Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-01-22 12:40:56
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http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200009
APORTACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS A LA PERSPECTIVA CHILENA DE
LA DOGMÁTICA PROCESAL DEL DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL. UN APOYO EN DOS FALLOS: CASOS BARRIOS
ALTOS Y CASTILLO PETRUZZI
La paradoja del referente nacional en materia de protección constitucional de las garantías procesales fundamentales (el Common Law y su due process of law), no ha hundido sus raíces sólo en aspectos que podrían denominarse teóricos, sino que ha aparejado consecuencias prácticas en la efectiva protección que reciben los derechos procesales básicos por parte de la judicatura. En efecto, la ausencia de un catálogo constitucional de estos derechos y garantías (al estilo de los países de Europa continental) revalora la importancia de la Convención Americana como integrante de nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, y obliga a poner seria atención en lo allí dispuesto, como asimismo en la jurisprudencia que bajo su alero se ha ido desarrollando. De ello precisamente trata este trabajo, apoyándonos muy principalmente en dos fallos: Casos Barrios Altos y Castillo Petruzzi.
En el presente trabajo se ofrece analizar la normativa de la tutela judicial en la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo la perspectiva que nos ofrece la teoría del bloque de constitucionalidad de los derechos esenciales que, como sabemos, obliga a complementar las normas de la Constitución con lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se hallan vigentes, entre los cuales se encuentra precisamente la Convención.
Con esta premisa, en la que nos situamos, ya no resulta suficiente una mirada jurídica nacional, sino que se hace necesaria y obligatoria ­ por propia disposición de la Constitución ­ la tarea de recoger como propios aquellos derechos consagrados en sede internacional1. Pero no sólo eso, de conformidad con el bloque normativo aludido, el mayor y mejor contenido que un derecho fundamental posea en su consagración internacional se transmite a la que el derecho interno ha realizado del mismo, modificando y perfeccionando - sin necesidad de reforma formal - la regulación que la Constitución realiza de él2.
Es esta materia la que se desea abordar en este trabajo. En él se intentará reflejar la contribución que ha significado a la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial la normativa de la Convención. Con todo, plantear este trabajo desde un plano estrictamente normativo pudiera resultar insuficiente si lo que se quiere es ofrecer un panorama más acabado del tema. En este sentido, el recurso a la jurisprudencia en general y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular resulta esencial. Situados en este plano, y reconociendo esta necesidad, optamos por apoyar nuestra labor ­ principalmente - en dos fallos dictados por la referida Corte, uno relacionado muy directamente con el derecho de acceso a la justicia (caso "Barrios Altos") y, otro que abarca prácticamente todas las garantías procesales que consagra la Convención (caso "Castillo Petruzzi"), para con ellos evaluar la efectiva aplicación que las garantías procesales han recibido.
De esta forma, el análisis que a continuación se realiza, se encontrará cruzado por los órdenes normativos que emergen de nuestra propia Carta Fundamental, de la Convención Americana y, también, por los fallos a que se haga referencia. Es el resultado de esta mixtura lo que pretendemos estudiar, todo ello desde la perspectiva que nos ofrece el derecho a la tutela judicial y el derecho a un debido proceso, pero más importante aún, desde la perspectiva que nos ofrece siempre la mejor protección de los derechos fundamentales. A dicha finalidad dedicaremos nuestros esfuerzos.
II. UN PROBLEMA DE DENOMINACIÓN MÁS APARENTE QUE REAL
Ya el título de este trabajo puede plantear alguna clase de problemas, principalmente terminológicos. Derecho a la tutela judicial... ¿De qué cosa me hablan? Podría señalar más de algún lector desprevenido. En rigor, atendiendo lo que ha sido la normativa y dogmática nacional, no debiera sorprender tanto su respuesta.
Con todo, parece válido preguntarse si variando la terminología utilizada la reacción será necesariamente la misma. Por ejemplo, si se emplea el concepto de debido proceso legal. Sin duda, en este caso, la reacción cambia, la respuesta es distinta, resultando ser un concepto mucho más familiar que el anterior. Esto, sin embargo, no deja de ser ­ como veremos - una verdadera paradoja.
En efecto, en derecho comparado, dos son las principales "fórmulas" a través de las cuales se expresan los derechos y garantías de carácter procesal. Por un lado, se encuentra el sistema continental europeo y su catálogo de derechos configuradores de la tutela judicial; por el otro, el sistema del derecho anglosajón, que encuentra expresión a través de su ya clásico concepto del due process of law. Vale decir, el referente conceptual a que el derecho nacional se aferró en esta materia no estuvo dado por el derecho continental europeo, en el que encontramos el siempre recurrido ordenamiento jurídico español, sino que por un sistema de larga tradición, enteramente distinto y alejado a lo que es nuestra realidad jurídica nacional, cual es, el sistema anglosajón.
Sin embargo, advertimos que detenerse en esta cuestión terminológica resulta una pérdida de tiempo. ¿Acaso ­ nos preguntamos - ambas fórmulas consagran o garantizan derechos sustancialmente distintos? Pareciera ser que la respuesta, nuevamente, ha de ser negativa. Así las cosas, la diferencia en esta materia no radica tanto en el fondo como sí en la forma de la consagración normativa. Mientras para una de las fórmulas la enumeración más exhaustiva del contenido del derecho será necesaria, para la otra bastará con la alusión al concepto de debido o justo proceso, dejando a los jueces la labor de llenar su contenido3.
En definitiva, lo que se quiere dejar establecido es que cuando en este trabajo se hace alusión al derecho a la tutela judicial, no estamos refiriéndonos a algo sustancialmente distinto al tradicional y conocido derecho al debido proceso. Es precisamente a estos derechos o, mejor dicho, a "este" gran derecho a la tutela (sin apellidos)4, al cual abocaremos nuestro análisis5.
III. PRECARIEDAD DE LA DOGMÁTICA NACIONAL DEL DERECHO A
Este trabajo plantea ­ de entrada ­ una afirmación que se pretende demostrar a lo largo de estas páginas. Esta afirmación consiste en el hecho de que la Convención ha constituido un aporte a la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial.
A ella, necesariamente deben seguirse una serie de preguntas. Entre ellas, la primera: ¿Existe en Chile una dogmática del derecho a la tutela jurisdiccional? Pregunta de no fácil abordaje, pero que en principio podríamos responder de la siguiente forma: sí, hoy más que ayer. Para responder de esta forma, lo reconocemos, nos hace mucha fuerza tanto la normativa como la dogmática que gira en torno al nuevo Código Procesal Penal. A riesgo de resultar arbitrarios, estimamos que el proceso de aprobación de este cuerpo legal constituye, en nuestro país, el fenómeno que termina de cambiar la perspectiva que la doctrina tenía respecto al tema de la protección de las garantías procesales, que es de lo que ­ en definitiva ­ se ocupan ya sea el derecho a la tutela judicial o el derecho al debido proceso legal.
Empero, obviemos el gran fenómeno de la reforma procesal penal, realice el lector el ejercicio de eliminar de su mente la existencia del nuevo Código Procesal Penal. ¿Existe algo tan determinante que merezca ser destacado desde el punto de vista de la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial? Una respuesta que podríamos denominar "intestinal" sería seguramente negativa. Sin embargo, todo depende del hecho de si queremos abordar el tema de los derechos fundamentales seriamente6. Esto tiene que ver con lo que antes señalábamos respecto a la necesidad de terminar con la estrecha mirada nacional, terminar ­ en otras palabras ­ con la errónea concepción que parte de la doctrina sigue sosteniendo en cuanto al concepto de soberanía7. En definitiva, reconocer la existencia de dos subsistemas normativos (uno nacional y otro internacional) y que ambos configuran el ordenamiento jurídico de un país, en nuestro caso, de Chile8.
Hecho esto, la tarea de responder la pregunta planteada se hace mucho más fácil.
En efecto, reconocidos que sean estos dos subsistemas normativos, incorporado y asimilado que sea el subsistema internacional, la respuesta tiene nombres y apellidos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana. En este trabajo sólo nos interesa la segunda, fenómeno normativo de gran envergadura e importancia, de la mano de la cual se gestó ­ entre otras cosas ­ nuestra reforma procesal penal. Sí, a partir del 5 de enero de 1991 (fecha de su publicación en el DO)9, se integra a nuestro ordenamiento jurídico - con plena validez y eficacia ­ la normativa de la Convención, también conocida bajo el nombre de "Pacto de San José de Costa Rica", vinculante y obligatorio para todos, esto es, incluidos todos los órganos del Estado chileno, muy especialmente sus tribunales de justicia.
Es cierto, alguien podrá señalar que aún es insuficiente el grado en que nuestros tribunales consideran dicha normativa, que dificultosamente la vislumbran como integrante de nuestro ordenamiento, que siguen situados en la perspectiva del criterio clásico y tradicional de la soberanía. Todo aquello, y más, se puede argumentar; sin embargo, no se puede desconocer que cada día son más los jueces que consideran a la Convención como norma directamente aplicable, como norma que completa la regulación que la Constitución ha realizado de los derechos fundamentales, como una norma - en fin ­ que integra nuestro ordenamiento nacional.
Con todo, estimamos, la Convención ya en sí misma constituye una contribución a la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial desde el momento que incorpora derechos y garantías procesales no directamente reconocidos en nuestra Carta Fundamental, y aporta nuevas perspectivas de interpretación de derechos y garantías sí reconocidos en el texto de la Carta Fundamental.
IV. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES QUE LA CONSTITUCIÓN
ASEGURA DE MODO EXPRESO
De los varios caminos que pueden guiarnos a resolver la cuestión de la aportación de la Convención Americana en las materias que en este trabajo nos interesan existe, a nuestro juicio, al menos uno que ­ necesariamente - nos asegura un resultado medianamente objetivo. Este no consiste en otra cosa que establecer, primeramente, cuáles son los derechos y garantías de carácter procesal que la Carta Fundamental asegura ­ expresamente - a todas las personas. Es necesaria una constatación de lo que tenemos en el subsistema interno, conceptualizarlo, limitarlo, respetando su esencia exclusivamente constitucional. Sólo ejecutada esta operación se obtendrá una base sobre la cual juzgar y evaluar la contribución de la Convención a la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial.
Hecha la prevención, aboquémonos a la tarea planteada. ¿En qué parte del texto de nuestra Constitución encontramos las garantías del proceso? Es la primera y básica pregunta a formularse. La respuesta, para quien posea un mínimo acercamiento a ella, será espontánea: el artículo 19 N°3 (pero no es la única norma, como se verá) Pero antes de seguir avanzando se requiere tomar una decisión: asignarle o no, valor a las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC) y, si algún valor se les asignare, determinar cuál. Cuestión, como se puede ver, no sólo cruzada por razones jurídicas, sino también políticas, principalmente de legitimidad (ilegitimidad, si queremos ser más precisos) de la Comisión como "espíritu del constituyente". Concordamos con aquella doctrina, que por razones tanto jurídicas como políticas, no asigna a las actas de la citada comisión el valor de historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional10. Con todo, advertimos, que no por ello desconocemos toda utilidad de lo que en ellas consta en el análisis de la preceptiva constitucional. Por el contrario, la tienen, pero esa utilidad se debe ponderar en su exacta medida, sólo atendiendo a su contenido doctrinario.
- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Es esta la forma en que nuestra Constitución comienza a ocuparse de las garantías de carácter procesal. Al intentar explicarla y configurarla, un sector de la doctrina ha señalado que "no basta con que la ley establezca derechos si ello no va acompañado de las medidas de protección adecuadas para asegurar que tales derechos se respeten"11.
Eso, de hecho, nadie lo discute, tampoco nosotros. El problema radica en otro extremo, cual es, determinar si la norma constitucional cumple o no con las expectativas que la doctrina ha cifrado en ella. Por lo mismo, al continuar con la explicación, el real y exacto contenido del derecho constitucionalmente consagrado sale a la luz, precisándose que se traduce en que cualquiera que recurra a la justicia debe ser atendido por los tribunales con arreglo a unas mismas leyes y con sujeción a un procedimiento común, igual y fijo. En definitiva, no más que un derecho timorato, excesivamente formal (de poca sustancia), y de escasa operatividad práctica12. Un derecho que ni siquiera se acerca a un derecho a la tutela jurisdiccional, un derecho restringido sólo a la igualdad, en fin, un derecho muy mezquino en contenido.
- Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica. Esta es otra garantía procesal que ­ explícitamente ­ recoge nuestra Constitución, pero delegando todo el desarrollo de su contenido a la ley. La Constitución dispone al efecto: "Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale...". La norma constitucional precisa también que ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, pero sólo si ésta hubiere sido requerida.
La doctrina nacional mayoritaria ­ basándose en las actas de la CENC ­ ha relacionado el contenido de este derecho a la defensa técnica o letrada13. Sólo una minoría ha planteado que lo consagrado no está limitado sólo a tal aspecto de la defensa, sino que lo que se asegura es la defensa jurídica en su más amplio sentido14. Con todo, más allá de las buenas intenciones interpretativas de algunos, más allá de las simpatías que se pueda tener con posiciones que extienden los contenidos de un derecho fundamental, no podemos llegar a forzar las cosas hasta el punto de ver consagrados contenidos no asegurados, al menos, no en nuestro texto constitucional, que no hace más que delegar el efectivo contenido de este derecho a la ley. De allí, por ejemplo, que en la nueva normativa procesal criminal haya sido necesario ser tan explícitos respecto a los contenidos de la garantía procesal de la defensa.
No se crea que olvidamos que la Constitución prescribe que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Lo que acontece es que es justamente en estas hipótesis (de pobreza) donde se percibe con más fuerza la debilidad del sistema nacional de garantías, no sólo en lo que se vincula al derecho a la defensa jurídica criollo, sino también en el derecho de acceso a la justicia. En los hechos ­ y en la ley ­ este sistema asistencial público está a cargo o de las Corporaciones de Asistencia Judicial o de los abogados de turno, subsistemas ­ ambos - duramente criticados como mecanismos ­ idóneos ­ de satisfacción de las necesidades jurídicas y judiciales de las personas de escasos recursos15.
- Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, es otra garantía que consagra directamente la Carta Política nacional. Parte de la doctrina ha pretendido que con ello se está consagrando el derecho al juez ordinario (o natural) predeterminado por la ley.
Somos del parecer que si bien, en principio, la norma constitucional aparece como correctamente formulada, su esencia pierde fuerza al no exigirse también que el tribunal que vaya a conocer y juzgar el caso sea independiente e imparcial, como de hecho ocurre en la normativa internacional. La notoria ausencia de estas exigencias (básicas en cualquier proceso que aspire a ser justo), puede hacer que el derecho consagrado no avance más allá de la mera formalidad normativa, sin encontrar ­ en aquellos casos que lo requieren ­ un contenido que permita brindar eficaz protección a las personas.
- Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Esta es, sin duda alguna, la garantía procesal más importante que contempla nuestra Constitución y, lamentablemente, recibe escasa aplicación práctica de parte de los tribunales. Tampoco existen dudas en torno al preciso derecho que la CENC consagró en este inciso 5 del numeral 3 del artículo 19: el derecho al debido proceso legal.
Sobre el particular, la doctrina siempre cae en el lugar común de reproducir las intervenciones de los comisionados al debatir sobre este derecho16. No es que esto sea malo o bueno en sí mismo, sólo que para los efectos de este trabajo no nos interesa recurrir a ellas por la simple razón que estimamos que sus planteamientos en torno al contenido del derecho son incompletos (elementales)17 y, además, como lo señaló la propia Comisión, se optó ­ expresamente ­ por no incluir en el texto aprobado un catálogo o listado de garantías que desarrollaran el debido proceso, lo que dentro del sistema jurídico anglosajón es perfectamente lógico (la determinación de su contenido se hace caso a caso), pero en nuestra realidad ha resultado muy empobrecedor18. En definitiva, como ya se ha señalado por algunos, contamos con la más perfecta de las garantías, a la cual no damos aplicación práctica.
Con todo, el problema va mucho más allá y nos obliga a volver sobre un tema ya enunciado, cual es, la paradoja del referente nacional en materia de protección de garantías procesales: el Common Law. Esta decisión privó a nuestra Carta de un catálogo de garantías de corte procesal, similares a las contenidas en cualquier Constitución de tradición jurídica similar a la chilena. En efecto, al consagrar (bien o mal, pero consagrar al fin) el derecho al debido proceso, lo que se hizo fue delegar en la ley y en nuestros jueces (que no contaban con la tradición del sistema del Common Law) la tarea de llenar de contenido su postulado.
Pues bien, cuando se trata de protección de los derechos fundamentales de las personas (y la tutela jurisdiccional o el debido proceso lo son) el análisis debe ser realizado sin eufemismos. En este plano, nos preguntamos, ¿Acaso nuestros jueces han asumido tan importante misión, han suplido la ausencia de un catálogo en materia de garantías procesales, han llenado el "vacío" existente...? Al parecer, la respuesta no puede ­ ni con mucho esfuerzo - ser afirmativa. Basta con constatar el "abanico" de derechos procesales que la judicatura baraja en su cotidiana labor y hasta qué punto conocen y garantizan sus exactos contenidos.
Debemos ser claros. Nuestros jueces requieren de catálogos, requieren de textos expresos que enumeren qué derechos o garantías poseen las personas. Con todo, una afirmación como esta requiere ser acompañada de, al menos, tres observaciones.
Primero, al parecer la necesidad de catálogos (o de textos expresos) no es una necesidad exclusiva de los magistrados nacionales, pues de otra forma no se entendería que el resto de las Constituciones de países de tradición jurídica similar a la nacional hayan optado por esta precisa fórmula19.
En segundo término, se hace necesaria una precisión jurídica que debiera poner las cosas en su exacto lugar, salvando ­ en parte - la responsabilidad de la judicatura nacional. Ésta radica en el hecho de que nuestro sistema jurídico se fundamenta en un modelo concentrado de control de constitucionalidad, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el modelo vigente plantea un control difuso, modelo en el cual los jueces sí tienen un papel bastante relevante, protagónico y más activo que cumplir20. Los jueces nacionales ­ en general - no tienen dentro de sus competencias el inaplicar una determinada norma por estimarla inconstitucional al violentar o transgredir contenidos propios del debido proceso. La facultad la posee la Corte Suprema según se prescribe en el artículo 80 de la Carta Fundamental, razón por la cual si otro tribunal de la República asumiera tal facultad estaría derechamente violando el artículo 7 de la misma Constitución.
Por fin, la tercera observación nos invita a repensar en torno a quién es efectivamente el "sujeto delegado" en lo que dice relación con el desarrollo del contenido del derecho al justo proceso en Chile. En este plano, pareciera no son nuestros jueces a quienes ­ al menos de modo directo - se ha asignado tal misión, sino que este sujeto se corresponde con el perfil del legislador nacional21 que, recogiendo esta delegación, debe ocuparse de configurar racionales y justos procedimientos, adaptando los ya existentes bajo estos criterios. Por lo demás, eso es lo que expresamente dispone la Carta Fundamental: "Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos". Otro tema distinto es entrar a juzgar la labor del legislador a este respecto, la que ­ por cierto ­ no puede evaluarse sólo atendiendo a la nueva normativa procesal penal.
- Finalmente22, la Constitución consagra también una prohibición para el legislador en cuanto a establecer presunciones de derecho de la responsabilidad penal. Alguien podría señalar que, con buena voluntad, podría interpretarse la norma del inciso 6 en el sentido de que se consagra el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, no pocos consideramos que no existe allí (ni se quiso que existiera) una referencia expresa al emblemático principio del enjuiciamiento criminal.
Esto no hace otra cosa que confirmar las notables deficiencias de la regulación que la Carta Fundamental hace de las garantías procesales o, dicho de otro modo, la escasa preocupación demostrada por el "constituyente" sobre el particular, más aún cuando se compara el texto nacional con aquéllos de nuestros países vecinos o, peor aún, con el texto de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos23.
V. LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS COMO
INTEGRANTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Ya hemos avanzado en el camino que nos propusimos. Hemos expuesto las principales precariedades de la regulación constitucional en torno a la tutela jurisdiccional, constatando la debilidad de la dogmática nacional en esta materia.
Pues bien, realizada esta operación, naturalmente se abren dos caminos. Uno, nos solicita conformidad (lo que tenemos basta y no se necesita más) o paciencia (paulatinamente, el legislador se irá haciendo cargo de la adecuación de los procedimientos a las exigencias de un justo y racional proceso) El otro, está marcado por lo que se ha venido a denominar bloque de constitucionalidad, complemento congruente que refuerza y legitima la fuerza normativa de los derechos asegurados en la Constitución, desde fuera de ella24. A través de él, la mirada de los operadores jurídicos en materia de protección de derechos fundamentales ya no está sólo restringida al sistema normativo interno, sino también comprenderá ­ como complemento esencial ­ la regulación que el sistema internacional realiza de ellos, en el cual debemos necesariamente contar a la Convención.
De esta manera, el campo de análisis se amplía, los criterios se flexibilizan, y la tutela aumenta, aplicándose ­ obviamente - la fuente y solución que mejor proteja los derechos25. Y esto, en materia de tutela de garantías procesales, en materia de efectiva consagración de los elementos de un proceso justo, resulta vital. En efecto, frente a la precariedad que presenta nuestro sistema nacional, el internacional (en general, y la Convención en particular) se alza como un necesario y crucial complemento si lo que se quiere es ­ efectivamente ­ tomarse los derechos fundamentales en serio26. Insistimos, dentro de este sistema (o subsistema) internacional, decidimos centrar nuestra atención sólo en la Convención, demostrando la forma en la cual ha contribuido a dar un mejor y más completo contenido a los derechos o garantías que hemos catalogado bajo la denominación única de "tutela".
Situados en esta perspectiva de análisis, nos corresponde decidir la forma en la cual abordar este "complemento" representado por la Convención. Somos del parecer que una manera plausible de afrontar la tarea es seguir el orden lógico de las mismas garantías. Siendo así, lo primero que revisaremos será el derecho de acceso a la jurisdicción, apropiándonos del fallo del caso "Barrios Altos" como referente que nos ilustre al respecto. Hecho esto, ya habiendo accedido a la jurisdicción, y sin pretender agotar la cuestión, analizaremos las demás garantías que la Convención contempla para el proceso (y su desarrollo justo o debido), misión en la cual nos aferraremos ­ muy principalmente - a otro fallo, aquel que resolvió el caso "Castillo Petruzzi", sin perjuicio del recurso a otras sentencias que la puedan suplir en aquellos puntos que ésta no se pronuncia.
VI. EL DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA JURISDICCIÓN (Y AL
Hemos visto que nuestra Carta Política no contiene una consagración general y explícita de este derecho27. Sin embargo, no se crea que fue un tema ignorado por la CENC. Muy por el contrario, la lectura de las actas demuestra que este derecho fue expresamente analizado y discutido, llegándose incluso a un proyecto de disposición que contemplaba un inciso específico referido a él28. Finalmente no fue incorporado al texto aprobado29.
El libre acceso a la jurisdicción (en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de la persona) es ­ como se ha dicho por la doctrina española ­ "la primera consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva y el paso previo y necesario para la prestación jurisdiccional"30. Con todo, de la mano de la consagración de este derecho de acceso a los tribunales, debe entenderse ­ necesariamente - el derecho de libre acceso al proceso. Así se ha señalado que el proceso "es el camino necesario y obligado para obtener una resolución jurisdiccional, de tal forma que si el órgano judicial prescinde totalmente de él, ello comporta ya una denegación de tutela judicial efectiva"31.
Pues bien, si lo que queremos es averiguar si la Convención garantiza estos derechos, debemos dirigir la atención a lo prescrito en su artículo 8. De su lectura, relativamente simple es colegir que el derecho de acceso a la jurisdicción sí se encuentra recogido expresamente cuando ­ en el numeral primero - se hace referencia al derecho de toda persona a ser oída32 para la resolución de sus controversias, con las debidas garantías y por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
El caso es que siempre se ha vinculado ­ y con razón ­ este derecho (o derechos, siendo estrictos) con la mantención de la paz y tranquilidad social, toda vez que ­ a su costa - se evita que las personas tomen la justicia por sus propias manos, se evita ­ en otras palabras ­ el retorno a la autotutela que, por regla general, se encuentra prohibida en nuestros ordenamientos jurídicos33.
Con lo señalado, no es de extrañar que las principales cuestiones que han servido para poner en práctica estos derechos (en el sistema interamericano de protección) se han relacionado casi indefectiblemente con las leyes de amnistía (o autoamnistías)34 que han impedido la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos en varios países latinoamericanos35.
Un ejemplo de ello lo constituye el caso de la matanza de "Barrios Altos" (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Estado de Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001), verdadero paradigma de lo que es la interpretación del derecho de acceso a la jurisdicción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos36. En efecto, es este caso un verdadero "ejemplo" de cómo un Estado puede obstaculizar ­ hasta su completa anulación ­ el derecho de acceso a la jurisdicción, aún frente a las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo mismo, resulta altamente útil revisar las principales consideraciones que manifestó la Corte respecto a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención.
A partir del párrafo 41 de la sentencia37, la Corte se hace cargo de establecer ­ claramente ­ cuáles son los criterios que deben regir estas materias. Comienza por señalar: "Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (párrafo 41).
En los dos siguientes párrafos se insiste en el siguiente sentido: "La Corte... considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes... fueran oídas por un juez, conforme lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma" (párrafo 42)... la Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes... que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente (párrafo 43).
El párrafo que sigue es el encargado de afinar ­ completamente - la incompatibilidad de estas leyes y la Convención: "Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención..., las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención..." (párrafo 44)
Lo reproducido hasta aquí es tan evidente que debiera evitar cualquier polémica38; cuando estamos frente a estas leyes de amnistía o autoamnistía, estamos frente a mecanismos obstaculizares de carácter estatal que impiden a las personas siquiera lograr la primera y más básica garantía procesal, el acceso a la justicia. De allí la importancia de fallos como el citado39. Con todo, conviene no perder de vista una cuestión absolutamente fundamental: una de las características del proceso es constituir no sólo un mecanismo de solución de conflictos intersubjetivos, sino también un instrumento para lograr la paz social en justicia. Por lo mismo, cuando el Estado sanciona leyes que, en los hechos, privan a las personas de su derecho de acceso a la justicia y al proceso lo único que está logrando es prolongar situaciones de injusticia que impedirán la real consecución de la tan anhelada paz social40.
En otras palabras, el mecanismo protector de los derechos fundamentales no es otro que la jurisdicción y el proceso. Por tanto, privar a las personas del acceso a ellos, significa privarles de su protección41.
En definitiva, el derecho de acceso a la jurisdicción (que, como se vio, va de la mano con el derecho al proceso) implica que toda persona debe tener la posibilidad de acceder a un proceso con la finalidad de que un órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela42. En esta perspectiva, no de menor importancia resulta lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". En efecto, frente a actos que violen los derechos fundamentales de las personas no sólo se garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción que hemos venido reseñando, sino que la acción que contemple el ordenamiento debe ser sencilla, rápida y eficaz.
Ahora, es evidente que no basta con este primer paso, también se requiere de derechos y garantías procesales en o dentro del proceso. De ellos nos ocupamos enseguida.
VII. DERECHOS O GARANTÍAS QUE EXIGE UN PROCESO JUSTO
Recién vimos que la Convención incorporó a nuestro ordenamiento jurídico el derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso, los que han pasado a integrar el bloque de constitucionalidad que cubre y perfecciona la protección nacional de los derechos fundamentales. Sin embargo, ya advertimos que con ello no basta. En efecto, de nada sirve que se garantice el acceso de todas las personas a la justicia (y al proceso), si una vez emplazados allí, las personas se encuentran con una justicia o un proceso completamente desnaturalizados, en los cuales no se respetan ni las más mínimas garantías de justicia y razonabilidad. Configurar un derecho de acceso a la jurisdicción y al proceso, sin preocuparse de las características de este último, puede resultar inútil. Los derechos de las personas sólo encuentran garantía en un proceso justo, por ello, ahora se trata de revisar ­ brevemente - los derechos y garantías que, como requisitos básicos, debe contemplar un proceso para constituir ­ efectivamente ­ un mecanismo adecuado y justo de tutela judicial para las personas.
En este afán, y habiendo constatado la pobreza de nuestra dogmática nacional al respecto, conviene entrar de inmediato al estudio de la normativa que la Convención contiene sobre el particular. Para estos efectos, nos permitimos citar íntegramente el artículo 8 de la referida Convención:
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída43 con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presente en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".
De entrada, el numeral primero del artículo 8 de la Convención distingue entre las acusaciones criminales y los procesos civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter. Acto seguido, el numeral segundo consagra ­ al referirse a los procesos penales ­ una serie de garantías mínimas que no se especifican para el caso de los demás procesos. Cabe formularse entonces la pregunta obvia: ¿Estas garantías "mínimas" son privativas de los procesos criminales o si, por el contrario, su contenido es extensible a los demás procesos?. La respuesta ha venido de la propia Corte Interamericana la que ­ en diversas ocasiones ­ ha precisado que estas garantías son aplicables también a aquellos procesos que no revisten carácter penal, incluso en aquellos procesos derivados de las acciones a que se refiere el artículo 25 de la propia Convención, léanse en el caso nacional las acciones de amparo y protección.
Realizada esta prevención, aboquémonos al estudio de los derechos y garantías procesales que reconoce la Convención, determinando la manera en que nuestro sistema nacional se ve fortalecido y complementado. Recuerde el lector que ­ en esta revisión ­ nos apoyaremos muy principalmente en el fallo del caso "Castillo Petruzzi y otros vs. Estado de Perú", sentencia de 30 de mayo de 1999.
- Derecho a la igualdad en el proceso (o a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos44). Las garantías mínimas que asegura la Convención, se reconocen a todas las personas que deban participar en un proceso, en condiciones de plena igualdad. Así lo dispone expresamente el numeral segundo del artículo 8. Con todo, al tratarse (la igualdad) de un derecho básico, la Convención ya se hace cargo de él al inaugurar su texto. En efecto, ya en el artículo 1 se consagra el principio de la no discriminación que informa todos los derechos contenidos en la Convención, entre ellos ­ por cierto ­ los derechos y garantías del artículo 8. Pero aún más (para que no existan dudas al respecto), el artículo 24 de la Convención se ocupa de manifestar ­ nuevamente ­ lo que en otras normas ya ha enunciado. Es así como dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a una igual protección de la misma.
En otras palabras, este derecho exige que a todas las personas que recurren ante los tribunales de justicia en procura de tutela a sus derechos o intereses legítimos, se les garantice "un plano de igualdad jurídica, sin que existan privilegios basados en la raza, origen nacional, condición social, sexo, religión u opinión política, entre otros", sin que existan ­ en definitiva - desigualdades de tratamiento jurídico45.
- Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Lo primero es lo primero: la Convención asegura el derecho al juez ordinario (o juez natural) predeterminado ­ con anterioridad - por la ley. Como lo vimos en su oportunidad, constituye una garantía procesal reconocida en nuestra Carta Fundamental y también en la ley procesal penal. Su propia enunciación ya nos señala el contenido del derecho por lo que no nos detendremos al respecto.
Sí nos interesa, en cambio, revisar la exigencia expresa que la Convención hace respecto a la independencia e imparcialidad que los tribunales deben tener, complementando y perfeccionando lo que nuestra Constitución asegura (o no asegura) en su texto. Ello no quiere decir, sin embargo, que estas garantías hayan sido ignoradas en sede nacional46, sólo que al no reconocerse de modo expreso en el texto constitucional, la ley contempló ­ y aún contempla ­ procedimientos en los cuales el respeto por estas garantías brillan por su ausencia. Ejemplos paradigmáticos de ello lo constituyen la justicia criminal y tributaria.
En el primer caso, la normativa procesal penal de 1906 (aún vigente en algunas regiones del país) contemplaba a un juez que instruía el proceso, acusaba y fallaba el caso que se sometía a su conocimiento. Esta situación, vista desde afuera (pues no podemos ingresar en la conciencia de cada juzgador), afectaba la exigencia de un tribunal imparcial, pues la faceta de juez "juzgador" se veía seguramente influida por lo realizado por el juez "instructor"47. Pues bien, esta desafortunada reunión de funciones en una misma persona terminó con el nuevo Código Procesal Penal que, recogiendo esta crítica al sistema antes vigente, asignó las funciones y tareas de investigación a un organismo autónomo, el Ministerio Público. Sabemos que en la aprobación de la reforma procesal penal mucha relevancia adquirieron los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que se cuenta la Convención, de manera que puede señalarse que su aprobación obedece ­ en parte importante ­ a la necesidad de adecuación de la normativa nacional a la contenida en dichos tratados, única vía de insertar ­ seriamente ­ a nuestro país en el concierto internacional. Como se ve, en materia de justicia penal el final fue feliz.
Sin embargo, en lo que se relaciona con la justicia tributaria, el comentario no puede ser el mismo: la adecuación aún espera su turno. No será este el lugar para fundamentar una crítica a la independencia del juez tributario, ni para referirse a las diversas formas en las cuales se materializan los problemas que aquejan a esta justicia, lo único que pretendemos es destacar dos caras de una misma moneda (la justicia chilena) que, en ciertos casos, puede bordear la plena garantía de un tribunal independiente e imparcial, y ­ en otros ­ derechamente entrar a un camino neblinoso en el cual resulta bastante dificultoso echar mano siquiera a garantías procesales básicas.
Pues bien, detengámonos un momento en un aspecto bien preciso de la materia: la atribución de competencias a la justicia militar respecto de casos que deben ser conocidos y resueltos por la justicia ordinaria. Esto, como se ve, está relacionado tanto con el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, como con las garantías de independencia e imparcialidad que le son exigibles a todos los órganos jurisdiccionales. Las garantías que analizamos no se contentan con cualquier tribunal, no da lo mismo. La garantía está referida ­ precisamente - a un tribunal ordinario, esto es, "aquellos establecidos integrando jerarquizadamente la organización judicial y con carácter general para toda clase de asuntos y que se contraponen a los tribunales de excepción"48.
Por tanto, cada vez que un tribunal militar (aún amparado en la ley) asume el conocimiento y fallo de un asunto que ­ de acuerdo a sus características ­ debió ser materia de un tribunal ordinario, estas garantías procesales que reconoce la Convención resultan seriamente violentadas. Justamente éste fue el parecer de la Corte al resolver sobre el particular en el fallo del caso "Castillo Petruzzi"49 ya citado.
En efecto, a partir del párrafo 124 de la sentencia50, la Corte precisa el sentido y alcance que debe darse a estas garantías (que en el fallo las denomina como derecho al juez natural y competente) en hipótesis como la planteada. Fundamentalmente rescatamos los siguientes párrafos: "La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias... El traslado de competencia de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia" (párrafo 128)
Con todo, la Corte también aborda el problema que se genera con las garantías procesales de la independencia e imparcialidad que ­ elementalmente - deben poseer quienes imparten justicia: "Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios" (párrafo 129) "... En el caso en estudio, las propias Fuerzas Armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador51. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares" (párrafo 130)52. Por lo mismo, "la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a los supuestos autores de los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales del debido proceso legal" (párrafo 132), y declara ­ expresamente - que el Estado demandado violó la referida disposición.
En esta materia cabe una precisión. No se discute aquí lo bueno o malo que pueden resultar ­ en abstracto - los tribunales castrenses, ni tampoco sobre su conformidad o no con el sistema internacional de Derechos Humanos (de hecho, los pactos internacionales sobre Derechos Humanos no proscriben la justicia militar). El punto radica en otro lugar: delimitar su campo de actuación a los casos que realmente les corresponde operar, esto es, la mantención del orden y disciplina dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En efecto, podemos señalar que existe consenso general en torno a restringir ­ lo más posible ­ el ámbito de aplicación de la justicia penal militar, pero más importante aún, en prohibir el ejercicio de esta jurisdicción sobre civiles. Esto exige dos importantes tareas; primero - en aquellos países donde estas materias funcionan relativamente bien - estar alertas a posibles traspasos "legales" de competencia hacia el fuero militar y, segundo - en aquellos países que presentan los mayores problemas - la mantención de este estado de alerta, sumando a ello la destinación de esfuerzos para la modificación de las leyes internas que mantengan criterios errados en la asignación de competencias a la justicia militar. No hacerlo así, no sólo implicará desconocer el claro mandato de la Convención (y de la misma Corte), sino que facilitará el vaciamiento de contenido de las más básicas y elementales garantías procesales con que puede contar el justiciable, cuales son, la independencia e imparcialidad del tribunal que le juzga.
En definitiva, asumir que cuando la justicia militar asume competencia sobre asuntos que debe conocer la justicia ordinaria, se afecta gravemente el derecho al "juez natural" (empleando el lenguaje de la Corte y del nuevo Código Procesal Penal), y la efectiva vigencia de las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador.
- El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas53 y a una sentencia en plazo razonable. O como le llama Morello: La terminación del proceso en un plazo razonable (el factor tiempo en la eficacia del servicio de justicia)54, es otra de las garantías procesales que se aseguran en la Convención de la cual ni señas encontramos en nuestra Carta nacional. Una verdadera novedad para nuestra "dogmática" procesal nacional. Cabe puntualizar, sin embargo, que no sólo el artículo 8 de la Convención se hace cargo de este derecho; también se alude a él en el artículo que antecede (numeral 5), al referirse ­ dentro del derecho a la libertad personal ­ al derecho de toda persona detenida o retenida a ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso55.
Tal cual se ha puesto de manifiesto, "nunca más que ahora, frente a la vertiginosa aceleración histórica, la necesidad de que la solución a un conflicto judicial recaiga en un tiempo razonablemente limitado, de modo tal que la garantía de la efectiva tutela que anida en el marco del debido proceso, satisfaga los valores de pacificación, justicia y seguridad"56. No se trata, como correctamente se ha prevenido, de una constitucionalización de los plazos que las distintas leyes procesales contemplan57, sino de reconocer el derecho de los justiciables a un proceso que se sustancie y defina sin dilaciones indebidas, dentro de un plazo razonable.
Ahora, el verdadero tema que nos plantea este derecho, y así lo ha entendido la Corte Interamericana, es fijar aquellos criterios que servirán para establecer cuándo y en qué casos estaremos frente a un proceso en el cual sí han existido dilaciones que pueden calificarse de indebidas y dónde, en definitiva, se ha violentado el derecho a la terminación del proceso en un plazo razonable. Lamentablemente (o favorablemente) en este afán no caben las reglas absolutas, la mirada hacia un concepto jurídico indeterminado es necesariamente relativa y lo es por una sencilla razón: debe examinarse las circunstancias particulares de cada caso.
Efectivamente, es el caso y sus circunstancias el que tiene la palabra en esto. En este sentido, la Corte ha señalado que ­ compartiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos ­ se deben considerar, a lo menos, tres elementos "para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) La complejidad del asunto58; b) La actividad procesal del interesado59 y; c) La conducta de las autoridades judiciales"60, a los que agregan el análisis global del procedimiento.
De esta manera, serán estos elementos los que deberán revisarse a fin de dotar de un contenido concreto al derecho en estudio, más allá del respeto o no a los plazos procesales establecidos por el legislador. Como en más de alguna oportunidad lo señalara el Tribunal Constitucional español: "El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas supone para los órganos judiciales, no la sumisión al principio de celeridad, sino la exigencia de practicar los trámites del proceso en el más breve tiempo posible en atención a todas las circunstancias del caso..."61. Esto es, en síntesis lo que refleja toda la problemática de esta garantía. Con todo, no entraremos aquí, ex profeso, al examen del derecho a recibir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las dilaciones indebidas o retrasos injustificados en la tramitación de los procedimientos judiciales. Su revisión ameritaría un trabajo aparte.
- El derecho a la presunción de inocencia. "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad", postula el numeral 2 del artículo 8 de la Convención. Ya nos debe decir algo el hecho de que este derecho básico no encuentre reconocimiento expreso en el texto constitucional chileno (recuérdese que en él sólo prohiben al legislador presumir de derecho la responsabilidad penal)
Ahora, si bien se trata de un derecho no consagrado expresamente, su análisis se encuentra plenamente vigente gracias a la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, cuerpo normativo cruzado en varias ­ sino en todas ­ de sus instituciones por este fundamental principio. Para nadie resulta un misterio el hecho de que esta garantía haya sido una de las más desplazadas bajo el antiguo sistema procesal penal inquisitivo, lo que ­ entre otros problemas ­ motivó el profundo cambio que se impuso con la nueva normativa. De hecho, ya en su artículo 4, el Código establece ­ claramente ­ que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. No está de más señalar que dicha disposición se ubica dentro del título I dedicado en forma exclusiva a los principios básicos que sustentan el nuevo sistema. Y es que este derecho no es más (ni menos) que eso, un "status básico de un ciudadano sometido a proceso", status protector que debe ser destruido (más allá de toda duda razonable, precisa el artículo 340 del Código Procesal Penal) por el Estado62, a quien le corresponde la carga de la prueba. Con todo, en lo que se vincula con el desarrollo del proceso penal, la consecuencia más relevante de este derecho está radicado en el hecho de que el imputado debe ser tratado como inocente63. Esto, entre otras cosas, impide imponer ­ anticipadamente ­ las consecuencias propias de una sentencia condenatoria, entre ellas ­ por cierto ­ la privación de libertad. Sin embargo, es un hecho público y notorio que este predicamento nunca ha logrado imponerse ­ en forma absoluta (como lo prendió el maestro Ferrajoli)64 - por lo que las medidas cautelares personales siguen existiendo, no como anticipación de condena, pero sí como un medio para asegurar los fines del procedimiento.
En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado: "... De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva... En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está contra de los principios generales del derecho universalmente reconocidos" (Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, párrafo 77)65.
Pues bien, estos criterios se encuentran recogidos en la nueva ley procesal, con lo que el Estado de Chile ­ al menos en esta materia ­ se pone al día en la protección de los derechos fundamentales66. Con todo, no debe olvidarse que el Código de 1906, a lo menos de manera formal, también consagraba la presunción de inocencia en sus artículos 42 y 456 bis. El problema era justamente ese, la consagración no pasaba de ser una mera formalidad, cuya substancia se diluía de manera escandalosa con el resto de la normativa que hacía implícita o explícitamente imposible el desarrollo real del principio, léanse sólo a modo de ejemplo, las normas relativas al auto de procesamiento, y la prisión preventiva67.
- Derecho a un proceso con determinadas garantías mínimas. El numeral 2 del artículo 8 de la Convención contiene ocho literales que dan cuenta de sendas garantías procesales a las que se les asigna el calificativo de "mínimas" que ­ de una forma u otra ­ se relacionan con la tutela de la preparación o ejercicio del derecho de defensa, verdadero "requisito de validez" de un proceso68.
De la mera lectura del precepto, se puede constatar el mayor y mejor contenido que la norma internacional posee en comparación con lo establecido en nuestro texto constitucional que sólo hace alusión a la defensa jurídica cuando remite el contenido del derecho a la ley, y cuando garantiza la debida intervención del abogado (obviamente, sólo en el caso que ha sido requerida).
Se trata de los siguientes derechos, a saber: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada69; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor70; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos71; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior72. Como se puede ver, en su gran mayoría son garantías "ignoradas" en el texto de la Carta nacional, por lo que las mismas se incorporan ­ en su integridad ­ a nuestro sistema a través del bloque de constitucionalidad.
A diferencia de lo que aconteció en la Constitución, y teniendo presente lo dispuesto en la Convención, la nueva ley de enjuiciamiento criminal chilena se hace cargo de este derecho desde un primer momento. En efecto, ya en su artículo 8, el Código posiciona el derecho en su exacta importancia: "El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones expresamente previstas en este Código". En primer término, destaca el derecho del imputado a ser defendido y asistido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Vale decir, no se concibe - por la ley - etapa alguna del procedimiento en que el imputado no tenga asistencia letrada. Como se ha dicho: "Quien carece de ella queda indefenso y deja de ser sujeto del procedimiento dialéctico que envuelve el juicio para convertirse en mero objeto de una persecución que puede tornarse irrestricta"73.
Pues bien, es precisamente a garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho a lo que apunta la creación de una Defensoría Penal Pública, sin la cual el contenido de esta norma ­ en la mayoría de los casos - no pasaría de ser una mera declaración retórica. Esto, por cierto, sin desconocer el derecho del imputado a designar libremente uno o más defensores de su confianza.
Con todo, sea que el imputado opte por un defensor penal público o un defensor de su confianza, la designación misma deberá estar afinada antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado. Así lo dispone claramente el inciso primero del artículo 102, complementando lo dispuesto en la norma que comentamos.
En segundo lugar, el artículo contempla el derecho del imputado a formular los planteamientos y alegaciones que estime oportunos, derecho que no desaparece con la designación del defensor letrado. Manifestaciones de este segundo derecho las encontramos en el artículo 91 (declaraciones del imputado ante la policía); artículo 98 (declaración del imputado como medio de defensa); y, artículo 326 (defensa y declaración del imputado), entre otras.
Por último, un tercer derecho que se extrae de este artículo dice relación con el derecho del imputado a intervenir en todas las actuaciones judiciales y demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones expresamente previstas en la propia ley. Obviando las escasas excepciones que puedan existir, lo que la ley hace es asegurar al imputado (y a su abogado defensor) la más amplia posibilidad de intervenir en el proceso, como una forma de garantizarle la igualdad de oportunidades (de armas) para la obtención de una sentencia que sea calificable de justa.
En consecuencia, una trilogía de derechos básica, absolutamente concordante con la normativa de la Convención Americana, sobre la cual se construye el respeto al derecho de defensa que, en una posición bastante reforzada, contempla la nueva ley.
En definitiva, el horizonte común que pueden conjugar todas estas garantías procesales ("t;mínimas") a que se refiere la Convención coincide con lo recién señalado, y está en brindar un real contenido y eficacia al derecho de defensa, no conformándose con los meros reconocimientos formales o ritos procesales, sino buscar la sustancia que le caracteriza y sitúa en el núcleo mismo del concepto de proceso. Es precisamente esto lo que el nuevo Código Procesal Penal sostiene y que permiten a la defensa contar con igualdad de armas frente al Ministerio Público74.
- Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. La confesión del inculpado sólo será válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. En el caso "Castillo Petruzzi" la Corte se pronunció sobre estos derechos, pero para señalar que no habían sido violados:
"La Corte consideró probado que durante la declaración instructiva ante el juez instructor militar especial se exhortó a los inculpados a decir la verdad. Sin embargo, no hay constancia de que esa exhortación implicara la amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado faltara a la verdad. Tampoco hay prueba de que se hubiese requerido a los inculpados rendir juramento o formular promesa de decir la verdad, lo cual contrariaría el principio de libertad de aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo"75. Recuerde el lector que la Constitución nacional sí contempla este derecho en el literal f) del numeral 7 del artículo 19.
- Prohibición de doble juzgamiento penal por los mismos hechos. En numeral 4 del artículo 8 de la Convención prescribe: "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". En otras palabras: persecución penal única o inadmisibilidad de la persecución penal múltiple, también conocido como principio non bis in ídem.
De esta manera, los inculpados absueltos por sentencia firme no podrán ser sometidos ­ en forma simultánea o sucesiva - a un procedimiento criminal por los mismos hechos, constituyendo una garantía básica del proceso penal. La nueva ley procesal criminal también reconoce expresamente esta garantía (artículo 1): "La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho" (nótese que incluso va más allá en su protección)
- Finalmente, el derecho a un proceso penal público. Así lo consagra el último numeral del artículo 8 de la Convención. Los vicios que trae aparejados una justicia criminal secreta no fueron obviados por la Convención que, al tanto de la importancia de la trasparencia en la administración de justicia, dispuso la publicidad para los procesos criminales. Esta publicidad que persigue tanto proteger al imputado de una justicia sustraída al control público y mantener la confianza de la comunidad en los jueces y tribunales, constituye una de las bases del debido proceso y un pilar del Estado de Derecho (STC español 96/1987, de 10 de junio76)
En lo que dice relación con el caso que nos ha servido de principal apoyo, la Corte resolvió lo siguiente: "La Corte considera probado que los procesos militares de civiles supuestamente incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por jueces y fiscales "sin rostro" y conllevan una serie de restricciones que los hacen violatorios del debido proceso legal. En efecto, se realizaron en un recinto militar, al que no tiene acceso el público. En esta circunstancia de secreto y aislamiento tuvieron lugar todas las diligencias del proceso, entre ellas la audiencia misma. Evidentemente no se observó el derecho a la publicidad del proceso, consagrado por la Convención"77.
Extraño resulta (en realidad no tanto) la ausencia de este derecho en nuestro texto constitucional, si se trata de uno de los principales componentes de un juicio justo. De hecho, de no ser por el complemento del bloque de constitucionalidad, nuestro sistema sólo se habría conformado con su reconocimiento meramente legal que, en vigencia del Código de 1906, aparejaba una serie de limitaciones (entre ellas el sumario criminal) que contaminaban de secreto lo más relevante del antiguo proceso penal. Es en este escenario procesal donde el nuevo sistema procesal criminal reposiciona esta garantía como uno78.
Al comenzar este trabajo afirmamos que la Convención Americana constituye un aporte a la dogmática nacional del derecho a la tutela judicial. Así ha quedado demostrado.
Para demostrarlo, constatamos la debilidad del contenido del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que centra toda su protección en la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, vimos que de escasa o nula operatividad práctica. Y en lo que dice relación con su "teórica" principal garantía (el derecho a un debido proceso legal), denunciamos la verdadera paradoja que significó apartarse de nuestro referente europeo continental, y sus nefastas consecuencias.
Aunque no se explicitó, el texto constitucional demuestra una ciega confianza en la labor del legislador, como sujeto capaz de dar contenido claro y tangible a este derecho.
Pues bien, todo esto transparenta una mecánica, la mecánica de la protección de los derechos y garantías procesales en nuestro sistema jurídico: La Constitución se remite a la ley (confiando en ella) para el efectivo llenado de contenido de los derechos de corte procesal, en otras palabras, para la efectiva concreción del derecho al justo proceso o derecho a la tutela judicial. Por su parte, nuestros jueces, acostumbrados a los catálogos de derechos, a los "textos expresos", y en cumplimiento del propio mandato constitucional, buscan precisamente en la ley aquella explicitación de garantías procesales que le permitan dar cabal cumplimiento a lo que debe ser un justo proceso. Y es justamente aquí donde surge el problema: Muchas veces no encuentran dicha explicitación. En efecto, si nuestras leyes no contemplan procedimientos ajustados a estos criterios "constitucionales" (implícitos), la judicatura se encuentra frente a procedimientos legales que deben cumplir, no obstante sus aprehensiones en torno a su real concordancia con los contenidos de la efectiva y justa tutela judicial. Recordamos nuevamente aquí para algún olvidadizo: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado".
Frente a todo lo señalado, cabe la pregunta: ¿El legislador se ha hecho cargo de esta tarea?. La respuesta, como todas, no es absoluta, porque si bien la ley se ha ocupado de mejorar una serie de procedimientos para hacerlos coincidir con las mínimas garantías que son exigibles a un justo proceso, aún existen en Chile otros tantos que obligarían a nuestros jueces a cumplir la ley, a pesar de sus irracionales e injustos contenidos. Pero, utilizamos la palabra "obligarían", y no "obligan": la diferencia la marca la Convención Americana.
En efecto, la Convención Americana ­ allí situamos su mérito principal para la realidad chilena ­ integra a nuestro sistema un catálogo de derechos y garantías procesales que viene a llenar el vacío derivado del referente anglosajón que nuestro "constituyente" tuvo a la vista a la hora de configurar su principal garantía procesal, el derecho al debido proceso. No compartirán algunos que dicho contenido de la Convención se incorpore a nuestro sistema con rango constitucional; es cierto, pero en nada afecta esta conclusión final, pues aún asignándole una jerarquía similar a la ley, el derecho internacional nos enseña que la norma internacional ­ una vez incorporada constitucionalmente al derecho interno - prevalece sobre éste.
De esta manera, a partir de la vigencia de la Convención, nuestros jueces sí cuentan con un catálogo, bastante afinado, de derechos y garantías que les vincula normativamente y les permite (o debiera permitirles) salvar situaciones que diversas leyes de este país les plantean. Principalmente sus artículos 8 y 25 integran a nuestro sistema (estimamos que con rango constitucional) nuevos derechos y garantías que permiten configurar ­ con seriedad ­ un proceso justo o una tutela judicial racional. Pero aún más, mediante este fenómeno integrador, se incorporan nuevos contenidos a los derechos "aparentemente" contemplados en el texto constitucional.
Es por estas consideraciones que la Convención se alza, desde hace más de una década, en un instrumento normativo fundamental para nuestro, aún poco pulido, sistema procesal (a pesar ­ incluso - de la reforma procesal penal), y permite a cada juez, contribuir al efectivo cumplimiento de las exigencias de un Estado Constitucional de Derecho. Como lo dijéramos en alguna parte del trabajo: las miradas ya no están puestas sólo en el derecho nacional, sino que las fronteras caen con una única finalidad, la de lograr el efectivo respeto de los derechos fundamentales de las personas, el efectivo respeto de su dignidad, y en lo que nos atañe en forma particular, el efectivo respeto a un proceso o procedimiento donde tanto su inicio, desarrollo y conclusión sean justos.
* Profesor instructor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Alumno del Programa de Magíster y Cursos de Doctorado de la misma Facultad, en convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
1 Aunque partimos de esta base, reconocemos que no se trata de un tema pacífico. Sin embargo, ex profeso no nos hacemos cargo en este trabajo de la discusión existente en la doctrina constitucional en torno al exacto alcance que debe darse al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución chilena, ni tampoco de aquel debate en torno a la jerarquía que cabe asignar a estos tratados sobre Derechos Humanos en el derecho interno. Hacerlo, implicaría desviarse de los aspectos fundamentales que nos mueven en esta oportunidad. Los interesados ver la Revista Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, 1997, año 2, N°2, 260 pp. [ Links ]
2 Características de los derechos fundamentales que en la doctrina comparada se recogen bajo el nombre de principios del mayor valor y progresividad.
3 Clásicos ejemplos de uno y otro caso lo constituyen la Constitución Española de 1978 (artículo 24) y su similar de los Estados Unidos de América (enmiendas V y VI, ratificadas en 1791, y enmienda XIV, ratificada en 1868)
4 Como lo propone, por ejemplo, el español Chamorro Bernal al analizar el artículo 24 de su Carta Fundamental (Chamorro Bernal, Francisco, 1994, La tutela judicial efectiva, Barcelona, Editorial José María Bosch, pp. 110 ­ 111) [ Links ]
5 En contrario, véase al profesor Bustamante. Refiriéndose a la identificación entre ambos derechos, señala lo siguiente: "Esta identificación resulta inadecuada, no sólo porque se trata de dos derechos que tienen un origen diferente (el proceso justo de origen anglosajón y la tutela jurisdiccional efectiva de la Europa continental), sino también porque extienden su fuerza normativa a ámbitos de aplicación también diferentes. Así, mientras la tutela jurisdiccional efectiva está circunscrita a los procesos jurisdiccionales ­ valga la redundancia -, el proceso justo o debido proceso rige, además, los procedimientos administrativos, arbitrales, militares, políticos y particulares. Más aún, para los ordenamientos jurídicos influenciados en esta materia por el estadounidense, el proceso justo aparece como un derecho fundamental que comprende, además, los elementos que integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, diferenciándose de esta última en que no sólo se aplica a los escenarios jurisdiccionales (es decir, en el marco de un proceso) sino también en los ámbitos no jurisdiccionales... En otras palabras, ciñéndonos estrictamente a la comprensión estadounidense..., el reconocimiento del derecho fundamental a un proceso justo o debido proceso hace innecesario reconocer el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, por la sencilla razón de que los elementos de esta última están comprendidos dentro del primero" (Bustamante Alarcón, Reynaldo, 2001, Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, ARA editores, pp. 184 ­ 190). [ Links ] Estimamos que esta justificación de lo inadecuado que resultaría esta identificación entre ambos derechos no hace más que confirmarnos la idea de que estamos frente a diferencias más de forma que de fondo y que, en el peor de los casos, en nada se afecta la asimilación que - en este trabajo - se realiza respecto de ellos, toda vez que el mismo apunta justamente a la protección que órganos jurisdiccionales deben brindar a las personas. Idéntica impresión nos deja la posición del profesor Carocca que, luego de reconocer las similitudes sustanciales entre ambos derechos y señalar que sus contenidos están ­ de hecho ­ protegidos bajo ambas modalidades según se trate el sistema, insiste en los matices formales que supuestamente los distinguen (Carocca Pérez, Alex, 1998, Garantía constitucional de la defensa procesal, Barcelona, Editorial José María Bosch, Ediciones jurídicas Olejnik, pp. 179 ­ 184). [ Links ] Sin perjuicio expuesto, insistimos en lo fundamental: la sustancia de ambos derechos es asimilable, lo que queda especialmente demostrado en aquellos sistemas que los consagran a ambos (Constituciones peruana y brasileña, por ejemplo), situación que plantea serios problemas a los tribunales desde el punto de vista de la coherencia normativa, pues se entiende que ambos derechos tendrían que traslucir contenidos perfectamente identificables. Como de hecho, ello no ha acontecido, queda de manifiesto que ­ en la sustancia ­ ambos derechos coinciden, si no en todo, en lo esencial.
6 Al proponer tomarse los derechos fundamentales en serio, naturalmente estamos recurriendo a Dworkin y su obra: Los derechos en serio.
7 Parte importante de la doctrina nacional parece desconocer una realidad, la de la crisis actual de la soberanía en su concepción tradicional o clásica. Hoy por hoy, debe reconocerse que han caído los presupuestos y caracteres fundamentales de la soberanía, tanto externa como interna, dando paso a un sistema (o subsistema) de normas internacionales que complementan ­ efectivamente ­ al Estado Constitucional de Derecho, única vía que permitirá la real garantía de los derechos fundamentales.
8 Vale aquí una precisión. La soberanía, entendida correctamente, no sólo es principio fundamentador de la validez de las normas que integran el ordenamiento interno, también lo es de la aplicabilidad de las normas jurídicas internacionales, las que sólo requieren de la Constitución para ser aplicables y no para obtener validez. La validez de la norma internacional (subsistema del ordenamiento jurídico nacional) es indisponible, pues se ha originado y concretado en otra sede. Como señala el profesor Nogueira: "La Carta Fundamental determina el proceso de integración o incorporación de la norma internacional al ordenamiento jurídico interno, lo que una vez concretado convierte a la norma internacional válida en norma internamente aplicable, la cual ya no es solamente norma internacional aplicable en Chile, sino norma integrante del ordenamiento jurídico chileno, vinculante y obligatoria para toda la población y para todos los órganos del Estado" (Nogueira Alcalá, Humberto, 1997, "Los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico chileno", Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, año 2, N° 2, p. 11). [ Links ]
9 Nuestro país depositó su instrumento de ratificación el 21 de agosto de 1990. Sin embargo, recordemos, la fecha de suscripción de la Convención antecedió en más de dos décadas a esta fecha. En efecto, fue el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José, Costa Rica, cuando se suscribe la Convención, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978.
10 En este punto, véase: Atria Lemaitre, Fernando, 1991, "Los peligros de la Constitución, la idea de la igualdad en la jurisdicción nacional", Cuadernos de análisis jurídico, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, N°36, serie seminarios, pp. 18 - 19. [ Links ]
11 Verdugo Marinkovic, Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio; y Nogueira Alcalá, Humberto, 1994, Derecho constitucional, Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, Tomo I, segunda edición actualizada, p. 217. [ Links ] En similar sentido, véase: Evans de la Cuadra, Enrique, 1999, Los derechos constitucionales, Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, segunda edición actualizada, pp. 140 ­ 142. [ Links ]
12 Véase: Carocca Pérez, Alex, 1997, "Las garantías constitucionales del sistema procesal chileno", Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, año 3, N° 2, p. 149. [ Links ]
13 Entre otros, véase Evans de la Cuadra, Op. cit., p. 142: "La Constitución garantiza hoy el derecho a solicitar y obtener la intervención de abogado para la defensa de los derechos de las personas, intervención que debe admitirse no sólo en los tribunales ordinarios de justicia, sino en cualquier otro órgano jurisdiccional o ante cualquier autoridad. La actuación del letrado no puede ser impedida, restringida, o sea limitada, ni perturbada, o sea obstaculizada, por la ley o por cualquier entidad pública. No se trata, por tanto, sólo de cautelar la defensa judicial, sino la actuación del letrado en todo asunto y ante toda potestad ante la cual se haga valer un derecho o se reclame de la conculcación de un derecho". También, Verdugo Marinkovic, Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio; y Nogueira Alcalá, Humberto, Op. cit., pp. 219 ­220, obra en la cual se insiste en la consagración de un derecho a la defensa técnica (o letrada).
14 En este sentido se ha señalado: "Que los redactores de la norma identificaban el derecho de defensa, con la defensa letrada, queda patente, además de todas sus intervenciones durante la discusión de la norma en el seno de la CENC (Vid. Especialmente la sesión 100, de 6 de enero de 1975), en la interpretación que han hecho posteriormente de ella... Concretamente, el encabezamiento de la disposición ­ toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale...-, permite concluir que lo que asegura es la defensa jurídica, tal cual ha sido concebida por la doctrina y el derecho comparado y no sólo la asistencia letrada o defensa técnica, reiteramos, una manifestación parcial de su amplio contenido" (Carocca Pérez, Alex, "Las garantías constitucionales...", Op. cit., p. 165).
15 Véase: Balmaceda Jimeno, Nicolás, 2000, "Corporaciones de Asistencia Judicial y Abogados de Turno: Incumplimiento de una garantía constitucional", Revista Chilena de Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Octubre/Diciembre, Vol. 27, N° 4, pp. 721 ­ 733. [ Links ]
16 Véanse sólo a modo de ejemplo: Evans de la Cuadra, Op. cit., pp. 142 ­ 148; y Verdugo Marinkovic, Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio; y Nogueira Alcalá, Humberto, Op. cit., pp. 222 ­ 223.
