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Timestamp: 2019-06-24 21:34:31
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Colección latinoamérica - página 4
stocks acumulados? El Manchester Guardian tocaba en la llaga al comentar: “Es muy edificante leer en la prensa norteamericana que en caso de desórdenes en México, las reservas de las distintas variedades de petróleo existentes en Estados Unidos puedan bastar a las necesidades de la industria durante nueve meses, periodo razonable de duración de una revolución bien organizada.” Más contundente fue la opinión de M. T. S. Hogan, senador por Montana que en un artículo publicado en el Petroleum Magazine, expresó: “La Standard Oil nos complicó en la mayor parte de las dificultades internacionales; así, su intento de coacción sobre el gobierno mexicano, realizado con el fin de obtener la derogación de la Constitución de 1917, Constitución votada por el pueblo mexicano dentro de los límites incuestionables de su soberanía nacional; tal conducta representa el acto más audaz y asombroso de nuestra historia.”
La situación financiera mexicana era grave. Después de años de caos revolucionario, no se había podido atender al pago de intereses de la deuda externa, que ascendía anualmente a 4 millones de libras. Con la tasa dispuesta por Obregón, no sólo se habría podido pagar ese interés sino dedicar parte de lo recaudado a la amortiza­ción de la deuda, procurándose así el restablecimiento del país. Barcia Trelles anota que “tal vez a intereses petroleros no convenía esa restauración nacional...”.
Con todo, la situación comenzó a mejorar para México cuando, por efectos de las contradicciones de intereses de las empresas petroleras, éstas se decidieron a pagar al fisco 8 millones de dólares, a cuenta de lo adeudado por el derecho de exportación. La Corte Suprema de México, por su parte, contribuyó a disminuir la tirantez, al declarar la no retroactividad del artículo 27 de la Constitución en ocasión del juicio de amparo entablado por la Texas Oil Company. Vista esta circuns­tancia y ante la posibilidad de que nuevos fallos confirma­ran ese criterio, la Cámara de Representantes mexicana, al reglamentar en 1923 las disposiciones del artículo 27, sugirió que las compañías renovaran sus concesiones en el plazo de tres años.
La tirantez disminuyó algo más cuando México reanudó el pago de su deuda externa. Por lo tanto, el 5 de septiembre de 1922, las compañías pagaron sus impuestos. Desde meses atrás, un comité de banqueros presidido por Thomas W. Lamont, del grupo Morgan, había aprobado las bases de un arreglo, mediante el cual México reconocía una deuda de 1.400 millones de pesos, incluidos los intereses no pagados desde 1914. El primer pago se hizo el 2 de enero de 1923, pero el segundo debió ser suspendido, a raíz de la revolución de Adolfo de Huerta contra Obregón.
El presidente se negó durante un tiempo, con acierto, a condicionar a un tratado previo su reconocimiento; pero por último, transó. Se celebró un acuerdo, según el cual los propietarios norteamericanos serían resarcidos con bonos federales en concepto de indemnización, por las tierras expropiadas para dotar de ejidos a los pueblos; y se dispuso que el avalúo de las tierras no estaría sujeto a declaraciones fiscales, creándose además una comisión mixta de reclamaciones. En cuanto al petróleo, se admitía la subsistencia de los derechos anteriores al 1 de mayo de 1917, en los casos en que el propietario hubiera ejecutado actos positivos de posesión; en caso negativo, su solicitud sería preferida a la de otras personas. Como Hughes no aceptó la distinción, se convino que una comisión de reclamaciones estudiaría las quejas que se suscitaran.
Los convenios firmados, conocidos en el nombre de Tratados de Bucareli, revestían carácter simplemente ejecutivo. Las comisiones debían resolver las quejas de ciudadanos de ambos países desde el 4 de julio de 1868 y los daños originados a partir del 20 de noviembre de 1910 hasta el 31 de mayo de 1920. Sólo entonces, y siendo presidente el sucesor de Harding, el 31 de agosto de 1923, fue reconocido Obregón, aunque a regañadientes. Las relaciones cobraron entonces alguna cordialidad, al punto que cuando sucedió la rebelión de Adolfo de la Huerta, la Unión proveyó de armas y créditos a México.
El presidente Harding había fallecido el 2 de agosto de 1923. Oficialmente se anunció que la causa fue un síncope, aunque las versiones posteriores fluctuaban entre sospechas de suicidio e incluso de asesinato por envenenamiento.
Las investigaciones presididas por el senador Walsh, de Montana, estaban demostrando el clima de corrupción en que se desenvolvía la administración de Harding.
Este apenas alcanzó a ser testigo de los golpes asestados a su prestigio. Cuando hastiado de las primeras acusaciones hechas públicas, consideró conveniente des­cansar, emprendió un viaje a Alaska. A la altura de Kansas City, la esposa del ministro Fall ascendió al tren presidencial e informó a Harding que el Post-Dispatch, de St. Louis, tenía en su poder, a punto de ser publicadas, las pruebas de los “negocios” de su esposo. Ya en Alaska, otro mensajero entrevistó a Harding. Había llegado en avión, lo que para la época era extraordinario; nunca se supo quién era y sobre qué habló con el presidente, aunque se sospecha que fue alguien de la “pandilla de Ohio”.
Lo cierto es que a partir de ese momento la salud de Harding decayó. No pudo volver a dormir acostado normalmente. En Seattle, ya de regreso, sufrió un ataque cardiaco, que fue diagnosticado como indigestión, dando lugar a los primeros rumores sobre su muerte. Descansó, se sintió mejor y logró que los médicos no se opusieran a la continuación del viaje. Una vez que llegó a San Francisco, bajó del tren y saludó al público que se había congregado en el andén. Pero tan pronto llegó a sus habitaciones del Palace Hotel, cayó en una especie de semiestupor del que insensiblemente pasó instantes más tarde a la muerte.
No habían terminado de comentar los diarios los funerales de Harding, cuando estalló el escándalo de las concesiones petroleras de Teapot Dome, una reserva naval, que fue enajenada en provecho del grupo de Fall cubriendo de ludibrio el nombre del recién fallecido mandatario.
Bajo tales auspicios se hizo cargo del poder el vicepresidente, Calvin C. Coolidge.
Hombre de apariencia sencilla, modesto siempre, sin dotes oratorias, poco amigo de hablar, serio y reflexivo, enemigo de la intriga y de la duplicidad. Así lo describe el profesor Strowski, su biógrafo. Nunca derrotado en cuantas elecciones presentó su candidatura, fue sucesiva­mente concejal, alcalde, senador provincial, presidente del Senado de Massachussets, su presidente luego, vicego­bernador del estado y finalmente gobernador. Con este carácter, en 1919, reprimió en Boston una huelga de agentes de policía disconformes con la paga que recibían; los huelguistas, para respaldar su pedido, se afiliaron a la Federación Norteamericana del Trabajo, a cuyo presiden­te, Samuel Gompers, escribió Coolidge una enérgica nota, sosteniendo que “no existe el derecho a declararse en huelga contra la seguridad pública por parte de ninguna persona, en ninguna parte y en ningún momento”. Esta carta fue el primer peldaño para su ascensión a la presidencia.
