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Timestamp: 2017-05-27 06:13:00
Document Index: 48324477

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 77', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 133', 'artículo 23', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 133', 'artículo 50', 'artículo 133', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 589']

REELECCIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA
REGULACIÓN DE EXHIBICIÓN Y EJECUCIÓN ARTÍSTICA EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO
Von B., J Ena
Sesión 16ª, en martes 13 de mayo de 2014
(De 16:17 a 19:25)
Concurrieron, además, los Ministros Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 18 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 14ª, ordinaria, en 6 de mayo, y 15ª, ordinaria, en 7 de mayo, ambas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los dos primeros comunica que dio su aprobación a las siguientes iniciativas:
La que aumenta bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342 (boletín N° 9.288-05) (con urgencia calificada de "suma").
La que establece el nuevo Código Procesal Civil (boletín N° 8.197-07) (con urgencia calificada de "suma").
Con el último expone que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el presidente del consejo regional (boletín N° 9.294-06).
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto de la enmienda recaída en el artículo 17, que pasó a ser 18, del proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (boletín Nº 8.829-01).
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 5°, numerales 1°, inciso primero, y 3° del Código de Justicia Militar.
De la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia:
Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señor Harboe, señora Goic y señores Araya, De Urresti, Guillier, Letelier, Montes y Pizarro, respecto de la posibilidad de interceder ante el Consejo de Defensa del Estado para que se ponga término, por vía de equivalentes jurisdiccionales, a las causas en que sean actores exprisioneros de la Isla Dawson y se abstenga, asimismo, de alegar la prescripción extintiva (boletín Nº S 1.644-12).
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Walker (don Ignacio), relativa al calendario definitivo de inicio y término de las obras de la ruta 60 CH, correspondientes al tramo Panquehue, que se encuentran pendientes desde el año 2002.
Atiende consulta, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, en materia de atribuciones fiscalizadoras respecto del uso de acumuladores de aire fabricados en acero inoxidable por los buzos mariscadores básicos en sus actividades extractivas.
Refiere que, atendida la materia en consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, remitió los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Del señor Director Nacional del SENCE (pt):
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la identificación de las empresas consultoras que han ejecutado planes proempleo en las comunas de Hualpén y Talcahuano en los últimos tres años.
De la señora Directora del Fondo Nacional de Salud:
Contesta consultas, formuladas en nombre del Senador señor Navarro, relativas al uso ilegal del seguro de incapacidad laboral y a casos de derivaciones indebidas al sistema de salud público por parte de las mutuales.
Del señor Alcalde de Yumbel:
Absuelve consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, precisando que en esa comuna no existen ordenanzas tendientes a determinar zonas preferentes para la instalación de antenas de telefonía móvil.
Del señor Secretario Técnico del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena:
Adjunta oficio enviado por la señora Directora del Servicio de Salud Magallanes (s) al señor Subsecretario de Redes Asistenciales, en respuesta a la solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre dificultades y carencias en la atención de salud de los vecinos de la provincia de Última Esperanza, en particular de la comuna de Puerto Natales.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el cual requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública al señor Eduardo Abarzúa Cruz, hasta el 29 de julio de 2016, en remplazo del señor Rodrigo Egaña Baraona (boletín Nº S 1.657-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, y establece un permiso por matrimonio del trabajador (boletín N° 5.907-13).
De los Senadores señores Espina, Allamand, Chahuán, García y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de agravar la pena aplicable a los responsables de las agresiones que señala en contra de agentes de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones (boletín N° 9.350-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema para el efecto de lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
De la Senadora señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que enmienda el Código del Trabajo para determinar los días hábiles e inhábiles respecto del derecho a feriado anual (boletín N° 9.349-13).
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y regula el derecho de algueros, recolectores de orilla y buzos apnea para morar en las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa (boletín N° 9.342-21).
Moción de los Senadores señores García, Horvath, Orpis y Pizarro, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley que establece el sistema institucional para el desarrollo del turismo con el fin de autorizar a los municipios para que soliciten la declaración de zona de interés turístico.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2º, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
De los Senadores señor Prokurica, señora Goic y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Orpis y Quinteros, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que se envíe una nota de protesta diplomática contra el programa japonés de caza científica de ballenas minke en el Pacífico y se comunique dicha medida a la Comisión Ballenera Internacional (boletín Nº S 1.659-12).
De los Senadores señores De Urresti, Harboe, Horvath, Navarro y Quinteros, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes para consultar, en el año 2015, recursos presupuestarios que financien diversas acciones y medidas inherentes al Plan de Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-2018 (boletín Nº S 1.660-12).
Señora Presidenta, se acaba de dar cuenta de una moción que presenté junto con los Senadores señores Allamand, Chahuán, García y Prokurica, relativa a ciertas agresiones que se cometen en contra de los miembros de Carabineros.
Obviamente, no es el momento de debatir el fondo del asunto. Pero noto que se le cambió el nombre a la moción, y yo no le he otorgado facultad a nadie del Senado para ello.
Solicito que se mantenga la denominación original. Mi reclamo dice relación con las atribuciones que poseemos los Senadores. El nombre de la moción es el que le ponen los patrocinantes de esta.
Entonces, pido a la Mesa que la moción recupere la denominación que tenía cuando fue presentada.
Reitero: no he entregado mandato alguno, ni expreso ni tácito, para que se le cambie el nombre. Está dentro de mis facultades constitucionales formular mociones y ponerles el nombre que estime conveniente.
Señora Presidenta, ruego que se rectifique el asunto y que se dé cuenta de ello en el transcurso de esta sesión.
Me parece de entera justicia su petición, señor Senador. No sé qué tiene que decir el Prosecretario en esta materia. En todo caso, se revisará el punto, se hará la corrección pertinente y se dará cuenta de ello durante la presente sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor García, sobre la Cuenta.
Señora Presidenta, los Senadores señores Horvath, Orpis, Pizarro y quien habla presentamos una moción que busca autorizar a las municipalidades para que soliciten al Consejo de Ministros para el Turismo la declaración de zona de interés turístico.
Este problema quedó en evidencia hace algunas semanas, cuando se retiró dicha calidad a determinados territorios de nuestro país.
Hago presente que no estoy de acuerdo con el criterio con que ha procedido la Mesa al declarar inadmisible esta moción, porque, si revisamos la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, advertiremos que, entre sus funciones y atribuciones, está lo que dispone la letra e) del artículo 4º, que señala: "El turismo, el deporte y la recreación". Por tanto, los municipios tienen facultad genérica para hacerse cargo del desarrollo turístico de su zona.
Con todo, señora Presidenta, pido que se curse un oficio a la Presidenta de la República con el propósito de solicitarle su patrocinio para la referida moción.
Si hay acuerdo, así se hará, y -supongo- con la adhesión de varios Senadores. En realidad, son muchos los que así lo manifiestan.
Si les parece, se cursará el oficio en nombre del Senado.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a los acuerdos de Comités.
1) Tratar, hasta su total despacho y en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití.
2) Abrir nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos, hasta el lunes 9 de junio, a las 12, las que deberán presentarse en la Secretaría de la Comisión de Economía.
3) Transmitir por TV Senado, en vivo, la hora de Incidentes, considerando que cada Senador o Senadora que intervenga podrá hacer uso, como máximo, del tiempo de su Comité más el de otro que así lo autorice por escrito. Ello, sin perjuicio de incentivar, a través de los respectivos Comités, el uso del tiempo destinado al efecto, a fin de que todos aprovechen esa instancia.
4595-15
Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Sesiones 64ª, en 13 de noviembre de 2007 (se aprueba en general); 31ª, en 7 de julio de 2009 (se aprueba en particular); 7ª, en 9 de abril de 2014 (queda para segunda discusión).
Hago presente que, en sesión de 9 de abril del año en curso, se solicitó segunda discusión para esta materia.
Como se informó en esa oportunidad, la iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó íntegramente el texto del proyecto de ley despachado por nuestra Corporación por otro que incluye mayores derechos en lo relativo a información, retrasos y cancelaciones de vuelos y sobreventa de pasajes.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán y Girardi y el entonces Senador señor Cantero.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se consigna, en la segunda columna, el texto aprobado por el Senado; en la tercera, la modificación introducida por la Cámara de Diputados, y en la cuarta, la proposición de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. La señora ALLENDE (Presidenta).- En segunda discusión, la enmienda introducida por la Cámara Baja.
Señora Presidenta, este proyecto nace de una moción de los Senadores Muñoz, Letelier y Escalona, cuyo objetivo es resguardar los derechos de los consumidores en el contrato de transporte aéreo.
Estamos, como se ha dicho, en tercer trámite constitucional, analizando la modificación que introdujo la Cámara Baja, que sustituyó todo el texto de la iniciativa y que apunta en la misma línea de la moción indicada. Pero se establecen nuevas distinciones y mayores derechos para los consumidores.
En general, nos parece un buen proyecto. Lo discutimos largamente tiempo atrás en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Sin embargo, la enmienda de la otra rama del Parlamento, en materia de retraso, de cancelación del vuelo y de otorgamiento de prestaciones asistenciales a todo evento, genera problemas serios y delicados, lo que es bueno evaluar en su justa dimensión.
Si bien es correcta la regulación de la denegación por sobreventa, se establece que aquella se hará aplicable en buena medida a los casos de retrasos y cancelaciones, los cuales pueden haberse desencadenado por hechos fortuitos o fuerza mayor. En tales circunstancias, se dispone que el transportador deberá entregar las prestaciones asistenciales (comida, alojamiento, entre otras) a todo evento.
El establecimiento de estas prestaciones implica modificar de modo muy importante el régimen del Código Civil respecto al caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, resguardar los derechos de los pasajeros puede generar una situación perjudicial para las empresas. En la práctica, ello elevará los costos, lo que perjudicará mayormente a las líneas aéreas más pequeñas, cuestión compleja en un mercado donde hay alta concentración. Esta, en el caso de los vuelos nacionales, tiene nombre y apellido: LAN Chile. Lo anterior producirá complicaciones para los vuelos a zonas extremas (por ejemplo, Juan Fernández, Isla de Pascua, Balmaceda u otras tanto en el norte como en el sur), donde el factor climático suele retrasar las salidas.
Y ante el aumento de costos, ¿cómo se defienden las empresas chicas? Subiendo el precio de los pasajes, lo que afecta al consumidor.
Entonces, lo que queremos proteger (el derecho de los consumidores frente al abuso, a la arbitrariedad o a la irresponsabilidad de una empresa) a la larga va a significar un perjuicio, porque los pasajeros tendrán que comprar pasajes más caros, dado que las empresas van a tratar de cubrirse. Pero se genera un segundo efecto perverso, que es el más delicado.
Cuando se producen atrasos de vuelos por casos fortuitos o fuerza mayor -por ejemplo, por razones climáticas-, surgen circunstancias que no dependen de la aerolínea. Sin embargo, esta sí tiene que ver con las condiciones de seguridad con que debe realizarse un vuelo. De ahí que preocupa que las empresas muchas veces decidan hacer igual la salida cuando las condiciones no son las adecuadas, con el fin de evitarse el costo que significaría no efectuar el vuelo o retrasarlo unas horas, por concepto de pago de alojamiento, de comida, etcétera.
Además, se plantea una diferencia con lo dispuesto en el Convenio de Montreal, que establece que, en lo relativo a los casos fortuitos, solo se responde por causa imputable al transportador, motivo por el cual la enmienda que propone la Cámara de Diputados en ese punto iría en contra de las normas internacionales y solo se aplicaría a los viajes nacionales, lo que perjudicará a las empresas chilenas sobre el resto de la competencia.
El Ejecutivo, señora Presidenta, está preparando una serie de indicaciones para equilibrar el proyecto y recuperar su sentido original, como lo sugirieron los autores de la moción que le dio origen. En la Comisión de Economía se nos ha planteado la factibilidad de rechazar la modificación de la Cámara Baja para llevar la iniciativa a una Comisión Mixta, donde posibilitar la construcción de un acuerdo a fin de no perjudicar a los pasajeros ni a las empresas que hoy día prestan servicio de transporte aéreo, sobre todo hacia las zonas extremas, que es donde se genera una mayor competencia.
Si no lo hacemos así y no corregimos esto, vamos a colocar a los consumidores en una situación de indefensión y a las empresas más pequeñas, lisa y llanamente, las dejaremos sin posibilidad de competir con la aerolínea que concentra el mercado.
Por eso, la sugerencia es rechazar la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo recoger todo lo que ha señalado el colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Nadie puede negarse a buscar mecanismos que posibiliten que las personas que viajan en un avión tengan a lo menos algunos...
Si me permiten los Honorables colegas...
Excúseme, señora Presidenta, pero me resulta imposible hacer uso de la palabra en estas condiciones.
A ver. Parto de nuevo.
Este proyecto lo compartimos todos en la medida que podamos resguardar a como dé lugar las garantías de los pasajeros, quienes muchas veces se ven sometidos a abusos cometidos por las líneas aéreas, fundamentalmente por las nacionales.
Aquí se producen varias situaciones tremendamente injustas.
Por ejemplo, el ticket que uno adquiere no puede traspasarse en la eventualidad de que no viaje. No es factible entregarlo a otra persona o venderlo, con tal de no perder la inversión hecha en su compra.
En seguida, si no se efectúa uno de dos tramos, estas empresas monopólicas simplemente determinan que uno pierda el pasaje. No existe la alternativa de usarlo posteriormente. Y, lo que es peor, ni siquiera se puede recuperar el dinero de la inversión realizada.
Todos concordamos al respecto: queremos que existan resguardos; queremos que haya respeto hacia el usuario; queremos que no queden al arbitrio de estas empresas monopólicas los destinos, los horarios, los cambios, etcétera.
Pero hay un problema. Y lo hizo ver muy bien el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Su Señoría pidió que el proyecto vuelva a la Comisión para tratar de resguardar a las empresas más pequeñas, que prestan servicios fundamentalmente en localidades apartadas.
La empresa DAP otorga un valioso servicio a la Región de Magallanes. No solo conecta a Tierra del Fuego, sino que es una de las pocas empresas -o casi la única- que viajan a la Antártica, servicio que es tremendamente relevante desde la óptica geopolítica, por todo lo que significa la posibilidad de que un avión, el que debe tener características especiales, llegue a territorios tan únicos como esos.
Por lo tanto, uno no puede imponer a empresas como la citada las mismas condiciones que se establecen para empresas nacionales e internacionales como aquellas a las que queremos apuntar con este proyecto de ley.
Todos nos sumamos al propósito de resguardar a los usuarios y darles garantías frente al abuso que cometen compañías nacionales. Pero quiero recoger lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra: este proyecto debe ser mejorado para no perjudicar a las muy pocas y pequeñas empresas que prestan un enorme servicio de conectividad en regiones más apartadas, más aisladas, de más difícil acceso, donde no llegan precisamente las grandes compañías, porque no les interesa ese mercado, el que es cubierto por las pequeñas.
En esa línea, señora Presidenta, creemos absolutamente conveniente que se recoja lo que, según entiendo -y lo expresó el Senador Pizarro-, señaló el Ejecutivo en el sentido de que está dispuesto a incorporar una indicación que dé garantías de que las empresas de menor tamaño no serán tan afectadas.
¡Sí tenemos que avanzar en el resguardo!
¡Sí tenemos que avanzar en la protección a los usuarios!
¡De eso no cabe la menor duda!
Es preciso terminar con los brutales abusos que cometen las grandes compañías. Por ejemplo, con la pérdida de dinero que tiene lugar cuando no se utiliza un pasaje, por la imposibilidad de cederlo a otra persona.
¡Ni hablar de cuando una persona se enferma! Ahí ya la situación de traslado en las regiones extremas resulta absolutamente prohibitiva.
Por eso, señora Presidenta, me sumo a la petición que hizo el Senador Pizarro en términos de que volvamos a ver este proyecto, con el compromiso del Ejecutivo de cautelar el respeto y la protección al usuario, tal cual lo hemos solicitado, y en el entendido de que no se afectará a las pequeñas empresas que prestan un servicio tan vital para las regiones más apartadas.
Les aclaro a Sus Señorías que estamos en el tercer trámite constitucional y que el Honorable señor Pizarro solicitó rechazar las enmiendas de la Cámara de Diputados para permitir la formación de una Comisión Mixta, órgano al que el Gobierno podrá hacer llegar proposiciones que logren el objetivo señalado aquí por los dos Senadores que han intervenido.
Aprovecho de saludar a los alumnos de la Escuela América, de Marchigüe, que se encuentran en estos momentos en las tribunas.
¡Muy bienvenidos! --(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el proyecto pase a Comisión Mixta. Y coincido también con lo que ha planteado el colega Bianchi. Pero, si el Ejecutivo desea formular algunas proposiciones, quiero dar a conocer mi posición respecto de lo que sucede con la conectividad, sobre todo en la Región que represento.
La conectividad aérea es muy importante para las actividades económicas, sociales y turísticas de nuestra Región, así como para las personas que necesitan atención de salud especializada que solo está disponible en Santiago.
He tenido la oportunidad de compartir muchas veces con pasajeros que me expresan su frustración por el servicio que reciben de parte de las líneas aéreas.
