Source: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=63351&legiid=490
Timestamp: 2019-09-22 03:30:53
Document Index: 353405246

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 103', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 6', 'in fine']

HOMENAJE A CANTANTE DE MÚSICA POPULAR DON LUIS GRILLO
SITUACIÓN DE VIVIENDAS DE PASO SECO SUR, VILLA FUTURO Y ALTOS DE CORONEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
PREOCUPACIÓN POR CORTE DE AGUA PROLONGADO EN OSORNO
MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN REGIÓN DE VALPARAÍSO ANTE POSTERGACIÓN DE LICITACIÓN DE NUEVO SISTEMA. OFICIO
EFECTOS POR DISMINUCIÓN DE RECURSO JIBIA EN PESCA ARTESANAL Y PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE REGIÓN DE VALPARAÍSO. OFICIO
APLICACIÓN DE FALLO DE CORTE SUPREMA EN FAVOR DE HABITANTES AFECTADOS POR INTOXICACIÓN MASIVA EN ZONAS DE PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO. OFICIOS
Sesión 34ª, en miércoles 17 de julio de 2019
(De 16:54 a 19:44)
Aplicación de fallo de Corte Suprema en favor de habitantes afectados por intoxicación masiva en zonas de Puchuncaví y Quintero. Oficios (Observaciones del Senador señor Latorre)
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Defensa, señor Cristián de la Maza Riquelme; el Director de Presupuestos, señor Rodrigo Cerda Norambuena, y el Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquizar Muñoz.
--Se abrió la sesión a las 16:54, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, ordinarias, en 9 y 10 de julio de 2019, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero, inicia un proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata (Boletín N° 12.779-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Con los dos siguientes, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
Con los dos subsiguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
Con los cuatro últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las iniciativas que se indican a continuación:
1.- La que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago (Boletín N° 11.078-03).
3.- La que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines que indica (Boletín N° 12.637-07).
-Sobre el estado actual del Plan Pirihueico.
-Respecto de las obras de agua potable en favor del Comité de Agua Potable Rural Puringue Rico, en la comuna de Mariquina.
-Acerca de la factibilidad de construir una bajada de la berma en la ruta Chiscahue-Puerto Nuevo, en la comuna de Paillaco.
-Remite los estudios de ingeniería para la Región de Los Ríos relativos a las prefactibilidades de mejoramiento de obras civiles que indica, y de factibilidad y construcción de proyectos de agua potable.
-Sobre la regularización de expropiaciones a causa de la construcción de la Ruta T-350.
-Respecto del estado del camino denominado "Melosa", cerca de la comuna de Futrono.
-Acerca del avance del proyecto de Agua Potable Rural de Pichirropulli, en la comuna de Paillaco.
-Sobre la paralización de las obras del proyecto de construcción del sistema para el agua potable rural de Tres Ventanas, en la comuna de La Unión.
Remite información solicitada por el Honorable Senador señor Guillier sobre el estado de avance de la homologación entre el personal de la Junji y el de la Fundación Integra.
De la señora Tesorera General de la República:
Del señor Director Nacional del Instituto de Salud Previsional:
Del señor Director Ejecutivo de Conaf:
De la Comisión para el Mercado Financiero:
De la señora Secretaria General (S) de la Junaeb:
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva (S) de la Corfo:
Del señor Seremi de Educación del Biobío:
Del señor Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos:
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Recoleta:
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli:
De la Comisión de Relaciones Exteriores y, otro, de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, ambos recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27) (con urgencia calificada de "suma").
Informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (Boletín N° 12.018-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se acepta.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, hemos recibido una petición del Ejecutivo para considerar algunos aspectos sobre un proyecto que está siendo analizado en nuestra Comisión de Medio Ambiente. En tal sentido, solicitamos que se nos autorice para funcionar en paralelo con la Sala.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo que pasa es que tenemos votaciones pendientes en la iniciativa que establece nuevo mecanismo de financiamiento de la defensa nacional, algunas son solicitudes de votaciones separadas, creo que quedan cuatro o cinco, y entiendo que hay una o dos normas de quorum especial.
No tengo problemas en que funcionen en paralelo, pero definamos un procedimiento rápido de votación, porque, si no, nos va a ocurrir lo mismo que la semana pasada, cuando se interrumpió el debate del proyecto para realizar un homenaje, etcétera, y después quedamos con dificultad de quorum.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Haríamos la prevención de poder avisar a los miembros de la Comisión que esté funcionando en paralelo para cumplir los quorums...
El señor PIZARRO.- Al revés, señor Presidente, sugiero que la votación la hagamos lo más rápido posible. ¡Si el debate ya está hecho!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, aún hay varios inscritos pendientes.
Lo importante es que cerremos ese listado para proceder inmediatamente a la votación.
No habría inconveniente, pero les pido a los Senadores que se autolimiten en sus intervenciones.
El señor ALLAMAND.- ¡Cosa que nunca resulta...!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Quedan tres inscritos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la Cuenta viene lo referido a la denominada "renuncia" de la encargada de Finanzas de esta Corporación, señora Cristina Araya, quien fue desvinculada del cargo el día 10 del presente mes.
A partir de la información que nos ha entregado -la ha hecho circular entre varios Senadores y Senadoras-, quisiera esclarecer en esta Sala el procedimiento usado para su desvinculación, pues ella no presentó la renuncia, sino que se le exigió la renuncia.
Entonces, hay varios antecedentes preocupantes respecto del trato a nuestros funcionarios.
Este debate lo tuvimos cuando hubo que tomar la decisión acerca de quién iba a ser el futuro Secretario o Secretaria de la Corporación.
En ese momento se estableció mucho la modernización de estas instituciones arcaicas, respecto de lo cual estamos todos completamente de acuerdo.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el procedimiento que se usa. No podemos optar por una modernización fetichista, en la cual lo que importa es el aparataje, la organización, la institución, y los seres humanos valen cero.
En aquella oportunidad creo que estuvo presente ese debate.
¡No es posible que nuestras funcionarias y nuestros funcionarios sean expuestos a un maltrato!
Los antecedentes que entrega la señora Araya son bastante preocupantes. Se le exigió la renuncia por una mala administración, por desorden, por falta de efectividad de su cargo.
Hablo de una persona que lleva 25 años trabajando en esta Corporación, evaluada permanentemente por todos los organismos internos y externos, y de la cual nunca hemos sabido de una tan grave falta que amerite prácticamente una expulsión en un día, ni siquiera en 48 horas (se han transgredido una serie de normas internas de procedimiento del Senado).
Quisiera, señor Presidente, tener una explicación sobre aquello.
Además, quiero consultar si es efectivo que ella fue acompañada por personal de Carabineros a entregar la clave de su computador. Hasta ahora, lo tiene bloqueado completamente, lo cual atenta contra normas internas de esta Corporación. Todos los funcionarios, hasta el momento de su desvinculación definitiva, pueden tener acceso a sus computadores. Y ella va a ser desvinculada el 28 de agosto.
No conozco lo ocurrido. No soy integrante de la Comisión de Régimen Interior, pero creo que ahí se tomó la decisión. No sé cuál es la gravedad tan profunda, a menos que haya habido un robo, un asalto. Pero si se trata de desorden administrativo, es una falta que se puede evaluar, pero no con los procedimientos tan graves como los que se están introduciendo hoy día en el trato a nuestros funcionarios, y respecto de los cuales quiero dejar constancia de que estoy absolutamente en desacuerdo.
Modernización no significa maltratar a la gente, a nuestros funcionarios y a nuestras funcionarias.
Por eso, siempre estuve de acuerdo en que el nuevo Secretario fuese una mujer -nunca ha habido una mujer Secretaria de esta Corporación-, que fuera Pilar Silva, una gran Secretaria de muchos años. Pero acá se dijo que no podían ser personas internas las que asumieran estos procesos de cambio y de modernización necesarios en el Senado.
Por eso, quiero dejar aquí puesto públicamente mi malestar.
Espero que se tomen medidas para saber cuál va a ser el trato a nuestras funcionarias y a nuestros funcionarios actualmente en nuestra Corporación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Quisiera señalar que este acuerdo fue adoptado por la Comisión de Régimen la semana pasada. Le haremos llegar los antecedentes ahí consignados.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, solicito que se amplíe el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa (boletín N° 11.900-06), hasta el lunes 5 de agosto, de vuelta de la semana regional.
El plazo original vence el lunes 22 de julio.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de iniciar el Orden del Día, solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Defensa, don Cristián de la Maza; el Director de Presupuestos, don Rodrigo Cerda, y el Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa, don Pablo Urquízar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde reanudar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, con segundos informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 88ª, en 15 de enero de 2019 (se aprueba en general); 32ª, en 10 de julio de 2019 (queda pendiente la discusión en particular).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que en sesión de 10 de julio recién pasado se dieron por aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y se votaron las enmiendas unánimes, quedando pendientes las modificaciones aprobadas por mayoría en las Comisiones que analizaron la iniciativa.
En dicha sesión, quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señor Navarro, señora Allende y señor Girardi.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continuando con la discusión particular, tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto, por cierto, es un avance. Se libera a Codelco; se le descontamina. Jamás debió haberse cargado a la mayor empresa estatal productora de cobre del mundo con una mochila de esta naturaleza, con un claro objetivo político de seguridad nacional: las Fuerzas Armadas, pero cuya revisión se volvió impracticable durante ¿cuánto, señor Presidente? ¿40 años?
El señor MONTES.- ¡Menos!
El señor NAVARRO.- "Menos", dice el Senador Montes.
Pero era invariable.
Cada vez que se intentó terminar con la Ley del Cobre (10 por ciento de las ventas del cobre, el "sueldo de Chile", para las Fuerzas Armadas) no había mayoría, los quorum no lo permitían.
Por tanto, liberar a Codelco, dejarla que se desarrolle como empresa estratégica, esencial, vital para el desarrollo de Chile, me parece adecuado.
Hablamos de un financiamiento que podrá ser en términos cuantitativos de similar alcance, pero que lo aleja y lo relega a un elemento distinto de una empresa pública tan esencial como Codelco.
Señor Presidente, hemos discutido durante muchos años en cuanto a quién decide las compras de armamento de la Fuerzas Armadas.
Yo presenté un proyecto de ley que está en la Comisión de Defensa. Cuesta mucho que las mociones puedan ser discutidas, y sobre todo en materias tan complejas como esta. Pero dicha iniciativa decía quién decide las compras de las Fuerzas Armadas.
¡Hemos tenido enormes problemas!
Ahora se ha fijado por ley un procedimiento que tiene un conjunto de controles por todos los organismos.
Sin embargo, ante las preguntas del Senador Montes respecto de quién adopta la decisión de adquisición de material bélico o de defensa y de quién controla que no se produzcan arbitrariedades en esos procesos, el Subsecretario de Defensa, señor De la Maza, explicó que en todos los casos se efectúa un análisis previo a la autorización de un proyecto, lo que supone la consideración de distintas alternativas. Agregó que una vez autorizados los recursos se inicia un proceso de licitación -es pública- que es, en última instancia, controlado por la autoridad democrática, Presidente de la República y los Ministerios involucrados. Añadió que dicho proceso incluye un análisis técnico de personal calificado que arriba a conclusiones, las que son presentadas al Ministro de Defensa Nacional y, tratándose de compras elevadas -siempre lo son en el caso de material de guerra-, también al Primer Mandatario, es decir, al Presidente de la República de turno. Por consiguiente, sostuvo, no se está en presencia de decisiones discrecionales, sino escrutables por la autoridad política del Ejecutivo y, en su rol auditor de procesos, por la Contraloría General de la República.
No está el Senado en la explicación del Subsecretario De la Maza. Este va a ser informado.
En cuanto al control ejercido por el Congreso Nacional sobre la forma de materialización de las capacidades estratégicas, se dispone que una vez al año el Ministro de Defensa Nacional informará sobre la materia en sesión conjunta y secreta de las Comisiones de Defensa Nacional.
Además, respecto del control ejercido por las Comisiones técnicas del Congreso Nacional en relación con el anticipo de adquisiciones, el Ministro de Defensa Nacional deberá informar sobre dichos anticipos en sesión secreta a las comisiones técnicas de cada Cámara del Congreso Nacional.
Pero está claro que quien toma la decisión de qué se compra es el Ejecutivo.
Hubiera sido absolutamente deseable y, además, extraordinariamente positivo que el Senado también tuviera participación en dicho proceso. Dejar esto en manos solo del Presidente de la República, del Ministro de Defensa y de un equipo técnico -el cual, por cierto, es afín al Gobierno- no me parece acertado. Me leí el informe y no dice que ese equipo técnico va a ser, digamos, diverso, plural.
Alguien toma la decisión de comprar F-16. Se tomó en el pasado y tenemos las restricciones que tenemos con esos aviones. Esta pregunta yo la he hecho y me han dicho que es información secreta y reservada, pero está claro que Estados Unidos no le vende aviones, ni misiles, ni repuestos a cualquiera: ¡tiene el control completo!
En algunos países de América Latina los F-16 solo sirven para hacer exhibiciones de vuelo, porque Estados Unidos no les vende ni el material de repuesto ni los misiles. Es decir, quedamos a merced del proveedor del material bélico. Y la pregunta es, entonces: ¿Es bueno que este Senado sepa lo que estamos comprando y sus alcances? Yo creo que sí. La decisión no debe ser exclusiva del Presidente de la República y del Ministro de Defensa.
Me hubiera gustado, por cierto, que hubiéramos avanzado en un control más estricto del Senado en la decisión esencial de la compra de armamento bélico. Y no solo de la compra.
Señor Presidente, legítimamente mucha gente en Chile se pregunta si es necesario que este país se prepare, se modernice a fin de tener Fuerzas Armadas disponibles para defender la patria. Y yo comparto con el Ministro de Defensa, y también con las Fuerzas Armadas, la idea de que es necesario. Hay que prepararse, ser disuasivos.
Sin embargo, la pregunta es cuánto destinamos a este gasto y a qué lo destinamos.
Lo decían los profesores, en un paro de un mes y medio: resolver la huelga equivalía a dos F-16 de 40 millones de dólares (el señor Ministro nos podrá señalar cuánto cuestan estos aviones). ¡Dos F-16! Y la pregunta es si el país va a comprar 20 más, 10 más o va a tomar una decisión de decir: "¡No! Voy a tener dos menos para dedicar esos recursos a mejorar las pensiones o la calidad de las viviendas".
Por cierto, las viviendas que durante todos los gobiernos se han construido, durante años, son pésimas, y después hay que demolerlas, porque el subsidio sigue siendo bajísimo...
El señor QUINTANA (Presidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Deme un minuto más, para terminar, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- ¡Dele dos minutos más, señor Presidente...!
Entonces, yo solo digo que hemos dado un paso positivo. El Ministro de Defensa ha llevado adelante un mecanismo de consulta, de diálogo, reconocido por todos en la Sala.
Yo voy a votar a favor de este proyecto. Creo que es lo que se ha podido avanzar hasta ahora. Se avanza en el punto central, que era separar a Codelco de esta mochila; y se avanza en controles democráticos, pero siguen pendientes temas que, sin duda, van a estar a la par de una nueva Constitución y de una discusión mucho más profunda en este Senado.
Hoy día avanzamos hasta aquí. Claramente, tenemos una ley añorada, que termina con la Ley del Cobre y la carga sobre Codelco. Se han establecido controles. Yo sigo diciendo que lo esencial es quién decide cuánto gastamos. Me habría gustado que el Senado hubiera tenido participación en aquello, porque las necesidades del país en lo social son enormes. La defensa y la modernización son necesarias, pero también lo es un sentimiento social, de gasto social al que este Senado no puede renunciar.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pido que el proyecto que viene a continuación, sobre bienestar animal, vuelva a la Comisión de Medio Ambiente para un nuevo primer informe y, en su lugar, se vea el proyecto de mortinatos, que está con informe.
La señora VON BAER.- Muy bien.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, pero me parece muy relevante hacer algunos comentarios.
No cabe ninguna duda de que Chile tiene que modernizar su política de defensa militar, de que el país debe mantener una inversión suficiente, porque vivimos en un mundo complejo y, evidentemente, la estrategia de disuasión que hemos tenido ha sido conveniente y adecuada.
Tal vez la preocupación sea entender el cambio muy profundo que viene en materia de defensa, y estoy seguro de que el Ministro Espina está muy empeñado en eso. Pero nosotros tenemos que pasar de una defensa tradicional a una defensa del siglo XXI, que va a ser una ciberdefensa.
A mí, por casualidades de la vida, me tocó estar hace dos años en el Encuentro Mundial de Internet en China, y participé en un panel con el Presidente Xi Jinping. Lo que él señaló fue muy claro: China ya no está volcada hacia el interior; ahora se vuelca hacia el exterior. Y el desafío que planteó él fue, justamente, la hegemonía del ciberespacio.
Pues bien, la hegemonía del ciberespacio tiene que ver con el control de los datos y el control de la inteligencia artificial. Quien posea la mayor cantidad de datos y el mayor desarrollo de inteligencia artificial va a disponer de un poder militar, económico, político incontrarrestable.
El desafío es cómo se inserta Chile en este escenario, en esta nueva geopolítica, donde los grandes ejércitos van a ser las plataformas. Por eso, cuando comienza el conflicto entre China y Estados Unidos no son los ejércitos los que se confrontan; lo que se confronta es Google versus Huawei, porque es parte de lo que viene.
En el pasado existían las "guerras calientes", como la Segunda Guerra Mundial. Después vino la "Guerra Fría". En adelante, vamos a ver guerras silenciosas, pero tal vez mucho más destructivas, más eficaces que las tradicionales.
Por lo tanto, ¿cómo se prepara nuestro país para enfrentar ese desafío?
Yo tengo una preocupación por el tema del énfasis de la política satelital chilena, y se lo hemos planteado al Ministro.
Los satélites son un mundo que no se puede externalizar. Chile tiene que generar capacidades propias en esta materia. ¿Por qué? Porque los satélites son los datos propios y la soberanía no se externaliza. Si uno compra datos a otro, los puede utilizar para establecer políticas de control, que tienen que ver, justamente, con la soberanía.
Si hay algo que Chile no puede delegar y en que la tecnología tiene que generarse a través de capacidades propias son, justamente, los satélites observacionales que captan imágenes -que, además, son el poder del futuro- y las telecomunicaciones.
Chile debe tener política espacial. Ya los chinos van a establecer bases en la luna. Ya Trump ha planteado que van a establecer la primera base en la luna el 2024. La política espacial es el control del espacio, es ir a Marte en el más corto plazo, es la minería espacial.
Bueno, ¿cómo nosotros vamos a abordar esos desafíos?
Chile tiene en sus universidades, en su mundo científico, incluso en sus Fuerzas Armadas una capacidad potencial muy importante para el desarrollo de satélites. Nuestro país ya tiene satélites dando vueltas, pero son hechos por la Universidad de Chile, por la Universidad de Concepción, por un conjunto y un consorcio de universidades.
Chile puede formar sus propios satélites. Podemos tener una constelación de nanosatélites, que pesan unos 10 kilos, para poder hacer todo el proceso de transmisión de datos y, a futuro, a partir de esta experiencia, contar con satélites de telecomunicaciones, y no delegar la soberanía nacional, no pedirle a otros que vigilen por nosotros, que tengan datos por nosotros, porque los datos van a ser el control del futuro.
Además de esto, hicimos un estudio con la Universidad de Chile, con la Comisión del Futuro, en el que participaron cerca de veinte universidades, y no solo se veía interés en materia de defensa, sino también en la posibilidad de que Chile genere un negocio de más de dos mil, tres mil millones de dólares al desarrollar satélites que pudieran ser utilizados por otros países latinoamericanos.
Argentina genera sus propios satélites, que son grandes. Pero Chile tiene que tomar una opción y lo que hemos conversado con el Ministro Espina es la importancia de que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en las ciencias. Todos los grandes avances de las ciencias, lamentablemente, son avances de seguridad nacional: internet, la pantalla touch, Siri, todos. ¡Hasta las vacunas en Estados Unidos tienen que ser aprobadas por el Pentágono! Los grandes científicos en el mundo entero están en los sistemas de seguridad nacional.
En Chile, por ejemplo, un ingeniero de la Fuerza Aérea no puede llegar a ser comandante en jefe, porque solo pueden llegar los comandantes de guerra -entre comillas-, que tripulan aviones. Eso tiene que cambiar. A futuro, los comandantes en jefe debieran ser los ingenieros, porque los desafíos del futuro van a ser desafíos ingenieriles.
A mí me parece que con este proceso de modernización tenemos que dar un salto grande para que Chile se instale en el siglo XXI; para que Chile desarrolle sus políticas y sus capacidades satelitales, que van a ser capacidades de defensa; para que Chile desarrolle tecnologías propias, y para que Chile cuente con una política espacial.
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea debiera ser en adelante el "Comandante en Jefe del Espacio". En Francia, Macron acaba de anunciar justamente que se cambia el estatus del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el cual pasa a ser Comandante en Jefe del Espacio.
Nosotros tenemos que decidir en qué mundo queremos estar. ¿Vamos a estar en el siglo XX o vamos a instalarnos en el siglo XXI?
¿Qué tipo de plataformas vamos a generar?
Los franceses están discutiendo, dado que no tienen ninguna plataforma y están fuera de la geopolítica, si forman una plataforma europea o incorporan a Google a la OTAN. Esa es la discusión europea.
¿Pero qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica hoy día está totalmente fuera de la geopolítica del futuro, y debiéramos intentar estar dentro.
De todas maneras, apoyo esta iniciativa, pero me parece evidente que tenemos que hacer una discusión con nuestro mundo científico sobre cómo Chile se instala en este debate del siglo XXI.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, un mecanismo estable permite desarrollar capacidades estratégicas. Y se llaman así precisamente porque no se pueden financiar con los recursos normales. Son aquellas capacidades que el Estado ha definido como necesarias para contribuir a mantener la paz en base a la disuasión. Por eso, estas capacidades tienen, además, algo en particular: son polivalentes, y lo vemos hoy día cuando hay que enfrentar diferentes amenazas.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra hablaron de un aspecto, el ciberespacio; de las amenazas que hay, que son reales y presentes. Pero también hay amenazas concretas en las fronteras, hay amenazas del crimen organizado transnacional y de muchos hechos delictuales que están afectando a nuestra sociedad, algunos de ellos vinculados al narcotráfico.
Las Fuerzas Armadas tienen muchísimas capacidades, y se deben preservar, ojalá con recursos que puedan ser empleados en el país. En tal sentido, quiero indicar que la ley en proyecto busca dar estabilidad en estos procesos, que son complejos pero que permitirían perfectamente que la industria nacional se desarrollara.
Tal como se señalaba, el programa espacial nacional es una gran aspiración y, por eso, efectivamente el mundo académico puede contribuir y generar industrias.
En el mundo de la ciberseguridad también. El país más avanzado, Israel, definió que su capital de la ciberseguridad estuviera en Beersheba, y quienes se desempeñan ahí son gente que o trabaja o ha estado en las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen es única, y por eso es tan importante incorporarlos.
Sin embargo, aquellos activos, aquellas plataformas -aeronaves, submarinos, tanques, fragatas- requieren de procesos largos, intensos, no solo para decidir qué comprar, sino también para ver cómo sostenerlos en el tiempo. No se saca nada con comprar un avión si no se es capaz de mantenerlo. Por eso los programas de media vida son tan importantes.
También debemos hacernos cargo al término de su vida útil: cuando estos sistemas llegan a ese punto se debe asumir el costo de darlos de baja. No se pueden dejar los armamentos, los explosivos, los materiales -algunos incluso podrían ser hasta radiactivos- afectando al entorno. Hay costos asociados y se tienen que financiar.
En tal sentido, el mecanismo propuesto lo permite, con un sistema que garantiza estabilidad en el tiempo y que da tranquilidad por los controles democráticos que se han establecido. Pero, más importante, le da la oportunidad al país de cambiar su matriz económica, entendiendo que, en vez de ser productor de commodities, de vender los insumos prácticamente tal como se sacan de la tierra, es posible transformarlos y convertirlos en maquinaria sofisticada, altamente tecnologizada, que puede ayudar a contribuir a la disuasión. ¿Y por qué? Porque pueden ser usados en la defensa.
En ese sentido, Chile tiene una posición privilegiada: es un país abierto a todas las economías del mundo, con tratados de libre comercio. Y eso le ha permitido estar presente en los foros más importantes de la defensa. Porque no es posible concebir la globalización si no existe defensa.
Las tres "d": la diplomacia, necesaria para mantener los equilibrios de paz; la defensa, necesaria para sostenerla; pero también el desarrollo; esos tres elementos van juntos. Y esta ley permite, precisamente, que Chile se inserte, incluso con socios extranjeros, para generar, desde esta plataforma logística, elementos que contribuyan a la paz mundial.
Chile es actor, además, de los ejercicios internacionales más importantes, porque ha alcanzado un nivel de reconocimiento de sus pares debido a que posee y opera capacidades estratégicas similares a las de las grandes potencias.
Eso es lo que tenemos que conservar y por eso es tan importante estar a la altura estratégica que se requiere. Tenemos que estar, no en la milla 200, sino en la milla 3 mil, donde se ubica el límite marítimo de Chile. También tenemos que estar presentes en el espacio exterior.
Por eso, señor Presidente, creo que es altamente importante tener un amplio apoyo para esta iniciativa, e invito a todos los colegas que en estos momentos están en Comisiones a que vengan a votar. Necesitamos aprobar esta iniciativa de ley, pero con una amplia mayoría.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, compartimos el diagnóstico de la necesidad de establecer un sistema democrático de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que sea justo, transparente y, muy importante, que cuente con un fuerte control de las autoridades políticas, tanto del Ejecutivo como del Congreso, lo que ha sido un anhelo y una lucha histórica -podría llamarla así- a lo menos del Partido Socialista.
Creo que en la discusión en particular el modelo propuesto se ha podido perfeccionar a través de la mesa de trabajo que hubo con el Ejecutivo.
Un gran acuerdo fue la eliminación de los gastos permanentes. El acuerdo establecía pisos mínimos para los gastos generales de las Fuerzas Armadas. Este sistema me generaba serias dudas, ya que no había claridad respecto de cuál era ese piso mínimo y cuál, su forma de cálculo.
El Fondo Plurianual sufrió, a su vez, ciertas modificaciones. Se va a ejecutar dentro de un plan de inversiones de cuatro años, pero se establece una base mínima no menor al promedio de gastos realizados los últimos seis años, lo cual constituye un aporte basal no inferior a los 500 millones de dólares.
En su oportunidad, en la discusión general cuestionamos esto, porque pienso que asegurar pisos puede incentivar la compra de armamentos no siempre en forma planificada o necesaria. Por eso, hay que fiscalizar muy bien estos usos.
Este fondo iba a ser inicialmente administrado por un órgano "técnico": tres personas designadas por el Presidente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Pero en la discusión en particular se le dio un carácter mayoritariamente político y se creó el Consejo del Fondo Plurianual, compuesto por cinco miembros: Subsecretario de Defensa, Subsecretario de las Fuerzas Armadas, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Hacienda y uno del Presidente.
El proyecto no desarrollaba las funciones del Consejo, lo cual se esclareció por la vía de establecer que este tiene por objeto elaborar y mantener la programación y control de flujos financieros, e informar sobre los efectos financieros de la sustentabilidad del fondo, así como sobre los aportes y retiros.
El doctor en Ciencia Política y analista Claudio Fuentes señaló en una carta a El Mercurio que, si bien el Ministerio de Defensa será quien autorizará la compra de armamentos, esta queda aún en manos de las Fuerzas Armadas, lo que no es menor, porque tiene que ver con las licitaciones, vínculos con proveedores y contratos. Lamentablemente, hemos conocido historias bastante opacas que no han terminado de esclarecerse y que siembran serias dudas.
Por lo tanto, aquí hay un grado de vulnerabilidad o de riesgo en la probidad. Para sortearlo, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo proyecto que modificará la Ley de Compras Militares. Pero mientras no exista esa enmienda se va a operar, en forma transitoria, por la vía de un reglamento.
Creo que esto puede tener serios vicios de inconstitucionalidad, ya que este es un tema de ley, no de reglamento, por las altas sumas que involucra. En el futuro inmediato, como Congreso, tendremos que revisar muy bien cómo se van a generar las compras y, sobre todo, cómo se van a supervisar.
El otro Fondo, el de Contingencia, será utilizado en situaciones de crisis o catástrofes para anticipar la compra bélica. ¿Cuál será el incentivo de control de su buen uso? Me preocupa que este fondo pueda ser usado indiscriminadamente.
En cuanto a los gastos reservados, estos finalmente se eliminaron. Menos mal. No se justifica este secreto. Lamentablemente, hemos tenido que conocer situaciones que hasta el día de hoy afectan a ex Comandantes en Jefe que están siendo perseguidos por la justicia.
En cuanto a la Ley Reservada del Cobre, en principio la elimina; sin embargo -para no engañarnos-, Codelco seguirá afectada con un impuesto obligatorio del 10 por ciento de sus ventas. No conozco ninguna empresa pública que pueda salir adelante de sus desafíos con una mochila de esta naturaleza. Ya ha llegado la hora de poner término a esta situación.
Es cierto, ese impuesto no va directamente a las Fuerzas Armadas, pero sí al erario público, en un tiempo, a mi juicio, excesivamente largo. La verdad es que no podemos quedar indiferentes ante la situación a la que estamos exponiendo a Codelco.
Finalmente, creemos que hay que terminar con un modelo de financiamiento privilegiado para nuestras Fuerzas Armadas que viene de la época de la dictadura. Es más, habría que preguntarse por qué siguen teniendo un sistema de previsión distinto de los otros ciudadanos de nuestro país.
Por último, señor Presidente, quiero aprovechar esta instancia para mostrar mi preocupación y mi desacuerdo por el decreto con el que el Presidente de la República pretende otorgar facultades policiales en la frontera a las fuerzas militares, respecto de lo cual existe un consenso y una experiencia a nivel internacional que muestran claramente que esas políticas han fracasado. Miremos los casos de México, de Perú, de otros países...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señora Senadora, un segundo, por favor.
¡Pido silencio a la Sala!
Está interviniendo la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Le agradezco, señor Presidente, porque es bien difícil hablar en estas condiciones.
Decía que existe un consenso internacional en cuanto al fracaso de tal medida en el combate al narcotráfico: han aumentado las muertes y no ha disminuido el tráfico.
Además, se pone en riesgo el respeto a los derechos humanos al aplicar esas políticas -a mi juicio, de corte populista-, que, lamentablemente, tratan de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas con atribuciones que son propias de nuestras policías.
Por lo tanto, espero que a ese respecto haya una reflexión, una consideración. Si bien se anunció de la noche a la mañana, sin que mediara ninguna reflexión, ningún diálogo...
¡Señor Presidente, en verdad es muy difícil hablar con el poco de silencio que hay en la Sala!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito silencio a los señores Senadores.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pienso que el anuncio de algo tan trascendente como lo que estoy señalando no debió haberse hecho de la forma en que se planteó.
Como dije, experiencias internacionales han demostrado el fracaso de esa política. Creo que es muy peligrosa, por cuanto se expone a nuestras Fuerzas Armadas incluso a situaciones que el día de mañana no podremos controlar. No sabemos lo que podría ocurrir. Sabemos cómo puede empezar, pero no cómo termina.
No debiésemos dejar de mirar la experiencia de países cercanos, que no ha sido precisamente la de lograr disminuir el narcotráfico. Al contrario.
Con todo, esta futura ley significa un avance, pues busca un financiamiento regular, transparente, informado y fiscalizado, en el que el poder civil (Ejecutivo y Congreso) tenga algo que decir.
En definitiva, señor Presidente, creo que ha sido un buen trabajo el que lograron realizar el Senado y el Gobierno, razón por la cual anuncio mi voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ha solicitado intervenir el Senador señor Coloma para plantear un asunto de reglamento.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, está terminando la discusión y entiendo que ahora vienen las votaciones. Hay como seis que se deben efectuar.
Mi impresión -he leído los textos- es que cinco de ellas forman parte del mismo esquema. Por tanto, propongo hacer una sola votación a ese respecto.
Y habría que hacer una segunda votación sobre la norma que el Senador Araya pidió votar separadamente.
Lo planteo para darle mayor agilidad al debate.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.
¿Habría acuerdo en la propuesta del Senador señor Coloma?
Le pido al Secretario que indique cuáles son las enmiendas sobre las que nos pronunciaremos en un solo acto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, lo que se someterá a votación son las modificaciones no unánimes acordadas por las dos Comisiones.
En primer lugar, de la Comisión de Hacienda, en relación con el artículo 1º del proyecto, se debe votar la supresión del artículo 96, que se encuentra en la página 4 del comparado que los señores Senadores tienen a su disposición.
La segunda modificación, también recaída en el artículo 1º, es el ordinal ii del artículo 97, que está en la página 7 del mismo texto.
La tercera enmienda, relacionada igualmente con el artículo 1º, corresponde a proposiciones de la Comisión de Defensa que inciden en el inciso segundo del artículo 102, donde se reemplaza la oración inicial, y en el inciso tercero del mismo precepto, en que se elimina una expresión final, todo lo cual figura en las páginas 25 y 26 del comparado.
La siguiente modificación también corresponde a una propuesta de la Comisión de Defensa al artículo 1º, para reemplazar el número 1) del artículo 103, lo que se encuentra en la página 27 del mencionado texto.
Otra enmienda tiene que ver con una proposición de la Comisión de Hacienda en lo relativo al artículo 4º del proyecto, que sugiere incorporar una oración final, nueva, en su inciso primero, lo que se encuentra en la página 34 del comparado.
Por último, estaría la supresión que plantea la Comisión de Defensa del artículo quinto transitorio original, lo que figura en la página 53 del aludido texto.
Entonces, se pondrán en votación las enmiendas aprobadas por mayoría por las Comisiones, leídas recién por el señor Secretario, menos lo relativo al artículo quinto transitorio.
Cabe tener presente que se trata de normas de quorum especial.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto.
El señor BIANCHI.- Pero ya habló.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, es efectivo, como dijo el Senador Bianchi, que ya intervine la semana pasada en la discusión de este proyecto. Pero ahora voy a fundar mi voto.
No hago sino cumplir con mi derecho,...
El señor COLOMA.- Muy bien. Tiene todo el derecho.
El señor LAGOS.- ... respecto de lo cual creo que el Senador Bianchi está de acuerdo.
El señor BIANCHI.- Absolutamente.
Señor Presidente, la semana pasada tuvimos este debate. Varios de nosotros intervinimos, pero no alcancé a referirme a un tema que me parece bien pertinente y muy preciso, que es valorar la forma en que abordamos la discusión de esta iniciativa con el Ministerio de Defensa. Destacamos el trabajo del Ministro, de los Subsecretarios, de su equipo técnico, y la disposición a encontrar entendimiento.
Si usted ve el proyecto original y los resquemores o miradas críticas que tenía, podrá concluir que se logró un punto de entendimiento. No quiero hablar de "acuerdo" porque esa palabra ya está medio trajinada, pero sí de "entendimiento" en una materia bien fundamental.
Quiero que eso quede formalmente establecido.
¿Podría ser todo mejor? Ciertamente.
¿No es todo lo que uno quisiera? No me cabe duda. Pero es un tremendo avance lo alcanzado.
Valoro la conducta, la disposición, la voluntad -cómo decirlo-, el lenguaje empleado. Tal vez haya sido porque el Ministro Espina estuvo sentado en uno de estos escaños y entiende la psicología propia de quienes estamos aquí tomando decisiones.
Solo quería reconocer eso.
¡Tal vez, aquí puede haber una fuente importante de futuros ministros para un eventual cambio de gabinete...!
--Se aprueban las enmiendas acordadas por mayoría por las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda (35 votos a favor), y se deja constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Queda por votar el artículo quinto transitorio.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Respecto del artículo quinto transitorio, es importante dar cuenta de que la Comisión de Hacienda introdujo una modificación a esa disposición para reemplazar su texto, la que ya fue aprobada en una votación anterior por corresponder a una enmienda acordada por unanimidad en dicha instancia.
En consecuencia, su votación no va a producir efecto.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, por lo menos, nos interesa dejar marcado el punto acerca de los destinos de los fondos del cobre.
Quienes representamos las zonas mineras donde Codelco-Chile tiene yacimientos esperábamos que los recursos volvieran a como fue hasta antes del golpe militar: a las zonas productoras.
Ese es el punto que queremos dejar planteado.
Ahora, mi consulta práctica apunta a lo siguiente.
Yo pedí votación separada para el artículo quinto transitorio en atención a que hay una discordancia entre las Comisiones de Defensa y de Hacienda, dado que la primera suprimió ese precepto y la otra lo repuso.
En consecuencia, de aprobarse el planteamiento de Defensa, quedaría sin norma esta materia. ¿No es así?
El señor LAGOS.- ¡Pero cómo! Se vota el último informe.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, desde el comienzo del debate quedó establecido que lo que votábamos era el texto de la Comisión de Hacienda, porque es ahí donde finalmente se articuló el acuerdo que se inició en la de Defensa.
Hemos estado votando el texto del articulado propuesto por la Comisión de Hacienda.
Ahora bien, entiendo al Senador Araya. Creo que es bueno que él deje constancia de su inquietud. Pero no me parece que sea necesario votar la referida norma, porque sabemos que no podemos hacerlo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se pondría en votación, por tanto, el artículo quinto transitorio propuesto por Hacienda.
El señor PIZARRO.- En efecto, el de Hacienda.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Eso está aprobado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me informa la Secretaría que esa norma ya se aprobó.
Le he dado la palabra al Senador Araya, quien participó en la discusión, para que precise su petición.
La Secretaría confirma que el artículo quinto transitorio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Entonces, resulta un poco inoficiosa esta votación.
Por eso, le pido al Senador señor Araya, sin perjuicio de hacer el punto, que no hagamos algo que no corresponde desde el punto de vista de nuestro procedimiento legislativo.
El señor BIANCHI.- Es inoficioso.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, entiendo la perspectiva formal del asunto, pero me gustaría que quedara constancia en el acta del punto que se ha hecho.
Respetamos el trabajo que hicieron los colegas de la Comisión de Hacienda en esto.
Entonces, no habría votación, producto de cómo se ha llevado hasta este minuto la tramitación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¡Perfecto!
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en la misma dirección, también quiero dejar constancia de esta materia y sumarme a la preocupación que ha planteado el Senador Pedro Araya, toda vez que uno de los principales yacimientos en nuestra Región, como lo es Codelco división Salvador, tiene iniciativas interesantes de modernización para incorporar valor agregado, como el copper foil, lo cual perfectamente podría ser parte de los destinos del 10 por ciento que se dejará de entregar a las Fuerzas Armadas y que debería reinvertirse en Codelco, para que así se generara un círculo virtuoso para el Estado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En consecuencia, no se efectuará la votación sobre el referido artículo y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al Senado, a las Senadoras y a los Senadores, porque creo que ustedes son autores de un cambio realmente histórico en el sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Chile.
La modalidad que existe hasta el día de hoy no se compadece con una modernización de la defensa.
El sistema que ustedes han aprobado -nosotros acogimos todas las indicaciones, que sin duda enriquecieron este proyecto- es democrático; es transparente; garantiza estabilidad en las capacidades estratégicas, y permite una adecuada fiscalización de los recursos que el Estado invierte en ellas.
En este sentido, también quiero hacer un reconocimiento a quienes en su momento iniciaron esta propuesta legislativa, que fue presentada durante el período anterior del Presidente Piñera -hubo otras iniciativas de Presidentes de la República a las que se ha hecho mención durante la tramitación del proyecto-, y, en particular, al Senador Allamand, quien fue Ministro de Defensa Nacional en esa época.
Quiero agradecer muy especialmente a quienes colaboraron en esta iniciativa: a los Subsecretarios De la Maza y Galli; al Director de Presupuestos, don Rodrigo Cerda; al asesor de la Diprés don José Pablo Gómez; a los parlamentarios de las Comisiones informantes, Senadores Pérez Varela, Araya, Letelier, Elizalde, Pugh, Bianchi, Lagos, Coloma, García, Pizarro, Montes y, muy especialmente, al Senador Guillier, quien hoy día no pudo asistir -falleció un pariente muy cercano-, pero que apoyó siempre la iniciativa; también a los asesores parlamentarios que trabajaron en la Comisión técnica, don Reinaldo Monardes, don Gabriel Osorio, doña Leslie Sánchez, don Julio Valladares, don Adolfo Vera y don Diego Vicuña; a los Secretarios de las Comisiones, doña Milena Karelovic, don Roberto Bustos, doña Carol Fuller y don Álvaro Villarroel, y al equipo del Ministerio de Defensa, don Pablo Urquízar, doña Pamela Mardones, doña Fernanda Maldonado y doña Fernanda Nitsche.
Dejo constancia de ello, señor Presidente, porque en la historia fidedigna de la ley estos son los hechos que quedan. Y creo justo reconocer a todos ustedes y, particularmente, a quienes trabajaron para lograr un sistema moderno, democrático, que esté a la altura de lo que nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas merecen.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro, por reconocer la labor de todos y cada uno de los participantes en la discusión de esta iniciativa.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.
Sesiones 4ª, en 20 de marzo de 2019 (queda pendiente la discusión en general); 10ª, en 16 de abril de 2019 (se aprueba en general).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La iniciativa en discusión fue aprobada en general en sesión de 16 de abril de 2019.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 5 permanente y segundo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Comisión efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
De las modificaciones unánimes, la incorporación del artículo 6, nuevo, es de quorum calificado, por lo que requiere, para su aprobación, 22 votos favorables.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto como quedaría de ser aprobadas.
El señor QUINTANA (Presidente).- En votación las enmiendas unánimes.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que respaldamos el texto final en virtud del cual se crea el catastro de mortinatos; se define expresamente el concepto como tal, y se permite darle dignidad al mortinato a efectos de que la persona gestante pueda hacer la respectiva inscripción.
Esta materia surgió en virtud de un proyecto que iniciáramos como Diputados en su tiempo. Luego en el Senado, junto con el actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentamos una propuesta, la que fue recogida por el Ejecutivo para la presentación de la iniciativa en estudio.
Creemos, sin lugar a dudas, que hoy día estamos contribuyendo a dar dignidad a los mortinatos, ya que somos capaces de generar no solamente un catastro, sino también la opción de un procedimiento de licencia para la sepultura cristiana de los restos de una gestación.
En este sentido, hemos iniciado en algunos cementerios de nuestra Región la posibilidad de recuperar, por ejemplo, los restos que estaban en el Servicio Médico Legal para dar una adecuada sepultura a aquellos que fueron el resultado de abortos y que han sido encontrados en la vía pública.
Creemos que con este proyecto logramos darles dignidad a los mortinatos y, si bien no se establece un estatuto jurídico especial para ellos ni tampoco se les reconoce derecho alguno, sin lugar a dudas esta iniciativa permitirá otorgar la dignidad necesaria tanto para la gestante y su familia como para el propio mortinato.
Por supuesto, vamos a dar nuestra aprobación a esta iniciativa.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se abocó al conocimiento de este proyecto de ley y, por cierto, hicimos modificaciones a lo que venía de la Cámara de Diputados.
El debate estuvo centrado en establecer de manera rigurosa y exacta que este registro no consagra derecho alguno y no tiene efectos jurídicos ni de ninguna otra clase.
La idea central es brindar el derecho, a aquellos que han sufrido la pérdida de un hijo -denominados "personas gestantes"- de inscribir el mortinato en este registro en el tiempo que fuere, de aquí en adelante, mediante un certificado de defunción y un registro nacional de mortalidad fetal hacia atrás, sin límite de tiempo, y, si no hay registro de salud, con una declaración jurada de la familia o de la propia persona gestante, a fin de que el registro del nombre, con los apellidos que se determinaren, sean incorporados.
Se ha establecido, además, en el artículo 5 -y esto es muy importante- que esta ley no podrá interpretarse de manera que obstaculice el acceso de mujeres y niñas a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que estos sean legales.
Del mismo modo, incorporamos un nuevo artículo 6, que no venía de la Cámara de Diputados, el cual señala "La información contenida en el catastro creado por la presente ley, tendrá el carácter de reservada respecto de terceros, siendo considerada como dato sensible, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la Vida Privada". Es decir, quienes pueden acceder a este catastro son los directamente relacionados.
De otro lado, en materia de disposiciones transitorias, se establece que podrá hacer la inscripción toda persona que contare con un certificado médico de defunción -como el que he señalado- emitido con anterioridad a la presente ley.
Señor Presidente, con esto venimos a saldar una deuda y, además, a dar resolución a la demanda de cientos de madres que han sido afectadas, por diversos motivos, por la pérdida de un hijo en gestación y que, después de un tiempo o tras el luto, buscan y requieren darle personalidad al hijo que no llegó a nacer.
Por lo tanto, lo que hacemos es contribuir a un paso decisivo en la búsqueda de tranquilidad, de salud mental y en particular del derecho de las madres que han tenido un hijo en gestación y no han dado a luz.
El proyecto llama "producto" a los mortinatos, que es una definición técnica que aparece en el Código Sanitario, y se refiere a aquellos hijos que no pudieron ser dados a luz o no tuvieron vida una vez salidos del vientre de la madre.
En consecuencia, aprobadas por unanimidad, las introducciones son beneficiosas para el proyecto en materia de reserva y privacidad y también en lo que respecta a no establecer plazos para la inscripción, la cual pueden hacer de manera directa los interesados, la persona gestante o quien ella determine, porque, mirando hacia atrás, en muchos sectores rurales o en determinadas áreas de Chile no había quién emitiera un certificado médico y pudiera determinar una defunción.
Por eso, hemos dejado en manos de una declaración jurada o un certificado emitido por algún profesional de la salud la posibilidad de acreditar dicha inscripción, cuyo catastro no tiene efectos jurídicos ni en ningún otro ámbito. Esto es muy importante por las dudas que habían surgido. Esta inscripción no implica reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito.
Mortinato -leo la definición- es "todo producto de la concepción, identificable o diferenciable de las membranas ovulares o del tejido placentario o materno en general, que cese en sus funciones vitales antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de la persona gestante, muriendo y que no ha sobrevivido a la separación un instante siquiera". Esta es la definición técnica. Puede parecer dura, pero es la que aparece también en otros cuerpos legales.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión, quiero puntualizar que discutimos ampliamente el proyecto; hubo una interacción permanente con la Subsecretaría de Derechos Humanos y estamos completamente de acuerdo con el Gobierno en esta redacción final, que esperamos que pueda ser aprobada de manera definitiva por la Cámara de Diputados.
Por las razones expuestas, voto a favor y solicito que la Sala proceda de igual forma.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, puede intervenir el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, simplemente quiero felicitar al Ministerio de Justicia y a su titular, que hoy nos acompaña.
Agradezco también a la Comisión de Derechos Humanos, pues la verdad es que tuvimos una tramitación muy colaborativa con distintas organizaciones de la sociedad civil.
Agradezco, asimismo, al Presidente de dicho organismo, Senador Alejandro Navarro, quien cumplió un rol importante en esta materia.
Este es un proyecto de ley muy sentido. Nos reunimos con distintas organizaciones. Y, en realidad, es necesario poder tener un duelo, poder vivir este proceso humano, familiar.
Tal como decían algunos señores Senadores hace un rato, este proyecto fue objeto de algunas modificaciones que buscan mejorar algunos elementos que venían de la Cámara de Diputados y que nos parecían importantes.
Uno de ellos dice relación con qué pasa cuando se ha vivido un dolor muy fuerte y se requiere que la familia o el cónyuge quiere hacer uso de este registro para poder llevar a término dicho duelo. Por eso se buscó una fórmula mediante la cual se permite que la gestante pueda delegar en un tercero, en su cónyuge, la posibilidad de efectuar tal registro.
Un segundo elemento importante se refiere al tiempo, es decir, hasta cuándo se permite la inscripción. Al principio se establecieron plazos muy acotados, que muchas veces hacían imposible realizar aquella.
Quiero agradecer a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien estuvo presente en todas y cada una de las sesiones, con su equipo legislativo, buscando soluciones para mejorar el proyecto.
En definitiva, señor Presidente, quiero hacer presente que hoy día estamos despachando un proyecto muy contundente, que generó gran consenso y que fue bien tramitado.
Por todo ello, sin lugar a dudas, voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como bien se ha señalado, este es uno de aquellos proyectos inocuos desde el punto de vista de sus efectos en ámbitos diversos.
Se ha explicado aquí que esta iniciativa carece de efectos jurídicos. Pero, más que la importancia de los efectos jurídicos que pudiera tener un proyecto de esta naturaleza, lo más relevante son los efectos psicológicos, los efectos humanos, los efectos en aquella mujer que, tras un proceso, no logra llegar a término con su embarazo, pues, evidentemente, se construye allí un lazo, una relación, una vinculación que no tiene por qué ir a parar -crudamente, tal cual a veces ocurría- como un producto orgánico, como una circunstancia a la cual no se le asigna ningún valor.
Se ha expresado aquí que, en su artículo 5, esta iniciativa no da lugar a ninguna interpretación asociada con aquellos ámbitos requeridos en relación con los servicios de interrupción del embarazo. ¡Sin duda que sí! Porque este proyecto representa la antítesis del valor que le dan aquellas personas y familias a un ser que no alcanzó a nacer.
¡Es todo lo contrario, precisamente!
Creo que el artículo 5 está absolutamente de más en este cuerpo legal, pero se ha incorporado una definición para fijar una diferencia que, en mi opinión, no tenía mucho sentido práctico. Al contrario, este es un proyecto antítesis a aquella expresión, porque lo que busca es poner en valor el sentido humano profundo de lo que significa un embarazo que no ha logrado llegar a feliz término.
Valoro también que, curiosamente, esta normativa tenga efecto retroactivo, puesto que se permite la identificación en el registro, en el catastro, a quienes con anterioridad a la vigencia de esta ley se encuentren con este hecho.
Pero, más allá de la nomenclatura, más allá de lo jurídico o no jurídico, este es un mensaje muy potente que reciben un grupo de hombres y mujeres, familias que han buscado durante mucho tiempo disponer de un mecanismo que les permita hacer un duelo, terminar un ciclo de manera racional, en la que se pongan en valor estos conceptos esenciales: la vida no alcanzada, el ser que no logró llegar a la etapa final y que por circunstancias diversas su vida debió interrumpirse en forma natural. Estas mujeres, estas familias, obviamente que han optado por darle a este hecho un valor humano, un valor social y un sentido psicológico.
Por eso, señor Presidente, más allá de las expresiones y de que el proyecto tenga o no tenga valor jurídico, creo que su sentido profundo está esencialmente radicado en aquellas personas que han vivido esta desgracia, que han vivido el terrible dolor de haber concebido a un hijo, o a una hija, y no han llegado a un feliz término, como hubiesen querido. Por lo tanto, legítimamente -me parece bien- es una potente respuesta a las demandas de ese grupo de familias que ahora podrán incorporar, en un catastro especial, la inscripción de niños y niñas que no alcanzaron a vivir.
Es un proyecto humano, un proyecto sensible, un proyecto de mucho sentido y de mucha sensibilidad y, evidentemente, lo vamos a aprobar con muchas ganas.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, deseo agradecer y felicitar a todos aquellos que trabajaron en la iniciativa y que encontraron un consenso en torno a ella durante su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos. Me alegra mucho que estemos en un momento final en nuestra Corporación para que se pueda transformar en ley de la república.
Esto, porque el dolor de una madre y de un padre al perder un hijo que viene en camino es muy profundo y muy difícil de superar. El poder hacer el duelo cuando se pierde la vida de un niño que viene en camino es sumamente relevante para la familia. Y si en algo podemos contribuir, desde el Senado de la República, para darles una respuesta que alivie de alguna manera su dolor, me parece que estamos avanzando en el sentido correcto y -alguno de los colegas ya lo señalaba- en una perspectiva humana.
El proyecto -me lo planteaba también el señor Ministro- surge como respuesta a una demanda de la sociedad civil, en particular de padres y madres cuyos hijos fallecieron antes de nacer y no tuvieron la posibilidad de inscribir como lo permite esta iniciativa.
Deseo agradecer el trabajo que hicieron la Fundación Ángel de Luz, la Fundación Amparos y el Movimiento de Mujeres Reivindica, organizaciones de la sociedad civil que impulsan proyectos relevantes, quizás ya no tanto para sus miembros, pero sí para otras personas que pueden estar atravesando la misma situación.
El proyecto, entonces, surge como una respuesta a las historias de aquellas madres que, habiendo recibido la noticia de que su hijo había fallecido antes de nacer, debieron luchar para poder darles una sepultura con un nombre y un apellido. Dignificar y reconocer esas vivencias es lo mínimo que podemos hacer.
Sin embargo, tal como lo planteaban otros colegas, el proyecto de ley incluye -lo decía el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos-, un inciso final en el artículo 1 que establece que "Esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito".
Frente a este texto, quisiera hacer un comentario para que quedara en la historia fidedigna de la ley.
Lo que el proyecto no hace es zanjar la discusión respecto de si existen o no derechos del no nacido. O sea, no resuelve el debate, muy profundo, respecto al estatuto jurídico del niño no nacido. En otras palabras, el hecho de que el proyecto diga que la inscripción en el nuevo catastro especial no otorga un estatuto jurídico a los mortinatos no puede llevarnos a concluir que necesariamente estos no tengan un estatuto jurídico por sí mismos.
Aquella es una discusión antropológica, filosófica y jurídica muy profunda que bajo ninguna circunstancia este proyecto pretende zanjar. Por este motivo, debe especificarse muy claramente el sentido y el alcance de esta frase. Yo quizás estoy viendo la otra cara de la moneda respecto a lo que señalaba el Presidente de la Comisión. Interpretar de otra manera esta frase implicaría ir en contra del sentido originario del proyecto: buscar dar una respuesta a las madres que perdieron a sus hijos y que quieren contar con un instrumento jurídico para poder despedirse de ellos, dándoles sepultura y asignándoles un nombre y un apellido.
Interpretando correctamente el inciso final del artículo 1, este debe leerse, simplemente, como una acotación respecto del alcance que tendrá el registro de mortinatos para efectos de evitar posibles complicaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, en ningún caso debe interpretarse como una forma de zanjar un debate filosófico profundo que este proyecto, en ningún caso, pretende resolver, para ninguno de los dos lados: si el niño que está por nacer tiene o no tiene un estatuto jurídico.
Hago esta acotación, señor Presidente y estimados colegas, porque somos muchos los que creemos que los "no nacidos" o "los que están por nacer" son personas, como cualquiera de nosotros, merecedores de una dignidad propia y que merecen ser protegidos y resguardados en sus derechos.
Nuestra Constitución así lo reconoce al consagrar que "La ley protege la vida del que está por nacer". Esto, más allá de interpretaciones que otros han querido hacer de nuestra Carta Fundamental en esta materia, que, aunque a mi juicio erradas, son legítimas de esgrimir en una sociedad democrática como la nuestra.
Señor Presidente, habiendo hecho esta aclaración, anuncio mi voto favorable al proyecto, porque, como lo indiqué, contribuye a humanizar a una sociedad a la que aún le falta mucha humanidad, así como a honrar la situación de muchas madres, dándoles una respuesta al dolor que les ha tocado vivir, dolor que, aunque nunca desaparecerá, este proyecto les ayuda a sobrellevar.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la iniciativa y agradecer la discusión y la altura de miras con la que esta se ha tramitado. Y la verdad es que su texto prácticamente no cambió desde la discusión en general hasta ahora.
Tal como señaló la Senadora Von Baer, hacernos cargo del dolor de las familias y de una madre es importante. Y entiendo que así surgió esta iniciativa.
El texto aprobado en general definía mortinato, en el número 1 del artículo 3, como "todo producto de la concepción, identificable o diferenciable de las membranas ovulares y del tejido placentario o materno en general, que cese en sus funciones vitales antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de su progenitora, muriendo y que no ha sobrevivido a la separación un instante siquiera".
Esta definición es importante porque despeja muchas dudas acerca de cuál es el sentido de lo que se busca con este proyecto de ley. También es relevante que se impida la posibilidad de que terceras personas, distintas de la mujer que ha sufrido la muerte fetal, estén autorizadas para solicitar la inscripción. Cada mujer debe tener el derecho a decidir libremente cómo enfrenta su pérdida, y si una inscripción con nombre le sirve a su proceso personal, hay que respetarlo. Quizás para muchos que no han vivido esta situación sea difícil entenderla, pero, para quienes hemos tenido la posibilidad de acompañar o conocer a alguien que la ha sufrido, esta discusión tiene sentido.
Y, en tercer lugar, creo que garantizar el carácter voluntario del catastro de mortinatos y que su objetivo se limite a la inscripción de estos también es importante.
Considero que establecer con claridad y certeza que la legislación sobre mortinatos no configura un estatuto jurídico, y así lo consagra el artículo 6 del proyecto, también es relevante, pues no genera ningún efecto jurídico en el ámbito civil, penal o administrativo.
Señor Presidente, estas discusiones de repente son difíciles, arduas, a veces tremendamente dolorosas de llevar adelante; sin embargo, en esta iniciativa se lograron superar muchas de las trabas o peros que se presentaron en su análisis.
Por lo tanto, concurro con mi voto favorable; felicito a sus autores y lo celebro.
El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador señor Coloma no intervendrá.
Primero, deseo felicitar a quienes han empujado este proyecto de ley. Como dijo una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, no exactamente la Senadora Rincón, sino, para ser justo, la Senadora Von Baer, esta iniciativa viene a humanizar un poco lo que ocurre en aquellas instancias en que los embarazos no llegan a término.
Al respecto, no sé si existía un vacío legal, pero había un claro vacío desde el punto de vista humano, humanitario.
Conozco personalmente casos a los que se les aplicaría perfectamente lo que aquí estamos legislando, en los cuales el resultado al final ni siquiera fue una suerte de NN, en circunstancias de que tal vez acompañó por siete u ocho meses y más a una familia, a una pareja, a una mujer.
En resumen y para que se entienda, lo que hacemos acá, a mi juicio, es dar un reconocimiento a que aquí hubo un proceso que no llegó a término como se esperaba, y que generó afectos, vínculos, y la sociedad, el Estado chileno, no reconocía nada de aquello.
Entonces, el catastro propuesto, aparte de poner a buen recaudo los temas hereditarios, los efectos jurídicos, etcétera, para no generar otros elementos o abrir un debate innecesario, creo que se hace cargo de lo que nos estaban pidiendo.
Además, siento que está bien resguardado el asunto de la privacidad, al establecerse que el catastro no estará abierto a terceros, sino que a solicitud de los interesados.
Por tanto, creo que se regula bien la forma en que va a operar este sistema.
Y -reitero-, conociendo muy de cerca las experiencias vividas en situaciones de esta naturaleza, quiero expresar que si esto hubiera estado antes al alcance de muchas personas, de muchas familias, de muchas parejas, o de muchas mujeres, el asunto habría sido distinto, pues en algo se hubiese aliviado una experiencia muy compleja, al dar tal vez una solución distinta.
A partir de ahora, también existirá la posibilidad de tener una sepultura como corresponde, con la identificación que corresponde, donde descansarán los restos de un embarazo que no llegó a buen término y donde, si quieren, descansarán afectos que no alcanzaron a materializarse en vida como se esperaba.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más inscritos para intervenir.
--Se aprueban las enmiendas unánimes (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, quiero agradecer muy sinceramente al Senado por esta muy contundente votación de un proyecto bastante sencillo en su objetivo, como se ha dicho, pero muy profundo en su significado, porque les da a quienes han sufrido la pérdida de un hijo que estaba en el vientre materno la posibilidad de mantener viva su memoria y así ayudar a mitigar el dolor que significa esa pérdida.
Además, debo señalar que este proyecto, como ya ha sido recordado, tuvo en cuenta otras iniciativas parlamentarias, tanto de la Cámara como de este Senado -me honra haber participado en una de ellas-, y muy especialmente a la sociedad civil, que ha estado detrás de esta normativa con mucha fuerza.
La Fundación Ángel de Luz, la Fundación Amparos y el Movimiento de Mujeres Reivindica han estado preocupados de que esta iniciativa alcance su reconocimiento legal, lo cual hemos logrado primero con la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora con la del Senado. Así, vamos contribuyendo a resolver problemas que son difíciles de dimensionar, pero que sí reflejan un tremendo significado y esfuerzo humano.
Quiero agradecer muy especialmente en nuestro caso el trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por la Subsecretaria Lorena Recabarren, y de quienes han trabajado junto a ella para hacer posible este proyecto.
Considero de justicia en esta oportunidad también agradecer el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de esta Corporación, y muy particularmente la buena disposición que ha tenido su Presidente, el Senador Alejandro Navarro, y sus integrantes Senadoras Adriana Muñoz y Jacqueline Van Rysselberghe y los Senadores Juan Ignacio Latorre y Felipe Kast.
Asimismo, tuvo activa participación en esta iniciativa el Senador Juan Pablo Letelier, y probablemente puedo omitir algún otro nombre, pero les doy mi agradecimiento a todos ustedes y, como digo, especialmente a la Comisión, porque se ha comprendido el significado de este proyecto, iniciado en mensaje del Presidente, que recoge una inquietud de muchos.
Creo que hoy día estamos dando una señal de humanidad muy potente, que debe ser reconocida, particularmente por lo que ha hecho el Senado para hacerla posible.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Pasaremos al siguiente proyecto, iniciado en moción de distintos Senadores, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pido la palabra para una materia de reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).- Para una cuestión reglamentaria, puede intervenir la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a petición del Ejecutivo -pido disculpas por no haberlo hecho antes-, solicito que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 22 de julio, al proyecto de ley que regula el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero pedir, si se puede, que el proyecto de delitos ambientales (boletín N° 12.398-12) pase a la Comisión de Constitución -puede ser por un tiempo acotado también-, porque trata muchas materias referidas a tipos de delitos, y debiera ser revisado por el organismo técnico respectivo.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, con el acuerdo adoptado por los Comités, se accedería a lo solicitado por un máximo de treinta días, luego de lo cual pasaría a la Sala.
Senador señor Navarro, ¿sobre lo mismo?
Está claro que esa iniciativa se refiere a una categoría de delito.
Quiero recordar que hay tribunales ambientales.
Sin embargo, conocido el recargo de trabajo que tiene la Comisión de Constitución, pido que vaya por un período acotado, porque puede demorarse demasiado tiempo. Además, espero que ese plazo sea estricto. Y si no se trata, que regrese a la Comisión, pues podemos meternos en un callejón sin fin.
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo acabo de decir: treinta días máximo, o vuelve a la Sala.
El señor NAVARRO.- Y si no, regresa.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, respecto del proyecto que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, que corresponde poner en discusión en particular ahora, quiero pedir segunda discusión.
Tenemos algunas dudas de constitucionalidad y de financiamiento. Por eso, no obstante considerar que se trata de una iniciativa importante, nos gustaría resolver esos temas antes de que estuviera en discusión en la Sala.
El señor QUINTANA (Presidente).- Por lo tanto, ese proyecto se podrá poner en primera discusión hoy día, pero no votarlo.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, yo había pedido la palabra antes, a propósito del proyecto sobre medio ambiente, que se pidió que fuera a la Comisión de Constitución.
Junto con compartir la necesidad de que pase a dicho organismo por un período acotado, lo cual valoro, quiero preguntar si después de ese trámite viene a la Sala, en consecuencia. O sea, si no va a volver a la Comisión de Medio Ambiente, pues en eso nos vamos a llevar...
El señor QUINTANA (Presidente).- La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente ahora, y una vez que la despache entrará a correr el plazo de treinta días de la Comisión de Constitución para examinarla.
El señor NAVARRO.- Va a la de Constitución y luego a la de Medio Ambiente.
El señor NAVARRO.- Y de ahí llega con dos informes.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me estaba explicando la Senadora Von Baer que lo anterior obedece a un acuerdo de Comités, y yo lo sé. Pero debo decir que a mí me ha tocado presenciar acuerdos formales en esta Sala, en que a la Comisión de Constitución se le ha determinado un plazo de no más allá de 30, de 60 días, y la verdad es que no se cumple. Y esto sucede no porque los Senadores no quieran trabajar, sino por el exceso de proyectos acumulados que existe, como todos sabemos, en la Comisión de Constitución. Por tanto, lo único que va a generar esto será retardar la tramitación del proyecto.
Entonces, yo quiero que la Mesa refrende ese acuerdo de Comités: que si el plazo de 30 días que tendría la Comisión de Constitución para tratar el proyecto no se cumple, este solamente vuelva a Medio Ambiente, y se acabó. Lo digo porque la verdad es que por más que se muestren buenas intenciones, no pasan de ser buenas intenciones. ¡Constitución no cumple los plazos que acordamos aquí, en la Sala! Eso yo lo he vivido con varios proyectos.
Por eso, no estoy dispuesta a dar ese acuerdo, salvo que la Mesa me diga efectivamente que es real -ahora, si el Presidente me escucha, encantada- que si la iniciativa no es vista en el plazo de 30 días, simplemente volverá a Medio Ambiente y no seguirá analizándolo Constitución.
Quiero saber si esto es así o no.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hace cinco minutos dije, Su Señoría, cuál es el acuerdo de Comités: precisamente ese. Es más, está tan vigente que el Senador Navarro, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo que apurar un proyecto, y lo sacó en el plazo de 30 días, que es el que acabamos de debatir.
La señora ALLENDE.- Sí, pero con Constitución no hemos tenido esa experiencia, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Está bien, pero ahora tenemos un acuerdo nuevo de Comités, al cual me referí al comienzo de esta discusión. Por supuesto que la iniciativa no es sacada de la Comisión de Medio Ambiente. Esta no cuenta con un plazo, la que lo tiene es la Comisión de Constitución.
La señora ALLENDE.- No, si no he dicho...
El señor QUINTANA (Presidente).- Una vez que la Comisión de Medio Ambiente despache el proyecto, que -reitero- no tiene plazo, este será derivado a la de Constitución para un nuevo informe, para el cual cuenta con un plazo de 30 días.
El señor QUINTANA (Presidente).- Y si no lo cumple, viene a la Sala, ¡por supuesto! Así estamos procediendo desde hace 15 días.
La señora ALLENDE.- ¡Okay!
Boletín N° 11844-07
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.844-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón y señores Elizalde y Quintana):
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 42ª, en 22 de agosto de 2018.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 5ª, en 2 de abril de 2019.
Sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Senadora o algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, las recaídas en los números 1) y 2) del artículo primero, así como en el inciso octavo propuesto por el número 4) del mismo artículo primero son de rango orgánico constitucional y requieren 24 votos favorables para su aprobación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, se pidió segunda discusión para este proyecto, pero eso no significa un aplazamiento del debate.
El señor QUINTANA (Presidente).- En efecto, Su Señoría, la petición de segunda discusión implica no votar, pero no impide debatir. Por ende, se puede discutir, se puede argumentar, se puede pedir la palabra, pero no votar.
Están presentes algunas de las autoras de la moción, las Senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que lamento que no vayamos a votar hoy día este proyecto. Y lo lamento porque no solo Naciones Unidas elaboró un informe, sino también la PDI, el cual conocimos hace pocos días. En este se indica que, tras una visita que se hizo a 240 residencias, de las 241 que hay en el país, se constataron una serie de situaciones, dentro de las cuales se encuentra justamente la no revisión o la no visita del Poder Judicial a los centros. Con suerte hay una visita, a lo lejos, al año. Vale decir, ni siquiera se cumple la norma vigente hoy.
Este proyecto de ley, cuyos autores principales son la Senadora Allende, usted, señor Presidente, y quien habla, busca aumentar las garantías judiciales para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados en residencias como medida de protección, verificando la situación en que ellos se encuentran y el estado de cumplimiento de tal medida con mayor periodicidad.
Lo decía al inicio de mis palabras: hoy día la ley consagra que esas residencias deben ser revisadas por un juez cada seis meses. La duración máxima de una medida de protección es de un año, sin perjuicio de que pueda ser renovada por igual plazo si subsiste la causa que le dio origen.
Ello significa, señor Presidente, estimados colegas, que un niño, una niña, un adolescente, incluidos los bebés de cero a tres años -debo decir que no hemos podido avanzar en el proyecto porque no logramos llegar a acuerdo con el Ejecutivo-, pueden ser -perdonen la dureza del término, porque cuando uno lee el informe de la PDI queda con esa sensación- encerrados en residencias como una forma de cuidado, criterio que no comparto, porque encerrar no es cuidar. Y su situación al interior de la residencia no será revisada por el juez más que una vez mientras dure su internación. Al término del plazo se egresará al niño si no se renueva la medida, y esa será la otra oportunidad en la que se citará a una audiencia para ver el caso del menor.
¡Francamente, ello parece insostenible!
En el informe de la PDI se indica -lo constató un equipo especializado- que hay denuncias no realizadas, que al menos en 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían cometido; que hay abusos y vulneraciones en el cien por ciento de los centros. Vale decir, que en los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que hay maltrato por parte de los adultos: 127 episodios en los centros de intervención provisoria y en los centros de internación del régimen cerrado; 105 episodios en los Cread; 137 casos en los organismos colaboradores; que hay agresión entre los mismos internos: 79,7 por ciento de los casos; que hay maltrato de los mismos trabajadores encargados de cuidarlos: en 58,3 por ciento de los hogares; que en el 50 por ciento de los hogares se constataron abusos sexuales, señor Presidente. En total, se contabilizaron 310 abusos de connotación sexual.
Además, en el informe de la PDI se señala que existe una normalización de las conductas (vale decir, esto ya es normal, ni siquiera sorprende); que en los centros ¡250 niños no están! Y a nadie le ha parecido ni siquiera irregular esa ausencia e incumplimiento de protocolos. ¿Qué significa esto? Que hay algunos hogares en que ni siquiera hay protocolos y que falta el cuidado adecuado en caso de enfermedades.
La verdad es que lamento que no vayamos a votar este proyecto hoy día. Creo que es fundamental tomar conciencia de la importancia de este tema.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, puso esta materia como una prioridad en sus acciones de Gobierno, y yo pido que sus parlamentarios lo asuman como un desafío.
No voy a argumentar en este momento. Me reservaré mi derecho para el día en que lo votemos, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos hablando de un proyecto de ley surgido de una realidad que se ha venido denunciando por años, por décadas respecto de la situación terminal del Sename.
Lo que yo digo es que estamos buscando una salida a un problema de Estado -¡de Estado!- de todos los chilenos, referido a la que la institucionalidad a través de la cual tratamos a nuestros niños y niñas internados por un mandato de la ley bajo custodia estatal se encuentra agotada.
¡Sename está agotado, señor Presidente, no da para más!
El 25 por ciento de sus trabajadores tienen licencia médica, esto es, mil trabajadores, de los 4 mil que tiene su planta, no asisten a sus funciones laborales porque tienen estrés o porque padecen diversos tipos de enfermedades que les impiden trabajar.
Por tanto, establecer nuevos mecanismos que consideren la posibilidad de internación de los niños del Sename es de una urgencia extraordinaria.
Sin embargo, hay en mi opinión un incidente crítico que debe llamarnos totalmente a la reflexión.
En esta Sala aprobamos aumentar en 50 por ciento el financiamiento a los centros residenciales de los organismos colaboradores del Sename, a los hogares de acogida. Fueron 180 mil millones de pesos que iban a conformar un mayor presupuesto para mejorar la condición y la atención de los niños que viven en ellos.
Cabe recordar que el Sename no tiene más del 2 por ciento de centros propios; el resto son todos hogares externalizados, cuya función es prestada por privados, por instituciones sin fines de lucro para el resguardo de los menores.
Pero surgió un informe de la PDI que reveló lo que todos sabíamos; no es una extraordinaria novedad lo que nos señala.
El hecho que debe ser evaluado es cuándo se tuvo conocimiento de dicho informe. Porque, efectivamente, si esta Sala hubiera sabido de la existencia del referido informe, creo que el debate habría tenido otro tono; hubiéramos podido concluir otras opciones bajo una nueva premisa.
Hoy día se nos dice que hemos aumentado en 50 por ciento el financiamiento de los organismos colaboradores del Sename, lo que sigue siendo insuficiente de acuerdo a lo que expresan las instituciones que trabajan con los niños.
Señor Presidente, cada menor internado cuesta mensualmente entre 600 mil y 800 mil pesos. Entonces, la pregunta es qué pasaría si se le entregaran 500 mil o 600 mil pesos a una familia con uno o dos niños, a la que se integra un tercero, protegido por el Sename, para que le dé amor, cariño y lo pueda formar.
Esa familia, señor Presidente, con esos recursos no solo puede mejorar su condición: también es factible que le brinde a ese menor algo que en los hogares es muy complejo de entregar: amor, cuidado, cariño maternal, que constituyen la esencia sobre la cual se desarrolla lo cognitivo y también lo afectivo de todo ser humano, particularmente de los niños.
En tal sentido, el trabajo que se hace para intentar establecer mejoras en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias se halla en el camino correcto.
Pero quiero contarle mi experiencia en el Centro de Rehabilitación Conductual de Coronel: hace un año hubo un intento de suicidio: los menores comieron vidrio; hace un mes los internos se apuñalaron; hace dos semanas se produjo una intoxicación masiva.
Claramente estamos malgastando recursos sin resultados concretos: 219 funcionarios, 60 internos, más 37 gendarmes.
Señor Presidente, ¡cinco millones de pesos nos cuesta cada mes un joven internado en el Cereco sin ningún tipo de resultados!
¡Falló el modelo, y debemos innovar!
Se lo dije al Ministro Hernán Larraín; se lo advertí a Javiera Blanco en su oportunidad: el Sename va a ser causal de una crisis. Estamos en un barril de pólvora. La situación en esos centros puede determinar que el caso de Lissette Villa vuelva a ocurrir.
Solicité al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal especial para el caso de los niños fallecidos en los hogares del Sename. Se nombró a Emilio Emilfork. ¡En buena hora! Porque claramente las investigaciones nos ayudan a ratificar y a constatar lo que todos sabemos: que existen graves problemas.
Por tanto, yo diría que un proyecto de esta naturaleza, que no vamos a votar ahora, debe revisarse en torno a los resultados. Y los que tenemos son pobres, vagos, difusos y en la mayoría de los casos adversos.
En tal sentido, lo que cabe es pensar en la adquisición de un sistema nuevo.
Me contaba un médico especializado en estos temas que estando en París se encontró con unos jóvenes alemanes que andaban con un tutor, quienes le señalaron que estaban en un período de adaptación, de conocimiento.
Los alemanes, en vez de meter a los menores en cárceles donde se apuñalan, donde comen vidrio, donde se intoxican, los llevan a París, pues la idea del modelo en que se hallan insertos es demostrarles que otro mundo es posible, que las fronteras que tienen para el futuro son mucho más amplias que el estrecho círculo de delincuencia que han vivido, a veces con daño emocional y psicológico.
Nuestro modelo ha fracasado. Esto lo reconocen muchos de los profesionales del propio Sename: ¡está agotado! Y la insistencia en tratar de mejorar algo que no tiene vuelta es un grave error institucional que comete el Estado: el 56 por ciento de los condenados y presos en la cárcel de El Manzano, en las diversas cárceles de Chile pasaron por el Sename.
Señor Presidente, en el Senado aprobamos un proyecto de acuerdo para crear la Comisión de Verdad y Reparación de los niños abusados por el Sename.
El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex Senador, participó de esta idea en su momento. Y esto, porque cuando hay racionalidad en los planteamientos es de todo sentido hacerlo. Distinto es el caso de las funciones públicas que uno pueda cumplir.
Esta Sala, que aprobó el referido proyecto de acuerdo, debiera apuntar hacia ello. Porque nuestro país va a ser sancionado y condenado por los organismos internacionales, pues descuidó, atrofió, incumplió el cuidado de los niños que se pusieron a su disposición.
¡El Estado de Chile no cumplió, fracasó en esa tarea! Los niños están más seguros en la calle que en las dependencias del Sename. Allí pueden arrancar, pedir ayuda, acercarse a un carabinero. Encerrados en los centros de internación los violan, los maltratan, los vejan.
Eso sucede a diario, y continúa ocurriendo. Así lo determinó el informe de la PDI: el 83 por ciento de los niños internados en los centros del Sename ha sufrido algún tipo de ataque sexual, y en muchos casos de sus propios funcionarios.
No podemos cegarnos a lo que ocurre hoy día, cuando discutimos una iniciativa como esta.
Señor Presidente, me avergüenza, me irrita saber que en estos momentos -no ayer, sino hoy día- muchos niños están en grave riesgo de sufrir abusos. Porque el informe de la PDI no cambia el actual estado de las cosas.
Por eso digo que en la búsqueda de nuevos mecanismos de internación yo siento que incurriremos nuevamente en lo mismo.
Si seguimos así, vamos a obtener idénticos resultados.
Hay que cambiar el modelo de administración, pero sobre todo el que se halla vinculado con la gestión de los niños y adolescentes que están en el Sename. Y ello no lo aborda este proyecto.
Vamos a examinar el informe de la PDI. Esperamos discutir este asunto con el Ministro Hernán Larraín, porque queremos colaborar con él y apoyar al Gobierno. Esto no puede ser tema de debate político. Los niños no deben ser punto de guerra y de enfrentamiento ideológico.
Tenemos que lograr un acuerdo en la materia, porque lo estamos haciendo mal todos: la Concertación, la Nueva Mayoría, este Gobierno de Derecha.
Los resultados están a la vista, señor Presidente.
Entonces, tenemos una responsabilidad de Estado, y particularmente los Senadores, en torno a reconocer que estamos entregando más recursos, y que eso no sirve; que estamos modificando criterios de internación, y que esto tampoco es útil. Y ello, porque el modelo es el que está fracasado.
Yo diría que acá debiéramos tener una misión extranjera que fuera a los países que han hecho bien las cosas, que han logrado determinar mecanismos sobre los cuales hay reinserción y recuperación de los menores.
¿Qué me decían los funcionarios del Sename de Valparaíso? Que a los 18 años los internos se deben ir a su casa. ¡Y a qué casa! ¡Si no tienen dónde vivir!
Ellos les pasan plata para la micro a fin de que vuelvan a la esquina del barrio donde vivían, para que traten de alojar en la casa de algún amigo que no ven hace años, pues no tienen red familiar, ni familia, ni puntos de apoyo. Y el Estado tampoco les proporciona mayor ayuda.
Esos jóvenes, señor Presidente, aunque resulte doloroso decirlo, están condenados a un único camino, como lo dicen las frías y porfiadas estadísticas: más del 53 por ciento de quienes hoy día se encuentran en las cárceles pasaron por los centros del Sename. Y esa es la ratificación más horrible de que hemos fracasado en una política tratándose de niños.
Si el Estado no asume su responsabilidad y seguimos con una política de parche, de establecer medidas parciales que no logran resolver los temas de fondo, habremos equivocado el camino, y la Comisión Especial de Infancia, que la componen cinco Senadores, no habrá cumplido su objetivo.
Necesitamos una verdadera revolución profunda en cuanto a la forma como el Estado trata a sus niños, particularmente a los del Sename.
Tenemos un grave problema: constatamos que lo estamos haciendo mal. ¡Cómo no remediarlo! ¡Cómo no reaccionar!
En tal sentido, hay que incorporar a los funcionarios del Sename.
Es cierto, señor Presidente, tenemos problemas adentro de este Servicio. Y digámoslo francamente: durante muchos años el Sename fue un botín político. Quizás sin necesidad, entraba mucha gente allí. Por tanto, ese Servicio creció inorgánicamente, sin ningún sentido.
Es menester, pues, hacerse cargo de dicha herencia y resolver la situación de la mejor forma con los funcionarios, con las asociaciones de profesionales, de tal manera que todos entiendan que la primera prioridad es el bien superior del niño, respetando los derechos de aquellos.
Porque hoy día no existe bien superior del niño, ni tampoco respeto a los derechos de los funcionarios. Hay demasiadas arbitrariedades.
La nueva Directora ha hecho un trabajo que es reconocido; no he escuchado una mala opinión al respecto. Sin embargo, eso no es suficiente.
Algunos Senadores presentes en esta Sala están participando en la Comisión -no recuerdo su denominación-...
La señora RINCÓN.- Especial de Infancia.
El señor NAVARRO.- ... Especial de Infancia (su creación significó un paso sustantivo), donde estamos tratando con mayor rapidez, especificidad y profesionalismo los proyectos relacionados con los niños, las niñas y los adolescentes.
Yo diría que la praxis nos señala que hasta ahora hemos seguido un camino equivocado.
En consecuencia, apelo a la conciencia de los Senadores tanto de Gobierno como de Oposición. Sé que todos somos conscientes de que lo estamos haciendo mal. A mi juicio, sería inaceptable aprobar un proyecto de ley que establece una revisión periódica de la medida de internación a sabiendas de que con él no logramos tocar la cuestión de fondo.
Sobre esta materia, para el Ministro Hernán Larraín, mi absoluto apoyo a todo lo que podamos hacer.
En este ámbito, sin distingos políticos, es indispensable abocarse a resolver el problema.
Yo creo en esa consigna. Y estamos dispuestos a respaldar al Gobierno en la concreción real de la referida consigna.
En definitiva, va a haber un juicio histórico que atravesará a todos los Poderes del Estado: ¿Qué hiciste por los niños del Sename?
Yo no quiero estar entre aquellos que deban bajar la mirada para decir: "Hicimos poco, y lo reconocemos". Porque, a mi entender, hoy día podemos hacer más, pues hay recursos, voluntad, conciencia y, sobre todo, una necesidad urgente.
Si se lleva este tema a los tribunales internacionales, vamos a perder y seremos condenados. Además, seremos obligados por nuestros socios de la OCDE, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reparar el daño causado. Hagámonos cargo motu proprio; hagámonos cargo de que lo hemos hecho mal. Estamos a tiempo.
Señor Presidente, esta iniciativa aborda de manera parcial la situación existente, pues está acotada a la medida de internación. El problema es mucho más profundo, bastante más grande. Somos conscientes de ello. Entonces, debiéramos enfrentarnos con el Gobierno en una mesa de diálogo para decir: "Sinceremos de una vez lo que pasa en el Sename".
Este proyecto contribuye, pero no soluciona la cuestión.
En esa línea, podríamos haber dado un paso sustantivo con la tranquilidad de que todo lo que hacemos en esta Sala sirve y de que, en último término, las leyes tienen efecto.
Una ley que es solo letra muerta no les sirve a los niños, no le sirve al Ejecutivo, no le sirve al Senado.
Vamos a ser juzgados y valorados por lo que hacemos para proteger a nuestros niños.
Por consiguiente, me pronunciaré a favor.
Ahora, como se pidió segunda discusión, no podremos efectuar la votación.
El proyecto está bien encaminado, pero no resuelve el tema de fondo. Por eso yo les pediría a la colega Rincón y a otros colegas, quienes han trabajado arduamente en esta iniciativa, que nos explicitaran claramente lo que se ha discutido en la Comisión Especial de Infancia.
La Senadora Rincón citó un informe de la Policía de Investigaciones -yo invito a mis colegas a que lo lean-: ¡es terrible!
Pareciera increíble que lo que allí se expresa sucede con el auspicio del Estado. Pareciera no ser cierto lo que ha constatado la PDI.
Son datos verdaderos. Y detrás de las iniciales hay un niño, una persona real. Es gente de respeto que está sufriendo y que merece toda nuestra dedicación.
¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar, porque es de justicia hacerlo!
El señor QUINTANA (Presidente).- Creo que Su Señoría tuvo tiempo suficiente para exponer sus puntos de vista.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende, quien es autora del proyecto que estamos discutiendo.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras que expresó la Senadora Ximena Rincón. Lamentamos profundamente -por supuesto, es un derecho, pero en este caso no entendemos que se haya hecho uso de él- que se pidiera segunda discusión respecto de este proyecto y que, por tanto, no podamos votarlo hoy día.
Las apasionadas y legítimas palabras que acaba de manifestar el Senador Navarro me parecen muy de fondo. Su Señoría tiene toda la razón. Pero este proyecto tiene que ver con la internación de niños de entre cero y tres años. Nosotros pedimos la revisión periódica de la medida de internación. No estamos hablando del Sename, de la totalidad del servicio de protección de los menores, sino de las actuales medidas que rigen para la internación en residencias, que es lo que se intenta modificar al objeto de dejar de lado lo que ocurre en la actualidad.
Por eso, con mucho gusto con la Senadora Rincón suscribimos esta iniciativa, pues queremos asegurar el respeto del derecho de los niños y niñas a vivir, en la medida de lo posible, en un ambiente familiar, en que la internación en los centros de residencia sea excepcionalísima.
Ello, porque pensamos que se trata de una edad en que los niños debieran estar con sus familias. Cuando no es factible que vivan con su familia de origen, pueden ser derivados a una familia de acogida. Sin embargo, nos parece que la internación de niños, de bebés -porque de eso estamos hablando- de entre cero y tres años, tiene que estar muy justificada y debe supervisarse. Y esto no ocurre hoy día.
Por consiguiente, debemos avanzar hacia la necesaria desinstitucionalización de los menores.
Nuestra moción nace de las recomendaciones al Estado por parte del Comité de los Derechos del Niño, quienes observaron el alto número de menores internados en centros de acogida.
En el 2018 casi 200 mil niños y niñas se atendieron en el Sename. De ellos, 180 mil fueron al área de protección. Tenemos a 11 mil niños en centros de residencia, de los cuales 858 pertenecen a la Región de Valparaíso.
Tal como se ha mencionado acá, el informe de la Policía de Investigaciones es devastador. No voy a entrar en mayores detalles al respecto, porque eso lo hizo la Senadora Rincón. Pero es imposible no estremecerse cuando en solo una de sus líneas señala que en el 100 por ciento de los hogares que hoy día administra el Sename y en el 88 por ciento de los gestionados por privados hubo abusos y maltrato contra menores.
En tal sentido, quiero saber si la Comisión Especial de Infancia ha citado a la PDI y ha trabajado con el referido informe.
Esto, porque considero fundamental, junto con avanzar en los cambios que requiere el Sename y dentro del marco de garantías de la niñez, conocer dicho informe, saber cuánto tiempo les tomó realizarlo, cuánto investigaron para tener mayor conciencia -porque todos somos conscientes de este problema- de los abusos que se cometen en esos centros y de lo que ello implica respecto de nuestro compromiso como Estado, como país -no hablo de este Gobierno, sino del Estado en general- en materia de protección de nuestros niños.
Enhorabuena se cerró el Cread de Playa Ancha. Y existe una modificación en el sentido de que haya hogares más pequeños, residencias con más carácter familiar. Pero no voy a entrar en esos detalles, sino a decir que esta moción obliga a los centros de residencia a que informen semestralmente al tribunal de familia con relación al cumplimiento de la medida de internación, donde antes, en términos prácticos, para satisfacer esta exigencia se presentaba un mero oficio. No se realizaba ningún informe real.
Por eso nuestra propuesta es que se convierta en una audiencia trimestral, donde el niño o niña hará uso de su derecho a ser oído ante el juez directamente para que certifique la necesidad de mantener o no la medida de internación, asegurándose su excepcionalidad.
Además, el director del centro de residencia deberá informar específicamente sobre el plan individual de internación diseñado y aplicado al niño, niña o adolescente y su estado de avance; el estado de salud físico y psicológico de los menores, avalados por los respectivos certificados actualizados; los planes de acción con la familia de origen o extendida destinados a superar las dificultades de cuidado, junto a su posibilidad de revinculación.
Señor Presidente, necesitamos avanzar en la desinstitucionalización de los niños y niñas. Por esto es que, con los comentarios de los jueces y de la Defensora de la Niñez, pudimos mejorar sustancialmente este proyecto. Pero aún no es suficiente, ya que el Ejecutivo requiere mayor compromiso presupuestario. Esto también lo podemos solucionar en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite, pues precisamos mayores recursos para asegurar la debida defensa y representación de los niños por un abogado que funcione como curador ad litem y que tenga una especialización en materias de infancia. Asimismo, se necesitan más recursos para que los tribunales puedan tramitar en forma eficaz estas audiencias.
Gracias a esas recomendaciones, incluimos, además del director del centro de residencia, al personal a cargo de la intervención del menor para que asista a la audiencia, quien debe tener un mayor conocimiento del procedimiento que se realiza, donde se va a exigir un detalle del plan que se lleva a cabo con el niño.
Todos estos cambios, que fueron producto de lo explicado por los invitados, de las audiencias que hubo, se acordaron en forma unánime.
Por eso, cuesta aún más entender que no se quisiera votar en esta oportunidad en la Sala.
Lo pendiente es la desinternación, que necesita un mayor desarrollo con las familias de acogida. Y, por cierto, se requiere una modernización del sistema de adopción. La iniciativa pertinente acaba de llegar a la Cámara Alta, y esperamos poder tramitarla.
Queremos seguir avanzando en materia de infancia; queremos terminar con los abusos, y dar una real protección a nuestra niñez.
Por ello, exigimos una política real, verdadera, efectiva, que preserve y garantice los derechos de nuestros niños.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley no es más ni menos -es bueno que lo escuchen aquellos parlamentarios que pidieron segunda discusión- que la formalización de la actual práctica de la judicatura de familia.
Hoy, cada tres meses, los jueces de familia revisan las medidas periódicas de internación en residencia.
Cada vez que se establece una resolución de internación -ocurre desde hace seis, siete años, cuando esta medida se empezó a estandarizar por parte de los jueces de familia-, se le pide a la residencia que emita un informe, el cual va al consejo técnico del juzgado de familia y luego a los magistrados de familia, que toman una decisión respecto de si finalmente se prorroga o se deja sin efecto esa medida de internación.
Aquello básicamente sucede debido a la situación dramática que estaban viviendo los menores -niños, niñas y adolescentes- que se encontraban en un régimen de internación, a fin de poder verificar que estén resguardados adecuadamente sus derechos y que la medida de internación sea de carácter excepcionalísimo.
Por tanto, lo que hace esta iniciativa -va en la dirección correcta- es establecer una norma legal que obligue a la revisión periódica de la medida de internación.
Por lo mismo, en la actualidad -vuelvo a insistir- cada tres meses se están revisando esas medidas por parte de los juzgados de familia. Ese es el nuevo estándar, que hoy no tiene obligación legal alguna. Por eso era tan importante avanzar en una norma que así lo dispusiera.
La situación que estamos viviendo, particularmente de precarización de las condiciones en que se encuentran niños, niñas y adolescentes, me llevó incluso a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -estuve en Washington hace unos meses-, donde se acreditó que Chile está vulnerando en forma grave y flagrante catorce normas de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Del mismo modo, presentamos una querella en contra de aquellos responsables de los menores que se encuentran en el Cread de Valparaíso. Y se ha avanzado en la formalización de nueve funcionarios.
Luego, en virtud de esa querella, se emitió un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el que también se dejó de manifiesto la grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
En ese contexto, me parece que la revisión que plantea este proyecto de ley no es más ni menos que llevar la nueva estandarización que hoy día tienen los juzgados de familia, que es básicamente por la práctica -vuelvo a insistir- de los últimos seis a siete años, a un rango legal, para evitar que las carpetas de los menores que se encuentren en la residencia no tengan adecuada actualización de las resoluciones y a fin de que exista una supervisión permanente y una obligación de las propias residencias de informar adecuadamente la situación en que se encuentran niños, niñas y adolescentes.
Conozco este tema en profundidad; he estado visitando los hogares.
Conozco también la forma de actuación de los juzgados de familia.
Por lo tanto, esta norma va en perfecta sintonía con legislar en función del interés superior del niño.
Espero que el próximo martes podamos despejar las dudas que existan respecto de esta iniciativa.
En definitiva, tenemos que entender que lo que estamos haciendo es simplemente llevar a la ley un estándar nuevo, de los últimos seis, siete años, de los juzgados de familia en nuestro país.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, si el proyecto estableciera únicamente lo que dice el Senador Chahuán, sería bastante fácil, porque se trataría solo de bajar el estándar que hoy establece la ley, de seis a tres meses.
Pero la iniciativa hace mucho más que eso.
Cuando se dice que los Senadores que piden la segunda discusión vean bien el proyecto, yo también pido que se lea bien el proyecto.
Señor Presidente, respecto del fondo de esta iniciativa no hay nadie que esté en contra. Al revés: de hecho, todos la votamos a favor en la Comisión de Infancia.
Todos nosotros -en eso no hay nadie que piense de una manera distinta- creemos que es sumamente relevante que no exista el actual estándar respecto a la cantidad de niños que se encuentran hoy en las residencias. Eso no está bien; no es normal; no es el camino correcto. Los niños primero tienen que estar con su familia; luego, con su familia extendida; si aquello no es posible, que estén con familias de acogida; y si no resulta ninguna de las alternativas anteriormente mencionadas, entonces, que estén -ojalá en casos excepcionales- en hogares.
Las dudas respecto del proyecto no tienen que ver para nada con el fondo, sino más bien con el cómo se establece que estas medidas se cumplan en la práctica.
En esta iniciativa no se establece solamente que se enviarán los informes. Yo creo que este es el cambio más relevante -se lo señalo por su intermedio, señor Presidente, al Senador Chahuán-. Hoy día se leen los informes. Este proyecto no establece la lectura de informes, sino que dispone -y yo creo que esto es superbueno- la realización de una audiencia. Se trata de un estándar mucho mayor a lo que hoy día se hace en los tribunales de familia.
Eso es lo que establece el proyecto.
Reitero: hoy día el estándar es la lectura de informes, y lo que el proyecto establece es una audiencia. A mí me parece que es muy bueno que existan estas audiencias.
La duda que tenemos no es respecto a la audiencia, sino a quién se cita. Es ahí donde quiero llamar la atención. Porque cuando legislamos queremos que se cumpla lo que establece la ley. Y la iniciativa propone que asistan a la audiencia el director de la residencia respectiva y el profesional responsable de la intervención.
No tengo claridad de que citar todas las veces al director sea una medida que efectivamente pueda cumplirse, porque creo que al juez le va a interesar escuchar al profesional responsable de la intervención y no todas las veces al director de la residencia. Porque se va a estar escuchando al director y al responsable de la intervención de todos los niños que están en esa residencia cada tres meses.
Quiero llamar la atención sobre eso, señor Presidente.
Es una cosa más bien práctica que desgraciadamente no logramos solucionar en la Comisión.
Entonces, ¡ese el punto!
En esa audiencia especial de revisión de la medida de internación -vuelvo a repetir, para que no se diga que estamos planteando algo en contra, o que se intente comprender algo que no estamos diciendo, porque muchas veces eso sucede-, que se va a realizar por cada niño que haya en una residencia, se va a analizar el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño; su estado físico y psicológico; los planes de acción que se están llevando a cabo con la familia de origen o extendida.
¡Esta es una audiencia, señor Presidente!
Entonces, esta es una temática práctica: van a citar, para cada uno de los niños, cada tres meses, a una audiencia específica al director y al profesional responsable.
Señor Presidente, nosotros pensamos que aquí hay que establecer una medida que haga esto cumplible.
Por otro lado, señor Presidente, hay que considerar que estas serán audiencias. Entonces, me preocupa -y así lo planteé en la Comisión- el hecho de que acá surge también un tema con los tribunales de familia respecto a la cantidad de audiencias, pues este proyecto no tiene financiamiento. Nosotros estamos diciendo que vamos a hacer algo. Y siempre me preocupa cuando decimos que vamos a hacer algo que se ve superbonito en el papel y luego no somos capaces de cumplir.
Lo último que me inquieta es que la futura ley dirá -me parece superbién que lo tengamos y, de hecho, hemos empujado para que así sea- que va a existir un abogado para cada niño.
Pero aquí no estamos diciendo solamente que en la audiencia específica relativa a lo que va a suceder con ese niño habrá un abogado del niño.
Hoy día no estamos cumpliendo con eso. No tenemos abogados del niño para cada uno de ellos; no los tenemos. Lo que sí existe es un curador ad litem, que cumple otro rol. Y todas las personas nos plantean en la Comisión de Infancia que debe existir, ojalá, un curador ad litem y, adicionalmente, un abogado del niño.
Señor Presidente, ¡no estamos cumpliendo ni con el estándar mínimo hoy! ¡No lo estamos cumpliendo! No lo cumplió el gobierno anterior, ni el anterior a ese. Y este está avanzando, pero tampoco está cumpliendo.
Y ocurre que en este proyecto estamos afirmando que aunque hoy día no estemos cumpliendo con el estándar de tener un abogado del niño para cada niño en las audiencias en que se decide lo que va a ocurrir con ese niño, sí vamos a tener un abogado del niño en cada una de las audiencias que se realicen cada tres meses a fin de considerar la situación de internación del niño.
Entonces, ¿qué me preocupa? Que aquí no se encuentra establecido ningún proceso en orden a señalar: "Nos vamos a demorar tanto tiempo". Y tampoco hay financiamiento, señor Presidente: no hay financiamiento para contar con un abogado del niño.
Por lo tanto, me parece superbién el fondo de esta iniciativa -y eso lo hemos conversado-, pero tenemos dudas respecto a cómo se llevará a la práctica para evitar que se convierta en un proyecto que al final del día termine en algo que no se cumple. Y eso, a mí por lo menos, me genera dudas. Pienso que hay que conversarlo y quizás arreglarlo, si es que hay espacio. Si no lo hubiera, se votará como está, y eso está dentro de las reglas del juego.
Creíamos importante establecer nuestras dudas y quizás poder revisar los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Simplemente, porque pensamos que será muy complejo llevar a la práctica este proyecto de ley dada la forma en que se ha establecido, pues incluso hoy no estamos cumpliendo con el estándar mínimo.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve, porque lo señalado por la Senadora Von Baer representa de manera plena nuestro planteamiento al haber solicitado la segunda discusión.
Simplemente, quiero ratificar que nadie en esta Corporación podría estar en contra de avanzar en estos temas.
También, señor Presidente, concuerdo con muchas de las cosas que ha mencionado el Senador Navarro en su intervención. Y, apuntando a lo mismo, debemos ser serios para que todos los proyectos que legislemos tengan la posibilidad de cumplirse y ser llevados a la práctica. Nuestra conciencia no puede quedar tranquila solo con dictar un proyecto si sabemos que será uno más, que será letra muerta y que no se va a cumplir.
Me tocó reemplazar a la Senadora Von Baer en una sesión de la Comisión de Infancia a la que asistió gente del Ministerio de Justicia y de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Y nos contaron sobre un proyecto piloto que opera a través de dichas corporaciones y que dice relación con los niños del Sename llamado, precisamente, "Mi Abogado". Dijeron que este plan piloto opera en un par de regiones porque todavía no disponen de los recursos para habilitarlo en todas. Por tanto, el que exista una ley no significa que los recursos van a aparecer milagrosamente.
El llamado es -ojalá- a que todos los proyectos de ley que aprobamos acá sean capaces de llevarse a la práctica y que no queden -insisto y lo vuelvo a señalar- simplemente en una ley que después no podrá cumplirse.
Ratifico una vez más nuestra disposición a avanzar, a compartir plenamente el fondo de este proyecto, pero la invitación es a conversarlo para que se pueda llevar a la práctica una vez que se convierta en ley y para que lo haga de manera efectiva, en beneficio real de los niños, porque eso es lo que todos buscamos en el Senado.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, recién compartíamos con la Senadora Ximena Rincón el informe que han mencionado varios de los señores Senadores. Me refiero al informe de la PDI sobre vulneraciones sistemáticas de derechos de niños, niñas y adolescentes en residencias del Sename.
Este informe es de reciente data, por lo tanto, muestra que los distintos gobiernos han tenido serias dificultades para cumplir con los compromisos en estas materias.
Quiero referirme al punto 8, relativo al incumplimiento de fiscalización judicial. Se sostiene que los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. "No existe un mecanismo de control externo al Sistema de Justicia, lo que propende a la mantención de prácticas funcionales que contravienen las normas y directrices existentes en torno al cuidado residencial de niños, niñas y adolescentes", concluye este párrafo que es uno de los más duros, por así decirlo, de este informe.
Entonces, no puedo entender la petición que se ha hecho cuando se sostiene que los niños son los primeros en la fila.
Al respecto, eso sí, quiero destacar la consecuencia que ha mostrado el Senador Chahuán, porque en esto debemos ser superclaros: estamos porque los niños sean prioridad o no estamos.
Este esfuerzo de dilatar las cosas -no es nuevo- tiene que ver mucho con lo que pasó -lo señaló la Senadora Rincón también- con el proyecto de desinternación, en que toda la evidencia nacional e internacional, al igual que en este caso, mostraba que no era aconsejable internar niños menores de tres años. Bueno, lo mismo ocurre acá. No hay nadie que haya manifestado algo distinto. La propia Senadora Von Baer señala que no tenemos dificultades -esto es textual- en el fondo. Es decir, no hay nadie que esté en contra de esto. Incluso, en las audiencias estamos de acuerdo. O sea, vamos a postergar este proyecto solamente porque no hay consenso en cuanto a si se debe citar al director o al profesional a cargo del menor.
A mi juicio, es el director quien debe hacerse responsable de que los profesionales bajo su cargo estén llevando adelante como corresponde los distintos procedimientos, porque, finalmente, se trata de menores que tienen que ir avanzando en las distintas etapas durante esta residencia, asumiendo, por supuesto, todo lo que se ha dicho en cuanto a que primero deben estar con la familia natural, cercana, original; después, con la extendida; luego, con la de acogida, y recién después de eso se va a una residencia.
Francamente, no entiendo cómo aquí no existe voluntad para avanzar. ¿Acaso esperamos que esto lo resuelvan otros proyectos? Porque también es una posibilidad dejar que lo haga el proyecto de garantías. Y si eso es así, sinceremos las cosas. Digamos si estamos pensando que el proyecto de garantías de la niñez, que viene del Gobierno anterior y al que la actual Administración le presentó una indicación sustitutiva, va a resolver estos temas. ¿O va a ser el Servicio de Protección de la Niñez?
Pero no se puede dejar sin votar un proyecto como este, cuando se ha dicho que los niños son la prioridad.
A fines del año pasado estábamos en plena discusión sobre el proyecto de aumento de la subvención para las residencias de organismos colaboradores. Y hubo Senadores que todos los días acudían a la Comisión, sin ser parte de ella, y nos decían: "¡Por favor: Los niños son los primeros en la fila! ¡Esto hay sacarlo rápido!", más allá de toda la discusión que se dio en la Comisión, respecto de la rendición de cuentas y de un conjunto de elementos que era necesario ver. No se trataba solo de aumentar recursos por aumentarlos.
Entonces, francamente, yo no comprendo. No sé si esto se puede revisar -entiendo que no-, pero creo que será en la próxima sesión en que habrá que demostrar que los niños, efectivamente, son una prioridad.
Lo que plantea el proyecto, como sostuvo la Senadora Isabel Allende, es que en lugar de que la revisión de la medida de internación se haga cada seis meses, esta se realice cada tres meses. Evidentemente, de esa manera se podrá tener un conocimiento más directo de cuál es la evolución que están teniendo estos menores que han sido vulnerados en sus derechos.
--El proyecto queda para segunda discusión en particular.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se pone término al Orden del Día y pasamos a la hora de Incidentes.
Al Contralor General de la República y al Ministro de Salud, solicitándoles antecedentes acerca de SEGUIMIENTO A AUDITORÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE ESTADO DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN SERVICIO DE SALUD VALDIVIA.
Al Ministro de Defensa Nacional y al Comandante en Jefe de la Armada, requiriéndoles información sobre INVESTIGACIÓN SUMARIA ADMINISTRATIVA POR DERRAME DE ACEITE LUBRICANTE EN RÍO CALLE CALLE.
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo y a la Directora Nacional del Sernapesca, pidiéndoles antecedentes acerca de OCULTAMIENTO Y MANIPULACIÓN, POR PARTE DE EMPRESA SALMONERA NOVA AUSTRAL, DE INFORMACIÓN RESPECTO DE NIVELES DE MORTALIDAD DE ESPECIES Y EFECTOS AMBIENTALES EN FONDO MARINO.
Al Ministro de Obras Públicas, consultándole por PRIORIZACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BOQUIAL I Y II Y TICAHUE, COMUNA DE RÍO BUENO; y sobre POSIBILIDAD DE QUE COMITÉ DE APR CHAMPEL, DE LA UNIÓN, SEA CONSIDERADO EN CARTERA DE PREFACTIBILIDAD DE INVERSIÓN PARA FUTUROS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL.
Al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Salud, al Intendente de Los Lagos, al Alcalde de Osorno, al Superintendente de Servicios Sanitarios, al Superintendente del Medio Ambiente y al Director Nacional del Sernac, solicitándoles una serie de antecedentes sobre DERRAME DE MÁS DE MIL LITROS DE PETRÓLEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESA SANITARIA ESSAL, EN COMUNA DE OSORNO, y que se pronuncien respecto de POSIBLE DEMANDA COLECTIVA DEL SERNAC EN CONTRA DE LA EMPRESA.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, para que informen respecto de PROYECTOS DE NUEVO PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, POR UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 60 MILLONES DE PESOS, PARA EL COMITÉ APR USTARITZ, COMUNA DE LOS LAGOS; se pronuncien sobre POSIBILIDAD DE QUE UNIDAD TÉCNICA DE LA DOH VISITE EN TERRENO EL COMITÉ DE APR CUMULELFU, COMUNA DE LA UNIÓN; remitan antecedentes sobre PROYECTOS DE CONSERVACIÓN QUE SE LICITARÁN DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, y se manifiesten respecto de POSIBILIDAD DE PRIORIZAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CIRUELO-DOLLINCO, COMUNA DE MARIQUINA.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad (S), solicitándoles MEJORAMIENTO CAMINERO EN TRAMO CIRUELOS ALTO-CIRUELOS BAJO (RUTA T-357), COMUNA DE LOS LAGOS, Y TRAMO ENTRE SECTOR HUICHACO, COMUNA DE MÁFIL, Y SECTOR CIRUELOS, COMUNA DE LOS LAGOS; y pidiéndoles remitir antecedentes acerca de ENROLAMIENTO DE CAMINO PULLINQUE-PULLINQUE ALTO, COMUNA DE PANGUIPULLI.
Al Ministro de Agricultura y al Director Ejecutivo de Infor, solicitándoles copia de CONVENIO DE COLABORACIÓN TRANSDISCIPLINAR ENTRE INSTITUTO FORESTAL Y UNIVERSIDAD DE CHILE PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE POBREZA ENERGÉTICA.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, planteándole POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE PARA SECTORES DE LONCOTREHUA Y CUMULELFU, COMUNA DE LA UNIÓN, y FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE RURAL PARA COMUNIDADES DE PULLINQUE ALTO, HUERQUEHUE, CHARLIN-LIQUIÑE, RAÑINTULELFU Y TRAFUN GRANDE (COMUNA DE PANGUIPULLI) Y DE CUMULELFU, LONCOTREHUA Y LA PLATA (COMUNA DE LA UNIÓN).
Y al Alcalde de La Unión, solicitándole antecedentes sobre ESTADO DE AVANCE O EXISTENCIA DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO PARA COMUNIDADES DE HUENUE Y COCULE.
A los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso, pidiéndoles iniciar PROCESO DE FISCALIZACIÓN E INDAGACIÓN POR PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN CONSTRUCCIONES EN FUNDO EL CÓNDOR PARA REDIRECCIÓN DE AGUAS DE QUEBRADAS ALIMENTADORAS DE RÍO LA LIGUA, COMUNA DE CABILDO.
A la Secretaria Regional Ministerial de Salud y a la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Aysén, requiriéndoles informar sobre PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE POR MATERIAL PARTICULADO FINO PM2,5, A CONTAR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ALERTA SANITARIA PARA EL AÑO 2019.
Del señor QUINTANA:
Al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para que se sirva informar acerca de ACCIONES QUE DESARROLLARÁ ESE MINISTERIO EN RELACIÓN CON TRABAJADORES CONTRATADOS A HONORARIOS DE CONICYT, QUE FORMARÁN PARTE DE AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
A la Subsecretaria de Educación Parvularia, para que informe sobre ESTADO DE AVANCE DE PROGRAMA "MÁS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES PARA CHILE" Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN ÉL.
Y al Subsecretario de Hacienda, requiriéndole antecedentes sobre BASES TIPO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONVENIO MARCO DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE ID 2239-5-LR19; RAZONES DE MODIFICACIONES REALIZADAS EN ÚLTIMOS DOS AÑOS, Y RESGUARDOS ADOPTADOS PARA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MIPYMES EN DICHO PROCESO.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información tocante a VALOR PROMEDIO A NIVEL NACIONAL PAGADO POR SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO POR CADA UNIDAD HABITACIONAL TANTO DEL PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRADO DE POSTULACIÓN DE DECRETO SUPREMO N° 1, DE 2011, COMO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA FONDO SOLIDARIO ESTABLECIDO POR DECRETO SUPREMO N° 49.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala; estimado Ricardo Tapiero, Luis Grillo; familia y amigos:
Constituye un privilegio para este parlamentario rendir un homenaje a los cincuenta años de la trayectoria artística que ha cumplido recientemente el cantante de música popular Luis Grillo.
Su verdadero nombre es Ricardo Luis Tapiero Ballatore. Nació el 20 de febrero del año 1945 en la localidad de Saturnino, María Lispur, en la provincia de Córdoba, de la República Argentina.
Cursó sus estudios primarios en su pueblo natal y posteriormente ingresó a la Escuela Técnica de San Miguel de Tucumán, donde recibe el título de Técnico Mecánico el año 1963. Posteriormente regresa a Córdoba e ingresa a la universidad local, donde cursa el primer año de Ingeniería Electromecánica.
Pero su vocación por el cultivo del canto popular fue más fuerte y, al año siguiente, abandona sus estudios y decide formar el conjunto musical denominado "Los grillos", conocido también como "Los Beatles cordobeses", con el que realiza varias presentaciones durante algunos años. Esta formación existió entre el año 65 y el 67; integraba la camada de bandas beat de mediados de los sesenta en Córdoba.
Años más tarde, Julio Bruzzone integró la reedición de los Teen Agers; Ricardo Tapiero se transformó en Luis Grillo; Alfonso Aguilera se convirtió en médico y vive en Totoral, en el norte de la provincia de Córdoba, y José Luis Fernández falleció hace casi un cuarto de siglo.
En 1967, Luis Grillo se traslada a Buenos Aires, donde logra ser contratado por el sello RCA Víctor y se presenta en canales de televisión. Alcanza su mayor éxito el año 1969, en el programa Sábados Circulares, el más importante de ese país, conducido por el recordado presentador Pipo Mancera, y salta a la fama con el seudónimo de "Luis Grillo", con el que es conocido hasta ahora.
Como su éxito trascendiera las fronteras, decide hacer una gira que fue toda una hazaña en esa época, ya que utilizó un sencillo automóvil marca Fiat 600, con el que recorrió las ciudades más importantes de Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala, país donde vivió por algún tiempo.
Allí creó el primer programa juvenil de televisión, denominado "Alta Tensión", que tuvo mucho éxito, y dos años más tarde es contratado por el sello discográfico CBS-Columbia para realizar un programa similar en San José de Costa Rica, denominado "A toda máquina", para el Canal 7 Telética, que concitó alta sintonía.
Durante esos años se logra posicionar como uno de los cantantes más populares de Latinoamérica, con su composición denominada "A él", la que lo sitúa en los primeros lugares del ranking de los artistas de su género, y realizó varias giras por Sudamérica y Centro América, efectuando múltiples presentaciones en diferentes escenarios y medios televisivos.
A finales del año 1974 se traslada a Europa y se radica en España. En el año 1979 participa en el Festival de la Canción del Mediterráneo, en Barcelona, donde obtiene el primer premio a la interpretación y el segundo lugar a la canción, con el tema de su autoría Canción para un regreso, que grabó luego para la disquera AUVI, con otros temas como Mi bien amada, y ese año se dedicó también a la composición para otros intérpretes.
Algún tiempo después viajó a Alemania, donde se contacta con el grupo ecologista Die Grünen, que más tarde se transforma en un partido político, y adhiere a sus ideas de respeto por la vida y la defensa del planeta, defendiendo sus postulados de una vida sana y armónica.
En 1991 regresa a Argentina, y luego de intentar la reinserción en su patria sin éxito, visita Chile, donde decide radicarse con alma y corazón. Cautivado por el afecto de sus habitantes, y en agradecimiento a la hospitalidad recibida, resuelve colaborar con todas las obras benéficas que requieren de su participación como cantante, expositor postrero del movimiento musical denominado "Nueva Ola", y destaca por su afinada voz en los diversos géneros que aborda. De hecho, estuvo también liderando el Billboard, lo que es un orgullo para todos nosotros.
Ha contribuido al acervo cultural de nuestro país, desarrollando una fecunda labor como compositor y cantante de música popular. Entre sus obras, se pueden destacar, además de la clásica denominada "A él", las siguientes: Te has equivocado, Amor de vacaciones, Lisa de los ojos azules, Si yo tardo un poco, Sin ti vivir ya no es igual, La pobreza, Fuego de verano, Dicen por ahí, De regreso, Jugando a ser don Juan, Al morir la canción, La nave del olvido, y muchas otras más que suman alrededor de cuatrocientas.
En su actividad como intérprete, con su seudónimo de "Luis Grillo", ha participado en cuanta actividad solidaria pudiéramos imaginar, no solamente en diversas ediciones de la Teletón; y ha colaborado con eventos programados por distintas entidades benéficas de la Región y del país, actuando en hospitales, cárceles, y diversos otros eventos de distintas instituciones que requieren de su aporte, el que brinda en forma totalmente gratuita. Incluso, colaboró en la recolección de fondos para construir una sala mortuoria para la Catedral de Iquique, el año 1999.
Hoy vive en Viña del Mar, pero también residió por algún tiempo en Iquique, donde lo recuerdan con mucho cariño.
El día 17 de enero de 2001, obtuvo su residencia definitiva en Chile, y siempre ha continuado deleitando a los diversos auditorios con sus bellas canciones, impregnadas de gran romanticismo, que han ido quedando en la memoria de diversas generaciones, especialmente en aquellos que asisten a las obras sociales en que ha brindado su desinteresada colaboración.
Dada su valiosa contribución y entrega a nuestra música popular, presenté tiempo atrás una moción con el fin de que se le otorgue, por especial gracia, la nacionalidad chilena. La moción está en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Corporación. Esperamos su pronta tramitación, y hemos pedido también el impulso legislativo del Gobierno para ese efecto.
Sin perjuicio de ello, estimo que Luis Grillo se merece este homenaje, ya que no todos los intérpretes de música popular pueden alcanzar cincuenta años de trayectoria artística con tanto éxito, que ha trascendido a varias generaciones. Le deseo sinceramente que cumpla muchos años más, deleitándonos con sus románticas canciones, que tanto contribuyen a nuestros espíritus.
Estamos frente a un gran ser humano, a un tremendo servidor público, un hombre que a través de la interpretación musical es capaz de entregar solidaridad.
Luis, yo te debo un agradecimiento muy especial. Eres una persona humanamente extraordinaria, un gran servidor público, un hombre que tiene siempre su vida enfocada en cómo contribuir al que está al lado. Por eso, te doy mi agradecimiento en nombre nuestro, de nuestra bancada y de todo el Senado.
Muchas gracias por todo tu trabajo y por todo tu despliegue en estos cincuenta años, y que cumplas muchos más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Adherimos al homenaje que ha realizado el Senador Chahuán.
En los tiempos del Comité Partido Por la Democracia e Independientes y del Comité Partido País Progresista e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la situación de la vivienda nacional, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministro Cristián Monckeberg, sigue siendo compleja en la Región del Biobío.
En el sector Paso Seco Sur, números 2, 3 y 4, después de tres años, 509 de las viviendas, la totalidad, debieron ser demolidas. ¡Demolidas!
A tres años de construidas, luego de haber invertido cada una de las familias parte importante de su presupuesto en su mejoramiento, poniendo baldosas, reforzando los techos, instalando rejas, debieron ser demolidas.
Pensábamos que la pesadilla de Paso Seco Sur 2, 3 y 4 había terminado. ¡No! ¡Continúa la pesadilla, señor Presidente! Paso Seco Sur 5: 150 viviendas construidas -escúchenme bien, estimados colegas- con muros de plumavit. Es una técnica constructiva mal aplicada, porque si usted, señor Presidente, coloca un clavo de 4 en la entrada y lo impulsa con el dedo hacia adentro, podrá ver que aquel atraviesa completamente la muralla, que está compuesta por una malla gallinero, de plumavit y hormigón mal ejecutado.
Se trata de una técnica constructiva que fue cambiada cinco veces, para terminar en una condición que tiene en vilo a los habitantes de esas casas. Ellos viven en el primer piso y para acceder al segundo piso, a otra vivienda, hay una escalera lateral metálica que tapa las ventanas de la primera casa. Además, las viviendas tienen una losa de hormigón con una extensión de 12 metros por 4 metros y medio o 5 metros de ancho, con un peso superior a las 6 toneladas. Cuando una niña de 4 o 5 años saltó, se movió completamente, pues no tiene muros de albañilería que la contengan. Es solo tabiquería: vulcanita y palos de 2x2.
Los vecinos de Paso Seco Sur 5 están viviendo una pesadilla.
Señor Presidente, hongos, plantas surgen de las paredes.
Estimados colegas, ¡plantas! Y no las han cortado para que se pueda reflejar la verdad de la humedad que fluye desde el piso y desde los distintos sectores.
Reitero: ¡Plantas de 30, 40 centímetros brotan de las paredes!
Es más, estas viviendas, que forman un conjunto de cuatro y que fueron denominadas "condominio", tienen una sola cámara de evacuación de aguas servidas, lo que es ¡absolutamente insuficiente! Creo que hay una ilegalidad en llamar "condominio" a cuatro casas cuando no hay espacios comunes, cuando se utiliza una escalera externa.
Yo jamás había visto, señor Presidente, un modelo constructivo y, particularmente, un diseño estructural de esa naturaleza.
La empresa constructora está permanentemente a la vista, porque la de Paso Seco 2, 3 y 4 se repite en el caso de Paso Seco 5.
Tengo la más absoluta convicción de que esas 150 casas deberán ser demolidas.
¡Dieciséis mil millones de pesos perdidos en los tres primeros conjuntos y otros 2 mil a 3 mil millones perdidos en esa otra construcción, lo que hace insostenible la situación!
Frente a eso, se requiere una modificación esencial y una investigación.
Voy a concurrir a la Contraloría -ya lo hicimos antes- por Paso Seco Sur 5, a fin de que pueda determinar quién cometió los errores administrativos, qué sucedió. Ahí hay un delito. ¡Es un delito y un atentado contra la dignidad de las personas haber aprobado ese modelo estructural, por el que se cobraron las boletas de garantía!
No hay, entonces, a quién ir a pedirle un peso. Además, no sirven las reparaciones.
Por tanto, señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio de la Vivienda, al Serviu de la Región del Biobío, a la Ilustre Municipalidad de Coronel para que puedan establecerse responsabilidades y se hagan llegar las copias, para mi información y para información de los vecinos, de las actas de recepción de las viviendas, del contrato que el Serviu suscribió con la empresa de Héctor Vera, quien hoy día, increíblemente, construye casas en Arauco.
Señor Presidente, ¡a los mismos empresarios inescrupulosos, sinvergüenzas, delincuentes de cuello y corbata que construyen este tipo de casas, que deben ser demolidas a los tres años, el Ministerio de Vivienda les sigue entregando otros contratos!
¡Eso es inaceptable y debe terminar!
Frente a ello, conversé con los miembros de la Comisión de Vivienda del Senado, la cual integro, y estamos completamente de acuerdo en presentar un proyecto de ley que establezca responsabilidades individuales, no solamente al RUT de la empresa, sino también respecto de los profesionales, sean empleados públicos o privados, e inhabilidad por cinco años si son capaces de firmar informes técnicos a sabiendas de que lo que se está entregando es una casa mal construida y que pronto tendrá que ser demolida.
