Source: https://www.scribd.com/document/254601923/Sociedades-Enero-2015
Timestamp: 2019-01-18 09:32:41
Document Index: 62092154

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 74', 'Artículo 111', 'Artículo 116', 'artículo 120', 'Artículo 120', 'artículo120']

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OPINIÓN Lean Management: pensar bien y hacer bien Escribe: J. María Elena Guerra Cerrón NOTICIA DEL MES TC falló a favor de continuidad de alumnos morosos en universidades e institutos Escribe: Yesenia Lizet Santa Cruz Claudio SECCIÓN PREGUNTA QUE TE RESPONDO SOCIEDADES entrevistó al destacado abogado sanmarquino Dr. Narghis Torres Pérez. ARTÍCULOS: El impacto del régimen laboral promocional (Ley Pulpín) Escribe: Javier Paitán Martínez La junta universal en la experiencia registral Escribe: Pool Franklyn Aquino Gonzales
Sociedades - Enero 2016
Sociedades Mayo - 2014
Sociedades - Diciembre 2013
Boletin Sociedades Nº1
SOCIEDADES noviembre 2013
Sociedades - Junio - 2014
SOCIEDADES enero 2012
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Sociedades Agosto 2015
Ius et
Boletín Sanmarquino de Derecho
MISIÓN: SOCIEDADES es un equipo de personas y un espacio de estudio, crítica, investigación y realización de proyectos y eventos en materias jurídicas vinculadas a la
actividad empresarial, con un enfoque multidisciplinario. Está compuesto por un Boletín
físico y virtual de difusión mensual de artículos, inquietudes académicas y de un Taller
Jurídico-Empresarial. Nuestro objeto es promover el interés por la investigación jurídica
y contribuir con la formación académico-universitaria, capacitación y actualización de la
VISIÓN: SOCIEDADES aspira a su consolidación e institucionalización a fin de asegurar la
sostenibilidad del espacio de investigación, capacitación y actualización al servicio de la
comunidad universitaria y jurídica en general.
Edición: ENERO 2015.
J. MARÍA ELENA
GUERRA CERRÓN
TC falló a favor de continuidad de alumnos morosos en
SANTA CRUZ CLAUDIO, Yesenia Lizet
LEAN MANAGEMENT: PENSAR BIEN
Y HACER BIEN
“Pregunta
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aplicar a todos los ámbitos de
Gran impacto ha tenido la reciente resolución del TC que
ratificó que los estudiantes universitarios podrán seguir
escuchando clases y rendir sus exámenes, pese a que no
estén al día en el pago de sus pensiones.
El TC señaló la constitucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 29947 y la optimización del derecho a la
educación sobre los derechos de libertad de empresa y asociación que gozan los centros superiores de
enseñanza, señalando que la norma tiene plena validez porque la educación es un bien público que merece
especial atención por el Estado.
Continúa en la p. 2
SECCIÓN PREGUNTA QUE TE RESPONDO
SOCIEDADES entrevistó al Dr. Narghis Torres,
referente y voz autorizada del Derecho del
Mercado de Valores que, desde su cátedra en la
Facultad de Derecho en la UNMSM, ha
contribuido con la generación de profesionales
en esta importante rama jurídica.
En una amena entrevista, nos compartió sus
inicios en el Derecho cuando estudiaba en la
Decana de América y su valioso aprendizaje de
su vida profesional que sin duda nos
demuestran que el esfuerzo constante y la
predisposición hacia los grandes retos nos
llevan lejos.
LA CÁTEDRA ESCRIBE...
EL IMPACTO DEL RÉGIMEN LABORAL
PROMOCIONAL (LEY PULPÍN)
LA JUNTA UNIVERSAL EN LA
EXPERIENCIA REGISTRAL
PAITÁN MARTÍNEZ, Javier.
Hace algunas semanas la legislación
laboral peruana sufrió una impactante
modiﬁcación –ﬂexibilización- con la
publicación de la Ley N° 30288 por parte
del Poder Ejecutivo...
AQUINO GONZALES, Pool Franklyn
Para el desenvolvimiento de la sociedad es
necesario contar con órganos que
permitan formar la voluntad social de
esta, y así pueda relacionarse con otros
sujetos. De ahí la importancia de la Junta
General De Accionistas...
LUGAR: Fac. de Contabilidad - UNMSM
INICIA: 18 febrero 2014
ORGANIZA: Grupo de Estudios Sociedades - GES
sociedades.peru@gmail.com
Teléfono: (+51) (01) 376-5192
”b. sociedades”.
SOCIEDADES, enero, 2015.
Noticia del mes…
TC FALLÓ A FAVOR DE CONTINUIDAD DE ALUMNOS MOROSOS
EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS1
Escribe: Santa Cruz Claudio, Yesenia Lizet
Alumna de 4to Año de la Fac. de Derecho de la UNMSM.
Miembro principal de GES y Sociedades.
Una vez más es importante reconocer la labor del jurista y la misión que deben cumplir en esta vida
profesional del Derecho. Como ya lo dijo Joaquin Garrigues: “Su misión es hallar las normas que mejor se
adopten a una determinada realidad dentro de la suprema aspiración hacia la Justicia, como última razón del
ser del derecho”. Hago esta apreciación debido a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional
(en adelante, TC) donde reafirma la validez del artículo 2° de la Ley de Economía Familiar, Ley N° 29947,
optimizando el derecho a la educación superior y reconociendo la participación estudiantil.
Con frecuencia, en época de crisis, observamos casos en los cuales no se puede cumplir con el pago puntual
de la pensión correspondiente, situación ante la cual los centros de educación superior optaban por
suspender la prestación de sus servicios impidiendo que el alumno siga estudiando, rinda sus evaluaciones e,
incluso, reclame cuando lo considere pertinente; es decir, se impedía que el alumno siga siendo considerado
como un usuario pleno de la actividad educativa superior. Situación nada agradable que tuvo fin al
promulgarse la Ley N° 29947. Esta ley fue emitida en el año 2012 y es precisamente el artículo 2° el que
había suscitado una discusión que se ha prolongado por más de dos años, teniendo el TC que pronunciarse y
emitir un fallo.
GESTIÓN, http://gestion.pe/economia/tc-fallo-favor-continuidad-alumnos-morosos-universidades-institutos2120041, enero 2015.
Este artículo señalaba en que ningún instituto, escuela superior, universidad o escuela de postgrado,
públicos y privados, podían interrumpir el servicio educativo que brinda como consecuencia de que el
alumno incumpla con el pago de sus pensiones en el ciclo lectivo en curso. Se entiende por ello, que el
alumno tenía derecho a asistir a clases, rendir sus evaluaciones y tener la atención debida para resolver sus
reclamos formulados. Permitiéndose, ante estos casos, a las instituciones educativas retener los certificados
que corresponden al periodo no pagado, claro está, siempre que se haya informado previamente a los
usuarios al momento de la matrícula. Es así que no se podía proceder a la matrícula del ciclo siguiente sin la
previa cancelación de su deuda. Pero no solo contenía esta disposición, sino que además ponía un límite
para la tasa de interés por las moras sobre pensiones no pagadas, las cuales no podían ser superior a la tasa
de interés interbancario dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
Es así que, desde su entrada en vigencia, fue blanco de críticas por parte de un sector empresarial, lo que
llevó al Colegio de Abogados de Lima Norte a plantear una demanda de inconstitucionalidad bajo el
argumento de que la norma violaba la libre iniciativa privada, restringía la libertad de empresa, trastocaba la
economía de los centros superiores, realizaba una interpretación errada del derecho a la educación y
señalando que la disposición no tomaba en cuenta la deserción de estudiantes durante los primeros ciclos.
Entre otras de las reacciones sociales a la norma tenemos la defendida por el Congreso de la República,
quien contestó la demanda presentada contradiciéndola en todos sus extremos, justificándose
principalmente en que la condición de servicio público de la educación superior le reconocía un nivel
preponderante frente al derecho de los planteles educativos a obtener el pago por el servicio prestado2.
Asimismo, el Congreso negó en todo momento una vulneración al derecho de libre iniciativa privada, toda
vez ésta debe ejercerse en armonía con la Economía Social de Mercado, teniendo el Estado el deber de
fomentar el desarrollo social y asegurar el bienestar de los usuarios. Manifestó que la disposición
contravenga la libertad de empresa, pues consideró que la limitación es razonable y temporal; siendo que la
medida perseguía un fin constitucionalmente legítimo y cumplía con las características de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad. Además agregó que la norma impugnada tenía algunos antecedentes
normativos y jurisprudenciales que comparten una misma línea de pensamiento, como la Ley N° 27665, Ley
de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos
Es en este contexto y bajo todas estas afirmaciones ya esbozadas que el TC consideró que la Ley N° 29947
era constitucional y, en consecuencia, los alumnos que tengan deudas con las entidades superiores podrán
asistir a clases y ser evaluados. Asimismo, precisó que el objetivo último de la norma es que no se suspenda
la participación estudiantil, razón de ser de esta actividad privada y de la educación como derecho
consagrado constitucionalmente.
Desde nuestro punto de vista es importante que analicemos si efectivamente la norma es eficiente y si
realmente protege a los consumidores. Por otro lado, es necesario constatar si es constitucional la
prohibición a los institutos, centros superiores, universidades y escuelas de posgrado de condicionar o
impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos o la atención a los reclamos formulados, al pago
de pensiones en el ciclo lectivo al curso.
Como ya se dijo, para el TC la norma tiene plena validez, sosteniendo que la protección a la educación es un
bien público que debe merecer especial atención del Estado. Por consiguiente, el Colegiado rechaza que la
norma pueda afectar el derecho a la libre iniciativa y libre contratación; por otro lado, acepta una injerencia
B-2. Contestación de la Demanda, del Expediente 0011-2013-PI/TC.
sobre los derechos a la libertad de empresa, libertad de asociación y autonomía universitaria, aunque tal
injerencia, según su opinión, se encuentra plenamente justificada.
En opinión del TC, el derecho a la libre iniciativa privada consiste: “en la facultad de toda persona natural o
jurídica, de emprender y desarrollar, con plena autonomía, cualquier actividad económica de su preferencia,
debiendo estar vinculada al modelo de Constitución Económica que contiende la Noma Fundamental,
además se debe ejercer en una Economía Social de Mercado; esto es, en una economía orientada al
desarrollo del país, actuando en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios
públicos e infraestructura”3.
Entonces, debemos entender con ello, que el Estado busca el pleno desarrollo de todos los ámbitos de la
personalidad del ser humano y el ejercicio de una actividad económica coherente con el bien común y
desarrollo social. Sin embargo, el Tribunal concluyó que al regular la actuación de estos centros educativos,
solo se va a incidir sobre la libertad de “auto organizarse” de la entidad que fue libremente creada, no
afectando de ninguna manera su derecho a la libre iniciativa privada. Por consiguiente, este derecho queda
fuera de cualquier intervención por parte de la disposición cuestionada.
Del mismo modo hace el análisis sobre si existe o no, alguna afectación al derecho a la libre contratación,
ello en virtud de que la norma citada crea un límite para el cobro de los intereses moratorios sobre las
pensiones adeudadas, límite que no puede ser mayor a la tasa fijada por el BCR; concluyendo el Colegiado:
“que en lo concerniente a un servicio público donde no hay propiamente negociación entre las partes, el
Estado tiene la obligación de establecer ciertos parámetros máximos en los que la contratación por adhesión
pueda desarrollarse en condiciones de equidad”4; esto es, no determinando una tasa de interés, sino
estableciendo un monto máximo que no podrá ser superado.
En base a todo ello, el TC determinó que son tres los bienes constitucionales afectados, por artículo 2°de la
Ley N° 29947, dependiendo de si el centro de educación superior es una sociedad o una asociación, pues se
tendría una injerencia sobre el derecho a la libertad de empresa o el derecho a la libertad de asociación. Por
último, tenemos una afectación al derecho a la autonomía universitaria.
En los dos primeros casos existe una intervención normativa sobre la faceta de “auto organización” que no
es más que la libertad de dirección de la empresa para planificar su actividad sobre la base de los recursos
con que dispone y las condiciones del mercado, la cual se ve obstaculizada con la prohibición de suspender el
servicio educativo en el caso de que los alumnos no hayan cumplido con el pago oportuno de sus pensiones.
Y en el último caso, existe una injerencia en el ámbito administrativo y económico, puesto que limita a estas
instituciones para poder determinar por sí mismas sus acciones de gestión. Con todo ello, como ya se dijo, el
TC consideró que sí hubo una intervención en el ámbito de protección de los derechos ya citados; pero esta
afectación no autoriza ni consiente que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Resultado llegado en
base a la aplicación del test de ponderación o proporcionalidad que, como recordaremos, tiene como
finalidad corroborar que la medida tomada sea la más idónea para el fin que se busca proteger; no
existiendo otra medida similar con efectos menos perjudiciales.
Por consiguiente la prohibición que afecta la capacidad que tienen las empresas o asociaciones, de
educación superior, para decidir sin interferencias sobre aspectos administrativos y económicos se
encuentra plenamente justificada. Lo que se ha hecho, según decisión del Tribunal, es lograr un grado
intenso de optimización del derecho a la educación superior y por otro lado se ha afectado en un grado leve
a los derechos citados.
Fundamento 7, del Expediente 0011-2013-PI/TC.
Fundamento 63 del Expediente 0011-2013-PI/TC.
Por otro lado, existe la opinión contraria que rechaza totalmente la norma tildándola de “inconstitucional” y
de incentivar a una “cultura de irresponsabilidad”5. Para este sector social el tema es bastante sencillo y
claro; ya que frente a la contratación de servicios educativos de nivel superior corresponde el pago de la
pensión correspondiente debido a los gastos que genera brindar el servicio. Por ejemplo, la contratación de
profesores de un nivel especial, acorde con las características del servicio que se contrata.
Acorde con lo anterior, una norma de esta naturaleza y con los supuestos que tolera, se dice, va a permitir
que se siga prestando el servicio con normalidad y de modo eficiente para todos los estudiantes, aun en
contra del perjuicio económico que va a ocasionar en las instituciones educativas. Esto podría conllevar a
estas instituciones a actuar de distintas maneras y surgir nuevos conflictos ante la urgente necesidad de
implementar soluciones para equilibrar el desajuste económico que van a padecer y que se realice un
aumento de pensiones para prever que un número de alumnos no puedan cumplir con sus respectivos pagos
en el tiempo oportuno: las pensiones se elevarán de modo directamente proporcional a la morosidad de los
Por otro lado, podría suceder también que las universidades ante el desequilibrio financiero del que podrían
ser objeto opten por no contratar profesores idóneos y se decida contratar profesores cuyas pretensiones
económicas sean menores, probablemente debido a que su preparación es menor; siendo la consecuencia
en este segundo caso, que el servicio de educación superior este disminuido en su calidad y esto no es bueno
ni para el centro educativo ni para los estudiantes: su prestigio vería afectado y los alumnos no recibirían una
adecuada educación, por lo que su futuro profesional estaría en desventaja en comparación a otros
profesionales de otras universidades.
Por último es importante indicar el perjuicio que va a traer esta medida a los centros educativos que recién
empiezan a brindar sus servicios en el mercado, los cuales en lugar de ser incentivados y protegidos por el
Estado para realizar su función educativa, se les estaría anticipando al fracaso y al desequilibrio financiero.
Es por todo ello que se rechaza la norma, pues finalmente la solución genera un problema mayor que
consiste en el aumento de pensiones o en un bajo nivel de educación superior. Lo que se busca aquí es que
los derechos de los consumidores de servicios educativos sí deben ser regulados y protegidos
adecuadamente, pero esto debe hacerse de modo eficiente y no generando una afectación en la
congruencia de las relaciones contractuales.
En base a estas dos posiciones, podemos concluir que la norma no ha hecho más que equiparar el régimen
de protección de los estudiantes universitarios a lo ya previsto para los estudiantes de colegios privados. En
efecto, ya que el artículo 16° de la Ley de los Centros Educativos Privados, Ley N° 26549, establece que: “Los
Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los
usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución
educativa puede retener los certificados correspondientes a períodos no pagados siempre que se haya
informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula”. De igual manera el Código del Consumidor
recoge una fórmula similar en su artículo 74°.
En nuestra opinión, consideramos que la norma pudo ser más intervencionista, pero no fue así, ya que este
régimen no se extiende a la protección de estudiantes que debieran más de un ciclo y tampoco aquellos
casos en que se debieran toda la carrera. En ese contexto, para poder analizar su constitucionalidad es
importante indicar que la intervención a los derechos protegidos y limitados en algunos aspectos es de
carácter temporal, puesto que se haya limitada al periodo de un semestre académico y la medida si permite
que posterior a este ciclo se cobre lo que se adeuda a través de los mecanismos que la ley ofrece; además su
ámbito de aplicación ha sido justamente limitado a circunstancias excepcionales.
B-1 Demanda, del Expediente 0011-2013-PI/TC.
Es por ello que consideramos que las razones que fundamentan la restricción están ligadas a la finalidad
social que deben cumplir las instituciones de educación superior. Siendo importante no olvidar que cuando
la educación es brindada por particulares existe de por medio un contrato de prestaciones reciprocas; por lo
tanto, sin olvidarnos que la educación universitaria es un servicio público y un derecho fundamental,
también es una actividad empresarial garantizada por la Constitución.
En ese sentido al aplicar el test de proporcionalidad, estimamos que la decisión tomada por el TC es el justo
medio. Siendo que esta norma no deja en desprotección a la universidad frente al cobro de lo adeudado,
pues sí tendrá derecho hacerlo en la próxima matrícula, como condición indispensable para registrar al
alumno en el ciclo siguiente. Ahora con ello tampoco pretendemos negar que la norma pueda traer serias
dificultades para las instituciones educativas pequeñas, ya que estas necesitan con mayor urgencia de los
fondos provenientes de sus estudiantes. De igual manera podría quizá generar un peligroso incentivo que
los alumnos se matriculen y no paguen las pensiones mensuales sino hasta el momento que deban
matricularse para el siguiente ciclo. Estas situaciones podrían traer graves problemas económicos que
deberán ser previstos con anterioridad por estas instituciones.
Material web consultado:
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00011-2013-AI.pdf consultado el 11/01/2015 a las 09:00 horas.
gestion.pe/economia/tc-fallo-favor-continuidad-alumnos-morosos-universidades-institutos- 2120041
consultado el 10/01/2015 a las 09:00 horas.
www.itaiusesto.com consultado el 10/01/2015 a las 11:00 horas.
blog.pucp.edu.pe/item/109781/la-educacion-en-el-nuevo-codigo-del-consumidor (10/01/2015 – 5:00 pm)
Egresado de Derecho de la Facultad de Derecho UNMSM.
Miembro Principal del Círculo de Estudios Laborales y de la Seguridad Social – CELSS.
“La finalidad de todo Derecho, y por ende del Derecho del Trabajo, es la
de convertirse en un instrumento de paz social”6.
Hace algunas semanas la legislación laboral peruana sufrió una impactante modificación –flexibilización- con
la publicación de la Ley N° 30288 por parte del Poder Ejecutivo7, debido a que creaba un nuevo régimen
laboral promocional para promover el acceso de jóvenes desocupados (entre 18 y 24 años) al mercado
laboral y a la protección social, norma que formó parte del último paquete reactivador propuesto por el
Poder Ejecutivo, el mismo que ha generado gran debate -de defensa y oposición- entre especialistas,
políticos y sobre todo de la juventud en general, sobre su impacto positivo y negativo en la realidad laboral
juvenil de nuestro país. En el presente informe se explican los alcances más importantes de este nuevo y
cuestionable régimen laboral promocional, conocido como la “Ley Pulpín”, frente a la desigualdad y
discriminación laboral, del desempleo e informalidad laboral.
2. Antecedentes de la flexibilización laboral
Francisco Alemán Paz8, señala que durante los últimos años, la mayoría de los países ha acometido procesos
revisionistas de sus respectivos ordenamientos laborales. Los distintos gobiernos, fuere el signo político que
fuere, han puesto en práctica diversas acciones flexibilizadoras, en unos casos con un alcance menor al hilo
de incidir en alguna de las rigideces más sentidas de cada experiencia o en algún aspecto de las relaciones
laborales; pero en otros ejemplos, la flexibilidad (o liberalización) ha tenido una mayor envergadura, con un
carácter continuado en el tiempo y con modificaciones introducidas en gran parte de las instituciones y
puntos neurálgicos de dicha disciplina.
En esta inercia, casi insoslayable, se encuadra, sin lugar a dudas, el ejemplo peruano. Actualmente con la
reciente promulgación de la Ley N° 30288, Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la
protección social, que consolida y amplía la cobertura de los regímenes laborales promocionales, “basados
en la idea de que la rebaja de la protección laboral promueve la formalidad y el desarrollo empresarial”9, y el
mismo que pasa a formar parte de la legislación laboral sin norte fijo –sin objetivo o fin trascendental- de
nuestro país, agudizando su dispersión y mayor flexibilización en las relaciones laborales.
NEVEZ MUJICA, Javier. (2011). “La Batalla de los intereses y la conquista de los objetivos en el Derecho Laboral peruano”. En:
Código de Derecho Laboral. Volumen I: Régimen laboral de la actividad privada. Lima, agosto, p. 17.
El presente artículo se escribió antes de la derogatoria de la Ley N° 30288.
ALEMÁN PAEZ, Francisco. (1996) “Mercado de trabajo y políticas de creación de empleo en el Sistema Español de Relaciones
Laborales”. En: Revista del VI Congreso Peruano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social – UNMSM. Lima, septiembre, p. 170.
Vid. Informe elaborado en el marco de la 18° Reunión Regional de la OIT y previa a la Audiencia Pública del Consejo de Asuntos
Laborales del TLC Perú - EEUU. (2014). “La agenda laboral pendiente del TLC Perú Estados Unidos: Cuando la competitividad se basa
en la reducción de los derechos laborales”. Lima, octubre, p. 3.
En el Perú, diversas actividades económicas y empresas son subsidiadas a través de “leyes promocionales”
que rebajan el estándar de protección laboral previsto, en el entendido de que esta reducción de “costos”
promoverá las exportaciones, la formalización o el desarrollo empresarial. Esta opción de política,
profundizada en los últimos años e inédita en la región y en el mundo, implica diferencias de trato que crean
sub-categorías de trabajadoras y trabajadores con condiciones precarias10. La precarización de las
condiciones de trabajo se expresan a través de diversas manifestaciones: “El empleo clandestino el más
extendido y grave, la sub contratación, los contratos de trabajo a corto plazo, las prácticas de las agencias de
trabajo temporal y otros”11.
Es así que, en la evolución de la legislación laboral en el Perú se han promulgado diversos regímenes –
laborales- especiales promocionales que contienen derechos labores reducidos, y en otros casos su
desconocimiento, tales como el Régimen General (Decreto Legislativo N° 728), el Régimen de promoción de
las exportaciones no tradicionales (Decreto Ley N° 22342), el Régimen de promoción del sector agrario (Ley
N° 27360), el Régimen de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (Ley N° 28015), así
como, el reciente Régimen Laboral Juvenil (Ley N° 30288).
3. ¿En qué consiste y cuál es la finalidad de este régimen promocional (juvenil)?
La Ley N° 30288, Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social (en
adelante Ley Pulpín) se ha creado con la finalidad de que los jóvenes desocupados y sin experiencia laboral
(entre 18 y 24 años), inclusive, con educación completa e incompleta de secundaria o superior técnica o
universitaria, accedan al mercado laboral formal, con la posibilidad de ingresar a planilla de la empresa
privada que los contrate, con un salario no menor al sueldo mínimo vital, derecho a 15 días de vacaciones y
seguro de Essalud por un periodo máximo de tres años.
Según la Ley Pulpín, para promover la formalización laboral y la reducción del desempleo juvenil sólo se debe
reconocer aquellos beneficios que contempla, desconociendo los demás beneficios sociales con que cuentan
el régimen general de los trabajadores de la actividad laboral privada, tales como, la Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, seguro de vida, asignación familiar y utilidades.
Desde ya, se evidencia una rebaja de los estándares de protección laboral de los jóvenes, a pesar de que este
nuevo régimen promocional señala que su aplicación generará una mayor empleabilidad y promoverá la
contratación de jóvenes desocupados para que cuenten con mayores oportunidades de acceso al mercado a
través de un –supuesto- empleo de calidad con protección social. La Ley Pulpín refleja un trabajo precario,
contrario al trabajo digno y decente12, que en términos de la OIT, implica percibir ingresos adecuados, tener
una jornada laboral que concilie la vida familiar con el trabajo, el acceso a salud de calidad y a las pensiones
en un marco de promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva13, sin distinción alguna (edad,
sexo, entre otros) y en un régimen de igualdad de oportunidades.
Entonces, surgen las siguientes interrogantes respecto a la Ley Pulpín, conjuntamente con los otros
regímenes promocionales: ¿Son políticas de empleo que abordan la vigencia y protección de los principios de
igualdad de trato y de no discriminación en el empleo?; así como, ¿sirven para combatir con las altas tasas
Ibíd. p. 17.
GALÍN, Pedro. El empleo precario en América Latina, en la flexibilización laboral en Venezuela. ILDIS, Nueva Sociedad. 1991. p. 13.
El Índice de Trabajo Decente (ITD) permite medir la evolución de la calidad del empleo que se genera en el país. Para ello utiliza 5
indicadores sustantivo del Trabajo Decente: contrato/registro, salario mínimo, jornada laboral no mayor a 48 horas semanales,
afiliación en algún seguro de salud y a un sistema de pensiones. Vid. http://2013.wddw.org/IMG/pdf/trabajo_decente_final.pdf.
(29/12/2014, 08:54 p.m.).
Vid. http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboral-entre-la-profundizacion-liberal-y-el-trabajo-decente/. (31/12/2014, 08:30
de desempleo e informalidad laboral que afecta a los jóvenes hoy en día?, los mismos que a continuación
desarrollaremos brevemente.
4. ¿La Ley Pulpín promueve una política en materia de igualdad y no discriminación en el empleo juvenil?
Según el cuadro que a continuación se muestra, se puede observar que en la estructura de empleo urbano
en el Perú, los jóvenes de 18 a 24 años son casi 1.5 millones y representan el 21% de la PEA ocupada mayor a
18 años. Encontrándose un 43% en las micro empresas, un 30% en las medianas y 27% en las
grandes14. Recordemos que la Ley Pulpín es aplicable a todo el universo de jóvenes en ese rango de edad,
sin distinción del tamaño de las empresas.
Cuadro 1. Estructura del empleo de la PEA ocupada urbana por edad y tipo de empresa
ENAHO 2013,
Asimismo, como en el siguiente cuadro se muestra, respecto a la experiencia y educación de la PEA ocupada
urbana, de los jóvenes entre 18 y 24 años, un 54% no tiene educación superior alguna, es decir, 813 mil
jóvenes. De estos, 218 mil no terminó la secundaria, y casi 600 mil tienen sólo secundaria completa15. Este
sería el grupo principal al que el nuevo régimen promocional buscaría favorecer, que en comparación con los
jóvenes con educación superior universitaria que son alrededor de 80 mil jóvenes, representa una cantidad
considerable y preocupante.
Cuadro 2. Nivel de educación de PEA ocupada urbana en el Perú 2013
Fuente: ENAHO 2013, usando factores de expansión, INEI.
Se han clasificado a las empresas en tres tamaños por número de empleados, las micro de hasta 5, las medianas de entre 6 y 50; y
las grandes con más de 50 empleados. Vid. http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com.es/2015/01/ley-pulpin-rol-y-limitaciones-dela.html. (31/12/2014, 08:30 a.m.).
Vid. http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com.es/2015/01/ley-pulpin-rol-y-limitaciones-de-la.html. (02/01/2015, 01:15 p.m.).
Existen casi 830 mil jóvenes sin educación superior en la PEA ocupada urbana, que en la realidad ya se
encuentran en un empleo precario, por la falta de educación (mínima especialización), capacitación y
experiencia laboral. Si bien, la Ley Pulpín es una política laboral y de empleo que tiene por objetivo la
promoción de la igualdad de oportunidades de este colectivo juvenil vulnerable, inclusive ampliando su
aplicación a los jóvenes que cuentan con educación superior, éste no puede orientarse a la generación de un
empleo precario, sin el reconocimiento de las libertades y derechos laborales fundamentales, que en vez de
mermar la problemática de la discriminación laboral en el acceso al empleo, la promueve supuestamente
con ciertos “candados”16 cuestionables.
La Ley N° 30288 atenta contra el derecho de igualdad ante la ley, por la evidente discriminación por razón de
edad, vulnerando los artículos 2° y 26° de la Constitución Política del Perú17. Además, de sólo beneficiar a las
grandes y medianas empresas (27% y 30% de la PEA ocupada, respectivamente), y no a las microempresas
(43% de la PEA ocupada), que ya tienen un régimen promocional propio sin resultados positivos, y donde
sigue imperando la informalidad. La desigualdad y la discriminación se agudizan y extienden a estas
empresas favorecidas, donde antes contaban sólo con el régimen laboral general para la contratación de sus
El acceso a un empleo se debe realizar en un régimen de igualdad de oportunidades y sin discriminación
alguna (ya sea por sexo, edad, condición, entre otros), el mismo que se efectiviza con la promoción de un
empleo digno y decente, política laboral desatendida, por éste Gobierno y sus antecesores, para los
diferentes colectivos (jóvenes desempleados) y aquellos que son vulnerables (mujeres y personas mayores o
En la legislación laboral peruana tenemos normas que ya afectan la igualdad de trato, el mismo que se
presenta en los regímenes promocionales antes citados (sector de exportaciones no tradicionales, sector
agrario y Mype), inclusive en los regímenes laborales especial de la actividad privada, pues se establecen
diferencias de trato que no reportan ningún resultado positivo para la formalización o el desarrollo
empresarial18, así como para la productividad o competitividad laboral.
La Ley Pulpín no es ajena a la diferencia de trato de los beneficios económicos y no económicos
diferenciados y menores que se otorgan en el régimen laboral general, además de la evidente
discriminación por razón de edad (18 y 24 años) en el acceso a estos beneficios. Este régimen laboral
juvenil tiene un efecto adverso para los jóvenes en general (empleados o desempleados, con educación o
sin educación superior) en el acceso al mercado laboral, pues no fomenta y menos garantiza un empleo
digno y decente.
5. ¿El régimen promocional podrá combatir con las altas tasas de desempleo e informalidad laboral que
afecta a los jóvenes hoy en día?
Las políticas laborales y de empleo poco o nada se preocupan por orientarse en garantizar condiciones de
trabajo decente, inclusive en el sector formal de la economía. Si bien, la tasa de desempleo se redujo de
Según el abogado laboralista Ricardo Herrera existen tres candados o limitantes para su aplicación. El régimen laboral juvenil es
solo para jóvenes que nunca hayan sido contratados por planilla, que tengan más de tres meses sin empleo y para posiciones en las
que no sean el reemplazo de un trabajador despedido o cesado. Vid. http://elcomercio.pe/economia/peru/ley-pulpin-que-planteaproyecto-jovenes-noticia-1778481. (03/01/2015, 08:00 p.m.).
También vulnera el Convenio 111 de la OIT, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación.
Ibíd. “La agenda laboral pendiente del TLC Perú Estados Unidos: Cuando la competitividad se basa en la reducción de los derechos
laborales”. Lima, octubre, p. 27.
4,5% a 4,0% del 2009 al 2013, así como la tasa de subempleo, que pasó de 51,6% a 47% en el mismo
periodo, la calidad de empleo continúa en niveles muy bajos19.
Por otra parte, según el INEI la informalidad laboral se mantiene, en cifras absolutas, aunque la tasa de
informalidad decreció 4,5% del 2007 al 2012. En la actualidad involucra al 74% de los empleos de todas las
categorías y sectores. Por lo que la incidencia de esta informalidad es muy alta en los asalariados
(trabajadores dependientes de uno y otro sexo, sin contrato y sin derechos), especialmente en la micro
empresa, donde el 2013 alcanzó el 89 % de los empleos20.
Evolución de la tasa de informalidad laboral de asalariados del sector privado según el tamaño de la empresa
Las altas tasas de desempleo e informalidad laboral21 que afecta a los jóvenes hoy en día son problemas
estructurales que no se reduce a la reducción –aún mayor- del costo laboral y la flexibilización laboral, por
ende, de la creación de un nuevo régimen promocional sin la garantía de un empleo digno y decente. “En el
Perú de hoy 48 de cada 100 jefes de hogar son trabajadores independientes (ENAHO, 2013), es decir, que se
inventan su empleo; 97% de las empresas son de menos de 11 trabajadores (Mypes), emplean al 76.1% de
los ocupados y tienen un corto tiempo de vida; y menos de la mitad de los trabajadores es asalariado. A ello
se suma que los sectores que más ganan (minería, hidrocarburos, finanzas, electricidad y agua) son los que
menos emplean (2.5% de la PEA) y que aun donde el empleo es formal –dada la flexibilidad laboral- existe
también precariedad laboral: poca estabilidad (72% de asalariados privados tienen contratos a plazo fijo) e
ingresos reales bajos (un obrero en Lima hoy tiene un salario real 203.8% menor al que tenía en 1980)”, por
lo que, “es mentira que se logrará formalidad con trabajadores (más) baratos y sin derechos, y persistiendo
en un patrón de crecimiento como el que tenemos”22.
La formalización de los trabajadores no se logra con reducir aún más los costos laborales y desconocer las
libertades y derechos laborales fundamentales, que reflejan un empleo precario e indecente, pese al
crecimiento de la economía peruana. Persisten límites para la inversión de políticas laborales y de empleo23
Ibíd. p. 27. También se señala que, en un Informe sobre trabajo decente publicado por el Instituto de Estudios Sindicales (IESI) y el
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) el 2013, entre otros indicadores, solo el 12% de la población ocupada tiene un empleo
que cumple con los estándares básico de trabajo decente; el 51 % recibe ingresos menores al salario mínimo; el 66 % no cuenta con
contrato de trabajo o no está registrado; y el 46 % no cuenta con algún seguro de salud. (Énfasis agregado).
Ibíd. p. 9.
Según el Panorama Laboral 2014 de la OIT, el Perú cerró el año 2014 con una tasa de desempleo juvenil urbano de 13,7% por
debajo del promedio regional en América Latina (14%). Entonces, no es cierto que exista una elevada tasa de desempleo e
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_325664.pdf. (03/01/2015, 10:00 p.m.).
Vid. http://laescenalaboral.blogspot.com/2014/12/10-argumentos-para-rechazar-el-regimen.html. (04/01/2015, 09:15 a.m.).
El laboralista Alfredo Montoya indica que las técnicas del derecho del trabajo al servicio de la política del empleo, instituidas por
las fuentes del derecho laboral del empleo y que constituyen instrumentos jurídico-laborales, consisten en la creación de empleos,
que fomenten y garanticen un trabajo decente, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana, conforme los estándares laborales internacionales, reconocidos en los Convenios Fundamentales y
prioritarios de la OIT, así como en varios tratados internacionales, ambos, suscritos por el Perú24.
La Ley Pulpín refleja lo contrario a los estándares laborales internacionales, pues atenta los derechos
humanos fundamentales de los jóvenes que trabajan, base para el desarrollo económico y social,
fomentando un empleo precario que, sin el menor de los reparos, atenta con el derecho al trabajo decente,
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Es una política de exclusión social de la
juventud en el empleo, pues el recortar libertades y derechos laborales no reducirá la informalidad, la
experiencia ya nos ha demostrado ello (Ley Mype).
“Lo que origina y caracteriza al sector informal de la economía es el exceso y la inadecuación del aparato
normativo e institucional del Estado respecto de la organización empresarial de la actividad económica”25,
por lo que el problema fundamental y esencial de la informalidad persiste en la ausencia de una regulación
estatal estructural. Las nuevas leyes y prácticas que promueven e incrementan la precariedad laboral, que
rebajan el estándar de protección laboral, no coadyuvan a la existencia de esta regulación, e impiden, no
solo el crecimiento económico en nuestro país, también en la justicia y calidad de vida de los trabajadores.
En la lucha por erradicar la pobreza, donde impera la informalidad, y lograr mayor equidad social, el pago de
salarios justos y el reconocimiento de beneficios sociales son indispensables26.
Asimismo, existen limitaciones (legales, de infraestructura, de personal, entre otros) por parte las
autoridades públicas (autoridades inspectoras) para ejercer un control adecuado en el respeto de los
derechos fundamentales en el trabajo y hacer frente a la informalidad laboral (fuerza laboral oculta), sector
en el que se recortan derechos laborales y perjudica aún más a los que menos tienen. La Ley Pulpín sin
supervisión en su aplicación es una norma simbólica.
6. Alternativa de solución: ¿Fijar un norte fijo de nuestra legislación laboral peruana: empleo decente?
Como es sabido, nuestra legislación laboral en su evolución pareciera que únicamente persiguen la
competitividad empresarial y productividad, desde el régimen laboral general -a pesar de reconocer todos
los derechos del trabajador que sólo comprende a un reducido sector laboral, siendo la mayoría de
trabajadores sujetos a contratos modales en los cuales dichos derechos se reducen o en muchos casos se
desconocen- hasta los regímenes laborales promocionales -que rebajan los estándares de protección laboral.
Este trabajo precario, fomentada en nuestra dispersa y desordenada legislación laboral impide fijar un norte
Solo se apunta al aumento de la productividad sin importar la libertad e igualdad de oportunidades del
trabajador. Estos intereses son contrapuestos entre los empleadores y los trabajadores, cuya conciliación de
los mismos va desapareciendo de nuestra legislación laboral, y ello se refleja en nuestra realidad con la
agudización de constantes conflictos socio-laborales.
reparto del trabajo y la protección de los desempleados. MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo y Crisis Económica.
Bogotá: Editorial TEMIS, 1990. pp. 9-15.
Entre algunos Convenios de la OIT tenemos: 1, 30, 47, 29, 87, 95, 98, 100, 111, 105, 131, 138, 153, 155, 182. Así como, los tratados
internacionales suscritos por el Perú: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969; y el Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador) de 1988.
ARBAIZA FERMINI, Lydia. Economía informal y capital humano en el Perú. Lima: ESAN EDICIONES, 2008, pp. 25-26.
GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. (2011). “Elecciones Generales 2011: Consideraciones para una propuesta de política laboral”. En
Actualidad Empresarial, N° 228 – Primera Quincena de Abril 2011, p. VI-6.
Al respecto, el maestro Javier Neves, señala con énfasis que: “Ningún interés, ni el de los trabajadores ni el
de los empresarios, es más importante que el objetivo o fin trascendental que debe tener una legislación
laboral: la libertad con igualdad de oportunidades”27. Este objetivo o fin trascendental, inherente al empleo
decente, se verá reflejando en la dación de una legislación laboral donde prime la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y sobre todo del Estado. Pues todos y
cada uno de nosotros, antes de tener la condición de trabajadores, somos personas.
Se requiere de una mayor atención en las políticas laborales y de empleo que aseguren el respeto de los
derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad con igualdad de oportunidades, y
garanticen condiciones de trabajo decente28, tanto del asalariado como del independiente.
Y para su impacto positivo -de estas políticas laborales y de empleo- así como su efectividad real, en nuestro
país, se deben efectuar en un escenario de “dialogo social franco y con resultados entre el Estado y
organizaciones de trabajadores y empleadores”, dirigidas a elevar –o por lo menos mantener- la calidad de
vida de los trabajadores, “así como a la sostenibilidad de las empresas, fuente de empleo y desarrollo. La
concertación y la solución dialogada de las diferencias favorece la paz social y genera un clima propicio para
el desarrollo empresarial y sindical”29.
