Source: https://es.scribd.com/document/32290629/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo
Timestamp: 2017-06-23 22:49:54
Document Index: 7121263

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 52', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 41', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 172', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 315', 'artículo 20', 'artículo 28', 'artículo 167', 'artículo 64', 'artículo 2']

matrimonio entre personas del mismo sexoCargado por AreaQueerRelated InterestsSame Sex MarriageSentence (Linguistics)MarriageConstitutional RightRightsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarDescripción: Para descargar, informarse, conocer, compartir, regalar, reenviar y hacerlo circular!!! Bruno Bimbi armó este documento muy bueno sobre la ley de la igualdad!!Ver másPara descargar, informarse, conocer, compartir, regalar, reenviar y hacerlo circular!!! Bruno Bimbi armó este documento muy bueno sobre la ley de la igualdad!!Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content1 www.lgbt.org.ar APORTES AL DEBATE DE LA LEY DE MATRIMONIO PARA TODOS Y TODAS
Periodista y activista de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Coautor del texto de los recursos de amparo por el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo presentados por distintas parejas con el patrocinio de dicha organización. Estudiante de la maestría en letras en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
“Hay un principio que constituye una barrera a toda la información, que está al abrigo de todas las discusiones y que logra mantener al hombre en una permanente ignorancia: colocar el desprecio delante de la investigación” Herbert Spencer (citado por Francis Mondimore en “Una historia natural de la homosexualidad”).
Dentro de un tiempo, será difícil para las nuevas generaciones comprender por qué en estos años las parejas formadas por dos hombres o dos mujeres no podían casarse de acuerdo a las leyes civiles, así como hoy resulta difícil comprender por qué hace poco más de medio siglo las mujeres no podían votar. Los argumentos que hoy se esgrimen en contra de nuestros derechos civiles sonarán entonces tan burdos como hoy suenan los que alguna vez sirvieron para rechazar el voto femenino en virtud de “las diferencias naturales” entre hombres y mujeres o aquellos que rechazaban los matrimonios entre personas con distinto color de piel –prohibidos en algunos países– porque “Dios no quiere que las razas se junten”. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo les cambiará la vida a muchas personas y las hará más felices, sin perjudicar absolutamente a nadie. La Argentina tiene, además, la oportunidad de ser el primer país de la región que garantiza la igualdad de derechos para lesbianas, gays, bisexuales y trans en el acceso al matrimonio civil, como ya lo hicieron Sudáfrica, España, Portugal, Canadá, Suecia, Bélgica, Holanda, Noruega, la Ciudad de México y los estados norteamericanos de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Maine, New Hampshire y Washington DC. Nos ha tocado la oportunidad de ser los primeros de América Latina, pero seguramente no seremos los últimos. Para aportar a este paso histórico, pretendemos, mediante este trabajo, dar respuestas a algunos cuestionamientos, dudas e interrogantes que se han planteado desde el inicio del debate de los proyectos de ley de reforma al Código Civil. En las próximas páginas, nos proponemos demostrar: 1) que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta con un amplio consenso social y político, 2) que aun si no fuera así, constituiría igualmente una obligación del Congreso, ya que la plena vigencia los derechos humanos de las minorías no puede supeditarse a la voluntad de las mayorías y la igualdad ante la ley es un imperativo constitucional, 3) que la reforma al Código Civil federalizará derechos que hoy sólo son accesibles a algunos ciudadanos y ciudadanas, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, 4) que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es violatoria de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, 5) que la regulación del matrimonio civil no puede ser sometida a los criterios de ninguna confesión religiosa, como ya lo ha establecido nuestra CSJN, 6) que, sin embargo, la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo no
2 www.lgbt.org.ar es incompatible con la religión ni va en contra de las creencias de nadie y, además, cuenta con el apoyo de la mayoría de los creyentes, 7) que el debate que se pretende instalar sobre la adopción parte de premisas falsas, ya que nuestra legislación actual ya permite a gays y lesbianas adoptar, 8) que lo que está en juego, en relación con la adopción, son los derechos de los niños y niñas, que la ley actual vulnera con graves consecuencias, 9) que, no obstante lo anterior, existe amplia evidencia científica que prueba que los reparos y temores con relación a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo son infundados, 10) que, superadas las cuestiones antes planteadas, todos los argumentos que se han esgrimido contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo son fácilmente refutables y no tienen otro fundamento que el prejuicio. 1. UNA LEY CON CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL
“A lo largo de la historia, las personas homosexuales, bisexuales y transexuales han sido segregadas, apartadas, estigmatizadas, torturadas y, muchas veces, condenadas a muerte. Y en muchos países lo siguen siendo. Los principios de libertad e igualdad son los que han guiado durante todos estos años el camino hacia el reconocimiento de la plena dignidad de todos los varones y mujeres. Dignidad que conlleva, por imperativo constitucional, ser plenos y plenas en derechos y deberes”. (diputada Silvia Augsburger, en los fundamentos de su proyecto) “Consagrar la igualdad de status civil jurídico social en la institución del matrimonio a todas las personas no sólo implica un desagravio a sectores sociales que han sido y siguen siendo marginados y perseguidos, sino que es fundamentalmente una conquista real y simbólica para toda la sociedad. Siempre que se iguala en derechos, la sociedad gana en libertades y ciudadanía”. (diputada Vilma Ibarra, en los fundamentos de su proyecto)
La igualdad ante la ley es un mandato constitucional que no depende de las encuestas. No importa si la mayoría está de acuerdo o en desacuerdo con que los negros tengan los mismos derechos que los blancos, los judíos tengan los mismos derechos que los cristianos o las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. La legitimidad de los derechos de las minorías no nace de la voluntad de las mayorías, ni es un regalo o una concesión que las mayorías realizan. Sin embargo, no es un dato menor que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo sea una de los proyectos con más consenso social y político que ha debatido el Congreso en los últimos años. Pese a que algunos sectores muy extremistas se empeñen en instalar la idea de que el debate por los derechos civiles de gays y lesbianas “divide a la sociedad” o que se trata de un tema “polémico”, una encuesta nacional de la prestigiosa consultora Analogías muestra que el 66,3% del país está a favor de esta reforma al Código Civil. No sólo eso: el 56% de quienes profesan alguna religión y el 72% de quienes dicen que sólo creen en dios también está de acuerdo, mientras que la adhesión llega al 91% entre los no creyentes. Segmentado por zonas, en Capital y GBA, respondieron a favor 67% de los encuestados, mientras que en el interior (Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Córdoba) el respaldo alcanza el 60%, desmitificando la idea de que el apoyo a la igualdad de derechos es exclusivo de los porteños. La segmentación por edad muestra, además, que el prejuicio envejece y las nuevas generaciones lo rechazan como algo del pasado: el sí promedia el 70% entre los encuestados de entre 16 y 45 años. ¿La sociedad no está preparada para el debate? A la hora de evaluar la oportunidad y las posibles consecuencias de un cambio en la legislación sobre matrimonio, el 71% de los encuestados opina que ya es momento de
3 www.lgbt.org.ar hacerlo, el 68% dice que esa medida “ayudaría a combatir la discriminación” y el 63% que “sería un avance social y cultural para el país”. También han realizado consultas online con similares resultados las páginas de internet de los principales diarios y, aunque en estos casos no se trate de encuestas, ya que no utilizan una muestra representativa, el resultado de algunas de esas consultas es significativo: en el diario La Nación, cuya línea editorial es claramente contraria a esta ley, se publicó un durísimo editorial en contra cuando comenzó el debate y, en la misma página, se les pedía a los lectores que votaran. Votaron más de 50 mil lectores y más del 60% lo hizo a favor. Sin embargo, aunque no hubiese encuestas, cualquiera puede fácilmente darse cuenta de que la mayoría de la sociedad apoya la ley, preguntándoles a sus familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo y sacando la cuenta. El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados, que ahora debe ser revisado por el Senado, también tiene un enorme respaldo político. La apoyan dirigentes con posiciones ideológicas y políticas tan distintas como Néstor Kirchner, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Miguel Angel Pichetto, María José Lubertino, Mauricio Macri, Pinky, Paula Bertol, Felipe Solá, Ulises Forte, Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich, Adrián Perez, Diana Maffia, Hermes Binner, Rubén Giustiniani, Roy Cortina, Fabiana Ríos, Luis Juez, Eduardo Macaluse, Martín Sabbatella, Carlos Heller, Aníbal Ibarra, Pino Solanas, Claudio Lozano, Patricia Walsh, Jorge Altamira, Patricio Echegaray, Vilma Ripoll, entre muchos otros. También cuenta con el respaldo institucional del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y su presidente, Claudio Morgado. De hecho, los proyectos de ley en debate, presentados por las diputadas Silvia Augsburger (MC) y Vilma Ibarra –a los que se sumaron los proyectos presentados por la propia Federación Argentina LGBT y el INADI– fueron firmados por legisladores/as de casi todos los bloques políticos, ya que nos propusimos, desde un principio, alejar este tema de la disputa partidaria, porque la igualdad ante la ley es un principio constitucional irrenunciable y debería contar con el respaldo de todos los sectores. Entre los firmantes de los proyectos están los presidentes de varios bloques y diputados y diputadas que, probablemente, no están de acuerdo entre sí en casi ningún otro tema. Lo mismo ha comenzado a suceder también en el senado: ¿cuándo antes se había visto a los presidentes de la mayoría de los bloques –Miguel Angel Pichetto, Gerardo Morales, María Eugenia Estenssoro, Rubén Giustiniani, Luis Juez, María Rosa Díaz, Samuel Cabanchik–, junto a otros senadores y senadoras de distintos bloques, como Ernesto Sanz, Blanca Osuna, Nicolás Fernández, Elena Corregido, Marcelo Fuentes, Eric Calcagno, Norma Morandini y Daniel Filmus, entre otros, participar juntos de una conferencia de prensa en apoyo a un proyecto de ley, como lo hicieron para apoyar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo? También se han pronunciado a favor de esta ley los secretarios generales de la CGT y la CTA, Hugo Moyano y Hugo Yasky; referentes indiscutidos de la lucha por los derechos humanos como Estela Carlotto, Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas, Adriana Calvo y otros; referentes de la cultura como Juan José Campanella, Ricardo Darín, Norma Aleandro, Alfredo Alcón, Cecilia Roth, Guillermo Francella, Mercedes Morán, Gerardo Romano, Luis Brandoni, Arturo Bonín, Luciano Castro, Natalia Oreiro, Gonzalo Heredia, Florencia Peña, Valeria Bertucelli, Raúl Taibo, Enrique Pinti, Celeste Cid, Griselda Siciliani, Virginia Innocenti, Julio Bocca, Andrés Calamaro, Mariano Otero, Vicentico, Ignacio Copani, León Gieco, Liliana Herrero; periodistas como Eduardo Aliverti, Luis Majul, Víctor Hugo Morales, Osvaldo Bazán, Adrián Paenza, Roberto Petinatto, Andrés Osojnik, Mario Wainfeld, Nancy Pazos, etc. La lista es larguísima y podría seguir. La iniciativa cuenta, por otra parte, con la opinión favorable de destacados juristas y profesores de derecho constitucional que se han expresado a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, Mónica Pinto –decana de la Facultad de Derecho de la UBA–, Martín Böhmer –decano de la
4 www.lgbt.org.ar Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés–, Roberto Saba –decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo–, Eduardo Tavani –presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires–, los profesores de derecho constitucional de la UBA Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Gustavo Arballo, Alberto Bovino y Andrés Gil Domínguez, el ex camarista federal, ex ministro de Justicia y actual diputado nacional Ricardo Gil Lavedra, así como otras personalidades destacadas del ámbito académico como la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, etc. Los consejos directivos de varias facultades han emitido declaraciones institucionales apoyando la sanción de esta reforma. Es, sin lugar a dudas, una ley con mucho consenso. *** Sin embargo, no todos están a favor, es verdad. Entre otros sectores, se oponen tenazmente a esta ley la revista neonazi Cabildo, el grupo fascista Custodia, la Corporación de Abogados Católicos y el “Colegio de Abogados” de la Ciudad de Buenos Aires, entidad minúscula con poco más de mil afiliados que nada tiene que ver con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fueron estas dos últimas entidades las que presentaron todos los recursos judiciales en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El actual presidente del autodenominado “Colegio” es Enrique del Carril, quien firmó varias declaraciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre sus socios honorarios se encuentran José Alfredo Martínez de Hoz (h), quien también integra la comisión directiva, Eugenio Aramburu (h) y Roberto Durrieu, que ocupó la presidencia antes de Del Carril. Durrieu fue subsecretario de Justicia durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla. “El Colegio” también cuenta entre sus socios a los abogados defensores de Alfredo Astiz, Juan María Alberg Cobo, y de Miguel Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía. La lista podría ampliarse en la misma dirección. Además de luchar contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, “el Colegio” se especializa en defender a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos. “Este Colegio de Abogados alerta a la población sobre un modo de actuar, propiciado por funcionarios del Gobierno y periodistas que pertenecieron a las organizaciones terroristas en la década del setenta, signado por el propósito de venganza al cual se lo disfraza como una falsa búsqueda de justicia removiendo odios que la sociedad desea superar”, decía la declaración firmada por Del Carril en nombre de la entidad, tras el pedido de captura ordenado por la Justicia contra “un destacado socio de nuestro Colegio, el Dr. Eduardo Aguirre Obarrio”, en marzo del año pasado. Obarrio fue ministro de Defensa de Lanusse y es considerado uno de los responsables de la Masacre de Trelew, que consistió en el asesinato de 19 presos políticos durante esa dictadura. Otra de las entidades que milita activamente contra la ley de matrimonio para todos y todas es la Corporación de Abogados Católicos, presidida por Eduardo A. Bieule. El encargado de manifestar la posición de la entidad en las audiencias realizadas en la Cámara de Diputados fue su vicepresidente, Eduardo Sambrizzi, también socio del “Colegio”. Además, el grupo presentó un recurso judicial pidiendo la nulidad del fallo de la jueza Seijas –que había autorizado a contraer matrimonio a Alejandro Freyre y José María Di Bello–, actitud que repitió con los fallos posteriores, y sostuvo en un comunicado que “la negativa a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio no constituye un acto discriminatorio”. Lo más interesante de la declaración de “la Corporación” es que afirma que “ningún legislador ni juez puede modificar el hecho de que el matrimonio debe ser celebrado entre personas de distinto sexo”. Es decir, niega la facultad de dos poderes del Estado que, según la Constitución, se encargan
5 www.lgbt.org.ar respectivamente de dictar las leyes y controlar su constitucionalidad. Niega, entonces, el sistema democrático de gobierno. Además de presidir “la Corporación”, Bieule es uno de los fundadores de Abogados por la Justicia y la Concordia, una entidad que participa de las marchas de la señora Cecilia Pando. En un texto que lleva su firma, ese grupo sostiene que los militares detenidos por torturas, asesinatos y robo de bebés son “presos políticos”. 2. LOS DERECHOS HUMANOS NO SE PLEBISCITAN Algunos sectores han propuesto convocar a un plebiscito sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque, como explicamos en el apartado anterior, es evidente que la ley cuenta con un amplísimo consenso social y, de realizarse tal plebiscito, seguramente sería apoyada por la gran mayoría de la población, desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans instamos a los/as demás senadores/as a rechazar esta propuesta. Los derechos humanos no se plebiscitan. Convocar a un plebiscito para decidir sobre nuestros derechos, además de ir en contra de la Constitución Nacional y de todos los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, sería ofensivo e insultante para cientos de miles de argentinos y argentinas lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Alguien en su sano juicio podría apoyar la idea de que se realice un plebiscito para decidir si los judíos tienen derecho a contraer matrimonio civil? ¿Alguien podría estar de acuerdo con someter a consulta popular la posibilidad de que las personas afrodescendientes puedan estudiar en las universidades? ¿Sería lógico hacer un plebiscito para permitir o prohibir que los inmigrantes se atiendan en los hospitales públicos? Seguramente, usted está leyendo estas preguntas y pensando: “No, obviamente, eso sería una locura”. ¿Por qué, entonces, los derechos civiles de gays y lesbianas sí pueden ser plebiscitados? No es más legítima la pretensión de lesbianas, gays, bisexuales y trans de alcanzar la igualdad jurídica porque haya encuestas que demuestren que esa pretensión tiene respaldo social. Lo que le da legitimidad a nuestro reclamo es el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación y – por qué no– el derecho a la felicidad de millones de seres humanos en todo el mundo. Y ninguna mayoría –aun si existiera una mayoría que quisiera hacerlo– tendría derecho a negarnos el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. También ha habido quienes, desde la jerarquía de la iglesia católica, han pedido al Senado que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo se discuta en cada una de las legislaturas provinciales. Consideramos que esa propuesta ofende y menosprecia la representatividad de los senadores y las senadoras nacionales, electos/as por el voto popular para representar al pueblo de las provincias. Nuestra Constitución establece claramente cuál es la forma de sanción de las leyes y no existe ninguna razón para cambiarla, ni puede hacerse sin una reforma constitucional. 3. EL MATRIMONIO PARA TODOS Y TODAS, LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
“Todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros”
(George Orwell, Rebelión en la granja, 1945, citado por el juez Guillermo Scheibler).
