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Timestamp: 2020-02-19 03:12:37
Document Index: 69870420

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 122', 'artículo 5', 'artículo 1911', 'artículo 163', 'artículo 17', 'artículo 322', 'artículo 21', 'Artículo 72', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 138']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 54, de 27/03/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 54
- Sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000016) ... (Página2)
- Sobre la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000069) ... (Página5)
- Sobre la regulación de la dación en pago y otras medidas urgentes en materia de ejecución hipotecaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000029). ... (Página9)
- Sobre actuaciones para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante número de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000282) ... (Página15)
- Por la que se insta al Gobierno a reformar la ley en aras a evitar que queden impunes el delito de homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000102) ... (Página20)
- SOBRE LA CREACIÓN DE CONSEJOS AUTONÓMICOS DEL PODER JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000016).
El señor PRESIDENTE: Señorías, da comienzo la sesión de la Comisión de Justicia. En primer lugar, les ruego a sus señorías que atiendan a las modificaciones del orden del día que, de acuerdo a las peticiones de los distintos portavoces, se han solicitado. La proposición no de ley primera del orden del día establecido iría la primera; la segunda sería la que en el orden del día figura como número 3.º; la tercera la que en el orden del día figura como número 2.º, que es del Grupo Parlamentario Mixto; y la cuarta y la quinta tal y como están establecidas. Les señalo también a sus señorías que la votación de todas las proposiciones no de ley no se producirá antes de la una del mediodía.
Empezamos con la primera proposición no de ley, sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Vasco. Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nuestro grupo pretende a través de la presentación de esta proposición no de ley la creación -resultaría quizás extemporánea la expresión "creación", puesto que son órganos ya creados- de consejos autonómicos del Poder Judicial, que están previstos en distintos estatutos de autonomía, nada menos que en ocho, con un contenido más preciso en unos y más ambiguo o retórico en otros; en aquel estatuto de autonomía donde se consignan con mayor precisión estos consejos han sufrido una cierta degradación, más que cierta, por una sentencia del Tribunal Constitucional que entendió y resolvió sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin perjuicio de ello, nosotros pretendemos fundamentalmente que se aborde el estudio de una cuestión institucional y constitucionalmente pendiente en el Estado español, que es el ajuste de las estructuras de la administración de la Administración de Justicia, del gobierno del Poder Judicial en definitiva, utilizando la locución administración de la Administración de Justicia de la Sentencia 56/90 del Tribunal Constitucional, a los requerimientos de un Estado que ya no es unitario sino que es un Estado compuesto. Y le voy a citar como elementos de autoridad a dos personas que no resultan sospechosas de pretender el desmembramiento del Estado español, en concreto a don Juan Alberto Belloch, cuando era presidente de JD -de la asociación Jueces para la Democracia- y decía cosas inteligentes, y al señor López Aguilar, a la sazón ministro de Justicia, con el cual tuve la oportunidad de debatir sobre esta cuestión, asumiendo el señor López Aguilar que efectivamente este era un problema que debe actualizarse, que debe afrontarse porque -afirmaban ambos y lo dice también algún libro tampoco sospechoso de sedición o de desestructuración del Estado, o dos libros, como los dos libros blancos para la reforma del Poder Judicial aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y de los que, sin petulancia alguna, soy coautor, señor presidente, o contribuí a su confección- así como el Poder Legislativo se ha ajustado a los requerimientos del Estado autonómico y existen asambleas parlamentarias o parlamentos autonómicos que ejercen competencias exclusivas y que por lo tanto poseen competencias legislativas en lo atinente a ellas y el Poder Ejecutivo también se ha ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto y existen gobiernos autonómicos, esto no ha ocurrido en el Poder Judicial, lo decía el señor López Aguilar, lo decía don Juan Alberto Belloch y lo dicen los dos libros blancos para la reforma de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial. Y lo pido yo mismo, señor presidente. ¿Qué pido? Que se estudie, pero que se estudie incorporando a este estudio -es algo que pretende buscar el consenso de todos los grupos- a quienes componen la Administración de Justicia en el sentido más lato del término; es decir, no solo a los grupos parlamentarios de
esta Cámara, no solo al Consejo General del Poder Judicial, no solo a los representantes de los jueces y magistrados a través de sus asociaciones, sino también a colegios concernidos por la estructura de la Administración de Justicia, como son los colegios de abogados, colegios de notarios, colegios de procuradores, etcétera.
Esto no es una petición nueva, señor presidente, es una petición recurrente y una petición que además puede utilizar como fundamento varios títulos de legitimación diferentes. En primer lugar, el Poder Judicial es un derecho histórico, de los que están constitucionalizados por la disposición adicional primera de la Constitución española. Hasta el año 1837, y en virtud del real decreto de la reina regente, no había una estructura casacional, los recursos no acababan o no llegaban a la ciudad de Madrid a acabar la última instancia procesal en un órgano judicial radicado en la ciudad de Madrid. Esto ocurría en comunidades como la actual Comunidad Autónoma de Cataluña, en Aragón, en lo que hoy es la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. Pero es más, la gente no se ha debido leer en su totalidad la Constitución de Cádiz, hoy tan ponderada, porque Martín Argüelles logró introducir una enmienda muy relevante ponderando y realizando una reflexión apologética sobre la estructura del Poder Judicial preconstituyente -al fin y al cabo lo que hizo la Constitución de Cádiz fue incorporar el orden revolucionario francés al Estado español y centralizar la Administración, también la de Justicia, creando ya estructuras casacionales y acabando las instancias procesales en órganos radicados en la ciudad de Madrid, en un tribunal supremo- y comentaba y ponderaba la posibilidad de que en el Consejo de Navarra acabaran todas las instancias procesales, de que en los órganos judiciales de las merindades y de las hermandades en la Comunidad vasca acabaran todas las instancias procesales, y que lo mismo ocurriera en Cataluña y en Aragón.
En definitiva, señor presidente, nosotros pedimos flexibilidad intelectual a todos los grupos parlamentarios, particularmente al mayoritario, por qué no decirlo. Vamos a aceptar una enmienda presentada por el Grupo Catalán y se trata de estudiar nada menos que el ajuste del Estado a los requerimientos del título VIII de la Constitución, la configuración de un Estado compuesto en la Constitución, operación que todavía, como desde el propio Consejo General del Poder Judicial se preconiza, no ha ocurrido con el Poder Judicial. Ya hablaremos en otro momento de la Administración de Justicia; no de la administración de la Administración de Justicia, sino de la Administración de Justicia solo y de cómo debería configurarse el recurso de casación. Ahora estamos hablando de la administración de la Administración de Justicia; o sea que pido y solicito, señor presidente -y con esto acabo mis palabras-, aceptando la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), flexibilidad a quien tiene en este momento la única llave para ser flexible de verdad en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la diputada señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos el objetivo que atañe a la iniciativa que ha presentado el Grupo Vasco, y lo hacemos por los mimos argumentos que ha dado brillantemente -como es costumbre- el señor Olabarría y que por lo tanto no voy a repetir.
Para Convergència i Unió en el ajuste del Estado que tenemos constitucionalmente, que es un Estado de autonomías, es necesario que el Poder Judicial se ajuste también a esta organización del Estado, algo que, como se ha venido señalando reiteradamente desde foros, debates e instituciones diversas, todavía no se ha producido. Además, esto no es únicamente un desiderátum sobre algo abstracto sino que para nosotros esto comporta una exigencia de eficacia de la Administración de Justicia para la cual es absolutamente imprescindible la proximidad, proximidad que, tal como está actualmente diseñado, en este momento no se produce.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda porque, además de esta razón de fondo de la necesidad de tener que adaptar a la estructura autonómica el Poder Judicial, hay una razón de normativa existente: la necesidad de dar cumplimento a la máxima brevedad posible a lo dispuesto ya en cuanto a consejos autonómicos en los vigentes estatutos de autonomía. Son ocho los estatutos de autonomía que tienen ya aprobado, que tienen ya como normativa vigente la creación de estos consejos autonómicos de Justicia y por lo tanto debe darse ya cumplimiento a lo que allí está dispuesto. Por lo que respecta a Cataluña, los artículos 97 a 100 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, si bien es cierto que interpretados por la sentencia del Tribunal Constitucional, describen y preconizan que el consejo autonómico de Justicia tenga que ser ya una realidad. En este sentido, tal y como expuso el ministro en su comparecencia, se habían iniciado las conversaciones entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya. Por eso nosotros hemos añadido este punto número 2, que no es contradictorio, sino que, al revés, matiza que además de esta exigencia general haya una exigencia concreta de llevar a la práctica lo que ya es derecho positivo. Agradezco al señor Olabarría que haya aceptado la enmienda y votaremos favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A continuación fijarán posiciones los grupos parlamentarios de menor a mayor. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No se encuentra. ¿Por el Grupo Parlamentario de UPyD? (Pausa). Tampoco está. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente para decir que votaremos favorablemente la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Nos felicitamos porque en este primer orden del día de la Comisión de Justicia de esta legislatura el primer punto sea precisamente tratar los consejos autonómicos del Poder Judicial. Felicitamos al grupo proponente por la iniciativa, aunque al señor Olabarría le podríamos decir que nos hubiera gustado que hubiera sido un poco más incisivo. Desde esta tribuna queremos también instar al Gobierno a que en su calendario legislativo se avance en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los próximos periodos de sesiones. Aunque es algo que sí está en su agenda legislativa hemos interpretado que no estará en este periodo de sesiones. En la anterior legislatura nuestro Gobierno tenía en su calendario legislativo el impulso a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal vez la prematura finalización de la legislatura nos impidió llevar ese proyecto de ley orgánica del Poder Judicial al Consejo de Ministros. En cualquier caso, vamos tarde, como también ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); hay ocho estatutos de autonomía en vigor y es importante, entre otras muchas cosas, que la reforma de esta Ley Orgánica del Poder Judicial establezca los consejos territoriales autonómicos. Para nosotros los consejos de Justicia deben ser órganos de descentralización del Poder Judicial, representativos del Poder Judicial y de los operadores jurídicos en las respectivas comunidades autónomas y, a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos indique que el Poder Judicial es único y no cabe tal desconcentración, esta podría habilitarse perfectamente en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si bien es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional limita determinadas facultades de los consejos territoriales, como nombramientos, potestad disciplinaria e infracción, ello no debe dificultar la creación y habilitación a través de la ley orgánica de los consejos territoriales de Justicia aprobados en diferentes estatutos de autonomía, como el de Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana, hasta sumar ocho estatutos. Los consejos autonómicos, vista la sentencia, no podrán efectuar nombramientos -facultad del Consejo General del Poder Judicial a criterio del tribunal-, pero podrían perfectamente proponer nombramientos, participar de algún modo en la designación de los presidentes de los tribunales autonómicos de Justicia y los presidentes de audiencias provinciales, participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, proponer en su caso su inspección y vigilancia o presentar memorias y propuestas sobre el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito de la comunidad autónoma. Si efectivamente hay reconocimiento del Estado autonómico y no hemos entrado en un periodo de recentralización del Estado con el nuevo Gobierno del Partido Popular, el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial deberá hacer una apuesta decidida por los consejos de Justicia y no vaciarlos de contenido, pese a las reticencias de buena parte de la judicatura y a la interpretación rígida que el Tribunal Constitucional efectúa en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Por ello entendemos, señorías, que la adaptación de la Administración de Justicia a la realidad de nuestro Estado autonómico y compuesto en una próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial resolvería una anomalía existente en relación con el conjunto de las administraciones públicas. Otros portavoces han comentado algunos aspectos que también incidirían en esta adaptación al Estado autonómico de nuestra justicia para hacerla ágil y próxima al servicio de los ciudadanos, como puede ser que nuestros tribunales superiores de Justicia sean última instancia casacional en recursos planteados en base a derecho civil propio y derecho civil común o incluso que las comunidades autónomas que así lo tienen recogido en sus estatutos de autonomía puedan tener también competencias en cuanto a la gestión de personal. Muchos aspectos que sí queremos abordar para que en esta futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial cumplamos con ese objetivo de adaptar la Administración de Justicia a nuestra Administración autonómica. La iniciativa del grupo proponente, por tanto, va a contar con nuestro voto a favor y también contamos con que ese consenso que quiere propiciar esa iniciativa también la impulse el Gobierno y podamos tener un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el menor tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada doña Dolors Montserrat tiene la palabra.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Señor Olabarría, no es la primera vez que le veo exhibir sus conocimientos históricos y no le voy a hablar hoy de Argüelles, pero, antes de marcar el posicionamiento del Partido Popular, déjeme hacer una pequeña reflexión y ver los antecedentes de nuestra Constitución española. Es cierto que nuestra Constitución preveía de forma muy clara una reconcepción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la construcción del Estado autonómico, y de forma mucho más compleja, como se ha comprobado en el curso de estos treinta y cuatro años, su vinculación con el Poder Judicial. Efectivamente, hemos visto que en estos treinta y cuatro años han emergido 17 parlamentos autonómicos, así como han emergido de estos parlamentos 17 gobiernos autonómicos. En cuanto al Poder Judicial y respecto de la construcción del Estado autonómico, debemos poner atención en la apuesta constitucional por el principio de unidad de jurisdicción y de unidad del Poder Judicial. Es un Poder Judicial
unitario que se hace compatible con la descentralización en el ámbito legislativo y en las funciones de gobierno en cuanto a los respectivos órdenes competenciales. Estamos hablando de un Poder Judicial en el que la unidad de jurisdicción está garantizada en todos los órdenes de jurisdicción por un tribunal supremo, cuya competencia se proyecta sobre el conjunto y la totalidad del territorio nacional. Estamos hablando también de una función de gobierno del Poder Judicial que ya, gracias a Dios, no la ejerce como antaño el Poder Ejecutivo, sino un órgano constitucional que es el propio Consejo General del Poder Judicial. Sinceramente, creo que el Poder Judicial no ha permanecido ajeno a la estructuración territorial del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya inicialmente, en 1985, estableció una importante afectación del sistema judicial respecto del Estado autonómico al hacer de las comunidades autónomas demarcaciones territoriales, y sobre todo y muy importante al generalizar los tribunales superiores de Justicia como culminación de la organización judicial en el territorio de la comunidad autónoma. Esto significó un paso importantísimo que en la práctica ha hecho que la España autonómica sea también geográficamente el escenario del trabajo del Poder Judicial y que haya tantos tribunales superiores de Justicia como comunidades autónomas que culminan sus respectivas organizaciones judiciales. El Estado autonómico está aquí para quedarse, pero no perdamos de vista -y solo añado esto- que el trazado de la relación entre el Poder Judicial y la unidad jurisdiccional y el Estado autonómico deriva fundamentalmente de unas previsiones constitucionales que no es necesario estar poniendo constantemente en debate y revisión y que tienen una traducción en el artículo 117.5 de la Constitución española, así como en el artículo 122 del mismo texto legal. Tampoco podemos obviar el hecho de que el Tribunal Constitucional en la sentencia de pleno 31/2010, de 28 de junio, ya se ha pronunciado con relación a los consejos de Justicia autonómicos señalando que ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones de aquel consejo, dando cabida en lo que ahora interesa y en su caso a eventuales fórmulas de desconcentración. Por tanto, debo poner de manifiesto que cualquier iniciativa que incida sobre la configuración de los consejos autonómicos debe abordarse dentro de un proyecto de estudio y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ya que usted me pedía flexibilidad intelectual, también le anuncio que el propio ministro en comparecencia en esta Cámara ya mencionó que reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta legislatura. Por tanto, animo a todos los grupos parlamentarios a que sea en esa tramitación donde hablemos de los consejos autonómicos, pero que sean iniciativas que partan de este mandato constitucional y de la interpretación realizada al respecto por el máximo intérprete de la Constitución. Resulta obligado que esta Ley Orgánica del Poder Judicial recoja de forma nítida en su articulado estas facultades vinculadas, como señala el Tribunal Constitucional, con el principio de unidad jurisdiccional e identificadas con unidad del Poder Judicial y con unidad del gobierno del Poder Judicial. Si las reformas e iniciativas de los grupos parlamentarios caben dentro de estos principios, estoy segura de que llegaremos a grandes acuerdos con todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de la primera proposición no de ley le pregunto al proponente si ratifica la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, la acepto.
- SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000069).
El señor PRESIDENTE: Con la modificación del orden del día, pasamos al debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Para su defensa tiene la palabra el diputado señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, como el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos presentado iniciativas similares pretendiendo la exclusión del régimen previsto en la Ley 34/2006 de todos aquellos que hubieran obtenido u obtengan el título universitario de licenciados en Derecho. Es verdad, señorías, que con posterioridad el Gobierno ha intentando subsanar este problema con el Real Decreto-ley 5/2012, sin embargo soluciona este problema de manera parcial; deja pendiente todo lo relativo a la formación práctica y algo muy importante también como es el examen o la evaluación de estos ciudadanos. Esta situación discriminatoria, como decía antes, la han advertido todos los grupos parlamentarios que presentaron iniciativas en esta Cámara que pretendían no una solución parcial, sino una solución total del problema planteando que este problema tenía que ser abordado desde una exclusión del conjunto de los licenciados. En ese sentido, la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, veda el establecimiento de restricciones injustificadas y desproporcionadas para el acceso al ejercicio de profesiones, incluidas las tituladas y sometidas a colegiación obligatoria. Asimismo, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4/2007, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades plantea que el título de licenciado, así como los restantes títulos a extinguir, mantendrán su plena vigencia académica y profesional en los mismos términos que se establecieron en su origen. Por ello tiene sentido que la modificación de las condiciones de acceso a las profesiones tituladas incida sobre los nuevos títulos de grado y no sobre los antiguos de licenciado, so pena de incurrir en la vulneración de varios preceptos constitucionales, máxime cuando se trata de una regulación que resulta excepcional en nuestro país, pues las de abogado y procurador serán las únicas profesiones tituladas para las que se exija un título adicional al universitario. Además, queremos hacer notar en esta Comisión que la justificación de la nueva regulación en la necesidad de garantizar derechos fundamentales no permite establecer una diferencia entre licenciados en función del momento en que comiencen o acaben sus estudios. La nueva regulación también supone en nuestra opinión una situación de desigualdad para los licenciados con respecto a los nuevos graduados, cuya formación, no solo en años, sino sobre todo en contenidos, es muy diferente. En este sentido la reforma operada por el real decreto-ley supone que quienes obtengan el título con posterioridad a la entrada en vigor la ley y no lo hubieran comenzado antes de la publicación de la misma quedan exentos de la parte teórica. Por tanto, la solución planteada por el Gobierno no solo supone una contradicción con la proposición no de ley del Grupo Popular que está pendiente de tramitación en esta Cámara y una discriminación absolutamente injustificada, sino que además genera una serie de problemas nuevos, primero, porque escinde la fase de prácticas externas de la fase teórica, con la que formaban un todo y, segundo, porque pretende llevar a cabo un examen muy específico a quienes no se han preparado para ello. Además, en las últimas conversaciones con el señor Gallardón ya no es que hablemos de exceptuar la fase teórica, sino que hemos dado un paso más y ya no hablamos de examen, sino que hablamos de evaluación. Señorías, nos queda el elemento de la fase práctica, con lo cual prácticamente estamos en una moratoria, de nuevo ampliada con respecto a la moratoria inicial de la ley. Los que estamos aquí deberemos reconocer que esa moratoria se ha mostrado insuficiente. La vacatio legis de cinco años, seis años en el anteproyecto y proyecto de ley original, no ha servido para solucionar los problemas del colectivo porque en los cursos 2011, 2012 y probablemente en el 2013 tendremos miles -no cientos, miles- de licenciados que no tienen solución a sus problemas y nosotros no hemos establecido los mecanismos adecuados para que tengan alguna garantía de formación práctica ni tampoco una garantía en relación a los exámenes.
¿Por qué esta iniciativa? Porque la adaptación del reglamento a todos los supuestos contemplados en el real decreto-ley será costosa, y lógicamente se prolongará en el tiempo. Hay que tener en cuenta que es preciso contar de nuevo con el Consejo de la Abogacía y la Procura, las universidades, los ministerios, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Además en esta ocasión deberá darse audiencia a los representantes de los afectados y a la Comisión Nacional de la Competencia, que ha hecho un informe durísimo sobre esta materia. Por tanto, en primer lugar, insuficiencia de la vacatio legis. En segundo lugar, falta de implantación de los cursos de formación previstos. En la actualidad no existe ni un solo curso de formación acreditado por el Ministerio de Justicia o por la Aneca u órganos autonómicos de evaluación. Y se conoce, por ejemplo, que Castilla y León no tiene preparados ni piensa preparar cursos; Canarias tampoco. En la Comunidad de Madrid solo hay dos universidades que han implantado el máster o postgrado con una oferta de 400 plazas, cuando un máximo de 6.000 estudiantes se prevé obtengan en el curso 2001-2012 la licenciatura en Derecho. Es decir, que ni se pueden colegiar todos estos licenciados ni pueden iniciar los trámites para la obtención de los títulos profesionales que les permitan la colegiación. La gravedad de este hecho no puede ser ignorada por el legislador y por sí sola justificaría la necesidad de una moratoria puesto que su vigencia en estas condiciones fácilmente comprobables hacen imposible su eficacia. En tercer lugar, retraso en la convocatoria de evaluación de aptitud profesional incumpliendo lo establecido en la Ley 30/2006 y su reglamento de desarrollo. Señorías, a tenor de lo establecido en la ley y en su reglamento, el examen para el acceso a la abogacía y la procura tendrá una periodicidad mínima anual, por lo que debería tener lugar antes del 31 de octubre de 2012 y publicarse la convocatoria con una antelación de tres meses en el Boletín Oficial del Estado. Las primeras pruebas de evaluación estaban previstas para el año 2014; pero eso no es posible con la modificación aprobada por real decreto-ley, y si se retrasara, los alumnos que obtengan la licenciatura de Derecho en 2012 no tendrían acceso al ejercicio de la abogacía o procuraduría hasta que se celebren dichos exámenes. En cuarto lugar, ausencia de becas y ayudas. Asimismo se aprecia la ausencia todavía de un sistema de becas y ayudas para aquellos licenciados en Derecho que tuvieran que obtener el título profesional de abogado o procurador, que tuvieran que realizar las prácticas y hacer el examen. En quinto lugar, el incumplimiento por parte de la Administración de todos estos requisitos puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Termino. Todos los argumentos expuestos anteriormente ponen de relieve la necesidad de retrasar la entrada en vigor de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 5/2012 en la Ley de acceso a la profesión
de abogado y procurador, la obligación del Gobierno de pararse, pensar y actuar con responsabilidad anteponiendo la calidad de la formación y el acceso en condiciones de igualdad de los estudiantes al Colegio de Abogados e instituciones privadas antes de poner en marcha la reforma en las condiciones actuales. De lo contrario va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento. Como decíamos anteriormente, el real decreto ofrece más problemas que soluciones porque no se dan las condiciones mínimas para garantizar una formación de calidad acreditada anclada en lo público, ni un sistema de becas, ni un sistema de acceso a la profesión de abogado y procurador en condiciones de igualdad. Acabo con una frase que acabo de leer: Dicen que mire al futuro para que no vea cómo se cargan el presente. Yo creo que debemos solucionar el presente.
El señor PRESIDENTE: Además de la propia autoenmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, el debate el próximo jueves sobre la convalidación del Real Decreto-ley 5/2012, cuya disposición final tercera modifica lo dispuesto en la Ley de Acceso 34/2006, y la anunciada posterior tramitación como proyecto de ley, van a permitir a los grupos formular enmiendas para corregir o dar respuesta a las situaciones que creemos que todavía están muy lejos de ser resueltas. No obstante damos la bienvenida a esta iniciativa que estamos debatiendo porque permite singularizar el debate, aislarlo del resto de regulación de mediación, y además porque permite plantear cuál va ser el posicionamiento de los grupos al respecto. Desde este punto de vista, desde Convergència i Unió queremos manifestar que siempre hemos sido partidarios de la necesidad de una ley de acceso, y por eso la votamos afirmativamente. Votamos que sí a la Ley 30/2006. ¿Por qué? Nosotros consideramos la necesidad de homologarnos a los países de nuestro entorno, que todos la tienen y nos vienen acusando reiteradamente desde hace decenas de años de ser un coladero puesto que licenciados de sus países se colegian en el Estado español para posteriormente, en virtud de la libre circulación, ejercer la profesión en sus respectivos países sorteando así, por la puerta de atrás, el requisito de acceso. Esto por una parte; pero especialmente porque la capacitación para ejercer una profesión nos resulta imprescindible para prestar un buen servicio en términos de calidad a la ciudadanía. La situación actual de hoy me licencio, mañana me colegio, pasado voy al Supremo, creemos que no es admisible en términos de calidad en la prestación del servicio. Esto, señorías, a nuestro juicio es algo que viene reivindicándose, por lo menos en lo que yo tengo memoria, desde finales de los años setenta, y nada tiene que ver con la licenciatura o con el grado porque Bolonia no estaba todavía en el horizonte legislativo. Por esto Convergència i Unió votó afirmativamente la Ley 34/2006, aunque también he de decir que por razones competenciales la Generalitat recurrió la norma y este recurso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
Convergència i Unió, como digo, somos partidarios de una ley de acceso, pero somos también fervientes y radicales defensores de la seguridad jurídica y de la implementación no de una parte, sino de todo lo que se dispuso en la Ley 34/2006, singularmente en cuanto a becas y ayudas puesto que no resulta admisible -y el señor Llamazares acaba de referirse a lo dispuesto en la directiva de servicios y a los pronunciamientos del Tribunal de la Competencia- que quede vedado el acceso a una profesión por causas estrictamente económicas, como es la necesidad de cursar estudios, un máster, con un coste entre elevado y muy elevado -se está hablando de máster de 28.000 euros, no asequible cómo se pueden imaginar a todos los bolsillos- sin que se hayan implementado ni previsto las becas que sí estaban recogidas en la propia ley para garantizar, como no puede ser de otra manera, la igualdad de oportunidades en el acceso a estas profesiones.
He de decir que el Gobierno socialista ha demorado excesivamente el reglamento. Se han tardado casi cinco años en hacerlo y prácticamente se ha hecho el mes anterior a que entrara en vigor la ley. Por lo tanto -lo ha expuesto ya el señor Llamazares- nos encontramos con que no hay nada preparado: ni másteres, ni prácticas, ni acceso, etcétera. Tenemos la respuesta por escrito de las comunidades autónomas adonde los estudiantes se han dirigido para saber dónde se tenían que matricular. No hay nada previsto, no hay prácticamente ningún máster aprobado todavía. Toda esta situación ha obligado al actual Gobierno a resolver -o intentar resolver- en el Real Decreto-ley 5/2012 la situación; pero, a pesar de lo allí dispuesto, entendemos que quedan problemas por resolver y por esto hemos formulado una enmienda que a nuestro entender recoge parte de las problemáticas pendientes. Me voy a centrar únicamente en dos. Primero, la necesidad de un desarrollo urgente del reglamento previsto en el apartado 2 del punto dos de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 5/2012, para que permita que aquellos que comenzaron sus estudios después de 2006 y ya los han finalizado -porque hay licenciaturas de cuatro años- en febrero de 2012 o los van a finalizar en junio de 2012, puedan sin dilación alguna acceder a las prácticas y al examen de acceso que se contempla. Están actualmente de brazos cruzados; tenemos cartas, lo comentábamos con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de personas que son incluso el número uno de su profesión, que han finalizado los estudios y que no pueden colegiarse ni iniciar el máster, ni iniciar las prácticas, ni hacer el examen de
acceso. Esta es una situación que no puede darse. Estamos obligados, y se está obligado desde el Gobierno, a dar una respuesta. Segundo, que el Gobierno ha de tener previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 las ayudas y becas de la disposición adicional segunda de la Ley 34/2006, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador así como para no impedir -algo que está vedado- el acceso a una profesión por motivos estrictamente económicos. Por último, solicitamos que, en el caso en que el Gobierno vea que no se puede garantizar con carácter inmediato toda esta situación y no se puedan resolver estos casos que ya se están produciendo, apruebe una moratoria durante el tiempo necesario para implementar lo previsto en la normativa vigente.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones por parte de los grupos parlamentarios, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Echávarri.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Inicialmente, la proposición no de ley que presentaba IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural solicitaba la exclusión de los licenciados en Derecho, en aplicación de las previsiones de la Ley 34/2006, permitiéndoles la libre colegiación una vez obtenido el título de licenciado, cuestión en la que podríamos coincidir al entender que los licenciados cursan un año más de carrera que los estudiantes de grado, sobre todo porque pensamos que los contenidos de las licenciaturas son suficientes para acceder a estas profesiones, ya que de hecho siempre lo han sido. En la enmienda que ha presentado el mismo grupo en la intervención del compañero, modifican esta petición inicial sustancialmente y proponen al Gobierno ampliar la vacatio legis que finalizó el pasado 31 de octubre tras cinco años. Proponen ampliarla hasta la total extinción de la licenciatura, es decir, hasta la finalización del curso 2013-2014 -entiendo que sería así porque en prácticamente la totalidad de las universidades están ahora mismo en el tercer curso-. Con esta ampliación de la vacatio, que vuelve a aplazar de forma total la eficacia de la norma, se permitiría que cualquier persona con el título en derecho, durante tal vigencia de la vacatio, pudiera colegiarse sin cumplir las previsiones de la Ley 34/2006. Y digo cualquier persona con el título, es decir, licenciados y estudiantes de grado que hubieran finalizado, porque no hay que olvidar que algunas universidades sí implementaron antes lo que se conoce como Plan Bolonia. Estamos intentando evitar una desigualdad y lo que se hace es generar otra desigualdad entre ellos, que era precisamente lo que la PNL inicial quería evitar y así lo entendíamos nosotros. No se puede tratar con igualdad dos situaciones desiguales y estas son la de los licenciados y la de los estudiantes de grado, tanto por la duración de la carrera como por sus contenidos, como he señalado. Además, amplía las solicitudes iniciales, instando a crear másteres y un sistema de becas que permita que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a estos cursos, cuestiones con las que nosotros también estamos de acuerdo, pero que entendemos que deben ser debatidos en otras comisiones o en otros foros, ya que olvida particularidades tan importantes como la UNED. Por ello, dadas estas modificaciones y, sobre todo, entendiendo que a partir de este jueves, como ya se ha señalado, el Decreto-ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ya se ha convalidado y tramitado, como parece ser que tiene intención el Gobierno, como proyecto de ley, creemos que los cauces adecuados para enriquecer, modificar, enmendar o añadir cualquier cuestión relativa a la Ley 34/2006 deben ser a través del debate de dicho proyecto, por la puerta que ha abierto el mismo con la disposición final tercera. Por ello este grupo se va a abstener en la votación de la presente proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Plural.
La señora ESCUDERO BERZAL: El Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Plural al considerar que el Gobierno ya ha propuesto una solución justa y equilibrada a través de la disposición final tercera, que exime al conjunto de los licenciados que comprenden las promociones del 2006 al 2010 de la realización del máster de acceso a la abogacía que había impuesto injustamente la Ley 34/2006, aprobada por el Gobierno socialista y su grupo parlamentario en la última legislatura. Curiosamente, ha sido el Grupo Socialista, haciendo buen alarde de su incoherencia en esta Cámara, quien ha presentado una proposición no de ley para su debate en Pleno en la que pretende hacer exactamente lo contrario de lo que opinaba hace unos meses cuando la vacatio legis de la ley estaba vigente y todavía teníamos la opción de enmendar totalmente el desatino con el que se elaboró este marco legal. En diciembre del pasado 2011, cuando llegó el nuevo Gobierno, la ley ya estaba en vigor y ello limitó considerablemente el margen de este Ejecutivo para enmendar el error y la injusticia creada por la ley socialista. Hasta que se produjo el cambio de Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Popular presentó en numerosas ocasiones y en diferentes foros la voluntad inequívoca de excluir, cuando todavía estábamos a tiempo, al conjunto de licenciados de esta ley, aunque siempre se encontró, siempre, con un escollo: la oposición del Partido Socialista. Una prueba clara la tenemos en la respuesta que el 17 de enero de 2011, desde el Gobierno socialista, se dio a la pregunta por un parlamentario de esta Cámara del Partido Popular, en la que se le decía que no existe, a fecha de hoy -el 17 de enero de 2011-, previsión para modificar la citada ley. Sin embargo, prácticamente un año después, el 14 de marzo de 2012, cuando hay un Gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista dice
que esa ley es mala, que produce efectos indeseados y que hay que modificarla, como se desprende literalmente de la proposición no de ley que registró en esta Cámara el Partido Socialista el 14 de marzo de este mismo año.
¿Cómo definen ustedes esto, señorías? ¿Demagogia? ¿Frivolidad? Desde el Grupo Parlamentario Popular lo llamamos irresponsabilidad. El Partido Socialista mira el interés general dependiendo de quién gobierne y eso no es interés general, señorías, sino interés partidista. El Partido Socialista tuvo cinco años para cambiar la ley y no lo hizo. Ahora que saben que esos cambios producirían una inseguridad jurídica evidente, tratan de llevarse, a través de la demagogia, la incoherencia y, vuelvo a repetir, la irresponsabilidad, el beneplácito de un colectivo al que ellos mismos han condenado a un trato diferente respecto al resto de licenciados. Aun así, y lejos de desentenderse de esta cuestión, el Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario han trabajado en la búsqueda de una solución justa desde el punto de vista jurídico y político, sin discriminar a ningún licenciado y para que aquellos que sí fueron discriminados por la ley del Gobierno socialista ahora queden exentos o convaliden sus créditos sin tener que cursar el máster en cuestión. En el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo se establecieron a través del Decreto-ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuatro excepciones al máster para acceder a la abogacía. La primera de ellas exime a todos aquellos licenciados o que todavía estén cursando la licenciatura y que se hubieran matriculado por primera vez con anterioridad a que se aprobara la ley, es decir, antes de octubre de 2006. De esta forma, ningún estudiante que haya iniciado sus estudios antes de la promulgación de la Ley 34/2006 se vería afectado por la misma ya que no nos parece justo que se cambien las reglas del juego a mitad del partido. Caso distinto es el de quienes comenzaron el primer curso con posterioridad a dicha fecha, ya que estos eran conscientes de que esta ley estaba en vigor y conocían esas reglas del juego. Aun así, creíamos que por cuestión de igualdad con el resto de licenciados, estos no tendrían por qué cursar una formación complementaria a la de las anteriores promociones. Así pues, solo tendrán que cumplir la parte práctica, lo que conlleva una gran oportunidad para inmiscuirse en el mercado laboral, con una gran experiencia relacionada con su ámbito laboral, ganando en excelencia, capacitación y profesionalidad. Los otros dos casos excepcionales hacen referencia a aquellos que solicitaron la homologación de un título extranjero antes de la entrada en vigor de la ley, que también estarán exentos, y los que obtuvieron la licenciatura antes de la Ley del 2006 y todavía no han ejercido la profesión, los cuales correrán la misma suerte. Eso sí, todos ellos deberán colegiarse en un máximo de dos años -octubre de 2013 como plazo máximo- para competir en igualdad de condiciones con los graduados que terminarán sus estudios según el nuevo plan conocido por todos. En la proposición no de ley que nos lleva a este debate, en su exposición de motivos, se incide acertadamente en dos conceptos que se han tenido muy en cuenta a la hora de elaborar dicha reforma: por un lado, la situación de transitoriedad y, por otro lado, la elaboración de un criterio objetivo e intemporal. Y así ha sido. Los licenciados que han cursado sus estudios con posterioridad a la aprobación de la Ley 34/2006, con independencia del año en que terminen, no tendrán que realizar ningún estudio adicional ni desembolsar el dinero que supondrían esos estudios. Por lo anteriormente expuesto, consideramos esta reforma como justa y confiamos en la labor del Ejecutivo para corregir los errores y problemas creados por anteriores gobiernos. Espero y deseo que el resto de grupos tenga a bien confiar en la buena voluntad del Ejecutivo y en su compromiso ineludible con la legalidad y la justicia.
Señorías, el jueves se vota en esta Cámara la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, para su posterior tramitación como proyecto de ley. Se ha Ha entrado en vigor una ley hace casi un año; sin embargo, están sin desarrollar cuestiones muy importantes que llevan a situaciones no absurdas, señoría, sino dramáticas, personas que han acabado su formación jurídica y no pueden trabajar, aunque tienen ya ofertas de trabajo, porque el Gobierno anterior en cinco años fue incapaz de reglamentar la funcionalidad, por ejemplo, del máster al que se obliga a los que han acabado su formación. Dramático, señorías. Mi grupo votará hoy en contra porque creemos que el real decreto en principio da respuesta rápida y porque debe ser en el trámite legislativo, que se iniciará, si la Cámara lo estima, el próximo jueves, donde se proceda al diálogo y al entendimiento para mejorar entre todos el texto legislativo. Esperamos que sea de manera diligente, que podamos dar respuesta a todas las situaciones que se están planteando y que, dada la buena disposición de todos los grupos por las propuestas que se están haciendo, incluso las del grupo culpable de que nos encontremos en esta situación, podamos llegar al mejor texto legislativo.
- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000029).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 3, sobre la regulación de la dación en pago y otras medidas urgentes en materia de ejecución hipotecaria, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Recondo.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, soy el señor Francisco Jorquera.
La iniciativa que paso a defender consta de dos puntos. En el primero proponemos que se impulse una reforma
legislativa que permita en determinadas circunstancias la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, una moratoria en el pago de los plazos pactados, acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. Y en el segundo punto proponemos vincular cualquier ayuda o incentivo público a las entidades financieras a que acepten un código de conducta sobre ejecuciones hipotecarias, donde se comprometan a negociar con los deudores de buena fe que atraviesan dificultades económicas y destinan el inmueble a residencia habitual, una moratoria en el pago de la deuda en función de la evolución de la situación económica del deudor. Suscitamos una cuestión que ya ha sido planteada desde el inicio de esta legislatura por otros grupos parlamentarios y que fue planteada por el propio Bloque Nacionalista Galego en la legislatura pasada mediante una proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución hipotecaria, que no fue admitida a trámite por la oposición, entre otros, del Grupo Popular y el Grupo Socialista. La solicitamos nuevamente porque estamos ante un problema social de primer orden que es necesario resolver con cambios legales y no con normas cosméticas hechas a la medida de la banca, como es el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que será sometido a la convalidación de la Cámara el próximo jueves. Una norma cosmética hecha a medida de la banca por varias razones. La primera, porque en su elaboración, como reconoció el propio Gobierno, tan solo participó una de las partes en conflicto, el sector financiero, a través de la Asociación Española de la Banca, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y de la Asociación Hipotecaria Española. La segunda, porque, como expresamente regula el artículo 5.1, será una norma de aplicación voluntaria por parte de las entidades de crédito. Este carácter voluntario comporta una clara desigualdad ante la ley, pues la protección de la posición más débil no cuenta con el amparo de una norma legal. Para las personas que no puedan pagar las hipotecas seguirá vigente el artículo 1911, del Código Civil, que establece la responsabilidad universal ante el acreedor. Por tanto, en caso de tener deudas deben responder con su patrimonio íntegro, por lo que la entrega de la vivienda en pago no tiene valor legal ni real y solo podría ser atenuado en caso de que el banco decida acogerse a este código de buenas prácticas.
La discrecionalidad del decreto también se refleja en la forma en que se regula la supervisión de su aplicación. Así, en la comisión de control que se constituirá al efecto participará la Asociación Hipotecaria Española, pero no se contempla la participación de representantes de los afectados por los embargos. La aplicación de los umbrales de pobreza para poder ser beneficiario de las medidas de reestructuración del préstamo será ejercida por las entidades bancarias. Serán, por tanto, los propios bancos quienes decidan quién está dentro de estos umbrales. Así, pues, queda en manos de la banca aplicar las condiciones del código de conducta en un sistema de doble validación. Primero, la banca tiene que expresar su voluntad de adhesión y después decidir a quién se le aplica, porque se delega en ella la facultad de examinar la situación de los afectados. Y por si todo esto fuese poco, el código ni siquiera contempla ningún tipo de sanción a la entidad que, habiéndose adherido al mismo, luego lo incumple, es decir, el Gobierno delega de hecho su función de gobernar, pues remite el cumplimiento de las normas a lo que voluntariamente acuerde el sector bancario.
Señorías, lo que el Gobierno propone es tanto como poner el zorro a cuidar a las gallinas. A juicio del BNG, el planteamiento tiene que ser muy distinto. Si se apela a un código de conducta sobre ejecuciones hipotecarias en un contexto donde la banca se está beneficiando de ingentes cantidades de recursos públicos para acometer su saneamiento, se debe condicionar cualquier ayuda o incentivo público a las entidades a su aceptación y aplicación real, pero sobre todo, señorías, son necesarios cambios legales que concilien el derecho del acreedor a que le sea resarcida la deuda con el derecho y el respeto y protección de derechos fundamentales, como es el derecho a la vivienda y el propio derecho a disfrutar de una vida digna. La legislación procesal hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen ambos derechos. La rigidez del marco procesal no admite siquiera un proceso contradictorio, donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida. Esta situación es la que hay que corregir y para corregirla es necesario que el Gobierno y los bancos asuman su responsabilidad. Si la política responsable de la banca ha contribuido de manera determinante a generar la burbuja inmobiliaria, también es lógico que asuma parte de sus costes, y el Gobierno y este Parlamento no pueden inhibirse de la responsabilidad de legislar para asegurar la protección de los más débiles, para asegurar que el derecho a una vivienda y a una vida digna sea real y efectivo y no solo una mera declaración formal. Por todo eso solicito el apoyo de los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Convergència i Unió ha presentado una enmienda que pretende enriquecer la propuesta del Bloque Nacionalista Galego y que a continuación expondré. Ahora bien, antes de pasar a su defensa, es preciso recordar que en la pasada legislatura mi grupo parlamentario ya estaba preocupado y sensibilizado por la situación de sobreendeudamiento de
muchas familias en este contexto de grave crisis económica y por las consecuencias que se derivaban de la misma, en ocasiones dramáticas. Posiblemente, el gran problema del endeudamiento familiar es sobre todo que ha ido en aumento con gran rapidez y nuestra legislación no contempla los mecanismos adecuados para resolver esas situaciones complejas no solo humanamente, sino también jurídicamente. Desde el inicio de la crisis las ejecuciones hipotecarias han ido en aumento y no hemos encontrado una fórmula que solucione este grave problema que padecen cada día más familias. Por tanto, conocedores y preocupados por esta situación, mi grupo parlamentario apoyó e impulsó la creación de la subcomisión para el estudio de la reforma del sistema hipotecario español en la desaparecida Comisión de Vivienda. Lamentablemente, los trabajos de aquella subcomisión no pudieron concluirse por el fin avanzado de la legislatura. Por eso, ante el enorme interés de todo lo que se trató y la posibilidad de pedir al Gobierno desde ese grupo de trabajo, con representación de todos los grupos parlamentarios, el impulso de iniciativas que contribuyan a mejorar nuestro sistema hipotecario, Convergència i Unió, como bien saben, ha insistido desde el inicio de esta legislatura en que se vuelva a constituir la subcomisión para reemprender el estudio de lo que quedó pendiente y pedimos que los demás grupos nos ayuden en ese objetivo, visto el interés común en la resolución de este problema.
Entrando en la enmienda presentada, como seguramente conocen ustedes por cuanto hace pocas semanas mi compañero, Pere Macias, también lo defendió en el Pleno de la Cámara ante una iniciativa de La Izquierda Plural, hemos recogido distintos puntos que provienen de un documento del Parlament de Catalunya, en relación con el cual han realizado aportaciones todos los grupos parlamentarios, que pretende transformarse en una proposición de ley para la reforma de determinados aspectos del mercado hipotecario. Lo que buscamos con esta enmienda es precisamente encontrar una solución jurídica a un problema ciertamente complejo, como decíamos antes, con una ley ya existente como es la Ley Concursal. Nuestro compañero Macias lo exponía muy bien en el Pleno: Tenemos una ley que ha sido fundamentalmente pensada para las empresas pero que en estos momentos algunas familias la están ya utilizando para resolver las situaciones de sobreendeudamiento. Pues bien, trabajemos para adaptar esa ley ya existente a la compleja situación actual y que permita que las familias también puedan ampararse en ella. De hecho, en la reciente reforma de la Ley Concursal ya se intentó dar una solución a los concursos de particulares, pero no se consiguió. Ahora la enmienda que presentamos recoge cuatro puntos que pretenden, en primer lugar, reformar la Ley Concursal, facilitando que en determinados supuestos de sobreendeudamiento las familias puedan acogerse al concurso; en segundo lugar, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que aborde la cuestión de las cláusulas abusivas y se modifique también la regulación de los ingresos inembargables; en tercer lugar, presentar una nueva ley de endeudamiento responsable, para así evitar ese sobreendeudamiento; en cuarto lugar, proponemos también medidas legales y fiscales para facilitar la continuación de su uso en la vivienda familiar en determinados supuestos. Además, también queremos resaltar que damos un gran valor a esta enmienda, porque no se trata únicamente de una propuesta de nuestro grupo parlamentario, sino que ha sido trabajada por todos los grupos del Parlament de Catalunya, y desearíamos que esta Cámara también la hiciera suya.
Por último, queremos agradecer la voluntad de consenso ofrecida por el portavoz señor Jorquera, por cuanto estamos trabajando en una enmienda transaccional que permita incluir a la mayor parte de los grupos parlamentarios. Aún estamos hablando con el proponente y esperamos llegar a un acuerdo antes de que finalice esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado señor Martín Peré tiene la palabra.
El señor MARTÍN PERÉ: Efectivamente, señorías, estamos tratando una cuestión, la situación de impago de créditos hipotecarios y todas las cuestiones asociadas con el mismo, que se ha constituido en una suerte de drama social y económico en los últimos años. Tanto la señora Surroca como el señor Jorquera lo estaban explicando hace un momento: hay una relación total y directa entre la crisis económica que padecemos y el aumento de los desahucios y de los impagos hipotecarios sobrevenidos. Quería hacer una mención breve, incluso podría denominarse un ejercicio de nostalgia, y es que nos retrotrajéramos todos a los programas electorales que presentábamos los partidos políticos en marzo de 2008, hace más de cuatro años, para las penúltimas elecciones generales, en los que prácticamente ninguna formación política se planteaba siquiera la cuestión de la dación en pago y situaciones análogas, porque no constituían el problema en el que ahora se ha convertido. Por eso, durante la pasada legislatura, las actuaciones que se hicieron por parte del Grupo Socialista, del Gobierno, iban encaminadas a paliar las situaciones que se iban dando. Así, por ejemplo, en noviembre de 2008 se aprobaron una serie de medidas, como la ayuda de 500 euros mensuales a aquellas personas que estuvieran en paro y en situación de no poder afrontar el pago de sus hipotecas, junto con el aumento de la inembargabilidad de los salarios al doble del salario mínimo interprofesional. A lo largo de la legislatura se tomaron otro tipo de medidas, como la disminución hasta el 20 por ciento del valor de los bienes inmuebles que estuvieran embargados y dispuestos para subastarse, para presentar como aval para que pudiera haber una mayor participación en las subastas, que constituye uno de los principales problemas en esta coyuntura. También se aumentó al 60 por ciento del valor de tasación de la vivienda el mínimo al
que podía disminuirse en las citadas subastas. Todas estas modificaciones, aunque contribuyeron a ayudar a las personas que se encontraran en esa situación, no fueron suficientes, motivo por el que se creó una subcomisión, que ha citado la señora Surroca, en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Vivienda, cuyas principales consideraciones o conclusiones son las que ahora casi todos los grupos estamos proponiendo.
Se da la circunstancia de que esta cuestión de carácter social y político ha tenido una trascendencia parlamentaria, y en el poco tiempo que llevamos de legislatura, si no me falla la memoria, son tres las ocasiones en las que se ha debatido esta cuestión en el Pleno y en diversas comisiones, no solo en esta. Recientemente, hace dos semanas, en la Comisión de Economía y Competitividad también se llevó a cabo una deliberación muy similar, y lo cierto es que este jueves se va a debatir la propuesta del Gobierno que, como acertadamente han definido la mayoría de medios de comunicación, podríamos considerar como un código de buenas prácticas. No voy a criticar, ni mucho menos, la voluntad proponente del Partido Popular, porque creo que lo hace con la mejor de las voluntades posibles, pero todas las formaciones políticas, menos el citado Partido Popular, estamos de acuerdo que es una propuesta que podría tildarse de insuficiente. Sin embargo, el principal problema no solo está en su parte propositiva, no lo veo ahí, sino en que, al ser una adhesión de carácter voluntario, se da la circunstancia -si me permiten una licencia, voy a citar a Séneca-, de que siempre es fácil vender la voluntad de uno mismo cuando se percibe un beneficio ajeno. En este caso estamos hablando de que a quien se le pide que voluntariamente se adhiera a ese código de buenas prácticas ha estado percibiendo beneficios más que cuantiosos, como sucede a las entidades financieras con el negocio hipotecario. En consecuencia, frente a la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto, y concretamente, el señor Jorquera a cargo del BNG, con nuestra enmienda podemos, como había dicho también la señora Surroca, enriquecer el texto que se ha propuesto. También conocemos el contenido de la enmienda de Convergència i Unió y estamos de acuerdo con lo que se propone. De hecho, hemos hecho también una propuesta relativamente similar en otras comisiones.
Entro ya de manera muy breve en el contenido de nuestra enmienda y a explicar por qué contribuye a mejorar la propuesta del Grupo Mixto. Dentro del concepto global de la dación en pago, que a efectos literales es lo que supondría la entrega de la vivienda con la cancelación del crédito hipotecario, hay muchas otras cuestiones asociadas, como regular esa dación en pago de la que hablamos, que supondría la introducción de un modelo obligatorio para las entidades financieras junto con el modelo tradicional hipotecario que ya conocemos, por el cual fuera posible establecer de manera legal que con la cancelación del crédito se procedería a la entrega de la vivienda. Es evidente que con ello no se daría una solución, por la imposibilidad de la retroactividad de esta medida, a aquellas personas que ya tuvieran constituidas las hipotecas con anterioridad a cualquier modificación legal y, en consecuencia, habría que dar una solución a esas personas o a esas familias que se encontraran en esa situación. Por eso, planteamos la posibilidad de incentivar la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe, promoviendo un acuerdo con las comunidades autónomas para eximir del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, en los casos en los que la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda, con los límites oportunos para evitar los abusos que pudieran darse. También proponemos la ampliación de los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria cuando el hipotecado o el principal proveedor de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo -en ese sentido, creo que coincidimos exactamente con el apartado b) del punto primero de su proposición no de ley- y facilitar el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando que en la práctica solo puedan acudir las entidades financieras a esos procedimientos de embargo que, como decíamos, son una parte muy importante del problema que estamos aquí debatiendo. Sin ánimo de ser exhaustivo, quiero manifestar también que es necesario presentar un proyecto de ley de insolvencia personal para abordar las situaciones de endeudamiento de las personas. Convergència i Unió y otras formaciones políticas se han manifestado de igual manera. También quería decir que sería necesaria una mejor regulación de las sociedades tasadoras, para fomentar su competencia y, sobre todo, su independencia de las entidades financieras, puesto que es otra de las cuestiones en donde suelen hallarse la mayoría de los problemas sobrevenidos con la situación de impagos hipotecarios.
Creemos humildemente que esta propuesta mejora la formulada por el Grupo Mixto o, al menos, la complementa. Y no tiene por qué haber ningún problema para encontrar un acuerdo y llegar a una proposición transaccional.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a fijar posiciones. ¿Grupo Parlamentario PNV? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario UPyD, la señora Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, como nos recordaba el portavoz del Grupo Socialista en su intervención, hace cuatro o cinco años este debate que estamos viviendo y este problema al que estamos encarándonos no formaba parte de las propuestas electorales ni de los compromisos de las formaciones políticas porque no se había producido el problema o, por lo menos, no había adquirido la dimensión que ha adquirido desde hace bastante tiempo por mor de esta crisis económica que se sufre en nuestro país. Siendo cierto eso,
que hace cuatro años y medio no llevábamos estas propuestas en nuestros programas políticos, también es cierto que durante la legislatura pasada se abordó en más de una oportunidad esta cuestión en debates parlamentarios, tanto en Pleno como en Comisión, lo cual indica que hay fuerzas políticas que ya entonces planteamos la necesidad de actuar de una manera global, de una manera general y de una manera que fuera obligatoria, si me permiten la expresión, para las entidades financieras respecto de este problema. Ya en la legislatura pasada fueron rechazadas iniciativas, entre otras, de mi entonces compañero del Grupo Mixto, señor Jorquera, y creo que de esta formación política, Unión Progreso y Democracia, y también otros grupos plantearon este debate al que hasta el momento presente no le hemos dado una respuesta suficiente. A la vista está que tenemos un problema que no solamente no disminuye sino que crece a la misma velocidad que lo hace la crisis, y crece sobre todo porque no hemos sido capaces de encontrar una solución a este problema o porque las soluciones que se plantean hasta el momento presente son soluciones parciales que, insisto, no resuelven los problemas de fondo.
Una de estas soluciones parciales, a mi juicio, es esta iniciativa que ha tomado el Gobierno de la nación y que veremos, como también se indicaba, este próximo jueves. No me voy a detener en ello porque tendremos tiempo en el debate de hablar de esa cuestión, pero me parece que además de ser una solución voluntaria, como aquí se decía, plantea otro problema grave, y es que pone tantas condiciones para acceder a esa solución, termina siendo tan restrictivo que es puramente marginal el número de personas que pueden llegar tanto por la cuantía de la hipoteca como por la cantidad de exigencias que se pide, esto es, la absoluta incapacidad de todos los prestatarios, de todos los avalistas, de toda la familia. Realmente son muy pocos los ciudadanos españoles que en este momento estén en situación de poder acceder a esa norma que el Gobierno nos ha propuesto. Diríamos que es una norma prácticamente -entiéndame correctamente la expresión- destinada a personas que se podrían denominar homeless, personas que están ya realmente en la marginalidad absoluta, y creo que ese no es el problema general ni el objetivo que nos debe mover.
Por tanto, anuncio en esta intervención que nuestro grupo, coherentemente con lo que hemos venido sosteniendo sobre esta materia y con la proposición de ley que defendimos hace quince días en el Pleno del Congreso y que mereció el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del Grupo Popular, va a apoyar la iniciativa planteada por el BNG, por el señor Jorquera. Naturalmente, como en todas las iniciativas que tienen que ver con la solución de problemas complejos, seguramente hay matices, y de hecho los hay. Quizá el matiz más importante en las soluciones que el propio señor Jorquera apunta resulta una cuestión de fondo, y es que esto debería ser abordado a través de un proyecto de ley, de una ley que nos permitiera debatir, exponer y resolver esta cuestión tan compleja. A nuestro juicio, hemos de poner en marcha en España un sistema que ya existe en otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, que se conoce como fresh start, que algunos traducen como segunda oportunidad aunque la traducción más directa sería el reinicio, que resuelve el problema de aquí a mañana pero que también les da una solución a los problemas que ya existen este momento, y es que a mucha gente le preocupa que como las leyes no pueden ser retroactivas no lo pudiéramos resolver de esta manera. A nuestro juicio, se puede resolver de esta manera; en todo caso esta es una cuestión compleja que requiere un debate serio sobre la cuestión pero que en modo alguno debe ser aparcado -lamentaría mucho que así se pudiera producir; ojalá, no- con la idea de que el Gobierno ya ha planteado una iniciativa al respecto y que por esa vía resolveremos la cuestión, porque todos sabemos que por la vía de la iniciativa que el Gobierno ha planteado, más allá de cuál fuera su voluntad, no se va a resolver esta cuestión. Por tanto, insisto, Unión Progreso y Democracia apoyará la iniciativa del señor Jorquera en sus propios términos o por la vía de una transacción si él mismo así lo considera.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario La Izquierda Plural? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Matos tiene la palabra.
El señor MATOS MASCAREÑO: La semana pasada el Grupo Parlamentario Popular llegó a un acuerdo con el grupo proponente, Unión Progreso y Democracia, en un tema también referente al sistema hipotecario en relación con los intereses de demora, sobre un texto en el que se intentaba erradicar estas cláusulas consideradas completamente abusivas, desproporcionadas e injustas. Por tanto, es fácil llegar a acuerdos con algún grupo político cuando realmente hay voluntad de aproximación. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando una iniciativa del Gobierno, que es la primera vez que se plantea por un Gobierno de España, acomete la dación en pago con unas determinadas condiciones y una medidas de segunda oportunidad presentes en países de nuestro entorno, si de entrada se dice que esa iniciativa obedece a normas cosméticas a medida de la banca aunque es todo lo contrario; se trata de normas a medida de unos ciudadanos que están sufriendo un problema muy grave. Por tanto, con esa voluntad por parte del proponente es difícil siquiera plantear un acuerdo, por lo que ya anuncio el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular.
Es cierto que en las últimas semanas se están debatiendo distintas iniciativas, tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Economía o ahora en la Comisión de Justicia, que tienen como fin el establecimiento de la dación en pago en los procedimientos hipotecarios y en la erradicación de condiciones y cláusulas que pueden considerarse abusivas. Hemos debatido proposiciones de ley en el Pleno, mociones, proposiciones no de ley en la Comisión de Economía, enmiendas de los distintos grupos -es por tanto un tema debatido
en estas últimas semanas-, y todas esas iniciativas -la de hoy también- tienen varios rasgos en común. Todas fueron presentadas antes de que el Gobierno aprobara el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Además, todas plantean como objeto principal de la iniciativa la dación en pago, es decir, la posibilidad de cancelar la totalidad de la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda. Es decir, lo que principalmente pretenden todas esas iniciativas -esta también- no es evitar el lazamiento de la vivienda del deudor y su familia, sino evitar que el deudor, una vez perdida la vivienda que constituye su hogar familiar, continúe debiendo el resto de la deuda durante el resto de su vida. Desde luego, esa situación es desproporcionada, es injusta y es gravísima, pero no es la consecuencia o la situación más grave. El verdadero drama es la pérdida de la vivienda, no solamente el pago posterior sino la pérdida de la vivienda por parte del deudor y de su familia, y esa situación de pérdida de vivienda es precisamente lo que intenta proteger el Real Decreto-ley 6/2012 aprobado por el Gobierno.
