Source: https://www.scribd.com/doc/142901319/Sentencia-c222
Timestamp: 2017-02-27 22:17:35
Document Index: 79902224

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'Artículo 342', 'Artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 175', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 343', 'Artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 116', 'artículo 175', 'artículo 199', 'artículo 175', 'artículo 345', 'artículo 341', 'artículo 174', 'artículo 235', 'artículo 175', 'artículo 333', 'artículo 175', 'artículo 199', 'artículo 175', 'artículo 178', 'artículo 174', 'artículo 151', 'artículo 343', 'artículo 174', 'artículo 175', 'artículo 3', 'artículo 178', 'artículo 343', 'artículo 345', 'artículo 235', 'artículo 174', 'artículo 175', 'Artículo 345', 'artículo 174', 'artículo 175', 'artículo 175', 'Artículo 346', 'artículo 175', 'artículo 345', 'artículo 346', 'artículo 174', 'artículo 345', 'artículo 343', 'artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 178', 'artículo 174', 'artículo 152', 'artículo 179', 'artículo 174', 'artículo 180', 'artículo 312', 'artículo 180', 'artículo 312', 'artículo 178', 'artículo 178', 'Artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 241', 'artículo 228', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 133', 'artículo 131', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 174', 'artículo 144', 'Artículo 144', 'artículo 178', 'artículo 144', 'artículo 185', 'Artículo 185', 'artículo 175', 'artículo 179', 'artículo 178', 'artículo 174', 'artículo 185', 'artículo 205', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 35', 'artículo 250', 'Artículo 258', 'e contrario', 'artículo 131', 'artículo 2', 'Artículo 35', 'artículo 131', 'artículo 35', 'artículo 116', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 258', 'artículo 130', 'artículo 337', 'artículo 150', 'artículo 185', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 13', 'artículo 131', 'artículo 116', 'artículo 175', 'artículo 337']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSentencia C-222/96 V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.La Competencia Esta Corporación es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 312, 330, 331, 338, 341, 342, 343, 345 y 346 de la ley 5a. de 1992, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política en concordancia con el Decreto 2067 de 1991. Segunda. La materia de la demanda La pretensión de la actora abarca tres aspectos fundamentales sobre los cuales se pronunciará esta Corporación: 1. Solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 342 y 343 (ambos parcialmente) de la ley 5a. de 1992. Artículo 342 ley 5a. de 1992 Esta norma se refiere de manera clara e inequívoca al procedimiento que debe seguirse dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una vez el Representante-Investigador elabora el respectivo proyecto de resolución calificadora, el cual, como es natural, deberá poner a consideración de los demás miembros de dicha Comisión para que éstos lo acojan, modifiquen o rechacen, pues es la Comisión, y no sus miembros individualmente considerados, la que debe proponer una u otra definición ante el pleno; de lo anterior se concluye que en nada vulnera el ordenamiento superior, una disposición que se limita a señalar cómo deben proceder los miembros de una de sus células, para cumplir con las funciones de instrucción que se le asignaron, mucho menos si en ninguno de sus apartes ella asigna funciones de carácter decisorio que son de competencia exclusiva del pleno.
- Artículo 343 La acusación central de la actora en su demanda, se refiere al contenido del artículo 343 del Reglamento del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes, adoptado a través de la ley 5a. de 1992, norma en la cual la demandante alega una clara vulneración del contenido del numeral 4 del artículo 175 de la Constitución Política, precepto superior que le atribuye a la Cámara de Representantes la función especial de "Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales...", a algunos altos dignatarios del Estado, entre ellos el Presidente de la República. Dicha norma fue derogada por el artículo 3 de la ley 273 de 1996, por la cual se modificó el Reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios: "LEY 273 DE 1996
"Por la cual se modifica el reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios "El Congreso de Colombia "DECRETA ".... "Artículo 3. El artículo 343 de la ley 5 de 1992, quedará así: "Artículo 343. Consecuencias del Proyecto de Resolución Calificatoria. Al día siguiente de la aprobación del proyecto de Resolución, el Presidente de la Comisión, enviará el asunto al Presidente de la Cámara, a fin de que la Plenaria de esta Corporación, avoque el conocimiento en forma inmediata. La Cámara se reunirá en pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para estudiar, modificar, y decidir en el término de quince (15) días sobre el proyecto aprobado por la Comisión. "Si la Cámara de Representantes aprueba la Resolución de preclusión de investigación, se archivará el expediente. Si no la aprobare, designará una comisión de su seno para que elabore, en el término de cinco (5) días, el proyecto de Resolución de Acusación."
De lo dicho se desprende que la norma atacada objeto de análisis fue derogada y en consecuencia excluida del ordenamiento superior, circunstancia que en principio sería suficiente para respaldar un fallo inhibitorio de esta Corporación; no obstante, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con los límites a las sentencias inhibitorias por sustracción de materia, es necesario establecer si en el caso propuesto procede o no un pronunciamiento de fondo. Ha dicho la Corte: "La Corte Constitucional, en repetida jurisprudencia, ha sostenido que cuando se demandan normas derogadas carece de objeto entrar a resolver sobre su constitucionalidad , en cuanto ya han sido retiradas del ordenamiento jurídico por el propio legislador, resultando inoficioso que se defina si mientras estuvieron vigentes fueron válidas a la luz de la Carta." "No obstante, la doctrina de la Corporación ha señalado también que la llamada sustracción de materia, que precisamente radica en el preanotado fenómeno, no es suficiente por sí misma para provocar un fallo inhibitorio, pues la Corte no solamente debe velar por la constitucionalidad de las disposiciones legales que están rigiendo sino que igualmente le atañe, en virtud de su delicada responsabilidad como guardiana de la prevalencia del estatuto fundamental, evitar que normas pretéritas ya no vigentes, pero inconstitucionales, proyecten sus consecuencias jurídicas hacia el futuro." "Por eso, es menester que, a cambio de precipitar una inhibición que podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta, la Corporación determine si, pese a la derogación del precepto acusado o revisado, éste sigue produciendo efectos, pues, en caso de ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la inexequibilidad planteada." "(...)" (Corte Constitucional, Sentencia C-397 de 1995, M.P. Dr., José Gregorio Hernández Galindo)
la técnica organizativa más eficaz para lograr sus cometidos. No obstante. son atribuidas a otros órganos del poder. en aquellos procesos que le corresponde adelantar a dicha Corporación. requerían de una fuerte articulación. y la limitación del poder suponía la garantía de aquellos. la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. como es sabido. la Corte Constitucional estima que el precepto demandado ya no está produciendo efectos y. protegidos con un fuero penal especial y disciplinario propio. cuando se trata de altos dignatarios del Estado. es el resultado histórico de una serie de transformaciones económicas. podría tener o no legítimamente la competencia para decidir sobre la preclusión y archivo de una investigación. le corresponde a esta Corporación determinar si una de las comisiones creadas por la misma ley. el origen y finalidad de la función judicial. asume funciones propias del otro. que se fueron produciendo en el modelo que caracterizó el estado liberal. hay lugar a la inhibición.
. esta Corte considera pertinente analizar.La función judicial a cargo del poder legislativo en el Estado Social de Derecho. la proclamación de los derechos individuales y la limitación del ejercicio del poder por parte de los distintos órganos del Estado. dado que la defensa de los derechos individuales implicaba la limitación del poder. para su realización. sociales. . valga decir la legislativa. por lo tanto. modelo que en sus inicios presentó como postulados básicos. ellas no se radican en cabeza única y exclusivamente de quienes han sido elegidos para cumplirlas. Ambos postulados. El Estado Social de Derecho. pues a título de excepción y en algunos casos específicos previamente estipulados en la Constitución y en la ley. de manera previa. por lo menos de forma somera.En el presente caso. el Constituyente le atribuyó al poder legislativo del Estado. conduzca a la conclusión de que cada uno de ellos. de ahí que la confrontación de la experiencia histórica con los postulados teóricos que sustentan el modelo de estado que encuentra en el principio institucional de la división de poderes uno de sus pilares fundamentales. políticas y jurídicas. El caso concreto del artículo 343 de la ley 5 de 1992 De conformidad con los argumentos que respaldan la acusación de la actora contra el artículo 343 de la ley 5a. en aras precisamente de preservar el sistema. de 1992. que con carácter excepcional y respecto de determinados funcionarios al servicio del Estado. Este paradigma encontró en la doctrina de la separación de poderes. un esquema organizativo del Estado que no puede entenderse como la división tajante y excluyente de las funciones que lo caracterizan. en cumplimiento de las funciones que a este propósito le atribuyó la Carta Política. en algún momento y bajo determinadas circunstancias. la ejecutiva y la judicial. la separación de poderes configura un principio institucional. En efecto.
Sentencia C-198 de 1994. cumple funciones de carácter judicial. Como puede apreciarse. contituyéndose dicha condición en otro de los elementos esenciales para el normal funcionamiento de aquellos estados cuyo esquema de organización se basa en el equilibrio en el ejercicio del poder público. incluso. de conformidad con los artículos 174. el judicial cumple funciones administrativas (dada la autonomía administrativa y financiera de la Rama Judicial). que introdujo Estados Unidos de Norteamérica. se desarrolle el cumplimiento de las funciones que los caracterizan esencialmente. de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y del Fiscal general de la Nación. Así por ejemplo.Del fuero constitucional
. Quiere decir lo anterior.. alguno asuma y cumpla funciones de otro. ..
Así. se aceptó y acogió en la mayoría de estados contemporáneos de origen liberal. 175 y 178 de la Carta. Vladimiro Naranjo Mesa). el Constituyente de 1991 mantuvo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de acusar y juzgar. se pretende en ellos que el control mútuo sea el instrumento a través del cual.. Para ello. Sobre esas funciones de carácter judicial a cargo del Congreso de la República ha dicho esta Corporación: "F) La función judicial a cargo del Congreso "Continuando con una tradición constitucional. del Consejo de Estado. que el ejercicio de la función judicial que la Carta Política consagró para el poder legislativo es restringido. se acepta y así se consagra en el respectivo ordenamiento superior." (Corte Constitucional. a los más altos funcionarios del Estado. que en circunstancias de carácter excepcional preestablecidas. el ejecutivo cumple funciones legislativas (expedición de decretos con fuerza de ley previo otorgamiento de facultades extraordinarias). fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta de las nuevas instituciones y de los nuevos servidores públicos que entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991. de los magistrados de la Corte Constitucional. especialmente en aquellos que han adoptado el modelo propio de los estados de bienestar. 175 y 178 de la Carta Política facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial sobre los actos del Presidente de la República -o quien haga sus veces-. Dr. y el legislativo. la única modificación que se introdujo en esta materia en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886.Es así como el sistema de "checks and balances" (control y equilibrio). respectivamente. M. además de impedir el abuso o extralimitación en el ejercicio del poder que singulariza a cada uno de los órganos del Estado. en los casos especiales expresamente señalados en la Carta. el artículo 116 de la Carta Política le atribuye al Congreso "determinadas funciones judiciales".P. y en consecuencia que sólo es aplicable respecto de funcionarios del Estado que gocen de un fuero constitucional especial. En efecto. le corresponde asumirlas cuando se trata de aquellos altos funcionarios del Estado a los cuales el Constituyente les otorgó un fuero constitucional especial. dichas funciones. los artículos 174.
y ante las plenarias de las dos corporaciones. recibida la acusación de la Cámara por el Senado. en pleno. Dicho fuero especial no implica el sometimiento a jueces y tribunales especiales. distintos de aquel al cual pertenece el funcionario protegido con un fuero especial. además del ya señalado principio institucional de equilibrio ante las ramas y órganos del poder público. garantiza también de forma paralela la integridad y salvaguarda de sus instituciones y la seguridad de las personas que las representan.. la Plenaria del Senado delibera y decide sobre la propuesta de la Comisión de Instrucción prevista por el numeral 4o. de conformidad con el numeral 1o. tiene la categoría de función
. En el caso del Presidente de la República. La razón de ser del fuero especial es la de servir de garantía de la independencia.. de otra parte. y de otra la independencia y autonomía de algunos órganos del poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus funciones y la investidura de sus principales titulares. bien sea que ésta se haya expresado directamente o a través de sus representantes. con el cual se pretende garantizar. Para la Corte es indudable que tanto la actuación que se cumpla ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. de 1992. y por los artículos 345 y 346 de la Ley 5a. ante la Comisión de Instrucción del Senado. la primera decisión que éste debe adoptar. del artículo 175 de la C. si bien. ello precisamente para lograr la realización de los objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho. sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. distintos de los ordinarios. el cual. es si admite o nó tal acusación. autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero. Al efecto. éste goza del fuero constitucional consagrado en el artículo 199 de la Carta: "El Presidente de la República durante el período para el que sea elegido.P.Otro de los elementos característicos de los estados democráticos de régimen o sistema presidencial de gobierno. en aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y eventualmente acusaciones. del artículo 175 de la Constitución. y con el artículo 345 de la Ley 5a. esto es. de una parte la dignidad del cargo y de las instituciones que representan. pues sólo así es posible mantener el equilibrio en el ejercicio del poder. determinados funcionarios del Estado. de 1992. el fuero sirve también para garantizar que las decisiones de la voluntad general." Así pues. y que en todo caso prevalecerán los principios y procedimientos consagrados en la Constitución y en la ley. no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos.configura un Gobierno de leyes por encima de las personas". tal como lo ha dicho esta Corporación ". o quien se halle encargado de la presidencia. sino el cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto del juicio penal. no serán desconocidas. por ejemplo. se encuentra en la figura del fuero penal especial y del disciplinario propio y autónomo que protege a ciertos altos funcionarios del Estado. las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado. Ante todo se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación.
el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos”. los miembros de las Cámaras. para la Corte es evidente que el sentido de las anteriores normas constituye un requisito de procedibilidad para que pueda producirse la intervención de la Corte Suprema de Justicia. en su condición de jueces. es decir. Además de las limitaciones inherentes a su condición de congresistas. del artículo 341 de la Ley 5a. “en la investigación de delitos comunes tendrá las mismas atribuciones. en estos precisos términos: “Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174. como lo señala en forma clarísima el artículo 235 que consagra la competencia de juzgamiento. La naturaleza de la función encomendada al Congreso supone exigencias a la actuación de los congresistas que. Por esta razón el inciso 2o. En lo que concierne al Presidente de la República. refiriéndose a la Comisión de Investigación y Acusación dispone: “Los requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación. consiguientemente. si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”. y. en su inciso final. dispone que el Representante Investigador. facultades y deberes que los Agentes de la Fiscalía General de la Nación”.. Admitida la acusación de la Cámara. colegiadamente concurren a la configuración del presupuesto procesal previo consistente en la decisión sobre acusación y seguimiento de causa o no acusación y no seguimiento de causa.P.P. están destinadas a preservar la autonomía y la dignidad de los cargos amparados con el fuero. a juicio del Senado. En conclusión.” Todas estas reglas procesales de forma y contenido constitucionales. como quiera que lo que se demanda es una decisión objetiva e imparcial en atención a los efectos jurídicos que ha de tener. conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. sólo para los efectos de acusar. como lo advierte la misma norma. con su voto. asumen una responsabilidad personal. impone hacer extensivos a éstos el régimen aplicable a los jueces. de 1992.
. Esto es lo que algunos doctrinantes califican como juicio de responsabilidad política.” Y el artículo 333 de la misma ley. Sin perjuicio de que las decisiones que se adopten sean colegiadas. que “si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones. no acusar y declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa. que incluso podría tener implicaciones penales. o a indignidad por mala conducta. Pero.judicial. siguen los pasos señalados en los numerales 2 y 3 del artículo 175 de la C. las mismas responsabilidades. De lo anterior se infiere que para estos efectos los Representantes y Senadores tienen las mismas facultades y deberes de los Jueces o Fiscales de instrucción. serán los exigidos por el Código de Procedimiento Penal. la índole judicial de la función analizada. anteriormente se ha reproducido lo que establece el artículo 199 de la C. “al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia. por cualquier hecho punible que se les impute.
