Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/808664805
Timestamp: 2019-09-23 02:29:55
Document Index: 289140160

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 21', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 31', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 74', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 115', 'artículo 115', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 115', 'artículo 37', 'artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 105', 'artículo 115', 'Artículo 105', 'Artículo 74', 'Artículo 2', 'Artículo 163', 'Artículo 37', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'Artículo 1', 'Artículo 36', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'Artículo 32', 'artículo 2']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 808664805
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2016. MUNICIPIO DE CHONTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2016. MUNICIPIO DE CHONTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: A.Z. LELO DE LARREA, J.R.C.D., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.N.L.P.H.. PONENTE: J.M.P.R.. SECRETARIO: A.C.R..
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, E.P.Z. (sic), en su carácter de representante legal del Municipio de Chontla, Estado de Veracruz de I. de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de diversos actos emitidos por las autoridades siguientes:
"a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones Federales que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta su puntual entrega. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y pago Número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, El Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad entre los cuales se encuentra el de Chontla, Veracruz, y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.—b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponde al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de C.F. y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de C.F. y Establece las Bases, M. y P. a los que se sujetaran las Participaciones Federales.—c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente, al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de demanda, conforme en lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de C.F. y 10 de la Ley Número 251, el pago de los intereses correspondiente (sic). ..." (énfasis añadido)
1. Que el Municipio de Chontla es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz.
3. Aduce que el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de C.F., cuyo objeto consiste en armonizar el ejercicio de la potestad tributaria y evitar una múltiple tributación, así como participar de la recaudación de los gravámenes de carácter federal, a los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, con base en un fondo general y fondos específicos.
5. Refiere que por lo anterior, el Municipio debe recibir las participaciones que le correspondan, por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días a que dicha entidad las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su retraso da lugar al pago de intereses, de conformidad con lo previsto en los artículos 3o. de la Ley de C.F. Federal, y 6o., segundo párrafo, de la Ley de C.F. para el Estado y los Municipios de Veracruz de I. de la Llave.
6. Sostiene que el Gobierno del Estado de Veracruz ha incumplido con la entrega puntual de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor desde el año dos mil cinco –con retrasos de alrededor de los veintiocho días siguientes contados después de la fecha límite de cinco días–, no obstante que éste las recibe puntualmente conforme al calendario publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pese al retraso, refiere que el Gobierno de Veracruz no ha realizado el pago correspondiente de los intereses devengados. Señala que dicha situación se desprende de la simple lectura de los oficios relativos a la entrega de las participaciones federales, correspondientes a los meses de enero del dos mil cinco a octubre de dos mil siete, expedidos por el demandado, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz.
7. Considera inconstitucional, el actuar del Gobierno del Estado de Veracruz, toda vez que, pese a haber incurrido en los retrasos señalados, no ha efectuado el pago de los intereses devengados, tal como lo establecen los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de C.F., y 10 de la Ley Número 251, que crea el Sistema Estatal de C.F. y establece las Bases, M. y P. a los que se sujetarán las participaciones federales que le corresponden al Municipio.
8. Se afirma que el ramo 33 ha representado una de las expresiones más claras del federalismo al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios, responsabilidades de ejercicio y vigilancia de los recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros. En ese sentido, refiere que las aportaciones federales son definidas como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios del país, condicionado a que el gasto se ejerza en la consecución y el cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece en la Ley de C.F., recursos que se aplican, en términos del artículo 25 de la misma ley, en los fondos siguientes:
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, y el Distrito Federal; y
Al respecto, el artículo 32 de la Ley de C.F. establece que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con un porcentaje de la recaudación federal participable a la que se refiere el artículo 2o. de la Ley de C.F.. Asimismo, se transcribe el subsecuente artículo 33, en la parte que refiere a los rubros a los que deben destinarse en exclusiva los fondos que integran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a saber, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
En tal contexto, refiere que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicaron dos acuerdos en el número extraordinario cuarenta y dos de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por medio de los cuales el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer las distribuciones de recursos para el ejercicio de dos mil dieciséis relativos: i) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y ii) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respectivamente (FISMDF). Del primer fondo, se asignó al Municipio de Chontla la cantidad de $7'346,940.00 (Siete millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); consignándose, en el apartado quinto del acuerdo, la entrega de los recursos del fondo una vez recibida la ministración correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al calendario publicado el dieciocho de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.
Respecto del segundo fondo, en el acuerdo correspondiente se estableció que correspondía al Municipio de Chontla la cantidad de $22’703,048.00 (Veintidós millones setecientos tres mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); señalándose en el apartado décimo que la entrega de los recursos se haría tan pronto fueran recibidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de C.F., es decir, conforme a lo establecido en el artículo quinto del "Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de esta anualidad", publicado el dieciocho de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, en el que también se especifican las fechas de radicación para la entidad federativa, y la fecha límite de radicación para los Municipios.
No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz ha incumplido sistemáticamente con los pagos conforme a los calendarios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin que haya justificación alguna, y a la fecha de presentación de la controversia constitucional, está pendiente el pago de tres meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en contravención al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, se alega que la referida omisión de la entidad federativa constituye una ilegal retención, que impide que al Municipio el ingreso a que tiene derecho y por ende le imposibilita atender con oportunidad sus requerimientos de gasto.
La actora señala que las cantidades que se adeudan, de acuerdo a cada programa y las fechas en que debieron ser depositadas, son las que se muestran en las tablas siguientes:
Asimismo, se refiere que el Gobierno del Estado y diversos Municipios, entre ellos el de Chontla, constituyeron el Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F-998, el cual celebraron en su calidad de fideicomitentes con el fiduciario Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria. El objetivo de la constitución del fideicomiso bursátil fue la de obtener recursos adicionales que aseguraran el cumplimiento de las metas de crecimiento y desarrollo planteadas en los distintos planes municipales de desarrollo de dos mil catorce a dos mil dieciséis. De esta forma, atendiendo a la enorme necesidad de los Municipios participantes de obtener recursos adicionales para menguar las necesidades de infraestructura de alto impacto social, el gobernador del Estado resolvió otorgar un peso por cada peso, proveniente del proceso de bursatilización que los Municipios participantes destinen a la realización de obra pública de impacto social.
En sesión extraordinaria del fideicomiso celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil ocho, el comité técnico autorizó la incorporación al catálogo de obras e inversiones del fideicomiso de la cantidad que será destinada al programa "peso por peso". El veintidós de octubre posterior se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se autorizó la incorporación de las obras e inversiones del fideicomiso al catálogo y la liberación de los recursos solicitados para el programa "peso por peso".
Por último, se refiere que, no obstante la existencia de un convenio de colaboración, entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Chontla con el objeto de que el gobierno estatal otorgara el apoyo financiero por una suma equivalente a los recursos netos que se recibieran, el Ayuntamiento no ha recibido ninguno de los apoyos pactados, siendo éstos retenidos, pese a que el fiduciario ha cumplido a cabalidad con su función en el esquema del fideicomiso. Lo anterior, se dice, se corrobora del ocurso del delegado fiduciario que se le envió al Municipio de Chontla en el que se indica que los remanentes del fideicomiso le fueron depositados al fideicomitente estatal, el nueve de agosto de dos mil dieciséis; oficio en el que la parte actora refiere que se encuentra contenida la información relativa al porcentaje de distribución de remanentes que le corresponde al Municipio de Chontla, mismo que no ha sido recibido por éste.
b) Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el ramo veintiocho del Presupuesto de Egresos Federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de C.F.. Al respecto, se entiende que las participaciones federales deben ser libremente administradas por el Municipio una vez que las legislaturas locales, mediante disposiciones generales, determinen las bases, montos y plazos para ello.
c) En el caso concreto, se infringió un perjuicio al Municipio, al retrasarse las autoridades demandadas con la entrega de las participaciones y el pago de los intereses devengados, quedando éste en la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo a la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas. Entregas que debían realizarse de forma ágil y directa conforme a la calendarización preestablecida, con lo que se vulneró la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución Federal garantiza a los Municipios.
e) Debe declararse la invalidez de los actos impugnados, en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: i) se paguen los intereses devengados al Municipio actor con motivo del retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, así como los intereses que se sigan generando hasta que se haga la entrega puntual de las participaciones; y que ii) se condene a la autoridad demandada a entregar las futuras participaciones dentro del plazo establecido en los artículos 6o. de la Ley de C.F. y 10 de la Ley Número 251.(2)
f) Se estima procedente la controversia constitucional interpuesta en función de que las retenciones hechas por el Gobierno del Estado de Veracruz afectan ampliamente la autonomía establecida en la Constitución, el federalismo que articula la división territorial del poder en México y el sistema de coordinación fiscal vigente. En este sentido, la participación de las entidades federativas en el flujo de los recursos hacia los Municipios se reduce a una mediación administrativa y nunca a la disposición, suspensión o retención de éstas.
g) El caso en cuestión no se relaciona con ninguno de los supuestos en los que excepcionalmente la ley permite la retención de las participaciones, de modo que resulta incuestionable que la suspensión en la entrega de los recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, establecidos en el artículo 115 constitucional, además del sistema federal de coordinación fiscal. Por lo que, la retención ejercida por el Gobierno del Estado de Veracruz sobre los recursos del Municipio importa una sanción del pago de intereses que privan a éste de ejercer sus obligacionesconstitucionales.(3)
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional, bajo el expediente 182/2016, designándose instructor del procedimiento al Ministro J.M.P.R..(4)
Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro J.M.P.R. admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, ordenó emplazarlo, requiriéndolo para que al momento de formular su contestación, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; no tuvo como demandada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, al tratarse de una dependencia, subordina a dicho Poder; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, y mandó formar cuaderno incidental, a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.(5)
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. M.Á.Y.L., en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(6)
II. En relación con los hechos, no niega, ni afirma los antecedentes relatados por la actora en relación a que se ha incurrido en un retraso sistemático y constante de los recursos reclamados por el Municipio, toda vez que no son hechos propios de la administración pública estatal que tuvo inicio el uno de diciembre de dos mil dieciséis.
Refiere que debe otorgarse el valor probatorio que corresponda a las manifestaciones espontáneas de la actora, en relación a: i) que conocía el plazo en que debía recibir los recursos, siendo omiso en hacer valer en tiempo y forma la acción que pretende, ii) que conocía que la Federación había remitido al Gobierno del Estado los recursos que reclama, y iii) que la entrega efectivamente se ha realizado.
- Sobre la prescripción (identificado en el sub-apartado A del escrito de contestación) estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto.
En este sentido, señala que la actora misma señaló, expresamente, que sí existió la transferencia de los recursos, sólo que éstos se efectuaron con retraso respecto del plazo establecido por la ley; situación que redunda en un defecto del acto, pero no en una omisión.
Del acto señalado con el inciso a) por el Municipio se colige: i) que el Municipio conocía los plazos en los que debió recibir los recursos que reclama y, por tanto, el momento en que se estaba incurriendo en el retraso, y ii) que el Municipio recibió una entrega de los recursos en comento, con retraso respecto de la fecha programada, pero al fin entrega, por lo que en cualquier caso el plazo establecido en la ley reglamentaria para la interposición de la demanda transcurrió en exceso.
De igual manera, señala que no es obstáculo que en el acto reclamado como inciso b), el Municipio promovente pretenda ajustar la oportunidad de la presentación de su demanda, aduciendo que se encuentra reclamando una omisión, puesto que de la interpretación de su demanda se desprende que la omisión de "regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la ley" deviene de un acto.
En este sentido, se destaca que la omisión reclamada por la parte actora deriva de un acto positivo, por lo que el Municipio tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al que ocurrió la entrega retrasada de los recursos. Al respecto, señala que no es válido sujetar la controversia al plazo que rige la impugnación de las omisiones, toda vez que dicha regla no es aplicable cuando las omisiones que se impugnan derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.(7)
Así, el acto positivo es la entrega retrasada de los recursos, según el dicho de la parte actora, mientras que la consecuencia directa es: "la omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la ley."
Adicionalmente, se señala que, aun cuando la administración que encabeza inició el uno de diciembre de dos mil dieciséis y que niega los actos que reclama el Municipio por no ser hechos propios, ello no es obstáculo para que al Municipio promovente le corresponda probarlos y ceñirse al plazo de treinta días para su impugnación. De lo contrario, se llegaría al absurdo de que los Municipios, pese a que se encuentran obligados a manejar su patrimonio de conformidad con la ley, y el artículo 115 constitucional, omitieran ejercitar las acciones legales pertinentes en tiempo y forma, y las pretendieran ejercitar cuando el ejercicio fiscal para el que fueron previstos los recursos hubiere concluido y fenecido el plazo para inconformarse.
Al respecto, existe una obligación correlativa al derecho de los Municipios contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución, la cual se traduce en hacer uso de los medios legales a su alcance, en tiempo y forma, para garantizar la disposición y ejercicio de los recursos de origen federal para los fines que se encuentren destinados. De otra forma no habría manera de asegurar que los recursos efectivamente se destinaren a los fines previstos, si no es, entendiendo que el Municipio debe asumir una participación activa y ejercitar, en el momento en que resulta oportuno, las acciones pertinentes para disponer de dichos recursos.
Así, sin soslayar el derecho de los Municipios a recibir los recursos de marras de manera oportuna, existe una obligación para ellos de agotar las instancias legales a su alcance, las cuales deberían ejercitarse de manera inmediata al fenecimiento de los plazos establecidos para la recepción de los recursos; pues de interpretarse lo contrario, se permitiría que los recursos de referencia no se ejercieran para los fines y los periodos para los que se encontraban dispuestos, lo que en todo caso los desvía de su finalidad primordial.
El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz dio a conocer los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibiría cada Municipio de la entidad del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil dieciséis; contenidos en los números extraordinarios sesenta y cuatro, publicados el trece de febrero de dos mil catorce, trece de febrero de dos mil quince y trece de febrero de dos mil dieciséis.(8)
En esa tesitura, el Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debía recibir los recursos federales, siendo que el cómputo del término para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado haya hecho valer su reclamo. En este sentido, no se omite señalar que, si bien el artículo 31 de la ley de la materia declara inadmisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles.(9)
Finalmente, menciona que las consideraciones anteriores, además de ser aplicables al acto que el Municipio actor reclama con el inciso b), también le son aplicables al acto que reclama con el inciso c); toda vez que, ambos se tratan de una omisión derivada de un acto positivo.
- Sobre la omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto [sub-apartado B) del escrito de contestación], particularmente del acto impugnado identificado con el inciso c), señala que existe una obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.
Lo anterior, en cuanto a que el pago de intereses a que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de C.F. y en la Ley de C.F. para el Estado y los Municipios de Veracruz, y no en la Constitución. De manera que resulta aplicable al caso concreto el artículo 5o. de esta última, que establece que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado, respecto de la aplicación de dicha ley.
En este sentido, se afirma que no existe afectación alguna a la espera de competencias del Municipio actor y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución Federal. De modo que, la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria no se actualiza, quedando obligado el promovente a agotar la vía correspondiente.(10)
Por último, solicita que este Alto Tribunal analice de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse en el presente asunto, con fundamento en el artículo 19, último párrafo de la ley reglamentaria.(11)
IV. En el apartado de razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto cuya invalidez se demanda la autoridad demandada refiere que resultan inatendibles los argumentos planteados por el Municipio actor en su único concepto de invalidez, toda vez que:
a. Se han actualizado las causales de improcedencia descritas en el artículo 19 de la ley reglamentaria; y que
b. En caso de que exista derecho alguno del Municipio, éste únicamente será por las cantidades no entregadas o trasferidas, lo cual se demostrará con las documentales que serán ofrecidas en el momento procesal oportuno; las cuales se solicitaron a la dependencia correspondiente.
OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y con relación a los alegatos se indicó que las partes no habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó el envío del expediente a la Primera Sala el quince de marzo de dos mil dieciocho. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete dictado por la presidenta de la Sala, quien ordenó el registro del ingreso del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro J.M.P.R. para la elaboración del proyecto de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
a) "Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones Federales que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que su puntual entrega. La omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, El Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad, entre los cuales se encuentra el de Chontla, Veracruz, y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria."
b) "La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de C.F. y la Ley Número 251, que crea el Sistema Estatal de C.F. y Establece las Bases, M. y P. a los que se sujetaran las Participaciones Federales."
c) "La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de demanda, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de C.F., y 10 de la Ley Número 251, el pago de los intereses correspondientes."
Se advierte que en el primer inciso se reclama el retraso en las entregas de las participaciones federales, correspondientes a los meses de agosto y septiembre hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta su puntual entrega.
Si bien en la demanda se hace referencia a las "entregas atrasadas" de las participaciones Federales por los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, lo cierto es que nunca precisa que ya se le hubieran entregado los recursos, mucho menos señala fecha alguna en que se hubiera realizado tal entrega en forma posterior a lo previsto en las disposiciones aplicables.
De todo ello, se aprecia que a lo que en realidad se refiere el Municipio actor es a la omisión en la ministración de participaciones federales, pues sus manifestaciones ponen en evidencia que afirma no tener conocimiento de que se hubiera realizado, hasta la fecha de la presentación de su demanda, la entrega respectiva.
Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, así como de sus anexos, se advierte que cuando se reclama la falta en la entrega de los meses de agosto y septiembre, se refiere al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–.
En relación con las participaciones que se sigan generando, en el punto 8 del capítulo relativo a "hechos", el demandante precisa que se encuentra pendiente la entrega de tres meses precisados en las tablas que transcribe para tal efecto relativas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), además de los meses de agosto, septiembre y octubre de ese mismo año, por lo que también se tienen como reclamados.
Además, en ese mismo inciso se reclama la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998.
Por su parte, en el segundo y tercer inciso, la parte actora combate la falta de regularidad en las entregas de participaciones conforme a las condiciones y plazos establecidos, reclamando el retraso en la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de la demanda, así como sus intereses.
Para tal efecto, tomando en cuenta la demanda y sus anexos, se tiene que el Municipio actor se refiere a las cantidades que no fueron entregadas conforme a las condiciones y plazos establecidos se refieren al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF–, así como del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, desde enero de dos mil cinco.
• La omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• La omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
En relación con las omisiones en la entrega de los recursos federales, el Municipio actor solicita el pago de intereses.
• El pago de intereses por el retraso de la entrega de las participaciones, en relación con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, desde enero de dos mil cinco a julio de dos mil dieciséis, debido aque los subsecuentes meses se reclamaron por su omisión.
En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(12) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:
TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si, los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(13) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
En la controversia constitucional 5/2004,(14) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(15) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 20/2005(16) el Municipio de Acapulco de J. demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de G. mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(17) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 98/2011(18) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(19) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 37/2012(20) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos, le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(21) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 67/2014(22) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal M.C.S.Z., desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó qué ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer, por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(23)
En la controversia constitucional 78/2014(24) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(25)
Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(26) Finalmente, por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
En la controversia constitucional 73/2015(27) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
En la controversia constitucional 118/2014,(28) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias, entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a J.R., supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(29) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2), la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(30)
Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(31) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
En la especie, esta Primera Sala estima que el reclamo es oportuno, toda vez que se impugna la omisión total y absoluta por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– por lo que hace a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF– lo relativo a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
Por otra parte, el Municipio actor reclama el pago de intereses por el retraso de la entrega de las participaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, desde enero de dos mil cinco a julio de dos mil dieciséis.
De esta manera, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según sello fechador que obra en la misma, para considerar oportuno cualquier reclamo de intereses por el retardo en los pagos desde el dos mil cinco, los enteros debieron haberse efectuado, por lo menos, el once de octubre de dos mil dieciséis, pues con anterioridad a esa fecha, ya habrían transcurrido los treinta días contados a partir de que se presentó la demanda de controversia constitucional.
Se afirma lo anterior, dado que tomando como punto de partida el once de octubre de dos mil dieciséis, el plazo para presentar la demanda transcurre del jueves trece de octubre de dos mil dieciséis al martes veintinueve de noviembre siguiente, descontándose del cómputo respectivo los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, así como el doce de octubre, el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre por haberse decretado como inhábiles por el Tribunal Pleno en sesiones privadas de diecinueve de septiembre y seis de octubre de dos mil dieciséis, así como el veintiuno de noviembre de ese mismo año, con base en el artículo 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo(32), todo ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(33) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(34) y el punto primero, incisos a), b), j), m) y n) del Acuerdo General 18/2013,(35) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte, el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
A este respecto, en los puntos 6 y 7 del capítulo relativo a "hechos", el demandante precisa que sobre estos meses no existió una omisión en la entrega, sino un retraso de aproximadamente veintiocho días sin el correspondiente pago de intereses, a partir de la fecha límite a que el Estado debía entregarlos.
Atendiendo a su propia manifestación, se considera extemporáneo el reclamo del Municipio actor, pues los pagos de enero de dos mil cinco hasta julio de dos mil dieciséis, aun considerando el retraso de veintiocho días a que hace referencia, se generaron fuera del plazo para reclamarlos a través de esta demanda de controversia constitucional.
Para ejemplificar lo anterior, basta tomar como referencia los pagos más recientes, correspondientes al mes de julio de dos mil dieciséis, que debían ser enterados a más tardar el cinco de agosto de dos mil dieciséis, de conformidad con el "calendario de fechas de pago de 2016 del FORTAMUNDF", contenido en el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal de 2016", y el "calendario de fechas de pago de 2016 del FISMDF", contenido en el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal de 2016", publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave, correspondiente al viernes veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
De esta manera, aun tomando en cuenta los veintiocho días a partir de la obligación de la entrega indicada, la demanda es extemporánea, pues ésto aconteció el dos de septiembre de ese mismo año; de ahí que tanto estos pagos, como lo anteriores –cuyo entero se hizo en fecha previa–, son inoportunos para reclamarlos como parte de la presente controversia constitucional.
Por lo anterior, respecto del reclamo consistente en el pago de intereses por el retraso de la entrega de los recursos, en relación con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, desde enero de dos mil cinco a julio de dos mil dieciséis, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII de la ley reglamentaria de la materia, ya que como ha quedado demostrado, respecto de éstos, el presente medio de control constitucional se promovió de manera extemporánea, y por lo tanto, lo procedente es sobreseer por dichos actos, en términos del artículo 20, fracción II del mismo ordenamiento.
En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por E.P.Z., síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento constitucional del Municipio de Chontla, Veracruz, carácter que acreditó con la constancia de mayoría de nueve de julio de dos mil trece(36) y la relación de ediles que integran los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficialdel Estado el tres de enero de dos mil catorce.(37)
Ahora bien, con base en las documentales que al efecto exhibe y conforme al artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz,(38) se reconoce la representación que ostenta la referida funcionaria, para promover a nombre del Municipio de Chontla, Estado de Veracruz, ente que tiene legitimación para promover el presente juicio constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i). Ello aunado a que, durante el trámite de la controversia constitucional no se ofreció prueba en contrario.
M.Á.Y.L. dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, personalidad que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de doce de junio de dos mil dieciséis, expedida a su favor por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado, mediante la cual se le declara como gobernador Electo de la entidad referida.(39)
SEXTO.—Sobreseimiento por inexistencia de actos. Del análisis de la demanda así como de las constancias que obran en el expediente, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que no se encuentra acreditada la existencia de la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998.
Si bien este acto se atribuye al Poder Ejecutivo de la entidad, de constancias que obran en autos, se advierte que el Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante oficio TES/617/2016 de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, respondió la solicitud de información hecha por el Secretario de Gobierno de la entidad en el oficio SG-DGJ/0472/12/2016, respecto de los recursos del Fideicomiso Irrevocable, Emisor, de Administración y Pago No. F-998, señalando que el Municipio actor no participó en la constitución del fideicomiso bursátil y la afectación al mismo, de los Ingresos Municipales del Impuesto sobre la Tenencia o uso de Vehículos, autorizado mediante el decreto No. 288, Gaceta Oficial No. Ext. 189 de fecha once de junio de dos mil ocho.
Para tal efecto, anexó copia del extracto del decreto 288(40) que reformó el segundo párrafo del artículo séptimo del decreto 255 que autorizó la constitución de un fideicomiso bursátil y la afectación al mismo de los ingresos municipales del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cuyo artículo primero no incluye a dicho Municipio. Afirmación que no fue desvirtuada con elemento de prueba alguno por la parte actora.
Aunado a lo anterior, esta Primera Sala advierte como hecho notorio, que efectivamente en el contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, no participó el Municipio actor, como puede advertirse de la siguiente página de internet, en donde se advierte que no participó en él: http://www.bursatilizacion.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites /11/2017/08/PROSPECTO_08U_F_998.pdf; de ahí que no exista la omisión controvertida, dado que no se acreditó alguna obligación por parte del Estado demandado al demandante, en relación con este concepto.
Dada la negativa expresa sobre la existencia de estos actos y al no advertirse constancias en autos que permitan acreditarla, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
SÉPTIMO.—Causas de improcedencia. En el presente caso, el Poder Ejecutivo demandado aduce dos causas de improcedencia. En primer término, señala que la demanda fue presentada fuera de los plazos previstos para ello. En segundo término, refiere que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia en tanto el Municipio no agotó la vía legal previa para la impugnación de intereses derivados de las omisiones de pago impugnadas.
Esta Primera Sala ya se ha pronunciado respecto de la primera causal de improcedencia aducida, pues se analizó en el considerando de oportunidad en el que se resolvió respecto de qué actos la demanda fue presentada dentro del plazo establecido para la impugnación de omisiones absolutas, así como aquellos que fueron extemporáneos.
Por lo anterior, se tiene por desestimada dicha causal.
Finalmente, la última causa de improcedencia hecha valer también debe desestimarse, en virtud de que, si bien el artículo 19, fracción VI,(41) de la ley reglamentaria, establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no hubiera sido agotada la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; lo cierto es que, dicho supuesto, en el caso, no se actualiza, toda vez que el Municipio actor no tenía obligación de agotar procedimiento alguno para lograr la transferencia de los recursos a que tiene derecho el Municipio, en tanto el principio de definitividad en la controversia constitucional, sólo opera cuando en las legislaciones locales se establecen medios de defensa o recursos y siempre que en la demanda no se hubieren planteado violaciones directas e inmediatas a la Constitución General, sino violaciones a las leyes locales que produzcan una transgresión a la Carta Magna a manera de consecuencia.
Por ende, en el presente asunto, el Municipio de Chontla, Estado de Veracruz, adujo la violación directa al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual esta Primera Sala no puede tener actualizada la causal de improcedencia invocada por el gobernador del Estado.
Sustenta esta conclusión el criterio resumido en la tesis P./J. 136/2001 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."(42)
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes,(43) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al tema de la hacienda municipal. Se ha sostenido que la fracción IV, de este precepto, establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales.
En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, mismas que fueron instauradas por el Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve– para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional; es decir, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(44)
d) Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(45)
Así, se ha dicho que, tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria. Las aportaciones federales son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de C.F., aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(46)
Por su parte, derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(47) el cual consiste, básicamente, en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.
En otras palabras, el artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados. Sin embargo, es importante advertir que no obstante que, dicho precepto, sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que estos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que igualmente el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados.
El desarrollo de las citadas garantías constitucionales a favor de la hacienda pública municipal, la Ley de C.F. que tiene como finalidad, entre otras, coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establece respecto de las participaciones federales, en sus artículos 3o. y 6o. lo siguiente:(48)
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio fiscal, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio de que se trate.(49)
Así, al haber la disposición expresa de que las cantidades que por tales fondos corresponden a los Municipios debe hacerse de manera ágil y directa, resulta aplicable por analogía el plazo de cinco días previsto para el caso de las participaciones, como un lapso de tiempo razonable para que los Estados hagan las transferencias correspondientes a las aportaciones federales, por lo que una vez transcurrido el mismo deberá considerarse que incurren en mora y, por tanto, deben realizar el pago de intereses.(50)
• La omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• La omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
Con respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), los artículos 36, incisos a) y b), 37 y 38, párrafo primero, de la Ley de C.F.,(51) establecen que se enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37; que será distribuido en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa; y que el Estado debe publicar a más tardar el treinta y uno de enero, del ejercicio fiscal de que se trate las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio, así como el calendario de ministraciones.
Así, por lo que corresponde al acto precisado como la omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FORTAMUNDF– correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, la autoridad demandada fue omisa en pronunciarse al momento de rendir su informe y posteriormente, al remitir las constancias respectivas, por lo que no demostró que realizó la entrega de los recursos reclamados.
Entonces, esta Primera Sala llega a la conclusión de que, como fue solicitado en la demanda, se actualiza una omisión absoluta en ministrar al Municipio actor los recursos de dicho fondo relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mi dieciséis.
Es por ello, que la legislación que disciplina el sistema de financiamiento municipal en la República Mexicana da especificidad al principio general de derecho según el cual, quien causa un daño está obligado a repararlo, y según el cual la reparación de ese daño debe tender a colocar al lesionado en la situación en la que se encontraba antes de que se produjera el hecho lesivo, lo cual se traduce en el deber de pagar una indemnización moratoria cuando el daño se identifica con la falta de pago de una cantidad ya líquida y exigible. Estas razones sirvieron de sustento en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 5/2004,(52) de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 46/2004 "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS.CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."(53)
Por tanto, se condena al Ejecutivo Local a la entrega de los recursos que correspondan a los referidos tres meses del FORTAMUNDF y al pago de los intereses hasta la fecha de su depósito.
A mayor abundamiento, la Ley de C.F. para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en su artículo 32, segundo párrafo, en relación con el artículo 35,(54) establece que los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme con el calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados y que ello debe hacerse de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines a que se destinará el fondo.
Luego entonces, el tesorero local de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante oficio TES/617/2016 de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, no se pronunció ni exhibió constancias para desvirtuar la omisión que se le atribuye.
Por tanto, esta Primera Sala llega a la conclusión de que, como fue solicitado en la demanda, se actualiza una omisión absoluta en ministrar al Municipio actor los multicitados recursos federales relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mi dieciséis.
Asimismo, es criterio de esta Suprema Corte que ante la falta de entrega o entrega tardía de recursos federales, debe pagarse al Municipio actor los intereses. En efecto, de conformidad con las fechas señaladas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave publicada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el punto Décimo del "Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2016", se advierte lo siguiente:
"Décimo. La entrega de los recursos FISMDF del Estado a los Municipios se hará tan pronto sean recibidos de la Federación a través de la SHCP, conforme al párrafo segundo del artículo 32 de la Ley; es decir, mensualmente en los primeros diez meses del año, conforme a lo señalado en el artículo quinto del acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016 de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado con fecha 18 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación por la SHCP ... ."
NOVENO.—Efectos. Esta Primera Sala determina que los efectos de la presente sentencia se traducen en la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Así como los correspondientes intereses que se hubieren generado.
Para ello, se concede al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave, un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo, a fin de que realice lo conducente para que sean suministrados los recursos reclamados, más los intereses que resulten sobre ese saldo insoluto desde que tenían que ser entregados hasta la fecha de liquidación conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
b) Por su parte, respecto al FORTAMUNDF, el cálculo de los intereses deberá hacerse a partir de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de los recursos por parte de la Federación al Ejecutivo Estatal, al ser, por analogía, el plazo límite del Ejecutivo para la entrega de los recursos al Municipio actor, de acuerdo a las referidas disposiciones de la Ley de C.F..
SEGUNDO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional en los términos y por los actos precisados en los considerandos tercero y sexto del presente fallo.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: A.Z.L. de L., J.R.C.D., J.M.P.R.(., A.G.O.M. y presidenta N.L.P.H.. Los M.A.Z.L. de L. y J.R.C.D., se reservaron su derecho a formular sendos votos concurrentes.
1. La recurrente señala como precedentes la jurisprudencia P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."; así como las controversias constitucionales resueltas por el Pleno de este Alto Tribunal 26/2003 y 47/2004.
2. Se cita la controversia constitucional 20/2005, resuelta por el Pleno de este Alto Tribunal, en la que se instruyó a la autoridad demandada en el considerando octavo a entregar las sucesivas participaciones federales en el plazo establecido en los artículos mencionados.
4. Fojas 53 y 54 del expediente principal.
5. I., fojas 55 a 57.
6. I., fojas 68 a 75.
7. Al respecto, cita la jurisprudencia P./J. 113/2010 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE.". Con datos de localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., enero de 2011, página 2716.
8. Se argumenta que tales publicaciones constituyen un hecho notorio en términos de la tesis aislada: I.3o.C.26 K (10a.), de rubro: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA.". Con datos de identificación: Décima Época, T.C.C., Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página 1996.
9. Al respecto se cita la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.". Con datos de localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 57.
10. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 136/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES.". Con datos de localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 917.
11. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 31/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.". Con datos de localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 392.
13. Tesis: P./J. 43/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2003, Novena Época, página 1296, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.". Esta tesis derivó de la controversia constitucional 10/2001 en la que se determinó que tratándose de la impugnación de omisiones la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras ésta subsista, por lo que si en el caso se impugnó la omisión del Poder Ejecutivo local de transferir el servicio público de tránsito al actor en cumplimiento a las reformas ocurridas al artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución General, en relación a los artículos transitorios segundo y tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año, la demanda se presentó en tiempo. La Suprema Corte manifestó que las omisiones son aquellos actos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.
14. Resuelta por el Tribunal Pleno, el 8 de junio de 2004, ponencia del M.C.D..
15. Foja 28 de la sentencia.
16. Resuelta por el Tribunal Pleno, el 18 de octubre de 2007, ponencia del M.S.A.A..
17. Foja 49 de la sentencia.
18. Resuelta por la Primera Sala, el 7 de marzo de 2012, ponencia del M.O.M..
19. Foja 20 de la sentencia.
20. Resuelta por la Primera Sala, el 19 de febrero de 2014, ponencia del Ministro Zaldívar Lelo de L..
21. Foja 35 de la sentencia.
22. Resuelta por la Primera Sala, el 12 de agosto de 2015, ponencia del M.C.D..
23. Foja 29 de la sentencia.
24. Resuelta por la Primera Sala, el 18 de marzo de 2015, ponencia del M.C.D..
25. Foja 18 de la sentencia.
26. Foja 22 de la sentencia.
27. Resuelta por la Primera Sala, el 1 de junio de 2016, ponencia del M.C.D..
28. Resuelta en sesión de 29 de junio de 2016.
29. Foja 45 de la sentencia.
30. Foja 51 de la sentencia.
31. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
32. "Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: ...
"VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. ..."
33. "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
34. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
35. "Primero. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: a) Los sábados; b) Los domingos; ..., j) El doce de octubre ..., m) Aquellos en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando ésta no pueda funcionar por causa de fuerza mayor, n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles."
36. Foja 22 del expediente en que se actúa.
37. I., fojas 23 a 24.
38. "Artículo 37. Son atribuciones del síndico:
II. Representar legalmente al Ayuntamiento."
39. Foja 76 del expediente principal.
40. I., foja 141.
41. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
42. Texto: "El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 917.
43. Como algunos de esos precedentes podemos citar la controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de 11 votos en sesión de 16 de noviembre de 2004; la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de 11 votos, en sesión de 18 de enero de 2005; la controversia constitucional 70/2009, fallada por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala en sesión de 2 de junio de 2010; diversas controversias constitucionales (de la 100/2008 a la 131/2008 paquete de Sonora), falladas en sesión de 19 de octubre de 2011, por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala; y la controversia constitucional 111/2011, fallada el 26 de septiembre de 2012 por unanimidad de 5 votos.
44. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1213.
45. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS. (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XI, febrero de dos mil, en las páginas quinientos quince y quinientos catorce, respectivamente.
46. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000 de rubro y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.—Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Este criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XI, febrero de 2000, página 514.
47. Al resolver la controversia constitucional 5/2004 del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, este Alto Tribunal determinó que la Constitución no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales, por lo que una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos.
48. "Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento."
49. Encumplimiento a lo indicado, el día treinta y uno de enero de dos mil doce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibiría cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal por el ejercicio fiscal de dos mil doce.
50. Este razonamiento ya fue sostenido por esta Primera Sala, al resolver las controversias constitucionales del paquete de Sonora (100/2008 a la 131/2008).
51. "Artículo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue:
52. Fallada en sesión de ocho de junio de dos mil cuatro, por mayoría de nueve votos.
53. Texto: "La reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal consolidó la autonomía del Municipio, configurándolo como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. La Constitución, sin embargo, no le atribuye potestad legislativa en materia impositiva, como vía para proveerle de los recursos necesarios para hacer frente a dichas competencias y responsabilidades. Así, la fracción IV del mencionado artículo prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; su segundo párrafo establece garantías para que la Federación y los Estados no limiten, mediante exenciones o subsidios, el flujo de recursos que deben quedar integrados a la hacienda municipal; finalmente, el último párrafo de la citada fracción subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos. De la interpretación sistemática de la fracción IV, en el contexto general del artículo 115 –que pone a cargo exclusivo de los ayuntamientos la prestación de un número importante de funciones y servicios públicos–, puede concluirse que nuestra Constitución ha consagrado implícitamente el principio de integridad de los recursos económicos municipales. La Constitución, en otras palabras, no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales. Por ello, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos. Si la Federación y los Estados, una vez que han acordado la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, incumplen o retardan tal compromiso los privan de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales y violan el artículo 115 de la Constitución Federal; por tanto, la entrega extemporánea de dichos recursos genera los intereses correspondientes.", Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., junio de 2004, página 883.
54. "Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal.