Source: http://www.politicasim.com/t6273-xiii-legislatura-mesa-del-congreso
Timestamp: 2019-01-21 07:18:23
Document Index: 332023221

Matched Legal Cases: ['Artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 110', 'artículo 142', 'artículo 143', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 110', 'artículo 37', 'artículo 110', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 379', 'artículo 142', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 382', 'artículo 381', 'artículo 195', 'artículo 379', 'artículo 150', 'artículo 379', 'artículo 381', 'artículo 63', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 76']

[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Simulador de Política Española
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Dom 25 Nov 2018 - 21:40, editado 4 veces
por Joaquim Capdevilla el Mar 30 Oct 2018 - 22:12
por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:45
por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:47
por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:50
por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:51
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Miér 28 Nov 2018 - 18:01, editado 2 veces
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Dom 25 Nov 2018 - 18:44, editado 1 vez
por Jaume Espadà i Guillem el Vie 16 Nov 2018 - 21:11
Proposición de Ley de Derogación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Por la presente Ley queda derogado el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
por Joaquim Capdevilla el Vie 16 Nov 2018 - 23:31
El Grupo Parlamentario Vasco (5) solicita su tramitación por Vía de Urgencia, suponiendo que el Grupo Parlamentario Popular así lo desea.
por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 17 Nov 2018 - 15:30
La Mesa del Congreso acepta la solicitud del Partido Nacionalista Vasco y la Proposición De Ley De Limitación De Los Precios De Los Peajes será tramitada lo antes posible por la vía de urgencia.
por Jaume Espadà i Guillem el Lun 19 Nov 2018 - 22:56
por Jaume Espadà i Guillem el Miér 21 Nov 2018 - 16:22
por Jaume Espadà i Guillem el Miér 21 Nov 2018 - 16:46
Proposición de Ley de Modificación del Artículo 37 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para crear
un nuevo permiso retribuido que permita asistir a consultas y
pruebas médicas a las trabajadoras y trabajadores, así como
acompañar a consultas y pruebas médicas a parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad o a personas sujetas a
su guarda o tutela.
El artículo 39 de la CE establece que los poderes públicos deben asegurar la protección integral de los hijos, por ello existe el deber legal de velar y cuidar a los hijos, entre cuyo contenido está proporcionar los cuidados necesarios para atender a su salud. En el mismo artículo se reconoce la obligación de los padres de «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda». También el Código Civil reconoce en el artículo 110 que «el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos», entendiendo por alimentos, como establece el artículo 142, «todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica». Igualmente los hijos están obligados a prestar esa asistencia a sus padres cuando ellos mismos no se la pueden procurar. De esta forma, la obligación de prestar alimentos prevista en el artículo 143 del Código Civil se extiende también a los ascendientes. En esta línea el actual Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 37.3 los permisos retribuidos a los que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho, y que establece que el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: «b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.» Estos permisos tienen un alcance limitado para garantizar el cuidado de ascendientes y descendientes, ya que no se reconoce que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a un permiso retribuido que les permita la asistencia a consulta y pruebas médicas y que tampoco lo puedan hacer cuando sus hijos menores de edad lo requieran. El no reconocimiento legal de una situación tan básica, que es llevar a los padres ancianos o a los hijos menores de edad al médico, coloca a las personas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad ya que, por un lado, supone una pérdida de recursos económicos para las familias, teniendo en cuenta que en aquellos casos en los que se conceda el permiso por la empresa, se concederá como permiso no retribuido y el trabajador tendrá que recuperar las horas o bien se le descontarán de su nómina, y por otro su concesión, salvo que esté previsto en el convenio colectivo aplicable, es discrecional para la empresa, lo que coloca a la trabajadora o al trabajador en una situación delicada cuando tiene que solicitar permiso en esta situación, aun siendo no retribuido, pues si no se concede por la empresa, la ausencia por esta causa puede conllevar una falta de asistencia al trabajo sancionable por la empresa. Si bien es cierto que el supuesto de hecho afecta tanto a trabajadores como a trabajadoras, resulta indiscutible el hecho de que son las mujeres las que todavía siguen acometiendo de forma mayoritaria el cuidado de la familia y por lo tanto, el tiempo dedicado a acompañar a sus descendientes y ascendientes a las consultas médicas. Por ello es evidente que, al margen de que el no reconocimiento de este permiso supone una quiebra de sus derechos laborales, al mismo tiempo se produce una evidente vulneración de la conciliación de la vida familiar y laboral y de forma indirecta de la igualdad salarial y laboral. La negociación colectiva ha hecho que este permiso sea recogido en la mayoría de convenios sectoriales y de empresa, sin embargo, resulta injustificable que las trabajadoras y los trabajadores no tengan reconocido un permiso en la ley que facilitaría la conciliación y por tanto garantizará un elemento de igualdad, reconocimiento legal totalmente necesario en momentos de deterioro de la negociación colectiva y precariedad del mercado de trabajo, como los que se han sufrido tras las reformas laborales del PP. Tampoco puede trasladarse al marco de los planes de igualdad el establecimiento de un régimen de permisos no retribuidos para que la trabajadora o el trabajador pueda llevar al médico a sus parientes más cercanos, ya que solo aquellas empresas obligadas a elaborar planes de igualdad según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, darían solución a esta cuestión. En el caso de los hijos, hasta el año 2017 los Tribunales Superiores de Justicia venían reconociendo que a las trabajadoras y trabajadores les corresponde el permiso para acompañar a las hijas e hijos al médico, ya que «la asistencia médica es un derecho de los menores protegido por la Constitución Española y a la vez es una obligación de los padres contemplada en el Código Civil, y en base al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, le debería quedar claro a las empresas que acompañar a hijas e hijos al médico da lugar a un permiso retribuido y se debe retribuir por el tiempo indispensable para el cumplimiento de tal deber» y este deber constituye el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, poniéndose en relación con el artículo 110 del Código Civil, justificándose la ausencia por la obligación de los padres de velar por los hijos menores. Sin embargo durante el año 2017, se modificó esta orientación judicial, en el sentido de que el artículo 37.3 no da cobertura legal para esas faltas al trabajo, porque no constituye legalmente un deber público este supuesto de atención a los hijos, por lo que no puede pedirse una licencia para el cumplimiento de un deber público inexcusable, para acompañar a un hijo a consulta médica, ya que la obligación de velar por los hijos y el cumplimiento de los deberes de la patria potestad recogido en el artículo 110 del Código Civil constituyen una obligación de naturaleza privada y no pública y no se trata de un deber personal, al ser sustituible por delegación. Tampoco está reconocido el permiso para que el propio trabajador pueda asistir a consulta médica ni para acompañar a sus ascendientes, dependiendo de la tolerancia de la empresa al controlar estrictamente las ausencias de los trabajadores, la concesión o no del permiso por esta circunstancia. Esta proposición trata de revertir el vacío legal sobre el reconocimiento de un derecho al permiso retribuido para llevar a ascendientes y descendientes a consulta médica, y siempre que dicha consulta no se enmarque en los supuestos de accidente, enfermedad grave o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, comprendidos en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores. Con el fin de mantener la coherencia con lo dispuesto en el propio artículo 37.3 para el supuesto de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario, se ha optado por trasladar aquí el mismo concepto, que alcanzaría a los parientes del trabajador o trabajadora hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por último, con el fin de no dejar ningún supuesto desatendido, se ha añadido también a las personas que se encuentren bajo la guarda o tutela del trabajador o trabajadora. Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente Proposición de Ley.
por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 24 Nov 2018 - 21:44
por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 24 Nov 2018 - 21:50
por Jesús Aguilar el Dom 25 Nov 2018 - 12:54
La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes: 1.º La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave. 2.º El aumento de la punición de este tipo de conductas. 3.º La introducción del delito de abandono del lugar del accidente. Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave. El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor. Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado. Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381. En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del Capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto de aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.
1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.
3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.»
Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.»
Presidenta Del Grupo Parlamentario Popular
por Jaume Espadà i Guillem el Miér 28 Nov 2018 - 19:33
Tras la crisis financiera que se inició en el año 2008, muchas personas y familias no lograron recuperarse correctamente, quedando en una situación de poder adquisitivo muy empeorada respecto a la que tenían en los momentos previos a la crisis. Esto ha provocado un empobrecimiento de la clase media, y más si cabe de la clase trabajadora. Esto conlleva consigo una disminución en la demanda agregada y, por lo tanto, una disminución en la producción y los precios como consecuencia de las pocas expectativas de venta. Se trata de un círculo vicioso que hay que remediar, y no hay mejor manera que la de reequilibrar las cuentas y replantearnos las medidas de redistribución de la renta, planteando un modelo novedoso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el que haya 0 pérdidas de cara al Estado, e incluso expectativas de ganancias de un 0,01% más que con el modelo anterior, y que a su vez suponga un gran alivio para gran parte de la clase media y toda la clase trabajadora y dejen de estar ahogados con tributos a los que no pueden hacer frente, reequilibrándolo de tal manera que el Estado pueda mantener sus ingresos y acometer sus gastos. Es una medida con gran patriotismo y tremendamente necesaria para poder superar la crisis financiera de una vez por todas y mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vemos motivados a proponer la presente Ley.
1. El artículo 63 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:
2. El artículo 65 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:
3. El artículo 66 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:
4. El artículo 76 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma: