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Timestamp: 2016-12-02 20:43:17
Document Index: 159589446

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'artículo 2', 'Artículo 25', 'artículo 2', 'Artículo 26', 'artículo 2', 'Artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 54', 'artículo 32', 'artículo 5']

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. TÍTULO III. Precios públicos (Vigente hasta el 01 de Enero de 1997).
Título III Precios públicos
la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que los servicios o las actividades sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, por no implicar intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de servicios en los que este declarada la reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
2. A efectos de lo dispuesto en la letra c) del número anterior no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:
Artículo 24 redactado por el artículo 2 de la Ley 25/1998, 13 julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).
Cuantía 1. Los precios públicos se establecerán a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.
El importe de los precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquellos. En los supuestos de permisos y concesiones de minas e hidrocarburos, se tendrá en cuenta la superficie objeto del derecho.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada una destrucción o deterioro del dominio público no prevista en la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo siguiente, el beneficiario, sin perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
Si los daños fuesen irreparables la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
Artículo 25 redactado por el artículo 2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).
Fijación 1. La fijación o modificación de la cuantía de los precios públicos se realizara, salvo que una Ley especial disponga lo contrario:
a) por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano o ente que ha de percibirlos y a propuesta de estos.
b) directamente por los Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial o financiero, previa autorización del ministerio de que dependan, cuando se trate de precios correspondientes a la prestación de servicios o la venta de bienes que constituyan el objeto de su actividad.
2. Toda propuesta de fijación o modificación de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga, el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes y, en su caso, las utilidades derivadas de la realización de las actividades y la prestación de los servicios o los valores de mercado que se hayan tomado como referencia.
Artículo 26 redactado por el artículo 2 de la Ley 25/1998, 13 julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).
Administración y cobro de los precios públicos 1. La administración y cobro de los precios públicos se realizará por los organismos, servicios, órganos o entes que hayan de percibirlos.
2. Los precios públicos podrán exigirse desde que se efectúe la entrega de bienes, se conceda la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o se inicie la prestación de servicios que justifican su exigencia.
5. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio no se realice la actividad, no tenga lugar la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o no se preste el servicio, procederá la devolución del importe que corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible.
6. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas.
Al término de dicho periodo, los sujetos a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrán solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda que proceda al cobro de los precios por el procedimiento de apremio y, a tal efecto, acompañarán la correspondiente relación de deudores y los justificantes acreditativos de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
7. En lo no previsto expresamente en la presente Ley la administración y cobro de los precios públicos se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley general presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación a los mismos.
Artículo 27 redactado por el artículo 2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).
Modificación de la Ley general tributaria A partir de la entrada en vigor de esta Ley el artículo 26.1, A), de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, quedará redactado en los siguientes términos:
«26.1.
b) que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado por cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en relación a dichos servicios, este establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.»
Disposición Adicional 1.ª derogada por la letra b) de la Disposicion Derogatoria Unica de la Ley 25/1998, 13 julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).
Exacciones reguladoras de precios El establecimiento de exacciones con finalidad exclusiva de regular el precio de productos determinados podrá efectuarse por medio del Real Decreto, en el que se contendrán las siguientes determinaciones:
Aranceles de funcionarios públicos 1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las percepciones fijadas en arancel aprobado legalmente que se cobren directamente por el funcionario se sujetarán en su establecimiento, modificación y exacción, a los preceptos contenidos en esta Disposición Adicional y en sus demás normas reguladoras que no resulten contrarias a lo previsto en la misma.
Tratamiento Fiscal de las diferencias de valor resultantes de la comprobación administrativa
Adaptación de la LO 11/1983 A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas académicas y demás derechos a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54 de la LO 11/1983, de 25 de Agosto, de reforma universitaria, tendrán la consideración de precios públicos y se fijarán y regularán de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.
Modificación del TR de la Ley general presupuestaria A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el artículo 32 del RDLeg. 1091/1988, de 23 de Septiembre, por el que se aprueba el TR de la Ley general presupuestaria, quedará redactado en los siguientes términos:
Aplicación supletoria de la regulación de los precios públicos Lo dispuesto en el título III de esta Ley será de aplicación supletoria respecto de la legislación que establezcan las Comunidades Autónomas y las haciendas locales sobre precios públicos en el ámbito de sus competencias.
Modificación de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto Sobre el Valor Añadido El artículo 5., apartado 6 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto Sobre el Valor Añadido, quedará modificado en su redacción en los siguientes términos: