Source: https://es.scribd.com/document/93381117/LEY-1523-DE-2012
Timestamp: 2017-05-26 09:37:10
Document Index: 288420433

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 209', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'artículo 215', 'artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 45', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'Artículo 46', 'artículo 70', 'artículo 3', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 55', 'Artículo 59', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 64', 'Artículo 63', 'Artículo 62', 'Artículo 66', 'Artículo 65', 'artículo 13', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 29', 'artículo 75', 'Artículo 77', 'Artículo 76', 'Artículo 80', 'Artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 86', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 83', 'Artículo 88', 'Artículo 87', 'artículo 189', 'Artículo 92', 'Artículo 89', 'Artículo 91', 'Artículo 90', 'Artículo 96', 'Artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 48', 'Artículo 94', 'artículo 70']

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riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. Artículo 3°. Principios generales. Los orientan la gestión del riesgo son: principios generales que
1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. 5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las
particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. 7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. 8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. 10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia. 11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas. Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 1. Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus
efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. 2. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 6. Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período
causa daños o pérdidas humanas. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo. así como para la posterior recuperación. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas.prolongado (normalmente decenios o incluso más). bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza. 9. causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo. 8. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad. generando una alteración intensa.
. servicios ambientales y recursos económicos y sociales. ejecución. medios de subsistencia. los medios de comunicación y de la comunidad en general. económicas o ambientales. que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia. que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo. materiales. la prestación de servicios o los recursos ambientales. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación. la infraestructura. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. los bienes. impedir o evitar que se genere. el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 7. los medios de subsistencia. rehabilitación y reconstrucción. 11. reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. el análisis y evaluación del riesgo. seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo. 10. el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.
Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza. seguridad y convivencia. centros de reserva y albergues y entrenamiento. salud y saneamiento básico. con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta. equipamiento. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. servicios públicos.12. sistemas de alerta. la planificación sectorial. la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación. construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura. evaluación de daños y análisis de necesidades. como accesibilidad y transporte. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención. capacitación. cuando sea posible. y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. los bienes y la población. entiéndase: rehabilitación y recuperación. cuando sea posible. los estudios de prefactibilidad y diseño adecuados. 14. y la vulnerabilidad existente. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible. 17. el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización. 16. la regulación y las especificaciones técnicas. albergues y alimentación. impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación. telecomunicaciones. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. búsqueda y rescate. la preparación para la recuperación posdesastre. el ordenamiento territorial. 13.
. 15. Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias.
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación. la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas. Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas. Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente. entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio. 18. Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación. 19. 20. está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes. que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. entre otros.
.aspectos financieros y legales. entiéndase: prevención del riesgo. la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. la infraestructura y los recursos ambientales. los bienes. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. 21. información pública y el manejo general de la respuesta. 22. los medios de subsistencia. la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial. Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo. para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. reparación o reconstrucción del área afectada. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación. los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.
económica. sistema nacional. albergues y alimentación. información pública y el manejo general de la respuesta. biosanitario o humano no intencional. es el conjunto de entidades públicas. evaluación de daños y análisis de necesidades. ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. instrumentos. en adelante. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. planes. seguridad jurídica o institucional. 27. aspectos financieros y legales. procesos. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 5°. seguridad ecológica y seguridad social. en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 26. estrategias. socio-natural tecnológico. servicios públicos. 24. seguridad y convivencia. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia. recursos. privadas y comunitarias. 25. económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. seguridad económica. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física. así como de sus sistemas físicos. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte. entre otros. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural. normas. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. de políticas. y para efectos de la presente ley. sociales.
.23. mecanismos. Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. social. búsqueda y rescate. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. salud y saneamiento básico. por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. telecomunicaciones. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria.
e). 2. Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. mejorar la seguridad. 2. así como los factores subyacentes.1. Objetivos del Sistema Nacional. Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo existente. c). b). Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano. Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población. Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo. que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. causas y transformación en el tiempo. d). percepción y toma de conciencia.2. b).
. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: a). exposición y vulnerabilidad. sus orígenes. Desarrollar. con fines de información pública. Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles consecuencias. entiéndase: amenaza. Identificación de los factores del riesgo. el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. Objetivos específicos: 2. mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como: a). Objetivo General. c).así como la información atinente a la temática. Artículo 6°. Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. Son objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 1.
2. Integrantes del Sistema Nacional. 4. llámese: rehabilitación y reconstrucción. entre otros. Principales Componentes del Sistema Nacional. mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones como: a). Artículo 7°. equipamiento y entrenamiento. bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. 3. sociales y ambientales. Los principales componentes del Sistema Nacional. Recuperación. capacitación.3. Las entidades públicas. institucionales y proyectos de inversión. Los Instrumentos de planificación. 2. d). CAPÍTULO. 2. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social. territoriales.
. Los mecanismos de financiación. Desarrollar. ambientales y físicas. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Son integrantes del sistema nacional: 1. La estructura organizacional. sistemas de alerta. Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales afectados. Los sistemas de información. c). Preparación para la recuperación. en los ámbitos sectoriales. llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas. Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Artículo 8°. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas. evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización. son: 1. II Estructura: Organización. económico y ambiental sostenible. b). que se describen en los siguientes capítulos.
Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad. lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. 4. 3. especialmente a través del plan de desarrollo
. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio. Los Gobernadores y Alcaldes. proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. así como integrar en la planificación del desarrollo departamental. Artículo 11. En consecuencia. sociales. culturales y participativas. la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo. La Comunidad. Será el agente del Presidente de la República en todos los asuntos relacionados con la materia. 2. El Gobernador en su respectiva jurisdicción. Son instancias de dirección del sistema nacional: 1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Presidente de la República Conductor del Sistema Nacional. la tranquilidad y la salubridad en todo el territorio nacional. acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo. El Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción. Artículo 12. Artículo 9°. Artículo 10. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Parágrafo 1°. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas. está investido de las competencias constitucionales y legales para conservar la seguridad. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. ambientales. Como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Artículo 13. Instancias de Dirección del Sistema Nacional.3. El Presidente de la República.
5. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. están a cargo de las competencias de coordinación. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. deberán integrar en la planificación del desarrollo local. concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. El sistema nacional cuenta con las siguientes instancias de orientación y coordinación. Parágrafo 2°.departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. en adelante el Consejo Nacional. Consejos departamentales. 4. Los alcaldes y la administración municipal o distrital. acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres. 3. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. distritales y municipales para la gestión del riesgo. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Artículo 16. a través de los planes de ordenamiento territorial. 1. 2. El alcalde. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. cuyo propósito es optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas. incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. En consecuencia. como conductor del desarrollo local. especialmente. Créase el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Parágrafo. privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. Artículo 14. Instancias de Orientación y Coordinación. Artículo 15. el cual será la instancia superior encargada de orientar el
Este consejo se reunirá por lo menos dos veces al año en condiciones de normalidad y.
