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Timestamp: 2016-10-23 09:56:44
Document Index: 154508298

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 3', 'artículo 249', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 259', 'artículo 117', 'artículo 327', 'artículo 18', 'artículo 112', 'artículo 249', 'artículo 112', 'artículo 110', 'artículo 108', 'artículo 249', 'artículo 112']

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina, a practicar asiento de presentación
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina, a practicar asiento de presentación	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina, a practicar asiento de presentación Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina, a practicar asiento de presentación Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cocentaina, don Miguel Soria López a practicar asiento de presentación.
El día 28 de diciembre de 2007, doña María Laura Muñoz Alonso, Notaria de Muro de Alcoy, autorizó una escritura hipoteca con el número de protocolo 1973.
El título se presentó telemáticamente en el mismo día, si bien que fruto de un error informático no predicable del notario autorizante del título, no llegó a presentarse en el Registro de la Propiedad, generando un aviso de error. El notario autorizante del título reiteró la presentación telemática el día 2 de enero de 2008, causando el asiento de entrada número 20.
Como adecuadamente afirma el registrador, el día 3 de enero de 2008, que no 4, como sostiene la notaria, se denegó la práctica del asiento de presentación con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
«Hecho: Presentación del documento fuera de plazo.
El art. 249.2 del Reglamento Notarial establece: «El notario deberá expedir y remitir la copia autorizada electrónica en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el mismo día de autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil siguiente. Se exceptúa el supuesto de imposibilidad técnica del que deberá quedar constancia en la copia que se expida en soporte papel de la causa o causas que justifican esa imposibilidad, en cuyo caso podrá presentarse mediante telefax en los términos previstos en el apartado siguiente.»
La dicción literal del precepto parece dejar claro la existencia en el procedimiento telemático de un plazo de presentación. La referencia a que en caso de imposibilidad técnica se deba presentar por telefax, nos lleva a aplicar el artículo 3 de la Instrucción de la DGRN de 2 de diciembre de 1996, que literalmente dice: «Cuando el Notario por su propia voluntad o necesariamente cuando así lo solicite el interesado, remita al Registrador la comunicación a que se refiere el artículo 249 del Reglamento Notarial, deberá hacerlo el mismo día del otorgamiento o, al menos y sin perjuicio de la responsabilidad civil o disciplinaria en que pudiera incurrir, dentro de las 24 horas siguientes. En otro caso, el Registrador denegará la práctica del asiento de presentación y archivará el documento, comunicándoselo al Notario solicitante.»
En caso de incumplimiento del plazo establecido se plantea el problema de si debe o no practicarse el asiento de presentación. Mientras la DGRN no se pronuncie en sentido contrario, el propio texto del artículo 249.2 del Reglamento Notarial, nos lleva a la aplicación analógica del artículo 3 de la Instrucción de la DGRN de 2 de diciembre de 1996, al establecer un plazo de remisión de la copia electrónica idéntico al que rige para la presentación por telefax.»
Dicha denegación fue recurrida por la notaria el día 11 de enero de 2008, con entrada en el citado registro el 14 del mismo mes y año. Sintéticamente los argumentos esgrimidos por la notaria son: primero, la invocación de la Resolución de este Centro Directivo de 4 de junio de 2007 en lo relativo a que la denegación del asiento de presentación es una auténtica calificación susceptible de recurso; segundo, porque el registrador carece en el ejercicio de su función de la independencia predicable de un juez -Resoluciones de 11 y 13 de noviembre de 2006, entre otras-, de donde sentada la doctrina a aplicar por la Dirección General de los Registros y del Notariado en vía de recurso los registradores debían acatar la misma, al tener carácter vinculante; tercero y último, reitera a tal fin el contenido de la resolución de este Centro Directivo de 4 de junio de 2007, del que se deriva que no es obstáculo para practicar el asiento de presentación el hecho de que el notario incumpla el plazo a que se refiere el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, que exige del notario que el título se presente telemáticamente en el mismo día de su autorización o en el inmediato hábil posterior.
El registrador previa elaboración de su informe elevó a este Centro Directivo el expediente de recurso para su resolución, teniendo entrada el pasado 22 de enero de 2008.
Vistos los artículos 117 de la CE, 18, 19 bis, 249, 258.4, 259, 327 de la Ley Hipotecaria, 17 bis de la Ley del Notariado, 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 418.4 del Reglamento Hipotecario, 249 del Reglamento Notarial, Real Decreto 2537/1994, de 29 de diciembre, Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado 2 de diciembre de 1996; Sentencias de la Audiencia Provincial de Zamora de 12 de julio de 2005, Audiencia Provincial de Málaga de 30 de junio de 2006, Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 24 de noviembre de 2006, Audiencia Provincial de Guadalajara, de 12 de diciembre de 2006 y Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de junio de 2007; Resoluciones de 17 de septiembre, 15 y 19 de octubre de 2004, 20 de abril de 2005, 23 de mayo de 2005, 13 de noviembre de 2006 y 4 de junio de 2007.
1. Se plantea en este recurso, nuevamente, una cuestión ya resuelta por esta Dirección General en su Resolución de 4 de junio de 2007, objeto de cita por la notaria recurrente.
En cuanto al informe del registrador es doctrina constante de esta Dirección General y, por ende, vinculante para el registrador ex artículo 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria que el mismo debe referirse a las cuestiones de mero trámite del procedimiento de recurso, sin contestar a los argumentos de éste y sin adicionar nuevas razones que fundan su calificación.
Por ello, esta Dirección General, máxime a la luz de las reformas introducidas en el procedimiento registral, claramente administrativizado desde la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en defensa y garantía del interesado en la inscripción, rechazó considerar cualquier argumento que se invocara en el informe, reiterando en diversas ocasiones cuál debía ser el contenido del mismo -entre otras, Resoluciones de 20 de abril de 2005, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de junio de 2007; de 23 de mayo de 2005, confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 12 de diciembre de 2006; 19 de octubre de 2004, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 24 de noviembre de 2006; 15 de octubre de 2004, confirmada judicialmente por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 12 de julio de 2005 y Resolución de 17 de septiembre de 2004, confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 30 de junio de 2006.
Idéntica reflexión debe predicarse del valor vinculante de las resoluciones de esta Dirección General una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado, mientras no se anulen por los Tribunales (artículo 327, párrafo décimo) y de las razones en que descansa esa vinculación.
Así, el registrador no puede en el ejercicio de su función calificadora desconocer la doctrina expuesta por su superior jerárquico -Dirección General de los Registros y del Notariado (artículo 259 de la Ley Hipotecaria)-, aun cuando disienta de ella, pues el registrador no es un juez del que es carácter insoslayable su independencia (artículo 117 de la CE), sino un funcionario público que debe ejercer su función con plena sumisión a los principios de legalidad y jerarquía, siendo así que el primero le impone acatar las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando resuelve recursos frente a calificaciones negativas (vid. «ut supra» artículo 327, párrafo 10, de la Ley Hipotecaria) y el segundo funda esa sumisión a tal órgano superior, pues el registrador ejerce una función pública en el ámbito de una Administración jerarquizada, siendo así que tras la Constitución el artículo 18 de la Ley Hipotecaria no puede entenderse en el sentido de que cada funcionario calificador pueda calificar un título como entienda oportuno y, por tanto, desconociendo la doctrina de su superior jerárquico, habiendo tenido expresa plasmación este principio en la misma Ley Hipotecaria (por todas, Resolución de 13 de noviembre de 2006 de la Dirección General de los Registros y del Notariado).
Por ello, se debe reiterar, una vez más, y «ad pedem litteram» lo que se sostuvo en dicha Resolución de 13 de noviembre de 2006, con relación a dicha vinculación. Se afirmaba que « resulta evidente que la posición de subordinación jerárquica de los funcionarios calificadores, respecto de este Centro Directivo, se manifiesta en la obligatoriedad de acatar la doctrina de las Resoluciones de éste, cuando se resuelve recursos frente a calificaciones negativas; y ello, porque para poner fin a una situación de inseguridad jurídica el Legislador entendió que ante la dispar interpretación de un precepto efectuada por cualquier funcionario calificador, era competencia de esta Dirección General sentar la doctrina aplicable al caso en vía de recurso; doctrina que es de obligado acatamiento con sólo dos requisitos: primero, que se publique en el «Boletín Oficial del Estado», para que sea de público conocimiento a todos los registradores y, segundo, que dicha resolución no fuera anulada por los Tribunales en sentencia firme.
Por ello, basta sólo la publicación en el periódico oficial sin más, para dotar a esa Resolución de obligatoriedad respecto de todos los funcionarios calificadores, ya que tal Resolución no es sino un acto administrativo dotado de ejecutividad y ejecutoriedad, sin que la interposición del recuso judicial frente a la misma, suspenda su eficacia. Y, por la razón expuesta, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, modificó el párrafo décimo del art. 327 de la Ley Hipotecaria para evitar interpretaciones gramaticales e interesadas, ajenas al espíritu de la Ley, consistentes en que la vinculación era de los Registros, pero no de los titulares del mismo; y, por esa razón, se tipificó como infracción grave el incumplimiento de las «resoluciones de carácter vinculante de la Dirección General de los Registros y del Notariado» [art. 313.B).k) de la Ley Hipotecaria].
