Source: https://www.scribd.com/document/310750194/U1-Nociones-Introductorias-Borrador-PDF
Timestamp: 2019-02-21 10:14:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 75', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 89', 'artículo 14', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'Artículo 25', 'Artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 51']

U1 Nociones Introductorias - Borrador PDF
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RELACIONES ENTRE CONFLICTO Y DERECHO PROCESAL CIVIL
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA
El presente manuscrito es un borrador redactado por Eduardo Oteiza. Su finalidad es servir de apoyo a
los estudiantes de Derecho Procesal II de la UNLP. El autor no autoriza su reproducción ni difusión fuera
del ámbito de la UNLP.
EL DERECHO PROCESAL CIVIL COMO MÉTODO PARA RESOLVER
SECCIÓN 1. Conflictividad y derecho procesal civil
Tomaremos como perspectiva para el estudio del derecho procesal civil
aquella que centra su atención en el conflicto a solucionar. Observar el derecho
procesal civil desde la perspectiva que ofrece un determinado tipo de
conflictividad a la que está destinado a dar respuesta en una sociedad
democrática, tiene como consecuencia concentrar el objeto de estudio en el
problema que se intenta solucionar o al cual sirve. El conflicto al que aludimos
no lo caracterizamos como aquel que ocurre a partir de la diferencia de
posiciones que se manifiestan a través de los distintos intereses que defienden
las partes en un proceso judicial. Es decir, dentro de los límites del debate en un
proceso civil desarrollado ante un juez, sino como situación previa al mismo.
Nos referimos al conflicto en su forma externa al proceso civil, que tiene lugar
antes del debate frente a un juez. Ello nos ayuda a ver con claridad que se trata
de necesidades de individuos que se presentan insatisfechas y que requieren
atención. La situación a solucionar cobró vida antes del proceso judicial civil y
éste último es uno de los métodos a los que se acude para brindarle respuesta.
Al proponer fijar nuestra atención sobre el conflicto podemos diferenciar, por
una parte, al derecho procesal civil, como la disciplina que estudia ciertos
métodos para solucionar conflictos, y por la otra al proceso civil, caracterizado
por la existencia de un debate reglado, desarrollado ante un juez con la
autoridad institucional que otorga el Estado para resolver el conflicto con el
mayor grado de justicia posible.
A partir de allí reconocemos, en primer lugar, que estas lecciones
dedicarán atención a otras formas de solucionar los conflictos, diferentes del
proceso civil ante un juez, que permiten lograr superar diferencias y restablecer
la paz social. El conflicto ofrece distintos métodos de solución y las personas
pueden optar entre las diferentes alternativas. Una primera posibilidad es
evitarlo mediante la propia tolerancia o renuncia a reclamar aquello que una de
las partes entiende le corresponde. Otra opción consiste en medidas de acción
directa como el uso de la violencia. En la legislación se contemplan instituciones
como la de la protección de la posesión por medio de la fuerza suficiente,
cuando el auxilio de la justicia puede llegar demasiado tarde (art. 2470 Cod.
Civ.), o el derecho de huelga como medida de acción directa. Asimismo,
aquellos que enfrentan el conflicto decidirán si simplemente negocian y
acuerdan sobre sus diferencias o buscan que un tercero los ayude a superar el
problema que enfrentan. Ese tercero puede tener un distinto grado de
autoridad, cuyo origen residirá en el propio acuerdo de partes o en el poder del
Estado. Cuando el tercero limita su participación a acercar a las partes y a
ayudarles a reconocer sus intereses aludimos a la mediación. En el arbitraje son
las propias partes las que acuerdan que de existir una controversia un tercero
El intento consiste en mirar las reglas. también. regula formas para determinar la existencia de derechos en una instancia de decisión dentro de la propia administración e intenta limitar la conflictividad mediante decisiones de tipo general de carácter normativo. las respuestas jurisprudenciales y las categorizaciones con la mirada atenta al mejor modo de solución de los conflictos. La prohibición de procurar justicia por propia mano y el sometimiento a las decisiones tomadas producto del debate judicial que legitima el acto de coerción del Estado supone el reconocimiento del derecho al debido proceso legal. en sus constituciones y en las Convenciones sobre derechos humanos. Desde situaciones en las cuales las partes administran la respuesta hasta otras en las cuales la intervención del Estado. De ese modo nuestra visión no se concentra solamente en la vida del conflicto como escena ante el tribunal sino que abre una ventana a la realidad de la interrelación de los protagonistas del conflicto. a ser decidido por un tribunal independiente e imparcial. Centra la atención en las necesidades a satisfacer y no solamente en el plano simplemente normativo o de definición de instituciones. El operador jurídico frente a un problema debe hacer una análisis de oportunidad y conveniencia de cada una de las posibilidades con que cuenta para brindar la respuesta que mejor se adecue a las circunstancias. En el debate ante la 3 .tendrá atribuciones para decidir sobre las consecuencias del conflicto. La segunda cuestión radica en observar que las democracias constitucionales consagran el derecho a acceder a un proceso judicial equitativo. Adoptar una visión orientada al conflicto importa observar la dinámica de las relaciones humanas y no a la estática de las concepciones dogmáticas. El derecho a acceder a la justicia o a la tutela efectiva es reconocido internacionalmente como derecho humano esencial. Las distintas alternativas de solución del conflicto serán consideradas más adelante en estas lecciones ya que brindan opciones de solución del conflicto. El Estado. los desarrollos de la doctrina. termina por legitimar el acto de coacción sobre una de las partes del conflicto. Explicar el derecho procesal desde el conflicto supone detenerse en una realidad que lo condiciona y mide la efectividad de su respuesta. la evolución de las instituciones. Cada una de estas formas procuran superar el conflicto. se presenta una gama de alternativas que supone contar con un menú de opciones para arribar a la solución del conflicto. Identificar cada una de las alternativas nos permite interconectar la materia de estudio con la dinámica de las decisiones de los individuos que deben optar entre los distintos mecanismos de solución. Esa visión supone reconocer que el objeto de estudio se desplaza de la mera estrategia del análisis del material normativo referido al proceso civil para reconocer que el centro coincide con el problema que enfrentan quienes son parte del conflicto. y dentro de un plazo razonable. público. Frente a un conflicto las soluciones se abren en un abanico de posibilidades que puede ser caracterizado por el grado creciente de intervención del Estado. mediante un proceso judicial.
de someterse a los mandatos sociales y reconocer la fuerza del Estado para hacer cumplir coactivamente sus reglas. nos ocuparemos aquí del proceso civil no simplemente como procedimiento ante un juez sino como el método mediante el cual el Estado reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a una justicia independiente e imparcial. Esa mirada es clave para comprender la orientación que daremos a esta primera parte. que procura que el Judicial permanezca en estado de independencia son solamente las ideas marco que funcionan como los principios que debemos respetar y traducir en una práctica concreta. El reconocimiento por los Tratados Internacionales y por la Constitución del derecho a un debido proceso legal y la existencia de un determinado balance entre los poderes del Estado.jurisdicción la aplicación de la ley al caso concreto tiene la virtualidad de tener que ser justificada en el acto de decisión sobre la disputa. nos proponemos también ver con una mirada crítica si las alternativas para resolver conflictos son adecuados para lograr los objetivos primarios que. parte del reconocimiento de la limitación de tomar la justicia por mano propia. a su vez. La respuesta del proceso civil debe ser eficiente. El derecho al debido proceso legal fue reconocido desde los tiempos de la Carta Magna de 1215 y ocupa un lugar relevante en el Estado de Derecho. Desde ese punto de vista. No basta reconocer su carácter esencial. rápida. son la justificación de su existencia. Hay en estas ideas una nítida atención sobre el individuo. en particular y con mayor detalle. tomar en consideración las desigualdades que enfrentan quienes debaten. de jerarquía constitucional y reconocido en las Convenciones sobre derechos humanos. El pensamiento liberal centrado en el respeto de los derechos por parte del Estado coloca como centro de atención el respeto por las personas. es imprescindible además dotarlos de operatividad. La idea clave del derecho procesal consistente en el reconocimiento del derecho al debido proceso legal. tener un costo razonable. que legitima el acto de coacción sobre el individuo que ha tenido el derecho a expresar en un proceso sus puntos de vista antes de la sentencia que en forma fundada debe reconocer o negar lo pedido. se justifica en tanto los individuos posean el derecho de reclamar la protección ante la violación de su derechos ante un juez independiente. permitir una interrelación adecuada entre las partes y el juez. 4 . El intento de procurar desarrollar estas lecciones siguiendo la dinámica del conflicto nos lleva a plantearnos las instituciones de acuerdo con las necesidades de los sujetos cuyos intereses se enfrentan. Ahora bien. En tercer término examinaremos el proceso civil bajo el prisma de su propia eficacia. El propiciar una óptica que privilegie el conflicto supone prestar atención al derecho al debido proceso no como simple consagración normativa sino como reconocimiento de su carácter esencial en la convivencia en sociedad.
Cada uno de esos factores serán analizados. Observar la elaboración de las posiciones sobre un determinado problema jurídico desde el caso significa. e) Además de los datos normativos y conceptuales se utilizarán los precedentes a los efectos de 5 . los distintos grupos de intereses frente a situaciones que difusamente afectan a un número indeterminado de personas. Tomar la noción de conflicto como perspectiva para el estudio del derecho procesal permite también analizar en qué medida y bajo qué mecanismo el Poder Judicial interviene ante dicha conflictividad. y como quinto centro de atención. rescatar la dinámica de las relaciones humanas y la búsqueda de respuestas a situaciones conflictivas. estas lecciones procurarán explicar el derecho procesal civil a partir del conflicto por entender que: a) El proceso judicial convive con un menú de opciones o alternativas que pueden permitir solucionar una situación conflictiva de relevancia jurídica. en buena medida. se utilizan decisiones judiciales para explicar distintas instituciones. En su base se encuentra el conflicto. Por último. c) La solución de la conflictividad exige un determinado grado de eficacia de las reglas con que en Argentina se procura garantizar el derecho al debido proceso. El caso judicial nace de una situación conflictiva que el Estado intenta solucionar a través del proceso judicial con el dictado de una sentencia. En cuarto lugar nos proponemos analizar el aspecto colectivo en el cual actúa el proceso civil. d) Las respuesta dadas al proceso civil deben reconocer que la conflictividad sobre la que opera no es solamente la de dos partes contendientes o enfrentadas en una disputa sino que también abarca conflictos colectivos. Se trata de un fenómeno cada vez más evidente que ante la falta de respuesta de las funciones clásicas del Estado. b) El derecho al debido proceso consagrado a nivel constitucional y como derecho humano impone al Estado la obligación de garantizar una respuesta jurisdiccional frente a una situación de conflicto. en estas lecciones. Adoptar como perspectiva de estudio del proceso civil una visión que identifique el problema que se intenta superar por su intermedio nos coloca en posición de indagar sobre su finalidad. dan respuesta o dejan de darla a los problemas de los hombres y mujeres que reclaman su auxilio para superar sus diferencias sobre cuestiones de relevancia jurídica. Ello responde a la interdependencia entre conflictividad y solución.permitir encontrar un razonable grado de certeza sobre los hechos y permitir el acceso de grupos desaventajados. En síntesis. el Poder Judicial atiende también dichas demandas. Su estudio supone indagar sobre las diferencias que llevaron a plantear el caso ante el Poder Judicial. Una visión del derecho procesal civil que atiende al conflicto supone reconocer que estamos ante un fenómeno jurídico cuya finalidad es ayudar a la convivencia en paz de las personas en una sociedad determinada. El foco central de los desarrollos que aquí realizaremos estará en descubrir cómo las nociones que describen el campo en el cual el derecho procesal civil se desenvuelve.
C. cuyo nombre se relaciona con la denominación de ciudadano romano: quirite.ordenamiento de los juicios privados). A. Debido proceso legal como garantía constitucional y como derecho humano. concluía con la litis contestatio. acerca de la esencia del derecho. ante el cual se sustanciaba la segunda etapa conocida como in iudicio. que rigió hasta el siglo III d.. El juez (iudex) romano era un lego que asumía una función de acuerdo con los mandatos del pretor. También posibilitará comprender el valor de concepto debido proceso como derecho constitucional y derecho humano. mediante la cual se acordaba el conflicto que se sometería a un juez privado designado por las partes. La propuesta consiste en ver cómo han incidido en el derecho argentino en general y en el procesal en particular. cuya vigencia se prolongo hasta el final del imperio. Anticipamos que el derecho civil y el common law tienden a acercarse como producto de un camino hacia la uniformidad vivido a partir de la segunda guerra mundial. El proceso se desarrollaba en dos etapas. con la adopción de las XII Tablas en Roma.C. Seguiremos algunos hitos del desarrollo de las dos tradiciones. Con la adopción del proceso formulario a partir del 130 a. Ambas tradiciones respondieron a evoluciones culturales diversas y no consisten en reglas de derecho sino en un conjunto de comportamientos profundamente arraigados. SECCIÓN 2. se comienza a utilizar una formula escrita por la cual el pretor enuncia los hechos (demostratio). La primera. dirigida por el pretor.relevar la respuestas dadas por los jueces al resolver los conflictos empleando los mecanismos aquí desarrollados. Tenía un poder limitado y recurría al jurisconsulto en busca de asesoría legal. de su papel en una sociedad y de la organización de las instituciones sociales y políticas. El ordo iudiciorum privatorum. Perspectiva histórica del derecho procesal siguiendo la tradición del derecho civil y del common law La tradición jurídica del derecho civil (derecho continental europeo) y la del common law (derecho común o anglosajón) han marcado al derecho argentino en su conjunto. in iure. Un breve análisis retrospectivo permitirá ver las diferencias de origen y las actuales líneas de convergencia. históricamente condicionados. sintetiza la pretensión del demandante (intentio) y autoriza al juez a condenar o absolver de acuerdo con la prueba producida por las partes 6 . De esos primeros tiempos se destacan: el sistema ordinario (ordo iudiciorum privatorum. Existe consenso sobre el origen del nacimiento de la tradición del derecho civil a partir del 450 a. tuvo a su vez dos períodos: el de las legis actionis y el del proceso formulario. Las legis actionis procuraron conceder eficacia al derecho quiritario.C. y el extraordinario (extraordinaria cognitio). que consistía en el intercambio entre las partes de determinadas palabras solemnes comunicadas oralmente en presencia de testigos.
se difundieron por toda Europa producto de las enseñanzas de quienes estudiaron en Bolonia y luego crearon nuevas universidades y difundieron el jus commune (derecho común europeo). Esta facultad que le posibilitaba al pretor adaptar el derecho al conflicto dio origen a la expresión: interpretación pretoriana. ella pierde el sentido contractual y eminentemente privado asignado durante el ordo iudiorum privatorum. fundamentalmente. las cosas y las obligaciones mantienen su gravitación sobre las codificaciones modernas de Europa y América Latina. ya que el pretor podía en la formula fijar los límites de lo pretendido más allá de los términos formales de las legis actionis. iniciados por Irineo. cobró nuevo auge el análisis de la obra de Justiniano. se respetaba la máxima quod non est in actis non est in mundo (lo que no está en las actas no está en el mundo) adjudicándole preeminencia a la expresión escrita de los actos procesales. El proceso deja de ser una cuestión que sólo incumbe a las partes al reconocerse su carácter público. cuya autoridad central adquiría mayor fuerza producto de la consolidación de un derecho unificado o común. Al mismo tiempo. De allí la máxima eccclesia vivit lege romana (la Iglesia vive por la ley romana). presentaba instituciones arcaicas como la importancia asignada al duelo entre las partes o a la prueba mediante los “juicios de Dios” u ordalías. a Triboniano en el siglo VI intentó rescatar al derecho romano de su decadencia. Los actuarii y notarii 7 . En el campo procesal significó un avance el abandono del proceso primitivo germánico que si bien reconocía la importancia de la oralidad y la concentración. Paulatinamente el debate deja de ser sólo de derecho quiritario. La caída del imperio romano y las invasiones germánicas determinaron que el Corpus Juris Civilis cayera en desuso. En Bolonia. La autoridad sacra e imperial asignada a Justiniano robustecía el poder del Papa.(condenatio). la calidad técnica del Corpus Juris Civilis aventajaba a las legislaciones de los principados y a las costumbres locales. obtenidas mediante el hierro candente. el fuego o el agua hirviendo. Si bien se mantiene la litis contestatio. La regulación que las Institutas de Justiniano realizaron sobre: las personas. El Corpus Juirs Civilis (año 533) significó el reconocimiento de la importancia de establecer un cuerpo coherente de reglas sobre determinados temas. El procedimiento extraordinario o extraordinaria cognitio reemplaza las figuras del pretor y del juez privado por un juez con competencia derivada del poder central. ciudad en donde nace en el año 1088 el concepto de universidad. Un hecho de singular trascendencia en el desarrollo de la tradición del derecho civil lo constituye la obra de Justiniano. En primer lugar. El proceso en el derecho común del final del Medioevo tenía las siguientes características que todavía inciden en los ordenamientos procesales de los países de derecho civil. El cuerpo unificado estaba destinado a darle claridad al derecho y eliminar todos los elementos que distorsionaran el pensamiento del período clásico romano. La obra que Justiniano encargó. Los estudios de los grupos académicos conocidos como los Glosadores o Comentaristas.
El proceso se desenvolvía en forma fragmentaria y discontinua. De allí que se acudiera a previsiones del tipo de: testis unus testis nullus (testigo único testigo nulo). El conjunto de pautas de valoración lo escudaban frente a tales acechanzas. razón por la cual se requería que sugirieran las preguntas que debían dirigirse a los testigos. Se consideraba que la presencia de las partes era poco deseable debido al temor que los testigos se sintieran intimidados y confundidos. ella significó un avance sobre el juicio de la batalla o de la ordalía del primitivo derecho germánico. con cierto grado de certeza. todas las notas comentadas nos hablan de jueces con escaso poder. que actuaban en un proceso fragmentado. Supuso un paso adelante en la tarea de transformar los procedimientos judiciales en investigaciones racionales. se hacían cargo del examen de las pruebas ofrecidas por las partes. Si bien podemos criticar desde una mirada contemporánea las debilidades del sistema de la prueba legal. etc. en el que todo debía contar con un registro escrito para permitir la revisión por quien 8 . con la sola excepción del Papa. la insuficiencia del testimonio de mujeres salvo que fuera integrado con el testimonio de un hombre. la superioridad del testimonio de un noble sobre quien no lo era. En un sistema en el cual el poder se ejercía por delegación del emperador o del Papa. profesional y jerárquica. En cuarto lugar.recibían las pruebas y las asentaban en un registro escrito que usaba el juez para tomar su decisión. que permitía mantener el control y la uniformidad en la aplicación del derecho. La ley valoraba de antemano el peso de la prueba. La función del juez requería conocimientos especiales y sus decisiones se fundaban en textos diseminados de derecho canónico y en las recopilaciones de derecho romano de Justiniano. En aquel entonces el juez carecía de poder real y le resultaba difícil tomar distancia de las amenazas y las presiones. Como tercer característica se destaca el sistema de la prueba legal. En síntesis. se trataba de una estructura ordenada jerárquicamente en la cual el poder de los jueces derivaba de la competencia delegada por el poder central. primaba la idea de apelación y con ella la necesidad de contar con elementos escritos que permitieran realizar. Los funcionarios ex officci debito. Las citadas reglas reflejaban una desconfianza o al menos un disfavor con respecto a la capacidad del juez para producir una valoración adecuada de las pruebas. Se trataba de una estructura burocrática. de un eclesiástico sobre un laico. una revisión. La segunda característica es la ausencia de concentración y la falta de inmediatez entre el juez y las partes. de una persona rica sobre una persona pobre. alejados de las partes. que era tomada en base a la prueba que sus auxiliares recolectaban por él. Al reservarse la actividad del juez al dictado de la sentencia la serie de actos y etapas del proceso se desarrollaban frente a sus auxiliares desalentando las posibilidades de inmediatez. El juez quedaba aislado y reducía su actividad a la decisión.
9 . “Saepe contingit” (1306) y “Dispendiosam” (1311) incorporaron la idea de sumariedad en los procesos relacionados con la vida comercial al concentrar el debate en una sola audiencia y estimular los contactos directos entre el juez y las partes. Los reyes normandos en el siglo XII permitieron a los potentados locales dispensar justicia con entera libertad y sin supervisión o interferencia real. Ellas determinaron la existencia de un proceso en cuya dinámica primaba la lentitud. el common law. En un principio.si contaba con capacidad para emitir un juicio final. La sección 39 de dicha Carta estableció que: ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni despojado de sus bienes ni desterrado o de cualquier forma desposeído de su buen nombre. A finales del siglo XIV la Carta Magna se constituyó en el símbolo de constitución Británica. suprimir las apelaciones contra resoluciones interlocutorias. La revolución francesa tiene su raíz en el iluminismo. La revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica condicionaron los desarrollos sucesivos. Así. acortar los plazos y hacer predominar la oralidad sobre la escritura. La Declaración Francesa de los derechos del Hombre y del Ciudadano. conocida como Carta Magna de 1215. como sucedía en el derecho civil. La suma de estas características son tributarias de los sistemas políticos de la Edad Média y del Renacimiento. Las pruebas se presentaban ante el jurado el que debía decidir sobre la ocurrencia de los hechos. El origen de la segunda tradición aquí comentada. si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del país [law of the land o ley del reino]. Esa necesidad de concentración obligaba a preparar todo el caso antes de la celebración de la audiencia. las Decretales de Clemente V. caracterizado por la dicotomía entre razón y autoridad. La estructura no era profesional ni jerárquica. que fue producto del levantamiento en armas de los barones. La falta de registro de lo sucedido en la audiencia limitaba las posibilidades de revisión y suponía una delegación del poder de decisión. El desarrollo del comercio en los burgos y la agilidad de las transacciones impuso el nacimiento del derecho comercial y de un proceso más rápido y menos solemne. La frase law of the land constituye el antecedente directo del concepto due process of law (debido proceso legal). de 1789. coincide con la conquista de Inglaterra por los normandos sobre los nativos en Hastings en el año 1066. el grupo de vecinos que conformaba el jurado decidía siguiendo las pautas comunitarias prevalentes y no por reglas técnicas. los obispos y los ciudadanos. En su desarrollo fue trascendente el otorgamiento por el rey Juan de la Carta de las libertades. A diferencia del sistema del derecho civil imperante en el alto medioevo la justicia era administrada por jueces legos y por los jurados. ejemplificada en la oposición entre la luz y las tinieblas. ni nosotros iremos sobre él ni mandaremos ir sobre él. Las dificultades para reunir al jurado imponía la celebración de una audiencia en la cual se concentrara la discusión sobre el conflicto.
La idea de soberanía popular entendida como soberanía legislativa anida en la posición de Rousseau. ejecutivo y judicial.que establece en su artículo 7° que ningún hombre puede ser acusado. Las reformas se daban así tanto en la base como en las jerarquías superiores de la estructura judicial. al sostener que los jueces de la Nación. como es sabido. Su impulso quedaba por completo relegado a las peticiones de las partes. El proceso civil resultaba lento. que debían intentar conciliar los intereses de las partes en casos de menor valor económico. Además de limitar el poder de los jueces al imponerles sujetarse al texto expreso de la ley. bajo cuya órbita se creó el Tribunal de Casación encargado de intervenir para corregir aquellas sentencias que se apartaran de una lectura estricta de las palabras de la ley. arrestado o detenido. formal. Concibe entonces un pacto de fundación de la sociedad que da lugar a lo que él denomina la volonté generale. Ese ordenamiento permitiría operar sin siquiera contar con abogados ya que su lectura se asumía que era tan clara que los ciudadanos podrían fácilmente conocer su alcance. apegado a la expresión escrita y una regulación detallada de las resoluciones intermedias o interlocutorias. 10 . los revolucionarios franceses pusieron en la base del ordenamiento judicial a los jueces de paz. En caso de duda en la interpretación correcta de la ley. ya que de ese modo un hombre podría convertirse en esclavo de otro hombre. cuya obediencia permite al individuo su propia libertad. significó la confluencia del pensamiento de Rousseau y de Montesquieu. como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescripto. no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley. los jueces debían formular la correspondiente consulta al Cuerpo Legislativo. del poder legislativo. La finalidad del código procesal francés fue lograr una correcta aplicación de las normas del código civil. Los Códigos Civil (1804) y Procesal Civil (1806) del período napoleónico representaron la fe del iluminismo en la creación de regulaciones precisas que consolidaran el derecho en la creación normativa del legislador. La finalidad consistía en garantizar la supremacía del poder legislativo sobre el poder judicial. en un cuerpo ordenado y unificado al cual debieran ceñirse los jueces. El recelo de los revolucionarios con respecto a los magistrados integrantes de los antiguos Parlamentos que actuaban por delegación del Rey y su convicción sobre la infalibilidad de la ley como expresión de la voluntad general provocaron que la ley del 16-24 de agosto de 1790 prohibiera que los tribunales judiciales tomaran parte. Para Montesquieu el juez debe limitarse a la mera aplicación de la ley. seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza ni el rigor de la ley misma. El primero de ellos en su Contrato Social (1762) entiende que la sumisión al príncipe es incompatible con la razón humana. En su redacción intentaron adaptar los viejos contenidos a la forma codificada. Montesquieu planteó el equilibrio entre los poderes legislativo. directa o indirectamente. con una gran numero de nulidades por omisión de formalidades.
la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Jay y Madison. mayor es el predominio de la pasión sobre la razón. Madison” (1803). No obstante en la primavera de 1789 a instancias de Madison se adoptó la Vª enmienda que estableció que: a nadie.privar a cualquier persona de la vida. consistente en una serie de artículos publicados entre 1787 y 1788. Los grandes hombres del common law son sus jueces.. ejecutivo y judicial se encontraban en equilibrio. Pothier y Savigny. se le privará de la vida. tuvo por propósito defender la Constitución adoptada en 1787 por la Convención de Filadelfia.La institucionalización de Estados Unidos de Norteamérica luego de la independencia de Inglaterra (1776) se apoyó en ideas opuestas a las seguidas por los revolucionarios franceses. obra de Hamilton. El esquema institucional de pesos y contrapesos de la Constitución Norteamericana es adoptado en forma prácticamente idéntica por el constituyente de 1853 / 1860. De acuerdo con la famosa decisión del juez Marshall la Corte Suprema fundó su atribución de controlar la constitucionalidad de las leyes. Luego. Es ilustrativo de su pensamiento el siguiente párrafo publicado en El Federalista n°58: cuanto mayor es el número de los integrantes de una asamblea. cuanto mayor es el número. desarrolló la idea de control de constitucional por parte del Poder Judicial. Story. la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal.. Mientras el derecho civil es reticente a la interpretación y creación judicial el common law deposita un amplio grado de confianza en sus jueces. Madison influyó decididamente en la arquitectura de la Constitución. Irnerio. Argentina recibe en el período de su institucionalización ambas corrientes de pensamiento. particularmente a partir del caso “Marbury vs. que estableció que Ningún Estado podrá. Las legislaturas locales frente al reclamo popular. “El Federalista”. incorporada luego de concluida la guerra civil. La acción de las legislaturas despertó temor en los sectores conservadores. Tales diferencias culturales explican también un fenómeno que divide a ambas tradiciones. En la tradición del common law la figura del juez tiene un papel que el derecho civil no le ha asignado. La Corte Suprema. cualquiera que sea el carácter de los mismos. para evitar levantamientos populares y ayudar a los deudores. Holmes. Brandeis y Cardozo han ejercido una autoridad comparable con la de los académicos europeos como Gayo.. Así como los revolucionarios franceses desarrollaron una confianza ilimitada en la ley los constituyentes de Estados Unidos de Norteamérica elaboraron un esquema institucional de pesos y contrapesos en el cual los poderes legislativo. En los “town meetings” o asambleas comunales los vecinos se reunían a tratar los problemas derivados de la crisis económica que siguió a la guerra independencia debido al gran endeudamiento que ésta generó.. mayor será la proporción de miembros con información limitada y débiles capacidades. Nombres como Marshall. Al igual que su modelo la cabeza del Poder 11 . llegaron a emitir papel moneda. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 no incorporó un cuerpo de derechos esenciales. Esa disposición fue completada por la enmienda XIV (1868). en periódicos de Nueva York. que las clases con mayor poder intentaban trasladar a aquellas desaventajadas. Bartolo.
Una diferencia notable. “Bancalari”† CASO . Penal. tributario del modelo de la Constitución Norteamericana. Argentina ha seguido el camino de España. Aquel texto legal de 1880 receptó la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 al punto que sobre 800 artículos 392 tomaron como fuente a la citada ley española que era tributaria del proceso común del medioevo. En el ámbito nacional en el año 1880 se dicta el Código de Procedimientos en materia civil y comercial que rige hasta el año 1968. En cuanto al desarrollo del proceso civil. 12) de dictar los Códigos Civil. reconoce en el art. El debido proceso en la Const. La propia Corte se ha encargado de fijar su alcance y la evolución de su jurisprudencia nos permite ver el avance entre una visión estrictamente apegada al cumplimiento de la ley sin otra valoración y aquella que intenta concretar los valores propuestos en el texto constitucional. sin inmediación ni concentración.Judicial argentino es la Corte Suprema.Recurso de hecho por apelación denegada. Proc. por la notable incidencia de Las Partidas. reconoce la conveniencia de contar con una legislación codificada con lo cual pone un pié en cada tradición y desarrolla efectos singulares. 18 consagra el derecho al debido proceso. 18 que es inviolable la defensa en juicio de la persona y sus derechos. materia de competencia propia del derecho provincial y local. se encuentra en la atribución constitucional conferida al Poder Legislativo (actual artículo 75 inc. Al analizar las disposiciones del Cod. delegado en auxiliares del juez y en el cual reinaba la lentitud es aplicable al código que rigió hasta 1968 y también al actualmente vigente. B. El esquema constitucional. La Const. Tantas son las similitudes que la Corte Suprema Argentina desde sus comienzos ha citado como fuente de sus decisiones los precedentes de la Corte Suprema Norteamericana. además de afirmar en su Preámbulo el objetivo de afianzar la justicia. interpuesto por Abel Gutierrez contra una resolución de la 1° sala de la cámara de apelación de † CSJN. vigente en la Provincia de Buenos y en el ámbito nacional veremos hasta que punto todavía hay rastros notables de aquel primitivo desarrollo. en concreto. que en gran medida se debe al peso de la tradición jurídica del derecho civil. Fallos 121:285 12 . Comercial. La descripción sobre aquel proceso escrito. La Constitución Nacional en el art. de la Partida III. de Minería y del Trabajo y Seguridad Social. Nac. Nac.
S.J. ¿Porqué? ¿Qué importancia le asigna la C. p. importa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercitar sus derechos en las formas y en las solemnidades establecidas por las leyes comunes de procedimiento (t. 13 .¿La suficiencia de las formas fijadas por la ley para ejercer los derechos en un proceso judicial son examinadas por la C. de la ley 48.S. inc. en autos con Juan C. 2°. Bancalari sobre reivindicación.94. Fallos 238:550. p. 100. JA 1957-IV-477. Que para fundar el recurso extraordinario del art..J. 14 de la ley 48 (t. se alega que la resolución apelada en la que ordenó que en lo sucesivo se presentara con firma de letrado. provincia de Santa Fe..¿Qué exigía la resolución que examina la C.? ¿Cuál era la defensa central del recurrente para cuestionar la decisión? 2. Considerando: 1°. Que la inviolabilidad de la defensa. a la intervención de abogado? “Colalillo”‡ Dictamen del Procurador General de la Nación ‡ CSJN.S.Rosario. 18 de la constitución. era violatoria o chocaba con la garantía constitucional del art.N. ni la intervención obligatoria de letrado es en sí misma susceptible de imposibilitar o dificultar el goce de los derechos aludidos. 36. t.J. Por ello se declara no haber lugar al presente recurso.? ¿Basta con que se establezcan reglas procesales o es necesario que ellas brinden una protección adecuada? ¿Cuál es el sentido de esas “formas y solemnidades” para la Corte? 3. FALLO – 8 julio 1915. 3°. t. sino al contrario.La C. pareciera reconocer que intervención obligatoria de un abogado es un factor determinante para el ejercicio de los derechos.J.N. de tal suerte que aquella.102. LL 89-412 . 408). p. Bermejo. 328..N.N. no da lugar al recurso del art. Que ni se ha alegado que la omisión de audiencia. sobre la libertad de la defensa en juicio. 3°. Preguntas: 1.S. salvo caso extraordinario. que consagra el art. 18. 14. 113. 229). p.
Librado el oficio. La sentencia de primera instancia. el accionante solicitó que se librara nuevo oficio en razón de que había podido averiguar que el número del registro de que se trataba era el de 2. para decidir sobre su procedencia. de las que surgía que en el momento del hecho el conductor “carecía de registro”. Y considerando: Que de las constancias de autos resulta que. 18 de septiembre de 1957. Que la demandada ofreció como prueba las constancias del acta policial labrada en ocasión del accidente. Sebastián Soler. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Colalillo. haciendo mérito fundamental de que el accionante no había probado que el conductor tenía registro habilitante en el momento del accidente. como se expresa en la sentencia recurrida. Reiterado el oficio. a la fecha del accidente. el conductor del vehículo de propiedad del accionante.500”. la Dirección de Tránsito manifestó que había demorado la contestación 37 días con motivo de la búsqueda realizada en los registros respectivos y que no le era posible informar porque “los libros de padrones y ficheros de conductores habilitados se llevan por el número de la respectiva licencia y no por el nombre y apellido de sus titulares”. Después de dictada esta 14 . De Seguros España y Río de la Plata”. “por cuanto el número más alto otorgado hasta la fecha es el 448.La pretensión de que en el sub iudice se ha desconocido la garantía que la Constitución Nacional acuerda al derecho de defensa no ha sido articulada oportunamente como cuestión federal. Que en atención a tal respuesta. 6 de septiembre de 1957. solicitó que se librara oficio al intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires a fin de que informara “si en los registros de la Dirección General de Tránsito de la misma. Buenos Aires.630. a su vez. El accionante. Domingo c/ Cía. por falta de contestación del primero. El recurso extraordinario es por tanto improcedente y correspondería no hacer lugar a esta queja deducida por su denegatoria. Fallo de la Corte Suprema Buenos Aires. carecía o no del registro habilitante correspondiente”. la cuestión fundamental a resolver ( por el a quo) consistía en determinar si. figura extendida habilitación para la conducción de vehículos automóviles” a nombre de la persona que realmente conducía el vehículo del actor en el momento del accidente. desestimó la demanda.314. la Dirección de Tránsito respondió que la licencia de conductor con el número indicado no pertenecía a esa comuna. conforme “a los términos en que quedó trabada la litis.
sin embargo. Que con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte. ambas partes dedujeron recurso de apelación. que en materia civil incumbe a los interesados. a fin de juzgar sobre un hecho. la Cámara de Apelación. 66.sentencia y antes de notificada. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos. con posterioridad a la sentencia dictada”. más de dos meses antes del accidente. 236:27 y otros). con amplia fundamentación de su respectivo punto de vista sobre los diversos aspectos de la litis y. El juez de la causa decidió que se hiciera saber la sentencia dictada. es decir. sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. el que acompañaba a los autos y hacía notar que “en la constancia de la foja 11 del mismo figura como fecha en que concedió la licencia original el 23 de julio de 1948”. en efecto. exacto que. Que. Es. no excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva verdad. sobre la que no podría introducir variación alguna. no cabe prescindir de la comprobación del modo de su existencia. el actor por el fondo del asunto y la demandada en cuanto se había desestimado la defensa de prescripción por ella alegada. Y también es cierto que esa prueba está sujeta a ciertas limitaciones. 15 . en virtud de la dificultad existente para obtener el informe solicitado sobre la existencia de la licencia para conducir automóviles. en particular. Que el caso presenta ciertamente características singulares. el conductor había pedido un nuevo registro por haber extraviado el original. pues es exacto que de otro modo los juicios no tendrían fin. era insuficiente para modificar lo decidido por el inferior. con daño para la justicia. confirmó la sentencia de primera instancia con el explícito fundamento de que “la sola agregación del documento de fs. en una aplicación sólo mecánica de esos principios. presentados los memoriales por las partes. por lo regular. en el fallo de que se ha recurrido ante esta Corte. Y es propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes. a fin de no incurrir. es condición de validez de un fallo judicial que él sea conclusión razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa ( Fallos. sobre la pertinencia o impertinencia de la prueba agregada por el actor después de dictarse la sentencia. el actor presentó un nuevo escrito manifestando que. acompañado extemporáneamente a los autos. en cuanto a su forma y tiempo. que es su norte. Que. Que la condición necesaria de que las circunstancias de hecho sean objeto de comprobación ante los jueces. Contra dicha sentencia. el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales.
porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia. se declara procedente el recurso extraordinario deducido a fs. Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador General. Y no siendo necesaria más sustanciación. Carlos Herrera. sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho. ¿Cuál era el punto esencial del conflicto a decidir en opinión de la Corte? ¿Qué prueba solicitó el demandado? ¿Cuáles fueron las respuestas de la Municipalidad? ¿Existió omisión o negligencia de la parte demandada al producir la prueba? ¿Podía el juez de primera instancia indagar sobre el hecho a decidir? ¿Estaba facultado de acuerdo con las normas procesales a requerir más 16 . 89 carece de fundamentos bastantes para sustentarla. Benjamín Villegas Basavilbaso. el fallo se limita a comprobar la extemporaneidad de su presentación. la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. la sentencia que rechaza la demanda omite toda consideración del documento oficial agregado a fs. Que en tales condiciones. Alfredo Orgaz. Y vuelvan los autos al tribunal de su procedencia a fin de que la Sala que sigue en orden de turno. el Tribunal estima que la alegación de que la sentencia de fs. ¿Qué argumento planteo el Procurador para rechazar el recurso? 2. Que. Pero ni una ni otra consideración son bastantes para excluir de la solución a dar al caso.Que concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán. 16. autoriza la concesión del recurso extraordinario. Galli. determinar cuándo existe negligencia procesal sancionable de las partes así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos. desde luego y por vía de principio. de la ley 48 y lo resuelto por esta Corte. Argañarás. es propio de los jueces de la causa. Y aun cuando la solución del pleito puede depender de la existencia y autenticidad de la licencia en cuestión. Y tal facultad no puede ser renunciada. 93. en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. Preguntas: 1. 66. 89. por razón de la oportunidad de su incorporación al juicio. dicte nueva sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. previos los trámites que correspondan con arreglo a derecho. se deja sin efecto la sentencia recurrida a fs. Que en el caso de autos. Manuel J. Enrique V. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso. en cualquier estado del juicio. su visible fundamento de hecho. parte 1ª.
