Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=2038&p_numero=27&p_consec=49855
Timestamp: 2018-08-15 05:21:35
Document Index: 135918277

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 1']

CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 27 DE 2017 SENADO.
Carrera 7 N°8-68
Asunto: Comentarios al texto de primer debate del Proyecto de ley número 27 de 2017 Senado, por medio de la cual se establecen medidas para contrarrestar la deserción escolar y se dictan otras disposiciones.
De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al texto de primer debate del Proyecto de Ley del asunto, en los siguientes términos:
El proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto ¿establecer medidas que permitan brindar apoyo económico a los estudiantes que cuentan con barreras de movilidad escolar, priorizando las zonas rurales, étnicas, raizales y los que se encuentren en situaciones de discapacidad¿[1][1]. Para el efecto, el artículo 2° dispone que las entidades territoriales otorgarán un incentivo monetario para cubrir los costos de transporte de los estudiantes hasta los establecimientos educativos oficiales. De igual modo, el articulado propuesto establece los criterios de asignación y exclusión del incentivo enunciado, la creación de una política de movilidad escolar en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y la implementación de atención individualizada y especializada a favor de personas que se encuentren en condición de discapacidad.
En lo que respecta al artículo 7° el cual plantea que los municipios que no cuenten con medios de transporte convencional deberán invertir en la adquisición de instrumentos de movilidad alternos, a criterio de este Ministerio la medida afectaría de manera directa el límite del crecimiento de los costos del Sistema General de Participaciones definida en la Ley 715 de 2001[2][2], al generar gastos permanentes al sistema para financiar el mantenimiento o funcionamiento de tales ¿instrumentos de movilidad¿. Asimismo, lo propuesto conllevaría el riesgo de afectar las plantas de personal de las entidades territoriales y por consiguiente sus gastos de funcionamiento consagrados por la Ley 617 de 2000[3][3].
Con relación al artículo 9° referente a la creación de una política de movilidad escolar en los SITM a cargo del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Educación Nacional, en la que se implementen tarifas diferenciales a favor de la población estudiantil, a juicio de esta Cartera lo pretendido generaría un impacto fiscal para la nación, pues de conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley 336 de 1996[4][4] se debe velar por la sostenibilidad financiera de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a una estructura de costos previamente establecida, que al modificarse incidiría en los ingresos sobre los cuales se financian las empresas prestadoras del servicio afectando así su rentabilidad y operación, situación que tendría que ser subsanada con aportes de las entidades territoriales y por subsidiariedad con recursos de la nación.
Frente a la creación de programas de atención individualizada, en especial a favor de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, contenido en el artículo 8° resulta pertinente anotar que recientemente fue expedido el Decreto número 1421 de 2017[5][5], el cual establece que las entidades territoriales tendrán la obligación de garantizar el servicio de transporte escolar, con el propósito de facilitar el acceso y permanencia en el servicio educativo de este grupo poblacional.
De otro lado, cabe advertir que el Proyecto de ley desconoce lo contenido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003[6][6], toda vez que no se realiza un análisis de impacto fiscal en el Sistema General de Participaciones, ni en las finanzas territoriales. Tampoco señala una fuente de ingresos adicional, por lo que los gastos que genere la presente iniciativa deberán atenderse con apropiaciones asignadas del Presupuesto General de la Nación, las cuales no se encuentran contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.
Por las razones antes expuestas, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable al Proyecto de Ley en estudio, no sin antes manifestar muy atentamente la voluntad de colaborar con la actividad legislativa.
Honorable Senador Orlando Castañeda Serrano - Ponente
Honorable Senador Luis Évelis Andrade Casamá - Ponente
Honorable Senador Roberto Ortiz Ureña - Ponente.
Honorable Senador Jesús Alberto Castilla Salazar - Ponente
Honorable Senador Jorge Eduardo Géchem Turbay - Ponente.
Doctor Jesús María España Vergara, Secretario de la Comisión Séptima del Senado.
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).
Refrendado por: Doctora Paula Acosta, Viceministra General al Proyecto de ley número 27 de 2017 Senado.
Título de l proyecto: por medio de la cual se establecen medidas para contrarrestar la deserción escolar y se dictan otras disposiciones.
Número de folios: dos (2) folios.
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: jueves dieciséis (16) de noviembre de 2017.
Hora: 16:48 p. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
[1][1] Artículo 1° del Proyecto de ley número 27 de 2017 Senado, Gaceta del Congreso número 777 de 2017.
[2][2] ¿Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo número 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros¿.
[3][3] ¿Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto número 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional¿.
[4][4] ¿Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte¿.
[5][5] ¿Por la cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad¿.
[6][6] ¿Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones¿.