En efecto, los requisitos para que surja esa vinculación y su fundamento ha sido también expuesto en diversas Resoluciones de este Centro Directivo, como son las de 5 de mayo de 2005 y 28 de septiembre de 2005 o, más recientemente, las que cita el recurrente en su recurso.
En tales Resoluciones se afirma que «como puede pues apreciarse de la simple lectura del art. 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria EDL1946/59, la vinculación y obligatoriedad para todos los Registros no depende de la firmeza de la Resolución; depende, simplemente, de que la misma se haya publicado en el periódico oficial expuesto, pues desde dicho momento y sin otro requisito será vinculante.
Tal circunstancia es coherente con la naturaleza jurídica de las Resoluciones de esta Dirección general y resulta, igualmente, congruente con la naturaleza de la función pública registral y del funcionario que la presta, como a continuación se expondrá.
El carácter vinculante de las resoluciones de este Centro Directivo encuentra su fundamento en tres razones esenciales: primera, el carácter de funcionario público a todos los efectos del Registrador; segunda, su posición de subordinación jerárquica a esta Dirección General cuando ejerce su función pública; y, tercera y última, en la necesidad de dotar al sistema de seguridad jurídica preventiva de la necesaria predictibilidad, de modo que cualquier Registrador ante supuestos idénticos resuelva del mismo modo, para así evitar cualquier tipo de perjuicio a quien pretenda inscribir un acto o negocio jurídico en un Registro.
Esta última razón se conecta, de modo natural, con las debidas garantías de las que disfruta el interesado frente a la Administración, pues no puede olvidarse que los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles son Administración a estos efectos, y sus resoluciones son actos de Administración fundados en Derecho privado que se dictan por un funcionario público.
Pues bien, comenzando por el análisis de la primera razón, resulta palmario que el Registrador es un funcionario público (art. 274 de la Ley Hipotecaria) al que le está vedado criticar, desconocer o comentar, en su calificación o, en su caso, en el informe, las resoluciones de su superior jerárquico, es decir, de este Centro directivo; y ello, como le ocurre a cualquier otro funcionario público, pues uno de los principios básicos de organización administrativa es el de jerarquía (art. 103.3 de la Constitución).
Por otra parte, sería paradójica y, en cualquier caso, objeto de corrección disciplinaria -art. 7.1.a) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado- la conducta consistente en que un funcionario, de modo consciente y premeditado, resolviera en sentido contrario al que haya decidido su superior jerárquico, máxime cuando existe un pronunciamiento legal, claro y terminante que atribuye carácter vinculante a las resoluciones de ese superior jerárquico -cfr. art. 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria.
Además y, entrando en el análisis del segundo y tercer fundamento de ese carácter vinculante, se ha reiterar que cuando el art. 18 de la Ley Hipotecaria exige que el Registrador califique bajo su responsabilidad, no se está refiriendo a que dicho funcionario pueda calificar desconociendo las decisiones de su superior jerárquico. No resulta admisible, por un mero principio de seguridad jurídica, que un mismo negocio jurídico o precepto pueda ser objeto de múltiples y dispares interpretaciones, máxime cuando esta Dirección General ya ha resuelto sobre el sentido que se ha de dar a un concreto problema jurídico pues, en caso contrario, se estaría quebrando un principio de organización administrativa consagrado en la Constitución, como es el de jerarquía (art. 103.3 de la Constitución), con la lógica ineficiencia e inseguridad que se traslada al ciudadano; y todo ello, sin justificación alguna.».
Y si reiteramos extensamente esa doctrina es para advertir al funcionario calificador de la necesidad de que sujete su calificación al contenido de tal doctrina cuando existe identidad de supuesto, como es el caso analizado en el presente recurso, evitando con ello daño y perjuicio al interesado en la inscripción, dilación injustificada en el despacho de los documentos y, en suma, un menoscabo infundado de la necesaria agilidad que ha de exigírsele en el ejercicio de su función pública, evitando situaciones de inseguridad jurídica.
Por último, y antes de abordar el fondo del recurso interpuesto, se ha de señalar, en línea con lo que se sostuvo en la Resolución de 4 de junio de 2007, que es plenamente recurrible la denegación del asiento de presentación (artículos 249 y 258.4 de la Ley Hipotecaria), debiendo tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, pues nos encontramos ante una calificación en sentido estricto. En el supuesto analizado, no obstante, esta cuestión es pacífica. Se incluye, pues, esta mención a los solos efectos de reiterar la plena aplicación de la doctrina contenida en aquella resolución y la vinculación de todos los registradores a la misma.
2. Resueltas las cuestiones procedimentales, debe abordarse el fondo del recurso. La notaria entiende que es de plena aplicación al supuesto analizado lo ya expuesto por este Centro Directivo en su Resolución de 4 de junio de 2007; por el contrario, el registrador entiende que esa doctrina no le vincula, pues a su entender se refiere al artículo 112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que no al artículo 249.2 del Reglamento Notarial, de modo que es de aplicación analógica a la presentación telemática, en lo relativo a la obligatoriedad del plazo de presentación, lo sostenido por este Centro Directivo en su Instrucción de 2 de diciembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 18 del mismo mes y año).
En consecuencia, la calificación del registrador debe limitarse en este aspecto a las siguientes tareas que son esenciales: a) comprobar que el documento ha sido firmado electrónicamente por el Notario que expide la copia (artículo 112.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre); b) que el certificado con el que se firma electrónicamente dicha copia autorizada es del notario que expide la misma (artículos 112.2, en relación al artículo 110 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y 224.4 del Reglamento Notarial); c) que dicho certificado está vigente cuando se expide la copia y se remite la misma, lo que el registrador deberá comprobar mediante el acceso al directorio del Consejo General del Notariado en el que consten tales extremos, como le sucede al notario con el certificado del registrador con el que éste debe inexcusablemente firmar la notificación del asiento de presentación, su denegación, práctica de inscripción y datos de inscripción o calificación negativa, (artículos 110 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). En este sentido, carece de aplicación alguna la Instrucción de 18 de marzo de 2003, en lo relativo a la denominada certificación maestra, pues ese sistema ha sido sustituido plenamente por lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 108 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esto es, que el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado deberán disponer de un directorio actualizado donde conste la condición de registrador o notario en activo al tiempo de la firma de la calificación o comunicación o del instrumento público, así como la vigencia, revocación y suspensión del certificado electrónico con el que se haya firmado, y d) que la copia autorizada se ha expedido para la finalidad que se utiliza, lo que se ha de hacer constar en el pie de copia, y que no han transcurrido más de treinta días -sesenta días en la actualidad- desde que se expide la misma, pues en tal caso la copia autorizada decae en cuanto a su eficacia para el fin que se expide.
Pues bien, no sólo es que lo que afirma la registradora sea de difícil comprensión, sino que, aún más, su argumento implica una extralimitación de su función, pues el hecho de que entre la hora de remisión («time stamping» en el que el título es remitido por el Notario a través de su sistema de información corporativo) y la hora de entrada («time stamping» impuesto por el sistema de información corporativo registral cuando accede al Registro) exista una dilación temporal no empece en lo más mínimo al hecho de que el título es plenamente válido para surtir los efectos para los que se expide, sobre todo, si el registrador no aprecia ningún defecto en las materias que puede calificar.»
Tercera, porque sin entrar a valorar la naturaleza, aplicación actual e hipotética eficacia de la Instrucción de 2 de diciembre de 1996, que se dictó en el marco de unas dudas que había suscitado la aplicación del Real Decreto 2537/1994, de 29 de diciembre, lo cierto es que la misma se refiere a un supuesto que nada tiene que ver con la presentación telemática. En resumen, y aún admitiendo a los solos efectos argumentativos que dicha Instrucción fuera todavía de aplicación al telefax, en circunstancia que debe negarse, ya que la nueva redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, al artículo 249 del Reglamento Notarial no ha incorporado tal previsión, lo cierto es que la citada previsión contemplaba un supuesto distinto al de la presentación telemática.
Cuarta y última, porque no resulta admisible aplicar analógicamente una Instrucción que no sólo se refería a otro supuesto, sino que de la misma se derivan efectos negativos para el interesado en la inscripción, sin que estos efectos estén expresamente previstos. En otras palabras, no cabe aplicación analógica de un precepto, cuando la norma que rige la materia -artículo 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y 249.2 del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero-no ha previsto semejante efecto, pues en tal caso no existe laguna de ley que deba ser integrada por aplicación analógica alguna, ya que la norma, simplemente, no ha querido dar tal efecto a dicha dilación entre el día de autorización, expedición de copia autorizada electrónica y presentación telemática de ésta. En suma, semejante efecto -invalidez de la copia autorizada electrónica a los efectos de causar asiento de presentación cuando existe dilación entre su expedición y presentación en un registro- requería de una previsión normativa expresa y la misma no existe, porque lo presentado es el mismo título.
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Muro de Alcoy doña María Laura Muñoz Alonso, contra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina, a practicar asiento de presentación	Trámites