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Timestamp: 2018-09-21 17:13:20
Document Index: 190317488

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 66', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 122', 'artículo 61', 'artículo 131', 'artículo 59', 'artículo 45', 'artículo 16', 'artículo 100', 'artículo 17']

BOE.es - Documento BOE-A-1984-2926
Documento BOE-A-1984-2926
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 1984, páginas 2878 a 2890 (13 págs.)
BOE-A-1984-2926
Las ausencias temporales del Presidente, superiores a un mes, precisarán de la previa autorización de la Asamblea,
En los casos en los que el Presidente haya de ser sustituido, se seguirá el siguiente orden de prelación:
El Presidente en funciones no podrá ser sometido a moción de censura, ni podrá plantear la cuestión de confianza.
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la política y la Administración de la Comunidad de Madrid.
A tal fin, ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de conformidad con el Estatuto de Autonomía y con la Ley.
2. Por razón de su cargo tendrán derecho a percibir, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, los sueldos y retribuciones que se les asignen en dichos Presupuestos, cuya cuantía no podrá exceder de la asignada a los Directores generales tipo A en los Presupuestos Generales del Estado.
1. Para ejercer las competencias y desarrollar las gestiones de gobierno y administración reguladas en la presente Ley las Consejerías, en las que podrá existir un Viceconsejero, contarán con una Secretaría General Técnica, y se estructurarán por bloques de competencias de naturaleza homogénea a través de Direcciones Generales, cuando la entidad de las atribuciones lo exija, o mediante Servicios, al frente de los cuales podrá haber un Director.
2. Las Direcciones Generales y las Secretarías Generales Técnicas podrán organizarse a su vez en Servicios, Secciones y Unidades inferiores o asimiladas.
3. Los Directores que se señalan en el apartado 1) de este artículo serán nombrados mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente y, preferentemente, de entre funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública pertenecientes a Cuerpos, grupos o escalas para cuyo ingreso se exija título superior.
La estructura orgánica de cada Consejería será fijada por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo y previo dictamen preceptivo de la Consejería de la Presidencia, e informe, también preceptivo, de la de Economía y Hacienda.
i) Contratar obras, servicios y suministros relativos a materias propias de la competencia de la Consejería, con el límite fijado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad, así como firmar las escrituras públicas o documentos administrativos, según proceda, en relación a dicha contratación.
Asimismo firmará las escrituras públicas o documentos correspondientes de los contratos cuya competencia corresponda al Consejo de Gobierno, previa autorización expresa de éste.
Los Viceconsejeros asumirán las funciones que la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y demás disposiciones vigentes atribuyen a los Subsecretarios y que en la presente Ley no están atribuidas expresamente a los Consejeros. Igualmente desempeñarán aquellas específicas del Consejero por delegación expresa de éste.
Sección Quinta. De los demás órganos de la Administración Autonómica
1. Bajo los niveles organizativos enumerados en los artículos anteriores, la Administración Autonómica se estructura en: Servicios, Secciones y Unidades inferiores.
2. El Consejo de Gobierno fijará la estructura y la plantilla orgánica de cada Consejería, a propuesta del Consejero correspondiente, previo dictamen preceptivo de la de Presidencia e informe, también preceptivo, de la de Economía y Hacienda.
4. En la Consejería de la Presidencia se creará la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones, orientada al cumplimiento de las funciones reguladas en los artículos 33 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en particular a:
a) Informar al público acerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad.
b) Atender y tramitar las quejas a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en el funcionamiento de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad.
e) Recibir, estudiar y fomentar las iniciativas de los ciudadanos en general conducentes a la mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que reglamentariamente regule la participación activa de los ciudadanos y Entidades representativas de sus intereses diversos en relación con las funciones propias de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones.
1. Las atribuciones reconocidas a las diversas autoridades de la Administración Autonómica serán delegables en los órganos jerárquicamente subordinados.
