Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-54224299
Timestamp: 2020-07-15 11:29:43
Document Index: 307688347

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 157', 'artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 123', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 040/09 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 54224299
Derecho a la seguridad social y salud de afiliados al sistema de seguridad social en salud que devengan hasta un mínimo vital en cuyo juicio, con obligarlos a efectuar el pago de aportes a salud bajo la condición de que simultáneamente hagan el respectivo pago por concepto de pensiones, se afecta sus derechos. Pretenden, por tanto, ser eximidos del pago de la cotización por concepto de pensión, pues carecen de dinero para ello. Procedencia de la acción de tutela para proveer el amparo a personas amenazadas o afectadas por los efectos de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Este amparo puede prosperar en relación con actos de esta entidad si sus efectos se materializan en situaciones concretas y de sus consecuencias se ocasiona la violación de derechos fundamentales. Se precisó que, de conformidad con la ley 1250 de 2008, los trabajadores independientes con ingresos inferiores o iguales a un salario mínimo legal mensual que lo registren conforme el procedimiento dispuesto por el gobierno nacional para el efecto, no están obligados a hacer simultáneamente cotizaciones a salud y seguridad social durante los tres años siguientes a la vigente de la citada ley. Finalmente, se dijo que someter a personas enfermas o menores de edad a trámites problemáticos, resulta contrario al principio de garantía efectiva de los derechos fundamentales. Por tanto, se dispuso el desarrollo, por parte de las empresas promotoras de salud, de capacitaciones sobre el diligenciamiento de la referida planilla y la habilitación de puntos suficientes de acceso gratuito a internet para tales fines. Concedida
II. VINCULACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DURANTE EL TRÁMITE DE REVISION
Expedientes T-2050157, T-2053802, T-2054919 y T-2056509 (acumulados).
Sentencia T-04/09
Referencia: expedientes T-2050157, T-2053802, T-2054919 y T-2056509 (acumulados)
Acciones de tutela instauradas por L.D.G.D., M.S.P.D., A. y A.C.C.R. contra Susalud EPS, Saludcoop EPS, Banco de Bogotá, Coomeva EPS, Bancafé, Cafesalud EPS y el Ministerio de la Protección Social.
Bogotá D.C., veintinueve (29) enero de dos mil nueve (2009).
La S. Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín, el 21 de julio de 2008; la S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 18 de julio de 2008; el Juzgado 22 Civil Municipal de Cali, el 31 de julio de 2008 y por la S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 21 de julio de 2008, respectivamente.
La S. de Selección número 10 de la Corte Constitucional, decidió acumular los expedientes mencionados al considerar que guardaban unidad de materia, para que los fallos proferidos en dichas actuaciones fueran revisados en una sola sentencia.
Expediente T-2050157
La señora L.D.G.D., actuando en nombre propio y de su hija M.C.G.D. y su hijo J.J.B.G., ambos menores de edad, promovió acción de tutela contra la EPS SUSALUD
Señaló que el 8 de julio de 2008 acudió como de costumbre a Bancolombia pero no le recibieron el pago por concepto de cotización a salud, siendo informada que debía también cotizar para pensiones ''exigencia que no es posible cumplir, pues a duras penas cotizo para salud, y muchas veces, en forma extemporánea, por la dificultad para conseguir los recursos para realizar los aportes''. Folio 1 del expediente.
Informó que la EPS tutelada le expidió una autorización para que cancelara durante los meses de mayo y junio de 2008 sus aportes sólo en salud, a pesar de no estar afiliada en pensiones lo cual no acaeció en el mes de julio del mismo año, lo cual, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales y los de sus hijos a la vida, la salud y a la seguridad social, por cuanto no cuenta con los recursos económicos para efectuar los pagos que le son exigidos por concepto de cotización para el Sistema General de Pensiones.
1.2. Respuesta de SUSALUD EPS
Para el a-quo si la accionante no cuenta con los recursos económicos para cotizar a pensiones puede acogerse a lo dispuesto por el Decreto 3085 de 2007 que permite a los trabajadores sin capacidad de pago realizar aportes únicamente a salud o logran su afiliación al SISBEN.
De esta manera, concluyó que la EPS accionada no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante puesto que de lo que se trata es de una ''discusión de tipo legal donde la actora considera que no está en capacidad de pagar los aportes para pensión, pero el despacho no puede entrar a determinar si la norma debe inaplicarse o no, si dicha base debe ser disminuida, o si la actora debe cotizar únicamente para salud, pues claramente se observa que se trata de pretensiones que no son susceptibles de amparar por vía de tutela.'' Folio 22 del expediente.
El fallo no fue impugnado
Expediente T-2053802
La señora M.S.P.D. actuando en nombre propio y en representación de su hijos menores de edad promovió acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social, la EPS SALUDCOOP y el Banco de Bogotá por considerar lesionados sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la seguridad social y a la igualdad.
Relató en el escrito de tutela que se encuentra afiliada como cotizante independiente a la EPS tutelada y que sus hijos y cónyuge son beneficiarios del servicio de salud. Señaló que trabaja por horas como docente y que sus ingresos mensuales ascienden a $400.000 suma no equivalente siquiera a un salario mínimo, no obstante realiza ingentes esfuerzos para realizar los aportes por concepto salud y así procurarle ese servicio a su grupo familiar.
Informó que el 2 de julio de 2008, como era su costumbre acudió al Banco de Bogotá a efectuar dicho pago y le fue informado que a partir de esa fecha solo existían dos posibilidades para hacer la cotización: planilla electrónica o planilla asistida, mecanismos que, implican una serie de gastos que considera no está en capacidad económica de soportar.
En efecto, afirmó que con esa nueva modalidad de pago se le obliga a acceder a la internet para llenar un formulario a fin de que se genere el código para efectuar el desembolso en el Banco, gestión que le cuesta $6.000 o gastar $2.900 por utilizar el servicio de planilla asistida.
Adicionalmente, cuestionó que el cambio de la modalidad de pagos al Sistema Integral de Seguridad Social porque siempre había tenido la opción de cotizar sólo para salud y en la actualidad también debe sufragar el aporte para pensiones lo cual pone en riesgo la atención médica que requiere su familia debido a que no cuenta con los recursos económicos para cotizar para pensión.
2.2. Respuesta del Banco de Bogotá
2.3. Respuesta de SaludCoop EPS
A través de la Gerente Regional del Tolima la EPS informó que esa entidad en manera alguna ha conculcado los derechos de la accionante. Después de describir la forma cómo funciona la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, relató que la situación que motivó la interposición de la acción de tutela ha afectado a gran cantidad de usuarios no obstante esa EPS es ajena a dicha regulación que ha sido expedida por el Ministerio de la Protección Social.
Advirtió que si bien en la actualidad los derechos fundamentales de la accionante no se están lesionando ello sí puede llegar a ocurrir si ésta no logra utilizar los medios electrónicos o la planilla asistida para realizar sus aportes de forma integrada por cuanto la mora en el pago de la cotización expone a la accionante a la suspensión y posterior desafiliación con la consecuente pérdida de antigüedad dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Concluye que estos traumatismos en el recaudo de los aportes no sólo perjudican el flujo de recursos que requiere el Sistema para su eficaz funcionamiento sino que son evitables si se permite a los usuarios realizar los pagos mediante los mecanismos tradicionales, decisión que no es competencia de esa entidad.
2.4. Respuesta del Ministerio de la Protección Social
A pesar de haber sido notificado de la iniciación de la acción de tutela la entidad gubernamental guardó silencio. Folios 23 y 42 del expediente.
2.5. Decisión judicial objeto de revisión
La S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante fallo del 18 de julio de 2008 denegó la protección constitucional solicitada por considerarla improcedente en los términos del numeral 5 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que dispone que la acción de tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
Expediente T-2054919
El señor A. interpuso acción de tutela contra COOMEVA EPS con el fin de que se le exonere del pago del aporte para pensión como requisito para recibir el correspondiente a salud.
3.2. Respuesta de COOMEVA EPS
Señaló que si bien los cotizantes independientes deben cancelar el pago de la Seguridad Social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, tienen la posibilidad de cancelar por la opción de ''cotizante sin ingresos con pago por tercero'' de que trata la Resolución 2377 de 2008 dictada por el Ministerio de la Protección Social, alternativa conforme a la cual ''la persona que está cotizando no tiene ingresos y el pago de los aportes lo hace un tercero, diferente del cotizante. En este caso el aportante debe corresponder al tercero que realiza el pago y el cotizante puede cotizar solo a salud''
3.3. Decisión judicial objeto de revisión
Así, el actor está obligado a realizar los aportes por el medio dispuesto en el ordenamiento jurídico lo cual no implica lesión a su derecho fundamental a la salud que por demás viene recibiendo a satisfacción por parte de la E.P.S. tutelada.
Expediente T-2056509
La señora A.C.C.R. formuló acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social, BANCAFE y Cafesalud EPS por considerar lesionados sus derechos a la salud, a la vida, a la seguridad social y a la igualdad.
Informó que el 3 de julio de 2008, como de costumbre, acudió a BANCAFE a efectuar dicho pago siendo informada que a partir de esa fecha solo existían dos posibilidades para hacer la cotización: planilla electrónica o planilla asistida, mecanismos que, implican una serie de gastos que considera no está en capacidad económica de soportar.
En efecto, señaló que con esa nueva modalidad de pago se le obliga a acceder a la internet para llenar un formulario a fin de se genere el código para efectuar la cancelación en el Banco, gestión que le cuesta $6.000 o gastar $2.900 por utilizar el servicio de planilla asistida.
Adicionalmente, cuestionó el cambio de la modalidad de pagos al Sistema Integral de Seguridad Social porque siempre había tenido la opción de cotizar sólo para salud y en la actualidad también debe sufragar el aporte para pensiones lo cual pone en riesgo la atención médica que requiere su familia debido a que no cuenta con los recursos económicos para cotizar para pensión.
Por lo anterior, solicitó que los tutelados se abstengan de aplicar la regulación Decreto 1465 de 2005, 1931 de 2006, 1670 de 2007 y la Resolución 3975 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social. expedida en lo referente al pago de la cotización en salud a través de la planilla electrónica de liquidación de aportes como única modalidad para la cancelación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y en consecuencia, tanto la EPS como el Banco acepten su pago sin necesidad de cotizar a pensiones, conforme lo venía haciendo, de forma tal que le sea garantizado tanto a ella como a su familia su derecho a la salud.
4.2. Respuesta de DAVIVIENDA S.A. - Red BANCAFE
4.3. Respuesta de Cafesalud EPS
Después de reseñar la normatividad que regula la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes Decretos 1465 de 2005, 2233 de 2005, 1931 de 2006 y 1670 de 2007. Resoluciones 1303 de 2007, 0634 de 2006, 1317 de 2006, 2145 de 2006, 736 de 2007, 1190 de 2007., advirtió que si bien en la actualidad los derechos fundamentales de la accionante no se están lesionando ello sí puede llegar a ocurrir si ésta no logra utilizar los medios electrónicos o la planilla asistida para realizar sus aportes de forma integrada por cuanto la mora en el pago de la cotización expone a la peticionaria a la suspensión y posterior desafiliación con la consecuente pérdida de antigüedad dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
4.4. Respuesta del Ministerio de la Protección Social
4.5. Decisión judicial objeto de revisión
La S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante fallo del 21 de julio de 2008 denegó el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo para eludir el cumplimiento de un deber legal como es el de realizar los aportes a la seguridad social. Adicionalmente, señaló que si bien es cierto existen traumatismos en la recepción de los aportes, la Administración ha dictado diferentes normas para solucionar esas dificultades que en todo caso no prueban la amenaza o violación a ninguno de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Por auto del 26 de noviembre de 2008 esta S. consideró imperiosa la debida integración del contradictorio y teniendo en cuenta que el presente caso involucraba derechos de niños (Expediente T-2050157) y de un sujeto de especial protección por parte del Estado (Expediente T-2054919) en razón de la enfermedad que padece, decidió que la misma se efectuara en sede de revisión y no ante los juzgados de instancia.
En lo esencial, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo, después de invocar y transcribir en extenso diferentes disposiciones de tipo legal Ley 100 de 1993, artículo 157; Decreto 806 de 1998, artículo 26; Ley 797 de 2003, artículos 2º, 4º. y reglamentario informó que a causa de la implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA- Decretos 1465 de 2005 y 1931 de 2006. entró a regir un nuevo, general y obligatorio mecanismo de pago que pretende otorgar a los aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral una vía ágil y oportuna para cancelar sus cotizaciones y al Ministerio de la Protección Social ''una herramienta de control más eficaz y eficiencia para evitar la evasión y elusión en el pago de los aportes obligatorios'' Folio 18 del cuaderno de la Corte.
''[L]os pagos asociados a la Planilla Integral de Liquidación de Aportes -PILA-, podrán realizarse a través de alguna de las siguientes modalidades:
Pago electrónico; y,
Pago Asistido
Por su parte, en el pago asistido mediante una llamada telefónica o acercándose a uno de los puntos autorizados para diligenciar la planilla suministra la información al operador quien generará para el aportarte un código o número de referencia que vincula el valor por pagar con la liquidación asistida. El aportante deberá utilizar dicho código o número de referencia para realizar el pago, ya sea mediante consignación bancaria, orden telefónica, tarjeta débito o crédito, cajero electrónico o datafono, entre otros.'' Folio 19 del cuaderno de la Corte.
A juicio del Ministerio, para estar exento de efectuar los pagos por concepto de pensiones deben cumplirse los requisitos de que trata el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 Establece este precepto ''ARTICULO 61. Personas excluidas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Están excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: a) Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público; b) Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.'' y el artículo 2 del Decreto 758 de 1990, lo cual no se cumple en el caso de los accionantes.
Agregó, que si los accionantes no cuentan con los recursos económicos para estar en el régimen contributivo y cancelar los aportes a pensión, pueden acceder al régimen subsidiado y de esa manera satisfacer su servicio de salud o utilizar la opción de pago por tercero reglamentada por el Ministerio mediante la Resolución 2377 de 2008. En este caso, un tercero (aportante) paga por una persona sin capacidad de pago o sin ingresos (cotizante) y que no se encuentra en los cupos familiares propios de la UPC adicional, conforme a lo cual ''lo único que debe hacer es señalar quien le colaborará para realizar el aporte'' Folio 25 del cuaderno de la Corte..
Informó que en todo caso, las Entidades Promotoras de Salud no están autorizadas para suspender el servicio de salud por retrasos en el pago de aportes a través de la PILA por cuanto lo que dispone el Decreto 1406 de 1999, artículo 57 es que la afiliación es suspendida después de un mes de no pago de la cotización y la desafiliación al Sistema solo opera transcurridos tres meses continuos de suspensión de la afiliación por el no pago de las cotizaciones en los términos del artículo 10 del Decreto 1703 de 2002. Así, al no haberse suspendido el servicio de salud de los accionantes no puede invocarse violación de los derechos fundamentales invocados, por lo que solicita exonerar de cualquier responsabilidad al Ministerio.
PROTECCION DEL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL ACCIONANTE EN EL EXPEDIENTE T-2054919
En razón a la enfermedad que padece el tutelante en el Expediente T-2054919, la S. en cumplimiento de su deber de garantía de la efectividad de los derechos fundamentales y concretamente del derecho a la intimidad personal (art. 15 Superior), dispondrá que en la providencia que se divulgue, el nombre del accionante sea cambiado por el de A..
Debe resolver la S. si en el caso concreto de los accionantes, todos los trabajadores independientes que devengan hasta un salario mínimo y que han venido cotizado exclusivamente a salud, realizando los pagos mediante el diligenciamiento manual de la planilla de autoliquidación de aportes, resultan vulnerados sus derechos fundamentales y los de sus beneficiarios a la seguridad social y a la salud por: i) imponérseles como requisito para la cancelación de los aportes en salud el desembolso por concepto de pensión y ii) que la liquidación se realice exclusivamente mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-.
En consideración a que varios de los jueces de tutela de instancia (Expedientes T-2050157, T-2053802 y T-2054919) sentenciaron que en esos casos las acciones de tutela eran improcedentes por cuanto lo que cuestionan los tutelantes son actos de carácter general, impersonal y abstracto, la S. determinará si asiste o no razón a esa posición como presupuesto para la solución del asunto de fondo.
Procedencia de la acción de tutela para amparar a las personas de amenazas y violaciones en sus derechos constitucionales fundamentales por los efectos de actos de carácter general, impersonal y abstracto
De la lectura de varias de las solicitudes de tutela T-2053802 y T-2056509. se advierte que en ellas se plasmó por las tutelantes una sección denominada ''actos que violan los derechos'' manifestando que los decretos y resoluciones dictadas por el Ministerio de la Protección Social y que reglan la PILA vulneran sus derechos fundamentales.
Estas expresiones permitirían colegir prima facie que se está frente a la causal de improcedencia de la acción de tutela contenida en el numeral 5 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 conforme a la cual esta garantía constitucional ''no procederá: 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.''
Empero, el juez constitucional coherente con su función de último garante de los derechos fundamentales de las personas, dentro de ellos el de tutela judicial efectiva no puede realizar una lectura meramente mecánica y descontextualizada de la solicitud de amparo constitucional, puesto que ese tipo de prácticas irían en contra de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de eficacia conforme a los cuales debe desarrollarse el trámite del reclamo de protección (art. 3 Decreto 2591/91).
En los casos de las señoras M.S.P.D. (T-2053802) y A.C.C.R. (T-2056509) de la reseña fáctica y de lo pretendido con las acciones de tutela puede inferirse que sus reclamos no están orientados a cuestionar la legalidad de los actos administrativos dictados por el Ministerio de la Protección Social, sino los efectos que éstos tienen en sus casos particulares y, concretamente, en lo que concierne a la amenaza de su derecho a la salud.
En la Sentencia T-1073 de 2007 M.P.R.E.G.. esta Corporación precisó que
''(...) la acción de tutela no procede para controvertir actos de carácter general, aun cuando su contenido pueda ser contrario a normas sobre derechos fundamentales, porque para ello se han previsto otras vías procesales. Pero cuando el contenido lesivo de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, se materializa en una situación concreta y afecta derechos fundamentales de una persona, la acción de tutela es, sin olvidar su carácter subsidiario, la vía adecuada para promover ante los jueces la defensa de esos derechos.
Es claro, por otra parte que, de acuerdo con la Constitución, la acción de tutela procede frente a la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales. De ordinario, un acto de carácter general, impersonal y abstracto, no produce una lesión actual e inmediata de los derechos, la cual sólo se materializaría en el momento de su aplicación a los casos concretos. Sin embargo, de un acto de carácter general, sí puede derivarse, sin necesidad de un previo acto aplicativo, una amenaza cierta para los derechos fundamentales de determinadas personas, evento que abriría la vía de la acción de tutela.''
De esta manera, conforme a esta regla jurisprudencial, la acción de tutela es procedente para prevenir que un acto general, impersonal y abstracto, cuyos efectos pueden amenazar o lesionar de forma cierta derechos fundamentales de una persona, sea aplicado al caso particular de que se trate, que es precisamente lo que pretenden la citadas accionantes que consideran que los efectos de los actos administrativos que reglan la PILA, en sus casos concretos, amenazan sus derechos fundamentales y los de sus beneficiaros a la salud puesto que sólo a través de ese medio es procedente realizar el pago para salud, mecanismo que implica cancelar el aporte a pensión de forma imperiosa.
Soslayaron los jueces de tutela de instancia que en ese escenario la acción de tutela sí era procedente, por cuanto de lo contrario, cualquier autoridad competente podría expedir un acto general, impersonal y abstracto y blindar de esa manera su conducta frente a la amenaza o vulneración a un derecho fundamental de una de las personas a quien la aplicación de los efectos del acto en un caso concreto pudiera generar, restando cualquier efectividad a la protección rápida y efectiva que el Estado colombiano está obligado internacionalmente a prodigar a toda persona. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1. y 25.1.
N. que el funcionario judicial de amparo no podrá decretar la nulidad o declarar la exequibilidad del acto general de que se trate pero sí está obligado a determinar si es procedente o no, dadas las circunstancias particulares de cada caso si corresponde hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 Superior) respecto del acto abstracto en cuestión, de forma tal que los efectos del mismo no tengan aplicación en el asunto concreto. Como bien lo tiene establecido esta Corporación ''... no se trata de anular, por la vía de la tutela, una norma de carácter general e impersonal, (...) sino de dejar sin efecto su aplicación, en un caso particular y concreto, cuando de ella se siga la violación de un derecho fundamental.'' Corte Constitucional. Sentencia T-384 de 1994 M.P.C.G.D..
Excepción al deber de cotizar tanto al Sistema General de Pensiones, en tratándose de trabajadores independientes que devenguen mensualmente hasta un salario mínimo. Hecho superado
La Corte en pretéritas oportunidades ha abordado el mismo problema. En efecto, en la Sentencia T-1098 de 2007 M.P.M.G.C.. determinó que no se violaba el derecho a la salud ''de una persona afiliada a una EPS que está desempleada y tiene VIH-Sida, con la entrada en vigencia de una ley que lo obligaría a hacer aportes de manera simultánea a salud y a pensión.'' Esta conclusión se soportó en la existencia del Decreto 3085 de 2007 al amparo del cual los trabajadores independientes que devenguen hasta un salario mínimo, ''no podrán ser obligados a cotizar de manera simultánea a salud y a pensiones y podrán acudir a la EPS correspondiente para registrarse como personas sin capacidad de pago para aportar simultáneamente al régimen de salud y al de pensiones, y presentar ante la EPS su declaración anual de ingreso base de cotización.'' I..
Por su parte, en la Sentencia T-1227 de 2008 M.P.M.G.C.. se precisó que el derecho a la salud sí es lesionado ''al negarse [la EPS] a recibirle a la madre de la menor el pago correspondiente a la seguridad social en salud, argumentando que en virtud de la entrada en vigencia de la ''planilla unificada'' la cotización a la seguridad social tiene que hacerse tanto en salud como en pensiones.'' En esta oportunidad consideró que la EPS había insistido en el deber de la accionante de cotizar simultáneamente al sistema de pensión y de salud, en virtud del Decreto 1670 de 2007, soslayando que el Decreto 3085 de 2007 le había otorgado a los trabajadores independientes que devengan un ingreso igual o menor al salario mínimo, la posibilidad de cotizar sólo al sistema de salud y que dicha posibilidad fue erigida a rango legal mediante la Ley 1250 de 2008.
Así, durante el trámite de revisión de los expedientes de la referencia se expidió la Ley 1250 de 2008 Promulgada en el Diario Oficial Nº 47.186 de 27 de noviembre de 2008. que en su artículo 2º dispuso:
''ARTÍCULO 2º. Al artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6º de la Ley 797 de 2003, adiciónese un parágrafo del siguiente tenor:
''Parágrafo. Las personas a las que se refiere el presente artículo, cuyos ingresos mensuales sean inferiores o iguales a un (1) salario mínimo legal mensual, que registren dicho ingreso conforme al procedimiento que para el efecto determine el Gobierno Nacional, no estarán obligadas a cotizar para el Sistema General de Pensiones durante los próximos 3 años a partir de la vigencia de la presente ley, no obstante de lo dispuesto en este parágrafo, quienes voluntariamente decidan cotizar al sistema general de pensiones podrán hacerlo''. (Resaltado fuera de texto)
En este supuesto, la S. encuentra que se está frente a lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado hecho superado que se presenta cuando, ''por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ''carece'' de objeto el pronunciamiento del juez.'' Corte Constitucional. Sentencia SU-540 de 2007 M.P.Á.T.G..
En los expedientes acumulados T-2050157, T-2053802, T-2054919 y T-2056509, una de las finalidades de la acción de amparo era que los tutelantes pudieran cancelar los aportes a salud sin necesidad de hacer simultáneamente lo que corresponde al Sistema General de Pensiones y que tanto las Entidades Promotoras de Salud, las entidades bancarias y el propio Ministerio de la Protección Social insistían en que debían efectuarse en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que establece que la afiliación es obligatoria para ''todos los trabajadores dependientes e independientes'', no estando ninguno de los accionantes en los supuestos de excepción a este deber contenidos en el artículo 2º del Decreto 758 de 1990 y en el artículo 61 de la Ley 100.
Que sus ingresos mensuales sean inferiores o iguales a un (1) salario mínimo legal mensual.
Que registren dicho ingreso conforme al procedimiento que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Esta excepción es temporal en tanto su vigencia es de tres (3) años a partir de la citada ley y sin perjuicio de que incluso con ingresos hasta de un salario mínimo mensual algún afiliado independiente decida cotizar ''voluntariamente'' al Sistema General de Pensiones.
De esta manera, ni las señoras L.D.G.D., M.S.P.D., A.C.C.R. ni el señor A. están obligados a realizar aportes pensionales como presupuesto para cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley, por lo cual carecería de sentido que sobre este aspecto se profiriera una orden de protección constitucional en tanto que por mandato de la decisión legislativa el reclamo presentado por los accionantes ha quedado satisfecho.
Improcedencia, en los casos concretos, de la acción de tutela para inaplicar la normatividad en materia de Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA
El modelo de Estado social de derecho acogido por el Constituyente colombiano en 1991 genera nuevos retos y obligaciones para las autoridades en tanto se invierte la idea de que las personas están al servicio del Estado para comprenderse que es éste el que está al servicio de aquéllas.
No de otra forma podría ser el entendimiento de cláusulas constitucionales como el artículo 2 que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la ''efectividad'' de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constitución o el artículo 123 conforme al cual ''los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad'', esta transformación de la relación Estado-persona se orienta en últimas a garantizar la vigencia de un orden justo (Preámbulo) como presupuesto para garantizar la prosperidad general.
De allí que, prima facie, cualquier decisión que adopten las autoridades para optimizar el cumplimiento de sus funciones no puede ni crear y trasladar cargas propias de la Administración a las personas residentes en Colombia, pues tal entendimiento quebrantaría los efectos del mandato constitucional del artículo 209 Superior conforme al cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de eficacia, economía y celeridad, así como los del artículo 2 que impone a las autoridades ''facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación''.
En efecto en la Circular Externa Nº 046 de 30 de julio de 2007 se señaló:
''PARA: ADMINISTRADORAS DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Dado lo anterior, les agradecemos informar a sus redes de recaudo, sobre la validez de estos pagos, hasta tanto concluya el término aquí previsto para esta afiliación.''
Y en uno de los considerandos del citado Decreto 1670 de 2007 se afirmó: ''Que en virtud de la operación del esquema de autoliquidación y pago integrado, regulado entre otros, mediante los Decretos 1464 y 1465 de 2005 y 1931 de 2006, se ha observado una tendencia a la congestión, dado que los pagos se concentran en ciertas fechas determinadas en los canales de acceso al citado esquema;''
Empero, analizados los casos acumulados de las señoras M.S.P.D. y A.C.C.R. la S. no encuentra que dicho trámite configure una barrera insuperable para obtener los servicios de salud tanto de ellas como de sus beneficiarios mayores de edad, en tanto que dadas las particularidades de su situación, el mecanismo de la Planilla Asistida no resulta desproporcionado ni insuperable al punto que ponga en riesgo la integridad física, la vida digna o el servicio de salud de estas personas.
Un caso diferente es el del señor A. que por ser portador del VIH-SIDA no sólo no puede afrontar una suspensión de los servicios de salud, entre otros el suministro de los retrovirales, sino que es sujeto de especial protección por parte del Estado. En esta misma condición se encuentran los beneficiarios menores de edad de las accionantes L.D.G.D., M.S.P.D. y A.C.C.R..
En este escenario, resultaría irrazonable sacrificar el derecho fundamental a la salud de sujetos de especial protección para privilegiar la realización de un trámite de pago respecto del cual no se garantizó previamente en su implementación al principio de participación, sino que ha desbordado los límites de una función administrativa respetuosa de los principios de eficiencia y economía, lo cual se acredita con el sin número de Decretos y Resoluciones dictadas para ampliar los plazos para el inicio de la implementación del sistema o para hacer ''ajustes'' al mismo en detrimento de la tranquilidad y confianza que los residentes en Colombia deben tener en las decisiones de las autoridades.
N., que en estos casos no se trata de la metodología para realizar el cobro cualquier servicio, sino de uno que implica el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la salud, lo cual impone a las autoridades abstenerse de generar traumatismos para los afiliados y más como si se trata de personas, como el señor A., que padecen una enfermedad catastrófica.
En este sentido, resulta contrario al principio de garantía de la efectividad de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) que a una persona enferma, con una patología de gravedad como la que padece el citado accionante, se le someta a la realización de trámites adicionales como conectarse a la internet para diligenciar de forma electrónica una planilla o realizar una llamada a un call center para obtener el código de pago en el Banco, con los múltiples problemas que eventualmente podría afrontar como el no poder acceder a dichos sistemas electrónicos o no poder realizar el contacto telefónico, en razón a la congestión.
En estos eventos, la S. considera que cerrar las alternativas para realizar los pagos al Sistema General de Seguridad en Salud sólo a través de la vía electrónica puede amenazar el ejercicio efectivo del derecho a la salud de las personas que son titulares de especial protección por parte del Estado y por lo mismo, se impone prevenir, en los términos del inciso segundo del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, tanto al Ministerio de la Protección Social como a las Entidades Promotoras de Salud que establezcan mecanismos adicionales para que las personas que se encuentran en esa condición puedan efectuar sus cotizaciones mediante una vía alterna, en el evento que por cualquier motivo, debidamente probado, dichas personas aún teniendo el dinero, no hayan podido efectuar el pago electrónico.
La S. precisa que esta decisión no comporta una resolución para la generalidad de casos de los trabajadores independientes al Sistema General de Seguridad Social, en tanto que se restringe exclusivamente a los analizados en esta providencia. De manera que nada obsta para que en futuros asuntos objeto de análisis en sede de revisión, la Corte determine procedente inaplicar las reglas de la PILA, de concluirse que los efectos de esa normatividad lesionan derechos fundamentales de una persona sea este sujeto de especial protección o no.
Primero.- CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín, el 21 de julio de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por L.D.G.D. (Expediente T-2050157), pero por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- PREVENIR tanto al Ministerio de la Protección Social como al representante legal de SUSALUD EPS para que establezcan mecanismos adicionales al pago electrónico a fin de garantizar que los hijos menores de edad de la accionante, que ostentan la condición de beneficiarios, y que son titulares de especial protección por parte del Estado, tengan garantizado el servicio de salud, en el evento que por cualquier motivo, debidamente probado, la cotizante aún con el dinero no haya podido efectuar el pago electrónico de los aportes a la seguridad social, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 18 de julio de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por M.S.P.D. (Expediente T-2053802), pero por las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- PREVENIR tanto al Ministerio de la Protección Social como al representante legal de SALUDCOOP EPS para que establezcan mecanismos adicionales al pago electrónico a fin de garantizar que los hijos menores de edad de la accionante, que ostentan la condición de beneficiarios, y que son titulares de especial protección por parte del Estado, tengan garantizado el servicio de salud, en el evento que por cualquier motivo, debidamente probado, la cotizante aún con el dinero no haya podido efectuar el pago electrónico de los aportes a la seguridad social, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado 22 Civil Municipal de Cali, el 31 de julio de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por A. (Expediente T-2054919), pero por las razones expuestas en esta providencia.
Sexto.- PREVENIR tanto al Ministerio de la Protección Social como al representante legal de COOMEVA EPS para que establezcan mecanismos adicionales al pago electrónico a fin de garantizarle al accionante -que en razón a la grave enfermedad que padece es titular de especial protección por parte del Estado-, tenga garantizado el servicio de salud, en el evento que por cualquier motivo, debidamente probado, éste aún con el dinero no haya podido efectuar el pago electrónico de los aportes a la seguridad social, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo.- Con la finalidad de garantizar el derecho a la intimidad del accionante del Expediente T-2054919, su nombre no podrá ser divulgado y el presente expediente queda bajo estricta reserva pudiendo ser consultado únicamente por los directamente interesados, conforme a lo señalado en esta sentencia. En consecuencia, tanto la Secretaría General de esta Corporación como el Juzgado 22 Civil Municipal de Cali adoptaran las medidas adecuadas con el fin de que se guarde confidencialidad respecto de la identidad e intimidad del accionante. En la providencia que sea divulgada aparecerá como nombre del accionante A..
Octavo.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la S. Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 21 de julio de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por A.C.C.R. (Expediente T-2056509), pero por las razones expuestas en esta providencia.
Noveno.- PREVENIR tanto al Ministerio de la Protección Social como al representante legal de CAFESALUD EPS para que establezcan mecanismos adicionales al pago electrónico a fin de garantizar que el hijo menor de edad de la accionante, que ostenta la condición de beneficiario, y que es titular de especial protección por parte del Estado, tenga garantizado el servicio de salud, en el evento que por cualquier motivo, debidamente probado, la cotizante aún con el dinero no haya podido efectuar el pago electrónico de los aportes a la seguridad social, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
Décimo.- Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.