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Timestamp: 2019-09-19 21:48:34
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﻿ SENTENCIA 1175 DE OCTUBRE 1 DE 2004
SENTENCIA 1175 DE 01 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:SOCIEDAD CONYUGAL EN MATRIMONIO DECLARADO NULO. AUNQUE PREEXISTA MATRIMONIO ANTERIOR PERO CON SOCIEDAD CONYUGAL LIQUIDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD DEL MATRIMONIO, EFECTOS DEL MATRIMONIO, SOCIEDAD CONYUGAL, LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:395 DE NOVIEMBRE DE 2004, PG.1703
Sentencia 1175 de octubre 1º de 2004
SOCIEDAD CONYUGAL EN MATRIMONIO DECLARADO NULO
AUNQUE PREEXISTA MATRIMONIO ANTERIOR PERO CON SOCIEDAD CONYUGAL LIQUIDADA
Ref.: Expediente 1998-01175-01
Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil cuatro.
Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 6 de diciembre de 2001, proferida por la Sala de familia del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en el proceso ordinario de Victoria del Carmen Bartoli Saldarriaga contra Eduardo Arenas Osorio.
Por la demanda con que inició este proceso se solicitó declarar que entre el 7 de marzo de 1994 y la presentación de la demanda, existió una sociedad patrimonial entre Victoria del Carmen y Eduardo, cuya disolución y liquidación también se pidió declarar.
Como sustento de sus pretensiones expuso lo recapitulado a renglón seguido:
La actora y el demandado iniciaron en la Paz (Bolivia) y sin estar casados, una unión marital de hecho cuyo comienzo tuvo lugar el 7 de marzo de 1994; desde esa época, en que Arenas Osorio trabajaba como especialista financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la presentó ante la entidad y parientes y amigos en Bolivia, Colombia, Honduras y EE.UU. como su cónyuge.
Cuando Arenas Osorio se retiró del banco en 1996, la pareja fijó su residencia en Bogotá donde, con sus ahorros, adquirieron bienes muebles e inmuebles. Desde el 25 de septiembre de 1998 Eduardo asumió un comportamiento violento y agresivo para con su compañera, suprimiéndole la ayuda económica.
Al dar inició la comunidad de vida, Victoria del Carmen era soltera; Eduardo, en cambio, había contraído matrimonio por el rito católico el 29 de julio de 1964 con Blanca Isabel Reyes, cuya sociedad conyugal liquidaron de mutuo acuerdo los cónyuges, acto debidamente inscrito en el registro correspondiente. Arenas Osorio estaba impedido para contraer matrimonio.
La unión marital de hecho, en la cual no procrearon hijos y ha durado 4 años y 10 meses, dio paso a la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros.
Opúsose el demandado a las pretensiones; desconoció los hechos en cuanto que las partes contrajeron matrimonio civil en Bolivia el 30 de marzo de 1994 y alegó como excepción la que denominó inexistencia de la unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre las partes.
El juzgado tercero de familia de Bogotá desestimó las pretensiones por sentencia de 26 de enero de 2001, la cual, apelada por las partes, revocó parcialmente el tribunal declarando disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal que avistó entre las partes.
Empezó anotando que el trámite de la tacha del registro civil de matrimonio celebrado entre las partes es improcedente, pues trátandose de una falsedad ideológica, como en efecto venía alegándose, ello no cabía; y en seguida estableció que conforme a la Ley 54 de 1990 no puede en el caso existir la unión marital de hecho, pues el matrimonio entre las partes la repele.
No obstante, como vio que dicho vínculo matrimonial adolecía de nulidad, en tanto que al contraerlo subsistía otra unión anterior del demandado, dio en concluir que había de declararse oficiosamente su nulidad al hallarse configurada la causal de nulidad prevista en el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil.
Y como durante la existencia de tal unión hubo comunidad de bienes, lo cual concluyó al comprobar, de una parte, que la sociedad conyugal anterior de Arenas Osorio estaba ya disuelta y liquidada desde 1981 y que, de otra, el matrimonio de Arenas y Bartoli generaba este tipo de vínculo, en tanto que en Bolivia, donde ocurrieron las nupcias, surge comunidad de gananciales a voces de los artículos 101 y 102 del Código de Familia de esa nación, resolvió que la dicha comunidad había disolverse y liquidarse.
Dos cargos tiene la demanda, propuestos al amparo de la causal primera, que serán despachados conjuntamente al hallarse soportados en fundamentos similares.
Denuncia violación de los artículos 19, 180 inciso 2º y 1820 numeral 4º del Código Civil por falta de aplicación y los artículos 101 y 102 del Código de Familia de Bolivia por indebida aplicación.
Incurre en error de derecho el tribunal al aplicar el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil a una situación que no regula, dejando de aplicar el numeral 4º del artículo 1820 del mismo ordenamiento que consagra que la nulidad declarada por vínculo anterior no permite la formación de la sociedad conyugal, norma de la cual el tribunal no podía prescindir so pena de desconocer el principio de la seguridad jurídica, pues el mencionado artículo implica la inexistencia de la sociedad conyugal en el caso del matrimonio nulo por falta de libertad de estado.
Con ello aplicó indebidamente la ley extranjera, además que también olvidó el artículo 19 del Código Civil que establece el estatuto personal que somete a los nacionales residentes o domiciliados en el exterior a la ley colombiana.
Acusa quebranto de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 19 del Código Civil, indebida aplicación del numeral 2º del artículo 180 de la misma obra, e interpretación errónea del numeral 4º del artículo 1820 del ordenamiento civil.
En su desenvolvimiento reitera el censor que el tribunal basó su decisión en el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil, norma que no cobija a los nacionales colombianos, ni los remite a normas extranjeras por cuanto el estado civil de estos está gobernado por las leyes patrias según el artículo 19 ibídem.
Así que si la nulidad declarada tuvo como fundamento el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil, no podía el tribunal analizar si en dicha unión surgió sociedad conyugal y menos decretar su disolución en consideración al numeral 4º el artículo 1820 de la obra en comento, tesis en cuyo abono, además de recordar los antecedentes legislativos que dieron lugar a la modificación de la norma, cita doctrina que la avala.
Para el ad quem, como la sociedad conyugal anterior estaba disuelta y liquidada, no operaba la consecuencia prevista en la norma, distinción ajena a su contenido y a la claridad de la restricción.
El despacho conjunto de los cargos obedece a que, como bien se aprecia, el planteamiento en ambos gira sobre una misma idea, de tal suerte que lo que se diga del uno necesariamente toca al otro. El tema central, en efecto, no es otro que el de definir en últimas la hermenéutica de lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 1820 del Código Civil, particularmente en lo que hace a la adición introducida por la Ley 1ª de 1976.
En ello reside la decisión misma del pleito, pues, según el recurrente, en ningún caso, cuando la nulidad proviene de bigamia, el matrimonio produce sociedad conyugal, ya sea celebrado este en Colombia o en el extranjero.
Ahora, en general, anular un negocio jurídico trae como consecuencia obvia que ceje en sus efectos. Mas comporta también la necesidad de saber qué hacer con los que ya produjo en el entretanto; y es así como se ha decidido que es necesario borrarlos, de tal suerte que pueda mirarse el negocio como si jamás se hubiera celebrado. Es decir, una nulidad que proyecta así para el futuro como para el pasado. Empero, el ambicioso propósito del retorno al punto inicial que implica el aforismo romano quod nullum es nullum producit effectum se ve muchas veces frustrado por razones de diversa laya y entonces es preciso aceptar que, aun con simiente perniciosa, el acto no fue infecundo del todo y que la preconizada ineficacia total queda así reducida en sus contornos; es cuando por razón de la indestructibilidad de los efectos créase el ilusionismo de ver muy de cerca cosas que son irreductibles, como lo son en verdad el acto viciado y el válidamente celebrado. A lo que parece, no hace falta entrar a auscultar exhaustivamente todas las eventualidades que de hecho conducen al punto preindicado, como que basta simplemente con decir que una de esas hipótesis se halla en el matrimonio, donde es pacífica la consideración de que las consecuencias anulatorias no pueden operar con todo su rigor y por eso se ha dado en convenir un régimen especial, ante todo en lo que dice relación con los efectos pasados. En realidad, la naturaleza misma del matrimonio lo justifica por adelantado, pues allí se involucran intereses de más hondo calado que en el común de los actos y contratos, como son los de contenido extrapatrimonial; nótese que a la ya imposibilidad material de que dejen de ser hijos los que ya lo han sido, ha querido irse más lejos para evitar lo ignominioso que fuera, verbigracia, que el decreto de nulidad del matrimonio rebotase implacablemente en los hijos habidos dentro del mismo, y de ahí que se haga una pausa para sustraerlos del rigor jurídico y sentenciar enseguida que tampoco pierden su condición inicial de hijos matrimoniales.
Y también hubo preocupación en punto de los efectos económicos del matrimonio nulo, aspecto este que es el que directamente interesa en el caso de ahora. Pero a la pregunta de qué hacer con los efectos que mientras generó la sociedad conyugal que se presume en todo matrimonio, no siempre se respondió de modo uniforme debido principalmente a la dificultad que surgía de ensayar las varias hipótesis que podían ofrecerse en torno a la buena fe de ambos contrayentes, o de uno de ellos, o de ninguno. Sin embargo, no parece necesario escrutar todo lo acontecido alrededor del tema, pues el caso es que el Código Civil colombiano, precisamente en el mentado numeral cuarto del artículo 1820, zanjó toda discusión para consagrar que la nulidad del matrimonio carece de virtualidad para borrar la sociedad conyugal que perduró en el interregno. Así se concluye al declarar en él que precisamente el decreto de nulidad traduce la disolución de la sociedad conyugal.
Pero si bien el principio así consagrado opera sin escollo de consideración frente a la gran mayoría de las causales de nulidad del matrimonio, otra cosa sucede frente a la del numeral 12 del artículo 140 in fine. Pues consistiendo esta en que la nulidad del matrimonio se produce precisamente por la preexistencia de otro vínculo matrimonial, viene a acontecer que habría concurrencia de sendas sociedades conyugales, cuestión que en la práctica no deja de generar más de una dificultad en orden a sus respectivas liquidaciones. Y no se requiere de grandes atisbos para comprender que eso fue a lo que justamente quiso salirle al paso el legislador colombiano cuando en el año 1976, a través de la Ley 1ª, hizo el añadido pertinente al mentado numeral cuarto del artículo 1820, sustrayendo de la regla general la supradicha causal de nulidad, vale decir, que la nulidad del matrimonio no disolvía la sociedad conyugal cuando se trataba de la nulidad devenida por bigamia, precisamente porque como dio en señalarlo el segundo matrimonio no generaba sociedad conyugal.
Todo el recorrido conceptual que precede no se hace en balde, habida cuenta que tiene por fin concluir que no se antoja de recibo la posición del aquí recurrente en el sentido de que la modificación legislativa que viene de comentarse ha de operar siempre y en todo supuesto, y que en su parecer no hay sitio para los distingos en que acabó el tribunal. Porque a la aplicación literal de la norma que él formula se opone la teleología de la misma, la cual no consistió propiamente en castigar y sancionar a quienes se casan doblemente, sino en evitar, quepa repetirlo una vez más, el tropezón de varias sociedades conyugales. Por modo que si, como acá, la sociedad conyugal anterior ya era cuestión del pasado por supuesto que había sido liquidada tiempo atrás, la colisión es imposible y sólo hay una sociedad, la del matrimonio declarado nulo, tiene que seguirse de ello que la función jurídica de la norma pierde todo sentido en el caso concreto. Teleología normativa esa que se advierte a ojos vistas, y que incluso fue avizorada en el examen mismo de constitucionalidad, según puede verse en la sentencia de 31 de mayo de 1978 de esta corporación, y que el juez no sólo puede sino que debe tener presente a la hora de desentrañar el espíritu y el genuino entendimiento de las disposiciones legales. Parece ser que el tema de las nulidades es asunto más complejo que el orden puramente legal o teórico que las encierra, a tono con lo cual es válido afirmar que la inflexibilidad de las fórmulas clásicas que las inspiraron, no significa, ni puede significar, el éxito de lo injusto, y por eso la tendencia es a reexaminar cada vez más la verdadera extensión de los efectos de la nulidad, ante todo si es exacto que su paso desolador no lo puede detener siquiera el principio de la buena fe, esto es, si el efecto destructor y retroactivo de la nulidad no para mientes en nada. Que una interpretación que se avenga con el fin de las normas se prefiera por encima de su literalidad, no equivale en modo alguno a desconocer la ley, sino traduce más bien el fiel y exacto desempeño de la labor del juzgador; de no, estaríanse desandando los pasos para darle cabida a la escuela exegética del derecho.
Por lo demás, es la interpretación que más cuadra con la intención que el legislador ha puesto de relieve en ocasión reciente, cuando precisamente previó la posibilidad de que una persona casada decida conformar una unión marital de hecho, bajo la única consideración de que no hubiese choque de la sociedad conyugal con la sociedad patrimonial que genera la segunda (L. 54/90)
De suerte que no desacertó el tribunal cuando aplicó la norma de la manera que descrita queda.
Y si de todo lo anterior surge, como quedó visto, que ningún error hubo de parte del tribunal en el entendimiento del supradicho numeral 4º del artículo 1820, no se impone entonces pesquisa adicional sobre la aplicación del artículo 180 del Código Civil, si es que, en verdad, la pugnacidad del recurrente, como atrás se puso de presente, sólo apunta a desquiciar la interpretación que de la primera norma mencionada hizo el sentenciador, prescindiendo de cualquier otra consideración, desde luego, la que alude el citado artículo 180. Dicho de otro modo, la suerte de todos los planteos del casacionista dependían de la interpretación que se diera a aquella norma, la cual, como se vio, no es como lo sugiere el recurrente.
Así que por doquiera, los cargos no progresan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, la dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 6 de diciembre de 2001.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Notifíquese y devuélvase el expediente oportunamente al tribunal de procedencia.
Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.