Source: https://luna.ovh/planeta/es/Tribunal_Supremo_de_Justicia_de_Venezuela
Timestamp: 2019-10-15 23:44:15
Document Index: 76277261

Matched Legal Cases: ['Artículo 63', 'Artículo 333', 'artículo 132', 'artículo 25', 'Artículo 281', 'artículo 15', 'Artículo 285']

English: Supreme Tribunal of Justice (Venezuela)
Maikel Moreno[2]​
32 Magistrados[3]​
En una decisión polémica, el 14 de agosto de 2002, después del golpe de Estado en Venezuela de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) libró de un juicio por rebelión a los generales de división Efraín Vásquez (Ej) y Pedro Pereira (Av), vicealmirante Héctor Ramírez y contraalmirante Daniel Comisso. Según la sentencia, "con los pronunciamientos efectuados en abril, los altos oficiales acusados no desconocieron al Gobierno, sino la orden dictada por el presidente de la República de aplicar el Plan Ávila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre".[4]​
La sentencia sostenía que hubo un "vacío de poder" luego de que el jefe del alto mando militar, el general Lucas Rincón, anunciara que Chávez había renunciado a su cargo. El descontento del gobierno venezolano con esta sentencia fue notable. El presidente Hugo Chávez comentó la sentencia de la siguiente manera: "Esos once magistrados no tienen moral para tomar ningún otro tipo de decisión, son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros para que el pueblo los conozca. Pusieron la plasta".[5]​
El resultado fue una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia con dos fines fundamentales: 1. Establecer un procedimiento expedito para "suspender" a los magistrados no afectos al gobierno y, 2. Aumentar el número de magistrados de 20 a 30, para colocar en minoría ante futuras decisiones a los no complacientes.[7]​
En opinión de la oposición, esta revocatoria se debió a los cambios ejecutados en el tribunal por un cambio en la legislación aprobada por parlamentarios oficialistas (el Parlamento se encontraba dominado por el chavismo). Por esto, la sentencia era predecible y política.[9]​
Inicio del año judicial de 2006
Durante el inicio del año judicial de 2006, los magistrados del Tribunal Supremo se levantaron de los asientos de la Sala Plena para corear el cántico "¡Uh, ah, Chávez no se va!", teniendo presente al presidente Chávez en el auditorio. El acto ha sido interpretado como una muestra de la parcialidad política de los magistrados y la institución.[10]​
Carta abierta del ex magistrado Eladio Aponte Aponte
El 20 de agosto de 2009, el narcotraficante Walid Makled fue capturado por el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano en Cúcuta y posteriormente fue trasladado a Bogotá. Walid fue requerido por las autoridades antinarcóticos tanto venezolanas como las estadounidenses.[13]​
Dos días después, el 18 de abril, Aponte Aponte viajó a Estados Unidos desde Panamá a bordo de un vuelo comercial.[14]​
Nombramiento de magistrados en 2015
Actualmente la legitimidad de este organismo es cuestionada por una parte de la sociedad venezolana,[19]​
En el proceso exprés, el Poder Ciudadano envió a la Asamblea Nacional una lista de preseleccionados de procesos anteriores, avalada por Tarek William Saab, defensor del pueblo y Manuel Galindo, contralor general de la República.[20]​ La Asamblea Nacional en una única sesión plenaria realizada la noche del 23 de diciembre del 2015, aprobó por mayoría simple la designación de 3 magistrados principales y 4 suplentes por la Sala Constitucional, 2 principales y 3 suplentes por la Sala Penal, 2 principales y 5 suplentes por la Sala Político-Administrativa, 3 principales y 2 suplentes por la Sala Civil, 1 principal y 2 suplentes por la Sala Social, 2 principales y 4 suplentes por la Sala Electoral.
Tanto la oposición como distintos juristas calificaron el acto de designación como ilegal por no haberse realizado según lo que ordena la Constitución y la LOTSJ, incluyendo la violación del periodo de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados.[25]​
El 14 de junio de 2016 la Asamblea Nacional anuló la designación realizada en 2015.[26]​
Impugnación de resultados electorales parlamentarios de 2015
Semanas después de haberse realizado las elecciones parlamentarias y de haberse juramentado los nuevos diputados en la Asamblea Nacional, se presentaron 7 denuncias de impugnación a los resultados electorales por los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy, de las cuales 6 fueron rechazadas y 1 admitida, dejando suspendidos los resultados por los circuitos de Amazonas.[31]​
Tras este hecho, Héctor Rodríguez, diputado oficialista por la coalición Gran Polo Patriótico, introdujo una demanda al TSJ el 7 de enero del 2016 para que declarare nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. El 11 de enero mediante sentencia N°1 el TSJ admitió la demanda y declaró con lugar la solicitud del diputado oficialista, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Asamblea Nacional "mientras se mantuviera en desacato".[36]​
Iniciando el año 2017, en su primera sesión ordinaria, la Asamblea Nacional, para entonces presidida por Julio Borges, diputado por la MUD, desincorporó oficialmente a los 3 diputados impugnados, cumpliendo la condición del TSJ para salir del desacato.[38]​
Crisis institucional de 2017
El 27 de marzo del 2017 mediante sentencia 155 el TSJ le otorga a Nicolás Maduro las facultades de la Asamblea Nacional para legislar y para "tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estimase pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción...".[48]​
El 1° de mayo del 2017 Nicolás Maduro, mediante decreto N°2830 convoca una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) basándose en una controvertida interpretación de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución. Dicha convocatoria volvió a encender las alarmas de la sociedad venezolana, pues muchos juristas señalan que Maduro ha violado la Constitución al usurpar las funciones del pueblo soberano al convocar una ANC, cuando esta facultad corresponde estrictamente al Pueblo de Venezuela en todo su conjunto y no a personas en particular. Ante este suceso distintos sectores de la sociedad manifestaron su rechazo a la convocatoria por considerarla ilegal, entre estos, juristas, gremios profesionales, aliados al gobierno del fallecido Hugo Chávez e incluso altos funcionarios del gobierno.[53]​
El 17 de mayo el TSJ resolvió 5 recursos de nulidad interpuestos en 2010 contra la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual reemplazaba las Juntas Parroquiales por las Juntas Parroquiales Comunales. Mediante sentencia N°355 el TSJ dictaminó que los Consejos Comunales podían elegir a los miembros de las Juntas Parroquiales implementando así el sufragio indirecto. La sentencia fue calificada por muchos juristas como una grave violación al principio del voto directo, universal y secreto establecido en el Artículo 63 de la Constitución.[57]​
El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378 en donde se determinó que el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo.[62]​
El 8 de junio la Fiscal General de la República introdujo ante la Sala Electoral un recurso contencioso electoral y amparo cautelar para todos los efectos de la constituyente e invocando el Artículo 333 de la Constitución invitó a todos los venezolanos a adherirse al recurso con el fin de detener la constituyente y preservar la vigencia de la Constitución actual.[65]​
El día 12 de junio el TSJ declaró inadmisible el recurso de la Fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”.[66]​
En consecuencia del rechazo del TSJ a los recursos interpuestos, la Fiscal impugnó la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes por considerar falta de idoneidad y parcialidad en sus actuaciones, además de que la actuación de estos aceleran la grave crisis que sufre Venezuela; asimismo solicitó a los magistrados objeto de la demanda inhibirse de conocer de la causa de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ.[71]​
El 14 de junio el TSJ mediante sentencia N°614 vuelve a desechar la demanda y advierte que “cualquier comisión, artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados subvierte el procedimiento constitucional para remoción de magistrados del TSJ, y por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”.[72]​
El 13 de junio la Fiscal solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra 6 magistrados principales y 2 suplentes por conspiración para atentar contra la forma republicana de la nación, delito tipificado en el artículo 132 del Código Penal, al mismo tiempo que solicitó a los magistrados acusados inhibirse de conocer de la causa de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ.[73]​
Pedro Carreño, diputado oficialista por el GPP emprendió una campaña contra la Fiscal a quien acusó públicamente en el canal oficialista VTV de padecer insania mental, por lo que pediría al TSJ conformar una junta médica que evaluara si la Fiscal podía continuar o no en el cargo.[77]​
El 20 de junio el TSJ admitió la demanda del diputado Carreño, acordó la audiencia para el 4 de julio y aprobó todas las peticiones del oficialista Carreño de congelar los bienes de la Fiscal y prohibirle salir del país.[79]​
Otro hecho paralelo a las acciones en contra del Parlamento se suscitó en contra del Ministerio Público. Tarek William Saab interpuso un recurso ante el TSJ para conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo, organismo que preside. Mediante dos sentencias, el TSJ disminuyó las competencias del Ministerio Público. En la sentencia 469, el TSJ declaró nula la designación del Vicefiscal General de la República y se tomó la licencia para designar a otro Vicefiscal, violando el artículo 25 ordinal 3 de la Ley del Ministerio Público. En la sentencia 470 el TSJ asignó al defensor del pueblo competencias que no están establecidas en el Artículo 281 de la Constitución ni el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y que son exclusivas del Ministerio Público de acuerdo al Artículo 285 Constitucional.[80]​
Ante las decisiones del TSJ, el 30 de junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado manifestando su preocupación por el proceso iniciado por el TSJ para la destitución de la Fiscal General de la República al mismo tiempo que denunció que con la sentencia 470 parecía vaciarse al Ministerio Público de sus competencias establecidas en la Constitución.[81]​
El 5 de agosto el TSJ en Sala Plena, usurpando las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, decidió destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y comenzar su enjuiciamiento, además de congelar sus bienes, prohibirle salir del país e inhabilitarla para ejercer cargos públicos.[83]​
Nombramiento de magistrados en 2017
En el proceso de designación de magistrados efectuado en diciembre de 2015 la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, incurrió en distintas irregularidades que fueron denunciadas en su momento por la oposición, distintos juristas y la ONG Acceso a la Justicia.[90]​
La Fiscal General de la República criticó esta designación, pues a su juicio esto creaba desorden en el Estado.[92]​
En marzo del 2016 la Asamblea Nacional dio inicio formal a una investigación por corrupción contra Rafael Ramírez, un reconocido chavista en el ámbito político quien había sido presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde 2004 hasta 2014. Desde que Ramírez estuvo a cargo de PDVSA se hicieron varias denuncias por corrupción, pero la Asamblea Nacional dominada por el chavismo hasta 2015 no procedió con las investigaciones.[94]​
El 28 de septiembre de ese año, Ramírez interpuso un recurso de nulidad ante el TSJ donde solicitaba se anulara la investigación que la AN llevaba en su contra,sustentando la petición bajo los siguientes argumentos:[95]​
El recurso fue analizado por Gladys Gutiérrez, quien para entonces era presidenta del órgano judicial.[97]​
En 2017 la cuestionada asamblea constituyente de Nicolás Maduro destituyó a Luisa Ortega Díaz (quien presidía el Ministerio Público) por oponerse a las acciones del gobierno y a las decisiones del TSJ, y en su lugar nombró a Tareck William Saab como fiscal general.[103]​
Prohibición de partidos opositores en las elecciones presidenciales de 2018
El 23 de enero del 2018, la asamblea constituyente de Nicolás Maduro decretó que las elecciones presidenciales pautadas para 2018, debían realizarse antes del 30 de abril.[109]​
Dos día después, el 25 de enero, el TSJ ordenó al CNE excluir de dichos comicios, el tarjetón de la Mesa de la Unidad Democrática (coalición opositora), argumentando que dentro de dicha coalición existen partidos que no han cumplido con el proceso de validación de partidos políticos establecido en la ley.[111]​
Fiesta navideña de 2018
En diciembre de 2018, fotos y videos se filtraron mostrando una glamorosa fiesta de Navidad y de un costoso banquete, incluyendo vino francés, teniendo lugar en la sede del Tribunal Supremo. Las imágenes recibieron fuertes críticas en redes sociales por los costos de la fiesta durante la profunda crisis económica en el país y la hipocresía del discurso socialista del gobierno.[112]​
Confesiones del ex-magistrado Christian Zerpa
El 8 de enero de 2019, Christian Zerpa quien hasta la fecha se desempañaba como magistrado del TSJ por la Sala Electoral, desertó y huyó hacia Estados Unidos, esto motivado por disentir con la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial.[113]​ Desde Orlando, Florida, Zerpa hizo una serie de declaraciones que ponían en tela de juicio la independencia de poderes y la transparencia de la justicia venezolana.
En una entrevista realizada por Carla Angola a través del canal EVtv con sede en Miami, Florida, Zerpa denunció que Cilia Flores maneja arbitrariamente el poder judicial venezolano y que en 2015 él había recibido una llamada de Flores indicándole que sería designado magistrado.[115]​
Entre las declaraciones que dio, afirmó que muchas de las decisiones del TSJ responden a órdenes desde el oficialismo;[117]​