Source: http://psicolog.org/instituto-de-investigaciones-legislativas.html?page=10
Timestamp: 2020-04-05 00:00:41
Document Index: 239811407

Matched Legal Cases: ['Artículo 220', 'artículo 3', 'artículo 35', 'Artículo 220', 'ARTÍCULO 126', 'ARTÍCULO 238', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'artículo 194', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'ARTÍCULO 169', 'ARTÍCULO 170', 'ARTÍCULO 159', 'Artículo 195', 'Artículo 234', 'Artículo 235', 'Artículo 236', 'Artículo 237', 'Artículo 238', 'Artículo 219', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'ARTÍCULO 204', 'ARTÍCULO 302', 'ARTÍCULO 199', 'ARTÍCULO 200', 'ARTÍCULO 200', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 213', 'ARTÍCULO 194', 'ARTÍCULO 162', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 164', 'ARTÍCULO 243', 'artículo 296', 'artículo 301', 'Artículo 211', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'ARTÍCULO 318', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 252', 'artículo 250', 'Artículo 253', 'Artículo 254', 'Artículo 255', 'Artículo 256', 'Artículo 257', 'Artículo 243', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'Artículo 224', 'artículo 220', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 267', 'artículo 350', 'artículo 366', 'ARTÍCULO 221', 'Artículo 221', 'Artículo 142', 'artículo 142', 'Artículo 249', 'artículo 221', 'Artículo 221', 'Artículo 73', 'Artículo 221', 'artículo 221', 'Artículo 221', 'Artículo 221']

Artículo 220 - Instituto de investigaciones legislativas
Las niñas y niños que son víctimas del tráfico de menores, son objetos de tratos crueles e inhumanos, en su mayoría son expuestos a situaciones de violencia o abuso sexual, vulnerando de todas las formas posibles sus derechos.
El delito de tráfico de menores a nivel internacional se ha considerado como una forma de Trata de personas y es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil, así lo estipula el Convenio 182 Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
La definición de la trata de personas la encontramos en el Protocolo de Palermo en su artículo 3, párrafo tercero:
La comunidad internacional, ha velado por la protección de las niñas y niños contra toda forma de abuso o explotación, todo ello se encuentra establecido en diversos cuerpos normativos internacionales, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 35 en el cual se establece la obligación de los estados partes a adoptar las medidas necesarias para impedir la venta o trata de niños; La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, expone la necesidad de proteger a la mujer contra toda forma de violencia, abuso físico o sexual y la Declaración Interamericana para Enfrentar la Trata de Personas, afirma que existe la necesidad de perfeccionar o actualizar las legislaciones internas, sobre la tipificación de este delito.
En la legislación mexicana se cuenta con Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en ella se establecen cuáles son los tipos penales materia de trata de personas y sus sanciones; Sin embargo, en muchas de las entidades federativas, la figura de tráfico de menores, aún se encuentra prevista en los diversos Códigos Penales, razón por la cual se presenta el siguiente estudio de derecho comparado.
Sobre la sanción que corresponde al delito de Tráfico de Menores.
Las conductas relacionadas con el tráfico de menores, son propias de las previstas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Los Delitos en Materia De Trata De Personas y Para La Protección y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos, estableciendo sus diversas formas de explotación como son la esclavitud, condición de servidumbre, explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzada, utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células y experimentación biomédica.
Artículo 220. A quien con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga a su cargo a un menor, injustificadamente lo entregue a un tercero a cambio de un lucro, se le aplicará de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa. Las mismas penas se aplicarán a quienes otorguen el consentimiento, al tercero que reciba al menor y a quien lo entregue directamente sin intermediario.
Si la entrega se hace sin consentimiento o se hiciere para la explotación del menor o con fines reprobables, la pena será de cuatro a diez años de prisión y de cuarenta a cien días multa.
Si la entrega del menor se hace con la finalidad de incorporarlo a un núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se aplicará a los intervinientes de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa.
Además de las sanciones señaladas, podrá privarse de los derechos de patria potestad, tutela o custodia, según el caso.
El Ministerio Público o el tribunal tomarán las medidas cautelares que estimen pertinentes en beneficio del menor.
