Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9592
Timestamp: 2019-06-20 09:57:52
Document Index: 65803228

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 119', 'ARTÍCULO 119', 'artículo 119', 'artículo 82', 'artículo 119', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 82', 'Artículo 119', 'Artículo 29']

Sentencia: C-338-2014
La solidaridad entre los responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal, entre otros, los interventores de contratos estatales, tiene como fundamento de la imputación la culpa grave o el dolo del sujeto pasivo del proceso fiscal
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO 82 (PARCIAL) Y EL ARTÍCULO 119 (PARCIAL) DE LA LEY 1474 DE 2011
LEY 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (...) ARTÍCULO 119. SOLIDARIDAD. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial. [1]
[1] Nota del editor: Solo se transcribe el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, pues a pesar que también fue demandado el artículo 82, la Corte se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo sobre éste.
¿La previsión de solidaridad entre el ordenador del gasto y las demás personas que concurran en un daño patrimonial al Estado, entre otros, los interventores de contratos estatales, implica una atribución de responsabilidad fiscal con fundamento en un criterio objetivo de imputación, desconociendo la presunción de inocencia, como uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso?
Momentos del control fiscal: “ (…)Según lo ha destacado este Tribunal, el control fiscal se desarrolla en dos momentos: i) uno que comprende la función de vigilancia de la gestión que realicen de los bienes públicos los servidores y los particulares; y ii) eventualmente, como resultado de esa labor de vigilancia, el desarrollo de un proceso de responsabilidad fiscal, el cual se orienta, tal y como lo ha dicho la Corte, a “obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa”[1]. Características de la responsabilidad fiscal: “(…) Con base en el régimen jurídico vigente en cada momento, se han establecido una serie de características predicables de esta forma de responsabilidad. En la jurisprudencia constitucional se ha expresado que la responsabilidad fiscal i) es de naturaleza administrativa; ii) es determinada a partir de un proceso de esta misma naturaleza, es decir, un proceso administrativo; iii) no tiene un carácter sancionatorio, sino eminentemente resarcitorio, pues busca recuperar el valor equivalente al detrimento ocasionado al patrimonio de una entidad estatal, teniendo esta suma como límite a exigir[3] Fundamento de imputación en el proceso de responsabilidad fiscal: “(…) Una lectura armónica de la Constitución ha conducido a que en su jurisprudencia esta Corporación haya afirmado que, si bien los preceptos constitucionales no determinan expresamente un criterio normativo de imputación de la responsabilidad fiscal –es decir, no establecen expresamente el fundamento sobre el cual sea posible atribuir el daño antijurídico a su autor-, el criterio más exigente que puede establecerse por parte del legislador es la culpa grave. Es decir, en el marco constitucional actual no podría establecerse por parte del legislador un régimen de responsabilidad fiscal que tuviera como fundamento la culpa o la culpa leve, por cuanto desde el punto de vista del sujeto del proceso de responsabilidad dichos criterios son más exigentes que la culpa grave.” Carácter subjetivo de la responsabilidad fiscal: “(…) la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa. Al respecto, ha dicho la Corte que en materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y, por tanto, la misma debe individualizarse y valorarse a partir de la conducta del agente.”[4]
[1] SU-620 DE 1996 [2] C-382 DE 2008 [3] SU-620 DE 1996, C-382 DE 2008 y C-512 DE 2013 [4] C-328 DE 2008
“(…) El fundamento para dicha conclusión radica en que el marco legal vigente, en acuerdo con la Constitución Política, exige la existencia de dolo o culpa grave como fundamento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. Por su parte, el artículo 119 de la ley 1474 de 2011, sin prever un fundamento distinto para la imputación, determina un asunto por completo distinto: que aquellos a quien sea imputada responsabilidad fiscal, responderán de forma solidaria. En efecto, la ley 1474 de 2011 incluye diversos preceptos que hacen referencia a los procesos de responsabilidad fiscal. Entre ellas se cuenta el artículo 118, disposición relativa a los parámetros y fundamentos con base en los cuales debe llevarse a cabo la atribución de responsabilidad en los procesos fiscales, de acuerdo con la cual toda decisión debe tener como fundamento un grado de imputación subjetiva, que puede ser culpa grave o dolo. (…) En consecuencia, la solidaridad que establece el artículo 119 de la ley 1474 de 2011 entre los responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal, no implica la creación de un parámetro de imputación distinto al previsto en los artículos mencionados de la ley 610 de 2000, ni al previsto en el artículo 118 de aquel cuerpo normativo, ni a los que la jurisprudencia ha derivado de los contenidos constitucionales aplicables a la materia. El fundamento de la imputación continúa siendo la culpa grave o el dolo del sujeto pasivo del proceso fiscal. La aplicación de los efectos de la solidaridad sólo tiene lugar ante la existencia de un presupuesto jurídico: que se sea responsable en materia fiscal. Una vez esto ha sido determinado, lo único que la naturaleza solidaria de la obligación permite es el cobro del total de los perjuicios causados a cualquiera de los deudores que, con base en su actuar doloso o gravemente culposo, hayan sido encontrados responsables.”
La previsión de solidaridad entre el ordenador del gasto y las demás personas que concurran en un daño patrimonial al Estado, entre otros, los interventores de contratos estatales, no implica una atribución de responsabilidad fiscal con fundamento en un criterio objetivo de imputación, porque: 1.	El marco legal vigente exige la existencia de dolo o culpa grave como fundamento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. 2.	En relación con los parámetros y fundamentos de los procesos fiscales, la Ley 1474 de 2011 señala que toda decisión debe tener como fundamento un grado de imputación subjetiva, que puede ser culpa grave o dolo del sujeto pasivo del proceso. 3.	Una vez ha sido determinada la responsabilidad en materia fiscal, lo único que la naturaleza solidaria de la obligación permite es el cobro del total de los perjuicios causados con base en el actuar doloso o gravemente culposo.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 119 de la ley 1474 de 2011. Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el vocablo fiscal que figura en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
SU-620 DE 1996 C-382 DE 2008 SU-620 DE 1996 C-382 DE 2008 C-512 DE 2013 C-328 DE 2008
Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 29,90, 124 y 268 de la Constitución Política.
Ficha: La solidaridad entre los responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal,..