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en el art. XVIII. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 14. Al comparar las Declaración Americana con la Universal se advierte como en la segunda surge con mayor nitidez el concepto de igualdad de las partes en disputa y las nociones de independencia e imparcialidad. ¿El ordenamiento procesal permite acompañar prueba documental ante la Cámara?¿Cuál es la finalidad de la normativa procesal para la CSJN? ¿Qué deberes tiene el juez el juez en materia probatoria y qué cargas recaen sobre las partes? 5.información? ¿En qué norma del CPCN vigente en el ámbito nacional encontraría la referida atribución? ¿Qué norma del CPCN impide al juez rever una sentencia dictada?¿Cómo fundamentaría la facultad del juez de colectar prueba y la imposibilidad de revisar una sentencia ya dictada? 3. consagró que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. en el art. También en el marco de las Naciones Unidas. Así la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. El debido proceso en el ámbito internacional. expresamente señalado en la sentencia? C. bajo el título Derecho a la Justicia. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Considera acertada la decisión de la Cámara? ¿Se cumple el recaudo de la doble instancia cuando se decide en segunda instancia sobre un elemento de prueba no examinado en primera instancia? ¿Encuentra indicios que en el proceso el juez de primera instancia o la Cámara actuaron con inmediación? 4. 10 reconoció que toda persona tiene derecho. en la substanciación de 17 . Ella reconoce el derecho a ser oído públicamente para la determinación de derechos. Las Declaraciones de Derechos Humanos nacidas como reacción ante la brutalidad de la segunda guerra mundial expandieron los límites de la tutela al abarcar los conflictos en que se discutieran materias de índole civil. La Declaración Universal es más específica que la Americana en cuanto al alcance de la garantía. adopta una redacción similar a la Declaración Universal en cuanto sostiene que “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. independiente e imparcial. en condiciones de plena igualdad. en el art. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. establecido por la ley. ¿El demandado podía prever qué reglas se aplicarían al caso? ¿El juez puede suplir las omisiones deliberadas de las partes?¿Qué principio debe cuidar el juez de no violar en materia probatoria. de 1966 que entró en vigor en 1976.
agregando la noción de publicidad y el resto de las garantías intraprocesales. públicamente y dentro de un plazo razonable. establecido por la Ley. en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal. 19 de marzo de 1985 y 28 de noviembre de 1996. cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal. La Convención suscripta en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. cuenta con la ratificación de 24 Estados. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos supera a la Declaración en cuanto exige que las personas deben ser oídas públicamente con las debidas garantías. El número de adhesiones o ratificaciones es demostrativo de la aceptación de las naciones del continente al sistema de protección consagrado en el Tratado que. que en el art. La Convención Europea al establecer órganos con competencia para juzgar las violaciones a los derechos humanos significo el paso de una instancia declarativa de derechos a la institucionalización de la comunidad internacional con instrumentos que intenten lograr el respeto por los derechos reconocidos. parte del reconocimiento de ciertos derechos esenciales y el establecimiento de dos órganos con competencias específicas para determinar la existencia de violaciones. denominado derecho a un proceso equitativo. o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o. excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. básicamente. creada en 1959 y posteriormente reconocida § Enmendado por los Protocolos Adicionales Números 3. De una situación de reconocimiento se pasó a otra de intento de protección. 8 Y 11. o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. 20 de Enero de 1966. orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática. por un Tribunal independiente e imparcial. la Comisión Interamericana.cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. del orden publico o de la seguridad nacional en una sociedad democrática. pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al publico durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad. reconoce como obligación de los Estados firmantes que: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa. respectivamente. 5. a los derechos amparados. 6°. cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. La sentencia debe ser pronunciada públicamente. pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública. que entró en vigor el 18 de julio de 1978. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral. No la han ratificado ni Estados Unidos de Norteamérica ni Canadá. por parte de los Estados. Así. Un paso particularmente trascendente tuvo lugar con la adopción en Europa del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales§ (1950). cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”. Mayo de 1963. 18 .
Al mismo tiempo le asignó jerarquía constitucional. en diciembre de 1998. de pleno derecho y con carácter obligatorio. 75 inc. La aceptación de Brasil y México. 29. comparten la delicada misión de determinar. con respecto al cual juega un papel esencial el equilibrio en las funciones de la Comisión y la Corte. que recién pudo establecerse y organizarse en 1979. la Convención sobre la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.194. sin derogar ningún artículo de la parte primera de la Constitución y como complemento de los derechos allí reconocidos: a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La reforma constitucional de 1994 en el art. Sociales y Culturales. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y de la República Dominicana. Para el funcionamiento pleno del sistema. la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles. la existencia de una violación a un derecho humano reconocido. 22 estableció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. es un síntoma claro de fortalecimiento. “Informe 105/99 Narciso Palacios”** 29 de septiembre de 1999 Resumen: ** CIDH. Caso: 10. la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. y la Corte Interamericana. de la competencia de la Corte para resolver los casos en los que se discuta sí existió responsabilidad concreta de algún Estado en la violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana. la Declaración Universal de Derechos Humanos.org/ 19 . el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. A los efectos de acercar las normas a la cotidianeidad que exige su aplicación es apropiado recordar un caso de concreta protección que tuvo su origen en un conflicto suscitado en la Provincia de Buenos Aires. Argentina ratificó la Convención luego del retorno a la democracia en 1983. en los casos concretos planteados por los Estados o por los ciudadanos. Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. en febrero de 1999. era necesario quebrar con la reticencia de algunos Estados con respecto al reconocimiento de la competencia contenciosa de esta última.9.1999. a los efectos de poder examinar cómo opera el sistema.como órgano de la Organización de Estados Americanos. Los casos de la Comisión y de la Corte Interamericana pueden consultarse en http://oas.
El peticionario se considera víctima de la violación de su derecho a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva. la mencionada Corte desestimó in limine la demanda contencioso-administrativa del peticionario por "improcedencia formal” (artículos 1.).en virtud de régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo en el caso. emitido por el Intendente de dicho Municipio. III. el señor Narciso Palacios (en adelante "el peticionario") presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") contra la República Argentina (en adelante "el Estado". mediante la sanción de la ley 8. 7. El mencionado fallo expresó lo siguiente: . el 23 de agosto de 1985. A tales efectos. Con base en la norma citada..1. Contra dicho decreto el señor Palacios interpuso. El 20 de mayo de 1988. Provincia de Buenos Aires. 226 del 11 de junio de 1985 que impuso su cesantía en el cargo comunal que detentaba. el sancionado podrá deducir recurso de revocatoria ante el mismo órgano que lo dictó y el de apelación ante el superior jerárquico. el peticionario solicitó en dicha demanda el reintegro al cargo y el resarcimiento de daños y perjuicios. el "Estado argentino" o "Argentina") por la violación de los derechos al debido proceso (artículo 8) y a la tutela judicial efectiva (artículo 25) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención o "Convención Americana") en su propio perjuicio. y solicitó la anulación del acto que dispuso su cesantía en el cargo de Contador Municipal en razón de la falta de fundamentos que sustentaban la sanción... modificada por la Ordenanza General 233..P. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 207 del 12 de octubre de 1977. por medio de la Ordenanza General No. procedió a la revisión de la legislación que se encontraba vigente respecto del régimen del personal de su dependencia con el fin de reordenar y racionalizar la administración provincial y atacar la burocracia. .721. debido al rechazo de su demanda contencioso-administrativa --en virtud de la falta de agotamiento de la vía administrativa-. 6. demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Daireaux ante el tribunal competente. 28 y 36 del C. establece en su artículo 89: Contra los actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias.C. la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 2.. no se encuentra cumplimentada la exigencia precisada por la doctrina del tribunal en lo que respecta a la obligatoriedad de la interposición del recurso de 20 .A. en virtud de la falta de interposición previa del recurso de revocatoria en sede administrativa antes de recurrir a la instancia judicial". en virtud del Decreto del 11 de junio de 1985. Hechos denunciados 5.. Igualmente. Por sentencia del 9 de junio de 1987.la cual fue interpuesta para cuestionar la legalidad del Decreto administrativo No. el señor Palacios fue declarado cesante de su cargo de Contador Municipal de la Municipalidad de Daireaux.
79) o por autoridad administrativa competente en un procedimiento impugnatorio (conf. En principio. durante el 100° Periodo Ordinario de Sesiones. Trámite ante la Comisión . doctrina causa B. Art. 50. según el artículo 14 de la ley 48.. 207-Reformada por Ord.86. la Comisión aprobó el Informe 74/98 el 28 de septiembre de 1998.. del 31. 1 del C. requisito exceptuado únicamente en los casos de actos desestimatorios de recursos resueltos por la vía jerárquica (conf.P. son ajenas a su competencia extraordinaria".359 "Lesieux"). 28 inc. según la "fórmula de la cuarta instancia". según lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana.900 "Bretal". 74/98. 50. causa B. Contra dicha sentencia judicial.. 89 de la Ord. El Estado no presentó respuesta alguna dentro del plazo concedido. La Comisión también ha señalado que era competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido 21 . No. 8.359 cit.C. sent.XII. la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales. Gral.. La Comisión transmitió el Informe 74/98 al Estado el 14 de octubre de 1998 y le otorgó un plazo de dos meses para que adoptara las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 50. IV.VII. 9. Gral. 1..). Por cuanto hasta el 7 de mayo de 1999 el asunto no había sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado. VII. a menos que se haya cometido una violación de la Convención Americana. la Comisión aprobó el Informe No. res del 11. 17. el señor Palacios interpuso recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Art. 80/99 reiterando las conclusiones y recomendaciones adoptadas en el Informe No. alegando que se le negó el acceso a la jurisdicción con el rechazo in limine de la pretensión.revocatoria contra el acto administrativo que se quiere enjuiciar (causa B. de acuerdo a lo establecido en el artículo 51(1) y(2) de la Convención Americana y le dio un plazo de un mes para el cumplimiento de las mismas. No. Análisis sobre los meritos 45. . 47.A. Al examinar los méritos del caso. Este recurso extraordinario fue rechazado el 10 de noviembre de 1987 en razón de que "no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique su intervención en materias que. 233).
parece evidente que las reglas de juego que delimitaban el principio del debido proceso no exigían como presupuesto obligatorio el agotamiento de la instancia administrativa antes de acceder a la vía judicial.505. causas B.. t. Como puede observarse.L. con lo que quedaría consagrado un sistema recursorio de naturaleza potestativa. o contra actos del intendente municipal en materia de su competencia (causa B.. sent. del 28-IX-82.48.48. la Comisión observa. 507). En efecto.042.T.B. conc. cuando el acto impugnado haya sido dictado con audiencia o intervención del interesado y salvo que su interposición surja impuesta claramente por las normas que rijan el procedimiento aplicable (causa B. se precisó que: Esta Corte ya se ha pronunciado acerca del carácter facultativo del recurso de revocatoria contra actos del Poder Ejecutivo Provincial (causa B. 46.A.J. Y si a esta aproximación literal se le agrega la interpretación judicial que los más altos Tribunales Provinciales le habían venido dando a dicho texto para el momento en que el peticionario interpuso su demanda contencioso-administrativa. recaída en el caso "Héctor Luis Re". En este sentido.505. 207 del 12 de octubre de 1977 (modificada por la Ordenanza General 233) establece en su artículo 89 que el sancionado "podrá deducir" el recurso de revocatoria. del 30-X22 . en una decisión de la Corte Suprema Provincial de fecha 24 de abril de 1984. sent. del 18-X-77. 119. 49. por cuanto la decisión de la Corte Suprema Provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron arbitrarias al cambiar sorpresivamente la jurisprudencia sobre la obligatoriedad de interponer previamente los recursos administrativos antes de acudir a la instancia contencioso-administrativa.A. cit. 82) para habilitar la instancia contencioso administrativa. D. pág. el peticionario alega la violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. pág. el cual se utiliza actualmente en la mayoría de las legislaciones modernas. sent. del 3-VI-80. que la normativa provincial aplicable al caso del peticionario. t. la normativa vigente y la interpretación jurisprudencial de ésta consideraban que el ejercicio de los recursos administrativos (revocatoria y jerárquico) era potestativo y no condicionaba el acceso a la instancia judicial. al utilizar la configuración verbal "podrá". La denuncia de vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva presentada por el peticionario consiste en que para el momento de la interposición de su demanda contencioso-administrativa en contra del Decreto administrativo que dispuso su cesantía..067. la norma provincial parecería dar opción al recurrente de agotar la vía administrativa o acudir directamente al contencioso administrativo.. Gunawardana. Noren Plast.073.J. sent.C. la Ordenanza General No. 124.L.. D. en el cual se cuestionaba igualmente un Decreto administrativo provincial que disponía la cesantía de un trabajador provincial.B. 48.46.48. S.A. esto es. B. en primer lugar. En el presente caso. Gil. 47.48.proceso o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención.
el 9 de junio de 1987.47. ninguna razón asiste al Municipio demandado para sostener la obligación del recurso cuando. sent. no obstante que dicho recurso no aparece prescrito.118. D. señalaba que la Corte Suprema Provincial había dado una verdadera vuelta de timón retornando a una antigua doctrina que cerraba el acceso a la justicia por ápices formales. En consecuencia. De igual forma. por ende. la posibilidad optativa de su deducción surge clara de la norma contenida en el artículo 89 de la Ordenanza General No. la doctrina autorizada había reconocido el carácter facultativo de los recursos administrativos provinciales antes de la decisión "Lesieux" de 1986. por el contrario. cuando la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el caso "Lesieux" cambió su criterio para exigir entonces el agotamiento de los recursos previstos en el artículo 89 de la Ordenanza General No. entre otras). en forma obligatoria y con carácter general. pág. la cual dejó sin efecto la mencionada sentencia "Lesieux". con posterioridad a la decisión de su caso particular. De tal manera que para el momento en que el peticionario intentó su demanda contencioso-administrativa no existía ninguna norma ni doctrina jurisprudencial aplicable a su caso que considerase que el agotamiento de la vía administrativa era un requisito necesario para interponer la demanda judicial. por ende. Fundar. la interpretación adecuada de la Ordenanza General No. Por el contrario. 207 del 12 de octubre de 1977. 207. por norma alguna del ordenamiento provincial. y sentado que el procedimiento sumarial disciplinario implica una estructura que contempla básicamente la intervención del interesado en ejercicio de su derecho a la defensa. e. no constituyen un requisito sine qua non para la habilitación de la instancia judicial. por falta de agotamiento de la vía administrativa. 52. 23 . consideraba la vía administrativa como facultativa y. Adicionalmente. la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda presentada por el peticionario por no haber ejercido los recursos administrativos pertinentes. (subrayado añadido). En la especie. fue en el año de 1986 --una vez intentada la demanda del peticionario--.79: B.576. t. al año siguiente y en cumplimiento de la nueva línea jurisprudencial.J. 50. del 4-III-80. 51. En este sentido. Entre esos ápices descollaba como herramienta favorita la exigibilidad del recurso de revocatoria. 53. consiste en sostener que dichos recursos administrativos son de carácter facultativo y. innecesaria para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. La Comisión nota que ha quedado demostrado que antes de la interposición de la demanda contencioso-administrativa. 207 del 12 de octubre de 1977. el 23 de agosto de 1985.B.. incluso. el jurista argentino Cassagne. la actual interpretación jurisprudencial del texto legal que fuere aplicado al peticionario para negarle la admisión de su demanda contencioso-administrativa. al comentar una posterior decisión del año 1988 (Sacoar). 151.A.
Corresponde ahora a la Comisión determinar si esta aplicación retroactiva en la interpretación de la normativa provincial realizada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires vulnera los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del peticionario. aún cuando la legalidad ordinaria no haya 24 . y a garantizar el cumplimiento. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.54. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. laboral. la ley o la presente Convención. 56. fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona tiene el derecho a ser oída. En este sentido. b. que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Artículo 25. aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. independiente e imparcial. 57. sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos. 55. por las autoridades competentes. consagrados en los artículos 8 y 25. El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. imparciales y rápidos. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.. Los Estados partes se comprometen: a. por un juez o tribunal competente. establecido con anterioridad por la ley. 2. Garantías Judiciales 1. en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. c. Las mencionadas normas de la Convención expresamente establecen: Artículo 8. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Protección judicial 1. que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable. De ambas disposiciones se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción. respectivamente.
el alcance de este derecho fundamental a la tutela judicial efectiva permite evitar que un nuevo criterio jurisprudencial se aplique a situaciones o casos anteriores. que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios asentados. Esta situación ha sido reconocida por la propia Suprema Corte de la Nación argentina. sino más bien a una interpretación judicial que le fue aplicada de manera retroactiva. no escapa al juicio del Tribunal. 63. el rechazo de su demanda tuvo como fundamento una interpretación jurisprudencial posterior a la fecha de la interposición de su demanda. 61. Este principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales. donde la falta de agotamiento de la instancia administrativa no puede. se observa que el principio de la seguridad jurídica impone una mayor claridad y especificidad en los obstáculos para acceder a la justicia. puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una violación a dicho derecho fundamental. Al mismo tiempo. en modo alguno. ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los logros impuestos no se vean malogrados en ese trance. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia. imputarse al peticionario. 60. Sin embargo. al punto que por el principio pro actione. 58. la cual le fue aplicada en forma retroactiva a su caso particular.supra.le permitían acceder al contencioso-administrativo sin necesidad de agotar los recursos administrativos. es necesario 25 . las cuales --para el momento de la interposición de su demanda-. el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares.reconocido un recurso o acción concreto. pues éste sencillamente se dejó llevar por la interpretación correcta y autorizada de las normas vigente que le eran aplicables. garantizado en el artículo 25 de la Convención. Y esta es precisamente la situación en el presente caso. no se trató de una omisión o ligereza de su parte sino de un cambio drástico en la interpretación de la normativa que las cortes aplicaron retroactivamente en su perjuicio. En este sentido. específicamente en el caso Tellez. como ya ha observado la Comisión ut. En efecto. Por tanto. En mérito de ello. donde afirmó lo siguiente: Empero. 59. 62. hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción. El Estado argentino no logró demostrar ante la Comisión que la falta de agotamiento de la vía administrativa en que incurrió el peticionario se debió a su propia negligencia. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva.
reconoce incluso que los efectos de un cambio de jurisprudencia son para casos futuros. El propio Estado argentino. controlar la legalidad del Decreto administrativo que impuso su cesantía.. en virtud de la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial que modificó la interpretación de la normativa legal aplicable a su caso. la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar. dictado por el Intendente de la Municipalidad de Daireaux. el cual dispuso su cesantía del cargo de Contador Municipal. B. para el obrar de la nueva jurisprudencia. Que al peticionario le fue negado el acceso a esta jurisdicción.de acceder a la justicia. Esta situación atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y se constituye en una manifiesta desigualdad.fijar la línea divisoria que bosquejaba Benjamín N. consagrado en el artículo 25 de la Convención. de utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia. Conclusiones 67. a su vez. Strada. 66. 65. La seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto de la jurisdicción competente imponen un mayor rigor a la hora de impedir el acceso a la justicia.. sólo habrán de ser puestas en juego respecto de las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a ese precedente. corresponde declarar que las nuevas pautas jurisprudenciales contenidas in re.. El peticionario en el presente caso se vio impedido --tanto en sede administrativa como judicial-. el 23 de agosto de 1985. en escrito presentado ante la Comisión el 10 de mayo de 1994. Cardozo. por aplicación del principio general de derecho sobre la irretroactividad de las normas jurídicas.como consecuencia de estos desarrollos. la Comisión reitera las siguientes conclusiones: A. 26 .. Con base al análisis que antecede. Tal necesidad entraña. estima esta Comisión que al peticionario se le vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. apoyándola en razones de conveniencia. VIII. no era necesario agotar la vía administrativa para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. cuando se le sorprendió con la exigencia retroactiva de un requisito de admisibilidad a la jurisdicción que no se encontraba vigente en el momento de la interposición de su demanda. y en consecuencia. Que para el momento en que el peticionario interpuso su demanda contencioso-administrativa. En conclusión. 64. en virtud de un drástico y retroactivo cambio en la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativas. en contra del Decreto administrativo del 11 de junio de 1985.
a los efectos de que pueda cuestionar la legalidad del acto administrativo que dispuso su cesantía. Recomendaciones 68. X. 70. 27 . la Comisión remitió al Estado el Informe 74/98. Notificación y publicación 69. La República Argentina. la Comisión Interamericana reitera las siguientes recomendaciones al Estado argentino: A. con un mes de plazo para cumplir las recomendaciones. el Estado dio respuesta a la solicitud de información respecto de este caso. en la misma fecha la Comisión informó al peticionario que había aprobado un informe. Con base en el análisis y las conclusiones precedentes. IX. Indemnizar adecuadamente al ciudadano Narciso Palacios por las violaciones a sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. de la Convención Americana. hasta la fecha. el cual fue transmitido al Estado el 17 de mayo de 1999. Ni el Estado ni los peticionarios estaban facultados para hacerlo público mientras la Comisión no adoptara una decisión al respecto. donde manifestó su conformidad con el contenido del Informe. y en el señaló lo siguiente: "El Gobierno informa que se están realizando los contactos y gestiones ante las autoridades locales con competencia en los asuntos materia del caso 10. Asimismo. El 14 de diciembre de 1998. 71. de carácter confidencial. contados a partir de la fecha de dicha comunicación.C. Sólo el peticionario envió una comunicación el 21 de julio de 1999. El 14 de octubre de 1998. Sobre los resultados de tales gestiones se mantendrá informada a la Ilustre Comisión". aprobado el 28 de septiembre de 1998 durante el 100 Periodo Ordinario de Sesiones y le solicitó que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y solucionar la situación denunciada en el plazo de los dos meses.194. 80/99 según lo establecido en el artículo 51 (1) y (2) de la Convención y reiteró a la República Argentina las conclusiones y recomendaciones. de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana. no había respondido a la Comisión. Que en virtud de esta situación el Estado argentino ha dejado de cumplir con su obligación de reconocer y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso garantizado por los artículos 25 y 8 respectivamente. B. El 7 de mayo de 1999 la Comisión aprobó el Informe No. La Comisión decidió también transmitir este informe a los peticionarios. Permitir el acceso del peticionario a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Claudio Grossman.. ¿El cambio de jurisprudencia puede ser aplicado a los casos en trámite? ¿Hay cierta remisión al concepto de aplicación retroactiva de la ley? ¿Qué analogías encuentra entre legislación y jurisprudencia en cuanto a la aplicación temporal? 4. conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato. (Firmado) Robert K. 8 y 25 de la Convención? ¿Qué conjunto de garantías entiende la Comisión que reúnen ambos artículos? *** 28 . en la ciudad de Washington. Con base en la información suministrada. continuará velando por el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.C. Preguntas: 1. a los 29 días del mes de septiembre de 1999. Primer Vicepresidente. Presidente. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo explicaría el concepto de “cuarta instancia” citado por el informe de la Comisión? 3. Palacios? ¿Qué razones dio la CSJN para no admitir el recurso extraordinario? 2. Comisionados. hasta que éstas hayan sido cumplidas por el Estado. Hélio Bicudo. D. ¿Porqué la SCBA rechazó la demanda del Sr. ¿Cuál es la lectura de la Comisión sobre los arts. por cuanto el Estado no había cumplido las recomendaciones contenidas en el acápite IX supra.72. la Comisión decidió ratificar a la República Argentina las conclusiones contenidas en el capítulo VIII supra y reiterar las recomendaciones del Capítulo IX supra. Así mismo. Segundo Vicepresidente. Goldman. acordó la publicación del presente Informe de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 (3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión. Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé. La Comisión.
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