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Timestamp: 2018-08-17 10:50:03
Document Index: 257662143

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 24']

Justicia gratuita, designación de Letrado, cómputo de los plazos para demandar, contestar, oponerse o recurrir. Caducidad y prescripción de las acciones. Pronunciamientos judiciales al respecto. - JP Borges - Abogados & Consultores Internacionales
Justicia gratuita, designación de Letrado, cómputo de los plazos para demandar, contestar, oponerse o recurrir. Caducidad y prescripción de las acciones. Pronunciamientos judiciales al respecto.
El presente versa sobre una cuestión no exenta de polémica e interpretaciones, es decir, la cuestión que se plantea en principio es ¿en qué momento comienza el cómputo del plazo para contestar / oponerse a una demanda, recurrir, etc., cuando el demandado es beneficiario de justicia gratuita y, en su caso, para recurrir en vía contencioso administrativa o ejercitar otra acción de naturaleza judicial?
Ya que en la práctica, vemos como diversos Tribunales otorgan (nuevo) plazo para formular contestación u oposición a la parte demandada o beneficiaria, ya sea al recibir el comunicado de los respectivos colegios profesionales o en un momento posterior. Cuando entiendo que dicho plazo (aún en caso de acordarse la suspensión del proceso) se reanuda sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno, una vez conste la notificación al beneficiario de la .designación provisional de los profesionales (Letrado y Procurador).
Por ello, una vez notificada / emplazada la parte demandada, puede solicitar el beneficio de justicia gratuita, lo que normalmente provoca la suspensión de las actuaciones (si se hizo en plazo). Una vez notificada la .designación provisional y desde esta última fecha resulta incuestionable que el demandado o beneficiario conoce las designaciones profesionales y, en su caso, está compelido a actuar, es decir, a facilitar al profesional la información, documentación y demás extremos que le sean necesarios para oponerse, contestar, defenderse, etc. Es decir, constando la fecha de recepción de la designación por parte del beneficiario, éste no tiene excusa para no acudir al profesional que le ha sido designado para su defensa, y desde ese momento se reanuda el cómputo del plazo para contestar, oponerse, etc.
En este sentido se pronuncia la S.A.P. de Guipúzcoa de 15/2/2000, que establece en su Fundamento Octavo: que la constatación de lo precedente llevará a la determinación que LA .REANUDACIÓN DEL TÉRMINO SE PRODUCIRÁ A PARTIR, FECHA EN QUE FUE REALIZADA LA DESIGNACIÓN PROVISIONAL, razón por la cual es evidente que con las fechas de referencia deberá analizarse el cumplimiento de los requisitos que para la prosperabilidad de la acción que el precepto requiere y, ES EVIDENTE QUE AL MOMENTO DE DARSE CUMPLIMIENTO AL REQUISITO IMPERATIVO DE LA CONSIGNACIÓN EL TÉRMINO DE CADUCIDAD HABÍA YA CONCLUIDO Y EN SU CONSECUENCIA EL DERECHO DE LA RECURRENTE CADUCADO
En el sentido expresado se pronuncian entre otras resoluciones la Sentencia de TSJV de 13/2/2004 (Sala de lo Contencioso . Administrativo), que establece que el: .díes a quo, no es el día de la resolución de la designación provisional de letrado sino el día en que dicha designación es notificada.
En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de TSJ de Cataluña de 4/12/2007 (Sala de lo Social, Sección 1ª), que incluso va más allá, estableciendo, no obstante el artículo 21.4 de la LPL, ya citado, dice que la solicitud de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones. El precepto no dice cuando se reanuda de nuevo el plazo, pero el artículo 16 de la Ley de Justicia Gratuita 1/96 de 10 de enero, modificado por la Ley 16/05 de 18 de Julio habla de interrupción de la caducidad de la acción y su reanudación , añadiendo el párrafo siguiente que el cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de Abogados por el Colegio , lo que cabe también predicar del plazo de caducidad, pues es desde la notificación al solicitante que el proceso puede ser reanudado. Además, como señala la sentencia del TSJ del País Vasco de 11/7/2006, la regla prevista en el artículo 16 de la Ley 1/96, viene referida a la petición de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que no es aquélla a la que se refiere el artículo 21.4 LPL, referida a casos en los que se disfruta ya legalmente de ese reconocimiento y lo que se solicita tan sólo es la designación de abogado por el turno de oficio, en lo que únicamente constituye uno de los efectos propios de ese derecho (Art. 27 de la Ley 1/1996), sin que sea posible aplicar analógicamente esta norma al no estar ante supuestos análogos y, sobre todo, por resultar contraria al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso, puesto que el Tribunal Constitucional ha sentado, en su sentencia de 15 de diciembre de 2003, Numero 219/2003, Fundamento de Derecho Sexto, doctrina expresiva de que "sólo pueden computarse válidamente los plazos procesales correspondientes bien a partir del momento en que los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita hayan recibido la notificación en la debida forma del nombramiento de los profesionales designados para su defensa o bien, en aquellos casos en los que no conste de manera fehaciente la notificación de dicha designación, desde el momento en que los profesionales designados realicen de manera efectiva alguna actuación orientada a la defensa de los ciudadanos a quienes se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita".
Incluso el TS en Sentencia de 27/4/2007, Sala de lo Contencioso - Administrativo, va más allá, estableciendo que, para que la resolución denegatoria del derecho a la asistencia jurídica gratuita produzca la consecuencia de que queden sin efecto las designaciones provisionales ya realizadas (artículo 18 de la Ley 1/96 y 16.3 del Reglamento), debe ser firme y para ello es imprescindible que haya sido notificada al interesado, quien puede recurrirla (artículo 20 de la Ley 1/96). Por ello, no puede la Sala de Justicia, con la sola y desnuda notificación que a ella le dirige la Comisión, dejar sin efecto los nombramientos provisionales de Abogado y Procurador, estando, como está, en juego el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE. Para tomar esa decisión, el Tribunal debe cerciorarse, por el medio que tenga más adecuado, incluso suspendiendo el curso del proceso, de que la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido notificada al interesado. Sin esa notificación, la resolución carece de efectividad. Por ello, revoca los autos recurridos y ordena que continúe la tramitación del proceso con la intervención de Abogado y Procurador provisionalmente designados, mientras no conste en el proceso que la resolución de la Comisión que denegó el derecho ha sido notificada al interesado.
Autoria: Héctor Taillefer de Haya
Fuente: http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/201206-Justicia_Gratuita.html