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Timestamp: 2018-07-22 06:48:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 12', 'Artículo 86', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 11', 'artículo 85', 'artículo 12']

Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal y Procesal: Demanda de nulidad de cláusula suelo y reclamación de cantidades indebidamente cobradas. Falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil cuando la demanda se fundamenta en la Ley sobre Protección de Consumidores y Usuarios (mala fe, desequilibrio, etc) y solo se alude a la LCGC de modo complementario.
Demanda de nulidad de cláusula suelo y reclamación de cantidades indebidamente cobradas. Falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil cuando la demanda se fundamenta en la Ley sobre Protección de Consumidores y Usuarios (mala fe, desequilibrio, etc) y solo se alude a la LCGC de modo complementario.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015 (D. Juan José Cobo Plana).
PRIMERO.- Los autos de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 19 de marzo de 2014 (Pte: Don Víctor Caba Villarejo) y de 20 de marzo de 2014 (Pte: Dña. Mónica García de Yzaguirre), los cuáles, a su vez, hacen referencia al auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 10 de diciembre de 2013 (Pte: Don Jesús A. Suárez Ramos), dicen lo siguiente:
“PRIMERO.- Considera la parte recurrente dicho sea muy en síntesis que la acción ejercitada en la demanda de limitación de las variaciones de tipos de interés, cláusula suelo, tiene su encaje en el art. 82. 1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como cláusula abusiva no negociada individualmente, y no se basa en las acciones específicas de la Ley de Condiciones Generales de Contratación.
Añade que el préstamo hipotecario que la contiene es un contrato de adhesión particular en la que se incluye una cláusula abusiva, en un préstamo con condiciones generales específicas para el cliente. Cláusula que puede ser válida cuando se cumplen las condiciones de reciprocidad y transparencia en su imposición.
Alega que la demanda fija como pretensión principal la nulidad de la cláusula suelo por considerarla abusiva conforme al art. 82.1 TRLGDCU, no se trata de una acción de cesación de la vigencia de la cláusula suelo conforme a la legislación de condiciones generales. La abusividad es abordada desde el plano intrínseco, por el desequilibrio, en perjuicio del consumidor, que supone la fijación de un límite mínimo a la variación del tipo de interés, en relación con el establecimiento de un límite máximo, tan alejado de las fluctuaciones de dicho tipo de referencia que su acaecimiento es inverosimil, y por suponer la cláusula una alteración subrepticia del precio del préstamo que el consumidor creía haber acordado con la entidad financiera, constituido solamente por la aplicación de un diferencial a un índice de referencia, sin más aditivos ni limitaciones.
SEGUNDO.- El recurso de apelación ha de prosperar declarándose la competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia.
En efecto el Juzgado de lo Mercantil conoce de forma exclusiva y excluyente las materias englobadas previstas en el artículo 86 ter 1. de la LOPJ, como también, aunque sin ese carácter exclusivo y excluyente, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de las materias del apartado 2º del mismo precepto, particularmente, en su apartado d) de las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
En el caso de autos no se ejercita en la demanda alguna de las acciones colectivas o individuales relativas a las condiciones generales de la contratación, sino la nulidad de una cláusula contractual concreta por su carácter abusiva de los contratos que vinculan a las partes litigantes, en base al art. 82. 1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y no la acción individual de nulidad de condiciones generales y la mera referencia en la demanda a la existencia y aplicación de una condición general de contratación no determina la competencia del Juzgado Mercantil cuando no se ejercita alguna de las acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, esto es las acciones de cesación, retractación y declarativa a que se refiere el artículo 12 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, cuya finalidad, como señala el auto de la AP de Sevilla, Sec. 5ª, de 8 de septiembre de 2010 de, no solo es excluir la aplicación de la cláusula concreta de un determinado contrato, sino en lo sucesivo, es decir, "eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo"; "de la obligación de retractarse de la recomendación que haya efectuado” y por lo que se refiere a la acción declarativa, tiene como finalidad obtener el reconocimiento de una cláusula como condición general de contratación. En cambio la acción de nulidad ejercitada en la demanda se sustenta en el carácter abusivo de una determinada cláusula en base a la legislación específica de consumidores.
En este sentido expresa el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 28, 10-02-2010, "En todo caso, como es obvio, la formulación de una pretensión con fundamento en un contrato que contenga condiciones generales de la contratación o, en otros términos, la mera invocación de la existencia y aplicación de condiciones generales de contratación no determina la competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Por el contrario, ésta sólo podrá afirmarse cuando se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación contempladas en su legislación específica, estando comprendidas en dicho ámbito tanto las acciones individuales de nulidad y las de no incorporación como las colectivas de cesación, retractación y declarativa , sin que el hecho de que se discuta en el litigio sobre la mera interpretación de una condición general de la contratación, por ejemplo, permita atribuir la competencia a los Juzgados de lo Mercantil, pues a diferencia de lo que entiende el Juzgado de lo Mercantil, el tribunal considera que el artículo 6 LCGC no confiere acción alguna sino que fija determinadas reglas de interpretación que deben, en su caso, aplicarse por los Juzgados de Primera Instancia cuando interpreten condiciones generales de la contratación para la resolución de los conflictos atribuidos a su conocimiento".
En la misma línea cabe citar el auto de la AP de Madrid, Sec. 10, de 23 de junio de 2010 y el ya referido auto de la AP de Sevilla, Sec. 5ª, de 8 de septiembre de 2010, cuyos argumentos compartimos, conforme al cual:
“TERCERO.- En cualquier caso, entrando en el fondo del asunto, se alega, como primer motivo, la falta de competencia objetiva por parte del Juzgado de Primera Instancia, al estimar que es competente el Juzgado de lo Mercantil. Ello exige su examen al ser una cuestión de orden público. Expresamente dispone el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 2º d, que será competencia de los Juzgados de lo Mercantil: "Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia". Es evidente, que no es este el supuesto analizado en los autos principales, ya que se trata exclusivamente de la declaración de nulidad de una cláusula concreta de los contratos que vincula a las partes.
A estos efectos, conviene recordar que la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en sus artículos 1º y 2º determina tanto su ámbito objetivo como subjetivo de aplicación. En el aspecto objetivo, se exige que estemos ante una cláusula de un contrato, que se haya impuesto por una de las partes, es decir, que nos encontremos con una evidente ausencia de negociación individual, de modo que una de las partes no haya podido influir ni en su inclusión ni en su redacción; y generalidad en cuanto se ha redactado con la finalidad de incorporarla a una pluralidad de contrato. La aplicación de esta Ley será posible aún cuando algunos de los elementos de la cláusula o algunas de las cláusulas del contrato se hayan negociado individualmente, porque será de aplicación si la apreciación global es que estamos ante un contrato de adhesión, y, por el contrario, no será respecto a aquellas condiciones generales que se limiten a reflejar normas recogidas en Convenios internacionales, o en disposiciones legales que sean de aplicación obligatoria, artículo 4 , así como a determinados contratos a que se refiere la citada norma. En cuanto al ámbito subjetivo es de aplicación a todo profesional y a cualquier persona física o jurídica, entendiéndose que el adherente, como se refiere el artículo 2, puede ser profesional como un consumidor. De ahí que, se haya entendido que una cláusula que tenga la consideración de condición general tendrá un doble control, en base a esta ley y a la legislación especifica de los consumidores, actualmente contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Sobre la base de estas premisas, y la interpretación restrictiva que ha de hacerse de las competencias del Juzgado de lo Mercantil, es evidente que dicha disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha de interpretarse refiriéndola exclusivamente a las acciones reconocidas en dicha Ley, es decir, a las acciones de cesación, retractación y declarativa a que se refiere el artículo 12, cuya finalidad no solo es excluir la aplicación de la cláusula concreta de un determinado contrato, sino en lo sucesivo, es decir, "eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo"; "de la obligación de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro". Y por lo que se refiere a la acción declarativa, tiene como finalidad obtener el reconocimiento de una cláusula como condición general de contratación.
Es evidente, que ninguna de ellas son las acciones ejercitadas por los actores, cuya pretensión se centra o limita a interesar la nulidad de parte de una determinada cláusula, al estimarla abusiva, pero, sobre todo, en base a la legislación especifica de consumidores”.
Mas recientemente la Sec. 4º de esta misma Audiencia Provincial en el rollo 13/2013, resolviendo unas cuestión de competencia negativa entre un Juzgado de Primera Instancia y un Juzgado Mercantil dictó auto de 10 de diciembre de 2.013 declarando la competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia en base a los siguientes razonamientos jurídicos.
“La cuestión de competencia se suscita entre un Juzgado de Primera Instancia y el Juzgado de lo Mercantil. A éste último, le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial en el: Artículo 86 ter. [...] 2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: [...] d) Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia. Resulta de aplicación la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. Norma que desarrolla una directiva europea, y que está muy relacionada con la protección de consumidores frente a cláusulas abusivas. Aunque ambas cuestiones no deben ser confundidas, como explica su Exposición de Motivos “La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación [...] Se ha optado por llevar a cabo la incorporación de la Directiva citada mediante una Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que al mismo tiempo, a través de su disposición adicional primera, modifique el marco jurídico preexistente de protección al consumidor, constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios... Por ello la Ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual. Se pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas de lo que son condiciones generales de la contratación.
