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Timestamp: 2019-11-15 07:55:30
Document Index: 198043842

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 27', 'artículo 2', 'Artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 22', 'Artículo 25', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 8', 'Artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 34', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 5']

Decreto Foral 15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa
Publicado en BOG núm. 116 de 22 de Junio de 2015
Vigencia desde 01 de Agosto de 2015. Revisión vigente desde 29 de Diciembre de 2017 hasta 31 de Diciembre de 2017
Artículo 3 Determinación de las aportaciones máximas
TÍTULO II. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA
CAPITULO I. -APORTACIONES ECONÓMICAS ÍNTEGRAS, EXENCIONES, BONIFICACIONES Y CUANTÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Artículo 4 Pago íntegro de la aportación máxima
Artículo 5 Exenciones por razón de la capacidad económica
Artículo 6 Régimen de exenciones durante períodos de ausencia
Artículo 8 Cuantías de libre disposición
CAPÍTULO II. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA
Artículo 9 Componentes de la capacidad económica
Artículo 10 Capacidad económica, renta y patrimonio individuales
Artículo 13 Rentas exentas
Artículo 14 Exención sobre rendimientos de trabajo
Artículo 16 Patrimonio exento
CAPÍTULO III. -DETERMINACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS
SECCIÓN I. Elementos comunes
Artículo 19 Aportación económica aplicable por día
Artículo 20 Concurrencia de dos servicios de carácter permanente
SECCIÓN II. -Centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia
Artículo 21 Componentes para determinar la capacidad económica
Artículo 22 Determinación de la aportación económica
Artículo 23 Exenciones propias del servicio
SECCIÓN III. -Centros residenciales para personas con discapacidad o enfermedad mental
Artículo 24 Componentes para determinar la capacidad económica
SECCIÓN IV. -Centros de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia
Artículo 26 Componentes para determinar la capacidad económica
Artículo 27 Determinación de la aportación económica
SECCIÓN V. -Centros de atención diurna para personas con discapacidad y centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental
Artículo 28 Componentes para determinar la capacidad económica
Artículo 29 Determinación de la aportación económica
SECCIÓN VI. Unidades residenciales sociosanitarias
Artículo 30 Componentes para determinar la capacidad económica
Artículo 31 Determinación de la aportación económica
Artículo 32 Exención durante los primeros 30 días
SECCIÓN VII. -Servicio de estancias temporales en centros residenciales para personas en situación de dependencia
Artículo 33 Componentes para determinar la capacidad económica
Artículo 34 Determinación de la aportación económica
Artículo 35 Aportaciones máximas
Artículo 36 Concurrencia entre servicio de atención diurna y servicio de estancia temporal en residencia
Artículo 37 Concurrencia entre servicio de alojamiento de carácter permanente de baja-media intensidad y servicio de alojamiento temporal de mayor intensidad
Artículo 38 Simultaneidad del servicio de estancia temporal y servicio municipal de ayuda a domicilio
Artículo 39 Prórroga del servicio de estancia temporal por pronóstico de salida a estancia residencial de carácter permanente
Artículo 40 Renuncias
TÍTULO III. DEVENGO, PAGO Y GARANTÍAS
CAPÍTULO I. DEVENGO Y PAGO
Artículo 42 Pago
Artículo 43 Personas obligadas al pago
CAPÍTULO II. RESOLUCIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Artículo 45 Deber de comunicación
Artículo 47 Modificación de la aportación económica asignada
CAPÍTULO III. -APLAZAMIENTO PARCIAL DE PAGO Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Artículo 48 Aplicación del aplazamiento parcial de pago
Artículo 49 Cuantías que se podrán aplazar
Artículo 50 Reconocimiento de deuda
Artículo 51 Constitución de garantía en aplazamiento de pago
Artículo 52 Notificación de la deuda
Artículo 53 Recaudación en período ejecutivo
Segunda Impresos
ANEXO I. . CUANTÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
ANEXO II . IMPORTE DE LAS APORTACIONES MÁXIMAS APLICABLES A LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y AFECTADOS POR EL PRESENTE DECRETO FORAL PARA EL 2015
DF 30/2018, de 18 Dic. Guipuzkoa (modificación del DF 15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia)
Importe de las aportaciones económicas máximas actualizado para 2019 por el Anexo del D Foral [GIPUZKOA] 30/2018, 18 diciembre, por el que se aprueban las aportaciones económicas máximas de las personas usuarias y se modifica el D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 31 diciembre).
DF 26/2017, de 19 Dic. Gipuzkoa (aportaciones económicas máximas de las personas usuarias de los centros de atención a la dependenciay se modificación del DF 15/2015, de 2 Jun.)
Artículo 27 redactado por el número Uno del artículo 2 del D Foral [GIPUZKOA] 26/2017, 19 diciembre, por el que se aprueban las aportaciones económicas máximas de las personas usuarias y se modifica el D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 29 diciembre).
Artículo 29 redactado por el número Dos del artículo 2 del D Foral [GIPUZKOA] 26/2017, 19 diciembre, por el que se aprueban las aportaciones económicas máximas de las personas usuarias y se modifica el D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 29 diciembre).
Importe de las aportaciones económicas máximas actualizado para 2018 por el Anexo del D Foral [GIPUZKOA] 26/2017, 19 diciembre, por el que se aprueban las aportaciones económicas máximas de las personas usuarias y se modifica el D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 29 diciembre).
DF 24/2017, de 12 Dic. Gipuzkoa (prestaciones económicas de la L 39/2006, de 14 de Dic., de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia)
Letra c) del número 1 del artículo 22 introducida por la disposición final primera del D Foral [GIPUZKOA] 24/2017, 12 diciembre, por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia («B.O.G.» 28 diciembre).
DF 2/2017, de 24 Ene. Gipuzkoa (modificación del DF 15/2015, de 2 Jun., por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia)
Número 2 del artículo 11 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por el número Uno del apartado primero del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero).
Letra a) del número 1 del artículo 22 redactada, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por el número Dos del apartado primero del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero).
Anexo I redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por apartado segundo del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero).
DF 12/2016, de 24 May. Gipuzkoa (modificación del DF 15/2015, de 2 Jun., por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia)
Artículo 25 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Uno del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio). Efectos/ aplicación: 1/1/2016 Disposición adicional primera numerada, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Dos del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio). Efectos/ aplicación: 1/1/2016 Disposición adicional segunda introducida, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Dos del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio). Efectos/ aplicación: 1/1/2016 Anexo I « Cuantías de libre disposición» redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Tres del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio). Efectos/ aplicación: 1/1/2016
El presente decreto foral tiene por objeto regular la participación económica de las personas usuarias en los centros de atención a la dependencia de competencia foral, concretando los principios establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y unificando en una única norma la regulación que hasta el momento se había recogida de un modo no sistemático. La Ley 12/2008 regula, en su Título IV, el modelo de financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales, previendo entre sus fuentes de financiación la participación económica de las personas usuarias. Esta participación debe determinarse de acuerdo a los criterios generales establecidos por la propia Ley y sus disposiciones de desarrollo.
En primer lugar, la Ley establece que los servicios incluidos en el catálogo definido en sus artículos 21 y 22 podrán ser gratuitos o quedar sujetos al pago del precio público o de la tasa correspondiente y que en ambos supuestos, el acceso a los mismos se regulará a través del establecimiento de requisitos específicos. En cualquier caso, el acceso a los servicios queda garantizado a todas las personas que reúnan los requisitos aplicables en cada caso, sin que en ningún caso puedan quedar excluidas por razones económicas.
Se establece que las personas usuarias en ningún caso participarán en la financiación de los servicios y prestaciones regulados como gratuitos en el marco de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, independientemente del carácter que tenga el servicio en cuyo marco se presten, ni en la financiación de los servicios regulados como gratuitos en el marco de los catálogos y/o carteras conjuntas de servicios y prestaciones que, en su caso, pudieran establecerse, de conformidad con lo previsto en los artículos 45.3 y 46.4.
En segundo lugar, la participación de las personas usuarias en la financiación de las prestaciones y servicios no definidos como gratuitos se realizará mediante la determinación de los correspondientes precios públicos o las correspondientes tasas. En todo caso, en la determinación de la aportación económica se tendrá en cuenta:
En tercer lugar, y con el fin de determinar la participación de las personas usuarias en el pago del precio público, la Ley establece que se ponderará el nivel de recursos económicos de la persona usuaria, en los términos en que dichos recursos se determinen reglamentariamente, obedeciendo su valoración a criterios de progresividad. En todo caso, quedará excluida de la valoración la vivienda o alojamiento que constituya su residencia habitual, salvo en el caso de una vivienda de valor excepcional.
En cuarto lugar, cuando las personas obligadas al pago de los servicios acrediten no disponer de un nivel de recursos económicos suficientes con los que abonar íntegramente el precio público o la tasa correspondiente, se beneficiarán de exenciones o bonificaciones.
En quinto lugar, las personas usuarias tendrán siempre garantizada una cantidad de libre disposición. En el supuesto de que sus recursos económicos fueran inferiores o iguales a esa cuantía, la prestación será gratuita.
Y en sexto lugar, en el caso de los servicios residenciales para personas mayores, cuando las personas usuarias del servicio carezcan de ingresos suficientes para el pago de las aportaciones económicas correspondientes pero dispongan de un patrimonio que pudiera afectarse a dichos gastos, la Ley establece que podrán acordarse fórmulas alternativas de financiación entre la administración pública competente y la persona usuaria.
Además de aplicar estos criterios básicos cuando proceda establecer una aportación económica de las personas usuarias en centros de atención a la dependencia, el presente decreto foral tiene por objetivo clarificar y unificar la regulación foral al respecto. En efecto, en la actualidad conviven diversas regulaciones para este tipo de centros, dictadas en momentos diferentes y para servicios específicos, que adolecen de dispersión y coherencia, al tiempo que existen servicios prestados mediante fórmulas de convenio en los que la regulación de esta materia queda en manos de las entidades gestoras.
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa se ha regulado el acceso y el cálculo de la aportación económica de las personas usuarias de los recursos de atención secundaria en base a la siguiente normativa:
a) En los servicios residenciales y centros de día de personas mayores en situación de dependencia por la aplicación de:
- Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril, se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes de Gipuzkoa.
- Orden Foral 801/2002, de 30 de diciembre, por la que se aprueban los procedimientos y criterios que desarrollan el Decreto Foral 20/2002 y sus correcciones de errores.
- Decreto Foral 43/2006, de 10 de octubre, que modifica el Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril.
- Artículo 3 del Decreto Foral 29/2008, de 29 de abril, por el que se regulan las aportaciones de las personas beneficiarias de los servicios de atención residencial y atención diurna durante los fines de semana y festivos.
b) En los servicios residenciales y centros de día de personas con discapacidad:
- Decreto Foral 4/1996, de 30 de enero, por el que se establecen los Precios Públicos de los centros asistenciales del Organismo Autónomo « Fundación Uliazpi «.
- Decreto Foral 41/1997, de 3 de junio, por el que se aprueban los precios públicos de los centros residenciales para personas con minusvalía adscritos a Gizartekintza.
- Decreto Foral 56/1999, de 15 de junio, por el que se aprueban los precios públicos de los centros de atención a personas mayores adscritos a Gizartekintza.
c) En los recursos socio-sanitarios (incluidos los servicios de salud mental):
- Decreto Foral 30/2010, de 26 de octubre, por el que se regulan las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de la Red de recursos sociosanitarios.
d) Por otra parte, anualmente y mediante orden foral se han ido actualizando las aportaciones máximas por persona usuaria y día de los servicios residenciales y de centros de día de personas mayores, así como de los recursos sociosanitarios.
Siendo esto así, en el período de aplicación de la citada normativa foral se han observado algunas discordancias y desajustes que conviene corregir. Se ve necesario, por tanto, el establecimiento de unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias de los centros de atención a personas en situación de dependencia que cumplan los criterios comunes establecidos por la Ley de servicios sociales.
En este sentido, en lugar de la modificación de artículos puntuales de los anteriores textos se ha optado por redactar un nuevo texto que facilita la operatividad y la transparencia en su aplicación.
En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Política Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,
El presente decreto foral tiene por objeto determinar el régimen de la participación económica de las personas obligadas al pago en el coste de los centros de atención a la dependencia de competencia foral en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en particular regular:
a) Los criterios de determinación de la capacidad económica de las personas usuarias.
b) Las bonificaciones aplicables en función de la capacidad económica.
c) Las cuantías mínimas que se garantizarán a las personas usuarias para su libre disposición.
d) Los criterios que rigen el devengo, el pago y los aplazamientos parciales de pago.
El presente decreto foral será de aplicación a los servicios provistos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, bien en régimen de gestión directa, bien en régimen de convenio o contrato con entidades privadas, que se enumeran a continuación:
a) Servicios de alojamiento permanente y temporal en:
- Centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia.
- Centros residenciales para personas con discapacidad.
- Centros residenciales para personas con enfermedad mental.
- Unidades Residenciales Sociosanitarias.
b) Servicios de atención diurna:
- Centros de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia.
- Centros de atención diurna para personas con discapacidad.
- Centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental.
1. Las aportaciones máximas de los servicios citados en el artículo 2 se aprobarán mediante decreto foral a propuesta del Departamento de Política Social.
2. Ninguna persona por no disponer de recursos económicos quedará excluida de la cobertura de los servicios sociales cuyas aportaciones se fijan en el presente decreto foral.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA
-APORTACIONES ECONÓMICAS ÍNTEGRAS, EXENCIONES, BONIFICACIONES Y CUANTÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
1. Las personas obligadas al pago de los servicios abonarán íntegramente la aportación máxima correspondiente cuando dispongan de la capacidad económica suficiente para ello, sin perjuicio de que se pueda exigir la formalización de las garantías adecuadas para asegurar el abono de dicha aportación, en los términos previstos en el título III del presente decreto foral.
2. A efectos de lo anterior, se entenderá que la persona usuaria dispone de capacidad económica suficiente cuando la aportación calculada según lo previsto en el capítulo III del título II del presente decreto foral sea igual o superior a la aportación máxima aprobada, atendiendo al tipo de servicio del que sea usuaria.
3. Asimismo, abonarán íntegramente la aportación máxima las personas que no faciliten los certificados económicos necesarios ni autoricen al Departamento de Política Social a verificar los datos económicos aportados en la solicitud con los datos fiscales disponibles en el Departamento de Hacienda y Finanzas y a realizar las comprobaciones pertinentes con los datos e informes de los que puedan disponer otras administraciones públicas. En estos casos, no se podrá garantizar la cuantía mínima de libre disposición que se establece en el artículo 8 del presente decreto foral.
Las personas usuarias de los servicios quedarán exentas de abonar la aportación correspondiente cuando su capacidad económica sea inferior, en cómputo anual, a las cuantías de libre disposición establecidas en el presente decreto foral.
1. Las personas usuarias de los servicios de carácter permanente quedarán exentas de abonar el 25% de la aportación asignada durante los períodos de ausencia previstos en el artículo 32 del Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia.
2. Las personas usuarias del servicio de estancias temporales abonarán el 100% de la aportación asignada durante los períodos de ausencia en los que la plaza queda reservada por no haber renunciado a la misma.
1. Cuando las personas usuarias no dispongan de capacidad económica suficiente para pagar íntegramente la aportación máxima, podrán beneficiarse de bonificaciones en las aportaciones correspondientes.
2. Las bonificaciones aplicables a la aportación se determinarán atendiendo a un principio de progresividad en función de la capacidad económica de la persona usuaria.
3. Las aportaciones bonificadas se determinarán tras la aplicación de las fórmulas recogidas para los distintos servicios en el capítulo III del presente título, y una vez respetadas las cuantías de libre disposición establecidas en el artículo 8 en función del tipo de servicio.
1. En la determinación de las aportaciones a abonar por las personas usuarias, cuando la persona solicitante del servicio haya autorizado al Departamento de Política Social la verificación de los datos económicos aportados, se respetarán las cuantías mínimas que se establecen para cada servicio en el anexo I del presente decreto foral para la libre disposición de la persona usuaria.
2. El importe calculado para establecer la aportación económica de la persona usuaria tras la aplicación de las diversas fórmulas recogidas en el capítulo III del título II del presente decreto foral se reducirá, en los casos en que sea necesario, hasta garantizar la correspondiente cuantía mínima de libre disposición.
3. No obstante, en los servicios en los que no se tiene en cuenta el patrimonio para determinar la capacidad económica, cuando por aplicación de las fórmulas mencionadas en el apartado 2, la aportación calculada sea inferior a aquella cuantía resultante para personas beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos y la unidad de convivencia disponga de un patrimonio de valor superior al límite establecido para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos regulada en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inserción Social, y exclusivamente por superar el límite patrimonial no pueda acceder a la prestación económica, la aportación económica será la misma que para las personas usuarias beneficiarias de la prestación mencionada.
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA
Para valorar la capacidad económica individual de la persona usuaria, dependiendo del tipo de servicio, se tendrá en cuenta bien la renta anual o bien la renta anual y el patrimonio de la unidad de convivencia, aplicando al efecto los criterios de valoración establecidos en los artículos siguientes del presente capítulo.
1. La capacidad económica individual de la persona usuaria del servicio será el resultado de dividir la capacidad económica de la unidad de convivencia entre el número de sus miembros.
2. La renta individual de la persona usuaria del servicio será el resultado de dividir la renta anual de la unidad de convivencia entre el número de sus miembros.
3. El patrimonio individual de la persona usuaria del servicio será el resultado de dividir el patrimonio de la unidad de convivencia entre el número de sus miembros.
1. La aportación económica de la persona usuaria se calculará tras determinar la capacidad económica de la unidad de convivencia. A tales efectos, la unidad de convivencia estará compuesta por:
a) En el caso de personas mayores de edad, la unidad de convivencia es la integrada por la persona solicitante del servicio y:
- La o el cónyuge o pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo.
- Las o los hijos menores de 30 años que convivan en el domicilio y sean económicamente dependientes.
- Las o los hijos de 30 o más edad cuando estén incapacitados judicialmente o tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, cuando convivan en el domicilio y sean económicamente dependientes.
b) En el caso de personas menores de edad, la unidad de convivencia estará conformada por ellas mismas y las o los progenitores que ostenten la guarda y custodia de la persona menor. También formarán parte de la unidad de convivencia las hermanas y hermanos menores de 30 años y los de edad igual o superior a esta última cuando estén incapacitados judicialmente o tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, y en ambos casos cuando convivan con las o los progenitores que conforman la unidad de convivencia y sean económicamente dependientes.
2. Se entenderá que las hijas e hijos o las hermanas y hermanos son económicamente dependientes cuando dispongan de ingresos inferiores al 93% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Número 2 del artículo 11 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por el número Uno del apartado primero del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero). Vigencia: 8 febrero 2017 Efectos / Aplicación: 1 enero 2017
3. Se entenderá que existe convivencia entre cónyuges o parejas mientras no haya sentencia de separación o se certifique la disolución de la pareja de hecho.
1. A efectos del cálculo de la capacidad económica de la unidad de convivencia, se considerarán rentas o ingresos computables, los rendimientos y derechos de que disponga anualmente la unidad de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros que se pudieran percibir, y en concreto:
a) Las pensiones y prestaciones económicas con cargo a fondos públicos o privados, que se computarán por los ingresos netos que se perciban. Tendrán esa consideración las pensiones, subsidios, prestaciones económicas o cualquier otro derecho económico del que sea sujeto causante cualquier miembro de la unidad de convivencia.
b) Los rendimientos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, computándose los ingresos netos que se perciban.
c) Los rendimientos netos de capital mobiliario e inmobiliario.
d) Premios e ingresos extraordinarios. Se entenderán como ingresos extraordinarios las herencias y legados, donaciones, recursos generados por venta de patrimonio y cualesquiera otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, de carácter no regular u obtenidos de modo excepcional. Estos ingresos se computarán cuando no se hayan valorado como patrimonio, en los 5 años posteriores al devengo, computando por cada año el resultado de dividir la suma neta del premio o ingreso extraordinario por cinco.
e) Los ingresos anuales obtenidos por los derechos de contenido económico en una entidad de previsión social voluntaria o en otros planes de previsión de carácter análogo o en contratos de seguros colectivos u otro tipo de contratos de seguro, cuando dichos derechos no hayan sido valorados como patrimonio.
2. Las cantidades que efectivamente se estén destinando al pago de pensiones de alimentos o a pensiones compensatorias, por estar establecidas por sentencia judicial, se descontarán de la suma de los ingresos.
3. Con carácter general, el período a computar en la determinación de la renta será el correspondiente al ejercicio anterior a la fecha de solicitud del servicio. No obstante, para los tipos de ingresos mencionados en las letras a) y los rendimientos procedentes por cuenta ajena de la letra b), el período a computar que se tendrá en consideración será el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud de acceso al servicio correspondiente.
4. A los efectos de la letra a) del apartado 1 del presente artículo, se consideran ingresos netos la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos deducibles y retenciones, ambos, a efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de la letra b) del apartado 1 del presente artículo, se determinarán los rendimientos netos procedentes del trabajo por cuenta propia de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa fiscal que sea de aplicación para la determinación de los rendimientos netos por actividades empresariales o profesionales, considerándose que los rendimientos netos de trabajo por cuenta propia serán iguales a la base imponible correspondiente a la declaración fiscal del año inmediatamente anterior al de la solicitud, salvo:
a') En el caso de no disponerse de declaración fiscal previa se presentará una declaración jurada de los rendimientos netos del ejercicio anterior.
b') Cuando se hubiese iniciado la actividad por cuenta propia en el ejercicio de la solicitud del servicio o una vez sea persona usuaria del mismo, a los tres meses del inicio de la actividad se realizará una declaración jurada de los rendimientos mensuales medios netos de los últimos tres meses.
En los supuestos a') y b') anteriores, con posterioridad y a resultas de la declaración fiscal, el Departamento de Política Social, procederá, en su caso a realizar la regularización que corresponda.
c') No se computará rendimiento alguno desde el momento que el miembro de la unidad de convivencia que ejerce la actividad se da de baja en la misma.
A los mismos efectos, se consideran ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta ajena la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos por cotizaciones a la seguridad social y las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
6. A los efectos de las letras c) y e) del apartado 1 del presente artículo, se consideran rendimientos o ingresos netos la diferencia entre los rendimientos o ingresos brutos y los gastos deducibles y los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No se descontarán, en cambio, las posibles bonificaciones del mismo impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las que se hayan visto favorecidas.
1. A efectos del cálculo de la capacidad económica de la unidad de convivencia se considerarán rentas exentas, tanto si corresponden a la persona usuaria como a los demás miembros de su unidad de convivencia, las siguientes:
a) Las prestaciones económicas por hija o hijo a cargo menor de 18 años.
b) Las becas para la educación o la formación.
c) Las becas-comedor y las becas de transporte.
d) Las subvenciones públicas para la adquisición de productos de apoyo y adaptación del medio físico.
e) Las ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual.
f) El subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad.
g) Las Ayudas de Emergencia Social y la Prestación Complementaria de Vivienda reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
h) Las ayudas finalistas para la integración social de personas en situación de riesgo.
i) Las ayudas para el acogimiento de personas menores de edad en situación de desprotección.
j) Las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
k) Las prestaciones económicas para personas víctimas de violencia de género.
l) Las remuneraciones obtenidas por asistencia a un centro ocupacional.
ll) Las cuotas obtenidas por hipoteca inversa sobre la vivienda habitual.
m) El complemento de gran invalidez, el complemento de pensión no contributiva de invalidez por necesidad de otra persona, el complemento de la asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años con una grado de discapacidad igual o superior al 75% y el subsidio de ayuda por tercera persona del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuando el causante de dichas pensiones o prestaciones sea persona distinta de la persona usuaria del servicio.
n) Otras prestaciones sociales de carácter finalista, en su caso.
2. También estará exento el 40% de los rendimientos netos de capital inmobiliario obtenidos por el arrendamiento de la vivienda habitual para las personas usuarias de los servicios de alojamiento objeto del presente decreto foral.
En el cómputo de ingresos procedentes de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena se excluirán el 40% de los mismos.
1. A efectos del cálculo de la capacidad económica de la unidad de convivencia, tendrán la consideración de patrimonio:
a) El conjunto de bienes muebles e inmuebles y derechos de contenido económico de los que sean titulares total o parcialmente las y los miembros de la unidad de convivencia a la fecha de solicitud del servicio.
b) El valor de los bienes y derechos que se hayan transmitido a título gratuito, por parte de alguna persona miembro de la unidad de convivencia, dentro del período de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud del servicio.
2. Las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes y derechos computados, cuando se deban a compromisos adquiridos para hacer frente a la adquisición o rehabilitación de los mismos, se descontarán con objeto de calcular su valor neto. Del mismo modo, las deudas personales y compromisos constituidos ante notario/a o ante entidades bancarias para hacer frente a obligaciones de la unidad de convivencia se descontarán de la suma de los valores patrimoniales de la unidad de convivencia.
3. Teniendo en cuenta que la vivienda que ha constituido la residencia habitual se considera patrimonio exento según el artículo siguiente, las cargas y gravámenes que recaigan sobre el mismo tampoco reducirán el patrimonio de la unidad de convivencia.
4. La valoración del patrimonio se realizará en función de los criterios establecidos en la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas o normativa que lo sustituya.
A efectos del cálculo de la capacidad económica de la unidad de convivencia, se considerará patrimonio exento:
a) La vivienda habitual, salvo cuando tenga valor excepcional, considerándose que tiene valor excepcional cuando su valor catastral sea superior a los valores fijados en la Orden de 15 de mayo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen los valores catastrales máximos a efectos de prestaciones económicas, o normativa que la sustituya, en tanto no se establezcan otros valores máximos a efectos de copago de servicios; en tales supuestos, se computará, a efectos de patrimonio, el exceso del valor catastral respecto a los límites establecidos.
a.1.) A estos efectos se entenderá incluido en el concepto de vivienda habitual, además de la propia vivienda, un garaje y un trastero, si los hubiese, siempre que estén localizados en el mismo inmueble en el que se encuentra la vivienda o en otro inmueble cercano al domicilio. Cuando se trate de una vivienda habitual de carácter rústico, dentro del concepto de vivienda habitual se incluirá la parcela anexa de carácter rústico que no esté desagregada.
a.2.) Se considerará vivienda habitual aquella vivienda en la que la persona usuaria haya residido hasta su ingreso en el servicio de alojamiento. A los mismos efectos, cuando previo al ingreso en el servicio de alojamiento la persona usuaria haya residido en otro alojamiento distinto al que durante un tiempo fue su residencia habitual, se considerará vivienda habitual también, y en consecuencia quedará exenta del cómputo en la valoración patrimonial, cuando se cumplan las 3 siguientes condiciones:
- Que la vivienda que ha abandonado haya constituido su vivienda habitual durante al menos 3 años.
- Que el traslado de una vivienda a otra vivienda se produzca como consecuencia de la dependencia o falta de autonomía de la persona solicitante.
- Que en su nueva vivienda tenga apoyos para su dependencia, es decir que haya ido a convivir con alguien, o que el cambio de domicilio se haya producido con el fin de salvar barreras arquitectónicas.
b) Los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido, al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, salvo cuando la persona titular de dicho patrimonio sea la que accede al servicio y siempre que el acceso a dicho servicio tenga un carácter definitivo, en la medida en que el mismo participa en la cobertura de las necesidades vitales de la persona de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1 y 5.4 de la mencionada Ley.
1. Cuando las personas solicitantes de los servicios quieran beneficiarse de las bonificaciones en las aportaciones económicas indicadas en el artículo 7, realizarán, junto con la solicitud del servicio, una declaración jurada de ingresos y patrimonio referida al ejercicio anterior. Asimismo, informarán sobre los bienes y derechos que se han podido transmitir a título gratuito a personas distintas de la unidad de convivencia dentro del período de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud del servicio. Junto con la declaración jurada aportarán los siguientes documentos, en su caso:
a) Certificado de la pensión generada fuera del estado español o extracto bancario del abono de dicha pensión.
b) Certificado de disponer bienes, muebles o inmuebles, fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
c) Sentencia y, en el caso, convenio regulador en el que se establece pensión de alimentos a favor de hijas o hijos y/o pensión compensatoria a favor de la o del excónyuge.
d) En su caso, otros documentos que el órgano gestor considere oportunos para determinar la capacidad económica de la persona interesada.
2. La falsedad y ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar a la suspensión definitiva en la prestación del servicio.
-DETERMINACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS
La liquidación de la aportación económica a realizar por las personas usuarias de los servicios regulados en el presente decreto foral corresponde al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La parte correspondiente al coste de la plaza del servicio no financiada por la persona usuaria será financiada por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La aportación económica a abonar por la persona usuaria se determinará por día de servicio recibido o reservado.
Cuando una persona usuaria de un servicio residencial de carácter permanente sea a su vez usuaria de un servicio de atención diurna, la aportación que deberá realizar por el servicio residencial se calculará tras descontar el gasto del servicio de día a la renta individual de la persona usuaria.
-Centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia
Para determinar la capacidad económica de la persona usuaria del servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia se tendrán en cuenta la renta anual y el patrimonio de la unidad de convivencia en cómputo anual, aplicando al efecto los criterios de valoración establecidos en el capítulo II del título II del presente decreto foral.
a) Cuando la persona usuaria disponga de un patrimonio individual de valor superior al 62% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en cómputo anual la aportación asignada inicialmente será equivalente a la aportación máxima. El período durante el cual la persona usuaria deberá pagar íntegramente la aportación máxima se calculará de la siguiente manera:
(Patrimonio individual - 62% del IPREM) / Aportación máxima = n.º días a pagar la aportación máxima.
- Patrimonio individual: definido en el artículo 10.
- Aportación máxima: establecida en el artículo 3.
Letra a) del número 1 del artículo 22 redactada, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por el número Dos del apartado primero del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero). Vigencia: 8 febrero 2017 Efectos / Aplicación: 1 enero 2017
b) Transcurrido el período calculado en el apartado a), se procederá a determinar la aportación económica de la persona usuaria según la renta individual. La aportación económica asignada será el resultado de:
85% de la renta individual/ 365 días = aportación de la persona usuaria.
Renta individual: definida en artículo 10.
c) Si, durante el periodo de espera para el acceso a una plaza residencial de la red foral de servicios sociales, la persona solicitante hubiera optado por hacer uso de una plaza residencial privada no concertada y se hubiera beneficiado para ello de la Prestación Económica Vinculada al Servicio, su estancia en dicho servicio se tendrá en cuenta, a la hora de ingresar en una plaza de la red foral, de cara a la determinación de su aportación económica: al número de días que corresponda pagar la aportación máxima calculado según la letra a) del presente apartado 1 se le restará el número de días transcurridos en el servicio residencial privado no concertado, acreditados en el marco de dicha prestación económica.
Letra c) del número 1 del artículo 22 introducida por la disposición final primera del D Foral [GIPUZKOA] 24/2017, 12 diciembre, por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia («B.O.G.» 28 diciembre). Vigencia: 29 diciembre 2017
2. El importe obtenido tras la aplicación de la fórmula recogida en el punto b) del apartado anterior se reducirá, en los casos que sea necesario, hasta garantizar la mínima libre disposición que se determina en el artículo 8.
Teniendo en cuenta que los bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual se valorarán como patrimonio, los rendimientos de capital inmobiliario obtenidos por el arrendamiento de los mismos estarán exentos de cómputo a efectos del cálculo de la renta de la unidad de convivencia. Por la misma razón, igualmente estarán exentos los rendimientos de capital mobiliario.
-Centros residenciales para personas con discapacidad o enfermedad mental
Para determinar la capacidad económica de la persona usuaria se tomará en consideración la renta en cómputo anual, aplicando al efecto los criterios de valoración establecidos en el capítulo II de este mismo título.
2. No obstante lo anterior, cuando la persona usuaria no tenga cubierta la manutención dentro del servicio residencial, el porcentaje a computar de su renta individual será del 65%.
Artículo 25 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Uno del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2016 Efectos / Aplicación: 1 enero 2016
-Centros de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia
Para determinar la capacidad económica de la persona usuaria se tomará en consideración la renta individual tal y como se define en el capítulo II del título II.
45 % de la renta individual / 264 = aportación de la persona usuaria.
-Centros de atención diurna para personas con discapacidad y centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental
45% de la renta individual / 220 = aportación de la persona usuaria.
Para determinar la capacidad económica de la persona usuaria se tomará en cuenta la renta individual en los términos que se definen en el capítulo II del título II.
1. La aportación económica a realizar por la persona usuaria del servicio de unidades residenciales sociosanitarias será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
80% de la renta individual / 365 = aportación de la persona usuaria.
2. El importe obtenido tras la aplicación de la fórmula recogida en el apartado anterior, se reducirá, en los casos que sea necesario, hasta garantizar la mínima libre disposición que se determina en el artículo 8.
Las personas usuarias de las unidades residenciales sociosanitarias quedarán exentas de abonar aportación económica alguna durante los primeros 30 días de estancia.
-Servicio de estancias temporales en centros residenciales para personas en situación de dependencia
1. La aportación económica a realizar por la persona usuaria por el servicio de estancia temporal para personas mayores en situación de dependencia será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
85% de la renta individual / 365 días = aportación de la persona usuaria.
2. La aportación a realizar por la persona usuaria por el servicio de estancia temporal para personas con discapacidad o enfermedad mental será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
75% de la renta individual / 365 días = aportación de la persona usuaria.
3. El importe obtenido tras la aplicación de la fórmula correspondiente de las recogidas en los apartados anteriores, se reducirá, en los casos que sea necesario, hasta garantizar la mínima libre disposición que se determina en el artículo 8.
Las aportaciones máximas para los servicios de estancias temporales para personas mayores en situación de dependencia y para personas con discapacidad o enfermedad mental se corresponderán con las aportaciones máximas fijadas por decreto foral para el servicio residencial permanente para mayores en situación de dependencia, para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental respectivamente.
Cuando la persona usuaria del servicio de estancias temporales para personas mayores no tenga valorado el grado de dependencia su situación se asimilará a la de la persona usuaria de una plaza para grados III y II de BVD a efectos de establecer la aportación máxima.
Cuando la persona solicitante del servicio de la estancia temporal sea persona usuaria del servicio de atención diurna, la aportación económica de la estancia temporal se calculará tras restar a la renta individual la aportación anual al centro de atención diurna.
Cuando una persona usuaria de un servicio de alojamiento de carácter permanente de baja-media intensidad debe hacer uso de forma temporal de un servicio de alojamiento de mayor intensidad, abonará con el 75% de su aportación el servicio de alojamiento de carácter permanente y con el 25% restante el servicio de estancia temporal.
1. Sin perjuicio de lo que establezca la normativa municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, se entenderá que ambos servicios son incompatibles y que durante la estancia temporal el servicio de ayuda a domicilio quedará suspendido. Por lo tanto, la persona usuaria abonará la totalidad de la aportación calculada según el artículo 34.
2. No obstante, si el servicio de ayuda a domicilio se sigue prestando por permanecer en el domicilio algún miembro de la unidad de convivencia que cumple los requisitos establecidos para dicho servicio, a la aportación económica calculada para la estancia temporal se le descontará la parte proporcional del gasto correspondiente al servicio de ayuda a domicilio. La parte proporcional del gasto será el resultado de dividir la cuantía a abonar por el servicio de ayuda a domicilio recibido durante el período de la estancia temporal entre el número destinatarios de dicho servicio.
Cuando se prorrogue la estancia en el servicio temporal para a posteriori derivarse a una plaza de carácter permanente, para el cálculo de la aportación económica se aplicará lo recogido para los servicios de carácter permanente.
Cuando la persona solicitante o usuaria renuncie al servicio de estancia temporal regulado en el artículo 28 del Decreto Foral 12/2005, de 21 de abril, deberá abonar un importe equivalente al 50% de la aportación que le hubiera correspondido por cada uno de los días de estancia no disfrutados, en los siguientes casos:
a) Cuando la justificación no sea determinante y la antelación no sea suficiente según la normativa reguladora del servicio, en cuyo caso abonará un máximo de 7 días.
b) Cuando la antelación sea suficiente pero la justificación no sea determinante, y se haya producido otra renuncia similar dentro del año natural, en cuyo caso abonará un máximo de 3 días.
DEVENGO, PAGO Y GARANTÍAS
La obligación de pago de las aportaciones económicas reguladas en esta normativa nace desde el momento en que se preste cualquiera de los servicios especificados en el artículo 2.
1. El pago de las aportaciones económicas asignadas se efectuará en el momento de presentación al cobro de la correspondiente factura a la entidad que se determine.
2. En los supuestos de aplazamiento parcial de pago previstos en el capítulo III del presente título se procederá del siguiente modo:
a) El abono de la parte de la aportación exigible en cada mensualidad se efectuará en el momento de presentación al cobro, por la entidad prestadora del servicio de la correspondiente factura. El abono se realizará a la misma entidad prestadora del servicio.
b) El abono de la parte restante, junto con los intereses devengados, se hará efectivo en el momento en que cese el servicio del que se trate o en un momento anterior si así lo desea la persona obligada al pago. Este abono se realizará a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
3. En los supuestos de las renuncias reguladas en el artículo 40, cuando dicha renuncia se haya realizado antes de la fecha del ingreso pero corresponda abonar alguna aportación, el pago se realizará a la Diputación Foral de Gipuzkoa, una vez que esta última resuelva su exigibilidad.
1. Estarán obligadas al pago de la aportación económica, en los términos regulados en el presente decreto foral, las personas que accedan a cada uno de los servicios previstos en el artículo 2.
2. Cuando las personas usuarias del servicio sean personas menores de edad o personas adultas jurídicamente incapaces, estarán obligadas al pago la persona o las personas que ostenten la patria potestad, la tutela o la curatela.
3. Asimismo, en aplicación a lo previsto en el artículo 57.6 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, estarán subsidiariamente obligadas al pago de la aportación económica aquellas personas que se hayan visto favorecidas por una o varias transmisiones patrimoniales, realizadas a título gratuito por la persona usuaria o por su cónyuge, en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de acceso al servicio. La obligación del pago alcanzará hasta el importe equivalente al valor del bien donado, siendo éste el valor catastral cuando se trata de bienes inmuebles y el valor actual de mercado en el momento de la solicitud del servicio cuando se trata de bienes muebles.
RESOLUCIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
1. Corresponde al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa la liquidación y aplicación de las aportaciones económicas previstas en el presente decreto foral.
2. El Departamento de Política Social notificará a la persona interesada o, en su caso, a su representante legal:
a) El coste total de la plaza del servicio.
b) La aportación económica que deberá abonar.
c) La parte del coste financiada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
d) La renta y el patrimonio computados para determinar la capacidad económica.
e) Las obligaciones de la persona usuaria del servicio.
f) Los recursos que contra la resolución procedan.
3. La liquidación de la aportación económica inicial es parte del procedimiento de acceso regulado mediante el Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, o, en su caso, mediante el Decreto Foral 12/2015, de 21 de abril. En consecuencia, la resolución de admisión al servicio solicitado y la resolución de la aportación asignada se realizarán en el mismo acto administrativo.
1. Las personas que perciban cualquiera de los servicios señalados en el artículo 2 o, en su caso, su representante legal, tienen el deber de comunicar, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que se produzca, cualquier variación en el número de miembros de la unidad de convivencia, estado civil, variaciones en ingresos o en el patrimonio de la unidad de convivencia (herencias o donaciones recibidas, transmisiones de inmuebles,), y cuantas circunstancias puedan tener incidencia en la aportación económica asignada a la persona usuaria.
2. De dicha comunicación podrá derivarse una modificación de la aportación asignada que tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la solicitud de revisión, salvo que la modificación suponga el incremento de la aportación económica y no se haya procedido a comunicar en plazo la variación de las circunstancias que motivan dicha modificación, en cuyo caso los efectos serán desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se produjeron tales variaciones.
3. Cuando el Departamento de Política Social tenga conocimiento de que se ha producido una variación en la capacidad económica de la unidad de convivencia tenida en cuenta a efectos de determinar la aportación económica y dicha variación no hubiera sido debidamente comunicada en los términos previstos en el párrafo anterior, el Departamento revisará de oficio la aportación económica asignada para ajustarlo a las nuevas circunstancias. La nueva aportación económica será aplicable con carácter retroactivo al primer día del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido el mencionado cambio de circunstancias y generará para la persona usuaria la obligación del pago de las cuantías atrasadas que se hubieran acumulado durante dicho periodo.
1. El órgano gestor del Departamento de Política Social revisará anualmente las aportaciones económicas a abonar por las personas usuarias, al objeto de ajustarlas a sus rentas actualizadas.
2. Además de la revisión anual, el órgano gestor podrá proceder a cuantas revisiones estime oportunas y resolverá la modificación de la aportación económica asignada en aquellos casos en los que verifique que se ha producido alguna variación en la capacidad económica de las personas usuarias.
Serán causa de modificación de la aportación económica asignada a la persona usuaria del servicio, además de la variación en su capacidad económica, las siguientes:
a) Variación del grado de dependencia de la persona usuaria cuando se trate de personas usuarias de los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia.
b) El traslado de un centro a otro centro, tanto si dicho traslado supone cambio del tipo de servicio como si el traslado se efectúa dentro del mismo tipo de servicio, cuando exista variación alguna en la forma de determinar la aportación o en la aportación máxima establecida para cada centro.
-APLAZAMIENTO PARCIAL DE PAGO Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA
1. Cuando las personas usuarias y, en su caso, las personas obligadas al pago acrediten no disponer de ingresos periódicos suficientes para abonar la aportación económica asignada, y dispongan de bienes de difícil realización, podrán beneficiarse, previa solicitud expresa, de aplazamientos parciales de pago.
2. Los aplazamientos parciales de pago podrán ser aplicables a los servicios residenciales del artículo 2 en los que se tiene en cuenta el patrimonio a efectos de determinar la aportación económica asignada.
3. Los aplazamientos parciales de pago devengarán el interés legal del dinero vigente en cada ejercicio.
Las personas obligadas al pago podrán aplazar anualmente el abono de las cuantías resultantes de la siguiente fórmula:
Aportación económica a pagar por el servicio – (renta individual - cuantía mínima de libre disposición).
1. Las personas que quieran acogerse al aplazamiento de pago previsto en los artículos anteriores deberán suscribir un documento de reconocimiento de deuda a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el importe/día a aplazar, es decir, la diferencia existente entre la cuantía de la aportación económica asignada y el importe/día a satisfacer. A tales efectos, las personas obligadas al abono formalizarán un compromiso de pago con el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, conforme a los términos previstos en la resolución administrativa mediante la cual se les adjudique el servicio.
2. La solicitud del aplazamiento de pago y la suscripción del reconocimiento de deuda podrán formalizarse tanto previo al ingreso en el centro como con posterioridad siempre que coincidan las circunstancias recogidas en los artículos anteriores.
3. El reconocimiento de deuda y el compromiso de pago que lleva asociado, implicarán la asunción de la obligación de no enajenar los bienes propios ni renunciar a derechos de índole económico o patrimonial, sin la previa autorización expresa del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en tanto la deuda no sea saldada. El incumplimiento de esta obligación determinará la exigencia de la cantidad total pendiente de pago y la extinción de los efectos derivados del reconocimiento de deuda.
4. El Departamento de Política Social remitirá anualmente a las personas obligadas al pago, con carácter informativo, un documento de reconocimiento de deuda debidamente actualizado que indique explícitamente la cantidad adeudada a esa fecha, diferenciando el principal de los intereses devengados.
1. Para garantizar el aplazamiento de pago de la deuda reconocida o que se pueda generar, el Departamento de Política Social exigirá que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito.
2. Cuando se justifique la imposibilidad de obtener dicho compromiso de aval, haciendo constar las gestiones efectuadas al respecto, documentadas con certificados negativos de dos entidades financieras distintas, la persona solicitante deberá ofrecer como garantía hipoteca inmobiliaria o mobiliaria. Cuando las personas obligadas al pago dispongan de otros bienes inmuebles además de la vivienda habitual, la vivienda habitual será el último bien en hipotecar. Y en ningún caso podrá recaer dicha carga sobre una vivienda cuando la misma constituya el domicilio habitual de miembros de la unidad de convivencia o de descendientes o ascendientes.
3. La garantía deberá cubrir el importe de la deuda que se pueda generar en dos años de servicio. Tres meses antes de que trascurra dicho período, la garantía deberá aumentarse en la misma cuantía inicial. De igual manera se procederá tantas veces resulte necesario, de forma que la garantía cubra siempre la deuda hasta entonces generada.
4. La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el órgano competente para la tramitación del aplazamiento y cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar informe al Departamento de Hacienda y Finanzas.
En los casos de reconocimiento de deuda, tras el cese de la prestación del servicio, el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa notificará, bien mediante resolución dirigida a la propia persona deudora del saldo resultante cuando el servicio no hubiera cesado por causa de fallecimiento de la persona usuaria, bien mediante resolución dirigida a los posibles herederos o sucesores, el saldo de deuda resultante, incluyendo en el mismo, el principal, los intereses devengados y los recibos impagados o pendientes de cobro si los hubiere, para que, en el plazo de 60 días naturales siguientes a su recepción, la deuda sea liquidada.
1. El período ejecutivo se iniciará el día siguiente a la finalización del período voluntario.
2. Finalizado el periodo voluntario, el Departamento de Política Social dará traslado al Departamento de Hacienda y Finanzas de los importes no satisfechos en período voluntario para que ésta efectúe la recaudación de tales importes por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio de las personas obligadas al pago.
3. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El presente decreto foral será de aplicación a todas las personas usuarias de los servicios de atención diurna, de los servicios residenciales de discapacidad o enfermedad mental y a todas las nuevas solicitudes de acceso a los servicios residenciales para personas mayores en situación de dependencia que se produzcan a partir de la entrada en vigor del mismo.
No obstante, aquellas personas usuarias de servicios residenciales para personas mayores cuya aportación económica estuviera determinada al amparo de la normativa anterior pero desean acogerse al presente decreto foral, podrán ejercitar dicha opción. Los efectos de la resolución de la modificación de la aportación económica tendrán efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha de dicha solicitud.
Cuando concurra cualquiera de las circunstancias recogidas en el artículo 47 que supongan la modificación de la aportación económica asignada, la nueva aportación económica se determinará por el presente decreto foral.
Disposición adicional primera numerada, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Dos del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2016 Efectos / Aplicación: 1 enero 2016
Las personas usuarias de los servicios residenciales recogidos en el artículo 2, que no dispongan de ningún recurso económico y que, por su condición de usuarias, no puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos regulada por el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, podrán disponer, previa solicitud, de una ayuda económica mensual equivalente a la pensión del Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de País Vasco regulada por el Decreto 129/1986, de 26 de mayo.
Disposición adicional segunda introducida, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, por el número Dos del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 12/2016, 24 mayo, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2016 Efectos / Aplicación: 1 enero 2016
A los efectos del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto foral, se establecen para el año 2015 las aportaciones máximas de los servicios citados en el artículo 2 en las cuantías recogidas en el anexo II.
Quedan derogadas a partir del 1 de agosto de 2015 las normas que a continuación se relacionan y las de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral:
- Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes de Gipuzkoa, salvo en cuanto a lo dispuesto en la disposición adicional del presente decreto foral en cuyo caso seguirá en vigor.
- Decreto Foral 56/1999, de 15 de junio, por el que se aprueban los precios públicos de los centros de atención a personas mayores adscritos al Departamento de Gizartekintza, salvo lo regulado en el capítulo V.
Quedan derogadas a partir del 1 de octubre de 2015 las normas que a continuación se relacionan y las de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral:
- Orden Foral 758/2002, de 30 de diciembre, de aprobación de diversos precios, baremos económicos y aportaciones de usuarios relativos a servicios y prestaciones relacionadas con el Programa Sendian.
Quedan derogadas a partir del 1 de enero de 2016 las normas que a continuación se relacionan y las de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral:
- Decreto Foral 56/2001, de 27 de julio, de adición de una cuantía de precio público y aportación de la persona usuaria al Decreto Foral 41/1997, de 3 de junio, que aprueba los precios públicos de los centros residenciales para personas con minusvalía adscritos a Gizartekintza.
- Decreto Foral 41/1997, de 3 de junio, por el que se aprueban los precios públicos de los centros residenciales para las personas con minusvalía, adscritos a Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales.
- Decreto Foral 4/1996, de 30 de enero, por el que se establecen los Precios Públicos de los centros asistenciales del Organismo Autónomo Fundación Uliazpi, (salvo el artículo 6 y el párrafo primero del artículo 5).
DF 30/2010 de 26 Oct. Gipuzkoa (regulación de las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de la red de recursos sociosanitarios) Orden Foral Servicios Sociales 758/2002 de 30 Dic. Gipuzkoa (precios, baremos econónomicos y aportaciones de los usuarios relativos a los servicios y prestaciones relacionadas en el programa Sendian) DF 56/2001 de 27 Jul. Gipuzkoa (adición de una cuantía de precio público y aportación del usuario al DF 41/1997 de 3 Jun., de precios públicos de los centros residenciales para personas con minusvalía ) DF 41/1997 de 3 Jun. Gipuzkoa (precios públicos de los centros residenciales para personas con minusvalía, adscritos a Gizartekintza-Departamento de servicios sociales de la Diputación Foral)
Se faculta a la persona titular del Departamento de Política Social para dictar las disposiciones que resulten procedentes o necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación del presente decreto foral.
El Departamento de Política Social aprobará los modelos normalizados para la gestión de lo dispuesto en el presente decreto foral.
1 de octubre de 2015:
- Estancias temporales para personas mayores en situación de dependencia.
1 de enero de 2016:
- Estancias temporales para personas con discapacidad o enfermedad mental.
(Expresadas en porcentaje del IPREM anual vigente, de 14 mensualidades)
Centros residenciales para personas mayores 29% del IPREM
Centros de día para personas mayores 74% del IPREM
Centros residenciales para personas con discapacidad 44% del IPREM
Centros de día para personas con discapacidad 74% del IPREM
Centros residenciales y viviendas para personas con discapacidad (sin servicio de manutención) 62% del IPREM
Centros residenciales para personas con enfermedad mental 50% del IPREM
Centros residenciales y viviendas para personas con enfermedad mental
(sin servicio de manutención)
62% del IPREM
Centros de rehabilitación psicosocial 74% del IPREM
Unidades residenciales sociosanitarias 29% del IPREM
Anexo I redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, por apartado segundo del artículo único del D Foral [GIPUZKOA] 2/2017, 24 enero, de modificación del D Foral 15/2015, 2 junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa («B.O.G.» 7 febrero). Vigencia: 8 febrero 2017 Efectos / Aplicación: 1 enero 2017
IMPORTE DE LAS APORTACIONES MÁXIMAS APLICABLES A LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y AFECTADOS POR EL PRESENTE DECRETO FORAL PARA EL 2015