Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-045-03.htm
Timestamp: 2018-12-13 09:02:58
Document Index: 52081683

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 326', 'artículo 107', 'artículo 241', 'Artículo 326']

C-045-03
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Santiago Figueroa Fernández demandó el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”., por la vulneración de los artículos 1º y 29 de la Constitución Política.
Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.”
En ese sentido, señala que no obstante el reconocimiento que ha hecho la doctrina respecto del carácter autónomo del delito de inducción o ayuda al suicidio, a su juicio, resulta coherente y lógico traer a colación las consideraciones de la Corte sobre el homicidio piadoso, en virtud de la semejanza entre ambos, respecto del ingrediente normativo de que se componen. De ese modo, debe analizarse la Sentencia C-239 de 1997 para determinar si las razones allí expuestas –ratio decidendi- , para declarar la exequibilidad condicionada del artículo 326 del Decreto 100 de 1980, vinculan el examen de constitucionalidad que se haga de la norma demandada.
Tal asimilación, dice, desconoce otros elementos igualmente constitutivos del tipo penal impugnado, como el “de carácter subjetivo de especial relevancia en la configuración de la conducta punible, como lo es la culpabilidad, categoría por cierto definitoria de esa clase de conductas”.
El actor demandó el segundo inciso del artículo 107 del Código Penal –Ley 599 de 2000- que prevé la causal de atenuación punitiva respecto del delito de inducción o ayuda al suicidio, consistente en una reducción de la pena “cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que las razones que los accionantes han de invocar para acusar a una norma de infringir la Constitución, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[2], así como que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[3] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.
“Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[4]. En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte ,y señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.
3- La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, “el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable”[5]. Al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. En tales circunstancias, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería “sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional”[6]. Nótese que la jurisprudencia de esta Corporación exige la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[7]
[1] “Artículo 326 Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años”.
[2] Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena 244 de 2001 M.P.
[3] Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P. Jaime Cordoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz, C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Gálvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre varios pronunciamientos.
[4] Ver, entre otras, las sentencias C-024/94 Fundamento Jurídico No 9.1.c, C-509/96 y C-236/97.
[5] Sentencia C-131/93. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No. 1.3
[6] Sentencia C-236/97. MP Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte No 3.
[7] Sentencia C-447/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Ver Sentencias C-011 y C-362 de 2001. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[9] Al respecto ver Alejandro Martínez Caballero “Tipos de sentencias. El control constitucional de las leyes: la experiencia colombiana” en Jurisdicción Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional 1992-200 Realidades y Perspectivas , Imprenta Nacional, Febrero 2001, pags 383 ss.
[10] Ver Sentencia C-362/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11] Ver al respecto la síntesis efectuada por la Corporación en la Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa