Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9118
Timestamp: 2019-07-18 07:40:42
Document Index: 66507654

Matched Legal Cases: ['artículo 1501', 'artículo 32', 'artículo 209', 'artículo 23', 'Artículo 209', 'Artículo 32', 'Artículo 23', 'Artículo 410']

Sentencia: CSJ-SPENAL-37184-2014
La inobservancia de los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal en los convenios celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios son constitutivas del delito de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales
CAMILO TORRES PUENTES, REPRESENTANTE LEGAL LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, a través de su representante legal Camilo Torres Puentes, celebró contratos de Consultoría y asesoría en la elaboración de indicadores de gestión y diseño de proyectos, de construcción de redes internas de acueducto para el Barrio Villa Nieves, con la firma EAT HIGO INGENIEROS, en los cuales se encontraron varios irregularidades, como las siguientes: la falta de obtención previa de por lo menos dos ofertas en uno de los contratos por exceder el 50% de la menor cuantía lo que implicaba atender lo previsto en el decreto 855 de 1994, invitación pública a presentar propuestas. Tal requisito no fue atendido por cuanto el representante legal de EAT HIGO INGENIEROS presentó la propuesta por esa empresa y por HOLDER LTDA, de la cual era socio, incluso falsificó la firma de su representante legal, lo cual implicaba que realmente se trataba de una sola propuesta. El objeto de los contratos era muy amplio y no permite realizar seguimiento a su ejecución en razón a que no eran específicas las actividades a desarrollar. Al momento de su firma el contrato no contaba con póliza de cumplimiento. La documentación obtenida de este contrato no contiene escrito emitido por el interventor informando la ejecución de su objeto. El pago de este contrato, fue realizado sin la constancia de desarrollo del mismo.
¿Puede el representante legal de una empresa de servicios públicos domiciliarios justificar la inobservancia a los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal en la celebración de diferentes contratos, en la salvedad que hace la Ley 142 de 1994, la cual dispone que los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales?
Contratos de derecho privado celebrados por las empresas de servicios públicos. «(…)cuando se trata de un contrato realizado por la administración pública, como ocurre en este caso, el cual se rige, en principio por el derecho privado, pues se trata de una empresa de servicios públicos domiciliarios, es indeclinable rescatar el cabal cumplimiento de sus objetivos en punto del interés general y el bien común, motivo por el cual no basta con verificar únicamente al contenido esencial del contrato reglado en el artículo 1501 del Código Civil, en cuanto es menester constatar otras exigencias propias del contrato estatal en las diversas fases de la contratación administrativa, esto es, en su tramitación, celebración y liquidación.
Así pues, en la primera fase deberán mediar los principios de planeación, transparencia y escogencia objetiva. En la celebración deberán estar presentes la estricta legalidad y el cumplimiento de los requisitos de existencia y validez. Finalmente, en la liquidación también cobrarán importancia los principios de legalidad y conmutatividad, en el sentido de dejar resuelta toda diferencia económica entre las partes. (…)»
«(…)Es evidente que cuando el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 dispone que los actos de las empresas de servicios públicos se rigen por el derecho privado, no propugna porque la celebración de contratos se efectúe de manera informal o ajena a los principios generales que sobre tal materia ha dispuesto de vieja data el legislador y la Carta Política, dado que siempre se impondrá observar, en primer término, los principios constitucionales que rigen la función administrativa (artículo 209 de la Constitución), preceptiva en la cual se establece que aquella función del Estado se encuentra al servicio de los intereses generales y debe ser desarrollada con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Y en segundo lugar, los principios inherentes a la contratación estatal, (artículo 23 de la Ley 80 de 1993), establecidos en los siguientes términos:
“Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.
En conclusión, los contratos de derecho privado que celebra la administración son estatales, de allí que su adjudicación, celebración, ejecución y liquidación debe sujetarse a los principios que orientan la función pública, al tiempo que los servidores públicos que los suscriben están obligados a observar los principios constitucionales que orientan su función misional”.
La naturaleza de los contratos estatales congloba a todos los celebrados por las entidades del Estado, bien sea que estén gobernados por el estatuto general de la contratación, o que estén sujetos al derecho privado (civil, comercial, laboral), de modo que el contrato de derecho privado celebrado por la administración no pierde su carácter estatal, y por ello, no está exento de cumplir con las normas constitucionales que rigen la función pública.
De otra parte se tiene que la intención del Constituyente no fue, no podría serlo, la exclusión de control y vigilancia en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en cuanto tal actividad comporta uno de sus fines esenciales, como tampoco permitir su ejercicio de forma ajena a los principios generales que orientan la función pública, circunstancia que no excluye la permisión de que se guíen por las fuerzas del mercado dentro de criterios de eficiencia y competitividad con entidades privadas, y por ello, se sometan a las normas civiles o comerciales.
En efecto, también en los contratos de carácter privado realizados por las empresas del Estado, el servidor público debe igualmente lealtad a la administración y está obligado a cumplir los requisitos definidos en la ley, tales como la transparencia, moralidad y eficacia de la actividad contractual estatal, respecto de la cual la Ley 80 de 1993 no introdujo salvedades.(…)»
El representante legal de una empresa de servicios públicos domiciliarios no puede justificar la inobservancia a los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal en la celebración de diferentes contratos, en la salvedad que hace la Ley 142 de 1994, la cual dispone que los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales porque:
Aunque las empresas de servicios públicos domiciliarios tengan un régimen especial de contratación, este no justifica la inobservancia de los principios constitucionales y legales que un servidor público debe acatar cuando se encuentra vinculado con el Estado.
La naturaleza privada de los contratos no modifica la condición pública de la entidad que los celebra y tampoco elimina el deber del funcionario que los suscribe de observar precisos deberes especiales de rango constitucional y legal.
Los contratos de derecho privado celebrados por las empresas de servicios públicos, deben observar y actuar en pro de los principios que orientan la función pública, al igual que los servidores públicos que los suscriben están obligados a observar los principios constitucionales que orientan su función misional.
Constitución Política. Artículo 209 Ley 142 de 1994. Artículo 32 Ley 80 de 1993. Artículo 23 Ley 599 de 2000.Artículo 410
Ficha: La inobservancia de los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal..