Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83837
Timestamp: 2019-09-20 20:52:17
Document Index: 236099791

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 34']

Gaceta: LXIV/1PPO-18/83837
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA A CARGO DE LA SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción IV del artículo 15 y se adiciona un párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal; así como se adiciona un artículo 34 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de legítima defensa, con base en la siguiente
El 14 de octubre de 2015 María Guadalupe Pereda Moreno (Mary), una joven chihuahuense de 19 años de edad, estaba privada de su libertad y siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo el influjo de alcohol y drogas, la amenazaba con ultrajarla y asesinarla. En el forcejeo el arma se disparó y la pareja de María cayó herido. Fue la misma Mary quien solicitó auxilio por parte de sus vecinos, quien dio aviso a las autoridades y pidió atención médica para su pareja. En el camino al hospital éste falleció. A Mary se le acusó y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”. A pesar de que este hecho a desatado la indignación pública y llevado a instancias internacionales como la CEDAW por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos , la realidad es que Mary permanece en la cárcel por haber evitado su propio feminicidio a manos de su novio, quien la amenazó de muerte previamente en estado de ebriedad y drogado, con la misma arma que Mary se logró defender.
Desgraciadamente en nuestro país este caso se suma a otros como el de “Itzel” o Yakiri Rubio , adolescentes que privaron de la vida a sus atacantes cuando pretendían violarlas, y que tuvieron que enfrentar procesos penales y averiguaciones ante interpretaciones de la ley que lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres en los casos que involucran violencia de género, las revictimizan.
Ante las cifras que aún padecemos en México de feminicidios y violencia de género, resulta apremiante preguntarnos porqué, ante casos como estos que debieron presumirse como defensa legítima por parte de las víctimas de forma inmediata, la tendencia de la autoridad es imputar conducta criminal. De no haberse dado la atención pública en estos casos, es probable que estas mujeres siguieran enfrentando a un sistema inercial que desconoce el principio fundamental de la legítima defensa: “nadie puede ser obligado a soportar lo injusto".
Si bien el problema es especialmente grave para las mujeres por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, existen otros ejemplos como el del ingeniero Juan Pedro Baca Ramírez, un sonorense de 61 años que era constantemente intimidado por su vecino quien un día en estado de ebriedad y junto con más familiares y amigos suyos, presuntamente allanó el domicilio de Juan en donde se encontraban: él, su esposa y sus dos hijas. Al sentir la amenaza hacia él y sus familiares, y un forcejeo con el agresor, el ingeniero disparó con una pistola vieja, no reservada al uso del ejército, e hirió al vecino que había irrumpido en su hogar. A pesar de haber indicios grabados de la agresión, el ingeniero fue acusado de homicidio en grado de tentativa por haber causado lesiones que ponían en peligro la vida de sus agresores y ha sido sometido a un largo proceso penal de más de 7 años, afectándolo gravemente en su trabajo y vida familiar.
En efecto, siendo la legítima defensa una institución tan antigua como el derecho penal, su invocación como excluyente de delito representa en los hechos un problema para el ciudadano-víctima y que se agrava en la medida que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad por género, edad o recursos económicos, como en los casos anteriormente relacionados. Este fenómeno es especialmente alarmante cuando observamos el aumento de casos relacionados con delitos sensibles y de alto impacto en todo el país.
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) , con base en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar las tasas por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso (considerado como el principal indicador de la falta de seguridad) y feminicidio de enero a julio de este año, contra el mismo periodo del año anterior, observamos un crecimiento del 18.14%. Por su parte, comparando dichos periodos, las tasas de carpetas de investigación de robo con violencia crecieron un 2.93%; las de robo de vehículo 2.71%; y las de violación 3.18%. Entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León o Chihuahua siguen presentando los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional; y en casos como Guanajuato este problema es particularmente alarmante, al registrar de enero a julio 1 847 víctimas, correspondiente a una tasa de 31.03 víctimas por cada 100 mil habitantes, superior a la nacional en 98.72%; esta tasa es superior 27.78% a la registrada en todo 2017 en la entidad y en 120.65% a los primeros siete meses de 2017. Los asesinatos en su mayoría causados por arma de fuego y van desde la irrupción dentro de domicilios hasta ataques perpetrados en las vías públicas.
Dadas estas condiciones, las acciones de seguridad pública para garantizar la paz y tranquilidad de los mexicanos deben complementarse con un marco jurídico que acorde con la realidad, proporcione instrumentos que garanticen a los ciudadanos y sus familias poder actuar en defensa de su vida, integridad y patrimonio, incluso en las más extremas de las circunstancias.
Por ello el objeto de esta iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su vez que el espíritu de la reforma propicie la armonización del contenido correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad, y que sea un precedente importante en la configuración de esta institución en el Código Penal Nacional que se encuentra en las agendas legislativas de varias fuerzas políticas.
En el Código Penal Federal, como en los códigos locales, se regulan diversas causas de exclusión del delito. En el artículo 15, en la fracción IV se establece lo siguiente:
Como se puede ver, el concepto de defensa legítima coincide con lo que la doctrina ha entendido tradicionalmente por esto. El penalista español, Luis Jiménez de Asúa la define como la repulsa a la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o terceras personas, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción, de los medios empleados para impedirla o repelerla.
La esencia de la defensa se encuentra precisamente en aquella repulsa, que como instinto de conservación, hace el agente a una agresión, mediante la cual se pretende dañar un bien propio o ajeno, que está jurídicamente protegido. El calificativo de legítima se logra a través de los atributos o accidentes que el legislador plasma por escrito en una ley y que suelen ser la ilegitimidad, actualidad o inminencia de la agresión, necesidad y proporcionalidad en la defensa, y falta de provocación de quien se defiende.
En el supuesto de la legítima defensa, no se está hablando de una restricción o perdón de la pena o de un estado de necesidad disculpante, sino de un reacción legítima y plenamente jurídica. El agredido actúa de acuerdo a derecho y justamente cuando se defiende del agresor, siempre y cuando no anteceda una provocación por parte de quien se defiende. Sí existiera provocación del defendido, se entendería que, en realidad, no es un caso de legítima defensa sino que fue una situación buscada y propiciada, tal vez con la intención de matar a quien después lo agrede, por lo cual se configura el dolo y la punibilidad ordinaria.
Por lo tanto, cuando hay un ataque que pone en peligro la vida o bienes, de la persona que se defiende o de un tercero, ésta se puede defender de diferentes formas cuyo resultado puede ser incluso, la privación de la vida al atacante. En este caso, en rigor, no se trata de un homicidio, ni de un homicidio que se perdona por las circunstancias del caso; no es tampoco una causa de inimputabilidad o de disculpa, sino una causa de justificación.
Mediante el acto de agresión, la persona que lo lleva a cabo se pone voluntariamente en una situación que le imposibilita la exigibilidad del título del derecho a su propia vida, durante el tiempo que dura dicha agresión. El agredido, en virtud del derecho que tiene a la vida e incluso del deber de protegerla como valor máximo que es, del derecho a la protección de sus bienes jurídicos y de su patrimonio, puede responder con un acto que tenga como consecuencia privar de la vida al atacante. Esta acción es conforme a derecho y no constituye ningún lícito; por lo tanto, se entiende que se excluye el delito.
Sin embargo, la repulsa no siempre es la misma, ni tiene en todos los supuestos la misma intensidad ni los mismos resultados. Esta será mayor o menor, en función de la agresión ilegítima que reciba el atacado; debido a la proporcionalidad que debe existir entre una y otra, la respuesta al ataque podrá tener un resultado que supere a un mero daño en quien esté atentando contra los derechos o bienes de la otra persona.
Además, la acción de defenderse, puede entrañar un doble efecto: por un lado, la protección de la propia vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte del agresor. Física y jurídicamente, nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales, uno puede ser querido y buscado por el accionante y otro que va más allá de la intención.
Esta situación ha generado lo que se conoce como exceso en la legítima defensa, ampliamente debatido y tratado en la doctrina y en la jurisprudencia en todos los sistemas y tradiciones jurídicas.
A manera de elegir una referencia, podemos afirmar junto con la jurisprudencia de la Corte que:
“El exceso en la legítima defensa sólo se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá de lo necesario para evitar el peligro que ésta implica.”
Este “más allá” se configura por un exceso en los efectos producidos en quien se repele la agresión y la proporcionalidad de los métodos para la defensa.
En efecto, nuestro Código Penal exige “racionalidad” del sujeto que se defiende en el medio empleado, y en caso de exceso en su defensa, se lo castiga con la cuarta parte de la sanción fijada para el delito cometido (artículo 16 CPF).
Sin embargo hay que reconocer que “el standard normativo de “racionalidad” en la legítima defensa es una formulación difusa de difícil interpretación que sólo genera más incertidumbre e inseguridad. Ya que, quien se defiende, primero, no sabe cuál es el límite adecuado en su respuesta y, segundo, su racionalidad está fuertemente influenciada por la situación de la agresión que lo puso en extrema defensa..” y el miedo fundado.
Esta situación la retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis:
LEGITIMA DEFENSA, LA NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO EN LA, DEBE REFERIRSE TAMBIEN AL RACIOCINIO DEL ACUSADO.
Es evidente que viéndose agredido el acusado por dos personas, habiéndole echado tierra en los ojos para impedir su defensa, siendo atacado primero con una piedra por la parte posterior y después a puntapiés dirigidos a partes nobles, no es posible exigir un razonamiento frío y desapasionado para que en esos momentos pudiera haberse puesto a reflexionar con qué objeto fue agredido en la cabeza, y si la aguja empleada a su vez por él correspondía en proporcionalidad a los objetos con que fue agredido, ya que la ley penal al hablar de la necesidad racional del medio empleado en la defensa no se refiere exclusivamente al raciocinio del juzgador, sino también al criterio o raciocinio del acusado, relacionado, claro está, con las circunstancias objetivas o forma en que ocurrieron los hechos.
Amparo directo 17/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 15 de octubre de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Disidente: Genaro Ruiz de Chávez. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.
Resulta evidente que no se puede desligar la racionalidad de la acción de la raciocinio del actor. Si éste se encuentra afectado, la primera también lo estará.
Ahora bien, en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha emitido criterios que identifican las afectaciones al raciocionio que pueden existir en quien repele la agresión. En este sentido se destaca la siguiente tesis con valor histórico para el máximo Tribunal y por lo tanto aunque no es obligatoria, es persuasiva:
En contraste a la legítima defensa, el exceso en la misma es antijurídico; y aún cuando la legítima defensa no puede darse contra la legítima defensa, se reconoce en cambio, frente al exceso en la legítima defensa. Sólo cuando el autor se ha excedido en los límites de la legítima defensa, en estado de perturbación, miedo o terror, reconoce la ley el efecto como causa, de que la acción no se considere ya como expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del que actúa. Así es punible el llamado exceso extensivo, "pretexto de legítima defensa, esto es, una lesión en estado de perturbación, miedo o terror cuando objetivamente no existe, o no existe ya una situación de legítima defensa", como ocurre en el caso de la lesión causada al que huye después de consumado el ataque. Ahora bien, conforme a la legislación mexicana, se considera que hay exceso en la defensa y el mal que se causa, se convierte en delito de culpa, para los efectos de la penalidad aplicable: 1o. Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y 2o.
Cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es grave o leve, y para calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo el hecho material, sino también el grado de agitación y de sobresalto del agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido; el número de los que atacaron y de los que se defendieron, y las armas empleadas en el ataque y en la defensa. Esto no quiere decir, que por el hecho de que el homicidio perpetrado en exceso en la legítima defensa deba punirse con arreglo a la penalidad que corresponde al delito por imprudencia, que el homicidio habido participe de los elementos del delito culposo, sino sólo que el legislador hizo reenvío a éste, sólo por la levedad de la pena. El exceso en la defensa, puede ser excusable o culpable. El que se ha excedido de los límites impuestos por la ley, o por la necesidad, es responsable del hecho con la disminución establecida en la legislación positiva. El exceso doloso o culpable, descarta la defensa legítima, y el hecho debe reputarse como intencional y no como de culpa. El exceso excusable, comprende el cálculo negligente, la imprudencia, etcétera. El exceso doloso comprende la venganza, la ira. Así para considerarse la defensa como delito de culpa y estimarse si hubo o no necesidad racional del medio empleado, debe atenderse el estado de ánimo del agente por consideraciones de psicología social y psicología individual; es necesario que se ejecute el hecho seguido de un acto de provocación, y que la provocación sea injusta.
Amparo directo 5431/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 2 de agosto de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Teófilo Olea y Leyva.
Es notorio que para efectos de establecer la dolosidad o culpabilidad de un exceso de legítima defensa es necesario atender a consideraciones del orden psicológico. Sin embargo también cabe preguntarse si bajo ciertos estados psicológicos, el exceso culposo de la legítima defensa podría también ser considerado justificado y por lo tanto jurídico.
Al respecto un caso paradigmático es el derecho alemán, que en el numeral § 33 de su Código Penal (Strafgesetzbuch o StGB) contempla la “confusión, temor o miedo”, para excluir el castigo:
§ 32. Legítima defensa
(1) Quien cometa un hecho que esta admitido por la legítima defensa, no actúa antijurídicamente
(2) Legitima defensa es la defensa que es necesaria para conjurar una agresión actual antijurídica para sí mismo o para otro.
§ 33. Exceso en la legítima defensa
Si el autor excede los límites de la legítima defensa por confusión temor o miedo, entonces no será castigado.”
Evidentemente la tradición alemana reconoce esta posibilidad, dejando de lado suposiciones teóricas de racionalidad que ante una situación extrema pierden vigencia. Sin embargo también establece que en cualquier caso la defensa debe ser NECESARIA. Es en ese sentido un estado de necesidad justificante como límite y prinicpio de juridicidad de la legítima defensa.
Cabe preguntarse que se debe entender por cada uno de estos estados psicológicos que pudieran hacer jurídica el exceso en la legítima defensa. Consideramos al respecto que corresponde a los jueces determinar su contenido. Un ejemplo lo da la siguiente sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJV :
“…, tres situaciones de orden psicológico permiten legalmente equiparar a la legítima defensa, el exceso en ésta: la incertidumbre, el temor y el terror. Esa equiparación deriva del hecho de haber establecido el legislador, que en la incertidumbre, la persona realiza el acto sin darse cuenta de que su determinación no es precisamente la que conviene para la defensa ante el peligro que le amenaza. En el temor, porque el agente obra impulsado por una serie de circunstancias que lo llevan al acto defensivo que él realiza, con la convicción de que es el único medio de librarse del peligro inminente que lo acecha, esto es, realizar el acto bajo la presión de una fuerza superior a su voluntad que le impulsa sin poder dominarla, porque el temor representa la inquietud razonada respecto de un peligro, pero sin precisar hasta donde han de llegar los límites de la acción para librarse de él. Y en el terror, en el cual a diferencia de las dos situaciones anteriores, el individuo, fuera de él es un autómata que ejecuta actos inconscientes, reflejos”.
Por todo lo anterior, resulta claro que el concepto de “racionalidad” en la defensa se encuentra fuertemente influenciado por el estado psicológico del que repele una agresión.
Esta realidad como hemos visto no se toma en cuenta de forma clara en nuestro Código, y puesto que en nuestro país la ley penal es de estricta aplicación por el principio de taxatividad, no es posible asumir que el juez integrará por mayoría de razón circunstancias subjetivas del sujeto, sino más bien, y como ha pasado, se interpreta la racionalidad de forma abstracta y sin antender a las circunstancias específicas del sujeto que repele la agresión, generando injusticias en perjuicio de la verdadera víctima.
Por ello es pertinente establecer elementos que permitan al juez analizar de una forma más objetiva y justa si la acción es punible o está justificada, dado que en una situación en la cual peligra la vida de uno mismo o de sus familiares, intervienen factores externos -instinto de supervivencia, adrenalina, entre otros- que impiden que el individuo realmente actúe de manera racional y medite sobre la proporcionalidad de su respuesta, lo que se agrava cuando lesiona o priva de la vida al agresor, situaciones que bajo los criterios de la legislación federal y local en varios casos, se considera exceso en la legítima defensa.
Ante estas consideraciones no es extraño que se hayan dado reformas para fortalecer a la víctima de casos de legítima defensa en estados que presentan un alto índice de violencia. Tal es el caso de Guanajuato y Nuevo León. A continuación se hace una relación sucinta.
En Guanajuato, se adicionó una fracción XI al artículo 33 del Código Penal del Estado para quedar como sigue:
ARTI?CULO 33. Eldelitoseexcluyecuando:
I… a X. …
XI. Seobreendefensadebienesjurídicos, propiosoajenos, contraagresiónilegítimaporintrusiónactualacasahabitación.
Como se puede ver, el supuesto señale que “se obre en defensa”, mas no específica qué tipo de defensa debe ser. Al no quedar explícito en la ley, se entiende que puede ser una respuesta de cualquier tipo contra el agresor y que puede tener como resultado una lesión, un daño o incluso una privación a la vida del agresor.
En el estado de Nuevo León, se reformó el artículo 17 del Código Penal, para quedar de la siguiente forma:
I.- a II. …
III.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Primera. a Cuarta. …
Se presumirá que concurren los requisitos de la legitima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.
Igual presunción salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aún cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que áquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen.
A diferencia de la reforma aprobada por el Congreso de Guanajuato, en Nuevo León, se añadió de manera expresa la posibilidad de que quien se defiende, prive de la vida a otro.
Por otro lado se destaca como derecho comparado la legislación en Estados Unidos de Norteamérica, en dónde en diversas entidades federativas se regula la legítima defensa de forma que el agredido no tenga obligación de huir del lugar antes de poder defenderse por la fuerza y que, además, pueda hacer incluso uso de fuerza letal para proteger su vida y sus bienes. Esto implica que, independientemente del resultado y siempre que se cumplan los requisitos de proporcionalidad, agresión legítima y falta de provocación, el agredido puede recurrir a una fuerza cuyo resultado final lleve a la muerte del atacante.
Los estados cuya legislación está redactada en este sentido son los siguientes:
Ahora bien, como hemos referido, tal como está redactado el Código Penal Federal actualmente y sus correlativos en algunos estados, no especifica, como se pretende hacer en la reforma aquí planteada, que con el hecho se cause no solamente un daño, sino además lesión o privación de la vida. Esta falta de precisión hace que, en razón a la prohibición prevista en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, no pueda extenderse la protección de la legítima defensa a estos resultados que por demás son razonables en numerosas circunstancias.
En efecto y como se ha advertido en la presente iniciativa, la acción de defenderse, puede entrañar un doble efecto: por un lado, la protección de la propia vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte del agresor. Física y jurídicamente, nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales, uno puede ser querido y buscado por el accionante y otro que va más allá de la intención.
Por lo anterior, la suscrita considera que en la adición de estos dos supuestos en la ley, subyace la lógica de dotar de mayor certeza y seguridad jurídica al ciudadano. La obligación que tiene el Estado Mexicano de respetar, garantizar y promover los derechos humanos de los ciudadanos, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Federal, conlleva realizar reformas como la presente, que pongan a la par la realidad con lo jurídicamente dispuesto.
Asimismo vale la pena insistir el tema de género, dado que nuestro país cuenta con un alto índice de violencia hacia la mujer y feminicidios. Si el Estado no está garantizando los derechos de la mujer, es realmente trágico que además de eso, termine criminalizándola por defender su integridad, y que proteja y de impunidad a violadores, golpeadores, asesinos, entre muchos otros abusos que se cometen en nuestra sociedad.
Adicionalmente y por las consideraciones ya expuestas es necesario adicionar las circunstancias subjetivas bajo las cuales no se considerará exceso en la defensa legítima por parte de la persona que se defiende, que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.
Como hemos visto en los antecedentes, estas consideraciones han tenido diversas enumeraciones tales como estado de perturbación, confusión, miedo, temor y terror.
En atención a lo anterior, se considera adecuado retomar elementos del Código Penal Alemán y de la jurisprudencia histórica del Poder Judicial de la Federación, para adicionar las circunstancias de confusión, miedo o terror como elementos justificantes.
La presente iniciativa considera adecuado mantener los ámbitos de interpretación del juez sobre el contenido y alcance de dichos términos como lo han hecho otros tribunales en distintos paises. No se omite mencionar que dicha interpretación deberá ser siempre en favor de la víctima de la agresión que motivó la legítima defensa.
Es por esto que se considera necesario reformar la fracción IV del artículo 15 así como adicionar un párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente forma:
I.. a III...
Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de
PRIMERO. Se reforma la fracción IV del artículo 15 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Dado en la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2018.
Cfr. Reportaje “Mary, un caso de legítima defensa que llegó a la ONU”, de Sharenii Guzmán, para la Silla Rota, en: https://lasillarota.com/mary-defensa-propia-caso-chihuahua-abogado-carlos/234270 (visto el 24 de septiembre de 2018)
Cfr. Columna de Yuriria Sierra para Excelsior, en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2017/06/30/1172843 (visto al 24 de septiembre de 2018).
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en la Hogares (ENDIREH), en nuestro país más del 66 por ciento de las mujeres han sufrido de alguna agresión violenta, 44 por ciento de estas ocurren en sus hogares, mientras que el otro 35 tienen lugar en espacios públicos o comunitarios.
Cfr. Reportaje, de Paris Martínez para Animal Político, en: https://www.animalpolitico.com/2016/09/sonorense-disparo-legitima-defensa-cumple-5-anos-proceso-penal/ (visto el 24 de septiembre de 2018).
Cfr. ONC, “Reporte sobre delitos de Alto Impacto.- Julio 2018), disponible en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Final_jul18.pdf (visto al 25 de septiembre de 2018).
Tratado de Derecho Penal, Luis Jiménez de Asúa, Tomo IV, página 26.
Cfr. La legítima defensa, Hugo Martínez García, UANL, 1998, página 5.
162, Primera Sala, SCJN, Apéndice de 2011, Sexta Época, t.III, Penal, Jurisprudencia, p.150.
STRATIONIS, Diego, “Legítima Defensa y su límite racional (Enfoque Comparado)”, Diario penal Nº 126, DPI Cuántico, Argentina, Octubre 2016, visible en https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2016/10/Doctrina-Penal-14.10.pdf (visto al 25 de septiembre de 2018).
Primera Sala, SCJN, Seminario Judicial de la Federación, Quinta Época, t.CXXX, Penal, Aislada, p.220.
57 (H). Primera Sala, Apéndice 2000, Quinta Época, t.II, Penal, P.R. Histórica, Pág. 3161.
Strafgesetzbuch, 32a cd., editado por Deutscher Taschenbuch Verlag, des Verlages C.H. Beck, München, 1998 (traducción Claudia López Díaz, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999).
SSCP N° 1017 del 20/07/2007
Dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de adición de un artículo 34 Bis al Código Penal del Estado de Guanajuato, http://www.congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/archivo/2802/756.pdf
Dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Nuevo León,http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/DICTAMEN-10390%20y%20anexo.pdf