Source: http://riquelmeabogados.es/ayudas-compensatorias-comercializacion-platano/
Timestamp: 2018-03-25 05:01:00
Document Index: 189832864

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 92', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 139']

Ayudas compensatorias por la comercialización del plátano Ayudas compensatorias por la comercialización del plátano
Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera
N° Procedimiento: 00001 i3/2010
NIG: 3800020320100000156
Materia. Acc. Admin. fomento subvenciones a la agricultura-ganadería e industria
Resolución: Sentencia 000094/2013
BEGOÑA PINTADO GONZÁLEZ
Demandado CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
D. PEDRO MANUEL HERNÁNDEZ CORDOBÉS
Dª. ADRIANA FABIOLA MARTÍN CÁCERES (Ponente). Dª. MARÍA DEL PILAR ALONSO SOTORRIO
En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2013.
Visto por este Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso­-Administrativo. Sección Primera con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso Contencioso­-Administrativo número 0000113/201 O, interpuesto por … representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. BEGOÑA PINTADO GONZÁLEZ y dirigida por la Abogada D./Dña. Desconocido, contra la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA PESCA Y ALIMENTACIÓN, habiendo comparecido , en su representación y defensa el letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, versando sobre Acción administrativa de fomento. Subvenciones. Siendo Ponente la ilma. Sra. Magistrada Dña. ADRIANA FABIOLA MARTÍN CÁCERES, se ha dictado , EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes.
PRIMERO .- Con fecha 30 de julio de 2009 se presentó por el interesado escrito solicitando la declaración de caducidad del expediente administrativo de reintegro de parte de la ayuda compensatoria por pérdidas en la comercialización del plátano -cobrada en 1999- en virtud de resolución de la Viceconsejería de Agricultura de 28 de abril de 2004, así como la devolución de las cantidades indebidamente retenidas y la identificación del funcionario responsable del citado expediente administrativo e inicio de expediente disciplinario contra el mismo . La desestimación presunta de dicho escrito es objeto del presente recurso contencioso-administrativo.
SEGUNDO.- Por la representación de la parte demandante antes mencionada , se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud referida, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se acuerde exigir la devolución de las ayudas a la comercialización del plátano y se condene a la Administración demandada al pago de las cantidades retenidas.
TERCERO.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se declare la inadmisibilidad del recurso y, caso de no prosperar tal pretensión, lo desestime por ajustarse a Derecho el acto impugnado, con condena en costas a la actora.
CUARTO.- Practicada la prueba propuesta, se acordó el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes y señalado el día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión de Tribunal en el designado al efecto.
QUINTO.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
PRIMERO.- La resolución de 28 de abril de 2004 ele la Viceconsejería de Agricultura acordó que toda vez que los importes reclamados ya habían sido compensados con anterioridad a la propia resolución con pagos que habían de verificar.se a favor del deudor en la misma línea de ayuda , para el caso de que el presente expediente de reintegro se resolviera a favor de la obligación del interesado de proceder al mismo, éste no se llevaría a efecto -como consecuencia de aquella retención- mientras que en el caso de que se resolviera favorablemente al interesado se procedería al abono de los importes resultantes -previamente retenidos- con sus intereses.
SEGUNDO.- La parte recurrente sustenta su demanda en la prescripción del derecho de la Administración a exigir el reintegro de parte de las ayudas compensatorias por pérdida de ingresos en la comercialización del plátano, lo que determina en consecuencia el carácter indebido de las retenciones acordadas por la resolución de 28 de abril de 2004 debiendo procederse a su devolución a la parte recurrente con los intereses de demora correspondientes. La prescripción se ha producido, a su juicio, porque transcurrieron más de cuatro años entre la fecha -13 de enero de 2000- en que la ayuda fue abonada y la fecha en que se dicta la Resolución de inicio del expediente de reintegro, el 28 de abril de 2004. sin que puedan interrumpir la prescripción los anteriores expedientes administrativos caducados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992.
