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Timestamp: 2018-11-16 03:43:13
Document Index: 293968873

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 46']

﻿ Sentencia 42501 de julio 25 de 2012
SENTENCIA 42501 DE 25 DE JULIO DE 2012
CONTENIDO:FIDELIDAD AL SISTEMA A FIN DE OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. DIRECTRICES QUE REFUERZA LA POSTURA SOBRE LA NO EXIGENCIA DEL REQUISITO DE FIDELIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:491 DE NOVIEMBRE DE 2012, PG.1943
Sentencia 42501 de julio 25 de 2012
Rad. 42501
Dada la vía escogida, son hechos indiscutidos los siguientes: (I) Que el causante José Fernando Pachón Estrada era afiliado al Instituto de Seguros Sociales; (II) Que convivió con su compañera permanente Clemencia Lucía Sánchez Santa, de cuya unión nacieron tres hijos Fabio Nelson, Jhonatan y Marisol Pachón Sánchez, que son menores de edad; y (III) Que dicho asegurado falleció el 11 de noviembre de 2003, según aparece en el registro de defunción de folio 10 del cuaderno del juzgado.
Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional: a) Que el afiliado Pachón Estrada durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, esto es, del 11 de noviembre de 2000 al 11 de noviembre de 2003, efectuó aportes por más de 50 semanas, pues conforme lo determinó el juez de primera instancia y no fue objeto de inconformidad de las partes en el recurso de apelación, cotizó en ese lapso concretamente 57,3 semanas; y b) Que los accionantes elevaron al ISS solicitud de pensión de sobrevivientes el día 26 de octubre de 2004, la cual fue negada mediante la Resolución 169 del 27 de enero de 2006, obrante a folios 6 y 7 ibídem, por no tener cumplidos los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, básicamente el de la fidelidad al sistema.
De la lectura de los cargos encauzados por la vía directa, el recurrente busca que se determine jurídicamente, lo siguiente: 1) Que la norma aplicable para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios demandantes, era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, dada la procedencia de la condición más beneficiosa, que el tribunal de manera equivocada se negó a aplicar; y 2) Que en virtud del principio de progresividad, así como de los principios a la seguridad social, en este asunto no era dable exigir los requisitos contenidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como lo era la fidelidad al sistema.
Pues bien, planteadas así las cosas, la Sala abordará el estudio inicialmente del principio de la <condición más beneficiosa>, para luego adentrarse en el análisis del principio de <progresividad>, de cara a la exigencia del requisito de la fidelidad al sistema a fin de obtener la pensión de sobrevivientes, así:
A. Principio de la condición más beneficiosa
El postulado de la “condición más beneficiosa”, que tiene su sustento en el artículo 53 de la Constitución Política, en materia de seguridad social y concretamente para asuntos relativos al otorgamiento de pensiones, se ha entendido como aquel principio constitucional que busca preservar para los trabajadores o afiliados el régimen anterior (inmediatamente derogado) más favorable contenido en las diversas fuentes jurídicas formales, frente a la reforma, modificación o cambio abrupto de dicho régimen.
En tales circunstancias, dicha “condición más beneficiosa” se constituye en un elemento integrante y esencial de protección, frente al fenómeno de la sucesión normativa, que se aplica en aquellos asuntos en que una nueva normativa instituye requisitos más gravosos que los dispuestos por la legislación inmediatamente anterior, siempre y cuando el titular del derecho pensional o beneficiario reúna las exigencias del régimen precedente.
Conforme a la postura actual de la Sala, es posible acoger la denominada condición más beneficiosa, únicamente en relación a las pensiones de sobrevivientes e invalidez, siendo en estos eventos legítima la aplicación de la normatividad precedente para el cubrimiento de los respectivos riesgos.
De acuerdo con la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal no desconoció que las normas del derecho de la seguridad social son de orden público, ni que en un comienzo la disposición legal que regula la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la ocurrencia de la muerte, para el caso el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por haber fallecido el afiliado José Fernando Pachón Estrada el 11 de noviembre de 2003, como tampoco que la llamada <condición más beneficiosa> según quedó visto, tiene aplicación en el ámbito laboral, y por el contrario sostuvo que sí tenía cabida bajo ciertas reglas.
Lo que sucedió, fue que el ad quem estimó que la <condición más beneficiosa>, en materia de seguridad social, tiene plena aplicación únicamente en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 49 de 1990 y la Ley 100 de 1993 que introdujo una profunda reforma estructural del sistema pensional, mas no frente a la Ley 797 de 2003, que en su decir consagró “una simple modificación legislativa” y no “un cambio de sistema de seguridad social”, máxime para este caso en que la muerte del afiliado ocurrió varios meses después de entrada en vigencia esta última reforma, no siendo en consecuencia posible en esta oportunidad acudir a dicho principio, sino estrictamente a los presupuestos establecidos en el artículo 12 de la citada Ley 797, que trae como requisito la <fidelidad al sistema> inexistente en la normatividad precedente, que no cumple el causante, y que lleva a denegar la pensión de sobrevivientes implorada.
Con independencia de que la <condición más beneficiosa> tenga o no aplicación más allá de la Ley 100 de 1993, y concretamente respecto del tránsito legislativo de otras leyes como sería la 797 de 2003, en esta ocasión no era del caso acudir tal principio para establecer si el causante cumplía con la densidad de 26 semanas cotizadas que exigía la normativa anterior —artículo 46 de la Ley 100 de 1993—, por la potísima razón de que en la presente litis el afiliado si reunía el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, que exige el artículo 12 de la referida Ley 797, pues contaba con 57,3 semanas.
En este orden de ideas, aunque por razones distintas a las que arribó el tribunal, no era del caso tener por satisfechas las semanas cotizadas del causante con aplicación de la condición más beneficiosa.
Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con “la mutua ayuda entre las [...] generaciones” (L. 100/93, art. 2º-b), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad ...”.
Lo expresado es suficiente para concluir, que la colegiatura incurrió en el yerro jurídico endilgado en el ataque, resultando fundada la acusación, y habrá de casarse la sentencia impugnada.
Con esta decisión se precisa y rectifica cualquier decisión en contrario que anteriormente haya proferido la Sala.
Como consideraciones de instancia, son suficientes las esbozadas al estudiarse los cargos. Basta con agregar, que como el recurso de apelación interpuesto por el demandado ISS contra la sentencia de primer grado (fls. 64 a 75, cdno. del juzgado), giró en torno a las exigencias previstas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (básicamente el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema y la consecuente inaplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, lo cual queda contestado con lo expresado en sede de casación), pero no mostró ninguna inconformidad con los términos precisos en que se impartió o fulminó la condena por parte del juez a quo, se confirmará íntegramente el fallo condenatorio de primer grado.
De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto la acusación salió triunfante, no se causan en la alzada y las de primera instancia serán a cargo de la parte vencida que lo fue el ISS.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 6 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por Clemencia Lucía Sánchez Santa contra el Instituto de Seguros Sociales.
En sede de instancia, se CONFIRMA íntegramente el fallo condenatorio de primer grado.