Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00102-37534-de-octubre-30-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3d3bb090dd84422a8d4f8741bc515d96&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-24 05:45:25
Document Index: 406355130

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 31', 'artículo 136', 'artículo 26', 'in dubio', 'artículo 70', 'artículo 31', 'artículo 62', 'artículo 434', 'artículo 31', 'artículo 431', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo140', 'artículo 31', 'artículo 357', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 357', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 243', 'artículo 4']

SENTENCIA 2004-00102 DE 30 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR REVOCAR EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE QUIEN ES APELANTE ÚNICO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL JUEZ DE SEGUNDO GRADO ADQUIERE COMPETENCIA SOLO EN FUNCIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL PROCESADO Y ÚNICAMENTE PARA REVISAR LA PROVIDENCIA EN LOS ASPECTOS DESFAVORABLES PARA ÉSTE, NO PUEDE, SO PRETEXTO DE QUE HA ENCONTRADO ALGUNA IRREGULARIDAD EN EL PROCESO O EN LA SENTENCIA, PERO CUYA ENMIENDA CONDUCE A UN EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL APELANTE, DECLARARLA, PUES ELLO COMPOTA LA VULNERACIÓN DE LA NORMA SUPERIOR. TAL CIRCUNSTANCIA FUE LO QUE OCURRIÓ EN EL CASO CONCRETO, PUES SE REVOCÓ EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA QUE EN PRIMERA INSTANCIA HABÍA SIDO CONCEDIDA AL DEMANDANTE, NO OBSTANTE SIENDO APELANTE ÚNICO, SE CONSTITUYE COMO UNA AGRAVACIÓN DE SU SITUACIÓN, EN CONTRAVÍA A LO QUE LA CONSTITUCIÓN DISPONE. ENTONCES, SE CONSTATA QUE EL DAÑO PADECIDO POR EL DEMANDANTE NO TUVO ORIGEN EN SU ACTUAR DOLOSO O CULPOSO, COMO QUIERA QUE ESTE FUE RESULTADO DE LA VULNERACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS, CONFIGURANDO CON ELLOS UNA FALLA EN EL SERVICIO QUE CONDUJO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD QUE PADECIÓ EL DEMANDANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, APELANTE ÚNICO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Sentencia 2004-00102 de octubre 30 de 2017
Rad.: 25000-23-26-000-2004-00102-01 (37.534)
Actor: L. C. P. P. y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Ministerio de Defensa
Ref.: Apelación sentencia. Acción de reparación directa
La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(13).
En efecto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.
De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
2.1. El teniente (R) de la Policía Nacional L. C. P. P. fue procesado por el delito de concusión por el Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar, Inspección General de la Policía Nacional de Bogotá, la cual el 27 de julio de 1995 le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, siendo recluido en el Centro Carcelario para la Policía Nacional de Facatativá.
2.2. El 22 de abril de 1996 el Juez Penal Militar, Inspección General de la Policía Nacional condenó al demandante por el referido delito, a una pena de 24 meses de prisión, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
2.3. La sentencia de primera instancia fue apelada únicamente por el defensor del señor P. P., siendo resuelto el recurso el 9 de septiembre de 1996 por el Tribunal Superior Militar, mediante providencia en la que se revocó el subrogado concedido al demandante por el a-quo.
2.4. El defensor del procesado interpuso recurso de casación, el cual inicialmente fue declarado desierto mediante auto del 10 de febrero de 1997 emitido por el Tribunal Superior Militar, en el que además se dispuso el envío del proceso al juzgado de primera instancia para que se ejecutara la condena, siendo el demandante privado de la libertad los días 10, 11 y 12 de marzo de 1997, al cumplirse la orden de captura expedida el 28 de febrero anterior.
2.5. El 12 de marzo de 1997 el juez de primera instancia dejó sin efectos el auto del 28 de febrero del mismo año, ordenando la libertad inmediata del demandante.
2.6. El 28 de julio de 1997 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada la demanda de casación presentada por el defensor del señor P. P., ordenando el traslado de la misma.
2.7. El 23 de julio de 2001 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió no casar la sentencia de segunda instancia.
2.8. El 10 de septiembre de 2001, el juzgado de primera instancia revocó el subrogado y libró boleta de encarcelamiento para que el sentenciado purgara la pena de prisión impuesta, la cual se hizo efectiva a partir del 26 de septiembre de 2001.
2.9. El 12 de octubre de 2001, el inspector general de la Policía Nacional negó la solicitud de prescripción de la acción penal elevada por el defensor del ahora actor, alegando que mediaba una agravante en la pena impuesta, al igual que no accedió a la concesión de la prisión domiciliaria, al considerarla ajena al derecho castrense; dicha decisión fue objeto de recursos de reposición y apelación, que la confirmaron.
2.10. El 10 de diciembre de 2001, el juzgado de primera instancia le negó al demandante la suspensión condicional de la ejecución de la pena que solicitó.
2.11. El señor P. P., a través de apoderado interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, invocando la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente violados con la providencia que no casó el fallo de segunda instancia dentro del proceso penal que se le adelantó.
2.12. El 24 de octubre de 2001 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, negó el amparo solicitado.
2.13. La referida tutela fue objeto de recurso de apelación, siendo que el 13 de diciembre de 2001, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, revocó el fallo impugnado, concediendo la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, prohibición de la no reformatio in pejus y la libertad del accionante, dejando sin efectos la sentencia de casación del 23 de julio de 2001 (Rad. 12.980) y ordenando a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en un término de 10 días, emitiera una nueva providencia garantizándole al señor P. P. la aplicación del artículo 31 de la Constitución Nacional.
2.14. El 19 de diciembre de 2001 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expidió una providencia, declarando oficiosamente prescrita la acción penal seguida contra L. C. P. P. por el delito de concusión, ordenando su libertad inmediata, atendiendo a que para dicha Corporación, la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura necesariamente conllevaría a la impunidad, pues con ésta se revivía el término de prescripción de la acción penal.
2.15. A través de Despacho Comisorio del 19 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia solicitó a los Juzgados Penales Municipales de Facatativá notificar la providencia emitida ese mismo día al demandante, quien se encontraba detenido en el Centro de Reclusión de la Policía Nacional de Facatativá, solicitando la expedición de su boleta de libertad, la cual se materializó al día siguiente.
1(sic). Caducidad.
El artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo es claro en establecer que esta figura jurídica se configura a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado y por vía jurisprudencial se ha señalado que tratándose de privación injusta el término debe contarse a partir del momento en que queda ejecutoriada la decisión absolutoria.
En cuanto al daño reclamado por la privación de la libertad de la que fue objeto L. C. P. P., se tiene que el auto que concluyó el proceso adelantado contra el demandante fue la providencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual decretó la prescripción de la acción penal a favor del señor P. P. y ordenó su libertad.
Tal decisión fue proferida el 19 de diciembre 2001, por lo tanto, la demanda interpuesta el 18 de diciembre de 2003 se encontraba en término puesto que no había trascurrido el término de dos años contados a partir del momento en que quedó configurado el daño solicitado.
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(14)
Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.
“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que ésta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(15).
En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa del señor L. C. P. P. como víctima directa, no ocurriendo lo mismo frente a S. M. P. P., de quien se afirma es la hermana del demandante, pero no se allegó medio probatorio alguno que demuestre tal calidad, no obstante se anunció en la demanda el aporte de los registros civiles de nacimiento de ambos.
Dicha condición tampoco se infiere de los documentos que acompañan la demanda, como las copias de su historia clínicas y certificaciones médicas sobre el estado de salud de la prenombrada, por lo que se mantiene el decreto de falta de legitimación en la causa por activa respecto a S. M. P. P.
De otra parte, la Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, debido a que la demanda se dirigió, entre otras, contra la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fungió como tribunal de casación del fallo emitido por el Tribunal Penal Militar, por lo que si bien no hace parte de dicha jurisdicción, fue designada como órgano límite de ésta, motivo por el cual la Rama Judicial, representada por la dirección ejecutiva de administración judicial si está legitimada en la causa por pasiva en este asunto.
Igualmente, el Ministerio de Defensa está legitimado en la causa por pasiva, puesto que se demandan varias providencias emitidas por la Justicia Penal Militar y el artículo 26 del Decreto 1512 de 2000 dispone que ésta, si bien es independiente y autónoma, está instituida como un órgano del referido ministerio, el cual tiene a su cargo su coordinación y representación a través de la dirección ejecutiva de la justicia penal militar.
3. De la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.
En la jurisprudencia de esta corporación, existe unificación(16) acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del principio de in dubio pro reo.
Las anteriores hipótesis tienen su fundamento en el título de imputación de daño especial al considerarse que la privación de la libertad cumplió con los presupuestos estipulados en la ley pero la víctima no estaba en el deber jurídico de soportarla.
En los demás eventos, también podrá declararse la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, siempre y cuando se encuentre acreditada una falla del servicio de la administración de justicia.
Ahora bien, es necesario resaltar que el juez debe realizar un análisis de las causales eximentes de responsabilidad y en caso de encontrar que se configura alguna de ellas, así deberá declararlo, ora de oficio o a petición de parte, conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996(17).
En el presente caso, se tiene acreditado el daño sufrido por el actor, consistente en la privación de la libertad del señor L. C. P. P. entre el 10 y 12 de marzo de 1997 y desde el 26 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2001, daño que es imputable a las entidades demandadas, por las razones que pasan a exponerse a continuación.
En primer lugar, se destaca que en vista de que el demandante fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de concusión y que la terminación del proceso penal adelantado en su contra se fundamentó en la declaratoria de prescripción de la acción penal, no se configuran ninguno de los presupuestos descritos para abordar el análisis de responsabilidad a través del daño especial; sin embargo, se observa que la privación de la libertad que padeció el actor fue injusta, al producirse como consecuencia de la violación del principio constitucional de la no reformatio in pejus, configurándose una falla en el servicio y sin que se vislumbre la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad.
Teniendo en cuenta lo expuesto en la demanda, el cuestionamiento se ciñe a la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior Militar el 9 de septiembre de 1996, en la cual, pese a ser apelante único, al señor P. P. se le revocó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue otorgado en el fallo condenatorio de primera instancia emitido el 22 de abril del mismo año al ser hallado responsable del delito de concusión e igualmente, se discurre del fallo de casación del 23 de julio de 2001 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (radicado 12.990) en el cual se decidió no casar la sentencia de segunda instancia señalada, ocasionando la privación de la libertad padecida por el actor.
Para efectos de pasar a analizar los cargos presentados por el demandante, resulta fundamental la revisión del material probatorio que obra en el expediente en relación con el daño y la imputación alegados, del cual se infiere que sí se presentó un daño, comprendido, en este asunto, en la privación de la libertad que padeció el actor como consecuencia de la adopción de unas decisiones que le resultaron adversas, y cuyo fundamento jurídico conllevó a la vulneración del artículo 31 de la Constitución Nacional, aplicable en el caso de demandante, que en su texto claramente dispone que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
En la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Militar, se indicó lo siguiente(18):
“Las circunstancias anotadas llevan a la Sala a compartir la decisión condenatoria dictada en contra del procesado P. P., confirmando así los numerales 1º, 2º y 3º de la parte resolutiva de la sentencia apelada. Pero en relación al subrogado de la condena de ejecución condicional con el cual fuera beneficiado el procesado, la Sala se muestra de (sic) desacuerdo y en consecuencia REVOCA numeral 4º de la mencionada SENTENCIA, ya que el inculpado no reúne los requisitos del artículo 62 del Código Penal Militar, porque para conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional , no solamente hay que tener en cuenta el monto de la pena impuesta, en este caso que no excediera de tres (3) años de prisión, sino que además se debe examinar la personalidad del procesado, la naturaleza y modalidad del hecho punible, en el caos presente la confianza que la sociedad depositaba en el inculpado, como miembro precisamente de la autoridad, que cumpla misiones de represión del delito, se apartas de la loable misión encomendada, para violar la ley, traicionando así los deberes e intereses legítimos.
Estos hechos y los razonamientos que anteceden, llevan a la Sala, a señalar que el inculpado TE. (r) P. P. L. C. requiere de tratamiento penitenciario, hasta el cumplimiento total de la pena impuesta. Aclarando que la circunstancia de que P. P. fue el único que recurrió en apelación, no impide a la Sala, pronunciarse en los términos conocidos, por cuanto de acuerdo a lo señalado en el artículo 434 del Código Penal Militar todas las sentencias de primera instancia son consultables, al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia en casación de febrero 24/94, a (sic) dicho: “...Sin embargo, cuando el estudio del procesado se lo proporciona indefectiblemente la vía de la consulta, es obvio que no puede encontrarse limitado en su estudio, pues es todo el avatar procesal, junto con la actuación de sus protagonistas el que es objeto de su atención De no ser así, resultaría inane la alzada obligatoria y se desnaturalizaría el mandato del legislador que ha querido, para determinados asuntos, de acuerdo con su delicadeza, importancia o trascendencia, que sean revisados in integrum por el superior.
3. En el caso de autos, es cierto que S. G. (sic) fue el único que recurrió en apelación ante el tribunal, por lo que, en principio, la norma del artículo 31 de la Carta lo cobijaría. Sinembargo (sic) en la sistemática penal militar, conforme a los prescrito en el artículo 431 (sic), todas las sentencia de primera instancia son consultables...”. (Resalta y subraya la Sala).
Seguidamente, en la sentencia de casación Nº 12.990, se indicó(19):
“En cuanto al aspecto sustancial del cargo, que encontró respaldo en el concepto del procurador delegado, debe la Sala anticiparse a señalar que aún mantiene su criterio mayoritario de que en los fallos sometidos al grado jurisdiccional de consulta es procedente la revisión total de la decisión, sin que se imponga la limitación contenida en el artículo 31 de la Carta Política cuando se trate de apelante único, pues la consulta, por ser de carácter general, prima sobre el interés particular del impugnante.
De allí que no le asista razón al representante del Ministerio Público al señalar que cuando el procesado interpone recurso de apelación, contrarresta la facultad del superior de resolver sin limitación.
El planteamiento no es novedoso. Ya la Sala se había ocupado de su estudio, señalando que si bien la apelación y la consulta son el desarrollo del principio de las dos instancias, son diferentes en su contenido y alcances. Sobre el tema se dijo:
“La consulta no es un recurso, se inspira en el interés general, tiene carácter imperativo, la competencia es plena e ilimitada, es un mecanismo que permite al superior funcional de quien ha proferido ciertas providencias judiciales revisar su legalidad. Control que no queda al arbitrio del juez ni a la voluntad de las partes, pues opera por mandato legal.
