Source: http://blog-ellaboralista.blogspot.com.es/2014/
Timestamp: 2017-12-15 16:03:10
Document Index: 294134217

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 113', 'artículo 297', 'artículo 59', 'artículo 1968', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 31', 'artículo 43', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 85', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 97', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 149', 'artículo 16', 'artículo 59', 'artículo 1968', 'artículo 52', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 148', 'artículo 43', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 43', 'artículo 130', 'artículo 22', 'artículo 148', 'artículo 22', 'artículo 148', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 35', 'artículo 28', 'artículo 183']

El Laboralista: 2014
RD 16/2014 Prestación por desempleo para desempleados de larga duración. Requisitos.
Prestación por desempleo para desempleados de larga duración
Objeto: prestación para desempleados de larga duración que han agotado su protección por desempleo.
Beneficiarios: desempleados de larga duración.
Requisitos: para tener derecho a la referida prestación, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos en la fecha de presentación de la solicitud;
a) Haber transcurrido al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones, siempre que el agotamiento de las mismas no proceda de sanción o baja en el derecho por causa imputable al beneficiario:
-la Renta Activa de Inserción (Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre),
-el Programa Temporal de Protección e Inserción (Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto),
-el Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por
Desempleo (Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero).
b) Estar inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de diciembre de 2014. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aún no estando inscrito como demandante de empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.
c) Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa.
f) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares.
g) En el caso de que tras el agotamiento de alguna de las prestaciones o ayudas incluidas en el apartado a) se hubiese percibido cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública, deberán haber transcurrido como mínimo 6 meses desde la finalización de la percepción de estas rentas antes de la solicitud de este programa.
h) Cumplir con las siguientes obligaciones de activación;
*Suscribir en el momento de la solicitud un compromiso de actividad,
*Aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida por los Servicios Públicos de Empleo o por las agencias de colocación,
*Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando hayan sido previamente requeridos, ante el Servicio Público de Empleo Estatal,
*Comunicar las variaciones de renta, patrimonio o de la unidad familiar,
*Reintegrar las ayudas indebidamente percibidas,
*Facilitar en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas,
*Acreditar durante la vigencia del programa y cuando les sea requerido, la búsqueda activa de empleo,
*Proporcionar la documentación e información necesaria para la inclusión en el programa y comunicar el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio, facilitado a efectos de notificaciones, en el momento en que este se produzca,
*Autorizar que los Servicios Públicos de Empleo comuniquen la condición de beneficiario del programa y de la ayuda económica a las agencias de colocación,
*Informar a las empresas de su condición de solicitante o beneficiario del programa cuando realicen actuaciones de búsqueda activa de empleo o cuando celebren con estas contratos de trabajo.
*Acreditar que durante el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud han realizado, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo
¿Qué se consideran búsquedas activas de empleo (BAE)?
1.Trabajo por cuenta propia o ajena.
2.Envío o presentación de currículos en, al menos, tres empresas distintas.
3.Realización de, al menos, una entrevista de trabajo.
4.Inscripción en, al menos, una agencia de colocación.
5.Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados.
6.Presentación, al menos, a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo.
7.Cualesquiera otras ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo y específicamente acciones formativas o acciones de información y actuaciones dirigidas al autoempleo y emprendimiento.
*Participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo, previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo que, con carácter previo al inicio del programa, les haya sido asignado por los Servicios Públicos de Empleo. Este itinerario se asignará en el plazo de un mes desde la solicitud.
¿Qué ocurre si el SEPE no hubiera realizado el itinerario citado en el plazo de 1 mes?
Este itinerario deberá realizarse necesariamente antes del transcurso de los tres meses de plazo que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal para resolver la solicitud.
Ayuda económica: será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento
Duración máxima: La duración máxima de la ayuda económica será de seis meses
Efectos económicos de la ayuda: se producirán desde el día siguiente al transcurso del plazo de un mes a contar desde el día de la presentación de la solicitud de incorporación al programa,
Forma de pago: pago periódico que se realizará por el SEPE dentro del mes siguiente al que corresponda el devengo.
Plazo de solicitud: las personas desempleadas deberán presentar la solicitud de incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016.
Lugar de presentación: en la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que corresponda a la persona desempleada cumplimentando el modelo que se determine junto con la documentación acreditativa de que se reúnen los requisitos mencionados.
1.- Presentación de la solicitud junto con la documentación acreditativa,
2.- Comprobación por el SEPE de que se cumplen los requisitos,
3.- Solicitud de acreditación al solicitante;
-de la realización de las acciones BAE,
-itinerario individual y personalizado de empleo,
-asignación de tutor individual.
4.- Acreditados éstos aspectos, el SEPE dictará resolución reconociendo la incorporación del trabajador al programa, lo que implicará su derecho a la percepción de la ayuda económica y la posibilidad, en su caso, de compatibilizarla con el trabajo en los términos previstos.
Plazo máximo para dictar resolución: El Servicio Público de Empleo Estatal resolverá la solicitud en el plazo máximo de los tres meses siguientes a la fecha en que esta se hubiera presentado.
¿Qué ocurre si una vez transcurrido el plazo de 3 meses, el SEPE no me notifica nada?
Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. No obstante, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma.
Motivos de pérdida definitiva de la percepción de la prestación:
a) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso de actividad y que se concretan en el itinerario individual y personalizado de empleo, salvo causa justificada.
b) No comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o ante los servicios públicos de empleo, no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda o no devolver en plazo a los Servicios Públicos de Empleo el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por dichos servicios o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, salvo causa justificada.
c) No acreditar búsqueda activa de empleo, cuando sea requerido por los Servicios Públicos de Empleo.
d) Rechazar una oferta de colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos.
e) Rechazar la participación en programas de empleo, acciones de promoción, formación o reconversión profesional, que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos.
f) Causar baja voluntaria en el trabajo al que se acceda durante el programa.
g) Trabajar por cuenta ajena a tiempo completo o parcial, por un periodo de tiempo igual o superior a 90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que legal o convencionalmente corresponda al trabajador la ayuda económica que este perciba.
h) Trabajar por cuenta propia por un período superior a 180 días.
i) Acceder a una prestación por desempleo, subsidio por desempleo o renta agraria, u obtener otras pensiones, prestaciones o ayudas sociales.
j) Dejar de reunir el requisito de carencia de rentas o de responsabilidades familiares.
k) El traslado al extranjero, salvo que corresponda a actuaciones contempladas en el itinerario individual y personalizado de empleo y haya sido autorizado por el tutor asignado en el Programa.
l) La renuncia voluntaria al programa.
m) Obtener o mantener indebidamente la percepción de la ayuda económica.
Motivos de la suspensión temporal en la percepción de la prestación:
a) El trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial por un periodo inferior a 90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que legal o convencionalmente corresponda al trabajador la ayuda económica que este perciba, conforme a lo previsto en el artículo 8.
b) Trabajar por cuenta propia por un periodo inferior a 180 días.
c) La pérdida del requisito de rentas o responsabilidades familiares por un periodo inferior a 180 días.
¿Podré solicitar la reactivación de la prestación en supuestos de suspensión de la misma?
Sí. Producida la baja temporal en el programa por las causas previstas, se podrá reconocer el derecho a la reincorporación al mismo siempre que:
*se solicite dentro del plazo de solicitud,
*se acredite que no se tiene derecho a la percepción a prestaciones y de que se carece de rentas,
*haber cesado en el trabajo por cuenta ajena acreditando situación legal de desempleo.
La reincorporación exigirá la previa inscripción como demandante de empleo y reactivación del compromiso de actividad.
El período de tiempo durante el que el trabajador se encuentre en situación de baja temporal en el programa, sin percibir la ayuda económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, no se computará a efectos del período de duración de la ayuda.
¿Cuando y cómo se procede con la suspensión temporal de la prestación?
Desde que el SEPE disponga de información sobre el incumplimiento de alguna de las obligaciones o desde que se detecten irregularidades en la ejecución del programa. Como consecuencia de ello, se cursará una baja cautelar en el programa y se dará audiencia al interesado para que, en el plazo de 15 días, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno. Transcurrido dicho plazo se adoptará, en los 15 días siguientes, la resolución que corresponda.
Contra la resolución que dicte el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
¿Qué ocurre si he percibido indebidamente ésta prestación?
Vendré obligado a reintegrar su importe.
Compatibilidades de la ayuda: la percepción de la prestación será compatible con:
a) ayudas de cualquier naturaleza que se pudieran obtener por la asistencia a acciones de formación profesional para el empleo.
b) El trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que el mismo se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público.
En éste caso, el trabajador mantendrá la percepción de la ayuda económica durante la vigencia del contrato por el tiempo que le reste por percibir aquella hasta un máximo de cinco meses.
Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Para la aplicación de la compatibilidad, el trabajador deberá presentar ante la empresa un documento acreditativo del periodo y cuantía de la ayuda económica reconocida, siendo válida a estos efectos la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal reconociendo la admisión al programa y el pago de la ayuda.
¿Puedo aplicar en la contratación bonificaciones a la Seguridad social existentes si contrato a un trabajador con ésta ayuda económica?
Sí. A esta contratación, le serán de aplicación las bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que correspondan según la regulación vigente siempre que el contrato celebrado cumpla los requisitos establecidos en cada caso.
¿Cuál será la cuantía máxima a descontar del importe del salario?
La cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario, en concurrencia con medidas de apoyo público distintas de las citadas bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, no podrá superar el 80 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se hubiera formalizado, sin incluir las cuotas a la Seguridad Social.
¿Qué ocurre si me extinguen el contrato antes de finalizar el programa?
En el caso de extinción del contrato antes de finalizar la participación del beneficiario en el programa, y siempre que no se reúnan los requisitos de acceso a una prestación contributiva o subsidio por desempleo, el trabajador deberá comunicar la citada extinción del contrato a la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal dentro de los quince días siguientes a la misma, y reactivar el compromiso de actividad para mantener la participación en el programa y la percepción por el tiempo que reste de la ayuda económica de acompañamiento.
Incompatibilidades de la ayuda: la percepción será incompatible con:
a) La obtención de rentas de cualquier naturaleza que hagan superar los límites establecidos,
b) La percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, o de la renta agraria,
d) La realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, superando los plazos máximos mencionados,
e) La percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones Publicas.
¿Es compatible ésta ayuda si en el momento de la solicitud estoy trabajando a tiempo parcial?
No. A efectos del acceso al programa no se considerará desempleado a quien en la fecha de solicitud de incorporación al mismo se encuentre trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial.
Os facilito el link por si fuera de vuestro interés: http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13249.pdf
Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email: paulalegalblog@gmail.com
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La ejecutabilidad de las Sentencias de despido colectivo. Auto ejecución provisional de COCA COLA. Alegaciones de las partes y respuestas de la Sala.
Auto de ejecución provisional de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2014
-COCA COLA IBERIAN PARTNERS, S.A./AUTO DE EJECUCION PROVISIONAL
Os adjunto enlace de la Sentencia comentada por si fuera de vuestro interés http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7213027&links=despidos%20colectivos&optimize=20141125&publicinterface=true
Recurso: 13/2014
Procedimiento: Despido Colectivo
Tipo de Resolución: Auto de ejecución provisional
Procedo a facilitaros los distintos motivos de oposición formulados las partes y las respuestas ofrecidas por la Sala de lo social de la Audiencia Nacional.
1.-Imposibilidad de ejecución de la sentencia de despido alegada por la representación de la empresa
La representación procesal de las empresas ha alegado que el articulo 124.11 de la Ley de la Jurisdicción Social, en su dicción literal, nos dice que para el caso del despido colectivo nulo, la sentencia se limita a "declarar el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo" y por tanto la Ley solamente contempla una declaración judicial y no un pronunciamiento de condena que imponga a la parte una obligación de dar, hacer o no hacer, por lo que no seria ejecutable.
Para que la ejecución provisional fuese posible es preciso que la sentencia, si fuese firme, pudiese ser objeto de ejecución definitiva, puesto que no cabe pensar en la ejecución provisional de una sentencia si ésta, adquirida firmeza, no fuese susceptible de ejecución definitiva. Pues bien, ese obstáculo a la ejecución provisional no existe, puesto que la sentencia sobre la que versa este procedimiento, dictada en procedimiento de despido colectivo, es, como a continuación veremos, susceptible de ejecución definitiva
¿Puede ejecutarse definitivamente una sentencia de Despido colectivo?
Sí. Atendiendo a la dicción completa de los apartados 2 y 3 del articulo 123 de la Ley de la Jurisdicción Social. El número 2 de dicho articulo establece:"2. Cuando se declare improcedente o nula la decisión extintiva, se condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al periodo de preaviso".
Esta norma a su vez conduce al articulo 113, relativa al despido disciplinario, que dispone: "Si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos por el articulo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador".
Se aprecia con ello que tras la reforma operada con la Ley 3/2012 las sentencias que se dicten declarando la nulidad del despido colectivo tienen los efectos condenatorios previstos en la norma que se acaba de indicar, asimilándose expresamente, por este juego de remisiones, a las sentencias dictadas en los litigios de despido individuales en los que el despido sea declarado nulo.
Si, pese a ello, cupiera todavía alguna duda sobre la posibilidad de ejecución definitiva de las sentencias firmes que declaren la nulidad del despido colectivo, ha de añadirse que por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, se modificó el articulo 247.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, que inicialmente no contemplaba la ejecución de las sentencias de despido colectivo, para incluir dentro de las previsiones del citado articulo 247 la ejecución de las sentencias de despido colectivo "en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula".
En este sentido ha de destacarse que las dos resoluciones de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que han citado en la comparecencia las empresas ejecutadas y en las que basan su oposición a la ejecución provisional se refieren a supuestos de hecho distintos, que convierte su doctrina en inaplicable a este caso. En concreto: el auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2013 (recurso de queja 8/2013 ) y lo mismo ocurre con la sentencia de la Sala Cuarta de 28 de enero de 2014 (casación 16/2013 ), por cuanto aquellas resoluciones no constituyen referentes válidos para resolver este supuesto, dado que, aquí si estamos ante una sentencia de condena, susceptible de ejecución definitiva, lo que no ocurría en esos otros casos dado que eran anteriores a la entrada en vigor de la Ley 3/2012
¿Es posible la ejecución provisional de las sentencias de despido colectivo para el caso de que la sentencia recaída en la instancia no sea firme todavía, por haber sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo?
Sí. Es criterio de la Sala de lo social de la AN de que esas sentencias son susceptibles de ejecución provisional, como ya se anticipó en la sentencia de 12 de junio de 2014 al fundamentar la exigencia de consignación o aval del importe de la condena como requisito para la tramitación del recurso de casación.
Históricamente la ley procesal laboral, con el objetivo de impedir que la tramitación de los procesos y en concreto el acceso al recurso, hicieran ineficaz el derecho dicho en instancia, ha venido condicionando la fase de recurso al aseguramiento de la condena a través de un doble mecanismo: la consignación (hoy así lo establece el articulo 230.1 de la Ley de la Jurisdicción Social para todo recurso de suplicación o casación) y la ejecución provisional (hoy en los términos del Titulo II del Libro IV de la Ley de la Jurisdicción Social).
Paralelamente la actual Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, introduce con carácter general el principio de ejecución provisional de las sentencias, de suerte que, una vez dictada y sin esperar a su firmeza, la resolución que pone fin al proceso puede ser ejecutada ( articulo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil opera como subsidiaria en este ámbito respecto de la ley jurisdiccional social. La Ley de la Jurisdicción Social, por tanto, no contiene una regulación sistemática y completa de la ejecución provisional de las sentencias, sino que se limita a establecer normas concretas y especiales para determinados supuestos y procedimientos, fuera de los cuales hay que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero el criterio legal, al menos cuando la sentencia contenga un pronunciamiento de condena en favor de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social, es el de la ejecutividad provisional de la sentencia. Este mismo criterio es el que rige en la Ley de Enjuiciamiento Civil a la cual se remite la ley social.
Sería contrario a la lógica legal, que garantiza la ejecución provisional de toda sentencia con pronunciamiento de condena en favor de los trabajadores, el que, a falta de previsión expresa que contemple otra solución distinta, las sentencias que declaren la nulidad de un despido colectivo y conlleven la condena a la readmisión y al abono de los salarios de tramitación, queden privadas de la ejecución provisional, máxime si tenemos en cuenta que los despidos individuales vinculados al despido colectivo quedan condicionados por el resultado de éste, según prevé el artículo 124.13 b) de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo suspenderse los procesos y esperar a la firmeza de la sentencia recaída en el procedimiento de despido colectivo. No se adivinan motivos por los cuales pueda interpretarse que, mientras que la sentencia condenatoria en un despido individual dictada por un Juzgado pueda ser objeto de ejecución provisional, no pueda serlo la sentencia de idénticos efectos y alcance, pero de naturaleza colectiva, en el procedimiento del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuyo fallo, en caso de nulidad, no es distinto del previsto para el del despido individual, puesto que, según se ha visto, el citado artículo 124 se remite a las normas reguladoras del fallo del despido nulo en el pleito individual de despido, lo que lleva finalmente al artículo 113, en el cual además se hace expresa mención y referencia a la ejecución provisional, con remisión al artículo 297. Por ello escaparía a toda lógica hermenéutica que se tutelara el despido individual con el mecanismo de la ejecución provisional y así no se hiciera con los despidos colectivos de mayor relevancia social por razón de su plural afectación.
Por otra parte no puede admitirse que el procedimiento correcto para garantizar los derechos de los trabajadores sea la petición de medidas cautelares en los Juzgados de lo Social, ni tampoco que sea obstáculo a la ejecución provisional el que algunos trabajadores hayan presentado demandas de despido cuya tramitación está suspendida en los Juzgados de lo Social y, en dicho proceso, hayan pedido medidas cautelares que les han sido denegadas. En primer lugar porque dicho extremo no consta probado. En segundo lugar porque, según se alega, la medida cautelar no ha sido acordada, sino denegada, de manera que no se produce duplicidad alguna, debiendo recordarse que, existiendo ya sentencia declarando nulo el despido colectivo, lo que procede es la ejecución provisional y no una medida cautelar, que incluso debiera ser alzada si se hubiese acordado y fuese coincidente ( articulo 731.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).En tercer lugar porque conforme al articulo 124.13.b.1a de la ley jurisdiccional social la demanda individual de despido ha de presentarse y tramitarse una vez firme la sentencia dictada en el procedimiento de impugnación del despido colectivo, comenzando entonces a correr el plazo de caducidad y, por consiguiente, en muchos casos no existirán ni siquiera procesos individuales de despido (ni siquiera suspendidos en su tramitación), en el marco de los cuales se pueda reclamar la adopción de una medida cautelar. Aún cuando la adopción de ésta pueda solicitarse antes de la interposición de la demanda, ello obligarla a que dicha demanda se presentase en el plazo de veinte días previsto en el articulo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que resulta absurdo cuando la Ley prevé actualmente que el plazo de presentación de la demanda individual de despido ha de ser posterior a la firmeza de la sentencia recaída en el proceso de impugnación colectiva.Y, en último lugar porque, si incluso de forma hipotética ello constituyese un obstáculo para la ejecución provisional, solamente afectarla a los concretos trabajadores que solicitaron aquellas medidas cautelares, que no constan identificados para comprobar si coinciden con aquéllos que han autorizado su inclusión bajo el ámbito de la ejecución provisional.
Por consiguiente la Sala considera que, bajo criterios interpretativos normales y usuales y al amparo de la propia literalidad de las leyes, procede la ejecución provisional de las sentencias de despido colectivo cuando éste es declarado nulo, en la medida en que en tal caso, tras las reformas legales antes referidas, estamos ante sentencias cuyo fallo incorpora un pronunciamiento de condena susceptible de ejecución definitiva si llega a ser firme, como aquí sucede.
¿ Cuál es el procedimiento de ejecución aplicable, el previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión del articulo 305 de la Ley de la Jurisdicción Social, o bien el procedimiento de ejecución provisional de las sentencias de despido nulo regulado en los artículos 297 y siguientes de la citada Ley?.
La Sala de lo social de la AN se inclina por la aplicación de las normas específicamente previstas en la Ley para la ejecución provisional de las sentencias de despido nulo y no de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando el titulo II del Libro IV de la Ley de la Jurisdicción Social regula la ejecución provisional de las sentencias, en su capitulo II regula la ejecución de las sentencias de despido y no existe motivo alguno para excluir la ejecución provisional de las sentencias en procedimientos de despido colectivo, que siguen igual razón y no aparecen excluidas de su ámbito de manera expresa. Muy al contrario, como hemos visto, el articulo 124.11 de la Ley de la Jurisdicción Social hace expresa remisión al articulo 123.2, el cual se remite a su vez al 113, donde se nos habla de la ejecución de las sentencias de despido nulo y se contempla a su vez la ejecución provisional, remitiéndose al articulo 297 de la Ley jurisdiccional.
Esta conclusión ha de completarse atendiendo a la previsión del articulo 304.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, que, como norma general sobre la ejecución provisional, nos dice que "la ejecución provisional de resoluciones judiciales se despachará y llevará a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la resolución a ejecutar y las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución definitiva". Esta remisión a las normas sobre la ejecución definitiva ha de servir como pauta para la ejecución provisional (que no es otra cosa que un anticipo de aquélla y difícilmente puede sobrepasar sus limites propios) y en este caso nos lleva hasta el articulo 247.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, lo que significa:
a) Que están legitimados para pedir la ejecución los representantes legales o sindicales de los trabajadores, pero no los trabajadores individuales, incluso agrupados, si bien debe considerarse como sujeto legitimado en cuanto representante legal de los trabajadores la comisión ad hoc del articulo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores que intervino en el periodo de consultas.
b) Que la ejecución ha de pedirse en favor de trabajadores concretos e identificados, debiendo acreditarse por el órgano de representación legal o sindical de los trabajadores que cuenta con autorización individual de cada uno de aquellos trabajadores para los que pida la ejecución. La autorización debe documentarse ante cualquier órgano judicial o de mediación o conciliación social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato u órgano de representación unitaria, haciendo constar ésta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorización efectuada en su presencia y acompañando los documentos de acreditación oportunos. Si se trata de un sindicato y en relación con sus afiliados, la autorización se puede acreditar en la forma establecida en el articulo 20 de la Ley de la Jurisdicción Social.
c) Los trabajadores que, pudiendo resultar beneficiados por la sentencia, no quieran autorizar a un órgano representativo, en la forma antes indicada, para que ejercite en su favor la acción ejecutiva en el proceso de ejecución colectivo, pueden, si lo estiman oportuno, formularla individualmente a través del proceso declarativo que corresponda, que en este caso seria el procedimiento de despido, para lo cual habrán de esperar a la firmeza de la sentencia del despido colectivo, lo que implica necesariamente una renuncia a la ejecución provisional.
Una vez instada de esta manera la ejecución provisional, habrán de aplicarse, para cada uno de los trabajadores a las que va referida, las previsiones de los artículos 297 y siguientes del Código Civil, que regulan la ejecución provisional de las sentencias de despido y, en concreto, las previsiones propias de la ejecución provisional de las sentencias que declaran la nulidad de un despido. Insistimos en la remisión que hace el articulo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando el fallo declara nulo el despido colectivo, al fallo que es propio de las sentencias que declaran nulo un despido en un procedimiento individual, que han de servir como referencia tanto para la ejecución definitiva como para la provisional, como claramente refleja el articulo 113.
En este marco, dado que la sentencia de despido colectivo, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias de despido individual, no incluye entre su contenido fáctico el salario de los trabajadores despedidos, habrán de seguirse los trámites, si fuera necesario, del articulo 247.1 de la Ley de la Jurisdicción Social para precisar el salario de cada trabajador, requiriendo a la parte ejecutada su cuantificación individualizada y dando traslado a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad o, si no se proporcionase dicha cuantificación o no existiese conformidad con la misma, resolver la Sala lo que proceda tras la práctica de las actuaciones oportunas.
¿Cuál sería el contenido de la ejecución provisional de una sentencia de despido con opción a readmisión?
La ejecución provisional de una sentencia de despido nulo o improcedente con opción por la readmisión tiene dos contenidos:
a) El primero es la readmisión en el puesto de trabajo, salvo que exista manifestación expresa del empresario optando por no reincorporar al trabajador. Si, no habiéndose expresado opción expresa, el empresario no procediese a la reincorporación, habrá de entenderse producida una opción tácita contra la misma, debiendo declararse expresamente por el órgano judicial (si así se solicita, conforme al articulo 298 de la Ley de la Jurisdicción Social), ante el incumplimiento empresarial, la exención del trabajador de su obligación de prestar servicios durante la tramitación del recurso.
Ahora bien, en relación con el primer contenido (readmisión en el puesto de trabajo), se hace preciso que estas empresas manifiesten su opción entre recibir la prestación de servicios de los trabajadores durante la tramitación del recurso, en sus respectivos centros de trabajo y con las ocupaciones previas al despido, o hacer el abono de los salarios sin exigir la prestación de servicios. A tales efectos se debe conceder a las empresas ejecutadas un plazo razonable para manifestar su opción, de manera que si no lo hiciesen habría de exonerarse a los trabajadores de dicha prestación durante el periodo de tramitación del recurso.
b) El segundo es de Índole económica, de manera que el trabajador tiene derecho, en todo caso (salvo incumplimiento injustificado por su parte de su obligación de reincorporación), a percibir el salario desde la sentencia que declara la nulidad y durante la tramitación del recurso.
La falta de abono determinaría la ejecución forzosa de la deuda en el trámite de ejecución provisional. En este caso, despejada la oposición a la ejecución provisional, está claro que, en virtud del segundo contenido citado, las empresas ejecutadas en todo caso están obligadas solidariamente a satisfacer a los trabajadores a los que se refiere esta ejecución la misma retribución que venían percibiendo con anterioridad a producirse su despido. Por ello deberá seguirse la ejecución en la parte económica, cuantificando la deuda individual resultante en favor de cada uno de los trabajadores por el procedimiento previsto en el articulo 247 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La ejecución provisional de la sentencia de despido es siempre una ejecución dineraria, puesto que la falta de readmisión trae como consecuencia la exención del trabajador de su obligación de prestar servicios durante la tramitación del recurso. Por consiguiente no seria nunca de aplicación el plazo del articulo 282.2 y el plazo para la cuantificación de la deuda de manera individualizada, por la remisión del articulo 304.1, ha de ser el previsto en el articulo 247.
¿Cuáles serían los trabajadores afectados por ésta ejecución provisional?
El ámbito de la ejecución no es otro que el del conjunto de los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido por la empresa en virtud del despido colectivo adoptado por la misma y anulado por la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2014 .
En esa sentencia la Sala estableció (fundamento noveno) que el primero de los criterios de selección de los trabajadores afectados era la voluntariedad para acogerse a las medidas de extinción indemnizada o de prejubilación. Y, como lógica consecuencia, también dijimos que la voluntariedad, en cuanto criterio de selección, no ha de confundirse con la extinción del contrato por mutuo disenso del articulo 49.1.a del Estatuto de los Trabajadores , ni con la extinción por voluntad del trabajador del articulo 49.1.d. La causa de la extinción contractual sigue siendo el despido colectivo, puesto que la manifestación de disponibilidad del trabajador (sometida además a aceptación por parte de la empresa) no es sino un criterio de selección de los trabajadores afectados. Como consecuencia ha de decirse que los trabajadores que se adscribieron voluntariamente, en base a dicho criterio de selección, al ámbito de afectación del despido colectivo, aunque lo hicieran acompañados de unas determinadas indemnizaciones mejoradas o un acceso a situación de jubilación anticipada, precedida o no de desempleo, no dejan de ser trabajadores despedidos en el marco del despido colectivo que se ha declarado nulo y, por tanto, incluidos dentro del ámbito de la ejecución del fallo de la sentencia que declara esa nulidad.
Cuestión distinta es que, como hemos visto, para que se pueda ejecutar, provisional o definitivamente, la sentencia de la Sala, es preciso que se solicite por un sujeto colectivo, sin que sea posible extender la ejecución a trabajadores que no hayan conferido autorización para ello a ese sujeto colectivo. Aunque el fallo de la sentencia que declara la nulidad de un despido colectivo afecta potencialmente a todos los trabajadores despedidos, la concreta afectación de cada uno en el proceso de ejecución de la misma requiere de su consentimiento individual. El trabajador individual tiene garantizado por el articulo 247 de la Ley de la Jurisdicción Social, en relación con el articulo 124.13 de la misma Ley, el derecho a no integrarse en la ejecución colectiva y reservarse su acción individual de despido, que podrá ejercitar o no, al igual que, cuando el trabajador es objeto de cualquier despido o extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, puede o no ejercitar la acción individual de despido y, salvo supuestos de fraude, desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2002, la falta de ejercicio de la misma no impide el acceso a las prestaciones por desempleo.
Por tanto, dentro del conjunto de trabajadores cuya relación laboral se ha extinguido en virtud del despido colectivo, la presente ejecución provisional solamente afecta a aquéllos para los cuales se pide por los sujetos colectivos ejecutantes (UGT y CCOO), siempre bajo la condición de que acrediten su autorización para ello. Estos se encuentran relacionados nominativamente en los hechos probados de este auto.
¿Es exigible caución para la ejecución provisional?
La Ley de la Jurisdicción Social, al regular la ejecución provisional, ninguna previsión contiene sobre la exigencia de cauciones para la efectividad de la ejecución provisional. No parece que esa omisión constituya una laguna, puesto que en la Ley la ejecución provisional se contempla en favor de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, como se ha visto, y la norma general es la inexigibilidad de cauciones para los mismos, como expresamente se dice en materia de medidas cautelares por su articulo 79.1 ("Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social y los sindicatos, en cuanto ostentan la representación colectiva de sus intereses, así como las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, estarán exentos de la prestación de cauciones, garantías e indemnizaciones relacionadas con las medidas cautelares que pudieran acordarse").
En todo caso, aunque hipotéticamente se entendiese que en el marco del articulo 305 y a la vista de la remisión genérica a la Ley de Enjuiciamiento Civil que allí se hace, son aplicables las cauciones en los términos de la misma, ha de recordarse que no estamos dentro del articulo 305 propiamente, sino del 297, donde no se exige caución. Ha de observarse cómo en la legislación procesal civil (articulo 526) la norma general es la no exigencia de caución para la ejecución provisional y solamente se prevé, para el caso del ejecutante, en el caso concreto del articulo 529.3 (que es el alegado por las empresas ejecutadas), en el marco de la ejecución no dineraria, cuando resultase imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia ejecutada provisionalmente fuese revocada.
En tal caso la prestación de caución no aparece en la Ley como obligatoria. Pero esta norma carece de todo sentido y lógica en el marco de la ejecución provisional de las sentencias de despido nulo, puesto que la única obligación de la empresa en la ejecución provisional es de naturaleza dineraria y consiste en el abono de salarios durante la tramitación del recurso. Tal abono no precisa de caución o garantía alguna, puesto que lo así abonado no ha de ser reintegrado por los trabajadores en caso de revocación de la sentencia de instancia. El articulo 300 de la Ley de la Jurisdicción Social nos dice que "si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte, éste no vendrá obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el periodo de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia." Reintegro que no procede incluso si el empresario hubiese optado por no recibir la prestación de servicios laborales durante la tramitación del recurso (habiendo desaparecido ya hace muchos años el derecho del empresario en tal supuesto al reintegro por parte del Estado que contemplaba el articulo 227 de la antigua Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 1568/1980).
Por otra parte la readmisión y reanudación de la actividad productiva no es obligatoria, sino que es una mera facultad de la empresa que se va a ver obligada al pago de dichos salarios, con objeto de compensar tal pago con la contraprestación de servicios laborales. Pero desde el momento en que cabe renunciar a tal contraprestación y no existe obligación para la empresa de reanudar la actividad laboral (razón por la cual no es objeto del presente auto toda la discusión relativa a la posibilidad de dicha reanudación o al desmantelamiento de las instalaciones productivas, como antes se dijo), no cabe ejecutar en sede provisional una readmisión forzosa y por ello no existe una obligación de hacer que pueda justificar, en el marco de los artículos 528 y 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la exigencia de una caución como condicionante de la ejecución provisional.
En relación con los salarios del tiempo de ejecución provisional ¿Cabe el abono de los intereses de demora del 10% previstos en el articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores?
No. Los citados intereses son aplicables al salario en cuanto contraprestación del trabajo en el marco sinalagmático del contrato, pero el pago del salario de tramitación del recurso en el contexto de la ejecución provisional no tiene como causa legal el contrato de trabajo, sino que se trata de una obligación procesal ex lege, con régimen propio y autonomía respecto del contrato de trabajo. El despido es constitutivo y extingue el contrato de trabajo, según el régimen especial de autotutela empresarial propio del contrato de trabajo y que exime al empresario de acudir a la vía judicial para obtener la resolución del mismo, como seria exigible con carácter general en el Derecho Civil. La ejecución provisional de la sentencia de despido es, en cierta forma, una compensación del carácter constitutivo del despido, al dar efectividad a la sentencia que anula el despido y obliga a la readmisión pese a estar recurrida. Pero, a diferencia de lo que hoy prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se trata de una ejecución de igual extensión a la definitiva, sino que en el ámbito laboral es una ejecución incompleta. El contrato de trabajo no se reanuda por la ejecución provisional, sino que tal reanudación no se producirá hasta que se llega a la ejecución definitiva con la readmisión. En el tiempo de la ejecución provisional lo que existe es un régimen de obligaciones legales para las partes del proceso, como son las de abono de los salarios de trámite del recurso y, para el trabajador, la de prestar su trabajo ordinario si es requerido para ello por el empresario. Por ello a esos salarios de trámite de ejecución provisional no pueden aplicarse sin más las previsiones del articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores , como se pretende.
Excluida la aplicación de dicha norma laboral, entra en juego el articulo 1108 del Código Civil , que nos dice que cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurra en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. A su vez el articulo 1100 del Código Civil exige, para que exista mora, que exista una obligación exigible y que, además, el acreedor exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento.
En el caso de las sentencias que declaran la nulidad de un despido colectivo por el procedimiento del articulo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social no existe una obligación del empresario análoga a la prevista en el articulo 278 para la ejecución "motu proprio" de las sentencias firmes de despido individual, de manera que éste, sin necesidad de esperar a la solicitud del trabajador, haya de fijar una fecha para la readmisión, comenzando por tanto la ejecución voluntaria sin necesidad de solicitud de la parte que tiene a su favor la sentencia recurrida. El articulo 247 de la Ley jurisdiccional social habilita únicamente a los órganos sindicales o unitarios de representación colectiva para pedir la ejecución, debiendo contar con la autorización de los trabajadores para los que se pide la misma. Por lo que es necesaria una doble concurrencia de voluntades, del órgano colectivo y del trabajador individual. Hasta que ambas voluntades no se manifiestan de manera concurrente no nace para el empresario la obligación de ejecutar la sentencia de despido colectivo y referida solamente a esos trabajadores y no al conjunto de los trabajadores incluidos en el despido colectivo. Por tanto hasta que no es solicitada colectivamente (judicial o extrajudicialmente) la ejecución, identificando los trabajadores individuales a los que se refiere la solicitud y acreditando la autorización de los mismos para ello, no aparece para la empresa la obligación de ejecutar el fallo de la sentencia.
En el presente supuesto, no constando una solicitud previa extrajudicial, hemos de tomar como referencia la fecha en la que el empresario tuvo conocimiento de la solicitud de ejecución provisional en sede judicial. Ahora bien, tratándose de ejecución provisional y siendo el contenido de la obligación de la empresa el pago de unas determinadas cantidades que exigen de una previa individualización y cálculo para cada uno de los trabajadores para los que se reclama la ejecución, la Ley claramente establece un periodo de referencia para la cuantificación individualizada de la deuda, que es de un mes. El interés comenzará por ello a correr una vez transcurrido dicho mes que, computado de fecha a fecha. Desde esa fecha han de correr los intereses sobre las cantidades debidas.
En cuanto a los intereses procesales del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (a los que se remite el articulo 251 de la Ley de la Jurisdicción Social y a los que hace referencia también el articulo 247.1.e de la misma Ley), los mismos se devengan desde la sentencia de instancia, pese a su recurso, de manera que compensan el retraso en el pago desde que se dictó aquella primera sentencia, cubriendo con ello el periodo de ejecución provisional e interrumpiéndose su devengo cuando se produce el pago, incluso si el mismo se realiza durante la ejecución provisional. Pero, obviamente, solamente procede su pago respecto de las cantidades objeto de la condena contenida en el fallo, cantidades que, por definición, no pueden incluir las correspondientes a un periodo posterior a dicho fallo, como son los salarios de trámite del recurso por mor de la ejecución provisional en esta modalidad especial de despido. Para que nazcan intereses procesales del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es necesario que vayan referidos a una obligación de pago contenido en la parte dispositiva de una sentencia o resolución judicial. De esta manera los intereses procesales derivados de las cantidades a cuyo pago se obliga en la parte dispositiva del presente auto nacerán ex lege y sin necesidad de declaración expresa a partir de la fecha de este auto y en los términos del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y demás normas aplicables, incluido articulo 239.3, de la Ley de la Jurisdicción Social.
