Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2012/03/20/recurso-de-hecho-deducido-por-susana-josefa-agri-y-leonardo-martin-lopez-en-la-causa-agri-susana-josefa-c-estado-nacional-ministerio-de-defensa-fuerza-aerea-argentina/
Timestamp: 2019-08-26 01:11:31
Document Index: 38209366

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 84', 'in dubio', 'artículo 25', 'artículo 109', 'artículo 25', 'artículo 77', 'artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 14', 'artículo 84', 'artículo 76', 'artículo 16']

Recurso de hecho deducido por Susana Josefa Agri y Leonardo Martín López en la causa Agri, Susana Josefa c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Argentina – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 20 marzo 2012
Cita: MJ-JU-M-72808-AR | MJJ72808 | MJJ72808
La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que el cónyuge de un conscripto dado de baja por haberse incapacitado durante actos de servicio debido a un accidente ocurrido mientras manipulaba armamento, ostentaba vocación previsional y el consecuente derecho a obtener una pensión, aun cuando no hubiera tenido dicha condición al momento de la baja del causante.
1.-Frente al supuesto de un conscripto dado de baja por haberse incapacitado durante actos de servicio -en la especie, mientras manipulaba armamento-, debe entenderse que el art. 84 de la ley nacional 14777 -mantenido por el art. 84 , ley 19101-, al disponer que, con la sola excepción de los progenitores, los familiares del personal militar -concretamente, el cónyuge- concurren a ejercitar su derecho a pensión con arreglo a la situación existente al día del fallecimiento o de la baja del causante, no pudiendo hacerlo luego cuando no hubieran tenido ese derecho en aquel momento, refiere a la fecha del deceso, y no a la de baja del servicio militar, debiendo tenerse en cuenta el principio general de la materia según el cual las pensiones deben acordarse con arreglo a la situación existente el día del fallecimiento del causante (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
2.-El tiempo transcurrido entre el accidente en virtud del cual quedó incapacitado un conscripto, durante actos de servicio -en la especie, con motivo de la manipulación de armamento-, su fallecimiento y la solicitud de pensión formulada por su cónyuge -respectivamente, 20 y 25 años-, no obsta a la concesión del citado beneficio, ya que el art. 14 bis de la CN. garantiza los derechos de la Seguridad Social con carácter imprescriptible e irrenunciable (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
3.-Los beneficios de pensión previstos en las leyes 14777 y 19101, por inutilización o disminución en al aptitud derivadas de actos de servicio -en la especie, con motivo de la manipulación de armamento-, deben ser acordados con prescindencia de toda idea de culpa o negligencia de la víctima (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
4.-Debe reputarse derivado de actos de servicio el accidente ocurrido mientras un conscripto manipulaba armamento, no sólo por la circunstancia de que el evento haya ocurrido en un cuartel militar, sino por haber tenido lugar durante y con motivo del servicio y por ser el hecho relativo a funciones que tocan a los militares por el hecho de integrar las Fuerzas Armadas y haberse verificado en cumplimiento de una orden u obligación impuesta por las leyes o reglamentos (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
La Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, confirmó el fallo de mérito que rechazó el reclamo de la actora dirigido a obtener una pensión derivada del haber militar que -a criterio de esa parte- debió habérsele concedido a su extinto esposo. Arguyó para asi decidir que se encuentra firme el dictamen médico legal que fijó una incapacidad definitiva del quince por ciento de la total obrera, no derivada de actos de servicio. Agregó a ello que la interesada no reunía la calidad de esposa, a la fecha de la baja del ex soldado, exigida por el artículo 84 de la ley n° 14.777 (v. fs. 202/207 y 245).
Contra esa decisión, la actora dedujo recurso extraordinario, que fue replicado y denegado por involucrar el estudio de extremos fáctícos y procesales, propios de los jueces de la causa (cf. fs. 247/262, 267/270 y 271), dando lugar a la queja (v. fs. 24/28 del cuaderno respectivo).
La apelante, en suma, dice que la decisión desconoce la ley federal n° 14.777 y las garantías del artículo 14 bis de la Ley Fundamental e incurre en un caso de sentencia arbitraria, por cuanto carece de fundamentos, excede la jurisdicción apelada -suscitando una reformatio in peius- y omite los agravios de la actora (arts.277, 278 Y ccdtes., CPCCN, y 18 C.N.).
Hace hincapié en que el dictamen médico legal n° 1286/69 no fue recogido por una resolución administrativa en vida del causante y que la única que se dictó fue aquella por la que, con posterioridad al deceso del ex conscripto, se negó la pensión de la actora, razón por la cual mal puede hablarse de asentimiento o falta de reclamo frente a un mero dictamen que no consta notificado.
En un orden análogo, añade que adquirieron firmeza las conclusiones del juez de mérito en torno a que la pretensión actora no ha caducado y a que el derecho al beneficio previsional no prescribe, extremos de los que la alzada prescinde excediendo su jurisdicción apelada.
Observa que el artículo 84 de la ley n° 14.777, que invoca la Sala para fundar el rechazo, avala la solicitud de la actora pues, con arreglo a él, el derecho a la pensión nace con el fallecimiento del ex conscripto, supuesto del que infiere que, a los efectos del reclamo, bastaba con poseer la calidad de cónyuge a esa fecha.
Refiere que el artículo mencionado no fue esgrimido por la demandada ni por el juez o el ministerio fiscal y que su introducción por la Cámara dejó a la actora en estado de indefensión.También dice que el tribunal, pretiriendo el thema decidendum e incurriendo en denegación de justicia, omitió expedirse sobre si el infortunio sufrido por el conscripto genera derecho a pensión.
Postula que la minusvalía del causante fue producto de un acto de servicio que le confirió en su momento derecho a un beneficio previsional y que, a su muerte, la pensión toca a los causahabientes que probaran serlo a esa fecha, sin que en nada incida el día de la baja del servicio militar obligatorio.
Aclara que en el plano de la ley n° 14.777, vigente al tiempo del accidente, los conscriptos sólo podían pasar a retiro en los casos en que, al ser dados de baja, se hallaran disminuidos para el trabajo en la vida civil por actos de servicio (arts. 68, 77 Y 78, ley 14.777 Y 82 , ley 19.101), y que en el sublite debió estarse al derecho público previsional, de carácter alimentario, y no al derecho civil, pues no se solicita la reparación de los daños (arts. 1.111 y 1.113 , C.Civil), sino que se reconozca el derecho de la reclamante y de su hijo menor a una pensión.
Expresa que la accionada estaba obligada a tramitar un sumario administrativo por el accidente sufrido por el causante, a fin de establecer si se vinculaba con el servicio, lo que recién completó, fallecido el ex soldado, con el dictado de la resolución EMFA n° 398/95 que denegó la pensión; y que resulta inadmisible que se imponga a la accionante la carga de probar la responsabilidad del Estado y que la incapacidad del causante guardaba vínculo con la conscripción obligatoria.
Agrega que los testigos coincidieron en que el accidente se produjo cuando el soldado se hallaba realizando una tarea militar de rutina, por orden superior, y sin que pueda atribuírsele negligencia ni el uso de una cosa riesgosa en contra la voluntad de la accionada.
Subraya que s.e trataba de un conscripto -no de un militar profesional- y en que debió estarse al principio in dubio pro justitia socialis y no a los asertos de la Fuerza Aérea, plasmados en el dictamen médico, ni a presunciones, máxime, en un caso de culpa in vigilando del titular de la cosa.
Rechaza que la resolución n° 398/95 haga cosa juzgada, al tiempo que señala que dicha conclusión contradice lo resuelto en torno a la imprescriptibilidad del reclamo y a la inaplicabilidad de las previsiones de la ley n° 19.549 , sin perjuicio de referir que la revocación de un acto administrativo regular y firme en beneficio del administrado configura un principio general del derecho público.
Concluye resaltando que el informe pericial médico determina una incapacidad parcial y permanente del 41,25% de la total obrera, como consecuencia de la deflagración de un aparato explosivo que le seccionó al causante el nervio mediano de la mano derecha (cfr.fs.247/262).
La pretensora, por sí y en representación de su -entonces- hijo menor de edad, promovió demanda contra el Estado Nacional peticionando el reconocimiento de una pensión militar y el pago de los haberes retroactivos, inherentes tanto a la pensión como al retiro que debió haberse conferido a su extinto esposo en el marco de los artículos 77, 78 y ccdtes. de la ley n° 14.777 Y 82 y ccdtes. de la ley n° 19.101.
Expuso que el causante, el 10/10/68, padeció un accidente mientras cumplía el servicio militar obligatorio en la IV Brigada Aérea con sede en Mendoza, en circunstancias en que, por orden superior, limpiaba una sala de armas de la Unidad, como resultado del cual le quedó una secuela invalidante en su mano derecha -parcial y definitiva- del quince por ciento de la total obrera.