En cambio, los recursos son potestativos de los sujetos procesales, están basados en el interés particular y la competencia por el factor funcional es limitada. De acuerdo con su albedrío, las partes pueden recurrir y el ad quem sólo revisa los aspectos que son materia de impugnación.
Es el recurso el que le otorga la competencia, por factor funcional, al superior, mientras que en la consulta se adquiere por ministerio de la ley. En la impugnación el juez tiene la limitante de no poder referirse a aspectos no recurridos y el grado jurisdiccional es limitado; por eso, la ley faculta al funcionario para revocar o modificar la providencia en cualquier sentido, aún en perjuicio del sindicado.
Los dos institutos son distintos y no deben combinarse para crear un tercer mecanismo de revisión de la legalidad de las sentencias, por fuera de la Constitución y la ley. Tampoco la alzada se estableció para que las partes impidieran la aplicación de las normas que consagran la consulta y ésta opera con o sin apelación” (Sentencia de Casación del 26 de julio de 2000, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla).
El objetivo del principio de la reformatio in pejus consagrado para que el afectado en su condición de apelante único no se vea agravado por el superior, no es absoluto, pues cuando el conocimiento del asunto obedece a la consulta a la que debe ser sometida la decisión, es lógico que su revisión no puede ser limitada. De lo contrario, ninguna razón de ser tendría ese grado jurisdiccional cuya consagración obedece al querer del legislador de que determinados asuntos, por distintos factores, sean revisados íntegramente por el superior”.
De acuerdo a los planteamientos de la demanda y las consideraciones de las sentencias citadas que se señalan son violatorias del principio de la no reformatio in pejus, se entiende entonces que la discusión se centra en las facultades del fallador de segunda instancia al conocer de un recurso de apelación interpuesto únicamente por el procesado cuando la providencia recurrida está sujeta a consulta.
Respecto a este tema no ha sido pacífica la jurisprudencia, ya que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sostuvieron orientaciones distintas, veamos:
La Corte Suprema de Justicia mantuvo hasta el 2005(20) una interpretación fundamentada en que la prohibición de la reforma en peor no era absoluta y que en los asuntos en los que procedía la consulta, el juez de segunda instancia podía modificar en cualquier sentido la decisión impugnada, incluso en perjuicio del apelante único; ello cimentado en que la consulta no es un recurso y se inspira en el interés general, por lo que permitía al superior funcional de quien ha proferido ciertas providencias judiciales revisar si se ajustaban al principio de legalidad.
Por su parte, la Corte Constitucional, desde 1995, con la sentencia de unificación SU-327, determinó que la prohibición referida halla su fundamento en que Colombia es un Estado social de derecho, que uno de sus principios fundantes es la dignidad humana y que existe primacía de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no es viable que si se le brinda al asociado la seguridad de que en los casos en que sea apelante único no se le va a agravar su situación, luego sea sorprendido con una decisión que contraríe dicha garantía, precisando que ni siquiera con fundamento en el principio de legalidad se puede justificar una decisión desfavorable para el apelante único, pues ello conlleva una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, en la providencia objeto de apelación se concluyó, a la luz de la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia, que era procedente la ponderación del principio constitucional que prohíbe la reforma en perjuicio del apelante único con el principio de legalidad aplicable al grado jurisdiccional de consulta, prevaleciendo, a juicio del fallador, este último, según el cual el juez de segunda instancia podía reformar en cualquier sentido la decisión recurrida, al considerar que el otorgamiento del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena vulneraba dicho principio, pues el actor no cumplía con el presupuesto subjetivo dispuesto en la ley penal para acceder al beneficio.
Igualmente, se señaló en dicho fallo que no se presentaba una falla en el servicio por cuanto el Tribunal Superior Militar y la Corte Suprema de Justicia acogieron la tesis jurisprudencial que en ese momento defendía esta última y además, su aplicación en el caso concreto estuvo debidamente razonada en “premisas normativas que expresamente plasmó para contradecir la inaplicación del principio de la no reforma en perjuicio” y que si bien dicha tesis era contraria a lo expuesto por la Corte Constitucional, “en atención al principio de autonomía judicial y el respeto de los precedentes, la Sala Penal expuso argumentos razonables para el efecto”, es decir, consideró adecuado y conforme a la ley apartarse de los precedentes jurisprudenciales que reconocían la aplicación de este principio en todos los casos en que se presentara un apelante único.
Se observa entonces que las autoridades demandadas fundaron sus decisiones, de una parte, en la competencia plena que se desprende del grado jurisdiccional de consulta, lo cual le permitió al Tribunal Superior Militar modificar las condiciones de ejecución de la pena impuesta en primera instancia al demandante, ordenando su privación de la libertad y a la Sala de Casación Penal, no casar la sentencia como se advirtió anteriormente; y de otra parte, en la reiterada jurisprudencia entonces proferida por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la cual el principio de legalidad de la pena prevalecía sobre la garantía constitucional de la no reformatio in pejus, acotando además, que el principio de autonomía judicial faculta a que el juez aplique la interpretación que considere adecuada para el caso sometido a su conocimiento.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala considera que sí se presentó una falla en el servicio con la revocatoria en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue concedida al demandante en el fallo de primer grado, en la medida en que se basó en una interpretación respecto a la prohibición de la reforma en peor que si bien para aquel momento había acogido la Corte Suprema de Justicia, era claramente contraria a la Constitución Política, por los motivos que pasan a exponerse a continuación:
1. La no reformatio in pejus es un principio general de derecho procesal y una garantía de rango constitucional: el artículo 31 de la Constitución Política(21) consagra expresamente la prohibición al juez superior de hacer más gravosa la situación del apelante, modificando en perjuicio de éste la providencia recurrida cuando ésta no ha sido a su vez objeto de impugnación por alguna de las demás partes, es decir, al a quem no le es permitido empeorar la sanción impuesta al apelante único.
Sobre este particular, cabe reiterar lo sostenido por la Corte Constitucional:
“La prohibición de la “reformatio in pejus” o reforma peyorativa es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29)...
La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex oficio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía una situación de indefensión. (...).
Además de limitar el poder punitivo del Estado, de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión de la sentencia dentro del único marco de las pretensiones solicitadas, la reformatio in pejus extendida al plano penal, avala y garantiza la operancia del sistema acusatorio.... La reformatio in pejus refuerza el carácter dispositivo y no “ex officio” del sistema acusatorio e impone a los cuerpos judiciales superiores límites en la esfera de su poder sancionatorio.
De la prohibición contenida en el artículo 31 de la Constitución deriva la imposibilidad de un fallo extra-petita, el cual sólo podría constitucionalmente aceptarse si otras partes del proceso penal, dependiendo de la naturaleza de sus pretensiones, recurren la sentencia condenatoria. Aunque el recurso de apelación suscita un “novum iudicium”, la libre facultad decisoria del fallador está sujeta a las limitaciones materiales que imponen las pretensiones elevadas por las partes...(22)”.
De modo que cuando la apelación de una sentencia condenatoria sea interpuesta por el sentenciado como apelante único (lo cual no hace relación exclusiva al número de recurrentes, sino a la naturaleza de sus pretensiones), el juez de segunda instancia no podrá agravar la situación de éste respecto a la pena ya impuesta por el a quo, es decir, ésta podría mejorarse pero jamás hacerse más gravosa, puesto que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable de la providencia que se recurre, dado que el sujeto afectado con una medida judicial se propone justamente controvertir los fundamentos en que se apoya la decisión para lograr que se optimice su situación jurídica si no consigue que la medida se revoque en su integridad, por lo que este principio no sólo abarca el quantum de la pena, sino las circunstancias que rodean la situación del condenado, dentro de lo que se incluyen los subrogados y hasta la indemnización de perjuicios(23), resultando contrario a la lógica que no fuere así y por ende, la competencia del juzgador en segunda instancia se ciñe exclusivamente a las pretensiones del recurrente.
En el ámbito del derecho penal este principio adquiere una relevancia y características especiales, pues está directamente relacionado con el debido proceso e íntimamente ligado con el derecho fundamental a la libertad personal, los cuales, están consagrados en nuestra Constitución Política(24) e instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad(25). Así mismo, los procedimientos penales determinados por el legislador tienen como fundamento y límite los derechos fundamentales, dado que “el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales y la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas(26)”.
2. El principio de legalidad no puede ser interpretado hasta el punto de desconocer su núcleo esencial y la finalidad que se perseguía con su elaboración: en materia penal, este principio, también de carácter constitucional(27) e integrante del debido proceso, abarca la necesidad imperiosa e insoslayable de que el legislador defina previamente el delito y la pena (legalidad en sentido material), el juez competente y las formas propias de cada juicio (legalidad en sentido formal)(28), constituyéndose al mismo tiempo en una garantía de libertad y de seguridad para el ciudadano y la autolimitación del poder punitivo que el Estado ejerce por medio de sus legisladores y jueces, es decir, demarca el ejercicio del ius puniendi y ata al legislador a los contenidos supremos, pues éste debe responder a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la existencia de un orden justo(29) y, entre las garantías procesales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano está el principio de la no reformatio in pejus.
Respecto a la dimensión formal del principio de legalidad, la Corte Constitucional ha expresado:
“(...) las garantías procesales imprimen transparencia a las actuaciones y en general a todas las actividades públicas, por lo tanto, el señalamiento de las diversas etapas procedimentales han sido previamente determinadas por la ley, cuyo propósito esencial es el de equilibrar las cargas procesales entre los sujetos que concurren a una diligencia judicial. Por ello, los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones tanto administrativas como judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso.
En este orden de ideas, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la función de administrar justicia, está sujeta al imperio de lo jurídico; es decir, sólo puede ser ejercida dentro de los precisos términos establecidos con antelación por las normas generales y abstractas que vinculan positiva o negativamente a los servidores públicos, en consecuencia, estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista y únicamente pueden actuar, apoyándose en una previa atribución de competencia, es decir el debido proceso es el que tiene todo ciudadano a la recta administración de justicia.
De otra parte, la Corte reitera, nuevamente, que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental constitucional, instituido para proteger a los ciudadanos contra los abusos y desviaciones de las autoridades, originadas no sólo de las actuaciones procesales, sino de las decisiones que adopten y pueda afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquéllos(30)”.
En lo tocante a la dimensión material del principio de legalidad, la Corte Constitucional ha precisado que “cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico”(31).
Como se indicó, en derecho penal la legalidad garantiza certeza jurídica, pero no sólo de la conducta reprochada o de la sanción, sino también de la decisión judicial que efectivamente impone una pena o que absuelve al procesado y por ende, este principio se convierte en una protección de la confianza en el proceso y la sentencia que se profiere como consecuencia de éste, motivo por el cual si el superior empeora la situación del apelante único, no sólo quebranta la confianza en el fallo que el mismo principio de legalidad protege, sino que se generan consecuencias sorpresivas naturalmente no previstas por el sindicado, estrictamente prohibidas por el ordenamiento constitucional y que precisamente fueron consagradas para salvaguardar los derechos y garantías del procesado y asegurar el respeto al debido proceso, del cual hace parte integrante este principio.
3. La protección del principio de legalidad que se irroga el superior para corregir los errores del fallo de primera instancia no es procedente si el juez no tiene competencia para ello: el superior está autorizado para conocer de los asuntos que por medio del recurso interpuesto se someten a su estudio, lo que implica que la competencia en materia sancionatoria no es la misma para los jueces de primera y de segunda instancia, pues el primero la adquiere por mandato legal y su función está encaminada a la búsqueda de la verdad procesal en general, mientras que la competencia del fallador de segunda instancia se activa únicamente en los casos en que los sujetos procesales legitimados para ello interpongan un recurso, de acuerdo a las previsiones legales y por consiguiente, su competencia es limitada.
Con la Sentencia SU-327 de 1995, la Corte Constitucional precisó que:
“De acuerdo con el principio de la no “reformatio in pejus”, cuando el recurso de apelación sea interpuesto exclusivamente por el procesado o su defensor, el juez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del procesado, agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia. Es una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso”.
Del mismo modo, el recurso de apelación siempre se entiende interpuesto en lo desfavorable, por lo que tratándose de apelante único no se puede empeorar la situación del recurrente, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional y por este motivo no tiene competencia para pronunciarse frente a ésta.
Como quiera que la función judicial es reglada y sólo puede ser ejercida por quienes la norma positiva les reconoce jurisdicción y competencia para hacerlo válidamente, si el superior adquiere competencia en función del recurso interpuesto por el procesado, no puede modificar para peor la sanción ya impuesta argumentando una función de control de legalidad, pues si bien a través de los recursos es plausible eliminar errores en el fallo, ello es posible únicamente frente a los yerros que el juez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar, es decir, respecto a los cuales tenga competencia y, en este asunto, la prohibición de la reforma en peor la limita expresamente y por mandato constitucional.
Ello es así, por cuanto la no interposición oportuna del recurso de apelación por el Fiscal o el Ministerio Público demuestran su conformidad con los términos del fallo y como se refirió, ésta siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable y opera sólo a favor del sentenciado, entonces, si el a quo efectivamente incurrió en un error y el Estado, por intermedio del ente acusador o el Ministerio Público no lo consideró tal o fue negligente en el ejercicio de su función, tal determinación u omisión no puede ser subsanada por el a quem con el desconocimiento de una garantía consagrada en la Carta Fundamental y no sujeta a condición alguna por ésta, debiendo resaltar que con dicha conducta omisiva se convalida la sentencia de primera instancia en cuanto a las consecuencias favorables que comporte respecto al apelante único y aún con todos los vicios de que se la pueda acusar.
Habrá de entenderse, en este sentido, que la función de garante de la legalidad que ostentan los entes que representan al Estado y a la sociedad en un proceso no puede ser pasiva, sino que por el contrario, les son exigibles actividad y diligencia en nombre de sus representados, para lo cual cuentan, entre otros, con la posibilidad jurídica de interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que sean del caso, motivo por el cual la tensión entre la no reformatio in pejus y el principio de legalidad se pondera de tal manera que se debe dar prelación a la primera frente al segundo, pues el condenado no tiene el deber legal de soportar los errores u omisiones en que incurran los agentes estatales al momento de la imposición de la pena, máxime si, se repite, en el proceso existen mecanismos que permitían ajustarla a la ley sin menoscabar los derechos fundamentales del sentenciado.
