Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCG-10-CM-112.CODI.%29
Timestamp: 2019-08-22 18:57:35
Document Index: 61428678

Matched Legal Cases: ['artículo 151', 'artículo 153', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 114', 'artículo 13']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 112, de 03/06/2014
cve: DSCG-10-CM-112
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 112
Sesión núm.47
celebrada el martes 3 de junio de 2014
- Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con las reformas legales que Suiza deberá realizar para limitar la inmigración y que afectarán directamente al acuerdo bilateral de libre circulación de personas entre la Unión Europea y Suiza del año 2002 e, indirectamente, al resto de acuerdos que este país mantiene con la Unión Europea. (Número de expediente del Senado 681/002090 y número de expediente del Congreso 181/001872) ... (Página4)
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 221 final]. (Número de expediente del Senado 574/000252 y número de expediente del Congreso 282/000319) ... (Página2)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 212 final]. (Número de expediente del Senado 574/000253 y número de expediente del Congreso 282/000320) ... (Página8)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 213 final]. (Número de expediente del Senado 574/000254 y número de expediente del Congreso 282/000321) ... (Página10)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Código sobre visados de la Unión (Código de visados) (refundición) [COM (2014) 164 final]. (Número de expediente del Senado 574/000255 y número de expediente del Congreso 282/000322) ... (Página12)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos de combustibles gaseosos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 258 final]. (Número de expediente del Senado 574/000257 y número de expediente del Congreso 282/000324) ... (Página13)
- Moción por la que se insta al Gobierno a territorializar y distribuir de forma proporcional entre las Comunidades Autónomas los fondos europeos que se reciban en materia de empleo juvenil. (Número de expediente del Senado 661/000345 y número de expediente del Congreso 161/002028) ... (Página15)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la comisión. A la espera de que llegue la secretaria general de Emigración, que está de camino, si les parece bien, vamos a alterar el orden del día, de manera que empezaríamos con el primer debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas, que es el punto segundo del orden del día. (Asentimiento).
- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA EUROPEA PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DESINCENTIVACIÓN DEL TRABAJO NO DECLARADO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 221 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000252 y número de expediente del Congreso 282/000319)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Empezando por ese punto, corresponde debatir la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado.
Interviene el primer lugar, en un turno de cinco minutos, para presentar el informe, doña María Teresa Cobaleda.
Esta propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto la creación de una plataforma a nivel europeo que refuerce la cooperación y que prevenga y desincentive el trabajo no declarado. ¿Y qué se entiende por trabajo no declarado? Pues bien, la Comisión Europea entiende por tal
cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el sistema regulador de los Estados miembros. El trabajo no declarado tiene graves consecuencias económicas y presupuestarias, ya que no tributa al no estar recogido en la Seguridad Social, repercute negativamente en el empleo y en los trabajadores afectados, que se encuentran privados de derechos de pensión y de prestaciones sociales, y genera además graves perjuicios en todo el sistema.
La responsabilidad de la lucha contra el trabajo no declarado incumbe principalmente a los Estados miembros y se basa en tres organismos principales, cuales son las inspecciones de trabajo, las inspecciones de la Seguridad Social y las autoridades fiscales. Un problema para hacerlo frente aplicando políticas adecuadas es la dificultad para medir y computar este tipo de trabajo que se oculta a las autoridades y que afecta a múltiples sectores, como es el caso de la construcción, los servicios domésticos, la seguridad privada, la agricultura o la hostelería, entre otros sectores. Es cierto que todos los Estados miembros coinciden, en general, en la necesidad de prevenir y desincentivar esta práctica laboral, pero, en realidad, nos encontramos con distintas formas y niveles de compromiso en la consecución de dicho objetivo, porque hay Estados en los que se da más prioridad que en otros. Por ello, se consideró la necesidad de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y se anunció la apertura de un proceso de consultas sobre la creación de una plataforma a escala europea entre las inspecciones de trabajo y otras autoridades con funciones coercitivas, así como los interlocutores sociales y los empleadores.
El análisis de las consultas concluyó que la opción preferida entre las distintas partes era la creación de una plataforma europea de carácter obligatorio. La base jurídica de la propuesta se sustenta en el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dispone que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social más adecuada, etcétera. Y respecto al refuerzo de cooperación de la Unión Europea para hacer frente a este tipo de trabajo, la propuesta se basa en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La propuesta cuenta con 13 artículos, destinados a crear la plataforma. El Gobierno de España, en su informe, considera muy positiva la creación de la plataforma europea, considera que la participación por parte de los Estados miembros debe ser obligatoria, y es que el Gobierno entiende que la cooperación para hacer frente a los aspectos transfronterizos del trabajo no declarado no puede hacerse plenamente realidad si algunos Estados miembros participan y otros no. Además, el Gobierno subraya que esos aspectos transfronterizos también podrían incidir negativamente en el funcionamiento del mercado único, ya que los empresarios que presten servicios a los demás Estados miembros y que utilicen trabajadores no declarados podrían distorsionar la competencia al ofrecer servicios más baratos que no cumplen con las obligaciones establecidas.
El informe del Gobierno español nos recuerda que la lucha contra el trabajo no declarado es una de sus prioridades políticas. Por eso, entre otras medidas, ha elaborado el plan integral de lucha contra este tipo de trabajo y el fraude que supone a la Seguridad Social. Además insiste en que España está muy volcada en la lucha contra este problema, habiendo participado muy activamente a nivel europeo en el desarrollo de la iniciativa Cibeles y en la nueva directiva sobre desplazamiento de trabajadores.
Por todo ello, el Gobierno español considera muy importante la propuesta de la decisión de la Comisión Europea de la creación de la plataforma. Es lógico pensar que la actuación de la Unión Europea para incrementar la cooperación a nivel comunitario, a través del instrumento de la plataforma, reafirmará los esfuerzos de los Estados miembros para que los resultados en la lucha contra el trabajo no declarado lleguen a ser más eficaces y eficientes.
Por todo ello, el Grupo Popular considera que la propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo se ajusta y no vulnera el principio de subsidiaridad establecido en el vigente tratado de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Cobaleda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María del Mar Moreno.
La señora MORENO RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es verdad que el debate público sobre la magnitud y consecuencias negativas del trabajo no declarado forma parte de la agenda política europea desde hace varios años, tanto a nivel comunitario como en el seno de los distintos Estados miembros y, desde luego, ha cobrado una renovada actualidad en el marco de la presente crisis económica.
Por ejemplo, si seguimos cualquiera de los informes que se están elaborando, como el de la Fundación 1º de Mayo, podremos encontrar diversas razones en esta renovada actualidad de este problema. Por un lado, es verdad que este fenómeno ha repuntado en una situación de crisis debido a que aumenta la intención de ocultamiento de una parte o de la totalidad de la actividad económica, como forma de paliar las dificultades que sufren los agentes implicados en su desarrollo. Por otro lado, también hay una mayor atención de las administraciones públicas al fraude derivado de la economía sumergida y el trabajo no declarado, en un contexto de fuerte aumento del déficit y el endeudamiento público, que implica una mayor necesidad de ingresos. Y a esto se suma un escenario de austeridad excesiva y restricción financiera, asumido por los Gobiernos de la Unión Europea, que determina, sin duda, un endurecimiento en las condiciones del disfrute de las prestaciones públicas, tales como, por ejemplo, el cobro de las prestaciones por desempleo.
Todo ello ha contribuido a que, desde diversos ámbitos institucionales, sociales, académicos se estén redoblando los discursos de alerta sobre las graves consecuencias que el fraude de las actividades económicas, incluido el fraude tributario, el fraude laboral y el fraude a la Seguridad Social, tiene para la sociedad en general. Así, es obvio que este fraude perjudica seriamente a las finanzas públicas ya que comporta un menor volumen de recaudación y esto condiciona una reducción del nivel de servicios públicos que se pueden ofrecer a los ciudadanos o, en su caso, un aumento poco sostenible a medio plazo del endeudamiento público.
Otro aspecto destacado es que el fraude distorsiona, como aquí se ha señalado, la competencia entre las empresas, situando en desventaja a las que cumplen correctamente con sus obligaciones legales. El empleo sumergido puede considerarse así como una forma de dumping social, que introduce una competencia desleal entre empresas sobre la base de salarios insuficientes y del impago de los beneficios de la Seguridad Social.
Además de todas estas razones, si algo preocupa al Grupo Socialista es el hecho de las repercusiones tan negativas que recaen sobre los propios trabajadores en situación de empleo sumergido o irregular, que generalmente tienen peores condiciones laborales en aspectos como el nivel de salario, su percepción, jornada, seguridad, salud o acceso a la formación y, además, los trabajadores pueden sufrir estas condiciones durante un período prolongado de tiempo, están sometidos a mayores incertidumbres en cuanto a la duración del trabajo, se ven privados de los beneficios de la Seguridad Social y carecen de una adecuada tutela de sus derechos, tanto a nivel legal como sindical.
Por otro lado, los trabajadores con empleo formal se ven también afectados por una competencia desleal por parte de los empresarios, que utilizan trabajo sumergido y que pagan salarios menores al monto legal o de mercado.
Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que, sin duda, merece la pena atajar y, por ello, saludamos la creación de esta plataforma de cooperación reforzada de la Unión Europea en materia de trabajo no declarado, que se incardina en la Estrategia 2020 y, además, de entre las distintas opciones por las que se pudo optar, aplaudimos su carácter obligatorio para el conjunto de los Estados.
En consecuencia, estamos conformes con el informe de la ponencia y, desde luego, consideramos que esta normativa no afecta ni atenta en modo alguno al principio de subsidiaridad ni proporcionalidad, siendo su impacto presupuestario bastante irrelevante en comparación con los efectos positivos que, en el medio plazo, han de procurarse a través de esta nueva plataforma de acción.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Moreno.
- PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS LEGALES QUE SUIZA DEBERÁ REALIZAR PARA LIMITAR LA INMIGRACIÓN Y QUE AFECTARÁN DIRECTAMENTE AL ACUERDO BILATERAL DE LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUIZA DEL AÑO 2002 E, INDIRECTAMENTE, AL RESTO DE ACUERDOS QUE ESTE PAÍS MANTIENE CON LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Senado 681/002090 y número de expediente del Congreso 181/001872)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Dado que ya está con nosotros la señora secretaria general de Inmigración y Emigración, iniciamos el primer punto del orden del día.
Damos la bienvenida a esta Comisión Mixta para la Unión Europea a la señora secretaria general de Inmigración y Emigración, que ha venido a dar respuesta a la pregunta formulada por la senadora Marra Domínguez, sobre la valoración del Gobierno en relación con las reformas legales que Suiza deberá realizar para limitar la inmigración y que afectarán directamente al acuerdo bilateral de libre circulación de personas entre la Unión Europea y Suiza del año 2002 e, indirectamente, al resto de acuerdos que este país mantiene con la Unión Europea.
Para formular su pregunta, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora secretaria general.
Esta pregunta llega a esta comisión ante la falta de respuesta del Gobierno en tiempo y forma; y, a pesar de que he recibido la contestación más tarde, no la he retirado por mi disconformidad con ella.
En virtud de la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión respecto al acuerdo de cooperación científica y tecnológica de 4 de abril de 2002, sobre la celebración de 7 acuerdos con la Confederación Suiza, se establece el principio de libre circulación de personas entre el territorio de la Comunidad Europea y el de la Confederación Suiza. En consecuencia, los ciudadanos europeos y suizos disfrutan mutuamente de los derechos de entrada y residencia, acceso a una actividad económica, al establecimiento como trabajadores independientes y residencia, una vez finalizada la actividad. El derecho de entrada y residencia afecta a todas las personas, incluidas aquellas que no ejercen ninguna actividad económica en el país de acogida. El Estado de acogida, Suiza, debe tratar a los ciudadanos extranjeros en las mismas condiciones de vida, empleo y trabajo que a sus nacionales.
El acuerdo prevé una protección contra las formas de discriminación asociadas a la nacionalidad. Entre otros derechos a la libre circulación de personas, se asocian los siguientes: la movilidad personal y geográfica, la residencia de familiares y su capacidad para ejercer actividades económicas independientes de su nacionalidad, la adquisición de inmuebles en especial, con el fin de establecer una residencia principal o secundaria en el Estado de acogida y el regreso al territorio del Estado de acogida tras haber ejercido una actividad profesional o haber residido en él. Además, el acuerdo también prevé la coordinación de los sistemas de Seguridad Social en virtud del principio de igualdad de trato, así como el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales.
Por lo tanto, los ciudadanos europeos y, en concreto, los ciudadanos españoles, se benefician de un derecho de libre circulación, en este caso entre los dos territorios, entre la Confederación Suiza y España. Sin embargo, el pasado 9 de febrero, en Suiza, la iniciativa presentada por el partido de extrema derecha, Unión Democrática del Centro, que consiguió salir adelante por estrecho margen, obligó al Gobierno, defensor del no, a modificar la Constitución para incluir leyes que pusiesen límites a la entrada de inmigrantes y al derecho de reagrupación familiar. Tras el referéndum se volverá a limitar la entrada de ciudadanos de países de la Unión Europea a su mercado laboral a través del establecimiento de cuotas anuales que deberán volver a aplicarse en tres años.
Ante este hecho, el Grupo Socialista está sumamente preocupado por la incertidumbre que en este momento subsiste de cómo afectarán estas reformas legales que prevé establecer Suiza y que afectarán directamente a este acuerdo bilateral de libre circulación de personas entre la Unión Europea y Suiza e indirectamente también al resto de acuerdos que este país mantiene con la Unión Europea. No debemos obviar que Suiza es el país europeo que más gallegos acoge -yo, pertenezco a la Comunidad Autónoma de Galicia- y, por lo tanto, es un país de referencia de emigración de muchísimos gallegos; supera los 37 000 y siguen llegando, sobre todo en los últimos años como consecuencia de esta crisis. Muestra de ello es que el censo de residentes españoles en el país helvético se ha incrementado en 9000 personas, de las que cerca de 3000 son gallegas; pero posiblemente la cifra podría ser aún mayor, ya que muchos no se censan en el consulado. De ahí nuestra preocupación; es decir cómo afectará esta modificación de las leyes que prevé realizar Suiza a esta libre circulación entre los europeos, en este caso entre España y Suiza, y en concreto cómo afectará a la inmigración de Galicia a Suiza.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la secretaria general de Inmigración.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Marra.
Antes de nada quiero disculparme por el retraso. Nos hemos encontrado una grúa justo en el trayecto, estaba operando, y ha sido imposible llegar a tiempo.
Antes de entrar a contestar la pregunta formulada por su señoría, quisiera dejar claramente establecido que la libre circulación de personas es un principio básico del proyecto europeo y un derecho fundamental para todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, como todos los miembros de esta comisión mixta conocen bien.
Señalado lo anterior, y para comprender el significado que el referéndum celebrado en Suiza tiene respecto a dicha libre circulación, quería recordar que aunque Suiza no es, como todos ustedes conocen, miembro de la Unión Europea existe, efectivamente, un tratado de libre circulación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, donde queda claramente establecido ese principio de libre circulación de personas entre el territorio de la Unión Europea y el de la Confederación Suiza, de tal forma que los ciudadanos europeos y suizos disfrutan mutuamente de los derechos de entrada y residencia, acceso a una actividad económica, establecimiento como trabajador independiente y residencia, una vez finalizada la actividad, con el mismo alcance que el principio de libre circulación dentro de la Unión Europea. No voy a reproducir lo que usted ha dicho antes porque es literalmente la respuesta que les dimos por escrito, así que reitero todo lo que usted ha dicho en cuanto al contenido de ese tratado.
Dicho acuerdo de libre circulación, como muy bien ha dicho ella, fue firmado el 21 de junio de 1999, formando parte de siete acuerdos, entre la Unión Europea y Suiza. Los citados siete acuerdos también los ha citado, son el de libre circulación, el acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre transporte aéreo, el acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera, el acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, el acuerdo entre la Comunidad Europa y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad, el acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre determinados aspectos de la contratación pública y, por último, el acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre las comunidades europeas y la Confederación Suiza. Afecta igualmente a la libre circulación de personas el acuerdo que rige entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza para la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, firmado el 26 de octubre de 2004 que entró en vigor el 1 de marzo de 2008.
No voy a entrar en lo que significa la libre circulación, porque usted lo ha explicado perfectamente. En cuanto a su pregunta sobre si la implantación por parte de Suiza de cuotas en la inmigración procedente de ciudadanos de la Unión va en contra de este principio de libre circulación de personas entre la Unión y Suiza, tal y como viene recogido en el acuerdo en vigor, se calcula que unos 80 000 trabajadores extranjeros, 3 cuartas partes de ellos procedentes de países de la Unión Europea, llegan cada año a Suiza. Estos nuevos emigrantes de la Unión son fundamentalmente portugueses, alemanes, italianos y franceses; por parte de España, que podría figurar en un quinto lugar en ese ranking, que acabo de mencionar, la cifra rondaría los 6000 nuevos trabajadores, según datos de 2013. Usted ha dado unos datos, pero no ha dicho de qué cifras hablamos; no las ha acotado en el tiempo. La cifra que yo doy es de la Administración suiza. Ciñéndonos al número de españoles, y concretamente de gallegos, que podrían verse afectados en caso de que finalmente el resultado del referéndum se concretase en la denuncia por parte de Suiza del acuerdo mencionado de libre circulación y la aprobación de normas nacionales suizas, estableciendo las citadas cuotas, la verdad es que, a fecha de hoy, resulta extremadamente compleja su determinación debido tanto a que habrá que estar al contenido concreto de la norma que eventualmente dicten las autoridades suizas, que aún están elaborándola, como que habrá que analizar a la luz de dicha normativa la situación individual de cada ciudadano español que en ese momento resida en Suiza. Y ello, ¿por qué? Porque, en cualquier caso, sí que le puedo señalar a su señoría que a fecha 1 de enero de 2014, 103 247 ciudadanos españoles estaban inscritos como residentes en Suiza, de acuerdo con el padrón de españoles residentes en el extranjero, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, a partir de las inscripciones, como también ha señalado su señoría, de los registros de matrículas de las oficinas consulares españolas. De estos 103 247 ciudadanos, 52 544 son ciudadanos españoles nacidos en Suiza, es decir, algo más de la mitad del total, y podrían perfectamente haber adquirido hoy la nacionalidad suiza.
En cuanto a la cifra de ciudadanos españoles procedentes de Galicia residentes en Suiza, quiero señalar que a la misma fecha, de acuerdo con la estadística anterior, esta ascendía a 38 827, sin que exista un desglose de la misma en función de si las personas han nacido o no en su actual país de residencia, es decir, en Suiza.
Finalmente, respecto a las medidas a adoptar por el Gobierno de España, debo recordar, como he dicho al inicio de mi intervención, que el régimen de libre circulación con Suiza deriva de un acuerdo establecido por la Unión Europea y sus Estados miembros, entre ellos España, con la Confederación Helvética, por lo que las acciones se enmarcarán en todo caso, como muy bien conoce esta comisión, en las decisiones comúnmente adoptadas a nivel de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Del Corral.
Como sabe, senadora, tiene la posibilidad de un turno de réplica por un tiempo máximo de cinco minutos.
No acabo aún de entender muy bien cuál va a ser la posición que va a adoptar el Gobierno a la hora de defender a los gallegos, a los españoles, para que esa libre circulación se pueda garantizar.
En el Grupo Socialista entendemos que el resultado de esa votación no debería afectar en un principio a los españoles que ya residen legalmente en Suiza. La situación más preocupante va a ser para los que han llegado últimamente, que siguen buscando empleo y que, por lo tanto, no gozan aún de permiso de residencia estable. Teniendo en cuenta que con la crisis han sido muchos los españoles, muchos los gallegos, que han emigrado a Suiza hablábamos anteriormente de una cifra en torno a 3000 gallegos; realmente el censo no es muy fiable , el mayor problema va a ser para estas personas. Por ello realizo esta pregunta, no tanto por los que ya tienen allí la residencia, sino más bien para conocer cuál va a ser la posición del Gobierno a la hora de defender a todas estas personas que han emigrado, que están buscando empleo y que, por lo tanto, no gozan aún de permiso de residencia. En definitiva, le pregunto si dentro de la Unión Europea se va a defender a estos gallegos, a estos españoles, para que sea posible esa libre circulación, o cuál va a ser la defensa de los intereses de estos ciudadanos por parte de Gobierno español.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias.
Señora del Corral, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias, señora presidenta.
Usted se ha referido a estos nuevos gallegos que no gozan de permiso de residencia. La verdad es que estoy un poco perdida en cuanto a la pregunta, no sé si se refiere a los que son residentes o a los que van a residir. En fin, en todo caso, el permiso de residencia lo otorga el país donde se pretende residir, por tanto, España aquí tendrá poco que hacer. Comparto su preocupación y créame si le digo que España no quedará rezagada en la defensa de los intereses de sus ciudadanos y que, además, no está sola. Le repito que se trata de un marco jurídico establecido entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por consiguiente, entre España y la Confederación Suiza. En relación con ello me gustaría incidir en la capacidad de negociación de la Unión Europea en este asunto, que se refuerza, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Decisión comunitaria Euratom de 2002, que usted ha mencionado, por los siete acuerdos aprobados por la misma que entraron en vigor al mismo tiempo -concretamente, el día 1 de junio de 2002- y que, en su caso, todos dejarían de estar vigentes al mismo tiempo -seis meses después de la recepción de una notificación relativa a la no reconducción o denuncia respecto de cualquiera de ellos-. No nos vamos a adelantar a acontecimientos porque este hecho aún no se ha producido. A ello se une la situación de los ciudadanos suizos residentes en la Unión Europea, que también existen, y cuyo estatuto jurídico se vería igualmente impactado por una eventual pérdida de vigencia del Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Unión, sus Estados miembros y Suiza.
Libre circulación no siempre significa libre circulación en todos los países de la Unión. Les señalo de modo orientativo que a fecha 1 de enero de 2013, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat, y teniendo en cuenta que en la cifra que les voy a dar no se incluyen los datos de Grecia, Francia, Reino
Unido, Croacia, Luxemburgo, Lituania o Malta -porque no dan datos a Eurostat- existe una cifra de 89 599 suizos residiendo en el resto de la Unión, a excepción de los países que acabo mencionar que no facilitan datos, y, por supuesto, seguro que hay personas que viven -por lo menos yo conozco a uno- en los países mencionados.
Recientemente, como ustedes saben -termino con esto-, ha sido aprobada la Decisión del Consejo de la Unión Europea que autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza, relativo a un marco interinstitucional de regulación de las relaciones bilaterales. Por consiguiente, ahora está mandatada la Comisión para iniciar ese primer paso de hablar entre instituciones, Unión Europea -insisto- y Confederación Suiza. Estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esas negociaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias.
Agradecemos mucho a la secretaria general de Inmigración y Emigración su presencia en esta comisión.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LAS SOCIEDADES UNIPERSONALES PRIVADAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 212 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000253 y número de expediente del Congreso 282/000320)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Reanudamos el orden del día con el punto número 3. Volvemos, por tanto, al debate sobre control de subsidiariedad, con la Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada.
Interviene en primer lugar para presentar el informe, por tiempo de cinco minutos, el señor don José López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (José): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
La directiva que se trae por esta comisión a examen de subsidiariedad hace referencia a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada. Hemos de empezar diciendo que se trata de un pequeñito paso, cuyo anclaje jurídico está en el artículo 50.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que, a efectos de alcanzar la libertad de establecimiento de empresas y personas, el Parlamento, el Consejo y la Comisión aplicarán la supresión progresiva de restricciones a esta libertad de establecimiento, tanto en lo que respecta a las condiciones de apertura en el territorio de los Estados miembros de agencias, sucursales o filiales, como a las condiciones de admisión del personal en las sedes centrales de los órganos de gestión o control de aquellas.
Bien, si tenemos en cuenta que en la Unión Europea las pequeñas y medianas empresas generan, contratan, producen, crean 2/3 del empleo total de la Unión, sorprende ciertamente que tan solo el 2% de estas pequeñas y medianas empresas se encuentre internacionalizado desde el punto de vista del establecimiento de sociedades filiales en el resto de países de la Unión, sociedades filiales que, por otro lado, todos entendemos que le servirían a esas pequeñas y medianas empresas para estar más cerca del mercado en esos países y también para ganarse la confianza de estos clientes extranjeros al establecerse como sociedades nacionales en aquellos países. Por tanto, con esa proximidad al mercado y con esa confianza de los clientes extranjeros, evidentemente hemos de entender que cualquier pequeña o mediana empresa estaría encantada de establecerse, sin embargo, como hemos dicho anteriormente, tan solo el 2 % procede a crear una filial en el extranjero dentro de la Unión. Debemos preguntarnos por qué. La respuesta parece que es sencilla: en principio, el derecho mercantil en la Unión Europea no está armonizado, hay una legislación dispar, igual que una normativa administrativa, y existen diferencias lingüísticas que también hacen que esta normativa administrativa, esta legislación básica sea difícil de entender y comprender para quienes pretenden establecerse en el resto de países. Y es fácil entender
también que esta disparidad genera costes añadidos, que hacen que las empresas sean reticentes a dar este paso, costes añadidos que tienen que ver fundamentalmente con el asesoramiento jurídico, pero también con otros gastos derivados.
Para romper esta auténtica barrera de mercado se intenta llevar adelante esta Directiva de sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, que he calificado de pequeño paso porque al final no es más que el fruto del fracaso de lo que fue el proyecto del estatuto de sociedad privada europea, que aspiraba a constituirse en un instrumento sencillo, flexible y uniforme, para que, con esa uniformidad, sencillez y flexibilidad, se facilitara en todos los Estados miembros el establecimiento transfronterizo de las pequeñas y medianas empresas. Pese a que había un firme apoyo de la comunidad empresarial para que este estatuto de la sociedad privada europea -con una fórmula de reglamento y, por tanto, de aplicación inmediata en todo el territorio de la Unión- se pudiera llevar adelante, es cierto que tal reglamento requería de la unanimidad de los Estados miembros, pero al apreciar la Comisión las diferencias entre los Estados en unos criterios u otros respecto a este estatuto, finalmente la Comisión optó por la retirada de este proyecto y se comprometió a proponer otras medidas alternativas. Y esta es la medida alternativa. Podemos pensar que por ahora se queda corta, que no alcanza la ambición de aquel estatuto, pero su objetivo general es facilitar el establecimiento de empresas en el extranjero, con unas características muy básicas -insisto-, muy pequeñas en comparación con lo que podría haber sido la constitución de un cuerpo jurídico de derecho mercantil para determinado tipo de sociedad y en todo el marco de la Unión Europea, insisto, de aquel corpus jurídico mercantil de obligado cumplimiento para todos los Estados de la Unión. En cualquier caso lo que intenta es romper esa barrera de mercado con este pequeñito paso, ciñéndose tan solo a superar esa mínima barrera de entrada.
Las características de esta directiva, que consta de 33 artículos, se centran, en primer lugar, en la existencia de un modelo normalizado para toda la Unión de escritura de constitución de estas sociedades; en segundo lugar, en un registro que, una vez adoptado ese modelo de escritura de constitución, que pueda ser registrado en línea en cualquiera de los países, sin necesidad de la presencia física del fundador. En tercer lugar, el establecimiento de una sociedad unipersonal, que, como su nombre indica, no admite más que un socio. Y en cuarto lugar, el establecimiento de un capital social bajo que permita con un mínimo capital social la constitución de esta filial en otro país. Ese capital social bajo es establecido bien en un euro o en aquellos países de la Unión cuya moneda no sea el euro en una unidad de su moneda nacional. Con un capital social tan bajo en nuestro derecho, derivado del romano y del germánico, más que del anglosajón, nos podría llamar la atención la cobertura de los intereses de los acreedores. También para eso se intenta paliar este legítimo interés, por la obligación del control a la hora de repartir beneficios, sometiendo a la sociedad a un doble requisito, que consiste en superar una prueba de balanza y presentar una declaración de solvencia, algo muy desconocido en nuestro derecho pero que está más extendido en el derecho anglosajón, con lo que se pretende garantizar la solvencia de la sociedad y que puedan ser respetados los legítimos derechos de los acreedores. Como digo, es un paso pequeñito, pero se espera que tenga una amplia repercusión -se habla de una repercusión inmediata de casi 300 millones de euros- para las pequeñas y medianas empresas a la hora de ahorrar costes. Esperemos que este pequeño paso sea el inicio de una larga andadura.
En cualquier caso, desde el punto de vista del análisis de la subsidiaridad, parece lógico -y la dispersión normativa hace que solo desde la Unión se pueda legislar un modelo uniforme- y ya desde el análisis de proporcionalidad es tan pequeño el paso que se da que ciertamente se está utilizando la medida de menor impacto. Por tanto, tampoco habría objeción desde el punto de vista de la proporcionalidad. Por consiguiente, el informe del dictamen es favorable.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, podemos compartir que mejorar el entorno empresarial para todas las empresas y, en particular, para las pymes es una de las prioridades esenciales de la estrategia decenal de crecimiento de la Unión Europea. A estas empresas les resulta, efectivamente, costoso y difícil operar a través de las fronteras, y solo un pequeño número de pymes invierte en el extranjero. Entre las razones que pueden
explicar este hecho se encuentra básicamente la diversidad de las legislaciones nacionales, en particular, las diferencias en materia de derecho de sociedades.
Las pymes europeas tienen un papel esencial que desempeñar para fortalecer la economía de la Unión Europea, sin embargo, siguen enfrentándose a una serie de barreras que obstaculizan su pleno desarrollo en el mercado interior y, por tanto, les impide aportar todo su potencial a la economía de la Unión.
Disponer de un marco jurídico armonizado por el que se rija el establecimiento de sociedades unipersonales, incluido el establecimiento de un modelo uniforme para la escritura de constitución, debería contribuir a la progresiva supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento en lo que respecta a las condiciones para la creación de filiales en el territorio de los Estados miembros y conducir a una reducción de costes. Se trata efectivamente con esta iniciativa más que de establecer disposiciones pormenorizadas, simplemente de armonizar, aunque la iniciativa tenga esa naturaleza de levedad a la que, con acierto, según nuestro criterio, se refería el ponente.
En consecuencia, y considerando que es mucho más eficiente tratar de lograr este objetivo mediante una acción de la Unión Europea que por medio de los Estados miembros, compartimos con el ponente el criterio de que esta iniciativa legislativa respeta plenamente el principio de subsidiariedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Ortiz.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2007/36/CE EN LO QUE RESPECTA AL FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS ACCIONISTAS Y LA DIRECTIVA 2013/34/UE EN LO QUE RESPECTA A DETERMINADOS ELEMENTOS DE LA DECLARACIÓN SOBRE GOBERNANZA EMPRESARIAL (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 213 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000254 y número de expediente del Congreso 282/000321)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Señorías, pasamos al debate del punto cuarto del orden del día: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2007/36 en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34 en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial.
Interviene, en primer lugar, por un tiempo de cinco minutos, para presentar el informe, el señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
En relación con esta iniciativa legislativa, cuyo enunciado no voy a repetir puesto que ya lo ha leído la presidenta, debemos tener en cuenta que en los últimos años se han puesto de manifiesto algunas deficiencias en la gobernanza de las empresas europeas cotizadas. Se trata de deficiencias que guardan relación con distintos agentes, las empresas y sus órganos de administración, los accionistas y los asesores de voto. Se refieren fundamentalmente a dos problemas: a la insuficiente implicación de los accionistas y a la falta de la debida transparencia.
El objetivo general de la propuesta es contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas de la Unión Europea, configurar un entorno atractivo para los accionistas y aumentar la votación transfronteriza, todo esto mediante la mejora de la eficiencia de la cadena de inversión en capital social en aras del crecimiento, la creación de empleo y la competitividad de la Unión Europea.
A tales efectos se pretende en concreto incrementar el nivel y la calidad de la implicación de los propietarios y gestores de activos en las empresas en las que invierten; mejorar la vinculación existente entre la remuneración y el desempeño de los consejeros de las sociedades; mejorar la transparencia de las transacciones con partes vinculadas y la supervisión de que son objeto por parte de los accionistas; garantizar la fiabilidad y la calidad del asesoramiento proporcionado por los asesores de voto; y facilitar la transmisión de información transfronteriza, por ejemplo, sobre las votaciones a lo largo de la cadena de inversión, en particular, a través de la identificación de los accionistas. Solo una intervención de la Unión Europea puede asegurar que los inversores institucionales y gestores de activos, además de los intermediarios y asesores de voto de otros Estados miembros, estén sujetos a normas adecuadas en materia de transparencia e implicación.
Por otra parte, un número significativo de empresas cotizadas desarrollan actividades en varios Estados miembros de la Unión. Contar con normas apropiadas que garanticen una buena gobernanza de dichas empresas con vistas a su viabilidad a largo plazo redundará, por tanto, en interés no solo de los Estados miembros en los que están domiciliadas, sino también de aquellos en los que operen.
El establecimiento de normas comunes a nivel de la Unión Europea es, a nuestro juicio, necesario, pues, para fomentar el funcionamiento adecuado del mercado interior y evitar el desarrollo de disposiciones y prácticas divergentes en los Estados miembros. No obstante, estos, los Estados, deben disponer de cierto margen de flexibilidad en cuanto a la transparencia y la información requeridas en la presente propuesta, en particular para que las normas puedan encajarse adecuadamente en los distintos marcos de gobernanza empresarial.
Concluyo. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos, tal y como hemos indicado, que únicamente una acción común de la Unión Europea puede garantizar esas normas comunes, por lo que estimamos que la iniciativa legislativa que nos ocupa respeta, a nuestro juicio, plenamente el principio de subsidiariedad.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Ayllón.
El señor AYLLÓN MORENO: Gracias, señora presidenta.
Esta propuesta de revisión de la directiva intenta resolver algunas deficiencias observadas en la gobernanza de las empresas europeas cotizadas respecto a la falta de transparencia y a la insuficiente implicación de los accionistas. En esto coincidimos con el informe del ponente.
No se nos escapa, señorías, la necesidad de mejorar el entorno empresarial europeo creando un marco de gobernanza empresarial acorde a nuestros días, con un alto grado de eficiencia para empresas, inversores y trabajadores europeos. La experiencia de los últimos años ha puesto al descubierto deficiencias en la gobernanza de las empresas cotizadas europeas; deficiencias, sobre todo, relacionadas directamente con las empresas y sus órganos de administración, con accionistas y con asesores de voto; deficiencias también referidas fundamentalmente a la insuficiente implicación de los accionistas y a la falta de la debida transparencia.
Consultadas las partes, analizada la problemática existente, se llegó a la conclusión de abordar el problema a nivel europeo y de afrontar los objetivos de aumentar la transparencia y propiciar la implicación de los accionistas. En este contexto, se contempla la propuesta de revisión de directivas sobre derechos de los accionistas que hoy debatimos en esta comisión, y en su contenido contempla contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas de la Unión Europea, configurar un entorno atractivo para los accionistas y aumentar la votación transfronteriza mediante la mejora de la eficiencia de la cadena de inversión en capital social.
En el marco de esta propuesta se contempla, como no puede ser de otra manera, el principio de la Unión Europea en materia empresarial de cumplir o dar explicaciones y, en su desarrollo, la Comisión respalda el buen funcionamiento de dicho principio. Pero he de decir que, por su importancia y calado transfronterizo, esta propuesta debe abordarse a nivel europeo, garantizando de esta manera un enfoque armonizado en toda la Unión Europea.
La existencia de normas que garanticen la buena gobernanza empresarial redundará en el interés de todos los Estados miembros y de aquellos en los que operen las empresas cotizadas. Únicamente, como dice el informe del ponente, una acción coordinada y conjunta de la Unión Europea garantiza esa normativa común.
A nuestro entender, señorías, los objetivos de esta propuesta de modificación de directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros de forma aislada o con normativas diferentes, se perjudicaría el mercado interior, por lo que los objetivos se conseguirían mejor a través de la Unión y de acuerdo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con lo que coincidimos con el informe del ponente. De la misma manera, y también a la vista del informe del ponente, consideramos esta Propuesta de directiva de modificación dentro de la proporcionalidad contemplada en el mismo artículo 5 del tratado, por lo que esta propuesta de modificación, al entender de nuestro grupo, se puede situar dentro de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Ayllón.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO AL CÓDIGO SOBRE VISADOS DE LA UNIÓN (CÓDIGO DE VISADOS) (REFUNDICIÓN) [COM (2014) 164 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000255 y número de expediente del Congreso 282/000322)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Pasamos a debatir el punto quinto del orden del día: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al código sobre visados de la Unión.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, la señora Ripoll.
Señorías, el Reglamento 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de julio del 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, dispone que la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de su aplicación, que ya ha sido presentada en estos momentos. Del mismo modo también se dispone que dicha evaluación podría ir acompañada de una modificación del Reglamento. Y, consecuencia de las conclusiones del informe de evaluación, la Comisión efectivamente ha decidido presentar la presente propuesta de modificación, cuyo principio de subsidiaridad y cumplimiento debatimos hoy junto con dicho informe.
Al mismo tiempo que se mantiene la seguridad en las fronteras exteriores y se garantiza el buen funcionamiento del espacio Schengen, las modificaciones propuestas facilitan el viaje a los viajeros legales y simplifican el marco jurídico en interés de los Estados miembros. La política común en materia de visados debe contribuir a generar crecimiento y a ser coherente con otras políticas de la Unión Europea, como las relaciones exteriores, el comercio, la educación, la cultura o el turismo. Facilitar el acceso al espacio Schengen para los viajeros legítimos propiciará las visitas de los amigos y familiares y viajes de negocios, se dará impulso a la actividad económica y creación de empleo tanto en el sector del turismo como en otros afines como la restauración o el transporte.
Se trata con esta propuesta de establecer un conjunto de normas de tramitación más claro y de acelerar el procedimiento, de impulsar la cooperación consular y de hacer más sencillas las visitas reiteradas.
Igualmente, la propuesta hace referencia a la creación de un visado de circulación, cuyo control de subsidiariedad -recordarán ustedes- pasó por esta comisión mixta el pasado 13 de mayo, que consiste en un nuevo tipo de visado que permitirá que los nacionales de terceros países que entren en el espacio Schengen circulen por él durante un periodo máximo de un año, sin permanecer en un Estado miembro más de 90 días durante un periodo de 180, con la posibilidad de prorrogarlo hasta dos años, siempre que el solicitante no resida más de 90 días, hasta un periodo de 180 días, en el mismo Estado miembro. Esto se aplicaría, por ejemplo -como ya comentamos en aquella ocasión-, a artistas que hacen sus giras en directo durante un período de tiempo largo, pero también a los viajeros individuales, a estudiantes, a investigadores que deseen pasar más tiempo en Europa.
Por ello, ambas propuestas, tanto la que acabamos de explicar y recordar -la que aprobamos el día 13 pasado- como la presente están vinculadas. Así, las posibles modificaciones de la presente propuesta durante el proceso legislativo tendrán un impacto sobre la propuesta de reglamento por el que se establece un visado itinerante, por lo que debe prestarse especial atención a garantizar las sinergias necesarias entre estas dos propuestas durante el período de negociación.
Si en el transcurso de estas negociaciones se estimara posible su adopción en un plazo similar, la Comisión tiene previsto fusionar las dos propuestas en una propuesta de refundición. En el caso de que los legisladores llegaran a un acuerdo sobre la presente propuesta antes de que haya una perspectiva de acuerdo inminente sobre la propuesta de reglamento por el que se establece ese visado itinerante, las disposiciones incluidas en la presente propuesta relativas al visado itinerante previsto no deberán mantenerse con vistas a su adopción, sino que se introducirán más adelante mediante una modificación del Código de visados cuando se haya alcanzado un acuerdo sobre lo que mencionábamos: el visado itinerante.
Por todo lo anterior, el objetivo de la propuesta no puede lograrse de forma suficiente por los Estados miembros por sí solos, pues únicamente la Unión puede modificar un acto de la Unión, como es el Código
de visados. Además, la elaboración del Código de visados en 2009 adoptó la forma de reglamento con el fin de garantizar que se aplicaría de la misma manera en todos los Estados miembros que utilizan el acervo Schengen.
La iniciativa propuesta constituye una modificación de un reglamento vigente y se basa en los mismos objetivos políticos, en los que se ha añadido ahora el objetivo del crecimiento económico, tan importante sobre todo en estos momentos.
Además hay que añadir que, como reza el informe del Gobierno, ya se apunta a que se trata de una competencia exclusiva de la Unión Europea.
Por lo tanto, la propuesta que hoy traemos a la comisión reside en que la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Código sobre visados de la Unión -código de visados, refundición-, es conforme al principio de subsidiariedad, establecido en el vigente tratado de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señora Ripoll.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.
Estamos totalmente de acuerdo con el informe realizado por la señora Ripoll.
Nos encontramos efectivamente ante una propuesta que refunde y modifica el Reglamento 810/2009 del Código de visados para desarrollar y mejorar las medidas en relación con las condiciones y procedimientos para la expedición de visados para una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros, que, tal y como ha explicado la ponente, no exceda de 90 días por períodos de 180, y contiene distintas medidas destinadas a facilitar los contactos familiares. Tiene en cuenta, además, la prioridad política reforzada que se otorga al impacto económico de la política de visados en el conjunto de la economía de la Unión Europea y, en particular, en el sector del turismo -como bien se ha señalado aquí- para garantizar una mayor coherencia con los objetivos de crecimiento de la estrategia Europa 2020, en consonancia con la comunicación de la Comisión, aplicación y desarrollo de la política común de visados, como estímulo del crecimiento en la Unión Europea, después de una evaluación, que estimamos siempre interesante realizar cuando cualquier clase de normativa entra en vigor.
También esta propuesta se basa en las conclusiones del Informe sobre la evaluación de la aplicación del Código de visados, como acabo de señalar.
Por tanto, señorías, tengo poco más que añadir: que vemos con buenos ojos que avance este tipo de propuestas. Poco más. Consideramos que respeta el principio de subsidiariedad.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LOS APARATOS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 258 final]. (Número de expediente del Senado 574/000257 y número de expediente del Congreso 282/000324)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Pasamos al punto sexto del orden del día: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos de combustibles gaseosos.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, don Juan Ramón Represa.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
La propuesta de reglamento de la que ahora hablamos tiene su antecedente inmediato en la Directiva 2009/142CE, que regula los aparatos de combustibles gaseosos. Abarca de manera específica las condiciones para la introducción en el mercado o la puesta en servicio de los mismos en cuanto a los riesgos relacionados con la seguridad del gas y al uso racional de la energía, obligando al cumplimiento
de determinadas exigencias esenciales para su comercialización y haciendo que los fabricantes velen por que sus productos cumplan los requisitos obligatorios de rendimiento y seguridad.
La revisión de la directiva a la que he hecho referencia ha sido fruto del debate con expertos responsables de su ejecución, con el foro de los Organismos de Evaluación de la Conformidad y con el Grupo de cooperación administrativa sobre vigilancia del mercado, así como de contactos bilaterales con asociaciones de la industria.
La presente propuesta está en sintonía con el Acta del Mercado Único, que contempla la necesidad de garantizar la confianza de los consumidores en la calidad de los productos del mercado y la importancia de reforzar la vigilancia del mismo, y es coherente con la política energética de la Unión pues no afecta a la aplicación y ejecución de la legislación vigente en el campo de la eficiencia energética y las energías renovables, y complementa la política de la Unión en materia de abastecimiento de energía y eficiencia energética.
Se mantiene el actual artículo 2.2 de la Directiva de 2009/142, según el cual los Estados miembros deben comunicar a los demás Estados miembros y a la Comisión los tipos de gas y las presiones de suministro correspondientes en uso en su territorio, así como toda modificación de sus condiciones de suministro de gas. Esta información, como pueden comprender, es de gran relevancia para los fabricantes -porque las condiciones del suministro de gas en el lugar donde se pone en servicio un aparato de combustibles gaseosos son muy importantes para su funcionamiento seguro y preciso- y también la calidad del gas, porque los aparatos son muy sensibles a la composición del combustible, para que, de esta forma, se evite introducir en el mercado aparatos inseguros o de funcionamiento incorrecto.
La finalidad de la presente propuesta de reglamento es garantizar el funcionamiento del mercado interior, tanto de los aparatos de combustibles gaseosos como de los equipos, en lo que respecta a los riesgos para la seguridad relacionados con el gas y la eficiencia energética.
El capítulo 2 establece las obligaciones de los agentes económicos, fabricantes, representantes autorizados, importadores y distribuidores.
El capítulo 3 regula la conformidad de los aparatos y equipos, fija el procedimiento de evaluación de la conformidad de los mismos, previamente a su introducción en el mercado, mediante una declaración de la Unión Europea que demuestre el cumplimiento de las exigencias contempladas en el anexo I de la propuesta, de tal manera que el diseño y la fabricación de los aparatos deberán ser tal que estos funcionen con seguridad y no entrañen peligro para las personas ni animales domésticos ni bienes, siempre que se utilicen en condiciones normales de funcionamiento a nivel de rendimiento adecuado. El informe del Gobierno de España indica que, a priori, la propuesta no tiene especial incidencia para el sector español ni afecta de forma significativa a sus intereses. El principio de subsidiariedad se plantea respecto a las disposiciones añadidas para mejorar la eficacia y garantía del cumplimiento de la Directiva 2009/142 CE.
Esta legislación se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de los aparatos de combustible gaseosos. La experiencia ha puesto de manifiesto que las medidas adoptadas a nivel nacional han dado lugar a enfoques divergentes y a un trato diferente de los agentes económicos de la Unión. En este caso, la propuesta es conforme con el principio de subsidiariedad, ya que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central ni regional ni local, y pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea debido a la dimensión y a los efectos de la acción pretendida.
Una acción coordinada -voy concluyendo, señora presidenta- a nivel de la Unión Europea mejorará, además, la eficacia de la vigilancia del mercado. Por tanto, resulta más adecuado actuar a nivel de la Unión Europea; la utilización de un reglamento no es contraria al principio de subsidiariedad. El uso de reglamentos en el ámbito de la legislación de mercado interior permite evitar riesgos de sobrerregulación. Asimismo, permite a los fabricantes trabajar directamente con el texto del reglamento en lugar de tener que identificar y examinar 28 actos de trasposición. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la modificación propuesta no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos de combustibles gaseosos es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Represa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra el señor Ortiz.
Con este reglamento se pretende proteger mejor la salud y la seguridad de los usuarios de aparatos y equipos de gas, así como garantizar el rendimiento adecuado de estos productos, garantizar una competencia leal entre los agentes económicos del sector, y simplificar el marco regulador europeo en el ámbito de los aparatos y equipos de gas.
El marco jurídico de la directiva en la que se enmarcan los aparatos de gas permanecerá invariable. Los agentes económicos afectados y demás partes interesadas seguirán siendo los mismos que en la actualidad y los cambios propuestos en el reglamento constituyen más bien un intento de mejorar la legibilidad y la claridad del ámbito de aplicación de lo estipulado, así como las exigencias esenciales y otras disposiciones. En consecuencia, compartimos con el ponente el criterio de que este reglamento respeta plenamente el principio de subsidiariedad.
- MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TERRITORIALIZAR Y DISTRIBUIR DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS FONDOS EUROPEOS QUE SE RECIBAN EN MATERIA DE EMPLEO JUVENIL. (Número de expediente del Senado 661/000345 y número de expediente del Congreso 161/002028)
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Pasamos al punto siete del orden del día, que es la moción por la que se insta al Gobierno a territorializar y distribuir de forma proporcional entre las comunidades autónomas los fondos europeos que se reciban en materia de empleo juvenil.
Como saben sus señorías, se ha presentado una enmienda y será la proponente, señora Parera, quien tome la palabra en primer lugar, por un tiempo de diez minutos, para la defensa de ambas cosas.
Somos todos muy conscientes de que uno de los efectos más graves de la actual crisis económica es el paro. Ningún otro país europeo ha alcanzado unas tasas de destrucción de empleo tan elevadas como las que padece nuestra sociedad; de hecho, el Estado español tiene el récord absoluto de desempleo juvenil, que es el punto que nos ocupa hoy y más nos preocupa, un 55,7 %, y solo nos supera Grecia. Según datos recientes de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal, en concreto, del mes de marzo, el paro alcanza entre menores de 25 años a unos 430 000 jóvenes. El impacto del desempleo juvenil a medio y largo plazo es enorme para el conjunto de la sociedad, ya que supone un riesgo de exclusión social, inexistencia de perspectiva de futuro, pérdida de capital humano, retraso en el inicio de la vida adulta, incluyendo creación de sus propias familias, etcétera. Más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo y muchos de ellos no han trabajado con anterioridad. Nuestros jóvenes se están viendo forzados a emigrar para poder encontrar un empleo digno y la realidad es tan desoladora que corremos el riesgo de estar perdiendo toda una generación, seguramente una de las mejor preparadas. Combatir el paro juvenil es una prioridad para todos, tanto para la Unión Europea, para el Gobierno español como para el Gobierno de las comunidades autónomas. Soy muy consciente de esto, y prueba de ello es la aprobación de la garantía juvenil por parte de la Unión Europea.
A raíz de la aprobación de esta garantía juvenil fue cuando a finales de septiembre del año pasado presentamos una proposición no de ley en la que proponíamos a la Comisión Mixta para la Unión Europea que instara al Gobierno a territorializar y distribuir de forma proporcional, y sobre la base de criterios objetivos entre las comunidades autónomas, los fondos europeos que se iban a recibir correspondientes a esta iniciativa, con el fin de que estas pudieran desarrollar los programas más adecuados para reducir el desempleo joven en sus territorios en el marco de sus competencias, puesto que entendemos que las comunidades autónomas por proximidad son las que más capacidad tienen para poder destinar estos recursos.
En el ínterin, desde septiembre hasta hoy no se ha podido tratar esta proposición no de ley, puesto que he estado de baja por maternidad, y hoy estamos debatiéndola. A lo largo de estos meses hemos tenido la buena noticia de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, en el Congreso, el pasado enero, ya se comprometió a que la asignación de los fondos europeos que se iban a recibir en materia de empleo juvenil se iba a distribuir de forma proporcional entre las comunidades autónomas, tal y como solicitábamos, y es por ello que hemos presentado esta enmienda de adición puesto que entendíamos que lo que pedíamos en nuestra proposición no de ley inicial ya tenía un reconocimiento por parte del Gobierno, e iba a tener su cumplimiento.
Asimismo, a lo largo de finales del año pasado, los Estados miembros y la Unión Europea acordaron concentrar el gasto en 2014 y 2015, en lugar de en siete años, como estaba inicialmente previsto. La ministra manifestó en su intervención en el Congreso, que he mencionado anteriormente, que esto iba a suponer para España recibir alrededor de unos 1800 millones de euros destinados a combatir el desempleo juvenil. Somos muy conscientes de que el Gobierno español, los Estados miembros, en general, van a recibir cada año una prefinanciación solo del 1 % del total de los fondos asignados para la garantía juvenil y, por tanto, el Gobierno va a tener que anticipar el 99% restante. No obstante, a pesar de ello, entendemos que el Gobierno debería hacer un esfuerzo y, por eso, presentamos esta enmienda solicitando que se adopten las medidas necesarias para posibilitar que las comunidades autónomas reciban los fondos para la materialización y desarrollo de la garantía juvenil para este año y el año que viene de forma previa a su ejecución, puesto que, de lo contrario, tenemos el reconocimiento del Gobierno de recibir este dinero, aunque, no obstante, no dispongamos de él y, por tanto, no podamos destinarlo a fomentar y a crear medidas de empleo para los jóvenes.
Reitero que soy consciente de la dificultad que ello conlleva. Hemos estado hablando, y creo que es justo reconocerlo, con el portavoz del partido que da apoyo al Gobierno, en su buena intención de intentar llegar a un consenso. Sé que es complicado puesto que esta enmienda de adición ha sido presentada con mucha premura, hoy mismo, en esta comisión. Por tanto, me pongo a disposición del Grupo Parlamentario Popular, en el caso de que no se vean hoy en disposición de votar a favor de esta moción, que me gustaría que sí lo hicieran, para retomar el diálogo que hemos mantenido esta mañana, previo a la vista de esta iniciativa, para, en un futuro próximo, presentar una moción conjunta con la que sí estemos todos satisfechos y podamos tratar el tema que estoy aquí debatiendo de una forma que a todos nos satisfaga.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Parera.
Tienen la palabra ahora los portavoces del resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenos días y muchas gracias.
Simplemente quiero anunciar que Amaiur votará favorablemente a esta moción.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros compartimos la preocupación por el paro, y sobre todo por el paro juvenil, que ha expresado la proponente. Doy por hecho que la compartimos con todos los portavoces que han hablado y van a hablar, pero apenas compartimos nada más. No compartimos ninguna más de las afirmaciones que ha hecho la señora Parera, pero sí esa preocupación. No obstante, nos llama la atención que la iniciativa más señalada que el Gobierno va a ejecutar parta de una propuesta europea. Este es un aspecto crítico que en este punto quería mencionar. Además, quiero hacer algunas consideraciones de carácter político y otras de carácter legal al respecto de esta iniciativa.
Creemos que el problema del desempleo tiene, obviamente, una relación directa con la crisis, pero también esta crisis ha puesto de manifiesto los problemas que tenemos en el modelo productivo y en la legislación laboral. Y estos son problemas que no se pueden parcelar por comunidades autónomas. Defendemos una política de empleo que tenga carácter nacional e, incluso, tintes globales, puesto que muchos de los problemas de desempleo que tenemos en España y en Europa están relacionados con la situación laboral de los trabajadores en China o en Bangladesh. Esto es algo que nadie puede ocultar. La
visión pequeña, autonómica e incluso provinciana contribuiría a empeorar el problema y no a solucionarlo. Territorializar los fondos tampoco garantiza la mayor eficacia o eficiencia del empleo de estos. El fraude en los cursos de formación da la medida exacta de cómo muchas veces cuanto más abajo se ejecutan las políticas menos control se puede establecer sobre ellas, menos control hay sobre las decisiones políticas o administrativas que se toman y, por lo tanto, más lugar para la corrupción y para el clientelismo.
La finalidad de la garantía juvenil y de la iniciativa del plan de empleo no es dar fondos a las comunidades autónomas sino dar solución a los ciudadanos, a ese 50% de ciudadanos jóvenes que no consiguen encontrar empleo; y ello porque la garantía juvenil no está en relación con los territorios sino con las generaciones. Nosotros defendemos habitualmente la cohesión territorial. En este caso creemos que esta iniciativa defiende la cohesión generacional y debe verse como tal dentro del marco de un problema que -insisto- es nacional y es global.
A nosotros nos da la impresión de que el objetivo de esta iniciativa más que combatir el desempleo juvenil tiene el interés de mercadear con estos fondos de empleo, de obtener fondos para estas políticas que, en cualquier caso, como digo, no nos parece que se tengan que repartir. No nos parece que el papel del Estado tenga que ser el de tomar el dinero con una mano de Europa y con la otra repartirlo entre las comunidades autónomas, sino que tiene que formar parte de una estrategia nacional.
Estamos de acuerdo con el plan de empleo juvenil, pero creemos que estas iniciativas que deben ser nacionales, tendrán naturalmente repercusión en los territorios, pero, desde luego, no de manera proporcional ni atendiendo a un cupo. Nos parece que su petición adolece de enormes inconcreciones. No me voy a detener en ellas porque, como ya le he explicado, estamos en desacuerdo con ese principio de la territorialización. Además, es muy inconcreta en muchos aspectos y esto nos parece que hace aún más peligroso ese descontrol que sobrevendría al no partir los fondos de la Administración común.
Por último, les decía que iba a hacer una consideración legal muy importante. De esa Ley 56/ 2003 de empleo, en concreto, el artículo 13.4, se desprende con toda claridad que el Estado, a través del SEPE, ejecute -cito literalmente- programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, como este. Que la Administración común los ejecute garantiza más la eficacia y la igualdad, que son dos aspectos que hay que tener especialmente en cuenta en cualquier política de empleo. Nada obliga, en contra de lo que suele defender Convergència i Unió, a esa territorialización de los fondos y, desde luego, de la legislación actual no se deriva que esos fondos deban ser gestionados por el Estado únicamente -como decía- como mero transmisor desde las instituciones europeas hasta las autonómicas. Por lo tanto, nuestro voto será contrario a esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Lozano.
Quiero manifestar nuestro voto favorable a la moción que se está debatiendo presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Sin duda, y ciertamente en eso estamos de acuerdo, el paro juvenil es una de las consecuencias peores que se derivan de la grave crisis económica que estamos padeciendo. En España, especialmente, adquiere una gravedad extraordinaria. Y de ahí, como reflejo de esa realidad, la decisión del Consejo Europeo de aportar 6000 millones de euros para incentivar precisamente el empleo juvenil y que una parte importante de esos recursos vengan precisamente para España.
La moción nos parece acertada en este contexto en la medida en que las competencias en materia de empleo juvenil son de las comunidades autónomas. Y son, sin duda, las administraciones más cercanas a los ciudadanos, aplicando precisamente el principio de subsidiariedad que inspiran las instituciones europeas, las que pueden seguramente ejercer mejor sus competencias para conseguir paliar esa situación de desempleo en la medida de lo posible, que no vamos a resolver completamente, pero sí se puede ayudar.
Por supuesto, no comparto las opiniones expresadas por la portavoz de UPyD, la diputada Lozano, que ha hablado de un trato de igualdad a la hora de administrar la situación por el Gobierno de España cuando estamos abordando una realidad desigual; es desigual la tasa de desempleo, de paro juvenil, en las distintas comunidades autónomas y es desigual la realidad; es desigual la realidad de la formación; es desigual la realidad de la incidencia de los titulados de formación profesional, un tema fundamental precisamente para contribuir a resolver el tema del paro juvenil; y es desigual la realidad a la que se enfrentan en cuanto a la estructura económica de las respectivas comunidades autónomas. Por tanto,
tratar igual a los desiguales sería, sin duda, el peor error que se podría cometer y, por tanto, es importante que se atienda esta petición. Parece ser que la postura del Gobierno va en la misma línea y en la medida en que se puedan adelantar los fondos, como pide la autoenmienda del Grupo de Convergència i Unió, nos parece una iniciativa acertada. Por consiguiente, como he dicho, votaremos favorablemente a la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.
Nuestra posición en esta moción va a ser la de apoyarla en coherencia con la reciente aceptación en el Senado de una enmienda de CiU respecto de la moción que presentaba nuestro propio grupo, después de una interpelación a la ministra Ana Mato en la sesión del 13 de mayo. En esa sesión del 13 de mayo se trataron de forma global una serie de temas que trataban de impulsar medidas ante las instituciones europeas para fortalecer el crecimiento y el empleo y hacer frente al mayor retroceso en derechos sociales y laborales que han tenido lugar en nuestro continente desde el inicio del propio proyecto europeo.
Planteábamos en el primer punto, y se apoyó por muchos de los grupos que forman parte del Senado, favorecer un pacto europeo por el empleo que incluyera un ambicioso programa de inversiones equivalente al 2 % del PIB de la Unión Europea durante un período de diez años, como propone la Confederación Europea de Sindicatos, destinado a incrementar la capacidad innovadora y competitiva de la economía europea y a crear empleo, tomando como referencia los objetivos de la Estrategia 2020. Asimismo, aumentar el volumen de fondos del Banco Europeo de Inversiones destinados a su recapitalización, especialmente a la financiación de las pymes y proyectos de autoempleo juvenil.
En relación el segundo punto de CiU, que coincide con el debate que hoy estamos manteniendo aquí, nosotros proponíamos elevar hasta 21 000 millones de euros las asignaciones destinadas al empleo juvenil, porque, como saben, lo que se denomina garantía juvenil es una parte de los fondos que forman parte del dinero que va a recibir España, ya que la otra parte proviene del Fondo Social Europeo. Eso eran recomendaciones de la OIT. También se añadía ahí una enmienda, que coincide exactamente con la que hoy estamos debatiendo aquí, que era modificar el sistema de financiación establecido por el Fondo Social Europeo para 2014 y 2015 que posibilitase que los fondos para la materialización y desarrollo de la garantía juvenil se reciban de forma previa -esto es la enmienda que hoy se ha presentado o autoenmienda que presenta CiU, que es muy importante y voy a tratar de explicarlo- y que no resulte necesario esperar a que los programas y actuaciones finalicen y se verifiquen para obtenerlos. También incentivar la territorialización de los fondos en el interior de los Estados y en la España de las comunidades autónomas porque tenemos un Estado de las autonomías donde las comunidades autónomas tienen competencias específicas y, por tanto, la transferencia de estos fondos de forma proporcional y con criterios objetivos es absolutamente natural y lógica en un Estado de autonomías, donde se ejercen esas competencias y se aplica con criterios objetivos la situación específica de cada comunidad.
Decíamos en el tercer punto que se trataba de establecer un marco europeo de salarios mínimos, considerando un nivel relativo de desarrollo, coste de vida y el salario medio de cada Estado para asegurar un salario digno a los ciudadanos de la Unión Europea.
El cuarto punto hablaba de un plan europeo contra la brecha salarial, estableciendo compromisos obligatorios para que todos los países miembros acaben con esa brecha salarial y de pensiones que sufren las mujeres.
Se trataba de impulsar, en el quinto punto, una directiva europea de igualdad de trato que instaure unos mínimos a cumplir y respetar por los países miembros en materia de no discriminación.
El sexto punto era impulsar un Plan europeo contra la pobreza, aumentando los presupuestos previstos para el Fondo Europeo de Ayuda a los más desfavorecidos a lo largo del período 2014-2020. Aquí también había una enmienda de Izquierda Unida que aceptamos.
El punto séptimo era aumentar los recursos de ayuda al desarrollo, mejorando la coordinación entre las instituciones europeas y fortaleciendo a las organizaciones no gubernamentales y de ayuda al desarrollo. Se incorporó una enmienda de CiU.
Por último, impulsar una verdadera política común de inmigración, basado en los tres pilares de prevención, protección e integración y dotar de recursos a los tres programas europeos existentes, que eran el Frontex, Eurosur y el nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Como se puede ver, es una visión global de un debate reciente y de una enmienda muy apropiada y muy oportuna, como hoy lo es que la debatamos aquí específicamente. Creo, como corresponde competencialmente, que es lógico que exista la territorialización, pero desde mi punto de vista es también muy importante este último aspecto que se añade hoy de una autoenmienda que sí se había incorporado al debate en la fecha en que lo analizamos en el Senado y que habla de ese anticipo.
El paro juvenil es, sin duda hoy, uno de los elementos de mayor sensibilidad en Europa. Esta misma mañana venía el alcalde de Turín y hablaba de cómo enfocaban en Italia este problema. Podemos ir a cualquier país europeo y ver que este es un verdadero drama, porque las cifras que tiene Europa son verdaderamente alarmantes, pero las que tiene España son extraordinariamente alarmantes. Se daban porcentajes actualizados. Yo voy a utilizar porcentajes anualizados y voy a utilizar Eurostat para no caer en coyunturas. Según Eurostat, en diciembre del 2013, que es la última cifra anualizada, la tasa de paro armonizada de los jóvenes menores de 25 años en el área euro-17 era de 23,8%; en la Unión Europea de 28 miembros, un 23,2 % y en España, un 53,4 %, ahora incluso es coyunturalmente superior. Alarmante, como decía, y además en estos dos últimos años todavía se acentuó el paro, que ya de por sí era muy elevado en el año 2011.
La garantía juvenil es un proyecto que impulsamos en Europa, que siempre defendimos como un primer paso importante, no obstante la poca cuantía de su financiación, porque hay que recordar que la financiación que en el marco de la perspectiva financiera, hoy llamado marco financiero plurianual 2014-2020, sin duda es positivo por la iniciativa pero absolutamente insuficiente por la cuantía, aunque se ha flexibilizado en el Parlamento Europeo, porque saben ustedes que en el Parlamento Europeo se aprobó concentrar en los dos primeros años toda esa cuantía de 6000 millones. Por eso, reivindicamos que hay que ir a otra iniciativa, que se puede hacer y que existe en Europa, y es una revisión en el 2016 de todos esos criterios y, sobre todo, si el Parlamento autorizó concentrarlo en los dos primeros años es para continuar con inversiones a lo largo de todo el período, porque decíamos y decimos que es insuficiente.
Creemos que el coste económico de tener a más de 7,5 millones de jóvenes sin trabajo, educación o formación, los llamados ninis, representa 150 000 millones de euros. Los altísimos índices de desempleo juvenil suponen la pérdida de toda una generación, pueden hacer un gran daño estructural a largo plazo, limitar la recuperación de la economía y poner en peligro la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Nosotros no podemos aceptar que la solución sea fomentar la movilidad forzosa en toda Europa. Además, no es solo movilidad forzosa, sino que hay que preocuparse también de las ofertas de trabajo para que tengan un salario digno. No puede aceptarse que se fomente una mano de obra de bajo coste, que solo consigue aumentar la precariedad en el mercado laboral.
Todos estos planteamientos se pusieron de manifiesto durante las negociaciones del marco de calidad para las prácticas, en el que no se pudo poner estándares mínimos de calidad o remuneración para los becarios europeos, por ejemplo, y gracias a las propuestas que se elaboraron en el Parlamento Europeo, como digo, se pudo flexibilizar la edad e incluso ampliarla hasta los treinta años. Se consiguió la posibilidad de desembolso de casi todo el dinero durante los primeros años, pero como dice la moción que se presentó en el Senado y que hoy aquí se reitera, con esas enmiendas recogidas es con lo que se posibilita que los fondos de garantía juvenil y el Fondo Social Europeo se reciban de forma previa y no sea necesario esperar a que los programas y actuaciones finalicen y se verifiquen para obtenerlos, así como fomentar la territorialización en el sentido que marca esta moción.
