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Timestamp: 2020-06-01 08:46:58
Document Index: 382258197

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 36', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 128', 'artículo 103', 'artículo 24', 'artículo 22']

RESOLUCIÓN JUS/2584/2013, de 15 de noviembre, por la que se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona. | Iberley
RESOLUCIÓN JUS/2584/2013, de 15 de noviembre, por la que se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona., - Diario Oficial de Cataluña, de 12-12-2013
Visto el expediente de adaptación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, incoado a raíz de la solicitud de 15 de junio de 2013, del cual resulta que en fecha 8 de octubre de 2013 se presentó el texto de los Estatutos adaptado a los preceptos de la Ley mencionada, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de fecha 22 de mayo de 2013;
Dados el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; y los Estatutos colegiales vigentes declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/991/2005, de 4 de abril (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005);
-1 Declarar la adecuación a la legalidad de la adaptación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales y disponer su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña;
-2 Disponer que el texto de los Estatutos adaptados a la Ley 7/2006, de 31 de mayo se publique en el DOGC, como anexo de esta Resolución.
P. d. (Resolución JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13/03/2013)
Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona
La disposición transitoria primera de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, dispone lo siguiente:
"Los colegios profesionales y los consejos de colegios tienen que adaptar sus estatutos y las otras normas colegiales a esta ley en el plazo máximo de dos años desde que entre en vigor. Mientras esta adaptación no se produzca, continúan vigentes en aquello que no contradigan la ley y se tienen que interpretar en todos los casos de acuerdo con los nuevos principios legales."
De la misma manera, la disposición final primera de la ley dice que la misma entra en vigor "al cabo de tres meses de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", publicación que se efectuó el día 9 de junio de 2006 (DOGC núm. 4656).
No obstante, la redacción de esta disposición transitoria fue modificada por la disposición final cuarta de la Ley 4/2008, de 24 de mayo, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña relativo a las personas jurídicas, quedando redactada de la manera siguiente:
"Primera. Adaptación de estatutos y otras normas colegiales
El plazo para adaptar esta ley los estatutos y otras normas colegiales de los colegios profesionales termina el 31 de marzo de 2009: mientras no se adapten, continúan vigentes en aquello que no contradiga la ley y se tienen que interpretar en todos los casos de acuerdo con el nuevos principios legales".
Además, ha sido aprobada por las Cortes Generales la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (BOE núm. 65, de 17 de marzo), que prevé como nueva forma de ejercicio profesional las llamadas sociedades profesionales. Esta circunstancia obliga también a adaptar nuestros estatutos a su contenido.
Más recientemente, a nivel estatal, con la finalidad de transponer la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, han sido aprobadas la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Paralelamente, en Cataluña, ha sido aprobado el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, el cual dedica su capítulo sexto a la modificación de diversos preceptos de la Ley catalana 7/2006, de 31 de mayo.
Por otro lado, se ha comprobado que existen algunas propuestas que son susceptibles de mejoras técnicas a fin y efectos de conseguir un funcionamiento más correcto del Colegio y ofrecer un mejor servicio a los nuestros colegiados y colegiadas.
En este sentido, visto el contenido material de los mencionados textos legales y, de conformidad con el resto de legislación administrativa y colegial vigente, se propone la siguiente reforma estatutaria a los efectos de adecuar la norma corporativa al nuevo marco normativo.
El colegio: organización y gobierno
Corporación colegial
El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona es una corporación de derecho público de carácter profesional, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las finalidades públicas y privadas que le son propias.
El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona se regirá por las disposiciones legales estatales y autonómicas que lo afecten, por los reglamentos colegiales y por todas las disposiciones normativas y acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.
1. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona tiene como finalidad esencial velar para que la actuación de sus personas colegiadas responda a los intereses y a las necesidades de la sociedad en relación con el ejercicio profesional de la procura y, especialmente, garantizar el cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión y la protección de los intereses de las personas usuarias y consumidoras de los servicios profesionales. También tiene como finalidad la ordenación, la representación y la defensa de la profesión y de los intereses profesionales de las personas colegiadas.
2. De conformidad con el anterior, son finalidades del Colegio:
b) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.
c) La colaboración efectiva en el funcionamiento correcto, la promoción y la mejora de la Administración de justicia.
d) La representación institucional de la procura y la defensa de los derechos y de los intereses profesionales de los suyos colegiados.
3. En su condición de corporación de derecho público, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona está sujeto al régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en todo lo referente al ejercicio de las funciones públicas atribuidas por la ley.
Son funciones públicas del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona:
a) Garantizar que el ejercicio de la procura se adecue a la normativa, la deontología y las buenas prácticas y que se respeten los derechos y los intereses de las personas destinatarias de la actuación profesional.
b) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la procura de acuerdo con el marco legal aplicable, velando por el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones de los profesionales, por la dignidad profesional y por el respeto de los derechos de los ciudadanos; y aplicar la normativa de acceso al ejercicio de la profesión.
c) Informar, en sus ámbitos respectivos de competencia, de aquellos proyectos o iniciativas legislativas que afecten a la procura o a la institución colegial.
d) Colaborar con el poder judicial y con el resto de los poderes públicos realizando los estudios, los informes, los trabajos estadísticos y otras actividades relacionadas con sus finalidades.
e) Organizar, regular y gestionar los servicios de turno de oficio y de justicia gratuita.
f) Organizar cursos de formación, actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y todas aquellas que sean de interés por los colegiados.
g) Adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio profesional no permanente, en cumplimiento de lo que establecen la normativa comunitaria y el resto de normativa aplicable.
h) Ejercer la potestad disciplinaria, de conformidad con la normativa vigente.
i) Redactar sus propios Estatutos, reglamentos colegiales, así como el resto de disposiciones normativas relacionadas con las funciones públicas atribuidas por la legislación vigente.
j) Adoptar las medidas establecidas por el ordenamiento jurídico dirigidas a evitar y perseguir los actos de intrusismo profesional, de competencia desleal u otras actuaciones irregulares en relación con la procura.
k) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias que afecten la profesión, así como velar por la observancia de las normas y las decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materias de su competencia.
I) Informar en los procesos judiciales y administrativos en los cuales se discuten cuestiones relativas a honorarios.
m) Aprobar los presupuestos y regular y fijar las aportaciones de los colegiados.
n) Fomentar el uso de la lengua catalana entre las personas colegiadas y en los ámbitos institucionales y sociales en los cuales se ejerce la profesión.
o) Las otras funciones públicas que les atribuya la legislación vigente.
También son funciones de este Colegio:
d) Colaborar con las asociaciones y otras entidades representativas de los intereses ciudadanos directamente vinculadas con el ejercicio de la profesión colegiada.
e) Facilitar a las personas usuarias y consumidoras información en materia de honorarios profesionales, respetando siempre el régimen libre competencia.
f) Poner a disposición de las personas usuarias y consumidoras destinatarias de los servicios profesionales, y también de las personas colegiadas, la información sobre los estatutos colegiales; los códigos deontológicos y de buenas prácticas de la profesión; los datos profesionales de las personas colegiadas; las vías de reclamación y quejas relativas a la actividad colegial o de las personas colegiadas; los recursos que se pueden interponer en caso de conflicto; y las medidas necesarias para hacer efectivas las obligaciones mencionadas.
g) Custodiar, a petición del o de la profesional y de acuerdo con los estatutos, la documentación propia de su actividad que se vean obligados a guardar de conformidad con la normativa vigente.
h) Participar, en materias propias de la profesión, en los órganos consultivos de la Administración, así como en los organismos interprofesionales.
i) Establecer las relaciones y los acuerdos de cooperación con las administraciones públicas y con otras corporaciones y entidades profesionales, administrativas y educativas, autonómicas o estatales, dirigidas a cumplir las finalidades colegiales.
j) Constituirse en depositarios de bienes y en entidad especializada en la alienación de bienes y aquéllas otras que habilite la ley. Por ello, y para cumplir estas funciones, se podrá llegar a acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas.
1. El Colegio está constituido por los actuales colegiados y por los que, sucesivamente, reuniendo las condiciones exigidas por las disposiciones legales vigentes para ser procurador de los tribunales y las que se establezcan en el presente Estatuto, hayan obtenido su incorporación.
2. Los colegiados son:
Los colegiados se regirán por la Junta de Gobierno y por la Asamblea General, sin perjuicio de aquellos otros órganos que puedan constituirse de acuerdo con las leyes autonómicas o normas aprobadas estatutariamente.
El Colegio tiene la sede social en la calle Pt. Companys núm. 14, local B-11 (Centro Operativo Zeus) 43005 de Tarragona. También podrán crearse delegaciones colegiales de carácter administrativo a los partidos judiciales que se encuentran dentro del ámbito territorial de esta corporación.
1. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona facilitará mediante la ventanilla única los trámites y procedimientos relativos al libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio a fin de que los y las profesionales puedan realizar por vía electrónica y a distancia todos los trámites necesarios y conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los cuales se tenga la condición de interesado. Asimismo, por medio de la ventanilla única, se facilitará la información útil para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
2. En todo caso, mediante la ventanilla única se tendrá acceso a:
a) Al registro de colegiados, que tiene que estar actualizado, en el cual consten los datos siguientes: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación y domicilio profesional.
e) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a los cuales puedan dirigirse para obtener asistencia.
El ejercicio de la profesión y el territorio donde se ejerce
El ámbito territorial del Colegio lo conforman los partidos judiciales de Tarragona, El Vendrell y Valls; y aquellos que se formen por modificación o segregación de cualquiera de ellos.
Las delegaciones colegiales
1. Las delegaciones colegiales son las siguientes:
1.1. Delegación colegial en El Vendrell.
1.2. Delegación colegial en Valls.
La Asamblea General: clases y asistencia
1. La Asamblea General es el órgano soberano del Colegio. Podrá ser ordinaria o extraordinaria.
2. Los acuerdos adoptados válidamente obligarán a todos los colegiados, sin perjuicio del derecho de impugnación que les pueda corresponder.
3. Tienen derecho a asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, con voz y voto, todos los colegiados no suspendidos en el ejercicio de sus derechos incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea General.
1. Anualmente, se celebrarán dos asambleas generales ordinarias, que se tendrán que convocar, como mínimo, con 20 días naturales de antelación.
2. La primera asamblea general ordinaria se celebrará el primer trimestre de cada año. En su orden del día constará, necesariamente, el examen y la aprobación, del balance o cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior.
3. La segunda asamblea general ordinaria se celebrará el último trimestre de cada año. En su orden del día constará, necesariamente, la presentación del presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente.
Convocatoria de asambleas generales y sesiones
1. Las asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebrarán previa convocatoria de la Junta de Gobierno, bajo la presidencia del decano o la decana. De la misma manera, este órgano plenario tiene que ser convocado si lo pide un número de colegiados ejercientes superior al 15% del total, que tendrán que indicar la proposición o las proposiciones que se tengan que someter a discusión las cuales se incluirán en la convocatoria.
2. Las convocatorias se notificarán por medio de una comunicación escrita y/o telemática dirigida a cada colegiado, suscrita por el secretario o secretaria general, donde se indicará el orden del día, el lugar de la asamblea, la fecha y la hora de la primera y de la segunda convocatoria. Estas comunicaciones también se realizarán mediante la publicación en los tablones de anuncios de la secretaría del Colegio y de sus respectivas delegaciones territoriales y a través de su publicación a la página web del Colegio.
3. Esta comunicación tendrá que estar en manos de los colegiados con 20 días de antelación a la fecha de celebración de la asamblea.
4. Hasta siete días hábiles antes de la asamblea, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y a acuerdo a la Asamblea General, y que serán incluidas al orden del día para ser tratadas en el apartado denominado `proposiciones`. Estas `proposiciones` tendrán que ser suscritas por un mínimo del 5% el censo del Colegio y se tendrá que comunicar a los colegiados la inclusión de este nuevo orden del día antes de la celebración de la asamblea.
5. Para la válida constitución de la asamblea, a los efectos de la celebración de la sesión, deliberación y roma de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la presencia de la mitad de sus miembros.
6. En segunda convocatoria no existirá un quórum específico, salvo los supuestos del voto de censura establecidos en el artículo 18.1 de estos Estatutos. Entre una y otra convocatoria transcurrirán, como mínimo treinta minutos.
Atribuciones de las asambleas generales ordinarias
a) Examinar y aprobar los acuerdos interinos de la Junta de Gobierno que sean competencia de la Asamblea General y que la Junta de Gobierno hubiera adoptado con carácter urgente o por cualquier otra causa legítima, excepto cuando la competencia corresponda a la Asamblea General Extraordinaria.
b) Examinar y aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
c) Acordar los gastos ordinarios y las extraordinarias que sean convenientes según las circunstancias del momento.
d) Aprobar los presupuestos generales de ingresos y gastos.
e) Aprobar los importes de cuotas fijas, cuotas de servicios, cuotas extraordinarias y derramas, cuando sea necesario y conveniente.
f) Aprobar, cuando proceda, las proposiciones que se hayan presentado.
g) Aprobar y modificar el Reglamento de régimen interior.
h) Aprobar y modificar las normas de deontología profesional, cuando no sea competencia del Consejo.
a) Aprobar y modificar los Estatutos del Colegio.
b) Aprobación de la adquisición, alienación y gravamen de bienes inmuebles.
c) El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros.
d) La cuestión de confianza que plantee la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros.
e) La adopción de los acuerdos sobre la fusión, escisión, segregación o división con otros colegios de procuradores de los tribunales o bien la disolución del Colegio.
f) Cualquier otra cuestión que no pueda ser planteada a la Asamblea general ordinaria.
Serán asambleas generales extraordinarias las que acuerde la Junta de Gobierno y aquellas que ésta convoque cuando lo soliciten, por escrito, al decano o la decana, o si lo pide un número de colegiados ejercientes superior al 5% del total indicando la proposición o las proposiciones que se tengan que someter a discusión, las cuales se incluirán en las hojas de convocatoria.
El voto de censura y la cuestión de confianza
1. El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros tendrá que sustanciarse siempre en una Asamblea General Extraordinaria convocada a este único efecto.
La solicitud de esta convocatoria de Asamblea General Extraordinaria tendrá que ser suscrita, como mínimo, por un número de personas colegiadas ejercientes superiores al 5% del total.
La Asamblea General Extraordinaria a la que hace referencia este artículo tendrá que celebrarse dentro de 30 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud por la secretaría del Colegio, y no se podrán debatir otros asuntos no expresados en la convocatoria.
No se podrá, en este supuesto, volver a plantear una moción de censura hasta una vez transcurrido un año.
La constitución válida de la Asamblea General Extraordinaria para este caso requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho al voto. Y el voto será siempre personal, directo y secreto.
A fin de que la moción de censura prospere, será necesario el voto positivo de dos terceras partes de los concurrentes.
2. La Junta de Gobierno, o alguno de sus miembros, podrá plantear ante la Asamblea General la cuestión de confianza en relación a su programa de actuaciones o a cualquier otro aspecto que se considere procedente.
La cuestión de confianza se tendrá que sustanciar siempre en una Asamblea General Extraordinaria convocada a este único efecto, resultando de aplicación, a los efectos de la convocatoria y constitución de la misma, las reglas contenidas en el apartado anterior.
Para el otorgamiento de la confianza de la Asamblea General a la Junta de Gobierno, o alguno de sus miembros, será necesario el voto positivo de la mayoría simple de los colegiados asistentes a la misma.
Forma de proceder de la Asamblea General
Una vez abierta la sesión, el secretario o la secretaria general procederá a la lectura del acta de la asamblea general anterior y se dará la palabra a los colegiados que quieran hacer alguna observación sobre la exactitud de ésta, y sólo con este objetivo. Después se someterá a votación su aprobación.
El decano o la decana, después, someterá a discusión de la Asamblea General los asuntos sobre los que tenga que recaer el acuerdo.
a) Las Asambleas Generales ordinarias quedarán válidamente constituidas conforme a los quórum que se establecen en los apartados 5 y 6 del artículo 14 de los presentes Estatutos.
b) El decano o la decana dirigirá los debates, concederá y retirará la palabra y podrá advertir a los colegiados que se excedan en sus intervenciones, que no se centren en la cuestión debatida o que falten al respecto y la consideración que se merecen los colegiados, el Colegio u otros. En este último supuesto, el decano o la decana, después de tres advertencias al interviniente, podrá acordar su expulsión de la sala.
c) En estos debates se concederán, como mínimo, tres turnos a favor y tres en contra para cada proposición o asunto que se trate, que serán ampliables, si lo considera adecuado el decano o la decana, cuando la importancia o la gravedad del asunto lo hagan aconsejable. También se podrán conceder intervenciones para rectificaciones o alusiones, que tendrán que circunscribirse al hecho concreto que las motive.
d) Después de debatir las propuestas, éstas se someterán a votación de forma conjunta o separada. El voto de la mayoría de los que tomen parte en la votación constituirá acuerdo. En caso de empate, decidirá el voto del decano o la decana.
e) El voto de los colegiados en ejercicio se computará como doble que el voto de los colegiados que no ejercen.
Rectificación o réplica en la Asamblea General
El asistente que haya hecho uso de la palabra podrá volver a pedirla para rectificar o replicar.
Las votaciones podrán ser generales y nominales. A la vez, las votaciones nominales podrán ser públicas o secretas.
La votación general será a mano alzada.
La votación nominal, pública o secreta, se llevará a cabo a propuesta de la Junta de Gobierno o de seis o más colegiados ejercientes cuando lo soliciten por escrito al Colegio con un mínimo de cinco días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea General, con indicación de la clase de votación que piden.
Forma de proceder en la votación nominal y secreta
1. Serán siempre votaciones nominales y secretas las que traten sobre el voto de censura y la cuestión de confianza, así como las que afecten a la personalidad de algún miembro del Colegio.
2. La votación secreta será por papeleta y se procederá por los colegiados, que serán llamados alfabéticamente, depositando sus votos en unas urnas que se constituirán a este efecto. Las papeletas depositadas en las urnas serán extraídas una a una y el secretario o la secretaria general hará lectura de su contenido, realizando el recuento de votos bajo la supervisión del decano o la decana. Finalizado el escrutinio, el decano o la decana hará público su resultado.
Una vez adoptados los acuerdos de la Asamblea General, serán obligatorios para todos los colegiados y, en su caso, para todos los procuradores ejercientes en el ámbito territorial del ICPT. Estos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de recursos establecidos en el Estatuto General, por el Código de la profesión en Cataluña aprobado por el Consejo y a las normas reguladoras del procedimiento administrativo.
Las impugnaciones de los acuerdos adoptados por la Asamblea General no suspenderán su ejecutividad, sin perjuicio de poder solicitar su suspensión.
1. La Junta de Gobierno es el órgano colegial que administra el Colegio, ejecuta los acuerdos de Ia Asamblea General y designa, en su caso, a los representantes del colegio en el consejo de colegios, así como ejerce la potestad disciplinaria y el resto de funciones que le atribuyen estos Estatutos, siguiendo las directrices de la Asamblea General. Le corresponde la dirección, la administración y la gestión del Colegio.
2. La Junta de Gobierno estará formada por el decano o decana, el vicedecano o vicedecana, el secretario o la secretaria general, el vicesecretario o la vicesecretaria, el tesorero o la tesorera, y tres vocales.
3. El decano o la decana, en audiencia pública y en actos solemnes a los cuales asista en el ejercicio de su cargo, llevará volantes en la toga, así como las medallas y placas correspondientes. En estas ocasiones, los otros miembros de la Junta de Gobierno también llevaran sobre la toga los atributos propios de sus cargos.
4. Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán adoptados por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del decano o la decana.
Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, será requisito indispensable ser ejerciente. Para ser decano o decana, diez años de ejercicio; y para el resto de cargos, llevar cinco años de ejercicio, en todos los casos ininterrumpidamente.
No podrá ser escogido miembro de la Junta de Gobierno el colegiado que:
a) Esté condenado por sentencia firme que comporte la inhabilitación o suspensión por cargos públicos durante el tiempo que esta situación subsista.
b) Haya sido sancionado de forma disciplinaria, en cualquier colegio de procuradores.
Vacantes en la Junta de Gobierno. Delegación de funciones
1. Cuando por defunción, dimisión o cualquier otro causa queden vacantes unos o más cargos de la Junta de Gobierno, éstas serán cubiertas de forma interina durante el tiempo restante de duración del cargo por el miembro del Colegio designado por la Junta de Gobierno y que tendrá que ser necesariamente ratificado en la primera Asamblea General que se celebre, excepto cuando se trate de los cargos de decano o decana y vicedecano o vicedecana.
2. En caso de que se produzca la vacante del decano o la decana este cargo será asumido de forma interina por el vicedecano o vicedecana.
3. En caso de que se produzca la vacante del vicedecano o la vicedecana la Junta de Gobierno decidirá las medidas a adoptar a los efectos de cubrir la vacante de este cargo.
4. En cualquier otro supuesto se estará a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de este órgano.
5. La Junta de Gobierno puede delegar el ejercicio de sus funciones públicas de acuerdo con las normas de procedimiento administrativo.
6. Para las funciones de naturaleza privada, puede delegar en uno de sus miembros, o en más de uno, o nombrar apoderados generales o especiales.
7. No son delegables los actos que tengan que ser autorizados o aprobados por la Asamblea General.
1. La Junta de Gobierno se reunirá con convocatoria previa del decano o la decana, como mínimo, cada mes, y siempre que lo exijan los asuntos pendientes. Se podrá constituir y tomar acuerdos si asisten, como mínimo, la mitad de los componentes más el decano o la decana.
2. Las votaciones serán secretas a petición de cualquiera de los componentes y siempre que se refieran a la personalidad de un colegiado.
3. Los miembros de la Junta tienen la obligación de asistir a las sesiones a las cuales sean convocados y de guardar secreto de las deliberaciones.
1. La papeleta de convocatoria será cursada con la antelación que necesaria para que se encuentre en manos de los componentes de la junta, como mínimo, 48 horas antes de celebrarse la sesión; aunque, en caso de urgencia, se podrá convocar con la brevedad de tiempo que las circunstancias exijan.
2. En la convocatoria se tendrá que indicar el lugar, el día y la hora de celebración de la junta, así como el orden del día. También se adjuntará toda la documentación necesaria para el conocimiento y la información de sus miembros.
a) Velar por el buen cumplimiento de estos Estatutos, de los acuerdos que se adopten en la Junta de Gobierno y a las asambleas generales, así como también de las disposiciones legales vigentes y de las que dicten los tribunales y las autoridades que conciernan al ejercicio de la profesión.
b) Defender los colegiados en el libre ejercicio de la profesión.
c) Velar para que, en el ejercicio profesional, los procuradores lleven a cabo sus funciones con honestidad, diligencia, probidad y el resto de virtudes exigibles a estos profesionales, así como propiciar la armonía y la colaboración entre los compañeros, persiguiendo la competencia desleal, el intrusismo y denunciando las incompatibilidades según la legalidad vigente.
d) Resolver las reclamaciones que se hagan al Colegio y las referentes a algunos de los colegiados.
e) Recaudar el importe de las cuotas y de las cantidades que, por cualquier otro concepto, se establezcan para el sostén de las cargas del Colegio.
f) Contratar y despedir a los empleados del Colegio y determinar sus emolumentos.
g) Hacer las convocatorias de las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, por iniciativa propia o a instancia de los colegiados.
h) Emitir dictámenes, evacuar consultas y dictar laudos. Cuando reciba honorarios para estas actuaciones, se ingresarán en la caja de la corporación.
i) Organizar cursos de formación y de reciclaje profesional, así como concertar los convenios necesarios con universidades y otros centros de formación en la forma y los efectos que se determinen.
j) Formar parte de tribunales de oposición o concursos.
k) Elaborar presupuestos.
I) Nombrar delegados y subdelegados
m) Organizar, regular y gestionar el servicio de representación gratuita y del turno de oficio.
n) Dar de alta y de baja en los colegiados.
o) Crear comisiones colegiales delegadas de la junta que se consideren adecuadas a las finalidades de la corporación.
p) Elaborar y aprobar los reglamentos.
q) Todas las otras funciones que no se atribuyan expresamente a la Asamblea General.
1. Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán cada cuatro años.
2. Si, durante el plazo entre unas y otras elecciones, a la Junta de Gobierno se produjeran cuatro vacantes o más por defunción, dimisión, renuncia o cualquier otra causa que no sea la expiración del plazo reglamentario del mandato, sin perjuicio de aquello que establece el apartado 1 del artículo 33 de los presentes Estatutos, se podrá proveer con la elección de estos cargos en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, que será convocada en el plazo máximo de 30 días naturales.
Los así elegidos ocuparán el cargo sólo el tiempo que quede para las elecciones de estos cargos.
El ejercicio de un mismo cargo en este órgano queda limitado, contando las reelecciones que se puedan producir, a un máximo de 8 años consecutivos.
Las elecciones se celebrarán dentro de los diez primeros días del mes de julio del año que corresponda. No podrán formar parte de la mesa electoral los miembros de la Junta que se presenten a la reelección.
Los trámites del proceso electoral serán los siguientes:
1. La Junta de Gobierno redactará la convocatoria, la cual se anunciará con 30 días de antelación, como mínimo, con respecto a la fecha de la celebración de la elección.
En la papeleta imprimida de la convocatoria se consignarán los puntos siguientes:
a) Cargos que se tengan que proveer y requisitos para aspirar a cada uno de ellos.
b) Día, hora y lugar de la elección.
2. La convocatoria de elecciones se comunicará por escrito a cada colegiado mediante circular y se expondrá en el tabón de anuncios de la sede colegial, en el tablón de anuncios de cada una de las delegaciones colegiales y en la página web del Colegio.
Los candidatos para los cargos de la Junta de Gobierno que se tengan que renovar tendrán que reunir las condiciones que exijan estos Estatutos.
Candidatura para un solo cargo
Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que tengan que ser escogidos en la misma convocatoria.
1. Las candidaturas respectivas se tendrán que presentar por escrito en la Secretaría del Colegio dentro de los 10 días siguientes a la convocatoria de las elecciones, debidamente firmadas por los candidatos y especificando el cargo al cual se presenta.
2. Las candidaturas se podrán presentar individualmente o conjuntamente en una sola lista, si bien en este último supuesto las listas serán abiertas.
3. Las listas electorales tendrán que tener una composición que facilite una participación proporcionada de hombres y mujeres en el órgano de gobierno.
4. Al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno proclamará candidatos a aquellos que reúnan los requisitos establecidos.
5. Acto seguido, se publicarán en los tablones de anuncios y en la página web los nombres de los candidatos proclamados y se les comunicará.
6. La exclusión de algún candidato, según el artículo 31 de estos Estatutos, tendrá que ser motivada y se notificará al interesado al día siguiente.
7. Contra la resolución de exclusión de un candidato se podrá presentar recurso ante de la Junta de Gobierno dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.
La Junta de Gobierno tendrá que resolver motivadamente el recurso y notificar su resolución al interesado en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación.
8. Cuando por los cargos objeto de convocatoria se haya presentado un solo candidato por cada uno de ellos, se proclamarán electos sin necesidad de hacer elecciones.
Los plazos establecidos en los artículos precedentes se computarán por días naturales.
1. La Junta Electoral es el órgano encargado de velar por la legalidad y el funcionamiento democrático de las elecciones y, en especial, por el principio de igualdad de todas las candidaturas.
La Junta Electoral estará integrada por el secretario o la secretaria general del Colegio, un miembro de la Junta de Gobierno que no se presente a la reelección y tres colegiados o colegiadas que hayan sido miembros de anteriores juntas que serán designados por la Junta de Gobierno.
El presidente o la presidenta de la Junta Electoral será elegido por votación entre sus integrantes. El secretario o la secretaria general del Colegio actuará como secretario o secretaria de la Junta Electoral.
Los delegados o delegadas de las delegaciones colegiales actuarán como representantes de la Junta Electoral en sus respectivas demarcaciones.
No podrán formar parte de la Junta Electoral aquellos que tengan cualquier vinculación familiar, profesional o empresarial con alguna de las personas candidatas que se presenten a la contienda electoral.
En caso de concurrir una causa de incompatibilidad, recusación u otro impedimento, que serán declarados por la Junta de Gobierno, la sustitución de los miembros de la Junta Electoral será provista por la Junta de Gobierno que designará el sustituto o sustitutos entre los colegiados que lleven más de 25 años de ejercicio profesional.
a) Proclamar las candidaturas que reúnan los requisitos y motivar las exclusiones.
b) Desarrollar e interpretar las normas estatutarias sobre las elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno.
c) Custodiar las listas del censo electoral, que le serán entregadas por la Secretaría del Colegio. A tal efecto, estas listas tendrán que contener el nombre, apellidos y domicilio profesional de los colegiados y colegiadas a los efectos de la determinación del lugar donde tendrán que votar.
d) Resolver las reclamaciones contra las listas del censo electoral o contra cualquier candidatura.
e) Resolver las reclamaciones que formule cualquier persona candidata.
f) En general, resolver cualquier cuestión que se suscite durante el periodo electoral que no sea competencia de la Mesa Electoral.
3. El día de las elecciones se constituirá la Mesa Electoral formada por los miembros de la Junta de Gobierno que no se presenten a reelección, y en la que actuará como secretario o secretaria el del Colegio o, en su lugar, el vicesecretario o la vicesecretaria.
El día señalado para la elección, se constituirán las mesas electorales en la sede del Colegio y en las delegaciones colegiales a las 11 horas de la mañana y, acto seguido, se empezará la votación, que acabará a las 14 horas, sin perjuicio de que la mesa electoral pueda acordar prorrogar el horario de las votaciones.
Acreditación de los colegiados
Los colegiados tendrán que acreditar en la mesa electoral su personalidad. La mesa comprobará la inclusión del votante en el censo, el presidente pronunciará en voz alta el nombre y el apellido del votante, indicará que vota y, acto seguido, introducirá el sobre con la papeleta en la urna correspondiente.
1. Las papeletas de votación serán aprobadas y editadas por la Junta de Gobierno y todas serán de la misma medida y color.
2. En el lugar de la votación se distribuirán, en cantidad suficiente, papeletas con el nombre de los candidatos, indicando los cargos para los cuales se presentan, al tratarse de listas abiertas.
3. No obstante, también podrán imprimirse papeletas si se presentan candidaturas individuales o conjuntas en una misma lista.
4. Los escrutadores anotarán, entre la lista de los colegiados por orden alfabético, los nombres de los votantes, inscribiéndolos, además, en las listas numéricas que llevarán a este efecto.
1. El ejercicio del derecho de voto para los que tengan la condición de electores será personal, secreto, libre y directo. No se admitirá la delegación del voto.
2. El voto de los colegiados en ejercicio valdrá el doble de los no ejercientes, para lo cual se destinarán dos urnas, que podrán ser inspeccionadas por los colegiados que se encuentren presentes al empezar la votación.
En el caso de que un colegiado o colegiada prevea que no podrá ejercer presencialmente su derecho de voto el día fijado para la celebración de las elecciones, podrá votar por correo a través del siguiente procedimiento:
a) Hasta diez días antes de la fecha señalada para la celebración de las votaciones, el voto emitido en papeleta oficial podrá ser entregado al colegio, en las delegaciones colegiales o en alguna oficina de correos. La papeleta se tendrá que introducir en un sobre cerrado que, a la vez, se introducirá en otro sobre, junto con la fotocopia firmada de su documento nacional de identidad o cualquier otro que acredite su personalidad.
b) Una vez recibidos los sobres, se registrará la entrada sin abrirlos y quedarán bajo la custodia del secretario o secretaria, entregándose a la Mesa Electoral el día de las votaciones.
c) Una vez finalizada la votación, se procederá a abrir los sobres recibidos por correo o a través de las delegaciones colegiales. Antes de introducir el sobre con la papeleta de votación en la urna correspondiente, los escrutadores procederán a las comprobaciones y anotaciones previstas en este artículo.
d) No se considerarán válidos aquellos votos que no cumplan con los requisitos indicados en el apartado a) ni aquellos librados fuera de plazo. No obstante, serán válidos los votos por correo que lleguen al Colegio una vez finalizado el plazo, siempre y cuando hayan sido entregados a correos o a las delegaciones colegiales hasta diez a diez días antes de la fecha señalada para la celebración de las votaciones.
1. El presidente o presidenta de la mesa sacará los sobres de las urnas, leerá de una en una las papeletas en voz alta, que podrán ser examinadas por los colegiados que lo soliciten; los escrutadores procederán, después, al recuento y, una vez acabado, el presidente proclamará elegidos los que hayan obtenido mayor número de votos para cada cargo.
2. Las papeletas que contengan tachaduras, raspaduras o expresiones ajenas a los contenidos de la votación serán nulas.
3. Las papeletas que indiquen más de un candidato para un mismo cargo serán nulas parcialmente, siendo válidas para el resto de cargos.
4. Las papeletas cumplimentadas parcialmente, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, serán válidas para los cargos y por las personas indicadas correctamente.
