Source: http://derechodelturismo.net/ver/221/reforma-a-la-ley-de-defensa-del-consumidor-24-240
Timestamp: 2017-08-23 19:23:22
Document Index: 309473982

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 7', 'artículo 47', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 52', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 25', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 45', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 47', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 47', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 24', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 56', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 52', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 53', 'Artículo 53', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 54', 'Artículo 54', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 55', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 59', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 60', 'Artículo 60', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 61', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 66', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 35', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 37']

Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 :: Derecho del turismo
Legislación 14 Marzo 2008
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 1° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 2° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 2°: PROVEEDOR.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 3° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 3°: Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.
Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 4° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 4°: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 7° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:
“...La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.”
ARTÍCULO 6°.- Incorpórase como artículo 8° bis de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:
Artículo 8° bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el texto del artículo 10 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley.
ARTÍCULO 8°.- Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:
Artículo 10 ter: Modos de Rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el texto del artículo 11 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando setrate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el texto del artículo 25 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley Nº 24.240”. Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el texto del artículo 31 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio. En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados.
El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado. Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo para contestar, si éste no hubiera respondido.
En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al
usuario con un crédito equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente.
La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización
La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3° y 25 de la presente ley.
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el texto del artículo 32 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el texto del artículo 34 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el texto del artículo 36 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
c) El importe a desembolsar inicialmente –de existir- y el monto financiado.
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración
ARTÍCULO 16.- Incorpórase como artículo 40 bis de la Ley N° 24.240
de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:
ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el texto del artículo 41 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 18.- Sustituyese el texto del artículo 42 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el texto del artículo 43 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de este artículo.”
ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el texto del artículo 45 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida. En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de CINCO (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas. Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar. Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.
Las disposiciones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, en el ámbito nacional y en lo que ésta no contemple las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren incompatibles con ella. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales.
ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el texto del artículo 47 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
b) Multa de PESOS CIEN ($100) a PESOS CINCO MILLONES
($ 5.000.000).
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado
por un plazo de hasta TREINTA (30) días.
e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos
o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquella se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación.
El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del Capítulo XVI –EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR- de la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.
ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el texto del artículo 49 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 49: Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el texto del artículo 52 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 52: Acciones Judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.
En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas. Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente. En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 25.- Incorpórase como artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:
ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el texto del artículo 53 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
ARTÍCULO 27.- Incorpórase como artículo 54 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:
Artículo 54: Acciones de incidencia colectiva. Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga.
ARTÍCULO 28.- Sustitúyese el texto del artículo 55 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el texto del artículo 59 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el texto del artículo 60 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas.”
ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el texto del artículo 61 de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:
ARTÍCULO 32.- Derógase el artículo 63 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
ARTÍCULO 33.- Incorpórase como artículo 66 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:
ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley N°25.065 de Tarjetas de Crédito, por el siguiente:
ARTÍCULO 35.- Sustitúyese el texto del artículo 22 de la Ley N°22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:
ARTÍCULO 36.- Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Ley N°22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:
Artículo 27: Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y, en lo que éste no contemple, las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueran incompatibles con ellas.
ARTÍCULO 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, ENBUENOS AIRES, EL DIA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.