¿Tienen los trabajadores identificados en la ejecución provisional derecho a acceder a su centro de trabajo y ejercer su función representativa aún cuando la empresa les libere de la prestación efectiva de servicios?.
En relación con esta materia la norma aplicable es el articulo 302 de la Ley de la Jurisdicción Social, que dispone: "Cuando el despido o la decisión extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores o a un representante sindical y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, con opción, en este último caso por la readmisión, el órgano judicial deberá adoptar, en los términos previstos en el párrafo c) del articulo 284 las medidas oportunas a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciación del correspondiente recurso".
Por otra parte el articulo 284.c contempla como medida de ejecución que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En consecuencia, durante el periodo de ejecución provisional los delegados de personal, miembros de comités de empresa o delegados sindicales despedidos pueden desarrollar sus funciones como tales y, en relación con los trabajadores despedidos, éstos, lógicamente, también han de ser mantenidos en el disfrute de sus derechos sindicales y de participación. Por tanto es obvio que debe serles permitido desarrollar su función representativa, como se pide y en este sentido debe hacerse la advertencia a las empresas ejecutadas en los términos del articulo 284.c de la Ley de la Jurisdicción Social en relación con los representantes legales de los trabajadores que identifica la parte ejecutante, sin que respecto a tal identificación se haya manifestado oposición por la ejecutada.
Ahora bien, en cuanto al acceso al centro de trabajo, la medida procede mientras se mantenga actividad propia de la empresa en dichos centros y desarrollada con sus propios trabajadores, y ello aunque no sea productiva, sino de desmontaje y desmantelamiento de los mismos, con objeto de que los representantes de los trabajadores se puedan comunicar con sus representados allí presentes. Una vez producido el cierre de tales centros y el cese de su actividad, el ejercicio de las funciones representativas no requerirá de dicho acceso, puesto que al no existir trabajadores desempeñando servicios en su interior no se justifica cuál seria el objeto licito del mismo. Cuestión distinta es que se pidieran otras medidas concretas para garantizar, en tal situación, los derechos de información y de reunión en los términos de los artículos 64 ó 77 a 81 del Estatuto de los Trabajadores , lo que deberla justificarse en concreto y sobre lo cual ahora no cabe resolver nada.
¿Ante la falta del cumplimiento de la ejecución provisional por la empresa cabe apreciar temeridad o imposición de costas?
La Sala no aprecia temeridad alguna. En este contexto es imposible apreciar una temeridad cuando se sostienen interpretaciones razonables de las normas, aunque no sean compartidas por la Sala, máxime cuando la propia interpretación de la propia Sala habrá de ser validada o corregida, en su caso, por el Tribunal Supremo. Un problema de ejecución provisional como el que aquí se suscita y que en el ámbito del despido individual puede en gran parte estar resuelto por doctrina previa, plantea numerosas incógnitas interpretativas para las partes y para los órganos judiciales al llegar al ámbito del despido colectivo.
La imposición de costas a la parte ejecutada, como en el caso de la ejecución definitiva, costas que se imponen de oficio por el órgano judicial, sin necesidad de solicitud de la parte ejecutante. Dichas costas han de imponerse a la parte ejecutada que deja de cumplir sus obligaciones dimanantes de la sentencia de manera voluntaria, obligando a la parte ejecutante a solicitar la tutela judicial y siguen un criterio objetivo, lo que determina la irrelevancia a esos efectos de la apreciación o no de la temeridad.
En el ámbito social la imposición de las costas de la ejecución está expresamente prevista en la ejecución definitiva (artículos 239, 247, 251, 268 y 269 de la Ley de la Jurisdicción Social), no aplicándose el plazo civil de espera para la ejecución, pero excluyéndose de costas el caso (articulo 239.3 de la Ley) en el que la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el titulo (incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales si procedieran), dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el titulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el titulo ejecutivo fuese exigible.
Entiende esta Sala, que si procede la imposición de costas en la ejecución provisional con arreglo a un criterio objetivo basado en la falta de cumplimiento voluntario, pero que, siendo aplicables las garantías de la ejecución definitiva (articulo 304.1 de la Ley de la Jurisdicción Social), tal imposición de costas tiene, por una parte, los limites del articulo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción citados y, por otra, en el caso de las ejecuciones colectivas del articulo 247, la letra e del número 1, se excluye expresamente la imposición de costas el supuesto en el que se produzca avenencia entre las partes en el trámite de individualización, probablemente como forma de promover tal avenencia. Por tanto las costas habrán de imponerse a la parte ejecutada, según un criterio objetivo, solamente si, al no producirse avenencia en dicho trámite, la ejecución provisional hubiera de continuar en todo o en parte.
Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@hotmail.com
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Calendario de días inhábiles para la Administración general del Estado 2015
Calendario de días inhábiles para la Administración del Estado 2015
Ya han sido publicados los días inhábiles para la Administración general del Estado para el año 2015. Os facilito el enlace del BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12292.pdf
Para consultar el calendario de fiestas laborales del 2015 puedes informarte en la siguiente entrada:http://blog-ellaboralista.blogspot.com.es/search/label/Calendario%20de%20fiestas%20laborales
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La interrupción de la prescripción por la labor inspectora de la Inspección de trabajo
Sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo social de 29 de octubre de 2014
La interrupción de la prescripción por la actuación de la inspección de trabajo: una de las cuestiones a resolver en el presente recurso es la posible interrupción de la prescripción por la labor inspectora de la Inspección de trabajo y Seguridad social (ITSS).
Conforme a los hechos fácticos reconocidos en Sentencia, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que desde los hechos que se alegan como vulneración del derecho fundamental (vulneración del Dº a la huelga) y que obligarían a su reparación y el momento en que se interpone la demanda, el 28 de junio de 2014, ha transcurrido más de un año, que es el plazo de prescripción aplicable, en virtud del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores , para las acciones laborales, así como para las acciones de reclamación de daños y perjuicios en el artículo 1968 del Código Civil .
En palabras del Tribunal Constitucional : "Los derechos fundamentales, que establecen una relación jurídica entre cada ciudadano y el Estado desde el reconocimiento de aquéllos en la Constitución, son permanentes e imprescriptibles... Ello es compatible, sin embargo, con que para reaccionar frente a cada lesión concreta que cada ciudadano entienda haber recibido contra ese o cualquier otro derecho fundamental, el ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción (cuya prescripción en modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura), sino que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación".
Por lo que no cabe confundir la imprescriptibilidad del derecho fundamental, en este caso el de huelga, que no se ha puesto en cuestión, con la prescripción de las acciones para reclamar contra una concreta lesión del mismo, como la que aquí nos ocupa, resultando que habiendo finalizado la conducta lesiva el día 28 de mayo de 2013, ese ha de ser el dies a quo para el cómputo de la prescripción, el cual habría transcurrido en la fecha de interposición de la demanda, el 28 de junio de 2014.
La parte actora alega que las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente actuación inspectora interrumpen la prescripción de la acción, debiendo tomarse como dies a quo el día en que finalizaron las correspondientes actuaciones inspectoras.
La empresa por su parte alega que las denuncias presentadas por el sindicato CC.OO. son anteriores en más de un año a la interposición de la demanda, lo que es igualmente cierto.
Si atendiésemos solamente a las denuncias y no a la actuación inspectora, la prescripción jugaría aquí igualmente. Pero la parte actora no imputa el efecto interruptivo de la prescripción a las denuncias, sino a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social .
Pues bien, en principio la actuación inspectora, por su propia naturaleza, va dirigida a determinar la existencia de una infracción administrativa o de una deuda de Seguridad Social susceptible de liquidación, pero no directamente al reconocimiento de derechos y ejecución de los mismos, puesto que esta segunda función es de naturaleza judicial. Por ello la actuación inspectora interrumpe la prescripción de las infracciones administrativas y de las deudas con la Seguridad Social, pero no de los derechos de los trabajadores que pudieran estar relacionados con dichas infracciones y/o cotizaciones. Existen sin embargo dos excepciones:
a) La primera es la regulada en el artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social , donde después de regular la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, se añade en su párrafo segundo que dicha prescripción se interrumpe "por las causas ordinarias del artículo 1.973 del Código Civil y, además, por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate". Por consiguiente la prescripción de los derechos prestacionales de Seguridad Social sí queda interrumpida por la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta excepción no concurre en este caso, dado que no nos encontramos ante una reclamación de prestaciones de Seguridad Social, sino ante una tutela de derecho fundamental de huelga, ajena al ámbito del artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social .
b) La segunda es la resultante del ejercicio por parte de la Inspección de Trabajo de su facultad de reclamar judicialmente, en favor de las víctimas de la infracción, los perjuicios económicos derivados de la infracción, al amparo del artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social y 6.1, 14.3 y 21.4 del Reglamento de procedimiento aprobado por Real Decreto 928/1998. En estos casos la interrupción del plazo prescriptivo del derecho se refiere exclusivamente a la indemnización de los perjuicios económicos producidos por la infracción, pero no a otros eventuales derechos de los trabajadores, ya que lo único que la Administración puede reclamar a partir de su actuación es tal indemnización de perjuicios, careciendo de legitimación legal para reclamar otros derechos distintos en favor de terceros. Se trataría de actuar sobre los mismos hechos (la sustitución de trabajadores huelguistas), determinando la existencia de una conducta empresarial ilícita, por ser contraria al derecho de huelga y, a consecuencia de la misma y para su reparación, la reclamación como perjuicio económico en favor de los perjudicados, por la vía de una demanda de oficio del artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social, del abono de una indemnización, que es precisamente lo que se reclama en el suplico de la demanda rectora de los presentes autos.
Por tanto en este caso materialmente la actuación inspectora podría haber interrumpido la prescripción de la acción para la reclamación de la tutela del derecho y la correspondiente indemnización. Lo que ha de resolverse es si la interrupción de la prescripción en estos supuestos se produce por la extensión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del acta de infracción con estimación de perjuicios económicos o, por el contrario basta con que se produzca una actuación inspectora sobre los mismos hechos .
Pues bien, en esta alternativa interpretativa la Sala opta por considerar que la actuación inspectora sobre unos hechos, de la cual pueda derivarse potencialmente la extensión de un acta de infracción con estimación de perjuicios, produce la interrupción de la prescripción de la acción del perjudicado para reclamar judicialmente la indemnización de los daños y perjuicios derivados de esos mismos hechos y ello con independencia de que las actuaciones inspectoras se hayan iniciado o no por denuncia del interesado, de los sujetos que hayan sido objeto de investigación inspectora por esos hechos y de cuál sea el resultado final de las actuaciones inspectoras.
De lo anterior resulta que cuando están en curso actuaciones inspectoras de indagación e investigación sobre unos hechos que puedan haber acaecido y cuya ilicitud haya de determinarse, siendo posible que concluidas las actuaciones la Inspección pueda reclamar de oficio la indemnización de los perjuicios económicos, no es exigible que el interesado haya de buscar por sí mismo la prueba de los hechos e iniciar un proceso judicial de reclamación de los perjuicios que pueda discurrir en paralelo a la actuación inspectora e incluso al posterior procedimiento de oficio (al cual debería acumularse en su caso la demanda individual: artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Social). Dado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra realizando actuaciones sobre los hechos de las que puede derivar la reclamación y que tal reclamación puede ser realizada por la propia Administración Laboral a través del procedimiento de oficio, ejercitando la acción en favor de los perjudicados, no puede hablarse de abandono o dejación del ejercicio del derecho, que es lo que constituiría el fundamento de la prescripción. Como ocurre en el artículo 43.2 de la Ley General de la Seguridad Social , que expresa un principio ordenador del sistema de Inspección de Trabajo español, si la satisfacción del derecho del trabajador puede resultar, sin necesidad de acción de éste, de la propia actuación inspectora, entonces ésta, por su mero desarrollo, interrumpe la prescripción de la acción para su reclamación, al estar justificado que el perjudicado espere el resultado de dichas actuaciones para ejercitar sus acciones. Y sin que ello suponga una situación de especial inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción en el Derecho del Trabajo es ciertamente breve en relación con los ordinarios aplicables en materia civil y que la actuación inspectora no puede estar abierta sine die, sino que, como ya dijimos anteriormente, tiene unos plazos de caducidad, ordinariamente de nueve meses, regulados en el artículo 14.2 de la Ley 42/1997 , ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de manera que transcurridos los mismos sin que hubiera recaído resolución el plazo de prescripción se reanudaría.
Por consiguiente la Sala desestima la excepción de prescripción de la acción.
RESUMEN: Habiéndose iniciado la actuación inspectora dentro del término de un año de la prescripción, habría interrumpido la prescripción y el cómputo no se volvería a iniciar hasta la terminación de dicha actuación, de forma expresa o por caducidad en los términos legalmente previstos, al superarse los plazos regulados en el artículo 14.2 de la Ley 42/1997 , ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Fecha de Resolución: 29/10/2014
Recurso: 230/2014
Procedimiento: Tutela de Derechos Fundamentales
Primero.- Según consta en autos, el día 28 de julio de 2014 se presentó demanda por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (CC.OO) y la Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT)contra Liberbank S.A. y Banco Castilla-La Mancha S.A., sobre tutela de derechos fundamentales.
Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 22 de octubre de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio.
Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Cuarto . -Las partes demandantes se ratificaron en su demanda, exponiendo los representantes procesales de las mismas los motivos que fundan sus pretensiones. Se opusieron a la estimación de la pretensión las partes demandadas, por los motivos que igualmente argumentaron, alegando en primer lugar las excepciones de prescripción y defectos formales en la demanda por insuficiencia de los hechos de la misma. Intervino el Ministerio Fiscal. Todo ello en los términos que resultan del acta del juicio y de la grabación de la vista oral.
Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes:
-Se han levantado 3 actas de Inspección. -Se niega que se sustituyera a trabajadores huelguistas. - Se admite que se ha podido atender a clientes indistintamente como práctica habitual en las oficinas. -Una trabajadora en Barcelona prestaba servicios en varias oficinas. -La participación de los huelguistas fue de 5000 trabajadores en 1100 oficinas, 1996 el día 8.5.13, 1481 el 27.5.13, y 1418 el 27.5.13. -Se discute la cuantía indemnizatoria por no darse bases para su calculo.
-La papeleta de conciliación ante el SIMA solo por CC.OO el 25.6.14. -Hubo varias denuncias ante la Inspección de Trabajo el 20.5.13 y 7.6.13 en Albacete, 12.6.13 en Toledo, el 21.6.13 en Oviedo el 12.6.13 en Barcelona. -La finalidad de la huelga era que se admitiera por la empresa la propuesta de la parte social del último día del periodo de consultas del ERTE. Se llega ha acuerdo el 25.6.13.
PRIMERO .- Liberbank S.A. y Banco Castilla-La Mancha S.A. iniciaron un procedimiento de consultas con los representantes de los trabajadores para la suspensión de contratos de trabajo y reducciones temporales de jornada, al amparo del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores , finalizando el mismo sin acuerdo el día 8 de mayo de 2013, de manera que la empresa adoptó unilateralmente las medidas objeto del procedimiento de consultas. Contra dichas medidas los sindicatos demandantes convocaron una huelga en todos los centros de trabajo de ambas mercantiles para los días 8, 27 y 28 de mayo de 2013.
SEGUNDO .- El día 20 de mayo de 2013 CC.OO. presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo de Albacete alegando que durante la jornada de huelga del día 8 de mayo de 2013 se habían producido algunas sustituciones de trabajadores en huelga por medidas de movilidad interna dentro de la empresa en varias sucursales de la provincia (descriptor 2). El 11 de febrero de 2014 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete emitió informe señalando que se habían constatado sustituciones de trabajadores en huelga en diversos centros de trabajo de la provincia por los de otros centros de trabajo el indicado día 8 de mayo de 2013, iniciando un procedimiento administrativo sancionador (descriptor 3).
El 7 de junio de 2013 presentó nueva denuncia por hechos similares producidos durante las jornadas de huelga de los días 27 y 28 de mayo de 2013 (descriptor 4). El 11 de febrero de 2014 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete emitió también un segundo informe señalando que se habían constatado sustituciones de trabajadores en huelga en diversos centros de trabajo de la provincia por los de otros centros de trabajo también los días 27 y 28 de mayo de 2013, iniciando procedimiento administrativo sancionador (descriptor 5).
El 21 de junio de 2013 el sindicato CC.OO. presentó denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Toledo alegando que durante las jornadas de huelga de los días 8, 27 y 28 de mayo de 2013 se habían producido algunas sustituciones de trabajadores en huelga por medidas de movilidad interna dentro de la empresa en varias sucursales de la provincia (descriptor 6). El 19 de noviembre de 2013 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo emitió informe señalando que se habían constatado las sustituciones de trabajadores en huelga en diversos centros de trabajo de la provincia por otros trabajadores del mismo o diferentes centros de trabajo durante dichos días de huelga, extendiendo acta de infracción (descriptor 7).
El 21 de junio de 2013 el sindicato CC.OO. presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias alegando que durante las jornadas de huelga de los días 27 y 28 de mayo de 2013 se habían producido algunas sustituciones de trabajadores en huelga por medidas de movilidad interna dentro de la empresa en varias sucursales del Principado (descriptor 8). El 16 de octubre de 2013 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias emitió informe señalando que se habían constatado las sustituciones de trabajadores en huelga en diversos centros de trabajo del Principado por trabajadores de otros centros de trabajo, extendiendo acta de infracción (descriptor 9).
El 14 de junio de 2013 el sindicato CC.OO. presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona alegando que durante la jornada de huelga del día 28 de mayo de 2013 se había producido la sustitución de trabajadores en huelga por medidas de movilidad interna dentro de la empresa en una sucursal de la provincia (descriptor 10). El 4 de noviembre de 2013 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona emitió informe señalando que se habían constatado la sustitución denunciada y que se había iniciado procedimiento sancionador (descriptor 9).
TERCERO.- Con motivo del día de huelga de 8 de mayo de 2013 la empresa sustituyó en la provincia de Albacete a trabajadores huelguistas de varios centros de trabajo por trabajadores de otros centros que no estaban en huelga (descriptor 3). Lo mismo ocurrió los días de huelga de 27 y 28 de mayo de 2013 en la misma provincia de Albacete, resultando que además de sustituir a trabajadores huelguistas por trabajadores que no hacían huelga de otros centros de trabajo, también sustituyó a trabajadores huelguistas por trabajadores del mismo centro de trabajo con categoría profesional diferente (descriptor 5).
El 27 de mayo de 2013 en la oficina urbana 10 de Toledo, como consecuencia de la huelga quedaron únicamente en la oficina sin seguir la huelga la directora de la sucursal y dos becarios, pasando la directora a realizar las funciones de caja, a pesar de que dichas funciones no las realizaba habitualmente, siendo cubiertas ordinariamente por dos trabajadores que ese día estaban siguiendo la huelga. El mismo día en la urbana 5 de Toledo, como consecuencia de la huelga quedaron únicamente en la oficina sin seguir la huelga la directora de la sucursal y una comercial, pasando ambas a realizar las funciones de caja, a pesar de que dichas funciones no las realizaban habitualmente, siendo cubiertas ordinariamente por trabajadores que ese día estaban siguiendo la huelga (estaban en huelga cuatro trabajadores de la oficina). El mismo día en la oficina 33 de Talavera de la Reina hicieron huelga los trabajadores que habitualmente atendían la caja (había ocho trabajadores en huelga), pasando a sustituirles el subdirector de la oficina y un gestor de empresas que ordinariamente no hacen esas tareas, hasta que la empresa mandó otro trabajador no huelguista de otra oficina para atender las mismas (descriptor 7).
Los días 27 y 28 de mayo de 2013 en el Principado de Asturias la empresa sustituyó a los trabajadores huelguistas de los centros de trabajo de Montevil, Carretera Carbonera, Viesques y El Bibio por trabajadores desplazados de otros centros de trabajo (descriptor 9).
Los días 8 y 28 de mayo de 2013 la empresa desplazó a la oficina de la localidad de Gavá (Barcelona) a una trabajadora volante que presta servicios habitualmente en las oficinas de Castelldefels, Viladecans y Gavá, siendo desplazada a esta última esos días expresamente para atender la caja, ante la huelga del trabajador que habitualmente desempeña esa función. Antes de la huelga y durante el año 2013 la trabajadora solamente había prestado servicios en Gavá dos veces para reforzar en caja, los días 15 de enero y 3 de mayo. Con posterioridad a la huelga y hasta la actuación inspectora, el 10 de octubre de 2013, la trabajadora no volvió a prestar servicios en dicha oficina (descriptor 11).
CUARTO.- Tras la adopción unilateral de las medidas al amparo del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores , las empresas demandadas mantuvieron una negociación con los sindicatos UGT y CC.OO. y el día 25 de junio de 2013 se formalizó en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje un acuerdo entre la empresa y las secciones sindicales de CCOO y UGT, mientras que las demás secciones sindicales se opusieron a la suscripción del mismo.
PRIMERO .- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se expresa que los hechos declarados probados se han deducido de las pruebas siguientes:
El ordinal primero no es controvertido.
El ordinal segundo resulta de los descriptores que se indican en cada caso.
El ordinal tercero resulta de los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se citan por el número de descriptor, cuyo contenido fáctico se tiene como probado al haber sido constatado por los funcionarios actuantes y no haberse desvirtuado durante el acto del juicio. Hay que advertir al respecto que, aunque las resoluciones administrativas hayan sido recurridas e incluso si hubieran sido anuladas por las autoridades laborales (otra cosa serían sentencias judiciales firmes que pudieran desplegar efecto positivo de cosa juzgada de cara al presente litigio), las mismas siguen constituyendo prueba de los hechos en tanto en cuanto no q ueden desvirtuados por prueba en contrario ( disposición adicional cuarta, número dos, de la Ley 42/1997 , ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y tales hechos han de ser objeto de calificación jurídica por esta Sala de forma autónoma y no condicionada por el sentido de las resoluciones administrativas, a cuyo sentido no está vinculada.
El ordinal cuarto no es controvertido, siendo además un dato notorio para esta Sala que en su sentencia de 14 de noviembre de 2013 (procedimiento 320/2013) debió pronunciarse sobre el mismo, siendo partes en aquel proceso todos quienes lo son hoy en el actual.
SEGUNDO . - Se ha cuestionado de oficio la Sala su propia competencia en este caso, dando traslado de dicha cuestión a las partes y al Ministerio Fiscal durante el acto del juicio. Conforme al artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Social, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente en materia de demandas de tutela del derecho fundamental de huelga cuando la vulneración de dicho derecho fundamental extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. Para determinar los efectos territoriales de una conducta vulneradora del derecho fundamental es preciso de manera previa e inexcusable delimitar cuál sea esa conducta. Y desde este punto de vista no pueden considerarse como una única conducta un conjunto de hechos diferentes y no relacionados unos con otros, puesto que la agrupación artificiosa de diversos hechos ocurridos en diferentes lugares del territorio español no permitiría trasladar sin más la competencia a la Audiencia Nacional. Para que ésta sea competente sería preciso establecer que existe una unidad de la conducta invocada como vulneradora del derecho fundamental, de manera que esa única conducta produzca efectos en distintos lugares. Y para determinar que existe esa unidad, cuando lo que existen son acontecimientos diferentes, producidos en diversos momentos y lugares, es preciso inducir que detrás de tales acontecimientos existe una única decisión, una sola intención o un plan unitario de la dirección de la empresa. En caso contrario estaríamos ante conductas o hechos diversos, cada uno de los cuales pudiera constituir en su caso una vulneración singular del derecho fundamental diferente a la producida por otros hechos y lo que correspondería sería que la tutela fuera solicitada ante los órganos judiciales territorialmente competentes y de forma separada para cada una de las diferentes conductas que se alegan.
En este caso no existiría, prima facie, tal unidad, dado que el elemento fundamental del que parte la demanda de tutela consiste en unas actuaciones inspectoras diferenciadas por provincias, cada una de las cuales da lugar a un procedimiento sancionador separado, de manera que las actas de infracción extendidas recogen el conjunto de hechos constatados en cada provincia y darían lugar por ello a sanciones separadas en cada provincia. Es más, el propio sindicato que presenta las denuncias se dirige separadamente a cada una de las Inspecciones Provinciales de Albacete, Toledo, Asturias y Barcelona y solamente en la denuncia presentada ante esta última incluye, dentro de la súplica de la denuncia, la petición expresa de que "se traslade el conocimiento de hechos a la Dirección Especial de Inspección y Seguridad Social (sic)", todo ello "sin perjuicio de la actuación que corresponda al ámbito provincial". Sin embargo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona actúa autónomamente, sin considerar que los hechos que está investigando y la infracción administrativa que detecta tenga una naturaleza supraprovincial. Todas y cada una de las Inspecciones Provinciales han actuado como órganos inspectores de las Comunidades Autónomas en materia laboral y han tramitado procedimientos sancionadores diferentes en cada provincia, resueltos por diferentes Comunidades Autónomas.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el artículo 58.1.3o del Real Decreto 138/2000 atribuye la competencia para las actuaciones inspectoras "en asuntos de ámbito supraautonómico de competencia de la Administración General del Estado" a la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social adscrita a la Autoridad Central. Por otra estamos ante materia laboral, cuya competencia ejecutiva está atribuida estatutariamente a todas las Comunidades Autónomas en aplicación del artículo 149.1.7 de la Constitución Española (con la excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla). En tanto en cuanto estemos ante infracciones diferentes, no podría cuestionarse la competencia de cada Comunidad Autónoma para la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. Pero si estuviésemos ante una única infracción con efectos supraautonómicos habría que preguntarse si ello determina la atribución competencial a la Administración General del Estado. No hay que olvidar que reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional (en sentencias como 323/94 , fundamento jurídico 4o, 243/1994 , fundamento jurídico 9o, 106/1995, fundamento jurídico 19o e incluso la sentencia de 28 de noviembre de 1996 sobre la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su fundamento jurídico 14o), que el hecho de que un acto administrativo de una Comunidad Autónoma vaya a tener incidencia más allá del territorio de esa Comunidad no implica sin más que la competencia para adoptar dicho acto administrativo se traslade al Estado, salvo que la Constitución así lo determine o bien que, precisamente por estos efectos supraautonómicos, solamente pueda garantizarse la eficacia en la ejecución de la correspondiente potestad mediante la adecuada ponderación de los intereses generales si la resolución es adoptada por el Estado.
Pero ni siquiera la atribución de competencia ejecutiva a las Comunidades Autónomas sería aquí determinante para concluir que en este caso de varias conductas, puesto que aún cuando la competencia sancionadora fuese autonómica, si la conducta infractora fuera única no sería posible jurídicamente que cada una de las Comunidades Autónomas a cuyos territorios se extiendan los efectos de la infracción pueda tramitar su propio procedimiento sancionador distinto y compatible con los de las demás. Ante una conducta infractora única habría que tramitar un único procedimiento sancionador e imponer una única sanción, debiendo en ese caso acudirse, si la competencia fuera autonómica, a las normas estatales o los principios que de ellas se deduzcan para determinar a cuál de las diferentes Comunidades le correspondería la competencia o si, precisamente por los efectos supraautonómicos, tal competencia ha de pasar a la Administración General del Estado. Por consiguiente si se tramitan diversos procedimientos sancionadores no puede ser porque existan diversas Comunidades Autónomas (sin olvidar que Albacete y Toledo forman parte de la misma Comunidad), sino porque existen conductas infractoras diferentes. Y en este sentido lo cierto es que la actuación administrativa, tal y como ha sido estructurada a partir de las denuncias presentadas por CC.OO., ha iniciado al menos cuatro procedimientos sancionadores diferentes, uno por cada provincia en las que se ha producido la actuación, lo que implica que considera que existen al menos cuatro conductas infractoras diferentes, cada una con su correspondiente procedimiento sancionador y, eventualmente, su correspondiente sanción. Teniendo en cuenta además que el artículo 16 del Reglamento de procedimiento aprobado por Real Decreto 928/1998 obliga a acumular en un único acta de infracción y procedimiento sancionador las infracciones correspondientes a la materia laboral resultantes de una misma actuación inspectora, sería incluso posible que se viniese a considerar que cada una de las sustituciones perpetradas constituye una infracción distinta o se vengan a acumular las infracciones cometidas de diferente manera, según cómo hubiera de interpretarse en este caso el "concurso de infracciones", materia análoga al "concurso de delitos" que, a diferencia del Código Penal, no ha merecido la atención del legislador de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a pesar de su relevancia práctica.
Por tanto si, en congruencia con las actuaciones administrativas que soportan la demanda y la causa de pedir, partimos de que han existido al menos cuatro conductas distintas y separadas vulneradoras del derecho fundamental y que cada una de ellas tiene como ámbito territorial de efectos propio, como mucho, la provincia, su agrupación a efectos de la presente demanda sería una forma artificiosa de llevar la competencia a la Audiencia Nacional en detrimento de los órganos judiciales territorialmente competentes. No debemos olvidar que los eventuales recursos que puedan interponerse en materia sancionadora, al tratarse de expedientes tramitados por las diferentes Comunidades Autónomas, habrán de ser resueltos, conforme a los artículos 6.2, 7.b, 10.4 y 11.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, por los Juzgados de lo Social y Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las correspondientes Comunidades Autónomas.
Lo anterior explica que, prima facie, no parezca que estemos ante una única conducta infractora empresarial de efectos supraautonómicos que justifique la competencia de esta Sala. Sin embargo, tras las alegaciones de las partes y muy expresamente de la empresa en el acto del juicio, la resolución que va a dictar esta Sala es favorable a su propia competencia. Y ello es así porque, en primer lugar, aunque estamos ante una multiplicidad de hechos presuntamente vulneradores del derecho fundamental de huelga, aparecen dos elementos aglutinadores que justifican que se aprecie que los mismos corresponden a una única conducta empresarial, con ámbito supraautonómico. El primer elemento aglutinador es el hecho de que todas las sustituciones producidas se refieren a la misma convocatoria de huelga y en los mismos días. Y, el segundo y esencial, es que la propia empresa durante el acto del juicio ha manifestado que las sustituciones se han producido en virtud de una consideración unitaria de la dirección de la empresa en el sentido de que eran lícitas, durante la huelga, determinadas medidas de movilidad como las que se le imputan, por cuanto los trabajadores no huelguistas no han desarrollado otras funciones distintas a las que habitualmente pueden asumir, ni lo han hecho fuera del ámbito de movilidad territorial que tienen asignado habitualmente. Esta apreciación es además congruente con lo sucedido, dado que la misma o semejante forma de proceder se ha repetido en diversos centros de trabajo en provincias diferentes, lo que lleva a esta Sala a valorar la prueba en el sentido de que se debe a una decisión unitaria y centralizada en el sentido de proceder a las sustituciones, no siendo por el contrario creíble que la reiteración de hechos iguales y su dispersión geográfica se deba a la casualidad y a una pluralidad separada de decisiones aisladas de los directores de las sucursales. Por tanto el conjunto de sustituciones producidas no son hechos aislados unos de otros, sino el resultado, que se expresa en distintas partes del territorio, de una política unitaria de la empresa ante la misma convocatoria de huelga. Existe por ello una única conducta, derivada de una unidad subyacente de la misma y, por tanto, una única vulneración (si así se declarase) del mismo derecho fundamental, con efectos supraautonómicos. Y, por ello, esta Sala viene a declararse competente para el enjuiciamiento de la demanda.
TERCERO . - Entrando por tanto a conocer de las excepciones planteadas, analizaremos en primer lugar la excepción de prescripción, cuya eventual estimación llevaría a obviar el resto de las cuestiones debatidas.
En este sentido hay que tener en cuenta, en primer lugar, que desde los hechos que se alegan como vulneración del derecho fundamental y que obligarían a su reparación y el momento en que se interpone la demanda, el 28 de junio de 2014, ha transcurrido más de un año, que es el plazo de prescripción aplicable, en virtud del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores , para las acciones laborales, así como para las acciones de reclamación de daños y perjuicios en el artículo 1968 del Código Civil .
Frente a ello se alega en primer lugar la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales, pero esa doctrina del Tribunal Constitucional se resume en el fundamento jurídico tercero de su sentencia no 7/1983, de 14 de febrero , de la siguiente manera:
"Los derechos fundamentales, que establecen una relación jurídica entre cada ciudadano y el Estado desde el reconocimiento de aquéllos en la Constitución, son permanentes e imprescriptibles... Ello es compatible, sin embargo, con que para reaccionar frente a cada lesión concreta que cada ciudadano entienda haber recibido contra ese o cualquier otro derecho fundamental, el ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción (cuya prescripción en modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura), sino que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación".
En segundo lugar se nos dice que las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente actuación inspectora interrumpen la prescripción de la acción, debiendo tomarse como dies a quo el día en que finalizaron las correspondientes actuaciones inspectoras, en cuyo caso no habría transcurrido el plazo de prescripción, independientemente de cuál de entre todas las actuaciones inspectoras sea la que se invoque como referencia, ya que son varias y con diversas fechas de terminación.
La empresa alega que las denuncias presentadas por el sindicato CC.OO. (que, por otra parte, no beneficiarían en este punto al otro actor, no denunciante) son anteriores en más de un año a la interposición de la demanda, lo que es igualmente cierto. Si atendiésemos solamente a las denuncias y no a la actuación inspectora, la prescripción jugaría aquí igualmente, dado que, incluso si le diésemos a tales denuncias ese efecto interruptivo de la prescripción de la acción, la última de las denuncias se interpuso el 21 de junio de 2013, con más de un año de antelación a la presentación de la demanda. Pero la parte actora no imputa el efecto interruptivo de la prescripción a las denuncias, sino a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que, si así se admite, sería independiente de que dicha actuación se hubiese desarrollado a partir de denuncia o de otra manera, dentro de las posibilidades reguladas en el artículo 52.1.a de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social . Habiéndose iniciado la actuación inspectora dentro del término de un año de la prescripción, habría interrumpido la prescripción y el cómputo no se volvería a iniciar hasta la terminación de dicha actuación, de forma expresa o por caducidad en los términos legalmente previstos, al superarse los plazos regulados en el artículo 14.2 de la Ley 42/1997 , ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
a) La primera es la regulada en el artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social , donde después de regular la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, se añade en su párrafo segundo que dicha prescripción se interrumpe "por las causas ordinarias del artículo 1.973 del Código Civil y, además, por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate". Por consiguiente la prescripción de los derechos prestacionales de Seguridad Social sí queda interrumpida por la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con los mismos, habiendo sido interpretada dicha interrupción por parte de la jurisprudencia en términos ciertamente amplios, por ejemplo en relación con los recargos por vulneración de normas de prevención de riesgos laborales (ver sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2009, RCUD 2400/2008 , 9 de octubre de 2006, RCUD 3278/2005 ó 18 de enero de 2010, RCUD 3594/2008 ). Esta excepción no concurre en este caso, dado que no nos encontramos ante una reclamación de prestaciones de Seguridad Social, sino ante una tutela de derecho fundamental de huelga, ajena al ámbito del artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social .
b) La segunda es la resultante del ejercicio por parte de la Inspección de Trabajo de su facultad de reclamar judicialmente, en favor de las víctimas de la infracción, los perjuicios económicos derivados de la infracción, al amparo del artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social y 6.1, 14.3 y 21.4 del Reglamento de procedimiento aprobado por Real Decreto 928/1998. Se trata de un supuesto análogo a la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito o falta en vía penal, en este caso la derivada de una infracción administrativa, que se inserta de esta manera en el procedimiento sancionador cuando el acta de infracción contiene la estimación de los perjuicios económicos en los términos previstos en las indicadas normas, con los requisitos de las demandas. En estos casos la interrupción del plazo prescriptivo del derecho se refiere exclusivamente a la indemnización de los perjuicios económicos producidos por la infracción, pero no a otros eventuales derechos de los trabajadores (con la excepción de los derechos prestacionales de la Seguridad Social a los que es aplicable el artículo 43.2 de la Ley General de la Seguridad Social en los términos vistos), ya que lo único que la Administración puede reclamar a partir de su actuación es tal indemnización de perjuicios, careciendo de legitimación legal para reclamar otros derechos distintos en favor de terceros, por lo que la prescripción de estos otros derechos no puede interrumpirse por la actuación administrativa, a la que no puede conferirse valor de reclamación de los mismos. Ocurre que en este caso la actuación inspectora, si hubiese culminado en acta de infracción con estimación de perjuicios económicos, presentaría una coincidencia sustancial con lo que es objeto de la demanda. Se trataría de actuar sobre los mismos hechos (la sustitución de trabajadores huelguistas), determinando la existencia de una conducta empresarial ilícita, por ser contraria al derecho de huelga y, a consecuencia de la misma y para su reparación, la reclamación como perjuicio económico en favor de los perjudicados, por la vía de una demanda de oficio del artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social, del abono de una indemnización, que es precisamente lo que se reclama en el suplico de la demanda rectora de los presentes autos.
Por tanto en este caso materialmente la actuación inspectora podría haber interrumpido la prescripción de la acción para la reclamación de la tutela del derecho y la correspondiente indemnización. Lo que ha de resolverse es si la interrupción de la prescripción en estos supuestos se produce por la extensión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del acta de infracción con estimación de perjuicios económicos (que, no lo olvidemos, se notifica al sujeto responsable de la infracción y, por tanto, constituye desde su extensión una reclamación extrajudicial de los daños y perjuicios derivados de la infracción) o, por el contrario basta con que se produzca una actuación inspectora sobre los mismos hechos de la que pueda potencialmente resultar la extensión de un acta de infracción con estimación de perjuicios económicos. Si la interpretación correcta fuese la primera, ello llevaría en este caso a estimar la excepción de prescripción, dado que no consta que la Inspección de Trabajo extendiera las actas de infracción que se han considerado probadas con estimación de perjuicios económicos, esto es, precisando la concreta pretensión de condena que se pide del órgano jurisdiccional, con expresión de los perjuicios estimados o de las bases para la determinación de la indemnización correspondiente, así como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios (artículo 149.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Pues bien, en esta alternativa interpretativa esta Sala opta por considerar que la actuación inspectora sobre unos hechos, de la cual pueda derivarse potencialmente la extensión de un acta de infracción con estimación de perjuicios, produce la interrupción de la prescripción de la acción del perjudicado para reclamar judicialmente la indemnización de los daños y perjuicios derivados de esos mismos hechos y ello con independencia de que las actuaciones inspectoras se hayan iniciado o no por denuncia del interesado, de los sujetos que hayan sido objeto de investigación inspectora por esos hechos y de cuál sea el resultado final de las actuaciones inspectoras. En relación con el artículo 43.2 de la Ley General de la Seguridad Social , ha dicho la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de enero de 2010, RCUD 3594/2008 :
"Con carácter general, como destaca la citada STS/IV 7-julio-2009 , la jurisprudencia unificadora ha proclamado en orden a la interpretación de las normas sobre prescripción, que " cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho [los beneficiarios] y restrictivo de la prescripción, pues la doctrina jurisprudencial -tanto de esta Sala como de la Civil- ha venido reiterando que al ser la prescripción extintiva una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de seguridad jurídica y presunción de abandono del derecho objetivo, por tal razón debe ser objeto de tratamiento cautelar y aplicación restrictiva (en tal sentido, las SSTS 25/11/97 -rcud 887/97 -; y 31/01/06 -rcud 4899/04 -) " (entre otras, STS/IV 2-octubre-2008 -recurso 1964/2007 )".
Hay que tener en cuenta que la exigencia de responsabilidad civil derivada del ilícito administrativo es posible, con carácter general, dentro del procedimiento sancionador administrativo, tal y como dispone el artículo 130.2 de la Ley 30/1992 , de procedimiento administrativo común, que al regular el procedimiento sancionador dice:
"Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente".
A su vez el artículo 22.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto ) dice:
"Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración Pública, la resolución del procedimiento podrá declarar:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción. b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedimiento".
Lo que contiene el artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social es una especialidad propia del procedimiento sancionador de infracciones en el orden social, regulado por el Real Decreto 928/1998, como se ha visto. Esa especialidad es doble:
a) La Administración, al actuar su potestad sancionadora en relaciones de supremacía general, podrá detectar el daño para las víctimas de la infracción (no solamente para la propia Administración) y determinar dicho daño en el procedimiento administrativo sancionador en orden a exigir su reparación, debiendo concretarse siempre en una cantidad de dinero, esto es, en una valoración económica de los perjuicios;
b) Una vez firme la sanción administrativa y concretado en el procedimiento el daño causado, valorado pecuniariamente, la imposición de la obligación de resarcimiento y su ejecución no se lleva a cabo, como ocurriría en el caso del artículo 22 del Reglamento general del procedimiento sancionador (Real Decreto 1398/1993 ), mediante un procedimiento administrativo, sino por la vía del proceso de oficio ante el orden jurisdiccional social previsto en el artículo 148.a de la Ley de la Jurisdicción Social.
Aún con dichas peculiaridades, la actuación sancionadora de la Administración constituye por ello una vía posible para la reparación pecuniaria del daño. Hay que recordar que cuando se trata de la persecución penal de delitos y faltas, el ejercicio en vía penal, incluso por el Ministerio Fiscal, de la acción civil de resarcimiento del daño da lugar a la interrupción de la prescripción en vía social para reclamar dicha indemnización, y ello aunque la vía penal no llegue a reconocer y reparar dicha responsabilidad civil ( sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1998, RCUD 4078/1997 y de 12 de febrero de 1999, RCUD 1494/1998 , e incluso en sentido extensivo de la interrupción de la prescripción, sin existir prejudicialidad penal en sentido estricto, sentencia de 2 de octubre de 2008, RCUD 1964/2007 ). La misma ratio operará cuando la reparación del daño pueda eventualmente surgir de un procedimiento administrativo sancionador.
Por consiguiente se desestima la excepción de prescripción de la acción.
CUARTO .- Alega también la parte demandada la existencia de un defecto en la forma de proponer la demanda por los sindicatos actores que le causaría indefensión, al no explicitar y concretar los hechos en relación con las distintas personas sustituidas, quiénes las sustituyeron, lugar y fecha. Con carácter general esa insuficiencia fáctica no constituiría propiamente una excepción procesal, sino una falta de fundamentación de la demanda que pudiera abocar a la desestimación de la misma. Pero es que en este caso la demanda se sostiene única y exclusivamente sobre los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y reflejados en actas de infracción que han sido notificadas a las empresas demandadas meses antes del inicio del proceso, como claramente resulta de su texto, por lo que, aunque la demanda contenga un resumen de los hechos que en otra situación pudiera ser insuficiente, en este caso, queda correctamente integrado por referencia a las preexistentes actuaciones administrativas, sin que ello cause indefensión alguna a las demandadas, dado que conocen el contenido de esas actas, en el marco de los procedimientos sancionadores incoados contra las mismas, desde meses antes del juicio de este proceso e incluso de la presentación de la demanda.
QUINTO.- Entrando a analizar por tanto el fondo relativo a la vulneración del derecho fundamental de huelga, hemos de comenzar por recordar la normativa y doctrina jurisprudencial al respecto. El concepto de "esquirolaje" comprende cuando menos cuatro círculos distintos de prohibición, por tratarse de conductas contrarias al derecho fundamental de huelga del artículo 28.2 de la Constitución , reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia:
a) En primer lugar el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977 prohíbe a las empresas "sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma". El término de referencia es la empresa, considerada unitariamente, configurándose así el llamado "esquirolaje externo". Esta prohibición se completó, al regularse la puesta a disposición de trabajadores mediante empresas de trabajo temporal, con la contenida en el artículo 8.a de la Ley 14/1994 , que prohíbe celebrar contratos de puesta a disposición para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria, como específica manifestación de dicho esquirolaje externo.
b) En segundo lugar, la Ley 8/1988, de infracciones y sanciones en el orden social, adoptó un enfoque más amplio de la prohibición del esquirolaje, tipificando como infracción muy grave de los empresarios en su artículo 8.10 "los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio". La referencia pasó a ser con ello el centro de trabajo y no la empresa, de manera que lo que se vino a prohibir ya unas medidas de movilidad de los trabajadores entre distintos centros, aún cuando la vinculación a la empresa fuese previa a la huelga. Ese texto ha pasado al actual artículo 8.10 del texto refundido de la citada la Ley de infracciones y sanciones en el orden social , aprobado por Real Decreto-Legislativo 5/2000.
c) En tercer lugar la doctrina del Tribunal Constitucional creó la figura del "esquirolaje interno", esto es, la aplicación de medidas de movilidad funcional de los trabajadores con objeto de sustituir a los huelguistas. Resume el Tribunal Supremo (sentencia de 5 de diciembre de 2012, RCUD 265/2011 ) dicha doctrina diciendo que el "esquirolaje interno" es entendido como la sustitución de los huelguistas por trabajadores de la propia empresa. Aunque ni en el artículo 6.5 ni en ningún otro del Real Decreto-Ley 17/1977 se establece algún tipo de limitación de las facultades empresariales de movilidad funcional, el Tribunal Constitucional ya en su sentencia 123/1992 de 28 septiembre , enfrentado directamente con el "esquirolaje interno", dejó clara esta cuestión, y más recientemente en su sentencia 33/2011, de 28 de marzo , ratificó su doctrina al respecto. Así, en la sentencia 123/1992, de 28 de septiembre , se trató un supuesto en que el empresario cubrió los puestos de trabajo correspondientes a los huelguistas con trabajadores de la propia empresa que no eran huelguistas, que tenían una categoría profesional superior (algunos de ellos eran directivos) y que aceptaron voluntariamente desempeñar esas funciones. El Tribunal Constitucional rechaza una interpretación literal de la norma y adopta otra finalista. Dice el Tribunal Constitucional que la paralización parcial o total del proceso productivo se convierte en un instrumento de presión respecto de la empresa, para equilibrar en situaciones límite las fuerzas en oposición, cuya desigualdad real es notoria. La finalidad última de tal arma que se pone en manos de la clase trabajadora, es el mejoramiento de la defensa de sus intereses. En este diseño, el Real Decreto-ley mencionado más arriba recoge una vieja interdicción tradicional y repudia la figura del «esquirol», expresión peyorativa nacida para aludir al obrero que se presta a realizar el trabajo abandonado por un huelguista, según enseña la Real Academia de la Lengua en su diccionario. El Tribunal Constitucional dice que no cabe amparar esa sustitución de los huelguistas en la potestad directiva de la movilidad funcional porque estos aspectos de la potestad directiva del empresario están imaginados para situaciones corrientes o excepcionales, incluso como medidas de emergencia, pero siempre en un contexto de normalidad con un desarrollo pacífico de la relación laboral, al margen de cualquier conflicto. El derecho de huelga goza de una singular preeminencia por su más intensa protección. La Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el artículo 28. La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores . En la más reciente sentencia 33/2011, de 28 de marzo, el Tribunal Constitucional ratifica la doctrina sentada por la sentencia 123/1992 y recuerda la vinculación del derecho de huelga con el de libertad sindical y con artículo 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido. Dice el Tribunal Constitucional, que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. También la sustitución interna de trabajadores huelguistas, esto es, la que se lleva a cabo mediante trabajadores que se encuentran vinculados a la empresa al tiempo de la comunicación de la huelga, puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio. Finalmente en esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda que, aunque la empresa tenga el derecho a adoptar una posición en contra de la huelga (y se refiere a la huelga general del 20 de junio de 2002 ), y los jefes y directivos de la misma, en virtud de su libertad de trabajo ( artículo 35.1 de la Constitución ), pueden decidir no secundarla, tales derechos no les facultan para realizar o tolerar actuaciones dirigidas a neutralizar y vaciar materialmente de forma sustancial el ejercicio concreto del derecho fundamental de huelga. La utilización de las estructuras de mando para sustituir a los trabajadores huelguistas de categorías inferiores -o, en su defecto, el consentimiento empresarial tácito o la omisión de toda reacción o prevención que impidiera que el acto de sustitución llegara a producirse-, vulnera el artículo 28.2 de la Constitución , al privar a la huelga seguida por los recurrentes de su plena efectividad como medio de presión colectiva".
d) Finalmente el cuarto círculo se ha establecido más recientemente por la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que ha creado la figura del llamado "esquirolaje tecnológico", en sentencias de 11 de junio de 2012 (recurso de casación 110/2011 ) y 5 de diciembre de 2012 (RCUD 265/2011). El Tribunal Supremo ha establecido la doctrina de que no sólo en el supuesto de que se utilicen medios humanos para la sustitución de los trabajadores huelguistas, sino que también se lesiona este derecho cuando tal sustitución se produce mediante la utilización de medios mecánicos o tecnológicos que habitualmente no utiliza, con el objeto de mantener su actividad, puesto que con ello priva materialmente a los trabajadores de su derecho fundamental, vaciando su contenido esencial. En definitiva, no cabe el uso de las prerrogativas empresariales, aún amparadas en la libertad de empresa, para impedir la eficacia del derecho de huelga, y ello por la propia naturaleza de este derecho y también del de libertad de empresa que no incorpora a su contenido facultades de reacción frente al paro.
Pues bien, en este caso de los hechos probados resulta que se han ejercitado medidas de movilidad por parte de la empresa en los supuestos que allí expresamente se consignan para sustituir a trabajadores que ejercían el derecho de huelga y con la finalidad de mantener, a pesar de la huelga, el funcionamiento de la empresa en las condiciones más próximas a la normalidad posibles. Además resulta, como ya hemos dicho anteriormente en el fundamento segundo, que tales conductas resultan del incorrecto entendimiento por la empresa de que incluso durante la huelga puede adoptar medidas de movilidad no sustanciales, que usualmente puede desarrollar, con objeto de que la ausencia de los trabajadores huelguistas no impida el funcionamiento de las oficinas bancarias, resultado así en una política de empresa vulneradora del derecho de huelga y que se manifestó en diversos lugares del territorio español durante los días de desarrollo de la huelga convocada.
Por tanto la demanda ha de ser estimada en la pretensión relativa a la declaración de que las demandadas han vulnerado el derecho fundamental de huelga de los demandantes.
SEXTO.- De la vulneración del derecho fundamental apreciada deducen los demandantes dos derechos indemnizatorios: uno primero en su favor, en cuanto sindicatos convocantes de la huelga y otro segundo en favor de los concretos trabajadores huelguistas. Es cierto que la huelga, en cuanto derecho fundamental, es ciertamente complejo en cuanto a su titularidad, porque por una parte es un derecho individual de cada trabajador, aunque de ejercicio colectivo ( sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril ), mientras que por otra forma parte de los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical por parte de las organizaciones sindicales. Ambos ámbitos comprenden contenidos y facultades que no son completamente coincidentes, aunque estén relacionados. Por ello una conducta empresarial contraria al derecho de huelga puede vulnerar el derecho concreto de huelga de un trabajador o de unos concretos trabajadores y, a la vez, el derecho a la actividad sindical de un determinado sindicato manifestado en la convocatoria y ejercicio de la huelga. Pero puede ocurrir que una determinada conducta solamente vulnere el derecho del sindicato a su actividad y al ejercicio del derecho de huelga, sin manifestarse en una vulneración del derecho de huelga de concretos trabajadores.
Dice el Tribunal Constitucional que el derecho de huelga es un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales. Bajo el régimen legal vigente, según señala el Tribunal Constitucional, son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas «salvajes» o huelgas sin control sindical. Por ello, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que se extiende la huelga.
En este caso estamos ante una huelga sindical, convocada por los dos sindicatos demandantes, que asumen su dirección y el nombramiento del comité de huelga para la negociación con la empresa. En este tipo de huelga el derecho del trabajador individual se manifiesta esencialmente en adherirse o no a la huelga y en la colaboración con las acciones de publicidad de la misma u otras a las que pueda ser convocado por el sindicato. La conducta empresarial consistente en sustituir al trabajador huelguista no impide el derecho a la huelga del trabajador individual, que puede abandonar lícitamente sus funciones siguiendo la convocatoria, sino que afecta exclusivamente a la capacidad colectiva de presión sobre la empresa, al reducir ilegítimamente el impacto de la huelga y el daño sobre la producción de la empresa que constituye su finalidad típica y constitucionalmente protegida. Por tanto en la conducta de esquirolaje en una huelga sindical, el derecho afectado en principio es el de los sindicatos convocantes y no el de cada uno de los concretos trabajadores, en la medida en que a estos no se les impida la adhesión a la huelga y demás facultades inherentes al derecho en su proyección individual. Por consiguiente la única vulneración que puede ser indemnizada de entre las reclamadas es la que afecta a los dos sindicatos convocantes, que son los demandantes. Solamente si se hubiese acreditado que la conducta de la empresa tuvo tal entidad que desactivó y dejó sin efecto ilícitamente la presión asociada al ejercicio de la huelga por los trabajadores, cabría reclamar como compensación que a los trabajadores les fueran reintegrados los salarios perdidos durante la huelga, en la medida en que el sacrificio económico de los mismos hubiera devenido inútil de manera antijurídica. Pero este no es el caso, por lo que no cabe acceder a tal pretensión. Por otro lado no debe olvidarse que las dos centrales sindicales demandantes no ostentan, por el mero hecho de la convocatoria de la huelga, la representación de los trabajadores huelguistas, por lo que difícilmente les puede ser reclamada legitimación activa para pedir en su nombre una indemnización.
Ahora bien, la conducta de la empresa ha vulnerado el derecho colectivo a la huelga de todos los sindicatos convocantes. En cuanto derecho colectivo de acción sindical, la vulneración del derecho en unos concretos centros de trabajo de la empresa no se dirige contra uno de los sindicatos convocantes en concreto, sino que daña a todos los convocantes, con independencia de la afiliación de los concretos huelguistas en un determinado centro, ya que la respuesta a la huelga por cada trabajador se hace al llamamiento conjunto de la misma y no puede imputarse cada huelguista a sindicatos concretos dentro del conjunto de los convocantes. El derecho a la indemnización que se pueda fijar, por tanto, corresponde a todos los sindicatos convocantes, en cuanto titulares del derecho fundamental en concreto vulnerado. Como es propio del derecho de daños, al tratarse de un daño colectivo no individualizable entre todos los acreedores, la titularidad es solidaria, por lo que, conforme a los artículos 1141 y 1142 del Código Civil , cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás y el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios, pero, si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a éste deberá hacer el pago. Todo ello sin perjuicio de las relaciones internas entre los distintos acreedores solidarios, esto es, entre los sindicatos convocantes de la huelga, y las posibles reclamaciones que entre ellos puedan dirigirse en orden a la indemnización que se fije, la cual ha de ser única y responde al daño producido a la convocatoria de huelga en su conjunto y no al concreto sindicato accionante. En este caso, en el que lo que consta probado es que la convocatoria fue realizada por los dos sindicatos demandantes, la indemnización que corresponda ha de ser atribuida solidariamente a ambos, sin que corresponda a esta Sala fijar cuotas entre ellos, puesto que sus relaciones internas en cuanto convocantes de la huelga no son objeto del presente litigio.
SÉPTIMO. - Queda por tanto resolver lo relativo a la cuantificación de la indemnización. Con carácter general, una vez acreditada la vulneración de un derecho fundamental, no puede desestimarse una pretensión indemnizatoria sobre la base de la inexistencia de daños materiales, puesto que la mera vulneración del derecho fundamental ya constituye un daño. Cuando, como en este caso, se ha lesionado un derecho fundamental, si no puede restaurarse en especie el derecho lesionado durante el periodo pasado, tal restauración habrá de hacerse fijando una indemnización. Si se tratase de un derecho de contenido económico el derecho pasado puede ser restaurado con facilidad, como ocurre en general cualquier obligación que pueda cumplirse extemporáneamente, en cuyo caso los eventuales daños podrían cifrarse en el pago de intereses, frutos o rentas o en la compensación de otros daños que se acreditaran. Esto mismo puede ocurrir en el caso de un despido, en el que la institución del despido nulo restaura la relación y sus efectos salariales y de Seguridad Social. Pero hay supuestos en los que el cumplimiento extemporáneo del derecho es imposible en especie, lo que hace necesario acudir a sustituir el mismo por su equivalente pecuniario, a través del mecanismo de la indemnización. Por ello ha de indemnizarse económicamente el derecho lesionado y de imposible restauración en especie, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 247/2006, de 24 de julio .
La doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, recogida últimamente en sentencia de 17 de diciembre de 2013, recurso 109/2012 , nos dice:
"El art. 15 LOLS ... establece, en términos imperativos, que "si el órgano judicial entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical, decretará... la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas" y la LRJS, en desarrollo y concreción de tal norma, tratándose especialmente de daños morales, de difícil determinación y prueba por su propia naturaleza, y acorde con la jurisprudencia constitucional, ha flexibilizado la interpretación que de tales extremos se venía efectuando por un sector de la jurisprudencia ordinaria.
En este sentido, en la LRJS se preceptúa que:
a) "La demanda... deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño , o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador " ( art. 179.3 LRJS ), de donde es dable deducir que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental y que tratándose de daños morales cuando resulte difícil su estimación detallada deberán flexibilizarse, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización ;
b) "La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:... d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183 " ( art. 182.1.d LRJS ), de tal precepto, redactado en forma sustancialmente concordante con el relativo al contenido de la sentencia constitucional que otorgue el amparo ( art. 55.1 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional -LOTC ), se deduce que la sentencia, como establece el citado art. 15 LOLS , debe disponer, entre otros extremos, la reparación de las consecuencias de la infracción del derecho o libertad fundamental incluyendo expresamente la indemnización , con lo que la indemnización forma parte integrante de la obligación de restablecimiento en la "integridad" del derecho o libertad vulnerados;
c) " Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados " ( art. 183.1 LRJS ), se reiteran los principios del deber judicial de pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización , así como de la esencial vinculación del daño moral con la vulneración del derecho fundamental;
d) "El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño " ( art. 183.2 LRJS ), deduciéndose que respecto al daño , sobre cuyo importe debe pronunciarse necesariamente el Tribunal, se atribuye a éste, tratándose especialmente de daños morales ("cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa" y arg. ex art. 179.3 LRJS ), la facultad de determinándolo prudencialmente, así como, con respecto a cualquier tipo de daños derivados de vulneraciones de derechos fundamentales o libertades públicas, se preceptúa que el importe indemnizatorio que se fije judicialmente debe ser suficiente no solo para la reparación íntegra, sino, además "para contribuir a la finalidad de prevenir el daño ", es decir, fijando expresamente los principios de suficiencia y de prevención; y
e) Finalmente, la importancia de la integridad en la reparación de las víctimas de los vulnerados derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la indemnización procedente, se refleja en la esencial función atribuida al Ministerio Fiscal en el proceso social declarativo y de ejecución, al disponerse que " El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas... " ( art. 177.3 LRJS ) y que " El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de ejecución derivados de títulos ejecutivos en que se haya declarado la vulneración de derechos fundamentales y de libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas " ( art. 240.4 LRJS ).
Por tanto, una vez que se declara probada la violación del derecho de libertad sindical, el órgano judicial debe decretar la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas (arg. ex art. 15 LOLS ), disponiendo el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, integridad que comporta, entre otros extremos, la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera (arg. ex art. 182.1.d LRJS ); debiendo, como regla, fijarse la cuantía de la indemnización en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados (arg. ex art. 183.1 LRJS ). Cuando se concreta la pretensión indemnizatoria del demandante a la reparación del daño moral , el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la cuantía del daño , la puede determinar prudencialmente cuando, como acontece como regla tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización , y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño (arg. ex arts. 179.3 y 183.2 LRJS ).
Pues bien, en este caso es importante tener en cuenta, para valorar el daño, que la presión sobre la empresa que implicaba la huelga, para forzar a la misma a negociar un acuerdo, no fue realmente desactivada por las sustituciones de trabajadores que constan en los hechos probados, las cuales afectan por otro lado a un número proporcionalmente poco relevante respecto al total de huelguistas (ateniéndonos a las que constan probadas, que son las únicas que pueden valorarse). Y, de hecho, la empresa cedió finalmente a la presión y no solamente negoció, sino que llegó a un acuerdo con los dos sindicatos demandantes, retirando las medidas adoptadas unilateralmente tras el periodo de consultas y contra las que la huelga iba dirigida. Por ello el daño producido por la ilícita conducta empresarial es esencialmente un daño de naturaleza moral, por la vulneración en sí misma del derecho y no por las concretas consecuencias de aquella vulneración, no constando otro. Y la compensación de dicho daño, a prudente valoración de esta Sala, se cifra en 5000 euros.
OCTAVO .- No se hace imposición de costas por no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.
En el procedimiento 230/2014 seguido por demanda de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (CC.OO) y la Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT) contra Liberbank S.A. y Banco Castilla-La Mancha S.A., sobre tutela de derechos fundamentales. Desestimamos la excepción de prescripción y la de defecto en la forma de la demanda y, entrando sobre el fondo, estimamos parcialmente la demanda y en su virtud:
Se declara que la actuación de Liberbank S.A. y Banco Castilla-La Mancha S.A., sustituyendo a los trabajadores que hicieron huelga en los términos que constan probados, supone una vulneración del derecho de huelga y se declara la nulidad radical de dicha conducta;
Se condena solidariamente a Liberbank S.A. y Banco Castilla-La Mancha S.A. a abonar a los dos sindicatos demandantes, solidariamente, una indemnización de 5.000 euros.
Se desestima la demanda en lo restante.
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