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Timestamp: 2020-02-23 15:23:34
Document Index: 158736720

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 134', 'artículo 135', 'artículo 110', 'artículo 110']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 163-3, de 25/08/2015
cve: BOCG-10-A-163-3
Núm. 163-3
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno Ara.
Enrique Álvarez Sostres (Grupo Parlamentario Mixto)
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2015.- Enrique Álvarez Sostres, Diputado.- El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Gobierno aprobó el pasado 31 de julio el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2016. Es un proyecto expréss que solo tiene un objetivo: ponerse la venda en la herida que va a suponer la pérdida de la cómoda mayoría absoluta de esta legislatura que termina.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 suponen la concreción de las intenciones y prioridades políticas del Gobierno que las presenta. En su justificación, se alude a la necesidad de aprovechar la mejoría económica, diseñando un programa económico que sea capaz de sostener en el tiempo el proceso de recuperación.
Para ello el equipo económico del Ministerio de Hacienda ha partido de un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, lo que supone un descenso del 4.4 respecto al techo de gasto del curso pasado. La cifra de 2016 parte de una previsión de ingresos tributarios de 193.520 millones de euros, es decir, un 4% más sobre el año 2015, que tras la cesión a las Administraciones territoriales de parte de esos ingresos, la cifra se queda en 134.773 millones, es decir, un 0.6 % más, que resulta voluntarista y dependiente de factores externos, como la evolución de la deuda pública y el precio del petróleo, e internos como la sostenibilidad del crecimiento económico y el nivel de empleo y por tanto de la tasa de desempleo.
Las reducciones que plantea son la disminución de los intereses de la deuda y el gasto del seguro de desempleo, dada la evolución del marco económico y del mercado de trabajo.
Los aumentos sobre los que va a incidir son del ámbito social, seguridad social, clases pasivas, que en realidad descienden levemente, si los separamos de los fondos para el desempleo e inversiones públicas, sustancialmente en los préstamos a agencias estatales.
La contención del déficit con la práctica congelación de las pensiones, aun con el aumento de los perceptores y el pago de la deuda, prevalecen en estos Presupuestos, sobre la recuperación económica y la creación de empleo, ahondando en las diferencias entre españoles y creando un abismo entre ciudadanos y territorios, prefigurando una realidad social más injusta, que ve agravada sus problemas de pérdida de poder adquisitivo con los recortes sociales que lastran la modernización.
En el fondo de nuestro análisis, florece la consideración de que el instrumento económico que presenta el Gobierno está recorrido no solo por un determinado modelo económico, sino por una veta de fuerte profundidad fraudulenta, que cabalga a lomos del engaño electoral y del incumplimiento de los compromisos pactados con los ciudadanos.
Se sabe que estos presupuestos, que en práctica habitual no se debatirían por el actual Gobierno, son los últimos de la legislatura y de su desviación o inaplicación el actual Gobierno no va a adquirir ninguna responsabilidad, habida cuenta de la segura probabilidad de que se produzcan cambios en las mayorías parlamentarias y en la composición del futuro Gobierno del país.
En el fondo, son un auténtico "planing" de feroces incumplimientos reales, que van a superar con mucho los presupuestos aplicados en los cuatro últimos años.
En resumidas cuentas, se producen varias consideraciones generales, que nos impulsan a calificar como rechazables estos presupuestos por motivos de orden general y por motivos de orden singular de Asturias.
Se enumeran varias razones de orden general como son:
- El Gobierno recurre a un claro esquema electoral con la subidas salariales de los funcionarios y pensionistas y una subida del crédito para obra pública en general, acompañado de un mantenimiento del gasto social en educación, sanidad, dependencia y políticas activas de empleo, que no logra recuperar los recortes de los años precedentes.
- El bajo cumplimiento de ejecución presupuestaria de los cuatro últimos años, fundamentalmente en materia de infraestructura, que transforma los PGE, año tras año, en un gigantesco artificio contable, engañoso con los ciudadanos, con partidas ficticias en los papeles, sin ejecuciones, y retrasos injustificables.
- Los PGE dibujan un cambio en el modelo de financiación sin el valor de la solidaridad y de la igualdad, con una adjudicación discrecional y sin criterio -salvo el de contentar a los soberanistas catalanes- para las CCAA, de 7.000 millones de euros.
La publicación hace unos días de las balanzas fiscales desmitifica el maltrato de Comunidades como Cataluña, Andalucía o Valencia, pero la solución no puede ser el modelo Rajoy de financiación, utilizado a propósito en el periodo electoral de la autonomías y ayuntamientos: "Usted gaste que ya le compensa el Estado de los intereses de la deuda y de lo que deba...".
Se puede discutir el peso del reparto, pero no el modelo de solidaridad. Para mantener la cohesión del Estado es imprescindible que las regiones más ricas transfieran recursos a las más pobres y debe solucionarse el ejemplo del cupo vasco y navarro que también debe ser revisado.
El sistema de Financiación de Zapatero no solucionó el problema y ahora el PP, con cuatro años por delante, tampoco, porque lo ha sustituido por el mutualismo de las pérdidas graciables, con incidencia en materia social, educativa y sanitaria.
En las razones singulares de Asturias tenemos que decir:
1.° Las inversiones para Asturias en los PGE de 2016 ascienden a 307 millones de euros, lo que significa un descenso sobre el año anterior del 7.6% por ciento. Pero a eso, hay que añadir que el descenso real acumulado en cuatro años, alcanza el 40%. No es moral engañar a los ciudadanos con juegos contables que disfrazan y adulteran la realidad.
2.° Las grandes inversiones, por valor de más de 13.231.000 millones de euros, van para otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla León, con inversiones reales que van del 16% al 10%.
No es justificable decir que esta prevalencia viene dada por las inversiones del AVE, o por las inversiones habidas hasta ahora en esas comunidades que deben continuar hasta su finalización, porque en ese mismo caso, y con mayor cuantía, como son 3.500 millones de euros, estaría la Comunidad de Asturias con respecto al AVE y la variante de Pajares.
3.° En efecto, la infraestructura principal de Asturias es el ferrocarril del AVE, pendiente de terminación, tras la precitada inversión de 3.500 millones de euros, y cuya consignación de 180 millones resulta claramente insuficiente para su puesta en funcionamiento, como se anuncia, con los obstáculos en la línea León-Gijón, de la estación de fondo de saco de León -cuya solución cambia de proyecto todos los días, pasando de un apeadero a dos y de un soterramiento parcial, a un Bypass de complemento al tráfico de trenes directos Madrid/Gijón, sin parada en León- la no licitación del tramo León-La Robla, las filtraciones en la variante de Pajares, a día de hoy con un movimiento mínimo de obra y la foto de la ministra Pastor, acusando en sus visitas electorales que es preciso que las empresas adjudicatarias se animen a finalizar las obras, cuando sabemos que no se pagan las certificaciones de obras, y las empresas se ven obligadas a no consignar efectivos en esas obras.
4.° Unos PGE que dedican a los 20 kilómetros de los tres tramos paralizados entre Dóriga-La Espina en la localidad de Salas, correspondiente a la Autovía Oviedo-La Espina, cantidades mínimas y sin ejecutar las anteriores, que la van a convertir en el modelo de obra ralentizada con viaductos gigantes y carretillas parados y abandonados, testigos de una voluntad política muy clara y cuyas promesas no pueden resultar creíbles.
5.° Como tampoco son creíbles no incluir en estos PGE los recursos necesarios para el cumplimiento de una sentencia judicial firme, que obliga a pagar al Estado a Asturias 230 millones de los fondos mineros, y que resultan un ejemplo manifiesto de deslealtad institucional e insumisión hacia los tribunales del Gobierno, que exige a todos al mismo tiempo el cumplimiento de la ley. Más allá del desmantelamiento progresivo de la minería del carbón, que no sabemos si llegará al 2018 o considerar ya las instalaciones mineras de Asturias como propias de la arqueología industrial.
6.° La consignación ridícula del Plan del Prerrománico (37.000 euros) o la congelación presupuestaria de la ayuda a la Ópera de Oviedo, en contraste con las ayudas a otros festivales en otras ciudades, muestran el desprecio singular al patrimonio artístico y cultural de Asturias, que lo es también de España y de la Humanidad.
7.° El abandono de cualquier política presupuestaria para 2016 de la centralidad de la estación ferroviaria, que ha logrado unir a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Gijón, que ocupa el puesto 16 por entidad demográfica de España, en torno a un movimiento reivindicativo por los reiterados incumplimientos ministeriales al efecto.
Todo ello exige trasladar la decisión de que estos presupuestos de finales de legislatura, no son solo los menos adecuados y realistas para impulsar la recuperación de nuestro país, sino que al mismo tiempo se consideran muy lesivos para Asturias, que está siendo sistemáticamente marginada en sus inversiones en todos estos años. Consecuentemente, se está incidiendo con estas políticas negativas en la recuperación económica de la comunidad y en el mantenimiento de la posibilidad real de sostener el estado de bienestar de los ciudadanos asturianos.
El objetivo de Foro es paliar unas cuentas del Estado que no son creíbles, porque solo buscan el voto ciudadano y que vuelven a marginar a Asturias incidiendo en los desequilibrios y la insolidaridad entre las regiones.
En este orden de cosas, desde Foro se entiende que el Gobierno Regional debe utilizar como defensa de los ciudadanos, todos los recursos que da la Constitución, para evitar el incumplimiento constitucional del principio de igualdad y solidaridad con todos españoles, por parte del Gobierno de la Nación.
Por todo ello, el partido político Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, presenta una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, solicitando su devolución al Gobierno.
Teresa Jordà i Roura (Grupo Parlamentario Mixto)
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el articulo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2015.- Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El actual Gobierno no tiene legitimidad para aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales que pretende condicionar la nueva voluntad popular emanada de las próximas Elecciones Generales, y más teniendo en cuenta que lo hace consciente de que en ellas perderá su mayoría absolutísima. De hecho el Partido Popular, más allá de la pretensión de continuar decidiendo tras el periodo de su Legislatura al frente del Gobierno, utiliza los Presupuestos Generales de manera demagoga y populista con un claro carácter electoralista que pretenden hacer olvidar el incumplimiento de su promesa electoral de no subir el IVA y todos los recortes sociales.
Respecto a la inversión territorializada en los Països Catalans, vuelve a quedar en evidencia una vez más el espolio y el agravio de inversión en relación a la aportación al PIB, o peor aún, respecto al peso demográfico. El aumento de la inversión en estos territorios es ridículo y no solo sigue lejos de la equidad, sino que todos ellos siguen por debajo de la media de inversión estatal y ni siquiera se recupera de los recortes en términos absolutos y relativos padecidos durante toda la Legislatura.
En el caso de Catalunya, la inversión prevista (y sin tener presente que el grado de ejecución siempre está sustancialmente por debajo de lo establecido en las sucesivas Leyes de Presupuestos) es del 107% mientras que su aportación al PIB estatal es del 19,8% y su peso demográfico del 16%. En el caso de les Illes Balears, se siguen manteniendo a la cola de la inversión estatal, hecho descaradamente vergonzoso si tenernos en cuenta que más del 60% de la misma se destinan a unas depuradoras de agua, que para mayor escarnio, ya habían sido comprometidas para el 2014. Asimismo, el País Valencià para tener una inversión acorde con su peso poblacional requeriría una inversión de más del 50% de la actual.
Más allá del agravio social, es especialmente grave para el conjunto de la economía productiva de los Països Catalans el retraso en el Corredor Mediterráneo, que se acumula al retraso histórico y al agravio en comparación con la priorización de una deficitaria red radial de Alta Velocidad en el Estado.
Respecto al gasto social, el reducido aumento en cifras absolutas -que no en porcentaje respecto al global presupuestado- esconde una reducción del 21,7% del gasto en prestaciones por desempleo, que no responde a una mejora de la tasa de paro fruto de las políticas neoliberales adoptadas por el Gobierno, sino que se debe -en el mejor de los casos- al trasvase de los beneficiarios de las distintas prestaciones por desempleo a la renta activa de inserción: o -aún peor- al aumento del número de parados de larga duración que no reciben ningún tipo de prestación.
Así mismo, los pensionistas no recuperan el poder adquisitivo perdido en los últimos años, las pensiones solo aumentan un 0,25%, el mínimo legal, y se deberá recurrir de nuevo al fondo de reserva para hacer frente al aumento de la partida. Por otro lado, e! Gobierno sigue sin cumplir con la Ley de la Dependencia, pues el aumento del presupuesto en esta partida queda lejos del 50% del gasto que le corresponde, lo que más allá de negar el derecho, asfixia aún más a las Comunidades Autónomas. Y todo ello, teniendo en cuenta que, lejos de recortar el desproporcionado gasto militar -que nos ha generado más de 30.000 millones-, se incrementa en estos presupuestos.
En definitiva, estos Presupuestos suponen más fraude a la democracia, más espolio a los Països Catalans y más desguace al Estado del Bienestar.
Por todo ello, se presenta la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Ana María Oramas González-Moro Pedro Quevedo Iturbe (Grupo Parlamentario Mixto)
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.- Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
La secuencia del contenido de los distintos proyectos presupuestarios y de sus políticas económicas bajo la administración del actual gobierno, se reiteran hoy con el texto para las cuentas del ejercicio 2016, presentadas entre circunstancias de alto optimismo y triunfalismo políticos.
En efecto, la próxima convocatoria electoral, una vez finalizada la tramitación parlamentaria de este proyecto presupuestario, se significará desde el Gobierno como la expresión más acabada de unas cuentas que se ensalzarán como el remedio político económico definitivo para cerrar la crisis y abrir una próxima época de crecimiento y equilibrio.
En el ejercicio proyectivo que nos presenta el Gobierno, subyace una confianza aún mayor que la que soporta su optimismo. Hay un convencimiento, nos parece, de que las causas y circunstancias impulsoras del crecimiento no caducarán: ni los precios históricamente bajos de los hidrocarburos, la depreciación del euro o la actuación, los llamados estímulos monetarios, del Banco Central Europeo.
De otra parte se manifiesta que los incrementos de los ingresos, así como el ahorro en intereses y prestaciones de desempleo, compensarán los incrementos de gasto y la reducción de impuestos. El gasto, por supuesto, queda calificado de alto contenido social y la reducción impositiva incorporada, de inmediato, al programa electoral. A ello hemos de añadir la reconducción del déficit aunque la misma Autoridad Fiscal haya advertido de los riesgos en su cumplimiento.
En consecuencia, la aprobación y aplicación del contenido de este proyecto resultarán muy asimétricas: la mayoría parlamentaria actual lo tramitará fácilmente bajo la apelación de ser la única fórmula de actuación económica responsable, pero, luego, su aplicación requerirá ser afrontada evaluando la realidad soportada en unas importantes predicciones cumplidas, o no. Fácil aprobación y difícil aplicación, pues.
Desde la constatación, por tanto, de una alta dependencia externa en la configuración final de este proyecto de presupuestos, nuestra enmienda a la totalidad se construye después desde la sencilla, aunque básica, interpelación constitucional a la solidaridad interterritorial. La sostenida y persistente ausencia de la misma con la Comunidad Autónoma de Canarias vuelve a ser manifiesta. La indiferencia con el hecho insular no es circunstancial.
Una comprensión institucional-económica cabal de Canarias nos conducirá a la instauración de las políticas que la aproximen a la Península y al territorio continental europeo; es decir, a la convergencia, neutralizando, en lo posible, sus muy diversas e importantes desventajas estructurales y permanentes. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) así lo contempla recogiendo su inequívoca realidad: una
ubicación geográfica alejada de la dinámica económica del continente que el ámbito comunitario denomina Región Ultraperiférica de la Unión Europea.
La desviación del producto per cápita de Canarias con respecto a la media de los países de la UE-8, entre los que se encuentra España, es de un 35%. La deriva de Canarias hacia la divergencia económica con el resto de las regiones españolas viene siendo imparable. En los últimos quince años, Canarias ha perdido 11,7 puntos porcentuales de convergencia con el resto del Estado; realidad que se visualiza mejor si nos atenemos a su renta "per capita" en descenso permanente. A la altura de 1999, el ratio se encontraba próximo a la media nacional, suponiendo para Canarias un 97,7% de aquélla. Desde entonces, se produce un proceso de "desencuentro de rentas" que ha supuesto un descenso hasta una posición relativa del 86,0% de la media española en 2014, según datos del INE. Y, todo ello, conviene recordarlo, asistiendo a un muy importante aumento de la población en el archipiélago, fenómeno inverso al del territorio peninsular.
Por ello, sin perjuicio de las muy diversas causas que suceden en nuestras elevadas tasas de paro, en Canarias, la sobrepoblación y crisis laboral intensísima junto al grave desempleo juvenil, han coincidido y conviven.
La insolidaridad denunciada causa efectos perversos en la realidad institucional de Canarias. Su cuasi instauración presupuestaria, si se nos permite, devasta los cimientos de la tradición económica y fiscal recogidos en el REF. En consecuencia, también su futuro. En efecto: las inversiones estatales en Canarias han de estar en la media del conjunto de las Comunidades Autónomas excluyendo las inversiones compensatorias del "hecho insular"; ha de establecerse un régimen económico inversor estructural del Estado; y, entre otros, su consideración "permanente" en el Fondo de Compensación Interterritorial como su "aplicación ultraperiférica" en la legislación orgánica de financiación autonómica, la LOFCA.
Todo ello se incardina en el reconocimiento constitucional del hecho insular que constituye un claro mandato político y económico para el Estado que ha de manifestarse en la realización efectiva del principio de solidaridad, así como en el objetivo del "establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo".
En este último presupuesto de la mayoría absoluta gubernamental, se insiste en políticas muy criticadas desde 2012 que han procurado un modelo de desequilibrios territoriales y sociales en incremento. En consecuencia, la corrección de estas tendencias supone las siguientes prioridades para Canarias:
La reorientación hacia una política de apoyos a la economía real y de inversiones, especialmente en unas infraestructuras estratégicas que así han de considerarse en un territorio que ostenta un estatuto especial en la Unión Europea como Región Ultraperiférica.
Una distribución de los recursos para la financiación autonómica equitativa y acorde con nuestra insularidad.
Una corrección de los desequilibrios territoriales mediante la aplicación amplia de los fondos de compensación interterritorial.
Después de varios años de recortes, el volumen de inversión, dato que se utiliza como base de cálculo del FCI, ha adquirido valores ridículos que imposibilitan el objetivo de convergencia que se le atribuye al FCI por la Constitución. No obstante subir dicha base en el proyecto 1.113 frente a 1.000 millones de euros, en su cálculo se han cocinado los porcentajes de los "fondos" para que la cifra de 2016 sea exactamente igual que la del año anterior, es inaudito que se evite por todos los medios atribuir mayor capacidad de acción a las economías regionales más damnificadas en la crisis. Los deseables efectos multiplicadores, vía la generación de empleo, y su contribución la formación bruta de capital seguirán mermados por quinto año consecutivo.
Adicionalmente, el FCI ha pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los 432,4 millones de euros (ídem que en 2015), es decir, con una reducción del 44,16%. Así, podemos comprobar que el FCI en el presupuesto para 2015 solo significa un escaso 2,9% del importe de las operaciones de capital inversión del Presupuesto Consolidado de 2016, mientras que en 2011 supuso un 4,25% del importe de la inversión del Presupuesto Consolidado.
La continuidad de la caída general de la inversión pública, junto con su distribución por los territorios, poco relacionada con las situaciones macroeconómicas regionales, hacen que el escaso impacto del FCI nos muestren, nuevamente, el carácter insolidario de este Proyecto de Presupuestos.
Además, para Canarias, el Fondo Ultraperiférico, creado en la reforma de la LOFCA de 2001, sigue sin contemplarse ni ejecutarse transcurridos quince años de su aprobación.
Tampoco se contempla atender y mejorar el sector turístico vía rehabilitación integral, la industrialización de Canarias, un impulso a las energías renovables definitivo y con plena seguridad jurídica, la conectividad aérea y marítima y, en especial, las medidas económicas contenidas en el REF.
Un papel más activo del gasto público productivo y estructural del Estado en Canarias aumentará la recuperación económica, implantará una mayor cohesión social y territorial a la vez que ayudará a lograr mayor eficiencia y a la reorientación, después, del modelo productivo que la aleje, progresivamente, del omnipresente sector terciario.
El proyecto, reiterando defectos de los anteriores desde 2012 a 2015, claudica ante el objetivo del pleno empleo y ante una recomposición del desastre social que implica y repercute en las estructuras del país. De la lectura del cuadro macroeconómico, presentando el Programa de Estabilidad 2015-2018, se desprende que el desempleo seguirá sin solución visible durante muchos años. Para 2016, España tendrá una tasa de paro del 19,7% y en 2018 del 15,6%, y ello sin analizar la calidad del empleo. Tras Grecia, nos mantendremos en la segunda tasa de paro más alta de Europa.
Pero el paro ofrece también una gran asimetría territorial en España con diferenciales de valores positivos de hasta 9,82 puntos porcentuales entre la comunidad mejor situada y la media, y diferenciales negativos de hasta 13,98 puntos porcentuales entre la mejor y la peor situadas. La crisis aumentó claramente las diferencias y destapó un fenómeno territorial insolidario que, parece, no ofreció mayor preocupación al Gobierno.
La extinción del Plan Integral de Empleo de Canarias, Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, es inexplicable a la vista de las cifras de desempleo con un 30,3% de su población activa y una desviación de 7,93 puntos adicionales respecto a la media nacional, y 336.500 personas desempleadas según la EPA del segundo trimestre de 2016; es la segunda Autonomía con la tasa más alta, y en su radiografía contiene aspectos muy preocupantes: un desempleo de larga duración y, como apuntamos, una altísima tasa de paro juvenil.
El proyecto nos muestra una falta de vigor estructural en el crecimiento de nuestra economía, al menos en cuanto a la intensidad deseable a corto plazo para afrontar este problema; el más grave de la sociedad española.
En general, se renuncia a una evolución hacia un modelo productivo competitivo. En su lugar, en un claro cortoplacismo electoral, como dijimos, se porfía el crecimiento al incremento del consumo apalancado en la rebaja fiscal, la moderación de tipos de interés y los bajos precios del petróleo, La mejora del consumo apelando al crédito se realiza en momentos en los que está pendiente la relajación de la cifra de endeudamiento externo del país. También nuestra economía se ha beneficiado de las políticas expansivas del BCE y de las mejoras económicas de los países de la Eurozona, receptores de nuestras exportaciones. Con todo, nuestro PIB es inferior al del año 2008 en un 5,2% y ha caído desde entonces en un 6,2% en el PIB per cápita. Para Canarias este descenso ha sido del 7,6%.
La mejoría de nuestra economía no se debe a la acción proverbial y exclusiva del Gobierno.
Un año más, se reduce el presupuesto consolidado de operaciones de capital en un 11,4% respecto al ejercicio anterior. En el tránsito del ejercicio de 2011 al actual, se ha pasado de 18.199,32 millones a 14.451,12 millones de euros: una reducción del 20,6%. Más del 50% de esta inversión se residencia en el Ministerio de Fomento.
Los efectos multiplicadores de la inversión productiva diversificada y su contribución a la formación bruta de capital público siguen ausentes por quinto año consecutivo y sin aportar, por lo tanto, generación de empleo estable. De igual forma, la mejoría del cuadro macroeconómico respecto a la formación bruta de capital se fía a la inversión privada cuya consecución dependerá de la afluencia de capital extranjero y, de nuevo, del crédito al sector privado.
El fin de legislatura nos muestra que el gasto consolidado ha pasado de un 33,71% PIB en 2011 a los actuales 436.372,82 millones, referencia al PIB de 2014, y que suponen un 41,23% del mismo. El análisis del gasto de estos ejercicios manifiesta que los ajustes se han realizado en las operaciones de capital, capítulos 6 y 7 del presupuesto, y, muy en particular, en los créditos regionalizados.
La inversión per cápita en Canarias no alcanza la media estatal. Esta inversión media regionalizada en 2016 alcanza 244 euros y en Canarias, 186 euros. Esta diferencia supone una pérdida para los canarios de 123,345 millones de euros. En el transcurso de esta legislatura, Canarias ha perdido 732 millones y ha contemplado la inaplicación del REF en aspectos tan sustanciales de su normativa. Y esta pérdida de inversión se ha producido en críticos momentos lo que, es obvio, resulta aún más discriminatorio si cabe. Valga apuntar que en Canarias el ajuste de inversión realizado por el Estado desde 2011 es del 41% frente
a una reducción media del conjunto de las Autonomías del 33% en igual periodo. ¿Qué consideración político-institucional y social, por lo tanto, ha manifestado el Gobierno central con Canarias? ¿es un trato mínimamente justo?
Por si no fuera suficiente hasta aquí, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas supone más perjuicios para Canarias: la pretendida equidad territorial del conjunto de las Comunidades Autónomas se ha traducido en 800 millones anuales menos recibidos que la media de aquéllas. La sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, así, se pone en riesgo en los momentos de mayor tensión social y laboral. Se aplica injustamente y con reiteración el modelo de financiación y se ignora, también a este propósito, el Régimen Económico y Fiscal. Valga como ejemplo a resaltar que la inclusión de los recursos del REF y los tributos propios para determinar su capacidad fiscal y financiación per cápita, a los efectos de la obtención de los recursos del Fondo de competitividad, significa claramente la expropiación de los recursos que Canarias recibe del REF para dedicarlos, indebidamente, a la financiación de competencias transferidas desde el Estado. Ello contraviene la misma esencia de los principios del REF y las prácticas habituales y tradicionales del modelo de financiación.
Recuérdese que el ajuste de gasto en el contexto de consolidación fiscal sigue centrándose en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, vía limitaciones asimétricas con el del Estado, en el objetivo de déficit y endeudamiento y reducción de gasto en Sanidad y Educación. No se visualizan, en cambio, reformas estructurales en el gasto estructural corriente de la Administración General del Estado. Ello construye un sistema perverso que impide corregir y gestionar desequilibrios económicos, incluso a las Comunidades Autónomas que sí han cumplido, como Canarias, con las exigencias de los objetivos establecidos en su día, aunque mayoritariamente incumplidos por las restantes.
Con el presente proyecto de presupuestos para 2016 se cierra una legislatura de involución económica en los instrumentos de nivelación y financiación de su economía y con una actitud rayana en el desprecio al REF.
Desde el contenido del discurso de investidura del Presidente del Gobierno hasta el proyecto que se somete a la tramitación parlamentaria, Canarias ha sufrido un ciclo presupuestario de indiferencias y políticas ajenas a la atención insular y a sus especificidades.
En consecuencia, solicitamos la devolución al Gobierno del presente proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para, el año 2016 de devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, quiere mostrar su firme y contundente oposición a este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 presentando una enmienda a la totalidad del mismo por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Los motivos fundamentales son tres aunque no los únicos.
En primer lugar, desde el Grupo Vasco, consideramos que el simple hecho de presentar el Proyecto para aprobarlo con la mayoría absoluta del Grupo Popular es un fraude democrático al conjunto de los ciudadanos.
Así cabe calificar un Proyecto aprobado por un Gobierno y unas mayorías que se verán modificadas tras las Elecciones Generales y que, de ser definitivamente aprobado, deberá ser gestionado por otro Gobierno apoyado por otras mayorías.
Consideramos mucho más respetuoso con la voluntad de los ciudadanos que sea el nuevo ejecutivo quien presente y trate de aprobar el Proyecto.
En segundo lugar, cabe aducir que la información económica de base disponible a estas alturas del ejercicio para elaborar el cuadro macroeconómico y las variables presupuestarias de ingresos y gastos, es aún insuficiente.
Así, la propia realidad económica cambiante obligará al nuevo Gobierno y a la nueva Cámara a modificar las cifras más básicas del Proyecto.
Y en tercer lugar, consideramos que la única inversión de relevancia que el Estado está llevando a cabo en Euskadi, la "Y" Ferroviaria Vasca, está infradotada para cumplir con el compromiso de finalizar la obra en 2019. Es un Proyecto fundamental para Euskadi, que se ha ido demorando en exceso, y para el que no podemos permitirnos más retrasos. El Gobierno del Partido Popular debe asumir un mayor compromiso con el proyecto de la Alta Velocidad en Euskadi.
Esos son, a juicio del Grupo Parlamentario Vasco de EAJ-PNV, argumentos más que suficientes para presentar esta enmienda a la totalidad.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.- Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 parte de dos premisas profundamente inverosímiles, a tenor de los datos que reflejan la realidad de la economía española, a saber: la esperanza en un próximo crecimiento económico que generará crecientemente más empleo y más ingresos tributarios, y la creencia de que la consolidación fiscal estimulará la actividad económica. El profundo aunque incomprensible optimismo en la mejora de la recaudación tributaria derivada de la reactivación económica le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir o contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por la proximidad de las elecciones.
Un crecimiento frágil, producido por factores exógenos y a pesar de la austeridad
De los 28 países de la Unión Europea, solo hay dos (Grecia e Irlanda) en los que el PIB ha caído más durante la crisis. En la inmensa mayoría de los países el PIB está por encima de los niveles del año 2007. No es casualidad que los países que más políticas de austeridad han aplicado estén en los últimos puestos (Grecia, Irlanda, España, Portugal, Chipre e Italia).
Por lo tanto, antes de vanagloriarse por tener ahora una tasa de crecimiento del PIB superior a la media es importante tener en cuenta dos cuestiones: 1) aún estarnos lejos de los niveles anteriores a la
crisis (según las mejores previsiones del gobierno los alcanzaríamos a final de 2016), y 2) desde niveles más bajos es más fácil presentar tasas de crecimiento altas simplemente por motivos aritméticos.
Además, no olvidemos que el buen comportamiento del PIB no se debe a las políticas del Gobierno, sino fundamentalmente al favorable contexto macroeconómico internacional (masiva afluencia de turistas que evitan el norte de África por los conflictos que allí tienen lugar, depreciación del euro, menor precio del petróleo, políticas expansivas del Banco Central Europeo...). De hecho, a esos elementos favorables hay que restarles el efecto pernicioso de las políticas de austeridad. A saber cuán intenso sería el crecimiento económico y la creación de empleo si en vez de haberse aplicado durante 5 años políticas de austeridad se hubiesen llevado a cabo medidas de política económica expansiva.
La estrategia del Ejecutivo ha sido y sigue siendo la de la devaluación interna, esto es, deprimir la capacidad adquisitiva de la población a través de la contención de los salarios, precios y prestaciones sociales para reducir las importaciones y aumentar las exportaciones, de forma que la demanda externa estimule el crecimiento del PIB. No obstante, a pesar de haber aplicado ese tipo de políticas, hoy día la demanda exterior resta al crecimiento (en vez de aportar), mientras que es la demanda interna la que permite el crecimiento. Esta demanda nacional es creciente a pesar de la devaluación interna debido 1) al contexto de precios estables o descendentes y 2) a una recuperación de la confianza del consumidor que a menudo se produce a costa del ahorro familiar (que se mantiene en tasas inferiores al 10%) o de mayor endeudamiento privado (en el primer trimestre de 2015 el endeudamiento de hogares e instituciones sin ánimo de lucro ha aumentado en 7.423 millones de euros).
Estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que en España se está creciendo y creando empleo "a pesar" de las políticas del PP y del PSOE, y no "gracias" a ellas. Es decir, todo lo contrario a lo que dice el ministro Cristóbal Montoro: "lo que nos está sacando de la crisis es la austeridad".
Por otro lado, se trata de un crecimiento frágil puesto que depende de que los factores positivos ajenos a la gestión del gobierno perduren en el tiempo. Nada asegura que la afluencia masiva de turistas no se invierta cuando los conflictos en el norte de África mengüen, o que los precios del petróleo se incrementen, o que las políticas monetarias expansivas del BCE acaben antes de lo previsto. Por no hablar del riesgo sistémico que supone la reciente caída de la bolsa china, así como de la debilidad de las finanzas familiares, puesto que los niveles de deuda familiar siguen en parámetros desorbitados equiparables a los registrados en el año 2006 (y al ser en su mayoría con amortización a largo plazo, el desendeudamiento se produce muy lentamente).
Una creación de empleo irrisoria y una intensificación de la precarización
Si echamos la vista atrás comprobamos que hoy día hay 436.500 ocupados menos que hace justo 4 años, y 290.000 familias más con todos sus miembros en paro. Es decir, aunque se esté generando por fin algo de empleo, todavía estamos lejos de los niveles que se encontró Rajoy al llegar y extraordinariamente lejos de los niveles anteriores a la crisis.
Ahora bien, no solo importa que se cree empleo sino las condiciones del mismo. He aquí la mayor pega de esta nueva situación de aumento del empleo: la intensa y generalizada precarización del mercado laboral. La calidad de los nuevos puestos de trabajo es ínfima, y ello se constata atendiendo a seis características esenciales:
2) El número de contratos a tiempo parcial aumenta a ritmos vertiginosos. La proporción de trabajadores a tiempo parcial sobre el total ha aumentado en casi tres puntos porcentuales durante el mandato de Rajoy. Es importante destacar que el 63,3% de todos ellos desearía trabajar a tiempo completo (en 2008 este porcentaje era de la mitad). Actualmente hay 230.100 ocupados a tiempo parcial más que hace justo cuatro años, cuando había menos ocupados en total.
3) La remuneración de los nuevos empleos es notablemente reducida. Todavía no existen datos actualizados al respecto, pero gracias a la teoría económica (que nos dice que con tasas de paro enormes como la actual la remuneración de los empleados tiende a caer), a la experiencia personal y a los datos de los últimos años, estamos en condiciones de afirmar que los nuevos salarios son muy reducidos. La
mitad de los nuevos contratos producidos entre 2007 y 2013 tienen un salario por debajo de los 978 euros, algo que no ocurría desde hace veinte años si realizamos las comparaciones pertinentes. Además, atendiendo a la encuesta que realiza el CIS sobre los ingresos de las familias, observamos que el 61,3% de los adultos españoles (19,8 millones) declara ganar menos de 1.200 euros al mes. De todos ellos, al menos 6,9 millones de personas no ingresan nada.
4) Todos los nuevos contratos disponen de menos derechos laborales y de menor intensidad que los anteriores a 2010, debido a las reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP con el apoyo de CiU (Zapatero abarató en 2010 el despido objetivo y Rajoy en 2012 abarató el despido improcedente). La única diferencia entre contratos de carácter temporal e indefinido es la cuantía de la indemnización, porque los indefinidos tienen muy poco de fijos (ni siquiera en la administración). Además, hay que tener en cuenta que Rajoy creó en 2012 una nueva figura contractual, la de los indefinidos "de apoyo a los emprendedores", cuyos empleados tienen un periodo de prueba de un año durante el cual el empleador los puede despedir de cualquier forma y sin ningún tipo de indemnización. Es decir, que son incluso peores que los temporales, porque éstos sí tienen una pequeña indemnización por despido. Por otro lado, como el Gobierno asignó a esta nueva modalidad el mismo código que el de los indefinidos ordinarios, no hay forma humana de saber cuántos de estos contratos se están firmando en el total de indefinidos.
Además, cada semana hay casi 4 millones de horas extraordinarias que no se pagan (si esas horas se trasladasen a nuevos empleos a tiempo completo hablaríamos de la generación de 100.000 puestos de trabajo), y la tendencia es desgraciadamente ascendente.
5) Los nuevos empleos se registran mayoritariamente en los sectores típicos de la economía española: los de bajo valor añadido, replicando así el mismo modelo económico que nos trajo a esta situación de crisis y alejándonos de la urgente y necesaria transición a un nuevo modelo energético y productivo. En los últimos 4 años, entre las ramas económicas que más empleo han creado destacan: hostelería, restauración, actividades inmobiliarias, actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, actividades de agencias de viajes, y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. En cambio, entre las ramas económicas que más han destruido empleo están: fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos metálicos, industria textil y metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.
6) La brecha salarial de género sigue creciendo y es una de las más altas de la UE. A pesar de los pocos datos oficiales que se elaboran al respecto con clara intención de invisibilidad esta realidad, recientemente se ha publicado un estudio elaborado por UGT que señala que una mujer tiene que trabajar 79 días más al año que un hombre para ganar lo mismo; y tendría que cotizar 11 años y medio más que su homólogo masculino en un trabajo de similares características para cobrar la misma pensión. Además, esta situación se ha agravado con el tiempo debido a las reformas laborales del PP con el apoyo de CiU y del PSOE que han lastrado la negociación colectiva, ya que cuanto más se individualiza la negociación salarial mayor grado de desigualdad salarial padecen las mujeres.
En definitiva: se crean nuevos empleos, sí, pero en unas condiciones mezquinas y de una calidad nunca vista. Contratos temporales, a jornada parcial, con salarios reducidos, con alta inseguridad laboral, con niveles de explotación destacables y en actividades de bajo valor añadido, que explican que el porcentaje de trabajadores pobres no deje de aumentar y haya alcanzado la cota del 12,3% (más de dos millones de personas), situando a España en el tercer puesto de toda la Unión Europea en este desdichado ranking. Además, las condiciones desiguales en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres empeoran. Y todo ello sin olvidar que los que no tienen empleo también empeoran, como veremos enseguida.
Nos encontramos con un nuevo paradigma laboral que comienza a asentarse poco a poco en nuestra economía: el del empleo precario y trabajadores pobres, tan conocido en determinados países asiáticos. Las políticas de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, con el apoyo de CiU, han aniquilado empleo de calidad y han facilitado que ahora se cree algo de empleo, pero fundamentalmente precario y de baja calidad; y todo ello después de haber estado años destruyendo empleo de calidad. Ello está provocando un desguace del empleo existente, que se puede constatar observando que el número medio de horas trabajadas por empleado desciende.
Unos presupuestos austeros que continúan deteriorando el Estado Social
El gobierno asegura que los presupuestos no incluyen recortes, algo que llama la atención cuando uno comprueba que el techo de gasto se va a reducir un 4,4% con respecto a 2015. El argumento oficial es que se va a producir un importante ahorro en prestaciones por desempleo debido a que hay menos parados recibiéndola.
Pero el argumento es falaz porque la proporción de parados que reciben prestaciones no deja de descender desde el año 2009. Hoy día solo el 55,72% de los parados tienen algún tipo de prestación, mientras que cuando Rajoy llegó al poder ese porcentaje era del 65,81% según los propios cálculos del Ministerio de Empleo. Por lo tanto, el Estado se gasta menos dinero en desempleo fundamentalmente porque otorga prestaciones a menos parados y no porque haya menos parados en total.
Desde que el PP llegó al poder el dinero para prestaciones por desempleo se ha recortado un 35% (y el paro no lo ha hecho a ese ritmo, ni mucho menos).. Todo ello siguiendo los mandatos del famoso memorándum con la Troika firmado para rescatar a los bancos españoles.
Casi uno de cada dos parados lleva más de dos años sin trabajar, lo que supone más de 2,3 millones de personas. Y se trata de un dato subestimado porque la estadística considera que una persona deja de estar parada por trabajar solo unos pocos días. Desde que comenzó la crisis, este colectivo, el que tiene más difícil volver a reengancharse al mercado de trabajo, se ha multiplicado por más de 3. A pesar de que el resto de grupos de parados ha ido reduciéndose paulatinamente, el número de desempleados de más de dos años apenas se ha reducido.
La mayoría de estos parados nunca encontrarán un empleo en el mercado laboral convencional. Por eso necesitan programas de Trabajo Garantizado, es decir, que el sector público tome las riendas en la creación directa de empleo en actividades que redunden en beneficio económico, social, cultural o ecológico.
Por otro lado, el Gobierno saca pecho porque el presupuesto destinado a gasto social alcanza el 53,5% del presupuesto total. Parece que no se acuerda de que antes de que el PP llegara a la Moncloa este porcentaje era del 58%, y que incluso este año de 2015 la proporción de gasto social presupuestado es mayor que la del año 2016.
El Ejecutivo se enorgullece de su solidaridad pero lo cierto es que si se tiene en cuenta lo que recauda el conjunto del Estado por impuestos (IRPF, IVA, impuestos especiales y cotizaciones sociales) de todos los asalariados, parados y sus familiares dependientes, tenemos más del 50% del presupuesto total. Por lo tanto, no parece riguroso llamar solidaridad a devolverle en forma de prestaciones sociales a la clase trabajadora el dinero que ya se le recaudó antes.
Además, el gasto social es absolutamente insuficiente: hoy existen 770.400 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos, el 61,3% de los españoles (28,4 millones) declara ganar menos de 1.200 euros al mes, el 16,1% de las familias declaran tener mucha dificultad para llegar a fin de mes, el 42,4% de todas las familias españolas declaran no poder afrontar gastos imprevistos de 650 euros, el 28,3% de la población está en riesgo de pobreza...
La misma evolución presenta el gasto no financiero presupuestado: tan solo el de los años 2011 y 2012 fue inferior al gasto programado para 2016. A pesar de lo que dice el Gobierno, los presupuestos de 2016 son profundamente austeros.
En cuanto al déficit público del conjunto de las administraciones públicas, este quedará por debajo del 3% según el Gobierno. Sin embargo, hay razones para albergar importantes dudas sobre las previsiones del Ejecutivo. Al fin y al cabo el déficit de las administraciones públicas hasta el primer trimestre de 2015 ha sido superior al presentado en el mismo periodo del año 2014 (cuando debía ser notablemente inferior), al mismo tiempo que es difícil de creer que los ingresos públicos vayan a aumentar un 0,8% respecto a los presupuestos de 2015 cuando se han reducido tanto los tipos impositivos del IRPF en todos sus tramos, como el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades en 5 puntos porcentuales.
Dos pruebas de las malas previsiones del Gobierno son: 1) que en ningún año fiscal anterior el ejecutivo acertó en sus estimaciones, con errores de cálculo comprendidos entre los 6.000 y los 3.000 millones de euros), y 2) que en los presupuestos de 2015 el Gobierno estimó que durante la primera mitad del año la Seguridad Social recaudaría un 6,8% más que el año 2014 y finalmente atendiendo a la ejecución del Presupuesto a mitad del ejercicio, junio 2015, sitúa el incremento sobre el 2014 en un 1,32%, es decir menos del 20% de las previsiones. Eso significa que el déficit de la Seguridad Social, previsto en un 0,6`)/0 puede alcanzar el 1,2%. Por cierto, si se recauda tan poco más con casi 900.000 cotizantes más quiere decir que los salarios de los nuevos trabajadores son muy reducidos y que medidas como la tarifa plana de Rajoy solo han mermado las arcas de la Seguridad Social.
Pequeñas medidas de cara a las elecciones y sin importantes consecuencias
El presupuesto destinado al "fomento del empleo", a pesar de que se incrementa ligeramente este año en un 1,5%, está un 29% por debajo del que se destinaba en 2011. La mayoría del aumento para este curso se reparte en bonificaciones a la contratación, agencias de colocación y orientación profesional. El grueso de los recursos de esta partida se destina a las bonificaciones para la contratación, que solo van a servir para maquillar las tasas de paro como efecto estadístico, ya que los problemas para la creación de empleo no vienen del coste a la contratación sino de la falta de ventas por falta de clientes, tal y como señalan todos los estudios. Además, esta política de bonificaciones, aparte de ser ineficaz para la creación de empleo, no hace más que descapitalizar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que ya ha perdido en estos tres años de gobierno de Rajoy casi el 40%, unos 37.700 millones.
Al mismo tiempo, las principales partidas destinadas a Educación, Sanidad o Cultura han tenido unos ligeros aumentos estos dos últimos presupuestos pero que no compensan ni de lejos los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Como se puede apreciar en la tabla, las reducciones del presupuesto continúan siendo considerables respecto del dinero destinado en 2011 a estas partidas, además que ya de por sí habían recibido recortes considerables del Gobierno del PSOE. El resultado es claro: nos encontramos ante unos presupuestos que siguen primando el pago de la deuda frente a los servicios básicos que garantizan el bienestar de la mayoría y que desmienten categóricamente la afirmación de Rajoy sobre que ha mantenido el nivel del Estado del Bienestar desde que llegó a La Moncloa. Aunque este año se ha reducido ligeramente el coste de la deuda (no porque se haya recuperado la "confianza" de los mercados en España debido a los recortes del Gobierno, sino por el cambio de rumbo realizado por el Banco Central Europeo desde julio de 2012 en su objetivo de inundar los mercados financieros de liquidez y alterar las expectativas de los operadores financieros), podemos apreciar cómo sigue siendo una de las partidas que mayor peso tiene en los presupuestos y que más ha aumentado desde 2011.
Comparación Presupuestos 2011 con presupuestos 2016
(millones euros corrientes)
;Presupuestos
2011;Presupuestos 2016;Variación
Justicia;1.713;1.603;-6%
Defensa;6.868;5.711;-17%
Pensiones / Pensionistas*
(euros por persona);12.649;14.552;15%
Fomento empleo / Parados**
(euros por persona);1.386;1.149;-17%
Desempleo/Parados**;5.764;4.369;-24%
Sanidad;4.264;4.002;-6%
Educación;2.843;2.484;-13%
Cultura;1.104;804;-27%
I+D+i;7.576;6.424;-15%
Deuda Pública;27.400;33.490;22%
* (n.° pensionistas diciembre 2011 y julio 2015, fuente: Ministerios Empleo y SS).
** (n.° parados IV trimestres 2011 EPA y estimación Gobierno PGE 2016).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos PGE 2012 y PGE 2016.
El dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que tienen derecho a ello, sobre todo al último grupo incorporado a la lista de beneficiarios: los 314.570 dependientes moderados que tras varios retrasos entraron en el sistema el pasado 1 de julio. Una incorporación que llega con ocho años de retraso porque dos reales decretos permitieron su demora.
El incremento de inversión estatal para el año próximo es de 75 millones de euros, lo que deja la cifra total de gasto en dependencia para el 2016 en 1.252 millones. Una cifra que todavía sigue lejos de los 1.498 millones presupuestados en 2011. Según los números de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con ese incremento anual se necesitarían 25 años para atender a todos los dependientes ya que el ascenso no sirve para compensar el tijeretazo sufrido en los últimos años.
Por otra parte, la infrainversión estatal golpea las arcas autonómicas. La proporción de inversión en aplicación de la dependencia es ahora mismo sumamente desigual: el Estado asume un 22% del total y las Comunidades Autónomas tienen que asumir el 78% restante.
La subida de becas que el Gobierno había anunciado con pomposidad se ha quedado en unos exiguos 2,8 millones de euros para una partida que roza los 1.500 millones y se come la mitad del montante que gestiona el departamento.
En estos presupuestos, el medio ambiente sigue la senda del abandono que inició el actual Gobierno. Mientras en otros países aprueban la ley de transición energética liderando la lucha contra el cambio climático, aquí ocurre todo lo contrario: se desincentivan las renovables, se impide la autoproducción de energía, y disminuyen las partidas de cambio climático. No nos sorprende no por la barbaridad que supone, sino porque es la tónica de su mandato durante la legislatura. La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.
La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de la política de cooperación española. Estos recortes han afectado fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente, a su Programa 143A Cooperación para el Desarrollo. En 2016 dicho programa disminuye casi un 3% su dotación con respecto a 2014. Desde el inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 163 millones de euros menos (-25%), y con 1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC.
Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y acumula una caída de más de 620 M en ese mismo período, lo que significa un 72% menos de presupuesto con respecto a lo programado para el 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países priorizados, por lo que se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.
En un país como España, que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resultan insignificantes los 585 millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Estos programas han sufrido un recorte de más de 216 millones de euros en la dotación, perdiendo un 28% con respecto a 2014. Y esto en un contexto en el que lo grave no es la escasez de viviendas, sino la falta de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o ayudas que eviten el lanzamiento de las viviendas.
Por otro lado, continúa la opacidad y la inoperatividad en lo que respecta a la SAREB. Esta figura, creada para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, ha demostrado que únicamente está dispuesta a rendir cuentas ante la Troika, dejando a los contribuyentes sin información sobre la gestión de los mecanismos usados para realizar una reestructuración bancaria que paga toda la ciudadanía.
Después de un año en el que los fondos destinados a las acciones en favor del colectivo inmigrante experimentaran un leve aumento con respecto a la dotación del año anterior, los Presupuestos Generales para 2016 vuelven a reducir la cantidad destinada al colectivo inmigrante. En esta ocasión el recorte es de un 41% con respecto a 2014.
Asimismo, la cantidad destinada a las entidades locales para las actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales ha vuelto a quedarse en la ridícula cantidad de 50.000 euros. Desde 2012,
esta dotación ha visto disminuir su asignación en casi un 100%. En un contexto en el que son las entidades locales las que asumen prácticamente por completo la tarea de prestar asistencia social a las personas migradas que la requieren, este recorte no hace más que confirmar el desprecio que este Gobierno muestra hacia los más desfavorecidos.
En materia de investigación, estos presupuestos vuelven a presentarse como los de la recuperación, aunque el gasto total se mantiene prácticamente congelado. Siendo cierto que el gasto no financiero experimenta el mayor crecimiento de toda la legislatura, no lo es menos que el presupuesto real en 2016 va a estar un 25% por debajo del que este Gobierno se encontró al comenzar su andadura.
El balance de esta legislatura en materia de Investigación es nefasto. Hay menos recursos, una reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores y técnicos que desaparecen del sistema al término de sus contratos, laboratorios desiertos, plantillas envejecidas mientras los jóvenes emigran, tasas de reposición ridículas, convocatorias aplazadas cuando no anuladas, universidades y OPIs en estado de hibernación y el CDTI desmantelado.
Con la actual distribución de competencias podemos afirmar con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una visión antisocial de la realidad. El grueso de la financiación del Estado de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas responsables de partidas tan centrales y esenciales como la Sanidad y la Educación. A su vez, los entes locales son los responsables de buena parte de la política social, por definición aquella de mayor cercanía. El mayor esfuerzo exigido a entes locales y a las comunidades autónomas, pone en riesgo la calidad de nuestros sistemas educativo y sanitario así como otras políticas sociales básicas.
Por si fuera poco la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria definidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de julio y aprobados en ambas cámaras legislativas del Parlamento por la mayoría absoluta del PP reducen si cabe todavía más el margen de maniobra para que las Comunidades Autónomas implementen con eficacia las políticas y políticas sociales de las que son directamente responsables. Más allá del optimismo desmedido de un cálculo de déficit entre todas las administraciones del 2,8 %, algo difícil de creer, se revela totalmente injusta la distribución de dicho déficit, que no permite el más mínimo desequilibrio a los entes locales que son responsables de numerosos programas sociales, tan solo del 0,3 % a las Comunidades Autónomas y, eso sí, un 2,2 % a la Administración Central, insólito considerando las responsabilidades y niveles de gasto de cada cual.
Si bien es cierto que el actual presupuesto supone un incremento en concepto de transferencias a comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado, dicho aumento no recupera la caída sufrida en ejercicios anteriores. Además, son unos presupuestos que siguen sin cumplir con Cataluña, Andalucía, Valencia o Aragón. El poco rigor que ha caracterizado la tramitación de este proyecto de presupuestos ha generado fuertes críticas en el ámbito autonómico, pues se ha ninguneado con claridad meridiana el necesario ámbito de debate con las administraciones autonómicas a la hora de definir sus prioridades.
Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado 2016 no van destinados a reactivar la economía, ni a crear empleo, ni a garantizar los servicios públicos esenciales. Al contrario, están centrados en la reducción o contención del gasto público, en el estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda a costa de reducir las partidas destinadas a gasto social. Son unos presupuestos que no servirán para salir de la crisis y que seguirán profundizando un modelo económico cada vez más desigual y empobrecedor.
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Lo primero que debe ponerse de manifiesto en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, es que el mero hecho de su presentación y la pretensión de una tramitación y aprobación de los mismos en fechas extraordinarias y de forma precipitada, constituye un auténtico desprecio a instituciones básicas del sistema democrático.
El Gobierno del Partido Popular, que ha venido utilizando las instituciones en beneficio propio durante toda la legislatura, vuelve a utilizarlas con los Presupuestos para 2016. Esta legislatura comenzó con el intencionado retraso en la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2012, para evitar que los ciudadanos conocieran, antes de las elecciones andaluzas, los recortes presupuestarios que el Gobierno iba a recoger en esos Presupuestos, fundamentalmente en sanidad, educación y en las políticas sociales, así como la posterior subida del IVA.
Ahora ese mismo Gobierno pretende aprobar unos presupuestos para 2016, es decir, para el quinto año después de haber ganado las elecciones en 2011, rompiendo el ciclo parlamentario y democrático que se ha respetado desde 1978.
Porque a final de año habrá elecciones y en enero de 2016 habrá otro gobierno y otras Cortes Generales. Y quieren condicionar las decisiones de ese nuevo Parlamento dejando aprobados unos presupuestos, hurtándole la posibilidad, e incluso el derecho, de aprobar los presupuestos correspondientes a la próxima legislatura, pero sobre todo soslayando la voluntad de los ciudadanos convocados a las próximas elecciones, que van a manifestar opciones políticas muy diferentes a las que el Gobierno representa. Por tanto, la pretensión del Gobierno de dejar aprobados unos Presupuestos es un desprecio a la voluntad democrática que se exprese en las próximas elecciones.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar claro que, frente a lo sostenido por el Gobierno, no estamos ante un ejercicio de responsabilidad, ya que la Constitución Española, en su artículo 134.4, garantiza la existencia de Presupuestos, mediante Su prórroga automática, aunque no se aprueben en los plazos previstos. Así ha sucedido en diferentes ocasiones en los últimos treinta y cinco años, y significativamente cuando las elecciones se han celebrado en el segundo semestre del año. Nos encontramos por tanto ante un nuevo engaño. Porque si el Gobierno considera que lo mejor para el país es que se aprueben unos nuevos Presupuestos antes del 31 de diciembre, la solución democrática hubiera sido la convocatoria de elecciones con tiempo suficiente para que el nuevo parlamento, con la legitimidad renovada que le otorguen los ciudadanos, pueda aprobarlos para 2016.
Lo dicho con anterioridad constituye motivo más que suficiente para solicitar la devolución del proyecto remitido a las Cámaras. Pero es que, además, el contenido de los Presupuestos para 2016 resulta igualmente rechazable, pues pese a sus guiños electoralistas, contemplan a la vez previsiones irreales que implicarán, de una parte, recortes adicionales en el Estado del Bienestar y de la inversión productiva para el año próximo; y de otra, que la política presupuestaria no pueda apoyar la recuperación económica y la creación de empleo.
Desde esta perspectiva, la ocultación del déficit real en 2015 es una de las mayores trampas de estos Presupuestos. La reducción del déficit, hasta finales de 2016, implica como mínimo un ajuste de más de 20.000 millones de euros para todas las administraciones públicas, producto de la reducción del déficit en
2016 y la previsible desviación del déficit de 2015 que el gobierno oculta en la presentación de los Presupuestos. Ahora bien, si el ciclo permite reducir el déficit en 13.000 millones de euros, principalmente por mayores ingresos públicos, el recorte de todas las administraciones será aproximadamente de 10.000 millones de euros que coincide con el regalo fiscal que el Gobierno del PP ha realizado a las rentas más altas. Por consiguiente, de no haberse aprobado la reforma fiscal, que beneficia fundamentalmente a esas rentas más altas, el año que viene no debería producirse ningún recorte. Los recortes en el Estado del Bienestar no son producto de la necesidad de reducir el déficit, son consecuencia de la opción ideológica del PP, orientada a la consecución de un Estado de Bienestar mínimo sin capacidad real de redistribuir y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
Resulta preocupante, igualmente, el descuadre que el propio Gobierno ha creado en la Seguridad Social. Ya los presupuestos de 2015 para la Seguridad Social se habían evidenciado como irreales: los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1% en lo que va de año; una fantasía que se amplía en 2016, pues prevén un crecimiento del 6,7%, adicional sobre ese 8% de 2015. Esto supone que en 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional, al que se produzca este año, no previsto, de 12.000 millones de euros, que se tendrá que cubrir con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno del PP ha gastado ya 37.700 millones de euros del Fondo de Reserva, sin contar el Fondo de las Mutuas, más del 50% del importe del fondo existente a finales del año 2011.
Si el indicador más adecuado para medir la intensidad de la recuperación es la evolución de las cotizaciones sociales, puesto que es una variable que nos ayuda a entender la cantidad de empleo creado y las retribuciones del mismo, debe destacarse que las mismas están creciendo a una tasa del 1% cuando la economía lo está haciendo al 3%.
Pero estos números no son neutrales desde un punto de vista ideológico, es la excusa perfecta para cuestionar el sistema público de pensiones. Ya en la revisión del Programa de Estabilidad 2015-2018 se pone de manifiesto una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, a medio plazo, de un 30%.
En cuanto al gasto social, pese a lo que afirma el Gobierno, el mismo se reduce en casi 5 puntos. Justamente, cuando la economía crece, el gasto social se estanca en términos nominales, solo crece un 0,4%, y se reduce en términos reales en un 0,7%, perdiendo peso en los Presupuestos. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado representó el 58% en 2011, se reduce al 54% en 2015 y se sitúa en el 53,5% en 2016. El gasto social, para situarse en el 58%, debería ser mayor en 10.000 millones.
El Gobierno argumenta que el gasto en desempleo es menor, en concreto, para 2016 dicho gasto asciende a 19.500 millones de euros, porque hay menos parados. Sin embargo, la razón es otra, si se tiene en cuenta que ahora hay más parados que en el segundo trimestre de 2011 y en aquel año se destinaban al desempleo 30.500 millones de euros. Lo que sucede realmente es que sigue cayendo la cobertura por desempleo, y ya se sitúa ligeramente por encima del 50%, su mínimo histórico, es decir, uno de cada dos parados no tiene prestación por desempleo, y el Gobierno anuncia que van a seguir reduciéndose las mismas.
Una verdadera insensibilidad social que el Gobierno regale a las rentas y a los patrimonios más altos, el año que viene, 5.200 millones de euros y que tenga que recortar una cantidad similar en prestaciones por desempleo.
Tal y como se ha venido señalando, la herencia que deja el Gobierno del PP es un déficit público, en 2015, muy por encima del previsto, en gran parte, por el regalo fiscal a las rentas más altas. Y ello se produce justo cuando los factores externos que han impulsado el crecimiento comienzan a reducir su efecto sobre la economía española, que la mayoría de los analistas consideraron transitorios, y que se traducirá en un menor ritmo de crecimiento y creación de empleo. Expresado de otra forma, la política presupuestaria no contribuirá a incrementar la actividad económica, sino que la va a retraer.
No se atisban en estos Presupuestos, tampoco, unas directrices para reorientar el viejo modelo de crecimiento de la economía española, es decir, no hay una apuesta por las fuentes permanentes del crecimiento económico.
La mejor muestra de que el presupuesto de 2016 ignora la necesidad de un nuevo modelo productivo es el exiguo crecimiento del 2% de la I+D+i civil. Tampoco se apoya a la industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 9,5%) ni la modernización de la oferta turística (el presupuesto en turismo aumenta un 1,9%, pero, desde el año 2011 el Gobierno ha reducido la mencionada partida en un 47%) lo que demuestra claramente que el único modelo productivo en el que se desenvuelve el PP es el ladrillo.
Los recursos destinados a la internacionalización de la economía crecen a una tasa del 1,9% para el año que viene, pero, desde los niveles de 2011, se han reducido más de un 20%.
El gasto de infraestructuras disminuye, en términos reales, casi un 1% respecto a 2015. Cabe mencionar que la reducción del gasto público desde 2011 hasta 2014 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas infraestructuras faraónicas, sino de un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales sufren un deterioro notable, perjudicando la productividad. La inversión en mantenimiento, además, es muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, los Presupuestos Generales para 2016 son irreales; ideológicamente conservadores, en la medida que el Gobierno incrementa la desigualdad con su política presupuestaria; no contribuyen a la recuperación de la economía española, en gran parte, porque son procíclicos; y no apuestan por las fuentes permanentes del crecimiento económico.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, solicitando su devolución al Gobierno.
Rosana Pérez Fernández (Grupo Parlamentario Mixto)
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG) y Rosana Pérez Fernández, Diputada por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la totalidad, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La aprobación por el Gobierno y su pretensión de tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 suponen un auténtico fraude democrático. La elección de este Gobierno en 2011 caduca a finales de 2015, y serán los ciudadanos quienes democráticamente elijan el poder legislativo y ejecutivo que dirigirán la política económica en 2016. Este Gobierno no está, por lo tanto, legitimado para dejar aprobados unos presupuestos que hipotecarán la iniciativa y capacidad del futuro gobierno, nada menos que durante una cuarta parte de un período legislativo.
El carácter antidemocrático que empaña este Proyecto de Presupuestos Generales, donde un Gobierno casi en funciones dejaría aprobado el presupuesto del año 2016 sin tener legitimidad para gestionarlo justifica por sí solo nuestro rechazo y la presentación de esta enmienda de totalidad.
Además, no estamos ante un presupuesto de trámite, pues su orientación y contenido indican claramente que se pretende dejar en herencia la nefasta política económica del Gobierno presidido por Mariano Rajoy a futuros Ejecutivos, No basta para que en estos cuatro años de legislatura se demostrase que situar como únicas prioridades la consolidación fiscal y la reducción del déficit, implica un sacrificio enorme para la creación de empleo y la garantía de servicios públicos básicos; sino que se empeña en endosar la gravosa hipoteca de una errónea política económica y presupuestaria para el Gobierno entrante, sobre todo desde el punto de vista de afrontar una recuperación económica que favoreciese a las mayorías sociales y, además como se ha dicho, por lo menos durante una cuarta parte de la legislatura siguiente.
Este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado insiste en una política manifiestamente fracasada, que en lugar de asentar una recuperación económica, como se manifiesta propagandísticamente desde el Gobierno, ha llevado a la economía del Estado español a una situación insostenible, con un desempleo superior al 25 por 100, unido a altas tasas de precariedad laboral, y con una continuada política de recortes sociales que han afectado negativamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Las propias memorias económicas que acompañan al Presupuesto evidencian el error de base en el diagnóstico de este Gobierno, su visión ideal y no real de la situación socioeconómica del Estado, al afirmar que "en el año 2014 se consolidó el proceso de recuperación de la economía española iniciado a mediados de 2013". A partir de un diagnóstico tan distante -y distinto- de la situación real es imposible que se pongan en marcha medidas acertadas para superar la crisis económica. Asumir que hubo recuperación en un año cuya tasa de paro ha sido de 23 por 100, que se duplicó hasta superar el 51 por 100 en el caso de los jóvenes, define muy bien la visión de este Gobierno, de seguir asentado en una resignada complacencia mientras a sus pies el Estado español se desmorona económica y socialmente. Mientras una amplia mayoría social, millones de personas, atraviesan situaciones dramáticas, el mensaje que envía este Gobierno es inequívoco, no han de esperar ayudas o apoyos para ayudarles a superar la crisis, pues siguen pasando desapercibidas para el Gobierno, no así la banca privada y el gran capital financiero, la gran favorecida de su política económica.
En toda esta legislatura si ha habido un hecho destacable no ha sido la recuperación económica, sino que -como se señala en múltiples informes económicos de instituciones y entidades de diversa índole- las desigualdades sociales han ido incrementándose de forma casi exponencial. En resumen, la política de estabilidad presupuestaria no ha sido de "control de gasto público" sino de recorte de gasto social que ha aumentado la brecha social, ha agravado los efectos de la crisis económica para las personas más desfavorecidas, provocado un desempleo masivo y graves dificultades de financiación de las empresas y la economía productiva.
Por ello, no podemos compartir que en una situación como la actual, se mantenga el empeño en dejar diseñado para el futuro un panorama presupuestario que insista en situar corno prioridad económica la reducción indiscriminada del déficit público, y que como resultado planifica un escenario donde en 2015 y 2016 la tasa de paro será superior al 20 por 100, e incluso, que en 2017, cuando ya se sitúe el objetivo de déficit en los límites del Pacto de Estabilidad (por debajo del 3 por 100 del PIB), seguirá rondando el 20 por 100 (19.8). Esto indica que, la política económica aplicada por este Gobierno durante la crisis no es coyuntural, ha sido diseñada con carácter estructural, pues a pesar de cumplir los objetivos del ajuste en términos presupuestarios se prevé un escenario de alto desempleo y baja actividad productiva, y con ello de persistencia de las desigualdades y la precariedad social para amplias capas de la población. La inversión de esa tendencia, que además acentúan las políticas económicas "neoliberales" asumidas y ejecutadas por este Gobierno, únicamente se podrá conseguir en caso de que los objetivos de déficit se supediten al empleo y al estímulo de la actividad productiva, nunca al revés -como ahora ocurre- sacrificando esos criterios, aún cuando eso implica dramas sociales para millones de personas, para cuadrar unos datos macroeconómicos con los que contentar a los poderes económicos.
Como resultado, estos Presupuestos conllevarán la imposibilidad de mantener una garantía de inversión pública para dinamizar la economía y generar empleo, así como para garantizar la cohesión social. Es incoherente que se anuncie una recuperación económica por el Gobierno, pero al mismo tiempo también se consolide un escenario presupuestario de más ajustes y recortes, pues de nuevo hay una reducción del gasto no financiero en los próximos Presupuestos Generales en momentos de insuficiencia de financiación en servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Ello seguirá situando al Estado español como uno de los Estados de nuestro entorno (UE) con menor índice de gasto público en relación al PIB [en 2014: quinto por la cola en gasto público (43,5%) y antepenúltimo en ingresos (37,8%), en ambos casos muy alejado de la media europea (48,1 % y 45,2 % respectivamente)]. Los Presupuestos de 2016 contribuirán a estancar esta situación, que además implica seguir acudiendo al recurso financiero de forma muy acusada, pues las emisiones de deuda pública se situarán en 2016 en 943,8 millones de euros frente a los 688,2 millones de 2012. No entraña esta advertencia una crítica al endeudamiento, sino a que sea el único recurso que ha empleado este Gobierno para sostener las cuentas públicas, lo que conllevará a que 1 de cada 5 euros del presupuesto total (21 por 100, el doble que el gasto de personal) se destine a sufragar los costes de la deuda. Más aún cuando hay alternativa, que este Gobierno no se atreve siquiera a mentar: acometer una profunda reforma fiscal, que dote de mayores ingresos por parte de la administración recaudando más de quien más tiene y de
todos los ciudadanos por igual. No solo se trata de enderezar el futuro sino de corregir importantes disfunciones en el sistema tributario actual, muy alejado de la progresividad y equidad social, favoreciendo la evasión fiscal de grandes fortunas y corporaciones empresariales, que se compensa con mayor severidad fiscal a las rentas medias, sobre todo a las del trabajo. La última memora de recaudación tributaria ilustra esta afirmación, al concluir que las empresas que cotizan en el IBEX tributaron a una media del 6 por 100, contrastando con el 15 por 100 de media de tributación de las PYMES, o con el 16,7 por 100 de las personas asalariadas. La electoral y exigua reforma fiscal en el IRPF, ya implantada y que se reafirma para 2016 como palanca de estímulo a la actividad económica, apenas ayudará a ese objetivo, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos por su escaso impacto para el ahorro como para financiar servicios e inversiones públicas, que prácticamente quedan estancados.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 vuelve a sacrificar el gasto social, dado que su raquítico incremento no cubrirá los agujeros socavados por el PP en las políticas sanitarias, educativas o de servicios sociales. Además, la parte más importante de ese incremento se financia a costa de la reducción significativa del presupuesto destinado a protección por desempleo, no porque se vaya solucionando ese grave problema (seguirá superando el 20 por 100 de la población activa en 2016 con esta política económica y presupuestaria), sino porque se opta por engrosar las cifras de personas que quedan sin cobertura y en la más absoluta desesperación. Por lo tanto, el ahorro conseguido en ese epígrafe no proviene de haber atacado las causas del desempleo sino por aumentar la desprotección social.
En materia social, también debemos reseñar que no hay nuevas medidas ni consignaciones presupuestarias para los problemas sociales más recurrentes: congelación de los presupuestos de vivienda sin novedades para dar una respuesta global a los desahucios, ni una sola referencia para erradicar la pobreza energética, ni mucho menos atisbo de recuperación de derechos afectados por recortes sociales desde 2011.
Incluso se vislumbra un grave problema que afecta a la salud financiera de la Seguridad Social, cuyas transferencias desde el Estado se situarán en torno a los 13.000 millones de euros en 2016 frente a los 8.337 millones de 2011, y donde además se avanza de nuevo el recurso al Fondo de Reserva por la incapacidad de generar ingresos con las cotizaciones, cuya recuperación está estancada pese a los intensos anuncios del Gobierno de retorno a niveles de empleo de 2011. Esa contradicción es producto del mercado laboral precarizado que ha diseñado el Gobierno del Partido Popular, donde las nuevas y precarias condiciones laborales llevan aparejados salarios y cotizaciones sociales más bajos (en muchos casos ínfimos) que son insuficientes para consolidar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. No es, por lo tanto, un problema derivado de la configuración de ese sistema, basado en el reparto intergeneracional, sino debido a las políticas antisociales en materia laboral emprendidas por el PP, cuya pertinaz intención de menguar las condiciones laborales de las personas trabajadoras también incide negativamente a la hora de poder apuntalar y fortalecer el sistema de Seguridad Social.
También se estanca la inversión, un aspecto especialmente preocupante para territorios con atrasos históricos como es el caso de Galicia, dado que, con el ritmo inversor previsto, mantendrán los déficits que presentan en infraestructuras. Frente a la propaganda del Gobierno consistente en exhibir un nuevo presupuesto inversor para Galicia, la realidad es que en términos absolutos se reduce, aun cuando se incluyen programas de modernización de infraestructuras ferroviarias que se han completado hace años en otros territorios del Estado. Es decir, a pesar de que en este momento se concentra una buena parte de la inversión en actuaciones de infraestructuras que se ejecutan con atraso en Galicia, la cifra global refleja evidencia importantes retrocesos en infraestructuras viarias y portuarias, además de las vinculadas a los sectores productivos primarios, que presentan un acusado descenso.
Estos Presupuestos para 2016 ponen de relieve el sonoro fracaso en materia económica del Gobierno del Partido Popular, de sus políticas de austeridad que han sido claramente ineficaces a la hora de reactivar la economía y generar empleo. Si con su presentación y tramitación se aspiraba a contar con una potente arma electoral ante la inmediatez de las elecciones generales, por el contrario ilustran la estanqueidad y falta de alternativas económicas del Sr. Rajoy, su equipo gubernamental y el Partido Popular que lo sustentan, su obstinación en seguir recurriendo a doctrinas y recetas económicas fracasadas para una reactivación económica que favorezca a las mayorías sociales y que, al revés, son claramente beneficiosas para una reducida y privilegiada elite económica.
En suma, ya sabemos con esta presentación presupuestaria el contenido del programa económico para cuatro años adicionales del Partido Popular: más grano para ricos y paja a repartir entre los pobres, lo que ahondará en la brecha social que han ido ensanchando a lo largo de esta Legislatura.
Por todo ello, presentamos esta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, siendo conscientes de que a pesar de su probable rechazo parlamentario a tenor de la composición aritmética actual de las Cámaras Legislativas, las políticas económicas e ideológicas que los inspiran serán rechazadas masivamente por la mayoría social en las próximas y cercanas elecciones generales, y con ello se derrotará del modo más elementalmente democrático este intento antidemocrático de dejar atadas las políticas económicas, presupuestarias y sociales al futuro Gobierno que legitimen los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 fundamentan su marco normativo en la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se han recortado las condiciones laborales de los trabajadores, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.
Estos presupuestos, en nuestra opinión, no serán, como ha afirmado el presidente del Gobierno, el "círculo virtuoso" de la bajada de impuestos, la creación de empleo y el crecimiento, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se perdió la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No servirán para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, no servirán para crear empleo estable y de calidad, no servirán para corregir el aumento imparable de la desigualdad que han provocado las políticas que emanan de los anteriores. Solo servirán para acreditar la sumisión del Gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.
Estos presupuestos siguen la senda marcada por los anteriores, legislar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2016, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros, y aprobados por el Pleno del Congreso en el mes de julio, establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,8 % del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 2,2 %; la Seguridad Social del 0,3 %; las Comunidades Autónomas del 0,3 %; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit (el 78 %) dejando únicamente el 10 % del déficit a las CCAA y nada para la administración más próxima, los ayuntamientos.
Con este déficit del 0,3 % para las autonomías y el 0 % para las corporaciones locales, se impulsan cambios legislativos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa.
Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.), la mayor parte gobernadas por el partido del Gobierno en esta última legislatura. En las que quien ahora quiere dar lecciones desde el Gobierno, han practicado el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas. Es decir, entre pocas ciudades, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular hasta hace apenas dos meses, se concentra el endeudamiento y la contratación desordenada que ahora se quiere corregir. Por no decir del ejercicio, no ya de competencias impropias, sino de actividades impresentables para corporaciones locales relacionadas con la construcción de contenedores vacíos -en muchos casos investigados estos expedientes por corrupción-, la planificación urbanística disparatada o la remuneración de asesores o el llamado ya "cohecho fotográfico", el pago de cantidades a personajes públicos, reales o no, para obtener notoriedad, sin pasar por ningún proceso administrativo objetivo.
El análisis de la partida de ingresos nos conduce a una conclusión constatable: son absolutamente irreales. Unos ingresos con cifras que están cuadradas a martillazos, con previsiones fantasiosas de aumento de la recaudación de las cotizaciones sociales y de la recaudación tributaria. Sabemos que las cifras que figuraban en la previsión de 2015 nos confirman que van a estar muy por debajo de las previsiones, contando además con las bajadas de impuestos. Son unos ingresos de ciencia-ficción, hechos para apuntalar el mantra de la recuperación y con la vista puesta en las próximas elecciones generales.
Mientras las empresas que cotizan en IBEX coticen a un ridículo 6 %, las PYMES al 15 % y los trabajadores al 16,7 %, el aumento de la recaudación fiscal será una quimera, más teniendo en cuenta que el tipo de interés se reducirá del 28 % al 25 % en 2016.
¿Dónde va el dinero que nos lleva a aumentar nuestra deuda si la gestión ordinaria no debería producir este déficit?
Siendo pues más prácticos para evaluar estos presupuestos, haremos una serie de pruebas simples que confirmarán algunas sospechas más.
Por ejemplo, comprobamos como nueve millones de pensionistas perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio al entrar en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones, la exigua subida del 0,25 % no compensará la subida del IPC prevista para 2016, cifrada en el 1,3 %. En el caso de los funcionarios, aunque recuperan una pequeña parte de lo perdido, quedan aún muy lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido desde que empezaron los recortes en 2010.
Se recortan los presupuestos de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria y Energía, justamente ministerios clave en la apuesta por la creación de puestos de trabajo.
Contrasta vivamente con el aumento del 0,4 % del Ministerio de Defensa, que es uno de los presupuestos más elevados entre todos los ministerios, con una asignación de 5.734 millones. Y que, tradicionalmente, vuelve a incrementarse en verano con nuevas asignaciones con reales decretos estivales. Mientras el gasto en I+D+i sigue estando por debajo de las necesidades del país.
Nuevamente desciende la cuantía global que se dedicará a prestaciones por desempleo, nada menos que un 21,7 %, como ya hicieron en los anteriores al recortar un 15 %, lo que agravará aún más el drama de las personas sin cobertura, fiando ese descenso a una hipotética -y muy optimista- creación de puestos de trabajo que ya sabemos que son a tiempo parcial y de baja calidad.
Sube el presupuesto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un 3,6 %, que no compensa, ni de lejos, el brutal recorte del 35,6 % de hace dos años.
Y en lo que hace referencia al País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar duramente a los valencianos. Si bien es cierto que este año hay un modesto incremento en las inversiones, no es menos cierto que en los últimos cinco años el recorte ha estado por encima del 40 % y siempre por debajo de nuestro peso demográfico en el conjunto del Estado. Este dato es mucho más visible si comparamos el gasto por habitante en las diferentes CCAA. Nuevamente los valencianos, con 176 euros, volvemos a estar por debajo de la media, que se sitúa en 237 euros. Hay CCAA que duplican e incluso triplican lo que se invertirá en la Comunitat Autónoma Valenciana, una situación que se repite de manera implacable año tras año. Una comunidad autónoma mal financiada, como reconocen desde el mismo Ministerio de Hacienda, y con un PIB por debajo de la media. Lo que la convierte en la única comunidad autónoma que siendo pobre financia a otras cuyo PIB es superior. Por decirlo llanamente, una comunidad pobre que financia a comunidades más ricas.
Los Presupuestos 2016, como los cuatro anteriores, son los Presupuestos del ajuste por imperativo legal. Pasar del 5,8 % de 2013 al 2,8 %. Esto supone otro ajuste que se pretende hacer aumentando los ingresos y recortando gastos. Más recaudación que no se obtiene de impuestos a la banca o grandes patrimonios o la revisión de los impuestos que pagan grandes empresas que distan de ser porcentualmente similares a los que pagan pequeños empresarios, comerciantes y autónomos. Por ajustes de balances, inversiones o supuestas pérdidas, grandes empresas con grandes salarios para directivos pagan relativamente menos impuestos. Por no hablar de los más de 230.000 millones que se han inyectado a la banca y que en intereses son una parte importante de los 33.490 millones que se destinan a pagar los gastos financieros de la deuda pública.
Si a esto añadimos los impedimentos que se imponen a los ayuntamientos, la iniciativa pública es anecdótica como motor de la economía y el empleo.
Lo decíamos el año pasado y lo repetimos ahora: estos presupuestos que el PP propone con su mayoría absoluta condena a la Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales a reducir su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía política de estas instituciones.
Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
Con estos objetivos que son de imposible cumplimiento se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las Comunidades Autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia.
Al final, el efecto de la subida mínima de sueldos y la insuficiente subida de las pensiones (2 o 3 euros en la mayoría de ellas), no permitirán una recuperación del consumo (privado y público), que restará crecimiento a la economía.
Estos no van a ser los presupuestos de la recuperación, mientras seguimos constatando que el único empleo que crece es de baja calidad, a tiempo parcial y con sueldos escuálidos, mientras los jóvenes siguen marchándose a buscarse la vida a cualquier parte del mundo o los inmigrantes vuelven a sus países de origen.
No, estos no van a ser los presupuestos de la recuperación, mientras la deuda pública crece sin parar y en 2016 deberemos dedicar casi 10 de cada 100 euros a pagar intereses. En 4 años de Gobierno Rajoy, ha crecido considerablemente acercándose al 100% del PIB, un registro que hace más de un siglo que no se alcanzaba.
Como anunciamos con los anteriores presupuestos, las políticas denominadas del austericidio impiden el crecimiento y el consumo. La falta de confianza y de una banca pública, destruye el acceso al crédito de los emprendedores y la creación de empleo. Los ciudadanos y ciudadanas están pagando una crisis que no han creado. El Gobierno con estos presupuestos es cómplice de esta injusticia, con la coartada de una reforma legal de la Constitución y de una falsa austeridad, de la sumisión a terceros que no han sido investidos por los ciudadanos democráticamente y que controlan la acción del ejecutivo.
El Gobierno es el responsable, con sus cuatro presupuestos, del mayor retroceso social de la historia reciente. Responsable del empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras. Responsable de que tengamos trabajadores pobres. Responsable que la desigualdad haya aumentado hasta niveles desconocidos.
En definitiva unos presupuestos inequívocamente electoralistas, con la vista puesta en las urnas y no en las personas. Unos presupuestos que pretenden engañar a los ciudadanos, hechos para intentar ganar las próximas elecciones para después seguir aplicando nuevos recortes, nuevas medidas austericidas.
Por todos estos motivos solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar a las personas.
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a iniciativa de su Portavoz, la Diputada doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.
1. Presupuestos de continuidad para una nueva e incierta legislatura
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (en adelante PGE 2016) constituyen la continuidad de las líneas maestras que han presidido las políticas económica, financiera, fiscal y social del Gobierno del PP desde 2012. Ello es coherente con las continuas manifestaciones gubernamentales afirmando el acierto de tales políticas y su necesario mantenimiento como condición, necesaria y suficiente, para garantizar el crecimiento de la riqueza nacional, la reducción del paro y el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos con la UE.
La precipitada elaboración de los PGE 2016 y su apresurada tramitación parlamentaria, aprovechando la mayoría absoluta del PP en las dos Cámaras, no se explica solo por la celebración de las próximas Elecciones Generales. También es la consecuencia de la firme convicción del Presidente Mariano Rajoy de que sus decisiones de gobierno durante los cuatro años de su mandato no solo eran correctas sino que eran las únicas posibles para evitar la quiebra del país. Con esta percepción, nada más lógico y coherente que aspirar a dejar su "legado político y económico" por la vía de los PGE 2016.
Para el Presidente Rajoy, como para todo dirigente político que gobierna con mayoría absoluta, las propuestas, sugerencias, enmiendas o críticas de los partidos opositores solo han sido consideradas como incómodas molestias que había que soportar en aras de controlar y ejercer el poder omnímodo del Estado. Esta afirmación no es una mera declaración demagógica. Nuestro Grupo Parlamentario ha tenido ocasión de comprobar cómo las enmiendas presentadas en los sucesivos debates parlamentarios de los PGE de años anteriores han sido ignoradas o rechazadas.
Sin embargo, los PGE 2016 se presentan y tramitan en un contexto que presenta tres diferencias esenciales respecto de los de años precedentes, que el Gobierno debería haber tenido bien presente:
1.ª Son los Presupuestos deben aplicarse en una nueva legislatura cuya configuración política se presenta incierta cuando no abiertamente contraria a la continuidad del PP en el Gobierno. Ello significa que la validez y aplicación de los PGE 2016 puede verse amplia y sustancialmente afectada en el supuesto de que se instaure un Gobierno ajeno al PP;
2.ª Puesto que la economía española está comenzando a recuperarse de la crisis, la presión ciudadana y mediática para adoptar medidas más eficaces y agresivas contra el desempleo y la desigualdad social se ha acentuado y con ella el rechazo a la continuidad de las medidas de ajuste económico, tal y
como se recogen en estos Presupuestos, por sus perniciosos efectos sobre la desigualdad, la exclusión social y la pobreza infantil. Ignorar este creciente rechazo social solo ha servido para aumentar el apoyo electoral a partidos con discursos demagógicos y populistas.
3. Las tensiones nacionalistas e independentistas se encuentran en una deriva de radicalización que, sin ningún género de dudas, trascenderán las Elecciones Generales y constituirán el principal obstáculo para aplicar las medidas de ejecución presupuestaria contenidas en estos PGE, así como para la necesaria renovación del Sistema de Financiación de las CCAA y los Entes Locales que debe realizarse en 2016.
Su continuidad seguirá ahondando las desigualdades entre los españoles en función de su lugar de residencia, en abierta violación de los arts. 9.2 y 14 de nuestra Constitución.
A estas tres realidades singulares hay que sumarle la persistencia gubernamental en aplicar medidas de política fiscal que si bien pudieron ser necesarias para evitar la quiebra económica del Estado, no pueden mantenerse con el mismo rigor cuando la economía comienza su recuperación sin arriesgar con ello su necesaria sostenibilidad a medio y largo plazo.
Nos referimos al perverso sistema de incrementar la liquidez de las Administraciones Autonómicas y Locales mediante el aumento constante de la deuda soberana del Reino de España para no afectar al objetivo de déficit. Esta iniciativa que originariamente se lanzó para saldar las deudas que habían acumulado las diversas administraciones públicas con sus acreedores, en buena medida PYMES españolas, el Gobierno del PP la ha transformado en un mecanismo de financiación indirecta del continuo crecimiento del gasto público de las CCAA . y Entes Locales, creando así una burbuja de deuda que según las previsiones gubernamentales recogidas en el Acuerdo que fija los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria para el período 2016-2018, está previsto que alcance el próximo año el 98,5 % del PIB.
De acuerdo con los datos oficiales entre 2012 y 2015 se han aportado 184.167 millones de euros de liquidez adicional a las CCAA . y EELL (pág. 18 Libro Amarillo) a través de los diversos Fondos y Planes de Pago. Durante el mismo período la Deuda Pública del Estado ha aumentado en 302.661 millones de euros lo que obligará en 2016 a destinar el 21 % del PGE al pago de intereses, sin contar la amortización del principal (pág. 53 Libro Amarillo). Al ritmo de reducción de la Deuda previsto entre 2016 y 2018 (un 5,3 % en dos años) tardaríamos casi 13 años en reducirla al 60 % exigido por los Criterios de Convergencia de la UE.
Naturalmente semejante sistema funciona mientras se cuenta con la garantía del BCE para facilitar este sobreendeudamiento a través del mercado secundario, pero ello no puede impedirnos señalar que un incremento de los tipos de interés o de la prima de riesgo española, factores que no dependen directamente de las decisiones del ejecutivo español, supondrán un grave lastre para la ejecución de los PGE 2016.
Es evidente que a medio plazo esta fórmula de incremento de la Deuda Pública para insuflar liquidez adicional a las Administraciones Públicas e impulsar el crecimiento es insostenible, como lo demuestra de forma palmaria la quiebra real de la economía griega, cuyo déficit en 2014 era tan solo del 3,5 % pero su deuda pública alcanzaba ya el 177 % del PIB. Como advirtió nuestro Grupo Parlamentario en el debate del pasado día 18, los sucesivos rescates no sirvieron para impedir dicha quiebra y tampoco están sirviendo para reducir su deuda.
En resumen mientras el Gobierno socialista del Presidente Rodríguez Zapatero se afanaba en aumentar el Gasto Público corriente mediante el recurso al incremento del Déficit Presupuestario, el Gobierno popular del Presidente Rajoy se ha centrado en reducir el Déficit Presupuestario incrementando la Deuda soberana del Estado. Ambas fórmulas tenían como finalidad incrementar la liquidez de las Administraciones Públicas y ambas han contribuido, por caminos diferentes, al mismo destino: una economía estructuralmente vulnerable, con un progresivo empobrecimientos de sus clases medias y anclada en un modelo de crecimiento económico basado en la manipulación de la economía financiera antes que en la potenciación de una economía real más moderna, competitiva y justa. El resultado de ambos Gobiernos es casi una década perdida desde que comenzó la crisis.
2. Un escenario macroeconómico erróneo que impide unos presupuestos realistas
Precisamente porque los PGE 2016 presentados descansan en el supuesto básico de que la economía española seguirá creciendo durante el próximo año, pero al mismo tiempo el país enfrenta un escenario político inestable y las bases de la recuperación económica, tanto de España como del entorno internacional, todavía son muy frágiles, el Gobierno debería haberse preocupado de establecer un cuadro de previsiones macroeconómicas riguroso y bien fundamentado en datos reales y tendencias históricas. No es así.
En el debate de los PGE de 2015 nuestro Grupo Parlamentario ya advirtió que el escenario macroeconómico en el que se basaban era "poco creíble". Nuestra apreciación fue tan acertada que el crecimiento real de la economía ha superado con creces las previsiones gubernamentales. Ello se presente ahora por el Presidente Rajoy como un acierto de sus políticas, pero lo cierto es que la economía española ha crecido a pesar de sus previsiones y de sus políticas.
El escenario macroeconómico que sustenta los PGE 2016 directamente es erróneo en sus previsiones porque está basado en cálculos escasamente rigurosos con los datos oficiales disponibles. En efecto, en 2016 se prevé una reducción del PIB de un 0,3 % respecto de 2015, pero al mismo tiempo se mantiene que la tasa de desempleo se reducirá en un 2,8 %. Semejante escenario económico solo puede producirse con una caída de la productividad (más trabajadores generan menos riqueza). Al mismo tiempo se sostiene que las exportaciones aumentarán un 0,5 %. ¿Más exportaciones con menos productividad y sin disponer del control de la política monetaria del país? Todo un ejemplo de coherencia económica.
No menos contradictorios son los supuestos que consideran que la Demanda Nacional se reducirá en 2016 un 0,4%, lo que con más empleo solo puede significar que hay menos gasto medio por habitante bien porque los sueldos medios son más bajos o bien porque hay un aumento del ahorro. No obstante el Gobierno sigue proclamando que estos PGE logran consolidar la recuperación económica ya iniciada con una reducción de las desigualdades sociales y económicas generadas durante los años precedentes. ¿Más igualdad pero con sueldos más bajos? ¿Crecimiento sostenible con una caída del consumo privado y una formación bruta de capital fijo más baja que en 2015?
Por si estas contradictorias previsiones macroeconómicas no fueran suficientes, su correspondencia con la evolución real de la economía internacional es claramente cuestionable. Por ejemplo, se prevé que el PIB mundial, excluida la UE, aumentará un 0,5 % y el volumen mundial de exportaciones, exceptuando la UE, se incrementará en un 1,5 % respecto de 2015. Sin embargo, todos los datos conocidos nos indican que las grandes economías emergentes como China; Rusia y Brasil están teniendo ya crecimientos menores a los previstos para 2015 hasta el punto de tener que realizar devaluaciones monetarias para estimular sus respectivas economías.
Todavía es más arriesgado sostener que el tipo de interés a corto plazo (3 meses) y el tipo de cambio dólar/euro se mantendrá en 2016 sin alteraciones respecto del año actual. Como ya hemos señalado un error significativo en estas previsiones financieras puede dar al traste con la ejecución de los PGE presentados debido al importante peso que ya tienen los intereses por la elevada Deuda pública acumulada.
El Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas de los Presupuestos Generales del Estado 2016, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avala nuestras objeciones ya que se afirma textualmente:
"Los riesgos de ejecución insuficiente de la rigurosa política de contención del gasto público que se recoge en las previsiones de consumo público son importantes. (..)
Una relajación de la disciplina de control del gasto público tendría consecuencias negativas sobre la estabilidad presupuestaria y efectos contrapuestos sobre el crecimiento a corto y medio plazo. Si, como parece probable a juzgar por la experiencia pasada, se materializa el riesgo de un gasto público significativamente mayor que el incluido en las previsiones, (...) La consolidación fiscal, en términos estructurales, sería indudablemente menor y quedaría erosionada la solidez de las bases del crecimiento a medio plazo."(Informe pág. 17)
Y más adelante, en la asignación de rangos de confianza en el cumplimiento de las previsiones macroeconómicas gubernamentales, se aprecia que algunas de ellas presentan variaciones muy importantes. Por ejemplo la previsión de Empleo presenta un rango de confianza del 56,7 %, el Consumo Privado del 53,4 %, las Importaciones del 56,2 %, las Exportaciones del 25 % y las previsiones del Consumo Público simplemente no se cumplirán. (Informe pág. 24)
A la luz del análisis que, como acabamos de demostrar, no solo es sostenido por el Grupo Parlamentario de UPyD, se puede afirmar que el escenario macroeconómico presentado por el Gobierno para sustentar los PGE 2016 no se ha elaborado a partir de un estudio serio y riguroso de los hechos y tendencias económicas, sino siguiendo las directrices políticas impartidas desde Moncloa con el único objetivo de "cuadrar las cuentas". Al fin y al cabo si gobierna de nuevo el PP, dispondrá de una nueva legislatura para corregir los errores cometidos en estos PGE y si gobierna otro partido o coalición de partidos, serán ellos los que tendrán que asumir políticamente la incompleta ejecución de estos PGE y sus efectos sobre la ciudadanía.
3. Unos presupuestos continuistas en las prioridades del gasto público
Expuesta la improbable ejecución de los PGE 2016 tal y como han sido presentados por el Gobierno, cabe considerar ahora si en el caso de que se cumpliesen los objetivos y prioridades recogidos en ellos contribuirán a mejorar las condiciones de vida de los españoles o, por el contrario, como ha ocurrido en años anteriores seguirán acentuando las desigualdades económicas y las discriminaciones sociales y territoriales de nuestro país, haciendo con ello difícilmente sostenible a medio plazo la recuperación económica que tanto destacan los representantes gubernamentales y el PP.
Como consideración previa debemos recordar que el Grupo Parlamentario de UPyD ha reiterado en esta Cámara que las raíces de la crisis económica española no son solo ni prioritariamente económicas sino sobre todo políticas y que, por tanto, solo realizando las reformas políticas, institucionales e, incluso, constitucionales que requiere España podremos alcanzar las condiciones necesarias para que las medidas económicas y fiscales puedan ser eficaces coyunturalmente y, al mismo tiempo, sostenibles a largo plazo.
Esta reflexión previa era necesaria porque nuestra valoración de los objetivos y prioridades de los PGE 2016 no seguirán solo el criterio cuantitativo que identifica mecánicamente "más recursos con mejores políticas". Como ha demostrado el deterioro de la calidad en la enseñanza medía de nuestro país en las tres últimas décadas, este criterio simplemente es falso por incompleto.
Por tanto UPyD considera que suponer, como ha hecho el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que un aumento del Gasto Social en los PGE 2016 de un 0,4 %, aunque el Gobierno enfatiza un crecimiento del 3,8 % del PIB porque excluye el desempleo, significa una mejora automática de las políticas sociales es, simplemente, confundir la condición de necesidad, "aumentar recursos", con las de necesidad y suficiencia, "basta con aumentar los recursos". ¡Un error de principiante!
Sin duda, hacen falta más recursos económicos destinados a las políticas sociales, tras los recortes de los últimos cinco años, para iniciar la compensación de los perjuicios sociales y económicos causados pero por sí mismos no conducirán a reducir el paro, la pobreza y la exclusión social si no van acompañados de otras medidas políticas y legales de cambio estructural que, desde luego, estos PGE no abordan y que tampoco han guiado las numerosas reformas de las principales leyes del Estado realizadas durante los meses previos al debate presupuestario.
3.1 Los limitados recursos para combatir el desempleo
Como reiteradamente expresan las encuestas del CIS, el paro constituye el primer y principal problema para los españoles. Análogamente todos los informes de organismos internacionales destacan la tasa de desempleo como el indicador más negativo en el proceso de recuperación de la economía española. El propio Gobierno ha reconocido la gravedad del problema y durante su mandato se ha logrado detener el aumento del paro, pero ello ha sido gracias al proceso de recuperación económica iniciado en 2014 y no tanto a las erráticas medidas de promoción de empleo, algunas de las cuales como la denominada "tarifa plana de la SS" han sido un fracaso absoluto.
En los PGE 2016 la cuantía destinada al Fomento de la inserción y estabilidad laboral para el próximo año será 581 millones de euros inferior a la aprobada en los PGE de 2012. Al mismo tiempo las Prestaciones a los desempleados en 2016 se ha aminorado en 8.985 millones de euros respecto de 2012. Cabe alegar que se destina menos presupuesto al desempleo porque se prevé su reducción. Sin embargo según los datos de la EPA del Primer Trimestre de 2012 y las previsiones gubernamentales para 2016, se contempla una reducción de la tasa de paro del 4,5 %, pero en cambio la cuantía de las prestaciones se habrá reducido en un 31 %, lo que solo puede producirse con una merma sensible de las prestaciones por desempleo.
La tendencia conjunta de ambas partidas presupuestarias entre 2012 y 2016 pone de manifiesto que la política del Gobierno del PP ha sido cualquier cosa menos activa y eficaz para luchar contra el principal problema de España, el paro, y mitigar sus efectos sociales. Se dedicaba más presupuesto al desempleo en 2012, cuando había menos recursos por la crisis económica, que en 2016 en pleno proceso de recuperación.
3.2 La precariedad de las pensiones y la ayuda a la dependencia
De nuevo el criterio continuista que preside la elaboración de los PGE 2016 acredita la escasa sensibilidad gubernamental con los sectores sociales más vulnerables económica y funcionalmente: los pensionistas y las personas dependientes.
Respecto de las pensiones, el aumento aprobado por el Gobierno es del 0,25 %, el mínimo legalmente establecido. Oficialmente se afirma que puesto que la tasa de inflación prevista para 2015 será del 0,1 según el INE, en realidad los pensionistas no perderán poder adquisitivo. Un análisis más detallado de las correspondientes partidas de los PGE 2016 nos indica que el aumento en 19.620 millones de euros entre 2012 y 2016 (un 17 %) se debe fundamentalmente al aumento del número de pensionistas y no a una mejora apreciable de las cuantías medias percibidas. En efecto, entre diciembre de 2011 y julio de 2015 el número de pensiones se habrá incrementado en 441.354 y el número de pensionistas en 399.368.
La escasa subida de las pensiones también es el resultado del escaso incremento de ingresos de la SS que no es capaz de asumir el incremento del número de pensionistas y, al mismo tiempo, permitir una recuperación razonable de las pensiones medias. La prueba más clara es la evolución de la partida presupuestaria destinada a las pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales que en 2016 tan solo aumentan en 47 millones de respecto del año actual. Un incremento ridículo que seguirá dejando este tipo de pensiones en cuantías manifiestamente insuficientes para las necesidades básicas de sus beneficiarios.
Pero no solo es una cuestión de la cuantía de las pensiones. También hay una grave desigualdad en la distribución de tales pensiones. La diferencia entre la pensión media más baja (Extremadura) y la pensión media más alta (País Vasco) es del 32,5 %. Es evidente que el Gobierno no ha adoptado las suficientes medidas políticas y legales para reducir tamaña desigualdad entre los pensionistas.
Por cierto, el hecho de que el Gobierno del PSOE llegase a congelar las pensiones solo evidencia que el colectivo ha sido indiscriminadamente maltratado en sus ingresos por la escasa sensibilidad social demostrada por los sucesivos Gobiernos que han gestionado la crisis.
Respecto de las ayudas al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se ha producido una reducción en 155 millones de euros entre los PGE de 2012 y los de 2016, con el añadido de que en 2014 y 2015 esta partida presupuestaria se mantuvo inalterada y, además, el próximo año las prestaciones se extenderán a las personas dependientes del Grado I. En otras palabras, la ampliación del número de beneficiarios constituye la causa principal del incremento de esta partida y, por consiguiente, por tercer año consecutivo las prestaciones personales percibidas por este colectivo con cargo a los PGE no serán mejoradas, a pesar del crecimiento económico del país.
Una evaluación de la política del Gobierno del PP mantenida respecto de estos dos numerosos colectivos, pensionistas y personas dependientes, que son especialmente vulnerables a la evolución de las condiciones económicas y sociales del país, se puede calificar de precaria tanto por la improvisación de las medidas adoptadas como por la arbitrariedad con la que se ha realizado la asignación de recursos presupuestarios.
3.3 La perpetuación del despilfarro en el Gasto Público de los Entes Territoriales
Una de las principales características de los PGE 2016, proclamadas por el Gobierno a los cuatro vientos, es el aumento en un 3,2 % de las transferencias corrientes a las Administraciones Territoriales, hasta alcanzar los 40.517 millones de euros. Ya hemos señalado que esta cuantía no incluye las aportaciones realizadas a través de los Mecanismos Extraordinarios de Liquidez de las Administraciones Territoriales.
El argumento axiomático que tanto los gobiernos autonómicos y locales como el propio Ejecutivo del PP han asumido, sostiene el criterio de que la transferencia de competencias se justifica por una mejor capacidad de las CCAA y los EELL para atender las necesidades ciudadanas y que, en consecuencia, deben transferirse también los recursos presupuestarios requeridos para gestionar los servicios públicos, especialmente en el ámbito de las políticas sociales (sanidad, educación, transporte público, etc.).
Sin embargo, UPyD desde su fundación ha cuestionado que semejante argumento se corresponda con la realidad histórica del desarrollo del "estado de las autonomías". Por el contrario, casi 40 años de experiencia demuestran que el sistema autonómico ha creado importantes desigualdades entre los españoles, contribuyendo a la fragmentación y el conflicto entre ellos, sin olvidar la tragedia de la violencia terrorista de ETA y otros grupos independentistas.
Además, los recursos transferidos a las CCAA sin un criterio finalista han sido despilfarrados en iniciativas nacionalistas/independentistas o, simplemente, en proyectos inútiles (duplicación de organismos e instituciones públicas; aeropuertos sin tráfico; representaciones en el extranjero sin rentabilidad económica; televisiones hipertrofiadas; programas de formación de empleo ficticios; EREs innecesarios; etc.).
Ambas realidades, lejos de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, han servido también para fomentar la corrupción y drenar los recursos que se necesitaban para mejorar las políticas sociales. En último extremo el Estado ha tenido que arbitrar mecanismos financieros excepcionales para atender tales políticas con cargo a un aumento de la deuda pública que deberemos pagar todos los españoles durante más de una década.
Por ello nuestro Grupo Parlamentario no solo ha defendido la necesidad de que la Administración Central del Estado recupere las competencias de decisión y control en Educación y Sanidad, manteniendo las CCAA sus competencias de gestión, también ha reclamado la desaparición de los regímenes fiscales especiales del País Vasco y Navarra, la supresión de las Diputaciones Provinciales, ya que su coste presupuestario no tiene correspondencia con las funciones que desempeñan, y la reorganización de los municipios con escasa población para evitar duplicidades institucionales y funcionales.
Naturalmente UPyD sostiene la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y de los entes locales, pero no solo para revisar las cuantías que deben percibirse sino también para establecer criterios de racionalidad en el gasto público de las CCAA, así como unos mecanismos para su control efectivo que se garantice que los recursos presupuestarios aportados con el esfuerzo de todos los españoles, se destinen prioritariamente a atender y mejorar los servicios públicos de acuerdo con el principio de igualdad entre todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia o de pertenencia.
Nada de ello se ha realizado en la presente legislatura. Al contrario, el Gobierno del PP mantiene en los PGE 2016 el criterio de compensar financieramente más a las CCAA y Entes Locales que incumplen los objetivos de déficit.
Esta afirmación no es gratuita. Cuando se analizan los informes sobre el grado de cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las distintas Administraciones Públicas entre 2011 y 2014, observamos que las CCAA, mucho más que los Entes Locales, siguen siendo las que presentan un mayor grado de desviación en el cumplimiento del Objetivo. Se ha pasado de una desviación del 2,01 % del PIB en 2011 al 0,7 % en 2014. Sin duda se ha avanzado en la reducción del exceso de gasto autonómico, pero todavía sigue siendo importante sin que se aprecie en los PGE 2016 una decidida apuesta para forzar la desaparición de los despilfarros de las CCAA más incumplidoras.
En efecto en 2011 todas las Comunidades incumplían el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria siendo Castilla-La Mancha (7,12 %); la Comunidad Valenciana (3,70 %); Extremadura (3,43 %); Cataluña (3,27 %) y Murcia (3,16 %) las que presentaban una mayor desviación. En 2014 ya había cuatro CCAA que cumplían con el Objetivo (País Vasco; Galicia; Navarra y Canarias) pero el resto seguían incumpliéndolo aunque las CCAA con mayor desviación eran: Murcia (1,7 %), Cataluña (1,6 %); Comunidad Valenciana y Extremadura (1,4 %).
Durante 2016 las CCAA que incumplieron en 2014 recibirán un aumento en la financiación total, incluidos los mecanismos extraordinarios de liquidez, de 6.862 millones de E. A ello hay que agregar la exención del pago de los intereses de la deuda autonómica asumida por el Estado que suponen otros 2.900 millones de euros. Como indicábamos, es importante subrayar que las cuatro CCAA más incumplidoras son también las que presentan un importante incremento en la financiación total recibida respecto de los PGE 2015: Cataluña (12,12 %), Comunidad Valenciana (11,79 %), Murcia (9,86 %); y Extremadura (7,71 %).
Al mismo tiempo que se garantiza el incremento de recursos financieros incontrolados para las CCAA, el Fondo de Compensación Interterritorial, inicialmente constituido para disminuir los desequilibrios económicos interterritoriales mediante el desarrollo de inversiones y aplicando el principio de solidaridad, se configura desde la Ley 22/2011, de 27 de diciembre, en dos fondos diferenciados: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario. La cuantía total de ambos fondos, desde la llegada del Gobierno del PP, ha sido descapitalizada en un 36 %. Desde los 671,5 millones de euros de 2012 a los 432,4 millones de euros de 2016, con la particularidad de que durante los 3 últimos años la cuantía ha permanecido inalterada.
Las CCAA beneficiarias de estos fondos son: Galicia; Andalucía; Asturias; Cantabria; Murcia; Comunidad Valenciana; Castilla-La Mancha; Canarias; Extremadura; Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Resulta significativo que mientras se merman los recursos de estos Fondos de Compensación Interterritorial, cuyo destino es finalista porque va asociado a proyectos de inversión específicos y además son susceptibles de control presupuestario en su ejecución, el Gobierno ha creado mecanismos
extraordinarios de liquidez a través de los cuales está financiando masivamente los excesos de gasto de las CCAA con criterios totalmente arbitrarios y como ya hemos demostrado al margen de cualquier criterio de solidaridad. Ello constituye una prueba más de la voluntad gubernamental de seguir acentuando la ruptura de la cohesión social y la desvertebración económica del país de acuerdo con una lógica autonomista más propia de los partidos nacionalistas que del discurso oficial del PP.
En conclusión y como ya hemos señalado en los debates presupuestarios anteriores, el Grupo Parlamentario de UPyD defiende que el actual sistema de financiación autonómica es claramente discriminatorio y constituye un obstáculo estructural para la sostenibilidad del crecimiento económico de España. Por ello denuncia la falta de medidas en los PGE 2016 destinadas a corregir las actuales desigualdades ya arraigadas entre los españoles en virtud de la comunidad autónoma de residencia. Solo que en esta ocasión y como ya ha ocurrido para otras propuestas que hemos formulado, por ejemplo con el contrato único indefinido, nuestra posición es también recogida como una de las recomendaciones que oficialmente formula por el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en su reciente Informe sobre España publicado el 14 de agosto de 2015 (recomendación 34, pág. 16 - https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15232.pdf).
3.4 Los impedimentos para realizar un cambio en el modelo productivo de la economía española
Tras el desencadenamiento de la crisis económica en 2008 y el estallido de la "burbuja inmobiliaria" en nuestro país, se generó un debate sobre la necesidad de sustituir el modelo productivo excesivamente centrado en la construcción y el sector servicios, por un sistema basado en el desarrollo científico-tecnológico, un incremento del sector industrial y una expansión en los mercados internacionales.
Durante toda la legislatura el Gobierno del PP ha adoptado medidas para flexibilizar el mercado interior, reformar el mercado laboral y potenciar las PYMES, pero ha lastrado cuando no ha impedido abiertamente una verdadera política destinada a desarrollar una nueva base productiva del país.
Entre las medidas adoptadas destaca la erosión progresiva de la investigación científica y tecnológica mediante el recorte de los recursos presupuestarios, la descapitalización humana de las universidades y centros de investigación, la limitación de las becas y ayudas para la formación de nuevos investigadores, la modificación legislativa de las titulaciones superiores, etc. Detrás de estas iniciativas subyace la concepción de que los recursos destinados a la generación de ciencia e investigación, dado que son una inversión que solo genera resultados a largo plazo, a corto plazo constituyen un gasto que puede recortarse o ampliarse sin mayores consecuencias.
Lo verdaderamente paradójico es que al mismo tiempo que llevaba a cabo este progresivo desmantelamiento del sistema español de I+D+i, trataba de lanzar programas para jóvenes emprendedores, la creación de empresas de base tecnológica y la renovación tecnológica de las empresas industriales, como si tales iniciativas no tuviesen ninguna relación con el mundo de la ciencia, la tecnología y la investigación.
Los PGE 2016 responden a esta errónea concepción de la inversión en el desarrollo científico y tecnológico. En efecto, si analizamos la partida presupuestaria de Investigación, Desarrollo e Innovación nos encontramos la siguiente contradicción: a la rúbrica de Investigación Científica se destinan 718 millones de euros, una cuantía menor que la presupuestada en 2012, pero acto seguido se destinan 1.613 millones de euros al apartado Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, una cuantía mayor que en 2012. La conclusión parece evidente, destinamos recursos a la formación de investigadores que con posterioridad se verán abocados a emigrar a otros países ya que los recursos destinados a los proyectos de investigación científica, que permitiría aprovechar sus capacidades, es ridículo.
Análogamente la mayor cuantía de esta partida se destina a la rúbrica Investigación y desarrollo tecnológico-industrial con 2.115 millones de euros, pero simultáneamente a la investigación en Obras Públicas y Transporte; Agricultura; Oceanografía y Pesca; Minería y Medio Ambiente; Sociedad de la información y Telecomunicaciones, se destina una cantidad total de 454 millones de euros. Cabría preguntarse si el desarrollo tecnológico-industrial de las empresas se puede realizar sin investigación básica previa y por qué estás áreas científico-tecnológicas donde los retornos productivos son muy importantes se mantienen en unas cantidades tan exiguas. La respuesta ya la hemos indicado, el Gobierno considera la financiación de la I+D+i como un gasto corriente y no como una inversión que, a medio y largo plazo, genera la base de un sistema productivo más moderno, rentable y sostenible.
A todas luces resulta obvio que el Gobierno del PP ha carecido de una política de apoyo a la investigación científica y tecnológica en nuestro país y que pretende perpetuar su menoscabo
durante 2016. La vieja frase "que inventen otros" lamentablemente sigue teniendo plena vigencia en la España del siglo XXI.
Por lo que se refiere al impulso a una política de reindustrialización que permita diversificar la base productiva de la economía española y potenciar su proyección internacional, encontramos que los PGE 2016 demuestran la falta de unos criterios políticos claros y de una sólida política industrial. El 72 % del presupuesto del Ministerio de Industria y Energía corresponde al apartado de Normativa y desarrollo energético con 3.919 millones de euros, eufemismo que se utiliza para pagar el coste de una errática política energética, que si bien se arrastra desde hace más de una década y se acentuó con el Presidente Rodríguez Zapatero, el Gobierno del PP no ha sabido reconducir y ordenar. Con el correspondiente perjuicio para los ciudadanos y empresas y el constante beneficio de las grandes multinacionales energéticas.
Por el contrario, el presupuesto conjunto destinado a la Reconversión y reindustrialización y al Desarrollo industrial tan solo alcanza los 901 millones de euros, una cantidad menor que en 2012, cuando resulta elemental que ambas partidas deberían constituir los pilares centrales de una verdadera política de impulso y renovación industrial.
En la misma línea de la modernización del sistema productivo del país como requisito para un nuevo paradigma de crecimiento económico hay que situar la inversión en infraestructuras y redes de comunicación y transporte. Sin duda los recortes presupuestarios del Estado que han tenido que asumirse durante los Últimos años han impedido las necesarias inversiones en mantenimiento y renovación de tales infraestructuras y redes. Tampoco ha sido ajena a este deterioro la dejadez de algunas administraciones autonómicas. Pero es evidente que sin una recuperación y mejora de infraestructuras junto con una modernización de las redes de comunicaciones y transporte no se puede mejorar la productividad ni facilitar las interconexiones con los mercados exteriores.
Por ese motivo y en un contexto de recuperación económica cabría esperar que el Gobierno del PP abordase una política de inversiones en este sector con criterios de eficacia y eficiencia. No es así. Los PGE 2016 destinan a Infraestructuras 918 millones de E menos que en 2012. Es evidente que tampoco en este apartado existe una decisión política de apoyar una nueva estructura productiva del país que permita a medio plazo situar nuestra economía en el entorno de los países europeos más modernos y avanzados, es decir aquellos que resistieron mejor el impacto de la crisis económica.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no puede ni debe renunciar a defender sus principios así como los compromisos electorales adquiridos. Del análisis realizado de los PGE 2016 se desprende claramente que chocan abiertamente con ambos, principios y compromisos. Por ello mediante esta enmienda a la totalidad rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y pide su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Rafael Larreina Valderrama en representación de las Diputadas y Diputados de Amaiur, Onintza Enbeita, Xabier Mikel Errekondo, Maite Aristegi, Sabino Cuadra, Iker Urbina y Jon Iñarritu, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, solicitando en consecuencia su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Rafael Larreina Valderrama, Diputado.
El Gobierno ha presentado a finales de este mes de julio su Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 como primer acto de la campaña electoral del Partido Popular para condicionar la acción de un próximo gobierno, sabiendo que lo aprobará con una mayoría absoluta que actualmente es ya una mayoría formal, pero que no responde a la realidad política actual del Estado español, en la que esa mayoría absoluta no existe, como muestran las elecciones recientemente celebradas y los propios estudios sociológicos del CIS. Este contexto cuestiona indudablemente la legitimidad democrática de unas cuentas públicas que van a contar con un apoyo parlamentario que no se corresponde con la mayoría social y política de la ciudadanía.
Estos Presupuestos presentados bajo el estandarte del crecimiento económico, son continuistas con los anteriores, pues siguen sin abordar la solución de los auténticos problemas estructurales del Estado español, como son las inasumibles tasas de paro, la desigualdad creciente, el fraude fiscal, el desapego a la economía real -industria, economía social- y el apoyo a la economía especulativa. Y son incapaces de aprovechar ese crecimiento económico del que hacen gala, para corregir esos problemas estructurales, paliar las situaciones trágicas de pobreza extrema y exclusión social y contribuir a la redistribución de la riqueza.
Estamos ante unos Presupuestos que nuevamente están al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y que no sufren las consecuencias de la crisis en la actualidad; unos Presupuestos de un Gobierno que sigue siendo ágil y veloz a la hora de dar respuesta a las demandas de los grandes empresas, sectores económico-financieros y grandes capitales, y tremendamente lento e insensible a la hora de dar respuesta a las angustias y necesidades vitales de la población más necesitada, a las necesidades de apoyo a la economía real de personas acogidas al régimen de autónomos, de la economía social, de las pymes.
Como hemos señalado en los ejercicios anteriores, estos nuevos Presupuestos siguen girando alrededor de los intereses de la economía especulativa y de los grandes grupos económico-financieros, no tienen como prioridad la lucha contra el desempleo y la exclusión social, y continúan con una política de recentralización. Todo este planteamiento ultra-liberal y recentralizador, choca en todos los aspectos con la realidad política, económica y social de Euskal Herria, y con su derecho a decidir su propio futuro y su propio modelo económico y social.
Insensibles ante las personas en situación de paro de larga duración
Refugiándose en las cifras de ligera y lenta disminución de las tasas de desempleo, estos presupuestos recogen una disminución de un 21,7 % de las prestaciones por desempleo mientras que la dura realidad muestra que la tasa de cobertura de desempleo ha bajado del 70 % al 50 % entre mayo de 2011 y mayo de este año, que el promedio de la prestación percibido por cada persona en esa situación se ha reducido en un 30 %, y que el número de personas en situación de paro de larga duración sigue creciendo superando los 3,2 millones de personas lo que supone el 61 % de las personas en situación de desempleo. Si a esto unimos que más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de Empleo, según la EPA del segundo trimestre de este año, no es admisible que se disminuya la partida correspondiente al pago del desempleo en 5.500 millones de euros.
Frente a esta dura realidad, las cuentas públicas vuelven a esconder, detrás de aparentes incrementos en las partidas de las políticas activas de empleo que la cantidad actual de 5.215 millones de euros es un 30 % inferior a los 7.714 millones existentes en 2011. La realidad de lo ejecutado en 2014 nos muestra además que el 80 % de ésta partida fue destinada a financiar la contratación temporal promoviendo el incremento de la temporalidad y la precariedad laboral en el último año.
Fomentan la desigualdad y son insensibles ante las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión
A pesar de que desde la OCDE sus informes denuncian que el Estado español es el lugar con más desigualdades de ingresos entre ricos y pobres, y que esa diferencia sigue aumentando, precisamente en los dos últimos años en que hay crecimiento económico, las medidas de este Gobierno siguen alimentado esa brecha social y estos presupuestos centran sus esfuerzos en aquellas personas que menos han
sufrido y menos siguen sufriendo las consecuencias de la crisis. Mientras que se incrementan los salarios de los funcionarios en 1 %, las pensiones solo recogen un 0,25 % de aumento, cuando la dura realidad es que hay un importante número de pensiones muy bajas que no solo no garantizan atender las necesidades mínimas de su perceptores, sino que además constituyen el único ingreso de las familias extensas que acogen en su seno a personas en paro sin ningún tipo de prestación.
Al mismo tiempo en vez de utilizar la política fiscal para impulsar una redistribución de la riqueza y contribuir a reducir las desigualdades, este Gobierno está impulsando una reforma fiscal que favorece sobre todo a las rentas más altas y reduce la capacidad redistributiva del sistema. A este respecto es también significativo el incremento tanto del número como del capital de las SICAV que se ha producido en el año 2014 -con 230 nuevas- y en lo que llevamos de 2015 -con once nuevas hasta el mes de julio-superándose en total las 3.300 y con un patrimonio conjunto que bate récords hasta superar los 36.000 millones de euros frente a los apenas 24.000 millones que manejaban en año 2011.
Ineficaces ante el fraude fiscal
Como hemos señalado repetidamente desde Amaiur el gasto público -especialmente el gasto social- no es el problema del Estado español, sino que el auténtico problema estructural es el ingreso presupuestario que está seriamente limitado por el problema estructural del fraude y la elusión fiscal.
Los propios datos que aporta el Gobierno en su memoria son significativos a éste respecto: mientras que la media europea de gasto público en relación con el PIB está en el 48,1 %, en el Estado español el gasto público supone un 43,5 % del PIB, es decir 4,6 puntos por debajo de la media europea. Si analizamos lo que suponen los ingresos públicos, éstos alcanzan en la media de los estados de la Unión Europea el 45 % del PIB, mientras que en el Estado español los ingresos solo alcanzan el 37,8 % del Producto Interior Bruto, 7,4 puntos menos.
A estos datos unimos que, según el último informe de la OCDE, a pesar de las sucesivas subidas de impuestos tras el estallido de la crisis económica, el Estado español encabeza el ranking de la caída de ingresos públicos de los Estados de la OCDE. Según este informe, entre 2007 y 2013, con una población prácticamente constante, el volumen de recursos públicos per cápita, cayó en el Estado español a un ritmo anual del 3 %, un descenso más intenso incluso que el del Estado griego.
Ante esta situación consideramos inadmisible la no recuperación del gasto social, la renuncia al incremento de la recaudación de impuestos que supone la reforma fiscal, y el no compromiso activo en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Una muestra de esta falta de compromiso es el número de contribuyentes por inspector: mientras que en los Países Bajos el número de contribuyentes por inspector es de 697, en Alemania de 729, en Francia de 860, en el Reino Unido de 862, en el Estado español es de 1928 contribuyentes por cada inspector de hacienda.
Aunque tanto la reforma fiscal del llamado territorio común, como la ineficiencia ante el fraude y la elusión fiscal, no tiene por qué afectar directamente a Euskal Herria, dado que tenemos capacidad normativa fiscal propia en esos impuestos, indirectamente si que nos afecta, no solo por un espíritu de solidaridad con las personas trabajadoras del resto el Estado que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de una política económica y fiscal claramente injusta, sino también porque el coste del endeudamiento público creciente recae especialmente sobre la población de Euskal Herria, aunque no haya contribuido a dicho endeudamiento.
Opción preferencial por la economía especulativa
En estos Presupuestos, salvo por el incremento de las partidas en I+D+i, manifiestan una opción preferencial por la economía especulativa y sigue en ellos ausente la preocupación por la economía real que tiene su base en la industria. Hay un continuismo en el apoyo a las grandes empresas más vinculadas con la construcción, los sectores financieros y la economía especulativa y una presencia marginal de las pequeñas y medianas empresas, de las personas acogidas al régimen de autónomos y de la economía social.
En cuanto al sector financiero sigue el apoyo a los grandes grupos bancarios, sin ningún tipo de exigencia para que faciliten el acceso al crédito a los sectores de la economía productiva encuadrados en las pymes y tampoco hay una opción por recuperar la figura y la función social de las Cajas de Ahorro ni ninguna partida para impulsar una banca pública que pueda servir de instrumento para facilitar la
financiación a las pymes, a la economía social, a la economía de proximidad, y contribuir a romper el oligopolio financiero actual.
Además de los aspectos que hemos señalado en los anteriores proyectos de presupuestos de este Gobierno, surge ahora una nueva apuesta por los sectores especulativos y financieros en paralelo a un debilitamiento del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Durante 2012, 2013 y 2014, se han detraído alrededor de 43.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sin que se hayan tomado medidas para fortalecer el sistema público de pensiones ni para abordar una reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social. Muy al contrario, se ha renunciado al incremento natural de la recaudación fiscal y Se ha empezado a lanzar mensajes a la opinión pública sobre la necesidad de acudir a los planes privados de pensiones; una nueva forma de apoyar el negocio de los grandes grupos financieros y de reforzar la economía especulativa. No es ocioso recordar que detrás de las burbujas financieras, inmobiliarias y de las deslocalizaciones industriales han estado Fondos de Pensiones Internacionales que buscan la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo, sin ningún compromiso con los proyectos económicos y sociales de cada lugar.
Soberanía económica, fiscal, financiera y social para Euskal Herria
Nuevamente, el análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no solo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.
Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes sociales amparándose en su mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales -que no ya en la realidad de la sociedad española-, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca -CAV- y Comunidad Foral de Navarra) es claramente minoritaria (10,89 %) y que su política económica, social y medioambiental está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.
El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2016 recogen las cantidades de 616 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1.525 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos y de la nefasta e irresponsable gestión de las administraciones públicas españolas, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales para rescatar esa Deuda creciente del Estado español. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.
Es más a través de estos presupuestos tenemos que contribuir con más de dos mil cien millones anuales destinados en su mayor parte a gasto improductivo y socialmente inútil, como puede ser el sustento de la Monarquía; de un Tribunal Constitucional que es siempre de parte que socaba nuestro derecho a decidir y que confirma sentencias políticas totalmente y que tarde o temprano son revocadas por los tribunales Europeos; de un Consejo de Estado que niega la realidad de un estado plurinacional y rechaza el derecho a decidir de Catalunya, Galiza o Euskal Herria que puedan plantear de forma democrática las Instituciones Catalanas, Gallegas o Vascas; o de un Ministerio de Defensa y un ejército que, frente al recorte sistemático del gasto social ha incrementado año tras año por la puerta falsa de los decretos estivales, que acumula una deuda que alcanza los 29.500 millones de euros, y que por mor de una cláusula constitucional introducida de forma ilegítima y copia de la legislación franquista, se arroga el papel de "garante de la unidad de España".
Y finalmente estamos hablando de unos presupuestos que vuelven a negar nuestro derecho a decidir imponiéndonos el cómo han de ser los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria al fijar que las Comunidades Autónomas no podrán endeudarse más de un 0,3 % y los entes locales en 0 %, sin tener en cuenta la muy diferente situación de las administraciones públicas vascas con respecto a las españolas en cuanto a su saneamiento económico, niveles de endeudamiento e importancia del gasto de protección social.
Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2016 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.
Todas estas razones nos muestran que se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva, por la economía de proximidad. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.
Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+i; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,... Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta, ilegítima y ajena a nuestro País.
Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del Estado español dan la espalda a las personas que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis, van a seguir contribuyendo al incremento de la desigualdad, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de Amaiur presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2016.
Bizente Serrano Izko
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Bizente Serrano Izko, Diputado de Geroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Bizente Serrano Izko, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El marcado carácter propagandístico y electoralista del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, que nace supeditado a los intereses de un Partido Popular agobiado por la pérdida de apoyos electorales, junto a las cifras poco creíbles y de escasa fiabilidad que lo sustentan, pero sobre todo, la nula sensibilidad social demostrada por un Gobierno que ha utilizado la crisis como excusa para imponer un modelo económico -"su modelo económico"- que aumenta la brecha social, genera desigualdad y pone en riesgo la cohesión; son razones suficientes para solicitar la retirada de un proyecto que, en todo caso, correspondería presentar al próximo ejecutivo que salga de las urnas Y no al actual. No podemos olvidar tampoco, que se trata de un Proyecto de Ley que castiga a Navarra relegándola al segundo lugar entre las Comunidades que menos inversiones reciben por parte del Estado, castigo que es doble dado que algunas de las obras en las que se prevé invertir ya están realizadas. Por lo tanto, consideramos que el PP está utilizando todos los instrumentos del Estado a su alcance para vender a la ciudadanía una "mercancía averiada".
Cifras poco creíbles porque el Gobierno oculta la situación real de la economía española, ignorando su extrema vulnerabilidad, los desequilibrios fundamentales que presenta así como su situación dependiente, porque lo que de verdad le interesa al PP en estos momentos es vender el discurso de la recuperación dando muestras de un "triunfalismo irracional". Las cifras del señor Montoro se sustentan en tres premisas o condiciones, a cada cuál más favorable, y que curiosamente ninguna de ellas depende de la actuación de este Gobierno, como son: tipos de interés cercanos a cero, un precio del petróleo excepcionalmente bajo y dinero ilimitado que fluye desde el BCE. Es decir, están totalmente hipotecados al mantenimiento de la actual coyuntura macroeconómica. Cabe destacar, por tanto, que cualquier mínima variación en alguna de estas circunstancias que provocara un descenso en el incremento del PIB previsto daría al traste con ellos.
A los riesgos anteriormente mencionados hay que añadir que se trata de unos Presupuestos con unas cifras de ingresos total e injustificadamente infladas, salvo por el hecho de que se prevé que en diciembre haya elecciones y el señor Rajoy está ya en campaña. Para empezar, el Gobierno prevé que España crezca un 3 % en 2016, cifra bastante optimista si la comparamos con el 2,7 % que predice el Banco de España, 2,6 % la Comisión Europea, 2,5 % el FMI, 2,8 % la OCDE y 2,7 % el BBVA que además advierte de una "moderada desaceleración" como consecuencia de un enfriamiento de la economía mundial, algo que hace escasas semanas ha empezado a manifestarse trayendo como consecuencia la devaluación del yuan. Por lo tanto, si el crecimiento es inferior a los previsto, los ingresos, consecuentemente, terminarán siendo inferiores. ¿De dónde piensa recortar el señor Rajoy tras las elecciones? No hace falta que responda a esta pregunta de marcado carácter retórico, ya hemos visto su nefasta gestión desde que llegó al Gobierno.
Por otro lado, el Ejecutivo prevé un incremento de los ingresos por impuestos en 2016 del 4 % respecto a lo presupuestado para 2015 y del 6,2 % frente a lo que realmente se recaudará a finales de este año. Del mismo modo, augura para 2016 un crecimiento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social del 7 %, cuando entre enero y julio de 2015 aumentaron solo un 0,8 %. La pregunta es cómo piensa hacerlo si los únicos empleos que se crean son precarios y mal remunerados. Cifras ambas, por tanto, infladas y en absoluto creíbles. Hasta la AlReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), en su último informe, ha destacado que duda de que se cumplan las previsiones de creación de empleo del Gobierno para 2016, lo que además de a la recaudación en concepto de IRPF y Seguridad Social afectaría también al consumo interno.
Qué decir del déficit, veremos si el actual Gobierno cumple o no con el objetivo de 2015 (4,2 %) y cómo influye el más que previsible incumplimiento a las Cuentas de 2016.
En cuanto al capítulo de gastos, si que apreciamos algunas promesas y gestos de cara a la galería que, francamente, ya nadie se cree tras haber incumplido el partido actualmente en el Gobierno el programa con el que ganó las últimas elecciones generales. Sí que nos preocupa, y mucho, que el PP siga cargando contra quienes cobran una prestación por desempleo, contra los subsidios no contributivos y contra la renta activa de inserción. Así como que el aumento de las becas se quede en un 0,2 % y que únicamente se destine el 1,47 % de estos Presupuestos a I+D+i, que haría al país más competitivo por la vía de vender productos con un valor añadido en vez de mediante la devaluación de los salarios, por la que ha preferido optar el Partido Popular.
En cuanto a la Comunidad Foral de Navarra, más de lo mismo, como en anteriores ocasiones el PP sigue castigando a Navarra, relegándola esta vez al segundo lugar entre las Comunidades que menos inversiones reciben por parte del Estado y utilizando propagandísticamente los Presupuestos Generales del Estado ya que una parte significativa de las inversiones se destinan a obras ya realizadas que, por el convenio suscrito al efecto, han de ser abonadas en las próximas Cuentas.
En definitiva, la verosimilitud de las cuentas y su influencia en la actividad económica están en cuestión, lo que en gran parte se debe a la anticipación con la que se formulan debido al interés del PP por hacer de los Presupuestos Generales del Estado su programa electoral. Es decir de anteponer, una vez más, sus intereses partidistas al bienestar y a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Lo cual constituye una auténtica aberración y un fraude. Mucho nos tememos por tanto que si el PP sigue en el poder, muy pronto, pasadas las elecciones, llegarán más recortes y subidas de impuestos como el IVA. Es decir, Rajoy pondrá en marcha el plan B, su verdadero programa electoral, el que no se atreve a presentar a la ciudadanía.
Por todas las razones anteriormente expuestas solicitamos la retirada del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió, y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió.
MOTIVACIÓN DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA
En cualquier país los Presupuestos Generales del Estado constituyen un instrumento principal de la acción de gobernar, pues incorporan las prioridades económicas y financieras que han de dar contenido al programa político, social y económico de quien gobierne. La presente legislatura acabará en 2015 con las elecciones generales de otoño, por lo que no corresponde al Gobierno saliente aprobar los presupuestos para 2016, sino al Gobierno entrante. Si a pesar de ello, la actual mayoría del partido Popular los aprobasen para perpetuar un año más su presencia, a través de la imposición de sus presupuestos, el Gobierno entrante sin duda deberá modificarlos. Desde esta perspectiva, para Convergència Democrática de Catalunya tramitar el presente proyecto de ley de presupuestos para 2016 aparece como una comedia orientada a confundir a los ciudadanos y ciudadanas.
Y más allá del hecho formal de pretender imponer unos presupuestos al próximo Gobierno, el análisis de su contenido general provoca un contundente rechazo de Convergència Democrática de Catalunya por cuatro grandes razones:
- Tienen un enfoque profundamente antisocial.
- Son miopes respecto al impulso y cambio de modelo productivo que necesita la economía para salir de la crisis.
- Siguen obsesionados en la centralización como primera y casi única prioridad del gobierno popular en esta legislatura.
- Un año más, son presupuestos que dan la espalda a Catalunya y a los intereses sociales y económicos de sus ciudadanos.
Son antisociales, porque para reducir el déficit público que corresponde a la administración central, el principal ahorro lo obtienen de la reducción de las prestaciones por desempleo, donde consiguen un ahorro de 5.480 millones de euros cuando el paro sigue superando el 22 %. Son antisociales desde la perspectiva de la aplicación de la Ley de la Dependencia sin otorgarle los recursos que debe aportar el Estado; son antisociales por aplicar de nuevo un aumento de solo el 0,25 % a las pensiones, el menor de los aumentos posibles, y son igualmente antisociales desde la perspectiva educativa, la reforma Wert-Rajoy, hoy es rechazada por una mayoría de las comunidades autónomas que la han de aplicar y también por los sectores educativos, nace con toda su carga ideológica y sin presupuesto para ponerla en marcha.
Son presupuestos miopes en cuanto a la economía. Crecemos por la bajada del precio del petróleo, por la depreciación del euro respecto el dólar, por la política de liquidez infinita que practica el Banco Central Europeo, y por la intensa y generalizada reducción de salarios que estamos viviendo, pero no crecemos por las mejoras de competitividad que haya podido impulsar el Gobierno. En esta Legislatura (2011-2016) el gasto en I+D+i, ha disminuido en un 33 % y ha habido años en los que su ejecución ha sido inferior al 50 %; la inversión "productiva" ha sido casi inexistente, la casi única prioridad inversora del Gobierno ha sido la construcción megalómana de un AVE económicamente insostenible, aparcando la
prioridad por el corredor del Mediterráneo o por las cercanías, que es el modo de transporte de la mayoría de personas que viven en las grandes ciudades. Para corolario de la miopía económica de estos presupuestos, las partidas destinadas a sectores productivos altamente necesitados de apoyo, como la agricultura, bajan en un 13 %, las destinadas a industria bajan en un 9,5 % y las destinados a las llamadas "otras actividades de carácter económico" bajan en un 28 %.
Obsesión por la centralización. Una de las razones que aparecen como más poderosas respecto al interés del Gobierno por dejar atados los presupuestos 2016, aunque la Legislatura finalice en 2015, es la de afianzar su prioridad de legislatura para la centralización del Estado. Los gastos destinados a burocracia ministerial, o sea los llamados "servicios de carácter general", aumentan en casi 6.000 M. euros (aumento del 20 %), un aumento incluso superior a la enorme reducción del gasto en prestaciones de paro. Es evidente que la auténtica prioridad de este Gobierno no ha sido ni es la lucha contra el paro, ni la salida de la crisis o la lucha contra las desigualdades, la prioridad casi única de este Gobierno es centralizar y centralizar. En el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2016 lo que más crece son las partidas destinadas a alimentar la burocracia estatal. Para CDC este Estado intervencionista y centralizado que reflejan estos presupuestos es incompatible con lo que necesitamos para reducir las desigualdades y salir de la crisis.
Son presupuestos que no cuentan con Catalunya. Tanto los catalanes abiertamente partidarios de la independencia, como los que no, saben que lo más opuesto a los intereses de Catalunya es un estado arraigadamente centralizado con competencias de todo tipo gestionadas desde Madrid, pero los presupuestos 2016, son prioritariamente centralistas. Independentistas y no independentistas saben que invertir en Catalunya solo el 10,7 % de la capacidad inversora del Estado, cuando Catalunya tiene el 16 % de la población, aporta cerca del 19 % del PIB estatal y paga más del 19 % de lo que el Estado recauda en impuestos en Catalunya es injusto y vergonzoso. Esta mínima inversión del Estado en Catalunya significa nuevos retrasos en la finalización del túnel de Vallirana, o en el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona, o en la continuidad de la A-14 a su paso por Lleida, o en el avance del corredor del Mediterráneo o en las obras de Cercanías.
Independentistas y no independentistas saben que pese la opacidad y confusionismo que el ministro Montoro pretende aplicar a las balanzas fiscales del Estado con Catalunya, las cuentas no cuadran; y que bajo el paternalismo que suele expresar el Gobierno respecto a Catalunya y el proceso catalán, el Estado trata a los ciudadanos de Catalunya como contribuyentes de primera y ciudadanos de segunda. Catalunya no necesita préstamos del Estado, simplemente necesita poder gestionar los recursos procedentes de sus impuestos, Catalunya necesita una inversión del Estado acorde con su población, acorde a los impuestos que paga, acorde al PIB que aporta, pero esto, los presupuestos 2016, al igual que los presupuestos 2012 a 2015, no lo contemplan. El coste de la vida en Catalunya es superior a la media del Estado y ello perjudica a todos aquellos ciudadanos catalanes que perciben subsidios de paro o a aquellos que perciben prestaciones por dependencia o a los jóvenes que deberían tener derecho a beca y no lo tienen, porque bajo la imagen de teórica igualdad, hay discriminación territorial. Tampoco el proyecto de ley de presupuestos para 2016 contempla estas necesidades con lo que acrecientan las desigualdades en Catalunya.
Por todo ello las diputadas y diputados de Convergència Democrática de Catalunya presentan la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado solicitando su devolución al Gobierno.
MOTIVACIÓN DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA
Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno para el año 2016 resultan insuficientes para consolidar la leve recuperación que está experimentando la economía y para hacer frente a los problemas presentes en nuestra sociedad. Las cuentas del Gobierno continúan sin dar soluciones a los temas capitales que afectan a los ciudadanos y no sirven para sentar los cimientos que aseguren para el futuro una mayor estabilidad económica y una salida real de la crisis económica que, a pesar de ciertas mejoras, seguimos padeciendo. Estos Presupuestos resultan del todo insuficientes principalmente en cuatro puntos: en primer lugar no establecen las bases que sirvan para reactivar el empleo y la economía, en segundo lugar contribuyen, un año más, al deterioro del Estado del bienestar sin conceder un respiro a los ciudadanos, que han sufrido a lo largo de los últimos cinco años continuos recortes en las prestaciones sociales al tiempo que se les sometía a una desproporcionada presión fiscal,
no favorecen además la racionalización de la administración pública y, por último, no solo no mejoran la situación financiera de Catalunya sino que son de nuevo extremadamente discriminatorios con ésta y mantienen el constante y enquistado trato desleal.
Las cuentas del Gobierno no son congruentes con la realidad de la economía y del mercado laboral. Con crecimientos mínimos o nulos en las dotaciones de los Ministerios con una mayor incidencia en el impulso de la creación de empleo y de la reactivación económica, difícilmente los Presupuestos pueden ser un instrumento catalizador. Un incremento solo de un 1,2 % el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un inexplicable 0,0 % el de Industria, Energía y Turismo o un 1,5 % el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no representan un esfuerzo suficiente para apoyar decididamente a la recuperación económica.
En los Presupuestos no encontramos, además, medidas de apoyo a los actores llamados a liderar la recuperación económica y laboral, como son las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos o el Tercer sector. Precisamente estos son los que más duramente han sufrido y sufren los efectos de una crisis económica que aún no ha terminado, por mucho que el actual Gobierno se empeñe en darla por finiquitada. Cabe preguntarse si realmente el Gobierno cree estar ayudándoles con la constante presión fiscal a la que les somete y si esta es la fórmula adecuada para consolidar la recuperación económica. Creemos que no.
Los datos presupuestarios ponen de manifiesto, además, la incapacidad del Ejecutivo para llevar a cabo un auténtico plan de choque para la creación de empleo, como venimos reclamando a largo de toda la legislatura. Con perspectivas de continuar a finales del próximo año en tasas alrededor del 20 % de paro, los PGE no incorporan medidas contundentes para luchar contra ello.
Los Presupuestos del Estado presentados por el Gobierno carecen además de alma social, puesto que el ligero aumento de las dotaciones en este ámbito apenas tendrá impacto en la vida de los ciudadanos, tras cinco años de reducciones y recortes continuados e implacables. Cualquier compensación es más que necesaria, pero igualmente insuficiente. Como insuficiente es el aumento puramente instrumental de las pensiones del 0,25 %, un aumento que supone, de facto, una nueva congelación de las pensiones.
Llama especialmente la atención que, pese a haber entrado en vigor el pasado 1 de julio la aplicación de la Ley de Dependencia a todos los grados de dependencia, únicamente se incremente la dotación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en un 6,4 %, un aumento a todas luces insuficiente. O que habiendo sido aprobada el año 2011 la mejora de las pensiones de viudedad, mediante el incremento de la base reguladora al 60 %, esta se aplace un año más, evidenciando así la falta de sensibilidad social del Gobierno y su absoluta indiferencia ante las verdaderas víctimas de la crisis.
Por otro lado las cuentas del Estado para 2016 continúan dándoles la espalda a las familias. De nuevo, y como viene ocurriendo desde 2012, el Gobierno aplaza un año más la ampliación de dos semanas de los permisos de paternidad, mostrando su incapacidad para adoptar medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias con hijos que se adapten a la realidad de nuestra sociedad actual y que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.
Asimismo, las dotaciones destinadas a becas educativas solo se incrementan en un 0,2 %, pese a las promesas del Ministro de Educación de revisar las partidas. Las ayudas a los estudiantes y a las familias podrían haber aumentado de un modo más notable si no fuera necesaria una partida presupuestaria de más de 360 millones de euros para financiar el desarrollo y la implantación de la LOMCE.
Especialmente dramático resulta que el Gobierno no sea consciente del gravísimo problema que representa el continuo crecimiento de las tasa de pobreza, y muy especialmente de la pobreza infantil, como se interpreta de las insuficientes dotaciones que dedica en sus Presupuestos para afrontarla.
Desde la perspectiva de Catalunya, tampoco son estos unos buenos Presupuestos. A pesar de que se incrementan muy levemente las transferencias a Catalunya, debe recordarse que en los últimos ejercicios se ha practicado por parte del Gobierno una reducción drástica de las mismas, por lo cual este crecimiento es simbólico y del todo insuficiente. Sobre todo si tenemos en cuenta que el reparto de los objetivos de consolidación fiscal continúan siendo desleales con Catalunya, obligándola a mayores esfuerzos en los ajustes para alcanzar los objetivos fijados que aquellos que se reserva el Estado. Así se entiende cuando se observa, en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2014, que las Comunidades Autónomas han realizado un ajuste del 1,68 % mientras que el realizado por el Estado ha sido de un 1,60 %.
A todo ello se une, además, la manifiesta resolución del Gobierno de incumplir con el mandato de legal de aprobar un nuevo sistema de financiación. Se ha preferido financiar a las CCAA de forma extraordinaria, vía préstamos, que hacerlo de forma ordinaria, a través de un nuevo sistema de financiación.
El mapa inversor del Estado no puede valorarse sino negativamente desde la perspectiva de Catalunya. Así lo valora Unió Democrática de Catalunya y así lo han valorado también los principales agentes sociales y económicos catalanes. No impulsar la inversión pública en Catalunya, que aporta el 18,8 % del PIB estatal y solo recibe un ínfimo 9,5 % del ya escaso volumen de inversión presupuestada y regionalizada, es no hacer una verdadera apuesta para el crecimiento.
Además, conviene no olvidar que la inversión del Estado en Catalunya en el año 2015 es el más bajo de los últimos 17 años, por lo tanto, como en el caso de las transferencias, el ligero aumento de las dotaciones en inversiones, no es un dato real, sino una ejercicio electoralista de maquillaje de las cuentas del Estado.
Lamentablemente encontramos además en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado un retraso inexplicable, debido a la baja inversión pública, en las obras de dos proyectos prioritarios y fundamentales para la economía de Catalunya, como son el corredor del Mediterráneo y las obras de implantación del ancho UIC en el Puerto de Barcelona con la consecuente conexión a la red ferroviaria de ancho internacional y al futuro corredor del Mediterráneo.
De igual modo, se produce una reducción en las previsiones de dotaciones para el desdoblamiento de la A-2 o para la Variante de Vallirana en la N-340 con el consiguiente retraso en la ejecución de las obras y el descenso de las previsiones de dotaciones para la B-40, una obra de capital importancia para la ciudad de Barcelona, supondrá un retraso de un año en la finalización de las obras.
En relación al presupuesto asignado por el Estado a los equipamientos culturales catalanes en el ejercicio 2016, el Gobierno insiste en el proyecto cultural centralista, que ha sido su modus operandi desde 2012, y manteniéndose en la disminución de los recursos. Todo ello evidencia un notable abandono y desprecio de la cultura catalana en los Presupuestos del estado que están condenando año tras año a los equipamientos culturales catalanes a una situación de vulnerabilidad cada vez más acusada.
En resumen, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no son un instrumento adecuado para contribuir a la reactivación económica y a la creación de empleo, no contienen un alma social y continúan siendo injustos con Catalunya.
Por todo ello las Diputadas y los Diputados de Unió Democrática de Catalunya presentan una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, solicitando su devolución al Gobierno.