Source: https://monitorelectoralsumate.wordpress.com/
Timestamp: 2018-09-22 23:01:34
Document Index: 410537176

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 3', 'artículo 82', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 71', 'Artículo 41']

Monitor Electoral | Just another WordPress.com weblog
Publicado en Electores | Leave a Comment »
Súmate resulta afectada como Organización No Gubernamental y participante de la sociedad civil venezolana que defiende los derechos políticos de todos los venezolanos. Es oportuno señalar que algunos parlamentarios de la AN salientes utilizaron el nombre de esta institución ciudadana como modelo de la supuesta necesidad de una Ley con el fin de controlar el financiamiento internacional.
El 20 de diciembre de 2010, Súmate envió una carta al Diputado Roy Daza, para el momento Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional; solicitando un derecho de palabra ante dicha Comisión, para alertar acerca de las amenazas que una ley limitante del mecanismo perfectamente lícito de la cooperación internacional tendría sobre los derechos humanos como los de Libertad de Asociación, Participación Política e Igualdad, garantizados en los artículos 21, 52, 62 y 67 de la Constitución; así como en los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“contiene límites al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que podrían llegar a entorpecer el libre ejercicio de la libertad de asociación de una forma incompatible con los estándares de la Convención Americana”.
Además, Súmate le indicó a los parlamentarios que los contenidos de este proyecto de ley, finalmente asentados en la nueva LDSPAN, contrarían la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU53/144), a saber:
Publicado en Actores | Leave a Comment »
¿Y las elecciones de Concejos Municipales?
En agosto de 2009 los electores en Venezuela debieron haber elegido los concejales de 335 Concejos Municipales y los miembros de las 1.084 Juntas Parroquiales debidamente creadas en el pasado, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). En mayo de ese mismo año la Asamblea Nacional (AN) modificó esta Ley para postergar injustificadamente estas elecciones para el segundo semestre del año 2010.Sin embargo, el CNE nunca convocó estas elecciones.
Súmate presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 9 de julio de 2009 un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la referida decisión de posponer los comicios locales y, en todo caso, a más tardar a mediados del año pasado, 2010, el CNE debió convocar en definitiva esas elecciones. Sin embargo, ni el CNE hizo la convocatoria, ni los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ se han pronunciado acerca de esta petición.
Por su parte, al final de 2010 la AN protagonizó un nuevo round contra el ejercicio democrático de las instancias gubernamentales más cercanas a los ciudadanos, al aprobar, entre otras, la nueva Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada en la Gaceta Oficial 6.013 extraordinaria del 23 de diciembre de 2010. Esta Ley establece que las futuras elecciones de Concejos Municipales deben realizarse junto con las de Alcaldes.
Artículo 2. Convocatoria y elección conjunta
El Consejo Nacional Electoral convocará los procesos electorales por tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguiente esquema:
Dado que los períodos de los Alcaldes en ejercicio culminan a finales de 2012, si se espera hasta esa fecha para elegir a los Concejales, los actuales funcionarios tendrán siete años ejerciendo esos cargos, cuando según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los Concejales deben permanecer sólo cuatro años en sus cargos.
Así, se le estaría imponiendo a los electores esperar hasta 2012 para poder escoger sus Concejales.
Artículo 4. Convocatoria y uniformidad de elecciones
Los procesos electorales destinados a la elección de gobernador o gobernadora, legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos serán convocados por el Consejo Nacional Electoral en la oportunidad correspondiente, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5. Permanencia hasta la uniformidad de elecciones
Los cargos electivos previstos en el artículo anterior, cuyo mandato expire antes de la fecha de la elección prevista en la presente Ley, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice el proceso electoral correspondiente.
¿Y las elecciones de Juntas Parroquiales?
Una de muchas leyes aprobadas o reformadas por la AN a finales de 2010 es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Según esta reforma, desaparecen las Juntas Parroquiales tal como eran conocidas hasta ahora, incluso la posibilidad de que sus miembros sean electos por voto directo, secreto y universal.
