Source: https://soledadmurillo.es/2018/06/12/comparecencia-30-de-junio-sobre-ley-contra-violencia/
Timestamp: 2018-12-14 00:46:25
Document Index: 39501000

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 44', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 141', 'artículo 1']

Comparecencia 30 de junio de 2004 sobre Ley contra violencia - Soledad Murillo
Página personal de Soledad Murillo de la Vega
Comparecencia 30 de junio de 2004 sobre Ley contra violencia
30 de junio de 2004. Núm. 9
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (MURILLO DE LA VEGA) PARA INFORMAR SOBRE:
Políticas de igualdad. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente Congreso 212/000012) y número de expediente Senado 713/000022.)
Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Gobierno. (Número de expediente Congreso 212/000066 y número de expediente Senado 713/000021.)
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2004.
La señora PRESIDENTA: Señorías, damos la bienvenida a la secretaria general doña Soledad Murillo, pero antes de darle la palabra el primer punto del orden del día es la ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 22 de julio de 2004. Las señoras y señores diputados que ya tienen costumbre saben que se trata simplemente de una cuestión formal. Así que ¿están de acuerdo SS.SS ? (Asentimiento.) Queda ratificada.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente Congreso 42/000005 y número de expediente Senado 574/000003)
La señora PRESIDENTA: El siguiente punto es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere al artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Así queda aprobado.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la celebración de las comparecencias de la señora secretaria general de Políticas de Igualdad a solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para informar sobre las políticas de igualdad y a petición propia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Tiene la palabra doña Soledad Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados y senadores, quiero comenzar mi comparecencia en esta Comisión Mixta de Derechos de la Mujer a petición de Convergència i Unió y a petición propia como secretaria general de Políticas de Igualdad para mostrarles cuáles serían las líneas generales de mi ejercicio, pero antes que nada tengo que agradecer la confianza depositada por el Gobierno en mi persona para desarrollar estas políticas; un cargo que representa la culminación de muchas indicaciones de asociaciones y organizaciones de mujeres que hemos tratado de que se conviertan en puntos centrales de una agenda política. ¿Por qué? Porque queríamos hacer efectivo el principio de igualdad.
La creación de una Secretaría de Políticas de Igualdad significa la apuesta del Gobierno socialista por incluir en el organigrama del Ejecutivo la materia de igualdad al objeto de impulsar las políticas de mayor alcance y de esta manera, que es lo importante, las mujeres pierdan esa dimensión de colectivo, nombre bajo el cual se engloba a la mitad de la población, porque el término colectivo, lejos de potenciar, limita y coloca desde la asunción de problemas específicos lo que no es otra cosa que un déficit ciudadano en cuanto a conseguir los logros que las mujeres se han planteado desde siempre.
La democracia es un ejercicio de ciudadanía inscrito en el principio de igualdad de trato y consideración, donde todos los sujetos comparten los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero también las mismas oportunidades vitales y profesionales. El principio rector que configura los objetivos de la Secretaría General de Políticas de Igualdad se basa en hacer efectiva la igualdad en todos los ámbitos como una legítima aspiración democrática; igualdad que no es sinónimo de semejanza sino de homologación en cuanto a disfrutar de las mismas condiciones sociales y lograr una equivalencia de trato en todas las oportunidades personales y profesionales.
La igualdad no remite a lo idéntico, puesto que todos los sujetos mantienen idiosincrasias y singularidades, somos individuos; la igualdad implica tratar y convalidar a los sujetos con el mismo rango. A la Secretaría General de Políticas de Igualdad, bajo la superior dirección del Ministerio de Trabajo, le corresponde la dirección del Instituto de la Mujer como organismo autónomo, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y el Observatorio contra la violencia de género. De sus funciones daré cuenta en breve.
Las líneas generales de la Secretaría de Políticas de Igualdad van a tratar de incidir en el ámbito de la estrategia del mainstreaming o transversalidad, de la cual llevamos hablando muchísimos años pero que exactamente no se ha llevado a la práctica con la eficacia que todas y todos deseamos incorporar. En este sentido, queremos que la Administración local del Estado así como las administraciones autonómicas y la Administración general puedan hacer del mainstreaming una de sus principales políticas de actuación, y por supuesto lo están haciendo particularmente en las comunidades autónomas. También me interesa como secretaria general de Políticas de Igualdad, y sobre todo para dotar de contenido a este cargo, promover la participación en materia de igualdad de oportunidades de los agentes sociales pero también el movimiento participativo. Es importante extender el ámbito de actuación al espacio internacional otorgando mayor impulso y potenciando la presencia española en los foros internacionales sobre todo desde lo que suponen propuestas innovadoras en materia de políticas de igualdad. En el ámbito sociolaboral la Secretaría apuesta por dos ejes básicos: impulsar y tutelar políticas de conciliación de vida laboral y familiar para mujeres y hombres y promover la integración social y económica de aquellas mujeres que se encuentran con especiales dificultades de incorporación en función de unas circunstancias vulnerables por su pertenencia a colectivos específicos. En lo que se refiere al ámbito de la formación y la educación es importante trabajar y extender la formación en género, que no es una materia específica sino la aspiración de convertir la universalidad de cualquier contenido en un espacio que avale la calidad de la didáctica que pretende imponer. La violencia, como saben señorías, es también uno de los ámbitos prioritarios y, en este sentido, dar un impulso a la violencia de género está entre los objetivos importantes a los cuales dedicaré especial atención, como está haciendo este Ejecutivo. Por último, no quiero dejar de señalar otro planteamiento estratégico de esta Secretaría de Políticas de Igualdad que es la innovación y la calidad de los programas en los organismos que dependan de la misma, especialmente el Instituto de la Mujer. En este nuevo planteamiento el Instituto de la Mujer, creado por un Gobierno socialista en 1983, sigue siendo un organismo de carácter autónomo pero necesita transformarse en un organismo de referencia cuyos programas priorizarán contenidos experimentales innovadores.
El Instituto de la Mujer concretará las políticas de igualdad dentro de la Secretaría de Políticas de Igualdad que presido abriendo nuevas líneas y ámbitos de actuación. Por tanto, los programas serán de carácter experimental y de carácter innovador en un permanente diálogo civil con las asociaciones y en un permanente diálogo también con aquellas personas expertas que pretendan que ese organismo autónomo acoja esos estudios que necesitan para hacer de manera más eficaz las actuaciones que tengan programadas entre sus objetivos. El Instituto de la Mujer seguirá dedicándose al diseño y puesta en marcha de planes, como es su competencia, y desde esta Secretaría de Políticas de Igualdad quiero compartir aquellas líneas que me parecen más fundamentales.
En cuanto al mainstreaming, el impulso a la transversalidad, supone que se articulen unidades de igualdad en los ministerios y a través de esta Secretaría tengan en ella un recurso y una coordinación para su efectividad. Les pongo un ejemplo que puede servir de aclaración. En toda la normativa se nos pide en la estructura de los ministerios que estudiemos el impacto de género. Les puedo garantizar en este caso que no solamente hace falta dotarle de contenido sino que es necesario también plantear la importancia que tiene para la eficacia y calidad de cualquier organismo público y de la Administración comprobar el impacto de género. Del mismo modo la transversalidad estaría presente en aquellos nuevos compromisos marcados por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Citaré un ejemplo. La discusión sobre los diferentes estatutos de autonomía que nos están dando como prioridad dentro de las discusiones políticas supone una espléndida oportunidad para introducir el principio de igualdad en la redacción que las comunidades autónomas tengan a bien inscribir para la futura creación de estos estatutos o la consideración de los mismos. En esta línea se inscribe una futura creación también de un consejo de participación o consejo nacional de la mujer porque la interlocución debe estar estructurada y articulada de manera que puedan establecerse flujos de información así como establecer una gestión del conocimiento entre el Ejecutivo y la sociedad civil.
Respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral su dificultad evidencia que la igualdad no se registra en cuanto a las relaciones personales. Ustedes saben que uno de los elementos decisivos en cuanto a lo que configura el capital de una sociedad y el capital personal es el elemento tiempo; y les tengo que decir, como muy bien saben ustedes, que el uso y distribución del tiempo propio no es todavía democrático. Es de todos conocido que en el ámbito doméstico las responsabilidades familiares suponen una penalización en el horizonte profesional femenino (desde los organismos de igualdad hasta cualquier ámbito de actuación se nombra como un problema femenino) y la falta de disponibilidad para atender en igualdad de condiciones los requisitos del empleo improductivo no es un problema femenino, es nuestra obligación y es hora de preguntarnos si se trata de un problema femenino e imputable a la mujer o se trata de un reparto desigual de oportunidades y, por tanto, de un déficit democrático en el ámbito de la vida privada. En esta línea es importante modificar los lenguajes que definen la conciliación en la medida en que habitualmente se hace referencia a las mujeres y junto a estas se describen los problemas que se derivan de tener que conciliar dos tiempos con iguales exigencias de competitividad, como es el ámbito doméstico y el del empleo.
Estamos en el mejor escenario político en cuanto que contamos con un fuerte compromiso del Gobierno en relación con la paridad y este principio no se agota en la composición paritaria sino que implica una transversalización de todas las políticas que se lleven en todos los ámbitos. Por eso, desde la iniciativa legislativa de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que busque una presencia equilibrada entre hombres y mujeres hasta la activación real para hacer efectivas las políticas de conciliación que comprometan al sistema productivo en cuanto a abrir un debate sobre la organización del tiempo de trabajo, como anunció en este Cámara el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, así como para avanzar hacia una nueva definición de la cultura de trabajo que nos interesa especialmente porque la estabilidad debe ser sinónimo de crecimiento y eficiencia y porque la flexibilidad, como apuntaba el ministro de Trabajo, no sólo tiene costes sociales sino económicos; y ustedes saben muy bien que los costes sociales y económicos son imputables al tipo de empleo que desarrollan las mujeres, a la parcialidad y a la precariedad del tipo de empleo que desarrollan las mujeres. Por tanto, en esa labor de estabilidad estamos hablando de sostenimiento, fundamentación y ampliación de las características que todo sujeto tiene con respecto a que sus oportunidades vitales deben ser avaladas por oportunidades profesionales, pues de otra manera la autonomía no se entiende. En ambos casos se inscribe la precarización del empleo femenino —insisto, señorías— en un escenario favorable.
La conciliación no simplemente me compete a mí puesto que, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el plan de dependencia así como la futura creación de más de 450.000 plazas entre cero y tres años cumple con el objetivo de que padres y madres —porque el proyecto de crianza es común— compartan responsabilidades familiares. En lo que a mi secretaría concierne la conciliación tendrá entre las políticas de empleo su centro de interés. La presencia de la Secretaría de Políticas de Igualdad en los planes de empleo así como la necesidad de combinar diálogo civil con diálogo social resultan prioritarias. El primero porque representa la confirmación de una línea básica de este Gobierno que hace del consenso y de la participación su razón de ser a fin de impulsar, de manera concertada, objetivos de largo alcance como una Ley de garantía de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, que responde a la transposición de la Directiva 2002/73 relativa a la aplicación de la igualdad de trato en cuanto al empleo, formación profesional, promoción y condiciones de vida así como acoso sexual, para que esta ley se convierta en la culminación de esta transposición.
Para esto contaremos con el compromiso y conocimiento de los agentes sociales, con el gran aval que supone que aseguren la efectiva implantación de la igualdad. También es importante pensar en el órgano productivo y en las empresas, y en este caso las marcas de excelencia o tener muy en cuenta a la hora de acreditar y acceder a subvenciones que las empresas incluyan género en su plan estratégico de formación y que incluyan también la presencia femenina en función de la calidad, no en función de un trato de favor y de permiso, en función de la calidad puesto que la presencia femenina significa capitalizar lo que ya tenemos en las aulas, una mayor presencia de mujeres con una mayor cualificación en el sentido de resultados. Por tanto, no hacemos otra cosa que pedir que se refleje lo que tenemos en nuestra sociedad con un enorme gasto, un esfuerzo de renta para que las familias tengan a bien pensar que sus hijas tienen igualdad de rango de oportunidades y equivalente valor frente a sus hijos.
Entre mis competencias está prestar especial atención a quienes se encuentran en una evidente situación de vulnerabilidad, bien porque se trata de mujeres pertenecientes a otras razas o etnias, para lo cual se crearán mecanismos que faciliten la integración de estas mujeres inmigrantes combinando cultura con derechos, combinando la forma de pensar y de actuar en el ámbito afectivo con lo que supone estar en un país receptor que tiene en la democracia el trato de individuo y de ciudadano como principal forma de aquilatar comportamientos y como principal forma de establecer un comportamiento ciudadano en el ámbito público, así como también a aquellas mujeres que por su condición de cuidadoras tienen sobre sí la responsabilidad de la atención sobre personas mayores. El cuidado tampoco se reparte como no se reparte el tiempo ni las oportunidades ni el capital, dándose la paradoja de que las que cuidan necesitan una mayor dedicación, dado que los intervalos de edad de las personas que cuidan son suficientemente mayores como para que esto suponga una prioridad en cuanto a la atención que implica programas, estudios y políticas de igualdad. Otras personas especialmente vulnerables son aquellas que como cabezas de familia no comparten con nadie las responsabilidades familiares, sin olvidarnos de la doble discriminación que padece una mujer con discapacidad.
Quiero insistir en que el abordaje de estas políticas efectivas implica abordar estudios que se enfoquen no sólo desde la categoría de problema específico sino también de los recursos y estrategias que las mujeres ponen en marcha para resolver su vida cotidiana. No es lo mismo hablar de los problemas de las madres solteras que hablar de los recursos que las madres solteras establecen para hacer de su maternidad un constante superarse día a día y habilitando los recursos que tengan en ese momento a bien resolver. Quiero evitar colocar el acento en la necesidad; quiero evitar colocar el acento en la tutela porque quiero subrayar los derechos, porque subrayando los derechos las coloco en una situación mejor como ciudadanas y si las coloco como ciudadanas estamos todos comprometidos como poderes políticos y públicos.
Sin embargo, si existe un problema al que es preciso dar una respuesta urgente es el fenómeno que entraña todo lo comprendido bajo la denominación tráfico de mujeres y menores. Nos encontramos ante un delito que ha experimentado un notable aumento en nuestro país y en todos los países del entorno democrático. Este problema debe combatirse de forma integral. La integralidad siempre ha sido una aspiración y una ambición que supone atacar el problema de manera más eficaz, y las instituciones deben intervenir desde múltiples aspectos. Por una parte, la persecución de las mafias que hacen de la esclavitud de las mujeres un recurso económico inaceptable en un marco de democracias europeas que se autodenominan desarrolladas y, por otra parte, un decidido apoyo a las víctimas mediante prevención y sensibilización social.
De esta forma nos aproximaremos a la solución de un problema complejo en el cual se agazapan intereses de actuación de ámbito internacional y que muestra los desequilibrios económicos norte y sur. Ofrecer una línea de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad será el primer paso para elaborar la estrategia de intervención en esta materia. Dentro del tráfico de mujeres no podíamos olvidar la prostitución, que constituye una de las caras de este problema, y desde esta Secretaría General de Políticas de Igualdad se impulsará un debate abierto en el que la sociedad civil y las instituciones comprometidas en este fenómeno aborden las distintas perspectivas para estudiar este problema de forma integral, si bien se necesita impulsar un sistema de protección y de ayuda a la integración laboral, sin perjuicio de oír aquellas otras posiciones que se muestran partidarias de la regularización prestando atención a otras experiencias europeas, así como a personas expertas conocedoras de este problema. El debate debe ser abierto con las bases de toda interlocución. Debemos partir de una posición completamente receptiva para oír todas las opiniones y debemos actuar en consecuencia, donde la máxima prioridad sea en ningún momento dañar el estatuto de ciudadanas que estas mujeres deben tener en todo caso.
El tráfico de mujeres y menores es un signo de violencia ejercida contra las mujeres, pero la violencia —como saben sus señorías— es un ámbito prioritario entre las preocupaciones de este Gobierno y no puedo dejar de compartir con ustedes los fundamentos de la Ley orgánica integral contra la violencia de género. El punto de partida de esta ley orgánica estriba en el principio de que todos los Estados de derecho tienen la obligación de proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
En esta lógica nuestra Constitución incorpora en el artículo 15 el derecho a la vida, a la integridad y a que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, penas o tratos inhumanos. La presente ley pretende velar por el cumplimiento de estos derechos fundamentales porque las mujeres agredidas no tienen en ningún caso un problema privado sino que su condición de ciudadanas se ve gravemente comprometida. Si no se garantizan los derechos de libertad, igualdad y seguridad y sobre todo el derecho a la vida estaremos lesionando la condición de ciudadanas que les asiste. La violencia ejercida sobre las mujeres sí lesiona los derechos constitucionales y los valores constitucionales al vulnerar la integridad física y moral de las personas; además representa una violación de derechos humanos, y esta violación de derechos humanos afecta a las sociedades modernas y a los valores democráticos que la rigen, porque la democracia es un ejercicio de ciudadanía inscrito en el principio de igualdad de trato y consideración donde todos los sujetos comparten las mismas obligaciones, de acuerdo, pero también los mismos derechos. La dignidad de la persona se quebranta en la medida en que se trasvasan los límites que todo individuo posee como ciudadano. La propiedad de sí mismo y la no pertenencia a otro sujeto constituyen el principal rasgo que definió la modernidad, era una condición prioritaria y necesaria para formar parte de la voluntad general, no en vano este principio está inspirado en las sucesivas Cartas de derechos humanos que subrayaban que la adscripción a cualquier grupo determinado, género, raza, creencia religiosa, edad u orientación sexual en ningún caso podía vulnerar la condición de individuo acreditado para ejercer derechos sin limitaciones. Si bien nuestra sociedad ha elegido la igualdad —y en esto es magnífica la legislación, completa y ambiciosa—, es cierto que esta igualdad no es efectiva ni real entre hombres y mujeres.
Señorías, conocen muy bien la tasa de empleo femenino, conocen muy bien la tasa de desempleo femenino, conocen muy bien la presencia en puestos de decisión de las mujeres en lugares de reconocido prestigio como universidades y academias de todos los ámbitos del saber. Este desigual reparto de oportunidades responde a unos comportamientos de género, es decir, a un proceso de socialización que marca distintas expectativas, mientras que el concepto sexo alude a unas características biológicas no imputables al mérito del individuo pero que en ningún caso puede justificar un trato desigual. En cambio, el término género sí permite detectar y modificar una serie de conductas que llevadas al extremo modulan la secuencia que se produce dentro de la violencia de género; por ejemplo, creer que el papel de esposa y compañera —los roles traducen los comportamientos de género— supone una relación de supeditación y subordinación. Los géneros y los roles agotan, ahogan y secundarizan lo que significa el papel individual. El término género es el único que por tener características culturales y sociales nos permite entender la especificidad del maltrato femenino. No existe otro conflicto que contenga respuesta semejante por parte de quien sufre una violencia. En cualquier otro conflicto —piensen en el ejemplo que deseen— la víctima pide ayuda, da cuenta de su situación o busca los recursos a su alcance para salvaguardar su integridad, pero el aprendizaje de género invierte radicalmente este esquema: no solicito ayuda puesto que lo habitual es mantener en secreto los sucesivos episodios de violencia.
El término medio de permanencia en el hogar medio es de cinco años y medio, según una macroencuesta realizada por el Instituto de la Mujer. Tampoco se cree portadora de derechos —no es un individuo, es una función, es un rol, es un género— y, por tanto, lejos de actuar garantizando su seguridad se siente culpable de las agresiones que recibe. Y además a continuación pasa a rehabilitar constantemente al agresor en un ciclo permanente de agresión y reconciliación. Pero incluso cuando la relación se ha dado por finalizada, derecho que tenemos todos y todas como ciudadanos, este punto final constituye un riesgo para la mujer puesto que su ex compañero sentimental o su ex cónyuge censura esta decisión y no admite el derecho a la desvinculación por parte de las mujeres. Por tanto, el texto legal se denomina Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es cierto que la doctrina jurídica basa la identificación entre justicia y legalidad en el origen democrático de derecho y si bien este principio fundamental de su ejercicio la acredita, también es cierto que parte de una premisa de igualdad que no se corresponde con la realidad. La doctrina jurídica como intérprete y aplicador de la ley tiene la función de velar para que se haga efectiva la democracia y corregir cualquier desigualdad que comprometa sus resultados, y esta sociedad registra importantes diferencias que son fácilmente objetivables. En el número total de víctimas de violencia doméstica en el año 2003 las mujeres representaron el 90,2 por ciento.
Es fácil constatar que en este país hay un problema de violencia contra las mujeres y no un problema de violencia contra los hombres. Pretender minusvalorar este hecho aludiendo a otros sujetos pasivos que están amparados por el Código Penal supone una dejación de responsabilidades de acuerdo con el compromiso establecido en el texto constitucional, especialmente en el artículo 9.2 que insta a los poderes públicos a promover aquellas condiciones que garanticen la libertad y la igualdad del individuo. Si partimos de la premisa de la igualdad como razonamiento teórico, estamos descuidando la premisa de realidad como razonamiento fundamentado y empírico donde la igualdad no se da en esta lógica. Por tanto, de acuerdo con los principios de jurisprudencia constitucional de países democráticos, toda diferencia es susceptible de corregirse mediante medidas de acción positiva, medidas que se justifican desde la perspectiva constitucional en cuanto que están destinadas a contrarrestar los efectos de discriminación para lograr la equiparación jurídica y real de aquellos sujetos que ven vulnerados sus derechos.
Señorías, tengo que aclarar que las actuaciones derivadas de la acción positiva no van destinadas a perjudicar a los hombres como agresores. La ley contempla rehabilitación, contempla trabajos comunitarios y llevar la polémica desde ahí nos lleva a un terreno totalmente estéril. La violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas está presente como parte de esta cultura, puesto que antes de que se comience una relación el sujeto masculino y el sujeto femenino tienen una idea de lo que le corresponde a ese rol ejercer y no está mirando al individuo sino a un rol, y por lo tanto es fácil que precisamente en aras de ese rol el sentimentalismo por parte de él se convierta en impunidad y por parte de ella en indefensión. En este caso el Gobierno ha optado por la adopción de medidas de acción positiva para hacer frente a un gravísimo problema social que tiene en la diferencia entre hombres y mujeres, en cuanto que entienden y no respetan las relaciones individuales y prioriza las relaciones de género, un lugar donde tendremos que actuar de manera decidida y responsable.
Señorías, a la vista de la confusión que se ha generado respecto a las acciones positivas creo necesario matizar cuáles son sus fundamentos. Como su nombre indica son medidas que tienden a favorecer a aquellos sujetos tradicionalmente perjudicados con el fin de facilitar su igualdad real o sustancial. Para alcanzar este objetivo no es suficiente universalizar las normas. Es cierto que el derecho parte del concepto teórico de igualdad, pero también es su obligación constatar diferencias de trato y corregir y articular mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades.
Este Gobierno no parte de cero. Contamos ya con el aval del derecho internacional puesto que el concepto de acción positiva surge en la Convención de Naciones Unidas de 1979 sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al establecer que no se considera discriminatoria la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en su artículo 141.4 permite a los Estados miembros la adopción de medidas de acción positiva con el objeto de garantizar igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, el Gobierno ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre acciones positivas a la hora de elaborar el presente proyecto de ley; de acuerdo con esta doctrina, las medidas de acción positiva deben ser medidas dirigidas a eliminar cualquier obstáculo que suponga una discriminación por parte de un segmento, en este caso el femenino.
Tienen que ser medidas adecuadas, esto es, eficaces para la realización de la igualdad de oportunidades. Debe tratarse de medidas proporcionales, puesto que no pretenden en absoluto, como he dicho antes, discriminar a los hombres, sino poner fin a la situación de discriminación con resultado de violencia que sufren las mujeres.
En suma, la violencia contra la mujer vulnera los derechos constitucionales ligados a la igualdad como un principio regulador de la democracia efectiva. Es un problema estructural que se registra en todos los países, no depende de su renta ni de su Estado de bienestar. Dado que toda relación de servidumbre contradice un principio de reciprocidad, la democracia empieza a ser deficitaria cuando cualquiera entiende que yo le pertenezco; pero también la violencia de género resulta un indicador del grado de desarrollo de un país, a pesar de que no sea consciente de lo que significa para su propio concepto de progreso y desarrollo. No podemos denominarnos un país moderno mientras tengamos estas cifras y este tipo de delitos encima de la mesa. Se trata, por tanto, de un problema ciudadano de primera magnitud. No es un problema de personalidad, no es un problema psicológico, no es un problema que pueda liquidarse de una manera precipitada.
Las estadísticas son excesivamente evidentes y acusadoras. Según la última encuesta sobre malos tratos realizada por el Instituto de la Mujer en el año 2002 casi 700.000 mujeres españolas mayores de edad declaran haber sido víctimas de malos tratos, durante el año 2001 también declaran ser víctimas de malos tratos una proporción semejante; y esa cifra ha aumentado a 2 millones en los casos de mujeres que, pese a no reconocerse explícitamente como víctimas, sí podían ser técnicamente valoradas, si hubieran pasado por un protocolo de actuación, como víctimas de malos tratos. Partiendo de la misma fuente, en el año 2003 mueren en este país como consecuencia de violencia de género un total de 85 mujeres a manos de su pareja o ex pareja, datos que coinciden con el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.
Por ello, la protección de la vida de las mujeres es nuestra mayor preocupación, cumpliendo con un principio de responsabilidad y sobre todo cumpliendo con lo que es una aspiración democrática en cuanto a que el ciudadano tenga el derecho a discrepar, a replicar y a dar por finalizada cualquier relación.
Para el Gobierno y, por tanto, para esta Secretaría de Políticas de Igualdad la lucha por la erradicación de la violencia es una prioridad de primer orden. Los pasos en este país se han dado anteriormente desde la aprobación de la Constitución Española en este sentido han sido muchos e importantes; sirvan como ejemplo la creación del Instituto de la Mujer, los planes de igualdad de oportunidades, los dos planes de acción contra la violencia doméstica aprobados en el año 1998, las distintas reformas de la legislación penal y procesal, entre otras, las de los años 1989, 1999, 2002 y del pasado 2003, y especialmente una ley, la Ley reguladora de la orden de protección de víctimas de la violencia doméstica. Esta ley, como SS.SS. conocen, fue tramitada a partir de la iniciativa de todos los grupos parlamentarios y aprobada por unanimidad en las Cámaras legislativas.
No cabe duda, por tanto, que se han hecho avances importantísimos en esta materia. Tampoco cabe duda de los esfuerzos que las y los profesionales que trabajan en esta materia han aplicado a su tarea: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos, personal sanitario, todo el servicio de Administración de Justicia (fiscalías, magistratura, jueces y juezas), pero también es preciso contar, señorías, con el apoyo de esta ley. Sin embargo, también es importante sensibilizar a la sociedad, porque son sorprendentes las cifras, en cuanto que la última encuesta del CIS coloca la violencia de género en el duodécimo lugar respecto a la identificación de preocupaciones que los ciudadanos y las ciudadanas tienen con respecto a aquellos problemas que más inquietantes resultan para ellos.
Por estos motivos el Gobierno considera que el cambio debe concertar todos los sectores: educativo, social, sanitario y publicitario. No tratamos a la víctima sólo cuando es víctima, sino que pretendemos prevenir para que esa educación en valores, que es tan universalista, se fije y se centre en lo que significa la educación en la igualdad. Hay que ser muy valientes, señorías, para mantener una igualdad de trato, porque supone que el otro puede replicar, el otro puede plantear una divergencia con respecto a mis puntos de vista, y no cabe lugar para el dominio y para cualquier tipo de imputación como desagravio o como desobediencia.
En términos de proceso se ha pasado a una política basada en medidas puntuales previstas en los planes de actuación para la Administración General del Estado, así como a reformas normativas, a una política integral que culmina con esta ley orgánica contra la violencia de género. Todas las actuaciones, con los diferentes contenidos, detectan el problema y arbitran respuestas; todas son valiosas, pero la situación precisa de una norma que unifique en un texto legal medidas de prevención, protección, asesoramiento y formación y tutela, y que cambie esa mentalidad y consiga que los individuos tengan relieve y presencia frente a los géneros y los roles.
El Gobierno ha decidido actuar contra la violencia de género y culmina este proceso con un referente normativo único y de máximo nivel. Como ustedes saben, la Ley orgánica integral de medidas contra la violencia de género es de obligado cumplimiento, y es una ley integral que, como su nombre indica, abarca actuaciones de todo tipo, porque se pretende intervenir en todos los ámbitos de la sociedad, vinculando la sociedad a este problema, porque igual que los golpes suenan también es cierto que debemos conseguir que la violencia sea una preocupación mayor que la que figura ahora en las encuestas del CIS. La Ley orgánica integral de medidas contra la violencia doméstica se modula a partir del concepto de sentimentalidad de ejercicio de roles, y por eso en su parte expositiva habla de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y habla de la discriminación. Menciona claramente, para no restar eficacia, que este esquema de dominación y sumisión y esta fuerte sensación de inseguridad debe ser totalmente terminada en los términos que propone la ley; de lo contrario, crearíamos una gran inseguridad a las mujeres de nuestro país en la medida que no intervenimos.
Yo no concibo que hubiéramos podido tolerar esas cifras tratándose de otros segmentos de la población, no lo concibo. Pongan el ejemplo que quieran y ya verán como es absolutamente intolerable.
Este proyecto de ley orgánica integral de medidas contra la violencia de género ha recibido dictamen positivo del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social y de todos los consejos excepto, como ustedes saben, de una parte del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, lo que queremos mencionar es que la tramitación, ahora próxima, será una tramitación donde esperamos recibir las mismas aportaciones favorables. La violencia no puede ser entendida sin recurrir al aprendizaje de comportamientos, y quiero señalarles también que este anteproyecto cuida especialmente los comportamientos en cuanto a los capítulos que lo componen.
Quiero señalarles que estamos ante un buen anteproyecto desde el punto de vista de la técnica normativa utilizada. Se trata de una ley que combina preceptos sustantivos que regulan ex novo materias no reguladas previamente. Otras disposiciones legales lo que plantean es una regulación y reforma, y en este caso es un texto que tiene una entidad propia. Como consecuencia de ello, esta ley orgánica será de referencia obligada en el ordenamiento jurídico. Ello no se hubiera conseguido en el supuesto de haber sido tan sólo una ley instrumental, porque ustedes saben que una ley reformadora de preceptos sustantivos de otras leyes queda subsumida en cada una de las leyes que posteriormente reforma. Esta ha sido precisamente la línea seguida por numerosas disposiciones legales adoptadas en los últimos años en materia laboral, de Seguridad Social, penal y procesal. Ahora nos encontramos ante un anteproyecto novedoso, en muchos aspectos innovador, avanzado y progresista, que previsiblemente se situará a la cabeza de una normativa europea, puesto que tiene materia propia y no solamente reformadora.
De acuerdo con la ley, se entiende por violencia la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de hombres y mujeres, como les he dicho antes. Esta violencia comprende la violencia física, psicológica, las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de libertad, la máxima libertad que supone terminar una relación a la vista de las cifras que aluden a la violencia producida por ex compañeros sentimentales. Por lo tanto, el ámbito de aplicación material de la ley orgánica comprende la violencia ejercida sobre quien sea o haya sido la esposa del agresor o mujer ligada a él por alguna relación de afectividad, independientemente de si convive o no, debido a la dimensión cuantitativa del problema, así como a las dificultades para su detención y erradicación. Se reconocen derechos subjetivos a las víctimas de violencia y se exige a las administraciones públicas asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios sociales integrados. Se acaba con el concepto de casa de acogida para hablar de servicios integrales de calidad. Se garantiza a las víctimas una serie de derechos laborales y funcionariales, porque las víctimas son también personas con condición de trabajadoras, a las cuales hay que dar una salida para que puedan extinguir el contrato o suspenderlo en función de establecer una propia salvaguarda y una propia recuperación personal. Se ofrece la garantía a las víctimas de unos derechos económicos con el fin de facilitar su integración social; el establecimiento de un sistema integral de tutela institucional por parte de la Delegación de Gobierno contra la violencia sobre la mujer o contra la violencia de género; el fortalecimiento del marco penal y procesal, así como la necesidad de coordinar recursos e instrumentos de todo tipo para que los distintos poderes públicos aseguren la prevención de la violencia sobre las mujeres y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables. Hay una parte polémica de esta ley, según se ha desprendido de algunos informes, que era el hecho de elevar a delito lo que anteriormente era una falta, que era la coacción. Lo que sabemos hasta ahora es que una coacción tiene un probable resultado de muerte cuando la expresa un varón, y no tenemos casos a la inversa que justifiquen la universalización del delito. Sabemos también que una coacción es el principio de la espiral de la violencia. Sabemos también en este sentido que precisamente la coacción supone dentro de un ámbito sentimental que el sujeto agresor se encuentra con la impunidad y con el signo evidente de dominio, con el signo evidente de ejercicio del poder absoluto, y que la víctima, en función de esa sentimentalidad, encuentra en la indefensión y en la rehabilitación del agresor una posible situación de riesgo que acabe con su vida.
En este sentido, señorías, para finalizar quisiera que compartieran con este Gobierno y conmigo, como secretaria general de Políticas de Igualdad, la necesidad, en función de la responsabilidades que conlleva erradicar este problema, de que apoyen este proyecto de ley orgánica, sin perjuicio de que emitan cuantas aportaciones consideren oportunas. Todos los grupos políticos aquí presentes son conscientes de la gravedad del problema. Aquellos que tuvieron la responsabilidad de Gobierno arbitraron leyes en este sentido, pero es el momento de culminar este proceso mediante una ley orgánica integral contra la violencia de género, porque en ella no sólo se regula y se protege sino que se aspira a devolver la condición de ciudadanía a todas aquellas mujeres cuyos derechos deben ser respetados sin restricciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a la secretaria general por su intervención.
Abrimos ahora el turno de intervenciones. En primer lugar tiene la palabra por el grupo de Convergència i Unió la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÈS: Yo quisiera que mis primeras palabras fueran para, en nombre de Convergència i Unió, dar la bienvenida a esta Comisión a la señora secretaria general de Políticas de Igualdad y agradecer su exposición. Quisiera también felicitarla; quisiera felicitarla, aunque yo ya lo hice personalmente, por su nombramiento, pero creo que la acreditada trayectoria que usted tiene en defensa de los derechos de la mujer se refleja, ya solamente en la intervención de hoy, en la perspectiva que ha adoptado para plantear los objetivos e incluso en su propio lenguaje. A los oídos de la diputada que le habla les suenan especialmente gratificantes y novedosos en el planteamiento de todo este tipo de objetivos, que desde luego compartimos. Creo también que hemos de felicitarnos de que el Gobierno del Estado tenga en su organigrama una Secretaría General de Políticas de Igualdad; esto, juntamente con haber hecho un Gobierno paritario en su composición, es un objetivo en sí mismo, pero también patentiza, hace visible la voluntad o la prioridad del Gobierno por avanzar en las políticas de la igualdad y, si me permite, en la propia igualdad como objetivo, que son quizá dos cosas distintas.
Yo creo que la secretaría que usted ostenta, y su propia persona, por tanto, tiene aquí una responsabilidad en función de su cargo realmente para llevar adelante, para impulsar estos objetivos, que desde luego desde Convergència i Unió compartimos. Desde mi grupo parlamentario y desde mi formación política quieroofrecerle toda la cooperación y toda la colaboración para que este objetivo de la igualdad, este ambicioso por dificultoso objetivo sea cuanto antes una realidad y no como hasta ahora, y pese a los esfuerzos de todos, solamente un ideal de justicia. Esta es la óptica, este es el reto y este es el objetivo. De alguna manera en mi grupo parlamentario cuando propuso la modificación del cambio de la denominación de esta propia Comisión, que hasta ahora se llamaba Comisión de los Derechos de la Mujer, pensamos que afortunadamente, por lo menos en nuestro Estado, la igualdad en cuando a derechos legales está reconocida, que lo que no hay es una igualdad en las oportunidades. También en sintonía con la denominación que había en el propio Parlamento Europeo creímos importante (porque los títulos son también importantes, y el lenguaje, porque de alguna manera expresa los objetivos y las intenciones y no es en absoluto neutro) que esta Comisión incorporara a su denominación también la igualdad de oportunidades.
Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el que se hayan sumado y que realmente se pueda denominar así esta Comisión.
Me ha gustado, señora secretaria, la mención que usted ha hecho a la necesidad del cumplimiento de la normativa de impacto de género. Como usted conoce, esta fue una normativa que impulsó mi grupo parlamentario, que se aprobó con el consenso de todos los demás y que realmente para desplegar su eficacia necesita que alguien la impulse y que se tenga en cuenta. Valoramos positivamente que haya estas unidades de igualdad en los ministerios, cuya coordinación, si no he entendido mal, dependerá de su secretaría general, y aquí quisiera hacerle una pregunta. El tema de la valoración de impacto se circunscribía más bien a la realización de un informe en donde se valorara este impacto.
En la normativa creo que decimos que se realizaría a través del Instituto de la Mujer o través del organismo correspondiente. Yo le preguntaría quién va a realizarlo. Me ha gustado también su óptica de la necesidad de pasar de una política asistencialista o parcial a una política de derechos; me ha gustado. Esto, como usted no desconoce, implica la asignación de recursos suficientes, porque los derechos se pueden reclamar pero implican una generosidad en las dotaciones presupuestarias, y la animamos a que usted lo tenga presente en la elaboración de los propios Presupuestos Generales del Estado.
Coincidimos también en la necesidad de debatir sobre el tema de la prostitución. Sabemos que en este tema hay visiones diferentes, yo creo que todas ellas con buena intención por llamarlo de alguna manera. En los propios países de nuestro entorno se ha abordado este tema con diferentes ópticas y con diferentes perspectivas, todas ellas merecedoras de tenerse en cuenta. Ciertamente coincido con usted en que ha de haber un debate abierto, sobre todo un debate que ha de girar más allá de los efectos o de las condiciones que se quieren conseguir, un debate que ha de incorporar también la dimensión de la dignidad de la mujer. Es una buena idea, es una buena propuesta que antes de abordar políticas que nos van a llevar hacia uno u otro camino, con el peligro que supone de rectificar cuando esto ya se ha abordado, tengamos un debate en profundidad, para que con libertad podamos todos expresar y valorar las diferentes soluciones que se aportan.
El tema de la violencia. Mire, desde mi grupo parlamentario y desde mi formación política coincidimos en la necesidad de abordar una ley integral. Creemos que el tema de la violencia excede la propia política de igualdad, porque afecta directamente los derechos humanos de la mitad de la población. Hay que ser firmes en abordar políticas eficaces, adoptar instrumentos eficaces para erradicar esta lacra social. Coincidiendo, pues, en la necesidad de la adopción de una ley integral, queremos lamentar que se haya hecho un excesivo ruido de fondo acerca de la bondad, de la no bondad, de la constitucionalidad, de la no constitucionalidad de las propuestas que se están haciendo. Sinceramente que en el ámbito del espacio afectivo, del espacio familiar realmente hay violencia de los hombres contra las mujeres, de las mujeres contra los hombres, de las mujeres contra los niños, de los hombres contra los niños, de los hijos contra los padres y de todos puede que también contra los abuelos. Pero ¿el fenómeno? El fenómeno es la violencia de los hombres contra las mujeres, como lo acreditan las miles de denuncias que solamente el año pasado hubo en este sentido y como, desgraciadamente, lo demuestra el altísimo número de víctimas que tenemos no sólo en España sino en todos los países de nuestro entorno. Este es el fenómeno, y no se puede reaccionar igual frente a un delito —hay que reaccionar, evidentemente; hay que proteger a todo el mundo de que sea sujeto de un delito—, pero los instrumentos adecuados no son los mismos para un delito que para un fenómeno delictivo. Yo lamento que se haya hecho una instrumentalización hasta política en el debate que ha habido, sobre todo en el Consejo General del Poder Judicial, porque sus mismos componentes no han elevado estos lamentos cuando para prevenir otro fenómeno, como es el del terrorismo, se han hecho leyes que abordaban que un delito no se contempla de la misma manera cuando quien lo comete acaba de salir de una discoteca, por ejemplo, en cualquier lugar del Estado, que cuando el que lo comete quema una papelera después de salir de una manifestación abertzale.
Por lo tanto, tenemos precedentes en nuestro propio Estado de abordar con distintos instrumentos lo que es un fenómeno de lo que no lo es. Dicho esto, porque quiero que quede clara cuál es la posición de mi grupo parlamentario, yo quiero plantearle el tema desde otro punto de vista.
A mí me preocupan las voces que se están levantando no sólo por lo que puede ser una instrumentalización política, que como digo lamento, sino por la de catedráticos de derecho penal, de asociaciones, de artículos de opinión (como he podido leer hoy en El País, por ejemplo, la opinión de Javier Pradera, que me merece consideración) cuestionando no tanto que se pueda dar una respuesta concreta, como digo, para abordar un fenómeno concreto, sino que dan un paso más. Ahí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que la diferenciación de la tipificación en el tema de las amenazas es el instrumento preciso que necesitamos para abordar correctamente este tema? Esta es mi pregunta. Si ustedes están absolutamente convencidos de que esto es así. Porque evidentemente a nadie se le escapa que la violencia se produce en cascada y que hay que abordarlo desde el principio. ¿Pero el tema de abordarlo desde una respuesta penal es abordarlo de la manera adecuada? ¿Creen sinceramente que la política penal va a ser disuasoria de la comisión de estas conductas? ¿Haciendo esta diferenciación, que realmente no tiene una aceptación social pacífica, por decirlo en términos jurídicos, se va a conseguir el objetivo previsto? Esta es la cuestión que yo le quería trasladar. Le quiero trasladar también para su valoración que no hay una aceptación, repito, pacífica sobre el tema de la necesidad de crear unos juzgados especiales en violencia contra la mujer.
Estas preguntas se han de resolver, como usted ha dicho cuando se refería al tema de la prostitución, con un método adecuado, que sería tener un debate sereno, un debate que permitiera pacificar este ruido con el que ha empezado esta tramitación, y analizar y ver cuáles son las mejores soluciones para que el desde el resto de los grupo podamos hacer nuestras aportaciones con la mejor intención de aprobar con el máximo consenso posible una ley que, le repito, creo necesaria. Yo le solicitaría en nombre de mi grupo que el plazo de enmiendas fuera lo suficientemente amplio para poder primero tener un debate con la comparecencia de personas o de instituciones que creyéramos necesarias y recoger las aportaciones que indudablemente nos harán. Lo digo desde la convicción de que en nuestro jurídico hay hoy instrumentos suficientes para, si se quiere, dar la respuesta adecuado.
En este tema, evidentemente, ya le digo que no se puede dejar todo a la respuesta penal; hay que avanzar en las medidas de protección y también en la asignación de recursos. La ley en un tema y en el otro puede ser un buen instrumento para que este avance sea una realidad. Por no extenderme muchísimo, voy pasando a hacer alguna consideración sobre los obstáculos…
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, muy rápidamente, porque en principio tendría que ceñirse a los diez minutos que habíamos previsto.
La señor PIGEM I PALMÈS: Muy bien, intentaré ser muy breve. Entre los obstáculos que afectan a la autonomía personal está básicamente el empleo. Yo creo que esto viene, como usted bien ha considerado, directamente relacionado, porque la conciliación es un tema que recae mayoritariamente sobre las mujeres; por lo tanto, aquí el gran reto es incorporar a los hombres a la conciliación. En este sentido yo le pediría que impulsara todas esas medidas que se han ido ya propugnando, iniciando de incorporar a los hombres con permisos parentales específicos, etcétera. Son medidas también que afectan a la conciliación, ya directamente a la desigualdad salarial que existe en nuestro Estado igual que en los Estados de nuestro entorno.
Me alegra, me ha gustado su mención a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad (mujeres migrantes, mujeres con discapacidad), y también me gustaría políticas especiales para afrontar la pobreza. Se ha dicho muchas veces que la pobreza tiene cara de mujer, y esto afecta especialmente a las mujeres mayores, mujeres que han dedicado toda la vida a hacer estas funciones que ahora queremos que las haga el Estado: han cuidado a sus hijos, a sus mayores, a sus enfermos y ahora se ven en una situación de injustísima penuria económica. También hay otra bolsa de pobreza que son las mujeres con hijos, y aquí la impulsamos a que se pueda crear finalmente este fondo de garantía de pensiones para hacer frente al impago de las pensiones judiciales, que abocan muchísimas veces a estas mujeres jóvenes con hijos, a estas familias monomarentales a una situación de pobreza.
Finalmente me gustaría que desde su secretaría, desde la secretaría que usted preside, se impulsara un compromiso de España para utilizar la influencia que tiene sobre países terceros para, por ejemplo, que se cumplieran los compromisos adquiridos en la Conferencia de Pekín; se impulsara esta dimensión de género en la política exterior, que se usara también esta influencia de España sobre países terceros para promover la ratificación sin reservas de la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer y su protocolo opcional, la CEDAO; y también que se impulsara en el marco de la Unión Europea que se reconociera la persecución de causas de género como motivo para la obtención de asilo o del estatuto de refugiada.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por parte del Grupo Mixto, si no me equivoco, la senadora López Aulestia.
La señora LÓPEZ AULESTIA: Buenos días, señora secretaria general, en mi nombre propio y en nombre también del Grupo Mixto y de Izquierda Unida en el Senado, a quien represento. Muchas gracias por su presencia y también mi enhorabuena por su nombramiento, aunque es tan difícil su tarea que no sé si darle la enhorabuena, pero creo que lo protocolario es darle la enhorabuena.
Yo quiero decirle que en Izquierda Unida coincidimos plenamente con el análisis y con los objetivos que usted se ha planteado en esta difícil tarea de las políticas de igualdad. Es una tarea especialmente difícil porque no se circunscribe solamente al ámbito legal, que sí, pero sobre todo, sobre todo al ámbito privado, al ámbito de las costumbres, a un ámbito que tiene detrás de sí siglos de prácticas ya consolidadas, es decir, la diferencia entre los géneros es algo estructural, usted mismo lo ha dicho. Por tanto, hay que cambiar leyes, sí, es verdad, pero eso es relativamente fácil. Lo difícil es cambiar las mentalidades y eso lleva no solamente un gran esfuerzo, un gran trabajo, sino un tiempo que a veces desespera a uno cuando lo piensa, cuando piensa en países que llevan mucho tiempo intentando llevar a la práctica políticas de igualdad y, sin embargo, todavía se están dando situaciones de desigualdad, situaciones de agresiones, etcétera.
En relación con la ley que tanto debate está promoviendo ya, yo debo decirle que desde mi grupo estamos de acuerdo en su necesidad y que es importante el alcanzar un consenso amplio dentro de la sociedad, porque solamente desde ese consenso amplio será posible llegar más allá de la propia aplicación legal de ley y llegar hasta los cambios de comportamiento que son necesarios. Por eso no confío demasiado en la existencia penal de los delitos de agresión a las mujeres ni en el endurecimiento de penas. No creo que traigan un efecto positivo ni un efecto disuasorio, teniendo en cuenta que en muchísimos casos el agresor incluso se suicida, es decir, que no le importa nada el endurecimiento, que no piensa en el Código Penal en el momento en que está agrediendo a una mujer, o se entrega voluntariamente y no le importa la pena que se le imponga. Es un problema de un orden distinto. En cualquier caso, es importante que se pueda alcanzar un consenso muy amplio dentro del conjunto de la sociedad, porque yo no sé si la sociedad es consciente de la gravedad de este problema. Yo no conocía el dato, pero creo que usted ha dicho que en el orden de las preocupaciones está en el lugar 12, no sé cuáles son los 11 que van por delante, pero realmente me preocupa que un problema tan grave y de consecuencias tan dramáticas ocupe ese lugar en las preocupaciones del conjunto de la sociedad.
En otro orden de cosas, ha hecho usted una exposición muy amplia y muy pormenorizada, pero yo voy insistir en dos puntos, estando de acuerdo también con lo que ha dicho usted en otras cosas. A mí me preocupan las cifras, que son completamente desproporcionadas en relación con los países de nuestro entorno, en relación al paro de las mujeres. Estamos en las cifras más altas de la Unión Europea en el paro de mujeres, la precariedad en las mujeres, y por supuesto anteriormente la portavoz de Convergència i Unió ya ha hecho referencia a la desigualdad de los salarios por el mismo trabajo. Si queremos acercarnos, como queremos hacer, a las cifras de los países de la Unión Europea, es importantísimo buscar medios para corregir estas cifras, que me parecen absolutamente sonrojantes para nuestro país.
Por otra parte quiero hacer una reflexión que me ha llegado de algunos colectivos de mujeres, y es la situación difícil, muy difícil en que se encuentran las mujeres separadas que no perciben las pensiones por alimentos a las que sus ex maridos están obligados por sentencia judicial, y hacerle llegar a usted la propuesta de que desde el Estado se cree un fondo para atender esas pensiones y que sea luego el propio Estado quien se encargue de cobrar, no para pagar en vez de o en lugar de, sino que el Estado, que es más fuerte que las mujeres que se encuentran en esta situación, y muchas veces no tienen medios ni conocimientos para poder obligar a que se les haga llegar esas pensiones, que sea el Estado —repito— quien se encargue de cobrar a esos ex maridos que no cumplen con la obligación que legalmente les corresponde.
En líneas generales ya se lo he dicho, coincidimoscon sus objetivos y con su análisis, y por tanto en la elaboración de esta ley contra el maltrato estamos dispuestos a colaborar con usted, con el ministerio, con su Gobierno y le deseamos los mejores éxitos.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la diputada doña Rosa María Bonás Pahisa.
La señora BONÁS PAHISA: Muchas gracias, señora secretaria, muchas gracias…
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Bonás, es que tenía alterado el orden. Tiene la palabra en este momento, doña Mari Carmen García Suárez, también diputada, pero por el Grupo de Izquierda Unida-Verds.
La señora LÓPEZ AULESTIA: Estaba en la Comisión de Trabajo y me ha dicho que vendría inmediatamente cuando terminara, pero parece que no ha debido acabar.
La señora PRESIDENTA: Pues entonces, en consecuencia tiene la palabra doña Rosa María Bonás Pahisa, de Grupo Esquerra Republicana.
La señora BONÁS PAHISA: Decía, señora secretaria, que me ha hecho sentir cómoda en esta Comisión, porque yo no soy parte de un colectivo, nunca me ha gustado ser parte de un colectivo. Soy un individuo simplemente en esta sociedad tan dirigida a los hombres, y ahora en el siglo XXI las cosas van a cambiar y vamos a ser individuos con igualdad de derechos y de oportunidades.
Me ha gustado mucho su exposición y su visión. Coincido en muchas cosas con usted. La transversalidad mágica de que se habla hay que ponerla en práctica. La visión de género en todos los ministerios, no sólo en educación, en sanidad; el tema de la conciliación familiar no es un problema femenino, es un problema de la sociedad, esun problema económico, incluso ambiental. Si en la nueva visión dejamos que la mujer no es un colectivo, la mujer es una parte de la sociedad, y dentro de las mujeres hay colectivos. Dijimos que las mujeres somos invisibles, las mujeres pobres son doblemente invisibles; las mujeres inmigrantes son triplemente invisibles, así que hay colectivos específicos con necesidades específicas.
En el tema de la prostitución, es conocido que en nuestro grupo somos favorables a regularizar y hemos de afrontar este tema abiertamente. Hay que combatir el tráfico de mujeres y de niños, la explotación, pero en el tema de la prostitución debemos entrar en un debate, porque ha llegado el momento de considerar este grupo de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución en qué situación están, cómo están sus derechos y también sus deberes con la sociedad.
La cuestión de las mujeres con discapacidad es otro colectivo que tiene necesidades específicas y se quedan invisibles también en muchos casos. El tema que nos preocupa más en este momento es el anteproyecto de ley de violencia de género. Nosotros coincidimos en la visión que se ha dado de que es un tipo de violencia dentro de la violencia doméstica; por tanto coincidimos mucho con el enfoque que se ha dado desde el ministerio en la lectura rápida del anteproyecto, que creemos es el correcto. Ahora llega el momento de hacer aportaciones, hay que intensificar más el efecto social, no sólo el efecto punitivo, buscar las causas de la violencia e intentar erradicar la violencia de verdad.
Tenemos una oportunidad y no se puede hacer con prisas, si no queremos sacar una ley que sólo sea para castigar pero no para erradicar la violencia, y no debemos olvidar que nuestro objetivo es erradicar la violencia de género. En la ley no se tiene en cuenta al agresor. Tiene que haber un tratamiento posterior del agresor, y no sólo un castigo. En el tema de los niños ya se ha comentado que ha habido unas modificaciones, pero no quiere entrar ahora en detalle en este tema porque creo que debemos tener tiempo para hacerlo durante este mes y durante el mes de septiembre.
Uno de los puntos que nos ha mencionado rápidamente es el tema de la visibilización de la mujer, de recuperar la historia de la mujer, su aportación a la historia, al arte, a la cultura, es algo que se podría impulsar desde esta Comisión. El derecho al aborto. Siempre he pensado que si los hombres tuvieran que dar a luz no habría ningún problema, sería de libre elección. Debemos dejar de aumentar los supuestos y despenalizar. Creo que llega el momento ya en el siglo XXI de que empecemos a hablar de que sea un acto de libre elección de la mujer. Sé que es un tema muy complicado y que no se puede hacer en un día, pero nos lo podíamos proponer para esta legislatura, por ejemplo, no digo este mes ni este año, pero ir hablando tranquilamente.
Luego está la participación de las mujeres en movimientos internacionales de paz. Podíamos buscar contactos con mujeres en situaciones de conflicto, como Israel o Colombia. Hay movimientos de mujeres que están haciendo una gran labor y es invisible, porque como son mujeres nunca se habla de esto. Yo pediría dar más voz a los colectivos de mujeres, colectivos sociales que están liderando acciones, esto también se podía hacer desde aquí.
Estos son los puntos generales que quería mencionar. Le deseo muy buen trabajo. Yo creo que esta Comisión es una gran oportunidad y con usted en esa Secretaría, con su visión del problema de los derechos de las mujeres y de la igualdad, podíamos avanzar mucho. Le manifiesto mi colaboración, la de todo nuestro grupo, y adelante en el trabajo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por parte del Grupo de Coalición Canaria, el senador Mendoza Cabrera. (Pausa.)
La senadora Loroño Ormaechea, doña Inmaculada, tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: En primer lugar, al igual que lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, doy la bienvenida al seno de esta Comisión, que es su Comisión, y por otro lado también la felicito por su nombramiento, aunque también comparto en cierto modo las palabras de mi compañera, la senadora López Aulestia, en el sentido de que ocupa un cargo en el cual tiene muchas tareas que realizar y desde luego muchos objetivos a cumplir, tal y como nos lo ha planteado a lo largo de su intervención, pero va a encontrarse enfrente muchas veces con serias reticencias, con serios problemas para que podamos conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y esa igualdad de trato y no discriminación que en estos momentos padecemos.
Empezando por un elemento que usted misma ha puesto sobre la mesa a lo largo de todo discurso es el propio lenguaje, el propio lenguaje que muchas veces utilizamos y que en cierto modo discrimina porque hacemos un uso sexista del lenguaje, y además intencionado. En ese sentido creo que tenemos que avanzar, avanzar de forma notoria y tenemos que implicar y también buscar la complicidad de los hombres, porque difícilmente vamos a poder conseguir una igualdad real y efectiva y eliminar en todos los ámbitos la discriminación que actualmente padecemos las mujeres, si no implicamos a los hombres y si no buscamos su complicidad responsable en este sentido.
También le confirmo que estoy totalmente de acuerdo, y el grupo al que represento está totalmente de acuerdo en la matización que ha hecho usted: las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos personas, somos individuos que formamos parte de la sociedad, y quizás el mismo hecho de designarnos como colectivo ha sido otra baza, podríamos decir a favor de los hombres para poder seguir manteniendo la actitud que han mantenido hasta ahora hacia las mujeres y que por desgracia muchos de ellos siguen manteniendo. En ese sentido, creo que tiene usted desde la secretaría una tarea importante a abordar y también le digo que va a contar con la complicidad y el apoyo de este grupo en todo lo que suponga avanzar en esa igualdad de trato, en esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en esa igualdad en derechos, porque deberes los tenemos y los cumplimos, pero sin embargo en estos momentos, por desgracia, no somos iguales en derechos. Yo siempre digo que desde luego no renuncio a ser mujer, somos distintas y eso hay que reconocerlo, las mujeres somos distintas a los hombres, y queremos sentirnos iguales en la sociedad y sentirnos iguales en derechos, porque en definitiva, es lo que nos va a hacer sentirnos parte de la sociedad e integrantes de la sociedad.
Usted ha comentado aspectos tan importantes como un ámbito que nos afecta directamente, el doble papel que desempeñamos y los dos ámbitos en los que debemos de desarrollarnos como mujeres y formar parte como mujeres, el ámbito familiar y el ámbito laboral, y la dificultad que existe de conciliar la vida familiar y la vida laboral. En ese sentido, en su momento se aprobó una Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, ley en la que yo creo que todas y todos pusimos muchas expectativas, pero me da la sensación, al menos es la percepción que tenemos, que no se han cumplido los objetivos que dicha ley planteaba o pretendía. En ese sentido, creo que debemos avanzar o al menos incidir en el ámbito de corresponsabilidad, corresponsabilidad en el ámbito familiar, porque de alguna forma es lo que va a permitir que las mujeres dispongamos de tiempo —ese término que usted también ha puesto sobre la mesa—, para poder no sentirnos culpables de dejar de lado determinadas tareas que tenemos asumidas e interiorizadas como propias y que somos incapaces de delegar en los hombres o de compartir con los hombres. Me parece que en el ámbito de corresponsabilidad, sobre todo en el ámbito familiar, quizá sea uno de los aspectos en los cuales debamos incidir si queremos que tenga efectividad la ley en la que en su momento pusimos tantas expectativas, sobre todo las mujeres.
Por otro lado hablamos de políticas de igualdad, pero políticas de igualdad en las cuales debe existir una interrelación en los distintos ámbitos, es decir políticas de igualdad, y no vamos a avanzar en igualdad si no empezamos sobre todo a interrelacionar las distintas políticas de igualdad e incluso introducir una perspectiva de género en todos los ámbitos, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito laboral, el ámbito medioambiental incluso por incidir en otro aspecto. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que usted nos ha transmitido: la necesidad de que en todos los ministerios se creen unidades de igualdad para analizar el impacto de género por un lado, y yo diría más, para impulsar la introducción de la perspectiva de género en todas las tareas ministeriales. Si eso lo conseguimos a nivel de las administraciones, quizás podamos transmitir también a la sociedad la necesidad de que esa perspectiva de género está latente y por tanto ese impacto de género tiene que ser tenido en cuenta en todo nuestro quehacer diario.
Usted ha hablado de mujeres en situaciones especialmente vulnerables, mujeres inmigrantes, mujeres mayores, un tema al que ha aludido la diputada de Convergència i Unió, Mercè Pigem, porque en concreto hay que tener en cuenta que las mujeres mayores que en estos momentos están sobre todo en especial situación de vulnerabilidad, es fruto de haber asumido lo que tradicionalmente se nos ha asignado a las mujeres, es decir el papel de cuidadoras, el papel de dedicarnos a asumir el reto de las dependencias existentes en el entorno familiar, y por tanto en estos momentos se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Creo que merecen una atención, merecen una intervención específica y merecen el reconocimiento de toda la sociedad por el papel que han desempeñado. Me parece que es un ámbito en el que también deberemos trabajar y deberemos incidir.
Ha hablado usted también de mujeres discapacitadas, y en ese sentido creo que es hora ya de que en todas las políticas que se desarrollen desde el Gobierno, y no sólo desde el Gobierno sino desde el ámbito de comunidades autónomas y entidades locales que también tenemos competencias en la materia, para que se introduzca la perspectiva de género en las distintas políticas que desarrollemos orientadas a las personas discapacitadas. Creo que no hacen falta políticas específicas para mujeres discapacitadas, sino introducir la perspectiva de género en todas las políticas orientadas a la discapacidad, tanto en el ámbito de empleo como en el ámbito de atención sociosanitaria, entre otros, no vayamos a hacer guetos, no vamos a hacer colectivos específicos cuando estamos reivindicando que no somos un colectivo.
Creo que más que tratarnos como mujeres con unas características es preciso introducir una perspectiva de género y la correspondiente a la problemática específica que tengan las mujeres de especial vulnerabilidad. En ese sentido, quizás también utilizar un lenguaje positivo hacia nosotras mismas y no que el lenguaje sea utilizado a la larga para seguir justificando las situaciones que actualmente vivimos y que actualmente padecemos.
Ha introducido usted el tema del anteproyecto de ley integral de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, que en estos momentos está tan en candelero, y tan en candelero quizás también porque se le ha dado mucha más publicidad a través de los distintos medios de comunicación a las discrepancias existentes en cuanto a constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha ley desde el dictamen que debía emitir el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que quitar hierro a ese tema y plantearnos que tratamos de establecer una ley en la cual lo que se ha tomado como objetivo es el cumplimiento de un precepto constitucional que actualmente y por mucho que se diga se incumple, que es el precepto constitucional de que somos iguales en derechos, y por tanto aparte de que somos iguales en derechos no hay razón ninguna para que se nos discrimine por razón de sexo. Si la propia Constitución establece que somos iguales en derechos y que nadie va a ser discriminado por razón de sexo, en este caso muy concreto de la violencia en el entorno familiar, de la violencia en ese entorno afectivo y en ese entorno de relación de la mujer, fundamentalmente a la mujer se le maltrata por el hecho de ser mujer, por cuestión de sexo, por cuestión de género, y se le maltrata porque tradicional y culturalmente los roles que se han ido asumiendo para el hombre y para la mujer han sido totalmente distintos, y si no analicemos, y ahí incluso invito a que se haga un análisis lingüístico de género masculino y género femenino de determinados aspectos importantes.
El poder, el mando, son género masculino desde la perspectiva lingüística, pero se han interiorizado también como roles masculinos y como roles propios de los hombres; la sumisión, la obediencia, la dependencia, al final, si vamos incluso hasta la propia concepción lingüística, se han interiorizado como propios de las mujeres. Luego creo que en ese sentido estamos clarísimamente ante una discriminación que ha ido perpetuándose a lo largo del tiempo y una intención de supeditar y de someter a la mujer incluso a través del propio lenguaje, sin que yo sea lingüista, creo que eso también tradicional y culturalmente ha ido pesando. Es más, las mujeres hemos tenido mucho que ver en el tema, porque incluso nosotras mismas hemos ido transmitiendo eso de generación a generación a lo largo de la historia.
También comparto las perspectivas que ha planteado la diputada Mercè Pigem, incluso la senadora López Aulestia y la diputada Rosa Bonás si no me equivoco, que me han precedido en el uso de la palabra, y es que en la ley integral habrá que analizar, y ahí sí que aunque tengamos que avanzar en la ley sin prisas, pero sin pausa diría yo, si, efectivamente sólo incidiendo en el ámbito penal o priorizando de alguna forma que la penalización de ese delito sea distinta, se incremente o se agrave, vamos a poder disuadir de que se cometan malos tratos. Tendremos que analizarlo detenidamente, y por otro lado, la necesidad de juzgados específicos o incluso de crear más juzgados si hacen falta, y especializar a los jueces en lo que es el tratamiento de las situaciones de malos tratos. Quizás tengamos que trabajar todavía mucho en este tema, y yo diría más, tal vez también hay otro aspecto en el cual deberemos incidir para que no tengamos otro elemento más que entorpezca la tramitación de la ley, el respeto escrupuloso al ámbito competencial. Tengo el texto…
La señora PRESIDENTA: Señora senadora, tiene que concluir.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo.
Tengo el texto que se nos facilitó en el ministerio y de alguna forma se incide directamente en competencias que son propias de las comunidades autónomas. Creo que ahí tenemos también trabajo por hacer, y por tanto nosotros nos brindamos a colaborar y a participar activamente en la tramitación de la ley. Desde luego quiero decirle que va a contar con nuestro apoyo en todo lo que suponga impulsar políticas que como decía bien usted misma y le decía al inicio de mi intervención, siendo distintas nos hagan sentirnos iguales y formar parte activa de la sociedad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la senadora María José Elices, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés.
La señora ELICES MARCOS: En primer lugar quiero felicitar a la secretaria de Estado de políticas de igualdad por su nombramiento y agradecerle muchísimo su comparecencia hoy en esta Comisión. En segundo lugar, agradecer también muy sinceramente a las personas que forman parte de esta Comisión (yo en estos momentos no formo parte de la Comisión, estoy en representación, en sustitución de una compañera de Entesa Catalana de Progreso) que desde siempre y desde mi perspectiva personal, en la que no he tenido prácticamente que luchar por conseguir las igualdades, la única brecha feminista que tengo ha sido debida a la lectura muchas veces de libros como los de la presidenta de esta Comisión, que me han hecho ver que si estamos hoy aquí y que si hemos conseguido muchas cosas ha sido gracias a que muchas otras personas antes que nosotros han estado luchando para que lo consigamos.
La felicito sinceramente, señora secretaria, porque formar parte de un Gobierno de izquierdas y progresista y con una clara orientación hacia la igualdad entre hombres y mujeres, creo que ha de ser para usted un gran orgullo. No creo que sea igual estar trabajando en una cosa que en otra en el Gobierno y estimo que sí es para usted un orgullo estar trabajando para conseguir objetivos que muchas veces ha estado luchando por ellos, pues sé de su trayectoria profesional y de su trayectoria como gran luchadora por los derechos. Mi reconocimiento también a la lucha incansable de las mujeres durante los siglos que nos han precedido, para que hoy podamos estar aquí.
La ineludible necesidad de conseguir construir un país de hombres y mujeres libres nos hace estar alerta ante el futuro, construir el presente contando con el pasado y dirigirnos siempre al futuro, esperando un futuro de libertad y de igualdad. El compromiso por la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres y por la erradicación de la violencia de género, desde Entesa Catalana de Progrés consideramos que se ha de realizar desde las siguientes líneas básicas: liderar desde el nuevo Gobierno las políticas transversales de género con presupuestos en esta visión de genero (creo que ha sido una de las cosas que usted nos ha comentado y que nosotros lo encontramos totalmente aceptable) y por otro lado adaptar la estructura organizativa de la Administración del Estado, adjudicando para ello recursos personales y materiales. Creemos que muchas veces la voluntad política existe, pero cuando no existen los recursos es muy difícil llevar a cabo las políticas que se están considerando como buenas. Reforzar el Instituto de la Mujer ha sido otra de las cosas que usted nos ha explicado en su planteamiento, y también lo consideramos totalmente necesario: aumentar las competencias, dando mayor rango en la estructura del Gobierno actual.
Combatir la violencia de género creemos que se ha convertido en la sociedad actual, y muchas veces gracias a la labor de muchas mujeres que han estado insistiendo para que de una vez por todas la sociedad y los hombres se lo hayan tomado en serio, contra la violencia de género, contra la violación de los derechos humanos, que muchas veces es lo que está ocurriendo. Para garantizar estos derechos humanos creemos y desde Entesa estamos de acuerdo en apoyar la ley integral contra la violencia que se estará debatiendo en los próximos días en el Parlamento y que desde nuestro punto de vista ayudará a que las mujeres del siglo XXI salgan mejor reforzadas y sean más autónomas.
Las mujeres aún siguen teniendo muchos problemas hoy que los hombres no tienen. La violencia física, que denominábamos antes es uno de ellos, pero la discriminación en el trabajo, como ya han dicho aquí, también es uno de ellos. Las tasas de desempleo laboral afectan mucho más a las mujeres que a los hombres; y luego vemos que por ejemplo en los puestos de decisión, sobre todo en la empresa privada, es muchísimo más difícil entrar, estamos en unos porcentajes del 3 o el 4 por ciento en directivas. Muchas veces en los puestos donde las mujeres entran a través de exámenes y a través de oposición esto no pasa, porque hay mucha más igualdad, pero en los puestos de responsabilidad en las empresas privadas, donde los puestos son a dedo, aquí es donde la mujer lo tiene mucho más difícil y donde prácticamente es inexistente.
En cuanto al reparto de las tareas domésticas, creo que es otra cosa que tenemos que solucionar ya que hoy por hoy no está solucionada. Desde el Gobierno se puede hacer mucho en cuanto a esto y creemos que la manera de conseguirlo es con la educación, es decir formando para prevenir, la educación infantil, la secundaria. Campañas de sensibilización institucional para conseguir los cambios en la actitud de la sociedad es una cosa fundamental, porque sin campañas que a todo el mundo le hagan cambiar no cambiarán. La conquista de la igualdad en el empleo, la igualdad salarial o el compromiso empresarial, como ya han mencionado las anteriores comparecientes, también creemos desde Entesa que son fundamentales.
Simplemente decirle que con nosotros tendrá cooperación y ayuda en todo lo que sea necesario para tirar adelante con esta ley y para que desde su Secretaría se pueda trabajar y se pueda llegar a un buen fin. Esta Secretaría formará una parte de la historia de este país trabajando por la igualdad y por los derechos de las mujeres.
La señora PRESIDENTA: A continuación y por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la diputada María Virtudes Monteserín Rodríguez.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Quiero empezar dando las gracias a la señora secretaria general por su comparecencia; la felicito muy sinceramente también por su nombramiento, esperamos mucho de su trabajo, y la felicito asimismo por pertenecer a un Gobierno paritario, comprometido con la igualdad de las mujeres y que además ha elevado el rango institucional de las políticas de género. Creo que eso es un buen comienzo.
En mi primera intervención en esta Comisión Mixta deseo hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres que lucharon contra tantos obstáculos que a lo largo de la historia han impedido que tuviéramos iguales derechos. Soy muy consciente de que las que nos encontramos aquí somos unas privilegiadas todavía hoy y que sin las feministas, sin las mujeres que optaron por la lucha política y por la igualdad, nunca hubiéramos logrado cuotas de igualdad ni ninguna representación institucional.
El siglo XX ha sido definido por muchos como el siglo de las mujeres, al referirse a los avances conseguidos. Pero, siendo rigurosas, tenemos que reconocer que, si bien han existido avances importantísimos, nos quedan muchas metas por conseguir, como se ha dicho en la intervención de la secretaria general. La violencia contra las mujeres, que cobra miles de muertes al año en todo el mundo, y miles de violaciones, y miles de casos de acoso sexual en el trabajo, ha logrado sensibilizar a la sociedad en los últimos años e incluso colarse en la agenda política y traspasar el ámbito de lo privado y por fin se ha elevado a un cierto rango de política de Estado, que se logrará más definitivamente con la ley que se ha remitido al Parlamento, la ley integral contra la violencia de género, que debatiremos en los próximos días. Esta ley, además de elevar esa política de género a rango de Estado, generará un debate necesario y positivo; al menos ese es el deseo del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara. Positivo, porque las personas que nos dedicamos a la política no sólo nos rebelamos ante este problema, sino que estamos obligados a intentar ofrecer respuestas desde todos los ámbitos aplicando reformas que contribuyan a erradicarlo.
Es verdad que estos días se ha generado una polémica, yo creo que colateral a lo que es el contenido y el calado de la ley, y ante esa polémica sólo querría decir, porque el debate nos llevará mucho tiempo y en esta Comisión tenemos que ver otra muchas cuestiones, que el Código Penal es un instrumento represivo que no sirve paraeliminar conductas sociales, no elimina los asesinatos ni los hurtos, y por ello la sociedad no renuncia a tipificarlos como delitos. La agravación de las penas y de los delitos responde a plasmar una conducta con gran reproche social y de gran riesgo para la víctima con mayor reproche jurídico y por lo tanto con mayor pena. Es sólo una parte de la ley, una parte pequeña de la ley, no es la solución; pero es preciso plasmar la mayor gravedad y el mayor reproche social y jurídico del maltrato contra la mujer dentro de una relación afectiva. Sobre la ley quería puntualizar esto al hilo de algunas cosas que se han dicho en las intervenciones anteriores.
Coincido con usted, señora secretaria general, en que la violencia, no es sino la máxima expresión de un mal endémico de esta sociedad y, como la punta de un iceberg, deja ver sólo una mínima parte del problema. La violencia no es sino una de las consecuencias de la situación de las mujeres hoy en nuestra sociedad, es la consecuencia de su falta de autonomía, de su ausencia de libertad, de la imposibilidad de elegir una vida propia. Y en muchos casos, cuando han decidido optar por esa autonomía, cuando han decidido elegir una vida propia, es cuando realmente su vida se pone en peligro. Hay tres situaciones que las mujeres mantienen a lo largo de toda su vida, la vulnerabilidad, la precariedad y la supervivencia. Son vulnerables ante el empleo y ante situaciones de violencia; sufren precariedad continua ante el mercado laboral, con salarios más bajos; y su supervivencia siempre estará limitada y supeditada a la dependencia económica y emocional de otros. Lo más grave además es la permanencia en el tiempo de estas tres situaciones que marcan la vida de casi todas las mujeres. Frente a esto no es suficiente, creemos que no lo es, discursos políticamente correctos, ni siquiera políticas sectoriales de apoyo a las mujeres.
Las mujeres hoy necesitan sobre todo esperanza, tienen derecho a poder elegir. El viejo eslogan de las feministas de los años setenta. Derecho a elegir, quizás cobre hoy más vigencia que nunca ante el espejismo de una sociedad que corre el riesgo de emborracharse de éxito. Derecho a elegir en una sociedad donde las mujeres se ven obligadas a ir tirando la toalla ante la imposibilidad de superar los obstáculos que durante toda su vida van encontrando en el camino. Mujeres que, como decía el poeta en algún momento, se ven obligadas a decir eso de: No puedo más y aquí me quedo.
Las mujeres tienen derecho a elegir y necesitan renunciar a ser heroínas. Hay muchas mujeres que dicen: No queremos ser heroínas, no queremos ser superwomen, no queremos ser las sacrificadas, las luchadoras; queremos simplemente elegir, queremos ser simplemente ciudadanas libres y autónomas, queremos ser ciudadanas de pleno derecho, queremos que esta sociedad sea una sociedad digna y queremos que esta sociedad nos trate con igualdad».
Es por tanto necesario construir un país de hombres y mujeres libres, de hombres que respeten la igualdad de las mujeres y de mujeres que puedan elegir en una sociedad que no las discrimina por el hecho de ser mujeres, una sociedad donde dejar de ser machista tampoco sea un acto de heroicidad para los hombres. Muchas veces estamos preocupados por cómo estamos, por cómo es tamos en el desarrollo económico, por cómo estamos en crecimiento, por cómo estamos en infraestructuras o por otros cientos de indicadores socioeconómicos; pero hay que preocuparse también de cómo somos como país, cómo somos como sociedad, cuáles son los valores últimos que nos mueven en nuestras inquietudes, en nuestros anhelos, cuánto tiempo dedicamos cada uno de nosotros y nosotras a soñar y a comprometernos de verdad y a fondo, más allá de un discurso político, con la suerte de los demás. Durante los últimos años hemos vivido con la tranquilidad de conciencia que nos dan los valores constitucionales que hemos creído alcanzados.
La idea de igualdad, libertad, justicia y solidaridad, que ponen tono a nuestra joven Constitución, nos han servido para apenas acariciar algunas conquistas. Pero como decía Hannah Arendt, no somos hormigas, no hay una verdadera organización social, ninguna conquista es permanente, la barbarie siempre forma parte del horizonte de la humanidad y por eso la libertad, la democracia, el progreso deben conquistarse cada día.
El modelo social que considera que el ámbito de desarrollo de las mujeres sigue ligado al ámbito privado de la familia está superado en la práctica y en el discurso y sólo queda reducido a sectores muy conservadores de la sociedad aquel que sólo concede a las mujeres un pequeño espacio para la vida pública, ligado siempre, eso sí, a la idea conservadora de la valía personal de algunas. Es el mismo modelo que puede llevar a justificar los malos tratos como algo que sólo concierne al ámbito privado. Detrás de todo esto no hay otra cosa que la visión tradicional de una sociedad patriarcal, no hay nada más que la defensa de un modelo social que establece patrones y cánones diferentes para hombres y mujeres, no son sino reflejos de una manera de entender la familia y la sociedad que pertenecen al pasado, a un pasado que tenemos que desterrar.
Es verdad que la revolución que hemos protagonizado las mujeres hasta ahora ha trastocado profundamente nuestra sociedad, ha acabado por afectar a todo el ámbito inimaginable de relaciones humanas, afectivas, sexuales, familiares, sociales, culturales, económicas, productivas, políticas, también a las propias identidades o equilibrios psicológicos de hombres y mujeres, incluso a la escala individual y colectiva de valores. Por eso estamos obligados a imaginar y a crear políticas nuevas, nuevos instrumentos sociales que acompañen estos cambios, de manera que no repercutan de nuevo en las mujeres, cargándose de más trabajo, de más responsabilidades públicas, de más responsabilidades privadas. Ésta es la preocupación y ocupación del Grupo Parlamentario Socialista y ésta va a ser una de las tareas fundamentales del trabajo de esta Comisión y también, por lo que he oído, de las tareas de la secretaría general, por lo que ha dicho en su discurso.
No estamos ante un problema político de interés incluso electoral, es un problema de valores y de coherencia para nosotras. La socialistas queremos reducir desigualdades, suprimir privilegios tan celosamente protegidos por los varones y luchar contra la discriminación, por eso estamos comprometidas con las mujeres en esta batalla. Por decirlo de alguna manera, el compromiso que adquirimos es firme, seremos intransigentes con los valores y con las políticas que perpetúan actitudes machistas, la discriminación de las mujeres y la violación continua de su libertad. Queremos que el Gobierno, y apoyamos en este sentido las políticas que hoy ha expuesto usted muy claramente, proteja a las mujeres, que les dé oportunidades, que garantice sus derechos y que realice mucha pedagogía social. Y ahí contará, estamos seguras, no sólo con el apoyo de mi grupo, sino casi seguramente con el apoyo de esta Comisión y con la complicidad en muchos casos.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, tiene que concluir.
La señora MOTESERÍN RODRÍGUEZ: Concluyo.
Estaremos atentas a las diferentes políticas que el Gobierno lleva a cabo, teniendo en cuenta cómo afectan a las mujeres y todo lo que se ha dicho de la transversalidad. Seguramente le dirán que su discurso es genérico, que no contempla medidas concretas; pero no se preocupe, su discurso supone un cambio sustancial y profundo del enfoque de las políticas de género que muchas mujeres, y seguramente algunos hombres, aspirábamos a escuchar del Gobierno de este país. Hemos pasado unos años de sequía política en materia de género, de medidas raquíticas, inconcretas, aisladas, no presupuestadas, y este nuevo planteamiento recupera el núcleo sustancial del problema de la desigualdad. En esa tarea, quiero decirle, señora secretaria general, que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular la diputada Susana Camarero Benítez.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero dar la bienvenida a la señora secretaria general, señora Murillo, felicitándola muy sinceramente por su nombramiento en este cargo de nueva creación. Desde el Grupo Parlamentario Popular le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva tarea. Y también me gustaría saludar a la directora del Instituto de la Mujer, a la señora Peris, compañera durante la pasada legislatura, que hoy nos acompaña, y a la que deseamos también desde nuestro grupo mucha suerte y muchos éxitos en su nueva responsabilidad.
Desde el Grupo Popular queremos decirle que nosotros habíamos solicitado la comparecencia del ministro de Trabajo; queríamos que en esta primera comparecencia fuese él quien nos marcase las líneas generales de la legislatura y que luego usted, en posteriores comparecencias, pudiera desarrollarlas. Nos parece que la posible comparecencia del ministro en un futuro quedará desvirtuada y perderá el sentido. El ministro ha demostrado con esta actitud un desprecio hacia esta Comisión,
a la que no da la categoría suficiente para que podamos contar con su presencia dando así la espalda a las mujeres y a sus problemas. En cualquier caso, agradecemos sinceramente la comparecencia a la secretaria general y todo lo que nos ha trasladado. Me gustaría insistir también en que deseamos que esta legislatura la Comisión tenga un trabajo próspero y eficaz, como en legislaturas pasadas; que logremos el mayor de los consensos y el mayor de los acuerdos, ya que esto redundará en la mejor calidad de vida de las mujeres, porque por ellas y para ellas tiene sentido el trabajo de esta Comisión.
Nosotras, se lo adelanto, vamos a ejercer de oposición moderada y responsable. No queremos, en temas tan importantes como los que nos ocupan en esta Comisión, posturas demagógicas ni enfrentadas.
Ya entrando en el objeto de la comparecencia, me gustaría centrarme en algunas cuestiones, que para nosotros son el pilar básico de las políticas de igualdad de oportunidades y que usted ha desarrollado durante su intervención. Usted nos ha explicado el cambio de organigrama dentro del ministerio y los nuevos cargos creados.
Me gustaría que nos explicase y que nos centrase qué responsabilidades va a tener cada uno de estos nuevos cargos del ministerio, cómo se va evidenciar el impulso de las políticas de igualdad que ustedes reclamaban la pasada legislatura y cómo va a cambiar o cómo va a mejorar la política de la mujer con esta nueva estructura que nosotros no terminamos de ver. La incorporación de la mujer como miembro de pleno derecho en nuestra sociedad es hoy por hoy un hecho, pero aún hay temas de crucial importancia donde la mujer juega con cierta desventaja con respecto al hombre. Y por eso, y a pesar de que en los últimos años se ha avanzado cualitativa y cuantitativamente en la igualdad de oportunidades (y quiero recodar que dar la espalda a esto es ponerse una venda en los ojos, creo que todo el mundo es consciente de estos avances), pero hay que seguir avanzando porque queda un gran camino por recorrer. En eso deberíamos estar todas de acuerdo y saludamos muchas de las propuestas que nos ha adelantado la secretaria general y que todos compartimos, por aquello de que supone un avance en positivo.
Hay muchos aspectos a tratar cuando se habla de las medidas que afectan a las mujeres, usted lo ha dicho; pero me gustaría centrar mi intervención en alguno de los aspectos más importantes y que usted también ha tratado. En primer lugar, la erradicación de la violencia de las mujeres. Todos los grupos coincidimos en que debemos poner todos los mecanismos y todos nuestros esfuerzos en erradicar esta lacra social. Sin embargo, hoy tampoco me gustaría extenderme mucho en este tema, ya que vamos a tener tiempo y oportunidad de hablar largo y tendido sobre el mismo en el debate parlamentario del proyecto de ley que ustedes han traído a la Cámara. Sí que me gustaría decirle que nos parecen bien, dentro de este proyecto de ley, las medidas educativas, sociales o de prevención, que comparto con usted la necesidad de esa sensibilidad social, aunque también en este tema se ha avanzado mucho en los últimos años, que entre todos y con ayuda de los medios de comunicación hemos logrado sacar del ámbito privado el tema de la violencia contra las mujeres y llevarlo a un ámbito público y que hoy por hoy genera la opinión pública que está generando.
Sí me gustaría en este momento comentar la postura de mi grupo parlamentario, que ya hemos trasladado al ministro Caldera en reiteradas ocasiones. Nosotros creemos que esta ley que ha presentado el Gobierno es una ley mala, es una ley inapropiada e inútil. Es mala, señoría, por lo que excluye. A nosotros nos parece bien la discriminación positiva y de hecho la hemos aplicado en alguna de nuestras medidas; pero pretender hacer una ley integral contra la violencia y dejarse fuera de su ámbito de aplicación y de protección a los niños, a las mujeres, a los mayores o a las propias mujeres que son agredidas por otras mujeres, nos parece una barbaridad y un mal comienzo. Y usted decía, y tiene toda la razón, que el 90 por ciento de las personas agredidas son mujeres. Es cierto. Pero no es menos cierto que el 80 por ciento de estas mujeres tienen niños, que esos niños ven la violencia que reciben sus madres y que ellos comparten, bien porque son atacados directamente o porque son testigos de esa violencia, y que esos niños tienen unas secuelas que el Gobierno debe atender y proteger. A nosotros nos gustaría que esta ley no solamente recogiese las medidas que ya están impuestas en la ley que regula la orden de protección, sino que ampliase las medidas de protección y de seguridad a esos niños que comparten esta violencia, estos malos tratos con sus madres.
Nos parece, señora secretaria general, que ustedes son prisioneros de sus compromisos electorales, que han tenido que hacer una ley deprisa y corriendo, porque otra de las cosas que pone de manifiesto el proyecto que ya está en la Cámara es la precipitación en su elaboración. Tan es así que incurre en defectos legales, en errores de bulto que le han reprochado todos los órganos a los que se ha consultado. Porque las críticas no vienen solamente del Partido Popular, sino que son principalmente críticas del Consejo General del Poder Judicial, que ya hemos comentado que ha resuelto con un informe negativo del Consejo Económico y Social, que les recomienda que incluyan la figura de los niños; del Consejo de Estado, del propio Consejo Escolar, que hace votos particulares.
Todos los organismos a los que es preceptivo consultar cuando se elabora un ley, todos han reprochado parte del anteproyecto que han tenido que estudiar. Y lo que más nos sorprende es que el Partido Socialista se ha enmendado a sí mismo, porque en la legislatura pasada, cuando estaba en la oposición, presentó una proposición de ley donde incluía desde el artículo 1 la protección a todas las víctimas: a las mujeres, a los niños, a los mayores, a los hombres, algo que ha desaparecido de este proyecto. Como ha desaparecido también el Fondo de Garantía de Pensiones para las mujeres maltratadas, que me gustaría que me explicase la secretaria general dónde ha ido a parar. Lo que nos están demostrando, desde nuestro punto de vista, es que no estábamos equivocados cuando votamos en contra de aquella proposición de ley, porque para ustedes mismos era mala. En cuanto ustedes han llegado al Gobierno y han tenido que aplicarla, la han rechazado y se han puesto a redactar otra, aunque las prisas les han jugado una mala pasada y han hecho una mala ley que entre todos debemos mejorar.
Nosotros, desde el Partido Popular, hemos adelantado que cuentan con este grupo para la aprobación de la ley, pero que vamos a presentar una batería de enmiendas para mejorar el texto de la ley, que consideramos muy mejorable. En cualquier caso, esperamos de ustedes flexibilidad para las enmiendas que nosotros presentemos, así como la del resto de los grupos parlamentarios, y aquellas aportaciones que podamos hacer durante el trámite parlamentario, puesto que lo que deseamos todos, yo creo que el conjunto de la sociedad y desde luego el conjunto de los grupos parlamentarios, por las distintas manifestaciones que se han producido a lo largo de la Comisión, es entre todos hacer la mejor ley posible, la ley más eficaz para por fin ver si es posible poner mecanismos para erradicar esta lacra social que todos reprochamos. Y pedimos de ustedes talante y cintura política para conseguir este objetivo, para contar con nuestras aportaciones y con nuestras reflexiones.
En otro ámbito de cosas, me gustaría hablar del IV Plan de Igualdad de Oportunidades, que usted ha comentado pero muy de pasada. Nosotros creemos que este plan es un instrumento de impulso y planificación de las políticas de igualdad, que son marcos, los planes de igualdad, en los que se establecen los objetivos y actuaciones a desarrollar por la Administración General del Estado y, además, ayudan a conseguir el efectivo cumplimiento de la igualdad de oportunidades y las condiciones necesarias que posibiliten la participación de la mujer en la vida política, económica, cultural y social. Sabemos que, una vez evaluados los resultados de los planes anteriores, éstos se han demostrado como instrumentos eficaces y por ello me gustaría saber si el Gobierno pretende seguir desarrollando este cuarto plan, evaluar su grado de cumplimiento anualmente y cumplir con todos los objetivos en los plazos previstos inicialmente.
Querríamos conocer si a la terminación del mismo se realizará un quinto plan y también si seguirá siendo el Consejo Rector del Instituto de la Mujer el órgano que realizará las funciones de impulso y coordinación de las medidas previstas en el plan o recaerá entres sus responsabilidades como secretaria general. También me gustaría saber si entre las actuaciones previstas en este plan el ministerio o usted misma tiene alguna prioridad.
Los objetivos del plan son continuar con las políticas específicas que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en todas las esferas. De las 168 medidas que impulsan el plan, más de 50 están relacionadas con el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones, con el incremento de la protección social y con el impulso de la conciliación de la vida familiar y laboral. Respecto a la incorporación plena de las mujeres al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, me gustaría que la secretaria general nos contestase algunas de las preguntas que posteriormente le iremos haciendo. Sabe la secretaria general que sin esta incorporación de la mujer en todos sus términos, el objetivo del pleno empleo no sería posible, habida cuenta de que las mujeres representamos el 50 por ciento de los recursos humanos del país. Las políticas para conciliar familia y trabajo y el reparto de responsabilidades en el cuidado de la familia y en las tareas domésticas son para nosotros objetivos irrenunciables.
En cuanto a la situación de las mujeres en el empleo, es cierto que se ha avanzado mucho, pero también lo es que queda mucho camino por recorrer.
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene que ir concluyendo.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Acabo muy rápidamente.
Han sido, señoría, múltiples las medidas adoptadas para el impulso de la igualdad de oportunidades de la mujer en el acceso al empleo, desde las bonificaciones a los contratos indefinidos en determinados sectores de actividad hasta el coste cero de la Seguridad Social o la ayuda mensual de cien euros. No voy a dedicarme a las cifras, que son positivas pero que tienen que mejorar, y sí que me voy a centrar en hacerle algunas preguntas respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que el tiempo apremia.
Nos gustaría saber qué medidas, ahora que tienen ustedes responsabilidades de Gobierno, van a tomar para solucionar estos problemas de conciliación, que especifique usted más este tipo de medidas. También usted ha hablado de la coordinación con las comunidades autónomas y me gustaría saber cómo va a hacer esta coordinación. Y qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para impulsar la incorporación y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral y para hacer compatible el trabajo con el cuidado de la familia. También si se va a seguir aplicando la política de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para continuar incentivando la contratación indefinida de mujeres, qué medidas ha previsto adoptar el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales respecto al cobro de los cien euros y respecto a quiénes van a ser sus beneficiarias.
Hay una contradicción en las manifestaciones del ministro Caldera con el vicepresidente Solbes, y le agradecería que usted aclarase si ésta se va a seguir cobrando o no se va a seguir cobrando. Y yo quería también interesarme por alguno de los aspectos que ha recogido —muy rápidamente, señora presidenta— respecto a temas que afectan a las mujeres con más vulnerabilidad, por ejemplo las mujeres respecto al consumo de drogas. Y, como estamos hablando de temas transversales, también nos gustaría saber si ustedes en este ámbito van a hacer algo.
Respecto a la prostitución, haré algunas preguntas. Son varios los estudios y las iniciativas legislativas planteadas, tanto desde la óptica social como jurídica, que expresan un tratamiento diverso de este tipo de situación y nos gustaría saber cuál es la posición del Gobierno, para o bien regularizar o bien abolir la prostitución.
¿Qué posición va a adoptar el Gobierno respecto a esto? ¿Y qué tipo de asistencia se va a ofrecer a las mujeres que quieran dejar la prostitución con el fin de mejorar su calidad de vida? Para finalizar, ¿cuál va a ser su posición ante la publicidad y divulgación propagandística de este mercado del sexo, que expone a la mujer como objeto de comercio sexual? Yo adelanto que el Grupo Popular tiene una gran preocupación en este tema. Ya en el Senado se ha pedido una comisión especial, que ya existía en la legislatura pasada, para seguir estudiando todo lo que tiene que ver con el ámbito de la prostitución, y espero que en esta legislatura, por el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que así lo han solicitado, se pueda seguir desarrollando. En el siguiente turno seguiré hablando de esto.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general para contestar las intervenciones.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Quiero agradecerles que hayan sido tan receptivas a mis palabras, sobre todo porque una primera comparecencia supone un gran compromiso, en el sentido de presentar no sólo cuáles son mis objetivos sino también lo que supone la creación de una secretaría general de Políticas de Igualdad. Porque evidentemente no se trata de mí, sino que se trata de una decisión política de gran envergadura.
Los reconocimientos pueden ser de tipo moral, hay un reconocimiento de tipo ejecutivo y es cuando nombran, dentro de un ministerio, en su propio organigrama, una figura que conlleva medios y que conlleva además dotación, lo que significa que de la misma dependen organismos de la solvencia y de la influencia del Instituto de la Mujer, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género u Observatorio contra la Violencia de Género. Por eso les digo que es más que un acto simbólico, yo los actos simbólicos los he pedido siempre a lo largo de mi trayectoria como mujer feminista, como mujer comprometida con el saber feminista, pero les quiero decir que este compromiso es un compromiso político desde el Ejecutivo, que es el máximo poder, no hay otro poder. Les agradezco también sus intervenciones del tipo de no saber si valorar sólo y felicitarme o también valorar con un aspecto muy realista todos los compromisos que tenemos encima de la mesa.
Yo quiero aclararles que la Secretaría General de Políticas de Igualdad no puede funcionar de manera aislada, porque sería contradecir los principios rectores que se ha marcado este Gobierno desde el principio, lo que significa el consenso, el diálogo y las aportaciones permanentes de los grupos y organizaciones. En este plano, es cierto que las tareas son muchas y los objetivos son muchos y tienen que hacerse de manera concertada en aras de la eficacia. No se puede plantear una política para dentro y de acuerdo con unos interlocutores que no sean todos los interlocutores, incluidas las Cámaras, las Cortes y, por supuesto, los grupos políticos, que han ofrecido esa disposición que yo agradezco especialmente. Es cierto también que se ha trabajado sobre el impacto de género. Yo lo puse como un ejemplo, porque el impacto de género estaba dentro de la normativa a la hora de confeccionar la estructura de los diferentes ministerios, pero también es cierto que había un gran desconocimiento en cuanto a lo que implica trasponer una preocupación, una directiva, unos puntos de actuación del ámbito europeo.
Por otro lado, también supone una llamada de atención en cuanto que hay que dotarlo de contenido, lo que supone no solamente generar un protocolo, establecer unas metodologías, unos indicadores, de acuerdo con aquellos ministerios y acoplados a las competencias de cada ministerio, sino también empezar a pensar que no estamos hablando de una política concreta, sino que estamos hablando de la necesidad de universalizar y de hacer una política para hombres y mujeres. En este campo las políticas de igualdad suponen la necesidad de que todos se sumen a lo que implica una modernización en un país que se autodenomina progresista y que tiene unas grandes ambiciones para actuar en la escena política con un papel lo más prestigioso posible.
La ministra de Paridad francesa decía el otro día algo muy interesante cuando afirmaba que nuestro presidente de Gobierno era muy feminista. Y la propia ministra a continuación dijo: La verdad es que es muy moderno. No solamente es feminista, sino que es muy moderno. La modernidad se entiende como la necesidad de hacer efectiva la democracia sin ningún tipo de cortapisa y desde luego no desde la legitimación moral y simbólica, sino legitimación lo más cercana al Poder Ejecutivo o aquel poder que considere a bien introducirla en sus planes.
En este ámbito, cuando hemos hablado de los diferentes colectivos con vulnerabilidad, yo entiendo que la palabra colectivo es una palabra limititativa y les explico por qué. La palabra colectivo asocia mujer a problema, y yo me pregunto cómo se puede pasar de ser mujer problema a ser mujer interlocución. ¿Desde la interlocución política? Y cómo se puede pasar de ese problema, donde aparece todo el circuito asistencial, con todas las deficiencias que le son inherentes al circuito asistencial, todo lo que implica dentro de los planes de Administración local, autonómica o Administración del Estado, en el sentido de localizar siempre esa diversificación de problemas.
Como ustedes han dicho muy bien, desde mujer drogadicta o, mujer que tiene problemas con respecto a la prostitución. Lo podemos ampliar incluso a temas que yo no he tocado pero que están dentro de mis cometidos, como son las unidades de atención a la mujer menopáusica o, mujeres con trastornos alimentarios. Yo me pregunto —y aquí además es el lugar adecuado, porque es un lugar de interlocución política— cómo se puede pasar de ser un colectivo problema a ser un interlocutor político. Este paso es inaudito. Y además resta potencia. Porque la igualdad es la igualdad de poder, no es una igualdad simbólica que reflejen los textos constitucionales.
La igualdad simbólica y legal nos sirve para solicitar a los Estados que existan verdaderamente unas garantías de cumplimiento. Esta ley tiene 60 artículos de los cuales, sólo dos hablan de lo que supone un cambio de los tipos; dos de 60. Cuando cualquier sujeto tiene que plantear una análisis de la realidad, debe, por su compromiso de eficacia y de conocimiento, pensar que esa realidad es un proceso que conlleva muchos elementos. Si yo recojo sólo uno de esos elementos y lo pongo encima de la mesa como el lugar central del debate, estoy haciendo lo que se denomina en otros sentidos una operación metonímica, es decir, cojo un elemento y con ese elemento defino el resto. Aquí lo que importa no es saber lo que se recoge para definir el resto, sino lo que se olvida. A mí me preocupa, como secretaria general de Políticas de Igualdad, que se olvide todo lo que ustedes han hecho referencia aquí, de acuerdo con sus preocupaciones y con las líneas políticas. Es decir, se olvida la vulnerabilidad y por eso hay medidas relativas a educación.
Se ha hablado de Hannah Arendt, quien escribe sobre el concepto de labor y sobre el trabajo. En ninguna Facultad de Económicas se traba el concepto de labor y de trabajo de Hannah Arendt. El primer concepto de labor habla de aquel trabajo que implica proporcionar a los demás un estado de vida mejor. Y el concepto de trabajo implica aquella actividad que se intercambia por una retribución. ¿Ha oído a alguien hablar de esto?
Fuera de su medio, seguro que sí, pero en su medio universitario no. Yo tampoco en mi medio universitario. Tuve que estar inscrita en un curso de doctorado sobre Hannah Arendt. ¿Qué significa esto? Significa que la educación no es un eslogan que quede y una materia adjunta a la ley, sino que la educación conforma uno de los principales pilares de la ley, desde educación infantil a educación de adultos, incluso respecto a lo que implica la universidad.
Hablar de genealogías, hablar de memoria, supone en el espacio de saber lo que han aportado las mujeres. Y desde ese punto de vista, no es un documento adjunto a los dos artículos centrales según la valoración interesada, porque hay un interés en lo que supone elegir de un documento de 60 artículos sólo dos; no entro en la legitimidad del interés, pero tienen que reconocer conmigo que en todo proceso de elección hay un interés.
Y en este sentido, hablo de sanidad, con lo que suponen los protocolos de sanidad, educar a profesionales sanitarios, educar en el sentido de lo que se entiende la educación, es decir, abrirles nuevos horizontes de conocimiento que no sean los saberes que habitualmente configuran la forma tradicional de entender el aprendizaje y esta ley tiene 60 artículos y sólo dos han trabajado sobre el tipo de coacción y de penas. Me van a permitir que uno de ellos me asombre. Cuando leo el Código Penal —y no soy jurista, soy una modesta profesora de universidad de sociología, me tienen que perdonar pues hay aquí juristas en la materia— que una amenaza con arma está considerara leve en el Código Penal, me tienen que disculpar que manifieste mi perplejidad. Entiendo que la doctrina del derecho es sumamente compleja, entiendo también que es muy diferente la doctrina que la aplicación del derecho, puesto que la doctrina se basa en los supuestos y en la aplicación del derecho entra el aplicador e intérprete de la ley.
Ustedes concertarán conmigo que estamos socializados en la misma forma de entender lo que es masculino y femenino. No se montó un debate cuando el varón podía reprender a la mujer antes de la aprobación de la Ley del Divorcio en 1981, ni un solo debate. Les puedo decir que he estado en las hemerotecas, porque esta ley me sorprendía. La conocía de antes, pero ahora, cuando la he tenido en mis manos, me sorprende la integralidad y la concertación de ministerios que pone en juego. Ni un solo debate sobre ello, sobre reprender, sobre la diferencia en lo que supone el adulterio.
Siempre que haya una discriminación positiva tratándose de mujeres, no tengan duda porque si son otros colectivos van a encontrar la complacencia y no van a encontrar un debate como el que hay ahora entre derecho funcional y derecho liberal. El derecho liberal no está por las penas, ahí está Manuela Carmena también, está el artículo de esta mañana, como ha mencionado S.S.; derecho liberal, no confía en que el agravamiento de las penas produzca cambios, derecho funcional, el agravamiento de las penas produce cambios. Ahí están todas las leyes que contemplan la excepcionalidad; excepcionalidad en cuanto, sin salirme del Código Penal, un homicidio tiene menor pena que un asesinato. ¿Por qué? Porque detrás del asesinato hay alevosía y hay una forma intencional de producir un resultado de muerte. No voy a entrar en la Ley Antiterrorista, donde se puede estar un montón de horas sin asistencia letrada y sin hacer una llamada.
Cuando se trata de una discriminación convertida en acción positiva —para entendernos mejor después de todos los textos de jurisprudencia sobre discriminación positiva, que prefieren hablar de acción positiva— ustedes no se preocupen que siempre vamos a estar presentes, y esta Comisión va a ser testigo de ello, de toda la polvareda que levanta. Vamos a estar presentes, como se hizo con la Ley del Divorcio, una ley que hablaba de la necesidad de elegir con quién quieres estar.
Hemos pedido opinión. Se plantea que el ministro debía estar en esta Comisión. Yo voy a transmitir al ministro lo que usted ha señalado en esta sala, pero tengo que esgrimir una responsabilidad y se la hago saber. En este caso la responsabilidad es mía. Yo tenía mucho interés en estar en esta Comisión, pero hay otra cosa también importante: tendría que estar en otras comisiones también, no solamente en la de la Mujer. Hay una cuestión de procedimiento y no de cintura. Se aspira a que este Gobierno tenga cintura. No es una cuestión de cintura, la cintura depende del estilo personal y esto es demasiado aleatorio e imprevisible. Las cuestiones de procedimiento se muestran en un calendario y en un orden del día, y este Gobierno ha abierto un debate consultivo. Podía habérselo ahorrado, pero ha abierto un debate consultivo con organizaciones, hecho que no es habitual en los ejecutivos. Se puede hablar de la ciudadanía representativa y esta democracia representativa se hace efectiva cada cuatro años, pero la democracia participativa queda para otras cosas, dentro de la Administración local, pero no dentro de un Ejecutivo.
Siendo la primera ley que sale en esta Cámara, y un compromiso importante en el programa del Gobierno socialista, esto implica abrir un debate en el que cuando te dicen que no, no te están descalificando; cuando te dicen que no estás concediéndole al interlocutor la estatura suficiente como para que ese sujeto pueda interpelar y admite las diferencias. Es una visión excesivamente estrecha, en el sentido de estrechar el diálogo no en otro sentido, suponer que un dictamen negativo es una invalidación de la propia ley. Yo esperaba que el Consejo Superior del Poder Judicial oyera al organismo que de manera continuada ha ejercido el seguimiento de la violencia doméstica, que es el Observatorio contra la Violencia Doméstica. Como cualquier organismo, esperaba que oyera a su parte cualificada para emitir el dictamen que considerara conveniente.
Tenemos un documento favorable, que es el propio documento que la persona responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica establece ante sus compañeros, y por otro lado tenemos al final una votación donde aquellos que no están de manera continuada en un observatorio que es un lugar cualificado para saber mediante estudios, datos y conclusiones cuál es el diagnóstico de la situación, es curiosamente quien está diciendo sí a la ley aunque con matizaciones técnicas. A mí esto me ha sorprendido de manera suficiente, además de otras consideraciones inadmisibles en un proceso de interlocución política, como denominar a la ley populista y precipitada.
Pensaba que estaba ante interlocutores expertos, y dentro del experto siempre son opciones técnicas lo que se solicita y no juicios de valor.
Si el grupo considera que esa proposición de ley que el Grupo Socialista presentó en el año 2001 era una mejor podríamos estar funcionando en pleno vigor y obteniendo resultados. Lamento que no apoyaran la proposición de ley cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Pedir opinión no implica pedir adhesiones. La opinión es una adhesión, la opinión supone acreditar al otro para que pueda llevarte la contraria de acuerdo con una opinión técnica. Pedir la opinión dentro del ámbito de lo privado significa acreditar al otro para que pueda contradecirte dentro de una opinión cercana, próxima y sentimental. Y precisamente en la sentimentalidad se ha basado esta ley. No es la primera ley (no hace falta colocarla en ese pedestal) del ámbito legislativo de esta nación.
Tenemos un Código Penal que ampara ancianos, homosexuales y lesbianas, a los varones y a las mujeres que sean agredidas por otras mujeres. Lo que se ha planteado con esta ley es un diagnóstico a la hora de definir cuál es la situación de riesgo: una relación sentimental que inhibe la protección y salvaguarda del derecho fundamental de la integridad física y una relación sentimental que impele al sujeto masculino a que se crea con impunidad en función de unos roles basados en la pertenencia. Esto es lo que ha supuesto la ley, nada más que eso. A partir de ese diagnóstico tenemos unas cifras escandalosas. Imagínense cualquier otro colectivo, no hace falta que sea vulnerable o exitoso, por ejemplo, el de deportistas magníficos, de primera división, que mueran al año con esas cifras; imagínense un colectivo así. No tendríamos siquiera una discusión:
Nadie se atrevería a descalificar (si lo hiciera sería desde el punto de vista técnico) jamás la intencionalidad de esta ley y la responsabilidad que subyace en el ejercicio de abrir un debate consultivo y un debate parlamentario. Nadie se atrevería, si se autodenomina como sujeto con responsabilidades políticas o experta dentro de cualquier comité, a plantearlo de esa manera.
Hemos recibido de interlocutores de altura valoraciones negativas en cuanto a la técnica de la ley, sin una sola calificación; no tenemos un adjetivo en ningún dictamen, tenemos calificaciones técnicas: se debería, recomendaríamos, sería importante, podrá en vez deberá, pero ni un solo juicio de valor, que es lo mínimo de la interlocución cuando tenemos encima de la mesa un problema de este tipo. Si no, diríamos que tenemos un problema. Actuamos como si tuviéramos una anécdota, pero tenemos un problema.
Tenemos ahora la prioridad. Es cierto que el reloj va midiéndonos a todos por igual, y reconozco todas las actuaciones que se han llevado a cabo antes respecto a la conciliación familiar. La única pega técnica, aunque valoro positivamente las actuaciones respecto a la conciliación familiar, es que esa conciliación, si no va presidida de un diálogo sobre organización de tiempo de trabajo, conciliará aquélla, que no aquél. Que su coste de sustitución, es decir, lo que le cuesta a ella estar en casa frente a oportunidades de trabajo resulte compatible con la negociación familiar del principal proveedor de renta, que es su compañero o marido. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que suponen esas políticas de conciliación, pero hay que ser ambiciosos en este plano para que sea una conciliación masculina.
Planteaban si el compañero va a ser cómplice. Yo me pregunto, ¿hay que ser muy cómplice para encargarse del propio automantenimiento? Porque el automantenimiento masculino, bien se contrate a los demás para que lo hagan, es responsabilidad de las mujeres. Entonces, ¿hay que ser muy cómplice para encargarse del propio automantenimiento? Llevamos muchos años haciendo las políticas de conciliación familiar desde el punto de vista de las mujeres y ha sido absolutamente valioso plantear todo lo que se hace en casa, para tener una dimensión exacta de lo que cuesta una tarea, y por supuesto, como usted dice muy bien, la tarea no equivale a responsabilidad.
El concepto de corresponsabilidad es un concepto más ambicioso, pero la conciliación familiar no se agota ni en casa ni en el cronómetro que pongo en funcionamiento antes de dejar a los niños en un colegio que no armoniza horarios con el mío ni con la productividad. El cronómetro se pone para todos y las relaciones afectivas que tienen en un futuro la posibilidad de criar unos hijos y unas hijas, deben ser unas relaciones democráticas, donde a nadie le cueste tener que suponerse el primer responsable del hogar, y esa culpa que aparece en el momento que alteras los roles que te han sido asignados.
Yo les planteo todas las opiniones técnicas de acuerdo con esta ley. Como opiniones técnicas son también importantes las que se pueden aquilatar en cualquiera de los capítulos de la ley. Mi papel como secretaria general de Políticas de Igualdad trata de impulsar, coordinar, activar políticas de igualdad. El Instituto de la Mujer tiene un plan, el IV plan, que evidentemente traspone las recomendaciones de la Unión Europea y de organismos internacionales. Como todos los planes son muy versátiles y muy generales.
Nuestro propósito ha sido proponer una redimensión del Instituto de la Mujer, porque queremos que vuelva a ocupar el lugar que tenía, que lo ha dejado de tener, en el sentido de volver a restaurar ese concepto que le asistía como definición de organismo, que era un lugar de referencia. Si tenemos que reformular o no el IV plan, es algo que tendremos que hablar con la debida tranquilidad, pues hasta ahora lo que hemos observado del plan es que recoge todo lo que se plantea en la Unión Europea y en organismos internacionales, y sí es cierto que tendremos que introducir aquello que es propio e idiosincrático del Gobierno, que ha dado ya muchos avances que están en el plan como peticiones. Es decir, se pide paridad; ya la tenemos encima de la mesa y ahora estamos también con unas políticas que pueden recogerse en el plan. Estamos abiertas a cualquier propuesta. Si usted, señora Camarero, que me ha realizado esta pregunta, tiene alguna propuesta que hacerme, el organismo que preside Rosa Peris y yo, como secretaria general de Políticas de Igualdad, estaré absolutamente abierta, porque los planes, como usted sabe, son una referencia, un marco, no son de obligado cumplimiento; una ley integral sí es de obligado cumplimiento. Pero aún así me parece importante recoger, si se considera clave, cualquier tema sobre este asunto.
La ley presenta bonificaciones —ya que S.S. ha tocado este concepto—, igual que el coste cero, que es una trasposición europea; hay que poner coste cero en maternidad, es otra política europea, no nos inventamos nada, trasponemos, cumplimos con los deberes y nos llevamos la nota a casa. La ley ha contemplado el concepto de bonificación a instancias de un interlocutor de altura, el CES, que plantea que dentro de la ley había que incluir una bonificación para que las empresas no tengan que costear el hecho de que una mujer suspenda el contrato de trabajo para recuperarse personalmente, restablecer los tiempos que conlleva, abogados, procuradores, etcétera. En este caso también nos recomendaron lo que se ha dicho en esta sala ampliar la cobertura de los menores.
No como testigos, porque no lo son, son víctimas. Son víctimas porque el menor es utilizado por el agresor como una forma de menoscabar y dificultar cualquier recuperación de la madre. El menor, precisamente por una vinculación que no tengo que explicarles, pues sería absolutamente inútil por mi parte, configura una estrategia y una instrumentalización de los agresores.
Tenemos una Ley del Menor y tenemos el Código Penal: todas las penas se agravan en el Código Penal (no soy jurista pero me lo estoy leyendo todos los días) cuando el menor es una persona menor de trece años; sujeto pasivo menor de trece años, agravamiento de penas, cualquier pena. No obstante, teníamos la necesidad de introducir estas recomendaciones que nos hacían los organismos consultados y nos parecía importante mejorar la ley que se presentaba. El menor va a ser atendido por los Servicios Integrales de Salud, por los Servicios Sociales y va a comparecer con la madre en los juzgados de Violencia de Género.
Los juzgados se especializan porque necesitamos hacer ver a los aplicadores e intérpretes de la ley la especificidad que tiene esta violencia frente a otras. Nadie se siente culpable cuando le roban un bolso o cuando es agredido por un hurto. Esta especificidad supone especializar y formar. Por eso la ley va dotada de un presupuesto económico capítulo por capítulo, porque de lo contrario la ley no sería más que un principio con un encabezamiento prestigioso, pero sin una capacidad de efectividad. Y los menores entrarán dentro de los circuitos de protección que la madre en ese momento tenga a bien procurarse.
Los juzgados son especializados. Existe polémica, porque se crean 21 juzgados de nueva creación, pero el resto son especializados. Se cuenta con sujetos profesionales que pueden constituir en sí mismos un recurso para cuando se tenga que intervenir en el proceso de protección, de diligencias de la víctima, porque, como les digo, la violencia de género tiene especificidades que no tienen otro tipo de violencia. Es una polémica que me ha sorprendido, igual que me sorprende que sea una falta leve una amenaza con arma. Me ha sorprendido que existiendo juzgados mercantiles (hay un número importante de juzgados especializados) haya tantas pegas para que haya juzgados de Familia donde tendríamos aquellos sujetos que entienden de manera más eficaz para erradicar este problema.
Se crea un fiscal contra la violencia de género. La ley, de los 60 artículos, tiene dos sobre los cuales aquel que ha querido elegir, por lo tanto ha tenido interés de elegir, ha puesto encima de la mesa un debate. Me parece magnífico que se abra un debate siempre que sea en términos democráticos de los que hace gala nuestro país, sin descalificaciones impropias de un experto y de un sujeto con responsabilidades. Se abre un debate y la sociedad ahora está planteándose en la vida cotidiana, en cualquier lugar informal, lo que supone esta ley. Eso implica disminuir la distancia entre sociedad civil y Ejecutivo.
Yo siempre he luchado por eso. Bienvenido el debate de todo lo que suponga disminuir la distancia entre la sociedad civil y Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Los debates son bienvenidos. Cuando el proyecto de ley inicie su tramitación aquí, todas las aportaciones van a ser recibidas. Le pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que no retrasara el dictamen, porque estamos trabajando de manera continuada e intensiva en el proyecto, porque, como ustedes saben la tramitación parlamentaria lleva un tiempo, no va con carácter de urgencia, y de otra forma nos pondríamos prácticamente en el 2006. De ahí nuestra insistencia en cumplir los plazos; que el día 25 entrara en la Cámara y que los partidos políticos, el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes Generales, entendieran de esta ley y pudieran establecer cuantas aportaciones consideren necesarias. Como usted ha dicho muy bien, señora Camarero, así como otras portavoces como María José Elices o Mariví Monteserín, es una responsabilidad de todos y a esa responsabilidad nos sumamos para no quedarnos tan lejos y con tantos tecnicismos que nos impidan ser eficaces y dar una respuesta, porque no entiendo de otra manera nuestra presencia aquí.
La señora PRESIDENTA: Vamos a conceder un turno de intervención muy breve. Voy a ser muy estricta en la aplicación de los tres minutos, por lo cual pido a SS.SS. que hagan un esfuerzo sintético, que estoy segura van a poder hacer.
Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÈS: Únicamente deseo agradecer su respuesta y destacar que la señora secretaria ha hablado mucho del diálogo social. Es cierto que han tenido un papel importante como interlocutor las asociaciones, las personas que tratan diariamente con este tema, en lo cual estamos completamente de acuerdo. Pero yo la llamo a intensificar el diálogo político. Ahora va a empezar ese diálogo político y va a haber un equilibrio entre los tres diálogos, el diálogo con las instituciones, el diálogo con la sociedad y el diálogo con los representantes en estas Cámaras.
Sólo me resta hacer una matización. Le he trasladado algo que usted ya conoce: que no hay un acuerdo sobre los juzgados específicos, pero todos estamos de acuerdo en que hay que encontrar la situación más eficaz. De lo que se duda es de si esta especialización contribuirá a esta eficacia o no. Es una cuestión que le pongo encima de la mesa. El tema de los juzgados mercantiles tampoco es pacífico por parte de todos los operadores jurídicos en que sea la mejor solución. Quizá fuera mejor dotar a los jueces de un servicio específico que pudiera hacer comprensible este mundo complejo. A lo mejor aquí lo que se está trasladando es si el reproche penal, que es un reproche necesario, tiene que estar a cargo de un organismo especializado para que no quede connotado de mayor o, lo que se teme, de menor intensidad. Sólo quería trasladarle una preocupación que he recogido en sectores jurídicos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, la senadora Loroño Ormaechea.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Voy a ser breve, se lo prometo, porque la diputada Pigem ya ha matizado algunos aspectos que iba a mencionar. Estamos de acuerdo en la necesidad de la ley, pero destacaba una serie de dudas que se nos plantean como grupo, en concreto. Entendemos que la ley tiene un objetivo muy claro pero no aborda otros tipos de violencia que también sufren las mujeres, y que deberán abordar su secretaría, los distintos grupos parlamentarios y esta Comisión. S.S. ha hablado de tráfico internacional de mujeres, que es otra forma de violencia. Estamos hablando de prostitución, es otra forma de violencia.
Estamos hablando del ámbito laboral y en el ámbito laboral la mujer también sufre violencia. Por tanto, tendremos que abordar la violencia en sus justos términos, pero lo que nos preocupa en estos momentos es la violencia en el entorno de afectividad de la mujer, en ese entorno de relación, porque es ahí donde mayores situaciones de riesgo para la mujer se producen. Es ahí donde tenemos que actuar.
Lo que nos preocupa, señora secretaria, es la efectividad de la ley, como bien decía la diputada Pigem. Tenemos que dotarla de recursos, tenemos que dotarla de presupuesto, aunque S.S. decía que tenía su presupuesto capítulo a capítulo. Estamos en el debate político y vamos a tener ocasión de hacer aportaciones.
Concluyo diciendo que ha habido aportaciones en la pasada legislatura que tendrán que ser tenidas en cuenta, como son las distintas ponencias que se constituyeron en el seno de esta misma Comisión y que concluyeron con unos trabajos importantes, con conclusiones y recomendaciones, tanto en violencia doméstica como incluso en tráfico internacional de mujeres y menores.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la senadora Elices, de Entesa.
La señora ELICES MARCOS: Mientras estábamos celebrando esta Comisión, a través del servicio de noticias que nos envían a veces a los teléfonos móviles, ha llegado la noticia de que ha habido otra mujer muerta esta mañana. Trabajar contrarreloj en un tema como este es fundamental a la hora de que no solamente en el grupo que está en el Gobierno, sino en todos los grupos que componen esta Cámara, haya una total colaboración y disposición para erradicar la violencia de género en nuestra sociedad. Confío que todos los grupos con responsabilidades en el Parlamento estarán a disposición de la secretaría para que podamos colaborar en lo necesario, tanto en la Comisión como en el Senado o en el Congreso haya una colaboración óptima de todos. Que la reducción de las desigualdades en estos ámbitos sea una realidad dentro del mandato de los cuatros años que tiene al frente de su secretaría. Que la ley sea aprobada lo antes posible, que se ponga en práctica y que de una vez podamos ver que es una realidad y que la violencia pasa a ser un segundo plano. Gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: La réplica de la secretaria general ha sido interesante, y yo quería decir dos cosas muy rápidamente. Para que la política tenga credibilidad hay que cumplir los compromisos, y en este caso creo que se ha comenzado bien. Había un compromiso muy fuerte para la lucha contra la violencia de género y la primera ley que llega al Parlamento es una ley contra la violencia de género que sitúa el problema en el centro de las políticas de Estado por lo que tiene que ver con los diferentes instrumentos y medidas que incluye, y me parece muy importante que esto sea así. En ese sentido, cuando la ley entre en el Parlamento en el trámite parlamentario se pueden mejorar muchos aspectos, aunque no se puede cambiar el sustrato fundamental ni el calado y la profundidad que tiene la ley.
Señora secretaria general, esta Comisión, nos consta, no funcionó muy bien en el pasado. He repasado cosas que quedaron pendientes, más de doscientas iniciativas, y más de cuatro ministros quedaron sin comparecer. Tengo la impresión de que tanto la presidenta como la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí queremos revitalizarla, y debates como los de hoy seguro que nos impulsan a ello.
Quería hacer una reflexión final. A veces tengo la impresión de que algunas mujeres van abriendo un camino con un esfuerzo enorme, quemando cantidades de energía y luchando contra la incomprensión de otras muchas mujeres que luego pasean tranquilamente por ese camino abierto. Cuando nuestra compañera Carlota Bustelo la primera directora del Instituto de la Mujer, en los años ochenta, recién creado el Instituto de la Mujer, comenzó a diseñar planes de igualdad, la derecha se opuso a aquellos planes de igualdad, las mujeres de la derecha se opusieron y hoy pasean por ese camino e incluso lo reclaman. Ha pasado lo mismo con otras políticas, con otros retos de la lucha por la igualdad, con la presencia de las mujeres en instituciones, con las medidas de conciliación de la vida laboral. Micaela Navarro ha abierto también muchos caminos en este Parlamento que hoy cuentan con un apoyo que entonces no contaban. Puede pasar igual con la ley integral, y yo pido a esas mujeres que adelanten un paso y se pongan a trabajar codo con codo con el Gobierno y con las que estamos profundamente a favor de lo que significa esa ley de cambio estructural social, que defiendan esos aspectos codo con codo y que no se limiten a pasear dentro de unos años por el camino abierto.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada del Grupo Popular, la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy a empezar por el final. Me parece que patrimonializar temas como la violencia de género, como acaba de hacer la portavoz del PSOE, o de las políticas de igualdad es una barbaridad y una irresponsabilidad. Desde mi partido, el Partido Popular, hace años que venimos trabajando por la igualdad de oportunidades, contra la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, y la secretaria general ha reconocido durante su intervención, que hemos sido nosotros, cuando hemos tenido responsabilidades de Gobierno, los que hemos hecho dos planes urgentes contra la violencia de género, los dos únicos planes que ha habido en España, y la Ley de la Orden de Protección, que además conseguimos sacarla con el consenso y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios y además fue un tema que partió de los propios grupos parlamentarios.
Respecto a su segunda intervención, señora secretaria general, tengo que decirle que hemos escuchado toda su intervención desde el principio con mucho interés, porque no he entendido algunas de las frases que usted ha dicho, y por eso le hemos podido decir lo que le hemos dicho. Nosotros sentimos que una gran parte de la intervención haya girado en torno a la ley integral.
Creo que es muy importante la ley que ha traído el Gobierno a la Cámara, pero va a ser objeto de un estudio y un debate específico, y me gustaría haber podido centrar más el debate en otros temas, como los laborales o de conciliación de la vida laboral, etcétera. Respecto a la ley, ya que es en lo que usted más ha incidido, nosotros insistimos en que creemos que no es menospreciar a la mujer dar cabida en la ley a otras personas que son víctimas de violencia. Proteger a otros no es desmerecer la protección de las mujeres.
Creemos que es compatible en una misma ley que se proteja a todos los sujetos víctimas de violencia. Nos congratulamos por que ya hayan sido receptivos con algunas de las objeciones y las recomendaciones que les ha planteado alguno de los órganos consultivos y este mismo partido en lo referente a los niños, pues parece que ya han incorporado parte de la protección en el proyecto que han traído a la Cámara. Yo le recomendaría que no cesase en eso, que siguiesen escuchando a la sociedad, porque no somos nosotros, es la sociedad civil, son los medios de comunicación, el debate está en la calle, es un debate abierto y hay que escuchar a todo el mundo y ser capaces de recoger aquellas iniciativas, porque podemos tener una idea inicial y luego con el tiempo ver que esta idea puede cambiar y mejorar el texto de la ley. Insisto en que lo que queremos todos es mejorar el texto de la ley, hacer la mejor ley posible, y en esto es en lo que hay que insistir y lo que hay que reivindicar. Y el debate consultivo es preceptivo, señoría. Luego ustedes han hecho una reunión y han hablado con la conferencia sectorial, pero nosotros creemos que ha sido tarde, cuando las comunidades autónomas están realmente implicadas porque tienen que desarrollar gran parte de las medidas impuestas en la ley, y lo han hecho cuando el debate ya estaba en la calle, a posteriori, como la reunión que mantuvieron con las portavoces parlamentarias.
En cualquier caso, le voy a hacer tres preguntas que usted no me ha contestado.
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene un minuto.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Le hago las preguntas y termino. Sobre políticas de conciliación, me gustaría que me hablase acerca de la distribución de los permisos de maternidad, el plan de choque de guarderías que ha anunciado el presidente del Gobierno y otra vez le insisto sobre la paga de 100 euros a las mujeres, que me gustaría que me dijese si se va a mantener o se va a eliminar.
La señora PRESIDENTA: Antes de darle la palabra a la señora secretaria general, quiero decirles que siempre nos parece que el tiempo corre mucho más rápidamente cuando estamos interviniendo nosotros que cuando están interviniendo los demás, por ello les pido que confíen en esta Presidencia para la distribución de los tiempos y el control de los mismos.
La señora secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega):
Subrayo lo de los juzgados, como me decían antes, porque es cierto que sobre esto también se ha marcado una especial atención. Pero yo quiero decirles que la ley se pondrá en vigor con el apoyo de todos, independientemente de las enmiendas que se puedan hacer, y como toda ley, se desarrollará por reglamento y después la aplicación es la forma de testar dónde hay que insistir y qué actuaciones deberían reformularse. En este sentido, es cierto que lo de los juzgados estaba en el debate entre la creación y la especialización, y también le puedo adelantar que en este sentido se están esperando las propuestas de los grupos parlamentarios que mejoren este aspecto.
Se ha tenido escrupuloso cuidado con las comunidades autónomas. De hecho, en la ley no hay una mención a las comunidades autónomas, excepto lo que supone el fondo de ayuda para crear los servicios. Hay tanto respeto que no se nombra, y no sé si precisamente oír ello se ha podido pensar que existían distintas competencias o había una injerencia en competencias que son ajenas al Gobierno central. Las comunidades autónomas son las que ponen en marcha los servicios sociales centrales, en cuanto a los servicios de calidad, y en este caso se busca un equilibrio territorial en cuanto a la distribución del fondo. Cómo se haga y de qué manera se articule es algo que se va a decidir, como siempre, mediante el diálogo con aquellas personas competentes en la discusión, que son las comunidades autónomas. Evidentemente, los menores fueron considerados precisamente por su característica no de testigos sino de víctima directa.
Y respecto a la paga de 100 euros no voy a contestarle porque se está discutiendo. Lo que sí le puedo decir es que cuando apareció la medida de los 100 euros me pareció bien plantear que se ayudara a conciliar la vida laboral y familiar, puesto que no era ayuda a la natalidad sino al rol de la mujer trabajadora. Me pareció insuficiente la cuantía y también el planteamiento en cuanto que era una medida aislada. Insisto, mi posición en este término es que la conciliación de la vida laboral con la familiar y la profesional no es el ámbito privado, no se trata de quién sale y en ese momento tiene que atender obligaciones profesionales y quién tiene que establecer costes de oportunidad, costes de sustitución para quedarse en casa o bien contratar una ayuda. El problema de la conciliación de la vida familiar y laboral es social, estructural, es decir, entra en instituciones y ahí entra organización del tiempo de mercado, del tiempo de trabajo, en cuanto que el mercado tiene que reformularse.
Yo me atrevería a decir aquí que la organización del tiempo de trabajo supone no pensar que una disminución del tiempo de trabajo implica rebajar el crecimiento, la competitividad y los índices de presencia en aquellos lugares estratégicos donde cada sector y cada empresa quiera estar. Por eso yo no entiendo ni he entendido nunca la conciliación circunscrita al ámbito privado, sino al ámbito público, con ayudas, pero no a la mujer sino a la estructura familiar, donde se armonicen horarios y también intereses. Podía trabajarse desde el Plan de guarderías que tenemos de 0 a 3 años, respecto a la creación de plazas, respecto al Plan de Dependencia, que supone cuidar a aquellas personas que están en situación de fragilidad por su edad, y esto repercute en tasa de tiempo liberado para las mujeres, porque aunque hablemos de cuidadores es una cuidadora, una señora cuidadora, y no se distribuye el tiempo de cuidado, igual que no se distribuye el tiempo doméstico. En este plano me parece fundamental trabajar en la organización del tiempo de trabajo, pero en términos estructurales, también en organización de tiempo político.
Sé que ayer hubo en la Cámara unas reuniones imposibles no de conciliar con otros sino con uno mismo para poder establecer unos mínimos parámetros de eficacia al día siguiente. Esta discusión de tiempo sobre el trabajo sería importante porque eso supone un nuevo pacto social no sólo entre hombres y mujeres sino también entre todos los agentes que intervienen, políticos, institucionales, culturales, en la medida en que podamos hacer un contrato social que nos permita a todos y a todas establecer nuestra compatibilidad con quererlo todo: trabajar, tener afectos, tener tiempo para la relación no sólo con niños y dependientes sino también en las relaciones personales de adulto a adulto o de adulta a adulta. Por eso le digo que mi aspiración en este sentido ha sido plantear unas líneas maestras.
No quiero hacer nada sin que medie una interlocución no sólo con los organismos que dependen de mí sino también con aquellas personas que considero, por el lugar que ocupan y la responsabilidad que desarrollan, muy capacitadas para dotar de contenido a mi secretaría general. No quiero hacer nada a solas, y sin abrir un espacio de interlocución no me sentiría provista de recursos ni legitimada incluso para hacerlo.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora secretaria general, doña Soledad Murillo, por su intervención y por contestar a las preguntas que le han sido planteadas. Damos las gracias, por supuesto, a las señoras y señores senadores y diputados, a los servicios de la Cámara y, por supuesto, a los medios de comunicación, que han estado aquí pacientemente y que sin duda alguna nos ayudan muchísimo en el trabajo de transmitir a la sociedad las inquietudes y los debates parlamentarios. Muchísimas gracias.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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COMPARECENCIA 30 DE JUNIO SOBRE LEY CONTRA VIOLENCIA
12 junio, 2018 7:52 am
EL TIEMPO PROFESIONAL: LA CLÁUSULA DE LA DISPONIBILIDAD
PREGUNTAS SOBRE ACCIONES POSITIVAS
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