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Timestamp: 2017-05-25 16:17:36
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Ponencia Primer Debate Acto Legislativo para la Paz | Roy Barreras
Ponencia Primer Debate Acto Legislativo para la Paz
Ponencia para primer debate Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2015 Senado “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
SÍNTESIS DEL PROYECTO Este Proyecto de Acto Legislativo tiene como propósito agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y ofrecer garantías para su cumplimiento. Para eso propone los siguientes dos procedimientos condicionados a la refrendación ciudadana:
Se crea un procedimiento legislativo especial, que busca agilizar el trámite legislativo mediante la reducción del número de debates así: para los proyectos de ley (dos debates) y los proyectos de acto legislativo (tres debates). El primer debate de estos proyectos, deberá surtirse en una Comisión Legislativa para la Paz, integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce congresistas adicionales.
Adicionalmente, se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación de las medidas de estabilización necesarias derivadas del Acuerdo Final.
Proyecto Publicado: Gaceta No. 706/15.
Mediante comunicación del 17 de septiembre de 2015, notificada el mismo día, conforme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, fuimos designados ponentes en primer debate del proyecto de Acto Legislativo 04 de 2015 Senado “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” los siguientes senadores:
Ponentes: Roy Barreras Montealegre (Coordinador), Armando Benedetti Villaneda, Alfredo Rangel Suárez, Hernán Andrade Serrano, Carlos Fernando Motóa Solarte, Juan Manuel Galán Pachón, Eduardo Enríquez Maya, Claudia López Hernández, Horacio Serpa Uribe, Doris Clemencia Vega Quiroz, Alexander López Maya.
El Proyecto de Acto Legislativo adiciona tres artículos transitorios a la Constitución Política.
ARTÍCULO PRIMERO. Crea un procedimiento legislativo especial para el trámite de Proyectos de Acto Legislativo y Proyectos de Ley cuya vigencia está condicionada a la refrendación del Acuerdo Final
Faculta al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley necesarios para la implementación del acuerdo final cuya vigencia está condicionada a la refrendación del Acuerdo Final.
ARTÍCULO TERCERO. Vigencia.
Colombia ha visto cómo hace más de medio siglo se han profundizado diferencias que devienen en más de cincuenta años de guerra, por la cual miles de colombianos han perdido sus vidas y millones han sido victimizados de maneras inimaginables. En el contexto internacional, desafortunadamente, Colombia, se ha visto afectada por el desdén y el aislamiento debido a un conflicto interno que está, a todas luces, injustificado.
El Gobierno Nacional, ha asumido una titánica tarea como lo es buscar el fin del conflicto, evitando así más muertes de colombianos, más familias sufriendo por la ausencia de sus seres queridos, más reclutamientos de menores, para poder alcanzar el sueño de vivir en Paz.
En ello, el papel del Congreso de la República, como sede de la voluntad democrática de la Nación, ha sido determinante. No es la primera vez que el Congreso acompaña al Gobierno en el desarrollo legislativo en pro de la Paz. La Ley de Víctimas, el Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Cambio de fecha de referendo, han sido todas iniciativas del Gobierno que durante su tránsito en el Congreso fueron mejoradas notablemente. Esta vez no puede ser diferente, los congresistas estamos llamados a desarrollar un mecanismo que permita la implementación, ágil, eficaz y fiel de aquello que los colombianos refrenden en las urnas. No es un tema menor, serán los colombianos los que nos den el aval para utilizar estos procedimientos que hoy proponemos con este Acto Legislativo.
CONTEXTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA .
En noviembre de 2012, el Gobierno Nacional y las FARC- EP instalaron la Mesa de Conversaciones de La Habana, con el fin de lograr la terminar el conflicto armado y dar inicio a una etapa de construcción de paz entre todos los colombianos.
Este proceso, diseñado bajo una metodología rigurosa, con base en las experiencias nacionales e internacionales, ha permitido lograr los avances que a la fecha hemos presenciado los colombianos. En la primera fase, denominada la etapa exploratoria, se evaluó la voluntad de las partes de poner fin a la violencia. Esto culminó con la suscripción del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, que funge como hoja de ruta para las negociaciones que se están llevando actualmente en La Habana, Cuba. En esta se contempla una agenda acotada a cinco puntos sustanciales y uno procedimental
La segunda fase de este proceso, es en la que nos encontramos actualmente; es decir el desarrollo de la discusión de los puntos de la agenda que permitan sentar las condiciones que garanticen la no repetición en los territorios. Esta etapa terminará con la firma de un Acuerdo Final que ponga un fin definitivo al conflicto armado.
La tercera fase, es lo que el Gobierno Nacional ha descrito como la etapa de construcción de paz entre todos los colombianos. Es decir, será el momento cuando de manera simultanea se implementen los acuerdos en los territorios que permitan las transformaciones estructurales que pongan para siempre un fin a la violencia.
A la fecha, ambas delegaciones han llegado acuerdos en los puntos de “Desarrollo Agrario Integral”, “Participación Política”, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y en el marco del punto 5 sobre víctimas, actualmente en discusión, se acordó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición frente al cual existen ya acuerdos parciales en dos de los componentes; verdad, mediante la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición” y justicia mediante un acuerdo sobre las bases de lo que será la Jurisdicción Especial para la Paz.
Además se estableció una fecha límite para la firma del Acuerdo Final (23 de marzo de 2016) y una fecha para el inicio de la dejación de armas por parte de las FARC (23 mayo de 2016).
NECESIDAD DE QUE EL PAÍS ESTÉ PREPARADO.
El anuncio del pasado 23 de septiembre es una muestra trascendental de que el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC-EP está cerca. Como se estableció anteriormente, no solo se anunció la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, sino que adicionalmente se anunciaron las fechas para de la firma de un Acuerdo Final y aquella en que la guerrilla deberá empezar el proceso de dejación de las armas.
Por este motivo, el país debe estar preparado. Se nos avecina una enorme tarea de traducir estos acuerdos en normas jurídicas expeditas que garanticen la integralidad, la eficiencia, la agilidad y la fidelidad de los mismos. El Gobierno ha empeñado su palabra y debe cumplir los compromisos suscritos en la Mesa de Conversaciones no solo con la contra parte sino también con la ciudadanía.
La experiencia internacional ha demostrado que tras un acuerdo de paz, su éxito o fracaso depende de su efectiva implementación. En este sentido, expertos han concluido que en los casos en que no se sigue la integralidad del texto o los compromisos de lo pactado hay un riesgo alto de que se reabran negociaciones cerradas o resurja de la violencia.
Ejemplos de lo anterior han sido documentados en casos como el de Angola e India. En el primero, se surtieron dos procesos de paz; el primero fracasó debido a los acuerdos no se implementaron de manera efectiva; en el primer año solo se logró implementar el 1,85% de lo acordado y para el quinto año solo se había avanzado en el 53.7%. Sin embargo, en el segundo proceso de paz que por el contrario sí fue exitoso, durante el primer año se logró implementar el 68.42% de los acuerdos[1].
El caso de India demuestra algo similar; aunque durante el primer año después de la firma del acuerdo con las fuerzas separatistas de Bodoland, se logró implementar el 23.52% de lo acordado, 10 años después la implementación seguía en el mismo porcentaje. Esto llevó a que no fuera posible desescalar la violencia en los 10 e implementar las demás reformas necesarias para cumplir con los acuerdos[2].
Por el contrario, la efectiva implementación de los acuerdos y su relación con el éxito de un proceso de paz se evidencia en los casos de Bosnia, el Salvador e Irlanda del Norte. En Bosnia durante el primer año se realizaron todas las reformas legales logrando así la implementación del 72%De lo acordado, para el quinto año se implementó el 84,7% de la totalidad del acuerdo y para el décimo año el 93%. Una particularidad de este caso es que para el segundo año del proceso de implementación se realizaron todas las reformas constitucionales necesarias para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
En el caso de El Salvador, durante el primer año se implementó el 56% de la totalidad de los acuerdos y se realizaron la mitad de las reformas constitucionales requeridas. Durante el segundo año se realizaron las reformas constitucionales restantes, en el quinto año ya se había implementado un 88% de los acuerdos y para el décimo año el 95% de los acuerdos estaban ya implementados,
ESTRUCTURA NORMATIVA DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO: El Acto Legislativo que hoy presentamos para el estudio de la honorable Comisión Primera del Senado de la República, contiene dos artículos, que implican igual número de mecanismos para la estructuración de la plataforma normativa necesaria para la implementación del Acuerdo Final.
En el primer artículo se establece un Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, que establece, en el seno del órgano legislativo constitucionalmente establecido, un trámite expedito, con unas características particulares que pretende, no solamente acelerar el proceso ordinario para la expedición de normas, sino además establecer protocolos que garanticen los principios de representación y participación propios de la democracia colombiana. Este procedimiento busca además cumplir fielmente con la implementación de lo acordado por las partes en la Mesa de la Habana, que a su vez habrá de ser refrendado por los colombianos, como condición habilitante para la entrada en vigencia del procedimiento especial. La duración establecida para este procedimiento es de 6 meses prorrogables por otros 6.
El segundo artículo otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República, para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación de las medidas de estabilización de corto plazo derivadas del Acuerdo Final. Como es obvio, estas facultades se cimientan en la Constitución, razón por la cual pueden ser utilizadas para el desarrollo de los distintos temas contenidos en el Acuerdo Final. En todo caso su vigencia está condicionada a la refrendación de los acuerdos, está prohibido expresamente la utilización de las facultades para elaborar reformas constitucionales o leyes estatutarias y el plazo de ejecución es de 90 días prorrogables por otros 90.
Este Acto Legislativo está acompañado de garantías durante todo el desarrollo, En primer lugar es la ciudadanía quien decidirá si estos procedimientos se llevarán o no a cabo a través de la refrendación ciudadana, en segundo lugar la aprobación de las leyes sigue estando en el órgano competente: el Congreso, y por último la Corte Constitucional quien revisa los procedimientos legislativos por excelencia, es quien seguirá garantizando el debido proceso y velando por el respeto a la Constitución.
La refrendación es el primer paso en el desarrollo de este Acto Legislativo, pues no hay mayor garante en cualquier proceso democrático, que el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto. Es el constituyente primario quien avalará el inicio del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz y el uso de las Facultades Extraordinarias por parte del Presidente de la República. Esta es probablemente la mayor garantía de legitimidad.
A partir de la refrendación, las normas para la implementación de los acuerdos tomarán dos caminos, las leyes ordinarias necesarias exclusivamente para la estabilización de corto plazo de los acuerdos irán por facultades presidenciales, aquellas derivadas de reformas de largo plazo irán al Procedimiento Legislativo para la Paz. Ambos caminos son legítimos y garantistas, pues el primero busca que sea el Presidente, quien ha presidido este proceso de paz y recibido el aval del pueblo a través de la refrendación, el encargado de expedir las normas de corto plazo. El segundo busca que sea el Congreso, el órgano competente desde su creación, el encargado de aprobar las leyes y reformas constitucionales. Aunque se crea una Comisión Legislativa para la Paz dentro del Congreso para hacerlo, esta contará con la participación de miembros de todas las comisiones constitucionales, representación proporcional de las bancadas, garantizará la representación de minorías étnicas y cumplirá la cuota de género.
Una vez terminado este proceso, todas y cada una de las normas deberá ir a control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Para las normas expedidas mediante facultades, la Corte deberá hacer una revisión posterior y para aquella aprobadas mediante trámite legislativo deberá hacer una revisión previa. Aunque los tiempos para esta revisión se acortan, sigue siendo la Corte quien garantizará que las normas respeten los pilares fundamentales de la Constitución. Pero las garantías no terminan allí, el Presidente de la República deberá rendir informes periódicos al Congreso sobre el uso de sus facultades, y la Comisión Legislativa para la Paz podrá pronunciarse sobre los mismos.
Tanto las facultades como el procedimiento están limitados en el tiempo, no solo estamos frente a un procedimiento excepcional, sino que además con una delimitación temporal específica. Esto garantiza que los mecanismos jurídicos desarrollados por este Acto Legislativo no sean utilizados como regla general, y por lo tanto no representen una desfiguración del ordenamiento jurídico, ni una sustitución constitucional. Se utilizará un procedimiento legislativo abreviado y unas facultades presidenciales delimitadas, fundados en la importancia de garantizar una implementación eficaz de los acuerdos de paz y en la transitoriedad.
AUDIENCIA PÚBLICA Mateo Gómez Vásquez – Comisión Colombiana de Juristas Hace un saludo a esta iniciativa, afirmando que es un gran avance hacia el futuro Acuerdo Final. Expone dos observaciones generales.
No encuentra razones suficiente para que las iniciativas legislativas sean exclusivas del Presidente. Argumenta que no se debe limitar ni la iniciativa legislativa del congreso y la popular.
Afirma que las facultades otorgadas al Presidente, no es lo suficientemente exhaustivas para la rendición de cuentas.
Finaliza planteando una pregunta;¿qué va a suceder con los proyectos radicados en la Comisión Primera que traten temas en relación con el Acuerdo Final? Para argumentar que esto es un vacío que debe ser resuelto.
Nicolás Montoya – Misión de Observación Electoral Establece que debe haber una ponderación entre dos objetivos, la persecución del fin legítimo de la paz y el carácter democrático de las instituciones, para preguntarse: ¿Cuál es el rol del Congreso en la implementación de los acuerdos de La Habana?.
Dice que el problema central es que la paz justifica y hace necesario un ajuste en las instituciones, pero no puede significar la limitación de las mismas, ni tocar el derecho de elegir y ser elegido.
Afirma que aunque el acto legislativo constitucionaliza la refrendación, aún no se conoce la naturaleza jurídica del mecanismo de refrendación, sobre cual establece que debe ser una ya existe porque de lo contrario no se justifica la restricción legislativa.
Hace una observación sobre la conformación de la comisión especial: aunque la sobre representación de la Cámara de representantes se explica por impacto del conflicto en las regiones, pone en peligro la proporcionalidad de la representación.
Aunque entiende porque se quiere asegurar el cumplimiento de lo acordado, considera que es una medida excesiva la restricción de la iniciativa legislativa
Termina diciendo que tiene algunos reparos en cuanto a la técnica legislativa ya que el proyecto prevé dos criterios concurrentes: la aprobación popular del Acuerdo Final y vigencia del acto legislativo
Fabio Villa Rodríguez – Ex constituyente
Empieza afirmando que para hacer posible al Asamblea Nacional Constituyente de 1991, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue hacer interpretación de la Constitución de 1986 y permitir, por el bien supremo de la paz, que se pudiera convocar.
Establece que para hacerlo posible la Corte leyó la realidad del país y aprobó un Estado de Sitio que en ese momento parecía inconstitucional.
Razón por la cual afirma que no se debe centrar en las normas exactas que se van a violar, se debe simplemente pensar en lograr la paz.
Se necesita un instrumento expedito, lo que ha presentado el Gobierno es un procedimiento expedito para aplicar lo que se acordó en La Habana y convertirlo en norma.
Juana Inés Acosta – Directora del Programa de Derecho de la Universidad de la Sabana Empieza estableciendo unas cuestiones generales:
Este acto legislativo es importante.
La construcción de la paz estable y duradera pasa por varias transformaciones. La única manera de lograr estas transformaciones es lograr que la implementación de la paz cumpla con 4 principios: ágil, integral, efectiva y fiel.
Nombra algunos ejemplos comparados de fracasos en la implementación:
Angola, tuvo dos procesos de paz, el primero fracasó pues en el primer año solo se implementó el 1.85% y el segundo proceso de paz sí fue exitoso.
En la India después de 5 años de implementación sólo se logró implementar el 23.85% y 10 años después no hubo desescalamiento de la violencia. ,
Nombra algunos ejemplos comparados de éxito en la implementación
Bosnia donde durante el primer año se realizaron todas las reformas legales logrando así la implementación del 72% de lo acordado.
Irlanda del Norte utilizó mecanismos de fast track y logró realizar todas las reformas constitucionales en el primer año.
Porque no puede sufrir un juicio de sustitución por la Corte:
La entrada en vigencia de ambos procedimientos está condicionada a la firma del Acuerdo Final, que a su vez está sujeto a la refrendación, lo que le da la legitimidad al proceso.
Además afirma que este Proyecto busca desarrollar herramientas para la implementación, no establece temas de fondo y no debe hacerlo porque esos temas deben ser acordados en La Habana u refrendados popularmente.
Termina precisando algunas cuestiones jurídicas:
El procedimiento acelerado o fast track, es lo que permite que se respeten estos cuatro principios, la revisión previa y automática de la Corte Constitucional eso es una garantía de que no va a sustituir la Constitución.
La facultad de aprobar o improbar , lo esencial es que permite implementar otro principio y es la fidelidad, eso justifica la posibilidad de enmienda limitada.
La Corte Constitucional estableció que no se ha violado el principio democrático con el procedimiento de fast track o limitación de las enmiendas frente a un tema como el de organización de la economía como lo es el Plan Nacional de Desarrollo.
Oscar Jesús Gómez – Corporación Viva la Ciudadanía
Establece que para implementar la paz se necesita
Crear nueva normativa.
Crear nueva institucionalidad
Crear cultura para la paz
Afirma que la implementación de los acuerdos es lo más difícil en todos los procesos de paz.
Dice que hay tres temas clave para tener en cuenta:
Proyecto de Acto pasa sobre un principio filosófico de la participación popular en la medida en que ha habido una refrendación de los Acuerdos.
No hay conocimiento de los acuerdos por gran parte de la sociedad. Genera desconfianza en la ciudadanía. Por eso se deben tener estrategias de comunicación y así evitar que la refrendación no pase.
Se debe pensar en un mecanismo que habilite la participación de la sociedad en las discusiones
El acto legislativo para la paz busca agilizar la eficacia y celeridad de los Acuerdos para la Paz.
La ley de victimas es el antecedente del proceso de paz y del acuerdo de justicia transicional. El acuerdo de justicia transicional contiene la garantía de los derechos de las víctimas.
Es el primer proceso de paz en Colombia que tiene como eje transversal los derechos de las víctimas. La ley de víctimas y restitución de tierras es modelo internacional de reparación de derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas no fueron tenidos en cuenta en otros procesos de paz.
No miremos este Acto Legislativo como una reforma ordinaria, sino que observémoslo para una circunstancia excepcional. Por eso hay que utilizar procedimientos excepcionales. Si no tenemos las herramientas necesarias para cumplir con los acuerdos hemos perdido el esfuerzo empeñado.
Ningún proceso ha tenido refrendación. Sin embargo el Presidente Santos, en un ejercicio democrático, someterá los acuerdos a la aprobación popular.
Las normas constitucionales que se emitirán por los procedimientos establecidos por el Acto Legislativo para la Paz tendrán control automático, algo que no se había previsto para normas constitucionales en el pasado. Esto ofrece garantías para los colombianos.
PLIEGO DE MODIFICACIONES En el artículo primero se sugiere cambiar la expresión “del presente artículo”, por “del presente acto legislativo, previa”, con la finalidad de aclarar la entrada exacta en vigencia de las normas contenidas en el Proyecto.
En el literal b, del artículo 1º, se cambia la expresión “de los partidos”, por las “bancadas al interior del Congreso”, por cuanto este término reúne los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y se agrega la expresión “de género”, para garantizar la equitativa representación de la mujer, en la designación de los miembros adicionales de la Comisión Legislativa Especial.
En el literal c, del mismo artículo se propone una mejor redacción.
En el literal g, del artículo 1º, se utiliza la expresión “tramitarse” para dar mayor claridad al texto.
En el artículo 2º se aclara la entrada en vigencia del acto legislativo y se delimitan las facultades presidenciales exclusivamente al desarrollo e implementación del Acuerdo Final.
En el inciso 4º del artículo 2º, se agrega la expresión “la Comisión Legislativa Especial de que trata el artículo anterior se podrá pronunciar por derecho propio, sobre estos informes”, con el objeto de mantener un control político al interior del Congreso, sobre el cumplimiento de las metas de la implementación del Acuerdo Final.
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto Acto Legislativo 04 de 2015 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el pliego de modificaciones propuesto.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2015
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2015 SENADO
ARTÍCULO TRANSITORIO. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), y ofrecer garantías de cumplimiento, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo y luego de la refrendación del Acuerdo Final. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses más mediante comunicación formal del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.
Los proyectos de ley y de acto legislativo de que trata el presente artículo serán de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional.
El primer debate de estos proyectos se surtirá en una Comisión Legislativa para la Paz integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce Congresistas adicionales designados por las mesas directivas de ambas cámaras en conjunto. Para la designación de los doce miembros adicionales, se preservará la representación proporcional de las bancadas al interior del Congreso, asegurando la cuota de género y la participación de las minorías étnicas. Las votaciones al interior de la Comisión legislativa Especial se harán en forma separada entre los miembros de Senado y Cámara de Representantes, que hacen parte de esta.
La Mesa Directiva de la Comisión Legislativa especial se integrará por las mesas directivas de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Como secretaría de esta comisión, actuarán los secretarios de las comisiones primeras de Senado y Cámara según lo dispuesto en el reglamento del congreso.
El segundo debate de los proyectos de ley se surtirá en el Congreso en pleno, con votaciones separadas entre los miembros de Senado y los miembros de la Cámara de Representantes.
El segundo debate de los proyectos de acto legislativo se surtirá en las plenarias de cada una de las Cámaras.
Los proyectos sólo podrán tener modificaciones en el primer debate, siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional.
En este procedimiento las cámaras sólo podrán improbar los proyectos. Surtido el trámite, si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos según el caso, con las modificaciones que se hayan introducido en el primer debate.
El trámite de estos proyectos comprenderá su revisión previa por parte de la Corte Constitucional en los mismos términos y con los mismos efectos previstos en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará sólo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.
En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República. Parágrafo. Este procedimiento sólo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el Acuerdo Final, a través del mecanismo que se defina para tal efecto.
ARTICULO TRANSITORIO. FACULTADES PRESIDENCIALES DE PAZ. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo y luego de la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) si ésta fuese posterior, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley exclusivamente necesarios para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo Final.
El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y desarrollo de este artículo, la Comisión Legislativa Especial de que trata el artículo anterior se podrá pronunciar por derecho propio, sobre estos informes.
[1] Información de la Matriz desarrollada por la Universidad de Notre Dame, www.peaceaccords.nd.edu
[2] Fisas, V. (2010). Anuario 2010 de procesos de paz. Barcelona: Icaria Editorial/Escola de Cultura de Pau, UAB.