Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-962-03.htm
Timestamp: 2017-11-24 11:00:59
Document Index: 192554951

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 189', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 15', 'artículo 36', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 226', 'artículo 93', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 224', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 20']

Sentencia C-962/03
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Aprobación presidencial/CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Trámite del proyecto de ley en Senado y Cámara
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Suscripción
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Constitucionalidad por ausencia de vicios de forma
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Marco general
DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL-Concepto
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Desarrolla los principios de derecho internacional adoptados por la Constitución
PREVENCION Y REPRESION DE DIVERSAS CONDUCTAS DELICTUALES-Necesidad de los Estados de actuar conjuntamente
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Finalidad
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Examen material/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Contenido/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Ambito de aplicación/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Responsabilidad de personas jurídicas en la comisión de delitos
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Proceso, características del fallo y grado de sanciones/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Decomiso e incautación de bienes producto del delito/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Jurisdicción encargada de conocer de los delitos tipificados/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Solicitud de extradición/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Prevención, investigación y penalización de los delitos internacionales
CONVENCION INTERNACIONAL-Interpretación para su aplicación con sujeción estricta a la Constitución
CONVENCION INTERNACIONAL-Interpretación y aplicación no puede desconocer el bloque de constitucionalidad
CONVENCION INTERNACIONAL-Decomiso e incautación de bienes solo podrá realizarse de conformidad con las normas jurídicas colombianas
CONVENCION INTERNACIONAL-Reglas para interpretar la asistencia judicial reciproca
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y CONTRADICCION DEL PROCESO-Objeto
PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Alcance
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Finalidad de la prohibición/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Prohibición no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones
DEBIDO PROCESO PUBLICO-Reserva de identidad de funcionario
DEBIDO PROCESO PUBLICO-Reserva de identidad de testigo
CONVENCION-Cooperación en materia de cumplimiento de la ley está sometida al ordenamiento jurídico interno
ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Control constitucional
TRATADO INTERNACIONAL-Obligación internacional del Estado
TRATADO INTERNACIONAL-Expresión de la voluntad del Estado
TRATADO INTERNACIONAL-Competencia del Presidente para manifestar su consentimiento internacional
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Celebración sobre bases de equidad y reciprocidad
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Constitucionalidad
Referencia: expediente LAT-234
Revisión constitucional de la ley 800 de marzo 13 de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo señalado en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la ley número 800 de marzo de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
En providencia de abril tres (3) de dos mil tres 2003, el despacho del Magistrado sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto, solicitó a las Secretarías Generales del H. Senado de la República y de la Cámara de Representantes la remisión de los antecedentes legislativos de la ley en revisión y ordenó que una vez allegados los mencionados documentos se fije en lista, para efectos de asegurar la intervención ciudadana,. Igualmente, dispuso el envío de copia de la Ley, de la Convención y el Protocolo, al despacho del señor Procurador, para que rindiera su concepto.
El texto de la ley y la convención objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el diario oficial No. 45.131, del 13 de marzo de 2003.
por medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado)
Vistos los textos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
«CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
a) Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
b) Por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;
c) Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;
d) Por bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
e) Por producto del delito se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f) Por embargo preventivo o incautación se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
g) Por decomiso se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
h) Por delito determinante se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;
i) Por entrega vigilada se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;
j) Por organización regional de integración económica se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los Estados Parte con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
cuan do esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los d delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convenció n, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica e l presente artículo como casos de extradición entre ellos.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procésales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1° del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procésales, en:
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1° del presente artículo.
Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1° del presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos , incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1° del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.
iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Par te.
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1° del presente artículo, en particular a:
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3° del presente artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes.
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5° del artículo 32 de la presente Convención; y
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5°, 6°, 8° y 23 de la presente Convención independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1° del artículo 3° de la presente Convención, salvo en la medida en que el artículo 5° de la presente Convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000, the original of which is deposited with the Secretary‑General of the United Nations.
For the Secretary‑General,
(Under‑Secretary‑General
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, dont l´original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines,
a) Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años.
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non‑refoulement consagrado en dichos instrumentos.
Je certifie que le texte qui précede est une copie conforme du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l Assemblée genérale des Nations Unies le 15 novembre 2000, dont l original se trouve déposé aupres du Secrétaire general de l Organisation des Nations Unies.
Artículo 1°. Apruébanse la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Es notorio el hecho de que, en los últimos años, las organizaciones delictivas, en razón de sus inmensos e ilegales recursos económicos, aumentaron su capacidad delictiva, constituyéndose en una amenaza para la Comunidad Internacional y, para las democracias de los diferentes Estados, los cuales cada día ven disminuidas sus posibilidades de someter al imperio de la ley a sus integrantes dedicados al delito y a la desestabilización institucional.
La finalidad de esta Convención guarda armonía y concordancia con la filosofía, valores y postulados del Estado Social de Derecho que nos rige, modelo de organización jurídica y política consagrado por la Carta Política de 1991, el cual tiene su fundamento en los principios de soberanía y de respeto por la autodeterminación de los pueblos1. Igualmente, la Convención, inspirada en principios del Derecho Internacional, recoge, entre otros, el respeto de la soberanía de cada Estado, la no intervención, la autonomía de los Estados, el respeto de los derechos fundamentales, las garantías procésales de todas las personas, la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, teniendo como sustento los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Este trascendental Instrumento Internacional, al ser incorporado en nuestro ordenamiento jurídico interno, permitirá el eficaz desarrollo de los mandatos superiores, en especial del artículo 2° de la Constitución Política, toda vez que suministra herramientas a las autoridades, para que puedan cumplir con sus funciones de velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y garantías de los ciudadanos, fortalecer los mecanismos de prevención, control y represión del delito, librar una lucha eficiente contra las organizaciones criminales que realizan sus actividades delictivas transnacionales, así como también realizar acciones efectivas dirigidas a combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
Para el Estado Colombiano, es de gran utilidad e importancia, en el desarrollo de su política criminal, contar con los mecanismos que le puede aportar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su lucha contra las poderosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, las cuales sin respetar frontera alguna para realizar sus actividades y valiéndose de sus inmensas fortunas han vulnerado bienes jurídicos prevalentes que a la sociedad y al Estado interesa proteger.
En la mayoría de los casos, los traficantes restringen la libertad de movimiento de las víctimas y las mantienen viviendo en el mismo lugar en que trabajan para ejercer mayor control sobre ellas, llegando a sustraerles sus documentos de identificación y el dinero que puedan llevar consigo. Los traficantes utilizan a las víctimas del tráfico de personas como objetos o artículos: emplean la coacción, el engaño o el cautiverio por deuda, privando a las víctimas de sus libertades fundamentales, tales como decidir sobre su propio cuerpo y su trabajo.
Colombia es uno de los países más afectados por el problema del tráfico de personas con fines de explotación sexual, matrimonios serviles, trabajos forzados, servicio domestico y otros, por lo cual, el Gobierno Nacional está empeñado en emprender acciones tendientes a disminuir considerablemente el número de víctimas colombianas de este ilícito.
Artículo 1°. Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo).
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de. la fecha de su publicación.
Dentro del término para intervenir presentó escrito la ciudadana Ana Lucia Gutiérrez Guingue, como apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia justificando la constitucionalidad del asunto objeto de control.
Para la Interviniente la ley 800 de 2003, considerada en forma independiente de la Convención y el Protocolo que aprueba se encuentra ceñida a los parámetros que la Carta impone a las leyes de su tipo, surtido el trámite superior y legal que le es propio, y sancionada en debida forma, la ley no presenta reparo alguno que vicie su consonancia con la Constitución.
En cuanto a los instrumentos internacionales, tampoco pueden considerarse contrarios a los mandatos constitucionales, toda vez que recogen en su contenido muchos de los postulados que sustenta el Estado Social de Derecho, y otros que, son la base misma de la función de éste con miras a la consecución de los fines que trata la Carta.
Así mismo, considera que el acuerdo se fundamenta en los artículos 226 y 224 de la Constitución, y desarrolla los principios de derecho internacional el respeto a la soberanía, la no intervención y la autonomía de los Estados, así como la protección de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Carta.
El señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, en concepto No. 3267 de veintisiete (27) de junio de 2003, solicita la declaración de EXEQUIBILIDAD de la Convención y el Protocolo en revisión, como de su ley aprobatoria.
Para el Procurador, el Convenio y la ley que lo aprueba, se ajustan a la Constitución Política, en su aspecto formal y material. En relación con los requisitos formales, afirma que el señor Presidente de la República impartió aprobación ejecutiva a los instrumentos en mención para efectos de someterlos a la aprobación del Congreso de la República, en razón a que a él, en su condición de jefe de Estado, le corresponde dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios.
Respecto al examen material del Convenio y de la ley, señala que éste se aviene a las disposiciones de la Constitución, pues, además de no quebrantar sus preceptos, permite la colaboración internacional mediante la asistencia reciproca en materia de prevención y persecución del delito.
