Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-579-de-diciembre-14-de-1994?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204150f5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-19 08:25:16
Document Index: 187079362

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 256', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 63', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-579 DE DICIEMBRE 14 DE 1994
SENTENCIA T-579 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1994
CONTENIDO:TRIBUNALES DE ÉTICA PROFESIONAL, LIMITACIONES EN SU COMPETENCIA SANCIONATORIA
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ÉTICA PROFESIONAL, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, TÉRMINO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:279 DE MARZO DE 1995, PÁG.276
Sentencia T-579 de diciembre 14 de 1994
TRIBUNALES DE ÉTICA PROFESIONAL
LIMITACIONES EN SU COMPETENCIA SANCIONATORIA
EXTRACTOS: «A propósito de los alcances de la facultad del legislador para desarrollar los derechos fundamentales consagrados por el constituyente, plantea la Corte una primera consideración básica: ¿pueden los códigos de ética profesional restringir el ejercicio de los derechos fundamentales?
Algunos contenidos básicos de la regulación del ejercicio de los derechos de las personas requieren de su consagración en leyes estatutarias, que por la especialidad con la que las revistió el constituyente, sólo pueden ser expedidas por el Congreso, a través de un procedimiento calificado. En consecuencia, los límites para el ejercicio de los derechos fundamentales así establecidos marcan fronteras de la libertad individual, que no pueden ser legítimamente restringidas por ninguna otra autoridad en tiempo de paz, ni por el legislador a través de leyes ordinarias y códigos.
A más de los límites generales que se imponen a la libertad de las personas en las leyes estatutarias, en leyes ordinarias se establecen otros que son obligatorios para todas ellas, pues, en tales leyes, el Congreso precisa el alcance de los derechos fundamentales (y las consecuencias que deben seguirse de su ejercicio abusivo, o del incumplimiento de las obligaciones que con ellos se generan), prescindiendo de considerar si la persona está revestida de la calidad de servidor público, ejerce esta o aquella profesión u oficio, ostenta este o aquel estado civil, goza de un determinado nivel social, económico, político o cultural, etc.
Resumiendo: las personas son libres en Colombia para ejercer los derechos fundamentales, mientras respeten los de los demás y no abusen de los suyos. Corresponde al Congreso desarrollar la Constitución y precisar a partir de qué límites se irrespetan los derechos ajenos o se abusa de los propios; pero al cumplir esa función, no puede desvirtuar las pautas regulado-ras establecidas, desconociendo la autonomía moral de la persona que la propia Carta reconoce y protege. Dentro de ese marco constitucional, el legislador fija los límites básicos para el libre ejercicio de los derechos fundamentales en leyes estatutarias, y los complementa, eventualmente, con leyes ordinarias en las que desarrolla la regulación. El contenido de estas leyes obedece a las prioridades y criterios del legislador, pero no puede sobrepasar límites constitucionales como el respeto por la dignidad de la persona, la igualdad de los destinatarios frente al ordenamiento, y la posibilidad física de acatar sus mandatos.
Finalmente, la Constitución autoriza al Congreso para restringir de un modo más drástico algún derecho fundamental; pero las leyes que expida para cumplir tal cometido, sólo pueden tener como destinatario al grupo o categoría de personas determinado por el constituyente, y el límite especial que desarrollen no puede exceder a lo indicado por el estatuto superior. Tal es el caso del artículo 56, que autoriza la limitación del derecho de huelga, sólo para los trabajadores vinculados a la prestación de los servicios públicos esenciales; el 26, que autoriza la restricción del ejercicio de las profesiones, artes y oficios, que implican un riesgo social o requieren preparación académica; el 100, que autoriza limitar el ejercicio de los derechos políticos a los extranjeros residentes en Colombia, entre otros.
Ahora bien: en los códigos de ética profesional se consagran como faltas una serie de comportamientos que el legislador considera indeseables en el ejercicio de una profesión, y se señalan las sanciones que deben imponerse a quien incurra en tales faltas. A través de esta clase de códigos se imponen restricciones al libre ejercicio profesional, que van más allá de la exigencia de títulos de idoneidad, y de la previsión del riesgo social que comporta el ejercicio de algunas actividades (artículo 26 C.N.).
Así, teniendo en cuenta la manera en que el constituyente reguló la competencia del legislador para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, se ha de concluir que los códigos de ética profesional expedidos por el Congreso, sólo tienen fundamento constitucional, si hacen parte del régimen legal bajo el cual: “...las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones...”, según el artículo 26 superior.
Corolario de lo anterior, es que el legislador se extralimita en la función de desarrollar las restricciones que constitucionalmente puede imponer el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando expide un código de ética en el que se limite cualquier derecho fundamental diferente al libre ejercicio de la profesión regulada en él.
3. Alcance de la competencia sancionadora de los tribunales de ética profesional.
Para completar el examen de los asuntos básicos relevantes en esta revisión, también ha de darse respuesta a la pregunta ¿pueden los tribunales llamados a aplicar los códigos de ética profesional imponer sanciones por conductas que no se relacionan con el ejercicio de la respectiva profesión y constituyen, en cambio, el ejercicio de un derecho fundamental?
Respecto a la inspección y vigilancia de las calidades éticas con las que se ejerce una profesión, arte u oficio, existen en el país dos formas de regulación válidas: la libremente aceptada por los miembros de una asociación gremial, y la impuesta por el ordenamiento a todos los que practiquen una de esas actividades.
En el primero de los casos, un grupo de personas que comparten la misma actividad profesional pueden organizarse, adoptar su propio código de ética y crear los órganos a los cuales el conglomerado otorga competencia para aplicarlo. La libertad para proceder así, encuentra respaldo en la Constitución (art. 38 C.N.), mientras no se vulneren derechos ajenos y no se contravenga el ordenamiento legal, como —por ejemplo— lo reconoció la Corte Constitucional al Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), en la Sentencia T-274/93 (19 de julio, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía) y a la organización de la campaña presidencial de Ernesto Samper, en la sentencia T-144/94 de esta Sala de Revisión (23 de marzo).
En el segundo caso, la inspección y vigilancia del ejercicio profesional, están reguladas por el ordenamiento para todos los que practiquen una determinada actividad, prescindiendo de considerar su membrecía gremial. Así ocurre con el ejercicio de la abogacía, para el cual la misma Constitución (artículo 256 numeral 3º), asignó la competencia para imponer sanciones ético-profesionales al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales.
Para la inspección y vigilancia de las demás profesiones, se requiere de una ley que señale cuáles son las autoridades competentes y qué facultades pueden ejercer; pero, es preciso insistir, teniendo como destinatarios de las normas que esas autoridades aplicarán, única y exclusivamente a quienes practiquen la profesión regulada, y sólo por razón del ejercicio de ella.
4. El caso sometido a revisión
4.1. Procedencia de la tutela, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial.
El demandante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras acude ante la jurisdicción contencioso administrativa en procura de la declaración de nulidad de la Resolución 011-93.
A su vez, la Sala Civil del Tribuna Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, consideraron que no existía violación a los derechos fundamentales de Miranda Arroyo, y ello les relevaba de examinar la existencia de un daño irremediable, y la consiguiente procedencia de la tutela.
Es claro que la acción de nulidad procede en contra de las resoluciones de los tribunales de ética médica y, por tanto, el actor de la tutela cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. Sin embargo, la Sala encuentra en el caso sub judice, una cuestión constitucional que sobrepasa los linderos de la legalidad del proceso disciplinario adelantado en contra de Miranda Arroyo: se vulnera el derecho fundamental a la libertad de opinión, cuando su ejercicio se sanciona como falta a la ética médica. Es que no resulta congruente con la normatividad básica que hoy nos rige, hacer del ejercicio de un derecho fundamental una falta ética, sancionable por tribunal alguno.
Además, tanto la Ley 23 de 1981 —código de ética médica—, como su reglamentación —Decreto 3380 del mismo año—, son previos a la expedición de la Constitución vigente, y ello hace necesario, como ya se evidenció en las consideraciones básicas precedentes, fijar el alcance de esas normas respecto del ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en el nuevo estatuto superior.
Por estas razones, la Sala procede a decidir sobre el amparo solicitado por Miranda Arroyo, no como mecanismo transitorio, sino de manera definitiva.
4.2. Procedencia de juicios ético-profesionales a propósito de publicaciones periodísticas.
Debe iniciarse el estudio de la solicitud de tutela y los fallos que negaron el amparo constitucional en este caso, esclareciendo la natu-raleza de la actuación por la que se sancionó al médico Miranda Arroyo, para saber qué clase de responsabilidad podía exigírsele válidamente.
Según las pruebas que obran en el expediente, una persona dirigió una carta al director de un periódico, en la que expresó su opinión sobre la institución de los tribunales de ética médica, su funcionamiento y las calidades de algunos de los que componen el de su departamento, sin identificarlos. El director de ese diario decidió publicar la misiva, en la sección dedicada a difundir la opinión de los lectores.
La Corte se ha ocupado repetidamente de las cuestiones que se plantean alrededor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección de los derechos de quienes se sienten afectados por los contenidos de las publicaciones periodísticas; veánse por ejemplo, las sentencias 512 de 1992, 50, 80, 274, 563, 595 y 596 de 1993, y 484 de 1994.
En una fallo reciente (Sentencia 484 de 1994, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía), la Corte señaló que el periódico es libre para decidir qué se publica en sus páginas, puesto que la Constitución es tajante al estipular que “no habrá censura” (artículo 20). Tal postulado es necesario para garantizar tanto la libertad de prensa como la libre expresión de las ideas y opiniones, propias ambas de un régimen democrático como el consagrado en el artículo 1º del estatuto superior.
Una vez difundida la publicación, y dado que tanto el autor como el editor de la misma son responsables, a la persona que se siente violentada en sus derechos como efecto de la circulación del texto publicado, la Carta Política le garantiza “...el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. Sin embargo, después de la publicación de la carta de Miranda Arroyo en La Patria, ni el Tribunal de Ética Médica de Caldas, ni los magistrados que lo conforman, intentaron ejercerlo.
Sí acudió el presidente de ese tribunal, a denunciar la comisión de los delitos de injuria y calumnia, presuntamente perpetrados con la publicación de Miranda Arroyo. Como se anotó, la autoridad penal competente indagó los hechos y declaró que la conducta del autor de la publicación, claramente resultaba atípica. En consecuencia, no sólo se le exoneró de toda responsabilidad penal, sino que tal decisión hizo improcedente la reclamación de responsabilidad civil por el mismo hecho.
Resta entonces preguntar si a Miranda Arroyo se le podía reclamar responsabilidad ética en razón de la publicación de sus opiniones y quién sería el competente para hacerlo.
Al cumplir con la revisión de otro proceso (expediente Nº T-12301), la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional pudo verificar que el Congreso no ha aprobado un código de ética para el comunicador social y que, por tanto, no existe norma legal alguna con base en la cual se pueda juzgar la ética de los periodistas o de los colaboradores esporádicos en el manejo y presentación de la información. Aunque la Sala advirtió que la competencia de los jueces de la República no se afecta por la existencia o falta de un código tal, concluyó que el juicio sobre lo ético del manejo y presentación de la información a través de los medios de comunicación escritos, sólo procede con base en el sometimiento voluntario de la persona al criterio de una organización de profesionales del periodismo, y no de otra profesión, arte u oficio (Sentencia T-274/93, 19 de julio, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía).
Si tal es la situación para un periodista, con mayor razón ha de serlo para un simple ciudadano, no sujeto a las normas reguladoras de la ética del comunicador.
El artículo 29 de la Ley 23 de 1981 y la competencia de los tribunales de ética médica.
El artículo 29 de la Ley 23 de 1981 (febrero 18, “por la cual se dictan normas en materia de ética médica”), establece: “La lealtad y la consideración mutuas constituyen el fundamento esencial de las relaciones entre los médicos”.
Ni el Tribunal de Ética Médica del Valle, ni los jueces de tutela pusieron en cuestión la competencia del primero para sancionar a Miranda Arroyo, así la conducta de éste hubiera resultado penalmente irrelevante (tal como lo declararon los funcionarios competentes) y no pudiera considerarse, razonablemente, como ejercicio de la medicina.
Así, la Corte se enfrenta en el presente caso con una norma legal anterior a la Constitución, cuya interpretación por los operadores jurídicos viola los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política; y es previsible que los tribunales de ética médica, convencidos de que procede tal lectura de la ley, la seguirán aplicando. Pero, la misma norma puede ser interpretada respetando el ordenamiento constitucional vigente; por eso, es oportuno traer a cuento el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, donde se indica que el juez de tutela “...también prevendrá a las autoridades en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
En el caso que se revisa, es claro que la interpretación del artículo 29 de la Ley 23 de 1981, con cuya aplicación se violaron los derechos fundamentales de Miranda Arroyo, es compartida por el Tribunal Nacional de Ética Médica y por sus seccionales, a más de los jueces de instancia. Por ello, es de esperar que, como teme el actor, cualquier futuro acto suyo de ejercicio de la libertad de expresión sea sancionado como reincidencia en faltas a la ética médica, y que el ejercicio de ese derecho fundamental por otro galeno, sea tratado como lo fueron sus opiniones.
Por tanto, la Corte advertirá al Tribunal de Ética Médica del Valle que, en el futuro, deberá abstenerse sancionar como faltas a la Ley 23 de 1981 y al Decreto 3380 del mismo año, las actuaciones de quienes ejercen la medicina en Colombia que no sean, en estricto sentido, práctica de esa profesión, tal y como lo indica el artículo 63 de la ley citada, al entregarle al Tribunal Nacional la autoridad para ejercer determinadas funciones públicas: “créase el Tribunal Nacional de Ética Médica con sede en la capital de la República, con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina en Colombia”.
Además, se remitirá copia de la presente providencia al Tribunal Nacional de Ética Médica y al Tribunal de Ética Médica de Caldas, para que adecuen el cumplimiento de sus funciones a los mandatos de la Constitución de 1991, a fin de evitar que se repitan procesos de tutela como el presente.
En conclusión, con la sanción del Tribunal de Ética Médica del Valle se violó el derecho fundamental de Daniel Augusto Miranda Arroyo a expresar y difundir libremente sus opiniones. Al sancionarle ese Tribunal por el ejercicio de la libertad de expresión, actuó sobrepasando su competencia y, por tanto, también resultó violado el derecho al debido proceso. Además, siendo la sanción ético-disciplinaria ilegítima, como se acaba de explicar, su divulgación constituye una violación injustificada a los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Miranda Arroyo, que también se tu-telarán.
1. Revocar el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 7 de julio de 1994. En su lugar, tutelar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al debido proceso, a la honra y al buen nombre del señor Daniel Augusto Miranda Arroyo.
2. Declarar que es inaplicable la Resolución 011-93 del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, por violar los derechos amparados en el numeral anterior, y ordenarle a ese Tribunal dar a la decisión de tutela, el mismo despliegue y difusión que a la resolución anulada.
3. Remitir copia de la presente providencia al Tribunal Nacional de Ética Médica, para que aclare y sancione, si procede, las irregularidades presentadas en el trámite cumplido por el Tribunal del Valle, y para que adecue el cumplimiento de las funciones públicas que le fueron encomendadas por el legislador, al mandato de la Constitución de 1991.
4. Remitir copia de este fallo al Tribunal de Ética Médica de Caldas, para que se ajuste en el futuro, en el cumplimiento de las funciones públicas que le competen, al ordenamiento constitucional vigente.
5. Comunicar esta decisión a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(Sentencia T-579 de diciembre 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).