Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2008-00557-de-septiembre-17-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0ed591f5afc00292e0530a0101510292&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-28 08:35:50
Document Index: 198288233

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 43', 'artículo 277', 'artículo 127', 'artículo 277', 'artículo 127', 'artículo 277', 'artículo 127', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 127', 'artículo 143', 'artículo 89', 'artículo 84', 'artículo 89', 'artículo 277', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

﻿ Auto 2008-00557 de septiembre 17 de 2014
AUTO 2008-00557 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RECURSOS LEGALES CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- MINISTERIO PÚBLICO. EXISTE UNA CARGA ARGUMENTATIVA EN CABEZA DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE CONSISTE EN SEÑALAR CUÁLES SON LAS CIRCUNSTANCIAS O MOTIVOS POR LOS QUE EJERCE LOS MEDIOS DE OPOSICIÓN A LAS PROVIDENCIAS Y SOBRE CUÁL DE LOS FINES SE ORIENTA. CUANDO ESE PRESUPUESTO NO SE CUMPLE, SE DEBE RECHAZAR POR IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RECURSO ORDINARIO, RECURSO DE REPOSICIÓN
Auto 2008-00557 de septiembre 17 de 2014
Rad. 08001-23-31-000-2008-00557-01 (44.541)A
Actor: Robert Enrique Zamora Zapata y otros
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, contra el auto del 27 de septiembre de 2012, mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, y se inadmitió el interpuesto por el procurador judicial II Nº 117 de Barranquilla, contra la misma providencia.
1. La Sala en auto del 27 de septiembre de 2012, dispuso lo siguiente:
“1) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
“2) Inadmitir el recurso de apelación presentado por el procurador judicial II Nº 117 de Barranquilla, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
“3) Notifíquese personalmente al Ministerio Público y por Estado a las demás partes (CCA, art. 212, inc. tercero)”.
2. El procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, interpuso recurso de reposición contra el proveído (fls. 539-543, cdno. ppal.), con apoyo en lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que el procurador judicial y la Fiscalía General de la Nación interpusieron recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de 14 de septiembre de 2011, el tribunal de primera instancia mediante proveído de 11 de enero de 2012 dispuso citar a las partes y al Ministerio Público a audiencia de conciliación.
“El 14 de febrero de 2012 se llevó a cabo la audiencia de conciliación sin que se hiciera presente “la parte condenada y apelante Fiscalía General de la Nación.
“En términos de la Ley 1395 de 2010, la situación precedente impone declarar desierto el recurso de alzada que presentó la entidad demandada,
“ART. 70.—Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 460 de 2001, cuyo texto será el siguiente:
“En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse ante de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.
“PAR.—Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.
“Como la Fiscalía no concurrió, en dicha diligencia se dispuso que “ante la inasistencia de la parte condenada y apelante Fiscalía General de la Nación, se declara fallida la presente diligencia” y en el auto de 28 de febrero de 2012 se dice tal “situación obliga a declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Fiscalía General de la Nación”.
“Exigir que los agentes del Ministerio Público, so pena de inadmitir los recursos que antepongan, expliquen y argumenten al juez a cuál de los fines u objetivos constitucionales acude en ese caso en particular o en cuál o cuáles se fundamenta para recurrir una decisión judicial que considere contraria a derecho, no significa nada distinto a aceptar que el Ministerio Público podría actuar con interés diferente al de la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, lo cual se rechaza de manera categórica.
“La intervención realizada por el Ministerio Público se efectúa como sujeto procesal, con “el carácter de parte imparcial que la doctrina le ha asignado” a sus funcionarios, de lo que sigue que no es válido ni aceptable jurídicamente que el juez imponga una carga procesal adicional al procurador y sus delegados y agentes, por cuanto su función deviene de la Carta Política sin restricción distinta a la que imponen la misma Constitución o la ley”.
Con base en lo anterior, el recurrente solicitó reponer el auto de fecha 27 de septiembre de 2012, para que se admita el recurso de apelación interpuesto por él, y se inadmita el interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.
La Sala dejará sin efectos el auto del 27 de septiembre de 2012, por cuanto advierte que se incurrió en un yerro al haber admitido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, toda vez que debió declararse desierto por no haber acudido el apoderado judicial de la entidad demandada a la audiencia de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, normativa aplicable al asunto concreto.
En efecto, el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, que adicionó el artículo 43 de la Ley 460 de 2001, consagra la audiencia de conciliación que debe celebrarse en los procesos de la jurisdicción contencioso administrativa, antes de considerar la concesión y admisión del recurso de apelación que se interponga contra una sentencia de primera instancia que sea de carácter condenatorio. Además, impone a la parte apelante la obligación de asistir a tal diligencia, pues de lo contrario la impugnación deberá declararse desierta.
En ese orden, y atendiendo a lo dispuesto en la normativa referida, la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación debe inadmitirse, toda vez que en el acta de conciliación visible a folio 449 del cuaderno principal, se dejó constancia de que la entidad no asistió a la diligencia, por lo que se declaró fallida.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de reposición respecto a la inadmisión de la apelación incoada por el procurador 117 judicial ll administrativo de Barranquilla, reconoce la Sala las facultades que por ley se le otorgan al Ministerio Público de intervención y participación en el proceso, dentro de las cuales está la de interponer los recursos legales contra las providencias judiciales proferidas en el curso de un proceso, siempre que tenga interés jurídico para hacerlo y así se fundamente expresamente, esto es, en los eventos que la decisión del juez implique: un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una transgresión al ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas, procede la Sala a precisar su jurisprudencia en relación con las facultades y potestades del Ministerio Público para impugnar providencias proferidas en el proceso contencioso administrativo:
1. En proveído del 25 de septiembre de 2005, Expediente 29677, la Sección Tercera se ocupó de la materia objeto de análisis en los siguientes términos:
“Aplicando lo dicho al caso en examen, es necesario precisar que dentro del trámite de conciliación prejudicial quien formuló la petición de conciliación, dentro del sub examine fue la Cooperativa Multiactiva para la Salud Coomsalud ESS, entidad privada que actuó movida por un interés propio de naturaleza económica, toda vez que los derechos sobre los que se pretende conciliar tienen un carácter particular y económico que admiten la libre disposición de las partes, es decir son renunciables.
“En consecuencia, debe concluirse que dentro del caso en examen el recurrente, esto es, el Ministerio Público carece de interés para recurrir, por cuanto la naturaleza de su intervención forzosa dentro del trámite de conciliación prejudicial, impone un límite a su actuación, más aun si se tiene en cuenta que el titular de los derechos que se pretendía conciliar desistió del trámite y por ende de sus pretensiones al no entablar recurso contra la decisión del a quo”(1) (Resaltado adicional).
La anterior lectura se compagina con las funciones constitucionales asignadas al Ministerio Público en la Constitución Política, de manera concreta con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, que establece lo siguiente:
“Corolario de lo anterior, todas las actuaciones del Ministerio Público en el marco de los procesos contencioso - administrativos y en el trámite de aprobación o improbación de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales debe estar determinada por la protección de los intereses señalados en el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, de lo contrario, la actuación se tornará ineficaz.
“Lo anterior explica por qué el Ministerio Público no se halla limitado para recurrir las decisiones del juez en las acciones públicas, pero sí lo está en los contenciosos subjetivos.
“En efecto, genéricamente todos los sujetos que intervienen en el proceso tiene la posibilidad de hacer uso de los recursos dispuestos por el ordenamiento procesal contra las providencias del juez, con miras a obtener la corrección de los errores, exclusivamente en cuanto estos afecten sus intereses(5).
3. El criterio anterior, fue reiterado y ampliado en la sentencia del 23 de junio, Expediente 19945 y en el auto del 22 de julio de 2011, Expediente 40877. En efecto, en la primera se discurrió, así:
“Así las cosas, la Sala no estudiará el recurso formulado en esta ocasión por el señor agente del Ministerio Público, toda vez que en el caso concreto no le asiste interés para impugnar la decisión de primera instancia, pues resulta evidente que la apelación va dirigida o encaminada a proteger los intereses de la entidad demandada, postura que, según los lineamientos antes trazados, resulta inadmisible so pena de transgredir el principio de igualdad que rige el proceso, pues el interés que se pretende defender en el caso concreto es de carácter individual y tanto su titularidad como su defensa le corresponden, de forma exclusiva, a la entidad demandada(8)”(9).
Por su parte, en el proveído del 22 de julio de 2011, Expediente 40877, se consideró improcedente el recurso de apelación interpuesto por un procurador delegado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, contra el auto que rechazó la demanda por caducidad de la acción.
4. La Sala con fines de precisar su jurisprudencia desarrollará los lineamientos contenidos en el auto del 25 de septiembre de 2005, Expediente 29677, de forma que se aparta del contenido y alcance de las últimas providencias reseñadas proferidas por la Subsección A de esta Sección, puesto que la primera interpretación refleja una lectura y hermenéutica que se ajusta en mejor medida a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, el artículo 127 del Decreto 1 de 1984 —Código Contencioso Administrativo— y de los artículos 300 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.
“1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o exservidores públicos que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.
“5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial” (Resaltado adicional).
Entonces, un arduo defensor del principio procesal de igualdad, como lo era el reconocido profesor Hernando Devis Echandía, reconoce la importancia del Ministerio Público, en los siguientes términos: “No solo en materias penales y militares, sino también en las contencioso - administrativas y en las civiles y laborales, deben existir funcionarios representantes de la sociedad que intervengan en los procesos con el fin de procurar el restablecimiento o el cumplimiento de la ley y la recta administración de justicia. Su colaboración trae provechosos resultados. Es indispensable también en las jurisdicciones constitucional y disciplinaria”(13).
Inclusive, si se revisa la Gaceta Constitucional 134, que contiene el acta de la Sesión Plena de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el viernes 7 de junio de 1991, se logra determinar que a favor de la inclusión del numeral 7º de lo que hoy es el artículo 277 de la Constitución Política hubo 62 votos a favor y ninguno en contra, así como tampoco en blanco. Quiere ello significar que existía un consenso en relación con la importancia de que el Ministerio Público participara de manera activa en los procesos judiciales como garante del patrimonio público, el orden jurídico y los derechos fundamentales.
Así mismo, la Corte Constitucional se ocupó de las funciones asignadas a los agentes del Ministerio Público al analizar la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 127 del Decreto 1 de 1984 —modificado por el artículo 35 de la Ley 446 de 1998—, precepto que habilita a los delegados de la Procuraduría General de la Nación a presentar recursos contra las providencias que resuelven la aprobación o improbación de conciliaciones que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
“(...) En conclusión, el Ministerio Público siempre puede interponer los recursos pertinentes, cualquiera que sea el carácter en el que intervenga en las conciliaciones judiciales o extrajudiciales, cumpliendo así, a cabalidad, el mandato constitucional encomendado al Ministerio Público de “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (C.P., art. 277, num. 7º). Y, que la palabra demandada no significa exclusión de la interposición de recursos por parte del Ministerio Público en los casos de la conciliación extrajudicial”(19) (Resaltado del original).
En consecuencia, deja de ser catalogado como parte pero la ley mantuvo las capacidades que desde el Decreto 1 de 1984 se le asignaron a los agentes del Ministerio Público, esto es, la potestad de intervención en todos los procesos e incidentes contencioso administrativos con el fin de defender el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y las garantías fundamentales.
Por lo tanto, el Ministerio Público sigue siendo bajo la nueva legislación un tercero garante que, con total independencia de las partes, defiende la protección de intereses jurídicos superiores establecidos por el Constituyente. De manera tal que, no es posible asimilar o asemejar la labor encomendada al Ministerio Público con la actividad que desarrolla la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado creada mediante el artículo 5º de la Ley 1444 de 2011(20) y desarrollada por el Decreto-Ley 4085 de 2011, que en su artículo 2º estableció como objetivos de esa entidad: “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”.
5. Será inadmitido el recurso de apelación y reposición interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que no se cumplió con la carga mínima de argumentación en relación con el vínculo que deben tener las razones de la impugnación con los objetivos y derroteros fijados por el Constituyente en el numeral 7º del artículo 277 de la Carta Política.
Por consiguiente, en el asunto sub examine una vez estudiado de fondo los documentos que contienen los recursos de apelación y reposición, respectivamente, no se advierte cuál es el objetivo superior y concreto del Ministerio Público —la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y/o de los derechos fundamentales— por lo cual se torna imperativo inadmitirlo ante la falencia absoluta de justificación argumentativa constitucional de la impugnación.
Sobre las funciones constitucionales asignadas al Ministerio Público, el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, consagra:
Asimismo, el artículo 127 del Decreto 1 de 1984, establece las atribuciones del Ministerio Público, en los siguientes términos:
“El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en estos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales”.
Sin embargo, esta Sala se remite a los argumentos expuestos en el auto recurrido, en los que dilucida que si bien el Ministerio Público se determina como una parte formal dentro de un proceso, y por esta razón goza de las mismas oportunidades e instrumentos procesales que los sujetos materiales —demandante y demandado—, el interés que le asiste para recurrir o impugnar debe ser limitado, toda vez que solo cuando el fundamento de la apelación resida en una defensa objetiva y general del ordenamiento jurídico, que contemple alguna de las tres misiones propias de este órgano, que son: la protección del patrimonio público, la defensa del orden jurídico y la garantía de los derechos fundamentales; de forma que podrá intervenir en defensa de cualquiera de estos tres supuestos, a través de la interposición de recursos, pues de no ser así, de una parte, se estaría sumando a los intereses individuales, particulares y concretos de las partes del proceso, lo que desconoce por completo el principio de igualdad procesal.
Así las cosas, esta Sala reitera que existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público, que consiste en señalar cuáles son las circunstancias o motivos por los que ejerce los medios de oposición a las providencias y sobre cuál de los fines se orienta, presupuesto que no se cumple en el caso bajo estudio, por lo que no se rechazará por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el señor agente del Ministerio Público, contra la decisión que inadmitió la apelación interpuesta por el mencionado órgano.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Tercera,
Déjese sin efectos el auto proferido por esta Sala el 27 de septiembre de 2012, el cual quedará así:
“1. Inadmitir el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
“2. Rechazar por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el señor procurador primero delegado ante esta corporación, de acuerdo a lo expuesto en este proveído.
“3. Inadmitir el recurso de apelación presentado por el procurador judicial ll Nº 117 de Barranquilla, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
“3) Ejecutoriado este proveído envíese el expediente al tribunal de origen”.
Magistrados: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Presidenta—Hernán Andrade Rincón—Stella Conto Díaz del Castillo—Enrique Gil Botero—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“Se entienden las ideas precedentes en los contenciosos de resarcimiento, porque en los de simple nulidad la parte actora no tendrá la libre disposición del proceso (el interés de legalidad no es privado ni negociable) y este deberá culminar siempre en la forma normal u ordinaria, o sea mediante la sentencia. Interés que le permitirá al agente del ministerio público su intervención en todas las etapas del proceso, en forma independiente y no condicionada por la conducta procesal de la parte demandante...”. Consejo de Estado, Sección Tercera.
(4) Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. AP-2305.
(5) Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso. Tomo 1, Sexta Edición, Editorial A B C Bogotá, 1978, pág. 506.
(7) En efecto, señalaba el artículo 143 de la Constitución Nacional de 1886: “Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de la Nación; promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social” (Resaltado original de la cita).
(10) “El contencioso objetivo de constitucionalidad, esto es, el que reúne las acciones contenciosas que pretenden la preservación general del orden constitucional lesionado o afrentado con la vigencia de un acto administrativo (...) Con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Nacional, el legislador ha regulado el más importante recurso contencioso de nulidad de carácter general y objetivo que busca primordialmente la protección integral del orden constitucional del Estado y de la legalidad en toda su extensión bajo el nombre de acción de nulidad. El desarrollo de esta figura procesal se encuentra en el Código Contencioso Administrativo, artículo 84...”.
“(...) El control de constitucionalidad por la vía contencioso administrativa no se agota en el contencioso objetivo explicado. En nuestra opinión, las acciones de contenido estrictamente subjetivo, es decir, aquellas que buscan algún tipo de reparación o restablecimiento por parte de los asociados frente al Estado, no solo tienen su fuente en el artículo 89 C.N., sino que también implican el análisis previo de la constitucionalidad de los actos administrativos que le sirven de fundamento a los derechos individuales involucrados, como en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o un análisis de las actuaciones u operaciones de los servidores públicos o de los fenómenos que rodean los hechos en que pueda la administración verse involucrada, no con el propósito de declarar la nulidad de estas, asunto que resultaría absurdo e ilógico, sino con el propósito ineludible de hacer juicios de adecuación del comportamiento público y de los sucesos que comprometan lo público con las normas y principios constitucionales, tal como se desprende de los artículos 2º, 90 y 91 de la C.N., por lo menos frente a la acción de reparación directa.
(11) “De la distinción entre partes del litigio y partes del proceso, surge la clasificación de las partes enunciadas en este número. Se entiende por partes en sentido material, los sujetos del litigio o de la relación jurídica sustancial sobre que versa, y por partes en sentido formal, las que lo son del proceso (pero no los jueces y magistrados, pues aun cuando son sujetos de la relación jurídica procesal y del proceso, no son partes sino juzgadores; dichos sujetos son el género y las partes una especie de aquella”. Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 309.
PAR.—Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una unidad administrativa especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales”.
Recursos interpuestos por el Ministerio Público - no deben estar sujetos a cargas argumentativas. Reiteración
Pongo de presente que reitero la postura consignada en el salvamento de voto que manifesté conjuntamente con el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourth, en providencia del 27 de septiembre de 2012 del asunto de la referencia, en el sentido de no compartir el discernimiento por el cual se sujeta al Ministerio Público o sus agentes judiciales a cargas adicionales de argumentación, no previstas en el ordenamiento jurídico, para ejercer la facultad de impugnar las decisiones que se tomen en sede de lo contencioso administrativo.
Con el respeto habitual por las decisiones que adopta la Sala Plena de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo de la corporación, debo manifestar mi desacuerdo tanto, frente a la parte motiva como en relación con la parte resolutiva de la providencia. Para el efecto, pongo de presente que reitero la postura consignada en el salvamento de voto que manifesté conjuntamente con el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourth, en providencia del 27 de septiembre de 2012 del asunto de la referencia, en el sentido de no compartir el discernimiento por el cual se sujeta al Ministerio Público o sus agentes judiciales a cargas adicionales de argumentación, no previstas en el ordenamiento jurídico, para ejercer la facultad de impugnar las decisiones que se tomen en sede de lo contencioso administrativo. Así se consignó en la oportunidad:
“Es de amplio conocimiento que quienes —como sujetos procesales— ejercen el derecho de impugnar decisiones judiciales deben argumentar de manera clara, precisa y completa el porqué de su inconformidad con la decisión que cuestionan y han de hacerlo observando las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico; de otra forma sería impensable que tuviera éxito su impugnación. Lo que no se comprende, ni se puede compartir, es cómo, luego del análisis minucioso hecho en la parte considerativa de la decisión mayoritaria sobre el papel del Ministerio Público en el ordenamiento constitucional a partir de las modificaciones introducidas por la Carta de 1991, se pretende, vía judicial, restringir el campo de acción de la procuraduría y de sus agentes judiciales en un ámbito tan sensible como el que tiene que ver con el acceso a la administración de justicia.
En esa línea de pensamiento, el Ministerio Público no ejerce su función en calidad de representante de la sociedad en procesos contencioso administrativos para favorecer el interés individual de una parte —demandante— o de la otra parte —demandado—. Su autonomía e independencia convierten a la institución en instrumento al servicio del interés público al paso que la tornan en factor generador de balance, equilibrio e igualdad de cargas, cuandoquiera que el desconocimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales lo rompan; por ello mismo, resulta poco factible fijar de antemano cómo y con qué alcances deberán proceder en cada asunto particular el Ministerio Público o sus agentes judiciales para restaurar el balance o el equilibrio perdido y para asegurar la igualdad de cargas de modo que se sirva óptimamente el interés público.
La autonomía e independencia características de la institución, a lo que se añade las tareas que le son confiadas por Constitución y por ley, convierten al Ministerio Público —como ya se dijo—, en un órgano de moderación, balance y restablecimiento de equilibrio al servicio del interés general. En el marco de sus actuaciones en procesos contencioso administrativos debe cumplir fines de servicio público y no puede soslayarlos: i) la efectiva protección del patrimonio público; ii) la defensa del orden jurídico; iii) la protección y garantía de los derechos fundamentales.
Brevemente, al actuar en calidad de representante de una sociedad diversa como la colombiana en sede contencioso administrativa el Ministerio Público tiene la obligación de velar por el interés público y de equilibrar las cargas allí donde ellas se inclinan hacia un extremo o hacia el otro de modo desproporcionado o arbitrario, contrariando mandatos constitucionales o legales; así que no es dable afirmar —como erradamente lo hace la decisión mayoritaria—, que en sus actuaciones como sujeto procesal en los juicios contencioso administrativos la procuraduría y sus agentes judiciales al impugnar las decisiones puedan obrar en interés —particular—, de una parte o de la otra.