ARTÍCULO 126.- Tráfico de menores. El Tráfico de Menores consiste en la entrega ilegítima de un menor a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, por quien ejerza la patria potestad o la tenga a su cargo.
Al responsable de Tráfico de Menores se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 200 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, considerándose como tal, no sólo quien entrega al menor, sino también el tercero que lo recibe.
Si la entrega del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la punibilidad será de 2 a 4 años de prisión y de 20 a 125 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si quien recibe al menor acredita que lo hizo para incorporarlo a un núcleo familiar para otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, la punibilidad será de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 238.- Tipo y punibilidad.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor de 18 años, aunque ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le aplicará prisión de cinco a doce años y de doscientos a quinientos días multa.
Las mismas penas se aplicarán a los que otorguen el consentimiento a que se refiere este artículo y al tercero que reciba al menor.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entregue será de uno a tres años de prisión.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, la pena aplicable será de seis meses a un año de prisión y hasta cien días multa.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo inicial, la pena se aumentará hasta el doble de las previstas en aquél.
Además de las penas señaladas, se privará de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia, así como de los derechos de familia, en su caso, a quienes teniendo el ejercicio de éstos en relación con el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo.
Artículo 194. Tráfico de personas menores de edad. A quien con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de una persona menor de edad, aunque ésta no haya sido formalmente declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio cualquiera, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días.
Artículo 195. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán conforme a las siguientes disposiciones:
I. Hasta el doble de la pena impuesta, cuando no exista el consentimiento señalado en el artículo anterior; o
II. En un tercio, cuando la persona menor de edad sea trasladada fuera del territorio del Estado.
Artículo 196. Atenuantes. Las penas previstas en el artículo 194 se atenuarán conforme a las siguientes disposiciones:
I. Hasta un tercio cuando la entrega definitiva de la persona menor de edad se realice sin la finalidad, por parte de quien lo entrega, de obtener un beneficio cualquiera;
II. Hasta una mitad cuando quien recibió a la persona menor de edad lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar con la finalidad de otorgarle los beneficios propios de tal incorporación;
III. Hasta en una mitad si la recuperación de la víctima se logra en virtud de los datos proporcionados por la persona inculpada; o
IV. Hasta en dos terceras partes si espontáneamente se devuelve a la persona menor de edad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito.
A) EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS:
Del 1 al 44 […]
B) EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:
Del 1 al 2 […]
Del 4 al 5 […]
Artículo 166. A quien con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.
Las mismas penas se impondrán a quienes otorguen su consentimiento al receptor del menor a cambio de un beneficio económico, así como a quienes, siendo ascendientes, incurran sin intermediario en la conducta señalada en el párrafo anterior.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo primero, las penas se aumentarán en un tanto más de la prevista en aquél.
Si el menor es trasladado fuera del territorio del Estado, las sanciones se incrementarán en un tercio.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se reducirá en una mitad la pena prevista en el párrafo anterior.
Artículo 167. Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte de las sanciones previstas en los artículos anteriores. Si la recuperación de la víctima se logra por datos proporcionados por el imputado, las sanciones se reducirán en una mitad.
ARTÍCULO 169. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.
Las mismas penas a que se refieren el párrafo anterior, se impondrán a los que a cambio de un beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que reciba al menor o al ascendiente que, sin intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el párrafo anterior.
Si el menor es trasladado fuera del territorio del Distrito Federal, las sanciones se incrementarán en un tercio.
Además de las penas señaladas los responsables de los delitos perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluidos los de carácter sucesorio.
ARTÍCULO 170. Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte de las sanciones previstas en los artículos anteriores.
Si la recuperación de la víctima se logra por datos proporcionados por el inculpado, las sanciones se reducirá en una mitad.
ARTÍCULO 159. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la guarda o custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientas cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se impondrán a los que ejerciendo la patria potestad, guarda o custodia, a cambio de un beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que reciba al menor; o al que, sin intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el párrafo anterior.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo por móviles piadosos y para incorporarlo a su núcleo familiar otorgándole los beneficios propios de tal incorporación, se le impondrá una pena de nueve meses a tres años tres meses de prisión y multa de cincuenta y cuatro a doscientas treinta y cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización.
Si el menor es trasladado fuera del territorio del Estado, las penas se incrementarán en un tercio.
Además de las penas señaladas los culpables de los delitos perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluidos los de carácter sucesorio.
Artículo 195. Tráfico de personas menores de edad A quien con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de una persona menor de edad, aunque ésta no haya sido formalmente declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio cualquiera, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa.
Las mismas penas se impondrán a quien a cambio de un beneficio cualquiera otorgue el consentimiento al tercero que reciba a la persona menor de edad o al ascendiente, que sin intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el párrafo anterior.
Además de las penas señaladas, a los responsables del delito se les condenará a la suspensión de derechos que tengan en relación con la persona menor de edad, incluidos los de carácter sucesorio, por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.
Artículo 234.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico, se le aplicará prisión de dos a ocho años y multa de 40 a 200 días. La misma punibilidad se aplicará al tercero que reciba al menor.
Se aplicará una mitad más de la punibilidad señalada en el párrafo anterior, a quien ejerciendo la patria potestad o la custodia de un menor, injustificadamente otorgue su consentimiento para su ilegítima entrega o cuando lo entregue directamente para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico.
Artículo 235.- Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entregue será de uno a tres años de prisión y de 10 a 50 días multa.
Artículo 236.- Si se acredita que el ascendiente que ejerza la patria potestad o a quien tenga a su cargo la custodia del menor lo entregó, directamente o por intermediario, sin un propósito económico sino para incorporarlo a un núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de esa incorporación, no se le aplicará pena alguna, como tampoco a quien lo reciba en tales circunstancias.
Artículo 237.- Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento del ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia del menor, a quien ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico, como a quien en este caso lo reciba, se les aplicará de diez a veinte años de prisión y multa de 100 a 500 días.
Artículo 238.- Además de la punibilidad señalada en los artículos anteriores de este capítulo, se privará de los derechos sucesorios y de familia, a quien teniendo el ejercicio de éstos en relación con el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente capítulo.
Artículo 219.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, o sin el consentimiento de aquél, lo entregue ilegítimamente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa. Fe de erratas de fecha 3 de abril del 2000.
La misma pena a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá a los que otorguen el consentimiento a que alude este artículo y al tercero que reciba al menor.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, se impondrán de uno a tres años de prisión.
Además de las sanciones señaladas, se privará de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia, en su caso, a quienes teniendo el ejercicio de éstas, cometan el delito a que se refiere este artículo.
Artículo 175. Tráfico de personas menores de edad
A quien bajo su guarda o custodia a un menor de edad y lo entregue ilegalmente a un tercero a cambio de un beneficio cualquiera, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.
Las mismas penas se impondrán a quien reciba a la persona menor de edad en los términos del párrafo anterior.
Además de las penas señaladas, a los responsables del delito se les condenará a la suspensión de derechos que tengan en relación con la persona menor de edad, no así sus obligaciones de alimentos.
Artículo 176. Atenuantes
Las penas previstas en el artículo anterior se disminuirán hasta una mitad de la pena del delito de tráfico de personas menores de edad, cuando quien recibió a la persona menor de edad lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar con la finalidad de otorgarle los beneficios propios de tal incorporación.
ARTÍCULO 204.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad sobre el menor o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado, entregue el menor a un tercero, a cambio de un beneficio económico, para su custodia, se le aplicará de dos a nueve años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa. Las mismas sanciones se impondrán a quienes otorguen su consentimiento y al tercero que reciba al menor.
Cuando no exista la finalidad de obtener un beneficio económico, se aplicará prisión de uno a tres años.
Si el agente actúa sin el consentimiento de las personas mencionadas en el primer párrafo de este artículo, las sanciones se aumentarán hasta en una mitad.
A quien entregue al menor para que sea incorporado a un núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación se le impondrá hasta la cuarta parte de la sanción correspondiente. La misma sanción se impondrá a quien otorgue el consentimiento y a quien reciba al menor.
Además de las sanciones señaladas en los párrafos precedentes, los responsables de los delitos mencionados en este precepto perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluso los de carácter sucesorio.
ARTÍCULO 302.- Se impondrá de diez a cincuenta años de prisión y multa de doscientos a quinientos días, a quien cometa el delito de tráfico de menores en alguna de las modalidades siguientes:
I. Al que por medio de la violencia física o moral, o mediante engaños o furtivamente, sustraiga a un menor de dieciocho años de la custodia de sus progenitores, o de aquellos que ejerzan la patria potestad o la tutela, con fines comerciales o para apropiárselo;
II. Al progenitor de un menor de dieciocho años que ilegítimamente entregue en forma gratuita o en venta a un tercero para fines matrimoniales, prostitución, tráfico de estupefacientes, mendicidad o concubinato, y
III. A quien venda, compre o de cualquier otra forma disponga de un menor de dieciocho años para traficar con cualquiera de sus órganos o parte de su cuerpo.
Igual pena se aplicará al que teniendo conocimiento de las actividades de tráfico de menores o a la venta clandestina de órganos o parte de su cuerpo, no lo denuncie a las autoridades.
A quienes dirijan, organicen o aporten recursos económicos, técnicos o materiales que permitan el ejercicio de tráfico de menores o la venta clandestina de órganos o parte de su cuerpo, se les aplicará de veinte a cincuenta años de prisión y multa de quinientos días.
ARTÍCULO 199.- Derogado.
ARTÍCULO 200.- Derogado.
ARTÍCULO 200 Bis.- Derogado.
Artículo 23. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:
Del I al XVIII […]
I.- Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 38 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;
ARTÍCULO 213.- Derogado. (P. O. No. 28, 12-VI-13)
ARTÍCULO 194-Quinquies.– Comete el delito de venta de niños, niñas y adolescentes, a quién facilite, gestione, promueva, instrumente, realice y/o consienta la entrega o recepción de un niño, niña o adolescente para sí, para un tercero o terceros a cambio de remuneración económica o de cualquier otra retribución, aunque la finalidad sea de adopción. Al responsable de esta conducta se le impondrá una pena de diez a dieciséis años de prisión y de 400 a 500 días de salario mínimo de multa.
Si la finalidad de la entrega fuere el matrimonio, cualquier forma de explotación y/o para extirpar sus órganos, tejidos o componentes, se atenderá a lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.
Si el agente se valiese de una función pública o tuviere la patria potestad, guarda o custodia del menor de edad, la pena de prisión se aumentará en una mitad más de la establecida, sin exceptuar las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicables.
ARTÍCULO 162. Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a otro Estado u otro municipio del Estado, o entregue a un tercero, a un menor de dieciocho años de edad, de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole.
También comete el delito a que se refiere el párrafo anterior:
I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega, o por haber otorgado su consentimiento para ello;
Además de las penas señaladas en este artículo, el responsable del delito perderá todos los derechos que tenga en relación con el menor.
Se aplicará hasta dos terceras partes de las penas a las que se refiere este artículo, cuando el traslado o entrega del menor se realice en territorio nacional.
ARTÍCULO 163. Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad cuando:
I. El traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico indebido, o de cualquier otra especie, o
Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de dieciocho años que de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera o dentro del territorio nacional o del Estado, con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o el padre, según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo.
Además, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos, cometan el delito a que se refiere el presente artículo.
ARTÍCULO 164. Si el menor es restituido espontáneamente al seno familiar o a la autoridad antes de tres días de ocurrido el hecho y sin que se le cause perjuicio, se impondrá hasta una tercera parte de la pena que corresponda.
ARTÍCULO 243. Al que con o sin el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva o cualquier otro fin, a cambio de un beneficio económico, se le aplicará prisión de cuatro a doce años y de doscientos a seiscientos días multa.
Las mismas penas se aplicarán a los que otorguen el consentimiento a que se refiere este artículo y al tercero que reciba el menor.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se le impondrá prisión de tres meses a un año y de veinte a ochenta días multa.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo inicial, las penas se aumentarán hasta el doble según sea el caso.
A quienes teniendo el ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, cometan el delito previsto por este artículo, se les sancionará, además, con privación de aquél y de los derechos de familia en relación con el ofendido.
ARTICULO 301-B.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor de doce años o de un incapaz, aunque ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le aplicará pena de prisión de tres a nueve años y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.
La misma pena a que se refiere el párrafo anterior se aplicará al tercero que reciba al menor o incapaz.
Se aplicará una mitad más de la pena señalada en el párrafo primero, a quien ejerciendo la patria potestad o la custodia de un menor o incapaz, injustificadamente otorgue su consentimiento para su ilegítima entrega o cuando lo entregue directamente para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico.
Cuando el consentimiento, la entrega y recepción del menor o incapaz, se haga con el propósito de incorporarlo a un núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de esa incorporación, las penas a que se refiere éste artículo se reducirán una mitad en su término mínimo y máximo.
ARTICULO 301-C.- Derogado.
ARTICULO 301-D.- Derogado.
ARTICULO 301-E.- Cuando en las hipótesis delictivas señaladas en los artículos anteriores, no exista el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o custodia del menor o incapaz, se aplicará la pena prevista en el artículo 296, a excepción de la hipótesis prevista por el artículo 301-G.
ARTICULO 301-F.- Además de las sanciones señaladas, se privará de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia, en su caso, a quienes en el ejercicio de éstos, cometan los delitos anteriormente descritos.
Artículo 211.Se aplicará prisión de dos a siete años y multa de cien a quinientos días multa al que a cambio de un beneficio económico y con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga legalmente la custodia sobre el menor, lo entregue ilegítimamente a un tercero para su custodia definitiva. Las mismas sanciones se impondrán a quien en las circunstancias antes señaladas consienta o entregue directamente al menor y al tercero que lo reciba.
Cuando no exista la finalidad de obtener un beneficio económico se aplicará prisión de uno a cuatro años.
Si el agente actúa sin el consentimiento de las personas mencionadas en el primer párrafo de este Artículo o el menor es trasladado fuera del territorio mexicano las penas se aumentarán en una mitad.
Artículo 212.Se aplicará prisión de uno a cuatro años a quien, con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga legalmente la custodia sobre el menor, entregue a éste ilegítimamente a un tercero con el fin de que sea incorporado al núcleo familiar de dicha persona y goce de los beneficios propios de la incorporación. Las mismas sanciones se impondrán a quien en las circunstancias antes señaladas consienta o entregue directamente al menor y al tercero que reciba al menor.
Artículo 213. Además de las penas señaladas en los Artículos precedentes, los responsables de los delitos perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluso los de carácter sucesorio.
Artículo 214. Si el agente devuelve al menor, espontáneamente, dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de la sanción prevista en los Artículos anteriores.
Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO 318-Bis.- Se impondrá de seis a doce años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y privación de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia en su caso, y para adoptar, al que teniendo a su cargo o cuidado a un menor de edad o incapaz a virtud del ejercicio de la patria potestad, de la tutela, custodia o de otra situación legal o de hecho, lo entregue por sí o por interpósita persona a un tercero a cambio de un beneficio económico o de cualquier otro lucro.
La misma sanción se le impondrá al intermediario y al tercero que reciba un beneficio económico o lucro cualquiera, en las condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Si el intermediario es director, encargado o empleado de una institución médica pública o privada, de alguna casa-hogar, asilo o lugar donde se alberguen menores, la sanción que se imponga podrá aumentarse de dos a cuatro años más de prisión.
No eximirá de responsabilidad alguna a los participantes de éste delito aún cuando se haya seguido algún procedimiento legal para la entrega del menor, si se demuestra que quien lo entregó o el intermediario recibió a cambio un beneficio económico o lucro cualquiera.
Artículo 250. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la guarda o custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta y ocho días de salario.
Artículo 251. Las mismas penas se impondrán a los que ejerciendo la patria potestad, guarda o custodia, a cambio de un beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que reciba al menor; o al que, sin intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el artículo anterior.
Artículo 252. Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el artículo 250 de este código, las penas se aumentarán en un tanto más de la prevista en aquél.
