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Timestamp: 2019-12-09 02:45:53
Document Index: 131500285

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 73', 'artículo 57', 'artículo 108']

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015.
Publicado en DOE núm. 23 de 04 de Febrero de 2015
2.4. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
2.5. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente
2.6. Canon de saneamiento.
2.7. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
2.8. Otras actuaciones.
Este plan, que sigue la misma línea establecida en ejercicios anteriores, está integrado por los planes parciales de cada una de las áreas que tienen asociadas funciones de control de las obligaciones tributarias y que son: Inspección, Valoraciones, Gestión Tributaria y Recaudación.
Estos planes se complementan y se apoyan con las correspondientes aplicaciones informáticas. De igual modo, se seguirá avanzando en la implantación del Sistema de gestión informatizada de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DEHESA), para conseguir el establecimiento pleno de la Administración tributaria electrónica. La evolución, la mejora y la ampliación de las herramientas y aplicaciones informáticas propias de la Comunidad Autónoma permitirán desarrollar las tareas de verificación, comprobación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes de manera más eficaz y eficiente.
Sigue siendo objetivo de la Administración tributaria extremeña convertir la sede electrónica en la opción preferente de comunicación con los obligados tributarios en periodo voluntario lo que permitirá reducir los costes, destinando, en consecuencia esos recursos que ahora se emplean en la atención personal, a la lucha contra el fraude. Además el perfeccionamiento y ampliación de las aplicaciones informáticas permitirá automatizar determinadas tareas que ahora se realizan manualmente, de manera que se producirá una mejora en la comprobación y control de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Durante el ejercicio de 2015 se llevarán a cabo actuaciones de cooperación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centradas fundamentalmente en las siguientes áreas:
La primera área de colaboración entre las Administraciones Tributarias estatal y autonómicas está constituida por el intercambio de información.
En consecuencia, desde los órganos de relación se potenciará la adopción de acuerdos de intercambio de información entre el Estado y la Comunidad Autónoma con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y, especialmente potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Así, se continuará intercambiando información sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, bases de datos consolidada de información censal obtenida por las Administraciones tributarias autonómicas y estatal.
Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos estatales sobre el juego gestionados por la Comunidad Autónoma por delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
Además la Comunidad Autónoma arbitrará las medidas necesarias para permitir el acceso a sus bases de datos por la Agencia Tributaria con descripción detallada del contenido de la información objeto de consulta, perfiles de usuario, autorizadores de responsabilidades y de acuerdo con la normativa vigente.
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando acceso a las Administración tributaria autonómica a la información sobre los impuestos cedidos por ellas gestionados que sea necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Así, se fomentará la transmisión por parte de la Comunidad Autónoma de información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administración tributaria autonómica en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
Del mismo modo, se potenciará la remisión de información por parte de la Comunidad Autónoma sobre la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas pendientes de pago ante la Agencia Tributaria.
Por su parte, la Agencia Tributaria facilitará a la Comunidad Autónoma información específica sobre aportaciones de activos a sociedades que no supongan aumento de capital y no consten documentadas en escritura pública.
Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la colaboración entre la Administración Tributaria y las de la Comunidad Autónoma en la transmisión de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra Administración.
Junto a las actuaciones de colaboración consistentes en el de intercambio de información, en 2015 se potenciará la planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control por las Administraciones Tributarias estatal y autonómica, en especial, sobre los siguientes sectores o figuras impositivas:
1. Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas partiendo especialmente de la información suministrada por la Comunidad Autónoma.
2. Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2013 o ejercicios anteriores no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración.
3. Operaciones inmobiliarias más significativas que se consideren susceptibles de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
8. Control de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el juego, regulado en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y las correspondientes actuaciones de regularización.
9. Verificación de la presentación de los documentos mercantiles que realizan función de giro en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
10. Colaboración en los procedimientos de enajenación forzosa de bienes inmuebles embargados en otras Comunidades Autónomas.
11. Posibilitar el embargo por las Comunidades Autónomas de pagos presupuestarios efectuados por otras Comunidades Autónomas.
12. La realización de la campaña anual de IRPF, en la que se engloba tanto el programa para el acceso a borradores por parte de los empleados públicos de la Junta de Extremadura como la colaboración para la ayuda a la elaboración y presentación de declaraciones.
13. Control de las operaciones de reexpedición de hidrocarburos para evitar el fraude en la tributación por las tarifas autonómicas del Impuesto sobre hidrocarburos.
14. La disposición de información para detectar a los no declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio que sean titulares de bienes y derechos sujetos al Impuesto no exentos de valor superior a 700.000 €.
La labor inspectora se centrará tanto en los principales tributos cedidos con capacidad de gestión, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, como en los tributos propios: el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, el Canon de saneamiento y el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
No será objeto de aplicación en 2015 el Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, ya que la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, crea en su artículo 19 el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, con carácter estatal.
Los objetivos previstos para el ejercicio 2015 son:
2. Exenciones y bonificaciones. Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación para el disfrute de los beneficios establecidos en la normativa reguladora del Impuesto y en las leyes especiales, evitando de este modo que su invocación se utilice indebidamente como forma de elusión del gravamen.
3. IVA inmobiliario. Teniendo en cuenta la colisión que se aprecia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en relación con un mismo hecho imponible, se continuarán las actuaciones de regularización de aquellas adquisiciones sujetas y exentas de IVA que deben tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2015.
La actuación inspectora se centrará en la comprobación e investigación de los hechos imponibles producidos en el ejercicio 2012 para determinar la correcta aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados, relativas fundamentalmente a las transmisiones "inter vivos" de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades. Se prestará especial atención a aquellos expedientes que hagan referencia a la transmisión de sociedades inmobiliarias.
La actuación en relación con este Impuesto se desarrollará sobre los hechos imponibles realizados durante el ejercicio 2011 y se centrará en las adquisiciones mortis causa no declaradas (se han identificado más 4.000 causantes fallecidos en Extremadura durante 2011 cuyos herederos no han presentado declaración por el ISD), así como en la Investigación y comprobación de herencias declaradas incorrectamente.
Se abordará la comprobación de la aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados, en especial, las relativas a las transmisiones "mortis causa" de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades.
Se realizarán cruces e intercambios de información con la AEAT para la detección de posibles cambios ficticios del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas que hayan aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios fiscales para sus residentes, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones.
Tras el restablecimiento con carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio, cuya prórroga alcanza hasta el 1 de enero de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, se realizarán las actuaciones de control sobre los periodos impositivos 2011, 2012 y 2013, cuyas declaraciones han sido objeto de presentación en 2012, 2013 y 2014, respectivamente.
La labor inspectora se centrará en la regularización de la situación tributaria de aquellos sujetos pasivos que no hayan satisfecho el importe del impuesto repercutido durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 62/1996, de 7 de mayo, sobre Organización y Funcionamiento de la Inspección de Tributos, desde el Servicio de Inspección se llevarán a cabo las inspecciones de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario tanto ordinarias como extraordinarias, con la emisión de los correspondientes informes relativos a la gestión de los tributos cedidos.
Se prestará el apoyo técnico-jurídico para la elaboración de instrucciones que, a juicio de la Dirección General de Tributos, sea procedente emitir para la unificación de criterios y resolución de aquellas dudas que se susciten en las Oficinas Liquidadoras en cualesquiera de las fases del procedimiento de Gestión Tributaria.
Por iniciativa, propuesta o indicación de la Dirección General de Tributos o de la Jefatura del Servicio se llevarán a cabo aquellas actuaciones inspectoras, que aun no estando previstas específicamente en el plan parcial de Inspección, se consideren necesarias por su especial trascendencia o para evitar su prescripción o caducidad y de acuerdo siempre con los criterios de eficacia y oportunidad.
De entre los medios de valoración regulados en el apartado 1 del mencionado artículo 57, en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se encuentran, en la letra b) la «Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal», en la letra c) los «Precios medios en el mercado», ambos medios utilizados para la realización de comprobaciones de valor masivas, y, en la letra e), el «Dictamen de peritos de la Administración», medio idóneo para las comprobaciones de valor más selectivas.
Aparecen además de los medios mencionados anteriormente, los regulados en las letras f) «valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros», en la letra g) «Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de los previsto en la legislación hipotecaria» y en la letra h) «Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca».
Con esta finalidad, se pone a disposición de los contribuyentes el suministro de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Este suministro de información lo efectúa la Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante un sistema de valoración basado en los precios medios de mercado para la determinación del valor de los inmuebles de naturaleza rústica, los vehículos comerciales e industriales ligeros y la obra nueva y la estimación por referencia para determinadas fincas urbanas, que está a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal Tributario del Gobierno de Extremadura (www.gobex.es) y en las oficinas de todos los órganos que desempeñan funciones de aplicación de los tributos.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 30 de diciembre de 2014, las correspondientes disposiciones que resultarán de aplicación a las transmisiones y adquisiciones de determinados bienes inmuebles y vehículos usados y a las declaraciones de obra nueva que se realicen durante el ejercicio 2015.
Las disposiciones publicadas desarrollan los medios de valoración establecidos en las letras b) y c) del artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. La publicación de estos valores permite alcanzar varios objetivos:
- Facilitar a los interesados el valor de los bienes inmuebles, en los casos de la publicación de valores relativos a los bienes de naturaleza urbana y rústica, objeto de adquisición o transmisión, para hacer efectivo el ejercicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 76 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo.
Además, el artículo 73 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, reconoce eficacia jurídica a los valores establecidos por otra Comunidad Autónoma para los bienes inmuebles situados en su territorio, en virtud de alguno de los medios de comprobación de valor incluidos en el artículo 57.1 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y podrá aplicar dichos valores a los efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
4. GESTIÓN TRIBUTARIA.
3. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
Esta tarea supone, además, y de manera complementaria, la utilización de forma masiva del régimen sancionador en todos los casos en que se detecte infracción tributaria. De esta forma se intentará inculcar en el ciudadano que su deber de contribuir es una realidad que está supervisada, en todo momento, por la Administración tributaria.
e) La comprobación de la correcta aplicación de los puntos de conexión. Especialmente importante resulta en este Impuesto de Sucesiones y Donaciones la exacta aplicación de los puntos de conexión, por lo que la Administración debe procurar evitar su uso inadecuado, cuando con ello se busca, directa o indirectamente, una finalidad claramente defraudatoria.
4. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se emprenderán, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Se llevará a cabo el examen detallado de su delimitación con el IVA. En general, se supervisarán las operaciones que han tributado por IVA, por entender el contribuyente que aquéllas están sujetas y no exentas a ese impuesto.
b) Se comprobarán las autoliquidaciones en las que se califiquen los hechos imponibles como exentos o no sujetos. Se prestará especial atención a las adquisiciones de valores mobiliarios a las que podría resultar aplicable lo que dispone el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, en cuanto a su consideración como transmisión no exenta de gravamen. Esta actividad cobra especial importancia ante el cambio legislativo que permite sujetar la operación a este Impuesto o al IVA. Una vez detectados por Gestión, se remitirán los expedientes a Inspección para que tramite el oportuno procedimiento, al tener que examinarse la contabilidad de la empresa representada por los títulos valores transmitidos.
Asimismo, se comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para que las operaciones de reestructuración sean consideradas como no sujetas a la modalidad de operaciones societarias.
En este apartado se analizarán con especial interés las operaciones de préstamo entre particulares.
c) Se revisarán las autoliquidaciones que se presenten con la aplicación de los tipos de gravamen reducidos aprobados en la normativa autonómica para determinar que su invocación es correcta.
d) Por último, en relación con la transmisión de vehículos usados adquiridos por los compraventistas y con ayuda del sistema Dehesa, se determinará el cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención del Impuesto o su no sujeción. Del mismo modo, habrá de verificarse el requisito de afección a la actividad para el reconocimiento de las reducciones especiales.
5. En relación con los Tributos sobre el Juego, se realizarán actuaciones de verificación y comprobación sobre la tributación de las empresas de juego, relativas a la Tasa Fiscal sobre el Juego en sus diversas modalidades para casinos, bingos, máquinas recreativas con premio o de azar y las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
6. Por lo que se refiere a los Tributos Propios, se realizarán la verificación y comprobación de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas, así como las actuaciones dirigidas al mantenimiento de los datos censales de los obligados tributarios.
Específicamente, en relación con el canon de saneamiento se llevará a cabo la comprobación sobre las entidades suministradoras cuya actividad no haya sido declarada a la Administración y sobre las que hayan omitido alguna declaración o que hayan presentado autoliquidaciones erróneas. Se comprobará la correcta aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la normativa reguladora de este tributo por parte de los contribuyentes.
1. El mantenimiento del procedimiento automatizado de compensación de créditos y deudas en período ejecutivo e impulsar este mismo mecanismo de compensación entre créditos y deudas en período voluntario resultantes de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos cuando se concedan con dispensa de garantías.
2. La potenciación del control y seguimiento de la gestión de los aplazamientos y fraccionamiento de pago, evaluando la deuda así recuperada.
3. La mejora del tratamiento de la información y los resultados de la gestión de las actuaciones derivadas del cumplimiento de las cláusulas del Convenio para la recaudación ejecutiva suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. El fortalecimiento de la coordinación con los Organismos Autónomos de Recaudación, en el marco de las previsiones contenidas en los Convenios de Recaudación suscritos con las Diputaciones para la mejor y más eficaz tramitación de los expedientes gestionados al amparo de los mismos.
5. El impulso de las actuaciones de recaudación en el ámbito de la derivación de responsabilidad. Se incluyen en este apartado tanto las actuaciones de derivación de responsabilidad, en los supuestos previstos en la normativa tributaria, como aquellos otros supuestos de derivación de responsabilidad previstos en la normativa específica, cuando se trate de deudas de derecho público no tributarias.
6. La revisión de la situación patrimonial de aquellos deudores que hayan sido declarados fallidos, y sus créditos incobrables, a fin de detectar supuestos de solvencia sobrevenida.
7. El reforzamiento de la adopción de medidas cautelares como medio de asegurar el cobro de las deudas tributarias liquidadas en los casos en los que se prevea la existencia de riesgo recaudatorio, intensificando la coordinación entre los órganos inspectores y los de recaudación.
8. El fomento del intercambio de información con la AEAT a fin de gestionar más eficazmente las facultades de embargo de sueldos y salarios así como de créditos y control de las situaciones concursales comunicadas por los juzgados mercantiles en los que la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura comunica la existencia de deudas de los obligados tributarios pendientes de cobro.
9. El impulso de las actuaciones de embargo de bienes y derechos, principalmente saldos en cuentas corrientes y devoluciones de la AEAT.
10. La agilización de la ejecución de avales depositados en garantía del cobro de las deudas que, una vez notificada la providencia de apremio, hayan resultado impagadas.
11. La puesta en marcha la incoación de procedimientos sancionadores vinculados a la actuación de los órganos de recaudación.
12. El control de los pagos en especie de las deudas en aquellos tributos en los que así esté previsto.
13. La agilización del control del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la devolución de los importes soportados por el canon de saneamiento, así como la tramitación de la devolución.
14. La reducción de los plazos de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria.
15. El impulso de la gestión del cobro de las costas judiciales.
16. El seguimiento especial de las deudas de importe superior a 100.000 euros.
17. La extensión de la presentación y el pago telemático de autoliquidaciones a todos los impuestos gestionados por la Junta de Extremadura.
18. La intensificación de las gestiones con las entidades de crédito, que aún no lo han hecho, para que se incorporen como entidades colaboradoras al pago telemático.