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Timestamp: 2020-04-06 23:39:19
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Artículo 50 Constitucional. Sustento para un desarrollo sostenible
Título: Artículo 50 Constitucional. Sustento para un desarrollo sostenible
Autor: Guadamuz Flores, Alina
Fecha: 07-03-2016 Cita: IJ-VC-905
Guadamuz Flores, Alina
31-10-2019 - Tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos causados por el apagón analógico
Los derechos de la naturaleza, una visión jurídica de un problema paradigmático (Rodríguez Sagot, lvaro)
La falsa idea de que los recursos naturales son inagotables, así como la ausencia de producción y consumo sostenibles (es decir, la sobreexplotación de esos recursos) para satisfacer la demanda de bienes y servicios de la población mundial, ha hecho que el medio ambiente se vea vulnerado. Los distintos tipos de contaminación, la degradación ambiental y el consumo insostenible, dejan secuelas en la población humana, en la flora, en la fauna, es decir, al planeta en general. Las medidas adoptadas a nivel mundial para evitar seguir dañando a la naturaleza, así como paliar el daño provocado por el humano, desembocan en la figura del “desarrollo sostenible”, la cual abarca varios ámbitos y exige la participación activa del Estado, la sociedad civil y las empresas, lo que se consigue a través de la educación sostenible. El ordenamiento jurídico de cada país, así como los diversos instrumentos internacionales, establecen los lineamientos y sanciones en caso de que se vulnere al medio ambiente. Costa Rica, desde 1994 estableció la norma base que da paso al desarrollo sostenible, procurando el bienestar que propicia un medio ambiente equilibrado, a través del uso racional de los recursos, distribuidos de manera justa y equitativa. Esta norma, es el artículo 50 de la Constitución Política. Al interpretarse judicialmente, además del 50, diversos artículos también con rango constitucional, se ha concluido que para conseguir ese bienestar, inherente al desarrollo sostenible, deben tomarse en cuenta diversos derechos, que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico costarricense a través de esos numerales constitucionales y que forman parte ineludible de las bases del desarrollo sostenible en el país.
- Ir a Indice - Acrónimos y siglas1. Introducción2. Antecedentes y naturaleza del numeral 50 de la constitución política3. Desarrollo sostenible, sus elementos e institución en Costa Rica4. La educación como instrumento para alcanzar un desarrollo sostenible5. Control de la contaminación ambiental en el ordenamiento jurídico costarricense6. ConclusionesBibliografíaNotas
2. Antecedentes y naturaleza del numeral 50 de la constitución política
3. Desarrollo sostenible, sus elementos e institución en Costa Rica
4. La educación como instrumento para alcanzar un desarrollo sostenible
5. Control de la contaminación ambiental en el ordenamiento jurídico costarricense
Artículo 50 Constitucional
Sustento para un desarrollo sostenible
Alina Guadamuz Flores[1]
Acrónimos y siglas [arriba]
A y A Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados
BANHVI Banco Hipotecario de la Vivienda
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
EDS Educación para el Desarrollo Sostenible
INBio Instituto Nacional de Biodiversidad
INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles
LGIR Ley para la Gestión Integral de Residuos
MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE Ministerio de Ambiente, Energía
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
ProDUS Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Costa Rica se ha caracterizado por ser un país “verde” que pone especial énfasis al resguardo de sus recursos naturales, contando, aproximadamente, con el 5% de la biodiversidad mundial y protegiendo a su territorio hasta en un 25%, bajo alguna categoría de área silvestre protegida (INBio, 2015). Del amparo legal existente en favor de la naturaleza, se consigue un medio ambiente equilibrado, del cual derivan diversos derechos con carácter constitucional.
El principal numeral constitucional que resguarda al medio ambiente en el país, es el 50. De su interpretación judicial, más la de numerales constitucionales como el 21, 46, 69 y 89 se derivan varios derechos fundamentales como la vida, la salud, etc., que buscan alcanzar el bienestar para las personas. El numeral 50 de la Constitución Política, ha permeado el ordenamiento jurídico costarricense, haciendo que la legislación y las diversas actividades económicas y sociales en general, deban adaptarse al mismo respetando el ordenamiento jurídico que, al establecer órdenes en pro del medio ambiente, ha hecho referencia expresa al “desarrollo sostenible”, visto como la única opción para mantener los recursos que necesita el humano y las demás especies, para su supervivencia. Elementos contaminantes de diverso origen atentan contra el medio ambiente, por eso, la normativa costarricense ha hecho referencia expresa a la “contaminación” definiéndola como “toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación.”, (art. 59 LOA). La forma de evitar que se contamine a la naturaleza es mediante la educación, vista como la información relevante que debe suministrársele a la sociedad, para que sepa cómo evitar dañarla, cómo solucionar los problemas de manera visionaria y pueda alcanzarse el desarrollo sostenible establecido en el ordenamiento jurídico costarricense, que tiene como base al numeral 50 constitucional, en el que se hace constar que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y donde además se estimula la producción y el adecuado reparto de la riqueza, cubriendo, de esta forma, las tres áreas fundamentales del desarrollo sostenible: ambiente, economía y sociedad.
Valga aclarar que el tema educativo no debe dirigirse de manera exclusiva a la población infantil (escuela y colegio) sino también a la ciudadanía, ya que lastimosamente, durante muchos años la educación ambiental no se implementó en el país, por lo que existe ignorancia al respecto, de ahí las malas acciones en contra de la naturaleza por parte de la sociedad. Al respecto señala la UNESCO (2012, p.34): “[l]a educación es esencial para el desarrollo sostenible. En la actualidad, la educación es crucial para mejorar la capacidad de los líderes y ciudadanos del mañana para crear soluciones y encontrar nuevos caminos hacia un futuro mejor y más sostenible. Lamentablemente, el conjunto colectivo actual de conocimientos, habilidades y experiencias humanas no abarca soluciones para todos los problemas ambientales, sociales y económicos del mundo actual. Si bien en el pasado la humanidad ha enfrentado crisis que ha superado exitosamente, los problemas actuales son de una escala mayor y la población mundial es más grande que nunca. Aunque podemos utilizar experiencias del pasado para resolver problemas contemporáneos y del mañana, la realidad es que los ciudadanos del mundo tienen la tarea de aprender cómo ser sostenibles. Por lo tanto, la educación es primordial para aprender a crear un futuro más sostenible.”. El INBio de Costa Rica (2015) ha definido en su biodiccionario a la “educación” como: “[p]roceso social por el cual se inculcan y modifican valores, actitudes, comportamientos, hábitos y destrezas de acuerdo con una concepción del individuo, de la sociedad, de la ciencia y del mundo. (Esteva & Reyes 1998)”. Además, existen diversos tipos de educación: la formal, aquella ofrecida por el sistema educativo reglado; la informal, no planificada, producida en el proceso de socialización, generado por el entorno; la no formal, que persigue objetivos de formación específicos y planeados pero que no generan los grados que otorga el sistema educativo reglado. Ligadas a estas, debe estar la educación ambiental definida como: “[p]roceso que promueve la toma de conciencia y la evolución del medio social y el medio físico en su totalidad, incluyendo sus recursos naturales, culturales y espirituales. Predica el uso y la conservación racional y sostenible de esos recursos para garantizar la supervivencia de la humanidad en armonía consigo misma y con la naturaleza. (UNESCO 1977)”, lo que refleja el impacto que tienen los diversos tipos de educación en la población.
Es muy válido precisar que el desarrollo sostenible debe llegar a todas las regiones del país, tanto urbanas como rurales, para que el progreso abarque a toda la nación y se evite la sobrepoblación en las urbes, provocando serios problemas de diversa índole. Debemos incluir las regiones rurales y alejadas en el proceso de desarrollo, porque de lo contrario, sería un desarrollo parcial que no beneficiaría a toda la sociedad y por ende, al país en su conjunto.
La Sala Constitucional en el voto 10540-2013 ha proporcionado la noción de “desarrollo sostenible democrático”, que inculca el buen uso de los recursos naturales, pero que tanto su acceso, como el reparto de la riqueza que generan las actividades económicas, deben ser distribuidos equitativamente para que exista un progreso solidario, lo que resalta el interés de la Sala por los aspectos económico y social, que también forman parte del desarrollo sostenible. (Revista Monfrague, 2014).
2. Antecedentes y naturaleza del numeral 50 de la constitución política [arriba]
Sabiendo lo importante que resulta cuidar el medio ambiente, Costa Rica al igual que los demás países ha buscado incluir, dentro de su ordenamiento jurídico, aquellas disposiciones que permitan un mejor resguardo y una apropiada preservación del ambiente. Existe normativa a nivel internacional para proteger a la naturaleza a través de diversos instrumentos, como lo son: la Convención de Viena, para la protección de la capa de ozono, que entró en rigor en 1985; la Declaración de Río, sobre medio ambiente y desarrollo, de 1992; Convenio sobre Diversidad Biológica, de 1993 y Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de 1996, entre otros. Costa Rica, a nivel local, cuenta con la legislación para alcanzar la protección del ambiente (por lo menos en la teoría) y estas regulaciones legales incluso son de rango constitucional. Efectivamente, es el artículo 50 de la Constitución Política el que resguarda al medio ambiente para que se mantenga equilibrado, así como de velar por el bienestar de la población, siendo esta norma, la base del desarrollo sostenible en el país. En él se hace constar:
Pero, ¿cuándo se crea este numeral y cuáles son sus antecedentes? Para regular un tema a nivel legal, se supone que primero se crea la norma (esperando que la misma sea clara, completa y concreta), luego se aplica y en caso de duda, los operadores del Derecho la interpretarían para que se aplique de manera apropiada y esta interpretación, puede ser de manera regular o incluso constitucional; todo dependerá de la norma de la que se trate específicamente. Derivados de esas interpretaciones es que se generan los antecedentes judiciales que, de ser coincidentes en cuanto a circunstancias y fallos judiciales, es decir, tendencias, van a conformar lo que se conoce como jurisprudencia[2]. Para el caso aquí tratado, el numeral 50 constitucional presenta una particularidad: primero se crearon los fallos judiciales que fueron fundando una tendencia, es decir, jurisprudencia y, fue hasta después, que se estableció el artículo tal y como lo conocemos actualmente. Este fue resultado de esas resoluciones judiciales y no a la inversa, no fue que primero se reformó o creó el artículo y que con base en él, se generaran los diversos fallos judiciales. Y es que de acuerdo con el profesor Mario Peña, varios años antes de la reforma de este artículo, esto para el año 1994, tanto la Sala Primera, como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, habían marcado una pauta en cuanto al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Indica el autor que para 1991, la Sala Constitucional (Res. 1802-91) ya había establecido (Peña, 2008, p. 47) “que la destrucción de los recursos naturales violenta y lesiona otros derechos fundamentales como la salud y la protección al ambiente”. Entonces el fundamento de la reforma al numeral 50 de la Carta magna, se nutre de esas resoluciones emitidas por los tribunales de mayor jerarquía, con anterioridad a 1994.
El artículo 50 de la Constitución Política, además de tener como antecedente a las resoluciones judiciales de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, tiene como referencia a varios artículos que de igual manera forman parte del texto constitucional. Estos artículos son, primero el 89, en el cual se indica la protección que debe hacerse en tratándose de bellezas naturales, indica este numeral: “[e]ntre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.”. “Proteger las bellezas naturales” puede ser un concepto amplio, ya que abarca más allá del aspecto visual, que contiene diversos escenarios; pensando en las bellezas del paisaje pueden mencionarse las que incluyan sonidos naturales, como el de los pájaros u otros animales, hasta el de una cascada o de las olas del mar (seres bióticos y abióticos); así como los aromas agradables que se derivan de la naturaleza, por ejemplo el de las flores, el aire fresco, etc., lo que da paso al tema de los tipos de contaminación, regulados por el ordenamiento jurídico costarricense, que precisamente trata de restringir las diferentes amenazas que llegarían a perjudicar al medio ambiente. De acuerdo con este artículo, la obligación de la República de cuidar las bellezas naturales, se ve sencillamente como un aspecto cultural que a simple vista no tocaría otros temas o derechos, pero conforme se emitían votos constitucionales se relacionaba la preservación de la naturaleza, con derechos fundamentales como el de la vida, del cual a su vez, se derivan otros, elementales. El profesor Peña hace referencia a la sentencia de la Sala Constitucional (Res. 3705-93) que hace ese ligamen entre un medio ambiente equilibrado y la vida y la salud humana (Peña, 2008, p. 48): “[l]a vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino que también como bienestar psíquico; constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho a la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida humana…”. Del anterior extracto judicial se desprenden diversos elementos como lo son: que todas las personas deben respetar el ambiente, si a una persona no le interesa la naturaleza, debe respetar el derecho de las demás personas a quienes sí les importa; del estado en el cual se encuentren las personas, sea físico o mental, así se determinará la forma en la que se desempeñará en la sociedad. Una persona alicaída, enferma emocionalmente, no responde de igual manera que una persona sana. Lo mismo sucede con el estado físico. Pensemos en quienes no pueden dormir porque viven cerca de una carretera principal y todos los carros de carga, como furgones, vagonetas, etc., no controlan la calidad de sus motores y no respetan las exigencias y controles gubernamentales sobre límites referentes a las emisiones sónicas, son personas que no pueden dormir bien, el no dormir bien genera un descontrol en el organismo que es conocido por la generalidad de las personas y que inclusive ha sido reconocido por los tribunales. Lo mismo sucede en casos de malos olores, sustancias tóxicas, etc., ya que alteran negativamente el ritmo de vida y por ende la salud. El malestar físico o emocional generado por la contaminación, provoca un mal desempeño sin importar cuál sea el rol, lo que desencadena un perjuicio social ya que hay ineficiencia en los diversos trabajos y eso también representaría una pérdida económica.
Del extracto judicial anterior también logra desprenderse la amplitud del artículo 21 de la Constitución Política, del cual se deriva el derecho fundamental a la salud y el bienestar que se manifestará física, social y mentalmente y que es el segundo artículo que da origen al numeral 50 constitucional. La Sala Constitucional, en votos más recientes (Res. 1498-2006) ha mantenido su criterio al señalar que la salud se deriva del artículo 21 constitucional, vista como parte de los derechos fundamentales, aunque no exista un numeral expreso en la Constitución, referente al derecho a la salud de forma exclusiva. Indica la Sala: “[e]n múltiples ocasiones se ha señalado que el derecho a la salud no ha sido expresamente consignado en la Constitución Política, el mismo es corolario inevitable del derecho a la vida reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política, condición necesaria y determinante de la existencia de la persona humana y presupuesto para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Además, este Tribunal Constitucional ha reconocido que como antecedente al derecho a la salud está el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual está expresamente postulado en el artículo 50 constitucional.”
Ya para inicios de los años noventa se tenía claro que de un ambiente equilibrado depende la salud de los habitantes, que se manifiesta de diversas formas, como ya pudimos ver.[3] La OMS señala que la definición de “salud” se concibió desde 1946, cuando se estableció el documento de constitución de la Organización, conceptualizando el término en el preámbulo de dicha carta; la misma señala (OMS, 2015): “« [l]a salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948”. Vemos que los conceptos sobre “salud” y “bienestar” en general, fueron definidos desde hace mucho tiempo por este organismo internacional. Sin embargo, el concepto de “bienestar”, por sí mismo, no es reconocido en Costa Rica, expresamente, sino hasta 1994, cuando se introdujo en el mayor cuerpo normativo del país, como artículo 50, mediante reforma constitucional. Este numeral, junto con otros artículos constitucionales, viene a proteger y resguardar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que, como hemos visto, no es un derecho que se encuentre aislado, sino ligado al derecho a la vida, del cual se deriva el derecho a la salud y que, de acuerdo con la experiencia, ha sido vulnerado en muchas ocasiones por personas (y por el Estado mismo, sea por acción o por omisión) que no están conscientes de la magnitud del daño que le hacen a la naturaleza, a las demás personas y por ende, a sí mismas.
El profesor Peña (Peña, 2008, p. 49), proporciona la transcripción oportuna de una sentencia costarricense, también de la Sala Constitucional y es el voto 4423-93, de setiembre de 1993, donde se recalca la importancia que tiene la salud en la población y el impacto negativo que puede ocasionarse si es vulnerada, como ya lo explicamos: “[e]l más inmediato derecho vinculado a la vida es el derecho a la integridad física y psíquica. El derecho a la vida demanda condiciones de salud en su más amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin perder su autonomía, casi viene a presentarse como un aspecto del derecho a la vida. Así, la relación vida-salud está en la vida misma y en el tratamiento que cada sociedad de, a la persona, según la prioridad que asigne a su protección... es necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y colectivo, acerca de la importancia del ambiente para la salud humana y animal en la economía nacional, regional y mundial, por medio de la conservación de la naturaleza y de la vida misma en su más amplia acepción”. Los Estados y, específicamente, el Estado costarricense, tiene la responsabilidad de regular el tema ambiental, velar por el resguardo de la naturaleza y por ende, de los habitantes del país. Este viene a ser un tema de interés público del cual depende el apropiado desarrollo de la nación. Respecto al “interés público ambiental” podemos referenciar a la Ley de Biodiversidad en su artículo 11.3, específicamente, donde señala: “[c]riterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.” Tomando en cuenta los ámbitos abarcados por el desarrollo sostenible (economía, ambiente y sociedad), la aplicación del ordenamiento jurídico en referencia al interés público debe ser armoniosa, para que no exista una protección excesiva del ambiente que produzca rezago económico, indica el profesor Peña (crhoy.com, 2015), que a su vez podría generar pobreza y desempleo, afectando negativamente los demás elementos que conforman a esta trascendental figura.
Con lo que hemos podido analizar hasta ahora, encontramos que los antecedentes del numeral 50 de la Carta magna son artículos pertenecientes a la misma Constitución: el 21, sobre la inviolabilidad de la vida humana y el 89, sobre el resguardo de las bellezas naturales. Pero también es necesario referirnos al numeral 69 del mismo cuerpo normativo; este indica: “[l]os contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros.”. Aquí, se hace referencia a la explotación racional de la tierra, para aprovecharla al máximo en sus zonas fértiles, para la agricultura y la ganadería, ya que tales actividades son muy importantes, tanto para la economía de un país, como para la alimentación de su población. Este numeral concierne al tema del ambiente equilibrado, porque es importante que aquellas actividades se lleven a cabo de manera eficaz sin que acaparen toda la tierra, tomando en cuenta que se debe prever el espacio necesario para las vías de transporte, construcciones comerciales, centros educativos, gubernamentales, parques y por supuesto, zonas habitacionales. En el voto 6477-2009 de la Sala Constitucional, podemos encontrar la referencia en mención: “IV.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo cincuenta constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos veinte, sesenta y nueve y ochenta y nueve de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.” Pensamiento que la Sala Constitucional ha reforzado en su voto 10540-2013, donde señala que debe hacerse un uso racional de la tierra, distribuyendo de forma equitativa la riqueza que se genere con esas actividades. De tal forma que el tema social, ocupa un espacio relevante en el alto tribunal.
Otra de las referencias constitucionales que sustentan el desarrollo sostenible en Costa Rica, es el numeral 46, especialmente en su último párrafo que manifiesta: “… [l]os consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias…”, lo que refuerza la tendencia legal en el país sobre protección al ambiente, economía y sociedad, para conseguir un desarrollo sustentable con la naturaleza, debiendo equilibrarse los tres elementos para no generar un desgaste económico que conlleve al social, pero tampoco uno ecológico, que genere el económico, porque es evidente que, para ejercer actividades comerciales, se requieren materiales: recursos naturales. Además, este artículo se vuelve relevante en cuanto al derecho a la información que tienen los consumidores y así poder elegir productos amigables con el ambiente, con base en datos adecuados, ya que, ligado a la información, se encuentra el tema de la educación (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 43).
De la misma manera, dentro de sus antecedentes pero como recurso legal internacional, se encuentran los principios de la Declaración de Río de Janeiro firmada en 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Podemos citar como ejemplo dos de ellos, ya que tutelan el medio ambiente y están ligados al desarrollo sostenible, el cual se ha establecido como objetivo para todas las ciudades y países del orbe:
El otro principio fundamental con carácter internacional para el resguardo de la naturaleza es el Principio 15 de la Declaración de Río, que invoca el principio precautorio en materia ambiental. En estos casos, la idea es evitar un daño en la naturaleza en lugar de buscar repararlo. Es decir, sería incongruente ejecutar una actividad, sabiendo que después hay que reparar un daño que desde un inicio era, no solo innecesario, sino que evitable; indica la Declaración:
Los Estados serán los encargados de fiscalizar que se aplique este principio, tanto por particulares, como por el Estado mismo.
Visto lo anterior, el artículo 50 constitucional ha permeado el ordenamiento jurídico costarricense buscando cumplir con los objetivos que también se han propuesto las demás naciones, como lo es alcanzar un desarrollo económico y social que respete a la naturaleza, más conocido como “desarrollo sostenible” y que se refleja en Costa Rica, no solo con el artículo 50 de la Carta magna, sino también con la LOA, la LGS, la LGIR, entre otras regulaciones. La LOA establece en sus principios rectores, que un ambiente sano se consigue con la colaboración de toda la población, que el Estado debe velar por el resguardo del mismo, establecer las sanciones pertinentes en caso de que sea vulnerado y que el desarrollo del país se alcanza, no solo en los ámbitos económico y social, sino también en el ambiental, señala la Ley Orgánica del Ambiente:
A través de la interpretación de los numerales 21, 46, 50, 69 y 89 constitucionales por parte de los tribunales costarricenses, se determina que existe un vínculo entre la vida, la salud y un medio ambiente equilibrado, con lo cual, la Sala Constitucional concluye que el derecho al ambiente, por sí mismo, forma parte de un desarrollo sostenible y de los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente en el país, interpretación que también logra encontrarse, a nivel internacional.
Autores como Gabriel Real (Peña, 2015), hacen referencia a un “Derecho de la Sostenibilidad”, explicando que todos los países deben encontrar soluciones efectivas, aplicables a todas las personas, sin importar su nacionalidad, ni el país en el que se encuentren, aunque, desde luego, se respete la soberanía de cada nación, ya que al incluir a todas las personas, podrá conseguirse una sociedad futura global y mejor.
3. Desarrollo sostenible, sus elementos e institución en Costa Rica [arriba]
El “Desarrollo Sostenible” es un concepto que se ha venido introduciendo, cada vez más, a nivel global y con el pasar de los años se ha convertido en un tema que debe ser tomado en cuenta en distintas áreas para alcanzar el avance apropiado del planeta, logrando de esta forma, cubrir las necesidades de la población sin dañar al medio ambiente. De acuerdo con la OMM (2012, p. 6) el “desarrollo sostenible” puede concebirse de la siguiente forma: “[e]l desarrollo sostenible –definido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como el “desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”– alberga la promesa de un futuro mejor para todos.” Algunos autores (United Nations, 2013, pp. 36 y 37) señalan que esta definición ha dado paso a dos versiones de sostenibilidad: “sostenibilidad fuerte”, aquella que no permite la sustitución entre el capital natural y el producido, sea físico o humano y la “sostenibilidad débil”, que sí permite la sustitución. En su tesis de Maestría, titulada “La tutela judicial efectiva de los derechos por la naturaleza. Análisis Comparado Ecuador Costa Rica”, Juliette Mussy señala que existen dos posiciones respecto de la protección de la naturaleza: una antropocéntrica, que es la más antigua y una biocéntrica, que es a la que se aspira. La primera se centra en el ser humano, quien domina y tiene derechos propios; se descarta que la naturaleza pueda contar con los suyos. La gran mayoría de los países no tienen una perspectiva biocéntrica, pero algunos presentan un “antropocentrismo ampliado”, donde el hombre, por responsabilidad ética y moral, debe tomar en cuenta a otras especies en la protección; al incluirlos, ayuda a la protección y perpetuación de la especie humana. La perspectiva biocéntrica indica que la naturaleza, es sujeto de derechos. El profesor Álvaro Sagot (Revista Judicial, 2015) piensa que, ya que inicialmente el numeral 50 tenía solo el primero de sus párrafos y en 1994 se le añaden los otros dos y no se crea un artículo “50 bis”, por ejemplo, se liga la protección al ambiente con la estimulación de la producción y el adecuado reparto de la riqueza; él encuentra el defecto en lo siguiente: “[l]o desarrollado en la norma 50 actualmente, implica, que cuando un operador de justicia ambiental deba sopesar un proyecto tiene que atribuir una clara ponderación a estimular esas actividades y si el interprete es de una tendencia antropocéntrica, tiene mucho más opciones para otorgar licencias, o aprobar los permisos, que las de rechazarlos. Constituyendo lo anterior una situación peligrosa y muy delicada.”, con lo cual, le da otra perspectiva al artículo 50 de la Carta magna.
El “desarrollo sostenible” se conforma por tres áreas: sociedad, economía y ambiente. Lo que busca es garantizarse un desarrollo económico y social, que beneficie a todos los sectores de la población pero sin destruir al ambiente, es decir, que se lleve a cabo un uso sostenible de los recursos naturales. Dada la importancia de estos ámbitos, se regulan, a nivel regional con la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, Plan Regional de Reducción de Desastres, Estrategia Regional Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, entre otros y, el Gobierno costarricense, los ha incluido en el PND, vigente para los años 2015-2018. Este documento indica (p. 475): “[b]ajo la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 que nos dicta la búsqueda de un país solidario e inclusivo que garantiza el bienestar de las presentes y futuras generaciones, en el que la gente participa y confía en un sistema democrático e institucional, transparente y efectivo, se desea abordar los temas ambientales en forma integral conjuntamente con lo social y económico; de manera que el desarrollo sostenible es el tema de mayor importancia ante la obligación de satisfacer las necesidades crecientes de los habitantes con recursos limitados, mediante activi- dades que además de atender los requerimientos sociales y garantizar el adecuado uso de los recursos deben ser rentables. De manera que se promueva un crecimiento económico en forma equilibrada con el ambiente y donde socialmente se pueda promover una distribución justa y equitativa de los beneficios del patrimonio genético, cultural y natural”. Este Plan (2015-2018, p. 478) presenta tres objetivos sectoriales con los cuales se pretende avanzar hacia un desarrollo sostenible donde además la ciudadanía participe, ya que puede contribuir positiva o negativamente con sus acciones, por lo que no puede quedarse al margen, sino que debe participar activamente y de forma positiva, lo cual puede conseguirse a través de la educación en pro del medio ambiente; estos objetivos son:
1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.
2. Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país.
3. Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del país.
Para el primer objetivo tenemos una gran representación del artículo 50 constitucional, donde se busca la preservación del ambiente, enfocándolo en el ordenamiento territorial y marino. Para temas tan importantes como estos, también se cuenta con documentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la Política Nacional de Mares 2013-2028; esta plantea como problema central (2013, p. 11): “[u]na gestión descoordinada de los espacios marinos y costeros, con una visión parcial y fragmentada, refuerza una cultura predominante que no valora la gran importancia del mar para el desarrollo del país y de sus comunidades costeras”., lo que dificulta cumplir con los objetivos planteados no solo a nivel nacional, sino mundial. Por otro lado, un buen uso del suelo, como recurso escaso que es, depende de un apropiado ordenamiento territorial que tome en cuenta las áreas que pueden soportar construcciones, es decir, que no haya un manto acuífero o una zona de recarga, de manera que no puede pensarse solamente en construir de manera indiscriminada, sino que los asentamientos humanos deben establecerse en las zonas con viabilidad ambiental y que las construcciones sean de calidad, más que en cantidad (promover construcciones verticales, sustituyendo las horizontales, que acaparan mucho espacio) (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 206). Para ello, el país cuenta con instituciones especializadas en esta materia, creadas como sector desde el año 2010, mediante decreto ejecutivo 001-MIDEPLAN, dirigido al ordenamiento territorial y vivienda, integrados por instituciones como: el BANHVI, CNE, INVU, IFAM, IDA, ICT, etc.[4] En ProDUS, de la Universidad de Costa Rica, se recalca la importancia de una correcta planificación en este aspecto, sobre todo tomando en cuenta el cambio climático. En la Revista Crisol, de la misma casa de estudios, se hace constar el tema del desarrollo sostenible que buscan ejecutar los expertos en planificación urbana, para no solo evitar dañar el ambiente al construir las diversas edificaciones, sino que ejecutar construcciones inteligentes para prescindir del consumo energético en aquellos casos en los que se pueda; indica la revista universitaria (Salas, 2015, pp. 20-21): “… el mayor aporte de Produs en la necesidad de adaptación del país ante el cambio climático se concentra en colaborar en la variable de ordenamiento territorial, protección del recurso hídrico, manejo y disposición de aguas pluviales y residuales…“Buscamos formular estrategias para el diseño de nuevos edificios o rehabilitación de los ya existentes, en donde se aprovechen los recursos naturales como la luz solar o el viento para reducir el consumo energético”…”. Esto se encuentra relacionado con el tema de la contaminación atmosférica y el tratamiento de desechos y de vertidos, por lo que vemos la importancia de llevar a cabo un apropiado tratamiento de los residuos y la imposición de sanciones concretas en caso de irrespetar las disposiciones legales establecidas para tal efecto.
Al referirnos al tema de los mares planteado en este primer objetivo del PND, basta con recordar que es de ellos de donde conseguimos gran parte de nuestros alimentos, por eso su explotación debe ser sustentable, conservando y procurando productos sanos y suficientes para las generaciones presentes y futuras. Océanos “sanos” nos garantizan un buen nivel de vida, no solo como fuente de alimento, sino también para la regulación del clima, los distintos tipos de recreación y turismo (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafos 158 y siguientes).
La Sala Constitucional, en su voto 10540-2013, ha señalado que el desarrollo sostenible es extensible a los mares; alguna vez se creyó que sus recursos eran inagotables, pensamiento ya superado: “Costa Rica no es la excepción, los estudios demuestran que la fauna de acompañamiento que está siendo capturada por las redes de arrastre es también sexualmente inmadura, aspecto que confirma el propio INCOPESCA en su informe. A todas luces, esta técnica es incompatible con el desarrollo sostenible de los recursos marinos, está ocasionando problemas serios de agotamiento del recurso, a tal punto que citan estudios realizados por esa entidad en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica, en los que se concluyó la necesidad de reducir las embarcaciones con redes de arrastre para permitir la recuperación gradual de la especies en el Golfo de Nicoya hasta alcanzar la sostenibilidad.” Por eso, el tratamiento de los mares también se encuentra como problema por resolver, no solo en cuanto a sustancias tóxicas presentes, sino en cuanto a la explotación de alimento, que debe hacerse de manera racional, para permitir la regeneración de nuestros océanos. Vuelve a surgir el tema de la contaminación atmosférica e hídrica, regulado en las distintas leyes costarricenses, ya que debemos evitar contaminar los mares, sea con: aguas jabonosas, derrames de petróleo, fugas nucleares, desechos sólidos como los que dejan los visitantes de las playas, vertidos de aguas negras, etc., que ponen en riesgo la vida marina y por ende, la humana. Recordemos que lo planteado por el numeral 50 de la Constitución Política toma en cuenta el paisaje (art. 89), razón por la cual, los mares que se encuentren limpios, así como los ríos que desembocan en los mismos, más su biodiversidad, influyen directamente para conseguir un ambiente equilibrado y por consiguiente, el bienestar de las personas.
El artículo 50 constitucional se manifiesta como sustento para un desarrollo sostenible en Costa Rica, no solo al leer su texto, sino al ver su impacto en el ordenamiento jurídico en su conjunto, por ejemplo en la LOA, su Capítulo VI hace referencia al ordenamiento territorial, trascendental a nivel nacional tal y como lo mencionaban los expertos. En su numeral 28 se hace referencia expresa a las políticas del ordenamiento territorial, enfocadas a la consecución del mayor bienestar de la población, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente, este artículo indica:
ARTICULO 28.- Políticas del ordenamiento territorial
Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.
El numeral 29 LOA, hace referencia a parámetros que se han establecido a nivel mundial, como lo son: tomar en cuenta los diversos ámbitos que influyen directamente en el uso de los suelos, sea el agropecuario, zonas recreacionales, habitacionales, etc.; hacer un uso sostenible de los recursos y; la participación activa de la población:
ARTÍCULO 29.- Fines
Este numeral deberá concordarse con el 31 del mismo cuerpo normativo, que se refiere al desarrollo urbanístico y ve hacia el futuro en temas de construcción de infraestructura y aprovechamiento de los espacios, por lo que es más visionario y permite prever el crecimiento poblacional, específicamente para las construcciones habitacionales. El artículo 30 LOA, establece los lineamientos a tomar en cuenta al planificar los asentamientos, teniendo presente el artículo 89 constitucional sobre paisaje, lo señalado por los expertos en cuanto a recursos renovables (art. 38 inciso f) Ley Forestal) y no renovables, las diversas actividades económicas que se deben llevar a cabo para beneficio del país (art. 69 Constitución Política), las características de cada ecosistema, las proyecciones de población y los recursos, etc., regulación que deberá concordarse con la Ley de Planificación Urbana, específicamente, en sus artículos 1, 2, 16, 19, 20, 56 entre otros numerales, donde se resalta la relevancia de las municipalidades, para conseguir que el país aproveche sus recursos y cuente con construcciones de calidad.
El segundo objetivo sectorial del PND, se enfoca en utilizar los avances tecnológicos para conseguir beneficios colectivos (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafos 48, 65, 72). Por ejemplo, la tecnología se vuelve sumamente útil cuando se emplea en meteorología, porque predice eventos climáticos dañinos y podría evitar golpes en la economía, la sociedad y el ambiente de un país. Siempre han existido catástrofes naturales, pero con el devenir de los años, se han producido alteraciones en el clima haciéndolo impredecible, por lo que puede llegar a causar graves daños al ambiente y a la sociedad en general, por esta razón, la OMM ha creado un documento llamado “Marco Mundial para los Servicios Climáticos”, con el fin de conocer mejor el clima y evitar sus cambios drásticos que terminan causando un gran perjuicio a la humanidad. En Costa Rica, para conseguir una gestión ambiental sostenible, se elaboró la “Estrategia Nacional de Cambio Climático” (MINAET, 2009), donde se establecen los sectores en los cuales urge trabajar, como: agricultura, energía, recurso hídrico, transporte, documento que pretende establecer a nivel nacional la idea de la eco-competitividad, para lo cual se echa mano de la tecnología, buscando la mejora de las actividades a través de ella y además difundir ese conocimiento, en gran medida, mediante el Gobierno Digital (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 269-276). El tener un control tecnológico climático, permite alertar sobre un posible desastre natural, evitando eventos nefastos, reduciendo: las muertes; la contaminación; los riesgos sanitarios (epidemias); la pérdida de recursos; destrucción de infraestructura; daños a la biodiversidad; por otra parte se mejora el rendimiento agrícola, tanto en su producción como en su calidad, mediante sistemas agrícolas sostenibles que son económicamente viables para los agricultores, a la vez que se reduce la contaminación que pueden producir los químicos agrícolas (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 111) . Asimismo se hace referencia al apropiado uso de las fuentes hídricas, tanto a nivel laboral como energético, con fuentes alternas de energía y esto se consigue implementando las predicciones meteorológicas. La OMM señala (2012, p. 17): “[l]a OMM coordina varios proyectos con los SMHN con objeto de: prestar servicios meteorológicos y climáticos a los agricultores que ayuden a desarrollar sistemas agrícolas sostenibles y económicamente viables; mejorar la producción y la calidad; reducir las pérdidas y los riesgos; aumentar la eficacia hídrica, laboral y energética; conservar los recursos natura- les y reducir la contaminación química agrícola. La información climática se utiliza principalmente para planificar y las predicciones meteorológicas para los proyectos prácticos. También se proporcionan datos e información de calidad sobre el agua a los gestores de recursos hídricos, con inclusión de previsiones hidrológicas mejoradas.”
Una actitud participativa de la población para conseguir los objetivos planteados para alcanzar el desarrollo sostenible, se logra a través de la educación. Cuando hablamos de educación no debemos enfocarnos solamente en aquella que genera títulos técnicos o académicos; cuando nos referimos a la educación, hablamos de informar a la población en qué consiste un determinado tema (en este caso el medio ambiente), enseñar qué es lo que pasa cuando el mismo se destruye, cuáles son las consecuencias de esas prácticas nocivas, cómo se puede hacer para paliar los daños y qué puede hacerse para conservar las partes de la naturaleza que aún no han sido tan vulneradas. Y es este tipo de información, de educación (informal y no formal), la que se vuelve sumamente relevante, aunque la misma no genere un título técnico o universitario, porque solo informando, educando a la población, es como podremos crear consciencia en la ciudadanía y conseguir que la misma genere un cambio positivo, rápido y relevante en beneficio del planeta.
El tercer objetivo sectorial del PND se refiere al uso inteligente de la energía, buscando la alterna para prescindir de los hidrocarburos y contribuir al mejoramiento del medio ambiente, siendo Costa Rica un país destacado a nivel mundial por el uso de energías alternas, lo cual se ha propuesto de manera puntual en el Plan Nacional de Energía 2015-2030, con el fin de alcanzar la Carbono Neutralidad para el año 2021 y contar solo con energía alterna para 2050. Por supuesto que debe seguir usándose energía para avanzar como nación (para algún día dejar de ser un país en desarrollo), pero el uso de la alterna permitiría esa sustitución apropiada que no dañaría al medio ambiente y que evitaría un rezago en diferentes ámbitos para el país. El usar diversas fuentes de energía amigables con el ambiente, ha hecho que Costa Rica sea clasificado como uno de los países más verdes del mundo, estando a la par de Letonia y Finlandia, con un 37% en la producción de energía verde, esto para los años 2012 y 2013 (World Economic Forum, 2015). Para eso, el Estado deberá generar estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados, esto a nivel gubernamental, pero a nivel individual (que termina por volverse colectivo), cada persona deberá tener la conciencia y la iniciativa para tomar medidas oportunas en más aspectos, que no le generan un desgaste económico o de otra índole y que son sumamente fáciles de llevar a cabo, como lo es no tirar basura en la calle; no dejar luces y aparatos encendidos innecesariamente; evitar hacer ruidos de cualquier tipo (nos referimos al ruido, no a los sonidos, que sí pueden llegar a ser muy agradables) sea en la casa, en el carro, en el trabajo, en los comercios, o en espacios públicos, sin importar la hora del día; no hacer quemas que no estén autorizadas y que no tengan fines agrícolas (arts. 4 y 5 de la Ley de Quemas, que padece de sanciones inútiles, valga indicar); no sacar a los animales a que dejen sus desechos en la calle, parques, etc., sino que recogerlos en su propia casa o en caso de que ensucien un lugar público, que sus dueños recojan esos desechos y dejen el área limpia[5]; no cortar árboles innecesariamente (artículo 6 inciso l) Ley Forestal); no contaminar las fuentes hídricas; cuidar el estado de los automotores; ejecutar un adecuado tratamiento de los vertidos (lo que se verifica en la planificación de las construcciones); etc. Si las generaciones presentes son sofisticadas para usar un teléfono inteligente, también deben serlo para cumplir con acciones tan básicas como las mencionadas que, de no hacerse, dañaría de igual manera a quien no las hace.
En Costa Rica, la regulación para los residuos urbanos de este tipo y sus respectivas sanciones, le corresponde a cada municipio de acuerdo con los artículos 169 de la Constitución Política y 8 de la LGIR, Nº 8839, este último explica:
Al establecer las sanciones en una ley, que para el caso de la LGIR están en el Título IV (arts. 48, 49 y 50), debe asegurarse que no sean ridículas por lo mínimas y que además serán aplicadas con efectividad, para que no queden en el papel. Aquí nos regiremos por el principio de “quien contamina, paga”, entre otros, tal y como lo menciona el profesor Mario Peña en su obra “El nuevo canon ambiental por vertidos” (Medio Ambiente & Derecho, 2004): “…el nuevo canon ambiental encuentra asidero jurídico en los principios ambientales: precautorio y acción preventiva, [13] equidad inter e intrageneracional [14] , corrección a la fuente [15] y participación ciudadana [16] . A la vez, se basa en los principios propios del megaderecho humano denominado “Desarrollo Sostenible” [17] como lo son los de solidaridad y responsabilidad social.”, con el fin de paliar, de la mejor manera posible, el daño hecho al ambiente que menoscaba el bienestar de las personas.
Luego surge el concepto de “sostenibilidad”, al que ya nos habíamos referido y que, aunque también busca el resguardo del ambiente, no es sinónimo de “desarrollo sostenible” y su diferenciación se encuentra tomando en cuenta lo que pretende cada término. Podemos citar sus rasgos distintivos de acuerdo con lo señalado por la UNESCO (2012, p.5): “[p]odríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la diferencia entre desarrollo sostenible y sostenibilidad? La sostenibilidad suele considerarse como un objetivo a largo plazo (es decir, un mundo más sostenible), mientras que el desarrollo sostenible se refiere a los muchos procesos y caminos que existen para y lograr ese objetivo (por ejemplo, la agricultura y silvicultura sostenible, la producción y consumo sostenible, el buen gobierno, la investigación y transferencia tecnológica, la educación y formación, etc.).” Es por esto que se busca conseguir un “desarrollo sostenible” y no solo “sostenibilidad” y, a su vez, se insiste que el mismo será alcanzado mediante la educación, para lograr soluciones inteligentes que sirvan a corto, mediano y largo plazo. Existen tres condiciones que se convierten en necesarias para poder obtenerlo. Según la UNESCO (2012, p. 14), basándose en lo indicado por el economista ecológico Herman Daly, estas son:
Para tomar las medidas oportunas en pro de la naturaleza, deben introducirse estos conocimientos ambientales en la ciudadanía y la forma idónea para hacerlo, sobre todo en los niños de escuela y colegio, es a través de los mismos centros de enseñanza a los que asisten, incluyendo dentro de los planes de estudio una materia específica para conseguir el objetivo planteado en el numeral 50 constitucional, ya que se convierte en una obligación del Estado el velar porque él mismo y su población, tengan los lineamientos por seguir para obtener un medio ambiente equilibrado (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 233 y 234). Continuando con lo que ha expuesto la UNESCO (2012, p.14), la científica ambiental Donnella Meadows, presentó seis lineamientos generales que tienen como fin reestructurar los sistemas mundiales, para así alcanzar la sostenibilidad. Esos lineamientos son:
Estos parámetros que estableció quien, además de científica fuera profesora y escritora, se encuentran muy relacionados con los distintos tipos de contaminación.
Como hemos reiterado, la manera en cómo puede alcanzarse el desarrollo sostenible es mediante estrategias, por ejemplo, una planificación urbana inteligente. En Costa Rica, el tema de la infraestructura es uno complicado, ya que, desafortunadamente, no se tuvo la visión como para prever el crecimiento poblacional a largo plazo y la correlativa adquisición de automotores y construcción habitacional, siendo uno de los países más rezagados de la región en este ámbito. Dado este terrible error por parte de las autoridades competentes, hay vías que ya no pueden ser ampliadas por diversas razones, entonces deben buscarse alternativas. El INCOFER insiste en la promoción del transporte ferroviario paralelo a las autopistas, de manera que no debe disponerse de más espacio para que circulen los trenes y lograría garantizarse una velocidad útil en este medio de transporte, a la vez que no genera congestión respecto de los demás tipos de automotores que circulan por las principales calles del país, disminuyendo, de esta forma, parte de la contaminación atmosférica que se genera al utilizar los hidrocarburos. Otra alternativa inteligente sería la propuesta considerada en el año 2009 por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR-CANACINTRA, 2009, p. 21), donde se indica que la localización de zonas industriales cerca de la red ferroviaria, ayudaría a disminuir la contaminación que se genera al transportar los productos de un lugar a otro: “[e]l sector industrial destacará la importancia del ordenamiento territorial efectivo para priorizar la localización de empresas y zonas industriales cerca de las rutas de transporte de menor emisión GEI, por ejemplo la red ferroviaria.” Parece lógico que, si las zonas industriales se encuentran cerca de las principales vías del país, tendrá que ser menor el recorrido para llevar las mercancías a su destino; esto implica una ganancia para las empresas, pero pensando en el ambiente, también podríamos considerar medios inteligentes para hacer el traslado efectivo de esos bienes, sea a través de los trenes (siendo este el medio preferido y ojalá en su versión eléctrica) o con furgones, pero respetando los lineamientos establecidos en cuanto al tiempo de utilidad de los carros de carga y su debido mantenimiento, para controlar el humo y los ruidos que sus máquinas terminan ocasionando. Debe tomarse en cuenta lo que señalaba la Cámara de Industrias, ya que la economía de los países repercute en el tema social, siendo este el tercero de los componentes que forma parte del desarrollo sostenible.
Los objetivos del desarrollo sostenible, que son mundialmente reconocidos por las diversas naciones, deben alcanzarse mediante estrategias realizables y adaptables a cada región, de ahí que cada país deba establecerlos como meta-nación, en la cual participe activamente toda su población, estos objetivos son: 1. Erradicar la pobreza; 2. Eliminación de las hambrunas; 3. Buena salud y bienestar; 4. Calidad en la educación; 5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía limpia y asequible; 8. Trabajo digno y crecimiento de la economía; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. Consumo y producción responsable; 13. Actuar por el clima; 14. Vida bajo el agua; 15. Vida sobre la tierra; 16. Paz y justicia y 17. Asociación para la consecución de los objetivos (World Economic Forum, 2015).
Ya los tribunales costarricenses han reconocido la importancia del desarrollo sostenible y la necesidad de procurarlo a nivel nacional. Sus diversos elementos influyen directamente en el progreso del país, por lo que se reconocen como tema relevante que se manifiesta a través del artículo 50 de la Constitución Política. La Sala Construccional ha señalado (Res. Nº 196-2006):
Considera oportuno este Tribunal Constitucional, por las características tan particulares de las que goza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, explicar nuevamente los alcances de esta garantía constitucional. Así se puede apuntar que el derecho que posee todo ser humano a desenvolverse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado disfruta de un contenido amplísimo, pues equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida de los seres humanos. Ante esto, la garantía que nuestra Carta Política recoge en su artículo 50 rebasa la concepción que en ocasiones se tiene de que este derecho no supera más allá de los criterios de conservación natural, esa garantía pasa más bien a ubicarse dentro de toda esfera en que se desarrolle la vida de los humanos. Ante esto, es posible afirmar que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando la totalidad de sus institutos. El derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado hace referencia al equilibrio que debe existir entre el desarrollo social, económico y político de una República con la conservación de los recursos naturales que ella posee, es decir, el equilibrio que debe existir en el entorno dentro del cual se desenvuelve la vida de las personas, la consecución de ese balance entre desarrollo y conservación es lo que diversos instrumentos internacionales, como distintas corrientes de pensamiento han llamado desarrollo sostenible. Ambos derechos -al desarrollo social, económico y político y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado- se encuentran reconocidos de forma expresa en el artículo 50 de la Constitución Política, que perfila nuestro modelo estatal como Estado Social de Derecho.
Antes indicamos la importancia que cada país debe darle al desarrollo sostenible porque de eso depende el bienestar de su población, por lo que se entiende que el Estado tiene obligaciones en este tema, tanto como el cualquier otro asunto que conlleva consecuencias legales: obligación de no contaminar a la naturaleza, pero también la obligación de reparar los daños que se le hagan a la misma y el deber de sancionar a las personas que dañen el medio ambiente, sean físicas o jurídicas; continúa indicando la Sala:
La ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual debe éste ser analizado. El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de normas programáticas, que se pueden entender como una serie de objetivos económicos, sociales y políticos de gran relevancia tendientes a la adecuada convivencia de la estructura social de un Estado además de la introducción de derechos y garantías sociales que aseguran el interés general, el bien común -como valor del ordenamiento jurídico y como objetivo de toda sociedad- y la satisfacción de las necesidades de las personas. Desde este punto de vista, nuestra Carta Política trata con especial énfasis la protección del ambiente, pues es uno de los instrumentos a través de los cuales se puede proteger y mejorar la calidad de vida de las personas que interactúan en un complejo societario, esto convierte en necesaria la intervención de los poderes públicos, actuaciones tendientes a evitar alteraciones al equilibrio ambiental pues las inacciones de parte del Estado tratándose de cuestiones relacionadas con el ambiente podrían convertirse en obstáculos para que las personas se desarrollen y desenvuelvan plenamente. De igual forma que el principio del Estado Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se manifiesta en la doble vertiente de derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie, garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.
Entendiendo y respetando las distintas posturas espirituales existentes, es que la referencia que hacemos al siguiente documento conlleva una óptica exclusivamente académica y esta mención se hace debido a la gran atención que acaparó a nivel mundial la Encíclica Papal “Laudato si´”, presentada en junio de 2015 y elaborada por el jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco. Esta encíclica da especial énfasis al cuidado del planeta, como casa común de todos, haciendo un llamado para que las personas entiendan que, de alguna forma, contribuyen con la destrucción de la diversidad biológica, incremento del cambio climático, deforestación, los diversos tipos de contaminación, entre otras acciones, por lo que se requiere la acción de todos, evitando: “la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas”(2015, p.13), promoviendo actitudes más prácticas como: “tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir ese calentamiento o, al menos, las causas humanas que los producen o acentúan.” (2015, p.21). En tal documento, el mayor representante del Vaticano expone los problemas más serios en materia ambiental, de pobreza, resaltando que los países desarrollados deben apoyar a los que se encuentran en vías de desarrollo, con políticas y programas de desarrollo sostenible (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 191).
4. La educación como instrumento para alcanzar un desarrollo sostenible [arriba]
La educación es un tema de gran relevancia en materia ambiental porque concientiza a la población sobre los graves daños que también se produce a sí misma al no darle el tratamiento apropiado al medio ambiente. A la vez, logra instruir a la población para que sepa cómo utilizar los recursos de una manera sostenible, crear ideas y lineamientos para solucionar los graves problemas que enfrenta el planeta, promoviendo la participación ambiental efectiva, mediante el derecho a la información, la contribución en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.
A las personas debe enseñárseles, desde pequeñas, el respeto que deben tener hacia las demás, pero también con el resto de la naturaleza: con la flora, la fauna, etc. Y ese respeto debe ser sincero, real, efectivo, no solo por furor, por la moda, o para que sean los demás los que lo apliquen. El resguardo al ambiente es una tarea de todos, no solo del gobierno. De nada sirve que el Estado opte por las medidas oportunas para su resguardo, si la población contamina los recursos; tampoco habría avance si el Estado mismo participa para contaminar al ambiente de manera desmedida y resulta ser la población más bien, la que debe señalarle sus faltas. La acción en pro de la naturaleza debe ser conjunta, incluyendo a todos los sectores de la población. Las Naciones Unidas ha dado énfasis al tema de la educación, indicando que solo a través de ella es cómo puede alcanzarse el desarrollo sostenible (UNESCO, 2012, p. 7): “[l]os gobiernos y la sociedad civil, así como también las personas, deben ser responsables de lograr un futuro más sostenible; y todos deben contribuir a su manera... la comunidad educativa debe cumplir una función especial… la educación es un ingrediente esencial para lograr un futuro más sostenible. Por ejemplo, sólo con educación la próxima generación de ciudadanos, votantes, trabajadores, profesionales y líderes estará preparada para contar con conocimientos perdurables sobre la sostenibilidad. Sin educación, se pondrá en peligro el avance hacia un futuro más sostenible. Ciertamente, aprender la manera de ir hacia adelante.” La educación para un desarrollo sostenible debe permear los planes de estudio y los reglamentos de las escuelas, colegios, universidades, oficinas gubernamentales, comerciales, etc., para que las personas sepan cómo reciclar[6], aprovechar mejor el agua, construir infraestructura inteligentemente, encontrar opciones de energía y agricultura amigables con el ambiente, etc. Solo enseñándole a la población cómo ser más sustentable se podrá hacer un mejor aprovechamiento de los recursos y dañar menos al planeta. Un país limpio refleja la cultura, el valor y la educación de su población, por lo que debe generarse esa conciencia, introducir en la cultura la idea de cuidar al ambiente, resaltar que los lugares atractivos para visitar son aquellos que se encuentran limpios y que, aunque no sean visitados todo el tiempo, contribuyen a mantener un ambiente equilibrado, además de fortalecer la salud de las personas y el bienestar de la naturaleza en su conjunto (flora, fauna y demás recursos naturales).
En cada país, la cartera de Educación deberá introducir en los planes de estudio de las escuelas y colegios el tema del Desarrollo Sostenible, para que los niños se familiaricen con él y desde pequeños le den un enfoque diferente a los recursos, sabiendo que no son inagotables y que una sobreexplotación de los mismos en el presente, ocasionará su carestía en el futuro. Señala la UNESCO (2012, p. 8): “[p]ara reorientar un plan de estudios de manera de abordar temas de sostenibilidad, las comunidades educativas necesitan identificar los conocimientos, temas, perspectivas, habilidades y valores que son centrales para el desarrollo sostenible en cada uno de los tres componentes de la sostenibilidad –medio ambiente, sociedad y economía– e integrarlos al plan de estudios. La comunidad educativa también necesita decidir cuáles de los muchos temas sobre sostenibilidad existentes (ej. biodiversidad, cambio climático, equidad y pobreza) formarán parte del plan de estudios. Idealmente, los esfuerzos para reorientar la educación deberán basarse en los desafíos nacionales o locales en materia de sostenibilidad. Un plan de estudios adecuadamente reorientado abordará el contexto ambiental, social y económico local para garantizar que sea localmente pertinente y culturalmente apropiado.” Los profesionales en pedagogía, deberán idear la forma más atractiva para hacer que la población estudiantil se interese por esta materia, para que no se perciba como aburrida o innecesaria. En cuanto al resto de la ciudadanía, debe mandarse un mensaje de concientización que capte su atención, logrando que entienda que el tema de la sostenibilidad ambiental no es uno alarmista, o que solo debe enfocarse en los niños, o que solo afecta unas zonas del planeta. Por ejemplo, los casos en los cuales los vacacionistas visitan un lugar, lo ensucian y luego reniegan porque no hay zonas para visitar, son los más responsables de esa contaminación visual, atmosférica, hídrica, etc., que ha afectado ese escenario. Pero esto no debe quedar solo en responsabilizar a esas personas moralmente, sino que, indicarles que si hacen un daño, deben repararlo. Y esa reparación puede ser llevada a cabo de forma personal, mediante horas de trabajo, o pagando una suma de dinero, de forma tal que la llamada de atención sea efectiva y ejemplarizante, de esta manera se repara el daño causado y se le indica a la población que si dañan a la naturaleza, sus actuaciones tendrán consecuencias legales, al igual que en cualquier otra materia del Derecho en la que existe la correspondiente sanción. Al referirnos a la educación, se le da una oportunidad a la población para que conozca la importancia de la naturaleza y en vez de ser sancionada por una mala actuación, proceda coherentemente, evitando hacer una de las acciones u omisiones estipuladas en el ordenamiento jurídico y que conllevan una sanción. Se educa para prevenir, para evitar un daño al ambiente, en lugar de repararlo. También debe educarse a la población para generarle conciencia en otros ámbitos como sucede con el consumismo. Probablemente este se encuentre relacionado con un problema de ansiedad patológica (Revista Cubana de Medicina General Integral, 2015) por parte de la persona que necesita comprar muchos zapatos, bolsos, perfumes, relojes, gafas de sol, cambiar innecesariamente aparatos tecnológicos, o automotores, artículos que no es trascendental tenerlos en demasía y que solo le causan un daño al ambiente por tener que producir más de estos artículos, consumiendo más y más materiales a nivel mundial. Si bien es cierto es un problema muy personal, termina por afectar a la naturaleza en su conjunto. No se podría sancionar a alguien por ser consumista, lo que debe es enseñársele por qué está actuando mal y que su exceso de consumo deja de ser un asunto personal, para convertirse en un problema común. Esto forma parte de la “huella de carbono”, que puede ser provocada tanto por empresas, como por personas físicas y se define así (CEPAL, 2010, p. 5): “[c]omúnmente la huella de carbono se define como la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios de los seres humanos, variando su alcance, desde un mirada simplista que contempla sólo las emisiones directas de CO2, a otras más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la elaboración de materias primas y el destino final del producto y sus respectivos embalajes.” Por lo que vemos, es evidente la responsabilidad que tiene cada persona sobre lo que adquiere, porque de hecho, su consumo incide a nivel global (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafos 58 inciso o); 61; 224-226). El tema de las sanciones es propicio para que se aplique con mayor razón, cuando la población se encuentre informada y aun así opte por alterar de manera nociva el equilibrio ambiental que regula el artículo 50 de la Constitución Política. De ahí la relevancia del artículo 46 constitucional, sobre el derecho que tienen los habitantes a informarse y que esos datos sean adecuados.
Como “pequeñas” acciones individuales, se pueden tomar medidas a la hora de hacer las tareas domésticas no dejando los tubos de agua abiertos mientras se hace otra acción; reutilizando el agua, en los casos en los que se pueda; no llevar a cabo impresiones innecesarias, sean correos electrónicos, trabajos escolares o informes laborales. Ahora los mecanismos educativos son más versátiles y en muchos cursos académicos se manejan antologías electrónicas, el envío de asignaciones mediante correo electrónico, etc., lo que significa un ahorro considerable de papel, por ende menos tala de árboles. Por eso señalábamos que la educación no necesariamente es aquella que genera un título técnico o académico, tenemos que entender el término “educar” como sinónimo de “informar” para estos efectos, como lo es la información brindada mediante medios de comunicación (educación no formal), de esta manera podremos indicarle a la población la mejor forma de conseguir un medio ambiente equilibrado y hacer que esas ideas y esa conciencia, se concreten de forma oportuna.
Otro aspecto en el cual se pretende informar, es en lo atinente a la sobrepoblación mundial. El mundo se encuentra sobrepoblado por seres humanos y mientras en algunos países, como los nórdicos, tienen tasas de natalidad muy bajas, otros, como los subdesarrollados, tienen tasas muy altas. Se encuentran muy poblados e incluso para estas fechas, siguen teniendo gran cantidad de hijos, por lo que siguen sobrepoblando el mundo. El planeta Tierra es sumamente grande, si lo comparamos con un solo país o un continente, es cierto, pero debe recordarse que no toda su tierra es habitable: por las inclemencias del clima, por la inestabilidad de los suelos, etc., que no permite el establecimiento de asentamientos humanos en él. Ligado a lo anterior, está el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 108). No toda la tierra es cultivable, por lo que no se le podría hacer frente a la producción de alimentos que requiere y demanda la población mundial. Aunado a esto, se encuentran los demás recursos escasos, como el agua; recursos para cubrir vestido, vivienda, transporte, etc., que comienzan a escasear; se ocasiona mayor producción de enfermedades, hacinamiento, etc.; algunos científicos han optado por indicarle a las personas que lo adecuado es tener uno o dos hijos por pareja, para que, aunque sea limitadamente, se puedan garantizar los recursos para esas nuevas generaciones. El control demográfico ha sido implementado como un factor clave para poder alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial, al respecto la OMM (2012, p. 16) señala: “[e]l crecimiento demográfico y el cambio climático alteran la disponibilidad de los recursos hídricos en todo el mundo y agravan el problema de la seguridad alimentaria.”. De manera más amplia, el artículo “10 Solutions for Climate Change” (Scientific American, 2015) explica la política de un solo niño y su razón de ser, entre otras nueve medidas que, a criterio de los expertos, pueden ayudar a alivianar la carga para el planeta:
Por supuesto que las nuevas parejas tienen derecho a tener hijos, si así lo desean, y no debe cercenárseles ese derecho a la paternidad y maternidad, solo porque parejas, tanto coetáneas como de épocas anteriores, se desbocaron a tener muchos hijos, sean del propio país o del exterior. Pero hoy, sí se puede (y se debe) actuar civilizadamente y controlar el número de hijos, tanto por pareja, como por persona (que tiene múltiples parejas). En la actualidad, aquellas actitudes son vistas como anómalas en Costa Rica, pero aún hay países en los que se ve como muy común y aceptado, incluso, por ejemplo, que algunas personas tengan o tuvieran decenas de hijos. Esta política de tener pocos hijos se ha venido pensando con el cambio de milenio, por lo que ese control en la natalidad, recae sobre todo en la población desde el año 2000, lo que no le resta responsabilidad a las demás generaciones, por el número de hijos que hayan traído al mundo.
Y las anteriores, podrían ser vistas como obligaciones de no hacer, yéndonos al otro extremo, también hay obligaciones, pero de hacer. El conseguir un ambiente equilibrado conlleva un gran esfuerzo, por eso resulta ser un reto de escala mundial. Tal es el caso de reciclar; recolectar el agua de lluvia en grandes tanques para reutilizarla en diversas actividades, como limpieza de vidrios de edificios o para lavar carros (art. 47 Ley de Aguas). También puede utilizarse para regar las áreas verdes ornamentales y los sembradíos agrícolas, evitando la destrucción de la vegetación por falta de riego y la muerte de animales por falta de alimento e hidratación, como ha pasado en la zona de Guanacaste. Esta técnica de recolección de agua llovida, ha sido utilizada exitosamente por una empresa de tuberías en Costa Rica (ameliarueda.com, 2015) que la ha implementado para la actividad propia de su empresa, pero que, como mencionábamos, puede utilizarse para muchas más actividades que implican un gran impacto económico y social para el país.
Quizás no sea tan fácil tener ideas brillantes como crear paneles solares, pero sí se pueden dirigir fuerzas para encontrar una solución apropiada a los problemas ambientales, como la arquitectura inteligente, que consiste en crear edificios con grandes ventanales para así poder pasar la mayor parte del tiempo en ellos utilizando la luz natural, prescindiendo del uso de la electricidad gran parte de la jornada, en cuanto a la iluminación. De igual manera la arquitectura inteligente permite tener ventilación natural, siempre que no sea necesaria la artificial, por ejemplo en el caso de actividades en las que debe mantenerse un cierto grado de temperatura, que solo puede ser conseguido con aires acondicionados (aparatos que también podrían funcionar con energía alterna). Sí se puede educar a la colectividad para que implemente otras opciones inteligentes, que también resultan ser eficientes, tanto para infraestructura, como para medios de transporte, equipos, etc. y que forma parte del tercer objetivo sectorial del PND, al cual hicimos referencia, sobre energía alterna y los respectivos planes gubernamentales.
En otra ocasión[8] nos referimos al “Programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica” (PBAE), que entró a regir en 1996 y explicamos la manera en cómo funciona el mismo y la gran aceptación que ha tenido por parte de la población, ya que trabaja mediante compromisos, que una vez alcanzados se representan a través de estrellas, numeradas de uno a cinco, siendo las cinco estrellas obtenidas la mejor categoría. Conseguidos los objetivos planteados por el Programa, se obtiene un galardón que es la Bandera Azul Ecológica, otorgado anualmente. A través de este distintivo, “se premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.” (Bandera Azul Ecológica, 2015). Evidentemente, mediante estos programas se logra encaminar al país para conseguir un desarrollo sostenible, no solo evitando que el medio ambiente se siga dañando, sino buscando paliar el daño que se le ha causado. Lo llamativo del Programa de Bandera Azul Ecológica es que se dirige tanto a instituciones gubernamentales, como a empresas privadas, por lo que llega a toda la población, evitando exclusiones en cuanto a la participación. El programa propicia una sana competencia con el fin de proteger el ambiente y el resultado ha sido que muchas empresas que han obtenido el galardón han intentado mantener su estatus, lográndose un resguardo y una reparación efectiva del ambiente. Esta iniciativa incluye a personas de todas las edades, precisamente porque no solo se dirige a los centros de estudio (primaria y secundaria), sino que se dirige a lugares de trabajo, así la educación ambiental termina llegando a las personas adultas, que, en muchos casos, no la recibieron durante su etapa escolar.
Con el movimiento “Paz con la naturaleza” del 2007, Costa Rica adquirió el compromiso que consiste en introducir dentro de la educación costarricense, específicamente dentro del plan de estudios, una materia referente a la educación ambiental, con miras a alcanzar el desarrollo sostenible en el país. Por supuesto que estas medidas se pueden aplicar en los centros de trabajo, no solo para quienes laboran ahí, sino para quienes, por diversas razones, los visitan para conseguir servicios o productos y a quienes esta valiosa información puede y debe ser dirigida para lograr alcanzar conciencia en la población, de manera que la conciencia ambiental permee el conocimiento de las personas y este se traslade de generación en generación y se convierta en un aspecto cultural, de aplicación general. Así, lograremos un desarrollo pleno y sostenible del país. De acuerdo con la UNESCO (2012, pp. 34-35), la Educación para el Desarrollo Sostenible tiene cuatro ejes o áreas de énfasis, que se procederá a enumerar:
1. Mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad.
2. Reorientar los programas educativos existentes para lograr la sostenibilidad.
3. Aumentar la comprensión y conciencia pública en relación a la sostenibilidad.
4. Proporcionar formación a todos los sectores de la fuerza laboral.
Con esto, pretende alcanzarse una educación básica y ambiental de calidad, que tenga como objetivo central la protección a la naturaleza para que, por medio del conocimiento, la población sepa a lo que se enfrenta y con base en esa educación recibida, optar por las vías más apropiadas para solucionar los problemas que están presentes hoy y que estarán en el futuro. A su vez, se promueve que los medios de comunicación se comprometan con la causa y fomenten este tipo de formación en la población, para conseguir un pueblo informado y activo.
Un documento relevante que puede servir de base para la EDS es la Declaración de la Carta de la Tierra del año 2000, que establece una serie de valores que, se recomienda, sean incorporados en los planes de estudio para que se inculquen en la población. Se insiste que para alcanzar un desarrollo sostenible, al elaborar los planes de estudio, deben incluirse sus tres áreas centrales; tales valores son: respeto y cuidado de la comunidad de la vida; integridad ecológica; justicia social y económica y democracia, no violencia y paz.
De acuerdo con la doctrina nacional (Solano, 2006, p. 71-80) la educación ambiental en Costa Rica empezó desde 1980. La LOA en sus artículos 12 y 13 establece a la educación como puente para alcanzar la concientización en la ciudadanía sobre el resguardo y reparación de los recursos naturales, indica esta normativa:
ARTÍCULO 12.- Educación
El Estado, las municipalidades y las demás instituciones, públicas y privadas, fomentarán la inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, de los programas de todos los niveles. El objeto será adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.
El numeral 13 LOA hace mención expresa sobre los fines de la educación ambiental, amparados legalmente para el caso de Costa Rica:
ARTÍCULO 13.- Fines de la educación ambiental
Con la LOA, Costa Rica ya había promovido, legalmente, la educación en pro del medio ambiente, pero es hasta el año 2015 que se introduce dentro del plan de estudios elaborado por el MEP, una materia específica para alcanzar la sostenibilidad ambiental, ya que así lo exige el PND 2015-2018. La forma en la que se pretende introducir el tema de la sostenibilidad ambiental en la educación costarricense, es a través del “Programa Integral de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Institucional Ambiental”, dirigido a los estudiantes y a los trabajadores de esta cartera. Entre sus compromisos están (MEP, 2015):
Como ya es sabido, la educación comienza en los hogares en todo lo atinente a normas básicas de convivencia (respeto, responsabilidad, honestidad, lealtad, etc.) y al entrar a la escuela, a los niños se les refuerza (en teoría, ya que depende de si la formación escolar es de calidad) esa educación básica que va iniciada desde los hogares, pero junto con la instrucción académica o técnica, debe añadirse la ambiental, para formar una sociedad que beneficie al planeta, en lugar de perjudicarlo con su actuar (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafos 229 y 230).
5. Control de la contaminación ambiental en el ordenamiento jurídico costarricense [arriba]
Al igual que la Constitución Política, existen distintas leyes que regulan diversos factores que ponen en riesgo al medio ambiente equilibrado que tanto se busca preservar. La normativa atinente, en general, trata los distintos tipos de contaminación, que se perciben por uno o varios de los sentidos, es decir, no porque no se vea algún tipo de contaminación, ya deja de existir. La LOA, ley Nº 7554, en su artículo 1 señala sus objetivos, además de una breve definición de “ambiente”, esta señala:
La ley es clara en indicar que va a dotar a los costarricenses de todos aquellos instrumentos que le permitan conseguir lo establecido por el artículo 50 constitucional. Es precisamente por medio de esta ley que se crean instituciones valiosas que sirven como mecanismo de protección para el sector ambiental en Costa Rica. En cuanto a la definición de “ambiente” que la misma proporciona, es un tanto ambigua o difusa, sin embargo esa amplitud podría evitar la exclusión de algún elemento por tener una redacción muy cerrada o por ser una lista taxativa. A través de este cuerpo legal, además de reforzar la tarea que tienen por ejemplo, las municipalidades, de resguardar a la naturaleza, así como de atender todas aquellas quejas y denuncias por parte de los habitantes, se crean otras instituciones como lo son: los Consejos Regionales Ambientales (art. 7 LOA; art. 12 Ley Forestal), adscritos al MINAE, que propician la participación de la ciudadanía, esto ha sido una de las metas de la LOA, concientizar a la población de que cuando se daña a la naturaleza, se daña a sí misma, incluidas las generaciones presentes que no se escapan de las catástrofes naturales, como hemos tenido oportunidad de ver en repetidas ocasiones; no es que solo afecte a las generaciones futuras. Se crea el Consejo Nacional Ambiental (art. 77 LOA), que funge como asesor de la materia al o a la Presidente de la República. De acuerdo con el artículo 79 LOA, este Consejo se conformará por quien sea Presidente de la República, además de los ministros de diversas carteras: MIDEPLAN; MINAE; Salud; MAG; MEP; MICITT, siendo esta una lista abierta, ya que se pueden incluir dentro del Consejo a aquellos funcionarios que se crean oportunos en su debido momento, aunque no se encuentren dentro de las estipulaciones expresas que hace la ley. Asimismo, la LOA crea, mediante su numeral 83, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, más conocida como SETENA y su Comisión Plenaria estará conformada así: un representante del MINAE; otro del Ministerio de Salud; otro del A y A; otro del MAG; de igual manera un representante del MOPT; otro del ICE; además de un representante de las universidades estatales, sin indicar a una de ellas de manera específica. Dicha institución se encuentra facultada para solicitar ayuda a cualquiera otra que sea estatal, excluyendo al parecer, consultas y colaboraciones por parte del sector privado del país.
A su vez se crea el Fondo Nacional Ambiental (art. 93 LOA), que permitirá la consecución de los objetivos establecidos para la SETENA, esto en la teoría, de ahí la importancia de la función proactiva y responsable del Estado. Finalmente, a través del artículo 103 LOA, se crea el Tribunal Ambiental Administrativo, con lo que se busca hacer efectiva la función de las instituciones creadas por esta ley, que permiten encontrar un resguardo para el medio ambiente y alcanzar, de esta forma, el bienestar de la población, consagrado en la Constitución Política.
Asimismo, deben tomarse en cuenta las diversas materias que regula esta normativa y que forman parte de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, temas que serán defendidos a través de las instituciones mencionadas anteriormente. Algunos de esos ámbitos vienen a ser la tutela al paisaje, ya que la parte visual es sumamente importante para los seres vivos, así como evitar el exceso de ruidos hasta donde sea posible. Del mismo modo incluye el apropiado tratamiento de las diferentes clases de residuos para que no afecte la salud humana en sus distintas magnitudes; a lo que nos estamos refiriendo es a la contaminación, que repercute directamente en el medio ambiente y en la población. Entre las variedades de contaminación se encuentran la visual, es decir, la que daña al paisaje, eliminando o modificando negativamente la forma natural del mismo. Por ejemplo, si se siembran árboles y demás tipo de flora se embellece el paisaje y, si el tipo de flora sembrada es nativa, fortalecería el ecosistema autóctono, entonces la modificación al paisaje es positiva. La contaminación visual es aquella transformación negativa en el paisaje (tanto en el escenario natural como en el cultural), como lo es la tala irracional de árboles sea para uso de la madera o abrir espacio para la construcción masiva de edificaciones en las montañas, que origina la destrucción de los bosques, que a su vez ocasiona un gran daño en la producción del recurso hídrico y también repercute en la purificación del aire, entre otros perjuicios; está la contaminación sónica o auditiva que puede llegar a producir niveles muy altos de estrés en la población y que se produce, en su mayoría, por sonidos artificiales, que son muy variados. También se encuentra la contaminación atmosférica, que abarca todas aquellas sustancias que perjudican a la salud, sea de forma “silenciosa” o evidente como la que se refleja con los malos olores, lo que se presentaría como sinónimo de un peligro para la salud, tal es el caso de las aguas negras. Asimismo podemos mencionar a la contaminación a las fuentes de agua (contaminación hídrica), sumamente peligrosa e inoportuna ya que daña el preciado líquido, sin el cual la población se vería afectada con consecuencias que comprenden desde su racionamiento, hasta los escenarios impensables. La Sala Constitucional (Res. 6922-2010) se ha pronunciado señalando al respecto: “[l]a escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-“. Estos tipos de contaminación y muchos otros, sin duda alguna, dañan a la población, sea de manera directa o indirecta. Cualquier persona podría decir que no le importa que se dañe la naturaleza ya que no es aficionada a la misma, sin embargo, de alguna manera llega a repercutir nocivamente en todas las personas logrando conseguir esos niveles de estrés y de histeria incluso, estadios que son indeseables en cualquier persona, que significaría evidentemente, no solo un problema de salud en ella, sea físico o mental (o ambos), sino que una persona alterada afecta de igual manera, directa o indirectamente, a las demás. Un caso evidente es el nerviosismo presentado por los conductores y pasajeros cuando existe un caos vial; este elemento va ligado a la apropiada planificación urbana del país, que se encuentra regulada en el Capítulo VI de la LOA, sobre ordenamiento territorial (arts. 28 al 31) y los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 de la Ley de uso, manejo y conservación de los suelos y su Capítulo IV del Título III, artículos 28 y siguientes, referente a la contaminación de este recurso.
Si referenciamos la parte visual de la naturaleza, lo atinente al paisaje, veremos que hay diversas definiciones para este término, que además se encuentra resguardado legalmente a nivel nacional e internacional. Podría hablarse de un paisaje natural y de uno artificial o cultural. En su obra “La tutela jurídica del paisaje”, el profesor Mario Peña (Revista Judicial, 2015) indica la definición tanto del paisaje natural, como el cultural: “… el “paisaje” se encuentra compuesto de dos elementos fundamentales, uno natural y otro cultural, mismos que se pueden encontrar separados, o bien yuxtapuestos en un mismo espacio físico. Por paisaje natural se entiende “un conjunto estable de componentes naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente tutelado” puede estar integrado por formaciones físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas, así como las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales, o bien zonas naturales, todas con algún tipo de valor estético o científico. Mientras tanto, el paisaje cultural sería aquel conjunto igualmente estable, pero conformado por elementos creados por la interacción humano, percibidos como significativos y por tanto, resguardados por el ordenamiento jurídico, pudiendo estar conformado por obras arquitectónicas, de escultura, pintura, elementos de carácter arqueológicos, inscripciones, cavernas, grupos de construcciones, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza que posean algún valor desde la perspectiva histórica, estética, etnológico o antropológico.” Atendiendo lo anterior, podemos ver que el paisaje es una parte sumamente importante del medio ambiente, razón por la cual, indica el autor, se encuentra resguardado jurídicamente por ejemplo, en el Convenio de Lugano sobre Responsabilidad Civil, suscrito en marzo de 1993 y por la Directiva Comunitaria sobre Evaluación de Impacto Ambiental, de 1985. De manera expresa se incluye dentro del concepto de “paisaje” la parte artificial, llamada “paisaje cultural” y no es de extrañar. Es sabido que también las obras artificiales recrean a las personas, embellecen un lugar, tanto como lo hacen los elementos naturales, razón por la cual es lógico que se busque su resguardo, ya que forma parte del paisaje en su conjunto, aunque no sea una belleza natural. Costa Rica en su legislación conceptualiza lo que entiende por “ambiente”, incluyendo aquellos elementos que lo conforman. En el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se delimita lo anterior en el numeral 3 sobre definiciones, indicando: “5. Ambiente: Son todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres humanos mismos y sus interrelaciones.” Conforme lo citado, el paisaje se conforma por: tierra, aire, agua, etc., por lo que su regulación debe ser bastante inclusiva (lo que la hace amplia pero a la vez completa), buscando resguardar de manera eficaz al medio ambiente, haciendo efectiva la regulación impuesta en el numeral 50 de la Constitución Política.
El concepto de “paisaje” podría verse como complejo porque abarca bastantes elementos, pero para entenderlo mejor (así como el concepto de contaminación visual), diferentes autores han tomado en cuenta distintos factores para conceptualizarlo. El profesor Peña, en su mismo trabajo (Revista Judicial, 2015), se refiere a las características propias del paisaje, explicadas por el Dr. Ramón Martín Mateo, tales particularidades son: estabilidad, visualización y utilidad. Con todo y las variaciones que pueda sufrir el paisaje, el mismo presenta una estabilidad, al menos por periodos; son normales aquellos cambios estacionales, graduales, en tanto formen parte de la acción normal de la naturaleza y sin una intromisión negativa severa por parte del hombre, a nuestro parecer. Como segunda característica se tiene la visualización, porque se presume que la forma principal en cómo se percibe el paisaje es a través de la vista, aunque desde luego, el mismo también es percibido por los demás sentidos. Finalmente, tenemos la utilidad, ya que un paisaje agradable procura estabilidad emocional en las personas, sensación de libertad, relajación y bienestar, al tener accesible un panorama atractivo, sin importar si se trata de una zona urbana o rural. El daño al paisaje puede darse por diversas circunstancias, lastimosamente. Para el profesor Álvaro Sagot (Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, 2015) son tres las formas con las que se daña el mismo: primero, por los avances desmedidos en la agricultura que han alterado el paisaje original (esto como consecuencia de la demanda alimentaria por parte de la población mundial); luego, las necesidades recreacionales de las personas, que ha hecho que partes del paisaje hayan sido resguardadas a través de espacios de ocio; la tercera circunstancia mencionada por el profesor Sagot, son los centros urbanos que en muchas ocasiones crecen de manera desproporcionada, acompañada, incluso, de escasa planificación. Personalmente añadiríamos una cuarta y consiste en la contaminación, en tirar desechos variados, sea yendo a depositarlos con camiones a sitios lejanos de sus hogares, empresas, lugares de trabajo; tirándolos mientras caminan, desde algún medio de transporte, incluso arrojándolos en el mismo lugar en donde viven. Contra este tipo de acciones retrógradas, existe la regulación pertinente que protege al medio ambiente, y en específico al paisaje. A través del artículo 71 LOA, se trata el tema de la contaminación visual: “[s]e considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.
El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación.”
Dependerá de otros instrumentos legales determinar cuáles acciones, obras o instalaciones son consideradas dañinas como resultado de la contaminación visual. Por otra parte, dentro de la misma LOA encontramos una protección directa para el paisaje, no menos importante que la referida a la contaminación visual, que puede ser vista como una norma más general y que podría abarcar más temas, muchas más acciones que la referida a la de conservación de paisaje, pero que de igual manera va dirigida a la protección visual del ambiente. Sobre la conservación del paisaje, la LOA indica en su artículo 72: “[l]a autoridad competente promoverá que los sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior.” Además de la normativa, los tribunales nacionales han resaltado la relevancia del paisaje. En su trabajo sobre tutela al paisaje, el profesor Mario Peña transcribe unas líneas que se vuelven trascendentales para este tema: “... desde un punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación.” (Voto 3705-93, Sala Constitucional, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). Conforme pasa el tiempo, más conciencia se genera sobre la protección que debe dársele a la naturaleza, sobre todo porque a lo largo de los años han quedado evidenciadas las consecuencias negativas que se generan al hacerle un daño a la misma, que repercuten de manera directa en la población en general.
De lo anterior podemos concluir que, un paisaje protegido jurídicamente y cuyo resguardo sea concreto, palpable y evidente, contribuye efectivamente con la salud humana, por ende, el bienestar de la población en general. Pero recordemos que en cuanto a medio ambiente equilibrado se trata, debemos tomar en cuenta muchos ámbitos y más tipos de contaminación, no solo la visual, como ya mencionamos. Un tipo de contaminación que quiebra la continuidad del bienestar resguardado en la Constitución Política es la sónica, muy molesta, perniciosa y afecta a la población en su conjunto, más la fauna. Respecto de este tema también ha habido resoluciones judiciales costarricenses (Res. Nº 12242-2011) que explican en qué consiste la contaminación sónica y todos los daños que le genera a las personas en su psique y físicamente:
V.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA. Por otra parte, este Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse con respecto a la vulneración a los mencionados derechos fundamentales, así como al derecho a la intimidad, como consecuencia de los efectos nocivos de la contaminación sónica. En cuanto a este tema, en sentencia número 2006-001437 de las 11:25 horas del 10 de febrero del 2006, esta Sala resolvió -en lo que interesa- lo siguiente:
“(…) desde hace algún tiempo, se han incrementado los desacuerdos relacionados con el ruido que ocasionan, principalmente establecimientos recreativos, ya sea con música de ambiente o espectáculos en vivo. Internacionalmente se ha tratado el tema del ruido como un problema de salud pública. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud , elaboró las denominadas guías para el ruido urbano en Londres, en 1999 (http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/ruido/ruido2.pdf). En ellas se define el ruido como un sonido no deseado y se identifica como fuentes principales del ruido urbano el tránsito –automotor, ferroviario y aéreo– , la construcción, obras públicas y el vecindario. Dentro de esta última categoría, de ruido de vecindario, destaca el producido por restaurantes, cafeterías, discotecas, música –en vivo o grabada– , competencias deportivas, áreas de juegos, estacionamientos y animales domésticos. Este tipo de ruido carece de regulación suficiente. La Organización enfatiza que la contaminación acústica, a diferencia de otras formas de polución, sigue en aumento de forma insostenible con las consecuencias nocivas que ha revelado tener para la salud, diferenciando siete tipos distintos de secuelas: efectos sobre la audición, el sueño, las funciones fisiológicas, la salud mental, el rendimiento, la conducta y efectos combinados del ruido de fuentes mixtas. En el caso concreto de los efectos sobre el sueño –vinculado a establecimientos que permanecen abiertos durante horarios nocturnos– se explica que el sueño ininterrumpido es prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Asimismo, son efectos primarios de su trastorno la “dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación de la respiración, arritmia cardiaca y mayores movimientos corporales” ; mientras que los secundarios –apreciables al día siguiente– consisten en “percepción de menor calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento” . De manera que la queja de la recurrente y los coadyuvantes activos debe analizarse no solamente como vinculada al derecho a la intimidad, sino también al derecho a la salud.”
El daño que produce el ruido va mucho más lejos de lo que se pueda imaginar. Desde un equipo de sonido que es puesto con mucho volumen, hasta otros sonidos desagradables como lo son los de los automotores, construcción, voz humana (gritos excesivos), ondas acústicas no perceptibles (pero existentes) etc., provocan daños severos en la salud, que en un primer momento afecta solo a la persona que no puede dormir o trabajar en un ambiente apropiado, por ejemplo, pero desde una perspectiva macro, termina por afectar negativamente a toda la sociedad, tal y como lo dicta el voto y como lo indica el sentido común. Si de su regulación legal se trata, la LOA se encarga de hacerlo, esto en su artículo 60, inciso e):
La Administración debe atender las denuncias planteadas y evitar daños a la naturaleza y a las personas o, en su defecto, obligar a que ese daño se repare. Costa Rica cuenta con lineamientos para el control de los sonidos, por ejemplo, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, N° 28718-S, proporcionaba una definición de contaminación sónica en su artículo 3: “- [c]ontaminación por ruido: Cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma, según las normas que se establecen en este Reglamento.” En octubre de 2015, empezó a regir el “Reglamento para el control de ruido emitido por el escape de vehículos automotores”, Nº 38937-MOPT, que aplica para motocicletas, carros, buses y camiones. En su artículo 4.15, define el ruido de la siguiente manera: “[c]ontaminación acústica o sonido con una intensidad que podría ser perjudicial para las personas.” Sin embargo, el reglamento derogado tenía una gama más amplia de sonidos regulados, en el artículo 18, y eran considerados como prohibidos: bocinas, sirenas, radios, instrumentos musicales, amplificadores, altoparlantes exteriores, alarmas, maquinaria, equipo, abanicos, acondicionador de aire, vibración por sonido, venta por “pregoneo” (perifoneo), etc., que es necesario regular, ya que dañan el sistema auditivo, la voz, la psique al causar estrés, entre otros muchos perjuicios, tanto para humanos, como para la fauna.
Igualmente se presenta la contaminación atmosférica, a la que consideramos como una clasificación más amplia que la visual y la sónica. Dentro de esta categoría entra todo aquello que pueda contaminar el aire, sean químicos, partículas de polvo, sustancias contaminantes que produzcan malos olores, etc., pero inclusive llega a incluirse dentro de la misma, el tema de los sonidos o de contaminación hídrica. En su artículo 294, la LGS define la contaminación atmosférica, incluyendo la contaminación del aire, más los sonidos excesivos. Señala dicha ley: “ARTÍCULO 294.- Se entiende por contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.
Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.”
El Ministerio Público (2010, pp. 30, 32) ha señalado que, tanto en las acciones u omisiones referentes a la contaminación atmosférica, aplicarán los artículos 261 y 265 del Código Penal.
La LOA regula este tipo de contaminación y abarca factores variados; en su artículo 62 señala: “[s]e considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.” Evidentemente no hay una clasificación concreta, determinada, ni exclusiva de este tema que altera el medio ambiente equilibrado en ninguna de las dos leyes, ya que pareciera que una categoría cae dentro de la otra. Entonces la contaminación atmosférica es un concepto mucho más amplio que bien podría incluir otro tipo de contaminación (siempre que altere el aire), tendiendo a excluir de la misma a la visual, que presenta más autonomía normativa y no es directamente mencionada por ella. Aunque en ocasiones se encuentre mezclada su regulación, es preferible que sea así, a que exista una omisión, entonces sí, produciendo un grave daño, ya que el tema estaría por la libre. La LOA, en su artículo 49 regula la protección al ambiente refiriéndose al aire y específicamente, en su inciso b), a los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos, en este caso incluyendo un factor relacionado con el cambio climático, como lo son los gases de efecto invernadero; en caso de que no hubiera una norma expresa y específica que protegiera al aire, sería cubierto, a nuestro parecer, por la de la contaminación atmosférica que es muy amplia.
Relacionado a la contaminación atmosférica, el numeral 248 LGS prohíbe la producción de luz ultravioleta, radiaciones ionizantes y sustancias radiactivas sin las aprobaciones respectivas que se obtienen a través de una licencia[9] otorgada por la Comisión de Energía Atómica, institución descentralizada creada mediante la Ley Nº 4383, Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos del 18 de agosto de 1969. Quienes cuenten con la licencia para llevar a cabo ese tipo de actividad, deben cerciorarse de que los residuos no dañen el agua, la atmósfera o el suelo, según lo señala la ley. Este cuerpo normativo no se limita a regular el polvo en el aire o los malos olores, sino que toca temas muy delicados que podrían mantenerse fuera de la perspectiva de la generalidad de las personas por tratarse de asuntos que no son comunes, de los cuales no se habla de manera frecuente.
En referencia a la contaminación hídrica, penalmente su regulación se manejará mediante el Código Penal, de acuerdo con su numeral 261 (Ministerio Público, 2010, p. 17); la LOA contiene un capítulo exclusivo para su resguardo y es el XII. La ley dispone que el agua es un recurso de dominio público, por lo que su uso debe ser sostenible y su conservación es un asunto de interés social (artículo 50), lo cual se refuerza con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Aguas. El uso sostenible al que se refiere la ley, implica respetar el ciclo hidrológico y para ello deben resguardarse y recuperarse los ecosistemas acuáticos. Esto se consigue controlando las concesiones y permisos que se otorguen para explotar los recursos hídricos, además de las autorizaciones otorgadas para llevar a cabo desviaciones y modificaciones en los cauces. Asimismo debe darse el apropiado tratamiento a las aguas residuales con el fin de preservar los ríos, nacientes, bosques y partes más urbanas como zonas públicas, residenciales, etc. (Arts. 51 y 52 LOA). La LGS también da énfasis al tema de la contaminación hídrica estableciendo lineamientos para el resguardo de este escaso recurso en su numeral 273, donde señala la prohibición de contaminar el agua con la adición de cualquier clase de sustancia, salvo que sea para mejorar el líquido y para prevenir enfermedades, lo cual deberá concordarse con los artículos 31 y 32 de la Ley de Aguas.
El resguardo del agua abarca aquella que se encuentre de manera superficial, subterránea o marítima y estas prohibiciones incluyen los residuos sólidos, líquidos y gaseosos que puedan convertirse en un peligro para la salud, tanto de las personas como de la fauna (art. 275 LGS). Estas prohibiciones deben ser respetadas por personas físicas y jurídicas (art. 277 LGS), además tienen como obligación eliminar, de manera adecuada, el agua que no pueda ser usada para consumo humano por encontrarse contaminada y con esta disposición, el resguardo a la naturaleza se dirige al agua, pero se extiende al suelo y al aire (art. 285 LGS). La LOA regula el tema de suelos de forma más amplia que la Constitución Política, pudiendo aplicarse para actividades diferentes de la aparcería, lo que resalta el buen uso que se debe hacer de este preciado recurso; esta normativa indica:
La consecución de un aprovechamiento efectivo del suelo depende de criterios claros que, para este caso, se han establecido previamente, de igual manera, legalmente, mediante la LOA que en su numeral 54 indica:
Para ejecutar estos criterios de manera oportuna, debe llevarse a cabo el debido tratamiento de los desechos de las diferentes actividades, ya que son estos los que lo deteriorarían. En este caso la ley aplica el principio preventivo en materia ambiental (art. 68 LOA). Lo ideal es prevenir en lugar de reparar, pero si debe optarse por la reparación, deberá hacerse de la forma más oportuna para evitar un daño irreversible en el suelo (art. 69 LOA). Es importante controlar este por su relevancia y debería ser incluso la misma Constitución Política la encargada de regularlo de una manera más puntual e insistente. Al menos se cuenta con el numeral 69 constitucional, sin embargo no pareciera ser suficiente su indicación, ya que se limita a la actividad agropecuaria, dejando por fuera todo lo referente a infraestructura, tanto de carreteras, como todo tipo de edificaciones: comerciales, gubernamentales, educativas y habitacionales, más las zonas de recreación. Sabemos que el contexto en el cual se crearon esas normas es uno muy diferente y no se tenía una perspectiva visionaria, no se alcanzó a ver toda la problemática que se vive hoy, como lo son las calles estrechas, lo mismo que sus aceras, edificaciones modestas, construcciones o tugurios en las montañas, haciendo que el país quedara en el rezago respecto de otros, asuntos que tendrán un remedio difícil de conseguir.
Parte de la relevancia que tiene el desarrollo sostenible, es precisamente ese enfoque que se da sobre la apropiada utilización de todos los recursos, en especial a los escasos, ya que el arrepentimiento no arregla los problemas, sí lo consigue en cambio, el llevar a cabo una buena planificación.
El daño al ambiente afecta a todas las personas sea de manera individual (lesiones o daños) o de forma colectiva, por eso la población debe velar por respetarlo y al ordenamiento jurídico que, para el caso de Costa Rica, ha previsto diversas formas de protección en favor de la naturaleza. Es por falta de sanciones efectivas que muchas personas han violentado la normativa estipulada al respecto y por eso, algunos sectores de la sociedad especializados en la materia, han optado por resaltar que las sanciones deben aplicarse a los infractores de manera rigurosa y para ello el Estado debe estar vigilante, fiscalizando que la normativa sea respetada tanto por él mismo, como por los particulares[10].
La falta de conocimiento también ha influido para que la población actúe erradamente en temas ambientales y es mediante la educación, la forma en cómo puede hacerse que esa información valiosa permee los distintos sectores de la sociedad, para que así se eviten acciones dañinas y más bien se busquen arreglar los problemas causados por la mayoría de los humanos a la naturaleza. Las sanciones se vuelven relevantes y de aplicación obligatoria cuando se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico pero con mayor razón, cuando la población se encuentra informada al respecto y aun así ha optado por actuar mal e infringir la ley.
Los grandes cambios positivos que podamos percibir comienzan con pequeñas acciones y debemos tener presente que no solo es obligación del Estado amparar a la naturaleza, sino que, por sentido común y de supervivencia, cada persona debe hacer su parte desde ahora, en el lamentable caso de que no lo haya hecho antes. Recordemos que esas acciones deben ser concretas y en la vida real, no son valiosas si solo es la exteriorización de una simple opinión en las redes sociales; por opinar no se siembra un árbol, no se cierra un grifo, no se recoge la basura…
Gran parte de estos cambios que destruyen al planeta son graduales, por lo que en muchas ocasiones no es percibida por la generalidad de las personas. Al ser responsables de nuestros actos y empezar a vivir civilizadamente, empezará a disminuir la cantidad de contaminación (manifestada de distintas formas) que atenta contra las personas, la naturaleza y el ambiente equilibrado al cual se refiere el numeral 50 constitucional que ha filtrado al ordenamiento jurídico costarricense, creando conciencia en la población y una base legal que da paso al desarrollo sostenible, como única opción para mantener una calidad de vida decente en el planeta, para toda su población.
Las tres áreas del desarrollo sostenible son economía, sociedad y ambiente, por lo que al adoptar una vida sustentable ambientalmente, deben tomarse en cuenta múltiples factores que terminan por afectar al planeta; al respecto hace referencia la UNICEF (2012, p. 7): “[e]l desarrollo sostenible incluye numerosos temas que los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar. Debido a sus raíces ambientales, sociales, económicas y políticas, estos temas son complejos y suelen ser difíciles de definir, así como de solucionar. Entre los temas se incluye la reducción de la pobreza, el cambio de los patrones de consumo, el crecimiento de la población mundial y la protección de la salud humana, los cuales presentan desafíos para nuestros sistemas sociales y económicos. También se incluye la protección de la tierra en que vivimos, del agua que bebemos, del aire que respiramos y de los recursos que utilizamos, así como otros desafíos actuales importantes como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La lista es extensa; y todos ellos, además de los temas relacionados, pueden abordarse desde una perspectiva de sostenibilidad.”
Es a través de los mecanismos creados legalmente que se busca alcanzar ese bienestar referido en el ordenamiento jurídico costarricense, procurando que la Administración atienda las denuncias planteadas por los habitantes (o de oficio) y que se eviten daños a la naturaleza, a las personas y que, en su defecto, ese daño se repare. Por su parte, tal y como lo han resaltado los expertos, la población debe estar bien informada y ser proactiva y denunciar todo tipo de anomalía, como a las personas que tiran basura inapropiadamente; las quemas; la tala de árboles; la destrucción de infraestructura; exceso de ruidos persistentes sean de casas, comercios, vehículos, locales religiosos; reportar fugas de agua, etc., y no esperar a que sea otro ciudadano el que denuncie, o sea solo el Estado de oficio quien ejecute un proceso sancionatorio en contra del administrado que comete la falta; todos debemos colaborar al respecto.
Se reconoce la figura del “desarrollo sostenible”, reafirmando esa imagen “verde” que representa Costa Rica a nivel mundial. Por supuesto que es deber de la población tomar las medidas oportunas para que el país avance efectivamente hacia el desarrollo como nación y no esperar a que sean los demás los que hagan la parte que les corresponde a ellos, más la de quienes no hacen la suya. Así como el burócrata o el trabajador del sector privado que son inoperantes; el “licenciado” que solo lo es en el título (y para efectos “sociales”) y no por calidad; los padres que lo son solo para decir que tuvieron hijos, pero no para educarlos; así como el resto de las personas que forman parte de la sociedad y que no hacen bien el rol que les corresponde, terminan por perjudicar a la institución para la que trabajan, la familia que encabezan, la sociedad en la que viven y la nación de la que forman parte; con cada mala actuación, con cada mal desempeño, se desencadena una serie de consecuencias negativas que se deben analizar desde una perspectiva macro y con una óptica realista, sin tratar de minimizar los errores con el fin de aplacar la responsabilidad y el sentimiento de culpa.
Muchos de estos temas a los que se refieren los expertos no eran (y probablemente aun no son) de conocimiento general, por lo que al leerlos, muchas personas pueden sorprenderse de que un factor específico sea determinante respecto del bienestar del ambiente y del resto de la población, como el problema de la superpoblación, siendo en la actualidad los países más descuidados al respecto, la India y China, probablemente por desconocimiento en cuanto al límite poblacional que debe existir (esperamos que sea por desconocimiento y no por falta de respeto a las demás personas) y que no debería molestar a nadie, ya que una familia no se califica como mejor, por ser más numerosa; tan familia es la que tiene múltiples miembros, como lo es un matrimonio sin hijos o un matrimonio con uno o dos hijos. La misma amenaza de crecimiento poblacional exponencial presenta África, por lo que es necesario y urgente educar a la población para generarle conciencia y tomar las medidas anticonceptivas pertinentes, lo que ha sido conocido desde antes del cambio de milenio (ver Declaración de Río+20, 2012, parágrafo 145).
Si los recursos naturales empiezan a escasear y si se continúa dañando al planeta, más de como ya se ha hecho, el ser humano deberá enfrentarse a una serie de peripecias que no hacen distinción.
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[1] Abogada. Licenciada en Derecho con énfasis en Telecomunicaciones, Propiedad intelectual, Comercio electrónico y tecnología, de la Universidad de Costa Rica. Especialista en Derecho Comercial del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica. alinaguadamuz@gmail.com
[2] Respecto de la interpretación de normas que da como resultado la jurisprudencia, el profesor Peña en su artículo, “Hacia una nueva hermenéutica ambiental”(Revista Monfrague, 2014), señala: “[t]al y como lo ha entendido y desarrollado la jurisprudencia constitucional costarricense, la interpretación de las normas por parte de los operadores jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y exclusivamente, con fundamento en su tenor literal, puesto que, para desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y alcances es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos tales como el finalista, el institucional, el sistemático y el histórico-evolutivo.”
[3] Al respecto ver la sentencia Nº 2789-2009, que señala:
III.- Sobre el fondo. En reiteradas ocasiones esta Sala ha reconocido que el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrados por los artículos 21, 24 y 50 de nuestra Constitución Política, son derechos complementarios que se constituyen en requisitos fundamentales para el correcto desarrollo del ser humano, y que como tales deben ser protegidos por el Estado. Precisamente, una de las manifestaciones de lo dispuesto por los artículos de cita, la encontramos en el derecho a la recreación, que se encuentra consagrado por el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos… Otro de los elementos que conforman los derechos antes citados, es el derecho a la tranquilidad, que puede ser definido como el derecho de toda persona de disfrutar de un lapso de descanso, tanto físico como mental…
[4] Al respecto el profesor Peña, como investigador del CIEP(2015), ha señalado: “[l]a gestión del territorio se ha caracterizado por ser ineficiente como consecuencia de la ausencia o insuficiencia de políticas y planes integrales, lo cual se ve reflejado en un marco normativo diverso, disperso y fragmentado, el cual brinda competencias a múltiples instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado que actúan de forma descoordinada, y donde aspectos fundamentales como la gestión riesgo, cambio climático, y los enfoques de género y derechos humanos, no han sido aún internalizados eficazmente.”.
[5] En España, las multas por dejar los desechos de los animales en lugares públicos, van desde los 60 hasta los 3000 euros, depende del municipio (eroski consumer, 2015) y esta política sancionatoria ha promovido que la población actúe de manera cívica y no ensucien el medio en el que se debe vivir.
[6] La LGIR define tal figura en su artículo 6, así: “transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente.”
[7] Un Niño- hay al menos 6.6 miles de millones de personas hoy, un número que las Naciones Unidas ha previsto que crezca a los 9 miles de millones para mitad de siglo. El Programa Ambiental de las Naciones Unidas estima que se requieren 54 acres para mantener a un ser humano promedio hoy- comida, vestido y otros recursos extraídos del planeta.
De continuar tal crecimiento de la población será insostenible.
La caída de las tasas de natalidad en algunos países desarrollados y en desarrollo (una porción significativa la cual es debida a los límites gubernamentales impuestos sobre el número de niños que una pareja puede tener) ha venido a reducir o revertir la explosión de la población. Se mantiene sin claridad cuánta gente puede mantener el planeta cómodamente, pero si es claro que el consumo de energía per cápita debe bajar si el cambio climático va a ser controlado.
Por último la regla de un solo hijo por pareja tampoco es sostenible y no hay un número perfecto para la población humana. Pero sí es claro que más humanos significa más emisiones de gases de efecto invernadero. (Traducción propia).
[8] Puede consultarse el artículo escrito por la autora, llamado “Ley Orgánica del Ambiente y su objetivo de concientización en la ciudadanía costarricense”, publicado en la versión impresa Nº 213 de la Revista Lex: Difusión y Análisis, de marzo de 2013 y también disponible en la página web de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. https:// maestriaderechoambientalucr. files. wordpress.com/ 2013/ 05/ ley-orgc3a1nica- del- ambiente- y-su- objetivo- de-concientizacic 3b3n- guadamuz- flores-alina .pdf
[9] Al otorgar un permiso o una licencia, el Estado debe verificar que el solicitante cumpla con los requisitos para convertirse en el adjudicatario, a la vez que es obligación del Estado fiscalizar el debido cumplimiento de los requisitos previamente estipulados, una vez otorgado el título, para que no solo el administrado lo mantenga, como asunto meramente administrativo, sino también, para que la protección al ambiente sea efectiva y no exista solo en la ley. La Sala Constitucional ha indicado (Res: Nº 2009-002789)
Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a otorgar los permisos, sin que se tome medida alguna para corroborar la observancia de éstos en la práctica y, lo que es peor, sin que se evidencien de su parte acciones eficaces, verdaderamente encaminadas a tutelar los intereses de los ciudadanos, como corresponde para cumplir el fin público que se le ha encomendado, lo que redunda en detrimento del medio ambiente y, por consiguiente, en violación de los artículos 21 y 50 constitucionales, situación que resulta intolerable para esta Sala.
[10] La Sala Constitucional en su resolución 6922-2010, ha manifestado:
IX.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados.