Source: http://espanito.com/informe-no-12212.html
Timestamp: 2019-09-19 19:11:30
Document Index: 208221676

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 101', 'artículo 45', 'artículo 101', 'artículo 179', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 266', 'artículo 183']

Informe no. 122/12
PETICIÓN 533-05
JULIO RUBÉN ROBLES ERAS
El 12 de mayo de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos –CEDHU- (en adelante, “peticionario”), en contra del Estado de Ecuador (en adelante, “Estado”, “Estado ecuatoriano” o “Ecuador”). En la petición se alegó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la presunta violación al derecho a la vida y la integridad personal de Julio Rubén Robles Eras; y la falta de investigación y sanción de los responsables de tales hechos.
El peticionario alegó que el Estado habría violado los derechos amparados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención” o “Convención Americana”), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional.
El 10 de octubre de 2006 las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa.
En el presente informe de solución amistosa, según lo establecido en el artículo 49 de la Convención y el artículo 40.5 del Reglamento de la Comisión, se efectúa una reseña de los hechos alegados por el peticionario y de la solución amistosa lograda. Habiendo revisado la conformidad de los compromisos adoptados por las partes y su cumplimiento con los principios de la Convención, la Comisión resuelve aprobar el presente informe, notificar a las partes, hacerlo público e incluirlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
El 12 de mayo de 2005 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 533-05. El 18 de enero de 2006 transmitió las partes pertinentes al Estado, otorgándole el plazo de dos meses para la presentación de sus observaciones.
El 27 de julio de 2006 se recibió una comunicación de los peticionarios en la que solicitan a la Comisión que en aplicación del artículo 48.1.f de la Convención y 40 del Reglamento de la Comisión, se ponga a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa.
El 2 de agosto de 2006, la Comisión se puso a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa del asunto. Mediante comunicación recibida en la CIDH el 7 de septiembre de 2006, los peticionarios manifestaron su interés en iniciar el proceso de solución amistosa.
El 12 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana solicitó al Estado presentar sus observaciones en el plazo de un mes. Mediante comunicación recibida el 17 de noviembre de 2006, el Estado remitió a la Comisión copia certificada del acuerdo de solución amistosa suscrito entre el Procurador General del Estado y el Dr. Luis Vega Eras, hermano y representante de la familia de Julio Rubén Robles Eras.
El 27 de noviembre de 2006 la CIDH envió una comunicación a las partes en las que solicita información acerca del cumplimiento del acuerdo. Se recibió información del peticionario el 6 de marzo de 2008. El 9 de abril de 2009, la Comisión reiteró a las partes su solicitud de información sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa.
Mediante comunicación recibida en la CIDH los días 20 de septiembre y 2 de octubre de 2009, el Estado remitió la información solicitada. Luego de que la Comisión transmitiera dicha información al peticionario y solicitara las observaciones correspondientes, el 14 de diciembre de 2009 y 4 de enero de 2010 se recibió la información requerida.
El 13 de junio de 2011 la Comisión solicitó a las partes que informen si continúan en proceso de solución amistosa y de ser así, comuniquen los avances en dicho proceso. Se recibió información del peticionario el 23 de junio de 2011 y el 11 de julio de 2011, donde comunican a la CIDH que “el proceso de solución amistosa concluyó con la firma del respectivo acuerdo, que en su debida oportunidad se remitió a la CIDH a fin de que emita el respectivo informe”. En el mismo sentido se expresó el Estado mediante comunicación de fecha 30 de junio de 2011.
En su denuncia, el peticionario alegó que Julio Rubén Robles Eras, joven de 22 años de edad, el 10 de agosto de 2001 se graduó en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro ubicada en la Ciudad de Quito, con el grado de Subteniente del Ejército. El 21 de agosto del mismo año, fue asignado el Batallón de Infantería B1-21 de Macará, ubicado en la provincia de Loja, cerca de la frontera con la República del Perú.
Según lo informado en la petición, el 22 de agosto de 2001 Julio Robles Eras recibió la visita de un pariente político quien lo encontró en perfectas condiciones. Posteriormente, en esa misma fecha se habría dado inicio al “bautizo” para los subtenientes recién llegados, ritual a cargo del mayor Jorge Segovia, Comandante del Batallón.
