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Timestamp: 2019-05-26 22:16:14
Document Index: 326691880

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 295', 'artículo 115', 'artículo 87', 'artículo 87']

Électricité de France (EDF) produce, transporta y distribuye electricidad, en particular en el territorio francés. Al tiempo de los hechos, era una empresa pública perteneciente en su totalidad al Estado francés. En el marco de la apertura del mercado interior de la electricidad, 1 el Estado francés modificó en 1997 su legislación para aclarar el estatuto patrimonial de la empresa, reestructurar el balance de EDF y aumentar su capital.
El 16 de diciembre de 2003, la Comisión adoptó una Decisión 2 en la que constató que, en el marco de esa operación de reestructuración del balance y de aumento del capital de EDF, el Estado francés había renunciado a un crédito fiscal valorado en 888,89 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades del que era deudora EDF. La Comisión estimó que esa renuncia había tenido como efecto reforzar la posición competitiva de EDF frente a sus competidores y que constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. La Comisión calculó que el importe total de la ayuda a devolver por EDF ascendía a 1.217 millones de euros, incluidos intereses. EDF devolvió ese importe al Estado francés.
EDF, apoyada por Francia, presentó ante el Tribunal General una demanda de anulación parcial de esa Decisión. Mediante sentencia de 15 de diciembre de 2009, 3 el Tribunal General anuló efectivamente dicha Decisión, apreciando que la Comisión no podía válidamente negarse a examinar, a causa de la naturaleza fiscal de la medida adoptada, si el Estado francés había actuado como un inversor privado en una economía de mercado. Este criterio del inversor privado pretende determinar si la participación o la intervención pública en el capital de la empresa beneficiaria de la medida persigue un objetivo económico que también podría perseguir un inversor privado y se realiza por tanto por el Estado como operador económico, en igual concepto que un operador privado.
A raíz de esa sentencia, la Comisión interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia para obtener su anulación. A su entender, la naturaleza fiscal de la medida en cuestión se opone e la aplicabilidad del criterio del inversor privado ya que esa medida no está al alcance de un inversor privado. Además, dado que el concepto de ayuda es objetivo, el Tribunal General tuvo en cuenta indebidamente los objetivos pretendidos por el Estado francés.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación de la Comisión, considerando que la sentencia del Tribunal General no incurre en ningún error de Derecho.
El Tribunal de Justicia examina la cuestión de si un Estado miembro que es a la vez acreedor fiscal de una empresa pública y su único accionista puede invocar la aplicación del criterio del inversor privado cuando realiza una operación de aumento de capital de esa empresa renunciando a dicho crédito fiscal, o si debe excluirse ese criterio como hizo la Comisión en este asunto, dada la naturaleza fiscal del crédito y el hecho de que el Estado hizo uso de sus prerrogativas de poder público al renunciar a ese crédito.
El Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión 4 en materia de ayudas de Estado no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. En efecto, ese Derecho trata de prevenir que las ayudas concedidas bajo cualquier forma mediante recursos del Estado falseen la competencia en función de sus efectos, en especial al permitir que la empresa pública beneficiaria disponga de una situación financiera más favorable que la de sus competidores.
De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha considerado que los requisitos del concepto de ayuda no concurren si la empresa pública beneficiaria podía obtener la misma ventaja que se puso a su disposición mediante recursos del Estado en circunstancias que correspondan a las condiciones normales del mercado.
Pues bien, para apreciar si la misma ventaja se habría concedido en condiciones normales de mercado por un inversor privado que se encontrara en una situación lo más similar posible a la del Estado, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que sólo se deben tener en cuenta los beneficios y las obligaciones ligados a la situación de este último en calidad de accionista, con exclusión de los que le correspondan como poder público.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia observa que las funciones del Estado como accionista de una empresa, por un lado, y las del Estado cuando actúa como poder público, por otro, deben diferenciarse, y que la aplicabilidad del criterio de inversor privado depende en definitiva de que el Estado miembro interesado conceda una ventaja económica a una empresa que le pertenece, en su condición de accionista y no en la de poder público.
Además, el Tribunal de Justicia destaca que la situación financiera de la empresa pública beneficiaria no depende de la forma en que se ponga a su disposición esa ventaja, cualquiera que sea su naturaleza, sino del importe del que se beneficia en definitiva. En consecuencia, sin incurrir en un error de Derecho, el Tribunal General consideró que el criterio del inversor privado puede ser aplicable incluso si los medios empleados son de naturaleza fiscal.
No obstante, el Tribunal de Justicia puntualiza que si un Estado miembro invoca la aplicabilidad del criterio del inversor privado le incumbe acreditar inequívocamente y en virtud de factores objetivos y verificables que la medida ejecutada corresponde a su cualidad de accionista. En particular, esos factores deben poner de manifiesto con claridad que el Estado miembro interesado ha adoptado, con anterioridad o al mismo tiempo que la concesión de la ventaja económica, la decisión de realizar una inversión en la empresa pública controlada a través de la medida efectivamente ejecutada.
Si el Estado miembro interesado presenta esos datos, corresponderá a la Comisión llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier otro dato que le permita determinar si la medida en cuestión corresponde a la condición de accionista o a la de poder público de dicho Estado miembro. En consecuencia, el Tribunal General consideró válidamente que el objetivo pretendido por el Estado francés podía tomarse en consideración para determinar si ese Estado había actuado en calidad de accionista.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 5 de junio de 2012 (*)
Recurso de casación - Ayudas de Estado - Renuncia a un crédito fiscal - Exención del impuesto de sociedades -Aumento del capital social - Comportamiento del Estado como inversor privado diligente en una economía de mercado - Criterios que permiten diferenciar al Estado cuando actúa como accionista y al Estado cuando ejerce sus prerrogativas de poder público - Definición del inversor privado de referencia - Principio de igualdad de trato - Carga de la prueba
En el asunto C124/10 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 26 de febrero de 2010, Comisión Europea, representada por los Sres. E. Gippini Fournier, B. Stromsky y D. Grespan, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte recurrente, apoyada por: Autoridad de Vigilancia AELC, representada por los Sres. X. Lewis y B. Alterskjær, en calidad de agentes, parte coadyuvante en casación, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Électricité de Francia (EDF), con domicilio social en París, representada por Me M. Debroux, avocat,
parte demandante en primera instancia, República Francesa, representada por los Sres. G. de Bergues y J. Gstalter, en calidad de agentes, Iberdrola, S.A., con domicilio social en Bilbao, representada por los Sres. J. Ruiz Calzado y É. Barbier de la Serre, abogados,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot y M. Safjan, Presidentes de Sala, y los Sres. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev (Ponente) y D. váby y la Sra. M. Berger, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mazák; Secretaria: Sra. R. Seres, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de julio de 2011; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de octubre de 2011; dicta la siguiente
1 Mediante su recurso de casación la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2009, EDF/Comisión (T156/04, Rec. p. II4503, en lo sucesivo, sentencia recurrida), que anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión 2005/145/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (DO 2005, L 49, p. 9; en lo sucesivo, Decisión controvertida).
2 El artículo 38, apartado 2, del Código general de impuestos francés (en lo sucesivo, CGI) dispone:
El beneficio neto es la diferencia entre los valores del activo neto al cierre y a la apertura del ejercicio cuyos resultados han de servir de base para el impuesto, previa la deducción de las aportaciones adicionales y la suma de las cantidades retiradas durante dicho ejercicio por el explotador o por los socios. Por activo neto se entiende el importe en el cual el activo supera la parte del pasivo que representan en total las deudas con terceros, amortizaciones y provisiones justificadas.
3 El artículo 4, apartados I y II, de la Ley n.º 971026, de 10 de noviembre de 1997, de medidas urgentes de carácter fiscal y financiero (JORF de 11 de noviembre de 1997, p. 16387), dispone:
I. Se presumirá que las instalaciones de la red de suministro general de energía eléctrica han sido propiedad de Électricité de France [(en lo sucesivo, EDF)] desde que le fue atribuida la concesión de dicha red.
II. Para la aplicación de las disposiciones del [apartado] I, al 1 de enero de 1997, el contravalor de los bienes específicos comprendidos en la concesión de la red de suministro general que figuran en el pasivo del balance de [EDF], excluidas las diferencias de revaluación correspondientes, se asentará en la partida Dotaciones de capital.
4 EDF produce, transporta y distribuye electricidad, en particular en el conjunto del territorio francés. Creada por la Ley n.º 46-628, de 8 de abril de 1946, de nacionalización de la electricidad y del gas (JORF de 9 de abril de 1946, p. 2651), que nacionalizó el sector de la electricidad en Francia (JORF de 9 de abril de 1946, p. 2651), EDF pertenecía en su totalidad al Estado en el momento de adoptarse la decisión de iniciar el procedimiento previsto por el artículo 88 CE, apartado 2, en 2002.
5 El artículo 36 de la Ley n.º 46-628 estableció el principio de la transferencia a EDF de las concesiones de electricidad nacionalizadas. Las diferentes concesiones de transporte de electricidad otorgadas por el Estado se unificaron en 1958 en una concesión única, denominada réseau dalimentation générale, en lo sucesivo, RAG (red de alta tensión general).
6 La aplicación a EDF del plan general contable de 1982, que contenía reglas contables específicas para las concesiones, llevó a partir de 1987 a tener en cuenta las obligaciones específicas que deben asumir los concesionarios, sobre quienes pesa la obligación de devolución de los bienes concedidos en buen estado de funcionamiento al término de la concesión, en virtud del principio de continuidad de los servicios públicos.
8 En aplicación del citado plan contable específico de EDF la RAG se asentó en el activo del balance de EDF, en la partida titulada Inmovilizado material del dominio concedido y entre 1987 y 1996 se constituyeron provisiones específicas en concepto de renovación del inmovilizado concedido, destinadas a permitir que el concesionario devolviera esos bienes al concedente en perfecto estado al término de la concesión.
9 Los gastos de renovación efectuados por EDF se asentaron en el balance en la partida titulada Contravalor de los bienes objeto de concesión. Esa partida, denominada también Derechos del concedente, representaba una deuda de EDF frente al Estado francés, ligada a la devolución gratuita de los bienes sustituidos al término de la concesión.
11 El contrato de gestión de servicio público EstadoEDF 19972000, firmado el 8 de abril de 1997, preveía una normalización de las cuentas de la empresa y de sus relaciones financieras con el Estado, con la perspectiva de la apertura del mercado de la electricidad prevista por la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20). Con esa perspectiva se adoptó la Ley n.º 971026.
- en el activo figuraba una partida titulada Inmovilizado material del dominio concedido por importe de 285.700 millones de FRF, de los cuales cerca de 90.000 millones de FRF por el concepto de la RAG;
- en el pasivo figuraba una partida titulada Provisiones, de la que cerca de 38.500 millones de FRF correspondían a la RAG, así como una partida titulada Contravalor de los bienes objeto de concesión que recogía los gastos de renovación realizados. Esta partida ascendía a 145.200 millones de FRF, de los que 18.300 millones correspondían a la RAG.
13 En aplicación del artículo 4 de la Ley n.º 97-1026, la reestructuración del balance de EDF se comunicó a EDF en un escrito de 22 de diciembre de 1997 del Ministro de Economía, Hacienda e Industria, del Secretario de Estado del Presupuesto y del Secretario de Estado de Industria, y en particular en su anexo 1. Las consecuencias fiscales de esa reestructuración se exponían en el anexo 3 del mismo escrito. En el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General resumió las operaciones realizadas en el marco de dicha reestructuración como sigue:
- en primer lugar, los bienes constitutivos de la RAG fueron reclasificados, por importe de 90.325 millones de FRF, como bienes propios y perdieron así la calificación de bienes objeto de concesión;
- en segundo lugar, las provisiones para renovación de la RAG no utilizadas, por importe de 38.521 millones de FRF, fueron contabilizadas como beneficio no distribuido, sin asentarse previamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, y fueron reclasificadas por importe de 20.225 millones de FRF como pérdidas de ejercicios anteriores, de forma que dicha cuenta resultó así liquidada y el saldo de 18.296 millones de FRF se afectó a las reservas. A pesar de que esas reclasificaciones no pasaron por la cuenta de resultados, las mismas dieron lugar a la apreciación de un resultado imponible, gravado al tipo del 41,66 % en aplicación del artículo 38, apartado 2, del Código general de impuestos;
- en tercer lugar, los derechos del concedente se afectaron directamente a la partida de dotaciones de capital por importe de 14.119 millones de FRF (de un total de 18.345 millones de FRF) sin asentarse previamente en la cuenta de resultados, con anotación del saldo en diversas cuentas de revaluación.
Los derechos del concedente correspondientes a la RAG representan una deuda indebida que la incorporación al capital ha exonerado del impuesto de forma injustificada.
Esas provisiones fueron incorporadas al capital sin incidencia fiscal, al no estar sujeta la RAG al régimen fiscal y contable de las concesiones. Dado que la RAG estaba integrada por bienes propios, EDF no estaba obligada respecto al Estado por deuda alguna de devolución de dichos bienes, de modo que los importes correspondientes que figuraban en la partida Derechos del concedente no constituyen un pasivo real, sino una reserva no exenta de impuesto. Siendo así, antes de su incorporación al capital esa reserva habría debido trasferirse desde el pasivo del establecimiento, en el que figuraba indebidamente, a una cuenta de situación neta, lo que habría dado lugar a una variación positiva de activo neto imponible en aplicación del artículo 38, [apartado 2], ya citado.
