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Timestamp: 2018-02-19 13:43:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 92', 'artículo 6', 'artículo 368', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 152', 'artículo 321', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6']

Bogotá,D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006)..
Referencia: Expediente No. 00283.
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada de cara a la sentencia que dictó la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de enero de 2004, en el proceso promovido por MARIA MARCELA MUÑOZ CAÑAS en representación de la menor ELISSA ROBLEDO MUÑOZ contra LINA MARIA TIRADO MESA, JUAN PABLO y JORGE MARTIN ROBLEDO TIRADO, aquélla como cónyuge sobreviviente y éstos en calidad de hijos de JORGE ROBLEDO NOREÑA, así como frente a los herederos indeterminados del referido causante.
1. Con base en demanda repartida al Juzgado 10 de Familia de Medellín, la referida señora imploró declarar que “ELISSA ROBLEDO MUÑOZ nacida el 9 de marzo de 1984 es hija extramatrimonial de JORGE ROBLEDO NOREÑA” y, por ello, tiene derecho a “participar como heredera en el trámite de la sucesión” respectiva (fl. 3, cdno. 1).
2. Fundó lo pretendido en que MARIA MARCELA y JORGE, “desde 1981”, emprendieron “una relación sentimental” que se extendió “hasta mediados de 1986 cuando el señor ROBLEDO estuvo detenido en México” y fruto del trato sexual sostenido, “nació” ELISSA, que se registró como “hija extramatrimonial de ROBLEDO NOREÑA”, quien incumplió “la promesa de firmar el folio de acta de nacimiento, ... no obstante que siempre la tuvo como a su hija primogénita ante propios y extraños, habiendo sufragado los gastos de su manutención en forma ininterrumpida, de acuerdo a las situaciones personales del mismo”, aun durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, época durante la cual “le envió varias cartas” que revelan “el trato paternal con la misma”, al punto que “un día antes de su fallecimiento le pagó la matrícula del primer semestre de medicina en el Centro de Estudios de Salud CES de Medellín” (fls. 1 y 2, cdno. 1). Precisó la actora, además, que como el referido causante finalmente se negó a rubricar el acta citada, el Laboratorio de Genética Humana del Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, realizó examen de genética que indicó “paternidad compatible”.
3. Notificada la parte demandada de la admisión del libelo, la cónyuge y los hijos del fallecido ROBLEDO NOREÑA se opusieron a la prosperidad de las súplicas y formularon las defensas que literalmente denominaron "mala fe de la demandante y falta de causa para pedir" (Cfme. fls. 76 y 77).
4. Surtido el trámite de rigor, el a quo declaró al fallecido JORGE ROBLEDO NOREÑA padre extramatrimonial de ELISSA, hija de MARIA MARCELA MUÑOZ CAÑAS; determinó que la sentencia surte efectos patrimoniales frente a los demandados; ordenó la inscripción correspondiente; impuso el pago de las costas de rigor y dispuso la consulta respectiva.
5. La parte demandada apeló el referido fallo y el Tribunal, al desatar el grado de jurisdicción y el recurso aludidos, confirmó la decisión, con la adición atinente a que declaró imprósperas las excepciones de mérito presentadas.
Tras precisar que la demandante invocó, “entre otros, el motivo fundante de la paternidad extramatrimonial previsto en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968” (fl. 19, cdno. 1), el sentenciador recordó que como esa temática atañe a acontecimientos tan íntimos, se puede acudir a la prueba indirecta, sin descartar la directa, y a partir de precisar con estribo en el registro civil allegado y en lo reglado por el artículo 92 del Código Civil, que el periodo que comprende el de la concepción de ELISSA, se extiende entre el 14 de mayo y el 20 de septiembre de 1983, con la adición relativa a desechar las acotadas excepciones, mantuvo el fallo que acogió la paternidad declarada por el Juzgado del conocimiento.
El Tribunal edificó la señalada conclusión en que si bien existe una gama de circunstancias que impiden juzgar el caso sometido a composición judicial con el rigor de la Ley 721 de 2001, el comportamiento que asumieron los demandados y los padres de JORGE ROBLEDO NOREÑA (q.e.p.d.) en torno a la práctica de la prueba de DNA en el laboratorio de genética de Universidad de Antioquia, aunado al resultado de compatibilidad que registró la “prueba científica” no cuestionada, revela un indicio grave acerca de que el fallecido es el padre extramatrimonial de ELISSA.
A lo que agregó el ad quem, con singular importancia, que como las declaraciones rendidas por MARIA PATRICIA MUÑOZ CAÑAS, BLANCA TERESA CAÑAS DE MUÑOZ y ARTURO JARAMILLO ARANGO, pusieron de relieve que “entre JORGE y MARIA MARCELA se dio un trato íntimo, especial, preferente y social, de carácter sentimental que permite presumir que entre tales personas ocurrieron contubernios, durante el lapso que comprende la época de la concepción de la nombrada ELISSA, nexos que llevaron al fallecido señor a suministrarle vivienda y establecimiento a la demandante y a su señora madre, después del nacimiento de aquella, circunstancia que reitera la ocurrencia de esos contactos carnales, ante lo cual había lugar a presumir y, subsiguientemente, a declarar judicialmente, con apoyo en los dictados del artículo 6-4 de la ley 75 de 1968 que el finado JORGE ROBLEDO NOREÑA es el padre extramatrimonial de ELISSA” (fl. 25, cdno. 3).
Sostuvo el sentenciador que aunque la señalada prueba testimonial podría cuestionarse, por cuenta de los “nexos de parentesco” relatados por los declarantes, lo cierto es que esa situación, per se, no le resta mérito probatorio a sus versiones, máxime si se tiene en cuenta que narraron asuntos sociales de los que obviamente tienen conocimiento directo, preciso y eficaz, los integrantes del núcleo familiar y que en lo trascendental encuentran eco con lo atestado por los propios demandados JUAN PABLO ROBLEDO TIRADO y LINA MARIA TIRADO MESA.
Contra la sentencia del ad quem formuló la parte demandada dos cargos, uno encauzado por la causal primera del artículo 368 del C. de P. C. y el segundo con estribo en el numeral 5º del referido precepto. Como es menester en la esfera casacional se decidirá primero la acusación que se funda en el yerro de procedimiento denunciado y, de no ser atendida, se acometerá el despacho de la restante.
Dentro de la órbita de la causal quinta de casación, el recurrente atacó la sentencia por “violación del artículo 7º de la Ley 75 de 1968 y la modificación que le hizo el artículo 1º de la Ley 721 de 2001”, apoyado en que los falladores de instancia “pretermitieron la práctica de una prueba más que fundamental para el efecto (la científica) para en su defecto acudir al instrumento del indicio, cuando conforme a la situación de hecho, no había lugar a ello” (fls. 64 y 66, cdno. 3), proceder que como lo ha dicho la jurisprudencia, estructura el motivo de nulidad establecido en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Precisó el censor en ese sentido, que “quienes se negaron” a concurrir, “en forma sistemática”, a la práctica del trabajo ordenado “fueron los progenitores del presunto padre que no eran demandados” ( fl. 65).
1. Por averiguado se tiene que el derecho fundamental al debido proceso, de vieja data otorga a toda persona una gama de prerrogativas que gobiernan y amparan su participación en todas las actuaciones judiciales o administrativas que, de acatarsen puntualmente, legitiman el ejercicio de la función pública, laborío en el que no sólo corresponde escrutar si en un determinado trámite se incurrió en una específica irregularidad y si ella, por su entidad, califica como vicio capaz de edificar una nulidad procesal, sino que en ese campo el funcionario también debe auscultar la causa o el móvil del defecto alegado, en orden a definir si el promotor de la respectiva propuesta está habilitado para formularla, así como el comportamiento que asumió el agraviado frente al origen del defecto, a fin de establecer la presencia de un supuesto que apareje el saneamiento de la respectiva anomalía.
En ese particular sentido prevé el artículo 143 del C. de P. C. que “No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina”, como que nadie puede alegar en su beneficio su propia culpa (nemo auditur propiam turpitudinem allegans), y que “El Juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se proponga después de saneada”, lo cual acontece, entre otros motivos, “Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente” (numeral 1º. del artículo 144 ejusdem).
Por ello, la Corte tiene establecido que “…las nulidades procesales se encuentran gobernadas por los principios de especificidad, protección y convalidación, fruto de una concepción más de naturaleza preventiva y remedial, antes que corolario de un criterio privativamente sancionatorio”, así como que “… su teleología, en forma prevalente, es más tuitiva que punitiva, lato sensu. De ahí que no todas las irregularidades, per se, entrañan un vicio de ese talante, al mismo tiempo que no se puedan aducir libremente por las partes involucradas en una pendencia y que, por regla general, ellas puedan ser saneadas, por vía de ejemplo, porque no se alegaron oportunamente, o porque se actuó en el proceso con indiferencia de cara a lo actuado de manera irregular. Es por ello por lo que, además, quien invoca uno de tales defectos procesales debe estar legitimado para hacerlo” (Se subraya; cas. civ. 25 de mayo de 2000, Exp. 5489).
Tocante con el tema del interés o legitimidad para proponer nulidades procesales, la Sala igualmente ha señalado que carecen de él, principalmente, “a) quienes hayan dado lugar al hecho que la origina. b) quienes tuvieron oportunidad de proponerla como excepción previa. c) la nulidad por indebida representación o emplazamiento en forma legal, sólo puede alegarla la persona afectada. d) las nulidades a que se refieren los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil -actualmente 140 idem-, no pueden invocarlas quienes hayan actuado en el proceso sin alegarlas” (CLXXX, 193, reiterada en cas. civ. 20 de mayo de 2003, Exp. 6119).
2. Con apoyo en lo anterior, se evidencia que el cargo materia de estudio no allana el camino del éxito, merced a que con total prescindencia de que exista o no la nulidad aducida, el censor, en puridad, carece de legitimación para alegarla, en cuanto que la falta de realización de la prueba en que ella se fundó, obedeció, como lo registra el expediente, a la inasistencia de los propios recurrentes a las citaciones que, con la señalada finalidad, se les hizo, circunstancia que veda para ellos, por falta de interés, la posibilidad de alegar ahora el apuntado vicio.
La conclusión precedente descansa en que repasada la actuación cumplida en el proceso, se tiene que el Juzgado del conocimiento ordenó practicar “prueba de genética DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza, ... a MARIA HELENA NOREÑA DE ROBLEDO, JAIRO ROBLEDO JARAMILLO, JUAN PABLO, JORGE MARTIN ROBLEDO TIRADO, LINA MARIA TIRADO MESA, MARIA MARCELA MUÑOZ CAÑAS y ELISSA ROLEDO MUÑOZ, ... por parte del laboratorio de Genética de la Universidad de Antioquia” (fls. 105 y 122, cdno. 1); sin embargo, en el expediente aparece incontrovertible, al punto que así lo sostiene el propio censor, que a la última citación hecha para el enunciado propósito, ninguno de los demandados se presentó, pues a ella sólo asistieron la demandante y su progenitora, como se desprende de la constancia que dejó la Coordinadora Técnico Científica de la referida institución, el 21 de febrero de 2003 (fl. 151) y en lo que atañe a las primeras ocasiones fijadas para ello también está claro que, al margen de la presencia que mediante relevos cumplieron los requeridos, se observa que a ninguna de tales convocatorias fue el censor JORGE MARTIN (fls. 127 y 141).
Dicho de otra manera, la actividad que desplegaron el Juzgado del conocimiento y los funcionarios del citado laboratorio, para evacuar la referida prueba no produjo el resultado anhelado, justamente por la actitud que asumieron los integrantes de la parte demandada, relativa a no acudir en orden a efectuar el indicado examen, puesto que, se insiste, a la cita programada para el 21 de febrero de 2004 (fl. 148) los quejosos –demandados, sin excusa, dejaron de asistir, lo anterior sin perjuicio de que esa misma actitud la asumió el heredero JORGE MARTIN de cara a todas las demás órdenes.
Tal circunstancia pone de relieve que la indicada prueba genética, pese a las varias ocasiones fijadas y comunicadas a los interesados, para su evacuación (fls. 122 a 151), no logró practicarse por el comportamiento omisivo que asumieron los integrantes de la parte demandada, quienes ahora, apuntalados en esa situación, buscan derruir fases procesales agotadas con total respeto a las reglas que disciplinan los trámites judiciales, en cuanto que todas las providencias judiciales que dispusieron evacuar dicho examen, se notificaron por el sistema de estados previsto en el artículo 321 del estatuto procesal civil y se comunicaron, además, a través de oficios o telegramas (ver folios 123 a 151), al punto que esa publicidad, ciertamente, no fue materia de reproche alguno.
La Sala al desatar una problemática que guarda simetría con la que es materia de análisis, sostuvo que ante circunstancias de esa estirpe la propuesta orientada a anular parte del proceso “no está llamada a prosperar, por cuanto el recurrente carece por completo de legitimación para alegar la nulidad, toda vez que fue debido a su inasistencia que no pudo practicarse la referida prueba, luego, habiendo dado lugar con su conducta al hecho con base en el cual alega el vicio procesal, falta un presupuesto capital de la nulidad en la esfera procesal” (sent. de 12 de noviembre de 2004, exp. 4336).
Fundada en la causal primera de casación, atribuyó la parte demandada al ad quem “la violación del numeral 4º del artículo 6º de la ley 75 de 1968, como consecuencia del error de derecho por violación (aplicación) de una norma probatoria (derogada)” (fl. 54).
A fin de sustentar la acusación, el casacionista, a partir de predicar que la Ley 721 de 2001 no solo “contempló disposiciones de carácter sustancial sino también de índole procesal”, sostuvo que pese a que cuando el Juzgado ordenó el examen genético ya estaba vigente esta normatividad, el Tribunal “no dio aplicación” estricta a lo previsto en sus artículos 1º y 8º, en el sentido de “agotar todos los mecanismos para lograr su práctica” (fl. 58). Sobre el particular, en lo pertinente, atestó que “no es cierto que la prueba genética no se haya practicado por conductas imputables exclusivamente a los demandados” (fl. 59), puesto que los “renuentes” fueron los “padres del causante quienes no ostentaban la calidad de demandados” (fl. 63), con lo que aseguró “se desvirtúa el indicio con base en el cual el a quo dictó sentencia en aplicación del artículo 7º de la Ley 75 de 1968 (norma que se insiste era inaplicable)” (fl. 61).
1. La Corte ha repetido, de manera uniforme, que dado el carácter extraordinario, formal y eminentemente dispositivo que distingue el recurso de casación, la demanda por la cual éste sea sustentado, "debe contener, entre otros requisitos, la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, expresando la causal que se alegue, los fundamentos de cada acusación en forma precisa y clara, las normas que se estimen violadas y el concepto de la violación, si se trata de la causal primera. Lo cual quiere decir que el recurrente, como acusador que es de la sentencia, está obligado a proponer en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los límites que le demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada" (sent. de agosto 28 de 1974), o "para hacer una revisión o nuevo estudio de todos los puntos debatidos en los grados anteriores del proceso, por cuanto su objeto no es propiamente el litigio suscitado entre las partes, sino la sentencia de instancia" (CCXXVIII, 159, reiterada posteriormente, CCXLIX, 432).
2. En el caso materia de análisis, por su importancia, conviene recordar que la razón para que el Tribunal confirmara el fallo que acogió las pretensiones del libelo genitor del proceso, derivó no solo del indicio grave que dedujo de la actitud asumida por la parte demandada, que “no prestó colaboración para la evacuación” de la “prueba de genética” y del resultado de “compatibilidad” que arrojó “el análisis de las muestras sanguíneas” tomadas el 23 de febrero de 1996, a “la demandante, su señora madre y el pretenso padre, ... no cuestionado por los demandados” (fl. 23), sino también de los testimonios rendidos por MARIA PATRICIA MUÑOZ CAÑAS, BLANCA TERESA CAÑAS DE MUÑOZ y ARTURO JARAMILLO ARANGO, relacionados con el trato íntimo que JORGE le dio a MARIA MARCELA durante el lapso que comprende la época de la concepción de la nombrada ELISSA, al punto que luego del nacimiento de ésta, les suministró a ambas vivienda y establecimiento, para presumir que el finado JORGE ROBLEDO NOREÑA era su padre extramatrimonial.
En tal virtud, ab initio, y con independencia de cualquier otra problemática de índole técnica, queda al descubierto la improsperidad del cargo en estudio, dado que si la decisión de segundo grado no sólo hundió sus raíces en el indicio a que alude el recurrente, en cuanto que el sentenciador también lo apuntaló directamente en el acotado resultado de “compatibilidad” obtenido en su oportunidad y en la prueba testimonial aludida, elementos de persuasión respecto de los cuales ningún reproche incorporó la acusación extraordinaria presentada, se revela incuestionable que el censor, entonces, se desentendió de esos argumentos, pues sobre ellos, se itera, nada se cuestionó o criticó, no obstante que ese laborío de orden probatorio tiene virtualidad para sostener la decisión que cerró el debate sometido a consideración de la Corte, la cual, por ende, no puede derrumbarse, máxime si se encuentra escoltada por una arraigada presunción de legalidad y acierto, la que debe ser derruida si se desea que se case una sentencia.
Obsérvese en ese sentido que el sentenciador de segunda instancia, en punto tocante con la valoración probatoria de las señaladas declaraciones, aseguró que con prescindencia del parentesco que los testigos relataron respecto a la parte actora, no existía motivo para descartarlas o restarles mérito demostrativo, toda vez que aludieron a aspectos que, de un lado, por su naturaleza, quedan en la esfera propia de la familia y, del otro, concuerdan con lo esbozado por los mismos demandados en los interrogatorios de parte que absolvieron, tanto más cuanto que dieron noticia del trato sentimental que ROBLEDO NOREÑA le dispensó a MARIA MARCELA, que por sus particularidades denota que para la época de la concepción de ELISSA, entre ellos “se dio” una relación “íntima, especial, preferente y social” (fl. 24 vto.) y que luego del nacimiento de la actora, condujeron a que aquél les suministrara “vivienda” y apoyo económico, comportamientos que le permitieron al Tribunal evidenciar el suceso de “contactos carnales” en los términos del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968 y de ellos inferir la paternidad reclamada en la demanda que dio origen a la controversia judicial.
En ese sentido, de manera coherente y repetida, se ha sostenido que pese a que el censor denuncie la violación de normas de orden legal, la “Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido tocada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho ...” (Sen. de 17 de septiembre de 1998, CXLVIII-2219).
Si el fallo que cerró el debate suscitado no sólo se apuntaló en el indicio grave protestado, en cuanto que el Tribunal también lo apoyó en el preindicado “análisis de paternidad” (fl. 9) y en la referida prueba testimonial, y a estos razonamientos, entre otros más, no se extendió el ataque contenido en el cargo que se despacha, pertinente es aplicar la doctrina de esta Corporación, según la cual: “Cuando la sentencia objeto del recurso está lógicamente apoyada en fundamentos probatorios múltiples, desvirtuar la presunción de acierto de las conclusiones fácticas del Tribunal, supone […] una impugnación que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisión, porque si ésta es parcial, así se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunción de acierto continuaría vigente.” (sent. de octubre 25 de 1999, exp. 5012).
Es de señalar que la circunstancia de la que el Tribunal derivó el reprochado indicio, surgió, como quedó expuesto, de la inasistencia de los demandados a las citas programadas para que el laboratorio de genética materializara la experticia decretada, con total independencia de que a ellas tampoco hubiere asistido, puntualmente, los padres del señor ROBLEDO NOREÑA (Cfme. fls. 127, 141 y 151).
3. Sin perjuicio de lo anotado en precedencia, se observa que el error de derecho denunciado no tiene vocación de prosperidad, como quiera que al margen de lo que esbozó el censor para fundar la acusación, es indubitable que el “ANALISIS DE LA PATERNIDAD: COMPATIBLE” (fl. 9) comunicado por el Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, sin cuestionamiento de los demandados inconformes, aunado a los testimonios recaudados que dan cuenta del origen y desarrollo de la relación de noviazgo sostenida por JORGE ROBLEDO NOREÑA con MARIA MARCELA MUÑOZ CAÑAS, por la época de la concepción de ELISSA, a la par que del trato afectivo, paternal y de apoyo económico, que aquél les dispensó a éstas hasta su fallecimiento, sirvieron oportuna y razonadamente de estribo para proceder en la forma como lo sentenciaron los juzgadores de instancia.
De todos modos, cumple memorar que aunque la Corte ha sostenido que en controversias del señalado abolengo, comporta causal de nulidad, la no realización de la prueba genética enunciada (vid sent. de 28 de junio de 2005, exp. 7901), fuerza precisar que, en el sub lite, no hacen presencia los supuestos requeridos para adoptar decisión de esa naturaleza, por la potísima razón consistente en que tal particularidad, según lo esbozado, afloró del propio y omisivo comportamiento que asumieron los promotores del recurso frente a las determinaciones adoptadas para su práctica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín el 30 de enero de 2004, en el proceso ordinario que MARIA MARCELA MUÑOZ CAÑAS en representación de la menor ELISSA ROBLEDO MUÑOZ contra LINA MARIA TIRADO MESA, JUAN PABLO y JORGE MARTIN ROBLEDO TIRADO, aquélla como cónyuge sobreviviente y éstos en calidad de hijos de JORGE ROBLEDO NOREÑA, así como frente a los herederos indeterminados del referido causante.
Condénase a la parte demandada a pagar las costas del recurso de casación.