Source: http://grupoonce.com/2014/03/05/boletin-informativo-febrero-2014/
Timestamp: 2018-11-13 17:17:24
Document Index: 45301291

Matched Legal Cases: ['Artículo 43', 'artículo 29', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 9', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 14', 'artículo 52', 'ARTÍCULO 123', 'artículo 123', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 176', 'Artículo 176', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 31', 'artículo 40', 'artículo 210', 'ARTÍCULO 134', 'artículo 18', 'artículo 133', 'artículo 134', 'artículo 59', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 27']

BOLETÍN INFORMATIVO: FEBRERO 2014 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: FEBRERO 2014
Miércoles, 05 marzo 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- OCDE DA A CONOCER EL NUEVO ESTÁNDAR GLOBAL SOBRE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN. El pasado 13 de febrero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo público el nuevo estándar global sobre intercambio automático de información. Dicho estándar fue desarrollado por los países miembros del G20 y de la OCDE. En él se establecen las obligaciones en materia de intercambio de información sobre cuentas financieras, las instituciones financieras que deberán proporcionar la información, los diferentes tipos de cuentas y contribuyentes comprendidos, así como los procedimientos que deberán seguir las instituciones financieras.
Este trabajo es el resultado de iniciativas que se dieron tanto en el G20, G8 y la OCDE para buscar herramientas que combatieran eficazmente la evasión fiscal. Derivado de lo anterior, en junio de 2013 el Grupo de los 5 países (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unidos) iniciaron este Proyecto de intercambio de información automática como una iniciativa piloto, tomando como base las experiencias que se tienen en esta materia tanto en la Unión Europea, como en los tratados de intercambio de información bilaterales que se tienen con Estados Unidos usando el modelo de la Ley de Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés).
Este estándar exhorta a las jurisdicciones a obtener información sobre sus instituciones financieras e intercambiar dicha información automáticamente con otras jurisdicciones sobre una base anual. Expone la información de los estados de cuenta que deben ser intercambiados, las instituciones financieras que necesitan reportar, los diferentes tipos de cuentas y contribuyentes cubiertos así como procedimientos comunes de diligencia que deben ser seguidos por las instituciones financieras.
El proyecto se presentará para la aprobación de los Ministros de Finanzas del G20 durante la reunión que se llevará a cabo este mes en Sídney, Australia y es importante resaltar que hasta la fecha más de 40 países ya se han comprometido con el mismo.
Una vez aprobado el estándar, los siguientes pasos que se están siguiendo es el de homologar las plataformas tecnológicas sobre las cuales la información seria intercambiada. Asimismo, los instrumentos jurídicos que dan base legal a esta cooperación son los acuerdos de intercambio de información, los tratados para evitar la doble imposición y la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal del Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
SEGUNDO.- CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS Y 43 TER A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. Mediante dictamen de fecha 11 de Febrero de 2014, la cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la adición de los artículos 29 Bis y 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en los cuales se establece lo siguiente:
Artículo 43 Ter. El Instituto podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema.
En caso de que los trabajadores se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Instituto o por algún instituto de seguridad social, y que por establecer una nueva relación laboral cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.
Como se observa, a través de la adición del artículo 29-Bis se pretende homologar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con las disposiciones que en materia de subcontratación de personal prevén la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, fijándose así responsabilidad solidaria a contratistas e intermediarios laborales respecto de las obligaciones en materia de vivienda.
Por otro lado, en el artículo 43 Ter se prevé la celebración de convenios entre el INFONAVIT y otras instituciones de seguridad social, para la fijación de procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que cambien de sistema de seguridad social.
Así mismo se prevé que aquellos trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otros institutos de seguridad social o del INFONAVIT, y tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual, podrán solicitar la acumulación de éstos para aplicarse como pago inicial de su crédito y, asimismo, destinar aportaciones sucesivas a reducir el saldo insoluto a su cargo.
El proyecto de decreto fue turnado para su aprobación a la Cámara de Senadores.
TERCERO.- INCENTIVOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 2014. A través de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el pasado de 14 de Febrero en el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (aún pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación), se establecen incentivos económicos y de capacitación para los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal:
Financiamiento a través de la red de intermediarios de Nacional Financiera, por medio del programa especial dirigido a pequeños negocios que tributen en este régimen.
Apoyos a través del Instituto Nacional del Emprendedor. Los recursos tendrán como objetivo fomentar la cultura emprendedora, y deberán destinarse a programas de capacitación administrativa y a la adquisición de tecnologías de la información y comunicaciones.
Capacitación impartida por el Servicio de Administración Tributaria, con el fin de fomentar la cultura contributiva y educación fiscal, al público en general, a las entidades federativas, a instituciones públicas y privadas, a cámaras y agrupaciones, y programas de educación fiscal con universidades que impartan materias dirigidas a personas susceptibles de integrarse al Régimen de Incorporación Fiscal.
Estímulos equivalentes al IVA e IEPS de sus operaciones con el público en general otorgados a través del Decreto publicado el 26 de diciembre de 2013.
Los términos y condiciones que deberán cumplir los contribuyentes para tener acceso a los créditos o los recursos, serán dados a conocer por Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor, según corresponda.
CUARTO.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REASUME COMPETENCIA PARA RESOLVER AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA CONDONACIÓN DE ADEUDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la reasunción de competencia 37/2013, presentada por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Determinó reasumir su competencia originaria para conocer de un amparo en revisión en el que diversos intelectuales impugnan la constitucionalidad del artículo 9, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece, al otorgar la condonación de adeudos a favor de las entidades federativas, Distrito Federal, municipios y organismos descentralizados de la República Mexicana, por las retenciones del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.
La importancia y trascendencia del presente caso radica en la posibilidad de estudiar los alcances de las sentencias de amparo que se emitan en juicios constitucionales promovidos por quejosos en ejercicio de un interés legítimo.
En ese sentido, se podrá interpretar, en primer lugar, la aplicación de la delimitación conceptual de dicho interés, además, de ser el caso, también podrá determinar si cualquier persona que contribuya al gasto público puede cuestionar, vía amparo, las decisiones del Congreso de la Unión en materia presupuestaria, sin ser destinatario de la norma reclamada, pero aludiendo al incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de los órganos del Estado.
En segundo lugar, se tendrá la posibilidad de abordar el tema de la justificación y motivación de los beneficios fiscales otorgados por el Poder Legislativo Federal a otros órganos del Estado de diferentes órdenes normativos.
Finalmente, la Primera Sala podrá resolver en qué medida una posible concesión de un amparo como el presente, afecta el principio de relatividad de las sentencias, dado que al no ser los promoventes del juicio sujetos de las normas impugnadas, tampoco existe o existirá un acto concreto de aplicación en su contra y la posible inconstitucionalidad de la norma reclamada implicaría valorar si uno de los efectos de dicha sentencia podría ser la derogación de la disposición reclamada.
Registro: 2005367
Tesis: XXVI.5o.(V Región) J/4 (10a.)
ADMINISTRADORES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTÁN FACULTADOS PARA IMPONER SANCIONES CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. Los administradores locales de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del reglamento interior de dicho órgano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante decreto difundido en el propio medio oficial el 29 de abril de 2010, están facultados para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia, dado que si bien el primero de los preceptos señalados le confiere esa facultad a los administradores generales, lo cierto es que el segundo la considera también para los administradores centrales, regionales, locales y de las aduanas, así como para los coordinadores y administradores adscritos a las unidades administrativas centrales.
Amparo directo 1104/2012 (expediente auxiliar 2/2013). Saúl Andrés Meza Buelna. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: José Guadalupe Rodríguez Ortiz.
Revisión fiscal 8/2013 (expediente auxiliar 92/2013). Administrador Local Jurídico de Tijuana, Baja California, por conducto del Subadministrador Local Jurídico de esa ciudad, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: José Guadalupe Rodríguez Ortiz.
Revisión fiscal 273/2012 (expediente auxiliar 741/2013). Administrador Local Jurídico de Tijuana, Baja California, por conducto de la Subadministradora Local Jurídica de esa ciudad, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 28 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretaria: Beatriz Rojas Méndez.
Amparo directo 519/2013 (expediente auxiliar 645/2013). Luis Manuel Ochoa Hayashi. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Mario Hazael Romero Mejía.
Amparo directo 811/2013 (expediente auxiliar 762/2013). 4 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretaria: Beatriz Adriana Martínez Negrete.
Publicación: viernes 17 de enero de 2014 13:02 h
COMPROBANTES FISCALES. LA CARGA DEL CONTRIBUYENTE DE VERIFICAR SU FECHA DE IMPRESIÓN Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPRESOR AUTORIZADO, NO SE EXTIENDE AL GRADO DE QUE DEBA CERCIORARSE DE QUE PROVIENEN DE UN ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009). En términos del artículo 29-A, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, el contribuyente que pretenda beneficiarse con un comprobante fiscal, está obligado a verificar su fecha de impresión y los datos de identificación del impresor autorizado, pero esa carga no se extiende al grado de que deba cerciorarse que el comprobante proviene de un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, las personas físicas o morales que reciban comprobantes fiscales no están obligadas a asegurarse de que el impresor está habilitado para tal efecto. Esto es así, porque el derecho de los contribuyentes de acceder a un beneficio fiscal no puede estar sujeto al cumplimiento de obligaciones formales que no les son imputables, máxime que los requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o acreditamiento no deben interpretarse tan extensivamente que lo hagan imposible o excesivamente oneroso, como sería imponer a aquéllos la carga de asumir facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de otros contribuyentes -como pudiera ser la impresión de comprobantes ante un editor autorizado-, pues esta labor no les corresponde.
Registro: 2005369
Tesis: IX.1o. J/2 (10a.)
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. EL ARTÍCULO 20, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL ESTABLECER EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE. El citado precepto, al establecer el impuesto que grava las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado por los servicios prestados dentro del territorio del Estado de San Luis Potosí, bajo la dirección o dependencia de un patrón o de un tercero que actúe en su nombre (fracción I), y por los servicios (trabajo personal no subordinado) prestados dentro del mismo territorio (fracción II), aun cuando cualquiera de los sujetos mencionados tenga su domicilio fuera de la entidad, no transgrede el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal correspondiente. Lo anterior, porque dicho precepto remite expresamente a las exenciones de dicho impuesto, previstas en el diverso artículo 27 del propio ordenamiento, cuya fracción III se refiere a los pagos realizados a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente, lo cual evidencia que la contribución señalada no implica una doble tributación respecto de quienes reciben pagos por servicios que estén gravados por el impuesto al valor agregado pues, se insiste, la propia ley los exenta.
Amparo en revisión 226/2013. Batz Mexicana, S.A. de C.V. y otra. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.
Amparo en revisión 225/2013. Fagor Industrial México, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretario: José de Jesús López Torres.
Amparo en revisión 309/2013. Tramo del Centro, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretario: José de Jesús López Torres.
Amparo en revisión 328/2013. Lala Operaciones, S.A. de C.V. y otras. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretario: José de Jesús López Torres.
Amparo en revisión 340/2013. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretario: José de Jesús López Torres.
Registro: 2005402
Tesis: 1a. VII/2014 (10a.)
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO INICIA LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN QUE PUEDE CULMINAR CON LA IMPOSICIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, POR LO QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DERIVADA DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE DAR A CONOCER AL CONTRIBUYENTE EL PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE REQUIERE AL CONTADOR PÚBLICO ANTES DE EMITIR UN CRÉDITO FISCAL. El procedimiento para efectuar el requerimiento de información al contador público autorizado para dictaminar estados financieros, previsto en el artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no pone fin a la vía administrativa ejercida ni establece la situación fiscal definitiva que ha de guardar el contribuyente; tampoco permite la calificación jurídica de los estados financieros analizados, pues la que contiene la determinación de un crédito fiscal, es la resolución definitiva con la que culmina el procedimiento de comprobación que efectúan las autoridades fiscales y no aquel procedimiento. Por tanto, no es dable confundir el procedimiento de comprobación que culmina con una resolución definitiva que contiene la determinación de un crédito fiscal, con el procedimiento por el que se requiere al contador público autorizado, que se caracteriza por ser autónomo de aquel procedimiento de comprobación, ya que como expresamente lo señala la fracción II del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, si la información requerida al contador público no fuera suficiente a juicio de la autoridad fiscal para conocer la situación del contribuyente, o si no se presentaron dentro de los plazos que establece el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación, “las autoridades fiscales podrán ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación”. Por tanto, es inconcuso que no existe obligación derivada del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de dar a conocer al contribuyente el procedimiento por el que se requiere al contador público antes de emitir un crédito fiscal, porque el citado artículo 52-A, fracción I, sólo establece la obligación de exhibir la información o documentación requerida, lo que constituye un deber formal que no se traduce en una disminución patrimonial o afectación definitiva de la libertad, propiedades, posesiones o derechos del contribuyente.
Registro: 2005382
Tesis: I.9o.A.45 A (10a.)
INVENTARIOS ACUMULABLES. AL CONSTITUIR UN INGRESO ACUMULABLE PARA EL CÁLCULO DE LA UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBEN CONSIDERARSE PARA EL DE LA BASE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. En la jurisprudencia P./J. 114/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 7, de rubro: “PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la base gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es la utilidad fiscal a que alude el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se obtiene por las personas morales al disminuir las deducciones autorizadas por la propia ley del total de sus ingresos acumulables. Por su parte, el artículo 29, fracción II, del ordenamiento citado prevé como deducción el costo de lo vendido, como aquella partida que puede restarse de los ingresos acumulables, con la finalidad de que se determine la base gravable. Además, conforme al sistema de deducción que establecen los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente puede deducir de sus ingresos acumulables las cantidades que haya devengado a fin de producir determinado artículo, el precio de la adquisición del artículo que le genera esos ingresos, o bien, los gastos o erogaciones que realiza para la prestación de cierto servicio. Al efecto, el artículo tercero transitorio, fracciones IV y V, del decreto de reformas a la ley mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, vigente a partir del 1o. de enero del año siguiente, estableció dos posibilidades para que las empresas hagan la transición del sistema de deducción de adquisiciones al de costo de ventas deducible. La primera consiste en que no deben contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en sus inventarios, pues éste ya lo dedujeron conforme al sistema anterior -ya que, de lo contrario, podría duplicarse la deducción-, además de que previamente a que consideren que enajenaron mercancía adquirida a partir de 2005 (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberán agotar el inventario referido. La segunda implica que opten por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen el inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema -ya que de lo contrario podría duplicarse la deducción-, con lo que se les permite deducir ese valor conforme se enajene la mercancía a partir de 2005, de acuerdo con las reglas que determina la fracción V del propio artículo. En este esquema, la finalidad de las operaciones comentadas es, precisamente, proporcionar un valor o costo al inventario para poder deducirlo cuando se enajene, pues debe recordarse que, en ese momento, carece de tal costo al haber sido deducido conforme al sistema anterior, es decir, en el momento de su adquisición, porque el sistema opcional también fue implementado por el legislador para evitar una doble deducción, ya que hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 45-A a 45-I señalados, los costos de producción se deducían conforme al sistema de adquisiciones. Así, resultaría un contrasentido sostener que los inventarios no constituyen un ingreso acumulable para determinar la utilidad del ejercicio y, al mismo tiempo, reconocer la posibilidad de deducir para tales efectos el costo de lo vendido, ya que con ello se permitiría deducir un concepto que no impactó en la generación de riqueza del sujeto obligado al pago. Entonces, aunque no pueda afirmarse que el inventario constituya un ingreso, por sí, pues no está expresamente señalado en la ley, el legislador se valió de una ficción jurídica para estimarlo como un ingreso que debe acumularse a los restantes del ejercicio, para hacer viable la opción de deducción a que se refiere la fracción IV, primer párrafo, del artículo tercero transitorio y contrarrestar las consecuencias derivadas de una doble deducción sobre un mismo concepto. Por tanto, como los inventarios acumulables modifican el haber patrimonial de su propietario, constituyen un ingreso acumulable para el cálculo de la utilidad fiscal gravable del impuesto sobre la renta, por lo que deben considerarse para el de la base de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Registro: 2005254
Publicación: viernes 10 de enero de 2014 14:17 h
Tesis: 2a. CX/2013 (10a.)
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.
Amparo en revisión 343/2013. Troy Marítima, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos; votaron con salvedad Sergio A. Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.
Registro: 2005298
Tesis: III.4o.(III Región) 30 A (10a.)
RENTA. LA DEDUCCIÓN DE INTERESES DERIVADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE UN INMUEBLE DESTINADO A CASA HABITACIÓN. De acuerdo con la exposición de motivos de 10 de septiembre de 2009, que originó la reforma al numeral 176, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de ese año, en vigor desde el 1 de enero de 2010, que dice: “Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: … IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión. Para estos efectos, se determinarán los intereses reales conforme a lo siguiente: …”, la intención del legislador fue apoyar a contribuyentes (personas físicas), en la adquisición de un inmueble para habitar en él y, a su vez, evitar beneficios excesivos; de ahí la razón de restringir la deducción de intereses derivados de créditos hipotecarios sólo a una casa habitación, siempre que el monto total no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión, pues la modificación a la invocada porción normativa no afecta a la población en general, sino a personas de altos ingresos quienes pudiesen adquirir más de un inmueble. De tal manera que la deducción de intereses es posible sólo cuando se adquiere una casa habitación, razón por la cual, la adquisición de otro inmueble, aun con destino habitacional, evidencia que quien la realiza cuenta con recursos para ello, por eso, no se ubica en el supuesto de beneficio descrito en el precepto citado, lo que se respalda con la redacción empleada al establecerse que la deducción se permite cuando se trate del inmueble destinado a “su casa habitación”, lo que refleja que prevé el concepto de bien raíz singularmente, acorde con la propia naturaleza de su utilización, porque la casa para vivienda es única, si se tiene en cuenta que es donde radica y desarrolla la convivencia familiar habitualmente, lo cual excluye la deducción de los intereses pagados respecto de otros inmuebles, incluso a pesar de estar destinados esporádicamente a uso habitacional.
Registro: 2005307
Tesis: XI.1o.A.T.22 A (10a.)
VALOR AGREGADO. LA AUTORIDAD HACENDARIA NO TIENE DERECHO A EXIGIR Y PERCIBIR EL IMPUESTO RELATIVO POR LA VENTA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS. De conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dado que los medicamentos de patente se encuentran gravados con tasa cero, el contribuyente debe -de conformidad con el método previsto en la legislación mexicana- realizar el acreditamiento del importe de las medicinas, deduciendo del total de la cantidad que haya generado la referida contribución por la prestación del servicio y las demás que se carguen u otorguen a quien lo reciba, la tasa del impuesto que haya aplicado a los medicamentos de patente, a efecto de entregar al fisco la diferencia que corresponda. Por tanto, la autoridad hacendaria no tiene derecho a exigir y percibir dicho tributo por la venta y suministro de medicamentos a pacientes hospitalizados, pues el legislador determinó gravarlos con una tasa del 0%.
Revisión fiscal 27/2013. Administrador Local Jurídico de Morelia. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.
Registro: 2005308
Tesis: II.8o.(I Región) 21 A (10a.)
VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS QUE ENAJENE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, ESTÁ OBLIGADA AL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, SI POSTERIORMENTE ÉSTAS SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA (ABANDONO DE LA TESIS II.2o.T.AUX.17 A). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXIX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 977, de rubro: “VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, CAUSA EL IMPUESTO RESPECTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005.”, estableció que si un extranjero sin establecimiento permanente en el país deja en depósito fiscal los bienes o mercancías que pretende enajenar, y éstas se entregarán materialmente por dicho enajenante al adquirente en el almacén general de depósito en donde están depositadas y que se ubica en territorio nacional, es inconcuso que la enajenación de tales bienes o mercancías se verificó en este último y, por ende, se actualiza el hecho imponible previsto en el artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistente en que una persona física o jurídica en territorio nacional enajenó bienes, por lo que existe la obligación de pago de la referida contribución por el extranjero sin establecimiento permanente, una vez que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de éstas. Consecuentemente, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio que sostuvo, con su anterior denominación, al resolver el amparo directo 157/2010, que originó la tesis II.2o.T.Aux.17 A, difundida en el señalado medio oficial, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3223, de rubro: “VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA QUE INTRODUCE MERCANCÍAS AL PAÍS BAJO EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL, NO ESTÁ OBLIGADA A RETENER EL IMPUESTO RELATIVO SI POSTERIORMENTE ÉSTAS SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA.”, para sustentar el relativo a que la empresa extranjera sin establecimiento permanente en México que enajene bienes o mercancías que se encuentran en el régimen aduanero de depósito fiscal, está obligada al pago del impuesto al valor agregado, si posteriormente éstas son importadas definitivamente por una persona diversa.