La Ley Pulpín evidencia un objetivo contrario al que debe seguir la legislación laboral: la libertad con
igualdad de oportunidades, por lo que debe ser derogada, y ser el talón de Aquiles para la implementación
de una reforma estructural de nuestra legislación laboral en general, en el que se reafirme y reposicione el
concepto del trabajo decente, dictándose medidas reales y no simbólicas para su implementación, que no
solo se reduce en la capacitación de los trabajadores sino que parte desde la formación profesional y la
educación para el trabajo continuo, en el caso del colectivo juvenil. “Para la inclusión laboral juvenil se
requiere un salto cualitativo en materia de calidad de la educación, especialmente aquella a la que acceden
o podrían acceder los sectores de más riesgo y vulnerabilidad. La educación, junto con la infraestructura, es
una respuesta muy importante para las situaciones de baja productividad y exclusión existentes en América
Además, “es necesario incentivar programas de inclusión laboral juvenil desde el Estado, en concertación
con el sector privado, que faciliten el acceso al primer empleo”. Por ende, “es esencial, finalmente, que estas
políticas estén basadas no solamente en un enfoque de igualdad de oportunidades (de acceso a los
programas y al empleo) sino también de igualdad de competencias, facilitando el acceso a las tecnologías de
la información y la comunicación desde el comienzo de la formación”30.
Necesitamos una legislación laboral con un norte fijo, acorde con nuestra realidad económica y social, con
propuestas de políticas laborales que promuevan el trabajo decente conforme a los estándares laborales
internacionales (Convenios de la OIT ratificados por el Perú y los tratados de derechos humanos),
contenidos en una Ley General del Trabajo. Todo ello, propiciado en un escenario del dialogo social
tripartito que afiance la democracia y consolide la paz social-laboral.
NEVES, Javier y ARCE, Elmer. (2011). “La Batalla de los intereses y la conquista de los objetivos en el Derecho Laboral peruano”. En:
Código de Derecho Laboral. Volumen I: Régimen laboral de la actividad privada. Lima, agosto, p. 41.
Y, en consonancia, con la diversificación productiva se requieren programas de empleo de mayor cobertura, certificaciones
laborales para mejorar la productividad y la empleabilidad de la población. Vid. http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboralentre-la-profundizacion-liberal-y-el-trabajo-decente/. (08/01/2015, 11:45 p.m.).
La Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe reseña en un nuevo informe las ideas debatidas en el Foro
Internacional sobre Empleo, Juventud y Gobernabilidad Democrática, que congregó a personalidades de la región para debatir
principalmente sobre el desafío de generar más oportunidades laborales para la juventud. Vid.: http://www.oit.org.pe/5/wpcontent/uploads/2012/09/La-juventud-en-la-nueva-era-de-justicia-social.pdf, p. 30. (08/01/2015, 10:45 p.m.).
a) La Ley N° 30288 (Ley Pulpín), tiene por finalidad de que los jóvenes desocupados y sin experiencia
laboral (entre 18 y 24 años), inclusive, con educación completa e incompleta de secundaria o superior
técnica o universitaria, accedan al mercado laboral formal, con la posibilidad de ingresar a planilla de la
empresa privada que los contrate, con un salario no menor al sueldo mínimo vital, derecho a 15 días de
vacaciones y seguro de Essalud por un periodo máximo de tres años, desconociendo los demás
beneficios sociales con que cuentan el régimen general de los trabajadores de la actividad laboral
privada, tales como, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, seguro de vida,
asignación familiar y utilidades.
b) La Ley Pulpín, basada en la idea de que la rebaja de la protección laboral promueve el acceso al mercado
laboral formal y su mayor empleabilidad por parte de los jóvenes comprendidos entre los 18 a 24 años,
consolida y amplía la cobertura de los regímenes laborales promocionales existentes, agudizando su
dispersión y flexibilización en las relaciones laborales de nuestra país.
c) La Ley Pulpín atenta contra el derecho de igualdad ante la ley, por la evidente discriminación por razón
de edad, vulnerando los artículos 2° y 26° de la Constitución Política del Perú, por que evidencia una
diferencia de trato de los beneficios económicos y no económicos diferenciados y menores que se
otorgan en el régimen laboral general, lo que genera un efecto adverso para los jóvenes en general
(empleados o desempleados, con educación o sin educación superior) en el acceso al mercado laboral.
d) La Ley Pulpín refleja lo contrario a los estándares laborales internacionales suscritos y ratificados por el
Perú, pues atenta los derechos humanos fundamentales de los jóvenes que trabajan, base para el
desarrollo económico y social, fomentando un empleo precario que, sin garantizar las condiciones de
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Es una política de exclusión social de la juventud en el
empleo, pues el recorte de libertades y derechos laborales no reduce la informalidad, y la experiencia
nos ha demostrado ello (Ley Mypes).
e) El problema fundamental y esencial de la informalidad persiste en la ausencia de una regulación estatal
estructural. Las nuevas leyes y prácticas que promueven e incrementan la precariedad laboral, que
rebajan el estándar de protección laboral, no coadyuvan a la existencia de esta regulación, e impiden no
solo el crecimiento económico en nuestro país, también en la justicia y calidad de vida de los
trabajadores. El pago de salarios justos y el pleno reconocimiento de beneficios sociales a los
trabajadores, son indispensables para erradicar la pobreza y eliminar la informalidad.
La libertad con igualdad de oportunidades, inherente al empleo decente, es el objetivo o fin
trascendental de la legislación laboral peruana. La Ley Pulpín evidencia un objetivo contrario, por lo que
debe ser derogada, e implementarse una reforma estructural de nuestra legislación laboral en general,
en el que se reafirme y reposicione el concepto del trabajo decente, dictándose medidas reales y no
simbólicas para su implementación, que no solo se reduce en la capacitación de los trabajadores sino
que parte desde la formación profesional y la educación para el trabajo continuo, en el caso del colectivo
g) La legislación laboral peruana requiere de un norte fijo: la libertad con igualdad de oportunidades,
acorde con nuestra realidad económica y social, además de propuestas de políticas laborales que
promuevan el trabajo decente conforme a los estándares laborales internacionales (Convenios de la OIT
ratificados por el Perú y los tratados de derechos humanos), contenidos en una Ley General del Trabajo.
Todo ello, propiciado en un escenario del dialogo social tripartito que afiance la democracia y consolide
la paz social-laboral.
ALEMÁN PAEZ, Francisco. (1996) “Mercado de trabajo y políticas de creación de empleo en el Sistema
Español de Relaciones Laborales”. En: Revista del VI Congreso Peruano de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social – UNMSM.
ARBAIZA FERMINI, Lydia. Economía informal y capital humano en el Perú. Lima: ESAN EDICIONES,
GALÍN, Pedro. El empleo precario en América Latina, en la flexibilización laboral en Venezuela. ILDIS,
Nueva Sociedad. 1991.
GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. (2011). “Elecciones Generales 2011: Consideraciones para una
propuesta de política laboral”. En Actualidad Empresarial, N° 228 – Primera Quincena de Abril 2011.
MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo y Crisis Económica. Bogotá: Editorial TEMIS, 1990.
NEVES, Javier y ARCE, Elmer. (2011). “La Batalla de los intereses y la conquista de los objetivos en el
Derecho Laboral peruano”. En: Código de Derecho Laboral. Volumen I: Régimen laboral de la
Informe elaborado en el marco de la 18° Reunión Regional de la OIT y previa a la Audiencia Pública
del Consejo de Asuntos Laborales del TLC Perú - EEUU. (2014). “La agenda laboral pendiente del TLC
Perú Estados Unidos: Cuando la competitividad se basa en la reducción de los derechos laborales”.
Lima, octubre.
http://2013.wddw.org/IMG/pdf/trabajo_decente_final.pdf.
http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboral-entre-la-profundizacion-liberal-y-el-trabajodecente/.
http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com.es/2015/01/ley-pulpin-rol-y-limitaciones-de-la.html.
http://elcomercio.pe/economia/peru/ley-pulpin-que-plantea-proyecto-jovenes-noticia-1778481.
http://laescenalaboral.blogspot.com/2014/12/10-argumentos-para-rechazar-el-regimen.html.
http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboral-entre-la-profundizacion-liberal-y-el-trabajodecente/
http://www.oit.org.pe/5/wp-content/uploads/2012/09/La-juventud-en-la-nueva-era-de-justiciasocial.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_325664.pdf
LA JUNTA UNIVERSAL EN LA EXPERIENCIA REGISTRAL
Escribe: AQUINO GONZALES, Pool Franklyn
Estudiante del 4to año de Derecho de la Facultad de la UNMSM.
Miembro del Grupo de Estudios SOCIEDADES (GES)
Para el desenvolvimiento de la sociedad es necesario contar con órganos que permitan formar la voluntad
social de esta, y así pueda relacionarse con otros sujetos. De ahí la importancia de la Junta General De
Accionistas31 como órgano supremo32 de la sociedad, ya que en esta se forma la voluntad de la sociedad
pudiendo aprobar o desaprobar la gestión social, elegir a los integrantes del Directorio, acordar sobre el
destino que debe darse a las utilidades y resolver otros asuntos que son de especial trascendencia para
ésta33. No obstante, la Ley General de Sociedades (en adelante LGS), en sus artículos 114° y 115°, regula
otras atribuciones de este órgano.
Una de las formas de realización de la voluntad de la sociedad se desarrolla a través de la junta universal
(que es la misma y única junta general), la cual tiene características particulares que la califican como tal. Sin
embargo, en la experiencia registral y la doctrina nacional el tratamiento de las juntas universales es diverso
y hasta contradictorio. Por eso en este breve trabajo trataremos de esbozar algunas características que nos
permitan identificarla. Para ello empezaremos desarrollando algunos conceptos previos (de forma breve)
para luego analizar el debate suscitado tanto en la jurisprudencia registral como en la doctrina nacional.
Si bien es cierto que la Junta General de Accionistas es la reunión de los socios para tomar acuerdos relativos
a la sociedad, no toda reunión de los socios puede considerarse como tal. Para que una reunión de los socios
pueda considerarse Junta General de Accionistas necesita del cumplimiento de ciertas formalidades que la
LGS exige, a excepción de la prescindencia de estas que la propia ley permite.
Así es necesario que previamente se haya convocado a junta y se cuente con el quórum exigido por ley o
estatuto. Si se cumplen con estos requisitos se puede afirmar que existe junta general, sin embargo, para la
instalación de una Junta Universal se puede prescindir de estos requisitos.
Convocatoria y quórum
Uno de los requisitos importantes para la realización de la junta General es la convocatoria. Esta debe reunir
ciertas formalidades34 que la ley exige y puede ser realizada por el Directorio o la administración de la
sociedad, a solicitud de los accionistas o por orden del juez.
Si bien la Junta General de Accionistas es el órgano de gran importancia para el desarrollo de la Sociedad, esta no es la única,
puesto que el Directorio –así como la Gerencia- es otro de los órganos que contemporáneamente está tomando mayor relevancia
para las decisiones dentro de la vida societaria.
Vid. Artículo 111° de la LGS.
HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Manual de Derecho Societario. 2da ed., actualizada, revisada y aumentada. Lima: Gaceta Jurídica,
201, p.135.
“Artículo 116.- Requisitos de la convocatoria
El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las demás juntas previstas en el estatuto debe ser publicado con
El otro requisito es contar con el quórum requerido por ley o estatuto. En la LGS se fija que en quórum
simple se necesita la concurrencia de cuanto menos el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto para
la primera convocatoria; y, para la segunda, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones
suscritas con derecho a voto. En cuanto al quórum calificado, se requiere de cuanto menos las dos terceras
partes de acciones suscritas con derecho a voto en primera convocatoria y para la segunda convocatoria la
concurrencia de cuando menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. No
obstante, la ley permite establecer quórum superiores a los señalados anteriormente.
Como se mencionó anteriormente, para la instalación de una Junta General es necesario el cumplimiento de
ciertas formalidades. Empero, la LGS permite que pueda prescindirse de la convocatoria u obviarse sus
requisitos cuando se trate de Junta Universal, tal como la contempla el artículo 120:
“Artículo 120.- Junta Universal
Sin perjuicio de lo prescrito por los artículos precedentes, la junta general se entiende convocada y
válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes
siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas
con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se
proponga tratar”. (El resaltado es nuestro).
Permitir la realización de la junta general prescindiendo del requisito de convocatoria es un acierto que el
legislador ha previsto debido a la realidad empresarial contemporánea, puesto que actualmente las
decisiones que se tomen en una organización son más ágiles y dinámicas.
Por tanto, debemos mencionar que para la calificación de una junta de socios como junta universal se debe
presentar tres requisitos copulativos: que asistan todos los accionistas titulares de acciones con derecho a
voto (la concurrencia), que todos los accionistas estén de acuerdo con celebrar la junta (la voluntad de
celebración) y que todos los accionistas estén de acuerdo con los asuntos a tratar en dicha junta (la
agenda)35.
