Source: https://es.scribd.com/document/3822249/Poblacion-civil-F-Alonso-Perez-Poblacion-civil
Timestamp: 2016-08-24 02:08:54
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SUMARIO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y NORMATIVA VIGENTE.2. CONCEPTO DE PERSONAS CIVILES Y DE POBLACIÓN CIVIL.- 3. LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS.- 3.1. Sistemas preventivos de carácter jurídico.3.1.1. Zonas o localidades sanitarias y de seguridad.- 3.1.2. Zonas neutralizadas.- 3.1.3. Localidades no defendidas.- 3.1.4. Zonas desmilitarizadas.- 3.1.5. Otros supuestos.- 3.2. Sistemas preventivos de carácter táctico.- 3.2.1. Obligación de distinguir entre población civil y combatientes y bienes de carácter civil y objetivos militares.- 3.2.2. Normas sobre el ataque.3.2.3. Prohibiciones especiales.- 4. LOS SISTEMAS DE CORRECCIÓN: DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS.- 4.1. Medidas de protección jurídica.- 4.2. Acciones de protección directa.- 4.2.1. Protección de heridos, enfermos y náufragos.- 4.2.2. Extranjeros en territorio del adversario.- 4.2.3. Población civil en territorio ocupado.- 4.2.4. Supuestos especiales.- 4.3. Acciones de apoyo a la población civil.- 4.3.1. Servicios de protección civil.- 4.3.2. Miembros de las Fuerzas Armadas y unidades militares asignados a organismos de protección civil.- 4.3.3. Acciones de socorro.- 5. La protección de la población civil en los conflictos armados mediante el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y NORMATIVA VIGENTE El creciente aumento de las víctimas de la guerra entre la población civil, consecuencia fundamentalmente de la aparición de armas de alta tecnología, ha llegado a causar una gran preocupación en la Comunidad Internacional. Y ello es así porque en la actualidad podemos afirmar rotundamente, sin riesgo a equivocarnos, que la gran víctima de las guerras modernas es la población civil. Baste para ello recordar algunas estadísticas suficientemente esclarecedoras. Así, durante la Primera Guerra Mundial se produce un 6% de víctimas entre la población civil, porcentaje que se eleva a un 50% en la Segunda Guerra Mundial y que alcanza un 75% durante la Guerra del Vietnan. En cuando a los conflictos armados que se desarrollan en la actualidad, se viene afirmando que un 90% de las víctimas pertenecen a la población civil. Como ha puesto de manifiesto el Presidente del CICR en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra los días 3 a 7 de diciembre de 1995, los asesinatos, la tortura, los tratos degradantes, la detención arbitraria, a menudo en condiciones de extrema indigencia, ha sido la suerte que han corrido innumerables víctimas. La toma de rehenes -violación de una norma fundamental del derecho humanitario- ha adquirido proporciones alarmantes. Actualmente, las calamidades que se abaten sobre la población civil afectan y comprometen gravemente a la unidad de la familia, siendo cada vez más frecuente la separación de los familiares, aumentando la angustia por los allegados de quienes no se tiene noticia. Las mujeres suelen ser las primeras víctimas de tales situaciones, como consecuencia de los
2 incontables casos de violaciones con motivo de los conflictos armados. Los niños quedan, con frecuencia, marcados para toda su vida, tras haber visto asesinar a sus padres y destruir su vivienda. Los niños también son reclutados, incitándolos a participar en la violencia; muchos sólo conocen la ley del fusil y su manejo y algunos a los quince años son ex combatientes; el reclutamiento de esos niños soldados es un flagelo que la humanidad no ha sabido erradicar y que, muy por el contrario, se desarrolla más y más. Los grandes éxodos de la historia se repiten una vez más: según varias fuentes, se calcula en más de 23 millones el número de refugiados, y en más de 29 millones el de las personas desplazadas. Los medios y los métodos de combate siguen teniendo consecuencias cada vez más dramáticas. Cada año, más de 20.000 personas son muertas o mutiladas por la explosión de minas antipersonal. Según la ONU, hay actualmente, repartidas en 64 países, más de 100 millones de minas. En el Informe presentado por el CICR en la mencionada Conferencia se pone de manifiesto la aparición nuevamente del crimen de genocidio, habiendo pasado la purificación étnica a ser un fenómeno cotidiano. Con objeto de desarraigar a la población, este fenómeno incluye una larga lista de exacciones: desde el hostigamiento o la intimidación de las minorías hasta la masacre sistemática, el asesinato, la deportación, el internamiento masivo, la toma de rehenes, la violación y la tortura. Siguiendo a SÁNCHEZ DEL RIO, desde una perspectiva histórica hemos de decir que durante siglos las guerras se desarrollaban entre los ejércitos y la población civil no sufría sus consecuencias más que de forma indirecta (padeciendo hambre, pestes, evacuaciones, etc.), pero difícilmente se producían víctimas entre los civiles. De ahí que no existieran normas de protección, excepto las costumbres derivadas de la ocupación de territorios extranjeros. El Reglamento de las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre, Anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, contenía un Capítulo sobre el régimen de la ocupación, pero limitado casi exclusivamente a las medidas necesarias para el mantenimiento de orden público y para garantizar los derechos de la familia y del individuo en cuanto a su vida, integridad física y propiedad, así como la prohibición de las penas colectivas. La Primera Guerra Mundial puso ya de manifiesto la insuficiencia de esta normativa, porque desde el comienzo de las hostilidades infinidad de civiles fueron internados, quedando en situación similar a los prisioneros de guerra, pero sin protección, ya que no tenían la consideración de combatientes. Durante la Segunda Guerra Mundial el problema se agrava, a consecuencia de que se produjeron dos fenómenos con los que la normativa internacional no contaba: a) En primer término, la gran movilidad de que disfrutaban los ciudadanos de casi todos los países, unido al hecho de que el conflicto se iniciara sin una previa declaración de guerra, hizo que sorprendiera a muchas personas lejos de su patria e incluso en territorio enemigo.