Sobre la constitucionalidad de la Convención, considera que se trata de un instrumento internacional cuya finalidad es la de promover la cooperación entre los Estados Parte de la misma, para prevenir y combatir de manera eficaz la actividad de la delincuencia transnacional, y tal finalidad coincide con los artículos 226 y 227 de la Constitución.
La colaboración internacional mediante la asistencia reciproca en materia de prevención y persecución del delito se ha tornado indispensable, toda vez que la proyección de las actividades delincuenciales de los grupos organizados en el plano internacional, rebasa de manera desproporcionada el alcance que pueda tener la legislación doméstica.
Teniendo en cuenta que la Convención bajo examen es, de una parte, un tratado de derecho penal y de procedimiento penal, en tanto se contempla allí que los Estados parte se comprometen a definir ciertas conductas como delictivas y a adoptar ciertos procedimientos, entre los cuales se cuenta el decomiso del producto y de los bienes obtenidos en virtud de tales conductas y, de otra parte, la Convención es un tratado de cooperación entre los países para la represión de los delitos trasnacionales, en el que la asistencia judicial reciproca ocupa un lugar preeminente, considera el Procurador que es necesario precisar el alcance de las normas sobre tales materias en nuestro ordenamiento interno a fin de que la soberanía normativa del Estado colombiano se preserve al perfeccionarse el proceso de adhesión.
Por ello, señaló como necesario determinar aquellas normas del instrumento internacional que por no coincidir plenamente con nuestro ordenamiento interno deben ser objeto de una declaración interpretativa por parte del Gobierno Nacional, al momento del perfeccionamiento de la adhesión a dicho instrumento, por lo cual ha de condicionarse la constitucionalidad de tales disposiciones al establecimiento de la mencionada reserva.
Así, deber hacerse la reserva en las siguientes disposiciones de la Convención:
- Concepto de “Grupo delictivo organizado” el propósito de dicho grupo y el número de delitos que han de cometerse para que la conducta sea punible (literal a artículo 2).
- Asimilación de la incautación al embargo (literal f artículo 2).
- El carácter provisional del decomiso en la Convención (literal g del artículo 2).
- Inversión de la Carga de la Prueba (numeral 7 artículo 12).
- Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados.
- El establecimiento de la jurisdicción por cada estado parte en relación con los delitos tipificados en la Convención (artículo 15).
- Prohibición total o parcial de revelar información relativa a la identidad de los testigos (literal a numeral 2 del artículo 24).
- La concesión de inmunidad judicial a quienes presten colaboración sustancial en la investigación o enjuiciamiento respecto de los delitos contemplados en la Convención (numeral 3 artículo 26)
Finalmente, sobre la constitucionalidad del protocolo considera que coincide con el aspecto esencial de la Constitución Política, es mas, se extiende al campo de los derechos fundamentales protegidos en la Carta, en un ámbito de especial relevancia como lo es el derecho fundamental de los niños.
En consecuencia, para el Ministerio Publico, la relación de complementariedad entre el Protocolo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, resulta ser no sólo afortunada, desde el punto de vista operativo, sino coherente, desde la perspectiva jurídico constitucional y del derecho penal internacional.
El 29 de agosto de 2002, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República, la convención en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución.
b) Trámite del proyecto de ley número 134 de 2001, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
El Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho en nombre del Gobierno Nacional, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se solicitaba aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Proyecto de ley radicado el 12 de agosto de 2001, bajo el número 134/01.
- La Presidencia del Senado, repartió el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y dispuso su publicación, la que se efectuó en la Gaceta del Congreso No. 530 del 19 de octubre de 2001. De esta manera, se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1o. de la Constitución.
- El Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponente al senador Francisco Murgueito Restrepo, quien presentó ponencia para primer debate. publicada en la Gaceta del Congreso No. 129, de 23 de abril de 2002, páginas 2 y 3. El proyecto sometido a consideración, fue aprobado por unanimidad de los nueve (9) senadores presentes en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día veintinueve (29) de mayo de 2002, según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión, Felipe Ortiz, y que reposa en el expediente (folio 3). Encuentra la Corte, que, de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se satisfacen los requerimientos para la aprobación del proyecto en comisión, artículos 145 y 157 numeral 2 de la Constitución.
- Presentada la ponencia para segundo debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso No. 220, del día once (11) de junio de 2002, páginas 28 a 30, el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado, el día 20 de junio de 2002, con un quórum deliberatorio de 92 honorables senadores. La Corte considera que, al estar compuesto el Senado por 103 miembros, se cumplen los requisitos contemplados para el quórum deliberatorio y decisorio. Asimismo, que entre el primero y segundo debate (29 de mayo de 2002 y 20 de junio de 2002), medió un lapso superior a los ocho días, que exige el artículo 160 de la Constitución.
c) Trámite del proyecto de ley número 286 de 2002, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución Política.
- El día 21 de junio de 2002, el proyecto de ley 134/01 Senado, fue enviado a la Secretaría General de la H. Cámara de Representantes para su respectivo trámite. La secretaría, una vez radicado el proyecto bajo el número 286/02, lo remitió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para lo de su competencia. Esta comisión designó como ponentes para primer debate a los representantes Oscar Suárez Mira, Carlos Julio González Villa, Sandra Ceballos Arévalo, Jairo de Jesús Martínez Fernández y Guillermo Santos Marín, este último como coordinador ponente.
- La ponencia para primer debate y el proyecto, se publicaron en la Gaceta del Congreso No. 413 de octubre 3 de 2002, y aprobados por unanimidad de los 19 Representantes asistentes, el día 23 de octubre de 2002, según certificación suscrita por el Secretario General de la H. Cámara de Representantes. La Corte considera que el mencionado proyecto se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues esta Comisión está compuesta por 19 Representantes. Además, reúne las exigencias del artículo 160 de la Constitución, porque entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurrieron más de los quince (15) días que exige la mencionada norma constitucional (Plenaria del Senado, junio 20 de 2002, y la Comisión segunda de la Cámara 23 de octubre de 2002).
- La ponencia para segundo debate fue presentada por los mismos Representantes, pero bajo la coordinación del representante Luis Carlos Delgado Peñón publicada en la Gaceta del Congreso No. 560 del 5 de diciembre de 2002 (Págs. 14 a 16) y aprobada por la plenaria de la Cámara, con el voto afirmativo de 153 representantes, el día 12 de diciembre de 2002, según consta certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes. Encuentra esta Corporación que se cumple el quórum deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de Representantes. Así mismo, transcurrieron más de ocho (8) días, entre el primer debate que se presentó en la comisión constitucional correspondiente y el segundo debate dado en la plenaria (23 de octubre de 2002 y 12 de diciembre de 2002).
Enviado por la Cámara de Representantes el proyecto de ley 134/01 Senado y 286/02 Cámara, a la Secretaría General del Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día 13 de marzo de 2003, como ley 800 de 2003.
La Presidencia de esta Corporación, recibió el texto de la ley 800 de 2003 junto con el Convención y el Protocolo que ella aprueba, el diecinueve (19) de marzo de 2003, es decir, en el lapso de los seis (6) días que señala el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
f) La suscripción del Convenio y el Protocolo en revisión.
Colombia no participó en las negociaciones correspondientes, ni suscribió los mencionados instrumentos internacionales, pero manifestó su consentimiento mediante su adhesión a los mismos, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por la ley 32 de 1985, el artículo 36 de la Convención objeto de estudio y el artículo 16 del Protocolo. Por ello el 29 de agosto de 2001, el señor Presidente de la República, impartió aprobación ejecutiva al citado instrumento para efectos de someterse a la aprobación del Congreso de la República, en razón a que le corresponde a él, en su condición de Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios.
En conclusión, tanto la Convención y el Protocolo en revisión como la ley que lo aprueba, por cumplir todos los trámites de carácter formal, son constitucionales, razón por la que la Corte entrará a estudiar su aspecto material, confrontándolo con la totalidad de los preceptos constitucionales.
Tercera.- Marco general de la Convención y del Protocolo aprobados por la ley 800 de 2003.
El concepto de delincuencia organizada internacional ha emergido como desafío para la comunidad internacional por cuanto grupos del crimen organizado han demostrado su capacidad para expandir sus actividades mas allá de las fronteras nacionales y evaden los esfuerzos de los Estados para controlarlos.
El trabajo de Naciones Unidas para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado data de hace más de veinte años. Este tema ha sido debatido y analizado en los Congresos de Naciones Unidas sobre la prevención del crimen y el tratamiento de delincuentes, empezando con el 5 Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del Crimen que tuvo lugar en 1975[1].
Numerosos congresos de Naciones Unidas analizaron las nuevas dimensiones de la criminalidad y la prevención del crimen en el nuevo contexto internacional.
La Conferencia Ministerial sobre Crimen Organizado Transnacionak tuvo lugar en Nápoles, Italia, del 21 a 23 de Noviembre de 1994, por invitación del gobierno italiano. Los 142 Estados unánimemente aprobaron “La Declaración Política de Nápoles y el Plan de Acción Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 49/1599 de 23 de diciembre de 1994. Luego, la resolución 1995/11 de 24 de julio de 1995 del ECOSOC instó al Secretario General a iniciar el proceso de opiniones de los Gobiernos sobre una Convención sobre crimen organizado transnacional.
Como seguimiento de la Declaración de Nápoles, la Asamblea General adoptó en su 52 sesión en 1996 la Declaración de Naciones Unidas sobre Crimen y Seguridad Pública (resolución 51/60).
Estos antecedentes culminaron en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que representa la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, así como evitar la impunidad de las conductas descritas en la mencionada Convención[2].
La Convención y el Protocolo desarrollan los principios de derecho internacional, adoptados en nuestra Carta Constitucional, con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.
Esta Corporación, en diversos fallos, se ha referido a la necesidad de los Estados de actuar conjuntamente en la prevención y represión de las diversas conductas delictuales, en especial, de aquellas que están transcendiendo las fronteras, y que requieren de la cooperación de todos los entes internacionales para su adecuado tratamiento y sanción, tal como acontece con la trata de personas.
“En efecto, la comisión cada vez más creciente de los delitos, el grado de especialidad que muestran, la posibilidad de sus autores para eludir las distintas formas de represión y sanción, al igual que la capacidad de trascender en sus efectos más allá de los límites nacionales, para abarcar campos sociales, políticos y económicos, bien por la naturaleza del delito o por la nacionalidad de quienes los realizan, han sido presupuestos determinantes para que los Estados unan sus esfuerzos y contrarresten las actividades delictivas, en forma paralela a las actuaciones que por su parte realiza cada Estado dentro de esa lucha, de manera que se asegure un marco de cooperación judicial destinado a generar un contexto permanente y satisfactorio de relaciones de apoyo y acción conjunta con identidad de fin, que logre al mismo tiempo distribuir las responsabilidades que a cada uno de ellos corresponde en este tema y, especialmente, con respecto a la comunidad internacional”. (Corte Constitucional, sentencia C-187 de 1999).
La Convención y el Protocolo en revisión, sobre las bases de reconocimiento de la soberanía de cada uno de los Estados partes, su libre autodeterminación y la igualdad, contemplan aspectos que se consideran vitales para lograr el propósito en ellos estipulado, que no es otro que prevenir y combatir de manera eficaz la actividad de la delincuencia trasnacional, finalidad que coincide con los artículos 226 y 227 de nuestra Constitución.
Dentro de este contexto, procede esta Corporación a efectuar el examen de las normas de la Convención y el Protocolo en revisión, para establecer su conformidad con el ordenamiento constitucional.
4. Examen material de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional.
La Convención objeto de estudio consta de 41 artículos. El artículo 1 señala la finalidad de la misma, que no es otra que promover la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.
En el artículo 2, se hace una serie de definiciones que permiten fijar el contenido de la Convención, y que no desconocen norma alguna de la Constitución, pues se limita a establecer los conceptos básicos en que ella se funda, tales como qué se entiende por grupo delictivo organizado, delito grave, grupo estructurado, bienes, producto del delito, embargo preventivo o incautación, decomiso, delito determinante, entrega vigilada, y organización regional de integración económica.
Los artículos 3 y 4, delimitan el ámbito de aplicación y la protección de la soberanía señalando que las obligaciones contraídas por los Estados que hagan parte de la Convención se cumplirán en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Los artículos 5, 6 y 8 penalizan respectivamente la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo de activos y la corrupción. De igual manera, los artículos 7 y 9, fijan las medidas de carácter legislativo administrativo necesarias para que efectivamente se combata el blanqueo de activos y la corrupción.
El artículo 10 describe la responsabilidad de las personas jurídicas, en la comisión de los delitos descritos en la Convención.
El artículo 11 fija los rituales del proceso, las características del fallo y el grado de sanciones.
En los artículos 12, 13 y 14 se establecen los procedimientos para el decomiso e incautación de los bienes producto del delito y la cooperación internacional en este campo, bajo la condición de que lo permitan los ordenamientos internos de los Estados Parte.
El artículo 15 prevé el establecimiento de la jurisdicción encargada de conocer los delitos tipificados en la Convención, señalando que sin perjuicio de las normas de derecho internacional general, la Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con el derecho interno.
El artículo 16 dispone que los Estados parte podrán presentar solicitud de extradición en relación con quienes hayan incurrido en las conductas criminales descritas en la Convención bajo la condición consistente en que el delito por el que se pida la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado Parte requerido.
Los artículos 18 a 22, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 regulan los parámetros necesarios sobre la prevención, investigación y penalización de los delitos internacionales de que trata la Convención en materia de asistencia jurídica reciproca, investigaciones conjuntas, técnicas de investigación, remisión de actuaciones penales, establecimiento de antecedentes penales, medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, capacitación, asistencia técnica y prevención de los delitos previstos en la Convención.
Los artículos 32 y 33 consagran el establecimiento de la Conferencia de las Partes y la Secretaría de la convención y finalmente, los artículos 34 a 41, fijan los mecanismos de procedimiento para la aplicación; la solución de controversias; la firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión; la relación con los protocolos; la entrada en vigor; las enmiendas, la denuncia y el depositario e idiomas.
5. Examen material del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
El objeto del Protocolo, consiste precisamente en prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, considerando que aunque existen varios instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de personas no hay un instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas. Por ello, convencidos de que para prevenir y combatir ese delito era útil complementar la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional de esta naturaleza.
El Protocolo, consta de veinte artículos, contenidos en cuatro capítulos así, el capítulo primero, se refiere a las “disposiciones generales” en particular define conceptos centrales del tratado como por ejemplo qué se entiende por trata de personas, y por niño, se establece el ámbito de aplicación y la penalización de las conductas.
El capítulo segundo, prevé la protección, asistencia y repatriación de las víctimas de la trata de personas y el régimen aplicable a dichas personas.
El capítulo tercero contempla medidas de prevención y cooperación, con respecto a las víctimas de la trata de personas; el intercambio de información y capacitación; medidas fronterizas y de seguridad, control y validez de los documentos.
Por último en el capítulo cuarto se fijan las disposiciones finales tales como la clausura de salvaguarda, solución de controversias, firma, ratificación, aceptación, aprobación, y adhesión, entrada en vigor; enmienda denuncia; y depositario e idiomas.
6. Constitucionalidad de la Convención y del Protocolo en revisión.
6.1. El Convenio y el Protocolo desarrollan el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores, el respeto a la autodeterminación, la internacionalización de las relaciones políticas, económicas sociales sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículo 226 de la Carta Política)
El ámbito del instrumento en revisión, tiene como objetivo promover la cooperación entre los Estados Partes con el fin de combatir y prevenir la actividad de la delincuencia transnacional, conocer el modus operandi de las organizaciones internacionales dedicadas a la ejecución de delitos transnacionales, con el fin de su desarticulación y juzgamiento de los responsables de dichos ilícitos.
Las normas que consagra la Convención y el Protocolo, sirven de marco para que cada Estado adopte dentro de su legislación procedimientos tendientes a la prevención y represión de los ilícitos de carácter transnacional que afectan la vida, la libertad y los derechos humanos.
6.2. Observa la Corte que, como es a penas obvio la Convención objeto de análisis en esta sentencia ha de interpretarse para su aplicación con sujeción estricta a la Constitución Política, lo que significa que ninguna de las normas contenidas en ese instrumento internacional puede entenderse de manera tal que afecte las garantías procesales garantizadas por la Carta Política, o, dicho de otra manera en ningún caso puede vulnerarse ni el debido proceso, ni ningún otro de los derechos fundamentales.
De la misma manera, ha de recordarse por la Corte que conforme a lo preceptuado por el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos prevalecen en el orden jurídico interno. Es decir, que al interpretar y darle aplicación al Convenio que ahora se revisa por la Corte, no puede desconocerse el bloque de constitucionalidad del cual forman parte, entre otras disposiciones, las contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972).
6.3. Siendo ello así, las reglas relativas al Decomiso e Incautación de bienes, equipos o instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de delitos a los que se refiere la Convención que se analiza, sólo podrá realizarse de conformidad con las normas jurídicas Colombianas por autoridades judiciales, pues de otra manera resulta contrario a las prescripciones que en materia de garantía al debido proceso señala el artículo 29 de la Constitución Política, norma que guarda armonía con lo preceptuado por los artículos 113, 116, 228, 229, 230, 250 y 251 de la Carta.
6.4. En materia de pruebas, el artículo 29 de la Constitución establece que es nula, de pleno derecho la que sea obtenida con violación del debido proceso. Este incluye, de suyo, la estricta observancia de los principios de la publicidad, y de la contradicción de la prueba, así como el respeto riguroso a la garantía de la presunción de inocencia y la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis inidem), reglas estas a la luz de las cuales ha de interpretarse el artículo 18 de la Convención en cuanto a la asistencia judicial reciproca.
Sobre dichas garantías constitucionales ha dicho la Corte que:
“Dada su naturaleza y la finalidad filosófico - jurídica, que cumple el proceso en la sociedad, como instrumento para garantizar la pacífica convivencia entre los asociados, se hace indispensable que él se tramite conforme a unas reglas mínimas que permitan a las partes, en igualdad de condiciones y de oportunidades, concurrir y actuar en el debate judicial.
Esa es la razón por la cual para evitar así mismo la arbitrariedad en las decisiones del Estado, el proceso ha de organizarse conforme a unos principios generales, que constituyen lo que la doctrina universal conoce como el “debido proceso”.
... Entre tales principios, resultan esenciales en un Estado democrático el de la publicidad y la contradicción. El primero, impide que existan en el proceso actuaciones ocultas para las partes o para quienes intervienen en él por ministerio de la ley como sujetos procesales, cual sucede con el Ministerio Público, la Fiscalía o la Defensoría de Familia. Tal publicidad, resulta indispensable para la formación válida de la relación jurídico - procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría expuesto a que contra él se profiriera una sentencia adversa sin haber sido siquiera debidamente anoticiado de la existencia de la demanda promovida en su contra.
Es decir, presupuesto necesario para que pueda existir la contradicción a lo largo del proceso, es el de la publicidad de las actuaciones que en él se surtan, por quienes se encuentran legitimados para el efecto. Sólo de esta manera puede tener cabal realización la garantía democrática de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio[3].
Asimismo, en relación a la presunción de inocencia, la Corte ha dicho:
Sobre la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho non bis inidem, la Corte en sentencia C-088 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, sostuvo:
“Esta prohibición del doble enjuiciamiento, o principio del non bis in ídem, busca evitar que las personas estén sujetas a investigaciones permanentes por un mismo acto. Esta Corte ha reconocido además que en el constitucionalismo colombiano, este principio no se restringe al ámbito penal sino que “se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)”[5]. Por consiguiente, el demandante tiene razón en que esta garantía se proyecta en el ámbito disciplinario.
Sin embargo, la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que exista una doble sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la sanción”.
6.5. Tales reglas, habrán de observarse igualmente en lo que hace relación al artículo 24 de la Convención. Es claro para la Corte que a la Constitución Colombiana no se opone la existencia de normas para la protección de los testigos. Sin embargo, como una garantía al sindicado, en cualquier proceso éste tiene derecho a conocer la identidad del testigo, es decir, a saber quien rinde la declaración para ejercer a plenitud el derecho de contradicción de la prueba que incluye, desde luego, la posibilidad de tachar al testigo por sospecha en las hipótesis previstas por la ley para el efecto. Así mismo, la aceptación de utilización de tecnologías de comunicación como vídeo conferencias u otros medios adecuados, no puede menoscabar, para nada, la posibilidad de interrogar y de contra interrogar al testigo. Al respecto, la Corte afirmó:
“[s]i se priva al sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran causales para recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para plantear siquiera la recusación y, así, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien que careciera de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático, conquista esta que en la historia de la humanidad constituye pilar fundamental del debido proceso, no sólo para contener eventuales abusos en contra de los justiciables, sino, así mismo, para que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se produzcan.
“Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad[6].
6.6. El artículo 26 de la Convención en cuanto a las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluye en su numeral tercero la disposición según la cual “cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención”. Del propio texto acabado de transcribir, se observa que la concesión de inmunidad judicial a que él se refiere no es imperativa, sino a penas constituye una posibilidad de prevención legislativa para el efecto, por una parte; y, por otra parte, tal posibilidad podría hacerse realidad por los estados a quienes el convenio que aquí se analiza obligue, solo si ello resulta posible “de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno”. Ello significa entonces que en la medida en que esa disposición no es imperativa y se encuentra sujeta al Derecho Interno, no viola por si misma la Constitución Colombiana.
6.7. Con respecto a la Cooperación en materia de cumplimiento de la ley a la cual se refiere el artículo 27 de la Convención y la posibilidad para los Estados “de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos”, como todas las demás normas del Convenio objeto de control se encuentra sometida al ordenamiento jurídico interno, tal cual se prevé en el mismo Convenio. Ello significa que los acuerdos bilaterales o multilaterales para llevar a cabo la cooperación directa entre autoridades del Estado Colombiano con otros Estados, necesariamente ha de sujetarse al artículo 224 de la Constitución, es decir, que no puede eludirse ni la aprobación por el Congreso de la República, ni el control por la Corte Constitucional, ni afectarse en manera alguna la atribución del Presidente de la República para dirigir, como Jefe del Estado, las relaciones internacionales de Colombia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 224 y 189 numeral 2 de la Constitución. Al respecto ha señalado la Corte:
“Anteriormente esta Corporación no admitía su competencia para conocer acerca de la constitucionalidad de los denominados "Acuerdos Simplificados", al considerar que estos regían con la sola firma o el canje de los respectivos instrumentos, razón por la cual no se encontraban sometidos a control constitucional. A partir de lo expresado en la sentencia C-400 de 1998 (MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), dichos Acuerdos están sometidos a la exigencia según la cual, para que el consentimiento pueda ser prestado por el representante colombiano, debe haberse aprobado el tratado por el Congreso y verificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional.
"(El derecho constitucional colombiano) establece unos pasos que garantizan la formación plena de la voluntad del Estado, manifestada por las tres ramas del poder público, que es expresión de la voluntad del Estado para comprometerse a nivel internacional. Por tanto, la voluntad de celebrar un tratado se expresa en primer término, en la iniciativa y la negociación por parte del Presidente de la República como Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales; en segundo término, en la aprobación o improbación por parte del Congreso Nacional, y en tercer término, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, paso este último que es previo al perfeccionamiento del Tratado. Con posterioridad vendrán la ratificación, el canje de instrumentos y demás formalidades a través de las cuales el tratado es perfeccionado y, por ende, puesto en vigencia.[7]"
En conclusión, se observa que la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y “el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional”, se ajusta en su integridad a la Constitución Política, y el mismo se celebró sobre bases de equidad, y reciprocidad como lo establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución.
Por último, la Corte, aclara que no comparte el concepto de la Procuraduría, al considerar que por existir normas que no coinciden plenamente con nuestro ordenamiento interno, debe hacerse un tipo de reserva. Por cuanto, las disposiciones establecidas tanto en la Convención como en el Protocolo, se encuentran subordinadas a las regulaciones del derecho interno y a la adopción en nuestro ordenamiento penal de los tipos y sanciones acordados en los instrumentos internacionales y, en todo caso, ninguna de las disposiciones contenidas en el Convenio objeto de control podrá afectar en nada el plexo de garantías a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos suscritos y aprobados por Colombia que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Declarar EXEQUIBLES la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Así como la ley 800 de marzo 13 de 2003que las aprueba.
Aclaración de voto a la Sentencia C-962/03
PRESUNCION DE INOCENCIA-No se puede desconocer por la vía de la inversión de la carga de la prueba (Aclaración de voto)
BIENES DECOMISADOS-Estado debe quedarse con el producto y no repartirlo con otros Estados (Aclaración de voto)
TECNICAS ESPECIALES DE LA INVESTIGACION-Derecho colombiano debe proscribir la figura del agente provocador (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado aclara el voto como lo exprese en la Sala, por las siguientes razones:
1. En relación con el numeral 7 del artículo 12 en el entendido de que esa norma remite a los principios de derecho interno y en mi sentir ni la Corte de Colombia ni los tratados de que hace parte permiten desconocer la presunción de inocencia, ni directamente, ni indirectamente por la vía de la inversión de la carga de la prueba.
2. En relación con el artículo 14 me parece que el Estado colombiano es quien debe quedarse con el producto de los bienes decomisados y no repartirlos con otros Estados, ya que quienes sufrimos las consecuencias de los delitos, su violencia, ponemos los muertos y sufrimos la inseguridad somos los colombianos.
3. En relación con el artículo 20 de las técnicas especiales de la investigación, me parece que el derecho colombiano debe proscribir la figura del agente provocador, que por regla general lo que hace es instigar al delito a personas inocentes, que nunca antes habían pensado en delinquir hasta que el agente provocador se los propone.
[1] Puede Consultarse para el desarrollo histórico The United Nations and Crime Prevention – Seeking security and Justice for All; Internacional Revió and Criminal Plicy, Nros 47 and 48. Organized Crime, Editors M-Cherif Bassiouni –Eduardo Vetere, Transnational Publishers, In Ardsley, New York, 1998.
[2] Ver Leonid I.Fituni, CIS: Organizaed Crime and Its Internacional Activities (1993); Michael D.Lyman, Organizad Crime (1997).
[3] Sentencia T-1012 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Sentencia C-392 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[7]Sentencia C-267 de 1993. MP Vladimiro Naranjo Mesa.