Dijo que si bien se tramitaron las actuaciones administrativas FAA n° 118.851, no se notificaron sus conclusiones, y que recién tras el deceso del ex conscripto, el 25/11/88, por petición de su esposa, se expidió la resolución JEMFA n° 398, del 9/05195, por la que se denegó el beneficio de pensión y, más tarde, la resolución JEMFA n° 348, del 07/05/96, por la que se desestimó el recurso de reconsideración deducido contra la anterior (cfr. fs. 14/15, 21/24,46/48,51 y 52/56).
La accionada, a su turno, rechazó las aserciones de la peticionaria e interpuso las defensas de cosa juzgada administrativa y caducidad y la excepción de prescripción (cfr. fs. 71/75 y 77180).
El juez de mérito, por su lado, previo a expedirse sobre la pretensión, rechazó el planteo de caducidad por entender inaplicable al personal militar el artículo 25 de la ley n° 19.549 (v. fs.84).
Posteriormente, tras subrayar que en materia de seguridad social el derecho al beneficio es imprescriptible, mas no así lo referente a los haberes devengados, juzgó -a todo evento- prescriptos los créditos originados en los cinco años anteriores al 04/01/93, fecha del reclamo administrativo de la actora (art. 4.027, inc. 3 , C. Civil). También juzgó que, habiendo acaecido el siniestro denunciado el 10/10/68, el beneficio debía estudiarse en el marco de la ley n° 14.777.
En cuanto al fondo del asunto y sobre la base principalmente de los testimonios y la prueba instrumental, entendió que: a) la actora no aportó elementos de entidad suficiente para acreditar la responsabilidad del Estado y que la incapacidad del causante a la fecha del cese guardaba relación con los actos de servicio; b) la accionada, como guardián de la cosa riesgosa que generó el infortunio, está exenta de responsabilidad debido a la negligencia con la que procedió el ex soldado (arts. 1.111 y 1.113, C. Civil); y, c) no surge de las constancias administrativas que el dictamen médico legal 1.286 -cuya legitimidad se presume-, haya sido impugnado por la interesada (v. fs. 202/207).
Apelada la resolución, dio lugar al pronunciamiento arribado, queja mediante, a la instancia federal (v. fs. 209, 223/233, 242 Y 245).
Como bien señala el Sr. Fiscal ante la Cámara (Is. 242), arriba firme lo decidido en torno a la prescripción y a que, habiendo acontecido el accidente denunciado el 10/10/68, cuando regía la ley nº 14.777 (BO 29/12/58), el beneficio contendido debe ser estudiado con arreglo a sus preceptos (v. Fallos: 330:2347 y sus citas), derogados más tarde por el artículo 109 de la ley nº 19.101 (BO: 19/07/71).
Anteriormente, según lo relatado supra, había adquirido firmeza el rechazo por el juez de primera instancia del planteo de caducidad fundado en el artículo 25 -y ccdtes.- de la ley nº 19.549 (v. Is.84).
Por lo demás, y como lo ha señalado V.E., las normas que regulan el régimen orgánico y previsional del personal militar revisten carácter federal (cf. Fallos: 311: 130, 1678; 320:398; 325:972 ; etc.).
En ese contexto, corresponde puntualizar que: “El personal de conscriptos, el de alumnos y el de la reserva incorporada (no procedente del cuadro permanente), no podrá pasar a situación de retiro; sin embargo, si al ser dado de baja como tal, estuviere disminuido para el trabajo en la vida civil por actos del servicio militar, percibirá un haber en la forma y cantidad que lo especifican los artículos 77 y 78” (arts. 68, ley nº 14.777, y 68 ley nº 19.101, en su texto originario).
Asimismo: “El personal de alumnos y de conscriptos que como consecuencia de actos del servicio resultare disminuido para el trabajo en la vida civil, gozará de un haber que será el siguiente: 1º. Si la disminución de aptitudes para el trabajo en la vida civil fuera del sesenta por ciento -60%- o mayor: a) [ . ]; b) Para los alumnos de escuelas, institutos o cursos de reclutamiento de personal subalterno y para los conscriptos, la totalidad del sueldo y suplementos generales correspondientes al grado más bajo de la jerarquía de suboficial. (art. 78).
En cambio, continúa dicho precepto: “2º. Si la disminución de aptitudes para el trabajo en la vida civil fuera menor del sesenta por ciento, [corresponderá] el haber prescripto en el inciso anterior, reducido a la proporción señalada en el inciso 2º del artículo 77” (art. 78, último pár.; ley n° 14.777).
De lo anterior se sigue que, de acontecer al soldado un episodio incapacitante para el trabajo en la vida civil, “al ser dado de baja como tal”, se imponía la declaración por parte de la institución armada o, en su defecto, del órgano jurisdiccional, de que aquel evento presentaba -o no- vinculación con el servicio, para poder acceder, en su caso, al beneficio de retiro (v.arto 68, ley n° 14.777).
En el sub lite, según se desprende de las actuaciones administrativas inherentes al causante, el día 10/10/68, mientras laboraba en la sala de armas de la unidad, manipuló el iniciador de espoleta de una bomba que al explotar le generó una herida contusa y la sección del nervio mediano de la mano derecha y, con ello, una secuela en su capacidad que derivó en la calificación de “disminuido en sus aptitudes físicas”, DAF., y en una minusvalía parcial y definitiva del 15% de la total obrera para el trabajo civil (v. fs. 25/41 y 46/48 del expediente principal).
Sobre esa base, con posterioridad al fallecimiento del ex soldado, acaecido el 24/11/88, su viuda dedujo un reclamo administrativo, el 04/01/93, pidiendo que se le otorgue una pensión militar, o el resarcimiento que le hubiera incumbido al causante, y afirmando que no se había notificado ninguna resolución en orden al accidente invocado. Esa presentación fue denegada por la institución castrense con apoyo en el tiempo transcurrido y en la falta de acreditación de la culpa del Estado y del vínculo funcional de la minusvalía, dando lugar a las presentes actuaciones en las que dicho criterio resultó convalidado jurisdiccionalmente (v. fs. 14/15,17/18,21/24,51,202/207 Y 245).
Pero he aquí que la Cámara, tras puntualizar que no se encuentra discutida la inexistencia de reclamo por parte del causante contra lo dictaminado por la Junta Médica, hizo hincapié para rechazar el recurso en que la peticionaria no reunía la calidad de esposa, exigida por el artículo 84 de la ley n° 14.777, a la fecha de la baja del ex soldado (10/10/68), toda vez que el matrimonio se celebró con posterioridad a ese evento, el 16/03/72 (v. fs.49 Y 245).
Dicho argumento es cuestionado por la actora so pretexto de arbitrariedad y de cuestión federal, y en tanto que por su intermedio la a quo concluyó que esa parte carece de vocación previsional para acceder al beneficio, opino que el examen del citado artículo ha de preceder necesariamente al de los presupuestos fácticos y jurídícos del reconocimiento de la prestación previsional.
También estimo, sítuado en el ámbito de Fallos 330:2564 , 4706 ; entre muchos otros antecedentes, que ese necesario escrutinio previo del precepto determina, en el marco del principio iura novit curia, que no se advierta arbitraria su consideración oficiosa por la a quo.
El artículo prevé que: “Los familiares del personal militar con la sola excepción de los indicados en los incisos 5° y 6° del artículo 82 [progenitores], concurren a ejercitar su derecho a pensión con arreglo a la situación existente al día del fallecimiento o de la baja del causante, no pudiendo con posterioridad al mismo, concurrir a ejercitar ese derecho cuando no lo tuvieron en aquel momento” (v. arts. 84, ley n° 14.777, Y 84 , ley n° 19.101).
La aclora discrepa a propósito del alcance del precepto pues, según entiende, se desprende de él que, a los fines del reclamo, corresponde revestir la calidad de cónyuge a la fecha del deceso del causante (24/11/88) y no, como dogmáticamente postula la alzada, a la fecha de la baja del servicio militar (que la Sala identifica con la del accidente, el 10/10/68; cfr. fs. 245vta., pár. 3°).
En el plano del artículo 14, inciso 3° , de la ley n° 48, considero que la crítica es formal y substancialmente admisible pues, con ajuste -entre otros- a Fallos: 300: 1195 y sus citas, constituye un principio general en esta materia que las pensiones deben acordarse con arreglo a la situación existente el día del fallecimiento del causante.”La ley 14.777 -se dijo en el antecedente- recogió tal pauta y el artículo 84 dela ley 19.101 reprodujo dicho criterio” (cf. cons. 6°).
En el caso, a diferencia del precedente de Fallos: 321 :611, el hecho que daría lugar al beneficio no es la baja por inconducta, que apareja la pérdida del haber de retiro del causante pero no de los familiares que acrediten su derecho a pensión a aquella fecha (Cfse. arts. 20 inc. 5°, 80, 83, 84 Y 92 inc. 6°, de las leyes n° 14.777 y n° 19.101), sino la muerte del ex conscripto que, al ser dado de baja como tal, se encontraba disminuido para el trabajo en la vida civil (v. fs. 46/48), sin que haya llegado a establecerse mediante una resolución firme de la autoridad competente -tal extremo, al menos, no se acredita acabadamente- el vínculo habido entre la lesión incapacitante y los actos del servicio militar (v. arts. 68 y ccdtes., ley n° 14.777).
Cabe apuntar que tanto el dictamen médico legal como el certificado de origen definitivo remiten, en orden al esclarecimiento de la relación entre las lesiones y los actos de servicio, a los organismos jurídicos pertinentes, y que la propia demandada reconoce que la existencia de una resolución que, a la fecha de la baja del causante, establezca la ausencia de relación entre los servicios y la minusvalía constítuye una conjetura, dada la imposibilidad de ubicar el expediente FAA n° 118.851 (cfr. dictamen y contestación de demanda, fs. 46/48, 72 Y 74vta.; e informativas, fs. 133/140 y 164/168).
Sólo” . prima (aeie [desliza la demandada al expedir la resolución n° 398/95] no se podría concluir que las lesiones comprobadas guardaran relación con los actos del servicio . ” (v. fs.21/24).
En tales condiciones, no habiéndose acreditado la existencia de una resolución firme en torno al problema en las actuaciones FAA n° 118.851/68 -lo que dejaba expedita la posibilidad de su reclamación por parte del causante- y sí, en cambio, que el matrimonio que unió a la peticionaria -hoy viuda- y al ex conscripto tuvo lugar el 16/03/72, y que precedió, por ende, largamente a la muerte del último, acaecida el 25/11/88, cuando contaba con 41 años (cfr. fs. 49 y 51 )-, aprecio que cabe concluir en favor de la vocación previsional alegada por la actora (v. partida de nacimiento del menor, 05/04/84, a fs. 50).
No obsta a ello el tiempo transcurrido desde que se produjo el accidente toda vez que, como en parte fue expresado por el juez de primera instancia a fojas 204, el articulo 14 bis de la Norma Fundamental garantiza los derechos de la seguridad social con carácter imprescriptible e irrenunciable (Fallos 318:2436 ; 319:402 ; 321:2453 ; 330:2347, entre muchos otros).
Sentado lo anterior y sin desconocer que lo referido a la etiología funcional de la lesión invalidante no reviste carácter federal (v. Fallos: 302:416; 303:291, 416; etc.), estimo que asiste razón a la actora en su crítica y, consecuentemente, que el fallo de la Sala en este punto, confirmatorio del de mérito, no se sustenta como es menester ni resulta coherente con la cautela requerible cuando se trata de desconocer los beneficios previsionales de quienes, prestando el servicio militar obligatorio, por actos de él, se vieron disminuidos para el trabajo en la vida civil (Fallos: 320:389 ; 329:4206 ; etc.). y es que habiéndose establecido, por un lado, que el episodio incapacitante – estallido del iniciador de una espoleta de bomba- se produjo cuando, por instrucciones de la superioridad, el entonces conscripto se hallaba preparando elementos de la sala de armas para una instrucción de tiro de la compañía (cfr. fs.46vta., 125 y 126), Y por otro lado, que lo debatido remite a un beneficio de retiro o pensión, de resonancia previsional y ajeno a la idea de indemnización (v. arts. 68, 77, 78, 82, 86, 87 Y ccdtes.; ley n° 14.777, y doctrina de Fallos: 300:958, 308:1118), la conclusión de la a quo cifrada en la negligencia del ex soldado y en la falta de vínculo funcional de la dolencia no se funda según es exigible y debe ser invalidada judicialmente.
En ese orden, no es ocioso referir que desde antiguo la Corte explicitó que los beneficios previstos en las normas respectivas, para el caso de inutilización o disminución en la aptitud derivada de actos de servicio, deben ser acordados con prescindencia de toda idea de culpa o negligencia de la víctima (doctrina de Fallos: 197:561; 200:69; 207:176; 211:349, 227:833; etc.).
Lo anterior es así, sin perjuicio de que -a mi criterio- tampoco puede derivarse concluyentemente de lo obrado un caso de negligencia -o, menos aun, de lesión autoinfligida dolosamente por el soldado-, desde que si bien, como lo reconoció el propio afectado, había sido instruido en forma general de los peligros que corría en su condición de ” . armero de la Sala de Armas . “, desconocía el riesgo que el trabajo particular que le fue asignado con la espoleta implicaba y que al ejecutarlo pudiera accionarse (v. fs. 46vta.).
Por lo demás, no es la sola circunstancia de que el accidente haya ocurrido en un cuartel militar la determinante para valorarlo acaecido en acto de servicio, sino la de haber tenido lugar durante y con motivo de él y por ser el hecho relativo a funciones que tocan a los militares por el hecho de integrar las fuerzas armadas y haberse verificad o en cumplimiento de una orden u obligación impuesta por las leyes o reglamentos (v. Fallos:216:592; 227:833; 298:791; etc.), yen tal sentido, a la luz de las leyes n° 14.777 y 19.101, no cabe duda que el soldado conscripto integraba la reserva incorporada y poseía estado militar (Fallos: 291 :280; 308: 1595; etc.).
Dicho lo que antecede, cabe subrayar que habiéndose promovido la demanda el 20/08/99 (v. fs. 56vta.), a partir de la denegación del planteo administrativo deducido por la actora el 04/01/93 (fs. 17/18), no media aún un pronunciamiento definitivo sobre la prestación reclamada, pese a su obvio tenor alimentario.
En las condiciones descriptas, entiendo razonablemente que al asistirle derecho al ex soldado a obtener el beneficio -para los casos de disminución de la aptitud para el trabajo en la vida civil inferiores al sesenta por ciento- reconocido por los artículos 68, 77 inciso 2°, y 78 inciso 2°, de la ley n° 14.777, aquella prerrogativa beneficia, por extensión, a sus parientes legitimados -viuda e hijo menor de edad, en el caso- en el marco de la prestación derivada en los términos de los artículos 82, 86, inciso 1°, 87, inciso 1°, 92, inciso 5°, y concordantes de dicho ordenamiento. En consecuencia, considero igualmente que deben invalidarse las resoluciones -tanto administrativas como jurisdiccionales- que la deniegan.
Resulta válido añadir que beneficios como el debatido han sido reemplazados, a partir del dictado del artículo 76, inc. 3°, ap. e) , de la ley n° 19.101, reformado por la ley n° 22.511 (SO 06/11/81), por una indemnización específica (Fallos: 318: 1256 , 1621; 319:2620 ; 321 :3496 ; 325: 1297 ; etc.), indemnización que, como quedó expuesto, no se contiende en las actuaciones (ni ninguna otra análoga).
También resulta válido añadir que, en oportunidad de expedir el certificado de origen definitivo n° 1.286/69, la Junta Médica de la Zona Aérea 5 determinó al conscripto una incapacidad definitiva para el trabajo en la vida civil del 15% (cfr. fs.48), y que, a su turno, el perito interviniente fijó una incapacidad real y efectiva del 41,25% de la total obrera, parcial y permanente (v. fs. 147/154 y 160), sobre lo que habrá de expedirse el tribunal, a partir de las observaciones realizadas por la accionada -en torno al tiempo transcurrido entre los estudios, inmediatez, baremos utilizados, etc. (v. fS.156 y 170)- en ocasión de establecer el porcentaje del haber previsional correspondiente (cfse. arts. 78, inc 2°; 92, inc. 5°; y ccdtes.; de la ley n° 14.777).
Por ello, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso, revocar la sentencia apelada y, en el marco del artículo 16 de la ley n° 48, reconocer el beneficio de pensión de la actora, con arreglo a las previsiones de la ley n° 14.777 citadas con anterioridad.
PROCURADORA FISCAL MllE ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTlClA DE LA NACIÓN
ADRIANA N. MACHISIO
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por S. J. A. y L. M. L. en la causa A., S. J. c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Argentina”, para decidir sobre su procedencia.
Que respuesta los agravios de en los fundamentos los del recurrentes dictamen de encuentran la señora Procuradora Fiscal, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad.
Por ello, se admite la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, y en uso de las facultades previstas por el art. 16 de la ley 48, se reconoce el beneficio de pensión a la actora. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI.
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