17 En efecto, se acordó dejar constancia en actas (para la "historia fidedigna" de la norma) que se coincidía en el hecho de que eran garantías mínimas de un racional y justo proceso el permitir el oportuno conocimiento de la acción, la adecuada defensa y la producción de la prueba que correspondiere (Verdugo Marinkovic, Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio; y Nogueira Alcalá, Humberto, Loc. cit., reproduciendo parte de la sesión N° 103) El carácter elemental de este contenido mínimo del debido proceso lo refleja muy bien Carocca: "Lamentablemente se trata de aspectos demasiado elementales, sin los cuales siquiera podría tener lugar algo que pudiese denominarse proceso, como para pensar que esa podría ser la extensión de la garantía, de modo que, en definitiva, la voluntad conocida de los redactores de la norma constitucional chilena que la contiene, poco aporta para la implementación práctica de la garantía" (Carocca Pérez, Alex, "Las garantías constitucionales...", Op. cit., p. 205).
18 Cabe insistir en este punto. Ya al intentar traducir la expresión anglosajona se presentan problemas, y no los iban a haber al intentar configurar un contenido más exhaustivo. En efecto, "circunstancias de concepción, de lugar y de tiempo han originado que el debido proceso cuente con diversas locuciones; por ejemplo, es conocido como garantía de defensa en juicio, debido procedimiento de derecho, forma de proceso, garantía de audiencia, debido proceso formal, derecho de contradicción, proceso debido, juicio justo y procedimiento justo (Bustamante Alarcón, Reynaldo, Op. cit., p. 183) Por su parte, el profesor Carocca señala: "Debido proceso o proceso con todas las garantías, son las traducciones al castellano que más se han difundido de due process of law. Incorrecta a todas luces aparece la de procedimiento debido o justo procedimiento, porque este último vocablo designa las formas a través de las cuales se tramita el proceso y en inglés se corresponde con procedure y no con process... Sin embargo, siguiendo a Vigoriti, nos parece que la traducción más correcta es la de juicio justo, teniendo presente que el término due, en el que recae toda la fuerza de la expresión, es una apelación a la conciencia del hombre, a una justicia superior fundada sobre la naturaleza y sobre la razón... no puede traducirse con adjetivos como regular o correcto, que manifiestan sólo una exigencia de legalidad que no agota el contenido de la garantía, por lo que debería ser traducido con el término justo, el único que puede dar cuenta con eficacia el contenido ético de la expresión due... Sin embargo, debemos reconocer que la expresión debido proceso, en el sentido de justo y no de correcto, poco a poco se ha ido imponiendo... En cambio, las locuciones juicio justo y juicio equitativo parecen haberse generalizado para designar esta garantía en la aplicación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos... (Carocca Pérez, Alex, La garantía constitucional de la defensa..., Op. cit., pp. 160 ­ 161).
19 En efecto, se ha señalado que "a diferencia de otras Constituciones de países occidentales, tanto más antiguas como nuevas y especialmente entre estas últimas las de fecha similar a la de elaboración de la Ley Fundamental chilena, la de nuestro país no contiene un catálogo amplio o al menos suficiente de garantías del sistema procesal... esta situación resulta tanto o más lamentable si se tiene en cuenta que es precisamente a través de este sistema que las personas pueden obtener la tutela de todos los demás derechos, fundamentales o no, constituyéndose en un factor decisivo en la época actual para la configuración de un verdadero Estado de Derecho, que se caracteriza por el respeto generalizado a los derechos de las personas... Desafortunadamente, en nuestra Constitución no se contiene precepto alguno que pueda hacer entender que haya consagrado directamente a favor de todas las personas el derecho a la justicia o a la tutela jurisdiccional". Peor aún, se agrega, si la garantía más amplia de nuestro sistema, primero, proviene de otra tradición jurídica y, segundo, se trata de una garantía amplísima cuyo exacto contenido no resulta fácil de establecer y que debe ser objeto de una adecuación para hacerla operativa en nuestro derecho continental (Carocca Pérez, Alex, "Las garantías constitucionales...", Op. cit., pp. 149 ­ 151)
20 No se malentienda lo que aquí se ha señalado. No es que nuestros jueces no cumplan roles relevantes, sino que ­ desde la perspectiva que estamos estudiando ­ se les ha exigido tareas o funciones que se oponen frontalmente con el modelo que hasta ahora nos rige. Nuevamente queda de manifiesto la paradoja del referente del derecho nacional en esta materia.
21 De hecho, para los jueces nacionales los criterios de lo que es o no un justo o debido proceso están dados por el cumplimiento o incumplimiento que en determinado caso se da a los procedimientos establecidos en la ley que entienden ajustados a este concepto. En esta perspectiva, conviene tener siempre presente lo dispuesto en la primera parte del inciso 5 del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado".
22 Decimos finalmente, pero antes habíamos advertido que la norma del numeral 3 del artículo 19 no era la única. Para ser consecuentes debemos dar cuenta de esta norma que, no situada en el citado numeral, aporta algún contenido a este derecho a la "tutela" jurisdiccional. Nos referimos al numeral 7 del mismo artículo que, entre otras materias, se preocupa de la libertad personal en relación con los procesos criminales (una especie de "derecho" a la libertad provisional, a menos que...) y, en especial, consagra que en las causas penales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio, lo que se extiende a sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que señale la ley. En cuanto a lo que dice relación con los dos últimos incisos del numeral 3 del artículo 19, no nos pronunciamos sobre ellos por no tratarse de garantías procesales.
23 En este momento se hace necesaria una precisión. No se trata de tener - en estas materias - buena o mala voluntad, no se trata de cerrarse a nuevas interpretaciones; lo que ocurre es que las nuevas interpretaciones deben ser "válidas", apoyarse en realidades jurídicas, y no constituir elucubraciones o disquisiciones ­ más o menos ­ interesantes (o "progresistas"), pero sin ningún sustento normativo. Tampoco se trata aquí de caer en la tentación de echar mano a disposiciones constitucionales que no consagran derechos, sino que regulan aspectos orgánicos de determinadas instituciones; con ello, al contrario de beneficiar el tratamiento del tema, lo contamina y despurifica, mezclando cuestiones que no cabe confundir.
24 Nogueira Alcalá, Humberto, 1997, Dogmática constitucional, Editorial Universidad de Talca, Talca, pp. 85 ­ 88. El autor (citando a Bidart Campos, Germán) lo explica de la siguiente manera: "Cuando existen normas que estando fuera de la Constitución se erigen, por decisión del constituyente, a un nivel supraconstitucional o al mismo nivel de la Carta Fundamental, compartiendo su misma jerarquía o una superior, nos lleva a plantear necesariamente la doctrina del bloque de constitucionalidad, en el cual se insertan, a través de fuentes nacionales o internacionales, normas con la misma jerarquía de la Constitución, lo que significa... que por imperio de la propia Constitución esas normas ajenas a su articulado comparten su misma fuerza normativa, porque la propia Carta Fundamental como fuente suprema del ordenamiento jurídico lo ha querido". De esta forma, agrega Nogueira, con este bloque se supera la concepción formal de la Constitución y ésta se elastiza, dando mayor amplitud a las valoraciones en materia de constitucionalidad, reforzando la fuerza normativa de la Constitución. En fin, concluye, este bloque de constitucionalidad irradia un criterio interpretativo y aplicativo que ningún operador jurídico debe dejar de considerar y actuar en conformidad con él. En otros términos, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, en materia de derechos esenciales o derechos humanos, configuran el sentido y alcance de los derechos constitucionales, pudiendo invocarse formalmente... (p. 86).
25 Al respecto véase: Nogueira Alcalá, Humberto, Dogmática..., Op. cit., pp. 99 ­ 101.
26 Para nosotros no se trata de otra cosa que lograr la vigencia real o efectiva de la dignidad del ser humano, valor superior que fundamenta el ordenamiento y los derechos humanos, entre ellos, los que en este trabajo se abordan (al respecto, véase: Nogueira Alcalá, Humberto, Dogmática..., Op. cit., pp. 107 ­ 121). En el mismo sentido, Bustamante: "El proceso justo supone, pues, la vigencia efectiva y equilibrada de la dignidad del ser humano, de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes constitucionalmente protegidos, al interior de un proceso o procedimiento o al regular su acceso. Sólo podrán aceptarse aquellos límites o regulaciones que sean razonables, es decir, que tengan un fin lícito y que los medios empleados sean proporcionales" (Bustamante Alarcón, Reynaldo, Op. cit., p. 272).
27 Manifestaciones parciales (por tanto, limitadas) de este derecho se pueden encontrar en los artículos 20, 21 y 38 inciso 2 de la Constitución. Con todo, no coincidimos con aquellos que ­ forzando la interpretación de las normas ­ han pretendido ver en el artículo 73 de la Constitución un precepto en el cual apoyar un supuestamente amplio derecho de acceso a la jurisdicción. Peor aún, la norma del inciso 2 del citado artículo (en el cual se basan) exige que se reclame la intervención del tribunal "en forma legal" y en negocios "de su competencia", con lo cual el legislador puede ­ en cualquier momento ­ hacer que determinados asuntos ya no sean susceptibles de conocimiento por parte de los tribunales.
28 El inciso decía: "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y dispondrá de un recurso efectivo contra los actos que los violen".
29 En efecto, en la sesión N° 103, pueden encontrarse intervenciones del siguiente tenor: "El señor Ortúzar (presidente) señala que lo dicho por el señor Diez, coincide plenamente con las observaciones que hizo en sesiones anteriores, en el sentido de que un precepto de esta naturaleza permite recurrir directamente a los tribunales sin que éstos puedan excusarse ni por razones de competencia, ni porque no exista una ley que resuelva el conflicto o establezca otro procedimiento... El señor Silva Bascuñán, declara, que esta es una de las reformas más importantes que se puedan concebir, porque se establecen el derecho a la acción y, además, de que no puede haber excusa en el ordenamiento jurídico de que un derecho no tenga protección, por no existir en un momento dado el órgano o el recurso correspondiente... El señor Diez solicita dejar constancia de que si no existe el órgano competente para resolver sobre el atropello de un derecho, corresponde decidir a los tribunales ordinarios de justicia..." Sin embargo, bastó una intervención (la del señor Jaime Guzmán) para echar por tierra la consagración de este derecho, argumentándose en torno a la inconveniente y peligroso que resultaría para la autonomía de las sociedades intermedias que todo conflicto debiera derivar ­ necesariamente ­ en los tribunales de justicia.
30 Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial..., Op. cit., p. 18. El mismo autor agrega: "No se puede obtener la prestación jurisdiccional, la resolución que pone fin a la controversia, si por algún motivo no es posible acceder primero a los jueces y tribunales, acceso que, por tanto, es considerado... como el primer escalón en el ejercicio del derecho a la prestación judicial". En el mismo sentido lo reconoce el profesor Fernández Segado (citando un fallo del Tribunal Constitucional español: STC 115/1984, de 3 de diciembre): "El derecho a obtener la tutela judicial efectiva como primer contenido, en un orden lógico y cronológico, el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso, pudiendo de esta forma promover una actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas" (Fernández Segado, Francisco, 1999, "El derecho a la jurisdicción y las garantías del proceso debido en el ordenamiento constitucional español", Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, año 5, N° 1, p. 71) [ Links ]
31 Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial..., Op. cit., p. 41 (citando el fallo del Tribunal Constitucional español: STC 69/1983 de 26 de julio). Para este autor, este derecho se configura ­ al menos ­ con el siguiente contenido: el derecho a la elección y la apertura del proceso, la prohibición de obstáculos excesivos o irrazonables al acceso al proceso y el derecho a ser parte en el proceso.
32 Nótese la similitud de las expresiones empleadas en el sistema internacional para recoger este derecho de acceso a la jurisdicción. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial...". En el mismo sentido, el artículo 6 de la Convención Europea es del siguiente tenor: "Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial...". Por fin, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial...". Sólo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre cambia en parte la expresión, pero mantiene intacta la idea: "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".
33 En efecto, la doctrina ha señalado: "El fundamento de esta garantía se encuentra en la prohibición de la acción física o directa para conseguir la autotutela que el Estado impone a todas las personas, pero a cambio de lo cual debe asegurarles que cuando éstas estimen que un interés jurídicamente relevante, no les ha sido reconocido o respetado, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales, disponiendo del cauce procesal adecuado para ello, con la finalidad de perseguir a través de su acción jurídica ­ que reemplaza a la primitiva acción física -, un pronunciamiento jurisdiccional ­ que puede ser favorable o desfavorable -, que declare su derecho en el caso concreto, vale decir, puedan obtener la tutela judicial" (Carocca Pérez, Alex, "Las garantías constitucionales...", Op. cit., p. 160). En el mismo sentido encontramos al profesor Nogueira: "El derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional de los derechos constituye un instrumento de defensa que el Estado pone en manos de las personas en reemplazo de la autotutela, esta última inaceptable dentro del Estado Constitucional y del Estado de Derecho, lo que obliga a configurarlo de manera que se establezca en su favor el mayor grado de garantías posibles" (Nogueira Alcalá, Humberto, 1997, "La dignidad de la persona, derechos esenciales y derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos", Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, año 3, N°2, p. 119). [ Links ] Lo mismo apunta una autora: "El fundamento básico del derecho que analizamos se encuentra en el hecho de que a las personas se les ha prohibido satisfacer por sus propios medios el conjunto de derechos e intereses que constituyen su patrimonio jurídico. El ordenamiento positivo prevé la solución de conflictos siguiendo la pauta de convenciones sociales ordenadas a la idea de justicia, o desde otras perspectivas, a valores que socialmente se reconocen como justos. Sobre la base de esta prohibición de las iniciativas individuales, será necesaria una compensación que permita solicitar esa defensa al Estado poniendo en marcha el mecanismo de la justicia, gracias a lo que se denomina derecho a la jurisdicción" (Figueruelo Burrieza, Ángela, 1990, El derecho a la tutela judicial efectiva, Madrid, Editorial Tecnos, p. 50). [ Links ]
34 Como una verdadera paradoja, la justificación oficial que se ha otorgado a las denominadas leyes de amnistía convergen ­ siempre ­ en la búsqueda de mecanismos de pacificación y reconciliación nacional.
35 Así se ha señalado por la Corte Interamericana: "... del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación" (Caso Villagrán Morales y otros, sentencia del 19 de noviembre de 1999, texto tomado de: Huerta Guerrero, Luis Alberto, "El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Documento de trabajo de la Comisión Andina de juristas, p. 8, disponible en http://www.cajpe.org). En lo que dice relación con nuestra realidad, huelga señalar que el Decreto Ley 2.191 (promulgado el 10 de marzo de 1978) responde claramente al perfil que estamos analizando, lo que ­ de paso ­ se ha demostrado con las numerosas denuncias que se han recibido por la Comisión en contra del Estado chileno, en las cuales se solicita recomendar a éste adoptar todas las medidas necesarias para establecer el paradero de las víctimas y sancionar a los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, además de otorgar compensación a los familiares de las víctimas por la violación de su derecho a la justicia. Con todo, conviene una precisión. Las denuncias a las cuales nos estamos refiriendo no tratan de violaciones a los derechos humanos que se derivan de la ilegal detención y desaparición de personas en ellas consignadas, sino de la no derogación del Decreto Ley citado, dictado para sí mismo por el gobierno del General Augusto Pinochet, cuya vigencia y aplicación continuó a pesar del retorno a los gobiernos democráticos y, peor aún, a pesar de la plena vigencia de la Convención. Tales denuncias se originaron frente a la falta de identificación, juzgamiento y sanción de los responsables de los hechos. En fin, aparece claro que el Decreto Ley de amnistía afectó el derecho de las víctimas (incluimos a familiares) de iniciar una acción penal ante los tribunales en contra de los responsables por violaciones a los derechos humanos.
36 Los hechos que motivaron este caso se pueden resumir de la siguiente forma. En horas de la noche del día 03 de noviembre de 1991, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario de la ciudad de Lima conocido popularmente como Barrios Altos. Al momento de la llegada de los sujetos, en el lugar se celebraba una fiesta que pretendía recaudar recursos para la reparación del edificio. Los atacantes se movilizaban en dos vehículos que portaban luces y sirenas policiales, apagadas al llegar al lugar. Los individuos cubrieron sus rostros con pasamontañas y obligaron a las personas a arrojarse al suelo. Acto seguido comienzan a disparar indiscriminadamente por espacio aproximado de dos minutos (con pistolas ametralladoras), matan a 15 personas y hieren gravemente a otras cuatro. Luego de esto, los sujetos huyen del lugar. Pues bien, investigaciones de carácter principalmente periodístico revelaron que los sujetos atacantes trabajaban para la inteligencia militar, siendo miembros del Ejército peruano. Actuaban en el "escuadrón de eliminación" (también llamado grupo Colina) y llevaban a cabo su propio programa antisubversivo contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso. Doce días después, el Senado de dicho país aprueba la creación de una Comisión Investigadora de estos hechos, la que ­ sin embargo ­ no logró concluir su labor pues el Gobierno de Emergencia y reconstrucción nacional (iniciado el 05 de abril de 1992) disolvió el Congreso, y el Congreso Constituyente Democrático elegido en noviembre de 1992 no reanudó la investigación. La autoridad judicial no interviene seriamente sino hasta abril del año 1995 cuando por una fiscal se denuncia a cinco oficiales del Ejército como responsables de los hechos. Un juzgado inició una investigación formal, en la que la juez a cargo no pudo obtener las declaraciones de los denunciados por una u otra razón (entre ellas, el hecho de que los tribunales militares reclamaban competencia sobre el caso) Con todo, antes que la Corte Suprema pudiera pronunciarse al respecto, el Congreso aprobó (el 14 de junio de 1995) una ley de amnistía (Ley N° 26.479), que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos. Con ella, la investigación judicial se debía archivar. Sin embargo, la juez de la causa (utilizando facultades que la propia Constitución le otorgaba) resolvió no aplicar esta ley a este caso, principalmente pues con ella se violaba las garantías constitucionales y la Convención Americana. El caso ahora, debía pasar a la Corte Superior de Lima (la audiencia quedó fijada para el día 03 de julio de 1995). El caso es que antes que esta audiencia se desarrollara el Congreso aprobó una segunda ley de amnistía (Ley N°26.492), estableciéndose expresamente que no resultaba revisable en sede judicial y que era de obligatoria aplicación. Con la segunda amnistía aprobada, se lleva a efecto la audiencia, se revoca la resolución de la juez y se ordena el archivo del caso (Véase: Nogueira Alcalá, Humberto, 2001, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con implicancias jurídicas para Chile", Ius et Praxis, Derecho en la Región, Editorial, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, anexo Jurisprudencia internacional, año 7, N° 1, pp. 733 ­ 736). [ Links ]
37 Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", pp. 748 ­ 749).
38 Sin embargo, debemos reconocer que este problema que plantean las leyes de amnistía también está cruzado por una decisión básica: determinar quién debe decidir respecto a estas materias. Una de las opciones está radicada en los tribunales de justicia (la Corte Interamericana en caso de que en nivel interno no se brinde la debida protección) y la otra, en las autoridades nacionales democráticamente elegidas por el pueblo. De esta forma, no son pocos los que afirman (pensando en una ley de amnistía democráticamente sancionada, como en el caso de Uruguay) que decisiones como las que se han reseñado aquí deben reservarse no a los tribunales de justicia (menos aún si no son nacionales), sino a las autoridades democráticamente elegidas por el pueblo. Son ellas ­ precisan ­ las que mejor conocen las "consecuencias" que puede acarrear un "desfile de militares" por los tribunales de justicia, son ellas las que deben ponderar el estado de las cosas y evaluar la conveniencia o inconveniencia de permitir el ejercicio "indiscriminado" de su derecho a la justicia (y al proceso) por parte de las personas. Por nuestra parte, creemos que en materia de protección de derechos fundamentales, cualquier alusión a las "consecuencias" que puede traer el ejercicio de derechos básicos ­ como los que aquí se han revisado - resulta inaceptable por principio, más aún si se verifica ­ en la realidad ­ la composición de las "democráticas" instituciones de los países latinoamericanos. Peor aún, una interpretación como la sugerida chocaría frontalmente con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención según los cuales los Estados Partes se han comprometido a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, y a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos. Precisamente dentro de estas medidas "de otro carácter" se encuentran las medidas jurisdiccionales que deben adoptar los tribunales de justicia, para "al tenor del artículo 5 de la Constitución, respetar y promover los derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales, obligación vinculante de carácter inmediato al tenor del artículo 6 de la Constitución...". Véase: Nogueira Alcalá, Humberto, "La dignidad de la persona...", Op. cit., p. 118.
39 Con todo, no siempre el pronunciamiento de la Corte ha sido tan directo y explícito en relación con el derecho de acceso a la justicia como aconteció en el caso "Barrios Altos". En ocasiones (por ejemplo, en el caso "Castillo Petruzzi", que luego analizaremos más profundamente), la Corte ha cubierto esta garantía procesal de modo indirecto, mediante su relación con otras garantías del proceso, como la del derecho al juez natural: "La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias... El traslado de competencia de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia" (párrafo 128). Véase: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 694.
40 Como lo ha señalado alguno: "Esa preocupación por dar a los estudios procesales ­ o al proceso ­ el necesario rigor científico, ha hecho olvidar a no pocos estudiosos, jueces y operadores del derecho en general, que el proceso, antes que un objeto de estudio con categorías propias y definidas, es un drama humano, un punto de choque de intereses, de conflictos, de incertidumbres, de ideales y hasta de filosofías, una creación humana... en la que muchas veces se decide sobre la libertad, la dignidad, la familia, el bienestar, el patrimonio y hasta la propia vida del ser humano" (Bustamante Alarcón, Reynaldo, Op. cit., p. 49)
41 No nos engañemos. En este trabajo, solamente hemos centrado nuestra atención en la violación más flagrante y evidente de los derechos de acceso a la jurisdicción y al proceso (las leyes de amnistía), lo que no implica desconocer la existencia de otros mecanismos ­ menos groseros ­ que también atentan en su contra, tales como la imposición de cargas patrimoniales o fiscales que limitan injustificadamente el referido acceso. Al respecto, véase: Cappelletti, Mauro; y Vigoriti, Vicenzo, 1974, "Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano", en Proceso, ideologías, sociedad, Recopilación y traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa ­ América, Colección Ciencia del Proceso, pp. 525 ­ 570. [ Links ]
42 Bustamante Alarcón, Reynaldo, Op. cit., p. 208. En palabras de otros autores (al comenzar a tratar los derechos básicos de los justiciables): "... los sujetos jurídicos tienen el derecho de acceder a ella (la jurisdicción), esto es, de dirigirse a los órganos jurisdiccionales pretendiendo que digan el derecho, lo tutelen, lo apliquen o lo realicen... una posibilidad de obrar respecto a la cual no sería lícito actuar poniendo impedimentos u obstáculos" (De la Oliva Santos, Andrés; Diez-Picazo Giménez, Ignacio; Vegas Torres, Jaime, 1999, Derecho procesal, introducción, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, p. 82).
43 Garantía recién revisada en el punto anterior.
44 Por utilizar la terminología de nuestra Carta Fundamental (artículo 19 N° 3)
45 Nogueira Alcalá, Humberto, "La dignidad de la persona...", Op. cit., p. 119. Otro tema distinto (pero vinculado) es aquel que se relaciona con la igualdad "práctica" o "real" que las partes tienen (o aspiran tener) en el proceso, lo que obligaría a tratos "diferenciados" para partes también diferentes. Como dice Cappelletti (citado por Bustamante): "No basta... la afirmación por parte del ordenamiento jurídico de una teórica y abstracta igualdad de los ciudadanos frente a la ley, cuando las partes no estén, sin embargo, también en situación de poder servir, en igualdad de condiciones, de aquel complejo y costoso instrumento de tutela de los derechos que es el proceso; y es evidente, en efecto, que también frente a la administración de justicia existe el peligro de que gravite sobre el pobre aquella maldición que pesa sobre él cada vez que los ordenamientos democráticos se limitan a asegurarle, a él como a todos los otros ciudadanos, las libertades políticas y civiles, las cuales en demasiadas ocasiones, cuando le faltan los medios económicos indispensables para valerse prácticamente de aquellas libertades, se resuelven para el pobre en cosa irrisoria." (Bustamante Alarcón, Reynaldo, Op. cit., p. 274). En principio, la Corte ha estimado que estas desigualdades de trato (en procura de una igualdad real entre las partes) no son incompatibles con la Convención; sólo lo serán cuando abandonen la razonabilidad, y se aparten de la justicia y de su justificación fundamental: la dignidad de la persona humana. De hecho, en una opinión consultiva, la Corte señaló: "Si una persona que busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le garantiza, encuentra que su posición económica (en este caso de indigencia) le impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley" (Opinión Consultiva OC-11/90, del 10 de agosto de 1990, párrafo 22, texto tomado de: Huerta Guerrero, Luis Alberto, Op. cit., p. 7).
46 De hecho, ya clásico es el fallo del Tribunal Constitucional chileno que en 1988 se pronunció sobre el particular (Sentencia de fecha 05 de abril de 1988, Rol N° 53): "Este Tribunal está de acuerdo en que todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial... Es más, a juicio de este Tribunal, la independencia e imparcialidad no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que, además, son elementos consustanciales al concepto mismo de juez".
47 La concentración de funciones contemplada en el texto original del Código de 1906, "fue llevada a una expresión extrema en 1927, cuando por medio del Decreto con Fuerza de Ley 426 se suprimieron promotores fiscales que ejercían el Ministerio Público en primera instancia. Con ello, el juez de la causa pasó a concentrar además de las facultades de instrucción y fallo, la facultad de acusar" (Riego, Cristián, 1994, "El proceso penal chileno y los derechos humanos", Cuaderno de Análisis Jurídico, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Vol. I, Aspectos Jurídicos, p. 45). [ Links ]
48 Carocca Pérez, Alex, "Las garantías constitucionales...", Op. cit., p. 188.
49 Los hechos que motivaron este caso pueden resumirse así: Durante los años 1980 a 1994 Perú sufrió una grave convulsión social generada por los actos terroristas. El órgano que se creó para combatirlos fue la DINCOTE, facultada para detener a los inculpados por un plazo de 15 días (prorrogables por otros 15) e incomunicarlos en caso necesario. Pues bien, durante un operativo (denominado "El Alacrán") llevado a cabo los días 14 y 15 de octubre de 1993 se detuvo a cuatro personas de nacionalidad chilena, entre ellos el señor Castillo Petruzzi. Tanto en la detención como durante el procesamiento de estas personas rigió en Lima un estado de emergencia y de suspensión de ciertas garantías constitucionales. Pero además de aquello, durante la fase de investigación policial estos chilenos no contaron con el derecho a la defensa (no obstante se realizaron una serie de diligencias probatorias), sino hasta que rindieron declaración sobre los hechos, oportunidad en la cual se les nombró un defensor de oficio. El 18 de octubre del mismo año se comunica a la Fiscalía Militar Especial ­ FAP la detención de estas personas (la calificación legal del ilícito fue efectuada por la DINCOTE y sirvió de base para atribuir competencia a la jurisdicción militar). Los chilenos son procesados por el delito de traición a la patria en el fuero militar, proceso llevado a efecto por jueces "sin rostro". Para este tipo de delitos se aplica un procedimiento sumario "en el teatro de operaciones" llevado adelante por jueces con las características señaladas, respecto al cual no caben acciones de garantías. Durante el primer año de privación de libertad se les impuso un régimen de aislamiento celular continuo, en una celda muy reducida, sin ventilación ni luz natural, con sólo media hora de salida de su celda al día y con un régimen de visitas sumamente restringido. En cuanto a la infracción de las garantías procesales, a modo de ejemplo y en apretado resumen podemos señalar las siguientes: a) Impedimento de que el abogado se entreviste en privado con su defendido previo a diligencias; b) Secreto para la defensa respecto a las pruebas de cargo; c) Prohibición de contrainterrogar testigos; d) Intimidación hacia el ejercicio profesional del defensor; e) Limitaciones extremas de acceso al expediente para preparar los alegatos (sólo por espacio de treinta minutos o una hora); y f) Rechazo de excepciones de declinatoria de jurisdicción (en alguno de los casos originalmente acogidas) sin fundamentación alguna. Finalmente, se condena a estas personas como autores del delito de traición a la patria a la pena de cadena perpetua y otras accesorias. Más detalle, véase en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", Op. cit., pp. 670 ­ 679.
50 Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", Op. cit., pp. 691 ­ 695.
51 "La garantía de la imparcialidad permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición objetiva al momento de resolverlo" (Huerta Guerrero, Luis Alberto, Op. cit., p. 12). En el caso cuya sentencia se reproduce parcialmente en este trabajo, el evidente atentado a esta garantía evita cualquier comentario o explicación.
52 No sin razón se ha destacado que la independencia de los tribunales alude ­ también - "al grado de relación que existe entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial, respecto a los demás órganos del Estado, en especial los de carácter político, como los son el ejecutivo y el Legislativo". En este sentido, la Corte Interamericana, siguiendo a la Corte Europea, ha señalado que "la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas". Justamente uno de los principales objetivos de la separación de poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, "los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución". Saltan a la vista, entonces, los problemas que tiene la justicia militar para dar cumplimiento efectivo a la garantía de la independencia, principalmente debido a su conformación (Huerta Guerrero, Luis Alberto, Op. cit., p. 10). Con todo, no perdamos de vista un punto esencial de carácter general: la garantía de la "independencia" ha sido establecida en función de la garantía de la imparcialidad. Por lo mismo, es en esta última donde cabe poner la mayor atención y preocupación. Como lo ha señalado alguno: "Es posible que exista independencia... y los jueces carezcan de imparcialidad o, por la inversa, que no exista y, sin embargo, los jueces sean imparciales... Entendemos que la independencia funcional es instrumental a la imparcialidad o independencia personal del juez" (Pereira Anabalón, Hugo, 1993, Curso de derecho procesal, derecho procesal orgánico, Editorial Jurídica Cono Sur, edición actualizada, Santiago, Chile, p. 262). [ Links ]
53 En torno a lo indebido de la dilación, véase: Fernández-Viaga, Plácido, 1994, El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, Editorial Civitas, Madrid, p. 34: " [ Links ]La consolidación histórica del proceso implicó la aceptación del transcurso del tiempo como medio para la resolución de los conflictos. La superación de la venganza privada y los mecanismos de compensación así como la sumisión de la ciudadanía al monopolio de la fuerza estatal encontraba en la garantía procesal un adecuado instrumento de realización de la justicia, mediante la serenidad que proporciona el estudio minucioso, en ocasiones, por tanto, lento, de los asuntos. El Derecho Procesal supone una construcción de la razón dirigida a eliminar las irreflexivas reacciones de la pasión. Dejar transcurrir un lapso temporal entre el crimen y el castigo, entre el hecho objeto de enjuiciamiento y la decisión final implicaba una mayor seguridad. Solamente cuando las bases del ordenamiento jurídico moderno se encuentran consolidadas, y la racionalidad del Derecho plenamente establecida, parece el momento de realizar una labor de matización conceptual. El tiempo es necesario para la deliberación, pero jamás podrá ser desproporcionado con la índole de la cuestión que se trate de resolver".
54 Morello, Augusto, 1994, El proceso justo, del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, p. 365. [ Links ]
55 Nótese, de inmediato, la mayor importancia que se asigna a este derecho tratándose de los procesos penales, lo que se traduce en el derecho del detenido (o retenido) a ser puesto en libertad en caso de no ser juzgado dentro de un plazo razonable.
56 Morello, Augusto, Loc. cit.
57 Entre otros: Nogueira Alcalá, Humberto, "La dignidad de la persona...", Op. cit., p. 134.
58 Esta complejidad puede ser de hecho o de derecho. Respecto a este elemento se ha señalado: "Nos parece que la complejidad, fuerte cargazón técnica y económica, cualificación en el sentido de especialización extrema de los asuntos o causas que se disparan sobre el juez jurídico (hombre de derecho versado en él desde una formación clásica, más rígido y ortodoxo) emerge hoy como una circunstancia que acentúa negativamente el problema de la sobrecarga disfuncional de las Cortes y tribunales" (Morello, Augusto, Op. cit., p. 371).
59 Léase aquí a los demandantes.
60 Extrañamente ésta es una de las pocas garantías procesales cuya violación no está invocada en el caso "Castillo Petruzzi". Es esta la razón por la cual debimos recurrir a otro fallo de la Corte (Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafos 77 y 81, citado en: Huerta Guerrero, Luis Alberto, Op. cit., p. 13).
61 STC español 125/1999, de 30 de julio, disponible en: http://www.tribunalconstitucional.es. Véanse también: STC 223/1988, 313/1993, 324/1994, 53/1997, 99/1998 y 58/1999.
62 Binder, Alberto, citado en: Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián, 2002, Derecho Procesal Penal Chileno, principios, sujetos procesales, medidas cautelares, etapa de investigación, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, p. 79. [ Links ]
63 La Corte ha considerado contraria a la presunción de inocencia la presentación de una persona ante los medios de comunicación "vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado" (Caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2000, párrafo 119, citado en: Huerta Guerrero, Luis Alberto, Op. cit., p. 15).
64 "Si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. En este sentido, el principio de jurisdiccionalidad ­ al exigir en su sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en sentido estricto que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y a refutación ­ postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena" (Ferrajoli, Luigi, 2000, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Cuarta edición, Editorial Trotta, Madrid, España, p. 549). [ Links ]
65 Huerta Guerrero, Luis Alberto, Loc. cit.
66 Algunas de las concreciones que podemos encontrar en la nueva ley son las siguientes: la consagración de la declaración del inculpado como medio de defensa y no de prueba (artículo 93 letra d); la estricta legalidad, excepcionalidad e indispensabilidad en la aplicación de las medidas cautelares personales y, en especial, de la prisión preventiva (artículos 122 y 139 inciso 2°); el principio que la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde en forma exclusiva al acusador (artículo 3); y, la exigencia de que nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se ha cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley (artículo 340)
67 En este punto cabe citar a Damaska que, con extraordinario acierto, hace un llamado a no fiarse de lo que - a primera vista - sugieren los sistemas procesales. De esta forma, señaló: "No ha de sorprender, entonces, que a veces se proclame el consenso respecto a puntos sobre los cuales los acuerdos no son más que logros retóricos. Virtualmente todos los Estados comparten la noción de que todos los jueces deberían ser independientes y que se debe presumir que el acusado es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero la unanimidad comienza a resquebrajarse en cuanto se consideran las implicancias de esas nociones y el significado operativo de la administración de justicia de los diversos países". Damaska, Mirjan, 2000, Las caras de la justicia y el poder del Estado: Análisis comparado del proceso legal (traducción de la obra: The faces of justice and State Authority: A comparative approach to the legal process, 1986), Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, p. 10.
68 Carocca Pérez, Alex, Garantía Constitucional de la defensa..., Op. cit., p. 22. Aquí, el autor precisa que la defensa constituye una garantía de correcto desenvolvimiento del proceso, interés que va más allá de aquel que posee el imputado o la parte, y ­ por tanto ­ siempre es necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, si lo que se quiere es un proceso válido.
69 En la sentencia del caso "Castillo Petruzzi" (párrafo 141) se señaló lo siguiente: "... Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada" (Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 698). Para nosotros, este derecho no pretende otra finalidad de que el acusado pueda ejercitar el inviolable derecho de defensa, efectuando alegaciones y proponiendo pruebas, única forma de lograr un equilibrio entre acusador y acusado, cuya ruptura, que inevitablemente se produciría en contra del acusado, de no conocer éste cuáles son los hechos punibles que se le imputan, puede producir indefensión (véase STC español 9/1982, de 10 de marzo, disponible en: http/:www.tribunalconstitucional.es).
70 "La Corte considera, tal y como ha quedado demostrado, que de conformidad con la legislación vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar con asistencia legal desde la fecha de su detención hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando se les nombró un defensor de oficio. Por otra parte, cuando los detenidos tuvieron la asistencia de los abogados de su elección, la actuación de éstos se vio limitada... ha quedado demostrado que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse privadamente con sus defendidos" (Sentencia del caso "Castillo Petruzzi", párrafos 146 y 148, citada en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 699).
71 "La Corte considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la acusación... se prohibe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como del ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación..." (Sentencia del caso "Castillo Petruzzi", párrafo 153, citada en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 700).
72 "... Los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural... El derecho de recurrir del fallo... no se satisface con la mera existencia de un órgano superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia... es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto... Si el juzgamiento de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En el caso que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria para actuar... En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece" (Sentencia del caso "Castillo Petruzzi", párrafo 161, citada en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 702)
73 Morello, Augusto, Op. cit., p. 520.
74 Para Carocca el reconocimiento de la garantía de la defensa y, en especial, del derecho a la asistencia letrada, resulta condición indispensable para el funcionamiento de un sistema de corte acusatorio y respetuoso de los derechos fundamentales de contenido procesal como el que consagra el nuevo Código que, a diferencia del modelo que se reemplaza sí permitirá dar cumplimiento al mandato constitucional e internacional del derecho a la defensa (Carocca, Alex; Duce, Mauricio; Riego, Cristián; Baytelman, Andrés y; Vargas, Juan Enrique, 2000, Nuevo proceso penal, Editorial Jurídica Cono Sur, Santiago, Chile, pp. 415 - 416) [ Links ]
75 Párrafo 167 del fallo, en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 703.
76 Disponible en: http/:www.tribunalconstitucional.es.
77 Párrafo 172 del fallo, en: Nogueira Alcalá, Humberto, "Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres sentencias...", p. 704.
78 La importancia de este derecho queda reflejada en esta cita de Mirabeau: "Dadme el juez que queráis, parcial, corrompido, mi propio enemigo si deseáis; poco me importa con tal que nada pueda hacer sino a la vista del público" (citado en: Pereira, Hugo, 1958, "El derecho del procesado a un juicio público, proceso escrito y proceso oral", Revista de Ciencias Penales, Mayo ­ Agosto, Tomo XVII, N° 2, p. 29). [ Links ]