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Timestamp: 2016-08-28 18:49:13
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El mecanismo de la reforma fiscal, dicho en términos metafóricos, es como una pinza con dos tenazas. La primera de ellas es el aumento en la tasa impositiva. La segunda es la limitación de
deducciones autorizadas. Los resultados son a) estrangular el libre flujo de efectivo y congelarlo fiscalmente en la bolsa del contribuyente; b) Diseccionar la mayor parte de ingresos posible; c)
y finalmente ello conduce a un detrimento o disminución del patrimonio de los contribuyentes.
Los contribuyentes mas afectados son los empresarios, profesionistas independientes, constructores, arrendadores, o quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión y perciban adicionalmente
alguno(s) de los siguientes tipos de ingresos: i) honorarios; ii) actividades empresariales; iii) rentas y ventas inmobiliarias, iv) intereses; v) dividendos e vi) inversiones en la Bolsa
Mexicana de Valores; ya sea directamente, o a través de sus cónyuges, ascendientes y descendientes, independientemente de que estén o no inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que
ahora el SAT podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde lleguen los estados de cuenta emitidos por cualquier entidad financiera.
Adicionalmente, a partir de este año también entran en vigor nuevas obligaciones que se desprenden de la Ley para Prevenir el Lavado de Dinero, sobre todo respecto de aquellos pagos que
tradicionalmente se hacían o recibían en efectivo.
Ante el actual desafiante escenario, nuestra firma se encuentra trabajando en el diseño de estrategias fiscales que implican i) tanto la presentación de demandas de amparo contra disposiciones
fiscales específicas, ii) asi como también el análisis integral de la situación de cada cliente para implementar medidas de planeación fiscal en defensa de las ganancias, del negcoio y del
patrimonio de nuestros clientes, con el fin de ofrecer soluciones personalizadas, a la medida de las necesidades y presupuestos de cada cliente.
La reforma constitucional del 11 de junio del 2011 en materia de Derechos Humanos amplió, a través del nuevo
texto del artículo 1° constitucional, no solo los derechos y libertades de los gobernados, sino que incluso garantiza su ejercicio y respeto bajo el criterio de “favorecer la protección mas
Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpretó, al resolver el asunto
Varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla Pacheco), que con esta reforma constitucional, se estableció en realidad “un parámetro de examen o control de regularidad” de las normas que
integran el sistema jurídico mexicano, con base en la idea de que debe prevalecer la interpretación que conceda una mayor protección a la persona, independientemente de que el derecho humano
provenga de una fuente constitucional o de una fuente internacional, precisando que no existe como tal una jerarquía legal entre ellas.
En la acción de inconstitucionalidad AI 155/2007 la SCJN analizó un caso concreto a la luz del
“parámetro de control de regularidad” de las normas antes indicado, consistente en determinar si es válido que una autoridad administrativa impusiera como sanción a los infractores, el
trabajo forzoso, conforme al artículo 21 constitucional, cuando los tratados internacionales únicamente atribuyen esta facultad a la autoridad judicial. La SCJN resolvió entonces, por
mayoría de votos, que en este caso, “el parámetro de control de regularidad” proviene de fuente internacional, por lo que la autoridad administrativa se encuentra impedida para imponer
como sanción trabajos forzosos, ya que solamente puede ser impuesto como pena por una autoridad jurisdiccional.
Al respecto, el Ministro Pardo Rebolledo formuló un voto concurrente, en donde, en síntesis, señaló que
conforme al primer párrafo del artículo 1° constitucional, todas las personas gozan de los derechos que concede la constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte, asi como
de las garantías para su protección, pero también puntualiza que no podrán ser suspendidas ni restringidas, salvo en los casos y condiciones que la misma Constitución establece, de donde se
desprende que si bien se debe hacer una interpretación pro persona progresiva de acuerdo con el artículo 1 constitucional, ello no debe llevar al extremo de dejar de aplicar o inaplicar un
precepto constitucional en aras de llevar a cabo la aplicación de un tratado internacional, de acuerdo con el artículo 133 constitucional.
Por lo que en caso de que exista contradicción entre las restricciones contempladas en la Constitución y las
contenidas en los Tratados Internacionales, entonces, las restricciones constitucionales deben prevalecer, pero se debe dar una interpretación en el sentido mas restrictivo posible, aplicando el
El debate de estas ideas, dió por resultado la contradicción de tesis 293/2011 del 3 de septiembre del 2013,
en cuyo debate los Ministros de la SCJN se inclinaron por reconocer que en caso de colisión entre las restricciones constitucionales y los Tratados Internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, deben prevalecer las primeras. Sin embargo, la SCJN, a diferencia de lo señalado por el ministro Pardo Rebolledo, no abundó sobre su interpretación en el sentido mas restrictivo
posible. Asimismo, por primera vez se reconoce que los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales tienen rango constitucional, y concluye resolviendo que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos resulta obligatoria para el Estado Mexicano, inclusive aquella que no esté relacionado con litigios en los que México haya sido parte.
A partir del 6 de junio del 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios muy importantes a la Constitución General de la República, concretamente en materia de Derechos
Humanos, iniciado su vigencia el 4 de octubre del 2011, destacando también la publicación de una nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril del 2013, y demás leyes complementarias.
Adicionalmente, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución de cumplimiento del caso Rosendo Radilla Pacheco (resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos) ha establecido el criterio de que la facultad de invalidar una ley o norma, no solo corresponde al Poder Judicial de la Federación, sino que dicha facultad se debe ampliar a cualquier
tribunal ordinario o autoridad administrativa, incorporando a nuestro sistema legal lo que se conoce como la doctrina de “control difuso de constitucionalidad y convencionalidad”, que consiste en
que los jueces locales, e incluso las autoridades administrativas, podrán dejar de aplicar o de observar aquellas normas o leyes que sean contraías a la Constitución o a los Tratados
Internacionales, sin que signifique una declaración de invalidez, como lo hace el Poder Judicial de la Federación.
Los Jueces locales Civiles y Penales acogieron de inmediato estas importantes reformas, y fueron los primeros en desaplicar preceptos legales por considerarlos contrarios a la Constitución y a
los Tratados Internacionales, de tal suerte que las primeras resoluciones de este tipo fueron publicadas al poco tiempo de haber entrado en vigor estas reformas
Ello nos lleva a plantear el rompimiento de varios paradigmas en el comercio internacional. Entre ellos, el poder absoluto de la “sobre regulación administrativa y legislativa”. Hasta antes de la
reforma, cualquier precepto, incluso una ordinaria regla miscelánea podía suprimir, limitar o lesionar algún derecho concedido por la misma Constitución o incluso por un Tratado Internacional, y
el agente de comercio exterior (contribuyente, importador, agente aduanal, recinto fiscalizado, almacén general de depósito, etc) no tenía más remedio o medio de defensa que un recurso
administrativo de revocación, o un juicio de nulidad contencioso administrativo. Y muchas veces, eso no era suficiente para preservar y hacer valer sus, ya que ni los tribunales ni las
autoridades administrativas tenían la obligación de cuestionar la validez de esa regulación particular a la Luz de la doctrina del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.
Ahora las cosas cambian y van a ser diferentes. Vemos con beneplácito y esperanza la posibilidad de cuestionar ante los tribunales y ante las mismas autoridades aduaneras, las normas, reglas y en
general disposiciones legales que sean contrarias a la Constitución y a los Tratados Internacionales, de los que México sea parte y que restrinjan, limiten, lesionen o de alguna perjudiquen los
derechos de los agentes del comercio exterior.
Supongamos que como auditor advierte que existen ciertas incorrecciones materiales en la contabilidad de su cliente, derivadas de una sobrevaloración de ingresos, como consecuencia de un
reconocimiento anticipado de los mismos, o bien, en sentido contrario, una infravaloración de los ingresos, cuando son reconocidos en un período posterior.
¿Qué pasaría si su cliente se niega a hacer las correcciones solicitadas? ¿Puede el auditor abstenerse de continuar con el encargo? ¿Incurre en alguna responsabilidad si no denuncia el hecho ante
la autoridad fiscal? ¿Hasta dónde se encuentra obligado por la confidencialidad del secreto profesional?
Tocaremos brevemente algunos aspectos de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Las NIA fueron expedidas por International Federation of Accountants (IFAC) a través de International
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) serán aplicables en México para las auditorías que corresponden a los ejercicios contables que inicien a partir del 1° de enero del 2013. Estas
normas se integran de la NIA 200 a las NIA 810. De tal suerte que las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, que actualmente están en vigor, quedarán sin efectos el próximo 31 de
El objetivo de las NIA, en términos generales, consiste en que el auditor emita una opinión independiente con seguridad razonable de que los estados financieros están debidamente preparados
conforme a un marco de información financiera aplicable, y en su conjunto están libres de incorrección material, debida al fraude o error (NIA 200)
La responsabilidad del auditor también es materia de las NIA, pero se debe señalar que no excluyen las responsabilidades fiscal, penal, civil o profesional en que puede incurrir el auditor, por
motivo del desempeño de su trabajo.
En consecuencia, es responsabilidad del auditor asegurarse del cumplimiento de todas las obligaciones relevantes legales, reglamentarias o profesionales, independientemente del cumplimiento de
las NIA.
Sobre el particular llama la atención, la forma en que las NIA abordan aquellas cuestiones que pueden estar relacionadas con un fraude, y que se pueden presentar en los estados financieros, asi
como las distintas opciones de respuesta que el auditor tiene a su alcance.
En efecto, la NIA 240 (Responsabilidad del auditor en la auditoría de Estados Financieros con respecto al fraude) precisa que el fraude es un concepto jurídico, no contable, de tal suerte que el
auditor no le concierne determinar su existencia. Sin embargo, lo que si le concierne son las incorrecciones materiales en los Estados Financieros, que provienen de fraude. A reserva de un mayor
análisis sobre el alcance del concepto “incorrección material”, que no es el objeto del presente trabajo, cabe precisar que el fraude no puede tener su origen en un simple error, ya que la
diferencia principal entre ambos, consiste en que en el fraude subyace una acción que encuentra cargada de un ánimo o intención determinada, mientras que en el error, no se presenta ningún tipo
de intención particular.
Ahora bien, sigue señalando la NIA 240 que las incorrecciones materiales derivadas del fraude, provienen principalmente de información financiera fraudulenta, o bien de una “apropiación indebida
de activos”, que se refiere a la sustracción de bienes. Para ello, la NIA 315 (Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el conocimiento de la Entidad y su
Entorno) contiene una serie de procedimientos y criterios destinados a la correcta valoración de riesgos de esta clase.
¿Qué debe hacer el auditor cuando se encuentra con una situación posiblemente fraudulenta? ¿Hasta dónde debe investigar? ¿Puede abarcar períodos mayores a los auditados? ¿Debe abarcar elementos
ajenos a la contabilidad? ¿En cuánto tiempo debe informarlas? ¿Debe corregir? ¿Si por alguna razón se encuentra impedido a ello, puede renunciar a su encargo? Si el interés del fisco no se ve
lesionado con el fraude ¿Se deben asentar estas observaciones en el Dictamen Fiscal? ¿Se debe denunciar la situación? ¿hasta dónde debe llegar el secreto profesional? y aun mas ¿cuál es la
responsabilidad por no haber detectado/informado una situación posiblemente fraudulenta?
Las NIA se pronuncian expresamente sobre algunas de estas cuestiones, pero no de todas. Por ejemplo, se sugiere que el auditor realice una investigación con “escepticismo profesional”, es decir,
aceptando la posibilidad de que pueden existir incorrecciones materiales derivadas de fraude. Y propone una serie de ejemplos que ilustran las acciones que puede realizar el auditor en una
Por ejemplo, si se detecta en el transcurso de la revisión que el inventario, efectivo, valores etc de la empresa están desapareciendo de una forma injustificada o inexplicable, es posible que
dicha situación derive un fraude, y en tal caso, la NIA señala que es requerida una respuesta por parte del auditor. Se ofrecen diversos ejemplos de respuesta para este caso, como los siguientes:
De lo anterior, se desprende por una parte que la NIA 240 contempla como ejemplos de acciones de respuesta del auditor, la investigación o indagación de los hechos, inclusive abarcando elementos
ajenos a la contabilidad, como son la lista de proveedores y los expedientes de empleados, que normalmente no forman parte de la misma
Pero sobre todo, llama la atención que se haya ilustrado como acción de respuesta, el obtener evidencia de que los contratos celebrados por la entidad se lleven a cabo de conformidad con sus
términos, elementos que exceden el soporte documental de los registros de contabilidad, y en muchas ocasiones van más allá del alcance profesional tradicional de la revisión del auditor, ya que
dicha labor implica conocimientos jurídicos especializados propios de la profesión de abogado con experiencia fiscal y en temas mercantiles.
Un punto adicional que merece la pena tocar es que el fraude a que se refieren las NIA no se encuentra limitado solo al que ocurre en el ámbito privado de la empresa, entre accionistas,
proveedores, empleados, etc, sino que incluso llega a alcanzar el que se comete en perjuicio del Erario Público. Se sostiene lo anterior, ya que de algunos de los ejemplos de factores de riesgo
de fraude contenidos en la NIA 240, como los que se citan a continuación, se puede desprender la pauta para concluir que el fraude fiscal también está comprendido en estas normas, ocupando un
espacio importante en espectro de la labor del auditor.
a) Cuentas bancarias significativas u operaciones de una sociedad dependiente o de una sucursal en jurisdicciones que sean paraísos fiscales y para los que no parezca existir una justificación
empresarial clara.
Además del fraude fiscal, la NIA 240 también incluye otros tipos de operaciones, como aquellas transacciones significativas o inusuales especialmente las que se producen al cierre del ejercicio o
a una fecha cercana a este, y en dicho caso, se sugiere al auditor, investigar la posibilidad de que existan partes vinculadas y las fuentes de recursos financieros que sustentan las
¿Qué alcance entonces debe cumplir la revisión del auditor para cumplir con las estándares de las NIAs? Se deben distinguir si se presenta alguna situación fraudulenta o no, ya que las NIA 240 y
NIA 315 solamente son aplicables cuando se advierte una situación de este tipo. Y cuando sea preciso aplicar estas normas, vale la pena preguntarse: ¿resultaría de utilidad al auditor, contar con
el apoyo de un despacho independiente de abogados para la debida atención de estas y otras cuestiones?
El auditor que no de cumplimiento a las NIA podría incurrir en una responsabilidad profesional, desde nuestro punto de vista, que puede ser exigible legalmente, pero este tema será objeto de
estudio de la segunda parte.
Michel Braverman C. es un experimentado abogado, socio de la firma DMB Abogados y Asesores de Negocios Direct to Results S.C. Tiene mas de 10 años de experiencia profesional litigando, y ha
resuelto de forma exitosa mas de 1000 asuntos complejos relacionados con cuestiones fiscales, mercantiles y corporativas, apoyado por su gran equipo de trabajo. Tambien está involucrado en el
sector inmobiliario como asesor legal. El Lic. Braverman ha sido nominado como uno de los fiscalistas mas importantes de México por la revista Defensa Fiscal por los años 2012, 2011, 2010, 2009,
2008, 2007. Además el Lic. Braverman ha iniciado recientemente su práctica en arbitraje comercial.
El caso proviene del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (TCC). Y la litis fué en torno al Derecho de recurso efectivo contemplado en los artículos 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (conocido también como derecho a acceso a la Justicia como se explicará más adelante)
El demandante solicitó al Poder Judicial Federal que ordenara hacer una anotación, en el Registro Público de la Propiedad, para que todas las personas pudieran enterarse de que esos bienes
estaban en juicio y así evitar que otros individuos pudieran comprarlos. Contrario a esa petición, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determinó que no podía ordenar esa
anotación, alegando tecnicismos legales.
Mediante una sentencia de amparo directo, el TCC resolvió que se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución federal asi como en el
artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con el Juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Juez Antônio Augusto Cancado Trindade este derecho humano al recurso efectivo fue una innovación de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) de abril de 1948. Y fue entonces cuando se incorporó posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de
1948, meses después.
El objetivo, sigue señalando el Juez Antônio Augusto Cancado Trindade, fue proteger los derechos del individuo contra los abusos del poder público, y someter todo y cualquier tipo de abuso a
cualquier derecho individual al juicio del Poder Judicial del Estado Parte en cuestión, en el plano del derecho interno.
En el plano internacional, no es adsmisible ninguna excusa para justificar su incumplimiento, ya que de acuerdo con el art 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, se
encuentra prohibido que un Estado Parte invoque disposiciones de su derecho interno para intentar justificar el incumplimiento, o el retardo del cumplimiento a un Tratado
La CIDH ha sido quien ha interpretado en la forma mas moderna y amplia el derecho a un recurso efectivo contemplado en el artículo 25 la CADH, como resultado del estudio de diversos casos en los
que se ha reclamado la responsabilidad internacional de Estados Parte, como en los casos contra Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, asi como en diversas opiniones consultivas.
La primera vez que la CIDH abordó el estudio de este derecho humano, fue en la sentencia dictada el 13 de septiembre de 1997 en el asuntos (i) Genie Lacayo VS Nicaragua. Posteriormente, el 3 de
noviembre de 1997 la CIDH abordó nuevamente el tema en los casos (ii) Caballero Delgado y Santana VS Colombia, (iii) y Castillo Paéz VS Perú. El análisis consistió en determinar el contenido
material y alcance del Art 25 (derecho a un recurso efectivo) en relación con el Art 8 (I) (debido proceso legal) asi como con los derechos protegidos y de armonización del derecho interno con el
derecho convencional internacional consagrados en los art 1(1) y 2, de la CADH, señalando que la disposición del art 25 sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes de un Estado, constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en los términos de la misma
Esta misma interpretación fue sostenida también en los casos: (iv) Suárez Rosero VS Ecuador (12.11.1997) (v) Blake VS Guatemala (24.11.1998) (vi) Paniagua Morales y otros VS Guatemala (8.03.1998)
y (v) Castillo Peruzzo vs Perú
Pero realmente la gran innovación interpretativa de la CIDH, la cual ha sido adoptada incluso por la Corte Europea de DH, consistió en vincular íntimamente por una parte, el derecho a un recurso
efectivo (art 25 CADH), entendido como un derecho de acceso a la justicia latu sensu, es decir, como un derecho a la prestación jurisdiccional, y por otra parte, el derecho de debido proceso
legal (art 8 CADH), entendido como el derecho del justiciable ante los tribunales nacionales competentes para hacer valer sus derechos y defender sus intereses, mediante un recurso efectivo,
sencillo y rápido y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables, asi como para obtener respuesta en un plazo razonable, y obtener la ejecución de la sentencia
"Según la convención americana, los Estados Parte están obligados a suministrar recursos legales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (Art 25) recursos que deben ser
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (8 (1), todo ello dentro de la obligación general de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art 1(1).
Inclusive, la CIDH discutió lo relativo al "plazo razonable" de respuesta al recurso efectivo que la legislación nacional debe contemplar a favor de las víctimas de violaciones de derechos
humanos, señalando que el "plazo razonable" contemplado en el artículo 8 debe estar íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido previsto en el art 25 de la Convención.
Adicionalmente, en la ya célebre Opinión Consultiva No 16 "sobre el Derecho de la Información sobre asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal" (1.10.1999), la CIDH
destacó la necesidad de interpretar la Convención en el sentido de que el régimen de protección de los derechos humanos tenga todos sus efectos propios (effet utile) de conformidad con la
interpretación necesariamente evolutiva de todo el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta opinión se ve reforzada por la Opinión Consultiva No 18 "sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados", mediante la cual la CIDH reitera su interpretación y
resuelve que simplemente no hay debido proceso sin el recurso efectivo ante los jueces y tribunales nacionales competentes y lo señalado por los artículos 8 y 25 se encuentran
ineludoblemente vinculados no solo desde el punto de vista conceptual, sino sobre todo hermeneútico
En el mismo sentido, la CIDH resolvió en el caso Bámaca Velasquez vs Guatemala (25.11.2000) que la corte debe efectuar un análisis del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener
una percepción integral de las mismas, y establecer si dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección judiciales y el derecho a recurso efectivo que emergen de
los artículos 8 y 25 de la CADH
Ha sido la interpretación constante de la CIDH, como en el caso Villagrán Morales y otros vs Guatemala (niños de la calle 19.11.1999) cuando resolvió que los artículos 8 y 25 de la
CADH concretan en relación con las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, el alcance del principio.... de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del
Es decir, las disposiciones de los articulo 8 y 25 de la CADH tomadas en conjunto, son fundamentales para la propia determinación del alcance del surgimiento de la responsabilidad del Estado
inclusive por actos u omisiones del Poder Judicial, o de cualquier otro poder o agente del Estado. Y esto a juicio del Juez Antônio Augusto Cancado Trindade conforma un principio de "rule of law"
Debido a los casos anteriores, el Juez Antônio Augusto Cancado Trindade ha sostenido desde hace mas de 20 años que tal interpretación es la que mas fielmente refleja la especial naturaleza de los
tratados de derechos humanos, asi como el carácter objetivo de las obligaciones que contempla y el sentido autónomo de los conceptos en ellos consagrados (distintos de los conceptos
correspondientes a los sistemas jurídicos nacionales), y en consecuencia el alcance erga omnes que la CIDH otorga a los derechos en ella contempldos.
Y debido a lo anterior, sigue señalando el Juez Antônio Augusto Cancado Trindade, como los tratados de derechos humanos incorporan conceptos autónomos, fruto de la evolución jurisprudencial y
como del fin y objeto de estos tratados son diferentes a los tratados clásicos (en cuanto a que son atinentes a las relaciones entre un Estado y las personas que se encuentran bajo su
jurisdicción) las reglas de interpretación de los tratados se ajustan a esta nueva realidad. Tan es así que el art 29 (b) de la CADH prohíbe una interpretación que limite el ejercicio de los
derechos protegidos en dicha Convención
En conclusión, el derecho a un recurso efectivo que proviene del art 25 de la CADH se trata de un derecho al derecho, o en otras palabras, un derecho al acceso a la justicia, el cual tiene
la característica de imperativo al jus cogens y acarrean obligaciones erga omnes de protección frente a cualquier persona, y no es válido su limitación o restricción.
En nuestro comentario del 24 de junio del 2010 compartimos una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) relativa al principio de
interpretación estricta de las normas fiscales contenido en el artículo 5° del CFF.
Este criterio jurisprudencial señala que la interpretación estricta de las normas fiscales no puede subsistir el "fraude a la ley" o el "abuso de derecho", figuras ampliamente estudiadas en la
Sin embargo, la Ley no contempla las figuras de fraude a la ley o abuso de derecho. Lo que nos parece que dicha jurisprudencia prentendió en realidad fue construir un argumento preconcebido que
permita concluir a la autoridad fiscal una presunción de fraude, que obligue al particular demostrar que sus operaciones son legítimas, cuando lo correcto sería que fuera la propia autoridad
la obligada a probar ese supuesto ánimo de fraude o mas técnicamente dicho consilium fraudis
Ahora, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dicta una tesis jurisprudencial (aislada) podemos decir complementaria de la jurisprudencia del TFJFA, en
el sentido de que las normas de información financiera son una herramienta útil para indagar la realidad económica de las operaciones comerciales y financieras, de tal suerte que prevalezca el fondo sobre la forma, esto es otorgando prioridad a la sustancia económica de la operación sobre su forma legal o naturaleza jurídica
Lo anterior, continúa señalando la tesis, debido a quelas Normas de Información Financiera son un sistema de información contable que debe ser delimitado de modo tal que sea capaz de captar la
esencia del emisor de la información financiera con el fin de incorporar las consecuencias derivadas de las transacciones, prácticas comerciales y otros eventos en general, de acuerdo con la
realidad económica y no solo en atención a su naturaleza jurídica, cuando una y otra no coincidan
Se pueden definir a las Normas de Información Financiera o NIFS como el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF (Consejo Mexicano para la
Investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera) o transferidos al CINIF, que regulan la información contenida en los Estados Financieros y sus notas en un lugar y fecha
determinados, que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera.
Con estos dos criterios jurisprudenciales las autoridades fiscales tendrán a su alcance facultades poderosas para cuestionar los efectos de los actos jurídicos y demás transacciones comerciales
que hayan celebrado los contribuyentes. Cabría cuestionar. ¿este criterio llegará a ser jurisprudencial y en consecuencia obligatorio y general? luego, asumiendo sin conceder, que así sea ¿tendrá algún límite esta
facultad?o incluso ¿podrá la autoridad fiscal develar la personalidad jurídica de determinadas entidades (recordemos que el contrato de sociedad genera personalidad jurídica propia y separada de
sus socios o accionistas) para determinar ciertos efectos fiscales? ¿se trata de una facultad omnímoda? ¿va a perder fuerza y aplicación el artículo 5° del CFF aún y cuando formalmente no
se haya derogado o modificado? ¿cuál es ahora el rol del principio de legalidad tributaria?
Se publicó en el DOF el día 12 de octubre de 2011 el Decreto que prórroga los estímulos fiscales otorgados previamente al Sector Maquilador y al Sector de Donatarias Autorizadas para recibir
donativos deducibles del ISR
El "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única", publicado el 5 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de
la Federación, otorgó un estímulo fiscal al sector maquilador, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2011.
Consiste en acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente, un monto equivalente al resultado que se obtenga de restar a la suma de dicho impuesto
del ejercicio a cargo y del impuesto sobre la renta propio del ejercicio, el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal determinada conforme al artículo 216-Bis
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en acreditar contra los pagos provisionales correspondientes un monto calculado de forma similar.
Además, no se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, derivado de su relación económica o jurídica con una maquiladora establecida en el
país, siempre que ésta cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 216-Bis de la citada Ley.
Adicionalmente, se implementa la presentación de información para la detección de empresas que incurren en abusos y prácticas indebidas, e identificar y evitar actividades no relacionadas con la
El "Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2010, otorgó a dichas donatarias autorizadas un estímulo fiscal.
Consiste en un crédito fiscal equivalente al monto del impuesto sobre la renta que, en su caso, se cause en los términos del séptimo párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
vigente a partir del 1 de mayo de 2010, el cual únicamente se podrá acreditar contra el impuesto que se deba pagar en términos del artículo invocado, medida que estará vigente hasta el 31 de
Por lo que se estima necesario prorrogar este estímulo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2013, debido a que este Sector se ha visto limitado de tiempo para implementar las modificaciones al
artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, relacionadas con obtener ingresos no afectos al pago del ISR por
actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que éstos no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio y que, en el caso de
que tales ingresos excedan del límite mencionado, por el excedente deberán determinar y pagar el referido impuesto;
“(…) XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.
Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez
de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo
ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a
separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que
sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o
desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios
al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
Las modificaciones constitucionales respectivas entraron en vigor el cuatro de octubre del año dos mil once y serán aplicables a los juicios de amparo iniciados a partir de esa fecha, en
tanto que a los promovidos previamente únicamente lo serán por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de
las sentencias de amparo, por lo que ante la ausencia de actos legislativos que adecuen las leyes
ordinarias que reglamentan los citados preceptos constitucionales, atendiendo al principio de supremacía constitucional, debe estimarse que para resolver esos juicios de amparo será
aplicable la Ley de Amparo vigente, salvo en aquello en lo que se oponga al nuevo marco constitucional
Por lo anterior, el Pleno de la SCJN expidió el 7 de octubre pasado los criterios relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia
delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado, así como al procedimiento que se seguirá en este Alto Tribunal al conocer de esos asuntos.
Si bien es cierto se pretende precisar ciertas situaciones que antes no se preveían para separar a una autoridad de su cargo por incumplimiento de una ejecutora de amparo, lo cierto es que el
procedimiento para llegar a dicha separación sigue siendo de 3 instancias. La primera le corresponde al Juez de Distrito, una segunda al Tribunal Colegiado de Circuito, para que finalmente la
SCJN decida si separa al funcionario contumaz de su cargo o no.
Por el contrario, persiste la crítica de que un Juez de Distrito puede dictar una sentencia protectora de amparo, que inclusive puede hacer que una determinada ley no sea aplicable a un caso
concreto (amparo contra leyes), o puede impedir que un acto suspenda sus efectos, a través de una orden de suspensión del acto reclamado, pero sigue careciendo de tener sus propios medios
para hacer cumplir coactivamente sus propias sentencias y órdenes de suspensión del acto reclamado, ante funcionarios contumazes y rebeldes.
¿Por qué no dotar al Juez de Distrito de facultades concretas para hacer cumplir sus determinaciones? La separación del cargo no es la única medida, ni la mas apropiada. Ni la SCJN puede
dedicarse a estudiar todos los casos de todo el país en donde las autoridades responsables no cumplen con las sentencias de amparo ni con las órdenes de suspensión del acto reclamado
Con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos del diez de junio del 2011 y del seis de junio de 2011, en vigor a partir del once de junio del 2011 y del cuatro de
octubre de 2011, respectivamente, resulta necesaria una nueva Ley de Amparo.
Sin embargo, el Congreso de la Unión no la ha expedido.Por lo cual la SCJN ha publicado en el DOF el pasado seis de octubre del 2011 un acuerdo mediante el cual establece el procedimieto que se
seguirá para la declaración general de inconstitucionalidad.
Siguiendo el modelo europeo continental de control constitucional, concretamente el principio "stare decisis" nuestra constitución adopta un nuevo control de constitucionalidad: la declaratoria
general de inconstitucionalidad. (Cabe recordar que con el caso Rosendo Radilla Pacheco, la SCJN ha introducido tambien a nuestro sistema judicial "el control difuso de la constitucionalidad
de leyes y tratados internacionales" para mayor referencia revisar comentario anterior en este mismo blog)
Como ilustra el célebre jurista italiano Mauro Capelleti este principio de "stare decisis" termina por asumir indirectamente una verdadera y propia eficacia "erga omnes" y no se limita a
llevar consigo el puro y simple efecto de "la no aplicación de la ley" a un singular caso concreto, con posibilidad de que en otros casos la ley pueda ser aplicada de nuevo.
Este principio de "stare decisis" no debe interpretarse como una contradicción, o una excepción al principio de relatividad de las sentencias de amparo (concretamente contra leyes), porque
es importante precisar que las ejecutorias que otorgan el amparo al quejoso, son válidas y oblgatorias aún para aquellas autoridades que no hayan intervenido en el juicio de amparo
vinculándolas a darle cumplimiento. (TESIS: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLAS ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN Y CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO) protegiendo
al quejoso en contra tanto del acto de aplicación que se discutió en juicio, como en los futuros actos de aplicación (TESIS: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON
LOS QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA)
Lo que es realmente novedoso en nuestro sistema judicial con este nuevo control de constitucionalidad consiste en que el Poder Judicial de la Federación, no sólo cumplirá su función de defensor
de los derechos humanos de los particulares emitiendo sentencias que amparen y protejan los derechos de cada quejoso en particular, sino que tambien se convertirá en un defensor de la supremacía
constitucional, al expulsar del sistema jurídico aquellas normas que hayan sido declaradas inconstitucionales.
Con esta expulsión de las normas inconstitucionales, se beneficia a todos los particulares, no solamente a los quejosos que interpusieron su acción de inconstitucionalidad (sentido amplio
conforme al Dr Fix Zamudio) mediante el juicio de amparo indirecto, sino mas bien el Poder Judicial de la Federación se ocupará no sólo de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, entre otros los de igualdad y acceso efectivo a la justicia, lo que implica, incluso lo que se conoce como el principio de "interpretación conforme" que consiste
en fijar el alcance de toda disposición general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas fundamentales.
Como tercer paso se notifica al órgano emisor de la norma general respectiva, de dicho procedimiento, otorgandole un plazo de 90 días para que se supere el problema de inconstitucionalidad,
mediante la emisión de una nueva norma general.
Como cuarto paso, procede la elaboración del proyecto de resolución de declaratoria general de inconsitucionalidad, en caso de que no se hubiere superado el problema de inconstitucionalidad por
el órgano emisor, para ser votada por el Pleno de la SCJN
Posteriormente, en sexto lugar, el Pleno de la SCJN determinará la fecha a partir de la cual la declaratoria general de inconstitucionalidad surte sus efectos, asi como sus alcances y
condiciones atendiendo a lo previsto en la ley reglamentaria respectiva.
Sobre el particular cabe hacer mención de que esta disposición que permite retrasar y/o matizar y/o adecuar los efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad proviene de la
Constitución Austriaca que por influencia de Kelsen, contempla tanto el sistema de la declaratoria general de constitucionalidad, como la facultad de la Corte para determinar sus efectos,
ya que pueden existir casos en los que la expulsión de la norma pueda provocar mayores problemas que los que se pretenden resolver, como por ejemplo cuando la ley es inconstitucional por lo que
no prevé (categorías o supuestos no previstos etc), de tal suerte que se permite que la norma declarada inconstitucional siga vigente transitoriamente hasta haber transcurido el plazo determinado
por la SCJN, lo que permite de facto una prórroga al órgano emisor de superar el problema de inconstitucionalidad, mediante la emisión de una nueva norma
Por último, y como séptimo paso, la declaratoria de inconstitucionalidad se publica tanto en el DOF como en el órgano de difusión oficial donde fue publicada originalmente la norma declarada
Es importante señalar que la "fórmula Otero" o principio de relatividad de las sentencias de amparo sigue vigente, y coexistirá tanto con el control difuso de la constitucionalidad y
convencionalidad (caso Rosendo Radilla Pacheco) y con la declaración general de inconstitucionalidad, cuyo procedimiento se ha diseñado por la SCJN mediante el acuerdo publicado en el
DOF el pasado 6 de octubre del 2011.
Sin embargo, el Congreso de la Unión no ha aprobado aún las esperadas reformas a la Ley de Amparo. Esto provocaría en algunos, considerar que el juicio de amparo, como lo conocimos hasta el día
de ayer, sea ahora inaplicable para proteger a los particulares, ya que no guardaría una exacta congruencia con las reformas constitucionales vigentes a partir del día de hoy.
Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de evitar un "anarquismo judicial federal" fijará criterios de aplicación de las reformas constitucionales, dirigido a los Jueces
de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, para "suplir la deficiencia legislativa" y hacer operable el juicio de amparo, en la medida de lo posible, conforme a las nuevas reformas de 2011
a la constitución, a partir de la Ley de Amparo de 1936.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el Poder Legislativo para las Reformas Constitucionales de Amparo y Derechos
Humanos, aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está preparado para hacer frente a esta situación.
“Los juicios de amparo tendrán que tramitarse en todo lo que no contradigan la reforma constitucional de acuerdo con lo que está en la ley que tenemos en este momento. No podríamos afirmar que al
no haber ley ya no se puede tramitar el amparo y no podemos decir que como no hay ley no entra en vigor la Constitución”, dijo.
“Lo que buscamos es que no haya un periodo en el cual se afecte la protección de los derechos de las personas. La Corte tiene que responder de inmediato ante esta ausencia de Ley de Amparo, para
evitar que haya malos entendidos o un mensaje equivocado a la sociedad”
Explicó que, hasta en tanto se aprueba la nueva Ley de Amparo, se aplicará de manera directa lo que establece la Constitución en los artículos 103 y 107, y la ley vigente operará en todo lo que
no contravenga a estas disposiciones. “Adicionalmente, la Corte establecerá acuerdos generales, en el ámbito de nuestras facultades, para dar respuesta a esta etapa de transición, en el tiempo en
que duremos sin nueva ley reglamentaria del amparo”, precisó.
Esos acuerdos generales normarán, por ejemplo, cómo deberá tramitarse la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuál va a ser la competencia de los tribunales colegiados de circuito y la
del pleno de la Corte, así como la conceptualización de los derechos humanos, por ejemplo, explicó.
También deberán fijarse criterios para que juzgados y tribunales federales puedan establecer el interés legítimo de los demandantes, un concepto más amplio que el de la ley vigente, que habla de
interés jurídico, es decir, el derecho de un particular para reclamar mediante un juicio de amparo violaciones a sus derechos.
“Es muy importante que nosotros desde la Corte enviemos un mensaje muy claro que el juicio de amparo se seguirá tramitando y tendrá que interpretarse ahora con criterios progresistas y
garantistas, con independencia de que tengamos o no Ley de Amparo”, dijo.
Consideró que el retraso se debe a que se trata de una reforma complicada, en la que “se enfrentan visiones progresistas y conservadoras”, pero dijo que la discusión va avanzada en el Senado y se
ha trabajado con intensidad para contar con la nueva ley a la brevedad.
De forma extraordinaria el Jefe de Gobierno del Distrito Fdereal ejerció la facultad prevista en la fracción II del artículo 44 del Código Fscal del DF , con el fin de emitir Resolución de
carácter general, mediante la cual se resarce a los afectados por los notarios 20, 79, 81y 189 del DF.
a) Se autoriza al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como al Archivo General de Notarias, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Tesorería, todos del Distrito
Federal, prestar los servicios necesarios para proceder a la correcta formalización y/o inscripción de los documentos en los que constan los actos jurídicos que refiere la presente Resolución.
b) El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y los derechos correspondientes, serán pagados por los ex-titulares de las notarias públicas 79, 81, 189 y 20, en su carácter de obligados
solidarios, por haber omitido entregar a las autoridades fiscales el pago de las contribuciones respectivas que recibió de los contribuyentes obligados, por lo que se difiere su pago
c) No se cobraran honorarios notariales a las personas afectadas por estos notarios, por la conclusión de los trámites notariales que se encuentren pendientes en los protocolos de las notarías
referidas en el punto Primero, así como tampoco por la expedición de testimonios y copias certificadas necesarias.
e) Es requisito indispensable para los interesados deberán obtener la constancia que expida la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, quien
Dicha Constancia deberá adjuntarse a los testimonios notariales para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, misma que se cancelará una vez
realizada la inscripción correspondiente.
El TFJFA proveerá el ingreso al Sistema d Justicia en Línea a través de su portal disponible en Internet www.juicioenlinea.gob.mx o www.tfjfa.gob.mx para lo cual los Usuarios deberán contar con
todo el equipo y programas necesarios para establecer dicha conexión.
El Sistema de Justicia en Línea está integrado por los Subsistemas de Juicio en Línea, Juicio Tradicional y de Información Estadística, y este último a su vez comprende el Módulo de Banco de
Sentencias y Criterios Relevantes y el Módulo de Indicadores de Gestión y Reportes de Operación.
Este sistema de juicio en línea será utilizado para la promoción, sustanciación y resolución del Juicio en Línea, así como para la consulta de los Expedientes Electrónicos que se generen. Esta
asistencia será proporcionada dentro del mismo Sistema o de forma telefónica, según las necesidades que el servicio requieran.
Además se habilitará la FIEL (expedida por el SAT) personal del promovente y/o litigante a fin de promover, sustanciar y notificar los acuerdos, resoluciones y otras actuaciones que se dicten en
los juicios contencioso administrativos federales que se tramiten mediante el Sistema de Juicio en Línea
La FIEL vinculará y responsabilizará al promovente con el contenido de un Documento Electrónico presentado en el Tribunal mediante el Sistema, de la misma forma en que la firma autógrafa lo hace
respecto del documento que la contiene en un Juicio Tradicional.
Resulta indispensable para que el Sistema de Justicia en Línea funciones que las autoridades demandadas igualmente cuenten también con su clave de acceso, su contraseña y su correo electrónico
oficial para recibir notificaciones. .
El Servicio de Administración Tributaria está listo para utilizar el Juicio en Línea. Afirmó Pedro Canabal Heredia, vocero del SAT, y quien recibió un reconocimiento de manos del Magistrado Juan
Manuel Jiménez Illescas, durante su participación en la mesa redonda “El Juicio en Línea”, que se llevó a cabo en el marco de la XX Reunión Nacional y IV Congreso Internacional de Magistrados
Y no solamente eso, sino sobre todo y mas importante, los Magistrados, Secretarios de Cuerdos y Actuarios, del TFJFA pueden firmar electrónicamente las resoluciones, sentencias y demás acuerdos,
deberán de cumplir además de los requisitos anteriores con su FIEL personal, Firma Digital y Huella Digital
La decisión de utilizar el Sistema de Juicio en Línea o el Sistema Tradicional la conserva el promovente y/o litigante. Se entenderá que el demandante optó por el Juicio en Línea cuando acceda al
Sistema y exprese su voluntad en ese sentido. La opción elegida no variará aunque en fecha posterior se presente una demanda en la vía tradicional, contra la misma resolución.
De toda promoción presentada el Sistema arrojará un acuse de recibo. El Sistema generará un código de barras para su identificación, seguimiento y control. Los documentos anexos que integren el
expediente electrónico, en el Juicio en Línea, también contarán con código de barras.
El Sistema funcionará de acuerdo a la hora oficial mexicana, que incluye los tres husos horarios que cubren la República Mexicana, es decir, representando las horas locales de nuestro país, y
asentará la fecha y hora en todos los acuses de recibo de Documentos Electrónicos que se reciban y envíen a través del Sistema, mismos que corresponderán a las del domicilio de la Sala
destinataria de la promoción de que se trate.
Las promociones de un Juicio en Línea que por excepción sean recibidas en la Oficialía de Partes de este Tribunal, así como las actuaciones consignadas en papel durante la sustanciación del
mismo, deberán ser digitalizadas y certificadas por el Secretario de Acuerdos para ser agregadas al Expediente Electrónico que corresponda.
Se concede una nueva facultad al Magistrado instructor de requerir al promovente dentro del plazo de 5 días hábiles, para que señale la información correcta, cuando no exista coincidencia entre
la información registrada por los Usuarios en los campos de captura señalados en el Sistema y el contenido de la promoción enviada a través del Sistema.
En caso de que el archivo que contiene un Documento Electrónico se encuentre infectado, se enviará un correo electrónico al Usuario Externo que lo haya enviado, en el que se le informará del
virus detectado y se le requerirá, para que en un plazo de tres días hábiles envíe nuevamente el archivo limpio de virus o software maligno, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, no será
considerado en el juicio de que se trate.
