Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-27-setiembre-2005-ministerio-de-justicia-111965
Timestamp: 2016-12-10 01:29:23
Document Index: 87783506

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 58', 'artículo 323', 'artículo 112', 'artículo 322']

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de dicha capital a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de dicha capital a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de dicha capital a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de dicha capital a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número 6, de dicha capital, don Jorge Requejo Liberal, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
El día 29 de abril de 2005 don José María Cano Calvo, Notario de Valladolid, autorizó una escritura de cancelación de hipoteca otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don E.J.A.P.
El 7 de junio de 2005 se presentó el título en el Registro de la Propiedad número 6 de Valladolid, y fue objeto de calificación negativa, con fecha 15 de abril de 2005, «por no haberse reseñado o testimoniado en la escritura de forma suficiente las facultades representativas o, en su defecto, acompañado la copia auténtica del poder en cuya virtud figura representada la Entidad acreedora». Como base de dicha calificación, se expresan los siguientes fundamentos de derecho:
1. El simple juicio de suficiencia emitido por el Notario autorizante, sin transcribir ni reseñar las facultades representativas, impide al Registrador el ejercicio de las facultades calificadoras con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria
2. Así resulta de la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002; e, igualmente, de la Resolución de 30 de septiembre de 2002; todo ello a juicio del funcionario calificador.
3. El contenido de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid de 23 de enero de 2003.
La calificación lleva fecha de 14 de junio de 2005.
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación impugnada este Centro Directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por el Registrador en su calificación. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado se habían publicado las Resoluciones de este Centro Directivo, de carácter vinculante, de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005 en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta en dicha calificación.
Por medio de escrito de fecha de 20 de junio de 2005 el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, haciendo constar que ésta no le había sido válidamente notificada. En dicho recurso alegó: 1.º Infracción del artículo 98 de la Ley 24/2001 y del artículo 18 de la Ley Hipotecaria; 2.º Infracción de la doctrina de treinta y una Resoluciones de este Centro Directivo, que son vinculantes, de la referida Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valladolid de 23 de enero de 2003 y de cuatro Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid y una de la de Navarra; 3.º Infracción de numerosas Resoluciones de esta Dirección General, en recursos de queja.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 24 de junio de 2005, que tuvo entrada en este Centro el día 28 del mismo mes. En dicho informe expresa que la calificación fue notificada a dicho Notario por correo electrónico y mediante telefax; y no constan datos como la fecha de presentación del recurso.
19 bis, 259, 274, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991,
13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª),
18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
1. Como cuestión formal, sostiene el Notario recurrente que el Registrador ha incumplido la obligación de notificarle su calificación, mientras que éste que éste afirma haberla realizado mediante correo electrónico y telefax.
En caso de calificación negativa el Registrador de la Propiedad debe ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria (según redacción resultante de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos formales de la calificación negativa del Regis trador, se establece que la notificación de ésta se efectuará conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se añade que será válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Si la notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe someterse y su cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica consecuencia que el recurso no podría estimarse extemporáneo, sin perjuicio, en su caso, del tratamiento que pudiera tener el incumplimiento en el ámbito disciplinario cfr. artículos 313, apartados B).e) y C).b), de la Ley Hipotecaria. En el presente caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos que constan en este expediente además, en tiempo y forma, pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, ex artículo 58.3 de la Ley 30/1992. No obstante, y habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de la fijación del dies a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso así como en relación con el inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación (cfr. artículo 323 de la Ley Hipotecaria), debe recordarse el criterio de esta Dirección General sobre dicha cuestión, según el cual (cfr. Resolución de 28 de abril de 2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica avanzada del Notario ex artículo 112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (cfr. disposiciones transitorias vigésima y vigésimo primera de dicha Ley), no cabe sino pasar por lo establecido en el mencionado artículo 322, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria el cual, como norma especial, ha de prevalecer sobre otras más generales, como la del artícu-
lo 110.1 de dicha Ley 24/2001.
El carácter vinculante de las resoluciones de este Centro Directivo encuentra su fundamento en tres razones esenciales: primera, el carácter de funcionario público a todos los efectos del Registrador; segunda, su posición de subordinación jerárquica a esta Dirección General cuando ejerce su función pública; y, tercera y última, en la necesidad de dotar al sistema de seguridad jurídica preventiva de la necesaria predictibilidad, de modo que cualquier Registrador ante supuestos idénticos resuelva del mismo modo, para así evitar cualquier tipo de perjuicio a quien pretenda inscribir un acto o negocio jurídico en un Registro. Esta última razón se conecta, de modo natural, con las debidas garantías de las que disfruta el interesado frente a la Administra ción, pues no puede olvidarse que los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles son Administración a estos efectos, y sus resoluciones son actos de Administración fundados en derecho privado que se dictan por un funcionario público.
Pues bien, en el supuesto ahora resuelto no se da el segundo de los requisitos mencionados, inaplicando el funcionario calificador conscientemente la legislación hipotecaria y siendo su calificación contraria a lo expuesto en la Ley y a lo manifestado por esta Dirección General en reiteradísimas resoluciones (así las enumeradas en el apartado «Vistos» de esta Resolución).
Es más, sus manifestaciones carecen del menor valor cuando pretende interpretar del modo que cree conveniente la Resolución de este Centro Directivo de 12 de abril de 2002, pues precisamente en las
Resoluciones que dicho funcionario inaplica conscientemente se toma como punto de partida aquella Resolución, ya que la doctrina de este Centro Directivo ha sido siempre la misma. Resulta paradójico, cuanto menos, que el funcionario calificador se arrogue la función de intérprete de esta Dirección General, sosteniendo justo lo contrario de lo que la misma afirmó en la mencionada Resolución, de lo que significa dicha Resolución para este Centro Directivo y de lo que ha mantenido desde entonces.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido,
mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción; así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.