Source: https://supremo.vlex.es/vid/proxenetismo-181-1-cp-an-20067031
Timestamp: 2020-04-08 02:40:05
Document Index: 411894974

Matched Legal Cases: ['artículo 188', 'artículo 77', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 188', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio']

STS 1425/2005, 5 de Diciembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 20067031
Número de Recurso: 2201/2004
Número de Resolución: 1425/2005
PROXENETISMO. El delito relativo a la prostitución del art. 181.1 CP pretende reprimir penalmente una actividad en la que el afán de lucro lleva a convertir en mercancía a la persona. La regulación de los delitos relativos a la prostitución en el nuevo Código Penal se realizó desde la perspectiva de que el bien jurídico que debe ser tratado no es la moralidad publica ni la honestidad como tal, sino la voluntad sexual entendida en sentido amplio.En relación al art. 188.1, la conducta típica ofrece dos alternativas: o bien determinar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución, caso de no haberla ejercido nunca y tratarse de la primera vez, o de haberla ejercido con anterioridad pero haber abandonado ya dicha practica sexual, o bien determinarla igualmente para hacer que se mantenga en ella, caso de estar ya previamente inmersa en esta actividad.Se condena al acusado, confirmándose ello en la Alzada.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Íñigo y Jose Antonio, contra sentencia de fecha 1 de julio de 2.004, dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, en causa seguida a los mismos por delitos de proxenetismo y detención ilegal, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la Procuradora Sra. Sánchez Marín García.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Amposta, instruyó Procedimiento Abreviado con el nº 38/2000, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Tarragona, que con fecha 1 de julio de 2.004, dictó sentencia que contiene el siguiente HECHO PROBADO: "Primero.- Al menos desde noviembre de 1.998, el inculpado Íñigo, explotaba, como dueño, el establecimiento denominado Lili II, sito en la carretera nacional 340 en la localidad de Alcanar (Tarragona). Jose Antonio, otro de los inculpados, trabajaba en el mismo como guarda, encargado de la vigilancia del local y de las personas que allí trabajaban, además de otras funciones de mantenimiento. La también inculpada, María, realizaba funciones de encargada del bar y de supervisión del local y de las actividades que en el mismo se desarrollan.
En el referido establecimiento se ejercía la prostitución por un número indeterminado de mujeres de origen, mayoritariamente extranjero, en particular de países latinoamericanos y del este, sin que conste en las actuaciones que aquellas dispusieran de permiso de trabajo o de residencia en España.
Algunas de las personas sometidas a dicha actividad residían en las instalaciones habilitadas al efecto en el local. Los pagos por los servicios sexuales prestados eran entregados a María, quien a su vez, entregaba el dinero recaudado a Íñigo.
En el local se hallaron faxes dirigidos a proveedores solicitando el suministro de condones y sábanas de papel. En una suerte de reglas de régimen interno que constaban colgadas en la puerta de una habitación destinada a oficina se establecía que toda señorita tiene la obligación de comprar papel y preservativos a la empresa.
Se apuntaban en diferentes libros registro, el nombre de las mujeres que prestaban los servicios, el tiempo de duración de éstos y las ganancias obtenidas. En el local se hallaron faxes recibidos desde Colombia con nombre de mujeres.
Al menos desde el treinta de diciembre de 1998, las Sras. Elvira y Celestina, y desde el cinco de enero, la Sra. Isabel, ejercían la prostitución en el local Lili II donde también residían.
Íñigo retuvo los pasaportes de las referidas personas, guardándolos, junto a otros documentos de identidad y diversos pasajes de avión de otras mujeres, en una habitación destinada a despacho u oficina.
Íñigo conminó bajo frases amenazantes de muerte a las referidas señoras para que ejercieran la prostitución en local, invocando la existencia de una supuesta deuda que debían satisfacer, derivada de los gastos de su venida a España.
Las mujeres residentes en las instalaciones del local y, en particular, Doña. Isabel, Celestina y Elvira, tenían prohibida la salida del mismo, a salvo autorización expresa del guarda, Sr. Jose Antonio, que nunca se produjo durante su estancia. En momento alguno, dispusieron de llave de acceso al exterior. Fuera del horario de apertura al público, la puerta permanecía cerrada con llave. Las habitaciones donde pernoctaban las mujeres residentes estaban enrejadas.
En las ya mencionadas normas o reglas de régimen interno colgadas en la puerta de la oficina o despacho, se establecía, entre otras, prohibiciones tales, como las de recibir llamadas desde las once de la noche, la obligación de abonar una cantidad de cinco mil pesetas si se abandonaba el local después de la hora de cierre o que la puerta de la calle debe permanecer cerrada.
El local del establecimiento constituía una de las dependencias de la finca donde se ubicaba, también, una suerte de almacén destinado a vivienda donde residía el inculpado Jose Antonio, quien controlaba durante todo el día que ninguna de las mujeres a las que se les había prohibido la salida abandonaran el local.
En la madrugada del día 20 de enero de 1.999, Doña. Celestina y Elvira accedieron de manera clandestina al despacho u oficina de Íñigo haciéndose con sus pasaportes y con una llave de la puerta que daba acceso al exterior. En la mañana del día 20 llamaron a Jose Antonio para que les permitiera salir, a lo que éste se negó. Minutos después decidieron marchar utilizando la llave que franqueaba la salida.
Cuando ya se encontraban en el exterior del local, en los límites de la finca con la propia carretera nacional 340, fueron interceptadas y requeridas por Jose Antonio, que iba conduciendo un vehículo para que volvieran, acercándose hacia ellas llegando a agarrar del pelo a Doña. Elvira, si bien ésta pudo desasirse.
Las dos mujeres comenzaron a gritar, llorando, y a pedir ayuda a personas que se encontraban en las proximidades. Doña. Elvira salió corriendo hacia un ciclista, el Sr. Luis Antonio, que se encontraba en el otro lado de la calzada a quien de manera desesperada le pidió ayuda, indicándole que les tenían secuestradas. Al cruzar la carretera nacional, de tránsito especialmente intenso, estuvo a punto de ser atropellada por un camión que debió realizar una maniobra elusiva, al igual que otros vehículos que circulaban en ese momento por dicho lugar.
Instantes después, se acercó de nuevo Vinuesa quien espetó a Doña. Elvira que si quería marcharse que pagara antes lo que debía, conduciendo a continuación a las dos mujeres al interior del local.
Con motivo del aviso proporcionando por Don. Luis Antonio a la Guardia Civil, el ciclista al que solicitó ayuda Doña. Elvira, se practicó el mismo día veinte de enero de 1.999, la entrada y registro en el local, ordenada por el Juzgado de Instrucción número Uno de Amposta.
En los exteriores del local y dentro de la finca, había perros, uno de ellos de la raza Rotwailer.
Íñigo era poseedor de una pistola detonadora y veinte cartuchos que se encontraban depositados en el despacho, habilitado en el Local Lili II.
No ha quedado acreditado que las Sras. Ana, Clara y Raquel, todas ellas de nacionalidad extranjera, fueran obligadas a prostituirse en el local o que se les privara de su libertad de movimientos mientras permanecieron en el mismo.
Tampoco ha quedado acreditado que María conminara con amenazas o con otros medios a las mujeres que residían en el local para que ejercieran la prostitución o que les privara de su libertad ambulatoria".
La Audiencia de instancia dictó la siguiente Parte Dispositiva: FALLAMOS: "Absolvemos a María de los hechos y de los delitos por los que venía siendo acusada.
Condenamos a Íñigo, como autor de tres delitos de proxenetismo coactivo del artículo 188.1 CP texto de 1.995, en concurso medial del artículo 77 C.P. con dos delitos de detención ilegal del artículo 163.1º y 3º CP y un delito de detención ilegal del art. 163.1º C.P. a las siguientes penas:
Por los dos delitos de detención ilegal del artículo 163.1º y 3º C.P., a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, por cada uno de ellos, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.
Por el delito de detención ilegal del artículo 163.1º CP, a la pena de tres años y once meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.
Condenamos a Jose Antonio como autor de tres delitos de proxenetismo coactivo del artículo 188 C.P. (texto de 1.995) en concurso medial con dos delitos d detención ilegal de artículo 163.1º y 3º CP y otro de detención ilegal del artículo 163.1º CP, a las penas, por cada uno de tres años y diez meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio mientras dure la condena.
Por el delito del artículo 163.1º CP a la pena de tres años y dos meses de prisión e inhabilitación especial mientras dure la condena.
Ambos condenados deberán satisfacer, por mitad, las dos terceras partes de las costas causada.
Notificada dicha sentencia a las partes se preparó contra la misma por la representación de los recurrentes, recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de los recurrentes formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Al amparo de la L.O.P.J., art. 5.4, por infracción del art. 24.2 de la C.E., principio de presunción de inocencia. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Crim, por indebida aplicación de los artículos 188.1, en relación con el art. 77 y 163.1 y 3 del Código Penal.. TERCERO: Infracción de ley al amparo del nº 2º del art. 849 de la L.E.Crim., por error de hecho en la apreciación de la prueba. CUARTO: Quebrantamiento de forma al amparo del nº 1º, inciso 1 del art. 851 de la L.E.Crim, al no expresar la sentencia clara y terminantemente los hechos considerados probados QUINTO: Quebrantamiento de forma al amparo del nº 1º, inciso 1 del art. 851 de la L.E.Crim, al no expresar la sentencia clara y terminantemente los hechos considerados probados. SEXTO: Quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 de la L.E.Crim., al considerar como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico implicaban la predeterminación del fallo.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, expresó su conformidad con la resolución del mismo sin celebración de vista e impugnó el mismo por los razonamientos que adujo, quedando los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.
Hecho el señalamiento han tenido lugar la votación y fallo prevenidos el veintitrés de noviembre pasado.
El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ. por entender que la sentencia de instancia vulnera el principio de presunción de inocencia, contemplado en el art. 24 CE. por cuanto del material probatorio actuante no se ha resuelto conforme al principio in dubio pro reo, haciendo caso omiso a las declaraciones de los imputados, a la documental intervenida en la causa y a los testigos propuestos por la parte.
Es doctrina reiterada de esta Sala (por todas las recientes S. 1312/2005 de 7.11), siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos de jurisdicción ordinaria a reinterpretar, conforme al principio de constitucionalidad de las normas jurídicas, los preceptos que afecten o pueden afectar a la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, de modo que aquellos preceptos resulten compatibles con aquella Super Ley, por tanto, atendiendo el derecho constitucional ala presunción de inocencia presente en el art. 24.2 CE, se impone reinterpretar el "dogma" de la libre valoración con las pautas ofrecidas por el Tribunal Constitucional, singularmente en la ya histórica sentencia de 27.8.81, complementada en la de 26.7.82, lo que en definitiva, impone un modelo constitucional de valoración de la prueba e implica que para que se de un Fallo condenatorio es preciso deslindar como fases perfectamente diferenciadas dentro del proceso de análisis de las diligencias, las dos siguientes:
Es decir, que la significación del principio "in dubio pro reo" en conexión con la presunción de inocencia equivale a una norma de interpretación dirigida al sentenciador que debe tener en cuenta al ponderar todo el material probatorio y tiene naturaleza procesal (SSTS. 15.5.93 y 30.10.95) por lo que resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo las dudas sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del delito, pero no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional en uso de las facultades otorgadas por el art. 741 LECrim., llega a unas conclusiones, merced a la apreciación en conciencia de una bagaje probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la resolución. Como precisa la STS 27.4.98 el principio "in dubio pro reo", no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo.
Pues bien, en el caso sometido a nuestra versión, la sentencia de instancia en el epígrafe correspondiente a la justificación probatoria en el apartado primero, enumera la pluralidad de medios probatorios que reúnen las condiciones constitucionales de utilidad acreditativa, distinguiendo entre los medios primarios de reconstrucción, como son las declaraciones de Sra. Celestina, de nacionalidad ecuatoriana, Elvira de nacionalidad venezolana, y Isabel de nacionalidad colombiana, cuyo testimonio accedió al plenario mediante la lectura de las prestadas en fase sumarial; las testificales de los agentes de la Guardia Civil que practicaron el registro en el local donde se desarrollaron los hechos nucleares, tantos los relativos al ejercicio de la prostitución coactiva como los referentes a las conductas privativas de libertad; la declaración del testigo Don. Luis Antonio, que presenció el episodio de huida del local de la Sra. Elvira en compañía de la Sra. Celestina ocurrido el 20.1.99; las declaraciones de los Sres. Luis Pablo y Benjamín que, igualmente, presenciaron como dos mujeres huían del local Lili II en esa misma fecha, y la declaración del Sr. Jon -testigo de la defensa- persona que afirmó en el plenario, como acompañó desde Ecuador a varias señoras al local regentado por el inculpado. Íñigo, con la explícita finalidad de que ejercieron la prostitución en el mismo, y la prueba indirecta o de segundo grado, constituida por la documental hallada en las dependencias del local en la que se hacen constar cantidades de dinero al lado de nombres de mujeres, pasaportes encontrados en el despacho de Íñigo, billetes de avión a nombres de mujeres de nacionalidad extranjera, faxes de comunicación solicitando material como preservativos y sábanas de papel, planos de carreteras de países del Este y documentos acreditativos de contactos con personas residentes en países iberoamericanos, en particular de Colombia; para a continuación, en los apartados segundo y tercero, analizar de forma especifica e individualizada cada medio probatorio, razonando por qué de los mismos se desprende la comisión de tres delitos de proxenetismo coactivo del art. 188.1 CP. en concurso medial con dos delitos de detención ilegal del art. 161.1 y 3 CP. y un delito de detención ilegal del art. 163.1 CP.
Consecuentemente ha existido material probatorio de cargo obtenido conforme a las normas constitucionales y procesales y aportado al juicio oral de forma lícita, suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, que, como ya hemos indicado, no debe confundirse con la valoración en conciencia de la prueba practicada que compete al Tribunal de instancia conforme lo preceptúado en el art. 741 LECrim.
El motivo segundo, por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. por indebida aplicación de los arts. 188.1 en relación con el art. 77 y art. 163.1 y 3 CP. ya que, los hechos que se imputan a los acusados son negados de forma rotunda por éstos, las señoritas tenían libre acceso de entrada y salida del local, y las denuncias presentadas por las señoritas Isabel, Raquel y Ana no merecen la consideración de prueba por cuanto no se han producido en el acto del juicio oral sus dictámenes, único momento procesal en que está asegurado la producción de la prueba con plena vigencia de las garantías esenciales de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad.
Con carácter previo debemos señalar que si bien en el art. 849.2 LECrim. permite atacar el hecho declarado probado en la sentencia recurrida, en el art. 849.1, la parte, precisamente, del hecho declarado probado. En otras palabras, en base al art. 849.1 LECrim. no puede pretenderse una modificación del hecho probado, sino que ha de aceptarse tal cual está en la sentencia de instancia. Aquí no se denuncian errores de hecho, sino de derecho, esto es, una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia, discutiéndose solo problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia, salvo que hayan sido previamente corregidos por la estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim. o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
En definitiva, en base al art. 849.1 LECrim. el recurso ha de fundarse en que en la sentencia los Juzgadores de instancia aplicaron incorrectamente el derecho, pues realizaron una indebida subsunción o, además de ser indebida la subsunción dejaron de realizar la correcta o realizaron una interpretación equivocada, o, en caso de absolución, por falta de aplicación del precepto penal correspondiente.
Pues bien, la sentencia de instancia declara probado que "al menos desde noviembre de 1998, el inculpado Íñigo, explotaba, como dueño, el establecimiento denominado Lili II, sito en la carretera nacional 340, en la localidad de Alcanar (Tarragona), Jose Antonio, otro de los inculpados, trabajaba en el mismo como guarda, encargado de la vigilancia del local y de las personas que allí trabajaban.
"En el referido establecimiento se ejercía la prostitución por un numero indeterminado de mujeres de origen, mayoritariamente extranjero, en particular de países latinoamericanos y del Este, sin que conste en las actuaciones que aquellas dispusieran de permiso de trabajo o de residencia en España".
"Los pagos por los servicios sexuales prestados eran entregados .... a Íñigo".
"Se apuntaban en diferentes libros registros, el nombre de las mujeres que prestaban los servicios, el tiempo de duración de estos y las ganancias obtenidas..." (Hecho probado primero).
Íñigo dueño y Jose Antonio, encargado de vigilancia del local Lili II, sito en la carretera nacional 340, localidad de Alcanar (Tarragona) contaron con un numero indeterminado de mujeres de origen, mayoritariamente extranjero, en particular de países latinoamericanos y del Este, sin que conste que éstas dispusieran de permiso de trabajo o de residencia en España, ejerciendo la prostitución. "Los pagos por los servicios sexuales prestados eran entregados... a Íñigo.
Al menos desde el 30 de diciembre de 1998, las Sras. Elvira y Celestina, y desde el 5 de enero la Sra. Isabel, ejercían la prostitución en el local... donde también residían. Estupiña retuvo los pasaportes de las referidas personas..., conminó bajo frases amenazantes de muerte a las referidas señoras para que ejercieran la prostitución..., las mujeres... tenían prohibida la salida del mismo, salvo autorización expresa del Sr. Jose Antonio, que nunca se produjo durante su estancia. fuera del horario de apertura al publico, la puerta permanecía cerrada con llave. Las habitaciones donde pernoctaban las mujeres residentes estaban enrejadas, el inculpado Jose Antonio controlaba durante todo el día que ninguna de las mujeres a las que se les había prohibido la salida abandonaran el local.
El local del establecimiento constituía una de las dependencias de la finca, donde se ubicaba también, una especie de almacén destinado a vivienda, donde residía el inculpado Jose Antonio, quien controlaba durante todo el día que ninguna de las mujeres a las que se les había prohibido la salida, abandonaran el local (hecho probado segundo).
En la madrugada del día 20 de enero de 1999, las Sras. Celestina y Elvira lograron salir del local, cuando se encontraban en el exterior del local, en los limites de la finca con la propia carretera nacional 340, fueron interceptadas y requeridas por Jose Antonio, que iba conduciendo un vehículo, para que volvieran, acercándose hacia ellas, llegando a agarrar el pelo de la Sra. Elvira. Jose Antonio espetó a la Sra. Elvira que si quería marcharse que pagara antes lo que debía, conduciendo a continuación a las dos mujeres al interior del local.
Con motivo del aviso proporcionado por Don. Luis Antonio a la Guardia Civil, el ciclista al que solicitó la ayuda la Sra. Elvira, se practicó el mismo día veinte de enero de 1999, la entrada y registro en el local, ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Amposta.
En los exteriores del local y dentro de la finca, había perros, uno de ellos de raza Rotweiler
Estupiña era poseedor de una pistola detonadora y de veinte cartuchos que se encontraban depositados en el despacho, habilitado en el local 41, II (hecho probado tercero).
Del anterior relato fáctico la comisión de los delitos por los que han sido condenados los recurrentes no puede ser cuestionada.
En cuanto al delito relativo a la prostitución del art. 181.1 CP. debemos recordar que la realidad criminológica que constantemente nos pone ante el fenómeno de la explotación de la prostitución ajena, ha obligado a todos los Estos civilizados, incluso mediante Convenios Internacionales puesto que el fenómeno traspasa fácilmente las fronteras de cada nación, a salir al paso y reprimir penalmente una actividad en la que el afán de lucro lleva a convertir en mercancía a la persona, con absoluto desconocimiento de su dignidad, desconociendo o quebrantando, si es preciso, su libertad con especial incidencia en la dimensión sexual de la misma. Esta libertad se tutela frente a determinadas actividades relaciones con la prostitución, con mayor o menor intensidad, según sea mayor o menor de edad o incapaz la persona en riesgo de prostituirse o ya prostituida.
En relación al art. 188.1, la conducta típica ofrece dos alternativas: o bien determinar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución, caso de no haberla ejercido nunca y tratarse de la primera vez, o de haberla ejercido con anterioridad pero haber abandonado ya dicha practica sexual, o bien determinarla igualmente para hacer que se mantenga en ella, caso de estar ya previamente inmersa en esta actividad. Los medios comisivos pueden ser de múltiples y de muy diversa índole, aunque legalmente equiparados a efectos punitivos. la ambigua expresión utilizada por la redacción originaria del CP. 1995 "determine coactivamente ..." fue sustituida, tras la reforma de 1999, por otras mas clara y contundente en lo que concierne a su interpretación "determine empleando violencia, intimidación o engaño", pues es sabido que el primer medio comisivo equivale a fuerza física, directamente ejercida sobre la víctima o encaminada a crear en ella un estado de miedo a sufrir malos tratos en el futuro si no se dedica a la prostitución, es decir, la llamada vis compulsiva, mientras el segundo se corresponde con la fuerza psíquica o moral, es decir, con amenazas en sentido estricto o el ejercicio de cierta clase de fuerza sobre las cosas, en tanto el tercero es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cual sería el caso en el que se convence a alguien bajo oferta vinculada de trabajo para que venga a España a trabajar desde el extranjero, si bien, el engaño se suele en estos supuestos completar con la ulterior utilización de violencia o intimidación en la persona para someterla al ejercicio de la prostitución en nuestro país (ssTS. 17.9 y 22.10.01). Junto a ellos se añaden diversas modalidades de abusos, que no son sino relaciones especificas de prevalimiento del sujeto activo con la víctima, y que se originaría, bien en una situación de superioridad respecto a ella (v. gr. superior jerárquico), bien en un estado de necesidad en el que ésta se encuentra (v. gr. penuria económica, drogodependencia, etc.) bien en su especifica vulnerabilidad (por razón de su corta edad, enfermedad u otra condición similar), como ejemplo de modalidad engañosa típica la sTS. 15.2.99 incluye un supuesto en el que el acusado facilitaba a jóvenes colombianas, 2.000 dólares en efectivo y el billete para el viaje a España, pero, una vez que se encontraban en nuestro país, les exigía la devolución de la mencionada cantidad, y el reembolso adicional de un millón de pesetas, que deberían conseguir ejerciendo la prostitución en un club. Se considera que la narración fáctica de la sentencia de instancia describe un notable contraste entre lo ofrecido muy ventajoso para la mujer en el momento de la recluta y la realidad con que la misma se encontraba cuando se había incorporado realmente al negocio del acusado, tratándose de un evidente engaño.
La sTS. 1663/99 de 26.11, contempla el caso de traer a súbditas extranjeras, sin que supieran que venían a ejercer la prostitución, desde sus países y las obligan a permanecer en su club y ejercer el comercio carnal. En definitiva, como señala la s. 1428/2000 de 23.9, el delito del art. 188.1 CP. es también un delito contra la libertad, como el delito de coacciones, solo que, además ataca a otro bien de suficiente importancia como para cualificar lo ilícito de una manera especial. Esta cualificación no consiente que, en cuanto delito contra la libertad, el del art. 188.1 CP. requiera mayores exigencias que el delito de coacciones. De ahí que no ofrezca dudas que las amenazas de males sobre las víctimas y sobre sus familiares en Hungría, ofrecen la suficiente entidad en el supuesto enjuiciado para la realización del tipo penal que se describe.
En el caso que se analiza y tomando en cuenta el cauce casacional elegido con respeto absoluto de los hechos probados, se describe una conducta de retención de pasaportes y documentos de identidad de las mujeres, así como de frases amenazantes de muerte a las mismas para que ejercieran la prostitución en el local, bajo el pretexto de una supuesta deuda que debían satisfacer, que integra el delito del art. 188.1, conforme a la doctrina jurisprudencial antes expuesta.
Con respecto a los delitos de detención ilegal, debemos recordar que dicho delito puede cometerse aunque la privación de libertad deambulatoria no fuese absolutamente estricta o que los medios para ejecutarla no sean de violencia física bastando la mecánica meramente intimidatoria. Es una infracción de consumación instantánea porque su perfección se alcanza en el instante mismo en que la detención se produce (ssTS. 307/2000 de 22.2, 574/2000 de 31.3, 14/2001 de 16.1, 610/2001 de 10.4).
Se cumple en el caso los requisitos de esta Sala casacional (SS. 18.1.99, 12.5.99, 5.3.2000, 5.3.2004, 9.12.2004) ha acuñado para la consumación del delito de detención ilegal.
Los hechos nucleares del tipo son "encerrar" y "detener". en ambos casos se priva al sujeto pasivo de la posibilidad de trasladarse de lugar según su voluntad. En ambos casos se limita ostensiblemente el derecho a la deambulación, en tanto se impide de alguna manera el libre albedrío en la proyección exterior y física de la persona humana. Si encerrar supone la privación de la libre deambulación porque se tiene a la persona dentro de los limites especiales del largo, ancho y alto, detener, en cambio, implica también esa limitación funcional aunque de distinta forma ya que, sin necesidad de encerrar materialmente, se obliga a la inmovilidad, no necesariamente con violencia o intimidación (sTS. 28.11.94).
El tipo básico descrito en el art. 163 CP. es un delito que se caracteriza por la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) El elemento objetivo del tipo consistente en la privación de la libertad deambulatoria de la persona, y que esa privación de libertad sea ilegal.
Requisitos que concurren en la conducta de los acusados, cuando se llevaron engañadas en su coche a las dos menores desde Castellón a Alicante en contra de su voluntad, e impidiendo a una de ellas bajar del coche cuando se dio cuenta y quiso hacerlo, debiendo recordarse que la detención ilegal no requiere, necesariamente, fuerza o violencia (SSTS.10.9.92 28.11.94, 18.1.99) ya que dada la amplitud de los términos en que se expresa el precepto (art. 163.1) está permitido cualquier medio comisivo (SS. 9.4.86, 17.2.87) y dentro de los medios comisivos se encuentran los procedimientos engañosos (sTS. 8.10.92).
Ciertamente debemos plantearnos la cuestión de la relación concursal del delito de detención ilegal incluido en el art. 163 y el de determinación coactiva al ejercicio y al mantenimiento de la prostitución del art. 188, ambos del CP. 1995, dado que sentencias de esta Sala de 30.1 y 21.11.2003 y 8.11.2004, precisan que como sucede en otros tipos delictivos (por ejemplo, el robo con intimidación o la propia violación), la dinámica comisiva del delito de determinación coactiva de una persona al mantenimiento en la prostitución conlleva necesariamente una cierta restricción ambulatoria, pues en la medida en que la víctima se ve forzada a dedicarse a algo que no desea, también lo está, aún instantánea o transitoriamente, a no abandonar el lugar donde dicha actividad se realiza.
En consecuencia, la necesidad de respetar la prohibición del bis in idem, así como la aplicación del principio de especialidad, nos lleva a estimar que el delito de determinación coactiva al mantenimiento en la prostitución consume las manifestaciones menores de restricción deambulatorias insitas en el comportamiento sancionado en el tipo. De otro modo la comisión de la conducta tipificada en el art. 188, determinaría necesariamente la condena adicional, prácticamente, en todo caso, por el delito de detención ilegal.
En suma, como señala la STS. 1588/2001 de 17.9, mediante la determinación coactiva se doblega simplemente la voluntad de la víctima para obligarla mediante "vis compulsiva" o la realización de ciertos actos contra su libre albedrío, sin que ello suponga una privación total de movimientos; mediante la comisión de un delito de detención ilegal no se doblega, sino que se impone o se obliga imperativamente, sin posibilidad alguna de defensa, la voluntad de la víctima, la cual queda impedida de libertad ambulatoria, porque se la detiene o se la encierra con privación total de movimientos.
Por tanto, el delito relativo a la prostitución en especial el art. 188.1 CP. . puede concurrir con el delito de detención ilegal, porque la actuación coactiva o violenta del citado art. 188 no exige inexcusablemente la prohibición o impedimento de la libertad ambulatoria, ni la exigencia de un confinamiento espacial (incluso en la denominada "prostitución acuartelada" no se requieren tales requisitos exigidos para la detención ilegal), por lo que ambas infracciones son totalmente independientes, los comportamientos fácticos son distintos y los bienes jurídicos protegidos diferentes, pues el primer delito incide en la libertad sexual, dada la subsunción sistemática y características descriptivas y normativas, si bien la nota de determinación coactiva se hace coincidir con la detención ilegal en la libertad deambulatoria, pero con una intensidad antijurídica propia cuando coincida con dicho tipo delictivo, que supone la vulneración de los elementos del tipo de detención ilegal en caso de un agravado desbordamiento de tales factores fácticos, si se produce el encierro perdurable en el tiempo de las víctimas en lugar cerrado y vigilado, bajo la continua vigilancia de sus secuestradores, con tal plus de antijuricidad que tales hechos no tienen porqué quedar consumidos y absorbidos por el delito descrito en el art. 188 CP.
Consecuentemente, mediante la determinación coactiva se doblega simplemente la voluntad de la víctima para obligarla mediante "vis compulsiva" o la realización de ciertos actos contra su libre albedrío, sin que ello suponga una privación total de movimientos; mediante la comisión de un delito de detención ilegal no se doblega, sino que se impone o se obliga imperativamente, sin posibilidad alguna de defensa, la voluntad de la víctima, la cual queda impedida de libertad ambulatoria, porque se la detiene o se la encierra con privación total de movimientos, delito de consumación instantánea, pero permanente en el tiempo, del que depende la penalidad no su infracción punitiva.
Así la STS. 17.9.2001, se refiere a casos de perjudicados que permanecían siempre en un piso sin poder salir del mismo; STS. 19.11.2001, imposibilidad de salir libremente del local hasta que se pagase la deuda, con retirada por parte de su explotador del pasaporte y dinero en casos de extranjeros en situación administrativa irregular; STS. 19.12.2003, impedimento de abandonar el domicilio, saliendo solo para ejercer la prostitución en la Casa de Campo, donde era llevada y controlada por otras personas que la retiraban el dinero después de cada servicio.
Supuestos semejantes al que es objeto del presente recurso en el que las mujeres tenían prohibida la salida del local, sin que dispusiera de llave de acceso al exterior, permaneciendo la puerta cerrada con llave, fuera del horario de apertura al publico y estando las habitaciones donde pernoctaban las mujeres residentes enrejadas. Situación de encierro que se manifestó de forma evidente en el modo en que las Sras. Celestina y Elvira intentaron escapar en la madrugada del 20.1.99, accediendo de manera clandestina al despacho del acusado Íñigo y haciéndose con sus pasaportes y una llave de la puerta que daba acceso al exterior, llave que utilizaron cuando tras llamar al acusado viniera para que les permitiera salir, éste se negó.
No puede, pues, consumirse esta situación en el delito de prostitución coactiva por las particulares especialidades fácticas del acontecimiento enjuiciado.
Llegados a este punto debemos analizar la impugnación realizada sobre la virtualidad probatoria de las declaraciones de las Sras. Isabel, Raquel y Ana que según los recurrentes no merecen la consideración de prueba al no haberse producido en el acto del juicio oral, aún cuando tal alegación debió articularse en el motivo primero por infracción de precepto constitucional presunción de inocencia.
Esta impugnación no puede tener favorable acogida, pues como precisábamos en las SS. 16.11.2004, 15.2.2005 y 1059/2005 de 28.9:
Si bien la sentencia precedentemente transcrita hace. referencia expresa a las pruebas preconstituidas y anticipadas, lo cierto es que aquellas son las que al practicarse ya se conoce la imposibilidad o, cuando menos, extraordinaria dificultad de su reproducción en el acto del juicio oral, por lo que es evidente que la sentencia precitada al referirse tan solo a la imposibilidad o acusada dificultad de reproducción en el acto de la vista pública de las diligencias sumariales de que se trate, está extendiendo la virtualidad probatoria no tan sólo a las diligencias practicadas en fase de instrucción y que sean constitutivas de prueba anticipada o preconstituida, sino también a aquellas diligencias que, en el momento de su practica, no existía previsión alguna sobre su irrepetibilidad en el juicio oral, siempre, eso si, que las mismas se practicaran con sujeción a los principios de inmediación y contradicción. En esta dirección la s. T.C. 40/97 matiza que "aun cuando se ha dicho por este Tribunal que la prueba testifical es, por su naturaleza, perfectamente reproducible en el juicio oral, para su debido contraste y contradicción por las partes de forma oral sin ninguna de los derechos de defensa del imputado S.T.C 10/92) en este caso fue irreproducible toda vez que la víctima se hallaba en paradero desconocido. En principio y agotados los medios que la Ley procesal ofrece para hacer comparecer al testigo al acto del juicio oral, podría admitirse la lectura de su declaración sumarial".
Pues bien en el caso enjuiciado tal como se señala en el apartado 2 del epígrafe justificación probatoria, las declaraciones sumariales de las Sras. Celestina, Elvira y Isabel se prestaron en las adecuadas condiciones de contradicción procesal con la asistencia tanto de los propios inculpados, en el caso de las prestadas por las Sras. Celestina y Elvira, de su letrado defensor en todas ellas, y del Ministerio Fiscal, en escrupuloso cumplimiento de las exigencias del art. 448 LECrim. y cuyo introducción plenaria vino dada por la vía del art. 730 LECrim. mediante su oportuna y completa lectura, a la vista de la imposibilidad material de localización y citación a juicio de los testigos.
Consecuentemente, no puede reprocharse al Tribunal la no suspensión del juicio oral -suspensión que no fue solicitada por la defensa de los hoy recurrentes- y la declaración de aquellos testigos fueron introducidas con toda corrección en el plenario.
Así, como presupuesto de ello, porque la misma se prestó con todas las garantías legales ante el Juez de instrucción y con contradicción de la defensa de los acusados, es decir, se cumplieron por el Instructor las condiciones que exige la prueba preconstituida, y además, en el juicio oral y así se desprende del acto, se procedió, sin que conste protesta alguna de la defensa, a la lectura por el Secretario de los folios donde estaban documentadas las declaraciones de dichas testigos.
En definitiva dicha prueba es susceptible de ser valorada por la Sala a efectos de formar su convicción sobre la realidad de los hechos denunciados.
El motivo tercero por error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del art. 849.2 LECrim. basado en documentos que obran en la causa que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
El motivo deviene inadmisible, el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim. se circunscribe al error concedido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que si hubieran tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
Ahora bien, la doctrina de esta Sala (SSTS. 5.4.99, 6.6.2002), viene exigiendo reiteradamente para la estimación del recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, entre otros requisitos, que el documento por si mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas, ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento (STS.28.5.99).
Por ello esta vía casacional, recuerda la STS. 1952/2002 de 26.1, es la única que permite la revisión de los hechos por el Tribunal de casación. De ahí que el error de hecho solo pueda prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la practica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741. Como expone la STS. 14.10.99, lo propio del presente motivo es que suscita la oposición existente entre un dato objetivo incorporado, u omitido en el relato fáctico de la sentencia y aquél que un verdadero documento casacional prueba por si mismo, es decir, directamente y por su propia y "literosuficiente" capacidad demostrativa, deforma que si se hubiesen llevado a cabo otras pruebas, similares o distintas, con resultado diferente, se reconoce al Tribunal la facultad de llegar a una conjunta valoración que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece en el documento, sino la que ofrecen los otros medios probatorios. La razón de ello es que el Tribunal de Casación debe tener la misma perspectiva que el de instancia para valorar dicho documento, o dicho de otra forma, si la valoración es inseparable de la inmediación en la práctica de la prueba que corresponde al Tribunal de instancia, el de Casación no podrá apreciar dicha prueba porque ha carecido de la necesaria inmediación.
Ahora bien quedan excluidos del concepto de documento a efectos casacionales todos aquellos, que sean declaraciones personales, aunque aparezcan documentadas. La razón se encuentra en que las pruebas personales, como son las declaraciones del acusado y testigos, están sujetas a la valoración del Tribunal que con inmediación la pruebe (STS. 1006/2002 de 5.6). Por ello el Tribunal Supremo no admite que pueda basarse un motivo en error de hecho cuando se indica que el documento en el que consta el error es el atestado policial (STS, 796/2000 de 8.5), tampoco tienen el carácter de documento la declaración de un imputado o coimputado, las declaraciones testificales y el acta del juicio oral (SSTS. 100/2000 de 5.6, 1701/2001 de 24.9), ya que no son documentos ni las declaraciones del acusado ni las de los testigos ya que no garantizan ni la certeza, ni la veracidad de lo dicho por el manifestante, siendo simplemente pruebas personales documentadas en las actuaciones bajo la fe del Secretario Judicial y sometidas como el resto de las probanzas a la libre valoración del Juzgador de instancia, SSTS. 26.3.2001 y 3.12.2001). No de otra forma decíamos en la STS. 55/2005 de 15.2 ""ni las declaraciones de testigos efectuadas en la instrucción ni las que tienen lugar en el juicio oral, transcritas en la correspondiente acta, tiene la virtualidad documental a los efectos de la casación prevista en el art. 849.2 LECrim. En realidad, las declaraciones de los testigos requieren para su valoración, salvo supuestos excepcionales de prueba anticipada, de la percepción por el Tribunal en el momento del juicio, pues solo entonces podrá éste formar su necesaria convicción sobre los hechos, de acuerdo con el art. 741 LECrim. Y lo visto y oído por el Tribunal de instancia está fuera del recurso y no puede ser contradicho en casación con apoyo en el acta del juicio. Esta sólo reproduce lo que el Secretario Judicial ha podido transcribir, sirviendo de documento público en el que constan las pruebas practicadas y los resultados de las mismas que el depositario de la fe pública estima pertinente hacer constar. Pero, estas constancias no reemplazan la percepción de la prueba de los jueces, que es la única que puede determinar los hechos probados. El contenido de lo declarado por los testigos, peritos y acusados, así como la credibilidad de sus manifestaciones por estas razones son completamente ajenas, como cuestiones de hecho, al recurso de casación" (SSTS. 26.2.2001. y 22.5.2003).
Aplicando la anterior doctrina al caso que se analiza, las declaraciones judiciales de los testigos propuestos por la defensa y la valoración como prueba de declaraciones judiciales que no han comparecido al acto del juicio oral, no pueden fundamentar el motivo basado en el error facti y el resto de los documentos a que se refiere la parte -los relativos a contabilidad y gestiones, "carteles o normas de régimen interno", para las señoritas- no han sido omitidos por el Tribunal de instancia, sino valorados junto con el resto de las pruebas, entre ellas la existencia de perros y un arma en el despacho de uno de los acusados, para formar su convicción lo que pretenden los recurrentes es una nueva y diferente valoración de la prueba hecha por la Sala de instancia, valoración que corresponde en todo caso a ésta, según lo establecido en el art. 741 LECrim. (STS. 5.10.2004).
El motivo cuarto por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1, inciso 1º LECrim. por no expresar en la sentencia clara y terminantemente cuales son los hechos que se consideran probados, haciendo caso omiso a las declaraciones de los recurrentes, la documental existente y los testigos propuestos por la parte.
El motivo deviene inadmisible. Para que este motivo pueda prosperar es preciso que el recurrente señale los párrafos que resulten incomprensibles por su falta de claridad (STS. 636/2004 de 14.5), por lo que una alegación de falta de claridad sin precisar la frase en la que se encuentra la oscuridad, carece de viabilidad, de manera que la falta de claridad en el relato fáctico solo "deberá apreciarse cuando el Tribunal lo haya redactado utilizando términos, frases o expresiones ininteligibles, oscuras o dubitativas, en extremos jurídicamente relevantes del mismo, de tal modo que no sea posible conocer con precisión qué es lo que el Tribunal declara probado y por tanto, resulta imposible su calificación jurídica. (STS. 161/2004 de 9.2).
Por ello la solución a las omisiones en los hechos probados no viene por el cauce utilizado por los recurrentes -falta de claridad, art. 851.1, sino por la vía del art. 849.2 LECrim.-. En este sentido la STS. 4.5.99, precisa que la omisión de datos que debieron ser incluidos en el relato, según el recurrente, en modo alguno constituye el defecto procesal contemplado en el precepto invocado, sino a lo más que podría dar lugar es que se procediera a completar la sentencia mediante el procedimiento legalmente establecido al efecto, que desde luego no es la vía utilizada por el recurrente, STS. 6.4.92, porque las omisiones tan solo caben como motivo de casación por quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados cuando ocasionan la imposibilidad de su comprensión por hacer ininteligible el relato de lo ocurrido, pero no como aquí que no producen oscuridad alguna para la comprensión de lo narrado en la sentencia -SS. 18 y 28.5.92- o como dicen las SS. 375/2004 de 23.3 y 1265/2004 de 2.11, cosa distinta es que el recurrente pretenda ensanchar el "factum" con complementos descriptivos o narrativos, que considere esenciales, por repercutir en el fallo y que resultaron probados, a medio de documentos, que no fueron debidamente valorados por el Tribunal, lo que situaría el motivo en el campo del "error facti" que contempla el art. 849.2 LECrim.
El motivo quinto por quebrantamiento de forma, al amparo del nº 1 inciso 2º, del art. 851 LECrim. por resultar manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados de la sentencia.
La esencia de la contradicción consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre si, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra al excluirse uno al otro produciendo una laguna en la fijación de los hechos (STS. 299/2004 de 4.3).
La doctrina jurisprudencial reiterada (SSTS. 717/2003 de 21.5, 2349/2001 de 12.12, 776/2001 de 8.5, 1661/2000 de 27.11), señala para que pueda prosperar este motivo los siguientes requisitos:
Pues bien, como los recurrentes omiten señalar cuales son las contradicciones que afirma existen en los hechos probados, remitiéndose a los mismos motivos expuestos en el segundo motivo de casación, su desestimación resulta obligatoria.
El motivo sexto, por quebrantamiento de forma, al amparo del inciso 3º, del art. 851 LECrim. por haberse consignado como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implica predeterminación del fallo.
El motivo adolece de los mismos defectos que el anterior.
La predeterminación del fallo supone que en los hechos probados incluyen conceptos jurídicos, es decir, cuando en la sentencia se reemplaza la descripción de los hechos por su sola significación jurídica (STS. 870/2004 de 12.7), por lo que este motivo deberá apreciarse en los casos en los que al redactar el Tribunal los hechos que declare probados, utilice términos propios de la técnica jurídica, asequibles únicamente a las personas versadas en Derecho o utilice los mismos términos con los que el Legislador haya descrito o definido la correspondiente figura penal, de tal modo que en el "factum" se vengan a sustituir los hechos -que es lo propio del mismo- por los conceptos jurídicos -que es lo propio del "iudicium" o fundamentación jurídica de la resolución judicial- (STS. 161/2004 de 9.2). Consiste, en fin, en sustituir el relato histórico, descripción natural de los acontecimientos, por la síntesis jurídica de los mismos, deforma que se aplique directamente la calificación jurídica, pues ello determina la inexistencia de una descripción historia previa subsumible en el tipo penal (SSTS. 2349/2001 de 12.12, 656/2004 de 19.5).
No señalándose por los recurrentes que conceptos del relato fáctico implican aquella predeterminación, su desestimación deviene necesaria.
Desestimándose el recurso se imponen las costas a la parte recurrente, art. 901 LECrim.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por Íñigo Y Jose Antonio, contra sentencia de 1 de julio de 2004, dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, que les condenó como autores de un delito de proxenetismo y detención ilegal; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
STS 739/2011, 14 de Julio de 2011 (Agresion sexual, Prueba)
STS 1706/2016, 11 de Julio de 2016
STSJ La Rioja 148/2011, 13 de Abril de 2011
SAP Córdoba 39/2007, 26 de Febrero de 2007