Artículo 253. Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo por móviles piadosos y para incorporarlo a su núcleo familiar otorgándole los beneficios propios de tal incorporación, se le impondrá una pena de nueve meses a tres años tres meses de prisión y multa de cincuenta y cuatro a doscientos treinta y cuatro días de salario.
Artículo 254. Si el menor es trasladado fuera del territorio del Estado, las penas se incrementarán en un tercio. Artículo 255. Además de las penas señaladas en los artículos anteriores, se perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluidos los de carácter sucesorio.
Artículo 256. Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte de las penas previstas en los artículos anteriores. Artículo 257. A los sujetos activos que proporcionen datos con los que se logre la recuperación de la víctima, se les reducirá la pena de prisión en una mitad.
Artículo 243.-Se impondrán prisión de cinco a quince años y multa hasta de cuatrocientos días de salario a quien, con ánimo de lucro y para integrarlo al seno de otra familia:
I. Con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad, o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no le haya sido conferida por resolución judicial, lo entregue a un tercero; o
II. Tenga la patria potestad o la custodia sobre un menor y lo entregue por sí o por interpósita persona a un tercero.
La misma pena se impondrá a quien con igual propósito reciba ilegalmente a un menor, dando a cambio prestaciones en dinero o en especie.
Si el menor es trasladado fuera del territorio nacional, las sanciones serán de siete a veinte años de prisión y multa hasta de quinientos días de salario.
Cuando en la comisión del delito no haya existido el consentimiento a que se alude en la fracción I, las penas se aumentarán hasta el doble.
Artículo 243 Bis.- Derogado.
Artículo 244.-A quienes ejerciendo el derecho de patria potestad, tutela o custodia, cometan el delito en cualquiera de los casos indicados, se les impondrá, además, la privación de este derecho, así como de los derechos de familia en relación con el sujeto pasivo.
Artículo 224.- A quien con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o tenga a su cargo la custodia de un menor, ilegítimamente lo entregue a un tercero a cambio de un beneficio económico, se le aplicará prisión de uno a ocho años y de cien a quinientos días-multa.
La misma sanción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará a los ascendientes que otorguen el consentimiento a que alude este numeral o bien entreguen directamente al menor y al tercero que lo reciba.
Si la entrega del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la sanción aplicable al que lo entregue será de tres meses a tres años de prisión.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, la sanción se reducirá hasta la cuarta parte de la prevista en el párrafo anterior.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo inicial, la sanción se aumentará hasta el doble de la prevista en aquél.
A quienes teniendo el ejercicio de los derechos de familia en relación con el ofendido cometan el delito a que se refiere este artículo, además de las sanciones señaladas se les privará de ese derecho.
Cuando a consecuencia del tráfico del menor, éste resulte afectado en su integridad física por extraerle algún órgano o parte del cuerpo humano, se aplicará como sanción una pena de seis a diez años de prisión, independientemente de las que pudieran resultar por la comisión de cualquier otro delito.
Derivado del análisis de derecho comparado se analiza que solo los estados de Campeche, Chiapas y puebla refieren a la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, los demás estados en su mayoría, siguen contemplando en sus códigos penales la figura de tráfico de menores.
De manera general se considera viable la propuesta de reforma al artículo 220, ello en razón a que de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 Fracción XXI, Artículo 73. El Congreso tiene facultad
En Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, se establece al delito de tráfico de menores como una forma de trata de personas, por lo que se entiende que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual los estados no tienen la facultad para legislar en la materia por al estar establecido el delito de tráfico de menores.
Respecto a la redacción se menciona que no es necesario establecer todos y cada uno de los delitos que contiene, la referida ley anterior pues estos ya se encuentran previsto en el cuerpo de la misma.
Maltrato Infantil (Artículos 221-a y 221-b).
Especial atención merecen las niñas y los niños guanajuatenses, pues son el futuro de la sociedad, por ello es importante garantizar que crezcan en un ambiente sano y armónico.
La familia ocupa el lugar más importante en el desarrollo del menor, pues es en este, que las niñas y niños, desarrollan y fortalecen los valores fundamentales del ser humano, los cuales se ven reflejados en una sociedad sólida, armónica y prospera.
