Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v3394-16-18-07-2016-1440898
Timestamp: 2018-02-21 15:28:00
Document Index: 14216899

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 56', 'artículo 18', 'artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 14', 'artículo 99', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 81', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 127', 'artículo 22']

Resolución Vinculante de DGT, V3394-16, 18-07-2016 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V3394-16 de 18 de Julio de 2016
Sentencia Social Nº 341/2012, TSJ La Rioja, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 347/2012, 28-09-2012
Órden: Social Fecha: 28/09/2012 Tribunal: Tsj La Rioja Ponente: Oliver Albuerne, Maria De La Mercedes Num. Sentencia: 341/2012 Num. Recurso: 347/2012
Órden: Social Fecha: 17/06/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Navarro Fajardo, Juan Jose Num. Sentencia: 540/2008 Num. Recurso: 1785/2008
Sentencia Social Nº 5347/2015, TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4217/2014, 13-10-2015
Órden: Social Fecha: 13/10/2015 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Fernandez De Mata, Emilio Num. Sentencia: 5347/2015 Num. Recurso: 4217/2014
Sentencia Social Nº 5531/2015, TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4663/2014, 13-10-2015
Órden: Social Fecha: 13/10/2015 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Fernandez De Mata, Emilio Num. Sentencia: 5531/2015 Num. Recurso: 4663/2014
Órden: Social Fecha: 23/02/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: De Cossio Blanco, Emilio Num. Sentencia: 1577/2007 Num. Recurso: 8045/2006
Órden: Laboral Fecha última revisión: 29/01/2018
IMPUTACIÓN TEMPORAL. INDIVIDUALIZACIÓN DE RENDIMIENTOS - SALARIOS PERCIBIDOS DE FOGASA: IMPUTACIÓN TEMPORAL
Materia140211 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - RENDIMIENTOS DEL TRABAJO - IMPUTACIÓN TEMPORAL. INDIVIDUALIZACIÓN DE RENDIMIENTOSPregunta¿A qué período impositivo se imputan los rendimientos del trabajo satisfe...
Resolución Vinculante de DGT, V1030-16, 15-03-2016
Núm. Resolución: V4857-16
Resolución Vinculante de DGT, V2225-15, 16-07-2015
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 16/07/2015
Resolución Vinculante de DGT, V1005-14, 09-04-2014
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 09/04/2014
Núm. Resolución: V1005-14
Núm. Resolución: V3394-16
LIRPF, 35/2006, Arts. 14, 19.
RIRPF, RD 439/2007, Arts. 74 y siguientes.
Ejercicios al que debe imputar las cantidades cobradas del Fondo de Garantía Salarial y si, en relación con dichos importes cobrados del Fondo, puede incluir en las autoliquidaciones algún importe en concepto de retenciones o de gasto deducible por cotizaciones a la Seguridad Social.
En enero de 2014, el consultante presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social en reclamación de despido y cantidad contra su empresa. Mediante acta de conciliación judicial de 24 de septiembre de 2014, la demandada reconoció la improcedencia del despido y acordó un pago fraccionado (10 plazos iguales) de la suma debida (indemnización por despido y salarios debidos), estableciéndose que el impago de cualquiera de los plazos supondría el vencimiento de todos los restantes. Dicho pago no se efectuó. El consultante interpuso demanda de ejecución. El Juzgado de lo Social dictó decreto de insolvencia el 24 de marzo de 2015.
Mediante resolución de 5 de junio de 2015, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) reconoció al consultante la prestación de garantía solicitada, reconociéndole el derecho a percibir 6.042 euros en concepto de salarios pendientes de cobro de los años 2012 y 2013 (importe inferior a los salarios que se le adeudaban), así como otra cantidad en concepto de indemnización.
En el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 2013, la empresa consignó como satisfecho el importe correspondiente a todas las nóminas del año 2013, sin embargo, la empresa no le había abonado todos los salarios por lo que el consultante, en su declaración por el IRPF 2013, declaró únicamente los salarios que efectivamente le había abonado la empresa, junto con sus retenciones asociadas y deducciones por cotizaciones a la Seguridad Social.
Con carácter previo, en relación con la cantidad cobrada del FOGASA en concepto de indemnización por despido improcedente, se ha de tener en cuenta la exención prevista en el artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de la leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.
De la documentación aportada, se deriva que el consultante fue cesado el 27 de noviembre de 2013, mediante comunicación escrita en la que se alegaban causas económicas, organizativas y de producción, y que, al no estar de acuerdo, el consultante interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social. En acta de conciliación ante el Juzgado, de fecha 24 de septiembre de 2014, la empresa reconoció la improcedencia del despido, conviniendo, las partes, la extinción, con fecha 27-11-2013, de la relación laboral (contrato temporal) y el abono de una indemnización por despido.
Dicho artículo 7 e) de la LIRPF, en su redacción dada por el apartado uno de la disposición final undécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 7 de julio de 2012), redacción que se introduce con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, establece que estarán exentas:
En el caso de un despido improcedente, el artículo 56.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en su redacción dada por el apartado siete del artículo 18 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE de 7 de julio de 2012), establece una indemnización “equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades”.
“1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de 12 de febrero de 2012.
Por tanto, la cantidad percibida del FOGASA en concepto de indemnización por despido estará exenta del Impuesto con el límite establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente.
En cuanto a la imputación temporal de las rentas percibidas por el consultante, en el año 2015, del FOGASA, partiendo de su calificación como rendimientos del trabajo, el artículo 14.1 a) de la LIRPF, establece, como regla general, que los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigibles por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, dispone lo siguiente:
La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto.”
Conforme a lo señalado, a partir del momento en que el consultante percibió el pago del FOGASA de las cantidades en concepto de salarios impagados y de indemnización por despido, procederá imputarlas al período impositivo de su exigibilidad que, según los datos aportados, serían los períodos 2012 y 2013 en el caso de la cantidad percibida en concepto de salarios debidos y el período 2014 para la cantidad en concepto de indemnización por despido. Para ello, deberá practicar autoliquidaciones complementarias de dichos períodos impositivos en el plazo que medie entre la fecha en que percibió el pago del FOGASA y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.
En dichas autoliquidaciones complementarias deberán reflejarse tanto los rendimientos íntegros del trabajo percibidos, como las retenciones correspondientes a dichos rendimientos, ya que —con carácter general— la obligación de retener nace en el momento en que se satisfacen o abonan las rentas (artículo 78.1 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo -BOE del día 31- en adelante RIRPF). A su vez, el artículo 79 del mismo RIRPF señala que “las retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los contribuyentes al período en que se imputen las rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, con independencia del momento en que se hayan practicado”.
En cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social practicadas, para la determinación del período impositivo al que corresponde imputar este gasto se hace preciso acudir también al ya mencionado artículo 14.1 de la LIRPF, donde se dispone que “los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios:
En el presente caso, dado que ha sido el FOGASA el que ha abonado al consultante los rendimientos pendientes de pago, cabe realizar las siguientes precisiones en relación con las retenciones y gastos deducibles correspondientes a los rendimientos percibidos del FOGASA.
En relación con las retenciones, se ha de señalar que, conforme a la normativa que regula la obligación de practicar retenciones o ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 99 de la LIRPF y su desarrollo reglamentario, artículos 74 y siguientes del RIRPF), el FOGASA es un sujeto obligado a practicar retenciones o ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto satisfaga rentas sometidas a esta obligación. Entre las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta se encuentran los rendimientos del trabajo (artículo 75.1 a) del RIRPF), con excepción de las rentas exentas (artículo 75.3.a) del RIRPF).
Dado que las cantidades abonadas al consultante por el FOGASA en el año 2015 lo han sido como consecuencia de una previa resolución adoptada por el mismo en ese mismo año, desde el punto de vista del obligado a retener (el FOGASA), la prestación abonada no constituye un atraso sino que el tipo de retención debe determinarse de acuerdo con el procedimiento general regulado en los artículos 82 y siguientes del RIRPF, sin que resulte aplicable el tipo fijo establecido para los atrasos. Asimismo, debe tenerse en cuenta el límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener que se recoge en el artículo 81.1 del RIRPF.
Por tanto, en el caso consultado deberá tenerse en cuenta que si, de acuerdo con la normativa reguladora de la obligación de retener, el FOGASA no tuvo obligación de practicar retención sobre las cantidades que en 2015 abonó al consultante (bien por resultar de aplicación el citado límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener y, asimismo, por la no obligación de retener sobre las rentas exentas), el consultante no podrá incluir en sus autoliquidaciones complementarias ninguna cantidad en concepto de retenciones sobre el importe que le abonó el FOGASA.
Por otra parte, la determinación de los gastos deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo se recoge en el artículo 19.2 de la LIRPF, el cual dispone que “tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:
No obstante, respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, debe tenerse en cuenta el artículo 22 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre (BOE del 25 de enero de 1996), donde se dispone lo siguiente:
“1. Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores que, en razón de su actividad, se encuentren comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen aquéllos.
El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos.
Asimismo, responderán, en su caso, del cumplimiento de la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas las personas y con el alcance señalado en los apartados 1 y 2 del artículo 127 de la Ley General de la Seguridad Social, en los artículos 42 y 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los artículos 9, 10 y 12 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del sistema de la Seguridad Social y en las demás normas sustantivas sobre supuestos de imputación de responsabilidad simple, solidaria, subsidiaria o por sucesión «inter vivos» o «mortis causa» en orden al cumplimiento de la obligación de cotizar.”.
La consideración como gasto deducible de las cotizaciones a la Seguridad Social solo puede predicarse respecto a la aportación de los trabajadores (que se descuenta de sus retribuciones al hacerlas efectivas) y nunca respecto a la de los empresarios, en cuanto esta aportación no comporta gasto alguno para los trabajadores al no ser a su cargo.
La operatividad de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 22.4 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social respecto a la aportación de los trabajadores no descontada en su momento -si no efectuase el descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo-, en cuanto también comporta que no se produce un gasto por parte del trabajador, da lugar a que esa parte de las cotizaciones también a cargo del empresario no tenga la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del trabajo.
Fecha de entrada en vigor: 26/01/1996
Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994