¿Saben lo que está pasando en la práctica? Que, aunque vamos positivamente y todos estamos satisfechos de que Europa marque este camino aunque sea insuficiente, no se está aplicando una adicionalidad real en el territorio. ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia entre los fondos que Europa da a España y los que España trasmite a las comunidades autónomas con los documentos presupuestarios en cada Gobierno autonómico y al no existir la consignación presupuestaria, las consejerías de Hacienda no habilitan el gasto y, por tanto, los que ejecutan esos programas tienen que recurrir a partidas presupuestarias que están destinadas al empleo en general, pero no son de adicionalidad. Este es un problema muy grave que tenemos que solucionar, porque España, y estoy seguro de que el Gobierno de España quiere también arreglarlo, tiene que hacer que esto sea creíble, lo que no podemos es quitar el dinero de un lado para ponerlo en otro. Queremos adicionalidad real porque este programa fue un programa para ir a más, no para quedarnos en lo que teníamos y decir que damos empleo juvenil con los mismos dineros que teníamos antes.
Reitero que es muy importante que esta enmienda se instrumentalice rápidamente para hacer efectivo lo que hoy tenemos y para hacer posible reivindicar en Europa conjuntamente la mayor parte de fuerzas
políticas y, por supuesto, que en nuestro país nos unamos en este gran objetivo, y es que haya más dinero para el empleo juvenil. ¿Cómo se instrumenta esto? Llevando a la conferencia sectorial el compromiso de transferir a las comunidades autónomas; hacerlo de manera oficial; remitir los documentos a las respectivas comunidades autónomas para sus gobiernos; poner el dinero a disposición y que ese dinero sirva para acciones, como se suele decir, a mayores y que ese gasto, que generalmente una consejería de Hacienda no autoriza si no tiene el reflejo presupuestario, pueda ser realmente aplicado de forma complementaria a los dineros que están destinados al empleo.
Esta es nuestra posición y por eso pensamos que es muy importante que este debate se haya abierto aquí.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Quiero iniciar la intervención de mi grupo haciendo referencia al acontecimiento sucedido ayer. Creo que en el entorno de la Comisión Europea tenemos que congratularnos y felicitar la labor de un rey que ha sido un gran europeísta -así lo reconoció ayer el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso-. Considero que es justo el reconocimiento de esta Cámara, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, por su labor no solo a nivel de España sino también a nivel de la convergencia y la configuración de la Unión Europea que ahora vemos. También sabemos que el heredero, Felipe de Borbón, va a continuar la senda que ha seguido su majestad el rey y le deseamos desde aquí el mejor de los haceres en sus altas responsabilidades. (Aplausos).
En segundo lugar, quiero hacer una referencia a unos datos muy importantes que hoy se han conocido. Precisamente cuando estamos hablando de empleo hoy se ha conocido que el paro ha descendido en su mayor cifra desde el año 1996, ya que hay 111 916 parados menos en mayo. Esto ya no es una cuestión coyuntural, sino una caída que va sucediéndose mes tras mes, lo que ha permitido que haya un 6,5 % menos de desempleo en el último año y que haya habido una afiliación a la Seguridad Social de 150 000 personas nuevas en el último mes, es decir, 5000 nuevos empleados al día, de los cuales, por cierto, y como ha sido también crítica recurrente en esta comisión y en otras ha habido un incremento anual de un 25 % de contratos indefinidos en un total de 550 000 nuevos contratos indefinidos en el último año.
Entrando ya en la moción de Convergència i Unió, es verdad que hemos estado hablando con la portavoz y ahora quiero dialogar con el portavoz socialista, porque ha tenido una intervención con gran entusiasmo respecto a algo que sinceramente no es objeto de esta comisión porque ni siquiera es objeto de esta Cámara, ni siquiera es objeto del Gobierno de España. Quien esté reclamando territorializar un fondo social europeo no sabe que se lleva haciendo desde que surge el fondo social de empleo, con lo cual es como pedir ahora mismo que la bandera de la Unión Europea sea azul. Quien pide ahora en la última moción de hoy que la recepción de fondos sea previa a su ejecución es que no conoce que todos los fondos, no solo el fondo social europeo, sino el Feder o los estructurales, no pueden hacerse con una percepción previa a la ejecución porque sencillamente habría que refundar la Unión Europea. Lógicamente, hay que certificar el gasto al Tesoro para que esos fondos que ya ha recibido el Gobierno de España lleguen a las comunidades autónomas. Por lo tanto, parto de un punto optimista y constructivo, como le he transmitido al grupo que ha propuesto esta iniciativa. Más nos gustaría que eso cambiara porque lógicamente conlleva, como han dicho la ministra y la secretaria de Estado en sede parlamentaria, un esfuerzo presupuestario tanto por parte del Gobierno de España como, por cierto, por parte del resto de los veintisiete Estados miembros. Esto es así, y de hecho creo que no está mal en cuanto a una ejecución que sea responsable, a pesar de tener que hacer un esfuerzo, porque eso también computa en el déficit público y tiene sus problemas, pero creo que en el Gobierno de España somos responsables y sabemos en qué marco nos movemos. Quien pertenece a un club sabe las normas que tiene que tener ese club y me parece que no podemos instar a esta Cámara a que inste al Gobierno a que inste a las instituciones europeas a algo que es absolutamente irrealizable.
Dicho lo cual, y por no eludir la cuestión, le diré sobre todo al Grupo Parlamentario Socialista que bienvenido al club de combatir el desempleo juvenil porque ustedes tienen el récord de creación de desempleo juvenil no en España, sino en Europa, y de esas lluvias vienen estos lodos. En efecto, nosotros nos hemos encontrado con un país con casi el 60% de paro juvenil por culpa de las políticas que ustedes trajeron a este país. Por eso hemos tenido que ir a la Unión Europea. A ustedes les parecerá poco, pero
es que el presidente Rajoy fue el que, echando un pulso con bastante eficacia con sus socios comunitarios, consiguió que de los 6000 millones del fondo social europeo consignados al empleo juvenil, precisamente vinieran a España 1887. Saque usted el porcentaje. No sé si le parecerá mucho o poco, pero es muchísimo más de lo que ustedes consiguieron y, por cierto, es una iniciativa del Gobierno español. Es más, no solo hay 1887 millones que vienen de la Unión Europea, sino que el cómputo global es de 2800 millones, es decir, que también el presupuesto español pone 800 millones más. Y es más, de esos fondos que vienen de la Unión Europea, 943 millones son de fresh money, es decir, que la celeridad es muchísimo mayor. Pero es que hay más, ya que el presidente Rajoy sacó un compromiso por parte del presidente Van Rompuy para que todos los fondos del marco financiero plurianual que no se usasen desde el año 2014 hasta el año 2017 se dedicaran al empleo juvenil, es decir, que nos podemos encontrar en ese entorno trienal con otros 2000 millones de euros utilizados para el desempleo juvenil. No está mal.
Además, creo que hay que ver las cifras en su conjunto. Esto es una iniciativa muy buena, una iniciativa que va a abundar sobre el esfuerzo que hace este Gobierno para la empleabilidad de los jóvenes, pero que se incardina en 9010 millones de euros que España va a percibir en el sexenio 2014-2020 desglosados en 563 en el fondo de ayuda a desfavorecidos, 2367 en el programa operativo de empleo juvenil, 2179 en el programa operativo de empleo, formación y educación, 800 en el programa de inclusión social y 3130 de programas operativos regionales. Repito, regionales, 3130. Ahora bien, lo que no podemos hacer es eludir que esto también tiene una connotación de las políticas estructurales para cada país. En España ya se han hecho desde el primer momento. La reforma laboral a quien más beneficia es a los jóvenes. La flexibilidad del empleador a quien más beneficia es a los jóvenes, a quien no tiene un track record laboral, al que el empleador generalmente no se arriesgaba a contratar porque tenía muchas barreras de entrada y de salida. Por eso a día de hoy hay 115 000 jóvenes trabajando desde que se planteó la estrategia de implantación de garantía juvenil, es decir, 450 jóvenes al día han encontrado trabajo desde que gobierna el Partido Popular. Por eso hay 1600 proyectos nuevos diarios en torno a este programa de garantía juvenil. Por eso hay un 7,5 % menos de desempleo juvenil desde que los socialistas salieron del Gobierno y llegaron los populares hace dos años. Lógicamente, habría que dar cifras, como decían ustedes, pero si estas les parecen poco, que ya son porcentajes, no hay que ir a Eurostat, sino directamente a la EPA y a las estadísticas de empleo por edad sobre todo lo que se ha estado haciendo en el país. Así, en relación con las cuestiones que pedía el grupo de Convergència i Unió en cuanto a la territorialización, que como hemos dicho es algo evidente que se lleva haciendo desde el principio, tenemos que decir que cuando gobernaba el Partido Socialista, es decir, en el periodo plurianual 2007-2013, esos fondos que gestionaban las comunidades autónomas alcanzaron el 41,5 %. Desde que gobierna el Partido Popular esos fondos alcanzan el 51,5 %, con lo cual creo que no tenemos que admitir ninguna lección en cuanto a dotar a las comunidades autónomas de más fondos, si bien es cierto que aceptamos que tendrá que certificarse el gasto de esos fondos para que se puedan transferir las consignaciones comunitarias.
Tampoco tenemos ningún problema en que eso tenga un reflejo inmediato y diario en los jóvenes respecto a sus administraciones más cercanas, sean locales o autonómicas, que son las que tienen las competencias. Pues bien, ya hay un sistema informático implantado por el cual todos los jóvenes inscritos en búsqueda de empleo, a través de las administraciones con competencia -no siempre regiones, porque a veces también hay ayuntamientos con servicios de ayuda a los jóvenes en situación de desempleo- pueden directamente, independientemente de la Administración, solicitar esa ayuda de inclusión o de búsqueda de empleo y directamente la aplicación informática le ofrecerá el trabajo que mejor se adapte al perfil. Por tanto, territorializar los fondos, por supuesto. De hecho, ha habido una comunicación por parte del Ministerio de Trabajo en la que se dijo el 10 de diciembre de 2013 qué criterio le iba a tocar a cada comunidad autónoma y qué reparto. Ninguna se quejó. Pero es que luego, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, celebrada el 18 de diciembre de 2013, ya se le dijo a cada una de forma oficial cuánto le tocaba. Por cierto, a Cataluña el 16,1 %, 304 millones de euros. Por cierto, en Andalucía, donde no gobierna el Partido Popular, ni más ni menos que el 25 % de todas las ayudas, con lo cual esto que se solicita de que se tenga en cuenta la territorialidad y las ayudas a cada comunidad autónoma creo que llega algo tarde porque ya se ha hecho.
Lógicamente, el ministerio respeta escrupulosamente el marco de competencias en materia de formación y empleo, y por eso en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se han hecho estas propuestas.
Creo recordar que me pedían cifras cuando hablaba del 41,5 % que se gestionaba por parte de las comunidades autónomas en el periodo 2007-2013. Pues tengo la cifra: 3341,5 millones de euros de un total de 8057 millones. Y pedían cifras cuando decían que desde que gobierna el Partido Popular se gestiona el 51,5 %. Aquí están las cifras: 4395,7 millones de euros sobre un total aproximado de 8525 millones de euros. Eso en cuanto a la territorialización de los fondos.
En cuanto a la recepción de fondos previa a su ejecución, como hemos dicho, es algo que lógicamente no podemos eludir porque son previsiones de la Unión Europea, ya se rindieron cuentas en esta Cámara y en el Congreso respecto de que a día de hoy, por la propia arquitectura comunitaria, solo se adelanta a los países el 1 % de todos los recursos en tanto que el 99 % se tiene que financiar generalmente con entidades bancarias pero con una cobertura y un tipo de interés muy bajo porque, lógicamente, están respaldadas y garantizadas, como es lógico, por el Tesoro europeo. ¿Y cómo se hace el reparto de estas ayudas, al que también se aludía? ¿Cómo llegamos al 25 % de Andalucía y al 16 % de Cataluña? Pues se hace por los mismos criterios con que se reparte el Fondo Social Europeo entre los Estados miembros. En primer lugar, el peso de los menores de 25 años en situación de desempleo en relación con la población activa, y en segundo lugar los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni están recibiendo formación, es decir, los llamados en Europa jóvenes NEET. Eso hace un cómputo y un prorrateo absolutamente objetivo por el cual el Gobierno de España plantea en la conferencia a todas las comunidades autónomas cómo pueden repartirse esos fondos.
En definitiva, yo me quedo con el aspecto positivo. Yo creo que, al final, todos tenemos como máxima preocupación, como clave de bóveda de nuestra actividad política, acabar con la lacra del desempleo en España. Algunos pensaremos en unos orígenes de este desempleo y otros pensarán que fueron justamente lo contrario, pero lo que hay que ver objetivamente es que si los resultados han empezado a mejorar no es solo por las ayudas puesto que estas aún no han llegado, no por culpa del Gobierno de España puesto que ha tardado tan solo seis meses en presentar el programa al que obligaba la Comisión Europea en diciembre -en épocas del Partido Socialista se tardó un año-, sino porque las comunidades autónomas aún no han comunicado los programas de gasto o los proyectos que tienen que hacerse -por cierto, me informan de que Cataluña tampoco lo ha transmitido todavía-. Pero dentro de estas políticas creo que también hay que dar un respaldo a las políticas sectoriales y estructurales. El empleo joven están llegando de nuevo a España no solo por las ayudas europeas, que como he dicho aún no han llegado, sino por el impulso a políticas de flexibilización, de facilitar la empleabilidad de los jóvenes, por ejemplo, con la tarifa plana de 50 euros en la cotización de la Seguridad Social, con las bonificaciones a empresas de hasta el 100 % de las cuotas de la Seguridad Social cuando emplean a menores de 30 años, etcétera. Yo creo que esa es una buena senda y creo que los datos lo avalan; hoy es un buen reflejo de esto. Creo que los ciudadanos verán colmatadas las expectativas sobre todo de creación de empleo juvenil en España.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos) Muchas gracias, señor Casado.
Señorías, la portavoz del grupo proponente ha pedido un minuto para puntualizar algún asunto, posibilidad que también tendrán, por supuesto, los demás grupos.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señora presidenta. Ni siquiera necesito un minuto. Quiero simplemente dar las gracias a todos los grupos que han dado apoyo a esta moción. A la portavoz del grupo parlamentario de UPyD, como no puede ser de otra manera, quiero decirle que respetamos el sentido negativo de su votación. No obstante, creo que desposeer de competencias a las comunidades autónomas bajo la justificación de que si el Gobierno gestiona estos fondos evitaremos el fraude presuponiendo de este modo que las comunidades autónomas son fraudulentas en la gestión de los fondos que reciben, me parece algo insultante e impropio de un debate en esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Tiene la palabra la señora Lozano.
Obviamente, yo no he dicho lo que usted dice que he dicho, como tampoco he dicho que todas las comunidades autónomas deban ser tratadas por igual. Yo he dicho que estos fondos deben utilizarse con una visión global, nacional y de conjunto, con una visión que en nuestra opinión no debe ser matemática.
Por tanto, tampoco es el criterio de la proporcionalidad de la población lo que importa, sino criterios políticos, sociales y económicos.
Y en relación con las competencias, por supuesto que no negamos las que las comunidades autónomas tienen en materia de empleo. Más bien son las comunidades autónomas gobernadas por CiU, por ejemplo, como es el caso de Cataluña, las que niegan que el Estado también tiene competencias, pero resulta que sí las tiene, y he leído en el artículo correspondiente de la ley qué competencias tiene. Somos nosotros los que reconocemos que hay competencias del Estado y competencias de las autonomías, y es CiU quien niega que el Estado tenga competencias. Así son las cosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señora Lozano.
El señor Álvarez Areces tiene la palabra.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Si es tan razonable lo que aquí se pide, no entiendo por qué no se aprueba; porque según ese discurso que hemos escuchado, al parecer todo se está haciendo. Y si todo se está haciendo, ¿por qué no se aprueba? Eso es curioso; pero es que no todo se está haciendo. Ese es el problema de ustedes.
Y aunque no pensaba hacerlo, quiero decir aquí que la iniciativa de garantía juvenil surgió en el Parlamento Europeo puede revisar sus actas por una eurodiputada socialista que lo planteó. Y fue precisamente esa iniciativa, a la que se sumaron otros grupos políticos, lo que permitió que aquello se desarrollase. Y somos críticos con la cuantía asignada como también lo somos con las perspectivas financieras o con el marco financiero plurianual, pero eso no quiere decir que no sigamos luchando por otros objetivos.
Y eso de que no se pueden anticipar fondos... ¡Pero cómo que no se pueden anticipar fondos? Haga usted una conferencia sectorial, plantéeselo allí a las comunidades, y tómese nota en el acta de que se facilite a las comunidades tener esos fondos por anticipado y que luego se justifique. Y eso de que no se hace... ¡Usted desconoce los procedimientos más elementales de funcionamiento del Estado autonómico! Es que eso se ha hecho en otras circunstancias. Ahí es cuando surte efecto legal a nivel presupuestario y cuando se puede añadir adicionalidad a los fondos de garantía juvenil. Y quiero decirle también que revise las cifras de Eurostat para que vea que entre los años que van desde el Gobierno socialista, cuando era ya muy elevado el paro juvenil, y los que llevan ustedes gobernando, hay más de 5,6 puntos de porcentaje de paro juvenil. Repito que eso puede verlo en Eurostat.
Por tanto, no nos conformemos con estas cuestiones ni con todas estas cosas que no van a ningún lado. Lo que queremos aquí es buscar entendimiento en un problema que es crucial para nuestro país. Queremos entender el mensaje que nos han lanzado los ciudadanos el 25 de mayo, queremos unir voluntades, pero eso no significa volver al discurso de la herencia recibida, etcétera. Busquemos cómo unificar voluntades e iniciativas, porque el hecho de que en Europa...
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): El turno es de un minuto, senador Álvarez Areces. Debe ir terminando.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Sí, es que es un tema muy importante y me parece que tenemos que cerrarlo (Rumores) expresándonos aunque sea mínimamente.
En Europa se pueden modificar posiciones como de hecho se han modificado. En el Parlamento Europeo se modificó la posición del marco financiero plurianual concentrando en los dos primeros años lo que estaba previsto para siete; y se hizo con una iniciativa política. Y también se flexibilizó que en vez de ser veinticinco años fuesen treinta, cosa que todavía no ha llegado aquí. (Rumores). ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros?
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Señor Álvarez Areces, concluya, por favor.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Quiero decir esto: busquemos entendimiento para los grandes problemas de este país porque, si no, no habrá solución.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Tiene la palabra, señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Yo pensaba hacer una intervención muy de consenso, y de hecho lo había hablado con la proponente, pero me he encontrado con que el Grupo Parlamentario Socialista es el que verdaderamente ha empezado a hablar de la herencia recibida. Quien ha citado Eurostat no he sido yo sino usted. Yo le estoy contestando sencillamente que si con una tendencia brutal de destrucción de empleo juvenil en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, como no se ha visto nunca en la historia de la Unión Europea, usted pretende que nosotros en dos meses intentemos invertir esa tendencia, habría que pensar, lógicamente, que los milagros, en Lourdes. Lo que le estoy diciendo es que dos años después de haber invertido todas las políticas erróneas que nos habían abocado a ser la mayor fábrica de parados de Europa, estamos teniendo muy buenos resultados. Y además, hoy, por desgracia, las cifras que aparecen en la prensa no les vienen muy bien porque precisamente esta misma mañana se ha sabido la empleabilidad juvenil y la del total de la población española.
Pero usted me dice: ¿y por qué no se puede votar esto? Pues porque lo que al final está diciendo una moción es que esta Cámara inste al Gobierno de la nación a que inste a la Unión Europea a algo que ya está haciendo. Es decir, si usted quiere utilizar estas herramientas legislativas simplemente para hacer una nota de prensa, me parece muy bien, pero yo creo que esto es una cosa muy seria, y si quiere, ahí está incluso el señor letrado. Si nosotros queremos instar a algo que ya se está haciendo, lógicamente nos iremos a la sala de prensa y no a esta Comisión Mixta para la Unión Europea. (Rumores.-Aplausos).
Pero como veo que tiene dudas, si quiere le leo la iniciativa. Lo que se está diciendo es que se "insta al Gobierno a territorializar y distribuir de forma proporcional y en base a criterios objetivos entre las Comunidades Autónomas..." Pues ya se está haciendo. Esto es lo que decía la moción. Y hoy se dice: ...y además posibilitar que las comunidades autónomas reciban los fondos de forma previa a su ejecución. Y me dice usted: eso ya se está haciendo. Disculpe, pero es que estamos hablando de la Unión Europea. Si usted me dice un solo fondo plurianual en la Unión Europea que se haya anticipado antes de la ejecución o de la certificación de gasto, reescribimos la Unión Europea, pero es que me consta fehacientemente, y es una cosa de primer curso de Derecho comunitario, que nunca ha habido un anticipo en el Fondo Social de Empleo sin presentar previamente la certificación de gasto, con lo cual es imposible esa anticipación.
Yo quiero acabar de forma optimista, como pretendía antes de este debate sobre quién ha creado el paro juvenil. Creo que es una cosa bastante evidente y, por desgracia, las cifras objetivas de Eurostat, del Banco de España, de la EPA y demás, les dejan en muy mal lugar. Pero quería tender la mano al grupo proponente. En efecto, esta es una cosa que a todos nos afecta. Algunos pensamos que las medidas que se están tomando nos están llevando por la buena dirección y lo que podemos hacer es seguir trabajando en esta política que, por cierto, no ha surgido de una eurodiputada socialista, sino tras un Consejo Europeo maratoniano, de los que duran hasta las 3 de la mañana no como los de antes, que nos íbamos a dormir a Madrid , en el que Italia y España plantearon un pulso al resto del Consejo Europeo para exigir precisamente más ayudas dirigidas a la empleabilidad juvenil. Creo que es bueno que todos nos congratulemos en esa loa al consenso entre grupos y con que ahora, después de dos años de Gobierno Popular, el empleo juvenil esté empezando a mejorar, a pesar de la situación que nos encontramos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Casado.
Como es evidente, hay más consenso en las directivas que en la proposición no de ley. Si sus señorías están de acuerdo podemos votar los controles de subsidiariedad por asentimiento. (Asentimiento).
Ahora pasamos a votar la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Ha sido rechazada.
Seguidamente habrá una reunión de Mesa y Portavoces.
Eran las trece horas y cincuenta y cuatro minutos.