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Timestamp: 2018-10-19 18:13:53
Document Index: 381647387

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 216', 'artículo 63', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 34', 'artículo 230', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 216', 'artículo 44', 'artículo 216', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 47', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 16', 'artículo 44', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 44', 'artículo 357', 'artículo 60']

﻿ Sentencia 32198 de mayo 18 de 2009
SENTENCIA 32198 DE 18 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PUEDE REPETIR CONTRA FUNCIONARIO QUE OCASIONA ACCIDENTE LABORAL. SE RECUERDA QUE EN LOS CASOS DE ACCIDENTE LABORAL CUANDO EXISTE CULPA DEL EMPLEADOR, PERO EXISTA LA INTERMEDIACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, ÉSTA TIENE LA POSIBILIDAD DE REPETIR CONTRA LA USUARIA EN QUIEN RECAYÓ LA CULPA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO QUE PROVOCÓ LA MUERTE O LA LESIÓN DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, TEORÍA DEL RIESGO, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 32198 de mayo 18 de 2009
Rad. 32198
Bogotá D.C, dieciocho de mayo de dos mil nueve.
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la empresa ACTIVOS S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dictada el 23 de febrero de 2007 en el proceso ordinario laboral que promovió GILMA VEGA MARTÍNEZ contra la sociedad recurrente y GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. CARREFOUR.
Pretende la accionante se declare que las empresas “Activos S.A.”, y “Grandes Superficies de Colombia S.A. Carrefour” son solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados por el accidente de trabajo que le causó la muerte a su hijo Edgar Posada Vega y que, en consecuencia, se les condene a pagar la correspondiente indemnización por perjuicios materiales y morales, indexación e intereses legales y comerciales.
Como fundamento de las anteriores súplicas, adujo los siguientes hechos:
1) Entre la sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. - Carrefour- y la empresa Activos S.A. se suscribió un contrato de suministro de trabajadores en misión, inherente al aumento de la producción en el establecimiento de comercio Carrefour Avenida del Río, del cual hacía parte el empleado Edgar Posada Vega, en calidad de auxiliar; 2) El mencionado señor empezó a desempeñar sus labores en el domicilio de la empresa usuaria el 10 de noviembre 2003; 3) Devengaba una asignación mensual de $333.700 mensuales y, 4) El 20 de noviembre de 2003, estando en ejecución del contrato de trabajo, Posada Vega sufrió un accidente de trabajo que le produjo la muerte el 24 de noviembre de 2003, cuya culpa le atribuye a las demandadas por falta de previsión.
Al contestar la demanda, la sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. Carrefour aceptó la existencia del contrato de servicios suscrito con Activos S.A. para la provisión de trabajadores en misión; que el señor Edgar Posada Vega en cumplimiento del contrato laboral que lo ataba con Activos S.A. fue enviado en misión a cumplir funciones de auxiliar en el establecimiento de comercio Carrefour Avenida del Río de la ciudad de Pereira, el extremo inicial de la relación laboral, el hecho del accidente y la investigación desplegada por el Ministerio de la Protección Social. Respecto de los demás, manifestó no constarle, que no son hechos o que no son ciertos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en su defensa presentó las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, inexistencia de presupuestos de hecho y de derecho para ser responsable del pago pretendido por la demandante, ausencia de derechos solicitados a cargo de la empresa, prescripción, falta de causa, pago, buena fe, inexistencia de perjuicios, cobro de lo no debido, culpa de la víctima e inexistencia de solidaridad entre la demandada y la empresa de servicios temporales. (Folios 324 y siguientes).
Entre tanto, la empresa Activos S.A. aceptó la existencia del contrato de servicios suscrito entre esa sociedad y Carrefour para la provisión de trabajadores en misión, del que hizo parte Edgar Posada Vega en cumplimiento del contrato laboral que con él lo ataba, las funciones de auxiliar en el establecimiento de comercio Carrefour Avenida del Río, el extremo inicial de la relación laboral, el salario, la edad del empleado accidentado, el origen del accidente, el resultado de la investigación adelantada por la ARP Colpatria y la desplegada por el Ministerio de la Protección Social. Cuanto a los demás hechos, indicó que no le constaban unos y que no son ciertos los restantes. Se opuso a las pretensiones y presentó las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, carencia absoluta de causa, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (Folios 352 y ss).
El Juzgado del conocimiento condenó a la sociedad Activos S.A. a reconocer y pagar a la demandante la suma de $71.088.362,81 por concepto de indemnización por los perjuicios materiales y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, y a los intereses legales a partir de la ejecutoria del fallo de primera instancia, sin perjuicio del derecho de Activos S.A. de repetir o reclamar a la usuaria Grandes Superficies de Colombia (Folios 537 a 566).
La parte demandante y la codemandada Activos S.A., apelaron la sentencia anterior y el Tribunal la revocó en cuanto había autorizado a la empresa apelante para repetir contra Carrefour.
El ad quem se refirió al artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, que define el accidente de trabajo, y a providencias anteriores de esa Corporación en las que ha señalado la necesaria presencia de tres elementos para que proceda la reparación del daño en casos como el presente, esto es, el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, una lesión orgánica o perturbación funcional y la relación de causalidad entre el suceso repentino y la lesión orgánica o perturbación funcional. Casos en los que procede la indemnización detallada en la tabla de valuación que consagra el ordenamiento laboral por tratarse de una responsabilidad objetiva derivada del riesgo propio que genera toda actividad laboral, pero de todas formas independientemente de consideraciones en torno a si existió o no culpa del empleador.
En tanto que en la indemnización total y ordinaria que consagra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, agregó, se exige la demostración de la culpa del empleador, la cual se traduce en la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (artículo 63 del Código Civil), aclarando que no tiene fundamento esta indemnización en la teoría del riesgo —inherente a toda actividad laboral— sino en la noción de culpa comprobada, quedando a cargo del trabajador la demostración de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente.
Estimó que no era materia de discusión que entre ambas empresas existió un contrato para que Activos S.A. prestara servidores en misión a Carrefour.
“Aunque aparentemente parezca que de la conducta directa de la empleadora —la Empresa de Servicios Temporales— no nació el accidente de Posada Vega, sin embargo, no desplegó los mecanismos necesarios y diligentes para que la empresa usuaria cumpliera su compromiso contractual de seguridad industrial; este aspecto desde la primera instancia es indiscutido y, en últimas, fue de donde devino el fatal desenlace que motiva las pretensiones en el presente proceso. Ahora, de cara al análisis jurisprudencial del caso, se encuentra claramente definido, como lo indicó la a-quo, que no es más que una reiteración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al respecto.
“Es decir, la Empresa de Servicios Temporales, al ser el directo empleador y por estar revestido del poder subordinador, debe responder por las condiciones laborales de su empleado en misión. Por lo anterior, no hay lugar a variar la decisión de primera sede al respecto”.
Destacó que respecto de la forma y fundamentos de la tasación de perjuicios que hizo el a quo, ninguno de los apelantes la reprochó y tampoco hicieron esfuerzos argumentativos en torno a si estuvieron o no demostrados los perjuicios materiales, razones por las que se consideró relevado de los análisis en relación a tales aspectos, a fuerza de que está demostrado que la “ARP Colpatria” se halla pagando la pensión de sobrevivientes a la madre del causante, de lo cual da plena cuenta la propia madre de éste al absolver interrogatorio de parte (folio 513, respuesta a la pregunta 8), de donde se debió establecer que la demandante dependía económicamente del fallecido, tal como lo preceptúa el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y entonces innecesario era probar la existencia de perjuicios por daño emergente, lucro cesante y el pretium doloris.
Respecto de la solidaridad entre las demandadas, sostuvo que no obstante que el juez a-quo consideró que no existía, dejó planteada la posibilidad de que se le reclame a la usuaria los perjuicios por el incumplimiento contractual, de haberse presentado.
Al respecto manifestó no desconocer que la situación fáctica de asuntos como el que ocupaba su atención, se ha erigido en un verdadero enigma sobre lo que es la delegación de subordinación propia de las Empresas de Servicios Temporales, EST, en las empresas usuarias y su correspondiente obligación solidaria en casos de accidentes laborales, en tanto es evidente que la triangulación que presenta el asunto, denota que de la fuerza laboral desplegada por el empleado en misión se beneficia directamente la empresa usuaria y de existir culpa de ésta en la ocurrencia del accidente debe responder solidariamente por sus acciones u omisiones en materia de seguridad industrial u otra que afecte al trabajador, verbi gracia los contratistas independientes al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 deI Código Sustantivo del Trabajo.
Que, si bien el argumento es interesante, se debe recordar que conforme al artículo 230 de la Constitución Política el juez sólo debe apegarse a la ley y si el legislador no previó ese tipo de solidaridad en la responsabilidad de la empresa usuaria, no puede crearla el operador judicial o extender la dispuesta para otras situaciones concretas al caso controvertido.
Cuanto al caso concreto, y para lo que al recurso de casación incumbe, textualmente dijo:
“En el evento sublite se ha dicho que hubo temeridad del trabajador al asomar la cabeza por una ventanilla que tenía el ascensor que operaba, como se lee en la investigación de la ARP “Colpatria” (fs.119, 123, 370, 374) y lo corroboran las declaraciones vertidas al procesatorio por Gladis Helena Rojas Picón (f. 516), Coordinadora de Salud Ocupacional de “Carrefour”, Wisner Kevin Díaz Marín (fs.182, 397) y Ángela María López Marín (f.523). Pero más que la simple curiosidad del trabajador en misión, está el hecho indiscutible de que el montacargas se haya operado sin haber instalado los elementos de protección de la ventanilla aludida, vidrios o mallas (fs.185, 517), o no haya reparado los que provisionalmente se hubieren colocado —se habla de tablas de madera— (fs.127, 370); igualmente que no era operado por los encargados directos de hacerlo, como lo corrobora la propia testigo Rojas Picón en su deponencia (f.518); así mismo que la usuaria haya ordenado que la empresa fabricante lo pusiera en funcionamiento sin tales elementos, como lo referencia la testigo López Marín al folio 526.
“Pero es que tal como lo ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en ponencia del Magistrado Francisco Escobar Henríquez, lo relativo a la responsabilidad solidaria, está limitada en la medida de que en un asunto laboral como el presente, la relación empleado - empleador, está radicada entre la empresa de servicios temporales y el empleado (arts. 71 L.50/1 990 y Dto. 24/1998), es decir, la empresa usuaria se erige como un simple contratista de servicios y no como un empleador como sí ocurre, se insiste, para el caso de los contratistas independientes, veamos:
“... Desde otro enfoque, relativo a una eventual responsabilidad solidaria, importa observar que la ley califica a las EST como empleadoras de los trabajadores en misión (L.50190, art. 71) y en el contrato de trabajo el patrono es en principio el obligado directo y exclusivo conforme se desprende del mismo artículo 22 que define dicho nexo. Sólo en los casos determinados expresamente en la ley se contempla la solidaridad de personas que no figuren también como empleadoras en el nexo laboral (CST, art. 33, 34, 35 y 36), de suerte que como la ley no dispuso expresamente que los usuarios respondiesen in solidum, debe excluirse que los afecte tal especie de responsabilidad en lo tocante a las acreencias laborales de los empleados en misión”.
“Y no es que salga ilesa la empresa usuaria de su responsabilidad, lo que pasa es que el tipo de conflicto pasa a ser de la esfera de lo convenido, entre la empresa de servicios temporales y su usuaria, sometidos a un litigio que reconozca el incumplimiento de compromisos contractuales y su correspondiente pago indemnizatorio, sin que con ello se esté vulnerando los derechos del trabajador en tanto la misma Ley lo somete a la existencia contractual laboral solo con la Empresa de Servicios Temporales, que tiene mecanismos de garantía con la constitución de pólizas de cumplimiento a efecto del garantizar el pago de prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones que puedan originarse en cumplimiento del contrato laboral (num. 4º, art. 7º del D. 24/1998).
“Insiste esta Corporación que el tema de la solidaridad en casos de accidentes laborales, es una falta legislativa que por vía jurisprudencial no es posible subsanar y que aunque es visible el afán de regular el tema, como lo evidencia la expedición del Decreto 4369 del 4 de diciembre de 2006, del Ministerio de la Protección Social, concretamente el último párrafo del artículo 13, por medio del cual hace responsable a la empresa usuaria del pago de los aportes, así como de las consecuencias económicas y jurídicas que se deriven de la omisión en el pago de cotización al Sistema de Seguridad Social, sin embargo ello por sí sólo no basta para que se declare la solidaridad pretendida en el caso de la indemnización plena de perjuicios.
“Eso sí, advierte esta Colegiatura, en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se hizo un agregado que no compete hacerlo al juez laboral porque involucra aspectos de carácter civil cuando dice: <... sin perjuicio del derecho de ACTIVOS S.A. a repetir o reclamar a la usuaria GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. (CARREFOUR), los perjuicios por el incumplimiento contractual>. Dicha parte se excluirá de la decisión”.
III. Recurso de casacón
Pretende que se case parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto condenó a Activos S.A. al pago de perjuicios materiales y morales e intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y una vez convertida en sede de instancia, proceda a revocar las condenas proferidas por la indemnización por los perjuicios materiales, morales, intereses e indexación. En subsidio solicita, que si se confirma la indemnización por perjuicios materiales y morales e intereses, quede el derecho de Activos S.A. a repetir o reclamar a la usuaria Grandes Superficies de Colombia S.A. (Carrefour) los perjuicios por el incumplimiento contractual, tal como lo resolvió el a-quo, y, por tanto, la Corte, en sede de instancia, confirmará el derecho de Activos a repetir o reclamar de CARREFOUR por las condenas.
Con ese fin propuso cuatro cargos que no merecieron réplica y que la Corte estudiará en el orden propuesto por el recurrente.
Por la causal primera de casación laboral acusa la sentencia del Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial a causa de aplicación indebida de los artículos 71, 73, 74, 75, 78 y 81 de la Ley 50 de 1990, 1º y 7º del Decreto 24 de 1998, 16, 19, 216, 56, 57 numeral 2º, 109 y 204 del Código Sustantivo del Trabajo, 16 de la Ley 446 de 1998, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 63, 1603, 1604, 1609, 1614, 2341, 2357 del Código Civil, 174, 177 y 233 del Código de Procedimiento Civil, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, 13 de la Ley 797 de 1993, 230 de la Constitución Política, 8º de la Ley 153 de 1887 y, 44 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964.
Sostiene que la violación de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió culpa suficientemente comprobada de ACTIVOS S.A., en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el señor EDGAR POSADA VEGA.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada, actuó con diligencia y cuidado para evitar que el demandante sufriera un accidente de trabajo, al tener la empresa empleadora un reglamento de prevención (salud ocupacional) a través de la empresa usuaria a la que prestaba servicios el trabajador.
“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la madre del trabajador fallecido dependían (sic) económicamente de éste.
“4. Dar por demostrado sin estarlo, (sic) los perjuicios causados a la madre del trabajador por el hecho de que la ARP Colpatria le reconoció pensión de sobreviviente, y que por tanto no era necesario establecer dependencia económica.
“5. Dar por demostrado el valor de los perjuicios sin estarlo, porque ellos no fueron materia del alegato al Tribunal sustentando la apelación.
“6. Dar por demostrado, sin prueba de ninguna clase el monto de los perjuicios causados.
“7. No dar por demostrado que no se cuantificaron los perjuicios mediante una prueba actuarial realizada por un técnico en la materia”.
Como pruebas erróneamente apreciadas denuncia las siguientes: Registro civil de nacimiento del trabajador (Fl. 269), partida de matrimonio de los padres del fallecido (FIs. 271 y 272), registro civil de defunción del padre (Fl. 273), registro civil de defunción del trabajador (Fl. 38), contrato de trabajo del señor Posada Vega (Fl. 36), interrogatorio de parte de la demandante (Fl. 513), investigación del accidente por Colpatria (Fls. 119, 123, 370 y 574), testimonios de GLADYS ELENA ROJAS PICÓN (Fl. 516), WISNER KEVIN (Fl. 182, 397), ÁNGELA MARÍA LÓPEZ (Fl. 523). Documentos sobre la ocurrencia de los hechos (FI. 185, 517, 127, 370) y copia del Decreto Ejecutivo 4369 de 2006 del Ministerio de Protección Social.
Como dejado de apreciar denuncia el documento de reglamentación de salud ocupacional en la empresa donde prestaba servicios el actor (Fls. 411 y siguientes).
Luego de copiar apartes de dos sentencias de esta Corte relativas a la culpa patronal en accidente de trabajo, manifiesta que no hay prueba sobre la falta de negligencia (sic) de la empresa demandada, pues la sentencia se basa en suposiciones sobre la actividad, pero no hay certeza sobre la culpa.
Agrega que la ley vigente al momento del accidente no era la Ley 100 de 1993, y el ad-quem parte del criterio equivocado según el cual, como se concedió pensión de sobrevivientes se demostró la dependencia económica; pero ha debido primero establecerse si los padres eran beneficiarios simples o debían demostrar que dependían económicamente del fallecido. El Tribunal da por sentado que hubo dependencia económica porque la ARP Colpatria reconoció pensión de sobrevivientes, cuando la Ley 100 no había comenzado a regir, la norma aplicable sería el artículo 44 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, que exige prueba de la dependencia económica, la cual no se adjuntó al expediente ni ante Colpatria, que es tercero en el pleito; tampoco hubo prueba trasladada.
De otra parte, manifiesta que el hecho de que no se hubiera alegado sobre la ausencia del alegato de apelación sobre el valor de la indemnización, no es válido porque la empresa Activos adujo que no estaba obligada a pagar la indemnización, y en ello estaba lógicamente comprendido el valor de la condena por perjuicios. Si Colpatria pagó la pensión (según declaración de la actora antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993), ello no puede perjudicar a la demandada, pero en todo caso no se demostró en este proceso la mencionada dependencia económica.
Asevera que la presunción de culpa simple no existe dentro del artículo 216 porque esta norma exige que la culpa sea comprobada, distinto es el riesgo creado para la indemnización por el accidente.
Hace hincapié en que según la investigación de Colpatria, el trabajador cometió un acto imprudente al asomar la cabeza por el hueco del ascensor o montacargas, porque es de simple razonamiento que si el aparato lo había accionado, asomar la cabeza por el hueco donde debía pasar el montacargas constituía un acto torpe; y la otra consideración trascendental de la falta de un estimativo de los perjuicios, si los hubiere, porque el juez no tiene capacidad para valorarlos a su antojo, como ocurrió en este caso; por ello dice la Corte (Sala Civil) en sentencia del 2 de noviembre de 1945, Ley 1153, “no se puede dejar al Juez (para valorar perjuicios) al arbitrio una determinación que por imperio de las normas procesales debe ser objeto de probanza”. Además el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 exige que haya valoración de los daños “con criterios técnicos actuariales”. Los documentos sobre ocurrencia de los hechos, y la prueba testimonial en su conjunto no suplen la deficiencia probatoria sobre la dependencia económica y sobre su cuantía, indispensables soportes fácticos para la condena.
Pese a que le endilga al Tribunal haber incurrido en siete desaciertos de hecho y a que denuncia la equivocada apreciación de varios medios de convicción, el impugnante no realiza ningún esfuerzo por demostrar esos yerros, pues, de manera genérica se circunscribe a manifestar, respecto de la culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo, que “…no hay ninguna prueba sobre la falta de negligencia (sic) de la empresa demandada, toda la sentencia se basa en suposiciones sobre la actividad, pero no hay certeza sobre la culpa”, pero sin explicarle a la Corte en qué consistió la equivocación del Tribunal, como tampoco la errada apreciación de las pruebas que cita en el cargo, porque en realidad no se hace ningún esfuerzo por demostrar qué es lo que cada una de ellas, individualmente considerada, acredita, ni el error en su apreciación o por su falta de valoración.
Al discurrir de esa manera, el recurrente deja libre de reparos los fundamentales razonamientos del Tribunal sobre la culpa en el accidente, que fueron, en esencia, que “…aunque aparentemente parezca que de la conducta directa de la empleadora —la Empresa de Servicios Temporales— no nació el accidente de Posada Vega, sin embargo, no desplegó los mecanismos necesarios y diligentes para que la empresa usuaria cumpliera su compromiso contractual de seguridad industrial; en este aspecto, desde la primera instancia es indiscutido y, en ultimas fue de donde devino el fatal desenlace que motiva las pretensiones en el presente proceso”.
Conclusión que reafirmó, más adelante, afirmando, con apoyo en una sentencia de esta Sala de la Corte, que “…lo relativo a la responsabilidad solidaria, esta (sic) limitada en la medida de que en un asunto laboral como el presente, la relación empleado- empleador, está radicada entre la empresa de servicios temporales y el empleado [arts. 1º l.50 (sic)/1990 y 1º Dto.24/ 1998], es decir, la empresa usuaria se erige como un simple contratista de servicios y no como un empleador como sí ocurre, se insiste, para el caso de los contratistas independientes”. Aparte de que no se critica, el anterior razonamiento es de naturaleza jurídica y, por lo tanto, no podía ser abordado por la vía de los hechos por la que está enfilada esta primera acusación.
Por otra parte, en el desarrollo del cargo se afirma que la Ley 100 de 1993 no había comenzado a regir para cuando ocurrió el infortunio laboral, afirmación que, presentada de esa manera escueta, no guarda relación con los hechos del proceso, en cuanto se halla referida a la normatividad aplicable al asunto debatido en el proceso, que es, en principio, cuestión de puro derecho, y que, con todo, es equivocada porque está suficientemente acreditado en el expediente, y sobre ello no existió controversia, que el referido accidente laboral sucedió el 20 de noviembre de 2003, hecho que se demuestra con las mismas pruebas que denuncia la parte recurrente, entre otras, la alusiva a la investigación de Colpatria sobre el accidente y los documentos, obrantes a folios 177 a 187, 280 a 284, repetida a folios 376 a 380, lo que permite, sin lugar a dudas, colegir que la Ley 100 de 1993 sí estaba rigiendo para ese entonces.
Por otra parte, en el cargo se afirma que la ausencia de alegato sobre el valor de la indemnización no es válida porque la empresa dijo que no estaba obligada a pagar la indemnización. Pero ese argumento tampoco tiene relación con los hechos del proceso e involucra una cuestión jurídica sobre las facultades del juez de la segunda instancia que, desde luego, no se puede ventilar en un ataque dirigido por la vía de los hechos.
Se sostiene también que no se demostró la dependencia económica, mas no se explican las razones por las que ello es así y, pese a que se parte del supuesto de haber tenido el Tribunal por probada esa dependencia de la circunstancia de que a la actora se le reconoció una pensión de sobrevivientes, no se critica la apreciación de la prueba de la cual se extrajo esa conclusión, que era lo procedente si se pretendía demostrar un desacierto valorativo ostensible.
De todos modos, del aserto del Tribunal no emerge un error manifiesto de hecho, pues es admisible concluir que la dependencia económica de la demandante —madre del causante— respecto de su hijo fallecido, se demuestra con el hecho de que la ARP Colpatria le hubiera reconocido una pensión de sobrevivientes, que, conforme al artículo 11 de la Ley 776 de 2002, que remite a su vez al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, requiere para su causación, entre otros requisitos, de la presencia de la prenombrada dependencia.
Por último, se sostiene en la acusación que el trabajador incurrió en un acto imprudente al asomarse por el hueco del ascensor o montacargas, pero no se tiene en cuenta que el Tribunal tuvo por probado ese hecho, solo que consideró que hubo otros que demostraban la culpa, porque aparte de esa temeridad, que denominó simple curiosidad del trabajador, “… está el hecho indiscutible de que el montacargas se haya operado sin haber instalado los elementos de protección de la ventanilla aludida, vidrios o mallas [fs.185, 517], o no haya reparado los que provisionalmente se hubieran colocado —se habla de tablas de madera— [fs. 127, 370]; Igualmente que no era operado por los encargados directos de hacerlo, como lo corrobora la propia testigo Rojas Picón en su deponencia [f. 518]; así mismo que la usuaria haya ordenado que la empresa fabricante lo pusiera en funcionamiento sin tales elementos, como lo referencia la testigo López Marín al folio 526).
Como la impugnación guarda silencio sobre las anteriores consideraciones fácticas, al punto que no se citan las pruebas de las que fueron extraídas, es forzoso colegir que siguen ellas incólumes y brindando apoyo al fallo que se impugna.
Por cuanto el cargo no demuestra los errores que le atribuye al Tribunal, no prospera.
También por la causal primera de casación acusa la sentencia del Tribunal por violación directa de la ley sustancial a causa de aplicación indebida del mismo cuerpo normativo denunciado en el cargo anterior.
El desarrollo del cargo lo hace en los siguientes términos:
“Supone el ad-quem que la responsabilidad en cabeza de los empleadores por accidente de trabajo también existe culpa. El punto es jurídico porque la culpa en este caso no se presume desde el mismo momento en que el artículo 216 del C.S.T. exige “culpa comprobada” y la norma general de indemnización ordinaria exige reparación por el “riesgo creado” en la actividad del empleador y por ello al no aparecer “culpa comprobada” no se puede aplicar el artículo 216 del C.S.T. como lo ha hecho el Tribunal equivocadamente”.
En respaldo de sus afirmaciones copia fragmentos de la sentencia del 29 de noviembre de 1992 de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia —no indica su número de radicación—, relativa a la obligación del trabajador de demostrar el accidente de trabajo, la culpa patronal, la existencia de perjuicios y el valor de éstos.
A renglón seguido, afirma que acepta la ocurrencia del accidente y la culpa del patrono en cabeza de Carrefour, pero que no hay ninguna probanza ni del perjuicio y menos del valor respectivo.
Por ello, aduce la censura, el artículo 16 de la Ley 448 de 1998 exige que la valoración de los daños se debe hacer con equidad y observando los criterios técnicos actuariales, lo que no ocurrió con el criterio equivocado de que eso se estableció al reconocerse la pensión de sobrevivientes, con violación de la norma que exige la valoración.
Como es suficientemente sabido, cuando un cargo se dirige por la vía directa, como aquí sucede, la cuestión debatida por el recurrente debe ser estrictamente jurídica, de suerte que los hechos del proceso están fuera de controversia, lo cual indica que se parte del supuesto de que el impugnante los acepta en la forma como fueron establecidos por el Tribunal.
Pese a ello y de que en el cargo se admite la ocurrencia del accidente y la culpa de la empleadora, se afirma que “…no hay probanza ni del perjuicio y menos del valor respectivo”, con lo cual se introduce una crítica de naturaleza fáctica, que obviamente no es de recibo y que inexorablemente da al traste con el cargo, que debe ser rechazado.
Por la causal primera de casación acusa la sentencia del Tribunal por violación directa de la ley sustancial en la modalidad de infracción directa del artículo 44 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, lo que condujo a la violación de las normas enunciadas en los cargos anteriores.
Sostiene que el ad-quem aplicó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo olvidando que el régimen de seguridad social exige para la reparación del daño por la muerte de un trabajador que si los beneficiarios son los padres éstos demuestren que dependían económicamente. En cambio, si el fallecido hubiere tenido cónyuge o compañera permanente, éstos habrían podido ser indemnizados porque para ellos se presume la dependencia económica y la ley no exige su demostración.
Omisión que, en sentir de la recurrente, conduce a la condena para ACTIVOS S.A. que si se hubiere observado, el ad quem habría absuelto a la empresa porque los padres no son beneficiarios de la indemnización por muerte, automáticamente así sea, en el caso del artículo 216 del C.S.T., porque no dependían de su hijo, o por lo menos no existe ningún elemento que permita pensar lo contrario. Las normas de la Ley 100 de 1993 también exigen la prueba de la dependencia económica, pero aún así esas normas no son aplicables porque el accidente ocurrió antes de su vigencia.
Aparte de que el artículo 44 del Acuerdo 155 de 1963 no estaba vigente para la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo del señor Posada Vega, el contenido de esa disposición no guarda relación con el asunto debatido, pues regula las consecuencias de la muerte de un trabajador por hechos que no se consideren accidente de trabajo y en este caso es claro, y así fue admitido por las partes, que el infortunio tuvo origen profesional. Por lo tanto, no le puede ser imputada al Tribunal la infracción directa de esa disposición normativa.
Aunque lo anterior es suficiente para desestimar el cargo, importa anotar, como se vio al dar respuesta al primer cargo, que el Tribunal sí encontró probada la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fallecido.
Como se dijo, se desestima el cargo.
Invocando la causal segunda de casación laboral, acusa la sentencia del ad-quem de ser violatoria de la ley al contener decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte demandada ACTIVOS S.A. que apeló la sentencia de primera instancia (en concordancia con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Procesal Laboral).
En la demostración del cargo sostiene que en el numeral 1º de la sentencia del a-quo se dispuso que “sin perjuicio del derecho de ACTIVOS S.A. a reclamar a la usuaria Grandes Superficies de Colombia S.S. (Carrefour) los perjuicios por el incumplimiento contractual”. Carrefour no apeló esa decisión y pidió que se confirmara la sentencia, sin reparo de este punto (folio 6 deI cuaderno del Tribunal), punto favorable a Activos, porque deja la posibilidad de exigir la repetición de lo pagado a la actora a esa empresa, en caso de que la decisión de la Sala sea de que los tres primeros cargos no prosperen. Con la modificación del ad-quem de excluirle a Activos S.A. esta posibilidad, le hace más gravosa su situación, siendo así que ella fue apelante y en cambio Carrefour se conformó con la sentencia del a-quo, tal como aparece en su parte resolutiva.
Funda la empresa recurrente su ataque en la causal segunda de casación y afirma que la sentencia de segunda instancia hizo más gravosa su situación respecto de la desatada con la de primer grado.
Dispone el numeral 2º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964 que el recurso de casación procede por el motivo de: “Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la de la primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta”.
Ha dicho de manera reiterada esta Corporación que la causal segunda de casación se configura legalmente cuando el proveído de segunda instancia contiene decisiones que hagan más onerosa la situación de la única parte apelante. Consagra aquí la ley procesal laboral el respeto al principio de la prohibición de la reformatio in pejus, como garantía que proscribe la alteración de situaciones jurídicas favorables creadas por resoluciones judiciales, en perjuicio del único impugnante de la sentencia de primera instancia, quien persigue mejorar su situación.
De la confrontación de los fallos de instancia surge que la sentencia acusada contiene decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte codemandada que apeló, puesto que el Tribunal modificó la situación que le favorecía, sin que esa cuestión hubiese sido por ella planteada, como tampoco por la parte demandante, ni mucho menos por la otra codemandada, que se conformó con esa decisión.
En efecto, y de acuerdo con la sentencia del Juzgado que corre a folios 537 a 566, ese despacho condenó a la empresa Activos S.A. a reconocer y pagar a la demandante $71.088.362,81 por concepto de perjuicios materiales y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales, intereses legales, sin perjuicio del derecho de Activos S.A. de repetir o reclamar a la usuaria Grandes Superficies de Colombia por el incumplimiento contractual.
Conforme a los escritos que obran a folios 567 a 579, la parte demandante y la codemandada Activos S.A., apelaron la sentencia anterior. Carrefour efectivamente no apeló.
El Tribunal mediante la sentencia recurrida en casación confirmó las condenas dispuestas en la de primer grado, pero excluyendo el aparte de la sentencia de primera instancia que disponía que Activos S.A. pudiera repetir contra la usuaria Carrefour por el incumplimiento contractual.
Para la Corte no cabe duda de que el ad quem hizo más gravosa la situación de la empresa apelante, pues debe tenerse en cuenta que la sociedad usuaria (Carrefour) contra la cual se dispuso que la empresa de servicios temporales pudiera repetir por las condenas que el juzgado le impuso, guardó silencio, lo que significa que estuvo conforme con la cuantía y forma de las condenas impuestas.
La reforma en perjuicio surge de sólo suponer que si Activos S.A. no hubiera apelado, la condena en los términos analizados habría permanecido en las mismas condiciones que dispuso el a quo, pues los argumentos expuestos por la demandante, para que ambas sociedades fueran condenas en solidaridad, no fueron acogidos por el Tribunal, lo que lo hubiera conducido a confirmar en su integridad la sentencia de primer grado, porque, se repite, nada dijo ella sobre el derecho de la condenada a repetir.
Surge con mayor nitidez el yerro del juez de la apelación si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, ha considerado ajustado a derecho la posibilidad de que en casos como el presente, la empresa de servicios temporales pueda repetir contra la usuaria en quien recayó la culpa del accidente de trabajo que provocó la muerte del trabajador.
En consecuencia, el cargo prospera y se casará la sentencia del Tribunal en cuanto revocó la decisión del juzgado que permitía que la empresa condenada y recurrente en casación, pudiera repetir en contra de la empresa usuaria (Carrefour), por los perjuicios ocasionados por incumplimiento contractual.
En sede de instancia, se confirmará la sentencia del juzgado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, dictada el 23 de febrero de 2007 en el proceso ordinario laboral que promovió GILMA VEGA MARTÍNEZ en contra de las empresas ACTIVOS S.A. y GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. CARREFOUR, en cuanto revocó la posibilidad de que la primera pudiera repetir en contra de la segunda por los perjuicios causados por incumplimiento contractual. No la casa en lo demás.
En sede de instancia se confirma la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 7 de noviembre de 2006.
Sin costas en casación. Las de instancia se confirman.