Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-36563-de-agosto-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_abf83f6d653400c4e0430a01015100c4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 21:58:16
Document Index: 127034366

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 214', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 84', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 148', 'artículo 366', 'artículo 467', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3']

﻿ Auto 36563 de agosto 3 de 2011
AUTO 36563 DE 03 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. ANÁLISIS SOBRE EL MECANISMO DE INTEGRAR LAS REFORMAS DE LA LEY 1395 DEL 2010 AL TRÁMITE PROPIO DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, LA RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL, Y LA DOBLE CONNOTACIÓN DE LOS HECHOS COMO DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LA GUERRA.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, DESAPARICIÓN FORZADA, VÍCTIMA, INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, TRÁMITE DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL, DELITO DE LESA HUMANIDAD
Auto 36563 de agosto 3 de 2011
Aprobado Acta 273
Sobre el tema, la Corte ha decantado con suficiencia que ese trámite, antes de representar lesión para los derechos de las partes e intervinientes, se convierte en garantía para ellas. Por ejemplo, en providencia del 27 de abril de 2011 (Rad. 36.015) recapituló los argumentos sobre el tema presentados en decisiones anteriores, los cuales reitera en la actualidad pues no observa que la propuesta del Ministerio Pública ofrezca aspectos que la lleven a reconsiderar lo dicho. En el auto indicado, la Sala expuso:
En efecto, la Corte recientemente precisó(1) que si bien el legislador no contempló de manera expresa que esa modificación introducida al Código de Procedimiento Penal se extienda al trámite previsto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, no hay obstáculo jurídico para que tanto la sustentación del recurso como las intervenciones de los no recurrentes se adelanten ante el mismo funcionario que adoptó la decisión objeto de impugnación, por cuanto ninguno de los principios procesales o sustanciales consagrados en la Ley 975 de 2005 se ve comprometido con tal proceder, en particular los de la oralidad(2), esclarecimiento de la verdad(3), o los derechos de defensa y contradicción(4), siempre y cuando el a quo conceda al apelante, así como a los no recurrentes, un plazo prudente y razonable (acorde con la naturaleza del asunto debatido) para desarrollar la respectiva intervención.
Agregó, por el contrario, que al seguirse el trámite dispuesto en el reformado artículo 178 de la Ley 906 de 2004, se asegura la realización del principio de celeridad(5), como también la consolidación de los derechos de las víctimas, en particular el de acceso a la administración de justicia contenido en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia(6).
En esa medida, advirtió que como la Ley 1395 de 2010 trajo un conjunto de medidas en materia de descongestión judicial, incluyendo, frente al Código de Procedimiento Penal, una reforma con el explícito propósito de simplificar y agilizar el trámite ante la segunda instancia consistente en suprimir las audiencias de argumentación oral, no había razón para impedir que esta tuviera repercusiones en relación con la ley de justicia y paz, cuyas diligencias por múltiples circunstancias se aplazan.
También puso de presente la Sala, que acoger lo dispuesto en el reformado artículo 178 de la Ley 906 de 2004 no afecta la estructura del debido proceso de la ley de justicia y paz, por cuanto en esta la ritualidad no es un fin en sí mismo sino un medio para obtener una solución pacífica al conflicto armado afrontado por el país, es decir, “constituye un instrumento procesal de transición hacia el logro de una paz sostenible”(7).
Por tanto, no prospera la queja del Ministerio Público.
Como consecuencia, surge razonable que en el caso analizado se aplique el principio según el cual por cada conducta punible debe tramitarse una actuación procesal, entendida esta con los casos conexos que, respecto de cada acusado, vienen dados precisamente en relación con la identidad de sujeto activo del delito.
En efecto, en auto del 18 de octubre de 2005 (Rad. 24.211) la Corte discurrió con ese alcance, razonando que las amplias facultades de dirección y ordenamiento del juicio con que cuenta el juzgador lo habilitan para disponer esa ruptura en aras de procurar la realización de los fines de la administración de justicia y garantizar a las partes e intervinientes la defensa cierta y eficaz de sus intereses, en tanto es deber del juez velar por la rápida solución del proceso, imponiéndosele adoptar las medidas necesarias que, respetuosas de los derechos de los sujetos procesales, propicien por una mayor economía procesal.
Sobre la doble connotación de los hechos como delitos de lesa humanidad y delitos contra el derecho de la guerra
1. Sobre la contextualización de los hechos sometidos al proceso de justicia y paz en esa doble connotación, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse, como lo hizo el 21 de septiembre de 2009 (Rad. 32.022), así:
A su vez, el artículo 214, numeral 2º, de la Carta Política dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, lo cual significa que en Colombia, independientemente de la adhesión a tales instrumentos internacionales, operó una incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual es congruente con el carácter imperativo que caracteriza sus principios axiológicos, que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens ...”.
De otro lado, no puede obviarse que el artículo 93 de la Carta Política establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Sobre el punto, la doctrina constitucional ha precisado que para que opere la prevalencia de tales tratados en el orden interno “es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción”(8). En tales circunstancias es claro que los tratados de derecho internacional humanitario, como los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos humanos que no pueden ser limitados durante los estados de excepción.
Precisamente, en cumplimiento de esa obligación, el Código Penal de 2000 introdujo al ordenamiento jurídico un catálogo de conductas punibles, en aproximación, que castigan las infracciones graves contra las personas y los bienes protegidos por el DIH, las cuales fueron plasmadas en el libro 2, título II, capítulo único, de la Ley 599 de 2000(9), como respuesta a la necesidad de brindar un nivel especial de protección a la población civil afectada por la magnitud del conflicto armado que desde décadas atrás se vive en Colombia ...
De otra parte, al lado de la importancia que tiene la adopción en la legislación interna de los tipos penales encaminados a prevenir las violaciones graves al derecho internacional humanitario, debe señalarse que el estatuto de Roma(10) entró a reforzar la eficacia de la persecución y sanción de los crímenes de guerra a nivel nacional mediante la creación de un órgano jurisdiccional de carácter permanente que complementa a las jurisdicciones nacionales y las incentiva a ejercer su jurisdicción sobre los tipos penales recogidos en el artículo 8º del Estatuto en cuestión(11) ...
... la creación de la Corte Penal Internacional como un órgano que se ocupa de seguir las actuaciones de las jurisdicciones nacionales afectadas, al punto que la inactividad de las últimas provocará la actividad de la primera, demuestra que existe un principio de justicia universal respecto de la investigación y persecución de los crímenes de guerra, que refuerza y legitima las actuaciones nacionales encaminadas a ese propósito.
Ahora bien,para la aplicación de los delitos tipificados en el título II de la parte especial del Código Penal de 2000, se requiere, en primer lugar, la concurrencia de un elemento normativo especial, a saber, la existencia de una situación que pueda ser calificada como “conflicto armado” no internacional, porque todos los tipos penales allí consagrados requieren que la conducta se ejecute en desarrollo o con ocasión del mismo(12).
Se advierte, en primer lugar, que la constatación de la existencia de un conflicto armado no internacional, es decir, de una situación de hecho, es una cuestión completamente distinta al reconocimiento del estado de beligerancia de los actores del conflicto ...
Pero la sola constatación de que la conducta se produjo en el seno de un conflicto armado no es suficiente para calificar el delito como violatorio del derecho internacional humanitario, sino que probatoriamente tiene que acreditarse que la misma está vinculada con el conflicto, porque su existencia juega un papel sustancial en la decisión del autor de realizar la conducta prohibida, en su capacidad de llevarla a cabo o en la manera de ejecutarla(13), requisito que se deriva de la concepción de los crímenes de guerra como infracciones graves de las normas que regulan el comportamiento de las partes contendientes durante los conflictos armados ...
Por lo tanto, si las operaciones ejecutadas por los grupos armados organizados se dirigen sistemáticamente contra personas y bienes que no constituyen objetivos militares, para efectos de la responsabilidad individual de sus miembros, las conductas ejecutadas en ese contexto de violencia al mismo tiempo que pueden configurar crímenes de guerra(14), constituyen delitos de lesa humanidad(15), genocidios(16), violaciones graves de derechos humanos(17) e incluso delitos comunes si se dan los presupuestos para ello. Esto último, porque el Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la ONU el 9 de diciembre de 1999, y aprobado a nivel nacional mediante la Ley 808 de 2003, establece que:
“Comete delito en el sentido del presente convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilice, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” ...
Ahora bien, es importante señalar que los Estados que redactaron el Estatuto de Roma reafirmaron, por omisión de toda relación con un conflicto armado, que los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse en tiempo de paz o durante conflictos armados. Aunque los Tribunales de Nuremberg y Tokio limitaron su competencia respecto de los crímenes de lesa humanidad a los cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, posteriores instrumentos internacionales y la misma jurisprudencia internacional(18), han puesto de manifiesto que no es necesario que el acto se cometa durante un conflicto armado para que constituya un crimen de lesa humanidad.
Cuando nos referimos a los crímenes de lesa(19) humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad.
En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano ...
A partir de la vigencia del estatuto de Roma, se codifican los principios y los tipos penales internacionales que se hallaban antes dispersos en varios pactos o tratados internacionales. Es así como en el artículo 7º se describen algunos tipos penales que caben dentro de la definición dada a “Delitos de lesa humanidad”, agregando características comunes a estos como los de “generalidad”, “sistematicidad” y “conocimiento”. Sin embargo, el estatuto no entra a diferenciar entre delitos internacionales y delitos de lesa humanidad, razón por la cual se considera que los últimos forman parte del género de los primeros y, por lo tanto, siendo específicos contienen rasgos muy concretos que los diferencian de otros delitos.
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el estatuto de Roma comprende las conductas tipificadas como asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abuso sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada; apartheid (discriminación racial institucionalizada); o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque(20) ...
Como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia de revisión a la ley aprobatoria del estatuto penal de Roma(21), la definición de crímenes de lesa humanidad que trae el Estatuto difiere de la empleada hasta el momento en el derecho penal internacional en varios aspectos. Por un lado, el estatuto amplía la definición para incluir expresamente las ofensas sexuales (distintas a la violación(22)), el apartheid y las desapariciones forzadas. Además, el estatuto aclara que tales crímenes se pueden cometer en tiempos de paz o de conflicto armado y no requiere que se ejecuten en conexión con otro crimen, salvo que se trate del enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad, la cual ha de estar relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7.1, o cualquier otro delito de la competencia de la Corte Penal Internacional.
En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales ...
Ahora bien, a nivel interno, los crímenes de lesa humanidad tienen fundamento constitucional y legal ...
En ese orden, se alza en primer lugar la “Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio”, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948 y aprobada mediante la Ley 28 de 1959. Esta Convención parte del supuesto según el cual el genocidio es un delito de derecho internacional(23), por lo cual las partes contratantes se obligan a prevenirlo y sancionarlo penalmente. También define lo que ha de entenderse por genocidio, señalando que en ningún caso este delito puede ser considerado como de carácter político. Aclara que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en el cual el delito fue cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
También es pertinente destacar que el artículo séptimo de la Convención establece que la acción y la sanción penal por el delito de desaparición forzada de personas no están sujetas a prescripción; sin embargo, el segundo inciso reconoce una excepción cuando exista una norma interna que impida la aplicación de la imprescriptibilidad, caso en el cual el período de prescripción debe ser igual al término de la sanción del delito más grave en la legislación del país ...
Por lo demás, así se dejó expreso en la exposición de motivos a la tipificación de los crímenes de graves violaciones a los derechos humanos, que son, desde la perspectiva internacional, delitos de lesa humanidad —genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura—...
Ahora, sobre la imprescriptibilidad que caracteriza los delitos de lesa humanidad, directamente consagrada en el estatuto de Roma, cabe precisar, acorde con lo examinado al momento de referenciar laConvención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, que si bien la Corte Constitucional, en la Sentencia C-580 de 2002 (a la cual se hizo referencia allí), estudió en concreto lo correspondiente a la prescripción de la pena y la acción respecto de esa conducta punible, los criterios plasmados en ese antecedente sirven de referente necesario para delimitar el mismo factor de enervación de la persecución estatal, en torno de los otros delitos de lesa humanidad.
Empero, añade, precisamente por ocasión de la necesaria ponderación entre las finalidades de la imprescriptibilidad y los derechos de los procesados, en los casos en los cuales la justicia ya ha individualizado y vinculado (a través de indagatoria o declaratoria de persona ausente, o, agrega la Sala, para los casos regulados por la Ley 906 de 2004, de la formulación de imputación) a los partícipes o intervinientes en los hechos, sí debe atenderse a las normas que regulan la prescripción, pues, la persona, ya sometida al imperio de la justicia, no puede permanecer indefinidamente en condición sub iudice ...
Es factible, entonces, que un delito de lesa humanidad reporte como tal la condición de imprescriptibilidad en su investigación, pero acerca de personas determinadas —individualizadas y formalmente vinculadas— exija el cumplimiento de los términos de investigación y juzgamiento. Debe agregarse, eso sí, como lo señaló el alto Tribunal Constitucional, que en los casos de delitos permanentes —como la desaparición forzada—, ese término prescriptivo no corre hasta que se sepa del destino del desaparecido, porque de acuerdo con el artículo 84 del Código Penal la prescripción debe contarse “desde la perpetración del último acto” ...
Toda esta referencia a los lineamientos básicos que caracterizan los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, tiene por objetivo definir el contexto en el que pueden encuadrarse los delitos cometidos por los integrantes de grupos paramilitares, entre ellos, los miembros de las autodefensas que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, punto en el cual parte la Sala de reconocer que tales grupos armados al margen de la ley se organizaron en un principio bajo dos objetivos específicos, a saber, actuar como estructura antisubversiva y como banda de delincuencia organizada con fines de “limpieza social”, contexto en el cual, ha de admitirse, cometieron simultáneamente toda suerte de acciones delictivas, así, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y delitos comunes(24), resultando de suma complejidad el proceso de imputación de delitos.
No puede perderse de vista en este punto, que si bien el crimen de guerra puede coincidir como delito de lesa humanidad, este va más allá de la violación de las leyes y costumbres de la guerra, porque lesiona los derechos más fundamentales de la persona humana como ser individual y colectivo. “Los delitos de lesa humanidad desarticulan y agravian las bases más vitales de la convivencia de la especie, a tal punto que el concepto de “hombre” como la más clara expresión de nuestro existir y coexistir dignamente, está seriamente desconocido y afectado por las manifestaciones de violencia”(25).
Por eso, desde la perspectiva de la gravedad, si bien es cierto que el desvalor causado por una determinada conducta que al mismo tiempo puede constituir un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un delito común, dependerá en última instancia de la naturaleza de los bienes jurídicos individuales afectados, ha de admitirse que cuando ellos coinciden (vida, integridad física, integridad psicológica, libertad sexual, etc.), debe considerarse que el desvalor derivado de que la existencia de un conflicto armado haya jugado un papel sustancial en la decisión del autor de llevar a cabo una conducta, en su capacidad de realizarse o en la manera en que la misma fue finalmente ejecutada, no es comparable con el desvalor generado cuando se considera que la conducta formó parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil o por ser el medio con el que se pretendió aterrorizar a la población ...
Y es a partir de este reconocimiento que es posible imputar el delito de concierto para delinquir agravado, que no se encuentra dentro de las categorías tipificadas en el capítulo de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, cuando, como se dijo recientemente en el caso de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, se trata del comportamiento delictivo central, ya que las actividades criminales objeto de atribución en el marco de la Ley 975 de 2005, responden a fenómenos propios de la “criminalidad organizada” y de “violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”(26).
En consecuencia, excluida toda distinción que tenga su origen en la presunta responsabilidad de alguna de las partes contendientes en la iniciación del conflicto armado, cualquier presunta violación del derecho internacional humanitario debe analizarse a la luz de los estándares establecidos por el mismo(27). De esa manera, solo las infracciones más graves del derecho internacional humanitario, denominadas “crímenes de guerra”, dan lugar a la responsabilidad penal individual de sus autores, quedando por fuera la sanción de otras conductas que a la luz de esas normas no configuran delito.
La solución al problema jurídico planteado es de complejas dimensiones, ya que lo que está en juego es la aplicación de normas que sancionan las violaciones graves al derecho internacional humanitario frente a normas que sancionan delitos comunes que pueden enmarcarse dentro del contexto de lesa humanidad, pues aunque no son incompatibles, no puede a la hora de efectuarse la adecuación típica de los hechos juzgados, ubicarse unas conductas dentro del contexto especial del título II, capítulo I del Código Penal, y otras, ocurridas en el mismo contexto, por fuera de él, sin una argumentación válida que lo justifique(28) ...”.
2. Respecto del principio y derecho fundamental de la legalidad estricta, la Corte ha razonado en el sentido de su plena operancia cuando de la aplicación del derecho interno se trata, pero cuando quiera que exista necesidad de enfrentar los lineamientos de la legislación interna con la internacional, ha de aplicarse un criterio de flexibilización, en cuanto esa normatividad ha sido acogida por Colombia y al conformar lo que se ha denominado como bloque de constitucionalidad, no solo se impone su aplicación, sino su prevalencia sobre los cánones patrios.
“1. La Sala comienza por reivindicar el principio de legalidad reconocido en nuestra Constitución Política como bastión de protección contra la arbitrariedad ...
Así, la legalidad limitó la arbitrariedad del soberano, y modificando la relación del hombre y del poder con la ley, propició la desaparición de los súbditos y el nacimiento de los ciudadanos ...
Siendo el principio de legalidad hijo de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, tiene además la paternidad responsable del llamado Estado de derecho. Cuando el artículo 1º de nuestra Constitución Política declara que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, está invocando desde la dimensión del Estado de derecho, el respeto por el orden jurídico, la tridivisión del poder público y el control de las autoridades públicas; todo dentro de la consigna de la exaltación de la dignidad humana.
Es así que el artículo 28 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia(29) reconoce como fuentes de derecho, con los tratados internacionales, a la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia y la doctrina; superando a la ley como su fuente exclusiva.
La experiencia más temprana de la flexibilización o redefinición del principio de legalidad a escala internacional se vivió en los procesos de Nuremberg(30), regidos por unos principios, el primero de los cuales advierte:
Por su parte, en los “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad(31)” se leen los siguientes:
Así, el principio de legalidad en tratándose exclusivamente de crímenes internacionales de agresión, de guerra, de lesa humanidad y genocidio, se redefine en función de las fuentes del derecho, ampliándolas en los términos del artículo 38 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia, a los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina internacional.
En Europa, por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en varios pronunciamientos(32), ha dejado claro que en materia de principio de legalidad, la noción de derecho aplicable se extiende no solo a las normas escritas de orden nacional sino también al no escrito, haciendo expresa referencia a la jurisprudencia, costumbre y doctrina internacional.
En ese orden, en tratándose de crímenes internacionales la legalidad supone la integración de los tratados internacionales a los sistemas jurídicos domésticos con plenos efectos como ley previa para hacer viable su sanción, así los mismos no estuvieran formalmente tipificados en la legislación nacional al momento de su comisión, tal como se ha concluido en procesos adelantados por las cortes supremas de justicia de Uruguay(33), Argentina(34), Chile(35) y Perú(36), entre otros.
En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el conocido como “Caso Simón(37)”, profirió sentencia el 14 de junio de 2005 dejando sin efecto también unas leyes de punto final y de obediencia debida dictadas en dicho país (las 23.492 y 23.521), que favorecían la impunidad de los delitos cometidos durante los periodos de las dictaduras militares (no obstante que por medio de sentencia de 22 de junio de 1987, ya habían sido declaradas ajustadas a la Constitución del país austral “Caso Camps”); sentencia en la que la Corte convalidó la utilización de una ley ex post facto de orden internacional para imponerles condena, como fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La Sala recientemente se ocupó del asunto reconociendo calidad de fuente de derecho penal a los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado con indiferencia de ley interna que los concrete y viabilice; y por tal razón, desde su entrada en vigencia se legitima la punibilidad de las conductas descritas en tales instrumentos y por tanto se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico nacional(38).
Desde dicho precedente, aunque referido al delito de genocidio, no importa que la ley que tipifica los crímenes contra el DIH solo tenga como límite temporal de su inicio el 25 de julio de 2001, ya que desde que los Tratados internacionales fueron suscritos y ratificados por nuestro país, se adquirió la obligación de su positivización y sanción:
“En este orden de ideas conforme al Bloque de Constitucionalidad establecido mediante los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, que otorga una prevalencia superior a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, el ordenamiento jurídico interno de nuestro país debe adecuarse a los principios que, se ha predicado, son de carácter internacional y que orientan las políticas en materia de protección de derechos humanos y sanción por sus violaciones a través de las instituciones estatales establecidas para tal fin-, no puede desconocerse que hace varias décadas existen normas internacionales que han definido cuál debe ser la forma de proceder por parte del Estado Colombiano respecto de lo que se ha referido. En este entendido, no puede ser aceptable que por, la negligencia o dificultad legislativa en promulgar leyes internas que se hubiesen adecuado a dichos derroteros, se pretenda desconocer que a nivel internacional, previo a dicho trámite, ya se había proscrito la comisión del genocidio y se le había categorizado como un crimen atroz desconocedor de la humanidad, así como que su investigación puede hacerse en cualquier tiempo y, en razón de ello, no aplican reglas ni términos de prescripción respecto del ejercicio de la acción penal, civil o administrativa.
En síntesis, el Estado colombiano tiene el deber de cumplir y hacer cumplir, mediante sus Instituciones, de investigar y juzgar las graves violaciones a derechos humanos, pues, es su obligación adquirida para con la humanidad mundial, definida mediante los tratados y convenios internacionales que sobre la materia ha suscrito, en atención al principio pacta sunt servanda, así como en los tratados que no ha suscrito pero que son vinculantes por referirse a principios de derecho internacional, por su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas, por su aceptación de jurisdicción subsidiaria respecto de organismos judiciales internacionales y que en su jurisprudencia le ha recordado y reiterado dichos deberes, como surge del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 11 de mayo de 2007, dentro del caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia ...”.
En síntesis, el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla no actuó por fuera del ordenamiento jurídico al haber revisado la tipicidad de los hechos jurídicamente relevantes formulados en la imputación para efectos de imponer medida de aseguramiento, como lo consideró el fiscal apelante; pero erró en las consideraciones por medio de las cuales calificó inaplicable la legislación que sanciona los delitos contra el derecho internacional humanitario a las conductas desplegadas por ... antes del 25 de julio de 2001, esto es, de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000.
Por tal razón la providencia impugnada será modificada extendiendo la medida de aseguramiento de detención preventiva a la totalidad de delitos, al considerarse como infracciones graves al derecho internacional humanitario ...”.
Sobre la concurrencia entre el homicidio y la desaparición forzada
No admite discusión que la desaparición forzada es una conducta punible de ejecución permanente, esto es, que desde el acto inicial, la retención arbitraria de la víctima, el hecho continúa consumándose de manera indefinida en el tiempo, y el límite final de ejecución del delito está dado por la terminación de ese estado de privación de libertad, ya porque de alguna manera se recobra esta (el victimario la libera, es rescatada, etc.), ya porque se ocasiona su deceso.
El Ministerio Público y algunos apoderados de las víctimas llamaron la atención respecto de que los procesos de extinción del derecho de dominio sobre los bienes vinculados directamente con el accionar del bloque norte de las AUC no se surtan de manera paralela con el de justicia y paz, en detrimento de los afectados, en tanto la sentencia que ponga fin al trámite debe disponer su adjudicación a estas.
No obstante ello, y a pesar de que la fiscalía hizo saber que ha hecho requerimientos para la agilización del trámite de extinción, se estima necesario se insista en ello, en el entendido de resultar imperioso que al momento de proferirse la sentencia en este asunto, tales bienes puedan destinarse para que de manera real y efectiva se disponga una indemnización a las víctimas.
Un error debe ser entendido como un concepto equivocado o un juicio falso, contexto dentro del cual, de necesidad, solamente se estructura si afecta a uno de los destinatarios de la providencia, afectación esta que lo habilita para intentar la corrección del yerro.
Mal puede acudirse al medio de impugnación cuando quiera que la providencia censurada no lesione los derechos de la parte proponente, pues en tales condiciones no hay yerro imputable. Por mejor decir, si la determinación judicial se pronuncia en los términos solicitados por el interviniente, o lo beneficia, o lo hace sobre un asunto que no le fue propuesto, es claro que no se estructura ningún juicio falso o concepto equivocado y la inexistencia de este produce la ausencia de un error, que, por tanto, no perjudica al destinatario de lo resuelto.
6. Sobre el tema de la suspensión y acumulación de los juicios comunes, en auto del 13 de diciembre de 2010 (Rad. 33.065), la Sala dijo:
“Cuando se tramitan procesos en la justicia ordinaria por conductas del desmovilizado, sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley(39),y existe —como en este caso— la manifestación libre de aceptar esos cargos en el proceso de transición, lo pertinente es establecer las condiciones de la suspensión y posterior acumulación de las investigaciones, partiendo del presupuesto de que los procesos penales ordinarios que se tramitan ya por la Ley 600 de 2000, ora por la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), no coinciden en su estructura procesal con el trámite de la Ley 975 de 2005 que fijó el marco jurídico de la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en el marco de un acuerdo humanitario ...
Baste con decir que a partir de la postulación del desmovilizado al trámite de justicia y paz, lo que de hecho implica la base para iniciar el proceso penal en la justicia de transición, en todo momento es susceptible de suspender un proceso ordinario (L. 600/2000-L. 906/2004) donde se investiguen conductas sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, con la finalidad de definir a futuro si se acumula o no al proceso de justicia y paz, pues así lo establece el artículo 20 de la Ley 975 (conc. art. 22), y así lo viene reseñando la jurisprudencia:
“2.2.10. En lo atinente a la acumulación de procesosse ha afirmado que(40) tiene lugar una vez declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial, y que esa figura es distinta a la de la suspensión de los procesos que estén a cargo de otras autoridades, por conductas cometidas por el imputado durante o con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal. En concreto, la suspensión es una medida de carácter provisional que compete al magistrado de control de garantías y tiene como objeto permitir a la fiscalía ahondar sobre ese vínculo a fin de poder imputarlas en la audiencia de formulación y aceptación de cargos —si no han sido admitidas por el desmovilizado en la versión libre—. La acumulación, en cambio, es definitiva y compete al funcionario de conocimiento”(41) (destaca la Sala).
Si en el proceso penal ordinario se cuenta con fundamento probatorio y con decisión que satisfaga de manera razonable los presupuestos de la imputación fáctica (la narración de los hechos jurídicamente relevantes) que permitan inferir la imputación jurídica (provisional, pues aún faltan controles a la imputación por parte de la Sala de Justicia y Paz) y fundamentar la atribución subjetiva de esos hechos al desmovilizado, habrá que predicar entonces que tal acto de imputación del proceso ordinario (L. 600/L. 906) corresponde con el momento procesal de la audiencia de formulación de imputación en justicia y paz ante el magistrado de control de garantías(42) quien dispondrá válidamente la suspensión del proceso ordinario.
La conclusión se ratifica cuando la razón de ser de la Ley 975 precisamente comporta la militancia en un grupo armado ilegal. Así, el legislador, al momento de su expedición, motivó que se trata de la ley “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de grupos armados organizados al margen de la ley ...”, criterio que fue reiterado en sus artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 9º (este, incluso, define como desmovilización el acto de “dejar las armas”), 10, 11, 16, 17, 20, 25.
En este punto cabe observar que el delito de ‘Hostage taking’, traducido como toma de rehenes, no es asimilable al que denomina de esta última forma el artículo 148 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000.
En esta figura típica, que atenta contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, se sanciona la conducta del que,
‘con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando esta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa’ ...
3.5. El delito de utilización de arma de fuego en un delito violento... encuentra en abstracto equivalencia típica en la legislación colombiana en el artículo 366 del Código Penal (L. 599/2000) ..., que define la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas ...
Sin embargo, dentro del contexto de los hechos juzgados, esta conducta, en el ordenamiento penal colombiano, se subsume en el delito de rebelión, tipificado en el artículo 467 del Código Penal (L. 599/2000), que como se sabe es de índole política, pues no puede desconocerse que el Ejército de Liberación Nacional es una organización rebelde, ... que se ha planteado como objetivo derrocar al gobierno nacional y el orden constitucional y legal vigente, a través de las armas, elementos que conforman su estructura típica ...”.
1. Abstenerse de conocer la apelación interpuesta por los dos defensores de algunas de las víctimas reconocidas.
2. Declarar que el delito de porte de armas de fuego se subsume dentro de las conductas delictivas imputadas en el trámite de la Ley 975 del 2005.
3. Confirmar, en lo restante y en lo que fue objeto de apelación por parte del delegado del Ministerio Público, el auto del 14 de diciembre de 2010, por medio del cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre la legalidad de los cargos formulados en contra de Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León.
4. En relación con el trámite a seguir, el tribunal aplicará los lineamientos relacionados en la parte motiva.
(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia del 2 de febrero de 2011, Radicación 35.582. En sentido semejante, auto de sustanciación del 26 de enero de 2011.
(2) Artículo 12 de la ley de justicia y paz.
(3) Artículo 15 ibídem.
(4) Artículo 14 ibídem.
(5) Artículo 13 ibídem.
(6) Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8º), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (artículo 14-1), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25).
(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia del 3 de octubre de 2008, Radicación 30.442. En igual sentido, auto de segunda instancia del 24 de marzo de 2010, Radicación 33.257, entre otros.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 1993.
(9) Se incluyen como delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, los de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, tortura en persona protegida, acceso carnal violento y actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada o esclavitud sexual, utilización de medios y métodos de guerra ilícito, perfidia, actos de terrorismo, actos de barbarie, tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, actos de discriminación racial, toma de rehenes, detención ilegal y privación del debido proceso, constreñimiento a apoyo bélico, despojo en el campo de batalla, omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, destrucción y apropiación de bienes protegidos, destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares e culto, ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, represalias, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, atentados a la subsistencia y devastación, omisión de medidas de protección a la población civil, reclutamiento ilícito, exacción o contribuciones arbitrarias y destrucción del medio ambiente.
(10) Aprobado mediante la Ley 742 de 2002.
(11) Ensayos sobre la Corte Penal internacional. Héctor Olásolo Alonso. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2009, pág. 487.
(12) Ver artículos 135 a 164 de la Ley 599 de 2000.
(13) Cita de Héctor Olásolo Alonso en “Ensayos sobre la Corte Penal Internacional”, antes referenciado, pág. 541.
(14) Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 8º. Violaciones severas de las convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
(15) Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7º.
(16) Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 6º.
(17) Caracterizadas por no constituir un ataque generalizado y sistemático, y por ello su diferenciación respecto de los crímenes de lesa humanidad.
(18) El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en la sentencia de apelación del caso Tadic, de 14 de noviembre de 1995, afirmó que no se requiere probar la relación de los delitos en cuestión con situaciones de conflicto armado.
(19) El término “Lesa” viene del latín “laesae”, que corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo “Laedo”, que significa: herir, injuriar, causar daño.
(20) Artículo 7.1 del estatuto de Roma.
(21) Sentencia C-578 de 2002.
(22) Esta conducta está incluida en los estatutos de los tribunales de Yugoslavia (artículo 5º (g)) y Ruanda (artículo 3º (g), pero no fue incluida en el estatuto del Tribunal de Nuremberg.
(23) La doctrina ha considerado que el delito de genocidio constituye una especie o una modalidad agravada del género de los crímenes de lesa humanidad. Ver, en ese sentido, Yves Ternon, El estado criminal: los genocidios en el siglo XX. Barcelona, Editorial Península, 1995, pág. 44.
(24) Ver monografía sobre “Fórmulas de imputación de crímenes internacionales en el marco de justicia y paz”. Observatorio Internacional DDR-Ley de justicia y paz y CITpaz. Área de justicia. Director: Alejandro Aponte.
(25) Crímenes de lesa humanidad. Jesús Orlando Gómez López. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá. 1998. pág. 46.
(26) Auto del 31 de julio de 2009, Radicado 31.539.
(27) “Terrorismo internacional y conflicto armado”, obra citada. pág. 83.
(28) Mucho menos, si, como ya se anotó, recurrir al DIH, implica necesariamente reconocer que algunas conductas no son delictuosas (entre otros, el ataque a las fuerzas armadas, si les tiene como una parte del conflicto), por entenderse connaturales a las hostilidades.
(29) “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
(30) Aprobados por la comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas en 1950.
(31) Aprobados por las ONU, en asamblea general por medio de Resolución 3074 (XXVIII), el 3 de diciembre de 1973.
(32) Entre otros, sentencia de 22 de marzo de 2001, casos “Streletz, Kessler y Krenz contra Alemania” y K.H.W contra Alemania”, conocidos como “casos de los disparos mortales en el muro de Berlín”.
(33) Caso “Plan Cóndor” en Uruguay, sentencia contra José Niño Gavazzo Pereira y otros; en el mismo sentido la sentencia contra Juan María Bordaberry de 10 de febrero de 2010.
(34) Recurso promovido en representación del Gobierno de Chile (Enrique Lautaro Arancibia Clavel).
(35) Caso Molco de Choshuenco (Paulino Flores Rivas y otros); también sentencia contra Alberto Fujimori, de 19 de abril de 2009.
(36) Recurso de habeas corpus promovido por Gabriel Orlando Vera Navarrete.
(37) Toda vez que “se imputa a Julio Héctor Simón —por entonces suboficial de la Policía Federal Argentina— haber secuestrado, en la tarde del 27 de noviembre de 1978, a José Liborio Pobrete Rosa en la Plaza Miserere de esta ciudad y, en horas de la noche, a la esposa de este, Gertrudis Martha Hlaczik, así como también a la hija de ambos, Claudia Victoria Pobrete” quienes después de varios meses de estar en instalaciones militares, desaparecieron sin que se conociera nunca sus paraderos.
(38) Auto de 13 de mayo de 2010, Radicado 33118.
(39) Corte Suprema de Justicia, auto del 12 de mayo de 2010, Radicado 33610.
(40) Cfr. Auto de segunda instancia 28250 del 25 de septiembre de 2007.
(41) Corte Suprema de Justicia, auto de segunda instancia del 31 de julio de 2009, Radicado 31539; Ib. Auto de segunda instancia del 25 de septiembre de 2007, Radicado 28250.
(42) “... el juicio de legalidad material que le corresponde al magistrado de control de garantías en la audiencia de imputación, está circunscrito a los motivos fundados que propician la inferencia razonable de la probable autoría o participación del procesado en los hechos a él atribuidos. Esto es que está circunscrita su intervención en este punto, a la revisión del fundamento argumentativo de la imputación”. Auto del 1º de julio de 2009, Radicado 31788.