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Timestamp: 2020-08-04 05:38:14
Document Index: 416025846

Matched Legal Cases: ['artículo 309', 'artículo 418', 'artículo 40', 'Artículo 68', 'Artículo 8', 'artículo 335', 'artículo 142', 'artículo 142', 'Artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 68', 'artículo 335', 'artículo 418', 'artículo 335', 'artículo 418', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'artículo 28']

Sentencia nº 820 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 737610453
de Justicia, regularmente constituida por los Miriam Concepción
Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de julio de
Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón Pulinario
García, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad y electoral núm. 104-0022973-2, con domicilio y residencia
en la calle Primera del sector Pueblo Nuevo, S.C., imputado
y civilmente demandado, contra la resolución núm. 0294-2016-
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de diciembre de 2016,
Oído al Licdo. F.A., defensor público, en la formulación
Licdo. Julio C.D.P., defensor público, en representación del
recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 20 de marzo
de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 3022-2017, dictada por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 4 de agosto de 2017, mediante la cual
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pudo efectuar por motivos razonables; produciéndose la lectura el día
Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de
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Santos, presentaron acusación y solicitud de apertura a juicio contra los
ciudadanos M.A.R. (
El Mono, Ramón Pulinario
García (
B.G. y L.E.D.L. (a) P., por
presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296,
297, 298, 302, 304, 379, 382, 383, 384 y 309 del Código Penal
Dominicano, y 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y
Tenencia de Armas en la República Dominicana; acusación
parcialmente admitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del
Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual emitió auto de apertura a
juicio contra los encartados;
Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó el 2 de marzo de 2016 la
sentencia marcada con el núm. 301-03-2016-SSEN-00042, cuyo
“PRIMERO: Declara a R.P.G. (
B.G., de generales que constan, culpable de los ilícitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario seguido robo agravado y porte ilegal de armas de fuego, en violación
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imputado contra la referida decisión, intervino la resolución núm. 0294-2016-TADM-00347, ahora impugnada en casación, dictada por la
San Cristóbal el 8 de diciembre de 2016, cuya parte dispositiva se
“PRIMERO: Declara inamisible el recurso de apelación interpuesto en fecha diez (10) del mes de mayo del año 2016, por el Licdo. Julio C.D.P., actuando en nombre y representación del imputado R.P.G., en contra de la sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00042, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de
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“Primer Motivo: Violación de principio de índoles constitucionales como son: el derecho a recurrir, acceso a la justicia, a la motivación de la sentencia, el derecho de defensa y el debido proceso, artículo 40.1, 68, 69.1.2.9 CRD.
En cuanto a la violación del derecho a recurrir y acceso a la justicia. Artículo 68, 69.9, CRD. Artículo 8.2H CADH;
14.5 PIDCP; 8 DUDH; 21 CPP, 16 Res. 1920 BCRD. Que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia podrá comprobar que el recurso de apelación del señor R.P.G., ha sido interpuesto en tiempo hábil, en razón de que la defensa técnica del imputado le fue notificada la sentencia en fecha 12 del mes de marzo del año 2016, y a contar de esta fecha, el plazo para recurrir vence en fecha 11 de mayo de 2016, y el defensor depositó el recurso en fecha 10 del mes de mayo de 2016, es decir, un día antes del vencimiento del plazo, ya que contó con un día laborable, el 2 de mayo de 2016, celebración del día internacional del trabajo; sin embargo, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal declara el recurso inadmisible. Que en la resolución núm. 0294-2016-TADM-00347, de fecha 8 de diciembre de 2016, la Corte al examinar sobre el plazo del recurso solo toma la fecha de notificación del imputado que se produce el día 4 del mes de febrero de 2016, es decir, 8 días antes de notificarle al
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“ Atendido: A que después de esta Corte analizar el recurso de apelación precedentemente descrito, ha podido comprobar que el mismo fue interpuesto fuera del plazo establecido, en vista de que al recurrente el señor R.P.G., le fue notificada la sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00042, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciséis, (2016), recurriendo la misma el día diez (10) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), fecha en el cual el plazo estaba vencido, por lo que el mismo deviene en inadmisible”;
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derecho a recurrir, acceso a la justicia, a la motivación de la sentencia, el
derecho de defensa y el debido proceso de ley; circunscribiendo ambos
aspectos en el entendido de que la Corte a-qua al declarar la
inadmisibilidad del recurso de apelación depositado ante ella, incurrió
en dicha lesión, al dar por establecido que estaba vencido el plazo para
recurrir la decisión de primer grado, con lo cual, según el recurrente
vulnera los referidos preceptos establecidos en nuestra Carta Magna;
Considerando, que sobre el particular, esta Corte de Casación
advierte, en efecto, que el derecho al recurso es la prerrogativa que
corresponde a toda persona que interviene en un proceso judicial de
impugnar las decisiones rendidas ante el propio tribunal que las dictó o
ante otro tribunal de jerarquía superior, cumpliendo con los requisitos y
formalidades legalmente establecidos para su admisibilidad. Y con ello,
el derecho a recurrir solo podrá ser transgredido por la existencia de
trabas u obstáculos irrazonables que hagan inexistente el ejercicio de
una vía recursiva;
Considerando, que del estudio y ponderación de la resolución
emitida por la Corte a-qua, se evidencia que esta declaró inadmisible el
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B.G., basándose, según se puede deducir de las
motivaciones ofrecidas y el dispositivo, que dicho recurso de apelación
fue incoado fuera del plazo establecido por el artículo 418 del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; tomando como punto
de partida para declarar su inadmisibilidad el 4 de abril de 2016, fecha
en que fue notificada la decisión de primer grado al imputado
recurrente, y que frente a la fecha en que fue depositado dicho recurso,
a saber, 10 de mayo de 2016, cuando el plazo para accionar en apelación
estaba vencido;
Considerando, que conforme lo dispone nuestra normativa
procesal penal en su artículo 335, el cual establece en su último párrafo
que la sentencia se considera notificada con la lectura integral de la
misma, y que dicha notificación se encuentra subordinada a la entrega
de una copia de la sentencia completa a las partes interesadas; pues con
ello se persigue que las partes conozcan el fundamento de la sentencia,
a los fines de poder estar en condiciones de impugnarla mediante el
correspondiente escrito motivado, lo que no se lograría con la sola
lectura de la decisión, aún de manera íntegra;
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preceptos constitucionales, que hagan anulable la decisión de la alzada,
toda vez que puede verificarse que entre los legajos que conforman el
presente proceso, existe constancia que da por establecido que la
decisión fue notificada al imputado en su persona, según certificación
que reposa en el expediente, comprobándose que la sentencia íntegra le
fue entregada a la parte recurrente el 4 de abril de 2016, y este al
recurrir en apelación el 10 de mayo de 2016, ya contaba con 8 días fuera
del plazo establecido en la normativa procesal penal, en su artículo 418,
modificado por la Ley núm. 10-15, conforme al cual: “La apelación se
formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o
tribunal que dictó la sentencia, en el término de veinte días a partir de su
notificación”; lo que en la especie, fue observado por la Corte a-qua
previo a inadmitir dicho recurso;
Considerando, que conviene precisar que el Tribunal
Constitucional en sentencia TC/ 0400/16 del 18 de septiembre de 2014,
refiere sobre el particular, al establecer: “En el presente caso, nos hemos
percatado de que el órgano jurisdiccional no solo cumplió con el mandato que
impone la ley, sino también con lo que indica la resolución núm. 1732-05, que
establece el Reglamento para la tramitación de notificaciones, citaciones y
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audiencia se hará en los casos en que se lleva a conocimiento de las partes una
resolución o sentencia. La lectura integral de la misma vale notificación a las
partes dando comienzo efectivo a los plazos correspondientes. Artículo 10
“Notificación y citación a imputados en prisión. Cuando el imputado se halle
guardando prisión, la notificación o citación se hará personalmente. También
será notificado el encargado de su custodia. Cualquier persona que en su
calidad de empleado del recinto carcelario reciba la notificación se considerará
como su destinatario. La notificación o citación contendrá un apercibimiento al
custodio sobre su responsabilidad de garantizar que el imputado comparezca en
el día, lugar y hora fijado”;
Considerando, que continúa agregando el referido órgano
constitucional que:“…este Tribunal Constitucional sostiene que al haberse
considerado válida, conforme a los alcances de la norma, la notificación hecha al
imputado, realizada previamente, dicha actuación procesal es el punto de
partida de los plazos para el ejercicio de los recursos…”; en tales aspectos,
partiendo de los lineamientos esbozados por el máximo intérprete de
nuestra Carta Sustantiva, no se ha verificado la alegada violación
invocada por el imputado recurrente, máxime, cuando esta Alzada ha
comprobado que el obrar de la Corte a-qua fue correcto, al proceder,
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San Cristóbal había sido notificada a la persona del imputado en tiempo
hábil; por lo que el motivo alegado por el recurrente, carece de
pertinencia procesal y debe ser desestimado;
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imputado recurrente J.C.E., está siendo asistido por la
Oficina Nacional de Defensa Pública, y en virtud de las disposiciones
contenidas en el artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio
Nacional de Defensa Pública, establece como uno de los derechos de
los defensores en el ejercicio de sus funciones el de: “no ser condenados en
costas en las causas en que intervengan”, de donde emana el impedimento
de que se pueda establecer condena en costas en este caso.
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.P.G., contra la sentencia núm. 0294-2016-TADM-00347, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;
Segundo: E. al recurrente del pago de las costas generadas, por estar asistidos de la Oficina Nacional de Defensa Pública;
Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente
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