Source: https://jurisprudencia.cladem.org/uruguay/Comit%C3%A9_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o_y_la_Ni%C3%B1a_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:21:28
Document Index: 854439

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 8']

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas el 11 de octubre de 1996.1
El Comité examinó el informe inicial del Uruguay (CRC/C/3/Add.37) en sus sesiones 325ª a 327ª (CRC/C/SR.325 a 327), celebradas los días 30 de septiembre y 1º de octubre de 1996 y, en la 343ª sesión, celebrada el 11 de octubre de 1996, aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité expresa su preocupación en relación con: (6, 7, 10, 11, 12 y 13) que no se haya promulgado ninguna nueva medida legislativa relativa a los aspectos a que se refiere la Convención (…) la prohibición de la trata de niños y la prohibición de la tortura; el Comité lamenta además que sigan en vigor diversas disposiciones jurídicas contrarias a la Convención, comprendidas algunas relativas a la edad mínima para poder contraer matrimonio; la insuficiencia de las medidas adoptadas para recoger datos desglosados sobre la situación de todos los menores, en particular los pertenecientes a los grupos más desfavorecidos, comprendidos los niños negros; la insuficiencia de la asignación presupuestaria para gastos sociales, en particular en favor de los niños pertenecientes a los grupos más desfavorecidos de la población. Asimismo, lamenta la persistencia de la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio, incluso respecto en el disfrute de sus derechos civiles (…) y que, asimismo, los niños nacidos de madre o padre menor de edad no pueden ser reconocidos por ese progenitor; le preocupa el elevado índice de embarazos tempranos, que tiene consecuencias negativas en la salud de las madres y los niños y en el disfrute por parte de la madre de su derecho a la educación, al dificultar la asistencia a la escuela de las muchachas embarazadas y dando lugar a un número elevado de abandonos de los estudios; la existencia cada vez más acusada de malos tratos y violencia en el seno de la familia y la insuficiencia de las medidas adoptadas para evitar y combatir esos malos tratos y violencia y para rehabilitar a los niños víctimas de ellos.
El Comité recomienda que, en el contexto de la reforma de la legislación que se está llevando a cabo en el Uruguay a propósito de los derechos del niño, se haga que la legislación interna sea plenamente compatible con las disposiciones y los principios de la Convención, comprendidos la no discriminación, el interés supremo del menor, la participación del niño y el respeto de sus opiniones. Esa reforma debería atender, concretamente, las preocupaciones formuladas por el Comité en el curso de su diálogo con el Estado Parte, en particular en los aspectos en los que la legislación nacional no condice con la Convención3.
El Comité recomienda que se tomen más medidas para acopiar datos cuantitativos y cualitativos sistemáticos, desglosados, entre otra cosas, por edades, sexos, razas, origen rural/urbano y social, a propósito de todos los aspectos a que se refiere la Convención y en relación con todos los grupos de niños, en particular los más desfavorecidos. A este respecto, sugiere que se acrezca la cooperación con el UNICEF a fin de evaluar y valorar los progresos alcanzados, determinar los problemas y fijar prioridades a las actividades que en el futuro se lleven a cabo.
El Comité recomienda que el Estado Parte, habida cuenta de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención, adopte todas las medidas adecuadas, con los recursos de que disponga, para que se atribuya una asignación presupuestaria suficiente a los servicios de menores, en particular los relativos a educación y sanidad, y se preste especial atención a la protección de los niños pertenecientes a grupos vulnerables y marginados. A este propósito, el Comité sugiere que se evalúe de forma permanente las “repercusiones en los menores” de esas decisiones.4
En cuanto al elevado índice de embarazos tempranos que hay en el Uruguay, el Comité recomienda que se adopten medidas para impartir educación familiar y prestar servicios adecuados a los jóvenes en la escuela5 y en los programas de salud que se llevan a cabo en el país6.