3 b) En segundo lugar, durante el desarrollo del conflicto se produjeron graves actos contra la población civil: desde su simple control hasta las deportaciones en masa, atentados, bombardeos por represalias y, en último caso, el genocidio, como todos conocemos. No obstante, hemos de destacar que el Comité Internacional de la Cruz Roja consiguió, como solución improvisada, que a los civiles internados se les aplicasen las normas del Convenio de 1929 sobre prisioneros de guerra, que estaba entonces vigente. La situación expuesta anteriormente dio lugar a que en 1949, al proponerse la revisión de los Convenios de Ginebra de 1929, se plantease la necesidad de regular también expresamente la protección de la población civil, naciendo así el IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949. Pero incluso después de aceptados los Convenios de 1949, ratificados por la casi totalidad de los Estados hoy existentes, se observaron sus limitaciones: habían sido elaborados a la vista de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y resultaban ya sobrepasados por los nuevos estilos de conflicto armado y la aparición de armas de alta tecnología. Un paso importante en la protección de la población civil fue la aprobación en 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 2444, en la que, después de afirmar el principio de limitación de medios, recoge la prohibición de lanzar ataques contra la población civil en cuanto tal, resaltando que es preciso distinguir en todo tiempo entre las personas que toman parte en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que éstos sean respetados en la medida de lo posible (principio de distinción). Posteriormente y en cumplimiento de diversas resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, el Comité Internacional comenzó a preparar una revisión de los Convenios de Ginebra de 1949, tendente sobre todo a actualizar el concepto de combatiente, a proteger mejor a la población civil y a extender la protección a los establecimientos y transportes sanitarios civiles. Se llega así a la celebración de una Conferencia Diplomática convocada por el Gobierno suizo y celebrada a lo largo de cuatro sesiones en los años 1974 a 1977, aprobándose los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, aplicables el primero a los conflictos armados internacionales y el segundo a los que no tienen carácter internacional, es decir, a los conflictos internos. Contamos, pues, en este momento con tres Instrumentos internacionales tendentes a la protección de la población civil en tiempo de conflicto armado: a) El IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. b) El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, de 12 de junio de 1977,
4 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional. c) El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, de 12 de junio de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. En las disposiciones mencionadas se recogen una serie de normas de carácter preventivo, cuya finalidad básica es la disminución del número de víctimas entre la población civil, y otras que constituyen los sistemas de corrección, cuyo objetivo fundamental es evitar que las víctimas civiles de la guerra vean innecesariamente aumentados sus sufrimientos, las cuales tendremos ocasión de estudiar más adelante. Previamente, analizaremos el concepto de personas civiles y de población civil.
CONCEPTO DE PERSONAS CIVILES Y DE POBLACIÓN CIVIL
Antes de examinar la normativa que regula la protección de la población civil, parece aconsejable delimitar el concepto de personas civiles y de población civil. El artículo 4º del IV Convenio de Ginebra, sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, señala que quedan protegidas por el mismo las personas que en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea se encontraren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas. Aclara seguidamente que no están protegidos por el Convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en él, precisando asimismo que los ciudadanos de un Estado neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado cobeligerante no estarán considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean súbditos mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se encuentren. De igual forma, las personas protegidas por el I, II y III Convenio no serán consideradas como personas protegidas en el sentido del IV Convenio. Sin embargo, las disposiciones del Título II (arts. 13 a 26), sobre protección general de las poblaciones contra ciertos efectos de la guerra, tienen un campo de aplicación más extenso, pues se refieren al conjunto de las poblaciones de los países contendientes sin distingo alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objetivo aliviar los sufrimientos engendrados por la guerra, conforme se establece en el artículo 13. Por otra parte, el artículo 3, común a los cuatro Convenios, aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional, dispone que las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquiera otra causa serán tratadas en todas circunstancias con humanidad, sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
5 Más concretamente, el artículo 50.1 del Protocolo Adicional I viene a decir que se consideran como personas civiles todas aquellas que no participen directamente en las hostilidades, añadiendo a continuación que en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil. Y el artículo 50.2 señala que la población civil comprende a todas las personas civiles. Por último, el artículo 50.3 aclara que la presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil. El artículo 8 del IV Convenio precisa que las personas protegidas no podrán, en ningún caso, renunciar parcial ni totalmente a los derechos que les confiere el mismo. En consecuencia, la renuncia a los mismos no tendría ningún valor desde el punto de vista jurídico.
LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS
Como dice SANCHEZ DEL RIO, la primera finalidad que deben proponerse las normas internacionales en el mundo de hoy es conseguir que el número de víctimas entre la población civil no aumente en las proporciones con que lo viene haciendo a partir de la Primera Guerra Mundial. Para ello se han adoptado dos tipos de normas: unas que, mediante ciertas medidas de carácter eminentemente jurídico, otorgan un determinado "status" protector a zonas geográficas determinadas, y otras que imponen ciertos criterios de carácter táctico.
Sistemas preventivos de carácter jurídico
Se trata de establecer, como acabamos de decir, ciertas zonas geográficas que, sirviendo de refugio a personas civiles, quedan al margen de los combates y de toda acción de guerra. El régimen actual de este tipo de zonas protegidas está definido en los artículos 14 y 15 del IV Convenio de Ginebra y en los artículos 59 y 60 del Protocolo Adicional I. Del análisis de los preceptos mencionados se desprende la existencia de cuatro tipos de zonas: a) Zonas o localidades sanitarias y de seguridad. b) Zonas neutralizadas. c) Localidades no defendidas.
d) Zonas desmilitarizadas.
3.1.1. Zonas o localidades sanitarias y de seguridad Reguladas en el artículo 14 del IV Convenio de Ginebra, se trata de zonas o localidades organizadas de modo que queden al abrigo de los efectos de la guerra los heridos y enfermos (incluso militares), inválidos, ancianos, niños menores de quince años, mujeres encinta y madres de niños menores de siete años. Estas zonas (en sus tres tipos: zonas y localidades sanitarias, zonas y localidades de seguridad y zonas y localidades sanitarias y de seguridad) pueden crearse unilateralmente, tanto durante el conflicto armado como en tiempo de paz, pero no gozarán de protección plena en tanto no se consiga un acuerdo entre las partes. Tienen carácter duradero, como se desprende de la propia definición que exige que estén organizadas con objeto de poner a determinadas personas al abrigo de los efectos del conflicto, no sólo directos (bombardeos, artillería o fuego de toda clase de armas), sino también indirectos (escasez de víveres, de medicamentos, etc.). Pueden establecerse tanto en territorio propio como en territorio ocupado, pero en todo caso fuera de la región donde se desarrollen los combates.
3.1.2. Zonas neutralizadas A las zonas neutralizadas se refiere el artículo 15 del IV Convenio, que establece la posibilidad de crear en las regiones donde tengan lugar los combates ciertas zonas destinadas a poner al abrigo de los mismos a los heridos y enfermos (combatientes o no) y a las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no ejecuten ningún trabajo de carácter militar durante su estancia en dichas zonas. Este tipo de zonas no pueden crearse en tiempo de paz, puesto que se trata de poner a refugio de los peligros del combate a determinadas personas que no participan en el conflicto. Al encontrarse próximas a la zona de contacto su creación sólo puede ser llevada a cabo por acuerdo expreso y directo entre las autoridades militares del lugar donde se desarrollen los combates o el acuerdo de las partes adversas obtenido indirectamente a través de la vía diplomática o de la intervención mediadora de un Estado neutral, la potencia protectora o un organismo humanitario y neutral, como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por definición, la zona neutralizada tiene una duración limitada, puesto que su fin es también muy concreto y transitorio. En el acuerdo de creación se fijará el comienzo y duración de la neutralización de la zona. Este tipo de zonas se establecerán en las regiones donde tengan lugar los combates. Además, el acuerdo debe fijar con precisión la situación geográfica de la zona.
3.1.3. Localidades no defendidas La localidad no defendida, también conocida en ocasiones como "ciudad abierta", que ya contemplaba el artículo 25 del Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de la Haya (1899-1907) y en el artículo 1 del IX Convenio de La Haya de 1907 (Guerra Marítima), viene regulada actualmente en el artículo 59 del Protocolo Adicional I y hace referencia a cualquier lugar habitado que se encuentre en las proximidades o en el interior de una zona donde las Fuerzas Armadas estén en contacto y que está abierta a la ocupación de una Parte adversa. La localidad no defendida se crea mediante una simple declaración unilateral de la Parte a que pertenece y en la misma encuentran protección todos los miembros de la población civil. Esta declaración no exige requisito en sí misma, pero debe dirigirse a la Parte adversa para que la conozca y, en consecuencia, la respete. La declaración debe ir acompañada de ciertos actos esenciales para su efectividad: a) Deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y material militar móviles. No se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos. Ni las autoridades ni la población civil cometerán actos de hostilidad.
La presencia en estas localidades de Fuerzas de Policía, retenidas con la única finalidad de preservar el orden público, no constituye obstáculo para mantener el estatuto de "ciudad abierta". El estatuto de localidad no defendida puede terminar con su ocupación o, por el contrario, con su defensa, aunque se trate de una defensa de hecho no querida por las autoridades. Tiene, pues, una duración indefinida, que continuará en tanto sigan cumpliéndose los requisitos expuestos. En cuanto a su localización, en principio la declaración unilateral de localidad no defendida sólo puede referirse a las localidades que se encuentren en la zona de contacto de las Fuerzas Armadas enfrentadas o en sus proximidades. Pero también pueden crearse en retaguardia, mediante expreso acuerdo, conforme se establece en el apartado 5 del artículo 59. En todo caso, la localidad debe estar bien definida en su perímetro y señalizada, en la medida de lo posible, con los signos que se convengan con la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el perímetro, en los límites de la localidad y en las carreteras.
8 3.1.4. Zonas desmilitarizadas Reguladas en el artículo 60 del Protocolo Adicional I, son aquellas zonas en las que se retira todo elemento militar o en las que nunca se han establecido elementos de esta índole, de modo que puedan servir de refugio a la población civil y a los combatientes fuera de combate. Se exige siempre el acuerdo expreso entre las partes, que puede concertarse verbalmente o por escrito, pudiendo ser concluido en tiempo de paz o una vez comenzadas las hostilidades. La zona desmilitarizada debe reunir ciertas condiciones, que son las mismas que las señaladas para las localidades no defendidas: evacuación de todos los combatientes, armas y material militar móvil; inactividad de las instalaciones militares fijas; ausencia de actos de hostilidad por parte de las autoridades o población civil, y cesación de toda actividad relacionada con el esfuerzo militar. Al igual que ocurre con las localidades no defendidas, la presencia en las zonas desmilitarizadas de Fuerzas de Policía con la única finalidad de mantener el orden público no constituye obstáculo para que mantengan su estatuto. Su duración es indefinida por el tiempo de las hostilidades. Hay que aclarar que el estatuto de zona desmilitarizada, que se otorga mediante acuerdo entre las Partes, no puede ser revocado unilateralmente. Sólo la violación grave de las obligaciones derivadas de dicho estatuto libera a la otra Parte de su obligación de respetarla. Pueden estar localizadas en cualquier parte del país que pacta y no precisamente en la zona de combates. Preferentemente están situadas en áreas geográficas donde presumiblemente no ha de haber combates. La Parte en cuyo poder se encuentre la zona desmilitarizada la señalizará, en la medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el perímetro, en los límites de la localidad y en las carreteras.
3.1.5. Otros supuestos Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales admiten toda clase de acuerdos entre las Partes, siempre que los mismos no perjudiquen la situación de las personas protegidas. Quiere ello decir que es concebible otro tipo de estatutos más beneficiosos que los previstos expresamente en los Convenios y Protocolos. El único requisito es que su creación se lleve a cabo por acuerdo entre las partes. Suele citarse el caso de la "RED CROSS BOX", acordada entre Gran Bretaña y Argentina en la Guerra de las Malvinas, que puede presentarse como ejemplo de algo no
9 previsto legalmente: una zona sanitaria delimitada en el océano. Otro supuesto son las denominadas "zonas seguras" (Sarajevo, Tuzla, Zepa, Goradze, Bihac y Srebrenica), establecidas por las Naciones Unidas en BosniaHerzegovina.
Sistemas preventivos de carácter táctico
Son una creación del Protocolo Adicional I y hacen referencia a los métodos y medios de hacer la guerra, pero no debemos olvidar que el objetivo principal de los Protocolos es la protección de la población civil. Destacaremos tres grupos de normas: las que se refieren a la obligación de las Partes en conflicto de distinguir entre población civil y combatientes y bienes de carácter civil y objetivos militares, las que contienen normas sobre el ataque y las prohibiciones especiales.
3.2.1. Obligación de distinguir entre población civil y combatientes y bienes de carácter civil y objetivos militares En este sentido, el artículo 48 del Protocolo Adicional I dice textualmente: "A fin de garantizar el respeto y la protección a la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares". Este precepto se completa con lo establecido en el artículo 51.2, que prohibe expresamente atacar a la población civil como tal: "No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles". Siguiendo a URBINA, el artículo 48 del Protocolo I de 1977 constituye, en definitiva, la codificación del principio de no distinción no sólo en su dimensión personal, sino también en la material –entre objetivos militares y bienes civiles-, que se ha visto confirmada en el Preámbulo del Convenio relativo a la prohibición y restricción en el uso de ciertas armas convencionales que pueden ser consideradas excesivamente dañinas o que tienen efectos indiscriminados, firmado en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y en dos de sus Protocolos Adicionales: el relativo a la prohibición y restricción en el uso de minas, bombas-trampa y otros artefactos (Protocolo II de 1980) y el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones sobre el uso de armas incendiarias (Protocolo III de 1980), en los cuales se recoge este principio, aunque no de una manera expresa, como se puede deducir claramente del artículo 3 del Protocolo II de 1980 o el artículo 2 del Protocolo III de 1980, en los cuales se prohíbe el empleo de las armas contempladas en ellos contra la población civil, así como su uso indiscriminado.
En consecuencia, los ataques sólo podrán dirigirse contra los objetivos militares que, como dice RODRIGUEZ VILLASANTE, son de dos clases: 1º. Los miembros de las Fuerzas Armadas que reúnan la condición de combatientes conforme al artículo 43.1 del Protocolo Adicional I, excluyendo a los miembros de los servicios sanitarios y religiosos, y a los combatientes rendidos o fuera de combate. 2º. Ciertos bienes que el artículo 52.2 del Protocolo Adicional I define como aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida y proporcionada. No son, por tanto, objetivos militares las personas civiles (que naturalmente, se abstengan de realizar actos de hostilidad) y los bienes civiles, definidos negativamente como aquellos que no son objetivos militares.
3.2.2. Normas sobre el ataque Entre éstas, señalaremos las siguientes: a) Prohibición de ataques indiscriminados A tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 51 del Protocolo Adicional I, se entienden como tales: Los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto. Los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible delimitar y que, en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.
Y apartado 5 del mismo precepto considera indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque: Los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil. Los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas
11 cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. b) Prohibición de aterrorizar a la población civil El artículo 51.2 del Protocolo Adicional I prohibe los actos de violencia o las simples amenazas de violencia, cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil, precepto que se completa con lo dispuesto en el apartado 6 del mismo artículo que prohibe los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles. c) Precauciones en el ataque En los artículos 57 y 58 del Protocolo Adicional I se establece la obligación de tomar una serie de precauciones en el ataque, encaminadas básicamente a ahorrar a la población civil sufrimientos innecesarios o excesivos, fundamentalmente: Verificar que los objetivos que se pretenden atacar no son civiles ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos militares. Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista.
Como dice URBINA aquí no nos encontramos ante prohibiciones más o menos generales, sino ante normas que imponen a los comandantes militares obligaciones de actuar de una manera determinada a la hora de planear y ejecutar un ataque sobre un objetivo militar.
3.2.3. Prohibiciones especiales Se prohiben expresamente: a) Los ataques contra bienes culturales y lugares de culto
Señala el artículo 53 del Protocolo Adicional I que, sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de la Haya de 14 de mayo de 1954 para la "Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado" y de otros Instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido: Cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos. Utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar. Hacer objeto de represalias a tales bienes.
Utilizar el hambre como método de guerra
Se prohibe, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles, a cuyo efecto se prohibe atacar, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento o con cualquier otro propósito, salvo que una Parte adversa utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus Fuerzas Armadas o en apoyo directo de una acción militar (art. 54 PAI). c) Causar daños en el medio ambiente natural
Queda prohibido emplear métodos o medios de combate que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población (art. 55 PAI). d) Atacar diques, presas y centrales nucleares
No serán objeto de ataques los diques, presas y centrales nucleares eléctricas, aunque sean objetivos militares, salvo que se utilicen en apoyo directo de las operaciones militares (art. 56 PAI). e) Prohibición de ciertas armas
Con carácter general, el artículo 35.2 del Protocolo Adicional I prohibe el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Por otra parte, la prohibición del empleo de ciertas armas viene recogida en diversos textos normativos: los proyectiles explosivos (Declaración de San Petersburgo de 1868 y Declaración Segunda de La Haya de 1899), proyectiles que tienen como único objeto la difusión de gases asfixiantes o deletéreos (Declaración Tercera de La Haya de 1899), las balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano (Declaración de La Haya de 1899), veneno o armas envenenadas (art. 23.a del Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya 1899-1907), minas submarinas automáticas de contacto (Convenio VIII de La Haya de 1907), proyectiles y explosivos lanzados desde globos (Declaración XIV de La Haya de 1907), armas químicas, gases asfixiantes, tóxicos y similares y medios bacteriológicos (Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925), armas bioquímicas, bacteriológicas, biológicas y toxínicas (Convención de 10 de abril de 1972, sobre prohibición de desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas -biológicas- y toxínicas y sobre su destrucción), fragmentos no localizables por rayos X en el cuerpo humano (Protocolo I de la Convención de 10 de diciembre de 1976, sobre prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con
13 fines militares u otros hostiles y la Convención de 10 de octubre de 1980, sobre prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados), las armas de acción retardada, como minas, trampas y otros dispositivos (Protocolo II de la mencionada Convención), las armas incendiarias (Protocolo III de la misma Convención). Pero como dice RODRIGUEZ VILLASANTE, respecto de estas prohibiciones ha de hacerse la precisión de que sólo en alguna de ellas la proscripción es absoluta -al no cumplir en sí misma los requisitos generales del derecho de los conflictos armados (arma que produce males superfluos o sufrimientos innecesarios)- y en otras se prohibe su uso en determinadas circunstancias que la hacen indiscriminada. Conviene destacar la preocupación actual del CICR sobre el uso de las minas terrestres y armas láser.
LOS SISTEMAS CAUSADOS
Como se ha puesto de manifiesto, la finalidad primordial de los denominados sistemas de corrección es la disminución de los daños ya causados, evitando que las víctimas civiles de la guerra vean innecesariamente aumentados sus sufrimientos. Se trata de la adopción de medidas para conseguir que los sufrimientos de la población civil, muchas veces inevitables, sean menores. En este sentido, distinguiremos, siguiendo a SANCHEZ DEL RIO, entre medidas de carácter jurídico, acciones de protección directa de la población civil y, finalmente, acciones de apoyo a la población civil para su supervivencia.
Se trata del sistema jurídico de protección de los derechos fundamentales de la persona y vienen recogidos en algunos preceptos de IV Convenio, pero más especialmente en el artículo 75 del Protocolo I, en los artículos 4, 5 y 6 del Protocolo II y en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. El contenido de los artículos mencionados tiene como fin esencial la protección de la población civil a través de la protección concreta de los derechos fundamentales de cada uno de los individuos. En este sentido, se prohíben en todo tiempo y lugar los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados a la dignidad personal, así como las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido. El artículo 75 del Protocolo I prohíbe incluso las amenazas de realizar los actos mencionados. La toma de rehenes está expresamente prohibida en los artículos 34 y 75.2.c) del Protocolo I, precisando el artículo 28 del IV Convenio que "ninguna persona protegida
14 podrá ser utilizada para poner, con su presencia, determinados puntos o regiones al abrigo de operaciones militares", precepto que se complementa con lo dispuesto en el artículo 51.7 del Protocolo I, que dice: "La presencia de la población civil o de personas civiles, o sus movimientos, no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares". Por otra parte, se reconocen, entre otros, los siguientes derechos: a) Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el conflicto armado será informada sin demora, en un idioma que comprenda, de las razones que han motivado estas medidas. b) No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario. c) No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de cometer la infracción, fueren menores de 18 años. d) Se procurará evitar la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con el conflicto armado cuando se trate de mujeres encinta o de madres con niños de corta edad.
Acciones de protección directa
Nos referiremos a la protección de heridos, enfermos y náufragos, de extranjeros en territorio del adversario, de la población civil en territorio ocupado y de la población civil en supuestos especiales.
4.2.1. Protección de heridos, enfermos y náufragos La protección de heridos, enfermos y náufragos pertenecientes a la población civil es relativamente reciente. Dice SANCHEZ DEL RIO que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial nada se había previsto sobre el tema, sin duda porque, a pesar del progresivo aumento de las víctimas de la guerra entre la población civil, no se había convertido todavía en un verdadero problema. Normalmente, los servicios sanitarios existentes en el territorio
15 afectado eran capaces de asumir su asistencia. Sin embargo, tal situación se mostró ya crítica a partir de las guerras de la década de los treinta, y desesperada en la Segunda Guerra Mundial, lo que motivó la introducción en el IV Convenio de las normas generales del Título III, bajo la rúbrica "Protección general de las poblaciones contra ciertos efectos de la guerra", declarándose como principios básicos en los artículos 16 a 23: 1º. La protección y respeto de heridos, enfermos y náufragos. 2º. La protección y respeto de los hospitales civiles. 3º. La protección y respeto del personal sanitario civil. 4º. La protección y respeto de los transportes sanitarios civiles. Pero sin unas normas complementarias que pudieran garantizar la aplicación de estos principios. Los Protocolos Adicionales de 1977 y, en especial el Protocolo I, han completado las normas sobre protección de heridos, enfermos y náufragos, no solamente incrementando la protección que los Convenios ya otorgaban a los militares, sino desarrollando la protección a los civiles en forma idéntica. El Título II del Protocolo I lleva la rúbrica "Protección de heridos, enfermos y náufragos", señalando el artículo 10 que no se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos, prohibiendo expresamente el artículo 11, aunque medie consentimiento, las mutilaciones físicas, los experimentos médicos o científicos y las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo en casos justificados. Con respecto a la protección de los hospitales civiles, en los artículos 18 y 19 del IV Convenio se establece que los Estados partícipes en un conflicto deberán entregar a todos los hospitales civiles un documento en el que se acredite su carácter de hospital civil y certificado de que los edificios por ellos ocupados no son utilizados con fines dañosos. Los hospitales civiles estarán señalados, si a ello lo autoriza el Estado, por medio del emblema prescrito en el artículo 38 del I Convenio, es decir, la Cruz Roja o la Media Luna Roja sobre fondo blanco. En cuanto a su ubicación, convendrá cuidar que se hallen lo más alejados posible de los objetivos militares. La protección del personal sanitario y religioso civil viene regulada en el artículo 20 de IV Convenio y en los artículos 15 y 16 del Protocolo I. Será respetado y protegido tanto el personal regular dedicado únicamente al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, como el personal encargado de la búsqueda, recogida, transporte y asistencia de heridos y enfermos civiles.
En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones militares este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad que acredite la calidad del titular, esté provista de fotografía y ostente el sello en seco de la autoridad responsable, e igualmente, mientras esté de servicio, por un brazal timbrado, resistente a la humedad y colocado en el brazo izquierdo. Este brazal lo entregará el Estado y estará dotado con el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sobre fondo blanco. Por último, la protección de los transportes sanitarios civiles, se regula en los artículos 21 a 23 del IV Convenio y en los artículos 12, 13 y 21 y siguientes del Protocolo I. Se establece que serán objeto de protección y respeto los transportes de heridos y enfermos, así como del personal y material sanitario, ya sean efectuados por tierra en convoyes de vehículos y trenes hospitales, por mar, en buques hospitales, embarcaciones costeras de salvamento y otras embarcaciones sanitarias, o por aire en aeronaves sanitarias. Tales transportes se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sobre fondo blanco.
4.2.2. Extranjeros en territorio del adversario Conforme a lo establecido en el artículo 4 del IV Convenio, son personas protegidas las que se encontraren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditos. Hay, pues, dos supuestos: las personas que, por cualquier causa, quedan en poder de una Potencia de la que no son súbditos, de las que nos ocuparemos en este apartado, y la población civil de territorios ocupados que están en poder de la potencia ocupante, que trataremos más adelante. Con respecto a la protección de los extranjeros en territorio del adversario, el IV Convenio de Ginebra contempla tres tipos de normas: a) Las que reconocen el derecho a abandonar el territorio donde se encuentran, al comienzo de las hostilidades o en el transcurso de éstas, que se recoge en el artículo 35, manteniendo, sin embargo, una reserva en favor de la potencia en cuyo poder se encuentren cuando su marcha redunde en daños a los intereses nacionales del Estado. b) Las normas que se refieren a garantizar el respeto a la persona y sus derechos inherentes, contenidas en los artículos 27 a 34 del IV Convenio, completadas en el artículo 75 del Protocolo I, a las que nos referiremos más adelante al hablar del régimen de la ocupación. Entre estas normas, cabe destacar el derecho de las personas protegidas a recibir subsidios de su país de origen, de la potencia protectora, del CICR y de cualquier otro
17 organismo que les facilite ayuda. Además, no se les podrá obligar a trabajar si no es en igualdad de condiciones que los ciudadanos de la parte contendiente en cuyo territorio residan. En todo caso, no se les puede obligar a realizar mas que aquellos trabajos normalmente necesarios para garantizar su manutención y la de su familia (alimentación, alojamiento, vestimenta, transporte y sanidad) y que no tengan relación alguna directa con el desarrollo de las operaciones militares. c) Las normas que se refieren al supuesto excepcional de internamiento o residencia forzosa, recogidas en los artículos 39 a 44 y Sección IV, Título III, del IV Convenio. Esta Sección es aplicable, en especial, a los supuestos de internamiento y, por extensión analógica, a los casos de residencia forzosa. Conforme se establece en el artículo 41 del IV Convenio, cuando la potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no estime suficientes las medidas de control previstas, podrá recurrir a la residencia forzosa o el internamiento. El artículo 42 añade que el internamiento o la residencia forzosa de personas protegidas no podrá ordenarse mas que si la seguridad de la potencia en cuyo poder se encuentren dichas personas lo hacen absolutamente indispensable, teniendo derecho a conseguir que un tribunal o consejo administrativo competente, creado a tal efecto por la potencia en cuyo poder se encuentren, considere de nuevo en el plazo más breve posible la decisión tomada al respecto.
4.2.3. Población civil en territorio ocupado El régimen jurídico de la ocupación estaba previsto ya en el Reglamento de la Guerra Terrestre de 1899/1907, que incluía una Sección 3ª bajo el título "De la autoridad militar sobre el territorio del Estado enemigo", con un total de 15 artículos. El IV Convenio de Ginebra ha venido a completar el estatuto jurídico de la ocupación en su Sección III, con la denominación "Territorios ocupados", que comprende los artículos 47 a 78. Pero lo que nos interesa en este momento no es tanto este estatuto, sino más bien las normas de protección de la población civil que se encuentra en territorio ocupado. Y nuevamente debemos distinguir aquí tres tipos de normas: a) Las normas que se refieren a garantizar el respeto a la persona y a sus derechos inherentes, contenidas en los artículos 27 a 34, completadas en el artículo 75 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, que consagran el derecho al honor, garantizan sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres. En especial prohíben: 1º. Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio, la tortura de cualquier clase tanto física como mental, las penas corporales y las mutilaciones.
18 2º. Los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor. 3º. La toma de rehenes. 4º. Las penas colectivas; y 5º. Las amenazas de realizar los actos mencionados. b) Las normas que se refieren al régimen de la ocupación (arts. 47 a 78 del IV Convenio). En este sentido, la potencia ocupante viene obligada a: 1º. Garantizar el funcionamiento administrativo y judicial del territorio ocupado. 2º. Asegurar el aprovisionamiento de víveres, productos medicinales y vestuario. 3º. Asegurar el mantenimiento de los servicios sanitarios. 4º. Permitir el culto. 5º. Permitir la llegada de socorros. c) Finalmente, las normas que se refieren al supuesto de internamiento, recogidas en la Sección IV, Título III del Convenio, concretamente en los artículos 79 a 135. Estas son las normas que ocupan una mayor proporción en el IV Convenio que, no debemos olvidar, nació precisamente para cubrir una importante laguna del Derecho Internacional en un momento en que la institución del "internamiento" alcanzaba una extensión anteriormente insospechada. El internamiento es una práctica relativamente moderna. Recuerda SANCHEZ DEL RIO que su primera manifestación tuvo lugar en la guerra del Trasvaal durante la cual los ingleses procedieron al internamiento de la población boer en campos "ad hoc". A partir de entonces, se multiplican los ejemplos hasta llegar a ser práctica casi general en la Segunda Guerra Mundial. De conformidad con el artículo 79 del IV Convenio, el internamiento puede decretarse tanto respecto a los extranjeros residentes en territorio de la potencia adversa (arts. 41 a 43) como respecto a personas pertenecientes a la población civil (arts. 68 y 78), pero siempre con las limitaciones que se desprenden de los preceptos citados, es decir, medidas de seguridad por necesidad imperiosa. El régimen del internamiento está desarrollado con cierto detenimiento, incluyendo reglas sobre: 1º. Lugares de internamiento, que deberán estar emplazados en regiones que no estén particularmente expuestas a los peligros de la guerra y, siempre que las condiciones de orden militar lo consientan, se señalaran con las letras "IC", colocadas de modo que puedan ser claramente vistas desde el aire.
2º. Asistencia al internado, con normas detalladas sobre alojamiento (separados de los prisioneros de guerra y de las personas privadas de libertad por otras causas), higiene, alimentación y vestuario, asistencia médica y religiosa, actividades intelectuales y físicas y propiedad personal y recursos financieros. Por lo que se refiere a la asistencia médica, cada lugar de internamiento poseerá una enfermería adecuada, colocada bajo la autoridad de un médico calificado, donde los internados reciban la asistencia necesaria, así como un régimen alimenticio apropiado. Se reservarán locales aislados para los que padezcan enfermedades contagiosas y mentales, debiéndose efectuar, al menos una vez al mes, inspecciones médicas a los internados. 3º. Relaciones con el exterior, en el sentido de que deberán ser informados de los derechos y obligaciones que les asisten durante el internamiento, debiéndose comunicar tal circunstancia tanto a la potencia de la que sean súbditos como a la potencia protectora, teniendo derecho a enviar una tarjeta de internamiento a su familia y a la Agencia Central para informarles sobre su dirección y estado de salud (a lo más tarde, una semana después de su llegada), así como a mantener correspondencia, recibir alimentos, ropas, medicamentos y libros, y a recibir visitas de sus familiares a intervalos regulares de tiempo. 4º. Sistemas de información, estableciéndose la obligación para cada una de las partes contendientes de constituir una Oficina Nacional de Información, con las funciones de recibir y transmitir informes sobre las personas protegidas que se hallen en su poder, así como una Agencia Central de Información en cada nación neutral, a cuyo efecto el Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá a las personas interesadas la organización de una Agencia de tal naturaleza, que podrá ser la misma prevista para el caso de los prisioneros de guerra. Esta Agencia Central se encargará de la concentración de todos los informes recibidos de las Oficinas Nacionales, los cuales transmitirá lo más rápidamente posible al país de origen o de residencia de las personas interesadas. 5º. Liberación, repatriación y evacuación a países neutrales, estableciéndose la obligación de poner en libertad a los internados tan pronto como dejen de existir los motivos de su internamiento, que cesará lo más rápidamente posible al término de las hostilidades. En general, se ha establecido un régimen paralelo al que, para los prisioneros de guerra, ha previsto el III Convenio, con las necesarias adaptaciones al personal no militar a que se refiere.
4.2.4. Supuestos especiales Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general que afectan a toda la población civil, el Derecho Internacional Humanitario se refiere también a supuestos especiales en los que la protección, debido a la condición de las personas o de las circunstancias que les acompañan, debe tener un tratamiento específico. En este sentido, debemos citar los siguientes grupos:
Señala el artículo 77.1 del Protocolo I que los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón. Respecto a los menores de 15 años, es de resaltar la declaración del artículo 77.2 del Protocolo, tendente a evitar en el futuro que participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus Fuerzas Armadas. Al prepararse el precepto, el CICR había propuesto un texto en el que se prohibía reclutar menores de 15 años y aceptarlos como voluntarios, pero no quedó mas que la primera parte. Desgraciadamente, es una práctica difícil de erradicar. b) Mujeres
Además de la protección que reciben las mujeres encinta, lactantes y que hayan dado a luz recientemente, se establece una protección general en el artículo 76 del Protocolo I, al señalar que las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor. c) Refugiados y apátridas
El artículo 75 del Protocolo I los incluye expresamente entre las personas protegidas, en el sentido de los Títulos I y III del IV Convenio. Se les aplica, además, el Derecho de los refugiados, cuyas disposiciones vienen recogidas especialmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. La protección a estas personas especialmente vulnerables se canaliza fundamentalmente a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con sede en Suiza y actualmente con delegaciones en más de 120 países. d) Familias dispersas Señala el artículo 74 del Protocolo I que las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en la medida de lo posible, la reunión de las familias que estén dispersas a consecuencia de los conflictos armados y alentarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea. e) Periodistas en misión peligrosa Conforme al artículo 79 del Protocolo I se les considera personas civiles y reciben protección como tales, sin perjuicio de su derecho a ser tratados como prisioneros de guerra cuando se trate de corresponsales de guerra acreditados ante las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 4.4 del III Convenio.
Se regula una tarjeta de identidad especial, que será expedida por el Gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios, que acreditará la condición de periodista de su titular.
Acciones de apoyo a la población civil
Para terminar, consideramos útil hacer referencia a dos grupos de actividades que, aunque aludidas muy brevemente en el IV Convenio, han obtenido una regulación más completa en el Protocolo I. Se trata de los servicios de Protección Civil -haremos referencia especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y unidades militares asignados a organismos de protección civil- y de las acciones de socorro a favor de la población civil.
4.3.1. Servicios de protección civil a) Protección general
El estatuto internacional de los servicios civiles de Protección Civil se contiene en los artículos 61 a 67, en los que por primera vez se consagra la protección y respeto hacia los organismos de Protección Civil y sus misiones. Advierte SANCHEZ DEL RIO que la protección plena la tienen exclusivamente los organismos civiles, de modo que no quedan protegidas las Fuerzas Armadas aunque en ese momento estén cumpliendo exclusivamente funciones de protección civil, salvo que se dediquen de forma permanente a estas tareas y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 67, que luego veremos. Se entiende por "protección civil" el cumplimiento de tareas humanitarias (servicios de alarma, evacuación, refugios, oscurecimiento, salvamento, primeros auxilios, lucha contra incendios, abastecimientos de urgencia, servicios funerarios y otros), destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia (art. 61). El artículo 62 establece que los organismos civiles de Protección Civil y su personal serán respetados y protegidos, así como las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos civiles de Protección Civil, respondan al llamamiento de las autoridades competentes y lleven a cabo bajo su control tareas de protección civil. Dichos organismos y su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas de protección civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar. Los edificios y el material utilizado con fines de protección civil, así como los refugios destinados a la población civil, no serán objeto de ataques ni represalias, ni podrán ser destruidos ni usados con otros fines, salvo por la Parte a que pertenezcan. b) Protección civil en territorios ocupados
Señala el artículo 63 que en los territorios ocupados, los organismos civiles de Protección Civil recibirán de las autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. En consecuencia, la Potencia ocupante no obligará, coaccionará ni incitará a dichos organismos a desempeñar sus tareas de modo alguno que sea perjudicial para los intereses de la población civil. Por razones de seguridad, la Potencia ocupante podrá desarmar al personal de Protección Civil. Sin embargo, no destinará a otros fines ni requisará los refugios previstos para el uso de la población civil o necesarios para ésta. c) Cesación de la protección civil
La protección civil a la que tienen derecho los organismos civiles de protección civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados para cometer, al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 65. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. d) Identificación
Dispone el artículo 66 que cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos de Protección Civil como su personal, edificios y material, así como los refugios destinados a la población civil, puedan ser identificados, mediante la utilización del signo distintivo internacional de la protección civil, que consiste en un triángulo equilátero azul sobre fondo de color naranja. El personal se dará a conocer por medio del signo distintivo y por una tarjeta de identificación que certifique su condición.
4.3.2. Miembros de las Fuerzas Armadas y Unidades militares asignados a de Protección Civil
Dispone el artículo 67 del Protocolo I que los miembros de las Fuerzas Armadas y las Unidades militares que se asignen a Organismos de Protección Civil serán respetados y protegidos a condición de: a) Que ese personal y esas unidades estén asignados de modo permanente y dedicados exclusivamente al desempeño de cualesquiera de las tareas mencionadas en el artículo 61, a que hemos hecho referencia. b) Que el personal así asignado no desempeñe ninguna otra función militar durante el conflicto. c) Que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miembros de las Fuerzas Armadas, exhibiendo ostensiblemente el signo distintivo internacional de la protección civil en dimensiones adecuadas, y lleve la tarjeta de identidad que acredite su condición.
d) Que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas individuales ligeras con el propósito de mantener el orden o para su propia defensa. e) Que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que no cometa ni sea utilizado para cometer, al margen de sus tareas de protección civil, actos perjudiciales para la Parte adversa. f) Que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección civil sólo dentro del territorio nacional de su Parte. Si el personal militar que preste servicios en organismos de protección civil cae en poder de una Parte adversa, será considerado prisionero de guerra. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de transporte de las unidades militares asignadas a organismos de protección civil estarán claramente marcados con el signo distintivo internacional de la protección civil.
4.3.3. Acciones de socorro Los artículos 68 a 71 del Protocolo I completan lo dispuesto en los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio. Se trata con ello de garantizar que las necesidades esenciales de la población civil puedan ser satisfechas, facilitando en la mayor medida de lo posible las expediciones de socorro y ello tanto con referencia a los territorios ocupados como con referencia a cualquier otro territorio que, sin ser territorio ocupado, está bajo el control de una parte en conflicto. Así, señala el artículo 69 que, además de las obligaciones que tiene en relación con los víveres y productos médicos y que impone el artículo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante asegurará también, en la medida de sus recursos sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamiento de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios para el culto. Por lo que respecta a las acciones de socorro, el artículo 70 establece que cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocupado, se halle bajo el control de una parte en conflicto insuficientemente dotada de los suministros necesarios para la supervivencia de la población civil, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna distinción de carácter desfavorable. En la distribución de los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los niños, mujeres encinta, mujeres que hayan dado a luz recientemente y madres lactantes, gozan de trato privilegiado o especial protección de acuerdo con el IV Convenio o en el Protocolo. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y facilitarán el
24 paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro suministrados, incluso en el caso de que tal asistencia esté destinada a la población civil de la Parte adversa. Por último, el artículo 71 establece que el personal que colabore en las acciones de socorro será respetado y protegido, aunque la participación del mismo está sometida a la aprobación de la Parte en cuyo territorio haya de prestar sus servicios.
LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS MEDIANTE EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Para terminar, conviene recordar que la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1999 aprobó un Plan de Acción para los años 2000-2003 a fin de mejorar la suerte que corren las víctimas de la guerra y los desastres y, en general, las personas más vulnerables. En lo que respecta a la protección de las víctimas de los conflictos armados y, más concretamente, de la población civil, mediante el respeto del Derecho Internacional Humanitario, destacaremos que se señala como uno de los objetivos finales “el cumplimiento cabal por todas las partes en un conflicto armado de sus obligaciones dimanantes del Derecho Internacional Humanitario, para proteger y asistir mejor a la población civil y demás víctimas”. Dentro de las acciones propuestas para la consecución de este objetivo, se establece que todas las Partes en un conflicto armado deberán adoptar medidas eficaces para asegurar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y garantizar, en particular, que: a) En la conducción de las hostilidades se desplieguen todos los esfuerzos posibles para preservar la vida y proteger y respetar a la población civil, mediante medidas particulares de protección para mujeres y grupos especialmente vulnerables, como niños, ancianos, personas discapacitadas y personas desplazadas. b) Se den órdenes estrictas para evitar mantazas, ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, acosos, saqueos, destrucción deliberada de bienes y demás amenazas de esa índole, estableciendo mecanismos efectivos para garantizar la debida aplicación de esas órdenes en todos los niveles. c) Se eviten las acciones que causen el desplazamiento injustificado de la población civil; y si éste se produce, deberán respetar y proteger a las personas desplazadas, prestándoles la asistencia apropiada y permitiendo el regreso voluntario y en condiciones seguras a sus hogares o reasentarse voluntariamente en otra parte del país. d) Se respete y proteja plenamente a todas las personas privadas de libertad
25 por motivos relacionados con el conflicto armado, debiendo respetarse la prohibición de tomar rehenes, así como evitar que se prolongue indebidamente la detención de los prisioneros e internos, con objeto de negociación. e) Se desplieguen todos los esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas de las que no se tienen noticias, así como para informar a sus familiares e identificar a las personas fallecidas. f) Los niños reciban especial protección, cuidado y asistencia, incluido el acceso a servicios educativos y recreativos, a los que tienen derecho de conformidad con el derecho nacional e internacional, así como para que se tomen todas las medidas para poner término a la participación de los niños en las hostilidades armadas, evitando su reclutamiento en las fuerzas armadas o grupos armados, que son violaciones del Derecho Internacional Humanitario. g) La población civil disponga de todos los bienes y servicios esenciales para su supervivencia, otorgando a las organizaciones humanitarias imparciales un acceso rápido y sin obstáculos a la población civil, a fin de que puedan evaluar su situación y asistir y proteger pertinentemente a la población, debiendo considerarse con seriedad los informes y recomendaciones de las organizaciones humanitarias imparciales. Asimismo, se insta que la Federación Internacional, las Sociedades Nacionales y el CICR continúen sus esfuerzos e intensifiquen el diálogo con los Estados, en seguimiento de las decisiones tomadas en el Movimiento Internacional y, especialmente, en el Plan de acción relativo a los niños afectados por los conflictos armados, con objeto de: promover el principio de no reclutamiento y no participación de niños menores de 18 años en los conflictos armados; satisfacer las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los niños afectados por un conflicto armado y contribuir a la reintegración de los niños que han dejado de participar en los conflictos armados a la respectiva comunidad y contexto social.
ANTECEDENTES HISTORICOS Y NORMATIVA VIGENTE a) b) Reglamento de las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra Protocolo Adicional I, de 12 de junio de 1977, sobre protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional Protocolo Adicional II, de 12 de junio de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
CONCEPTO DE PERSONAS CIVILES Y POBLACIÓN CIVIL a) b) c) Art. 4 IV Convenio Art. 3, común a los cuatro Convenios Art. 50 Protocolo I
SISTEMAS DE PREVENCIÓN: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS 3.1. De carácter jurídico 3.1.1. Zonas o localidades sanitarias y de seguridad (art. 14 IV Convenio) 3.1.2. Zonas neutralizadas (art. 15 IV Convenio) 3.1.3. Localidades no defendidas (art. 59 Protocolo I) 3.1.4. Zonas desmilitarizadas (art. 60 Protocolo II) 3.1.5. Otros supuestos 3.2. De carácter táctico 3.2.1. Obligación de distinguir entre combatientes y bienes de carácter militares (arts. 48 y 51.2 Protocolo I) población civil y civil y objetivos
3.2.2. Normas sobre el ataque: a) Prohibición de ataques indiscriminados (art. 51.4 y 5 Protocolo I) Prohibición de aterrorizar a la población civil (art. 51.2 Protocolo I) Precauciones en el ataque (arts. 57 y 58 Protocolo I)
3.2.3. Prohibiciones especiales: a) Ataques contra bienes culturales y lugares de culto (art. 53 Protocolo I y Convención de La Haya de 14 de mayo de 1954 para la "Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado") Utilizar el hambre como método de guerra (art. 54 Protocolo I) Causar daños en el medio ambiente natural (art. 55 Protocolo I) Atacar presas, diques y centrales nucleares (art. 56 Protocolo I) Prohibición de ciertas armas (químicas, bacteriológicas, etc.)
SISTEMAS DE CORRECCIÓN: DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS 4.1. Medidas de protección jurídica (art. 75 Protocolo I, arts. 4 a 6 Protocolo II y art. 3 común a los cuatro Convenios) Acciones de protección directa
4.2.1. Protección de heridos, enfermos y náufragos (arts. 16 a 23 IV Convenio y arts. 10 y 11 Protocolo I), de los hospitales civiles (arts. 18 y 19 del IV Convenio), del personal sanitario y religioso civil (art. 20 IV Convenio y arts. 15 y 16 Protocolo I) y de los transportes sanitarios civiles (arts. 21 y 23 IV Convenio y arts. 12, 13, 21 y siguientes del Protocolo I)
4.2.2. Extranjeros en territorio del adversario:
Derecho a abandonar el territorio (art. 35 IV Convenio) Garantizar el respeto a la persona y sus derechos inherentes (arts. 27 a 34 IV Convenio y art. 75 Protocolo I) Internamiento o residencia forzosa (arts. 39 a 44 IV Convenio)
4.2.3. Población civil en territorio ocupado: a) Garantizar el respeto a la persona y a sus derechos inherentes (arts. 27 a 34 IV Convenio y art. 75 Protocolo I). Régimen de la ocupación (arts. 47 a 78 IV Convenio) Internamiento (arts. 79 a 135 IV Convenio)
4.2.4. Supuestos especiales: a) b) c) Niños (art. 77 Protocolo I) Mujeres (art. 76 Protocolo I) Refugiados y apátridas (art. 75 Protocolo I y Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo) Familias dispersas (art. 74 Protocolo I) Periodistas en misión peligrosa (art. 79 Protocolo I)
d) e) 4.3.
Acciones de apoyo a la población civil 4.3.1. Servicios de protección civil: a) b) c) d) Protección general (arts. 61 a 67 Protocolo I) Protección civil en territorios ocupados (art. 63 Protocolo I) Cesación de la protección civil (art. 65 Protocolo I) Identificación (art. 66 Protocolo I)
4.3.2. Miembros de las Fuerzas Armadas y unidades militares asignados a organismos de protección civil (art. 67 Protocolo I) 4.3.3. Acciones de socorro arts. 23, 55, 59, 60, 61 y 62 IV Convenio y 68 a 71 Protocolo I)
ALZATE, A.: "Niños, soldados a la fuerza", Cruz Roja, diciembre 1993, págs. 18 a 21. GARCÍA, C. / CABEZA, O.: "Víctimas de los conflictos olvidados", Cruz Roja, noviembrediciembre 1995, págs. 6 a 9. GASSER, H.P.: "Respeto de las garantías jurídicas fundamentales en tiempo de conflicto armado. El cometido del delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja", Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo-abril 1992, págs. 129 a 152. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: "La protección de la población civil en periodo de conflicto armado", Informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en consulta con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 3-7 de diciembre de 1995). XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA: "Las víctimas de la guerra y el respeto del Derecho Internacional Humanitario", Informe de la Comisión I, Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 3-7 de diciembre de 1995). XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (Ginebra, 31 de octubre a 6 de noviembre de 1999): Proyecto del Plan de Acción para los años 2000-2003. MACALISTER-SMITH, P.: "La protección de la población civil y la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra", Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembreoctubre 1991, págs. 469 a 486. RODRIGUEZ VILLASANTE Y PRIETO, J.L.: “Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto de Bosnia-Herzegovina", Revista Española de Derecho Militar, enero-junio 1995, págs. 307 a 344. SÁNCHEZ DEL RÍO Y SIERRA, F.J.: "La protección de la población civil", apuntes para los cursos del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española. SOMMARUGA, C.: "Respeto al Derecho Internacional Humanitario: el desafío constante del Comité Internacional de la Cruz Roja", conferencia del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Casa de América (Madrid, 3 de octubre de 1995). URBINA, J.J.: “Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y NORMATIVA VIGENTE……………………….… 1 2. CONCEPTO DE PERSONAS CIVILES Y POBLACIÓN CIVIL………………….. ...... 4 3. LOS SISTEMAS DE PREVENCION: DISMINUCION DEL NUMERO DE VÍCTIMAS ......……………………………………..................................…………... 5 3.1. Sistemas preventivos de carácter jurídico ..…………………………..…………... 5 3.1.1. Zonas o localidades sanitarias y de seguridad …………………………… 6 3.1.2. Zonas neutralizadas ....……………………………..................……………. 6 3.1.3. Localidades no defendidas .………………………..................…………..….7 3.1.4. Zonas desmilitarizadas .…………………………....................…………..… 8 3.1.5. Otros supuestos .....……………………………......................…………...… 8 3.2. Sistemas preventivos de carácter táctico ..…………………………..………….….9 3.2.1. Obligación de distinguir entre población civil y combatientes y bienes de carácter civil y objetivos militares ...............……………....…. 9 3.2.2. Normas sobre el ataque ....…………………………………….................... 10 3.2.3. Prohibiciones especiales ....……………………………………................... 11 4. LOS SISTEMAS DE CORRECCIÓN: DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS .......………………………………………………....................................... 13 4.1. Medidas de protección jurídica …………………………………………................. 13 4.2. Acciones de protección directa ....…………………………………………............. 14 4.2.1. Protección de heridos, enfermos y náufragos …………………………….. 14 4.2.2. Extranjeros en territorio del adversario …………………………………...... 16 4.2.3. Población civil en territorio ocupado .…………………………………......... 17 4.2.4. Supuestos especiales .………………………………………....................... 19 4.3. Acciones de apoyo a la población civil .…………………………….………........... 21 4.3.1. Servicios de protección civil .………………………………….…................. 21 4.3.2. Miembros de las Fuerzas Armadas y unidades militares asignados a organismos de protección civil …....................….................... 22 4.3.3. Acciones de socorro ...………………………………………...….................. 23 5. LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS MEDIANTE EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO …………………………………………………… 24 ESQUEMA-RESUMEN .......……………………………………….............................. 26 a 29 BIBLIOGRAFÍA ......................................………………………………………………….... 30
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