Source: https://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2010/noticias_018.htm
Timestamp: 2019-07-19 13:16:19
Document Index: 358289718

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 292', 'artículo 1', 'artículo 49']

Procuraduría confirmó destitución a Concejales de Toledo, Norte de Santander
Bogotá, 18 de enero de 2010. La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción consistente en destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de diez años, contra once Concejales en ejercicio del Municipio de Toledo, Norte de Santander, y la Secretaría Pagadora de la Corporación Edilicia, al encontrarlos disciplinariamente responsables por haber violado el régimen de inhabilidades.
Según la investigación, la falta disciplinaria se configuró cuando se eligió a la señora Yolanda Ordóñez Rivera como Secretaria del Concejo Municipal, con clara violación al régimen de inhabilidades y conflicto de intereses, por cuanto para ese momento tenía vínculo de consanguinidad con el Concejal Manuel Hernando Ordóñez Gereda.
Los Concejales que intervinieron en la votación y que resultaron sancionados son: Manuel Hernando Ordóñez Gereda, Carlos Urbano Carrillo, Iván Esteban Gómez Figueroa, Porfirio Pérez Fernández, Juan Agustín Becerra, Oscar Contreras, Eler Saúl Flores Medina, Héctor Raúl Sandoval, Emir Alexis Chaparro Gereda, Guillermo Mendoza Mora y Francisco Antonio Basto Camperos
El Ministerio Público reprochó a la señora Edilma Yolanda Ordóñez Rivera, el hecho de postular su nombre, ser elegida y haberse posesionado para ejercer el cargo de Secretaria General y Pagadora del Concejo Municipal de Toledo, Norte de Santander, estando en evidente inhabilidad, al tener vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, con el Concejal Manuel Hernando Ordóñez Rivera.
Al resolver el recurso de apelación. la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Alba Cristina Gruesso Sánchez, señaló que, la falta atribuida a los investigados, se inserta perfectamente en la descrita en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 742 de 2002 y en el artículo 40 sobre conflicto de intereses.
Recordó que la norma consagra “que todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión o lo tuviere su compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
La Procuradora Delegada indicó que, la Sentencia C-311 de 2004 declaró la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 49 de la ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por la Ley 821 de 2003, en el entendido que respecto de diputados y concejales, cuando no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el artículo 292 de la Constitución Nacional.
Citó también la Sentencia C-903 de 2008 que estudió la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 que modificó el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, dictaminando que, “para el caso de los diputados y concejales, no pueden ser designados servidores públicos en la respectiva circunscripción territorial las personas que tengan vínculo de parentesco con aquellos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad cuando los diputados y concejales actúan como nominadores o intervienen en la designación del nominador. En los demás casos, no podrán ser designados funcionarios los parientes de los diputados y concejales hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad".