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Timestamp: 2019-10-16 03:16:19
Document Index: 200556010

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 257', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 257']

﻿ SENTENCIA 5414 DE AGOSTO 31 DE 2000
SENTENCIA 5414 DE 31 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:MECANISMOS DE DESCONGESTIÓN PARA ALGUNOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DEL PAÍS. SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACUERDO 393 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1998, EXPEDIDO POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, DESCONGESTIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia 5414 de agosto 31 de 2000
Sentencia S-5414
Ref.: Exp.: 5414
Autor: Marco Antonio Muñoz Mera
Dra. Olga Navarrete Barrero
Bogotá D.C., agosto treinta y uno de dos mil
Negada la ponencia presentada por el consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, procede la Sala a proferir el fallo respectivo.
El ciudadano Marco Antonio Muñoz Mera, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo 393 de 12 de noviembre de 1998, “Por el cual se fijan mecanismos de descongestión para algunos tribunales administrativos del país”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
A través del acto acusado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura redistribuyó un número determinado de procesos que se encontraban para fallo en el despacho de magistrados de tribunales administrativos, para que su conocimiento fuera avocado por el despacho de magistrados de los tribunales administrativos, a fin de que éstos coadyuvasen en la descongestión, profiriendo el correspondiente fallo y decidiendo lo relativo a la tasación de costas procesales, quedando la notificación del mismo a cargo del tribunal administrativo en el cual se inició del mismo a cargo del tribunal administrativo en el cual se inició el respectivo trámite procesal; señaló fecha para la remisión de los expedientes, previo inventario de los mismos y reparto en forma aleatoria por parte de las secretarías de los respectivos tribunales administrativos; dispuso que mediante auto de sustanciación se pusiera en conocimiento de las partes la decisión de redistribución; y señaló una vigencia transitoria para la descongestión de 4 meses contados a partir del 2 de enero de 1999, sin perjuicio de su prórroga.
Respecto de los cargos plasmados en la demanda, debe resaltar la Sala, en primer lugar, que el Acuerdo 393, sí contiene una motivación pues, de una parte, invoca como fundamento del mismo el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 y, de la otra, en su artículo 1º, establece que la redistribución se hace para que los tribunales administrativos a los cuales se reasignan los procesos coadyuven en la descongestión, la cual constituye la materia y finalidad de la citada disposición, razón por la cual el cargo de carencia de motivación endilgado no tiene vocación de prosperidad.
Al efecto se encuentra que el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, que sirve de fundamento a los actos administrativos acusados, es del siguiente tenor:
“Descongestión. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales, podrá regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, pueden ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.
Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio cargo de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto”.
Para decretar la suspensión provisional del Acuerdo 393 de 1998, la Sala consideró que la facultad de “regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo”, a que alude el texto legal transcrito, implica que fueran directamente las corporaciones las que deberían redistribuir los asuntos, y no la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Aportados los antecedentes técnicos y plan de redistribución para la descongestión, estima la Sala que para interpretar la facultad consistente en “...regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir”, a que se contrae el artículo 63 de la Ley 270, deberá analizarse lo que implica llevar a cabo la redistribución, y en este proceso resulta evidente que deben confluir dos competencias: la de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidiendo reglamentos generales sobre la forma cono debe hacerse tal redistribución, y la de la respectiva corporación judicial que, con base en la estructura diseñada al efecto, redistribuye en particular los procesos que deberán someterse al plan de descongestión, pues son éstas y no aquélla, las que cuentan con el conocimiento directo del funcionamiento de la respectiva jurisdicción.
La autoridad que expidió el acto acusado, en aras de dar cumplimiento a la función a ella asignada en el artículo 257, numeral 3º, de Carta Política, relativa a “dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia... ”, incurrió en exceso de su competencia al proceder a redistribuir, despacho por despacho de los tribunales administrativos del país, los expedientes, cuando sólo le correspondía trazar unas políticas generales que marcaran las pautas sobre las cuales cada corporación judicial hiciera la redistribución en concreto del trabajo a cargo de los tribunales.
Si bien es cierto que le corresponde a la Sala Administrativa el Consejo Superior de la Judicatura dictar reglamentos para hacer más eficaz la administración de justicia, tales reglamentaciones deben ser de tipo general, como sería porcentaje a redistribuir sobre el volumen total de carga de un despacho judicial, estado de los procesos que se incluirán en el plan de descongestión, fecha de entrada al respectivo despacho, etc.
Bien es sabido que la eficacia en la administración de justicia supone la toma de medidas urgentes para que sea realidad la pronta solución a las controversias sometidas a decisión judicial, pero ello no implica que sea la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura la que, en relación con cada despacho de magistrado al que se decida aplicar descongestión, adopte las medidas relativas a la determinación de la cantidad de procesos y el despacho del magistrado que debe proferir los fallos respectivos, pues es esta última la tarea que debe cumplir cada corporación judicial, con base en las reglas que precise el Consejo Superior.
En efecto, en la práctica confluyen dos actividades para efectos de la adopción de medidas como las reglamentadas en el acto acusado: la de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura trazando el marco general de la política de descongestión, y la de cada corporación judicial señalando los despachos judiciales que deben ser incluidos en el plan con base en el conocimiento cercano del trabajo que adelantan los tribunales y juzgados, redistribuyendo entre ellos determinado número de procesos.
El acuerdo sub judice no se limita a desarrollar la facultad consagrada en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, pues tal norma superior, aunque prevé la posibilidad jurídica de alterar, con el propósito de descongestionar los despachos judiciales, las reglas de competencia que se tuvieron en cuenta para el reparto de cada proceso, y que fue declarada exequible en sentencia C-037 de 1996, no supone que sea la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la que deba precisar de qué despacho y a cuál despacho deben ir determinado número de expedientes para que sean fallados, sino, como ya se dijo, sólo implica la facultad de trazar las reglas generales sobre las que deba realizar tal operación cada corporación judicial.
(sic) DECLÁRASE LA NULIDAD del Acuerdo 393 de 12 de noviembre de 1998, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto del 2000.
Magistrados: Juan Alberto Polo Figueroa, Presidente—Gabriel Mendoza Martelo, salvó voto—Olga Inés Navarrete Barrero—Manuel S. Urueta Ayola.
Con el debido respeto me separo de la decisión de mayoría, por lo siguiente:
La sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, que accedió a las pretensiones de la demanda, en esencia, consideró que la entidad demandada en la expedición del acto acusado había incurrido en exceso de competencia al proceder a redistribuir, despacho por despacho de los tribunales administrativos del país, los expedientes cuando sólo le correspondía trazar unas políticas generales que marcaran las pautas sobre las cuales las corporaciones judiciales hicieran la redistribución en concreto del trabajo a su cargo.
No comparto el criterio de la Sala pues, como lo expresé en el proyecto de fallo que no fue tenido en cuenta, una vez analizadas las pruebas allegadas por la demandada, relacionadas con los antecedentes técnicos y el plan de redistribución para la descongestión, se deduce que, indudablemente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es la que cuenta con todos los mecanismos legales y técnicos adecuados para establecer los índices de congestión judicial, la corporación o despacho judicial afectados, no así, directamente, las corporaciones ni los distintos despachos judiciales.
De tal manera que, vista la situación desde esta perspectiva, para interpretar la facultad consistente en “...regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir”, a que se contrae el artículo 63 de la Ley 270, no basta mirar el tenor literal de la norma que la contiene, sino analizar lo que implica llevar a cabo la redistribución, y en este proceso resulta evidente que, como ya se dijo, la que cuenta con las herramientas adecuadas para hacerlo directamente es la autoridad que expidió los actos acusados, en aras de dar cumplimiento a la función a ella asignada en el artículo 257, numeral 3º, de la Carta Política, relativa a “Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia...”, eficacia esta que no puede lograrse sino en la medida de que, entre otros aspectos, haya una pronta solución a las controversias sometidas a decisión judicial.
En la práctica resultaría extremadamente dispendioso que un despacho judicial o corporación judicial afectado con la congestión tuviera que concertar y hacer efectiva, directamente, con otro u otros que se encuentren al día, la manera como se redistribuirían entre ellos determinado número de procesos; amén de que tal labor necesariamente los sustraería del cumplimiento de sus funciones judiciales, contribuyendo con ello a incrementar el índice de congestión, lo cual daría al traste o tornaría nugatorio el efecto útil contenido no sólo en la norma que desarrollan los acuerdos cuestionados, sino el mandato constitucional que atribuye al Consejo Superior de la Judicatura la función de velar por el eficaz funcionamiento de la administración de justicia.
Así las cosas, debió la Sala denegar las pretensiones de la demanda y disponer que se levantara la medida cautelar que recayó sobre los acuerdos acusados.