6 www.lgbt.org.ar La Conferencia Episcopal Argentina y la Universidad Católica Argentina han entregado a los/as senadores/as un documento en el que afirman, entre otras cosas, que el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional porque “la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional reconocen al matrimonio como la unión de un varón y una mujer”. Es absolutamente falso. En primer lugar, explicaremos por qué es falso que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo sea inconstitucional. Luego, explicaremos por qué sí es inconstitucional prohibirlo. *** La Constitución Nacional no define al matrimonio, en ninguno de sus artículos, como “la unión de un varón y una mujer” y, de hecho, tampoco lo define de otro modo: no hay en la Constitución ninguna definición de matrimonio. La única referencia al matrimonio en nuestra Constitución Nacional está en el artículo 20, que dice: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes”. Si la CN protege el derecho de los extranjeros a “casarse conforme a las leyes” en el territorio nacional como parte de “todos los derechos civiles del ciudadano” de los que también les corresponde gozar, está claro que el derecho de los ciudadanos argentinos a “casarse conforme a las leyes” también goza de protección constitucional, y así lo ha entendido la CSJN1. Hacerlo “conforme a las leyes” es el único requisito que podría limitar el derecho constitucional a casarse, y ya se ha dicho que “las reglamentaciones al derecho a casarse no podrán llegar a desnaturalizarlo, a conculcarlo, a anularlo, a dejarlo prácticamente sin efectos, o ir más allá de lo razonable, equitativo y del propio espíritu de un tal derecho de rango constitucional (González Calderón, Derecho constitucional argentino, t. II, p. 176, núms. 607/609, Buenos Aires, 1931; Bielsa, Derecho constitucional, p. 344, núms. 130/131 y p. 399, núms. 153/154, Buenos Aires, 1959; asimismo Fallos, t. 9, p. 437; t. 19, p. 418; t. 20, p. 307; t. 32, p. 840; t. 45, p. 265; t. 47, p. 258; entre otros)”2. Con relación a los tratados internacionales de derechos humanos, ninguno de ellos hace una definición de matrimonio ni limita en modo alguno su posibilidad de acuerdo al sexo de los contrayentes. De hecho, ese tipo de limitación sería imposible, dado que los tratados internacionales de derechos humanos –y sobre este punto la doctrina y la jurisprudencia son unánimes– pueden decir que existe un derecho, pero nunca decir que un derecho no existe, es decir, legislan por la positiva, en función del carácter progresivo de los derechos humanos. Como bien recuerda el juez Guillermo Scheibler en el fallo Canevaro, Martín y otro s/amparo (artículo 14 CCABA), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dejado en claro que “los tratados internacionales pueden sólo mejorar la tutela de los derechos, no empeorarla. Es decir, aquéllos no pueden entenderse como restrictivos de los derechos constitucionales existentes, en el ordenamiento interno, al momento de su sanción (Fallos: 329:2986)”. Este principio de interpretación, recogido por la CSJN, está también ampliamente fundamentado por la doctrina. Citamos, a modo de ejemplo: “…el principio de progresividad lleva a aplicar siempre la
“Alberdi cometió un descuido al incluir el derecho a casarse en el art. 21 de su proyecto, fuente del actual art. 20 de la Constitución. En la nota respectiva se entiende que quiso volcar en él los derechos ya reconocidos a los súbditos británicos por el Tratado de 1825, olvidando la normación específica de carácter general preexistente sobre el matrimonio, punto en cambio no incluido explícitamente en el tratado. Por tal motivo se dio la paradoja de que el derecho a casarse de los habitantes nativos se deduce, en la letra del texto constitucional, del art. 20 que hace extensivo a los extranjeros los derechos de los ciudadanos” (juez Petracchi, voto en el fallo Sejean c/ Zacks de Sejean, CSJN; LA LEY, 1986-E, 648). 2 Citado por el juez Petracchi, op. cit.
7 www.lgbt.org.ar disposición más favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma garantice el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, lo que lleva a una interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos humanos. Esta perspectiva se ve reforzada y complementada por los diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que tienen normas que explicitan el principio de progresividad o integralidad maximizadora de los derechos. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 29 b) dispone que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de ‘limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados’. El mismo principio está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo 52, en el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador, artículo 4°; la Convención sobre la Eliminación sobre las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 23; la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 41, entre otras. La eficacia directa de los derechos constituye la capacidad de obligar a los poderes públicos, autoridades, grupos y personas, sin necesidad de que medie desarrollo legislativo previo que establezca las condiciones de su ejercicio y protección, constituyendo un deber positivo de garantía y promoción de todos los órganos estatales.” (Humberto Nogueira Alcalá, “Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los Derechos Fundamentales”, Revista Ius et Praxis, 11 (2): 15-64, 2005). Veamos ahora qué dicen los tratados. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que “toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que “el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”; en ambos casos, no se hace referencia al sexo u orientación sexual de los cónyuges o contrayentes. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento”. Citaremos a continuación algunos tratados que, por una particularidad de su redacción, se ha pretendido tergiversar para hacerles decir algo que no dicen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que “se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello” y que “el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes”. Ese artículo aparece citado en el documento de la CEA y la UCA, que enfatizan la expresión “el derecho del hombre y de la mujer”, redacción similar a la de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos (esta última, cabe resaltar, agrega que el derecho a contraer matrimonio será ejercido “en las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación”). Corresponde hacer aquí dos aclaraciones con relación al uso de las palabras “hombre” y “mujer”, una de carácter gramatical y otra de carácter jurídico: a) realizando un correcto análisis sintáctico del texto del artículo 23.2 del PIDCYP –análisis que vale para los otros tratados mencionados en el párrafo anterior, cuya redacción es similar–, podemos decir que el sintagma nominal “el derecho del hombre y de la mujer a contraer
8 www.lgbt.org.ar matrimonio” equivale al sintagma nominal “el derecho del hombre a contraer matrimonio y el derecho de la mujer a contraer matrimonio”3. “Y” no es lo mismo que “con”, y lo que ese artículo del PIDCYP está haciendo es reconocer un derecho que todos los hombres y todas las mujeres tienen, sin que exista en el texto de la norma ninguna expresión que permita suponer que ese derecho que todos los hombres y las mujeres tienen sólo podrán ejercerlo si eligen como cónyuge a una persona de diferente sexo; b) desde el punto de vista jurídico, vale aclarar que no existe en el texto de los tratados una prohibición expresa ni una definición de matrimonio que directa o indirectamente excluya la posibilidad del matrimonio de una pareja del mismo sexo. En resumen, tenemos que: a) sostener que aquellos tratados internacionales que mencionan las palabras “hombre” y “mujer” en los artículos que hacen referencia al derecho a contraer matrimonio no incluyen a las parejas del mismo sexo es incorrecto tanto desde el punto de vista del análisis gramatical de sus respectivos textos como desde el punto de vista del análisis jurídico de su contenido, por las razones explicadas en los párrafos precedentes; b) aun si rechazáramos la conclusión a), apenas sería posible descartar que los tratados internacionales que mencionan las palabras “hombre” y “mujer” en los artículos que hacen referencia al derecho a contraer matrimonio estén incluyendo a las parejas homosexuales en la protección de este derecho, pero sería imposible sostener desde el punto de vista jurídico que están prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo –no prever no es lo mismo que prohibir–, y el artículo 19 de nuestra CN es claro al establecer que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.; Así lo explica la profesora Mariana Podetti, licenciada en Letras y profesora de la carrera de Edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: “Uno de los enfoques clásicos para analizar la sintaxis de una oración es la teoría de los constituyentes inmediatos, presentada inicialmente por Rulon S. Wells, en una monografía de 1947. Como señala Ofelia Kovacci, este enfoque permite “establecer a qué construcción o esquema (pattern) pertenece determinada secuencia”. Se denomina constituyentes inmediatos a aquellos elementos (palabras o sintagmas) que forman directamente una construcción. La estructura de constituyentes de una oración se suele representar o bien mediante un diagrama arbóreo o bien mediante el encorchetamiento. Desde este punto de vista, la oración que conforma el inciso en cuestión puede ser analizada del siguiente modo: (1) [[[Se reconocesv] [el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familiasn]] [sub.adv.cond.si tienen edad para ello]]. En otras palabras, la oración consta de una cláusula principal bimembre formada por un sintagma nominal en función de sujeto y un sintagma verbal en función de predicado, y una subordinada adverbial condicional, que establece la condición (“tener edad para ello”) de la que depende el cumplimiento de lo denotado por la principal (el reconocimiento del derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia). Si se analiza el sintagma nominal sujeto en constituyentes inmediatos, se obtiene: (2) [[[el derechosn] [del hombresp] y [de la mujersp]sn] [a contraer matrimonio y a fundar una familiasp]sn] Es decir, el sintagma nominal el derecho (formado por un sustantivo y un especificador) está modificado por dos complementos independientes (los sintagmas preposicionales del hombre y de la mujer), coordinados por la conjunción copulativa y. Esto significa que ambos constituyentes tienen la misma jerarquía, no se subordinan el uno al otro, sino que cada uno modifica al núcleo sustantivo derecho en forma independiente. En otras palabras, la oración podría parafrasearse del siguiente modo: (1’) Se reconocen el derecho del hombre y el derecho de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. O bien: (1”) Se reconoce el derecho del hombre a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello, y se reconoce el derecho de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello”.
9 www.lgbt.org.ar c) aun si rechazáramos a) y b), los propios tratados referidos, así como la doctrina y la jurisprudencia sostenida por la Corte, como explicamos antes, nos imponen un criterio de interpretación por el cual debe primar aquella norma que sea más amplia en la protección de derechos, lo que daría supremacía a la protección del derecho a contraer matrimonio incorporada en aquellos tratados que no mencionan las palabras “hombre” y “mujer”, sino que hablan apenas de “cónyuges” o “contrayentes”, no dejando ningún resquicio para que se interprete que no incluyen a las parejas formadas por personas del mismo sexo. *** Ahora bien, dijimos al principio que, luego de explicar por qué es falso que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo sea inconstitucional, explicaríamos por qué prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo sí lo es. Como decíamos, la CN y los tratados internacionales de derechos humanos otorgan protección constitucional al derecho de todos los habitantes de la Nación a contraer matrimonio conforme a las leyes. Por otra parte, a) el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación “son iguales ante la ley”; b) el artículo 19 establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”; c) la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dice que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” (artículo II); d) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 2). Respecto de este Pacto, en la Observación General 20, del 22/05/09, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dejó en claro que: “En ‘cualquier otra condición social’, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto…”; e) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 2); f) la Convención Americana de Derechos Humanos: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
10 www.lgbt.org.ar origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 1); g) la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (artículo 7). h) por último, tanto la Constitución Nacional (artículo 14 bis) como los tratados antes citados garantizan la protección integral de la familia. De todas las familias, no sólo de algunas. Las parejas formadas por dos personas del mismo sexo también constituyen familias. Como explica el doctor Gil Domínguez (UBA), “si uno analiza el artículo 172 y concordantes del Código Civil, que le dan ciertas atribuciones o facultades en el campo de un derecho fundamental a las personas de distinto sexo y se las niegan a las personas del mismo sexo, observa que se está incurriendo claramente en una omisión inconstitucional e inconvencional, porque se está yendo en contra de la fuerza normativa de nuestra Carta Magna y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”4. Varios magistrados/as del fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la provincia de Buenos Aires han debido responder a recursos de amparo presentados por parejas del mismo sexo que reclamaban por su derecho a casarse y han llegado a la conclusión, expresada en sus fallos, de que prohibir a una pareja formada por dos personas del mismo sexo que acceda al matrimonio civil es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Al hacerlo, se han expresado sobre cómo deben aplicarse cada una de las normas de jerarquía constitucional que enumeramos más arriba. Nos remitimos a los fundamentos de algunas de estas sentencias, que citamos a continuación a modo de ejemplo: 1. Citas del fallo de la jueza Gabriela Seijas en la causa “FREYRE ALEJANDRO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”:
a) Sobre el artículo 16 de la CN: “puede afirmarse que el derecho a la igualdad supone previamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado sólo intervendrá para proteger esa existencia y para contradecir cualquier fuerza que intente cercenarla o regularla severamente. No se es igual en la medida de la ley sino ante ella, la ley no debe discriminar entre las diferencias de un habitante y otro, sino que debe tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades, sin necesidad de entenderlas o regularlas (ver, Eduardo Á. Russo, Derechos Humanos y Garantías, Eudeba, Buenos Aires, 2001; y, ‘Identidad y diferencia [reflexiones en torno a la libertad y la igualdad], en la Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico, volumen XXXVIII, sep. - dic. 2003, 1, págs. 127 a 135)”.
b) Sobre los artículos 16 y 19 de la CN: “El sentido de la igualdad democrática y liberal es el ‘derecho a ser diferente’, que no puede confundirse nunca con la ‘igualación’, que es un ideal totalitario y por ello es, precisamente, la negación más completa del anterior, pues carece de todo sentido hablar del derecho a un trato igualitario si previamente se nos forzó a todos a ser iguales. El artículo 19 de la Constitución Nacional, en combinación con el resto de las garantías y los derechos reconocidos, no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en no obligar a los ciudadanos a una
Gil Domínguez, Andrés. Versión taquigráfica de la reunión del 29-10-09 de la Comisión de Legislación General de la H. Cámara de Diputados.
11 www.lgbt.org.ar uniformidad que no condice con la filosofía política liberal que orienta a nuestra Norma Fundamental. El reconocimiento de la identidad en la pluralidad no puede partir de estructuras ahistóricas, requiere auspiciar los diversos proyectos de vida dentro de una estructura social mucho más compleja”. c) Sobre los mismos artículos, citando un voto del juez Fayt en la CSJN: “Existen categorías o grupos sociales respecto de los cuales no resulta apropiada la presunción general en favor de la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, cuando ellos los afectan en sus libertades básicas. Este es el sentido esencial que se le debe otorgar a lo que se ha dado en llamar el ‘derecho de las minorías’, consagrado expresamente en constituciones modernas y que se induce de diversas disposiciones de la nuestra, como los arts. 16 y 19. (…) Una diferente inteligencia de la cuestión tratada, que propugnase el sometimiento de grupos minoritarios a los designios de la mayoría en pos de un alegado objetivo comunitario, es doctrina de peligrosas consecuencias. Si su aplicación trasciende los límites del campo político, es susceptible de desembocar, como lo ha demostrado nuestra historia más reciente, en el ultraje inexorable de los derechos más esenciales del hombre. De dicha historia es posible formular, por otra parte, un fructífero proceso inductivo, del cual se desprende como enseñanza que la aceptación de las diferentes concepciones es decir de un amplio pluralismo de ideas resulta condición de posibilidad aquí y ahora para la concreta vigencia del plan trazado por los constituyentes (Fallos: 314:1531)”.
d) Sobre las prohibiciones para contraer matrimonio basadas en la orientación sexual: “Que en lo referido a restricciones para contraer matrimonio pueden tomarse ejemplos paradigmáticos del derecho comparado, como las leyes de la Alemania Nazi que prohibieron el matrimonio entre ‘judíos y súbditos de sangre alemana o asimilables’ (Ley de protección de la Sangre, 1935), o las restricciones que padecieron los negros, asiáticos e indios en Estados Unidos desde la época colonial hasta el dictado del fallo ‘Loving v. Virginia’ en 1967 (388 US 1). En la sentencia ‘Dred Scott’, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Roger B. Taney, citó la existencia de estatutos antimestizaje para demostrar que lo matrimonios interraciales ‘se consideran antinaturales e inmorales’ y, en consecuencia, ‘este estigma, de la más profunda degradación, está fijo sobre toda la raza (negra)’ (‘Dred Scott v. Standford’, 60 US, 393, 407 [1857])”. e) Sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos: “En un primer examen literal, los artículos 172 y 188 del Código Civil se contraponen directamente con las reglas constitucionales que prohíben un trato discriminatorio en razón de la orientación sexual (arts. 16 y 19, CN; art. 11, CCABA; art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, entre otros, art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
2. Citas del fallo de la jueza Elena Liberatori en la causa “BERNARTH, DAMIÁN Y OTRO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, quien, cabe destacar, también cita y ratifica varios de los fundamentos del fallo de la doctora Seijas:
a) Sobre la aplicación de la CN y los tratados: “Es evidente entonces que los actores tienen derechos reconocidos en textos constitucionales y supraconstitucionales los cuales se ven impedidos de ejercer por causa de normas vigentes que no se encuentran acorde a los tiempos, por lo tanto, se hallan excluidos de gozar de esos derechos en virtud de normas de inferior jerarquía normativa desactualizadas que no contemplan el nuevo alcance dado a estos derechos a fin de aventar la exclusión y la marginación por causa de discriminación por orientación sexual”.
b) Citando a la doctora Kemelmajer de Carlucci: “Tal exclusión los priva de activos valiosos, tanto si éstos se miden en términos cuantitativos monetarios, o en términos cualitativos de respeto social. Esta diferencia en la tenencia de activos no necesariamente connota una imposición injusta de desigualdad. Sin embargo, el daño infligido se patentiza como claramente ilegítimo cuando advertimos que obedece al estatus de seres humanos menos valiosos de los excluidos. Que las personas que se apartan de la sexualidad socialmente valorada son víctimas de situaciones de discriminación social y jurídica: esto es, representan un sector usualmente vulnerado en el pleno goce
12 www.lgbt.org.ar y ejercicio de sus derechos fundamentales en condiciones igualitarias (ver, Aída Kemelmajer de Carlucci, ‘Derecho y homosexualismo en el derecho comparado’ en Derecho de familia. Revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, volumen 13, págs. 185 y ss.)”. c) Sobre el derecho a contraer matrimonio: “En el caso presente es identificable como obstáculo a remover en aras de la plena eficacia y vigencia de los derechos de los actores, que el Código Civil no contempla a los actores toda vez que la unión matrimonial que regula lo es sobre la base de la unión de un hombre y una mujer. (...) Más allá de la condición sexual y sobre la premisa común de que mujer y hombre constituyen la especie humana, nada impide en consecuencia, considerar que tanto el matrimonio de mujer con mujer, de hombre con hombre es ‘substancialmente’ igual que el de hombre y mujer. El hecho de que sea este último el que únicamente halla contemplado el Codificador no impide que mediante la tarea judicial en tanto el juez es aplicador e intérprete de las normas, se halle la solución que conjugue los derechos de los actores y el supuesto conflicto ante una norma que los excluye, porque en todos los casos, se trata de seres humanos, una condición que como antes dije, se erige en superadora habilitando la aplicación analógica de la institución matrimonial a los actores”.
3. Citas del fallo del juez Guillermo Scheibler en la causa “CANEVARO, MARTÍN Y OTRO C/ GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)”, quien también cita y ratifica varios fundamentos de los fallos anteriores:
f) Sobre la aplicación de las cláusulas sobre matrimonio de la CN y los tratados: “Conforme lo ha sostenido la CSJN el matrimonio goza de un reconocimiento constitucional expreso en el artículo 20, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles del ciudadano, entre los que se menciona el de ‘casarse conforme a las leyes’ (Fallos, 308:2268). Este derecho se encuentra asimismo protegido por diversos pactos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN). En efecto, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio ‘en las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación’; el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el mismo derecho ‘sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión’; el artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre garantiza el derecho a ‘constituir familia’; lo propio efectúan el artículo 10, inc. 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ninguno de estos tratados contiene expresa o implícitamente una prohibición para el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
g) Sobre cómo la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo lesiona derechos constitucionalmente protegidos: “La imposibilidad de contraer matrimonio veda a los actores el acceso al goce de una multiplicidad de derechos que emergen del status conyugal, entre los que se destacan los derechos de herencia y pensión, beneficios migratorios, posibilidad de decidir por otro en determinadas situaciones extremas, ventajas tributarias, etc. Se trata, como fácilmente se advierte, de prerrogativas sustanciales para un proyecto de vida conjunto que le otorgan un marco de protección y estabilidad. Asimismo, a las cuestiones materiales referidas debe agregarse la innegable relación que guarda con el derecho constitucional a la dignidad de la existencia humana (art. 33 CN, Fallos, 308:2268) la trascendencia de la institución matrimonial en lo que hace a la posibilidad del reconocimiento y celebración pública y social de la libre decisión de aunar sus destinos adoptada por dos personas adultas en el marco de la comunidad en la que habitan”. h) Sobre el artículo 19 de la CN, citando al ex juez de la CSJN Dr. Bacqué: “Las limitaciones establecidas por el art. 19 de la Constitución Nacional imponen a la actividad legislativa un límite consistente en que ella no puede exceder ‘el campo de las acciones de los hombres [y de las mujeres] que ofendan a la moral pública, al que se refieren las normas morales que se dirigen a la protección
13 www.lgbt.org.ar de bienes de terceros.’ [...] Precisamente, a la protección de estos bienes se dirigen el orden y la moral pública, que abarcan las relaciones intersubjetivas, esto es acciones que perjudiquen a un tercero, tal como expresa el art. 19 de la Constitución Nacional aclarando dichos conceptos. La referida norma impone, así, límites a la actividad legislativa consistentes en exigir que no se prohíba una conducta que se desarrolle dentro de la esfera privada, entendida ésta, no como la de las acciones que se desarrollan en la intimidad, protegidas por el art. 18, sino como la de aquellas que no ofendan al orden y a la moral pública, esto es, que no perjudiquen a terceros’. [...] [C]on base en esa doctrina [la CSJN] dejó establecido que la Constitución Nacional consagra un sistema de la libertad personal cuyo centro es el art. 19, que va más allá de garantizar la mera privacidad. En este sistema de libertades confluyen una serie de derechos expresamente enumerados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20 y 32, y otros no enumerados, que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33). Estos derechos, están asegurados a todos los habitantes de la Nación conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales, no obstante, no podrían alterarlos (art. 28). Entre esos derechos, el art. 20 otorga el de ‘casarse conforme a las leyes’, las que se encuentran sujetas a la limitación antes señalada y que por consiguiente, en el caso de que, bajo el pretexto de reglamentarlo, lo desvirtuaran modificando las implicancias de su naturaleza constitucional, deberán ser declaradas inconstitucionales” (considerandos 6º y 7º del voto del Dr. BACQUÉ en Fallos 308:2268)” i) También sobre la aplicación del artículo 19 de la CN: “en virtud de que la pretensión de los amparistas de constituir una sociedad conyugal implica una típica decisión íntima y personal, no se advierte que pueda provocar daños sustanciales a otras personas, más allá del desacuerdo con el plan de vida elegido por los actores basado en su discordancia con las concepciones religiosas o costumbres sociales de terceros. Adviértase que todo el esquema constitucional de derechos y libertades caería y se reduciría a letra muerta si la mera disconformidad de unos con las costumbres o creencias de otros pudiese ser considerada como un daño a tercero en los términos del artículo 19 y, por ende, autorizar la interferencia y prohibición por parte de la autoridad estatal. Es que, de este modo se estaría imponiendo a unos el proyecto de vida de otros, lo que resulta repulsivo de las más básicas libertades que consagra el constitucionalismo, tales como la libertad de conciencia y de autonomía personal”.
Destacamos finalmente la fundamentación del Dr. Scheibler sobre el control de constitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil a la luz de la doctrina de las categorías sospechosas, tema que ya también fue abordado por las doctoras Seijas y Liberatori: “De la conjugación de los derechos de igualdad y de no discriminación ha surgido como construcción jurisprudencial la doctrina de las categorías sospechosas. Recuerda GELLI que según la Corte de los EEUU, las clases o categorías sospechosas per se son aquellas que originan una discriminación perversa en virtud de que: ‘a) no se justifican estricta y rigurosamente en un interés legítimo del estado o b) están organizadas en base a la persecución de grupos que tradicionalmente fueron excluidos de los derechos o beneficios que reconocen u otorgan las leyes o b) esos grupos se encuentran relegados a un situación en la cual se los posterga sin término. El mismo tribunal ha intensificado el control de constitucionalidad cuando la ley priva a una clase o grupo de personas de derechos fundamentales, entendiendo por tales a aquellos que se encuentran expresados explícita o implícitamente en la Constitución (GELLI, MARÍA ANGÉLICA, Constitución de la Nación Argentina – Comentada y concordada, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2008, 4ª ed., p. 233 y ss.)’. “Sobre el punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ‘[l]a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad’ (Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984).
14 www.lgbt.org.ar “Por su parte, nuestra Corte Suprema también ha destacado la existencia de criterios de distinción sospechosos que, contenidos en una norma, exigen una ‘justificación suficiente de la restricción’ de derechos que consagran, pues pesa sobre ellos una presunción de inconstitucionalidad que sólo puede ser levantada con una cuidadosa prueba y argumentación sobre los fines que se intentó resguardar y los medios utilizados al efecto. En el escrutinio de estas restricciones, debe constatarse que se trate de fines sustanciales y no meramente convenientes y que los medios no sean sólo adecuados a aquéllos, sino también que los promuevan efectivamente y que no existan alternativas menos restrictivas para los derechos en juego (CSJN en los autos ‘Hooft’, Fallos, 327:5118). En tales casos procede, entonces, un criterio de ponderación más exigente que el de mera razonabilidad (CSJN en los autos ‘Gottschau’, Fallos, 329:2986). “De lo resuelto por la Corte en los casos ‘Hooft’ y ‘Gottschau’ puede colegirse que el tribunal postula un criterio normativo para identificar las categorías sospechosas. Es decir, revestirán ese carácter aquellas mencionadas como discriminatorias en instrumentos internacionales de derechos humanos o en la propia Constitución. “Asimismo se ha sostenido que algunos criterios clasificatorios podrían ser considerados discriminatorios en cualquier ámbito, por lo que no podrían ser utilizados por el legislador en ninguna hipótesis para excluir a determinado grupo del ejercicio de derechos fundamentales. Para individualizarlos puede acudirse al concepto de ‘dato sensible’ (art. 2, ley 25.326; art.3, ley 1845), que abarca los datos personales que revelen: origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Estos criterios podrían postularse como constitucionalmente prohibidos, de modo tal que nunca podrían constituir el objeto de una clasificación gubernamental (en este sentido, TREACY, GUILLERMO F., ‘La utilización de categorías sospechosas como técnica para controlar la discriminación hacia extranjeros’, JA 2006-IV-603). “Ahora bien, sabido es que numerosos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional contienen cláusulas contra la discriminación que incluyen la razón de ‘sexo’ y un supuesto ‘abierto’ (ver art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.), cuya lectura integrada permite razonablemente incluir al criterio de ‘orientación sexual’ al catálogo de categorías sospechosas, tal como expresamente lo recepta el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad. “Sentado lo expuesto, y en estricta aplicación de la doctrina sentada por la CSJN, cabe considerar invertida la carga de la prueba respecto de la validez constitucional de la exclusión legal de los actores de la posibilidad de contraer matrimonio entre sí. ‘9.2. En este estado, corresponde analizar si la desigualdad de trato establecida por las normas cuestionadas por los actores se basa en una distinción ‘razonable’ o, al menos, si persigue una finalidad compatible con una sociedad pluralista y democrática que la legitime o si obedece a un interés estatal urgente. Al pronunciarse en contra de la pretensión de los actores, la Sra. Fiscal subrogante sostuvo —en síntesis— que la exclusión de los actores del derecho a contraer matrimonio entre sí no resulta inconstitucional por cuanto se encuentra prevista en la ley; que ‘no cabe admitir que los Estados autónomos puedan destruir’ (sic) la legislación civil y que ‘la determinación del modelo matrimonial es un problema que excede el ministerio propio de la jurisdicción, para adentrarse en la actividad normativa de la Nación’ (ver fs. 52/56). “Se advierte así que no se han suministrado elementos sustanciales que permitan evaluar si la restricción de derechos que padecen los actores resulta pasible de superar un test estricto de constitucionalidad como el que corresponde a las categorías sospechosas. Sin perjuicio de ello y a tal fin, se intentará analizar los posibles objetivos que podría perseguir la restricción impugnada. “9.2.a. Con frecuencia se afirma que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo reposa en que el objeto de esa institución radica en asegurar y favorecer la procreación y la reproducción de la especie (ver SCALA, JORGE, ‘Homomonio y discriminación’, en El Derecho, Nº12.393, entre otros). Puede señalarse en primer término, que si la noción de matrimonio estuviese indisolublemente ligada a la reproducción no se explicaría la aptitud nupcial de quienes no
15 www.lgbt.org.ar manifiesten un expreso compromiso de procrear, o sufran lamentablemente de una incapacidad para ello, o de las mujeres que hayan superado la edad límite para gestar. “Por otra parte, aún en el caso de que esa hipótesis fuese correcta tampoco se advertiría una proporción entre los fines perseguidos (la procreación) y los medios empleados (la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo). Es que, no es posible establecer una relación lógica causal que permita inferir que el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo produzca una suerte de ‘efecto contagio’ que induzca a engendrar menos hijos a los matrimonios entre personas de distinto sexo. Así, el medio elegido no guarda relación con el fin cuya protección se desea, por lo que se aniquila sin razón valedera el derecho al matrimonio de un grupo determinado de la sociedad. “9.2.b. Otro objetivo que se alega para fundar la prohibición impugnada radica en la protección de la familia (ver entre otros, ARIAS DE RONCHIETTO, CATALINA ELSA, ‘Cuestiones de resguardo del orden público’, ED Nº 12.401). Sobre el punto, ha de recordarse que la ‘disposición a constituir familia se halla ínsita en la naturaleza humana’ y que ‘si bien la familia es universal, al igual que todas las demás instituciones es un producto social sujeto a cambios y modificaciones; pero cualesquiera sean las hipótesis sobre su evolución y la influencia de las condiciones del desarrollo económico social, ella constituye el nudo primario de la vida social’ (CSJN, voto del Dr. CARLOS S. FAYT en autos ‘Sejean’, Fallos 308:2268). “Quiéraselo o no, es un hecho incontrastable de la realidad que las personas con una orientación sexual diversa de la mayoritaria también constituyen familias (diferentes quizás en algún aspecto de su conformación, pero con el mismo amor como argamasa) que gozan del mismo derecho constitucional y supranacional a su protección. Una vez más, no es posible apreciar ni una relación ni una proporción adecuada entre el fin perseguido y el medio empleado. Es que, el hecho de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo no ‘aumenta’ la protección a las familias de tipo tradicional, ni su permisión la disminuye. La situación actual sólo implica menos protección para muchas familias derivadas de parejas del mismo sexo. “9.2.c. En otro orden, se vincula la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo con la necesidad de evitar que éstos adquieran aptitud para ‘adoptar’ niños o niñas (ver entre otros, ARIAS DE RONCHIETTO, op. loc. cit.). Sin perjuicio de que la cuestión no forma parte del debate de autos, lo cierto y concreto es que el hecho que se autorice a los aquí actores a contraer matrimonio en nada modifica su situación actual frente a la adopción, habida cuenta de que el artículo 315 del Código Civil (por ley 24.779) permite ‘ser adoptante [a] toda persona que reúna los requisitos establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil’. En consecuencia, tampoco puede hallarse aquí un fundamento válido para la prohibición en crisis. “9.2.d. Resulta imprescindible recordar que ‘según la Constitución Argentina el estado es laico, por más que se acuerde una preferencia o privilegio en favor del culto católico’ (SÁNCHEZ VIAMONTE, CARLOS; Manual de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Kapelusz, 1956, p. 105). De allí que, desde antiguo la CSJN haya sostenido que ‘al establecer la libertad de todos los cultos no puede sostenerse (…) que la Iglesia Católica constituye un poder político en nuestra organización, con potestad de dictar leyes de carácter civil como son las que estatuyen el régimen del matrimonio’ (Fallos: 53, 188). ‘Más recientemente se afirmó que “para que una ley de matrimonio civil sea compatible con el sistema de libertad consagrado en nuestra Constitución, debe serlo también con la neutralidad confesional que ésta adopta, de modo tal que esa ley no obstaculice la plenitud de la garantía constitucional de profesar cualquier religión o no profesar ninguna. De este modo resultaría violatorio del art. 14 de la Constitución Nacional imponer coactivamente alguno de los principios de las diversas religiones que coexisten en nuestra sociedad. (…) Esto es así, porque la Constitución Nacional protege la libertad de todos los habitantes de la Nación que no profesan el credo católico, de concebir sus vinculaciones matrimoniales con alcances distintos que los que establece esa religión en particular’ (voto del Dr. PETRACCHI en los autos ‘Sejean’, ya citados). “Se advierte así que, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, tampoco puede fundarse la prohibición cuestionada en los dictados de alguna religión en particular, aún cuando ésta fuese mayoritaria en nuestro seno.
16 www.lgbt.org.ar “9.2.e. Otro fin perseguido podría ser el mantenimiento de una costumbre ‘ancestral’ como una forma de preservar una identidad cultural determinada. Sobre el punto se ha afirmado que ‘resulta pueril sostener que el hecho de que la ley de matrimonio civil tenga 100 años de antigüedad es un buen argumento en favor de su constitucionalidad. Es importante el desarrollo que desde entonces ha tenido el proceso de equiparación entre el derecho del hombre y el de la mujer. También lo es la fuerte consolidación que en nuestros días han alcanzado, afortunadamente, las garantías y derechos constitucionales así como los derechos humanos en general. Esto muestra un importante avance del reconocimiento de esos derechos, que hace imposible la concertación con el texto constitucional de disposiciones legales restrictivas de su alcance’ (considerando 17 del voto del Dr. PETRACCHI, en Fallos, 308:2268). “El hecho de que algunas instituciones jurídicas hayan regido los destinos de la sociedad durante siglos no les otorga por ello validez constitucional actual o un inmutable sustento jurídico. Una legislación no puede ser juzgada, en el marco de una sociedad democrática no confesional como la nuestra, por su grado de antigüedad o ancestralidad, sino por el modo en que organiza las relaciones sociales de modo compatible con el sistema internacional de derechos humanos que se ha adoptado como paradigma de convivencia plural. La esclavitud, la pena de muerte, la conculcación de derechos civiles y políticos de la mujer, la cruel estigmatización jurídica de niños inocentes en razón de su nacimiento, entre muchas otras, hoy nos parecen instituciones aberrantes y fueron sin embargo la regla durante largos siglos de oscuridad. “9.2.f. Por último, no merecen mayores comentarios las alusiones al fundamento de la prohibición en crisis en un supuesto ‘orden natural’ (ver SOSA ARDITI, ENRIQUE, ¿Es inconstitucional el orden natural?, el Dial DC 126E). El carácter de ‘natural’ o no de una forma institucional, si es que alguna de ellas puede tenerlo en tanto construcciones socioculturales del hombre, no le otorga ni la priva de fundamento jurídico alguno. “10.Como ha quedado expuesto en los considerandos precedentes, ya sea desde la perspectiva de la protección del derecho a la autonomía personal o desde el derecho a la igualdad en función del de no discriminación, la reglamentación del derecho a contraer matrimonio contenida en los artículos 172 y 188 del Código Civil no supera el control de constitucionalidad en cuanto aniquila ese derecho respecto de los actores sin que se presenten las circunstancias que podrían tornar jurídicamente tolerable dicha prohibición. “Es que, excluido todo fundamento religioso por el hecho de que como se indicó, si se usara tal argumentación, ella conduciría per se a la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas por la violación de la libertad de creencias religiosas que nuestra Constitución establece, no resulta posible hallar ninguna razón que permita privar del ejercicio recíproco de este derecho de modo absoluto a los actores. “Así, la reglamentación legal del derecho contenido en el artículo 20 de la CN y pactos internacionales, no sólo lo altera si no que lo suprime respecto de los actores en orden a su orientación sexual y, por lo tanto, conculca la restricción que para la reglamentación de los derechos estatuye el artículo 28 de la Constitución nacional”.