Revisión fiscal 357/2013 (expediente auxiliar 704/2013). Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de los Administradores Locales de Auditoría Fiscal y Jurídico de Zacatecas. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: Alejandro Muriel Reyes.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS PAGOS ANTICIPADOS POR CONCEPTO DE RENTA CONSTITUYEN UN GASTO QUE, DE SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, ES SUSCEPTIBLE DE SER DEDUCIDO PARA EFECTOS DEL.- El artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se consideran inversiones –entre otros- los gastos diferidos y, a su vez, que estos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. En cuanto a los activos intangibles, la Norma de Información Financiera C-8 señala que son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad, cuyas dos características principales son que dichos activos se adquieren con la intención de que aporten beneficios económicos, entendiéndose como tales que esas operaciones reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros, siendo estos los que la entidad espera obtener y que no son cuantificables en dinero de manera inmediata, pero que brindan una ventaja competitiva o de negocios. Con base en estos conceptos, se puede afirmar que los pagos anticipados por concepto de renta no constituyen activos intangibles, en virtud de que no reúnen las características de estos y, por consecuencia, no constituyen un gasto diferido y mucho menos una inversión, pues no representan un beneficio económico, ya que no reducen costos ni aumentan los ingresos futuros de quien los eroga, sino que se trata de gastos que pierden su potencial para generar ingresos en el futuro, ya que solo tienen significado y efectos en el ejercicio al cual corresponden, y no de forma paulatina como sucede con una inversión. Por tanto, en caso de reunir los requisitos establecidos en los artículos 29, fracción III, y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tales gastos son susceptibles de ser deducidos para efectos de ese impuesto.
VII-P-2aS-396
DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.- La Convención de Viena establece reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la cual al haberse suscrito y ratificado por México, se convierte en derecho interno mexicano y consecuentemente, son obligatorias para el juzgador. Por su parte, el artículo 31 de dicha Convención señala, entre otras reglas, que un tratado debe interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin; el contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Así, en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de los convenios celebrados entre los gobiernos de los distintos países para evitar
la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el capital, precisamente el de evitar que simultáneamente, dos o más países impongan ese tipo de gravámenes a una persona por un mismo hecho imponible. En virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y no una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países, sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin formular reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto comentado. En consecuencia, si los Estados Unidos de Norte América y México aceptaron el Modelo citado, los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación del Tratado celebrado entre ellos para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal. Lo anterior, es sin perjuicio de que en los casos en que el particular se beneficie de la aplicación de estos comentarios y siempre que se mantengan las disposiciones
generales vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren obligatorios en los términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.-
APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.
Juicio No. 12666/98-11-06-3/99-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre de 1999, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González. (Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 1999)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 17. Diciembre 1999. p. 168
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6675/06-17-05-3/642/07-S2-10-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 16 de febrero de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 100
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de diciembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco. (Tesis aprobada en sesión de 6 de diciembre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 498
VII-P-2aS-348
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1971/10-07-01-3/392/11-S2-07-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco. (Tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 724
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 979/10-16-01-2/1585/11-S2-08-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de agosto de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de agosto de 2013)
VII-CASR-2HM-1
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE INFORMÁTICA SOBRE IMPRESIONES DE PANTALLA DE INTERNET. PUEDE RESULTAR IDÓNEA PARA DESVIRTUAR LA AUTENTICIDAD DE LAS
MISMAS.- De conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso administrativo es posible admitir para su desahogo, toda clase de pruebas, con excepción de la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que estos se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. De tal suerte que en el juicio, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, es posible admitir pruebas periciales relacionadas con la materia informática, es decir, sobre informaciones o comunicados que consten en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, tal como lo pueden ser las impresiones de pantalla sobre publicaciones de páginas en internet, cuyo valor y alcance probatorio se determinará en la medida de la fiabilidad del medio en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, así como si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De ahí que se concluya que una prueba pericial en materia de informática sí puede resultar idónea para desvirtuar la autenticidad
de la impresión de pantalla de una página en internet, toda vez que a través de dicha prueba se pretende acreditar que la referida impresión es falsa, es decir, que se trata de un documento prefabricado por su falta de elementos ciertos, que no permitan corroborar efectivamente que hayan sido tomados u obtenidos los días y las fechas que ahí se asientan, ni que dichos datos efectivamente hubieren constado en la página de internet de dónde se obtuvieron; por lo que es evidente que dicha probanza puede resultar idónea para tales efectos, dado que es conducente con el objeto de la misma, en virtud de que atendiendo a la naturaleza de las documentales cuya falsedad se reputa, resulta evidente que se requiere un conocimiento técnico especializado en esa materia (informática), a fin de determinar la autenticidad de los documentos, es decir, con el objetivo de corroborar si dichas pantallas fueron extraídas originalmente de la base de datos a que se refieren, en las fechas y lugares que ahí se certificaron, siendo claro que una ciencia aplicable al caso, es aquella que se encuentre relacionada con la naturaleza u origen de donde derivan las copias certificadas que se puedan cuestionar, en este caso informática, de la idoneidad y oportunidad en su ofrecimiento; lo anterior con independencia de que cumplan o no con su cometido, es decir, que logren acreditar o no la autenticidad u origen de tales documentos, y por tanto, logre desvirtuar o no su valor probatorio, pues es claro que esto último constituye propiamente la materia de fondo del asunto.
Recurso de Reclamación Núm. 7481/12-11-02-2-OT.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de septiembre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.
VII-CASR-2HM-2
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE PRONUNCIARSE CON RESPECTO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO REVISADO, COMO PRESUPUESTO PARA PODER DETERMINAR UN CRÉDITO POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO.- La autoridad fiscal, no puede determinar el impuesto empresarial a tasa única, sin antes haber determinado el impuesto sobre la renta, debido a que el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única tienen una relación específica, conforme a la cual el impuesto empresarial a tasa única se constituye en un impuesto de control y el impuesto sobre la renta en un impuesto controlado; además de que el impuesto empresarial a tasa única fue concebido como un impuesto mínimo, lo cual conduce a considerar que debe existir otra cantidad con la cual se realice una comparación, y así poder determinar el impuesto que resulte, que será el importe que deba pagar el contribuyente. El objeto del impuesto empresarial a tasa única es que este sea pagado en casos, en que por cualquier motivo, no se pague el impuesto sobre la renta. En efecto, la intención de pagar al menos uno de dos tributos, es que se pague el impuesto de control, es decir el impuesto empresarial a tasa única, cuando no sea posible pagar el impuesto controlado, siendo este el impuesto sobre la renta.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7777/12-11-02-9-OT.- Resuelto por
la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2013, por unanimidad de
votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán y Contreras.- Secretario:
Lic. Luis Guillermo Hernández Jiménez.
VII-CASR-2HM-5
RÉGIMEN INTERMEDIO.- EL PROCESO SIMPLIFICADO QUE LO RIGE, NO EXIME AL CONTRIBUYENTE DE LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE SU CONTABILIDAD COMO LO SEÑALAN LAS LEYES FISCALES, EN ESTE CASO, EN EL LIBRO ÚNICO QUE PARA TALES EFECTOS ESTABLECE EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN DOS MIL NUEVE).- De conformidad con el artículo 18, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el diverso 134, primer párrafo, fracción I, de la misma ley,
los contribuyentes que tributen bajo el régimen intermedio, están facultados para llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones denominado libro único, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción II del artículo 133 de esa ley; lo cierto es que lo anterior, no exime al contribuyente de llevar a cabo el registro de sus operaciones contables, pues lo único que permite el artículo 134, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es que el contribuyente lleve para el registro de sus operaciones, un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones, pero lo sigue obligando a registrar sus operaciones, en el libro único antes señalado. Así las cosas, es apegado a derecho que la autoridad fiscal determine presuntivamente ingresos acumulables en términos del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, cuando las operaciones que detecte se realizaron por el contribuyente, no coincidan con los registros contables contemplados en el libro único, pues el hecho de que la ley fiscal aplicable exima de llevar al contribuyente bajo este régimen, diversos registros contables, sino solamente un libro único, no lo exime de llevar a cabo el registro de sus operaciones en dicho libro en los términos y formalidades que establecen las leyes.
