Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/081/010.html
Timestamp: 2020-07-10 20:39:43
Document Index: 276893703

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 56', 'artículo 109', 'artículo 168', 'artículo 162', 'artículo 11', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 22']

BOC - 2005/081. Martes 26 de Abril de 2005 - 548
2005/081. Martes 26 de Abril de 2005
BOC Nº 081. Martes 26 de Abril de 2005 - 548
548 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de marzo de 2005, que dispone la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo Insular.
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo Insular, que figura como anexo a la presente Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS DE DICHO CABILDO INSULAR.
De una parte, el Excmo. Sr. D. José Carlos Mauricio Rodríguez, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte el Excmo. Sr. D. Mario Cabrera González, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en representación de dicha Corporación, autorizado por el Pleno de esa Corporación, en su reunión de 29 de octubre de 2004.
Que el artículo 6.2 del Reglamento General de Recaudación, señala que la gestión recaudatoria de las Entidades Locales se llevará a cabo: a) directamente por las propias Entidades; b) por otros entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, con los que se haya formalizado el correspondiente convenio o en los que se haya delegado esta facultad.
Que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en su sesión celebrada el día 24 de diciembre de 2003 adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente: "Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo Insular".
Que el mismo Pleno en su sesión celebrada el día 29 de octubre de 2004 adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente: "1. Delegar en la Comunidad Autónoma de Canarias las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los débitos del Cabildo Insular de Fuerteventura en virtud de lo establecido en el artº. 7, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el artº. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobándose formalizar convenio con la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. 2. Aprobar el Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo Insular, cuyo texto será diligenciado por el Secretario General".
Que mediante la firma de este Convenio se acepta dicha delegación y que conviniendo ambas partes que la recaudación ejecutiva de los débitos de Derecho público del Cabildo de Fuerteventura se realice a través de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, formalizan las bases que configuran el presente Convenio.
Formalizar el presente Convenio para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos del Cabildo de Fuerteventura, que se regirá por las siguientes
El órgano competente en materia de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los términos que se recogen en las cláusulas siguientes, las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria y no tributaria que le delegue el Cabildo de Fuerteventura (en adelante: CABILDO).
d) Por el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, y por las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.
1. Resolver los recursos e incidencias relacionados con las liquidaciones de las deudas a recaudar, incluso las tercerías.
3. Conocer y resolver los recursos de reposición.
4. Acordar la declaración de créditos incobrables, de conformidad con los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, a propuesta del órgano recaudador de la Comunidad Autónoma de Canarias.
5. Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 56 y en los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 109, ambos del Reglamento General de Recaudación.
6. Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
7. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con carácter gratuito, depósitos para vehículos embargados por la misma en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
La colaboración prevista en los puntos 6 y 7 anteriores se realizará en los términos que se acuerden en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula decimotercera.
2. Resolver las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos en período ejecutivo sin perjuicio de que el CABILDO pueda recabar para sí esta función cuando lo considere oportuno.
3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico.
4. La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Ley General Tributaria.
5. La adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 162 de la Ley General Tributaria.
6. Proponer, en su caso, al CABILDO, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria del CABILDO tenga conocimiento de uno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
7. Proponer al CABILDO la declaración de crédito incobrable e insolvencias.
8. La práctica de las notificaciones de los actos dictados por el CABILDO en el procedimiento de apremio.
El presente Convenio será ejecutado por la CONSEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se hace constar expresamente que la CONSEJERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de índole técnica y organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinan en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. Los requisitos y condiciones que deben reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos serán las que seguidamente se relacionan, de conformidad con el contenido del mencionado Real Decreto 994/1999, de 11 de junio:
- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
La relación de usuarios a la que se refiere el artículo 11.1 del citado Reglamento contendrá el acceso autorizado para cada uno de ellos.
2. La CONSEJERÍA designará uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el documento de seguridad. Esta designación en ningún caso supondrá una delegación de responsabilidad que corresponde al responsable del fichero de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999.
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles adoptados al Decreto 994/1999, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias que se estimen necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas.
7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1.3 anterior deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
1. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el CABILDO expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que contendrán, como mínimo, los datos que se especifican en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, así como, en su caso, la identificación de los responsables de las deudas a los que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 15 del mismo Reglamento y los bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.
2. Asimismo el CABILDO providenciará de apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento General de Recaudación.
4. No deberán remitirse las deudas correspondientes a Organismos oficiales así como aquellas inferiores al importe que se haya determinado por la CONSEJERÍA como suficiente para la cobertura del coste que represente su recaudación salvo que, en este último caso, tengan su origen en resoluciones de carácter sancionador y las referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía mínima referenciada, excluidos los recargos del período ejecutivo. Así mismo, el CABILDO, previamente al envío de deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su notificación, deudas suspendidas que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de suspensión.
5. Cuando se hubieran constituido ante el CABILDO garantías de pago de las deudas que se envíen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros como garantías existan para cada deuda conforme a las especificaciones técnicas del soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En cualquier caso, cuando el CABILDO tenga conocimiento de datos complementarios que pudieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los registros diseñados al efecto en el soporte magnético al que se refiere la presente base.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas se presentarán por los obligados al pago ante la CONSEJERÍA. Cuando las solicitudes se presenten en el CABILDO, se remitirán al órgano de recaudación competente de la CONSEJERÍA, en un plazo máximo de diez días naturales desde la presentación de la solicitud.
Trimestralmente, la CONSEJERÍA informará al órgano delegante sobre el número e importe total de los aplazamientos solicitados y de los concedidos.
1. El ingreso de las deudas objeto del presente Convenio se efectuará en las cuentas corrientes que la CONSEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los términos previstos en la Orden de 25 de abril de 2003, por la que se autorizan los cobros en las cajas situadas en las oficinas de GRECASA.
Las devoluciones de ingresos indebidos se practicarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria y en las demás normas de desarrollo.
7.7. Adjudicación de bienes al CABILDO.
1º) El órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ofrecerá al CABILDO la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de éste, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
2. El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará las deudas por alguna de las causas establecidas en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en las bases del presente Convenio.
La determinación de los créditos incobrables es potestad exclusiva del CABILDO, a instancias de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquél en los mismos términos que para las de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El CABILDO podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.
3. En el caso de que el CABILDO tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada por insolvencia que permitieran la realización del derecho podrá incluir nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual, acompañando documentación justificativa de su nueva incorporación.
El régimen de funcionamiento se regulará por la propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se aplicarán de forma subsidiaria, las normas contenidas en el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre funcionamiento de órganos colegiados.
1. El presente Convenio surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo de duración será de dos años prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración del Convenio, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años.
2. No obstante, la delegación será revocable en cualquier momento por el CABILDO.
3. La denuncia deberá ser comunicada con un plazo de seis meses de antelación a la fecha en que sea efectiva. Se convendrá por ambas partes la forma de entrega de los expedientes que se encuentren en gestión.
En caso de controversia respecto del presente Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio Rodríguez.- El Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera González.