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Timestamp: 2018-12-16 06:30:51
Document Index: 340072396

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 20', 'Artículo 162', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 154', 'Artículo 85', 'Artículo 136', 'Artículo 136', 'Artículo 144']

Sancionada el día 14 de agosto de 1986
y con las reformas de la Convención de 1998.
ARTÍCULO 20º.- ACCIONES PRIVADAS. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
ARTICULO NUEVO - REEMPLAZA AL ANTIGÜO ARTICULO 50º, EL QUE PASA A NUMERARSE COMO ARTICULO 50º BIS
La educación será gratuita y asistencial; y obligatoria hasta el ciclo básico del nivel secundario y demás niveles que en lo sucesivo se establezcan por ley.
La enseñanza particular privada o no oficial, será autorizada y fiscalizada por el Estado, debiendo ajustarse a las condiciones y objetivos fijados en esta Constitución.
Se promoverá la consolidación de la familia, el conocimiento de la Constitución Nacional y Provincial y de la realidad provincial, nacional y latinoamericana.
Se asegurará la educación permanente y sistemática, articulando la educación asistemática.
Se prohibe en todo el territorio provincial la instalación de repositores nucleares.
ARTICULO REFORMADO:
Derecho a constituir e integrar asociaciones de carácter político.
Derecho a peticionar a las autoridades cuando la petición esté dirigida a gestionar un interés público o medidas que beneficien a un sector o a toda la comunidad.
Derecho a reuniones de carácter político y a publicar ideas políticas sin censura previa.
Toda reforma constitucional realizada por la Cámara de Diputados de acuerdo al Artículo 162.
Las leyes que autorizan empréstitos cuyos servicios sean superiores al porcentaje en que se puedan afectar los recursos ordinarios.
Los actos legislativos que se considere conveniente someter a consulta antes de su vigencia.
Dictar todas las leyes necesarias para el ejercicio de las instituciones creadas por esta Constitución, así como las relativas a todo asunto de interés público y general de la Provincia;
establecer tributos para la formación del tesoro provincial;
fijar anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. Podrá fijarse por un período mayor siempre que no exceda el término del mandato del gobernador en ejercicio y que se establezca en base a ejercicios anuales;
aprobar, rechazar u observar en el plazo de noventa días, las cuentas de inversión que deberá presentar el Gobernador hasta el treinta de junio de cada año respecto al ejercicio anterior;
legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras del Estado provincial, requiriéndose los dos tercios de los votos de sus miembros para la sesión de tierras fiscales con el objeto de utilidad social expresamente determinada;
autorizar al gobernador a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta constitución;
crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario y crediticio;
crear y suprimir cargos o empleos no establecidos expresamente pro esta Constitución, determinando sus atribuciones y responsabilidades;
declarar la utilidad pública o el interés general en los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe abonarse la indemnización;
establecer o modificar las divisiones departamentales, conforme a lo establecido en esta Constitución;
acordar anmistías generales;
aprobar o desechar los tratados o convenios que el gobernador acuerdo con el Estado nacional, otras provincias o sus municipios, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, Estados extranjeros u organismos internacionales;
recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia y considerar las renuncias que hicieren de su cargo;
conceder o delegar la licencia al gobernador y vicegobernador en ejercicio, para salir del territorio de la Provincia por más de treinta días;
prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requieran esta formalidad, entendiéndose acordado si dentro de los treinta días de recibida la comunicación correspondiente no se hubiera expedido;
elegir senadores al Congreso de la Nación en la forma que lo determine la Constitución Nacional e instruirles para su gestión en el Senado de la Nación cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia.
efectuar los nombramientos que correspondan conforme a esta Constitución;
disponer con los dos tercios de los votos la intervención de los municipios con arreglo a lo previsto en esta Constitución;
crear la comisión de control y seguimiento legislativo con facultades suficientes para verificar la aplicación de las leyes;
dictar las leyes de organización y los códigos: rural, de procedimientos judiciales, contencioso administrativo, electoral, bromatológico, de recursos renovables y no renovables, y otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia provincial;
proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, justicia, seguridad social, higiene, moralidad, cultura y todo lo que tienda a lograr la justicia social;
reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de competencia del Gobierno de la Nación;
dictar las leyes conducentes a la organización y funcionamiento de la educación en la Provincia.
Ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio efectivo de la ciudadanía.
Ser elector en la provincia y tener cinco años de residencia inmediata en la misma, a no ser que la ausencia sea debida a servicios prestados a la Nación o a la Provincia.
No ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y las hace ejecutar, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos. Puede ejercer el derecho de veto;
Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, el estado general de la Administración, el movimiento de fondos que hubiese producido dentro y fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas;
Convoca a elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas;
Convoca a la Cámara de Diputados, a sesiones extraordinarias;
Presente el proyecto de ley de presupuesto y recursos, hace recaudar las rentas de la Provincia, decreta su inversión con arreglo a la ley y publica trimestralmente el estado de tesorería;
Nombra y remueve a los ministros y a todos los funcionarios de la administración pública para los cuales no se haya previsto otra forma de nombramiento o remoción, conforme a la ley que reglamente los mismos;
Otorga jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales conforme a la ley;
Concede indultos y conmuta penas, previo informe del Tribunal Superior, con excepción de las que recaigan con motivo de los delitos referidos en el Artículo 12 de esta Constitución y de los cometidos por funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político;
Ejerce el poder de policía;
Propone los miembros del Tribunal Superior;
Ejerce la fiscalización, control y tutela de los entes descentralizados, empresas del Estado o con participación estatal y sociedades o asociaciones con personería jurídica para asegurar el cumplimiento de los fines respectivos;
No podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
INCISO NUEVO: Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral, ni la intervención a los municipios, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que deberán ser refrendados por todos los ministros.
Representa a los órganos que desempeñan la función judicial y ejerce la superintendencia sobre la administración de justicia.
Nombra a los empleados y funcionarios de la administración de justicia no pudiendo removerlos sin sumario previo.
Ejerce la jurisdicción en el régimen interno de las cárceles.
Dicta el reglamento interno.
Remite semestralmente a la Cámara de Diputados y al Gobernador, una memoria del estado y necesidades de la administración de justicia, debiendo incluir un detalle de las sentencias de cada tribunal, recusaciones e inhibiciones de cada juez.
Puede enviar a la Cámara de Diputados, con carácter de iniciativa, proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento de la administración de justicia, de la policía judicial y creación de servicios conexos, como asimismo los códigos, leyes de procedimientos judiciales y sus modificaciones. En estos casos, el presidente del Tribunal Superior o un miembro que éste designe, podrá concurrir a las comisiones legislativas o a la sesión de la Cámara para fundar el proyecto o aportar datos e informes.
Anualmente propondrá al Gobernador el presupuesto de gastos de la administración de justicia.
En los conflictos de competencia entre los órganos del Estado provincial, entre éstos y las municipalidades o de las municipalidades entre sí y los que se susciten entre las cámaras o jueces o entre uno de éstos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de sus respectivas jurisdicciones.
En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso. Ejerce jurisdicción recurrida como tribunal de casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley. Conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley.
ARTÍCULO 154º.- AUTONOMÍA. Los municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La Legislatura Provincial sancionará un régimen de coperación municipal en el que la distribución entre la Provincia y los municipios se efectúe en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada unos de ellos, contemplando criterios objetivos de reparto; y sea equitativa, proporcional y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. La autonomía que esta Constitución reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna.
Organos de fiscalización y contralor, tales como la Fiscalía Municipal y Tribunales de Cuentas regionales, asegurando en estos la representación de todos los Departamentos. Como así también deberá asegurar la Justicia municipal de faltas.
Los derechos de iniciativa, consulta, revocatoria y audiencias públicas.
El reconocimiento de Centros Vecinales.
El sistema de juicio político, estableciendo como condición para la suspensión o destitución el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo Deliberativo.
El proceso de regionalización para el desarrollo económico y social, que permita la integración y coordinación de esfuerzos en pos de los intereses comunes mediante acuerdos interdepartamentales, que podrán crear órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Esta Constitución reconoce las siguientes regiones:
La descentralización de la gestión de gobierno.
La defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta lo que dispone esta Constitución.
La composición del patrimonio municipal y los recursos municipales.
Derechos del consumidor. Protección y defensa de los consumidores y usuarios.
Organización administrativa, debiéndose prever la descentralización de la misma.
Todos los demás requisitos que establece esta Constitución.
Cuando existiere acefalía para asegurar la constitución de sus autoridades;
cuando no cumplieren con los servicios de empréstitos o si de dos ejercicios sucesivos resultare déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera;
para normalizar la situación institucional;
cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica municipal.
Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
El Gobernador y el vice Gobernador cumplirán el mandato para el que fueron elegidos.
Los jueces del Tribunal Superior y Procurador General concluirán sus funciones conjuntamente con el Gobernador y el vice Gobernador en ejercicio.
La ley reglamentará la Función Municipal hasta tanto cada convención municipal dicte su respectiva carga orgánica.
La convocatoria electoral determinará la forma de renovación de la Cámara de Diputados para el próximo período.
Hasta que se dicten las distintas leyes orgánicas reglamentarias a que se hace referencia en esta Constitución u otras que se consideren necesarias, se aplicarán las leyes en vigencia en todo aquello que sea compatible con la Constitución.
Sancionada la Constitución los diputados constituyentes prestarán juramento de cumplir sus disposiciones. El Gobernador, vice Gobernador, presidente del Tribunal Superior, Intendentes municipales y presidentes de comisiones municipales, lo harán ante la Convención Constituyente una vez que entre en vigencia.
Los funcionarios públicos, partidos políticos y organizaciones sociales son responsables de la difusión de los derechos fundamentales, de las instituciones republicanas y de los principios democráticos que consagra esta Constitución.
La Convención Constituyente en cumplimiento del mandato popular que ha recibido, realizará todas las tareas inherentes al mismo y en particular las siguientes:
Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución Provincial;
ordenar y controlar la publicación de la nueva Carta en el Boletín Oficial;
confeccionar las notas, antecedentes y correlaciones;
presentar el texto constitucional al poder constituido y al pueblo de la Provincia.
A efectos de cumplimentar lo establecido en el Artículo 85º, respecto del número de bancas del Departamento Capital, se convocará a elección para su cobertura una vez concluido el mandato de los actuales ocupantes de las bancas extras.
Declárase en comisión a los actuales jueces del Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General. A partir de la vigencia de esta Constitución los miembros del Tribunal Superior y el Procurador General deberán designarse de conformidad a lo establecido en los Artículos 130º y 136º.
Hasta tanto se implemente el sistema de designación previsto en el Artículo 136º, la Cámara de Diputados cubrirá las vacantes de jueces inferiores, de conformidad al sistema actualmente en vigencia.
La ley a que se refiere el párrafo 2º del Artículo 136º Bis de esta Constitución deberá sancionarse en forma inmediata desde la vigencia de las reformas producidas por esta Convención.
La Legislatura Provincial deberá dictar la ley especial de organización y funcionamiento a que referencia el Artículo 144º dentro del plazo de noventa días a partir de la jura de esta Constitución.
Hasta que los municipios determinen el momento de llamar a Convenciones Municipales, una Ley Orgánica Municipal Transitoria sancionada por la Legislatura Provincial con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, con arreglo a lo que disponen los Artículos 155º y 157º, regirá como Carta Orgánica única para todos los municipios.
A partir de la sanción y promulgación de la Ley Orgánica Municipal Transitoria, las Cartas Orgánicas quedarán automáticamente derogadas hasta la sanción de las nuevas
El llamado a Convenios Municipales será determinado por los 18 municipios en acuerdo con el Gobierno Provincial.
En 1999 y con el objeto de hacer operativa la figura del vice Intendente, la convocatoria a renovación de los Cuerpos Deliberativos deberá realizarse disminuyendo un miembro.
La convocatoria a renovación de los Cuerpos Deliberativos del año 2001 deberá realizarse por el término de dos años.
A partir de la elección del año 2003 tendrán vigencia las nuevas composiciones de los Cuerpos Deliberativos.
Los Convencionales Constituyentes, y las autoridades provinciales y municipales prestarán juramento de cumplir las disposiciones de esta Constitución en la forma y fecha que se determine por presidencia.
Facúltase a la Comisión de Redacción y a los Convencionales Constituyentes que por presidencia se determine para:
Esta Convención prorroga su mandato hasta el juramento del nuevo texto constitucional y a ese solo efecto.