Source: http://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=328
Timestamp: 2019-11-15 06:16:55
Document Index: 88605892

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 85', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 217']

LXII Iniciativa Cámara de Senadores 14-02-2013 Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año Primer año
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno. Modificaciones a leyes existentes
Crea el Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la SHCP, y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la Comisión. Se le responsabiliza a la Secretaría de establecer y mantener actualizado el Registro Nacional y para efectos de facilitar el acceso a su información, desarrollar un sistema o portal único que permita al público libremente acceder a toda la información generada, debiendo también encargarse de supervisar que los estados, municipios y la CNBV entreguen la información en la forma y términos establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan. Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir a la SHCP, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios. Asimismo se establece que toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, debiendo el Consejo aprobar los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá coordinarse con la CNBV a fin de establecer mecanismos para mejorar la calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada. Con la reforma al artículo 85 se establece que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables cuando omitan realizar los registros de la deuda de los entes públicos. La reforma al artículo 5Âº de la Ley General de Deuda Pública, tiene como propósito facultar a la SHCP, para llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por otra parte, con la reforma el artículo 16 y la adición del artículo 16 BIS de la Ley de Coordinación Fiscal, se propone incluir a la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera, como institución que participara en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la define como órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución. Las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, establecen que se considerará una operación con personas relacionadas, aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este mismo artículo y cuando se celebren operaciones crediticias con entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en esta Ley y los lineamientos de la Comisión. Se establece que la aprobación del Consejo de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de la Ley. También se establece que las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar. Se instituye la prohibición a las instituciones de crédito de otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La reforma al artículo 10 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que las operaciones de créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo que realicen las Entidades, que pongan en riesgo la capacidad de pago, independientemente de la nulidad de dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la Ley. La reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, instaura que corresponde a la SHCP el manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla conforme a las previsiones de las leyes aplicables. Las reformas a los artículos 3Âº y 6Âº de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, establecen que el Banco impulsará esquemas de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y otorgará financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. Con las reformas al Código Penal Federal, se establece que se comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a quien Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Y se entiende que el servidor público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda pública. Finalmente se establece que serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dicha situación. Así se establece que al que cometa el delito a que se refiere el artículo 217, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
oFecha de presentación 14/02/2013