A raíz de eso, me ha interesado particularmente el proyecto en debate, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos -por eso hago una distinción entre compañías pequeñas y grandes-, y me he convencido de la urgente necesidad de regular aspectos de la relación que se produce entre la línea aérea y los usuarios, que hoy se caracteriza por una evidente asimetría, lo que da lugar a innumerables reclamos y a la frustración de los pasajeros, quienes se sienten en la indefensión, particularmente en los casos de denegación de embarque por sobreventa, circunstancia que es de completa responsabilidad de la compañía.
Al respecto, valoro la inclusión de normas referidas a deberes generales de información del transportador. Pero creo que esto sería más eficaz si se estableciera la obligación de las líneas aéreas de utilizar los medios de comunicación electrónicos, de acuerdo a los datos proporcionados por el pasajero, para enviar antecedentes a su correo electrónico.
De igual manera, se podrían hacer más eficaces las compensaciones imponiendo la obligación de hacer las transferencias pecuniarias a las cuentas bancarias que indique el pasajero.
Asimismo, el transportador debiera generar un soporte de información relevante sobre las condiciones de la operación del vuelo por lo menos con doce horas de anticipación, el que debiera actualizarse como mínimo cada dos horas.
Por tales consideraciones, y si es efectivo que el Ejecutivo está pidiendo rechazar las modificaciones de la Cámara de Diputados para formular proposiciones, sugiero agregar al Código Aeronáutico un artículo del siguiente tenor:
"El transportador está obligado a utilizar los medios de comunicación electrónicos para cumplir con las obligaciones de información y de reembolso de prestaciones contempladas en el presente Código. Estará obligado, asimismo, a otorgar una información oportuna y veraz de las condiciones de la operación del vuelo y de la eventual afectación de los derechos de los pasajeros en relación al respectivo contrato de transporte aéreo, por causales contempladas en el presente Código".
Con relación a la sobreventa de pasajes, mi posición es muy diferente de la sustentada en el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, el cual en su artículo 133, de hecho, consagra legalmente la denegación de embarque por esa causal.
En mi opinión, no es conveniente otorgar consagración legal a una práctica comercial que tiene que ver con la estructura de costos y el modelo de negocio de las compañías aéreas, y que finalmente trasunta una práctica especulativa en relación con los beneficios o utilidades del tráfico aéreo. La sobreventa no puede tolerarse, pues atenta contra los principios de seguridad en el tráfico jurídico y de lealtad entre proveedores y consumidores, y en último término, afecta los derechos de los usuarios.
Este proyecto opta por regular los mecanismos de compensación para la práctica de denegación de embarque por sobreventa, en circunstancias de que ella derechamente debe prohibirse. No encuentro lógico que se ampare esa práctica abusiva, de la cual todos los Senadores hemos sido testigos o, incluso, víctimas más de alguna vez.
Se argumentará que esta iniciativa constituye un avance respecto de la situación actual. Empero, creo que reconocer el derecho de las líneas aéreas a denegar el embarque por sobreventa no será comprendido por muchos usuarios, como tampoco es comprendida hoy la exclusión de las compañías aéreas de las sanciones por la venta de sobrecupos, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley del Consumidor. En definitiva, señora Presidenta, considero razonable que, en el marco de una nueva discusión, ahora en Comisión Mixta, se exploren soluciones que hagan más equitativa la relación entre las líneas aéreas y los pasajeros, y que, asimismo, otorguen un trato diferente a las empresas pequeñas que hacen soberanía en las regiones extremas de nuestro país. He dicho.
Señora Presidenta, en primer término, considero absolutamente imprescindible resguardar los derechos de los pasajeros. Y lo digo con conocimiento de causa, dado que soy usuaria frecuente de las líneas aéreas nacionales para poder llegar al Honorable Congreso Nacional.
Pero quiero referirme a otro punto. Si bien es razonable tratar de sancionar las faltas en que caen las líneas aéreas, me parece que debieran sancionarse de la misma manera aquellas en que incurre el Estado y que generan daño, particularmente a las personas, en los aeropuertos. En el caso del de Concepción, las obras que se están haciendo lo tienen en condiciones peores que las de un aeropuerto de cualquier ciudad pequeña. Tanto es así que cada semana se cierra por dos o tres días producto de la neblina. Los trabajos, supuestamente, debían estar listos ahora, en mayo. Sin embargo, por distintas razones, se van a atrasar. Ello, solo para dejarlo en el nivel en que estaba antes de las ampliaciones. Y para que quede en condiciones similares a las del aeropuerto de Santiago, se suponía que las obras iban a estar listas a fines de este año. Pero ya las están postergando para fines de 2016, a pesar de que los recursos fueron aprobados por el MOP y de que las bases de licitación se hallan autorizadas por la Contraloría. Por tanto, entendiendo las aprensiones de los señores Senadores que apuntan a proteger a las aerolíneas pequeñas y estando de acuerdo, desde esta perspectiva, con la pertinencia de rechazar las enmiendas de la Cámara Baja a los efectos de generar una Comisión Mixta, hago votos para que esta misma preocupación que muestra el Poder Legislativo ojalá se dé para presionar a las instituciones del Estado a fin de que resguarden los intereses de los usuarios. En el caso de Concepción, cada año alrededor de 40 mil pasajeros sufren a raíz de que las obras requeridas no se han hecho. Muchas gracias.
Saludo al Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, quien nos acompaña durante la discusión de este proyecto.
Señora Presidenta, ante todo, felicito a los autores de esta iniciativa.
En seguida, quiero decir que este es un proyecto largamente esperado por los usuarios de líneas aéreas, quienes durante mucho tiempo se han sentido más bien indefensos ante ciertas prácticas abusivas en que, consciente o inconscientemente, han incurrido los proveedores de los servicios pertinentes. Sobre la base de un conjunto de iniciativas originadas en el Senado, y también, en determinado momento, en la Cámara de Diputados -me incluyo entre los autores-, mediante este proyecto estamos llenando un vacío de la ley para permitir que exista equilibrio entre los proveedores de los servicios y los pasajeros. Hasta ahora, los pasajeros no tienen ningún derecho; no son objeto de consideración alguna; muchas veces sin recibir explicación, deben tolerar que se les postergue o cancele el vuelo, o que se les niegue el embarque, normalmente por razones de conveniencia económica. En algunas oportunidades el vuelo es suspendido para enlazar con otro que se dirige al mismo destino; y ello, debido a que resulta conveniente para la empresa aérea llenarlo a los efectos de aprovechar la economía de escala. Sin embargo, aquello no es culpa de los pasajeros. No resulta admisible que a un vuelo se le niegue el aterrizaje argumentando problemas de clima inexistentes. Ello, porque a las empresas les resulta más económico no hacer la escala correspondiente, debido a que pocos pasajeros suben o bajan. En definitiva, todo se hace tomando en consideración solo el interés de la línea aérea. A mi juicio, este proyecto apunta en la dirección correcta. Les da a los usuarios derecho a ser indemnizados en determinadas condiciones, salvo en caso de fuerza mayor. Pero, en ese ámbito, creo que estamos lesionando a las empresas más chicas, las que no podrán resistir el pago de una indemnización tal que las hagan cerrar sus puertas, vender sus aviones y, de este modo, dejar solo a las líneas aéreas más grandes. Hay que proteger a los usuarios, pero no al punto de impedir -no se nos debe pasar la mano- que exista competencia o que las empresas cumplan razonablemente las sanciones que establezca la ley. Considero muy importante el paso que han dado nuestra Comisión de Transportes y el Senado con esta señal de regulación. Pero es fundamental elaborar una legislación equilibrada. Por esa razón, señora Presidenta, acojo el planteamiento de algunos colegas en orden a que este proyecto vaya a Comisión Mixta, con el objeto de perfeccionarlo y despachar una legislación que mantenga en competencia a las líneas aéreas y, al mismo tiempo, resguarde los intereses de los pasajeros.
Saludo a los alumnos del Liceo Rural Putú, de Constitución, que nos acompañan en las tribunas.
Señora Presidenta, me parece que este proyecto se halla bien inspirado; eso está más allá de toda duda. Y mediante él se abordan problemas relativamente modernos. Probablemente, hace 30 o 40 años el legislar respecto del tráfico aéreo puede haber sido algo muy sofisticado. Hoy día, para mucha gente es parte de la vida cotidiana. Y me parece bien que se asuman con sentido de futuro situaciones que, sin duda, tienen impacto ciudadano. Ahora bien, creo que el mayor valor de esta iniciativa -y ahí puedo discrepar de Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- es precisamente la generación de efectos que terminen beneficiando al consumidor en materia de sobreventa de pasajes. Y quiero ser claro. En su momento me tocó estudiar esto mismo para un eventual proyecto, y me encontré con realidades que no suelen plantearse.
Por ejemplo, alrededor de 20 por ciento de las personas no llegan a tomar el avión. Si una línea aérea dijera: "Bueno, es supersimple: el que no llega pierde todo", obviamente habría un efecto respecto de quien tuvo un problema de tránsito, del que enfrentó una dificultad familiar, y se generaría un perjuicio ciudadano muy complejo. Por eso, no me parece mal que se trate de aprovechar al máximo la capacidad de un avión. Y, a mi juicio -puedo estar equivocado-, la única forma de no afectar el derecho de quien se vio imposibilitado de presentarse en el aeropuerto es establecer cierto nivel de sobreventa, pero con una indemnización de perjuicios para la persona confirmada y dejada abajo del avión por el hecho de que el día del vuelo llegaron más pasajeros que los previstos.
Esa lógica está bien diseñada. Yo prefiero mil veces que exista un procedimiento con sanciones a que debamos, como les ha ocurrido a otros países, generar un escenario en que cualquier inconveniente que le surge al usuario termina con la pérdida del pasaje. Eso sería más complejo.
De alguna manera, esto juega bien con lógicas que apuntan en el mismo sentido, de unos y otros.
Me parece, por consiguiente, que se halla bien diseñado.
Ahora, lo planteado por algunos Senadores es razonable, pues hay dos cosas que pueden ser complejas.
Primero, el nivel de las sanciones, pensando más bien en las empresas de menor tamaño.
Entiendo que no se puede discriminar; hacerlo vulneraría un principio constitucional. Pero es factible que, particularmente en el ámbito nacional, empresas pioneras, aquellas que están empezando, se sientan inhibidas para desarrollar el negocio por el peligro de que ocurran situaciones inesperadas.
Y aquí viene el segundo punto: el proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, no aborda bien lo concerniente al caso fortuito.
¿Qué pasa cuando ya no hay sobreventa, dificultades vinculadas con las condiciones del avión, sino problemas climáticos, saturación de aeropuertos? Pensemos en lo que aconteció luego del atentado a las Torres Gemelas: se cerraron los espacios aéreos del mundo.
Lamentablemente, hay situaciones en que, mucho más allá de la voluntad del prestador, se altera el funcionamiento normal de un servicio.
En esa lógica, considero adecuado revisar en una Comisión Mixta el punto en comento, que no está bien solucionado.
Lo de la sobreventa me parece resuelto apropiadamente desde la perspectiva conceptual, si bien las sanciones pueden ser inhibitorias, en especial para las empresas más pequeñas.
Pero, a mi entender, no está solucionado en forma adecuada (más bien, lo que se propone puede ser fuente de conflictos) lo del caso fortuito. Se requiere una definición más precisa de ese concepto en el ámbito aéreo.
Una norma planteada por la DGA, una alerta, una prevención, obviamente, pueden tener un efecto.
Lo peor sería que los incentivos estuvieran mal colocados. Ellos siempre tienen que dirigirse a la seguridad de las personas, la que debe cautelarse.
Cuando uno trata de colocar colgajos puede generar más problemas en vez de solucionar los existentes.
Por eso, pareciéndome buena la idea, considero mejor, desde el punto de vista instrumental, que el proyecto vaya a Comisión Mixta.
Pidió la palabra el Senador señor Horvath.
Solo para solicitar que se abra la votación, señora Presidenta.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Harboe.
Señora Presidenta, siempre es una buena noticia que el Congreso Nacional incremente los niveles de protección a los derechos de los consumidores.
Claramente, el desarrollo del mercado aeronáutico en nuestro país ha sido dispar: ha aumentado de manera considerable la demanda, pero la oferta se ha mantenido en general con carácter más bien monopólico o duopólico, y en algunos casos, incluso siendo oferta única en las regiones extremas y otras.
Cuando un ciudadano común y corriente adquiere un pasaje de avión está suscribiendo un contrato de adhesión: por el hecho de comprar el ticket, se somete a lo que le exige la compañía aérea y se obliga, sin saberlo, a cumplir un conjunto de condiciones que no figuran en el billete que le emiten.
En consecuencia, la relación que se establece es naturalmente desigual: el consumidor debe respetar las normas; pero, lamentablemente, la práctica ha indicado que el oferente del servicio no siempre las acata.
En el ámbito que nos ocupa, uno de los elementos más comunes de la falta de respeto a las normas en materia de consumidores tiene que ver con la cancelación o la supresión de vuelos; con el denominado "overbooking" o "sobreventa de pasajes", o con la fusión de vuelos.
Las líneas aéreas deben pagar por el uso de la pista del aeropuerto una tasa cuyo monto muchas veces es mayor que lo recaudado cuando ha habido una venta de pasajes baja.
Es de común ocurrencia que las líneas aéreas cancelen o fusionen vuelos, lo que motiva que los pasajeros destinados a un vuelo deban esperar el siguiente, con el retraso respectivo y, muchas veces, con perjuicio económico directo por falta de conexiones, en fin.
Si se cree que el proyecto en debate va a solucionar aquel problema, debo decir que, lamentablemente, no será así. Y ello, debido a que los vuelos internacionales se hallan regulados por el Tratado de Montreal. En consecuencia, la normativa sometida a nuestra consideración regirá exclusivamente para los vuelos nacionales, respecto de los cuales, obviamente, vamos a generar una disposición que no distinguirá entre vuelos de corta duración y vuelos de larga duración y vuelos más complejos, como se ha señalado en la Sala.
Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron mención de la existencia de vuelos a localidades aisladas: a la Antártica, al extremo norte, a Isla Mocha (Región del Biobío).
En todos esos casos la oferta es muy reducida. Por tanto, la aplicación práctica de los preceptos respectivos, que están bien pensados para la gran línea aérea de vuelos nacionales, puede significar la destrucción del modelo de negocios de las pequeñas compañías. Porque, sin duda, cuando nos referimos a la sobreventa de pasajes estamos hablando de una gran compañía que quiere salvaguardarse frente al eventual incumplimiento de un consumidor que no llega a determinado vuelo.
Dicho sea de paso, tal vez constituye un error legislativo consagrar por ley la sobreventa de pasajes, pues, más allá de que se establezca compensación, implica validarla legalmente como mecanismo de negocio.
Señora Presidenta, creo que esta iniciativa está bien inspirada: aumenta la cantidad de información; incrementa el nivel de protección a los consumidores. Empero, tiene elementos que deben revisarse.
Por tal razón, voy a rechazar las enmiendas que le introdujo la Cámara de Diputados, para el único efecto de que se discuta en Comisión Mixta.
Por último, pienso que quienes representen al Senado en dicha instancia deberán hacer mención, no solo de los aspectos relativos al modelo de negocio de las líneas aéreas, sino también de una situación que me parece inaceptable: el hecho de que el artículo 132, inciso segundo, radique en un reglamento la determinación de las condiciones para autorizar el transporte de, entre otras, personas con discapacidad.
Señora Presidenta, siempre es importante recordar la historia.
Con otros Diputados presentamos en la Cámara Baja una iniciativa vinculada con un conjunto de mociones sobre exactamente la misma materia que estamos votando esta tarde en el Senado.
Le pregunté a uno de los asesores de la Comisión por qué esos parlamentarios no aparecíamos en este proyecto, y...
¡Eso fue hace tiempo!
Sí, pero es el mismo proyecto.
Bueno: son las reglas del juego.
Sin embargo, yo quiero recordar que uno de los parlamentarios que más impulsaron esta iniciativa fue quien hoy es Embajador de Chile en Argentina. El señor MONTES.-
¿Y cómo se llama? El señor MOREIRA.-
Se llama "Marcelo Díaz". Y fue colega de usted, señor Senador.
Empero, vamos a lo importante. Decía, señora Presidenta, que es del caso señalar qué parlamentarios estuvimos desde el primer momento en esta materia.
Aquí se dice: "Este proyecto fue cambiado completamente en la Cámara de Diputados".
Como yo estuve en la discusión pertinente -en ella participó también el entonces Diputado Alfonso de Urresti, quien ahora es miembro de la Cámara Alta-, percibo que la iniciativa no fue cambiada por la Cámara de Diputados, sino por el Senado.
Pero no nos centremos en los aspectos negativos de este proyecto -es necesario corregirlos-, sino en destacar sus bondades.
Yo quiero connotar que esta iniciativa, como se dijo -y todos la han valorado-, en buena medida, eleva a rango legal una práctica que hoy ya es común y se encuentra bastante extendida en la inmensa mayoría de las líneas aéreas y sus clientes.
Y voy a referirme específicamente a la forma de resolver los inconvenientes que generan, básicamente para los pasajeros, tres hechos, aunque indeseados por todos, de frecuente ocurrencia: la negación del embarque, originada normalmente en la sobreventa de pasajes; los retrasos, y las suspensiones y cancelaciones de vuelos, como aquí se ha expresado.
En todo caso, es habitual que la línea aérea que ha incurrido en la falta compense el perjuicio causado al pasajero y que lo haga mediante diversos mecanismos, los que este proyecto recoge adecuadamente.
Hoy, salvo excepciones vinculadas con la capacidad técnica de la línea aérea o con el precio del pasaje, es normal que el pasajero que sufrió el inconveniente sea embarcado en el vuelo que sigue al programado originalmente.
El mérito de este proyecto radica fundamentalmente en que les da a tales prácticas el carácter de obligación legal y no las deja entregadas exclusivamente a la voluntad del prestador del servicio.
A ello se suma la novedad de que, en caso de denegación de embarque, el pasajero podrá obtener una compensación económica de entre 2 y 20 unidades de fomento, dependiendo de los kilómetros del tramo respecto del cual se produce la negativa.
Quizás este proyecto amerita solo dos críticas, señora Presidenta.
En primer lugar, no distingue según la característica de la línea aérea que incurre en la falta, lo que puede afectar a empresas de menor tamaño que realizan vuelos esencialmente en las regiones con mayores dificultades de conectividad.
Y, en segundo término, admite la interpretación que hizo el Senador señor Pizarro en el sentido de que las obligaciones impuestas a las líneas aéreas son exigibles incluso en caso de fuerza mayor, es decir, cuando el retraso o la cancelación del vuelo se debe a causas no imputables a una decisión de la empresa.
En virtud de las distintas observaciones que se han hecho, y a la espera de las correcciones necesarias para que la ley en proyecto sea adecuada, vamos a votar "No" en esta oportunidad.
Señora Presidenta, compartiendo la opinión señalada durante esta discusión, concurriremos al rechazo de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, para de este modo provocar la Comisión Mixta.
Pero, aprovechando que está aquí el señor Ministro, voy a hacer algunas precisiones fundamentales, para que las tenga en consideración a los efectos de, como Ejecutivo, plantear indicaciones.
El artículo 132 aprobado por el Senado y ratificado por la Cámara de Diputados, claramente, es inconstitucional.
Dice ese precepto: "Un reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales se autorizará el transporte de personas discapacitadas, orgánicamente descompensadas, agónicas o inconscientes.".
En mi concepto, la referida norma, que envuelve una crueldad enorme, es a todas luces inconstitucional. A aquel respecto es inadmisible la sujeción a un reglamento, tanto más cuanto que existe una ley que regula la discapacidad y el derecho de cualquier ciudadano -pienso que debería consagrarse constitucionalmente- al pleno acceso. La situación descrita no puede reglarse vía potestad reglamentaria. Regulémosla en la propia ley. Y, desde ese punto de vista, quienes actúan en la instancia del embarque deberán actuar criteriosamente y exigir en cada caso cuanto sea pertinente: certificados médicos, en fin.
Entregar a un reglamento la determinación de las condiciones bajo las cuales se otorgará la autorización correspondiente es, a lo menos, ilegal.
En segundo lugar, me parece fundamental la distinción que estamos haciendo entre empresas grandes y pequeñas.
Pero seamos claros (y a mí me gusta decirlo con nombre y apellido): yo no voy a estar disponible para una votación que favorezca a las grandes empresas monopólicas que abusan de los pasajeros en nuestro país.
Para quienes debemos volar todas las semanas, la situación de LAN Chile (con todas sus letras), principalmente, y de Sky, en cierta medida, es ¡absolutamente impresentable!
LAN Chile es una empresa que ha abusado en nuestro país de su condición monopólica: fusiona vuelos, cancela vuelos y, también, vulnera muchos derechos laborales, especialmente los del personal de vuelo.
Entonces, de ninguna manera que la necesidad de proteger a las aerolíneas regionales y a las que van a zonas aisladas -Isla Mocha, territorio de Magallanes y otros lugares- signifique una legislación a la medida de LAN Chile. La indignación que genera en los terminales aéreos la permanente actitud abusiva de dicha empresa, del todo asimétrica en materia de información, es enorme: cientos de pasajeros quedan varados horas y días en los aeropuertos, con la simple quimera de que se los embarcará en el siguiente vuelo.
Por lo tanto, debe haber una legislación que sancione ese tipo de situaciones.
No me vengan con que esas grandes empresas van a quebrar por el hecho de que se les aplique una legislación más rigurosa. ¡De ninguna manera sucederá eso!
En tercer lugar, le pido al señor Ministro la mantención del artículo 133 quáter, que posibilita llevar los reclamos tanto individuales cuanto colectivos al Servicio Nacional del Consumidor.
Gran parte de los reclamos de los ciudadanos se canalizan a través de un mecanismo consignado en el Código Aeronáutico. Se trata de en procedimiento kafkiano, que favorece a las grandes empresas y desincentiva a los pasajeros en cuanto a la interposición de reclamos.
La idea es facultar al SERNAC para perseguir ese tipo de incumplimientos de las empresas y procurar que se sancionen como corresponde.
Por último, considero fundamental avanzar en lo que señalaba el Senador Quinteros: la existencia de soportes electrónicos, para evitar la asimetría en la información y permitir que, por ejemplo, a través de celulares, vía mensajes de texto, se comuniquen las suspensiones de vuelos. La solución es de bajo costo y puede implementarse en nuestro país.
En síntesis, señora Presidenta, resguardo a las empresas pequeñas; indemnización a todo evento pagada por las empresas monopólicas, que en Chile abusan de su posición dominante; registro de la denegación de embarque, y otorgamiento a los consumidores del legítimo derecho de llevar a las grandes empresas al Servicio Nacional del Consumidor, a través de las acciones correspondientes, para que solventen los costos y no conviertan en práctica habitual la sobreventa de pasajes y la fusión y la cancelación de vuelos para ahorrar costos y, por tanto, maximizar sus utilidades.
Por último, ya que se halla presente un representante del Ejecutivo, sería bueno que el señor Ministro también se ocupara en las condiciones laborales tanto del personal en vuelo como del personal en tierra en las empresas aeronáuticas, pues son numerosos los reclamos que escuchamos.
Señora Presidenta, también creo que es preciso rechazar la proposición de la Cámara de Diputados, para que el proyecto pase a Comisión Mixta.
Comparto mucho de lo que se ha expresado, menos lo expuesto por el colega De Urresti, porque LAN Chile, a pesar de revelar algunos defectos claros, es de aquellas empresas de las cuales a menudo nos sentimos orgullosos por la seguridad y los desarrollos que exhiben. Estimo que la iniciativa va por otro lado.
¡Era de Piñera¿!
Por eso, puedo afirmar, con libertad, que era más de un amigo de Su Señoría y del Senador señor De Urresti -por intermedio de la señora Presidenta- que de quien habla.
¡Es más regalón de usted¿! ¡Usted lo quiere más¿!
Repito que, cuando se sale al extranjero, si algo nos enorgullece por sus niveles de seguridad y servicio es LAN Chile. Insisto en que el texto no va por ese lado.
Igualmente deseo que se regule y que no exista sobreventa. Ello lo tengo claro. Pero del mismo modo tenemos que apoyar, como lo planteó el Honorable señor Bianchi, a empresas totalmente ligadas a climas difíciles y pensar en ellas.
Mal llevado el asunto, además, se podría afectar la seguridad, ya que se haría responsables a muchas de ellas de costos en relación con casos no imputables: pájaros en las turbinas, neblina, etcétera.
Uno de los aspectos que no se contemplan es el cambio de nombre en el pasaje. A mi juicio, perfectamente podría permitirse, con un tiempo de resguardo, el endoso de un bien como ese, que se ha comprado. Por lo tanto, la idea es buena, pero tenemos que perfeccionarla.
Antes de ofrecerle la palabra al Senador señor Chahuán quisiera saludar a la representación del Instituto Comercial de Linares que se encuentra en la tribuna.
Señora Presidenta, Honorable Corporación, me hago el deber de informar a la Sala que, en sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que me correspondió presidir, celebrada el 5 de marzo recién pasado -y habiendo pedido el Ministro de Economía de aquel entonces la pronta tramitación de la iniciativa-, aprobamos las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley. El texto, originado en dos mociones refundidas, tiene por objeto la modificación del Código Aeronáutico para otorgar una serie de derechos a los pasajeros de aeronaves comerciales ante distintas contingencias que se presentan cuando se disponen a hacer uso de los pasajes que contratan con distintos transportadores aéreos.
Los cambios que nos correspondió analizar concitaron la aprobación unánime de los miembros presentes del órgano técnico, por cuanto en ellos se estima al pasajero como un consumidor, y, por ende, debe ser resguardado, en la protección de sus derechos, de igual forma que en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Así, por ejemplo, se le impone al transportador la obligación de informarle a la persona de los derechos que le asisten en los casos de cancelación, de retraso de vuelo o de denegación de embarque. Para el evento de que la denegación se deba a una sobreventa de pasajes se contempla un mecanismo consistente en que en primer lugar se presenten quienes en forma voluntaria renuncien a sus reservas ya confirmadas, a cambio de determinadas prestaciones y reparaciones económicas.
Si el número de voluntarios que haga uso de este derecho es insuficiente, el transportador deberá, a elección del interesado, embarcarlo en el siguiente vuelo o reembolsarle el valor del pasaje en caso de desistimiento.
Si el vuelo incluye una escala o conexión, deberá retornarse a la persona a su punto de origen, sobre la base de considerar también el reembolso del pasaje en el tramo correspondiente.
Todas estas contingencias dan origen a indemnizaciones que se establecen en el texto y que se gradúan según la distancia de que se trate.
Por otra parte, ante la ocurrencia de tales situaciones, el pasajero tendrá derecho, con cargo al transportador, a las comunicaciones telefónicas necesarias; alimentación y refrigerio; alojamiento, si se precisare; traslado desde el aeropuerto y hacia este, si fuere necesario, y devolución de tasas de embarque.
De igual modo, los transportadores aéreos deberán informar a la Junta de Aeronáutica Civil, en todos estos casos, de las medidas adoptadas para reparar el hecho que haya afectado a los pasajeros, organismo que llevará un registro especial en la materia.
Estimamos que el proyecto, en su redacción actual, cumple adecuadamente con los derechos que deben asistir en tales contingencias y permitirá evitar los abusos en que han incurrido diversos transportadores ante circunstancias de este tipo.
En los últimos días, algunas notas de prensa han consignado la opinión de algunos representantes de líneas áreas en el sentido de que la adopción de estas medidas necesariamente implicará un costo adicional en los precios de los pasajes, el que deberán soportar los adquirentes.
No coincidimos en absoluto con tal argumentación, aunque sí sostenemos que es posible, en una Comisión Mixta, mejorar algunos aspectos. Primero, mi Honorable colega Ossandón ya ha hecho referencia a la posibilidad del carácter nominativo del pasaje, en lo cual efectivamente puede perfeccionarse la redacción. El segundo elemento dice relación con la nomenclatura, sobre la base de que se emplea el término "billete". Hoy día, frecuentemente se opera en forma electrónica, de manera que también se puede afinar el texto.
Si bien pensaba votar a favor, la idea es dar lugar a la Comisión Mixta, siempre y cuando obtengamos el compromiso de que se le asignará urgencia al proyecto, puesto que, de lo contrario, en definitiva vamos a seguir amparando las prácticas en que se termina abusando de los pasajeros de líneas aéreas. Por lo mismo, le pido al señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta- que tenga a bien tomar la medida expuesta, y podemos mejorar la redacción en dicha instancia.
He visto al señor Ministro afirmar varias veces. Así que creo que está muy pendiente del punto y que el compromiso del Ejecutivo es claro.
Señora Presidenta, lo primero que deseo hacer es sumarme a destacar la relevancia de la iniciativa en debate para mejorar la regulación del mercado aeronáutico, sobre todo cuando se observa que finalmente se trata de un medio de transporte cada vez más utilizado en nuestro país. En los últimos años se ha registrado un aumento exponencial de pasajeros. Encontré las cifras de 2012 y 2013, que dicen relación con alrededor de cinco millones de viajes anuales, y no me cabe duda de que se han incrementado.
Y ello, para qué decir en el caso de la Región de Magallanes, donde, por las características de la geografía, en muchas ocasiones es el único modo de salir en forma rápida. El viaje por tierra no es una alternativa comparable. Lo mismo sucede en zonas y localidades extremas.
Por lo tanto, parece más importante aún el poder avanzar en lo ya señalado: equilibrar finalmente las posiciones del oferente y del demandante, y reconocer los derechos y la capacidad del pasajero frente a una línea aérea. Todos hemos sido testigos de las situaciones de abuso que se dan.
En particular, se observa un mercado monopólico, altamente concentrado. Los estudios de la Junta de Aeronáutica Civil exponen que el 95 por ciento de los pasajeros frecuentes en vuelo son clientes habituales de LAN Chile. Entonces, para nadie es un misterio que estamos mencionando lo que sucede con esta última. En empresas más pequeñas, uno siempre tiene, ante situaciones de emergencia, la posibilidad de conversar, de generar otras condiciones; pero hoy día ello es cada vez más difícil en LAN.
Deseo subrayar, ya que vamos a enviar el proyecto a Comisión Mixta, que, tal cual se ha mencionado en el debate, efectivamente no queremos perjudicar a entidades más pequeñas.
Algunos aspectos por considerar dicen relación con la definición del billete -más bien, tique-, con la tecnología y cómo se utiliza, pero también con la revisión de cómo actualizamos nuestra regulación aeronáutica ante casos de enfermedad. Muchas veces, cuando no es posible usar el pasaje por una situación de fuerza mayor como la señalada, que a menudo ni siquiera se puede anticipar, el pasajero se ve en la imposibilidad de hacer efectivo el servicio contratado.
En la práctica se observa que cabe entregar un certificado médico en el empleo, pero ese es un trámite que se ha de hacer en horario de oficina y al que no todas las personas necesariamente pueden acceder, sobre todo cuando se presentan enfermedades de mayor complejidad.
Entonces, creo que esa es una materia que también tiene que incorporarse a la discusión en la Comisión Mixta. Ojalá podamos estudiarla. La legislación en otros países ha avanzado sobre el particular, como la peruana, la argentina. Incluso hay mociones en tal sentido. Estimo que es algo que también podría ser un complemento del proyecto en debate, para que finalmente resguardemos al consumidor frente al uso de este medio de transporte.
Señora Presidenta, la verdad es que la lectura del informe no permite visualizar que se haya verificado ninguna audiencia pública. Concurrieron al análisis el entonces Ministro de Economía Félix de Vicente y su Jefe de Gabinete, Juan José Bouchon. No se consigna la presencia de usuarios.
Y es por eso que me permitiré leer una carta publicada en la página web de Biobío Chile, documento que dice lo siguiente:
"Por medio de la presente, quiero hacer notar "la embarrada" que está en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción con los pasajeros y los vuelos. Este domingo 4 de mayo no salieron los vuelos, tampoco lo hicieron hoy lunes. ¿Cómo es posible que el despegue y aterrizaje de los vuelos esté determinado o sujeto al clima de la ciudad? Si hay niebla, no hay vuelos.
"¿Cómo explico eso en mi trabajo o a mi familia? Jefe "no puedo ir a trabajar hoy por que hay niebla en Concepción y los vuelos no salen"; familia: "este fin de semana no nos podemos ver porque los vuelos no salen".
"Si el intendente de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, o el seremi de Obras Públicas, René Carvajal, o el director de Aeropuertos, Blas Araneda creen que esta es una excusa válida para no perder la familia o el trabajo, creo que viven en otro país. Aquí en Chile mi jefe no me va a justificar y mi familia no me lo va a perdonar y los compromisos familiares adquiridos, reuniones y otros compromisos propios del trabajo se perderán. Las compañías no se hacen responsables, porque es un problema de infraestructura del aeropuerto.
"No me interesa si la determinación para retirar el sistema es de este o de otro Gobierno, lo único que quiero es cumplir con mis compromisos familiares y laborales.
"En Carriel Sur según su página web, llegan 21 vuelos lo que da por avión lleno 3.780 pasajeros diarios, restemos 20%, son tres mil pasajeros diarios que transitan por el aeropuerto. No es menor, no sé si otro aeropuerto de Chile, excepto el de Santiago, recibe tantos pasajeros.
"¡No es posible depender del clima para poder cumplir con mis obligaciones. Ni en la década de los `70, 50 años de retroceso!
"Jorge Vargas Trabucco
"Pasajero afectado".
El texto no hace referencia a una doble dimensión: por una parte, los que viajan no están asociados, no pueden defender sus intereses colectivos, y por la otra, no siempre el retraso del vuelo es imputable a la línea aérea. Resulta claro que en el caso de Concepción media una responsabilidad de la Dirección de Aeronáutica Civil, administradora de los aeropuertos, porque no es posible efectuar reparaciones y dejar sin posibilidades de aterrizaje, con poca visibilidad. Entonces, mi pregunta es si vamos a legislar solo en cuanto a la responsabilidad de las aerolíneas o vamos a abrir también un espacio para la situación en que el administrador de aeropuertos no cumple con ofrecer las garantías para el desarrollo de la tarea de transporte aéreo.
En Carriel Sur se presenta un hecho gravísimo. Se está reparando el aeropuerto, pero claramente no están funcionando los equipos, y somos muchos los que hemos tenido que trasladarnos en bus. Y ello, en buena hora, porque uno aprovecha para descansar mucho más que en un viaje en avión.
Solo digo que, al igual que el señor Jorge Vargas Trabucco, miles de pasajeros no van a poder ni siquiera ejercer las acciones planteadas por el proyecto, que determina que deben regirse por el Título IV de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
El artículo 50 de ese cuerpo legal, incluido en esa parte, dispone que "Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación de la presente ley el juez de policía local de la comuna en que se hubiere celebrado el contrato respectivo". La primera duda que me asalta dice relación con la comuna de la firma del contrato y con el hecho de que una persona tome el avión en Puerto Montt, en Punta Arenas, en Concepción, por ejemplo. ¿Acaso un pasajero que se embarca en Santiago, donde puede tener lugar el incumplimiento del vuelo, pero reside en Punta Arenas tendrá que viajar a interponer sus acciones ante el juez de policía local de la comuna donde se ha suscrito el documento respectivo?
Por la ausencia de la voz de los usuarios durante la tramitación de la iniciativa, surgen interrogantes como esa: si pasajeros de Arica efectivamente tendrán que ir a reclamar a la Capital, porque el contrato aparece firmado en esa ciudad. ¡No sé si la situación se presentaría en cada comuna entre la línea aérea y el "pasajero"!
En ese sentido, señora Presidenta, pienso que el proyecto es bienintencionado, pero claramente falto de un debate más profundo. Si vamos a legislar para proteger los derechos del consumidor o del usuario del transporte aéreo, tenemos que considerar la situación en forma mucho más amplia y no solo por la vía de determinar que se podrá recurrir a la ley citada. Aunque esta no requiere la intervención de un abogado, es imposible que se ejerza una acción por tres mil pasajeros, o al menos uno, si se ignora la comuna en donde se firma el contrato.
Lo segundo se vincula con el artículo 133 y la sobreventa. Se consagra el principio de que la empresa puede llevar a cabo esa acción y se establece, además, cómo se verifican los reembolsos, pero lo más importante es que la medida resulta discrecional y arbitraria.
En efecto, la disposición expresa: "Si el número de voluntarios es insuficiente para que los restantes pasajeros con billetes confirmados puedan ser embarcados en el respectivo vuelo, el transportador" -es decir, LAN Chile- "podrá denegar el embarque a uno o más pasajeros contra su voluntad, para lo cual deberá:". O sea, al final del día, la que va a seleccionar quién se queda abajo o quién sube es la línea aérea. ¿Conforme a qué pautas? No lo sé. En otras palabras, la posibilidad de elegir qué pasajero queda en tierra, arbitrariamente, o quién sube no obedecerá a ningún criterio, salvo el del personal a cargo, y me parece que eso va a ocasionar una situación injusta para los trabajadores de LAN, para los que ejercen tareas en los counters, por tener que decidir¿
Se agotó su tiempo, Su Señoría. Puede terminar.
¿ a quién embarcan y a quién no.
El Senador que habla va a votar en contra para que se forme una Comisión Mixta o se presente una indicación sustitutiva, porque evidentemente el proyecto es insuficiente para proteger el derecho de los usuarios.
Si se determina una publicación, ¡que al menos sea la aerolínea la que dé a conocer, directamente en pantalla, cuántos de sus vuelos están retrasados y los motivos, y no la Junta de Aeronáutica Civil, porque nadie va a ir a meterse en su página web!
Además, tienen que emitir un certificado. ¿Qué hace la gente cuando falta a la pega? ¿Dónde lo obtiene? Si le retrasan el vuelo, se debe proporcionar un documento que establezca la efectividad del hecho.
En virtud de las consideraciones expuestas, me pronuncio por el rechazo. Esperamos mejorar el texto con la opinión de los usuarios.
Puede intervenir el Senador señor Orpis.
Señora Presidenta, Honorable Corporación, me parece que en la Comisión Mixta vamos a tener la oportunidad de profundizar muchísimo en la materia, que juzgo que es preciso regular como corresponde.
Como se ha planteado en el debate, se presentan muchas aristas. Pero, dentro de ellas, por lo menos la que a mí me llama la atención y que tiene que abordar, a mi juicio, la Comisión Mixta es por qué, en definitiva, los pasajes son totalmente nominativos y no hay posibilidad de mayores niveles de flexibilidad en su utilización.
Comprendo que puede haber tratados de por medio, particularmente en relación con vuelos internacionales, pues existen razones de seguridad, pero creo que el hecho de que los boletos sean ciento por ciento nominativos lleva el asunto al extremo. Estimo que hay un rango en que se puede contemplar un mayor nivel de amplitud, particularmente en los contratos, y endosar con cierta anticipación, por ejemplo. Es decir, la idea es una mucho mayor flexibilidad respecto de quien es el titular.
En la Comisión Mixta, entonces, donde a la Comisión de Economía le va a tocar ver el asunto, una de las cuestiones que personalmente voy a abordar es la que acabo de exponer, para que sea posible endosar los pasajes.
Señora Presidenta, ante la preocupación que el Senador señor Orpis y varios otros han manifestado en lo relativo a la endosabilidad de los pasajes, solo quiero informar que tal medida fue aprobada este año en el Perú para los vuelos internos.
Independientemente de la situación en el exterior -hay tratados en la materia obligatorios para los Estados, porque en todas partes del mundo los pasajes internacionales no son endosables-, el país vecino dispuso, por ley, que los pasajes aéreos fueran endosables.
Creo que sería muy interesante que la Comisión Mixta considerara la experiencia internacional que existe en otros países para ir homologando nuestra legislación interna a la que se aplica en otros países.
Por favor, consulte, señor Secretario.
--Se rechaza la enmienda introducida por la Honorable Cámara de Diputados (34 votos en contra) y se designa a los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para integrar la Comisión Mixta que debe formarse.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Pasamos al segundo punto de la tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Antes de pasar al siguiente punto de la tabla, y atendiendo la petición formulada por el Senador señor Espina, debo informar que la Prosecretaría de la Corporación hizo una revisión del nombre de la moción presentada por los Honorables señores Espina, Allamand, Chahuán, García y Prokurica, el cual quedaría rectificado en los siguientes términos: "Proyecto de ley que fortalece la protección de los miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones frente a las agresiones de que son objeto en el cumplimiento de su deber de resguardar a la ciudadanía".
9232-07
En el segundo lugar del Orden del Día figura el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Pérez San Martín, señores Pérez Várela, Tuma y Walker (don Patricio) y del ex Senador señor Gómez, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de reelección de integrantes del Comité de Auditoria Parlamentaria.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9232-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Peréz San Martín y de los señores Pérez Varela, Tuma, Walker, don Patricio, y del ex Senador señor Gómez):
En primer trámite, sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
El objetivo del proyecto es eliminar la prohibición de que los integrantes del Comité de Auditoría puedan ser reelegidos en sus cargos una vez concluido el período de seis años para el cual hayan sido designados, según lo prescribe el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro y Walker (don Patricio) y ex Senador señor Larraín (don Carlos).
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señora Presidenta, con motivo de la reforma constitucional del año 2005, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, se modificaron muchos aspectos referidos a la organización y atribuciones del Congreso Nacional, entre ellos los relativos al término de la diferencia entre legislatura ordinaria y extraordinaria; se reguló de manera distinta lo concerniente a la tramitación de los acuerdos de ratificación de tratados internacionales; se estableció el principio de publicidad y transparencia de los actos del Poder legislativo, y se introdujeron cambios en materia de funcionamiento de las comisiones mixtas y de constitución y funcionamiento de las comisiones especiales investigadoras.
Para la normativa que adecuó la Ley Orgánica del Congreso Nacional a dicha reforma constitucional se propusieron las siguientes medidas: dar personalidad jurídica de derecho público a los Comités Parlamentarios; regular por ley las Comisiones de Ética y Transparencia de cada Corporación; perfeccionar las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarlos, y crear un sistema de control de las asignaciones parlamentarias. Esto último, a través de dos órganos: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, encargado de determinar el monto, destino y reajustabilidad de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, y el Comité de Auditoría Parlamentaría del Congreso Nacional, encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
El proyecto en debate, señora Presidenta, que es muy simple, busca introducir una modificación respecto de la reelección de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, la que actualmente no es posible.
De conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 66 A vigente de la Ley Orgánica del Congreso, el Comité de Auditoría debe estar integrado por tres profesionales: un abogado, un contador auditor y un especialista en materias de auditoría. Cada uno de ellos es seleccionado por una Comisión Bicameral a propuesta del Consejo de la Alta Dirección Pública, previo concurso público. Duran 6 años en sus cargos y no pueden ser reelegidos.
Lo que estamos planteando a través de la moción, señora Presidenta, es que los integrantes del referido Comité no tengan impedimento de reelección y puedan concursar nuevamente a sus cargos, aprovechando su experiencia, tal como ocurre con otros funcionarios que ejercen labores de control, como son todos los de la Contraloría General de la República, quienes no tienen dicho impedimento y pueden, por tanto, continuar en sus cargos durante muchos años. No hay razón alguna, entonces, para impedir que quienes desempeñan tareas de auditoría parlamentaria concursen al término de su mandato.
En consecuencia, señora Presidenta, el proyecto perfecciona y transparenta de mejor manera el accionar del Comité de Auditoría del Congreso Nacional.
Señora Presidenta, me sumo a la idea del proyecto, que voy a votar favorablemente, y sugiero que las señoras y señores Senadores procedan de la misma manera, pues no supone una reelección automática de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria. Lo único que hace esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es permitir que quienes se desempeñan en dicho Comité puedan participar en el concurso a que el Consejo de Alta Dirección Pública convoca cada 6 años, conforme a nuestra legislación.
Reitero: solamente se trata de hacer posible que participen en el respectivo concurso. Si son los más calificados, los que reúnen los mejores antecedentes profesionales, se van a mantener en sus cargos; de lo contrario, serán otros los que pasen a cumplir sus funciones.
Por mi parte, considero que darles el derecho a participar en el concurso permite aprovechar la experiencia que ellos han ganado y contar con todo el bagaje de conocimientos que se va adquiriendo a través de los años.
Me parece que este es un proyecto que aporta, y por esa razón lo voy a votar favorablemente.
Señora Presidenta, en primer lugar, sé que durante la discusión de esta iniciativa nadie ha puesto en duda el buen funcionamiento del sistema de auditoría tal como ha operado a través del Comité de Auditoría Parlamentaria. Y, por cierto, tampoco es intención de este Senador, en el escaso tiempo que lleva en esta Corporación, poner en duda dicho comportamiento. Al revés, solo he escuchado buenos comentarios.
Sin embargo, desde mi punto de vista, existen razones fundadas para rechazar este proyecto.
Desde luego, llamo la atención sobre la circunstancia de que las leyes deben tener carácter general y no particular, y no pueden ser dictadas teniendo en cuenta el mérito o demérito de quienes ejercen una función pública concreta. La ley es abstracta; se refiere a situaciones genéricas y en ningún caso a personas determinadas.
Por otro lado, soy del parecer de que la acción fiscalizadora en general es de la mayor relevancia para el conjunto de órganos de la Administración del Estado, particularmente cuando recae sobre quienes ejercen una función pública.
Por lo mismo, creo que este segmento de funcionarios debiera tener normas especiales. Y así, más adelante, deberíamos estar en condiciones de discutir y establecer un principio en virtud del cual los funcionarios públicos que ejerzan una función fiscalizadora tengan una limitación temporal y espacial: temporal, en cuanto no puedan servir su cargo más allá de determinado número de años que para cada función particular se establezca; y espacial, en el sentido de que estos funcionarios puedan ser destinados a distintas localidades o regiones por los respectivos jefes de servicio.
Las razones para sostener lo anterior son que el ejercicio continuo de la función fiscalizadora, el contacto permanente con los fiscalizados, pueden ser una fuente de desgaste y debilitamiento de la imparcialidad que debe regir la actuación del fiscalizador.
Por otra parte, y en el mismo sentido, la permanencia de un fiscalizador en determinado lugar necesariamente lleva al establecimiento de relaciones personales y a otras vinculaciones que eventualmente afectan su desempeño funcionario.
Por cierto, esta es una reflexión más amplia, que abarca al conjunto de la acción fiscalizadora del Estado, particularmente de quienes desempeñan responsabilidades superiores, pero creo que también es válida para el Congreso Nacional.
Ahora bien, revisando en específico la situación del Comité de Auditoría Parlamentaria, pienso que, de aprobarse la iniciativa que posibilita su reelección, estaríamos, sin proponérnoslo, poniendo en una situación incómoda a sus miembros cada vez que se acercara el vencimiento de su período, pues su reelección dependerá de quienes somos, de alguna manera, los sujetos de su fiscalización: Diputados y Senadores. Me parece imprudente exponer a esta situación a los integrantes del Comité y a los parlamentarios.
Por otro lado, se argumenta que impedir la reelección puede llevar a perder la valiosa experiencia de estos funcionarios. Pero en materia de funciones públicas no siempre el valor a privilegiar es la eficacia. Priman otros principios, como los de probidad y transparencia, cuya vigencia es reclamada justificadamente y con especial celo para quienes ostentamos cargos de representación popular.
Es claro que parte de la ciudadanía no entenderá que, mientras se debaten o se anuncian proyectos para establecer límites a la reelección de autoridades, al mismo tiempo se promuevan reelecciones de cargos que dependen de esas mismas autoridades.
Insisto: esta situación no solo debe verse desde la perspectiva del funcionario a designar -en este caso, un fiscalizador-, sino también desde el punto de vista de quien lo designa -los parlamentarios-, que en este caso coincide con el sujeto de la fiscalización.
En resumen, pienso que esta moción va en el sentido contrario de lo que deberíamos promover. La ciudadanía exige mayor transparencia y mecanismos que aseguren el buen uso de los recursos públicos.
Además, si el sistema actual ha probado sus bondades, no veo razón alguna por la cual deba ser cambiado.
Los esfuerzos de esta Corporación, en consecuencia, deben estar encaminados a lograr que el próximo proceso de selección sea tan bien dirigido como el anterior, y no a establecer estatutos que favorezcan a personas determinadas, no obstante su buen desempeño.
Señora Presidenta, creo que este proyecto de ley da cuenta de un asunto muy importante, cual es la necesidad de contar con la acción fiscalizadora del Comité de Auditoría para avanzar efectivamente en controles más rigurosos y serios.
Desde el momento de su instalación, en marzo de 2011, el referido Comité ha respondido a la finalidad de ser un organismo estrictamente técnico, compuesto por personal profesional que ejerce una labor de manera imparcial, básicamente para velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Me parece muy importante consignar lo siguiente.
Acá se ha expresado que se pretende establecer una norma con nombre y apellido, para determinados funcionarios.
El Senador Rabindranath Quinteros decía que la ley tiene que ser general y abstracta.
Pues bien, yo quiero hacer presente que aquí es al revés. Hay una norma para las personas que fiscalizan el uso de las asignaciones parlamentarias, y otra, para aquellas que fijan las asignaciones parlamentarias. Y hay un aforismo jurídico según el cual "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición". Acabamos de aprobar la prórroga del mandato de varios integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Por lo tanto, la crítica del Senador Quinteros también podría estar dirigida hacia ellos. Los miembros de dicho Consejo fijan las asignaciones parlamentarias, que son las que permiten que uno pueda tener oficina, bencina para recorrer la región, contratar personal, etcétera. ¿Y por qué podemos reelegirlos a ellos (un ex rector de la Universidad de Chile, un ex Director de Presupuestos) y no podemos reelegir a las personas que fiscalizan el uso de tales asignaciones? Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
Si el criterio a seguir es decir "no a la reelección", también debería existir idéntico criterio para los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Hoy, el artículo 66 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que los integrantes del Comité no pueden ser reelegidos, lo cual es absurdo, sobre todo si ellos hacen bien su trabajo. Y "hacer bien su trabajo" no significa cerrar los ojos y hacer oídos sordos frente a cosas que no estén bien; al contrario, es fiscalizar de manera rigurosa, avisar si se detecta alguna irregularidad, efectuar denuncias cuando efectivamente haya un mal uso de los recursos. Eso es hacer una buena pega. De lo contrario, estaríamos presumiendo que el Congreso Nacional evaluaría bien su trabajo cuando ellos realizaran mal su labor. Y esa no es la idea de nadie.
En ese sentido, soy partidario de aprobar este proyecto de ley.
Además, señora Presidenta, los miembros del Comité podrán ser reelegidos después de un concurso, en el que competirán con otros postulantes. No es que su mandato vaya a ser prorrogado automáticamente por otros seis años. ¡No! Van a ser evaluados. Y, obviamente, uno de los criterios de evaluación será si han sido rigurosos, si han fiscalizado bien, si han demostrado independencia e imparcialidad en el ejercicio de su labor, etcétera, etcétera.
Esto es muy relevante, señora Presidenta.
Recuerdo que cuando tuve el privilegio de encabezar la Cámara de Diputados, con el Presidente del Senado de ese entonces, don Eduardo Frei, y con varios señores Diputados y Senadores, algunos de los cuales se encuentran presentes -como el Honorable señor Hernán Larraín-, presentamos una indicación al proyecto que modificaba la Ley Orgánica del Congreso, en ese momento en trámite de Comisión Mixta. A través de ella, propusimos que las asignaciones parlamentarias fueran fijadas por un ente externo que no tuviera ningún integrante incumbente; ningún parlamentario en ejercicio, en otras palabras.
Y es lo que hoy existe.
Somos el único parlamento en el mundo en que los legisladores no nos fijamos las asignaciones, como mucha gente cree. Tampoco las asignaciones son sueldo, como algunas personas afirman. El otro día una señora señalaba en un programa de televisión de La Red que ganamos 20 millones de pesos. ¡Falso! Porque las asignaciones parlamentarias no constituyen sueldo. Nosotros percibimos 8 millones y tantos de pesos, que tampoco fijamos nosotros, pues equivalen a la dieta de un ministro de Estado. La gente muchas veces se queda con imágenes falsas.
Pero, ¡por favor!, cuando estemos en nuestra región, en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones, digamos que somos los únicos parlamentarios en el mundo que no se fijan sus asignaciones. Eso por lo general la gente no lo sabe, así como tampoco que existen profesionales competentes, independientes e imparciales que fiscalizan hasta el último peso que gastamos, lo que es muy bueno. Costó mucho sacar aquella reforma. Finalmente, fue aprobada casi por unanimidad. Por tanto, debiéramos sentirnos orgullosos de cómo hemos avanzado en materia de transparencia. Y aprobar este proyecto, en mi opinión, no va en contra de la línea de fortalecer semejante principio.
Señora Presidenta, hoy estamos analizando un proyecto que, francamente, no comparto. Aquí ya se han dado argumentos para explicar por qué originalmente se estableció que los miembros del Comité duraran solo un período y no pudieran ser reelegidos.
Ya lo dijo muy claramente un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Aquí quienes determinan si estas personas siguen en sus cargos son los propios fiscalizados. Entonces, este es un incentivo para una situación insostenible.
Por lo tanto, junto con los Senadores que hoy día nos acompañan en la Sala, quiero formular una reflexión.
Yo suelo compartir las opiniones del Senador Patricio Walker, pero en esta oportunidad no lo hago para nada. ¿Saben por qué? Porque el prestigio de la Cámara Alta es cada día menor. Nosotros materializamos tanto la gran idea del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias como la del Comité de Auditoría Parlamentaria. ¿Y para qué nos han servido? Si el mismo Senador Patricio Walker afirmó que hay personas que sostienen en televisión que nosotros ganamos 20 a 30 millones de pesos.
¡Eso ha ocurrido porque el Consejo ha hecho mal su pega!
Cuando alguien salió a decir en un medio de comunicación que ganábamos 15 millones de pesos, que nos habíamos subido la dieta, nadie del Consejo nos defendió, señora Presidenta. ¡No realizaron su pega!
El Consejo se creó para terminar con el chismorreo y las críticas a los parlamentarios por mal uso de los recursos. Y no los he visto emprender ninguna campaña para aclarar la verdad. Porque si yo salgo a decir que no gano lo que dice la periodista equis, ¿quién me va a creer?
Insisto: estos señores, que perciben remuneración ¡no han hecho su pega! Y esto es aún peor -se lo digo derechamente al Senador Patricio Walker, por su intermedio, señora Presidenta-: la imagen del Senado es cada día más mala. Y no es culpa de los Senadores, aunque a veces existe alguna responsabilidad.
Las instituciones que mencioné se crearon para hacer transparencia no solo respecto del actuar de los Senadores, sino además de la institucionalidad que rige a esta Corporación y al Parlamento. ¿Y qué ha ocurrido? Los resultados son más deficientes todavía.
Y en esto dos más dos son cuatro: si uno crea una institución; si una empresa contrata a un organismo para que analice su situación tributaria o a un grupo de abogados para que la defienda frente a los tribunales y le va mal, concluirá claramente que ello no funcionó.
Lo expreso con todas sus letras: no soy partidario de que estas personas se reelijan, pues aquí -como se ha dicho- las instituciones a que pertenecen no han servido.
Y, en segundo lugar -reitero-, el Consejo no ha realizado su trabajo. Y debiéramos ser supercríticos en esta materia. Cuando en los medios de comunicación se han formulado en público planteamientos falsos, de falsedad absoluta, el Consejo ha brillado por su ausencia.
Entonces, reflexionemos de manera profunda y analicemos si esto funciona. Y por lo resultados observados, yo puedo afirmar claramente que no lo hace.
Entiendo la complejidad de esta situación y la desazón que sienten algunos señores Senadores con respecto al rol que debe cumplir el Comité de Auditoría Parlamentaria. Sin embargo, quiero recordar que las competencias legales y sustantivas de este organismo tienen que ver, en primer lugar, con controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y, en segundo término, con revisar las auditorías que efectúen de sus gastos institucionales el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Lamentablemente, dentro de sus atribuciones y competencias, en ninguna parte figura que tenga que hacerse cargo de las relaciones públicas del Senado. Lo menciono porque soy coautora de esta moción.
Y, por su intermedio, señora Presidenta, quiero pedirle al Senador "Rabi" -así llamo a mi amigo, pues el nombre Rabindranath es muy complicado de pronunciar- que ponga atención a lo siguiente:
También soy autora de un proyecto, presentado hace muchos años, para limitar la reelección en todos los cargos electos popularmente: alcaldes, concejales, Senadores, Diputados y, ahora, cores. Con todo, aquí no estamos hablando de personas que ostenten un cargo de representación popular, sino de miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
En primer lugar, no son servidores públicos, sino funcionarios. Se trata de personas de alto conocimiento académico que cumplen una función pública, pero que no son servidores públicos, ya que no son nombrados por elección popular.
En segundo término, me daría mucho mayor tranquilidad saber que, si son personas capaces e hicieron bien su trabajo, eventualmente podrían ser reelegidos en estos cargos. Porque me resulta más tranquilizador saber que no van a entrar en una competencia por demostrarnos cuán talentosos o buenos son, o si provienen de nuestras familias políticas, sino que, de hacerlo bien, seguirán en sus cargos. Que tengan la posibilidad de reelegirse no los convierte en funcionarios con fecha de vencimiento. Y al no tenerla, creo que son bastante menos proclives a suscribir un contubernio -por decirlo así- con cualquier Senador o Senadora. O sea, a mí me otorga mayor garantía. Por consiguiente, soy de aquellos que creen que, efectivamente, más allá de las líneas políticas que representan o si su corazón late más a la Derecha o a la Izquierda, aquí lo relevante es que se trate de personas competentes, que hagan bien su trabajo y que cuiden que cada peso fiscal se gaste en lo que corresponde.
Nunca más debería suceder lo que pasó en la Cámara de Diputados años atrás, cuando algunos se echaban al bolsillo la plata de las sedes, u otros arrendaban algunas que no existían, o quienes, definitivamente, no usaban las asignaciones como correspondía.
Y eso ha evitado este Comité.
¿Por qué en el Senado nunca ha habido ese problema? Porque aquí, efectivamente, las cosas se realizan con gran seriedad y rigurosidad, y el Consejo funciona de manera eficiente.
Por tal razón, señora Presidenta, obviamente apoyaré este proyecto.
Algunos Comités me han pedido que abra la votación. Así que procederemos de esa manera si le parece a la Sala.
Señora Presidenta, pienso que este proyecto de ley puede subsanar un poco lo que se ha mencionado en esta discusión.
Considero que la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias fue una idea positiva. Podrá criticarse o no a sus miembros, pero han cumplido su función. Muchas veces los he visto defender lo relativo a las asignaciones. Por ejemplo, cuando se produjo un debate a propósito del famoso aumento en el monto de las asignaciones para asesorías que se dio aquí, en el Senado.
No obstante, la verdad de las cosas es que el tema del prestigio o desprestigio del Senado no depende tanto de esto. Depende de diversas circunstancias: en numerosas oportunidades de los medios de comunicación y, a su vez, de que nosotros mismos no nos preocupemos de esta situación. Hace dos días observé una publicidad elaborada por un Partido de este Parlamento, la UDI, en la cual, para justificar sus críticas al sistema binominal, se decía: "Miren, señores, el aumentar tantos Senadores significa un gasto de 24 millones de pesos por 12, o sea, tantos miles de millones de pesos -no sé cuántos exactamente-, lo que equivale a 50 establecimientos de excelencia".
Eso lo vi en la televisión. Y fue difundido por otros medios de comunicación. Estoy seguro de que no hubo intención de desprestigiar al Parlamento. Sin embargo, en diversas ocasiones nosotros mismos incurrimos en ese tipo de acciones.
Seamos francos, el propio Ejecutivo incorporó, en el proyecto de reforma tributaria que está por venir al Senado, una disposición especial para excluir de una rebaja de impuestos por concepto de su remuneración a los parlamentarios, a los ministros, etcétera, como si fueran una clase que hay que separar.
Son situaciones que van provocando muchas veces una crítica subliminal al Parlamento. Este, por supuesto, no goza hoy día de su mejor prestigio. No obstante, sin el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias sería aún peor. Ahora, podemos analizar cómo mejorar la imagen del Congreso Nacional. Se han realizado bastantes cosas. Y reconozco que el Senador Hernán Larraín, junto con todos los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia, han realizado una serie de esfuerzos para favorecer la transparencia. Se ha modificado nuestra página web y, ahora, cualquier persona puede situarse en ella y hacer clic en la parte que corresponde a cualquier Senador y saber cuánto recibe, cuál es su personal, etcétera.
En definitiva, hemos efectuado numerosas acciones, pero no han dado resultado.
Por lo tanto, no creo que el centro del debate de este proyecto radique en eso. Pero sí que aquí tenemos que apuntar al mérito de la iniciativa. Este es discutible. Unos creen que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria no deben tener reelección; otros, que sí, pero limitada, y otros, sin límite.
En este caso, al leer el artículo 66 A, efectivamente se observa que la nominación de este Comité de Auditoría, que debe cumplir la función de fiscalizar cómo se manejan las asignaciones por parte de los parlamentarios -es bueno que así sea-, presenta una serie de elementos de restricción para nombrar a sus integrantes: uno debe tener título de abogado y otro de contador auditor, y un tercero ser especialista en materias de auditoría con experiencia en la Contraloría General de la República. Además, han de concursar; ser seleccionados de una nómina de tres personas por una Comisión Bicameral integrada por cuatro Senadores y cuatro Diputados. Y para su elección se requiere un quórum de tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio. En realidad, es lo mismo que el de mayoría en el caso de la Comisión, porque si lo aplicamos a un total de ocho integrantes equivale a cinco contra tres, al igual que en el caso de mayoría. O sea, no es un asunto esencial, pero sí importante. Es un quórum alto.
Entonces, ¿qué propongo?
He presentado a la Mesa una indicación para tratar de compatibilizar las posiciones. Yo creo que los miembros del Comité deberían ser reelegidos por una sola vez, no en forma indefinida.
Pienso que no es bueno que una persona realice este tipo de trabajo por un período excesivamente prolongado. Pero sí lo es que, de hacerlo bien en un primer período y así lo propone la Comisión Bicameral, pueda renovarse por una sola vez. Con eso daríamos una salida más o menos razonable a algo que debe hacerse.
Yo no me quedaría ni con no reelegir ni con reelegir indefinidamente, y por eso presenté una indicación al artículo único del proyecto, para que el punto sea resuelto por la Sala.
Señora Presidenta, creo que es legítimo lo señalado por algunos señores Senadores en orden a cuestionar si el sistema que diseñamos a fin de, por una parte, establecer las asignaciones que reciben los parlamentarios para el ejercicio de su función, y por otra, de fiscalizarlas, ha funcionado o no. Y ese debate, sin duda, deberá darse a la luz de la experiencia aportada durante estos años de actividad.
Sin embargo, no hay que confundir el sentido y el trasfondo de esta iniciativa.
Debo afirmar que, cuando se discutió la iniciativa de ley pertinente, nunca tuve muy clara la razón para limitar la reelección de los auditores, sobre todo teniendo presente lo siguiente: su proceso de selección reviste carácter mixto, porque, en primer lugar, corresponde a un concurso público donde la terna respectiva no la hace el Congreso, sino la Alta Dirección Pública.
Es decir, el primer filtro para quedar seleccionado en la terna corresponde a un organismo externo al Congreso. Sus integrantes no son fiscalizados por los auditores y deben evaluar la idoneidad profesional y moral de estos, junto con su capacidad para desempeñar el cargo.
Quiero contar, a manera de ejemplo, que me tocó participar en la primera Comisión Bicameral que nominó al actual Comité de Auditoría Parlamentaria. Fue un proceso absolutamente ciego. Nosotros recibimos los currículums de las ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública y debo decir que, en lo personal, no conocía casi al 95 por ciento de las postulantes incluidos en ellas.
Y esa es una primera línea de garantía de la autonomía de este Comité de Auditoría.
En segundo lugar, en ningún minuto se afirma en este proyecto que quienes integren el Comité de Auditoría serán inmediatamente reelegidos, sino que tendrán que volver a pasar por este proceso: concurso público, Alta Dirección Pública y, después, nominación por la Comisión Bicameral y, posteriormente, ratificación por la Cámara de Diputados y el Senado.
A la luz de lo que ha ocurrido, y entendiendo que este proceso es nuevo, creo que no podemos perder la experiencia acumulada por los auditores hoy día.
Los auditores que entraron -a mí me tocó entrevistarlos, como les comentaba- eran personas que, en su gran mayoría, salvo algunos que participaron en el concurso, no conocían el funcionamiento del Congreso, no tenían mayor idea de cómo operaba la Cámara de Diputados o el Senado. Ellos han ido adquiriendo experiencia, y no encuentro razón jurídica alguna para no permitir que quienes determinan las asignaciones de los parlamentarios y nos fiscalizan puedan seguir haciéndolo. Otra línea argumental dice relación con que, generalmente, el impedir que una persona que realiza una función de auditoría continúe haciéndolo se da más bien en el caso de una fiscalización directa sobre el uso de los recursos otorgados.
Ello me ha tocado verlo en el ámbito privado, donde hay auditores que fiscalizan a empresas para evitar que se produzca una suerte de colusión entre los gerentes, el fiscalizado y el auditor.
Pero este caso es muy distinto, pues -como mencioné- la elección pasa por un organismo externo y, en segundo lugar, no se trata de una auditoría directa a los recursos públicos, sino de velar por que estos efectivamente se utilicen conforme a los conceptos fijados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Desde esa perspectiva, creo que tenemos que aprobar esta iniciativa, a fin de permitir que los miembros del Comité puedan seguir formando parte de un equipo, al cual le ha costado ganar experiencia en su trabajo. En definitiva, no veo razón para que no autoricemos su reelección.
Dicho lo anterior, formulo un llamado a nuestros colegas a votar a favor, porque esta disposición, sin duda, va a fortalecer el proceso de fiscalización. Los integrantes del Comité han formado un equipo que entiende la labor del Congreso Nacional, el funcionamiento del Senado y de la Cámara, y eso, sin duda, es un aporte que no se puede perder.
Y, en cuanto al temor de algunos señores Senadores de que aquí, en el fondo, pudiera existir una suerte de intención del Comité en orden a favorecernos al depender de nuestra nominación, debo decir que el filtro para ello queda fijado desde el minuto en que la Alta Dirección Pública elabora las ternas pertinentes, no la Cámara de Diputados ni el Senado.
A mi juicio, eso debería ser motivo suficiente para permitir dilucidar las dudas de algunos señores Senadores.
Señora Presidenta, deseo dar un enfoque distinto del planteado hasta ahora en el debate de la Sala.
Si uno le preguntara a la ciudadanía de este país, a la cual nos debemos, a quienes nos elijen, qué es el Comité de Auditoría Parlamentaria, sin lugar a dudas que el 99,9 por ciento de los encuestados diría que no tiene idea. No sabría qué hace, para qué sirve, cuánto ganan sus integrantes o qué rol cumplen dentro de nuestra institucionalidad.
En el informe hay afirmaciones que no comparto.
Su texto dice: "Indica que resulta evidente que en el desarrollo de este proceso se ha venido acumulando una importante experiencia técnica en materia de auditoría y procedimientos al interior del Congreso Nacional. A la vez, se ha instalado un permanente diálogo técnico entre los miembros del Comité y las diferentes autoridades del Parlamento, y finalmente, se han venido construyendo y desarrollando valiosos objetivos en materia de transparencia. En definitiva, se ha producido una sana y sólida instalación de la nueva institucionalidad en materia de auditoría parlamentaria, que es necesario preservar y continuar".
La decisión de crear este Comité fue política. Existía un cuestionamiento a la falta de transparencia en las asignaciones parlamentarias. Y el principal motivo para que el 89 por ciento de los chilenos consideraran que el Congreso Nacional tenía poca transparencia, que no representaba debidamente a la ciudadanía, que trabajaba poco y, en definitiva, tuviera una pésima evaluación pasaba -según algunos- por el hecho de que no se fijara lo que ganaban los parlamentarios.
Resulta claro que el problema no es técnico, administrativo, contable ni auditable. Es un problema político. Y siento que las atribuciones de este Comité no solo deben ser controlar el uso de los fondos públicos y revisar las auditorías. ¡Tiene que difundir su trabajo! ¡Es obvio!
Se dice que nosotros nos fijamos los sueldos, que ganamos una millonada. ¡No es cierto! ¡Es de falsedad absoluta! ¡Y cada vez tenemos que andar saliendo a manifestar que no percibimos ni 20, ni 16, ni 18, ni 15 millones de pesos! Que tenemos la misma dieta que un Ministro, que la Presidenta de la República, con la diferencia -para decirlo muy francamente- de que algunos Senadores representamos a un millón de electores, en 26 comunas, y otros a 80 o 100 mil electores, y ganamos exactamente lo mismo.
O sea, aquí no hay un tema de número de electores, ni de territorialidad. Tenemos las mismas asignaciones, aun cuando la acción hacia quienes representamos sea infinitamente mayor.
Entonces, el debate sobre si pueden ser electos o no los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria lo considero absolutamente absurdo. El problema no radica en si son o no elegibles. Este es un aspecto técnico. Pero aquí resulta claro que el Comité no ha cumplido las expectativas que generaba al menos cuando yo voté a favor de su creación.
En esa oportunidad se dijo que íbamos a tener uno de los pocos Parlamentos en el mundo con asignaciones fijadas por un organismo distinto, y que eso iba a traer transparencia. Y claramente no la ha traído. Al contrario, se entrega un monto de recursos a un comité cuyo uso eficiente no sé quién lo evalúa. Y si se dice que ha cumplido con todos sus objetivos, yo quisiera ver la evaluación correspondiente.
No tengo ninguna duda sobre la calidad ética, moral, profesional de todos los integrantes del Comité. Son del primer nivel del país.
Sin embargo, la función que le dimos no es técnica, sino esencialmente política: fijarle a un Poder del Estado como el Congreso Nacional el monto de las asignaciones, de las remuneraciones, en definitiva, transparentar un elemento muy importante para la democracia.
Y el primer problema se produjo cuando me tocó ejercer la Vicepresidencia: debimos dar la cara para decir que no era cierto lo que se señalaba. Los 2 millones de pesos eran para contratar oficinas, no para elevarnos el sueldo, como dijo un buen amigo Diputado en la Cámara Baja. ¡No era plata para el bolsillo! ¡No era aumento de remuneraciones! Tales asignaciones se otorgaron para el arriendo de oficinas en regiones, dado que la circunscripción de cada Senador equivale a tres, cuatro y más distritos, pero la cantidad que recibe a ese efecto es igual a la que se entrega a un Diputado. Entonces, el debate, en mi opinión, es insuficiente. No sé si es factible formular indicaciones a este proyecto, considerando que solo propone suprimir en la ley el vocablo "no" en la expresión "no podrán ser reelegidos". Estimo que debería haber una discusión sobre las funciones de dicho Comité. A mi juicio, cada vez que se produce un debate respecto de las asignaciones debiera ser este órgano el encargado de dar las explicaciones del caso, y no la Presidenta del Senado, quien nada tiene que ver con la determinación de aquellas, así como ningún Senador. Me parece necesario introducir una modificación para que haya mayor proporcionalidad entre el territorio y el número de electores. Para que uno reciba las asignaciones apropiadas, este Comité debería evaluar permanentemente la mejor gestión en el área, con el objeto de propiciar un servicio más eficiente en el ejercicio de nuestra función. Transcurrido un tiempo prudente desde la creación de dicho órgano, cabe señalar que su acción claramente no ha incidido en nada en la percepción de la ciudadanía, pues la gente sigue pensando lo mismo del Congreso. Además, algunos Senadores o ciertas bancadas, como dijo el colega Zaldívar, contribuyen a avalar ese punto de vista. En efecto, cuando la UDI expresó, a propósito del debate sobre el aumento del número de parlamentarios, que las asignaciones son de tal volumen, lo único que logró fue que se siguiera enlodando el rol del Senado. Al respecto, me pregunto: ¿quién determina la cantidad de pasajes de que disponen los Ministros para viajar por el país? Cuando Lavín estaba a cargo de la Cartera de Educación, iba tres veces a la semana a Concepción. En cambio, el Senador que representa esa zona puede ocupar solo cuatro pasajes al mes para ir a Santiago. A los Secretarios de Estado no se les aplica ninguna limitante ni en pasajes aéreos, ni en contratos de asesores, ni en gasto de combustible. A ellos no se les imputan las asignaciones que tienen para pagar asesores, secretarias, combustible, papeles, fotocopias. A ninguno se las cargan. ¡Pero al Parlamento le suman todo!
Señora Presidenta, no quiero que ni uno de esos recursos pase por mis manos, al igual como opera con cualquier otra autoridad (el gerente general de la CODELCO, el de la ENAP, el de alguna empresa pública, los alcaldes). ¿Alguien carga al sueldo del alcalde lo que gana su secretaria, lo que gasta en combustible para movilizarse? ¡No! Sigue siendo un absurdo que las asignaciones que recibimos se consideren ingresos nuestros, cuando, en definitiva, constituye un gasto propio de la Corporación. Es incomprensible que el Senado nos dé 250 sobres -¡solo 250!- al mes para realizar nuestra labor, en circunstancias de que yo represento a más de un millón de electores, y la ciudadanía me exige contacto permanente y entrega de información. Además, mando muchos e-mails. Sin embargo, el otro día me dijeron que no era posible enviar tantos. O sea, cuando un parlamentario debe responder a un millón y medio de electores y, para ello, usa el correo electrónico, se le hace una observación en tal sentido. Entonces, cabe la pregunta: ¿cuál es el mecanismo que nos brinda la Corporación para ejercer adecuadamente nuestra función si no podemos hacer uso intensivo de la referida herramienta electrónica y no disponemos de sobres suficientes? En definitiva, tales acciones no pueden considerarse gasto del parlamentario. ¡Si es parte de nuestra labor! Es como decirle al Presidente de la República que no puede enviar ninguna correspondencia, o al Director del IPS que no remita información a sus usuarios. En mi opinión, el fondo del debate no es la reelección de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, sino la función de difusión que este debiera cumplir. Yo estoy por reafirmar esa atribución.
Sin embargo, en tal caso, ha de haber una evaluación periódica en cuanto al cumplimiento del objetivo fijado. Porque no se trata de tener más libros contables. No debe ser igual a lo que ocurre con las empresas públicas, que nos mandan tremendos libracos de sus balances anuales, que nadie lee. Yo creo que, con suerte, el gerente general que envía el balance, con la mejor de las impresiones, lo hojea. Por lo tanto, señora Presidenta, pido -¡exijo de verdad!- que, dados los problemas graves que hemos tenido, incluso después de crear este Comité -ha habido distorsión, maltrato, confusión y desinformación en torno al significado de las asignaciones parlamentarias-, se le dé a este la función de aclarar las dudas en forma permanente y de mejorar lo relativo a las asignaciones. No comprendo por qué se critican las asignaciones parlamentarias si jamás las tocamos, y tampoco entiendo que se diga que son parte de nuestros ingresos. A ninguna otra autoridad le ocurre lo mismo, en ninguno de los otros Poderes del Estado. A los jueces no se les imputa como sueldo el gasto en secretarias o en uso de vehículos. A ningún director de empresa pública y a ningún general de la República se les ocurriría decir que es parte de lo que ganan lo que se paga a la secretaria o lo que se gasta en transporte. Eso solo sucede en el Poder Legislativo, lo cual ha distorsionado gravemente la imagen respecto de nuestros verdaderos ingresos. Por lo tanto, el Senado debiera cumplir un cometido mucho más amplio, en lugar de solo decidir sobre la reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria. Yo formulo un cuestionamiento a la función de este organismo. Si aquí se trata únicamente de eliminar el vocablo "no", me tendré que abstener o votar en contra del proyecto, porque no se aborda el tema de fondo. No sé si alguna Comisión discutió este punto. Pero parece absurdo, siendo tan evidente que aquí se requiere un cambio de funciones, ponerse a debatir si se pueden reelegir o no a los miembros del referido Comité. Muchos de ellos, o la totalidad, merecen ser reelectos. Solo digo que hay que discutir facultades más precisas, mayor carga de trabajo, nuevas atribuciones; de tal manera que las personas que conforman el Comité cumplan la labor para la cual los elegimos: dar transparencia y seguridad a la ciudadanía en cuanto a que los recursos que se nos entregan tienen buen destino. Nosotros no fijamos el monto de las asignaciones, pero el asunto sigue en entredicho. Ese es mi cuestionamiento a este proyecto de ley, que debiera haber contenido a lo menos algunos de los puntos que he señalado. No sé si me pronunciaré a favor o en contra, pues desconozco si es posible presentar indicaciones o si estamos en el trámite final de la discusión.
Me informan que en la siguiente instancia se podrán formular indicaciones; por tanto, votaré a favor de la idea de legislar, considerando que las observaciones que he realizado son justas. ¡Patagonia sin represas!
Le corresponde intervenir al Senador señor Pizarro, quien, como ex Presidente de la Corporación, de seguro podrá clarificar el debate, pues sospecho que aquí se ha confundido la función del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con la del Comité de Auditoría Parlamentaria. Resulta importante entender que estamos hablando de este último organismo. Aquí se le han propuesto funciones y responsabilidades que, francamente, no corresponden.
Espero que Su Señoría pueda dar claridad al respecto, porque veo confusión y no nos enfocamos en el asunto que nos convoca, que, por lo demás, fue analizado por la Comisión de Constitución. Reitero: estamos hablando del Comité de Auditoría Parlamentaria y no del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. El señor PIZARRO.-
Señora Presidenta, usted tiene razón. Sería bueno abocarse al proyecto en tabla, el cual busca posibilitar que los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria opten a continuar en el cargo una vez vencido su mandato, que dura seis años. Dicho Comité nada tiene que ver -¡nada!- con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Este último cuenta con otra conformación: son cinco integrantes, quienes deben cumplir una serie de requisitos. Como se ha dicho correctamente, las personas que lo componen son muy distinguidas, idóneas, de mucho prestigio, y realizan una función completamente distinta de la que ejecutan los miembros del aludido Comité. Al Consejo le corresponde determinar los montos de las famosas asignaciones parlamentarias y precisar en qué pueden gastarse esos recursos públicos. El Comité de Auditoría tiene una labor completamente diferente. Bastaba leer el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para darse cuenta de que estamos hablando de otra cosa. Ahí se establece lo siguiente: "El Comité de Auditoría Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.". Por tanto, se trata de dos organismos completamente diferentes: con una conformación distinta, con exigencias distintas y con funciones distintas. ¿Cómo se eligen los tres integrantes del Comité de Auditoría? Una Comisión Bicameral, compuesta por cuatro Senadores y cuatro Diputados, conforme a un reglamento, selecciona un nombre de una nómina de tres postulantes, para luego proponerlo a ambas ramas del Parlamento. ¿De dónde salen esos tres candidatos? De un concurso público realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública. Después que este organismo ha seleccionado a los postulantes, cuyo proceso es larguísimo, la Comisión Bicameral escoge a uno de ellos, en cada caso, para proponerlo a la Sala de la Cámara de Diputados y a la del Senado. Se elige a cada miembro con quórum de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio. ¿Quiénes son los tres profesionales del Comité de Auditoría? "Uno de ellos deberá tener el título de abogado y otro el de contador auditor. Ambos deberán acreditar, a lo menos, diez años de ejercicio profesional. El tercero será un especialista en materias de auditoría. Respecto de éste, se preferirá a quienes se hayan desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la República o se encuentren registrados, por igual período, en la nómina de auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.".
Entonces, estamos hablando de profesionales altamente especializados, de mucha experiencia, quienes han de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, cuyo monto es determinado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
En definitiva, todas las intervenciones hechas acá respecto de la legitimidad, confiabilidad y credibilidad del Congreso Nacional; de por qué la imagen pública que se tiene de nosotros es siempre la misma; de si el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias debe realiza la defensa corporativa que corresponde cuando la ciudadanía hace cuestionamientos, etcétera, nada tienen que ver con el proyecto que ahora nos ocupa.
¿Qué plantea la iniciativa? La posibilidad de reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, que duran seis años en su cargo y son inamovibles. Porque quienes deben controlar el uso de los recursos públicos requieren, como es natural, estabilidad y autonomía.
En concreto, se propone que a los miembros del referido Comité se les permita repostular al puesto, para lo cual deberán seguir el mismo proceso que enfrentaron para su nombramiento. Es decir, una vez cumplido el tiempo por el cual fueron designados, podrán participar en el concurso pertinente que efectuará el Consejo de Alta Dirección Pública, instancia en la cual tendrán que competir con otros profesionales -ojalá se presenten muchos-; luego, en el caso de ser escogidos nuevamente para integrar la terna respectiva, deberán pasar a la Comisión Bicameral, la que seleccionará a un postulante en cada caso, y, finalmente, han de obtener el acuerdo de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio para la nominación definitiva.
Por lo tanto, aquí se trata solo de resolver si aquellos podrán o no optar a la continuidad en sus cargos.
Señora Presidenta, cuando discutimos en el Gobierno anterior la creación de estos organismos, debate que costó mucho hacer -aquí se ha dicho con razón que esto forma parte del proceso de transparencia del uso de los recursos públicos llevado adelante por el Congreso Nacional-, se planteó la necesidad de contar con un organismo auditor. Ello resulta esencial, porque una entidad autónoma es la que debe fiscalizar lo que determine el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. El Comité de Auditoría Parlamentaria no solo debe velar por el buen empleo de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la labor parlamentaria, sino que también, como señala la norma relativa a sus funciones, ha de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso efectúen de sus gastos institucionales.
Esos son los dos objetivos del Comité.
Cuando se analizó la materia en su origen desde un punto de vista técnico-profesional, los especialistas dijeron que los auditores no debieran eternizarse en el cumplimiento de sus funciones cuando están ligados a una institución, por razones de mayor eficacia y para no mantener con aquella una relación casi humana -por así decirlo- en la que pueden sentirse comprometidos con la entidad que deben controlar. Por ese motivo se estableció un plazo para ejercer el cargo.
Sin embargo, debemos hacer presente el nivel de los requisitos que han de cumplir los postulantes para ser seleccionados y, posteriormente, nombrados; la obligación de exclusividad total y absoluta en el ejercicio de sus funciones (no pueden desarrollarse desde el punto de vista profesional en otras áreas, ni desempeñarse en otros cargos, aun cuando posean las competencias para ello); la duración del cargo (seis años); la experiencia exigida. Si sacan cuentas, verán que se trata de profesionales de entre 35 a 45 años hacia arriba; que trabajan seis años acá -los tenemos aislados-; que no pueden ejercer ningún tipo de función distinta de las establecidas para este Comité, y que, más encima, no cuentan con la posibilidad de optar a una continuidad en el puesto.
Ante ello, me parece que la propuesta del Senador Zaldívar de permitir que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria sean reelegidos por una sola vez es bastante razonable. Eso implicaría un período de 12 años en el ejercicio del puesto. Así, no caen en una situación de eternización en el cargo, lo cual puede conllevar a que dejen de fiscalizar y controlar con la eficiencia que se requiere. En el fondo, se les daría la oportunidad de continuar en sus funciones al objeto de que ejerzan sus labores de manera adecuada.
Señora Presidenta, considero indispensable fortalecer las funciones de control y de fiscalización del referido Comité.
Los profesionales seleccionados por la Comisión Bicameral, después del proceso realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública, son muy competentes (para corroborarlo, cualquiera de nosotros puede ir y revisar sus antecedentes). Además, han cumplido de manera eficaz sus funciones.
Colegas, para la catarsis sobre los problemas que afectan al Senado en materia de credibilidad, me parece bien el debate. Pero no confundamos lo que plantea esta iniciativa con la composición, las atribuciones y el rol del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, todo lo cual lo podremos revisar más adelante en una ocasión distinta de esta.
Señora Presidenta, sin duda esta iniciativa ha desatado un gran debate -también grandes pasiones- respecto del prestigio del Senado, de las remuneraciones y asignaciones de los parlamentarios. Esa es una discusión válida, pero no guarda mucha relación con lo que ahora nos ocupa.
El proyecto de ley es muy simple. Dentro de la institucionalidad que hemos ido construyendo para mejorar la transparencia, en especial para poner a disposición de la ciudadanía la información sobre los recursos que usamos los Senadores, se halla el Comité de Auditoría Parlamentaria. Este organismo ha ido evolucionando. Entró en funcionamiento hace dos o tres años, por lo que todavía queda algo de tiempo para evaluarlo.
Lo que hace la iniciativa en análisis es permitir que quienes forman parte de dicho Comité postulen a un nuevo período. Yo estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador Zaldívar: a lo mejor es bueno que sean reelegidos por una sola vez. Pero lo importante es que puedan volver a postular.
Aquí no se está reeligiendo a nadie por el solo ministerio de la ley. La persona que participó en el concurso pertinente conducido por la Alta Dirección Pública; que integró la terna que llegó a la Comisión Bicameral, y que consiguió el voto de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio tendrá que pasar por el mismo sistema de selección por el cual fue nombrado la primera vez.
Por lo tanto, acá estamos legislando únicamente para darles a los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria la oportunidad para que vuelvan a postular a los cargos, para que manifiesten su interés de seguir integrando un organismo, a mi juicio, de la máxima importancia, encargado de velar por el adecuado uso de los recursos públicos puestos a disposición del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Esa manifestación de voluntad para postular de nuevo implica que los candidatos en su momento deberán volver a presentar sus antecedentes, su currículum en el proceso que efectuará el Consejo de Alta Dirección Pública. Si esta entidad califica bien al postulante, este formará parte de la terna que será propuesta a la Comisión Bicameral que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece para esos efectos. Una vez que dicha Comisión revise los antecedentes de los tres candidatos y emita un informe proponiendo a uno de ellos, las Salas del Senado y de la Cámara Baja resolverán la nominación respectiva.
O sea, hay una serie de filtros que permitirán el debido resguardo ante los supuestos vicios o riesgos que aquí se han señalado.
Señora Presidenta, me parece absolutamente válido, absolutamente legítimo, absolutamente posible y necesario que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria puedan postular nuevamente a sus cargos.
Algunos colegas en sus intervenciones manifestaron que acá estamos permitiendo que esas personas sean reelegidas. ¡No! Solo les damos la oportunidad de optar otra vez al puesto que ocupan. Tal como lo establece la parte final de la normativa vigente, las vacantes que se produzcan deben ser llenadas "en la misma manera como fue designado quien dejó de servir el cargo".
Si existe alguna duda al respecto, podemos perfeccionar la disposición pertinente. Pero lo que verdaderamente se busca es posibilitar no una reelección por el solo ministerio de la ley, sino una nueva postulación participando en el respectivo proceso de selección que deberá conducir el Consejo de Alta Dirección Pública.
A mi juicio, el estricto mecanismo establecido para el nombramiento de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria es el adecuado para que profesionales calificados lleguen a ejercer una función extraordinariamente necesaria.
Señora Presidenta, nos hallamos frente a una iniciativa simple que propone una finalidad objetiva: permitir que quienes conforman el referido Comité puedan volver a postular a esos cargos. Ello me parece positivo. Por lo tanto, invito a los señores Senadores a aprobar la idea de legislar.
Señora Presidenta, entiendo que el proyecto en debate es muy particular. Y es bastante simple.
Solo quiero recordar que la norma que se pretende modificar fue discutida en el contexto de la modernización y transparencia de la gestión del Congreso Nacional, en un período en que hubo varias iniciativas en esa línea. Por lo tanto, resulta muy valiosa, considerando sobre todo el estado de la opinión pública, la cual hoy día es mucho más activa y exigente con sus autoridades. En consecuencia, debemos cuidar el principio que procuró establecer la disposición legal primitiva.
Obviamente, un grado de flexibilidad en la elección de quienes nos van a fiscalizar mediante las auditorías respectivas responde a toda lógica de la opinión ciudadana.
Sin embargo, también creo conveniente, de establecerse una norma flexible, que se le otorgue cierto grado de garantía a la gente. Más bien pensando en la imagen y sin poner en cuestión ni la ética ni la moralidad de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, sino exclusivamente en razón de la transparencia, fiel al propósito original de la disposición que se procura modificar, pienso que se debería establecer un sistema de cesación alternada de sus miembros, durante períodos diferentes, con algún grado de renovación, si se estima del caso, pero como circunstancia más bien especial.
Considero, pues, que debemos ser un poco más precisos en la definición legal; es decir, no limitarnos a flexibilizar la norma, sino también tratar de mantener lo que se quería lograr cuando ella fue aprobada: que la opinión pública perciba que el modelo de control establecido no va a perder eficacia en el tiempo y, asimismo, que los miembros del Comité podrán cumplir con independencia su labor. No digo que no la cumplen de esa forma; empero resulta necesario que la ciudadanía tenga claro que es así.
Señora Presidenta, estoy abierto a la flexibilización del sistema, pero con una modalidad de cesación de los tres integrantes del Consejo alternada en el tiempo, para que la renovación se verifique en momentos distintos y se aproveche la experiencia ya recogida por ese órgano.
Asimismo, debe garantizarse a la opinión pública que no será un grupo que entre en cierta relación con los parlamentarios, a los que habrá de controlar, pues, de no ser así, más adelante ello podría prestarse para algo menos transparente o más complejo.
Con esa sola condición, comunico que estoy dispuesto a aprobar el proyecto.
Tengo inscrito a continuación al Senador señor Harboe, pero no se encuentra en la Sala. Les recuerdo a Sus Señorías que, aunque esta iniciativa es de artículo único, nos estamos pronunciando solo sobre la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Prokurica y Quinteros.
El Senador señor Zaldívar presentó una indicación. No obstante, el Senador señor Navarro pidió fijar plazo para formular indicaciones.
El texto propuesto por el Honorable señor Zaldívar dice: "Para agregar en el inciso 3° del artículo 66 A la frase: "por una sola vez" a continuación de la palabra "reelegido".". Lo que se está señalando es que luego de que se suprima la palabra "no" en la disposición, como lo proponen la Comisión de Constitución y la moción, se agregue que la posibilidad de reelección será "por una sola vez". Sin embargo, reglamentariamente, dada la petición del Senador señor Navarro, hay que establecer plazo para la presentación de indicaciones.
Mejor, hasta el lunes 19 de mayo.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 19 de mayo.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. --Los antecedentes sobre el proyecto (8335-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
El objetivo principal de este proyecto es propiciar condiciones que les permitan a los artistas populares hacer uso del espacio público con dignidad a fin de lograr en su empleo un equilibrio que permita la convivencia armónica y de mutuo beneficio entre el desarrollo de las distintas expresiones artísticas y los demás agentes de la sociedad.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Navarro, Ignacio Walker y Cantero.
Cabe hacer presente que el artículo 9° tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren al menos 22 votos favorables.
El texto para el que se propone acoger la idea de legislar se transcribe en las páginas 14 a 17 del primer informe de la Comisión.
Señora Presidenta, celebro el ingreso al Senado de este proyecto del Presidente Piñera, el 7 de mayo del año 2013, porque pienso que hace justicia en un aspecto de nuestra vida social y cultural bastante olvidado e ignorado, aunque muy visible, desde el punto de vista de la legislación y de las políticas públicas: la creación de un espacio de dignidad para que los artistas populares empleen los bienes nacionales de uso público.
Se trata de entender que hay un espacio para la política pública sobre artistas populares y el uso del entorno común.
Por cierto, la actividad en comento es visible. Ocurre en nuestra sociedad: en las calles, en los barrios, en las plazas. Sin embargo, no tiene ninguna regulación. En primer lugar, a favor de los artistas populares; pero también en beneficio de los ciudadanos comunes y corrientes que transitan por el espacio público.
El proyecto de ley que nos ocupa define a mi juicio de manera muy hermosa, casi poética, lo que se entiende por "artistas populares", describiendo sus distintas expresiones: músicos, bailarines, cirqueros, actores, instrumentalistas, coros, elencos teatrales, mimos, titiriteros, volantineros, estatuas vivientes, chinchineros, payasos, artesanos, artistas plásticos, organilleros, malabaristas, artistas de murgas y comparsas, etcétera. A mi entender, es una forma muy bella de definirlos.
Y los artistas populares tienen derecho a utilizar los bienes nacionales de uso público, cuya regulación depende principalmente de los municipios.
Señora Presidenta, esta iniciativa, en el fondo, ayuda a dignificar al artista callejero y a formalizar su vida, la cual por definición es informal, ocurre en la práctica; sin embargo, también requiere, desde el punto de vista de la política pública, alguna regulación.
De hecho, el proyecto en debate permite que los municipios, en la administración de los bienes nacionales de uso público, consideren, por ejemplo, el Registro Nacional de Artistas Populares. Es muy importante, entonces, que exista asimismo una responsabilidad hacia la sociedad chilena por parte de esos artistas, quienes, a tal efecto, son formalizados en dicho Registro. Aquello, además, posibilita que los municipios, que tienen a su cargo, desde la perspectiva del Derecho Administrativo, la utilización del espacio público, dicten una ordenanza para regular la actividad de que se trata. Y lo señala el artículo 5°: "Las municipalidades deberán dictar una ordenanza especial".
Por otra parte, esta iniciativa faculta a los municipios para establecer el uso gratuito del espacio público por los artistas populares, o fijar un monto por los derechos correspondientes, o eximir de ese pago a aquellos que lo soliciten, asegurándoles, vía gratuidad, el acceso y la utilización.
También, permite que las municipalidades, a través de ordenanzas, singularicen qué parte del espacio público puede destinarse a la forma artística tan hermosa y tan genuina que desarrollan los artistas populares; cuáles son las limitaciones de uso; cómo se considera el Registro de Artistas Urbanos, etcétera.
Yo creo que esta es una buena medida. Y constituye, asimismo, una manera no solo de llamar la atención de la gente, que muchas veces se acostumbra a la presencia de artistas populares en las calles, sino también de proteger al transeúnte, al ciudadano común y corriente, a la comunidad, expresiones a lo mejor abusivas, ruidosas, en fin, que afectan el derecho a transitar pacíficamente y sin la contaminación proveniente de malos usos del espacio público.
Por lo tanto, tratándose de un proyecto bastante sencillo, pienso que es importante ser proactivos en términos de la cultura, del arte en sus distintas manifestaciones, lo que, por cierto, no solo involucra la expresión formal que puede tener lugar en un teatro, "puertas adentro", sino además la manifestación "puertas afuera", que también da cuenta de buenas y de malas prácticas. Y en este sentido, uno podría hacer un catálogo de buenas y malas prácticas en relación con los artistas populares.
Por lo expuesto, en la Comisión de Educación voté a favor de esta iniciativa, que a mi entender dignifica al artista popular. En efecto, deja a salvo los derechos de la sociedad al limitar el acceso a los espacios públicos, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad -cuando el artista callejero está en un semáforo, hay una dimensión de seguridad- o desde la perspectiva de la contaminación acústica -ya lo decía-, de ruidos que muchas veces pueden perturbar el normal funcionamiento de una comunidad.
Considero importante, pues, que se llame la atención de la sociedad en lo relativo a la actitud frente a los artistas populares, pero además la del Parlamento, dada la necesidad de contribuir desde nuestra perspectiva a la generación de una política pública que les permita hacer buen uso del espacio público, lo cual -por qué no decirlo- es también una forma de rendirles homenaje.
Así que felicito al Gobierno anterior por el envío de este proyecto¿
Yo era presidente de un partido de Oposición en esa época, señor Senador, pero no tengo ningún problema en decir que esta es una buena iniciativa y que ella encontró eco en la Comisión de Educación, de la que formo parte. Por cierto, invito a mis Honorables colegas a votarla favorablemente, para dignificar al artista callejero y formalizar su actividad en el espacio público de nuestro país.
Señora Presidenta, este proyecto establece un marco jurídico para que los artistas populares desarrollen su actividad pública con dignidad y tranquilidad.
Yo me alegro mucho de que al legislar estemos escuchando a un sector de la sociedad que, siendo relevante en la transmisión de nuestra cultura, no siempre ve que sus preocupaciones y sus intereses son recogidos con la importancia debida por los órganos del Estado.
En segundo lugar, quiero destacar la trascendencia de esta iniciativa, por cuanto permite recuperar el espacio público para actividades distintas del transporte, contribuyendo con ello a la mejor calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades.
En tiempos en que el espacio público es cada vez más escaso y se encuentra destinado casi exclusivamente a la circulación vehicular, vale la pena recordar que las plazas y las calles eran antes un lugar para la gente de a pie; para el encuentro de los vecinos; para que los productores llevaran sus mercancías hasta los hogares, dando origen a las ferias libres de hoy; y también, para las expresiones de los trovadores y exponentes de la cultura.
Por consiguiente, me parece que todo lo que sea recuperar el espacio público para actividades a escala humana va en la dirección correcta, aunque todavía hay mucho por hacer para devolver la ciudad a los peatones y a los ciclistas.
Naturalmente, el ejercicio de las actividades en comento debe ser regulado por el municipio, que es la instancia mejor capacitada para resolver los asuntos comunitarios. De esta manera se podrán establecer restricciones fundadas en motivos de emisión de ruidos molestos, de seguridad, u otras razones, conocidas solo en el nivel local.
De todos modos, el proyecto en debate es susceptible de perfeccionamientos. Por ejemplo, considero que, pese a la intención de sus autores, el propósito establecido en el artículo 1° no es el fomento, sino solo la regulación de la actividad, pues no se contempla ninguna medida de fomento propiamente tal.
Asimismo, estimo que debería explicitarse que los artistas podrán vender sus producciones propias, como los artesanos venden las suyas o los cantantes sus CD, diferenciándolos de los comerciantes que trabajan en el espacio público, ya que estos últimos no venden productos confeccionados por ellos mismos, sino que solo comercializan.
En seguida, me parece que los espacios públicos no son únicamente los bienes nacionales de uso público. La misma obligación que estamos estableciendo para los municipios en el sentido de regular las exhibiciones y ejecuciones artísticas debe regir para otros órganos que administran espacios donde es posible la realización de las actividades a que nos estamos remitiendo. Me refiero, por ejemplo, a los parques que están a cargo de los servicios de vivienda y urbanismo de cada región o a las riberas que hasta el momento administra la autoridad marítima.
Por otro lado, estimo que la redacción de la norma que les da competencia a los jueces de policía local es imprecisa, por cuanto deja todas las materias de la ley en proyecto bajo su competencia, en circunstancias de que las actuaciones municipales -por ejemplo, la resolución del alcalde que otorga el permiso- son reclamables ante los tribunales ordinarios.
Lo anterior podrá ser objeto de indicaciones. En definitiva, pienso que el proyecto en discusión es positivo, pues va en la misma línea de la ley N° 20.388, del año 2009, que autorizó el ejercicio de este tipo de manifestaciones en los vehículos de locomoción colectiva, dignificando la actividad de nuestros artistas populares. Y espero que sea seguido por otras iniciativas, desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que releven el rol de los cultores artísticos en la vida de la comunidad y recuperen el espacio público para los ciudadanos.
Señora Presidenta, lo dije en la Comisión y lo repito acá, en la Sala: creo que este es un proyecto de ley muy bonito, pues se hace cargo de una realidad que vivimos todos los días cuando circulamos por las calles de nuestra ciudad, donde estamos acostumbrados a ver a distintos artistas mostrar su arte a todos los transeúntes.
Sin embargo, tal como lo describieron los artistas que nos visitaron en la Comisión, muchas veces el poder mostrar su arte en los espacios públicos de las ciudades para ellos significa tener que lidiar con los demás grupos que hacen uso de tales áreas y, también, con quienes deben mantener allí la seguridad y la tranquilidad: los municipios y Carabineros de Chile.
Pues bien, a partir de esa inseguridad que están viviendo los artistas callejeros, por una parte, y de la necesidad de otorgarles a los transeúntes y a los vecinos el derecho de usar los espacios públicos, por otra, nace desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, desde Carabineros de Chile y, también, desde las agrupaciones representativas de los artistas callejeros la iniciativa de firmar un convenio de colaboración cultural.
¿Qué buscaba ese convenio? Normar la utilización de los bienes nacionales de uso público por los artistas callejeros. Sin embargo, careciendo de fuerza legal, no consiguió lo que esas personas buscaban, que era tener más tranquilidad al saber cuáles espacios podían usar y en qué condiciones.
Por eso, los artistas callejeros impulsaron con el entonces Ministro Ampuero la idea de que se dictara una ley sobre la materia.
¿Qué busca este proyecto, señora Presidenta? Por una parte, reconociendo y valorando el aporte que los artistas populares realizan diariamente en cada ciudad de nuestro país, "fomentar la creación o interpretación artística que se exhibe o ejecuta en bienes nacionales de uso público". Pero, por otro lado, procura asimismo regular la actividad pertinente, pues dichos bienes no pertenecen solo a aquellos ciudadanos, sino también a los transeúntes y a los vecinos, quienes requieren la protección de sus derechos.
Los artistas callejeros señalaron que en cada comuna su situación es inestable, pues algunos municipios dictan el reglamento correspondiente y otros no. Finalmente, eso genera en muchos lugares conflictos con la municipalidad o, simplemente, un estado de arbitrariedad tal que los artistas no saben qué normas los regulan ni dónde pueden llevar a cabo su actividad.
En tal sentido, esta iniciativa busca la existencia de una convivencia armónica y de beneficio mutuo para las expresiones artísticas que tienen lugar en las calles y en las plazas de nuestras ciudades; para las demás personas que circulan por esas arterias, y para el municipio y Carabineros.
Básicamente, la idea es que los municipios deban dictar una ordenanza que contenga reglas del juego claras para su cumplimiento por quienes usan nuestras calles y plazas o transitan por ellas.
En la Comisión de Educación relevamos la significación de este proyecto, cuyo propósito es ayudar a un sector que nos brinda muchas alegrías en cada ciudad, pero resguardando al mismo tiempo los derechos de los vecinos de las arterias más transitadas.
Repito: se trata de que los municipios dicten en la línea señalada ordenanzas que dispongan dónde podrán desarrollar su actividad los artistas populares y qué limitaciones habrá para el uso de los espacios públicos.
Señora Presidenta, esta iniciativa fue apoyada en forma determinante por las distintas asociaciones y agrupaciones de artistas itinerantes. Y fue en tal sentido que en la Comisión de Educación la apoyamos decididamente y de manera transversal.
Insisto: la ley en proyecto, nacida de una realidad que se vive a diario en las ciudades de Chile, permitirá que los artistas callejeros desarrollen sin sobresaltos su actividad; que los transeúntes circulen tranquilamente y los vecinos vean resguardados sus derechos; que Carabineros sepa qué reglas habrán de cumplir los artistas populares, y que los municipios dicten ordenanzas transparentes y, por tanto, no se caiga en arbitrariedades al otorgarse los permisos solicitados.
En la Comisión aprobamos unánimemente esta iniciativa y ahora también la votaré a favor.
¿Se puede abrir la votación?
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
Señora Presidenta, me causa extrañeza lo expresado en esta Sala, pues cuanto se ha planteado está regulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por lo tanto, no sé si es factible modificar dicho cuerpo normativo mediante una ley de rango inferior.
A mi entender, la iniciativa propuesta no cambia mayormente la legislación vigente, sino todo lo contrario: puede rigidizarla. Conforme a ella, el alcalde, quien es el representante legal de los municipios, tiene plenas facultades para desarrollar lo que se está planteando en esta oportunidad. Como la vida en una ciudad, en un pueblo o en cualquier zona es flexible, está en movimiento, la ordenanza puede ser ultracomplicada.
Hoy día el alcalde, en cuanto representante legal de la municipalidad, es quien otorga permisos para la utilización de los bienes nacionales de uso público. Y, a tal efecto, debe ceñirse a una serie de normas. Por ejemplo, tiene que preocuparse de que el permiso que dé no implique un grave detrimento del derecho de paso en los cierres de pasajes; de restringir ciertos usos sin afectar los derechos de toda la comunidad, en fin.
Considero muy peligroso dejar al criterio de los solicitantes la determinación de qué es "artístico". De seguir adelante con la ley en proyecto, deberemos contener en ella una definición de "artístico". Porque para algunas personas una expresión puede ser molesta, constituir un escándalo, y para otras, cultural.
Hoy los municipios tienen facultades para dar permisos y, de este modo, cumplir lo que quiere la iniciativa que nos ocupa. Pero creo que una normativa de rango menor no puede modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por otro lado, la ordenanza en comento, al imponer restricciones, también podría afectar a muchas personas del pueblo evangélico que solicitan permisos para efectuar predicaciones en lugares que tienen la naturaleza de bienes nacionales de uso público.
Señora Presidenta, creo que este es un muy buen proyecto de ley, por lo siguiente. Si bien es cierto que los alcaldes están facultados para regular las actividades desarrolladas en los bienes nacionales de uso público, no lo es menos que las ordenanzas pertinentes, que tienen carácter general, no siempre indican el marco dentro del cual hay que realizarlas.
La ley en proyecto obliga a los municipios a establecer regulaciones, dentro de los marcos que les fija, para una finalidad evidente: que las actividades artísticas y culturales tengan un incentivo para desarrollarse de acuerdo a la realidad de cada barrio o sector de la comuna.
Estimo que se trata de un avance enorme en tal sentido, pues la regulación mediante un marco general contribuirá a que las actividades en comento se efectúen en orden.
Cuando uno visita otros países observa que ciudades muy importantes están llenas de artistas que disponen de zonas específicas para realizar sus actividades: bailarines, cirqueros, actores, instrumentalistas, coros, mimos, titiriteros, volantineros, en fin, todos los cuales se encuentran debidamente regulados por una ordenanza.
Por consiguiente, no comparto la afirmación de que se van a limitar las facultades alcaldicias.
El alcalde está facultado para, mediante ordenanzas, establecer las normas que quiera. Sin embargo, no puede favorecer en forma arbitraria a un grupo que le gusta, en perjuicio de otro que le gusta menos.
La definición de "grupo artístico" se contiene en innumerables disposiciones legales. Por lo tanto, simplemente se está aplicando lo que preceptúan otras legislaciones.
Entonces, pienso que la ley en proyecto, más allá de que es susceptible de perfeccionamiento, envuelve un avance enorme, pues en nuestro país tenemos un gran desorden por no haber establecido regulaciones que sujeten las actuaciones de los alcaldes a una normativa específica en el ámbito de los espacios públicos.
El artículo 6° de la iniciativa que nos ocupa dispone: "Las ordenanzas que, para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, dicten las municipalidades, deberán incorporar y considerar, entre otras, las siguientes materias:...". ¡Entre otras materias!
O sea, ese precepto les dice a los municipios: "Tengan en consideración, tengan en cuenta". ¿Qué? Los lugares donde se pueden realizar las actividades en comento; los procedimientos relativos a los permisos; lo que ocurrirá en las plazas principales y en los paseos peatonales que van hacia la periferia; las limitaciones a que deben ajustarse las exhibiciones artísticas en los bienes nacionales de uso público. Porque no todos los lugares son iguales. No puede haber un espacio saturado de público donde además se permita realizar actividades como las señaladas, pues finalmente la gente no tiene cómo circular. Creo que se trata de un instrumento orientador muy útil, muy necesario. Y serán los alcaldes, de acuerdo a la realidad de cada comuna, quienes deberán aplicarlo.
Esta normativa, desde el punto de vista de la regulación jurídica, resulta adecuada -por cierto, es susceptible de perfeccionamiento; y hay aquí Honorables Senadores con experiencia alcaldicia que podrán decirnos con autoridad cómo puede operar mejor en la práctica-, pues permite regular las actividades artísticas que se desarrollan en los bienes nacionales de uso público y, sobre todo -me parece que esto es lo más importante-, aprovechar todo el potencial que a ese respecto existe en muchas zonas.
Yo hablo particularmente por la Región del sur que me toca representar, donde hay grupos artísticos que constituyen un aporte al turismo, al desarrollo. Están en las calles, en las vías públicas, pero si existe una buena regulación podrán permanecer en lugares donde no afecten el normal desarrollo de las demás actividades.
Así que aplaudo esta iniciativa -puede ser perfeccionada, como todo proyecto- y que se la impulse y se la lleve adelante, pues será un gran aporte para el desenvolvimiento de las actividades artísticas populares.
Señora Presidenta, me alegra que este proyecto, que fue ampliamente discutido en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, esté llegando a esta instancia en el Senado.
Difiero del planteamiento -lo hago con mucho respeto- del Senador Ossandón, a quien me dirijo por intermedio de la Mesa.
Para aclarar la situación, debo decir que la ley permite evitar arbitrariedades en los municipios. Y en torno a esa idea giró la discusión que tuvimos.
Los alcaldes se hallan facultados para regular a través de ordenanzas situaciones como la planteada. Pero la presentación que hicieron los distintos artistas callejeros, el propio Ministro de Cultura y las diversas organizaciones fue por la disparidad existente en los municipios. En efecto, uno acepta la interpretación de un artista, pero el de la comuna del lado, no; más allá aceptan a uno, pero no al otro. Entonces, se genera una discriminación al depender la decisión exclusivamente de la voluntad del alcalde.
El alcalde y los concejos no pierden ni sus facultades ni la autonomía que les otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para dictar ordenanzas y, especialmente, para regular decibeles, horarios y otras situaciones de esta naturaleza, porque la ley en proyecto, simplemente, procura establecer una normativa común a los fines de que en todos los bienes nacionales de uso público tengan lugar las actividades en comento, con el resguardo que se prevé desde el punto de vista jurídico.
Aquello, como apreciación primaria en el sentido de que la ley pertinente no invadirá ni cercenará las facultades ni la autonomía municipales. Más bien, uniformará a lo largo del país la realización de actividades artísticas populares en los espacios públicos.
De otra parte, señora Presidenta, se establece una norma sobremanera importante con relación al registro de los artistas populares.
Aquí no se trata de que cualquier persona se arrogue la condición de artista popular. En efecto, el artículo 3°, para los fines de la ley en proyecto, contiene la siguiente definición de "artistas populares": "los músicos, bailarines, cirqueros, actores, instrumentalistas, coros, elencos teatrales, mimos, titiriteros, volantineros, estatuas vivientes, chinchineros, payasos, artesanos, artistas plásticos, organilleros, malabaristas, artistas de murgas y comparsas, y cualquier otra forma de expresión comprendida en el artículo 2°, y que constituya para ellos una importante fuente de ingresos.".
Por otro lado, el artículo 4° dispone: "Las municipalidades, al administrar los bienes nacionales de uso público, en los que los artistas desarrollen su actividad, podrán considerar" -¡podrán considerar!- "el Registro Nacional de Artistas Populares que lleva el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.".
En definitiva, hacemos una cadena virtuosa conformada por los convenios que el referido Consejo ha suscrito con la Asociación de Municipalidades, e incluso con Carabineros; por el Registro, que muchos artistas han aceptado, y por la regulación de una norma común para todo Chile.
Por eso, creo que la iniciativa que nos ocupa constituye un avance para regular las expresiones artísticas en comento; fomentar la creatividad en cada una de las actividades señaladas en el artículo 3°, y permitir que se lleven a cabo en los espacios públicos sin ningún inconveniente, sin limitación alguna y, además, sin exponerse al criterio particular que muchas veces aplica el alcalde para determinar si una expresión es artística o no y, por tanto, si acepta o no que sus creadores o sus intérpretes la expongan en los espacios públicos.
Señora Presidenta, votaré a favor de este proyecto, pues avanza en la perspectiva de los artistas populares; les permite a los ciudadanos observar y valorar sus expresiones, y evita la arbitrariedad de la fuerza pública y la de una autoridad municipal que no gusta de ellas o tiene un criterio de apreciación artística distinto.
Señora Presidenta, le solicito recabar la autorización necesaria para que la Comisión de Educación funcione paralelamente con la Sala a partir de las 19:30.
Como esta sesión termina a las 19:30, no habrá ningún inconveniente, Su Señoría.
Sí, les ruego a los jefes de bancada que les pidan a sus Senadores que concurran a emitir su pronunciamiento, porque el proyecto que nos ocupa contiene una norma orgánica constitucional y en este momento no existe la cantidad de votos requerida para aprobarla.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor García.
Señora Presidenta, creo que este es un buen proyecto de ley, al menos por tres razones.
En primer término, porque procura fomentar la creación artística que se exhibe o ejecuta en bienes nacionales de uso público. O sea, lo que conocemos como "arte callejero" va a tener, una vez aprobadas las disposiciones pertinentes, un respaldo legal concreto. Y eso -qué duda cabe- es un estímulo a los cultores de aquel arte en sus diversas expresiones.
En segundo lugar, porque crea un Registro Nacional de Artistas Populares, que estará a cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La administración del mencionado Registro y la obligación de velar por el cumplimiento de los requisitos para incorporarse le corresponderán a dicho organismo. Creo que ello también constituye un respaldo, no solo legal, sino asimismo en el sentido de que es posible inscribir los nombres de personas individuales y de grupos que llevan a cabo arte popular o callejero.
Se trata también de un enorme avance.
Y de igual forma lo es, por supuesto, el que las municipalidades, mediante ordenanzas, deban facilitar, coordinar y apoyar las presentaciones de estos artistas callejeros.
Me asiste una sola duda, que quisiera que viésemos durante la discusión en particular.
El artículo 2º de la ley en proyecto señala que "Se entenderán comprendidas dentro de las creaciones o interpretaciones artísticas reguladas por esta ley, aquellos espectáculos culturales y artísticos, y toda expresión resultante de la combinación de destrezas físicas o artísticas, ya sea en forma unipersonal o grupal a través de shows, presentaciones, representaciones y cualquier otra actividad de esta índole que se desarrolle en bienes nacionales de uso público, tales como plazas, parques, veredas y otros, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 589 del Código Civil.".
¿Por qué llamo la atención sobre el precepto? Porque se refiere a plazas, parques, veredas, y, en verdad, mucho del arte callejero, popular, se realiza en las calzadas. Todos hemos sido testigos, en más de una oportunidad, de que distintos cultores de estas expresiones esperan el cambio del semáforo y que se junten los vehículos, y es ahí cuando exhiben su habilidad.
Me parece superbién que las ordenanzas municipales sean las reguladoras, pero es algo que evidentemente habrá que hacer en coordinación con las secretarías regionales ministeriales de Transportes y los servicios de Vivienda y Urbanización regionales, de tal manera que todo esto signifique compatibilizar la legislación y armonizar las distintas disposiciones, así como también facultades y atribuciones que poseen no solo los municipios, sino también órganos públicos como los que mencioné, entre otros.
Voto a favor, porque creo que se verifica un gran avance y que es una forma concreta de estimular y apoyar las creaciones artísticas callejeras, populares.
Señora Presidenta, considero que nos encontramos ante un buen proyecto de ley.
En las grandes ciudades y probablemente en los más importantes municipios existe un cierto ordenamiento regulador de los bienes nacionales de uso público y de las actividades que allí se realizan. Sin embargo, también es verdad que hay muchos lugares donde ello no ocurre y se genera, como lo manifestaron muchos Senadores que intervinieron con anterioridad, cierto desorden y arbitrariedad en la autorización de las actividades.
Aquí estamos administrando dos cosas bastante preciadas: los bienes nacionales de uso público, ocupados por todas las personas, y presentaciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Pero quiero referirme a lo que me parece una muy buena fórmula legislativa -por eso, felicito a la Comisión-, porque se empuja a los municipios a generar ordenanzas respecto de uno y otro de esos ámbitos, sin tener que inmiscuirse en su accionar propio y correspondiente a su autonomía.
Por lo tanto, me parece de verdad un avance ayudarles a que tiendan a regular en esa forma, sin que se proceda a través de cuerpos legales o de reglamentos considerados desde el centralismo, porque ello no lo había percibido en otros proyectos analizados en esta misma Sala, donde incluso Senadores de regiones defendieron el que actividades municipales fueran normadas por ley desde el Congreso, lo que me parece francamente incorrecto.
Solo me queda una duda, que me gustaría que fuera revisada en el estudio posterior. ¿Qué ocurre con aquellos terrenos que no son de propiedad municipal, sino, por ejemplo, del SERVIU, que los administra? Estimo que allí también se pueden desarrollar actividades que debieran ser normadas, probablemente mediante un tipo de convenio que permita que las ordenanzas se hagan extensivas a esos lugares.
Y reitero mis felicitaciones a la Comisión por la fórmula legislativa que encontró para regular estas actividades.
Finalmente, puede intervenir el Senador señor Guillier.
Señora Presidenta, en primer lugar, debo reconocer que me sitúo en un sector de opinión quizás menos estructurado.
Creo que las libertades públicas no tienen por qué limitarse por ley. La plaza pública, en toda la cultura occidental, desde los griegos, ha sido siempre el espacio donde el ciudadano se manifiesta sin cortapisa, expresando sus ideas, artes, vocaciones y talentos. Una disposición que garantice la libre expresión en ese ámbito, entonces, no tiene por qué condicionarse a determinada categoría de artista, de intelectual u otra, puesto que se supone que constituye un derecho de todos los ciudadanos.
En segundo término, sería muy complejo, sobre todo tratándose de música o de artes alternativas, pretender un registro o una constatación, porque se supone que alguien otorgaría el reconocimiento para que un artista se pudiera expresar. Ello sería bastante discriminatorio. Y no veo cómo es posible evitar que a una plaza pública lleguen, por una parte, artistas reconocidos en un código o una especie de reglamento y, por la otra, algunos sin derecho a presentarse. Francamente, encuentro que eso resulta un poco excesivo.
Pero, dado que en nuestro país al parecer nos gusta establecer todo por ley y, además, por reglamento -insisto en que es demasiado-, podríamos aceptar la idea de que una norma garantizara la libre expresión en la plaza pública de todo tipo de espectáculo, profesional o no. Porque, además, gran parte de los jóvenes que van allí no son artistas reconocidos, sino personas que la mayoría de las veces andan buscando un espacio donde mostrar un arte cuando no tienen otro lugar dentro de los circuitos tradicionales del mercado o de las instituciones.
En consecuencia, juzgo que poner restricciones en estos términos limita una libertad que posee cualquier ciudadano, incluso aficionado, y por último, la de divertirse.
Sí reconozco que, en determinadas circunstancias, como la de una enorme afluencia de personas y en la que se pudieran afectar otros valores, como la seguridad o la garantía de libre tránsito, la autoridad local, el alcalde, podría establecer algunas reglas.
Mas, francamente, repito que el proyecto resulta un poco excesivo.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 26 señores Senadores se pronuncian a favor y uno en contra, fijándose el 9 de junio próximo como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Larraín (don Hernán), Matta, Montes, Moreira, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ossandón.
Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de darse curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena, a fin de que informe sobre VERTEDEROS CON AUTORIZACIÓN EN REGIÓN DE MAGALLANES Y FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, requiriendo antecedentes sobre RENEGOCIACIÓN DE DEUDORES DE CRÉDITO CORFO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Al señor Director General de Aeonáutica Civil y a la señora Directora de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, para que informen sobre CONDICIONES DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO DE CONCEPCIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ILS CAT III.
Al señor Contralor General de la República y al señor Superintendente de Valores y Seguros, con el propósito de que confirmen CUMPLIMIENTO POR SEÑORES OSCAR LANDERRETCHE MORENO Y DANTE CONTRERAS GUAJARDO Y SEÑORA LAURA ALBORNOZ POLLMANN DE REQUISITOS DE DECRETO LEY N° 1.350.