¡No hay otra fórmula para terminar con esta pesadilla!
Quiero señalar -y en ningún caso es expiatorio- que el subsidio no alcanza. Se ha discutido el asunto y con el Presidente de la Comisión de Vivienda, David Sandoval, Senador por Coyhaique, hemos concordado en la necesidad de realizar un seminario en esa ciudad, porque el subsidio para construir en Arica, Concepción o Coyhaique es del mismo monto.
¡No se puede construir en base a un mismo monto viviendas en lugares con una condición climatológica diferente, señor Presidente!
Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda, al Director del Serviu de la Región del Biobío, al Alcalde de Coronel, a fin de que nos entreguen toda la información que ellos han recabado respecto de estas viviendas en Coronel.
Del mismo modo, señor Presidente, pido que se oficie al Serviu de la Región del Biobío sobre la condición de Villa Futuro, donde hay blocks de departamentos que, a menos de un año de ser entregados, se inundan cuando hay lluvia: revientan las cámaras de evacuación de aguas servidas producto de la lluvia, inundándose los primeros pisos. Son viviendas nuevas, de menos de un año.
Además, solicito la misma información respecto del conjunto habitacional Altos de Coronel. También se trata de blocks de departamentos. Habiendo el Ministro Cristián Monckeberg dispuesto 400 mil UF a principios de este año para el cambio total de ventanales -¡cambiaron todos los ventanales, señor Presidente, porque no se sostenían con el viento!-, estando en ese proceso, la empresa que hacía dicho trabajo descubrió que los muros estructurales tenían un severo daño que inhabilitaba la posibilidad de poner una nueva ventana.
Por lo tanto, se requiere una nueva investigación técnica en relación con el proyecto habitacional Altos de Coronel, que indique si esos departamentos están estructuralmente en condiciones.
Señor Presidente, esto ha sido así a lo largo de los últimos diez años: en el primer Gobierno del Presidente Piñera, en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, en el segundo Gobierno del Presidente Piñera. ¡Exactamente lo mismo!
Yo calculo en más de 80 mil millones de pesos el costo adicional en reparaciones, las que además no solucionarán el problema.
Se ha resuelto, teniendo en consideración las casas de Paso Seco 2, 3 y 4, entregar casas nuevas de mejor calidad, porque se aprendió la lección. Sin embargo, existe un conjunto de viviendas en la Región del Biobío que son un verdadero escándalo.
Lo que estoy señalando -como dije- ha ocurrido en todos los gobiernos. Pero, independientemente del Gobierno en el que hubiere sucedido, se requiere investigar y sancionar. No se puede decir que no hay posibilidad de sancionar estas conductas delincuenciales, porque un profesional, habiendo estudiado en una universidad, habiéndosele conferido un título, teniendo condiciones para desarrollar su labor y también formación ética, no puede dar paso a métodos constructivos de esta naturaleza.
Estimados colegas, los invito a tener mucho ojo con lo que se está construyendo en viviendas sociales en sus regiones.
La técnica de la plumavit no la conocía.
¡Plumavit! Parece increíble, señor Presidente. Las construcciones son con plumavit, malla de gallinero y hormigón entremedio que no soporta el peso de la estructura superior.
En el caso de Altos de Coronel, si bien el Ministerio accedió a la reparación de viviendas por un monto de 400 mil UF, hay problemas estructurales que deben ser aclarados, lo mismo que en Villa Futuro.
En consideración a lo anterior, señor Presidente, solicito al Ministerio de Vivienda que nos entregue el catastro de reparaciones de los últimos diez años de que han sido objeto los conjuntos habitacionales subsidiados a personas de escasos recursos -son viviendas sin deudas- y nos señale cuántos recursos adicionales a la entrega se han puesto en cada conjunto de la Región del Biobío; cuántas boletas de garantía se han cobrado y qué efectos han tenido; y, en el caso particular de Paso Seco 2, 3 y 4, y también de Paso Seco 5, cuáles son las acciones legales sobre persecución de la responsabilidad económica y, también, penal respecto de las empresas que construyeron estas viviendas. Asimismo, se requiere saber si se cumplieron los plazos, si hubo o no negligencia en el cobro de las boletas de garantía y si estas efectivamente logran cubrir las reparaciones, ya que en ningún caso cubrirán demoliciones.
En definitiva, solicito que el Ministerio entregue la información pormenorizada de toda la Región del Biobío relacionada con la construcción de este tipo de viviendas y cuánto se ha gastado en reparaciones, de tal manera de tener antecedentes concluyentes para que en el Presupuesto 2020 podamos entrar a analizar los temas de fondo y discutir si vamos a seguir reparando viviendas que son construidas con un presupuesto que no alcanza. Porque las empresas dicen que no alcanza; sin embargo, se adjudican los contratos y construyen bajo la norma técnica exigida.
Frente a la pregunta de por qué dicho Ministerio suscribe los contratos, se responde que si no lo hace no hay ninguna empresa que quiera participar. Entonces, las empresas, de partida, saben que tendrán que construir con mala calidad y, muchas veces, bajo la norma porque el subsidio no da. Las 900 UF que, en promedio, se entregan como subsidio no alcanzan. Es más, las viviendas reconstruidas en los casos que he señalado (Paso Seco), las que fueron demolidas, cuestan 1.400 UF; ¡1.400 UF, señor Presidente!
Por tanto, hay que sincerar cuál es el monto del subsidio para construir una vivienda básica sin deuda, decente, digna, firme y que no deba ser demolida a los tres años. Eso es lo que la gente exige.
¡La gente ha sufrido!
En el caso de Paso Seco 5, en Coronel, las familias tuvieron que sacar a los niños durante todo el invierno. ¡No hay un solo niño en la población! ¡Los han llevado a casas de parientes!
¡También sacaron a los adultos mayores, porque las casas son invivibles!
Por tanto, hemos fallado en la política de construcción de viviendas básicas sin deuda, que es el subsidio del Estado.
¡Eso tiene que ser corregido!
El Ministro del ramo ha tomado nota de ello. Tengo claro que va a actuar, pero debemos hacerlo con celeridad, en particular para perseguir la responsabilidad de las empresas.
Yo creo que las multas no funcionan. Se ha planteado que las elevemos. Pero las empresas pagan las multas y con el propio dinero que han ganado por construir viviendas de pésima calidad.
En ese caso hay que inhabilitar a los profesionales, públicos o privados, que son capaces de firmar informes técnicos garantizando que el trabajo se ha hecho bien. ¡Inhabilidad!
Se debe establecer una inhabilidad por cinco años. Eso lo podemos hacer, señor Presidente. Y lo vamos a plantear en un proyecto de ley que firmaremos Senadores de Gobierno y de Oposición.
Las personas quieren también dignidad. Más allá de que sea una casa básica, algunos malos funcionarios han tenido como respuesta: "¡Pucha que reclama, si es gratis!".
¡No es gratis, señor Presidente, es producto del impuesto de todos los chilenos!
La gente que recibe las viviendas también paga impuestos. ¡No es gratuita! Esa fórmula es equívoca.
La responsabilidad del Ministerio de Vivienda, la responsabilidad de los municipios y, en particular, la dignidad de las personas debe ser buscada, señor Presidente.
En tal sentido, este Senado tendrá una enorme responsabilidad en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2020.
Yo no estoy disponible para seguir asignando recursos bajo esta modalidad. Es un deber de esta Corporación legislar para evitar que esos hechos pasen. La gente así lo pide y lo reclama para terminar con la pesadilla en la que se transforma el sueño de la casa propia, pesadilla en la que siguen viviendo, señor Presidente.
Espero que el Ministerio pueda responder lo más pronto posible a los requerimientos que he señalado.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Señor Presidente, en este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informa sobre su ausencia del territorio nacional entre los días 17 y 22 de julio de 2019, para efectuar una visita privada a los Estados Unidos de América.
Hace presente que, durante su ausencia, será subrogado por el Ministro titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, con el título de Vicepresidente de la República.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, lo que está viviendo Osorno me parece de la mayor gravedad.
Hago uso de la palabra en Incidentes para hacernos parte de lo que ahí ocurre: ¡más de seis días sin agua, lo que afecta a 48 mil hogares; o sea, a más de 200 mil personas!
La empresa Essal es la que está a cargo de entregar este vital elemento.
El 14 de julio el Alcalde de Osorno pidió que se decretara estado de catástrofe para la comuna. ¿Por qué? La razón es muy simple: para poder gestionar de manera rápida y oportuna los recursos que se necesitan para responder a la demanda de agua por parte de las familias.
La respuesta del encargado del Comité Operativo de Emergencia (COE), el Intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, fue que no era necesaria la medida.
Hablé con el Alcalde Jaime Bertín hace un día: la situación era dramática.
La falta de reacción de la empresa al no reponer el suministro de este vital elemento, ante lo cual el municipio ha tenido que salir a responder, es de verdad impresentable.
Señor Presidente, creo que es necesario abordar el tema de fondo. Más allá de la actividad que hoy día tuvo el Presidente de la República tendiente a reponer el agua a las 11 de la mañana, que tuvo que ser cortada nuevamente a las 14 horas, aquí debemos analizar un tema de fondo, que dice relación con varias cosas: por un lado, con la falta de medidas en materia de seguridad del suministro de agua para consumo humano y, por otro, con la falta de medidas de contingencia sanitaria para enfrentar este tipo de situaciones.
Hoy día el tema es noticia porque se trata de Osorno, una comuna grande, una urbe, una capital. Pero si esto lo vivimos en otros lugares del territorio nacional, no es noticia. Y hay muchas familias que se ven enfrentadas al corte de agua.
Entonces, tenemos el deber de revisar la legislación en esta materia y ver también la responsabilidad de la empresa.
Todos leímos que no existe posibilidad de compensación de parte de la empresa a los clientes y que la única manera de poder hacerlo es a través de un acuerdo en el que intervenga el Sernac.
La verdad es que necesitamos abordar esta materia desde el punto de vista legislativo, pero también desde la lógica operativa.
Nuestro Comité va a pedir una sesión especial para escuchar a las autoridades con relación al manejo de esta crisis; para ver cuáles son las soluciones legislativas desde la perspectiva de la responsabilidad de las empresas, y para analizar cómo nos hacemos cargo de la seguridad, de la contingencia y, obviamente, de la compensación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, en los cuatro minutos que restan al Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, quiero referirme a dos temas que afectan a la Región de Valparaíso.
El primero de ellos se relaciona con el anuncio sobre la postergación de la licitación del sistema de transporte público urbano, lo cual obviamente afecta las expectativas de las personas, quienes esperan que mejore la calidad de los servicios.
Lo que se ha comprometido es, básicamente, darles estabilidad laboral a quienes están desarrollando la función de conductor, de modo que puedan tener la tranquilidad de disponer de un ingreso asegurado que les permita hacer algo que es fundamental: sostener a sus familias.
En ese sentido, el sistema nuevo que se licite debe considerar temas laborales importantes para permitirles conducir locomoción pública, lo que es tremendamente riesgoso y estresante, pero con todas las condiciones de seguridad, tiempos de descanso y todo aquello que se requiere.
Sin embargo, también es importante aumentar las medidas de seguridad y de control; para eso, la tecnología y el uso de posicionamiento satelital son fundamentales.
Como sabemos que la licitación se va a postergar, solicito que se oficie a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para que informe qué medidas concretas se pueden realizar con el contrato vigente para mejorar las normas de fiscalización y control; instalar GPS; darles seguridad laboral a los trabajadores, y mejorar la calidad del transporte urbano.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Pugh, conforme al Reglamento.
El señor PUGH.- El segundo punto, señor Presidente, dice relación con un hecho que está afectando a las plantas industriales de procesamiento de productos del mar de la Región de Valparaíso.
Como todos sabemos, se discutió en el Parlamento el cambio de los aparejos de pesca de la jibia a la potera.
Sin embargo, este año la cantidad la jibia disponible no es la que se esperaba para ser capturada por la pesca artesanal.
Los barcos industriales, que trabajan a más de 30 o 35 millas, donde no opera la pesca artesanal, han sido capaces de sostener con la cuota que tienen asignada (40 mil toneladas al año) a esas plantas industriales.
Este año solo seis plantas de jibia están operando en Chile; cuatro de ellas, en la Región de Valparaíso, donde no hay barcos industriales. Esa pesca proviene de la Región del Biobío; llega en camiones con hielo. Así fue expuesto hoy en la Comisión de Pesca.
Entonces, lo alarmante es qué va a suceder cuando entre en vigencia la ley y la pesca artesanal sea la única que pueda proveer de jibia a esta industria. ¿Qué va a ocurrir en invierno? Van a cerrar las plantas.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Economía para que informe, sobre la base de un estudio de lo ocurrido este año al término de la temporada de pesca de la jibia en el mes de agosto, cuál fue el efecto real de la pesca industrial en apoyo a las plantas procesadoras, porque, de no existir tal insumo, toda la gente que labora en el sector se quedaría sin trabajo y aumentaría el desempleo en una región que está afectada.
Este es un tema sensible que nos preocupa.
Debemos tomar alguna medida preventiva para asegurar que esos empleos no se pierdan, dado que el cambio climático está haciendo que las especies marinas cambien los lugares en donde se encuentran.
Por lo anterior, tenemos que no solo disponer de una pesca artesanal del mejor nivel, sino también hacer que ella pueda coexistir con el sector industrial.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, en el tiempo del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el día 28 de mayo la Corte Suprema falló acogiendo ocho de los doce recursos de protección presentados por dieciocho organizaciones sociales, ambientales y personas naturales, los cuales fueron interpuestos luego de los episodios de intoxicación masiva ocurridos entre los días 21 de agosto y 4 de septiembre de 2018 en las comunas de Puchuncaví y Quintero.
Tales recursos denunciaron a las empresas pertenecientes al complejo industrial de Ventanas y solicitaron a los órganos del Estado dar, de una vez por todas, respuesta y solución a los habitantes afectados por los graves episodios de contaminación que se acumulan hace tantos años en el territorio.
El fallo de la Corte Suprema es inédito en la historia de nuestro país. En dicha sentencia se establecen, por primera vez, medidas concretas para que el Estado se haga cargo de un territorio que genera ingresos para el país, pero cuya población vive las consecuencias de esa actividad productiva. Esas zonas han sido conceptualizadas como "zonas en sacrificio" o "zonas en resistencia".
Durante los últimos años hemos presenciado múltiples episodios de saturación de contaminantes en el sector de Quintero-Puchuncaví.
En este fallo, por primera vez, se reconoce y se protege a las comunidades afectadas en tanto personas y no solo como un elemento más presente en el territorio. Les devuelve la dignidad y comenzamos a hacer justicia en la zona.
Sobre las medidas que propone el fallo, cabe destacar que se ordena la realización de un estudio que efectivamente abarque los diferentes contaminantes presentes en la zona; plantea medidas inmediatas, para situaciones de emergencia y para que en el plazo de un año se cambie la actividad de fuentes contaminantes, y también contempla medidas de salud pública y sobre el plano regulador.
Además de lo anterior, cabe decir que este fallo obliga al Estado a hacer uso de potestades que ya tiene.
En este caso, existió un fuerte componente de falta de voluntad política en el pasado para abordar este conflicto socioambiental.
Finalmente, el fallo sienta un precedente tanto jurídico como político.
Nuestro modelo de desarrollo, basado en faenas extractivas de recursos naturales, está provocando que esas actividades se acerquen cada vez más a asentamientos humanos.
Si no queremos volver a repetir esta historia, debemos...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Decía que, si no queremos volver a repetir esta historia, debemos repensar un modelo de desarrollo que está agotado y es insostenible.
Por ello, solicito que se oficie al Ministerio del Medio Ambiente para que dé cuenta sobre cómo se cumplirá el fallo de la Corte Suprema.
En particular, se pide informar en qué plazos efectuará los estudios pertinentes orientados a determinar cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncavi´.
Cabe indicar que la sentencia mandata a desarrollar estos estudios a la brevedad posible.
También requiero saber de qué forma y en qué plazo dispondrá implementar las acciones que se desprendan de dichos estudios; de qué forma y en qué plazo se dará inicio a los procedimientos pertinentes para ponderar la utilidad de reformar, incrementando incluso, si fuese necesario, los niveles de exigencia aplicables a los distintos elementos, gases o compuestos nocivos presentes en la zona, según las normas recomendadas por la OMS; de qué forma establecerá la autoridad...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminó el minuto adicional, señor Senador.
El señor LATORRE.- Treinta segundos y termino, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Prosiga, Su Señoría.
El señor LATORRE.- Decía de qué forma establecerá la autoridad administrativa las medidas pertinentes para trasladar desde la zona afectada por episodios críticos de contaminación a todas las personas que integran el señalado conjunto hacia lugares seguros.
Asimismo, me gustaría que se informe en qué plazos y de qué manera se implementará el sitio web que les dará publicidad a estas medidas y cómo se incorporarán en la Ley de Presupuestos los recursos necesarios para la implementación de dicha sentencia.
Por último, solicito que se oficie también a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) para que informe en qué plazo se va a proceder a elaborar un plan de emergencia que permita enfrentar situaciones de esta naturaleza en el futuro.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Latorre, de conformidad con el Reglamento.