El interés con que actúa el Ministerio Público en sede contencioso administrativa es siempre y a un mismo tiempo general, público, formal y sustantivo; jamás únicamente formal o interesado en favorecer per se a una de las partes del proceso, o pendiente de relevarlas de cargas que ellas deben cumplir o atento a sustituirlas en sus obligaciones procesales. En ese sentido acierta la decisión mayoritaria cuando, de manera insistente, sostiene que la tarea de la procuraduría no consiste en “desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal”, —folio 27—. Y es que prima facie ello es así. De cualquier modo, vale recordar que los procesos contencioso administrativos tienen una particularidad, esto es, que la parte demandada es el Estado.
En suma, lo formal y lo material en este caso configuran una unidad inescindible; delinear una distinción con el propósito de restringir el derecho de acceso a la justicia al impedir que el Ministerio Público y sus agentes impugnen decisiones en el marco de procesos contencioso administrativos bajo el pretexto de que solo actúan como parte en sentido formal, resulta a todas luces injustificado, pues si la procuraduría impugna una decisión adoptada en sede contencioso administrativa es porque los bienes jurídicos atrás citados deben ser protegidos; de lo contrario, no le está permitido tan siquiera intervenir y menos impugnar.
Empero, ese deslinde del sujeto procesal Ministerio Público en parte en sentido formal y parte en sentido material no tiene un peso o relevancia constitucional suficiente para permitir o autorizar —vía judicial—, restringir el derecho que se le reconoce a los sujetos procesales a impugnar las decisiones adoptadas en el marco de procesos contencioso administrativos.
Tal diferenciación resulta contraria al orden constitucional —al desconocer lo dispuesto por el artículo 277 superior y 127 del Código Contencioso Administrativo—. Adicionalmente, la referida diferenciación podría calificarse también de irrelevante, superflua o inútil, dado que —como ya atrás de indicó—, el Ministerio Público y sus agentes judiciales en el marco de procesos contencioso administrativos siempre deben actuar, tanto en la forma como en el fondo, movidos por servir al interés general, así que resulta imposible deslindar acá lo formal de lo material.
Con independencia de lo anterior, lo que si resulta a todas luces claro es que el recurso de impugnación instaurado por la procuraduría o por sus agentes judiciales en sede contencioso administrativa ha de contener la debida fundamentación y ha de ejercerse de conformidad con las formalidades exigidas en el ordenamiento jurídico, como se exige respecto de todos los demás sujetos procesales; si carece de la debida fundamentación o no se ajusta a las formalidades requeridas, entonces la impugnación no estará llamada a prosperar.
Puede concluirse, por consiguiente, que el amplio margen de apreciación reconocido por la Constitución a las autoridades judiciales para fijar el sentido y alcance del derecho aplicable, no puede llevarse al extremo de imponer cargas que restringen de manera sensible y, sin mediar justificación constitucional alguna, el derecho de acceso a la administración de justicia; al hacerlo se presenta causal de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales”.
No comparto la posición mayoritaria de la Sala según la cual los recursos interpuestos por el Ministerio Público deben indicar expresamente la misión constitucional en nombre de la cual se ejercen, so pena de inadmisión —como se decidió en auto de 27 de septiembre de 2012—, o de rechazo por improcedencia —como se resolvió en el auto objeto del presente salvamento, esto es, el de 17 de septiembre de 2014—. En ese sentido reitero las razones expresadas en dicho salvamento.
Parte resolutiva de las decisiones - Deben ostentar técnica jurídica para no confundir la decisión adoptada y el trámite procesal
En relación con la providencia de 17 de septiembre de 2014, esto es, la que, según el encabezado, “decide (…) el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de 27 de septiembre de 2012, mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, y se inadmitió el interpuesto por el procurador judicial II Nº 117 de Barranquilla, contra la misma providencia”, estimo que su parte resolutiva falta a la técnica jurídica pues, en lugar de distinguir el contenido de las dos decisiones finalmente adoptadas, a saber: i) el rechazo por improcedente del recurso de reposición que la providencia pretendía resolver, y ii) el dejar sin efectos el auto de 27 de septiembre de 2012 (…) Con esta redacción se confunde, a mi juicio, lo decidido en relación con la inadmisión de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y lo resuelto a propósito del recurso de reposición formulado por el Ministerio Público contra dicha inadmisión, lo cual dificulta la legibilidad y comprensión del trámite procesal dado al expediente.
