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Timestamp: 2018-02-21 09:12:09
Document Index: 309891211

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 81', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 139']

Ecli: es: an: 2015: 1641 roj: san 1641/2015 Órgano
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Id. Cendoj: 28079230062015100141
ECLI: ES:AN:2015:1641
ROJ: SAN 1641/2015
Fecha de Resolución: 29/04/2015
Nº de Recurso: 244/2012
Núm. de Recurso: 0000244 / 2012
Núm. Registro General: 05055/2012
Demandante: SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A.
Procurador: Dª. CONSUELO RODRÍGUEZ CHACÓN
Codemandado: MOTOSPORT VILLALBA SA, SAIMOTO MOTOR SL., MOTOFUNCION SL. Y MOTORRAD CENTRO SL.
Madrid, a veintinueve de abril de dos mil quince.
VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 244/12 , seguido a instancia de " SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A. " representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Consuelo Rodríguez Chacón, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Han actuado como codemandados MOTOSPORT VILLALBA SA y SAIMOTO MOTOR SL, representadas por el Procurador D. Ramón Blanco Blanco, MOTOFUNCION SL; representada por el Procurador D. Francisco Javier Soto Fernández y MOTORRAD CENTRO SL; representada por el Sr. Piñeira de Campos, El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en 816.817 €, e intervino como ponente la Magistrada Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ . La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:
PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos, según la relación de los mismos establecida por la CNC:
1.- La recurrente es una filial del fabricante japonés Suzuki Motor Corporation LTD., dedicada a la fabricación, bajo la marca Suzuki, de ciclomotores, motocicletas y sus recambios y accesorios y a la importación de otros modelos de fabricación extranjera. Se ocupa asimismo de la comercialización en España de las motocicletas, ciclomotores y sus recambios y accesorios, fabricados, importados o distribuidos por Suzuki mediante una red de alrededor de 80 concesionarios independientes, en el marco de un sistema de distribución selectiva. El derecho concedido en el contrato de concesión limita las ventas activas del concesionario a un determinado territorio, que en el caso de este expediente es la provincia de Madrid o la de Granada.
2.- En mayo de 2008 SUZUKI, JMOTO Y MOTOS ANDRÉS alcanzaron un acuerdo de precios de reventa de las motocicletas SUZUKI, sus promociones y la comisión a pagar a los agentes por las ventas que realizaran. (Folios 257 y 258)
3.- En abril de 2009 SUZUKI y sus concesionarios de Granada celebraron una reunión en la que modificaron detalles del acuerdo existente entre ellos (Folios 277 a 279).
4.- El 2 de diciembre de 2008, la recurrente y otros concesionarios de Suzuki, se reunieron en Madrid y acordaron los precios de reventa de las motocicletas Suzuki, los extras a regalar con su venta y la comisión a pagar a sus agentes, acuerdo que entró en vigor al día siguiente.
5.- Con fecha de 26 de marzo de 2009 se reunieron en Madrid SUZUKI, MOTOFUNCIÓN, MOTOREAC, MOTORRAD Y SAIMOTO modificando el contenido del acuerdo alcanzado anteriormente.
6.- En octubre de 2009 Suzuki consideraba que existía una armonía de precios entre sus concesionarios de Madrid que CODISMOTO ponía en peligro.
7.- El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2012, adoptó las siguientes decisiones:
a) Declarar que Suzuki Motor España SA , entre otras entidades, ha infringido el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 4 de la misma resolución.
b) Imponer a la entidad recurrente una multa de 816.817 euros.
c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia para que vigile el cumplimiento de la resolución.
SEGUNDO:.- En el momento procesal oportuno la representación procesal de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 12 de septiembre de 2012 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso se anule la resolución impugnada, y subsidiariamente se declare total o parcialmente nula la sanción impuesta.
TERCERO :.- El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.
CUARTO :.- No recibido el pleito a prueba y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 28 de abril de 2015 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.
PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 27 de marzo de 2012, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en cuya virtud se acordó:
1. Declarar que Suzuki Motor España SA , entre otras entidades, ha infringido el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 4 de la misma resolución.
2. Imponer a la entidad recurrente una multa de 816.817 euros.
3. Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia para que vigile el cumplimiento de la resolución.
SEGUNDO: Alega la parte recurrente, tras señalar que no existió ninguna conexión entre los hechos acaecidos en Madrid y en Granada, que la resolución no prueba, más allá de toda duda razonable, que los hechos investigados constituyeran acuerdos o prácticas concertadas contrarias al art. 1 de la LDC y que SME participase en los supuestos acuerdos, careciendo de interés alguno en aumentar los precios de reventa o restringir la competencia a nivel de los concesionarios, siendo, en todo caso, desproporcionada la sanción impuesta.
Por tanto, todos los argumentos esgrimidos por la actora pueden agruparse en tres grandes motivos que son: la infracción del principio de tipicidad, la falta de participación y la incorrecta cuantificación y desproporción de la multa, cuestiones éstas que ya han sido tratadas por esta Sección en el curso de los recursos seguidos contra otras entidades participantes en los acuerdos ahora sancionados.
TERCERO : Efectivamente consta en la resolución impugnada que:
1.- En mayo de 2008 SUZUKI, JMOTO Y MOTOS ANDRÉS alcanzaron un acuerdo de precios de reventa de las motocicletas SUZUKI, sus promociones y la comisión a pagar a los agentes por las ventas que realizaran.(Folios 257 y 258), en el que se señala. " D espués de mantener la conversación telefónica con ambos concesionarios de Granada, os paso escrito los temas en que hemos quedado y espero que se cumplan . A todos los subagentes se les va a ofrecer una comisión del 60 % del margen del concesionario. Este margen se puede aplicar en forma de rappel o como se quiera siempre y cuando no supere bajo ninguna circunstancia el porcentaje establecido. La provincia de Granada es de dos concesionarios, cualquiera de vosotros puede trabajar con cualquier subagente que así lo quiera. A partir del mes que viene se unifica la tarifa de precios de Suzuki para las tiendas y cualquier promoción que se haga tendrá que ser consensuada por ambos concesionarios. Espero que ninguno de los dos concesionarios se salte estas normas, es la única forma de conseguir llegar a cumplir nuestro objetivo.
2.- En abril de 2009 SUZUKI y sus concesionarios de Granada celebraron una reunión en la que modificaron detalles del acuerdo existente entre ellos. En un correo electrónico interno titulado "Informe" enviado al líder del departamento de ventas de Suzuki, se le indica (folios 277 a 279): Te mando el informe de vistas (sic) de cuando estuve la semana pasada en Granada, etc .". En el correo electrónico se adjunta un archivo Word titulado `Informe viaje Semana 31 de marzo al 3 de Abril' del que se reproduce el siguiente contenido: Lo primero como de costumbre me reuní con los tres concesionarios de Granada a comer. La razón de esta reunión era nada más que poner varios temas en conocimiento de todos, propuestas que me hacían de promociones y así poder llegar a un acuerdo común entre los tres. Hicimos promoción en UH200, reglando la matriculación y un candado.
3.- Con fecha 20 de noviembre de 2008, se realizaron las siguientes anotaciones manuscritas en la agenda de 2008 de SUZUKI (folio 232). Le decimos el problema de precios q hay en Madrid. Le dan + o - un 40% a los subagentes. Reconoce que el resultado de este año le está siendo bueno, no tanto como esperaba pero está bien. Dice que están bajando mucho los subagentes. Se alude al C ontroller de Ventas de Suzuki.
4.- Con fecha 2 de diciembre de 2008, SUZUKI, CODISMOTO, SAIMOTO, MOTOFUNCIÓN, MOTORRAD Y MOTOSPORT VILLALBA se reunieron en Madrid acordando los precios de reventa de las motocicletas Suzuki, los extras a regalar con su venta y la comisión a pagar a sus agentes, lo cual entró en vigor al día siguiente. (Folio 233) Están todos de acuerdo en hacer un pacto.
5. - Con fecha 3 de diciembre de 2008, CODISMOTO reenvía a un correo electrónico con el siguiente texto (folio 252): "Os adjunto copia de las tarifas y el correo mandado a los otros concesionarios, con el fin de que entren en vigor esta misma tarde." A este correo se adjunta un archivo Excel titulado `Tarifas Suzuki 2008'.
6.- La celebración de esta reunión, así como la de otras reuniones de seguimiento del acuerdo viene confirmada por alusiones a las mismas recogidas en correos posteriores, folios 260 y 261 que constan en la resolución impugnada.