Habida cuenta del artículo 42 de la Convención, el Comité recomienda que se lleven a cabo programas de formación sobre los derechos del niño destinados a profesionales que trabajen con niños o con éstos: profesores, trabajadores de sanidad, asistentes sociales, abogados, funcionarios de policía, jefes de policía, personal de instituciones en que hayan niños internados y funcionarios de las administraciones central y local. Además, habría que adoptar medidas para que los derechos de los niños figurasen en los planes de estudio de todos los niveles de la enseñanza (…)
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 8 de junio de 2007.7
El Comité examinó el segundo informe periódico de Uruguay (CRC/C/URY/2/Add.1) en sus sesiones 1235 y 1236 (Véanse CRC/C/SR.1235 y CRC/C/SR.1236), celebradas el 24 de mayo de 2007, y en la 1255 sesión, celebrada el 8 de junio de 2007, aprobó las siguientes observaciones finales que figuran a continuación.
Respecto a las recomendaciones previas del Comité8
El Comité (…) lamenta que algunas de sus preocupaciones y recomendaciones no han sido atendidas o han sido atendidas en forma insuficiente, incluso aquellas relacionadas con la legislación, la coordinación, el monitoreo independiente, el abuso físico y sexual de niños dentro y fuera de la familia, la salud reproductiva, la explotación y el tráfico sexual, y la justicia juvenil.
El Comité exhorta al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para atender aquellas recomendaciones de las observaciones finales del informe inicial que aún no han sido aplicadas o que han sido aplicadas en forma insuficiente y para dar un seguimiento adecuado a las recomendaciones contenidas en las presentes observaciones finales sobre el segundo informe periódico. El Comité también recomienda que el Estado parte tenga en cuenta las recomendaciones del taller subregional sobre la implementación de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, celebrado en Buenos Aires del 28 al 30 de noviembre de 2005.
Legislación e implementación
El Comité también recomienda al Estado parte que se asegure, mediante disposiciones legales y reglamentos adecuados, de que todos los niños víctimas y/o testigos de delitos, por ejemplo, los niños víctimas de maltrato, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro, y tráfico, y los testigos de dichos delitos, reciban la protección exigida por la Convención y que tomen en cuenta plenamente las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (anexadas a la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social del 22 de julio de 2005).
El Comité recomienda que el Estado parte continúe e intensifique los esfuerzos para desarrollar un sistema general de recolección de datos sobre la aplicación de la Convención. Los datos deberían abarcar a todos los niños menores de 18 años, y deberían estar desagregados por sexo, región y los grupos de niños que necesitan protección especial. El Comité invita al Estado parte a que aumente la cooperación con UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño en este aspecto.
Capacitación-difusión de la Convención
El Comité reconoce las medidas tomadas para difundir información acerca del contenido de la Convención y del Código de la Niñez y la Adolescencia al público general y en particular a los propios niños, sin embargo toma nota de la falta de capacitación para profesionales que trabajan en áreas relacionadas con los derechos del niño, en particular sobre los deberes y responsabilidades que surgen de la Convención y del Código.
El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para difundir la Convención en todo el país y que genere conciencia pública acerca de sus principios y disposiciones al igual que acerca del Código de la Niñez y la Adolescencia, en particular entre los propios niños y sus padres. Con este fin se debería desarrollar la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, medios y ONG.
Asimismo, el Comité invita al Estado parte a que intensifique los esfuerzos para proporcionar capacitación adecuada y sistemática y/o para sensibilizar sobre los derechos del niño a grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, en particular los funcionarios a cargo de la aplicación de la ley, al igual que legisladores, jueces, abogados, personal de salud, maestros, administradores de escuelas y otros según sea necesario. El Comité invita al Estado parte a que solicite asistencia técnica a UNICEF y al Instituto Interamericano del Niño en la capacitación de los profesionales.
2. Definición de niño-a (artículo 1 de la Convención)
El Comité lamenta que la edad mínima para contraer matrimonio continúa siendo demasiado baja y su aplicación discriminatoria, dado que la edad de 14 años se aplica a los niños, mientras que a las niñas se aplica la edad de tan solo 12 años.
El Comité recomienda que el Estado parte revise su legislación a fin de establecer los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio aplicable a niños y niñas por igual.
No discriminación de las niñas por su sexo, edad o raza
El Comité, a pesar de reconocer las disposiciones contrarias a la discriminación en el Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004, continúa preocupado de que los niños nacidos fuera del matrimonio siguen siendo estigmatizados y discriminados, ya que los padres menores de edad no casados no pueden ejercer la patria potestad de sus hijos y que a estos niños no se les da el apellido de sus padres biológicos. Asimismo, el Comité está preocupado de que los niños son discriminados por su apariencia (incluso por su forma de vestir) y los niños afro descendientes también sufren discriminación.
El Comité recomienda que el Estado parte aumente los esfuerzos para monitorear y asegurar la implementación de leyes existentes que garantizan el principio de no discriminación y el pleno cumplimiento del artículo 2 de la Convención, y adopte una estrategia dinámica y global para eliminar la discriminación de género, etnia, apariencia o de cualquier otro tipo y contra todos los grupos vulnerables en todo el país. Se debería prestar especial atención a la eliminación de la discriminación contra los afro descendientes al igual que contra los niños nacidos fuera del matrimonio, tomando medidas para asegurar que las decisiones sobre su patria potestad tengan en cuenta su interés superior y que lleven los apellidos de sus padres biológicos.
El Comité asimismo solicita que se incluya información específica, en el próximo informe periódico, sobre las medidas y programas pertinentes a la Convención sobre los Derechos del Niño tomadas por el Estado parte para proporcionar protección especial a los grupos vulnerables y para hacer un seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de intolerancia en 2001, teniendo en cuenta también el Comentario General No. 1 sobre el artículo 29(1) de la Convención (objetivos de la educación) y el Comentario General No. 5 sobre las Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Interés superior del-a niño-a
El Comité acoge con satisfacción que el Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004 afirma el interés superior del niño como principio general, sin embargo continúa preocupado de que las prácticas institucionales aún no cumplen con este principio.
El Comité recomienda que el Estado parte incorpore plenamente el principio del interés superior del niño en todos los programas, políticas, procedimientos judiciales y administrativos, especialmente los que afectan a los niños en conflicto con la ley y los niños institucionalizados. El principio también debería ser tenido en cuenta en la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004, la evaluación de programas pertinentes y el desarrollo de un futuro plan de acción nacional.
4. Derechos Civiles y Libertades
Artículos 7, 8, 13-17 y 37(a) de la Convención
Castigo físico: necesidad de registro y necesidad de su prohibición
El Comité, a la vez que reconoce las modificaciones legislativas pendientes, lamenta que el artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004 permita el castigo corporal contra los niños. Al comité le preocupa la falta de estadísticas sobre el número de casos denunciados y que el castigo físico continúe ocurriendo en los hogares al igual que en las escuelas e instituciones de cuidado de niños.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte la legislación pendiente lo antes posible, prohibiendo explícitamente todas las formas de castigo corporal contra los niños en todos los ámbitos, incluso en el hogar. El Estado parte también debería tomar todas las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley, llevar a cabo la capacitación de profesionales que trabajan con niños, realizar campañas de sensibilización y educación de la población contra el castigo corporal y promover métodos participativos no violentos de crianza y educación e los niños, mientras se tiene debida cuenta del Comentario General No. 8 del Comité de los Derechos del Niño para la Protección Contra el Castigo Corporal y Otras Formas de Castigo Crueles o Degradantes (2006).
5. Entorno Familiar y Cuidado Alternativo (artículos 5; 18 (párr. 1-2); 9- 11; 19-21; 25; 27 (párr.4); y 39 de la Convención)
Apoyo familiar con énfasis en mujeres jefas de hogar
El Comité, a pesar de acoger con satisfacción las iniciativas llevadas a cabo para centrarse en la familia como parte de la política social, toma nota de que las medidas de apoyo familiar aún deben ser fortalecidas, en particular a favor de los hogares encabezados por mujeres, y de que los períodos de licencia por maternidad son insuficientes.
El Comité recomienda que el Estado parte disponga más medidas y apoyo a las familias (al núcleo familiar y a la familia expandida con especial hincapié en los hogares encabezados por mujeres) para evitar la separación de los niños, por ejemplo, en la forma de prolongar la licencia por maternidad, orientación y apoyo económico, a nivel local y en todo el país.
Violencia doméstica, abuso sexual, negligencia y maltrato
El Comité, a la vez que acoge con satisfacción las medidas adoptadas para combatir la violencia doméstica, lamenta la falta de información actualizada sobre las medidas de prevención, estadísticas en materia de denuncias de casos de violencia, especialmente de violencia sexual y de violencia en el hogar, el número limitado de investigaciones y sanciones con relación a dichos casos y la falta de medidas disponibles de recuperación física y psicológica y de medidas de reintegración para las víctimas.
El Comité insta al Estado parte a;
Reforzar los mecanismos para monitorear el número de casos y el alcance de la violencia, abuso sexual, negligencia, maltrato o explotaciones consideradas por el artículo 19, incluso dentro de la familia, en las escuelas, en instituciones u otros centros de cuidado;
Garantizar que los profesionales que trabajan con niños (incluso los maestros, trabajadores sociales, profesionales médicos, miembros de la policía y del poder judicial) reciban capacitación sobre su obligación de denunciar y tomar acciones adecuadas en casos sospechosos de violencia doméstica que afecten a niños;
Fortalecer el apoyo a las víctimas de violencia, abuso, negligencia y maltrato para asegurar su acceso a servicios de recuperación, orientación y otras formas de reintegración adecuados;
Extender la cobertura nacional de una línea de ayuda gratuita para niños de tres dígitos, las 24 horas, para poder llegar a los niños de todo el país.
**Con relación al Estudio sobre la Violencia contra los Niños realizado por el Secretario General, el Comité recomienda al Estado parte que:
Adoptar todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones generales y las recomendaciones concretas en función del entorno que figuran en el informe del experto independiente del estudio de las Naciones Unidas sobre violencia contra los niños (A/61/299) teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la consulta regional para América Latina realizada en la Argentina entre el 30 de mayo y el 1º de junio de 2005;
Utilizar estas recomendaciones como instrumento para la acción en asociación con la sociedad civil y en particular con la participación de los niños, para velar por que cada niño sea protegido de todas las formas de violencia física, sexual y psíquica, y a fin de ganar impulso para acciones concretas y, de proceder, acciones sujetas para prevenir esas formas de violencia y abuso y/o reprimirlas;
Pedir asistencia técnica de UNICEF, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los fines mencionados anteriormente.
Artículos 6; 18, párr.3; 23; 24; 26; 27, párr. 1-3 de la Convención
Salud de los-as adolescentes
El Comité, reconoce las iniciativas adoptadas por el Estado parte para mejorar la salud de los adolescentes, pero sigue preocupado por el elevado índice de embarazos en la adolescencia y la penalización de la interrupción de los embarazos en relación con las consecuencias negativas que tienen los abortos ilegales en la salud de las niñas. Además, el Comité lamenta que no haya para los adolescentes servicios de salud reproductiva9 y educación sexual adecuada10 y accesible, que subsistan actitudes tradicionales y que el embarazo precoz menoscabe el derecho en las niñas a recibir educación. Preocupa asimismo al Comité el índice de toxicomanía entre los adolescentes, que está aumentando rápidamente.
El Comité recomienda que el Estado parte promueva y asegure el acceso a servicios de salud reproductiva para todos los adolescentes, incluso a educación sexual y de salud reproductiva en escuelas al igual que orientación y servicios de salud que tengan en cuenta los intereses del adolescente y que sean confidenciales, teniendo en debida cuenta el Comentario General No. 4 del Comité sobre salud y desarrollo adolescente en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4). El Comité insta al Estado parte a que genere mayor conciencia entre los adolescentes sobre la importancia de prevenir los embarazos precoces y a que revise la penalización de la interrupción del embarazo. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que asigne recursos adicionales para medidas preventivas y de rehabilitación para combatir el aumento del abuso de drogas entre los adolescentes.
VIH/SIDA, prevención para protegerse de contraerlo
El Comité acoge con satisfacción el suministro gratuito del tratamiento antirretroviral, sin embargo toma nota de que las medidas de prevención y concientización proporcionadas a los adolescentes son insuficientes.
Lleve a cabo campañas de sensibilización entre los adolescentes, en particular entre los que pertenecen a grupos vulnerables, como los niños que viven o trabajan en la calle, acerca de medidas para protegerse de contraer el VIH/SIDA;
Proporcionar recursos económicos y humanos adecuados para medidas de prevención y campañas de información para combatir la discriminación contra los niños infectados, mientras se tiene en cuenta el Comentario General No. 3 del Comité sobre VIH/SIDA y los derechos del niño y las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos (E/CN.4/1997/37);
Solicitar asistencia técnica de, entre otros, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA y UNICEF.
8. Medidas de Protección Especial (artículos 22; 30; 38; 39; 40; 37 (b)- (d); 32-36 de la Convención)
Explotación sexual y venta de niños-as
Al Comité, a pesar de acoger con satisfacción la adopción de la Ley de Explotación Sexual no. 17.815 de septiembre de 2004 y la declaración de la delegación con referencia a la existencia de un plan de acción nacional Contra la Explotación Sexual, le preocupa que la explotación sexual y la venta de niños son problemas cada vez mayores en Uruguay y en particular en zonas turísticas y en las fronteras. El Comité lamenta la escasez de información sobre la situación de los niños víctimas de explotación sexual en el informe del Estado parte y en la respuesta del Estado parte a la lista de temas del Comité.
Adapte la legislación para que cumpla plenamente con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención y Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil;
Asegure el cumplimiento de la ley para evitar la impunidad mediante la asignación de mayores recursos económicos y humanos para realizar investigaciones;
Capacitar a los funcionarios a cargo de la aplicación de la ley, a los trabajadores sociales y fiscales acerca de cómo recibir, monitorear e investigar casos, de manera que tenga en cuenta los intereses del niño y que respete la privacidad de la víctima, al igual que procesar y castigar a los responsables;
Implementar el plan de acción nacional contra la Explotación Sexual de los niños, teniendo en cuenta la Declaración y la Agenda para la Acción y el Compromiso Mundial adoptados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, en 1996 y 2001;
Destinar más recursos a la prevención y a la sensibilización pública desde una perspectiva de género, en particular sobre la necesidad de prevenir el turismo sexual infantil y la pornografía infantil y sobre la importancia de proteger a las víctimas;
Realizar más estudios en profundidad sobre la explotación sexual de niños y turismo sexual para evaluar su alcance y causas y permitir un monitoreo efectivo y medidas para prevenirlo, combatirlo y eliminarlo;
Continuar brindando programas de asistencia y de reintegración social para niños víctimas de explotación y/o tráfico sexual;
Solicitar mayor asistencia legal, de, entre otros, UNICEF y OIT/IPEC.
3º Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados del Uruguay.[^905]
El Comité examinó los informes periódicos tercero a quinto combinados del Uruguay (CRC/C/URY/3-5) en sus sesiones 1952ª y 1954ª (véanse CRC/C/SR.1952 y 1954), celebradas los días 19 y 20 de enero, y aprobó en su 1983ª sesión, celebrada el 30 de enero de 2015, las observaciones finales que figuran a continuación.
III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones11
Aunque toma nota de la información proporcionada por la delegación, según la cual se han aumentado las asignaciones presupuestarias correspondientes a los programas y servicios para los niños y las familias y el 19% del total del gasto público se destina a la infancia, el Comité sigue preocupado por lo siguiente:
El hecho de que la elaboración sectorial del presupuesto haga que sea difícil determinar si los recursos asignados son adecuados para la aplicación de la Convención;
La falta de una evaluación de los efectos que tienen las medidas presupuestarias adoptadas en los derechos del niño;
La distribución desigual de los recursos entre los diferentes sectores y regiones, lo que da lugar a la persistencia de la desigualdad entre los niños y los adolescentes.
El Comité recomienda al Estado parte que, al planificar sus futuros presupuestos, tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en 2007 durante el día del debate general sobre “Recursos para los derechos del niño – responsabilidad de los Estados” y, más concretamente, que:
Asigne recursos presupuestarios suficientes en la máxima medida posible, de acuerdo con el artículo 4 de la Convención, para dar efectividad a los derechos del niño y, en particular, incremente el presupuesto asignado a los sectores sociales.
Fomente la capacidad para adoptar un enfoque de los derechos del niño en la elaboración del presupuesto del Estado y establezca un sistema de seguimiento, vigilancia y evaluación de la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños por parte de todos los sectores competentes a través del presupuesto, ofreciendo de esta forma visibilidad a las inversiones en el ámbito de la infancia. Este sistema de seguimiento también debe utilizarse para evaluar de qué manera las inversiones en cualquier sector pueden servir el interés superior del niño, asegurando que se mida el impacto diferencial de esas inversiones en las niñas y los niños.
Lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades presupuestarias y establezca asignaciones claras para las esferas relacionadas con los derechos del niño que reduzcan gradualmente las disparidades relacionadas con indicadores como el género, la discapacidad y la ubicación geográfica.
Defina partidas presupuestarias estratégicas en las asignaciones generales y sectoriales para los niños desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, las niñas, los niños que viven en zonas rurales y remotas, los niños afrodescendientes y los niños con discapacidad) que puedan requerir medidas sociales, y se asegure de que esas partidas presupuestarias estén protegidas, incluso en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
Si bien toma nota de que el Estado parte ha establecido el Sistema de Información para la Infancia (SIPI) en el marco del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, así como el Sistema Integrado de Información sobre el Área Social, el Comité considera preocupante que haya muchas incoherencias y lagunas respecto de la reunión de datos, en particular en las esferas de la salud, la justicia juvenil, la violencia y los malos tratos y la discapacidad, y en lo que concierne a los niños privados del cuidado de sus padres y los niños afrodescendientes.
A tenor de lo dispuesto en su observación general Nº 5 (2003), relativa a las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité insta al Estado parte a que establezca con prontitud un sistema integral de reunión de datos. Los datos deben abarcar todos los ámbitos de la Convención y estar desglosados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico y condiciones socioeconómicas, a fin de facilitar el análisis de la situación de todos los niños, en particular de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, el Comité recomienda que los datos e indicadores se comuniquen entre los ministerios competentes y se utilicen en la formulación, vigilancia y evaluación de políticas, programas y proyectos para la aplicación eficaz de la Convención. En este contexto, también recomienda al Estado parte que refuerce su cooperación técnica con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los mecanismos regionales y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, entre otras entidades.
B. Definición de niño (art. 1 de la Convención)
Si bien considera positiva la declaración que hizo la delegación durante el diálogo interactivo en relación con su compromiso de aumentar hasta los 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, que se aplicaría por igual a los niños y las niñas, el Comité sigue preocupado por que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 16 años.
El Comité insta al Estado parte a que modifique sin demora su legislación a este respecto.
C. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
Si bien observa que el Estado parte aplica el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, el Comité está preocupado por que las actitudes discriminatorias y la exclusión social sigan afectando a algunos sectores de la población infantil y, en particular, a los niños con discapacidad, las niñas, los niños que viven en las zonas rurales y remotas, los niños de familias económicamente desfavorecidas y los adolescentes. El Comité también está preocupado por que en los medios de comunicación se suela representar a los adolescentes como delincuentes y por que, en consecuencia, estos sean objeto de discriminación en la legislación y en la práctica.
A la luz del artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/URY/CO/2, párr. 28) al Estado parte de que:
Adopte un marco jurídico para la eliminación de la discriminación y vele por que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos enunciados en la Convención;
Intensifique las iniciativas para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra los niños con discapacidad, las niñas, los niños que viven en las zonas rurales y remotas, los niños de la calle, los niños de familias económicamente desfavorecidas y los adolescentes, entre otras cosas, mediante campañas de educación pública;
Tome medidas para hacer frente a la percepción inadecuada de los niños, especialmente de los adolescentes, en la sociedad, en particular en los medios de comunicación.
Preocupa al Comité la inadecuación de los establecimientos penitenciarios para los niños que viven en prisión con sus madres y la no aplicación del artículo 8 de la Ley Nº 17.897 sobre la Libertad Provisional y Anticipada, que prevé que pueda disponerse la prisión domiciliaria de las reclusas durante el último trimestre de embarazo y los tres primeros meses de lactancia materna.
El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que:
Adopte medidas eficaces y urgentes para garantizar condiciones de vida adecuadas a los niños que viven en prisión con sus madres, incluido el acceso a los servicios de salud y educación;
Vele por la aplicación efectiva del artículo 8 de la Ley Nº 17.897 sobre la Libertad Provisional y Anticipada;
Se cerciore de que profesionales especializados competentes apliquen el principio del interés superior del niño antes de la estancia del niño con su madre privada de libertad y en el transcurso de esta;
Recabe asistencia técnica del UNICEF y otros asociados pertinentes a este respecto.
Si bien acoge con agrado las medidas adoptadas para hacer frente a las elevadas tasas de embarazos de adolescentes y prestar apoyo a las madres adolescentes, el Comité sigue estando preocupado por la insuficiente accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y de la educación en esa esfera. También inquieta al Comité la información según la cual las adolescentes embarazadas que han decidido interrumpir su embarazo no reciben suficiente apoyo y asesoramiento.
Teniendo en cuenta su observación general Nº 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, el Comité recomienda al Estado parte que:
Redoble sus esfuerzos para velar por que la educación en salud sexual y reproductiva sea parte del plan de estudios obligatorio y esté dirigida a los adolescentes de ambos sexos, prestando especial atención a la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual;
Garantice la igualdad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales y adaptados a los adolescentes;
Elabore y aplique una política para proteger los derechos de las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y sus hijos y combata la discriminación en su contra;
Vele por que las adolescentes embarazadas que desean interrumpir su embarazo reciban apoyo y asesoramiento adecuados en función de su edad, situación y necesidades específicas.
CRC/C/15/Add.62, 30 de octubre de 1996↩
Uruguay armonizó su legislación interna a la CDN mediante Ley Nº 17.823 de 7 de septiembre de 2004: Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay.↩
Respecto a la atención a niños-as pobres y marginados-as desde el año 2005 se implementaron los Programas INFAMILIA y PANES, (Programa de Atención a la Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social), que atienden a la población afectada por la pobreza y la pobreza extrema entre los cuales se encuentran estos niños-as.↩
Del 2 al 11 de julio de 2007 la Administración Nacional de Educación Pública y la Comisión de Educación Sexual del CODICEN llevaron a cabo el primer Seminario-Taller sobre la “Incorporación formal de la Educación Sexual al Sistema Educativo Público”. Al mismo asistieron 500 maestros y profesores de la enseñanza pública de todo el país.↩
Desde el 2005, asunción del nuevo gobierno, se vienen implementando medidas tales como: la Creación de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva; Programa Nacional de Adolescencia y el Programa de promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de la DIGESA. Respecto a la prestación de servicios adecuados cabe destacar la existencia del Programa “asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”, que responde a la Ordenanza 369-04 del 6/8/2004.↩
CRC/C/URY/CO/2 - 5 de julio de 2007↩
Desde el 2005, asunción del nuevo gobierno, se vienen implementando medidas tales como: la Creación de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva; Programa Nacional de Adolescencia y el Programa de promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de la DIGESA. Respecto a la prestación de servicios adecuados cabe destacar la existencia del Programa “asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”, que responde a la Ordenanza 369-04 del 6/8/2004↩
CRC/C/URY/CO/3-5, 5 de marzo de 2015↩