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Timestamp: 2018-08-14 18:11:33
Document Index: 82727952

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 59', 'in fine', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5']

PLAN DE INSPECCIÓN DE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (*) - PDF
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Valentín Coronel Luna
1 PLAN DE INSPECCIÓN DE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (*) A finales de 1999 el Director de la Agencia acordó el inicio de un Plan de Inspección de oficio sobre los ficheros automatizados de la Dirección General de Tráfico, con el mismo fin de comprobar el grado de adecuación a las prescripciones de la LORTAD. Tras analizar la inscripción de los doce ficheros notificados al Registro General de Protección de Datos de esta Agencia por la Dirección General de Tráfico, se consideraron los siguientes criterios para la selección de los ficheros a inspeccionar: a) Tratamiento y cesión de datos especialmente protegidos; b) Volumen de la información registrada en el fichero; c) Entidades que consultan u obtienen datos registrados en el fichero; y d) Reclamaciones recibidas en la Agencia de Protección de Datos. Considerando estos criterios, fueron seleccionados y objeto de inspección los siguientes ficheros: Base de Datos Accidentes Datos Personales Base de Datos Expedientes de Sanción Base de Datos Personas Base de Datos Vehículos De las actuaciones de investigación y comprobación realizadas por la Inspección de Datos en la Dirección General de Tráfico, se han obtenido las siguientes CONCLUSIONES tras analizar el contenido de los ficheros y documentación adjunta a los mismos: Respecto a la calidad de datos La Dirección General de Tráfico trata un gran volumen de datos personales, incluyendo datos especialmente protegidos, para el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene atribuidas. Tres de los cuatro ficheros: B. D.VEHICULOS (en adelante Vehículos), B. D. PERSONAS (en adelante Personas) y B. D. EXPEDIENTES DE SANCION (en adelante Sanciones) manejan gran cantidad de información: casi 35 millones de registros relativos a Vehículos, casi 27 millones de registros relativos a Personas y más de 5 millones de registros relativos a Sanciones.
2 Además, los ficheros Personas y B. D. ACCIDENTES DATOS PERSONALES (en adelante Accidentes) tratan datos de salud y los ficheros de Personas y Sanciones datos sobre infracciones administrativas. Respecto al Derecho de Información en la recogida Los procedimientos de recogida de datos no ofrecen al afectado la información a la que se refiere el artículo 5.1. de la LORTAD. La Dirección General de Tráfico ha definido un juego de impresos para cualquier comunicación con los ciudadanos en relación con los ficheros Personas y Vehículos. Se ha comprobado que en ninguno de los impresos examinados se informa al afectado sobre la inclusión de sus datos personales en un fichero automatizado. Por su propia idiosincrasia, en el caso del fichero de Accidentes tampoco se informa a los afectados de la automatización de los datos recogidos sobre las víctimas y personas implicadas. En relación con el fichero de Sanciones, los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cumplen puntualmente con sus obligaciones, pero rara vez informan a los denunciados sobre la inclusión de sus datos personales en un fichero automatizado. Respecto al Consentimiento para el tratamiento La mayor parte de los datos registrados en los ficheros Vehículos y Personas son facilitados por los propios afectados utilizando los impresos diseñados por la Dirección General de Tráfico. No obstante, en el fichero Vehículos la propia Dirección General de Tráfico registra información recibida de terceros: entidades financieras (limitaciones de disposición), estaciones de ITV (inspecciones y defectos) y Órganos Judiciales (embargos). En el fichero Personas, la Dirección General de Tráfico anota las sanciones que implican retirada del permiso de circulación. En el caso de los ficheros de Sanciones y Accidentes, los datos son directamente recabados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, prevé en su artículo 5 como competencias del Ministerio del Interior: la matriculación y expedición de los permisos o
3 licencias de circulación; la vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista Policía Local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías; y la coordinación estadística y la investigación de accidentes de tráfico. Estas competencias se ejercen a través de la Dirección General de Tráfico conforme dispone el art. 6 del mismo texto legal. El citado Real Decreto Legislativo también establece en su artículo 59 la obligación de mantener un registro de conductores y vehículos. Respecto a la Cesión de datos La dirección General de Tráfico realiza cesiones a diversas instituciones y organismos públicos, tales como: Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, Organismos Judiciales, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Ministerios de Defensa e Interior, Presidencia del Gobierno, Gobierno Vasco, Generalitat de Cataluña, Consejo General del Poder Judicial y Servicio de Vigilancia Aduanera. Respecto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación La Ley 16/1979, de 2 de octubre, regula las tasas exigibles como contraprestación de los servicios y actividades prestados por la Dirección General de Tráfico. Entre los servicios que exigen contraprestación, muchos están relacionados con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por ejemplo: cambios de titularidad en permisos de circulación por transferencia de vehículos; así como las anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, emisión de certificaciones, cotejo y desglose de documentos. Tal vez esta regulación haya condicionado que no exista un procedimiento formalmente documentado para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. No obstante, aunque los procedimientos no hayan sido formalmente definidos, no se han encontrado evidencias de que no se atienda correctamente el ejercicio de estos derechos. Como consecuencia de la inspección de oficio que se realizó en la Dirección General de Tráfico durante el año 1999, el Director de la Agencia dictó las RECOMENDACIONES que se recogen a continuación, con el fin de permitir a ese organismo una mejor adecuación de sus tratamientos automatizados a los principios
4 establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.). PRIMERA: Del derecho de información en la recogida de datos y prestación del consentimiento del afectado para su tratamiento. Con carácter general, los cuestionarios o impresos que utilice la Dirección General de Tráfico para la recogida de datos de carácter personal en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas, deberán informar al interesado, en forma claramente legible, de todas las advertencias a que se refiere el apartado 1 del art. 5 de la L.O.P.D.. Igual principio deberá observarse si la recogida de dichos datos se efectúa directamente, sin cuestionarios o impresos. En particular, cuando se recaben datos para ser tratados en los ficheros de Accidentes, Personas o Sanciones, puesto que en ellos se tratan datos especialmente protegidos, su recogida y posterior tratamiento deberá contar como regla general con el consentimiento expreso de los afectados, de conformidad en lo dispuesto en el art. 7 de la L.O.P.D., salvo que exista norma legal habilitante en contrario. No obstante lo anterior, en el fichero Accidentes, por su peculiar idiosincrasia, no será necesario cumplir con los requisitos del citado art. 5.1, pudiendo ser tratados los datos de carácter personal sin consentimiento del afectado cuando se den las circunstancias previstas en el art. 7.6 in fine de la L.O.P.D. Así mismo, en los ficheros Personas y Sanciones tampoco se requerirá cumplir con los requisitos del art. 5.1 y 2 de dicha Ley cuando su recogida impida o dificulte gravemente la persecución de infracciones penales o administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en el art de la misma Ley. Y finalmente, en los ficheros Personas y Sanciones podrán tratarse sin consentimiento del afectado aquellos datos personales, incluso los especialmente protegidos a que se refiere el art. 7.3 de la L.O.P.D., para la finalidad prevista en el art. 85 del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, que desarrolla el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Art. 5.4 en relación con los Arts. 60, 67 y concordantes del mencionado Real Decreto Legislativo). En este orden de ideas, debe recordarse que los datos recabados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, aun sin olvidar su consideración de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, cuando son recogidos para fines administrativos y no estrictamente policiales, su régimen jurídico está sujeto al régimen general de la Ley 15/1999 en cuanto a finalidad, recogida,
5 consentimiento del afectado y demás principios de dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el art de la misma. Tan sólo cuando se den estrictamente las circunstancias previstas en el art y 3 de la L.O.P.D., podrán excepcionarse los mencionados principios en la recogida de datos personales por la mencionada Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y posterior tratamiento de los mismos. SEGUNDA: de la comunicación o cesión de datos personales En las cesiones de datos que realice la Dirección General de Tráfico deben distinguirse dos supuestos distintos: a) Cesiones o comunicaciones a terceros y b) Cesiones o comunicación de datos entre Administraciones Públicas. La cesión o comunicación de datos a un tercero deberá cumplir acumulativamente las dos condiciones exigidas por el art de la L.O.P.D.: que se haga para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario (lo que exige así mismo que los datos tratados sean pertinentes, proporcionados y oportunos para el fin que se pretende conseguir, de conformidad con el art. 4.1 de la Ley) y que se cuente con el previo consentimiento del afectado. Todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en el art. 11.2, supuestos en que no será preciso el consentimiento del afectado, en particular cuando la cesión está autorizada en una Ley. En este último sentido, tal autorización legal se encuentra en el Art. 5 del Real Decreto Legislativo 339/1990, anteriormente citado, y sus normas de desarrollo reglamentario, en particular el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, cuyo Art. 2 dispone que: El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo mediante simples notas informativas o certificaciones (...) Tendrá también función coadyuvante de las distintas Administraciones Públicas, Órganos Judiciales y Registros Civiles o mercantiles en los que se relaciona. Por consiguiente, las consultas al fichero Vehículos sólo podrán ser informadas por la Dirección General de Tráfico a los interesados y terceros que acrediten un interés legítimo y directo en su consulta, de conformidad con el artículo transcrito. La cesión o comunicación de datos entre Administraciones Públicas deberá sujetarse a las siguientes recomendaciones:
6 La cesión total de datos, entendida como cesión masiva e indiscriminada de los datos obrantes en los ficheros de Vehículos y Personas de la Dirección General de Tráfico, a la Dirección General de la Policía, deberá acomodarse, incluso en el supuesto de que se haga referencia genérica a la misma en la Orden de creación del fichero, a los principios contenidos en la L.O.P.D., esencialmente, en su artículo 4. Una cesión de este tipo deberá tomar como punto de partida lo dispuesto en el art. 22 de la L.O.P.D. de manera que se cumplan las siguientes condiciones: Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta. Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos. Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto. Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la L.O.P.D., los datos sean cancelados cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Las cesiones parciales o puntuales de datos de la Dirección General de Tráfico a otras Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo prevenido con carácter general en el art de la L.O.P.D., de manera que los datos obtenidos por esa entidad para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo que la comunicación estuviere prevista por la norma de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. Por excepción, cuando se trate de la comunicación o cesión de datos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no regirá lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la L.O.P.D. En este sentido, sí podrá suministrarse a la Agencia Tributaria los datos que solicite de esa Dirección General de Tráfico sin necesidad de contar con el consentimiento del afectado y ajustarse a las previsiones del citado art de la L.O.P.D., y ello como consecuencia de que los arts. 112 y 113 de la Ley General Tributaria cumplen con la previsión de la cesión efectuada por Ley conforme a lo establecido en el art a) de la L.O.P.D.
7 En análogo sentido, sería válida la cesión de los datos personales contenidos en el fichero Personas a la Tesorería General de la Seguridad Social por estar prevista en el art de la Ley General de la Seguridad Social. En las cesiones a través de consultas ON LINE a favor de Ministerios y Órganos de las Administraciones Públicas que se enumeran anteriormente, deberá tenerse en cuenta que la cesión al Ministerio u Órgano en concreto ha de estar expresamente prevista por la norma de creación no bastando a estos efectos referencias genéricas, y que los datos cedidos sean adecuados y no excesivos para el ejercicio de sus competencias legítimas, entendiendo como tales las que le hayan sido legalmente atribuidas. En ningún caso se podrán ceder datos de carácter personal a ficheros de titularidad privada, salvo que sea con el consentimiento del afectado o una ley prevea otra cosa, de conformidad con lo dispuesto en el art de la L.O.P.D. Para la comunicación o cesión de datos al Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales o el Tribunal de cuentas, o instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas, no será preciso el consentimiento del interesado, conforme a lo establecido en el art d) de la L.O.P.D. Los datos especialmente protegidos a que se refiere el art. 7 de la L.O.P.D. y que están recogidos en el fichero Personas, no podrán ser cedidos sin el consentimiento previo del afectado, salvas las excepciones legales previstas en el art. 11 de la L.O.P.D. TERCERA: de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición El ejercicio de estos derechos deberá facilitarse a los interesados de conformidad con lo previsto en los arts. 15 a 17 de la L.O.P.D., en los términos y plazos en ellos previstos. En particular, el derecho de acceso será gratuito conforme a lo prevenido en el art de la Ley, de manera que a partir de la entrada en vigor de la Ley 15/1999, el 14 de enero de 2000, la Dirección General de Tráfico no podrá exigir contraprestación alguna, sea tasa o precio público, cuando el interesado solicite información de sus propios datos de carácter personal sometidos a tratamiento en el ejercicio del derecho de acceso.
8 Ello no excluye la posibilidad de exigir tal contraprestación cuando lo que se solicite no sea el ejercicio del derecho de acceso a los propios datos personales del solicitante, sino la comunicación de datos de terceros, datos de carácter no personal o la prestación de determinados servicios tales como el cambio de titularidad de vehículos, la emisión de certificaciones, o la expedición de permisos de circulación, de conformidad con lo previsto en la Ley 8/1999, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Ley 16/1979, de 2 de octubre y demás normas aplicables sobre la materia. Se deberán cancelar de oficio los datos de carácter personal cuando estos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, no pudiendo ser conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período de tiempo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados, conforme a lo dispuesto en el art. 4.5 de la L.O.P.D., y debiendo ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones que sean aplicables (art L.O.P.D.). CUARTA: de la inscripción en el Registro de Protección de Datos La Dirección General de Tráfico deberá establecer los procedimientos oportunos para que la información que obra en los ficheros de los que es responsable se corresponda fielmente con los tratamientos que realiza, cumpliéndose las prescripciones señaladas en el art.20 de la L.O.P.D. Para ello se deberá notificar a esta Agencia de Protección de Datos la creación de nuevos ficheros, así como la rectificación o cancelación de los ya creados, en particular, para adecuarlos a las novedades introducidas por la nueva Ley 15/1999 a partir de su entrada en vigor, en relación con las posibles transferencias de datos que se prevean a terceros países y las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible. QUINTA: de los movimientos internacionales de datos En orden a los movimientos internacionales de datos deberá tenerse en cuenta que no podrán realizarse tales transferencias a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la vigente Ley 15/1999, requiriéndose en otro caso la autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos conforme al art. 33 de dicha Ley y a excepción de los supuestos previstos en el art. 34 de la misma. SEXTA: de las medidas de seguridad Habiéndose publicado con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
9 Reglamento de Medidas de Seguridad, resulta conveniente recordar las exigencias del mismo y particularmente: Que los sistemas de información que no se encontraran en funcionamiento a la entrada en vigor de la norma citada, deberán cumplir las medidas de seguridad correspondientes desde que se produzca su puesta en funcionamiento. Que dado los datos de carácter personal a tratar por esa Institución, sus ficheros deberán adaptarse a las medidas calificadas como de nivel medio por el citado Reglamento de Seguridad cuando contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública o cualesquiera otros datos de los mencionados en el art. 4.2 del citado Reglamento, y a las calificadas como de nivel alto cuando contengan datos de ideologías, creencias, origen racial, salud o vida sexual o cualesquiera otros datos de los expresados en el art. 4.3 del mismo Reglamento. El plazo de implantación de las citadas medidas, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única al mencionado Reglamento de Seguridad, será de un año para las medidas de nivel medio y dos años para las de nivel alto, en ambos casos desde su entrada en vigor el 26 de junio de No obstante lo anterior, las medidas de seguridad de nivel básico, deben cumplirse, en todo caso, a partir del próximo día 26 de marzo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero. Por otra parte, el Director de la Dirección General de Tráfico ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos las siguientes medidas correctoras adoptadas con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones anteriormente señaladas: RECOMENDACIÓN PRIMERA: Aunque la Dirección General de Tráfico entiende que la recogida de datos de carácter personal, en el caso de los ficheros inspeccionados de Personas, Vehículos, Sanciones y Accidentes, resulta obligada y necesaria para el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Organismo y que, por ello, no resultaría necesario los requisitos exigidos en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la L.O.P.D., ni el consentimiento del afectado exigido en el artículo 6 de la Ley señalada, han incorporado una cláusula de información en los impresos más habituales o frecuentes utilizados por los interesados que solicitan un trámite ante el Organismo y en los que se cumplimentan con datos personales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5.1 de esa Ley. RECOMENDACIÓN SEGUNDA: Se han dejado de realizar cesiones totales de los ficheros Vehículos y Personas a otros órganos de las Administraciones Públicas, mientras que las cesiones a terceros sólo se realizan del Registro de Vehículos a terceros particulares que tengan un interés legítimo y directo. Asimismo, entiende que las cesiones parciales realizadas a otros Órganos de las Administraciones
10 Públicas, así como las consultas en línea, están amparadas por las Órdenes de creación de los ficheros (en las que se identifica a los cesionarios a través del ámbito de Administración y competencias, aunque no se detalle su denominación, susceptible de cambios por reestructuraciones dentro de la Administración), teniendo en cuenta también las competencias y necesidades invocadas en cada petición de cesión o conexión. Respecto de las cesiones realizadas a ficheros de titularidad privada, el Organismo sólo comunica los datos técnicos de los vehículos a entidades del ámbito de la automoción, disociados de cualesquiera datos de carácter personal. RECOMENDACIÓN TERCERA: Se han cursado las instrucciones oportunas a los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico para que el derecho de acceso reconocido en la L.O.P.D. resulte gratuito. Asimismo, respecto de la cancelación de oficio en lo relativo a las sanciones, el criterio del Organismo es que transcurridos seis meses desde el total cumplimiento o prescripción de las sanciones, no serán tenidas en cuenta a efectos de antecedentes para su valoración en la graduación de una sanción posterior u otro efecto desfavorable, pero que ello no implica forzosomente la supresión de dicha información, en tanto resulta necesaria para el desarrollo de otras funciones encomendadas a ese Organismo, como pueden ser la concesión de distinción o diploma por conductor ejemplar o determinados estudios de comportamiento de los conductores. RECOMENDACIÓN CUARTA: Han procedido a actualizar las inscripciones existentes para los ficheros mencionados en el Registro General de Protección de Datos. RECOMENDACIÓN QUINTA: No se realiza en la actualidad ninguna transferencia internacional de datos, habiendo comunicado dicha modificación al Registro General de Protección de Datos. RECOMENDACIÓN SEXTA. Con el fin de revisar el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal, han contratado con una empresa especializada los servicios de adaptación de las medidas contempladas en ese Reglamento. (*) Extracto de las Recomendaciones de 9 de marzo de 2000, dictadas por el Director de la Agencia de Protección de Datos, D. Juan Manuel Fernández López