Source: https://merchantadventurer.wordpress.com/2015/07/
Timestamp: 2019-08-26 04:17:50
Document Index: 25276519

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 124', 'artículo 146', 'artículo 128', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 1274']

julio | 2015 | Mercantilista sin ánimo de lucro
Agosto sin wi-fi, sin bo-e, ligero de equipaje. Que ustedes lo pasen bien. Es hora de cerrar
Arriba a la izquierda, vean el bonito detalle del cartel (tomado prestado vía google images de la torredebabel.wordpress.com) AFPy B Asociación de Ferreterías, Pinturerías y bazares con personería jurídica
Ah, aviso que tampoco esperen gran cosa de aquí al 5 de agosto a las 13 horas
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Me ha llamado la atención la coincidencia en pocos días de dos noticias relativas al precio equitativo.
La primera, Realia rechaza la opa de Slim por considerar el precio demasiado bajo.
La segunda, El Supremo anula la opa a Funespaña por perjudicar a pequeños accionistas (ver también El ‘precio equitativo’ de una opa es el máximo pagado por el oferente)
La aprobación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores se produjo justo en el momento final del ciclo expansivo de la economía y justo antes (o justo en el momento) del inicio de la crisis financiera mundial (o más exactamente, que afectó a las economías estadounidense y europeas, pues esa crisis no se percibía del mismo modo en Asia o Latinoamérica). A lo que iba es a que el Decreto de OPAs de 2007 no ha tenido hasta la fecha ocasión de desplegarse como era de esperar. En ese contexto, cfr. la entrada del Profesor Sánchez-Calero en 2010 ¿Vuelven las OPAs? o esta otra noticia, de título similar … casi dos años después: Vuelven las OPAs… ocho valores candidatos. Si consultamos las estadísticas de OPAs autorizadas de CNMV podemos ver que hasta la fecha en 2015 llevamos 5, 7 en 2014, 6 en 2013, 3 en 2012, 3 en 2011, 4 en 2010, 5 en 2009, 6 en 2008 por 16 en 2007 y 21 en 2006 (ya no voy más atrás). En solo dos años hubo casi las mismas OPAs que en los 8 siguientes.
Tanto la LMV como el RD de desarrollo se refieren al precio equitativo: la Ley en su artículo 60: “Se entenderá que el precio es equitativo cuando, como mínimo, sea igual al precio más elevado que haya pagado el obligado a formular la oferta o las personas que actúen en concierto con él por los mismos valores durante un período de tiempo anterior a la oferta determinado reglamentariamente y en los términos que se establezcan. No obstante, la CNMV podrá modificar el precio así calculado en las circunstancias y según los criterios que se establezcan reglamentariamente. Entre las mencionadas circunstancias se podrán incluir, entre otras, las siguientes: que el precio más elevado se haya fijado por acuerdo entre el comprador y el vendedor; que los precios de mercado de los valores en cuestión hayan sido manipulados; que los precios de mercado, en general, o determinados precios, en particular, se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales; que se pretenda favorecer el saneamiento de la sociedad. Entre los referidos criterios podrán incluirse, entre otros, el valor medio del mercado en un determinado periodo; el valor liquidativo de la sociedad u otros criterios de valoración objetivos generalmente utilizados”. Por su parte, se regula con mayor detalle aún en el artículo 9 RD 1066/2007.
El precio equitativo ha sido tradicionalmente cosa de los interesados, que como en el caso de Realia reseñado al principio pueden decidir rechazar la oferta. No es habitual que la CNMV se pronunciara en sentido negativo, declarando no equitativo el precio ofrecido (cfr. en el caso de la OPA presentado por CVC sobre Deoleo, de nuevo el Profesor Sánchez-Calero: OPAs (1): sobre el precio ofrecido (dic 2014). Es también excepcional que el TS se pronuncie en el sentido de la Sentencia de 10 de julio de 2015.
** Llevo algún tiempo sin poner fotos: vamos con esta, conmemorativa de la llegada (o no, si creemos las teorías conspiratorias) del hombre a la Luna (via Old Pics Archive ‏@oldpicsarchive) titulada Neil Armstrong eating his last breakfast on Earth before leaving for the moon. En esas condiciones, cualquier precio que se pague por ese desayuno puede ser considerado un precio equitativo.
Ley de Auditoría de Cuentas (nos trae la consabida reforma en la LSC)
Tuve un sueño. Algo más prosaico que el de MLK. Yo tenía un blog y podía dedicarme a comentar diversas cuestiones sobre Derecho mercantil. Parece que ofendí al legislador, que como si fuera un Dios griego me echó una serie de maldiciones. Entre Sísifo y Casandra me vi condenado a escribir casi semanalmente sobre las reformas en la LSC sin que nadie creyera que esta vez sí, iba a ser la última del año. Me desperté pensando lo malas que son estas siestas de verano. Aparté los cuentos de Monterroso y entonces miré el BOE: cuando desperté, la nueva reforma de la LSC ya estaba allí.
La Ley de Auditoría de Cuentas viene envuelta en 94 páginas de BOE, que me parecen demasiadas para concretar unas normas que probablemente deberían promocionarse en forma de decálogo. La Disposición Final 4ª (¡páginas 83 a 91 del pdf!) modifica (si no me he dejado ninguno) los siguientes artículos: 107, 124, 128, 257, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 270, 273, 279, 308, 353, 354, 355, 417, 505 y 529 quaterdecies**.Muchos de ellos se enmarcan dentro de las normas referidas a la memoria, pero quiero dejar aquí constancia de la que afecta al régimen de transmisión de participaciones y acciones.
Disposición final cuarta. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio:
Uno. La letra d) del apartado 2 del artículo 107 queda redactada como sigue: «d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta. En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el registrador mercantil.»
Dos. El apartado 2 del artículo 124 queda redactado como sigue: «2. En este supuesto, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, la sociedad deberá presentar al heredero un adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor razonable en el momento en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto para la adquisición derivativa de acciones propias en el artículo 146. Se entenderá como valor razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad que, a solicitud de cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la sociedad.»
Tres. El apartado 3 del artículo 128 queda redactado como sigue: «3. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre el importe a abonar en los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, éste será fijado, a petición de cualquiera de ellas y a costa de ambas, por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, que designe a tal efecto el Registro Mercantil.»
** en una primera lectura me había dejado algunos artículos, corrijo el error gracias a mi TL, y en concreto Fernando Díaz Marroquín y Esther López
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Sobre la obligación de no competencia como prestación accesoria
Decía de la Resolución que comentaba en mi última entrada que “algunos aspectos del razonamiento de la DGRN no me acaban de convencer“. De una parte, el resultado parece claro si se considera que esa obligación de no competencia es una prestación accesoria: debe constar su carácter gratuito o retribuido. Lo exige la LSC (y el RRM) y la DGRN así lo aplica, como no podía ser de otra manera.
De otra parte, al menos uno de los argumentos del notario recurrente me parece digno de atención. Primero señala que no es una prestación accesoria, pues “en la obligación de no hacer establecida en los estatutos los sujetos activos y pasivos son, recíprocamente, los propios socios, mientras que en la prestación accesoria el sujeto activo es la sociedad misma”, y en segundo lugar “que aun cuando se tratara de una prestación accesoria, no sería aplicable la exigencia de especificación de su carácter gratuito o retribuido, pues ésta sólo se refiere a las relaciones entre el socio y la sociedad que por su naturaleza sean susceptibles de retribución”.
Con la primera argumentación no estoy conforme, sobre todo porque encuentro la distinción un tanto artificiosa, sin que pueda extraerse de ella una consecuencia jurídica relevante; pero también porque no encuentro base suficiente para sostener esa distinción (que me recuerda un poco a aquella que trataba de diferenciar -sin mucho éxito- entre deberes de fidelidad horizontales y verticales).
En cambio, encuentro interesante la segunda argumentación, pues en una primera impresión me parece forzado tener que explicitar el carácter gratuito o retribuido en un caso como este. No obstante, puedo poner algún ejemplo en que se exige sin ninguna dificultad: así, la Sentencia del JMercantil núm. 1 de Alicante (10-5-2007) se refería a una cláusula de no competencia que estaba formulada en estos términos: “el compromiso de no competencia con la sociedad. A estos efectos no podrán participar como socios en entidad que desarrolle la misma, análoga o complementaria actividad que constituye el objeto social de [la sociedad], ni dedicarse por cuenta propia u ajena a las indicadas actividades. Dicha prestación tendrá carácter gratuito y personal“.
Me parece claro que en una cláusula de no competencia se está estableciendo una obligación relacionada con la condición de socio. Eso me lleva a plantearme si cualquier obligación puede ser objeto de prestación accesoria: ¿se podría exigir como prestación accesoria que los socios fueran al cine o a misa al menos una vez cada semana? ¿dependería del objeto social? ¿podría ser una obligación completamente autónoma?
La Resolución en su conclusión parece inapelable: para que sea una prestación accesoria debe constar en los estatutos. Lo dice la Ley y la lógica del argumento es que no puede haber pactos extraestatutarios a los que se les pretenda aplicar la consecuencia de la prestación accesoria (cfr. por ejemplo la SAP de Barcelona de 10-9-2009, que revoca una SJM referida a una sociedad de socios-taxistas en la que el consejo de administración decide resolver el contrato que éstos tenían con la sociedad. La demanda de los socios se basó en que era una prestación accesoria y había fraude de ley. La Audiencia es clara al afirmar que si no está en los estatutos no es prestación accesoria y que las partes habían optado por configurar su relación como contrato de colaboración y no como prestación accesoria). Por tanto, no hay duda, no puede haber prestación accesoria si no está en los estatutos.
Ahora bien -a lo que me lleva toda esta reflexión, que espero no sea una mera derivada de un golpe de calor- es que se me plantea una duda: ¿cabe configurar alguna obligación en los estatutos distinta de la estricta obligación de aportar sin que sea una prestación accesoria?.
¿Debe por tanto el artículo 86.1 LSC que dice “En los estatutos de las sociedades de capital podrán establecerse prestaciones accesorias distintas de las aportaciones, expresando su contenido concreto y determinado y si se han de realizar gratuitamente o mediante retribución, así como las eventuales cláusulas penales inherentes a su incumplimiento” leerse como si dijera “En los estatutos de las sociedades de capital cualquier prestación accesoria que se establezca distinta de las aportaciones deberá expresar su contenido concreto y determinado y si se ha de realizar gratuitamente o mediante retribución, así como las eventuales cláusulas penales inherentes a su incumplimiento”?. Eso parece.
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Prohibición de no competencia en estatutos es prestación accesoria y debe mencionarse su carácter gratuito o retribuido
Eso dice la RDGRN de 5 de junio de 2015 (BOE de 9 de julio) confirma el criterio del registrador que había rechazado inscribir una cláusula en los estatutos de una SRL del siguiente tenor literal: «los socios no podrán ejercer por cuenta propia o ajena actividades que coincidan con el objeto social o impliquen alguna especie de solapamiento con su actividad, de no mediar acuerdo unánime de los concurrentes. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la indemnización de los daños y perjuicios causados y además en concepto de pena convencional a la pérdida en beneficio del otro socio del dividendo del ejercicio en el que se haya producido la infracción
y de los dos siguientes». Me limito de momento a reseñarla y me guardo para más adelante una valoración o comentario más detallado. Algunos aspectos del razonamiento de la DGRN no me acaban de convencer. De otra parte, no se hace en la Resolución referencia alguna al hecho de que se trata de una sociedad de dos socios ni a la exigencia de unanimidad, cuestiones sobre las que podríamos reflexionar más detenidamente.
La razón de rechazar la cláusula es que “es una prestación accesoria consistente en una obligación de no hacer, por lo que debe precisarse su carácter retribuido o gratuito, conforme al artículo 86 LSC“. Los argumentos del notario recurrentes son dos: “a) Que en la obligación de no hacer establecida en los estatutos los sujetos activos y pasivos son, recíprocamente, los propios socios, mientras que en la prestación accesoria el sujeto activo es la sociedad misma, y b) Que aun cuando se tratara de una prestación accesoria, no sería aplicable la exigencia de especificación de su carácter gratuito o retribuido, pues ésta sólo se refiere a las relaciones entre el socio y la sociedad que por su naturaleza sean susceptibles de retribución, mientras que el carácter recíproco de la obligación de no hacer impuesta, en la que cada socio es sujeto pasivo frente a los demás y sujeto activo respecto de éstos, implica que existe una causa sinalagmática, definida como onerosa conforme artículo 1274 del C.c.”
Se realizan una serie de consideraciones referidas a lo social y lo parasocial, lo estatutario y lo convencional y se concluye: “En el presente caso alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos sociales es una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de autonomía de la voluntad […] Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales, con eliminación de toda ambigüedad o incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción, dada la trascendencia de dicha regulación, en cuanto rectora de la estructura y funcionamiento de la sociedad (con eficacia «erga omnes», como ha quedado expuesto, pues vinculan a los socios, presentes y futuros, a la sociedad y son oponibles a terceros mediante la publicidad registral), y esa labor corresponde, de modo inequívoco, a los propios constituyentes. Por otra parte, si lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro
Mercantil, por su propia naturaleza extrasocietaria o extracorporativa, sin que se trate de uno de los supuestos antes referidos en que se permite dicho acceso. Por ello, no podría accederse a la solicitud de inscripción que de tal pacto formula el recurrente. Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición formalmente estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se impone a los socios frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como cláusula penal inherente a su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de prohibición de competencia es una obligación que, precisamente, constituyó históricamente junto a la de suministro de materias primas una de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los artículos 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución“.
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Ya en su BOE más cercano. Modifica los artículos 139, 141, 169, 170, 171, 265, 266, 377, 380, 381, 389, 422 y 492 LSC