Source: http://thomsonreuterslatam.com/2017/10/alimentos-posteriores-al-divorcio/
Timestamp: 2018-10-23 10:07:42
Document Index: 339091757

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 209', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236']

Thomson Reuters | Alimentos posteriores al divorcio
Por Thomson Reuters En 26 octubre, 2017 · Añadir comentario · En Nuevo Código Civil y Comercial
Autor: Mizrahi, Mauricio L.
Publicado en: LA LEY 23/10/2017, 23/10/2017, 1
Sumario: I. Régimen de alimentos para divorciados en el Código Civil y Comercial. La falta de recursos propios.— II. Fundamentos del deber alimentario entre cónyuges divorciados.— III. La necesidad alimentaria y la imposibilidad razonable de procurarse recursos.— IV. Pautas legales para la fijación de alimentos entre divorciados.— V. Otras pautas para la determinación de los alimentos.— VI. El límite temporal de los alimentos.— VII. Incompatibilidad de percibir simultáneamente alimentos por falta de recursos propios y la compensación económica.— VIII. Situación legal específica: la enfermedad grave preexistente al divorcio.— IX. Los alimentos del ex cónyuge y los parientes.— X. Cese de los alimentos: nuevo matrimonio, unión convivencial y causales de indignidad.— XI. Cese de la obligación alimentaria por la desaparición de la causa que la motivó.— XII. Muerte del alimentante.— XIII. Alimentos convencionales.
Abstract: Los alimentos entre ex cónyuges no se los puede calificar de ningún modo como excepcionales (la ley no lo dice); lo que tampoco importa postular su concesión en forma automática. Podríamos decir que, tras el divorcio, cada ex esposo conserva un derecho eventual a reclamar alimentos al otro; ello dicho en el sentido de que procederán en unos casos y no en otros, según concurran o no —en cada específica situación— los presupuestos de hecho previstos en el art. 434 del Cód. Civ. y Com.
I. Régimen de alimentos para divorciados en el Código Civil y Comercial. La falta de recursos propios
El régimen de alimentos para cónyuges que se han divorciado está regulado en el art. 434 del Cód. Civ. y Com. Esta norma, en su inc. b), vendría a establecer, como bien se ha dicho, una suerte de régimen general (1). Así, el primer párrafo de este inciso, indica que las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio “a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos”.
Lo transcripto es textualmente la expresión legal, ni más ni menos. Esto lo destacamos especialmente dado que diversos autores, una vez sancionado el Código Civil y Comercial o cuando ya se difundió el Proyecto, han realizado —a mi juicio equivocadamente— una interpretación harto restrictiva del precepto; lo que significó repetir el mismo discurso que se emitió cuando se dictó la ley 23.515 (2). Se consideró, de este modo, que los alimentos previstos post-divorcio son de excepción (3); que sólo tienen lugar cuando el ex cónyuge “se encuentra en un estado de verdadera indigencia” (4); de “extrema vulnerabilidad” (5); que únicamente son aplicables en “circunstancias extraordinarias” (6); que, como “norma general” nuestra ley excluye la posibilidad de que los divorciados se deban alimentos tras la ruptura del vínculo (7).
Nos resistimos a hacerle decir a la ley lo que ella no dice. Por supuesto, está de más aclararlo, que no es lo mismo el estado de casados que de divorciados y que, en estos últimos supuestos, no proceden de una manera generalizada los alimentos que un ex cónyuge le reclame al otro. Pero de esta premisa —obviamente cierta— no podemos deducir que, como regla, en todos los pedidos post divorcio el juez tenga que realizar su análisis partiendo de un principio denegatorio.
Una cosa es señalar —como lo dice la ley— que los alimentos, una vez disuelto el vínculo, se deben en los supuestos que los preceptos indican (art. 432), y otra muy distinta es postular que tales emolumentos son para situaciones extraordinarias; para superar una indigencia; y, peor aún, que se proclame, sin ningún sustento normativo, que tales alimentos sólo rigen para casos de “pobreza extrema o de toda necesidad”; para que el reclamante “no perezca”; o afirmar tan ligeramente que tienen cabida únicamente para auxiliar al “menesteroso”. Reiteramos, nada de esto dice la ley y el intérprete carece de facultades para atribuir a los citados alimentos esa impronta tan exageradamente restrictiva.
II. Fundamentos del deber alimentario entre cónyuges divorciados
Nos parece importante desentrañar los fundamentos que justifican el deber alimentario recíproco entre dos personas que fueron cónyuges. El tema en análisis nos traslada a una cuestión de naturaleza axiológica; y acerca de la cuestión no podemos negar que se verifican posiciones denegatorias basadas en que, con el divorcio, los esposos se convierten en extraños entre sí y, por ende, al desaparecer el presupuesto que valida esos alimentos —el vínculo conyugal—, no puede surgir entre aquellos deberes de tal naturaleza (8).
No adherimos a la tesitura de marras. Efectivamente, si bien el divorcio rompe el vínculo, no por esa circunstancia aniquila su existencia anterior (9). Es que al divorciado obligado a pagar alimentos no se le impondrán esos compromisos como autor de un hecho ilícito o por su condición de “culpable” —inexistentes en el caso— sino como un sujeto realizador de actos (10); vale decir, el matrimonio que oportunamente contrajo. De aquí emerge un inocultable deber de solidaridad; deber que desde luego persiste entre los que fueron cónyuges (11). No debe olvidarse que ambos tuvieron un proyecto de vida en común; y es verdad que hay un piso mínimo de deberes que subsiste (12).
Precisamente, porque medió entre esas dos personas —ahora divorciadas— una convivencia anterior; se sigue, como bien se ha dicho, la muy alta probabilidad de que diversas cualidades que posea el alimentante —digamos su situación personal y económica, la capacitación profesional y laboral, su equilibrio psíquico y potencialidades, el prestigio que ha ganado en el medio que actúa, la experiencia adquirida, los aprendizajes que ha recibido, etcétera— se deban en alguna medida a los hechos y esfuerzos cumplidos en común durante la vida matrimonial; lo que implica justificar plenamente que la ley trate de equilibrar las pérdidas y provechos recibidos (13).
Desde este enfoque, pues, no parece ajustado a la equidad ni a un principio de justicia que el derecho no intervenga ante la eventual indiferencia que exhiba alguno de los ex esposos con relación a las necesidades del otro. Es por eso que, para nuestro criterio, el mentado deber legal de asistencia va más allá de la ruptura del vínculo y su justificación excede las puras razones humanitarias.
III. La necesidad alimentaria y la imposibilidad razonable de procurarse recursos
Por supuesto que si no hay una situación de vulnerabilidad, no se justifican los alimentos; ya que la idea de la ley es proteger al más débil y necesitado (14). No obstante, el concepto de necesidad que, desde luego, debe estar presente, tiene que ser interpretado en un sentido amplio. Al respecto, téngase en cuenta que la ley vigente ha eliminado la estrechez que tal vez podía atribuirse al art. 209 del derogado Cód. Civil. En este sentido, bueno resulta destacar que el Código actual eliminó de su texto la expresión “lo necesario para su subsistencia” que contenía aquel texto.
Obviamente, quien cuenta con recursos no puede reclamar alimentos a su ex cónyuge. Así lo dice el Código al precisar que sólo corresponden a favor de “quien no tiene recursos propios suficientes”. Pero el texto normativo adiciona otro requisito más, y es que el demandante no tenga “posibilidad razonable de procurárselos”. Sobre el punto estimamos que esa imposibilidad debe evaluarse también con un criterio elástico. En concreto, pensamos que para decidir el caso corresponderá tener en cuenta la posición social, educación, títulos y capacitación del alimentista.
Para decirlo de una manera abierta, no parece atinado que, por ejemplo, a una profesional universitaria, o a una experta en economía, docente, investigadora, empresaria, etcétera, se le denieguen alimentos, porque bien podría procurarse recursos prestando servicios domésticos o atendiendo porterías en casas de renta; por más dignas que se estimen (que lo son) las mencionadas labores. Esto es, que la posibilidad o imposibilidad de obtener recursos corresponde que se juzgue de un modo razonable como dice la ley; por lo que será suficiente —para tener por cumplido este requisito— que se colecten elementos que directa o indirectamente lleven a la convicción del juez la severa dificultad que se le presenta al reclamante para obtener ingresos en el medio en el que se desenvuelve (15).
En síntesis, los alimentos entre ex cónyuges no se los puede calificar de ningún modo como excepcionales (la ley no lo dice); lo que tampoco importa postular su concesión en forma automática. Podríamos decir que, tras el divorcio, cada ex esposo conserva un derecho eventual a reclamar alimentos al otro; ello dicho en el sentido de que procederán en unos casos y no en otros, según concurran o no —en cada específica situación— los presupuestos de hecho previstos en el art. 434 del Cód. Civ. y Com. (16).
IV. Pautas legales para la fijación de alimentos entre divorciados
El art. 434, inc. b), del Cód. Civ. y Com., señala de manera expresa tres pautas que el juez debe tener en cuenta para la fijación de los alimentos. Veamos.
IV.1. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges
Esta pauta legal [la del inc. b) del art. 433, a la que remite el art. 434, inc. b)] no requiere de mayores explicaciones. No es lo mismo una persona de 40 años que goza de buena salud, que otra de 75 años enferma. Sin embargo, aunque los alimentos los pida esta última, la procedencia no será automática. Ninguna justificación tendrá que el juez haga lugar al pedido, si esa persona de avanzada edad y enferma cuenta con rentas y bienes suficientes para auto-abastecerse con dignidad y de acuerdo a su condición social. Se trataría de un caso en que el pretensor cuenta con “recursos propios suficientes”, que lo inhabilitan para el requerimiento judicial.
IV.2. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos
Es la pauta contemplada en el art. 433, inc. c), según remisión del 434, inc. b). La falta de capacitación laboral, con las severas restricciones que se generarían para acceder a un empleo, es muy probable que acontezca cuando se pone fin al matrimonio. Y esta situación no sólo puede ocurrir cuando existan hijos comunes, sino —incluso— cuando no haya mediado descendencia.
Efectivamente, es posible que intervengan en esa unión disuelta otras circunstancias, como sería el caso que la pareja durante la convivencia hubiere acordado oportunamente —expresa o tácitamente en los hechos— que sólo el marido era quien suministraría los recursos y que la mujer —en cambio— se dedicaría a atender la casa, a organizar el servicio doméstico, asistir a talleres literarios o de pintura, etcétera. Todos esos supuestos son perfectamente válidos para la fijación de una cuota alimentaria tras la ruptura; aunque se deberá evaluar que muchas veces la inmediata falta de capacitación de una divorciada —como en los ejemplos citados— no ha de implicar que dicha preparación no se pueda adquirir en un tiempo razonable. En tales hipótesis, la determinación de una cuota alimentaria por un tiempo determinado es la solución que surgiría como la más apropiada (ver el punto VI).
Tal como lo dijimos en el punto III, la posibilidad de acceder a un empleo debe merecer la misma interpretación que la factibilidad de procurarse recursos; queremos decir, que el giro legal que apunta a si una persona concreta puede conseguir una actividad remunerada tiene que ser evaluado de acuerdo a su ubicación social e intelectual. En este aspecto, ya hicimos referencia a ello, no se le puede pedir a una investigadora científica en estado de necesidad que se procure recursos realizando tareas de limpieza en casas ajenas; sobre todo si su ex cónyuge se encuentra en una holgada posición económica que le permite asistir a la alimentista sin que se le genere trastorno alguno.
IV.3. La atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar
Se encuentra prevista en el art. 433, inc. e), conforme a la remisión del art. 434, inc. b). Es la tercera pauta mencionada por la ley a los fines de decidir la fijación o no de alimentos que se reclaman entre los divorciados. El análisis de este dato resulta imprescindible pues bien sabemos que la vivienda integra el concepto de alimentos; y, así, habrá que evaluar si el total o parte del inmueble pertenece a quien se le reclama tales emolumentos, supuesto en el cual, si no se cobra renta, ya tendríamos en escena un aporte alimentario. Tampoco se puede dejar de tener en cuenta las características y dimensiones del inmueble en cuestión; pues no es lo mismo habitar un inmueble relativamente pequeño, y muy precario, que otro de grandes dimensiones y en condiciones óptimas.
Asimismo, es evidente la conexión de este inciso con el f) del art. 433, el cual hace referencia al “carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges (en nuestro caso, uno de los divorciados) u otra persona”. Por ejemplo, podría tratarse de un bien alquilado afrontando la alimentista exclusivamente el pago del alquiler; o, en cambio, que el canon —a pesar del divorcio— lo esté abonado el ex cónyuge contra quien se pretende percibir alimentos. Todas estas cuestiones serán objeto de un análisis pormenorizado a los fines de decidir lo que corresponda en justicia.
V. Otras pautas para la determinación de los alimentos
Claro está que, tanto la enumeración de pautas que realiza el art. 433 del Cód. Civ. y Com., como la remisión que realiza el art. 434, inc. b), del mismo Código, son meramente enunciativas; lo que es así, pues la finalidad que persiguen es determinar la situación de hecho en que se encuentran cada una de las partes (17). Esto es, que un criterio de razonabilidad, justicia y equidad, compromete al juez a tener en cuenta los mayores elementos posibles para conocer acabadamente las circunstancias específicas de cada caso.
V.1. Los roles desempeñados durante la convivencia
En el orden de ideas indicado, no cabe duda de que el judicante —aunque se trate de un matrimonio ya disuelto— tendrá que estimar la pauta consagrada en el inc. a), del art. 433; o sea, “el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades”. Esto indica que no podrá omitirse analizar los roles que se adjudicaron los esposos durante la convivencia. Insistimos que este dato no será menor para la decisión, pues si un cónyuge se concentró de una manera casi exclusiva —durante un extenso período de tiempo— a la crianza y educación de los hijos (como lo precisa la ley), mientras que el otro era el que proveía los recursos económicos, no puede pretenderse que el primero nombrado, al otro día de la ruptura, y por una suerte de arte de birlibirloque, se encuentre habilitado para procurarse rápidamente su sustento.
Es que deben analizarse en términos comparativos las cualidades profesionales y actividades desempeñadas por los cónyuges durante la vida matrimonial. Evidentemente, no es lo mismo que se esté frente a un ingeniero reconocido, empresario y en pleno desarrollo industrial, que ante una mujer ama de casa sin títulos o con un título medio escasamente explotado, como el de profesora de inglés o de educación física.
No obstante lo referido, y en particular cuando el demandante —por su edad, estado de salud y habilidades que posee— está todavía en condiciones de reacomodarse en el ámbito laboral, habrá que tener sumo cuidado antes de tomar decisiones que impliquen establecer cuotas alimentarias que tengan visos de permanencia; y ello porque entendemos que se produciría un efecto negativo si la resolución judicial propende a mantener indefinidamente para el futuro una nociva cristalización de los roles que históricamente los cónyuges desempeñaron durante la comunidad de vida que hoy ya no existe.
Y aquí observamos otra vez más la actitud prudente que es dable esperar de la judicatura, limitándose en esos supuestos a sentenciar la obligación de pago de una pensión durante un período de tiempo determinado; como haremos referencia en el punto VI. Sin embargo, no cabe duda que la flexibilización y amplitud será mucho mayor —justificando incluso la fijación de cuotas sin establecerse fechas precisas de cese— en los casos en que el alimentista, al liquidarse la sociedad conyugal, haya quedado en una situación patrimonial notoriamente desventajosa en comparación con su ex-cónyuge; habida cuenta que mantener la percepción de una cuota alimentaria lo vedará de percibir, al mismo tiempo, la compensación económica (art. 434, inc. b], in fine) (ver el punto VII).
V.2. La colaboración de un cónyuge a favor del otro
La guía del art. 433, inc. d), hace referencia a “la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge”, que tendrán que ser evaluadas también cuando se reclamen alimentos post divorcio. Sin duda que el alimentista —durante la convivencia— proveyera de recursos para la formación profesional del alimentante, o que de alguna manera aquél haya colaborado con este en sus actividades mercantiles, industriales o profesionales, son supuestos que confieren, en principio, legitimidad y justeza al pedido de alimentos, lo que no puede pasar inadvertido por los jueces.
V.3. La disparidad o desequilibrio económico
En atención a que percibir alimentos impide al ex cónyuge cobrar simultáneamente la compensación económica (ver el punto VII), creemos que la disparidad o el desequilibrio económico que el cese de la comunidad de vida, y el consecuente divorcio, puede haber creado en las condiciones de vida de los ex esposos, es una situación que tiene que ser valorada en la justicia; desde luego en la medida que se halle presente la necesidad de quien reclama la pensión alimentaria.
V.4. El estado de necesidad y sus causas
Por último, otro elemento que tendría que considerarse es si el estado de necesidad que invoca quien pide los alimentos, ha sido causado azarosamente por los diversos acontecimientos que la vida nos presenta o, de manera muy diferente, porque ha intervenido como factor determinante una decidida y consciente conducta del demandante. Digamos, por ejemplo, que en la causa se hallare acreditado que ese ex cónyuge necesitado, de un modo injustificado, ha desplegado un tren de vida harto dispendioso; o cuando él se hallare en aquella situación lamentable y desventajosa por cualquier otro hecho que le sea severamente imputable. En los citados supuestos, de negligencia extrema, no estimamos equitativo que sus consecuencias se descarguen sobre quien fue su consorte, ajeno por completo a su causación. En todo caso, de resultar imperioso acordar alguna pensión, tendría que ser, aquí sí, con alcances restrictivos y excepcionales.
VI. El límite temporal de los alimentos
La fijación de alimentos por un tiempo determinado, tal como hemos hecho mención más arriba, es un instrumento que debería ser utilizada más a menudo por los jueces. Sucede muchas veces que en un caso dado si bien parece injusto —por contrariar la regla de la solidaridad que da fundamento a este instituto— privar lisa y llanamente de alimentos a quien los reclama, tampoco resulta equitativo descargar sobre el otro ex esposo un peso alimentario de por vida. Tales serían los supuestos en los cuales, por la división de roles acontecida durante la convivencia —tema al que también hicimos referencia—, el hombre o la mujer en cuestión se halla en una edad apta para trabajar y ello es posible, por ejemplo, dado el título profesional que posee.
Sin embargo, dedicado ese cónyuge durante el matrimonio a la atención del hogar, se le tornaría harto dificultoso —tras el quiebre de la unión y ya divorciado— insertarse inmediatamente en el mercado laboral. Tal vez, la peticionaria de alimentos necesite tiempo para acomodarse a la nueva situación y recuperar así la habilidad profesional perdida.
Claramente, en hipótesis como las imaginadas, la determinación de una cuota alimentaria por un período determinado es lo que se percibe como la más aconsejable; sobre todo porque no parece justificado tender a una cristalización indefinida de roles matrimoniales para el futuro, cuando ha cesado la unión y el vínculo matrimonial. Queremos decir que si —por ejemplo— la esposa fue ama de casa y atendió a los hijos cuando convivió con su marido —por decisión de la misma pareja—, no creemos atinado que esa circunstancia fáctica sirva como argumento para extender la duración de la cuota más allá de lo que resulta necesario y prudente; específicamente cuando la persona, por su edad, estado de salud, formación profesional, etcétera, se hallaría en condiciones —en un tiempo razonable— de obtener la mentada reubicación laboral.
El art. 433, inc. a), del Cód. Civ. y Com., con gran acierto, no sólo hace alusión —como lo vimos en el punto V, apart. a.— a la crianza y educación de los hijos, sino también a “sus edades”. Es que este tema, o sea, la edad de los hijos comunes, es un criterio muy coherente y atinado para marcar un límite. No es lo mismo tener dos hijos de tres y cinco años, que ser madre de dos adolescentes de catorce y dieciséis, ya que es evidente la mayor dedicación que requieren los primeros.