VII-CASR-2HM-6
ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. LO CONSTITUYE LA DEVOLUCIÓN PARCIAL CUANDO EL CONTRIBUYENTE SABE DE LA EXISTENCIA DEL DEPÓSITO REALIZADO A SU CUENTA BANCARIA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FA­VOR, SIN QUE AL EFECTO CONTROVIERTA DICHA DECISIÓN, AUN CUANDO MANIFIESTE NO TENER CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN EN CANTI­DAD MENOR A LA SOLICITADA.- La actora al tener conocimiento del depósito realizado a su cuenta bancaria, por concepto de devolución de saldo a favor, en una cantidad menor a la solicitada, debe considerar parcialmente improcedente su solicitud de devolución realizada ante la autoridad demandada, y en consecuencia, impugnar dicha determinación a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, en el término de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha que tuvo conocimiento del depósito realizado a su cuenta, tal como lo previenen los artículos 121, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que de no hacerlo se consideraría que tácitamente se está de acuerdo con la devolución parcial efectuada por la autoridad, lo que además implica la pérdida de su derecho para controvertir sobre los aspectos decididos, pues estos, en esas condiciones, habrán adquirido certeza y, por ende, firmeza jurídica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos antes señalados. Por tanto, al no haber controvertido la impetrante la resolución que resolvió de forma parcial su solicitud de devolución, dentro de los términos legal­mente establecidos para ello, una vez que tuvo conocimiento del depósito realizado a su cuenta bancaria, por concepto de devolución de saldo a favor, resulta inconcuso que consintió de forma tácita la resolución que resolvió su solicitud de devolución presentada ante la autoridad, de ahí que resulte procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2612/13-11-02-8-OT.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de octubre de 2013, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretario: Lic. José Enrique Gómez Villalva.
VII-CASA-V-5
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. CONSECUENCIA LEGAL EN CASO DE QUE OCURRA DURANTE LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA Y EL ACTA FINAL DE VISITA SE LEVANTE ANTES DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con el párrafo primero del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en aquellos casos en que el cambio de domicilio fiscal ocurra cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación y aún no le hubiere notificado al contribuyente la resolución en la que se determinen las contribuciones omitidas, el aviso ante el registro federal de contribuyentes, deberá presentarse con cinco días de anticipación a dicho cambio. Por tanto, si la autoridad levanta el acta final de visita dentro del plazo legal con que contaba el visitado para desocupar su domicilio fiscal, tal actuación deberá efectuarse en el domicilio fiscal en el que se inició la visita domiciliaria y no en el señalado en el referido aviso, pues este adquiere tal carácter una vez transcurridos los cinco días anteriores a que se materialice dicho cambio.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 190/13-QSA-1.- Expediente de origen Núm. 39/11-10-01-4.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de agosto de 2013.- Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Olivia Gómez Toral.
1/2014/CTN/CS-SPDC
CAPITALES CONSTITUTIVOS. PARA SU PROCEDENCIA DEBE COMPROBARSE LA EXISTENCIA DE UN DAÑO O PERJUICIO PATRIMONIAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). El capital constitutivo ha sido definido, entre otros, como la cantidad de dinero necesaria para garantizar el pago de su renta a un pensionado y, al fallecimiento de éste, a los derechohabientes legales, generado con motivo de la responsabilidad patronal de no inscribir a dicho trabajador o de informar un salario base de cotización inferior al que realmente correspondía. Por otro lado los artículos 77, 88 y 149 de la Ley del Seguro Social, establecen que el capital constitutivo garantiza a los derechohabientes y/o beneficiarios, el otorgamiento de los seguros de enfermedades, maternidad e invalidez y vida; desprendiéndose que será responsabilidad del patrón los daños o perjuicios que se causen, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribir al trabajador o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no se pudieran otorgar las citadas prestaciones, originándose la subrogación del Instituto en la responsabilidad patronal. Por lo tanto, si un patrón cumplió cabal y oportunamente con el pago de las aportaciones de seguridad social con respecto a un trabajador no puede, el IMSS fincarle un capital constitutivo so pretexto de que el patrón omitió un requisito formal como lo es el registro del trabajador, pues en todo caso debe existir un daño o perjuicio patrimonial al Instituto para que proceda el fincamiento del capital constitutivo.
Acuerdo de Cierre 00028-X-QR-11-2013
(Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 24/01/2014)
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE FEBRERO 2014
BOLETÍN INFORMATIVO: MARZO 2014