Para Morison y Commager, Coolidge era una “me­diocridad respetable”. Poco podía esgrimir a su favor en cuanto a ideas políticas y medidas constructivas, añaden, sosteniendo que “jamás habitó la Casa Blanca hombre más negativo, hasta el extremo de que se le recuerda, principalmente, por sus vetos”.
Lo más destacable, empero, de Coolidge, eran sus constantes invocaciones religiosas, puritanas, en mezcla estrecha con las de carácter comercial. Esa revulsiva mixtura puede encontrarse con creces en su libro El precio de la libertad.
Salvo el reemplazo de los hombres controvertidos del gabinete Harding, Coolidge conservó a los restantes hasta el término del período presidencial, que se cumplió en marzo de 1925. En 1924, la convención del Partido Republicano lo eligió para cumplir un periodo completo. Enfrentó en la oportunidad al demócrata John W. Davis, a quien derrotó por 15.725.000 votos contra 8.386.500.
La presidencia de Coolidge iba a caracterizarse por una gran prosperidad en los negocios, prosperidad engaño­sa que en poco tiempo más conduciría a la catástrofe económica más pavorosa de todos los tiempos. Mellon y Hoover, los ministros que tenían los resortes financieros y comerciales del país en sus manos, aplicaron alegremen­te desde sus puestos, desde 1921 en adelante, el lema de que todo lo que fuera prosperity estaba consubstanciado con las mejores tradiciones del país. No eran financieros, apenas si hombres de negocios. Como secretario de Comercio, Herbert C. Hoover inauguró una política de alianza del gobierno con las grandes asociaciones comer­ciales y las compañías poderosas. “Estamos pasando —decía— de un periodo de extremo individualismo a un periodo de actividades asociadas.”
Para el excelente cronista F. L. Allen, la política del gobierno de Coolidge consistió en “cobrar el dinero que se le debía, incluso a costa de considerables resentimien­tos, mantener una atenta vigilancia sobre la expansión del imperio financiero norteamericano y dejar las cosas como estaban en todos los restantes aspectos”; además, mantuvo el statu quo “en beneficio del mundo de los negocios”, de una manera tal, que “el supremo dios del lucro” reinó omnipotente durante su presidencia, y él mismo “tuvo la fortuna de convertirse casi en un semidiós al rendir discreta pleitesía ante el altar de Mammón20”.
Con fama de ser muy parco, las pocas veces que hablaba, si se decidía por ser inteligible, no dejaba dudas en cuanto a lo que pensaba en su estrecho mundo intelectual, porque al menos sobre economía tenía ideas francas: “En nuestros días no se registra ninguna tendencia a menospreciar las ventajas personales, o a despreciar lo que nosotros llamamos negocios prácticos [...]. No necesitamos más poder intelectual, precisamos más poder moral [...]. No necesitamos más leyes, necesita­mos más religión. No necesitamos más de aquellas cosas visibles, sino más de aquéllas que no se ven21.”
El Silencioso Cal, como le llamaban sus amigos, tenía una particular concepción sobre el valor de las cosas “que no se ven”, como lo demostró la más famosa de sus frases como presidente: “Los asuntos más importantes de Estados Unidos son los buenos negocios.” Llevada esta concepción al ámbito de la política internacional, también acuñó una advertencia histórica para todo aquél que pretendiese lesionar los sacrosantos intereses de los ciudadanos de su patria en el exterior: “Debemos estar preparados para una intervención armada [...] en cual­quier parte del globo en donde el desorden y la violencia amenacen los pacíficos derechos de nuestro pueblo22.”
Coolidge, reelecto presidente en las elecciones de noviembre de 1924, asumió oficialmente su mandato en marzo de 1925. El 1 de diciembre anterior, en México, había asumido la presidencia el general Plutarco Elías Calles. Más lejos, hacia el sur, en Nicaragua, también se inauguraba en esos meses un nuevo gobierno. La historia iba a enlazar poco después a los tres países en un azaroso litigio.
Diego Manuel Chamorro duró poco en la presidencia de Nicaragua. La asumió mediante elecciones fraudulen­tas el 1 de enero de 1921, sucediendo en el poder a su sobrino, el general Emiliano Chamorro —el de la triste fama de haber suscrito el tratado Bryan-Chamorro—, de quien esperaba, en 1925, la devolución de la silla presidencial. Sin embargo, para congoja de Emiliano, su tío murió en 1923 de una enfermedad común a los ancianos, como suele ocurrir con cualquier mortal. De donde la presidencia pasó a manos del vicepresidente, Bartolomé Martínez, quien por no sentirse demasiado ligado a la prolífica familia Chamorro, consintió la realización de elecciones no maculadas por prácticas corruptas y en un clima de garantías comiciales.
Se celebraron el primer domingo de octubre de 1924, poniéndose en vigor, bajo la supervisión del Departamen­to de Estado norteamericano, una nueva ley electoral. Participaron en la liza Emiliano Chamorro, en represen­tación del Partido Conservador y en oposición a éste, una fórmula surgida de una coalición circunstancial del Partido Liberal, el Partido Unionista Centroamericano y el Partido Progresista, más sectores moderados del conservatismo. A este último grupo pertenecía el candida­to de transacción, Carlos Solórzano, siendo su compañero de fórmula el liberal Juan Bautista Sacasa.
El triunfo del binomio Solórzano-Sacasa no dejó satisfecho al perdedor, quien con su vieja costumbre de conspirador afortunado, comenzó inmediatamente a ur­dir el derrocamiento del nuevo gobierno, que asumió el cargo el 1 de enero de 1925. Había un obstáculo en su camino, y era la presencia de tropas norteamericanas, que desde el 4 de octubre de 1912, se hallaban en Nicaragua con el pretexto de “resguardar” la Legación de Estados Unidos en Managua. El Departamento de Estado había notificado a Nicaragua, empero, que retiraría todas sus fuerzas de ocupación en cuanto se estableciese el nuevo gobierno. Su promesa no la llevó a la práctica sino hasta el 3 de agosto de 1925, es decir, ocho meses después. El 28 de aquel mismo mes, Chamorro producía un conato de sublevación en la fortaleza de Campo de Marte, mediante uno de sus adictos, el general Alfredo Rivas.
El Departamento de Estado respondió horas más tarde despachando naves de guerra al puerto de Corinto y recordando públicamente, que de acuerdo con los Tratados de Paz y Amistad celebrados en Washington el 7 de febrero de 1923, en comunión con las cinco repúblicas centroamericanas, no consideraría legítimo a gobierno alguno que surgiese “por un golpe de Estado o de una revolución contra un gobierno reconocido”, como era el caso del de Solórzano-Sacasa.
Aquella primera finta o tanteo, para medir los reflejos de Washington, fue seguida de un cuartelazo del propio Chamorro el 25 de octubre, con la toma de la fortaleza de La Loma; pero en previsión del no reconoci­miento, no privó a Solórzano de su título presidencial, a pesar de que éste presentó su renuncia. Se contentó con hacer que designara un nuevo gabinete integrado con hombres de su entera confianza, y se hizo nombrar senador de oficio. Mientras el vicepresidente Sacasa, perseguido por las huestes de Chamorro en cuanto formuló el reclamo de la presidencia constitucional que le correspondía, abandonaba el país, el jefe faccioso purgaba de elementos liberales el cuerpo legislativo, preparando la mascarada de una legalidad que facilitase su nuevo acceso al poder.
A instancias suyas, el Congreso nicaragüense dio “permiso por tiempo indefinido” a un supuestamente enfermo Solórzano. Y si bien correspondía suplir la acefalía con el vicepresidente Sacasa, por hallarse éste “ausente del país” y por razones de Estado que no admitían demora, el cuerpo legislativo optaba por desig­nar presidente a uno de sus miembros, casualmente el general Emiliano Chamorro, quien asumió la patriótica carga en enero de 1926. La trama era tan burda como obvia, y el Departamento de Estado insistió en no dar su reconocimiento al jefe conservador. Mientras tanto, Sacasa se movía en México y lograba movilizar a exiliados liberales que en pequeños destacamentos, comenzaron a infiltrarse en Nicaragua por mar y a hostilizar a las tropas de Chamorro, a las que a la vez, y por decisión propia, respaldaba el comandante norteamericano de la Constabulary local, mayor Calvin B. Carter. Cuando éste apoyó a Chamorro, fue denunciado por los liberales; el acusado respondió contraacusando a éstos de recibir apoyo del presidente mexicano Plutarco Elías Calles.
Entonces, por primera vez, se mencionó la posibilidad de que el conflicto se internacionalizara.
El que lo sugirió fue el nuevo secretario de Estado, Frank Billings Kellogg, quien había sido designado por Coolidge en reemplazo del jurista Charles Evans Hughes.
Las relaciones entre los gobiernos de Coolidge y Calles fueron, desde un primer momento, poco cordiales. Calles, como antiguo miembro del gabinete de Álvaro Obregón, conocía sobradamente las presiones de que éste había sido objeto por parte de los grupos de poder, de los cuales Coolidge era un conspicuo exponente.
Forjado en la escuela del México revolucionario de los tres lustros previos, Calles estaba animado de inspiraciones nacionalistas y populares. Estaba considera­do como el representante del ala izquierda del grupo de Agua Prieta y entre sus primeras medidas de gobierno figuró la de “continuar con mayor empeño la formación de organizaciones obreras y campesinas” para aumentar la base de su poder, a cuyo efecto y durante la primera etapa de su mandato, “adoptó posiciones más o menos consecuentes con su prestigio como líder progresista y revolucionario”23.
El historiador Meyer observa que durante la prime­ra fase del gobierno de Calles fue visible el intento de éste por lograr que “el desarrollo del país quedara en manos nacionales y el capital extranjero pasara a ocupar un lugar secundario”, y que esa intención estaba explícita en un artículo que con su firma se publicó en Foreign Affairs en octubre de 1926, en el que señaló que el propósito central de su gobierno era “destruir ciertas ventajas de que habían venido disfrutando pequeños pero poderosos grupos, optando por el bienestar de las mayorías”, un propósito que quedaría trunco debido a que “la situación interna e internacional no habría de favorecer tampoco este esfuerzo nacionalista que terminó en un fracaso”24.
El litigio en que se enzarzarían Coolidge y Calles se remontaba a los orígenes mismos de la Revolución Mexicana y tenía como motivo fundamental el petróleo. Calles había sido testigo de cuánto había costado a Obregón ceder en los llamados Tratados de Bucareli —agosto de 1923—, merced a los cuales Estados Unidos se avino a reconocer su gobierno. De ahí que desde los primeros meses de su mandato, procuró poner remedio definitivo al ambiguo status que permitía a Washington ejercer presiones intermitentes e indebidas en desmedro de la soberanía nacional de México; y a ese efecto designó, en febrero de 1925, una comisión cuyo fin era el de redactar un nuevo proyecto de ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, en el rubro atinente al petróleo.
A pesar de que el organismo sesionaba en forma reservada en el Congreso y no había confeccionado texto alguno de carácter público, llegan ciertas filtraciones a oídas del embajador estadounidense en México, James R. Sheffield, quien las transmite al secretario de Estado, Kellogg: la reglamentación en ciernes perjudicará los intereses de las empresas petroleras norteamericanas. Kellogg, hombre vinculado, como todos sus colegas del gabinete Coolidge, a los grandes consorcios financieros e industriales de su patria, senador por Minnesota entre 1916 y 1923 y hasta poco antes embajador en Gran Bretaña, era un político provinciano elevado por su amistad con Coolidge al rango de canciller, cargo desde el cual asociaría su nombre al pacto de desarme mundial, tan inútil como tantos otros del mismo signo, conocido como Tratado Briand-Kellogg, gracias al cual, en 1929 sería galardonado con el Premio Nóbel de la Paz.
Ironías de la historia, esta presunta paloma, alma seráfica y pacifista, colocaría a su país al borde de la guerra con México y de hecho, sería quien, comportándo­se como tantos otros halcones de la diplomacia de su patria, iniciaría la sangrienta invasión de Nicaragua, en donde la guerra continuaría en momentos en que en Estocolmo se le consagraba como príncipe de la paz. Los poderosos intereses del petróleo inducirían ambos con­flictos.
Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había producido y consumido unas tres cuartas partes de la producción mundial de petróleo, y en la posguerra el consumo no sólo no descendió sino que tendió a aumentar junto con la masiva producción de automóviles y el empleo de combustible hidrocarbúrico en los barcos y en la naciente aviación, sin contar con los requerimientos normales de la industria. El crecimiento del consumo fue aliciente para la guerra secreta por la posesión de yacimientos de petróleo, que abarcó a todo el mundo. México ya había sido escenario de esa guerra oculta en la década previa, y lo seguiría siendo en la de los veinte.
El fuego contra Calles fue roto por Kellogg el 12 de junio de 1925, mediante una declaración en la que se expresaba que las relaciones con México “son amistosas, pero no enteramente satisfactorias”. Añadía que esperaba que el gobierno mexicano restaurara “las propiedades ilegalmente tomadas” e indemnizara a los ciudadanos norteamericanos “por las propiedades que les hayan sido incautadas”. A continuación, aludía a informaciones periodísticas “acerca de que otro movimiento revolucio­nario puede estarse preparando”, para agregar que su gobierno continuaría apoyando al de México sólo mien­tras éste protegiese las vidas y los intereses norteamerica­nos, y cumpliese con sus compromisos y obligaciones internacionales”. Acto seguido disparaba la amenaza: “El gobierno de México está ahora a prueba ante el tribunal del mundo [...]. Nosotros hemos sido pacientes y nos damos cuenta, desde luego, que requiere tiempo instituir un gobierno estable; pero no podemos tolerar la violación de sus obligaciones y el que deje de proteger, a los ciudadanos norteamericanos25.”
Dos días después, el agredido gobierno de Calles respondía con altivez al de Coolidge. Luego de puntualizar todas las medidas adoptadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales por los daños sufridos por ciudadanos o súbditos extranjeros durante los trastornos políticos habidos en e! país, y de recordar que existía una convención con Estados Unidos para resolver las recla­maciones de sus ciudadanos, “en los casos en que puedan haberse afectado bienes o derechos”, por lo que era inconducente “hacer cargos a México por falta de protección a los intereses norteamericanos y por infrac­ción a sus deberes internacionales”, la respuesta contenía estos párrafos:
Es de lamentarse la contradicción que se encuen­tra en las declaraciones del señor Kellogg, al manifestar el interés de los Estados Unidos por la conservación del orden en México y la estabilidad de su gobierno y al asentar, a la vez, que se tienen noticias de movimientos revolucionarios, pues esta última afirmación tiende a sembrar alarma en el mundo, en cuanto a las condiciones en que se encuentra mi país; y por último, la declaración de que el gobierno de Estados Unidos continuará apoyando al gobierno de México únicamente, en tanto que proteja los intereses y las vidas de ciudadanos norteamericanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales, entraña una amenaza para la soberanía de México, que éste no puede dejar pasar inadvertida y que rechaza con toda energía, porque no reconoce a ningún país extranjero el derecho de intervenir en cualquier forma en sus asuntos interiores, ni está dispuesto a subordinar sus relaciones internacionales a las exigencias de cual­quier otro país [...].
Si el gobierno de México se halla, según se afirma, sujeto a juicio ante el mundo, en el mismo caso se encuentran tanto el de Estados Unidos, como los de todos los demás países; pero si se quiere dar a entender que México se encuentra sujeto a juicio, en calidad de acusado, mi gobierno rechaza de una manera enérgica y absoluta semejante imputación, que en el fondo sólo constituye una injuria. Para terminar, declaro que mi gobierno [...] de ninguna manera admitirá que un gobierno de cualquier nación, pretenda crear en el país una situación privilegiada para sus nacionales, ni aceptará tampoco injerencia alguna extraña, que sea contraria a los derechos de soberanía de México.
La digna respuesta de Calles no sólo encontró inmediato respaldo del pueblo mexicano, sino que hasta en los propios Estados Unidos, influyentes periódicos, como el Washington Post y el New York World, así como el semanario New Republic, censuraron acerbamente al secretario Kellogg. Pero la amenaza de éste, no por velada y arbitraria, podía ser soslayada o despreciada. No habían desaparecido totalmente los rescoldos de la rebelión que Adolfo de la Huerta había encabezado contra Álvaro Obregón y sibilinamente Kellogg le recordaba a Calles que si aquella revuelta pudo ser sofocada por la ayuda que en armas facilitó Estados Unidos al gobierno de Obregón, al que reforzó mediante su reconocimiento diplomático, del mismo modo podía azuzar nuevos levan­tamiento armados y hasta retirar su representación en México.
Como sostiene un historiador norteamericano, “aun antes de que se promulgara la serie de leyes que serían causa de que se turbaran las relaciones entre los dos países, Kellogg provocó a los funcionarios mexicanos”26. Provocación fue, en efecto, y gratuita por añadidura, pero tenía el fundamental objetivo de los esporádicos rebrotes rebeldes y no mucho después, el enfrentamiento con la Iglesia, que se traduciría en la llamada Guerra Cristera. Pero la torpeza de Kellogg no hizo sino favorecer a Calles, al activar el orgullo nacional mexica­no. El propio ex presidente Obregón le envió un telegrama de irrestricto apoyo:
“Considero tus declaraciones rechazando gratuitas imputaciones del secretario Kellogg, salvaguardan nues­tro decoro. Secretario Kellogg simula ignorar que hechos pasados han demostrado [...] que en México pueden existir y funcionar normalmente gobiernos emanados de la voluntad popular, substraídos a la simpatía oficial de la Casa Blanca [...]. Las declaraciones del señor Kellogg son desconcertantes, pero ninguna como aquélla en que asume el papel de Ministerio Público, para decirle al mundo que México está en el banquillo de los acusados. Yo no he podido descubrir detrás de las declaraciones del secretario Kellogg la silueta del pueblo norteamericano, y otra muy distinta es la que en ellas se perfila27.”
Por unas semanas parecieron desvanecerse los nuba­rrones de la confrontación y como un signo augural para Calles, el 28 de agosto, México y Gran Bretaña reanuda­ban relaciones diplomáticas, de mucho antes interrumpi­das. Aquel mismo año Calles las había establecido con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo el primer país del continente americano en dar ese paso, considerado osado en su época.
El 26 de septiembre, el Congreso mexicano conoció el primer dictamen sobre el proyecto de reglamentación del artículo 27: serían confirmados solamente los derechos de los poseedores de terrenos petroleros que hubiesen iniciado sus trabajos de explotación (actos positivos de propiedad) con anterioridad al 1 de mayo de 1917, fecha de sanción de la Constitución; pero sus títulos, considera­dos precarios, debían ser permutados por concesiones gubernamentales expresas, cuyo término no podía ser superior a los cincuenta años.
Al mes siguiente, y en tanto se consideraba aquel proyecto, Calles presentaba al Congreso otro, destinado a reglamentar la fracción I del mismo polémico artículo, que aunque no se refería a la industria petrolera, “sí presentaba un cierto peligro para ésta al reiterar una disposición presente en legislaciones anteriores, prohi­biendo a individuos o corporaciones extranjeros poseer terrenos en una faja de 50 y 100 km, que corría a lo largo de costas y fronteras respectivamente. Y buen número de terrenos petroleros estaban muy cerca de la costa del Golfo de México”28.
Lorenzo Meyer menciona, además, que a mediados de ese mes de octubre el Departamento de Estado notificaba al embajador mexicano en Washington que “las empresas petroleras se mostraban cada vez más insatisfechas”; y que a mediados de noviembre es el embajador Sheffield quien escribe a Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores, sugiriéndole que “hay nubarrones en el horizonte de la amistad mexicano-norteamericana”.
El 26 de noviembre, la Cámara de Diputados mexica­na aprueba por 136 votos contra 1 el proyecto de la Comisión Mixta, lo que motiva una nueva presentación de Sheffield a Sáenz, en la que menciona la aprensión de muchos, si no todos los norteamericanos, tenedores de derechos de propiedad en México, puesto que “en algunos de sus aspectos, la medida opera retroactivamente, y su efecto es manifiestamente confiscatorio”, dicho esto con la salvedad de que no desconocía “el derecho de cualquier otro gobierno de reglamentar por legislación, la detenta­ción de la propiedad como una cuestión puramente doméstica”.
Para entonces, según Meyer, las compañías nortea­mericanas tenían “ya en su poder documentos confiden­ciales sustraídos de la Secretaría de Industria”, de cuyo texto deducían, como lo hicieron saber a Kellogg, que México preparaba “una legislación petrolera retroactiva y anticonstitucional”. El secretario Sáenz, que por entonces desconoce esa circunstancia, afronta la nueva insolencia del embajador Sheffield, a la que considera una indebida intromisión, puesto que el proyecto tiene media sanción, requiere la del Senado y la ratificación del Ejecutivo para que opere con efecto de ley. En nota del 5 de diciembre se extraña de que el gobierno de Estados Unidos se dirija al de México, “haciendo representaciones sobre la legislación pendiente y la cual, precisamente por estar en estado de formación, no puede causar ningún perjuicio actual a los ciudadanos norteamericanos”, y por lo demás, podría creerse “que se trata de hacer presión sobre los cuerpos legislativos, para que la legislación en proyecto no sea aprobada”.
Puesto en su lugar con estas y otras razones medidas y ponderadas, Sheffield no cesa en sus protestas y advertencias verbales, en concierto con las empresas, una de las cuales, la Standard Oil, llega a amenazar con su retiro del país. También la poderosa Asociación de Productores de Petróleo en México (APPM) exige a Washington que “protestara sin rodeos”.
El ambiente estaba ya totalmente caldeado:
[...] En México se recibían constantemente infor­mes procedentes de los consulados en Norteamérica sobre la organización de un movimiento anticallista en Estados Unidos y sobre el posible apoyo que este movimiento recibía del gobierno de ese país, de las compañías petroleras norteamericanas y de otros intereses menores. A fin de cuentas, esta actividad subversiva no se materializaría, pero el gobierno de Calles nunca pudo estar seguro de que así sería.
El objetivo perseguido por Calles al favorecer una ley petrolera que se apartara un tanto de lo convenido entre el Departamento de Estado y Obregón, era estructurar las relaciones políticas de México con Estados Unidos sobre bases diferentes, que disminuyeran un tanto la relación de dependencia forjada durante el porfiriato. La legislación sobre los hidrocarburos era el punto neurálgico exacto para intentar encauzar al país por una vía que redujera la dependencia de Washington. Esta posi­ción de Calles fue vista en ciertos círculos norteamericanos no como una política antiimperialista, sino anticapitalista [...].
Antes de presentar y aprobar la nueva legislación [...] varios miembros del Congreso discutieron con Calles las posibles consecuencias internacionales de su acción; éste les manifestó que en última instancia, estaba decidido a caer, pero no a transigir; los legisladores siguieron entonces adelante. Como miembro de los altos círculos de Carranza y Obregón, bien sabía Calles de los riesgos que su empresa entrañaba [...]29.
Así pues, el 31 de diciembre de 1925, nueve años después de promulgada la Constitución de Querétaro, se aprueba la primera ley orgánica del artículo 27 en lo atinente al petróleo. En su Mensaje de Año Nuevo, que Calles adelanta a la prensa ese mismo día, declara que el Ejecutivo, con la cooperación de los otros poderes y apoyado por la gran masa del país, ha logrado en buena parte “formar y perfeccionar legalmente todo un sistema de reformas de justa y avanzada tendencia social y de fuerte sabor nacionalista”, obra para la cual “no ha sido inspirado por sentimientos egoístas ni menos por espíritu soberbio, ni por animadversión a extranjeros”, porque no está en su ánimo rehusarse a recibir “los beneficios de una colaboración internacional para el desarrollo del país”, a condición de que esa asistencia de los demás pueblos, “con sus energías morales y su capital”, tenga por valladar restrictivo el respeto a las leyes mexicanas y la “limitación única de que esa colaboración externa no llegue a traducirse en absorción, con perjuicio de los intereses nacionales”.
El conocimiento de las disposiciones de las leyes reglamentarias de los párrafos I y IV del artículo 27, a renglón seguido de su publicación en el Diario Oficial, provoca la primera orden del Departamento de Estado al embajador Sheffield —8 de enero de 1926—, para que objete el nuevo ordenamiento por estar en desacuerdo con los Tratados de Bucareli. El sector petrolero no acepta que deba solicitar la confirmación de sus derechos sobre los terrenos que posee, ni que tales derechos no sean a perpetuidad, ni que deban renunciar a pedir la protección de su gobierno en caso de litigio con el de México, ni que se les prive de sus posesiones en las proximidades de las costas y fronteras terrestres del país.
Calles contaba con poder dividir el frente de los propietarios petroleros norteamericanos entre sí, así como el de éstos con los británicos y holandeses. Y al principio la situación se orientó en esa dirección, alentada por muestras conciliatorias, tales como la respuesta de Sáenz —20 de enero de 1926— a Sheffield, informándole que había invitado a todas las empresas a unas pláticas para escuchar sus puntos de vista. Si bien el número de empresas que acató la nueva legislación superó al de las que la reprobaban, estas últimas representaban más del 70 por ciento de la producción y el 90 por ciento de los terrenos adquiridos antes de mayo de 1917, por lo que su peso y significación eran decisivos, y así lo utilizaron en forma directa ante Coolidge y Kellogg, o a través de Sheffield, al tiempo que se presentaban ante los tribunales mexicanos en demanda de amparo.
La estrategia de Kellogg consistió en atribuir a los Tratados de Bucareli, el valor equivalente al de un tratado internacional, tesis que Calles insistió en refutar, alegando que se trataba de enunciaciones de la posición coyuntural de la administración anterior —Álvaro Obregón—, en forma de pláticas reservadas, que carecían de la validez jurídica de un tratado entre naciones, que ni siquiera habían merecido la atención de los respectivos órganos legislativos. A su juicio, las conversaciones de 1923 sólo le obligaban en cuanto al establecimiento de las comisiones de reclamaciones. Posteriormente, esgrimirá el argumento que incluso el Congreso de Estados Unidos repudió los compromisos asumidos por el presidente Woodrow Wilson en Versailles, al término de la Primera Guerra Mundial, incluyendo la participación norteameri­cana en la Liga de las Naciones.
Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas, la presión de Washington se iba acentuando, aprovechando problemas internos que afrontaba Calles, y cuya culminación se expresaría con la sublevación de los indígenas yanquis y la Guerra de los Cristeros. Es posible que la conciencia de esa gravedad determinara en él y su secretario Sáenz, una crecientemente perceptible reduc­ción de sus posiciones intransigentes iniciales: “Calles no dejó de modificar su posición, según lo exigieran las circunstancias —apunta Meyer—, y en la nota de 27 de marzo de 1926 dejó abierta la posibilidad de que la Suprema Corte resolviera —como en tiempos de Obregón— si las leyes controvertidas tenían o no carácter retroactivo.” Se trataba de una válvula de escape, “para el caso de que la situación se tornara insostenible”.
Esa situación, en efecto, comenzó a bordear los límites de lo insostenible en la segunda mitad de 1926.
El 5 de agosto de 1926, el Supremo Consejo de los Caballeros de Colón —una organización católica integrista, con sede en Estados Unidos— resuelve en una reunión celebrada en Filadelfia, emprender una campaña “contra las ideas bolcheviques en el continente y combatir la situación reinante en México”, a cuyo efecto acuerda recolectar un millón de dólares entre sus afiliados.
Las medidas de carácter social adoptadas por Calles, son revestidas por los medios de información norteameri­canos con los atributos del comunismo soviético, al que en la nomenclatura de la época se le designaba como “bolchevismo” o “bolcheviquismo”.
Lorenzo Meyer observa que The Wall Street Journal atacó sistemáticamente, en 1926 y 1927, al presidente Calles, al que calificó de “ladrón y asesino”; que “aparte de las noticias relacionadas con la influencia bolchevique, que Calles propalaba en México y Centroamérica, algunos diarios llegaron a acusarle de estar negociando secreta­mente con Japón para cederle Baja California, con lo cual la amenaza de Calles para la seguridad norteamericana sería intolerable”; y que “a fines de 1926 aparecieron reportes en Estados Unidos sobre el pedido que hizo el Departamento de Estado a ciertos círculos periodísticos, para que enfatizaran el hecho de que México era un centro bolchevique”30.
La campaña se iba desenvolviendo en forma premedi­tada.
El 19 de octubre, un portavoz de la Casa Blanca —obviamente Kellogg— declaraba que la situación había cambiado poco, que los problemas pendientes con México no se habían resuelto y que el gobierno de Calles persistía en sus posiciones sobre las leyes de extranjería y petróleo. Todo sigue, empero, en el plano de la penumbra diplomática. El 29 de octubre, el dirigente socialista español y catedrático de Derecho Internacional, que ha sido invitado a dictar cursos en la Universidad Nacional de México, declara a un periodista:
Estados Unidos, al iniciar su expansión capitalista, va sometiendo a su poder político, más o menos encubiertamente, a los pueblos a quienes presta dinero. De este modo han ido cayendo bajo la fiscalización yanqui, Haití, Santo Domingo. Hondu­ras, Nicaragua y Cuba, por obra de la Enmienda Platt, que autoriza la intervención de Estados Uni­dos; maneja la hacienda de Colombia y el Ecuador, dirige la del Perú y tiene puesto el pie en Bolivia, gracias al empréstito que le ha facilitado y las garantías exigidas. De esta suerte se va preparando en América un conflicto de vastas dimensiones entre la democracia imperialista de Estados Unidos y las presas de su codicia. [...] Mr. Dillon, tan gran conocedor de la política internacional, escribía no hace mucho, refiriéndose a la posición de los Estados Unidos respecto a México, que por muy amistosa que sea su actitud oficial, los mexicanos tienen siempre conciencia de que ocultos planes y maquinaciones extraoficiales forman una continua corriente que fluye hacia el depósito de la “doctrina” Monroe, cuya compuerta quizá se abra algún día para arrollar su independencia. ¿Cómo extrañar, pues, que perfecta­mente convencidos de los males que lleva en sí el imperialismo financiero, surja en este pueblo intuiti­vo una conciencia política antiimperialista?31
Los “ocultos planes y maquinaciones” saltan a la luz del día el 17 de noviembre de 1926, cuando estallan en la prensa propetrolera y antimexicana de Estados Unidos las primeras denuncias de que el gobierno de Calles ha apoyado a los rebeldes liberales de Nicaragua y es responsable del estado de perturbación armada en ese país. Periódicos de la importancia del Washington Post y del New York Times realzan la información, que de un modo más sensacionalista destaca la prensa menor. El hecho en sí mismo no tendría importancia mayor, de no ser porque todos los diarios, como obedeciendo sincronizadamente al mismo impulso, vinculan la rebelión de los liberales nicaragüenses que pretenden restituir en sus funciones al presidente constitucional Juan B. Sacasa, a supuestos propósitos de Calles en Centroamérica, y lanzan la imputación de que pretende “exportar el bolcheviquismo”.
La historia se inició el 15 de noviembre, cuando el espurio mandatario de Nicaragua, Adolfo Díaz, quien no había sido reconocido aún como tal por Estados Unidos, solicitó en nota enviada a la Casa Blanca su intervención para evitar “nuevas hostilidades e invasiones de parte del gobierno de México”, una situación que ponía en “riesgo inminente la soberanía y la independencia” de su país. El pedido se remataba con este abyecto colofón: “Al mismo tiempo deseo manifestaros que cualesquiera que sean los medios elegidos por el Departamento de Estado, ellos contarán con mi absoluta confianza en el espíritu de justicia que anima al gobierno de Estados Unidos32.”
En buen romance, Díaz indicaba a Coolidge, que al igual que lo había hecho en 1912, él no se opondría al ingreso de los marines en su propia patria, con lo cual por anticipado se congraciaba sumisamente con la Unión. Nada había, empero, en su nota, que aludiera al peligro “bolchevique” representado por México. Sin embargo, cuando dos días después, el 17 de noviembre, el Departa­mento de Estado anunció oficialmente que reconocía a Díaz, publicaciones de Washington y agencias noticiosas fueron informadas “extraoficialmente” por Richard E. Olds, subsecretario de Estado, que el gobierno de Calles pretendía “establecer una autoridad bolchevique en Nicaragua para meter una 'cuña hostil' entre los Estados Unidos y el Canal de Panamá”33.
La agencia Associated Press (AP) llegó hasta a poner en boca de Adolfo Díaz la declaración de que México estaba propagando el bolchevismo en América Latina y que el gobierno estadounidense estaba preocupado de que las pretendidas tendencias comunistas de México pudie­ran introducirse en las relaciones interamericanas. Cuando semanas más tarde —13 de diciembre—, por pedidos del representante Fiorello H. LaGuardia y el senador George Norris, se efectuó una investigación legislativa sobre el origen de esas informaciones, se descubrió que Olds las había entregado con la advertencia de que “la responsabilidad de cualquier publicación no debía ser atribuida al Departamento de Estado”34. Natu­ralmente, Kellogg respaldó a Olds, puesto que ambos estaban en la misma barca, pero las organizaciones de prensa que fueron arteramente manipuladas se mantuvie­ron firmes en su acusación sobre el origen oficial de la información.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la petición de Norris, en el sentido de que se investigase la conducta de Olds, fue derrotada por ocho votos contra cinco. Durante la votación, un miembro de la mayoría reconoció que el informe sobre la falsedad “era induda­blemente cierto”, pero que una investigación “pondría en aprietos al Departamento de Estado”; a lo que se le replicó que “si teníamos un Departamento de Estado así, merecía que se le pusiera en aprietos”35. Wood observa que “el torpe intento del subsecretario Olds de influir en la prensa y en el público, constituyó un tremendo error, pues sólo desconcertó a ambos, despertando desconfianza sobre las explicaciones subsiguientes de sus actos en el gobierno de Coolidge”.
Al día siguiente de reconocido Díaz, el New York Times había advertido en un editorial: “La intervención para proteger a los ciudadanos norteamericanos es una cosa. La intervención para pacificar a Nicaragua y ayudarla a establecer un gobierno responsable es otra muy distinta. No puede abordarse con ligereza36.” Semanas después, cuando la invasión de Nicaragua por los marines cubría las primeras planas de los periódicos de todo el mundo, el mismo matutino neoyorquino apuntó que “el lío surgió sólo cuando, al parecer, empezamos a exagerar o a rebasar nuestros derechos”, y que Coolidge no debió haber reconocido a Díaz como presidente legal de Nicaragua, ya que “difícilmente corresponde a extranje­ros resolver puntos graves constitucionales, de los cuales casi se han burlado los propios nicaragüenses desde tiempo ha”37.
El Times, no obstante lo atinado de sus observaciones, omitía en ambos casos la presencia del factor petróleo en “el lío”, y en el segundo de sus mencionados editoriales cometía la injusticia de generalizar a “los propios nicaragüenses” la burla de los principios constituciona­les. Esa burla la había cometido permanentemente desde 1910, caída de José Madriz, uno sólo de los sectores políticos, el que respondía al Partido Conservador, que a su vez respondía puntual y obsequiosamente al Departa­mento de Estado norteamericano.
En forma clara y vehemente puso las cosas en su lugar el senador republicano William E. Borah, presiden­te del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que dijo lo que el Times se resistía a decir:
El simple hecho de que hayamos reconocido al gobierno de Díaz no nos impone ni la obligación legal ni moral de mantener ese gobierno por medio de la fuerza. Presumo que tampoco tenemos el propósito de asumir la función de censores para América Central y sus revoluciones, ni tampoco que seamos los llamados a llevar la guerra contra cada país que pueda tener ideas políticas o instituciones que no estén en armonía con nuestras ideas e instituciones.
Lo que hay de cierto es el esfuerzo que se está haciendo por llevar a nuestro país a una pequeña guerra ridícula y vergonzosamente cobarde con México. Si Díaz pudiese inducirnos a iniciar semejan­te guerra en defensa de su país, estaría sirviendo a sabiendas o sin pensarlo al plan de aquéllos que desearían vernos mezclados en el conflicto con México.
El pueblo norteamericano debería entender que todos estos clamores sobre “comunismo” y destruc­ción de la propiedad, no son sino esfuerzos delibera­dos para justificar una guerra con México. Se habla de “comunismo” y “bolcheviquismo”, pero lo que esto significa es simplemente la guerra. Creo que los propietarios de los yacimientos de petróleo tienen todo derecho a que sus intereses y propiedades sean garantizados y protegidos por todos los medios razonables, pero también creo que el más irracional, brutal e infructuoso de los medios sería una guerra con México38.
Desde el lejano sur, el maestro socialista Alfredo L. Palacios, presidente de la Unión Latinoamericana, se expresaba de un modo aproximado al de Borah:
“Es la eterna política imperialista de Estados Unidos, que no retrocede ante nada cuando se trata de defender sus intereses económicos. Lo que más subleva al espíritu, sin embargo, no es tanto la actitud norteamericana, lógica en ellos, sino la actitud del gobierno de Díaz, que traiciona a su patria, que se pone en contra de su pueblo y en favor de los sindicatos capitalistas del Norte [...]. La acción funesta de Estados Unidos no se realizaría con tanta facilidad, si no la posibilitaran gobiernos que no saben representar los verdaderos intereses de sus pueblos.”
El 18 de noviembre, el ex presidente Obregón se burlaba de Kellogg y de Díaz: “Las sospechas yanquis huelen a celo profesional. Tal parece que abrigan temores los elementos de Nueva Orleans y de Nueva York (que siempre han tenido a su cargo el fomento de las revoluciones al sur del río Bravo), de que algunos elementos de México vayan a restarles importancia en este oficio, tomando a su cargo el mismo negocio, y ante esta competencia se sienten alarmados [...]. Nada sé de esa ayuda mexicana a los revolucionarios de Nicaragua, ni creo en ella, pero lo que me llama la atención es que se pida francamente la intervención norteamericana, que viola flagrantemente el decoro y la soberanía de aquella nación.” Tres días más tarde, el 21, el mismo Obregón alude a las imputaciones que en Estados Unidos se hacen contra México y especialmente a la de “comunista”, para observar: “Es el nombre más cómodo que han encontra­do para molestarnos.”
El 2 de diciembre, la embajada de México en la Unión expedía una información, según la cual el cambio de los títulos de propiedad por concesiones daría a éstas la ventaja de ser indiscutidas en cualquier controversia judicial o administrativa, además de conservar intactos los términos originalmente establecidos en los títulos en sí. Nuevamente México daba muestras de ponderación y mesura y excitaba a la pacificación.
Para la agencia United Press, la interpretación que cabía en todo el proceso, era la siguiente:
En ciertos círculos se dice que todo el asunto del petróleo es en realidad una lucha tripartita, en la cual intervienen el gobierno mexicano y las empresas inglesas y norteamericanas; éstas, obrando de común acuerdo en lo que se refiere a la oposición a las leyes de propiedad territorial, pero en divergencia en lo que respecta a hacerse concesiones que puedan significar una supremacía en la producción del petróleo en México. La Standard Oil Co., que es la más poderosa que opera en México, informa que confía en que el gobierno de la Unión mantendrá su política actual de no reconocimiento del punto de vista mexicano.
De fuente autorizada se sabe que las compañías inglesas Águila y Corona han presentado un pedido de concesión por 50 años, a pesar de que no hay fundamento para suponer que hayan aceptado plenamente las disposiciones referentes al cambio de títulos por las concesiones que solicitan39.
En verdad las compañías inglesas habían optado por allanarse a las disposiciones legales mexicanas, en con­traste con la actitud recalcitrante observada por las compañías norteamericanas. El diario neoyorquino inde­pendiente The World, que fue el que más se destacó en la defensa de México y de Nicaragua, denunció el 2 de diciembre que el Departamento de Estado adulteraba las noticias, con el propósito de crear en la opinión pública norteamericana prevenciones contra Calles. Añadió que el agente activo de esa deformación era el abogado y socio del secretario Kellogg, el subsecretario Olds, quien recientemente —puntualizó— “propuso a los periodistas que publicasen noticias diciendo que México estaba difundiendo el 'bolcheviquismo' en América Central”. The World continuaba así:
Las principales víctimas de este engaño fueron la Associated Press y los corresponsales en Washington de algunos diarios gubernistas. Este miserable asunto fue obra no tanto de poderosos y siniestros intereses, como de aficionados ignorantes, sectarios y torpes. El embajador de Estados Unidos en México, Mr. Sheffield, debería ser retirado y reemplazado por un hombre que posea tacto, simpatía e imaginación, y sea capaz de entenderse con los mexicanos, y llegar a arreglos pacíficos mediante negociaciones persona­les.
Pueden existir ciertos intereses norteamerica­nos a quienes agrade la forma en que Kellogg, Sheffield y Olds van manejando la cuestión mexicana; pero nuestras informaciones nos dicen que una gran parte y hasta la parte principal de los norteamerica­nos que negocian con México están disgustados con lo que consideran la política torpe y burocrática que se viene siguiendo. Esas notas rígidas y legalistas; esas reclamaciones altamente abstractas; esas invocacio­nes inflexibles de principios vagos e insustanciales no son sólo mala diplomacia, sino que son una torpeza desde el punto de vista de los negocios.
La disputa acerca del artículo 27 de la Constitu­ción mexicana es de aquellas cuestiones fundamenta­les privadas de realidad acerca de las cuales los hombres presuntuosos tienen tendencia a asumir nobles actitudes. ¿Han de funcionar las compañías norteamericanas con concesiones de cincuenta años o con concesiones perpetuas? Tal es la verdadera cuestión. Pocos pozos de mina tienen cincuenta años de vida, ¿y quién, a no ser un abogado aficionado a los litigios desea correr el riesgo de romper las relacio­nes y de provocar una revolución en la frontera y suscitar resentimientos desde el Río Grande hasta la Patagonia, con el objeto de obligar al gobierno mexicano a asumir compromisos abstractos acerca de derechos eternos de propiedad?
Lo que se necesita para tratar con México no es formular principios abstractos, sino emplear hombres razonables, acostumbrados a tratar con funcio­narios de otras razas, de otros temperamentos y de otros antecedentes históricos. Sheffield ha sido secretario de un senador de Iowa, jefe de bomberos en Nueva York, abogado y luego, de repente, embajador extraordinario en México. ¿Por qué no se envía un hombre que sea capaz de ello? ¿Qué entiende Olds de México o de América Latina? ¿Qué sabe Kellogg de las causas fundamentales de todas las dificultades mexicanas? Todo este asunto es manejado por hombres que tratan de reemplazar la falta de conocimientos prácticos por ruidosas protestas sobre la base de principios generales.
El 4 de diciembre, The World volvía a atacar al Departamento de Estado y a denunciar la instrumentalización de la prensa:
Al Post Dispatch de Saint Louis debemos alguna luz sobre la manera en que el Departamento de Estado indujo a la Associated Press a emprender un ataque anónimo contra México, con la difusión de las notas del secretario de Estado, Mr. Kellogg. Del Baltimore Sun somos deudores por la justa descripción de los peligros que las tácticas de esta naturaleza provocan. Dice el Sun:
Si el Departamento de Estado se propone atacar a México, debe hacerlo abiertamente y asumir la responsabilidad del ataque. Si la Associated Press individualmente o cualquier otro diario por separado se proponen atacar a México, deberían obrar indivi­dualmente en su información y hacerse responsables de sus escritos. Que exista un Departamento de Estado y jefes de servicios periodísticos en conniven­cia para formular ataques y difundir chismografías contra México, basados sobre “certidumbres mora­les”, significa sofisticar a la opinión pública y destruir la responsabilidad directa y precisa que debe ser una salvaguardia de la información que se da a los pueblos.
Existe una verdad innegable en estas declaracio­nes. No hay palabras para calificar a un funcionario del Departamento de Estado que se esfuerza en inspirar ataques anónimos contra una nación amiga y que luego los desautoriza y califica de acto muy poco honesto. Esto es lo que ocurrió el martes 16 de noviembre cuando se valieron de la Associated Press, para inundar los diarios de este país con historias sensacionales sin fundamento alguno y sin responsa­bilidad (de las cuales los sindicatos como culpables, admiten privadamente que no poseen prueba alguna), al efecto de insinuar que el bolcheviquismo mexicano estaba avanzando y amenazando a Nicaragua y a las defensas norteamericanas del Canal de Panamá.
En este caso el Departamento de Estado ha provocado una decepción al mezclar a la Associated Press en una intriga, usándola como agencia semioficial y haciéndole perder su independencia e integri­dad al revelar ese carácter. Dos cosas hay que investigar con urgencia: una de ellas es la forma en que el Departamento de Estado distribuye sus noticias y otra, cuál es el personal de la oficina que la Associated Press mantiene en el Departamento de Estado.
El día 6, el propio Calles era quien ridiculizaba las acusaciones de que era objeto su gobierno. En respuesta a un redactor del matutino Excelsior sobre “propaganda roja” en México, le expresaba: “Es simplemente una propaganda, que si no fuera calumniosa sería ridícula [...]. ¿En qué cabeza equilibrada puede caber la idea de que México, país en plena organización, sin ejércitos de conquista, sin un remedo de escuadra, quiera amenazar las defensas del Canal de Panamá o cualesquiera defensas de otros países? ¿Es siquiera lógico suponer que nosotros, que luchamos con sacrificio por arreglar nuestra propia casa, salgamos afuera a ejercer apostolados, utilizando doctrinas absolutamente exóticas? La propaganda del bolchevismo mexicano es una nueva patraña para desa­creditar cómodamente a este país. Ya en otra ocasión declaré que el problema de México no es el problema de ningún otro país; que mi gobierno no trata de inspirarse en teorías extrañas, sino en hechos propios; y en consecuencia, los problemas políticos de Rusia son ajenos para nosotros, como pueden serlo para los Estados Unidos.”
Esta última alusión se debía a que la prensa nortea­mericana también se estaba refiriendo al hecho de que la primera embajadora de la Unión Soviética, Alejandra Kollontay, arribaría a Veracruz al día siguiente. Ese era otro motivo para la acusación. Estados Unidos, semanas atrás, había negado permiso a la señora Kollontay de que pudiese arribar a Nueva York, para que continuara desde allí por tierra su viaje hasta México. La mezcla de los sucesos de Nicaragua con la campaña contra Calles y su supuesto “comunismo”, que según un historiador de la “buena vecindad”, estaba fundada esencialmente “en la afirmación de la supremacía del poder de Estados Unidos en América Central”40, continuaba hediendo a petróleo.
LOS BARBAROS PORTENTOSOS
Por el hombre crucificado sobre las ametralladoras cruzadas
Con la cabeza oscura cargada de muerte y la carne
Ácida desde hace mucho,
Con el olor de sus muchas prisiones; Juan Pérez, Juan González,
Juan Nadie —¡oh, rompeos la cabeza buscando su nombre!—
Deshonrado como la tierra envenenada por granadas de gas
Ese es él.41
Letanía para las Dictaduras.