Artículo 35.- La parroquia tendrá facultades consultivas, de evaluación y articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público Municipal.
Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será coordinada por una junta parroquial comunal integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando corresponda a un área urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea no urbana, elegidos para un periodo de dos años. Todos electos por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva.
Para la revocatoria del mandato a los o las integrantes de las juntas parroquiales comunales, se aplicarán las condiciones y el procedimiento establecido para los voceros y voceras de los consejos comunales, dispuestos en la ley respectiva.
Artículo 36º. Para ser miembro de la Junta Parroquial Comunal, se requiere ser venezolano o venezolana mayor de quince años de edad, tener residencia en la parroquia, estar avalado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de su respectivo consejo comunal. Los extranjeros y extranjeras residentes en la parroquia deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
¿Y qué pasa entonces con las Juntas Parroquiales?…
La segunda disposición transitoria lo deja muy claro:
Pasados treinta días continuos a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, cesan en sus funciones los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes; garantizándose la estabilidad laboral del personal administrativo, empleado y obrero, de acuerdo con las normativas que rigen la materia.
¿Inalterabilidad de los períodos?
La Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, establece que los mandatos de los funcionarios electos en comicios extraordinarios durará el mismo período del funcionario al que sustituye:
Artículo 3. Inalterabilidad de los períodos
Cuando se realice una nueva elección, por falta absoluta del titular, por la revocatoria del mandato de acuerdo a la Ley, o por la repetición de alguna a causa de su nulidad, para ocupar cualquiera de los cargos dispuestos en el artículo anterior, el nuevo o la nueva titular del cargo culminará el período que corresponda, sin que pueda entenderse o considerarse como el inicio de un nuevo período y alterar la uniformidad establecida en la presente Ley.
De igual manera en los casos donde se desproclame a un candidato electo o candidata electa por declararse con lugar la impugnación de los resultados electorales o cualquier otra causa, de conformidad con la ley que regula la materia, se procederá a proclamar al que o a la que corresponda como nuevo o nueva titular del cargo, quien culminará el período constitucional, sin que pueda entenderse o considerarse como el inicio de un nuevo período y alterar la uniformidad establecida en la presente Ley.
Luego de la modificación del artículo 82 de la LOPPM, las elecciones presidenciales se separan de las de alcaldes y concejales.
El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, electos y electas es de cuatro años. La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional.
Publicado en Procesos | Leave a Comment »
¿Observación o Acompañamiento Electoral?
Ante cada nueva evidencia de la falta de transparencia del CNE en la conducción de los procesos electorales, y dada la falta de respuesta de los organismos jurisdiccionales para corregir oportunamente las irregularidades cometidas y permitidas por la autoridad electoral, la ciudadanía organizada debe enfrentar eficazmente estos obstáculos que pretenden disminuir el poder del voto y alejarnos del futuro democrático que merecemos todos los venezolanos.
En este contexto, es necesario que la mayor cantidad de ciudadanos entienda la importancia de su voto, ejerciéndolo en las próximas elecciones parlamentarias conscientemente, por un futuro democrático y de progreso que puede construirse en el país. Por eso nadie debe dejarse chantajear por el ventajismo ni caer en la trampa de la intimidación, aprovechando que el voto es secreto. Así valdrá la pena defender los votos, sumándose a la labor de los testigos electorales acreditados por los candidatos y la de los observadores electorales.
En cuanto al ejercicio de la observación, de acuerdo al “Reglamento en materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral”, publicado por el CNE en su página web el pasado 16 de Junio, las organizaciones observadoras deberán “Mantener bajo estricta confidencialidad o reserva el contenido de los intercambios de opinión o sugerencias formuladas a la autoridad electoral” (artículo 16, numeral 5).
Por ello los observadores electorales sólo podrían ejercer una vigilancia electoral silenciosa, en los centros de votación en los que el CNE permita su acreditación.
De hecho, este Reglamento establece una serie de condiciones que restringen sensiblemente las posibilidades para que las organizaciones observadoras o de acompañamiento puedan evitar el ventajismo oficialista permitido por el CNE.
El artículo 15 de este reglamento, por ejemplo, no deja espacio a la interpretación: las organizaciones observadoras no podrán denunciar públicamente las violaciones a la equidad en la contienda electoral, que – por cierto – están a la vista de todos los venezolanos:“Las personas acreditadas (…) no podrán: Emitir declaraciones ni opinión en general y en particular sobre los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral (…) De igual modo, se abstendrán de inducir, persuadir u orientar al electorado, así́ como hacer pronunciamientos públicos”
Con este reglamento una organización observadora no podría referirse oportunamente a los resultados del trabajo de monitoreo electoral de Súmate, que permitió contar 170 alocuciones del Presidente de la República, por los medios de comunicación social, durante los primeros ciento ochenta (180) días de 2010, con un promedio de 3 horas diarias. En buena parte de estas intervenciones, el Presidente de la República ha promocionado directamente a sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, pronunciándose abiertamente en contra de la oposición política. Entre ellas, realizó nueve actos también como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El resto estuvo distribuido entre 15 programas Aló Presidente, 38 cadenas desplegadas en todos los medios radioeléctricos del país, 96 transmisiones especiales, 9 programas especiales, 3 ruedas de prensa, 5 entrevistas especiales y pases en el programa “Dando y Dando” y 4 entrevistas especiales y pases en el programa “La Hojilla”.
Ciertamente, es conveniente que existan organizaciones que ejerzan la Observación Nacional Electoral y el “Acompañamiento Internacional” – restringido ahora incluso desde su misma denominación – aún con las evidentes limitaciones impuestas por el CNE a sus acciones. La razón de ello es que en la defensa de los votos de todos los venezolanos no se debe abandonar ninguna trinchera de lucha.
De acuerdo al referido Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional se entiende que “En ningún caso, las declaraciones, conclusiones o informes tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral, ni mucho menos carácter vinculante para la autoridad electoral…”. Esto atenta contra la transparencia de las elecciones, más aún cuando el Reglamento deja al Consejo Nacional Electoral la decisión de determinar la oportunidad y condiciones en que se hará público el contenido de los informes presentados.
Cabe la pregunta ¿por qué el CNE permite el descarado ventajismo a favor del oficialismo, si debería ser el garante de elecciones justas y verdaderamente democráticas?
Reglamento a la medida
El artículo 15 del Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional, ya mencionado anteriormente, impide a los observadores “… Hacer comentarios personales acerca de sus observaciones o conclusiones a los medios de información o a terceros, antes que la vocera o vocero del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral, del cual forma parte, haga su declaración formal, de conformidad con el presente Reglamento”.
Lo expresado en el artículo anterior sólo podrá hacerse después de las elecciones, tal como lo prevé el artículo 19 de esta normativa: “Las actividades de observación nacional electoral y de acompañamiento internacional electoral concluirán con la presentación, ante el Consejo Nacional Electoral, de un informe escrito, confidencial, del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral correspondiente, el cual contendrá́ el análisis, conclusiones y sugerencias de la actividad realizada. Este informe será presentado por la vocera o vocero designado, una vez que concluya el proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral haya efectuado las proclamaciones de las candidatas o candidatos elegidas o elegidos”.
Sin embargo, los observadores electorales, de estar presentes en las Elecciones Parlamentarias el próximo 26 de septiembre, podrían incluir en sus informes las posibles irregularidades que pudieran cometerse, a pesar de las restricciones impuestas por el CNE.
Hay que apoyar a los defensores del voto
Bajo condiciones de Elecciones Limpias, Súmate podría dedicarse exclusivamente a la observación electoral nacional. Esta labor es consistente con la naturaleza de esta organización ciudadana independiente; que defiende los derechos políticos de todos los venezolanos. Sin embargo, en vista de los obstáculos que el CNE ha impuesto a los procesos electorales en el pasado, incluyendo restricciones inaceptables para la labor de una observación electoral realmente independiente, es que Súmate ha ganado experiencia en el ejercicio de la contraloría electoral a través de la actuación de los testigos.
Aunque el CNE no garantiza la celebración de Elecciones Limpias, por su parcialización hacia el oficialismo, los ciudadanos activados en la Defensa del Voto pueden lograr el día de las elecciones, que los votos totalizados por el organismo electoral representen efectivamente la voluntad popular expresada ante las máquinas de votación. Por eso Súmate llama a votar y a defender los votos en las próximas elecciones parlamentarias.
Para la defensa del voto, los venezolanos deben aspirar a tener testigos en todas y cada una de las Mesas de Votación del país. En cada Mesa donde no haya un testigo formado y organizado, no será posible garantizar la transparencia de los resultados reportados por el CNE. Sin embargo, la Defensa del Voto no se limita a la presencia de los Testigos en cada Mesa de Votación el día de la elección, pues incluye la efectiva ejecución de las actividades de formación y organización antes del evento electoral, la eficaz actuación de los Testigos con todo el apoyo requerido durante la jornada comicial, y la disposición oportuna de la información acerca de los resultados del proceso, inmediatamente después de las elecciones.
Ante el CNE, los candidatos son los que tienen la última palabra para seleccionar a los Testigos electorales para cada Mesa de Votación; y los cinco partidos con mayor votación nacional son quienes pueden acreditarlos ante el CNE, en las etapas previas y posteriores del proceso electoral.
Por ello, cuando Súmate se ofrece para colaborar en la formación y organización de Testigos, debe hacerlo necesariamente en alianza con los candidatos correspondientes, dado que sólo a través de ellos se puede obtener la acreditación para la actuación de los Testigos en cada Mesa de Votación.
Así, el reclutamiento y selección de los Testigos corresponde a los candidatos de la circunscripción respectiva. En los casos de la Unidad Democrática, este trabajo podrá ser apoyado por las Comisiones Electorales de la localidad, que en la mayoría de los casos han estado funcionando desde el año pasado.
En los últimos procesos electorales, en el país se han desarrollado múltiples redes de Defensores del Voto, asociadas a diversas organizaciones partidistas y ciudadanas independientes, incluyendo el movimiento estudiantil y otras organizaciones juveniles. Sin embargo, para que sus aportes sean efectivos, es fundamental que todas estas organizaciones alineen su trabajo con los candidatos correspondientes, porque el CNE acreditará un solo testigo principal para todos los candidatos y partidos de una misma alianza política.
La eficacia de la labor de tantos y tan diversos actores, cohesionados bajo el objetivo común de lograr la mejor y máxima cobertura de las Mesas de Votación de todo el país con Testigos y el personal de apoyo necesario, sólo puede lograrse a través de una coordinación adecuada. Si se subestima este inmenso reto, desde el punto de vista político como operativo, no sólo podría retrocederse en la Defensa del Voto, sino que frustraría las expectativas de una ciudadanía ávida por participar activamente en el fortalecimiento democrático de Venezuela.
Con sus conocimientos, experticia y con su red de voluntarios, Súmate apoyará a todos los defensores del voto, bien sean árbitros (miembros y secretarios de mesa y juntas electorales), testigos, observadores y electores, que acepten la asesoría y colaboración de la organización.
Súmate no dudará en dar su aporte ciudadano. La posibilidad de potenciarlo, para una verdadera construcción de democracia, está en manos de los actores político-partidistas.
Referendo Consultivo, una nueva solicitud
El martes 26 de mayo Fedecámaras Lara presentó a la Oficina Regional Electoral una solicitud de Referendo Consultivo, sobre la expropiación de parcelas en la Zona Industrial I, que, entre otros, estaría afectando a 800 trabajadores de Cervecería Polar y de Pepsi Cola.
Al respecto el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:
“Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente.”
Aún cuando el año pasado fue aprobada una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, esta deja a criterios del Consejo Nacional Electoral la elaboración de un reglamento sobre Referendos, es decir, aún se desconocen los lapsos y mecanismos asociados a un Referendo Consultivo.
No es la primera vez que se hace este tipo de solicitud.
En el año 2002 Súmate presentó la primera para activar un proceso de Referendo Consultivo con el fin de solicitar al Presidente en ejercicio “la renuncia voluntaria” a su cargo. Se recolectaron 2.057.407 firmas a nivel nacional. Luego del proceso de verificación y depuración realizado por Súmate, y posteriormente auditado por la firma auditora internacional Delloite & Touche, se obtuvieron 1.574.233 firmas válidas, las cuales fueron presentadas ante el CNE el 4 Noviembre de 2002.
Con posterioridad a la verificación de firmas por parte del CNE y la constatación del mínimo de firmas necesarias para la realización del Referendo Consultivo, (10% de los electores inscritos), el 3 de diciembre de 2002 procedió a convocar dicho evento para el 2 de febrero de 2003. Seguidamente, los diputados Desiré Santos Amaral, Ramón Darío Vivas Velazco y José́ Salamat Khan (miembros del partido político Movimiento Quinta República – MVR) introdujeron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un Recurso Contencioso de nulidad contra la resolución de convocatoria al referendo consultivo, buscando declarar como “ilegítima” la designación del rector Leonardo Pizani al directorio del CNE.
El 22 de enero de 2003, a escasos 10 días del Referendo Consultivo, la Sala Electoral del TSJ se pronunció acerca de este Recurso dictaminando medidas cautelares específicas a ser acatadas por el CNE. Esta decisión dio pie a que la convocatoria de Referendo Consultivo planteada para la fecha fuera suspendida.
En el año 2009, también fueron solicitados otros referendos consultivos ante el CNE:
* En el caso del mercado municipal de Chacao, el CNE argumentó que hasta que no haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre un recurso de amparo introducido por los vecinos, el 28 de octubre de 2008, el ente electoral no podía aprobar y desaprobar la petición de referendo.
* Para la consulta a los zulianos sobre la Ley de Descentralización el CNE, con el voto en contra de Vicente Díaz, rechazó la solicitud del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) . Los representantes del Poder Electoral que tomaron la decisión, consideraron que la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público es de carácter nacional, lo que impide que se convoque una consulta popular de ámbito regional para evaluar la opinión de los ciudadanos sobre cómo debe aplicarse la norma legal.
* En referencia a la Ley de Distrito Capital donde el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, llevó una solicitud para realizar un referéndum consultivo, el organismo comicial concluyó, en su sesión del jueves 28 de mayo de 2009, que el mecanismo para efectuar la consulta sería un referendo abrogatorio, ya que no se puede consultar sobre una ley que ya ha sido sancionada.
Ahora, el Poder Electoral tiene una oportunidad para demostrar si realmente está comprometido con la democracia participativa establecida en la Constitución Nacional.
Diputados con doble nacionalidad y naturalizados
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el Artículo 41, establece que: Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal o Fiscala General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.”
Queda así establecido que la aspiración a los cargos referidos sólo es para los venezolanos de nacimiento. Es oportuno precisar que este artículo no impide a los venezolanos con doble nacionalidad y los venezolanos por naturalización aspirar a cargos de Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldías no fronterizas, con tal de que cumplan con la residencia y demás requisitos establecidos por la Constitución y leyes de la República.
En tal sentido es claro que los doble nacionalizados y los naturalizados tienen derecho a optar a cargos de diputados a la Asamblea Nacional en estados fronterizos, con base en lo que señala la CRBV, donde sólo excluye a los Gobernadores de Estados Fronterizos y Alcaldes de Municipios Fronterizos. Pero para ejercer los cargos Presidente y Vicepresidente de la AN, deben ser venezolanos de nacimiento.
Electores (6)