Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC201107120819.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-04 06:52:40
Document Index: 320483502

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 108', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 51', 'artículo 163', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 101', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 85', 'artículo 110', 'artículo 196', 'artículo 79', 'artículo 50', 'artículo 180', 'artículo 50', 'artículo 180', 'artículo 79', 'e contrario', 'artículo 79', 'artículo 50', 'artículo 101']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 819, de 12/07/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 819
Sesión núm. 39 (extraordinaria)
- Proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social. (Número de expediente 121/000110.) ... (Página2)
Se abre la sesión a las once y cinco de la mañana.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000110.)
Como saben, el orden del día consta de dos puntos. El primero es la ratificación de la ponencia para informar el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social. La ponencia ha estado integrada por los diputados y diputadas siguientes: Membrado Giner, don Jesús, del Grupo Socialista; Rocha Rubí, don Manuel, del Grupo Socialista; Pedret i Grenzner, don Jordi, del Grupo Socialista; Azpiroz Villar, José Eugenio, del Grupo Popular; García-Tizón, don Arturo, del Grupo Popular; Jané i Guasch, don Jordi, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Olabarría Muñoz, don Emilio, del Grupo Vasco (PNV); Ridao i Martín, don Joan, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González, doña Rosa, del Grupo Mixto. Esta es la ponencia.
¿Queda ratificada? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a entrar ya en el contenido del debate para aprobar, en su caso, con competencia legislativa plena el informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social.
Quiero anunciar la metodología. El proyecto de ley, que tiene una gran importancia y ha exigido por parte de los ponentes un trabajo muy intenso de integración, de negociación, de estudio, tiene una gran complejidad para su exposición y, por tanto, por parte de la Presidencia anuncio una flexibilidad para que los portavoces de los grupos puedan distribuir los tiempos de manera suficientemente amplia e ilustrativa, no solamente de cara al debate sino también al propio "Diario de Sesiones" para una mejor interpretación del propio texto legislativo. Dicho esto, añado que, sin perjuicio de la autonomía autorreguladora de cada grupo, habrá un único turno por grupo parlamentario -cada grupo puede desdoblar su intervención con uno o dos portavoces, en su caso- y dentro de ese único turno pueden diferenciar en la intervención, en los términos que ya hemos tenido ocasión de valorar conjuntamente, lo que se refiere a enmiendas, posición en cuanto a puntos o enmiendas concretas, de una valoración general del contenido del propio proyecto de ley.
Teniendo en cuenta esa previsión de flexibilidad, les anuncio, para la administración de los tiempos de los grupos parlamentarios, que la votación no se producirá antes de las trece treinta horas.
El señor JANÉ I GUASCH: Podría ser un poco antes.
El señor PRESIDENTE: Si los grupos parlamentarios, que pueden evaluar el tiempo mejor que yo -yo tengo la experiencia de cómo consumen los tiempos-, haciendo un ejercicio de autorregulación, me garantizan que antes de las trece horas estaríamos en condiciones de votar, por parte de la Mesa no hay ningún problema. Por tanto, rectifico. La votación, a efectos de administración de tiempos por parte de todos los grupos, no tendrá lugar antes de las trece horas.
Señorías, vamos a entrar en el fondo del debate. En primer lugar, va a intervenir doña Rosa Díez en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y someterlas luego a votación.
En segundo lugar, quiero anunciar que acepto dos transaccionales que se nos han ofrecido a las enmiendas números 206 y 215, que por no poder asistir a la ponencia no pude aceptarlas en ese trámite. Que conste que retiro esas enmiendas y que son sustituidas por las dos transaccionales que se nos han ofrecido.
Respecto del resto de enmiendas que se mantienen vivas, que son once, podríamos plantearlas en tres grupos. Las números 204, 205 y 216, se refieren a la incorporación de la Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia. Otra serie de enmiendas, de la 207 a la 212, hacen referencia a las reclamaciones administrativas. Finalmente, las enmiendas 213 y 214, las defenderé por separado.
Las enmiendas números 204, 205 y 206, como les he dicho, se refieren a una reclamación que hacemos de que se incorpore, por considerarlo más conveniente para los ciudadanos, la atribución de la competencia sobre orden jurisdiccional social de materias conexas como la competencia sobre el control judicial de los actos administrativos derivados de la Ley 39/2006. En este sentido, la disposición adicional primera de la Ley 39/2006 -hago referencia a la 204- establece que quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, según el Real Decreto 1971, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia en el grado y nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta ley. En la enmienda 204 planteamos la supresión de la referencia que se hace en la exposición de motivos a que las mate
rias que he citado excluidas de la ley comprendan los actos administrativos como asistencia y protección social, incluyendo los posibles litigios que surjan a raíz de la mencionada Ley 39/2006, de Dependencia. En la enmienda 205 añadimos, con este criterio que les acabo de expresar, una nueva letra u) al artículo 2, concretamente sobre la Ley de Dependencia, y añadimos también una nueva letra con la enmienda 206, que también hace referencia a la Ley de Dependencia, y que guarda, como les acabo de decir, directa relación con las enmiendas segunda y tercera para extender el ámbito de aplicación de esta ley a los actos administrativos sobre asistencia y protección social en lo relativo a la Ley de Dependencia.
Otro bloque de enmiendas comprende de la 207 a la 212. Todas ellas hacen referencia a las reclamaciones administrativas. Se pretende suprimir el carácter de requisito necesario de la reclamación previa ante el Estado, comunidades autónomas, entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de ellos, y las entidades gestoras de la Seguridad Social, para favorecer el derecho de los ciudadanos a tener una tutela judicial efectiva que no se vea dilatada en el tiempo por la necesidad de tener que plantear previamente ante la Administración sus pretensiones. A pesar de la supresión de su carácter de requisito necesario -que aparece en el texto-, para acudir a la jurisdicción social se mantiene la posibilidad de que los interesados puedan interponerla -me refiero al texto alternativo que planteamos- si consideran que de esa forma podrán ver total o parcialmente satisfechas sus pretensiones por la Administración sin necesidad de acudir a un proceso judicial. De esta forma, la reclamación previa pasa así a convertirse en un derecho de los ciudadanos -según nuestras enmiendas-, dejando de ser un requisito preprocesal que de facto se ha convertido en un privilegio de la Administración, que en la mayoría de los casos solo conlleva una dilación del proceso judicial, y además en un privilegio respecto de los ciudadanos concernidos por la misma. Todas ellas, como digo, desde la 207 a la 212, tienen esa misma motivación y ese objetivo.
La enmienda 213 añade una referencia a los procesos judiciales por el objeto de reconocimiento o determinación del grado de incapacidad, de dependencia. En el artículo 93, apartado 2, que expresa que el órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un médico forense en los casos en que sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares, etcétera, nosotros planteamos la necesidad de añadir: Y deberá pedirlo necesariamente en todos los casos en los que el objeto del procedimiento sea el reconocimiento o la determinación del grado de las prestaciones de incapacidad permanente. A nuestro juicio, los procesos judiciales que tienen por objeto el reconocimiento o la determinación del grato de incapacidad permanente presentan la dificultad de determinar cuáles son las limitaciones funcionales del trabajador, lo que requiere de unos conocimientos médicos complejos. Para facilitar que el juez tenga un conocimiento objetivo de esas limitaciones, es conveniente que cuente con un informe imparcial emitido por un médico forense. De ahí el añadido expreso de este párrafo. Por ello, se propone que en todos esos supuestos necesariamente deba solicitarse un preceptivo informe forense.
Por último, defiendo ahora la enmienda 214, en la que planteamos la supresión completa del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 108. A nuestro juicio, la redacción de este párrafo limita el principio de congruencia entre las pretensiones de las partes en el proceso y el fallo judicial y, por otra parte, favorece que continúe la conflictividad laboral, ya que la nueva sanción puede volver a ser discutida en el procedimiento de ejecución. Por ello, entendemos que es conveniente la supresión de este párrafo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Obviamente, a estas alturas podemos decir que esta no ha sido la legislatura de la justicia, como de forma más o menos solemne había anunciado el ministro del ramo al inicio de la misma; no lo ha sido ni a nivel presupuestario ni seguramente en cuanto al programa legislativo. En cuanto a lo presupuestario, cabe decir que las tensiones de tesorería y la crisis económica evidentemente han llenado todo el escenario. En cuanto al programa legislativo, el Plan estratégico de modernización del Ministerio de Justicia para el periodo 2009-2012, como marco de reforma estructural de la Administración de Justicia, presenta algunas luces y también algunas sombras. Ha habido innegables avances y algunas reformas legislativas importantes, en cuyo marco se sitúa esta futura ley de la jurisdicción social, pero es evidente que lo que queda pendiente seguramente es de mayor calado que la tarea que hemos realizado, aún siendo esta ingente, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Demarcación y Planta, incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todos ellos son proyectos que van a quedar para la próxima legislatura y que deberán intentar cuadrar el círculo; es decir, tendrán que intentar poner al día la justicia; modernizar los procedimientos para que sean más eficaces y más rápidos, en definitiva, para que contribuyan de forma más efectiva a dar amparo a los derechos de los ciudadanos. Pero, como todos sabemos, las reformas legislativas no son suficientes, habrá que diseñar un aumento de medios humanos y materiales para agilizar los procedimientos y evitar las dilaciones, la sobrecarga de los juzgados.
En cualquier caso, como decía, en este contexto se sitúa el proyecto de ley de la jurisdicción social que estamos sustanciando. Sin ningún género de duda, se trata de la iniciativa más ambiciosa de los últimos años para adecuar la ley procesal laboral a las exigencias de
una Administración de Justicia más eficaz. Ciertamente son muchas las novedades que incorpora este proyecto de ley y que, en definitiva, enfatiza el propio título de la ley, porque sustituye la alusión habitual al procedimiento laboral para dar mayor centralidad a la cuestión social, superando la estricta visión laboral de los conflictos para abrazar una dimensión social de los mismos. Ello supone un esfuerzo considerable, que nuestro grupo quiere dejar patente en el "Diario de Sesiones", para racionalizar la distribución competencial entre los distintos órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales, concentrando la materia laboral con la de Seguridad Social en el orden social y agilizando también la tramitación procesal de modo similar a como se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito procesal civil.
En este proyecto, por ejemplo -quiero dejar también constancia de ello-, es positiva la ampliación de competencias del orden social, especialmente en materia de accidentes de trabajo, y de impugnación de los actos de las administraciones públicas en materia laboral. En otras materias se producen algunos ajustes sobre el modelo procesal actual que vienen derivados de algunas incongruencias de la actual ley de procedimiento y que habían sido subsanadas de facto por la propia doctrina y por la jurisprudencia. En tales casos, más que de reformas procesales propiamente dichas, stricto sensu, se trata de algunas aclaraciones en el derecho positivo de lo que hoy por hoy ya es derecho aplicado. Otras reformas abordan, en efecto, anomalías o deficiencias que se aprecian en el actual sistema procesal laboral.
A nuestro parecer, señor presidente, señorías, estamos, sin ningún género de dudas, ante una buena ley y, además, buena parte de sus principios son compartidos por nuestro grupo parlamentario. Nuestro grupo ha presentado un total de setenta y cuatro enmiendas a los aproximadamente trescientos artículos que contiene el proyecto, que en ningún caso suponían una auténtica enmienda a la totalidad. Se trata de enmiendas que en muchos casos han sido incorporadas; algunas de ellas son relativas, por ejemplo, al instituto de la caducidad y de la prescripción; otras son relativas a los daños y riesgos del trabajo, a la prevención de riesgos -en ese sentido, quiero subrayar la transacción realizada por el grupo mayoritario con nuestras enmiendas 130 y 137, que intentan aclarar la competencia de los juzgados sociales en materia de riesgos, tanto en el sector privado como en el público-; también se han presentado enmiendas en materia de legitimación; en materia de procedimientos de resolución extraprocesal, etcétera. Como digo, muchas de estas enmiendas han sido incorporadas en el informe de la ponencia, bien porque han sido aceptadas pura y simplemente o bien porque han sido transaccionadas. En total, de una u otra forma, se han incorporado veintisiete enmiendas, con lo que, una vez más, quiero subrayar el esfuerzo realizado por parte del grupo mayoritario y también de los responsables del Ministerio de Justicia para alcanzar un acuerdo. Aprovecho para agradecer la tarea de los letrados de la Comisión y también las aportaciones realizadas por los distintos sindicatos, los más representativos, Comisiones, UGT, así como por el Colegio de Abogados de Barcelona y del Cermi, en relación con una cuestión que quiero ahora subrayar. Por tanto, repito, en este capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, quisiera agradecer estas aportaciones, si me lo permite el señor presidente.
Otras enmiendas que han sido aceptadas e incorporadas directamente en el informe son, por ejemplo, las números 133, 134 y 136 -de hecho, en puridad, han sido transaccionadas en el día de hoy-, cuyo objetivo era atribuir a la jurisdicción social la competencia sobre las materias relativas a la asistencia y protección social pública en sentido amplio, incluyendo así las cuestiones que se susciten respecto a la protección derivada de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, conocida coloquialmente como la Ley de Dependencia. Anuncio ahora, señor presidente, que con la aceptación de esta enmienda nuestro grupo retira la número 129. También quisiera destacar la transacción relativa a nuestra enmienda 159, por la que se introduce el procedimiento monitorio en el ámbito de la jurisdicción sociolaboral. Se trata, señorías, de un procedimiento pensado para aquellos temas de menor cuantía y relativos a reclamaciones de cantidades, salarios, etcétera. Me parece un avance sustancial y un elemento que va a contribuir a agilizar el procedimiento de forma sustancial.
Respecto al resto de enmiendas que mi grupo mantiene vivas en este acto, dado que son muchas y obviamente, por cuestiones de economía de tiempo, no podemos defenderlas, si me lo permite, señor presidente, quisiera, agrupadas en varios bloques, hacer una brevísima mención de ellas. Se trata de enmiendas que básicamente pretenden reforzar algunos elementos que ya figuran en el presente proyecto de ley. En primer lugar, las enmiendas 131, 132, 138, 139, 140 y 183 lo que pretenden es una adecuada delimitación de la competencia entre el orden social y el resto de jurisdicciones, en relación con las controversias que generan las cuestiones derivadas del empleo público, sobre todo las referidas al derecho de huelga, servicios mínimos, etcétera. En segundo lugar, la enmienda número 171, relativa a la eficacia de los sistemas de solución extraprocesal para configurarlos como instancias que eviten el recurso al litigio y que ofrezcan la mejor solución posible para integrar los intereses de las partes en conflicto. En tercer lugar, las enmiendas números 152, 153, 157, 159, 179 y 180, relativas a la adecuación de los mecanismos procesales para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con el pago de cantidades, salarios e indemnizaciones que, en nuestra opinión, presentan notables disfunciones y generan en ocasiones una deficiente tutela judicial y un traslado de los mecanismos públicos basados en la protección frente al desempleo, y a la cobertura del Fondo de garantía salarial, Fogasa,
como recurso casi exclusivo que genera una protección eficaz a los trabajadores y trabajadoras afectadas por una situación tan complicada. La enmienda 181 se refiere a la legitimación activa de las asociaciones sindicales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Las enmiendas números 184, 185 y 186 tratan sobre el mantenimiento del plazo de recursos de reposición en cinco días, igual que en el orden jurisdiccional civil. Finalmente, las enmiendas números 165, 166, 167 y 168, 169 y 170, tratan sobre la regulación más clarificadora de los procesos de despidos objetivos y colectivos, sobre todo a partir de la integración de la competencia social para conocer de estos últimos, así como sobre el reforzamiento de la tutela judicial ante los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas.
Por último, si me lo permite, señor presidente, veo que hay otras enmiendas agrupadas en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas números 164, 173 y 174, sobre la mejora en los mecanismos de ejecución, en particular de las sentencias de conflicto colectivo, para posibilitar una mayor eficacia de los procesos, eliminando el recurso sistemático a las demandas individuales. En segundo lugar, las enmiendas números 143, 144, 145, 146 y 149, que pretenden que se abandone la actual regulación que permite que la intervención en juicio, en el ámbito social, de abogado o de otro profesional sea facultativa. Además de obsoleta nos parece que esta previsión supone un grave riesgo para la defensa de los derechos del ciudadano que comparece e interviene en juicio, por cuanto no se le garantiza un debido asesoramiento y defensa de sus derechos. En la misma línea, se incorpora también la condena en costas a la parte vencida en sus pretensiones, concretamente se trata de la enmienda 154, que figura como todavía viva para su discusión en Comisión.
Por lo demás, señor presidente, insisto en lo dicho al principio de mi intervención. En nuestra opinión, se trata de una buena ley. Se ha realizado un esfuerzo notable para incorporar buena parte de nuestras enmiendas, lo cual agradece mi grupo parlamentario, y en este acto pedimos al conjunto de los grupos de la Cámara apoyo a las enmiendas que quedan vivas para su eventual incorporación al dictamen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Este proyecto de ley que estamos debatiendo, señor presidente, ha sido objeto primero del parlamentarismo más fino, que merece una reflexión más apologética. En el ámbito de la ponencia ha habido una aceptación amplísima de enmiendas y particularmente han sido más numerosas las aceptadas al mío que a otros grupos. Es una circunstancia a la que mi grupo no está particularmente acostumbrado, ni en esta legislatura ni en anteriores. Por tanto, quiero agradecer al grupo mayoritario la comprensión que ha tenido, seguramente por el adecuado perfil técnico que las enmiendas que hemos presentado poseían, hacia la necesidad de regular alguno de los principios o de los problemas que requiere una ley procesal que hace referencia a un sector muy peculiar del ordenamiento jurídico y muy poco conocido.
El señor Ridao decía que no ha sido la legislatura de la justicia y tiene toda la razón, señor presidente. Se han aprobado algunas leyes, algunas normas de relevancia, reformas del Código Penal, que podemos decir que es una ley importante, agilización e informatización de la justicia, a efectos de mejorar su eficacia y funcionamiento, pero no se han afrontado otras, incluso incumpliendo el calendario legislativo en una legislatura que ya languidece, manifestando una expresión optimista con la locución o el calificativo languidece, hay quien habla que más que languidecer lo que ésta es concluyendo, hay quien piensa que abruptamente, pero esperemos que no tan abruptamente como para no poder aprobar una ley tan técnicamente bien configurada como la que estamos debatiendo en este momento.
Quiero felicitar a los redactores de esta ley y cumplir también protocolariamente el turno de felicitaciones a las letradas, que nos han ayudado tanto en el trabajo de esta Comisión, y al resto de los portavoces de los grupos parlamentario cuya proclividad al consenso ha posibilitado que sea una ley muy consensuada, amén de muy compleja, pero técnicamente muy bien concebida, técnicamente muy bien configurada. Nos acompañan en esta Comisión algunos de los padres o algunos de los que han contribuido a la generación de este cigoto legislativo convertido dentro de poco tiempo seguramente en una importante ley que resuelva los azarosos problemas que afectan al sector laboral del ordenamiento jurídico.
El sector laboral del ordenamiento jurídico tiene características que no se corresponden con ningún otro sector del ordenamiento jurídico, señor presidente. En primer lugar su carácter tuitivo, su carácter protector del trabajador, que se va diluyendo progresivamente en el tiempo por mor de los requerimientos de estos seres deletéreos que son los mercados y otros que nos imponen reformas que van de alguna forma relativizando este principio o este fundamento ontológico que sirve para la creación de un derecho especial como es el derecho del trabajo, donde se presumía o se partía del presupuesto de que el trabajador y el empresario a la hora de suscribir sus condiciones contractuales no estaban en una condición de igualdad. Siguen sin estar en una condición de igualdad, mientras pervivan los conceptos de dependencia económica y de dependencia del poder de dirección del empresario, ajeneidad y sumisión al poder de dirección del empresario, pero todo esto se está difuminando por mor de los requerimientos de este paradigma de la competitividad, que sirve de impulso a toda la actividad legislativa que en los últimos tiempos se está acometiendo en estas Cortes. Podríamos haber utilizado esta ley, que si bien es de corte procesal también las de corte procesal tienen efectos o repercuten en el ámbito sustantivo de las materias que regulan, pero quizá se ha
perdido esta oportunidad de enfatizar los componentes tuitivos o los principios ontológicos del derecho del trabajo.
En todo caso, señor presidente, las enmiendas que han sido aceptadas se incardinan en esta posición que mi grupo sigue intentando mantener son las números 327, 328, hasta veinte que están aquí consignadas y que prácticamente me dejan sin nada que argumentar, porque son las más relevantes y son la mayoría de las presentadas por mi grupo parlamentario. ¿Qué es lo que queda? Quizá no sea tan pertinente una revisión pormenorizada enmienda a enmienda de las que quedan vivas, sino una reflexión teórica de carácter general o teórico política o jurídico política de carácter general explicando qué es lo que pretendemos en aquellas que no han sido objeto todavía de aceptación.
Señor presidente, en el ámbito del derecho del trabajo se produce algo que puede resultar técnicamente extravagante a este sector del ordenamiento jurídico que es la superposición o la convivencia, muchas veces en régimen de colisión o de contradicción, de una actuación muy intensa de la autoridad laboral o de la autoridad administrativa o de la Administración, ya sea la Administración configurada por el Ministerio de Trabajo y los departamentos de Trabajo autonómicos, la Administración de la Seguridad Social, la Administración que vela por la Ley de Dependencia o distintas administraciones que actúan y que provocan un efecto que en nuestra opinión resulta perverso y debe ser objeto de regulación. Porque convierten en competente inmediatamente a una jurisdicción que no está especializada en las cuestiones sustantivas que configuran este sector del ordenamiento jurídico, el sector laboral, como es la jurisdicción Contencioso-administrativa, privando de esta competencia a la jurisdicción laboral en numerosas ocasiones, que podríamos citar y podríamos indicar, de una expropiación de competencias que debe corresponder a la jurisdicción especializada en las materias y no a una jurisdicción no especializada como la Contencioso-administrativa, que se limita a la valoración de la concurrencia de los requerimientos procesales formales y no a un análisis pormenorizado de las cuestiones litigiosas, de carácter técnico, suscitadas cuando hay un procedimiento de naturaleza judicial. En ocasiones no ocurre ni esto, es que ni siquiera se puede acceder a la jurisdicción, hay un problema de falta de tutela judicial efectiva. En tanto en cuanto hay algunos mecanismos que son objeto de observancia y de tutela a los trabajadores o a los trabajadores-empresarios o a ambos a la vez solo por la Administración. Podríamos hablar de numerosos ámbitos de perversiones o inadecuaciones de esta naturaleza.
Ya desde la incorporación de la directiva del año 1975, en relación con los despidos colectivos, ya se prevé una peculiar -y no sé si extravagante al derecho- intervención de la autoridad laboral, en este caso la autoridad del Ministerio de Trabajo o los departamentos de Trabajo de los gobiernos autonómicos competentes, en relación con los artículo 41 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando hablamos de los artículos 41 y 51 del Estatuto de los Trabajadores estamos hablando de lo relativo a la modificación de condiciones por causas objetivas, que son tecnológicas, organizativas, de fuerza mayor o económicas, que efectivamente provocan una actuación de la autoridad laboral y al convertirse esa actuación en resolución administrativa, una vis atractiva, una incorporación de la competencia jurisdiccional, a efectos de tutelar estos derechos de la jurisdicción Contencioso-administrativa que deberíamos evitar, tanto en lo relativo a la modificación de condiciones de trabajo, previstas en el artículo 41 -y reproducida en el real decreto-ley que estructura la negociación colectiva laboral ya vigente y que se está tramitando como proyecto de ley-, como en lo relativo al artículo 51, que establece la relaciones extintivas por estas causas objetivas que hemos citado.
La competencia de la jurisdicción Contencioso-administrativa, por falta de especialización en la materia, resulta particularmente desaconsejable. Pero ocurre en otras materias también, señor presidente. Los recursos contra los laudos o arbitrajes previstos, incluso en el real decreto-ley que estructura la negociación colectiva, de forma voluntaria, atendiendo a los requerimientos de la jurisprudencia constitucional que impide la existencia de laudos de carácter obligatorio mediante el argumento fácilmente comprensible de que a nadie se le puede someter a un arbitraje si no quiere. Estos laudos también son objeto de control por la jurisdicción Contencioso-administrativa, cuando debería haber una advocación a la jurisdicción laboral, que es la competente, tanto en modificaciones de trabajo como en un tema tan vidrioso como el problema de la ultraactividad, el problema de la vigencia de los convenios colectivos. También los convenios colectivos provocan una actuación de la autoridad laboral que debe verificar su legalidad e inscribirlos en un registro de convenios colectivos que aboca también a la competencia de la jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de insolvencia de las empresas en el supuesto de despido la actuación del Fogasa también es una actuación de naturaleza administrativa que convierte en competente a la jurisdicción Contencioso-administrativa. En materia de la Ley de Dependencia también los reconocimientos de los grados de dependencia y de las prestaciones o de las ayudas previstas en dicha ley son resoluciones de la autoridad administrativa que convierte en competente a la jurisdicción Contencioso-administrativa. En materia de Seguridad Social, el reconocimiento de prestaciones, las liquidaciones de cuotas, el control de la concurrencia del hecho causante para causar derecho a determinadas prestaciones también son actuaciones administrativas de las entidades gestoras de la Seguridad Social que aboca a la competencia también de la jurisdicción Contencioso-administrativa. Con lo cual nos encontramos con una terrible paradoja o una profecía autocumplida de alguna manera: un sector del ordenamiento jurídico que tiene una singularidad particularmente esencial que
obligaría al uso expansivo, a provocar normativamente una vis expansiva de la jurisdicción especializada en materias para las cuales no está preparada una jurisdicción no especializada en estas materias, como es la jurisdicción Contencioso-administrativa, no terminamos de resolverlo. Lo mismo podríamos hablar de los pactos que se configuran en el seno de la Función pública respecto a los funcionarios, al personal estatutario y al personal laboral. Evidentemente son pactos que también deberían ser objeto de control y de tutela por el orden social de la jurisdicción, porque son pactos que configuran las relaciones laborales bilaterales que vinculan a estas personas que trabajan en el ámbito público, en el ámbito de la Administración pública, considerando, lo cual no es una extravagancia, a la Administración pública como un empleador.
Estos son los problemas en definitiva que tenemos que resolver y a los que solo parcialmente ha dado solución adecuada este proyecto de ley, señor presidente. En todo caso, nosotros queremos significar que ha existido receptividad por parte del grupo mayoritario en esta Cámara en las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación de los grados de discapacidad, teniendo esta ley a todos los efectos la misma consideración que en lo relativo a las prestaciones y a los beneficiarios de la Seguridad Social. Es una enmienda transaccional que afecta a la enmienda número 323 de nuestro grupo parlamentario. Nos parece adecuado el criterio.
En relación con la enmienda número 353 de nuestro grupo parlamentario y a los conflictos colectivos, se establece que la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta ley también serán objeto de tutela por este orden de la jurisdicción, en relación con aquellos colectivos genéricos susceptibles de determinación individual o que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma estatal con convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia o pactos o acuerdos de la empresa o de una decisión empresarial de carácter colectivo de las que se regulan en los artículos 40.2 y 41.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por último, en relación con la impugnación de los convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de estos, la sentencia que se dicte en el plazo de tres días y una vez que tenga los efectos de cosa juzgada, también se determina que será objeto de tutela por este ámbito de la jurisdicción. Señor presidente, retiraremos las enmiendas números 323 y 353.
Dicho esto, señor presidente, quiero felicitar de nuevo al señor De la Rocha por el buen trabajo realizado. No se ha llegado a resolver esta contradicción con la que llevamos conviviendo históricamente en el ámbito laboral y que los laboristas o los que nos dedicamos a este mundo somos muy conscientes de esta colisión entre las competencias de la jurisdicción Contencioso-administrativa y del orden social de la jurisdicción. No ha habido coraje suficiente como para afrontar definitivamente que todas las materias que tengan, aunque sea por su propia naturaleza, carácter laboral o que afecten al trabajo de carácter dependiente o de carácter autónomo, cualquiera que sea su naturaleza, bien en el ámbito de lo privado, de la empresa privada, bien en el ámbito de la Función pública, y aquellas que son objeto de resolución a través de arbitrajes o laudos sean objeto de control por la jurisdicción llamada a controlar, por razones de especialización, el orden social de la jurisdicción.
Una cuestión que sería adelantar un debate que tenemos que tener pendiente en relación con la estructura de la negociación colectiva es que la existencia de los arbitrajes o laudos -ese párrafo que se establece en los preceptos relativos al real decreto-ley que ahora es un proyecto de ley sobre la estructura de la negociación colectiva- es voluntaria. Por tanto, la tutela judicial en relación con las modificaciones de condiciones de trabajo, a la vigencia de los convenios colectivos e incluso a los problemas de la concurrencia entre convenios colectivos de distinto ámbito, van a ser objeto de resolución, pero no en todo caso, salvo aquellos que se recurra al procedimiento de conflictos colectivos, van a ser siempre objeto de solución por el orden social de la jurisdiccional. También va a continuar resultando competente la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Desde esa perspectiva, perdone la prolijidad de la exposición, pero esto es algo que a muchos nos preocupa. La penetración de un orden de la jurisdicción no especializado, que solo aprecia la concurrencia de razones de naturaleza formal o procesal y que le cuesta por falta de especialización precisamente penetrar en el fondo de la litis, de las cuestiones litigiosas planteadas por los trabajadores o por los empresarios, ha provocado diversas disfunciones que esta ley no termina de corregir. En todo caso, es una buena ley. Es una ley que merece nuestro apoyo. Nosotros votaremos favorablemente al dictamen, entre otras cosas por el número abundante de nuestras enmiendas aceptadas y por los últimos esfuerzos realizados en estas tres últimas enmiendas transaccionales, que he intentado glosar, señor presidente. Estamos ante una buena ley, pero hace falta dar más pasos para que se aclare el panorama jurisdiccional en el ámbito del sector laboral del ordenamiento jurídico. Todo el mundo sabe cuál es el sector laboral del ordenamiento jurídico formado por las normas configuradas por el Estatuto de los Trabajadores, por las leyes de la Seguridad Social, como la Ley General de la Seguridad Social, a la que podríamos incorporar, no sin dudas, otras leyes como la de la dependencia. La Ley de la Dependencia es una ley de naturaleza jurídica ignota. Hay que recurrir a procedimientos de naturaleza paranormal para saber en qué sector del ordenamiento jurídico podemos ubicar la Ley de la Dependencia en tanto en cuanto los derechos llamados de ciudadanía, por cierto derechos de ciudadanía que la doctrina científica sigue sin saber en qué consisten y cuáles son y por qué se les llama derechos de la ciudadanía, pero por aproximación, por conexidad se podría pensar que debe ser objeto de tutela también por el orden social de la jurisdicción.
¿Por qué no sabemos cuál es la naturaleza jurídica de la Ley de Dependencia? En primer lugar, porque no existen los derechos de ciudadanía más que en la dialéctica o en el debate político, en el sentido más aristotélico del término, no en el sentido técnico jurídico, y, en segundo lugar, porque la Ley de Dependencia carece de referencia constitucional. No se corresponde con ningún derecho de los previstos en la Constitución, salvo que se hubiera optado con más coraje del que se optó en la legislatura pasada, por ubicarlo en el artículo 41 y convertir la Ley de Dependencia o los derechos que corresponden a los dependientes en un derecho de los previstos en la Ley General de la Seguridad Social. No se optó por esta fórmula y se mantuvo esta invocación deletérea de crear un nuevo derecho sin referencia constitucional alguna, al que tenemos que buscar tutela judicial efectiva en la jurisdicción que más se conecte o más se parezca a los derechos que se reconocen en la Ley de Dependencia. ¿Cuál es la que más se parece o más de puede reconocer? En nuestra opinión, señor presidente, a la que más se parece no es a la jurisdicción Contencioso-administrativa es al orden social de la jurisdicción, dada la naturaleza de estos derechos que tienen una cierta similitud con los derechos de Seguridad Social.
Dicho esto, y como estos problemas ya son de difícil solución, ya se hizo el roto cuando se pudo haber evitado, y las normas procesales no están llamadas a resolver los problemas provocados por las normas sustantivas de las que dimanan su contenido, vamos a forzar también que la tutela judicial de los derechos de la Ley de Dependencia sean objeto de tutela judicial efectiva por el orden social de la jurisdicción. Dicho esto, y habiendo incumplido también mi promesa de brevedad, señor presidente, pero estas son cuestiones, que al señor De la Rocha le interesan como a mí, que no todas ellas están bien resueltas, desafortunadamente, en esta ley, quiero reproducir la felicitación que todos los demás portavoces están realizando respecto al contenido material de esta ley. Es un contenido muy afinado. Es una ley conceptualmente desde una perspectiva técnico-jurídica muy bien concebida. No en vano personas como don Fernando Salinas o el señor Folguera son de los mejores laboralistas con los que contamos en este país en este momento. Esperemos -y es una esperanza o un optimista desiderátum- que los que estamos en este momento debatiendo en sede parlamentaria esta ley no estropeemos demasiado el buen trabajo hecho por ambos. Señor presidente, muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Ahora por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané i Guasch.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, hoy vamos a aprobar con competencia legislativa plena en esta Comisión de Justicia un proyecto de ley muy importante. Muy importante en tanto que va a suponer, si finalmente llega al BOE, porque estamos ya a finales de la legislatura, pero esperando que pueda acotarse bien los calendarios entre la aprobación de hoy y después el ulterior trámite en el Senado. Esperemos que este proyecto de ley llegue a buen puerto y finalmente sea ley aprobada y publicada en el BOE, porque es un proyecto importante, como decía al inicio. Esta ley viene a reformar una nueva norma que sustituye la Ley de Procedimiento Laboral, que estaba aprobada por el Real Decreto-legislativo 2/1995, de 7 de abril, y a través de este nuevo texto se intenta dar continuidad a la estructura anterior, pero evidentemente modernizando el procedimiento y proyectando el procedimiento de la jurisdicción social a lo que es y a lo que entendemos que debe ser todo el ámbito social. Por tanto, es un buen proyecto de ley que va a culminar -esperemos también- con un buen texto que, tras la incorporación de enmiendas, viene a mejorar el proyecto de ley inicialmente presentado. Es un proyecto de ley muy trabajado desde el Gobierno y desde expertos. Quiero destacar aquí la autoría de mi buen amigo don Fernando Salinas que sé de la gran labor que ha realizado, también el señor Folguera, y otros expertos en este ámbito. Pero la experiencia acumulada por los que también han sido parte activa en el proceso de elaboración del anteproyecto es de agradecer hoy aquí que conste en el "Diario de Sesiones" la labor que han realizado, porque nos han ayudado mucho a tener hoy un buen texto de partida, que se viene a mejorar a través de las distintas enmiendas incorporadas en la ponencia y hoy espero en la Comisión.
También hemos tenido unos buenos ponentes, señor presidente. Esto también es de agradecer. Buenos ponentes de todos los grupos, pero en este caso todos los ponentes del grupo mayoritario se han implicado a fondo para encontrar vías de acuerdo y de aproximación. De manera muy singular el diputado don Manuel de la Rocha ha sido una de las personas que ha intentado esa labor de establecer puentes de acuerdo, buscar soluciones, que no siempre son fáciles, ahora me referiré a alguna de ellas, pero que por lo menos empiezan en la línea necesaria de abrir frentes de futuro en aspectos que a nosotros nos importaban en este proyecto de ley. Valoración global, positiva. Voto de Convergència i Unió, a favor del dictamen.
Nos quedan algunas enmiendas, concretamente nuestro grupo tenía diecinueve enmiendas vivas en este trámite final, tal y como consta. De ellas vamos a dar hoy por transadas tres, que retiraríamos en su redacción original, porque de las diecinueve que estaban vivas hay tres que aceptamos la transacción y el esfuerzo de aproximación que hace el grupo mayoritario. Concretamente, señor presidente, las números 359 y 360, ambas relativas a la necesaria extensión de la jurisdicción social en el ámbito de la dependencia las daríamos por transadas, por lo que se retirarían. Al igual que también daríamos por transada nuestra enmienda número 373 relativa al proceso monitorio. Proceso impulsado vivamente por los propios ponentes del Grupo Socialista que, a pesar de que no lo habían enmendado, tenían una clara
voluntad de llegar a puntos de acuerdo. Desde Cataluña, el propio Col-legi d'Advocats de Terrasa había hecho también una contribución efectiva a que este procedimiento pudiera tener una respuesta en el trámite final legislativo. Al final no es la solución que nos agrada al cien por cien en ambos temas que transaccionamos hoy, pero preferimos aceptar la transacción, por lo que la enmienda número 373 también quedaría aceptada.
De las treinta y seis enmiendas inicialmente presentadas por nuestro grupo hoy nos quedan dieciséis vivas para su votación. Me referiré ahora a las mismas y quiero destacar en este trámite la aprobación, en fase de ponencia, de nuestras enmiendas números 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 388, 392 -transada con la número 311- y 393. Estas son enmiendas aceptadas ya, por lo que hay que destacar la buena predisposición al consenso. Además han sido transadas enmiendas importantes. La número 361 ha sido transada para incorporar en el orden jurisdiccional social las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad. Aquí quiero también citar el esfuerzo de Cermi. Esfuerzo que Cermi realiza en tantos proyectos de ley. Ahora que termina una legislatura tengámoslo también presente. En cada uno de los proyectos de ley hay aportaciones del Cermi en la línea de tener presente todo aquello que afecta a todo el colectivo de personas con discapacidad. Lo que nos hace tenerlos presentes muchas veces gracias a las aportaciones del Cermi. También se ha transado la enmienda número 364. No se ha transado la enmienda número 368, que mantengo viva y después me referiré para el trámite de hoy. Tampoco se ha transado, y también está viva para el trámite de hoy, la enmienda número 370 y sí que se han transado las enmiendas números 363, 365, 377, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 394 y 359. Esta última junto con la 360 se transan hoy, son las relativas a la necesidad de atribuir a la jurisdicción social la competencia sobre las materias relativas a la asistencia y protección social públicas y las relativas al orden jurisdiccional social en lo relativo a la dependencia.
Me quiero referir a ello porque hemos transado, sí, con una solución peculiar jurídicamente. Estamos acostumbrados a que cuando algo es difícil de introducir se introduce por fases, y esto es lo que vamos a hacer hoy. Le vamos a dar valor a lo que hacemos hoy. Se introduce en el ámbito de la jurisdicción social aquello que son los litigios que se derivan de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esto se incluye en el artículo 2, letra o), pero, de la misma manera en que esto se incluye, en la disposición final quinta, cuando esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, se exceptúa de esta entrada en vigor justamente la atribución a la jurisdicción social del tema de la dependencia. Ello se exceptúa diciendo que esto entrará en vigor cuando lo fije una ulterior ley, que será ya forzosamente en otra legislatura, probablemente con otro Gobierno, y que tiene tres años para, de alguna manera, intentar fijar en qué plazo entrará en vigor aquello que hoy aceptamos que se incluya dentro de la jurisdicción social. No neguemos el valor de lo que se hace, pero seamos todos conscientes de que hoy el consenso es más necesario que nunca, porque esto involucra en un futuro a todos. Todos aquellos que hoy vamos a aprobar esto, estamos comprometidos a que en un futuro fijaremos realmente cuándo esto va a entrar en vigor. Me lo decía anoche el señor De la Rocha, hay temas de la Ley de Dependencia que no siempre serán fáciles, porque son muy problemáticos según qué grado de dependencia y hay cuestiones conflictivas cuya incidencia deberá perfilarse en las distintas fases de la aplicación de la ley, esto es lo que vamos a hacer. Nos hubiera gustado un planteamiento más directo, porque entendemos que los temas relativos a la dependencia deben estar en la jurisdicción social, tal como defendía Convergència i Unió, y con el mismo esquema presente en Cataluña. Pero -repito- un paso es un paso. Lo sabemos valorar. Agradecemos al grupo mayoritario esta transacción.
También transaccionamos hoy la enmienda 373, relativa al proceso monitorio. Crear en el ámbito social un proceso monitorio era importante. Así lo planteó Convergència i Unió intentando modificar el artículo 80. Existe toda una variedad de acciones laborales que tienen una muy limitada complejidad en su resolución, pero que sobrecargan de trabajo los juzgados e imponen una demora extraordinaria en la efectividad de la justicia. Entendemos que al igual que en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil existe el proceso monitorio para el cobro de deudas dinerarias, que ahora se ha extendido hasta cuantías que no excedan de 250.000 euros, es importante que exista un procedimiento monitorio en el ámbito de la jurisdicción social. Así nos lo pedían las propias organizaciones sindicales; así nos lo pedía el Collegi d'Avocats de Terrasa. Finalmente, se va a introducir un procedimiento monitorio; se va a introducir con una transacción que no colma totalmente aquello que todos quisiéramos. Estoy convencido de que nadie se ve realizado con esta transacción, pero es un primer paso. Se va a establecer para reclamaciones que no excedan de 6.000 euros y, por tanto, es un planteamiento muy limitado, pero por lo menos el procedimiento echa a andar y lo valoramos en lo que representa. Desde esta óptica, aceptamos la transacción que se nos propone y agradecemos al grupo mayoritario que haya sido capaz de llegar a este punto de acuerdo. Me consta que mi buen amigo, el diputado Jordi Pedret, era también muy sensible a la necesidad de encontrar alguna vía que diera entrada en la jurisdicción laboral a una modalidad para reclamar pequeñas cantidades. Me hubiera gustado -repito- un procedimiento distinto, pero es un primer paso que sabemos valorar.
Termino ya, señor presidente, señorías, agradeciendo la labor de nuestras letradas y de todos los ponentes y pasando a defender aquellas enmiendas que hoy quedan vivas en el trámite de Comisión. Pedimos el voto a los distintos grupos para que puedan verse aprobadas. Ade
lantamos ya que sea cual sea el resultado de la votación de nuestras enmiendas vivas, que intentaremos reproducir en el Senado, nuestro voto va a ser favorable al dictamen de esta Comisión. Por tanto, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que hoy va a salir del Congreso de los Diputados. Mantenemos vivas dieciséis enmiendas. En primer lugar, tenemos la enmienda 362, que intenta suprimir de las materias excluidas las relativas a los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas. Las enmiendas 365, 366 y 367 son enmiendas propuestas por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y van en la dirección de garantizar la adecuada defensa de los derechos del ciudadano que comparece e interviene en juicio. Defiendo también nuestra enmienda 368, que va en concordancia con la nueva regulación que se propone del beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Entendemos que cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en la propia ley, debe poder utilizarse por cualquiera de los litigantes, en cuyo caso se dará cuenta del pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones que establezca la legislación de asistencia jurídica gratuita.
En nuestra enmienda 370, en coherencia con la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendemos que bien por remisión directa, bien por su carácter supletorio, reconocido en su disposición final primera, la práctica de las notificaciones debe recaer, además de en el secretario judicial, en el funcionario, procurador y graduado social, figuras que desarrollan una función de cooperación con la Administración de Justicia.
Nuestra enmienda 371 clarifica de cara a los ciudadanos que el plazo de dos meses se iniciará al día siguiente de la publicación o notificación del acto administrativo. También defiendo nuestra enmienda 372. Se establece una multa cuya cuantía en el tramo máximo puede ser muy gravosa. Por ello se propone su reducción a la cantidad de 3.000 euros. Esta es una propuesta que viene de los colegios de graduados sociales y que entendemos que es claramente asumible.
La enmienda 382, propuesta desde las organizaciones sindicales, se refiere a la excepción de la obligación de revisión de actos declarativos de derechos por parte de las entidades u organismos gestores o Fogasa ante el juzgado en el caso de revisión de los actos en materia de protección por desempleo. Asimismo, nuestra enmienda 383 pretende que la sentencia dictada en conflictos colectivos pueda servir directamente de título ejecutivo suficiente a favor de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, sin necesidad de que se lleven a cabo nuevos procedimientos individuales. Esta propuesta había sido hecha por el Consejo General de la Abogacía Española.
Defendemos nuestra enmienda 385, por coherencia con los plazos que para el recurso de reposición prevén otras leyes procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil. No acabamos de entender por qué razón se debe establecer un plazo diferente para el mismo tipo de recursos según sea contra resolución de órgano unipersonal o colegiado. Es una enmienda, por lo demás, que había sido propuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, al igual que nuestra enmienda 386, en la que se plantea la supresión del inciso que se refiere a la irrecurribilidad de las sanciones muy graves por el hecho de que no haya sido confirmada judicialmente. Entendemos que esto no resulta acorde con el principio de igualdad de las partes en el proceso.
Nuestra enmienda 389 pretende aumentar el plazo para interponer el recurso de casación de diez días a dos meses. Es una enmienda que había sido propuesta por el Consejo General de la Abogacía Española. En cuanto a nuestra enmienda 390, entendemos que la redacción se contradice con la regulación que en relación con las costas mantiene la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en su artículo 36 y amplía la exención subjetiva contradiciendo uno de sus objetivos, que es la reducción de la litigiosidad, para conseguir un servicio más eficiente y ágil. Por último, defiendo nuestra enmienda 391, que tiene una finalidad disuasoria respecto de quien pretenda recurrir con mala fe, temeridad o ánimo dilatorio, penalizando dicha actuación y no siendo coherente con esta pretensión excluir a los trabajadores, funcionarios, personal estatutario o beneficiarios de la Seguridad Social.
Con ello, señor presidente, he defendido las dieciséis enmiendas que mantenía vivas Convergència i Unió y termino mi intervención. No vamos a tramitar en el Pleno este proyecto de ley. Esta Comisión tiene competencia legislativa plena. Esto quizás es injusto para quienes han trabajado tanto para que este proyecto sea una realidad. Esta ley merecía, por su carácter global, nueva ley de jurisdicción social, la solemnidad del Pleno de la Cámara. Este dictamen merecía haber sido aprobado en el Pleno, pero somos conscientes de que en los tiempos finales en los que se tramita, esa solemnidad que todos hubiéramos agradecido y una semana más en el Pleno quizás hubieran frustrado el trabajo posterior, es decir, que llegase a aprobarse en esta legislatura. Por tanto, bien está lo que bien acaba y esperemos que acabe bien lo que bien ha empezado. Es una ley que ha nacido con voluntad de consenso, en un momento en el que las relaciones laborales viven una situación difícil. La crisis económica está provocando situaciones gravosas para muchas personas que pierden su trabajo, para muchas personas que deben reclamar salarios y para muchas empresas que lo están pasando mal. Es un momento difícil para el mercado laboral. En este contexto de crisis económica llega este proyecto de ley, bien trabajado y bien consensuado. Esperemos que consiga los resultados que todos perseguimos y que sea realmente, como se pretendía con la presentación inicial, una pieza más de esa modernización de la justicia que entre todos estamos intentando impulsar en esta legislatura a través de todos los proyectos legislativos que estamos aprobando, uno por semana, señor presidente. Esta Comisión está teniendo una gran carga de trabajo, pero es el calendario marcado. Por tanto, hoy jurisdicción social y la próxima
semana Ley Concursal, y así vamos avanzando una a una en las distintas leyes que esta Comisión está tramitando en este período final de la legislatura.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, permítame usar sus palabras para felicitar el trabajo de todos los comisionados en esta fase de la Comisión de Justicia en la que ha habido una intensidad legislativa importante, que se debe fundamentalmente a todas sus señorías. Quiero recordarles que no se pierde la esperanza de algo que fue en su momento consenso en esta Cámara, la reforma del Reglamento del Congreso, para adaptarlo a los tiempos, mejorar los procedimientos legislativos y permitir que, insistiendo en la competencia legislativa plena de las comisiones, todas las leyes tengan un debate de entrada y de salida en el Pleno. Espero que en algún momento ese deseo, que se ha plasmado con gran consenso en un proyecto de reforma reglamentaria, prospere en la Cámara. Dependerá de todos los grupos parlamentarios.
Hecho este excurso, le doy la palabra al señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: De momento habremos de conformarnos con lo que usted ha expuesto, que es la posibilidad de hacer una valoración general del texto de la ley y no una defensa limitada estrictamente a las enmiendas parciales por importantes que sean.
No voy a ser original en esta Comisión al empezar mis primeras palabras con lo que en términos universitarios se llamaría una laudatio. Quiero agradecer sinceramente la posición que han mantenido los ponentes del Grupo Parlamentario Socialista, que ha permitido, tras mucho y profundo trabajo de su parte, llegar a acuerdos importantes. Tal vez si hubieran sido otros los ponentes no se hubiera llegado al grado de acuerdo y de consenso que hoy vamos a obtener. Lo quiero decir porque es la verdad y la verdad hay que ponerla encima de la mesa. Hemos tenido numerosas reuniones -no solo en ponencia-, conversaciones y llamadas telefónicas y siempre ha habido una voluntad política de intentar llegar a un acuerdo en una ley que no deja de ser compleja. En este capítulo de agradecimientos, de salida, quiero felicitar y agradecer la magnífica labor de las letradas de la Comisión en una ley que, en mi opinión, es farragosa y difícil, porque tiene su reenvío de artículo a artículo y tiene un sistema de definición de competencias heredado de la ley en vigor, que en el artículo 2 crea competencias para luego, en el artículo siguiente, excluir competencias y, por tanto, tiene zonas fronterizas de colisión y de difícil definición o de difícil cierre. Se ha avanza en algunas materias en este sentido, pero qué duda cabe que posteriormente la jurisprudencia tendrá que ir puliendo algunas de las cuestiones que la ley marca, habida cuenta de la naturaleza de las mismas.
El trámite de ponencia se ha traducido en lo que al Grupo Parlamentario Popular se refiere en una docena de enmiendas aceptadas y otras quince transaccionadas. Se nos han ofrecido más, pero hemos aceptado quince, por entender que llegábamos a un acuerdo satisfactorio para las pretensiones que formulábamos en las nuestras. El Grupo Parlamentario Popular ha formulado un centenar de enmiendas de las 400 que se han planteado a estos 305 artículos de los que consta la ley de enjuiciamiento social.
Como todos ustedes saben, la Ley 35/2010, de 17 diciembre, la Ley de reforma del mercado de trabajo, mandataba al Gobierno que en el plazo de seis meses trajera una modificación legal del texto a fin de que los recursos ante las decisiones administrativas de la autoridad laboral en lo que vulgarmente llamamos ERE, suspensiones de contratos, reducción de jornada, extinción de contratos, se pudieran hacer en la jurisdicción social. Cabría al Gobierno haber hecho eso con una modificación de unos cuantos artículos, pero ha optado por traernos un nuevo texto de ley de procedimiento laboral, ahora denominada ley reguladora de la jurisdicción social. Eso se ha traducido indudablemente en ese ir más allá en la incorporación de nuevas competencias, muy señaladamente en el ámbito de los accidentes de trabajo y en la prevención de riesgos laborales, con la voluntad clara del Gobierno de evitar el llamado peregrinaje judicial que se ha producido en ocasiones por un mismo hecho, teniendo que actuar la jurisdicción social a la vez que la civil o la contencioso-administrativa. Esta atribución de competencias sin duda otorga una fuerza creciente al ámbito de la regulación de lo que el orden social va a tener en el futuro como mandato de esta Cámara, de los legisladores y del propio Gobierno.
También se ha incorporado algo que creo que esta mañana no se ha señalado y que a mí me parece que tiene su importancia, y es el factor innovador del recurso de casación de unificación de doctrina, en el cual se legitima al ministerio fiscal para hacerlo y además se amplía el abanico no a las puras sentencias de contradicción de los tribunales superiores de justicia, sino a otros tipos de sentencias, incluidas por ejemplo las del Tribunal Constitucional. También se produce y refuerza a lo largo del proyecto de ley una mayor presencia en juicio del Fondo de Garantía Salarial, en lo que nos parece una acertada decisión del proyecto de ley en aras de la limitación de situaciones de fraude.
Reconocido todo esto, debo recordar a sus señorías que vivimos en una época de crisis económica tan grave y duradera que los juzgados de lo social se están resintiendo en características típicas del procedimiento laboral, como son la agilidad, la rapidez o la celeridad y eficacia del mismo. De hecho, el año pasado, 2010, la jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la única que mejoró sus ratios de resolución de procesos. Nosotros nos encontramos con que la jurisdicción social está en una situación en la que lo que hace tres o cuatro años se podía resolver en cuatro meses puede tardar ahora, depende de dónde, doce, catorce o dieciséis meses desde que se interpone la demanda hasta que hay sentencia, no hasta que se ventila el juicio. De hecho, hay demandas que se están citando a juicio para el transcurso de un año
aproximadamente. Esta es una primera cuestión que nosotros nos planteamos. La jurisdicción contenciosa, quizá por la reducción de los casos de extranjería, ha mejorado sus ratios, pero la jurisdicción social en estos momentos se encuentra en una situación compleja. En este contexto de saturación de la jurisdicción social, con la atribución obligada, como decía hace un momento, de las competencias sobre los ERE, establecida en la Ley 35/2010, más las que adicionalmente nos ha traído el Gobierno, hay una pregunta que esta mañana no se ha formulado aquí y que a mí me parece de obligado cumplimiento. Más allá de su acierto, ¿es oportuna la reforma? ¿Es temporalmente oportuna? Les voy a leer -permítame, señor presidente- un escrito que me han enviado unos jueces de lo social. Decía esto: La jurisdicción social está saturada por el constante incremento del volumen de asuntos que ingresan en los juzgados y tribunales desde el año 2007. Por ello, el objetivo pretendido por el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social de concentrar el conocimiento de todos los asuntos sociales en una jurisdicción que actúe de una forma rápida, ágil y eficaz sin duda fracasará en la actual situación de desbordamiento, rayano en el colapso, sobre todo en los juzgados de lo social de España. Esta preocupación, unida al desconocimiento de en qué se van a plasmar prácticamente la reforma sobre agilización procesal o la nueva oficina judicial o los sistemas de comunicación y ofimáticos que se puedan instalar en los operadores jurídicos, señaladamente en los juzgados, nos plantea un interrogante. De hecho, les puedo citar algo en relación con la nueva oficina judicial. El Colegio de Abogados de San Sebastián, de Gipuzkoa, emite cada mes un boletín y en el de mayo hacía una consulta no a jueces ni a secretarios, sino a procuradores, funcionarios y abogados, y decía literalmente: Todo es un desastre y lo que antes funcionaba mal ahora ni tan siquiera funciona. Soy consciente de que cualquier innovación precisa un periodo de transición y que probablemente haya que producir adaptaciones, pero es verdad que las cosas no son fáciles, y en un momento como el actual, donde vemos una saturación en reclamaciones de despidos, en reclamaciones de cantidad de salarios impagados en la jurisdicción social, era pertinente hacerse esa pregunta, más cuando la jurisdicción social tiene un efecto llamada, porque en momentos normales se distingue no solo por la oralidad, sino por su agilidad, su rapidez y su eficacia y porque es una jurisdicción cuasi gratuita, de manera que es natural que se hayan planteado demandas desde el Cermi para que se reconozca el grado de dependencia y es normal que el personal estatutario plantee que sus conflictos se ventilen también en el ámbito de esta jurisdicción. Luego volveré sobre esta cuestión, pero creo que la enmienda transaccional que el Grupo Parlamentario Socialista ha formulado en relación con el tema de la dependencia es sensata, razonable y solventa de una forma adecuada una situación compleja y difícil. Hubiéramos caído en la imprudencia si hubiéramos asumido sin más las pretensiones que algunos grupos habían planteado. Por eso les quiero felicitar, porque me parece que han encontrado una fórmula que da satisfacción, no plena, pero satisfacción posible a una situación en la que, si hubiéramos introducido de salida toda esta carga de trabajo, probablemente nos hubiéramos encontrado con que los jueces de lo social hubieran salido corriendo de España, porque no tendrían tiempo material para poder resolver todos sus problemas, ante las decenas de miles de casos que se les podrían plantear adicionales a los que ya tienen que analizar.
Ante esta situación, ¿qué ha hecho el Grupo Parlamentario Popular? Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad política y hemos querido dar una oportunidad al proyecto y a la tutela judicial efectiva. Para ello hemos articulado un centenar de enmiendas parciales, pero quiero señalar aquí dos bloques diferenciados: por una parte, el relativo a la oportunidad y vigencia del proyecto y, por otra parte, lo que yo llamo -y perdonen la expresión coloquial- los desatascadores procesales. El primer bloque, es decir, el relativo a la vigencia y oportunidad, se plasma específicamente en la enmienda 314, relativa a una disposición transitoria sexta nueva, por la que se requiere al Gobierno para que transcurridos dos años remita un estudio sobre la evolución de los cambios procesales operados y el impacto de la entrada en vigor del proyecto y, en su caso, de las medidas humanas, materiales y técnicas a adoptar al respecto. Esto va unido profundamente con la segunda enmienda en esta materia, que es la 315, sobre la disposición final quinta, en la que, con la excepción del recurso contra las resoluciones de la autoridad laboral en materia de ERE -que proponíamos que entrara en vigor a los veinte días de la aprobación de la ley y de su publicación en el boletín oficial-, proponíamos su entrada en vigor a los tres años de su publicación en el boletín oficial. Algo de esto se ha hecho en una cuestión a la que acabo de aludir y que me parece importante, como es la dependencia. Algo de esto se ha hecho, o sea, tan descaminados no íbamos. Se ha planteado una transaccional con una disposición final quinta, es decir, con una modificación de la entrada en vigor en relación con el texto que figura en el proyecto de ley, en la ponencia, en la cual se exceptúa la atribución competencial contenida en el artículo 2, letras o) y s), en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de protección de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se fijará en una ulterior ley cuyo proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes en el plazo de tres años y además teniendo en consideración la incidencia en las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como las de determinación de los medios y medidas adecuados para lograr una ágil respuesta judicial en esta materia. A mí esto me parece profundamente prudente y creo que es muy oportuno resolver una situación como esta en la forma que nos han planteado, por lo que tendrá por supuesto nuestro apoyo.
Hay un segundo bloque, que es el relativo a los desatascadores procesales. Basándonos en que el procedimiento no debe ser un corsé rígido, sino que debe contribuir a plantear posibilidades instrumentales innovadoras, que agilicen los procesos, reduzcan la carga de trabajo y puedan resolver con rapidez y eficacia, y en que la tutela judicial efectiva vinculada a la seguridad jurídica es perfectamente factible, hemos planteado varias enmiendas de las cuales solo citaré dos. En la enmienda 240 proponíamos un artículo 30 bis nuevo, sobre señalamientos sucesivos de los juicios de despido y reclamación de cantidad. La ponencia ha incorporado un texto de acumulación de acciones en el artículo 26.3, aunque incorpora la posibilidad -que he de reconocer que a mí no me entusiasma-, tras la celebración del juicio, de que se tramiten en procesos separados. Es decir, celebrado el juicio, por la complejidad de alguna cuestión, se prevé en lo que se ha incorporado en ponencia una separación. A mí técnicamente no me gusta, pero también he de reconocer que es un avance sustancial en relación con lo que existe en la actualidad y se lo reconozco. Vamos a ver cómo funciona. A lo mejor funciona bien y, si no, tiempo habrá en el futuro para adaptar o modificar este instrumento, que en todo caso es un avance y que en lo sustancial coincide con la petición que nosotros formulábamos de tener esos desbloqueadores. La segunda es la enmienda 270, en la cual planteamos un procedimiento social. Esta es la enmienda que más hemos trabajado de todas, la que más hemos consultado, hemos debatido y hemos pulido. Nos habría gustado que nos la hubieran aceptado y la mantendremos testimonialmente para su votación, pero hoy hemos conocido -no he tenido tiempo de estudiarlo con detenimiento, pero sí por lo menos de darle una primera lectura- un texto que me alegro muy mucho que el Grupo Parlamentario Socialista haya formulado sobre el monitorio social. A nosotros nos parece que tal vez de salida la cifra de 6.000 euros no sea un límite excesivamente amplio, pero también es verdad que se prevé que el Gobierno pueda actualizar estas cantidades a la vista de la evolución y funcionamiento del monitorio social, que creo que va a contribuir de una forma grande a limitar el impacto de juicios de reclamación de cantidad, que van a ser mucho más ágiles, más rápidos y con menos trabajo para los jueces, para los secretarios y también para las partes que lo utilicen. En definitiva, son dos medidas novedosas, junto con las mejoras en ponencia de la ejecución de sentencia, especialmente en materia de conflictos colectivos, que entendemos que deben contribuir a desatascar la carga que pesa sobre la jurisdicción. Creo que se ha conseguido cierto equilibrio con la situación que yo alegaba de inoportunidad por un momento de especial carga en la jurisdicción social. Esto contribuye a mejorarlo, aunque ya digo que nos gusta más nuestra enmienda, no solo por el límite al cual he aludido hace un momento para acceder al monitorio social, sino también por las previsiones del artículo 101 en relación con la formulación de demanda cuando hay oposición, que entendemos que se podría haber formulado, como nosotros planteábamos, de otra manera.
Dicho esto, pasamos a algunas de las enmiendas parciales, porque, obviamente, señor presidente, no voy a defender todas, ya que son muchas y creo que no es necesario. Quiero detenerme en algunas de ellas. Ha habido enmiendas técnicas, ha habido enmiendas en relación con los plazos, ha habido -lo decía el señor Jané hace un momento- enmiendas con relación a si el plazo es diferente según el órgano sea colegiado o unipersonal. No nos entusiasma, y veremos cómo funciona, la nueva regulación de los recursos de suplicación y casación. Nos parece que se han enredado. Esa es la impresión que tenemos y deseamos equivocarnos, pero nos parece que contribuyen a hacerlo más complejo y más confuso. Vamos a ver qué sucede con ello.
Entrando en alguna de las enmiendas concretas, por ejemplo, en la enmienda 234, que formulamos al artículo 21.2, postulamos la supresión del artículo, ya que se obliga al demandante a decir si va a acudir con abogado o no y el demandado, cuando se le cita para juicio, tiene el plazo de los dos días siguientes para decir si va a acudir con abogado. La práctica habitual es que mayoritariamente se acude con abogado, procurador o graduado social, pero hay que reconocer, sobre todo en pymes, en autónomos y en pequeños empresarios, que la capacidad de respuesta práctica cuando tienen una demanda no siempre les permite en esos días siguientes a la citación decidir si acuden al auxilio, a la asistencia de un abogado o a la representación de un procurador o de un graduado social. Al final, lo que ocurre es que hay gente que se queda sin una representación letrada en el juicio porque no ha tenido la capacidad, la agilidad, el saber dónde recurrir para poder decir en ese plazo tan perentorio que va a acudir con tal abogado, con tal procurador o con tal graduado social. Me parece que no habría necesidad de hacer constar ahí lo que es normal. Lo normal es que habitualmente se va. Podríamos plantearnos lo contrario: Dígame usted si no viene. Es facultativo, pero la praxis demuestra que mayoritariamente se acude con alguno de estos tres profesionales en auxilio de la persona que reclama.
Nuestra enmienda número 239 se refiere a la supresión del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 23, que trata de la prescripción. En el artículo se establece que solo tiene efectos interruptivos cara al Fogasa, excepto cuando el reconocimiento de la deuda se haya hecho en un acto de conciliación judicial o ante un órgano de mediación o conciliación administrativo. Me parece que la prescripción no se debe interrumpir en función del instrumento utilizado o de a quién afecta. Sinceramente, esto no me gusta. Incluso la enmienda 336 del PNV me parece más certera que el texto aprobado en ponencia, por cuanto al menos contempla, aparte de los casos a los que acabo de aludir, la posibilidad de que el reconocimiento en documento público también tuviera el carácter de interrupción de la prescripción de cara al Fondo de garantía salarial.
Quiero hacer una reflexión. Entiendo que se quiera luchar contra el fraude, y más en los tiempos que corren, pero el fraude se puede cometer de muchas formas. Con que un empresario diga que le debe los tres últimos meses ya está, no tiene por qué reconocer que se los debe hace año y medio. Ahí no hay prescripción alegable porque está dentro del periodo de reclamación. Si el empresario no comparece al acto de la vista, salvo que lo haga el Fogasa, la prescripción no es apreciable de oficio, es decir, que alguien la tendrá que alegar y, por tanto, o sistemáticamente comparece el Fondo de garantía salarial para alegarla en virtud del artículo que se ha introducido aquí o tampoco concurriría la prescripción. En último caso -y a lo mejor deberíamos haber establecido un mecanismo en este sentido-, el Fondo de garantía salarial tiene la posibilidad de ejercer los recursos para la práctica de prueba que le parezcan oportunos, incluso la exhibición de contabilidad, la dación en pago o las cuentas con los bancos que lo acrediten; es decir: Usted me está diciendo que le deben estos tres meses; traiga los documentos que acrediten si efectivamente a usted se le hizo o no la transferencia de la nómina. Con esto hay amplias posibilidades de evitar el fraude, sin tener que recurrir a hacer una prescripción que para unos sí se interrumpe y para otros no, en función de la forma y del destinatario.
Nuestra enmienda 266 propone una adición en el apartado 6 del artículo 85. Después de: Igualmente podrán facilitar las partes unas notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos, proponemos añadir: así como minuta escueta de las cuestiones más relevantes. Esto casi es una práctica y tan solo algunos jueces lo rechazan. Algún colegio de abogados nos ha pedido que lo incluyamos y a mí no me parece mal. Nadie dice qué hay que hacer con la minuta ni con las notas contables escuetas; nadie dice si se deben foliar y constar en autos o no; se puede hacer la excepción de que no. En todo caso, que el juez reciba ese pequeño documento sobre las cuestiones más relevantes, porque a veces en una exposición oral se puede dejar la cita de un artículo, de alguna sentencia o de algún elemento que probablemente contribuya a clarificar el propio trabajo del juez o, por lo menos, el conocimiento de lo que la parte, en defensa de su derecho, ha querido alegar. Les pido que consideren esto, porque me parece que no va a distorsionar la naturaleza ni la oralidad del procedimiento y que incluso puede ser más equilibrado para la parte porque, en principio, quien resulta demandado no tiene más posibilidad que la oral, salvo que luego recurra, que obviamente tiene que hacerlo por escrito, puesto que a veces hay cuestiones complejas que conviene que se le faciliten al juez. Por tanto, repito, les agradeceríamos que lo consideraran.
También nos gustaría que reflexionaran sobre nuestra enmienda 272 al artículo 110.1 letra a), que consideramos que es una mejora, sobre quién debe el abono de los salarios de tramitación cuando se produce la suspensión del acto del juicio en la fecha prevista. Establecemos ahí que en virtud de quién sea corresponde cargar con el pago de tales salarios. Igualmente nos gustaría que consideraran la enmienda 292, de modificación del apartado 3 del artículo 196, a fin de que señalen los minutos concretos de la grabación de la prueba testifical o la pericia practicada que han dado lugar a la declaración de hechos probados para su eventual revisión. Ahora, con los sistemas de grabación el juez ad quem o el tribunal superior tienen la posibilidad de tener la misma inmediación que el juez de instancia para conocimiento de las declaraciones testificales, periciales y de todo tipo. Creo que, procesalmente hablando, eso abre un nuevo abanico que, si no es hoy, seguro que en el futuro acabará incorporándose a las normas de nuestro derecho procesal.
Nos preocupa una última cuestión que entendemos que se debe corregir. Me refiero al artículo 79.7 del proyecto de ley, tal y como ha salido de ponencia tras ser objeto de transacción con enmiendas de varios grupos parlamentarios. Se trata de la rescisión del contrato de trabajo por el trabajador acudiendo a la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores cuando la conducta empresarial perjudique la dignidad o integridad física o moral del trabajador o pueda comportar una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas que hagan inexigible la continuidad en el trabajo. Este artículo, que es sobre medidas cautelares, se remite al artículo 180.4 -que también es sobre medidas cautelares-, donde se establece, por ejemplo, la suspensión de la relación. En ponencia se ha añadido: con mantenimiento del deber empresarial de cotizar y de abonar los salarios sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia. Me parece que si un empresario es absuelto y ha tenido que abonar unos salarios y unas cotizaciones, debe tener el legítimo reembolso de lo que no debería haber pagado y se debería establecer un mecanismo, una fórmula para que no haya una situación injusta por la cual un empresario pague lo que no procede, bien sea porque se reconozca explícitamente así en una sentencia -pero habría que establecer, por supuesto, un desarrollo reglamentario del proceso de cobro- o bien porque se establezca que el Fondo de garantía salarial, el Estado o quien fuera reembolsará estas cuantías. Creo que esto hay que subsanarlo. Además, les voy a decir otra cosa. Si no se subsana, deberían considerar por qué los que solicitan la rescisión vía artículo 50, en los supuestos que he citado, tienen mejor derecho que los que están en el artículo 180.4, que son los acosados o víctimas de violencia de género, porque ahí no se establece el derecho que se ha adicionado en ponencia al artículo 79.7; por tanto, va a resultar que una situación de violencia de género o de acoso sexual estará en peor situación que un acoso moral, intelectual o físico. Creo que esto no tiene ningún sentido. O se unifican ambas cosas y se da una salida al empresario, en el supuesto de que sea absuelto, o tendremos una cuestión mal resuelta. En el resto de
enmiendas, señor presidente, permitirá que me remita al texto justificativo de las mismas, que creo que es claro.
Por todo lo expuesto y por el esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista; por las casi treinta enmiendas que entre transaccionadas y aceptadas nos han sido admitidas en el texto del dictamen de este proyecto de ley; porque ha habido una voluntad en los desatascadores procesales de llegar a acuerdo en algo que creo que puede compensar la situación de carga que se le atribuye ahora con la ley a la jurisdicción social; porque creo que se ha dado una satisfacción y una solución adecuada al tema de la dependencia, van a tener el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, pese a las cautelas y precauciones que tenemos y que hemos manifestado a lo largo de mi intervención.
Me permitirá el señor presidente que ahora concluya con una mínima reflexión. Me temo que esta ley no va a ser objeto de grandes titulares por parte de la prensa escrita o digital ni de editoriales, pero comparto las alegaciones de algunos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra cuando han dicho que estas leyes, que son farragosas, técnicamente complejas, que vendemos poco los políticos, que no tienen una traducción mediática, son importantes, son las autopistas de las reclamaciones del derecho, son el equilibrio entre la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Me produce una enorme satisfacción, como parlamentario y como político, decir que creo que hemos trabajado bien, que hemos mejorado el texto y, en contra de lo que muchas veces se oye en la calle, reivindico nuestra labor diciendo que ojalá en todas las leyes pudiera haber debates como este y se llegara a acuerdos como a los que hemos llegado.
El señor PRESIDENTE: Ahora va a intervenir el Grupo Parlamentario Socialista. Me informan de que el turno lo dividen entre dos ponentes.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Pedret i Grenzner.
El señor PEDRET I GRENZNER: Los comisionados presentes me conocen un poco y saben, por tanto, que es absolutamente contrario a mi naturaleza el ser breve, pero voy a intentarlo con un notable esfuerzo.
Antes de entrar en materia, voy a recoger un guante que ha lanzado la Presidencia hace un momento al hablar del Reglamento del Congreso y del debate de entrada y salida, para decir que le consta al presidente mi adhesión entusiasta a la posibilidad de que tengamos un proceso legislativo racional, con un debate genérico de entrada y un debate genérico de salida de todas las leyes, en el que se fijen las posiciones políticas generales de los partidos respecto a ellas. No hablaré de frustración, porque no se trata de esto, pero fue una lástima que en la legislatura anterior, en la que me tocó ser portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Reglamento, no consiguiéramos llegar a la aprobación de algo que, al menos en este aspecto y en muchos más, estaba ya redactado y con amplias posibilidades de entrar en vigor para mejorar el trabajo de esta Cámara.
Estoy absolutamente contento de poder intervenir en la tramitación de esta ley de jurisdicción social -el cambio de nombre no es un dato menor, es enormemente importante, desde mi punto de vista- que se refiere a un ámbito del derecho -anteriormente se han referido a ello otros intervinientes- que, desgraciadamente, es desconocido, excepto para sus practicantes habituales y, en muchas ocasiones, lamentablemente poco considerado por especialistas en otras materias jurídicas por entender -algo que jamás he llegado a comprender en qué se basaba- que tenía una falta de complejidad, de entidad jurídica propia. Mi opinión es completamente distinta. El ámbito laboral fue aquel en el que inicié mi carrera académica y mi carrera forense, practicando ante las que entonces eran magistraturas de trabajo; ambas carreras truncadas y trocadas por la dedicación política, pero a las que pienso volver, si me queda tiempo, para seguir practicando en los juzgados de lo social y aplicando la ley de jurisdicción social que estoy convencido de que vamos a conseguir aprobar en esta legislatura. La ley de jurisdicción social, señorías, es ley, que creo que es enormemente importante también, porque estamos sustituyendo una larga serie de decretos legislativos y ahora, por primera vez, el Parlamento, el Poder Legislativo está interviniendo directamente en la totalidad de la regulación de la jurisdicción social, algo que hasta el momento se había hecho simplemente por delegación. La entrada de los legisladores de forma directa en la jurisdicción social me parece importante.
Estamos tratando de un proyecto de ley que creo que venía en muy buenas condiciones. Quiero agradecer -no soy el primero en hacerlo- públicamente el trabajo realizado por los redactores del primer texto, que están hoy presentes en la Comisión -los nombraré por estricto orden alfabético-: don José Folguera y don Fernando Salinas, con el último de los cuales inicié mi recorrido de abogado a magistrado de lo social, hace tantos años que no voy a decir cuántos. Ambos son magníficos especialistas en la materia. Creo que en sede parlamentaria hemos hecho algo que no siempre es fácil, y que en este caso parecía más difícil que en otras ocasiones, que es mejorar el texto. Pienso que realmente lo hemos mejorado, y esto no es solo mérito de los que hemos propuesto transacciones sino también -y quiero reconocerlo- de todos aquellos que al aceptarlas han hecho que se pudiera transaccionar.
Voy a entrar ya en materia, aunque no directamente, porque he hecho un excurso inicial. Señorías, se han presentado cuatrocientas dos enmiendas; de ellas, setenta y cuatro han sido aceptadas directamente por el Grupo Parlamentario Socialista y ciento cincuenta y nueve han sido objeto de oferta de transacción, sin contar aquellas transacciones que vamos a plantear en el día de hoy. Ha habido un procedimiento interno que ha dado muy buenos frutos y que no ha sido fácil, no porque no hubiera deseo de llegar a acuerdos por parte de los
grupos sino porque la materia es compleja, prolija y cada pieza que se mueve tiene repercusiones extraordinarias en los demás elementos y, por tanto, hay que ir con mucho cuidado. Por ello, además de las sesiones de ponencia creo que es justo reconocer que todos los grupos han estado dispuestos a recibir nuestras ofertas, a hablar y a pactar, en el mejor sentido de la palabra, también en los tan denostados pasillos, en conversaciones telefónicas, mediante los SMS y correos electrónicos, que han sido extraordinariamente abundantes en todo este procedimiento.
En la intervención del Grupo Socialista me toca la parte desagradable, que es la de señalar aquellas enmiendas, de las que se mantienen vivas, que no estamos en disposición de poder aceptar. Es absolutamente imposible, lo entenderán sus señorías, referirnos a ellas una por una, por lo que simplemente haré unas alusiones de carácter forzosamente general a las mantenidas por cada uno de los grupos parlamentarios en el mismo orden en el que se han realizado las intervenciones, es decir, en el orden ordinario de menor a mayor en cuantía de diputados.
Respecto a las enmiendas mantenidas por doña Rosa Díez, algunas de ellas hacían referencia al ámbito jurisdiccional y la dependencia. Creemos que es una materia que queda resuelta con la transacción a la que luego me referiré y, por tanto, no podemos aceptarlas. En cuanto a la supresión de las reclamaciones administrativas, entendemos que no mejora la condición, teniendo en cuenta que en el texto actual quien tiene que presentar reclamación administrativa está exento de la conciliación previa y, por tanto, no se produce un agravio comparativo en cuanto a dilación para llegar a la protección judicial efectiva sino que es una vía distinta a la del resto de los demandantes. Creo que los efectos son los mismos y las reclamaciones administrativas previas, señorías, son también un sistema para evitar litigiosidad, porque no son en absoluto infrecuentes los casos en los que se atiende a la reclamación administrativa y se evita, por tanto, el litigio. En cuanto a la sustitución del despido por sanción, el sistema que se permite en el proyecto de ley, que espero que se convierta en ley, de que en el caso en que no sea procedente un despido pueda sustituirse por una sanción determinada, con las prevenciones estrictas que hay en el texto que vamos a aprobar respecto a la caducidad de la posibilidad empresarial, entendemos que, al contrario de lo que ha dicho la señora Díez, no supone una desprotección sino una protección de los trabajadores por los límites que hemos puesto a la potestad disciplinaria empresarial, que en caso de no aceptarse la propuesta que viene en el proyecto sería mucho mayor que la que queda como residual.
Algunas de las enmiendas mantenidas por Esquerra Republicana de Catalunya, defendidas en este acto por el señor Ridao, se refieren a los plazos. Nosotros tenemos que decir que creemos que son suficientes. La larga historia de la jurisdicción social nos dice que no existe problema real para llegar al cumplimiento de los plazos y que, en combinación con las reformas procesales civiles que se han hecho, en realidad quedan suficientemente ampliados, teniendo en cuenta los días que se consideran inhábiles para todas las jurisdicciones y la regla respecto a la presentación del escrito en el día siguiente, como para que no supongan ningún problema; en cambio, su ampliación podría suponer realmente una dilación del proceso en una jurisdicción en la que, a pesar de las dificultades, el procedimiento es realmente acelerado. En cuanto a las enmiendas referidas a la ejecución de las sentencias de conflicto colectivo, entendemos que está solucionado con la transacción ya aceptada. Por tanto, las enmiendas no merecen nuestra aceptación puesto que ya hemos dado una solución adecuada a la misma.
Hay una serie de enmiendas que se refieren a la representación y defensa en el ámbito de la jurisdicción social, y no es el único grupo que las presenta. No podemos aceptarlas, señorías, por cuanto la praxis forense diaria nos muestra que tal como está en el texto que defendemos, que es como se produce en la práctica y en la legalidad actual, quedan absolutamente protegidos los derechos de todos los intervinientes, el derecho a la defensa técnica se produce y son escasísimos aquellos casos en los que se da una situación de real indefensión, a la cual la ley también da solución puesto que el juez que preside el acto puede considerar que existe esta indefensión y, por tanto, poner remedio a la misma mediante la suspensión para que se designe una defensa adecuada. Creemos que tampoco es apropiada la variación del régimen de costas en la jurisdicción social que en todos los años que lleva funcionando ha demostrado ser el adecuado para los fines que persigue.
En cuanto a la intervención de don Emilio Olabarría, en representación del Grupo Nacionalista Vasco, le diré que no es cierto lo que ha dicho al inicio de su intervención de que se quedaba sin nada que argumentar. Señor Olabarría, usted argumenta siempre y lo hace adecuada y pertinentemente. Hemos oído sus argumentaciones al respecto. Por tanto, no es cierto que no tuviera nada que argumentar, puesto que lo ha hecho. En cualquier caso, le voy a decir -con una brevedad que pretendo que sea casi ejemplar- que creo que en este texto hemos ampliado enormemente el ámbito de la jurisdicción social; lo hemos llevado prácticamente a todos aquellos ámbitos y conflictos para cuya resolución es la sede jurisdiccional natural en el pensamiento jurídico. Realmente no podemos poner en riesgo la eficacia de la jurisdicción social -que tanto alabamos todos los que defendemos la antigua LPL y defenderemos a partir de ahora la ley de jurisdicción social- incrementando hasta el infinito sus competencias, porque debemos mantener las condiciones necesarias para que esta eficacia continúe existiendo. Los que defendemos y hemos defendido siempre el modelo del proceso laboral que se ha implantado prácticamente en todos los otros procesos, y que ahora toca modificar como consecuencia de los cambios que se han producido, así como por la interven
ción de las técnicas de información y comunicación en la Administración de Justicia, etcétera, pero que ha sido para muchos el modelo adecuado para todos los órdenes jurisdiccionales, no lo podemos poner en peligro con una ampliación ilimitada de su ámbito de conocimiento de asuntos. Por ello, creo que el equilibrio -y me voy a referir a ello también inmediatamente- al que se llega con las últimas ofertas transaccionales es el adecuado para que racionalmente haya cosas que estén en la jurisdicción social, pero hay que tratar de que dicha jurisdicción pueda continuar resolviéndolas y que no se encuentre en la imposibilidad de dar solución a cada uno de los casos concretos por razón de la excesiva ampliación de competencias, cuestión que quizá deba pensarse para el futuro, pero que difícilmente será oportuna justo en este momento.
En cuanto a la intervención del señor Jané, de Convergència i Unió, tengo que decir que la mayoría de los asuntos realmente importantes que se planteaban por parte de ese grupo han sido objeto de transacción. Vamos a encontrar, por tanto, una coincidencia de voto y de intención en estos temas. En cuanto a las enmiendas que se han mantenido, ya me he referido a algunos de sus contenidos, como, por ejemplo, a la cuestión de la defensa técnica obligatoria. He dicho con anterioridad que creemos que el equilibrio actual es absolutamente adecuado y que lo relativo a la ejecución de las sentencias de conflicto colectivo está también arreglado, y bien arreglado, en los textos finales que vamos a votar hoy. En cuanto a los plazos, opinamos que es necesario el mantenimiento de la celeridad de la jurisdicción social. Repito que en la práctica no se encuentra problema real para el cumplimiento de los plazos. Cuando vemos esta serie de enmiendas, algunas de las cuales tienen su origen, según se nos ha dicho, en escritos enviados por colegios de abogados y otras corporaciones, pensamos que posiblemente esté hecho por aquellos que están más acostumbrados a otras jurisdicciones en las que el cumplimiento de los plazos puede representar algún problema. En la jurisdicción social, por lo que yo recuerdo de mis épocas de ejercicio y por lo que sé en la actualidad, el cumplimiento de los plazos por las partes no es, desde luego, el problema fundamental.
Para terminar, en cuanto a las enmiendas relativas a la justicia gratuita, tengo que decir, en ausencia del señor Jané -ausencia temporal y justificada, estoy seguro-, que el proyecto no aumenta en absoluto la justicia gratuita sino que lo que hace es mantener en sus propios términos lo que es algo esencial en la jurisdicción social actual y en la anterior, que era lo que ocurría con los jurados mixtos en la época de la II República, que era algo que existía desde los primeros atisbos de jurisdicción social, que es reconocer que existen dos partes que son distintas en su posición en el mundo del trabajo y en su posición económica, que son el trabajador, el usuario de la Seguridad Social, y las empresas y la Administración. Por tanto, lo que hacemos es mantener exactamente aquellas condiciones de gratuidad que son más que tradicionales en la jurisdicción social y que tienen absoluta justificación por esta especialización de la jurisdicción en relaciones asimétricas o desequilibradas.
Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Popular, el diputado señor Azpiroz, quisiera agradecerle el reconocimiento al trabajo, que creo que ha sido realizado por todas las partes y, por tanto, el reconocimiento debe ser mutuo. El señor Azpiroz sabe que se han hecho esfuerzos, tanto por parte de unos como de otros, para llegar a acuerdos que creo que son enormemente amplios y adecuados; es decir, no solo hemos llegado a acuerdos sino que su contenido es realmente adecuado y va a posibilitar un buen funcionamiento de la jurisdicción social. Lo de los desatascadores procesales es una expresión que me ha gustado y le pido permiso para incorporarla en mis explicaciones de lo que hemos hecho en la tramitación de esta ley. Desgraciadamente no podemos aceptar algunas de las enmiendas que mantiene.
En lo relativo a si se va a utilizar o no la defensa técnica, creemos que en la actualidad está funcionando bien y no son detectables problemas graves. Reitero lo dicho: si hay un desequilibrio de armas, el juez de lo social tiene el sistema para solventarlo. Respecto a su fórmula, he pensado en más de una ocasión, con la profundidad de que soy capaz, que incluso podría provocarnos más problemas de suspensiones que la actual. Por tanto, por la celeridad necesaria en la jurisdicción social, creemos que es bueno mantenerla tal como está. Lo de la minuta escueta -es una cuestión menor, desde luego- es algo que no nos acaba de gustar a los que somos predominantemente orales en casi todas nuestras manifestaciones. Creo que al abrir la puerta a una minuta escueta, al estilo de las antiguas minutas civiles, existe la posibilidad de que el procedimiento oral pueda llegar a convertirse en un procedimiento escrito. Una de las grandes virtudes de la Ley de procedimiento laboral y de la jurisdicción social futura es la oralidad absoluta del procedimiento, que ha demostrado que respeta las garantías de defensa efectiva de todas las partes y que hace que sea un proceso vivo, en el que el juez tiene que estar absolutamente atento a lo que ocurre durante el acto, que interviene activamente en la mayoría de ocasiones y que supone, además, la necesidad, por conveniencia del propio juez, del respeto estricto, o lo más estricto posible, a los plazos para dictar sentencia, porque debe hacerse manteniendo la memoria de lo que ha ocurrido y no recurriendo a minutas escritas.
Por último, señor Azpiroz, sabe que el artículo 79.7 forma parte también de las preocupaciones de quien habla en este momento. Desde luego es necesario evitar situaciones injustas. Hemos evitado una situación injusta al establecer el principio de que pueda haber, como medida cautelar, la suspensión de la obligación de la prestación de trabajo, pero que esto no suponga la pérdida de la remuneración y de las obligaciones a la Seguridad Social. Pese a que entendemos que en la sentencia puede resolverse la cuestión sin necesidad de que digamos nada en el texto legal, hay que ver si puede
precisarse de alguna manera que quede claro que tampoco el empresario que resulte absuelto por manifiesta falsedad en la acusación de acoso se vea perjudicado por esta obligación de haber pagado los salarios y haber cotizado durante el tiempo de suspensión, que siempre será corto. Siempre será corto porque el tiempo va a ser desde que se dicta la medida cautelar hasta el momento de la sentencia, no desde la interposición de la demanda. Por tanto, teniendo como tienen un trámite preferente este tipo de asuntos va a ser realmente rápido. Creemos que no hay problema de discriminación porque el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a todos los tipos de acoso, por lo que todos tienen el mismo tratamiento. En cualquier caso, por lo que estaba diciendo, señor Azpiroz, y como le había dicho también con anterioridad en una ocasión no formal, vamos a ver si en el trámite en el Senado hay alguna posibilidad de llegar a matizar y a expresar de forma clara en el texto aquello que ya es posible ahora, que es que no haya una consecuencia negativa de esta medida cautelar que introducimos para el empresario.
Para terminar realmente, señor presidente, quiero anunciar, aunque ya se han referido a ellas todos los portavoces, las tres transacciones más una cuarta que aportamos en este momento a la Comisión. La primera de ellas se refiere al ámbito competencial de los riesgos laborales, que es una enmienda transaccional a enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del BNG, dentro del Grupo Mixto. La enmienda con respecto a la competencia sobre la dependencia que se ofrece respecto a numerosas enmiendas presentadas por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por UPyD, por PNV y por CiU. La enmienda referente al procedimiento monitorio que se ofrece respecto a enmiendas del BNG, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del Grupo Popular y de CiU. Estas son enmiendas suficientemente conocidas por los grupos, pero en cualquier caso, a efectos del "Diario de Sesiones", quiero referirme a ellas con enorme brevedad.
Los riesgos laborales van a entrar en el ámbito de la jurisdicción social sea cual sea la condición personal de quien está sometido a este riesgo. Esto supone una adecuación muy importante conceptualmente, no tanto en número de asuntos porque estamos convencidos de que los litigios van a ser pocos, pero muy importante desde el punto de vista conceptual, del contenido real de la jurisdicción social al título de la ley. Solo por esto ya sería adecuado, pero creemos que es realmente importante.
En cuanto a la competencia respecto a la dependencia, en la transacción hablamos de la competencia respecto a la dependencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Lo digo para que quede claro que este es el ámbito, no todas las prestaciones sociales, solo lo referente a la dependencia. Como se ha indicado, se hace con una modificación en la disposición final quinta que supone el aplazamiento de la entrada en vigor de esta ampliación jurisdiccional a la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno en un plazo de tres años, que nos parece prudente, teniendo en cuenta la situación actual de la jurisdicción social. En cualquier caso, lo fundamental es el hecho de que se admite la competencia respecto a la dependencia y que el plazo para que entre efectivamente en vigor es lo secundario, pero es lo necesario para no frustrar las posibilidades de la jurisdicción social. Con ello completamos también -y me quisiera referir muy especialmente al señor Olabarría, porque ha argumentado sobre ello- la expansión del ámbito de aplicación de la ley en forma que nos parece realmente inusitada. Nunca una reforma de la Ley de Procedimiento Laboral había llegado a los ámbitos en que estamos llegando en esta ley de jurisdicción social y de ello me congratulo absolutamente.
La última de las enmiendas transaccionales sobre el texto de la ley es la referente al procedimiento monitorio. Se han referido a ella todos los intervinientes. Nosotros creemos que hay que actuar con prudencia, igual como se actuó en el ámbito civil, por lo que iniciamos un procedimiento monitorio en unas condiciones comparativas distintas a las que existen en la jurisdicción Civil. La diferencia entre el procedimiento monitorio y el declarativo, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de atracción para las partes no es el mismo, es abismal en el procedimiento civil con respecto a la jurisdicción social, puesto que el declarativo ordinario social es mucho más leve, menos oneroso que el declarativo ordinario en lo civil. Por tanto, no existe tal cantidad de diferencia que vaya a provocar el aluvión de peticiones de procedimiento monitorio, pero en cualquier caso es importante también como uno de los desatascadores en cuanto que va a eliminar seguramente un número importante de litigios en los que haya que convocar a las partes para judicializar sentencia, etcétera. Lo hacemos con precauciones, a pesar de creer que no va a tener la atracción que en el civil.
Limitaciones y precauciones referentes a la cuantía. La cuantía es ciertamente limitada. Hay una disposición final que permite al Gobierno modificar esta cuantía y todas las otras cuantías de relevancia procesal, incluidas las multas, sin necesidad de que haya una intervención parlamentaria, por lo que creemos que esto podrá adaptarse a la realidad en el futuro sin especiales problemas. También creemos que es una importante cautela limitarlo a aquellas empresas realmente existentes y localizadas, a todas las empresas -a todas las empresas-, incluidas también las empresas públicas, pero que sean realmente existentes y que sean localizables. No se trata de un monitorio de papel simplemente para revestir algo frente al Fogasa, sino que son empresas que realmente funcionan, están en actividad y pueden ser citadas directamente.
En tercer lugar, se refuerzan las garantías para el Fogasa. El plazo de diez días para oponerse al monitorio se amplía al doble para el Fogasa por la simple manifestación de que quiere investigar sobre la situación de la deuda y la situación de la solvencia de la empresa. Veinte días para el Fogasa, refiriéndonos a la práctica habitual que llevamos hasta ahora en la jurisdicción social, son suficientes para mantener las garantías del Estado y del dinero público en cuanto a las consecuencias del monitorio. Por último, y como cuarta cautela, existe el reforzamiento de la condición de no provocar cosa juzgada del monitorio, que creemos que también es importante.
A estas tres enmiendas transaccionales se une el corolario absolutamente necesario de la oferta de transacción respecto a la exposición de motivos que debe de adecuarse necesariamente a los amplios e importantes cambios que el proyecto ha tenido a lo largo de su iter parlamentario y que también conocen todos los grupos parlamentarios. Con ello, señor presidente, señorías, concluyo mi intervención reiterando mi satisfacción personal por cómo hemos conseguido llevar el procedimiento, mi satisfacción por todo lo que he aprendido en este proceso parlamentario respecto a materias de las que creía que sabía, como era la jurisdicción social, y todo lo que hemos aprendido también todos nosotros respecto a técnica legislativa de las importantísimas intervenciones y admoniciones de las letradas de la Comisión, que nos han llevado por el buen camino de la técnica legislativa -como acostumbran- también en este caso especialmente complejo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Ahora, en nombre del Grupo Socialista, para cerrar el debate tiene la palabra don Manuel de la Rocha Rubí.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Ante todo quiero pedir la benevolencia de la Mesa, del presidente y de los compañeros diputados de la Comisión porque el Grupo Socialista no solo cubra con dos intervenciones, sino quizá con más amplitud de lo habitual, pero algunos de los intervinientes ya han resaltado la importancia de un proyecto de ley como el que estamos debatiendo. Un proyecto de ley que sustituye la Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Un proyecto de enorme transcendencia e incidencia. Una de las leyes más ambiciosas, se ha dicho por otro de los ponentes, que busca que el juez de lo social sea el juez natural, no solo de las relaciones laborales, sino también de la protección social pública.
En este esfuerzo por este proyecto de ley no puedo dejar de utilizar mi turno para agradecer, también yo, a los ponentes de otros grupos. Quiero personalizarlos, los señores Azpiroz, Olabarría, Jané y Ridao y la señora Díez, con los que hemos intercambiado muchas reuniones, muchos contactos y muchas opiniones para algo que es el trabajo parlamentario de verdad, el intercambio de criterios, el convencimiento de que los puntos de vista de los otros pueden tener cosas importantes que decir. Esa actitud integradora en busca de un texto, de un proceso más moderno, más ágil, más eficaz y más garantista -más garantista sobre todo- para los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y para la defensa de los beneficiarios de los servicios públicos que gestionan sus prestaciones. Junto a los ponentes a los que he mencionado, mis compañeros Pedret y Membrado, las letradas, quiero reiterarlas, y sobre todo a don Fernando Salinas y al señor Folguera, padres de este anteproyecto, de este proyecto, de esta futura ley, que tanto esfuerzo han dedicado.
Una ley que busca garantizar mejor la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y frente a los servicios públicos. Porque, señorías, se ha dicho por el señor Olabarría que las relaciones laborales, las relaciones de trabajo, son relaciones desiguales. Se basan en una situación de desigualdad en la que el empresario tiene una posición de dominación sobre el trabajador, sobre el empleo, sobre el salario y también sobre el trabajo, que es garantía de su dignidad y de su familia. De ahí la razón de ser histórica del derecho del trabajo y del derecho procesal del trabajo, de las normas que regulan el derecho laboral y el derecho procesal laboral, un proceso entre partes desiguales que la ley debe buscar reequilibrar. Este es uno de los ejes vectores, si no el más importante de este proyecto de ley: la mejor garantía de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de las prestaciones públicas ante su juez natural que es el juez de lo social.
La primera finalidad de la ley es ampliar y racionalizar la distribución competencial entre los órdenes social, contencioso-administrativo y civil. De tal manera que todas las materias relativas a las relaciones laborales, a las relaciones sindicales y a las relaciones de Seguridad Social, salvo las que afectan al orden penal y salvo las que la Ley Concursal atribuye al juez mercantil, se unifiquen ante el juez de lo social. Quizás a salvo de una materia, que el señor Olabarría ha enmendado y que este proyecto no ha incorporado, que son las cuestiones que afectan a la Tesorería de la Seguridad Social, a la cotización y recaudación, que van a seguir siendo competencia del juez de lo contencioso.
Se unifican, señorías, en primer lugar, todas las cuestiones litigiosas relativas a un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional. Hasta ahora -todavía hoy- se obliga a los afectados por un accidente de trabajo a hacer eso que se ha recordado que es el peregrinaje entre diversas jurisdicciones. Quien lo sufre o el empresario en cuyo ámbito tiene lugar un accidente de trabajo tiene que ir al orden social, tiene que ir a los jueces de lo contencioso y tiene que ir al orden civil. Eso es algo que no podemos ni debemos aceptar, porque va en contra del principio básico de la tutela judicial. Esta ley unifica en el orden social todas esas competencias. En esta tarea sigue y da cumplimiento al Pacto social que se concretó en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012. Así como un amplio consenso en el ámbito académico, también el Congreso de jueces de lo social, celebrado en Murcia en 2006, donde por unani
midad solicitaron esta unificación, y a propuestas de diferentes colectivos, entre ellos los sindicatos. La unificación de todos los temas de siniestralidad laboral en esta ley cumple también un compromiso electoral del Partido Socialista en nuestro programa del año 2008.
En segundo lugar, atribuye al orden social como el competente para velar por el cumplimiento de toda la normativa de prevención de riesgos laborales, incluso cuando no se hayan producido daños concretos por tales incumplimientos. Aquí se hace de manera plena, incluyendo a funcionarios y al personal estatutario, que reclamarán ante el orden social cuando sufran un accidente de trabajo y tengan que hacer algún tipo de reclamación de responsabilidad por daños, con la enmienda transaccional que ha defendido mi compañero y que hoy vamos a presentar. Estos cambios, sin duda, van a facilitar el efectivo cumplimiento de las políticas de promoción de la salud y de seguridad en el trabajo.
La tercera pieza que se amplía en esta ley es hacer al juez de lo social como garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo y también en las materias de libertad sindical y huelga del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Aquí lo más importante -y la novedad, a la que ya se ha hecho referencia, pero que quiero explicar con su sentido más global- es la unificación del conocimiento de cualquier vulneración de derechos fundamentales conectada a la relación laboral, aunque su responsable no sea el empresario o una persona que dependa del empresario, como los terceros no vinculados directamente con el empresario, que obligaban hasta ahora a acudir a la jurisdicción Civil, en una extraña búsqueda también de jurisdicciones diversas para los mismos hechos y las mismas responsabilidades. Ahora, en el caso del acoso, que es el supuesto más flagrante y más típico para este conflicto procesal, se explicita la unidad de jurisdicción ante el orden social, aunque se tenga que reclamar frente a un tercero; se incorporan medidas cautelares para el trabajador o trabajadora acosada; se incorpora la ejecución provisional de las sentencias estimatorias de la acción de extinción por acoso, que hoy no era posible y que obligaba a que, aunque una trabajadora acosada obtuviera en la instancia una sentencia recurrida, tenía que seguir hasta el final trabajando en un ámbito donde había sufrido ese acoso declarado por el juez, y, por último, se incluye el derecho de opción, a favor del propio trabajador o trabajadora afectado, en caso de despido nulo cuando se ha producido también por acoso.
La cuarta pieza que aquí se incorpora es la atribución al orden social de las actuaciones de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo en materia laboral y de Seguridad Social. Lo que llamamos expedientes de regulación de empleo en sentido amplio, despidos colectivos, suspensiones de trabajo de carácter colectivo, el llamado modelo alemán desde la reforma laboral del año pasado, es decir, los acuerdos de reducción de jornada y salario que se puedan hacer con carácter colectivo, se incorporan ahora plenamente al ámbito de la jurisdicción social, que es una vieja reivindicación que incluso el legislador plasmó en la Ley de lo contencioso del año 1998 y que posteriormente, diecisiete días después de haber entrado en vigor, el propio legislador suspendió, hasta cuándo, hasta hoy, hasta que aprobemos definitivamente esta ley. Se amplían también aquí algunas materias vinculadas de forma indirecta con la Seguridad Social. Explícitamente los temas relacionados con la discapacidad, que ya venían siendo objeto de conocimiento por los jueces de lo social -a veces discutido- y el tema de la Ley de Dependencia en los términos que se han referido varios de los ponentes y desde luego de forma brillante mi compañero Jordi Pedret. Por último, se incorpora también al orden social, se trae al orden social, a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, a los Trade. Incorporamos en una disposición final una modificación de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, vía enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Parlamentario Socialista, para que quede clara la determinación del carácter meramente declarativo y no constitutivo del contrato escrito en relación con los Trade.
Pero si al orden social incorporamos nuevas materias, se interrogaba el señor Azpiroz: ¿No es esto un factor que va a atascar más la jurisdicción social? El hablaba de diez a doce meses. La memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2010 dice que la media de funcionamiento de la instancia social está entre cinco y seis meses. Quiere decir que hay juzgados que resuelven en tres meses y otros que probablemente están resolviendo en once y doce meses. Pero si es verdad que atribuimos nuevas materias a los jueces y tribunales de lo social, esta ley incorpora algunas vías y técnicas dirigidas a disminuir de forma muy clara el número de procedimientos judiciales atribuidos al juez, cuatro fundamentalmente. Una pieza es la prejudicial, la ampliación o extensión de la mediación a los litigios individuales, que hoy no está contemplada en la ley y que tendrá un recorrido a lo largo del tiempo que tendremos que valorar.
La segunda pieza, ya se ha explicado, la ejecución de las sentencias dictadas en conflicto colectivo. Permítame un inciso explicativo. El conflicto colectivo es una institución típica del proceso laboral que se caracteriza por dos cosas: una, quien acciona es el sujeto colectivo, el sindicato, y dos, porque sus sentencias tienen una naturaleza interpretativa de carácter general que el viejo Tribunal Central de Trabajo llamaba cuasi normativa. Sin embargo, cuando se dicta una sentencia firme de conflicto colectivo, que teóricamente debería servir para resolver todos los litigios individuales, en la práctica no es así, porque no tienen eficacia ejecutiva a través del propio procedimiento y en la práctica no impide que se puedan producir miles de procedimientos individuales. En la realidad actual de los juzgados de lo social hay un
ejemplo clamoroso, que de vez en cuando alguno de ustedes me habrá escuchado, que es la reclamación de las horas extraordinarias de los guardias privados de seguridad. Había un problema de interpretación, se dictó sentencia de conflicto colectivo por el Tribunal Supremo, pero no ha impedido que haya en Madrid, mi jurisdicción, mi distrito por el que soy diputado, 11.500 pleitos individuales sobre esa materia y se calcula que en toda España pueda haber unos 25.000. Ahora introducimos una pieza muy importante, la sentencia de conflicto colectivo declarativa, interpretativa, que sea individualizable para sujetos concretos, que se podrá ejecutar en este ámbito. Eliminaremos sin duda, señorías, muchos miles de procedimientos en toda España.
La tercera pieza es, también se ha hablado de ello, la acumulación de demandas de despido y cantidad. Cualquier abogado laboralista sabe que cuando le llega una persona despedida tiene que presentar hoy dos demandas: una por el despido y otra en reclamación de los salarios que tiene pendientes de cobro hasta la fecha del despido. Esta ley va a propiciar, va a exigir y va a imponer la acumulación de los dos procedimientos cuando eso sea posible y, desde luego, va a significar también eliminar muchos miles de procedimientos hoy que innecesariamente llevaban su propia vía.
La cuarta pieza, también se ha hablado ampliamente de ella, es la introducción del procedimiento monitorio laboral, que va a hacer prudentemente, como se ha explicado, que también muchos cientos o miles de pequeñas reclamaciones de cantidad, que no son litigiosas, que no son discutidas por la empresa, el salario del mileurista que la empresa por dificultad de tesorería no le paga, vayan a ese procedimiento monitorio, que ya conocemos bien en el ámbito civil, que no exige un juicio, que no exige un señalamiento, que no exige una suspensión y que va a descargar al proceso laboral en muchas tareas.
Esta ley, por tanto, busca un equilibrio, un equilibrio importante, que va a mejorar sustancialmente la tutela judicial efectiva, junto con otras muchas piezas aparentemente menores, que aquí se recogen: la reforma de las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales; de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y en materia electoral; la posibilidad, por ejemplo, de incluir condenas de futuro en las sentencias dictadas en el orden social, que hoy no es posible, o el recurso de casación para la unificación de doctrina a plantear por el ministerio fiscal, al que se ha referido el señor Azpiroz, y que sin duda es una pieza, recuperando parte del antiguo recurso de casación en interés de la ley, que va a conseguir en el ámbito de muchas materias que tardan en llegar a la unificación de doctrina una más rápida unificación y resolución del litigio.
Concluyo ya, señor presidente. Estamos ante una ley de gran transcendencia, una importante herramienta para agilizar los procedimientos que afectan a trabajadores y empresarios y a las prestaciones públicas. Una pieza más en el amplio paquete de planes modernizadores y de leyes de modernización y reforma de la justicia que viene desarrollando y afrontando este Gobierno. Leyes que no quiero aquí recordar, pero no nos olvidemos la primera importante, la Ley 13/2009, la Ley de reformas procesales, la ley que permite implantar la nueva oficina judicial, ya en marcha, y otras varias decenas, muchas leyes, ya aprobadas y en vigor, que explicitan de forma nítida una política en materia de justicia claramente reformista. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. De todas formas iré avanzando para que sepan ustedes el tipo de votaciones que vamos a tener. Vamos a tener un primer bloque en cuanto a las enmiendas del Grupo Mixto, donde retiradas las enmiendas números 204, 205 y 216 por transadas, haremos tres bloques de votación en referencia a las enmiendas del Grupo Mixto. En referencia a las enmiendas del Grupo Mixto, señora Fernández Davila, retiradas las enmiendas números 5, 21, 33, y 37 por transadas, haremos también tres bloques de las enmiendas de este grupo.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, las enmiendas retiradas por transadas son las números 55, 58, 59, 60, 61, 71, 86, 129, 133, 134, 135, 137 y 159. En relación con el resto de las enmiendas haremos también tres bloques de votaciones.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, no hay ninguna retirada por transada en este trámite de Comisión. Habrá tres bloques de votación.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), habrá tres bloques de votación. Se dan por retiradas por transadas las enmiendas 359, 360 y 373.
En relación con las enmiendas del Grupo Popular, haremos un único bloque de votación. No consta enmienda retirada alguna por transada en este trámite más allá de aceptar las líneas generales de las transacciones efectuadas.
Finalmente, tendremos que votar las enmiendas transaccionales que luego les iré detallando, la corrección técnica de la exposición de motivos y, finalmente, el dictamen con las correcciones técnicas de las letradas, que están a su disposición. Como ven, tenemos un volumen alto de votaciones.
Creo que ya están todos los grupos. (Pausa.) Vamos a esperar medio minuto adicional. Les recuerdo a sus señorías que la experiencia me llevaba a plantear la una y media como hora de votación, pero fui corregido por su experiencia, siempre basada más en la voluntad y en el deseo de que la hora de votación fuera a la una. Todos los diputados y diputadas de esta Comisión estaban advertidos de que a partir de la una íbamos a iniciar la votación. Son las dos menos veinticinco. Por tanto, voy a dejar medio minuto más e iniciamos la votación. (Pausa.)
Vamos a iniciar las votaciones. Empezamos por las enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por la señora
Díez. El primer bloque se refiere a las enmiendas 208 y 214.
Sometemos a votación las enmiendas 207, 209, 210, 211 y 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, tres.
Resto de enmiendas del Grupo Mixto, referidas a la señora Díez González.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por la señora Fernández Davila. Son tres bloques. El primer bloque se refiere a las enmiendas 31, 33 y 37.
A continuación, votamos las enmiendas 6, 7, 8, 14, 16, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 44 y 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, dos.
Resto de enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por la señora Fernández Davila.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El primer bloque de votaciones se refiere a las enmiendas 80, 81, 87, 100, 103, 144, 173, 178, 185, 187 y 201.
A continuación, votamos el segundo bloque. Enmiendas 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 85, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 119, 120, 123, 124, 128, 136, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 149, 152, 154, 158, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 177, 179, 180, 183, 184, 186, 188, 190, 195, 200 y 204.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Me informan de que a partir de ahora el Grupo Popular tiene quince diputados.
Enmienda 326.
A continuación, votamos las enmiendas 317, 320, 345, 351 y 356.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hay tres bloques. Vamos a someter a votación, como primer bloque, las enmiendas 382, 383, 385, 386, 390 y 391.
Segundo bloque. Enmiendas 365, 366, 367, 371, 372 y 389.
A continuación, sometemos a votación todas las enmiendas pendientes del Grupo Parlamentario Popular en un único bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 18; abstenciones, cuatro.
Enmiendas transaccionales y de corrección técnica. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional relativa a los artículos 2.e) y 3.b).
Enmienda transaccional relativa a los artículos 2.o) y 3.f), así como a la disposición final quinta.
Enmienda transaccional relativa a los artículos 97.4, 100, sección 5ª, artículo 101 y disposición final cuarta bis (antes disposición adicional segunda).
Enmienda de corrección técnica de la exposición de motivos para adecuarla a las últimas incorporaciones habidas en los debates.
A continuación, vamos a votar el texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia, con las correcciones técnicas de las letradas y con todos los acuerdos adoptados en esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.)
Señorías, llegados a este punto, quiero felicitar a los ponentes, a los servicios técnicos de la Cámara, a las letradas, a los miembros de los distintos gabinetes de los grupos y a todas y todos ustedes.