cuando se trata de hechos que dan lugar a responsabilidad del Presidente de la República por infracción que merezca otra pena distinta de las mencionadas en el artículo 175 de la Carta. al igual que cuando se refiera a delitos comunes en que incurra el mismo funcionario. puede requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. la tiene la Cámara de Representantes al tenor de los preceptos constitucionales citados. salvo norma exceptiva. sin perjuicio de la atribución constitucional de carácter especial del señor Fiscal General de la Nación de formular las denuncias contra el mismo. Consejo de “Estado.. declarará si hay o no lugar a seguimiento de causa....” (Corte Constitucional.. o cuando hubiere causas constitucionales. bien sea por actos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones. así como a los demás funcionarios de alto rango constitucional. que quien ostenta la facultad de acusar no pudiese tener la de investigar... la facultad de juzgamiento de éste la tiene la Corte Suprema de Justicia. que haya lugar a ello. cuando encuentre en cualquier momento. para que en caso afirmativo pueda ponerse al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia.. para la Corte Constitucional la competencia para investigar y acusar al Presidente de la República. “En conclusión. pues no tendría fundamento alguno. estima la Corte que la potestad constitucional para investigar y acusar al Presidente de la República o quien haga sus veces... del artículo 178 de la norma superior.. . la Cámara de Representantes. “De lo anterior se colige que al tenor de los preceptos constitucionales examinados. Esta misma regulación rige para los Magistrados de la Corte Constitucional.” . .P. incluído el señor Fiscal General de la Nación... Corte Suprema de Justicia. Auto de octubre 12 de 1995 M. Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación.. quien como lo expresa el numeral 5o... que ahora se ratifican y amplían: “Es claro que. o por delitos comunes cuyos hechos lo puedan constituír responsable de infracción. situaciones en las cuales el Senado aparte de aplicar cualquiera de las sanciones que pueda imponer. la potestad para investigar y acusar al Presidente de la República o a quien haga sus veces.
. Dr... la tiene al tenor de las normas constitucionales vigentes.En anteriores pronunciamientos la Corte Constitucional señaló sobre esta materia los siguientes conceptos.
“Así pues. la tiene la Cámara de Representantes. Hernando Herrera Vergara).De las funciones asignadas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
en los términos de la Constitución y de la ley. que apoye las funciones de investigación y acusación de los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Carta. y la segunda. en el caso de que la Cámara en pleno decida declarar precluida la investigación. equivocadamente y excediendo sus facultades. una y otra definición corresponden al pleno de la Cámara de Representantes. la norma impugnada.Se ha dicho que la creación en la Cámara de Representantes de una comisión permanente y especializada. y normas concordantes. caso en el cual no se le deberá dar curso. por el contrario. que al encontrar que existe mérito y fundamento suficiente se formule la respectiva acusación ante el Senado de la República. de manera expresa y específica la nueva norma asigna al pleno de la Cámara de Representantes. la de precluir la investigación y archivar el expediente. tal como lo ordena la Constitución. a través del cual se modificó el precepto impugnado. una de las cuales es precisamente la que se cuestiona por parte de la actora por considerarla inconstitucional. la Cámara de Representantes. y esta decisiòn tiene un carácter definitivo. Y. por eso. trasladaba a la mencionada Comisión una función que el Constituyente atribuyó de manera expresa y especial a la Corporación en pleno. se archiva el expediente. decisión que por su origen y categoría no puede ser modificada ni revocada por el Congreso. como instancia de colaboración y soporte para el cumplimiento de las labores de instrucción que el Constituyente le atribuyó a dicha Corporación. Caso distinto se puede presentar en relación con las funciones que a dicha comisión le asignó el legislador. es contraria al ordenamiento superior. sin que haya lugar a distingos o categorizaciones que fundamenten el traslado de esa responsabilidad a una instancia diferente. al contrario ella encuentra específico fundamento en lo dispuesto en el artículo 151 superior. de 1992. artículo 343 de la ley 5a. si decide acusar ante el Senado. salvo que la denuncia o queja sea manifiestamente temeraria o infundada. le corresponde investigar a aquellos funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Carta. o decide que no hay lugar a
. será éste el que en su momento tendrá que resolver si admite públicamente la acusación y la tramita de conformidad con el artículo 175 de la C.
Al analizar el artículo 3 de la ley 273 de 1996. se constata que la intención del legislador fue la de armonizar las normas que rigen este tipo de procedimientos con los mandatos constitucionales.P. sin que en dicha decisión participara el pleno de la Corporación. Si no admite la acusación. la función de tomar las decisiones a que haya lugar. Ahora bien. en aquellos casos en que esa célula acogiera el proyecto de resolución calificatoria que en ese sentido presentara el Representante-Investigador. pues el legislador. esa función en cada caso puede conducir a una de dos definiciones: la primera. lo que acarreaba una flagrante violación del numeral 4 del artículo 178 de la Carta.
Si se tiene en cuenta que a dicha Corporación. que por no existir mérito se precluya la investigación y se ordene el archivo del expediente.
En efecto. señalaba como una de las funciones de la denominada Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
para efectos de cometer la instrucción de los diferentes procesos. de 1992. en los términos de la Constitución y de la ley. de 1992 Pretendiendo desarrollar dichos preceptos superiores. también estas resoluciones tienen carácter definitivo. de 1992. numeral 2 de la C. El argumento en el cual la actora fundamenta su acusación presenta la misma estructura que el esgrimido para acusar el artículo 343 de la ley 5a.. siempre que se reserve el juicio y la sentencia definitiva. de una diputación de su seno. a la cual le atribuyó facultades a través del artículo 345: "Proyecto de Resolución sobre la acusación. Conforme a lo anterior y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 235.P. una vez la Cámara de Representantes decida formular acusación contra alguno de los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Carta Política. En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento. de 1992. cuando la Corte Suprema asume la competencia de juzgamiento. a través de la ley 5a.P.
2. el legislador. corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República y algunos otros altos dignatarios del Estado. como culminación del juicio ante el Senado. y atendiendo a los principios y garantías constitucionales del debido proceso penal. regulan el procedimiento a seguir. Solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 345 y 346 de la ley 5a. la sentencia a que se refiere el numeral 4 del artículo 175 de la C. El Senador-Instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto de Resolución admitiendo o rechazando la acusación .seguir causa criminal. normas que como la analizada en el punto anterior. en efecto. cuyo numeral 4 prevé que se sirva. es claro que aquella Corporación adelanta el juicio que le corresponde en forma independiente. en este caso por la Comisión especializada del Senado de la República denominada Comisión de Instrucción. una vez cumplidas las exigencias constitucionales a que están sujetos la Cámara de Representantes y el Senado de la República. de 1992. creó la denominada Comisión de Instrucción del Senado. tiene carácter de cosa juzgada. es el relacionado con los artículos 345 y 346 de la ley 5a.
. Por lo demás. Artículo 345 de la ley 5a. El segundo aspecto de la demanda. debiendo fundamentarse en las pruebas suficiente y objetivamente recaudadas por ella misma. que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Carta. Para hacerlo deberá seguir el procedimiento que la misma Carta le señala en el artículo 175. (causas por indignidad). señala la demandante. autónoma y sin depender ni de la calificación ni de las reglas procesales cumplidas ante el Congreso.
.." En opinión de la actora los apartes subrayados de la norma transcrita son contrarios al ordenamiento superior. célula cuyo origen se encuentra en el numeral 4 del artículo 175 de la Carta. cuando la Cámara de Representantes. y “sobre esa
. sin que se desprenda de su contenido que se le faculte para tomar una decisión definitiva en algún sentido. como ya se ha expresado. el 345 de la ley 5a. Artículo 346 ley 5a. específicamente la consagrada en el artículo 175 de la Carta. y no de una de sus células. de 1992.."Este proyecto se presentará a la Comisión de Instrucción la cual dentro de los dos (2) días siguientes.”. no encuentra en el artículo 345 elementos que puedan contrariar ese principio superior. lo son de dichas corporaciones en pleno. en esta norma se establece. los apartes demandados del artículo 346 de la ley 5a. una y otra son funciones que le asigna la Constitución Política al Senado en pleno. en pleno. por ser función exclusiva del Senado en pleno la de juzgar a los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la C. pues así como le corresponde al Senado considerar y decidir sobre la procedencia de la acusación formulada por la Cámara."
En los apartes subrayados. mientras estén dirigidas a sustanciar el trabajo del pleno en los casos en que haya acusación de la Cámara de Representantes. serán acordes con la voluntad expresada por el Constituyente.. Si la Comisión decidiere aceptar la cesación de procedimiento. Este es el fundamento de la declaratoria de exequibilidad que producirá esta Corporación en relación con los apartes demandados del artículo 345 de la ley 5a. la Corte comparte el argumento central de la demanda. como es obvio. si la rechaza y ordena la cesación de procedimiento. de 1992. formule la correspondiente acusación. de 1992. Si bien. de 1992 establece lo siguiente:
"Decisión de la Comisión de Instrucción. al igual que en el artículo 343 de la Ley 5a.P. en pleno. de 1992
El artículo 346 de la ley 5a. se limita a regular el procedimiento a seguir al interior de la Comisión de Instrucción.. también le corresponde decidir. negándole la posibilidad de delegarlas. Si aceptare la acusación . vuelve el legislador a desconocer la voluntad del Constituyente. como sí lo señala el legislador en el artículo 346. al delegar en una célula del Senado una facultad atribuída al pleno de esa Corporación. de 1992 serán declarados inexequibles por esta Corporación: “Si la Comisión decidiere aceptar la cesación de procedimiento. en el sentido de que las funciones judiciales asignadas por la Constitución a cada una de las Cámaras que conforman el Congreso. archivará el asunto. que la Comisión estudie y decida sobre el proyecto que presente el Senador-Instructor. y cuyas funciones. se reunirá para decidir si acepta o no el proyecto presentado por el ponente. En consecuencia. archivará el asunto. sus disposiciones simplemente consignan las reglas a seguir para el desarrollo de la necesaria relación entre el instructor y los demás miembros de la comisión al interior de la misma.. pues dicho artículo. Si aceptare la acusación.
a través de la sentencia C-037 de 1996. en el proceso de revisión que le correspondió efectuar por tratarse de una ley estatutaria. el mencionado fallo al pronunciarse sobre el artículo en mención dijo lo siguiente:
Corte Constitucional. como lo ha dicho esta Corporación. así. que contienen dicha expresión.
.. en su artículo 178 se remite a lo establecido en la Constitución Política en relación con las acusaciones que se formulen contra los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Carta.
Dicha Ley Estatutaria.P. 341 y 342 de la ley 5a. 338. para integrar la unidad normativa. en efecto. de 1992.. En desarrollo de lo dispuesto en el literal b del artículo 152 de la Constitución Política. sin violar con ello el ordenamiento superior. Ley 5a. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional.admisión de la acusación”. El título de este artículo y el resto de su contenido. le reconoce a dicha Comisión funciones judiciales de investigación y acusación en los juicios especiales que tramita la Cámara de Representantes. dada ". Eduardo Cifuentes Muñoz
." 1. la cual.La expedición de la ley 270 de 1996. pues en su opinión esa función le corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Representantes en pleno. que regula en su integridad la materia de administración de justicia. de 1992.
3. por requerirse su aprobación dentro de una sola legislatura y exigirse la revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. por lo que en ningún momento procesal puede ser atribuida a una de sus células. en su título séptimo se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Congreso de la República. que titula "DE LA COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION". por ser estatutaria posee una categoría especial. Solicitud de inconstitucionalidad de la expresión ". Dr. El tercer aspecto de la demanda es el que tiene que ver con la denominación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. el legislador expidió la ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 331.
En el artículo 179.. Sentencia C-013 de 1993.. le atribuye el conocimiento del régimen disciplinario contra los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Carta.y acusación". la expresión ". por considerarla contraria al ordenamiento superior..y acusación" consignada en los artículos 312. la Corte los considera exequibles.la agravación de los requisitos para su aprobación. por exigir una voluntad distinta de la que legisla en los demás casos: la voluntad de la mayoría absoluta y no de la simple. de la cual la actora impugna. por eso impugna todas aquellas normas del reglamento del Congreso y sus Cámaras.. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. así mismo. M.
dado que ellas. cuya redacción es idéntica. tienen base de validez formal diferente. fueron incluídas en una ley de distinta jerarquía como lo es la ley 270 de 1996. dado el caso. de 1992." 2 Lo que se presenta en este caso. en algunos casos literalmente y en otros con algunas modificaciones. en relación con varias de las normas impugnadas. ". se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional si se tiene en cuenta que esta Corporación. pues se trata de normas que pertenecen a distintos ordenamientos y por tanto. P. como lo ha dicho la Sala Plena de esta Corporación. derogado por el numeral 4 del artículo 180 de la ley 270 de 1996. Dijo la Corte al pronunciarse sobre dicha disposición: "En cuanto a las atribuciones contempladas en los numerales 4o. y 5o. En cuanto al numeral 2 del artículo 312 de la ley 5a. que la Corte Constitucional no encuentra objeción a la denominación que el legislador quiso darle a la Comisión que con carácter permanente soporta y apoya el trabajo de la Cámara de Representantes.. Ley Estatutaria de Administración de Justicia. de 1992. 331. razón por la cual no cabe objeción de constitucionalidad alguna. el cual por lo demás fue declarado exequible por esta Corporación a través de la ya citada Sentencia C-037 de 1996. M. es una derogación de las normas impugnadas. 338 y 341 de la ley 5a. la respectiva acusación contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional especial incluyendo los asuntos disciplinarios.a pesar de que el contenido normativo es similar no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. en su opinión. éste fue subrogado por el numeral 5 del artículo 180 de la ley 270 de 1996." (Corte Constitucional Sentencia C-037 de 1996. Sentencia C-558 de 1994. en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones judiciales que la Carta le atribuyó a dicha Corporación. Carlos Gaviria Díaz
. M. Lo anterior no quiere decir que la Corte acoja la tesis y la solicitud del Ministerio Público. Ese es el caso del numeral 1 del artículo 312 de la ley 5a. de la norma. y 6o. del artículo 178 de la Carta Política." De lo anterior se concluye. de 1992. Vladimiro Naranjo Mesa). Dr. por lo que la Corte se declarará
Constitucional.P. Dr. al ejercer el control constitucional que le corresponde sobre la ley 270 de 1996. se pronunció sobre normas que transcribieron "literal y cuasi literalmente" algunas de las disposiciones impugnadas. si se tiene en cuenta que la simple denominación no implica vulneración o invasión de las atribuciones de la Corporación de la que hace parte. pues ella en nada contraría el ordenamiento superior. debe señalarse que ellas se fundamentan en los numerales 3o. según se determinó en la sentencia C417/93 y se reitera en esta providencia.. es la Comisión de Investigación y Acusación que forma parte de la Cámara de Representantes. la célula del Congreso de la República encargada de adelantar las investigaciones y de formular."De acuerdo con la ley.. respecto de las cuales. objeto de impugnación. denominación que se encuentra consignada también en los artículos 312. lo que implica un pronunciamiento inhibitorio de esta Corporación respecto de las normas demandadas. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
. se reitera que las normas demandadas se refieren a la acusación. según la ley. son de competencia exclusiva de dichas corporaciones en pleno. para la Corte es claro que las funciones judiciales que el Constituyente atribuyó de manera expresa al Congreso. las cuales carecen de capacidad para delegarlas aún en sus propias células. debe precisarse que si bien la norma constitucional no prevé la posibilidad de que las autoridades formulen quejas o denuncias . del artículo 178 de la Carta. . ningún elemento que pueda llevar a la conclusión de que asignar esa función de trámite a la comisión. en todos los casos.. Dr. lo anterior. M. pues como ha quedado establecido. si precluye la investigación o si existe mérito para presentar ante el Senado la respectiva acusación." Si bien.
En resumen. por cuanto el cumplimiento de ese trámite ante la Comisión no implica que las decisiones definitorias sobre un asunto en particular se le trasladen a dicha célula. entiende la Corte que la exequibilidad del numeral bajo examen se condiciona a que la participación de las "autoridades" de que habla el artículo bajo examen deberá hacerse. de 1992." (Corte Constitucional. bajo la calidad de ciudadano y no como servidor público. No existe. Sentencia C-037 de 1996. vulneran el ordenamiento superior ya que dicha denuncia o queja ". se sujetará a los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo.Artículo 330 Ley 5a. para que el trámite de la presentación se haga ante la Comisión de Investigación y Acusación. de 1992. en el respectivo caso. por razones de celeridad y economía procesal. con base en las propuestas de la comisión la Cámara de Representantes debe decidir. vulnere o contraríe algún precepto superior. se basa en lo dispuesto por el numeral 4o. tal como se ha señalado. La expedición de estos actos.. considera también que ello no es óbice. y específicamente a sus Cámaras. pues la misma fue creada precisamente como instancia auxiliar y de apoyo para el cumplimiento de las funciones que en esta materia la Carta expresamente le otorgó a la Cámara de Representantes. por ser ella la competente para acusar a los altos funcionarios..inhibida respecto de la acusación formulada contra él. pues. a la preclusión de la investigación y a la cesación de procedimiento.P. la sustentó en el escrito de corrección que remitió a esta Corporación en los siguientes términos: En su opinión dichos apartes. por lo que se declararán ajustadas a la Carta Política las expresiones demandadas del artículo 330 de la Ley 5a. si ella versa sobre hechos que
. de 1992 La acusación que presenta la actora contra algunos apartes del artículo 330 de la ley 5a.debe presentarse ante la Cámara de Representantes. vale aclarar que la norma que lo derogó fue declarada exequible por esta Corporación con base en los siguientes argumentos: "Por su parte el numeral 5o.. Vladimiro Naranjo Mesa). Como quiera que la acusación. que establecen que la denuncia o queja deberá ser presentada personalmente por el denunciante ante la Comisión de Investigación y Acusación.
la opción no puede ser distinta de la de no acusar y declarar el no seguimiento de causa. tienen indudablemente un sentido definitivo. tales decisiones. de acuerdo con lo cual se pondrá o no al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia (C. no es ése el caso. Si con arreglo a las averiguaciones que en su seno se realicen.3 y 4). y a los postulados inderogables del debido proceso. en los términos de la Constitución y de la ley.P. da lugar a un juicio criminal que se surte ante la Corte Suprema de Justicia.constituyen delito. como ya se ha
.. en el que la Cámara y el Senado gozan de plena capacidad investigativa y juzgadora. 178. tratándose de hechos punibles. por lo tanto. lo que significaría un menoscabo intolerable a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
El medio concebido por el Constituyente para articular esta garantía institucional ha sido el de convertir a las cámaras legislativas en tamiz judicial de las denuncias y quejas que se presenten contra los indicados funcionarios. o el Senado declara que no hay lugar a seguir causa criminal. el derecho a la jurisdicción y a la acción penal.
Salvo el caso de la indignidad por mala conducta. arts. en los demás eventos en los que la materia de la acusación recae sobre hechos presuntamente delictivos. como tampoco los actos denegatorios de una y otra. se erige en un verdadero presupuesto procesal indispensable para proseguir la acción penal contra las personas que gozan de fuero constitucional especial.
Sólo en estos términos se mantiene el principio de la separación de poderes. El fuero no es un privilegio.
La función atribuida a las cámaras es de naturaleza judicial siempre que se refiera a hechos punibles y. en punto a la investigación y juzgamiento de los servidores públicos comprendidos por el fuero (C. no es en modo alguno discrecional. por el contrario. extremos que exclusivamente cabe definir a la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia definitiva. Aunque hay que advertir que cuando la Cámara no acusa. 175-2 y 3. art. por tratarse de una función política. para evitar la invasión de competencias. a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa. y se evita que el fuero que cobija a los altos funcionarios del Estado se convierta en una institución ajena a las finalidades que lo animan. En este orden de ideas. 174 y 178-3). el segundo. existen razones que ameriten objetivamente la prosecución de la acción penal. la intervención de la Cámara y del Senado. se impone delimitar el ámbito funcional del Senado y de la Cámara de Representantes. no puede existir alternativa distinta a la formulación de la acusación y a la declaración de seguimiento de causa.P. la competencia de la primera se limita a elevar ante el Senado la acusación respectiva o a dejar de hacerlo y. y. comportan la condena o la absolución de los funcionarios titulares de fuero. por cuanto no se podrá dar judicialmente el presupuesto procesal para que se continúen las actuaciones contra el funcionario acusado e investido con el fuero constitucional. vale decir. Es evidente que ni la resolución de acusación de la Cámara ni la declaración de seguimiento de causa. Si. única llamada a pronunciarse de fondo sobre la pretensión punitiva.
cómo es que actúan y si respetan el mandato que hemos otorgado los ciudadanos”. Las precisiones anteriores son indispensables para fijar el alcance de las competencias de la Cámara de Representantes y el Senado. según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental. La competencia Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República. pero además vulnera lo dispuesto en el artículo 228 del mismo ordenamiento.P. y que tienen que ver con las normas legales acusadas en esta demanda.
Sentencia C-245/96 VI. la sustitución del concepto de “soberanía nacional” que en la tradición constitucional colombiana venía figurando desde las primeras
. En consecuencia la exequibilidad de las mismas se supeditará a la interpretación que se hace en esta providencia. participativo y pluralista establecido en el preámbulo y en los artículos 1° y 2° de la Carta. Igualmente. en el sentido de que las actuaciones de la justicia deben ser públicas. Asimismo considera el demandante. y sobre el principio de publicidad de los actos del Congreso. 2.1 Alcances jurídico-políticos del concepto de soberanía popular El Constituyente de 1991 introdujo. el actor considera que la norma acusada desconoce el marco jurídico-político de carácter democrático. es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad. en el artículo 3o. En cuanto al voto secreto se refiere. Este mismo artículo agrega: “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores. por la otra. la Corte estima pertinente hacer algunas consideraciones sobre los alcances jurídico-políticos del concepto de soberanía popular. por cuanto éste no puede existir “si los ciudadanos estamos en incapacidad de conocer cuales son las actuaciones de quienes nos representan. señaladas en los artículos 175 y 178 de la C.reiterado. por ende. 2. que el voto secreto permite a los congresistas eludir las responsabilidades previstas en el artículo 6° de la Constitución. al establecer que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. ni más ni menos. de la Carta Política un cambio de profundas implicaciones tanto políticas como constitucionales. del cual emana el poder público”. por una parte. tiene como propósito preservar la autonomía y la independencia legítimas de los funcionarios amparados por él. en el artículo 133 estableció que “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. que la adopción del concepto de “soberanía popular” y. del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Análisis de los cargos formulados contra el artículo 131 de la Ley 5a. de 1992 De conformidad con lo expresado en el acápite correspondiente a los fundamentos de la demanda. Dicho cambio implica. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.
.2 Publicidad de los actos del Congreso Parte esencial de la participación ciudadana y del control que el pueblo tiene derecho a ejercer sobre el poder político es la relativa a la conformación y funcionamiento del Congreso Nacional... la transmisión de éstas a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión y la publicación de un órgano propio. a una más directa participación de los ciudadanos. Lo que el constituyente de 1991 buscó con la consagración de la “soberanía popular” fue.. dicha transparencia se busca a través de la publicidad de dichos actos. 377. en cuanto hace al Congreso o Parlamento.... -en el caso colombiano la “Gaceta del Congreso”-....... La anterior modificación no es simplemente de carácter semántico. 378 y 379.constituciones de la República y que la de 1886 consagraba también. 155.. 103.. que consagra el derecho a la participación: “Artículo 40.. 170... tal como corresponde a la aplicación real del principio de la “soberanía popular”.. entre otros. sino también los debates ocurridos en el seno de las Cámaras...... consagrados en la Constitución de 1991 en los artículos 40-2. órgano por excelencia de representación popular.... “... Unicamente se exceptúan de este principio de la publicidad algunos actos expresamente previstos en la Constitución..... 103 y 259. la iniciativa legislativa y el cabildo abierto. 270... la presencia de los medios masivos de información en las sesiones.. también.... Ello con el fin primordial de que la ciudadanía pueda ejercer la adecuada vigilancia y control sobre sus representantes. 105. el plebiscito........” La participación ciudadana de que trata el artículo 40 de la Carta Política es principio esencial para la transparencia que debe caracterizar todos los actos de las distintas ramas y órganos del poder público. consagrada en la Constitución de 1991 en los artículos 40-4.... que el mismo legislador excepcionalmente establezca y que no sean contrarios a la Constitución. a través de mecanismos como el referendo. En el caso concreto de los actos del Congreso.. ella tiene serias implicaciones tanto de orden jurídico como de orden práctico.. 104. pues.. en nuestra Constitución. Así lo establece con toda claridad el artículo 40.. en un Estado de Derecho la norma general...Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación ejercicio y control del poder político”.. Bajo esta nueva concepción se da cabida a instituciones como la revocatoria del mandato de los elegidos... entendiendo este término en su sentido más amplio.: “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación. en su artículo 2o........... adoptado..... y también en el control del ejercicio del poder público de los gobernantes. 2. 40-5.. como son la libre concurrencia del público a las tribunas o ”barras”.... donde deben divulgarse no sólo todas sus decisiones... Ello tiene relación. es la de que sus actos sean públicos. como se dijo. La publicidad de los actos del Congreso es.... los espacios de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones que tengan incidencia tanto nacional como regional y local.. 106.. en últimas..”.... En todas las democracias modernas y contemporáneas nota característica... y aquéllos.....
. con el ejercicio del derecho fundamental a la información establecido en el artículo 20 de la Carta Política que garantiza a toda persona la libertad de informar y de recibir información veraz e imparcial. Dicha publicidad se asegura mediante diversos sistemas.. ampliar en la mayor medida posible..
con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento”. los artículos 174. Le corresponde asumir esta atribución cuando se trata del juzgamiento de aquellos altos funcionarios del Estado a los cuales el Constituyente les otorgó un fuero constitucional especial. En efecto. en ningún momento. vulnerar preceptos constitucionales ni desconocer el espíritu de la Constitución que. la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. a las cuales se refiere la norma..Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas. Así por ejemplo. a los más altos funcionarios del Estado. y otra muy distinta su actuación como autoridad judicial. pues. siempre que exista una razón constitucional del mismo rango que el principio de la soberanía popular. con miras a preservar la autonomía del sufragante. de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y del fiscal general de la nación.3 Actuación del Congreso como autoridad judicial En el caso del Congreso de la República. se remite a lo establecido en la Constitución Política en relación con las denuncias y quejas que se formulen contra los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 del
. Magistrado Ponente. en su título séptimo se refiere de manera específica al ejercicio de “la función jurisdiccional” por parte del Congreso de la República. que regula en su integridad la materia. discutir y aprobar las leyes. 175 y 178 de la Carta Política facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial sobre los actos del presidente de la República -o quien haga sus veces-. fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta de las nuevas instituciones y de los nuevos servidores públicos que entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991. puede aceptarse que el acto individual pueda ser reservado. El principio general es. el de que las sesiones del Congreso son públicas. una es su actividad legislativa que gira alrededor de proponer. 2. de los magistrados de la Corte Constitucional. Como puede apreciarse.En el caso colombiano la publicidad de los actos del Congreso está consagrada por la Carta Política en su artículo 144. como se ha dicho.” (Sentencia N° C-198 de 1994. no pueden. ejercer amplia vigilancia y control sobre los actos de sus elegidos. el legislador puede establecer reserva sobre determinados actos. así: “F) La función judicial del Congreso “Continuando con una tradición constitucional a la que ya se ha hecho referencia. para justificar de manera objetiva. Sobre estas funciones de carácter judicial. razonable y proporcionada la reserva. 174-3. la única modificación que se introdujo en esta materia en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886. Obviamente las limitaciones que establezcan el reglamento del Congreso y el de cada una de sus Cámaras. en ejercicio de la función electoral. es el de que el ciudadano elector pueda. Igualmente. así: “Artículo 144. 175 y 178 de la Carta Política y en los artículos 329 y siguientes de la ley 5 de 1992. y en su artículo 178. del Consejo de Estado. atribución ésta contenida en los artículos 116. el Constituyente de 1991 mantuvo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de acusar y juzgar. doctor Vladimiro Naranjo Mesa).4.5. respectivamente. como más adelante se explicará. En aplicación del artículo 144 de la Carta. en tratándose de la provisión de cargos. ya esta Corporación se ha pronunciado.
Ello. como dice la norma. mediante la sentencia N° C. implique inmunidad judicial. Debe entenderse pues que la inviolabilidad opera en los casos en que los congresistas están ejerciendo su función legislativa. especialmente frente al poder Ejecutivo. menos aún. La inviolabilidad. frente a los literales a) y c) de la norma demandada y dentro de la actividad legislativa que adelanta el Congreso de la República. públicos. especial (arts. 175. encuentra pleno fundamento en el artículo 185 de la Constitución Política cuyo contenido dispone:
“Artículo 185. su función constituyente derivada. como es la de provisión de ciertos cargos. Para la Corte es claro que en este caso los congresistas asumen la calidad de jueces. Como se ha dicho. no puede entenderse por fuera de su misión tutelar propia. Por el contrario la inviolabilidad o inmunidad cobran sentido justamente frente a un acto y un juicio públicos. La Corte reconoce pues el valor trascendental que reviste la inviolabilidad de los congresistas.mismo ordenamiento. penal y disciplinaria en ningún caso. sin embargo. y 4o. 174. tal como la Corte lo explicó en reciente jurisprudencia (Sentencia N° C-222 de 1996). 183 (responsabilidad del
. su función administrativa. Para que el legislador sea inviolable por sus votos y opiniones no se requiere que éstos se mantengan bajo reserva. como ocurre en los juicios que se adelanten contra funcionarios que gozan de fuero constitucional. en el proceso de revisión previa que adelantó por tratarse de una ley estatutaria. por consiguiente. así lo establece el artículo 175 numerales 1o. esta garantía tiene por objeto asegurar la independencia de los congresistas frente a las interferencias de los demás poderes del Estado y su cumplimiento. Ahora bien. eventualmente. de otorgársele una extensión ilimitada. 178-4 y 199). Los artículos 133 (responsabilidad política del congresista frente a sus electores). El artículo 179 -de la Comisión de Investigación y Acusación-. revestidos de la calidad de jueces. Cabe anotar que el referido artículo 178 fue declarado exequible en su totalidad. ni. Dichos juicios son. por esta Corporación. le otorga a dicha comisión “funciones judiciales de investigación y acusación” en los procesos que tramita la Cámara de Representantes y le atribuye el conocimiento del régimen disciplinario contra los funcionarios a los que hace referencia el artículo 174 de la Constitución Política. en ejercicio del cargo. Pero en manera alguna puede interpretarse el artículo 185 en el sentido de que la inviolabilidad signifique una excepción al principio general de la publicidad de los actos del Congreso. Es una institución que nace con el parlamento moderno y que busca garantizar la independencia de éste frente a los otros poderes. para evitar que se identifique la forma como vota el congresista. por definición constitucional. es prenda del correcto funcionamiento de la democracia.037 de 1996 .Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo. es constitucional el que el legislador haya previsto la votación secreta. Pero cosa muy distinta ocurre cuando los congresistas. su función de control político sobre los actos del Gobierno y de la Administración y. no sería posible deducir a los congresistas responsabilidad política.. ejercen función jurisdiccional. Dicha inviolabilidad consiste en que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita. 178-3. sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”. como más adelante se explicará. y el 179 exequible en la parte pertinente. pues.
y de ello derivan igualmente. colegiadamente concurren a la configuración del presupuesto procesal previo.”(Sentencia N° C-222 de 1996. los congresistas gozan de las mismas facultades y deberes de los Jueces o Fiscales.
. la que no puede legítimamente aducirse con el objeto de escudar faltas penales o disciplinarias. de ese modo. las mismas responsabilidades. La clara determinación de la responsabilidad de los congresistas por los conceptos indicados. los miembros de las Cámaras. Es evidente que si se interpreta la inviolabilidad del voto en el sentido de que ésta ofrece al congresista una suerte de inmunidad judicial y disciplinaria total. de 1992. impone hacer extensivos a éstos el régimen aplicable a los jueces. por ende. Magistrado Ponente. asumen una responsabilidad personal. define el umbral de su inviolabilidad.congresista por violación del régimen de incompatibilidades. “La naturaleza de la función encomendada al Congreso supone exigencias a la actuación de los congresistas que. la índole judicial de la función analizada. La verificación de la transparencia adquiere la plenitud de su rigor cuando el Congreso desempeña la función judicial y. que impidan investigar si el comportamiento del congresista -en el momento decisivo de su actividad que se confunde con la emisión de su voto-. 333 y 341). los congresistas asumen competencias de esa naturaleza. inhabilidades y de conflicto de interés. Así lo reconoce. (Negrillas fuera de texto). las mismas responsabilidades. 185 (responsabilidad disciplinaria) y 186 (responsabilidad penal) de la Constitución Política. la función judicial ejercitada por jueces desligados de todo estatuto de responsabilidad -que a ello conduce impedir objetivamente verificar si el comportamiento del congresista se ajustó a la Constitución y a la ley-. la cual no puede ponerse al servicio de propósitos y objetivos que la Constitución y la ley repudian. Sobre este particular. en su condición de jueces. no sería posible identificar ni sancionar las desviaciones más aleves al recto discurrir del principio democrático y serían sus propias instituciones las que brindarían abrigo a su falseamiento. consistente en la decisión sobre acusación y seguimiento de causa o no actuación y no seguimiento de causa. consiguientemente. con su voto. o establecer condiciones y mecanismos. Además de las limitaciones inherentes a su condición de congresistas. destinación indebida de dineros públicos y tráfico de influencias). sostuvo: “ De lo anterior se infiere que para estos efectos los Representantes y Senadores tienen las mismas facultades y deberes de los Jueces o Fiscales de instrucción y. imponen al congresista una serie de deberes que se proyectan en el ejercicio de su función pública de emisión del voto. se ciñó a los mandatos imperativos de la Constitución y de la ley penal y disciplinaria. Si en este caso se decidiera conceder a la inviolabilidad del voto una latitud incondicionada. por lo demás. como quiera que lo que se demanda es una decisión objetiva e imparcial en atención a los efectos jurídicos que ha de tener. la Corte Constitucional en reciente jurisprudencia ha señalado que para efectos de la actuación judicial. la Corte al pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunas normas de la ley 5a. doctor Fabio Morón Díaz). “Sin perjuicio de que las decisiones que se adopten sean colegiadas. Por lo demás. el propio Reglamento del Congreso (Arts. a través del reglamento. perdería definitivamente dicha connotación y. todas las garantías del proceso habrían periclitado. que incluso podría tener implicaciones penales.
como se observa..... son aquellos que mayor conmoción y más graves traumatismos han causado al orden público y a la convivencia social: terrorismo. “Estatutaria de la Administración de Justicia”.... excepciones que... de la ley 270 de 1996.. señalar que en el caso de la denominada “justicia sin rostro”..... en especial cuando los delitos respecto de los cuales se requiere su pronunciamiento son de los enunciados sucesivamente en los decretos 1631 de 1987... como son los juicios que adelanta contra funcionarios que gozan de fuero constitucional especial. entre otros.... puede afectar en alto grado la convivencia social y la seguridad ciudadana.... no cabe admitir cuando su consagración puede llevar a eludir o descartar la responsabilidad penal de quien administra justicia.. Cabe.”
. el régimen aplicable a los jueces se hace extensivo a los congresistas.” “. así sea de manera transitoria....” “Tales delitos que.. A lo anterior debe agregarse el carácter eminentemente transitorio que la identifica. referido a delitos cometidos en el ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta... cuando dispone que la Administración de Justicia es función pública y sus actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley. transitorio.. el legislador.. pues únicamente siendo de público conocimiento a la actuación singular puede imputarse dicha responsabilidad...Así entonces.... por otra parte.... cabe señalar que entre estas excepciones no se encuentran los juicios que adelanta el Congreso de la República a los altos funcionarios...... sin olvidar los antecedentes de hecho que han rodeado la actividad de la administración de justicia en los últimos años.” Sobre la justicia regional ha dicho la Corte: “Considera la Corte que el sentido y propósitos de estas normas únicamente pueden comprenderse a cabalidad si se tienen en cuenta las graves circunstancias de orden público en medio de las cuales han sido expedidas. narcotráfico. tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 205....” “.... la protección de la identidad de los funcionarios que conforman la justicia regional.. secuestros... la Justicia Regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999. Ya en el plano de la función judicial -especial.. 2271 de 1991 y normas complementarias...... como lo ha reconocido la Corte Constitucional. su actuación debe someterse a los principios generales de esa función pública. extorsiones y homicidio de jueces y altos funcionarios. y entendiendo que las actuaciones frente a los funcionarios que gozan de fuero especial -penal y disciplinario. que textualmente señala: “En todo caso.que ejerce el Congreso...... que evidentemente trae como consecuencia el que su proceder deba ser público y no secreto... las actuales condiciones de grave alteración del orden público las que justifican..... Son entonces... en ejercicio de la facultad otorgada por el propio artículo 228 de la Carta...es de índole judicial... como se ha señalado. y ello implica de suyo “una responsabilidad personal”.......... 181 y 474 de 1988... que por las particulares y especialmente graves modalidades delictivas de que conoce... Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 228 de la Constitución Política.. quedan sujetos al conocimiento de una jurisdicción especial y a trámites y procedimientos también especiales... ha estimado necesario preservar de manera especial bienes jurídicos de alto valor...
en relación con la afirmación hecha por el señor ministro del Interior. de manera que se pueda colegir de ella cualquier responsabilidad.“No cabe duda a esta Corte en el sentido de que reglas como las de protección de la identidad de los servidores públicos que intervienen ante los jueces regionales o de los testigos que declaran dentro de esos procesos adquieren el carácter de indispensables para asegurar que los delitos van a ser investigados y castigados en bien de la comunidad.en los reglamentos de distintas corporaciones se acude de manera reiterada al uso del voto secreto. pues la actuación de aquél es. Es así como el artículo 35 del acuerdo N° 05 de octubre 15 de 1992 del Reglamento de la Corte Constitucional dispone que ‘las votaciones serán ordinarias.. Los vicios o desviaciones en la independencia del funcionario judicial. ello no es del todo cierto. La Corte Constitucional. están sujetos. doctor José Gregorio Hernández Galindo) Conviene. Magistrados Ponentes. igualmente está garantizado el derecho a pedir pruebas en todo momento y a controvertirlas en la etapa del juicio.. eventualmente a las responsabilidades que se deriven de su actuación ilegal. en efecto. nominales y secretas. encuentra fundamento específico en disposición expresa de la Carta (artículo 250.
El magistrado Alejandro Martínez Caballero salvó su voto en esta decisión.093 de 1993. al igual que el derecho a que el superior revise la actuación surtida sea por consulta o en ejercicio de los recursos correspondientes. así como el de la posibilidad de plantear nulidades y obtener su resolución. a los recursos legales y. “Ello. Es pertinente aclarar que para los efectos de la responsabilidad penal el llamado “juez sin rostro” resulta plenamente identificable a través de los procedimientos establecidos para ello. creencias y demás derechos y libertades (Preámbulo y artículos 2º y 228 C.. como se anotó. por otra parte. testigos e intervinientes en el proceso".
Por otra parte. Magistrado Ponente. las votaciones secretas se harán mediante papeleta’”. de todas formas.).(Sentencia C-053 de 1993. en especial por cuanto concierne a la realización del valor de la justicia y a la integridad de todas las personas residentes en Colombia en su vida. bienes. pues. numeral 4º) a cuyo tenor la Fiscalía General de la Nación tendrá a su cargo la función de "velar por la protección de las víctimas. además de conveniente al logro de los fines constitucionales. pero nunca para el ejercicio de la labor propiamente judicial. honra. pues la votación secreta en las altas corporaciones de justicia tiene lugar únicamente en casos de elecciones. en el sentido de que “. dichas garantías están aseguradas al permitirse la contradicción y los alegatos por escrito de las partes procesales. y sobre el particular señaló: “En este sentido encuentra la Corte que en la legislación especial que regula los procedimientos aplicables para los delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales.N. aclarar a este respecto que no es necesario identificar públicamente al juez para lograr el fin de la labor de administrar justicia. encontró ajustada a la Carta Política las normas que regulan esta justicia especial. pública y debe estar debidamente fundamentada.” (Sentencia N° C. doctores Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz)3.
.. lo mismo que su imparcialidad técnica y científica.
. Por ende.. que establece: “Artículo 258. en circunstancias como las que ha vivido la República en los últimos tiempos y...Votaciones... “..... vive aún.. Sostuvo igualmente el señor ministro del Interior. 05 de 1992 de esta Corporación. lo cual sería totalmente contrario a nuestro Estado de derecho.. la de cualquier persona. una vez más.” (Negrillas fuera de texto)......... encuentra la Corte que el literal b) del artículo 131 de la ley 5a... Pero la debida protección de la seguridad de los altos funcionarios del Estado... al tenor del artículo 2o. por el contrario es una oportunidad que tiene el congresista para demostrar la independencia que debe animar todos sus actos en cuanto tal.. En atención a todo lo anterior.. nominales y secretas....) en todas las elecciones.. ella no se ve comprometida porque el voto sea público o nominal.. por el cual se recodifica el Reglamento de la Corte Constitucional establece: Artículo 35. Por lo demás. como argumento para solicitar la exequibilidad del literal b) del artículo 131 demandado....... acepta dicha posición....” “Las votaciones secretas se harán mediante papeleta.. cuando se trate de hacer elecciones siempre serán secretas” (negrillas fuera de texto)...... de naturaleza legislativa o de naturaleza judicial.. que el voto secreto buscaba la independencia y seguridad del congresista... señala lo siguiente. por desgracia. los ciudadanos votarán secretamente (. el artículo 35 del acuerdo No.. por cuanto se refiere a una actuación de índole judicial que desarrolla el Congreso de la República de conformidad con la atribución especial dispuesta en el artículo 116 de la Constitución Política. En relación con el argumento de los supuestos o reales riesgos para la seguridad personal del congresista. en cuanto a la independencia.En efecto.... la Corte advierte que el desempeño de cualquier alta posición dentro del Estado -ya sea de naturaleza administrativa o ejecutiva. Las votaciones serán ordinarias.).. 2 de 1972. Tendrán lugar únicamente en caso de elecciones.
Nótese que..... en cuanto al voto secreto. por el cual se dicta el reglamento de la Corte Suprema de Justicia.. en su artículo 41: “Artículo 41. de 1992....Las votaciones serán nominales solamente cuando lo solicite algún Magistrado... el acuerdo No. y en general... para efectos de establecer la responsabilidad personal del congresista que actúa como juez.(.. cabe señalar que la única votación secreta prevista en la Carta Política es la del artículo 258. es inexequible... la votación
. no podría extremarse hasta llevar a la inmunidad total y absoluta. es decir de provisión de cargos mediante el voto.. Por su parte...implica asumir riesgos. de la Carta deben brindar las autoridades de la República-. Considera la Corte que..... de suerte que no se los pueda hacer jurídicamente responsables de sus actos.............. -protección que... y de ello debe ser consciente quien. se trata de elecciones.
Estas amnistías e indultos recaen por lo general. además. numeral 17. se trata igualmente de una decisión de contenido político. que. por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública. es decir los literales a) y c).. sobre grupos indeterminados de individuos que se han visto comprometidos en movimientos alzados en armas. 3 C. siempre y cuando puedan ser plenamente identificados la persona del congresista y su correspondiente voto. por las razones que a continuación se explican: En el caso del literal a) que reza: ”cuando se deba hacer una elección”. serán declaradas exequibles. tratándose de elecciones. de 1992. en los términos del inciso segundo del artículo 130 de la ley 5a. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones : (. Análisis de los cargos formulados contra el artículo 337 de la Ley 5a. sin que sea posible indagarle a quien favorece con su elección. se ejerce en desarrollo de la función legislativa contenida en el artículo 150.
2. En relación con esta norma. que en nada contravienen la Carta Política y que. que la norma del artículo 185 de la Carta Política refiere su contenido a la actividad legislativa como función de orden genérico.) 17. resulta justificable habida cuenta de que estas decisiones se adoptan con fines de orden público y como señala la Constitución deben obrar graves motivos de conveniencia pública a cuyo amparo el voto secreto puede tener plena validez. incluído el parágrafo. según el cual “corresponde al Congreso hacer las leyes. el que el voto sea secreto en tratándose de decidir sobre amnistías o indultos.P. Resulta claro pues. Conceder. En estos casos con el voto secreto se busca garantizar la plena independencia del elector.hace efectivo el pleno ejercicio de la soberanía de la cual es titular (Art.deberá ser nominal y pública. razón por la cual los literales a) y c) de la norma demandada no son contrarios a la Constitución.4 Exequibilidad de los literales a) y c) del artículo 131 de la Ley 5a. En estos casos el acto de elegir es un acto de carácter eminentemente político.).” Por otra parte. inciso segundo. por tanto. Dicha votación podría hacerse por los medios técnicos de que disponen las Cámaras. el voto secreto encuentra pleno respaldo constitucional en los artículos 190 y 258 de la Carta Política. de 1992. se justifica plenamente el voto secreto. 3. En cuanto al literal c) ”Para decidir sobre las proposiciones de amnistías o indultos”. amnistías o indultos generales por delitos políticos. únicamente en cuanto hacen relación a los literales a) y c) del mismo artículo. incluídas las que el Congreso hace. de 1992 Respecto de los otros dos literales contenidos en el artículo 131.. el demandante la considera contraria al artículo 13 de la Constitución ya que genera una evidente discriminación a favor de los altos funcionarios
. En cuanto se refiere al resto del artículo 131. la Corte considera que ambas normas son exequibles. mediante el cual el ciudadano -en este caso el congresista. se trata de normas de mero procedimiento. Por lo demás.
fuente del poder público. dedique toda su atención al proceso. autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero. Ante todo se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación. resulta evidente que el fuero busca garantizar que las manifestaciones de la voluntad general. Como se anotó en el punto anterior. Por ello.222 de 1996.
Se busca entonces con estos procedimientos. doctor Fabio Morón Díaz). que es investigado. cuyo propósito es el de preservar la autonomía y la independencia legítimas de aquellos funcionarios a los que ampara. Estas funciones las asume cuando se trata de acusar y juzgar a los más altos funcionarios del Estado. algunas de las medidas que se adopten en ellos no correspondan con los procedimientos ordinarios. no sean ignoradas. Otra situación es la que se plantea en la etapa del juicio ante el Senado de la República.222 de 1996. “por una parte. Por ello. impide que el alto funcionario. Asimismo sostiene el impugnante. doctor Fabio Morón Díaz). la dignidad del cargo y de las instituciones que representan. evitar que mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia. donde una vez admitida públicamente la
. las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado. opera la presunción constitucional de inocencia. y de otra la independencia y autonomía de algunos órganos del poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus funciones y la investidura de sus principales titulares. que implica su permanencia en el mismo. sino por el contrario respetadas y mantenidas hasta que de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley se demuestre la responsabilidad del alto funcionario. legítimamente lo detentan. expresadas en forma directa o por sus representantes. Magistrado Ponente. para garantizar tal como lo sostuvo esta Corporación en la Sentencia N° C. de manera específica. al cumplimiento de un trámite procesal especial. pues es la propia Carta la que concibe el fuero especial que cobija a los altos funcionarios del Estado.del Estado. no puede bastar la simple denuncia o la queja del funcionario. se impida irregularmente el normal desarrollo de las funciones estatales y el debido ejercicio del poder por parte de quienes mediante la expresión soberana. es posible que como consecuencia de su naturaleza -proceso especial-. 175 y 178 del mismo ordenamiento. como tampoco las actuaciones o diligencias que se adelanten en esta etapa. sin que ello implique discriminación alguna. o desconocimiento de disposiciones constitucionales. distintos de aquel al cual pertenece el funcionario protegido con un fuero especial” (Magistrado Ponente.
Sobre la razón de ser del fuero especial. a quienes el Constituyente les concedió un fuero especial -penal y disciplinario-. El fuero no es un privilegio y se refiere.” (Sentencia N° C. que viola el debido proceso por cuanto el principio de la libertad del procesado en ella contemplado. sostuvo esta Corporación: “La razón de ser del fuero especial es la de servir de garantía de la independencia. Pero además. hasta tanto no sea del todo inevitable. el artículo 116 de la Carta Política le atribuye al congreso “determinadas funciones judiciales” que se encuentran desarrolladas en los artículos 174. para que sea admisible su detención. Todavía en esta etapa.
” (Sentencia N° C-222 de 1996. doctor Fabio Morón Díaz) (negrillas fuera de texto).P. en la forma en que lo dispone el propio artículo 175-2 de la Carta Política. de acuerdo con lo cual se pondrá o no al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia (C. 175-2 y 3. por tratarse de una función política. de 1992. Sobre el particular ha sostenido esta Corporación lo siguiente: “Salvo el caso de la indignidad por mala conducta. en el que la Cámara y el Senado gozan de plena capacidad investigativa y juzgadora. en los demás eventos en los que la materia de la acusación recae sobre hechos presuntamente delictivos. pero la misma se encuentra plenamente justificada con los argumentos anteriormente anotados. no viola los artículos 13 y 29 de la Constitución Política. Magistrado Ponente. es evidente que la norma demandada establece una diferencia con el procedimiento ordinario penal. Los argumentos anteriores son suficientes para que esta Corporación decida que el artículo 337 de la ley 5a. 178-3 y 4). arts. a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa..
. Así entonces. de manera que no se produce discriminación alguna que pueda afectar el principio de igualdad.acusación. la competencia de la primera se limita a elevar ante el Senado la acusación respectiva o a dejar de hacerlo y. el segundo. el acusado “queda de hecho suspenso de su empleo” y se pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
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