7.- Con fecha de 26 de febrero de 2009, el director de ventas de Suzuki, reenvía un correo electrónico recibido de CODISMOTO el día anterior en el que este último solicita su ayuda. En el correo electrónico reenviado, titulado "Visita de Codismoto" (folio 266), se explica que en los dos archivos adjuntos expone sus necesidades para el año 2009, y que a pesar de las discrepancias puestas de manifiesto en la visita realizada el 19 de febrero de 2009, espera poder encontrar puntos de entendimiento.
8.- Con fecha de 26 de marzo de 2009 se reunieron en Madrid SUZUKI, MOTOFUNCIÓN, MOTOREAC, MOTORRAD Y SAIMOTO modificando el contenido del acuerdo alcanzado anteriormente. Con fecha 31 de marzo de 2010, el delegado de Suzuki en la Zona de Levante e Islas que a partir de ese momento pasaba a cubrir también Madrid, envía un correo electrónico titulado "reunión de Madrid" en el que se indica (folio 273): Te envío un resumen de lo que se acordó en la reunión del otro día con los Concesionarios de Madrid . Al correo se adjunta un archivo Word titulado "Reunión concesionario Madrid-3-2009" cuyo contenido íntegro es el siguiente (folio 274): ... Objetivos de la visita: 1) ACUERDOS 2009.
El archivo Word titulado "ACUERDOS DE MADRID 26 03 09", contiene el siguiente texto (folio 236): "ACUERDOS DE MADRID 26 03 09: Margen a subagentes, 50 % para los normales - Margen a subagentes, 60 % para los especiales...
9.- En octubre de 2009 Suzuki consideraba que existía una armonía de precios entre sus concesionarios de Madrid que CODISMOTO ponía en peligro. Con fecha 13 de octubre de 2009, se envía un correo electrónico titulado "RE: DATOS MOTOS" en el que se dice (folio 280): S egún me comentan no está dispuesto a comprar al precio de agente, con lo que recurre a Jaén que se la cede a precio de concesionario, creo que hay que dar un toque a Jaén, ya que está haciendo lo que quiere y riéndose de nuestra marca, tiene los carteles, los vendedores perfectamente uniformados de Suzuki, compra paralelas, compra a Madrid cuando le interesa y cuando no recurre a Jaén y toca los precios a la baja rompiendo la armonía que hay entre los concesionarios de Madrid.
Entramos así en el problema de la prueba indiciaria, respecto de la cual es bien sabido que su utilización en el ámbito del derecho de la competencia ha sido admitida por el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997 (RJ 1997421 y RJ 1997/8582), 26 de octubre de 1998 (RJ 1998741 ) y 28 de enero de 1999 (RJ199974). Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano.
La CNC ha cumplido con la carga de probar los hechos que se consideran suficientemente acreditados, mediante la aportación de diversos correos electrónicos, que se citan en la resolución impugnada. De los mismos de deduce sin dificultad, con su simple lectura, que existió el pacto colusorio, y que éste se refería a cuestiones directamente vinculadas con la fijación de precios de reventa, y a determinados aspectos como las comisiones de los agentes, o promociones, supuestos en los que el concesionario dispone de margen de maniobra, justamente para hacer más competitivo el sector.
Los términos de los correos, que obran en el expediente, permiten formar la convicción de este Tribunal sobre la fecha de inicio de la participación de la recurrente, - sin que la desconexión geográfica entre Granada y Madrid alegada por la actora impida constatar que la colusión tuvo lugar en ambas provincias-. Debe tenerse en cuenta que la documentación de la que resulta la participación de la actora fue incautada a ella misma.
La participación de Suzuki Motor España ha sido decisiva para la génesis y aplicación de la estrategia de eliminación de la competencia intramarca en Granada y en Madrid. Los acuerdos entre competidores han tenido lugar en el marco del sistema de distribución selectiva mediante el que Suzuki lleva a cabo la comercialización de sus motocicletas en España y no podrían haberse llevado a cabo sin el conocimiento, consentimiento explícito y apoyo de la marca, como muestran los hechos acreditados en el expediente. La implicación de Suzuki se evidencia en que los acuerdos se conocen a través de la información sobre la situación y las relaciones entre los concesionarios recogida por el delegado de zona y transmitida puntualmente al líder del departamento de ventas de Suzuki y al Controller de ventas.
CUARTO: En este contexto, debe tenerse presente además, que la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), se consuma por la existencia del pacto colusorio ya que este tipo de infracción ha sido calificado por una jurisprudencia unánime de los Tribunales de la Unión Europea, General y de Justicia, que vincula a todos los poderes públicos nacionales según se desprende del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea , como infracción por objeto, es decir que se entienden cometidas por la acreditación del mero pacto, lo que ha ocurrido en este caso, dejando al margen su ejecución.
Se entiende que los acuerdos descritos son anticompetitivos por su objeto habida cuenta de que por su propia naturaleza son aptos para restringir la competencia en el mercado, en los términos que, a título de ejemplo, indica la STJUE de 20 de noviembre de 2008, asunto C-209/07 , apartados 33 y 34, en los que se subraya que "los acuerdos ... pretenden esencialmente permitir que varias empresas apliquen una política común que tiene por objeto favorecer la salida del mercado de algunas de ellas y, consiguientemente, reducir el exceso de capacidad que afecta a su rentabilidad, impidiéndoles realizar economías de escala.
Este tipo de acuerdos choca manifiestamente con la concepción inherente a las disposiciones del Tratado CE relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado. En efecto, el artículo 81 CE , apartado 1, prohíbe cualquier forma de coordinación que sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre los empresarios".
Así las cosas, procede desestimar también este motivo de recurso, pues por las razones expuestas.
QUINTO: Finalmente se refiere la recurrente a la violación del principio de proporcionalidad en el cálculo de la sanción, pues estima la recurrente que debe ser reducida, afirmación que no podemos compartir, pues las conductas que suponen acuerdos sobre precios son por su propia naturaleza muy graves, y así lo establece explícitamente tanto la jurisprudencia del TJUE citada como la Ley 15/2007 (artículos 61 y ss ).
No obstante lo anterior, deberá tomarse en consideración la STS de 29 de enero de 2015, recurso de casación nº 2872/2013 , que en sus FFJJ 5 a 9 dispone:
" quinto .- La interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 según los criterios hermenéuticos usuales en Derecho conduce a esta Sala a concluir que los porcentajes fijados como límites superiores de las posibles multas (esto es, el uno, cinco o diez por ciento del "volumen de negocios total de la empresa infractora", según se trate de infracciones leves, graves o muy graves respectivamente) constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje. La preposición "hasta" -que se repite por tres veces, una para cada porcentaje, en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 - denota el término o límite máximo del volumen de ventas utilizable a efectos del cálculo de la sanción (dejamos al margen, por el momento, el significado del adjetivo "total" aplicado al sustantivo "volumen de negocios").
Noveno.- "Esta última consideración conduce por sí sola a la aplicación del artículo 64.1 de la Ley 15/2007 . En él se ofrece a la autoridad administrativa -y al juez en su función revisora de plena jurisdicción- la suficiente cobertura para atender, como factor relevante entre otros, a la cifra o volumen de negocios de la empresa infractora en el sector o mercado específico donde se haya producido la conducta.
Precisamente la evolución del Derecho de la Competencia va dirigida a incrementar el nivel de disuasión efectiva contrarrestando los beneficios ilícitos derivados de las conductas restrictivas de la competencia mediante la promoción de las acciones de condena -en la vía civil- al resarcimiento de los daños causados por las empresas infractoras (daños a los consumidores y a otros agentes económicos que son normalmente el reverso del beneficio ilícito obtenido). Se pretende de este modo aumentar la capacidad de disuasión del sistema de defensa de la competencia en su conjunto, de modo que las empresas infractoras -y sus directivos- no sólo "sufran" la sanción administrativa correspondiente sino que, además, queden privadas de sus ilícitas ganancias indemnizando los daños y perjuicios causados con su conducta. Designio en cuya ejecución avanza de manera inequívoca (aunque la obligación de resarcimiento sea anterior y de hecho cuente ya con precedentes judiciales también en España, como el que ofrece la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, dictada en el recurso de casación 2472/2011) la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea".
En atención a lo expuesto, y dado que la sanción se impone sobre la base de la Comunicación de 6 de febrero de 2009, debe estimarse el recurso en este punto a fin de que por la CNC se dicte una nueva resolución sancionadora adecuando la motivación y cuantificación a los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo.
SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede realizar un especial pronunciamiento sobre las costas, dado el carácter parcialmente estimatorio del recurso.
QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso interpuesto por la representación procesal de SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A. , contra la resolución impugnada a la que la demanda se contrae, ordenándose la remisión de las actuaciones a la CNMC para que de acuerdo con los parámetros establecidos en el FJ 5 de esta sentencia, realice un nuevo cálculo de la multa. Sin costas.
En Madrid a 7/5/2015 doy fe.