Source: http://qmedios.iteso.mx/2014/07/legislacion-en-materia-de-comunicacion-12-de-julio-de-2014/
Timestamp: 2017-09-24 04:49:23
Document Index: 183764468

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'Artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 276', 'artículo 131', 'artículo 267', 'artículo 131', 'artículo 263']

Legislación en materia de comunicación – 12 de Julio de 2014 | Q MEDIOS ITESO
Legislación en materia de comunicación – 12 de Julio de 2014
Manipulación de la “verdad” en telecom
Al adelantar que de poco servirá el control de la información para presentar sólo “buenas noticias”, sobre todo en materia económica y seguridad en los medios electrónicos que se plantea en las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión, no servirá para ocultar la realidad que palpan los ciudadanos en la baja de sus niveles de bienestar, inseguridad e impune corrupción oficial y privada.En la Cámara de Diputados se puso como ejemplo el reciente reporte de incidencia criminal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que el Estado de México ocupa el primer lugar en los delitos de mayor impacto a nivel nacional, con más homicidios dolosos, robos con violencia de vehículos, extorsiones, violaciones y hasta atracos a bancos se perpetraron entre enero y mayo de este año.
Apertura en telecomunicaciones impactará a otros sectores: Guajardo
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la apertura a la competencia en materia de telecomunicaciones tendrá un impacto positivo en todos los sectores de la economía nacional.
Impugnarán ante la Corte la ley telecom
Con el apoyo del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, la bancada del PAN presentará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de tres aspectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de eliminar cualquier tentación de la autoridad de recurrir injustificadamente al bloqueo de señales, a una geolocalización o a una retención de datos.
Así lo adelantó a Excélsior el presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame Alemán, al definir que los legisladores panistas se encuentran de acuerdo con el fondo de los artículos que buscan la colaboración de los concesionarios del sector con la impartición de la justicia, pero en desacuerdo con la forma en que esto se plantea.
En los tres aspectos existen elementos para poder ir con esta acción de inconstitucionalidad. Porque estamos en favor del fondo, pero en contra de la forma. ¿A qué me refiero con esto? Todos queremos colaborar con la justicia. Pero no queremos darle la tentación al gobierno para que pueda tener un bloqueo de señal, una geolocalización, una retención de datos hacia un ciudadano común y corriente”, expuso en entrevista.
El diputado federal por Morelos explicó que los puntos que se buscan mejorar, precisar o corregir en la ley resultan “a todas luces razonables”.
Enfatizó el legislador panista que la solicitud, en primera instancia, es que se pueda tener clara cuál es la autoridad competente para hacer uso de estas herramientas, con el objetivo de que los mexicanos tengan la seguridad sobre quién lo hará, cómo y por qué.
Un segundo tema que busca garantizar el PAN es la trasparencia estadística, “que tú como ciudadano, como usuario, puedas solicitar a la autoridad en algún momento la información de por qué se te geolocalizó, si se hizo, y si se retuvieron tus datos, por qué fue eso. Son medidas necesarias para poder dar claridad y dar certidumbre.
Estamos de acuerdo en el fondo, no en la forma. Y para solucionar el problema de forma, pedimos claridad de quién es la autoridad y transparencia para que los ciudadanos tengan ese derecho frente a la autoridad.”
Respecto a la retención de datos, Adame precisó que se busca acotar la medida que, tal como ahora se presenta, resulta “desproporcionada”.
Sí tiene futuro la propuesta
Tanto PAN como PRD anunciaron en la semana que presentarían actos de inconstitucionalidad contra la ley. Los panistas sólo impugnarían geolocalización, bloqueo de señales y retención de datos; los perredistas hablaron de ir en contra en términos generales.
Ante ese escenario, en entrevista difundida en la edición de ayer, el vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, puso en duda la viabilidad de dichos recursos.
Consideró el también presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados que mientras el PRD tiene “un déficit importante” para reunir las 165 firmas requeridas para formular una acción de ese tipo, el PAN pretende impugnar asuntos que ya fueron validados por la Corte.
El aval de toda la oposición
Adame Alemán recordó que la reserva presentada el miércoles por el PAN sobre los tres temas reseñados contó con el apoyo de diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por lo que se dijo seguro que conseguirán el número de firmas necesarias para presentar la acción de inconstitucionalidad, para lo cual tienen 30 días luego de ser promulgada la ley.
Dudan de viabilidad de recursos contra telecom
El vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, consideró que mientras el PRD tiene “un déficit importante” para reunir las firmas que requiere una acción de inconstitucionalidad contra las leyes en telecomunicaciones, los asuntos que el PAN pretende impugnar ya fueron validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el también presidente de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro analizó la viabilidad de los recursos que ambos partidos de oposición han anunciado presentar, a fin de que los ministros de la SCJN resuelvan la presunta inconsistencia entre la regulación secundaria aprobada el pasado miércoles y la Carta Magna.
Según declaraciones del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ya se buscan las firmas de los diputados que sustentarían una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias, destacando el tema de la preponderancia, entre otros.
En el caso de los legisladores panistas, anunciaron en tribuna la madrugada del miércoles que presentaron un solo recurso en contra los actos vinculados a la impartición de justicia y confiaron en que se sumarían a esta impugnación las bancadas de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.
Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos grupos parlamentarios formalizaron en qué términos procederán.
El diputado Gutiérrez de la Garza recordó que, por ley, una acción de inconstitucionalidad debe estar avalada por al menos 33% de los integrantes de la Cámara.
El político regiomontano recordó que el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
“Y ésta va a entrar en vigor a los 30 días naturales de su publicación. Es decir, el plazo que tendrían los inconformes sería aproximadamente de unos 60 días”, detalló.
Bloqueo de señales en cárceles
En cuanto a la idea del PAN de impugnar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque supuestamente contradicen lo establecido en la Constitución respecto al respeto a los derechos humanos, el vicecoordinador jurídico de la bancada priista desestimó los argumentos hasta ahora ventilados, particularmente en torno a la geolocalización en la que los concesionarios de telefonía tendrían que colaborar con las autoridades judiciales.
“La geolocalización no se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La posibilidad de la geolocalización está prevista en el Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, aclaró.
Lo que sí señala la ley, explicó, es que para la geolocalización hay que remitirse al procedimiento que establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, “y que nosotros mismos aprobamos”.
Pero éste, puntualizó, aún no ha entrado en vigor. “Entonces, hay un artículo transitorio dentro de la propia ley que aprobamos que señala que se va a aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Qué implica ello? Que la geolocalización está limitada a los delitos de extorsión, de secuestro, de trata de personas, pornografía infantil”, enumeró.
Preponderancia, la decisión correcta
En cuanto a la definición de la preponderancia que se evaluará por sector, un concepto que también podría ser impugnado por el PRD ante la Corte, Gutiérrez de la Garza comentó: “Tomamos la decisión correcta, la preponderancia es por sector, porque así está prevista en la Constitución. Pero sobre todo porque así lo interpretó, desde marzo de este año, y nadie había dicho nada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“El tomar otro tipo de interpretación, lo único que generaría es que nos quedemos sin agentes económicos preponderantes, porque las resoluciones emitidas desde marzo por el IFT terminarían siendo nulas en el juicio que ambos agentes económicos —tanto Telmex como Televisa— interpusieron mediante el juicio de amparo”, alertó.
Consideró como un hecho relevante el que “una ley que todavía no ha entrado en vigor ya surta efecto, en la decisión de América Móvil, con la posibilidad de la desincorporación de activos”.
Pero, remarcó, “para ello se requerirá presentarle un plan al IFT, que es el único que puede aprobarlo. Y posteriormente va a estar sujeto a revisión durante 365 días, es decir, un año”.
Raquel Rivas Rodríguez
Piden a juez suspender la publicación de leyes de telecom
Julios Sánchez Onofre
El derecho de iniciativa ciudadana está reconocido en la fracción IV del artículo 71 constitucional. La primera iniciativa ciudadana fue presentada el 5 de marzo del 2013 y respaldada por 127,000 firmas del padrón electoral, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
PREPARAN NUEVO AMPARO
En caso de que la juez no emita una resolución al amparo antes de la publicación de las leyes secundarias, el colectivo de activistas digitales Contingente MX, representado por Robles Maloof, presentará un nuevo amparo para invalidar el contenido de las leyes secundarias por presuntas violaciones a los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, al acceso a información, comunicaciones e Internet así como por atentar contra la neutralidad de la red.
Apertura en telecom impactará a otros sectores: Guajardo
Éxito de ley telecom, cuando frene a preponderantes: The Economist
La venta de una parte del negocio de Carlos Slim parece ser la evidencia más fuerte de que las nuevas leyes de telecomunicación en México estén surtiendo algún efecto, dice The Economist.
El semanal inglés aclara que Slim anunció la venta el 8 de julio mientras que la Cámara de Diputados terminaba de ratificar las leyes que habían bloqueado la aprobación total de la reforma en materia de Telecomunicaciones.
Las leyes, que se aprobaron en una sesión extraordinaria de 20 horas que terminó el 9 de julio, podrán tener efectos profundos: el próximo año prohibirán cargos por larga distancia, facilitarán el cambiar de compañía telefónica, y ampliarán el acceso a canales de televisión gratuitos.
No obstante, la verdadera medida del éxito de las nuevas leyes, apunta la revista inglesa, será su capacidad para frenar el poder de América Móvil [Carlos Slim] y de Televisa [Emilio Azcárraga]. Mientras que ambas compañías sigan siendo dueñas de más del 50 por ciento del mercado en sus respectivas áreas, la ley las sujetará a escritos regímenes de precios por asimetría.
Como portavoz de Slim, Arturo Elías Ayub, su yerno, declaró que las intenciones de América Móvil son vender lo suficiente de la compañía como para perder 15 ó 20 puntos porcentuales del mercado. Así, dejarían de ser una “empresa preponderante” y podrían actuar en un marco legal más conveniente.
Actualmente América Móvil es dueña de más de 60% de su mercado, dice The Economist, y no está claro exactamente qué parte del imperio de telecomunicaciones estaría a la venta; pero Elías Ayub dijo que se vendería a un competidor fuerte. La especulación apunta a AT&T, una empresa estadounidense.
No podrá llevarse a cabo esa venta, sin embargo, sin la aprobación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), añade la revista inglesa, y es ahí donde Slim podría tener una carta bajo la manga. De volverse una empresa normal –ya no preponderante–, América Móvil no estaría obligada a compartir su infraestructura (cableado y torres celulares) con la competencia.
El semanal con base en Londres cita a un competidor: “Vamos a estar todos en vilo hasta que se decida si América Móvil es una empresa preponderante o no, y eso podría tardarse hasta dos años”.
Las acciones de América Móvil se dispararon al momento del anuncio después de llevar un largo tiempo a la baja, cuenta The Economist. “Los inversores claramente lo tomaron como una retirada táctica más que como una derrota, con la intención de ganar la aprobación de la IFT para América Móvil de poder ofrecer el paquete triple de televisión, teléfono e internet”, agrega.
Por su parte, el gobierno parece deleitarse de que sus reformas surtan efecto, dice el semanal. Esperan generar unos 300 mil millones de pesos en los próximos cinco años gracias a la reforma. “El vender una parte de América Móvil, potencialmente con un valor de más de siete mil millones de dólares, tan pronto en el juego podría lograr que empiece a rodar la pelota”, añade.
Hace poco tiempo publiqué un artículo titulado Las trampas de la ley frente al cúmulo de iniciativas de toda laya que pretendían inundar nuestro espectro, sin orden ni concierto. Un peligro era que se consagraran en la Constitución principios aparentemente avanzados en materia de radio y televisión, cuando ya se sabía que las disposiciones adjetivas no corresponderían necesariamente a los mandatos constitucionales y, en cambio, sí permitirían —valiéndose de contradicciones y triquiñuelas— acomodar los intereses de los poderes fácticos en una legislación en apariencia avanzada. Desde 1960 sobresalió una anomalía: que fenómenos tan importantes para la vida política no merecieran un fundamento constitucional, ni siquiera un ordenamiento general que rigiera la vida de la nación en materia de telecomunicaciones.
Durante más de una década insistimos, en debates públicos, sobre la necesidad de consagrar la facultad constitucional que considerara al espectro radioeléctrico como una categoría de perfiles propios. Asimismo, que ordenara la supeditación de los contenidos a los principios y valores previamente instaurados en la Constitución y estableciera, mediante normas y reglas limitativas, el grado de concentración monopólica que hiciera posible la democracia. De igual modo, que los derechos de las comunidades originarias, las potestades del sistema educativo y académico nacionales, así como los medios de defensa de que podían disponer todas esas instituciones, debían quedar a salvo para evitar tanto la concentración ideológica como la de bandas enteras de espectro en manos de particulares.
Los enunciados proclamados el año anterior en el Pacto por México, prometían cambios en la estructura y orientación de las telecomunicaciones. En primera instancia, proponían límites a la actuación de la autoridad en la materia, de modo que en asuntos tan importantes se procediese a la ciudadanización. Centenares de debates se desarrollaron bajo esa premisa. Casi siempre, debo decirlo, quienes abogaban por la intocabilidad de la Constitución, fueron mayoría. Sabían que un cambio sustantivo de la Carta Magna tendría la fuerza jurídica suficiente para echar atrás los derechos adquiridos como quedó establecido en 1938.
Hoy nos encontramos frente al mismo escenario. Si bien el Estado perdió algunas facultades omnímodas, no es menos cierto que agencias gubernamentales —por efecto de los equilibrios establecidos entre poderes políticos y mediáticos— conservaron y, aun incrementaron, las facultades que poseían bajo el disimulo de intereses cruzados y de mayorías contradictorias en las cámaras del Congreso. Además, el uso tramposo de conceptos como la preponderancia, no sólo ha servido para consolidar los poderes que ya tenían las emisoras privadas, sino para abrirles nuevos campos promisorios.
De nada valieron las alertas de organismos defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión, como del Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, de Amnistía Internacional, de Reporteros Sin Fronteras y de Artículo 19, entre otras. La mayoría de los legisladores involucrados en la operación siguieron fielmente las instrucciones llegadas de Los Pinos y aceptaron incluso que el régimen de sanciones en la materia, incluyendo los contenidos, siguiera en manos de las agencias del Estado sin interferencia alguna.
El dictamen discutido en las Cámaras se aprobó prácticamente en los términos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. El debate fue un diálogo de sordos. La ley se aprobó por amplias mayorías en un recinto blindado para los ciudadanos, quienes en todo caso expresaron sus protestas. Se volvió a aplicar, como en los viejos tiempos, la ley del silencio. Como si se tratara de cuestiones internacionales formalmente estaban vedadas a los legisladores. De hoy en adelante, el IFT tiene autonomía constitucional que de poco le vale en la práctica, porque en lo fundamental para la nación carece de fuerza y los intereses que se pretendía contrapesar, permanecen incólumes, más aún fortalecidos. “Con la iglesia hemos dado, Sancho.”
Jorge A. Chaves Presa
Ya se aprobó la reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahora habrá una sola ley, en reconocimiento al cambio tecnológico que da lugar a la “convergencia”. Ya no importará qué medio se utilice para prestar los servicios de telefonía, Internet, televisión y lo nuevo que se invente.
Desde la perspectiva del usuario las preguntas a formular son: ¿Bajarán las tarifas y mejorará la calidad? ¿Tendrá la autoridad los instrumentos jurídicos, (dientes de verdad) para que el interés público prevalezca? ¿Competirán las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones en una cancha de juego pareja?¿La legislación da certeza jurídica para atraer la inversión que aumente la cantidad, la calidad y variedad de servicios en telefonía, Internet, tv restringida en beneficio del usuario? Esas habrían sido las preguntas que esperábamos predominaran en el debate del Senado de la República. Sin embargo, los reflectores se los llevaron el interés inmediato de Godzilla y King Kong (ver G. Esquivel, EL UNIVERSAL). En efecto, por más extraño que parezca, lo que dominó fue: introducir en la legislación secundaria “predominancia por sector”, como quedó definido de manera ad hoc en los artículos transitorios de la reforma constitucional.
Para alguien ajeno a este debate legislativo, la discusión habría parecido ininteligible. De hecho lo es. ¿Dónde se gestó la confusión? Se originó, desafortunadamente, de una manía legislativa derivada de la desconfianza que hay de unos con otros. Para ello, han hecho un uso desmedido de artículos transitorios para precisar el sentido, alcance y espíritu de las reformas de gran calado a la Constitución. Ahora estamos viendo las consecuencias. Con tanto artículo transitorio, o como Miguel Carbonell escribiera en EL UNIVERSAL, La Constitución transitoria, se abre el espacio para provocar confusiones que a la larga pueden neutralizar los beneficios de la intención de lo que se pretende transformar.
La introducción de términos como “sector” y “predominancia” para ordenar y promover la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones facilitaron la confusión. Cabe mencionar que en economía, y en la legislación anterior sobre competencia, no se hace uso de esas “re-definiciones”. Lo usual en la determinación de prácticas anticompetitivas es usar los conceptos de “mercado relevante” y “poder sustancial de mercado” para evitar y castigar a las empresas que tienen la capacidad de cambiar el precio y la calidad en perjuicio del consumidor/usuario. Los dichosos artículos transitorios ya venían haciendo mucho ruido: el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que definir la predominancia por sector, y la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada a fines de mayo de 2014, reconoce al IFT como “la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, (ver artículo 5). Por lo tanto, los legisladores jurídicamente ya no tenían para donde irse. Los legisladores y el debate pagaron la falta de respeto a la técnica jurídica y a la economía. Una vez más se confirma: política sin técnica es demagogia, y técnica sin política es un fracaso. El consuelo para el 2015 es que gracias a los avances tecnológicos y a la nueva legislación ya no se cobrará por las llamadas de larga distancia y la portabilidad de los teléfonos celulares, entre muchos otros beneficios.
El empresario mexicano Carlos Slim Helú, en imagen de archivo Foto Notimex
La venta de una parte del negocio de Carlos Slim parece ser la evidencia más fuerte de que las nuevas leyes de telecomunicación en México estén surtiendo algún efecto, dice hoy The Economist.
Por su parte, el gobierno parece deleitarse de que sus reformas surtan efecto, dice el semanal. Esperan generar unos 300 mil millones de pesos en los próximos cinco años gracias a la reforma. “El vender una parte de América Móvil, potencialmente con un valor de más de 7 mil millones de dólares, tan pronto en el juego podría lograr que empiece a rodar la pelota”, añade.
Amx prevé venta de activos en 6 meses
Carlos Slim afirmó que buscará definir de manera rápida la venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses.
El empresario dijo en una entrevista con la cadena Reuters, la noche de este jueves, que lo más lógico es que esa venta, necesaria para que la empresa se sacuda la etiqueta de jugador preponderante en el mercado local y pueda librarse de algunas regulaciones y restricciones, se haga a una sola compañía.
Afirmó que “lo que se está buscando es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”.
“Ahora, si en lugar de una son dos empresas, no sé, no podemos nosotros saber cómo va a ser, pero lo más lógico es que sea una empresa”, añadió.
Slim no quiso abundar sobre qué empresas podrían ser las eventuales compradoras del paquete de activos.
Y agregó que “algunos dicen que vamos a vender a los clientes de bajos ingresos, pero nadie compraría eso”.
“Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (…) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”, aseguró cuando se le cuestionó si la operación podría estar culminada en seis meses.
–Con traducción de Luis Chumacero González Durán
Slim prevé vender activos de AMX en menos de seis meses
México / Nueva York.- El empresario mexicano Carlos Slim dijo que el gigante de las telecomunicaciones América Móvil (AMX) buscará definir rápido una venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses.
“Lo que se está buscando es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”, dijo Slim a Reuters en una entrevista el jueves por la noche, en su oficina de la Ciudad de México.
Cuando se le preguntó si la operación podría estar culminada en unos seis meses, respondió: “Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (…) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”.
América Móvil, que tiene el 70% del mercado de móviles y más de 60% del de línea fija de México, busca vender un paquete “transversal” de sus activos que sea atractivo para el eventual comprador y le permita competir en todo el país, de acuerdo con Slim.
América Móvil, que además lidera el mercado latinoamericano de las telecomunicaciones, sorprendió el martes al anunciar su proyecto de venta de activos para reducir su participación en el mercado local a menos de 50%, lo que le permitiría eventualmente ofrecer más servicios.
“Lo que se puede hacer es escindir esas torres, pero con el objetivo de que den servicio a todo aquel que tenga interés en usarlas, que se renten a terceros (…) que si el competidor los quiere rentar los rente en condiciones comerciales como las que paga Telcel”, la unidad local de América Móvil, comentó.
La casa de bolsa Accival le puso recientemente un precio estimado de 3,400 millones de dólares a esa parte del negocio de la telefónica.
Slim prevé venta de activos de América Móvil en menos de seis meses
El empresario mexicano Carlos Slim dijo que el gigante de las telecomunicaciones América Móvil buscará definir, probablemente en menos de seis meses, una venta de activos en México.
Esto, para la que empresa se sacuda la etiqueta de jugador preponderante en el mercado local y pueda librarse de algunas regulaciones y restricciones.
“Lo que se está buscando es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”, dijo Slim a la agencia de noticias Reuters en una entrevista.
“Ahora, si en lugar de una son dos empresas, no sé, no podemos nosotros saber cómo va a ser, pero lo más lógico es que sea una empresa”, dijo el empresario.
De acuerdo con Reuters, cuando se le preguntó si la operación podría estar culminada en unos seis meses, respondió: “Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (…) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”.
Lee la entrevista completa en Reuters
Desincorporación de AMX: lo que Congreso no da, mercado devuelve (Primera Parte)
Jorge Fernando Negrete P.*
Luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impusiera el 7 de marzo de 2014 medidas asimétricas a América Móvil (AMX), el Comité de Estrategia y el Consejo de Administración de dicha compañía anunció que buscará la desincorporación de activos que le permitan reducir su participación en el sector a menos de 50 por ciento, con lo que las medidas establecidas por el órgano regulador y algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) quedarían sin efecto.
“América Móvil informa que su Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada en esta misma fecha y después de analizar diferentes alternativas y recomendaciones presentadas por el Comité de Estrategia, autorizó medidas para reducir su participación nacional por debajo de 50 por ciento del sector de las telecomunicaciones con el objeto de dejar de ser agente económico preponderante en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias”, señala el comunicado de AMX.
La decisión de América Móvil es un primer efecto de la reforma constitucional y la legislación secundaria. La empresa busca beneficiarse del artículo 276 de la minuta que establece que el agente económico preponderante podrá presentar un plan que incluya “la separación estructural, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones o cualquier combinación de las opciones anteriores, a efecto de reducir su participación nacional por debajo del 50 por ciento en el sector donde hayan sido declarados preponderantes”.
América Móvil detalla en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la desincorporación de activos estará sujeta a que Telmex pueda “acceder a la convergencia”, es decir, ofertar servicios de video como lo ha anhelado la compañía de Carlos Slim.
La decisión de la empresa es una medida sorpresiva y audaz, drástica y valienteal mismo tiempo que le devuelve al IFT sus facultades regulatorias en materia de definición de tarifas de interconexión (artículo 131) y revisión de concentraciones (artículo noveno transitorio), y llama a consolidar el sector para enfrentar las futuras condiciones del mercado.
AMX ha tomado una decisión agresiva para atender los cuestionamientos al tamaño de la empresa y a su preponderancia en el sector de las telecomunicaciones. En este sentido, la reforma y la regulación ya surtió efectos en la estructura del mercado.
Uno de los principales impactos del anuncio es que dejará sin efectos la declaración de preponderancia en telecomunicaciones emitida por el IFT, en servicios fijos, móviles y desagregación de red local. A su vez, dejará sin efectos la legislación en materia de regulación asimétrica y preponderancia.
El video donde sea y en todos lados
Como lo han señalado compañías como Ericsson, Cisco y Alcatel-Lucent, el video será uno de los principales generadores de tráfico de datos en la red y, por lo tanto, de ingresos para las empresas de telecomunicaciones, por lo que estar fuera de este servicio implicaba condenarse a la ineficiencia de la red, inversiones postergadas, falta de evolución tecnológica y, sobre todo, débil crecimiento de utilidades.
Ante la posibilidad de que Televisa se erigiera como el consorcio multimedia en México al tener la única plataforma convergente en el país, América Móvil toma una decisión que le abre una oportunidad de competencia en un mercado en crecimiento, definido por la convergencia de plataformas, redes y servicios, con énfasis en el video en cualquier dispositivo, lugar y momento.
Como se sabe, América Móvil ya compite en televisión restringida por tecnología de cable y satelital en algunos países de América Latina. Es evidente que la compañía anhelaba el momento en el cual pudiera atraer su experiencia, contenido y capital a su mercado local, donde aún tiene la mayor red pública de telecomunicaciones, después de que se le ha negado su entrada al mercado de la televisión de paga, por lo menos desde el Acuerdo de Convergencia de 2006.
La LFTR dedica todo el artículo 267, a través de veinte fracciones, a las medidas que podría imponer el IFT para el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, entre ellas la regulación de tarifas de terminación, monitoreo de calidad y oferta de servicios desagregados a los usuarios, entre otras.
Una parte importante de los beneficios que se esperaban de la ley estaban sujetos a la regulación de preponderancia tanto a Televisa como a América Móvil, que proporcionarían infraestructura esencial para el impulso de nuevos operadores tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Sin un preponderante en telecomunicaciones, la ley da un nuevo giro en la industria.
En primera instancia, el artículo 131, que usurpa atribuciones exclusivas del IFT en la definición de tarifas de terminación, quedará en desuso una vez que se apruebe y avale la desincorporación de activos de América Móvil por parte del regulador, con lo que cada operador estará impedido de acceder a tarifas cero de interconexión sino que deberá establecer acuerdos entre las partes.
La tarifa cero de interconexión era una de las medidas que tenía un mayor riesgo de provocar subinversión en el sector. Al perder incentivospara invertir en una red con acceso gratuito a operadores alternativos y éstos últimos al verse en un estado de confort, pudiera haber provocado falta de inversión de ambos grupos y eventualmente falta de incremento de cobertura en el país.
Ante las nuevas condiciones, los operadores alternativos se verán en la obligación de incrementar la cobertura de sus redes, América Móvil podrá mantener los beneficios de redes de nueva generación de fibra óptica y un nuevo operador introduciría competitividad en el mercado.
Ahora se invierte el escenario: el incentivo de América Móvil será sostenerse por debajo del umbral de la preponderancia por sector (50%), obligar a que los competidores inviertan en su propia red o se consoliden, pues ya no tendrán acceso gratuito ni desagregado a la red que dejará de ser preponderante.
Aunado a lo anterior, el artículo 263 de la nueva LFTR que establecía la desagregación de red, quedará automáticamente en desuso, con lo que también se pone en riesgo la entrada de los competidores a nuevas regiones, edificios, instalaciones y otros inmuebles.
Una de las principales razones que motivaron la inserción de dicho artículo en la ley fue el reclamo de operadores alternativos que acusaban al agente económico preponderante de no dar acceso al bucle local, el segmento de red que llega directamente a los usuarios. Ante un nuevo escenario sin preponderante, la desagregación no se hará efectiva, con lo que cada operador podrá tener acceso exclusivo a ciertas regiones. Por ejemplo, un edificio donde sólo se tenía acceso de red mediante la red de Telmex, Axtel o Cablevisión, permanecerá bajo el control de cada operador.
Desde la declaratoria de preponderancia en telecomunicaciones, Mediatelecom sostuvo que las medidas impuestas por el IFT, desde la cuadragésima quinta hasta la quincuagésima tercera, por lo menos, debieron haber sido suscritas por todos los operadores del sector, ya que no se trataban de regulación sobre prácticas anticompetitivas sino medidas que beneficiaban directamente a los consumidores como la desagregación contable en la factura, neutralidad de la red, avisos sobre cobros indebidos y medidas relacionadas con calidad del servicio.
De manera similar, la desagregación de ciertos aspectos de la red por cada uno de los operadores de telecomunicaciones, sea o no agente preponderante, quedará como una materia pendiente de la nueva LFTR.
*Director General de Mediatelecom Policy & Law.
El empresario Carlos Slim dijo que América Móvil buscará definir rápido una venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses.
Para Slim, lo más lógico es que esa venta –necesaria para que la empresa se sacuda la etiqueta de jugador preponderante en el mercado local y pueda librarse de algunas regulaciones y restricciones– se haga a una sola compañía.
“Lo que se está buscando es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”, dijo Slim a Reuters en una entrevista el jueves por la noche, en su oficina en la ciudad de México.
Al preguntársele si la operación podría estar culminada en unos seis meses, respondió: “Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (…) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”.
Observadores del mercado han especulado que la operadora estadunidense AT&T, hasta hace poco una importante socia de América Móvil, podría ser candidata para la compra ahora que está lanzando una ofensiva hacia América Latina.
Prevé Slim venta parcial de AMX en menos de seis meses
El empresario mexicano Carlos Slim dijo que el gigante de las telecomunicaciones América Móvil buscará definir rápido una venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses. Para Slim, lo más lógico es que esa venta -necesaria para que la empresa se sacuda la etiqueta de jugador preponderante en el mercado local y pueda librarse de algunas regulaciones y restricciones- se haga a una sola compañía. “Lo que se está buscando es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”, dijo Slim a Reuters en una entrevista el jueves por la noche, en la Ciudad de México.
“Ahora, si en lugar de una son dos empresas, no sé, no podemos nosotros saber cómo va a ser, pero lo más lógico es que sea una empresa”, dijo. Cuando se le preguntó si la operación podría estar culminada en unos seis meses, respondió: “Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (…) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”.
América Móvil, que tiene el 70 por ciento del mercado de móviles y más de 60 por ciento del de línea fija de México, busca vender un paquete “transversal” de sus activos que sea atractivo para el eventual comprador y le permita competir en todo el país, de acuerdo con Slim. “Algunos dicen que vamos a vender a los clientes de bajos ingresos, pero nadie compraría eso” , agregó. Slim no quiso pronunciarse sobre qué empresas podrían ser las eventuales compradoras del paquete de activos, ni tampoco cuántos recursos podría dejarle la venta a América Móvil.
Confesó que no tiene “una predilección” y que el postor que ofrezca las mejores condiciones se llevará los activos. Observadores del mercado han especulado que la operadora estadounidense AT&T, hasta hace poco una importante socia de América Móvil, podría ser candidata para la compra ahora que está lanzando una ofensiva hacia América Latina.
Además de la eventual venta una parte de su red de telefonía, la empresa también anunció la separación de su infraestructura de radiobases, o torres celulares, lo que disparó comentarios acerca de que podría también vender esas operaciones a terceros. Pero Slim aclaró que esa parte de la operación apunta hacia una escisión que pondría esa infraestructura a disposición de los operadores que quieran usarla.
“Lo que se puede hacer es escindir esas torres, pero con el objetivo de que den servicio a todo aquel que tenga interés en usarlas, que se renten a terceros (…) que si el competidor los quiere rentar los rente en condiciones comerciales como las que paga Telcel” , la unidad local de América Móvil, comentó. La casa de bolsa mexicana Accival le puso recientemente un precio estimado de 3,400 millones de dólares a esa parte del negocio de la telefónica.
México, que a pesar de ser la cuna de América Móvil está rezagado frente a competidores regionales en términos de acceso a servicios de telecomunicaciones, aprobó el año pasado una reforma al sector con la que busca incrementar la competencia y que más mexicanos accedan a servicios de telecomunicaciones. Pero Slim desde hace años llevó la expansión de América Móvil fuera de las fronteras. Hace poco fortaleció su posición en el Viejo Continente con un acuerdo para controlar a Telekom
Austria, que también le abrió las puertas a los Balcanes y a más oportunidades de crecimiento. “Europa Oriental creemos que todavía tiene mucho recorrido”, afirmó. Pero pese a versiones de que podrían estar buscando expandir su imperio hasta Turquía con una eventual adquisición de Turk Telekom, el empresario dijo que no está enterado de que haya conversaciones. “Hasta el momento, que yo esté enterado, no tenemos pláticas al respecto” , aseguró.
10 CLAVES | Televisa, América Móvil y el debate de monopolios en Telecom: ¿son o no agentes preponderantes?
El pasado lunes 9 de julio entró en vigor la nueva Ley Federal de Competencia Económica, aprobada en abril de este año y que establece la prohibición de prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que impiden la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. La Ley Federal de Competencia Económica fue parte de las legislaciones contempladas en el Pacto por México, dentro de la Reforma en Telecomunicaciones. En este contexto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quedó facultado para sancionar, vigilar y regular las actividades de las empresas que manejan los canales de comunicación. Sin embargo, quedaron pendientes las leyes secundarias que detallarían los pormenores de la Reforma, en las que debía abordarse el tema de la competencia entre las grandes compañías del mercado de las radio y telecomunicaciones. El término de “agente preponderante económico” fue una figura incluida en la Constitución Mexicana en la primera parte de la Reforma de Telecomunicaciones. Así, en una de sus primeras acciones, el IFT nombró como agentes preponderantes económicos a la empresas Televisa y América Móvil. La reforma en materia de telecomunicaciones explica que las empresas preponderantes son aquellas que tienen más del 50 por ciento de su participación en este mercado, y al ser declaradas como tal tienen ciertas responsabilidades, principalmente: Permitir que otras empresas utilicen parte de su infraestructura. Someterse a las regulaciones que determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Informar al IFT sobre los términos de sus servicios de transmisión publicitaria. La confrontación entre los legisladores comenzó cuando se pusieron sobre la mesa los parámetros en los que debía declararse esta preponderancia; por un lado, los Algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN) explicaron que tenía que ser con base a los servicios que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, mientras que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijeron que debía ser por sector. Los sectores son lo que refiere a radiodifusión y telecomunicaciones, donde las empresas tienen distintas formas de llegar al mercado. En el sector de la radiodifusión, los servicios que se ofrecen a los ciudadanos son Radio y Televisión abierta, en tanto que en telecomunicaciones son telefonía móvil y fija, Internet y televisión abierta. Antes de que se aclarara si la preponderancia era declarada por sectores o servicios, empresas como Televisa y el consorcio de América Móvil –que maneja Teléfonos de México (Telmex) y Telcel– se vieron en aprietos y comenzó a girar en el Congreso de la Unión una serie de debates que causó el pronunciamiento de las compañías, legisladores y ciudadanos.
Slim podría ejercer warrants de acciones del NYT
El magnate mexicano Carlos Slim podría ejercer los warrants sobre acciones del The New York Times, lo que llevaría a un 17 por ciento su participación en el venerable periódico estadounidense.
Pero su inversión en el diario neoyorkino es puramente financiera, aclaró el empresario de telecomunicaciones en una entrevista con Reuters en Ciudad de México en la noche del jueves. “La opción es a un precio más bajo, estoy seguro de que la deberíamos ejercer, pero lo vemos como una inversión financiera que ha sido muy buena” , afirmó el empresario de 74 años, quien actualmente posee un ocho por ciento de las acciones comunes del diario.
Los warrants, que expiran el enero del 2015, fueron parte de un acuerdo en el 2009 cuando Slim le prestó al New York Times 250 millones de dólares en pleno apogeo de la crisis económica que provocó un desplome de los ingresos por publicidad de muchos grandes periódicos estadounidenses. Entonces, Slim recibió la opción de comprar 15.9 millones de acciones clase A a 6.36 dólares cada una, lo que arroja un valor total de 101 millones de dólares. El jueves, las acciones de la “Dama Gris” cerraron con una baja del 1.92 por ciento a 14.8 dólares.
Carlos SlimEl empresario mexicano Carlos Slim dijo que el gigante de las telecomunicaciones América Móvil buscará definir rápido una venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses.
América Móvil, que tiene 70% del mercado de móviles y más de 60% del de línea fija de México, busca vender un paquete “transversal” de sus activos que sea atractivo para el eventual comprador y le permita competir en todo el país, de acuerdo con Slim.
“Lo que se puede hacer es escindir esas torres, pero con el objetivo de que den servicio a todo aquel que tenga interés en usarlas, que se renten a terceros (…) que si el competidor los quiere rentar, los rente en condiciones comerciales como las que paga Telcel”, la unidad local de América Móvil, comentó.
“Este año va a ser relativamente bajo (el crecimiento) también, pero yo pienso que el año que entra va a ser mucho mejor”, dijo el magnate. “Creo que pronto se van a levantar la inversión, la actividad económica y el crecimiento”.
“Espero que en el año que entra ya sigamos el paso al crecimiento para los próximos cuatro años”, sostuvo Slim.
“Cuando un país rompe la barrera de los 14,000, 15,000 dólares per cápita ya es difícil que regrese al subdesarrollo”, dijo. “Yo creo que estamos muy cerca”.
-Funciones del IFETEL
El IFT ajusta estatuto a Ley de Competencia
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ajustó su Estatuto Orgánico a la Ley Federal de Competencia Económica publicada el pasado 7 de julio.
“El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, el cual establece en su artículo Cuarto transitorio que el Pleno del Instituto deberá adecuar el Estatuto Orgánico al nuevo ordenamiento, en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor”, explicó el IFT.
Asimismo, adelantó que podrá modificarlo nuevamente debido a que el Congreso emitiría la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre las modificaciones se indica que el Instituto ordenará “medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.
IFT ajusta Estatuto a Ley de Competencia
El *Instituto Federal de Telecomunicaciones* (*IFT*) ajustó su *Estatuto Orgánico* a la Ley Federal de *Competencia* Económica publicada el pasado 7 de julio. “El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, el cual establece en su artículo Cuarto transitorio que el Pleno del Instituto deberá adecuar el Estatuto Orgánico al nuevo ordenamiento, en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor”, explicó el IFT en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, adelantó que podrá modificarlo nuevamente debido a que el Congreso emitiría la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre las modificaciones se indica que el Instituto ordenará “medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.