TERCERO.- La Administración demandada opone a la demanda los siguientes motivos: 1º Inadmisibilidad del recurso por falta ele capacidad procesal de la actora al no acreditarse el cumplimiento ele los requisitos exigidos para entablar acción judicial, 2° lnadmisibilidad del recurso por extemporaneidad, que se plantea ad cautelam por no tener constancia de la fecha de la interposición del recurso, entendiendo que puesto que se trata de un recurso formulado contra la inactividad de la Administración ex artículo 25.2 LJCA este ha de interponerse en el plazo ele dos meses a contar desde el día de vencimiento de los tres meses subsiguientes a la fecha de reclamación, de acuerdo con lo previsto por el artículo 29.1 en relación con el artículo 46 .2 LJCA. 3° Inadmisibilidad del recurso por tener por objeto actos no susceptibles ele impugnación, pues la demandante se aquietó ante la resolución ele 17 ele junio ele 2004 y no interpuso recurso de alzada, por lo que aquella devino firme y consentida. 4° No se da el supuesto ele inactividad aducido por la actora, porque hay una resolución expresa, la de 17 de junio de 2004 con la que concluye el expediente de reintegro iniciado el 24 de abril de 2004, resolución que fue notificada al domicilio del interesado sin que este la recogiera sin causa justificada, cuyos intentos de notificación producidos el 23 de junio y el 28 de julio de 2004 han de ser tenidos en cuenta a efectos de considerar notificada en plazo aquella, con lo que no se había producido la caducidad. 5° En cuanto a la alegada prescripción del derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de reintegro, tampoco se ha producido, pues es de aplicación, aduce el artículo 3 del Reglamento CE 2988/95, del Consejo de 18 de diciembre, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, precepto según el cual el plazo de prescripción en estos casos es de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad en la obtención o empleo de los fondos comunitarios, pero disponiéndose de un plazo máximo del doble del plazo de prescripción, para que la autoridad competente se pronuncie sobre el reintegro. Además, el plazo de prescripción se interrumpe, conforme a lo previsto en el artículo 39.3 a) de la Ley General de Subvenciones, por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro, teniendo tal naturaleza las actuaciones ele control financiero llevadas a cabo por la Intervención General recogidas en su informe de control financiero de 17 de octubre de 2001. 6° Prescripción de la acción para ejercitar cualquier actuación contra la Administración, puesto que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria y la Ley General Tributaria, el plazo de prescripción de las obligaciones es de cuatro años, y atendiendo al suplico de la demanda , ha prescrito la acción para la devolución de las ayudas a la comercialización, pues han transcurrido en todo caso más de cinco años desde que se pudo generar el presunto derecho a la devolución.
CUARTO.- La causa de inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación para su interposición ha de rechazarse por cuanto la misma consta acreditada en autos. En segundo lugar, en cuanto a la pretendida extemporaneidad del recurso contencioso, ha de tenerse en cuenta que el escrito ele interposición, de fecha 5 de marzo de 2010, se presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.1 LJCA, contra la desestimación presunta de la solicitud de declaración de caducidad y devolución de las cantidades indebidamente retenidas, formulada mediante escrito de 30 de julio de 2009. En tales supuestos de desestimación presunta el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo es de seis meses, a contar en este caso desde la fecha en que concluye el de tres meses subsiguientes a la fecha de la reclamación a que se refiere el primeramente mencionado. Luego el escrito de interposición del recurso se ha presentado dentro de plazo, lo que determina la no concurrencia de la causa de inadmisibilidad alegada. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que tras el abono en su día al ahora recurrente de las ayudas compensatorias, con fecha 13 de enero de 2000, se iniciaron hasta dos expedientes de reintegro que resultaron caducados. La declaración de caducidad del segundo de ellos fue consecuencia del recurso contencioso-administrativo en el que se interesó además de la declaración de caducidad del expediente de reintegro, la devolución de las cantidades compensadas por la Administración con cargo a las que se entendía que debían ser objeto de reintegro. Tal como se refiere en, el informe adjunto a la contestación a la demanda -obrante al folio 48 de los autos­ con fecha 14 de abril de 2004 se dictó por esta Sala Auto de reconocimiento extraprocesal de las pretensiones de la entidad demandante acordándose el archivo de aquel recurso, y por Resolución de la Viceconsejería de Agricultura, notificada el 15 de abril de 2004, se declaró la caducidad de dicho expediente, lo que fue seguido de la Resolución de la citada Viceconsejería, de 28 de abril de 2004 por la que se inició un nuevo expediente de reintegro. Ahora bien, en dicha resolución se reconocía que los importes reclamados ya habían sido compensados con anterioridad a dicha resolución con pagos que habían de verificarse a favor del deudor en la misma línea de ayuda “para el caso de que una vez finalizado el presente expediente de reintegro se resuelva que el interesado ha de proceder al reintegro…”. Pues bien, ha de afirmarse en primer lugar que la decisión administrativa de mantener la retención de cantidades habiendo declarado la caducidad del expediente de reintegro y tras el auto de reconocimiento extrajudicial de las pretensiones del demandante -que no eran otras que la caducidad del expediente y consiguiente devolución de las cantidades compensadas- es contraria a Derecho porque, además de lo antedicho, se procedió a una suerte de “compensación” preventiva carente de amparo normativo, toda vez que la compensación solo es posible entre obligaciones recíprocas vencidas, líquidas y exigibles, presupuesto que no podía considerarse concurrente en la fecha de inicio del expediente de reintegro. Por otro lado, es lo cierto que la declaración de caducidad de tales expedientes determina, como sostiene la recurrente, la anulación del efecto interruptivo de la prescripción conforme a lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992. Por ello, la resolución de inicio del expediente de reintegro, con fecha de 28 de abril de 2004 no es conforme a Derecho, por encontrarse en esa fecha prescrito el derecho de la Administración a obtenerlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y tal como el interesado manifestó en su escrito de alegaciones de 3 de junio de 2004 -folio 79 del expediente administrativo- frente a dicha resolución, sin que pueda admitirse como acto interruptivo de la prescripción, como pretende la Administración demandada, el informe de control financiero de fecha 17 de octubre de 2001, pues no consta en el expediente administrativo que dicho informe fuera notificado formalmente al ahora recurrente, lo que impide considerar producida la causa interruptiva prevista en el artículo 39.3 a) de la Ley precitada. Tampoco puede compartirse la interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE EURATOM) de 18 de diciembre de 1995 sostenida por la Administración, pues tal precepto, lejos de ampliar el plazo de prescripción hasta el doble, introduce un límite a la pendencia indefinida de los derechos y obligaciones merced a un encadenamiento de las causas interruptivas. En efecto, según el precepto mencionado, en la parte que aquí interesa: La prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto puesto en conocimiento de la persona en cuestión, que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. El plazo de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción. No obstante, la prescripción se obtendrá como máximo el día en que expira un plazo de tiempo igual al doble del plazo de prescripción sin que la autoridad competente haya pronunciado sanción alguna, menos en aquellos casos en que el procedimiento administrativo se haya suspendido de acuerdo con el apartado 1 del artículo 6. El razonamiento precedente determina que deba apreciarse la prescripción del derecho al reintegro de las cantidades percibidas por el recurrente en enero de 2000 en concepto de ayudas compensatorias, por no poder tenerse por iniciado dentro del plazo de prescripción expediente de reintegro alguno, de lo cual se deriva el derecho a la devolución de las cantidades indebidamente compensadas en el expediente de reintegro declarado caducado con fecha 15 de abril de 2004. Razonado en los términos expuestos que la resolución de inicio del expediente de reintegro de fecha 24 ele abril de 2004 resultaba extemporánea por haberse producido una vez prescrito el derecho de la Administración al reintegro de las subvenciones, procede a continuación analizar la relevancia de dicho expediente en lo atinente al derecho a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas, cuyo reconocimiento la propia Administración anudó al resultado de aquel expediente. Pues bien, ha de afirmase que en efecto, tal como sostiene la parte recurrente, aquel procedimiento nunca concluyó con resolución alguna, sin que pueda aceptarse la alegación de la Administración demandada de que la terminación del mismo se produjo mediante resolución ele 17 de junio de 2004. En efecto, difícilmente puede atribuirse tal carácter a una resolución cuya parte dispositiva reza expresamente: “Resuelvo continuar el expediente en todos sus trámites y dar por contestadas las alegaciones formuladas por … en el expediente administrativo de reintegro incoado en virtud del cual se le reclama parte de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos en la comercialización del plátano (…)”. Además del claro tenor de sus términos, tampoco se contenía en la misma ningún pronunciamiento sobre la inexistencia o existencia del derecho al reintegro determinante de la devolución -o no devolución- de las cantidades reclamadas indebidamente compensadas, de acuerdo con lo acordado en la resolución de inicio del expediente de reintegro de 28 de abril de 2004. De cuanto antecede resulta evidente que no habiendo recaído resolución expresa en el expediente de reintegro iniciado el 28 de abril ele 2004, había transcurrido con creces el plazo de caducidad cuando tras sucesivas reclamaciones en tal sentido por parte del recurrente en junio de 2009 vuelve a interesarse la declaración de caducidad del expediente y consiguiente devolución de las cantidades indebidamente retenidas, debiendo concluirse que el derecho de la actora a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas se ha mantenido vivo sin que quepa apreciar la prescripción pretendida por la Administración demandada. El recurso debe ser por ello estimado.
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Doña Begoña Pintado González en el ejercicio de la representación procesal acreditada en juicio contra la desestimación presunta de la solicitud formulada mediante escrito de 30 de julio de 2009, declarando prescrito el derecho de la Administración al reintegro de parte de las ayudas compensatorias por pérdidas en la comercialización del plátano y el derecho de la recurrente a que se le devuelvan las cantidades indebidamente retenidas por tal concepto más los intereses legales devengados.
No se aprecian circunstancias ele las previstas en el artículo 139 LJCA que justifiquen un especial pronunciamiento en materia de costas.