En atención a lo dispuesto en el artículo 58-S de la Ley, en caso de que la Unidad de Administración, reporte la interrupción en el funcionamiento del Sistema por caso fortuito, fuerza mayor o
falla técnica, la Sala considerará el tiempo de la interrupción y suspenderá los plazos únicamente respecto de aquellas promociones sujetas a término por ese mismo lapso o bien hasta el día hábil
siguiente en que el Sistema haya sido restablecido, a efecto de determinar la oportunidad de dichas promociones.
En el caso Rosendo Radilla Pacheco, recientemente (12 de julio del 2011) la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo la SCJN) precisó la aplicación de ahora en adelante del
principio de control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad de las normas y leyes.
El control de la constitucionalidad se refiere al examen de normas o leyes, invalidando aquellas que no se ajusten a la Constitución como Ley Suprema. El calificativo de difuso, se refiere a que
cualquier juez (o incluso autoridad administrativa) puede realizar el examen de constitucionalidad. Por el contrario, el control concentrado, opuesto al difuso, se refiere a la existencia de un
órgano especializado (Tribunal Constitucional). La doctrina trata de un tercer método mixto.
La SCJN resolvió que “…los demás jueces (los que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación) en los asuntos de su competencia podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución
Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones….”
Adicionalmente, este principio de control difuso de constitucionalidad fue complementado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando extiende el examen de validez no sólo en
referencia a la Constitución, sino también a los Tratados Internacionales, por lo que el principio de control difuso no solo será de constitucionalidad sino también de convencionalidad,
haciendo referencia a los tratados internacionales.
Esto significa que si bien la facultad de invalidar una ley o norma por ser contraria a la Constitución, y ahora también en contra de los Tratados Internacionales, la conserva el Poder Judicial
de la Federación, en virtud de este principio de control difuso, los jueces locales, e incluso las autoridades administrativas, podrán dejar de aplicar o de observar aquellas normas o leyes que
sean contraías a la Constitución o a los Tratados Internacionales, sin que signifique una declaración de invalidez, como lo hace el Poder Judicial de la Federación.
La primera aplicación de este principio de control difuso fue hecha por la Cuarta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, en un caso penal, cuando desaplicó el
artículo 224, fracción V del Código Penal de Nuevo León, en virtud de que consideró que dicho precepto es contrario a la Constitución, ya que atenta contra el principio de legalidad en la
tipificación del delito, ya que deja en manos de la autoridad administrativa la determinación de uno de los elementos del tipo penal.
Así lo dio a conocer la Consejera Jurídica del DF, Leticia Bonifaz, quien explicó que la mayoría de defraudados corresponde a habitantes de la zona de Ixtapaluca, pues el notario se encuentra en
una zona limítrofe del DF y el Estado de México.
Bonifaz también dio a conocer que el juzgado 27 penal del DF emitió una sentencia de 7 años y medio de prisión a Gilberto Manuel Mirada Guzmán, hijo del notario 79 Gilberto Manuel Miranda Pérez,
quienes se encuentran acusados por fraude a través de tramites notariales.
Miranda Pérez fue detenido desde 2010 y se encuentra actualmente en prisión domiciliaria y junto con su hijo defraudó con alrededor de 1.3 millones de pesos en diferentes trámites notariales que
Ni la Ley del Notariado, ni el Colegio de Notarios, ni el Gobierno del DF pudieron impedir que el Sr Lic. Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, titular de la Notaría No 20 del DF defraudará a mas
de 800 afectados conocidos (y aún una gran cantidad de desconocidos). Para muchas de estas personas se trata del patrimonio de una vida entera de trabajo: Su casa.
Todo comenzó cuando el ahora ex notario decidió que tenía derecho de apropiarse del dinero que sus clientes le depositaban para el pago de los impuestos de las escrituras de sus casas,
traicionando la fe depositada en él, de que se encargaría de todo, como se supone que se hace cuando se acude a una notaría.
Ya no importaba si el dinero provenía de una familia humilde o de un inversionista acomodado. Todos corrían bajo la misma suerte. Ser defraudados y engañados por “la apariencia del buen
derecho”. Un bribón con patente de Notario Público que vorazmente tomó el dinero de sus clientes, sin pagar los impuestos correspondientes y/o sin concluir las escrituras que se le
encomendaron. ¿Que habrá pensado esta persona? seguramente que no podría ser alcanzado por la Justicia, por sentirse protegido por una especie de “fuero notarial”.
Insolvencia. La que ahora alega esta persona. La fianza que le fue exigida para ejercer su función apenas alcanza $500,000. Esto no alcanza ni siquiera para resarcir a 1 o 2 afectados. Y es una
fianza. Todos sabemos lo que cuesta hacer efectiva una fianza, y aún mas cuesta cuando es una fianza especial, como esta. No hay otra garantía.
El señor “recaudaba” impuestos federales y locales del público. Y no se le pidió garantía alguna. Ni siquiera se le pidió mantener una reserva, como a otras entidades que manejan fondos del
público. No hay garantías inmobiliarias. No hay prendas. No hay depósitos de garantía. No hay forma de obligarlo a reembolsar lo que tomó sin derecho.
Si una cosa hemos podido aprender, es que cuando un fraude se realiza impunemente, se abre una puerta aún mas grande con una gran invitación de entrada en su dintel para los amigos de lo ajeno y
del dinero mal habido. Y entonces los defraudadores empiezan a multiplicarse como si fueran ratas hambrientas devorando un cadáver de carroña.
Cabe preguntarse, ¿Por qué la ley no castiga la desfunción notarial a pesar de regular la función notarial? Cierto también prevé la figura de colegiación obligatoria de los notarios en el Colegio
de Notarios pero ¿de qué sirve si el Colegio no es capaz ni de autoprevenir ni de autoreprimir este tipo de conductas? Mas bien, el Colegio de Notarios es una especie de "gremio" que debe ser
notificado por el Ministerio Público antes de proceder penalmente en contra un notario. Basta de fueros.
El primer eslabón de la cadena de este problema fue la primera vez que este ladrón tomó el dinero que no era suyo, sin concluir el trámite notarial. Y vio que no pasaba nada. Luego fueron dos, y
tampoco pasó nada. Luego tres y así sucesivamente hasta haber llegado a la cantidad de 7,000 trámites o escrituras irregulares o inconclusas. Al día de hoy apenas 2000 personas (menos de la
mitad) han acudido a preguntar por sus escrituras. ¿Cuál será el último eslabón de esta cadena?
Llama la atención que en este caso, se hace referencia al Convenio para Evitar la Doble Tributación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, especialmente a su
artículo 13 (Ganancias de Capital) Este criterio es el identificado con el número 22/ISR. Ganancias obtenidas de la enajenación de acciones inmobiliarias, y señala lo que se cita a continuación:
De conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del Artículo 13 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para
evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, en vigor, las ganancias de capital se pueden someter a imposición en México en diversos supuestos.
Además de tales supuestos, el párrafo 4 del Artículo citado establece que las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la enajenación de acciones, participaciones y otros
derechos en el capital de una sociedad, u otra persona moral residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado Contratante cuando el perceptor de la ganancia
ha detentado, directa o indirectamente, durante un periodo de doce meses anteriores a la enajenación, una participación de al menos el 25 por ciento en el capital de dicha sociedad o persona
Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien considere que no actualizar los supuestos previstos en los párrafos 1 y 2 del Artículo citado, implica no ubicarse en el
supuesto previsto en el párrafo 4 del mismo Artículo.
Con este criterio la autoridad fiscal nos da a entender que revisará, con este criterio, un supuesto muy especifico, en operaciones de venta o enajenación de acciones emitidas por
empresas mexicanas, por residentes en los Estados Unidos de América, y exigirá el pago del ISR correspondiente, ya que hasta ahora, existe la opinión de que en dicho supuesto, el enajenante
de las acciones se encuentra liberado del pago de esta contribución.
*LEYENDA DE LEY: El presente artíuculo no es una opinión en términos profesionales, sino tiene fines meramente informativos. La autoridad fiscal puede o no coincidir con los comentarios vertidos
La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo ha sido modificada en tres ocasiones para modernizar el Juicio Contencioso Administrativo Federal. La primer innovación consistió
en crear el Sistema de Justicia en Línea (on line), mediante la primera modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de junio del 2009. La segunda modificación
consistió en crear el Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria (o sea breve, expedito) mediante publicación efectuada el día 10 de diciembre del 2010 y la tercer modificación se
publicó en dicho órgano de difusión oficial el día 28 de enero del 2011. Esta última modificación no es objeto del presente comentario, porque merece una explicación por separado
Derivado de lo anterior, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Lic. Juan Manuel Jiménez Illescas, anunció que dicho Tribunal tendrá una “Sala
Especializada en Juicios en Línea”. El anuncio lo hizo durante la reunión de trabajo que encabezó en la sede de las Salas Regionales del Noroeste I, con sede en Tijuana, Baja California,
donde estuvo acompañado del senador Fernando Castro Trenti y de los Magistrados Alfredo Salgado Loyo, de la Sala Superior, y Rafael Anzures Uribe, integrante de la Junta de Gobierno y
Administración. Además, el Magistrado Jiménez Illescas hizo un recorrido por las instalaciones del Tribunal, donde conversó con el personal jurisdiccional, al cual exhortó a redoblar su esfuerzo
para prestar un mejor servicio a los justiciables. (27-06-2011)
Los Magistrados de las Salas Regionales del Noroeste I, cuya coordinadora es la Licenciada Zulema Mosri Gutiérrez, también participaron en la reunión de trabajo donde se hizo destacar la creación
de una “Sala Especializada en Juicios en Línea”, que tendrá su sede en el Distrito Federal, pero que tendrá competencia territorial. Al evento asistieron, además, los Magistrados Julio Manuel A.
Tinajero, Martín Donís Vázquez, Alonso Pérez Becerril, Santiago González Pérez y Yolanda García Medina. (27-06-2011)
El 10 de junio pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, importantísimas reformas a la Constitución General de la República para ampliar la protección constitucional a los
Derechos Humanos previstos en los Tratados Internacionales de los que México es parte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para México esta reforma 'significa un cambio de paradigma que hace plenamente armónica a
la Constitución Federal con los estándares internacionales en la materia y atiende las recomendaciones de los organismos internacionales'
Hasta antes de la reforma su defensa era una labor realmente complicada porque debía realizarse ante organismos internacionales, ahora con estas reformas y con las reformas en materia de juicio
de amparo, su defensa ahora se confía al Poder Judicial de la Federación.
1) La restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace
frente, observando en todo momento los principios de legalidad, proclamación, publicidad y no discriminación;
2) En el momento en que se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas
legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata.
3) La constitucionalidad y la validez de los decretos que expida el Ejecutivo durante la situación de suspensión, y que estén relacionados con la restricción o suspensión de derechos y garantías,
serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. Se dota de mayor fuerza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Se le concede la facultad de investigar aquellos casos en los cuales se presuma la violaciones graves a las
garantías individuales, lo cual anteriormente estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. Derivado de la facultad de investigación anterior, se le dota a la CNDH de la facultad de citar a cualquier persona; ordenar el desahogo de diligencias; solicitar el auxilio de la fuerza
pública, e incluso iniciar denuncias penales ante el Ministerios Públicos.
V. Se dota de cierta “fuerza ejecutiva” a las resoluciones de la CNDH (recomendaciones), pues con la reforma se obliga al funcionario que no obedezca dicha recomendación a hacer pública su
negativa, fundando y motivando su decisión, asi como también es susceptible de ser llamado a comparecer ante la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente, o bien, en su caso, por el
congreso local, para que expliquen sus razones.
VIII. Se impone la obligación al Congreso de la Unión de expedir en el plazo máximo de un año contado a partir del inicio de vigencia del Decreto diversas leyes secundarias, como (i) la Ley sobre
reparación por violaciones a los Derechos Humanos, (ii) la Ley sobre el Asilo Político; (iii) la Ley en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, (iv)la Ley en materia de
expulsión de extranjeros,
IX. Por lo anterior, se puede concebir a la presente reforma como una Reforma Marco, que dará lugar a diversas leyes y disposiciones secundarias que terminarán de dar forma a las bases creadas
por el Legislador Constituyente.
El 6 de junio pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios muy importantes a la Constitución General de la República, concretamente a los artículos 94, 103, 104 y 107, en
materia de Poder Judicial de la Federación y Ley de Amparo
Los cambios se pueden resumir esencialmente de la siguiente forma: I. Se amplia el objeto del juicio de amparo integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales (Derechos Humanos) contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el
IV. Asimismo, se precisa la necesidad de armonizar el juicio de amparo con las transformaciones de varias instituciones jurídicas siguiendo la serie de reformas que históricamente ha sufrido
hasta llegar a su estado actual.
V. Se establece la figura del amparo adhesivo dando la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés, en que subsista el acto de promover el amparo con el
objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determina una
VI. Se impone al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estime puedan violar sus derechos cometidos en el procedimiento de
origen. Se pretende con esto que en un sólo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos como
VII. Se introduce la figura del interés legítimo permitiendo que se constituya como quejoso en el amparo, aquella persona que resulte afectada por un acto que violente un derecho reconocido por
el orden jurídico o, no violentando directamente el derecho, se afecte la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.
VIII. Se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general de inconstitucioalidad en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que se
establezca jurisprudencia por reiteración y se determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto a la Constitución.
IX.En lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, se da la creación de un nuevo órgano para su resolución: los Plenos de Circuito. Esta
modificación está encaminada a homogeneizar los criterios hacia adentro de un Circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios
En estos casos, la Suprema Corte de Justicia mantendría la competencia para conocer de: a) Las controversias entre plenos de distintos circuitos; b) entre Plenos en materia especializada de un
mismo Circuito, o c) entre tribunales de un mismo Circuito con distinta especialización.
X. En materia de suspensión del acto reclamado, se propone establecer el marco constitucional bajo un sistema equilibrado que permita cumplir con el fin protector y, asimismo, cuente con
mecanismos para evitar abusos que desvíen su objetivo natural.
XI. Uno de los temas más complejos es el relativo a la ejecución de las sentencias de amparo. La propuesta es eliminar el requisito de declaración de procedencia para que la Suprema Corte pueda
separar a la autoridad y consignarla ante el juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o repetición de actos reclamados.
XII. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del
Congreso o el Ejecutivo Federal, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.
Este Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diairio Oficial de la Federación, esto es el 4 de octubre del 2011. Antes de este plazo el Congreso de la Unión debe expedir las reformas legales secundarias, entre ellas la llamada nueva Ley de Amparo, que ya esta en el Congreso. 5 comentarios lun
Más de 13,000 cuentas bancarias de deudores fiscales han sido inmovilizadas, con lo cual se han garantizado cerca de 4,500 millones de pesos. De de este monto, el fisco ya se cobró cerca de 1,000
Estos son los datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de marzo, es decir a más de un año de la entrada en vigor de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF),
que aprobó el Congreso en el 2009 como una medida precautoria para garantizar el cobro de créditos fiscales para lo cual se le dieron mayores facultades al fisco.
De acuerdo con el SAT, dado que los resultados son muy positivos, no se prevén ajustes a la inmovilización de fondos, ya que hacerlo -en el caso de los que no han garantizado o pagado sus
adeudos, cuando algunos de éstos, incluso, no se encuentran localizables- genera una importante percepción de riesgo, que propicia un mayor cumplimiento voluntario y favorece que el resto de los
deudores se acerquen a garantizar y/o pagar sus adeudos.
De tal manera que, si un contribuyente no garantiza oportunamente sus créditos fiscales, estando obligado a ello, se procederá a la inmovilización de sus cuentas bancarias y cuando no efectúe
oportunamente el pago de los mismos, se procederá a la transferencia de los fondos o recursos de sus cuentas.
Para lograr lo anterior se contó con la cooperación de las instituciones financieras, en especial de los bancos. Se elaboró un esquema expedito entre SAT y Asociación de Bancos de México, con la
participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sin embargo, no solamente se pueden inmovilizar cuentas bancarias. Las reformas y adiciones que se hicieron al CFF permiten a las autoridades fiscales hacerlo con cualquier tipo de cuenta que
tenga a su nombre un contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como cuentas de inversión y valores, siempre y cuando se trate de un crédito en
El día 10 de mayo del 2011 pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia
Económica, del Código Penal Feferal y del Código Fiscal de la Federación.
• Prácticas con clientes o proveedores: por las siguientes prácticas puede imponerse una multa hasta de US$3.8 millones: división de mercados, ventas atadas, establecimiento de precios o
condiciones de reventa, discriminación de precios, ventas debajo de costo, exclusividad, subsidios cruzados y boicots. (Esta lista no es exhaustiva.)
Los programas de indulgencia son utilizados para atacar o desincentivar lo que se considera la violación más atroz de la competencia económica: los carteles. La OCDE cuantifica
(conservadoramente) su costo social en miles de millones de dólares anualmente.
El objetivo de estos programas no es sancionar sino disuadir. Generan incentivos para que los miembros de un cartel proporcionen información que de otra manera sería difícil obtener, pues quienes
cartelizan conocen los riesgos (multas grandes y en ocasiones (v.gr., E.U.) cárcel), cuentan con asesoría sofisticada y se aseguran de no dejar rastro alguno de su existencia.
Diferentes países han adoptado programas de indulgencia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y la Comunidad Europea. Según la OCDE los éxitos han sido notorios: carteles
diversos (inclusive internacionales) han sido detectados y sancionados, y las multas han ascendido a cientos de millones de dólares.
Mientras que el primero en acudir recibirá la virtual eliminación de la sanción, al segundo se le aplica hasta el 50%, al tercero el 30% y al cuarto el 20% del máximo de la multa. Existen
protecciones (confidencialidad) y requisitos diversos, como lo son cooperación y dar pruebas contundentes.
*Se establecen visitas de verificación: La CFC tendrá ahora la facultad de hacer visitas a instalaciones con la finalidad de hacerse de información relacionada con las prácticas que están en vías
Dicha facultad está cuidadosamente regulada y limitada. La CFC debe primero solicitarla al investigado y sólo en caso de negativa podrá acudir a sus instalaciones y obtener copia de documentos.
No podrá embargar documentación o activos (v.gr., computadoras o archivos) ni podrá llevarse los originales.
*Asi mismo, se permite a la autoridad fiscal revelar información fiscal reportada por las empresas, en el transcurso de una investigación por parte de la CFC, sin incurrir en violaciones al
En el Diario Oficial de la Federación se publicaron 3 Decretos para apoyar a los contribuyentes afectados por las heladas del mes de febrero del 2011. El primero fue el día 17 de febrero para el
Estado de Sinaloa, el segundo fue el 22 de febrero para el Estado de Sonora y el tercero fue el 25 de febrero para el Estado de Tamaulipas
Se conceden los siguientes beneficios fiscales a los contribuyentes dedicados a actividades agrícolas y ganaderas con domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en el
Estado de Tamaulipas, en el Estado de Sonora y en algunos de los municipios del Estado de Sinaloa, que hayan sufrido debido a las intensas heladas ocurridas en febrero de 2011
1. Se aplaza por 2 meses la presentación de la declaración anual para efectos del ISR y del IETU. Es decir, las personas morales la presentarán hasta el mes de mayo del 2011, y las personas
físicas para el mes de junio de 2011.
4. Se difiere el pago de las retenciones de ISR por salarios de enero, febrero y marzo, para pagarse mediante dos parcialidades iguales, la primera en el mes de abril y al segunda en el mes de
mayo. Para los contribuyentes que presentan declaraciones semestrales por las retenciones a terceros, se les permite presentar la declaración correspondiente al primer semestre del 2011, cuando
presenten la declaración del segundo semestre.
6. Los contribuyentes que opten por realizar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta, podrán presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado
correspondientes a dicho ejercicio.
8. Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, en los Estados de Tamaulipas, Sonora y en los municipios indicados de
Sinaloa, cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes con anterioridad al 1 de febrero de 2011
Los municipios de Sinaloa que se consideran afectados son: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato,
Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa, de dicho Estado.
Esta ley tiene en realidad por objeto regular las prestaciones de alimentos a los trabajadores de las empresas, que por cierto es optativo, y que no aplica para el sector público. Solo menciona
que la dieta debe ser "correcta" pero no contiene regulaciones específicas sobre este tema. Para las empresas que opten por este tipo de prestación alimentaria, la ley establece beneficios y
Impone obligaciones tanto para las empresas que son proveedores de estos servicios ( p ejem de vales de despensa) asi como para empresas usuarias de estos servicios (p ejem quien compra vales
para sus trabajadores)
Se impone a las empresas usuarias de vales conservar el "control documental suficiente y adecuado" para demostrar que la ayuda alimentaria a sus trabajadores ha sido debidamente entregada a sus
En nuestra opinión, de este enunciado se desprende que la prueba que se debe conservar consiste tanto en la factura del proveedor de vales, como los recibos de nómina, y los recibos de entrega de
los vales a cada trabajador, con alguna constancia, como firma autógrafa o alguna otra, en caso de entregarlos mediante medios electrónicos, de que dichos vales fueron debidamente recibidos
El beneficio que se concede a las empresas que opten por utilizar alguno de estos medios de apoyo a la alimentación, es fiscal y consiste en la deducción de los gastos en los que incurran los
patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, en los términos
y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Asimismo, para los trabajadores, los ingresos correspondientes se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en
la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.
Sin embargo, llama la atención que el beneficio real consista en la deducción de estos conceptos, para efectos del impuesto empresarial a tasa única, ya que esto si es una deducción adicional, al
catálogo de deducciones del contribuyente
En conclusión, la empresa tendrá una nueva obligación consistente en conservar el "control documental suficiente y adecuado" para demostrar que la ayuda alimentaria a sus trabajadores ha sido
debidamente entregada a sus trabajadores.
Asimismo, este concepto podrá ser un concepto adicional de deducción en materia de impuesto empresarial a tasa única, ya que para efectos de Impuesto Sobre la Renta, la ley ya contiene tanto la
exención de impuestos para los trabajadores, como su deducción para las empresas
Se conserva la disposición que faculta a las autoridades fiscales para la no determinación de sanciones, en ciertos casos de infracciones a las disposiciones de comercio exterior, y siempre
que el crédito fiscal que fuera aplicable no excediera de 3,500 unidades de inversión, entre otros requisitos.
Se incorpora nuevamente la disposición que permite la disminución de hasta de un 50% en el pago de multas, cuando el contribuyente efectúe la autocorrección de su situación fiscal,
durante la práctica de revisiones, auditorias y revisiones, siempre que se cumplan con los demás requisitos establecidos en la legislación fiscal.
Se libera a los contribuyentes de la obligación de presentar, conjuntamente con los pagos provisionales, la información relativa a los conceptos que sirvieron de base para determinar el IETU. Y
únicamente será necesario presentar dicha información en la declaración de anual, aun cuando no resulte impuesto a pagar.
Independientemente de lo anterior, la información de los conceptos que sirvieron de base para determinar el IETU del ejercicio de 2010, debe presentarse durante enero de 2011, conforme al
“Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2010.
Tambien se precisa que el monto del crédito fiscal generado por el exceso de deducciones, previsto en la Ley del IETU, no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta
causado en el ejercicio en el que se generó el crédito, por lo que sólo podrá acreditarse contra el propio IETU en los diez ejercicios siguientes hasta agotarse.
Esta reforma sigue el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante sesión privada celebrada el 23 de febrero de 2011, validó como constitucional el artículo
22 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2010, relativo a la imposibilidad de acreditar el “crédito por base negativa” (cuando las deducciones son superiores a los ingresos) contra el ISR,
sugiriendo sutilmente que dicho acreditamiento solamente es permitido contra el propio IETU.
Las reformas a la Ley del ISR establecen cambios importantes en materia de intereses. Estos cambios implican un nuevo mecanismo de cálculo del interés real, así como del impuesto
correspondiente, la acumulación de ingresos por intereses, cambios a las obligaciones fiscales de los contribuyentes e instituciones del sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 2011 a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Senadores un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para el impuesto sobre la renta, en el que señale para cada una, los montos de
los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas.
La información se obtendrá de la declaración informativa de los ingresos y erogaciones que deben presentar las personas morales con fines no lucrativos, correspondiente al ejercicio fiscal de
La información utilizada para generar el reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles no se considera comprendida dentro de las prohibiciones y
restricciones que se establecen en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Se crea un nuevo estímulo para la Industria Teatral consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que aporten en el ejercicio fiscal para proyectos de inversión en la producción
teatral nacional, contra el ISR del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio.
Cabe señalar que los proyectos que se beneficiarán con este estímulo solamente serán aquellos que a juicio del Comité Interinstitucional (SHCP, CONACULTA e INBA) cumplan con los requisitos
establecidos mediante las reglas generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero del 2011.
Es de advertir que dichas reglas definitivamente excluyen de la aplicación del presente estímulo aquellas obras que NO cumplan con los requisitos de ser “creaciones originales”, por lo que no se
admitirán proyectos de inversión que reproduzcan montajes realizados en el extranjero.
Se crea un nuevo estímulo denomiando Del Fomento al Primer Empleo, que tiene como fin incentivar la creación y fomento de nuevos empleos de forma inmediata y permanente que permitan el aumento de
En este sentido, los patrones que contraten trabajadores de primer empleo (es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el IMSS, por no haber
prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado) para ocupar puestos de nueva creación tendrán derecho a una deducción adicional en el ISR, siempre que se
cumplan con los requisitos establecidos.
Para fomentar la generación de empleos formales que favorezca a los millones de jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral y ofrecerles alternativas para evitar el desempleo o el subempleo
informal, se otorga una deducción adicional en el impuesto sobre la renta a los patrones que contraten trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, siempre que se cumplan
con los requisitos establecidos.
Este nuevo IEPS, señala la autoridad fiscal, es una medida extrafiscal que tiene como fin atacar un problema de salud pública, relacionado con el alcoholismo, ya que se ha “puesto de moda”
mezclar este tipo de bebidas con alcohol
Este impuesto es uno de los que reparten a los demás Estados de la República Mexicana, y la autoridad fiscal estima, que con esta medida se incrementará la recaudación, para poder enviar mas
recursos federales las entidades federativas y los municipios. No debemos olvidar que entraremos a épocas electorales, por lo que podemos también calificar el presente impuesto, como una medida
Se establece el nuevo estímulo fiscal denominado “fomento al primer empleo”, mediante el cual se concede a los patrones una deducción adicional para efectos del Impuesto Sobre la Renta, para
aplicarse contra el impuesto del ejercicio, como contra los pagos provisionales.
Es aplicable para todas las personas morales contribuyentes y para las personas físicas, solamente es aplicable para aquellos que perciban ingresos por actividades empresariales y profesionales,
y por arrendamiento. Se excluyen los restantes ingresos de las personas físicas, como enajenación de bienes, intereses, dividendos, etc
Y en caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el patrón deberá pagar con actualización y recargos, el impuesto sobre la renta que se debió de haber pagado, de no haberse tomado la
deducción, y además, perderá el derecho a tomar nuevamente la deducción para ejercicios posteriores.
El 23 de diciembre del 2010, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2011, como cantidad mínima que
deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación:
b) Todos los contribuyentes podrán seguir utilizando los comprobantes en papel impresos —producidos por un impresor autorizado hasta el 31 de diciembre del 2010— hasta agotar su vigencia de 2
También se publicó el 30 de diciembre del 2010 el acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria con la mancomunidad de Las Bahamas, con lo cual se complementa el Tratado para
Evitar la Doble Imposición celebrado con dicho país, publicado en el DOF el 1º de diciembre pasado.
El 24 de diciembre se modificó el Decreto IMMEX (Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Entre las modificaciones mas importantes
Se establece como una precisión gramatical que la operación de maquila se define como la transformación de bienes y no a su elaboración por parte de la empresa maquiladora, toda vez que los
insumos que le son entregados no son elaborados por ella, sino transformados en un producto distinto o con un valor agregado. Además, se incluye, entre otras cuestiones, las operaciones
virtuales, así como el requisito de que la operación se realice con maquinaria y equipo propiedad de residentes en el extranjero que no hubieran sido propiedad de la empresa que realiza las
operaciones de maquila o de alguna otra empresa residente en México que fuese su parte relacionada.
Lo anterior tiene por objetivo, limitar los beneficios fiscales IMMEX, entre los que destacan, las reglas de excepción sobre establecimiento permanente, y las regulaciones especiales en materia
de precios de transferencia, para aquellas empresas que no se adecuen a la definición anterior.
Anteriormente, no se precisaba que las materias primas fueran proporcionadas directa o indirectamente por el residente en el extranjero. Ahora se define que deberán ser propiedad del residente en
el extranjero e importados temporalmente por la empresa IMMEX.
No se impide la incorporación de otras mercancías, nacionales o extranjeras, que hayan sido importadas temporal, definitiva o virtualmente, siempre y cuando estos representen una proporción
minoritaria, con respecto al producto maquilado.
Excepcionalmente se permite que las materias primas sean suministradas por un tercero residente en el extranjero, cuando exista una relación de manufactura con la empresa residente en el
extranjero, quien mantiene el contrato de maquila con la empresa mexicana IMMEX, siempre que dichos materiales se suministren con motivo de dichas relaciones comerciales.
Cuando los activos efectivamente ya se encuentren instalados en México, aún y cuando haya sido mediante el régimen de importación definitiva, estos debieron ser importados definitivamente, previa
importación temporal; sin que hayan sido propiedad de la empresa IMMEX que los utiliza, ni de cualquier otra empresa residente en México.
Igualmente se permite que los activos sean propiedad de un tercero residente en el extranjero, cuando exista una relación de manufactura con la empresa residente en el extranjero, quien mantiene
el contrato de maquila con la empresa mexicana IMMEX, siempre que dichos materiales se suministren con motivo de dichas relaciones comerciales.
Se establece la regla general de que las maquilas de servicio están excluidas de los beneficios fiscales IMMEX, y se permiten solamente por excepción, cuando realicen procesos de elaboración,
transformación y/o reparación de mercancías de exportación, incluyendo la dilución en agua o en otras sustancia; el lavado o limpieza, incluyendo contemplando también la remoción de óxido, grasa,
pintura u otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura para conservación, el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en
dosis; el empacado, reempacado, embalado o reembalado; el sometimiento a pruebas, y el marcado, etiquetado o clasificación.
Derivado que el Ejecutivo Federal considera que los decretos ALTEX y ECEX convergen en cuanto a las facilidades administrativas y beneficios fiscales otorgados a los particulares, y debido a que
el Decreto IMMEX regula dichos conceptos, se estima conveniente consolidar los primeros dos esquemas mencionados en este último instrumento, con el propósito de generar ahorros para el Gobierno
Federal al administrar y fiscalizar un esquema único y otorgar certidumbre jurídica, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas que operan bajo esquemas similares.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación, modificaciones al Anexo 3 que establece lo que se llama “las prácticas fiscales indebidas”, entre otros criterios de aplicación de las
Sin embargo, con este señalamiento, el SAT envía un claro mensaje de que este tipo de sociedades civiles universales estará dentro de su catálogo de auditorias pendientes por concluirse
Se considera que realiza una práctica fiscal indebida, la institución del sistema financiero que efectúe pagos por intereses y que no realice la retención del ISR, cuando los intereses que
deriven de pasivos que no sean a cargo de las instituciones que componen el sistema financiero o de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.
Se considera que comete una práctica fiscal indebida aquella persona que figura como comisionista mercantil de un residente en el extranjero con el fin de subcontratar servicios en territorio
nacional como portuarios, fletamento, remolque, eliminación de desechos, reparación, carga, descarga, amarre, desamarre, almacenaje, reparación, mantenimiento, inspección, transportación,
publicidad, así como cualquier otro identificado con alguna actividad específica.
Por último, también se señala como práctica fiscal indebida, no considerar dentro de la base gravable para efectos del IEPS, los servicios adicionales de telefonía local y de larga distancia,
cable y celular que diversas empresas que prestan servicios de Internet, ofrecen
Prevén que el fisco mexicano pueda obtener información en el caso de solicitudes concretas sobre datos de titulares de cuentas bancarias, inversiones, operaciones comerciales, financieras, etc.
Naturalmente, no opera de forma automática. Mas bien, será a petición del fisco mexicano
Los nuevos Tratados obedecen al hecho de que tanto Panamá como Bahamas han dejado de ser oficialmente paraísos fiscales para la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) y
el G-20, y ya no se consideran parte de la llamada “lista gris” de economías consideradas como paraísos de baja imposición fiscal. O por lo menos, para aquellos países que forman parte de la OCDE
y han celebrado ya un Tratado similar, o se encuentran el proceso para celebrar uno.
En el caso específico de Panamá, centro financiero importantísimo en América Latina, y (ex) paraíso fiscal 100% hispanoparlante, tiene como objetivos celebrar un tratado de libre comercio con los
Estados Unidos, así como la participación en el tratado de asociación comercial entre la Unión Europea y Centroamérica.
De hecho, fuentes gubernamentales panameñas ya han confirmado que se está negociando tratados fiscales similares con Italia, Bélgica y España, habiendo iniciado además conversaciones con una
decena larga de países más.
'Es algo que Panamá tiene que atender para darle cumplimiento a los tratados de doble tributación (TDT). La legislación panameña permite las acciones al portador, y las autoridades necesitan
saber quién es ese dueño para dar la información requerida al país que lo solicite", señaló Frank De Lima, viceministro de Economía, en rueda de prensa para valorar el reciente informe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la transparencia de Panamá
Cuando dos o mas países gravan con un mismo Impuesto sobre la Renta al mismo sujeto por el mismo ingreso o renta (business profits), estamos en presencia de lo que se conoce como Doble Imposición
Los organismos internacionales como la OCDE han recomendado la celebración de convenios internacionales, como el mejor mecanismo para eliminar la doble imposición internacional. A estos
convenios se les conoce como Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.
Los Convenios de Doble Tributación eliminan la doble imposición mediante diversas clases de mecanismos. El primero se da cuando uno de los Estados no impone impuesto alguno a cierto tipo de
ingresos o rentas, y se acuerda que solo uno de los dos Estados, sea quien cobre el impuesto sobre la renta. El segundo consiste en una recaudación compartida, es decir, cuando ambos Estados
acuerdan cobrar una parte del impuesto sobre el mismo ingreso.
1. Crean condiciones determinantes para fomentar la inversión extranjera y el comercio internacional, al incorporar mecanismos para evitar una tributación excesiva, y otorgar confianza, seguridad
y estabilidad jurídica sobre las normas tributarias.
“Hay una gran oportunidad y espacio para tener un amplio acuerdo que no será una repetición de un TLC y con esto se beneficiará al comercio de la región”, comentó durante su participación en la
octava edición de México Cumbre de Negocios.
Puntualizó que la cooperación será en áreas específicas que involucran a Petrobras y a Petróleos Mexicanos (Pemex) como los petrolíferos, aguas profundas, producción de etanol, sólo por mencionar
Los Gobiernos de México y Perú se han puesto de acuerdo para celebrar un acuerdo comercial a mas tardar el próximo noviembre antes de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), en Yokohama, Japón
El sector empresarial mexicano se opone a un Tratado de Libre Comercio con Brasil. No obstante, los presidentes Calderón y Lula da Silva anunciaron en Cancún, Quintana Roo, en febrero pasado, el
inicio formal de encuentros con el propósito de negociar de un Tratado de Libre Comercio.
La postura del Gobierno brasileño, esencialmente, parte de cifras, como lo señala el embajador brasileño en México. El comercio entre Brasil y México se mantuvo a pesar de la crisis económica
mundial. Pero este intercambio comercial únicamente alcanza entre el 2% y 3% del comercio total de ambos países.
Este intercambio comercial alcanza la suma de 7,400 millones de dólares, cifra alcanzada en 2008. Y el monto de la inversión brasileña directa en México llega a los 1,563 millones de dólares, de
acuerdo con el Gobierno Brasileño.
La postura del sector empresarial mexicano aborda el tema desde una perspectiva diferente. Se pide al país brasileño las mismas condiciones que las empresas brasileñas para poder competir, que se
eliminen las barreras arancelarias brasileñas, o bien, que el gobierno mexicano brinde los mismos subsidios que tienen las empresas brasileñas en su país.
El resultado podría ser un acuerdo de complementación económica por sectores o productos, que no es un Tratado de Libre Comercio, con el fin de que no se incluyan eliminaciones arancelarias
generalizadas, y mas bien se reserven ciertos sectores y productos, y tenga una vigencia limitada.
Con motivo de la tragedia provocada por la tormenta tropical Karl en el Estado de Veracruz, el Ejecutivo Federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de septiembre, el
Decreto por el cual se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por este fenómeno metereológico, destacando entre otros, los siguientes:
1. Se eximen de pagos provisionales de ISR y IETU por los períodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, a los contribuyentes personas morales (régimen general) y personas
físicas (actividades empresariales y profesionales, régimen intermedio y arrendamiento) por los ingresos atribuibles a su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento
ubicado en las zonas afectadas.
2. Se exime del pago definitivo de ISR, IETU e IVA por los 4°, 5° y 6° bimestres de 2010 a los pequeños contribuyentes por los ingresos atribuibles a su domicilio fiscal, sucursal, agencia o
cualquier otro establecimiento ubicado en las zonas afectadas.
3. Se otorga un estímulo fiscal consistente en la deducción inmediata (100% en lugar de los % autorizados) de inversiones en bienes nuevos de activo fijo adquiridos en el período comprendido del
1° de septiembre al 31° de diciembre del 2010, en el mismo ejercicio en que se adquieran, siempre que dichas inversiones se utilicen exclusiva y permanente en las zonas afectadas. Este estímulo
será aplicable también cuando el contribuyente reciba una indemnización por la pérdida total o parcial de bienes de activo fijo asegurados, y la invierta en la adquisición de bienes nuevos de
activo fijo, pero solo por lo que respecta al excedente.
4. Se concede la facilidad de diferir el pago del ISR retenido por salarios (excepto asimilados) e IVA generados en los meses de septiembre y octubre de 2010, en dos parcialidades, la primera en
noviembre y la segunda y última en diciembre 2010, siempre que estos conceptos se atribuyan a su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicado en las zonas
5. Se concede la facilidad del diferimiento de pago de las parcialidades autorizadas conforme al artículo 66 del CFF, correspondientes a los meses de septiembre y subsecuentes de 2010, a los
contribuyentes con domicilio fiscal ubicado en las zonas afectadas, reanudando el programa de pagos a partir del mes de noviembre del 2010, sin considerarse como incumplimiento.
8. Para aplicar para estos beneficios se requiere acreditar mediante aviso presentado ante el RFC antes del 1° de septiembre del 2010, que dentro de las zonas afectadas se encuentra el domicilio
fiscal, sucursal, agencia, o cualquier otro establecimiento.
El día 14 de septiembre se publicaron las reglas aplicables a los comprobantes fiscales digitales obligatorios para 2011, en seguimiento al comunicado de prensa 123/2010 del SAT
relativo a la puesta en marcha del esquema de facturación electrónica obligatorio a partir del 2011, comentado en este blog el pasado 3 de septiembre.
A partir del 2011 en adelante, se sustituirán por comprobantes fiscales digitales (CFD), y por comprobantes impresos con código de barras. Y la expedición de los mismos, pasa ahora pasar a manos
de un tercero validador, denominado “Proveedor Autorizado para Emitir Comprobantes Fiscales Digitales”, quien se encargará de “dotar de validez fiscal” a los comprobantes fiscales que se emitan.
1. Comprobantes fiscales digitales a través de Internet o factura electrónica (CFDI). Este comprobante se encontrará validado por un proveedor de certificación, y contará con la incorporación de
un folio y un sello digital del SAT
2. Comprobantes fiscales digitales sin cumplir con los requisitos anteriores. Cuando se trate de contribuyentes que hayan optado en ejercicios anteriores a emitir sus comprobantes fiscales
4. CFD expedidos a través de organizaciones o asociaciones que reúnan a productores y comercializadores agrícolas, de conformidad con el esquema Sistema Producto previsto en la Ley de Desarrollo
6. Comprobantes fiscales impresos con código de barras proporcionado por el SAT, respecto de contribuyentes con ingresos acumulables inferiores a $4,000,000, en el ejercicio inmediato anterior,
asi como aquellos que inicien actividades y estimen que sus ingresos no excederán dicho monto
1. La intervención de proveedores de certificación, denominados “proveedores autorizados para expedir CFD a través de Internet (PSECDFI)”. Este proveedor podrá brindar el servicio al público en
2. También existe la figura del proveedor autorizado para expedir CFD a través de Internet, que sean Cámaras o Asociaciones de productores y comercializadores agrícolas, de conformidad con el
esquema Sistema Producto previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, caso en el cual recibirá el nombre de de servicios de generación de CFD a sus agremiados (PSGCFDA)
4. Debido a que la emisión de los comprobantes se pasa a un tercero verificador, ya no es impedimento para su emisión, que la persona no esté inscrita en RFC, ya que en este caso, el comprobante
fiscal digital se podrá emitir, a través del adquirente de bien o servicio. En este caso, se efectuará una retención del 20% de ISR mas la retención que corresponda en materia de IVA, y se
entregará constancia de retención al enajenante, prestador del servicio, u otorgante del uso y goce
1. Se podrán expedir comprobantes impresos con código de barras, durante los meses de enero a marzo del 2011, aun y cuando los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, haya excedido
de $4,000,000.
2. Se extiende el uso del Esquema CFD`s por todo 2011, para aquellos contribuyentes que optaron u opten por utilizar la herramienta tecnológica elaborada por el SAT “MicroE” (personas físicas con
actividades empresariales, honorarios y arrendamiento)
El SAT considerará que se cumple con los requisitos para almacenar los CFDI establecidos en esta regla, cuando los contribuyentes almacenen y conserven los citados comprobantes sujetándose
estrictamente a lo dispuesto por la Secretaría de Economía en la Norma Oficial Mexicana No. 151 vigente (NOM-151), publicada en el DOF y mantengan en todo momento a disposición del SAT los
elementos necesarios para su verificación y cotejo.
El 8 de septiembre de 2010 el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión la
Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 y los Criterios Generales de Política Económica
1. Los patrones que regularicen sus adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generados hasta el 30 de junio de 2010, derivados de cuotas obrero patronales,
capitales constitutivos, gastos realizados por el IMSS por inscripciones improcedentes y los que éste tenga derecho a exigir de los no derechohabientes, podrán solicitar la condonación de
recargos y multas, siempre que paguen el total de adeudos en una exhibición, en las fechas y porcentajes siguientes:
pago Porcentaje
Del 1 al 30 de junio de
2011 Recargos 50% y multas 90%
2. Disminución de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, a excepción de las impuestas
por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, relacionadas con acciones impropias cometidas en visitas
3. Se exenta del impuesto sobre automóviles nuevos, para las personas físicas y morales que enajenen al público en general o importen automóviles eléctricos o híbridos. 4. Se exenta del derecho de trámite aduanero, para las personas que importen gas natural.
5. Se permite el acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) causado por la enajenación de diesel, adquirido para su consumo final por contribuyentes
de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, del transporte público y privado de personas o de carga. El diesel utilizado por los vehículos de baja velocidad o de bajo perfil que por sus
características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas no dará derecho al acreditamiento.
6. Se permite el acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta por el 50 % del monto erogado por
ese concepto, tratándose de contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de personas o de carga que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.
8. La información que sirvió de base para determinar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) correspondiente a 2011, se presentará exclusivamente en forma anual. La
información de 2010 deberá presentarse durante enero de 2011, como complemento al Decreto de Medidas de Simplificación Administrativa publicado en el DOF el día 30 de junio del 2010, comentado
también en este Blog.
9. En el ejercicio fiscal de 2011 el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones sobre ingresos previsto en la Ley del IETU, no podrá acreditarse contra el ISR del
ejercicio, por lo que únicamente podrá utilizarse contra el IETU de los diez ejercicios siguientes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron un convenio para el intercambio de información en materia fiscal, a fin de evitar la
elusión y evasión de empresas y sobre todo para proteger los derechos de los trabajadores.
Se pretenden recaudar con esta medida por lo menos 24,000 millones de pesos adicionales por cuotas obrero-patronales que deben pagar los empresarios y que cada año el IMSS recauda por este
concepto 120,000 millones de pesos.
El convenio tiene por objeto que las empresas registren a todos sus trabajadores al IMSS como es su obligación patronal y segundo con el salario real que perciben, y desalentar el uso de la
figura del 'outsourcing'.
Señala el convenio que SAT e IMSS se comprometen a simplificar los procesos de afiliación y recaudación a cargo de los contribuyentes y patrones, al incorporar la Firma Electrónica Avanzada en
los trámites y servicios que brinda el IMSS.
De esta manera, la firma electrónica emitida por el SAT será el medio único de identificación electrónicas para los patrones, y junto con otras acciones se dará a los empresarios todas las
facilidades para que la mayoría de los trámites se hagan por vía electrónica.
El SAT tiene identificadas mil empresas, que de manera abusiva transfieren su planta laboral a ciertos tipos de asociaciones civiles o cooperativas, y en muchos casos intentan evitar el pago
Esta opinión, es la dominante tambien entre los 6 organismos profesionales mas importantes en el sector, quienes lo han evaluado como un impuesto negativo. Con resultados por debajo de
las expectativas que lo crearon.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Academia de Estudios Fiscales, el Colegio de Contadores, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y
la International Fiscal Association (el grupo de los 6) consideraron en su propuesta de reforma fiscal que ya no debe existir el IETU.
Lo anterior, hace ver como incongruente la propuesta oficial de reformas a la Ley del IETU, por cierto muy hostiles. Cada vez guarda menos relación con el ISR, por lo que tampoco se cumple, con
otro de los principios de dicho impuesto, como lo fue, sustituir al IMPAC, como un impuesto mínmo.
En el diagnóstico hecho por el llamado Grupo de los Seis, pone de relieve que alcanzar los niveles de recaudación necesarios de entre 16 y 18% del PIB para hacer frente a las
obligaciones que corresponde asumir al Estado, no se lograrán de continuar con esta situación.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica el comunicado de prensa número 123/2010, relativo a la puesta en marcha de la facturación electrónica a partir del 1 de enero de 2011, como
un mecanismo mas de comprobación fiscal.
A partir del 1º de enero de 2011, los contribuyentes deben expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realicen, lo que supone una transición de un esquema opcional a
un uso generalizado de facturación electrónica, excepto en los siguientes casos:
2. Tratándose de contribuyentes con ingresos acumulables iguales o menores a 4 millones de pesos al año, quienes deberán contar con un elemento de seguridad en los comprobantes que expidan, que
será proporcionado por el SAT
Los contribuyentes que ya optaron u opten por el uso de la facturación electrónica durante 2010, se les respetará el uso de los modelos vigentes, considerando, además, que los contribuyentes que
emiten facturas electrónicas a través de proveedores actuales podrán seguir operando éste esquema, durante el primer semestre de 2011.
Los actuales impresores autorizados podrán ofrecer una gama muy amplia de servicios al contribuyente, como puede ser la renta de equipo e internet a quien no disponga de los mismos, impresión de
comprobantes con características especiales y en altos volúmenes.
Cualquier impresor podrá brindar los servicios al contribuyente de impresión de comprobantes fiscales, con lo que se ampliará el número de prestadores de servicios y la diversificación de sus
Para sancionar con la extinción de dominio de sus bienes a quien encubra o preste alguna propiedad para delitos como robo de vehículos, secuestro, trata de personas, delitos patrimoniales y
extorsión vinculados a la delincuencia organizada, se publicó en la Gaceta Oficial del DF el 19 de julio del 2010 diversas reformas a la Ley de Extinción de Dominio, del Código Penal
y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Distrito Federal.
El dictamen especifica que delito patrimonial es “el encubrimiento por receptación”, entendido éste como la organización de varios sujetos para la comisión de un ilícito, tal como se citan en la
ley, independientemente del nivel de participación.
En el sustento del Dictamen la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF , precisa que procederá la extinción de dominio cuando un tercero haya prestado su propiedad para
cometer alguno de los delitos mencionados, con conocimiento de la acción emprendida por los delincuentes.
Las sanciones a que se harán acreedores quienes se involucren en el ilícito van de 4 a 10 años de prisión y de 200 hasta Mil días de salario mínimo vigente. Asimismo se considerará como
participación el encubrimiento por receptación o favorecimiento, es decir, declaraciones falsas ante el Ministerio Público y los jueces.
Las reformas aprobadas contemplan también la reparación del daño a las víctimas de la delincuencia organizada u ofendidos. Asimismo se dice que los bienes producto de la delincuencia organizada
serán administrados y custodiados por la Oficialía Mayor del GDF quien lo notificará al MP y al juez respectivo.
Finalmente se establece que el afectado (por extinción de dominio) contará con un plazo de 60 a 80 días para solicitar la devolución de su propiedad, siempre y cuando presente los documentos que
lo avalen, luego de ese tiempo, si no hay reclamo éstos causarán abandono a favor de la PGJDF y del Tribunal Superior de Justicia capitalino
El presidente Felipe Calderón propuso al Congreso de la Unión prohibir el pago en efectivo de más de 100,000 pesos para la transmisión de títulos accionarios o adquirir masivamente boletos de
apuestas o sorteos, automóviles, aviones, barcos y joyería.
b) Las casas de cambio, los centros de juegos y apuestas, los emisores de tarjetas bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores y agencias
inmobiliarias estén obligados a informar a la autoridad sobre compras atípicas de gran valor.
c) Tipificar como delito ciertas conductas dirigidas a presentar informes falsos o erróneos, burlar controles del sistema financiero, hacer aparecer bajo el nombre de una tercer apersona, la
titularidad de bienes (prestanombres)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ejecutó
este miércoles un operativo de fiscalización en contra de contribuyentes que han utilizado esquemas indebidos de sustitución laboral.
Este operativo, que se origina del seguimiento al programa de verificación de despachos que ofrecen asesoría para utilizar estos esquemas, se realizó simultáneamente en 5 ciudades del país y
contempló acciones de fiscalización dirigidas a contribuyentes de giros como futbol, agencias de automóviles y hoteles.
Alrededor de las 10 de la mañana, personal del SAT arribó al domicilio de un club de futbol en Aguascalientes, Aguascalientes, para iniciar un proceso de fiscalización al club, así como a algunos
En la ciudad de México, se inició un proceso de fiscalización a una agencia de autos ubicada en la avenida Canal de Miramontes; mientras que en Celaya, Guanajuato, también se iniciaron auditorías
a dos agencias automotrices ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos.
Estos contribuyentes han sido asesorados por diversos despachos que abiertamente ofrecen esquemas fraudulentos para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales
y no pagar las retenciones por los salarios devengados por sus trabajadores.
Previo a estos operativos, el SAT había realizado acciones de acercamiento con los contribuyentes, enviándoles cartas con invitaciones a autocorregirse a quienes se han identificado como clientes
de los despachos que ofrecen asesoría para evadir el pago de contribuciones, mismos que al no atender estas invitaciones, se hacen sujetos a este tipo de actos de fiscalización.
El esquema de autocorrección consistente en enterar las retenciones que se dejaron de efectuar a los trabajadores, así como de las cuotas obrero-patronales correspondientes, con su actualización
y recargos correspondientes, y con ello, se reconocerán como deducibles las erogaciones por la prestación del servicio.
Bajo este esquema de autocorrección, se evita el pago de multas, así como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado generado del rechazo de las deducciones por la prestación de
los servicios, por no haber cumplido con los requisitos de entero y retención de impuestos.
Cabe mencionar que desde el 16 de junio de 2008, se informó en el comunicado 39/2008 que el SAT, el IMSS y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
detectaron estos esquemas abusivos de sustitución laboral en diversas empresas, por lo que se firmó un acuerdo de colaboración para el intercambio de información entre dependencias.
Derivado de este acuerdo, a la fecha, se han iniciado más de 950 auditorías, están en integración 28 casos penales y se han determinado preliminarmente, omisiones por más de 15 mil 500 millones
El SAT, continuará verificando el pago de las contribuciones federales, incluyendo las de seguridad social, en aquellos domicilios donde se localicen trabajadores a quienes les apliquen esquemas
indebidos de sustitución laboral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante 8 nuevas jurisprudencias termina de firmar el destino de las sociedades cooperativas, como una estrategia equivocada en materia de pago
de nóminas.
Resulta válido que los pagos por previsión social no están completamente exentos del pago del ISR, sino que su exención se encuentra topada a 7 veces el salario mínimo general vigente elevado al
En conclusión, la SCJN ha resuelto que las reformas en materia de ISR asi como las disposiciones en materia de seguridad social aplicables para cooperativas resultan válidas y obligatorias, sin
que se haya advertido algun vicio de inconstitucionalidad.
Un comentario que resulta importante mencionar, es que la SCJN utiliza frases no técnicas, sino ilustrativas que motivan sus resoluciones, exponiendo porque considera razonable, no declarar como
inconstitucionales las reformas en materia de ISR aplicables para las sociedades cooperativas.
Por ejemplo, señala “una indebida aplicación de las disposiciones relativas a dichas exenciones a través de entregas simuladas de prestaciones comprendidas en tal beneficio sin tomar en cuenta
requisitos ni condiciones para la deducción del gasto de la sociedad cooperativa y la exención del ingreso de los socios”
También señala “la necesidad de evitar la erosión de la base del impuesto sobre la renta, ya que fue notorio el incremento de sociedades cooperativas dedicadas a la prestación de servicios
profesionales y al suministro de recursos humanos creadas para reducir cargas fiscales y de seguridad social, provocando la no retención del impuesto de que se trata”
El día 28 de julio de 2010, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los nuevos Reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Oficio-Circular número UNCP/309/TU/0427/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emiten
los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de fecha 1 de julio de 2009.
- Oficio-Circular número SP/100/0128/2004, emitido por el Secretario de la Función Pública, por el que se establecen como obligatorios para las áreas administrativas de la Secretaría de la
Función Pública, su órgano desconcentrado y los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, los
criterios de interpretación que emita la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, en uso de su atribución de interpretar para efectos
administrativos las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Capítulo VI
de la Ley General de Bienes Nacionales, de fecha 9 de febrero de 2004.
- Oficio-Circular número UNCP/309/TU/00412/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emiten las
Directrices para la aplicación de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para efecto de facilitar
la contratación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre tanto se expiden los Reglamentos correspondientes y demás disposiciones administrativas, de
fecha 23 de julio de 2009.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2004;
- Acuerdo que establece los lineamientos para la determinación de los índices para efectuar el ajuste de costos del asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y
mixtos en la parte de la misma naturaleza, formalizados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
enero de 2007;
- Oficio-Circular número UNCP/309/TU/00428/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emiten los
lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de fecha 1 de julio de 2009, y
El fisco es uno de los dos primerísmos acreedores preferentes. La ley le concede ventajas que otros acreedores de a pie, no tienen. Lo faculta para iniciar procedimientos de cobro
coactivos, es decir, que sin necesidad de intervención judicial, pueden trabar embargos sobre bienes suficientes para garantizar el interés fiscal.
Recientemente, las autoridades fiscales han endurecido las gestiones de cobro de créditos fiscales notificados. En casos cada vez mas frecuentes traban embargos de cuentas bancarias u
ordenan la suspensión del padrón de importadores, incluso sin previa notificación al contribuyente o importador, de la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución en su
Tal pareciera que el objetivo de subadministradores de cobro coactivo (funcionarios encargados del cobro) sea obstaculizar tanto como sea posible el curso de operaciones de la empresa, bajo el
pretexto del cobro de un adeudo.
Estas gestiones se practican ya durante todo el año, pero especialmente, los meses de julio, y diciembre. Aprovechando los períodos vacacionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Ya que durante este período la empresa es mas vulnerable a ceder a las exigencias de la Administración, aun y cuando las mismas sean injustificadas, y se encuentre en curso legal
un medio de defensa legal en su contra.
Existen ciertos actos de defensa que pueden realizarse en contra de estos actos de abuso de las autoridades. Si durante este período, se ve en la penosa situación que se ha descrito en líneas
anteriores, le sugerimos los siguientes pasos:
3. Puede consultarnos para saber las posibilidades de éxito de un procedimiento legal que deje sin efectos dicha medida, asi como el tiempo que puede tomar su resolución. Por lo general son
4. No haga caso a personas que se ostenten como "cercanos" a funcionarios del SAT para liberar los fondos o el padrón. Por lo general, son oportunistas que buscan lucrar en una situación tan
Se reconoce oficialmente que nuestro sistema fiscal resulta complejo y oneroso. Y que en comparación con la media internacional, los contribuyentes dedican mas tiempo al cumplimiento de
obligaciones fiscales, en comparación con otros sistemas tributarias.
Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar mensualmente declaraciones informativas en materia de IETU, con el fin de reportar los conceptos que sirvieron d base para determinar este
Se simplifica esta obligación para ahora establecer la opción de no presentar las declaraciones informativas mensuales en materia de conceptos que sirvieron de base para determinar el IETU,
siempre que dicha información se presente de forma anual dentro del mes siguiente al en que concluyó el ejercicio.
Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar en la declaración anual del impuesto sobre la renta, información en materia de IVA, especialmente sobre pago, retención, acreditamiento y
traslado de dichas operaciones con sus proveedores.
El Código Fiscal de la Federación establece la obligación a ciertos contribuyentes a hacer dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, tanto para efectos de ISR, IVA y
IETU, como para materia de IMSS.
Ahora se reconoce que esta obligación implica un costo importante para los contribuyentes, por lo que se otorga la facilidad administrativa a los contribuyentes que se encuentren obligados a
dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, consistente en que pueden optar por no presentar dicho dictamen, lo cual les permitirá reorientar los recursos que actualmente
utilizan para cumplir con esa obligación a cubrir otras necesidades.
Aquellos contribuyente que desean obtener la devolución del saldo a favor por concepto de Impuesto de Depósitos en Efectivo, se encuentran obligados a hacer dictaminar dicho saldo a favor por
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emite una tesis de jurisprudencia que seguramente será muy comentada a partir del día de hoy. El tema central es la interpretación de
normas fiscales. Concretamente viene a dar una nueva connotación lo que debe entenderse por "interpretación estricta de las leyes fiscales", contenido en el artículo 5º del Código
La segunda premisa de la jurisprudencia parte de lo que la Sala Fiscal considera como "Fraude a la Ley" y "Abuso de derecho", que son dos figuras
ampliamente estudiadas en la doctrina, sobre todo internacional. La Sala Fiscal considera como fraude a la ley: la realización de uno o una serie de actos lícitos que respeten
el texto de la ley, pero no su sentido. Y por abuso de derecho: "la forma de ejecutar o ejercer un derecho que contraviene el espiritu o los principios de derecho.
Concluye esta tesis de jurisprudencia que bajo el sistema de la interpretación estricta de las disposiciones fiscales no puede subsistir el fraude a la ley ni el abuso del
derecho que permitan a los particulares, bajo interpretaciones letristas, que mediante una serie de actos jurídicos evadan el imperio de la ley y su sentido.
Esta tesis de jurisprudencia resulta interesante desde muchos puntos de vista. Primero. La Ley no contempla las figuras de fraude a la ley o abuso de derecho. Realmente la
jurisprudencia introduce elementos novedosos a la práctica judicial, lo cual puede ser cuestionable. Segundo. La interpretación estricta de las disposiciones fiscales es una subgarantía
de legalidad y seguridad jurídica que se estableció en beneficio de los contribuyentes, con el fin de evitar el uso de la analogía o de estirar artificialmente la norma fiscal para alcanzar
casos no comprendidos originalmente en la misma. Tercero. Los actos jurídicos celebrados por los particulares surten plenos efectos mientras tanto y solo hasta que no sean declarados nulos o
inexistentes por un órgano jurisdiccional. Cuarto. Tal parece que lo que en realidad tiene por fin esta tesis es conceder facultades extralegales a la autoridad fiscal para calificar a
priori el ánimo o intención de defradudar (consilium fraudis) de los particulares al celebrar un acto o una serie de actos jurídicos, cuando en realidad lo correcto sería que esta
circunstancia fuera materia de prueba en un juicio previo. Quinto. Se puede desprender que la tesis de jurisprudencia pretende construir un argumento preconcebido que permita concluir a la
autoridad fiscal una presunción de fraude, que obligue al particular demostrar que sus operaciones son legítimas, cuando lo correcto sería que fuera la propia autoridad la obligada a probar
ese supuesto ánimo de fraude o mas técnicamente dicho consilium fraudis En conclusión, si bien resulta legítimo combatir prácticas fiscales indebidas con el fin de hacer de la recaudación un instrumento útil en la generación de bienestar social y bien común, tambien
es cierto, que la recaudación para ser un instrumento legítimo requiere de ciertos límites o restricciones con el fin de evitar abusos y situaciones perjudiciales a los contribuyentes, y nos
parece que esta tesis solo aborda un aspecto del problema, es decir, de forma parcial, y aislado, cuando lo que en realidad se requiere es una reforma fiscal integral.
El 2 de junio pasado, comentamos que el SAT dio a conocer como una resolución favorable a los contribuyentes, una confirmación de criterio consistente en que tratándose de fusión de
sociedades que formen parte de una reestructuración corporativa NO deben cumplir con la presentación de dictamen fiscal previsto en el artículo 26 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo
a la enajenación de acciones a costo fiscal.
La primera consiste en confirmar el criterio consistente en que no se actualiza el supuesto de responsabilidad solidaria para los accionistas de una empresa, a que se refiere la fracción X del
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, cuando la sociedad de que se trate no incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
b) Cambie u domicilio fiscal omitiendo presentar el aviso de cambio de domicilio durante el ejercicio de facultades de comprobación, o antes de que se notifique el crédito fiscal
correspondiene; y
La segunda resolución favorable consiste en confirmar el criterio de que se causa la tasa del 0% del IVA en lugar de la tasa genearl (16% y 11%) cuando se trate de la venta o enajenación
de sandwiches preparados y envasados al alto vacío.
En efecto, de acuerdo con la regla miscelánea 1.5.3.1 se aplicará la tasa del 0% del IVA en lugar de la tasa general a los alimentos envasados al vacío. Y esta regla es una excepción a
la regulación contemplada en la Ley del IVA relativa a la venta de alimentos preparados para ser consumidos en el lugar en que se compraron
Cabe recordar que para la Ley del IVA, no todos los alimentos se encuentran gravados a la tasa del 0%, ya que aquellos alimentos preparados para ser comusimos en el mismo lugar en que se
compran, como por ejemplo en restaurantes, hoteles, comercios, etc, aun y cuando se trate de modalidades como "servicio a domicilio", "servicio al cuarto" o cualquier otro, se
encuentran gravados a la tasa general (11% o 16%).
Se trata de criterios sobre cuestiones controversiales, mediante los cuales la autoridad fiscal fija su posición oficial. Generalmente, tienden a reprimir ciertas operaciones, actos,
estrategias o argumentos que inciden en el cálculo de contribuciones, que se califican como "prácticas fiscales indebidas".
Se les llama como Criterios No Vinculantivos, ya que se considera que no pueden imponer mayores cargas u obligaciones a los contribuyentes, que los establecidos en la Ley. Sin
embargo, lo cierto es que los discernimientos que contienen constituyen verdaderas reglas o pautas para las autoridades fiscales encargadas de revisar, auditar y resolver sobre
alguna cuestión que se revise o que se planteé por los contribuyentes que se relacionen con alguna situación prevista en los mencionados criterios llamados no vinculativos.
De acuerdo con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y con la regla I.2.1.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en
la lista de resoluciones favorables a los contribuyentes, publicadas en el portal www.sat.gob.mx, una nueva resolución relativa a las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes que opten
por realizar una reestructuración de sociedades a través de una fusión de sociedades.
Concretamente, la cuestión consiste en determinar si en las fusiones de sociedades que forman parte de una reestructuración corporativa, deben cumplir con la obligación de presentar el
dictamen fiscal al que se refiere el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) relativo a la enajenación de acciones a costo fiscal.
El SAT resolvió confirmar el criterio de que NO RESULTA NECESARIO cumplir con el artículo 26 de la LISR, toda vez que dicho artículo solamente es aplicable para el caso de enejaneaón de acciones
a costo fiscal, supuesto no comprendido en la consulta que se plantea.
Lo anterior es así, ya que no existe disposición expresa que haga referencia al cumplimiento de requisitos sobre reeestructuras coroporativas, y el mencionado numeral 26, no es el
precepto específico para el cumplimiento a los requisitos de las mismas reestructuraciones, mediante fusión de sociedades.
No obstante, hay que recordar que en todo caso debe cumplirse con la presentación del dictamen por fusión de sociedades a que hace referencia el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación,
para tener por cumplidos los requisitos a los que se refiere el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a los casos en que se considera que no hay enajenacioón para efectos
El Servicio de Administraciòn Tributaria, a través de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, ha recomendado a los C.P.R. (Contadores Públicos Registrados) del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, revelar en el dictámen fiscal que al efecto presenten respecto del ejercicio 2009, si el contribuyente en cuestión ha incurrido en alguna de las prácticas fiscales
consideradas como indebidas, y en especial, las descritas en el criterio no vinculativo 5/ISR, relacionado con la contratación directa o indirecta de "out sourcing" a cargo de sociedades
cooperativas, sociedades en comandita simple y sociedades en nombre colectivo.
Es de llamar la atención que la autoridad fiscal amplía mediante esta recomendación particular, un criterio vinculativo general, ya que incluye en el supuesto de la práctica a dos
nuevos tipos de sociedades no previstos originalmente, como lo son las sociedades civiles particulares y a las sociedades universales, quienes indudablemente, incurren en la misma práctica
indebida al utilizar el mismo esquema objetado por las autoridades fiscales, con base "en el reparto de alimentos".
No obstante, lo preocupante es que el SAT sin seguir para la modificación del criterio vinculativo, el mismo procedimiento que siguió para su creación, sigue un procedimiento diverso, como lo es
formular una recomendación particular, lo cual resulta criticable.
Por otro lado, "esta recomendación" consiste en que los trabajos de auditoría que se desarrollen, se verifique con especial atención operaciones de "out sourcing" a cargo de sociedades
cooperativas, sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades civiles particulares, sociedades universales, sociedades integradas-integradoras, o cualquier otra que
utilice el esquema de "alimentos".
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las reformas al régimen de consolidación fiscal afectará a los 450 consorcios empresariales más poderosos de México, con un importe de 16,000
millones de pesos, pagaderos a partir de este año.
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) manifestó públicamente que el importe total que deberá pagar por concepto de impuestos diferidos asciende a 2,703 millones de pesos, para los próximos 5 años.
Cantidad que representa alrededor de 7.8% de sus ventas y 67% de su EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). Por su parte, Cemex por su parte también ha
informado que el impacto será de 799 millones de dólares, para el mismo período.
particular, ya se presentaron al menos 140 amparos en contra de la reforma al régimen de consolidación fiscal por considerar inconstitucional la retroactividad que obliga a los grupos
empresariales a pagar los impuestos diferidos del 2004 al 2009.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tema de irretroactividad no es nuevo. En 1999 y en el 2005 se tuvo la oportunidad de analizar este agravio constitucional. En ambos casos, se
resolvió que las modificaciones al régimen de consolidación fiscal no son retroactivas. Y también en ambos casos se modificaron los supuestos para determinar la época en que se debe enterar el
razonamientos que llevaron a la SCJN a tomar dicha determinación fueron:
La irretroactividad en materia tributaria no implica que los contribuyentes adquieran el derecho a tributar siempre de la misma manera. El legislador tiene amplia potestad para modificar el
régimen fiscal actual
No es inconstitucional que el legislador pueda establecer nuevas obligaciones o incluso acotar los beneficios concedidos por el régimen de consolidación fiscal.
La SCJN determinó que, en el periodo obligatorio de consolidación, que es de cinco años, los supuestos de la norma y sus consecuencias ya se realizaron y, por tanto, una reforma legal no puede
establecer nuevas obligaciones ni modificar las existentes al momento de haber ejercido la opción de consolidar, pues ello sería retroactivo.
posición al respecto de la SHCP es que resulta lastimoso, a su juicio, una supuesta indefinición en los tiempos para el pago de impuestos permaneció.
Señala la SHCP que con las modificaciones al régimen de consolidación fiscal de este año, esa indefinición se eliminó.
espera que antes de que finalice febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará a conocer las reglas para aplicar la reforma en consolidación fiscal mediante una resolución
La contaduría organizada señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
otorgar constitucionalidad al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) lesiona a los contribuyentes al legalizar la
doble tributación y coloca en menor competencia fiscal al país en el marco internacional.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que en la decisión “se privilegiaron más consideraciones de tipo económico, lo que no contribuye al fortalecimiento del Estado de
También incide desfavorablemente a la competitividad fiscal el que el IETU genere una doble tributación. Es un hecho que cuando se decide pagar dividendos a los accionistas habiendo pagado IETU a
nivel corporativo, debe pagarse además el Impuesto sobre la Renta. Se trata entonces de un segundo caso de doble tributación originado por el IETU.
Para el IMCP “queda claro que para que nuestro esquema fiscal sea competitivo en el contexto internacional, el IETU debe desaparecer, manteniendo el Impuesto sobre la Renta tradicional, con las
modificaciones que el mismo requiera y, en su caso, incorporándole alguno de los elementos favorables del IETU.”
1 comentarios Bienvenid@
NUESTRA IDENTIDAD: El trabajo en equipo. Nuestro ícono significa para nosotros el valor del trabajo en equipo. Lo representamos con la formación en “V” o en delta que utilizan
los gansos para emprender sus emigraciones, y protegerse del invierno. Volando en equipo, incrementan en un 71% su potencia. El trabajo en equipo les permite vencer las inclemencias
del tiempo más extremosas, las distancias más largas, y las jornadas más agotadoras. De esta forma, se cumple con el objetivo. También de aquí se desprende nuestro slogan "Direct to
DE NEGOCIOS DIRECT TO RESULTS