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Timestamp: 2017-04-29 05:40:46
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ScribdNavegarInteresesCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseEl Principio de Igualdad Material en La Jurisprudencia Del TCCargado por sunata0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEL PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALPor ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
Sin embargo. no tiene una relación necesaria con el principio de igualdad. cuanto menos amplia. decíamos que la igualdad ante la ley ha sido identificada con la exigencia de igual aplicación de la norma a todos los individuos. cabría pensar que si se da una norma «Todos los A deben B» y subsiguientemente una decisión «Algún A no debe B» se está produciendo una violación del principio de igualdad en este último caso. en primer lugar. núm. desde el punto de vista de la lógica. Estos dos significados del principio de igualdad. desigualitarias. De este modo la Constitución francesa de 1793 decía: «Les caracteres qui distingent les lois sont leur généralité et leur durée indéfinie» (Secc. en Sistema. más general es la norma. las normas universales pueden ser. Sin embargo.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
nistrativo) y se habla entonces de igualdad en la aplicación de la ley. menos general. ésta se presenta como un requisito imprescindible del propio concepto de ley exigido por el pensamiento revolucionario burgués frente al Antiguo Régimen y expresado ya en las primeras Constituciones. 67 (1985). 4. 2.. pág. De este modo..
. HESSE: «Bestand und Bedeutung. propios de la ideología liberal. La generalidad de las normas. se viola con
(8) Vid. J. podemos decir que una norma es universal cuando sus destinatarios son todos los miembros de una clase. Así. al profundizar en su análisis.°).». a la generalidad de las normas. Aquélla se refiere a aspectos lógicoformales (ámbito de aplicación de la norma). K. 6. cuando se produce esta decisión «no imparcial» lo que se viola con ella es la norma universal y vigente y afirmar que. cuando se habla de generalidad de las normas en realidad se está haciendo referencia a su «universalidad» (9). todos los individuos que cumplen una determinada propiedad. De este modo. pág. 87. entendida como universalidad lógica. En segundo lugar. sino que su aplicación por los poderes públicos encargados de esa tarea se haga sin excepciones. Cuanto más amplia es esa clase. ya que se enfrentaban a una situación de inseguridad jurídica —propia del mundo feudal y del Antiguo Régimen— en que las normas no obligaban a todos por igual y existían importantes sectores de población a los que se eximía de cumplir ciertas obligaciones jurídicas. y de hecho son con frecuencia. Es lo que se llama también «aplicación imparcial» de las normas. Por lo que se refiere. se pone de manifiesto la insuficiencia de estas concrecciones del principio de igualdad para responder adecuadamente a las exigencias que dicho principio plantea. como aspiración humana contraria a la discriminación injusta. art. (9) F. Pero. además. Ya no se trata de que la ley sea general e impersonal. sin consideraciones personales (8).a.. cumplieron sin duda una importante función en el momento histórico en que fueron formulados. La generalidad de la norma consiste precisamente en la amplitud numérica de los individuos pertenecientes a esa clase.. LAPORTA: «El principio de igualdad: Introducción a su análisis». cit. mientras que el principio de igualdad se refiere más al contenido y se concretaría en la exigencia ética de no discriminación.
RUBIO LLÓRENTE: «La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. vid. 1966. Como un resultado lógico de la Guerra de Secesión.». pág. 1991. El primer salto cualitativo se produce en el constitucionalismo norteamericano. Díaz. 7-8. Teoría pura del Derecho. F. SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad y Derecho público». Lo que sucede es que al aparecer la decisión o norma particular no imparcial nos encontramos en presencia de dos enunciados prescriptivos contradictorios.
. en que la importantísima doctrina jurídico-pública de la época va a interrogarse sobre el significado y eficacia de la declaración constitucional «todos los alemanes son iguales
(10) Así lo entendió H. El principio de igualdad se identifica. (12) «La igualdad ante la ley no es. Madrid. como ya puso de manifiesto Kelsen (12). Desde este punto de vista. 153). igualdad. pág. (14) Vid. pág. como es el de la Alemania de Weimar. sino conformidad a la norma. Taurus.
La igualdad como límite frente al legislador
La evolución constitucional durante buena parte del siglo xrx no aporta apenas novedades a este planteamiento inicial. vol. LAPORTA: «El principio de igualdad.
2. en REDC. págs. límite que se opone a la emanación de disposiciones que vulneren dichas prohibiciones de discriminación (14).. estamos mucho más en el ámbito del principio lógico de no contradicción que en el del principio ético de igualdad (11). entonces. así como las no menos importantes de «equal protection» y «due process of law». 1979. UNAM.. el panorama que ofrece el constitucionalismo occidental a lo largo del siglo xix no aporta ninguna novedad significativa en la comprensión del principio de igualdad ante la ley. en H. Su característica más relevante consiste en que estas enmiendas se configuran no como la proclamación de una serie de principios más o menos imprecisos. A. núm. de la legalidad de la aplicación del Derecho en general» (vid. con el principio de legalidad (13). Madrid. Introducción». con la aprobación en 1870 de las enmiendas decimotercera a decimoquinta de la Constitución federal. Si excluimos este precedente. Méjico. F. II. (11) A este respecto. Consiste en que la norma individual —la decisión del órgano que aplica el Derecho— sea conforme a una norma general» (vid. pues. 31 (1991). H. pág. el principio de igualdad formal como igualdad en la aplicación de la ley no sería más que conformidad con la norma. J..ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
ello la igualdad quizá no añade nada significativo a lo anterior (10). en el colectivo editado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado El principio de igualdad en la Constitución española. es decir. Este cambio va a producirse en un momento histórico singular. KELSEN: «De este modo (con la garantía de la igualdad ante la ley) sólo se estatuye el principio inmanente a todo Derecho. sino como un límite real a la potestad legislativa de los Estados y de la Federación. introducción y traducción de E. N. (13) Vid. 1284. KELSEN. estas enmiendas introducen por vez primera cláusulas específicas de no discriminación por razón de raza o de servidumbre. cit. BOBBIO y otros: Crítica del Derecho Natural. 90). J. 27. KELSEN: «Justicia y Derecho natural».
vinculante también para el legislador.. (21) Ibidem. El contenido de esas condiciones es lo que determina el carácter de igual o desigual de la norma (20). sobre todo por la conversión de la igualdad en un derecho fundamental. 15. que cuando hay diferencias irrelevantes el tratamiento debe ser igual y cuando hay diferencias relevantes el tratamiento debe ser diferenciado. se predica la igualdad como un requisito del contenido de la ley. (19) J.. Se refiere. incluido el legislador. Sin embargo. Partiendo de la aceptación de principio de que las normas no han de tratar a todos por igual. etc.. LAPORTA: «El principio de igualdad. F. la igualdad es un «presupuesto inmanente a toda ley» (17). llegaron a las mismas conclusiones la Corte Constitucional italiana. Pero aquí nos topamos con una nueva
(15) J. cit. hoy se habla más bien de ciertas diferencias humanas como razones «relevantes» o «irrelevantes» para fundamentar una determinada consecuencia normativa. obligando a aquél a fundamentar las diferenciaciones normativas (19). La clave. el Tribunal de Estrasburgo y nuestro propio Tribunal Constitucional (18). el principio de igualdad tiene mayor contenido. en relación con los individuos. J.
G... 76. entonces. Algunas de las diferencias humanas que se han considerado tradicionalmente como «discriminatorias» son la raza. Como límite frente al legislador. entonces. núm. A. cit. 11. sino que pueden y deben tomar en cuenta las diferencias humanas para llevar a cabo paralelas diferencias en las consecuencias normativas. la religión. sino también frente al legislador». pág. (18) No en vano el artículo 53.
. contenida en el artículo 119. SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad.1 de la Constitución alemana de 1919(15).». las tesis de Leibholz triunfaron en toda línea. pág. De este modo. El principio de igualdad afirma. tras la Segunda Guerra Mundial. pág. Y tras ellas. el principio al conjunto de condiciones que. Para este autor.. Así lo establece claramente el artículo 1.. la norma establece para adjudicar las consecuencias. cit. pág. pág. pág. como una exigencia «no sólo frente a la arbitrariedad de la Administración. LEIBHOLZ: Die Gleichheit. el sexo. (20) Vid. 34. Como es conocido... el principio de igualdad trata precisamente de establecer cuándo está justificado establecer diferencias en estas consecuencias normativas.
(17) Ibidem. 1285. JIMÉNEZ CAMPO: «La igualdad jurídica como límite frente al legislador».IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ante la ley». 9 (1983).3 de la Ley Fundamental de Bonn y así se desprende de la doctrina y jurisprudencia constitucionales alemanas.1 de la Constitución española establece que el principio de igualdad del artículo 14 —como el resto de los derechos contenidos en el Capítulo segundo del Titulo primero— «vinculan a todos los poderes públicos».».. dicho principio se expresa en la dimensión genérica de «no discriminación» que consiste simplemente en la cancelación de ciertas diferencias humanas como razones relevantes para la diferenciación normativa. pues. como afirma Leibholz en 1925 (16). Ante la posibilidad de que sea la propia ley la que establece un trato discriminatorio. 35. en REDC. de toda la maquinaria del principio no es otra que la determinación de la «relevancia» de los rasgos (21).
(24) Test de la desigualdad. ALONSO GARCÍA en «El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española». trad. 1286. (25) J. de la racionalidad. aprecia la relevancia de tal desigualdad y su compatibilidad con los valores constitucionales. R. ello no impide que las Constituciones sigan reconociendo el principio de igualdad y lo sitúen entre «los valores superiores del ordenamiento jurídico».
. tan inaprehensible como la justicia (23).. comprueba la existencia de una desigualdad de hecho. impidiendo que éste «pueda configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que. La jurisprudencia constitucional de nuestros días acude al concepto de «arbitrariedad»: no son admisibles las discriminaciones arbitrarias. comprobamos que tales operaciones se corresponden con las fases del proceso lógico que sigue cualquier autoridad pública para adoptar una decisión que entrañe una diferenciación de regímenes jurídicos. pág. o igualdad frente al legislador. como «igualdad en la ley». SANTAMARÍA PASTOR: loe. en los términos de E. El principio de igualdad garantizado por el artículo 14 de la Constitución opera en dos planos distintos: de una parte. JIMÉNEZ CAMPO. Y. pero los criterios que emplea para apreciar la relevancia de los rasgos que justifican una diferencia de trato jurídico son igualmente libres y subjetivos (25). SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad. de G. en los años que lleva actuando ha sentado una doctrina que hoy está ya perfilada en sus líneas fundamentales y que puede sintetizarse como sigue. A. en cuanto sustituye la discriminación arbitraria o injustificada del legislador por la decisión de quien valora el cumplimiento del principio de igualdad (22). como hace el artículo primero de nuestra Norma Fundamental. 278. o bien control finalista. se concreta el principio de igualdad (24).. Ross: Sobre el Derecho y la justicia. se siguen planteando numerosas cuestiones relacionadas con el principio de igualdad ante los Tribunales Constitucionales y la jurisprudencia que emana de ellos en esta materia es abundantísima. de la relevancia. J. Primero. Ello conduce a una traslación de la competencia para adoptar decisiones de oportunidad desde las autoridades públicas ordinarias a quienes puedan formular vinculantemente interpretaciones basadas en esta cláusula constitucional. el órgano jurisdiccional lleva a cabo de forma más reflexiva el mismo proceso mental que el legislador...». cit. Carrió. en «La igualdad jurídica. Eudeba.
(23) A. de pertinencia y de adecuación. pág. Y con ello no hace sino cerrar el círculo vicioso... núms. es que la igualdad en términos genéricos es una noción inaprehensible. tal y como se pone de manifiesto en la filosofía del Derecho contemporánea. 1287-1288. en
(22) Vid. 100-102 (1983).». en fin. Sin embargo. págs. desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables. De cualquier modo. según J. cit. Buenos Aires. cit. y termina ponderando si la diferenciación de régimen aplicada es o no proporcional y adecuada a la naturaleza e intensidad de la desigualdad. A. en RAP. según la doctrina. 1963. Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional español. En definitiva. La respuesta a la cuestión de qué rasgos son relevantes y qué rasgos no lo son no es siempre una respuesta unívoca. se encuentran en la misma situación». luego. Lo que sucede. Si examinamos la estructura de los tests o controles en que.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
. (29) H. al principio de igualdad (28). produce un Derecho material desigual.tGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
otro plano. Madrid. Para evitar estas desigualdades y llegar a una auténtica igualdad «justa». (28) Aunque ya en la obra de Marx podemos encontrar no sólo una crítica de la igualdad formal.). Puesto que es un hecho que en toda comunidad se dan desigualdades sociales y económicas entre los individuos. a cada uno según sus necesidades». págs. No basta con que el Estado dicte normas no discriminatorias. cit. como pone de manifiesto A. La medida para aplicar diferenciaciones en el trato no sería otra que la de las necesidades individuales: «De cada uno según su capacidad.. PÉREZ LUÑO. de 12 de julio. sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en la norma» (26). págs. 270 y sigs. contra el cual declara su hostilidad la democracia social» (29). 322. (27) Aunque. una interpretación material del principio de igualdad supone la exigencia de que sea el Estado el encargado de hacer realidad este principio. sino desigual. 259 y sigs. En la «Crítica del Programa de Gotha» critica el derecho burgués como un Derecho aparentemente igual que se aplica a individuos que realmente son desiguales. núm. Civitas. en Anuario de Derechos Humanos. según reza el conocido principio marxista de sociedad ideal. como «igualdad en la aplicación de la ley». A. en la Alemania de Weimar (27). donde se contiene una síntesis de esta doctrina del Tribunal Constitucional. la que él denomina «igualdad económica» (igual división de bienes entre los ciudadanos) aparece históricamente mucho antes que la «igualdad formal» (vid. en la obra de Heller podemos encontrar numerosas referencias a la «materialidad» de los principios propios del Estado liberal de Derecho y. SUAY RINCÓN: «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». Vid.
II. PÉREZ LUÑO: «Dimensiones. pág. sino que ha de adoptar medidas para conseguir la igualdad efec-
(26) STC 144/1988. también J. 1991. aplicada a situaciones jurídicas desiguales. obligando «a que ésta sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación. Este «cambio de significado» del principio de igualdad también podemos situarlo históricamente..
. «Dimensiones de la igualdad material». Vid. sino también unas premisas fundamentales sobre la forma de entender la igualdad real.. HELLER: «Las ideas socialistas».
El principio de igualdad material o real suele entenderse como una reinterpretación del principio de igualdad formal en el Estado social de Derecho.». 3 [ 1985]. En concreto. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. tomo II. en especial. afirma: «La igualdad formal de la democracia política. en el colectivo Estudios sobre la Constitución española. Así. Propone este autor que la mera igualdad formal o «ante la ley» sea corregida en el Estado social mediante la consideración de la posición social real en que se encuentran los individuos a los que se va a aplicar esa ley. por lo que a Europa continental se refiere. el Derecho no tendría que ser igual. cit.
(30) Sobre la insuficiencia del dogma liberal de la igualdad formal ante la ley en la sociedad actual. 167 (comentario al artículo 3. la Corte Constitucional podría todo lo más ejercitar un control negativo. Tampoco en la jurisprudencia constitucional posterior se ha hecho un uso claro de este precepto.°».» El principal problema que plantea esta norma es la articulación de su eficacia jurídica. pero no en sentido positivo.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
tiva de todos los ciudadanos. de opiniones políticas y de condiciones políticas y sociales»). Milán. A. (32) Ibidem. de lengua. Esta práctica también fue denunciada por L. en J. 1965. Bolonia-Roma.. de raza. GARCÍA HERRERA: Derecho y economía en el Estado social. cuyo artículo 3.2). puede verse P. en el sentido de vigilar que no fuesen emanadas leyes en contradicción con ella. En opinión de Romagnoli." del artículo 3. en Comentarios a la Constitución italiana. estructurada en grupos y en la que se producen situaciones de supremacía social y abusos.
. considerándola como una disposición de las llamadas «programáticas». págs. Giuffré. limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos. CORCUERA ATIENZA y M. la tendencia predominante fue negarle el carácter de verdadera norma jurídica. DE VEGA GARCÍA: «La crisis de los derechos fundamentales en el Estado social». págs. Sobre el control de la observancia de esta disposición. Romagnoli ha puesto de manifiesto cómo durante los primeros diez años de vigencia de la Constitución. económica y social del país. en el sentido de afirmar la obligación de los órganos legislativos de legislar de conformidad con ella. PALADÍN en ¡I principio costituzionale d'eguaglianza. impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política. 1988. ya que «ha tendido a confundir este apartado con el 1. que se refiere a la igualdad formal o ante la ley («Todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley.
En la Constitución italiana de 1947
Dentro de la tradición liberal —y al margen de las Constituciones socialistas—. ROMAGNOLI: «II principio d'uguaglianza sostanziale». 1975. Y ni siquiera este control negativo era admitido pacíficamente en la doctrina y la jurisprudencia (31). cit. de religión. lo que significaba que no adquiriría verdadera eficacia mientras no fuese concretada por una ley futura. a cargo de G. Tecnos. sin distinción de sexo. Zanichelli-Il Foro Italiano. Madrid.
2. 171-172. la Corte Constitucional ha hecho un uso «generalmente furtivo» del apartado 2. la primera Constitución que recoge esta idea de la materialidad del principio de igualdad es la Constitución italiana de 1947. (31) U. que se refiere a la igualdad material (32).2 tantas veces mencionado dice: «Es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social que. Considera este autor que la Corte ha usado el primer apartado cuando el caso habría podido y debido ser afrontado y resuelto en base al segundo apartado. Y entre estas medidas puede ser preciso en ocasiones dictar normas aparentemente desigualitarias para favorecer a ciertos sectores de población en situación de inferioridad económica o social (30). 317 y sigs. esto es. pág. A este respecto.
»). cultural y social» (37). Taurus. individual y concreta» y sobre la importancia de la teoría en toda interpretación de la norma.2 se expresa en estos términos: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. C. nuestro artículo 9. núm. 1979. (35) L. remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. GONZÁLEZ ENCINAR: El Esta-
(33) L. mientras que la igualdad formal o ante la ley quedaría consagrada en el artículo 14 («Los españoles son iguales ante la ley.. en especial aquellas que reconocen los derechos sociales (36). (34) Vid. sino que la igualdad sustancial enriquece el contenido de la igualdad formal (33). Padua. DE CABO MARTÍN: Sobre la función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones. J. se refiere la sentencia de 8 de junio de 1987. PALADÍN: Diruto costituzionale. 1978. 578. especialmente págs. particularmente cuando se trata de intervenciones «positivas» de los poderes públicos. cit. Cedam. declarativa de la invalidez de una norma que no aseguraba la asistencia de los alumnos minusválidos. pág. (36) Al artículo 3. La interpretación clásica —que late también en la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema— entiende que aquí se contiene un mandato de igualdad material o real. 215. 36 y sigs. De esta forma. económica. núm. y también J. DE ESTEBAN: «La Constitución en el mundo actual». Para ello. se argumenta en base al artículo 3. y también la de 26 de enero de 1957. 106. 27 y sigs. considerando que los principios de igualdad formal y sustancial no son antitéticos.
En la Constitución española de 1978 y la jurisprudencia constitucional
Después de este reconocimiento constitucional del principio de igualdad material en la Norma Fundamental italiana. 28. Madrid.. hay que esperar a la Constitución española de 1978 para encontrar un pronunciamiento similar en el constitucionalismo de tradición liberal-democrática. 578. En este sentido.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En general. En las páginas que siguen trataremos de analizar cuáles son las líneas generales de interpretación de este artículo 9. que favorecen a los sujetos o sectores de la sociedad más débiles (35). vid. para concluir con una referencia a las propuestas doctrinales que tratan de explicitar el mismo (38). págs. PALADÍN: Diritio costituzionale. la Corte Constitucional italiana ha argumentado poniendo en conexión los dos apartados del artículo 3. pág. Universidad de Salamanca. J. en el ámbito de la escuela media superior. vid.
3. (37) Cláusulas como ésta parecen responder a una posible función constitucional de transformación de las estructuras sociales en el sentido de una mayor democratización de todas ellas. estudio preliminar a la obra Constituciones españolas y extranjeras.. en realidad restablecen la igualdad de condiciones» (34). aparentemente discriminatorios en la comparación de categorías o grupos de ciudadanos. 1991. el artículo 3.2 en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.2. la sentencia de 19 de diciembre de 1962.2 sirve de justificación de aquellos «supuestos legislativos que.2 en relación con otras normas constitucionales. (38) Sobre la necesidad de elaborar una teoría de Constitución «actual.. Así. núm. 31 y 34 de la Constitución italiana. en conexión con los artículos 30.
que puede incluso venir exigido. pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso. Sobre el significado general y el alcance de esta igualdad material se pronuncia la STC 83/1984. la necesidad de que todos los españoles se encuentren siempre. a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.) cuando engendra desigualdad. 14—.2 constituye a los poderes públicos en la obligación de hacerlo realidad.2 formula un correctivo del principio de igualdad formal de acuerdo con las exigencias de un Estado social de Derecho. cit. núm.
. Y no ya desigualdad referida a la discriminación —que ésta concierne al art. que consiste básicamente en la consecución de la materialidad de los valores constitucionales. de 24 de julio: No implica sin embargo este precepto (el art. afirma que el artículo 9. en la práctica. sino a las exigencias que el 9. 1).. finalidad que. el ejercicio de determinadas actividades requiera la posesión de determinados medios. 349 y sigs. considera el Tribunal Constitucional que el artículo 9. Con motivo del libro de Pedro de Vega: Lareformaconstitucional y la problemática del poder constituyente». de conseguir una identidad absoluta en la posición social de todos los ciudadanos. en un Estado social y democrático de Derecho. 9.2 conlleva.. en todo momento y ante cualquier circunstancia. pues esta igualdad real. Así lo hace en la sentencia 27/1981. no impide que. pues. Pero ello no impide que el alto Tribunal afirme en otras ocasiones que el principio de igualdad material contenido en el artículo 9. para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del Ordenamiento. págs. de 20 de julio: El acto del Legislativo se revela arbitrario (. cuya procura encomienda la Constitución (art. exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley. a cuyo efecto atribuye además a los poderes públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art. de 10 de noviembre: El principio de igualdad jurídica consagrado en el art. en REDC. págs. en ocasiones. 17 (1986).2 impone actuaciones positivas a los poderes públicos:
do unitario-federal. de 16 de marzo. No se trata. como son la justicia y la igualdad (art. 14 hace referencia inicialmente a la universalidad de la ley. 9.2) a todos los poderes públicos y que es una Finalidad propia del Estado social y democrático de Derecho.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
Ya desde sus primeros pronunciamientos. 32 y sigs. en modo alguno.2). la STC 6/1981.. 14 CE). Así se expresa la STC 34/1981. Insiste también en estas consideraciones en «La Constitución y su reforma. en condiciones de absoluta igualdad. En el mismo sentido.
de 6 de diciembre. Encontramos. con un contenido sustancial en forma de pautas de prestaciones mínimas que deben proporcionarse a todos los ciudadanos.2 imponen. en esta interesante sentencia la idea de que la igualdad material o «sustancial» se traduce en la práctica en la obligatoriedad para el Estado de proporcionar una serie de «prestaciones mínimas» a todos los ciudadanos. Dando un paso más en esta interpretación progresiva del principio de igualdad material.2. del modo que determine la Ley. si bien no se deriva esta consecuencia del artículo 9.1). No obstante. sin duda. además de no estorbarla. sino del principio de Estado social del artículo 1. 98/1985. Así. así.. adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle. también.1 CE) y el mandato genérico del art. el Tribunal Constitucional especifica en su sentencia 32/1981. el Tribunal Constitucional ha interpretado dicho precepto como un correctivo del principio de igualdad formal del artículo 14.2 exigen seguramente una organización del derecho a ser asistido de Letrado que no haga descansar la garantía material de su ejercicio por los desposeídos en un «munus honorificum» de los profesionales de la abogacía. en conexión con el 149.1 J8 ha de entenderse en el Estado social y democrático de Derecho que configura la Constitución (art. 9. en conexión con ella.1. La finalidad general de esta diferencia de tratamiento legal no es otra que pro-
(39) Fundamentalmente.. La cláusula del Estado social (art. 1. de 29 de julio.. en la mayor parte de sus sentencias que se refieren al artículo 9.
. y 19/1988..18: El tratamiento común a los administrados que preceptúa el artículo 149.1.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La libertad de los medios de comunicación (. cuál ha de ser el contenido de esta acción estatal encaminada a hacer realidad dicho principio. pues tal organización tiene deficiencias que desgraciadamente han quedado muy de relieve en el presente caso. haciendo hincapié en la necesidad de que el legislador no trate a todos los individuos de la misma manera» sino que sea capaz de tratar de forma diferente aquellas situaciones que son distintas en la vida real. de 5 de julio. actuaciones positivas de este género. las sentencias 114/1983. Así. afirma: La idea del Estado social de Derecho (art. 9. de 28 de julio. el mandato genérico contenido en el art. ha afirmado en varias sentencias que «lo proclamado en el artículo 9. de 16 de febrero. con un alcance no meramente formal. En otras sentencias ha especificado el Tribunal cuál es la legislación que debe emanar el Estado para hacer realidad el principio de Estado social e igualdad material.) entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos.2 puede exigir un mínimo de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial» (39).2. en la sentencia 42/1982. 1.1) y. 1. sino.
que en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador (40). en cuanto se dirige a los poderes públicos. de 25 de enero. (42) STC 216/1991. vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial (42). Ariel. De este modo. mediante un trato especial más favorable. 1984. de 9 de marzo. El tema de la incorporación de la mujer al trabajo y la discriminación por razón de sexo han dado lugar a diversas sentencias en que se argumenta con carácter general en este sentido:
La incidencia del mandato contenido en el artículo 9. de 24 de enero. de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida —antes al contrario— la acción de favorecimiento.
Del mismo modo se ha utilizado el artículo 9.2 ha servido para justificar el trato favorable a estos sectores sociales sin que ello contradiga el principio general de igualdad enunciado en el artículo 14. como las mujeres trabajadoras con hijos pequeños. encierra el artículo 14 supone una modulación de este último. y 28/1992. y 6/1984. para paliar la discriminación de hecho que padecen en relación con su incorporación y permanencia en el mundo laboral (41). (41) Así se hace en la STC 128/1987. de 14 de noviembre. «La discriminación inversa» en su obra Los derechos en serio. ambos destinatarios del Derecho laboral:
Estas ideas encuentran expresa consagración en el art. 109/1983. DWORKIN. de 1 de julio. VALCÁRCEL (comp.
(40) Una argumentación similar utiliza el Tribunal Constitucional en sus sentencias 14/1983. de 26 de septiembre. Sobre la llamada «discriminación inversa» favorable a ciertos colectivos sociales tradicionalmente marginados. que aquellos poderes emprenden en beneficio de determinados colectivos.): El concepto de igualdad. 1 que constituye a España como un Estado democrático y social de Derecho. SSTC 166/1988. Barcelona. Podemos encontrar esta argumentación en varias sentencias referidas al ámbito laboral. Vid. Así.
. pues con esta disposición se está superando el más limitado ámbito de actuación de una igualdad meramente formal y propugnando un significado del principio de igualdad acorde con la definición del art.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
teger a ciertos sectores sociales discriminados. de 28 de febrero. como sucede entre los empresarios y los trabajadores. 1994.2 sobre el que. por ejemplo. 145/1991. de 16 de julio. en el sentido. Ed. por lo que en definitiva se ajusta a la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho laboral en garantía de la promoción de una igualdad real. Madrid. R. en A. También el reciente estudio de A. 114/1983. Ruiz MIGUEL: «Discriminación inversa e igualdad». la STC 3/1983. En el mismo sentido. de 6 de diciembre.2 de la CE cuando impone a los poderes públicos la obligación de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas». siquiera temporal.2 para justificar el trato diferenciado y favorable a otros sectores sociales. a fin de que. Pablo Iglesias. el artículo 9. históricamente preteridos y marginados. de 29 de noviembre. 9. justifica un tratamiento legal distinto en aquellos supuestos en que existe o se supone una desigualdad en las condiciones materiales de los destinatarios de la norma.
de 16 de febrero:
Puede imponer este precepto.1 en relación con el art. de 10 de noviembre:
La apreciación de en qué medida la ley ha de contemplar situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o. se sigan de la aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma Fundamental. A este respecto se pronuncia en su sentencia 34/1981.
Sin embargo. la adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que.2.2 como corrector de la pura igualdad formal queda claramente establecido en la jurisprudencia constitucional en la sentencia 19/1988. 31. queda. desde otra perspectiva. a él se pueden reconducir aquellos supuestos que antes eran resueltos en base al artículo 9. la propia norma constitucional obliga a atender los requerimientos de la igualdad real. 9. que apela al principio de igualdad real para justificar el hecho de que las sanciones tributarias se gradúen atendiendo en cada caso concreto. que no deben ser tratadas igualmente.1). 14 de la Constitución sino también justificado o exigido por el art. como resulta obvio. ni. ya que no puede dar lugar a un resultado que vaya contra derechos y libertades reconocidos en la Constitución (art.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En esta misma línea hay que hacer referencia a la sentencia 76/1990.
Sin embargo. confiada al legislador. de 21 de julio:
. contra la esencia del propio principio de igualdad que rechaza toda desigualdad que por su alcance sea irrazonable y por ello haya de calificarse de discriminatoria. Sosteniendo un concepto más amplio del principio de igualdad formal del artículo 14. números 1 y 3) relativos a la sujeción a la Constitución de todos los poderes públicos y a la interdicción de la arbitrariedad. Así argumenta el alto Tribunal en su sentencia 65/1983. 53. a la «capacidad económica del sujeto infractor:
Una vez satisfechas las exigencias de igualdad formal y no discriminación que impone el art. a cuyo fin se ordena el criterio legal de «la capacidad económica del sujeto ¡nfracton> que aquí se combate.2 del propio texto constitucional. en orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución. y que resulta así no sólo compatible con el art. entre otros criterios. Pero tal valoración tiene unos límites. 14 de la Constitución. ni en general contra cualquier precepto o principio de la misma (art.
El sentido general que cabe atribuir al artículo 9. con carácter general. de 26 de abril. no deja de ser consciente el Tribunal de los peligros que entraña la libre apreciación por el legislador de cuáles son las circunstancias de hecho que justifican un tratamiento legal diferenciado y favorable. existe otra línea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad que justifica los supuestos de tratamiento legal diferenciado y favorable a ciertos sectores sociales tradicionalmente discriminados o en situación de inferioridad social basándose únicamente en el artículo 14 del Texto Fundamental. como consideración de principio. 9.
Pues bien. Del mismo modo en la STC 25/1989. y b) dichas medidas han de contar con un fundamento técnico-económico.) pueden concretarse en dos puntos: a) las medidas adoptadas. sino que también persigue la interdicción de determinadas diferencias.) De ahí que. no puedan considerarse lesivas del principio de igualdad.)• La disparidad normativa establecida por el art. históricamente muy arraigadas. además de en la excepcionalidad de la situación y el
. en concreto. debiendo darse una razonable proporcionalidad entre medios y fines.) no es contraria a la Constitución por cuanto se asienta sobre una desigualdad originaria entre trabajadores y empresarios que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica entre ambos. se justifica la diferencia de tratamiento legal por motivos técnico-económicos sin recurrir al artículo 9. cabe hacer referencia a la STC 180/1991. tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social. han situado a amplios sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas. matización que. que originan la desigualdad. por otra parte. 10 de la Constitución (..). La razón estriba. siempre que no vulnere otros preceptos constitucionales y que no vaya contra la esencia del principio de igualdad (. también... De forma más clara se argumenta en la STC 19/1989. pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso.2 y argumentando únicamente en base al principio general de igualdad del artículo 14: Como este Tribunal viene declarando reiteradamente (. sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula. viene siendo habitual en las normas internacionales más recientes sobre igualdad y no discriminación. En este sentido. sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art... que.. dicho principio sólo puede entenderse vulnerado cuando la desigualdad denunciada está desprovista de una justificación objetiva y razonable. remediar la tradicional situación de inferioridad de la mujer en el ámbito social y en el mercado de trabajo. han de estar en función del interés público sin postergar arbitrariamente otros intereses dignos de protección...ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
Este principio (el de igualdad) vincula a todos los poderes públicos incluido el legislativo (. 14 de la Constitución no se agota en la cláusula general de igualdad que inicia su contenido. en la que no se considera discriminatoria ni contraria al principio de igualdad del artículo 14 la concesión de una subvención pública para gastos de abogado y procurador a los afectados por el síndrome tóxico y no a los acusados en el proceso penal....) el principio de igualdad (del artículo 14) no prohibe toda diferencia de trato. de 31 de enero: La virtualidad del art.. las medidas que tengan por objeto compensar la situación de desventaja de determinados grupos sociales y. las exigencias derivadas del mencionado principio (. y la existencia de esta justificación ha de apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada. aun cuando establezcan un trato más favorable. en principio. de 3 de febrero. 170 de la LPL (. de 23 de septiembre.
supone la exigencia de «generalidad». 454. 66.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
gran número de afectados. en suma.2 no deja de ser un uso sumamente impreciso del término igualdad que. Akal. de lo que se ha llamado una «política de derechos fundamentales». «el artículo 14 comporta y exige necesariamente en nuestros días una más que cierta apreciación de las premisas materiales y sociales que de modo inexcusable hacen acto de presencia en todo juicio de igualdad. «hablar del principio de igualdad real del artículo 9. Para este autor.2 se concreta. la exigencia de que
(43) A. 1984.
. en opinión de De Otto. para Ángel Garrorena. con lo cual ese precepto cubre ya en no pequeña parte (. el llamado principio de igualdad ante la ley tiene en nuestros días varias manifestaciones. (44) Ibidem.2 debe impregnar de sentido no sólo el principio de igualdad del artículo 14 sino también cualquier otro precepto de la Constitución (44). 454. DE OTTO: «Igualdad». pág.. (45) I.) el trayecto que afecta a la igualdad material» (43).
En esta misma línea de argumentación se sitúa la opinión de algunos autores. Madrid. cit. pág. Mientras que los acusados contaban con medios económicos suficientes para contratar a los letrados de su elección. «los afectados por el síndrome provenían de los estratos de la sociedad económicamente más débiles». aparte de otras posibles concrecciones. de una política de creación de las condiciones efectivas y reales de la libertad y la democracia y de una «política de bienestar social» que se concreta sobre todo en los principios rectores de la política social y económica que se recogen en el Capítulo III del Título I de la Constitución» (46). llegó más lejos al afirmar la absoluta falta de conexión entre la llamada «igualdad formal» del artículo 14 y la llamada «igualdad real» del artículo 9. Madrid. (46) Ibidem. Para este autor.2. en J. el articulo 9. 14 de la Constitución. J. esto es. esto es. que es lo que significa. pág.): Diccionario del sistema político español. en la «formulación de un doble mandato. A su vez.. entonces. para quienes no es posible sostener hoy un concepto puramente formal del principio de igualdad consagrado en el art. Ignacio de Otto. La significación jurídica del artículo 9. 67.
4. Así. en la distinta situación económica de las dos partes del proceso. otro de los autores que se han ocupado del tema entre nosotros. Tecnos. 1984.2? Siguiendo la exposición de Garrorena. ¿Cuál sería.. En el mismo sentido de reinterpretación del principio de igualdad formal o «ante la ley» de forma que englobe aquellos supuestos que antes se consideraban incluidos en la igualdad real se pronuncia Antonio Pérez Luño. GARRORENA: El Estado español como Estado social y democrático de Derecho. pág. éste considera que. GONZÁLEZ ENCINAR: (dir. la operatividad jurídica del artículo 9. En primer lugar. debería desecharse del lenguaje jurídico doctrinal» (45). el concepto de «materialidad» de los valores constitucionales. por confuso.
a la cláusula contenida en el artículo 9. Volviendo. Por último. de 21 de febrero. VILLACORTA. sin embargo. De aquí no cabe derivar. «igualdad jurídica». sino que debe tener en cuenta qué individuos se encuentran en una situación de inferioridad real o de tradicional discriminación para aplicarles un tratamiento legal más favorable en los casos en que sea preciso (48) y con el objeto de tender a una mayor equiparación de todos los ciudadanos. más bien. de 10 de julio. En tercer lugar. 1981. o sometimiento a las mismas reglas procedimentales para todos los ciudadanos (47). Universidad de Valladolid. que englobe aquellos supuestos en que es preciso aplicar un tratamiento legal diferenciado a ciertos sujetos que se encuentran en una situación social efectivamente distinta. pero a los que un tratamiento uniforme. lo que implica un trato igual de circunstancias o de situaciones no idénticas que.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
todos los ciudadanos se hallen sometidos a las mismas normas y tribunales. que no tuviera en cuenta la situación real. BAÑO LEÓN: «La igualdad como derecho público
. (48) Como premisa metodológica. un derecho subjetivo jurisdiccionalmente protegido a recibir un trato diferente y favorable en determinadas circunstancias. se estima deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma reglamentación normativa. sociales y culturales». Siguiendo esta línea. PÉREZ LUÑO: «El concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos.2. L. entendido bajo la óptica de un Estado social contemporáneo. M. la ley ha de ser idéntica para todos. la igualdad ante la ley se presenta como exigencia de diferenciación en aquellos supuestos que se presentan aparentemente como semejantes. En segundo lugar. supone la exigencia de «equiparación». actuando el principio constitucional de igualdad solamente como justificador de estas políticas sociales. pensamos que debe sostenerse una concepción amplia del principio de igualdad ante la ley. de 7 de mayo. La ley no debe tratar a todos por igual. (49) En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 86/1985. Pérez Luño entiende que el principio de igualdad ante la ley supone la exigencia de identidad de procedimiento. 1989. en Hacia el equilibrio de poderes: Comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes. la necesidad de que el intérprete y el investigador del Derecho tengan en cuenta no sólo las normas. en Anuario de Derechos Humanos. la realidad social en que aquéllas han de ser aplicadas —máxime en el campo del Derecho Constitucional— ha insistido entre nosotros. sin embargo. La determinación de en qué casos procede aplicar un tratamiento jurídico diferente y favorable a determinados colectivos corresponde al legislador. sin que exista ningún tipo o estamento de personas dispensadas de su cumplimiento. págs. convertiría en supuestos de desigualdad material. para quien no es indiferente la situación real en que se encuentran los ciudadanos a la hora de crear y aplicar la ley. se manifiesta J. haciéndose eco de una importante corriente doctrinal. También en contra de la denominada «discriminación por indiferenciación». 52/1987. 26-27. y 48/1989. Esta debe ser una consecuencia del tradicional principio de igualdad ante la ley o. A este tercer criterio podrían reconducirse los casos que tradicionalmente se consideraban incluidos en la llamada «igualdad material». entonces. habría que pre-
(47) A. sino también sus causas y fines. del mismo modo que existe un derecho subjetivo a no ser discriminado fundado en el artículo 14 CE (49).
. Las directrices. Vid. APARICIO PÉREZ: «El Estado social en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». por el contrario. 1993. Sobre principios y normas. Cuadernos de Filosofía del Derecho. vid. (51) M. Mientras que SUAY RINCÓN se muestra partidario de introducir una cierta flexibilización de esta doctrina. establecen «principios» que orientan la acción del Estado. Ruiz MAÑERO: «Sobre principios y reglas». es útil recordar la distinción que formulan M. 143. A. esto es. o bien tratarse de directrices. de correlación caso/solución y. Problemas del razonamiento jurídico. si bien la diferencia de estructura entre reglas y principios es difícil de trazar —según demuestra el autor—. vid. esto es. al igual que otras normas constitucionales de contenido social constituye un ejemplo de norma que
subjetivo».
.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
guntarse nuevamente cuál debe ser su significado y su operatividad jurídica (50). (50) Sobre las dificultades que plantea articular normativamente este precepto —y. CÁMARA VILLAR y J. Desde el punto de vista de su estructura. en RAP. Si nos atenemos a la literalidad del precepto. por ello. en el momento de la interpretación. 10 (1991). «El principio de igualdad en la jurisprudencia. 14 (1987). sin embargo sí parece distinta la configuración de ese tipo de normas denominadas «directrices». Lo que sucede es que aquí nos enfrentamos con el problema que plantean las normas constitucionales que. La diferencia entre ambos tipos de normas habría que situarla más bien en la función que desempeñan en la argumentación jurídica. págs. igualdad y democracia. pág. PRIETO considera. como el precepto en cuestión. pág. que sólo establecen una finalidad general a la que deben tender los poderes públicos. Cuadernos de Filosofía de! Derecho. Ruiz Mañero (51) entre normas que enuncian reglas. principios jurídicos y razón práctica».. Los principios en sentido estricto —igual que las reglas— exigen un cumplimiento pleno. una vez que se ha determinado en un caso concreto su prevalencia frente a otros principios y reglas que jueguen en sentido contrario. A este respecto considero que. (52) L. núm. en cambio. En efecto. Ed. podemos afirmar que lo que se pretende conseguir no es otra cosa que la realización efectiva («materialidad») de los valores libertad. No caben. R. Parlamento de AndalucíaTecnos. en el colectivo dirigido por G. ALEXY —para quien los principios en general son «mandatos de optimización en el sentido descrito— en «Sistema jurídico. podemos considerar que el artículo 9. pues. y normas que enuncian principios. cit. cuando expresan los valores fundamentales del ordenamiento jurídico.. Madrid. sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. puede tratarse de principios en sentido estricto. se consideran «mandatos de optimización» (53). CEC. En el caso de normas que enuncian principios. en DOXA. núm. Atienza y J. pueden ser cumplidas en diversos grados. cuando estipulan la obligación de perseguir determinados fines. por un lado. en relación con las posibilidades fácticas y jurídicas y. ATIENZA y J. 191-192. por otro. pero no concretan a través de qué medios (52). cabe hacer aún otra distinción.». núm. el principio constitucional de Estado social— se ha pronunciado críticamente M. en DOXA.2 CE. modalidades graduables de cumplimiento. normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible. 5 (1988). en general. Madrid. 1992. que no es posible trazar una distinción estricta entre principios y normas desde el punto de vista de su estructura lógica. CANO BUESO: Estudios sobre el Estado social. A este respecto. (53) Sobre este concepto. las reglas pueden formularse siempre recurriendo a un esquema condicional. por tanto. 868. De esta manera.
págs. y mi trabajo. algún tipo de control jurídico de su cumplimiento por parte de los poderes políticos: el juez podría poner de manifiesto por debajo de qué nivel de cumplimiento o satisfacción una determinada norma o política se hace intolerable (57).. pero la determinación de los medios concretos a través de los cuales llegar a ella corresponde al principal destinatario de la norma: precisamente los poderes públicos. publicado en el núm.
.. escogiendo con un gran margen de libertad las medidas políticas concretas en que se traducirá el mandato constitucional. 7 (1979). Madrid..2 de la Constitución como parámetro del control de constitucionalidad». FERRET JACAS: «El artículo 9.. la operatividad jurídica del mandato contenido en el artículo 9. el rango constitucional de la directriz contenida en el artículo 9. (57) Vid. Sin embargo. Madrid. A..2 exige. 1988. 1988. a este respecto. pero sí constituye un criterio interpretativo del resto del ordenamiento. 112 y sigs.. J. 19 (1987). puede fundamentar un recurso o cuestión de inconstitucionalidad y configura un auténtico deber de los poderes públicos. Y ello nos desplaza a la consideración del control jurisdiccional del cumplimiento de este tipo de normas. según hemos visto (58).
(54) Sobre las problemáticas relaciones entre el poder legislativo y la justicia constitucional. fija una finalidad que deben cumplir los poderes públicos.. Por lo demás. DE VEGA: «Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución». a mi modo de ver...ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
contiene una directriz. PRIETO: Sobre principios y normas. puede verse.. Precisamente por fijar solamente una finalidad a perseguir. Vid. más ampliamente. las directrices presentan diversas posibilidades de concreción y aplicación. GARRORENA: El Estado español. 49. en ejecución de la ley. En concreto. cit. COBREROS MENDAZONA: «Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios constitucionales rectores de la política social y económica del Estado». J. CASCAJO CASTRO: La tutela constitucional de los derechos sociales. (58) Sobre la eficacia jurídica de este y otros preceptos constitucionales de contenido social.2 de la Constitución puede traducirse en las siguientes posibilidades de aplicación: no puede fundamentarse en él un derecho subjetivo accionable ante los Tribunales. (55) No hay que olvidar que la realización efectiva de normas como ésta que nos ocupa tropieza con dificultades de orden económico. Serán las posibilidades económicas de una sociedad las que determinen en buena medida la amplitud de las conquistas sociales. será el legislador (y. L. como tampoco deben sustituirle en la determinación del nivel de cumplimiento —al tratarse de mandatos de optimización admiten diversos grados de cumplimiento según las posibilidades fácticas (55) y jurídicas (56)—. a este respecto. E. en Revista Vasca de Administración Pública. núm. en Revista de Estudios Políticos. la Administración) el principal encargado de atender a su cumplimiento. «Las normas constitucionales de contenido social: Delimitación y problemática de su eficacia jurídica». si bien se trata de un deber genérico de hacerlo realidad que sólo se convertirá en una obligación exigible por los ciudadanos una vez que se haya concretado mediante ley. en el colectivo Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución. puede verse P. especialmente págs.. pág. 99 y sigs. 29 y sigs. En la tarea de escoger una de ellas. núm. CEC. pueden ser limitadas por un principio en sentido estricto o por un derecho. (56) En su realización. pág. 76 de la Revista de Estudios Políticos. los órganos jurisdiccionales no deben sustituir al legislador democráticamente elegido (54). L. cit. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
etc.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sobre el significado de este mandato constitucional que impone a los poderes del Estado la finalidad de perseguir la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos. culturales) para asegurar la igualdad jurídica puede verse en J.. que las intervenciones necesarias para promover la igualdad efectiva no pretenden realizar una general y sistemática distribución de la riqueza y de las rentas. facilitando el acceso de mujeres.): Transición política y consolidación democrática. minusválidos. Esta interpretación —si bien derivada del principio de Estado social del art. servicios sociales) que tienda a proteger fundamentalmente a las categorías menos favorecidas de la sociedad.1) y dispensando a quienes se hallan en una situación aún más desfavorable (incapaces para el trabajo. Sartori y Rawls. al artículo 31. Una situación así de igualitarismo extremo impuesto desde el poder entraría en contradicción con otros valores igualmente reconocidos en la Constitución. puede aludirse al artículo 38. El equilibrio entre ambos valores podría lograrse dotando a la sociedad de una amplia y eficaz estructura de «igualdad de oportunidades» (60). donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. debidas a Tawney.. Una comprensión del principio de igualdad como «igualdad de oportunidades».3. 35.». antes citada. 380 y sigs. destinada a eliminar las desigualdades fácticas (sociales. 1. cit. págs.
(59) Así. de 24 de julio. i. sanidad. «Dimensiones. desempleados. o al artículo 103. 10) y para el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el Título Primero de la Constitución. Del mismo modo. en R. económicas. y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 83/84. Vid. donde expone diversas concepciones de este principio. (60) En este sentido.
.) una protección mínima que comprenda «la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad» (art. Se puede afirmar. Coimbra Ed. 1982. COTARELO: «Valores y principios de la Constitución de 1978». fundamentalmente con el valor libertad —cuya consecución efectiva también encomienda el artículo 9. jóvenes. en que se establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. infancia abandonada. A. Una posible primera interpretación del artículo 9.. Una tal estructura exige una actuación estatal en diversos campos (educación. COTARELO (comp. 274. PÉREZ LUÑO considera el principio de «igualdad de oportunidades» como un paso de gran trascendencia en el progresivo afianzamiento de la dimensión material de la igualdad. etc. págs. que prevé la regulación del acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. GOMES CANOTILHO: Constituicao dirigente e vinculacao do legislador. podemos apuntar distintas interpretaciones. CIS. 188-189. Se trata.2 podría considerar que la igualdad real se habrá logrado cuando todos los ciudadanos disfruten de las mismas condiciones económicas. a un trabajo con el que procurarse «una remuneración suficiente para atender sus necesidades y las de su familia» (art. Pero tanto la propia redacción del precepto como el resto del articulado de la Constitución (59) muestran que no es esta situación de puro igualitarismo lo que se pretende conseguir.1 CE— ya fue propuesta por la citada sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981. 1992. J.2 a los poderes públicos—. España (1975-1986). Madrid. ancianos. pág. 41). sociales y culturales. por tanto. de asegurar a todos un mínimo vital indispensable para el respeto a la «dignidad de la persona» (art. vid. pues..
es un Estado federal. de tal forma que se aspira no ya a la nivelación general sino al establecimiento de unos límites máximos y mínimos que aseguren una vida decorosa y segura («la llamada libertad frente a la necesidad») permitiéndose. de lo que resulta el derecho a un mínimo de seguridad social.
. 9. dice Alesandro Pizzorusso: Nos hallamos. Los intentos de dotar de contenido a la cláusula constitucional del artículo 9. un nivel mínimo de subsistencia digna.2 no deben perder de vista las consideraciones anteriores sobre el principal encargado de concretar estos especiales preceptos constitucionales que enuncian «directrices».. democrático y social expresados en la presente Ley Fundamental.2.».1 con el 2. 1968. en concreto en cierta interpretación que se hace del artículo 1. Madrid. pág. También tiene antecedentes esta doctrina en la jurisprudencia constitucional alemana.A. CEC. 2. BACHOF: «Begrif und Wesen des sozialen Rechtsstaates». etc. págs. PIZZORUSSO: Lecciones de Derecho Constitucional. por tanto. del arte. FORSTHOFF (ed. por debajo del cual no debe situarse ningún individuo de la comunidad estatal. 159 y sigs. (61).2: «Cada uno tendrá derecho a la vida y a la integridad física y será inviolable la libertad de la persona. si la dignidad de la persona es amenazada por necesidades materiales. es decir. art. que los más dotados. los más trabajadores o los más perseverantes alcancen las posiciones más destacadas en el campo de la política. 1984... vid.F. 28: «El orden constitucional de los Estados deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano. En la doctrina. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público»). de los negocios.
(61) A.97. en E. de forma que se garantice a éstos un «mínimo vital». sino que existe también un derecho del individuo a una actuación positiva del Estado. el derecho a la concesión de una existencia material digna (64). Así.): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. tomo 1. Según una sentencia del Tribunal Constitucional Federal (62). (63) Art. ante una solución intermedia entre el igualitarismo extremo que se enuncia en la fórmula «a cada uno según sus necesidades» y la mera igualdad de derecho («a cada uno según sus méritos»).2 de la Constitución italiana.». una posible y deseable concreción de la cláusula del art. 165.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
de 28 de julio. es necesario combinar el artículo 1. al tiempo. 20: «La R. y art. de la cultura.2 CE se traduciría en articular legislativamente la obligación de los poderes públicos de realizar prestaciones a favor de los ciudadanos. 20 y 28 (63) de la Ley Fundamental.1 de la Ley Fundamental («La dignidad del hombre es intangible. (64) BVerfGE 1. En la misma línea. (62) BVerfGE 1. En el mismo sentido se ha pronunciado cierta doctrina italiana que interpreta la similar cláusula del artículo 3. O.. 207 y 208. democrático y social». Darmstadt. Así. la exigencia de proteger la dignidad de la persona no puede ser solamente un derecho de defensa negativo. que habla de «pautas de prestaciones mínimas que deben proporcionarse a todos los ciudadanos».
creemos oportuno insistir en la necesidad de que estas normas constitucionales no permanezcan como letra muerta y reciban una concrección adecuada al texto y a los principios que inspiran nuestra Norma Fundamental. Pero aún así.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
que no es otro que el legislador antes que el órgano de justicia constitucional.
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