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Timestamp: 2019-07-18 07:29:49
Document Index: 80923676

Matched Legal Cases: ['artículo 340', 'artículo 24', 'artículo 58', 'artículo 340', 'artículo 2', 'Artículo 67', 'artículo 85', 'artículo 62', 'artículo 67', 'artículo 340', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 126', 'artículo 85']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31676794
EL LCDO. CARLOS BONILLA, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE COLUMBUS UNIVERSITY, HA PRESENTADO DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, CON EL OBJETO DE QUE SE DECLARE QUE ES NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº413-9-DG DE 2 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PA... (ver resumen completo)
El Lcdo. C.B., actuando en representación de COLUMBUS UNIVERSITY, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare que es nula por ilegal, la Resolución Nº413-9-DG de 2 de junio de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.
Mediante la Resolución Nº413-98-DG de 2 de junio de 1995, se resuelve condenar a la empresa COLUMBUS UNIVERSITY, con número patronal 87-821-0375, a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de ciento catorce mil ciento noventa y cinco balboas con un centésimo (B/114,195.01), en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sumas dejadas de pagar, durante el período comprendido de enero de 1995 a octubre de 1997, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación.
En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera con el objeto de que declare que es nula por ilegal, la Resolución 413-9SDG de 2 de junio de 1995, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, y los actos confirmatorios contenidos en la Resolución 703-98DG de 10 de noviembre de 1998, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social y la Resolución 18-176-99-JD sin fecha, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.
Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción figura que al inicio de sus operaciones, COLUMBUS UNIVERSITY, contrató personal administrativo de Dirección, docentes y trabajadores a los cuales se les incluyó en cumplimiento de la Ley en las planillas que lleva la empresa, así como el pago de las cuotas obrero patronales en la Caja de Seguro Social. A ello añade, que también existían otros grupos de profesionales entre los cuales figuran médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y otros de profesiones liberales quienes prestaban sus servicios a COLUMBUS UNIVERSITY, como servicios profesionales y a quienes se les pagaba honorarios en atención, para los cuales se firma un contrato civil de servicios profesionales, el cual permitía a dichos profesionales, a asistir o no asistir o enviar a otra persona para que dictara clases en su nombre, situación que no es posible en una relación de trabajo donde no se permite que terceras personas presten en el servicio que les corresponde prestar.
Entre las disposiciones legales que se aducen como violadas, figuran el artículo 340 de la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947; los artículos 62, 64, 65 y 140 del Código de Trabajo; los artículos 2, 35B, 58, 62 y 66 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, cuyos textos señalan lo que sigue:
ARTICULO 340: La Jurisdicción Especial de Trabajo se ejerce de modo permanente por:
1. Los Juzgados Seccionales de Trabajo, como Tribunales de primea o única instancia,
2. Las Junta de Conciliación y Decisión, como Tribunales de única instancia;
3. Los Tribunales Superiores de Trabajo, como Tribunales de apelación y;
4. La Corte de Casación Laboral, como Tribunal de Casación, cuando sea creada.
ARTICULO 62: Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a presentar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo subordinación o dependencia de ésta.
Se entiende por relación de trabajo, cualesquiera sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.
ARTICULO 64: La subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus representantes, en lo que se refiere a la ejecución del trabajo.
"ARTICULO 65: Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:
Cuando las suma que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute la obra constituyen la única o principal fuente de ingresos:
Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa o indirectamente de una persona o empresa, o como consecuencia de su actividad;
Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía económica, y se encuentra vinculada al giro de actividad que desarrolla la persona o empresa que puede considerarse como empleador.
En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación de trabajo."
ARTICULO 140: Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y comprende no sólo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, prima, comisiones, participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo o como consecuencia de éste.
ARTICULO 2: Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social:b) Todos los trabajadores al servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional.
ARTICULO 35-B: Los patronos o empleadores estarán obligados a deducir a sus trabajadores las cuotas a que se refiere el literal a) del artículo 24, de la presente ley. Igualmente, estarán obligados a pagar en efectivo a la Caja de Seguro Social, las cuotas obrero patronales dentro del mes siguiente al que correspondan, según las fechas que se establezcan en el reglamento que dictará la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social determinará si aplica el sistema de planillas o cualquier otro, en la recaudación de las cuotas de los asegurados y patronos o empleadores y reglamentará las sanciones que ocasiona el incumplimiento del sistema por parte del patrono.
La Caja de Seguro Social estará obligada a informar a los asegurados que lo soliciten el número y monto de las cuotas que a nombre de ellos hayan recibido.
"ARTICULO 58: Las cuotas obrero patronales deben ser pagadas mensualmente dentro de los plazos que reglamenta la Caja de Seguro Social.
Interés de uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago de todo o parte del monto de las cuotas adeudadas.
"ARTICULO 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos.
Se exceptúan del pago de cuotas de seguro social los viáticos, dietas y preavisos. También se exceptúan del pago de cuotas de seguro social los viáticos, dietas y preavisos. También se exceptúan las gratificaciones de Navidad o aguinaldos y los gastos de representación mensual, siempre que no excedan a un mes de sueldo. En el caso de exceder al mes de salario se gravará solamente el diferencial que exceda al respectivo mes de salario. Igualmente se exceptúa del pago de cuotas de Seguro Social la participación en beneficios que otorguen el empleador a sus trabajadores siempre y cuando esta participación beneficie a no menos del setenta por ciento (70%) de los trabajadores de la empresa y no exceda ni sustituya el total del salario anual. Para los efectos del porcentaje establecido en forma precedente, no se considerarán dentro del mismo a los ejecutivos y empleados que sean socios del empleador o patrono, si éste fuese persona jurídica, así como a los parientes de los ejecutivos, socios o accionistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si el patrono o patrono fuese una persona natural, excluiría de este porcentaje a los parientes y directivos en los referidos grados de parentesco, a los dueños de la empresa y a los ejecutivos de la misma.
Además, se exceptúan del pago de cuotas de seguro social las sumas que reciba el trabajador en concepto de indemnización con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Así como las sumas recibidas por los servidores públicos que se acojan a planes de retiro voluntario".
"ARTICULO 66-A: Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que éstos deban satisfacer y junto con el aporte del patrono entregarán a la Caja el monto de las mismas, dentro del plazo fijado en el artículo en el artículo 58 del Decreto -Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954.
El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá del pago de sus cuotas, y las del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que puedan ejercer la caja o los asegurados, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal."
El artículo 340 de la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947, en opinión de quien recurre, fue violado directamente por omisión o por falta de aplicación, pues, no es la Caja de Seguro Social la competente para establecer donde existe o no una relación de trabajo máxime cuando la persona o personas o departamento que tienen a su cargo la investigación con este caso es la Auditoría de Empresas. A su juicio, lo que correspondía era enviarse inicialmente el caso a los juzgados de trabajo para comprobarse la relación de trabajo y no constituirse en juez y parte.
Los artículos 62, 64, 65 y 140 del Código de Trabajo, se alegan violados en la medida que las personas a que hace relación el informe de auditoría que sirvió como base o fundamento para dictar la resolución demandada, como es el caso de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y otros, laboran en otras instituciones del Estado o empresas particulares, que incluso celebraron un contrato, que les permitía que en el caso de que no pudiesen asistir a sus clases, pudiesen enviar a otras personas, y ello se les paga a través de servicios profesionales.
El artículo 2 literal B del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, se afirma que fue violado en el concepto de aplicación indebida, toda vez que las personas cuyos servicios no están enmarcados dentro de la legislación laboral, no están obligados a cotizar, ni a inscribirse en el seguro social porque se trata de profesiones liberales que prestan un servicio profesional.
Finalmente, los artículos 35B y 58, 62 y 66-A del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, se aducen violados en el concepto de aplicación indebida, puesto que no estamos frente a trabajadores de la empresa, sino ante personas que en su condición de especialistas o profesionales idóneos brindan un servicio a su representada COLUMBUS UNIVERSITY, por tanto no existe relación de trabajo al no darse los elementos necesarios como lo son la subordinación jurídica y la dependencia económica.
El Director de la Caja de Seguro Social, rindió el respectivo informe explicativo de conducta fechado el 21 de febrero de 2000, que figura visible de fojas 34 a 41 del expediente en el que pone de presente que esa entidad, en virtud de la facultad conferida en el Artículo 67 del Decreto Ley Nº14 de 1954, procedió a verificar la exactitud de las aportaciones de las cuotas obrero patronales de la empresa COLUMBUS UNIVERSITY, durante el período comprendido de enero de 1995 a octubre de 1997. Producto de dicha investigación se emitIó el Informe de Auditoría AE-I-98-72 de 12 de marzo de 1998, luego del cual fue expedida la Resolución Nº413-98-D.G. de 2 de junio de 1998, en la que se condenó a la empresa COLUMBUS UNIVERSITY , a pagar la suma de ciento catorce mil ciento noventa y cinco balboas con un centésimo (B/114,195.01) más los recargos de ley por los conceptos ya señalados
Según el Director de la Caja de Seguro Social, contrario a lo que argumenta la parte actora, en el mencionado Informe de Auditoría, se detectó los elementos necesarios para la relación de trabajo entre las personas objeto del alcance y la empresa (subordinación jurídica y dependencia económica), por lo que mal puede pretenderse que la relación entre estos señores y la empresa se trate de una relación de servicios profesionales. El Director General de la Caja de Seguro Social sostiene que el demandante a lo largo del proceso no ha desvirtuado con pruebas el alcance efectuado, en el que se establecen elementos propios de una relación de trabajo como lo son la subordinación jurídica, ya que en la cláusula sexta del contrato se señala el horario en el cual el supuesto servicio profesional debe ser brindado en esa Universidad, también se señala en la cláusula tercera que el servicio se realizará en los establecimientos o locales en donde imparta clases, laboratorios o clínicas, de lo que se deduce que los profesores utilizan los bienes muebles o inmuebles propiedad de la Universidad para prestar su trabajo. Finalmente alega en atención al fallo de 4 de agosto de 1995 (Universiad del Istmo vs Caja de Seguro Social) que la libertad de cátedra no se opone al concepto de subordinación jurídica como se afirma en la demanda.
La Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal Nº 154 de 12 de abril de 2000, se opone a los criterios que expone la parte demandante, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, la parte actora se equivoca cuando conceptúa que las personas contratadas por ella, por ejercer profesiones liberales, no pueden desarrollar vínculos de subordinación jurídica, por lo que sí se les puede reputar como trabajadores de la empresa. Afirma que los contratos analizados en el Informe de Auditoría AE-I-98-72, revelan la existencia de subordinación jurídica, pues, en ellos se detalla la forma de pago, el monto a cobrar, el horario de clases y la exigencia de presentar el programa completo de la asignatura, el cual debía estar acorde con los lineamientos de la cátedra y de los reglamentos de la Universidad.
En cuanto a la no prestación personal del servicio, según la Procuradora de la Administración, es cierto que la cláusula quinta del pacto establecía la posibilidad que los profesores contratados se "combinaran" con otros docentes y especialistas para que le asistieran o dictaran algunas de las horas por las que se les contrataba, sin embargo, el hecho de que la prestación personal del servicio sea una característica esencial de los contratos de trabajo, no significa que la misma no admita excepciones, como las contenidas en el artículo 85 del Código de Trabajo .
Evacuados los trámites legales correspondientes, la Sala pasa a resolver la presente controversia.
De lo que ya fue planteado, la Sala advierte que la parte actora medularmente alega que la Caja de Seguro Social carece de competencia para determinar la existencia o no de relaciones laborales, aunado a que en su apreciación, las personas contratadas por COLUMBUS UNIVERSITY y que aparecen listadas en el Informe de Auditoría AE-I-98-72, por ejercer profesiones liberales, no pueden desarrollar vínculos de subordinación jurídica de modo que no se configura la relación laboral.
El fundamento que utiliza la Caja de Seguro Social en la expedición del acto acusado contenido en la Resolución 413-98 D.G. de 2 de junio de 1998, descansa sobre la base de que mediante el Informe de Auditoría NºAE-I-98-72, pudo determinarse que en el período comprendido de enero de 1995 a octubre de 1997, se remuneró bajo el concepto de honorarios profesionales mal clasificados a los educadores contratados por cuatrimestre para impartir clases en las diversas materias dictadas en ese centro de enseñanza superior. También se señala que en la investigación de auditoría pudo establecerse que en los años 1995 y 1996 se realizaron pagos mediante cheques girados al personal administrativo en concepto de décimo tercer mes, calculados en base a los montos mensuales que la empresa les pagó bajo el concepto de honorarios profesionales. A ello se añade que los términos en que fueron pactados los contratos, evidentemente reflejan que existe una clara relación laboral entre el patronos COLUMBUS UNIVERSITY y su personal. La actuación de la Caja de Seguro Social se enmarca, según el acto que se demanda, dentro de la definición de sueldo preceptuando en el artículo 62 literal b) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y lo dispuesto en los artículos 35-B, 58 y 66-A también de la Ley Orgánica.
Una vez efectuado el examen a las violaciones alegadas y los argumentos en que se sustentan, la Sala concluye que la razón no le asiste a la parte actora.
En principio, no debe ser objeto de cuestionamiento la competencia con la cuenta la Caja de Seguro Social para determinar la existencia o no de relaciones laborales contenida en el artículo 67 del Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954, reformada por la Ley Nº30 de 26 de diciembre de 1991. En sentencia de 17 de agosto de 1998, la Sala Tercera ampliamente se pronunció en este sentido, y claramente expuso que la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, es una Ley Especial, y como tal es de aplicación preferente frente a las normas laborales, con la debida aclaración de que esa situación de modo alguno implica una colisión de jurisdicción, pues, la decisión de la Caja de Seguro Social es netamente administrativa con características distintas a las que regulan las decisiones laborales, que son eminentemente judiciales. En razón de ello, no prospera entonces la violación que se alega al artículo 340 del Código de Trabajo.
La Sala de igual modo disiente con la parte actora cuando argumenta que las personas contratadas por COLUMBUS UNIVERSITY, por ejercer profesiones liberales, no pueden desarrollar vínculos de subordinación jurídica y por tanto no pueden ser considerados como trabajadores de esa empresa. El tema de la subordinación jurídica, uno de los elementos que el artículo 62 del Código de Trabajo contempla para que se configure la relación laboral, y que el artículo 64 del mismo cuerpo legal define, de igual manera ha sido objeto de análisis de la Sala, en el sentido que tal dirección existe aún cuando no se produzca la dirección efectiva por parte del empleador o sus representantes, sino que basta la posibilidad jurídica que haya dirección. La subordinación jurídica implica que: a) Que el trabajador se encuentra obligado a laborar bajo la autoridad, mando y control del empleador; b) que él está obligado a realizar el trabajo convenido personalmente "con la intensidad, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza" (artículo 126, numeral 1 del C.T.); c) Que el trabajador está obligado a prestar servicios en el tiempo convenido, y en la forma y modalidades que le sean indicadas por el empleador de acuerdo con el contrato y dentro del marco de los fines de la organización de la empresa; d) El trabajador debe rendir sus tareas en lugar convenido. De ello entonces se deduce que es necesario tomar en cuenta el contenido del contrato a fin de determinar la subordinación jurídica que caracteriza la relación laboral, independientemente de la denominación que el empleador le atribuya al contrato.
Así las cosas, la Sala aprecia en autos que la empresa demandante suscribió con los señores que aparecen listadas en el Informe de Auditoría AE-I-98-72, "contrato civil de servicios profesionales", en el que se estipula que el profesional declara que esa actividad docente, base del contrato de servicios, es una actividad adicional o secundaria que le produce ingresos extras y que no es fuente principal de ingresos, unido a que lo compromete a presentar anualmente declaración jurada de rentas. No obstante, resulta que el mismo contrato detalla en la cláusula segunda, literal d, que el docente contratado se compromete a entregar a la Administración, en los primeros quince (15) días de clases, el Programa Completo de la Asignatura, lo que claramente implica, como lo plantea la Procuradora de la Administración, una supervisión de la Universidad sobre las labores docentes a fin de verificar el cumplimiento del programa de estudios; la cláusula tercera establece que las labores para las que se contratan estas personas se realizarán en los establecimientos o locales donde imparta clases, laboratorios o clínicas la Universidad, de lo que se infiere que los profesores utilizan los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Universidad para realizar su trabajo; la cláusula quinta contiene el monto a pagar y la forma de pago; y la cláusula sexta estipula que el servicio del docente se efectuará en el horario que la Universidad establezca dentro del marco de la Organización vigente durante el semestre. Lo antes señalado, contrario a lo que argumenta la parte actora, evidentemente permite que se configure la relación de trabajo entre las personas contratadas y la empresa COLUMBUS UNIVERSITY, en la medida que el contrato contiene cláusulas que muestran claramente la existencia de una subordinación jurídica de las personas contratadas a la empresa demandante.
Con respecto a la prestación personal del servicio, característica esencial de los contratos, no necesariamente es absoluta. Cierto es que la cláusula quinta del contrato también contempla la posibilidad de que los profesores contratados se "combinen" con otros docentes o especialistas para que los asistan o dicten algunas de las horas por las que se les contrataban, pero también es cierto que el artículo 85 del Código de Trabajo, prevé esa posibilidad, como evento de excepción, e incluso asimila al "ayudante o auxiliar" a la calidad de trabajador del empleador para los efectos de ese cuerpo legal. Por tanto es posible que aun cuando no se preste personalmente un servicio de forma continua exista relación laboral; también figura como evento de excepción, el caso de ausencias motivadas por enfermedad, accidentes, licencias, etc, que imposibilitan la prestación personal del servicio y en los cuales se contrata a otro trabajador, y, también cuando se trata de contrato de trabajo de grupo o equipo.
De las anteriores consideraciones, queda, pues, en evidencia, la existencia de una verdadera relación laboral, y que las sumas que se reflejan en el alcance definitivo, no corresponden a honorarios profesionales sino a salarios, sumas de las que deben deducirse cuotas de seguridad social. Importante resulta señalar que los elementos probatorios presentados por COLUMBUS UNIVERSITY, a lo largo del proceso gubernativo y contencioso administrativo, resultan insuficientes para desvirtuar o contradecir los hechos recogidos por Auditoría de la Caja de Seguro Social, en el sentido de que existía una relación de trabajo entre la empresa y las personas listadas en el informe de Auditoría AE-I-98-72. Por lo tanto, tampoco prospera la violación que se alega los artículos 62, 64, 65 y 140 del Código de Trabajo, ni a los artículos 2 literal b) , 35-B, 58, 62 y 66-A del Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954.
En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución Nº413-98-DG de 2 de junio de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.