Auto que declara desierto recurso de apelación en primera instancia - Inasistencia a la audiencia de conciliación de la entidad condenada / Auto que declara desierto recurso de apelación en primera instancia - El juez de segunda instancia es incompetente para conocer del recurso interpuesto contra esa decisión. Corresponde la devolución del expediente al tribunal de origen
En relación con el yerro por el cual la Sala decidió dejar sin efectos el auto de 27 de septiembre de 2012, esto es, aquel consistente en haber admitido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, a pesar de su inasistencia a la audiencia de conciliación programada después de la sentencia de primera instancia, circunstancia que, en los términos del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, implicaría que el recurso fuera declarado desierto, considero que la decisión adoptada por la Sala en aras de enmendarlo, es decir, aquella consistente en inadmitir el recurso de apelación de la Fiscalía, fue equivocada. Lo anterior por cuanto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la norma citada, el juez competente para adoptar la decisión prescrita es aquel que profirió la sentencia de primera instancia, en este caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico, lo procedente era devolver el expediente a dicho tribunal para que decidiera lo de su cargo. En ese orden de ideas esta corporación era incompetente para pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de dicho recurso.
Fuente formal: Ley 1395 de 2010 - artículo 70
1. Como tuve ocasión de manifestarlo en compañía de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo en salvamento de voto conjunto realizado frente al auto de 27 de septiembre de 2012, objeto del recurso de reposición resuelto a través de la providencia respecto de la cual formulo el presente disenso, no comparto la posición mayoritaria de la Sala según la cual los recursos interpuestos por el Ministerio Público deben indicar expresamente la misión constitucional en nombre de la cual se ejercen, so pena de inadmisión —como se decidió en auto de 27 de septiembre de 2012—, o de rechazo por improcedencia —como se resolvió en el auto objeto del presente salvamento, esto es, el de 17 de septiembre de 2014—. En ese sentido reitero las razones expresadas en dicho salvamento.
2. Ahora bien, en relación con la providencia de 17 de septiembre de 2014, esto es, la que, según el encabezado, “decide (…) el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de 27 de septiembre de 2012, mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2011, y se inadmitió el interpuesto por el procurador judicial II 117 de Barranquilla, contra la misma providencia”, estimo que su parte resolutiva falta a la técnica jurídica pues, en lugar de distinguir el contenido de las dos decisiones finalmente adoptadas, a saber: i) el rechazo por improcedente del recurso de reposición que la providencia pretendía resolver, y ii) el dejar sin efectos el auto de 27 de septiembre de 2012, resolvió:
1. Inadmitir el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia de 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Rechazar por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el señor procurador primero delegado ante esta corporación, de acuerdo a lo expuesto en este proveído.
3. Inadmitir el recurso de apelación presentado por el procurador judicial II, Nº 117 de Barranquilla, contra la sentencia de 14 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del
3. (sic) Ejecutoriado este proveído envíese al tribunal de origen.
4. Con esta redacción se confunde, a mi juicio, lo decidido en relación con la inadmisión de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y lo resuelto a propósito del recurso de reposición formulado por el Ministerio Público contra dicha inadmisión, lo cual dificulta la legibilidad y comprensión del trámite procesal dado al expediente.
4. Finalmente, en relación con el yerro por el cual la Sala decidió dejar sin efectos el auto de 27 de septiembre de 2012, esto es, aquel consistente en haber admitido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, a pesar de su inasistencia a la audiencia de conciliación programada después de la sentencia de primera instancia, circunstancia que, en los términos del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010(1), implicaría que el recurso fuera declarado desierto, considero que la decisión adoptada por la Sala en aras de enmendarlo, es decir, aquella consistente en inadmitir el recurso de apelación de la Fiscalía, fue equivocada. Lo anterior por cuanto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la norma citada, el juez competente para adoptar la decisión prescrita es aquel que profirió la sentencia de primera instancia, en este caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico, lo procedente era devolver el expediente a dicho tribunal para que decidiera lo de su cargo. En ese orden de ideas esta corporación era incompetente para pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de dicho recurso.
5. En estos términos dejo sentado mi disenso de la posición mayoritaria.
(1) Norma según la cual: “En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. // Parágrafo. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”.