5. Se proclamarán electos, para cada cargo, los candidatos que obtengan la mayoría. En caso de empate, se entenderá escogido el de más tiempo de ejercicio en el Colegio y, si se mantuviera el empate, el de más edad.
Incidencias en el escrutinio
Si se suscitara alguna cuestión sobre la nulidad o la validez de un voto, o cualquier otro motivo en lo referente a la elección, se decidirá en el mismo momento por los miembros de la Mesa, siendo acordado lo que decida la mayoría y decidiendo al presidente en caso de empate. Todo ello quedará reflejado en el acta, así como las resoluciones que se adopten.
Acta del resultado de la elección
Se levantará acta del resultado de las elecciones y se publicará la lista de los votantes, de los votos obtenidos por cada candidato y de la proclamación de los escogidos en el tablón de anuncios y en la página web del Colegio.
Impugnación del resultado
El resultado de la elección podrá ser impugnado en el plazo de 15 días ante la Junta Electoral. El acuerdo de la Junta Electoral agota a la vía administrativa quedando abierta la posibilidad de la interposición de los recursos legalmente previstos.
La Junta de Gobierno tomará posesión de sus cargos dentro de los quince días siguientes al de las elecciones. Verificada la toma de posesión, se dará cuenta al Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, al departamento competente en materia de colegios profesionales, al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, así como a los tribunales de justicia y otros organismos competentes.
Cese de los sustitutos
Los candidatos proclamados electos tomarán posesión, con el juramento o la promesa previos de cumplir con lealtad el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno. Cuando los candidatos electos tomen posesión de su cargo, cesarán a los sustitutos.
La Junta de Gobierno, reunida y escuchado el candidato afectado por las incompatibilidades, deliberará sin la presencia de éste y, en su caso, impedirá la toma de posesión o decretará el cese de aquellos candidatos escogidos de los cuales tenga conocimiento que se encuentran en cualquiera de las situaciones que les impidan ser escogidos. La resolución que se adopte podrá ser recurrida siguiendo las previsiones de estos Estatutos.
Cese de los miembros de la Junta de Gobierno
b) Dimisión del interesado.
c) Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios exigidos para ejercer el cargo.
d) Expiración del plazo por el cual fueron escogidos o designados.
e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternativas, en el plazo de un año, con acuerdo previo de la Junta de Gobierno.
g) Si no fuera aceptada la cuestión de confianza que se pueda plantear.
2. Los miembros de la Junta de Gobierno que cesen por cualquiera de las causas descritas, excepto por defunción, tendrán que informar a su sustituto de la gestión llevada a cabo durante su mandato, facilitándole toda la información que necesite.
Elecciones para cubrir vacantes
1. Cuando por cualquier causa, queden vacantes 4 cargos, o más, de la Junta de Gobierno, se convocarán elecciones en los términos previstos en el artículo 36 y siguientes de estos Estatutos.
2. La junta, en esta situación, sólo podrá tomar acuerdos de carácter urgente y necesario.
El decano o la decana
Son funciones del decano o la decana:
1. La representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden; las funciones de consejo, vigilancia y corrección que los Estatutos reserven a su autoridad; la presidencia de todos los órganos colegiales, así como el de cuántas comisiones y comités asista; dirigir los debates y las votaciones de estos órganos, comisiones, comités, con voto de calidad en caso de empate; la expedición de las órdenes de pago y entrega para atender los gastos e inversiones colegiales; y la propuesta de los procuradores que tengan que formar parte de tribunales de oposición o concursos.
2. Vigilar y comprobar la observancia, por parte de los colegiados, de las normas legales y estatuarias relativas al ejercicio de la profesión.
3. Visar las entregas y las certificaciones que expida el secretario o la secretaria general.
El vicedecano o vicedecana
El vicedecano o vicedecana sustituirá el decano o decana en todas sus funciones en caso de ausencia, enfermedad o defunción. Además, llevará a cabo todas las funciones que le puedan ser encomendadas por estos Estatutos.
Corresponde al secretario o secretaria general:
a) La convocatoria de la Junta de Gobierno y de las asambleas generales por orden del decano o decana, así como las citaciones a los miembros de los diferentes órganos.
c) Expedir y autorizar las certificaciones de las consultas o acuerdos adoptados.
d) Expedir y firmar las entregas que acuerde la Junta de Gobierno y los que hagan falta para el cobro de los ingresos.
e) Elaborar un expediente para cada colegiado, en el cual se incorporarán los documentos y antecedentes que sean pertinentes.
f) Llevar un turno de los negocios de oficio que se le pasen para reparto, función que podrá delegar en el vicesecretario o vicesecretaria.
g) Asumir el mando del personal administrativo y de las dependencias de Colegio.
h) Llevar y custodiar los libros del Colegio.
i) Elaborar, y tener actualizado, un registro de todos los colegiados.
j) Elaborar, y tener actualizado, un registro de sociedades profesionales que hayan sido formadas por los colegiados.
k) Cualquier otra función inherente a su función de secretario o secretaria general.
El vicesecretario o vicesecretaria
El vicesecretario o vicesecretaria auxiliará al secretario o secretaria general en todas las obligaciones del cargo en las que este lo solicite. Lo sustituirá, además, en casos de ausencia, enfermedad, defunción o vacante.
El tesorero o la tesorera
Corresponderá al tesorero o la tesorera:
a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los colegiados, gestionando los fondos y el resto de inversiones del Colegio.
b) Recaudar y pagar, por él mismo o por medio de los empleados del Colegio, las cuantías que correspondan por cualquier concepto.
c) Hacer la cuenta general documentada de cada ejercicio económico, que tendrá que entregar a la Junta de Gobierno en la primera quincena del año siguiente y a los quince días de cesar en el cargo; cuentas que hará falta que sean aprobadas por la Junta General.
d) Hacer entrega inmediata al tesorero o la tesorera que le suceda de los fondos y de los documentos del Colegio concernientes al cargo.
e) Llevar los libros de contabilidad necesarios para una buena organización de su promesa.
f) Elaborar los presupuestos anuales de ingresos y de gastos.
Pagos efectuados por el tesorero o la tesorera
El tesorero o la tesorera no podrá hacer el pago de ningún cargo si no es en virtud de una entrega expedida por el secretario o secretaria general y visada por el decano o la decana, o cumpliendo un acuerdo de la Junta de Gobierno. En todo caso, los pagos se efectuarán mediante transferencia o cheque bancario, a menos que sea de cantidad inferior a 200 euros, los cuales podrán efectuarse en metálico. Los cheques tendrán que entregarse con dos firmas conjuntas e indistintas del decano o la decana, el tesorero o la tesorera y el secretario o la secretaria.
Entrega del balance del estado de fondo
Cada trimestre, y en los 8 días siguientes a su finalización, el tesorero o la tesorera tendrá que entregar a la Junta de Gobierno, para su conocimiento, un balance del estado de fondos.
Vocal responsable de deontología
1. El vocal o la vocal responsable de deontología es la persona encargada de velar y de exigir el cumplimiento exacto de los deberes profesionales de los colegiados; de poner en conocimiento del decano o la decana las faltas en que incurran éstos; de denunciar las infracciones de los Estatutos y de los acuerdos que en virtud de éstas se tomen; y de elaborar, con el tesorero o tesorera, los presupuestos anuales de ingresos y de gastos.
2. El vocal o la vocal responsable de deontología, una vez incoado el expediente disciplinario por la Junta de Gobierno, procederá a tramitar las diligencias y los expedientes disciplinarios que sean procedentes y propondrá las sanciones que crea oportunas.
Corresponde al vocal o a la vocal de cultura y comunicación:
a) Conservar los legajos y el buen orden los expedientes, libros y papeles que se ha acordado archivar, así como ocuparse de los libros de la biblioteca que estarán a la disposición de los colegiados que lo soliciten y sean autorizados.
b) Proponer a la Junta la adquisición de los libros y los documentos que considere convenientes.
c) La actualización de la página web del Colegio.
d) Proponer la organización de jornadas, cursos de formación y convenios con instituciones.
e) Establecer las relaciones con los medios de comunicación.
1. Los vocales sustituirán al decano o la decana, por orden correlativo de numeración, si falta el vicedecano o la vicedecana.
2. Sustituirán también, por el mismo orden, el tesorero o tesorera y, por orden inverso, el secretario o secretaria, si falta el vicesecretario o la vicesecretaria; pero una misma persona no sustituirá nunca, conjuntamente dos cargos.
3. Los vocales cumplirán las funciones que les sean asignadas en estos Estatutos o por la Junta de Gobierno.
Los otros cargos de la Junta de Gobierno, además de su actuación como tales, podrán desarrollar las funciones que se les asignen estos Estatutos o la Junta de Gobierno.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrá crear una Comisión Deontológica, de conformidad con la mayoría prevista en el artículo 29.4 de estos Estatutos. Estará formada por tres miembros escogidos entre los colegiados, con el objeto de colaborar con el vocal o la vocal responsable de deontología en sus atribuciones.
Recurso contra actos y acuerdos de la Junta de Gobierno
Contra los actos y los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de acuerdo con las normas generales de procedimiento administrativo, o bien recurso contencioso administrativo directo ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
Recurso contra acuerdos de las asambleas generales
Los acuerdos de las asambleas generales se podrán recurrir mediante recurso potestativo de reposición o bien directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
1. El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona, como corporación de derecho público, está sujeto al derecho administrativo cuando ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en estos Estatutos.
2. En el ejercicio de las potestades públicas, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona tiene que aplicar en sus relaciones con las personas colegiadas y los ciudadanos los derechos y las garantías procedimentales que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
1. Se tendrán que notificar a cada colegiado los acuerdos que le afecten de forma individual, directa y personal. Las notificaciones se tramitarán dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado. Con independencia del medio de notificación utilizado, las notificaciones contendrán la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, con expresa mención del texto íntegro de la resolución y los recursos que sean oportunos, con indicación del órgano ante el que se tienen que presentar y el plazo para hacerlo.
2. En las notificaciones practicadas por el Colegio se aplicarán las formas y medios de comunicación previstos en la Ley general de procedimiento administrativo, tanto estatal como catalana; y en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
3. Las notificaciones se harán, preferentemente, a través del correo electrónico. El Colegio, antes de utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones, tiene que contar con el consentimiento expreso o la previa solicitud del colegiado o colegiada, por la que se acepta utilizar estos medios de comunicación.
Esta solicitud o consentimiento se puede admitir o pedir por medios electrónicos.
Cuando los colegiados opten por utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones, necesariamente, tendrán que proporcionar al Colegio una dirección electrónica que, a todos los efectos, estará donde reciban las notificaciones.
Sin perjuicio de esta regulación, los colegiados y colegiadas podrán ejercer en cualquier momento del procedimiento, mediante solicitud expresa, su derecho a utilizar un medio no electrónico y a revocar el consentimiento para las comunicaciones electrónicas.
