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Timestamp: 2019-10-21 18:03:20
Document Index: 109559151

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 150', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 6']

DECRETO 865 DE 29 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:DESIGNA AL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC) COMO ÚNICO ORGANISMO DE ACREDITACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. SE MODIFICA EL DECRETO 2124 DE 2012 Y EL DECRETO 4738 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANISMOS COMERCIALES, ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1455 DE MAYO 30 DE 2013, PG.1049
“Por el cual se designa al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, como único organismo de acreditación y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 3º de la Ley 155 de 1959 y el artículo 4º de la Decisión Andina 376, y
Que de conformidad con el inciso 1º del artículo 78 de la Constitución Política, “la ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”;
Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con el artículo 3º de la Ley 155 de 1959, le corresponde al Gobierno Nacional intervenir en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas;
Que sobre la facultad del Gobierno Nacional para intervenir la economía, ha señalado el Consejo de Estado en Sentencia del 3 de junio de dos mil cuatro (2004), Consejero Ponente doctor Camilo Arciniegas, que “el mandato de intervención contenido en el artículo 3º de la Ley 155 de 1959 conserva plena vigencia pese al cambio constitucional pues las reglas sobre intervención del Estado contempladas en el artículo 32 de la Constitución Nacional de 1886, en esencia se mantienen en la regulación normativa prevista en la actual Constitución Política en sus artículos 333 y 334, en concordancia con el numeral 21 de su artículo 150, singularmente, en cuanto a la exigencia de ley previa con fundamento en la cual el ejecutivo la ejerce respecto de “la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes” para “racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”;
Que adicionalmente, el Consejo de Estado ha destacado que “el control de calidad de bienes y servicios tiene un fundamento constitucional múltiple (arts. 78 y 334 en concordancia en el 150-21 C.P.) y que las competencias del ejecutivo y el legislativo en esta materia no son excluyentes sino concurrentes (C.P., arts. 2º y 113)”;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Decisión Andina 376 de 1995, corresponde al organismo nacional de acreditación designado por el Gobierno Nacional coordinar la actividad de acreditación para todos los productos y servicios que se produzcan y se comercialicen en Colombia;
Que el Subsistema Nacional de la Calidad hace parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad creado por el Decreto 2828 de 2006 con el fin de impulsar la calidad y competitividad de los bienes y servicios;
Que el Decreto 210 de 2003 establece en su artículo 2º numeral 4 que le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, formular las políticas para la regulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad, promoción de la competencia, protección del consumidor y propiedad industrial;
Que sobre la interpretación de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, el Consejo de Estado en la ya citada sentencia resaltó que “La garantía de la libertad económica y de la libre empresa en modo alguno impide a las autoridades ejercer sus competencias de regulación normativa ni establecer restricciones en defensa del interés superior de los consumidores, pues su exacto alcance obliga a interpretarlas sistemáticamente con todas las normas constitucionales con que coexisten y con sus desarrollos legales, lo que significa que su efectividad no puede lograrse a expensas de otras instituciones de rango constitucional. La libertad no tiene el alcance de sustraer a los actores económicos de los controles constitucional y legalmente establecidos”;
Que en la sentencia anteriormente citada, el Consejo de Estado se pronunció en su momento sobre la constitucionalidad del Decreto 2269 de 1993, que incluye las actividades de acreditación, y en este sentido señaló que: “...la fijación del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología con miras a “promover en los mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo o importador de bienes y servicios y proteger los intereses de los consumidores” (art. 1º), lejos de desconocer la libertad económica y la libre competencia, es cabal expresión de los límites y condicionamientos constitucionales que al ejercicio de los derechos económicos imponen la protección del interés general, la prevalencia del bien común y la protección de los consumidores”;
ART. 1º—Objeto. Desígnese al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, como único organismo nacional de acreditación que de manera exclusiva ejercerá y coordinará las funciones previstas en el Decreto 2269 de 1993 y en el Decreto 4738 de 2008.
PAR. TRANS.—Los organismos de evaluación de la conformidad que hubieren sido acreditados en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad por entidades diferentes al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, y que deseen seguir prestando los servicios de evaluación de la conformidad, deberán adelantar la correspondiente acreditación con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, y deberán ingresar al programa de seguimiento y vigilancia establecido por esa entidad.
Para tal fin, los organismos de evaluación de la conformidad interesados deberán presentar la solicitud de acreditación al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. La inobservancia de esta obligación acarreará la pérdida automática de la acreditación que hubieren obtenido de otras entidades de acreditación distintas al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad.
Dentro de los 60 días siguientes al momento de la solicitud referida en el inciso anterior, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, deberá programar y efectuar la visita de seguimiento correspondiente.
ART. 2º—Otras entidades con facultades de acreditación. Las entidades a las que el Gobierno Nacional o una autoridad pública les hubiere conferido facultades legales de acreditación, continuarán realizando esta actividad en coordinación con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC.
El parágrafo transitorio del artículo 1º de este decreto, no será aplicable a aquellos organismos de evaluación de la conformidad que en los términos del presente artículo hubieren sido acreditados por entidades públicas facultadas legalmente para cumplir funciones de acreditación.
ART. 3º—Evaluación de la conformidad en procesos de contratación estatal. Los organismos de evaluación de la conformidad que evalúen la conformidad en los procesos de contratación estatal estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los mismos términos y condiciones establecidos en el Decreto 2269 del 1993 y la Ley 1480 de 2011.
ART. 4º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación, deroga los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 2124 de 2012, el artículo 6º del Decreto 4738 de 2008 y las demás normas que le sean contrarias.