Corresponde a las autoridades, desde el ámbito de sus competencias, garantizar los derechos de los cuales gozan las niñas y niños y su protección contra toda forma de abuso y violencia.
Sin embargo, en nuestra actualidad aún persiste un gran problema a nivel social en el cual se ven involucrados los menores de edad; pues desde años ancestrales se ha hecho uso de la violencia física y moral, justificándola en la educación del menor.
Para mitigar esta problemática, se instauro en diversos códigos penales, el delito de violencia familiar y en algunos estados se encuentra tipificado como maltrato infantil. Como refiere Griselda Amuchategui; este delito surge como un reclamo social a las innumerables conductas de violencia que se producen dentro del seno familiar. 72
A nivel internacional se cuenta con diversos cuerpos normativos que prevén el cuidado y la protección de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, establece la definición de niño, así como los derechos de los que gozan y establece el compromiso que tienen los estados para tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin. 73
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San Salvador", establece en su artículo 15 el derecho a la protección de la familia y en su artículo 16 el derecho de la niñez. 74
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” establece la violencia física, sexual y psicológica como formas de violencia contra la mujer. 75
En México, con las adiciones de las fracciones XIX y XX al artículo 267 y la adición de un capitulo III, publicadas el 30 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron las conductas de violencia familiar en el Código Civil para el Distrito Federal. Así mismo se adiciono el Capítulo VIII al Título Decimonoveno; los artículos 343 bis; 343 ter; 343 quáter; un último párrafo al artículo 350, y el artículo 366 quáter, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en el cual se establecía la violencia familiar como tipo penal. 76
También se cuenta con la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; en su Capítulo VIII, se contempla el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 77
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, prevé las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 78
Para efectos de analizar, el delito de maltrato infantil, se presenta un estudio de derecho comparado con las legislaciones penales de las diversas entidades federativas que prevén como delito el maltrato infantil de manera expresa, así como la propuesta de reforma presentada, en el proyecto de iniciativa.
Sobre la sanción que corresponde a el delito de Maltrato Infantil
ARTÍCULO 221-b. Comete el delito de maltrato infantil la persona que teniendo a su guarda, custodia, cuidado, tutela, curatela o protección realice agresiones físicas, verbales, amenazas o incomunique a una persona menor de 18 años.
Este delito se sancionará de uno a seis años de prisión, además de la perdida de los derechos de familia., sin ninguno de los beneficios que señala el presente Código o Ley Nacional de Ejecución de Penas. La misma se aumentará hasta en una mitad, cuando el delito se cometa contra personas que tengan alguna discapacidad o que no tengan la capacidad de repeler el hecho.
Artículo 221-b. Cuando la violencia se haga consistir en lesiones que por lo menos tarden en sanar más de quince días, inferidas a una persona que por razón de su edad, discapacidad o cualquiera otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa, se impondrá como pena de dos a ocho años de prisión.
Artículo 142-N. Se impondrá una pena de 6 meses a 5 cinco años de prisión a quien ejerciendo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia, agreda a una persona menor de edad, utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, causándole a este una alteración a su salud, a su integridad física o psicológica.
Al responsable de este delito se le impondrán, a juicio del Juez, las penas conjuntas o separadas de la perdida de la custodia que tenga respecto a la víctima, la prohibición de ir a lugar determinado o residir en él y tratamientos psicológicos, reeducativos, integrales, especializados y gratuitos que serán impartidos por instituciones públicas.
No se considera maltrato infantil el ejercicio del derecho de corrección que prevé el Código Civil del Estado de Jalisco.
Los agravantes comunes a los delitos contra el desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo 142- Ñ, no son aplicables a este tipo penal.
Artículo 249 Bis. A quien prive de sus derechos y su bienestar a persona menor de edad o le inflija deterioro a su integridad física o psicológica, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de hasta quinientos días.
Derivado del estudio de derecho comparado, se establece que únicamente el estado de Jalisco y el de Veracruz contienen expresamente el delito de “Maltrato Infantil “los demás estados lo establecen como violencia familiar.
Análisis de la iniciativa. -
El derecho penal tiene la función de proteger los bienes jurídicos más importantes, ante afectaciones graves y según el principio de intervención mínima, el Derecho penal debe ser la última ratio para la protección de estos.
