Source: https://issuu.com/crisroseror/docs/rosanaalvaradorendicioncuentas2013
Timestamp: 2017-11-23 23:07:47
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RosanaAlvaradoRendicionCuentas2013 by Cristina Rosero - issuu
mayo	-­‐	diciembre
Primera	Vicepresidencia	Asamblea	Nacional
Rendición	de	Cuentas	2013
Rendición	de	Cuentas	“Legislar	por	la	justicia	social	y	las	mujeres”
El	28	de	septiembre	de	2008,	con	un	64%	del	total	de	votación	nacional,	el	pueblo	ecuatoriano	aprobó	su	nuevo	pacto	social.	A	partir	de	ese	momento,	las	y	los	ecuatorianos	exigen	a	través	del	voto	la	transformación	estructural	de	la	sociedad.	En	febrero	de	2013,	el	respaldo	popular	en	primera	vuelta	ratifica	el	liderazgo	del	Presidente	Rafael	Correa	y	la	Revolución	Ciudadana.	Por	primera	vez,	Alianza	País	cuenta	con	cien	del	total	de	los	ciento	treinta	y	siete	curules.	Así,	la	propuesta	de	construcción	del	Buen	Vivir	se	registra	como	un	proyecto	nacional.	Gracias	a	la	confianza	en	mí	depositada,	asumí	en	mayo	de	2013	la	responsabilidad	de	legislar	como	Primera	Vicepresidenta	de	la	Asamblea	Nacional.	El	desempeño	de	estas	funciones	implica	retos	importantes	para	alcanzar	la	justicia	social	y	plasmar	las	demandas	ciudadanas	en	el	contexto
político	legal.	Ahora	más	que	nunca	mi	compromiso	ferviente	con	las	luchas	sociales,	la	igualdad	y	la	democracia.	Día	a	día	se	continuará	con	el	trabajo	incansable	de	apoyar	la	equidad.	Sin	descanso	y	a	pesar	de	las	dificultades	y	los	reveses,	se	hace	revolución	en	la	construcción	de	espacios	pequeños	o	grandes	que	nos	permitan	luchar	por	las	soberanías	y	en	estas	luchas	encontrarnos.	En	el	marco	del	cumplimiento	de	la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador,	el	Plan	Nacional	del	Buen	Vivir,	y	el	Plan	de	trabajo	establecido,	en	el
período	mayo	a	diciembre	de	2013	la	Asamblea	Nacional	ha	debatido	y	aprobado	catorce	cuerpos	legales	encaminados	a	mejorar	la	convivencia	social	y	construir	el	país	que	juntos	establecimos	en	el	gran	proyecto	nacional;	adicionalmente	se	ha	trabajado	en	la	aprobación	de	doce	protocolos,	convenios	y	resoluciones;	y	una	declaratoria	de	interés	nacional.	La	importante	participación	de	la	ciudadanía,	jóvenes,	mujeres,	trabajadores,	estudiantes;	todos	con	pasos	firmes	y	visiones	críticas	han	apuntalado	este	camino.
En	las	próximas	páginas	presento	a	ustedes	un	breve	resumen	de	las	actividades	realizadas	durante	el	periodo	antes	mencionado.
CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN	LEGISLATIVA	-­‐	CAL
El	Consejo	de	Administración	Legislativa	(CAL)	es	el	máximo	órgano	de	administración	de	la	Asamblea	Nacional,	integrado	por	la	Presidenta	de	la	Asamblea,	quien	lo	preside,	dos	Vicepresidentes	o	Vicepresidentas	y	cuatro	vocales.	La	Secretaria	General	de	la	Asamblea	o	Prosecretario	actúa	como	Secretario	de	este	Consejo.	Mediante	reuniones	de	trabajo,	este	órgano	elabora	y	aprueba	el	presupuesto	anual	de	la	Asamblea,	planifica	las	actividades	legislativas	y	establece	la	prioridad	para	el	tratamiento	de	los	proyectos	de	ley,	entre	otras	funciones.
Así	mismo,	el	CAL	como	órgano	asesor	del	Pleno,	sugiere	la	creación	de	comisiones	especializadas	ocasionales,	califica	indultos	previo	al	inicio	de	su	tratamiento,	ejecuta	el	código	de	ética,	y	determina	los	recesos	legislativos.
LEYES	APROBADAS
Luego	del	tratamiento	y	debate	en	el	Pleno	de	la	Asamblea	8.	Ley	Reformatoria	a	la	Ley	de	Legalización	de	la	Tenencia	de	Nacional,	entre	el	14	de	mayo	de	2013	y	el	31	de	diciembre	de	Tierras	a	favor	de	los	moradores	y	posesionarios	de	predios	que	2013,	se	han	aprobado	las	siguientes	Leyes:	se	encuentra	dentro	de	la	circunscripción	territorial	de	los	cantones	Guayaquil,	Samborondón	y	el	Triunfo.	(RO	105,	1.	Ley	Reformatoria	a	la	Ley	de	Creación	del	Cantón	La	Suplemento.	Publicado	el	21.10.2013).	Concordia.	(RO	20,	Suplemento.	Publicado	el	21.06.2013).	9.	Ley	para	la	Reparación	de	Victimas	y	la	Judicialización	de	2.	Ley	Orgánica	de	Comunicación.	(RO	22,	Tercer	Suplemento.	Graves	Violaciones	de	Derechos	Humanos	y	Delitos	de	Lesa	Publicado	el	25.06.2013).	Humanidad	Ocurridos	en	el	Ecuador	entre	el	4	de	Octubre	de	1983	y	el	31	de	Diciembre	de	2008.	(RO	143,	Suplemento.	3.	Ley	Orgánica	Reformatoria	a	la	Ley	de	Minería,	a	la	Ley	Publicado	el	13.12.2013).	Reformatoria	para	la	Equidad	Tributaria	en	el	Ecuador	y	a	la	Ley	Orgánica	de	Régimen	Tributario	Interno.	(RO	37,	Segundo	10.	Ley	de	Creación	de	la	Universidad	Regional	Amazónica	Ikiam.	Suplemento.	Publicado	el	16.07.2013).	(RO	144,	Suplemento.	Publicado	el	16.12.2013).	4.	Ley	Orgánica	Reformatoria	del	Código	Orgánico	de	la	11.	Ley	de	Creación	de	la	Universidad	de	Investigación	de	Función	Judicial.	(RO	38,	Suplemento.	Publicado	el	Tecnología	Experimental	Yachay.	(RO	144,	Segundo	Suplemento.	17.07.2013).	Publicado	el	16.12.2013).	5.	Ley	Orgánica	de	la	Función	de	Transparencia	y	Control	Social.	12.	Ley	de	Creación	de	la	Universidad	de	las	Artes.	(RO	145,	(RO	53,	Segundo	Suplemento.	Publicado	el	07.08.2013).	Segundo	Suplemento.	Publicado	el	17.12.2013).	6.	Ley	Orgánica	de	Incentivos	para	el	Sector	Productivo.	(RO	56,	13.	Ley	de	Creación	de	la	Universidad	Nacional	de	Educación.	(RO	Segundo	Suplemento.	Publicado	12.08.2013).	147,	Segundo	Suplemento.	Publicado	el	19.12.2013).	7.	Ley	Orgánica	Reformatoria	a	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	14.	Ley	Orgánica	Reformatoria	al	Código	Orgánico	de	Nacional	de	Contratación	Pública.	(RO	100,	Segundo	Organización	Territorial,	Autonomía	y	Descentralización.	(RO	166,	Suplemento.	Publicado	el	14.10.2013).	Suplemento.	Publicado	el	21.01.2013)
Ley	de	Creación	Cantón	La	Concordia	En	Registro	Oficial	Nro.	20	de	fecha	21	de	junio	de	2013,	se	publicó	la	Ley	de	Creación	del	Cantón	La	Concordia.	Después	de	años	de	lucha,	esta	ley	establece	la	pertenencia	y	límites	del	cantón,	permitiendo	su	integración	en	la	planificación	nacional	y	el	desarrollo	territorial	a	través	de	la	asignación	de	recursos	fiscales	según	lo	dispuesto	en	el	Código	Orgánico	de	Organización	Territorial,	Autonomía	y	Descentralización	(COOTAD)	y	el	Código	Orgánico	de	Planificación	y	Finanzas	Públicas	(COPFP).	La	Ley	de	Creación	del	Cantón	La	Concordia	da	una	solución	definitiva	a	la	problemática	social,	política	y	gubernativa	de	esta	localidad.	El	desafío	actual	se	encuentra	en	establecer	una	estructura	de	convivencia	más	equitativa,	enraizada	en	los	procesos	de	desarrollo	nacional	que	busque	la	satisfacción	plena	de	las	necesidades	básicas	y	garantice	los	derechos	políticos	y	sociales	de	la	población.
Ley	Reformatoria	a	la	Ley	de	Tenencia	de	Tierras	(Guayaquil,	Samborondón	y	El	Triunfo)	Es	deber	del	Estado,	en	todos	sus	niveles	de	gobierno,	garantizar	el	derecho	al	hábitat	y	a	la	vivienda	digna	a	través	de	políticas	y	planes	con	principios	de	universalidad,	equidad	e	interculturalidad.	En	este	marco,	la	presente	ley	asegura	la	tenencia	de	predios	y	combate	el	tráfico	de	tierras	en	barrios	vulnerables	como	Monte	Sinaí,	Canelar	–	Olguita	y	26	de	Agosto,	destinando	los	mismos	a	vivienda	de	interés	social.
Ley	Reformatoria	al	COOTAD	El	cumplimiento	de	la	Constitución	de	la	República	y	el	Plan	Nacional	del	Buen	Vivir	exige	la	construcción	de	un	modelo	de	gestión	del	Estado	que	procure	alcanzar	el	desarrollo	socialmente	justo	y	territorialmente	equilibrado.	Romper	con	el	centralismo	y	el	abandono	implicó	pensar	en	el	fortalecimiento	de	los	territorios	y	en	la	inclusión	de	estos	en	la	planificación	nacional.
Por	eso	la	política	pública	debe	cumplir	procesos	de	descentralización	y	formación	de	talento	humano	en	todos	los	niveles	de	gobierno.	En	2010	se	expidió	el	Código	Orgánico	de	Organización	Territorial,	Autonomías	y	Descentralización	(COOTAD),	cuerpo	normativo	que	desarrolla	y	reglamenta	la	organización	territorial	del	Estado	así	como	los	principios	de	descentralización,	transferencia	de	recursos	y	transferencia	de	competencias.	Los	avances	obtenidos	hasta	el	momento	demandaron	reformas	que	consoliden	el	proceso	de	descentralización,	y	fortalezcan	el	adecuado	control	del	ordenamiento	territorial	en	los	Gobiernos	Autónomos	Descentralizados.
La	planificación	territorial	y	la	desconcentración	son	mecanismos	para	consolidar	una	sociedad	justa	y	equitativa.
Ley	de	Comunicación
En	una	sociedad	mediatizada,	el	poder	está	en	el	control	del	qué	pensar,	cómo	pensar	y	qué	opinar.	La	concentración	de	los	medios	de	comunicación	en	manos	de	los	grupos	de	poder,	bancarios	y	financieros,	impide	que	los	medios	sean	garantes	del	orden	democrático	y	que	por	el	contrario	sean	utilizados	para	concentrar	esfuerzos	y	poderes	en	la	defensa	de	los	intereses	de	sectores	económicamente	poderosos.	La	democratización	de	los	medios	de	comunicación	y	su	regulación	es	necesaria	para	la	sana	construcción	de	la	ciudadanía,	del	Estado	y	de	la	participación.	Garantizar	el	acceso	a	información	verídica	y	contrastada	es	una	obligación	del	Estado	cuyo	mandato	fue	establecido	en	la	Disposición	Transitoria	Primera	de	la	Constitución	de	la	República.	La	ley	de	comunicación,	tal	vez	sea	uno	de	los	cuerpos	legales	más	debatidos.	Su	elaboración	y	debate	llevó	alrededor	de	43	meses	y	contó	con	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	diferentes	instancias.	Su	construcción	inició	en	agosto	de	2009	y	contó	no	sólo	con	los	dos	informes	necesarios	sino	que	además	fue	el	resultado	de	una	revisión	internacional	realizada	en	diciembre	de	2009,	una	consulta	popular	realizada	en	junio	de	2011	y	varios	foros	de	socialización	desarrollados	en	marzo	de	2012,	todas	herramientas	democráticas	realizadas	con	anterioridad	a	su	aprobación	final	en	junio	de	2013.
Entre	los	logros	de	esta	ley	se	encuentra	el	establecimiento	del	derecho	de	las	personas	a	recibir	información	verificada,	plural	y	contrastada;	se	reconoce	además	el	derecho	a	la	libertad	de	expresión	y	opinión;	y	se	prohíbe	la	censura	previa.	Para	garantizar	la	democratización	de	la	información	y	la	palabra	así	como	el	fortalecimiento	de	la	producción	nacional	y	nuestra	identidad,	la	ley	establece	la	distribución	de	las	frecuencias	del	espectro	radioeléctrico	para	el	funcionamiento	de	radio	y	televisión	con	un	33%	para	medios	públicos,	33%	para	medios	privados,	y	34%	para	medios	comunitarios.	Adicionalmente,	se	establece	que	los	medios	destinarán	al	menos	el	60%	de	su	programación	diaria	a	la	difusión	de	contenidos	de	producción	nacional	audiovisual	y	50%	de	los	contenidos	musicales	producidos,	compuestos	y	ejecutados	en	Ecuador.	La	democratización	del	espectro	radioeléctrico	se	realizará	a	través	de	una	distribución	equitativa	de	las	frecuencias	de	manera	progresiva.
línea	de	autor
Ley	Orgánica	Reformatoria	a	la	Ley	del	Sistema	de	Contratación	Pública	El	sistema	de	compras	públicas	constituye	un	instrumento	soberano	de	transparencia	y	fortalecimiento	de	la	economía	local.	A	través	de	una	adecuada	estructura	y	el	fortalecimiento	de	las	normas	legales	que	permitan	su	correcto	funcionamiento	este	sistema	apuntala	hacia	la	redistribución	y	la	justicia	social.	Por	lo	antes	mencionado,	la	ley	reformatoria	del	sistema	de	contratación	pública	establece	el	Servicio	Nacional	de	Contratación	Pública	(SERCOP)	en	reemplazo	del	Instituto	Nacional	de	Contratación	Pública.	Esta	nueva	ley	refuerza	la	protección	a	las	instituciones	gubernamentales	en	temas	de	compras	públicas	y	fortalece	los	actores	de	economía	social	y	solidaria,	y	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	con	énfasis	en	la	producción	local.
Ley	Orgánica	de	Incentivos	para	el	Ley	Reformatoria	a	la	Ley	Minera	Sector	Productivo
La	Ley	Minera	expedida	en	enero	de	2009	estableció	el	marco	regulatorio	para	dicha	actividad	en	el	Ecuador.	Las	transformaciones	del	sector	y	el	conocimiento	acumulado	en	estos	años,	demandaron	instrumentos	legales	y	administrativos	que	acompañen	su	desarrollo.	Así,	la	reforma	a	la	ley	minera	introduce	transformaciones	administrativas	y	estructurales	como	la	incorporación	del	régimen	de	mediana	minería;	la	prohibición	del	uso	de	mercurio	en	las	operaciones	mineras;	regulando	el	comercio	del	oro	proveniente	de	la	minería	artesanal;	y	determinando	que	el	60%	de	las	regalías	se	destinen	a	inversión	social.
La	Constitución	de	la	República	en	su	artículo	336	establece	que	el	Estado	impulsará	y	velará	por	el	comercio	justo,	asegurando	la	transparencia	y	eficiencia	de	los	mercados	y	fomentando	la	competencia	en	igualdad	de	condiciones	y	oportunidades.	En	estricto	cumplimiento	de	tal	mandato,	esta	ley	establece	abonos	tributarios	a	los	exportadores	que	se	vean	afectados	por	cambios	arancelarios	o	la	imposición	de	sanciones	arancelarias.	Mediante	Certificados	de	Abono	Tributario	(CAT),	los	exportadores	pueden	pagar	sus	obligaciones	de	carácter	fiscal	y	las	deudas	que	mantengan	con	entidades	financieras	y	contar	con	la	liquidez	necesaria	para	el	pago	de	aranceles	por	el	ingreso	de	sus	productos	a	mercados	restrictivos.	De	esta	manera,	el	Estado	respalda	a	la	industria	nacional	frente	a	los	tratos	desiguales	de	mercados	internacionales,	fortaleciendo	su	estabilidad	y	desarrollo.
El	sistema	de	compras	púbicas	privilegia	la	adquisición	de	productos	nacionales	y	constituye	una	herramienta	de	soberanía.
Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social La	justicia	democrática	participativa	es	uno	de	los	principios	de	lucha	y	transformación.	El	Socialismo	del	Buen	Vivir	promueve	una	democracia	profunda	participativa	y	popular	en	la	construcción	de	la	vida	pública.	Se	busca	fortalecer	la	cohesión	social	y	la	participación	activa	de	los	individuos	y	las	organizaciones	en	la	toma	de	decisiones,	la	formulación	de	política	pública,	y	el	seguimiento	a	su	ejecución.
Los	avances	obtenidos	y	el	conocimiento	desarrollado	demandan	una	constante	mejora,	así	la	reforma	expedida	en	2013	apunta	al	mejoramiento	de	la	gestión	y	su	estructura.
Ley para Reparación de Víctimas
El	Estado	ecuatoriano	con	el	fin	de	esclarecer	graves	violaciones	a	derechos	humanos,	estableció	en	2007	la	Comisión	de	la	Verdad,	cuyo	informe	final	recomendó	reformas	legales	e	institucionales	que	garanticen	la	no	repetición	de	hechos	y	la	reparación	La	participación	ciudadana	en	todos	los	integral	de	víctimas.	asuntos	de	interés	público	constituye	un	En	este	contexto,	la	Asamblea	Nacional	derecho	consagrado	en	la	Constitución	de	aprueba	la	Ley	para	reparación	de	2008.	Para	garantizarla	y	velar	por	su	víctimas	y	la	judicialización	de	graves	correcta	implementación	se	estableció	la	violaciones	de	derechos	humanos	y	Función	de	Transparencia	y	Control	Social	delitos	de	lesa	humanidad	ocurridos	en	que	está	conformada	por	el	Consejo	de	Ecuador	entre	el	4	de	octubre	de	1083	y	Participación	Ciudadana	y	Control	Social,	el	31	de	diciembre	de	2008.	la	Defensoría	del	Pueblo,	la	Contraloría	General	del	Estado,	y	las	Dicha	ley	viabiliza	y	norma	la	reparación	Superintendencias.	Mediante	Registro	integral	que	objetiva	y	simbólicamente	Oficial	Nro.	53	de	fecha	7	de	agosto	de	restituya	a	la	víctima	sus	derechos.	2013,	se	expide	la	ley	que	regula	la	Como	resultado	de	este	trabajo	se	tiene	estructura	y	funcionamiento	de	Función	el	primer	caso	judicializado	y	ventilado	de	Transparencia	y	Control	Social.	ante	la	administración	de	justicia.
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánica de la Función Judicial
La	participación	ciudadana,	en	la	toma	de	decisiones	y	en	los	asuntos	de	interés	público,	constituye	un	derecho	reconocido	en	la	Constitución.
La	construcción	de	una	sociedad	de	convivencia	necesita	la	transformación	de	la	justicia	de	manera	tal	que	esta	garantice	el	derecho	constitucional	de	todos	los	ciudadanos	a	una	cultura	de	paz	y	seguridad	integral.	El	referéndum	de	2011	significó	un	punto	de	transformación	para	la	construcción	de	un	sistema	de	justicia	oportuno,	eficiente	y	accesible.
Prohibido	olvidar!
Código	Orgánico	Integral	Penal
El	Código	Penal	Integral	publicado	en	Registro	Oficial	No.	180,	de	10	de	febrero	del	2014,	condensa	las	normas	legales	en	materia	penal	que	antes	se	encontraban	dispersas	en	varias	leyes	e	incluye	nuevos	tipos	penales,	permitiendo	que	estas	normas	tengan	una	mayor	eficacia	en	su	aplicación.
física,	psicológica	o	sexual	a	la	mujer	o	demás	integrantes	del	núcleo	familiar.
Se	eliminó	la	prohibición	de	denunciar	a	los	parientes,	cónyuges	o	parejas	de	unión	de	hecho	en	caso	de	delitos	económicos,	lo	cual	constituía	una	forma	de	violencia	también	La	construcción	de	este	cuerpo	legal	implicó	un	largo	proceso	contra	las	mujeres	que	estaban	impedidas	de	hacer	valer	su	de	diálogo	con	distintas	instancias	de	la	sociedad	civil	e	derecho	de	propiedad	frente	al	abuso	de	sus	propios	familiares	instituciones	gubernamentales.	A	través	de	comisiones	o	cónyuges.	generales	tanto	en	el	marco	de	las	comisiones	especializadas	permanentes	como	en	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional,	se	En	concordancia	con	la	Constitución	de	la	República,	y	en	dialogó	con	mujeres,	médicos,	profesores	universitarios,	fuerza	cumplimiento	con	nuestros	compromisos	internacionales	en	pública,	movimientos	sociales,	expertos	nacionales	e	materia	de	derechos	humanos,	se	incorpora	a	este	cuerpo	normativo	los	delitos	contra	la	humanidad	como	son	el	internacionales,	entre	otros.	genocidio,	etnocidio,	exterminio,	esclavitud,	deportación	o	Uno	de	los	mayores	logros	de	este	Código,	reside	en	incorporar	traslado	forzoso	de	la	población.	Este	cuerpo	legal	también	la	lucha	de	varias	organizaciones	de	mujeres	y	de	la	sociedad	sanciona	la	trata	de	personas,	la	explotación	sexual,	y	el	sobre	la	violencia	de	género	y	el	femicidio.	El	artículo	141	turismo	sexual,	sean	esto	cometidos	por	una	persona	natural	o	sanciona	el	asesinato	de	una	mujer,	que	se	comete	solo	por	el	jurídica.	hecho	de	serlo	o	por	su	género,	con	una	pena	de	22	a	26	años	de	cárcel.	De	igual	forma,	la	Asamblea	Nacional	abordó	el	Se	tipifica	el	delito	de	sicariato,	donde	la	persona	que	mate	a	debate	sobre	la	violencia	contra	la	mujer	o	miembros	del	otra	por	precio,	pago	u	otra	forma	de	beneficio	para	si	o	un	núcleo	familiar.	Este	problema	social	de	alcance	internacional	tercero,	será	con	veinte	y	dos	a	veinte	y	seis	años	de	privación	ocupa	todo	un	parágrafo	del	Código	Integral	Penal,	en	el	cual	se	de	libertad.	tipifican	aquellas	conductas	en	las	que	se	maltrate	de	forma
El	Código	Penal	protege	a	las	niñas,	niños	y	adolescentes	frente	a	nuevas	amenazas.	La	tipificación	de	conductas	delictivas	que	en	la	actualidad	están	causando	un	grave	daño	en	especial	a	nuestros	niños	y	jóvenes	por	el	gran	alcance	y	fácil	acceso	a	las	nuevas	tecnologías,	también	han	sido	objeto	de	debate	y	análisis	en	este	Código.	Así,	en	el	artículo	173	se	sanciona	a	la	persona	que	a	través	de	un	medio	electrónico	o	telemático	proponga	concertar	un	encuentro	con	una	persona	menor	de	dieciocho	años,	acompañada	de	actos	materiales	para	que	el	acercamiento	sea	con	una	finalidad	sexual	o	erótica,	con	una	pena	privativa	de	uno	a	tres	años.
Los	seis	meses	de	vacancia	legal	establecidos	para	la	aplicación	del	nuevo	Código	Orgánico	Integral	Penal	establece	cambios	en	los	procesos	penales.	Durante	este	tiempo,	los	diferentes	profesionales	de	la	justicia	deberán	capacitarse	para	aplicar	este	instrumento.	A	pesar	de	los	avances	realizados	en	materia	penal,	aún	quedan	temas	que	deben	continuar	en	el	debate	público,	y	que	constituyen	una	deuda	social.	La	aplicación	del	Código	Penal	y	las	demandas	ciudadanas	nos	darán	mayores	luces	sobre	varios	temas	claves	como	por	ejemplo	el	aborto	por	violación	y	la	visita	conyugal	de	los	menores	infractores.	En	todos	los	casos,	no	se	abandonará	el	pensamiento	crítico	y	el	compromiso	por	crear	la	sociedad	justa	que	soñamos	y	jamás	se	renunciará	a	la	lucha	por	construirlo.
El	homicidio	culposo	por	mala	práctica	profesional	tipificado	en	el	artículo	146	del	Código	Orgánico	Integral	Penal,	se	sanciona	una	vez	que	la	conducta	del	profesional	se	adecue	al	infringir	un	deber	objetivo	de	cuidado,	en	el	ejercicio	o	práctica	de	su	profesión,	ocasione	la	muerte	de	otra,	y	siempre	que	la	muerte	se	produzca	por	acciones	innecesarias,	peligrosas,	e	ilegítimas,	más	la	concurrencia	de	la	inobservancia	de	leyes,	reglamentos,	ordenanzas,	manuales,	reglas	técnicas	o	lex	artis	aplicables,	que	el	resultado	dañoso	debe	provenir	directamente	de	la	infracción	al	deber	objetivo	de	cuidado	y	no	de	otras	circunstancias	conexas	o	independientes,	y	además	en	cada	caso	se	realizará	una	evaluación	de	la	diligencia,	el	grado	de	formación	profesional,	las	condiciones	objetivas,	la	previsibilidad	y	la	evitabilidad	del	hecho.	Solo	con	la	concurrencia	de	todos	los	elementos	antes	referidos	se	configura	el	delito.
La	erradicación	de	la	discriminación	y	la	violencia	son	el	camino	para	construir	una	sociedad	más	justa.
Con	la	aprobación	del	COIP,	el	país	evitó	ser	sancionado	por	el	Grupo	de	Acción	Financiera	Internacional,	GAFI;	ya	que	hasta	antes	de	la	aprobación	del	Código	el	país	se	mantenía	en	la	lista	de	países	no	cooperantes.
Declaratoria	de	Interés	Nacional	Explotación	Petrolera	Bloques	31	y	43
En	2007,	el	Ecuador	presentó	al	mundo	la	innovadora	Iniciativa	Yasuní	ITT,	como	medida	de	mitigación	al	cambio	climático.	Esta	iniciativa	buscaba	dejar	el	petróleo	bajo	tierra	y	evitar	la	generación	de	400	millones	de	toneladas	de	CO2	aproximadamente	a	través	del	m ecanismo	de	Emisiones	Netas	Evitadas	(ENE).	La	propuesta	establecía	responsabilidades	comunes	pero	diferenciadas	entre	los	países	industrializados	y	los	no	industrializados	de	manera	que	quienes	más	contaminen	más	paguen.	Durante	seis	años	el	Ecuador	intentó	levantar	los	recursos	necesarios	para	dejar	el	crudo	bajo	tierra.	A	pesar	de	los	esfuerzos	realizados,	la	comunidad	internacional	no	se	comprometió	con	la	propuesta	Yasuní	ITT	ni	brindó	el	apoyo	que	tan	necesario	era.	Ante	esta	realidad,	el	Presidente	de	la	República	realiza	la	Solicitud	de	Declaratoria	de	Interés	Nacional	para	la	explotación	petrolera	de	los	Bloques	31	y	43	que	se	presenta	a	la	Asamblea	Nacional.	Esta	solicitud	fue	tramitada	en	ejercicio	de	las	atribuciones	constitucionales	y	legales	otorgadas	a	la	Asamblea	Nacional
El	informe	final	que	analizó	la	viabilidad	de	la	Solicitud	de	Declaratoria	de	Interés	Nacional,	fue	elaborado	por	la	Comisión	de	Biodiversidad	y	contó	con	los	insumos	de	las	Comisiones	de	Justicia,	Gobiernos	Autónomos,	Desarrollo	Económico	y	de	Derechos	Colectivos.	Las	diferentes	Comisiones	propiciaron,	en	el	ámbito	de	su	competencia	y	en	atención	a	la	temática	pertinente,	la	participación	de	la	ciudadanía	a	través	de	mesas	de	trabajo	y	Comisiones	Generales	con	el	fin	de	contar	con	los	elementos	de	juicio	necesarios	en	la	elaboración	de	sus	informes.	En	sesión	256	de	octubre	de	2013,	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	aprobó	la	Declaratoria	de	Interés	Nacional.	Esta	declaratoria	excluye	la	autorización	en	la	Zona	Intangible,	limita	la	explotación	petrolera	a	un	área	no	mayor	al	1	por	1000	del	Parque	Nacional	Yasuní;	mantiene	irreductible	la	Zona	Intangible	Tagaeri	-­‐	Taromenane;	dispone	el	establecimiento	de	un	sistema	de	monitoreo	integral	de	las	actividades	extractivas;	garantiza	que	el	titular	de	la	explotación	sea	la	empresa	pública	nacional	de	petróleos;	y	determina	que	los	recursos	obtenidos	sean	invertidos	en	el	cambio	de	matriz	productiva,	cambio	de	matriz	energética,	la	atención	prioritaria	de	la	Amazonía,	y	la	investigación	principalmente.	A	continuación	el	texto	de	la	Declaratoria:
Resolución que Declara de Interés Nacional la Explotación de los Bloques 31 y 43
el artículo 407 de la Constitución de la República y los artículos 8, 49 y demás pertinentes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen el procedimiento de excepción para que la Asamblea Nacional declare de interés nacional la explotación de recursos naturales no renovales en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles;
la Presidencia de la República envió a la Asamblea Nacional, conforme al artículo 407 de la Constitución de la República, la Petición Fundamentada de Declaratoria de Interés Nacional para la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43 , en un área no mayor al uno por mil del Parque Nacional Yasuní;
la Asamblea Nacional, a través de las Comisiones Especializadas Permanentes de: Justicia y Estructura del Estado; Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio; Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad; y, la Biodiversidad y Recursos Naturales, ha procedido a la aplicación de los derechos y mecanismos de participación social y ciudadana, mediante la atención en comisiones generales a los representantes de las diversas organizaciones y sectores de la sociedad, que han expresado en forma verbal y escrita sus opiniones respecto de esta Petición Fundamentada de Declaratoria de Interés Nacional;
la potestad de convocar a consulta popular para la autorización de actividades extractivas en áreas protegidas y en zonas intangibles, establecida en el artículo 407 de la Constitución de la República es facultativa de la Asamblea Nacional;
el Estado ecuatoriano tiene como deber primordial conforme al artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales y de los establecidos en instrumentos internacionales;
los artículos 275 y 276 de la Constitución de la República, disponen que para garantizar el Buen Vivir , el régimen de desarrollo tiene entre sus objetivos: mejorar la calidad y esperanza de vida, aumentar las capacidades y potencialidades de la población; construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y de los medios de producción; recuperar, conservar la naturaleza, mantener un ambiente sano y sustentable; garantizar la Soberanía Nacional; promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; y, proteger la diversidad cultural, con respecto a sus espacios de reproducción e intercambios;
conforme a los artículos 313, 315 y 405 de la Constitución de la República, los recursos naturales no renovables, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético son sectores estratégicos cuyo derecho de administración, regulación, control y gestión se reserva al Estado, que actuará de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; por tanto, las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas;
los ingresos extraordinarios provenientes de la explotación de petróleo de los Bloques 31 y 43, en el marco de un modelo de desarrollo planificado, equitativo y sustentable, contribuirán al cambio de la matriz productiva, a la transformación de la matriz energética, la construcción de la sociedad del conocimiento, la construcción de un pacto territorial nacional y el cumplimiento de los objetivos que motivaron la Iniciativa Yasuní ITT;
los recursos provenientes de la explotación de los Bloques 31 y 43, permitirán alcanzar el Buen Vivir, reduciendo la economía extractivista y orientándose hacia un sistema económico solidario y sostenible, impulsando la revolución agraria;
para superar la desigualdad y el desequilibrio territorial se requiere de un Pacto Territorial enfocado a la atención prioritaria a la Amazonía y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas;
para proteger los derechos de los pueblos en condiciones de aislamiento, el Estado ecuatoriano tiene el compromiso de respetar sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de garantizar sus derechos a la vida y a la autodeterminación;
para proteger los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y superar su exclusión histórica, el Estado garantizará su participación en los beneficios que reporten las actividades extractivas, conforme a los artículos 57 numeral 7 y 74 de la Constitución de la República;
para la protección de los derechos colectivos, el Estado tiene el deber de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 57; esta consulta y la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución de la República, se realizarán con anterioridad a las actividades hidrocarburíferas en los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní; a diferencia de la consulta pre legislativa establecida en el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución de la República, que solo procede en caso de proyectos de ley, tal como lo estableció la Corte Constitucional para el período de transición en la Sentencia número 001-10-SIN-CC expedida el 18 de marzo de 201, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 176 de 21 de abril de 2010;
para garantizar los derechos a la participar de los ciudadanos, según los artículos 95 y 395 numeral 3 de la Constitución, el Estado deberá implementar mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria en la planificación, ejecución y control que genere impacto ambiental en la zona de influencia de la actividad extractiva;
para la garantía de los derechos de la naturaleza, el Estado aplicará en la actividad hidrocarburífera las mediadas de prevención, precaución, restricción y restauración integral, conforme a lo establecido en la Constitución de la República en sus artículos 72, 73 y 396; en consecuencia de ello el Estado deberá garantizar la aplicación de la mejor tecnología disponible y las prácticas y normas técnicas más estrictas en materia de impacto ambiental;
la Asamblea Nacional, para declarar de Interés Nacional la explotación petrolera los Bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní, solo encuentra justificación su la necesaria afectación a la naturaleza se realiza de manera preventiva, precautoria y controlada y siempre que el objetivo legitimo que se persigue con esta, sea superior a dicha afectación; esto es, que las inversiones de los ingresos extraordinarios sirvan para el cumplimiento de objetivos de largo plazo que estén más allá del presente período de gobierno; es decir, que sean asumidos por el país como políticas de Estado y cuyos resultados redunden en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE: PRIMERO.- Declarar de Interés Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir con los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de las personas, colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay. En el proceso de la actividad extractiva de los Bloques 31 y 43 la Función Ejecutiva deberá: 1. Instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas autorizadas en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, para precautelar los derechos de las personas, los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, especialmente los derechos de los pueblos en aislamiento voluntarios; los derechos de la naturaleza y la conservación y uso sustentable de la biodiversidad; 2. Implementar con la participación de centros de investigación y académicos, nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural y natural existente en el Parque Nacional Yasuní; 3. Garantizar que el titular y responsable de la operación de los Bloques 31 y 43 sea la empresa pública nacional de petróleos (actualmente Petroamazonas EP), la que deberá asegurar el cumplimiento de los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales; así como los objetivos de desarrollo sustentable que motivan esta Declaratoria de Interés Nacional; establecidos en la presente Declaratoria de Interés Nacional;
4. Facilitar las condiciones para la constitución de observatorios y veedurías ciudadanas amparadas en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que realicen un seguimiento a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos; al destino de los recursos; al cumplimiento de las medidas cautelares y en general a todos los lineamientos 5. Fortalecer la inversión del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, con el fin de actualizar los programas de control y vigilancia, comunicación y educación ambiental, investigación y turismo, conservación del patrimonio natural y cultural del Parque; 6. Impulsar una política de industrialización y procesamiento del crudo, propendiendo a que no se lo exporte, sin ser procesado; 7. Cumplir, en el marco de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con el procedimiento de consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables materia de esta Declaratoria de Interés Nacional; 8. Informar semestralmente a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de esta Declaratoria de Interés Nacional en los ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Asamblea Nacional, a través de la comisión o comisiones que se designen para este efecto, dará seguimiento a sus cumplimiento efectivo.
SEGUNDO.- Excluir de esta Declaratoria de Interés Nacional, la realización de actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo No. 2187, publicado en el Registro Oficial 01 de 16 de enero de 2007. En cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos garantizados en la Constitución, la Función Ejecutiva, en el caso de avistamiento de personas en asilamiento voluntario, suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos.
TERCERO.- Garantizar que los recursos que se obtengan por la explotación de los Bloques 31 y 43, se destinen a:
1. La transformación de la matriz productiva, que nos permita superar las debilidades de nuestra economía primaria exportadora; y por ende, utilizar los recursos provenientes del extractivismo para salir del extractivismo. Esto implica, la diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias, el crecimiento del valor agregado en la producción existente, la sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que producimos y el fomento a las exportaciones de productos nuevos; y la construcción de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza; 2. La transformación de la matriz productiva energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo; bajo criterios de inclusión, calidad, soberanía y sustentabilidad, y mediante la generación de capacidades y conocimientos para la transferencia y desarrollo propio de tecnologías de energía renovable; 3. La construcción de la sociedad del conocimiento; lo que implica que los recursos se prioricen en educación, investigación, ciencia y tecnología, bioconocimiento y biotecnología; 4. Un Pacto Territorial Nacional para la atención prioritaria a la Amazonía, orientando recursos presupuestarios para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en función de sus planes de vida y de sus derechos colectivos; para los Gobiernos autónomos descentralizados y los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas, con el propósito de cumplir con el compromiso de dotar de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico al 95% de la población a nivel nacional. En este Pacto Territorial, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus respectivas competencias, priorizarán la inversión en los servicios básicos y saneamiento ambiental; fomento de actividades productivas; desarrollo de la vialidad rural y la erradicación de la pobreza en los territorios; 5. El cumplimiento de los objetivos que motivaron la Iniciativa Yasuní ITT, reafirmando nuestro compromiso con el planeta, la conservación de la vida y la biodiversidad; reducir las emisiones que causan el cambio climático; proteger nuestro patrimonio forestal de parques nacionales, áreas protegidas, reservas naturales y de mitigación de la contaminación de los ríos a través de la implementación efectiva de la “Estrategia Nacional de Biodiversidad”; 6. La revolución agraria, que implica la modificación de la estructura productiva y el cumplimiento del derecho constitucional a la soberanía alimentaria, y el abastecimiento de productos primarios para impulsar el desarrollo industrial y de servicios a fin de incentivar la producción nacional y productividad sostenibles de los sectores de la agricultura familiar a través del acceso a la tierra, riego, semillas e insumos, condiciones financieras favorables y asistencia técnica, así como asegurar una comercialización segura y favorable.
CUARTO.- Instar a la Función Ejecutiva para que, de manera prioritaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 135 y 250 de la Constitución de la República, presente en el actual período legislativo el proyecto de ley de régimen especial para la Amazonía. La Asamblea Nacional se compromete a tramitar y aprobar dicho proyecto de ley, así como el Código Ambiental. QUINTO.- Acoger la propuesta de la Función Ejecutiva de que el procesamiento final del crudo extraído de los Bloques 31 y 43 se realice fuera del área del Parque Nacional Yasuní y que se cumpla con los máximos estándares ambientales en los procesos de exploración, explotación y fase de abandono. SEXTO.- Instar a la Función Ejecutiva para que promueva una política regional encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 3 días del mes de octubre de 2013. f) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta. f) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria.
Cuatro	nuevas	universidades	YACHAY,	IKIAM,	UNAE	y	ARTES
En	2008,	el	nuevo	pacto	social	del	Ecuador	establece	el	acceso	universal	a	la	educación	como	un	derecho	y	una	m eta	básica	para	el	bienestar	y	la	mejora	en	la	calidad	de	vida.	Esto	responde	a	la	concepción	de	que	la	educación	es	uno	de	los	instrumentos	más	eficaces	para	construir	igualdad,	reducir	brechas	y	transformar	el	país	a	través	del	cambio	de	la	matriz	productiva.	A	m ediano	plazo,	el	Ecuador	se	propuso	garantizar	el	acceso	universal	a	la	educación	primaria,	ampliar	las	coberturas	universalizando	el	acceso	a	la	educación	media,	y	extender	y	diversificar	el	acceso	a	la	educación	superior.	La	Constitución	establece	la	gratuidad	de	la	educación	hasta	el	tercer	nivel,	concibiéndola	como	un	deber	ineludible	del	Estado	y	un	área	prioritaria	de	la	política	pública	donde	las	personas	y	las	familias	tienen	el	derecho	y	la	responsabilidad	de	participar.	Así,	como	señala	el	Plan	Nacional	del	Buen	Vivir,	la	educación	no	es	un	fin	en	sí	mismo	sino	un	proceso	de	transformación	social.	En	un	contexto	de	planificación	sistémica	de	formación	del	talento	humano,	se	crean	cuatro	nuevas	universidades	que	permitirán	transformar	la	estructura	económica,	social	y	productiva	del	país	a	mediano	y	largo	plazo.
Universidad	de	Investigación	de	Tecnología	Experimental	–	YACHAY,	ubicada	en	Urcuquí	(Provincia	de	Imbabura),	desarrollará	las	líneas	de	investigación	de	Ciencias	de	la	Vida,	Nanociencia,	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación,	Energía	Renovable	y	Petroquímica	entre	otras.	Universidad	Regional	Amazónica	–	IKIAM,	ubicada	en	Tena	(Provincia	de	Napo),	se	concentrará	en	la	formación	de	talento	humano	para	investigación	del	patrimonio	biogenético,	ciencias	de	la	tierra	y	ciencias	geográficas;	ofreciendo	carreras	en	petróleo	y	minería,	y	manejo	ambiental.	Universidad	Nacional	de	Educación	–	UNAE,	con	sede	en	Azogues,	se	concentrará	en	la	formación	de	docentes	y	ofrecerá	licenciaturas	en	Educación	General	Básica,	Matemáticas	y	Lengua.	Universidad	de	las	Artes,	localizada	en	Guayaquil,	ofrecerá	carreras	en	cine	y	audiovisuales,	artes	literarias	interculturales,	artes	escénicas,	artes	visuales	y	aplicadas,	y	artes	musicales	y	sonoras.	La	creación	de	estas	cuatro	universidades	constituye	la	mayor	apuesta	por	el	cambio	dela	matriz	productiva	y	la	soberanía.
TRATADOS	E	INSTRUMENTOS	INTERNACIONALES	APROBADOS
Entre	mayo	y	diciembre,	la	Asamblea	Nacional	debatió	y	aprobó	los	siguientes	tratados	e	instrumentos	internacionales	puestos	en	conocimiento	por	el	Presidente	de	la	República	posterior	a	la	revisión	de	la	Comisión	de	Soberanía,	Integración,	Relaciones	Internacionales	y	Seguridad	Interna:	1.	Protocolo	Adicional	al	Tratado	Constitutivo	de	UNASUR	sobre	Compromiso	con	la	Democracia	(Aprobado	en	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	04.06.2013).	2.	Memorando	de	Entendimiento	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	de	Sudáfrica,	sobre	Cooperación	en	Asuntos	de	Defensa	e	Industrial.	(Aprobado	en	el	Pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	04.06.2013).	3.	Convenio	Internacional	del	Cacao.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	04.06.2013).	4.	Protocolo	de	Montevideo	sobre	Compromiso	con	la	Democracia	en	el	MERCOSUR	(USHUAIA	II).	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	11.07.2013).	5.	Convenio	de	Seguridad	Social	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	del	Perú.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	11.07.2013).	6.	Convenio	de	Cooperación	sobre	Asistencia	Jurídica	Mutua	en	Materia	Penal	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	de	Cuba.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	08.08.2013).
7.	Convenio	No.	189	de	la	OIT	sobre	el	Trabajo	Decente	para	las	Trabajadoras	y	los	Trabajadores	Domésticos.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	05.09.2013).	8.	Convenio	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	de	Corea	para	Evitar	la	Doble	Tributación	y	Prevenir	la	Evasión	Fiscal	respecto	a	Impuestos	sobre	la	Renta.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	A samblea	Nacional	el	05.09.2013).	9.	Memorando	de	Entendimiento	entre	la	República	de	Ecuador	y	la	República	de	Guatemala	sobre	el	Combate	al	Tráfico	Ilícito	de	Migrantes	y	Protección	de	las	Víctimas.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	A samblea	Nacional	el	22.10.2013).	10.	Resolución	que	aprueba	el	Convenio	de	Cooperación	Económica	y	Técnica	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	Popular	China.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	03.12.2013).	11.	Resolución	que	aprueba	el	Acuerdo	entre	la	República	del	Ecuador	y	la	República	Popular	China	para	evitar	la	doble	imposición	y	prevenir	la	evasión	fiscal	con	respecto	a	los	impuestos	sobre	la	renta.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	03.12.2013).	12.	Resolución	que	aprueba	el	Acuerdo	sobre	residencia	para	nacionales	de	los	Estados	Partes	del	MERCOSUR,	Bolivia	y	Chile.	(Aprobado	por	el	pleno	de	la	Asamblea	Nacional	el	03.12.2013).
COMISIÓN	PERMANENTE	DE	DERECHOS	COLECTIVOS	COMUNITARIOS	Y	LA	INTER-­‐ CULTURALIDAD
La	Comisión	Especializada	Permanente	de	Derechos	Colectivos,	Comunitarios	y	de	la	Interculturalidad	orienta	su	tarea	legislativa	al	reconocimiento	y	garantía	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas,	comunas,	comunidades,	pueblos	y	nacionalidades	que	conforman	el	Estado	Ecuatoriano	Intercultural.	Esta	Comisión	ha	tenido	como	eje	central	de	su	actividad	durante	esta	etapa	del	periodo	legislativo,	la	construcción	y	tratamiento	del	Proyecto	de	Ley	Orgánica	de	los	Consejos	Nacionales	para	la	Igualdad,	cuerpo	normativo	que	tiene	por	finalidad	definir	la	institucionalidad	y	conformación	de	los	Consejos	Nacionales,	en	atención	a	las	temáticas	constitucionalmente	definidas.	Para	el	efecto,	a	más	del	análisis	y	debate	llevados	a	cabo	dentro	de	la	Comisión,	ha	sido	una	constante	la	generación	de	espacios	de	participación	de	los	diferentes	actores	involucrados:	representantes	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	expertos	nacionales	e	internacionales,	funcionarios	de	entidades	gubernamentales	de	planificación,	control	y	ejecución,	dentro	del	escenario	de	la	participación,	construcción,	transverzalización	y
ejecución	de	la	política	pública.	La	Comisión	de	Derechos	Colectivos	Comunitarios	y	la	Interculturalidad	trabajó	en	la	construcción	del	Informe	Técnico	para	la	Declaratoria	de	Interés	Nacional	de	la	Explotación	de	los	Bloques	31	y	4 3.	Este	informe	reconoce	el	carácter	irreductible	de	la	zona	intangible	y	resalta	el	deber	del	Estado	para	garantizar	la	vida	de	los	pueblos	en	aislamiento.	Así	mismo	señala	la	importancia	de	cumplir	con	las	normas	legales	de	consulta	previa	informada	en	caso	de	exploración	y	explotación	de	recursos,	tal	como	lo	señala	la	Constitución.
La	Comisión	de	Derechos	Colectivos	Comunitarios	y	la	Interculturalidad	trabajó	en	la	construcción	del	Informe	Técnico	para	la	Declaratoria	de	Interés	Nacional	de	la	Explotación	de	los	Bloques	31	y	43.	Este	informe	reconoce	el	carácter	irreductible	de	la	zona	intangible	y	resalta	el	deber	del	Estado	para	garantizar	la	vida	de	los	pueblos	en	aislamiento.	Así	mismo	señala	la	importancia	de	cumplir	con	las	normas	legales	de	consulta	previa	informada	en	caso	de	exploración	y	explotación	de	recursos,	tal	como	lo	señala	la	Constitución.
DELEGACIONES	OFICIALES
Visita	protocolaria	y	reunión	de	trabajo	con	Embajador	de	Irán
Visita	oficial	a	Corea	y	Vietnam	en	compañía	del	Señor	Canciller	Ricardo	Patiño
Visita	protocolaria	del	Señor	Embajador	de	Rusia
Rendición	de	Cuentas	2013	El	deber	de	legislar	implica	la	construcción	de	relaciones	de	diálogo	donde	codo	a	codo	se	construyen	nuevas	perspectivas	sobre	las	soluciones	que	en	conjunto	daremos	frente	a	las	demandas	sociales	y	políticas	planteadas.	La	oportunidad	de	conocer	las	necesidades	y	perspectivas	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	así	como	de	representantes	de	países	amigos,	alimenta	la	lucha	por	los	objetivos	propuestos	y	enciende	nuestros	compromisos.
Visita	protocolaria	de	la	Coordinadora	Nacional	Campesina	“Eloy	Alfaro”
Ceremonia	oficial	de	conmemoración	de	los	191	años	de	la	Batalla	de	Pichincha
Construyendo	el	debate	y	la	participación.
Visita	y	reunión	de	trabajo	con	el	Grupo	de	Mujeres	Políticas
El	período	m ayo	a	diciembre	fue	de	constante	diálogo	con	medios	de	comunicación.	Durante	estos	meses	se	ha	desarrollado	entrevistas	de	radio,	televisión	y	prensa	escrita;	así	como	una	permanente	participación	en	foros,	plenarios	y	talleres	organizados	por	la	sociedad	civil.	La	información	y	el	debate	son	la	base	para	la	construcción	no	solo	de	mejores	cuerpos	legales	sino	de	la	sociedad	que	queremos.	Es	importante	reconocer	la	apertura	de	los	espacios	de	diálogo	y	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	los	temas	de	interés.
La	sociedad	ecuatoriana	y	la	juventud	incrementa	día	a	día	su	interés	y	se	empodera	de	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	Esto	retroalimenta	los	procesos	de	construcción	política.	Más	allá	de	los	logros	alcanzados	en	este	período,	en	cada	aproximación	a	la	sociedad	civil	y	a	los	medios	de	comunicación	el	debate	propone	no	sólo	cumplir	con	el	principio	de	transparencia	de	la	información	y	el	acceso	a	esta,	sino	con	la	corresponsabilidad	de	cada	una	de	las	y	los	ciudadanos	en	el	proceso.	Siempre,	el	diálogo	y	la	participación	son	bienvenidas!
Asamblea	Nacional	REPÚBLICA	DEL	ECUADOR
Rosana	Alvarado
rosana.alvarado@asambleanacional.gob.ec	@alvaradorosana	Quito,	Ecuador
RosanaAlvaradoRendicionCuentas2013
Rendición Cuentas Mayo - Diciembre 2013
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