Asimismo, una de las características del derecho procesal colombiano es su carácter preclusivo, lo que implica que cada trámite procesal debe cumplirse a partir de etapas previstas en tiempos y oportunidades diferentes, las cuales son obligatorias para el juez y los sujetos procesales, por lo que una vez superadas impiden devolver la actuación y entonces, la inactividad de las demás partes frente a la decisión tomada por el a-quo no puede significar también la violación de este principio, so pretexto de corregir yerros u omisiones del fallador o las mismas partes durante la actuación.
La Sección Tercera del Consejo de Estado(32), en relación con el procedimiento administrativo, también sostiene la tesis relativa a que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos allí indicados y que no es posible que el juez de segunda instancia eluda la aplicación del principio de la no reformatio in pejus, por lo que la competencia del a quem se circunscribe a los motivos de inconformidad que exprese el recurrente, según lo reflejan las siguientes puntualizaciones:
“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió́ la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo(33) (Se deja resaltado).
En reciente pronunciamiento efectuado por esta Sala, se precisó́:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(34) (Las negrillas no corresponden al texto original).
No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.
Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (...)
Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (art. 357, inciso final, CPC)(35)
Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos(36).
“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(37) de la sentencia como el principio dispositivo(38), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(39).
De esta manera, es claro que esta corporación también ha determinado que el limite material para la competencia del juez superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, lo cual se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, que se erige como fundamento de tal delimitación.
4. El grado jurisdiccional de consulta no se relaciona con la no reformatio in pejus y es de carácter subsidiario frente al recurso de apelación: la consulta es una figura distinta de la apelación que se surte obligatoriamente en los casos y con las características que defina la ley, sin contar con la voluntad de las partes, es decir, no es un recurso y, al no haber apelante, la competencia del juez de segundo grado no depende de si una o ambas partes pretende(n) la modificación de la sentencia proferida en primera instancia, de tal manera que el juez de segunda instancia sí goza de atribuciones suficientes para reformar en todos sus aspectos y también revocar el proveído que se somete a su conocimiento.
Sobre esta base, si la consulta no es un recurso y ni siquiera se asemeja a la apelación, no tiene sentido que se relacione con la reformatio in pejus, puesto que dicho principio no tiene lugar respecto a ésta, que es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud por alguna de las partes comprometidas en el proceso y, en ese sentido, el superior puede analizar la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica de que se trate.
La Corte Constitucional, en las sentencias T-146 y T-155 de 1995, sostuvo por un corto tiempo la tesis según la cual la garantía de la prohibición de la reforma en peor no operaba de manera mecánica cuando el juez de segunda instancia conocía de un asunto en grado de consulta al tiempo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado como apelante único, pues se admitían excepciones en su aplicación fundamentadas en el principio de legalidad; conclusión a la que se llegó con base en los argumentos plasmados en la jurisprudencia contenida en las sentencias C-055 y C-565 de 1993.
Posteriormente, la referida Corte, en la sentencia de unificación ya mencionada, esto es, SU-327/95 precisó el alcance de la reformatio in pejus al considerar que dicho principio procede como garantía directa y plena y no admite excepciones diversas a la hipótesis planteada en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución, señalando que la argumentación desarrollada en las sentencias T-146 y T-155 de 1995, hizo un uso indebido del precedente judicial contenido en las sentencias C-055/93 y C-565/93, agregando que la inactividad presentada por cuenta de los demás sujetos que intervienen en el proceso penal al no recurrir la sentencia proferida por el juez de primera instancia no justifica la intervención plena del superior ni lo faculta para agravar la situación del condenado.
Entonces, la interpretación sostenida anteriormente por Corte Suprema de Justicia, en virtud de la cual el principio de legalidad prevalecía frente al de la no reformatio in pejus, en el entendido que el superior sí estaba facultado para agravar la pena del sentenciado cuando llegaba a su conocimiento una sentencia susceptible de consulta pero recurrida por aquél como apelante único, cuando se advertía que no se habían respetado los mínimos y máximos previstos en la ley, no tuvo en cuenta que el principio de la no reformatio in pejus no puede condicionarse bajo la idea de que el grado jurisdiccional de la consulta lo desplaza, pues si bien es cierto que el legislador cuenta con un amplio espacio para regular el debido proceso, también lo es que la consulta tiene un alcance subsidiario y por ende, “debe entenderse que el conocimiento del proceso en virtud del grado jurisdiccional de consulta y sin los límites impuestos por la reformatio in pejus está supeditado al hecho de que el condenado no apele, pues si éste lo hace, y si, además es el único sujeto procesal recurrente, es claro que la competencia del juez se ve limitada por los motivos de inconformidad del apelante. De lo contrario, una garantía constitucional como aquélla se vería limitada por una institución procesal como la consulta y tal limitación es inconsistente con el efecto vinculante de la Carta como norma fundamental y con el alcance que el constituyente le ha dado a una garantía como la prohibición de la reforma en perjuicio del condenado(40)”.
De lo anterior se desprende que en el proceso penal el aumento de la pena queda supeditado a dos supuestos: el primero, que se haya interpuesto recurso de apelación por alguna de las demás partes, es decir, que no haya apelante único y segundo, que ningún sujeto procesal haya recurrido la sentencia y se conozca el asunto por el superior en grado de consulta.
De no entenderse así, sería desvirtuada la naturaleza jurídica de la no reformatio in pejus que como garantía establece la imposibilidad jurídica de hacer más gravosa la situación del condenado, en aquellos casos en que éste actúe como apelante único e igualmente, sostener que por el grado de consulta, cuando esta concurre con la apelación, pueda favorecer un aumento en la condena del procesado, resta toda eficacia al principio constitucional referido al introducirle excepciones que anulan su sentido y que la norma constitucional no prevé, pues la disposición del artículo 31 es plena, clara y explícita, al establecer las condiciones modales que impiden el aumento de la pena.
El carácter subsidiario de la consulta y su no activación cuando el fallo es apelado también ha sido expuesto por la Sección Tercera de esta corporación, que en el mismo fallo de unificación mencionado (radicado 21.960), precisó que “toda vez que la sentencia de primera instancia fue apelada por la parte actora, no procede surtir el grado jurisdiccional de consulta. Ello se traduce en que la Sala en principio solo tiene competencia para revisar el fallo del a quo en relación con los aspectos objeto del recurso interpuesto y no respecto de todos los elementos que dieron lugar a la imposición de la condena en contra de la entidad demandada y a favor de ésta, de suerte que no procede modificar dicho pronunciamiento sin limitación alguna, aun agravando la situación del apelante, dado que el trámite exclusivo del recurso de alzada impone la aplicación del aludido principio de la non reformatio in pejus en favor del impugnante único, en virtud de lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil”.
5. El principio de autonomía judicial no es absoluto y su principal límite es la Constitución: de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.”
Sin embargo, su labor no se limita a efectuar una aplicación mecánica de la ley, pues realizan un ejercicio hermenéutico permanente con el fin de determinar la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan, es decir, más allá de la subsunción de normas al caso sometido a su estudio, desarrollan un proceso de creación e integración del derecho, motivo por el cual deben respetar ciertos límites al momento de interpretar y aplicar la ley, siendo el principal de ellos el respeto a la Carta Fundamental, absteniéndose de desconocer o vulnerar los valores, derechos y libertades allí contenidas.
Sobre el particular, en la Sentencia T-191 de 2009 de la Corte Constitucional, se explicó:
“El principio de interpretación conforme consiste en que la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. Este principio implica entonces, que cuando exista una norma ambigua cuya interpretación razonable admita al menos dos sentidos diferentes, el intérprete debe optar por la interpretación que se adecue mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales. Este principio representa un desarrollo del artículo 4º de la Constitución, según el cual, la Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Así pues, el principio de interpretación conforme encuentra su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un resultado que no solo no debe ser contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar ajustado a la Constitución Nacional”.
De lo anterior se desprende que no es procedente argumentar que la autonomía judicial equivalga a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho, es decir, que éstos gocen de plena libertad para interpretar una norma según su parecer, al punto de desconocer con ello su sujeción a los mandatos superiores, pues la supremacía de la Constitución Política(41) sobre el resto de prescripciones del sistema de derecho nacional, es un principio estructurante del orden jurídico, dado que la Carta Fundamental determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, fundando con ello el orden jurídico mismo del Estado, constituyéndose en fuente primaria del ordenamiento jurídico y entonces, éste está sujeto a sus disposiciones y al carácter vinculante y prevalente de sus regla, motivo por el cual las autoridades se hallan sometidas, en el ejercicio de sus competencias, al derecho positivo prescrito por ésta y toda interpretación contraria a la Carta Fundamental debe ser descartada.
De allí que en el evento de una discrepancia sobre el sentido de una norma constitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, se incluye al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el que prevalece, como intérprete autorizado de la Carta Fundamental, tal como se desprende, del fallo C-083 de 1995 que, al declarar la exequibilidad del artículo 8° de la Ley 153 de 1887, fijó el alcance de la expresión “doctrina constitucional” y, si bien ello no conlleva a una jerarquía orgánica o funcional con relación al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior de la Judicatura, debe reconocerse la autoridad de la Corte Constitucional y en consecuencia, asociados y las autoridades deben respetar y obedecer sus decisiones(42).
Como conclusión, se tiene que si el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y únicamente para revisar la providencia en los aspectos desfavorables para éste (tal como se desprende del precepto constitucional), no puede, so pretexto de que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, pero cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla, pues ello comporta la vulneración de la norma superior.
Tal circunstancia fue lo que ocurrió en el caso a estudio: revocar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que el a quo le concedió al demandante, no obstante fungió como apelante único, arguyendo que no se consideraba cumplido el presupuesto subjetivo para su otorgamiento, equivale, sin lugar a dudas, a agravar su situación, en contravía de lo que la Constitución dispone.
Aunque en el pasado el tema propició un amplio debate en las jurisdicciones ordinaria y constitucional, esta última, como garante del ordenamiento constitucional, desde 1995 unificó el criterio aplicable, dándole primacía fundamental y legal al principio de la no reformatio in pejus, por lo que resultaba claro para los encargados de administrar justicia que esta prohibición no admitía graduaciones ni excepciones, pues en efecto, no sólo es una garantía de respeto por los derechos individuales del sentenciado, sino una derivación del principio de legalidad, el cual impone autolimitación y exclusión de la arbitrariedad y del exceso del ius puniendi del Estado.
Igualmente, el Tribunal Superior Militar carecía de competencia para modificar, en perjuicio del demandante, el beneficio concedido en primera instancia, el cual conoció por vía de recurso de apelación y no por la activación del grado jurisdiccional de consulta.
En lo concerniente a la conducta desplegada por el demandante, quien fue condenado por el delito de concusión, se observa que ello no implica la obligación legal de padecer la privación de la libertad que le fue impuesta por el fallador de segunda instancia o que se configure una culpa exclusiva de la víctima, pues al ser hallado responsable del delito, le fue concedido el mencionado subrogado, el cual implicaba que no debía cumplir la sanción impuesta privado de la libertad.
Ello es así, por cuanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena es un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una sanción de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella; que si bien no opera de manera automática, pues el juez, para la época de los hechos, debía evaluar aspectos como los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta, entre otros, para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad, una vez se cumpla dicha verificación y se otorgue el subrogado, el procesado adquiere el derecho a gozar de éste, y si tanto el ente acusador como el Ministerio Público comparten la decisión del juez que otorgó tal beneficio, lo cual se refleja en la no interposición del recurso de apelación, la revocatoria del beneficio únicamente procede ante el incumplimiento del condenado de las obligaciones que le fueron impuestas al momento de su otorgamiento por el juez(43).
De igual forma, si bien el proceso penal adelantado contra el actor culminó con el reconocimiento de la prescripción de la acción penal mediante auto del 19 de diciembre de 2001 (Rad. 12.990), atendiendo a que para dicha corporación, la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se accedió a la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, prohibición de la no reformatio in pejus y la libertad del demandante, dejando sin efectos la sentencia de casación del 23 de julio de 2001 y ordenando a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en un término de 10 días, emitiera una nueva providencia garantizándole al señor P. P. la aplicación del artículo 31 de la Constitución Nacional, necesariamente conllevaría a la impunidad, pues con ésta se revivía el término de prescripción de la acción penal.
En dicho fallo, se indicó lo siguiente:
“Para la Sala, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en su fallo de tutela, en virtud del cual dejó sin efectos la sentencia proferida el 23 de julio de 2001 dentro del proceso adelantado contra el señor L. C. P. P., necesariamente lleva a la impunidad pues con ella ha revivido los términos de prescripción de la acción, según criterio mayoritario de la Corte.
La orden impartida por el juez de tutela es imposible de cumplir en su contenido, simplemente porque a ello se opone la propia ley penal que dispone la extinción de la acción una vez superados los términos previstos para la duración de la potestad persecutoria o juzgadora de la justicia.
Como es imposible hacer lo que ordena el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala debe adecuar la decisión a los mandatos legales. Ejecutoriada la convocatoria a Consejo de Guerra, que se produjo el 1º de febrero de 1996 y proferida la decisión del juez tutelante el 13 de diciembre del presente año —que dejó sin efectos la sentencia de casación— la consecuencia a que se llega es evidente: la declaración de la prescripción penal y, por ende, la orden de libertad del señor L. C. P. P.”.
La providencia mencionada muestra que la prescripción de la acción penal decretada a favor del demandante fue producto de la activación de dicho término como consecuencia de la decisión emitida por el Consejo Superior de la Judicatura el 13 de diciembre de 2001 y que fuere reconocido de forma oficiosa por la Corte Suprema de Justicia, y que en todo caso, el señor P. P., a través de su apoderado, había solicitado con anterioridad su reconocimiento y éste le había sido negado a través de auto de fecha 12 de octubre de 2001 por el Inspector General de la Policía Nacional, precisando que como mediaba una agravante en la pena impuesta, el término de prescripción no había acaecido. Dicha decisión fue objeto de recursos de reposición y apelación por parte del actor, no siendo modificada la decisión y ante ello, el demandante interpuso las acciones de tutela ya referidas.
Entonces, se constata que el daño padecido por el demandante no tuvo origen en su actuar doloso o culposo, como quiera que este fue resultado de la vulneración por parte de las entidades demandadas del principio constitucional de la no reformatio in pejus, configurando con ello una falla en el servicio que condujo a la privación injusta de la libertad que padeció aquél, y en tal virtud, se procederá a revocar el fallo de primera instancia.
5.1. Perjuicios morales:
La demanda solicitó el reconocimiento de 500 SMLMV para el señor L. C. P. P. por concepto de perjuicios morales.
Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(44). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa; estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:
Como quiera que L. C. P. P. fue privado de la libertad desde el 10 hasta el 12 de marzo de 1997 y desde el 26 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2001, es decir, 2,9 meses en total, se reconocerán los perjuicios morales a favor del demandante, que se tasarán conforme a las pautas de la sentencia de unificación trascrita en apartes precedentes y teniendo en cuenta que el tiempo de privación, procediendo a decretar la suma de 35 SMLMV a favor de la víctima directa.
5.2. Perjuicios materiales:
En la demanda se pide se condene por este concepto, abarcando daño emergente y lucro cesante; sin embargo, advierte la Sala que para efectos de la liquidación de estos rubro se harán varias precisiones.
En primer lugar, se observa que se aportó dictamen pericial con el fin de estimar las pretensiones en materia económica a título de indemnización por los perjuicios causados por las entidades demandadas al actor (cdno. 3).
No obstante lo anterior, la Sala precisa que el dictamen pericial constituye un elemento de prueba que debe ser valorado por el funcionario judicial, inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y luego en conjunto con los demás medios probatorios de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Por lo tanto, bajo dichos preceptos legales, se tiene que la prueba pericial es un medio de convicción a través del cual se aportan elementos técnicos, científicos o artísticos al proceso, con miras a dilucidar la controversia. En consecuencia, los peritos deben ofrecer una relación clara, precisa y detallada de los procesos cognitivos realizados y de sus resultados o conclusiones –a través de la descripción de los hallazgos, consignando la memoria del proceso para llegar a ellos-, con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, y respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa, todos los puntos sometidos a su consideración, especificando las herramientas empleadas, sus alcances y limitaciones, exigencia lógica si se atiende a que con base en dichos detalles, el funcionario judicial tendrá los elementos necesarios para soportar su decisión.
El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez al valorar el dictamen pericial debe tener en cuenta la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Lo que claramente se traduce en que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero no es a quien corresponde impartirla.
En el caso de autos, el actor solicitó la práctica de una prueba pericial con el fin de determinar los perjuicios de orden material por daño emergente y lucro cesante, así como los de orden moral, según lo narrado en la demanda.
El perito efectivamente rindió concepto con base en los valores aportados por la parte demandante, pero no especificaron los parámetros utilizados, determinando, aparte de esos mismos documentos allegados por la parte actora, en que se basaban los valores que se tuvieron en cuenta para llegar a la conclusión, así como contiene apreciaciones subjetivas respecto a las veracidad de las afirmaciones realizadas por el demandante, que no se soportaron en prueba alguna, pues tampoco se observan los soporten en los que se fundamentó la estimación efectuada, en consecuencia, por ausencia de explicaciones sobre la metodología, los procedimientos y las herramientas que condujeron a las conclusiones descritas, y de soportes documentales, la prueba no otorga convicción ninguna al juez para comprobar la veracidad o existencia de esos daños materiales motivo por el cual será desechado el dictamen pericial de acuerdo con el artículo 241 ibídem.
Como segundo punto, las copias simples que fueron aportadas con la demanda, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(45).
En cuanto al daño emergente, en la demanda se indicó que el actor tuvo que cancelarle al Dr. Á. C. R., la suma de $ 6’000.000.oo ante la representación judicial que éste ejerció luego del fallo emitido por el Tribunal Superior Militar con la finalidad de que fuera casada dicha sentencia, luego de lo cual el demandante contrató al Dr. A. F. B. G., quien fungió como su defensor y le fue pagada la suma de $ 10’000.000.oo, monto que le fue cancelado en tres contados, dos equivalentes a $ 2’500.000.oo y otro de $ 5’000.000.oo.
Respecto a estas afirmaciones, se observa que no se aportó prueba alguna (contrato de prestación de servicios profesionales, recibos, constancias de pago de honorarios, entre otros) que acredite la cancelación de los servicios judiciales prestados al demandante por el Dr. Á. C. R. y por ende, esta pretensión no está llamada a prosperar.
Ocurre lo contrario frente a la representación judicial ejercida por el Dr. A. F. B. G., pues se aportaron los originales del contrato de prestación de servicios de fecha 5 de octubre de 2001, así como los recibos del dinero cancelado como honorarios profesionales por el demandante al referido togado(46), pagos que ascendieron a la suma de $ 10’000.000.oo, suma que procederá a actualizarse conforme a la siguiente fórmula.
VP = $ 10’000.000.ooÍndice final – septiembre 2017 (138,04879)
Índice inicial – diciembre de 2001 (66,73)
VP= $ 20.687.665,20
Se solicitaron también las “consultas a abogados, en propinas en la cárcel, llamadas a larga distancia a teléfonos fijos y celulares a sus familiares residentes en el viejo Caldas, en fotocopias del proceso en procurarse comodidades para sufrir la pena de 24 meses que le había sido ordenado cumplir en el primer episodio de cautiverio”, estimada en $ 2’000.000.oo, así como “consultas a abogados, en propinas en la cárcel, llamadas a larga distancia a teléfonos fijos y celulares a sus familiares residentes en el viejo Caldas; fotocopias del proceso; en procurarse comodidades (alimentación, útiles de aseo) para sufrir la pena de 24 meses que le había sido ordenado cumplir, por parte de la Sala Penal de Casación. En el segundo episodio de cautiverio”, suma fijada en $ 3’200.000.oo.
La Sala no accederá a reconocer tales valores, toda vez que no fueron debidamente demostrados.
Se manifestó también que en el segundo período de cautiverio el demandante estaba matriculado y asistía regularmente a la Universidad UNINCCA de Colombia, sede Bogotá, en jornada nocturna, como alumno de leyes y jurisprudencia, cursando el decimoprimer semestre, el cual no pudo terminar por la detención y tuvo que reanudar en el primer período del año 2002, hecho que le ocasionó una pérdida de $ 6’000.000.oo, equivalente a la matrícula, “los gastos propios del sostenimiento de tres meses, en tareas, fotocopias, libros, transportes, esferos, papel, diskets (sic), trabajos en computador, etc., que apuntaban a aprobar el semestre, lo cual no fue posible por su detención ilegal injusta”.
Para demostrar tales afirmaciones, se aportó un certificado emitido por la Universidad INCCA de Colombia(47), en el que se indicó que el demandante estuvo matriculado por solicitud de reingreso en el segundo período lectivo del año 2001, así como consta otra certificación de la misma institución educativa(48), en la que se acreditó el pago de derechos académicos de dicho semestre, pero por un monto de $ 1’079.000.oo, suma que será actualizada conforme a la siguiente fórmula:
VP = $ 1’079.000.oo Índice final – sep. de 2017 (137,04879)
VP= $ 2.216.029
Respecto a los demás emolumentos solicitados, serán negados por cuanto no se aportó prueba alguna de dichos gastos.
Por concepto de lucro cesante, requirió el pago de salarios y comisiones dejados de percibir como dependiente judicial del abogado G. C. G., en el segundo período de cautiverio, esto es, $ 20.000 diarios, o lo mismo, $ 600.000 mensuales, que arroja un total de $ 1’700.000.oo.
Asimismo, se expuso que el actor dejó de percibir el ingreso adicional consistente en una comisión del $ 50% de los honorarios que pudiera percibir el referido jurista sobre cada caso administrativo y/o judicial relativo a reclamaciones pensionales del Magisterio, Rama Judicial y Ministerio Público y también frente a las reclamaciones de factores salariales que consiguiera, vigilara y ayudara a tramitar, destacando que el demandante gestionó 354 asuntos, los cuales se encontraban en trámite judicial y respecto a los cuales no pudo recibir comisión alguna por estar privado de la libertad, así como tampoco pudo vigilarlos o ayudar a tramitarlos, lo que lo privó de recibir en promedio $ 2’000.000.oo por cada caso, lo que arroja un total de $ 700’000.000.oo, para un total de $ 737’700.000.oo.
Como soporte de dicha solitud, se allegó constancia laboral signada por G. C. G.(49), en la que certificó que el demandante laboró para él como dependiente judicial desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 23 de septiembre del mismo año, devengando un salario mensual de $ 600.000, más comisiones equivalentes al 50% de lo obtenido por demandas conseguidas a través de su intermediación, para lo cual se aportó una base de datos con nombres, direcciones y teléfonos de 354 personas(50).
Se procederá a reconocer el lucro cesante, teniendo en cuenta el segundo período de privación de la libertad comprendido entre el 26 de septiembre y el 20 de diciembre de 2001, esto es, 2,8 meses -la solicitud de perjuicios se elevó solamente respecto a éste- así como se considerará únicamente el salario devengado al momento de ser privado de la libertad, ya que el monto requerido por las comisiones dejadas de percibir no fue acreditado, pues de la base de datos referida no se puede establecer que ésta corresponda a los procesos judiciales que gestionó para su empleador o las sumas de dinero que se obtuvieron por su intermediación al contener simplemente una lista de nombres y direcciones.
Adicionalmente, el tiempo de privación de libertad señalado se extiende al reconocimiento de perjuicios el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.
En efecto, la Jurisprudencia de la Sala tiene sentado que “en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.7 meses)(51)-(52)“.
VP = $ 600.000 Índice final – sep. de 2017 (138,04879)
VP= $ 1’241.260.oo
S = Ra (1+ i) n -1 S= (1’241.260), (1 + 0.004867) 11.5– 1 = $ 14.644.908
i 0.004867
Dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, arrojando una suma de $ 18’306.135.oo
Asimismo, se refirió que “como consecuencia inmediata de la pérdida del semestre atrasó en seis meses su grado y el desarrollo del ejercicio de la profesión de abogado en SEIS MESES, lo cual le produce un daño emergente (sic) de DIEZ MILLONES DE PESOS, pues un abogado recién egresado tiene un ingreso mínimo de 3 salarios mínimos mensuales”.
No se accederá a dicho rubro, por cuanto para reconocer perjuicios en cualquier modalidad se debe partir del hecho cierto del perjuicio y no a partir de hipótesis sin ningún respaldo probatorio, motivo por el cual esas pretensiones serán despachadas negativamente.
Como perjuicios morales subjetivados, solicitó la suma de 1000 SMLMV, en razón a que “fueron ocasionados por la consecuencia o el impacto psicológico, emocional, afectivo y sentimental en el demandante, daño intenso causado, como quiera que se trata de una persona con estudios superiores, que sufrió un sensible agravio moral en su relación familiar, social, laboral y personal al no haber podido disfrutar de su vida normal y de su proyecto de vida oportunamente”.
Cabe resaltar que no se aportó elemento alguno por parte del actor que permita concretar la afectación invocada, por lo que tampoco al no acreditarse con suficiencia su existencia, no se accederá a su reconocimiento.
Lo anterior arroja un total a reconocer como perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, una suma de $ 41.209.829.oo
1. REVOCAR la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub Sección A.
2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial y Ministerio de Defensa, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto L. C. P. P.
3. CONDENAR a la Nación – Rama Judicial y Ministerio de Defensa, a pagar al señor L. C. P. P., las siguientes sumas de dinero:
a) Por concepto de perjuicios morales, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) Por concepto de perjuicios materiales, a título de daño emergente, veintidós millones novecientos tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($ 22’903.694.oo) y como lucro cesante, dieciocho millones trescientos seis mil ciento treinta y cinco pesos ($ 18.306.135.oo).
6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.
Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, Salvamento de voto».
13 2008-0009(IJ), MP. Mauricio Fajardo Gómez.
15 Consejo de Estado, sección tercera; sentencia de octubre 31 de 2007, Rad. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16 Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
17 “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
18 Fls. 185 a 197, cdno. 6.
19 Fls. 48 a 62, cdno. 2.
20 Ver fallos de la Corte Suprema de Justicia con radicaciones no. 15.262, 22.323, 25.329 y 26.129, entre otros.
21 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-474 de 1992.
23 Ver sentencias T-400/96, T-643/97 y T-178/98.
24 Arts. 28, 29 y 30.
25 Arts. 8º, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4º, 5º, 7º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9º, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, existen otros tratados ratificados por Colombia que son importantes en este campo, tales como la Convención contra la Tortura, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, los Protocolos de Derecho Internacional Humanitario, la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT, entre otros.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1995.
27 Arts. 6º y 29.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-1722 de 2000.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-070/96.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-751A de 1999.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 1992.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.960.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Exp. 14.638.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de abril de 2009, Exp. 32.800.
35 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925.
36 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925.
37 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:
38 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:
39 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-533/2001.
41 El art. 4º de la Constitución Política, dispone: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
42 El artículo 241 constitucional confió a la Corte Constitucional la integridad y la supremacía de la Constitución Nacional y el 243 ibidem dispuso que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hagan tránsito a Cosa Juzgada Constitucional. Asimismo, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias proferidas por el artículo 23 transitorio constitucional, profirió el Decreto 2067 de 1991 en cuyo artículo 21 recogió la norma superior y dispuso: “ART. 21.—Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”. Esta norma fue objeto de control de constitucionalidad, en cuya evaluación se dijo: “la sentencia firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además, las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, tienen efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad. A su turno, la Ley 270 de 1996 - artículo 48 estableció que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en cumplimiento del control constitucional son de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva, aunque su parte motiva constituye criterio auxiliar, al igual, que el contenido de los fallos de tutela. Igualmente, bajo control previo de constitucionalidad, la Corte dejo dicho que la Corte Constitucional es la responsable de “interpretar con autoridad y de definir los alcances de los preceptos contenidos en la Ley Fundamental”; en relación con los efectos de sus fallos y de la doctrina constitucional sostuvo que se configura la denominada cosa juzgada constitucional, por lo que las sentencia de constitucionalidad tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes; por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto; como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada; no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica; Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional. También se dijo goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución y goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. “Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. (...) En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella. Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36).” (Sentencia de constitucionalidad 037 de 5 de febrero de 1996).
43 Artículos 68 y 69 del Decreto 100 de 1980.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.
45 Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, Actor Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, Demandados Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P Olga Mélida Valle de De La Hoz.
46 Fls. 19-23, cdno. 2.
47 Fl. 18, cdno. 2.
48 Fls. 34 a 36, cdno. 2.
49 Fl. 24, cdno. 2.
50 Fls. 25 a 33, cdno. 2.
51 Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio laboral y ocupacional colombiano, SENA – Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.