En materia legislativa, este principio implica evitar legislar sobre un bien jurídico ya tutelado en el ordenamiento penal. En este caso se encuentra el delito de maltrato infantil al que hace alusión la presente propuesta, pues ya se encuentra previsto en el código penal vigente, en su artículo 221, por lo que no supone un nuevo tipo penal, a su vez se reitera la sanción establecida en el texto vigente, con la expuesta en la presente propuesta, razón por la cual no se considera viable legislar sobre un tipo penal ya previsto.
Para efectos de análisis se presenta un cuadro comparativo, en el cual se muestra el tipo penal ya legislado y la propuesta de reforma.
Artículo 221. A quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga; contra los hijos del cónyuge o pareja, pupilos, o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o custodia, de uno u otro, se le impondrá de uno a seis años de prisión.
Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en el párrrafo anterior o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo.
Se refiere que dentro de las sanciones en la propuesta realizada se establece además de la pena privativa de la libertad, la de la perdida de los derechos de familia, en esta tesitura dentro de la redacción consideramos viable que se contemple como “privación de los derechos de familia”, pues un derecho no se pierde, ya que estos son inherentes al ser humano, sin embargo, si se puede suspender o privar de su ejercicio.
Respecto de la leyenda “Este delito se sancionará de uno a seis años de prisión, además de la perdida de los derechos de familia., sin ninguno de los beneficios que señala el presente Código o Ley Nacional de Ejecución de Penas.” Se establece que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73, fracción XXI, inciso C, el congreso de la Unión es el facultado para establecer dichos preceptos, por lo que se considera que el párrafo anterior invadiría las esferas legislativas del congreso de la unión, al no estar facultado el congreso del estado parar prever dicho precepto.
De la I a la
La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Artículo 221-c.
La propuesta de reforma que se plantea en la iniciativa para el artículo 221-c tiene diversos puntos a considerar, los cuales podemos identificar en el siguiente cuadro comparativo.
Artículo 221-c. Al ascendiente, descendiente o pariente colateral hasta el cuarto grado de un menor de dieciséis años o incapaz, o al que tenga relación familiar con dicho menor o incapaz, o con uno de los ascendientes o parientes referidos, sin causa justificada, lo sustraiga, retenga u oculte de quien tenga la guarda, custodia o tutela del menor o incapaz de hecho o de derecho, se le impondrá de un año a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa. Además de las sanciones señaladas, se le privará o suspenderá de los derechos de patria potestad, tutela o custodia, según el caso.
En estos casos el Ministerio Público o la autoridad judicial dictarán las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física o psíquica del menor o incapaz sustraído, retenido u ocultado.
Si el activo devuelve al menor o incapaz dentro de los tres días siguientes a la sustracción, retención u ocultamiento, la punibilidad aplicable será de un tercio del mínimo a un tercio del máximo de las sanciones señaladas.
La punibilidad prevista en este artículo se aplicará siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
Este delito se perseguirá por querella de quien tenga la guarda, custodia o tutela del menor o incapaz de hecho o de derecho.
Artículo 221-c.- Al padre o la madre que, sin tener la guarda y custodia de un menor de dieciocho años de edad, lo retenga o sustraiga, sin causa justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, se le impondrá de tres meses a seis años de prisión y de diez a sesenta días multa.
Cuando la retención o sustracción de un menor de dieciocho años, se realice por pariente consanguíneo, colateral o afín hasta el segundo grado, se impondrán de uno a ocho años de prisión y de veinte a ciento sesenta días multa. Si se pone en libertad al menor, espontáneamente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, sin causarle ningún perjuicio, se aplicará como sanción, de tres meses a un año de prisión.
Si el activo devuelve espontáneamente al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá hasta una tercera parte de las penas señaladas.
Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce años de edad, las penas previstas en el Artículo anterior se incrementarán en una mitad.
Cuando la retención o sustracción de un menor de dieciocho años, se realice por una persona distinta de las indicadas en el presente Capítulo, será considerado como típico de privación ilegal de la libertad previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.