. El Consejo Nacional estará integrado por: 1. 3. respuesta y rehabilitación frente a situaciones de desastre. 3. El Consejo Nacional invitará. Son
1. Parágrafo 2°. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de desarrollo. Parágrafo 3°.sistema nacional. Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. los directores de los departamentos administrativos. Cuando el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo sea convocado para tratar temas relacionados con la preparación. 2. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias. cuando lo considere pertinente a representantes de las universidades públicas y privadas. Funciones Generales del Consejo funciones del consejo nacional las siguientes: Nacional. que ejerce la Secretaría del Comité. 2. Los ministros únicamente podrán delegar su participación en los viceministros y. Artículo 17. Parágrafo 1°. administración y gestión del riesgo. que tengan en sus programas posgrados en cualquiera de sus modalidades en manejo. organismos de asistencia humanitaria y organizaciones no gubernamentales. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. harán parte del Consejo el Director de la Defensa Civil colombiana. quien lo presidirá. 4. agremiaciones. Los Ministros o sus delegados. El Presidente de la República o su delegado. el Director Ejecutivo de la Cruz Roja colombiana y un representante de la junta nacional de bomberos. en sus subdirectores. asociaciones profesionales. tantas veces como sea necesario. empresas de los sectores productivos. durante las situaciones de desastre.
evaluación y control del sistema nacional y los resultados de las políticas de gestión del riesgo. Artículo 19. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. resoluciones. actuación y seguimiento de la gestión del riesgo. 2. planeación y seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. que se incorporan al presente artículo. entiéndase: decretos. Articular los intervinientes privados. Establecer las directrices de planeación. Aprobar los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situaciones de desastre. Está integrado por:
. además de las funciones establecidas en el Decreto-ley 4147 de 2011. Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo.4. Asesorar al presidente de la República en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de estado de emergencia por grave calamidad pública de que trata el artículo 215 de la Constitución Nacional. de que trata el artículo 15 de la presente ley son instancias de asesoría. 5. Ejercer el seguimiento. Los Comités Nacionales para la gestión del riesgo. 7. las siguientes: 1. 8. de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 6. Artículo 18. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Crease el Comité Nacional para el conocimiento del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de conocimiento del riesgo. Artículo 20. 3. circulares. las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre nacional y retorno a la normalidad. Articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional. Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del sistema nacional. conceptos y otras normas. bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
mediante acto administrativo de delegación. Ideam o su delegado. El comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas. Dimar. 2. Funciones. Asocars. El Director del Instituto de Hidrología. 7. IGAC o su delegado. Ingeominas. El Director de la Dirección General Marítima. que tengan en sus programas de maestrías o de doctorados en manejo. 3. Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos. o su delegado. quien lo presidirá. 6. administración y gestión del riesgo. DNP o su delegado. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería. que serán convocados a través de la Secretaría. El Director del Departamento Nacional de Planeación. Parágrafo 2°. Meteorología y Estudios Ambientales. Artículo 21. o su delegado. Para los funcionarios. privadas. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 5. Son funciones del Comité Nacional para el conocimiento del riesgo las siguientes:
. 8.1. universidades públicas y privadas. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico. Un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de Municipios. para el sector privado. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. o su delegado. DANE o su delegado. 9. Parágrafo 3°. mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional o de organismos no gubernamentales. El Director del Departamento Nacional de Estadística. La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 10. 4. Parágrafo 1°.
8. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento del riesgo en el país. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo. Orientar la formulación. vulnerabilidades. Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. implementación. implementación. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de desastre. 14.1. 12. alcance y dimensión del riesgo al sistema nacional y la sociedad en general. 3. entiéndase: amenazas. 6. seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del riesgo. 5. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores. entiéndase: amenazas. Orientar las acciones de comunicación de la existencia. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas en las instituciones de educación superior. 10. 2. 11. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental. 7. el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental. seguimiento y evaluación de la estrategia de respuesta a emergencias. exposición de personas y bienes. 4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores. exposición de personas y bienes. 13. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de desastres. Orientar la formulación. vulnerabilidades. adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como componente del sistema nacional. 9.
. con énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo. Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre.
quien lo preside. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. maestría y doctorados en manejo. Asocars. Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos. El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su delegado. 7. Fasecolda.15. administración y gestión del riesgo. 4. para el sector privado. 6. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado.
. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus programas de especialización. 2. Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el diseño y operación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo. 5. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Esta está integrado por: 1. Parágrafo 1°. Artículo 22. mediante acto administrativo de delegación. Para los funcionarios. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus programas de especialización. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 3. 8. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. maestría y doctorados en manejo. Créase el Comité Nacional para la reducción del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de reducción del riesgo de desastres. administración y gestión del riesgo. mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico.
6. entiéndase: seguros. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como componente del sistema nacional. 10. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de desastre. 4. en los aspectos de reducción del riesgo y preparación para la recuperación. ordenamiento territorial. implementación. 8. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental. seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del riesgo. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de reducción del riesgo en el país. fondos de reserva. 3. que serán convocados a través de la Secretaría. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del riesgo con el proceso de conocimiento del riesgo y el de manejo de desastres.
. Parágrafo 3°. 2. En el comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas. Artículo 23. 7.Parágrafo 2°. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo. planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. Orientar la formulación. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica dirigidas a la reducción del riesgo. La Secretaría del comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. entre otros. privadas o de organismos no gubernamentales. créditos. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera. Funciones. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de vulnerabilidad y amenaza. bonos CAT. Son funciones del Comité Nacional para la reducción del riesgo las siguientes: 1. 5. 9.
para el sector privado. 4. 7. que serán convocados a través de la Secretaría. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico. El Comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas. Funciones. 2. 8. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. Artículo 25. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado. Comité Nacional para el Manejo de Desastres.
. El Comandante de la Armada Nacional. mediante acto administrativo de delegación. 9. Parágrafo 2°. La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. quien presidirá. Créase el Comité Nacional para el Manejo de Desastres como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de manejo de desastres con las entidades del sistema nacional. Parágrafo 3°. Son funciones del Comité Nacional para el manejo de desastres las siguientes: 1. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado. Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a emergencias. 5. 6. 2. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.Artículo 24. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. Para los funcionarios. mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité. privadas o de organismos no gubernamentales. 1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastre. Parágrafo 1°. El Director General de la Defensa Civil o su delegado.
Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como componente del sistema nacional. 9. 4. 6. 5. Los consejos territoriales están dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas del orden departamental. Los consejos territoriales están conformados por: 1. 8. bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. Orientar la preparación para la recuperación. quien lo preside. Orientar la formulación. Comisiones Técnicas Asesoras de los Comités. Créanse los Consejos departamentales. seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo con éntasis en los aspectos de preparación para la respuesta y recuperación. Artículo 26. Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con el propósito de optimizar la atención a la población.3. Los comités nacionales podrán establecer comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias. El Gobernador o Alcalde o su delegado. Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la reconstrucción no reproduzca las condiciones de vulnerabilidad. implementación. Artículo 27. Dirección y Composición. Propender por la articulación entre el proceso de manejo de desastre con el proceso de conocimiento del riesgo y el de reducción del riesgo. destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo. ambientales y físicas. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. como instancias de coordinación. planeación y seguimiento. distrital o municipal y representantes del sector privado y comunitario. asesoría. Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas. los bienes. distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios esenciales. Instancias de Coordinación Territorial. Artículo 28.
. 7. de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente.
Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados. representantes de gremios o universidades para tratar temas relevantes a la gestión del riesgo. Un secretario de despacho departamental o municipal. Si dicha dependencia o entidad existiere o fuere creada. el coordinador deberá vigilar. 6° y 75 de la Ley 617 de 2000. siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°. existirá una dependencia o entidad de gestión del riesgo. Parágrafo 1°. quien la dirija. 4. En los departamentos. Parágrafo 1°. podrán convocar a representantes o delegados de otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su respectiva comunidad para lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia. En todo caso. cuyo nivel jerárquico deberá ser igual o superior a jefe de oficina asesora. Funcionamiento de los Consejos Territoriales. Así mismo. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial. expertos.2. 8. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la respectiva jurisdicción. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de bomberos del municipio. 5. distritos y municipios con población superior a 250. 3. designado para ello por el Gobernador del Departamento o el Alcalde. tendrá en todo caso. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. 6. Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones a técnicos. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción. promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo.000 habitantes. profesionales. rango igual o superior a
. Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado por el gobernador o alcalde. 7. 9. Artículo 29.
jefe de oficina asesora y su objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio. y coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo. investigación. Sus actuaciones estarán orientadas por el principio de concurrencia y definidas en el marco de un plan de acción. Artículo 31. Comités y Comisiones Técnicas. en cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma articulada con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. asesoría. Igualmente. Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios deberán adoptar los procesos de la gestión del riesgo en el marco de su desempeño en la planificación del desarrollo. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible. Los consejos departamentales deben promover. como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo. Los consejos territoriales deben aunar esfuerzos de manera permanente o transitoria para coordinar y mantener los procesos de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites territoriales de sus respectivas circunscripciones o para afrontar desastres en territorios que cubren parte de las jurisdicciones asociadas o que se definen a partir de un elemento físico determinable como las cuencas hidrográficas. coordinar el desempeño del consejo territorial respectivo. asesorar y hacer seguimiento al desempeño de las asociaciones de consejos territoriales del orden municipal en su respectiva jurisdicción. Los consejos territoriales podrán establecer comités para la coordinación de los procesos de conocimiento del riesgo. que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales. estudio. reducción del riesgo y de manejo de desastres. además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Parágrafo 2°. de conformidad con sus competencias. Parágrafo 2°. Parágrafo 1°. podrán crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
. así como de escenarios de riesgo específicos. Artículo 30. siguiendo la misma orientación del nivel nacional. Asociación de Consejos. seguimiento y evaluación de temas específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. gestión ambiental y ordenamiento territorial.
reducción del riesgo y de manejo del desastre. no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación. en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Parágrafo 2º. programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional. Los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo. III Instrumentos de Planificación Artículo 32. Parágrafo 1°. harán parte de estos las autoridades ambientales locales. por tanto. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido en la Ley 99 de 1993. Planes de Gestión del Riesgo. de ordenamiento territorial y de desarrollo. de gestión ambiental. así como para realizar su seguimiento y evaluación. acciones. Parágrafo 4°. CAPÍTULO. concurrencia y subsidiariedad positiva. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones.
. en lo relativo a los comités territoriales. Es el instrumento que define los objetivos. y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y.ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas. coordinación. programas. Parágrafo 3°. en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. en desarrollo de los principios de solidaridad. Artículo 33. como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo.
sistemas de información. Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La decisión aprobatoria deberá contar con la mayoría absoluta de los asistentes al consejo nacional. la reducción de los factores de riesgo mediante la intervención correctiva y prospectiva. la preparación para la recuperación. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo abordará las acciones necesarias para la identificación y análisis del riesgo. posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de gestión del riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo. entre otras. en el marco de la planificación del desarrollo nacional. la preparación para la respuesta a emergencias.responsables y presupuestos. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. la protección financiera. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no mayor a noventa (90) días. consolidación de la política nacional de información geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE y el fortaleciendo institucional. la comunicación del riesgo. estará a cargo del seguimiento y evaluación en lo Fiscal y la Procuraduría General de la Nación en lo Disciplinario. Artículo 35. Artículo 34. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. el procedimiento de expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo que será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades responsables. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias. reducción del riesgo y de manejo de desastres. El plan nacional y sus actualizaciones serán adoptados mediante decreto expedido por el Presidente de la República. El seguimiento y evaluación del Plan está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional para su aprobación. así como las actualizaciones del mismo. Elaboración y evaluación del plan. el monitoreo de los factores de riesgo. Parágrafo. La Contraloría General de la República. incluido el voto del Presidente de la República o su delegado. es el marco de actuación de las entidades del sistema nacional de gestión del riesgo
La estrategia nacional y sus actualizaciones serán adoptadas mediante decreto expedido por el Presidente de la República.para la reacción y atención de emergencias. Artículo 36. información pública. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. según el caso en un plazo no
. como una acción de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la actuación interinstitucional. distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. La decisión aprobatoria deberá contar con la mitad más uno de los asistentes al consejo nacional. en un plazo no mayor a noventa (90) días. el manejo general de la respuesta y definición de estados de alerta. así como las actualizaciones del mismo anualmente. salud y saneamiento básico. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo. aspectos financieros y legales. Parágrafo. evaluación de daños y análisis de necesidades. seguridad y convivencia. albergues y alimentación. en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. búsqueda y rescate. Artículo 37. Planes departamentales. serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde. entre otros. es la instancia encargada de elaborar la estrategia nacional para la Respuesta a emergencias con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. se centrará principalmente en la optimización de la prestación de servicios básicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte. incluido el voto afirmativo del Presidente de la República o su delegado. Elaboración de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional de gestión del riesgo para su aprobación. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias. servicios públicos. un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción. Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva. comunicaciones. Las autoridades departamentales. El plan y la estrategia. y sus actualizaciones. información geográfica. en los tres niveles de gobierno.
incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión. Los programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes de ordenamiento territorial. Artículo 38. Parágrafo 1°. según sea el caso. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio. Artículo 39. Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta departamentales. posterior a la fecha en que se sancione la presente ley. procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año. de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. distritales y municipales. a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional. distrital o municipal. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. considerar. En los casos en que la unidad territorial cuente con planes similares. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes. estos deberán ser revisados y actualizados en cumplimiento de la presente ley. de manejo de cuencas y de desarrollo departamental. deberán
. Parágrafo 2°. Los planes de ordenamiento territorial. departamental. Parágrafo. como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio. el riesgo de desastres. posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación. Parágrafo. deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión.mayor a noventa (90) días. distrital o municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo. bien sea a nivel nacional. económico y socioambiental y. deberán considerar las acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. programas y proyectos de desarrollo regional y urbano.
incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos. En particular. que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad. incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997. en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Artículo 41. la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo. áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año. la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo. distritales y municipales. posterior a la fecha en que se sancione la presente ley. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. regionales.revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que. Artículo 42. así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del
. y por consiguiente. en especial. entre otros. de conformidad con los principios de la presente ley. o normas que la sustituyan. estando vigentes. Los distritos. socio naturales o antropogénicas no intencionales. delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. departamentales. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Artículo 40. tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo. no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del riesgo. de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos. señalamiento. los programas y proyectos prioritarios para estos fines. Los organismos de planificación nacionales. deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo.
evaluación y control en la gestión de riesgo de desastre. así como los que se deriven de su operación. Todas las entidades públicas. deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia. CAPÍTULO. Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. La ayuda humanitaria deberá proveerse teniendo en cuenta los principios de calidad. incluyendo el apoyo en situaciones de desastre que sean explícitamente requeridas por el Gobierno Nacional deberán ejercerse teniendo como objetivo central el fortalecimiento del sistema nacional y de las entidades públicas. La Cooperación Internacional en materia de gestión del Riesgo de Desastres. Parágrafo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. humanos y técnicos de Cooperación Internacional y diplomacia humanitaria. financieros. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. IV Sistemas de Información Artículo 45. físicos. en el marco de las políticas. estándares y tecnologías
. La Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo. El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para la Gestión del Riesgo. empleando para tales fines los medios establecidos por la ley. Artículo 43. oportunidad. El Estado a través de sus órganos de control ejercerán procesos de monitoreo. pertinencia y eficacia que rigen a nivel internacional a las instituciones que se encargan de prestarla. establecerá un plan estratégico para fomentar y gestionar recursos jurídicos. El Control en la Gestión del Riesgo de Desastres. Parágrafo. privadas y comunitarias que lo integran.Riesgo de Desastres. en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. privadas o comunitarias velarán por la correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen. y la sociedad a través de los mecanismos de veeduría ciudadana. Artículo 44.
6. la preparación. nacional. distrital y municipal. soluciones tecnológicas y procesos para el manejo de la información para la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. con el propósito de fomentar la generación y el uso de la información sobre el riesgo de desastres y su reducción y la respuesta a emergencias en el territorio nacional y ofrecer el apoyo de información que demandan los gestores del riesgo en todos los niveles de gobierno. el cual debe mantenerse actualizado y funcional mediante la integración de contenidos de todas las entidades nacionales y territoriales. almacenan y comunican. departamental. Contribuir a la generación de los elementos de información e interacción para el seguimiento de las amenazas. 8. departamentales. protocolos. procesan. deberá estar disponibles para su uso por parte del sistema nacional de
. Contribuir a la divulgación de información relacionada con el conocimiento del riesgo. La información relacionada con la gestión del riesgo que las entidades públicas desarrollan. en general. Articular los sistemas de información de las entidades nacionales. distrital y municipal. Adaptar. Parágrafo. 5. 3. 4. 7. Responder a las necesidades de información sobre las estadísticas de afectación y de apoyos brindados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en las situaciones de emergencia. vulnerabilidades y riesgos del país. permitirá: 1. la prevención. un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres. Acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de desastres de todo el país. departamental. 2. adoptar y promover estándares. compartir y usar información geográfica necesaria para soportar el desarrollo del país. Contribuir a la construcción. la respuesta y la recuperación en los ámbitos. deberá poner en marcha. El Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Privilegiar el trabajo conjunto para producir. distritales y municipales. distribución y apropiación del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país.que definen la infraestructura colombiana de datos espaciales.
garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional y la observación de estándares establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del
. Sistemas de Información en los Niveles Regionales. Los aportes presupuestales y las donaciones que reciba se mantendrán en dicha cuenta como una reserva especial hasta tanto cumplan los fines establecidos por la ley. CAPÍTULO. Sus objetivos generales son la negociación. La Junta Directiva incorporará directamente al presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres los recursos que reciba y que no correspondan a aportes del Presupuesto General de la Nación. obtención. y en general. se denominará en adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará funcionando como una cuenta especial de la Nación. todos aquellos temas a los que la ley les haya otorgado el carácter de reserva. inversión. El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989. V Mecanismos de Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres Artículo 47. Las entidades productoras y usuarias de la información deben garantizar la observancia de las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho de habeas data. los asuntos de defensa y seguridad nacional. administrativa. Departamentales. Las autoridades departamentales. distritales y municipales crearán sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción en armonía con el sistema nacional. reserva estadística. contable y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. con independencia patrimonial. Distritales y Municipales. administración. privacidad. Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Artículo 46.información para la gestión del riesgo en las condiciones propicias para tal fin. recaudo.
estará a cargo del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres será administrado y representado. de que trata el Decreto 4702 de 2010. instituciones públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. Parágrafo 1°. lineamientos e instrucciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. preparación. Parágrafo 1°. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá recibir. La ordenación del gasto del Fondo Nacional de gestión del riesgo y sus subcuentas. La expedición de los actos administrativos que se genere por virtud y/o consecuencia de la contratación que adelante la Fiduciaria. modificado por el artículo 70 de Decreto-ley 919 de 1989. entre ellos la aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 serán expedidos por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. según corresponda. Además se tendrá en cuenta en el manejo del Fondo las directrices. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo.riesgo de desastres y de manejo de desastres. respuesta. rehabilitación y reconstrucción. administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas. Administración y representación. en los términos previstos en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984. Parágrafo 2°. concurrencia y subsidiariedad. bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación. Artículo 48. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria. a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. o por el Gerente Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Subcuenta Colombia Humanitaria. Estos objetivos se consideran de interés público.
. sin perjuicio de la ordenación del gasto que se encuentra dispuesta para la ejecución de los recursos destinados para la atención de la emergencia ocasionada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011.
y con las previsiones especiales que contemplen los planes de acción específicos para la rehabilitación. derechos e intereses del fondo se someterán al régimen aplicable a las empresas industriales y
. Por la gestión fiduciaria que cumpla la sociedad. Parágrafo 2°. reconstrucción y recuperación. Recursos. prevención. Patrimonio autónomo.Los criterios de distribución contendrán como mínimo indicadores de vulnerabilidad y amenaza ante desastres. Artículo 49. Los recursos del Fondo Nacional se orientarán. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo. La Sociedad Fiduciaria administrará los bienes y derechos del fondo de manera independiente de los bienes de la Sociedad Fiduciaria y de los bienes y derechos que hagan parte de otros fideicomisos que administre. percibirá con cargo al Fondo Nacional. La Junta Directiva establecerá la distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo con las prioridades que se determinen en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo. Los bienes y derechos de la Nación que hacen parte del Fondo Nacional constituyen un patrimonio autónomo con destinación específica al cumplimiento de los objetivos generales señalados en el artículo 47 de la presente ley. serán establecidos por el Consejo Nacional de manera pública en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. respuesta y recuperación. condiciones de pobreza y desigualdad de la zona. Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estarán sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo – MGMP. Parágrafo 1°. mitigación. Parágrafo 2°. Artículo 50. Parágrafo 3°. a título de comisión. la retribución que corresponde en los términos que señale la Superintendencia Financiera de Colombia. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la administración de los bienes. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre. asignarán y ejecutarán con base en las directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de prevención y mitigación del riesgo a nivel nacional y territorial. así como para brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El período de inminencia de desastre y b) el período de la emergencia que incluye la atención de los afectados y la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta. Subcuenta de Recuperación. Créanse las siguientes subcuentas del Fondo Nacional: 1. Artículo 51. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gestionará. Subcuenta de Manejo de Desastres. Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo. 2. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la preparación para la respuesta a emergencias y de preparación para la recuperación a nivel nacional y territorial. 4. Subcuenta de Reducción del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de desastres en áreas o sectores estratégicos y prioritarios para el país. con excepción de la subcuenta para la protección financiera. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la protección financiera. Parágrafo. 3. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la rehabilitación y reconstrucción post desastre de las condiciones socioeconómicas. ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
. A través de esta subcuenta. Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. 5.comerciales del Estado. sin perjuicio del régimen de contratación previsto para las situaciones de desastres o de similar naturaleza y a evitar la extensión de los efectos. prioritarios para el país. La Junta Directiva del Fondo Nacional podrá realizar los traslados de recursos entre subcuentas de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional para esos efectos. Subcuenta para la Protección Financiera. adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos con entidades nacionales o extranjeras que permitan la protección financiera frente al riesgo de desastres.
Fondos Territoriales. adecuado manejo y óptimo rendimiento. Velar por el cumplimiento e implementación de los objetivos del Fondo. 7. cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en cuenta el objeto y objetivos del Fondo. 4. Determinar. Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de naturaleza similar. incluirán a partir del siguiente presupuesto anual y en adelante. distritales y municipales. Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de desastres. Junta Directiva del Fondo Nacional. los casos en los cuales los recursos pueden transferirse a título gratuito y no recuperable. Indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán atendidos los objetivos del Fondo frente a las disponibilidades presupuestales del mismo. Las entidades del orden nacional. calificadas por la propia junta. 3. destinar y
. en adelante Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. estará integrada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley 4147 de 2011 y tendrá las siguientes funciones: 1. Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos del Fondo y velar por su seguridad. constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional. La Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades. Artículo 53. departamental. 5.Artículo 52. en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y objetivos del Fondo que le formule el Gobierno Nacional o la Sociedad Fiduciaria administradora del Fondo. distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional. Las administraciones departamentales. existentes en cada caso. Podrá determinar las necesidades de personal para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia. regional. 6. Artículo 54. las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres. como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera. con el propósito de invertir.
la prestación de servicios o los recursos ambientales. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. por motivos diferentes a la gestión del riesgo. Desastre. Nacional. serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo. Previa recomendación del Consejo Nacional. distrital o municipal.ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre. los bienes. VI Declaratoria de Desastre. Para los efectos de la presente ley. la infraestructura. departamental. Los recursos destinados a los fondos de los que habla este artículo. 1. de la colectividad nacional y de las instituciones de la Administración
. Artículo 56. En todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento. que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta. rehabilitación y reconstrucción. Calamidad Pública y Normalidad Artículo 55. los medios de subsistencia. Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de las personas. CAPÍTULO. Existirá una situación de desastre nacional: a). distrito o municipio. en el mismo acto. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo. respuesta. Declaratoria de situación de desastre. rehabilitación y reconstrucción. materiales. generando una alteración intensa. económicas o ambientales. y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre. preparación. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. la clasificará según su magnitud y efectos como de carácter nacional. se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. regional. causa daños o pérdidas humanas. Parágrafo. el Presidente de la República declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre y.
en particular. Parágrafo 1°. ejercerán las competencias que legalmente les corresponda y.Pública Nacional. Al efecto. c). Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera desfavorable y grave la economía nacional. Departamental. será de cumplimiento obligatorio las normas que el decreto ordene y específicamente determine. Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones departamentales y municipales involucradas. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción. las previstas en las normas del régimen especial que se determinen. El desastre de orden departamental puede presentarse en todo el departamento o en parte sustancial de su territorio rebasando la capacidad técnica y de recursos de los municipios afectados. 2. La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta dos (2) meses después de haber ocurrido los hechos que la justifican. Distrital o Municipal. rebasando su capacidad técnica y de recursos. las redes de servicios nacionales en su totalidad o en parte significativa de las mismas. 3.
. Existirá una situación de desastre departamental cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes de un (1) departamento y de la administración pública departamental. hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad. Producida la declaratoria de situación de desastre. el distrito capital y otros centros urbanos de importancia regional en la red de ciudades. las autoridades administrativas. mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad. en todo el territorio nacional o en parte considerable del mismo. podrá modificar la calificación que le haya dado a la situación de desastre y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas. Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y de la administración pública distrital. b). el Presidente de la República. De igual manera. Parágrafo 2°.
3. Los gobernadores y alcaldes. según sea el caso. la subsistencia digna. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. o departamento ejecutar acciones de respuesta. Para los efectos de la presente ley. 2. Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo. generando una alteración intensa. materiales. Declaratoria de situación de calamidad pública. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. municipio. social. que exige al distrito. la prestación de los servicios públicos esenciales. la infraestructura. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida. Artículo 59. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad. rehabilitación y reconstrucción. económico y ambiental. la integridad personal. tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.Artículo 57. en el respectivo territorio. la familia. económicas o ambientales. Las declaratorias de h situación de calamidad pública se producirán y aplicarán. la salud. pertinente. Artículo 58. los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. la vigencia de las instituciones. la prestación de servicios o los recursos ambientales. en lo. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. políticas y administrativas. los medios de subsistencia. podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. los bienes. previo concepto favorable del Consejo Departamental. Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población.
. la vivienda. se entiende por calamidad pública. causa daños o pérdidas humanas. Calamidad pública.
Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. en general. bajo la coordinación y control de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental. 5. 7.
. en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. Los departamentos. Artículo 60. intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública deberán ser prestados por cualquier persona o entidad. reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. elaboración conjunta de obras. La tendencia de la emergencia a modificarse. distrital o municipal. elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales. en lo nacional. el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo departamental. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.4. corporaciones autónomas. recursos físicos a través de redes esenciales. Parágrafo. las gobernaciones. que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución. municipal respectivo. distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. manejo complementario del orden público. y alcaldías en lo territorial. 6. Plan de acción especifico para la recuperación. agravarse. distrital. Solidaridad. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado. Artículo 61. la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. de acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen.
las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección. cuando se trate de declaratoria de calamidad pública. podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose. En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública. se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan. las normas especiales habilitadas para la situación de desastre. dentro del respectivo ente territorial. previa recomendación del consejo territorial correspondiente. el gobernador o alcalde. Modificación República podrá modificar y las normas especiales respuesta. Parágrafo 2°. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. rehabilitación decreto respectivo. El Presidente de la los términos de la declaratoria de desastre habilitadas para la situación. durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción. durante la y reconstrucción. previo concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo. Igualmente. Artículo 64. mediante decreto. Retorno a la normalidad. Por las oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus veces. El plan de acción específico. los resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Parágrafo 1°. de la declaratoria. Participación de entidades. coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. El Presidente de la República. Artículo 63. Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública. total o parcialmente. Para ello expedirá el
El gobernador o el alcalde podrán modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública. decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad. se señalarán. declarará el retorno a la
. Sin embargo. en relación con la rehabilitación y la reconstrucción. Artículo 62. según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción específico. deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial. previa recomendación del Consejo Nacional.
en estos casos. expropiación. privadas y comunitarias en las mismas. de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública. para la gestión del riesgo. empréstitos. adquisición. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de desastre. se someterán a los requisitos y formalidades que
. control fiscal de recursos. Artículo 66. en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes. relacionados directamente con las actividades de respuesta. durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la participación de las entidades públicas. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o calamidad pública. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública Artículo 65. derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo. previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial. según el caso. demolición de inmuebles e imposición de servidumbres. Las normas versarán entre otras materias sobre contratación del Estado. suspensión de juicios ejecutivos. Medidas especiales de contratación. Régimen normativo. Parágrafo. reubicación de asentamientos. créditos para afectados. incentivos para la rehabilitación. CAPÍTULO. los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes. moratoria o refinanciación de deudas. ocupación. podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término. reconstrucción y el desarrollo sostenible.normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad pública. la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley. Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública. administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad. solución de conflictos. la naturaleza.
o en los Secretarios de Hacienda. con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. además de los requisitos establecidos por la Constitución Política. poseedor o tenedor del inmueble. En desarrollo de la función social de la propiedad. las entidades descentralizadas del orden nacional. Parágrafo. La imposición de servidumbres se hará mediante acto administrativo motivado. Artículo 68. Distrital o Municipal. distrital o municipal con el fin de atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas. Artículo 69. poseedores y tenedores de inmuebles y mejoras en áreas geográficas determinadas
. Los bienes fiscales y los bienes de propiedad particular en las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública. los departamentos. el concepto previo de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. los propietarios. obras y procesos necesarios para atender la emergencia y adelantar las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Imposición de servidumbres. y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. Los contratos de empréstito externo o interno que requieran celebrar el Gobierno Nacional. solo necesitarán para su celebración y validez. quien podrá interponer únicamente el recurso de reposición. Contratación de empréstitos. Contra dicho acto procederán las acciones contenciosoadministrativas del caso. deberán soportar las servidumbres legales que fueren necesarias para adelantar las acciones. distritos y municipios o las entidades descentralizadas del orden departamental. Parágrafo. en el cual se fijará el valor de la indemnización que corresponde y se notificará al propietario. las firmas del representante de la entidad prestamista y del Presidente de la República o del respectivo mandatario Departamental. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. para el caso de las entidades territoriales. En todo caso no se podrá exceder la capacidad de pago de la entidad prestataria. Artículo 67.exige la ley para la contratación entre particulares. quienes podrán delegar la suscripción en el Ministro. Ocupación temporal de inmuebles.
Simultáneamente se fijará edicto en lugar público de la sede de la alcaldía por el término de cinco (5) días hábiles. rehabilitación y reconstrucción. Parágrafo 1°. En el caso de las entidades privadas. poseedor o tenedor y su valoración de los perjuicios probables. poseedor o tenedor manifieste su aceptación o disenso respecto de la medida y del valor estimado de los perjuicios no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. poseedor o tenedor del inmueble la necesidad de la ocupación temporal. La comunicación deberá indicar el plazo para manifestar el consentimiento del propietario. La entidad pública a cargo de la emergencia comunicará por escrito al propietario. Parágrafo 2°. para esto serán investidos temporalmente de esas funciones públicas de ocupación por la autoridad pública competente. Parágrafo 1°. el cual deberá ser reparado de manera expedita y completa.en la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública. la extensión requerida del terreno. las habitaciones o edificaciones que se ocuparán y el tiempo probable que dure la ocupación. La ocupación temporal debe ser ordenada por la autoridad pública competente y se deben otorgar garantías de notificación y posibilidad de elevar recursos. Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no se llegare a un acuerdo sobre el valor estimado de los perjuicios en el plazo señalado en la comunicación. Parágrafo 2°. se procederá a la ocupación con el concurso de las autoridades de policía. El plazo para que el propietario. La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables y causar el menor daño posible. Artículo 70. La decisión de ocupar temporalmente un inmueble o unas mejoras se comunicará personalmente y mediante escrito dirigido y entregado en la dirección conocida del propietario. incluyendo la respuesta. De igual manera se cancelarán las expensas en las que haya incurrido el propietario. su actuación será realizada como particulares en ejercicio de funciones públicas. Las entidades públicas o privadas encargadas de las labores de manejo de desastres acatarán las disposiciones ordenadas para la ocupación temporal. Al
. Procedimiento y condiciones de la ocupación. poseedor o tenedor por causa de la ocupación temporal. están obligados a de desastres. poseedor o tenedor. En la misma comunicación hará una estimación del valor de los perjuicios que pueden causarse y que ofrece pagar. que en ningún caso podrá ser superior a un (1) año.
los propietarios. Artículo 71. Acciones contencioso-administrativas. Declarada una situación de desastre o calamidad pública y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad. procede la restitución de oficio del inmueble. podrán ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. en la cual se aplicará el procedimiento siguiente:
. que no consientan expresamente con ella o que habiéndola aceptado consideren que el valor del daño efectivamente causado fue superior a la indemnización por perjuicios pactada. Esta modalidad de ocupación no precluye la aceptación posterior por parte del propietario. Transcurrido un (1) año sin que la ocupación haya terminado. Las mismas acciones serán procedentes cuando se trate de ocupación inmediata de inmuebles. Parágrafo 3°. Artículo 72. En caso de necesidad perentoria. Restitución oficiosa. Entidades del Orden Nacional. poseedores o tenedores podrán iniciar inmediatamente las acciones judiciales encaminadas a la restitución del bien y la reparación del daño inferido. En todo caso. poseedor o tenedor ni el pago de los perjuicios y gastos. Artículo 73. podrán adquirir total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico. Previa a la declaratoria de expropiación. por negociación directa con los propietarios o mediante expropiación por vía administrativa. se surtirá la etapa de negociación directa. Adquisición de predios. Negociación directa. las Entidades Territoriales o las Entidades Descentralizadas de cualquier nivel administrativo. contados a partir de la fecha en la que concluya la ocupación temporal. el Gobierno Nacional a través de cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos.vencimiento de la notificación por edicto empezará a correr el término prescrito en el parágrafo 1°. poseedores o tenedores afectados por la medida de ocupación temporal. Artículo 74. previa indemnización. se procederá a la ocupación en forma inmediata y se procurará notificar a los interesados a la mayor brevedad posible. Los propietarios. La demora en cumplir este mandato será causal de mala conducta para el funcionario o funcionarios que dilaten la entrega.
que es requisito necesario de la oferta y negociación. y mientras subsista dicha inscripción. y ordenará el avalúo de los bienes o derechos. 2. 5. El oficio y la oferta de compra serán inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.1. no podrán concederse licencias de urbanismo. mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales del oficio y la propuesta. El representante legal de la entidad pública hará la oferta de compra del bien o bienes inmuebles o derechos reales de conformidad con avalúo administrativo previo que efectúe el Instituto "Geográfico Agustín Codazzi". El oficio contendrá la identificación precisa del inmueble o de los derechos reales. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de la oferta no fuere posible comunicar personalmente la oferta. La oferta de compra. 3. determinará el precio máximo de adquisición. término durante el cual la entidad adquirente publicará el texto completo del oficio y la oferta en un periódico de amplia circulación nacional o local. el representante legal formulará oferta de compra a los titulares de los bienes o derechos reales que se pretende adquirir. Este avalúo. al lugar del predio donde se le entregará a cualquier persona que allí se encuentre o se fijará en la puerta de acceso. en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente por parte de la entidad adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su comunicación. El representante legal de la entidad pública adquirente. construcción ni permisos
. Vencido dicho término. según las circunstancias de la propiedad. Los inmuebles y derechos reales afectados quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción. El avalúo será revisado a solicitud de la entidad pública interesada. expedirá el oficio por medio del cual se dispone la adquisición de un bien inmueble o de derechos reales mediante negociación directa. 4. las oficinas de catastro o el realizado por peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad raíz o asociaciones equivalentes. junto con el edicto se enviarán por correo certificado a la dirección del titular cuando figure en el directorio telefónico. o en defecto de una dirección comercial. previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas. la oferta surtirá efectos respecto del propietario y de los demás titulares de derechos constituidos sobre el inmueble. Con fundamento en el avalúo. se dejará constancia escrita a cualquier persona que se encontrare en el predio y se oficiará a la alcaldía del lugar de ubicación del inmueble. para que se fije al día siguiente de su recepción y por un término de cinco (5) días hábiles en lugar visible al público.
Los actos administrativos a que se refiere este artículo solo serán susceptibles del recurso de reposición. 9. Parágrafo 1°. El representante legal de la entidad pública expropiante deberá expedir resolución motivada de expropiación por vía administrativa dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se agotó la opción de negociación directa. el representante de la entidad. Agotada la etapa de negociación directa. En el contrato de compraventa se fijarán las fechas para la entrega real y material del inmueble y para el pago del precio. Expropiación por vía administrativa. El término para aceptar o rechazar la oferta será de cinco (5) días hábiles contados a partir de su comunicación personal o de la desfijación del aviso en la alcaldía. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un término igual por justa causa que obre a favor de cualquiera de las partes. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación y rechaza la oferta de compra cuando no hubiere acuerdo sobre el precio y la forma de pago. Parágrafo 2°. las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de
. 6. 8. deberá suscribirse el contrato de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar. Artículo 75. En los eventos en que el propietario del bien o el titular del derecho real sea un incapaz o dicho bien forme parte de una sucesión. o cuando el titular de los derechos guarde silencio en los términos para decidir sobre la oferta o suscribir la escritura de compraventa. Si no fuere expedida tal resolución. Si la oferta es aceptada. 7. mediante resolución motivada. Para esos efectos se aplicará el procedimiento siguiente: 1.de funcionamiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los plazos respectivos no podrán superar 30 días calendario. El avalúo a que se refiere este artículo se practicará teniendo exclusivamente en cuenta los factores y variables correspondientes a la época anterior a la declaratoria de desastre o calamidad pública. podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo. se aplicará el artículo 16 de la Ley 9 de 1989.
Adicionalmente. La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9ª de 1989.instrumentos públicos quedarán sin efecto alguno y se cancelarán de pleno derecho. Contra la resolución que ordene la expropiación administrativa. Durante el término de notificación por edicto la entidad expropiante publicará el edicto en un periódico de amplia circulación nacional o local. 3. el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. este se entenderá negado y el acto recurrido quedará en firme. La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o las oficinas distritales y municipales de catastro. a su representante legal o apoderado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición de la resolución o. Dicha acta se inscribirá en la oficina de registro
. en la sede de la entidad expropiante y en el lugar de ubicación del inmueble. La resolución de expropiación se notificará personalmente al propietario. En el acta de la diligencia de entrega se insertará la parte resolutiva de la resolución. o en su defecto. 2. 4. la cual se llevará a cabo con el concurso de las autoridades de policía. También se enviará a la dirección del propietario registrada en la oficina de catastro respectiva. 5. Notificada la resolución que decrete la expropiación. 6. se procederá a la entrega del bien. Transcurridos veinte (20) días hábiles sin que la autoridad administrativa expropiante hubiere expedido la resolución que resuelve el recurso de reposición. procederá únicamente el recurso de reposición. 7. y sin que haya lugar a la oposición. sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo algún. se enviará copia del edicto por correo certificado a la dirección del propietario que figure en el directorio telefónico y a la puerta de acceso a la propiedad según las circunstancias. de no ser posible la notificación personal se hará por edicto fijado durante cinco (5) días hábiles en lugar visible al público en la alcaldía del lugar. quienes están en la obligación de apoyar a la entidad expropiante.
. Copia de la resolución a que hace referencia el inciso anterior será fijada por el mismo término en el inmueble cuya demolición se ordene. procederán la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. la demolición de toda construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas. Los alcaldes de los distritos y municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre o calamidad pública. 8. Artículo 77. Contra la resolución que ordene una expropiación administrativa en desarrollo de la presente ley. podrán ordenar. Artículo 76. fijación que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse. Parágrafo 1°. salvo que deban practicarse pruebas de oficio o a solicitud de parte. En este caso. La orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada al dueño o al poseedor o al tenedor del respectivo inmueble. el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal o de conclusión del término de fijación de la resolución en el inmueble. conforme a las normas de policía aplicables. Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble por causa de desastre o calamidad pública. Declaratoria de utilidad pública e interés social. En caso de existir una orden de demolición. las personas que sean afectadas por la misma orden deberán ser incluidas en el plan de acción al que hace referencia esta ley. sólo procede el recurso de reposición. el término para practicarlas pruebas no excederá de diez (10) días hábiles y será improrrogable. Orden de demolición. previo informe técnico de los respectivos Consejos. Para todos los efectos relativos al procedimiento de expropiación por vía administrativa.correspondiente. Parágrafo 2°. entiéndase que existen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición mediante expropiación de los bienes indispensables para la ejecución de los planes de acción específicos para el manejo de desastres y calamidades públicas declaradas. junto con la resolución en copia expedida y autenticada por la entidad. ante el alcalde respectivo quien resolverá de plano.
Disposición de bienes. del orden nacional o territorial y entidades privadas cuyo objeto social tenga relación directa con las actividades que se requieran para atender la calamidad o desastre. el control administrativo de su utilización y legalización de los mismos deban darse. Artículo 80. sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora. se procederá a la inmediata demolición del inmueble. Cuando por circunstancias de especial urgencia se haya prescindido del régimen de notificación y recursos en la vía gubernativa. la autoridad podrá proceder a la demolición en forma inmediata. La administración de dichos recursos será responsabilidad del jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectuó la transferencia y estarán sujetos al control fiscal ejercido por las respectivas Contralorías. Transferencia de recursos. Una vez ejecutoriada la resolución que ordene la demolición. El Gobierno Nacional podrá disponer en forma directa o a través de convenios interinstitucionales con terceras entidades. Artículo 79.Artículo 78. el uso de los bienes. de conformidad con el reglamento que para tal fin expida el Ejecutivo. los cuales se girarán a cuentas abiertas especialmente para la atención del desastre o calamidad pública declarada. Corresponde a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. la disposición de los bienes solo podrá realizarse de manera provisional. Cuando se trate de bienes sobre los cuales no exista una medida de extinción de dominio de carácter definitiva. para ser administrados por estas. luego de haberse agotado el recurso de reposición. En el documento que ordene la transferencia se indicará de manera expresa la destinación de los recursos.
. respecto de los cuales pese una medida de decomiso preventivo o en proceso de extinción de dominio o se encuentren extinguidos. con el exclusivo fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de la declaratoria de la situación de desastre o calamidad pública. diseñar los procedimientos administrativos y operativos que para la ejecución de las transferencias de recursos. El Fondo Nacional podrá transferir recursos de sus cuentas o subcuentas a entidades públicas. Ejecución de la demolición. y estarán exentas de cualquier gravamen.
La negación a la solicitud de acceso y uso a que se hace referencia en este artículo por parte del proveedor generará las sanciones que sobre el particular reglamente el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. todo operador o proveedor de servicios públicos que tenga infraestructura estará obligado a permitir el acceso y uso de la misma en forma inmediata. de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos en el ámbito de sus respectivas competencias. Redes y servicios de telecomunicaciones. el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la declaratoria de situación de desastre. y la ejecución de espacios públicos y equipamientos colectivos. De igual manera. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructuras al operador que lo solicite en forma inmediata con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de situación de desastre para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones. podrá imponer una servidumbre provisional en forma inmediata para garantizar el uso de las redes e infraestructura ante la negativa del proveedor respectivo. la formulación y concertación.Artículo 81. la aprobación y la adopción de proyectos de desarrollo urbano de que trata el presente artículo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones a solicitud de parte o de manera oficiosa. El Gobierno Nacional podrá promover. el desarrollo de otros usos. ya sea que se trate de predios urbanos. rurales o de expansión urbana. Proyectos de Desarrollo Urbano. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para el anuncio. la extensión o ampliación de la infraestructura para el sistema vial. Artículo 82. y de servicios públicos domiciliarios. Parágrafo. En los proyectos de desarrollo urbano se definirán las condiciones para la construcción y reubicación de viviendas. ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan.
3. precios. siguiendo entre otros las siguientes reglas: 1. Refinanciación. Emergencias viales. cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población. Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá suspender transitoriamente. Las entidades públicas de financiamiento adoptarán los programas de refinanciación de las obligaciones que tengan contraídas con ellas las personas afectadas por la situación de desastre que haya sido declarada. Invías. 2. La suspensión de las restricciones que disponga el Gobierno Nacional no podrá durar más de seis (6) meses.
. El nuevo plazo no podrá ser superior al doble del plazo pendiente. y mientras se restablecen las condiciones de tránsito vial en el país. de conformidad con las normas que para tal efecto se dicten. Artículo 86. Artículo 84. Las condiciones de las obligaciones refinanciadas no podrán ser más gravosas que las originales. El Gobierno Nacional podrá requerir de los contratistas y concesionarios del Estado la maquinaria. La refinanciación se aplicará únicamente para las obligaciones contraídas antes de la fecha de ocurrencia de la situación de desastre y para los pagos con vencimientos a partir de esa fecha. costos. reglamentará lo pertinente a las zonas de actuación. Levantamiento de restricciones. lnvías. Artículo 85. tiempos y demás materias relacionadas con el presente artículo. El Instituto Nacional de Vías. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.Artículo 83. el equipo y personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia. las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional. ni exceder de veinte años. contados a partir de la expedición del decreto de suspensión. o la entidad que haga sus veces podrá intervenir las vías que no están en su inventario y donde sea preciso para atender las situaciones de emergencia que requieran de su atención.
se suscribirán las respectivas adiciones en los mismos documentos en que consten las obligaciones. mixtos o con título hipotecario o prendario. No habrá lugar a intereses ni mora durante el lapso comprendido entre la fecha de declaratoria de la situación de desastre y aquella en que se perfeccione la renegociación. Todas las condiciones y modalidades de la renegociación se establecerán en las normas que para el efecto se dicten. Para los efectos previstos.4. sin perjuicio de que se opte por otorgar nuevos documentos. Artículo 88. 7. se suspenderán hasta por seis (6) meses si así lo solicita el deudor. ni para que subsista la responsabilidad de los deudores o codeudores. La refinanciación no implica renovación de las correspondientes obligaciones y por consiguiente. según los casos. La condición de afectado será reconocida por la misma entidad pública acreedora. entablados por las entidades públicas de que trata el artículo anterior contra personas afectadas por el desastre. Durante los primeros seis (6) meses contados desde la declaratoria de la situación de desastre. no se requiere formalidad alguna para que se opere la renovación de garantías hipotecarias o prendarias existentes. y se aplicarán previo estudio de cada caso. 6. para adelantar cualquier tipo de actividades en la zona o área de influencia de la situación de desastre. la cual no deberá ser mayor de noventa (90) días. Si se trata de créditos de amortización gradual y el nuevo plazo implica variaciones en las cuotas periódicas. entiéndase por afectados los usuarios de crédito contraído antes de la declaratoria de la situación de desastre. Artículo 87. los procesos de ejecución singular. por obligaciones contraídas antes de la fecha en que se declaró la situación de desastre. conforme al reglamento que para ese fin debe dictar la entidad acreedora. 5. subsidiarios o solidarios y de los fiadores. La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes dentro del plazo que determine el Gobierno Nacional. teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de las respectivas obligaciones. desde el momento en que adquiera firmeza el auto que disponga el remate de bienes debidamente embargados y
. Suspensión en procesos ejecutivos. Usuarios de crédito afectados.
en el evento en que aquella providencia ya se hubiere dictado. cualquiera fuere su carácter. Parágrafo. en ejercicio de las facultades constitucionales a él conferidas por el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política reglamentará la presente ley. para tales situaciones. o antes de efectuar la nueva subasta.evaluados. Los bienes donados al Fondo Nacional se destinarán de conformidad con las directrices que imparta la Junta Directiva del Fondo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 92. Las asambleas departamentales. CAPÍTULO. los concejos distritales y municipales. El Presidente de la República. Reglamentación Territorial. Todas las zonas del territorio nacional declaradas en situación de desastre o calamidad pública. reglamentarán las medidas especiales que podrán tomar los gobernadores y alcaldes en situaciones de calamidad pública. Las normas de régimen especial en las entidades territoriales consultarán también lo dispuesto en la reglamentación que expida el Presidente de la República para conservar así la armonía en la gestión del riesgo de desastres en todos los órdenes de la Administración Pública. Artículo 89. Para el ingreso de las mercancías al país destinadas a los damnificados en situaciones de desastre o calamidad pública se aplicará lo dispuesto en los artículos 204 y 391 del Decreto 2685 de 1999 y demás normas concordantes. antes del 30 de noviembre de 2010.
. en ejercicio de sus atribuciones. Destinación y administración de donaciones. Artículo 91. quedan en condiciones de retorno a la normalidad. Artículo transitorio: declaratorias anteriores. Los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas. VIII Disposiciones finales Artículo 90. y a las disposiciones que trae sobre régimen especial. Para ello deberán ajustarse a los principios y definiciones de esta ley. Reglamentación de la ley. privadas o comunitarias para atender una situación de desastre o calamidad pública declarada se destinarán conforme a lo dispuesto en el plan de acción específico.
9° y 10 del Decreto-ley 4702 de 2010 y los artículos 1° y 3° del Decreto-ley 4830 de 2010. Control para Recursos de Desastres. Facúltese a la Contraloría General de la República. En el marco de lo que en materia de libertad de prensa y situaciones de desastre consagran la constitución política y las leyes. cuando estos provengan del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos propios del municipio o departamento. Artículo 96. 3°. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley". De igual manera. los medios de comunicación cumplirán su función de manera responsable. Simón Gaviria Muñoz. Libertad de prensa.Artículo 93. el artículo 2° del Decreto 4830 de 2010 y mantendrán plena vigencia los artículos 2°. El Secretario General del honorable Senado de la República. 7° y 8° del Decreto 4702 de 2010. 4°. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Conservarán su vigencia los Decretos 4579 y 4580 de 2010 y los Decretos Legislativos expedidos en virtud del Decreto 4580 de 2010. Artículo 94. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. los cuales estuviesen destinados para la atención de desastres. deróguense los artículos 1° y 5° a excepción del parágrafo 2°. con excepción de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 70 del Decreto-ley. Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes. en especial la Ley 46 de 1988 y el Decreto-ley 919 de 1989. así como también los artículos 1° inciso primero. Juan Manuel Corzo Román. Vigencia. modificado por el Decreto-ley 919 de 1989. El Presidente del honorable Senado de la República. Articulo 95. los artículos 6°.
. 2° y 3° del Decreto 1547 de 1984. Faltas. que quedará así: "65.
La Viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Juan Carlos Echeverry Garzón. C. La Ministra de Vivienda. Germán Vargas Lleras. Beatriz Elena Uribe Botero. Dada en Bogotá. Ciudad y Territorio. Adriana Soto Carreño. Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.. encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. a 24 de abril de 2012. REPÚBLICA DE COLOMBIA . NOTA: Publicado en el Diario Oficial 48411 de abril 24 de 2012.
.El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes. D. El Ministro de Hacienda y Crédito Público. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Federico Rengifo Vélez. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro del Interior.
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