Source: http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2016/01/nueva-tutela-contra-jueces-de-garantias.html
Timestamp: 2017-10-16 23:38:26
Document Index: 188079461

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 40', 'artículo 228', 'artículo 185', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 124', 'artículo 154', 'artículo 79', 'ARTÍCULO 171', 'ARTÍCULO 172', 'artículo 171', 'artículo 155', 'artículo 171', 'artículo 318', 'artículo 185', 'artículo 2']

DERECHO PENAL COLOMBIA: Nueva tutela contra jueces de garantías de Bogotá por negarse a celebrar audiencias
Nueva tutela contra jueces de garantías de Bogotá por negarse a celebrar audiencias
El Tribunal Superior de Bogotá profirió fallo de tutela en el que ampara los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, vulnerados por jueces penales municipales con funciones de garantías (21, 32, 72 y 74) que se negaron a celebrar audiencia de desarchivo peticionada por los denunciantes.
La sentencia de tutela ratifica el criterio ya expresado en providencia de 20 de agosto de 2015, radicación 110013104027201500090 01, que se tramitó contra los Juzgados 2°, 50 y 54 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
Aprobado Acta N° 003
Bogotá, D.C., miércoles, diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016).
110013109002201500148 01
Juzgado 2 Penal del Circuito con función de conocimiento
Joselin Gustavo Pardo Torres y Hernán Arturo Gómez León
Juzgados 21, 72, 74 y 32 Penal Municipal con función de control de garantías y Fiscalía 89 Local de Bogotá
Acceso a la justicia, igualdad y debido proceso
1. Resolver la impugnación presentada por Joselin Gustavo Pardo Torres y Hernán Arturo Gómez León contra la decisión proferida el 23 de noviembre 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, mediante la cual negó el amparo constitucional.
2. Los accionantes manifestaron que entablaron denuncia penal contra Wilson López, Irene Martínez, Gabriel Gil, Emperatriz Balaguera y otros, por el delito de administración desleal, pero que la querella fue archivada por parte del fiscal 89 Local de Bogotá al encontrar atipicidad en la conducta delictiva. Por esta razón solicitaron el desarchivo ante este funcionario, pero les fue negada porque no se había presentado hecho diferente al que motivó la orden de archivo.
3. Indicaron que con el fin de buscar el desarchivo de las diligencias acudieron en 4 oportunidades ante los jueces de garantías, pero que las audiencias no se llevaron a cabo por diferentes motivos:
4. El Juez 72 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, resolvió no realizar la audiencia porque existía un error en el nombre de la citación, es decir, en lugar de haberse colocado “control de legalidad de orden de archivo” debía decirse “desarchivo” y por tal motivo ni la fiscalía ni la defensa estaban preparados para la audiencia.
5. El juez 21 Penal Municipal con función de control de garantías no realizó la audiencia porque transcurridos 15 minutos no compareció el solicitante (denunciante). No obstante los accionantes aclararon que sí se encontraban junto con el fiscal y el abogado llevado por los indiciados en la sala contigua al despacho, pero que el juez no atendió sus explicaciones.
6. El juez 74 Penal Municipal con función de control de garantías dejó constancia de no realizar la audiencia porque el solicitante no citó al apoderado de los indiciados, cuando la presencia de este era necesaria. Frente a este punto, los accionantes indicaron que no conocían en ese momento al apoderado de los denunciados.
7. Por último, indicó que el juez 32 Municipal con función de control de garantías no realizó la audiencia porque el fiscal no compareció, los solicitantes no citaron a todos los indiciados ni al apoderado de estos y tampoco contaban con la totalidad de los elementos materiales probatorios para sustentar su petición.
8. Por lo anterior, solicitó tutelar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar al juzgado 32 accionado, que cite a las partes e intervinientes a la diligencia peticionada y que independientemente de que acudan o no, resuelva su pretensión.
9. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento negó las pretensiones de los accionantes al considerar que no ha sido capricho de ninguno de los juzgados de control de garantías la no realización de la audiencia, sino que los accionantes son los que no han convocado a todas las partes a las diligencias respectivas, importantes y necesarias para integrar el contradictorio de la audiencia reclamada.
10. Dentro del término legal los accionantes impugnaron el fallo demandando su revocatoria al señalar que el funcionario de primera instancia tergiversó la relación de los hechos y que, por el contrario, ellos han cumplido a cabalidad con el procedimiento para solicitar la audiencia de desarchivo, han informado a las partes de las diligencias y se han presentado a las mismas, razón por la cual consideró que la no realización de las audiencias por parte de los jueces de garantías ha sido por formalismos que han evitado el correcto proceder de las diligencias.
11. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591/91, es competente la Colegiatura para conocer la impugnación presentada contra la sentencia proferida por los Juzgados Penales del Circuito.
12. Problema jurídico: Debe determinar la Sala si la no celebración de las audiencias preliminares solicitadas por los accionantes ante los jueces de garantías de Bogotá, constituye vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
13. Sobre la tutela contra autoridades judiciales: El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos Constitucionales Fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivado de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley.
14. La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991[1], situación que por regla general torna improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque sus especiales características de subsidiariedad y residualidad impiden que pueda ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del Juez de tutela a fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, cometido que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los servidores Judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior.
15. No obstante, este postulado encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicción con la Constitución Política o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan verdaderas vías de hecho que conculquen o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a las cuales no disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos la protección resulta imprescindible para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
16. Mediante la sentencia de control de constitucionalidad sobre el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia unificó y sistematizó los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela contra providencias judiciales[2].
17. En desarrollo de la línea jurisprudencial que considera muy excepcional la acción de tutela contra sentencias judiciales, las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia y las secciones y subsecciones del Consejo de Estado han aceptado que la acción de tutela puede ser el remedio constitucional contra graves y flagrantes violaciones a los derechos fundamentales revestidas de una simple apariencia de legalidad.
18. El Tribunal Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de tutela procede para estudiar la validez constitucional de decisiones judiciales que constituyen vías de hecho, tesis que surge de la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones principales:
(i). Porque la salvaguarda de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho prevalece y resulta obligatoria para todas las autoridades públicas, sin excluir a los jueces. Debe recordarse que uno de los fines esenciales del Estado constitucional es reconocer la eficacia de los derechos y deberes fundamentales, de ahí que su protección y garantía ocupa una posición preponderante en la estructura funcional y orgánica de la Administración.
(ii). Porque los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales constituyen una razón suficiente para negar la tutela contra providencias judiciales, no autorizan violar la Constitución ni legitiman decisiones que contrarían esos mismos principios y las reglas constitucionales básicas que les dan fundamento. Así, es evidente que una vía de hecho constituye una clara amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del ordenamiento jurídico, por lo que la defensa en abstracto de esos principios puede, al mismo tiempo, quebrantarlo en el caso concreto.
(iii). Porque, por ningún motivo, la autonomía judicial puede confundirse con la arbitrariedad judicial, de ahí que la independencia y autonomía del juez únicamente ampara las decisiones adoptadas dentro de los parámetros legales y constitucionales, pues esas garantías no significan autorización para violar la Constitución. Y,
(iv). Porque el principio de separación de jurisdicciones no implica el distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el artículo 4º de la Carta es claro en señalar que la Constitución es norma de normas y, por consiguiente, ella debe informar todo el ordenamiento jurídico y, en especial, es exigible en la aplicación e interpretación de la ley.
19. Igualmente, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones -omisiones- judiciales, básicamente está supeditada a que se satisfagan los siguientes requisitos[3]:
(i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
(ii). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada. El agotamiento de todos los medios de defensa se exige salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[4]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. Este requisito de procedencia de la acción de tutela, que parte de suponer al juez común como garante de la supremacía constitucional, se ve reforzado con la presunción de que los procesos ordinarios gozan de la eficacia necesaria para protegerlos, pues de este supuesto se partió al concebir la acción de tutela como un mecanismo de naturaleza residual y subsidiaria para el amparo de los derechos[5].
(iii). Que se cumpla el requisito de inmediatez. La tutela debe ser interpuesta en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aun años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
(iv). Que si se alega una anomalía procesal la misma debe ser determinante de la sentencia irregular. Cuando se trate de una irregularidad procesal debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591/05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio[6].
(v). Que se identifiquen todos los derechos. La parte actora tiene la carga de identificar de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
(vi). Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante la Corte Constitucional, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
20. En aquellas actuaciones judiciales en las que el juez decide un conflicto jurídico asumiendo una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales, se puede identificar una multiplicidad de modalidades de vías de hecho o causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, las cuales han sido sistematizadas en el curso de varios años[7] y alcanzado su mayor rigor y fuerza vinculante en la sentencia de constitucionalidad C-590/05[8].
21. Por ello es que la jurisprudencia ha definido que cuando ocurre una vía de hecho en una actuación judicial, la acción de tutela permite impedir que prosiga la vulneración de cualquiera -todos- de los derechos fundamentales. Particularmente el escenario del proceso es propicio para la eventual vulneración de los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa, con todas las manifestaciones y particularidades que se derivan de los mismos.
22. Las partes e intervinientes en el proceso penal y las garantías constitucionales: Es innegable que la efectiva tutela judicial, entre otras manifestaciones, se orienta a garantizar un proceso sin dilaciones indebidas, siendo la propia Constitución Política y el bloque de constitucionalidad el asiento de tal mínimo de garantías.
23. La Corte Interamericana de Derechos Humanos[9] (Corte IDH) ha trazado una clara y continua línea hermenéutica sobre la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención ADH o Pacto de San José), tarea que le ha permitido establecer que
el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana[10]. En otras palabras, es una garantía mínima de toda persona que interpone un recurso que la decisión que lo resuelva sea motivada y fundamentada, bajo pena de violar las garantías del debido proceso.
24. Siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[11], se tiene que para que un Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[12]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[13]. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[14]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[15].
25. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 1966), para el ámbito del derecho penal se determinó en el artículo 14 que:
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:…
26. El precepto acogido por la comunidad universal, a juicio de algunos comentaristas[16], es menos amplio y tiene carácter restrictivo al comparársele con el Pacto de San José, porque solamente hace referencia al proceso penal cuando refiere a la clase de asuntos que se deben resolver sin dilaciones indebidas, más cuando dicho criterio del debido proceso se vincula a la denominada tutela judicial efectiva.
27. Por ello se ha explicado que el acceso a la administración de justicia -referido al trámite oportuno y respuesta de fondo al asunto planteado[17]-, que en un todo se aplica a las peticiones que se hacen en las audiencias preliminares ante los jueces de garantías, debe interpretarse buscando el máximo de cumplimiento y eficacia de la Constitución, lo que equivale dar la mayor efectividad en la protección inmediata del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, más cuando el ordenamiento jurídico en su conjunto impone que el objeto de los procedimientos se concentre en la efectividad de los derechos[18].
28. El derecho a la tutela judicial efectiva no se resume en la facultad de acudir a la administración de justicia y ser escuchado. No. En la fundamentación de los postulados elementales de justicia resulta conforme a dichos postulados admitir la existencia de un auténtico derecho subjetivo a la tutela jurisdiccional concreta, esto es, un derecho a una sentencia conforme a lo que jurídicamente -y, por tanto, presuntamente “en justicia”- le corresponde al usuario. Dicho de otra manera: en este plano, no es convincente que una persona, que por ejemplo tiene la calidad de comprador y ha entregado el precio, no tenga derecho -un derecho verdadero- a una sentencia en la que precisamente se condene al vendedor a entregar la cosa vendida.
29. Recuérdese que la «acción», el «derecho de acción», y el «derecho a la tutela judicial efectiva» no son, pues, sino manifestaciones de un mismo fenómeno, a saber: el reconocimiento de la posibilidad que asiste a los ciudadanos de instar al poder público la resolución de los conflictos en que se hallen involucrados, ante la prohibición jurídica que pesa sobre ellos de que los resuelvan por sí mismos, arbitrariamente o mediante el uso de la fuerza.
30. En ese orden de ideas, el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se encuentra directamente relacionado con los derechos de defensa y de igualdad, de tal manera que este implica acceder a la justicia con igual tratamiento por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares e idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales.
31. Acceder a la administración de justicia implica en consecuencia poder acudir ante los diferentes jueces, incluyendo los jueces de garantías, quienes como su nombre lo indica, son garantes de los derechos de las partes que acuden a las respectivas audiencias, principalmente de aquel que se ha visto involucrado como sujeto activo de la acción penal y a quien debe protegerse en mayor medida sus derechos ante posibles arbitrariedades por parte de la FGN; así la Corte Constitucional lo ha señalado de la siguiente forma:
Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima[19].
32. Por lo demás, hay que tener en cuenta que el derecho de «acción» o, si se prefiere expresarlo con más modernidad, respecto de los derechos de los justiciables o del (de los) “derecho(s) a la justicia”, podrá clasificarse según un orden de menor a mayor contenido de tal o tales derechos. Así, atribuir a los sujetos jurídicos sólo el “libre acceso a los tribunales”, sería, obviamente, concederles un poder jurídico de ámbito más pequeño que el que les atribuirían quienes, aun sin negar dicho “libre acceso”, les reconociesen el derecho a impulsar la actividad jurisdiccional. Y esto último, a su vez, sería y es bastante menos que estimar que pueden ser titulares de un derecho a lo que se llama la sentencia de fondo. Al final de esta graduación clasificatoria, aparecería la tesis que atribuye a los sujetos jurídicos de derecho -un verdadero derecho subjetivo- a una sentencia de fondo con un contenido concreto (a una sentencia “favorable”, dicen algunos aunque nosotros preferimos no emplear el adjetivo “favorable”, que se presta a subjetivismos, sin hablar de “tutela jurisdiccional concreta”, expresión que serviría para enlazar con el proceso de ejecución)[20].
33. La tutela y el acceso a la administración de justicia: Entre las garantías fundamentales que es factible proteger mediante la acción de tutela, de manera destacada aparece el acceso a la administración de justicia, el cual está íntimamente ligado a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-283/13, expuso:
El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.
En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia.
En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.
En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
En cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996 establece que, dentro de los principios que informan la administración de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (artículo 2º), la celeridad (artículo 4º), la eficiencia (artículo 7º) y el respeto de los derechos (artículo 9º), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
También se facilita la administración de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constitución y demás normativa vigente.
34. La función de juez de garantías: Entre las obligaciones que recaen sobre los jueces de garantías, de acuerdo con expresas previsiones constitucionales[21] y legales -artículo 4º de la Ley 906 de 2004-, se tiene la de hacer efectiva la igualdad:
Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
35. A su vez, el artículo 8º ibídem establece que en desarrollo de la actuación, el imputado tendrá derecho “en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal”, a las distintas prerrogativas sustanciales y procesales allí consagradas.
36. También, el artículo 124 preceptúa:
Derechos y facultades. La defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen a favor del imputado.
37. La Corte Constitucional también adujo que todas las decisiones que impliquen afectación de los derechos fundamentales del imputado o de la víctima, tienen que tener un control por parte del juez de garantías:
De las anteriores referencias jurisprudenciales surgen varias conclusiones de particular relevancia para el análisis del asunto bajo examen: (i) que el orden jurídico contempla una amplia libertad de configuración al legislador en materia de procedimientos, sometida esta, sin embargo, a unos límites constitucionales, siendo uno de ellos la garantía del derecho de acceso a la justicia orientada a la materialización del derecho sustancial; (iii) que como principio general, toda medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe estar precedida de autorización del juez de control de garantías; y (iv) que las decisiones que conlleven facultad dispositiva, o que impliquen valoraciones propias de la potestad jurisdiccional sobre asuntos que puedan tener contenido litigioso, deben ser resueltas, en la fase de investigación del proceso penal acusatorio, por el juez de control de garantías.
38. Y el artículo 154 de la Ley 906 de 2004, consagra un listado de las audiencias preliminares que se celebran ante el juez de control de garantías, entre ellas la referida en su numeral 9º, en el que se prevé “las que resuelvan asuntos similares a los anteriores”.
39. El artículo 79 que hace relación al archivo de las diligencias, esgrime:
Cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivo o circuncidas fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.
Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.
40. Es por ello que, para obtener el desarchivo de las diligencias, la parte interesada debe acudir ante el juez de control de garantías, quien determinará si con los nuevos elementos probatorios resulta pertinente ordenar que la indagación continúe.
41. Ahora, para acudir ante el juez de control de garantías a fin de solicitar alguna audiencia, resulta imperioso ceñirse al procedimiento señalado en la Ley 906/04, lo que significa que como primer paso, a fin de garantizar la publicidad de la diligencia, deben ser citadas las partes e intervinientes de acuerdo con lo señalado en los artículos 171 y 172 de la referida codificación:
ARTÍCULO 171. CITACIONES. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.
La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar deberá ser ordenada por el juez de control de garantías.
&$ARTÍCULO 172. FORMA. Las citaciones se harán por orden del juez en la providencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citación.
42. Como bien se observa, el artículo 171 de la Ley 906/04 indica que la convocatoria a una audiencia o el adelantamiento de un trámite especial, debe hacerse a través de una citación por medio del juez de control de garantías, a fin de que las partes convocadas hagan presencia en la diligencia respectiva.
43. Esto cobra especial relevancia con el artículo 155-1, precepto en el que se aclara que las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor, y que la asistencia del Ministerio Público no es obligatoria, lo que quiere decir que una vez citadas las partes la ausencia de ellas en la diligencia no resulta fundamental para llevar a cabo el trámite.
44. Por último, no por ello menos importante, en la labor jurisdiccional siempre se debe tener presente que el debido proceso, la defensa y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial, en busca de soluciones que permitan resolver el fondo los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione)[22].
45. Caso concreto. En el presente asunto el accionante manifestó que en cuatro oportunidades acudió ante el juez de control de garantías a fin de solicitar audiencia de desarchivo de indagación, pero que, por diversos motivos no se pudo realizar la misma.
46. Pues bien, el 18 de junio de 2015, el Juzgado 72 Penal Municipal de Bogotá dejó constancia que no realizó la audiencia solicitada por los denunciantes porque tanto el representante de la defensa y de la fiscalía manifestaron que no fueron convocados a la audiencia que indicó el representante de las víctimas, (control de legalidad orden de archivo), siendo la orden real un desarchivo de las diligencias y que por tal motivo, no se encontraban preparados para la citada diligencia.
47. La situación presentada refleja la falta de celeridad que deben imprimirle los jueces a las audiencias, sobre todo, cuando la totalidad de las partes han concurrido a la diligencia; si bien se citó por una audiencia denominada “control de legalidad orden de archivo”, lo cierto es que en la misma se pudo convalidar el error y, de paso, dar un espacio prudencial para que la fiscalía y los indiciados preparasen los argumentos y pudieran hacer oposición a la solicitud presentada por el convocante. Y ello porque puede afirmarse que se trataba de la misma audiencia.
48. El exigir que el nombre en la citación tenía que ser “desarchivo” y que, al no hacerse de esa manera, las partes no estaban preparados para otra audiencia, únicamente plasma un exceso de rigorismo formalista que procrea un mayor traumatismo para que las partes puedan acudir ante la justicia y así recibir una solución pronta a sus solicitudes.
49. El juez tuvo la oportunidad de enmendar el error que se consignó en la solicitud de audiencia preliminar ya que las partes conocían al menos que se trataba de una audiencia de archivo y la fiscalía e indiciados eran los mismos conocidos ya en la incipiente actuación, razón ésta que justificaba que la audiencia se realizara con la corrección según la cual no era una diligencia de control de legalidad de archivo sino un desarchivo.
50. Ahora, el 6 de agosto de 2015 a las 8:20 a.m. el Juzgado 21 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó constancia de la no realización de la audiencia porque el solicitante no compareció; en respuesta a la acción de tutela dicho juzgado indicó que la diligencia no se realizó porque:
En cumplimiento y aplicación de los establecido en el Reglamento de Reparto, en su numeral 9ª según el cual en todos los casos de audiencias preliminares programadas e inmediatas los juzgados otorgaran un lapso de tiempo de 15 minutos a las partes para que se presenten y como quiera que transcurrido el mismo no compareció el solicitante de la audiencia se procedió a dejar constancia de las personas que se anunciaron en el Juzgado 21 de Garantías.
51. Igualmente refiere que las personas se deben anunciar en el despacho y no en ninguna otra sala o lugar.
52. Pues bien, los accionantes refieren que desde tempranas horas se encontraban en la sala contigua al Juzgado 21 Penal Municipal con función de control de garantías, razón por la que no se habían anunciado en el despacho, situación que fue comunicada en su oportunidad al juez, pero que este hizo caso omiso y simplemente insinuó que presentaran nueva solicitud.
53. Conforme a lo reseñado, es claro para esta Colegiatura que la decisión del juez 21 Penal de Garantías de no instalar la audiencia peticionada por los denunciantes resulta abiertamente arbitraria, porque este, basado en el numeral 9º del reglamento para reparto de solicitudes de audiencia ante juzgados penales municipales con función de control de garantías, dejó constancia de que la diligencia no se llevaría a cabo porque todas las partes no concurrieron transcurridos 15 minutos, lo cual sin duda va en contravía de los derechos de quien solicita la audiencia y hace presencia, así sea que lo haya hecho con posterioridad a ese lapso.
54. En este evento, la crítica que se hace es que si las partes acudieron con posterioridad a los 15 minutos, pero se encontraban en el recinto, sí era posible realizar la audiencia programada, situación que verifica nuevamente el exceso de formalismo de los jueces al momento de realizar una audiencia.
55. Si bien en ningún momento se exige que el tiempo de espera sea más de lo prudente, por ejemplo, esperar más de 40 minutos para que las partes se presenten, también lo es que atendiendo el poco conocimiento de los denunciantes sobre el procedimiento de la Ley 906/04 y teniendo en cuenta que todos los citados se encontraban allí, para garantizar el principio de celeridad y el acceso a la administración de justicia, el juez debió realizar la audiencia de desarchivo.
56. Dicha omisión tuvo como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a los denunciantes, quienes no tuvieron otra opción que acudir nuevamente ante otros jueces de control de garantías, que de paso se advierte, tampoco resolvieron su solicitud.
57. Así ocurrió el, el 22 de septiembre de 2015 ante Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías, que dejó constancia de la no realización de la audiencia de desarchivo debido a que el solicitante no citó al apoderado de las víctimas.
58. En respuesta a la acción de tutela el mencionado despacho indicó que los solicitantes no habían citado en debida forma a todos los investigados, que el fiscal no pudo asistir porque se encontraba en otra audiencia con detenido, y que si bien la audiencia podía llevarse a cabo sin necesidad de citar a indiciados y abogado, ante la citación y comparecencia de los primeros, no se podía dar vía libre a la audiencia por falta de defensa técnica.
59. En este evento, si bien puede ocurrir que la parte que solicitó la audiencia se haya olvidado de citar a una de las partes, en este caso al apoderado de los indiciados, es deber del juez de garantías revisar que todas las partes se encuentren debidamente citadas y en el evento de encontrar que no se citó alguna debe acudir a su llamado (inciso 2° artículo 171 Ley 906/04), incluso al fiscal también le corresponde estar al tanto y comunicar a las partes sobre la audiencia.
60. Pero al contrario, se observa que la omisión de la parte en citar al apoderado de los indiciados conllevó a la imposibilidad de realizar la audiencia, lo que de plano resultó otro obstáculo para los denunciantes que repetidamente y de forma insistente desean que le resuelvan su solicitud de desarchivo.
61. Y si bien la fiscalía no pudo acudir a la audiencia por encontrarse en otra diligencia, la solicitud de desarchivo si pudo haberse llevado a cabo ya que su ausencia fue voluntaria, debidamente citada y los indiciados sí acudieron al llamado, quienes podían hacerlo con su abogado, sin ser obligatorio ello, ya que aún no son imputados.
62. Por estas razones, si las partes interesadas y citadas se encontraban en la audiencia, teniendo el deber el juez de citar a aquella que considere es indispensable para la realización de la diligencia, no había motivo alguno para que la misma no se llevara a cabo, lo que deja en evidencia la falta de diligencia por parte de algunos jueces que bajo cualquier pretexto no realizan las mismas.
63. Por último, el 22 de octubre de 2015 los denunciantes acudieron ante la Juez 32 Penal Municipal con función de control de garantías, quien tampoco llevó a cabo la audiencia porque, entre otras razones, los solicitantes no relacionaron en su solicitud a los indicados.
64. En efecto, los mismos accionantes no niegan lo explicado por la mencionada juez en tanto olvidaron citar en debida forma a los indiciados, quienes ya con anterioridad se presentaron a las anteriores audiencias, de manera que en este puntual caso, la no realización de la diligencia tuvo su sustento en la ausencia de citación de las partes a la misma, situación que permite advertir que no fue por capricho ni interpretación personal de la norma que la misma no se llevara a cabo, sino por directa omisión de los denunciantes, pero como ya se dijo en precedencia, el juez está en la obligación de controlar las citaciones y disponer las que correspondan en cada caso.
65. Así las cosas se observa que aunque el juzgado 21 obró con estricto apego a la Ley para no realizar la audiencia de desarchivo ante la falta de citación de las partes, cierto es también que los juzgados 72, 21 y 74 sí vulneraron los derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la administración de justicia por apegarse a rigorismos que lo único que permitieron fue atrasar una audiencia que bien pudo llevarse a cabo desde la oportunidad que fue solicitada.
66. De esta manera, lo que se evidencia con la actuación de los mencionados juzgados es un exceso de formalismo que vulneró el principio de celeridad y, de paso, el derecho a acceder a la administración de justicia y a tener del problema presentado ante la jurisdicción una pronta solución.
67. No sobra advertir que la ley no exige como requisito sine quo non la obligatoria presencia de todos los sujetos en una diligencia preliminar, por lo que resulta irregular que mediante una circular o reglamento se invite a la transgresión del precepto legal, demandando que todas las partes, pese a estar notificadas, comparezcan a una audiencia que, de celebrarse podría poner en riesgo sus hipótesis procesales.
68. Por ello resulta oportuno citar aquí la interpretación que ha dado la Corte Suprema de Justicia a aquellas situaciones en las que se convoca audiencia para promover libertad de un procesado por vencimientos de términos, y no asisten todas las partes o intervinientes:
Lo anterior implica que el carácter excepcional de la acción de hábeas corpus, impiden su procedencia en el presente asunto ya que el actor cuenta con otros mecanismos no menos idóneos al interior del respectivo proceso, al punto que podría alcanzar el objeto de su pretensión a través de la audiencia de revocación o modificación de la medida de aseguramiento, la cual puede solicitar en cualquier momento de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, en la que, necesario es advertirlo, no resulta indispensable la presencia de la fiscalía[23] (negrillas fuera de texto).
69. Sin ir más lejos, cuando el indiciado está debidamente citado a la audiencia de imputación y es renuente a comparecer a la audiencia, la ley ha dispuesto mecanismos jurídicos para que la FGN proceda a llevar la diligencia sin la presencia de este.
70. Entonces, si el legislador ha previsto herramientas para que el ente acusador lleve a cabo diferentes diligencias, resultaría un verdadero contrasentido exigirle a la defensa o a la víctima, en los supuestos de las audiencias que solicitan, obligarlas a que estén presentes todas las partes, cuando puede ser parte de su estrategia dejar de comparecer a las mismas.
71. Resulta manifiesto que la práctica de los jueces de garantías más que constituir una garantía para el imputado o en este caso a la víctima, se erige en comportamiento abiertamente arbitrario que afecta principios procesales como los de celeridad, igualdad, legalidad, todo lo cual, en últimas, patentiza una grave violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa, porque los denunciantes tendrían que acudir varias veces ante los mencionados jueces hasta tanto todas las partes se hagan presentes a la mencionada audiencia de desarchivo.
72. En el supuesto que ocupa la atención del despacho, surge evidente que los peticionarios no buscan sustituir el proceso penal ordinario, porque realmente no tienen otro camino para obtener una respuesta favorable o desfavorablemente por parte de un juez de garantías, situación que los obliga a acudir legítimamente ante el juez constitucional, dada la ineficacia de los medios ordinarios.
73. Igualmente, no puede obligarse a los interesados a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una respuesta oportuna de su solicitud, situación irregular atribuible a las partes, de un lado, y principalmente a la desidia de los funcionarios judiciales, quienes no ejercen los controles pertinentes para que la petición del actor sea resuelta oportunamente.
74. En suma: (i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial y es el juez de garantías, no el imputado o su defensor, quien cuenta con la autoridad para ordenar la misma; (ii) no debe supeditarse la realización de la audiencia a la presencia de todas las partes, cuando han sido debidamente citadas, ya que su no realización resulta violatoria de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso; (iii) las partes que no asisten a la diligencia corren con las consecuencias de su negligente proceder.
75. Todo lo expuesto permite concluir que la acción de tutela es el mecanismo adecuado para la protección de los derechos fundamentales de los demandantes.
76. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso de Joselin Gustavo Pardo Torres y Hernán Arturo Gómez León, motivo por el cual ordenará que una vez notificada de esta decisión, el Juzgado 72 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, cite a las partes a la audiencia solicitada por las víctimas -denominada desarchivo de indagación- y en el término de cinco (5) días lleve a cabo la diligencia, independientemente de que las partes, es decir, FGN, indiciado y/o apoderado de indiciados, hagan o no presencia en la misma.
77. Esta orden se da al Juzgado 72 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá porque desde el mismo momento en que fue solicitada la audiencia fueron vulnerados los derechos fundamentales de los denunciantes, ante el evidente exceso de rigorismo por parte de ese funcionario, lo que originó que ellos tuvieran que acudir en tres ocasiones más ante los jueces de garantías ya mencionados, donde fracasaron en su propuesta procesal por la negligente y displicente conducta procesal de los jueces.
78. Por otro lado, requiérase a la Fiscalía 89 Local, a los indiciados, y a su apoderado, para que sin anteponer excusas de ninguna índole, concurran a la audiencia que se convoque para desarchivo de indagación.
79. Cuestión adicional: Dado que la Sala considera que los jueces de garantías en contra de quienes se promovió el presente amparo constitucional pudieron haber incurrido en falta disciplinaria, se dispone compulsa de copia para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá, para que se investigue la conducta de los jueces de garantías acá accionados.
1º.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito con función de conocimiento Bogotá.
2º.- TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso a Joselin Gustavo Pardo Torres y Hernán Arturo Gómez León y, en consecuencia, ORDENAR que una vez notificada de esta decisión, el Juzgado 72 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, cite a las partes a la audiencia solicitada por las víctimas -denominada desarchivo de indagación- y en el término de cinco (5) días lleve a cabo la diligencia, independientemente de que las partes, es decir, FGN, indicado y/o apoderado de indiciados, hagan o no presencia en la misma.
3°.- REQUERIR a la Fiscalía 89 Local, a los indiciados, y a su apoderado, para que sin anteponer excusas de ninguna índole, concurran a la audiencia que se convoque para desarchivo de indagación.
4°.- ADVERTIR que contra la presente decisión no proceden recursos.
5°.- COMPULSAR inmediatamente las copias anunciadas.
6º.- ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
[1] Sentencia C-543/92.
[2] Corte Constitucional, sentencia C-590/05.
[3] Se sistematizan de acuerdo con la sentencia C-590/05.
[4] Corte Constitucional, sentencia T-749/99 (a pesar de estar surtiéndose el recurso de casación existía un evidente problema de homonimia -al que no se refirió el Tribunal Nacional en el fallo de segunda instancia-, que hizo necesaria la inmediata intervención del juez constitucional). La Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto 16 de enero de 2009, radicación 31066, indica que “si la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en la cual, aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”.
[5] Paulina Restrepo Londoño. «El Poder Judicial y la Constitución: la posición del juez común en la defensa del orden superior», en Revista Mensual Tutela, Acciones Populares y de Cumplimiento, número 58, Bogotá, Editorial Legis, 2004, p. 1822.
[6] Sobre la prueba ilícita, adicionalmente se puede consultar la sentencia T-590/09.
[7] En la sentencia T-231/94, se introducen los conceptos defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto orgánico y defecto procedimental.
[8] En este fallo la Corte Constitucional se ocupó de las causales de procedibilidad de la acción de tutela al declarar la inexequibilidad de la palabra “ni acción” del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. La sistemática ha sido reiterada en la sentencia T-066/06, entre otras.
[9] Caso Castañeda Gutman versus México, Sentencia de 6 de agosto de 2008.
[10] Cfr. Caso López Álvarez versus Honduras, Sentencia de 1º de febrero de 2006.
[11] Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010.
[12] Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 4; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota, párr. 196, y Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala, supra nota 8, párr. 202.
[13] Cfr. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 90; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, párr. 129, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 202
[14] Cfr. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 93; Caso Radilla Pacheco Vs. México supra, párr. 291, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 8, párr. 202.
[15] Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, supra nota 161, párr. 129, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 202.
[16] Osvaldo Alfredo Gozaíni, Derecho procesal constitucional. El debido proceso, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2004, p. 539.
[17] En los términos de la teoría concreta de la «acción», ella debe ser entendida como un derecho perteneciente al ámbito del derecho público, independiente del Derecho público, independiente del derecho material en litigio, pero que no se satisface con la sola puesta en marcha de la actividad jurisdiccional sino que exige adicionalmente la prestación de una tutela favorable a su titular (Cfr. José Garberí Llobregat. Constitución y derecho procesal. Los fundamentos constitucionales del derecho procesal, ob. cit., p. 120).
[18] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-006/92.
[19] Corte Constitucional, sentencia C- 591/14.
[20] Andrés de la Oliva Santos. Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1980, p. 10. “En el de la fundamentación en postulados elementales de justicia: parece más conforme a dichos postulados admitir la existencia de un auténtico derecho subjetivo a la tutela jurisdiccional concreta, esto es, un derecho a una sentencia conforme a lo que jurídicamente -y, por tanto, presuntamente “en justicia”- me corresponde. Dicho de otra manera: en este plano, no es convincente que yo, si soy comprador y he entregado el precio, no tenga derecho -un derecho verdadero- a una sentencia en la que precisamente se condene al vendedor a entregarme la cosa vendida” (Cfr. Andrés de la Oliva Santos, Ignacio Diez-Picazo Giménez y Jaime Vegas Torres. Derecho procesal. Introducción. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, p. 96). En similar sentido véanse los trabajos de Augusto J. Ibáñez Guzmán, William Namén Vargas, Francisco Javier Ricaurte Gómez, Julio Enrique Socha Salamanca y Edgardo Villamil Portilla, en Corte Suprema, revista número 28, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 2009.
[21] Constitución Política, artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
[22] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-538/94.
[23] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Habeas Corpus del 9 de julio de 2007. Radicación 27855.
Publicado por DERECHO PENAL en 2:51 p.m.
Etiquetas: acceso a la administración de justicia, aplazamiento de audiencias, debido proceso, juez de garantías