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Timestamp: 2017-08-18 14:30:16
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Mensaje de s. E. La presidenta de la república con el que inicia un proyecto de ley que crea la universidad estatal de la región del libertador general bernardo o´higgins y la universidad estatal de la región de aysén del general carlos ibáÑez del campo
título Mensaje de s. E. La presidenta de la república con el que inicia un proyecto de ley que crea la universidad estatal de la región del libertador general bernardo o´higgins y la universidad estatal de la región de aysén del general carlos ibáÑez del campo
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
Santiago, 17 de junio de 2014.-
MENSAJE Nº 189-362/
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto crear la Universidad de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la Universidad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
1. Fortalecimiento de las instituciones de Educación Superior del Estado
La educación superior es una herramienta fundamental para alcanzar el pleno desarrollo social, cultural, científico y productivo de la nación, liberando el potencial de sus habitantes y promoviendo la movilidad social. La generación y transmisión del conocimiento junto al cultivo del talento humano son dos pilares necesarios para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
En el Estado recae la responsabilidad principal de asegurar que la educación superior –tanto técnica y profesional como universitaria- se constituya en un derecho social de la población, asegurando calidad, acceso, permanencia y egreso sin discriminación de ningún tipo, con la sola excepción de las capacidades del estudiante.
Es por esta razón que durante nuestro periodo presidencial enviaremos una serie de propuestas legislativas que fortalecerán a las instituciones de Educación Superior del Estado, con la misión de constituir la base del sistema de Educación Superior. Se crearán nuevas instituciones y se reforzarán las ya existentes, articulándolas en una red colaborativa a lo largo y ancho del país que permita dar un salto cualitativo respecto al estado actual. El presente proyecto es el primer paso en este camino.
¿Por qué fortalecer las instituciones de Educación Superior del Estado?
Ante todo, por el rol cardinal que debe jugar el Estado, a través de sus instituciones especializadas en esta materia, en el desarrollo de la sociedad y en el cumplimiento de las aspiraciones de la población en su conjunto; aspiraciones colectivas que adquieren características específicas en cada región, donde la Universidad Estatal debe proveer las condiciones necesarias para avanzar en la concreción de esas expectativas.
Enseguida, estas instituciones, universidades estatales y futuros centros de formación técnica del Estado, pertenecerán a todas las chilenas y los chilenos. Esto les impone que, en el ejercicio de su autonomía y responsabilidad social, deban orientar sus objetivos misionales al bien común, a la atención de los problemas y necesidades de Chile y su gente, contribuyendo no sólo al desarrollo científico y productivo, sino también al desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacional y regional. Reconocemos, además, en las instituciones de educación superior del Estado un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad justa, integrada e inclusiva, toda vez que comparte con la educación pública parvularia y escolar la responsabilidad de construir una ciudadanía inspirada en valores democráticos.
Por último, la creación de las universidades de las regiones de O’Higgins y de Aysén fue una demanda surgida con fuerza de los diálogos ciudadanos desde donde emana el Programa de Gobierno que constituye nuestro mandato.
La propuesta que hoy enviamos, junto con cumplir un anhelo de la ciudadanía, marca un hito histórico en la construcción de un sistema de educación superior estatal, ya que se crea por tercera vez en la historia de Chile una Universidad del Estado que no deriva de otra ya existente. La última vez que ocurrió fue el año 1947 con la creación de la Universidad Técnica del Estado.
2. Creación de dos nuevas universidades estatales regionales para completar una red nacional
En el marco del proceso de descentralización, que también es un compromiso de este gobierno, la creación de dos nuevas universidades regionales se ajusta a la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública regional y local. En una primera gran etapa, la descentralización persiguió el objetivo de instalar y aplicar una metodología para mejorar la transferencia de competencias a los nacientes, y cada vez más consolidados, gobiernos regionales, lo que ha permitido poner en funcionamiento un sistema de planificación y ordenamiento territorial en las regiones.
Ahora, en una nueva etapa de descentralización, se requiere conformar una institucionalidad pública con las capacidades suficientes para impulsar su propio desarrollo. En este contexto, las universidades del Estado están llamadas a sumarse y promover tal tarea.
Para el fortalecimiento de la educación pública y la descentralización, consideramos necesario completar la red nacional de universidades estatales, creando dos nuevas entidades con una fuerte vocación regional, la Universidad de la Región de O’Higgins y la Universidad de la Región de Aysén, ambas objeto de esta propuesta.
La creación de estas nuevas universidades cumple, además, un postergado anhelo de las comunidades de las regiones sexta y décimo primera: tener una universidad propia en la cual sus hijos encuentren las oportunidades para desarrollar su potencial en y para su región, avanzado en la concreción de sus sueños y colaborando en el progreso colectivo espiritual y material.
a. Creación de la Universidad de la Región de O´Higgins
La necesidad de su existencia se refleja, por ejemplo, en los logros a nivel de educación primaria y secundaria y en los altos niveles de emigración de los estudiantes al terminar la enseñanza media. En efecto, la “fuga de talentos” es considerable, observándose que el 90% de los mejores puntajes de la PSU de la región postula a una universidad del Consejo de Rectores ubicada en la Región Metropolitana. Por su parte, el índice de competitividad por regiones muestra que la VI región aún se encuentra rezagada en comparación con las otras regiones del país, ubicándose en uno de los últimos lugares. La principal actividad económica es la minería, sin embargo, esto no ha significado un retorno en mejoras de la calidad de vida y del trabajo de sus habitantes, ni un mayor desarrollo productivo, científico o de innovación en la región.
b. Creación de la Universidad de la Región de Aysén
La necesidad de su existencia se refleja en la falta de oportunidades para proseguir estudios universitarios de pregrado. Actualmente, solo existen sedes de instituciones que imparten una limitada oferta de carreras, enfocadas más bien al nivel técnico profesional. Es elocuente también la inexistencia de programas de postgrado, lo que limita no solo el desarrollo científico de una zona tan particular, sino también las posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida para sus habitantes y perpetúa la inequidad territorial expresada en la menguada presencia de profesionales en la zona, siendo la región de Aysén una de las más afectadas. En este contexto, los estudiantes deciden emigrar a otras regiones. De ellos, el 68% lo hace a alguna universidad del Consejo de Rectores de la Región Metropolitana. Esto implica una relocalización de las capacidades potenciales de sus habitantes, alejadas de sus territorios y, por consiguiente, la pérdida de competitividad a nivel nacional. El índice de competitividad regional de los últimos años muestra un estancamiento en las últimas posiciones. Por otra parte, la inversión extranjera en la región es tan solo el 2% del total realizado en el país (2012). Lo antes descrito permite visualizar una realidad que no permite el desarrollo cultural, científico y productivo de la región ni de sus gentes, ya que no es capaz de atraer, retener y formar los talentos necesarios para impulsar una nueva etapa para la región. Los ayseninos quieren salir al mundo, pero también desean llevar el mundo a Aysén.
II. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
En lo específico, el proyecto de ley busca crear la Universidad de O’Higgins y la Universidad de Aysén como personas de derecho público autónomas, con carácter y arraigo regional, y busca definir sus principales objetivos y principios orientadores.
Al mismo tiempo, en este acto fundacional, declaramos aquellos aspectos que consideramos ineludibles al momento de definir lo que debe ser una universidad pública, en cuanto a sus principios orientadores y su carácter regional y territorial.
Por último, también es un objetivo de este proyecto de ley asegurar que la norma fundamental de las nuevas Universidades se construya y acuerde en un proceso de participación con organizaciones y actores con trayectorias reconocidas en la región y en el país. En específico, el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional están llevando adelante un proceso de diálogo ciudadano con distintos actores de la comunidad. De este proceso resultarán orientaciones que definirán las características regionales de la Universidad, las necesidades más sentidas, las vinculaciones necesarias; estos atributos, junto a los propios de una institución universitaria, constituirán la base, fundamentación y marco del Proyecto de Estatuto que deberán presentar los nuevos Rectores, de acuerdo al artículo primero transitorio.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación deberá velar porque los Rectores nombrados por el Presidente de la República redacten la propuesta de estatutos de acuerdo al procedimiento que se establezca al momento de su nombramiento, contando con la colaboración de un grupo representativo de la región y del ámbito universitario nacional, incorporando, por ejemplo, integrantes del Consejo Regional; del Consejo Nacional de Educación; de las Academias Científicas agrupadas en el Instituto de Chile; del Consorcio de Universidades del Estado; del Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización; del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad; representantes de la comunidad educativa, de las actividades productivas y del ámbito de la cultura y las artes de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins y la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, entre otros posibles.
Esta ley está compuesta por tres títulos y un articulado transitorio. El primer título regula todas las normas básicas de creación de dos nuevos servicios, indicando su naturaleza y características. El segundo título dispone las normas fundamentales que son comunes para ambas instituciones, tales como sus objetivos, fines y principios esenciales; se indica la composición de su patrimonio; se establece al Rector como Jefe de Servicio y representante legal; y se refiere a las normas que regularán a su personal y en particular a sus académicos. Asimismo, establece la exención de todo impuesto a la Universidad y la posibilidad de que esta se asocie para el cumplimiento de sus fines.
En el tercer título se hace referencia a otro cuerpo legal, modificándolo y haciéndolo aplicable a estas Universidades que se crean, específicamente, respecto a la posibilidad de prestar servicios y realizar todos los actos para su ejecución y de ingresar al régimen del aporte fiscal, del decreto con fuerza de ley Nº4, de 1981, del Ministerio de Educación.
En el articulado transitorio, se establece la facultad del Presidente de la República, para que en el plazo de un año apruebe mediante decretos con fuerza de ley los estatutos de estas entidades, a propuesta de los Rectores que se nombrarán previamente mediante decreto supremo. Se le faculta, también, para que realicen los actos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Universidad hasta la publicación del Estatuto. Por último, se establece la tutela y acompañamiento de otra Universidad estatal sobre la Universidades que se crean, durante un plazo que se extiende hasta la primera acreditación institucional o la figura que la reemplace. Esta tutela se traducirá en apoyo para la elaboración del modelo educativo, de la oferta formativa, de los reglamentos, de los sistemas de gestión académica, entre otras necesidades de la institución que nace.
En consecuencia tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
“Título I De las Universidades de O`Higgins y de Aysén.
Artículo 1°.- Créase la Universidad de O´Higgins, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio en la ciudad de Rancagua y desarrollará sus actividades en la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Créase la Universidad de Aysén, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio en la ciudad de Coyhaique y desarrollará sus actividades en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
Título II Disposiciones Comunes.
Artículo 3º.- En la presente ley cada vez que se señale “la Universidad” o “las Universidades”, dichas expresiones deberán entenderse referidas la Universidad de O´Higgins y la Universidad de Aysén, indistintamente.
Artículo 4º.- La Universidad de O´Higgins y la Universidad de Aysén son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional.
Cumplen su labor a través de la realización de funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan; asimismo, podrá dedicarse al desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación.
Artículo 5°.- Son principios que orientan el quehacer de la Universidad la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de cátedra y asociación; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la excelencia académica; la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso, promoción y egreso a la Universidad; y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social.
Artículo 6°.- En el cumplimiento de sus funciones, la Universidad podrá otorgar todo tipo de grados académicos, títulos profesionales y técnicos; certificaciones técnicas con motivo de las capacitaciones que realice; así como también otorgar otras certificaciones no conducentes a título o grado.
Artículo 7º.- El Rector de la Universidad es su máxima autoridad y su representante legal, e integra, como miembro titular el Consejo de Rectores a que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1985, del Ministerio de Educación.
Artículo 8º.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por:
a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos del Sector Público y los que otras leyes le otorguen;
b) Los montos que perciba por concepto de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados, estampillas y solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus estudiantes;
c) Los ingresos que perciba por los servicios que preste;
d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;
f) La propiedad intelectual e industrial que genere y los derechos que de ella se deriven;
g) Las herencias o legados que acepte, lo que deberá hacer siempre con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte; y
h) Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuesto o gravamen que las afecte.
Artículo 9º.- El personal de la Universidad tendrá la calidad de empleado público y se regirá por el Estatuto de la Universidad; los reglamentos especiales, si los hubieren, y supletoriamente por las normas generales.
De la forma establecida en sus Estatutos, la Universidad podrá fijar y modificar la planta de todo su personal.
Las remuneraciones del personal de las Universidades, serán fijadas de acuerdo a las normas orgánicas de cada una de ellas.
Artículo 10º.- Serán académicos de la Universidad quienes tengan un nombramiento vigente y una jerarquía académica.
Un Reglamento General, aprobado de acuerdo a lo que establezca el Estatuto de la Universidad, fijará los derechos y deberes del personal académico, regulará su ordenamiento jerárquico y las formas de ingreso, jerarquización, calificación y permanencia.
Artículo 11º.- La Universidad estará exenta de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos.
Asimismo, tendrá la facultad de crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio.
Artículo 12º.- Intercálase en el inciso primero del artículo 99 de la Ley Nº18.681, entre las palabras “Valparaíso,” y “Universidad” la frase “Universidad de O´Higgins, Universidad de Aysén,”.
Artículo 13º.- Reemplázase, en el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, el vocablo “y” tras el guarismo “1980” por “,”; y agrégase a continuación de “derivaren”, la siguiente frase “y de las creadas por ley”.
Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte las normas estatutarias que regularán la organización, las atribuciones y el funcionamiento de la Universidad de O´Higgins y de la Universidad de Aysén.
Artículo Segundo.- Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, dentro de los primeros 210 días a que se refiere dicho artículo, el Rector de la Universidad respectiva, presentará al Ministerio de Educación el proyecto de Estatuto de la Universidad, el que deberá contener, a lo menos, las disposiciones relativas a:
El gobierno de la universidad, los procedimientos para la designación y remoción de sus autoridades de gobierno y administración, y la forma de integración de los organismos colegiados, así como las atribuciones fundamentales que correspondan a unos y otros; las cuales podrán especificarse mediante Reglamento u otra normativa que se dicte al efecto.
El Rector deberá nombrarse por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Educación, en conformidad con las disposiciones estatutarias.
El Estatuto establecerá los requisitos para postular, asumir y/o ejercer ciertos cargos y funciones.
Las normas o mecanismos fundamentales de evaluación académica e institucional.
La estructura académica y administrativa esencial de la Universidad, así como los procedimientos para crear, modificar y suprimir en todo o parte su estructura académica, planes, programas y carreras; y para otorgar los grados académicos y los títulos profesionales y técnicos que éstos conllevan y las demás certificaciones que correspondan.
Las normas para fijar y modificar la planta de todo el personal de la Universidad.
El procedimiento para fijar y modificar las normas con arreglo a las cuales se determinarán las remuneraciones de todo el personal de la Universidad.
Las normas para fijar y modificar el Reglamento General de Académicos y demás personal de la Universidad, si correspondiere.
El procedimiento para la elaboración de sus presupuestos y los órganos encargados de su aprobación y gestión.
El procedimiento para reformar los Estatutos.
La forma en que la Universidad prestará servicios de asesorías y consultorías a terceros resguardando que no afecten los intereses del Estado.
Las autoridades de la Universidad que poseerán la calidad de Ministro de Fe.
La fecha en que iniciará sus actividades.
Artículo Tercero.- Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el Presidente de la República nombrará, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, al primer Rector de la Universidad, señalando la forma en que será contratado. El Rector durará cuatro años en el cargo, tras los cuales se procederá a la elección del Rector de conformidad a lo que se establezca en los Estatutos de la Universidad. El Presidente de la República también dictará las normas necesarias para el funcionamiento de la Universidad hasta la publicación de sus Estatutos.
Este Rector deberá considerar la participación de la comunidad regional en la elaboración del proyecto de Estatutos de la Universidad, para lo cual podrá crear consejos integrados por personalidades destacadas de diversos ámbitos a nivel regional o nacional.
Artículo Cuarto.- Una Universidad del Estado, acreditada institucionalmente por al menos cuatro años, de conformidad a la ley N°20.129, que será definida por el Ministerio de Educación mediante decreto supremo, tutelará y acompañará a la Universidad hasta que obtengan la acreditación institucional que regula la norma citada, o la figura afín que la reemplace.
Artículo Quinto.- Mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, visado por el Ministro de Educación, se establecerá el monto de los recursos del Aporte Fiscal a que se refiere el artículo 2º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que le corresponderá a las nuevas Universidades, a contar del año en que inicien sus actividades académicas. El monto de dicho aporte no podrá ser menor al cincuenta por ciento del promedio de lo recibido por este concepto el año anterior por las Universidades del Estado no domiciliadas en la XIII Región Metropolitana. Este aporte será entregado a las Universidades en proporción al número de meses del año en que dichas actividades se concreten.
A partir del año siguiente al señalado, las Universidades participarán en el aporte fiscal indicado en el inciso anterior, determinándose el monto de los recursos que les corresponde, de la forma establecida en el artículo 2º del Decreto con Fuerza de Ley Nº4, de 1981, del Ministerio de Educación.
El monto del aporte fiscal a que se refiere este artículo, que corresponda a estas Universidades incrementará el aporte fiscal que, de conformidad a la Ley de Presupuestos del Sector Público, corresponda a las Universidades actualmente existentes.
Artículo Sexto.- El mayor gasto fiscal que implique la aplicación de esta ley en su primer año de vigencia se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a los recursos de la Partida 50 Tesoro Público.”.
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