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Timestamp: 2016-10-01 22:18:13
Document Index: 178628418

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 31', 'in fine', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 161', 'in fine']

Posibles soluciones a los conflictos entre e-learning y los derechos de autor Índice
Otras Licencias 1. Soluciones a los problemas con la ley Además del clásico límite denominado
“ilustración de la enseñanza”, hay otras
posibles soluciones que nos aporta la ley para usar las obras con
derecho de autor en el contexto educativo, en especial el derecho de
cita y, para los alumnos con alguna discapacidad, el nuevo
Uno de los límites más clásicos y tradicionales
de los derechos de autor es el denominado “ilustración
para la enseñanza”. Aparece recogido en el Convenio de
Berna, en concreto en su artículo 10.2, que establece que:
“Se reserva a las legislaciones de los países de la
Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se
establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar
lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las
obras literarias o artísticas a título de
ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones,
emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa
utilización sea conforme a los usos honrados.”
El término “enseñanza” hace referencia a
todos los niveles de enseñanza (universidades, escuelas
dependientes del Estado, municipales y colegios de enseñanza
privados…). Surge la duda de si esa
“enseñanza” queda limitada a la impartida en las
aulas “físicas” o incluye también la
enseñanza por correspondencia o a través de Internet,
donde no existe un contacto directo y presencial con el docente. A este
respecto, la opinión mayoritaria es que no hay razón para
excluir la enseñanza no presencial. Por otro lado, este
artículo tampoco restringe el número de copias que puede
realizarse en el caso de las publicaciones y grabaciones audiovisuales
que se efectúan con fines de enseñanza, pero sí
podría considerarse que no es un “uso justo” (fair use) si se hace un número excesivo de copias (Ricketson, 2003).
Este límite a los derechos también fue incluido en la
directiva europea de 2001. A este respecto, son muy interesantes los
considerandos 14 y 42: “(14) La presente Directiva aspira a fomentar el
aprendizaje y la cultura mediante la protección de las obras y
prestaciones, permitiendo al mismo tiempo excepciones o limitaciones en
interés general para fines educativos y docentes.
(42) Al aplicar la excepción o
limitación en el caso de fines educativos o de
investigación científica no comerciales incluida la educación a distancia,
la naturaleza no comercial de la actividad de que se trate debe venir
dada por la actividad en sí. La estructura institucional y los
medios de financiación de la entidad de que se trate no son los
factores decisivos a este respecto.”
Por tanto, parece claro que la directiva tiene entre sus objetivos
que el respeto a los derechos de autor no impida el adecuado desarrollo
de las actividades educativas, incluidas las que se llevan a cabo
“a distancia”. De esta forma, entre la lista de excepciones
y limitaciones incluidas en la directiva, se encuentra la
“ilustración con fines educativos o de
investigación científica”, en concreto en su
artículo 5.3.a, según el cual se pueden establecer
excepciones o limitaciones a los derechos de reproducción
“Cuando el uso tenga únicamente por objeto la
ilustración con fines educativos o de investigación
científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte
imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del
autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad
no comercial perseguida.”
Una particularidad de este artículo de la directiva es que
añade la investigación científica a la
clásica excepción por enseñanza. Por otra parte,
se exige que el uso se haga en la medida en que esté justificado
por la finalidad no comercial perseguida y que se indique (salvo cuando
sea imposible) la fuente, con inclusión del nombre del autor. A
diferencia de otros límites, como la copia privada, en
éste no se requiere un sistema de remuneración, lo que es
coherente con la legislación comunitaria, ya que de otra forma
iría en contra de la directiva sobre bases de datos, en la que
existe una excepción gemela de ésta y que no exige
remuneración. Como señala Garrote (2001), si se hubiera
optado por la remuneración se hubieran producido diferencias no
justificadas según la obra usada para la ilustración
esté incluida en una base de datos en línea o no. Por otro lado, la amplitud del término “fines educativos”,
no significa que sea posible la inclusión de obras, por ejemplo,
en webs de contenido divulgativo, pues aunque no tengan ánimo de
lucro, no se destinan en rigor a la docencia o a la
investigación. Por tanto las numerosas webs existentes en
Internet sobre gran variedad de temas, si desean hacer uso de la
reproducción, deberán abonar sus licencias
correspondientes para emplear fotografías, gráficos,
textos, dibujos, etc. que estén protegidos, pues tampoco cabe el
supuesto de copia privada ya que las páginas web realizan
comunicación pública poniendo sus contenidos a
disposición del púbico (Garrote, 2001).
Este límite a los derechos de autor fue incluido cuando se
llevó a cabo en 2006 la transposición de la directiva.
Hay que dejar claro que no tenía por qué ser así,
dado que el único límite que la directiva establece como
obligatorio es el de las reproducciones provisionales y transitorias,
el resto son opcionales. Dado que este límite de la
ilustración para la enseñanza no existía en
nuestra legislación nacional previamente (excepto para las bases
de datos), su inclusión se produjo en 2006, en concreto en un
nuevo apartado 2 del artículo 32. Además, a éste
se le cambió el título, añadiendo la frase
“ilustración de la enseñanza”. El texto
quedó como sigue: “32.2. No necesitará autorización del autor
el profesorado de la educación reglada para realizar actos de
reproducción, distribución y comunicación
pública de pequeños fragmentos de obras o de obras
aisladas de carácter plástico o fotográfico
figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales
ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la
medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre
que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que
resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente. No se
entenderán comprendidas en el párrafo anterior la
pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o
de obras aisladas de carácter plástico o
fotográfico figurativo.”
Desgraciadamente, la buena noticia de su introducción queda muy
deslucida por la cicatería en el modo de hacerla. Nuevamente, el
legislador español impone múltiples restricciones que no
aparecen en la directiva. ¿Por qué sólo “el
profesorado”? ¿Por qué sólo “en las
aulas”? ¿Por qué sólo
“educación reglada” si la directiva habla de
cualesquiera “fines educativos o de investigación”?
¿Por qué se refiere a “pequeños
fragmentos” si la directiva dice cualesquiera obras o
prestaciones? ¿Por qué excluye a los libros de texto y
los manuales universitarios? Además, su contenido es realmente
confuso y contradictorio. Como señalan Bercovitz et al. (2006),
no está claro qué es un libro de texto
(¿cualquiera que sea recomendado por un profesor?) ni si se
aplica únicamente a los universitarios.
La respuesta a estos interrogantes no es clara. Por ejemplo, dice
que se aplica sólo a la educación reglada, pero no aclara
si esto es sólo educación oficial, discriminando por
ejemplo, a usuarios que se estén preparando para unas
oposiciones, recibiendo una formación continua en su empresa o
la ilustración con fines de investigación
científica. Por su parte, la exclusión de los manuales
universitarios y libros de texto, además de absurda
(¿realmente es perjudicial para los titulares de los derechos
utilizar pequeños fragmentos de estas obras?), también
plantea dudas: ¿Qué características debe tener un
libro para saber que estamos ante un libro de texto o un manual
universitario? ¿Dónde empieza el manual y termina la
Todavía más complicada, y especialmente relevante para
el tema que nos ocupa, es la explicación de la frase “en
las aulas”. Una interpretación mínimamente estricta
nos llevaría a la conclusión de que se refiere
exclusivamente a la enseñanza presencial, dejando fuera la
enseñanza a distancia o virtual, algo totalmente absurdo para
una ley que pretende actualizar nuestra legislación para
adaptarla a la sociedad de la información, pero que parece
encajar con la reiterada tendencia de la ley de 2006 a restringir
aún más lo establecido en la directiva. En este sentido,
no parece casualidad que el artículo diga “en las
aulas” y no incluya la expresión “educación a
distancia”, como sí hace el considerando 42 de la
directiva. Igualmente restrictiva, limitando su aplicación a las
aulas físicas, es la interpretación del Consejo de Estado
en su dictamen al anteproyecto de reforma, cuando afirma que dicha
expresión “puede resultar demasiado excluyente (o
incluso irrazonable, por el trato desigual que supone) respecto de las
enseñanzas a distancia, on line, o no presenciales en general,
enseñanzas estas que deberían estar también
listadas junto a la presencial ‘en las aulas’” (Consejo de Estado, 2005). Opina lo contrario Martín Salamanca (2007a), para quien, dado
que la directiva pensaba tanto en la educación presencial como
en la realizada a distancia, y teniendo en cuenta la realidad
social y tecnológica, resulta bastante difícil defender que en el año 2006 el legislador sólo piense en
el aula física y obvie la virtual. De ahí que defienda
que hay que atender al espíritu de la norma y al criterio
histórico a los que se refiere el art.3 del Código Civil,
y concluya que sólo una interpretación amplia de esta
expresión satisface la función del límite
Además de este límite a los derechos
específicamente dedicado a la enseñanza, hay otro que
también puede ser útil: el derecho de cita. Se trata del
límite al derecho de autor más extendido en las
legislaciones nacionales, entre otras cosas porque es el único
considerado obligatorio por el Convenio de Berna. En concreto, su
artículo 10.1 establece su carácter imperativo, de manera
que todos los países firmantes han tenido la obligación
de incluirlo en su ley nacional. Básicamente consiste en que en
una obra es posible hacer citas de una obra ajena, siempre que
ésta se haya hecho lícitamente accesible al
público (es decir, se ha divulgado), que se efectúe
conforme “a los usos honrados” y “en la medida
justificada por el fin que se persiga”. Además, las citas
deberán mencionar “la fuente y el nombre del autor si ese
nombre figura en la fuente”. Por supuesto, también lo incluye la directiva de 2001, en
concreto en su 5.3.d, referido tanto al derecho de reproducción
como el de comunicación pública:
“5.3.d. Cuando se trate de citas con fines de
crítica o reseña, siempre y cuando éstas se
refieran a una obra o prestación que se haya puesto ya
legalmente a disposición del público, se indique, salvo
en los casos en que resulte imposible, la fuente, con inclusión
del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en
que lo exija el objetivo específico perseguido;”
Este texto no aporta ninguna novedad especialmente reseñable
a lo que ha sido su regulación habitual. Quizá
podría plantear problemas prácticos la exigencia de que
la obra haya sido puesta a disposición del público de
forma “legal”, algo difícil de saber o de comprobar
por parte del usuario (Garrote, 2001). En el mundo de Internet este
derecho incluiría los resultados que muestran los buscadores o
motores de búsqueda de Internet (título, URL, resumen de
la página web). También es opinión mayoritaria
entre los expertos que los enlaces de Internet o links pueden ser
considerados como citas, por lo que no tendrían ningún
tipo de problema de incumplimiento de los derechos de autor, ya que
estarían protegidos por este importante límite al derecho
de autor. Distinto es, como ya hemos visto, si se trata de enlaces
“no normales”, por ejemplo, los profundos (que no van
dirigidos a la página inicial) o los embebidos (con problemas de
confusión de autoría). Su transposición a la ley española se ha llevado a
cabo con la modificación del artículo 32, que antes
sólo incluía la cita y ahora acoge también la
ilustración de la enseñanza. En cuanto a la cita,
regulada ahora en su párrafo 1, es lícita cuando se trata
incluir en una obra propia fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, así como obras aisladas de
carácter plástico o fotográfico figurativo,
siempre que sean obras ya divulgadas y su inclusión se realice a
título de cita o para su análisis, comentario o juicio
crítico. Dicho uso sólo podrá llevarse a cabo con
el fin de esa incorporación, e indicando la fuente y el nombre
del autor de la obra utilizada. Por tanto, no hay modificaciones
significativas respecto a su regulación anterior, salvo
quizá la supresión del término
“análogo”, ya que antes se refería a
“obras aisladas de carácter plástico,
fotográfico figurativo o análogo” y ahora
sólo a “obras aisladas de carácter plástico
o fotográfico figurativo”. Por otro lado, vuelve a ser
más restrictiva la legislación española que la
directiva europea, ya que ésta no se ciñe a los fines de
docencia e investigación ni establece fines concretos
perseguidos (“a título de cita o para su análisis,
comentario o juicio crítico”). Como señala Casas
(2004), se ha perdido una buena oportunidad para eliminar restricciones
inadecuadas, como la finalidad de docencia e investigación,
mucho más propia del límite de ilustración para
enseñanza que de la cita propiamente dicha. Una de las dudas más habituales es qué
extensión pueden tener las citas para ser consideradas
legítimas. A este respecto, la ley española emplea un
triple baremo acumulativo (Martín Salamanca, 2007a): Fragmento de la obra
El primero es el empleo de un fragmento de la obra (en obras
escritas, audiovisuales y sonoras) y la obra completa en obras
plásticas o fotografías, pero no se concreta qué
tamaño o porcentaje debe tener ese fragmento por la variedad de
ejemplos que existen (por ejemplo, un poema, un lema, etc.). El
segundo, la tipificación de la función ilustrativa de la
cita en el conjunto de la obra, es decir, debe restringirse el uso de
una obra ajena a un empleo coherente con un sentido ilustrativo,
demostrativo, ejemplificativo, comparativo. Y el tercer punto consiste
en citar en la medida “justificada”, no sólo ha de
tratarse del uso de una obra en la principal y cumpliendo la
función de ilustración, sino que únicamente en la
medida que resulte apropiada teniendo en cuenta el género de la
obra, la extensión, etc. En definitiva, para valorar la licitud
de la inclusión, deberá valorarse cada caso en concreto
en función del art. 32.1 LPI.
Además del triple baremo, tenemos que ceñirnos a los
fines docentes e investigadores y la exclusión de beneficios
comerciales. Este último supuesto sobre los beneficios puede
causar alguna confusión, ya que las universidades privadas, por
ejemplo, obtienen un beneficio económico en
contraprestación a sus servicios educativos. Pero parece ser que
de lo que realmente se trata es de evitar que compita con la
explotación de la obra citada, ya que la cita no debería
ser más que un uso fugaz, formal o no significativo de la obra
ajena (Martín Salamanca, 2007a).
En el ámbito de la enseñanza en línea, la
práctica de la citación sólo es posible si cumplen
las mismas condiciones que en los medios no digitales, esto es, si es una parte de una obra para cita, análisis, comentario
crítico o juicio crítico, la finalidad perseguida es
docente o investigadora, la inclusión se realiza en la medida
justificada, y no lo olvidemos, siempre que sea posible se hace constar
el autor y la fuente (Pérez de Ontiveros, 2007).
El Convenio de Berna es un texto bastante genérico con una
proyección amplia, que no hace una mención
explícita a las bibliotecas aunque sí contempla
excepciones al derecho de reproducción en los casos que lo
países miembros lo consideren oportuno (art. 9).
En nuestra Ley española, esta excepción toma como base
la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados
autor en la sociedad de la información. Por un lado los
considerandos disponen: “(34) Debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad
de establecer determinadas excepciones o limitaciones en casos tales
como aquellos en que se persiga una finalidad educativa o
científica, en beneficio de organismos públicos, tales
como bibliotecas y archivos, con fines de información
periodística, para citas, para uso por personas
minusválidas, para usos relacionados con la seguridad
pública y para uso en procedimientos administrativos y
(40) Los Estados miembros pueden establecer una excepción o
limitación en beneficio de determinados establecimientos sin
fines lucrativos, como bibliotecas accesibles al público y
entidades similares, así como archivos. No obstante, dicha
excepción o limitación debe limitarse a una serie de
casos específicos en los que se aplique el derecho de
reproducción. Tal excepción o limitación no debe
aplicarse a las utilizaciones realizadas en el contexto de la entrega
en línea de obras o prestaciones protegidas. La presente
Directiva debe entenderse sin perjuicio de la facultad de los Estados
miembros de establecer excepciones al derecho exclusivo de
préstamo al público, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 de la Directiva 92/100/CEE. Conviene, por tanto,
fomentar los contratos o licencias específicas que favorezcan de
manera equilibrada a dichas entidades y sus objetivos en el campo de la
difusión.”
“2. Los Estados miembros podrán establecer
excepciones o limitaciones al derecho de reproducción
contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
c) en relación con actos específicos de
reproducción efectuados por bibliotecas, centros de
enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos,
que no tengan intención de obtener un beneficio económico
o comercial directo o indirecto;
n) cuando el uso consista en la comunicación a personas
concretas del público o la puesta a su disposición, a
efectos de investigación o de estudio personal, a través
de terminales especializados instalados en los locales de los
establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y
prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de
condiciones de adquisición o de licencia;”
Si bien la DDASI no vincula la reproducción a fines de
conservación o archivo, es más estricta que la Propuesta
Modificada de la Comisión en cuanto a las instituciones que
pueden beneficiarse de esta excepción. En todo caso el fin
principal de la institución debe ser el señalado en el
apartado c), por lo que no pueden acogerse cualquier
institución, ni pública ni privada, por el mero hecho de
tener una biblioteca, archivo o museo como complemento o ayuda para su
actividad principal (Garrote, 2001).
Esta Directiva no prevé ningún régimen especial
para el envío de materiales por internet a otras instituciones,
bibliotecas, profesionales o estudiantes. Por este motivo, la
posibilidad de que estos centros puedan ofrecer a sus usuarios
servicios como los DSI (Difusión Selectiva de la
Información), mediante los cuales se envíen libros o
artículos (entre otros) a los interesados sobre una
temática previamente definida en su perfil, en principio, no
podría realizarse sin la autorización previa de los
titulares de los derechos. Por ejemplo, si una biblioteca quiere enviar
por correo electrónico a sus usuarios los artículos
nuevos que posee sobre, por ejemplo, “derechos de autor en la
enseñanza en línea”, entraría en conflicto
con el derecho de comunicación pública (Garrote, 2001).
Por otro lado está el problema de la creación de una
base de datos a modo de archivo digital para que los usuarios puedan
buscar entre las obras que el centro posee. Podemos diferenciar dos
Si la institución está dentro de las contempladas en el apartado c).
Se pueden crear estos archivos digitales, pero para la puesta a
disposición en internet sería necesaria la licencia de
los titulares de los derechos. Sí se podrían poner a
disposición de los usuarios en sala y según determina el
apartado n).
Si la institución no está dentro de las contempladas en el apartado c).
No pueden elaborar archivos digitales sin licencia, sin importar si es
para fines de investigación o uso interno, pues son
instituciones con ánimo de lucro que buscan un beneficio
económico directo o indirecto.
Por último señalar que la DDASI no permite la
creación de archivos digitales personales para la docencia e
investigación, salvo en lo contemplado en la copia privada, pero
que implica el pago de una remuneración (Garrote, 2001).
La transposición de la Directiva 2001/29 ha tenido como
consecuencias que algunas de las normas que regulan la propiedad
intelectual en la UE contemplen excepciones semejantes a las reguladas
en España (Pérez de Ontiveros, 2007).
Como hemos visto en otros casos, la Directiva europea tan solo
presenta las directrices a grandes rasgos para que los estados miembros
la implementen. La transposición a la legislación
española de la excepción para bibliotecas, se plasma en
el art. 37 LPI “Reproducción, préstamo y consulta
de obras mediante terminales especializados en determinados
establecimientos”, convertida en una versión bastante
“*Redacción según Ley 23/2006, de 7 de
julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril. Los titulares de los derechos de autor no podrán
oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se
realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas,
fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad
pública o integradas en instituciones de carácter
cultural o científico y la reproducción se realice
exclusivamente para fines de investigación o
conservación. * Redacción según Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas,
fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan
a entidades de interés general de carácter cultural,
científico o educativo sin ánimo de lucro, o a
instituciones docentes integradas en el sistema educativo
español, no precisarán autorización de los
titulares de derechos por los préstamos que realicen.
Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los
autores por los préstamos que realicen de sus obras en la
cuantía que se determine mediante Real Decreto. La
remuneración se hará efectiva a través de las
entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Quedan eximidos de la obligación de remuneración los
establecimientos de titularidad pública que presten servicio en
municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las
bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema
El Real Decreto por el que se establezca la cuantía
contemplará asimismo los mecanismos de colaboración
necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las
corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de
remuneración que afecten a establecimientos de titularidad
pública. *Redacción según Ley 23/2006, de 7 de julio, por
la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
abril. No necesitará autorización del autor la
personas concretas del público a efectos de investigación
cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de
terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los
establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales
obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean
objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello
sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración
Atendiendo al punto 3 del art. 37 LPI, las bibliotecas y centros que
estén dentro de lo previsto en la ley, se podrá realizar
la reproducción siempre que no sea para un fin lucrativo, se
realice por las instituciones y con fines de investigación o
conservación. La comunicación o puesta a
disposición del público se podrá realizar siempre
que sea a personas concretas, con finalidad de investigación, en
una red cerrada e interna a través de terminales especializados
en los establecimientos y siempre que el material a emplear no sea
objeto de condiciones de adquisición o licencia.
Las bibliotecas, que siempre han estado relacionados con el
ámbito docente, pueden ser buenas aliadas gracias, además
de por su labor cotidiana, a las excepciones y limitaciones que
contempla la ley, que podrían complementar las excepciones
dedicadas a la educación, auxiliando a los docentes a tener un
mayor margen de acción es sus actividades educativas.
El fundamento de este límite al derecho exclusivo de
propiedad intelectual es la garantía del interés general
y la promoción del acceso a la cultura (arts. 20 y 44 de la
Constitución Española). Todo ello representado por las
actividades de reproducción, préstamo y puesta a
disposición del público de obras en museos, archivos,
bibliotecas y otras instituciones. Este artículo es uno de los
puntos más criticados por la doctrina, por la técnica
jurídica de su redacción, por la complicada
relación del precepto con otros límites adyacentes, por
establecer el supuesto de hecho atendiendo a criterios irrelevantes y
por no haber ponderado el impacto económico sobre la
explotación normal de la obra (Martín Salamanca, 2007a). Las instituciones beneficiarias las que alude son, “museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico”,
por lo que en este supuesto podrían quedar fuera las bibliotecas
de empresas y de entidades privadas cuyas copias efectuadas se realicen
para apoyar un trabajo de investigación, a no ser que se adopte
una interpretación más flexible consistente en que los
fines culturales científicos o educativos sean una parte o
estén entre los fines sociales de la entidad (Bercovitz, 2007).
La ley no parece dejar muy claro estos casos.
Algunos autores comoMartín Salamanca (2007a) apuntan a que
la lista del art. 37 no es un listado taxativo de instituciones,
sino que acoge a cualquier institución que se crease para
archivo y custodia, incluso de soportes aún no conocidos, como
podrían ser las “dv-tecas”. Por tanto, dentro del
art. 37.1 cabrían todo tipo de centros que encargándose
de la custodia y archivo de determinados objetos culturales,
estén abiertos al público y desarrollen una
promoción cultural siempre que se cumpla el resto de los
requisitos. Y siguiendo esta línea no sería indispensable
que las instituciones a las que pertenezcan estos archivos,
bibliotecas, etc., tuvieran como fin primordial la investigación
o difusión de la cultura (Martín Salamanca, 2007a). O lo
que es lo mismo, aunque la finalidad única del ente en el que se
practica la copia no sea cultural o científica, sí debe
encontrarse cualquiera de ellas entre sus fines sociales (Pérez
de Ontiveros, 2007).
La usencia de fin lucrativo sirve para impedir que los organismos
legitimados para esta práctica obtengan beneficio
económico de ella, pero no alcanza a la persona a favor de la
cual se realiza ésta, ya que la Ley sólo exige que la
copia se realice con fines de investigación o
conservación. Por lo que nada obstaculiza a que la persona que
realiza dicha actividad la practique con objeto de unos beneficios
económicos de su resultado (Martín Salamanca, 2007a).
Pese al silencio de la norma, parece evidente la necesidad de que
las obras han de ser divulgadas antes de ser utilizadas, pues de otra
manera entraría en conflicto con el derecho moral de los autores
que otorga la facultad de divulgación de las obras (art. 14.1
LPI) (Pérez de Ontiveros, 2007).
Respecto a los destinatarios de las copias, en el fin de
conservación, parece razonable que aquellos que practican la
reproducción serán los destinatarios de las copias.
Mientras que en el fin de investigación sería cualquiera
que la precise para sí o para un tercero, siempre con fines de
investigación, por ejemplo, estudiantes de doctorado y
doctores (Pérez de Ontiveros, 2007).
En lo relativo al préstamo de obras intelectuales, la Ley
exige tres condiciones para que el préstamo esté amparado
por este límite: que se realice en los establecimientos citados
en la norma, que los titulares de los establecimientos remuneren a los
autores por los préstamos (según cuantía
establecida mediante Real Decreto), y que dichos establecimientos no
obtengan por la cesión “beneficio económico o comercial directo o indirecto”
(según el art. 19.4 LPI), dentro de estas condiciones no debemos
olvidar la de que se realicen en establecimientos accesibles al
público. La excepción que permite utilizar obras a través de un
terminal especializado dentro del recinto del centro va dirigida a un
público concreto y determinado, y debe practicarse con fines de
investigación. Los fondos que se podrán emplear son los
que pertenezcan al centro y no otros que esté allí por
motivos diferentes, como préstamo interbibliotecario
(Pérez de Ontiveros, 2007). 1.d Accesibilidad de las obras para discapacitados
Las personas con discapacidad tienen una excepción
específica en la ley española (LPI) que les beneficia,
por lo que en caso de tener alumnos discapacitados, podemos acogernos a
esta particularidad legal para realizar actividades que podrían
no estar permitidas para usuarios sin discapacidades. El nuevo
artículo 31bis, titulado “Seguridad, procedimientos
oficiales y discapacidades”, en su apartado 2, establece que:
“2. Tampoco necesitan autorización los actos de
pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de
personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad
lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de
que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio
adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.”
Esta excepción permite la reproducción,
distribución y comunicación pública de obras en
beneficio de discapacitados si se cumplen las siguientes condiciones:
Se limiten a lo que su discapacidad exige Antes de la reforma de 2006, el antiguo art. 31.3 de la LPI
también incluía una excepción para personas con
minusvalía, pero era de alcance mucho más limitado que el
nuevo 31bis. Por un lado, sólo hacía referencia a un tipo
de personas discapacitadas, los invidentes, y únicamente se
refería a copias mediante Braille o sistemas similares, en tanto
que ahora no sólo abarca el derecho de reproducción sino
también el de distribución y el de comunicación
pública. Además, se ha eliminado el requisito de que la
obra fuera para uso privado, de manera que ahora, como advierte
Pérez de Ontiveros (2007), también es posible la
utilización colectiva de la obra permitiendo cualquier uso de la
misma si se cumplen el resto de las condiciones establecidas legalmente
y las obras han sido previamente divulgadas. No está tan claro, sin embargo, qué sucede con el
derecho de transformación, no incluido expresamente en esta
excepción. Como señala Martín Salamanca (2007b),
la cuestión es si pasar un texto a Braille o convertirlo en
archivo acústico constituye o no una verdadera
transformación, sobrepasando los límites de la simple
Leer una obra escrita con lector automático El simple acto de escuchar una obra con un lector automático
(para ciegos) no parece que sea constitutivo de una
transformación de una obra. Sin embargo, transcribir un podcast o
pasar una obra a un archivo de audio podría considerarse una
transformación al pasar la obra a un formato que no tenía
por qué ser el inicialmente pensado por el autor. Por tanto, no
resulta fácil la respuesta a qué actos pueden realizarse
o no; pese a ello, entendemos que la manipulación de las obras
para que sean accesibles a los discapacitados, siempre que estén
sujetas al resto de las condiciones reflejadas en la LPI (sin fines de
lucro, guarden relación directa con la discapacidad, etc.), no
parece que pueda considerarse transformación. A este respecto, recientemente (junio de 2009), el Comité
Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la
OMPI está acelerando su labor para hacer efectivas unas medidas
prácticas para facilitar el acceso a obras protegidas a personas
con dificultad de lectura y la creación de una plataforma para
llevarlo a cabo (OMPI, 2009). El reto ahora es hacer accesibles las
obras en un plazo razonable y que estos trabajos del SCCR lleguen a
Las obras de dominio público son aquellas que ya no tienen
derechos de autor de carácter patrimonial por haber transcurrido
su plazo de protección, por lo que pueden ser copiadas,
distribuidas, adaptadas, interpretadas, comunicadas o exhibidas en
público de forma libre y gratuita. No obstante, en el caso de
España, al igual que el resto de países
latino-continentales, estas obras siguen manteniendo sus derechos de
paternidad e integridad.
Sin embargo, no es tan fácil saber si una obra es de dominio
público o no. Habría que tener en cuenta varios factores:
Aunque a mitad de la década de los noventa se produjo un
cierto proceso de armonización de la duración de los
derechos, de manera que los países de la Unión Europea,
Estados Unidos y buena parte de Iberoamérica establecieron como
regla general el plazo de 70 tras el fallecimiento, no hay que olvidar
que plazos pueden diferir dependiendo del país, por lo que hay
que estudiar cada caso para determinar la duración de los
derechos de una obra concreta.
Es más, incluso en el caso español, hay que tener en
cuenta que el plazo general no siempre es el aplicable a la obra en
cuestión. Por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, si se
trata de un autor fallecido antes del 7 de diciembre de 1987, se le
aplica la disposición transitoria cuarta de la ley de 1987 y el
plazo aumenta a 80 años desde el fallecimiento, aunque en este
caso no se computa desde el 1 de enero del año siguiente, sino
desde la fecha concreta. Además, están las reglas
especiales de las obras colectivas, anónimas, por partes, etc.,
ya mencionadas en el apartado 3.6 de este trabajo.
Cuando una obra original es adaptada, traducida, modificada o, en
general, transformada, el resultado es una obra derivada, que tiene sus
propios derechos, como establece el artículo 11 de la LPI. Por
ejemplo, una obra de un autor clásico español, del siglo
XVII por ejemplo, ya no tendrá derechos patrimoniales de autor,
al haber superado con creces su plazo de protección, pero su
traducción o adaptación tienen derechos independientes
que podrían estar vigentes (si ese traductor o adaptador
está vivo o hace menos de 70 años que falleció).
Tanto en la directiva de 2001 como en la reforma de la ley
española en 2006, el legislador era perfectamente consciente de
que la protección tecnológica podía anular
de facto los límites a los derechos de autor. Por esa
razón, introdujo una serie de medidas para intentar corregir
este problema, aunque con escaso éxito, como veremos a
continuación. En el caso de la directiva, la relación entre
protección tecnológica y límites a los derechos
está regulada en su artículo 6.4, que establece una clara
división entre las obras licenciadas mediante contrato en
Internet y el resto de las obras. Para su análisis vamos a
emplear el orden seguido en el propio artículo, que comienza con
las obras no licenciadas en Internet.
En los párrafos 1 y 2 de este artículo se establece
un curioso sistema para establecer medidas voluntarias para definir el
ámbito del derecho de autor. Invita a las partes interesadas
(propietarios de los derechos y usuarios) a adoptar acuerdos para
permitir que los usuarios se beneficien de los límites a los
derechos de autor garantizados por las legislaciones nacionales. Si
dichos acuerdos no se producen, se requiere a los Estados miembros que
tomen las medidas apropiadas para asegurar que los propietarios de los
derechos faciliten al beneficiario de un límite incluido en la
legislación nacional “los medios adecuados para
disfrutar de dicha excepción o limitación, en la medida
necesaria para dicho disfrute, siempre y cuando tenga legalmente acceso
a la obra protegida”. Pero no todos los límites tienen el mismo nivel de
protección respecto al uso de las medidas tecnológicas.
El sistema creado por este artículo da lugar a tres tipos de
límites, de acuerdo con la importancia que el legislador les ha
concedido y, por tanto, la protección que les proporciona.
Así, tenemos en un primer grupo los límites con objetivos
de interés público (Martín-Prat, 2001), entre
ellas: reprografía (artículo 5.2 a), reproducciones
hechas en bibliotecas e instituciones similares (artículo 5.2
c), ilustración con fines educativos o de investigación
científica (artículo 5.3 a). Pues bien, si alguno de estos límites existe en la
legislación nacional, la obligación establecida en el
primer párrafo del artículo 6.4 es clara: si no hay
medidas voluntarias adoptadas por los propietarios de los derechos, y
se dificulta el ejercicio de los límites debido al uso de
medidas tecnológicas, el Estado debe intervenir.
Pero todas estas medidas establecidas en los dos primeros
párrafos del artículo 6.4 para facilitar el disfrute de
las excepciones al derecho de autor, no tienen validez para las obras
licenciadas en línea, como deja perfectamente claro el
párrafo cuarto de este artículo, que establece que “Lo
dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de
aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a
disposición del público con arreglo a lo convenido por
contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan
acceder a ellas desde un lugar y en un momento que ella misma haya
elegido”. En términos muy generales, esto supone que
queda prácticamente anulada la aplicación efectiva de los
límites al derecho de autor, ya que es precisamente ese tipo de
uso el más habitual en el entorno digital
(Fernández-Molina, 2003a).
En definitiva, la valoración de la directiva en este
apartado no puede dejar de ser muy negativa. El artículo 6.4, en
teoría encargado de equilibrar los intereses de los titulares de
los derechos y los de los usuarios, se queda muy lejos de alcanzar ese
objetivo. Por una parte, su párrafo 4 (junto con el considerando
53) deja bien claro que cuando los titulares de los derechos deciden
poner sus obras en Internet y contratar directamente con el usuario
mediante licencias en línea, su voluntad debe prevalecer incluso
frente a los límites previstas para el derecho de autor, lo que
da lugar a doble sistema de protección: a) lo dispuesto en los
artículos 6.1 y 6.3 impide al usuario eludir las medidas
tecnológicas de protección sin consentimiento del
propietario de los derechos; b) las licencias facilitan la
restricción o anulación de los límites
(Fernández-Molina, 2004). De esta forma, la lista de
límites establecida en el artículo 5 de la directiva
sólo tiene efectos prácticos para el entorno fuera de
línea, no para el mundo de Internet, en el que previsiblemente
se va a acudir masivamente a la contratación en línea.
Como señala Koelman (2000), resulta difícil entender por
qué los límites al derecho de autor, establecidos para
proteger el interés público, no son respetados en
Internet. Es decir, esas confusas disposiciones que obligan a las
Estados Miembros a tomar las “medidas pertinentes” para que
los usuarios puedan beneficiarse de los límites, tienen un
efecto práctico muy escaso sobre la mejora del acceso a la
información digital por parte de los ciudadanos.
Pero, por otro lado, también son evidentes los problemas
que puede provocar la deficiente redacción de esta directiva.
Por ejemplo, no queda claro ni qué tipo de acuerdos
-individuales o colectivos- deberán alcanzarse para facilitar el
ejercicio de los límites, ni qué significa exactamente
que los Estados deban tomar las medidas pertinentes, ni bajo qué
circunstancias deberán o podrán intervenir, ni si
será posible prohibir las medidas tecnológicas que pongan
en serio peligro el acceso a las obras por parte del público
(Hugenholtz, 2000). La transposición a la ley española, al ser casi
literal, adolece de los mismos problemas. El artículo
responsable de conseguir el equilibrio entre protección
tecnológica y límites a los derechos es el 161 de la LPI,
que se basa en las medidas voluntarias que deben implantar los
titulares de los derechos para que los beneficiarios de determinados
límites (copia privada, en beneficio de personas con
discapacidad e ilustración de la enseñanza, entre ellos)
puedan hacer uso de ellos. Si tales medidas no se producen, los
beneficiarios pueden recurrir a la jurisdicción civil, algo que
sin duda resulta demasiado complicado y, sobre todo, lento y engorroso.
Como señala Garrote (2007), no tiene sentido que la LPI
tenga una serie de límites a los derechos que no requieren el
consentimiento de los titulares y que para poder ejercerlos se deban
solicitar permisos a los titulares para desactivar la
protección. Además, está el absurdo de que el
beneficiario del derecho de cita no puede solicitar el levantamiento de
las medidas tecnológicas, pero en cambio sí puede hacerlo
el beneficiario del límite de ilustración de la
enseñanza (art.32.2 LPI), siendo éste último un
uso claramente más intenso de la obra.
Para hacer efectivos estos límites que marca la Ley no se
ha establecido ningún procedimiento a seguir, por lo que en
estos momentos, si algún usuario quisiera beneficiarse de ellos,
tendría que tratar de contactar con el titular y llegar a un
acuerdo con él. Tarea que a simple vista, no parece muy
Pero, como sucede con la directiva, esta posibilidad de llegar a un
acuerdo con el titular de los derechos para que levante la
protección tecnológica sólo se refiere a las obras
“no licenciadas por Internet”, por ejemplo, en CD o DVD.
Como deja claro el artículo 161.5 de la LPI, todas estas medidas
no son aplicables a las obras o prestaciones que se hayan puesto a
contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas
desde el lugar y momento que elija. 3. Solicitud de permisos y licencias
Una buena solución a los problemas para conseguir permisos
para usar una obra o para localizar a los titulares son las licencias
colectivas. Son contratos-licencia que permiten la utilización
de una serie de obras que están dentro de un catálogo que
generalmente abarca un amplio rango de obras, de manera que no es
necesario tener que negociar licencia a licencia los trabajos que
queramos emplear. Mediante un acuerdo colectivo podemos emplear todo
aquello incluido en el catálogo.
Es complicado generalizar el proceso de tramitación de
licencias para las obras que queremos utilizar de terceros, debido a la
diversidad de formas de solicitar licencias entre universidades y
propietarios de los derechos. En las universidades de Estados Unidos o
del Reino Unido, por ejemplo, es habitual tener un responsable de la
gestión de licencias que se encarga de estas tareas, llevando
así un registro de los procedimientos efectuados.
En el caso español, hay una entidad de gestión
colectiva que puede ser de utilidad en esta tarea: CEDRO. Esta entidad
dispone de licencias analógicas por un lado y digitales por
otro, ambas de carácter anual. La ventaja es que con una
única gestión y pago podemos resolver el problema, pero
siempre y cuando los documentos que reproduzcamos estén dentro
del catálogo de la entidad.
En el caso de las licencias analógicas, permiten reproducir “hasta
un 10% de cualquier obra impresa, salvo que se trate de un
artículo o trabajo de publicaciones periódicas, en cuyo
caso podrá superarse este porcentaje”. En su versión de licencias digitales para universidades (http://www.cedro.org/licencias_universidades.asp), permite:
Escanear parcialmente la obra original (hasta un 10 % de
cualquier obra impresa, salvo que se trate de un artículo o
trabajo de publicaciones periódicas, en cuyo caso podrá
superarse este porcentaje). Almacenar la reproducción escaneada temporalmente en un servidor. Poner a disposición de los usuarios autorizados a través de una intranet el material digitalizado. Visualizar la reproducción en pantalla. Imprimir una copia por usuario autorizado. Envío por correo electrónico a los usuarios autorizados.
Las tarifas de estas licencias se establecen en función del
número de alumnos. En el caso de reproducciones digitales y su
posterior puesta a disposición en la intranet de la universidad,
la tarifa de 2009 es de 5 euros/alumno/año (http://www.cedro.org/Files/tarifas2009.pdf ).
En los últimos años hay un amplio movimiento
intentando solucionar este problema a través de diversas
iniciativas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la Copyright Office
(2006) elaboró un informe que propuso al Congreso estadounidense
la adopción de un sistemas de limitación de
responsabilidad para aquellos usuarios capaces de demostrar haber
realizado una “búsqueda razonablemente diligente”del
titular de los derechos. En este caso, el usuario podrá utilizar
la obra huérfana y sólo deberá compensar
“razonablemente”al titular en el caso de que éste
reclame. Ha habido varias iniciativas legislativas en esta
dirección pero, por ahora, ninguna ha llegado a buen fin y la
ley de derecho de autor no se ha modificado. En una línea similar, en Canadá, el Copyright Board
pone a disposición de los usuarios que deseen emplear obras
huérfanas licencias de uso no exclusivas, para cuando los
titulares no pueden ser localizados. En las licencias deben describirse
qué esfuerzos han realizado para la localización,
subrayando la necesidad de hacer “reasonable efforts”, así como una descripción del trabajo, para qué se
empleará, información sobre las tarifas que se ha pagado
por el uso de obras similares, etc. Pero el problema estriba en que
estas licencias se expiden siempre que los titulares de los derechos
sean conocidos pero no sean localizables, por tanto no afecta a los
titulares desconocidos. En el período 1995-2006 sólo 195
han sido expedidas y el tiempo medio de resolución es de 30 a 40
días (EIFL, 2006).
También en la Unión Europea se han ocupado de este tema, y el Copyright Subgroup
(2007) recomienda algunas soluciones, sin entrar en el ámbito
legal, que aportan transparencia y ayudan a prevenir la
expansión del fenómeno de las obras huérfanas:
Dar cobertura a todas las obras huérfanas, tanto en el
caso de titulares no identificados como no localizables, al contrario
que en el caso canadiense.
Ofrecer a las instituciones culturales sin ánimo de
lucro un tratamiento especial, cuando tengan como propósito el
fomento del conocimiento, en el que puedan discutir en profundidad las
Reconocer que las autorizaciones, particularmente en
colecciones de documentos, no siempre son posibles al nivel de
En España, sin las recomendaciones de ningún
organismo gubernamental que proporcione unas directrices de
actuación, tan sólo hallamos la referencia de CEDRO, que
recomienda seguir los consejos de la IFRRO (Federación
Internacional de Entidades de Derechos de Reproducción, en
español) que aboga por las “búsquedas
diligentes” es decir, que “los usuarios demuestren su buena fe llevando a cabo una búsqueda minuciosa de los titulares antes de usar sus obras”,
además de apoyar la creación de una base de datos con
este tipo de obras y que se reconozca el derecho de remuneración
de los titulares si aparecen tras haberse reproducido sus obras (http://www.cedro.org/cedroinforma.asp?IDC=1810#segundo ).
En la actualidad, y en el contexto europeo, se está llevando a cabo el Proyecto Arrow (http://www.arrow-net.eu/about-arrow),
acrónimo inglés de Registros Accesibles de Derechos de
Información y Obras Huérfanas para Europeana (http://www.europeana.eu/portal/
). Es un proyecto del consorcio de bibliotecas nacionales europeas,
editoriales, entidades de gestión de derechos y representantes
de autores. El objetivo principal es ofrecer otras formas de aclarar el
estado de los derechos de obras huérfanas y descatalogadas para
que puedan ser digitalizadas e incluidas en la Biblioteca Digital. Por
otro lado, también se pretende estandarizar y facilitar el
intercambio de información entre propietarios de derechos,
representantes, bibliotecas y usuarios. Para ello las soluciones
indicadas son el establecimiento de sistemas de intercambio de
información sobre la materia, la creación de una base de
datos de obras huérfanas, el establecimiento de unas directrices
sobre las búsquedas diligentes y una red de centros que puedan
autorizar el empleo de obras (Biblioteca Nacional, 2008).
En el ámbito de la educación a distancia, no
debería plantear mayores problemas si podemos acogernos a alguna
de las excepciones que plantea la ley. Pero si esto no fuera posible,
en el caso de necesitar utilizar una obra huérfana, la primera
pregunta que deberíamos plantearnos al ver estas recomendaciones
es: ¿cómo llegamos a la conclusión de que estamos
ante una obra huérfana? La segunda es si hemos hecho todo lo
posible, es decir, si hemos realizado una “búsqueda
diligente” para intentar localizar al titular y cómo lo
demostramos. Para este último punto sería recomendable
dejar constancia escrita de los pasos que hemos dado.
Parece que una posible solución al problema de las obras
huérfanas, al menos en lo que a monografías se refiere,
debería pasar por la colaboración entre bibliotecas
nacionales de cada país, ya que en teoría ellas deben
custodiar un ejemplar de cada libro y, si bien no es su
obligación tener datos para la localización de los
titulares, sí que podrían al menos guardar
información sobre quiénes son. Por otro lado,
también es cierto que para las obras electrónicas y los
artículos científicos, no parece que la labor de las
bibliotecas nacionales pueda ser tan relevante como la actividad que
pueden desarrollar proyectos como ARROW, que basándose en ellas
va más allá, con la propuesta de una base de datos y de
la creación de las tan necesarias directrices que permitan saber
a los usuarios qué deben hacer exactamente para emplear obras
huérfanas legalmente sin padecer posteriormente problemas
4. Problemas con algunos tipos de enlaces Cada vez es menos frecuente que los propietarios de una
página web pongan dificultades para enlazar con ella. En
cualquier caso, como ya comentamos previamente, si se trata de un
enlace normal, no hay ningún problema al asimilarse a una cita y
poder beneficiarnos del derecho de cita presente en cualquier ley de
Respecto al empleo de marcos para mostrar otras páginas
web, no se recomienda su uso. Como ya comentamos en el punto 4.4.1,
algunas páginas sí emplean los marcos y pusimos el
ejemplo de Facebook (http://www.facebook.com).
Esta popular red social añade un marco en la parte de arriba de
la página cuando pinchamos sobre los enlaces que colocan los
En este ejemplo podemos ver cómo en la parte de arriba de
la web se coloca el marco. A la izquierda, aparece el nombre y la
foto la persona enlazante, informando de que ha publicado un
enlace y el comentario que esa persona hace sobre el recurso enlazado.
Además, el marco muestra el número de comentarios y la
posibilidad de compartir este enlace con tus contactos, por lo que
ofrece un valor añadido para sus usuarios. Por último, en
la parte derecha advierte que estamos viendo una página que no
es de Facebook y el enlace a la página original de la información, con la opción justo al lado de eliminar el marco. En principio, la información que contiene el marco
contextualizando el motivo por el que el usuario ha introducido ese
enlace y facilitando a sus usuarios tanto compartirlo, como escribir
comentarios o eliminar el marco, no parece que atente contra los
derechos de autor de la web enlazada, pues en ningún momento
trata de denegar u ocultar la paternidad ni tomar la información
enlazada como un recurso propio. Aún así, en
términos generales, hay que ser muy precavido con el uso de
En lo relativo a los enlaces profundos, una opción
sería en lugar de efectuar un enlace al recurso concreto,
presentar los enlaces en una ventana nueva y a la página
principal de la web (home) fuente. Si tenemos interés
en realizar enlaces profundos sin pasar por la página principal
del sitio, porque en ocasiones es difícil encontrar un archivo
concreto desde la página de inicio y así facilitar a
nuestros usuarios la localización de los recursos, podría
ser conveniente contactar previamente con el responsable de la web y
solicitarle un permiso por escrito. Pero entendemos que un enlace profundo a un recurso concreto y
debidamente identificado, siempre que el recurso no esté dentro
de un área restringida para usuarios o socios, no parece que
pueda suponer una violación de los derechos de autor.
Además este hipotético perjuicio de los enlaces profundos
podría afectar a una web siempre y cuando tuviera fines
comerciales, no en el caso de webs sin ánimo de lucro.
Además enlazar con los recursos de otros sitios es una forma de
promocionar el sitio. Desde este punto de vista no tendría
sentido, por ejemplo, el amplio uso de la sindicación o
suscripción de contenidos (RSS, Really Simple Syndication, en
uno de sus acrónimos), que hace que no necesitemos acudir a la
web original y podamos leer el contenido de las noticias desde un
programa lector de RSS, ya que desde un punto de vista muy
restrictivo esto podría suponer un perjuicio para las
páginas de Internet al no necesitar visitar
periódicamente la web principal. Sin embargo, esta posibilidad
la ofrecen las propias web, comerciales o no, a las que se les
presupone que no tienen intención de ir contra sus propios
intereses. Respecto al inlining o enlaces embebidos, la Ley no
regula explícitamente esta práctica, por lo que, en
principio, no está prohibido llevarla a cabo. No obstante,
sí debemos tener en cuenta que no puede emplearse material ajeno
como propio y que si queremos acogernos al derecho de cita, debemos
identificar correctamente la fuente y el autor de la obra.
Existen diferentes licencias coyleft mediante las cuales se ceden una parte de los derechos a los usuarios. En nuestro trabajo nos centraremos en las licencias Creative Commons,
al ser las más extendidas y desarrolladas a nivel internacional.
No obstante, también analizaremos más brevemente otras
licencias de características similares.
Creative Commons es una fundación sin ánimo
de lucro con sede en San Francisco (EE.UU.), fundada en 2001 por un
grupo de profesores y juristas interesados en Internet y en el libro
acceso al conocimiento, entre ellos James Boyle, Michael Carroll, Hal
Abelson, Eric Saltzman, Eric Eldred y Lawrence Lessig. El primer
proyecto, en 2002, desarrolló una serie de licencias para
internet tomando como inspiración la Free Software Foundation’s GNU General Public Licence (GNU GPL) (Marandola, 2005). Esta fundación ha desarrollado una serie de licencias que ponen
a disposición de los creadores para que sean ellos quienes
decidan qué se puede y qué no se puede hacer con sus
trabajos, excluir finalidades comerciales, permitir llevar a cabo obras
derivadas, impedir modificaciones de su obra, etc.
La idea principal es que mediante estas licencias CC se pueda
colaborar contribuyendo en al acceso a la información por parte
del público, e inciden directamente en la labor que se lleva a
cabo en universidades, centros de Investigación y organizaciones
con fines de educativos, donde es una cuestión muy importante el
acceso a la información y se contribuye de manera sustancial al
avance tecnológico y sociocultural. Tanto centros como
organizaciones necesitan compartir información para poder llevar
a cabo sus proyectos e investigaciones, para lo que las licencias CC
pueden prestar un buen servicio. Pero también se debe tener en
cuenta que en algunos países pueden conllevar una cierta
problemática en su aplicación, ya que cada estado tiene
su legislación propia en materia de propiedad intelectual y
Su pretensión es llegar más lejos que una simple
puesta a disposición de contenidos en Internet para su uso
gratuito. La organización CC ha creado un sistema de
explotación de obras basado en los usuarios, a los que invitan a
reproducir, distribuir, comunicar públicamente y,
eventualmente, modificar las obras. Todas estas acciones son
facilitadas gracias a la autorización (no exclusiva) del
propietario de los derechos para que tales acciones puedan efectuarse
(Xalabarder, 2006)
No obstante, si bien el proyecto CC está inspirado en cierta forma en el movimiento copyleft,
y en general en el software de código abierto, se
diferencia de este último en no estar dirigido a los programas
de ordenador, sino a los demás tipos de obras. Es importante
esta diferencia con respecto a otras licencias que sí se dirigen
a la liberación de programas de ordenador, pues CC trata
justamente las demás categorías de obras intelectuales. Recientemente han aparecido la nueva versión de Creative Commons
3.0, que sin variar en su filosofía y finalidad, trata de
adaptarse a la legislación española y de solucionar
algunos de los problemas que se dilucidaban en su versión
anterior (Maetzu, 2008). La adaptación a la legislación
española ha venido de la mano de Ignasi Labastida coordinador
del proyecto CC en España, que ha conseguido solucionar algunos
de los problemas que se le achacaban a las licencias.
Las licencias CC consisten en formularios estándar o
clausulados-tipo redactados, recomendados y puestos a
disposición de los creadores. Estas licencias son fruto de
la combinación de 4 variables que en ocasiones podemos ver
representadas por sus correspondientes iconos:
Reconocimiento (Attribution): El
autor se reserva el derecho de que la obra le sea atribuida, es decir,
se reconozca su autoría, cuando se explote.
Compartir Igual (Share alike): Si
se modifica o transforma la obra original para crear una derivada, esta
última sólo puede ser distribuida con una licencia
Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial: El
material creado por un autor puede ser distribuido, copiado y
comunicado públicamente por terceros. No se puede emplear para
fines comerciales ni realizar obras derivadas.
A pesar de ser la más restrictiva, prohibiendo usos comerciales
y obras derivadas, abarca la autorización de tres grandes
derechos de explotación al completo: distribución (art.
19 LPI), reproducción (art. 18 LPI) y comunicación
pública (art. 20 LPI).
Reconocimiento - Sin obra derivada: El
comunicado públicamente por terceros. De esta manera no se puede
alterar, transformar o crear una obra derivada a partir de esta,
pudiendo ser empleada de la misma manera que la anterior, difiere de
ella en la posibilidad de explotación económica de la
obra por parte de terceros.
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El
comunicado públicamente por terceros. No se puede obtener
ningún beneficio comercial y la novedad emana del hecho de que
las obras derivadas deben llevar la misma licencia que el trabajo
original o una idéntica.
El fin de la licencia con la cláusula “compartir
igual” es la continuidad de las obras en el ámbito
público, que no de dominio público, perpetuando
así la suma de información con las mismas
características, y libres de ser empleadas siempre que los fines
que no sean comerciales. Algunos autores ven en esta cláusula un “un acto de adhesión a la causa de la organización CC”, que ayuda a prevalecer el interés del que “abraza la misión de propagar la fe en CC por el mundo”,
afirmando además que es inútil a partir del segundo nivel
si no se acompaña a la cláusula de dos obligaciones, por
un lado, la del licenciatario a insertar el comando en su propia
licencia y por otro la de “perseguir a sus licenciatarios en caso de que no se atengan a él” (Sánchez Aristi, 2007).
Reconocimiento - No comercial: El material
creado por un autor puede ser distribuido, copiado y comunicado
públicamente por terceros, pero no se puede obtener
Reconocimiento - Compartir igual: El
material creado por un autor puede ser modificado, distribuido, copiado
y comunicado públicamente por terceros incluso para fines
comerciales. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
términos de licencia que el trabajo original, por lo que impone
a los siguientes usuarios la cláusula copyleft. Reconocimiento: El material creado por un
autor puede ser distribuido, copiado, transformado y comunicado
públicamente por terceros con cualquier finalidad, la
única condición impuesta es la de referencia expresa al
Para conocer en profundidad todos los aspectos que tratan estas
licencias, como el carácter exclusivo o no, el ámbito
geográfico, etc., debemos acudir a la versión Legal Code,
más extensa y completa, con terminología jurídica
y orientada a proporcionar un cierto respaldo desde el punto de vista
legal, pues la versión Common Deed es una adaptación icónica, simplificada, orientada al gran público (Sánchez Aristi, 2007).
La licencia reconocimiento-no comercial-compartir igual, empleada por ejemplo en el proyecto OpenCourseWare del MIT y promovido en el ámbito hispanohablante por Universia,
es probablemente la más usada en el ámbito
académico, pues facilita el intercambio de información,
contribuye al conocimiento y permite el uso de obras para
investigación, docencia, trabajos de los alumnos, etc., siempre
que se respete la autoría, se comparta igual la obra derivada de
la primera y que no tenga fines comerciales, dirigiendo sus miras a la
contribución social, el derecho a la información y la
libertad de expresión, dejando así a un lado el aspecto
de la retribución económica.
Además de estas seis licencias, se ofrecen otras que no son
aplicables por igual a todos los tipos de obras ni todos los
Music Sharing license: sólo para las obras
musicales, con estas licencias podemos hacer saber a los usuarios
que están autorizados para descargar legalmente nuestras obras e
intercambiar estos ficheros con otros usuarios, pero sin fines
comerciales (http://creativecommons.org/license/music).
Sampling+: se pueden tomar y modificar fragmentos de
obras para cualquier fin excepto publicitario. También se
permite la copia y distribución no comercial de la obra
completa. O bien tomar y transformar fragmentos de una obra sólo
para fines no comerciales. La copia y distribución no comercial
de la obra entera también está permitida. Este
último punto está dirigido especialmente al intercambio
de ficheros ( http://creativecommons.org/license/sampling).
Public Domain Dedication: licencia creada
particularmente para Estados Unidos, que permite al autor decidir si su
obra estará en el dominio público para siempre,
renunciando a los beneficios legales que la ley le otorga (http://creativecommons.org/license/publicdomain-2). Founders Copyright: la obra entra en el dominio
público a los 14 o 28 años de su publicación.
Está basada en la primitiva ley norteamericana de 1790, donde el
plazo de protección era de 14 años desde la
publicación con la posibilidad de renovación (http://creativecommons.org/projects/founderscopyright).
Conviene aclarar que la validez de las dos últimas
licencias parece poco efectiva bajo nuestra legislación, pues
como se advierte en la página web de la organización,
están basadas en la legislación estadounidense y no
parece que pueda aplicarse fuera de su ámbito.
Recientemente, ha aparecido una nuevo tipo de licencia, denominada CC0 (http://wiki.creativecommons.org/CC0).
Ideada a modo de “ningún derecho reservado”, en
contraposición con el copyright “todos los derechos
reservados” y las CC “algunos derechos reservados”.
Consiste en licenciar una obra de tal manera que entre a formar parte
directamente del dominio público, pudiendo ser utilizada por
cualquier usuario incluso para fines comerciales. Basada en la
legislación estadounidense, en principio no parece tener cabida
en nuestro panorama jurídico donde no se contempla la
posibilidad de incluir una obra directamente en el domino
público. Tiene una serie de inconvenientes, como que el autor no
puede retractarse de su decisión de incluir la obra en el
dominio público, renuncia a los derechos morales, etc.
Aunque los programas de ordenador no son prioridad de CC, existen
algunas licencias orientadas a los programas de ordenador y wikis:
Cuando queremos licenciar un trabajo, el primer punto a tener en
cuenta es conocer las variables (Reconocimiento, Usos No Comerciales,
Sin Obra Derivada y Compartir Igual), posteriormente debemos escoger la
combinación que más se adecúe a nuestros
intereses. Una vez seleccionada la licencia con las opciones más
apropiadas para nuestros intereses, debemos elegir uno de los
tres formatos con en el que queremos mostrarlas en nuestras obras:
Commons Deed: Es un resumen fácilmente
comprensible del texto legal con los iconos relevantes que permite
expresar gráfica y brevemente las restricciones y autorizaciones.
Legal Code: El código legal completo en el que
se basa la licencia escogida, donde podemos ver desarrollada y con
argot jurídico todos los detalles que abarca la misma.
Digital Code: El código digital, que puede
leer la máquina y que sirve fundamentalmente para que los
motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen el trabajo
y sus condiciones de uso.
Para prevenir posibles problemas, se recomienda elegir Legal Code,
al ser un texto más elaborado y específico con
terminología jurídica, o enlazar nuestra licencia a ese
Código Legal por si algún usuario necesita emplear la
obra para alguna actividad específica y no saber si está
cubierta por la licencia o no.
Por último, se recomienda incluir el botón Creative Commons
en cualquiera de sus versiones (generalmente enlazado a la licencia a
la que nos acogemos) o el lema "Algunos derechos reservados" (some rights reserved) en la obra.
Lessig Blog by Lawrence Lessig is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License. Fig.6 Icono clásico
En la figura 6, a la izquierda, vemos el icono probablemente
más conocido de las licencias, con el lema “some rights
reserved” (algunos derechos reservados).
En la figura 7 vemos la licencia que posee el blog de Lawrence Lessig
(uno de los fundadores de CC) de sólo reconocimiento,
identificada por el icono con los términos “CC” y
“by”, seguidos de un texto con el título de la obra,
autor y tipo de licencia a la que se acoge. De esta manera, en cuatro simples pasos, podemos licenciar nuestras
obras, con una potente cobertura legal, cediendo algunos de nuestros
derechos, los que consideremos oportunos, a los usuarios y conservando
Las licencias Creative Commons provienen del sistema
legal estadounidense, que está marcado por una cierta
tradición mercantilista y que tiene un corte menos protector
para los autores. Las divergencias existentes entre el derecho
anglosajón del copyright y el sistema continental de
protección de los derechos de autor son la causa de que hayan
surgido algunas incoherencias en la adaptación de las licencias
CC a Europa, y en concreto a España.
De hecho, han surgido en España algunos intentos de continentalizar las licencias CC, como aquellas desarrolladas por Coloriuris (http://www.coloriuris.net). La buena voluntad de la fundación CC por tratar de reducir la
compleja realidad que afecta a la legislación en propiedad
intelectual mediante la simplificación de instrumentos
jurídicos, empleando cuatro variables y seis combinaciones
principales, no evita las “dificultades interpretativas de gran calado” que en ocasiones surgen en las licencias, como advierte Sánchez Aristi (2007).
En la última versión de las licencias, la 3.0, se
está tratando de acercar y adaptar más adecuadamente a la
legislación española, corrigiendo algunos problemas, como
la mejora en la forma de realizar la atribución al titular de
los derechos, contemplar la posibilidad de retirada de la obra o el
derecho moral de arrepentimiento (recogido en el art. 14.6 LPI), que
fue criticado en su anterior versión porque eran licencias a
perpetuidad que impedían el cambio de opinión de un autor
una vez otorgada la licencia. Esto ponía a los autores en
una situación de desprotección al impedir que pudieran
controlar sus obras. También se ha tratado de aclarar la
redacción, evitando elementos confusos y se concede una licencia
mundial, no exclusiva y gratuita por el tiempo que duren los derechos
de propiedad intelectual según la LPI (Maetzu, 2008).
El último punto y tal vez más importante, es que si
el autor-licenciador no desea reservarse ningún derecho, como
explica el texto legal de la licencia, debe saber que determinados
derechos, por imperativo legal, son gestionados obligatoriamente por la
entidades de gestión colectiva, como es el caso de la
remuneración compensatoria por copia privada o el derecho
remuneratorio de los autores audiovisuales por la comunicación
pública y/o alquiler de sus obras. Por este motivo, es
recomendable hacer compatible la licencia con las circunstancias, ya
que si no estaría renunciando a una remuneración que le
corresponde por Ley y que, en todo caso, va a ser recaudada por las
Por otro lado, estas licencias están pensadas para la
liberación en red de obras que están protegidas por
derechos de autor, pero no de otros tipos de bienes protegidos por
otros derechos de propiedad intelectual, como los derechos conexos
(grabaciones fonográficas y audiovisuales, las emisiones y
transmisiones de los organismos de radiodifusión, las meras
fotografías o determinadas producciones editoriales). Aunque en
otros países sí podrían utilizarse para
grabaciones de artistas y productores, por lo que el alcance va en
función de las legislaciones de procedencia (Xalabarder, 2006).
Otro de los inconvenientes más destacados que se achaca a
estas licencias es la imposibilidad de separación de los
derechos de reproducción y comunicación pública,
que han de cederse en bloque sin posibilidad de ceder alguno y
reservarse otros. Es decir, dentro del conjunto de los derechos de
explotación: transformación, reproducción,
distribución y comunicación pública, tan
sólo el primero puede separarse del resto. La imposibilidad de
discernir entre el derecho de comunicación pública y de
reproducción puede conllevar efectos no deseados, por ejemplo,
si el titular de los derechos decide poner su obra de vídeo o
audio en streaming (comunicación pública),
está inhabilitado para impedir la descarga de su obra
(reproducción) (ALAI, 2006). Dicho de otra forma, si quiere
permitir la comunicación pública (streaming)
según estas licencias, también está obligado a
permitir la reproducción (descarga) debido a la imposibilidad de
separar estos derechos.
No es menor el problema con las obras derivadas, en concreto si no
se permiten. Vamos a intentar explicarlo. Cuando un autor A crea una
obra original sin derivados, si alguien ignora ese punto de la licencia
y realiza una obra derivada, puede darse el caso que este segundo autor
B, que se ha saltado el requisito de la licencia, sí permita
derivados, y a su vez un autor C podría realizar obras derivadas
de B. El autor A, creador de la obra original, sólo
podría acusar a C de incumplimiento contractual, no de
violación de la propiedad intelectual, ya que la obra derivada
de B fue creada lícitamente (Xalabarder, 2006). Por otro lado,
es dudoso si un licenciatario podría realizar usos comerciales
de su obra derivada o permitir estos usos respecto de las obras
derivadas creadas por sucesivos licenciatarios. Los derechos sobre una
obra derivada corresponden al autor de ese trabajo derivado, siempre
que el autor de la obra “original” haya autorizado la
transformación (art.21.2 LPI), pero debe tenerse en cuenta que
explotar una obra derivada mediante la concesión de
permiso para llevar a cabo una sucesiva transformación de la
misma, implica explotar la primera obra mediante transformación
(Sánchez Aristi, 2007). Y cuanto más avance la cadena de
explotación, más complicado será para el autor
original controlar que los autores cumplan con el compromiso del copyleft. Esto es lo que se conoce como el efecto ultra vires de las licencias copyleft (Xalabarder, 2006).
No obstante todos estos problemas, las licencias CC suponen una
importante contribución a los sistemas de e-learning, en
especial porque este tipo de licencias han nacido en el ámbito
digital y asumen este medio como natural, al contrario que la
legislación actual que, incluso después de las recientes
reformas, parece tener una filosofía pre-digital. Proyectos dentro de Creative Commons
La fundación, además de la creación,
adaptación, desarrollo y publicación de sus licencias,
también posee algunos proyectos relacionados con la
promoción del aprendizaje y la información
Proyecto CC Learn (http://learn.creativecommons.org) División conocida como ccLearn dedicada a apoyar el open learning
y los recursos educativos “abiertos”. Sus objetivos son
minimizar las barreras legales que favorezcan la creación y
reutilización de recursos educativos abiertos (OER, Open
Educational Resources), acercar a las comunidades al mundo del open learning,
favorecer la participación de expertos en materia educativa de
todo el mundo y promulgar un cambio en la cultura de educación
para que los profesores tengan un mayor control sobre su
pedagogía, una mayor libertad de experimentación y una
gran comunidad que los respalde.
Tratan de eliminar tanto las barreras legales, que pueden afectar
a los recursos por la gran variedad de restricciones de algunas
licencias, la dificultad para su comprensión o incompatibilidad
con sitios de recursos educativos abiertos, como las barreras
técnicas que impiden el acceso a los recursos abiertos o
las barreras culturales, incluyendo las diferentes pedagogías y
motivaciones en el aprendizaje.
Aboga por la interoperabilidad de los términos de las
licencias para contenidos abiertos y emplear un lenguaje educativo
apropiado para explicar las diferentes licencias disponibles y
excepciones del copyright por un lado y por otro trata de ir en cabeza
en lo que al desarrollo de nuevas técnicas de formatos de
archivos se refiere para permitir la localización de los
Está compuesto principalmente por: DiscoverEd, un buscador a medida para diferentes tipos
de recursos educativos en línea , actualmente continúa en
El proyecto ODEPO (Open Database of Educational
Projects and Organizations) es una de las líneas en las
que se trabaja. Es una base de datos para proyectos educativos y
organizaciones, con acceso abierto y posibilidad de edición y
desarrollo para sus usuarios. Es un Wiki con licencia sólo
de reconocimiento en colaboración con la Rice University de
Tejas (EE.UU.).
Proyecto Science Commons (http://sciencecommons.org) Science Commons es uno de los programas semi-autónomos que operan a través de la fundación Creative Commons.
Se centra en tres facetas entrelazadas que ayudan a acelerar el ciclo
de la investigación, cuya continua producción de
información y reutilización de la misma es el
núcleo del método científico:
Promover que la investigación científica se
reutilice. Ayudando así a organizaciones e investigadores a
abrir y describir sus investigaciones y datos para ser reutilizados.
Permitiendo acceso a los material “en un click”.
Facilitando la puesta a disposición y transferencia de materiales para que los investigadores puedan reproducir, verificar y
extender la investigación.
Integrando fuentes con información fragmentada.
Permitiendo encontrar, analizar y usar datos de diferentes fuentes,
marcando e integrando la información en un lenguaje común
legible por máquina.
Hay varios proyectos relacionados con la educación
universitaria que utilizan este tipo de licencias. El más
conocido y extendido es el OpenCourseWare desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y que en la actualidad es un consorcio (http://ocwconsortium.org/ ) formado por más de 200 instituciones de todo el mundo. En el ámbito español e hispanoamericano, el proyecto Universia OCW (http://ocw.universia.net/es),
que también está involucrado en el consorcio OCW,
está compuesto por universidades de ambos lados del
Atlántico, que ponen a disposición de los usuarios
materiales educativos, informes, cursos, artículos
científicos, etc. Las licencias bajo las que se distribuye este
material son reconocimiento, sin finalidad comercial y compartir bajo
la misma licencia. Por lo que se permite copiar, distribuir y comunicar
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas
siempre que se cumplan los primeros requisitos. Además,
Universia OCW tiene una sección dedicada a los cursos del MIT
traducidos a español (http://mit.ocw.universia.net/index.htm). Este proyecto abarca un amplio espectro de universidades
españolas, que se han sumado al consorcio universitario que
desarrolla este proyecto:
Otra iniciativa de gran interés son los repositorios
institucionales de diversas universidades o del propio CSIC. Se trata
de grandes archivos digitales comunes a una institución donde
podemos encontrar tanto tesis de máster y de doctorado, como
trabajos de fin de carrera, artículos científicos,
informes de la institución, etc. La tipología documental
que incluyen depende de la institución, en función de su
política y prioridades. Algunos ejemplos son:
Además de CC están a disposición de los
usuarios que lo deseen otras licencias que podemos emplear en nuestros
trabajos, entre ellas:
GNU General Public License (GPL). Usada para
distribuir software con el principio copyleft (garantizando la libertad
de modificación y redistribución provista bajo los mismos
términos) http://www.gnu.org/licenses/licenses.html
BBC Creative Archive Licences. Con los mismos principios de las CC pero se ha añadido la restricción de uso al Reino Unido http://creativearchive.bbc.co.uk/licence/nc_sa_by_ne/uk/prov/ En Australia se ha establecido un sistema de licencias llamadas AEShareNet (http://www.aesharenet.com.au/
) en dos formatos: licencias inmediatas, similares a las CC y las de
mediación con fines comerciales o destinadas a usuarios finales.
Estas licencias, que son totalmente compatibles con las Creative Commons,
permiten registrar diferentes tipos de obras, tanto accesibles desde
sitios web, como en soportes tangibles u obras para el mundo
académico (discursos, libros, artículos, etc.), y
auto-gestionar los derechos de obras textuales, sonoras,
fotográficas o audiovisuales. Se explican mediante un
código de colores que van desde el verde hasta el rojo, pasando
por el amarillo y azul:
Permiten la reproducción, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo de lucro,
así como la creación de obras derivadas incluso con fines
comerciales. Esta es la menos restrictiva de todas. Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública siempre que se realice sin
ánimo de lucro y no permite obras derivadas. La roja es la
más restrictiva de las cuatro.
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública siempre que se haga sin ánimo
de lucro y realizar obras derivadas si es para usos no comerciales,
siempre y cuando la obra derivada se ceda bajo las mismas condiciones
en las que se recibió. Esto es lo que llaman
“cesión en cadena”. La licencia amarilla
sería aproximada a la licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Compartir igual, empleada en el ámbito académico digital. Permite la reproducción, distribución y
también permite la realización de obras derivadas para
usos comerciales o no comerciales. Hasta este punto es igual que la
licencia verde, pero con la diferencia que en la azul el creador del
trabajo original obliga al cesionario a poner la obra derivada bajo las
mismas condiciones que la original que recibió, es decir que
obliga a la cesión en cadena. Además de estas cuatro variables básicas, existen
otras siete licencias fruto de la combinación entre algunos de
estos cuatro colores: Un ejemplo es:
permitiendo también la realización de obras
derivadas siempre y cuando sea para usos no comerciales.
Coloriuris permite registrar las obras al subirlas a su servidor mediante un sellado de tiempo (TimeStamping)
a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que
garantiza la integridad del fichero, el nombre del registrante y la
fecha y hora del registro. Derechos de autor en plataformas e-learning