Source: http://fte-energia.org/E111/04.html
Timestamp: 2018-01-19 07:30:11
Document Index: 117768246

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 601', 'artículo 601', 'Artículo 27', 'artículo 48']

El documento del FAP empieza haciendo referencia a la iniciativa de Calderón, misma que se trató en la primera parte. Después, transcribe completos todos los títulos y fechas de los Foros de debate que organizó el Senado.
El 23 de julio de 2008, el PRI presentó una iniciativa energética consistente en la reforma y adiciones a diversas leyes: 1- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 2- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3- La Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 4- Ley Federal de Entidades Paraestatales, 5- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se expiden 7- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, 8- Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, y 9- Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.
Dice el FAP que “una posible dictaminación positiva de estas reformas ... requiere demostrar que constituyen modificaciones jurídicas consistentes con la Constitución, con la soberanía y la seguridad nacional del país” y con “un sistema energético integral para el siglo XXI que incorpore a la energía nuclear (sic), la electricidad y las energías renovables”.
De entrada, se concluye que las iniciativas del PRI, “no deben ser aprobadas” por cuatro razones, a saber, se proponen 1- finalidades contrarias a la Constitución y a los intereses nacionales, 2- modificaciones institucionales violatorias de la Constitución, 3- el establecimiento de un sistema de contratos violatorio de la Constitución y, 4- se mantiene la política antinacional de utilizar la renta petrolera para compensar el déficit de recaudación, así como de destinarla al gasto corriente en lugar de la inversión.
Se indican enseguida “los elementos sustanciales” que permiten la demostración de las anteriores tesis.
I. Las finalidades que propone el PRI en su iniciativa pretenden “desnaturalizar el objeto y privatizar a Pemex”, contrariamente a una interpretación integral de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. La desnaturalización del objeto de Pemex se muestra cuando el PRI “le otorga el mandato de exportar crudo, lo que es contrario a la seguridad energética y la seguridad nacional”. Además, se reduce el objeto de Pemex al de una empresa pública indiferenciada. “Pemex es el soporte más importante del gasto público” y “los hidrocarburos deben financiar el desarrollo del sistema energético del siglo XXI”. Definir la exportación de petróleo “como uno de los objetos de Pemex es contrario al interés nacional”, se dice.
“III- Se proponen modificaciones institucionales violatorias de la Constitución política... derivadas de estas finalidades contrarias a los intereses nacionales”.
El FAP señala al respecto que “en materia de petróleo la política económica ejecutada contradice lo establecido en la Constitución en los artículos 27, 25 y 28”. Luego se hace una discusión indicando que “los hidrocarburos son propiedad de la nación” y que “Pemex no es una empresa y no debe organizarse como tal”. Se indica que “hasta el momento la industria petrolera en México está organizada para cumplir con dos fines que no permiten utilizar esta riqueza para el desarrollo de la nación. Por un lado se mantiene una plataforma de extracción de crudo con el objeto de alcanzar una notable cuota de exportación cuyo destino es Estados Unidos”. Luego se dice que “por otro lado los recursos que se obtienen por las exportaciones de crudo se canalizan en su totalidad a financiar el gasto corriente del sector público”.
El FAP considera “inaceptable” la modificación propuesta al artículo 2 de esta Ley porque se indica que la nación llevará a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera “en términos de ésta Ley” y no “del artículo 3º, como se encuentra en la ley actual”. Para el FAP, en éste artículo “los elementos constitutivos de la industria petrolera .. se encuentran definidos ampliamente”. No es así, en ese artículo 3º se define a la industria petrolera en términos del TLC que, en 1995, definió a una industria petrolera fragmentada. Al respecto, el FAP no dice nada, ese artículo 3º ni se menciona mucho menos se cuestiona.
El FAP se queja del párrafo segundo del artículo 4º, que indica la creación por decreto de las filiales de Pemex, lo que es inconstitucional porque se excluye al Legislativo. Señala que las modificaciones a este artículo son inaceptables porque “no es el Estado” quien lleva acabo la explotación del petróleo “es la nación y la realiza por conducto de Pemex”. La división de la paraestatal “en una multiplicidad de entidades ... dotadas de autonomía de gestión” constituye una deliberada voluntad para “balcanizar la industria petrolera del Estado mexicano” (sic). ¡Está bien, pero la industria petrolera NO es del Estado mexicano sino de la nación!
Se indica por el FAP que el párrafo tercero del artículo 4º “concede competencias indebidas a las filiales para regular la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios” siendo que, tales atribuciones, competen al Legislativo. Luego, el FAP señala que “la plena autonomía presupuestaria de Pemex es incompatible con su carácter de organismo público estratégico” (sic).
Específicamente, se citan el artículo 601 y el anexo 602.3 del TLC, mismos que se reivindican erróneamente por el FAP. Allí se indica el “pleno respeto a sus Constituciones” de los firmantes, cuestión que no se cumple y, el artículo 601 se contradice de inmediato con el anexo 602.3. En éste se “definió” a la industria petrolera de manera parcial y fragmentada, aprobada en 1995 por TODOS los partidos políticos al reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Ni en ésta Ley ni en el TLC se incluye a la petroquímica, denominada por los legisladores “secundaria” para privatizarla, lo mismo que el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, actividades actualmente privatizadas.
Peor aún, el anexo 602.3 del TLC se refiere a la industria eléctrica incluyendo “demagógicamente” a la “generación” de electricidad “salvo lo dispuesto en el párrafo 5”. En ese párrafo se excluye al autoabastecimiento, la cogeneración y la producción independiente de energía, figuras inconstitucionales incorporadas en 1992 a las contrarreformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. A través de estas figuras, la industria eléctrica mexicana ya ha sido desnacionalizada en el 47% de la generación total a nivel nacional.
“La autonomía de gestión (y presupuestaria) que se propone en el artículo 48º para Pemex, se convierte de facto en una autonomía para administrar los recursos de la Nación, sin intervención a posteriori del Poder Legislativo, lo que es contrario al interés nacional”. Para el FAP la tal “autonomía de gestión” es un asunto de formalidad legislativa.
¿Por qué el FAP no dice nada sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía? ¿Está en desacuerdo con el PAN pero de acuerdo con el PRI? En esa Comisión reside, precisamente, “el veneno” de la privatización, según la propuesta del Banco Mundial de 1995. Esta Comisión sería la encargada de regular (privatizar) a todas las fuentes energéticas alternas, renovables y no renovables: carbón, uranio, geotermia, agua, hidrógeno, mareas, viento, y radiación solar. Esta Comisión, mediante el otorgamiento de permisos privados, ya desnacionalizó a la industria eléctrica y, otro tanto, ha hecho en materia de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural.
La iniciativa energética del PRI debe ser DESECHADA, el TLC debe ser echado abajo, la privatización energética furtiva debe ser revertida. Eso solamente se hará con la Re-nacionalización. El FAP se mueve en el ámbito legislativo formal y elude las cuestiones de fondo. No obstante varias “observaciones” correctas, éstas son incompletas, el documento quedó inconcluso. (b226, 6 sep 2008).
Brigadistas de la resistencia civil pacífica