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Timestamp: 2020-02-23 13:36:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8']

Ley 5/2003 de Salud de las Illes Balears
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En el ordenamiento jurídico español, el derecho a la protección de la salud viene expresamente reconocido en la Constitución, que atribuye a los poderes públicos la organización y la tutela de la salud pública a través de las medidas que se consideren oportunas, tanto en su vertiente preventiva, como en la de prestación de asistencia sanitaria propiamente dicha.
Este reconocimiento constitucional se ha plasmado en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, que, con carácter básico, recoge todo el conjunto de acciones y dispositivos encaminados a la protección de la salud, y destaca el protagonismo y la suficiencia de las Comunidades Autónomas en la articulación de una política propia en materia sanitaria.
Pero, no es solamente la Ley General de Sanidad quien establece el marco normativo de protección de la salud, también lo hace la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que faculta a las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, para adoptar las medidas excepcionales de intervención sanitaria en situaciones de necesidad o de urgencia.
En el ámbito de las Illes Balears, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma, en el artículo 10.14, la competencia exclusiva en materia de sanidad.
Asimismo, el artículo 11.5 del mismo texto legal le atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la coordinación hospitalaria, incluida la de la Seguridad Social, y la ordenación farmacéutica.
Todo esto sin olvidar la función ejecutiva del artículo 12.8 sobre la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Al amparo de los títulos competenciales mencionados, se pretende recoger en una Norma de rango legal todas las acciones relacionadas con la salud de los ciudadanos, de manera integral e integrada, y empezar por la formulación de los derechos de los usuarios frente a los procesos asistenciales en el área sanitaria, para continuar con la ordenación de los recursos sanitarios de las Illes, territorialmente y de manera funcional, y finalizar con las acciones del sistema sanitario público de las Illes Balears.
Previamente, el Parlamento de las Illes Balears había creado el Servicio Balear de la Salud, mediante Ley 4/1992, de 15 de julio, como un sistema único y armonizado de todos los recursos, los centros y los servicios del ámbito geográfico de las Illes Balears, con la meta de conseguir la integración, la desconcentración, la simplificación, la racionalización y, en definitiva, una optimización máxima de los servicios sanitarios existentes o futuros.
Ciertamente, el retraso en la transferencia de los servicios y de las funciones de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en nuestra comunidad produjo cierta obsolescencia en la Ley del Servicio Balear de la Salud, además de regular únicamente el Servicio, sin contemplar otros aspectos esenciales en materia de protección de la salud.
Por este motivo la Ley de 1992 y las modificaciones a la misma introducidas por la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública, son sustituidas por ésta, integrándose la regulación del Servicio de Salud en un texto más ambicioso que regula todas las acciones de los poderes públicos dirigidas a la protección de la salud.
En el marco de las competencias asumidas en el Estatuto, la Ley de Salud de las Illes Balears se configura como el instrumento normativo más importante de la Comunidad Autónoma para articular el compromiso con los ciudadanos, de cara a la protección de un aspecto tan esencial de la persona como es la salud.
La Ley tiene como eje central la atención de la salud del ciudadano en todas sus vertientes, desde la educación para la salud, las acciones preventivas, las medidas públicas de protección de la salud individual y colectiva, hasta la atención de la enfermedad, la rehabilitación funcional y la reincorporación social del paciente.
Pero, la Ley de Salud de las Illes Balears no se limita a la regulación del Servicio Autonómico de Salud, ni solamente a la formulación de la ordenación sanitaria de las Illes Balears.
Con una vocación más ambiciosa, pretende ser un instrumento normativo que regule todas las acciones de los poderes públicos relacionadas con la salud, pero no sólo de éstos.
También el sector privado se ve implicado en una tarea tan importante como la que la Ley pretende: la protección de la salud antes de que aparezca la enfermedad y su restablecimiento, en caso de pérdida.
El derecho a la protección de la salud se configura como un derecho reconocido constitucionalmente que requiere un desarrollo legal en el ámbito de las Illes Balears, en sintonía con la regulación establecida en la Ley General de Sanidad para todo el Estado, como Norma de carácter básico para todas las administraciones sanitarias del territorio nacional.
En el título I se detallan los derechos y los deberes de los ciudadanos en el ámbito sanitario.
Este título empieza por los titulares de los derechos, para continuar con la regulación de los derechos básicos de todos relativos a los Servicios Sanitarios y de Salud de las Illes Balears, como garantía del principio constitucional de protección de la salud.
En el capítulo III de este título se contienen los derechos específicos de los usuarios de los centros asistenciales, desde el momento previo al nacimiento hasta la muerte.
Destacan los derechos en relación con el nacimiento, la intimidad y la confidencialidad, la nueva regulación del documento vital y del consentimiento informado, sin olvidar los derechos de los colectivos merecedores de especial protección, los de los enfermos mentales, y el derecho a la historia y a la documentación clínica.
El capítulo IV contiene la formulación de los derechos de los usuarios de los Servicios Sanitarios Públicos como complemento de los derechos generales establecidos en el capítulo II, y regula las funciones del defensor de los usuarios como órgano de garantía de estos derechos.
Finalmente, en el capítulo V se formulan los deberes de los usuarios de los servicios sanitarios.
El título II de la Ley regula el sistema sanitario público de las Illes Balears como el conjunto de recursos, normas, medios organizativos y acciones orientadas a satisfacer el derecho a la protección de la salud.
El Gobierno y la administración sanitaria son los entes encargados del funcionamiento del sistema.
