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Timestamp: 2018-12-15 05:44:27
Document Index: 328383097

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 12', 'artículo 12']

﻿ LEY 57 DE 1985
LEY 57 DE 05 DE JULIO DE 1985
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE ORDENA LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES.
DIARIO OFICIAL N°:37056 DE JULIO 12 DE 1985
I. Órganos de divulgación
ART. 1º—La Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.
ART. 2º—(Derogado).* En el Diario Oficial, cuya dirección corresponde al Ministro de Gobierno, deberán publicarse:
*(Nota: Derogado por el Decreto 2150 de 1995 artículo 97).
ART. 3º—Cuando el volumen de publicaciones obligatorias así lo justifique, el Gobierno Nacional podrá autorizar a los distintos sectores administrativos la edición de sendos boletines o gacetas en los que se divulguen los actos del respectivo ministerio o departamento administrativo y de los organismos que se hallen adscritos o vinculados a estos.
ART. 4º—La dirección de los boletines o gacetas que se autoricen conforme al artículo anterior corresponde al ministerio o departamento administrativo que ejerza la tutela prevista en las leyes del respectivo sector.
ART. 5º—En cada uno de los departamentos se editará un boletín o gaceta oficial que incluirá los siguientes documentos:
ART. 6º—De acuerdo con el número de documentos que se deban publicar, la respectiva asamblea podrá autorizar que a más del boletín o gaceta departamental se editen otra u otras publicaciones para la divulgación de los documentos correspondientes a los distintos sectores administrativos. En este caso se observarán, en cuanto fueren pertinentes, las normas de los artículos 3º y 4º de la presente ley.
ART. 7º—Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que las asambleas departamentales editen anualmente un volumen que contenga los actos expedidos por ellas y los demás documentos que las mismas corporaciones crean conveniente divulgar.
ART. 8º—Los actos a que se refieren los literales a), b), c), e) y f) del artículo 2º y a), c), f) y g) del artículo 5º de esta ley sólo regirán después de la fecha de su publicación.
ART. 9º—La dirección de los boletines o gacetas departamentales o municipales corresponderá a la dependencia u oficina que señalen el gobernador o alcalde respectivos.
ART. 10.—(Derogado).* Los consejos intendenciales y comisariales podrán ordenar la edición de boletines o gacetas en donde se publicarán los documentos de la respectiva intendencia o comisaría y a los cuales se aplicarán las normas establecidas para los órganos departamentales de divulgación.
ART. 11.—(Derogado).* El número de ejemplares de cada una de las ediciones del Diario Oficial y de los boletines y gacetas contemplados en esta ley se fijará por la autoridad encargada de su dirección, teniendo en cuenta la necesidad de su distribución gratuita en oficinas públicas, universidades, medios de comunicación, asociaciones y cuerpos profesionales y la atención de las suscripciones que adquieran los particulares, requiriendo la autorización del Ministro de Gobierno, del gobernador, intendente, comisario o del alcalde, en su caso.
(Nota: Véase la Sentencia C-847 de 1999, De la Corte Constitucional, M.P. Fabio Morón Díaz).
II. Acceso ciudadano a los documentos
ART. 12.—Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.
ART. 13.—La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta (30) años de su expedición.
Cumplidos estos el documento adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo.
(Nota: Modificado el inciso segundo del presente artículo por la Ley 594 de 2000 artículo 28).
ART. 14.—Para los efectos previstos en el artículo 12, son oficinas públicas las de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales; las de las gobernaciones, intendencias, comisarías, alcaldías y secretarías de estos despachos, así como las de las demás dependencias administrativas que creen las asambleas departamentales, los consejos intendenciales o comisariales y los concejos municipales o que se funden con autorización de estas mismas corporaciones; y las de los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en las cuales la participación oficial sea superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o municipales y todas las demás respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal.
ART. 15.—La autorización para consultar documentos oficiales y para expedir copias o fotocopias, autenticadas si el interesado así lo desea, deberá concederla el jefe de la respectiva oficina o el funcionario en quien este haya delegado dicha facultad.
ART. 16.—La consulta se realizará en horas de despacho al público, y, si ello fuere necesario, en presencia de un empleado de la correspondiente oficina.
ART. 17.—La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique. El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición.
ART. 18.—Si en la respectiva oficina no se pudieren reproducir los documentos o la tarifa señalada fuere elevada a juicio del peticionario, el jefe de aquella indicará el sitio en el cual un empleado de la oficina sacará las copias a que hubiere lugar. En este caso, los gastos serán cubiertos en su totalidad por el particular.
ART. 19.—Las investigaciones de carácter administrativo o disciplinario, no estarán sometidas a reserva. En las copias que sobre estas actuaciones expidan los funcionarios, a solicitud de los particulares, se incluirán siempre las de los documentos en que se consignen las explicaciones de las personas inculpadas.
PAR.—Si un documento es reservado el secreto se aplicará exclusivamente a dicho documento y no a las demás piezas del respectivo expediente o negocio.
ART. 20.—El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo.
ART. 21.—La administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al tribunal de lo contencioso administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente.
Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal para que este decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Se interrumpirá este término en el caso de que el tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente.
ART. 22.—Cuando la solicitud de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos que oportunamente fueron publicados, así lo informará la administración indicando el número y la fecha del diario, boletín o gaceta en que se hizo la divulgación. Si este último se encontrare agotado, se deberá atender la petición formulada como si el documento no hubiere sido publicado.
ART. 23.—Las peticiones a que se refieren los artículos anteriores podrán presentarse y tramitarse directamente por los particulares o por medio de apoderado debidamente constituido y acreditado. Si la solicitud de copia o fotocopia de documentos la hace un periodista acreditado en la fecha (como representante de un medio de comunicación)*, se tramitará preferencialmente.
*(Nota: Declarada inexequible la expresión "como representante de un medio de comunicación" por la Sentencia 44 de 1986, de la Corte Suprema de Justicia Sala Plena, M.P. Fabio Morón Díaz)
ART. 24.—Las normas consignadas en los artículos anteriores serán aplicables a las solicitudes que formulen los particulares para que se les expidan certificaciones sobre documentos que reposen en las oficinas públicas o sobre hechos de que éstas mismas tengan conocimientos.
ART. 25.—Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes.
III. Disposiciones varias
ART. 26.—El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por conducto del banco nacional de datos, organizará un servicio informativo que suministre al público copia de los documentos a que se refiere la presente ley. Para el efecto, el DANE irá señalando los documentos que deben ser suministrados al banco, impartirá instrucciones sobre los requisitos y características que debe reunir la información que a este se envíe y fijará las tarifas que por cada copia se cobrará a los usuarios del servicio.
ART. 27.—Para los efectos de la presente ley, también son oficinas públicas las de las corporaciones de elección popular.
En consecuencia, los documentos que en ellas reposen son consultables por los particulares y de los mismos se pueden pedir copias o fotocopias, únicamente con las limitaciones impuestas por el carácter reservado que algunos de ellos tengan.
ART. 28.—En los anales del Congreso se publicarán los actos que se expidan por las autoridades competentes para el manejo e inversión del presupuesto de la rama legislativa y para la administración del personal a su servicio.
ART. 29.—Constituye causal de mala conducta que se sancionará con la destitución, el incumplimiento o violación de cualquiera de las disposiciones aquí consignadas.
ART. 30.—Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
Dada en Bogotá, D.E., a los 5 de julio de 1985.