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Timestamp: 2018-10-23 03:43:27
Document Index: 336762198

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 53', 'artículo 85', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 122', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 122', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 102']

﻿ SENTENCIA 2005-03767/3998-2014 DE OCTUBRE 27 DE 2016
SENTENCIA 2005-03767 DE 27 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE BUSCAN NIVELACIÓN SALARIAL DEBEN ACREDITAR CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS FUNCIONES DEL CARGO QUE PRETENDEN. EL EMPLEADO PÚBLICO QUE PRETENDA LA NIVELACIÓN SALARIAL, DEBE ACREDITAR QUE CUMPLIÓ LAS MISMAS FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO DEL CUAL RECLAMA EL SALARIO, QUE TIENE IDÉNTICAS RESPONSABILIDADES, CATEGORÍA DEL EMPLEO Y ADEMÁS DEBERÁ ACREDITAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OCUPAR EL CARGO. CON EL FIN DE DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN “ A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL”.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS PÚBLICOS, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, NIVELACIÓN DEL SALARIO, PRINCIPIO DE ESENCIA SOBRE FORMA, NIVELACIÓN DEL SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia 2005-03767/3998-2014 de octubre 27 de 2016
Bogotá, D.C., veintisiete de octubre dos mil dieciséis. SE: 113
Rad. Núm.: 76001-23-31-000-2005-03767-01(3998-14)
Actor: Ramiro Azuero Gómez
Demandado: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la Sentencia proferida el 13 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Ramiro Azuero Gómez en contra de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
El señor Ramiro Azuero Gómez, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 1 de 1984, demandó a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
1. Declarar la nulidad de la Resolución 113 del 11 de febrero de 2004 expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por medio de la cual se negó el pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de auditor fiscal II (homologado a técnico 401-07) y auditor especial (homologado a profesional universitario 340-12).
2. Declarar que se configuró el silencio administrativo negativo en relación con el recurso de reposición interpuesto contra la resolución enunciada en el literal anterior, así como la nulidad del acto ficto surgido como consecuencia del mismo.
3. Declarar que la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales del actor, al no reconocer la diferencia salarial reclamada.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada:
i) Reconocer y pagar al señor Ramiro Azuero Gómez la diferencia por concepto de sueldo, primas de vacaciones, navidad y semestral, cesantías, seguridad social, aumentos decretados hasta el 10 de julio de 2001 y demás prestaciones sociales a que tuviere derecho desde el día que se produjo la discriminación y hasta que se haga efectivo el pago. Además reliquidar la indemnización por supresión del cargo (fl. 154, adición a la demanda).
ii) Extender todos los beneficios concedidos a los demás servidores públicos de la entidad desde el día en que ocurrió la discriminación y hasta el 10 de julio de 2001 fecha en la cual entregó el cargo.
5. Condenar a la demandada al pago de los perjuicios morales causados al señor Ramiro Azuero Gómez.
4. Dar cumplimiento a la Sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 del Código Contencioso Administrativo.
(fls. 54 a 70)
1. El señor Ramiro Azuero Gómez desempeñó distintos cargos en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca entre los que se encuentra el de revisor XVIII- 111 división de cuentas departamentales, auditor especial ante Cortuvalle, visitador fiscal, auditor especial ante la Industria Licorera del Valle. El último fue el de auditor fiscal II del departamento de auditorías administración central ante la Asamblea Departamental y Juegos del Pacífico nombrado mediante Resolución 0237 del 16 de febrero de 1994, y en el cual fue inscrito en carrera administrativa.
2. En el cargo de auditor fiscal II ante la Asamblea Departamental del Valle y Juegos del Pacífico cumplió las funciones señaladas en las Resoluciones 24 del 28 de junio de 1993 y 5 del 16 de febrero de 1994 que modificó la primera, las cuales eran iguales a las desempeñadas por el auditor especial, pues pese a la denominación distinta de los empleos ambos ejercían las mismas funciones y se exigían idénticos requisitos para ocuparlos.
3. Mediante Resolución 0191 de 1998 el señor Ramiro Azuero Gómez fue trasladado a la auditoría ante Infivalle, con el mismo cargo y funciones.
4. A través de la Ordenanza 55 del 27 de noviembre de 1998 se ajustó la nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. En tal virtud, el cargo de auditor fiscal II fue homologado a técnico 401-07 y el de auditor especial a profesional universitario 340-12.
5. Mientras se dictaba el manual de funciones correspondiente a la nueva nomenclatura, el técnico 401-07 y el profesional universitario 340-12 desarrollaron las funciones contenidas en la Directiva 001 de enero 4 de 1999, las cuales eran idénticas para ambos cargos.
6. Posteriormente se expidió la Resolución 008 del 15 de marzo de 1999 que estableció el manual de funciones de los servidores de la entidad y contempló respecto de los cargos de técnico 401-07 y profesional universitario 340-12 que ambos pertenecían al área misional de la entidad, y desarrollaban intrínsecamente las mismas funciones.
7. Los Jefes y encargados de las oficinas de la Contraloría Departamental del Valle eran los auditores especiales y los auditores II quienes realizaban idénticas funciones, se encontraban adscritos a igual división, bajo las órdenes del mismo jefe, personal a cargo, y con exacto perfil para desempeñar el cargo de auditor especial.
8. El día 24 de enero de 2004, solicitó el pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de auditor especial y el de auditor II y luego entre el de técnico 401-07 y el de profesional universitario 340-12, petición que fue negada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
9. Esta discriminación salarial data de febrero de 1994 y continuó hasta la fecha de supresión del cargo.
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1º, 2º, 13, 17, 25 y 53 de la Constitución Política. El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 13 a 19 y 26 a 35 de la Ley 443 de 1998.
Como concepto de violación se esgrimieron los siguientes cargos:
a) Vulneración de normas constitucionales.
En primer término manifestó el actor que desempeñó el cargo de auditor fiscal II homologado a técnico 401-07 en igualdad de condiciones, funciones, responsabilidades, cantidad y calidad de trabajo exigido para el cargo de auditor especial homologado a profesional universitario 340-12 y no obstante lo anterior, se le discriminó al no percibir la misma remuneración establecida para este último empleo.
Por lo anterior, consideró que se vulneraron sus derechos y principios fundamentales tales como la igualdad, el trabajo en condiciones dignas y justas, la norma más favorable al trabajador, la primacía de la realidad sobre las formalidades, percibir una remuneración acorde con la calidad y cantidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los derechos mínimos del trabajador, así como el principio «a trabajo igual salario igual».
Adicionalmente señaló que con la discriminación de la cual fue objeto, padeció perjuicios de tipo moral al no poder cubrir los gastos mínimos de la canasta familiar.
b) Violación de normas legales.
La parte demandante sostuvo que se transgredió el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo al no reconocerle el salario correspondiente al de profesional universitario 340-12, pese a que existía una situación jurídica idéntica, como quiera que realizaba las mismas funciones que correspondían al aludido cargo.
Con respecto a los artículos 13 a 19 y 26 a 35 de la Ley 443 de 1998 indicó que los mismos se quebrantaron en tanto que los estímulos por calificación de servicios no se reconocieron a todos los empleados de la entidad demandada.
—Contraloría Departamental del Valle del Cauca (fls. 145 a 153 y 246 a 251)
La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Aceptó como parcialmente cierto lo afirmado por el demandante sobre los diferentes cargos que ocupó en la entidad. En ese sentido precisó que se desempeñó como auditor fiscal II hasta el 30 de junio de 2001, fecha en la cual fue suprimido a través de la Resolución 009 del mismo mes y año.
Seguidamente afirmó que las funciones que cumplía el demandante eran las consagradas en las Resoluciones 24 de 1993 y 5 de 1994. Resaltó que los requisitos para ocupar el cargo de auditor especial son distintos a los de auditor fiscal II, toda vez que mientras para el primero se exige tener un título profesional en Contaduría Pública, Administración Pública o Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Derecho, y un año de experiencia relacionada, para el segundo, se requiere tener 1 año de estudios universitarios, tecnológicos o técnicos en las mismas áreas enunciadas anteriormente y 2 años de experiencia. En este punto advirtió, que el señor Ramiro Azuero Gómez no cuenta con título profesional.
La parte demandada explicó que con el cambio de nomenclatura que se presentó en la entidad, el cargo de auditor fiscal II se homologó al de técnico 401-07, y el de auditor especial al de profesional universitario 340-12. Anotó que como los requisitos para ocupar uno y otro cargo son diferentes, al demandante se le incorporó al cargo de técnico 401-07, el cual contrario a lo afirmado por el demandante, no cumple con las mismas funciones que el profesional universitario 340-12, por lo que no puede pretender el pago de diferencia salarial alguna.
Igualmente señaló que la nivelación salarial que solicita el actor, realmente implica un ascenso, lo cual desconoce el artículo 122 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004 que establece que los mismos solo proceden por mérito, sin que pueda predicarse en modo alguno, la existencia de un ascenso automático.
A juicio de la entidad no se cumplieron los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-519 de 1997 para dar aplicación al principio de «a trabajo igual salario igual» porque el demandante no acreditó: (i) que ejecutara la misma labor; (ii) que tuviera un cargo de la misma categoría; (iii) que contaba con la misma preparación; y (iv) que cumplía idéntico horario y tenía iguales responsabilidades.
En respuesta a la adición de la demanda, expuso que la indemnización por supresión del cargo fue pagada al demandante en los términos previstos en la Resolución 731 del 1º de agosto de 2001, contra la cual no presentó recurso alguno, por lo que respecto de la misma operó la caducidad, como quiera que transcurrieron 52 meses entre su expedición y la presentación de la demanda.
Por otra parte, aclaró que los señores Orlando Domínguez, María Elba Blandón y Henry Torres Castro fueron ascendidos en vigencia de la Ley 190 de 1995 que establecía como estímulo para quienes fueron mejor calificados, el derecho a ocupar en propiedad un empleo de superior categoría.
En relación con los señores Milton Hebert Domínguez y Diego Marulanda, expuso que al hacerse extensiva la carrera administrativa a las Contralorías en virtud de la Ley 27 de 1992, se hizo la primera incorporación a la nueva planta de cargos mediante la Resolución 207 de 1993 y posteriormente, como estos funcionarios estaban inscritos en carrera administrativa, fueron homologados en la nueva planta de personal de acuerdo al Decreto Reglamentario 1569 de 1998, en el cargo de profesionales universitarios, por ocupar anteriormente el de auditor especial, sin que se les pudieran exigir más requisitos de los que tenían al momento de ingresar a la entidad.
Sobre el caso del señor José Luis Sarria Navia expresó que éste ingresó a la entidad al ganar el respectivo concurso de méritos y que de igual manera logró el ascenso.
Finalmente explicó que el Decreto 1483 de 1996 y el Decreto 2329 de 1995 en su artículo 3º que reglamentan la provisión definitiva de los empleos de la Contraloría establecen que estos deben ser provistos en el siguiente orden: (i) Primero con el personal de carrera administrativa al que se le hubiese suprimido el cargo y hubiere optado por el derecho preferencial a ser reubicado; (ii) el mejor empleado de la entidad en el nivel al cual corresponda el cargo a proveer, siempre y cuando acredite los requisitos exigidos para su desempeño; y (iii) quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos. Igualmente prevé la norma que ante la ausencia de dichos candidatos es menester efectuar un concurso de méritos.
Alegatos de Conclusión de Primera Instancia.
—Contraloría Departamental del Valle del Cauca (fls. 280 a 283)
Reiteró lo expuesto en la contestación y adicionalmente sostuvo que la demanda no cumple con el requisito de señalar de manera clara cuáles son las normas violadas por el acto administrativo demandado.
—Ramiro Azuero Gómez (fls. 284 a 286)
Adicionalmente a lo expuesto en el escrito de demanda, aseguró que con las declaraciones de José Humberto Infante, Hernán Camargo y Zulma Marín se demostró que desempeñaba las mismas funciones y en idénticas condiciones correspondientes al empleo de auditor especial homologado a profesional universitario 340-12.
—Ministerio Público. No se pronunció en esta etapa procesal (constancia secretarial visible en el folio 287 del expediente).
(fls. 289 a 320)
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia proferida el 13 de diciembre de 2010 denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
En el plenario logró acreditarse que la entidad a través de la Resolución 24 del 28 de junio de 1993 clasificó el cargo de auditor especial categoría XI en el nivel profesional y el de auditor fiscal II categoría VII en el nivel técnico. Así mismo, la entidad a través de la Resolución 18 de 1995 expidió el manual específico de funciones, en el cual clasificó el primero de los empleos mencionados en el nivel XII y dejó al segundo sin modificación alguna.
Así mismo que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca profirió la Ordenanza 55 del 27 de noviembre de 1998 con la que ajustó la nomenclatura y clasificación de los empleos objeto de controversia de la Contraloría Departamental así: (i) El de auditor especial como profesional universitario 340-12 y el de auditor fiscal II en técnico 401-09 (Sic. Error: la identificación del cargo es 401-07). En el artículo 7º de la aludida ordenanza se dispuso que la Contraloría debía expedir el respectivo acto administrativo que incorporara al empleado a la dependencia correspondiente, lo que hizo la entidad en el presente caso a través de la Resolución 3º del 29 de febrero de 1999 mediante la cual se incorporó al señor Ramiro Azuero Gómez al empleo de técnico 401-07.
El a quo indicó que cuando se trata de conflictos derivados de la presunta discriminación salarial surgida en la clasificación de empleos de carácter público, debe tenerse en cuenta que es competencia del legislador establecer los requisitos y calidades para ocupar un cargo en la administración pública, por lo cual es necesario que se demande la nulidad de la norma jurídica (ley, ordenanza, acuerdo, resolución) que realizó la incorporación, o en su defecto, solicitar su inaplicación en virtud de la excepción de ilegalidad. Lo anterior, con sustento en Sentencia T-067 de 2001.
Igualmente precisó que la Sección Segunda en providencia del 10 de agosto de 2002, con ponencia del doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, sostuvo que para efectos de examinar la discriminación salarial alegada por un empleado público deben necesariamente revisarse los actos generales que establecieron la denominación del cargo, el nivel al que pertenece, los requisitos para su ejercicio y su escala salarial.
A juicio del tribunal, la discriminación salarial pretendida por el actor tiene origen en la clasificación de su cargo en virtud de la modificación de la planta de personal de la Contraloría llevada a cabo en el año de 1999, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, la que a su juicio no tuvo en cuenta que el cargo de auditor fiscal II y auditor especial, tenían las mismas funciones y responsabilidades.
De esta manera, señaló que el señor Ramiro Azuero Gómez debió al momento de su incorporación o en ejercicio del cargo solicitar la nivelación salarial y la revisión de las normas de nomenclatura y clasificación del empleo. No obstante, ello no ocurrió, pues solo dos años y medio después de su retiro (jun. 29/2001) y casi cinco años después de su incorporación al cargo de técnico 401-07 radicó en la entidad petición de pago de la diferencia salarial a la que consideraba tener derecho.
(fls. 323 y 324)
El señor Ramiro Azuero Gómez presentó recurso de apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Los fundamentos del mismo son los siguientes:
Se probó que el demandante se vinculó a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca desde el año 1978 y que a partir del año 1993 fue inscrito en carrera administrativa en el cargo de auditor fiscal II, el cual sufrió diferentes homologaciones de acuerdo con las modificaciones del manual de funciones y de los requisitos mínimos contenidos en los distintos actos administrativos detallados en la demanda.
Todos los auditores II (homologados a técnico 401-07) y auditores especiales (homologados a profesional universitario) de la Contraloría Departamental del Valle desarrollaban idénticas funciones, en igual horario, bajo las órdenes del mismo jefe, en un cargo de similar naturaleza y con la misma calidad y cantidad de trabajo, siendo la escala salarial la única diferencia entre ambos, lo que evidencia una discriminación salarial sin justificación alguna y la vulneración por parte de la entidad al principio de «a trabajo igual, salario igual», lo que se demostró en el proceso con prueba testimonial.
Seguidamente manifestó que no es de recibo que la Contraloría se escude en que el señor Ramiro Azuero Gómez no era profesional, cuando en la entidad se permitía la equivalencia de títulos o formación con grados de experiencia, como sucedió en los casos de los señores Henry Torres, Diego Marulanda Fernández y Milton Rodríguez.
Por último indicó que el tribunal no aplicó la norma más favorable al trabajador, ni tuvo en cuenta el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, y tampoco valoró el material probatorio allegado al proceso conforme los postulados de la sana crítica.
—Contraloría Departamental del Valle del Cauca (fls. 334 a 338)
Adicionalmente a lo señalado en otras intervenciones procesales, precisó que el demandante fue homologado en el año 1999 y solo hasta el año 2005 presentó la demanda basado en una nueva petición con la cual pretende revivir términos, pues no solicitó la nulidad del acto que incorporó nuevamente al personal y por el cual se homologaron los cargos, por lo que la acción respecto de dichos actos administrativos caducó.
—Ramiro Azuero Gómez (fls. 341 y 342).
Además de ratificar lo expuesto en el recurso de apelación, indicó que en el proceso se acreditó que en la entidad demandada todos los auditores fiscalizadores cumplen las mismas funciones.
(fls. 347 a 356)
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. A su juicio, el cargo de auditor fiscal II y auditor especial sí tenían las mismas funciones, no obstante, no puede darse un trato igualitario por la diferencia que existe entre los requisitos académicos de uno y otro cargo. Al respecto señaló que la igualdad que reclama el demandante no se puede revisar y analizar únicamente atendiendo las funciones asignadas para cada empleo, ya que es fundamental verificar otros aspectos como el atinente a la preparación académica exigida y a la experiencia.
Así, advirtió que al demostrarse que el único título académico que posee el demandante es el de bachiller, se evidencia que el mismo no cumplía con los requisitos exigidos para acceder al cargo del cual reclama la nivelación, razón por la cual, en atención a lo reglado por el artículo 26 del Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, no podía pretender obtener los beneficios del mismo.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las pretensiones de la demanda al considerar que: (i) No se pidió la nulidad del acto administrativo que ordenó la incorporación del empleado, ni la de los actos generales que establecieron la denominación, el nivel, los requisitos y la escala salarial del cargo y; (ii) tampoco se solicitó la nivelación salarial y la revisión de las normas de nomenclatura y clasificación del empleo por parte del actor. Lo anterior como quiera que a su juicio, la discusión que se presenta en el sub examine parte de la clasificación del empleo público que ocupaba el demandante.
Al respecto, la Subsección se permite precisar que en la demanda se solicita la nulidad de la Resolución 113 del 11 de febrero de 2004 expedida por la entidad demandada que denegó el pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de auditor fiscal II (homologado a técnico 401-07) y auditor especial (homologó a profesional universitario 340-12).Y como consecuencia de ello y a título de restablecimiento del derecho, se pide reconocer y pagar la diferencia por concepto de sueldo y prestaciones sociales entre ambos cargos.
En tal virtud no era necesario demandar los actos indicados por el Tribunal en la sentencia objeto de alzada, puesto que el fondo de la controversia radica en determinar si es procedente o no aplicar el principio de la realidad sobre las formalidades y en tal virtud, otorgar al demandante el derecho a percibir el salario del cargo del que, a su juicio, cumplía las funciones.
Contrario a lo afirmado por la primera instancia, no se discute la legalidad o no de la nueva clasificación y nominación de los cargos de la entidad o si procedía o no la categorización que se hizo. La discusión es de carácter particular y se centra en definir si el demandante quien ocupaba el cargo de auditor fiscal II o técnico 401-07 cumplió o no las funciones del empleo denominado auditor especial o profesional universitario 340-12.
Aclarado lo anterior, pasará la Subsección a resolver el fondo del asunto.
¿Le asiste el derecho al accionante en calidad de técnico 401-07 de la Contraloría Departamental del Valle, a ser nivelado salarial y prestacionalmente frente al cargo de profesional universitario 340-12 en virtud del derecho a la igualdad y al principio general del derecho laboral «a trabajo igual salario igual»?
A fin de resolver el problema planteado, la Subsección analizará lo siguiente: (i) Criterios para fijar los salarios de los empleados públicos; (ii) sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos señalado en la Ley 443 de 1998 y su decreto reglamentario; (iii) deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones y requisitos del cargo del cual se pretende la nivelación salarial y; (iv) caso concreto.
1. Criterios para fijar el salario de los empleados públicos.
El artículo 122 de la Constitución Política dispuso:
“«[…] ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben […]».
Así el empleo público existe una vez se cree en la planta de personal respectiva, se señalen sus específicas funciones y, cuando sus emolumentos se encuentran previstos en el respectivo presupuesto. La titularidad para ejercerlo se adquirirá solo a partir de la posesión del mismo(1).
“«[…] ART. 13.—De la asignación mensual. La asignación mensual correspondiente a cada empleo estará determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el presente Decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.
Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones […]»
A su vez, el artículo 3º de la Ley 4º de 1992, establece sobre el particular lo siguiente:
“«[…] ART. 3º.—El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos […]».
2. Del sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos señalado en la Ley 443 de 1998 y su decreto reglamentario.
De acuerdo con los artículos 268-10 y 272 de la Constitución las Contralorías tienen un régimen especial de carrera administrativa(2). No obstante, para el año 1998, fecha en que por medio de la Ordenanza 55 del 27 de noviembre de 1998 se efectuó la reclasificación del cargo del demandante de auditor fiscal II a técnico 401-07, no se había proferido por el legislador la regulación al respecto, de manera que la norma aplicable es la Ley 443 de 1998 por disposición del parágrafo 2º del artículo 3º de la misma. Al respecto la norma señala:
“«[…] ART. 3º.—Campo de aplicación.
PAR. 2º.—Mientras se expiden las normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales, para los empleados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y para los empleados del Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas Administradoras Locales les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente Ley. Los empleados a que se refiere el presente artículo se le aplicarán además de la presente Ley las disposiciones contenidas en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, artículo 87 presente Ley […]»
Ahora bien, a través del Decreto 1569 de 1998 se fijó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998. En el artículo 3º de dicha norma se clasificaron los empleos en directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo y en el artículo 4º se reguló lo relacionado con la naturaleza de las funciones así:
«[…] ART. 4º—De la Naturaleza General de las Funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales:
e. Nivel Técnico. En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías […]» (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 5º de la misma normativa indicó los requisitos para el ejercicio de los empleos enunciados así:
“«[…] ART. 5º.—De los Requisitos para el Ejercicio de los Empleos. Para desempeñar los empleos correspondientes a los niveles de que trata el artículo 3º del presente Decreto se deben tener en cuentas los siguientes requisitos generales, los cuales servirán de base para establecer los manuales específicos de cada una de las entidades a quienes se le aplica este Decreto:
La experiencia laboral se determinará conforme con el perfil del empleo […]» (Negrilla de la Sala).
Así las cosas, al momento de determinar la clasificación, funciones y requisitos para ocupar sus empleos, las entidades reguladas por la Ley 443 de 1998 deben tener en cuenta las directrices contenidas en el decreto citado.
3. Deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones del cargo del cual pretende la nivelación salarial.
De tiempo atrás la jurisprudencia ha señalado que el empleado público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial, debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que tiene idénticas responsabilidades y categoría del empleo y además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible emplear el principio de «a trabajo igual, salario igual» establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.
Respecto a la aplicación de este precepto, la Corte Constitucional se pronunció de la siguiente manera:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...”
7. Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales […]»(3)
La sección por su parte ha señalado en casos similares al aquí tratado(4):
«[…] En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de Médico Especialista Grado 40, le correspondía al demandante acreditar fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas responsabilidades de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no aparece acreditado dentro del proceso.
Recalca la Sala que las exigencias para ocupar ambos cargos varían en cuanto la experiencia profesional requerida, siendo que es la misma norma la que trae una distinción particular dentro de estos perfiles, siendo esta razón más que suficiente para justificar un trato desigual en las asignaciones salariales para uno y otro, puesto que no se trata de dos cargos que están en igualdad de características, puesto que uno tiene exigencias más gravosas que el otro, por lo tanto, la escala salarial de uno no será igual al de otro […]».
Conforme a lo expuesto, debe concluirse que quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que cumplía las mismas funciones que este y que contaba con la misma preparación, además de acreditar los requisitos que exige el empleo.
a) Nombramiento y funciones del empleo ocupado por el actor y el de auditor especial posteriormente homologado a profesional universitario 340-12.
El señor Ramiro Azuero Gómez ocupó el cargo de auditor fiscal II nombrado mediante Resolución 0237 del 16 de febrero de 1994 y posesionado el día 22 del mismo mes y año mediante acta 1663 (fl. 18, cdno. núm. 3). En desempeño del cargo mencionado, y antes de la homologación a que se hace referencia en la demanda y que más adelante abordará la Subsección, el señor Azuero Gómez cumplió las funciones señaladas en la Resolución 005 del 16 de febrero de 1994, las cuales indica son iguales que las de auditor especial. Comparadas las funciones de los dos cargos se observa lo siguiente:
Auditor Fiscal II (fls. 2318 y 2319, cdno. núm. 4d). Auditor Especial (fls. 2316 y 2317, cdno. núm. 4d).
Jefe inmediato: Jefe de división de auditorías integrales administración central, descentralizada municipal. Jefe inmediato: Igual.
—Programar las actividades de auditoria que deben cumplirse en las dependencias de la entidad que le corresponde fiscalizar.
—Dirigir, coordinar y controlar la ejecución en las tareas por parte de sus examinadores y demás funcionarios asignados.
—Practicar las visitas de inspección de fondos, bienes, valores, libros y registros, levantando los correspondientes actos.
—Emitir los oficios y demás comunicaciones que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
—Examinar las cuentas diarias y mensuales que le rindan los funcionarios de manejo de la Entidad (sic) que fiscaliza.
—Formular por escritos las observaciones que resultaren del examen de la revisión de las cuentas.
—Elaborar los informes mensuales que deban rendirse a sus superiores.
—Capacitar e instruir a los funcionarios en las labores de auditoria.
—Solicitar, en coordinación con el jefe de la división, las visitas e investigaciones, cuando en ejercicio de sus funciones, se detecten hechos que atenten contra el patrimonio de la entidad fiscalizada.
—Examinar, con posterioridad a su perfeccionamiento, el cumplimiento de los requisitos de los contratos.
—En coordinación con la división de recursos naturales y del medio ambiente, ejercer la fiscalización a las entidades que tengan responsabilidad en este aspecto.
—Evaluar el control interno adoptado por la entidad que le corresponda fiscalizar.
—Cumplir las demás funciones que le asignen y que estén de acuerdo con la naturaleza del cargo.
No tiene asignada esta función.
—Estudios: Titulo de formación técnica profesional o tecnológica, o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional, en las áreas de contaduría, economía, derecho o administración.
—Experiencia: Un año de experiencia específica o relacionada.
—Estudios: Título profesional en contaduría pública; en su defecto, título en administración pública o de empresas, ingeniería industrial, economía o derecho. Acreditar tarjeta profesional.
—Experiencia: Dieciocho meses de experiencia profesional, específica o relacionada.
—Equivalencia: Cuando se exija tarjeta profesional el título no podrá compensarse con experiencia u otras calidades.
Posteriormente, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución 18 del 14 de agosto de 1995 por medio de la cual revocó la anterior y estableció un nuevo manual de funciones en la entidad, en el cual se conservó la misma nomenclatura para el cargo de auditor fiscal y auditor especial. En lo que respecta a las funciones desempeñadas por ambos empleos, estas se mantienen idénticas (fls. 2031, 2033 y 2034, cdno. núm. 4d), excepto la siguiente:
—El cargo de auditor fiscal II ocupado por el señor Ramiro Azuero Gómez continuó con la función asignada en la resolución revocada consistente en ejercer «[…] En coordinación con la división de recursos naturales y del medio ambiente, la fiscalización a las entidades que tengan responsabilidad en este aspecto […]» (fl. 2034, cdno. 4d), de la cual se liberó al cargo de auditor especial.
En cuanto a los requisitos para ocupar el cargo, la Resolución 18 del 14 de agosto de 1995 varió algunos, de la siguiente manera:
Auditor Fiscal II Auditor Especial
—Estudios: Título de bachiller académico o comercial de seis años, preferiblemente este último. (Disminuyó la exigencia de estudios con relación a la res. núm. 5º feb. 16/1994) (fl. 2034, cdno. 4d).
—Experiencia: Dos años y medio de experiencia especifica o relacionada (La nueva norma la aumentó en año y medio) (fl. 2034, ibidem).
—Estudios: Mantuvo los mismos establecidos en la Resolución 5 del 16 de febrero de 1994. (fl. 2031, cdno. 4d).
—Experiencia: Un año de experiencia específica o relacionada (Varió con relación a la resolución mencionada que exigía 18 meses)
Posteriormente, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca a través de la Ordenanza 55 del 27 de noviembre de 1998 ajustó la clasificación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría Departamental así (fls. 2329 a 2332, cuaderno 4d):
Auditor fiscal II Técnico, código, 401, grado 7.
Auditor especial Profesional universitario, código 340, grado 12.
El artículo 3º de la ordenanza mencionada señaló que los empleos de acuerdo a su clasificación, debían cumplir con las funciones especificadas en el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1569 de 1998. Por su parte, la entidad expidió la Resolución 8 del 15 de marzo de 1999 a través de la cual ajustó nuevamente el manual de funciones de los empleos pertenecientes a la entidad y fijó los requisitos mínimos para ocuparlos (fls. 2334 a 2366, cdno. 4d). En cuanto a los requisitos para desempeñar uno y otro cargo, la nueva normativa estableció lo siguiente:
Técnico 401-07 Profesional Universitario 340-12
—Título de formación tecnológica o técnica profesional o aprobación de tres años de educación superior en: Economía, derecho, contaduría, ingeniería, administración de empresas, psicología, arquitectura o ciencias de la educación, sistemas, informática o ciencias de la computación.
—Experiencia: Dos años de experiencia específica o relacionada.
(fl. 2364, cdno. 4d)
Requisitos: Título universitario en derecho, economía, administración de empresas, administración pública, contaduría, ingenierías, psicología, trabajo social, comunicación social, periodismo, biología, licenciatura en educación física, finanzas y negocios, ecología, arquitectura, topografía.
—Experiencia: Una año y medio de experiencia profesional específica o relacionada.
(fl. 3259, cdno. 4d).
Al comparar los requisitos se puede concluir que el nivel de educación para uno y otro difieren categóricamente, en tanto que, mientras para el cargo de profesional universitario código 340-12 se exige título profesional, para el de técnico 401-07 no es obligatorio acreditar título profesional y solo basta con ostentar el título de una tecnología o carrera técnica.
Ahora, en relación con las funciones asignadas para uno y otro cargo, la misma Resolución 8 del 15 de marzo de 1999 es clara en diferenciarlas, dependiendo del nivel de formación y especialización que se requiera. A continuación se hará un comparativo de las funciones fijadas:
Técnico 401-07 Profesional Universitario 340-12 Análisis de las funciones asignadas
a) Funciones específicas en subdirecciones administrativas de administración central, descentralizada y municipal (sic).
—Participar en el desarrollo de procedimientos y metodologías que consulten la normatividad vigente y le sirvan de instrumento para la planificación integral de las actividades de auditoría.
—Ejercer control permanente sobre la cuenta de bienes, que comprende inventarios, almacenes, propiedad planta y equipo, provisión y depreciación.
—Recopilar la información requerida para la evaluación de control interno que comprende plan estratégico de la entidad (…)
—Diseñar y determinar el tamaño de la muestra requerida para la aplicación de los sistemas de auditoría.
—Realizar un seguimiento en la etapa de ejecución de los contratos suscritos por la entidad informando cualquier anomalía en su desarrollo.
Entre otras funciones (…) (fl. 2361, cdno. 4d)
—Revisar, evaluar y recomendar las acciones que deban adoptarse como resultado del informe de las auditorias presentado por el encargado de la oficina de la contraloría departamental.
—Participar en el análisis y consolidación de la información estadística relativa a los indicadores utilizados en el ejercicio remitidos por la oficina de la contraloría departamental.
—Aplicar los conocimientos y técnicas en materia de planeación de las auditorias, a través de la formación de los objetivos, metas alcance, programas de auditoría, papeles de trabajo etc, a fin de cumplir a cabalidad con el ejercicio del control fiscal.
—Evaluar el concepto emitido por el jefe de la oficina de la contraloría departamental, relacionados con la rendición y revisión de la cuenta.
Entre otras funciones (…) (fl. 2354, cdno. 4d)
Aunque tienen el mismo título, al revisar una a una en la Resolución 8 de 1999 se encuentra que son distintas.
b) Funciones específicas en subdirecciones administrativas de recursos naturales y del medio ambiente.
—Colaborar con el diseño de mecanismos y procedimientos necesarios para el cabal desarrollo de las funciones de la subdirección administrativa.
—Participar técnica o tecnológicamente en las visitas de inspección en atención a quejas o denuncias presentadas por entidades públicas, privadas y comunidad en general, aplicando los conocimientos técnicos o tecnológicos de su respectiva formación académica.
—Participar en las comisiones interdisciplinarias de auditoría ambiental en coordinación con los profesionales especializados y universitarios de acuerdo con las orientaciones del jefe de la subdirección.
—Ejecutar los programas específicos de auditoría.
Entre otras (fl. 2631, cdno. 4d)
—Participar en el diseño de mecanismos y procedimientos necesarios para el ejercicio del control fiscal ambiental y el cabal desarrollo de las funciones de la subdirección administrativa.
—Participar en las comisiones interdisciplinarias de auditoria ambiental para evaluar la ejecución de planes, proyectos y programas desarrollados por las entidades fiscalizadas (…):
—Resolver, a solicitud del jefe de la subdirección, las consultas que se presenten sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
—Asesorar en su área de desempeño a los funcionarios de la subdirección del medio ambiente y recursos naturales para el cabal cumplimiento de sus funciones.
—Entre otras (fl. 2354, cdno. 4d)
c) Funciones específicas en subdirección administrativa de recursos financieros y materiales. (fl. 2361, cdno. 4d) Función no establecida para este cargo.
Además de las anteriores funciones, los cargos se diferencian porque el de profesional universitario 340-12 tiene asignadas muchas otras, que no tiene el técnico 401-07, como se señala a continuación de manera general:
Técnico 401-07
—Función no establecida para este cargo.
Profesional 340-12
—Funciones específicas en oficina asesora jurídica (fl. 2353, cdno. 4d).
—Funciones específicas en oficina asesora de control interno (fl. 2353, cdno. 4d).
—Funciones específicas en la dirección administrativa de responsabilidad fiscal y/o subdirecciones adscritas (fl. 2353, cdno. 4d).
—Funciones específicas en la dirección administrativa técnica (fl. 2353, cdno. 4d).
—Funciones específicas en la dirección de control de gestión del riesgo (fl. 2354, cdno. 4d).
—Funciones específicas en la dirección de personal y carrera administrativa y/o subdirecciones administrativas (fl. 2354, cdno. 4d).
—Funciones específicas en la dirección de control financiero y patrimonial (fl. 2354, cdno. 4d).
—Funciones específicas en dirección administrativa (fl. 2355, cdno. 4d).
—Funciones específicas en subdirección administrativa de presupuesto y contabilidad (fl. 2353, cdno. 4d).
El cargo de profesional universitario 340-12 tiene a su cargo muchas más funciones que las asignadas al técnico 401-07.
De lo anterior se puede establecer que el cargo de técnico 401-07 difiere sustancialmente del de profesional universitario 340-12 tanto en los requisitos para ocuparlo como en las funciones que se desempeñan en uno y otro.
En esa medida, la diferencia salarial se encuentra justificada por cuanto debe recordarse que para la fijación de la asignación básica mensual es necesario tener en cuenta entre otras cosas, los requisitos de conocimiento y experiencia exigidos para desempeñar el cargo y las funciones asignadas, en los términos del artículo 13 del Decreto 1042 de 1978 y 3 de la Ley 4º de 1992.
Así las cosas, la Subsección advierte que el demandante no demostró lo siguiente:
(i) Cumplir con el nivel académico exigido para el cargo de profesional universitario 340-12. En efecto, no aparece dentro del expediente diploma o acta de grado conferido por una institución de educación superior que certifique que el señor Ramiro Azuero Gómez cursó y aprobó alguna de las carreras profesionales requeridas para ocupar el cargo mencionado. En el expediente solo se acredita que el mismo es bachiller académico y que ostenta el título técnico de auxiliar contable (fls. 45 y 47, cdno. 4A).
(ii) No acreditó que ejercía las mismas funciones del cargo de profesional universitario 340-12. Según se determinó en el comparativo que se realizó anteriormente, el cargo de técnico 401-07 desempeña funciones totalmente distintas a las establecidas para el empleo del cual pretende obtener la nivelación salarial el demandante.
Por lo anterior, y si bien al proceso concurrieron a declarar el señor Alirio Camargo, la señora Zulima Marín Osorio y el señor José Humberto Infante Valencia, todos exempleados de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca quienes coincidieron en afirmar que el señor Ramiro Azuero Gómez cumplía las mismas funciones del auditor especial (fls. 2, 3, 6, 7 y 28 a 30 del cdno. 3), tales declaraciones no tienen la entidad necesaria para desvirtuar la prueba documental allegada en la cual se evidencia la diferencia en formación académica y en requisitos para el desempeño de los cargos aludidos.
Ahora, si bien es cierto que con anterioridad a la expedición de la Resolución 8 del 15 de marzo de 1999 de manera formal se equiparaban las funciones de los entonces empleos denominados auditor fiscal II y auditor especial, ello por sí solo no logra demostrar que en la práctica el señor Ramiro Azuero Gómez cumplía las mismas. Lo anterior puesto que, conforme quedó establecido, antes y después de la homologación de los cargos se exigía para el de auditor especial formación profesional.
Tal situación sin duda, hace inferir a la Subsección que no cualquier empleado podía ocupar dicho cargo y cumplir a cabalidad con las funciones para él designadas, en tanto que se requería tener conocimientos específicos en las áreas de contaduría pública, administración pública, administración de empresas, ingeniería industrial, economía o derecho.
Igualmente debe tenerse en cuenta que tal situación cambió una vez se realizó la homologación de los empleos y se fijaron las funciones respectivas a través de la Resolución 8 del 15 de marzo de 1999, según se explicó en los cuadros precedentes. En esa medida, y en caso de que al actor antes de dicha fecha le asistiera el derecho, el mismo en todo caso estaría afectado por el fenómeno de la prescripción, puesto que la petición fue presentada el día 21 de enero de 2004, esto es, en un tiempo superior a los tres años de que trata el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 reglamentario del Decreto 3135 de 1968.
En conclusión: La Subsección no encontró demostrado que el señor Ramiro Azuero Gómez: (i) cumpliera las mismas funciones de profesional universitario 340-12 y; (ii) que contara con la formación profesional requerida para desempeñar a cabalidad las funciones asignadas a dicho empleo, luego no procede la nivelación salarial solicitada.
b) Sobre los casos del señor Milton Rodríguez y Diego Marulanda Fernández.
Refiere el señor Ramiro Azuero Gómez en el escrito de la demanda que al igual que los señores mencionados, quienes ocupan los cargos de auditor especial y fueron homologados a profesional universitario 340-12, tenía personal a cargo y cumplía con los requisitos de experiencia (20 años), por lo que estaba en idéntica situación jurídica a la de estos.
En el recurso de apelación señaló que no es de recibo que la entidad se escude en que no era profesional para negar la nivelación salarial, puesto que se podía cumplir los requisitos con la acreditación de experiencia, tal cual sucedió con los señores Henry Torres, Diego Marulanda Fernández y Milton Rodríguez.
Pues bien, el Decreto 1569 de 1998 sobre las equivalencias reguló:
“«[…] ART. 32.—De las Equivalencias Entre Estudios y Experiencia. Los requisitos de que trata el presente Decreto no podrán ser disminuidos. Sin embargo, las autoridades competentes para adoptar las respectivas plantas de empleos, al fijar las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:
3. Título universitario por el grado de oficial de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional, a partir del grado del Capitán o Teniente de Navío […]» (Resaltado fuera de texto).
De acuerdo con la normativa transcrita, las autoridades competentes para adoptar las respectivas plantas de empleos, pueden, al momento de fijar las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio, aplicar las equivalencias en ella contenidas.
Una vez revisada la Resolución 008 del 15 de marzo de 1999 se advierte que la misma no permitió la equivalencia de estudios por experiencia para el cargo de profesional universitario 340-12 (fl. 359, Cdno. 4d) por lo que no es posible acceder a lo pedido por el demandante.
En lo que se refiere a que los señores Henry Torres, Diego Marulanda Fernández y Milton Rodríguez se beneficiaron de tales equivalencias, la Subsección advierte que no es posible equiparar la situación del demandante porque se repite, para el cargo aludido no estaba legalmente permitido y porque adicionalmente la Subsección tampoco cuenta con la competencia para estudiar la legalidad o no de la homologación que se realizó a los funcionarios referidos, como quiera que los mismos no son parte en este proceso ya que los actos administrativos que así lo decidieron no fueron objeto de demanda.
Por lo expuesto la Sala considera que se impone confirmar la Sentencia de primera instancia, proferida el 13 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda pero por las razones aquí expuestas.
1. Confirmar la Sentencia proferida el 13 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Ramiro Azuero Gómez contra la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pero por las razones aquí expuestas.
1. Consejo de Estado. Sección Segunda. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Número interno: 1943-12. Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, demandado: Municipio de la Ceja del Tambo - Antioquia.
2. C-391 de 1993.
3. Sentencias T-027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación también señaló al respecto en la Sentencia del 19 de julio de 2007 radicado 454 A-2007 con ponencia del doctor Humberto Sierra Porto lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que “en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo” Sentencia SU-519 de 1997[…]» (Negrilla de la Sala).
4. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá D.C. 13 de febrero de 2014. Radicación 05001-23-31-000-2006-02895-01(0042-12). Actor: Efraín Alberto Cruz Cena. Demandado: Instituto De Seguros Sociales. Ver también la siguiente Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013). Expediente: 050012331000200303588 01. Número Interno: 2343-2012. Autoridades departamentales. Actor: Luis Enrique Henao Tobón.