Source: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/ley_1310_2009.htm
Timestamp: 2020-07-11 20:24:21
Document Index: 344830154

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 150', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 162', 'artículo 142', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 2', 'artículo 155', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 157', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 300', 'artículo 313', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 3', 'Artículo 3']

Normograma Municipio de Medellin [LEY_1310_2009]
Artículo CAPITULO I 1 2 3 4 5 CAPITULO II 6 7 8 CAPITULO III 9 10 11 12 13 CAPITULO IV 14 15 16
ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN. Las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Autoridad de Tránsito y Transporte: Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3o de la Ley 769 de 2002.
ARTÍCULO 3o. PROFESIONALISMO. La actividad de Agente de Tránsito y Transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.
PARÁGRAFO 2o. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo.
ARTÍCULO 4o. JURISDICCIÓN. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La Policía de Carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios.
ARTÍCULO 5o. FUNCIONES GENERALES. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de:
DE LA JERARQUÍA, CREACIÓN E INGRESO.
ARTÍCULO 6o. JERARQUÍA. Es la organización interna del grupo de control vial que determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.
ARTÍCULO 7o. REQUISITOS DE CREACIÓN E INGRESO. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:
ARTÍCULO 8o. Modifíquese el inciso 1o del artículo 4o de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
MORALIZACIÓN Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ARTÍCULO 9o. MORALIZACIÓN. Los cuerpos de agentes de tránsito son responsables de su moralización, por lo tanto crearán tribunales o comités de ética, los cuales emitirán conceptos sobre el desempeño, conducta, comportamiento de sus componentes, que deberán ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito.
UNIFORMES, USO Y DISPOSICIONES FINALES.
-- El día 16 de agosto de 2006, los Representantes Pedro Jiménez Salazar, Jorge Humberto Mantilla Serrano, José Manuel Herrera Cely, Bérner León Zambrano Erazo, Jaime de Jesús Restrepo Cuartas, José Gerardo Piamba, Myrian Paredes, Luis Jairo Ibarra y Diego Alberto Naranjo Escobar radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el artículo 150, numeral 25 de la Constitución Nacional y sentencias de la Corte Constitucional C-530/03 y C577/09 del 25 de julio de 2006”. El proyecto y la correspondiente exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 298 de 2006, pp. 610.
-- El informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara y el pliego de modificaciones, presentados por los Representantes José Manuel Herrera Cely, Bérner León Zambrano Erazo y Alberto Gordon May, fue publicado en la Gaceta del Congreso 503 de 2006, pp. 5-9.
-- El Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara fue anunciado para ser votado en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el 1o de noviembre de 2006, tal como consta en el Acta número 14 de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 605 de 2006, p. 5.
-- El Proyecto de ley número 077 de 2006 fue considerado y aprobado en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el día 7 de noviembre de 2006, tal como consta en el Acta de Comisión número 15, publicada en la Gaceta del Congreso 606 de 2006, p. 7-10. De acuerdo con la certificación del Secretario General de la Comisión Sexta de la Cámara, el proyecto fue aprobado “con un quórum y una votación unánime de catorce (14) votos”. (C5, p. 3).
-- El texto aprobado en primer debate y el informe de ponencia para segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, presentado por los Representantes José Manuel Herrera Cely, Alberto Gordon May, Ciro Antonio Rodríguez P. y Bérner León Zambrano, fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 499 de 2007, fls. 12-15.
-- En la sesión plenaria del día 30 de octubre de 2007 se anunció la consideración y votación de la ponencia para segundo debate, tal como consta en el Acta de Sesión Plenaria número 078 de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso 614 de 2007, p. 27.
-- El día 6 de noviembre de 2007, la Plenaria de la Cámara de Representantes consideró y aprobó la proposición con que terminó el informe de ponencia para segundo debate, con las modificaciones y el articulado propuestos, como consta en el Acta de Sesión Plenaria número 079 de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso 601 de 2007, p. 22. El Secretario General de la Cámara certifica que el proyecto fue considerado y aprobado y que en la sesión estuvieron presentes 159 Representantes (2, fl. 3).
-- El texto aprobado del proyecto de ley en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 577 de 2007, pp. 2-3.
-- El expediente del Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara fue remitido al Senado de la República y numerado como Proyecto de ley número 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara. Fue designado como ponente el Senador Alexánder López Maya.
-- El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso número 627 de 4 de diciembre de 2007, fls. 12-15.
-- El 31 de marzo de 2008, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga Escobar, envió al Presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República un escrito en el que expresa que es al Gobierno Nacional al que le corresponde la fijación del régimen prestacional de todos los servidores públicos, con base en las normas amplias y generales que dicte el Congreso de la República, razón por la cual este último no podía crear en el articulado una prima de riesgo para los agentes de tránsito. Además, destaca la necesidad de incluir en la exposición de motivos o en los informes de ponencia del proyecto “los costos fiscales que genera para las entidades territoriales lo establecido en el artículo 17 del proyecto, referente a la dotación de uniformes y equipo de los agentes de tránsito”.
-- El Proyecto de ley número 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue anunciado para ser votado por la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República el día 1o de abril de 2008, tal como consta en el Acta número 20 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 193 de 2008.
-- La ponencia para primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República fue aprobada en la sesión del 8 de abril de 2008, como consta en el Acta número 21, publicada en la Gaceta del Congreso 298 de 2008, pp. 2-8.
-- La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue publicada, junto con el texto aprobado en la Comisión Sexta del Senado y el texto propuesto para segundo debate, en la Gaceta del Congreso número 275 de 22 de mayo de 2008, fls. 17-22.
-- El Proyecto de ley número 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue anunciado para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República el día 4 de junio de 2008, tal como consta en el acta número 52, publicada en la Gaceta del Congreso 540 de 2008, p. 16.
-- El Proyecto de ley número 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue aprobado el 11 de junio de 2008 por la Plenaria del Senado de la República, tal como consta en el Acta número 53, publicada en la Gaceta del Congreso 560 de 2008, pp. 6, 16 y 66. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República, la aprobación “fue de 92 honorables Senadores que según el acta aparecen asistiendo a la sesión, más 9 Senadores que dejaron de asistir, más un impedimento aceptado (...), no hubo solicitud de votación nominal ni constancia de votos negativos”. (C3, p.2)
-- El texto aprobado en la Plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 505 de 2008, pp. 6-8.
-- Dado que existían diferencias entre los textos aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes se creó una Comisión Accidental de Mediación, la cual rindió su informe el día 17 de junio de 2008, publicado en las Gacetas del Congreso 374, pp. 10-12, y 376 de 2008, pp. 3-5.
-- El informe de la Comisión Accidental de Mediación fue anunciado para su votación por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 17 de junio de 2008, tal como consta en el Acta número 118 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 423 de 2008, p. 41.
-- El informe de la Comisión Accidental de Mediación fue considerado y aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 18 de junio de 2008, tal como consta en el Acta número 119 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 424 de 2008, pp. 14-15. El Secretario General de la Cámara de Representantes certifica que el proyecto “fue considerado y aprobado por mayoría de los presentes” y que en la sesión estuvieron presentes 156 Representantes (C2, fl. 3).
-- El informe de la Comisión Accidental de Mediación fue anunciado para su discusión y aprobación por la Plenaria del Senado de la República el día 18 de junio de 2008, según consta en el Acta número 56, publicada en la Gaceta del Congreso 563 de 2008, p. 48.
-- El informe de conciliación fue aprobado por la Plenaria del Senado el día 19 de junio de 2008, según consta en el acta número 57, publicada en la Gaceta del Congreso 564 de 2008, pp. 5 y 16-18. El Secretario General del Senado de la República certifica que “la aprobación fue de 90 honorables Senadores al no existir solicitud de votación nominal, ni impedimentos, ni constancia de votos negativos”. (C3, fl. 2).
-- El 8 de julio de 2008, se radicó en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara - 190 de 2007 Senado para la correspondiente sanción presidencial (CP. fl. 31).
-- El 16 de julio de 2008, el Presidente de la República, el Ministro del Transporte y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública enviaron al Presidente de la Cámara de Representantes un escrito de objeciones del Gobierno Nacional al proyecto de ley, por razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 426 de 2008, pp. 21-23.
-- El Senador Alexánder López Maya y los Representantes a la Cámara Jorge Enrique Gómez Celis y Carlos Alberto Zuluaga Díaz fueron designados para rendir informe sobre las objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 077 de 2006 Cámara -190 de 2007 Senado.
-- El informe de los parlamentarios sobre las objeciones presidenciales fue presentado a los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y publicado en las Gacetas del Congreso 714 y 716 de 2008, pp. 21-24 y 11-15, respectivamente.
-- El informe sobre las objeciones presidenciales fue anunciado para su votación por la Cámara de Representantes el 16 de octubre de 2008, tal como consta en el Acta número 142, publicada en la Gaceta del Congreso 897 de 2008, p. 57.
-- El informe sobre las objeciones presidenciales fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión del día 20 de octubre de 2008, como consta en el Acta número 143 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso número 964 de 2008, p.18. De acuerdo con certificación anexada por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en la sesión se hicieron presentes ciento cincuenta y siete (157) Representantes y el informe fue considerado y aprobado “por la mayoría de los presentes, en votación ordinaria”. (C. 2, p. 4).
-- El informe sobre las objeciones presidenciales fue anunciado para su votación por el Senado de la República el 21 de octubre de 2008, tal como consta en el Acta número 19 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 28 de 2009, p.30.
-- El informe sobre las objeciones presidenciales fue aprobado por el Senado de la República el 28 de octubre de 2008, según consta en el Acta número 20, publicada en la Gaceta del Congreso 29 de 2009, pp. 4 y 33-35. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República, el informe fue aprobado “por unanimidad de 96 honorables Senadores que aparecen asistiendo a la plenaria en donde no hubo solicitud de votación nominal, ni constancia de votos negativos, ni retiro de bancadas…”. (C11, p.1)
-- El 13 de noviembre de 2008, el Presidente del Senado de la República remitió a la Corte Constitucional, el expediente del proyecto de ley, para que esta Corporación decidiera sobre las objeciones del Congreso de la República acerca de la constitucionalidad del mismo. El oficio del Senado de la República fue radicado en esta Corporación el día 24 de noviembre de 2008.
“Artículo 1o. Ambito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial.
“Artículo 2o. Definición. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
“Autoridad de Tránsito y Transporte: Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3o de la Ley 769 de 2002.
“Artículo 3o. Profesionalismo. La actividad de Agente de Tránsito y Transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
“Parágrafo lo. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.
“Parágrafo 2o. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo.
“Artículo 4o. Jurisdicción. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La Policía de Carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios.
“Artículo 5o. Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de:
“Artículo 6o. Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.
“CODIGO DENOMINACION NIVEL
“290 Comandante de Tránsito Profesional
“338 Subcomandante de Tránsito Técnico
“339 Técnico Operativo de Tránsito Técnico
“340 Agentes de Tránsito Técnico
“Artículo 7o. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:
“Artículo 8o. Modifíquese el inciso 1o del artículo 4o de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
“Artículo 9o. Moralización. Los cuerpos de agentes de tránsito son responsables de su moralización, por lo tanto crearán Tribunales o Comités de Etica, los cuales emitirán conceptos sobre el desempeño, conducta, comportamiento de sus componentes, que deberán ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito.
“En efecto, de su denominación inicial, 'mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el artículo 150 número 25 de la Constitución Nacional y Sentencia de la Corte Constitucional C-530 de 2003 y C-577 del 27 de julio del 2006', se colige que el objeto de este es unificar las normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales, atendiendo pronunciamientos de la Constitución en los cuales se hace alusión entre otros aspectos a las facultades reglamentarias del Gobierno, su alcance y la competencia constitucional otorgada al legislador para determinar el régimen de calidades de los empleados municipales. En el mismo sentido, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que el objetivo del mismo es definir las calidades y requisitos que deben demostrar los funcionarios para ejercer un empleo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción pues dicha definición tiene reserva legal de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte...”.
Por otra parte, expresan que los artículos 1o y 2o del proyecto vulneran los artículos 300-7 y 313-6. Sobre este punto exponen que, de acuerdo con el artículo 150-7 de la Carta, “la competencia del legislador para determinar la estructura orgánica de las entidades públicas se restringe materialmente a la administración nacional, lo cual supone que dicha atribución no es predicable en ningún caso de la administración territorial, que encuentra para tales propósitos asignada dicha atribución a las asambleas y a los concejos”.
“Con la redacción del artículo 2o del proyecto de ley se estaría imponiendo a las asambleas y concejos, que así no lo tengan previsto, la obligación de crear entidades públicas para cumplir con la función de organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción, es decir, determinando en la respectiva estructura departamental y municipal la existencia de una determinada forma de entidad para dirigir y controlar el tránsito y el transporte, cuando, actualmente, en la mayoría de las entidades territoriales, dichas funciones vienen siendo cumplidas por las respectivas Secretarías de Tránsito.
“La anterior objeción resulta predicable por extensión al artículo 1o del proyecto de ley, en cuanto señala que 'las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y a los agentes de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción', haciendo de suyo ajena a la cobertura del proyecto de ley a las entidades territoriales que no tengan organizada dicha actividad a través de entidades públicas y no se allanen a organizarlas en la forma prevista por el legislador”.
“El Presidente de la Cámara de Representantes, haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales repartió el proyecto de ley según su criterio, teniendo en cuenta la competencia de la Comisión Sexta en materias afines, porque el proyecto en mención será aplicable a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial, dirigido a las autoridades de tránsito y transporte que tienen la calidad de entidades públicas o servidores públicos acreditados conforme al artículo 3o de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones) y los agentes de tránsito y transporte, que tienen la calidad de servidores públicos investidos de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.
Por otra parte, en relación con la objeción acerca de que el proyecto de ley desconoce las competencias de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales, sostienen que esa interpretación es errónea, porque lo que se pretende “es reglamentar los organismos de tránsito y no la creación de otros nuevos, para ello se utilizó un concepto abstracto y genérico como el del artículo 2o, denominado 'definiciones', haciendo referencia a que los 'organismos de tránsito son entidades públicas', sin que se haga alusión a establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, ni a sociedades de economía mixta, como arguye la objeción en el escrito presentado a nuestra consideración.
Mediante Concepto número 4669, recibido por esta Corporación el día lo de diciembre de 2008, el señor Procurador General de la Nación concluye que son infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, contra el Proyecto de ley número 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. Por lo tanto, le solicita a la Corte declarar su exequibilidad.
El representante de la Vista Fiscal señala que el artículo 2o de la Ley 3ª de 1992 regula las Comisiones Permanentes del Congreso y que en él se asigna a las Comisiones Sextas de Senado y Cámara las materias de su competencia, entre las cuales se encuentra la de “obras públicas y transporte”. Anota que a pesar de la distribución temática de competencias, que efectúa el mencionado artículo 2o de la Ley 3ª de 1992 existen casos en los que se genera conflicto acerca de cuál es la comisión competente, bien sea “cuando el asunto de un proyecto de ley no aparece asignado a una determinada comisión permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulan materias que competen a varias comisiones”.
Menciona que para resolver esas dificultades, el artículo 146 de la Ley 5ª de 1992 dispone que “cuando un proyecto de ley verse sobre varias materias será repartido a la Comisión competente de la materia predominante”, mientras que los parágrafos 1o y 2o del artículo 2o de la Ley 3ª establecen que cuando el asunto sobre el que trate el proyecto de ley no pertenece claramente a una Comisión “el Presidente de la respectiva Cámara lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materias afines”.
Asegura que la Corte Constitucional ha dispuesto que cuando el Presidente de una Cámara, en presencia de estos casos conflictivos, decide enviar el proyecto en cuestión a una determinada Comisión, el control de constitucionalidad debe ser flexible en acatamiento al principio democrático, lo cual significa que solamente procede la declaración de inconstitucionalidad cuando la asignación de competencia es irrazonable y manifiestamente contraria a los contenidos normativos del artículo 2o de la Ley 3ª de 1992. Remite para el efecto a las Sentencias C-875 de 2002 y C-540 de 2001.
Con base en lo anterior, considera que el Presidente de la Cámara de Representantes no tomó una decisión irrazonable o contraria al artículo 2o de la Ley 3ª de 1992, “pues sin duda el proyecto contiene materias afines al transporte, por cuanto tiene, como objetivos fundamentales profesionalizar a los agentes de tránsito y garantizar una eficiente prestación del servicio público de transporte”.
“Esta expresión del artículo 162 Superior hay que entenderla en el sentido de que 'las dos legislaturas constituyen el plazo que tiene el Congreso para la formación de la ley, de suerte tal que todo proyecto de ley que surta los debates correspondientes dentro de dicho término, por este aspecto se ajusta al mandato constitucional. Siendo claro además que esas dos legislaturas no cobijan el término de que dispone el Presidente para formular sus objeciones, pues, de no ser así, el Ejecutivo podría alterarle o suprimirle al Congreso la oportunidad que le asiste para pronunciarse sobre las objeciones”.
El segundo interrogante que debe resolver la Corte es si los artículos 1o y 2o del proyecto vulneran los artículos 300, numeral 7, y 313, numeral 6, por cuanto esas normas del proyecto estarían imponiendo a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la creación de un tipo específico de entidades públicas, para cumplir con el control del tránsito y transporte en su jurisdicción, con lo cual se vulneraría la autonomía territorial para determinar su estructura orgánica.
7. El inciso 2o del artículo 142 de la Constitución dispone que “[l]a ley determinará el número de Comisiones Permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse”. A su vez, el artículo 151 de la misma Carta dispone que “[e]l Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras (...)”.
Con base en los mandatos constitucionales indicados, el Legislador expidió la Ley 3ª de 1992, “por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 1o se dispuso que en cada una de las Cámaras funcionarían Comisiones Constitucionales Permanentes, Comisiones Legales, Comisiones Accidentales y otras comisiones. Luego, en el artículo 2o se establece que en las dos Cámaras Legislativas operarán siete (7) Comisiones Constitucionales Permanentes, “encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referentes a los asuntos de su competencia”[2]. Para este caso es de interés transcribir los apartes relacionados con las Comisiones Primera y Sexta, así como los parágrafos del artículo:
“Artículo 2o (texto modificado por el artículo 1o de la Ley 754 de 2002). Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.
“Parágrafo 1o. Para resolver conflictos de competencia entre las Comisiones primará el principio de la especialidad.
“Parágrafo 2o. Cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión, el Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materias afines”. (Se subrayan las materias que dan pie a la controversia que se analiza en el presente proceso).
En su sentencia, la Corte estableció que “la violación a lo dispuesto en el mencionado artículo 2o de la Ley 3ª de 1992, acarrea un vicio de relevancia constitucional, que daría lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente tramitada”. Así mismo, en la providencia se indicó que “las leyes que hayan sido tramitadas en primer debate por una Comisión Constitucional Permanente carente de competencia para ocuparse de las materias de que trata la respectiva ley, son inconstitucionales por vulnerar las disposiciones del artículo 151 de la Carta. En efecto, dicha norma supedita el ejercicio de la actividad legislativa a las disposiciones de una ley orgánica, la cual, en materia de competencias de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, es para efectos del control de constitucionalidad y con la advertencia realizada en la sentencia antes citada, la Ley 3ª de 1992”.
“8. En aquellos casos en que las materias de que trata un determinado proyecto de ley no se encuentren claramente asignadas a una específica Comisión Constitucional Permanente y, por ello, el Presidente de la respectiva corporación asigne su trámite a la comisión que considere pertinente, el respeto por el principio democrático exige que el juicio efectuado por el mencionado funcionario deba ser respetado por el juez constitucional, a menos que esa asignación de competencia sea manifiestamente irrazonable por contravenir abiertamente las disposiciones del artículo 2o de la Ley 3ª de 1992. Sólo en ese evento el juez de la Carta podría sustituir la decisión del Presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley de que se trate”.
9. Más adelante, en la Sentencia C-792 de 2000, la Corte declaró infundadas las objeciones presidenciales elevadas en contra de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, en el cual se concedía “una autorización a los contribuyentes del impuesto' predial unificado en el Distrito Capital”. En las objeciones se planteaba que el proyecto había sido debatido en las Comisiones Primeras, a pesar de que su contenido era estrictamente tributario, razón por la cual debía haber sido tramitado en las Comisiones Terceras de las Cámaras Legislativas.
En la sentencia, la Corte manifestó que “la naturaleza tributaria del proyecto de ley que se examina es evidente. Y desde este punto de vista le asiste razón al Gobierno cuando afirma que las Comisiones Terceras Constitucionales Permanentes de cada Cámara tenían vocación para abocar su debate inicial, por razón de la materia”. Sin embargo, la Corte anotó que el fin del proyecto era modificar el Decreto 1421 de 1993, “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente las disposiciones contenidas en su artículo 155, referido al impuesto predial unificado en la ciudad. De esta manera, consideró que, como el Decreto 1421 de 1993 se refería a la organización territorial, “la modificación mediante ley del mencionado estatuto, implica que el correspondiente proyecto de ley debe ser estudiado primeramente por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes de ambas cámaras, pues temáticamente los asuntos relacionadas con organización territorial son de su incumbencia, como lo indica el artículo 2o de la Ley 3ª de 1992…”.
La Corporación encontró, entonces, que el proyecto de ley objetado se refería a asuntos “que son de la incumbencia tanto de las comisiones primeras como de las Terceras Constitucionales Permanentes de las Cámaras Legislativas”. Añadió que esta situación hacía inoperante acudir al principio de especialidad para definir cuál era la comisión competente, razón por la cual el Presidente de la Cámara Legislativa correspondiente podía decidir, según su criterio, cuál comisión debía proceder al estudio del proyecto. Así, concluyó la Corte que “la asignación hecha por el presidente de la respectiva cámara legislativa, tiene la virtud de definir la competencia de la Comisión que inicia el trámite, y a esta decisión ha de estarse, salvo que sea irrazonable. Por lo tanto, las Comisiones Primeras Constitucionales de ambas Cámaras, en virtud del reparto que les fue hecho del proyecto, bajo examen, reparto verificado de conformidad con el parágrafo del artículo 2o de la Ley 3ª de 1992, eran competentes para dar primer debate al referido proyecto”.
“De esta manera, para apreciar el alcance de la expresión 'comisión respectiva' del artículo 157 de la Constitución Política, hay que asumirla en un sentido material, en referencia al tema y a la finalidad de la ley y este será el criterio para determinar la Comisión Permanente a la que se remita el proyecto para su trámite en primer debate”.
“En resumen, la distribución de los proyectos de ley en las Comisiones Permanentes para su aprobación en primer debate dependerá de la materia dominante en cada caso, siendo permitido que un mismo proyecto contenga temas directa o indirectamente asignados a otras comisiones pero que sean conexos entre sí. El criterio de especialidad empleado por la Ley 3ª de 1992 para señalar las materias que conocen las Comisiones Constitucionales Permanentes debe aplicarse según el contenido específico y la finalidad de cada proyecto de ley. En caso de duda razonable, el Presidente de la Cámara en donde se haya radicado el proyecto hará uso de la facultad consagrada en el parágrafo 2o, artículo 2o de la Ley 3ª de 1992 y, según su criterio, lo enviará a la comisión competente”.
“Por eso, en aquellos casos donde las materias reguladas en un proyecto de ley no aparezcan claramente asignadas a una determinada y específica comisión o puedan ser estudiadas por varias de ellas, y el Presidente de la respectiva célula congresional haya dispuesto su envío a la comisión que considere pertinente en atención a su afinidad temática, en acatamiento al respeto por el principio democrático, el control de constitucionalidad que se adelante en esa causa debe ser flexible, de forma tal que sólo se pueda considerar la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, cuando la asignación de competencia resulte irrazonable y claramente contraria a los contenidos normativos del artículo 2o de la Ley 3ª de 1992. Sólo en este último caso –lo dijo la Corte–, “el juez de la Carta podría sustituir la decisión del presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley que se trate”.
“En consecuencia, en los juicios de inconstitucionalidad donde se controvierte la competencia o incompetencia de una comisión permanente para tramitar y aprobar en primer debate un proyecto de ley, respecto del cual existe una duda razonable sobre el destino que este debe seguir, el criterio para definir cuál es la comisión a la que ha debido remitirse dicho proyecto es eminentemente material; es decir, referido al tema y a la finalidad que persigue la ley, sin que resulte relevante que entre las varias materias tratadas una tenga un mayor número de artículos. Ello, sin perjuicio de que, en todos los demás casos, la inobservancia deliberada e inadvertida de las competencias definidas en el artículo 2o de la Ley 3ª de 1992, conduzca necesariamente a la declaratoria de inexequibilidad del texto acusado”.
Empero, en este caso la Corte concluyó que el Congreso de la República había incurrido en vicios de procedimiento en la formación de la ley, por cuanto el proyecto había sido debatido en una comisión constitucional permanente diferente a la indicada. Al respecto concluyó que la materia dominante de la ley era la propiedad intelectual –la modificación del régimen del derecho de autor–, razón por la cual el proyecto debía haberse tramitado en las Comisiones Primeras, y no en las Comisiones Sextas, como había ocurrido. Para ello aseveró que “advirtiendo que el artículo 2o de la Ley 3ª de 1992 establece expresamente que las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes son competentes para conocer y tramitar en primer debate los proyectos de ley relacionados con la 'propiedad intelectual', no encuentra la Corte que hubiere existido una duda razonable, y menos un principio de razón suficiente, para que el Presidente de la Cámara de Representantes haya asignado a las Comisiones Sextas Permanentes el trámite del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 719 de 2001”.
– La profesionalización de la actividad de agente de tránsito y transporte y a la necesidad de que se brinde una formación académica integral a los agentes, para lo cual se dispone que los organismos de tránsito podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica o contratar con universidades públicas reconocidas (artículo 3o).
– La delimitación de las jurisdicciones de las distintas autoridades de tránsito, sin perjuicio de la colaboración que deben prestarse (artículo 4o).
– La determinación de que cada organismo de tránsito contará con un solo cuerpo especializado de agentes de tránsito y transporte que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción, cuyas funciones no podrán ser objeto de delegación y no podrán ser objeto de contratación con particulares (artículo 4o).
– Las funciones generales confiadas a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales, siendo de carácter permanente las tareas de policía judicial, la educativa, la preventiva, la de actuar en forma solidaria y la de vigilancia cívica (artículo 5o).
– La determinación de que la profesión de agente de tránsito pertenece a la carrera administrativa y la fijación de los distintos grados de la misma (artículo 6o).
– La determinación de los requisitos para poder ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales (artículo 7o).
– La responsabilidad de los cuerpos de tránsito de velar por su moralización, para lo cual se establece su obligación de crear tribunales o comités de ética para que emitan conceptos que deben ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito (artículo 9o).
15. En el escrito de objeciones presidenciales se afirma también, como se ha dicho, que los artículos 1o y 2o del proyecto de ley vulneran el numeral 7 del artículo 300 de la Carta, y el numeral 6 del artículo 313, por cuanto imponen a las autoridades departamentales y municipales un modelo de entidad pública para dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su jurisdicción, con lo cual interfieren en la determinación de las estructuras de las administraciones departamentales y municipales.
16. El artículo 1o de la Constitución establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”.
Pues bien, en la segunda objeción presidencial se manifiesta precisamente que el artículo 2o del proyecto de ley –y por extensión también el 1o– vulneran la atribución de las entidades territoriales de determinar su estructura administrativa. El Gobierno Nacional expresa que el artículo 2o le impone a las asambleas y concejos la obligación de crear entidades públicas para el control del tránsito y transporte, lo cual significaría que tienen que asumir un determinado modelo de entidad para el manejo del tránsito, el cual se alejaría de la fórmula tradicional de las secretarías de tránsito.
Para el análisis del cargo formulado en la objeción es conveniente recordar el contenido de los artículos 1o y 2o del proyecto de ley.
Como ya se ha indicado, el Gobierno Nacional objeta el artículo 2o, pero extiende su reproche constitucional al artículo 1o, por cuanto este precepto señala que las normas contenidas en la ley serán aplicables a todos los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial. Empero, de los argumentos contenidos en las objeciones se infiere que en realidad el cargo expresado en ellas se refiere específicamente al aparte del artículo 2o referido a los organismos de tránsito y transporte, pues en el reproche presidencial se manifiesta que a través del artículo 2o se obliga a las entidades territoriales a crear “una determinada forma de entidad para dirigir y controlar el tránsito y el transporte, cuando actualmente, en la mayoría de las entidades territoriales, dichas funciones vienen siendo cumplidas por las respectivas secretarías de tránsito. Evidentemente, esta acusación se ajusta únicamente a ese inciso del artículo 2o.
Pues bien, la Corte no considera que de la lectura del precepto normativo objetado se puede deducir que la norma les impone a las autoridades territoriales la obligación de crear alguna entidad para el manejo del tránsito en su jurisdicción o de acogerse a un modelo de autoridad de tránsito señalado por el Legislador. El inciso se limita a establecer una definición general, dentro de la cual caben las distintas modalidades de organización institucional existentes en las entidades territoriales para el cumplimiento de su función de “organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción”. En este sentido, la Corte comparte la postura del Congreso de la República acerca de que los conceptos que se utilizan en el artículo 2o del proyecto son generales y abstractos, de manera tal que ellos comprenden muchas formas posibles de diseño de la entidad que se encarga del control del tránsito y el transporte en el ámbito territorial.
Al respecto es importante destacar que la norma reprochada tiene un texto casi idéntico a la disposición del Código Nacional de Tránsito –la Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”– que define el concepto de “organismo de tránsito”. Dice el aparte pertinente del artículo 2o:
“Artículo 2o. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Además, la norma no modifica el artículo 6o del Código Nacional de Tránsito, que establece cuáles son los organismos de tránsito en las distintas jurisdicciones:
“Artículo 6o. Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:
“Parágrafo 1o. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.
“Parágrafo 2o. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.
“Parágrafo 3o. Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito.
Ahora bien, como se observa, el artículo 6o del Código Nacional de Tránsito establece la posibilidad de que los organismos de tránsito revistan distintas formas, entre las cuales se encuentra la de las secretarías municipales de tránsito. En este sentido, no tiene razón el argumento expuesto en la objeción presidencial acerca de que la norma objeto del reparo impide que los municipios continúen confiando el manejo del tránsito en su jurisdicción a las secretarías de tránsito. Pero, además, del texto del artículo 6o del Código se deduce que institucionales muy diversos, tales como los departamentos administrativos de tránsito, las secretarías de tránsito, e incluso los que designen las autoridades locales en aquellos municipios o departamentos[8] donde no haya autoridad de tránsito9.
En consecuencia, no encuentra la Corte que en el artículo 2o del proyecto el Legislador esté vulnerando la autonomía de las entidades territoriales, pues la norma no interfiere en la función de las entidades territoriales de determinar su estructura administrativa, ni les impone un modelo específico de organismo de tránsito y transporte.
1. Ver, por ejemplo, las Sentencias C-731 de 2008, C-482 de 2008 y C-1249 de 2001.
2. El artículo 2o de la Ley 3ª de 1992 fue reformado por la Ley 754 de 2002, “por la cual se modifica el artículo 2o de la Ley 3ª de 1992, en cuanto a la composición de las Comisiones Constitucionales Permanentes”.
3. Al respecto se concluyó en la sentencia que “la distribución del trabajo en el Congreso de la República tiene profundas connotaciones democráticas y de eficiencia en el cumplimiento de la función legislativa”.
4. La norma demandada era el inciso 1o del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006, que adicionó y modificó el Código Nacional de Tránsito Terrestre (la Ley 769 de 2002). El texto del inciso demandado era el siguiente: “El Ministerio del Transporte fijará las pautas a las cuales se deben sujetar los organismos de tránsito, para su creación, funcionamiento y cancelación”. En su sentencia la Corte manifestó, en primer lugar, que la norma tenía una redacción deficiente, razón por la cual era preciso hacer una serie de precisiones sobre ella. Así, estableció que, según el tenor literal, los destinatarios de las pautas del Ministerio serían los organismos de tránsito, cuando era evidente que las pautas se dirigían “a las autoridades que en el nivel territorial tienen competencia para la creación de organismo de tránsito”. Además, aclaró que debía entenderse que la norma se refería a la supresión de entidades públicas - y no a la cancelación de las mismas.
5. “Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas al tránsito terrestre automotor en todo el país y se conceden facultades extraordinarias para reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
6. La Corte no se ha pronunciado sobre esta definición.
7. Es importante anotar que la Corte solamente se ha pronunciado sobre el inciso 1o del parágrafo 3o de este artículo, el cual fue declarado exequible, por los cargos analizados, en la Sentencia C-568 de 2003.
8. El literal e) prescribe: “e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito”. Todo indicaría que existe un error al referirse este inciso a los municipios, puesto que debería tratar sobre los departamentos.
9. El artículo 3o del Código define cuáles son las autoridades de tránsito:
“Artículo 3o. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:
“Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o de este artículo.