Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2006:227:FULL&amp;from=DE
Timestamp: 2019-05-19 14:05:52
Document Index: 66555533

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 22', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 28', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 85', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 53', 'artículo 8', 'artículo 56', 'artículo 41', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 9', 'artículo 14']

Diario Oficial C 227/2006
49o año
I Comunicaciones
2006/C 227/1
2006/C 227/2
Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo ( 1 )
2006/C 227/3
Publicación de una lista de medidas consideradas por la Comisión como ayudas existentes con arreglo al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE, tras la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia a la Unión Europea ( 1 )
2006/C 227/4
Acuse de recibo de la denuncia no 2006/4524 — SG(06)A/4107
2006/C 227/5
Supresión por Francia de las obligaciones de servicio público impuestas a los servicios aéreos regulares en las rutas Aubagne–Marsella, Carcassonne–París, La Rochelle–París, Montbéliard–París, Montpellier–Nantes, Pau–Madrid, Pau–Nantes, Reims–Clermont-Ferrand, Rennes–Lille y Toulon–Lyon ( 1 )
2006/C 227/6
No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4333 — NIBC/NPM/DELI UNIVERSAL) ( 1 )
2006/C 227/7
Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia de la AELC
21.9.2006
C 227/1
(2006/C 227/01)
1,2676
7,4605
0,67310
9,2168
1,5875
89,17
8,2790
0,5767
273,47
3,9483
3,5317
1,8686
1,6844
1,4299
9,8691
1,9273
2,0104
1 205,30
9,3749
10,0476
7,4350
11 620,72
33,9600
Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
C 227/2
Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo
(2006/C 227/02)
Ayuda no
XE 19/05
Flandes — Región flamenca
Denominación del régimen de ayudas
Reconocimiento y financiación de empresas de inserción
Besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven
Gasto anual previsto en el régimen
Importe total anual
4,8 millones de EUR
Intensidad máxima de la ayuda
Se ajusta a los artículo 4(2 a 5), 5 y 6 del Reglamento
Combinación del art. 4 — 7,5 % o 15 % — con el art. 5 — 50 %
Desde el 1.7.2005
Duración del régimen
Hasta el 30.6.2007
Objetivo de la ayuda
Art. 4 Creación de empleo
Art. 5 Contratación de trabajadores desfavorecidos y discapacitados
de menos de 50 años, parados desde hace 12 meses y, como máximo, con educación secundaria superior
Art. 2f), viii
de más de 50 años, parados desde hace 6 meses y, como máximo, con educación secundaria superior
Art. 2f), vii
beneficiarios desde hace 6 meses de una ayuda de inserción y, como máximo, con educación secundaria superior
Art. 2f), ii-iii-v-vi-ix-x
minusválidos y parados desde hace 6 meses
Art. 2g), i
jóvenes de entre 16 y 18 años que buscan empleo y que siguen una formación profesional a tiempo parcial
Art.2f), i
Art. 6 Empleo de trabajadores discapacitados
Sectores económicos afectados
Todos los sectores de la CE (1) con derecho a recibir ayudas al empleo
Todos los sectores industriales (1)
Todos los servicios (1)
Nombre y dirección de la autoridad que concede la ayuda
Departement EWBL
Administratie Werkgelegenheid
Afdeling Tewerkstelling
Markiesstraat, 1
Si el régimen se financia con ayuda de fondos comunitarios, añádase la siguiente frase:
«El régimen de ayuda está financiado conjuntamente mediante (referencia)»
Ayuda sujeta a notificación previa a la Comisión
La medida excluye la concesión de ayudas o exige la notificación previa de las mismas a la Comisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento
XE 5/06
Denominación del régimen de ayuda
Régimen de ayudas estatales destinado a fomentar la creación de empleo a favor de empresas que empleen a más de diez trabajadores — Gniezno
Uchwała nr XL/404/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005 r.
Importe global anual
0,25 millones de EUR
Se ajusta a los artículos 4(2 a 5), 5 y 6 del Reglamento
Desde el 18.10.2005
Hasta el 31.12.2006
Todos los sectores de la CE (2) subvencionables mediante ayudas al empleo
Todos los sectores industriales (2)
Todos los servicios (2)
Las autoridades que conceden la ayuda son el Ayuntamiento de la ciudad de Gniezno, como órgano de decisión, y el alcalde de Gniezno, como autoridad fiscal.
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6
PL-62-200 Gniezno
Se ajusta al artículo 9 del Reglamento
XE 9/06
Régimen de pago de los seguros sociales tanto a los patronos como a los empleados con discapacidad
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ 62.534 και ημερομηνία 25.8.2003.
0,55 millones de EUR
20 % del sueldo anual del empleado
Desde el 16.12.2005
Todos los sectores de la CE (3) subvencionables mediante ayudas al empleo
Τμήμα Εργασssας του Υπουργεssου Εργασssας και Κοινωνικών Ασφαλssσεων [ Departamento de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social ]
CY-Nicosia, 1480
Este régimen será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo de la UE
Ayuda sujeta a la notificación previa a la Comisión
(No se espera que haya ningún caso que deba notificarse)
XE 10/06
Régimen de incentivos a la contratación de personas con discapacidad grave en el sector privado
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.534 και ημερομηνία 25.8.2005.
0,21 millones de EUR
50 % del sueldo anual del empleado
Todos los sectores de la CE (4) subvencionables mediante ayudas al empleo
Este régimen será cofinanciado al 50 % por el Fondo Social Europeo de la UE
(1) Con excepción del sector de la construcción naval y demás sectores que sean objeto de normas especiales recogidas en los Reglamentos y Directivas aplicables a las ayudas estatales del sector.
(2) Con excepción del sector de la construcción naval y de los demás sectores que sean objeto de normas especiales recogidas en los Reglamentos y Directivas aplicables a las ayudas estatales del sector.
(3) Con excepción del sector de la construcción naval y demás sectores objeto de normas específicas recogidas en los Reglamentos y Directivas aplicables a todas las ayudas estatales del sector.
(4) Con excepción del sector de la construcción naval y demás sectores objeto de normas específicas recogidas en los Reglamentos y Directivas aplicables a todas las ayudas estatales del sector.
C 227/6
Publicación de una lista de medidas consideradas por la Comisión como ayudas existentes con arreglo al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE, tras la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia a la Unión Europea
(2006/C 227/03)
En 2003 y 2004, con arreglo al procedimiento previsto en Anexo IV, capítulo 3, apartado 1, letra c) (de conformidad con el artículo 22) del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia («Tratado de Adhesión»), los nuevos países miembros presentaron a la Comisión las medidas que deseaban que se consideren ayuda existente con arreglo al artículo 88, apartado 1 del Tratado CE, pero que no se contemplan expresamente en el Tratado de Adhesión.
Este procedimiento cubre las medidas de ayuda estatal a todos los sectores con excepción del sector del transporte y de las actividades agrícolas ligadas a la producción, tratamiento o comercialización de los productos enumerados en el Anexo I del Tratado CE, a los cuales se aplican otras disposiciones.
La Comisión ha publicado ahora la lista completa de las medidas que aceptó como ayudas existentes con arreglo al artículo 88, apartado 1 y de conformidad con el procedimiento mencionado en el punto (1), en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/.
Las medidas en el sector pesquero se publican en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm.
La publicación mencionada en el punto (3) cubre exclusivamente las medidas que se consideraron como ayudas existentes siguiendo el procedimiento transitorio relativo a las ayudas existentes (1). Algunas medidas ya habían sido aceptadas por la Comisión como ayuda existente y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). Éstas están también incluidas en esta publicación.
Se informó a los nuevos Estados miembros concernidos por estas decisiones de la Comisión mediante cartas de los respectivos Comisarios.
(1) Las siguientes medidas están excluidas: aquéllas sobre los cuales la Comisión abrió el procedimiento formal de investigación; las que se consideraron no aplicables después de la adhesión o que no entraban en vigor antes de la adhesión; las que se consideró que constituían ayuda estatal, aquéllas que la Comisión consideró que eran sólo parcialmente ayuda existente y parcialmente no aplicable después de la adhesión.
(2) DO C 88 de 8 de abril de 2004, p. 2; DO C 87 del 11 de abril de 2006, p. 2 (CZ45/2004).
C 227/7
(2006/C 227/04)
La Comisión Europea ha registrado una denuncia sobre el procedimiento para crear una empresa público-privada en la ciudad de Valencia, España, con el no 2006/4524 SG(06)A/4107.
La Comisión ha recibido varios cientos de copias de esta denuncia. Publica el presente acuse de recibo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio Internet Europa (http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_en.htm) para informar a los interesados y economizar al mismo tiempo recursos administrativos.
La Comisión examinará la denuncia a la luz de la legislación comunitaria aplicable. Se informará a los denunciantes por los mismos medios de los resultados de la investigación y de cualquier medida consiguiente decidida por la Comisión.
La Comisión intentará adoptar una decisión sobre el asunto en el plazo de doce meses a partir de la fecha de registro de la denuncia (incoación del procedimiento de infracción o archivo del asunto sin otras medidas).
La Comisión protegerá los derechos de los denunciantes silenciando su identidad en sus posibles contactos con las autoridades del Estado miembro objeto de la denuncia. Sin embargo, si así lo desean, los denunciantes pueden autorizar expresamente a la Comisión a revelar su identidad en tales contactos.
C 227/8
Supresión por Francia de las obligaciones de servicio público impuestas a los servicios aéreos regulares en las rutas Aubagne–Marsella, Carcassonne–París, La Rochelle–París, Montbéliard–París, Montpellier–Nantes, Pau–Madrid, Pau–Nantes, Reims–Clermont-Ferrand, Rennes–Lille y Toulon–Lyon
(2006/C 227/05)
Francia ha decidido suprimir las obligaciones de servicio público impuestas a los servicios aéreos regulares entre:
Aubagne y Marsella, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 350 de 30 de diciembre de 1995.
Carcassonne y París, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 227 de 1 de septiembre de 1995, modificadas el 29 de diciembre de 1995 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 349), el 14 de junio de 1997 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 180) y el 20 de noviembre de 2003 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 279).
La Rochelle y París, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 18 de 22 de enero de 2002.
Montbéliard y París, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 350 de 30 de diciembre de 1995.
Montpellier y Nantes, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 123 de 26 de abril de 1996.
Pau y Madrid, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 240 de 15 de septiembre de 1995.
Pau y Nantes, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 188 de 28 de junio de 1996.
Reims y Clermont-Ferrand, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 72 de 6 de marzo de 2001.
Rennes y Lille, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 151 de 25 de mayo de 1996.
Toulon y Lyon, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 22 de 27 de enero de 2004.
C 227/9
(Asunto no COMP/M.4333 — NIBC/NPM/DELI UNIVERSAL)
(2006/C 227/06)
El 30 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:
en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,
en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4333. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)
C 227/10
(2006/C 227/07)
La presente comunicación se adopta con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo «Acuerdo EEE») y en el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo «Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción»).
La Comisión Europea (en lo sucesivo «la Comisión») ha emitido una comunicación relativa a la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia de la AELC (1). Este acto no vinculante contiene principios y normas que la Comisión aplica en materia de competencia. También explica las formas en que está previsto se lleve a cabo la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia de la AELC dentro de la UE.
El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que el mencionado acto es pertinente a los fines del EEE. Con objeto de mantener las mismas condiciones de competencia y de garantizar la aplicación uniforme de las normas de competencia del EEE en todo el Espacio Económico Europeo, el Órgano de Vigilancia de la AELC adopta la presente Comunicación en virtud de la facultad que le confiere la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. El Órgano se propone seguir los principios y normas establecidos en esta Comunicación cuando aplique las normas de competencia del EEE a un asunto concreto (2).
Concretamente, la presente Comunicación pretende detallar la forma en que el Órgano de Vigilancia de la AELC se propone cooperar con las autoridades de competencia de los Estados de la AELC (3) al aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE a asuntos concretos y cómo está previsto se lleve a cabo la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia de la AELC.
La presente Comunicación sustituye la Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC para la tramitación de asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 53 o 54 del Acuerdo EEE (4).
La presente Comunicación se aplica a los casos en los que el Órgano es la autoridad de vigilancia competente de conformidad con el artículo 56 del Acuerdo EEE.
El Capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 53 y 54 del Acuerdo sobre el EEE (en lo sucesivo «Capítulo II») (5) crea un sistema en el que el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC (en lo sucesivo las «ANC») (6) pueden aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Las ANC y el Órgano forman conjuntamente una red de poderes públicos que actúan al servicio del interés público y cooperan estrechamente para proteger la competencia. La red es un foro de discusión y cooperación para la aplicación y el control del cumplimiento de la política de competencia del EEE. Proporciona un marco para la cooperación de las autoridades de competencia del EEE en los asuntos de aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y constituye la base para crear y mantener una cultura común de competencia en los Estados de la AELC. Esta red se denomina «Red de Competencia de la AELC».
La estructura de las ANC varía según los Estados de la AELC. En algunos Estados AELC, una sola autoridad investiga los asuntos y toma las decisiones. En otros, las funciones están divididas entre dos autoridades, una responsable de investigar los casos y otra, de tipo colegial, responsable de decidir. Además, en un sistema nacional, algunos tipos de sanciones sólo puede imponerlas un órgano jurisdiccional. Con arreglo al principio general de eficacia, el artículo 40 del Capítulo II permite a los Estados de la AELC designar a sus autoridades nacionales de competencia y repartir las funciones entre ellas. En virtud de principios generales del Derecho del EEE, en particular el artículo 3 del Acuerdo EEE, los Estados de la AELC tienen la obligación de instaurar un sistema de sanciones que contemple sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones del Derecho del EEE (7) (8). Los sistemas de ejecución de la legislación de los Estados AELC presentan diferencias pero las ANC de la AELC, al firmar una declaración en forma de Anexo a la presente Comunicación, reconocen mutuamente los principios del sistema de cada uno como base de cooperación.
La red de autoridades de competencia debe garantizar tanto un reparto eficaz de las tareas como una aplicación eficaz y coherente de las normas de competencia del EEE. El Capítulo II establece los principios fundamentales del funcionamiento de la Red. En la presente Comunicación se exponen los detalles del sistema.
Las consultas e intercambios en la Red son competencia de las autoridades públicas y no afectan a los derechos u obligaciones de las sociedades con arreglo a la legislación del EEE o nacional. Cada autoridad de competencia sigue siendo plenamente responsable del respeto de las reglas de procedimiento en los asuntos que trata.
2. DIVISIÓN DEL TRABAJO EN EL PILAR AELC
2.1. Principios del reparto de asuntos
El Capítulo II se basa en un sistema de competencias concurrentes en el que todas las autoridades de competencia tienen potestad para aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y son responsables del reparto eficaz del trabajo en el pilar AELC respecto a los asuntos en los que se considere que una investigación es necesaria. Al mismo tiempo, cada miembro de la Red es totalmente libre para decidir si es o no oportuno investigar un asunto. Bajo este sistema, los asuntos serán tramitados:
por una única ANC, posiblemente con la ayuda de otra ANC de la AELC; o
por varias ANC de la AELC actuando de forma concurrente; o
el Órgano de Vigilancia de la AELC.
En la mayor parte de los casos, la autoridad que recibe una denuncia o incoa de oficio un procedimiento (9) seguirá siendo responsable del asunto. Un segundo reparto de un asunto solamente se plantearía al principio del procedimiento (véase el punto 18) cuando esta autoridad considera que no está bien situada para actuar o cuando otras autoridades se consideran también competentes (véanse los puntos 8 a 14).
Cuando se considere necesario proceder a un nuevo reparto para asegurar una protección efectiva de la competencia y del interés del EEE, los miembros de la Red se esforzarán en asignar los asuntos a una única autoridad de competencia siempre que ello sea posible (10). De cualquier modo, el reparto ha de ser un proceso rápido y eficaz y no deberá interrumpir las investigaciones en curso.
Se puede considerar que una autoridad está bien situada para tramitar un asunto si se cumplen todas y cada una de estas tres condiciones:
que el acuerdo o práctica tenga efectos reales o previsibles, directos y sustanciales, sobre la competencia en su territorio, se ejecute en su territorio o proceda del mismo;
que la autoridad pueda poner efectivamente fin a toda la infracción, es decir, pueda ordenar el cese de la misma de modo que se ponga fin a la infracción y pueda, en su caso, sancionarla adecuadamente;
que pueda reunir, posiblemente con la ayuda de otras autoridades, las pruebas requeridas para probar la infracción.
Estos criterios indican que debe existir un vínculo material entre la infracción y el territorio de un Estado de la AELC para que se considere bien situada a la autoridad de competencia de dicho Estado. Puede esperarse que en la mayoría de los casos las autoridades de los Estados de la AELC donde la competencia se ve afectada apreciablemente por una infracción estarán bien situadas siempre que puedan poner fin efectivamente a la infracción a través de acciones individuales o concurrentes, a menos que el Órgano de Vigilancia de la AELC esté mejor situado (véase el punto 15).
De ello se deduce que generalmente una única ANC puede estar en buena situación para tramitar los acuerdos o prácticas que afectan de forma apreciable a la competencia principalmente en su territorio.
Las empresas situadas en el Estado de la AELC A participan en un cartel para fijar los precios de productos que se venden principalmente en el Estado de la AELC A.
La autoridad de A está bien situada para tramitar el asunto.
Además, la acción de una única ANC de competencia podría también ser apropiada cuando, aunque más de una autoridad pueda estar bien situada, la acción de una sola sea suficiente para poner fin a la totalidad de la infracción.
Dos empresas han creado una empresa en participación en el Estado de la AELC A que presta servicios en los Estados de la AELC A y B y da lugar a un problema de competencia. Una orden de cese se considera suficiente para resolver el asunto al poner fin a la totalidad de la infracción. Las pruebas se encuentran principalmente en las oficinas de la empresa en participación en el Estado de la AELC A.
Las ANC de A y B están bien situadas para tramitar el asunto pero la acción de la autoridad de A sería por sí sola suficiente y más eficaz que la de la autoridad B o una acción concurrente de ambas.
Una acción concurrente de dos o tres ANC puede ser apropiada cuando un acuerdo o práctica tenga efectos sustanciales sobre la competencia principalmente en sus territorios respectivos y la acción de una sola autoridad no sea suficiente para poner fin a la infracción o sancionarla adecuadamente.
Dos empresas llegan a un acuerdo para repartirse un mercado, restringiendo la actividad de la empresa establecida en el Estado de la AELC A a dicho Estado A y la actividad de la establecida en el Estado de la AELC B a ese Estado B.
Las ANC de A y B están bien situadas para tramitar de forma concurrente el asunto, cada una en lo que respecta a su territorio respectivo.
Las autoridades que tramiten un asunto de forma concurrente tratarán de coordinar su actuación en la medida de lo posible. A tal fin, pueden estimar oportuno designar a una de ellas como coordinadora para delegarle tareas como, por ejemplo, la coordinación de las investigaciones, si bien cada autoridad será responsable del desarrollo de su propio procedimiento.
El Órgano de Vigilancia de la AELC está particularmente bien situada cuando uno o varios acuerdos o prácticas, incluidas las redes de acuerdos o prácticas similares, tienen efectos sobre la competencia en más de tres Estados de la AELC (mercados transfronterizos que cubren más de tres Estados de la AELC o varios mercados nacionales).
Por otra parte, el Órgano de Vigilancia de la AELC está particularmente bien situado para tramitar un asunto si éste está estrechamente ligado a otras disposiciones del EEE que sólo pueden ser aplicadas por el Órgano, o que éste aplica con mayor eficacia, o si el interés del EEE requiere la adopción de una decisión del Órgano para desarrollar la política comunitaria de competencia cuando surge un problema de competencia nuevo o para velar por su aplicación efectiva.
2.2. Mecanismos de cooperación para el reparto de asuntos y asistencia
2.2.1. Información al incoarse los procedimientos (artículo 11 del Capítulo II)
Para detectar procedimientos múltiples y garantizar que los asuntos son tramitados por una autoridad de competencia bien situada, es necesario informar en una fase inicial a los miembros de la Red de los asuntos pendientes ante las diversas autoridades de competencia (11). Si hay que cambiar el reparto de un asunto, redunda efectivamente en el interés tanto de la Red como de las empresas interesadas que el cambio tenga lugar rápidamente.
El Capítulo II crea un mecanismo para que las autoridades de competencia se informen recíprocamente para asegurar un cambio de reparto eficaz y rápido de los asuntos. El apartado 3 del artículo 11 del Capítulo II establece la obligación de que las ANC informen al Órgano de Vigilancia de la AELC cuando actúen en virtud del artículo 53 o del artículo 54 del Acuerdo EEE antes de realizar las primeras diligencias formales de investigación o inmediatamente después de iniciadas dichas diligencias (12). Asimismo, dispone que esta información podrá hacerse llegar también a las demás autoridades nacionales de competencia. Las ANC se propondrán también poner toda información intercambiada con arreglo al artículo 11 a disposición de todos los miembros de Red, y de que sea de fácil acceso para ellos. El fundamento del apartado 3 del artículo 11 del Capítulo II es permitir que la Red detecte los procedimientos múltiples y aborde posibles problemas de reparto tan pronto como una autoridad empiece a investigar un asunto. Por lo tanto, la información debería facilitarse a las ANC y al Órgano antes o inmediatamente después de darse cualquier paso similar a las medidas de investigación que puede adoptar el Órgano, de conformidad con los artículos 18 a 21 del Capítulo II. El Órgano tiene una obligación análoga de informar a las ANC en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Capítulo II. Los miembros de la Red se informarán mutuamente de los asuntos pendientes por medio de un impreso normalizado en el que figurará un número reducido de detalles del asunto, tales como la autoridad que lo tramita, el producto, los territorios y las partes afectadas, la infracción denunciada, la duración presumida de la infracción y el origen del asunto. Asimismo, se mantendrán mutuamente al corriente cuando se produzcan cambios relevantes.
Los asuntos que planteen problemas de reparto deberán resolverse rápidamente, por lo general en un plazo de dos meses a contar desde el envío de la primera información a la Red, de conformidad con el artículo 11 del Capítulo II. Durante este período las autoridades de competencia se esforzarán por alcanzar un acuerdo sobre una posible remisión a una autoridad distinta y, en su caso, sobre las modalidades de la tramitación en paralelo.
Generalmente, la autoridad o autoridades que tramiten un asunto al final del período de cambio de reparto deberán continuar hasta que finalice el procedimiento. El cambio de atribución de un asunto tras el período inicial de atribución de dos meses sólo debería ocurrir cuando los hechos conocidos cambien materialmente en el curso del procedimiento.
2.2.2. Suspensión o fin del procedimiento (artículo 13 del Capítulo II)
Cuando el mismo acuerdo o práctica se presente ante varias autoridades de competencia, ya sea porque han recibido una denuncia o porque han incoado un procedimiento a iniciativa propia, el artículo 13 del Capítulo II establece una base jurídica para suspender un procedimiento o para desestimar una denuncia alegando que otra autoridad está instruyendo el asunto o lo ha instruido. En el artículo 13 del Capítulo II, el concepto de «instrucción del asunto» no solamente significa que se haya presentado una denuncia ante otra autoridad. Significa que ésta está investigando o ha investigado el asunto por su cuenta.
El artículo 13 del Capítulo II se aplica cuando otra autoridad se haya ocupado o se esté ocupando de la cuestión de competencia planteada por el denunciante, incluso si la autoridad actúa sobre la base de una denuncia presentada por otro denunciante o de oficio. Esto implica que el artículo 13 del Capítulo II puede invocarse cuando el acuerdo o la práctica se refiere a la misma infracción en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia.
Una autoridad nacional de competencia puede suspender o archivar un procedimiento pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. El artículo 13 del Capítulo II deja un margen para estimar las circunstancias de cada caso individual. Esta flexibilidad es importante ya que, si una denuncia fuera desestimada por una autoridad tras una investigación del fondo del asunto, otra autoridad podría no querer reexaminarlo. Por otra parte, si una denuncia ha sido desestimada por otra razón (por ejemplo, si la autoridad no ha podido recabar las pruebas necesarias para probar la infracción), otra autoridad puede llevar a cabo su propia investigación e instruir el asunto. Esta flexibilidad también se refleja, para los asuntos pendientes, en el hecho de que cada ANC cuenta con la posibilidad de archivar o suspender el procedimiento. Una autoridad puede estar poco dispuesta a archivar un asunto antes de que el resultado del procedimiento de otra autoridad esté claro. La capacidad de suspender el procedimiento permite a la autoridad conservar su potestad de decidir posteriormente si resulta o no oportuno archivarlo. Tal flexibilidad también facilita la aplicación coherente de las normas.
En los casos en que una autoridad archive o suspenda el procedimiento porque otra autoridad se está ocupando del asunto puede, con arreglo al artículo 12 del Capítulo II, transferir la información facilitada por el denunciante a esta última.
El artículo 13 del Capítulo II también puede aplicarse a una parte de una denuncia o de un procedimiento en un asunto. Puede ocurrir que solamente parte de una denuncia o de un procedimiento de oficio se solape con un asunto instruido ya o que esté siendo instruido por otra autoridad de competencia. En ese supuesto, la autoridad de competencia ante la cual se presente la denuncia tiene derecho a desestimar parte de la denuncia sobre la base del artículo 13 del Capítulo II y a tramitar el resto de manera apropiada. El mismo principio se aplica al archivo de procedimientos.
El artículo 13 del Capítulo II no es la única base jurídica para suspender o clausurar procedimientos de oficio o para desestimar denuncias. Las ANC pueden también hacerlo con arreglo a su normativa procesal nacional. El Órgano de Vigilancia de la AELC puede también desestimar una denuncia por no existir interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE u otras razones referentes a la naturaleza de la misma (13).
2.2.3. Intercambio y uso de información confidencial (artículo 12 del Capítulo II)
Un elemento clave del funcionamiento de la Red es la potestad de todas las autoridades de competencia de intercambiar y utilizar la información (incluidos documentos, declaraciones e información digital) que hayan recabado con el fin de aplicar los artículos 53 o 54 del Acuerdo EEE. Esta potestad es una condición previa para atribuir e instruir los asuntos eficazmente.
El artículo 12 del Capítulo II estipula que para aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC deberán estar facultadas para facilitarse recíprocamente y utilizar como medio de prueba todo elemento de hecho o de derecho, incluida la información confidencial. Esto significa que los intercambios de información pueden no sólo tener lugar entre una ANC y el Órgano sino también entre ANC. El artículo 12 del Capítulo II tiene primacía sobre cualquier ley contraria de un Estado de la AELC. La cuestión de si la información ha sido recabada de forma legal por la autoridad remitente se rige con arreglo a la legislación aplicable a tal autoridad. A la hora de transmitir información, la autoridad remitente puede comunicar a la autoridad receptora si la recopilación de la información ha sido o aún puede ser impugnada.
El intercambio y la utilización de información contiene, en particular, las siguientes salvaguardias para las empresas y particulares.
Primero, el artículo 28 del Capítulo II declara que «el Órgano de Vigilancia de la AELC y las autoridades de competencia de los Estados de la AELC, así como sus funcionarios, agentes y demás personas que trabajen bajo la supervisión de esas autoridades (…) estarán obligados a no divulgar la información que hayan recopilado o intercambiado en aplicación del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y jurisdicción o el artículo 58 del Acuerdo EEE y su Protocolo 23 y que, por su naturaleza, esté amparada por el secreto profesional.» Sin embargo, el interés legítimo de las empresas por la protección de sus secretos comerciales no puede ir en perjuicio de la divulgación de la información necesaria para verificar una infracción de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. El término «secreto profesional» utilizado en el artículo 28 del Capítulo II es un concepto del Derecho del EEE y comprende, en particular, los secretos comerciales y otro tipo de información confidencial. Se crea así un nivel mínimo común de protección en el EEE (14).
La segunda salvaguardia ofrecida a las empresas se refiere al uso de información intercambiada en la Red. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12 del Capítulo II, la información intercambiada en la Red sólo puede utilizarse como medio de prueba a efectos de la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y para el asunto para el cual se haya recogido (15). Según dicho apartado, la información intercambiada puede también utilizarse para la aplicación concurrente del derecho nacional de la competencia en el mismo caso. Sin embargo, esto solamente es posible si la aplicación del derecho nacional no conduce a un resultado de constatación de infracción diferente del resultante con arreglo a los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE.
La tercera salvaguardia ofrecida por el Capítulo II se refiere a la imposición de sanciones a las personas físicas sobre la base de la información intercambiada de conformidad con el apartado 1 del artículo 12. El Capítulo II sólo prevé la imposición de sanciones a empresas en los supuestos de infracción de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Algunas legislaciones nacionales también prevén la imposición de sanciones a particulares en relación con infracciones de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Normalmente, los particulares tienen derechos de defensa más amplios (por ejemplo, el derecho a guardar silencio, frente a las empresas que solamente pueden negarse a responder preguntas cuando ello pudiera llevarles a admitir que han cometido una infracción (16)). El apartado 3 del artículo 12 del Capítulo II garantiza que la información recabada de empresas no pueda utilizarse de tal forma que se eluda el mayor grado de protección de que gozan los particulares. Esta disposición impide imponer sanciones a personas físicas, sobre la base de la información intercambiada de conformidad con el Capítulo II, si las legislaciones de las autoridades remitente y receptora no establecen el mismo tipo de sanciones por lo que se refiere a las personas físicas, a menos que la autoridad remitente haya respetado el mismo nivel de protección de los derechos de éstas que los garantizados por la autoridad receptora por lo que se refiere a la recogida de pruebas. La calificación de la sanción por el derecho nacional («administrativa» o «penal») es irrelevante a efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 12 del Capítulo II. El Capítulo II pretende establecer una distinción entre las sanciones que culminan en privación de libertad y otros tipos de sanciones, tales como multas a particulares y otras sanciones personales. Si tanto el sistema jurídico de la autoridad remitente como el de la autoridad receptora establecen sanciones del mismo tipo (por ejemplo, si en ambos Estados de la AELC pueden imponerse multas a un miembro de la plantilla de una empresa implicada en la infracción del artículo 53 u 54 del Acuerdo EEE), la autoridad receptora puede utilizar la información intercambiada con arreglo al artículo 12 del Capítulo II. En este supuesto, se considera que las salvaguardias procesales en ambos sistemas son equivalentes. Si, por otro lado, los dos sistemas jurídicos no establecen el mismo tipo de sanciones, la información sólo puede utilizarse si se ha respetado el mismo nivel de protección de los derechos de defensa de las personas físicas en el asunto en cuestión (véase el apartado 3 del artículo 12 del Capítulo II). No obstante, en este último supuesto, las penas privativas de libertad sólo pueden imponerse cuando tanto la autoridad remitente como la receptora están facultadas para imponerlas.
2.2.4. Investigaciones (artículo 22 del Capítulo II)
El Capítulo II prevé la posibilidad de que una ANC pida ayuda a otra para obtener información en su nombre. Una ANC puede pedir a otra que realice pesquisas sobre los hechos en su nombre. El artículo 12 del Capítulo II autoriza a la ANC a transmitir la información que ha recogido a la ANC que la solicita. Cualquier intercambio de tal información entre ANC, así como su uso como pruebas por parte de la ANC solicitante, se llevará a cabo de conformidad con el Artículo 12 del Capítulo II. Cuando una ANC actúe en nombre de otra, lo hará de conformidad con sus propias normas de procedimiento y con arreglo a su propia potestad investigadora.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 22 del Capítulo II, el Órgano de Vigilancia de la AELC puede pedir que una ANC realice una inspección en su nombre. El Órgano puede adoptar una decisión de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 del Capítulo II o simplemente remitir una petición a tal ANC. Los agentes de las ANC ejercerán sus poderes conforme a lo estipulado en su Derecho nacional. Los agentes del Órgano podrán prestar asistencia a la ANC durante la inspección.
2.3. Situación de las empresas
2.3.1. Aspectos generales
Todos los miembros de la Red se esforzarán por repartir los asuntos de forma rápida y eficaz. Dado que el Capítulo II ha creado un sistema en el que tanto el Órgano de Vigilancia de la AELC como las ANC de la AELC tienen competencias para aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE, el reparto de asuntos entre miembros de la Red constituye una mera división del trabajo según la cual algunas autoridades se abstienen de actuar. Por lo tanto, el reparto de asuntos no otorga derechos individuales a las empresas implicadas o afectadas por una infracción para que un asunto sea tramitado por una autoridad particular.
Si un asunto pasa de una autoridad de competencia a otra, ello se debe a que la aplicación de los criterios de reparto establecidos lleva a la conclusión de que la segunda está bien situada para instruir el caso en solitario o de forma concurrente. La autoridad de competencia a la cual se remite el asunto habría estado, en cualquier caso, en condiciones de incoar de oficio un procedimiento contra la infracción.
Además, todas las autoridades de competencia aplican la legislación de competencia del EEE, y el Capítulo II propone mecanismos para garantizar que las normas se aplican coherentemente.
En caso de que un asunto sea remitido de una autoridad a otra dentro de la Red, las empresas interesadas y el denunciante serán informados a la mayor brevedad por las autoridades de competencia implicadas.
2.3.2. Situación del denunciante
Si se presenta una denuncia ante el órgano de Vigilancia de la AELC de conformidad con el artículo 7 del Capítulo II y el Órgano no la investiga o no prohíbe el acuerdo o práctica denunciados, el denunciante tiene derecho a que se haga pública una decisión de desestimación de su denuncia. Ello sin perjuicio del apartado 3 del artículo 7 del Capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (17). Los derechos de los denunciantes que presenten una denuncia ante una autoridad nacional de competencia se regirán por la legislación nacional aplicable.
Además, el artículo 13 del Capítulo II brinda a todas las ANC la posibilidad de suspender o desestimar una denuncia si otra autoridad está instruyendo o ha instruido el mismo asunto. Esta disposición también permite al Órgano de Vigilancia de la AELC desestimar una denuncia alegando que la autoridad de competencia de un Estado de la AELC está instruyendo o ha instruido el asunto. El artículo 12 del Capítulo II permite el intercambio de información entre autoridades de competencia dentro de la Red con arreglo a las salvaguardias previstas en dicho artículo (véase el punto 27).
2.3.3. Situación de los solicitantes que piden beneficiarse de un programa de clemencia
El Órgano de Vigilancia de la AELC considera (18) que redunda en interés del EEE conceder un trato favorable a las empresas que cooperan con ella en la investigación sobre infracciones de carteles. Varios Estados de la AELC también han adoptado programas de clemencia (19) en relación con investigaciones sobre carteles. El objetivo de estos programas es facilitar la detección por las autoridades de competencia de la actividad de los carteles y también, de este modo, disuadir a las empresas de participar en carteles ilegales.
A falta de un sistema que alcance a todo el EEE de programas de clemencia plenamente armonizados, una solicitud de clemencia dirigida a una autoridad no se considerará presentada ante todas las autoridades. Por ello, será el interesado quien deberá presentar la solicitud ante todas las autoridades de competencia cualificadas para aplicar el artículo 53 del Acuerdo EE en el territorio afectado por la infracción y que puedan considerarse bien situadas para actuar contra la infracción en cuestión (20). Teniendo en cuenta la importancia de la coordinación en la mayor parte de los programas de clemencia existentes, los solicitantes también deberán considerar si sería conveniente presentar simultáneamente la solicitud ante las autoridades pertinentes. Corresponderá al solicitante dar los pasos que considere apropiados para proteger su posición en lo tocante a posibles procedimientos por parte de dichas autoridades.
El uso y transmisión de información obtenida como resultado de un programa de de clemencia están regulados por el artículo 11 B del Capítulo II. Los miembros de la Red animarán a los solicitantes de clemencia a dar consentimiento a la transmisión a otra autoridad de información facilitada de forma voluntaria por los solicitantes de clemencia y demás información contemplada en apartado 2 del artículo 11 B del Capítulo II, en particular, en lo que respecta a la divulgación a autoridades ante las cuales el solicitante podría obtener clemencia.
3. APLICACIÓN COHERENTE DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DEL EEE (21)
3.1. Mecanismo de cooperación (apartados 4 y 5 del artículo 11 del Capítulo II)
El objetivo del Capítulo II es que los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE se apliquen de forma coherente en todo el EEE. A tal efecto, las ANC respetarán la norma de convergencia establecida en el apartado 2 del artículo 3 del Capítulo II. Con arreglo al apartado 2 del artículo 16, cuando decidan acerca de acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 53 u 54 del Acuerdo EEE que ya hayan sido objeto de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, no podrán adoptar decisiones incompatibles con la decisión adoptada por el Órgano. El Órgano tendrá la responsabilidad última (22), pero no exclusiva, para desarrollar la política y salvaguardar la coherencia en la aplicación de la legislación de competencia del EEE.
Con arreglo al apartado 4 del artículo 11 del Capítulo II, a más tardar 30 días antes de la adopción de una decisión de aplicación de los artículos 53 o 54 del Acuerdo EEE por la que se ordene la cesación de una infracción, por la que se acepten compromisos o por la que se retire la cobertura de un reglamento de exención por categorías, las ANC informarán al Órgano de Vigilancia de la AELC. A tal efecto enviarán al Órgano, a más tardar 30 días antes de la adopción de la decisión, una exposición resumida del asunto, de la decisión prevista o, en ausencia de ésta, cualquier otro documento en el que se indique la línea de acción propuesta.
Tal como está previsto en el apartado 3 del artículo 11 del Capítulo II, existe la obligación de informar al Órgano de Vigilancia de la AELC, pero la ANC que informe al Órgano podrá compartir la información con los otros miembros de la Red.
Cuando una autoridad nacional de competencia haya informado a la Comisión conforme al apartado 4 del artículo 11 del Reglamento del Consejo y el plazo de 30 días haya expirado, la decisión podrá ser adoptada siempre que el Órgano no haya incoado un procedimiento. El Órgano podrá hacer observaciones escritas con respecto al asunto antes de la adopción de la decisión por la ANC. La ANC y el Órgano harán los esfuerzos necesarios para garantizar la aplicación coherente de la normativa del EEE (véase el punto 3 supra).
Si la presencia de circunstancias especiales requiriese la adopción de una decisión nacional en menos de 30 días tras la transmisión de la información con arreglo al apartado 4 del artículo 11 del Capítulo II, la ANC interesada podrá pedir al Órgano de Vigilancia de la AELC que se pronuncie más rápidamente. EL Órgano se esforzará por hacerlo a la mayor brevedad posible.
Otros tipos de decisiones, como las de desestimación de denuncias, las de archivo de procedimiento de oficio o las relativas a medidas cautelares, también pueden ser importantes desde el punto de vista de la política de la competencia, y los miembros de la Red podrían estar interesados en informarse mutuamente sobre ellas y, en su caso, discutirlas. Por lo tanto, las ANC podrán, sobre la base del apartado 5 del artículo 11 del Capítulo II, informar al Órgano de Vigilancia de la AELC, y en consecuencia a la Red, de cualquier otro caso en que se aplique la legislación de competencia del EEE.
Los miembros de la Red deberán informarse mutuamente sobre el archivo de los procedimientos que se hayan notificado a la Red de conformidad con a los apartados 2 y 3 del artículo 11 del Capítulo II.
3.2. Incoación del procedimiento por parte del Órgano de Vigilancia de la AELC de conformidad con el apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II
El Órgano de Vigilancia de la AELC, a la que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado confía la tarea de velar por la aplicación de los principios enunciados en los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE, es responsable de definir y ejecutar las orientaciones de la política de competencia del EEE (23) (24). De acuerdo con el artículo 56 del Acuerdo EEE, puede adoptar decisiones individuales en virtud de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE en todo momento.
El apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II estipula que la incoación de un procedimiento por parte del Órgano de Vigilancia de la AELC con vistas a la adopción de una decisión en aplicación del Capítulo II privará a las ANC de su competencia para aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Esto significa que una vez que el Órgano ha incoado un procedimiento, las NCA no podrán actuar basándose en el mismo fundamento jurídico contra el mismo acuerdo o práctica de la misma empresa en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia.
La incoación de un procedimiento por el Órgano de Vigilancia de la AELC es un acto formal (25) por el cual el Órgano indica su intención de adoptar una decisión conforme al capítulo III del Capítulo II y puede ocurrir en cualquier fase de la investigación del asunto por dicho Órgano. El simple hecho de que el Órgano haya recibido una denuncia no es en sí mismo suficiente para despojar a las ANC de su competencia.
Pueden plantearse dos situaciones. La primera, que el Órgano de Vigilancia de la AELC sea la primera autoridad de competencia que incoa el procedimiento en un asunto con miras a la adopción de una decisión conforme al Capítulo II, con lo que las autoridades nacionales de competencia ya no podrán ocuparse del mismo. El apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II establece que una vez que el Órgano ha incoado un procedimiento, las ANC ya no pueden incoar su propio procedimiento con objeto de aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE al mismo acuerdo o práctica por la misma empresa y para el mismo mercado geográfico y de producto de referencia.
La segunda situación surge cuando una o más ANC han informado a la Red, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Capítulo II, de que están actuando en un determinado asunto. Durante el período inicial de asignación (plazo orientativo de dos meses, véase el punto 18 supra), el Órgano de Vigilancia de la AELC puede incoar el procedimiento con los efectos del apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II tras consultar a las autoridades interesadas. Después de la fase de asignación, el Órgano solamente aplicará en principio el apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II si se da una de las siguientes situaciones:
los miembros de la Red prevén adoptar decisiones contradictorias en el mismo asunto;
los miembros de la Red prevén adoptar una decisión que entra obviamente en conflicto con la jurisprudencia consolidada; en este supuesto, las normas establecidas en las sentencias de los tribunales comunitarios y el Tribunal de la AELC (26) y las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC y los reglamentos de la Comisión previos, incorporados al Acuerdo EEE, deberían servir como guía; con respecto a la apreciación de los hechos (por ejemplo, la definición del mercado), solamente una divergencia significativa justificaría una intervención del Órgano;
los miembros de la Red alargan indebidamente el procedimiento en el asunto;
es necesario adoptar una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC para definir los principios del Derecho de competencia del EEE, en especial cuando se plantea un problema de competencia similar en varios Estados de la AELC o para asegurar la aplicación efectiva;
la(s) ANC interesada(s) no se opone(n).
Si una ANC ya está instruyendo un asunto, el Órgano de Vigilancia de la AELC le explicará por escrito, así como a los otros miembros de la Red, las razones de la aplicación del apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II.
El Órgano de Vigilancia de la AELC anunciará a la Red su intención de aplicar el apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II con antelación suficiente para que los miembros de la Red tengan la posibilidad de solicitar una reunión del Comité Consultivo para tratar la cuestión antes de que el Órgano incoe el procedimiento.
En principio, siempre que el interés del EEE no esté en juego, el Órgano de Vigilancia de la AELC no adoptará una decisión que entre en conflicto con la decisión de una ANC si se ha facilitado una información correcta con arreglo a los apartados 3 y 4 del artículo 11 del Capítulo II y si el Órgano no ha hecho uso del apartado 6 del artículo 11 de dicho Capítulo II.
4. COMETIDO Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CONSULTIVO EN EL NUEVO SISTEMA
El Comité Consultivo es el foro donde los expertos de las diversas autoridades de competencia debaten asuntos concretos y problemas generales de la legislación de competencia del EEE (27).
4.1. Alcance de la consulta
4.1.1. Decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC
El Comité Consultivo será consultado antes de que el Órgano de Vigilancia de la AELC adopte cualquier decisión de conformidad con los artículos 7, 8, 9, 10 y 23, el apartado 2 del artículo 24 o el apartado 1 del artículo 29 del Capítulo II. El Órgano tendrá en cuenta en la medida de lo posible el dictamen del Comité Consultivo y le informará sobre la forma en que se ha tenido en cuenta su dictamen.
En lo que respecta a la adopción de medidas cautelares, el Comité Consultivo será consultado con arreglo a un procedimiento más rápido y flexible, sobre la base de una breve nota explicativa y el dispositivo de la decisión.
4.1.2. Decisiones de las ANC
Redunda en interés de la Red que los asuntos importantes tramitados por las ANC de conformidad con los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE puedan ser discutidos en el Comité Consultivo. El Capítulo II permite al Órgano de Vigilancia de la AELC incluir un asunto que esté siendo instruido por una ANC en el orden del día del Comité Consultivo. El debate puede ser solicitado por el Órgano o por cualquier Estado de la AELC. En cualquiera de los dos casos, el Órgano incluirá el asunto en el orden del día después de informar a la ANC interesada. Este debate en el Comité Consultivo no desembocará en un dictamen formal.
En asuntos importantes, el Comité Consultivo también podrá servir de foro de debate sobre el reparto de asuntos. En especial, cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC se proponga aplicar el apartado 6 del artículo 11 del Capítulo II tras el período inicial de reparto, el asunto correspondiente podrá ser discutido en el Comité Consultivo antes de que el Órgano incoe el procedimiento. El Comité Consultivo también podrá pronunciarse informalmente sobre el asunto.
4.1.3. Medidas de ejecución, recomendaciones, directrices y otras comunicaciones (artículo 33 del Capítulo II)
Se consultará al Comité Consultivo sobre los proyectos de recomendaciones del Órgano de Vigilancia de la AELC relativos a la no aplicación de actos a efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE tal como se prevé en el Anexo XIV del Acuerdo EEE (28).
Además de recomendaciones, el Órgano de Vigilancia de la AELC también puede adoptar comunicaciones y directrices. Estas herramientas, más flexibles, son muy útiles para explicar y dar a conocer la política del Órgano, así como para exponer su interpretación de las normas de competencia. El Comité Consultivo también será consultado sobre estas comunicaciones y directrices.
4.2. Procedimiento
4.2.1. Procedimiento normal
Para la consulta sobre proyectos de decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, la reunión del Comité Consultivo tendrá lugar, como mínimo, 14 días después del envío de la invitación a dicha reunión por parte del Órgano. El Órgano adjuntará a la invitación un resumen del asunto y una lista de los documentos más importantes, es decir, los necesarios para evaluar el asunto, así como un proyecto de decisión. El Comité Consultivo emitirá un dictamen sobre el proyecto de decisión del Órgano. A solicitud de uno o varios miembros, el dictamen será motivado.
El Capítulo II permite a los Estados de la AELC acordar un plazo más breve entre el envío de la invitación y la reunión.
4.2.2. Procedimiento escrito
El Capítulo II ofrece la posibilidad de establecer un procedimiento de consulta escrito. Si ningún Estado de la AELC se opone, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá consultar a los Estados de la AELC mediante el envío de documentos y la fijación de un plazo para la presentación de observaciones al proyecto. Este plazo no será normalmente inferior a 14 días, excepto cuando se trate de decisiones sobre medidas cautelares en aplicación del artículo 8 del Capítulo II. Cuando un Estado de la AELC solicite la celebración de una reunión, el Órgano de Vigilancia de la AELC organizará dicha reunión.
4.3. Publicación del dictamen del Comité Consultivo
El Comité consultivo podrá recomendar la publicación del dictamen. En tal caso, el Órgano de Vigilancia de la AELC llevará a cabo dicha publicación al mismo tiempo que la decisión, tomando en consideración el interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales.
5. OBSERVACIONES FINALES
La presente Comunicación no afecta a la interpretación del Acuerdo EEE y de las normas aplicables por parte de los Tribunales comunitarios y el Tribunal de la AELC.
La presente Comunicación será revisada periódicamente, de forma conjunta, por las ANC y el Órgano de Vigilancia de la AELC. Sobre la base de la experiencia adquirida se revisará, a más tardar, al término del tercer año siguiente a su adopción.
La presente Comunicación sustituye la Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC para la tramitación de asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE publicado en 2000 (29).
6. DECLARACIÓN POR PARTE DE OTROS MIEMBROS DE LA RED
Los principios expuestos en esta Comunicación serán respetados también por las autoridades de competencia de los Estados de la AELC firmantes de la declaración que figura como Anexo a la presente Comunicación. En dicha declaración reconocen los principios de la presente Comunicación y se comprometen a respetarlos. La lista de estas autoridades se publica en el sitio Internet del Órgano de Vigilancia de la AELC. Se actualizará cuando proceda.
(1) DO C 101 de 27.4.2004, p. 43.
(2) La competencia para tramitar casos individuales incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE está repartida entre el Órgano de Vigilancia de la AELC y la Comisión según lo establecido en el artículo 56 del Acuerdo EEE. Un determinado asunto solamente puede ser tramitado por un órgano de vigilancia.
(3) Debe señalarse que según el artículo 41 del Capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, Liechtenstein no está obligado a designar una autoridad de competencia. Hasta que Liechtenstein tome la decisión de facultar a una autoridad nacional a aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE, la Oficina de Economía Nacional de Liechtenstein formará parte de la Red de Competencia de la AELC. Esta oficina no tiene potestad para aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y no puede prestar asistencia a otras ANC de la AELC para recoger información en su nombre o realizar pesquisas sobre los hechos para otra ANC de la AELC.
(4) DO C 307 de 26.10.2000, p. 6 y Suplemento EEE al DO no 61 de 21.12.2000, p. 5.
(5) Tras la entrada en vigor del Acuerdo por el que se modifica el Protocolo 4 del Acuerdo de los Estados de la AELC por el que se establece un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, de 24 de septiembre de 2004, el Capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y de Jurisdicción reflejará en mayor medida en el pilar de la AELC el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
(6) En la presente Comunicación, el término «autoridades de competencia» hace referencia colectivamente al Órgano de Vigilancia de la AELC y las ANC.
(7) Véase TJCE, asunto 68/88 — Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 2965 (apartados 23 a 25). El artículo 6 del Acuerdo EEE establece que, sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, las disposiciones de dicho Acuerdo, en la medida en que sean idénticas en sustancia a las normas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de los actos adoptados en aplicación de estos dos Tratados, se interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo EEE. Por lo que se refiere a las resoluciones pertinentes dictadas por el Tribunal de Justicia después de la fecha de la firma del Acuerdo EEE, del apartado 2 del artículo 3del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción se desprende que el Órgano de Vigilancia de la AELC y el Tribunal de la AELC tendrán debidamente en cuenta los principios fijados en aquéllas.
(8) Tal como se mencionaba en la nota a pie de página 3, Liechtenstein no está obligado a designar una autoridad de competencia.
(9) En la presente Comunicación, el término «procedimiento» se refiere a las investigaciones y/o procedimientos formales encaminados a la adopción de una decisión con arreglo al Capítulo II llevados a cabo, según proceda, por una ANC o por el Órgano de Vigilancia de la AELC.
(10) El considerando 18 del Reglamento (CE) no 1/2003 establece que «Al objeto de garantizar una asignación óptima de los asuntos en el seno de la red, conviene prever una disposición general que permita a cualquier autoridad de competencia acordar la suspensión o el archivo de las actuaciones debido a que otra autoridad está instruyendo un expediente por los mismos hechos o se ha pronunciado ya sobre ellos, pues el objetivo es que cada asunto sólo sea tratado por una única autoridad. Esta disposición no debe ser óbice para que la Comisión pueda, como le reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desestimar una denuncia por falta de interés comunitario, aun en caso de que ninguna otra autoridad de competencia haya manifestado su intención de ocuparse del asunto.» Como el Reglamento (CE) no 1/2003, el Capítulo II establece la posibilidad de que una autoridad de competencia acuerde la suspensión o el archivo de las actuaciones debido a que otra autoridad está instruyendo un expediente por los mismos hechos o se ha pronunciado ya sobre ellos. En sintonía con el considerando 18 del Reglamento (CE) no 1/2003 citado, el Órgano de Vigilancia de la AELC opina que puede desestimar una denuncia por no existir interés suficiente con arreglo al Acuerdo EEE aun en caso de que ninguna otra autoridad de competencia haya manifestado su intención de ocuparse del asunto.
(11) Respecto de los asuntos incoados a raíz de una solicitud de clemencia, véase el punto 37 y ss.
(12) La información presentada de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Capítulo II se transmitirá también a la Comisión en virtud de las obligaciones del Órgano con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del Protocolo 23 del Acuerdo EEE.
(13) Véase la Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre las denuncias, todavía no publicada.
(14) El apartado 2 del artículo 10 del Protocolo 23 del Acuerdo EEE garantiza que la información intercambiada de conformidad con dicho Protocolo también está amparada por la obligación de secreto profesional.
(15) Véase el asunto 85/87 Dow Benelux, Rec. 1989, p. 3137 (apartados. 17-20).
(16) Véanse el asunto 374/87 Orkem, Rec. 1989, p. 3283, y el asunto T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG, Rec. 2001, p. II-729.
(17) Tras la entrada en vigor del Acuerdo por el que se modifica el Protocolo 4 del Acuerdo de los Estados de la AELC por el que se establece un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, de 03.12.04, el Capítulo III del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y de Jurisdicción reflejará el Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004, DO L 123 de 27.4.2004, pp. 18-24).
(18) DO L 10 de 16.1.2003, p. 13 y Suplemento EEE al DO no 3 de 16.1.2003, p. 1. (Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel)
(19) En la presente Comunicación, el término «programa de clemencia» se refiere a todos los programas (incluido el programa del Órgano de Vigilancia de la AELC) que ofrecen inmunidad completa o una reducción significativa en las penas que de otro modo se habrían impuesto a un participante en un cartel, a cambio de que se facilite información sobre el cartel, con arreglo a criterios específicos, antes o durante la investigación del caso. El término no cubre las reducciones de pena concedidas por otras razones. El Órgano de Vigilancia de la AELC publicará en su sitio internet una lista de las autoridades que aplican un programa de clemencia.
(20) Véanse los puntos 8 a 15 supra.
(21) El artículo 15 del Capítulo II faculta a las ANC y al Órgano de Vigilancia de la AELC para presentar observaciones escritas y, con la venia del tribunal, observaciones verbales en los procedimientos judiciales relativos a la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. Se trata de una herramienta muy importante para garantizar la aplicación coherente de las normas del EEE. En el ejercicio de esta facultad, las ANC y el Órgano cooperarán estrechamente.
(22) Esta responsabilidad última para desarrollar la política y salvaguardar la coherencia en la aplicación de la legislación de competencia del EEE estará compartida con la Comisión de conformidad con las normas sobre atribución de competencia del artículo 56 del Acuerdo EEE.
(23) Esta tareas las compartirá con la Comisión de conformidad con las normas de competencia del Artículo 56 del Acuerdo EEE.
(24) Véase el asunto C-344/98 Masterfoods Ltd, Rec. 2000, p. I-11369.
(25) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha definido dicho concepto en el asunto 48/72 - SA Brasserie de Haecht, [1973] ECR 77: «la incoación de un procedimiento en el sentido del artículo 9 del Reglamento no 17 implica un acto de la Comisión que evidencia su intención de tomar una decisión.»
(26) Las autoridades de competencia también deberán tener en cuenta las decisiones previas de la Comisión.
(27) De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Capítulo II, cuando se discutan problemas horizontales tales como reglamentos de exención por categorías y directrices, los Estados de la AELC podrán designar a un representante versado en materia de competencia y que no necesariamente deberá pertenecer a la autoridad de competencia.
(28) Véanse, p. ej. los puntos 2 y 4b del Anexo XIV del Acuerdo EEE, modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE 29/2004, DO L 127 de 29.4.2004, p. 137, Suplemento EEE no 22, 29.4.2004, p. 16. (Por la que se modifica el anexo XIV (Competencia) del Acuerdo EEE – Suplemento a las adaptaciones al Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión y Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión).
(29) DO C 307 de 26.10.2000, p. 6 y suplemento EEE del DO no 61 de 21.12.2000, p. 5.
DECLARACIÓN RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC SOBRE LA COOPERACIÓN EN LA RED DE AUTORIDADES DE COMPETENCIA
A fin de cooperar estrechamente con vistas a la protección de la competencia en el EEE en el interés de los consumidores, la autoridad de competencia abajo firmante:
reconoce los principios establecidos en la Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia; y
declara que respetará estos principios en todos los asuntos en que intervenga o pueda intervenir y a los que sean aplicables dichos principios.
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