de la administración se fundamentó solamente en su condición de discapacidad y no ha tenido en cuenta los éxitos efectivos que los niños venían adquiriendo en la escuela. Esto elemento demuestra que la educación inclusiva es un derecho de todos y que puede ser una realidad, si hay voluntad por parte de los actores interesados, Estado, familia, alumnado, profesorado.
Tal y como se ha mencionado a lo largo de este informe, existen tres razones para la implementación de la educación inclusiva, según las Directrices sobre políticas de inclusión en la educación de la UNESCO: una razón educativa que conlleva a que la escuela ordinaria eduque a todos los alumnos y responda a las distintas exigencias individuales; una razón social, ya que la educación inclusiva promueve una sociedad más integradora, más justa y solidaria; y una razón económica, que aunque no sea la razón principal, es importante subrayar que además de estos beneficios, es menos costoso el mantenimiento de un sistema escolar en que todos los alumnos estudien juntos, que sostener distintos grupos de escuelas que se especializan conforme las exigencias de cada estudiante.
Consideramos que existe una cuarta razón para promover la educación inclusiva, que se refiere a la preparación de todos los estudiantes, especialmente los niños y niñas con discapacidad, para el alcance de una vida independiente. Se entiende que la convivencia de todos los alumnos en un mismo sistema escolar, facilitará no sólo una mejor armonía relacional entre las personas en la sociedad, independientemente de sus características específicas, sino una mejor preparación para la realización de una vida independiente.
Como se expuso a lo largo del informe, la educación inclusiva tiene como propósito proteger los derechos y el auténtico interés del niño relacionado con el entorno escolar, familiar, jurisdiccional y político. Proteger la auténtica voluntad del niño es esencial para el alcance de una vida independiente, en que el niño crezca aprendiendo a tomar sus propias decisiones, sin que terceros decidan por él/ella. Igualmente, las personas con discapacidad, física, sensorial o cognitiva, tienen el derecho de ejercer el control sobre sus vidas y el derecho de participar plenamente de todas las actividades económicas, políticas y culturales, o sea participar de la vida en comunidad.
En relación al caso de Víctor, no sabemos todavía la influencia de la educación inclusiva en su vida independiente como adulto, pero podemos afirmar que las personas que participan de su entorno están conscientes de los progresos que él ha hecho en la escuela ordinaria y que trasladarlo a una escuela especial sería una violación de su derecho al acceso a una educación en igualdad de condiciones, así como limitaría sus capacidades relacionales, de integración en la sociedad, de aprendizaje y del acceso a una vida independiente.
En el caso particular de Ana, que en la actualidad tiene 21 años y que desde pequeña ha frecuentado la escuela ordinaria, notamos que la educación inclusiva fue un elemento importante para el alcance de una vida parcialmente independiente. Ana es una joven sociable, que tiene una buena capacidad relacional y que participa de forma activa en su entorno social. Además, Ana tiene derecho a una asistencia personal, por cinco horas al día, que corresponde a 120 horas al mes, conforme las normas de la Comunidad de Galicia. Es evidente que esta es una ayuda limitada, ya que resguarda sólo una parte de la jornada y por lo tanto no le reconoce el derecho al alcance de una vida independiente plena. Sin embargo, es una ayuda importante para Ana y su familia, porque permite una autonomía parcial de ambas partes, de Ana y de sus padres y hermanos.
En este sentido, consideramos que si Ana no hubiera conseguido mantener su derecho al acceso a una educación inclusiva, y si fuera obligada a frecuentar una escuela especial, sería considerablemente más difícil, no sólo su integración en la sociedad, sino también el acceso a su derecho a una vida independiente.
Así, el alcance de la vida independiente, sobre todo para este grupo específico de personas en situación de discapacidad, a quienes les ha sido negado un papel activo en la sociedad, ya que históricamente han sido discriminados y marginalizados, permitiría el reconocimiento de sí mismos como protagonistas de su propia vida y sujetos activos de la sociedad. De esta forma, las personas con discapacidad, como Ana y Víctor, podrán no sólo lograr una vida independiente, sino alcanzar al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad, sin que terceros tengan que decidir por ellos.
Acreditamos que una educación inclusiva de calidad es indudablemente el primer paso para el alcance de una vida independiente. De esta manera, los niños y niñas con discapacidad que han participado desde pequeños en la escuela ordinaria conseguirán desarrollar el máximo de sus capacidades y aprenderán a vivir en comunidad. Al contrario, si estos niños siguen en escuelas especiales, tendrán más dificultades para vivir en comunidad y con la diversidad y a su vez la sociedad continuará excluyéndolos. Si desde los primeros años se enseña a compartir, convivir y valorar la diferencia y la diversidad es posible construir sociedades inclusivas que tengan como referencia los derechos humanos. La educación inclusiva constituye la puerta de entrada para ejercer otros derechos; en este caso pretendemos fundamentar que, al asegurar desde los primeros años una inclusión educativa, es posible pensar en una inclusión social de las personas con discapacidad y permitir el ejercicio del derecho a la vida independiente con los apoyos necesarios.
Se entiende que la educación inclusiva tiene un impacto psicosocial positivo en la sociedad, porque su objetivo es construir comunidades para todos y todas, permitiendo la valorización de la diferencia, conforme el principio de igualdad y solidaridad. En otras palabras, la educación inclusiva centra la atención en la valorización de la experiencia social, cultural, cognitiva y afectiva del alumno; mediante la creación de espacios de cooperación y de dialogo y la valorazación del trabajo de los profesores, los cuales deben estar en constante formación.
En el caso de Víctor, tal y como se ha expuso anteriormente, la educación inclusiva ha tenido un impacto psicosocial positivo en la vida del niño. Así, su interactuación en clase y con sus compañeros ha sido positiva con los apoyos necesarios proporcionados, según los informe de los profesionales precedentemente mencionados. El menor ha tenido una buena integración en clase, que ha favorecido su desarrollo personal y su relación social con los demás, también debido a una buena recepción por parte de sus compañeros de escuela. Si al contrario, obligarán al niño a frecuentar una escuela especial, está claro que este cambio tendrá un impacto psicosocial negativo en el entorno del niño, ya que tendrá que participar en un modelo médico-rehabilitador, que no estimularía las capacidades cognitivas y sociales del niño, limitando el desarrollo personal de Víctor. Además, cabe destacar la importancia del papel de los apoyos proporcionados al niño en el colegio ordinario, que facilitan su inclusión en la escuela y lo preparan para una mejor autonomía en el futuro, así como para una mejor integración en la sociedad.
Con relación al derecho a la vida independiente de Víctor no sabemos todavía el impacto psicosocial que tendrá en su entorno. Sin embargo, es evidente que la educación inclusiva lo ayudará a ejercer su derecho a una vida independiente, en que su autonomía y voluntad sean respetadas, ya que estará acostumbrado desde pequeño a compartir espacios comunes con otros niños y a relacionarse con la diversidad que la escuela ordinaria proporciona.
En el caso particular de Ana, para que su derecho a la educación en igualdad de condiciones fuera respetado, la niña y su familia tuvieron que pasar por un largo proceso no sólo judicial, sino de exclusión social y discriminación. Así, aunque Ana y su familia han conseguido que la decisión administrativa fuera solventada a favor de sus derechos y de su inclusión, la niña tuvo que cambiar de colegio ordinario, en el cual se ha dificultado la calidad del aprendizaje y de la inclusión en la clase. En otras palabras, la niña fue discriminada por el profesorado, los alumnos y las familias de sus compañeros de clase.
De hecho, mientras la familia esperaba por una respuesta al recurso interpuesto a la Administración, los padres de la niña han intentado matricularla en el mismo centro. Así, como la familia temía de ser acusada de abandono familiar, esta ha solicitado la presencia de un notario para acompañarlos en el primer día de clase de la niña. En esto momento, ante la mirada de sus compañeros que se encontraban en el patio del colegio, la niña y su familia han tenido que abandonar el centro, puesto que había una orden que los obligaba a llevar la alumna a otro colegio público que se ubicaba a 15 km. del domicilio de la familia. Este episodio fue determinante para agravar la discriminación y aislamiento social de la niña.
En ese sentido, la niña estuve dos años aislada en el colegio mientras esperaba la sentencia que se ha solventado a favor del derecho a la educación inclusiva de la niña, sin poder participar de las excursiones y de las actividades de la escuela. Además, durante este período, no permitían que los familiares entrasen en el centro; si faltaba un profesor o el cuidador obligaban a la familia a recoger la alumna, no facilitaban cita a la familia para hablar con los diferentes profesores y cuando la niña se acercaba, sus compañeros de clase se burlaban de ella y se apartaban. Estos son solamente algunos de los hechos que han ocurridos a la niña y que son claramente discriminatorios. La familia, aunque consciente de los maltratos y de la discriminación sufrida por la niña, continuó en la lucha judicial por el reconocimiento del derecho a la educación de la menor. Toda esta lucha y exclusión social a la cual fue sometida la niña y esta familia en particular, no sería necesaria si el Estado hubiera cumplido con las normas del derecho nacional e internacional referentes a la educación inclusiva.
Además, tal y como se ha expuso anteriormente, fue violado el derecho a la protección de datos de Ana por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia, la cual ha divulgado datos personales a la prensa, en concreto a la página web de Europa Press. Esto ha causado un impacto negativo en el entorno social de la menor, generando una mayor discriminación por parte de los vecinos y de los familiares de los alumnos que frecuentaban la escuela, aumentando la tensión en la comunidad y la exclusión a la cual ha sido sometida la niña y su familia. Debido a esa exposición de los datos personales de la niña, la familia ha sido obligada a mudar de ciudad para que su hija pudiera ejercer su derecho a una plena educación inclusiva en una escuela ordinaria. Según el psicólogo, que relata en el Procedimiento Ordinario 7012/2012, esta indebida revelación de los datos personales ha causado daños, tales como preocupación, estrés, ansiedad, exclusión de otros compañero/as, separación familiar, autoestima. Literalmente asevera: si y le consta que a raíz de la situación, abandonaron su domicilio habitual en Catoira en donde las relaciones con sus compañeros y vecinos se deterioraron, causando estrés.
Por lo tanto, esta violación de los derechos de la niña, no ha tenido sólo un impacto negativo en la vida de ésta, el que ya es bastante grave, sino que ha tenido una repercusión en la vida de sus familiares, los cuales tuvieron que mudar de ciudad, cambiando así el entorno social de los padres y hermanos de Ana.
Se subraya también la incidencia que los medios de comunicación tienen en reproducir un determinado tipo de ideología segregacionista, que agrava la discriminación de determinados colectivos en la sociedad, en este caso de las persona con discapacidad. Como ha sucedido con Ana, en que la exposición de sus datos personales ha sido antiética por parte de los periodistas, que no han tenido en cuenta la repercusión que determinados datos pueden tener en la vida de la menor y de su familia, generando una exclusión indirecta. La acentuación en los periódicos de la condición de discapacidad de la niña es un acto per sé discriminatorio, ya que se tiene esta como la única característica de la niña. Igualmente, se entiende que determinadas informaciones de la condición médica de la menor son privadas y no deben ser expuesta al público sin la autorización del individuo y de sus familiares, justamente por que facilitan la discriminación de determinados colectivos, que ya son excluidos históricamente en la sociedad.
Así, en el caso de Ana, se han publicado notas de prensa en los siguientes términos, según el Procedimiento Ordinario 7012/2012: una madre de Catoira acusa a la Educación de vulnerar los derechos de su hija discapacitada por trasladarla de centro o también: la discapacidad de Ana es tanto física como psíquica, ya que combina retraso cognitivo con lesiones cutáneas. Su minusvalía fue valorada en un 78 por ciento por el equipo de valoración, según informaron fuentes de la Delegación de Educación de Pontevedra. Estas afirmaciones por parte de los periódicos vulneran la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como afectan negativamente a la niña y a su familia.
En ese sentido, el caso de Ana y Víctor, nos demuestra que existe un problema estructural en la sociedad, que está construida a partir de una idea individualista y segregacionista de las personas, en que principios como la tolerancia y diversidad no son reconocidos en el sistema actual. Por este motivo tenemos que cambiar paradigma, por uno más inclusivo, que abarque, conforme una idea transversal, todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, tales como familiar, laboral, social, etc. Así, se entiende que la inclusión forma parte de una nueva forma de entender la sociedad, en que la restructuración escolar desde una perspectiva social, tiene como referencia inicial la educación para incidir en el entorno social, generando contextos, valores y principios inclusivos que la escuela recrea.
Igualmente, el entorno social es esencial para el alcance de una vida independiente, tal y como hemos afirmado al largo del texto, la educación inclusiva es la puerta de entrada para ejercer el derecho a la vida independiente. En el caso de Ana, por ejemplo, la asistencia personal que recibe tiene impacto positivo en su vida, ya que este le proporciona una autonomía parcial, que la ayuda también a relacionarse con su entorno de forma más amplia, participando en actividades sociales en la comunidad y fortaleciendo las relaciones afectivas de su ambiente, respectando así su auténtica voluntad con la ayuda de los apoyos necesarios.
Tal y como se expuso anteriormente, para llevar a cabo una educación inclusiva, una sociedad más integradora y el alcance de una vida independiente, es importante destacar que las limitaciones individuales, sean físicas o psíquicas, no son la raíz del problema, sino que el está en la sociedad. La cual no fue debidamente construida para atender a todas las personas de forma adecuada, creando así una sociedad separatista, en que mientras algunos son privilegiados, otros son dejados a los márgenes, o inclusive son invisibles ante la sociedad. Por eso, el Modelo Social entiende que el entorno tiene que ser modificado conforme las adaptaciones necesarias, para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Esto no solo incluye barreras físicas de acceso, sino sobre todo barreras actitudinales y prejuicios que circulan alrededor de la discapacidad, que tiene un impacto psicosocial negativo en la vida de los niños y niñas.
Como se ha visto a lo largo de este informe, la educación inclusiva puede definirse como educación de calidad para todos, independientemente de las características personales, sociales, culturales o de género. Esta implica la aceptación y valoración de la diversidad como elemento esencial del aprendizaje y, por tanto constituye un beneficio para la sociedad en su conjunto.
El desarrollo de la educación inclusiva debe considerarse como un proceso de construcción continua que implica replantearse las prácticas educativas segregacionistas y visibilizar aquellos colectivos que se han visto excluidos de los sistemas de enseñanza, generando los cambios y ajustes necesarios para posibilitar el ejercicio de este derecho. Este es el caso de las personas con discapacidad que han sido el centro de esta investigación.
Históricamente en España las personas con discapacidad han estado restringidas al hogar o a instituciones segregadoras, llamadas de educación especial, basándose en la idea de que constituyen una carga para el sistema educativo ordinario. Por lo tanto, existía una negación constante por parte de las escuelas a educar alumnos con discapacidad o expulsarlos por las dificultades que encuentran en educarlos. Bajo estas justificaciones históricas, nos encontramos aún hoy con la existencia de centros especiales y con modelos de enseñanza combinada, donde el menor asiste unos días a la escuela ordinaria y otros a la escuela especial. Ambos modelos (educación especial y educación combinada) reflejan la exclusión social de la que son víctimas las personas con discapacidad y plantean la necesidad de dotar de importancia a la educación inclusiva, donde todos tienen derecho a ser educados. Así, promoviendo la convivencia con la pluralidad y diversidad e impulsando la superación de prejuicios que conducen a la discriminación.
Un sistema educativo inclusivo prohíbe la discriminación, promoviendo el valor de la diferencia y garantizando la igualdad de oportunidades. El derecho a la educación es un derecho disponible y obligatorio para todos y se debe aplicar sin distinción a las personas con discapacidad. La educación inclusiva hace explicito el derecho de acceder y permanecer en el sistema regular de educación, el cual debe hacer los ajustes razonables para responder a las necesidades individuales de los alumnos.
Velar por la realización del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad requiere considerar la accesibilidad, adaptabilidad y ajustes razonables necesarios que permitan dar un paso más allá de la integración. Debido a que si los estudiantes con discapacidad son ubicados en las escuelas ordinarias, sin los apoyos necesarios se genera aislamiento y se perpetua la exclusión. Cuando se respeta la educación inclusiva se promueven los derechos humanos y se protege el interés superior del menor. Es necesario comprender, entonces, que la calidad educativa implica el reconocimiento de la diferencia y el derecho a aprender y ser valorado independientemente de las características personales.
A lo largo de este trabajo, también se fundamentó como el derecho a la educación inclusiva constituye la puerta de entrada para el ejercicio pleno de otros derechos y repercute de forma directa en el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Si se garantiza desde los primeros años una inclusión efectiva en los espacios de participación, es posible aceptar la diversidad valorándola positivamente y dotar de herramientas a todos los sujetos para llevar a cabo su plan de vida, gracias al desarrollo de sus potencialidades y la prestación de los apoyos necesarios. El espacio educativo es una de las bases fundamentales de la sociedad para el aprendizaje de derechos humanos y la reivindicación de los mismos, por tanto es importante recalcar el vínculo entre el ejercicio de este derecho y la efectividad de los demás derechos fundamentales.
Defender estos derechos es apostar por la construcción de un modelo social que reivindica y valora la dignidad humana como valor central. Para alcanzar este objetivo es importante nombrar el papel del derecho internacional, especialmente de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ratificado por España, donde se imponen unas obligaciones por parte del Estado para el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de esta población. Por tanto cuando una persona con discapacidad ve afectado su derecho a la educación no sólo se produce un acto de marginación social, sino una violación de la normativa internacional; además de constituir una violación directa al derecho constitucional de acceso a la educación en igualdad de oportunidades.
Por este motivo, podemos afirmar que en los casos analizados en el Estado Español, se ha violado la normativa internacional y nacional al ordenar la segregación de los menores a un centro especial, violando su derecho fundamental a ser educados en igualdad de oportunidades que el resto de niños y niñas. El cual muestra que en el día a día la educación inclusiva sigue siendo una lucha que requiere compromiso y voluntad política.
Además, para el respeto efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente el derecho a la educación inclusiva y el derecho a la vida independiente, es fundamental la formación continua de los profesionales de los sistemas educativos, jurídicos y sociales en la materia. Además, de la sensibilización de la comunidad en general para vencer estereotipos que generan discriminación y el compromiso de los medios de comunicación para promover patrones de convivencia inclusivos.
La educación inclusiva se constituye, entonces, en un reto en materia de derechos humanos y su alcance facilita el desarrollo de una vida independiente, sobre todo para las personas con discapacidad, permitiéndoles el reconocimiento de sí mismos como protagonistas de su propia vida y sujetos activos dentro de la sociedad.
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1 Cabe destacar la falta de trabajos e investigaciones realizadas en el campo de la formación jurídica y de la protección social en referencia a la capacitación de los profesionales en la perspectiva de derechos humanos con las personas con discapacidad. Debido a ello, y teniendo en cuenta la carencia literaria al respecto, este apartado es consecuencia de una reflexión interdisciplinaria de lo que debería ser la formación de juristas y profesionales de la acción social.
2 La reunión con el Director de Servicios Territoriales de Enseñanza tuvo lugar el 12 de junio y la resolución objeto de este recurso es de 4 de junio.
3 En el caso de dicha sentencia del Tribunal Constitucional, no concedió el amparo, por considerar que la Administración Educativa había realizado varios informes en los que habría justificado la escolarización del menor en un centro de educación especial.
4 Art 3 (Decreto 299/1997) 3.1. A efectos de lo que se dispone en este Decreto, las necesidades educativas especiales del alumnado a las cuales se refiere este Decreto, se identificarán, evaluarán y determinarán mediante un proceso de evaluación psicopedagógica. El Departamento de enseñanza establecerá los criterios y procedimientos para efectuar esta evaluación psicopedagógica.3.2. Se entiende la evaluación psicopedagógica como un conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar información sobre las condiciones personales del alumno y su interacción en el contexto escolar y familiar, que sean relevantes para identificar sus necesidades educativas y para fundamentar las decisiones con respecto a las ayudas y apoyos que pueda necesitar para alcanzar, al máximo posible, los objetivos establecidos en el currículo.
3.3. En la evaluación psicopedagógica del alumnado se tendrá en cuenta necesariamente la información relativa a su autonomía personal y social, a su competencia comunicativa, al tipo y grado de aprendizaje alcanzado en relación a otros contenidos básicos de los currículos de la educación infantil, de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria, según proceda, a las condiciones personales de discapacidad o sobredotación y a su evolución educativa y escolar. El análisis y valoración de estas informaciones se hará considerando las características de su entorno escolar y familiar.
3.4. Los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), en colaboración con los maestros y el profesorado, especialistas y servicios específicos, realizarán la evaluación psicopedagógica utilizando procedimientos centrados en la observación, las entrevistas, la revisión de los trabajos realizados por el alumnado, los protocolos y cuestionarios referidos a habilidades personales y sociales y a competencias curriculares, que aseguren el carácter interactivo y contextual de la evaluación psicopedagógica y su interdisciplinariedad, y tendrán en cuenta las evaluaciones, diagnósticos y orientaciones de los equipos destinados a la atención a los niños y adolescentes con discapacidades o riesgo de sufrirlas, dependientes de otros departamentos de la Generalidad de Cataluña.
5 Art 20.1 CE, en materia de libertad pública: Se reconocen y protegen los derechos:
 Art. 139.1 de Ley 30/92, sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
 El criterio de la especialidad es una manera de resolver las antinomias entre leyes; según el cual, en caso de conflicto entre las dos disposiciones, la norma especial es preferible a lo general, aunque esto es posterior. En este caso, por lo tanto, según la parte demandante, tendría que aplicarse el artículo 74 de la Ley Orgánica de Educación, en cuanto norma especial relativa a la educación, en lugar de la Ley 14/2010.