2. En ningún caso serán objeto de delegación:
a) Las competencias sobre asuntos que se refieran a las relaciones con otras Instituciones del Estado, Comunidades Autónomas y Tribunal Superior de Justicia.
b) La potestad reglamentaria.
c) Las atribuciones que correspondan a los Consejeros como miembros del Consejo de Gobierno.
d) Las que se ejerzan por delegación.
3. Los actos delegados se considerarán dictados por el órgano delegante, debiendo constar esta circunstancia en la resolución.
4. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
5. La delegación será publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
1. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
b) Las del Consejo de Gobierno y de las Comisiones delegadas de aquél.
c) Las de los Consejeros, salvo cuando una Ley especial otorgue recurso ante otro órgano superior.
d) Las de las autoridades inferiores en los casos que resuelvan por delegación de un Consejero o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
e) Las que resuelvan recurso de alzada, salvo que una Ley especial prevea el de súplica ante el Consejo de Gobierno.
f) Las de cualquier autoridad, cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
2. Contra los actos dictados por los órganos de gobierno de los Organismos autónomos procederá el recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno.
3. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el Consejero competente en razón de la materia.
4. La reclamación administrativa previa a la vía judicial civil se dirigirá al Consejero competente, y la previa a la vía judicial laboral al Jefe administrativo o Director del establecimiento u organismo donde el trabajador preste sus servicios, quienes recabarán, antes de su resolución, un informe jurídico del órgano competente.
1. Son órganos competentes para conocer y resolver las reclamaciones económico-administrativas, en los términos señalados por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas:
a) El Consejero de Economía y Hacienda.
2. a) La Junta Superior de Hacienda estará constituida por el Presidente, cinco Vocales y un Secretario.
b) El Presidente y cuatro Vocales serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, entre personal al servicio de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Hacienda y de los Cuerpos Nacionales de la Administración Local que reúnan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen. Con carácter preceptivo figurará en la Junta el Interventor general de la Comunidad o persona en quien delegue.
c) El Secretario será nombrado por el Consejero de Economía y Hacienda, entre Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
d) El funcionamiento de la Junta se ordenará reglamentariamente por el Consejero de Economía y Hacienda.
3. a) El Consejero de Economía y Hacienda será competente para conocer sobre el recurso extraordinario de revisión cuando él hubiese dictado el acto recurrido.
b) Asimismo, el Consejero de Economía y Hacienda resolverá en vía económico-administrativa, las siguientes reclamaciones:
1.ª Las que por la índole, cuantía o trascendencia de la resolución que se haya de dictar considere la Junta Superior de Hacienda que deba ser resuelta por el Consejero.
2.ª Las que susciten con ocasión del pago de costas a que la Comunidad haya sido condenada.
4. La Junta Superior de Hacienda conocerá, en única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que no correspondan al Consejero de Economía y Hacienda.
La responsabilidad de la Comunidad de Madrid procederá y se exigirá en los mismos términos y casos que establece la legislación reguladora del Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la de Expropiación Forzosa y la General Presupuestaria.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cada Consejería llevará su propio registro de documentos. Toda instancia o escrito dirigido a cualquier órgano de la Administración Autonómica, podrá presentarse en el Registro General de la Comunidad, adscrito a la Consejería de la Presidencia.
2. Mediante convenio con los Ayuntamientos, las Oficinas Municipales podrán actuar como centros de recepción de documentos dirigidos a la Administración Autonómica en las condiciones que se establezcan y que garanticen la correcta actuación administrativa.
El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Comunidad de Madrid se regulará por el derecho estatal hasta tanto se promulgue la Ley a que se refiere el artículo 52.3 del Estatuto de Autonomía.
1. El inventario general de los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid radicará en la Consejería de Economía y Hacienda, y comprenderá:
a) Los bienes de la Comunidad, cualesquiera que sea su naturaleza, la forma de su adquisición y la Consejería a la que estén adscritos.
2. Los límites de la competencia para la enajenación de los bienes y derechos vendrán fijados anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad.