Precisamente la concurrencia de estos tres requisitos hace que una junta de socios califique como junta
universal. Primero, para la celebración es necesaria la concurrencia de todos los accionistas titulares de
acciones con derecho a voto, por tanto, si no se cumple este requisito y falte algún accionista titular de
acciones con derecho a voto no podría calificar como junta universal. Segundo, que todos los accionistas
estén de acuerdo con celebrar la junta, es decir debe existir acuerdo unánime para realizarla, por tanto basta
con alguna oposición para que no califique como junta universal. Y tercero, que todos los accionistas estén
de acuerdo con los asuntos a tratar en dicha junta, de igual manera debe existir acuerdo unánime sobre los
temas a tratar, bastando alguna oposición para la no calificación como tal.
una anticipación no menor de diez días a l de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el
estatuto fijen plazos mayores, la anticipación de la publicación será no menor de tres días. El aviso de convocatoria especifica el lugar,
día y hora de celebración de la junta general, así como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo en el aviso el lugar, día y hora en
que, si así procediera, se reunirá la junta general en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres
días ni más de diez días después de la primera. La junta general no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de
convocatoria, salvo en los casos permitidos por la Ley.”.
ECHAÍZ MORENO, Daniel. Derecho Societario, un nuevo enfoque jurídico de los temas societarios. Lima: Gaceta Jurídica, 2009, p.
Cumplido estos requisitos se lleva a cabo la junta universal y la adopción de acuerdos que en ella se lleguen
se rigen por las mayorías que la ley o el estatuto regulan. Y finalmente, el acta debe ser suscrita por todos los
accionistas concurrentes.
Jurisprudencia registral y doctrina nacional
La calificación de una junta de socios como junta universal es un tema controvertido en nuestra
jurisprudencia registral y doctrina nacional.
Para la calificación como junta universal no basta con la asistencia de todos los socios titulares de acciones
con derecho a voto, puesto que en una junta general que previamente fue convocada válidamente pueden
estar presentes la totalidad de socios, sino que se prescinde y se obvie la convocatoria o sus requisitos.
Aunque en sede registral se confunde a la junta universal y se incluye como una de sus características a la
convocatoria. Así en la Resolución N° 038-2008-SUNARP/PT se menciona:
“6. Entonces, la característica conformadora de la junta universal regulada por el citado artículo120 no es la
presencia de los accionistas representativos de todo el capital votante, pues ello bien puede suceder (y
sucede) en juntas convocadas con arreglo a ley y los estatutos: la nota conformadora de esta modalidad de
junta universal es que carece de convocatoria, carencia que, sin embargo, no impide que estén reunidos
todos los accionistas que detenten el 100% de las acciones con derecho a voto. Son, entonces, dos tipos de
juntas universales las que pueden realizarse, y en ambas participan los accionistas titulares de todas las
(i) La convocada observando el estatuto y la ley; y
(ii) La que no tuvo convocatoria” . (el resaltado es nuestro).
“Para las demás juntas universales, es decir, cuando hayan sido convocadas regularmente, es suficiente –
según el acta se aprueba o no en la misma sesión- que la suscriban cuando menos el presidente, el secretario
y un accionista designado al efecto; o no menos de dos accionistas, conjuntamente con el presidente y el
secretario”. (El resaltado es nuestro).
Similar posición se adopta en la Resolución N° 1278-2013-SUNARP-TR-L cuando menciona que:
“Por lo que podemos esbozar como primera conclusión que la obligatoriedad de la suscripción del acta por todos los
accionistas concurrentes se da en los casos de juntas generales universales que se hayan conformado
espontáneamente. Lo cual no resulta de aplicación cuando la junta universal se ha conformado con la asistencia de
la totalidad de los accionistas debidamente convocados conforme al estatuto”.
Entonces, ¿existen juntas universales con convocatoria? Creemos que la respuesta debe ser negativa. Pues
no sería acertado hablar de junta universal con convocatoria. La característica de las juntas universales es
poder prescindir y dejar de lado la convocatoria y sus requisitos. Así, como bien afirma el profesor Echaíz
Moreno, se puede apreciar en la LGS que “la junta universal ‘se entiende convocada’ al observar la tríada de
requisitos expuestos; esto supone una asimilación (tácita) a la convocatoria formal cuando no exista
convocatoria o cuando la convocatoria sea defectuosa”. Sin embargo, debemos agregar un supuesto en el
que se realizó una convocatoria y al momento de la celebración de la junta estaban presentes todos los
También mencionado en la Resolución N° 049-A-2012-SUNARP-TR-L del 12/01/2012.
socios titulares de acciones con derecho a voto que deseaban debatir y acordar sobre un tema adicional a los
mencionados en el aviso de convocatoria. Creemos que este caso los socios pueden obviar la convocatoria
(como si no hubiese existido) para regirse por las reglas de la junta universal, es decir, que todos los socios
firmen el acta. No es una junta universal con convocatoria, puesto que se obvia la convocatoria para que los
socios acuerden llevar a cabo la reunión y los temas a tratar en esta (los dos presupuestos adicionales para la
calificación como junta universal).
Un similar supuesto también ha sido planteado por la doctrina nacional. Imaginemos que se convoca
válidamente a una junta general para modificar el objeto de una sociedad, así a esta junta acuden todos los
accionistas titulares de las acciones con derecho a voto, quienes antes de instalada ésta consideran
necesario que se deba tratar también el asunto sobre el cambio de la denominación de la sociedad37. Por
tanto, ¿debe exigirse una nueva convocatoria para que se celebre la junta, o al estar todos los socios
presentes pueden decidir sobre lo no previsto en la convocatoria que los reunió?
En opinión del autor, los socios pueden acordar celebrar la junta con el nuevo tema a tratar, para ello
propone que respecto de las decisiones que se adopten sobre los nuevos asuntos no previstos en la
convocatoria se deben regir por las reglas de la junta universal; es decir, para el acuerdo que se adopte sobre
la modificación del objeto social no es necesario que el acta sea suscrita por los todos los accionistas
concurrentes, pero respecto al acuerdo sobre la modificación de la denominación de la sociedad – que no
fue materia de la convocatoria- sí debería ser suscrita por los todos los socios concurrentes.
Sin embargo, discrepamos de su planteamiento. Creemos que los socios pueden acordar realizar la junta
general con el nuevo tema a tratar, para ello se debe dejar de lado la convocatoria para que esta califique
como junta universal y se regule por sus propias reglas; es decir, que el acta –con los dos temas tratados- sea
suscrita por todos los accionistas. No sería adecuado que una junta se regule con reglas de la junta general
con convocatoria y a la vez con reglas de la junta universal, lo cual sería una dualidad innecesaria.
A. Podemos mencionar que no existen juntas universales con convocatoria como erróneamente la ha
llamado la jurisprudencia registral.
B. Para la calificación de una junta de socios como junta universal se deben presentar conjuntamente
tres requisitos: a) que asistan todos los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, b) que
todos los accionistas estén de acuerdo con celebrar la junta y c) que todos los accionistas estén de
acuerdo con los asuntos a tratar en dicha junta.
C. Para la realización de una junta general se puede prescindir u obviar la convocatoria siempre y
cuando se cumplan con los tres requisitos copulativos antes mencionados. Esto supone una
asimilación (tácita) a la convocatoria formal cuando no exista convocatoria o cuando la convocatoria
sea defectuosa. Sin embargo, debemos agregar un supuesto en el que se realizó una convocatoria y
al momento de la celebración de la junta los socios desean debatir y acordar sobre un tema adicional
a los mencionados en el aviso de convocatoria. Esta junta puede calificar como junta universal si se
obvia la convocatoria y se cumplen con los tres requisitos copulativos.
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Carlos Alfredo. (2013) “Desaciertos del Tribunal registral (y parte de la doctrina societaria nacional) en
materia de juntas universales”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, p. 218.
PREGUNTA QUE TE RESPONDO.Entrevista al Dr. Narghis Torres Pérez.
Entrevistan:
MARTÍNEZ SILVA, Daniela Paola.
ACOSTA DELGADO, Manuel de Jesús.
Manuel Acosta, Dr. Narghis Torres y Daniela Martínez.
SOCIEDADES entrevistó al Dr. Narghis Torres, referente y voz autorizada del Derecho del Mercado de
Valores que, desde su cátedra en la Facultad de Derecho en la UNMSM, ha contribuido con la generación
de profesionales en esta importante rama jurídica. Su vasta experiencia en el mundo corporativo se
sustenta en el asesoramiento en estructuraciones y colocaciones de financiamiento e inversiones por más
de US$ 20,000 millones a nivel local e internacional así como su experiencia como gerente general de
importantes entidades financieras internacionales.
En una amena entrevista, nos compartió sus inicios en el Derecho cuando estudiaba en la Decana de
América y su valioso aprendizaje de su vida profesional que sin duda nos demuestran que el esfuerzo
constante y la predisposición hacia los grandes retos nos llevan lejos, los cuales les compartimos en las
siguientes líneas.
Dr. Narghis, ¿por qué decidió estudiar Derecho en San Marcos? ¿Nos podría contar su experiencia en pre
Estudiar Derecho fue una decisión que tuvo múltiples factores, inicialmente me gustaba mucho argumentar,
pero no como lo ejercen los abogados litigantes que se desempeñan en materia civil o penal. Por el
contrario, yo quería iniciarme investigando temas relacionados al Derecho Internacional para formarme
como diplomático.
Posteriormente, me di cuenta que la imagen que uno tiene no necesariamente es un espejo de la realidad;
porque concluí que dedicarme como diplomático, con el respeto que se merecen ellos y los militares, era
como si fuera un militar vestido de civil, lo cual no es algo que me convencía del todo dada mi naturaleza y
carácter: a mí me tienes que convencer con argumentos y no con órdenes, así sea por un tema de
antigüedad o jerarquía.
Además, cuando empecé a practicar tuve la suerte
de hacerlo en un centro de investigación en temas
internacionales donde descubrí cómo era el
mundo, pero principalmente aprendí a investigar,
cómo funciona la economía y el Derecho a nivel
macro. Luego de ello, me preguntaba cómo era el
Derecho a nivel micro y en esa búsqueda me
encontré con una persona que me marcó en la
vida: el profesor Roberto MacLean, que me
enseñó Derecho Internacional Público, Derecho
Internacional Privado y Derecho Comparado. Es a
partir de él que pude conocer y aprender con
Fernando de Trazegnies, quien también me
cambió la perspectiva del Derecho.
¿Nos puede comentar cómo se dio el gran paso
desde la Facultad de Derecho de la UNMSM
hacia a la Universidad de Chicago?
Sí, claro. Cuando practiqué con el Dr. Fernando de
Trazegnies, que fue hasta antes de realizar la
maestría, lo ayudé preparando sus informes, pues
él era una especie de abogado de abogados en
temas civiles, entre otros, y mi trabajo era
básicamente leer a profundidad y análisis. Es así
que, a raíz de esta experiencia tuve contacto con
unas visiones alternativas del Derecho que en ese
entonces, por ejemplo, lo brindaba el Análisis
Económico del Derecho y, especialmente, las
ideas de Richard Posner a quien luego comencé a
estudiar y me derivó a la Universidad de Chicago.
En ese momento sentí que esto era lo que quería
y que debía estudiar en EE.UU, por ello me
presenté a la Universidad de Chicago. Sin
embargo, debía de obtener una beca dado que
mis recursos no me lo permitían y por ello llegué a
la Beca Fulbright, que es la beca que te permite
seguir estudios de post grado en EE.UU.
El proceso para obtener la beca fue un proceso
bien competitivo, pero a la vez apasionante pues
te permite focalizar qué es lo que quieres y por
qué en ese momento de tu vida. Primero te
evalúan las notas, el currículum, el hecho de que
tengas claros tus objetivos y luego te realizan una
entrevista donde te evalúan ex becarios Fullbright.
A mí me evaluó Beatriz Merino, quien fue a
Harvard, y Alfredo Bullard, quien fue Yale. No sé
cómo, pero los convencí (risas) y obtuve la beca
Ir a Chicago fue una experiencia enriquecedora
donde te rodeas de un ambiente súper exigente,
alumnos inteligentes e interesantes y con las
mismas ganas de crecer. La enseñanza es muy
personalizada, la currícula uno mismo la podía
armar e incluso te permitía llevar cursos en varias
facultades. Ello es una de los ases de Chicago la
cual se caracteriza por ser multidisciplinaria:
puedes ir a la Facultad de Economía y escuchar a
todos los Premios Novel y enriquecer tu
conocimiento jurídico.
Usted es catedrático de San Marcos y enseña
Derecho del Mercado de Valores, ¿qué le parece
la participación del estudiante sanmarquino en
esta rama del Derecho?
Introducir el curso en San Marcos fue un logro y
ya llevamos nueve años enseñándolo. Es una
experiencia que no la dejaría por nada del mundo.
Enseñaré ahí hasta que me dejen. Me satisface
mucho, porque veo el interés de los alumnos por
aprender que, luego de ser egresados, en muchos
casos pasan a laborar en órganos reguladores,
estudios de abogados, en bancos y empresas.
Creo que es darle al alumno una opción más para
que ellos elijan. Me queda claro que no es una
opción mayoritaria ni la más popular, y me parece
bien que sea un curso electivo para que quienes lo
lleven sean los más interesados.
Es un espacio para mostrarles que se trata de un
área potencial muy grande que, sin embargo, a
partir de las últimas encuestas se señala que solo
un 5% de abogados se dedica al mundo
corporativo y de ese universo, considero habrá
menos de 1% que se dedique a temas financieros
y mercado de valores. Por ello es que existe una
demanda potencial por encontrar chicos
involucrados en estos temas. Muchas veces me
pregunto si es una decisión inteligente
especializarse en áreas que están muy saturadas y
donde no hay mucho espacio para crecer,
teniendo nichos interesante como el mercado de
Usted ha mencionado un nombre interesante y
de repente el título de esta obra le traiga
recuerdos. En la obra intitulada En el país de las
colinas de arena Fernando de Trazegnies Granda
lo menciona textualmente en el agradecimiento
de la obra de la siguiente manera: “El inteligente
entusiasmo y la perspicacia de investigador de
Narghis Torres permitieron encontrar en el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y en
otros archivos, una gran cantidad de datos que
han sido ampliamente utilizados en estas
páginas”. Lo primero que debemos preguntarle
es ¿cómo nace la amistad con el profesor
Trazegnies? Y, segundo, si nos puede
contextualizar la cita que acabamos de leerle,
entendemos que ligada a la historia de las
migraciones chinas hacia el Perú.
Fernando me ayudó no solo a ilustrarme en temas
legales como practicante de Derecho, sino como
asistente de investigación en los libros que él
escribía. Uno de ellos fue esta obra sobre la
migración china, en sus múltiples aspectos, que
salió a raíz de un hecho muy poco conocido. Se
trató de un barco que transportaba esclavos entre
Japón y China el cual se resolvió mediante
arbitraje donde el árbitro que laudó era ruso.
Todo estaba obviamente documentado en
noticias periodísticas, pero de hace más de 100
años atrás, por ello tuve que revisar muchos
archivos en El Comercio.
Fue todo un trabajo de investigación y fue
fascinante, porque ahí uno descubre lo que
finalmente se dan cuenta los abogados que litigan
y hacen arbitraje: que el 50% de los casos se
ganan en la investigación.
En este caso pude aplicar lo que se aprende en
metodología de investigación, lo cual es
fundamental, en épocas en donde no existía
Google o Wikipedia. Era simplemente comer
polvo en archivos y ficheros; pero creo que eso
forma: porque te da criterio para después saber
cómo investigar. Hoy las herramientas (on line)
para investigar te facilitan de cierta manera el
tiempo, pero también considero que ha cortado
mucho la creatividad de los estudiantes y la
posibilidad de unir puntos: todos creen que se
hace con un “click” y eso no es necesariamente
así. De manera que fue una experiencia muy
gentil, interesante y Fernando fue muy generoso
al poner eso en libro que citan.
¿Cuántos años tenía usted cuando se publicó el
Me haces una pregunta un poco complicada
(risas). No lo recuerdo, pero me parece que
estaba todavía terminando la universidad.
Después de esta experiencia hubo un libro de
cuentos y las ediciones de los materiales del curso
de Filosofía del Derecho, que lo llevé con él como
alumno libre en la PUCP.
Esa experiencia me parece que fue clave: el tener
un maestro de prácticas es fundamental. Esto
último es algo que marca la diferencia entre los
estudiantes y los profesionales. Aprender de esta
manera solo se logra cuando hay un nivel de
compromiso en ambas partes y es algo que es
bien difícil de encontrar. Hoy por hoy entrevisto a
chicos y la mayoría busca experiencias de corto
plazo en un mismo lugar, en ese escenario no hay
mucha posibilidad de crecer juntos.
Afortunadamente tuve la suerte de tener a
Fernando en esta parte de mi vida, no practiqué
en otro estudio legal, pero traté de aprovechar al
máximo la oportunidad que tuve con él y es una
de las cosas que más atesoro las cuales influyeron
mucho en mi decisión de ser abogado y de la
forma de cómo ejercer la carrera.
¿Y cómo llego a conocer al Dr. Fernando de
Trazegnies?
Porque él era miembro también del Centro
Peruano de Estudios Internacionales y a través del
Dr. Roberto MacLean, que fue mi profesor en la
Facultad de Derecho, me presenta y me dijo que
converse con Fernando. Es así que fui a buscarlo y
simplemente le dije: “Mire soy Narghis Torres y
Roberto MacLean me dijo que podía hablar
contigo sobre este tema. Tengo el atrevimiento de
venir y decirle que tengo esta intención: me
gustaría practicar”.
¿Y usted se propuso?
Claro, por supuesto. Fernando fue muy generoso,
me dijo que si venía con esa referencia, la de
Roberto MacLean, era por alguna razón y me dio
Entré a practicar al estudio cuando me encontraba
en tercer año de Derecho y ahí me quedé hasta
antes de irme a hacer la maestría. Luego de eso ya
pude volver a trabajar con él ya cuando el estudio
se había fusionado con el Estudio Uría y era
Trazegnies & Uría.
toda la parte operativa; pero ya no solo desde la
banca de inversión sino también comercial.
Posteriormente, cuando él decidió salirse de esa
relación yo también salí con él; porque el modelo
de firma que yo creo es uno de tipo estudioescuela: un estudio pequeño y especializado, que
es lo que yo hice después de terminar mi época de
banquero de inversión, que fue la que tuve
después de terminar la maestría.
Fue una etapa muy interesante y bien intensa,
porque a diferencia de cuando uno está en un
estudio, el día a día es mucho más activo, las
respuestas tienen que ser más rápidas, uno tiene
que manejar decisiones con múltiples riesgos y no
se tiene la comodidad del solo dar una opinión
legal. En cambio, cuando uno está como gerente
general tienes que tomar decisiones y
recomendar opciones, asumir riesgos y decidir.
Eso también me ayudó mucho para asesorar
legalmente en transacciones a clientes.
Después de terminar la maestría y de trabajar
brevemente con Fernando, ya no volví a trabajar
en un estudio. Justamente le dije a él, que fue tan
generoso por verme volver, que en ese momento
quería saber cómo era el Derecho del lado de los
negocios: desde el lado de los clientes.
Es así que decidí entrar a hacer finanzas
corporativas y bancas de inversión en Santander
Invesment, que es la banca de inversión del Grupo
Santander. Allí estuve haciendo finanzas
corporativas en emisiones, estructuraciones y
financiamientos; donde el elemento legal es bien
importante para la parte de estructuración, pero
hacía básicamente finanzas corporativas. Eso me
ayudó a entender muchísimo mejor cómo
funcionaba el mercado y cuáles son los
Ya cuando el banco comenzó a crecer y tener un
volumen muy grande, me propusieron abrir el
área legal del banco y hacerme cargo del área
legal y de la banca de inversión, lo cual me pareció
un reto muy interesante porque era armar de
cero un área legal a través de un vehículo que era
una sociedad agente de bolsa para hacer banca de
inversión a nivel Perú. Es por ello que volví al área
netamente legal, pero bastante interdisciplinaria y
Estancia que terminó cuando el Banco Santander
se fusiona con otro banco en España y deciden
congelar el área de venta e inversión. Es en ese
contexto que me llaman de BankBoston, que era
un banco americano, que también quería hacer lo
mismo y me pareció interesante, porque era ver
lo mismo que se hacía desde la perspectiva de un
banco europeo con la diferencia que ahora era
hacerlo a través de un banco americano.
Finalmente, era armar el área legal de cero y
armar un equipo, contratar gente, estructurar
Luego este banco americano también se fusionó
con otro y dije: “Bueno, ¡suficiente!... como que
mi vida depende mucho de las decisiones que se
toman a muchos kilómetros de distancia” [risas].
Por ello decidí independizarme y empezar mi
propia firma hace doce años.
¿Y cómo nace así la idea de formar su propio
estudio, Torres & Asociados, en este escenario
que nos cuenta?
Como todas las decisiones profesionales que he
tomado fue un reto, y lo fue más porque todo el
mundo me decía que era imposible hacer una
firma boutique que asesore temas de mercado de
valores dado que eso solo se hacía en estudios
con áreas grandes. Sin embargo, veía que había
un espacio para una firma que fuese especializada
en mercado de valores y finanzas corporativas
para luego complementarlo con fusiones y
adquisiciones. Es así que decidí tomar el propio
riesgo y abrir mi propia firma, lo cual era
respaldada por toda la experiencia que había
¿Recuerda su primer cliente?
Sí, fue un caso de una reclamación de un
inversionista ante la Bolsa de Valores de Lima y lo
ganamos. Todo empezó por asesorar temas de
fraude en mercado de valores y conflictos de
interés en el cual representábamos a personas
naturales. Inicialmente comenzamos haciendo
consultorías y luego pasamos a asesorar la
estructuración de operaciones. Fue un proceso
gradual, pero sin dudas satisfactorio.
Ha sido un trabajo de creación constante que
nació desde cero. Cuando decidí asumir este reto,
decidí crecer de adentro hacia afuera. Por eso
para mí uno de mis mayores logros y
satisfacciones es haber logrado que uno de mis
primeros practicantes sea ahora mi socio y no
solamente eso sino seguirlo apoyando para que
vaya a estudiar su MBA en temas financieros, lo
cual me satisface porque nos complementa y nos
confirma que el modelo de crecimiento funciona y
eso inspira a los otros chicos.
De ser una firma de una sola persona ahora somos
una firma de seis abogados con equipo de soporte
de colaboradores. Hemos conseguido una firma
que se ha posicionado en temas de asset
management, mercado de capitales, fusiones y
adquisiciones. Son los tres temas que vemos, los
cuales son bien especializados. Principalmente,
desarrollamos gestión de fondos lo que nos ha
permitido posicionarnos y tener una estrategia
para dar una asesoría interdisciplinaria
En nuestra firma tratamos de rescatar el espíritu
de un estudio-escuela donde le ponemos bastante
tiempo a la investigación y a la estructuración,
esto último es algo que también nos caracteriza,
pues casi el 80% de los temas que vemos fue
generado por nosotros mismos y las ideas que
propusimos a nuestros clientes.
Asimismo, esto nos ha llevado a la creación de
una nueva firma que básicamente ve el lado
estratégica, asesoría en fusión y adquisidores,
asesoría en el tema de conseguir financiamiento…
los cuales se complementan con el estudio
jurídico y donde finalmente el cliente puede
escoger entre estos dos servicios. Sin duda, los
chicos del estudio pueden ver temas más
multidisciplinarios del estrictamente legal.
No sé si le parece, pero todo esto nos lleva a
pensar en el concepto de “riesgo” que involucra
a cada decisión en la vida. ¿Para usted qué
representa el riesgo? Pero no desde el enfoque
con que se lo estudia en el mercado de valores,
concepto que además usted desarrolla muy bien
en sus clases, sino desde un punto de vista más
Es el motor de lo que hago. Considero que uno
tiene que salir de su zona de confort y asumir
riesgos. Para unos es difícil salir de esa zona
porque es un ámbito donde te sientes seguro al
conocer algo en particular. Esto es humanamente
entendible, pero te puedes aburrir y no te
permitirá crecer.
En mi caso, hacer solamente Derecho no es algo
que enteramente me satisfaga, pues necesito
hacer negocios, enseñar y escribir. Por supuesto
que todo eso implica asumir el riesgo de que las
cosas no funcionen, pero hay diferentes
alternativas para afrontarlo.
Este concepto es un tema que está inmerso en el
Derecho, pero ocurre que nunca se lo enfoca
adecuadamente. Lo que los abogados somos es
básicamente ser unos gestores del riesgo.
Sinceramente el risk management debería
incluirse como curso en una facultad de Derecho
para poder entender que el Código Civil y las
demás normas son formas de manejar riesgos. Sin
embargo, como no lo enseñan desde esta
perspectiva, muchos no entienden la racionalidad
de las normas al no tener un enfoque funcional.
Entender así el concepto de riesgo es claramente
el logro que he podido obtener de Chicago y mi
experiencia profesional: que todo se reduce a un
tema de riesgo, que todas nuestras decisiones van
a traer consecuencias y que la cuestión es tener
información para poder decidir en base a ella. Es
cierto que también tiene que ver mucho con un
tema de carácter, por ejemplo, a mí siempre me
ha gustado explorar diferentes oportunidades y
conocer diferentes tipos de personas con equipos
multidisciplinarios lo cual puede significar que
salgas de tu zona de confort sin duda alguna. Solo
pensar como abogado y rodearte de abogados te
empobrece, pues no te permites nutrirte de otras
perspectivas y hacerlo involucra realizar algo más.
¿Cuál ha sido el mayor riesgo que usted ha
tomado en su vida?
Todavía no lo tomo, está por venir me imagino…
Pero desde alguna perspectiva seguro que sí…
A nivel profesional debe haber sido el hecho de
haber salido de la zona de confort desde la
gerencia general de un banco para crear mi propio
estudio teniendo en cuenta el tema que
asesorábamos el cual que era monopolio
exclusivo de los estudios grandes y del que no se
enseñaba en San Marcos.
deudor, al constatar la existencia en un contrato
con una tasa de interés por encima del interés
legal que establece el BCR, te obligue a incumplir
el contrato o se tipifique la usura para quien lo
Creo que sí, probablemente ese fue uno de los
riesgos más grandes que he tomado
profesionalmente, no solo porque me involucraba
sino también a terceros que se involucran contigo
y con tu proyecto. Además porque involucra
entender el ejercicio profesional no solo
académico legal sino como un negocio.
No encuentro una justificación razonable a esta
diferenciación la cual me parece que es ilegal e
inconstitucional. Más de allá de esto, tampoco lo
encuentro justificable por las formas en que se
busca obtener sus objetivos. Uno debe
preocuparse por regular los procesos de
formación de precios, pero no los precios en sí
mismos. En ninguna parte de la economía se
señala cuánto debe ganar un abogado o un
economista por su trabajo porque finalmente ello
estará en función del riesgo que uno asume.
En la facultad no te enseñan a cómo armar una
planilla, a cómo contratar gente y a cómo
motivarla… son habilidades de gestión que uno
aprende sobre el caballo leyendo o viendo otras
experiencias. Yo he cometido muchos errores en
todos los ámbitos hasta aprender y luego de lo
experimentado te das cuenta que gerenciar una
firma legal no es fácil. No es solo conseguir
clientes y generar temas, sino administrar, hacer
mentoring de las personas, contratar, buscar
gente… Eso es una preocupación permanente,
principalmente por el modelo de negocio que
tenemos, pues al ser una firma pequeña se tiene
que hacer todos estos temas.
Los 5 primeros años fueron muy intensos, por lo
que te explicaba, pero sigue la misma regla de
cualquier venture capital o cualquier startup. Casi
el 80% de las startup no pasan de los cinco años,
regla general que sin duda se nos aplicó en su
momento. Hoy hemos pasado esa vaya, pues
estamos ya por los 13 años y con nuevos
proyectos, nuevos temas… profesionalmente este
fue el mayor riesgo.
Creo que no se ha entendido que el tema del
cobro de los intereses se hace en función a la
asunción del tipo de riesgos: estos son distintos y
cada persona también es diferente por su perfil de
riesgo, cada proyecto que se financia también es
distinto… en consecuencia, nadie debería
pretender establecer una tasa máxima para el
cobro de intereses, porque básicamente no hay
riesgos máximos pues uno puede asumir más
Hace unos meses tuvimos la suerte de escucharlo
en una conferencia donde trató la regulación del
interés legal en el Perú, ¿podría compartirnos
con nuestros lectores sus razones para
considerar que el interés legal no debería ser
regulado como hoy está?
Establecer límites para el cobro de los mismos
sería sacar del escritorio muchos proyectos
principalmente los nuevos que son los más
riesgosos. Estableciendo estos límites es liquidar
la industria del venture capital, porque
obviamente un inversionista de este tipo de
negocios lo que busca es obtener retornos más
altos de lo que usualmente podría obtener
prestando dinero: podría prestarle a una empresa
nueva que no tiene una gestión y un modelo de
negocio probado. Si su única vocación es la
búsqueda de una compensación mayor por el uso
de su dinero entonces ¿por qué no permitir que
cada persona pueda en función del riesgo de la
contraparte decidir a cuánto está dispuesto a dar
su dinero? ¡Es su dinero!
Básicamente por una razón y la primera es que no
le encuentro sentido que solamente las empresas
que pertenecen al sistema financiero puedan
cobrar intereses sin ningún límite, mientras que
cualquier persona natural o jurídica no tengamos
esa misma posibilidad, pues en el caso de que un
De manera que si es su dinero o nuestro dinero,
por qué indirectamente cuando lo depositamos
en el banco éste sí puede prestarlo y cobrar los
intereses que considere, mientras que nosotros
no y encima nos paguen una tasa muy mínima por
depositar este mismo dinero.
Me parece que es una regulación que no favorece
la competencia, que es justamente lo que
necesitamos: mayores actores que den
financiamiento y que ofrezcan nuevos productos
para el otorgamiento de créditos lo cual generará
que las tasas de interés bajen y que las personas
tengan nuevas opciones.
Esto último generará que no tengamos estas altas
tasas de interés que hoy se cobran fuera del
sistema, pero que la gente asume porque no tiene
otra opción. Además evitaría que existan este tipo
personas que prestan su dinero prácticamente a
escandidas que lo hacen así porque asumen el
riesgo de no poder hacer efectivo su cobro y
encima de hasta irse a la cárcel porque es una
norma que ha sido criminalizada.
A mi parecer la regulación de intereses en el Perú
es una gran barrera y una de las que
probablemente mayor perjuicio causa para el
desarrollo económico, por ello debería cambiarse.
Se trata de uno de los últimos mitos legales,
porque lo tenemos tan metido en nuestra mente
que tiene mucha carga de prejuicio religioso,
político y económico; además de ser un arma muy
fácil de manipular con mensajes demagógicos que
lo han hecho suyo todas las tendencias políticas
desde la extrema derecha hasta la extrema
izquierda que lo utilizan porque es muy simple y
deriva del desconocimiento o de conflictos de
¿Y en el contexto ya mencionado, sobre el tema
de las startups, que opina acerca del
crowdfunding y su poco desarrollo en el Perú?
No solo es su poco desarrollo, sino que está
prohibido en el país. La SMV señala que no se
debe permitir, pero yo creo que están totalmente
equivocados; porque consideran que todo el
mundo que quiere recolectar dinero de
inversionistas necesita hacer una oferta pública, lo
cual es absurdo. Lo que debería hacer la SMV no
es sacar avisos prohibiendo el crowdfunding, sino
todo lo contrario, que es incentivarlo, no solo el
crowdfunding sino el crowdinvestmen. Casi
siempre se confunde en crowdfunding con el
crowdinvestmen; el primero consiste en dar
dinero para que otra persona o grupos de
personas desarrollen un producto, no importando
recibir nada a cambio, es como una donación; el
segundo caso es cuando un grupo de personas
busca reunir fondos porque no tienen los
contactos, los asesores y el acceso al capital
privado; todo ello a cambio de una participación
en las ganancias. Entonces una persona podría a
través de una plataforma obtener dinero dando
cierta información de montos máximos y
mínimos, para efectos de diversificar, y esto es
algo que funciona. Por ejemplo este tema
fascinante de Oculos, que es un visor de juegos
[de realidad virtual]. Esta empresa fue financiada
por el sistema de crowdinvestmen y ahora los que
financiaron este proyecto, después de que Oculos
fuera comprado recientemente por Google, se
han hecho millonarios y todo esto debido a que
confiaron en una idea. Eso no se podría hacer en
el Perú porque la SMV te dice que eso es una
colocación, que está prohibida y que se tiene que
hacer una oferta pública.
¿Usted cree que sería necesaria una regulación?
Por ejemplo en EE.UU existe hoy por hoy la Jobs
Act que es una norma que regula a los portales
web donde se publicita proyectos de
Claro obviamente tiene que existir una regulación,
en Italia se dio la primera regulación de
crowdinvestmen. Pero hay que tener claro que
una cosa es regular algo y otra cosa es prohibirlo
de antemano y lo que existe aquí es la apreciación
de que no se debe permitir porque se atenta
contra la oferta privada y eso es un mito. Aquí lo
que habría es una ceguera de pensar que de esa
manera se protege al inversionista, pero lo que
están haciendo es matar el mercado de venture
capital en el Perú.
Yo creo que lo que tiene que hacerse es quitar ese
criterio paternalista. Si la gente quiere asumir
riegos y, finalmente, pierde su dinero invirtiendo
en una empresa… pues eso es parte del negocio y
como tal también puede ganar; pero lo peor es la
inacción y aquí lo que hay es eso. Simplemente el
temor de la zona en confort de la SMV de no
querer arriesgar y decir: “Aquí hay una realidad
donde la gente necesita dinero para hacer startup
o para hacer aplicaciones y tenemos que
flexibilizar el régimen de la oferta privada”. Se
debe regular que cuando se trate de venture
capital no se aplique este límite en por lo menos
los dos primeros años y luego ya se le exigirá más
reglas, como revelación de información y
establecer montos máximos.
Por otro lado, ya en el aspecto académico,
¿desde su perspectiva qué se le debería enseñar
a un estudiante de Derecho?
Lo que debería hacerse es darle opciones de
información. El concepto de perfil profesional es
un fraude que muchos políticos han creado, sobre
todo en las universidades públicas. Lo que se
necesita, más bien, es brindarle al estudiante
todas las perspectivas del Derecho, que la mayoría
de los cursos sean electivos y que el alumno en
base a sus intereses y su carácter decida qué
cursos llevar.
Que sean los alumnos los que elijan y no se les
obligue a llevar ciertos cursos o se limiten estos
para solo algunas especialidades, sino que se
abran una gran variedad cursos relacionados a
temas financieros, no debe quitarse la
oportunidad de una formación económica y
Yo no veo la razón de por qué la carrera debería
durar seis años cuando solo podría durar cuatro
años o cinco años, probablemente yo le pondría
solo un año o dos de estudios generales que es lo
fundamental (la formación humanista) y luego los
otros dos o tres años con los estudios propios de
carrera y con todo ello se terminaría fácilmente.
¿Considera que al alumno sanmarquino le falta
tener más conocimiento sobre el curso de
finanzas corporativas?
Creo que sí, pero principalmente porque no se
dicta en la Facultad de Derecho de San Marcos o
se dicta de manera muy reciente. Siendo ello así
debería dictarse este curso y otros como Proyect
Finance, economía para abogados, etc. Se podría
crear convenios con otras facultades para que se
puedan dictar.
En la actualidad hay temas que se piden y pocos lo
manejan como toda la parte de regulación de AFP
o de fondos mutuos que son temas muy
especializados. Además, se me ocurre que San
Marcos podría liderar un área de gestión de
patrimonios que es algo que ninguna universidad
lo tiene y que es lo que ahora maneja la mayor
cantidad de activos incluso más que los propios
bancos, sin embargo, hoy seguimos enseñando y
dándole la trascendencia al Derecho Bancario, que
no dudo que es importante, pero existen otras
áreas donde se maneja muchos más activos
financieros que ellos. Esto les daría una mayor
ventaja competitiva a los alumnos de San Marcos
y tener un laboratorio permanente para poder
Buena parte de los gestores de fondos son
abogados, porque los abogados somos
entrenados para gestionar riesgos. Entonces si un
estudiante contara con estas herramientas sus
exponencialmente ingresando a otros sectores.
¿Qué opina sobre nuestra bolsa de valores?
La bolsa es uno de los mecanismos más usuales de
lo que es el mercado de capitales en el Perú.
Cuando yo empecé por el lado de finanzas
corporativas tuve la oportunidad de vincularme y
conocer cómo es una sociedad agente de bolsa,
cómo funciona y cómo tiene que interactuar con
la bolsa de valores y Cavali. En ese entonces todo
el ecosistema del mercado de valores en el Perú
estaba fundamentalmente dado a través de la
bolsa que era una bolsa chica con muchos
problemas y que en la actualidad aún sigue
teniendo problemas de gobierno corporativo.
Pero también ha tenido grandes avances y uno de
ellos es el gran potencial que tiene este tema de la
Alianza del Pacifico con la unión de las bolsas y el
mercado único que se quiere crear.
En este aspecto lo que yo veo es que la bolsa del
mercado de valores peruana no tiene sentido de
manera individual, es muy chica, muy ilíquida
donde no hay muchas empresas. Entonces el
único objeto que yo le veo a la bolsa es su fusión o
simplemente su muerte; es decir, definitivamente
si no se consolida este tema de la Alianza del
Pacífico y probablemente no se agrega otros
actores más, estaría condenada al fracaso ya que
en la actualidad esta es la tendencia mundial, ya
que todas la bolsas a nivel mundial incluso más
grandes y más liquidas se fusionan con otras
bolsas. En ese contexto, bolsas independientes y
que no tengan algún tipo de vinculación están
destinadas al fracaso y si la Bolsa de Valores de
Lima no continúa con este proceso, que me
parece acertado, de crear un mercado único con
Colombia, Chile y México de seguir creciendo o
incluso después fusionarse con otras bolsas
globales europea, asiáticas o norteamericanas no
va a tener mucho sentido.
¿Por qué usted cree que existe solo una bolsa de
valores en el Perú?
Por un tema de tamaño de mercado. Antes había
dos, estaba también la Bolsa de Arequipa, la que
cerró. El tema es que no hay mucha posibilidad de
competencia, porque la regulación también
establece que uno no puede tener más de un
cierto porcentaje como accionista de una bolsa.
Ningún inversionista que asume un riesgo o que
invierte, en equipos o algo más, quiere tener
solamente el 10% del accionariado de una bolsa,
probablemente quiera tener el 40%, 50% o el
60%. La regulación misma es responsable de
El problema es que mucha de las regulaciones del
mercado de valores favorece al status quo. Los
reguladores no se han dado cuenta que lo que
están haciendo con ese proyecto de que nadie
tenga más de 10% es solo restringir a los
accionistas y así no funciona el mercado bursátil a
nivel internacional. Lo que debería hacerse es
quitar esa restricción y que sea el mercado el que
decida. De este modo tomar el que te da mejor
servicio, no importando que alguien tenga el 80%
o el 100% de una bolsa mientras no tenga
conflicto de intereses, ni afecte derechos y
busque dar mejores servicios. Esa es, por ejemplo,
otra regulación que no tiene ningún sentido pues
lo único que hace es limitar la competencia.
Tenemos un sistema actual que nos da más
problemas que beneficios.
¿Usted cree que le mercado es poco profundo
por el tema de la regulación?
Es poco profundo, porque simplemente no hay
muchas empresas que cumplan con los
estándares requeridos para listar. El problema es
que la regulación está enfocada en un extremo del
mercado, que es el mercado público con la
pretensión de que lo óptimo es el mercado
público, cuando en realidad del 100% del mercado
de valores a nivel mundial, el 20% es público.
Y aquí nuevamente el problema, tenemos una
regulación que se enfoca demasiado en el tema
de querer de que todo el mundo se enliste en
bolsa, cuando no necesariamente este es uno de
los mecanismos de salida ya que existen otros.
Entonces, con lo anterior visto debería
desarrollarse más el mercado privado, porque el
mercado de valores es uno solo: público y privado,
no solamente es público.
