Source: https://www.segurpricat.info/2012/07/informe-juridico-sobre-los_16.html
Timestamp: 2019-04-21 04:07:43
Document Index: 300044473

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 13', 'Artículo 66', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 68', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 116', 'artículo 221', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21']

Informe jurídico sobre los Departamentos de Seguridad en los Museos (III)
Informe jurídico sobre los Departamentos de Seguridad en los Museos (I) (08/05/2012)Informe jurídico sobre los Departamentos de Seguridad en los Museos (II) (22/05/2012)Informe jurídico sobre los Departamentos de Seguridad en los Museos (y IV) (05/06/2012)
El artículo 27 de la Ley de Museos de Andalucía indica que todo establecimiento de estas características debe contar con un Plan de Seguridad, pero ¿qué es un Plan de Seguridad?
Siendo la seguridad una parte fundamental del Patrimonio Histórico se elude su citación, con excepción en la legislación andaluza, en las distintas leyes, decretos y órdenes de las comunidades autónomas. La razón es sencilla, toda la normativa ha sido desarrollada con el asesoramiento de los técnicos culturales, los cuales han cuidado mucho de introducir el concepto de “protección”, en el sentido de preservación de la obra de arte o monumento ante cualquier alteración accidental, y cuando trata el robo y el expolio, lo hace desde el punto de vista de su recuperación.
Hoy día se está produciendo en el mundo de la cultura un fenómeno, cuanto menos curioso: Hay personas que adquieren obras de arte, aun conociendo que son robadas, sin ánimo de lucro, sino únicamente por el placer de disponer de la misma en sus salones y habitaciones privadas. Caso paradigmático es un conocido urbanista, hoy procesado, que disponía de verdaderas obras en su cuarto de baño (sin que ello quiera significar en este caso que fueran obras robadas).
En el Master Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global impartido conjuntamente por la Universidad Camilo José Cela de Madrid y la Consultora Belt Ibérica, Rafael Vidal, profesor de la asignatura “planes operativos de seguridad”, lo define como:
Un documento de carácter clasificado que recoge las características del sistema de protección y donde se describen los recursos humanos técnicos y organizativos necesarios para hacer frente a los riesgos.
El Reglamento de Seguridad Privada no es solo desarrollo de su Ley homónima, sino también de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, la cual en su artículo 13 relaciona, bien que de forma muy sucinta, las medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones:
En la actualidad cualquier museo o entidad similar, previa a su apertura, la autoridad competente (Subdelegación del Gobierno), comprueba a través de la Unidad de Seguridad Privada o de otra Unidad, del Cuerpo Nacional de Policía, la bondad del proyecto instalado.
Entramos en un tema escabroso, porque ¿quién es el técnico competente que puede elaborar un proyecto de seguridad? La normativa española, en todos los sectores, es profusa en emplear la expresión “técnico competente”, pero sin definir quién verdaderamente lo es. En emergencias y seguridad existe es orfandad que se registra a lo largo de toda la normativa de seguridad privada que estamos tratando.
Esta cuestión del técnico competente se produce también en Prevención de Riesgos Laborales, en la cual parece deducirse que cualquier técnico de prevención de nivel superior podría elaborar y redactar un plan, pero ¿Lo puede hacer técnicamente, cuando deba plasmar circuitos, medios electrónicos, etc., que se escapan a su formación específica de técnico en PRL? En teoría nadie le va a pedir nada, pero en el caso que se produzca un accidente con afectados, el juez, impulsado por la parte contraria, podría argumentar el poco conocimiento y capacidad técnica del firmante para elaborar tal proyecto, como consecuencia ha sobrevenido el accidente. No olvidemos que el empresario está obligado a disponer de los “medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa”.
El Técnico en Prevención de RR.LL podría asemejarse al Director de Seguridad, pero siendo este un título universitario y homologado por el Ministerio del Interior, no puede considerarse como una formación técnica, aunque en sus asignaturas se recojan conceptos de esta índole, pero son más para su empleo operativo y no como proyecto técnico.
¿Podría ser un técnico competente para elaborar un proyecto de seguridad un ingeniero o arquitecto? En principio no hay nada que se le oponga, pero ¡qué conocimientos tiene ese técnico en concebir un plan de seguridad! Es como si se le pidiera a un militar que aparte de concebir un plan de operaciones construyera las armas para llevarlo a efecto.
Tenemos pues dos parámetros a la hora de elaborar un proyecto de seguridad, uno es el táctico u operativo, en el cual el Director de Seguridad, estudia el entorno y analiza los riesgos, indicando a continuación características operativas que deben cumplir los medios, para culminar en una memoria en donde se recoja todo los anterior. Este sistema se ha llevado a cabo en los proyectos que el autor de estas líneas ha tenido bajo su responsabilidad.
Como consecuencia de lo anterior un ingeniero transforma esos requerimientos operativos en resultados técnicos y redacta en consecuencia el proyecto, al cual debe unírsele la “Memoria” que ha redactado el director de seguridad.
Los dos deben responsabilizarse del proyecto y por ende los dos deberían firmarlo. Distinto sería que el ingeniero o arquitecto también tuviera la titulación de director de seguridad homologado por el ministerio del Interior, en cuyo caso está capacitado para elaborar las dos partes: operativa y técnica [1].
Tras la ejecución del proyecto, un director de seguridad, orgánico de la entidad que pretende asegurar un patrimonio, es el que desarrolla un Plan de Seguridad adaptado al proyecto + memoria.
La actual legislación habla constantemente de las empresas instaladoras de medios técnicos de seguridad, encontrándose referencias explícitas desde las disposiciones adicionales y transitorias, hasta en el articulado del Reglamento de Seguridad Privada, pudiéndose citar como muestra la Sección VI de su Título I, considerándose desgraciadamente, que la competencia en la elaboración de un proyecto de esta índole es una empresa homologada por el ministerio del Interior como instaladora. Es como si las únicas organizaciones que pudieran hacer proyectos de obra fueran las constructoras.
Teniendo siempre en cuenta la competencia y profesionalidad de una empresa instaladora, es “humano” que en sus requerimientos técnicos/operativos tienda necesariamente a los que trabaja habitualmente, cuando si el proyecto lo hiciera la “propiedad”, es decir el tándem director de seguridad/ingeniero, tendría siempre su mente puesta en los mejores medios y procedimientos para la misión que tiene que cumplir ese proyecto de seguridad en relación con la instalación.
CONSIDERACIÓN NOVENA: RELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR.
En la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Privada se declara la no delegación de la seguridad, la cual en su totalidad permanece como atribución del Estado:
El Reglamento también hace hincapié en esta relación, reflejada fundamentalmente en sus artículos 66, 67 y 68:
Artículo 66. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. El personal de seguridad privada tendrá obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados (artículo 1.4. de la Ley de Seguridad Privada). .
3. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrá ser distinguido con menciones honoríficas cuyas características y procedimiento de concesión serán regulados por el Ministerio del Interior.
El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles (artículo 1.3. de la Ley de la Seguridad Privada).
Artículo 68. Identificación.
En la Consideración Previa se ha hecho mención a la última ley de seguridad: la de protección de infraestructuras críticas. En el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, se recoge en su artículo 34 dedicado al Responsable de Seguridad y Enlace:
1. En el plazo de tres meses desde su designación como operadores críticos, los mismos nombrarán y comunicarán a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través del CNPIC, el nombre del Responsable de seguridad y enlace en los términos y con los requisitos previstos por el artículo 16 de la Ley 8/2011, de 28 de abril.
2. El Responsable de Seguridad y Enlace representará al operador crítico ante la Secretaría de Estado de Seguridad en todas las materias relativas a la seguridad de sus infraestructuras y los diferentes planes especificados en este reglamento, canalizando, en su caso, las necesidades operativas e informativas que surjan al respecto.
Si nos vamos al artículos 16 de la propia Ley:
Con todo lo anterior se quiere resaltar que cualquier relación de una entidad, en este caso museo, que quiera relacionarse con el ministerio del Interior (Subdelegación del Gobierno, Comisaría, Unidad de Seguridad Privada, Guardia Civil, etc.) deberá efectuarlo siempre a través de su departamento de seguridad y del propio director de seguridad.
Ante la ausencia de norma hay que emplear la que más se acopla a la situación planteada y que se encuentre vigente y desde luego no hay normativa más reciente en materia de protección y seguridad que la de “infraestructuras críticas”.
En la Consideración anterior hemos visto que las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lo concerniente a la seguridad de una instalación con proyecto, plan, director y departamento de seguridad, debe siempre realizarse a través del director de seguridad.
El transporte de una obra de arte puede ser objeto de alteración de la normalidad ciudadana, debiendo integrarse en el concepto de la propia normativa sobre el transporte de fondos y objetos valiosos.
El transporte de una obra de arte contiene dos partes, bien diferenciadas pero que deben encontrarse perfectamente coordinadas: la primera es la protección de la obra en sí contra cualquier manipulación accidental, y la segunda contra cualquier riesgo natural, industrial o antrópico que pueda encontrarse en su trayecto, siendo misiones de los departamentos de Registro y de Seguridad.
Sin embargo esta dualidad no siempre se tiene en cuenta, en detrimento de la seguridad. En muchos trabajos escritos relacionados con el Departamento de Registro al que llaman “el corazón del museo”, entre sus competencias, aparte de las estrictamente de registro de las obras se le encomienda por la dirección del museo el “embalaje, transporte, seguro de las obras y control y seguimiento de su estado de conservación hasta que vuelva a su lugar de origen”, estando esta forma de proceder en contradicción con la normativa de seguridad, incluso podríamos decir que es “ilegal” y que en caso de accidente, robo, manipulación mal intencionada, etc. podría haber repercusiones civiles a incluso penales ante ello. Recordemos lo que indica el artículo 116 del Reglamento de Seguridad Privada en lo relativo a los cometidos del departamento de seguridad:
Evidentemente el transporte no debe ser competencia de uno de los dos Departamentos; registro y seguridad, sino de los dos, dedicando el primero el esfuerzo en la preservación técnica de las obras, tanto en embalaje como en las características del medio de transporte y el segundo en su seguridad, comprendiendo medidas de seguridad a adoptar, vigilantes que deben acompañar al transporte, comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, rutas a seguir, análisis de riesgos que pudieran encontrarse en el camino, etc.
En lo concerniente a la protección del patrimonio histórico han existido y aun existen malas “praxis” que es necesario convertir en “buenas prácticas”. Con este objetivo se creó la Asociación PROTECTURI, la cual ha modificado su denominación para adaptarse precisamente a esa dualidad de la protección: artística/técnica y de seguridad.
Cuando nació PROTECTURI se denominó Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico, acogiendo como miembros a los directores de seguridad de los más importantes conjuntos de patrimonio histórico españoles (hoy la asociación es internacional). Con la experiencia se ha podido comprobar que la seguridad (security) no basta y que es precios coordinarla con la “safety” y la de protección artística, modificándose en su Asamblea General de octubre de 2011, su denominación para acoger a esa nueva filosofía. En la actualidad es la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, formando parte de la misma no sólo directores de seguridad, sino también técnicos de registro, de restauración y directores de museos, conjuntos arqueológicos, etc.
Vemos pues que la “preparación del transporte” es responsabilidad de la propia entidad que “presta” obras de arte, a través de sus departamentos de registro y seguridad, pero ¿cómo se protege la obra de arte en su trayecto?
Recientemente ha tenido gran repercusión mediática el traslado del original de la Constitución de 1812, desde el palacio de las Cortes donde se custodia hasta la ciudad de Cádiz. La revista virtual de PROTECTURI, se ha hecho eco de ella, comentando sus aspectos técnicos, encontrándose el procedimiento de traslado en concordancia con las órdenes ministeriales INT/314/2011 y INT/317/2011, ambas de febrero del año pasado y que se han recogido en las referencias legales.
El artículo elaborado por la Unidad Central de Seguridad Privada es esclarecedor, insertándose algunos párrafos:
Agentes de la Brigada Central de Protecciones Especiales, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, son los responsables de proteger y custodiar su traslado hasta la ciudad donde fue firmada hace 200 años. Efectivos de esta brigada especializada son los encargados de proteger obras de arte o piezas históricas de carácter público en sus desplazamientos por tierra, mar o aire.
La Brigada Central de Protecciones Especiales está integrada por unos 300 agentes instruidos en protección, tanto de personalidades como de edificios u objetos. Esta Brigada se encuadra dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y entre sus misiones se encuentran proteger a altas personalidades que visiten nuestro país o custodiar obras de arte o piezas históricas que sean transportadas.
Sólo durante el pasado año 2011 estos agentes realizaron 360 traslados de obras de arte. Cada convoy que protegen puede contener diversas obras de valor histórico, cultural o económico de titularidad pública y, en ocasiones, los traslados deben ejecutarse en distintas fases ya que las aseguradoras no permiten que su efectúen movimientos de objetos cuya tasación supere determinadas cantidades. Una de las custodias más recientes fue realizada la pasada semana: la Policía Nacional escoltó unas obras de Goya aseguradas por más de 210 millones de euros desde el Museo del Prado hasta Barcelona.
¿Puede la Brigada Central de Protecciones Especiales atender a todos los requerimientos de protección y seguridad para el transporte de obras de arte? Evidentemente no, teniendo prioridad el transporte entre centros de titularidad pública y por el valor material o sentimental de la obra a transportar, debiéndose para muchos casos disponer de la seguridad que proporcionan las empresas de seguridad, las cuales deberán estar homologadas por el ministerio del Interior para llevar a cabos estos traslados.
Por su importancia y esclarecimiento de la cuestión, es expone el artículo 221 de la Orden INT/314/2011 de 1 de febrero:
En la orden se hace referencia a la obligatoriedad de realizar un transporte de seguridad, cuando el objeto valioso a transportar así sea declarado por el ministerio de Cultura, pero es imposible que este organismo tenga la capacidad de analizar y coordinar los múltiples traslados de obras de arte que a diario se realizan en España, pudiendo llegar como mucho a cuantificarlos por el valor económico a transportar. El ejemplar la Constitución de 1812 se ha valorado en 200.000 euros ¿Es determinante este valor al esfuerzo de custodiar el texto por seis agentes de policía y la permanencia bajo control de un helicóptero?
En la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, se relaciona en el anexo III el valor económico de lo transportado para la exigencia de que sea transporte de seguridad y en la nota publicada por la Unidad Central de Seguridad Privada y publicada en las web del ministerio del Interior y de Moncloa, se dice textualmente:
En cuanto a la obligación de contratar un servicio de seguridad en la actividad de transporte de dinero en efectivo, lo que sería predicable para el caso de obras de arte como criterio aplicativo, si tenemos en cuenta el artículo 1 de la Orden INT/317/2011: “Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades establecidas en la normativa sobre empresas de seguridad privada, este se realizaría a través de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad”, esta obligación nacería a partir de los 125.000 euros, según anexo III, cuantías para el transporte de fondos, de la orden INT/314/2011, en concordancia con el punto primero del artículo 21 de la referida Orden.
Se puede pues afirmar que la inmensa mayoría de los transportes de obras de arte, cuando se realizan exposiciones temporales, entran en la delimitación que marcan las órdenes ministeriales como transportes de seguridad, al ser superior a la cantidad fijada en la Orden INT/317/2011; debiéndose organizar y preparar conjuntamente por los departamentos de Registro y Seguridad; comunicándose por el Director de Seguridad del Museo emisor a la Subdelegación del Gobierno/Unidad de Seguridad Privada, especificándose una serie de datos que quedan recogidos en el artículo 21 de la Orden INT/314/2011; correspondiendo la responsabilidad última del transporte al titular o depositario de las obras de arte.
[1] La obligatoriedad de un proyecto técnico estaría en función de la instalación o actividad a proteger.