De conformidad a los presuntos hechos expuestos en la denuncia, el 23 de agosto de 2001 en horas de la madrugada el mayor Jorge Segovia llamó a Luis Vegas Eras y le informó que su hermano, el subteniente Julio Robles había fallecido, que se tomó una botella de whisky y que se habría asfixiado. Esta información habría sido ratificada por el Dr. Edmundo Ortiz, Médico de la Unidad Militar.
El peticionario alegó que el Mayor Jorge Segovia, dos militares y el chofer del Batallón, trasladaron hasta el hospital civil de Macará el cuerpo sin vida de Julio Robles Eras, en contravención con lo dispuesto en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe mover el cadáver sin la autorización del Fiscal o de la Policía Judicial.
De la información proporcionada se desprende que el cuerpo sin vida de la presunta víctima fue trasladado por dos militares al hospital y finalmente fue llevado a la morgue. El médico que recibió a la víctima señaló que los militares llegaron gritando “emergencia” e ingresaron el cuerpo de Julio Robles Eras en estado flácido con las manos colgadas y lo registraron como NN. El Doctor afirmó que “la víctima estaba en calzoncillos, frío, húmedo, sin sangre, las plantas de los pies tenían tierra pero no así el esto del cuerpo, que contaba con livideces cadavéricas mayores a dos o tres horas”.
Según la petición, la autopsia practicada reveló, entre otras cosas, esquimosis y excoriaciones en distintas de zonas de su cuerpo. A nivel del cuello Julio Robles Eras presentaba una marcada movilidad, en contraste con la rigidez del resto del cuerpo, así como hemorragia interna en la región pélvica.
Los familiares de Julio Robles denunciaron públicamente estos hechos exigiendo una investigación imparcial. En vista de la denuncia, la Inspectoría de la Fuerza Terrestre organizó una Comisión Multisectorial para investigar los hechos, la cual en su informe de 30 de agosto de 2001 determinó que el Mayor Jorge Segovia y el Capitán Luis Parreño estaban encargados de organizar el bautizo y la bienvenida para los cuatro suboficiales que el 21 de agosto de 2001 se incorporaron a la unidad. Este bautizo envolvió una serie de actos, entre otros, que los subtenientes recorrieran la ciudad montados en un burro, bebieran whisky, comieran arroz con pasta de dientes, huevos crudos y una cucaracha muerta. Asimismo, el informe revela que los subtenientes fueron trasladados por el Capitán Varela a un área llamada “villa cariñito” donde fueron encerrados. Debido a la insalubridad y las altas temperaturas, se les quitó la ropa y fueron dejados en calzoncillos.
En la noche, cuando el Capitán Romel Varela se apersonó a la “villa cariñito” para despertar a los subtenientes, se percató de que el Subteniente Julio Robles Eras tenía el cuerpo frío y llamó al Mayor Segovia, quien dispuso la búsqueda de un médico. Al llegar el médico verificó que la víctima no tenía pulso y fue trasladada al hospital donde ratificaron su deceso. El informe de la Comisión Multisectorial concluyó que la causa de la muerte de Julio Robles Eras pudo haber sido una combinación entre intoxicación alcohólica aguda grave y homicidio involuntario.
En vista de estos hechos se iniciaron dos procesos judiciales, uno en el fuero ordinario y otro en el fuero militar. En el fuero ordinario, el Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar dictó auto cabeza de proceso en contra del Mayor Jorge Segovia y los Capitanes Luis Perreño y Romel Varela por presunta infracción contra las personas, ordenándose su prisión preventiva. Sin embargo, se creó un conflicto de competencia con el fuero militar y para resolver el conflicto de competencia, el expediente fue remitido a la Corte de Justicia Militar. El 24 de diciembre de 2001 dicho tribunal declaró que el Juez Militar tenía competencia porque el delito se encontraba tipificado en el Código Penal Militar, el hecho se había producido al interior de una unidad militar, el bautizo fue organizado y aprobado por el Comandante de la Unidad, los hechos sucedieron en días y horas laborables; y los sindicados eran miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas.
A partir de esta decisión, ambos expedientes fueron acumulados para ser conocidos en el fuero militar. Los familiares del señor Julio Robles Eras intentaron presentar una acusación particular, sin embargo, esto no les fue permitido en vista de que la legislación militar prohíbe a terceros constituirse en parte civil.
El 31 de julio de 2003, el Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar dictó sentencia condenatoria contra los imputados Mayor Jorge Antonio Segovia Neyra, Capitanes Luis Alfredo Perreño Pincay y Romel Varela Guerrón, como coautores del delito de homicidio involuntario y les impuso la pena de tres años de prisión. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte Militar en instancia de apelación, sin embargo, se modificó el grado de participación de los imputados, manteniéndose la pena de tres años para el Mayor Jorge Antonio Segovia Neyra y reduciéndose a dos años la pena correspondiente al Capitán Luis Perreño y seis meses al Capitán Romel Varela.
El 10 de octubre de 2006 las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en los siguientes términos:
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTRE EL ESTADO ECUATORIANO Y EL REPRESENTANTE DEL SEÑOR JULIO ROBLES ERAS
Comparecen a la celebración del presente acuerdo de solución amistosa:
Por una parte, el doctor José María Borja Gallegos, Procurador General del Estado, según se desprende del nombramiento y acta de posesión que se adjuntan al presente como documentos habilitantes.
Por otra parte, comparece el doctor Luis Vega Eras, cuya actuación se respalda en las escrituras de poder general otorgados por la señora María Augustina Eras Romero y José Julio Robles Vega, ante el doctor Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón de Quito, mediante las escrituras que adjunto al presente.
El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, en su afán de proteger los derechos humanos, y considerando la importancia que representan para la vigencia del sistema democrático, inició un nuevo proceso dentro de la evolución de los derechos humanos en el Ecuador.
El Estado ecuatoriano, en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y consciente que toda obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo íntegramente, conjuntamente con el doctor Luis Vega Eras, en representación de la víctima, han resuelto llegar a suscribir el presente acuerdo de solución amistosa de conformidad a lo establecido en los artículos 48.1 literal f) y 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana.
El señor Julio Rubén Robles Eras, de 22 años de edad, el 10 de agosto de 2001 se graduó en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaron, alcanzando el grado de Subteniente del Ejército. EL 22 de agosto fue bautizado, conjuntamente con tres de sus compañeros, en un acto a cargo del mayor Jorge Segovia, Comandante del Batallón de Infantería de Macará y el Capitán Luis Parreño.
Ese día, en horas de la noche, el Capitán Varela se percató de la muerte del señor Robles Eras. El Mayor Segovia dispuso la presencia del doctor Edmundo Ortiz quien constató que el Subteniente no tenía pulso pero fue trasladado al Hospital Civil de Macará e ingresado como NN.
El Mayor Segovia, con el apoyo de dos militares y el chofer del Batallón, trasladó hasta el hospital civil de Macará el cadáver del señor Robles Eras, violentando el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal que prohíbe mover el cadáver sin la autorización del Fiscal o de la Policía Judicial.
De las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de la Fuerza Terrestre se concluyó que la causa de la muerte era intoxicación aguda alcohólica y homicidio involuntario mientras que la autopsia concluyó que la posible causa de la muerte era un traumatismo raquimedular.
La muerte del subteniente Julio Rubén Robles Eras dio inicio a dos procesos penales, uno en fuero militar a cargo del Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar y otro en el fuero ordinario sustanciado por el Agente Fiscal de Macará y el Juez Séptimo de lo Penal de Loja. Estos dos procesos dieron lugar a un juicio de competencia a cargo de la Corte de Justicia Militar, la misma que mediante sentencia resolvió que la competencia del caso le correspondía al fuero militar. En consecuencia, el proceso iniciado en fuero ordinario se acumuló al proceso penal existente en el fuero militar.
En julio del 2003, el Juez Primero de lo penal de la Tercera Zona Militar mediante sentencia declaró al Mayor Jorge Antonio Segovia Neyra, Capitanes Luis Alfredo Parreño Pincay y Romel Varela Guerrón, responsables del delito tipificado y sancionado en el artículo 179 del Código Penal Militar (homicidio involuntario).
De conformidad con el artículo 29 del mismo cuerpo legal se impuso la pena de tres años de prisión correccional.
Los sentenciados apelaron de la resolución emitida por el Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar para ante la Corte Militar, la misma que luego de haber escuchado al Fiscal a través de su dictamen resolvió lo siguiente:
El Mayor Jorgen Antonio Segovia habría planificado y ejecutado el bautizo de los nuevos Suboficiales. Por tanto se confirma la sentencia y se le impone 3 años de prisión correccional.