El problema es no desarrollar y de no incentivar
los fondos de capital de riesgo que es la parte
inicial. Se ha empezado por la parte de los fondos
de los private equity lo cual está bien, pero eso es
para parte de empresas medianas. Existe un gran
ecosistema que está ahí. Claro, debemos partir
también de reconocer que el 80% de la economía
peruana es informal entonces lo que tiene que
hacer la regulación es regular para ese 80%; sin
embargo, el problema es que nuestra regulación
solo lo hace para un 20% y eso genera que solo
sean los mismos emisores los que siempre salgan
a vender, con lo cual los inversionistas
institucionales no tienen otra opción que irse
Otra cosa que es importante de entender es que
el mercado es uno solo entonces se tiene que
vincular el mercado de valores con el mercado
inmobiliario, que es probablemente la mayor
fuente de inversión que tiene una persona en su
vida. Ahí todavía falta hacer mucho, desarrollar
esto también es algo que está pendiente: la
vinculación del mercado de valores y el mercado
hipotecario o desarrollar un buen mercado de
commodities. En este último caso, todos los
intentos de lograr hacer una bolsa de productos
fueron un fracaso ya sea por errores propios, de la
regulación o por conflictos de interés.
Con ello se concluye que nuestra regulación es
una que más tiempo ha vivido de espaldas a la
economía y solamente ha tratado de estar en su
zona de confort, Conasev en ese sentido, creo que
tienen una deuda pendiente con el mercado de
valores en el Perú.
¿Usted fue director de la bolsa de productos en
el Perú?
Sí, tuve la oportunidad cuando estuve en
Santander Investment, nosotros participamos en
uno de los proyectos de la bolsa de productos que
fue liderado creo que bastante bien. Hubo mucho
interés en ese proyecto, pero al final fue
boicoteado por los mismos bancos y por el mismo
Estado que vio que la bolsa de productos se
posicionaba como un mecanismo para la
formación de precios que competía directamente
con todo el sistema de contrataciones públicas.
Lamentablemente, no se quería que los precios se
establecieran de manera transparentemente a
través de la rueda de bolsa sino que se siga con el
sistema que existe actualmente del Consucode y
porque se decía que esto iba contra las normas de
Además fue una buena experiencia…
Sin duda, correcto, además demostró que había
un gran problema, aparte de la propia regulación
de los intereses del propio Estado, al tener una
economía informal el mayor problema era la falta
de uniformización, es decir, por ejemplo la forma
como se pesan los kilos de algodón es distinta en
Lima que en el norte del país. El tema de
uniformizar productos para que luego puedan ser
transados se hacía imposible. Había que realizar
bastante trabajo de formación con productores,
comercializadores, agricultores… Pero eso no era
muy factible.
El gran tema de la regulación es ese cuando no
ven que todo es un proceso y solo se regula
compartimentos estancos, es decir, no basta con
tener una bolsa, pues se debe tener un buen
trabajo uniformizando productos, servicios y
contratos que es algo que no existía.
Eso es otro reto pendiente muy grande y que por
ejemplo los fondos de private equity podrían jugar
un rol importante, porque se podría comenzar a
generar contratos en base a commodities y
también te permitiría entrar en tema de
derivados, que es otra gran área pendiente.
Lo que tienes que hacer es generar ventajas
competitivas y eso implica modificar, derogar
normas o cambiar de enfoque y también generar
mayor competencia, mayores opciones para que
la gente pueda tener más mercados. Lo que se
trata es de crear más mercados, pero la
regulación lamentablemente más que crearlos lo
que hace es obstaculizar que las personas puedan
participar y entrar al mercado, como hemos visto
en el mercado de tasas de intereses.
¿Y qué opina de estándar del inversionista en el
Bueno, la tendencia a nivel general es sobre todo
tener una combinación de normas específicas,
puntuales en algunos casos, y contemplar
regulación por estándares el cual te permite
adaptarte a situaciones que no necesariamente
están específicamente contempladas al inicio en
una norma, porque es imposible que el agente
económico-financiero pueda concebir todos los
supuestos de hechos en la misma.
Los estándares permiten establecer ciertos
modelos objetivos y deseables, eso es algo que
mucha gente critica, pero no entiende. El estándar
del inversionista razonable es como el estándar
del hombre razonable o el estándar de
consumidor razonable que se ha ido construyendo
jurisprudencialmente y va evolucionando según la
economía da cada país.
Ello porque necesitamos tener cierto patrón de
comparación o cierto ideal de conducta. Mucha
gente que critica el tema de la razonabilidad en el
mercado y de los criterios de que el hombre
utiliza: de si son racionales o no… Nadie debería
discutir acerca de que uno pueda tomar
decisiones irracionales, la pregunta es: ¿queremos
que nuestra sociedad y el Derecho incentiven
conductas irracionales o racionales?
Obviamente lo que se quiere es que el Derecho
genere conductas racionales, porque nos permite
estimar y calcular la asunción de riesgos. Si yo no
tengo ciertos estándares para evaluar conductas,
el tema se convierte muy subjetivo y dejo la
cancha abierta para que personas con intereses
creados puedan decidir lo que es o no correcto en
un determinado lado. En cambio, si yo construyo
un estándar voy a tener ciertos elementos
objetivos flexibles, porque se va ir adaptando y
enriqueciendo mediante la doctrina y la
jurisprudencia, además se va creando y
desarrollando el mercado.
De manera que el estándar del inversionista
razonable es fundamental para poder entender y
es una manera de construir el tema de la hipótesis
del mercado eficiente y el hombre razonable que
está detrás de muchas normas financieras.
No es que uno desconozca que hay elementos
extra pasionales y que muchas de las personas se
comportan de manera que no son racionales, pero
eso no significa que ese sea la conducta que
debamos querer o incentivar.
Deberíamos ver patrones de lineamientos en la
regulación de mercados de competencia, Indecopi
ha sacado muchas regulaciones y los reguladores
de los servicios públicos también; es decir, mucha
de la regulación de actividades económicas se da
a través de estándares y a mí me parece que, en el
caso de mercado de valores, el estándar del
inversionista razonable es un criterio fundamental
para desarrollar conductas que uno quiere que
exista en el mercado.
Usted ha mencionado acerca del desarrollo
jurisprudencial que está detrás de este concepto,
¿el hecho de que no exista un Tribunal
Administrativo, como antes había en la entonces
Conasev, ha limitado un poco este desarrollo?
Sin duda. Creo que ha sido uno de las peores
decisiones que se tomó con la reforma. La labor
que hacía el Tribunal era bastante buena. Dentro
de todo, a pesar que en muchas ocasiones no
estuve de acuerdo con algunas de sus decisiones,
considero que en general la labor del Tribunal era
bastante técnica y se constituía como un buen
Creo que el hecho de concentrar todo ahora a
nivel de entes técnicos y dejar que la decisión final
la tome el Directorio no es la mejor opción. Creo
que debería separarse, así como ocurre en el caso
de Indecopi donde las decisiones de las
comisiones y del tribunal son distintas y lejanas de
la injerencia que pueda provenir de su directorio,
salvo casos muy especiales como puede ser el
nombramiento de secretarios.
Fue una pésima decisión la de eliminar el Tribunal
de la Conasev, porque cortó el desarrollo de la
doctrina, de la jurisprudencia y de lineamientos.
En la actualidad, ni la SMV ni la SBS cuentan con
un tribunal. Ninguno de los dos órganos que
regulan las mayores actividades económicas del
Perú cuentan con uno y eso me parece
lamentable. Considero que debió haberse
mantenido y reforzado para seguir creando
doctrinas y jurisprudencias que permita crear y
construir. Ojalá se pueda revertir esa situación,
porque hubo allí mucha riqueza y desarrollo.
Sabemos que usted fue ex becario Fullbright,
¿podría compartir con todos nuestros lectores las
formas de poder postular a esta importante
Yo los incentivo a todos a estudiar una maestría,
pues creo que es un paso necesario. La Beca
Fullbright lo que hace es financiar estudios de
postgrado en cualquier universidad de los EE.UU.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que
construir una historia en base a su propio
esfuerzo, es una beca basada netamente en
mérito académico y personal. A diferencia de
otras, la Beca Fullbright no es una beca basada en
Tienen que tener un mínimo de tercio superior
como notas y tener claro por qué quieren ir a
estudiar a EE.UU y no otro país, por qué les
interesa la universidad a la que desean postular,
tener claramente vinculados su pasado con su
futuro, tienen que preparar un muy buen ensayo
donde digan qué es lo que quieren hacer.
Principalmente, tienen que tener la capacidad de
convencer de que ustedes son personas
interesantes y que van a retribuir, pues lo que se
busca es tener un efecto multiplicador y que
puedan después enseñar y desarrollar actividades
que tengan un impacto en la sociedad. Se busca
líderes que contribuyan al bienestar social.
Además, tienen que tener por lo
mínimo dos cartas de recomendación
de dos personas que los conozcan ya
sea profesores, personas con los que
han trabajado con ustedes o jefes de
preparase para la entrevista que
básicamente es un resumen de “por
qué ustedes y por qué no los otros”. Es
decir, tienen que convencer a sus
entrevistadores que invertir en ti vale la
pena, que eres una persona que va a
utilizar bien esta oportunidad y que
estás en la capacidad de asumir un reto
académico bastante intenso y exigente.
Lamentablemente, a diferencia de otros
países, al Perú llegan algunas veces 15 becas para
todas las áreas del conocimiento. Usualmente a la
carrera de Derecho se brindan una o dos becas
como máximo, nunca más de dos, de manera que
son bien competitivas. Al ganar la beca se tiene
que dar el compromiso de regresar al Perú y estar
por lo menos dos años de haber culminado los
estudios. Claro, pueden quedarse haciendo
prácticas en EE.UU por nueve meses o un año,
pero no para toda la vida, pues Fullbright exige
que regreses a contribuir con el desarrollo del
Postular a la beca implica incluso prepararse antes
como dos años para ir armando esta historia de la
que hablamos. También te piden un buen dominio
de inglés y que el postulante cuente con un par de
años de experiencia profesional. Fullbright no
quiere que termines y postules, sino que tengas
una madurez profesional para poder contribuir y
aprovechar la experiencia.
Sabemos además que usted ha tenido la
oportunidad de ser parte del comité de
evaluación de la beca Fullbright…
Sí, así es. En varias oportunidades he participado.
Como dice Calabresi, es un tragic choice, porque
hay muy buenos chicos, pero solamente uno tiene
que elegir al que más tiene capacidad para
retribuir y terminar sus estudios de manera
¿Qué consejos nos podría dar a Sociedades, que
cumplimos cuatro años de publicaciones
continuas, para poder asumir nuevos retos?
Bueno, les falta un año para pasar la valla de la
muerte… (risas). Lo que tienen que hacer es pasar
este año y, después de los cinco años como los
venture capital, empezar a elegir sus batallas.
Existe mucha oferta de revistas y publicaciones on
line de Derecho, lo cual es genial, pero mi consejo
es que traten de comenzar por tener puntos de
referencia probablemente temáticos como puede
ser realizar eventos sobre asset management o
sobre regulación de fondos de pensiones e ir
vinculándose con los actores del mercado. Traten
de hacerlo ya no solo con abogados sino invitando
por ejemplo a los gerentes de las cuatro o cinco
AFP que hay en el país y plantear ideas sobre
cómo cambiar la regulación. De esa manera
comienzan a vincular a estos actores del mercado
con los estudiantes: traten de ser un puente.
Generalmente los abogados tienen esa tendencia
de la torre de marfil: que solo escriben para ellos.
Traten de ser más interdisciplinarios y vincúlense
con estudiantes de otras áreas para plantear
temas de actualidad que sean de interés más
interdisciplinario. Sean ese puente que saque a los
estudiantes y los profesores de sus torres de
marfil para acercarlos con el mercado. Esto les va
a permitir diferenciarse de otras revistas.
Este acercamiento con el mercado no lo hace
lamentablemente la Facultad, de manera que hay
un importante nicho si se convierten en esos
conectores. Conviértanse en unos headhunters
Hagan eventos donde apliquen networking, es
decir, junten a estudiantes y egresados que
trabajen en temas financieros. Más que un
conversatorio hagan cocteles, vinos de honor, etc.
La idea es que junten a los chicos para que
puedan ver que hay un mundo más allá de la
Facultad tanto en el tema profesional como en el
Mientras tengan la oportunidad de conocer a más
gente es mejor, porque eso es importante:
mientras le das mayor valor a tu grado obtenido
en San Marcos, mayor valor tendremos en el
mercado. Se trata de un círculo virtuoso en el que
debemos asegurarnos que éste se mantenga y eso
implica mantener conectados a los que están
ahora en la revista con los que estuvieron antes,
con otros profesores de San Marcos y con otras
¿Nos podría dejar un mensaje final a los lectores
de Sociedades?
Salgan de su zona de confort, asuman riesgos…
(risas). Les deseo que tengan éxitos.
BOLETÍN SOCIEDADES
Boletín Sanmarquino de Derecho es una publicación mensual para la comunidad jurídica
elaborada alumnos, ex alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM e
Teléfono: (+51)(01) 376-5192
FACEBOOK: “Boletín sociedades”
ASESORA: Dra. María Elena Guerra Cerrón.
COORDINADOR GENERAL: Manuel de Jesús Acosta Delgado.
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