En conclusión, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que ahora se encuentra sujeto a la revisión del Senado, al reconocer el derecho de las parejas formadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio no hace más que cumplir con un mandato constitucional que la redacción actual del Código Civil está violando. No es posible prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin violar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la misma, y así lo han dejado en claro distintos jueces, juristas y profesores de derecho, algunos de los cuales han concurrido a las audiencias realizadas en el Congreso para el debate de esta ley.
17 www.lgbt.org.ar *** Por último, recordemos que estas decisiones de la justicia argentina no son originales ni novedosas en el escenario del derecho internacional. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Sudáfrica por una reforma legal que nació a partir de un fallo de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio de aquel país por excluir a las parejas del mismo sexo, basándose en principios de la constitución sudafricana que son análogos a los que están presentes en la constitución argentina. Lo mismo sucedió en distintos estados de Canadá –hasta la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal por decisión del parlamento– y en distintos estados de los Estados Unidos donde dicha legalización se produjo en forma directa por la vía judicial. A modo de ejemplo, incluimos aquí el caso de Sudáfrica, el único en el que la declaración de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio se produjo a nivel federal. Lo que los jueces se preguntaron para arribar a una sentencia fue: “¿Constituye la negativa a las litigantes, así como a otras parejas en la misma situación, a acceder al matrimonio una discriminación del Estado basada en su orientación sexual? Y si esto es así, ¿cuál es la forma más apropiada de remediarlo que puede ordenar esta Corte?” Los cinco jueces de la Corte concluyeron que la exclusión de las parejas de personas del mismo sexo de la definición de matrimonio de la “ley común” era discriminación hacia esas parejas. Las razones para llegar a esa conclusión se diferenciaron en distintos aspectos importantes, resultando en diversas formas de abordar el tema, pero en todos los casos la conclusión fue la inconstitucionalidad. Entre los fundamentos del voto del juez Sachs encontramos los siguientes:
“La capacidad de optar por el matrimonio aumenta la libertad, la autonomía y la dignidad de una pareja. Esto ofrece la opción de, anotando un estado honorable y profundo, dar reconocimiento social y legal, protegido por muchos privilegios y asegurado por muchas obligaciones automáticas. También ofrece un lugar de resguardo social y legal para el amor y el compromiso”. “El desarrollo legislativo ha reducido, pero no eliminado, las desventajas que las parejas del mismo sexo sufren. Mucho más profundo, la definición exclusoria de matrimonio ofende a gays y lesbianas porque implica un juzgamiento sobre ellos. Sugiere no sólo que su compromiso, relación y obligación de amor es inferior, sino que ellos/ellas nunca podrán se parte de la comunidad con igualdad que la Constitución promete crear para todos. Las demandantes no desean privar a nadie de derechos. Sólo quieren tener acceso para ellas mismas, sin ninguna limitación, como disfrutan los otros”. “La exclusión de las parejas de personas del mismo sexo de los beneficios y responsabilidades del matrimonio no es un inconveniente pequeño y tangencial resultante de unos pocas reliquias sobrevivientes de una sociedad prejuiciosa destinada a evaporarse como la bruma de la mañana. Representa una forma dura de decir indirectamente que las parejas de personas del mismo sexo son intrusas, y de alguna manera que esas parejas buscan protección y afirmación para sus relaciones íntimas en tanto seres humanos porque de alguna manera son menos que las parejas heterosexuales. Esto refuerza la hiriente noción de que lesbianas y gays deben ser tratados como una rareza biológica, seres humanos fallados o erróneos que no se enmarcan en una sociedad normal y que no clasifican por tanto para recibir el completo reconocimiento y respeto que nuestra Constitución dice asegurar para todos. Esto es una forma de decir que su capacidad de amar, comprometerse y aceptar responsabilidades es, por definición, menos loable de proteger que las de las parejas heterosexuales”. “Debe ser notado que el daño intangible a las parejas de personas del mismo sexo es más severo que las privaciones materiales. Para comenzar, ellos no están autorizados a celebrar su compromiso con
18 www.lgbt.org.ar el otro jubilosamente en un evento público reconocido por la ley. Están obligados a vivir una vida en estado de vacío legal en el cual sus uniones quedan desmarcadas de las fiestas y de los presentes, de las conmemoraciones, de los aniversarios que celebramos en nuestra cultura. En algunos casos, como la tradición señala, muchas parejas de personas del mismo sexo viven de una forma en la cual ambas partes se someten a las normas heterosexuales. Otras pueden querer evitar lo que consideran la rutinización y comercialización de sus relaciones más intimas y personales, y de acuerdo con esto no buscan ni matrimonio ni ninguna forma análoga. De todos modos aquí no se habla de la decisión que se tome, sino de que las opciones estén disponibles. Si una pareja heterosexual tiene la opción de casarse o no, entonces una pareja de personas del mismo sexo debe tener la misma opción para alcanzar el estatus y adquirir los derechos y responsabilidades a la par de aquellos que poseen los heterosexuales. Si seguimos este razonamiento, teniendo en cuenta la importancia y centralidad que atribuyen nuestras sociedades al matrimonio y sus consecuencias en nuestra cultura, el negar este derecho a las parejas de personas del mismo sexo es negar el derecho a la autodefinición en una forma profunda”.
La Corte Constitucional falló que “La definición de matrimonio de la ley común es declarada incongruente con la Constitución e inválida por entender que no permite a las parejas de personas del mismo sexo disfrutar del status y los beneficios, junto con las responsabilidades que gozan las parejas heterosexuales” y emplazó por doce (12) meses al Congreso para que corrija el error en la ley. Argumentos similares fueron sostenidos por varias cortes supremas o tribunales superiores estaduales de Estados Unidos y Canadá, que fallaron en el mismo sentido, declarando la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus jurisdicciones. En Canadá, cuando el parlamento nacional legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, este ya era legal, por decisión de la justicia, en varias provincias, y había miles de parejas casadas por autorización judicial. 5. EL CARÁCTER FEDERAL DE LA LEY DE MATRIMONIO PARA TODOS Y TODAS “Le pregunto a usted, señora presidenta, qué piensa el pueblo de su provincia, Mendoza, y pregunto lo mismo a los otros señores diputados de la misma provincia”, dijo la diputada Cynthia Hotton durante el debate parlamentario de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en la Cámara de Diputados. La pregunta de la diputada, una ferviente opositora a este proyecto, hacía referencia a una hipótesis prejuiciosa que se ha repetido mucho en los últimos tiempos: que esta ley responde a un reclamo porteño y de algunas grandes ciudades, pero no representa las necesidades y los sentimientos de los habitantes del resto del país. Antes que nada, debemos recordar que existen argentinos y argentinas lesbianas, gays, bisexuales y trans en todas las provincias, en todas las ciudades, y que constituyen parejas que tienen el mismo derecho a casarse que quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses, a partir de una campaña de acciones legales lanzada por la Federación Argentina LGBT, decenas de parejas de todas las provincias del país han presentado recursos de amparo en la justicia para casarse. Cinco parejas lo han conseguido y, si bien el primer matrimonio entre dos hombres en Argentina y América Latina se produjo en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, gracias a la decisión valiente de la gobernadora Fabiana Ríos –que puso la Constitución, los derechos humanos y sus convicciones democráticas por encima de las presiones recibidas–, la verdad es que los fallos por los que ya se casaron cinco parejas del mismo sexo fueron todos resueltos por jueces de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras este texto termina de corregirse, el fallo de un tribunal de La Plata, provincia de Buenos Aires, que autoriza un sexto casamiento –el segundo entre dos mujeres–, queda firme por la decisión del gobernador Daniel Scioli de no apelarlo, decisión que aplaudimos. Es el primer caso en esa provincia.
19 www.lgbt.org.ar Aún no hay ninguna sentencia favorable en el resto del país. Sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay una mayoría de jueces y juezas que comparten los fundamentos de los fallos de Seijas, Liberatori y Scheibler antes citados. Pero sabemos también que en buena parte del resto del país, la presión de ciertas corporaciones es muy fuerte y es más difícil que un juez se anime a contradecir los deseos del obispo de su ciudad. La sanción de esta ley, entonces, es también una apuesta por la federalización de la igualdad de derechos, para que gays, lesbianas, bisexuales y trans de muchas provincias no tengan que elegir entre irse a vivir a Buenos Aires –en el caso de que puedan hacerlo–, abandonando su tierra, alejándose de sus familias, de sus amigos, de la comunidad que los vio crecer, o quedarse allá renunciando a su ciudadanía, condenados a no tener derechos, a ser semi-ciudadanos, a renunciar a su dignidad como personas, a vivir sus vidas al margen de la ley. En un artículo del diario Crítica de la Argentina5 se publicaron testimonios de parejas de distintos lugares del país. Veamos sólo algunos ejemplos:
Si pudiéramos, nos habrían casado hace rato. Por supuesto que vamos a presentar el amparo”, dice Vanesa Ferrario, 28 años, productora de medios audiovisuales. Hace cuatro años y medio conoció a Lis Tealdi —la misma edad, cocinera profesional y escritora amateur— y se enamoraron tan rápido que en seis meses ya estaban bajo el mismo techo, en Córdoba Capital. —¿Por qué se quieren casar? —Porque nos amamos, porque somos tradicionales, porque tenemos fe en nuestra relación, porque queremos festejar nuestro amor, porque queremos compartir nuestra vida y nuestros derechos... —¿Qué significa para ustedes el matrimonio civil? —Significa una vida sin miedos ni prejuicios. Podríamos compartir nuestras ganancias y pobrezas, nuestras enfermedades y alegrías. No queremos formar una "sociedad legal" para comprobar que lo nuestro es nuestro, porque no queremos depender de la buena fe (que la hay y mucha, gracias a Dios) de nuestras familias para heredarnos. Si en un futuro tenemos hijos queremos que sean de las dos y necesitamos para eso el apoyo de la ley. Nos daría el derecho a compartir la obra social, a acompañarnos mutuamente en caso de enfermedad... algo que hoy no se nos permite porque "no somos parientes". Marcelo y Miguel son pareja hace trece años y hace once que viven juntos en Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Miguel es docente y Marcelo trabaja como administrativo en una escuela para adultos. “Este es un pueblo pequeño, con poca vida social. La mayoría de nuestros amigos de acá son heterosexuales, pero casi todo el pueblo nos conoce y sabe que somos una pareja de hombres. Eso no nos ha impedido vivir nuestra vida con tranquilidad, ya que somos muy respetados y queridos, quizás sea gracias a que vivimos sin ocultarnos de nadie ni mentir y somos buena gente”, explica Marcelo, que nació en Buenos Aires pero se fue a la provincia de la Presidenta para poder radicarse junto con el hombre al que ama. —Si fuera posible, ¿se casarían? —Los dos estamos de acuerdo con el matrimonio, aunque todavía no lo hemos planeado, quizás porque no queremos ilusionarnos con algo que no sabemos si será posible. Si existiera la posibilidad, por supuesto que lo haríamos. Estar casados nos permitiría proteger la pareja en situaciones en las que, de otro modo, estaríamos desamparados. No buscamos una unión amparada por la iglesia, ya que yo no soy religioso y además no creemos en la institución. Pero sí creemos en el matrimonio civil. Además, más allá de la decisión personal de casarnos o no, queremos sentirnos ciudadanos con los mismos derechos que el resto, y saber que si decidimos hacerlo, con un simple trámite podemos acceder a esta posibilidad.
BIMBI, BRUNO. “Yo me quiero casar, aunque sea con amparo”, en CRÍTICA DE LA ARGENTINA, 12-02-2010, pág. 18.
20 www.lgbt.org.ar Javier Ulla, de 20, y Roberto Suárez, de 23, son pareja hace un año y medio, pero quieren esperar a recibirse para vivir juntos. Viven en Santiago del Estero. Javier es profesor de inglés y va por la mitad de la carrera de Psicología, mientras que Roberto estudia diseño gráfico y coordina un taller en una escuela para niños con capacidades diferentes. “Preferimos esperar unos años más hasta que nuestras carreras estén finalizadas y podamos ser independientes de nuestras familias”, aclara Roberto. Sin embargo, la idea de casarse ya está en sus planes: “Es algo que soñamos hace rato y el Estado tiene la obligación de darnos el marco legal para que podamos hacerlo”, explican. —¿Qué le dirían a los legisladores que deben tratar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo? —Que se pongan en la posición de padres y que imaginen cómo se sentirían sus hijos estuviesen en nuestro lugar. O inclusive que ellos mismos se pongan en nuestro lugar. No hay que confundir el matrimonio civil con el religioso. Que no esté permitido el matrimonio para personas del mismo sexo es una manera de invisibilizar nuestros derechos y, sobre todo, nuestro amor. Vecinas de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Mariela y Elena conviven en una relación estable hace siete años. Mariela tiene 32 años y es abogada, Elena tiene 33 y es periodista. “Queremos casarnos porque nos amamos, y además entendemos que el estado debe reconocer nuestros derechos como ciudadanas iguales ante la ley. Tributamos, trabajamos, hacemos nuestro aporte y cumplimos con la sociedad como cualquier otro. No gozar de los mismos derechos nos coloca en una situación de inferioridad”, dice Elena.
Los senadores y senadoras de cada una de las provincias tienen la obligación de legislar también para esos ciudadanos y ciudadanas, que tienen derecho a no ser discriminados por su orientación sexual y, también, por el lugar donde les tocó nacer. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no sólo servirá para que muchas parejas puedan casarse y tener los mismos derechos que los demás. También servirá para que puedan celebrar sus bodas en sus pueblos, invitar a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Servirá para que ya no necesiten jugar a las escondidas con los demás. Y servirá, así, a mediano plazo, para terminar con los prejuicios y la desinformación que permiten, hoy, que esas personas, además de no tener derecho a casarse, sufran muchas la discriminación y el maltrato en el seno de sus familias, en sus trabajos o en los lugares donde viven. Servirá para construir un país mejor, de Ushuaia a La Quiaca, en cada rincón de la Argentina donde un ciudadano o una ciudadana cuyos derechos estaban negados vea, por fin, reconocida su ciudadanía. 6. LOS MISMOS DERECHOS CON LOS MISMOS NOMBRES. NI GUETOS NI APARTHEID: NO A LA UNIÓN CIVIL Frente a la posibilidad de que se sancione la ley de la igualdad y se termine con la exclusión inconstitucional de las parejas del mismo sexo en el acceso al instituto del matrimonio civil, algunos sectores políticos proponen sancionar, como alternativa, una ley de “unión civil” o “enlace civil” nacional que reconozca algunos, casi todos o inclusive todos los derechos que el matrimonio reconoce (demostraremos que esta última opción es, en realidad, imposible), pero con otro nombre. Si la propuesta fuese legislar la unión civil para las parejas homosexuales con parte de los derechos que el matrimonio reconoce, pero no todos, sería discriminatoria, entre otras cosas, por esa distinción excluyente. Si la propuesta fuese que la unión civil para las parejas homosexuales reconociera todos y cada uno de los derechos que reconoce el matrimonio, es decir, que se cree una institución paralela, idéntica al matrimonio, y se distinga a la población, por su orientación sexual, entre quienes pueden acceder a una institución o a la otra, se trataría de un absurdo, inédito en nuestro ordenamiento jurídico. Y sería, claro está, una ley profundamente discriminatoria, porque estaría trazando una línea simbólica
21 www.lgbt.org.ar que clasificaría a los argentinos y las argentinas en dos grupos que recibirían un tratamiento diferenciado de parte del Estado: homosexuales de un lado, heterosexuales del otro. Como negros y blancos, hombres y mujeres, judíos y no judíos, nativos e inmigrantes, etc. Esas clasificaciones ya se han probado a lo largo de la historia con terribles consecuencias. Por otra parte, aun cuando se estableciera por ley que las personas unidas civilmente tengan los mismos derechos que hoy tienen reconocidos en el Código Civil quienes contraen matrimonio, sería imposible impedir que esas dos instituciones garanticen para siempre esa igualdad declamada, ya que los derechos que el matrimonio reconoce no provienen sólo del Código Civil, sino también de otras leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, resoluciones administrativas de distintos organismos públicos e instituciones privadas, jurisprudencia, etc. Los caminos se bifurcarán rápidamente y la segregación que la ley-gueto busca producir en el plano simbólico se trasladaría pronto al plano material, perpetuando la desigualdad en todos sus términos. Por todo eso, la Federación Argentina LGBT reclama “los mismos derechos con los mismos nombres” y repudia enérgicamente los proyectos de ley-gueto de “unión civil”, “enlace civil” o cualquier otro que pretenda establecer una clasificación de seres humanos en virtud de su orientación sexual, negándoles a unos lo que se les reconoce a otros o enviándolos al apartheid de un instituto jurídico diferenciado para el reconocimiento de sus matrimonios “con otro nombre”. Pero debemos decir también que, curiosamente, quienes impulsan la unión civil homosexual jamás habían propuesto antes algo semejante y algunos de ellos inclusive se opusieron a leyes locales de unión civil como la ley 1004 de la Ciudad de Buenos Aires. La “unión civil” a nivel nacional, lejos de proponerse como un avance para los derechos humanos, se plantea como una forma de contener ese avance, de limitarlo lo más que se pueda. Lo mismo ha sucedido en otros países. En España, por ejemplo, los diputados y diputadas del Partido Popular –heredero del franquismo– votaron 31 veces en contra de proyectos de ley de “unión civil” durante todo el período en el que tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas y, cuando el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero presentó al parlamento el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y vieron que sería imposible impedir su aprobación, salieron a proponer una ley de “unión civil” como alternativa, proclamando que lo que buscaban era el “consenso”. Del mismo modo, en Portugal, los partidos PSD y CDS/PP se habían opuesto, años atrás, a extender los beneficios que la ley reconoce a las parejas “de hecho” de distinto sexo, para que incluyeran también a las parejas “de hecho” del mismo sexo. Pero cuando la Asamblea de la República comenzó a debatir una ley –que felizmente fue aprobada- legalizando el casamiento civil entre personas del mismo sexo, esos mismos partidos se opusieron y ofrecieron a cambio una “unión civil”, es decir, “un poco más” que lo que habían rechazado años atrás. Es decir que van cambiando su posición a medida que el debate por la igualdad progresa. Cuando el debate era por el reconocimiento de una igualdad material parcial, que incluía sólo algunos derechos y ningún nombre, se oponían inclusive a eso. Cuando el debate avanzó hacia la igualdad material y simbólica, incluyendo los derechos y el nombre, aceptaron los derechos y se opusieron al nombre. La "unión civil", entonces, queda claro, nunca se propone como un avance de derechos, aunque con mucha hipocresía se proclame que esa es la intención, sino siempre como una represa para contener el avance de la igualdad, como se contiene el avance del agua. Lo que les molesta no es el nombre, sino la igualdad. Sienten que necesitan frenarla lo más que sea posible Así les respondía en el debate parlamentario español la diputada Uría Etxebarría6, del Grupo Parlamentario Vasco, a los/as legisladores/as del PP que rechazaban el matrimonio entre personas del mismo sexo y proponían que se aprobara una ley de unión civil: “Ustedes hablan de un contrato de unión civil con consecuencias jurídicas determinadas, nosotros hablamos de la igualdad real. (...) Hablan de 6
CORTES GENERALES DE ESPAÑA. Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones. Sesión plenaria núm. 73, celebrada el jueves, 17 de marzo de 2005. Madrid: Cortes Generales, 2005.
22 www.lgbt.org.ar regular las parejas de hecho. ¿No les parece un poco tarde? Creo que se han rechazado hasta 31 iniciativas por mayoría absoluta. Como llegan tarde, como siempre, y obligados, ahora para intentar boicotear y paralizar este procedimiento, este proyecto de ley y algún otro (...), hablan de impulsar esas uniones de hecho sobre las que han votado en contra hasta hace cuatro días, impidiendo que la voluntad del resto de la Cámara pudiera abrirse camino”. En el mismo sentido, el senador socialista Díaz Tejera7 decía: “¿A qué se debe tal batalla por la palabra? Si se dice que ahora se busca —no durante los últimos ocho años, porque la lengüita se la había comido el gatito durante los últimos ocho años— la equiparación en materia de derecho sucesorio, de derecho tributario, (...), si se dice todo esto, ¿por qué cuando se dice ‘podemos equipararlos en todo’, existe ese temor al uso de la palabra? ¿Es sólo un debate nominal? ¿Es un debate en torno al nomen, a llamarlo o no matrimonio? No entiendo qué sentido tiene”. *** Ahora bien, ¿qué es la “unión civil”? En nuestro país, la unión civil, que existe en la ciudad de Buenos Aires y algunas ciudades del interior, es una institución de alcances locales y muy limitados. La mayoría de los derechos que vienen con el matrimonio –obra social, crédito conjunto, herencia, derechos migratorios, régimen patrimonial, etc.– no están incluidos ni podrían estarlo, porque dependen de las leyes nacionales. Matrimonio y unión civil son, entonces, dos instituciones diferentes. La existencia de un instituto con ese nombre en la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones se debe a que las provincias o municipios, en la Argentina, no pueden legislar sobre matrimonio, como sí pueden hacerlo los estados o provincias en otros países, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en parte del territorio nacional (por ejemplo, Ciudad de México DF, en México; Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Maine, New Hampshire y Washington DC, en Estados Unidos). Lo mismo había sucedido en algunas comunidades autónomas de España cuando no había legislación nacional, y en Rio Grande do Sul, en Brasil, al igual que en otros lugares del mundo. Pero ahora que los derechos civiles de las parejas formadas por personas del mismo sexo están siendo discutidos en el parlamento nacional argentino, que es el que legisla sobre matrimonio civil en nuestro país, lo que se propone es eliminar la cláusula discriminatoria que impide que dos varones o dos mujeres se casen. Llamarle “unión civil” o "enlace civil" o de cualquier otra forma especial a nuestros matrimonios sería una forma de insinuar que no valen lo mismo. Y, en consecuencia, que las personas gays y lesbianas que sólo pueden acceder a esos “matrimonios de segunda” también son “personas de segunda”. Cuando una persona homosexual alquila un departamento, firma un contrato de “alquiler”, no de “vínculo inmobiliario homosexual”; del mismo modo, cuando se casa, no hay razón para ponerle otro nombre a su matrimonio, como no habría razón para prohibirles a los negros o a los judíos que se casen y establecer una “ley de unión civil de negros” o una “ley de enlace civil de judíos”. La época de los bares para blancos y los bares para negros felizmente acabó en aquellos países donde existía, y no existe ninguna razón aceptable para incorporar a nuestro sistema de derecho ese tipo de modelos segregacionistas. La comparación anterior tiene fundamentos históricos. El matrimonio civil nace, en la Argentina, a partir fundamentalmente del reclamo de parejas que se encontraban privadas del derecho a casarse porque no profesaban la religión católica. Benancio Perdía y Josefa Pando, allá por 1887, fueron a la justicia como decenas de parejas homosexuales lo están haciendo ahora, para solicitar que el Registro Civil
CORTES GENERALES DE ESPAÑA. Senado. Diario de Sesiones. Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 22 de junio de 2005. Madrid: Cortes Generales, 2005.
23 www.lgbt.org.ar autorizara sus casamientos. El dictamen del procurador general Eduardo Costa explica que “dicen ser ambos miembros de la iglesia llamada ‘Bautista’, cuyos ritos no reconocen otra ley que la del Registro Civil”. Había, como ahora, muchos matrimonios a los que la ley no reconocía, porque no eran católicos. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, las leyes prohibían a negros y blancos casarse entre sí. Los matrimonios interraciales eran considerados “antinaturales e inmorales”. La jueza Seijas cita en su fallo antes mencionado una sentencia de 1966, de un tribunal de instancia del estado norteamericano de Virginia, que decía: “Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó en continentes separados. El hecho de que Él separase las razas demuestra que Él no tenía la intención de que las razas se mezclasen”8. La palabra “matrimonio” puede ser inclusive más importante que los propios derechos que el matrimonio reconoce, algunos de los cuales podrían conquistarse por otras vías. Porque mientras el Estado no reconozca las relaciones de pareja entre dos hombres o dos mujeres y las familias que estas parejas forman en igualdad de condiciones, con los mismos derechos, la misma dignidad y el mismo respeto, habrá un mensaje simbólico muy fuerte, emanado de la autoridad pública, que dice que esas parejas, y por lo tanto quienes las forman, no merecen el mismo respeto como personas. Y está claro que eso es lo que quieren quienes se oponen, como cuando en España se aprobó el voto femenino y algunos planteaban que no se llamara “voto”, sino “derecho a la participación política de la mujer”, porque “el voto es un atributo esencialmente masculino”. Como bien explicó en el debate en la Cámara de Diputados el legislador Felipe Solá, “el término ‘matrimonio’, que encierra un valor prohibitivo para los varones y mujeres de buena voluntad que están en este recinto y que no quieren seguir discriminando a nadie, es justamente el término que implica igualdad de derechos para aquellos que no eligieron su sexualidad, que son homosexuales y que quieren tener la posibilidad de casarse. La palabra ‘matrimonio’ es la única que ellos sienten que puede devolverles el derecho pleno”. Alguien podrá decir que pretende crear una institución diferente del matrimonio porque considera que sería una mejor opción para todas las parejas, del mismo o de distinto sexo. Es legítimo pensarlo. Pero, en ese caso, la construcción de alternativas jurídicas al matrimonio debe ser un debate de toda la sociedad que no debe mezclarse con el debate de la inclusión de las parejas del mismo sexo a la figura que existe hoy. Una vez que todas las parejas tengan acceso al matrimonio en igualdad de condiciones, discutamos todas las alternativas que cada sector quiera plantear, y que esas alternativas sean para todas las parejas, heterosexuales u homosexuales. Que cada pareja elija, si se da el caso de que el Congreso legisle sobre opciones diferentes. Lo que no puede haber es una institución exclusiva para unos y un "premio consuelo" para los excluidos, ni una ley especial para homosexuales. Eso sería mandarnos al gueto, con el triángulo rosa cosido en la camisa. Discutir otras opciones cuando se reclama igualdad jurídica es sospechoso de que el único y verdadero objetivo de esa discusión sea mantener la discriminación. Igual de insultantes resultan las propuestas que buscan sacar la palabra matrimonio del Código Civil en el contexto de este debate sobre los derechos civiles de las parejas homosexuales, arguyendo que el matrimonio “es un sacramento” (lo cual desconoce la diferencia entre matrimonio civil y matrimonio religioso) o que la palabra matrimonio “le pertenece a la iglesia”, un verdadero disparate lingüístico en términos generales e histórico en términos particulares9. Dicen que no discriminan, ya que proponen sacarla para todos los casos, no sólo para las parejas del mismo sexo. Pero cualquiera puede
La fuente citada por Seijas es: Daniel Borillo, Homofobia, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2001, pág. 41, nota 40. El matrimonio existe en diversas culturas y civilizaciones desde mucho antes que la iglesia católica, o inclusive el cristianismo. La iglesia lo adoptó tardíamente como sacramento en lo que no fue ni más ni menos que una decisión política y económica, luego de haber pasado siglos sin que formara parte de su liturgia.
24 www.lgbt.org.ar darse cuenta de que no es casualidad que lo propongan justo ahora. El mensaje parece ser: “con tal de que ustedes no puedan contraer matrimonio civil, preferimos que nadie pueda hacerlo”. Pero veamos algunos de los argumentos, todos absolutamente falaces, que se esgrimen para sostener que no puede usarse la palabra “matrimonio” para designar las uniones legales entre personas del mismo sexo (como ya lo hacen Sudáfrica, España, Portugal, Canadá, Suecia, Bélgica, Holanda, Noruega, la Ciudad de México y los estados norteamericanos de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Maine, New Hampshire y Washington DC). Dicen, por ejemplo (y les respondemos): “El matrimonio, según el diccionario de la Real Academia Española, es la ‘unión de hombre y mujer’, de modo que llamar matrimonio a las uniones de dos hombres o dos mujeres va en contra de nuestra lengua”. Las lenguas van cambiando porque cambian las sociedades que las usan y en los diccionarios de hace cien años había definiciones que hoy nos resultarían extrañas. Los diccionarios siempre llegan tarde, cuando los cambios en la lengua ya se produjeron, y pueden reflejar los prejuicios de las personas que los hacen: una de las definiciones para “judeu” (judío) en el diccionario Aurélio de la lengua portuguesa es “individuo avaro y usurero” y la palabra “bajar”, según la RAE, no tiene nada que ver con archivos e internet. Cuando se estaba debatiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en España, Beatriz Gimeno —ex presidenta de la FELGT— dijo que “los diccionarios tendrán que adaptarse a la realidad y no la realidad a los diccionarios”, y el tiempo le dio la razón: el Institut d'Estudis Catalans y la Acadèmia Valenciana de la Llengua ya cambiaron las definiciones de los diccionarios del catalán y el valenciano, teniendo en cuenta que en Cataluña y Valencia hay muchos matrimonios homosexuales, legales desde que España aprobó la nueva ley en 2005. A la Real Academia no le quedará otra que actualizar también su diccionario del castellano, como sus propios integrantes ya se encargaron de advertir. “La palabra matrimonio viene de de mater, que significa madre, de modo que jamás podría haber matrimonio entre dos hombres”. Eso no explicaría la oposición al matrimonio entre dos mujeres, pero vamos al punto. Matrimonio viene de mater, pero también de monĭum, que significa gravamen, por la mayor carga que llevaba la mujer, según la idea de matrimonio que tenían los antiguos: los matrimonios de hoy son diferentes a los de la época del Imperio Romano. Pero si nos rigiéramos por la etimología para determinar los alcances de una institución jurídica, el 'patrimonio' y la 'patria potestad', que vienen de pater, deberían ser exclusivos de los varones, como de hecho lo eran antiguamente; el 'salario' debería pagarse en sal y a eso que cobramos en dinero tampoco podríamos llamarle 'sueldo', que era la retribución que recibían los soldados. Por otra parte, para ganarnos el pan tendríamos que someternos a la tortura, ya que 'trabajo' viene de tripaliare, que significa “castigar con el tripaliu”. 'Familia', otra palabra importante para este debate, viene de famulus, que significa sirviente o esclavo, y era antiguamente el conjunto de las propiedades del pater familias, incluyendo esclavos y parientes. “La finalidad del matrimonio es la procreación, el cuidado de los hijos y la preservación de la especie”. Si así fuera, debería prohibirse el matrimonio a las personas estériles o a las mujeres después de la menopausia. Sería necesario instaurar un examen de fertilidad previo al casamiento y que cada pareja jure que va a procrear, bajo pena de nulidad si no lo hiciere en un determinado plazo. ¿Y las parejas de
25 www.lgbt.org.ar lesbianas que recurren a métodos de fertilización asistida para procrear? Lo cierto es que las personas no se casan para tener hijos. Se casan porque se aman, tienen un proyecto de vida en común y quieren recibir la protección que la ley garantiza a los cónyuges. Algunas parejas se casan y nunca procrean, porque no pueden o no quieren, y otras tienen varios hijos sin casarse nunca. Como vemos, todos los argumentos que se esgrimen contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, a medida que los analizamos, demuestran ser insostenibles, fundados en la homofobia, el prejuicio y la desinformación. Hay también otros argumentos, de carácter puramente religioso, que analizaremos en el apartado siguiente, pero al respecto adelantamos: lo que está en discusión es el matrimonio civil. *** Hay algo más que nos parece importante resaltar con respecto al debate “lingüístico” en relación a la palabra “matrimonio”. La prueba de que todos los argumentos que centran su oposición en la palabra son falsos e hipócritas está en el debate legislativo de la ley de casamiento entre personas del mismo sexo en la Asamblea de la República de Portugal. En ese país, a diferencia de lo que sucede en España o la Argentina, el nombre de la institución que figura en el Código Civil es “casamiento”. El código usa “casamiento” y “matrimonio” en forma alternativa en varios artículos –como también hacemos, de hecho, los hispanohablantes, en nuestro lenguaje coloquial–, pero los títulos, la definición y el nombre oficial en el derecho portugués es “casamiento”, que es por otra parte la palabra más usada en el lenguaje cotidiano. ¿Qué pedían los sectores que se oponen a los derechos de las parejas homosexuales en Portugal? ¡Que no se llamara “casamiento”! Y ahí no podían decir que casamiento viene de mater10, ni que en su origen etimológico está la maternidad, ni que es un “sacramento” –de hecho, el código civil de Portugal diferencia expresamente el casamiento católico del civil, otorgándoles valor legal a ambos–, ni ninguna de esas cosas, que son, como vemos, meras excusas. Si en algún país el matrimonio de las parejas heterosexuales se llamara actualmente “unión civil”, seguramente propondrían que las “uniones civiles” de las parejas homosexuales se llamaran de otro modo. El único objetivo, el único sentido y la única lógica de ponerle otro nombre es continuar discriminando, mantener, como sea, en la ley, una clasificación que sirva para legitimar otras formas de discriminación y mantener a lesbianas, gays, bisexuales y trans en un estatus jurídico inferior, como menos personas que los heterosexuales. Así respondió, en el debate en la Asamblea de la República, el primer ministro de Portugal, José Sócrates, a quienes no querían que el casamiento entre personas del mismo sexo se llamara casamiento: “Falemos claro: o que acontece é que essa proposta mantém a discriminação, e uma discriminação tanto mais ofensiva quanto, sendo quase inútil nos seus efeitos práticos, é absolutamente violenta na exclusão simbólica, porque atinge pessoas na sua dignidade, na sua identidade e na sua liberdade. Srs. Deputados, em matéria de dignidade, de identidade e de liberdade, pela minha parte, não aceito ficar a meio caminho. (...) E o desafio que está aqui lançado é o de que o PSD responda a esta singela pergunta: por 10
De hecho, "casamiento" viene de casa, lo que ya de por sí demuestra que es estúpido recurrir a la etimología para estos debates, ya que entonces, dos estudiantes que comparten la casa deberían, "etimológicamente hablando", poder casarse, aunque no sean pareja. Otro detalle: el verbo casar fue transitivo mientras los padres eran quienes "casaban" a los hijos, que no decidían sobre sus casamientos. Ahora es pronominal -pseudo reflexivo o recíproco-, es decir, usamos la forma "casarse", porque el que se casa es quien decide, es decir, no nos casan, sino que nos casamos. Curiosamente, en portugués, el verbo "casar" puede usarse con o sin pronombre reflexivo, con el mismo sentido intransitivo: "Ele casou" o "Ele se casou".
26 www.lgbt.org.ar que razão é que não se pode chamar casamento? Eu respondo: por causa do preconceito, por causa da insensibilidade, porque não há qualquer outra razão” (“Hablemos claro: lo que sucede es que esa propuesta mantiene la discriminación, y una discriminación tanto más ofensiva, porque siendo casi inútil en sus efectos prácticos, es absolutamente violenta en la exclusión simbólica, porque alcanza a las personas en su dignidad, en su identidad y en su libertad. Sres. diputados, en materia de dignidad, de identidad y de libertad, por mi parte, no acepto quedar a mitad de camino. (...) Y el desafío que está aquí lanzado es que el PSD responda a esta simple pregunta: ¿Por qué razón es que no se puede llamar casamiento? Y yo respondo: por causa del prejuicio, por causa de la insensibilidad, porque no hay ninguna otra razón”)11. 7. EL MATRIMONIO CIVIL Y LAS RELIGIONES La jerarquía de la iglesia católica, así como otras iglesias y algunos sectores políticos han pretendido instalar un debate religioso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, la Conferencia Episcopal Argentina y la Universidad Católica Argentina, como ya mencionamos, han entregado a los/as legisladores/as un documento en el que expresan su oposición a la ley que está siendo debatida y han solicitado audiencias para expresar su opinión. Reiteramos aquí una distinción crucial: lo que está en discusión no es el matrimonio religioso, sino el matrimonio civil. En nuestro país, como en el resto del mundo, hay personas que creen que hay un dios y otras que no creen. Hay quienes creen en un dios único y quienes creen en varios dioses. Hay quienes creen en el mismo dios, pero de maneras distintas. Hay quienes, desde la fe, leen los textos sagrados de sus religiones —la Biblia, por ejemplo— de una forma, y hay quienes los leen de otra forma, y hay muchos debates teológicos sobre lo que esos textos dicen acerca de la homosexualidad. Todo eso es legítimo, pero no forma parte del debate de las leyes. La ley civil debe ser para todos y todas, creyentes y no creyentes. No vivimos en una teocracia, sino en una democracia. *** La jerarquía de la iglesia católica –y decimos “la jerarquía” porque, como explicaremos más adelante, tenemos la convicción de que su opinión no es compartida por todos los que forman dicha iglesia, ni siquiera por la mayoría de ellos y, mucho menos, por los creyentes– se opone a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo con los mismos argumentos con los que, hace poco más de cien años, se opuso a la ley de matrimonio civil y, hace poco más de veinte, a la ley de divorcio vincular. Hagamos un poco de historia. El proyecto de Código Civil elaborado por Dalmácio Vélez Sársfield establecía, en su artículo 167, que “el matrimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades prescriptas por la Iglesia Católica”; en el 180, que “el matrimonio entre católico y cristiano no católico, autorizado por la Iglesia Católica, será celebrado como fuese de práctica en la iglesia de la comunión a la que perteneciere el esposo no católico”; el 181 declaraba nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes “disidentes” cuando uno de los esposos es católico, “si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico”; por último, el 182 establecía que los matrimonios entre cristianos no católicos o entre personas Diário da Assembleia da República. XI LEGISLATURA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2009-2010). REUNIÃO PLENÁRIA DE 8 DE JANEIRO DE 2010.
27 www.lgbt.org.ar que no profesan el cristianismo tendría todos los efectos de un matrimonio válido si fuese celebrado de conformidad con el Código Civil “y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieren”. Es decir: las personas que no profesaran ninguna religión o aquellas que profesaran una religión que no estuviera reconocida, no tuviere sacerdotes en el territorio nacional o no celebrara matrimonios no tendrían derecho a casarse12. Alberdi criticó duramente el proyecto de Vélez Sársfield por afectar los derechos de los inmigrantes “disidentes”. Antes de que el debate por el matrimonio civil llegara al Congreso Nacional, hubo avances en algunas provincias que fueron pioneras en esta materia. En 1867, un ciudadano santafesino que pertenecía a la masonería, Nicolás Fuentes, quiso casarse, pero el obispo le exigía como condición que abjurara públicamente de la masonería. Fuentes se negó y reclamó a la autoridad civil. Luego de este reclamo, el gobernador Nicasio Oroño decidió apoyar un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia por dos legisladores, para instituir el matrimonio civil en Santa Fe. La ley, sancionada el 26 de septiembre de 1867 y su reglamentación, decretada el 10 de octubre, establecían que el matrimonio civil, celebrado ante un juez, tendría validez aunque no tuviera consagración religiosa. El rechazo de la iglesia católica fue inmediato. En un documento que hizo público desde Paraná, el obispo Gelabert repudiaba la ley y afirmaba que todo matrimonio celebrado según la misma sería “nulo e inválido” y que ningún católico debía obedecer ni sujetarse a la nueva legislación civil. Decía también que quien se casara por civil “permanecerá en el miserable estado de un concubinato criminal”. El documento fue leído en las misas y llevó a un enfrentamiento de la iglesia con el gobierno, que mandó a arrancarlo de las puertas de las iglesias y ordenó arrestar a los párrocos que lo habían impreso, por llamar a desobedecer las leyes civiles. Llegó a haber un solo casamiento civil en Santa Fe. La presión para derogar la ley continuó y el gobernador Oroño acabó renunciando, aunque se ha dicho que fue por otras razones. Lo cierto es que la nueva legislatura derogó la ley. El matrimonio civil debería esperar unos años más. La primera reforma nacional en el camino hacia la secularización del matrimonio, que enfrentó al gobierno de Roca con la jerarquía de la iglesia católica, fue la sanción de la ley que creó el Registro Civil, donde deberían inscribirse a partir de entonces las uniones matrimoniales (que aún se celebrarían en las iglesias) para tener valor legal. La norma fue calificada como “obra maestra de sabiduría satánica” por monseñor Mamerto Esquiú, quien señalaba que los gobernantes que impulsaban esta ley “se han amamantado de los pechos de la gran prostituta, la Revolución Francesa”. Pero la nueva ley no solucionaba el problema de las parejas no católicas que quisieran casarse, quedando a mitad de camino. En 1885, luego de la creación del Registro Civil, una pareja de alemanes protestantes que se habían casado en el extranjero solicitaron al ministro del Interior, por carta, que se les permitiera inscribir su matrimonio o se los autorizara a casarse sin intervención de ninguna iglesia. El procurador general de la Nación, Eduardo Costa, a quien se derivó el reclamo, sostuvo en su dictamen que la ley debería haber previsto estos casos y recomendó la sanción de una nueva ley que los regulara o, “más naturalmente, el establecimiento del matrimonio civil”, dado que “mientras no sea permitido a católicos y protestantes y a los que no son ni católicos ni protestantes ni profesan religión alguna formar una familia sin abjurar de sus convicciones o sus creencias, están muy lejos de ser una realidad las más solemnes declaraciones de la Constitución y son mentidos los beneficios de la libertad que ella ofrece a todo el que quiera habitar el suelo argentino”. Más adelante, en 1887, una pareja (heterosexual) de religión bautista reclamó ante la justicia por su derecho a casarse pese a no ser católicos (ya los habíamos mencionado en el capítulo anterior: Benancio
Las citas textuales del proyecto de Vélez Sársfield, así como todas las citas textuales que incluimos en este apartado, referidas al período histórico que va de la sanción del Código Civil a la ley de matrimonio civil, fueron retiradas de CANCLINI, A. Sí, quiero. Historias y anécdotas del matrimonio en la Argentina. Buenos Aires, Emecé editores, 2005.
28 www.lgbt.org.ar Perdía y Josefa Pando), y el procurador Costa repitió las recomendaciones de su dictamen anterior. El cambio ya se venía: ese mismo año comenzó a debatirse la Ley de matrimonio civil, promulgada al año siguiente. La iglesia católica, enfurecida, calificó el matrimonio civil como “torpe y pernicioso concubinato” que provocaría “la destrucción de la familia”, y a la ley como “nefanda”. Un siglo después, en 1987, la jerarquía de la iglesia católica se opuso con similares argumentos a la Ley de divorcio vincular, anunciando (nuevamente), que provocaría “la destrucción de la familia”. Como recuerda un artículo del diario Perfil, “la primera reacción de la Iglesia Católica argentina ante la aparición de la Ley de divorcio fue contundente: organizó una marcha en plena Plaza de Mayo con la imagen de la Virgen de Luján a la cabeza. Y el Episcopado emitió un comunicado que clamaba que, ya que ‘el mal no se había podido evitar’, se difundiera lo menos posible. El divorcio, según el Papa, era una ‘epidemia social en Occidente’. Ya durante el debate previo, había cobrado cierta fama el entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñenovich, quien dijo que ese 3 de junio de 1987 había muerto ‘el matrimonio indisoluble’ y rogó a Dios que el país fuera liberado ‘del flagelo del divorcio’.”13 La familia no se acabó en 1887, ni tampoco en 1987. Las personas continuaron casándose y el sol continuó saliendo todos los días. A poco más de 20 años de la sanción de la ley de divorcio vincular, cuesta encontrar a alguna persona que crea que fue una decisión equivocada. Recordar aquellos debates sirve para reconocer algunas líneas argumentales, porque las mismas cosas que se dicen hoy sobre el matrimonio homosexual se dijeron ayer sobre el matrimonio civil o sobre el divorcio, y todas las catástrofes que se anunciaban no se produjeron. *** Hoy como ayer, los discursos catastróficos de la jerarquía de la iglesia católica contra los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y trans no son compartidos por la gran mayoría de los católicos: según la encuesta que citábamos al principio de este trabajo, realizada por la consultora Analogías, el 56% de quienes profesan alguna religión y el 72% de quienes dicen que sólo creen en Dios está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y, como sabemos, la mayoría de los creyentes, en nuestro país, son católicos. Pese a lo difícil que es expresar voces disidentes dentro de la iglesia, algunos sacerdotes ya han hecho pública su posición a favor de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Veamos algunos fragmentos de la declaración firmada por 12 sacerdotes católicos de la provincia de Córdoba, miembros del Grupo de Sacerdotes Enrique Angelelli, luego de la media sanción votada por la Cámara de Diputados:
Ante la posibilidad de una ley que permita a personas del mismo sexo ser ‘matrimonio’ y vivir profundamente el amor y la sexualidad, entendemos que aprobarla, acompañarla y profundizarla nos pone en el camino del Evangelio de Jesús. Un Jesús que nos ha revelado el rostro amoroso de su Dios. No necesariamente, ni siempre, la iglesia oficial y sus opiniones coinciden con el Evangelio. Este tema es uno de esos casos.”; ¿Quién podría negar que las personas del mismo sexo pueden vivir de manera adulta, libre y responsable su sexualidad? Nadie puede, y menos en nombre de Dios, afirmar que hay una sola manera de vivir la sexualidad y el amor. La naturaleza, rica en multiplicidad, también nos enseña que la diversidad no atenta contra ella, si no que la embellece. Citar a la ‘ley natural’ para oponerse a esta legislación es solo una posición fijista, dura, congelada, de la realidad pretendida como "natural", sin entender los complejos procesos culturales.”;
LARREA, AGUSTINA. A veinte años del divorcio, la primera pareja que pudo volver a casarse cuenta su historia. En: Diario Perfil, Año II Nº 0185.
29 www.lgbt.org.ar Entendemos que un legislador puede profesar profundamente su fe cristiana y católica y, a la vez, con total libertad de conciencia, pensar, definir y actuar distinto a lo que propone la jerarquía eclesial. En la Iglesia Católica no hay un ‘pensamiento único’, hay lugar para la diversidad y la pluralidad. Por otra parte, un legislador no legisla para la comunidad católica, legisla para toda la ciudadanía. No debiera ofender ni molestar a nadie, por el contrario, debiera ser motivo de alegría que las personas del mismo sexo, que tradicionalmente han sido objeto de burlas, discriminaciones, condenas, estigmas, anatemas, prejuicios y obligadas a vivir en la clandestinidad u ocultando sus más profundos sentimientos, hoy puedan sentirse libres y amparados por una ley de la Nación que les reconoce su derecho al amor y a la familia, no como una concesión de mala gana, sino como un derecho inalienable.
En el mismo sentido se había expresado ya, años atrás, el sacerdote cordobés Guillermo Mariani, en una entrevista concedida a la revista Veintitrés14, en la que afirmara que “no hay derecho a usar el prestigio social de la Iglesia para oponerse al matrimonio homosexual”. Mariani también se refirió en la entrevista a las dificultades que atraviesan muchos sacerdotes que opinan del mismo modo para hacer público su pensamiento: “El miedo, de modo particular en los más jóvenes, a las sanciones eclesiásticas descalificantes y excluyentes, cierra muchas bocas y muchos pensamientos. El pretexto es que no hay que exponerse públicamente a los manejos de la prensa y por eso hay que permanecer callados”. También, durante el debate en la Cámara de Diputados, varios rabinos judíos enviaron cartas a las comisiones de Legislación General y Familia solicitando la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. “Quiero expresar mi compromiso con la construcción de una sociedad sin discriminación. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans tienen completamente negados en nuestro país muchos de los derechos fundamentales que deberían ser reconocidos por la ley y garantizados por el Estado. Quiero dejar constancia de mi apoyo al tratamiento de los expedientes 1854-D-2008 y 1737-D-2009 (matrimonio gay) y su posterior sanción favorable por parte de ambas cámaras”, decía la carta que firmaron, entre otros, los rabinos Daniel Goldman, Sergio Bergman, Guido Cohen, Damián Karo y Alejandro Avruj, el presidente de Judaica, Marcelo Svidovski, el vicedirector regional para América Latina de la American Jewish Joint Distribution Committee, Alejandro Kladniew, y la directora de proyectos especiales de la misma entidad, Mónica Cullucar. Por su parte, la Iglesia Metodista Argentina expresó en una declaración oficial que, si bien no ha tomado una posición institucional sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ni a favor ni en contra, su consideración en el Congreso “nos desafía como cristianos a escuchar y comprender antes que juzgar y condenar. Por eso no adherimos como iglesia a ninguna campaña secular o religiosa que refuerce actitudes discriminatorias”. Estas voces muestran que el debate sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo no es un debate entre creyentes y no creyentes y que no todos los representantes de las religiones se oponen a la igualdad. Miles de lesbianas, gays, bisexuales y trans son creyentes y forman parte de distintas iglesias y hay, aquí como en el mundo, iglesias de distintas confesiones religiosas que no discriminan, sacerdotes católicos que, pese a las presiones de la jerarquía, no comparten la oposición de su iglesia a los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y trans, rabinos judíos y pastores protestantes que apoyan la igualdad, así como una inmensa mayoría de argentinos y argentinas que no creen que estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo vaya en contra de su fe, sea cual sea. Apoyar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo no es incompatible con profesar una religión. Los prejuicios no son culpa de ningún dios, sino de algunos hombres.
BIMBI, BRUNO. Entrevista al padre Mariani. En revista Veintitrés, 25-08-2005
30 www.lgbt.org.ar *** Hechas todas las aclaraciones anteriores, volvemos al punto de partida: lo que está en debate en el Congreso no es el matrimonio religioso sino el matrimonio civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación delimitó claramente ambas instituciones cuando debió resolver, en el caso Sejean c/ Zacks de Sejean, en 1986, sobre la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 23.930, que establecía la indisolubilidad del vínculo conyugal, impidiendo a las personas separadas que volvieran a casarse. Curiosamente, el reclamo no llegó a la Corte por una pareja que se quería divorciar sino por una pareja que se quería casar y no podía: Juan Bautista Sejean y Alicia Natalia Kuliba pretendían contraer matrimonio civil, pero la ley se lo impedía porque Sejean ya era casado, aunque estaba separado de quien había sido su esposa. Sejean, entonces, reclama que se declare disuelto aquel vínculo, para poder casarse con su nueva pareja. En su voto, el juez Petracchi deja sentado, con una amplia fundamentación, que el matrimonio civil no puede regirse ni estar limitado por las normas del matrimonio religioso, ya que se trata de dos instituciones diferentes:
El privilegio que, como religión de la mayoría de los habitantes del país, recibió la Iglesia Católica en la Constitución de 1853/1860 no importa, como observara Avellaneda (...), que aquélla sea establecida como religión del Estado. Y aun siendo innegable la preeminencia consagrada en la Constitución Nacional en favor del culto católico apostólico romano, al establecer la libertad de todos los cultos no puede sostenerse con su texto, que la Iglesia Católica constituye un poder político en nuestra organización, con potestad de dictar leyes de carácter civil como son las que estatuyen el régimen del matrimonio, según lo expresado por la Corte Suprema en el ya mentado precedente de Fallos, t. 53, p. 188 (consids. 11/4 y 61/4 ps. 208 y 209). El sentido pleno y manifiesto del art. 20 de la Constitución desde su origen ha consistido por lo tanto, en que nadie puede ser compelido directa o indirectamente a aceptar el régimen de condiciones y formas matrimoniales de contestación religiosa alguna. La consecuencia inevitable de esta concepción estriba en la imposibilidad de imponer reglas sobre la permanencia del matrimonio cuyo sustento sea una fe determinada. (...) La consagración de la libertad de conciencia en nuestra Constitución fue la que llevó a que, en el mensaje que acompañó el proyecto de ley 2393 al Congreso de la Nación, el entonces Presidente de la República, Miguel Juárez Celman afirmara: ‘Las leyes que reglamenten el matrimonio deben inspirarse en el mismo espíritu liberal de la Constitución para que sea una verdad la libertad de conciencia como promesa hecha a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino’. Sin embargo, el proyecto de ley luego sancionado establece en un artículo, cuya constitucionalidad está hoy sometida al tribunal, la indisolubilidad del matrimonio por divorcio, lo que evidentemente –como lo ha reconocido, por lo demás, la mayoría de la doctrina– importa recibir la concepción sostenida por la Iglesia Católica sobre ese vínculo. De tal forma la ley de matrimonio civil seculariza al matrimonio en cuanto a su celebración y jurisdicción, pero mantiene los cánones de una religión en particular en lo relativo a su disolución. Este doble carácter del sistema fue uno de los capítulos más intensos de la dura discusión parlamentaria que precedió la sanción de la ley 2393, en especial las intervenciones del senador Pedro Funes y del diputado Estrada, ambos opuestos al proyecto de ley, defensores del matrimonio canónico que pusieron de manifiesto la inconsistencia de la ley en este aspecto (Diario de sesiones, Diputados, año 1888, p. 397). La secularización parcial de la institución del matrimonio, que en el momento de la discusión parlamentaria el senador Pizarro calificó de eclecticismo, significa que la ideología liberal de nuestra Constitución sólo en parte se hace presente en la ley sancionada. Un similar fenómeno ocurrió en la misma época, con legislaciones de otros países cuyas instituciones guardan una fuerte semejanza con
31 www.lgbt.org.ar las nuestras, como puede observarse en el proceso legislativo del divorcio vincular en Francia frente a los postulados de la Iglesia Católica (Planiol, M. y Ripert, J., Tratado de derecho civil francés, t. II, ps. 369 y sigts., Ed. Cultural S.A.). Lo expuesto ilustra sobre la correspondencia lógica que existe entre el contenido constitucional expreso de la libertad de casarse y la exigencia de no imponer regla religiosa alguna concerniente a los efectos del matrimonio, y menos en lo atinente a la permanencia del vínculo. (...) La neutralidad religiosa de nuestra Constitución Nacional, que surge de la consagración de la libertad de cultos, podría pues resultar antagónica con la consagración aunque sea parcial, de los principios de una religión determinada. Esto ha llevado a decir a distinguidos intérpretes de nuestra Constitución todos los preceptos constitucionales de tónica cristiana –el art. 21/4 sobre el sostenimiento del culto católico, el art. 76 que establece el recaudo confesional para ser electo Presidente de la República, etc.– son decisiones políticas de orden transaccional (Sampay, Arturo E., La filosofía del iluminismo y la Constitución Argentina de 1853, p. 17, Ed. Depalma, 1944). O que según la Constitución Argentina el estado es laico, por más que se acuerde una preferencia o privilegio en favor del culto católico. Está separado de la Iglesia Católica, aunque la favorezca sosteniendo su culto (Sánchez Viamonte, Carlos, Manual de derecho constitucional, ps. 108 y sigts., Ed. Kapelusz). Puede afirmarse entonces que, para que una ley de matrimonio civil sea compatible con el sistema de libertad consagrado en nuestra Constitución, debe serlo también con la neutralidad confesional que ésta adopta, de modo tal que esa ley no obstaculice la plenitud de la garantía constitucional de profesar cualquier religión o no profesar ninguna. De este modo resultaría violatorio del art. 14 de la Constitución Nacional imponer coactivamente alguno de los principios de las diversas religiones que coexisten en nuestra sociedad, incluido el de la indisolubilidad del vínculo matrimonial prescripto por el credo católico, respecto de aquellos que no profesan esa religión. (...) Cabe recordar que, desde el punto de vista de la concepción sacramental del matrimonio que sustenta la religión católica, el matrimonio civil, tal como lo ha instituido la ley 2393, es contrario al derecho canónico pues éste reserva a la jurisdicción eclesiástica la regulación de fondo y forma en materia de matrimonios contraídos por personas sujetas a la ley de la Iglesia. Es contrario también a la doctrina de la Iglesia, ya que para los cristianos no existe otro matrimonio verdadero y lícito que el contraído conforme a las reglas de la Iglesia. Y finalmente, es contrario al derecho divino, desde que para los bautizados el matrimonio es, a la vez, contrato y sacramento por derecho divino (Canon 1016, Encíclica Casti connubii de Pío XI). Se puede entonces considerar el tema de la indisolubilidad del matrimonio civil desde el juego de las normas de nuestro orden jurídico sin vincularlo necesariamente a una confesión religiosa. De la misma manera se puede mantener la convicción religiosa de la indisolubilidad respecto al matrimonio celebrado en el contexto del orden religioso correspondiente, sin pronunciarse sobre el carácter de la indisolubilidad o no de una institución civil, que dicho orden religioso no reconoce como matrimonio15. 8.
UN DEBATE FALSO SOBRE LA ADOPCIÓN
Ante la falta de argumentos serios contra la igualdad de derechos civiles para las parejas formadas por personas del mismo sexo, se ha pretendido instalar un debate falso sobre la adopción, usando a los niños y niñas como excusa. Dicen que la ley aprobada por la Cámara de Diputados, ahora en proceso de revisión en el Senado, permitirá gays y lesbianas adoptar niños. Es mentira, porque esa posibilidad ya existe con la ley actual y no cambiará con la reforma al Código Civil que se encuentra actualmente en debate. Sejean c/ Zacks de Sejean, CSJN; LA LEY, 1986-E, 648
32 www.lgbt.org.ar Ninguna ley prohíbe la adopción a lesbianas, gays, bisexuales y trans, estén solos/as o en pareja, ni tampoco les prohíbe procrear, de modo que ya hay cientos de niños con dos mamás o dos papás. Lo que una persona gay o lesbiana no puede hacer, por no poder contraer matrimonio, es compartir la patria potestad de un hijo, natural o adoptivo, con su pareja, ya que no puede casarse16, lo cual no significa que no pueda convivir con el niño o niña y su pareja en el mismo hogar: esas familias ya existen, esos niños y niñas ya tienen dos mamás o dos papás, hoy, no son una hipótesis ni una idea, son de carne y hueso, y son cientos. Es decir, la ley que está en debate no “da derecho a los homosexuales a adoptar chicos” por una simple razón: la legislación actual ya reconoce ese derecho a todas las personas que cumplan con los requisitos que se establecen, ninguno de los cuales tiene relación con la orientación sexual o con el sexo de la pareja. Por otra parte, cabe recordar aquí que las adopciones deben otorgarse, en cada caso, teniendo en cuenta el interés superior del/la niño/a, como lo establecen la Convención sobre los derechos del niño (art. 21) y la Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (art. 3). Al igual que los heterosexuales, nosotros/as podemos adoptar individualmente, y la ley no nos pregunta si tenemos pareja, sino si cumplimos con los mismos requisitos que se le exigen a todo el mundo. Además, muchos gays –y sobre todo muchas lesbianas– tienen hijos biológicos. A veces son hijos de una relación anterior con una persona del sexo opuesto y, en el caso de las parejas de lesbianas, muchas veces son hijos concebidos por inseminación asistida con donantes conocidos o anónimos de esperma, recurso al que muchas mujeres heterosexuales con problemas de fertilidad, solas o en pareja, también recurren. Es decir que gays y lesbianas ya podemos tener hijos de distintas maneras, incluida la adopción. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión con relación a la adopción o la paternidad/maternidad de gays y lesbianas, en relación con el tratamiento de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo? Que cuando una pareja gay decide adoptar, al igual que le sucedería a una pareja heterosexual que no esté casada, el trámite de adopción se hace a nombre de uno/a de los/as miembros de la pareja, no de los/as dos, porque sólo pueden compartir legalmente la patria potestad de un hijo adoptivo las personas casadas. Se hace con el mismo procedimiento legal que las demás adopciones, cumpliendo un sinnúmero de requisitos, que incluyen visitas de asistentes sociales que conocen a los adoptantes (el/la adoptante legal y, si la tuviere, su pareja conviviente), se entrevistan con ellos, etc. No es fácil adoptar, para nadie, gay o hétero. Hay que cumplir muchos requisitos, y eso es correcto, por el bien del niño, que merece que el Estado se fije con cuidado a quién le encarga su crianza, cuidado y educación. También hay, muchas veces, trabas burocráticas y largas esperas que no están bien y que hay que cambiar, pero eso les pasa por igual a “papá y mamá”, “papá y papá” o “mamá y mamá”. La ley actual, en este punto, es la misma para todos. Del mismo modo, cuando una pareja de lesbianas tiene hijos, no por adopción sino por inseminación asistida, la ley reconoce como madre sólo a la que lo parió. Y cuando una persona gay o lesbiana tuvo hijos en una relación con alguien del sexo contrario y, por ejemplo, enviudó y luego comenzó una relación con alguien de su mismo sexo, su pareja no puede acceder a la co-adopción, en caso de que, por alguna razón, eso sea necesario para el bien del niño o niña. *** Esos chicos adoptados por parejas gays, o por parejas de lesbianas, o concebidos por inseminación asistida por lesbianas, o hijos, en la circunstancia que fuere, con dos papás o dos mamás, ya existen, son
Tampoco pueden hacerlo las parejas heterosexuales no casadas, pero la diferencia es que a las parejas del mismo sexo no se les permite casarse. De hecho, lo que cambia la ley que está en debate es la posibilidad de que las parejas del mismo sexo se casen, no la posibilidad de que adopten.
33 www.lgbt.org.ar una realidad, y sufren una enorme injusticia social, producto de que sus padres o madres no pueden casarse. Si su papá/mamá registrado muere, quedan huérfanos y su otro/a papá/mamá no existe para la ley. Un juez puede entregarlos a otro familiar o darlos en adopción a una nueva familia, desconociendo totalmente el vínculo con su otro/a papá/mamá, que se hizo cargo de su crianza, le cambió los pañales, lo/a educó y le dio amor y protección. Si muere el/la papá/mamá sin vínculo legal, no heredan nada. Si su papá/mamá legal no tiene trabajo, el/la otro/a no puede inscribirlos en la obra social, ni pedir el salario familiar. Si sus papás/mamás se separan, no tiene derecho a optar con quién quedarse, ni a un régimen de visitas con el/la otro/a, ni a reclamarle a este/a último/a asistencia alimentaria. Pero esas son situaciones extremas, vamos a cosas inclusive más cotidianas y comunes. Uno/a de sus papás/mamás no puede ir a la reunión de padres de la escuela, no puede firmar el boletín, no puede autorizarlo a ir a una excursión con la maestra, no puede firmar el consentimiento para que lo operen o le realicen estudios aun ante una urgencia. Es una situación terriblemente injusta y que genera enormes perjuicios. De modo que si se aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, no va a haber ni más ni menos adopciones por parte de gays o lesbianas que ahora, no va a existir una posibilidad de adopción que hoy no exista, no va a haber más ni menos gays o lesbianas con hijos que actualmente. Pero esos chicos, que ya existen, que son reales, van a tener obra social, van a poder heredar, van a cobrar el salario familiar, etc., porque sus papás o mamás se van a poder casar y compartir la patria potestad. Van a pasar a ser ciudadanos/as, con iguales derechos. La sociedad va a dejar de discriminar a esos chicos por tener papás gays o mamás lesbianas. Los hijos de gays y lesbianas sufren la desigualdad legal que, en otras épocas, sufrían los hijos “extramatrimoniales”. Y el debate planteado, a partir de premisas falsas, con respecto a la adopción por parte de las parejas homosexuales, los invisibiliza, como si no existieran, como si fueran una mera hipótesis. Así lo explicaba, en una entrevista publicada en el diario Crítica17, María Luisa Peralta, refiriéndose a los derechos que la ley le niega a su hijo por ser ella lesbiana:
El problema no son los derechos de la pareja, sino los de los niños. Con mi pareja recurrimos a la inseminación artificial y yo quedé embarazada, pero el vínculo de nuestro hijo con ella no está reconocido legalmente. No estamos discutiendo una ley que permita tener hijos, ni haciendo planteos abstractos. En Argentina debe haber, como mínimo, unos cien pibes nacidos por inseminación con mamás lesbianas. Estos chicos ya existen y la ley los discrimina, negándoles derechos básicos. –¿Por ejemplo? –La gente tiende a pensar en cosas extremas, como la muerte: si yo muero, mi hijo queda legalmente huérfano; si muere su otra mamá, no hereda nada. Pero eso es lo de menos, porque es excepcional. Una de las mamás no existe ni para el jardín de infantes. Cuando tuvimos al nene accidentado, ella lo llevó al hospital, pero hasta que yo no llegué y firmé la autorización para los estudios, no pasaron de una radiografía. Si la mamá reconocida no tiene trabajo, la otra no puede darle al pibe la obra social ni cobrar el salario familiar, que son beneficios para el chico, no para nosotras. Esto es muy habitual en este contexto de precarización laboral.
Si no se aprueba la ley, esos niños y niñas seguirán existiendo, seguirán teniendo dos papás y dos mamás y seguirán sin tener los mismos derechos que los demás. Ninguno de los sectores políticos que se oponen a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo sabría explicar por qué no quiere que esos chicos tengan obra social o hereden, por ejemplo. Entonces, hacen de cuenta no saben que los gays y BIMBI, BRUNO. “Nuestros hijos ya existen y la ley los discrimina”. En: Diario Crítica, 23-08-2009, pág. 28.
34 www.lgbt.org.ar lesbianas ya podemos adoptar o tener hijos, hacen de cuenta que no saben que esos chicos existen y desvían la discusión para otro lado, tergiversando lo que dice la ley y lo que esta reforma cambia. Resumiendo, la legislación actual, al no contemplar la situación legal de esos niños y niñas, está negándoles derechos fundamentales, violando así, entre otros, el artículo 2, parte 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. *** Sin perjuicio de todo lo anterior, nos parece importante responder, a título informativo, los discursos prejuiciosos y anticientíficos que se han difundido con respecto a las familias homoparentales. Se ha jugado con una serie de prejuicios que la ciencia ha derribado hace rato, afirmando, por ejemplo, que “si una pareja del mismo sexo tiene hijos, esos niños serán también homosexuales”. En realidad, si lo fueran, no habría nada de malo en ello, ya que la orientación homosexual no es ni mejor ni peor que la orientación heterosexual, sino simplemente distinta. Pero la verdad es que esos niños tendrán la orientación sexual que deban tener, más allá de quién los crie. Las estadísticas, en todo el mundo, demuestran que los porcentajes de niños adoptados por parejas gays cuya sexualidad resulta ser heterosexual u homosexual son los mismos porcentajes que se dan entre los niños criados por parejas heterosexuales. De hecho, la inmensa mayoría de los gays y las lesbianas tienen un papá y una mamá heterosexuales. Se ha dicho también que “los niños y niñas necesitan una figura materna y una figura paterna, que un matrimonio homosexual no podría darles”. No es lo que opinan la mayoría de los psicólogos, que hablan de roles, que no dependen del sexo. Además, si el problema fuera la falta de “una figura materna” o “una figura paterna”, los viudos, los padres solteros o los separados deberían dar sus hijos en adopción. Hay miles de niños criados por padres solos o a cargo de una abuela, una tía, un hermano u otras formas de configuración familiar. Es importante que se sepa que en los últimos años se han realizado gran cantidad de investigaciones a partir de la realidad de los niños y niñas con papás gays o mamás lesbianas que hay en distintos países del mundo. Todos esos estudios (entre otros: de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Valencia, el Colegio de Psicólogos de Madrid, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psicología, etc.) han concluido que no existe ninguna diferencia relevante entre los niños criados por parejas homosexuales o heterosexuales. Todas esas instituciones, luego de realizar dichos estudios, han hecho recomendaciones favorables a que se permita la adopción a las parejas homosexuales, destacando que lo que un niño necesita es amor, protección, cuidado, educación y otras cosas que no dependen de la sexualidad de sus padres sino de su calidad humana. Nos parece importante citar aquí algunos de esos estudios: En febrero de 2002, la Academia Americana de Pediatría hizo público su informe Coparent or Second-Parent Adoption by Same-Sex Parents, elaborado por su Comité de Aspectos Psicológicos de la Salud Infantil y Familiar. El informe sostiene que “Los niños merecen saber que sus relaciones con ambos padres son estables y reconocidas legalmente. Esto se aplica a todos los niños, tanto si sus padres son del
35 www.lgbt.org.ar mismo como de diferente sexo. La Academia Americana de Pediatría reconoce que un cuerpo considerable de la literatura profesional proporciona evidencias de que los niños con padres homosexuales pueden tener las mismas ventajas y las mismas expectativas para la salud, el ajuste y el desarrollo que los niños de padres heterosexuales”. Otro informe de la misma institución, divulgado junto con el anterior, elaborado por Ellen C. Perrin, MD, junto al Comité de Aspectos Psicosociales de la Salud Infantil y Familiar, analizando diferentes investigaciones sobre niños y niñas criados por parejas homosexuales, concluye que “el peso de la evidencia recogida durante varias décadas utilizando muestras y metodologías diversas es convincente al demostrar que no hay ninguna diferencia sistemática entre padres gay y no gay en salud emocional, habilidades como padres y actitudes hacia la crianza de niños. No hay datos que indiquen riesgo para los niños como resultado de crecer en una familia de uno o más padres gay”. Otro informe publicado en 2003, realizado por María Dolores Frías Navarro, Juan Pascual Llobell y Hector Monterde i Bort, de la Universitat de Valéncia, sostiene, citando varios estudios, que “los padres y madres homosexuales ejercen sus funciones parentales de cuidado, afecto y orientación de un modo no estadísticamente diferente al de los padres heterosexuales (Bigner y Jacobsen, 1989; Chan, Brooks, Raboy y Patterson, 1998; Harris y Turner, 1985-86; McNeill, Rienzi y Hposowa, 1998)”. Este informe incluye una extensa enumeración de los estudios científicos sobre el tema ya publicados, que reproducimos a continuación como referencia bibliográfica para consulta de las personas interesadas. Dice textualmente: “En general, la investigación sobre el desarrollo de los niños cuyos padres son gay o madres lesbianas no ha encontrado diferencias estadísticamente entre niños criados en hogares de padres gay, madres lesbianas o padres heterosexuales con respecto a:  Funcionamiento emocional (Chan, Raboy y Patterson, 1998; Flaks, Ficher, Masterepasqua y Joseph, 1995; Huggins, 1989; Golombok, Spencer y Rutter, 1983; Golombok, Tasker y Murray, 1997; Green, Mandel, Hotvedt, Gray y Smith, 1986; Kirkpatrick, Smith y Roy, 1981; Patterson, 1994; Steckel, 1987). Ajuste conductual relacionado con problemas de conducta o insociabilidad (Brewaeys y Hall, 1997; Chan et al., 1998; Chan et al, 1998; Flask, et al., 1995; Golombok, et al., 1983; Golombok, et al., 1997; McCandlish, 1987) Funcionamiento cognitivo relacionado con la inteligencia (Flaks et al., 1995; Green et al., 1986; Kirkpatrick et al., 1981) Funcionamiento social (Chan et al., 1998; Golombok, et al., 1983; Tasker y Golombok, 1997; Patterson, 1994) Cuestiones de preferencia sexual como identidad de género, comportamiento sexual u orientación sexual (Bailey, Bobrow, Wolfe y Mikach, 1995; Bozett, 1988; Golombok, et al., 1983; Gottman, 1990; Green, 1978; Green et al., 1986; Hoeffer, 1981; Miller, 1979; O’Connell, 1993; Patterson, 1994; Tasker y Golombok, 1997).”
Sostienen más adelante los autores, basándose en la bibliografía antes enumerada, que “la evidencia actual es unánime al revelar que los niños de padres gay y madres lesbianas no difieren sistemáticamente de los niños criados en familias heterosexuales y por lo tanto la calidad de la parentalidad es semejante. El ajuste social y psicológico del niño no está relacionado con el sexo de sus padres sino con las aptitudes que como padres deben ejercer. Ser un buen padre o una buena madre no está relacionado con ser heterosexual u homosexual sino con saber cubrir las necesidades que los niños manifiestan, dar amor y consistencia en las relaciones familiares”.
36 www.lgbt.org.ar Otro trabajo de los mismos autores, titulado “Hijos de padres homosexuales: qué les diferencia” presenta más referencias acerca de los pronunciamientos de distintas entidades profesionales respecto a este tema: “Diversas asociaciones prestigiosas internacionales apoyan la calidad de la parentalidad de madres lesbianas y padres gay. En 1976 la American Psychological Association (APA) adoptó una resolución donde destacaba que ni el sexo ni la identidad de género ni la orientación sexual son motivos que impiden la adopción, del mismo modo que no deben ser variables que retiren la custodia. En 1995 el APA publica Lesbian and Gay Parenting: A resource for psychologists, proporcionando una bibliografía comentada de investigaciones psicológicas. En resumen se concluye que los resultados de las investigaciones señalan que los padres heterosexuales y los padres homosexuales crían a sus hijos de forma muy semejante, no apoyando los datos los estereotipos sociales. En 2000, la American Psychiatric Association apoyó el derecho legal de las uniones del mismo sexo, reconociendo sus derechos, beneficios y responsabilidades, destacando su apoyo a la adopción y a la adopción compartida. En febrero de 2002 el informe elaborado por la American Academy of Pediatrics dio su apoyo a la adopción por padres gay y madres lesbianas así como a la legalización de la co-parentalidad. En Mayo de 2002 la posición de la American Psychoanalytic Association también es de apoyo a la adopción, destacando la competencia de los padres gay y homosexuales”. Otro informe, titulado “Dinámicas familiares, organización de la vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales”, realizado por María Del Mar González, Fernando Chacón y Ana Belén Gómez, del Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla; el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; Mª Ángeles Sánchez y Ester Morcillo (Equipo de Investigación), financiado por la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, se propuso, mediante una investigación sobre una muestra de 47 familias homoparentales, responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desempeñan gays y lesbianas sus roles parentales y qué hogares configuran para sus hijos e hijas? 2. ¿Cómo es la dinámica de relaciones dentro de las familias homoparentales? 3. ¿Cómo es el entorno social de estas familias: son familias aisladas o integradas en la sociedad? 4. ¿Cómo es la vida cotidiana de estos chicos y chicas? 5. ¿Cómo es el desarrollo y ajuste psicológico de los chicas y chicas que viven con madres lesbianas o padres gays?
Las respuestas son extensas (por lo que se ofrece como anexo el informe completo), pero nos parece importante incluir aquí un fragmento de las conclusiones finales que refleja los resultados del estudio:
Nuestros datos abundan en una idea en torno a la cual hay bastante consenso en el momento actual en la comunidad científica: la estructura o configuración de una familia (es decir, qué miembros la componen y qué relación hay entre ellos) no es el aspecto determinante a la hora de conformar el desarrollo de los niños y niñas que viven en ella, sino la dinámica de relaciones que se dan en su seno. O sea, no parece ser tan importante si esta familia es biológica o adoptiva, con uno o dos progenitores, si estos son de distinto o el mismo sexo, si previamente han pasado por una separación o si es su primera unión. Por lo que sabemos a partir de distintas investigaciones, los aspectos clave más bien están relacionados con el hecho de que en ese hogar se aporte a chicos y chicas buenas dosis de afecto y comunicación, se sea sensible a sus necesidades presentes y futuras, se viva una vida estable con normas razonables que todos intentan respetar, al tiempo que se mantengan unas relaciones armónicas y relativamente felices. Por tanto, y particularizando en los objetivos de este estudio, la orientación sexual de los progenitores, en sí misma, no parece ser una variable relevante a la hora de determinar el modo en que se construye el desarrollo y ajuste psicológico de hijos e hijas.
37 www.lgbt.org.ar En definitiva, si se nos permite la metáfora, lo importante de un hogar no es su forma externa, si está construido de piedra o de madera, si tiene una o dos plantas o si tiene tejado o azotea. Lo importante, realmente, es que sirva para las funciones de acomodo y protección que debe ejercer. Del mismo modo, si algo parece claro es que las familias son el marco imprescindible e idóneo para cubrir las necesidades de protección, afecto o estimulación que tenemos los seres humanos, y particularmente aquellos y aquellas que aún se encuentran en las primeras etapas del desarrollo. La composición de esta familia es lo que resulta ser menos relevante, de acuerdo con nuestros datos y los de otros muchos estudios, puesto que estas funciones imprescindibles pueden ejercerlas con idéntico éxito aparente una constelación bastante variada de modelos familiares, incluyendo dentro de ellos los formados por padres gays o madres lesbianas, vivan solos o en pareja.
Los estudios antes mencionados, así como otros cientos que se han publicado en los últimos años en distintos lugares del mundo, demuestran lo que cualquiera que conozca a una pareja de dos hombres o dos mujeres con hijos adoptivos o que crían juntos a los hijos biológicos de uno/a de ellos puede darse cuenta sin necesidad de leer ningún informe científico: lo que necesitan los chicos es amor, contención, educación, y otras cosas que no dependen de que tengan dos papás, dos mamás o un papá y una mamá, sino de que quien o quiénes fuere que cumplan esas funciones sean buenas personas y reúnan las cualidades humanas necesarias para hacerlo. Como dijo el diputado Solá en el debate de la cámara baja, citando el título de un libro, lo que los chicos precisan es “amor y proteínas”. Por otra parte, los chicos generalmente no tienen los prejuicios de los adultos: son los adultos quienes les enseñan esos prejuicios. Una de las únicas diferencias relevantes que algunos de los estudios internacionales mostraron con relación a estos chicos es que suelen ser más abiertos y tolerantes con otras diversidades, ya que aprendieron en casa el valor de la no discriminación. Por último, se ha dicho también en contra de esta ley que “los hijos adoptivos de lesbianas y gays siempre van a sufrir la discriminación y las burlas en la escuela por tener dos papás o dos mamás”. Otra vez, se trata de una falacia. Los chicos judíos muchas veces sufren discriminación en la escuela, y no hay por ello ninguna ley que les prohíba tener hijos a los judíos, ni adoptarlos. Lo mismo podríamos decir de los hijos de inmigrantes paraguayos o bolivianos, de los afrodescendientes, de los pobres, de los coreanos o de muchos otros grupos sociales que son víctima del prejuicio y la discriminación. ¿Les prohibimos a todas esas personas que tengan hijos o que adopten? La respuesta que el Estado debe dar a ese problema es la inversa: trabajar a través de la educación para desterrar el prejuicio. En este sentido, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es, también, un acto educativo. Les estaremos dando a todos los chicos, a sus padres y al conjunto de la sociedad un mensaje: que queremos construir un país en el que a lesbianas, gays, bisexuales y trans se los respete de la misma manera que se respeta a las personas heterosexuales.
RESPUESTAS A OTROS ARGUMENTOS FALSOS CONTRA EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
Para finalizar, respondemos a otros argumentos que se han presentado en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a lo largo del debate de esta ley: “La homosexualidad no es natural, no es normal”. Si a lo largo de la historia y en todas las épocas y culturas hubo siempre una proporción más o menos estable de personas homosexuales, y si en varias especies animales está comprobado que también existe la homosexualidad, es evidente entonces que esa posibilidad es parte de la naturaleza de los seres
38 www.lgbt.org.ar humanos, entre otras especies. Cuando un hombre se enamora de otro hombre o una mujer de otra mujer, es porque esa es su inclinación natural. Por otra parte, muchas veces se confunde mayoría con normalidad y minoría con anormalidad. Los zurdos fueron por mucho tiempo considerados anormales y se los castigaba para obligarlos a escribir con la mano derecha. Los pelirrojos, las personas de ojos celestes y los genios de las matemáticas también son minoría, y no por eso hay que cercenarles derechos. “El matrimonio proviene de la naturaleza; el matrimonio homosexual no es natural”. El matrimonio homosexual es tan antinatural como el matrimonio heterosexual. Los animales no se casan, ni se heredan, ni son fieles, ni sacan un crédito juntos para comprar la casa. La patria potestad, el apellido, la herencia, la obra social, los derechos migratorios, los bienes gananciales son invenciones humanas. El ser humano vivió sin matrimonio por miles de años hasta que lo inventó; es un producto de nuestra cultura, de nuestra historia, y respondió a las necesidades de una época. A lo largo de la historia fue cambiando y seguirá haciéndolo respondiendo a nuevas necesidades y costumbres. Pero tampoco es natural la medicina, ni la ciencia, ni los libros, ni las partituras de Mozart, ni el diario, ni el papel, ni la tinta, ni la luz eléctrica que ilumina al lector dentro de su casa. Y no por ello rechazamos todas esas cosas. No existe ninguna ley de la naturaleza que regule quién puede casarse. Las leyes naturales se ocupan de cosas como la gravedad, la reproducción de las células o la fotosíntesis. Del matrimonio se encargan las leyes civiles. “El matrimonio homosexual va a destruir la familia”. Como ya señalamos, ese es justamente el mismo argumento que usaba la iglesia católica, en 1887, contra la ley de matrimonio civil: “el matrimonio civil va a destruir la familia”. Y en 1987, contra la ley de divorcio: “el divorcio va a destruir la familia”. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no afecta en nada a las parejas heterosexuales ni perjudica en modo alguno a sus familias, e incluye y reconoce los mismos derechos a las parejas homosexuales y sus familias, hoy excluidas. De modo que fortalece la familia, porque amplía la protección del Estado a miles de familias que hoy están desprotegidas. Lo que destruye a muchas familias es la discriminación, la falta de derechos, la desigualdad, y esta ley viene a corregir eso. “Si todos fuéramos homosexuales, se extinguiría la especie”. “No necesariamente, pero la realidad es que no somos todos homosexuales, ni todos heterosexuales. Hay de ambas cosas en este mundo. Y reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales no cambiará esa realidad. Si todos fuéramos morochos, Gardel no podría haber cantado “Rubias de New York” y si todos habláramos solamente español no existirían Shakespeare, Camões ni Dostoievski, pero no por eso vamos a perseguir a los morochos ni a los hispanohablantes. “El matrimonio siempre ha sido entre varones y mujeres”. No es verdad. En la antigua Roma, el matrimonio, que era un contrato privado celebrado entre particulares, podía realizarse también entre personas del mismo sexo, pero en el año 342 d.C. ello fue prohibido por el Imperio, en consonancia con la adopción del cristianismo como religión estatal. Sin embargo, en los años siguientes, los matrimonios entre personas del mismo sexo continuaron realizándose (para más información, se recomienda la lectura de “Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad”, de John Boswell, quien fuera profesor de historia medieval en la Universidad de Yale). Con el pasar de los años, la confusión entre religión y ley civil y la persecución contra los diferentes comenzaron a crecer, pero ese proceso a comenzado a invertirse. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo es
39 www.lgbt.org.ar legal en Bélgica, Holanda, Noruega, España, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Portugal, en la Ciudad de México y en los estados norteamericanos de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Maine, New Hampshire y Washington DC. Es probable que pronto se legalice en Argentina, Cuba, Eslovenia y en el estado de Nueva York, entre otros países en los que la reforma está en debate. Sin embargo, supongamos que nada de ello fuera así. La esclavitud siempre había estado permitida hasta que se prohibió, las mujeres nunca habían podido votar hasta que conquistaron ese derecho, la segregación racial era una triste realidad en varios países hasta que fue abolida. Que algo haya sido siempre de una determinada manera no significa que no pueda (y a veces deba) cambiar. Otro ejemplo: en Estados Unidos, hasta la década del 60, estaban prohibidos los matrimonios interraciales, hasta que un fallo de la Corte Suprema abolió la prohibición. “Hay temas mucho más importantes, como la educación, la salud, la seguridad. ¿Por qué los legisladores no se ocupan de esos temas en vez de debatir el matrimonio entre personas del mismo sexo?” Este argumento es terriblemente falaz, porque siempre podría usarse como excusa para frenar cualquier debate: siempre habrá algún tema más importante que el tema que sea que se esté debatiendo. Pero legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo es una tarea sencilla, que requiere apenas de la aprobación de una ley que hace pequeños cambios en el Código Civil, y de modo alguno impide, obstaculiza o demora la solución de ningún otro asunto. El Congreso puede aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y también ocuparse de todos aquellos otros temas que son señalados como "más importantes", sin que una cosa impida la otra. Pero, ¿quién dijo que este tema no tiene que ver con la educación? Educar a las futuras generaciones en una sociedad menos prejuiciosa y con igualdad de derechos nos hará mejores. Muchos niños, niñas y jóvenes homosexuales sufrirán menos en la escuela, tendrán una adolescencia más feliz, crecerán sin miedo, sin odio, sin traumas, sin tener que esconderse en el armario. ¿Quién dijo que este debate no tiene que ver con la salud? Miles de parejas podrán acceder a servicios de salud a los que hoy no acceden por no poder casarse, cientos de niños podrán ser beneficiarios de la obra social o prepaga de sus padres o madres. ¿Quién dijo que este debate no tiene que ver con la seguridad? Los crímenes de odio, como el reciente asesinato de una joven cordobesa por parte del padre de su novia que no aceptaba que su hija fuera lesbiana tienen mucho que ver con este debate. Además, siempre nos dirán que no es momento, que hay temas más importantes, que esperemos. Muchos han pasado la vida entera esperando. La democracia tiene una deuda con gays y lesbianas, y es hora de que empiece a saldarla. “Si legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿por qué no puedo casarme con mi perro?” Parece mentira que argumentos tan ridículos aparezcan en este debate, pero personas que parecen serias y representan a instituciones que se oponen a los derechos civiles de gays y lesbianas dicen sin ponerse colorados ese tipo de cosas. En realidad, ni merecen respuesta, porque más que un argumento, es una falta de respeto. Pero hagamos un trato: el día que quienes dicen esto vengan con su perro, pidan casarse, y el perro se exprese en alguna lengua comprensible y manifieste en forma clara e inequívoca su voluntad de contraer matrimonio, lo conversamos. *** En el debate de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en el parlamento español, el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció un histórico discurso, del que queremos citar, a modo de cierre, las siguientes palabras:
40 www.lgbt.org.ar “No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Es verdad que son tan solo una minoría, pero su triunfo es el triunfo de todos; también, aunque lo ignoren, es el triunfo de los que se oponen a esta ley porque es el triunfo de la libertad. La victoria nos hace mejores a todos porque hace mejor a nuestra sociedad”.
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