El sistema sanitario público de las Illes Balears, como parte del Sistema Nacional de Salud, tiene como fines primordiales la mejora general en el estado de la salud de la población, mediante la promoción de la educación para la salud, la prevención, la planificación de las acciones y la prestación de una atención integral y personalizada.
Para conseguir estos fines, las administraciones públicas competentes, establecidas en las Illes Balears, desarrollarán toda una serie de acciones dirigidas a proteger la salud antes de que aparezca la enfermedad y a la atención sanitaria posterior, que se complementarán con actividades de docencia, investigación y formación, además de la evaluación y el control de la calidad de los servicios sanitarios.
Todas estas acciones se dirigen a conseguir la finalidad primordial de la Ley.
El capítulo III del título II regula el Plan de Salud de las Illes Balears, que se configura en la Ley como el instrumento estratégico principal de planificación y coordinación sanitaria, que se complementará con el Plan socio-sanitario -de carácter intersectorial- así como con otros planes de desarrollo de aspectos más concretos de la actuación sanitaria (del SIDA, de drogas, de salud mental).
Como instrumento estratégico, el Plan de Salud establece las líneas a desarrollar por las estructuras correspondientes, tanto sanitarias como ajenas al sector.
Las competencias y funciones de las diversas administraciones públicas que actúan en materia sanitaria en el territorio de las Illes Balears, vienen recogidas en el título III de la Ley, que empieza definiendo las competencias del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma (capítulo I), y acaba, en el capítulo II, con las competencias de los entes territoriales de las Illes Balears.
Estas competencias se desarrollan de conformidad con lo que dispone el Estatuto, la Ley General de Sanidad, las leyes de consejos insulares y de régimen local, y dentro del marco del Plan de salud.
El título IV regula la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva, la función inspectora y la potestad sancionadora en materia sanitaria de manera estructurada en dos capítulos.
En el primero se definen las funciones del personal que realiza funciones inspectoras y se determina el carácter público de las actas y diligencias inspectoras, mientras que en el capítulo II se regula el ejercicio de la potestad sancionadora por la administración sanitaria autonómica y todo el régimen de infracciones tipificadas y sanciones en materia sanitaria, además de la posibilidad de adoptar medidas cautelares por el órgano sancionador como garantía del cumplimiento de los deberes y de las obligaciones establecidas en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico sanitario.
El eje principal de la organización sanitaria pública de los servicios sanitarios de las Illes se estructura en el título V, donde se regula el Servicio de Salud de las Illes Balears como ente público, de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena capacidad de actuar y al que se encomienda la gestión de los servicios públicos asistenciales.
Este Servicio de Salud se adscribe a la consejería competente en materia sanitaria.
La Ley establece en general los objetivos fundamentales que persigue y la relación con el ente matriz.
La estructura y la organización del Servicio de Salud, contenidas en el capítulo II, definen los órganos superiores de dirección y gestión del ente: el Consejo General, el director general y el secretario general.
El régimen jurídico del Servicio de Salud lo establecen esta Ley y sus estatutos, y la representación y la defensa en juicio se atribuyen a los abogados que se integren en la escala correspondiente del cuerpo superior de abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de habilitar a abogados colegiados para supuestos específicos.
El capítulo V del título V recoge la ordenación funcional de los servicios asistenciales, estructurada en los niveles de atención sanitaria primaria, especializada y de urgencias.
La atención primaria es el primer nivel de asistencia, mientras que la especializada es el segundo nivel.
Éste está configurado por la red hospitalaria pública de las Illes Balears, que también se estructura en diversos niveles de hospitales, en función de la especialización y la complejidad de los procesos de que disponen.
El título acaba con el capítulo VI, dedicado a las relaciones con la iniciativa privada, que se articula alrededor del concierto, como modalidad consolidada de colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos.
La ordenación sanitaria territorial del sistema sanitario público de las Illes es objeto de tratamiento en el título VI, donde se detalla la organización del Servicio de Salud en áreas de salud, como estructura básica del sistema, en sectores sanitarios y en zonas básicas de salud.
Al Servicio de Salud se le encomienda la responsabilidad en la gestión unitaria e integrada de los centros y servicios que de él dependen, así como las prestaciones y los programas sanitarios a desarrollar.
Las áreas de salud se estructurarán en los órganos de participación, dirección y gestión que determinen los estatutos del Servicio.
Las áreas de salud se podrán dividir territorialmente en sectores sanitarios, respondiendo a la necesidad de que la ordenación territorial resulte operativa y funcione con eficacia.
Cada una de las áreas dispondrá de un hospital público para garantizar la atención especializada a los ciudadanos.
Por otra parte, las zonas básicas de salud son el marco territorial y poblacional fundamental para la ordenación de los servicios de atención primaria sanitaria.
En el proceso de elaboración, se ha sometido a consulta de los sectores implicados y de toda la ciudadanía, a través de Internet.
Sin olvidar la consulta al Consejo Económico y Social, como ente institucional que tiene la representación de los sectores sociales.
Artículo 2.Ámbito subjetivo de aplicación esta Ley se aplica:.
Artículo 3.Principios Informadores.
Artículo 4.Titulares de los derechos y deberes.
Artículo 5.Derechos básicos.
Artículo 6.De los derechos específicos en los centros asistenciales.
SECCIÓN 1ª. Derechos en relación al nacimiento
Artículo 7.Derechos de la madre.
Artículo 8.Derechos del recién nacido.