1. La Consejería de Economía y Hacienda, por medio de sus servicios patrimoniales, inscribirá en los correspondientes registros, a nombre de la Comunidad de Madrid, los bienes y derechos cuya titularidad ostenta y que sean susceptibles de inscripción, previa inclusión en su inventario general de bienes y derechos.
2. Para practicar la inscripción, y de conformidad con lo previsto en los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, el Consejero de Economía y Hacienda, o funcionario competente, librará, cuando proceda, la oportuna certificación.
3. Si alguno de los bienes susceptibles de inscripción, cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid y provenga del Estado no se hallaren inscritos por el transmitente, se procederá conforme a lo establecido por el artículo 44 de la Ley de Patrimonio del Estado.
Los contratos que celebre la Comunidad de Madrid se regirán por la legislación del Estado, con las particularidades derivadas de la organización propia de la Comunidad Autónoma.
Los Consejeros, dentro de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Comunidad y están facultados para celebrar, en nombre y representación de aquélla, los contratos en que ésta intervenga, previa, en todo caso, la oportuna consignación presupuestaria y consigiuente fiscalición.
Será necesario acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando la celebración de los contratos cuando:
a) Su cuantía exceda de la que la Ley de Presupuestos de la Comunidad fije como atribución del Consejero, o fuere indeterminada.
b) Tengan un plazo de ejecución superior a un año y hayan de comprometerse fondos públicos de futuros ejercicios presupuestarios.
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la correspondiente Consejería y previo y preceptivo informe de la de Economía y Hacienda y del Consejo de Estado, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, y a los Consejeros, la aprobación de proyectos técnicos y los pliegos de condiciones facultativas y administrativas particulares que hayan de servir de base a cada contrato.
En cada Consejería existirá una Mesa de Contratación presidida por el Consejero respectivo, por razón del objeto del contrato, o persona en quien delegue, y que estará integrada por el Jefe del Serviicio al que el contrato se refiera; un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad; el Interventor o funcionario del servicio de Intervención en quien delegue aquél y un Secretario, que será el Secretario general Técnico de la Consejería correspondiente, o funcionario en quien delegue.
Las fianzas de los contratistas que se constituyan en metálico, títulos de deuda pública, o por aval solidario debidamente legitimado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 122 de la Ley de Contratos del Estado, se podrán formalizar indistintamente en la Tesorería de la Comunidad o en la Caja General de Depósitos.
Sección Primera. De los presupuestos
1. Conforme establece el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Gobierno elaborará y someterá a la Asamblea, para su aprobación, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad, que se ajustará a las determniaciones contenidas en el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ley General Presupuestaria.
2. El presupuesto será único, por programas de actuación, tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad y de los Organismos, Instituciones, Empresas y Sociedades de ella dependiente. Se consignará en el presupuesto el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad.
3. El Consejero de Economía y Hacienda remitirá a la Asamblea los daños señalados en el artículo 131 de la Ley General Presupuestaria. Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
1. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda determinar la estructura de los presupuestos de la Comunidad y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de los presupuestos de cada año, que se formará en base del proyecto que presentará el órgano correspondiente de la Asamblea de Madrid y de los anteproyectos de estados de gastos y, en su caso, de ingresos, que deberán remitir los órganos superiores de gobierno y administración de la Comunidad de Madrid.
2. Hasta tanto no se apruebe la Ley de Asamblea de Madrid reguladora del régimen general presupuestario a que se refiere el artículo 59 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación los preceptos de la Ley General Presupuestaria sobre créditos y sus modificaciones y, en general, sobre ejecución y liquidación de los presupuestos, con las adaptaciones que imponga lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y con las particularidades derivadas de la organización propia de la Comunidad de Madrid.
Sección Segunda. De la ordenación de gastos y pagos
1. Corresponde al Presidente del Consejo de Gobierno y a los Consejeros aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por Ley de la Asamblea de Madrid a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación, e interesar del Consejero de Economía y Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.
2. Las competencias indicadas en el proceso del gasto se ejercerán en la Administración Institucional de la Comunidad por los Gerentes de los correspondientese organismos, con las salvedades que se establecen en el número siguiente respecto al Consejo de Gobierno y las que puedan resultar, también según las leyes, de la relación de tutela con la Consejería a la que estén adscritos.
3. Será competencia del Consejo de Gobierno la aprobación de los gastos superiores a la cuantía que la Ley de Presupuestos de la Comunidad determine como atribución del Consejero, salvo que tengan consignación presupuestaria expresa e individualizada y cuando, con independencia de la cuantía, esté previsto en Ley del Estado su aprobación por el Consejo de Ministros.
1. El proceso del pago, en el que se comprende la ordenación de los pagos y la efectiva realización de los mismos, estará bajo la superior autoridad del Consejero de Economía y Hacienda.
2. El Tesorero General de la Comunidad ejercerá las funciones de Ordenador General de Pagos, y se podrán establecer las ordenaciones secundarias de pago que se consideren necesarias, previa autorización del Consejo de Gobierno. El nombramiento de sus titulares corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.
En los organismos con personalidad jurídica propia, la ordenación de pagos corresponde al órgano al que esté atribuida por la normativa vigente y sus propios Estatutos.
La expedición de libramientos, así como su carácter y justificación, se acomodarán a los preceptos que sobre estos extremos se contienen en la Ley General Presupuestaria.
Sección Tercera. De la gestión y recaudación de los derechos económicos de la Comunidad
La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad corresponden al Consejero de Economía y Hacienda y se realizarán de acuerdo con la normativa que regule estas funciones en la Administración del Estado.
La recaudación de los citados derechos podrá realizarse en período voluntario o por vía ejecutiva. Las certificaciones de descubierto, expedidas por los funcionarios que tengan a su cargo el control contable de los ingresos, serán título suficiente para iniciar la vía de apremio.
La providencia de apremio se dictará por los Tesoreros de la Comunidad.
Sección Cuarta. Del control de la gestión económica de la Comunidad
El control de la gestión económica de los órganos de la Comunidad se ejercerá:
a) Por el Tribunal de Cuentas, conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica y en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía.
b) Por la Asamblea, de conformidad con los artículos 14 y 61 del Estatuto.
c) Por la Intervención General en cuanto al control interno, de acuerdo con lo dispuesto en la sección siguiente.
Sección Quinta. De la intervención general
1. La Intervención General de la Comunidad de Madrid, dependiente orgánicamente de la Consejería de Economía y Hacienda, pero con plena independencia funcional, ejercerá las siguientes funciones reguladas en la Ley General Presupuestaria y referidas a los órganos y actividades de la Comunidad:
a) La interventora, con la finalidad y amplitud previstas en el artículo 16 de la Ley.
b) La de auditoría, a que se refiere el apartado b) del artículo 100 del citado texto legal.
c) El control financiero establecido en los artículos 17.1 y 18 de la Ley.
d) Las que respecto al control de eficacia, establecidas en el artículo 17.2, puede desarrollar a través del ejercicio de las indicadas en los apartados anteriores.
2. También corresponderá a la Intervención General la dirección de la Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma, con el alcance y el servicio de los fines establecidos en el título VI de la citada Ley General Presupuestaria.
1. Las funciones indicadas en el artículo anterior se ejercerán con la misma extensión, efectos y modalidades que las establecidas para el órgano que las ejerce en la Administración del Estado por la Ley General Presupuestaria y otras disposiciones con rango de Ley del Estado y con su misma independencia funcional respecto a las autoridades comunitarias y demás entidades cuya gestión se fiscalice.
2. El Interventor general será designado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
Por vía reglamentaria se establecerá la competencia de los Interventores-delegados del Interventor general de la Comunidad. En todo caso, la competencia para el ejercicio de la función interventora podrá ser delegada en aquéllos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
El régimen regulador de los posibles desacuerdos manifestados por la Intervención con el fondo o la forma de los actos, expedientes o documentos examinados será análogo al establecido para tales supuestos por la legislación del Estado.
Sección Sexta. De la Tesorería General
Todos los recursos financieros de la Comunidad Autónoma, ya sean dinero, valores o créditos, se integran en la Tesorería de la misma. La gestión de esta Tesorería, que comprenderá la custodia y manejo de los citados recursos, así como la realización de cobros y pagos, será de la competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, y se efectuará de forma que sirva al principio de unidad de caja.
1. El Tesorero general de la Comunidad será nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar el ejercicio delegado de las funciones propias de la Tesorería General.
El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» dependerá de la Consejería de la Presidencia, correspondiendo al titular de ésta disponer lo adecuado para su correcto funcionamiento y autorizar la inserción de cualquier disposición, acuerdo o anuncio de los órganos de la Comunidad.
La sustanciación y resolución de los procedimientos relativos a las funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado corresponderá con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas reguladoras de procedimientos en materias especiales, a los siguientes Órganos:
b) A los Consejeros las correspondientes a:
– Los Ministros.
– Secretarios de Estado.
– Subsecretarios.
– Los Directores generales respectivos, por razón de la materia, Gobernadores Civiles y las de los Órganos periféricos unipersonales de los Ministerios correspondientes.
En general, corresponderán al Consejero competente por razón de la materia, las decisiones respecto a las funciones no atribuibles al Consejo de Gobierno.
9. A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales a las Fundaciones públicas y Empresas provincializadas o con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid; para los préstamos a los que se aplique el aval regirán las mismas restricciones citadas en el apartado anterior.
(«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 161, de 20 de diciembre de 1983.)
Fecha de disposición: 13/12/1983
Fecha de publicación: 03/02/1984
Entrada en vigor: 20 de diciembre de 1983.
Publicada en el BOCM núm. 161, de 20 de diciembre de 1983.
el art. 44.4, por Ley 4/2012, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2012-12816).
el art. 54.2, por Ley 9/2010, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-8629).
el art. 54, por Ley 10/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-4183).
el art. 64, por Ley 3/2008, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-4514).
los arts. 30, 38, 44 y 69, por Ley 3/2007, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2007-17584).
el art. 54.2, por Ley 7/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-3668).
los arts. 39, 40 y la sección V del capítulo II del título IV, por Ley 5/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-2732).
los arts. 21.u), 39.2 y 3, 48.1 y 3 y 54, por Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004 (Ref. BOE-A-2004-12575).
los arts. 41, 62, 63, 64 y 67, por Ley 13/2002, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-4507).
los arts. 21.q), 48.4, 58 y 64 a 66, por Ley 14/2001, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-4377).
los arts. 59 a 61, por Ley 3/2001, de 21 de junio (Ref. BOE-A-2001-14644).
el art. 30.2, por Ley 8/2000, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2000-15063).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 54, aprobando el Reglamento de las reclamaciones económico-administrativas: Decreto 286/1999, de 23 de septiembre (Ref. BOE-A-1999-22113).
el art. 54, por Ley 26/1998, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-12088).
los arts. 52, 53 y 55, por Ley 8/1999, de 9 de abril (Ref. BOE-A-1999-11985).
los arts. 39.1 y 44, por Ley 15/1998, de 23 de octubre (Ref. BOE-A-1999-2947).
SE DEROGA el art. 83 y SE MODIFICA el 54.2.a) y b) y la referencia indicada del 48.4, por Ley 28/1997 de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-20606).
los arts. 39 y 48.1, por Ley 18/1995, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-2087).
el art. 53, por Ley 7/1993, de 22 de junio (Ref. BOE-A-1993-21450).
SE DEROGA el capítulo VI del título IV, por Ley 9/1990, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-413).
SE MODIFICA los arts. 39, 40 y 48, por Ley 6/1989, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1989-12127).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 54 y la disposición final 1, aprobando Reglamento de las Reclamaciones Económico-Administrativas: Decreto 64/1986, de 19 de junio (Ref. BOE-A-1986-21094).
SE MODIFICA la disposición adicional quinta, por Ley 16/1984, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-2430).
SE DESARROLLA el art. 48.4, por Decreto de 17 de mayo de 1984 (Ref. BOE-A-1984-18304).