Asimismo, en el decreto se establece una serie de medidas para determinadas familias en riesgo de situación de exclusión social. Esas medidas son: reestructuración de la deuda hipotecaria; carencia de cuatro años en la amortización de capital; reducción del tipo de interés a euribor más 0,25; y ampliación del plazo de devolución hasta los cuarenta años, al objeto de disminuir al máximo la cuota de amortización. A esas medidas se podrán acoger aquellos deudores cuyos procedimientos de ejecución no se han iniciado. Si a pesar de esa reestructuración de la deuda el pago de la misma continuara siendo inviable, se podrá solicitar una quita sobre el capital pendiente, medida a la que se podrán acoger quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que todavía no se haya producido la subasta. Y si a pesar de la reestructuración y de la quita el pago de la deuda continuara siendo inviable, se podrá solicitar la dación en pago de vivienda, lo que supondrá la total cancelación de la deuda. Esta es la primera vez que por parte de un Gobierno de la nación se plantea la dación en pago como liberación total de la deuda. Además, en este caso, el de la dación en pago, el deudor puede permanecer en la vivienda en calidad de arrendatario durante dos años más como mínimo abonando una renta que no supere el 3% de la deuda pendiente y en estos casos tendrá preferencia a las ayudas públicas de alquiler contempladas en el Plan de vivienda. Por tanto, para quien no pueda pagar sus cuotas de amortización por haber perdido el empleo, reestructuración de la deuda; si así no puede, quita de parte de la deuda y seguir en la vivienda, y si así no puede, dación en pago, cancelación total de la deuda y arrendamiento por un mínimo de dos años y por tanto seguir en la vivienda.
Esto es lo que recoge el decreto, aparte de limitar los intereses de demora, como se había planteado. Esa es la verdadera solución a este problema, que es la pérdida de la vivienda, aparte por supuesto de la posibilidad de cancelarlo, tal como se establece en el propio real decreto. En ningún país de nuestro entorno la solución es la dación en pago pura y dura. Lo que se plantea normalmente en los países de nuestro entorno, aparte de la cancelación de deuda, es la segunda oportunidad, evitar que un deudor de buena fe, por causa sobrevenida, pierda la vivienda que constituye su hogar familiar.
Todos los grupos políticos que han intervenido han hecho referencia a las iniciativas en la legislatura pasada y en particular a la subcomisión que se creó en un principio a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, a la cual se sumaron el resto de los grupos, y que estaba realizando unos trabajos creo que encomiables, porque la reforma del sistema hipotecario no solamente es la dación en pago. Hay que hablar de muchas más cosas. Espero que si esa subcomisión se crea específicamente en esta legislatura para el sistema hipotecario, o si acomete esos mismos trabajos la subcomisión que se va a crear mañana en el seno de la Comisión de Economía sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, se podrían hacer cargo de esos trabajos para llevar a cabo una reforma del sistema hipotecario para que sea más justo y proporcionado.
Con respecto al Grupo Socialista -y agradezco el tono que ha tenido su portavoz-, quiero decir que esa iniciativa, que fue del Grupo Parlamentario Popular, no tuvo acogida en la legislatura pasada principalmente por el Gobierno. En otros debates que hemos tenido esta semana he sacado a colación declaraciones de la propia vicepresidenta Salgado, de la que algún titular que tengo aquí decía: Niega que se vaya a crear una subcomisión para estudiar la dación en pago. Lo que pasa es que se unieron luego todos los demás grupos y el Grupo Socialista se vio obligado y es bueno que al final accediera, pero no era la voluntad del Gobierno ni la del presidente Zapatero, que decía: La dación en pago pondría en peligro a la banca.
Centrémonos pues en las medidas. Este real decreto-ley que ha aprobado el Gobierno y que se llevará a convalidación el próximo jueves es el inicio de unos cambios legislativos que van destinados a solventar la situación, sobre todo de los que tienen este problema. Es bueno que se analice y se reforme el sistema hipotecario en un futuro. Para eso se pueden crear subcomisiones, como esta que se va a crear mañana en la Comisión de Economía, para analizar con tranquilidad todas las reformas que sean necesarias. Es verdad que el sistema hipotecario español ha sido un sistema sólido, que tiene una vigencia de ciento cincuenta años y ha permitido a muchas familias acceder a las viviendas, y es la crisis económica, sobre todo la crisis financiera, la que ha puesto en evidencia una parte desproporcionada, porque hasta ahora para todos aquellos que no podían pagar su vivienda, que incumplían sus pagos, se producía un embargo. A esta subasta iban postores, que compraban la vivienda a un precio similar al del préstamo hipotecario; por lo tanto, se saldaba la deuda y terminaba sin
ningún problema. El problema hoy en día es que, con la crisi del sector financiero, a esas subastas no va ningún postor y cuando no va ningún postor quedan desiertas, se las adjudica el banco por el 50 o por el 60% de valor de tasación ahora, y al deudor le lanzan de la vivienda y sigue debiendo el resto de la deuda el resto de su vida. Además, en un proceso hipotecario, en un proceso judicial que dura un año, se le cargan unos intereses de demora cercanos al 29%. Eso es completamente desproporcionado e injusto, pero es esa crisis del sistema financiero lo que ha puesto en evidencia esta distorsión o perversión del sistema que hay que modificar. Se han adoptado por el Gobierno las primeras soluciones para las familias que más lo necesitan y estoy seguro que en el seno de la subcomisión que se va a crear mañana se podrá seguir analizando el resto y estableciendo las soluciones que sean necesarias.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, pregunto al señor Jorquera si acepta las enmiendas.
El señor JORQUERA CASELAS: Estamos trabajando en una posible transacción con una enmienda.
El señor PRESIDENTE: Como sabe su señoría, antes de que demos comienzo a la votación la tendría que facilitar a esta Mesa.
- SOBRE ACTUACIONES PARA COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DEL IMPORTANTE NÚMERO DE DENUNCIAS DE PRESUNTOS ROBOS DE BEBÉS Y ADOPCIONES ILEGALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000282).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley sobre actuaciones para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante número de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: El Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley con ánimo de alcanzar un acuerdo de voluntades entre todas las formaciones políticas aquí representadas. Por tanto, nada más lejos de nuestra intención que confrontar en relación con una cuestión que ha sido suscitada hace aproximadamente dos años por parte de los colectivos que representan a los afectados. Curiosamente se cumple ahora un año de la comparecencia en esta Comisión de estas asociaciones -Anadir, SOS, Bebés Robados, Aberoa y otras- para explicar la situación y sus puntos de vista y reclamar de la Administración, especialmente de los ministerios de Justicia e Interior, la ayuda correspondiente para investigar y esclarecer los hechos, en definitiva, para hacer justicia. La intención de esta iniciativa es básicamente reconocer el trabajo de los colectivos, de estas familias asociadas en distintos lugares de España para tratar de conocer dónde se encuentran esos familiares que han podido ser objeto de una actuación ilegal, de un robo o de un secuestro, de una desaparición no aclarada. Deseamos agradecer su trabajo y su esfuerzo.
En segundo lugar, pedimos al Gobierno de la nación que, si acaso todavía con más intensidad que el anterior -seguro que ya lo está haciendo-, contribuya con sus medios y con sus recursos a atender las demandas de estos colectivos. El ministro de Justicia del Gobierno anterior, señor Caamaño, en marzo del pasado año puso en marcha un protocolo con relación a la realización de pruebas de ADN en el Instituto de Toxicología, nombró un coordinador, una persona de referencia en el ministerio, concretamente un fiscal, y se dieron una serie de instrucciones desde la fiscalía. El objetivo, por tanto, es animar -y me consta que lo están haciendo- al ministro de Justicia actual y a su Gobierno a que estas labores se realicen para que sean todavía mucho más satisfactorias que las anteriores. Seguro que se puede hacer mucho más en atención a las peticiones de los colectivos.
En tercer lugar, pretendemos con esta proposición hacernos eco ante la opinión pública de este problema, darle cauce, dar -por qué no decirlo también- cariño a las personas que se sienten, como familiares, directamente afectadas por los casos que venimos conociendo en los últimos meses especialmente. Estamos hablando de cerca de 2.000 expedientes, una cifra difícil de evaluar o de establecer realmente -quizás el ministerio esté en ello con cifras más ciertas-, de ochocientos y pico casos en manos de distintas fiscalías en España. Lo que las entidades de afectados piden, más allá de nuestra voluntad como fuerzas políticas -me parece que es importante hacer referencia a ello-, es que se trabaje más en profundidad para agilizar la búsqueda de esos niños, de esos supuestos bebés robados, que el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y otras administraciones ayuden en todo lo posible para que se encuentren documentos en los archivos públicos o de hospitales, de clínicas privadas y
En cuarto lugar, pedimos que funcione realmente y se aborde con más medios la incorporación de pruebas de ADN en un banco central de estos datos para que sirvan de referencia y para su constatación y, finalmente, que se produzca una atención directa a las familias mediante -como decíamos antes- una instancia, un órgano o un grupo de trabajo, en el cual se coordinen con los ministerios implicados y se atiendan sus demandas en la medida de las posibilidades y de sus competencias.
La proposición que hemos presentado es conocida por todos ustedes -no añadiría nada especial, en definitiva es lo que vengo señalando-. Desde 1950 hasta 1990 se han venido produciendo estos casos, que caían en el riesgo del olvido y en el de no hacer justicia, y gracias
a estos colectivos de personas en toda España, y particularmente debo citar Madrid pero también mucho en Euskadi, se ha puesto la cuestión sobre la mesa y se han pedido las ayudas institucionales correspondientes para que se avance en la investigación. Ciertamente -me lo apuntaba hace un momento un compañero de grupo- es importante citar aquí la necesidad de que el fiscal general dé instrucciones claras a las fiscalías sobre cómo actuar para que se tomen realmente con la mayor dedicación posible la tarea de investigar y no que se sobresean tan rápidamente algunos expedientes, lo mismo que tenemos que pedir la colaboración de comunidades autónomas para que sus policías judiciales -algunas lo están haciendo-, en colaboración con expertos y con familias o entidades de afectados, inicien caminos y cauces de investigación que pasan como digo por desde encontrar documentación, cosa a veces harto difícil, hasta encontrar testimonios de personas cuya conciencia las anime a testificar y a explicar lo que puedan saber directa o indirectamente de los casos delictivos que se han podido producir. En este sentido y con este ánimo de no confrontar y de avanzar en la investigación, hemos llegado a una transacción con el Grupo Popular, que recoge ciertamente con buen ánimo estas peticiones, esta necesidad de atender a los colectivos y, por tanto, nos daremos por satisfechos con la aprobación de esta transacción, porque de lo que se trata es de seguir avanzando en esta dirección.
Por último, nos atrevemos a solicitar al presidente de esta Comisión y a la Mesa que, si tienen a bien, cumpliéndose un año de aquellas comparecencias, analicen, si ven oportuno -yo creo que sí-, que estos colectivos puedan, después de un año, comparecer de nuevo para explicar su punto de vista, cómo se ha avanzado o cómo no se ha avanzado en todos los campos en este tiempo, qué medidas siguen solicitando a las administraciones en su conjunto, no solamente al Gobierno de España, y quizá también, cuando lo consideren a bien, debería también comparecer fundamentalmente el representante del Ministerio de Justicia, pongo por caso, para que señale qué instrucciones, qué medidas e instrumentos de coordinación y de impulso se están realizando en los últimos meses, una vez que se produjo el cambio de Gobierno, como continuidad de las tareas anteriores.
Respecto a las enmiendas presentadas por parte de UPyD, que son estimables, queremos señalar que una de ellas, la que hace referencia a las reformas legales y reglamentarias para la creación de una sección especializada en la fiscalía, entendemos que es una precipitación en este momento. Habría que analizar con detalle lo que esto significa, especialmente por parte -entiendo- del grupo que apoya al Gobierno. Por tanto, no la despreciamos, pero consideramos que no es el momento ni el lugar para su toma en consideración. En cuanto a la segunda, cuyo espíritu podemos compartir, entendemos que ya se vienen realizando estas labores, estas gestiones de la toma de datos de ADN para generar un banco que permita la identificación de las personas teóricamente desaparecidas o de los bebés que fueron robados en su momento por prácticas a todas luces al parecer ilegales.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia toma buena nota del contenido de su intervención a efectos de las comparecencias que ha solicitado y le rogaría inclusive que se pusiera de acuerdo para formular la petición con el resto de grupos o hacerlo en nombre del Grupo Socialista. Si presentan dicha solicitud, seguramente esta Mesa acordará que se produzcan esas comparecencias, por el interés que todo este tema tiene para todas sus señorías.
A continuación pasamos a la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. La señora Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente este es un tema grave, conocido recientemente pero sufrido desde hace muchísimos años por centenares de familias en toda España. El proponente del Grupo Socialista citaba expresamente Euskadi, el País Vasco, y también Madrid, pero cualquiera que hayamos seguido esta cuestión, como él dejaba notar, conocemos casos por todo el territorio nacional con movilizaciones permanentes y con resultados bien distintos desde el punto de vista de la justicia, según en qué parte de España se produzcan las demandas y según en qué juzgado caigan. Cataluña es un ejemplo en el que los tribunales no archivan ninguno de los casos, los juzgados de instrucción siguen adelante con los procedimientos y está produciéndose en ese sentido la creación de una cierta doctrina al respecto de no prescripción, pero Andalucía es el caso contrario, particularmente Cádiz, donde hay centenares de familias alrededor de esta cuestión, en la que los tribunales, los juzgados van archivando permanentemente, dan por prescrito el asunto y se produce un verdadero drama entre las personas afectadas.
Si me permiten, señorías, obviamente valorando de manera positiva la iniciativa del Grupo Socialista, me parece que se queda corta, que es poco ambiciosa respecto del problema que se trata de abordar. Ya sé que el posibilismo nos lleva a veces a estas cosas, a avanzar aunque sea un poquito, pero es de esas cuestiones en las que tenemos la obligación de avanzar más, porque efectivamente conocimos por primera vez -yo por lo menos confieso que por primera vez- este asunto cuando vinieron las asociaciones de afectados hace un año aquí, al Congreso de los Diputados, y entramos a tomar conciencia de lo que suponía no solamente en cuanto al fondo, sino en cuanto a la cantidad de personas que están directamente afectadas -por lo tanto es un problema de la democracia no resuelto-, y después de tanto tiempo debemos de hacer algo más que instar a las autoridades a que sigan haciendo lo que están haciendo.
Si me permite recordárselo el portavoz del Grupo Socialista, es verdad que hay una buena voluntad expresada por parte de todas las autoridades -en su momento del Gobierno socialista y ahora del Gobierno actual-,
hay una buena voluntad expresada públicamente: el fiscal general del Estado, también el de ahora, ha intervenido en ese mismo sentido, pero tenemos un problema fundamental, y es que no hay una unidad de doctrina, y como no hay unidad de doctrina, aparte de que se dan soluciones completamente desiguales a casos exactamente iguales, no se puede probar que hay trama, y si no se puede probar que hay trama, no termina en la Audiencia Nacional este asunto, y no hay un criterio general a la hora de abordarlo y a la hora de resolverlo. Creo que estas personas que están esperando una solución requieren de algo más que buena voluntad. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie, ni al proponente ni al que ha hecho una enmienda y ha conseguido una transaccional, porque desde luego Unión Progreso y Democracia va a votar la iniciativa favorablemente con transaccional o sin transaccional, pero tenemos la obligación de avanzar un poco más, porque el problema que hoy tenemos está basado en que, como no hay una visión común y por tanto es imposible demostrar que hay una trama, no hay tampoco una doctrina colectiva ni hay una acción común y las cosas no avanzan verdaderamente. Basta hablar con las personas afectadas -el proponente lo ha reiterado en su intervención- para comprender hasta qué punto se sienten ya abandonadas, porque no encuentran la verdadera solución a su problema. Yo estoy en contacto también con ellos. También depende de a qué juzgado le haya tocado que llegue su asunto. Esta es la cuestión: si hablas con los andaluces, están desesperados; en el Parlamento vasco, se acaba de constituir una comisión ahora mismo sobre esta cuestión; en Cataluña, el planteamiento es distinto y hay, digamos, una satisfacción mayor sobre cómo se están resolviendo las cuestiones. Por eso proponemos en nuestra enmienda que haya una fiscalía especial -no hace falta reformar la ley, aunque en la enmienda se habla de la reforma-. El fiscal general del Estado tiene la potestad de hacerlo, lo puede hacer por el tiempo que sea necesario precisamente para unificar esa doctrina. Más allá de lo que planteaba el proponente -dar instrucciones claras, que ya es un avance por supuesto-, se podría crear una sección especial.
Este es el objetivo de nuestras enmiendas, tanto de esta como de la que propone utilizar un instrumento que ya existe, que es la Comisión nacional del uso forense del ADN. Es verdad que se trata de tener un criterio común en lo del ADN, pero es que existe esta institución que no se está utilizando para esta materia y sería extraordinariamente positivo utilizarla. Esto es lo que nos mueve a Unión Progreso y Democracia a plantear estas enmiendas que van más allá de la pura formulación de buena voluntad. Si hoy no avanzamos más, no avanzaremos, pero creo, y queda dicho en esta Comisión, que las personas que se ven afectadas por esta cuestión esperan y exigen de nosotros un paso más que el que hemos venido dando con nuestra buena y reiterada voluntad desde que tuvimos conocimiento de este drama en toda España.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, quiero en primer lugar agradecer al señor Elorza y al Grupo Socialista la posibilidad que nos brinda hoy de tratar este tema tan importante y sobre todo el tono de su intervención en su presentación de la iniciativa. Para el Grupo Popular el tema es de gran importancia y trascendencia. Como decía hace unos días el ministro de Justicia en el Senado, el drama de los niños robados reclama del Gobierno y de toda la sociedad una atención especial. Hablamos, señorías, del robo de miles de niños en toda España entre los años sesenta y noventa, niños despojados de unas madres y vendidos a otras familias; madres que lloran su pérdida; mujeres y hombres que desconocen su futuro.
Voy a intentar en mi intervención no perderme en argumentos estériles y ya conocidos sobre un tema que nos preocupa a muchos y que a algunos nos ocupa desde hace bastante tiempo. Los antecedentes son conocidos. El tema de los niños robados adquiere una notoriedad en la opinión pública y publicada hace aproximadamente un año. Tuvimos un debate, como ha dicho el señor Elorza, en febrero de 2011 en el seno de la Comisión de Justicia, donde se acuerda por unanimidad de todos los grupos instar al Gobierno a poner en marcha todos los medios e instrumentos para ayudar a la investigación de estos hechos. Como Legislativo, nosotros mostramos nuestro respaldo y solidaridad con los afectados y facilitamos a las asociaciones (Anadir, SOS, Bebés Robados, etcétera) que pudieran ser oídas en la Comisión de Justicia, como así ocurrió, y que pudiéramos evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, algo que finalmente no llegó a producirse. Recientemente, también se ha dicho, ha habido sendas propuestas en el Parlamento vasco y en el Parlamento valenciano en el mismo sentido y el pasado 6 de marzo hubo una interpelación al ministro de Justicia, al ministro Gallardón, en el Senado, que esta tarde tendrá su continuidad en una moción subsiguiente en el propio Senado.
Hoy el Grupo Socialista nos trae a debate esta iniciativa con un petitum, señor Elorza, que -se lo tengo que decir- nos sorprendió al leerlo. Nos sorprendió porque ustedes basan su petición en solicitar al actual Gobierno una rendición de cuentas del anterior Gobierno. Dicen en su punto primero: Trasladar la información sobre el grado de cumplimiento. Ustedes pretenden que el Gobierno haga una rendición de cuentas, que es algo no solamente insólito sino además imposible, ¡ya nos gustaría! Que el actual Gobierno explique lo que hizo el Gobierno anterior es imposible cuando en el traspaso de poderes no se les dejó ni documentación ni información sobre el tema (Rumores), algo que quizá hubiese facilitado que todos nos hubiésemos enterado de lo que se había hecho y que además hubiese permitido al actual Gobierno no partir de cero como ha tenido que hacer,
partiendo de cero, con mucha voluntad, eso sí, con muchas ganas y con mucha responsabilidad en este asunto. Por eso, señor Elorza, con todo el cariño yo le invito a que hable usted con su compañero de grupo, con el señor Caamaño, que seguro que tiene toda la información y ojalá nos la pueda contar tanto a usted como a todos nosotros. Hubiera sido bastante práctico que él hubiese intervenido en esta Comisión para contarnos lo que hizo el anterior Gobierno.
En su punto segundo, ustedes piden dar continuidad a la colaboración con todos los órganos afectados. En este sentido hemos presentado nuestra enmienda, que insta al Gobierno, conforme al compromiso de colaboración adquirido entre el Ministerio de Justicia y los afectados, a que continúe e impulse las vías de actuación ya iniciadas. Señorías, lo dijo claramente el señor Gallardón en contestación a esta interpelación del Senado. Compartimos la necesidad de buscar soluciones operativas que respondan a los objetivos de esclarecimiento de los hechos, tal y como pretenden los afectados -como decía el señor Elorza, todas las asociaciones de afectados están haciendo un gran trabajo-, pero sin prometer nada que no pueda ser cumplido. Señora Díez, yo creo que a usted le puede parecer poco ambiciosa esta iniciativa. A nosotros nos parece una iniciativa al menos realista. Existe un compromiso firme del Ministerio de Justicia de colaborar con los afectados y las asociaciones que los representan estudiando todas las vías posibles de actuación, teniendo en cuenta las limitaciones legales, como no puede ser de otra manera, competenciales y presupuestarias existentes, con el máximo espíritu de colaboración.
También hemos hecho hincapié en nuestra enmienda, que ha sido recogida en la transaccional, en la imprescindible coordinación entre las instituciones y organismos competentes, especialmente el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, para facilitar la investigación de las denuncias; con el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por las actuaciones realizadas en las clínicas y hospitales; con la Fiscalía General del Estado para ver la viabilidad de elaborar una instrucción general dirigida a todos los fiscales en la que se establezcan unas pautas normalizadas de actuación. Lo decía el señor Elorza y quiero tranquilizarle en este sentido porque ya se está avanzando en esta línea. Ya se ha hablado con el fiscal general del Estado, y también lo comentaba la señora Díez. Señora Díez, seguro que esto facilitará esa unidad de criterio que usted solicitaba en su intervención. También debe haber coordinación con la Agencia Estatal de Datos, a la que se ha solicitado un informe técnico para conocer las posibilidades legales de actuación dadas las dificultades que están teniendo los afectados para acceder a informaciones de archivos y registros. Por supuesto esa coordinación no puede dejar de lado al Instituto Nacional de Toxicología para analizar la efectividad del protocolo que se elaboró en su momento para la práctica de pruebas de ADN. En este sentido tenemos que adelantarles que, por razones de limitación presupuestaria, la posibilidad de realizar análisis gratuitos y universales para todos debe ser sopesada, aunque desde luego se realizarán todos aquellos solicitados por autoridad judicial, y lo que sí se está estudiando es la mejora de la atención prestada y especialmente la manera de garantizar al máximo la eficacia de los resultados de las pruebas ya realizadas.
Señorías, el ministro Gallardón detalló en el Senado los pasos dados en apenas estos tres meses de Gobierno del Partido Popular. Explicó que el pasado día 10 de febrero, apenas un mes después de llegar al ministerio, el secretario de Estado de Justicia recibió a los afectados, que en ningún momento están siendo abandonados. Fueron escuchados y se tomó nota de sus peticiones y de sus inquietudes. El ministerio adquirió con ellos distintos compromisos, entre ellos entablar una vía de comunicación permanente con los afectados con la celebración de reuniones periódicas -el ministro ya ha adelantado su presencia en la próxima- para ir dando cuenta de los avances que se logren, y para ello el ministerio ya ha designado un interlocutor único y está esperando que las asociaciones representadas designen al suyo. Por lo tanto, se están recogiendo las demandas de los afectados, se está trabajando para dar respuesta a sus peticiones, especialmente en todo aquello que facilite los reencuentros, porque se ha constatado que la vía penal, que en muchos casos era la solución elegida, no da satisfacción a los intereses de todas las víctimas, ya que muchas de ellas tienen como principal y único objetivo encontrar a sus familiares y reconstruir su historia personal.
Desde el Grupo Popular, para finalizar, queremos volver a manifestar a las víctimas, como hemos hecho en cada ocasión tanto desde la oposición como ahora, como grupo que respalda al Gobierno, toda nuestra solidaridad, nuestra complicidad, nuestro apoyo y nuestro respaldo. Queremos decirles nuevamente que su causa es nuestra causa, que tienen toda nuestra predisposición al consenso, al acuerdo en este delicado tema, que requiere sinceramente de la sensibilidad y de la complicidad de toda la sociedad para poder resolverlo. Como ha anunciado el señor Elorza, hemos trabajado con el Grupo Socialista en una enmienda transaccional. Quiero agradecer, reitero, el tono y la predisposición del Grupo Socialista porque hoy, una vez más, igual que en la pasada legislatura, los grupos parlamentarios tenemos que tener la altura de miras necesaria, actuar con responsabilidad y poner todo nuestro esfuerzo para ayudar a esclarecer los hechos y facilitar el reencuentro entre familiares. Por supuesto no tenemos ningún problema como Grupo Popular para facilitar la comparecencia de los afectados en una próxima Comisión de Justicia.
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la fijación de posiciones de los distintos grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Errekondo tiene la palabra.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Desde Amaiur queremos expresar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a todas y cada una de las personas damnificadas por los casos de bebés robados y adopciones irregulares, así como a sus familiares y amigos. Lo que ha sucedido entre el mismo comienzo de la Guerra Civil y finales del siglo XX exige, por un lado, aplicar la justicia con todo su rigor, pero, sobre todo y de manera prioritaria, el esclarecimiento de la verdad, la verdad de cada una de las víctimas, la verdad de cada uno de los casos y la de todas ellas.
Como consecuencia de la represión de la Guerra Civil, miles y miles de mujeres fueron encarceladas en condiciones inhumanas: niñas, ancianas, embarazadas, mujeres con hijos. Para quien quiera recorrer gran parte de la memoria histórica cabe reseñar la siguiente bibliografía: Los niños perdidos del franquismo, de Montse Armengou y Ricard Belis, o Irredentes. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, de Ricard Vinyes, o las películas Los niños robados del franquismo e Izarren argia (Estrellas que alcanzar), de Montse Armengou y Mikel Rueda respectivamente. Aleccionadores son los casos de la cárcel de mujeres de Málaga, la cárcel de Saturrarán, en Mutriku, Guipúzcoa. Tristemente célebre, relacionado con esa época, es la figura de Antonio Vallejo-Nájera, que era el jefe de los servicios psiquiátricos militares de Franco, imbuido en las teorías raciales de Hitler, el cual, en la cárcel de mujeres de Málaga, llegó incluso a aplicar la teoría que sostenía las íntimas relaciones que existían entre el marxismo y la inferioridad mental. Por ello proclamó -y literalmente cito- que la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de la plaga terrible. Pues bien, como consecuencia de esas aplicaciones, propició que los hijos fueran separados de las madres para ser educados bajo el paraguas de la Falange y que miles de pequeños huérfanos fueran recluidos en centros de auxilio social, hospicios y colegios vinculados a la Iglesia para su reeducación. Muchos de ellos fueron entregados a familias adeptas al régimen. A estos chicos se los llegó a denominar como la generación robada. De sobra conocidos son también los intentos de Franco por recuperar los hijos que los republicanos sacaron a Rusia y a otros destinos, con el mismo objetivo por supuesto. Por lo tanto, es evidente que, en la década de los cuarenta, los bebés robados son una herramienta de la represión política del franquismo, y posteriormente, en las siguientes décadas, son robados principalmente dentro de la estrategia de la represión moral, moralidad cuya llave recaía en la Iglesia y que aplicaba aquellas directrices según las cuales una mujer soltera no podía tener hijos o una mujer no era madura hasta casarse o cumplir los veintiséis años.
Hoy existen miles de denuncias de casos que se dieron incluso hasta finales de 1990. En Gipuzkoa por ejemplo hay 150; en Bizkaia, 48; en Araba, 31 y en Nafarroa, 16. Es patente -eso a nadie se nos escapa- la alarma social existente, por lo que debe ponerse todo el empeño en esclarecer la verdad. Las víctimas tienen derecho, por supuesto, a saber toda la verdad de lo que sucedió. También la sociedad necesita conocer la verdad y su alcance real. Valoramos, por lo tanto, positivamente la proposición expuesta y remarcamos en concreto que se informe a esta Comisión a la mayor brevedad posible del estado de las investigaciones de los casi cien casos tanto del franquismo como de la Transición que la fiscalía se supone que está llevando a cabo. Por todo ello instamos al Gobierno a que de manera urgente tome las siguientes medidas -muchas de las cuales parece ser que están en camino, de lo cual nos alegramos-: facilitación y apoyo en la obtención de la documentación tanto de archivos como de registros públicos; asesoramiento y atención jurídico-administrativa y psicológica; creación de cuantas estructuras se consideren necesarias para obtener los objetivos expuestos, en las cuales se debería garantizar la participación y coordinación directa de los afectados, de las asociaciones, y, por supuesto, como urgencia, la constitución de la comisión de investigación. También instamos a que en los casos que nos ocupan, las instancias pertinentes no hagan una interpretación restrictiva de la Ley de Protección de Datos; mantener y adecuar el protocolo de atención a las personas afectadas; instar, por supuesto, porque tiene un peso específico amplio y demostrado, a la Iglesia católica a colaborar con la fiscalía y con las personas afectadas y las asociaciones que las representan y elaborar una gran base de datos con pruebas de ADN para favorecer las identificaciones en los casos investigados. Esta es la aportación que hemos querido hacer desde Amaiur. Entendemos que la investigación, cuanto más científica y más real, va a aportar los datos reales que no solamente las asociaciones y los damnificados reclaman, sino también la sociedad misma. Por lo tanto, apoyaremos la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, la señora Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Hace poco más de un año, en febrero de 2011, aprobamos por unanimidad en esta Cámara una proposición no de ley, presentada en ese momento por Esquerra Republicana, en la que todos los grupos parlamentarios acordamos por un lado escuchar en la Comisión de Justicia a representantes de los afectados y por otro instar al Gobierno, en primer lugar, a colaborar con el ministerio fiscal, órganos judiciales y otras instituciones competentes para investigar los hechos denunciados de niños robados y adopciones ilegales y, en segundo lugar, a colaborar con las familias impulsando una serie de medidas para ofrecerles apoyo en la realización de las pruebas de ADN, establecer una vía institucionalizada de comunicación y buscar fórmulas para que las familias tuvieran acceso a la información de los registros civiles. Después de un tiempo durante el cual, por cierto, ha habido cambio de color
político en el Gobierno, el Grupo Socialista trae nuevamente a la Comisión de Justicia una proposición no de ley en relación con los casos de los niños robados y adopciones ilegales y pretende fundamentalmente recibir información de las actuaciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos, y al mismo tiempo solicita que se continúe con la colaboración iniciada por el anterior Gobierno con el ministerio fiscal y órganos judiciales.
Antes de entrar en el debate sobre las medidas concretas pedidas por el Grupo Socialista, queremos poner de manifiesto que desde Convergència i Unió desde el primer momento nos hemos solidarizado con las personas y familias afectadas por estos hechos gravísimos y además hemos expresado también nuestro enérgico rechazo e indignación ante estos sucesos. Hemos defendido que debe llegarse hasta el final en su esclarecimiento, porque en un Estado democrático y de derecho no pueden tolerarse hechos delictivos de esta naturaleza. No podemos aceptar que se tenga conocimiento de ello y se pase página sin investigar ni exigir responsabilidades a quien corresponda. Por lo tanto, mantenemos nuestro posicionamiento y hacemos un llamamiento a los demás grupos para que en este asunto seamos capaces de mantener el consenso. De hecho, todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho hincapié también en esta cuestión, que entendemos que es fundamental en un asunto tan sensible como es este. En la anterior legislatura aprobamos la PNL que anteriormente he mencionado y creo -como decía- que ante un tema tan sensible y grave que afecta a las esferas más íntimas de las personas, sería bueno que no se abrieran fisuras en este consenso. Creemos que debemos avanzar en el camino iniciado para esclarecer los hechos y que el esfuerzo de colaboración en las distintas instancias de la Administración, en las distintas competencias que correspondan, debería mantenerse por todos los medios.
El Grupo Socialista pretende hacer balance de lo actuado y dar continuidad a las actuaciones que se iniciaron en la anterior legislatura. Nuestro grupo parlamentario lo apoya, haciendo especial hincapié en esa necesidad de consenso, aunque también tenemos que decir que evidentemente, como ha habido un cambio de color político en el Gobierno y ese cambio es relativamente reciente, entendemos que este balance tiene que ser en sus estrictos términos. Evidentemente, tendremos que ir analizando las sucesivas actuaciones que se lleven a cabo y estamos a favor de ello, pero también tenemos que dar cierto margen de confianza al nuevo Gobierno para que pueda emprender las actuaciones necesarias. De hecho, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya ha mencionado esta cuestión.
También apoyaremos cualquier otra medida que pueda facilitar el esclarecimiento de estos graves hechos, de los que hemos tenido conocimiento muy de cerca en esta Cámara con las comparecencias de representantes de los afectados en la anterior legislatura y que pusieron de manifiesto la dureza de muchos de estos casos concretos.
En definitiva, en la línea que ya iniciamos en la anterior legislatura, Convergència i Unió apoyará este iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de la proposición no de ley, pregunto al diputado señor Elorza, del grupo proponente, si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia o simplemente la transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Por el momento no aceptamos la enmienda de UPyD y, en cambio, sí la transaccional.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA LEY EN ARAS A EVITAR QUE QUEDEN IMPUNES EL DELITO DE HOMICIDIO Y SUS FORMAS EN LOS CASOS EN QUE EL CUERPO DE LA VÍCTIMA HAYA SIDO OCULTADO Y/O DESTRUIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000102).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la última proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a reformar la ley en aras a evitar que queden impunes el delito de homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido. Para su defensa tiene la palabra la diputada señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El objeto de esta proposición no de ley es el que figura en el título de la misma y que ha leído el presidente de la Comisión, pero quisiera hacerles a ustedes algunas consideraciones previas acerca de por qué a nuestro juicio es una materia sobre la que merece la pena una reflexión política y también una actuación jurídica, si así se considera preciso.
Es cierto que en el proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba en virtud del cual el juzgado tiene en principio libertad para considerar las diferentes pruebas practicadas, siendo posible la condena no solo por pruebas directas -como se sabe- sino también por indicios y pruebas indirectas, siempre que se siga un criterio lógico o racional en dicha valoración que ha de partir en todo caso del principio de la presunción de inocencia. Estos son hechos reales de cómo funciona nuestro sistema judicial. Partiendo de dicha base, no estoy de acuerdo -y lo quiero decir porque me estoy corrigiendo a mí misma y haciéndome una autoenmienda- con una apreciación no de la parte dispositiva pero sí de la parte expositiva de esta proposición no de ley en la que se dice expresamente que se exige la efectiva presencia del corpus delicti como presupuesto indispensable para acreditar la muerte. Esto lo corrijo en esta intervención previa que les acabo de hacer. Pero siendo cierto que encontrar el cuerpo no es indispensable
para que se pueda condenar por un delito de homicidio y asesinato, obviamente supone una dificultad añadida porque el análisis forense del cuerpo es una de las principales pruebas de cargo contra el criminal. Por tanto, el problema no es propiamente de imposibilidad jurídica, sino exclusivamente una cuestión de prueba. La desaparición del cuerpo supone la eliminación de la principal prueba de cargo, aunque sigue siendo perfectamente posible la condena si concurren otras pruebas, por ejemplo, la confesión del criminal. Esto ocurre -por citar uno de los casos más conocidos- en el caso de Marta del Castillo, en el que el acusado da distintas versiones de lo ocurrido, pero en todo caso reconoce la comisión del delito aunque el cuerpo no haya aparecido hasta el presente. Prueba de que no es indispensable el cuerpo del delito la encontramos en este caso, en el que pocos días después de presentar nuestra proposición no de ley se terminó condenando a Miguel Carcaño. Por tanto, hago una autocrítica a una reflexión teórica que daba pie a esta iniciativa.
Cierto es que a Carcaño se le acabó absolviendo de los restantes delitos -agresión sexual, delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres-, pero ello obedece exclusivamente a la ausencia de pruebas y no a la inexistencia del cuerpo. Quizá el núcleo de la cuestión no radica tanto en que la inexistencia del cuerpo provoque la impunidad -como se indica en esta parte expositiva-, sino en que el hecho de ocultar el cuerpo y negarse a revelar su situación deja al criminal en mejor situación que colaborando con la justicia, lo cual supone premiar -si me permiten la expresión- este tipo de conductas. Aquí está el quid de la cuestión. Por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, aunque al principal acusado se le acaba condenando por asesinato, se le absuelve de un posible delito contra la integridad moral por el hecho de haber ocultado el cuerpo y se resuelve no constituir dicho tipo penal porque, como dice la sentencia entre comillas, lo que pretendía con esa dilación era evitar ser descubierto y ocultar pruebas sobre los hechos que se le imputan. Por tanto, para decirlo coloquialmente, le sale mejor no colaborar con la justicia que hacerlo.
En nuestra opinión, la injusticia de este asunto no es que la desaparición del cuerpo dificulte la condena por homicidio o asesinato, sino que la ocultación del cuerpo y la negativa a revelar su paradero -con la agravación del dolor a los familiares de la víctima que eso conlleva- deja al criminal en mejor posición que colaborando con la justicia. No consideramos normal que, sabiendo a ciencia cierta que el criminal ocultó el cuerpo, eso no le suponga ningún tipo de agravación o nuevo tipo delictivo. Es por eso que a la parte propositiva de la iniciativa presentada hemos presentado una autoenmienda. Es un nuevo párrafo en el que solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a presentar en un plazo máximo de tres meses una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal a fin de que en modo alguno pueda quedar en mejor situación el criminal que oculta el cuerpo de la víctima y se niega a revelar su paradero, agravando el dolor de los familiares, que aquel que colabora con la justicia, estableciendo para ello un delito específico que persiga dicho comportamiento y lo castigue con la suficiente dureza como para que tales actos no resulten provechosos para los delincuentes. Así la someto a su consideración.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones. El Grupo Parlamentario Mixto no interviene. Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siendo honesto, quiero manifestar que cuando leí el contenido de la iniciativa presentada por la señora Díez no pude comprenderlo, porque la inexistencia del cuerpo del delito no impide aplicar e iniciar un procedimiento por este específico injusto penal previsto en el artículo 163 y siguientes del Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La señora Díez se ha autoenmendado y en este momento soy presa de cierta confusión conceptual y reglamentaria. (Risas). Señor presidente, no sé si lo que hay que votar es el texto original o el texto original con la autoenmienda de la señora Díez, que tampoco es fácil de comprender desde una perspectiva de hermenéutica ordinaria. No sabemos muy bien lo que la señora Díez quiere decir con su autoenmienda, aunque lo intuimos. Lo que sí sería procedente indicar, señor presidente, es que determinados procesos y sentencias que han tenido una dimensión mediática muy relevante no deben ser, en nuestra modestísima opinión, el elemento inspirador del legislador para presentar iniciativas legislativas de esta naturaleza que pretenden modificar leyes procesales y leyes sustantivas tan relevantes como el Código Penal. Pero cada grupo es libre de presentar las iniciativas que tenga por conveniente.
Sin saber muy bien qué es lo que habría que votar -seguramente, señor presidente, usted nos lo aclarará perfectamente en el momento de la votación-, no estoy en condiciones tampoco de manifestar una opinión fundada.
El señor PRESIDENTE: La proponente, la señora Díez, se refirió al contenido de su autoenmienda, pero de todas maneras para ilustrar a sus señorías doy lectura textual de la misma. En la autoenmienda se añade un nuevo párrafo al texto de la proposición no de ley con la siguiente redacción: De la misma manera, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal a fin de que en modo alguno pueda quedar en mejor situación el criminal que oculta el cuerpo de la víctima y se niega a revelar su paradero, agravando el dolor a sus familiares, que aquel que colabora con la justicia, estableciendo para ello un delito específico que persiga dicho comporta
miento y lo castigue con la suficiente dureza como para que tales actos no resulten provechosos a los delincuentes. Es una mejora técnica según la proponente de esta enmienda de la propia proposición no de ley.
Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Independientemente de la confusión a la que aludía el señor Olabarría, esta proposición no de ley trata una cuestión delicada porque, por un lado, hace referencia a todos aquellos delitos que atentan contra la vida humana, con toda la repulsa que estos comportamientos deben provocar y, además, incide en unos casos muy concretos, es decir, cuando se atenta contra la vida de las personas y además no aparece el cuerpo de la víctima. Estamos hablando de casos que revisten especial gravedad y que, sin duda, merecen una respuesta contundente por parte de nuestro derecho penal. Son casos en los que la desaparición del cuerpo de la víctima provoca un sufrimiento añadido a las familias que lo padecen y que agravan aún más, si cabe, su dolor por la desaparición de los seres queridos. Es en estos supuestos en los que la proposición no de ley que plantea UPyD pretende -dice- evitar que haya impunidad, en clara alusión a un caso muy concreto cuya sentencia ha recaído recientemente.
Desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió, sin entrar en casos ya juzgados o que están pendientes de resolución, ponemos de manifiesto nuestro más profundo rechazo a esos comportamientos y nuestra solidaridad con todas aquellas familias que hayan sufrido situaciones similares y, además, estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo de la proposición, es decir, que ningún delito de esa naturaleza quede impune, como no puede ser de otra manera, y que caiga todo el peso de la ley en los autores de esas atrocidades. Ahora bien, creemos que la parte dispositiva de la proposición no de ley y el petitum recogen varias imprecisiones que nos han llevado a esta situación de confusión a la que aludía el compañero Emilio Olabarría, y a pesar de las autoenmiendas de la proponente no alcanzamos a comprender lo que se está pidiendo.
Como ha dicho la proponente, el Código Penal no impide la condena a los autores de delitos contra la vida de las personas cuando no aparece el cuerpo de la víctima. Otra cosa es que haya cierta división en la doctrina científica e incluso en la jurisprudencia. En este sentido, entendemos que es interesante resaltar el contenido de algunas sentencias, por ejemplo, la sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1986, que precisamente recoge esta división entre la doctrina científica y la jurisprudencia. En lo que se refiere a la doctrina científica, unos sectores entienden que se trata, en este caso, de un acto de autoencubrimiento impune u ocultación del corpus delicti, que el delito contra la vida absorbe o consume a la infracción sanitaria, que el desvalor de la inhumación ilegal está incluido en la penalidad del delito contra la vida y que, finalmente, es inexigible que el autor de cualquier delito contra la vida se autodenuncie. Mientras, otros sectores, atendiendo a la heterogeneidad del bien jurídico violado, sostienen la punición de ambas figuras sin que ninguna de ellas absorba a la otra. Por su parte, la jurisprudencia también ha sido oscilante. Por un lado, encontramos la solución negativa que se considera más técnica, realista y científica, proclamando la impunidad del autoencubrimiento y añadiendo no ser exigible al homicida que se autodenuncie y no oculte el corpus delicti para evitar la consecutiva sanción penal. En cambio, encontramos otras sentencias recientes a la que anteriormente me refería del Tribunal Supremo del año 1986 en las que se sostiene precisamente lo contrario. Basándose en que las conductas atacan bienes jurídicos distintos, vida y salud pública, en que el autoencubrimiento es acto impune pero que ello solamente sucede cuando los actos que la integran no constituyen por sí solos otro delito, lo que se demuestra consultando, por ejemplo, el artículo 17.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo precepto considera conexos los delitos cometidos para procurar la impunidad de otros y que no siendo consustancial o inherente al delito contra la vida, la infracción de riesgo o peligro abstracto, no tiene por qué absorber aquélla a este último. Esto viene fundamentado también por otros artículos como el 279 bis del Código Penal y el párrafo segundo del artículo 322 también del Código Penal.
En definitiva, hay suficiente amparo legal para poder sancionar esas conductas. Lo que sí nos podemos encontrar es que haya oscilaciones tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. Por ello, desde Convergència i Unió no podemos apoyar la proposición no de ley de UPyD porque entendemos que no es procedente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado señor Camacho.
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Intervengo en este turno de fijación de posiciones para señalar cuál es la postura que va a mantener el Grupo Parlamentario Socialista, y ya les adelanto que nos vamos a oponer porque son múltiples razones las que tenemos para oponernos, de tipo general, particular, de fondo, de forma, y una que es esencial y es que el Grupo Parlamentario Socialista va a mantener a lo largo de esta legislatura -como lo ha hecho en las anteriores- todas aquellas iniciativas que tiendan a establecer una política criminal racional y coherente, y se va a oponer a todas aquellas que supongan un desfase en esta necesaria coherencia del sistema jurídico-penal. Cualquier reforma del procedimiento penal, tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista sustantivo, requiere un análisis riguroso del ordenamiento jurídico, determinar si existe o no algún déficit en el sistema jurídico-penal y, por lo tanto, hacer un buen análisis de conjunto, porque si no podríamos caer en aquello que en su momento glosó Gimbernat con relación a las reformas
penales cuando decía que en muchos regímenes democráticos europeos, y no solo en España, los políticos se han dado cuenta de la cantera de votos que suponen las reformas penales. Terminaba este agudo comentario señalando: mal momento para la política criminal, mal momento en general para la política.
Por otro lado, creo que hay unanimidad en la doctrina penal -y es difícil que la suela haber- en relación con aquellas reformas penales que se intentan establecer atendiendo a un caso en concreto, atendiendo a la resolución de un pretendido problema que realmente no existe, sino que aparece como consecuencia de la visión distorsionada de la realidad que dan algunos medios de comunicación. Porque si bien es cierto que en la PNL que estamos analizando no se hace referencia a ningún supuesto en concreto, creo que todos tenemos muy claro -y la propia ponente lo ha puesto de manifiesto en su intervención- que está muy relacionado con uno de los casos que probablemente hayan tenido mayor trascendencia social en los últimos años. Por lo tanto, por razones de tipo general, no entendemos que sea necesaria esta propuesta.
Si descendemos a analizar la propuesta en concreto -porque, a pesar de la autocorrección, la parte dispositiva de la PNL queda tal y como está-, estaremos con el discurso de hoy de la proponente. No es cierto que exista impunidad en el delito de homicidio, no es cierto, por lo tanto, que la ausencia del corpus delicti impida una condena por homicidio por alguna de sus formas, en concreto el asesinato. Tampoco entendemos cómo se puede plantear una reforma genérica del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con esta cuestión, porque la parte dispositiva de la PNL parece anunciar una reforma del Código Penal. No tendría mucho sentido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no regula para nada el delito de homicidio y que es una norma procesal general en relación con todos los delitos. No es cierto tampoco que exista una jurisprudencia consolidada, como se menciona en el texto -y así lo ha reconocido hoy la proponente-, que impida la condena ante la desaparición del cuerpo del delito y, por lo tanto, el planteamiento de la parte inicial, de la parte dispositiva, no sería correcto. Tampoco es cierto que, a diferencia de otros sistemas procesales europeos, no tengamos un sistema de prueba indirecta. Existe, y existe desde hace más de cien años, y está reconocida -una vez que podemos dotarnos de un Tribunal Constitucional- la constitucionalidad de la prueba por presunciones. No es cierto tampoco que no tengamos un sistema de prueba forense; desde hace muchos años se viene utilizando la medicina forense, incluso existe una especialidad en el ámbito de la medicina para la formación de especialistas en esta materia y secciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, en este momento no alcanzamos a ver cuál es la reforma que se estima necesaria. Sin duda todos los grupos que están presentes en esta Comisión están dispuestos a una reflexión, siempre y cuando se concrete en qué extremos se considera necesaria una reforma de la norma procesal y de la norma sustantiva con la finalidad de garantizar la condena en aquellos supuestos en los que existe una prueba suficiente. Porque, reflexionando sobre la proposición, si lo que se pretende es generar una presunción legal nos encontraríamos con toda la doctrina constitucional que impide este tipo de presunciones legales.
Por lo que se refiere a la enmienda que se ha introducido, sin duda todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer aquellas reformas que sean necesarias para garantizar los derechos de las víctimas, que cuentan con la solidaridad de todos los grupos de la Cámara, pero realmente lo que plantea daría lugar a un debate constitucional que probablemente excedería el tiempo de esta Comisión. Nos podemos introducir en el momento en que los grupos lo consideren necesario, pero creo que el planteamiento que se hace tiene muchos agujeros desde el punto de vista de la doctrina constitucional. Por otro lado, el propio Código Penal recoge expresamente en el artículo 21 toda una serie de circunstancias atenuatorias en aquellos supuestos en los que el delincuente se confiesa autor o bien en aquellos supuestos en los que el delincuente lleve a cabo toda una serie de actividades dirigidas a la reparación del daño o a la disminución de los efectos del delito.
Por todo ello, por considerar que no se justifica la modificación del sistema jurídico penal, que es necesario mantener una coherencia y racionalidad en el mismo, el Grupo Parlamentario Socialista, señor presidente, votará en contra de la proposición no de ley presentada.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Estamos debatiendo una proposición no de ley de UPyD que se basa en el hecho de sostener que cuando no hay cadáver el sistema jurídico español no permite la condena del homicida; pese a que haya una serie de pruebas e indicios que le señalan como autor, sin embargo, el sistema jurídico español no permite la condena porque no hay cadáver. Y esto es justo lo que pretende remediar la proposición no de ley de UPyD.
Esta proposición no de ley fue presentada al final de la pasada legislatura; decayó por disolución de la Cámara; ha vuelto a ser presentada al comienzo de esta; ha sido incluida en esta Comisión de Justicia en el último momento en sustitución de otra iniciativa; una vez incluida en el orden del día, le presentaron primero una enmienda en relación con otra modificación más propuesta como enmienda de adición; luego presentaron una segunda enmienda, que esta misma mañana han terminado retirando. Y después de todo este periplo de tramitación, los señores miembros de UPyD han conseguido un caso raro, han conseguido una unanimidad en los grupos de esta Cámara, probablemente no vista hasta
este momento y que no sé si seremos capaces de verla en un futuro. Estamos todos de acuerdo en votar en contra de la proposición no de ley de UPyD. ¿Por qué? Porque es falsa, porque la exposición de motivos que hace UPyD no se ajusta en nada a la realidad jurídica española, en nada. Porque mantienen una parte dispositiva que no obedece en absoluto a ninguna necesidad social. Porque es un cúmulo de errores y de falsedades que evidentemente no se merece otra cosa que el voto en contra.
El sistema jurídico español -pese a que la señora Díez se ha venido a desdecir en su argumentación, pero mantiene luego la parte dispositiva de la proposición no de ley-, como han puesto de manifiesto algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tiene perfecta posibilidad de producir la condena de un homicida a través de pruebas indiciarias, pese a que no exista cadáver. En la exposición de motivos se nos cita una jurisprudencia interesantísima del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la prueba circunstancial, nada menos que una sentencia de 1850, en relación con el asesino John Webster y su víctima, Ephraim Littlefield. Yo creo que no hay que irse a cruzar el charco; si se hubieran molestado ustedes en consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, más modesto, de un país más pequeño -pero, en fin, es el nuestro-, y sin irse a 1850 sino examinando, por ejemplo, la sentencia de 29 de diciembre de 1993 que hace referencia a todo un corpus doctrinal, básicamente la sentencia de 14 de octubre de 1986, que desarrolla los cinco requisitos que son exigibles en nuestro sistema para poder proceder a la prueba por indicios, que no voy a repetir en este momento; si ustedes se hubieran dado cuenta del conjunto de errores que tiene su proposición no de ley, lo razonable, señora Díez, no sería venir ahora a decir que es una pequeña equivocación pero que mantiene lo que quería decir. Retire usted su PNL, haga un ejercicio de mínima modestia de reconocer un cúmulo de errores. Usted retira la proposición no de ley y tan amigos, no pasa nada. Es que lo que usted dice no obedece en absoluto a la realidad. Si se dice que en el periodismo amarillo el lema es que la realidad no te estropee un buen titular, en el caso de la política oportunista es que la realidad no te estropee una buena iniciativa. Retire usted su iniciativa porque, francamente, ha oído usted argumentos de todos los colores y de todos los grupos parlamentarios.
Señora Díez, no es necesario reformar el Código Penal para que aparezca un cadáver y se pueda producir la condena de un homicida. No es verdad. Eso es lo que dice usted en la parte dispositiva de su proposición, que no ha retirado. No es verdad que la falta de colaboración con la justicia implique un tratamiento penal mejor que aquel que colabora con ella. Se lo acaba de poner de manifiesto el señor Camacho muy precisamente y doy por reproducidas y hago mías todas sus palabras. No es verdad. Luego ni la parte dispositiva de su PNL ni su enmienda tienen sentido alguno. Insisto, un poco de humildad, reconozca usted que se han equivocado, la retiran y tan amigos.
Dicen que no se puede legislar sobre el caso concreto. Yo creo que puede haber algo de razón en eso. Dicen que no se puede legislar en caliente. Yo en eso, sin embargo, no estoy de acuerdo. Lo que no se puede hacer es legislar con calentura. En eso sí estoy de acuerdo. Y, desde luego, lo que no se puede hacer es legislar sin conocimiento, porque nada tiene que ver la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la decisión sustantiva sobre la autoría de un delito, porque nada tiene que ver el problema que usted dice que padecemos, que no padecemos en absoluto, porque nada aporta en este momento a la seguridad jurídica de España la proposición de UPyD. Piénsense estas cosas un poquito mejor, denles una vuelta antes de sentarnos materialmente en la Comisión y nos ahorraremos este tipo de intervenciones, que no son del agrado de nadie.
Señor presidente, vuelvo a decir que vamos a votar en contra. (La señora Díez González pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Me pide la palabra la diputada señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Artículo 72 del Reglamento, presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un minuto, señoría.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Para criticar, se suele acusar a la izquierda de creer que tiene una especie de supremacía moral. Pero yo he visto hoy el espectáculo de la derecha creyendo que puede dar instrucciones a todo el mundo no ya sobre el contenido de las iniciativas sino de si tenemos derecho o no a presentar iniciativas. Ustedes tendrán mayoría absoluta pero yo tengo todo el derecho como miembro de un grupo político a presentar las iniciativas que considere oportunas, y usted tiene el derecho a criticarlas y a votar en contra, pero ahórrese los consejos de supremacía moral, porque tiene supremacía numérica, pero moral, ninguna; para dar consejos a esta portavoz, desde luego, ninguna. Y segundo, no pierda usted la esperanza. No es la primera vez que he conseguido la unanimidad, que no la persigo, persigo la unanimidad a favor, no es la primera vez ni será la última, seguramente. Ustedes votaron en contra con el resto de la Cámara la semana pasada para evitar duplicidades y despilfarros y votaron en contra de la ilegalización de Amaiur. O sea que le recuerdo solo las dos últimas, no es la última vez que lo voy a conseguir, aunque pretendería conseguir la unanimidad a favor. Menos supremacía, menos consejos que no le he pedido y luego vote a favor o en contra, como le parezca oportuno, con el mismo respeto que yo observo las iniciativas de su grupo y las valoro y las voto, con el mismo, ni con más ni con menos.
El señor PRESIDENTE: Pide el diputado señor Conde la palabra. También tiene su señoría la palabra por tiempo de un minuto.
El señor CONDE BAJÉN: ¡Caray! Le ha sentado a usted muy mal. Simplemente la decía que reconociera su error y retirara la PNL, pero usted la mantiene. Ahora que se habla, señor presidente, de los derechos fundamentales de tercera y cuarta generación, siempre he creído que hay uno que es inalienable a la persona, el derecho fundamental a hacer el ridículo. La señora Díez está haciendo uso de él perfectamente.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, ahora por el artículo 71.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, le voy a rogar al señor Conde que retire...
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, le pido que retire el insulto y apelo al artículo 71.
El señor PRESIDENTE: No debata conmigo, señoría. No tiene la palabra.
Señor Conde, le ruego que la última expresión la retire, en aras de la cortesía parlamentaria.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, si esto contribuye al buen ambiente en la Comisión, no tengo inconveniente alguno en hacerlo a sugerencia de su señoría. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señoría, así constará.
Finalizado el debate, entramos en las cuestiones de orden. El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, porque además contribuirá a templar un poco el ambiente excesivamente elevado de las últimas intervenciones. Por abusar de la memoria he citado antes, en relación al delito de homicidio, los artículos 163 y siguientes. Evidentemente, y recurriendo a la memoria -espero no equivocarme por segunda vez- creo que son el artículo 138 y siguientes del Código Penal. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Constará en el "Diario de Sesiones" su rectificación.
Señorías, finalizados los debates de los cinco puntos del orden del día, vamos a proceder a someterlos a votación por el orden en que han sido defendidos. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial. Se vota, porque así nos lo ha indicado el señor Olabarría, con la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Preguntamos previamente al señor Llamazares, que estaba ausente en su momento, si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Someto la propuesta en sus términos.
El señor PRESIDENTE: En sus propios términos, con su propia autoenmienda, entiende la Presidencia. Votamos la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regulación de la dación en pago y otras medidas urgentes en materia de ejecución hipotecaria, en los términos de la transaccional del Grupo Mixto con el Grupo Parlamentario Socialista. Es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, debatida en tercer lugar.
A continuación votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante número de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales. Se vota esta proposición no de ley en los términos de la enmienda transaccional que tienen sus señorías y que han suscrito los grupos parlamentarios Popular y Socialista.
Pasamos a votar la última proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a reformar la ley en aras a evitar que queden impunes el delito de
homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido. Se vota en los términos de la propia proposición no de ley, incluida la adición a la que di lectura en el debate de la autoenmienda del Grupo Parlamentario de UPyD y que ha sido defendida por la señora Díez.
Señorías, antes de levantar la sesión permítanme, para que así conste en el "Diario de Sesiones", que en nombre de toda la Comisión de Justicia felicite a la letrada de esta Comisión, Isabel Revuelta, que recientemente ha sido madre nuevamente. Conste la felicitación de todos los componentes de esta Comisión. (Aplausos).