La ventaja impositiva así obtenida puede evaluarse en 5.880 [millones de FRF] (14.119 x 41,66 %) [es decir, 888,89 millones de euros, según la conversión realizada por la Comisión conforme al tipo de cambio FRF/euro al 22 de diciembre de 1997].
2. La reforma contable de 1997 puede calificarse como una dotación complementaria de capital de importe equivalente a la exención parcial de impuesto, cuya finalidad fue también subsanar una subcapitalización.
Los derechos del concedente RAG ya se consideraban antes de 1997 como fondos cuasipropios a causa de la especial situación derivada de la doble cualidad del Estado en relación con EDF: autoridad concedente y propietario. En esas condiciones, se estimaba implícito que los derechos del concedente no constituían una deuda realmente exigible de EDF frente al Estado.
- Afectar como capital un importe neto tras el pago del impuesto de sociedades;
- Solicitar el pago por EDF del impuesto de sociedades correspondiente a la variación de activo neto;
- Llevar a cabo una dotación complementaria de capital de importe equivalente al impuesto pagado.
Por otro lado, cabe recordar que la reordenación contable de las provisiones para renovación de la RAG se efectuó [...] también para restablecer una estructura de balance más ajustada a la de empresas de sectores industriales comparables.
El que EDF no pagara, en 1997, el impuesto de sociedades sobre la parte de las provisiones constituidas con exención de impuestos para la renovación de la RAG, por un importe equivalente a los 14.119 millones de [FRF] de derechos del cedente reclasificados en dotaciones de capital, constituye una ayuda estatal incompatible con el mercado común.
El elemento de ayuda correspondiente al importe no pagado del impuesto de sociedades asciende a 888,89 millones de euros.
Francia adoptará todas las medidas necesarias para obtener de EDF la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 3, que ha sido puesta a su disposición ilegalmente.
(88) La carta del Ministro de Economía en la que se establecen las consecuencias fiscales de la reestructuración del balance de EDF pone de manifiesto que las autoridades francesas gravaron las provisiones para la renovación de la RAG no utilizadas con el impuesto de sociedades al tipo del 41,66 % aplicable en 1997.
(89) En cambio, con arreglo al artículo 4 de la Ley n.º 97/1026 [...] una parte de esas provisiones -los derechos del cedente- correspondiente a las operaciones de renovación ya realizadas se reclasificó como dotaciones de capital por importe de 14.119 millones de FRF sin ser sometida al impuesto de sociedades [...] En una nota de la Dirección General de Impuestos de 9 de abril de 2002, dirigida a la Comisión, las autoridades francesas [...] constatan que la ventaja impositiva obtenida así [por EDF en 1997] puede cifrarse en 5.880 millones de [FRF] (14.119 × 41,66 %), es decir, en 888,89 millones de euros.
(97) En efecto, si un Estado miembro, además de ejercer su función de poder público, tiene la posibilidad de actuar como accionista, no puede mezclar sus funciones estatales de ejercicio del poder público y las de accionista. La autorización de los Estados miembros para utilizar sus prerrogativas de poder público al servicio de sus inversiones en empresas activas en mercados abiertos a la competencia privaría de todo efecto útil a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Además, si bien el Tratado, en virtud de su artículo 295, es neutro respecto de la propiedad del capital, es evidente que las empresas públicas deben ser sometidas a las mismas normas que las empresas privadas. Si el Estado utilizara en beneficio de las empresas de las que es accionista sus prerrogativas de poder público, se rompería la igualdad de trato entre empresas públicas y privadas.
25 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de marzo de 2008 Iberdrola, S.A. (en lo sucesivo, Iberdrola), solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Dado que la demanda de intervención fue presentada tras la terminación del plazo de seis semanas previsto por el artículo 115, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por auto de 5 de junio de 2008 se admitió la intervención de Iberdrola en apoyo de las pretensiones de la Comisión, y la presentación por esa parte de sus observaciones en la fase oral.
31 En los apartados 240 a 242 de esa sentencia el Tribunal General recordó que los derechos del concedente se afectaron directamente a la partida de dotaciones de capital por importe de 14.119 millones de FRF, sin asentarse previamente en la cuenta de resultados. Puso de relieve que la Comisión había estimado que sólo la falta de imposición de los derechos del concedente antes de la dotación de capital constituía una ayuda de Estado, y que todas las partes concordaban en considerar que se habría debido pagar un impuesto por el importe de 14.119 millones de FRF antes de que fuera anotado en la partida titulada Dotación de capital.
- anule la sentencia recurrida, en cuanto en ella el Tribunal General anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión controvertida y condenó a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de EDF;
- desestime la tercera parte del segundo motivo aducido por EDF en primera instancia;
- devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen; y
- reserve la decisión sobre las costas del procedimiento.
- estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida, y
- devuelva el asunto al Tribunal General.
- estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida;
- desestime la tercera parte del segundo motivo aducido por EDF;
- devuelva el asunto al Tribunal General, y
- condene a EDF al pago de las costas, incluidas las de Iberdrola.
- desestime el recurso de casación, y
56 En la segunda parte del segundo motivo la Comisión considera que el Tribunal General no trató de determinar si el comportamiento seguido por el Estado francés era comparable al de un inversor privado, ya que su análisis no se refiere al mecanismo corto previsto por la Ley n.º 97-1026 sino al mecanismo largo, consistente ante todo en afectar a la partida Dotación de capital un importe neto tras el pago del impuesto, en solicitar después a EDF el pago del impuesto correspondiente a la variación de activo neto y en realizar finalmente una dotación complementaria de capital de importe igual al impuesto pagado.
57 Ahora bien, según la Comisión la elección de uno u otro de esos procesos no es irrelevante puesto que en el mecanismo largo el presupuesto del Estado garantiza la transparencia, mientras que en el mecanismo corto, aplicado en el presente asunto, los recursos empleados eluden toda disciplina presupuestaria. Así pues, la igualdad ante el impuesto se ha quebrado ya que EDF se benefició de un trato especial sin transparencia alguna.
76 De la jurisprudencia se deduce que una medida concedida por medio de fondos del Estado que coloca a la empresa beneficiaria en una situación financiera más favorable que la de sus competidores, y que por ese motivo falsea o amenaza falsear la competencia a la vez que afecta a los intercambios entre Estados miembros, no puede eludir de entrada la calificación como ayuda en el sentido del artículo 87 CE en razón de los objetivos perseguidos por dicho Estado (véanse en ese sentido las sentencias de 19 de mayo de 1999, Italia/Comisión, C6/97, Rec. p. I2981, apartado 15; de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C156/98, Rec. p. I6857, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 9 de junio de 2011, Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión, C71/09 P, C73/09 P y C76/09 P, Rec. p. I0000, apartado 94 y jurisprudencia citada).
77 En efecto, el apartado 1 de dicha disposición no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos (sentencia Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión, antes citada, apartado 94 y jurisprudencia citada).
78 No obstante, también resulta de una reiterada jurisprudencia que los requisitos que debe reunir una medida para incluirla en el concepto de ayuda en el sentido del artículo 87 CE no concurren si la empresa pública beneficiaria podía obtener la misma ventaja que se puso a su disposición mediante recursos del Estado en circunstancias que correspondan a las condiciones normales del mercado, apreciación que en el caso de las empresas públicas se realiza aplicando en principio el criterio del inversor privado (véanse en ese sentido las sentencias de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C303/88, Rec. p. I1433, apartado 20; de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión, C482/99, Rec. p. I4397, apartados 68 a 70, y Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión, antes citada, apartado 91 y jurisprudencia citada).
79 En especial, de la jurisprudencia se deduce que, para apreciar si la misma medida se habría adoptado en condiciones normales de mercado por un inversor privado que se encontrara en una situación lo más similar posible a la del Estado, sólo se deben tener en cuenta los beneficios y las obligaciones ligados a la situación de este último en calidad de accionista, con exclusión de los que le correspondan como poder público (véanse en ese sentido las sentencias de 10 de julio de 1986, Bélgica/Comisión, 234/84, Rec. p. 2263, apartado 14, y 40/85, Rec. p. 2321, apartado 13; de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, C278/92 a C280/92, Rec. p. I4103, apartado 22, y de 28 de enero de 2003, Alemania/Comisión, C334/99, Rec. p. I1139, apartado 134).
90 Así pues, esa disposición y ese criterio pretenden prevenir que, mediante recursos del Estado, la empresa pública beneficiaria disfrute de una situación financiera más favorable que la de sus competidores (véanse en ese sentido las sentencias de 15 de marzo de 1994, Banco Exterior de España, C387/92, Rec. p. I877, apartado 14, y de 19 de mayo de 1999, Italia/Comisión, antes citada, apartado 16).
101 Sobre la cuestión de si en el presente asunto era necesario definir un inversor de referencia, es preciso observar que la jurisprudencia en la que se apoyan la Comisión, la Autoridad de Vigilancia AELC e Iberdrola se refiere a la imposibilidad total de comparar la situación de una empresa pública con la de una empresa privada que no actúe en un sector reservado (véase en ese sentido la sentencia de 3 de julio de 2003, Chronopost y otros/Ufex y otros, C83/01 P, C93/01 P y C94/01 P, Rec. p. I6993, apartado 38).