Source: https://vlex.com.pa/vid/reparacion-directa-indemnizacion-corte-650680801
Timestamp: 2017-12-15 23:32:10
Document Index: 348533409

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 1', 'artículo 1645', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 97', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 169', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 170', 'artículo 97', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 980', 'artículo 170', 'artículo 980', 'artículo 170', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 169', 'artículo 170']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Noviembre de 2015 (caso Reparación directa, indemnización de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 24 de noviembre de 2015) - Jurisprudencia - VLEX 650680801
La firma forense Galindo, Arias & López, actuando en representación de MANU VALLABHBHAI, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, para que se condene al Estado Panameño, al pago de al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.
La demanda incoada, se admitió por medio de la resolución de 2 de agosto de 2006 (f.23), ordenándose el envío de la copia de la misma al Ministro de la Presidencia, a efectos de rendir el informe explicativo de conducta, dispuesto por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; y, se le corrió en traslado al Procurador de la Administración, para la contestación de la misma.
1) Que el Estado es responsable de pagarle aMANU VALLABHBHAI todas las prestaciones que tiene derecho a tenor de lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, así como los daños y perjuicios materiales, es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que se incurrieron, hasta la fecha efectiva de pago.
No obstante lo anterior, La Parte Demandada, que tenía más de DIECINUEVE (19) años de servicio en el IRHE, sólo se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto Ejecutivo N° 42 de 27 de agosto de 1998 y el artículo 225 del Código de Trabajo, indemnización esta muy inferior a la estipulada por el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.
La suma que tiene derecho a recibir La Parte Demandante como ex trabajador del IRHE, en concepto de Indemnización, es la suma de US$ 24,846.32, mientras que al momento de acogerse a los derechos establecidos en los artículos 169 y 170 de la Ley 6 de 1997, sólo recibió la suma de US$ 12,423.16.
Habida cuenta de lo anterior, el Estado le adeuda a La Parte Demandante la suma de US$ 12,423.16, más intereses legales hasta la fecha de pago."
Por su parte, la Procuraduría de la Administración contestó la demanda mediante Vista Nº 912 de 2 de septiembre de 2009 (fs.74 a 80), oponiéndose a los planteamientos de la demandante. Manifiesta que ante la evidente ausencia de daño causado o generado por la parte demandada, y considerando la irretroactividad de los efectos de las decisiones judiciales, los cargos de infracción alegados por la parte actora con relación a los artículos 169 y 170 de la Ley N° 6 de 1997; el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998 y el artículo 1645 del Código Civil, resultan carentes de asidero jurídico, y solicita a este Tribunal que declare que el Estado panameño no está obligado al pago de la suma de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.
Verificados los trámites establecidos por Ley, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia.
A juicio de la demandante, el escenario generador de daños y perjuicios, y que sirve, a su vez, de fundamento de la demanda, consiste en que se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto N° 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo; indemnización esta muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. Por tanto, reclama que se declare al Estado panameño, responsable de pagarle a MANU VALLABHBHAI, todas las prestaciones que tiene derecho, al tenor de lo dispuesto en la comentada Ley N° 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la misma, así como los daños y perjuicios materiales; es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva del pago.
Acorde al criterio de la parte demandante, el escenario generador de daños y perjuicios, y que sirve, a su vez de fundamento de la demanda, consiste en que se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto N° 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo; indemnización esta muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. Por tanto, reclama que se declare al Estado Panameño, responsable de pagarle al señor MANU VALLABHBHAI, todas las prestaciones que tiene derecho, al tenor de lo dispuesto en la comentada Ley N° 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la misma, así como los daños y perjuicios materiales; es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva del pago.
Esta Magistratura advierte, que para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración, se requiere determinar el nexo causal entre la actuación que se infiere a la administración (producto de una infracción) y el daño causado, de forma directa o subsidiaria según el supuesto que se invoque, acorde a los numerales 8, 9 y/o 10 del artículo 97 del Código Judicial.
En este sentido, aprecia esta Colegiatura, que el señor MANU VALLABHBHAI, en virtud de su condición de trabajador permanente del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), se acogió a la liquidación de sus prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, según lo establece el numeral 2 del artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. En este sentido, el Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998, establecía cómo se debían calcular: a) Las prestaciones laborales; b) Indemnización; c) Prima de Antigüedad; señalando taxativamente, que según el artículo 225 del Código de Trabajo, se tenía que realizar el cálculo de la indemnización.
Por consiguiente, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por la firma Galindo, Arias & López, en representación de MANU VALLABHBHAI, para que se condene al Estado Panameño, al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.
LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO (Salvamento De Voto)
Con el debido respeto, me veo en la necesidad de expresar que no estoy de acuerdo con lo decidido por el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera que NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por la firma Galindo, Arias & López, en representación de Manu Vallabhbhai, para que se condene al Estado panameño, al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/. 12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo, por las siguientes razones:
Primeramente, el fallo sustenta que el Estado no es responsable por causarle daños y perjuicios al demandante, en el ejercicio de sus funciones, toda vez que el Estado se basó en una norma vigente y legal, al momento de realizarle el cálculo en concepto de indemnización.
No obstante, soy de la opinión que, basados en que la situación que sirve de fundamento de la demanda y que es considerada por la parte actora, como generadora de daños y perjuicios, consiste en que se declare al Estado panameño responsable de pagarle a Manu Vallabhbhai todas las prestaciones que tiene derecho a tenor de lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, así como los daños y perjuicios materiales, es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva de pago.
Y que además el recurrente alega que su representado se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto No. 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo, indemnización está muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.
En este sentido, hay nexo causal o se reputa responsabilidad al Estado o Administración, cuando el funcionario haya causado un daño en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas.
Observando estas consideraciones se debió evaluar qué grado de responsabilidad tenía el Órgano Ejecutivo en el proceso planteado.
Bajo ese marco de ideas, es preciso transcribir el artículo 169 y 170 de la Ley 6 de 1997:
Mantenerse en sus puestos de trabajo y continuar acumulando sus prestaciones laborales, con todos sus derechos y con la garantía de la misma relación.
A la par, lo medular del Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 y de la Resolución del 5 de mayo de 2006, emitida por este Tribunal, alegada por la parte actora, contempla:
No obstante lo dispuesto en la citada norma, el párrafo inicial del artículo tercero del Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 dispuso que el cálculo de las prestaciones labores, incluyendo la indemnización contemplada en el numeral 2 del artículo 170 ibídem (opción 2), se harían "según el artículo 225 del Código de Trabajo."
Como bien señala el demandante, la ilegalidad consiste en el establecimiento, por vía de un decreto reglamentario, de una fórmula de cálculo de la indemnización correspondiente a los trabajadores que decidiesen acogerse a la opción 2, distinta de la señalada en la norma legal supracitada...
Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1) QUE ES NULA, POR ILEGAL, la frase "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", consagrada en el artículo tercero de Decreto Ejecutivo No. 42 de 27 de agosto de 1998.... (Lo subrayado por la Sala)
Ante tales supuestos, se observa que el señor Manu Vallabhbhai, en virtud de su condición de trabajador permanente del IRHE, se acogió a la liquidación de sus prestaciones labores, incluyendo la indemnización, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997.
El Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 establecía como se debían calcular a) las prestaciones laborales, b) indemnización, c) prima de antigüedad, señalando taxativamente que según el artículo 225 del Código de Trabajo se tenía que realizar el cálculo de la indemnización. Sin embargo, a través de la Resolución del 5 de mayo de 2006 se declaró nula, por ilegal, la frase del Decreto No. 42 de 1998, "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo".
De lo anterior se desprende que los cálculos realizados para el pago de los ex trabajadores del IRHE en concepto de indemnización basados en el artículo 225 del Código de Trabajo, son nulos e ilegales, por lo cual tienen derecho a que se les pague basado en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.
Por otra parte, se advierte que la parte actora interpuso la presente demanda contencioso administrativa de indemnización a la luz del numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, alegando que la Administración en el ejercicio de sus funciones le causó daños y perjuicios, porque no cumplieron con las leyes de la República, ya que no le pagaron a representado basados en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.
Bajo ese marco de ideas, considero que según las constancias procesales, el Estado es responsable de pagar la diferencia de la indemnización no pagada al Señor Manu Vallabhbhai en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, toda vez que la Sala anuló la frase contentiva en el Decreto Ejecutivo No. 42 de 1997, que fue utilizada para establecer la indemnización del señor Vallabhbhai con posterioridad a que fuera fijada la misma, es decir que ésta se basó en una norma que era vigente al momento de pagarse la indemnización correspondiente.
En ese sentido, se debió observar las piezas de convicción incorporadas al proceso, y determinar si los perjuicios que reclama el recurrente a raíz de los hechos enunciados, ha sido debidamente acreditados, de allí que, la parte actora incorporó un conjunto de elementos probatorios de carácter documental y pericial, con el propósito de sustentar su pretensión.
Dentro del acervo probatorio allegado a los autos, el recurrente solicitó y practicó un dictamen de intervención con peritos a fin de determinar el monto exacto que debió recibir el señor Manu Vallabhbhai, en concepto de liquidación de sus prestaciones y derechos laborales de acuerdo a la Ley 6 de 1997.
Tal dictamen, luego del cumplimiento de las formalidades respectivas, fue practicado el dictamen pericial con la participación de los peritos Luis Enrique Castillo Guevara y Manuel Ábrego Romero, peritos de la parte actora y de la Procuraduría de la Administración respectivamente. (cfr. 130-151 fojas)
Dichos peritos después de revisar las correspondientes constancias documentales, expresaron en dos dictámenes que el señor Manu Vallabhbhai no se le pagó la totalidad de su indemnización.
De la lectura de ambos dictámenes, se constata que el dictamen elaborado por la parte actora, Luis Enrique Castillo, determinó que la totalidad de la indemnización que debió recibir el señor Manu Vallabhbhai era de veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 05/100 (B/.23,942.05), sin embargo se le pagó doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 17/100 (B/.12,423.17), es decir se le adeuda la suma de once mil quinientos dieciocho con 88/100 (B/.11, 518.88), de la cual debe pagar impuesto sobre la renta.
Por otro lado, el perito de la Procuraduría de la Administración determinaron que la suma que debió recibir la parte actora era de veintitrés mil seiscientos cincuenta balboas con 54/100 (B/.23,650.54) sin embargo éste recibió doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), por lo cual se produce una diferencia de once mil doscientos veintisiete balboas con 38/100, (B/.11, 227.38) monto que se le adeuda.
De allí entonces que se debió realizar una ponderada valoración de las pruebas de conformidad con la sana crítica y con sujeción a las pautas consagradas en el artículo 980 del Código Judicial que indica:
Concordancia con el resto de las pruebas" (el resaltado es propio). Jorge Fábrega P., MEDIOS DE PRUEBA, Editorial Plaza & Janés, Bogotá, 2001, Tomo II, segunda edición, corregida y aumentada, págs 533 y 534.
La apreciación integral de los citados dictámenes periciales rendidos durante el curso del proceso, arrojaban que el peritaje confeccionado por Luis Enrique Castillo Guevara, se realizó conforme a lo establecido en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997, y luego de las valoraciones que ordena el artículo 980 del Código Judicial, revelan, a juicio de esta Sala, que merecen fe probatoria respecto del punto en discusión.
Luego de realizados los cálculos y las correspondientes valoraciones de los informes periciales, soy de la opinión que debió pagársele al señor Vallabhbhai según lo establecido por el perito de la Procuraduría de la Administración, quien realizó el cálculo de forma correcta en atención a las certificaciones emitidas por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (EDEMET), en donde se determinó que esté tuvo una relación laboral con el IRHE desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 31 de octubre de 1998 y que efectivamente el Señor Vallabhbhai tiene derecho a que se le pague el monto de la indemnización adeudada, al haberse probado que éste se acogió a la liquidación de sus prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997 y que el Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 establecía como se debían calcular a) las prestaciones laborales, b) la indemnización, c) la prima de antigüedad, señalando taxativamente que según el artículo 225 del Código de Trabajo se tenía que realizar el cálculo de la indemnización. Sin embargo, a través de la Resolución de 5 de mayo de 2006 se declaró, nula por ilegal, la frase del Decreto 42 de 1998, "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo"
Adicional a lo anterior, la parte demandante también tiene derecho a los intereses establecidos en el artículo 169 del Código de Trabajo que señala lo siguiente: "En caso de mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones, causarán intereses a la tasa de diez por ciento anual, desde el momento en que sea exigible la obligación."
En consecuencia, se debió condenar al Estado panameño a pagarle al señor Manu Vallabhbhai, la suma de once mil doscientos veintisiete balboas con 38/100 (B/.11,227.38), en concepto de diferencia de la indemnización no pagada al Señor Vallabhbhai en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997 como ex trabajador del IRHE, del cual debe pagarse el Impuesto Sobre la Renta correspondiente y negar el resto de las pretensiones,por tales razones, SALVO EL VOTO.
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 31 de Marzo de 2014 (caso Apelación de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 31 de marzo de 2014)