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Timestamp: 2017-02-23 19:14:50
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Ley 11/2001 de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. TÍTULO IX. De la función inspectora y del régimen sancionador (Vigente hasta el 01 de Enero de 2006).
Ley 11/2001 de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears (Vigente hasta el 01 de Enero de 2006).
Vigencia desde 29 de Junio de 2001. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2005 hasta 01 de Enero de 2006
Título IXDe la función inspectora y del régimen sancionador
Capítulo IDe la inspección
Órganos competentes Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de comercio, el ejercicio de la función inspectora para garantizar el cumplimiento de esta ley.
Del personal de la inspección 1. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector actuará con independencia, sin perjuicio de la vinculación orgánica y funcional a la autoridad administrativa. Los inspectores tendrán la consideración de agente de la autoridad, y podrán solicitar la cooperación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local.
De las actas de inspección 1. En cada visita de inspección, el personal ha de levantar acta con el resultado de la misma.
Capítulo IIInfracciones administrativas
Infracciones 1. Sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que puedan derivarse, constituyen infracciones administrativas en materia de comercio interior, las acciones u omisiones tipificadas en esta ley.
Responsabilidad La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a la persona física o jurídica que realice las acciones u omisiones tipificadas en esta ley. Se presumirá que éstas se han realizado por los titulares de la empresa o de la actividad comercial de que se trate.
Infracciones leves Se consideran infracciones leves, las siguientes:
Letra d) del artículo 48 redactada por el número 1 del artículo 46 de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).
Letra e) del artículo 48 introducida por el número 1 del artículo 46 de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).
Infracciones graves Se consideran infracciones graves, las siguientes:
Letra e) del artículo 49 suprimida por el número 2 del artículo 46 de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).
Letra t) del artículo 49 introducida por el número 8 del artículo 14 de la Ley [BALEARES] 25/2006, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 30 diciembre).
No disponer de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial, cuando sea preceptiva de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley.
Letra b) del artículo 50 redactada por el artículo 20 de la Ley [BALEARES] 8/2009, 16 diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.I.B.» 22 diciembre).
La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que hay reincidencia en infracciones graves si se dan los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio detallista
Prescripción de las infracciones Las infracciones reguladas en esta ley prescriben: a los tres años, las calificadas de muy graves; a los dos años, las calificadas de graves; y a los seis meses, las calificadas de leves.
Tipología de las sanciones 1. Las infracciones señaladas en esta ley darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
Sanciones Las sanciones aplicables para las infracciones serán las siguientes:
Letra b) del artículo 53 redactada por el número 3 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2005
Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 60.001,00 euros hasta 600.000,00 euros, y en el supuesto de que hayan significado un grave riesgo para la salud, un grave perjuicio económico o hayan generado una amplia alarma social, supondrán, además, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad comercial por un plazo máximo de un año
Letra c) del artículo 53 redactada por el número 3 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2005
Graduación de las sanciones 1. Las sanciones se graduarán especialmente en función de la trascendencia social de la infracción, la situación de predominio del infractor en el mercado, la naturaleza de los perjuicios causados, el volumen de la facturación a la cual afecta, el grado de voluntariedad o de intencionalidad del infractor, así como su reincidencia por haber cometido, en el plazo de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, la cuantía del beneficio obtenido, la capacidad económica del infractor y el plazo de tiempo durante el cual se haya cometido la infracción
Número 1 del artículo 54 redactado por el número 4 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre).
Téngase en cuenta que la redacción anterior de este número se encuentra suspendida de vigencia y aplicación por providencia del Tribunal Constitucional de 16 de octubre de 2001 desde la fecha de interposición del recurso (27 de septiembre de 2001), para las partes del proceso y desde el 26 de octubre para los terceros («B.O.E.» 26 octubre).
Órganos competentes Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones, así como para la adopción de las medidas cautelares pertinentes, son:
Medidas cautelares 1. La autoridad competente para la incoación del procedimiento sancionador podrá acordar, en cualquier momento del procedimiento, mediante resolución motivada y con audiencia previa de la persona interesada, la adopción de las medidas cautelares adecuadas, siempre que concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes, que supongan un perjuicio grave o manifiesto de difícil reparación, o que sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que, en su caso, pueda recaer.
Prescripción de las sanciones Las sanciones prescriben a los tres años, las calificadas de muy graves; a los dos años, las calificadas de graves; y a los seis meses, las calificadas de leves. Estos plazos se contarán a partir de la firmeza de la resolución sancionadora.