Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-912-de-diciembre-6-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_bbf070487d4f017ce0430a010151017c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 12:39:06
Document Index: 395183230

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 166', 'artículo 167', 'artículo 241', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 152', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 69', 'artículo 173', 'artículo 69', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 167', 'artículo 1', 'artículo 168', 'artículo 1', 'artículo 1']

﻿ Sentencia C-912 de diciembre 6 de 2011
SENTENCIA C-912 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:REMUNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE GESTIÓN. LOS INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE OBRAS O GRABACIONES AUDIOVISUALES NO ESTÁN OBLIGADOS A ASOCIARSE A UNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA PARA HACER EFECTIVO ESE DERECHO DE REMUNERACIÓN, SINO QUE PUEDEN HACERLO A TRAVÉS DE OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN O DE MANERA INDIVIDUAL, INCLUYENDO EL COBRO INDEPENDIENTE O INDIVIDUAL. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE ALGUNAS EXPRESIONES INCLUIDAS EN EL INCISO FINAL DEL PARÁGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 1403 DEL 2010 "LEY FANNY MICKEY".
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR, DERECHO DE DIVULGACIÓN DE LA OBRA, ACCIONES CONSTITUCIONALES
Sentencia C-912 de diciembre 6 de 2011
Ref.: Expediente D-8562
Demanda de inconstitucionalidad: la inconstitucionalidad del artículo 1º, parágrafo 1º, de la Ley 1403 de 2010 “Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”
Actores: Jairo Alberto Baquero y Guillermo Alberto Baquero
Los ciudadanos Jairo Alberto Baquero y Guillermo Alberto Baquero, demandan(1) la inconstitucionalidad del artículo 1º, parágrafo 1º, de la Ley 1403 de 2010 “Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”. Los textos normativos demandados, que se subrayan, son los siguientes:
“LEY 1403 DE 2010(2)
“Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey””.
ART. 168.—Desde el momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores.
PAR. 1º—Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente.
La Corte Constitucional es competente para decidir la constitucionalidad de las disposiciones demandadas contenidas en leyes —Ley 1403 de 2010—, con base en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política.
2.1. La ley 1403 de 2010 se limita a dos artículos, el segundo de los cuales fija su vigencia. El artículo primero contiene las disposiciones demandadas y es aditivo de la artículo 168 de la Ley 23 de 1982, que ha sido ya modificada por las leyes 44 de 1993, 962 de 2005 y 1450 de 2011, entre otras.
2.2. La Ley 23 de 1982 es el estatuto de los derechos de autor. Está compuesta por capítulos que regulan las (i) disposiciones generales, (ii) el contenido del derecho de autor, (iii) las limitaciones y excepciones al derecho de autor, (iv) las obras extranjeras, (v) el derecho patrimonial, (vi) disposiciones especiales sobre ciertas obras, (vii) las obras cinematográficas, (viii) los contratos de edición, (ix) los contratos de representación, (x) los contratos de inclusión de fonogramas, (xi) la ejecución pública de obras musicales, (xii) los derechos conexos, (xiii) la transmisión de derechos de autor, (xiv) del dominio público, (xv) el registro nacional de derechos de autor, (xvi) las asociaciones de autores, (xvii) las sanciones, (xviii) del procedimiento ante la jurisdicción civil y (xix) las disposiciones finales.
2.3. El capítulo XII de la Ley 23 de 1982 hace referencia a los derechos conexos, esto es, aquellos de que son titulares, por ejemplo, artistas intérpretes y ejecutores de una obra original de otra autoría, y que son precisamente conexos con los derechos de autor. En dicho segmento normativo se haya el artículo 168 parcialmente demandado, el cual fue adicionado por la Ley 1403 de 2010 con tres parágrafos, el primero de los cuales contiene las disposiciones impugnadas.
