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Timestamp: 2018-03-22 16:38:20
Document Index: 196167181

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 111', 'artículo 53', 'artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 70', 'Artículo 42', 'artículo 61', 'artículo 185', 'Artículo 185', 'artículo 24', 'artículo 119', 'artículo 63']

Resolución de apelación caso de la Huaquilla by jose cueva - issuu
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 Sumilla :
“(…) habiéndose establecido la indebida aplicación de las Bases, de conformidad con el inciso 2 del artículo 119 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación (…)”. Lima, 06 de Diciembre de 2012
Vistos, en sesión de fecha 6 de diciembre de 2012 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1468.2012.TC, sobre el recurso de apelación interpuesto por VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA, contra el otorgamiento de la Buena Pro en la Licitación Pública N° 002-2012-MPH-CE bajo el ámbito del D.U. Nº 016-2012, convocado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL; oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES: 1.
El 27 de agosto de 2012, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2012-MPH-CE bajo el ámbito del D.U. Nº 016-2012, realizada para la ejecución de la obra “Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Sur Este del Distrito y Provincia de Huaral”, bajo el sistema suma alzada y con un valor referencial ascendente a la suma de S/.9’952,459.99 (Nueve millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 99/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de ley.
El 21 de setiembre de 2012, se publicó en el Sistema electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el Pronunciamiento Nº 426-2012/DSU.
El 28 de setiembre de 2012, de acuerdo a la información publicada en el SEACE, se llevó a cabo el acto de Presentación, Evaluación de propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro, oportunidad en la cual presentaron ofertas el señor VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA y el CONSORCIO NORTE integrado por Constructora Pérez Boggianovich S.A., Constructora y Consultora Danadrian; y, Trujillo y Magari S.A.C., en adelante el Adjudicatario, resultando beneficiado con el otorgamiento de la Buena Pro. De acuerdo al acta publicada en el SEACE, la propuesta presentada por el señor Víctor Hugo Carbajal Alzamora fue declarada como no admitida.
Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2012 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el señor VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro al Adjudicatario, solicitando se declare la nulidad de dicho otorgamiento, debiendo Página 1 de 15
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 retrotraerse el proceso de selección hasta la etapa de evaluación de propuestas y se readmita su propuesta. El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 4.1. El Acta de presentación, evaluación y otorgamiento de la buena pro ha sido redactada de la siguiente forma “(…) Seguidamente, se procedió a revisar la propuesta Técnica del <<único postor>> a fin de verificar si el participante del Proceso cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecido en las bases, concluyendo lo siguiente (…)”, hecho que causó extrañeza al Impugnante. 4.2. El Comité Especial decidió descalificar la propuesta presentada por el Impugnante bajo los siguientes argumentos: a)
El Certificado de Trabajo presentado a folios 15 de la Propuesta Técnica correspondiente al Ing. Santiago Álvarez Medina, en el que se indica que ha prestado servicios profesionales como Residente de Obra y Liquidaciones, no específica el período de tiempo que laboró en cada una de las mencionadas funciones, por lo que no era posible cuantificar el tiempo de experiencia requerido en las bases administrativas. Los Certificados de Trabajo obrantes a folios 16 y 17 de la Propuesta Técnica serían falsos y/o adulterados, ya que el Comité Especial tendría conocimiento que el residente propuesto no habría laborado en las obras mencionadas en dichos documentos, por lo que procederán a realizar fiscalización posterior. La Constancia presentada por el señor Javier Ortiz Rodríguez no especificaba el período en que laboró como supervisor, por lo que no podría cuantificarse el tiempo de experiencia requerido.
4.3. El Comité Especial debió tener en consideración la documentación presentada como parte de su Propuesta Técnica y que ha actuado irresponsablemente al afirmar que los documentos presentados a folios 16 y 17 serían adulterados. 5.
El mencionado recurso impugnativo fue observado en la fecha de su presentación por la Mesa de Partes del Tribunal, por no adjuntar la Garantía por concepto de interposición del recurso de apelación, para lo cual se le otorgó, conforme a ley, el plazo de dos (2) días hábiles para la subsanación correspondiente.
Mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2012 por Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante remitió la Carta Fianza Nº 0011-0172-9800031757-42 de fecha 5 de octubre de 2012, emitida por el Banco BBVA Continental, para garantizar al señor Víctor Hugo
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 Carbajal Alzamora en forma solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, hasta por la suma de S/. 298 574.00 (Doscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al 3% del valor referencial del ítem materia de análisis. En dicho documento se consignó la frase “en caso de incumplimiento de nuestro afianzado”. 7.
Mediante decreto de fecha 10 de octubre de 2012, teniendo en cuenta que la Carta Fianza Nº 0011-0172-9800031757-42 de fecha 5 de octubre de 2012 presentada por el Impugnante se encontraba condicionada con la frase “en caso de incumplimiento de nuestro afianzado”, circunstancia que no fue advertida por Mesa de Partes del Tribunal, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para su opinión respecto de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto.
Con Acuerdo Nº 656-2012-TC-S1 del 18 de octubre de 2012 emitido por la Primera Sala del Tribunal, se acordó otorgar al señor Víctor Hugo Carbajal Alzamora el plazo de dos (2) días para que cumpla con presentar (i) un documento aclaratorio de la entidad financiera precisando que la garantía será ejecutable en cada uno de los supuestos contemplados en la norma aplicable, (ii) presente una nueva carta fianza en la que se suprima la alusión de ejecución en caso de incumplimiento o, (iii) la sustituya por un depósito bancario, conforme ha sido dispuesto expresamente en el Acuerdo Nº 002/2005 de fecha 7 de febrero de 2005.
Mediante escrito presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 19 de octubre de 2012, el Impugnante adjuntó la Carta Fianza emitida por el Banco BBVA Continental del 5 de octubre de 2012 acogiendo lo dispuesto mediante el Acuerdo Nº 656-2012-TC-S1.
Con decreto del 29 de octubre de 2012, entre otros, se admitió a trámite el recurso de apelación y se corrió traslado a la Entidad1 a fin que cumpla con presentar los antecedentes administrativos.
El 12 de noviembre de 2012, la Entidad presentó el Formulario de Presentación de Antecedentes adjuntando el Oficio Nº 0167-2012-MPH-GM y el 14 de noviembre de 2012 presentó el Oficio Nº 0311-2012-MPH-GM en el que adjunto, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal Nº 001-2012-MPH-GM-LP02DU016 del 14 de noviembre de 2012, señalando lo siguiente: 11.1. Las Bases Administrativas del proceso de selección en cuestión establecen como acreditación de los profesionales, lo siguiente:
Notificada el 7 de noviembre de 2012 mediante la cédula de notificación Nº 23697-2012. Página 3 de 15
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4
 Ingeniero Especialista Residente de la Obra  Ingeniero Civil, Especialista, colegiado y habilitado.  Experiencia como Ingeniero Residente, Inspector y/o Supervisor en Obras Similares, con un mínimo de 48 meses.  Ingeniero Asistente  Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.  Experiencia como Ingeniero Residente, Inspector y/o Supervisor en Obras Similares, con un mínimo de 36 meses.
11.2. Los participantes en el Proceso de Selección debían observar los requisitos establecidos en las Bases para que sus propuestas sean admitidas. En el caso específico del Impugnante, presentó como profesional propuesto como Ingeniero Especialista Residente de la Obra al Ing. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA, quien prestó servicios profesionales de residente de obra y liquidaciones. 11.3. El servicio de supervisión y liquidador son dos labores distintas pues las labores del supervisor, inspector o residente están estrictamente relacionadas al desarrollo de la ejecución de una obra mientras que el liquidador de la obra tiene entre sus funciones la liquidación físico financiera de un proyecto u obra y realiza labores administrativas de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado y programado en un proyecto u obra, entre otros. Atendiendo a que las Bases requerían la acreditación de Ingeniero Especialista Residente de la Obra cuya experiencia se acreditara en labores como Supervisor, residente o Inspector de obra y habiendo el Postor presentado la experiencia como liquidador, no correspondía admitir la propuesta del Postor. 11.4. Asimismo, en los folios 030 y 031 de la propuesta técnica del Impugnante se señala claramente que el personal propuesto como Ingeniero asistente presenta una constancia en la misma señala que dicho profesional acredita una experiencia como “Supervisor y Control Administrativo de las Obras que se indican en el anexo adjunto a la presente”. Esta afirmación imposibilitó al Comité Especial a poder definir claramente la experiencia real de ambas labores porque las labores de supervisión son distintas al control administrativo de la obra. En efecto, el control administrativo están referidas a establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, diseñar sistemas de reinformación y tomar aquellas medidas que se necesiten para garantizar que todos los recursos de la Entidad se usen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos de la Entidad, entre otros.
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 11.5. Los profesionales señalados no cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, al no haberse podido determinar con claridad el período en que dichos profesionales realizaron las labores de Supervisor, Inspector o Residente de Obra que fue lo solicitado por las Bases. 11.6. Finalmente, en relación a la presunta vulneración al principio de veracidad alegada por el Impugnante, ésta no se ha configurado debido a que la Entidad realizará el control posterior. 12.
Con decreto del 22 de noviembre de 2012 se convocó a Audiencia Pública vía notificación electrónica publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
El 28 de noviembre de 2012 se llevó a cabo Audiencia Pública, con la participación de los representantes de la Entidad y del Impugnante.
Mediante escrito s/n presentado el 27 de noviembre de 2012 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante señala lo siguiente: 14.1.
En el Acta de presentación, evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro no se precisa que la descalificación de su propuesta por no haberse podido determinar la experiencia del profesional propuesto como Residente de Obra, debido a que el certificado que se adjuntó para tal fin indicaba que dicho profesional se había desempeñado como “Residente de Obra y Liquidador”. La Liquidación de la Obra es una labor igualmente inherente a la labor del ingeniero Residente de Obra y no existe un “Ingeniero Liquidador” en la ejecución contractual ni al término de ésta. La Entidad indica que la descalificación se debió a que no se podía determinar el tiempo que laboró como supervisor y el que laboró como Controlador administrativo, como si se tratara de una función encargada a un profesional distinto. El Adjudicatario presentó documentación falsa porque: a) El Acta de recepción de obra presentada a fojas 23 de su propuesta técnica expedida supuestamente por la Municipalidad Provincial del Santa – Chimbote, señala que la culminación de la obra se produjo el 5 de marzo de 2002, sin embargo la recepción de la obra se habría realizado el 13 de marzo de 2001, es decir, un año y diez (10) días antes de la culminación de la obra. b) El Acta de recepción obrante a fojas 26 expedida por el Gobierno Regional de Ancash señala que la fecha de término de la Obra se dio el 8 de abril de 2011, siendo que el SEACE indica, a la fecha de presentación
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 del escrito, que la obra se encuentra en ejecución. c) El Acta de recepción obrante a fojas 27 señala que el inicio de la obra se produjo el 5 de octubre de 2003 y su culminación el 24 de mayo de 2004, siendo la recepción de la misma el 5 de octubre de 2003, es decir el día mismo en que se dio inicio a su ejecución. d) El Acta de recepción obrante a fojas 29 expedida por la Municipalidad Provincial del Santa que señala que la recepción de la Obra se habría producido el mismo día de su culminación, el 5 de octubre de 2003. e) El Certificado de Trabajo obrante a fojas 40 expedido supuestamente por la Municipalidad Provincial de Huarmey el día domingo 31 de diciembre de 2006. f) El Certificado de Trabajo expedido por la empresa Constructora PérezBoggianovich S.A. en el que se indica que el señor José Sebastián Huertas Polo formó parte de su staff de profesionales durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del Distrito de Santa Rosa – Pallasca”, desde el 5 de noviembre de 2007 al 26 de agosto de 2008, sin embargo la mencionada obra se inició el 25 de enero de 2008. 14.5.
La empresa Trujillo & Magari S.A.C., integrante del Consorcio Norte, que ha sido Adjudicatario del proceso, ha sido sancionada por el Tribunal de Contrataciones con inhabilitación temporal de treinta (30) meses para participar en procesos de selección o contratar con el Estado mediante la Resolución Nº 739-2012-TC-S2.
Con escrito del 28 de noviembre de 2012, el Impugnante precisa a este Tribunal que el Certificado de Trabajo del profesional propuesto -cuya desestimación provocó la descalificación de su propuesta técnica-, señala que el referido profesional se desempeñó como “Residente de Obra y Liquidaciones” y no “Liquidador”, como lo indicó la Entidad. Asimismo, respecto de la experiencia del profesional propuesto como Ingeniero Asistente, el documento que lo acredita señala que laboró como “Supervisor de Obra”, detallando las labores desarrolladas incluyendo la de supervisión y control administrativo.
Mediante escritos s/n del 28 y 29 de noviembre de 2012 presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento al presente procedimiento como tercero administrado, pretendiendo que se declare improcedente o infundada la apelación interpuesta por el postor Víctor Hugo Carbajal Alzamora. Sustenta su pretensión señalando que el Impugnante no cumplió los requisitos de admisibilidad previstos en las Bases y que habría presentado documentación con información presuntamente falsa o inexacta, consistente en lo siguiente:
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 a) La experiencia señalada para el Ingeniero Residente en el Certificado de Trabajo del 21 de febrero de 2011 “Construcción de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el balneario de Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico y Atarraya, ya que dicha obra no habría sido entregada aún al Gobierno Regional de Lima, debido a que habría colapsado. b) La experiencia del Ingeniero Asistente Javier Hernán Ortiz Rodríguez también resultaría presuntamente falsa o inexacta al señalar que desempeñó la función de supervisor de obra desde el 1 de setiembre de 1992 al 31 de marzo de 1993; sin embargo, pese a que contaba con título profesional desde el 26 de agosto de 1992, recién obtuvo la colegiatura el 8 de enero de 1993, siendo que para ejercer la profesión de ingeniero se requiere estar colegiado, más aún si se va a desempeñar como supervisor o inspector de obra. 17.
Con decreto del 29 de noviembre de 2012, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, este Tribunal solicitó a la Entidad, cumpla con remitir las bases integradas publicadas en la plataforma del SEACE e informar el resultado de la fiscalización posterior dispuesta en el acta de otorgamiento de la buena pro del 28 de setiembre de 2012.
Con escrito s/n del 30 de noviembre, el Impugnante cumplió con presentar la renovación de su garantía.
Mediante el Oficio Nº 0313-2012-MPH-GM del 3 de diciembre de 2012, la Entidad remitió la información solicitada a través del decreto del 29 de noviembre de 2012, precisando que el resultado de la referida fiscalización posterior no le ha sido remitida por la Subgerencia de Logística.
PROCEDENCIA DEL RECURSO 1. El proceso de selección que dio lugar a este recurso fue convocado bajo el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 016-2012 a través del cual “Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional”, en adelante el Decreto de Urgencia; el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 2. El numeral 11 del Anexo I del Decreto de Urgencia2 establece que las contrataciones realizadas de conformidad con éste, se podrán impugnar los actos dictados desde la 2
“11.- Recurso de apelación En las contrataciones reguladas por el presente Decreto de Urgencia se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley y el Reglamento 3. El artículo 53 de la Ley establece que los recursos impugnativos pueden interponerse luego de otorgada la buena pro con los requisitos y dentro de los plazos previstos en el Reglamento. El numeral 10 del Anexo I del Decreto de Urgencia, señala que en el caso de haberse presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación. En este caso, la notificación del otorgamiento de la buena pro se produjo el mismo día de su realización, esto es, el 28 de setiembre de 2012 y el recurso de apelación fue presentado ante Mesa de Partes del Tribunal el 3 de octubre de 2012, por lo que ha sido interpuesto dentro del plazo legal. 4. Asimismo, el Impugnante ha cumplido con presentar todos los requisitos para ser declarado procedente, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento. PRETENSIONES El Impugnante solicita a este Tribunal que declare la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro al Adjudicatario, debiendo retrotraerse el proceso de selección hasta la etapa de evaluación de propuestas y se readmita su propuesta. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado, corresponde analizar el fondo del mismo, fijándose como puntos controvertidos3 los siguientes: 
Determinar si la no admisión de la propuesta técnica del Impugnante se encuentra ajustada a derecho; y de ser el caso, si corresponde disponer su reincorporación al proceso de selección.
establecido en el artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y en el Capítulo XII del Título II de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. La Entidad resolverá el recurso de apelación y notificará su decisión a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo de diez (10) días hábiles de admitido el recurso. El Tribunal de Contrataciones del Estado tendrá igual plazo para resolver y notificar, salvo que hubiese requerido información adicional, en cuyo caso deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles.” 3 Es de aplicación el Acuerdo de Sala Plena Nº 002-2012 de fecha 5 de junio de 2012, que interpretó los alcances de los artículos 114 y 118 del Reglamento, señalando que: “ (…) sólo serán materia de la decisión los puntos controvertidos que se sustenten en los hechos contenidos en el recurso de apelación presentado por el impugnante y en la absolución del traslado del referido recurso que presenten los demás postores intervinientes en el procedimiento de impugnación”.
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 
Determinar si las imprecisiones aludidas en el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro a los certificados presentados por el Impugnante constituyen mérito suficiente para no computar la experiencia requerida en los Requerimientos Técnicos Mínimos.
Determinar la existencia de presunta información falsa y/o inexacta presentada por el Impugnante o el Adjudicatario como parte de su propuesta técnica.
FUNDAMENTACIÓN Sobre la admisión de la propuesta técnica del Impugnante 1.
Antes de analizar el punto controvertido, es necesario advertir que en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, se ha establecido que las Bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las propuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 26º de la Ley que señala que lo establecido en las Bases, en la citada norma y su Reglamento, obliga a todos los postores y a la Entidad convocante.
El artículo 61º del Reglamento, establece que para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases Administrativas y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación.
Por su parte, el artículo 70º del Reglamento señala que para la admisión de las propuestas técnicas, el Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los requisitos establecidos en las Bases y que sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos asignando los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.
En consecuencia, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir lo establecido en las Bases. La Entidad tiene el deber de calificar las propuestas presentadas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de evaluación detallados en las Bases, y el postor tiene la obligación de presentar su propuesta ajustándose a dichos parámetros.
En el caso materia de análisis, el Comité Especial declaró la propuesta del Impugnante como “NO ADMITIDA” por no haber cumplido con acreditar su Experiencia en la Especialidad y la Experiencia referida a su personal propuesto como Residente de Obra y Asistente de Obra. Página 9 de 15
De la revisión de los antecedentes administrativos del caso y de la verificación realizada en la ficha del proceso en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), se advierte que el numeral 2.5 del Capítulo II “Del Proceso de Selección”, de las Bases Integradas del Proceso de Selección, estableció que el contenido de la propuesta técnica requirieron los siguientes documentos de presentación obligatoria: i. ii. iii. iv. v.
Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra). Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección Anexo Nº 05. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Anexo Nº 01. Declaración jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 02. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 03.
Así pues, de la documentación obrante en autos, se observa que el Impugnante cumplió con presentar los documentos de presentación obligatoria reseñados en el párrafo precedente, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Reglamento, las propuestas técnica y económica presentadas por el Impugnante debieron ser admitidas para su posterior calificación.
Sobre la calificación y evaluación de la propuesta técnica del Impugnante 8.
De la revisión de la documentación obrante en autos, se observa que la Entidad solicitó en el numeral 3.1 del Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases Integradas, que el personal propuesto como Ingeniero Especialista Residente de la Obra cumpla con las siguientes características: - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado - Experiencia como Ingeniero Residente, Inspector y/o Supervisor en Obras Similares, con un mínimo de 48 meses
El Impugnante presentó como parte de su propuesta técnica el Certificado de Trabajo emitido por la empresa Ce.Ce.Ge. Sociedad Anónima, a través del cual buscaba acreditar la experiencia del profesional propuesto como Ingeniero Especialista Residente. Respecto al mencionado documento, el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro señaló lo siguiente: “Segundo.- El postor VICTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA, presenta un certificado de trabajo que obra en folios 015 e su propuesta técnica, donde indica que el residente de obra Ing. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA, ha prestado los servicios profesionales de Página 10 de 15
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 Residente de Obra y Liquidaciones, no especificando el período que laboró como Residente y Liquidador y que de acuerdo a las bases administrativas es especifico que los cargos como residente, supervisor y/o inspector, por lo que no se considerará a este certificado como experiencia ya que no se puede cuantificar el periodo materia de evaluación, conllevando a no contabilizar el tiempo de 18.3 meses declarado por éste. (…)” Según ha señalado la Entidad, la decisión adoptada se sustenta en que la labor del supervisor y “liquidador de obra” son distintas y por tanto, el Impugnante no habría cumplido con acreditar a un profesional que cumpla con el período de experiencia necesario para el supervisor de obra requerido en las Bases. 10.
Sin embargo, de la revisión integral realizada al documento en cuestionado se concluye que el Comité Especial habría realizado una evaluación parcial de su contenido, ya que éste señala lo siguiente:
“Que, el Ingeniero SANTIAGO ALVAREZ MEDINA, CIP 31794 ha prestado servicios profesionales de Residente de Obra y Liquidaciones, como especialista en Obras de Saneamiento, desde el 16 de junio de 1998 hasta el 18 de diciembre de 1999, realizando la Dirección, Control y Ejecución de las siguientes Obras de Rehabilitación 4: (…)” (sub. ag.) Como puede observarse en el certificado presentado por el Impugnante, el profesional propuesto cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases, ya que se está acreditando la experiencia del Ing. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA como residente de obra, que es la experiencia requerida en las Bases. En consecuencia el Comité Especial deberá admitir el documento como parte de la experiencia requerida y otorgar la correspondiente calificación. 11.
Finalmente, debe tenerse en consideración que ni la Ley ni el Reglamento regulan expresamente el cargo de “Liquidador de Obra” como sí ocurre con el de Residente de Obra. En efecto, el artículo 185 del Reglamento establece las funciones del residente de obra señalando que: “Artículo 185.- Residente de obra
En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser
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Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de ejercicio profesional. Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza de la obra. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.” Asimismo, en este punto debe precisarse que la normativa de contrataciones no ha reconocido la existencia del cargo “liquidador de obra”, debido a que la liquidación parcial o total de las obras, puede ser realizada por el supervisor o residente de la obra, sin que se haya diferenciado legislativamente ambas actividades. En ese sentido, corresponde al Comité Especial tener en consideración el mencionado documento en la etapa de calificación. 12.
Respecto a la experiencia requerida en las Bases Integradas por la Entidad para acreditar la experiencia del profesional denominado Ingeniero Asistente, se observa lo siguiente:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Experiencia como Ingeniero Residente, Inspector y/o Supervisor en Obras Similares, con un mínimo de 36 meses.
A fin de acreditar la experiencia profesional del personal propuesto por el Impugnante, presentó como parte de su propuesta técnica la Constancia emitida por la Unidad Técnica Especializada del Fondo Nacional de Vivienda (UTE – FONAVI), respecto del cual el Comité Especial señaló lo siguiente:
“Con respecto al Ing. Asistente propuesto JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, en folios 030 y 031, se presenta una Constancia en la que se señala que el residente propuesto ha laborado como Supervisor y Control Administrativo no especificando el período que laboró como supervisor (…).” Página 12 de 15
En este caso, de la documentación remitida por la Entidad, se observa que el documento en cuestión señala lo siguiente:
“Por el presente, quien suscribe, deja constancia que el Ing. JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, con CIP Nº 42782, ha laborado en el Departamento de Control de Obra de la UTE-FONAVI, con el cargo de SUPERVISOR DE OBRAS5, en los departamentos de HUANUCO, PASCO, JUNIN, CUSCO, desde el 01/07/94 al 31/08/98, habiendo efectuado la Supervisión y Control Administrativo de las obras que se indican en el anexo adjunto a la presente. Durante su permanencia en nuestra Entidad se desempeñó como Inspector Residente, Supervisor Zonal y Supervisor en la sede central; asimismo, efectuó las liquidaciones de dichas obras. (…)” (sub. ag.) 15.
Así, se observa que el documento cuestionado señala de manera expresa que el Ing. Ortiz Rodríguez se desempeñó como “SUPERVISOR DE OBRAS” y “RESIDENTE” precisando posteriormente las funciones realizadas por el mismo, es decir, de “supervisión y control administrativo”, por lo que el Comité Especial ha realizado una evaluación parcial del referido documento. En consecuencia, una vez admitida la propuesta, el Comité Especial, deberá considerar el referido documento en la calificación correspondiente.
Por otro lado, en cuanto a lo señalado en el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro que cuestiona la veracidad de los documentos presentados por el Impugnante a folios 16, 17 y 93, si bien el Comité Especial señala que existirían indicios de falsedad, al no estar acreditadas dichas afirmaciones, corresponde que se aplique lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley que establece que “(…) Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización. Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección. (…)” (sub. ag.).
Por tanto, ante la existencia de duda respecto de la veracidad de los documentos en cuestión, el Comité Especial debió informar del hecho al órgano encargado de las contrataciones y continuar con el proceso, debiendo tener en consideración la documentación presentada por el Impugnante, en aplicación del Principio de Veracidad establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Subrayado y negritas es nuestro. Página 13 de 15
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 18.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, mediante decreto del 29 de noviembre de 2012 se ha solicitado a la Entidad informe a este Tribunal el resultado del procedimiento de fiscalización posterior ordenado en el mencionado acto, sin embargo, mediante el Oficio Nº 0313-2012-MPH-GM la Entidad ha señalado que a la fecha de emisión de la presente resolución la información solicitada no ha sido remitida por la Subgerencia de Logística, por lo que corresponde a la Entidad realizar la fiscalización respectiva.
Por lo expuesto, habiéndose establecido la indebida aplicación de las Bases, de conformidad con el inciso 2 del artículo 119 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación, disponiendo que el Comité Especial realice una nueva evaluación de las propuestas presentadas.
Asimismo, se ha verificado que la empresa Trujillo & Magari S.A.C., integrante del Consorcio Norte (Adjudicatario), ha sido sancionada con inhabilitación temporal de treinta (30) meses para participar en procesos de selección o contratar con el Estado mediante la Resolución Nº 739-2012-TC-S2 del 17 de agosto de 2012, sanción que ha sido confirmada mediante Resolución Nº 983-2012-TC-S2 del 28 de setiembre de 2012, por tanto este hecho deberá ser valorado por el Comité Especial durante el desarrollo del Proceso de Selección.
Finalmente, respecto de lo expresado por el Impugnante en su escrito del 27 de noviembre de 2012, ante la denuncia realizada por el mismo y los plazos perentorios dispuestos para el presente procedimiento, corresponde a la Entidad realizar la correspondiente fiscalización posterior a los documentos reseñados en los numerales 14.4 de los Antecedentes.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María Hilda Becerra Farfán y la intervención de los Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Renato Adrián Delgado Flores, atendiendo a la dispuesto en la Resolución Nº 345-2012OSCE/PRE, expedida el 30 de octubre de 2012 y publicada el 8 de noviembre de 2012; y, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; LA SALA RESUELVE: 1.
Declarar FUNDADO el recurso impugnativo interpuesto por el postor VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 002-2012-MPH-CE bajo el ámbito del D.U. Nº 016-2012, realizada para la ejecución de la Página 14 de 15
Resolución Nº 1366-2012-TC-S4 obra “Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Sur Este del Distrito y Provincia de Huaral”; en consecuencia, disponer que el Comité Especial admita y evalúe la propuesta; y, de ser el caso otorgue la Buena Pro. 2.
Devolver la garantía presentada por el postor VÍCTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión.
Disponer que la Entidad realice la correspondiente fiscalización posterior a la documentación reseñada en el numeral 20 de la fundamentación; debiendo informar a este Tribunal el resultado del mismo en el plazo de treinta (30) días hábiles.
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de emitida la presente resolución; debiendo autorizar por escrito a la persona que realizará dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para su custodia por un plazo de seis (6) meses, luego del cual serán remitidos al Archivo General de la Nación, bajo responsabilidad.
ss. Rojas Villavicencio de Guerra Becerra Farfán Delgado Flores.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE del 3.10.12".
Resolución de apelación caso de la Huaquilla
resolución de ejecuccion de obras