A su vez, la fijación de alimentos por un tiempo determinado constituye igualmente una herramienta útil en otras situaciones. Así, en el caso concreto pudieron haber sucedido acontecimientos transitorios o dificultades severas; tales como enfermedades de familiares próximos, necesidad de emprender viajes prolongados, una importante crisis en la actividad habitual desplegada por la ex cónyuge o, también, que esta se encuentre completando los estudios de una carrera profesional, indispensable para lograr su propio sustento, y sobreviene el divorcio. Todos esos avatares, si bien podrían conducir al juez a la fijación de alimentos, no justifican sin embargo su determinación indefinida (18). Lo mismo ha de suceder cuando acontece el estado de necesidad de un divorciado y éste se encuentre tramitando un juicio reclamando una compensación económica; circunstancia en la que será viable que, en el ínterin, perciba transitoriamente una cuota de alimentos (remitimos al punto VII).
El Código Civil y Comercial, cualquiera sea la situación del alimentista, establece un límite general temporal a los alimentos en los casos que estamos analizando; vale decir, las prestaciones del inc. b), del art. 434. La norma prescribe que “La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio”. Cierta doctrina criticó esa restricción, argumentando que la necesidad puede persistir a pesar que ha transcurrido el tiempo por el que se extendió la relación matrimonial; agregándose que es una solución que carece de fundamentos y no contemplaría situaciones particulares (19).
Diremos que, como principio general, el límite nos parece acertado pues entendemos que el tiempo de la convivencia matrimonial tiene que ser considerado como una pauta adecuada que restrinja el peso de la obligación alimentaria sobre el ex cónyuge. Es que, si bien resulta cierto que la necesidad puede no desaparecer a pesar que transcurrieron los años en que la unión se mantuvo, creemos que no se ajusta a la equidad, verbigracia, que por un matrimonio de cinco años se imponga durante décadas a uno de los ex consortes el deber de pagar una cuota alimentaria.
Por de pronto, ante las diferentes situaciones que pudieran llegar a presentarse, la ley regula un deber alimentario entre parientes y a éstos se debería acudir si la necesidad del divorciado se mantiene y el otro cumplió como corresponde con el pago de la cuota de alimentos durante el lapso que duró el matrimonio y, al mismo tiempo, no cuenta con abundantes recursos. Y si no existen parientes a los que reclamar, sin duda son las entidades sociales de la comunidad las que deben intervenir si se presentan estos casos, asistiendo a la afectada; medida que, como regla, la estimamos más justa que imponer al alimentante una carga de por vida y avalar así la eventual indiferencia de los organismos gubernamentales.
Empero, es verdad lo que se ha dicho que la norma del art. 434, inc. b), del Cód. Civ. y Com., no es la única que deben aplicar los jueces, sino que, llegado el caso, bien podrían echar mano a los arts. 1º y 2º, del mismo Código, que hacen referencia a las fuentes, a la aplicación de los preceptos legales, y a cómo estos tienen que interpretarse (20). Efectivamente, podrían presentarse hipótesis particulares donde quizás se justificaría extender los alimentos más allá del tiempo de matrimonio. Tal vez, según cuáles fueren las circunstancias, se podría hacer una aplicación analógica del art. 441; el que establece la posibilidad, de modo excepcional, de establecer la compensación económica a través de una renta, la que regiría por un tiempo indeterminado. Esa indeterminación, entonces, se la podría hacer jugar también en los alimentos; repetimos, cuando en la especie se justifique holgadamente tal solución (21).
Sobre la cuestión, por ejemplo, imaginamos —por una parte— un alimentante con abundantes recursos, de manera que el desembolso de una determinada suma de dinero mensual no le hace mella alguna y hasta le resulta indiferente; y, por la otra, un alimentista con verdaderas necesidades y que no cuenta con parientes con suficientes recursos para solventar una cuota alimentaria. En esas hipótesis, creemos ajustada a derecho extender la cuota más allá de los años de matrimonio; tal vez reduciéndola en su monto, si la suma que se venía solventando resultare elevada. En fin, dados esos eventos particulares, tales soluciones transaccionales permitirían respetar y equilibrar todos los derechos en juego.
VII. Incompatibilidad de percibir simultáneamente alimentos por falta de recursos propios y la compensación económica
El art. 434, inc. b), in fine, del Cód. Civ. y Com., nos dice que el deber de pagar alimentos “no procede a favor del que recibe la compensación económica del art. 441”. Se ha intentado justificar esta excepción en la circunstancia de que, al recibirse la compensación, se ha cesado en el estado de necesidad que justificaría el reclamo alimentario (22); situación que no se aplica al caso de los alimentos a favor del ex cónyuge enfermo (art. 434, inc. a]).
Sin embargo, la limitación apuntada ha recibido sus críticas. Se ha dicho, en efecto, que no tiene razón de ser la prohibición general en estudio porque lo que debe evaluarse es la situación actual de la alimentista, que puede ser de verdadero estado de necesidad o indigencia; más allá que haya recibido o no compensación económica. Se agregó que se violaría el principio de igualdad, por lo que habría lugar para deducir la inconstitucionalidad de esta parte del precepto (23).
Sobre esta cuestión, cabe remitirse a lo que expusimos en el punto VI cuando hicimos referencia al límite temporal que contiene la misma norma del Código; en particular al precisar que es necesario preservar el equilibrio entre los ex cónyuges y no descargar injustamente y sin límites sobre uno las penurias del otro. Es que, lo reiteramos aquí, en estos casos habría que acudir en primer lugar, si existen y se encuentran en condiciones económicas, a los parientes del necesitado; y, en fin, en determinadas situaciones, podría ser más justo requerir el auxilio de los organismos comunitarios.
Tampoco se debe dejar de evaluar —como lo dijimos en el punto V, apart. d., al que remitimos—, aunque tal vez no de un modo definitorio pero sí para que el juzgador se forme una composición de lugar, las razones por las cuales el reclamante, a pesar de haber recibido la compensación económica, se le ha provocado ese estado de necesidad o indigencia; queremos decir, si aconteció por las inesperadas circunstancias que la vida nos depara o, en cambio, por una conducta irresponsable y negligente de quien pretende la prestación alimentaria.
De todos modos, habrá que estudiar a fondo cada caso concreto; y también aquí resultará aplicable lo que se mencionó en el punto VI. Podría darse el caso de una persona, que aun habiendo cobrado la compensación, pueda estar inserta en una verdadera situación dramática de necesidad, no tener parientes a quien reclamar alimentos y dificultades con la asistencia comunitaria; obviamente teniendo en cuenta el estado socioeconómico que por lo general disfrutó ese cónyuge.
En las hipótesis anotadas, si el alimentante es un sujeto con importantes recursos, es dable que se establezca por la justicia una cuota alimentaria, aunque quizás reducida y por un plazo determinado; en tanto tal fijación no afecte, o lo haga ínfimamente, al ex cónyuge que la debe aportar, y creemos que para así decidir, no es necesario decretar inconstitucionalidad alguna. Los jueces están obligados a aplicar todo el derecho, desde la norma del art. 434, inc. b), hasta todo el articulado del Cód. Civ. y Com., incluyendo por supuesto en primer término la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Dicho de otra forma y sintéticamente, no consideramos injusta de manera general —como principio— la limitación que contiene la ley; lo que no impide su debida adecuación flexible a casos específicos que lo ameriten. Debemos tener bien presente que nos movemos en el campo de lo relativo, lo que descarta de plano los axiomas absolutos.
Más allá de lo dicho, debe tenerse en claro que lo que prohíbe la ley [art. 434, inc. b), in fine] es recibir alimentos y percibir simultáneamente la compensación económica. Por lo tanto, si se verifica un estado de necesidad, nada impedirá reclamar la compensación económica y, mientras tramite el juicio, solicitar la fijación de alimentos; pues, como bien se ha dicho, el ordenamiento no veda la posibilidad de que una y otra figura se apliquen en un orden sucesivo (24), lo cual es razonable teniendo en cuenta no sólo el gran problema argentino de las demoras que tienen la duración de los procesos —como ya lo hemos denunciado (25)—, sino también su resultado incierto.
VIII. Situación legal específica: la enfermedad grave preexistente al divorcio
Ya fuera del caso general que prevé el inc. b), del art. 434, del Cód. Civ. y Com., el inc. a), del mismo artículo, contempla un evento particular: los alimentos “a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse”.
El precepto tiene su antecedente en la normativa del Código Civil anterior. En efecto, el derogado art. 208 establecía un deber alimentario del cónyuge (o ex cónyuge) a favor del esposo enfermo; e incluso se adicionaba que a éste se le debían procurar los medios necesarios para su tratamiento y recuperación. Empero, los alimentos del citado art. 208 se referían exclusivamente a un tipo particular de enfermedad; que era a la que se hacía alusión en el art. 203 del viejo Código, al cual remitía; es decir, “las alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga”. Con buen criterio, la nueva ley, como vimos, elimina por completo esta especificidad, y ahora la norma abarca a cualquier “enfermedad grave” que se padezca.
Sin embargo, para la aplicación de la directiva legal, dos requisitos más se exigen; uno, es que la enfermedad sea preexistente al divorcio; el otro, es que esa dolencia le impida a quien reclama alimentos “autosustentarse”. Respecto del primero, es entendible plenamente la limitación por esta necesidad de equilibrio que es necesario resguardar para no cometer actos injustos e inequitativos. No obstante, debe aclararse que bastará que la enfermedad tenga lugar antes del divorcio, aunque no medie una convivencia entre los cónyuges. O sea, que la norma se aplicará si el mal se tornó visible durante la separación de hecho de la pareja (26).
El segundo requisito es que la enfermedad grave le impida al ex cónyuge autosustentarse; lo que deviene lógico. Por supuesto que la petición alimentaria tendrá que ser desestimada si el reclamante, a pesar de padecer una enfermedad grave, cuenta con recursos suficientes o tiene posibilidad de procurárselos por el tipo de actividad que estaría en condiciones de desempeñar.
Ahora bien, la imposibilidad de autoabastecerse sólo se tiene que valorar en la oportunidad en que se formula la petición de alimento; de manera que no impedirá la fijación de una cuota la circunstancia de que la no posibilidad de obtener recursos apenas acontezca después del divorcio. Dicho de otro modo, la “enfermedad grave” muchas veces cursa por diversas etapas de intensidad; y entonces puede suceder que cuando el matrimonio subsistía, esa dolencia grave todavía no afectaba al cónyuge para realizar determinadas labores; lo que sí viene a suceder después, tras la agudización del mal, una vez acontecida la ruptura del vínculo. En esos casos, la procedencia de los alimentos nos parece indiscutible (27).
Antes señalamos que nos parecía atinado el límite legal de que la enfermedad tiene que ser preexistente al divorcio. Pero no deberá pensarse que la ausencia de tal exigencia instalará al afectado en una situación de desamparo. Recordemos lo analizado en los puntos I y siguientes cuando estudiamos la causal de tipo general mediante la cual un divorciado le puede reclamar alimentos al otro; esto es, cuando le faltan recursos propios suficientes y no tiene una posibilidad razonable de procurárselos. Entonces, si los alimentos que pretende el peticionario no encajan en la hipótesis particular del inc. a), del art. 434, siempre tendrá expedita la vía prevista en el inc. b), de la mentada norma.
Por último, diremos que, a diferencia de lo que precisaba el art. 208 del Código anterior, en la norma vigente [art. 434, inc. a)] no se especifica que el alimentante debe proporcionar los emolumentos para el tratamiento y recuperación del enfermo; omisión que bajo ninguna forma ha de significar que tales gastos queden excluidos en la preceptiva actual, por lo que deberán ser computados por el tribunal cuando le toque decidir el quantum de la cuota alimentaria (28).
IX. Los alimentos del ex cónyuge y los parientes
Como estamos considerando, el Código Civil y Comercial regula un sistema de alimentos entre divorciados, pero a su vez también establece un deber alimentario entre parientes (art. 537 y ss.). Teniendo a la vista entonces una y otra normativa, se advertirá que no se establece un orden legal entre los eventuales obligados; lo que motivó la crítica de algún sector de la doctrina (29). Lo mismo sucedía con la legislación anterior; silencio que dio lugar también a que se emitieran diversas posiciones (30).
Adherimos a la postura que sostiene que, como principio, el primer obligado tiene que ser el ex cónyuge. Es que, como claramente se esgrimió, es muy diferente la naturaleza del vínculo en uno y otro caso. Al contraer matrimonio se lleva a cabo un acto voluntario; y quien lo hace debe atenerse a sus consecuencias, aunque después desaparezca la relación matrimonial (remitimos al punto II).
En cambio, muy diferente es la situación del pariente, ya que su condición de tal está fuera de esa voluntariedad a la que arriba apuntábamos (31). Dicho de otra forma, no entendemos lícito, y mucho menos ético, que el ex esposo demandado por alimentos aspire a excusarse de la obligación que le impone el art. 434 del Código invocando que quien reclama el beneficio cuenta con parientes que podrían ser constreñidos a afrontar el pago de tales cuotas dinerarias; lo cual lo interpretamos como un improcedente vericueto para eludir el cumplimiento de un deber legal (32).
Por supuesto, lo arriba concluido no es más que una directiva general; lo que no impide al juzgador valorar la situación fáctica que presente el caso. Imaginamos, por una parte, un ex cónyuge realmente necesitado; enfrente, el otro ex consorte, que tal vez podría afrontar una cuota alimentaria, pero con cierto esfuerzo y autolimitación; y, en tercer lugar, un pariente muy cercano al sujeto reclamante que cuenta con abundantes recursos; de manera que el pago de alimentos no le ha de provocar ninguna mella en su desenvolvimiento económico.
En el precedente cuadro de situación es muy probable que lo que más se ajuste a derecho y a la equidad sea condenar al pariente y no al ex cónyuge. Entonces, si bien postulamos que el ex esposo demandado no puede liberarse de su compromiso con la sola invocación de que existen parientes supuestamente obligados, sí creemos factible que se traiga a juicio a estos y probar en la causa la situación patrimonial y de recursos de uno y otros.
Las reflexiones que acabamos de emitir las entendemos aplicables a los dos supuestos previstos por la ley en que resulta viable el reclamo alimentario; esto es, los que prevén los incs. a) y b) del art. 434 del Cód. Civ. y Com.
X. Cese de los alimentos: nuevo matrimonio, unión convivencial y causales de indignidad
El art. 434 del Cód. Civ. y Com., en su anteúltimo párrafo, prescribe que “En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad”. Más allá de que la redacción es descuidada —la norma tenía que haber hecho referencia al “alimentista” y no al “alimentado”, pues esta última expresión no figura en el Diccionario de la lengua—la fuente del dispositivo es el art. 218 del Cód. Civil anterior; aunque en este punto se mejora el sentido, pues ahora no se hace referencia a las “injurias graves”, sino, como lo precisamos, a las “causales de indignidad”. Veremos seguidamente cada una de las causales, pero no en el orden que figura en la citada preceptiva.
X.1. Cese de alimentos por contraer matrimonio
Es perfectamente lógico que la circunstancia de contraer matrimonio haga cesar el deber del ex cónyuge, a mérito que constituiría una situación a todas luces abusiva (art. 10 del Cód. Civ. y Com.) pretender alimentos del que fue el primer esposo cuando tiene lugar un nuevo marco afectivo con las nupcias subsiguientes y el deber de asistencia que nace a cargo del tercero que contrae matrimonio. Por eso, resulta manifiestamente incompatible la subsistencia de la obligación con el advenimiento del vínculo matrimonial que liga al alimentista.
X.2. Cese de alimentos por convivencia no matrimonial
La vida en pareja, desde luego, debe ser equiparada al matrimonio por las mismas razones que mencionamos en el apartado anterior. Por otro lado, si no se incluyera, sería muy fácil el fraude a la ley, esto es no casarse para no perder los alimentos; por lo que la identificación entre uno y otro estado era indispensable a estos efectos.
Es evidente que la “unión convivencial” debe ser entendida como una mera unión afectiva —de pareja— entre dos personas, sin exigirse de ninguna forma que se reúnan los requisitos del art. 510 del Cód. Civ. y Com.; requisitos que allí se insertan a los fines de hacer valer los derechos que la ley les confiere a esas uniones (33). Por lo tanto, cesarán los alimentos que paga el ex cónyuge si, verbigracia, la convivencia del alimentista con un tercero tiene muy poca antigüedad (digamos, apenas unos meses) o si media un vínculo de parentesco con el nuevo conviviente, o si éste es menor de edad, etcétera. Basta cualquier tipo de unión afectiva de naturaleza erótica para que sobrevenga el fin de los alimentos.
Corresponde resaltar que el carácter erótico de la unión constituye un requisito esencial para que tenga lugar la causal de cese. En este sentido, una unión afectiva de tipo fraternal o de amistad íntima (en su estricto significado) no comportaría incurrir en la cesación que analizamos. El ejemplo sería que un ex cónyuge acuerda en convivir en adelante con su hermano, hermana o prima; o que el divorciado decida hacerlo con su amigo íntimo de toda la vida.
Por supuesto que esta nueva convivencia que acabamos de considerar (sin connotación erótica alguna) puede significar que se plantee en justicia que se libere al alimentante de continuar pasando la cuota; y ello con fundamento en que aquellas necesidades que le dieron origen ya estarían satisfechas como resultado de la mentada unión, extremos que el demandante tendría que acreditar. En tal caso, sería una hipótesis de desaparición de la causa que en su hora motivó el pago de la pensión, pero no un cese por la circunstancia en sí de convivir con otro.
X.3. Cese de alimentos por incurrir en causales de indignidad
Resulta muy positivo que el Código sustituya la expresión “injurias graves”, que contenía el art. 218 del Cód. Civil derogado, por las causales de indignidad. Se evitan así interpretaciones erróneas, como que se aspire a hacer cesar los alimentos intentando probar conductas subjetivas que el alimentista pudo haber tenido con su ex cónyuge durante el desarrollo de la convivencia.
Con el texto que se ha insertado es claro que habrá que acudir a certificar la ocurrencia de alguno de los hechos que enumera el art. 2281 del mismo Código, norma que, en su último inciso, remite también a las “causales de ingratitud”; o sea, las enumeradas en el art. 1571 del citado cuerpo legal. La procedencia de esta causal de cese es indiscutible, pues parecería difícil de concebir que un sujeto obtenga una condena de alimentos a cargo de la persona respecto de la cual el mismo pretensor no podría sucederle por su condición de indigno.
X.4. La carga de la prueba
En los tres supuestos que se mencionan precedentemente la carga probatoria principal recaerá sobre quien pretende el cese de los alimentos, sin perjuicio de que se ha de aplicar la directiva que contiene el art. 710 del Cód. Civ. y Com., esto es, que será el demandado quien soportará dicha carga si, en el caso concreto, se encuentra en mejores condiciones de acreditar lo que se debate en la cuestión. Al respecto, recuérdese que ha de regir lo que la misma norma indica, o sea, los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.
Sin embargo, habrá casos en los cuales la labor probatoria será mínima, para que cesen los alimentos. Así, en los supuestos en que se glosa la partida del nuevo matrimonio del alimentista, la constancia de que la unión convivencial ha sido registrada, o, verbigracia, la sentencia que contiene la condena penal de quien sería indigno de suceder y está percibiendo una cuota alimentaria; ello dicho sin perjuicio de que tal condena no constituye un requisito indispensable que tendrá que colectar el actor, si lo que invoca es una causal de indignidad (art. 2281, in fine, del Cod. Civ. y Com.).
XI. Cese de la obligación alimentaria por la desaparición de la causa que la motivó
Otro de los motivos por los cuales se puede requerir el cese de la cuota alimentaria es invocando que la causa por la cual la pensión se determinó ya no se verifica más (art. 434, anteúltimo párrafo, del Cód. Civ. y Com.). Lo que desaparece, susceptible de ser articulado, pueden ser cuestiones fácticas, de hecho o, de modo diferente, razones de derecho.
XI.1. Modificación de la situación de hecho
Respecto de las circunstancias fácticas, diremos que se trata de variaciones que pueden acontecer en la vida del alimentista. Si, por ejemplo, el fundamento que determinó la fijación de los alimentos es la enfermedad grave preexistente (art. 434, inc. 1º), obviamente que procederá su cese si el afectado cura su dolencia o, al menos, se comprueba que su grado de mejoría es de tal magnitud que ya no tendría en adelante dificultad alguna para autosustentarse. Dada esta situación, no cabe duda de que el mantenimiento de los alimentos carecería de toda justificación.
En relación con la falta de recursos propios e imposibilidad de procurárselos, también puede suceder que por un cambio importante que acontezca se determine que esa falta de recursos invocada en su oportunidad no tenga vigencia en el presente, siendo viable incluso el fin de los alimentos aunque se mantenga la falta de recursos propios cuando, por las mutaciones sustanciales acontecidas, el alimentista ya cuenta con posibilidades concretas de obtener medios para sostenerse.
Asimismo, en fin, en los dos supuestos previstos en el art. 434 del Código, los alimentos caerán cuando, por cualquier motivo, el alimentante recibe una importante cantidad de dinero o bienes mediante los cuales ya no necesitaría del auxilio de un tercero; por más que la enfermedad grave persista [en el caso del inc. a)], o se postule por el beneficiario que, por sus características personales, le sigue siendo imposible realizar trabajos que le devenguen emolumentos [hipótesis del inc. b)]. Y decimos que cesarán los alimentos porque faltará un requisito insoslayable en ambas situaciones; y es que, con el dinero o bienes recibidos, podrá en lo sucesivo —de una u otra forma— atender razonablemente a su subsistencia.
XI.2. Modificación de la situación de derecho. La sanción del nuevo Código
De modo diferente a los supuestos analizados, la desaparición de la causa que determinó los alimentos pudo tener su origen en una cuestión de derecho. El ejemplo típico es lo que ha acontecido en nuestro país con la sanción del Código Civil y Comercial. Efectivamente, por la ley anterior resultaba plenamente factible la existencia de un cónyuge divorciado inocente y otro culpable; y que, mediante una sentencia, se hayan determinado alimentos a favor del primero nombrado. El argumento central del fallo pudo haber sido—precisamente—esa calificación de “culpable” que se atribuye a quien se lo obliga a pagar alimentos, sin ninguna otra consideración (art. 207, primer párrafo, del Cód. Civil hoy derogado). De acuerdo a su tenor, el que hubiera sido declarado culpable deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa al divorcio, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia; norma aplicable a los divorciados por el art. 217 de dicho Código.
Los dispositivos apuntados, hoy derogados, resultan insostenibles con la ley actual, la que ha eliminado por completo las nociones de culpable e inocente al introducir un divorcio que, exclusivamente, se decreta sin expresión de causas. La cosa juzgada que pudieron haber tenido los pronunciamientos dictados bajo el amparo de la legislación anterior, si bien cubre por completo a los alimentos ya percibidos, no proyecta sus efectos respecto a los que se abonarán en el futuro.
Sobre el punto, tengamos en cuenta que en las cuotas alimentarias no estamos ante relaciones obligacionales que se pueden calificar de instantáneas y de ejecución o tracto único. Por el contrario, en el tema que nos ocupa las obligaciones que se adquieren son continuas, duraderas, de ejecución periódica o de tracto sucesivo. La nueva ley, aunque no sea retroactiva, es de aplicación inmediata; y de ahí que ha de regir las relaciones y situaciones jurídicas existentes que todavía no se agotaron y a las consecuencias que no se hayan operado aún. Entonces, al entrar en escena el nuevo Código, en relación con estos casos —concretamente, las cuotas futuras de alimentos—, con la aplicación de las noveles normas no se ha de afectar derecho adquirido alguno (34).
Resulta indispensable resaltar que, en todo lo atinente a la aplicación temporal del Código Civil y Comercial, debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 —luego derogado por la ley 17.711—, “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”.
Las apuntadas reflexiones del gran codificador argentino son harto aplicables en la especie, porque son bien sabidos los severos defectos de la legislación anterior con la admisión de la “culpabilidad” y la “inocencia” en el divorcio, inexistentes en la realidad sociológica, y que convertían a esos preceptos derogados en un lamentable discurso esquizofrénico por su ajenidad con las disciplinas afines; y este dato de tanta relevancia no debe ser ignorado por el intérprete (35).
Ahora bien, la circunstancia de que se aplique el Código Civil y Comercial en lo relativo a las cuotas alimentarias no devengadas no significa que todos los alimentos fijados por sentencia a favor del cónyuge inocente —conforme a la ley anterior— deban cesar automáticamente ante el mero pedido del alimentante. Es que debe quedar bien en claro que lo que no se tolera en el régimen actual son los alimentos cuyo único fundamento lo constituye la “inocencia” del alimentista. En otros términos, las cuotas que tienen que cesar son aquellas en las cuales el beneficiario no tiene necesidad alguna ni se encuentra para nada en una situación de vulnerabilidad, de forma tal que el “título” por el cual venía percibiendo los emolumentos derivaba sólo de un fallo judicial que calificó a aquél de “inocente”.
El asunto tiene que ser debidamente esclarecido, porque en la realidad, diremos que en una importante cantidad de casos, por más que se lo calificara como “culpable” al alimentante, el deber de alimentos que a éste se le imponía se sustentaba en verdad en la acreditación de la necesidad del alimentista; y de ahí el listado que contenía el art. 207 del Código derogado. Repárese en que el juez debía evaluar, en los ex cónyuges, cuáles era sus edades, su estado de salud, la dedicación al cuidado de los hijos, su capacitación y probabilidad de acceso al empleo, el patrimonio de cada uno, etcétera.
Sobre la cuestión es oportuno destacar, una vez más, que el Código actual establece un régimen de alimentos para ex cónyuges que bajo ningún concepto puede calificarse de excepcional o extraordinario; aunque sí—como es lógico— se establecen determinados requisitos para su procedencia; tales como la enfermedad grave preexistente o no tener recursos propios ni posibilidad razonable de procurárselos [art. 434, incs. a) y b)], por lo que debemos acá tener por reproducido lo que desarrollamos en los puntos I a IX.
Entonces, ante el pedido de cese de los alimentos, el demandado podrá perfectamente oponerse al requerimiento acreditando su estado de necesidad, su vulnerabilidad actual, sus dificultades para el acceso al empleo, la atención que está brindando a los hijos comunes, etcétera. El juez, procediendo al estudio del caso, podrá perfectamente rechazar el pedido del alimentante y encuadrar los alimentos en la previsión del art. 434 del Cód. Civ. y Com.
Es verdad que el art. 207, de la normativa anterior, hacía referencia a que el alimentante debía mantener “el nivel económico del que gozaron durante su convivencia”. Se trataba, sin duda, de un ingrediente sancionatorio. Se condenaba al “culpable” a indemnizar al otro por el supuesto ilícito cometido. Claro está que este criterio de sanción no es dable que se aplique a partir del dictado del nuevo Código y respecto de las cuotas alimentarias futuras. No obstante este aserto, podría darse el caso de que en un juicio de cesación el alimentista probare su necesidad o estado de vulnerabilidad pero que, a su vez, la cuota alimentaria que venía percibiendo resulte excesiva, a mérito de haberse fijado teniéndose en cuenta el mentado concepto, hoy perimido e insostenible, de que había que “sancionar” a ese culpable de la disolución vincular. Pues en tal hipótesis no cabría eliminar los alimentos pero sí disponer su adecuada reducción.
No obstante lo indicado, bueno es aclarar que el hecho de que resulte inviable con la ley actual mantener “el nivel económico” que el matrimonio tuvo, no significa que el fallo judicial tenga que trasladarse al otro extremo y determinar alimentos mínimos, de extrema necesidad o para que el beneficiario no perezca. Ningún precepto legal autoriza a proceder de ese modo tan restrictivo.
En el sentido referido, cabe aquí también que nos remitamos a lo que expresamos en el punto III y en el punto IV, apart. b., oportunidad en la que precisamos que la necesidad tiene que evaluarse con un criterio elástico; de manera que la cuota de alimentos no será igual si estamos frente a un matrimonio de bajos recursos que ante una pareja disuelta con muy importantes ingresos en uno de los ex cónyuges y que, durante la convivencia, sostuvieron un ritmo de vida muy elevado. Si bien la cuota, como lo dijimos, no tendría que alcanzar en puridad “el nivel económico” del que se gozó, el principio de solidaridad familiar (y no el de sanción), al que nosotros agregamos el de dignidad, impone que la cuota a fijarse necesariamente tendrá que considerar la ubicación social y profesional de los sujetos en cuestión; sobre todo cuando se comprueba que, con el pago de una cuota alimentaria relativamente alta, el alimentante —por sus importantes posibilidades económicas— no se verá afectado en su desenvolvimiento cotidiano.
Si se realiza un buen ejercicio de la jurisdicción, no hay por qué temer eventuales perjuicios al alimentista por la aplicación del Código Civil y Comercial a la percepción de las cuotas alimentarias no devengadas (36). Por supuesto que el juez, cuando evalúe la demanda por el cese de los alimentos, tendrá que tener en cuenta todas las articulaciones de la beneficiaria. Por ejemplo, el desequilibrio manifiesto en que pudieron haber quedado las partes tras el divorcio (durante la vigencia de la ley anterior), la eventual renuncia de la alimentista a una porción de gananciales (porque contaba con una buena cuota alimentaria) e, incluso, que ese ex cónyuge no estaría ya en condiciones de acudir a la compensación económica que hoy regula el Código vigente.
Volvemos a reiterar que en estos casos se aplica el art. 710 del Cód. Civ. y Com. que hace referencia a los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba; lo que le permitirá al demandado colectar en la causa cuanto sea necesario para llevar a la conclusión del juzgador lo injusto e improcedente de eliminar los alimentos e, incluso, de reducirlos; precisamente —como ya lo señalamos— porque la beneficiaria en su hora tuvo como expectativa los alimentos sentenciados para acceder a otras transacciones a favor del otro. Por eso, insistimos, ningún medio de prueba tiene que ser descartado en tanto pueda llegar a tener utilidad para la decisión que los tribunales tienen que tomar.
XII. Muerte del alimentante
La muerte del alimentante hay que considerarla de manera diferente según se trate de los alimentos generales por la falta de recursos propios suficientes (art. 434, inc. b]), o de los alimentos especiales por enfermedad grave preexistente (art. 434, inc. a]).
XII.1. Muerte del alimentante que pasaba alimentos por falta de recursos del otro
En lo habitual se sostiene que la muerte del alimentante tiene los mismos efectos que la muerte del alimentista; es decir, que cesan el derecho y la obligación alimentaria (37); y así lo dice el inc. b) del art. 554 del Cód. Civ. y Com., norma a la que remite el último párrafo del art. 432 del mismo Código. Sin embargo, la cuestión es al menos dudosa si partimos de un criterio de justicia y equidad. Pensemos, así, en un alimentante con un importante patrimonio y una alimentista de nulos recursos y que, tampoco, cuenta con parientes a quien requerir una cuota alimentaria.
En la mencionada hipótesis, nos parece claramente que no responde a un principio de razonabilidad que los herederos del alimentante muerto repartan holgadamente los quizás cuantiosos bienes, y que la beneficiaria —que nada hereda— pierda la pensión de la noche a la mañana por ese deceso. Creemos que, en tal situación, la actitud indiferente de aquéllos podría habilitar a los tribunales a una solución diferente, aplicando los arts. 1º, 2º y 10 del Cód. Civ. y Com. y, consecuentemente, proceder de modo similar a lo que está en previsto en el art. 434, apart. a., del citado Código. Tengamos en cuenta que, en definitiva, el patrimonio pertenecía al obligado y que a los herederos nada se les pide que afronten con sus propios recursos.
XII.2. Muerte del alimentante que pasaba alimentos por enfermedad grave preexistente
A diferencia del caso anterior, en estos alimentos especiales por causa de enfermedad grave, la ley —al igual que el Código derogado— contiene una previsión. El último párrafo del inc. a), del art. 434, prescribe que “Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a los herederos”. La modificación, respecto del régimen suprimido, es que ahora se habla de una obligación que se trasmite, y no de una “carga de la sucesión”, como decía el art. 208 de la ley precedente; expresión que oportunamente fue criticada, ya que no se trata de una obligación que nace después de la muerte del causante (38).
En atención a la expresa regulación de la ley vigente, no puede discutirse que la deuda alimentaria va a integrar el pasivo de la herencia trasmitida. Y es del caso que hagamos dos aclaraciones que resultan de envergadura. Una, que —como es lógico— se aplicará a este supuesto el art. 2317 del Cód. Civ. y Com.; o sea, que el heredero va a quedar obligado por la deuda alimentaria “sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos”. La otra, es que en ningún supuesto esta obligación de alimentos que se trasmite podrá afectar la legítima de los herederos. Ello es así porque, para su cálculo, únicamente se ha de computar “la suma del valor líquido de la herencia”; vale decir, una vez deducidas las deudas del fallecido (art. 2445, Cód. Civ. y Com.) (39).
Un tema interesante es la determinación de quiénes tienen la prioridad del deber alimentario cuando, tras el fallecimiento del alimentante, sus herederos —a quienes se trasmite la obligación— no son parientes del alimentista. Se ha reconocido que el art. 434, inc. a), no establece el carácter subsidiario del deber que esta norma impone, si existen parientes del beneficiario con obligación alimentaria (40); por lo que entonces sería un precepto que habilita a diferentes soluciones posibles (41).
Existe un criterio de los autores en el sentido de que, en casos como lo que estamos analizando, sería atinado reconocer a los mentados herederos del alimentante el derecho de exigir que el enfermo reclame alimentos a sus parientes y se los considere a ellos eximidos de la obligación; la que en todo caso sería meramente subsidiaria (42).
Nosotros, en principio, no adherimos a la apuntada solución que se propicia. Debe tenerse en claro que no se trata aquí de obligar a los herederos del alimentante, no parientes del enfermo, a que afronten de su peculio suma alguna. De forma muy distinta, lo que está en juego aquí es el patrimonio del fallecido; quien era precisamente el principal obligado. Creemos que es un exceso autorizar a tales herederos a causar eventuales perjuicios al alimentista cuando están recibiendo bienes a título gratuito. De ahí que, si como surge de la ley, estamos ante una deuda que integra el pasivo de la herencia, se verifica también un deber ético de quienes suceden al alimentante de hacer honor a dicha acreencia.
Por otro lado bien se ha dicho, durante la vigencia del Código anterior, que la obligación alimentaria de los parientes es de contenido más reducido que la prestación que contempla los alimentos al ex cónyuge por enfermedad preexistente; situación que debe considerarse que se mantiene con la nueva legislación. Adviértase que el contenido del actual art. 541 es casi idéntico al derogado art. 372 del Cód. Civil precedente; y la redacción del art. 434, inc. a), actual, no hace pensar que se ha reducido el deber del ex cónyuge sano con relación al art. 208 que regía con anterioridad (ver el punto VIII, in fine). No se descarta pues que, en el supuesto de que en un caso dado se priorice el deber de los parientes del alimentista, los sucesores del ex cónyuge muerto tengan que afrontar el complemento necesario —obviamente con los bienes del causante—, cuando el límite del deber alimentario legal de aquéllos no alcance a satisfacer las necesidades del enfermo (43).
XIII. Alimentos convencionales
Es evidente que las previsiones del art. 434 del Cód. Civ. y Com. sólo rigen a falta de una convención existente entre los ex cónyuges; vale decir, que aquéllas sólo tienen un carácter supletorio. El tema de los acuerdos está en el centro de nuestro régimen legal; y es por eso que se impulsa a los divorciados a celebrar un convenio regulador donde se prevean la posibilidad de los alimentos (ver art. 439); el art. 432 hace expresa referencia a la “convención de las partes”; y, en fin, la última línea del art. 434 nos dice que “Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas”.
En los supuestos en que media una convención que establece los alimentos que un ex esposo le ha de pasar al otro se ha discutido cuál era la naturaleza jurídica de tales alimentos; debate que ya aconteció durante la vigencia de las normas anteriores. Un sector de la doctrina argumentó que estos alimentos eran de naturaleza convencional. Que no se estaba ante los alimentos legales que establecían las normas y que, por lo tanto, la suerte de aquella convención sólo dependía de la autonomía contractual. La aplicación pura de esta doctrina tenía como consecuencia que al pacto alimentario prácticamente se lo excluía del ámbito del derecho de familia y, en particular, del régimen legal relativo a los alimentos entre cónyuges divorciados. El convenio alimentario, entonces, sólo podía ser alterado por una nueva convención y, así, no se hallaba expuesto a eventuales modificaciones, en función de las necesidades y vicisitudes económicas de cada uno de los involucrados (44).
Otra orientación doctrinal, por el contrario, sostuvo que los alimentos acordados revestían un carácter legal, en el sentido de que el convenio no era más que una aplicación de los preceptos jurídicos que rigen en la materia, ya que sólo establecía las modalidades y extensión de los derechos consagrados en las normas respectivas (45). Para decirlo más precisamente, los alimentos que los esposos establecían se hallaban enmarcados en la normativa legal, aunque, desde luego, sujetos a los lineamientos y precisiones que surgían de la convención en cuanto al monto, duración, actualización, etcétera (46).
La importancia de esta última conclusión residía en que, como los alimentos estipulados tienen su fundamento en un imperativo asistencial, estaban condicionados a los eventuales incidentes de aumento, disminución o cesación, conforme a lo regulado en el régimen legal pertinente (47).
Si bien para nuestro concepto los alimentos acordados tienen naturaleza convencional —en tanto que, precisamente, se trata de un pacto realizado entre las partes— de ninguna manera tal conclusión conlleva a las proyecciones que se le han atribuido a tales acuerdos. Es verdad que será el convenio celebrado el que determinará los alcances y modalidades de la pensión alimentaria, la importancia de la prestación, su duración y las causas de modificación; o sea que el acuerdo celebrado será la irreemplazable guía a tener en cuenta para desentrañar la verdadera voluntad de las partes (48).
También es cierto que en estos acuerdos no ha de reinar la heteronomía, sino el principio de autonomía de la voluntad; sobre todo atento a las directivas del derecho contemporáneo —y del propio Cód. Civ. y Com.— que confiere una amplia disponibilidad a las respectivas actuaciones de los cónyuges. De ahí que en los mentados convenios el margen de libertad sea amplísimo y sólo reconozca los límites impuestos por las leyes y el orden público.
Dentro del referido marco, la convención podrá decidir quién será el cónyuge obligado y cuál el beneficiario; estipular las cláusulas que reglarán los efectos del incumplimiento; prever las causas por las cuales se producirá la cesación de la prestación; acordar, por ejemplo, que la cuota no variará a pesar de la mutación que experimente la fortuna del obligado; fijar, en cambio, reducciones proporcionales del quantum originalmente previsto, una vez cumplidas determinadas circunstancias, etcétera (49).
Sin embargo, a pesar de lo esbozado, nos parece que lo esencial en el asunto —su verdadero quid— es dilucidar cuál será el régimen legal aplicable en ausencia de previsión convencional. Desde ya creemos insostenible postular que en tales casos el acuerdo alimentario permanecerá al margen de las normas que disciplinan la relación alimentaria ex lege y, consecuentemente, interpretar, por ejemplo, que la convención regirá con independencia de las necesidades futuras del beneficiario o de las alternativas que sufra la capacidad económica del obligado, de manera de considerar improcedente toda pretensión de aumentar o disminuir la suma periódica acordada (50). Con acierto se ha alertado que ello importa contrariar el espíritu del legislador (51).
A falta de estipulación —que, vale la pena reiterarlo, es la única situación que puede generar conflicto— percibimos la incongruencia de aplicar al caso el derecho común contractual como si se tratara de alimentos entre terceros. La cuestión atañe a alimentos pactados entre los que fueron cónyuges, y esta particularidad no puede ser soslayada. Así las cosas, pues, en todo lo que no fuere previsto, corresponderá la aplicación del régimen legal relativo a los alimentos entre cónyuges divorciados (52). Veremos entonces que a dicho pacto se le aplicarán las directivas de la ley y su jurisprudencia interpretativa referentes a la cesación, aumento o modificación de la cuota acordada (53).
El criterio que aquí exponemos ha sido el de las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 2001); las que calificaron como convencionales los alimentos pactados; pero se dejó expresamente aclarado que entre los ex-cónyuges procederá su disminución, aumento o cese a petición de las partes en caso de variación sustancial en sus condiciones económicas y personales.
En consecuencia, y a tenor de lo delineado, se concluye que —de modo primordial— corresponderá atenerse a las cláusulas del acuerdo alimentario y a las reglas interpretativas del caso para elucidar la auténtica voluntad de las partes. No obstante, en todo aquello que no ha sido previsto en la convención, corresponderá la aplicación del régimen legal pertinente relativo a los alimentos entre cónyuges divorciados (art. 434 y concordantes del Cód. Civ. y Com.) (54).
Debe insistirse que el tema medular se encuentra en las situaciones en que los esposos pactan sólo una cuota alimentaria, sin efectuar otras especificaciones; y después se plantean conflictos, por ejemplo, cuando el obligado solicita una reducción invocando una variación en su situación económica o, inversamente, si el alimentista peticiona un aumento de la cuota aduciendo un cambio en las circunstancias existentes en la oportunidad de celebrarse el convenio de alimentos.
En las incidencias mencionadas, no pudiéndose dilucidar cuál ha sido la verdadera voluntad de las partes, no quedará otra alternativa que hacer que tales discrepancias sean decididas por la justicia, teniendo en mira las pautas del régimen general alimentario entre esposos divorciados, regulado por el art. 434 del Cód. Civ. y Com.; sin perjuicio de que el magistrado evalúe debidamente un elemento que aparecerá claro en el expediente; cual es, el monto inicial convenido como cuota alimentaria.
Estimamos equivocada cierta posición de la doctrina que postuló que, si los alimentos ingresan en la órbita del régimen legal para cónyuges divorciados, no tendría sentido el acuerdo sobre el régimen alimentario (55). No es así porque sin duda hace al interés del cónyuge necesitado pactar directamente el pago de una cuota sin verse expuesto a las alternativas de su fijación judicial. Y, sobre todo, el beneficiario queda relevado de la necesidad de probar, por ejemplo, que está afectado por una determinada enfermedad preexistente, o que no cuenta con “recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos”; a lo que se le agrega que tampoco tendría que acreditar los medios que posee el obligado.
No se descarta la posibilidad, asimismo, que los ex cónyuges se limiten a establecer que uno de ellos conserva su derecho alimentario ante el otro, sin especificar la cuota. De no arribar las partes a un acuerdo posterior sobre el monto, deberá el tribunal determinarlo según las directivas del art. 434 del Cód. Civ. y Com. Corresponde aclarar que aunque se pacte sólo el derecho a percibir alimentos, sin fijación de una cuota, no se puede considerar desprovisto de utilidad al convenio.
En efecto, en la hipótesis mencionada no sólo de algún modo quedarían pautados los papeles de beneficiario y alimentante, respectivamente, sino que además el obligado no podrá ya esgrimir que no se reúnen en el alimentista los requisitos exigidos por el citado art. 434 del Código. En todo caso, a aquel que debe afrontar los alimentos le quedaría la posibilidad de invocar y probar la variación posterior de los hechos tenidos en cuenta por las partes en el momento en que se formuló la reserva alimentaria.
Por último, un asunto que merece abordarse es cuando el alimentante, calificado como único cónyuge culpable del divorcio según la legislación anterior, pactó una cuota alimentaria a favor del declarado cónyuge inocente. Sin duda, al sancionarse el Código Civil y Comercial, y a falta de previsiones en el convenio alimentario, el obligado podría plantear el cese de la cuota con fundamento en el art. 434, anteúltimo párrafo, del Cód. Civ. y Com.; tras la invocación que ha desaparecido la causa que ha determinado que celebrara el acuerdo de alimentos; habida cuenta de que ya no rigen las calificaciones de inocencia y culpabilidad.
La solución a las cuestiones como las relacionadas —repetimos, a falta de otras estipulaciones entre las partes— se ha de obtener aplicando los mismos criterios que desarrollamos en el punto XI, apart. b., al que remitimos. Es decir, no obstante que el alimentante podrá deducir un incidente para que se ponga término a su deber de pagar la pensión, el alimentista podrá oponerse a tal cese acreditando que la cuota, cuya supervivencia plantea, no está destinada a “sancionar” al obligado por su condición de culpable sino a subvenir sus necesidades en los términos previstos por el art. 434 del Cód. Civ. y Com.
Por otro lado, y como también lo dijimos en el apartado recién indicado, no se descarta—incluso—que el juez disponga no el fin sino la reducción de los alimentos; y ello puede ser así al eliminarse de la cuota todo lo que pueda revestir carácter indemnizatorio por el “ilícito” que en su oportunidad se atribuyó al obligado; esto es, por su condena de culpabilidad, hoy eliminada de la legislación.
(1) Ver ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, RDyF, diciembre de 2016, p. 18, Ed. La Ley.
(2) Ver MIZRAHI, Mauricio L., “El régimen de alimentos para cónyuges divorciados y los acuerdos en el divorcio consensual”, LA LEY, 1997-D, 1163; y, del mismo autor, “Los alimentos entre cónyuges divorciados por causales objetivas. Desdoblamiento interpretativo del artículo 209 del Código Civil”, LA LEY, 2009-B, 1104.
(3) Ver ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, RDyF, diciembre de 2016, p. 18, Ed. La Ley; BELLUSCIO, Claudio A., “Alimentos entre cónyuges fijados bajo la vigencia del Código Civil”, RDyF, abril de 2017, p. 43, Ed. La Ley; FARAONI, Fabián E., “Acuerdos sobre alimentos en los supuestos de divorcio y separación de hecho”, RDF, nro. 78, marzo de 2017, p. 93, Ed. Abeledo-Perrot; GUILLOT, María Alejandra, “Impacto del derecho alimentario y de las prestaciones compensatorias en el régimen previsional”, RDF, nro. 78, Marzo 2017, p. 51, Ed. Abeledo-Perrot; MOLINA de JUAN, Mariel, “Compensaciones económicas y derecho transitorio. Donde no hubo derecho no hay acción”, LA LEY del 05/09/2016, Online AR/DOC/2635/2016.
(4) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 115, punto III, Ed. Abeledo-Perrot.
(5) Ver FARAONI, Fabián E., “Acuerdos sobre alimentos en los supuestos de divorcio y separación de hecho”, RDF, nro. 78, marzo de 2017, p. 96, Ed. Abeledo-Perrot.
(6) Ver RIVERA, Julio C., “Confiscación judicial del crédito por alimentos”, LA LEY del 26/06/2017, Online AR/DOC/1542/2017.
(7) Ver MAZZINGHI, Jorge A. M., “Derecho del cónyuge a percibir alimentos luego del divorcio”, LA LEY, 2015-D, 716, Online AR/DOC/1951/2015.
(8) Ver DEMOLOMBE, Charles, “Traité du divorce. Appendice au Traité du mariage et de la séparation de corps”, nro. 366, París, 1896, p. 325; BELTRÁN DE HEREDIA DE ONÍS, Pablo, “La obligación legal de alimentos entre parientes”, Universidad de Salamanca, p. 44.
(9) Ver DIEZ-PICAZO, Luis – GULLÓN, Antonio, “Sistema de Derecho Civil”, vol. IV, p. 145, Ed. Tecnos, Madrid, 1986; DE RUGGIERO, Roberto, “Instituciones de Derecho Civil”, Ed. Reus, Madrid, 1978, t. II, vol. 2º, p. 42; DASSEN, Julio, “La vocación hereditaria del cónyuge y el divorcio vincula”, JA, 1963-II-199.
(10) Ver JOSSERAND, “Derecho Civil”, nro. 558, t. II, vol. I, p. 448.
(11) BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, nro. 122, p. 114, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993; BELLUSCIO, Augusto C., “Alimentos y prestaciones compensatorias”, LA LEY, 1995-A, 1032; ESCRIBANO, Carlos, “Alimentos entre cónyuges”, Enciclopedia de RDF, t. I, p. 280, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1991.
(12) Ver HERRERA, Marisa, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. II, p. 697.
(13) Ver FANZOLATO, Eduardo I., “Alimentos y reparaciones en la separación y en el divorcio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, ps. 248/253.
(14) Ver BASSET, Úrsula C., en ALTERINI, Jorge H. (dir.), “Código Civil y Comercial Comentado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. III, p. 147.
(15) La interpretación que realizamos en el texto es la que se advierte de un pronunciamiento dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, rigiendo ya el Código Civil y Comercial. En efecto, impuso a cargo del cónyuge divorciado una cuota alimentaria a favor de su ex esposa; a pesar de que esta poseía dos títulos universitarios, era propietaria de un departamento de cuatro ambientes y de una camioneta. El Tribunal evaluó, con acierto, que la alimentada, originaria del Brasil pero que quería vivir en la Argentina, no había tenido posibilidad, a pesar de sus esfuerzos, de ejercer sus profesiones en nuestro país; por lo que “no puede considerarse una persona autosuficiente aquí en donde vive”. Desde luego, se tuvo en cuenta —para la fijación de la cuota— el muy alto nivel de vida e ingresos del alimentante (ver CNCiv., Sala L, 03/08/2017, “S. D. C., E. c. A., C.E., s/ Alimentos”, expte. 91.256/2013).
(16) Más allá del tema de la necesidad, que es propia de los alimentos, lo indicado en el texto —concretamente, nuestra alusión al “derecho eventual” de cada ex cónyuge— es aplicable también a las compensaciones económicas (ver MORANO, Estela – EISEN, Lucía S. – RATO, María Clara, “La compensación económica: presupuestos de procedencia”, RDF, nro. 79, mayo de 2017, p. 124, Ed. Abeledo-Perrot).
(17) Ver AZPIRI, Jorge O., en BUERES, Alberto J. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación. Analizado, comparado y concordado”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 346; FARAONI, Fabián E., “Acuerdos sobre alimentos en los supuestos de divorcio y separación de hecho”, RDF, nro. 78, marzo de 2017, p. 94, Ed. Abeledo-Perrot.
(18) Ver CNCiv., Sala B, 16/02/2009, “F., M. M. J. c. B., C. R. s/ Alimentos”, R. 521.264. En igual sentido, BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los Alimentos”, nro. 133, p. 119, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.
(19) Ver BELLUSCIO, Augusto C., “El matrimonio en el proyecto de reformas”, en ALEGRÍA, Héctor – MOSSET ITURRASPE, Jorge (dirs.), Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. I, p. 323, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013; AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 116, Ed. Abeledo-Perrot; BASSET, Úrsula C., en ALTERINI, Jorge H. (dir.), “Código Civil y Comercial”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. III, p. 148.
(20) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 117, Ed. Abeledo-Perrot.
(21) La mentada aplicación analógica a los alimentos —de la renta por un tiempo indeterminado que es dable establecer en la compensación económica— ha sido admitida como posible en un pronunciamiento judicial (ver CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala segunda, 06/06/2017, “K., E.C. c. B., A.R. s/ incidente de cesación de cuota alimentaria”, voto del Dr. Pilotti).
(22) Ver HERRERA, Marisa, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. II, p. 703; FARAONI, Fabián E., “Acuerdos sobre alimentos en los supuestos de divorcio y separación de hecho”, RDF, nro. 78, marzo de 2017, p. 99, Ed. Abeledo Perrot.
(23) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 117, punto 4, Ed. Abeledo-Perrot.
(24) Ver MAZZINGHI, Jorge A. M., “Derecho del cónyuge a percibir alimentos luego del divorcio”, LA LEY 2015-D, Online AR/DOC/1951/2015.
(25) Ver MIZRAHI, Mauricio L., “La necesidad de controlar la actividad judicial de jueces y abogados”, LL AR/DOC/3880/2016.
(26) Ver HERRERA, Marisa, en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Ed. Rubinzal-Cuzoni, Santa Fe, 2015, t. II, p. 699.
(27) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 114, Ed. Abeledo-Perrot.
(28) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 115, Ed. Abeledo-Perrot.
(29) Ver SOLARI, Néstor – BELLUSCIO, Claudio A., “Los alimentos en el proyecto de Código”, LA LEY 2012-E, 703, AR/DOC/3118/2012, punto III.
(30) Se ha distinguido la situación del cónyuge a la del divorciado, sosteniéndose que sólo en este último caso prevalecería el deber alimentario de los parientes del alimentista (ver FANZOLATO, Eduardo I., en BUERES, Alberto J. – HIGHTON, Elena I., “Código Civil y leyes complementarias”, nro. 5, Ed. Hamumrabi, Buenos Aires, 1995, t. 1, p. 964.
(31) BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídicos de los alimentos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 250.
(32) Ver AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 120, punto VI, Ed. Abeledo-Perrot.
(33) Ver ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, RDyF, diciembre de 2016, p. 20, punto V, Ed. La Ley; GALLI FIANT, María Magdalena, “Efectos del divorcio sobre los convenios alimentarios”, LA LEY del 08/02/2017, AR/DOC/151/2017, punto V; AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 118, punto IV, Ed. Abeledo-Perrot; MOLINA de JUAN, Mariel en KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída – HERRERA, Marisa – LLOVERAS, Nora, “Tratado de derecho de familia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, t. I, p. 278.
(34) Ver CNCiv., sala I, 01/12/2015, “M. L., N. E. c. D. B., E. A. s/ alimentos”, AR/JUR/70851/2015; KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída – HERRERA, Marisa – MOLINA de JUAN, Mariel, “La obligación alimentaria del cónyuge inocente y el derecho transitorio”, LA LEY del 30/05/2016, Online AR/DOC/1550/2016; CASTRO, Verónica, “Cesación de cuota alimentaria por sentencia de divorcio devenida de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial”, LA LEY del 24/11/2016, AR/DOC/3546/2016; BELLUSCIO, Claudio A., “Alimentos entre cónyuges fijados bajo la vigencia del Código Civil”, RDyF, abril de 2017, p. 43, Ed. La Ley; MINERVINI, Cintia B., “La obligación alimentaria postdivorcial tras la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación: una cuestión de derecho temporal acerca del valor de la autonomía de la voluntad”, RDF, 2017-II-38, Ed. Abeledo-Perrot. En contra: ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, RDyF, diciembre de 2016, p. 18, Ed. La Ley; RIVERA, Julio C., “Confiscación judicial del crédito por alimentos”, LA LEY del 26/06/2017, Online AR/DOC/1542/2017.
(35) Ver MIZRAHI, Mauricio L., “Familia, matrimonio y divorcio”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 318 y ss.; MIZRAHI, Mauricio L., “Deberes no jurídicos en el matrimonio e improcedencia de pagar compensaciones o indemnizaciones”, LA LEY del 17/04/20017, Online, AR/DOC/618/2017 y en DFyP, junio de 2017, p. 3, Ed. La Ley.
(36) La mentada preocupación la expone ARAZI, Roland, “Aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones existentes y a los procesos en trámite en el derecho de familia”, Revista de Derecho Procesal, nro. II, p. 31, 2015, Ed. La Ley, Buenos Aires.
(37) Ver BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, p. 154, § 189 y autores allí citados, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.
(38) Ver BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, p. 104, § 107, y la doctrina que allí se reseña, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.
(39) AZPIRI, Jorge O., “Alimentos post divorcio. Los límites del deber de asistencia”, RDF, nro. 74, abril de 2016, p. 115, Ed. Abeledo-Perrot.
(40) Ver ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, DFyP, diciembre de 2016, p. 19, punto IV, Ed. La Ley.
(41) Ver HERRERA, Marisa en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. II, p. 701.
(42) Ver BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 107, § 110, primer párrafo; ZANNONI, Eduardo A., “Alimentos debidos entre ex cónyuges”, DFyP, diciembre de 2016, p. 19, punto IV, Ed. La Ley; FARAONI, Fabián E., “Acuerdos sobre alimentos en los supuestos de divorcio y separación de hecho”, RDF, nro. 78, marzo de 2017, p. 98, Ed. Abeledo-Perrot.
(43) Ver BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, p. 107, § 110, segundo párrafo, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.
(44) LLAMBÍAS, Jorge J., “Código Civil anotado”, t. I, p. 613, y “Estudio de la reforma del Código Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, p. 401; FANZOLATO, “Alimentos y reparaciones en la separación y en el divorcio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 177/178; CNCiv, Sala A, 29/06/1972, ED, 44-335; íd., íd., 05/02/1974, ED 56-259, nro. 45; íd., Sala B, 24/03/1972, JA 15-1972-373; íd., íd., 19/06/1972, ED 44-342; íd., íd., 06/07/1976, ED 74-594; íd., Sala G, 11/11/1983, LA LEY, 1984-B, 283.
(45) LÓPEZ DEL CARRIL, Julio J., “Derecho y obligación alimentaria”, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1981, p. 267; GROSMAN, Cecilia P., “Tendencias actuales en el derecho alimentario de los cónyuges divorciados”, LA LEY 1982-A, 750; GARBINO, en BELLUSCIO, Augusto C. (dir.) – ZANNONI, Eduardo A. (coord.), “Código Civil y leyes complementarias”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998-2005, t. 1, p. 722; VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil, comentario al artículo 236”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 777 y 778, § 5; SOLARI, Néstor, “Naturaleza jurídica del convenio de alimentos en el divorcio consensual”, LA LEY, 1996-B, 993; CNCiv, Sala A, 19/03/1981, Rep. ED 16-74, nro. 3; íd., Sala D, 15/03/1977, ED 74-615; íd., Sala E, 21/06/1979, LA LEY, 1980-A, 282; íd., íd., 18/03/1983, LA LEY, 1983-D, 266; íd., Sala F, 14/09/1985, LA LEY, 1985-C, 277.
(46) BORDA, Guillermo A., “La reforma del Código Civil. Divorcio por presentación conjunta”, ED 32-882; GROSMAN, Cecilia P., “Tendencias actuales en el derecho alimentario de los cónyuges divorciados”, LA LEY, 1982-A, 750; CNCiv, Sala D, 15/03/1977, ED 74-615; íd., Sala E, 15/06/1979, ED 84-599.
(47) VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil, comentario al artículo 236”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 778, § 5; BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 131; SOLARI, Néstor, “Naturaleza jurídica del convenio de alimentos en el divorcio consensual”, LA LEY, 1996-B, 993.
(48) CNCiv, Sala C, 26/05/1978, LA LEY 1978-D, 130; LAGOMARSINO, Carlos A. R., “Divorcio por presentación conjunta”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 200; VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 835.
(49) FANZOLATO, Eduardo I., “Alimentos y reparaciones en la separación y en el divorcio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 174 y ss. Para otros autores, la naturaleza convencional o legal de los alimentos dependerá de la voluntad real de las partes; esto es, que se determinará en función del contenido del convenio (CAPPARELLI, Julio C., “La naturaleza de los alimentos acordados en el divorcio a favor de uno de los cónyuges”, ED 181-495).
(50) La postura que reprobamos en el texto la sostiene FANZOLATO, Eduardo I., “Alimentos y reparaciones en la separación y en el divorcio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 177 y 178.
(51) VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil, comentario al artículo 236”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 777, § 5.
(52) BOSSERT, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 130; SOLARI, Néstor, “Naturaleza jurídica del convenio de alimentos en el divorcio consensual”, LA LEY, 1996-B, 993.
(53) VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil, comentario al artículo 236”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 778, § 5; SOLARI, Néstor “Naturaleza jurídica del convenio de alimentos en el divorcio consensual”, LA LEY, 1996-B, 993.
(54) Ver, en el sentido indicado en el texto, CCiv. Com. y Lab. Gualeguaychú, 02/03/2016, “H. A. y S. A. I.”, MJ-JU-M-98120-AR/ MJJ98120; CFam. Mendoza, 11/05/2017, “G., D. A. en autos nro. 380/lf, C. c. G. p/ alimentos c. C., A. J. s/ inc. de cesación de cuota alimentaria”.
(55) VIDAL TAQUINI, Carlos H., “Matrimonio civil, comentario al artículo 236”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 777 y 778, § 5.