4. La práctica de las notificaciones se llevará a cabo de conformidad con las reglas previstas en la Ley general de procedimiento administrativo, tanto estatal como catalana, y en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación del Colegio, se hará constar en el expediente, especificando las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
6. Cuando no sea posible efectuar la notificación de acuerdo con los principios establecidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 de este artículo, la notificación se llevará a cabo mediante su publicación en el tablón de anuncios del Colegio o mediante edictos a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
7. A los acuerdos de interés general se les dará publicidad mediante circulares del Colegio.
El ingreso en el Colegio
Condiciones generales para la incorporación en el Colegio
1. Para la incorporación en el Colegio como colegiado ejerciente, habrá que cumplir los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la licenciatura o grado en derecho y del título profesional de procurador de los tribunales.
c) No estar sujeto a ninguna de las causas de incompatibilidad o de prohibición establecidas por las leyes.
d) Cumplir las normas de colegiación establecidas en la normativa de aplicación en el ámbito de la procura.
e) Suscribir el seguro de responsabilidad civil y acreditar estar dado de alta al RETA, en la correspondiente mutualidad o en el régimen general de la seguridad social.
f) Abonar la cuota de incorporación establecida en Asamblea General.
g) Solicitarlo mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno.
2. La incorporación en el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona como colegiado ejerciente habilita para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado.
3. Para la incorporación en el Colegio como colegiado no ejerciente hará falta cumplir con los requisitos siguientes:
d) Cumplir con las normas de colegiación establecidas en la normativa de aplicación en el ámbito de la procura.
e) Abonar la cuota de incorporación establecida en Asamblea General.
f) Solicitarlo mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno.
4. No resultará necesaria la incorporación al Colegio cuando se trate de profesionales de la Unión Europea, colegiados o establecidos legalmente con carácter permanente en cualquier país de la Unión, que deseen ejercer la profesión ocasional o temporalmente en Cataluña. Este ejercicio se rige por la normativa relativa al reconocimiento de calificaciones.
Acuerdos sobre la inscripción
1. La Junta de Gobierno tendrá que tomar acuerdo sobre la inscripción provisional al plazo de un mes y comunicarlo al interesado.
2. Una vez acordada la inscripción y ya prestado juramento o promesa ante la autoridad judicial competente, se procederá a la toma de posesión del cargo.
3. El acuerdo de la Junta de Gobierno de denegación de la inscripción provisional, o de la definitiva, o la denegación por silencio podrá ser objeto de recurso directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa por las personas afectadas. No obstante, puede también ser objeto de recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno.
Toma de posesión del cargo de procurador
El acto solemne de la toma de posesión del cargo será presidido por el decano o la decana, asistido por el secretario o la secretaria general y con la concurrencia de la Junta de Gobierno. El solicitante comparecerá con un colegiado que actuará como testigo. El secretario o la secretaria general le tomará juramento o promesa sobre la obligación de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y, acto seguido, el testigo lo investirá con la toga.
1. Los colegiados tienen derecho a la protección del colegio en el desarrollo de sus funciones profesionales, siempre que éstas se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad vigente.
2. Los colegiados pueden proponer al Colegio las reformas que estimen convenientes o que puedan redundar en beneficio de la administración de la justicia, exponiendo las razones de sus peticiones, así como consultar a la Junta de Gobierno sobre cuestiones o hechos que afecten en el ejercicio de la profesión o se relacionen.
3. Los colegiados en ejercicio tendrán derecho al uso de las dependencias de la sede del Colegio, o de las delegaciones a fin y efectos de recibir los servicios colegiales.
4. Los colegiados tienen derecho a la remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales de acuerdo con el arancel establecido, que será respetada en relación con sus herederos en caso de defunción. En ningún caso se admitirá la fijación de un pago que sea incompatible con las normas arancelarias.
5. Los colegiados tienen derecho a los honorarios que correspondan por las actuaciones de carácter extrajudicial, de acuerdo con las reglas del mandato.
6. Los colegiados tienen derecho a los honores y las consideraciones reconocidos a la profesión por la Ley.
7. Los colegiados tienen derecho a participar, con voz y voto, en la Asamblea General del Colegio; a acceder, en condiciones de igualdad, a los cargos colegiales; y al resto de los derechos que para los colegiados se establecen al ordenamiento jurídico aplicable.
8. Los colegiados tienen derecho a ser sustituidos en cualquier actuación profesional por otro procurador ejerciente o por su oficial habilitado, de conformidad con la legislación vigente.
9. Los colegiados podrán hacer publicidad de sus servicios y despachos de acuerdo con la legislación vigente y ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.
10. Los colegiados tienen derecho a asociarse con otros procuradores para el ejercicio de su actividad profesional, de acuerdo con la legislación vigente en materia de sociedades profesionales
11. Los colegiados tienen derecho a seguir una formación continúa.
1. Son deberes de todos los colegiados:
a) Ejercer la profesión con honestidad, diligencia y probidad en la defensa de los intereses de sus representados, en las relaciones con sus compañeros procuradores y letrados y, también, de cooperar con los órganos jurisdiccionales en la función pública de administrar justicia.
b) Satisfacer, dentro de los plazos señalados, las cuotas ordinarias y las extraordinarias acordadas por el Colegio.
La falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y el resto de cargas colegiales comportará la baja en el Colegio profesional. No obstante, los colegiados podrán restablecer sus derechos pagando la cantidad endeudada más sus intereses al tipo legal y, en su caso, el importe de la sanción que se le imponga. Esta decisión requerirá el previo trámite de audiencia al interesado.
En todos los casos anteriores, corresponderá a la Junta de Gobierno de los colegios acordar la pérdida de la condición de colegiado. Este acuerdo se adoptará mediante resolución motivada que, una vez sea firme, se comunicará al Consejo, así como a los correspondientes órganos jurisdiccionales.
c) Informar a la Junta de Gobierno de cualquier acto de ejercicio ilegal que llegue a su conocimiento o que sea contrario a los Estatutos, así como de los actos que afecten a la independencia, la libertad o la dignidad de un procurador en el ejercicio de sus funciones; informar de las irregularidades que se puedan dar en el buen funcionamiento de la administración de justicia.
d) Cumplir las normas legales, estatutarias, deontológicas y los acuerdos de los diferentes órganos corporativos.
e) Comunicar, en el momento de su incorporación al Colegio, el domicilio de su despacho profesional; y comunicar cualquier cambio que se produzca.
f) El deber de guardar el secreto profesional y, en concreto, de mantener en secreto los hechos, documentos y situaciones relacionadas con sus clientes de los cuales hayan tenido conocimiento en razón del ejercicio de su profesión. Esta obligación de guardar secreto se refiere, también, a los hechos que el procurador hubiera conocido en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de su Colegio o del Consejo, y también abarca a los hechos que se hayan conocido como procurador asociado o colaborador de otro compañero.
Cuando se invoque el secreto profesional, el procurador se podrá amparar en las leyes reguladoras de su ejercicio. El levantamiento del secreto profesional sólo se permitirá si el procurador está autorizado de manera expresa por sus representantes o herederos, o bien si, como a causa del mantenimiento del secreto, se puede causar una lesión notoriamente injusta y grave al propio procurador o a uno tercero.
La concurrencia, o no, de estos conceptos jurídicos indeterminados tiene que ser constatada, caso por caso, por la Junta de Gobierno del Colegio a la que pertenece el procurador.
g) Tener contratada una póliza de responsabilidad civil en que se pueda incurrir en el ejercicio de la profesión.
Asimismo, y de conformidad con la normativa vigente aplicable, los procuradores tendrán que estar adscritos, al menos, en uno de los dos regímenes de previsión social siguientes: el régimen asegurador mutualista colegial o el correspondiente al régimen de la seguridad social.
h) Seguir una formación continuada.
i) Proporcionar a la Junta de Gobierno, una vez incoadas diligencias informativas o el correspondiente expediente disciplinario, las facturas que les sean requeridas, así como toda la información que sea necesaria a efectos de acreditar el cumplimiento de las vigentes disposiciones en materia arancelaria.
2. En las situaciones excepcionales, tanto esta corporación como sus miembros, tienen que actuar de conformidad con lo que señale la legislación vigente.
La responsabilidad civil y penal de los procuradores, en razón del ejercicio de su función, se exigirá de acuerdo con la normativa vigente.
Firma para salvar la responsabilidad
Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, siguiendo los términos utilizados por el letrado director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá destacar ante su firma, la expresión: `sólo a efectos de representación`.
Las sustituciones y cese en el ejercicio de la profesión
Sustituciones por procuradores
Todo procurador ejerciente podrá ser sustituido para asistir a la práctica de diligencias, actuaciones judiciales, firma de escritos y, en general, para efectuar cualquier acto propio de su función en los asuntos en que aparece personado, sin ningún requisito más que la aceptación del sustituto manifestada en la asistencia a las diligencias y actuaciones, a la firma del escrito o en la formalización del acto profesional de que se trate.
El procurador que cese en la representación está obligado a devolver toda la documentación que tenga en su poder y facilitar al nuevo procurador toda la información que sea necesaria para continuar con la efectiva representación del poderdante.
Intervención de la Junta de Gobierno
A los efectos de lo que establece el artículo anterior, la Junta de Gobierno velará para que se cumplan los derechos de representación de las partes y, en definitiva, los derechos que derivan del artículo 24 de la Constitución.
1. En el supuesto de enfermedad repentina del procurador, el decano o la decana, tan pronto como tenga conocimiento de este hecho, designará entre los procuradores del mismo Colegio aquellos que de forma interina sustituyan al procurador enfermo hasta que el poderdante resuelva lo que proceda, comunicando la designación realizada a los tribunales correspondientes.
2. En caso de defunción del colegiado, se hará nombramiento, por parte de la Junta de Gobierno del Colegio, de aquellos que se encargarán de la liquidación del despacho, a petición de los herederos o, subsidiariamente, del decano o la decana.
Los oficiales habilitados
Sustitución del procurador por oficial habilitado
1. Los procuradores podrán ser sustituidos por su oficial habilitado en todos los actos propios de su función, de conformidad con la legislación vigente.
2. A fin de que la sustitución entre el procurador y su oficial habilitado sea efectiva, no es necesario que el procurador sustituido acredite la necesidad de la sustitución.
Régimen jurídico de los oficiales habilitados
El régimen jurídico de los oficiales habilitados vendrá determinado por el reglamento o normas de régimen interior aprobadas por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de aquello que dispongan las normas con rango superior.
Ejercicio individual y asociado
1. Los procuradores pueden ejercer la procura de manera individual o de manera asociada, mediante la constitución de sociedades profesionales de procuradores.
2. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona creará un registro para inscribir a las citadas sociedades, sin perjuicio de su inscripción en el registro mercantil o en otros tipos de registro según la forma social adoptada.
3. Reglamentariamente se regularán las condiciones de este registro.
4. Las referidas sociedades se regirán por la normativa de las sociedades profesionales, por la normativa reguladora de la forma societaria adoptada, así como por la regulación colegial que desarrollen estos Estatutos.
5. Los procuradores asociados no podrán asumir, en ningún caso, la representación de los litigantes en cualquiera de estos supuestos:
a) Cuando tengan posiciones procesales contrarias.
b) Cuando por parte de los propios procuradores se advierta que existe o que puede producirse un conflicto de intereses con sus representados.
Los ingresos y los gastos del Colegio
1. El ejercicio económico del Colegio de procuradores coincidirá con el año natural.
2. El Colegio de procuradores tendrá un presupuesto anual al cual se tendrá que ajustar, y tendrá que llevar una contabilidad ordenada y detallada de los ingresos y de los gastos.
3. Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los 10 días hábiles anteriores a la fecha de la celebración de la Junta General que tenga que resolver sobre éstas cuentas.
4. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá por medio del tesorero y con la colaboración técnica que sea necesaria, con las responsabilidades civiles y penales que de la administración patrimonial se deriven.
b) Las contribuciones económicas de los procuradores, según se acuerda en el artículo siguiente.
c) Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos y documentos que están en sus archivos.
d) Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios y cualquier otro asesoramiento que se requiera al colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones.
e) Los beneficios que obtenga por sus publicaciones u otros servicios y actividades remuneradas que haga.
f) Los que por cualquier otro concepto legal proceda.
2. Son recursos extraordinarios del Colegio:
b) EI producto de la venta de los bienes de su patrimonio.
c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por la administración de bienes ajenos.
e) Los que por cualquier otro concepto legalmente proceda.
Contribuciones de los procuradores:
a) La cuota de incorporación en el Colegio. Su importe no podrá superar en ningún caso el coste por la tramitación del ingreso.
c) Los derechos económicos que se reporten en concepto de cuota variable por las actuaciones profesionales.
d) Las cuotas extraordinarias o derramas colegiales.
e) Las cantidades que en su caso se establezcan por el uso individualizado de los servicios colegiales por parte de los procuradores.
3. A los procuradores procedentes de otro Colegio que hagan actuaciones profesionales en el ámbito del CPTT no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.
Gastos colegiales
Los gastos colegiales consistirán en:
b) Las de adquisiciones de libros y suscripciones para el servicio del Colegio, gastos de escritorio, imprenta y otras necesarias para el funcionamiento normal de la secretaría del Colegio.
c) Los gastos de representación y de asistencia a actos culturales de interés para el Colegio y la profesión.
d) Los gastos de conservación y de mejora de las instalaciones dependencias del Colegio, así como todas aquellas que provengan de sus obligaciones.
e) Las aportaciones que acuerde el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña para sufragar su presupuesto.
f) Cualquier otra que acuerde la Junta de Gobierno.
Régimen presupuestario colegial
1. El ejercicio presupuestario del Colegio coincidirá con el año natural y serán imputados:
a) Los recursos económicos percibidos durante el mismo ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.
b) Las obligaciones de pago aprobadas hasta el mes de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizadas antes de la finalización del ejercicio presupuestario y a cargo de los créditos respectivos.
2. El presupuesto del Colegio constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los gastos que tienen que realizar los diferentes órganos corporativos, así como las delegaciones colegiales y de los recursos económicos que se prevén percibir durante el ejercicio correspondiente.
1. El presupuesto del Colegio contendrá:
a) El estado de gastos, que incluirá, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender las obligaciones de pago.
b) El estado de ingresos, que relacionará las estimaciones de los diferentes recursos económicos para percibir durante el ejercicio.
2. El presupuesto tendrá que estar nivelado en gastos e ingresos.
1. La elaboración y aprobación de los presupuestos se ajustarán a la siguiente precisión:
a) Establecimiento de las bases, contenido y directrices de los presupuestos del Colegio, por parte del tesorero, antes del mes diciembre.
b) El proyecto de presupuestos elaborado por la Junta de Gobierno será sometido a la Junta General del mes de diciembre. La misma Junta aprobará formalmente, a menos que apreciara defectos de legalidad, el presupuesto consolidado del Colegio.
2. Los presupuestos se acompañarán de la documentación siguiente, que se refundirá por anexo en el presupuesto del Colegio:
a) Una memoria explicativa del contenido y de las principales variaciones con respecto al presupuesto vigente.
b) Un estado de situación de ingresos y gastos del presupuesto vigente, así como de la tesorería.
1. Si el presupuesto del Colegio no fuera aprobado por la Asamblea General Ordinaria del mes de diciembre, la Junta de Gobierno acordará la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
2. De todos modos, si el presupuesto del Colegio no fuera aprobado el primer día del ejercicio que tendrá que regir, se prorrogará el del año anterior hasta la aprobación del nuevo, de acuerdo con las siguientes normas:
a) La prórroga de los gastos se producirá por meses naturales.
b) No obstante, los gastos que afecten a las partidas de personal, funcionamiento ordinario, intereses y amortizaciones se prorrogarán por la totalidad de los respectivos créditos.
1. La actuación del Colegio estará sometida al régimen de contabilidad que el ordenamiento jurídico establece para los colegios profesionales en tanto que corporaciones de derecho público, y se llevarán las cuentas y libros que dispone el Plan General de Contabilidad y de otros preceptos aplicables.
2. El tesorero o la tesorera elaborará la cuenta de ingresos y gastos del Colegio antes de que acabe el primer trimestre del año.
3. La mencionada cuenta, previo informe favorable de la Junta de Gobierno, será sometida a la Asamblea General.
La Junta de Gobierno tendrá que encargar a personas físicas o jurídicas la realización de auditorías para controlar la gestión financiera y presupuestaria.
Derecho de información económica
Corresponde a todos los colegiados el derecho de información económica sobre las cuentas anuales, formadas por la memoria, el balance de la situación del Colegio a la finalización del ejercicio y la cuenta general de gastos e ingresos. Este derecho se podrá ejercer durante los 10 días hábiles anteriores a la celebración de la Junta General en la cual se tengan que someter para su examen y aprobación, pudiendo solicitar las aclaraciones que se estimen procedentes, exclusivamente en relación con las cuentas anuales.
Responsabilidad por los deberes profesionales
1. Con independencia de la responsabilidad civil y penal, los procuradores son también responsables por el incumplimiento de sus deberes profesionales y colegiales establecidos en las leyes y en los presentes Estatutos.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora por el Colegio se ejercerá de conformidad con las previsiones de la Ley de colegios profesionales, de estos Estatutos y, en su caso, del reglamento disciplinario correspondiente.
3. Corresponde a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Tarragona la incoación de los expedientes disciplinarios contra actos llevados a cabo por procuradores que actúen dentro de su ámbito territorial y que puedan ser constitutivos de infracciones disciplinarias, así como la resolución de los mismos.
4. Si el procurador o procuradora que de forma presunta hubiera cometido la infracción tuviera la condición de miembro de la Junta de Gobierno, será competente el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña.
5. La Junta de Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, podrá crear una Comisión Deontológica.
Las infracciones que pueden ser cometidas por los procuradores que ejerzan en el ámbito territorial del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona son clasificadas como muy graves, graves o leves.
1. Son infracciones colegiales muy graves:
A) El incumplimiento muy grave de los deberes colegiales previstos en las leyes, en los presentes Estatutos o a otras normas colegiales cuando de ello resulte un perjuicio muy grave para las personas destinatarias del servicio del procurador o para terceras personas.
B) El ejercicio de la profesión que vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional, de conflicto de intereses o bien una disposición legal en la que se establezca la prohibición de ejercer.
C) La realización de actos que impidan o alteren muy gravemente el funcionamiento del Colegio profesional o de sus órganos.
D) La ofensa o desconsideración muy graves hacia otros procuradores, a los miembros de la Junta de Gobierno o del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Cataluña.
E) El impago de las cuotas de servicios por parte de los propios colegiados y de los colegiados de otros colegios.
La sanción por esta conducta no puede resultar discriminatoria.
2. Son infracciones profesionales muy graves:
A) El ejercicio de la profesión de la procura sin tener el título profesional habilitante.
B) El incumplimiento muy grave de las obligaciones establecidas por las leyes, por estos estatutos o por el resto de normas colegiales.
Se entenderá que el incumplimiento será muy grave cuando, por parte del procurador o procuradora, con su conducta, se provoque un perjuicio muy grave en aquellas personas que solicitaron su servicio de procuraduría o a terceras personas; así como el no personarse ante los órganos jurisdiccionales ni de los servicios comunes de notificación, reiteradamente y sin causa justificada.
C) La vulneración del deber de mantener el secreto sobre los hechos, documentos y situaciones relacionadas con sus clientes de los cuales hayan tenido conocimiento en razón del ejercicio de su profesión. Esta obligación de guardar secreto se refiere también a los hechos que el procurador hubiera conocido en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de su Colegio o del Consejo, y también abarca los hechos que se hayan conocido como procurador asociado o colaborador de otro compañero.
D) Actuar cuando exista un conflicto de intereses entre dos o más clientes.
E) La comisión de delitos con dolo, en cualquier grado de participación, que se produzcan en el ejercicio de la profesión de la procura.
F) La contratación por empresas y entidades de trabajadores no colegiados en caso de que el objeto de su contrato de trabajo comprenda, total o parcialmente, la realización de tareas propias de la profesión.
1. Son infracciones colegiales graves:
A) El incumplimiento grave de los deberes colegiales previstos en las leyes, en los presentes Estatutos u otras normas colegiales cuando de ello resulte un perjuicio grave para las personas destinatarias del servicio del procurador o para terceras personas.
Se considerará un incumplimiento grave de los deberes colegiales:
a) La realización de actos que impidan o alteren gravemente el funcionamiento del Colegio profesional o de sus órganos.
b) La ofensa o desconsideración graves hacia otros procuradores, a los miembros de la Junta de Gobierno o del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Cataluña.
2. Son infracciones profesionales graves:
Se considerará que se ha vulnerado alguna norma esencial del ejercicio deontología profesionales en el siguientes supuestos:
a) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.
b) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la procura.
c) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como el incumplimiento reiterado de la obligación de atender las cargas colegiales previstas en los Estatutos.
B) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio grave para las personas destinatarias del servicio del profesional.
Se considerará que se ha incumplido algún deber profesional y que de éste resulta un perjuicio grave para los destinatarios del servicio cuando se produzca cualquiera de estos supuestos:
a) No llevar un libro de conocimiento de negocios pendientes y otro de cuentas con los clientes. Este deber también se entenderá cumplido si se lleva el control de los aspectos anteriores a través de un listado en soporte informático.
b) No cumplir con la obligación de rendir cuentas al cliente, especificando y detallando las cantidades percibidas de éste, aclarando los pagos realizados en beneficio de su mandante y precisando con minuciosidad los diversos conceptos y su importe exacto.
C) El incumplimiento de la obligación que tienen los procuradores de comunicar los supuestos de intrusismo profesional de los cuales sean conocedores.
D) El incumplimiento del deber de seguro profesional.
E) El incumplimiento del deber de prestación obligatoria, salvo la acreditación de causa justificada que haga imposible la prestación del servicio, después de haber sido requerida debidamente.
G) Las actuaciones profesionales que vulneren los principios constitucionales e internacionales de igualdad y no discriminación.
H) La falta de diligencia grave en el ejercicio de sus funciones como procurador-tutor y, particularmente, el incumplimiento de los deberes enumerados en el artículo 128 de estos Estatutos.
Son infracciones leves el incumplimiento de los deberes colegiales y profesionales, incluidos los que se asumen como procurador-tutor, cuando no tengan la consideración de la palabra graves o graves
1. Las infracciones de los deberes colegiales muy graves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
a) Expulsión del Colegio. La misma sólo se podrá imponer por reiteración en la comisión de las infracciones muy graves a que hacen referencia las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 103.
b) Multa de entre 5.001 y 50.000 €.
2. Las infracciones de los deberes colegiales graves pueden ser sancionadas con multa de entre 1.001 y 5.000 €.
3. Las infracciones de los deberes colegiales leves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
b) Multa de hasta 1.000 €.
4. Las infracciones de los deberes profesionales muy graves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
5. Las infracciones de los deberes profesionales graves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
b) Multa de entre 1.001 euros a 5.000 euros.
6. Las infracciones de los deberes profesionales leves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
7. Si la persona que ha cometido una infracción ha obtenido una ganancia económica, se añadirá una cuantía adicional hasta el importe del provecho que haya obtenido el procurador.
8. Como sanción complementaria, también se puede imponer la obligación de realizar actividades de formación profesional o deontológica.
9. La imposición de una sanción disciplinaria supondrá la baja forzosa del sancionado en el registro colegial de procuradores-tutores.
Criterios para la tipificación de las infracciones
A efectos del principio de tipicidad, los comportamientos muy graves, graves o leves se determinarán de acuerdo con los perjuicios causados a las personas destinatarias del servicio del procurador y a la perturbación infringida en el funcionamiento del Colegio profesional.
Criterios para la imposición de las sanciones
En la imposición de sanciones por parte de la Junta de Gobierno, se tendrá que guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los criterios siguientes para la graduación de la sanción a imponer:
b) La entidad de los perjuicios causados.
c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
1. De acuerdo con los presentes Estatutos, la imposición de toda sanción tiene que realizarse en el marco de un expediente previamente incoado.
2. En la tramitación de este expediente se tienen que garantizar, al menos los principios de presunción de inocencia, de audiencia a la persona afectada, de motivación de la resolución final y de separación de los órganos instructor y decisorio.
Tipo de procedimientos disciplinarios
En función del grado de gravedad que tenga la infracción que ha sido cometida, el procedimiento disciplinario a seguir será el ordinario o el abreviado. El procedimiento abreviado previsto en estos Estatutos se utilizará para la tramitación de las conductas presuntamente constitutivas de infracciones leves.
1. Por la posible comisión de infracciones muy graves o graves se tendrá que tramitar el procedimiento disciplinario ordinario.
2. El procedimiento disciplinario se inicia siempre de oficio, como consecuencia de la iniciativa de la Junta de Gobierno, ante alguno de estos supuestos:
a) Si la misma Junta de Gobierno tiene noticia de que algún procurador ha llevado a cabo una conducta que pueda ser constitutiva de infracción disciplinaria.
b) Por denuncia de otro procurador.
c) Por denuncia de una tercera persona.
3. La Junta de Gobierno, antes del acuerdo de incoación del expediente, puede ordenar la apertura de un periodo de información previa con la finalidad de aclarar las circunstancias relativas a los hechos sucedidos y los sujetos presuntamente responsables.
4. El acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario corresponde, en todo caso, a la Junta de Gobierno del Colegio.
5. En los supuestos en que el procedimiento se ha iniciado por denuncia de un tercero presentada ante el Colegio, el denunciante no adquiere la condición de parte en el procedimiento disciplinario, pero se le tendrán que notificar personalmente tanto el acuerdo de incoación del procedimiento como la resolución que ponga fin al mismo.
6. En el acuerdo de incoación, la Junta de Gobierno nombrará a un instructor y, en su caso, también a un secretario o secretaria.
1. El instructor ordenará de oficio, si procede, la práctica de las pruebas y actuaciones que conduzcan a la determinación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción y, a la vista de las actuaciones practicadas, formulará el pliegue de cargos, que tendrá el siguiente contenido:
a) Identificación del procurador o procuradores responsables de forma presunta.
b) Exposición de los hechos imputados.
c) Infracción o infracciones que estos hechos pueden constituir, con indicación de su normativa reguladora.
d) Las sanciones que son de aplicación.
f) Los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar, si es el caso.
g) En su caso, las medidas de carácter provisional que se adopten.
2. No se formulará pliego de cargos y se ordenará el sobreseimiento del expediente y el archivo de las actuaciones cuando de las diligencias y de las pruebas practicadas no resulte acreditada la existencia de infracción o responsabilidad. Esta resolución se notificará a los interesados.
3. El pliego de cargos, junto con el acuerdo de incoación del expediente sancionador, se tiene que notificar al presunto infractor y a los interesados, otorgándole al primero de estos un plazo de, como mínimo, diez días con el fin de que formule alegaciones y proponga las pruebas de las cuales se pretenda valer para la defensa de sus derechos e intereses.
4. Si el presunto infractor reconoce voluntariamente su responsabilidad, el instructor elevará el expediente a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de que pueda continuar su tramitación si hay indicios razonables de fraude o encubrimiento de otras personas.
5. El instructor, en su caso, ordenará la práctica de la prueba o pruebas propuestas.
Los gastos que de éstas se deriven irán a cargo de quien las propone.
6. El instructor sólo puede declarar improcedentes las pruebas propuestas cuando no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. La declaración de improcedencia de la prueba tendrá que ser motivada.
7. Transcurrido el plazo de 10 días y después de la eventual práctica de la prueba, el instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución que tiene que tener el siguiente contenido:
a) Los hechos que se imputan al expediente.
b) La clasificación de la infracción o infracciones que constituyen estos hechos y su normativa reguladora.
c) La sanción o sanciones a imponer, con indicación de su cuantía, si consiste en multas, y los preceptos que las establecen.
d) Los pronunciamientos relativos la existencia y reparación de daños y perjuicios que hayan resultado acreditados, si procede.
e) El órgano competente para imponer la sanción y la normativa que le otorga la competencia.
8. La propuesta de resolución se tendrá que notificar al presunto infractor a fin de que, en el plazo de diez días, pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.
9. Una vez evacuados los trámites anteriores, el instructor elevará el expediente a la Junta de Gobierno para su resolución.
1. La Junta de Gobierno dictará la resolución del expediente, que tendrá que ser motivada y decidirá sobre todas las cuestiones que planteen los interesados y las que se deriven del expediente.
2. En la resolución no se podrán aceptar hechos diferentes de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
3. La resolución, además de incluir los elementos exigidos legalmente para este tipo de actos, tendrá que contener los hechos, el procurador o procuradores responsables, la infracción o infracciones cometidas, la sanción o sanciones que se impongan, el precepto que atribuye la potestad sancionadora a la Junta de Gobierno y la normativa que resulte de aplicación en cada caso. Asimismo, se hará referencia, en su caso, a los pronunciamientos necesarios sobre la exigencia al infractor para la reposición de la situación alterada en su estado original.
1. El procedimiento sancionador se acabará por alguna de estas vías:
a) Por resolución sancionadora.
b) Por resolución motivada por la cual se acuerde el sobreseimiento.
c) Por caducidad del procedimiento, cuando éste esté parado por más de 6 meses, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de procedimiento administrativo común.
2. Es procedente acordar el sobreseimiento en los siguientes casos:
a) Cuando los hechos no sean constitutivos de infracción administrativa.
c) Cuando no se haya acreditado la existencia de responsabilidad, o bien se haya producido su extinción. Si el procedimiento se dirige contra una pluralidad de personas, la resolución de sobreseimiento sólo afectará a aquellas en quienes concurran las citadas circunstancias.
La extinción de la responsabilidad se produce, en todo caso, por la prescripción de la infracción.
1. En el caso de las infracciones calificadas como a leves, podrá seguirse para la tramitación del expediente sancionador el procedimiento abreviado previsto en este artículo.
2. Una vez dictado el acuerdo de incoación, el instructor, a la vista de las actuaciones practicadas, formulará la propuesta de resolución. En la propuesta de resolución tendrá que constar la siguiente información:
a) Los hechos imputados al procurador o procuradores expedientados.
b) Infracción o infracciones que estos hechos pueden constituir, con indicación de su normativa reguladora.
c) Las sanciones que son de aplicación y el órgano competente para resolver.
3. Se notificará al presunto infractor y a los interesados el acuerdo de incoación, junto con la propuesta de resolución, indicando que se trata de un procedimiento abreviado, a fin de que, en el plazo de 10 días, el primero de éstos pueda proponer las pruebas de las cuales se quiera valer y pueda alegar todo aquello que considere conveniente y oportuno para la defensa de sus derechos o intereses.
4. Una vez transcurrido este plazo y realizado el trámite de práctica de la prueba, en caso de que ésta hubiera sido propuesta, el instructor, sin ningún otro trámite, procederá a elevar el expediente a la Junta de Gobierno.
5. En cualquier caso, la Junta de Gobierno podrá proponer o acordar que se siga el procedimiento ordinario.
Durante la tramitación del expediente sancionador, se pueden adoptar las medidas cautelares provisionales que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer, y tendrán una duración máxima de seis meses.
La adopción de estas medidas requiere un acuerdo motivado y la audiencia previa de la persona afectada.
1. No se podrán sancionar los hechos que hayan sido sancionados penal o disciplinariamente en aquellos casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamento
2. La Junta de Gobierno acordará la no exigibilidad de responsabilidad disciplinaria en cualquier momento de la instrucción del procedimiento en que quede acreditada la firmeza de una sanción penal o disciplinaria sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y fundamento jurídico.
3. Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros hechos racionalmente imposibles de separar de los sancionables, de acuerdo con estos Estatutos, será suspendida la tramitación del procedimiento y se interrumpirá el plazo de prescripción. La reanudación del procedimiento disciplinario quedará aplazada hasta que se incorpore al expediente colegial la decisión jurisdiccional firme.
4. Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el instructor aprecie que la presunta infracción puede constituir delito o falta penal, informará inmediatamente a la Junta de Gobierno, a fin de que este órgano decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y resuelva suspender el procedimiento hasta que la autoridad judicial se pronuncie en firme.
5. Reanudada la tramitación del procedimiento disciplinario, en cualquiera de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, la resolución que se dicte tendrá que respetar la apreciación de los hechos contenida en el pronunciamiento judicial.
2. La prescripción queda interrumpida por el inicio, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción se vuelve a iniciar si el expediente sancionador ha estado parado durante un mes por una causa no imputable a la presunta persona infractora.
1. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben al cabo de tres años de haber sido impuestas, las sanciones por faltas graves prescriben al cabo de dos años y las sanciones por faltas leves prescriben al cabo de un año.
4. Los plazos de prescripción de las sanciones se empieza a contar a partir del día siguiente del día en que se convierta en firme la resolución que las impone.
5. La prescripción queda interrumpida por el inicio, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución. El plazo de prescripción se vuelve a iniciar si el procedimiento de ejecución resta parado durante más de 6 meses por una causa no imputable a la persona infractora.
1. Las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno en materia disciplinaria ponen fin a la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción de este órgano dentro de los plazos y requisitos exigidos por la Ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
2. No obstante, podrán ser objeto de recurso de reposición ante la propia Junta de Gobierno. El recurso se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto administrativo.
1. Las sanciones disciplinarias colegiales son ejecutivas una vez han adquirido firmeza en vía administrativa. Se entiende que han adquirido firmeza en vía administrativa cuando, o bien no se presenta recurso contra las mismas en el plazo establecido por la normativa administrativa, o bien ha quedado expresamente desestimado el recurso de reposición.
2. El Colegio ejecutará sus propias resoluciones sancionadoras de conformidad con lo que establecen las normas que resulten de aplicación.
3. Las sanciones podrán ser públicas cuando ganen firmeza, de manera tal que se harán constar en el expediente personal del procurador sancionado.
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, por la muerte del colegiado, la prescripción de la infracción o por la prescripción de la sanción.
2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta en el mismo.
Voluntariedad del arbitraje
1. Para resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus derechos, los procuradores podrán someter la solución de aquellas cuestiones litigiosas, siempre que expresen su voluntad inequívoca, a un procedimiento de arbitraje.
2. Asimismo, y con la finalidad de garantizar el secreto profesional y las relaciones de compañerismo, podrán ser sometidas al arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre los miembros de un despacho colectivo en cuanto a su gestión, separación o liquidación.
1. Los colegiados tendrán que comunicar por escrito, dirigido al decano o la decana, la intención de someter la cuestión controvertida al laudo arbitral del Colegio.
2. La Junta de Gobierno estudiará si la cuestión planteada por el colegiado es susceptible de dirimirse mediante este procedimiento, notificando a las partes, por escrito y en el plazo de quince días, la aceptación del arbitraje.
3. En el caso de que la Junta de Gobierno decida que la controversia no puede ser sometida a un procedimiento de arbitraje, los colegiados podrán recurrir el acuerdo interponiendo el correspondiente recurso.
Composición y desarrollo del acto del arbitraje
1. La Junta Arbitral estará integrada por el decano o la decana, quien presidirá la Junta, por el secretario o la secretaria general y por el vocal o la vocal responsable de deontología.
2. La Junta Arbitral, una vez haya aceptado por escrito el arbitraje, citará a las partes para la celebración de una comparecencia, que tendrá lugar en la sede colegial.
3. Abierto el acto, el decano o la decana dará la palabra al colegiado que haya instado el procedimiento con la finalidad de que se ratifique en su solicitud e informe brevemente sobre los hechos controvertidos. Seguidamente, se dará el turno de palabra a la otra parte, con el fin de contestar la reclamación efectuada, pudiendo proponer ambas partes los medios de prueba que crean necesarios para sustentar sus posiciones.
4. Las pruebas interesadas se practicarán en el mismo acto, con excepción de aquellas de imposible aportación en el momento de la comparecencia, que se podrán practicar, a criterio de la Junta Arbitral, en el plazo de 10 días, con la suspensión previa de la vista, que se volverá a señalar con esta finalidad.
5. Practicadas las pruebas solicitadas por las partes, el decano o la decana dará la palabra de nuevo a las partes, por el mismo orden ya establecido, a fin de que puedan exponer las conclusiones correspondientes. Finalizado el turno de palabra, el decano o la decana dará por concluido el acto.
6. En cualquier momento antes de dictarse el laudo, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del arbitraje o suspenderlo por un plazo de 60 días.
7. La Junta Arbitral tendrá que emitir el laudo arbitral en el plazo de 20 días contados desde la celebración de la comparecencia.
1. El laudo arbitral obligará los colegiados a estar y pasar por lo estipulado, e impedirá a los jueces y a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas al arbitraje, siempre que la parte interesada lo invoque mediante la oportuna excepción.
2. El laudo arbitral emitido por la Junta Arbitral será susceptible de recurso de anulación en el plazo de 10 días. Para conocer de la acción de anulación del laudo es competente la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de Cataluña.
3. El laudo arbitral, una vez firme, será ejecutable por los trámites establecidos en la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución de sentencias, produciendo efectos idénticos a la cosa juzgada.
Servicios de representación gratuita y del turno de oficio
1. El Colegio organizará los servicios de representación gratuita con la finalidad de atender las peticiones de representación procesal que se deriven del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
2. Con esta finalidad, la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión del Turno de Oficio, si hubiera, regulará y organizará los servicios de representación gratuita y del turno de oficio en la forma en la cual se establezca, garantizando en todo caso la continuidad, universalidad y calidad en el servicio, de acuerdo con los mandatos que derivan del artículo 24 de la Constitución y de la Ley de asistencia jurídica gratuita.
Adscripción a los servicios de representación gratuita y del turno de oficio
Adscripción a los servicios
1. La adscripción al servicio de representación gratuita y del turno de oficio tiene carácter voluntario para todos los colegiados del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona.
2. Los colegiados del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Tarragona podrán prestar el servicio de representación gratuita y del tomo de oficio en cualquiera de los partidos judiciales del ámbito territorial del Colegio de Procuradores de Tarragona, teniendo que inscribirse previamente, mediante comunicación por escrito, en la secretaría del Colegio.
En esta comunicación, el colegiado tendrá que manifestar expresamente si desea que la extensión y el alcance de su actuación profesional sea para primera y/o segunda instancia.
3. La Junta de Gobierno, en ejercicio de las funciones de regulación y organización que le otorga el artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establecerá la obligatoriedad de adscripción al servicio de representación gratuita y del turno de oficio para los procuradores pertenecientes al Colegio de Tarragona que ejerzan en un determinado partido judicial cuando el número de inscritos en el mencionado servicio no permita garantizar su prestación bajo un régimen de continuidad, igualdad, neutralidad y calidad necesario para la adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
4. Si bien se excluye de esta obligación a los colegiados que lleven más de treinta (30) años de ejercicio y hayan cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad.
Los procuradores-tutores
Requisitos para actuar como procurador-tutor
1. Los procuradores-tutores, de conformidad con lo que establece la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, así como su normativa de desarrollo, tendrán que cumplir con los requisitos siguientes:
a) Haber ejercido la procura durante un mínimo de 5 años.
b) Estar colegiado como procurador ejerciente los 3 últimos años de colegiación.
c) Contar con la infraestructura necesaria para la formación práctica de los alumnos.
d) No haber sido sancionado de forma disciplinaria mediante resolución firme.
e) Estar inscrito en el registro colegial de procuradores-tutores que, a estos efectos, será creado por la Junta de Gobierno.
f) Garantizar en el desarrollo del programa de prácticas, la utilización de la lengua catalana en la orientación, formación y preparación de los alumnos en prácticas.
2. En caso de que el número de procuradores tutores inscritos en el registro resulte insuficiente con el fin de cubrir la demanda de los mismos la Junta de Gobierno, con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo del programa de prácticas externas, podrá designar de manera directa como tutores a aquellos colegiados o colegiadas que cumplan con los requisitos enumerados en el apartado primero de este artículo siempre y cuando cuenten con la antigüedad, la experiencia y los medios materiales y personales necesarios para llevar a cabo esta tarea.
3. Los colegiados o colegiadas designados no podrán renunciar a su cargo excepto en aquellos supuestos excepcionales en los que se acredite la concurrencia de causas que impidan ejercer las funciones de tutor.
Derechos de los procuradores-tutores
Los procuradores-tutores tienen derecho a ser retribuidos por su colaboración de la manera que se determine en los convenios que se suscriban. También son titulares de todos aquellos derechos, de cualquier naturaleza, que se establezcan de forma normativa.
Deberes de los procuradores-tutores
En el ejercicio de sus tareas, los procuradores-tutores quedan sujetos al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Actuar bajo la dirección y coordinación del Colegio y de la universidad como organizadores del curso de formación, contribuyendo al desarrollo de las prácticas externas.
b) Contribuir a la orientación, formación y preparación de los alumnos en prácticas en la actividad propia de la procura, aclarando y explicando las cuestiones relativas a la profesión y a las normas estatutarias y deontológicas que la regulan.
c) Elaborar una memoria semestral explicativa de la evolución del procurador en prácticas.
d) Garantizar la calidad de las prácticas externas que se llevaran en término en el despacho profesional y en aquellos lugares o establecimientos, tanto públicos como privados, que guarden relación con la profesión de procurador.
e) Garantizar, durante el desarrollo de las prácticas, el cumplimiento del deber de secreto profesional, de las normas deontológicas así como la correcta custodia de los datos de carácter personal.
f) Ejercer sus tareas de tutor del procurador en prácticas durante la totalidad de los días lectivos de la duración del curso, teniendo que comunicar al Colegio la eventual concurrencia de circunstancias excepcionales que le impidan hacerlo, a los efectos de que, por parte de la corporación, se nombre a un sustituto que garantice el adecuado desarrollo de la tutoría.
Modificación de los estatutos, modificación de la estructura del Colegio y su disolución
1. Los presentes Estatutos podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea General, convocada especialmente a este efecto en sesión extraordinaria y de acuerdo con el procedimiento previsto en estos Estatutos.
2. Cuando la modificación de los Estatutos se limite al cambio de domicilio dentro de la misma localidad, se podrá aprobar por la Asamblea general en sesión ordinaria.
3. Toda modificación de los Estatutos, salvo el traslado de domicilio dentro de la misma localidad, tendrá que incluir un periodo de información pública colegial por un plazo no inferior a un mes, con carácter previo a la presentación del proyecto al órgano competente para la aprobación de la modificación, y de conformidad con el procedimiento y otros requisitos que se establezcan por la Junta de Gobierno.
1. Todo acuerdo de fusión, absorción, escisión, segregación, o cualquier otro que implique una modificación en la estructura del Colegio, tendrá que ser acordado por la Asamblea General, reunida y convocada al efecto con carácter extraordinario. La adopción de los acuerdos anteriores requerirá las mayorías previstas en la Ley de colegios profesionales de Cataluña.
2. En el caso de fusión o segregación con otros colegios profesionales, pertenecientes a diferentes profesiones, se exigirá la mayoría absoluta.
Las causas de disolución del Colegio y el procedimiento a seguir son los regulados en los artículos 55 y 56 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales.
Destino de los bienes en caso de disolución. Integración o sustitución
1. En caso de disolución del Colegio, será nombrada una comisión liquidadora, suponiendo que hubiera bienes y valores sobrantes después de satisfacer las deudas.
2. En caso de integración del Colegio con otros colegios catalanes, o en caso de que el Colegio sea sustituido por un Colegio único en el ámbito de Cataluña, la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, acordará los mecanismos oportunos para llevarlo a cabo.
Los procedimientos iniciados de acuerdo con los Estatutos anteriores continuarán su tramitación de acuerdo con la presente norma, sin perjuicio de la validez y la efectividad de las actuaciones ya realizadas.
Los recursos en trámite a la entrada en vigor de estos Estatutos se tienen que continuar tramitando de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable en el momento de su interposición.
La duración del mandato de los cargos o miembros de la Junta de Gobierno que sean escogidos en las primeras elecciones que se celebren después de la entrada en vigor del presente Estatutos, se limitará al tiempo que le reste de mandato a la Junta de Gobierno en su conjunto.
Quedan derogadas las normas de igual e inferior rango que contravengan los presentes Estatutos.
Estos Estatutos entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el DOGC.