El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual.
Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las características específicas de la contratación entre empresas. En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la Ley, en concreto en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la Directiva transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.
En el artículo 10 bis y en la disposición adicional primera de la misma Ley, que lo desarrolla, se han recogido las cláusulas declaradas nulas por la Directiva y además las que con arreglo a nuestro Derecho se han considerado claramente abusivas. Fue la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación la que modificó la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, e introdujo la “Disposición adicional primera. Cláusulas abusivas”. Regulación que actualmente encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
La relación entre condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas aparece también recogida, como causa de nulidad, en el Artículo 8. Nulidad. [...] 2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Siempre debemos tener presente que las condiciones generales de contratación son aquellas que están predispuestas e incorporadas a una “pluralidad de contratos” exclusivamente por una de las partes, y no tienen por qué ser abusivas. La Ley 7/1998, se ocupa de este aspecto colectivo y general, regula la forma de incorporación de esas cláusulas a los contratos (artículo 5) y establece normas de interpretación (artículo 6). Este carácter de generalidad explica la creación del Registro de Condiciones Generales en el Artículo 11. ……
Ese carácter de generalidad también viene resaltado por la Jurisprudencia, “d) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse”, Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9-5-2013, nº 241/2013, rec. 485/2012.
En conclusión, la afirmación de que una cláusula contractual no ha sido negociada individualmente, o que es abusiva, no implica que se esté ejercitando una acción derivada de la ley de condiciones generales de contratación, si el demandante no le atribuye el carácter de condición “general”, analiza ese carácter colectivo y solicita alguna consecuencia jurídica derivada precisamente de ese carácter colectivo.
La competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil se limita a las acciones relativas a condiciones generales y en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
Habrá que analizar la pretensión de la demanda y su fundamentación jurídica para determinar el juzgado competente.
En el caso que estudiamos, se pide la declaración de nulidad por ser abusiva de una cláusula en el contrato notarial de ampliación de préstamo y afianzamiento de 28 de junio de 2.007 (f. 12-24) y la devolución de cantidades de dinero.
En la escritura se afirma que “no se encuentran inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación ninguna de las cláusulas de la presente escritura que tienen el carácter de tales” (f. 22). Sin explicar cual de ellas tiene ese carácter, aunque se admite que la escritura se ha redactado “conforme a minuta facilitada por la entidad prestamista” (f. 22).
En su fundamentación jurídica, la parte desarrolla los motivos por los que la considera abusiva, incidiendo en la falta de negociación (contrato de adhesión, que no implica condición general), falta de contraprestación y desequilibrio entre los contratantes. Y cita varios preceptos de la normativa protectora de consumidores”.
La competencia para el conocimiento de esa demanda corresponde al Juzgado de Primera Instancia, porque la parte actora (1) no afirma que se trate de una “condición general de contratación”; y (2) no pide ninguna consecuencia jurídica concreta derivada del carácter plural y general de esa condición, de las previstas en la Ley 7/1998”.
En su consecuencia, el recurso de apelación ha de ser estimado.”
Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (s. 3ª) de 12 de noviembre de 2014 (Pte: D. José Manuel Marco Cos) dice lo siguiente:
SEGUNDO.-La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2003 configura los Juzgados de lo Mercantil que crea como " juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil ". Esto es, no se trata de una nueva jurisdicción, sino de una muy concreta especialización dentro del orden civil, en el que se integra. Y este carácter especializado se compadece mal, por su propia naturaleza, con una interpretación extensiva de las normas de atribución competencial. Dicho de otro modo, aquellas cuestiones o pretensiones que no estén claramente comprendidas entre las competencias de los juzgados de lo mercantil corresponden a los juzgados de primera instancia. Esta es la solución acorde con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento en el orden civil de los juicios que no vengan atribuidos a otros jueces o tribunales. Desde esta perspectiva ha de resolverse la cuestión planteada.
1. Puesto que la declaración de competencia del Juzgado Mercantil se basa en lo que dispone el art. 86.ter.2-d de la LOPJ, recordamos que este precepto atribuye a los juzgados de lo mercantil el conocimiento de " Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casosprevistos en la legislación sobre esta materia ". Como la remisión a la "legislación sobre esta materia" ha de ser a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, ha de tenerse en cuenta que su capítulo IV regula las que denomina "Acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales", reguladas en el art. 12, para cuyo ejercicio están legitimados el Ministerio Fiscal y las asociaciones, entidades y corporaciones enumeradas en el art. 16 de la misma ley .
Entendemos, a la vista de esta regulación específica y teniendo en cuenta la perspectiva expuesta acerca de que las pretensiones que no estén claramente comprendidas entre las competencias de los juzgados de lo mercantil han de ser conocidas por los juzgados de primera instancia, que acciones sobre condiciones generales de la contratación " en los casos previstos en la legislación sobre esta materia ", como dice el citado art. 86.ter.2-d LOPJ son específicamente las colectivas expresa y diferenciadamente contempladas en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Esta ley establece una específica tipología de acciones, con un concreto contenido (art. 12) y en singular régimen legal en lo que respecta, por ejemplo, a la legitimación (art. 16) y a la prescripción. Y ninguna de tales acciones ejercita la demandante: la lectura de la petición que formula al final de su escrito de demanda pone de manifiesto que no encaja en las que son propias de las acciones previstas en la citada ley, tal como se configuran en su artículo 12.
No es óbice a ello el que del contenido de los artículos 8 y 9 LCGC se evidencie que pueden ejercitarse acciones individuales. El art. 8 contempla la que puede activar el consumidor con base en el carácter abusivo y con fundamento legal en la Ley para la defensa de consumidores y usuarios y el art. 9 se refiere a la que puede ejercitar " el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual ", lo que nos lleva a la disciplina general de la contratación.
Por lo tanto, ninguna de estas acciones individuales tiene singularidad de tal entidad que permita considerarlas como específicas de la legislación sobre condiciones generales de la contratación, pues la primera ha de fundarse en la legislación protectora de consumidores y la que puede ejercitar el adherente no consumidor se conduce por las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual.
En consecuencia, siendo así que acciones específicas de la legislación sobre condiciones generales son las colectivas y que en el presente caso se ejercita una individual, la competencia para su conocimiento corresponde al juzgado de primera instancia, no al mercantil.
2. La expuesta no es la única razón para sostener que no es el juzgado de lo mercantil el competente.
En primer lugar porque, siendo la parte actora la que decide la acción que ejercita y el planteamiento de su pretensión, ha optado en el presente caso por formular una demanda de reclamación de cantidad, al final de la que pide la condena de la entidad financiera al pago de una suma de dinero. No ejercita, pues, acción específica de nulidad de condición general.
Cuestión distinta es que apoye su pretensión dineraria en la pretendida nulidad de la llamada cláusula suelo y alegue el carácter abusivo de la misma.
Pues bien, la lectura del escrito de demanda pone de manifiesto que la parte actora invoca para defender el carácter abusivo de la cláusula controvertida tanto la Ley 26/1984 General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cuyo art. 10 bis - vigente a la firma del contrato- contenía una enumeración de cláusula abusivas, como hace el art. 82 del actual texto refundido de la misma norma (R D Legislativo 1/2007), que tiene el mismo objeto.
Esto es, la base jurídica de la reclamación de cantidad está constituida por la pretendida abusividad de la cláusula suelo, con fundamento en la legislación protectora de consumidores, sin que el hecho de que se trate de una condición general (al igual que tantas en diferentes campos de la contratación, como seguros, telefonía o suministros) le dote de singularidad tal que determine la competencia de los juzgados de lo mercantil.
Finalmente, el Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca (s. 1ª) de 12 de noviembre de 2014 (Pte: D. Fernando Carbajo Cascón) dice lo siguiente:
SEGUNDO.- Expuesta la referida doctrina, totalmente compartida por este juzgador, si se examinan los fundamentos de la demanda observamos que en los mismos se invocan expresamente los preceptos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, especialmente el relativo a la falta de información y de negociación individual, así como al desequilibrio entre las partes contratantes. Y si bien se invoca igualmente la LCGC, ello se hace de modo meramente complementario.
Publicado por Juan José Cobo Plana en 7:15
Etiquetas: Cláusula Suelo, Cláusulas Abusivas, Competencia Objetiva, Juzgados de lo Mercantil, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Nulidad de Cláusulas Abusivas
Ana Gonzalez De Prada 26 de enero de 2017, 10:53
Me ha gustado el blog y como lo has explicado, tenemos un caso parecido y será algo que tendré que hablar con los abogados laborales que están a cargo del caso, excelente artículo