Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-6635-04-09-2018-1478237
Timestamp: 2020-07-06 20:07:07
Document Index: 255249377

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 86', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

Resolución de TEAF Navarra, 6635, 04-09-2018 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 6635 de 04 de Septiembre de 2018
Núm. Resolución: 6635
Artículo 7.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Indemnización por despido colectivo (ERE). Aplicación de la exención por despido. Apelación estimada por el TSJN en supuestos similares. SE ESTIMA.
Indemnización por despido colectivo (ERE)
EXPEDIENTE 300/2017
En la ciudad de Pamplona a 4 de septiembre de 2018, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, determina:
Visto escrito presentado por don AAA, con NIF XXX, en relación con tributación por el Impuesto sobre la Ren-ta de las Personas Físicas correspondiente al año 2012.
PRIMERO.- El ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación por el Impuesto y año de referencia dentro del plazo habilitado al efecto.
SEGUNDO.- Mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2017, el interesado solicitó la rectificación de su autoliquidación, pidiendo que minoren los rendimientos del trabajo declarados en 180.000,00 euros, que se corresponden con la exención máxima aplicable a la indemnización percibida de BBB con ocasión de su des-pido. Dicha solicitud fue desestimada mediante resolución del Jefe/a de la Sección Técnica y de Control del IRPF de 1 de agosto de 2017.
TERCERO.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra de 28 de septiembre de 2017 interpone el interesado reclamación económico-administrativa en la que insiste en sus pretensiones.
PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-mento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio.
SEGUNDO.- Se alega, básicamente, que BBB inició un expediente de despido colectivo y de suspensión de contratos al amparo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, efectuándose la oportuna comunicación a la autoridad laboral. Dicho despido colectivo se fundamentó, según se afirma en el escrito, en causas eco-nómicas, organizativas y productivas. El ahora reclamante vio extinguida su relación laboral en el marco del expediente de regulación de empleo descrito con anterioridad, pues así consta en certificado emitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al haber comunicado BBB el sometimiento del trabajador al men-cionado expediente de regulación de empleo.
TERCERO.- El artículo 7.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en la redacción vigente para el período impositivo objeto del presente expediente, dispone que estarán exentas: “c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c) del citado Estatuto siempre que en ambos casos se deban a causas económi-cas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite máximo la cantidad de 180.000,00 euros”.
Hay que hacer expresa mención al hecho de que el segundo párrafo del precepto transcrito quedó redactado del modo expuesto, con efectos desde el 12 de febrero de 2012, en virtud de lo dispuesto en el numeral uno del artículo único de la Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ello se debe a que el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) fue modi-ficado por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, dejándolo redactado del modo que sigue: “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por me-ses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo”.
Junto a ello hay que tener presente que los dos primeros números de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, prevén lo siguiente: “1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Es-tatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febre-ro de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de ser-vicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no po-drá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe in-demnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”.
La fijación de la fecha a partir de la cual rige el régimen transitorio al que se acaba de hacer alusión (12 de febrero de 2012) viene motivada, sin duda, por el hecho de que la Ley 3/2012 no es, en muchos aspectos, más que el fruto de la tramitación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, por la vía del artículo 86.3 de la Constitución [“Durante el plazo establecido en el apartado anterior (el de treinta días siguientes a la promulgación para la convalidación de los Decretos-Leyes), las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”]. Así pues, re-sultaba preciso acomodar la vigencia de los preceptos de la Ley 3/2012 que no eran más que pura continui-dad de lo preceptuado en el Real Decreto-Ley 3/2012 al momento de la entrada en vigor de aquél (12 de fe-brero de 2012, al haberse publicado dicha norma en el Boletín Oficial del Estado del 11 de febrero de 2012 y preverse su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el mencionado Diario Oficial), al no haber-se optado por la convalidación de este último sino por su tramitación a través de la vía descrita con anteriori-dad. Así lo reconoce la propia Exposición de Motivos de la Ley 3/2012: “Las nuevas reglas sobre la indemni-zación por despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir de la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley que ha servido de fundamento de la presente Ley. Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en vigor de dicha norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrá en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio. Con estas reglas, se es respetuoso con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al tiempo que se tienen en cuenta las expectativas indemniza-torias de los trabajadores con contrato en vigor”.
En nuestro caso, si se concluyese que nos hallamos ante un despido susceptible de subsumirse en la previ-sión del artículo 7.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-cas, no habría ningún problema en aplicarlo con la redacción dada al mismo por la Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, dado que el eventual despido o cese se habría producido en fecha posterior al 12 de febrero de 2012, fecha en que comenzó a surtir efectos la modificación del precepto al que se ha hecho alusión con an-terioridad.
CUARTO.- Partimos de la base, no discutida ni por la Administración tributaria ni por el reclamante, de que la exención prevista en el artículo 7.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sólo entra en juego cuando nos hallamos en presencia de situaciones de auténtico despido y no cuando la resolución contractual se produce por mutuo acuerdo (vid., entre otras muchas, las Senten-cias del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2012, recurso de casación para la unificación de doctrina núm.
270/2009, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2013, recurso contencioso-administrativo 746/2011).
La controversia surge al determinar si en el caso la extinción del contrato de trabajo se produjo por mutuo acuerdo o bien fue un auténtico despido.
La Sección gestora, al denegar la rectificación solicitada, argumenta que “en el caso que nos ocupa, Don AAA, la causa de la baja en la empresa, obedece a extinciones laborales efectuadas de mutuo acuerdo en el marco de un acuerdo colectivo, sin que en modo alguno puedan encuadrarse en la figura de despido colecti-vo, por cuanto las mismas se instrumentaron fuera del Expediente de Regulación de Empleo, a través de acuerdos individuales concertados con la empresa, con absoluta voluntariedad de los trabajadores que se acogieron a la medida de prejubilación.”
Y frente a ello opone el interesado que fue despedido en el marco del citado despido colectivo, y que esta circunstancia avala la aplicación de la exención contemplada en el artículo 7 c) del Texto refundido de la Ley Foral reguladora del IRPF.
QUINTO.- A este respecto debemos traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supre-mo de 24 de octubre de 2006, que dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Este razonamiento no respeta los hechos probados, porque, con independencia de que hubiera en el marco del ERE un acuerdo sobre prejubi-laciones, lo cierto es que el cese del actor está dentro de las extinciones autorizadas en el expediente. Por ello, el contrato no se ha extinguido "por la libre voluntad del trabajador que decide poner fin a la relación". Por el contrario, el contrato se ha extinguido por una causa por completo independiente de la voluntad del trabajador; en concreto, por una causa económica, técnica, organizativa o productiva, que ha sido constatada por la Administración y que ha determinado un despido colectivo autorizado, como se recoge en los hechos probados 2º y 3º, en los que consta la extinción del contrato de trabajo y la opción del trabajador por la preju-bilación, pero en el marco de la extinción de los contratos autorizada en el ERE. La propia fundamentación de la sentencia recurrida lo afirma con valor fáctico cuando señala que el cese del demandante se produjo al es-tar incluido en el ERE 48/1997, conforme al desglose de trabajadores afectados. Y el dato puede comprobar-se además en los folios 101 y siguientes de las actuaciones. Es cierto que la opción por la prejubilación ha sido voluntaria, pero eso no significa que el cese lo sea. En el régimen actual de los despidos colectivos se viene admitiendo una práctica administrativa, en virtud de la cual los trabajadores afectados por un despido colectivo pueden determinarse: 1º) de forma directa y nominal en la propia resolución administrativa, 2º) por el empresario sin una aceptación previa de la designación por el trabajador y 3º) por el empresario con una aceptación previa del trabajador, que se acoge así a determinadas contrapartidas previstas en el plan social. En cualquiera de estos casos el cese es involuntario para el trabajador. Esta conclusión es obvia en los pri-meros supuestos, pues la voluntad del trabajador no interviene de ninguna forma en el cese. Pero tampoco hay voluntariedad en el tercer supuesto, porque el cese sigue produciéndose como consecuencia de una causa independiente de la voluntad del trabajador y lo único que sucede es que la concreción de esa causa sobre uno de los trabajadores afectados se realiza teniendo en cuenta la voluntad de éstos. Puede haber vo-luntariedad en la fase de selección de los afectados, pero no la hay en la causa que determina el cese. Si el actor no hubiese aceptado la prejubilación, el mismo u otro trabajador hubiera tenido que cesar para comple-tar el número de extinciones autorizadas”.
Esta doctrina ha sido reiterada en otras Sentencias de la Sala de lo Social de 25 de octubre y 28 de noviem-bre de 2006, 17 de abril y 21 de junio de 2007 y 7 de febrero de 2008, o del propio Tribunal Superior de Justi-cia de Navarra de 4 de julio de 2017. Así pues, habrá de estarse a que las indemnizaciones beneficiadas con la exención son aquellas que vienen motivadas por el despido del trabajador.
SEXTO.- De los datos obrantes en el expediente resulta acreditado que la situación concurrente en la extin-ción laboral del recurrente puede ser calificada como “despido”. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en las sentencias dictadas el día 4 de julio de 2017 para situaciones asimilables a la presente expone lo si-guiente: “El Letrado de la Administración alega, como ya lo hizo en la instancia, en que en el pacto de extin-ción de la relación laboral consta que la causa de la extinción del contrato es por mutuo acuerdo, con expresa mención de la causa extintiva prevista en el art. 49.1.a) del E.T., lo que excluye la exención art. 7.c) del De-creto Foral Legislativo 4/2008, regulador del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Este motivo de apelación no puede ser estimado porque, como razona acertadamente el Juez de Instancia, el documento firmado entre la empresa y el trabajador unido al ramo de prueba de la parte demandada es un acuerdo de extinción del contrato por prejubilación. Y en esa oferta de la empresa al trabajador de extinguir la
relación laboral por prejubilación, expresamente se indica también que se ofrece “el acceso a un sistema de prejubilaciones en las condiciones económicas establecidas en el Acuerdo Laboral de 6 de junio de 2012”. La oferta por parte de la empresa se produce en el contexto concreto que determina el Acuerdo Laboral de 6 de junio de 2012, que fija la terminación del período de consultas mediante acuerdo dentro del E.R.E. No se tra-ta de un acuerdo libremente asumido por la empresa y el trabajador para la extinción de la relación laboral, sino que el trabajador se acoge a la prejubilación que le ofrece la empresa dentro del E.R.E. Como muy bien concluye la sentencia de instancia, más allá del tenor literal del acuerdo de 2 de julio, cuando habla de extin-ción de mutuo acuerdo con expresa referencia al art. 49.1.a) del ET, esta extinción contractual se lleva a ca-bo dentro de un proceso de despidos colectivos decididos por la empresa. No es determinante la mención del art. 49.1.a) del ET porque, en realidad, la extinción del contrato ha tenido lugar por causas económicas, or-ganizativas y productivas de la empresa, que le han exigido reestructurar su plantilla. La causa en virtud de la cual la empresa decide extinguir múltiples contratos es ajena a la voluntad de sus trabajadores, circunstancia que no varía por el hecho de que, a posteriori, se negocien las condiciones concretas para articular esas ex-tinciones y sea voluntario el acceso a las mismas.
Por ello, no puede admitirse el argumento de la parte apelante cuando sostiene que las extinciones laborales en modo alguno puedan encuadrarse en la figura del despido colectivo, por cuanto las mismas se instrumen-taron fuera del Expediente de Regulación de Empleo, a través de acuerdos individuales concertados con la empresa, con absoluta voluntariedad de los trabajadores que se acogieron a la medida de prejubilación. Bien al contrario, se articulan en el proceso del E.R.E., como se desprende de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa, detalladas en el fundamento de derecho 4º de la sentencia, que se dan por reproducidas y de las que cabe destacar especialmente el acuerdo laboral de 6 de junio de 2012 al que se remite el documento de extinción de la relación laboral, que fija la terminación del período de consultas mediante acuerdo. Este acuerdo regula la suspensión de empleo y a su vez configura dos modalidades de extinción de la relación la-boral, por prejubilación o por baja indemnizada. A la prejubilación pueden tener acceso los empleados con más de seis años de antigüedad y con al menos 54 años de edad. A la baja indemnizada podían acceder to-dos los trabajadores excepto los que cumpliesen los requisitos para acceder a la prejubilación. En otras pala-bras, los mayores de 54 años con más de seis años de antigüedad no podían extinguir su relación laboral por la vía de baja incentivada, sino sólo y exclusivamente a través de prejubilación. Y en el desarrollo de una y otra modalidad, el acuerdo determina que la empresa podía rechazar el acogimiento a la baja incentivada, pero no contenía la misma posibilidad para el caso de la prejubilación. La consecuencia que extrae el Juez de Instancia es correcta al señalar que la extinción laboral por prejubilación no podía articularse fuera del despido colectivo acordado (lo que si podía suceder, por el contrario, en caso de extinción por baja incentiva-da si ésta era rechazada en ese marco) y que este acuerdo, fraguado en el marco de una decisión de despi-dos colectivos por razones organizativas, económicas y productivas, no permite canalizar una extinción por prejubilación al margen de dicho despido colectivo.
Por lo expuesto, también es correcta la sentencia de instancia en cuanto entiende aplicable la exención de rentas prevista en el art. 7.c) del Decreto Foral Legislativo 4/2008, regulador del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a las cantidades percibidas por el trabajador”.
SÉPTIMO.- De todo lo anteriormente expresado y de los documentos obrantes en el expediente resulta acre-ditado, por tanto, que la indemnización percibida lo fue como consecuencia de un despido tramitado median-te expediente de regulación de empleo, resultando de aplicación la exención prevista en el artículo 7 c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En consecuencia, este Tribunal resuelve estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don AAA en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2012, debiéndose dictar una liquidación en la que se reconozca la exención solicitada, todo ello de conformidad con lo señalado en la fundamentación anterior.
Sentencia SOCIAL Nº 339/2019, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 260/2019, 22-05-2019
Orden: Social Fecha: 22/05/2019 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Martinez Toral, Carlos Jose Cosme Num. Sentencia: 339/2019 Num. Recurso: 260/2019