En cuanto al Capitán Luis Alfredo Parreño Pincay trasladó órdenes a Varela sin observar las sugerencias. Se modifica la sentencia y se le impone la pena de dos años de prisión correccional.
El Capitán Romel Varela Guerrón no planificó el bautizo y se limitó a cumplir órdenes del capitán Parreño y el Mayor Segovia. Por tanto se modifica la sentencia y se le impone con 6 meses de prisión correccional.
La sentencia califica el hecho de homicidio involuntario sin que se haya establecido con claridad la causa de la muerte y sin que las investigaciones hayan determinado el origen y circunstancias de las múltiples lesiones presentadas en el cuerpo de la víctima.
El Presidente de la Corte de Justicia Militar desconoció el derecho a la verdad de los familiares de la víctima pues no fueron admitidas como parte procesal dado que la acusación particular no se encuentra incluida en el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal Militar. La ausencia de los agraviados en el proceso penal militar impidió que se determine con claridad la causa de las lesiones y la muerte ya que a pesar de que el Juez Tercero de lo Penal de la Tercera Zona Militar dispuso la exhumación del cadáver, los peritos concluyeron que el avanzado estado de putrefacción no permitía establecer la causa de la muerte.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, el acervo probatorio aportado dentro del proceso y tomando en consideración la naturaleza internacional de estas violaciones, que tuvieron lugar en el ámbito de la jurisdicción del Estado ecuatoriano, se expresa la voluntad de aceptar la responsabilidad internacional estatal por violación de derechos humanos en contra del señor Julio Robles Eras, y en consecuencia el Estado asume el deber de reparar en alguna medida la violación.
En tal virtud, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), artículo 5 (integridad personal), artículo 8 (garantías judiciales) y artículo 25 (protección judicial) y el artículo 1.1. (obligación de respeto y garantía de los derechos humanos) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Julio Robles Eras.
El Estado ecuatoriano, se compromete a pagar la cantidad de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$300.000) por concepto de indemnización compensatoria a favor del doctor Luis Vega Eras, representante de la víctima. El pago que el Estado ecuatoriano realice no está sujeto a impuestos actualmente existentes o que pueden decretarse en el futuro.
Para asegurar la vigencia práctica de la unidad jurisdiccional, la Procuraduría General del Estado velará por la aplicación de este principio a fin de que la jurisdicción militar y policial que actualmente depende de la Función Ejecutiva se incorpore a la Función Judicial en cumplimiento de la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución Política. Hasta la vigencia práctica de este principio, se velará por el fiel respeto de las garantías judiciales dentro de los procesos militares.
Asimismo la Procuraduría General del Estado gestionará ante el Ministerio de Defensa Nacional la eliminación de la práctica habitual de los bautizos dentro de las Fuerzas Armadas en la que se han registrado frecuentes excesos y hechos atentatorios a la dignidad humana.
DERECHO A LA VERDAD DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA Y DERECHO DE REPETICIÓN EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES
El Estado ecuatoriano realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil como penal de las personas que participaron en el acto violatorio por el cual se imputa la responsabilidad internacional del Estado.
El Estado se reserva el ejercicio del derecho de repetición en contra de los ex oficiales que han sido condenados por los jueces militares por violación al derecho a la vida del señor Robles Eras. Este derecho lo ejercerá conforme al artículo 22 de la Constitución Política.
La Procuraduría General del Estado presentará toda la documentación necesaria para que el Ministerio Público y la Función Judicial investiguen las violaciones a la integridad personal en contra del señor Robles Eras. Una vez esclarecidas las circunstancias de la muerte del Subteniente Robles Eras, es decir que se establezcan los grados de responsabilidad de los culpables y se les imponga las penas que correspondan, será la sentencia firme fundamento suficiente para que el Estado repita lo pagado en contra de los responsables.
La indemnización compensatoria que concede el Estado ecuatoriano al representante de la víctima se encuentra prevista en los artículos 22 y 24 de la Constitución Política de la República de Ecuador, por violaciones a normas constitucionales y demás normas internas, así como los derechos protegidos por la Convención Americana.
Este arreglo amistoso se suscribe fundado en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y con fundamento en que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, de acuerdo a los artículos 16 y 17 de la Constitución Política.
El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, informará periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.
En concordancia con su práctica constante y las obligaciones que le impone la Convención, la Comisión Interamericana supervisará el cumplimiento de este Acuerdo.
El Estado ecuatoriano y los peticionarios presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este acuerdo de solución amistosa para su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 41.5 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
NOTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
El doctor Luis Vega Eras autoriza expresamente al Procurador General del Estado para que éste ponga en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presente Acuerdo de Solución Amistosa, con el objeto de que este Organismo lo homologue y ratifique en todas sus partes.
Las partes que intervienen en la suscripción de este acuerdo expresan libre y voluntariamente su conformidad y aceptación con el contenido de las cláusulas precedentes, dejando expresa constancia que de esta manera ponen término a cualquier controversia en que se pretenda imputar la responsabilidad del Estado ecuatoriano por los hechos que motivaron esta petición.
Se incorporan al presente acuerdo de solución amistosa, como documentos habilitantes, los siguientes:
Copias certificadas del Nombramiento y Acta de Posesión del señor Procurador General del Estado.
Copia de la cédula de ciudadanía del doctor Luis Vega Eras.
Escrituras de poder general otorgadas por la señora María Augustina Eras Romero y José Julio Robles Vega, a favor del doctor Luis Vega Eras ante el Notario Cuarto del Cantón Quito.
Para constancia de aceptación y conformidad, firman las partes, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre de dos mil seis. Dr. José María Borja Gallegos, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO y Dr. Luis Vegas Eras, C.C. 1705284048, REPRESENTANTE DE LA VICTIMA.
La CIDH reitera que de acuerdo con los artículos 48.1.f y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados. También desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.
La Comisión Interamericana ha seguido de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para alcanzar esta solución que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención.
En relación al cumplimiento de los puntos del acuerdo, según información aportada por la partes, la CIDH observa lo siguiente:
Medidas de reparación pecuniarias: los peticionarios informaron mediante comunicación de fecha 6 de mayo de 2008 que el Estado había entregado la reparación económica correspondiente a USD$300.000, a los familiares de Julio Rubén Robles Eras. Dicha información fue confirmada por el Estado mediante comunicación recibida el 2 de octubre de 2009.
Medidas de reparación no pecuniarias: de conformidad a la información suministrada por el Estado el 29 de septiembre de 2009, se habría cumplido el compromiso de la Procuraduría General del Estado de velar por la aplicación del principio de unidad jurisdiccional, a fin de que la jurisdicción militar y policial se incorpore a la Función Judicial; con la reforma constitucional aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008. Aunado a lo anterior el Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado el 4 de marzo de 2009, establece en su artículo 266 que forman parte de la justicia ordinaria los juzgados penales especializados en lo militar y policial, en concordancia con el artículo 183.5 que prevé la existencia de la Sala de lo Penal Militar y de lo Penal Policial de la Corte Nacional de Justicia. Mediante comunicación de fecha 23 de junio de 2011, los peticionarios confirmaron lo anterior.
En cuanto al segundo compromiso asumido por el Estado, a saber, la eliminación de la práctica de “bautizos”, los peticionarios informaron que el Estado habría prohibido los bautizos al interior de la institución armada.
Derecho a la verdad de los familiares de la víctima y derecho de repetición en contra de los responsables: si bien el Estado señala que ha iniciado una indagación previa en contra de los responsables de la muerte de Julio Robles Eras, los peticionarios, mediante carta de fecha 10 de diciembre d e 2009, informaron que no se habrían llevado a cabo acciones encaminadas a declarar la nulidad de la sentencia emitida por el fuero militar, ni se ha iniciado la investigación, enjuiciamiento y sanción de los jueces militares que le impidieron a la familia el acceso a la jurisdicción.
Con base en las consideraciones que anteceden y en virtud del procedimiento previsto en los artículos 48.1.f y 49 de la Convención Americana, la Comisión desea reiterar su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y su satisfacción por el logro de una solución amistosa en el presente caso, fundada en el respeto a los derechos humanos, y compatible con el objeto y fin de la Convención Americana.
1. Aprobar los términos del acuerdo suscrito por las partes el 10 de octubre de 2006.
2. Continuar con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador y, con tal finalidad, recordar a las partes su compromiso de informar periódicamente a la CIDH sobre su cumplimiento.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.