2.4. El inciso inicial del artículo 168 de la Ley 23 de 1982 dispone que la autorización de la incorporación de interpretaciones o ejecuciones en una fijación visual o audiovisual —dada por el artista intérprete o ejecutante—, conlleva la inaplicación de lo dispuesto en los artículos 166 —b y c—(4) y 167 —c—(5) de la misma ley. En resumen, según el artículo 168 citado, la autorización dada por los artistas intérpretes o ejecutantes para la fijación de su interpretación o ejecución, levanta las prohibiciones establecidas en los literales b) y c) del artículo 166 y el literal c) del artículo 167, de la Ley 23 de 1982. El parágrafo 1º del artículo 168 —adicionado con la Ley 1403 de 2010—, contentivo de las expresiones demandadas, hace referencia al derecho de los artistas intérpretes de obras y audiovisuales a una “remuneración equitativa” por la comunicación pública de las obras y grabaciones en que se hallen fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.
2.5. El primer aparte demandado —del parágrafo 1º mencionado— indica que el derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de sus obras y grabaciones, no otorga a los artistas intérpretes la facultad de alterar, suspender ni prohibir la producción o la explotación comercial de la obra. El segundo aparte demandado —del mismo parágrafo 1º del artículo 168— señala a las sociedades de gestión colectiva, formada por los propios artistas intérpretes, como las indicadas para hacer efectivo el derecho de remuneración de ellos mismos.
3. Examen formal de cargos y problema jurídico constitucional.
3.1. Examen formal de cargos contra la expresión demandada “En ejercicio de este derecho no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente”, por violación de los artículos 13, 15 y 16 de la Constitución Política.
3.1.1. La posible vulneración del derecho a la igualdad se basa en que la Ley 1403 de 2010 priva a los intérpretes o ejecutantes de los derechos consagrados en la Ley 23 de 1982, que establecen claramente la potestad de autorizar o prohibir la fijación, reproducción, la comunicación al público, la trasmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones en soportes materiales, para la comunicación al público, mientras que los titulares de derechos de autor conservan sus derechos plenamente sin que el ejercicio de un derecho —como el de remuneración— les impida el ejercicio de los demás derechos. Y la presunta violación de los artículos 15 y 16 de la Constitución, parte de que se despoja a los artistas intérpretes o ejecutantes de la posibilidad de disponer de su imagen desde el momento en que se les impide intervenir en la utilización pública o explotación comercial de la obra, siendo que el derecho a la propia imagen no puede ser un derecho susceptible de disposición por parte del Estado o la sociedad, pues es el propio individuo el único que debe decidir.
A este respecto, algunos de los intervinientes(6) cuestionan la errónea y descontextualizada interpretación dada por los demandantes a este contenido normativo acusado, por lo que es necesario precisar su alcance y su entorno normativo.
3.1.2. Según la Ley 23 de 1982, los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozan de protección para sus obras en la forma allí prescrita; también los intérpretes o ejecutantes de dichas obras, como los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión son sujetos de protección en sus derechos conexos a los del autor(7). Mientras los autores tienen derecho sobre su obra, y los intérpretes o ejecutantes tienen derecho sobre sus interpretaciones o ejecuciones(8).
En cuanto al contenido de tales potestades jurídicas, los autores tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir (i) la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; (ii) la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; (iii) la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; (iv) la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho, y (v) la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra(9).
Por su parte, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones (derechos conexos). Así, sin autorización de intérprete o ejecutante, nadie puede realizar :(i) la radiodifusión y la comunicación al público de la interpretación o ejecución de dichos artistas, salvo cuando ella se haga a partir de una fijación previamente autorizada o cuando se trate de una transmisión autorizada por el organismo de radiodifusión que transmite la primera interpretación o ejecución; (ii) la fijación de la interpretación o ejecución no fijada anteriormente sobre un soporte material; (iii) la reproducción de una fijación de la interpretación o ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: a) Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado inicialmente sin su autorización; b) Cuando la reproducción se hace con fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y, c) Cuando la interpretación o la ejecución se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta Ley pero la reproducción se haga con fines distintos de los indicados(10).
En consecuencia, los intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de su interpretación o ejecución. Solo que una vez el intérprete o ejecutante ha autorizado la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrá aplicación lo mencionado atrás en los apartes del párrafo anterior (ii) y (iii)(11). Con todo, los artistas intérpretes de obras o grabaciones audiovisuales conservan el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones(12). En síntesis, el intérprete o ejecutante de obras o grabaciones audiovisuales, aunque haya autorizado la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación sea de imagen o de imagen y sonido, mantiene el derecho a percibir una remuneración equitativa en las condiciones ya expuestas, pero pierde el derecho —por haber una autorización previa en beneficio del productor, utilizador o causahabiente— a prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual.
Lo anterior guarda consonancia con lo decidido(13) por la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre derechos de autor y derechos conexos, al establecer que los intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.
3.1.3. Basado en lo expresado en el numeral anterior y lo mencionado por varios intervinientes, el contexto jurídico del contenido normativo acusado por los demandantes es bien diferente del propuesto por estos. En efecto, en la demanda se considera que la ley acusada deja sin efectos las facultades inherentes que otorgaba la Ley 23 de 1982 a los intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la fijación, reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de su interpretación o ejecución. Esta aseveración no es cierta. En momento alguno la norma acusada deroga o modifica lo señalado en el artículo 166 de la Ley 23 de 1982, el cual determina precisamente que los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones.
3.1.4. Así, los cargos presentados carecen de la certeza indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo por cuanto la interpretación realizada en la demanda no concuerda con el contenido jurídico de la norma acusada: el contenido normativo demandado no modificó ni derogó el artículo 166 de la Ley 23 de 1982. Por tanto, la proposición jurídica que pretende hacer valer el actor no se encuentra en el contenido normativo impugnado. Menos aún posee dicho contenido normativo los efectos derogatorios que se pretenden en la demanda pero que no provienen objetivamente del texto acusado. La demanda confundió la situación jurídica inicial de los intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de su interpretación o ejecución, con aquella situación jurídica que se configura de manera posterior a la autorización. En consecuencia, no se tuvo en consideración el primer inciso de la norma acusada (L. 23/82, art. 168) ni tampoco los artículos 166 y 167 de la misma ley, y por tal razón se demandó un contenido normativo que no se desprende del texto acusado.
3.1.5. Adicionalmente, el cargo por violación del derecho de igualdad no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional: en el presente caso, además de que el demandante presentó un cargo no cierto, tampoco (i) determinó cual era el criterio de comparación para efectuar el juicio de igualdad, (ii) no estableció cuales sujetos debían compararse y porque, (iii) si eran sujetos de la misma naturaleza, (iv) no indicó si desde la perspectiva fáctica y jurídica existía un tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles, y si (v) dicha diferenciación era constitucional o no. Tampoco es posible, además de lo afirmado de manera precedente, pronunciarse respecto de la supuesta vulneración del derecho de imagen y del libre desarrollo de la personalidad por cuanto el contenido normativo acusado en momento alguno “despoja a los artistas intérpretes o ejecutantes de la posibilidad de disponer de su imagen puesto que, nada vale que se reconozcan sus derechos en la ley si al reclamar su retribución económica sale de su voluntad el control de los mismos”, aspecto este protegido por el artículo 166 de la Ley 23 de 1982 ignorado en la demanda.
3.2. Examen formal del cargo contra el texto completo de la Ley 1403 de 2010, por desconocimiento de la reserva estatutaria -violación del artículo 152 constitucional.
Parte el demandante de considerar que la Ley 1403 de 2010 reguló los derechos fundamentales de igualdad, imagen y asociación —derechos fundamentales—, afectando su núcleo fundamental. En el mismo sentido respecto del cargo anterior, no es posible pronunciarse sobre la impugnación por violación de la reserva de ley estatutaria, por cuanto las apreciaciones del demandante respecto de los derechos fundamentales alegados no provienen objetivamente del contenido normativo acusado. En efecto, al carecer del efecto derogatorio supuesto por los actores, no se produce en el mundo jurídico la restricción esencial de los derechos fundamentales que se cree advertir. En síntesis, la demanda de un contenido normativo que no se desprende del texto acusado, impide el juicio de constitucionalidad por dicho cargo.
3.3. Examen formal del cargo contra el contenido normativo “Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexo”, por desconocimiento del artículo 38 de la Constitución Política.
En relación con el segundo contenido normativo demandado, se pronunciará la Corte sobre la posible violación del derecho de libre asociación, al otorgarse la atribución exclusiva de cobro de los derechos de remuneración de los artistas de obras audiovisuales a las sociedades colectivas de gestión. En efecto, la disposición acusada ordena que la gestión del derecho de remuneración de artistas intérpretes y ejecutantes procede a través de las sociedades de gestión colectivas, siendo plausible interpretar esta disposición como violatoria del derecho de libre asociación, punto que será objeto de examen.
3.4. Problema jurídico constitucional a resolver.
La Corte Constitucional se ocupará de examinar la posible vulneración del artículo 38 de la Constitución Política, y se pronunciará sobre lo siguiente: ¿la exigencia de asociarse en una sociedad de gestión colectiva para obtener la remuneración de sus derechos de autor y derechos conexos, entraña una forma de constreñimiento al artista en su libertad de elegir el procedimiento para la defensa de sus derechos y, por ende, desconocen el derecho de libre asociación?
4. Vulneración del derecho de libre asociación —artículo 38 de la Constitución Política—.
4.1. Fundamentación del cargo.
La violación al derecho de asociación consiste, para los demandantes, en el desconocimiento del aspecto negativo del derecho de asociación y la eliminación del núcleo de su contenido que es la voluntariedad. A su juicio, el legislador parte de un supuesto falso: exigir la asociación a una sociedad de gestión colectiva para obtener la remuneración de sus derechos de autor y derechos conexos, ampliaría la protección de los derechos de los artistas; falso, porque la exigencia implica restricciones que imposibilitan al artista escoger de manera libre la forma en la que va a percibir la remuneración por sus derechos, de modo que obstaculiza en vez de proteger su efectivo goce. Por ende, el derecho se violenta al otorgarle de manera exclusiva la competencia a una sociedad de gestión colectiva de reclamar los derechos de autor y derechos conexos, derechos que se encuentran en cabeza de las personas naturales y no de las agrupaciones.
4.2. Intervenciones de refutación del cargo.
4.2.1. Para algunos intervinientes el contenido normativo acusado no vulnera el derecho de asociación. Lamentablemente, los argumentos expuestos son esencialmente de conveniencia, veamos: (i) El cobro de los derechos se logra con mayor facilidad por conducto de sociedades de gestión colectiva; (ii) solo a través de la gestión colectiva obligatoria, de la unión de los actores e intérpretes, es posible llevar a buen término una negociación con los usuarios de las producciones audiovisuales, ya que tradicionalmente se ha estado en una posición de evidente desventaja a la hora de llegar a acuerdos con los productores audiovisuales; (iii) permitir otras formas de gestión diferentes a la colectiva no solo perjudica los intereses del gremio, sino que además hace que la actividad comercial de los usuarios se torne onerosa y dispendiosa; (iv) si bien en teoría existe la posibilidad de autorizar y recaudar los derechos patrimoniales de autor y conexos directamente por el titular, la realidad ha demostrado que es un imposible material la realización de tal propósito en el mundo globalizado en el cual se vive.
4.2.2. También se ha intentado atacar este cargo, expresando que, acogiendo la línea jurisprudencial de la Corte respecto de la sociedades de gestión colectiva obligatorias, se han constituido alrededor de 15 formas de asociación distintas a la gestión colectiva, las cuales se han destinado a realizar un cobro indiscriminado del derecho de autor y de los derechos conexos, en establecimientos de comercio abiertos al público, sin especificarle al usuario el repertorio que representan ni demostrar la titularidad del repertorio usado por el comerciante. Se trata de razones plausibles, que escapan al ámbito jurídico del control de constitucionalidad.
4.2.3. Otros intervinientes consideran que existe una limitación razonable del derecho de asociación, proveniente de la misma Constitución, basados en los siguientes argumentos:
(i) El ejercicio de los derechos patrimoniales de autores e intérpretes se relaciona directamente con la actividad económica desplegada por otro tipo de industrias, en este caso en particular, las del cine y la televisión. En atención a las características especiales del intercambio de bienes y servicios que se da entre los intérpretes y usuarios de obras audiovisuales, la regulación de las sociedades de gestión colectiva debe superar los principios genéricos del derecho de asociación, identificándose como sujetos pasivos de la intervención del Estado en su funcionamiento.
(ii) La gestión colectiva es obligatoria a nivel internacional, por lo que resulta razonable que el legislador, en el marco de la amplia configuración legislativa que le concedió la Constitución, eligiera un modelo de gestión colectiva obligatoria para el ejercicio del derecho de remuneración por comunicación pública reconocido por la Ley 1403 de 2010. Dicha obligatoriedad responde a una intervención, no desde el ámbito del derecho de asociación sino desde la Constitución económica.
4.2.4. Finalmente, el Procurador General de la Nación indican que la Corte Constitucional ha afirmado que la gestión de los derechos patrimoniales de autor y conexos realizada mediante las sociedades de gestión colectiva es constitucional en la medida que la interpretación de la norma no implique una restricción para que realice otro tipo de gestiones diferentes, con lo cual busca proteger el derecho a la igualdad y el derecho a la libre asociación. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, el contenido normativo es constitucional, en el entendido que para la administración de sus derechos los titulares de los derechos conexos al de autor, valga decir, los intérpretes o ejecutantes, “pueden acogerse a formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realizar sus reclamaciones en forma individual”.
4.3. El derecho de asociación y el precedente constitucional establecido en la Sentencia C-424 de 2005.
4.3.1. La Ley 44 de 1993 —que modificó la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor— reguló en su capítulo III las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. Específicamente el artículo 69 —modificatorio del artículo 173 de la Ley 23 de 1982— determinó que “cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma, se utilicen directamente para la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, distribuida por parte iguales” (resaltado fuera del texto original).
4.3.2. Dicha disposición legal fue demandada ante la Corte Constitucional, por ser supuestamente violatoria de los derechos a la igualdad y a la libertad de asociación. Al respecto esta corporación —con Sentencia C-424 de 2005— sentó los parámetros que a continuación se expresan:
4.3.2.1. Se siguió el precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia C-509 de 2004, según el cual resultaba inconstitucional, por ser desproporcionado, que se excluyera a los titulares de los derechos de autor y conexos de la gestión individual de los mismos, permitiéndose que solo las sociedades colectivas de gestión expidieran los comprobantes de pago de los derechos de ejecución a los establecimientos públicos que ejecutaren obras musicales causantes de pago de derechos de autor. Al respecto la Corte no encontró “razón suficiente que implique que las sociedades de gestión colectiva son las únicas facultadas para expedir comprobantes de pago en el sentido señalado en el literal acusado ni tampoco para aceptar que tal entendimiento sea constitucional”. Por este motivo, en la Sentencia C-509 de 2004 se condicionó la disposición, a fin de admitir que también son válidos para comprobar el pago que se genera como consecuencia de la ejecución de obras sobre las que recaen derechos de autor, los comprobantes expedidos por autores que se acojan a formas de asociación distintas a la gestión colectiva, y las reclamaciones realizadas en forma individual.
4.3.2.2. En síntesis, el mencionado precedente indicó que los titulares de derechos de autor y conexos derivados de obras musicales también puede gestionar sus derechos de manera individual, o acogiéndose a modalidades distintas a la de gestión colectiva. Lo anterior, por cuanto la norma que imponía como obligatoria la modalidad de gestión colectiva era —al decir de la Corte— violatoria del principio de igualdad. En efecto, se tuvo presente que el carácter obligatorio de la disposición que preveía la vinculación a sociedades colectivas de gestión constituía un “tratamiento de exclusión” y “desproporcionado” para los titulares de derechos que decidieran gestionarlos individualmente, por lo que el mismo imponía “restricciones inconstitucionales” a aquellos.
4.3.2.3. La Corte consideró que una interpretación del artículo 69 de la Ley 44 de 1993 que propusiera la obligatoriedad de la vinculación a sociedades colectivas de gestión para que los intérpretes, ejecutores o productores de fonogramas gestionen los derechos derivados de sus interpretaciones, ejecuciones y producciones, resultaría violatoria del principio de igualdad por incluir una exclusión desproporcionada de los mismos. Se indicó que una disposición tal sería desproporcionada frente al derecho que le asiste al intérprete, ejecutor o productor del fonograma que decide cobrar sus regalías de manera directa, porque: sometería su recaudo a los procedimientos, metodología, trámites y gestiones de la sociedad —si es que decide asociarse a alguna de las existentes—; dificultaría la gestión de control respecto de los dineros que se recauden por publicación de los fonogramas o exhibición de las obras; mediatizaría la recepción final de un dinero que le corresponde por derecho propio o, en el caso más extremo, lo obligaría a constituir una sociedad colectiva de gestión con la carga de congregar el número de artistas requeridos por la ley, alternativa que resulta en extremo gravosa para quien solo está interesado en hacer efectivos los derechos conexos derivados de su interpretación, ejecución o producción.
4.3.2.4. Es desproporcionada la interpretación que abogue por convertir en obligatorio el cobro de derechos conexos por conducto de sociedades colectivas de gestión, sobre todo si se tiene en cuenta que puede haber artistas intérpretes, ejecutantes o productores que cuentan con los medios para hacerlo por vías distintas.
4.3.2.5. La naturaleza de los intereses involucrados en la gestión de los derechos derivados de la interpretación, ejecución y producción de un fonograma —vinculados íntimamente con la libertad de expresión—, aunque ciertamente tocan con el ámbito colectivo, reflejan principalmente el interés lucrativo del individuo y, de manera secundaria, los intereses de la comunidad, prueba de lo cual es que el Constituyente no expidió ninguna preceptiva concreta que privilegiara la presencia del Estado en esa materia. De allí que la libertad de asociación para el ejercicio de tales prerrogativas sea menos permeable a la capacidad de regulación estatal y que, en consecuencia, la normativa que se demanda resulte excesiva para ese nivel de la libertad individual.
4.3.2.6. La decisión de permitir que los derechos conexos por interpretación, ejecución o producción de fonogramas se gestionen mediante mecanismos distintos al de la sociedades de gestión colectiva se encuentra acorde con el numeral 2º del artículo 11 del convenio de Berna “para la protección de las obras literarias y artísticas”, suscrito el 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas, el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971 e incorporado a la legislación nacional por la Ley 33 de 1987.
4.3.2.7. Se consideró que, por su propia naturaleza y por las consecuencias constitucionales de la figura, el cobro de la remuneración que se debe por la ejecución pública de los fonogramas no impone la necesidad de constitución de sociedades colectivas de gestión pues, en la medida en que el legislador regule mecanismos alternos, resulta perfectamente posible que dicha actividad se ejerza de otro modo, incluyendo el cobro individual de las deudas.
4.3.3. Por las razones expuestas, la Sentencia C-424 de 2005, condicionó el sentido de la disposición demandada para que se entienda que, si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo que se acuerde libremente, dentro de los marcos de las normas legales pertinentes vigentes.
4.4. El artículo 1º parágrafo 1º de la Ley 1403 de 2010.
4.4.1. El artículo 168 original de la Ley 23 de 1982 establecía que “Desde el momento en que los artistas intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores”. Así pues, el artículo 1º parágrafo 1º de la Ley 1403 de 2010 adicionó al referido artículo tres parágrafos. El texto normativo acusado —último inciso del parágrafo 1º— determina que: “Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos”.
4.4.2. Dicho inciso hace mención al derecho de remuneración señalado en el parágrafo 1º del mismo artículo. Este derecho surge luego de que el intérprete o ejecutante autorice la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos. Por ende, no obstante la descrita autorización por parte del intérprete o ejecutante, este conserva el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.
4.4.3. Pues bien, el contenido normativo acusado señala que el derecho de remuneración se hará efectivo a través de sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos. Dos interpretaciones pueden surgir, de conformidad con lo expresado:
(i) Una primera, que es literal y está en los razonamientos de la demanda, indica que los artistas intérpretes o ejecutantes solamente pueden hacer efectivo su derecho de remuneración a través de las sociedades de gestión colectiva. Esta exégesis, hace obligatoria e indispensable la pertenencia a una sociedad de gestión colectiva para hacer efectivo el derecho de remuneración en cabeza de los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales. Por ende, no podrían los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales hacer efectivo su derecho de remuneración por otro medio o incluso de manera individual. Esta interpretación adquiere fuerza ante el hecho que el artículo 168 original de la Ley 23 de 1982 no establecía el derecho de remuneración ni mecanismo alguno para hacerlo efectivo.
Pareciera entonces clara, la voluntad del legislador, no solo de dotar a los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales del derecho de remuneración, sino de la forma de hacer efectivo dicho derecho a través de las sociedades de gestión colectiva.
(ii) Una segunda interpretación, resultaría de la aplicación de los precedentes jurisprudenciales.
Según la Corte Constitucional, en los pronunciamientos ya expuestos, los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales no están obligados a asociarse a una sociedad de gestión colectiva para hacer efectivo el derecho de remuneración sino que pueden hacerlo a través de otras formas de asociación o de manera individual. Así las cosas, el contenido normativo acusado habría regulado el cobro de los derechos de remuneración a través de sociedades de gestión colectiva, sin restringir expresamente el cobro por otros medios legalmente autorizados. Por tanto, la norma no obligaría necesariamente a los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales a hacer efectivo su derecho de remuneración a través de sociedades de gestión colectiva, sino que lo podrían hacer por medio de otras formas de asociación o de manera individual e independiente.
4.4.4. Es esta interpretación, la que considera la Corte ajustada a la Constitución, en aplicación de los precedentes señalados con anterioridad en las sentencias C-509 de 2004 y C-424 de 2005.
En efecto, ciñéndose a los parámetros señalados en dichas sentencias, puede afirmarse que la gestión de los derechos de remuneración que provienen de la obra o grabación audiovisual de un intérprete o ejecutante, están vinculados íntimamente a la libertad de expresión. “De allí que la libertad de asociación para el ejercicio de tales prerrogativas sea menos permeable a la capacidad de regulación estatal y que, en consecuencia, la normativa que se demanda resulte excesiva para ese nivel de la libertad individual”(14). Así las cosas, con el propósito de no menoscabar de manera grave el derecho de asociación —exigiéndose como obligatorio el hacer efectivo el derecho de remuneración a través de una sociedad de gestión colectiva—, debe entenderse que los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales pueden hacer efectivos sus derechos de remuneración utilizando mecanismos de cobro distintos al de sociedad de gestión colectiva, incluyendo el cobro independiente o individual.
4.5. En consecuencia, esta Corte declarará que el contenido normativo “Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos” incluido en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1403 de 2010 es exequible, en el entendido que los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales pueden hacer efectivos sus derechos de remuneración utilizando mecanismos de cobro distintos al de la sociedad de gestión colectiva, incluyendo el cobro independiente o individual, dentro del marco de las normas legales vigentes.
Declarar EXEQUIBLE el contenido normativo “Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos” incluido en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1403 de 2010, en el entendido que los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales pueden hacer efectivos su derecho de remuneración utilizando mecanismos de cobro distintos al de la sociedad de gestión colectiva, incluyendo el cobro independiente o individual, dentro del marco de las normas legales vigentes.
(1) En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la Constitución Política, instaura.
(2) Diario Oficial 47775 de 19 de julio de 2011.
(4) ART. 166.—Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión, o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos siguientes:
C) La reproducción de una fijación de la interpretación o ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: 1) Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado inicialmente sin autorización; 2) Cuando la reproducción se hace con fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y, 3) Cuando la interpretación o la ejecución se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta ley pero la reproducción se haga con fines distintos de los indicados.
(5) ART. 167.—Salvo estipulación en contrario se entenderá que:
B) La autorización de radiodifusión no implica la autorización de fijar la interpretación y ejecución;
C) La autorización de radiodifusión y de fijar la interpretación o la ecuación, no implica la autorización de reproducir la fijación; y
(6) José G. Hernández, actores Sociedad Colombiana de Gestión, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Sayco Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.
(7) Art. 1º, Ley 23 de 1982.
(8) Art. 4º, Ley 23 de 1982.
(9) Art. 12, Ley 23 de 1982
(10) Art. 166, Ley 23 de 1982.
(11) Art. 168, inciso primero Ley 23 de 1982.
(12) Art. 168, parágrafo 1º, Ley 23 de 1982.
(13) Decisión 351 de 1993.
(14) Sentencia C-424 de 2005.
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría de los miembros de la Sala Plena de esta corporación, presento a continuación las razones por los cuales me aparto de la decisión acogida en Sentencia C-912 de 2011.
2. La sentencia de la que me aparto, descarta varios cargos propuestos por el demandante. Se pronuncia únicamente sobre aquel que dispone el derecho de artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra, a percibir una remuneración por la comunicación y publicación de la misma; con la prescripción de que este derecho a la remuneración, “se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos (...).
Según el demandante, la norma debía ser declarada inexequible toda vez que vulnera el derecho de libre asociación e imposibilita al artista para escoger de manera libre la manera de percibir su remuneración por sus derechos.
La mayoría de la Sala Plena comenzó su análisis a partir de la Sentencia C-509 de 2004, en la cual la Corte se pronunció sobre la norma que dispone la exigencia a los establecimientos públicos de presentar recibos de pago (de derechos de autor) expedidos por autoridad competente, en el sentido de condicionar su exequibilidad al hecho de que se exigiera el recibo también en aquellos casos en que los autores perciban su remuneración a través de otras asociaciones o de manera individual. En este orden se consideró que jurisprudencialmente ya se había consagrado que “los titulares de derechos de autor y conexos derivados de obras musicales también pueden gestionar sus derechos de manera individual, o acogiéndose a modalidades distintas a la de gestión colectiva”.
Por ello concluyó que se configuraba una vulneración en el sentido planeado por el demandante.
3. Si bien estoy de acuerdo con el anterior razonamiento, considero que en el resumen de la demanda que presenta el proyecto, el cargo no está planteado en los términos en que se concluye en la presentación del problema jurídico. Esto es, que no existían elementos argumentales suficientes para llegar a la conclusión de la Sala sobre el contenido del cargo.
En efecto la sentencia concluye que “en relación con el segundo contenido normativo demandado, se pronunciará la Corte sobre la posible violación del derecho de libre asociación, al otorgarse la atribución exclusiva de cobro de los derechos de remuneración de los artistas de obras audiovisuales a las sociedades colectivas de gestión. En efecto, la disposición acusada ordena que la gestión del derecho de remuneración de artistas, intérpretes y ejecutantes procede a través de las sociedades de gestión colectivas, siendo plausible interpretar esta disposición como violatoria del derecho de libre asociación, punto que será objeto de examen”.
Reitero que la anterior conclusión no surge de los planteamientos expuestos por el demandante, luego la decisión debió ser inhibitoria.
Según se desprende del resumen de la demanda consignado en los antecedentes del proyecto la norma demandada implica la imposibilidad del artista de escoger de manera libre la forma en que percibirá la remuneración por el uso de su obra, pero no se da ninguna justificación para fundamentar esta afirmación. Justificación que era indispensable para la configuración del cargo pues como bien lo demuestra la presente providencia, el contenido de la disposición acusada tiene un ámbito de aplicación especifico si se interpreta sistemáticamente con otras normas que regulan el tema, y no implica entonces la consecuencia que le asignaba el demandante.
Por ello, el líbelo acusatorio no generaba una verdadera controversia constitucional. Pues la acusación no era suficientemente comprensible (clara) y se basó en situaciones puramente subjetivas, hasta el punto de no considerar otras normas sobre el tema para determinar el alcance de la acusación.