Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1312-17-29-05-2017-1471068
Timestamp: 2020-08-13 03:30:38
Document Index: 408607581

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 120', 'artículo 81']

Resolución Vinculante de DGT, V1312-17, 29-05-2017 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1312-17 de 29 de Mayo de 2017
Núm. Resolución: V1312-17
LIRPF. Ley 35/2006. Arts. 58 y 81 bis.
Si tiene derecho a la deducción por descendientes con discapacidad del artículo 81.bis de la LIRPF.
Desde el año 2006, la consultante tiene tulelada a su hermana, la cual tiene un grado de discapacidad del 65% reconocido desde el año 1991.
A partir del 1 de enero de 2015, el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29) en relación al mínimo por descendientes establece lo siguiente:
Mientras que el artículo 61 de la LIRPF, respecto a las normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y por descendientes, ascendientes y discapacidad, establece:
“2.ª No procederá la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, cuando los ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros.
De acuerdo a lo anterior, en el caso de una persona que ha sido nombrada tutor de un hermano con discapacidad mediante sentencia judicial, tendrá derecho a la aplicación del mínimo por descendientes en la declaración del Impuesto sobre la Renta, y por discapacidad del descendiente recogido en el artículo 60 de la Ley del Impuesto, siempre que el hermano discapacitado no tenga en el ejercicio fiscal correspondiente, rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, además de no presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio, con rentas superiores a 1.800 euros, y siempre que se cumplan el resto de los requisitos legales.
Como puede observarse, como consecuencia de la redacción dada al citado artículo 81 bis de la LIRPF por el Real Decreto-ley 1/2015, las deducciones no solo podrán ser aplicadas por contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, sino también por los perceptores de prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo y pensiones abonadas por la Seguridad Social, Clases Pasivas o Mutualidades alternativas, circunstancias que en el presente caso se desconocen.
Dicho lo anterior, es necesario resaltar que para la aplicación de estas deducciones se requiere en todo caso que los beneficiarios realicen actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o perciba alguna de las prestaciones anteriormente señaladas. A este respecto, en el escrito de consulta no se precisa si la consultante tutora legal que tienen a su cargo a su hermana con discapacidad cumplen o no este requisito.
En definitiva, de acuerdo a cuanto antecede procede concluir que en el caso de la consultante que ha sido nombrada tutora de su hermana mediante sentencia judicial, éste tendría derecho igualmente a la aplicación de la deducción por personas con discapacidad a cargo, que se regula en la letra b) del apartado 1 del artículo 81 bis de la Ley del Impuesto, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en dicho precepto.
Por último, de acuerdo con el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), si la consultante considera que existen autoliquidaciones del IRPF presentadas por ella misma en el ejercicios anteriores que han perjudicado sus intereses legítimos, como consecuencia de no haberse aplicado la deducción regulada en la letra b) del apartado 1 del artículo 81 bis de la LIRF, así como los mínimos correspondientes, teniendo derecho a ello por cumplir los requisitos legalmente establecidos, podrá instar la rectificación de dichas autoliquidaciones conforme al procedimiento regulado en los artículos 126 a 129 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 julio (BOE de 5 de septiembre).