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Timestamp: 2019-12-09 05:07:58
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Argumentos de las partes y de la Comisión Los representantes
SENTENCIA DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
En el caso López Lone y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas emitida por este Tribunal el 5 de octubre de 2015 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuesta el 8 de febrero de 2016 por los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”), y se pronuncia sobre la “solicitud de reposición de resolución o sentencia interlocutoria” presentada el 4 de febrero de 2016 por parte del Estado de Honduras (en adelante “Honduras” o “el Estado”).
El 5 de octubre de 2015 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 10 de noviembre del mismo año.
El 4 de febrero de 2016 el Estado presentó una “solicitud de reposición de resolución de sentencia interlocutoria”, mediante la cual reiteró sus alegatos sobre la excepción preliminar y solicitó revocar la decisión de la Corte por la cual se desestimó la excepción preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos.
El 8 de febrero de 2016 los representantes sometieron una solicitud de interpretación, en relación con las cantidades otorgadas en la Sentencia por concepto de daño material.
El 16 de febrero de 2016, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría transmitió la referida solicitud de interpretación al Estado y a la Comisión, así como el escrito del Estado (supra párr. 2), a los representantes y a la Comisión y les otorgó un plazo hasta el 14 de marzo de 2016 para presentar las observaciones que estimaran pertinentes.
El 14 marzo de 2016 la Comisión y el Estado presentaron sus observaciones a la referida solicitud de interpretación de los representantes y, en el caso de la Comisión, también al escrito del Estado1.
El artículo 67 de la Convención establece que:
De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de las solicitudes de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte se integra con los jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada.
“SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN O SENTENCIA INTERLOCUTORIA” PRESENTADA POR EL ESTADO
A. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión
El Estado presentó una “solicitud de reposición de resolución o sentencia interlocutoria” solicitando a la Corte revocar “la resolución o sentencia mediante la cual [se] desestimó la excepción preliminar”. Al respecto, alegó que el carácter inapelable de los fallos de la Corte “se refiere exclusivamente al fallo de la sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto”. Señaló que “[t]odas las demás resoluciones, tanto del proceso principal como de su fase de ejecución, aunque de hecho por costumbre se le llamen también sentencias, son interlocutorias y siempre sujetas a otras que por vía de recurso o sencillamente por contrario imperio, las interpreten, complementen, aclaren adiciones o incluso modifiquen o revoquen”. Respecto a la excepción preliminar, el Estado reiteró sus alegatos relativos a la alegada falta de agotamiento del recurso de amparo, los cuales, en su mayoría, ya habían sido presentados en el momento procesal oportuno, es decir en su escrito de excepción preliminar, contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. De acuerdo al Estado, la Corte no había plasmado sus alegatos en la Sentencia y la “lectura correcta” de su tesis llevaría a concluir que no se agotaron los recursos internos. Adicionalmente, Honduras refutó las consideraciones realizadas por la Corte al desestimar la excepción preliminar2.
La Comisión indicó que la solicitud del Estado “pretende una modificación del sentido de la decisión de la Corte adoptada en relación con el análisis de las excepciones preliminares realizado en la Sentencia”. Por tanto, “no reuniría las condiciones para ser analizada bajo [el] artículo [67 de la Convención Americana]”.
Este Tribunal recuerda que, de acuerdo al artículo 67 de la Convención, “[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable” (supra párr. 6). Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
El Estado argumenta que el carácter definitivo e inapelable de la Sentencia de la Corte aplicaría solamente a la decisión de fondo y no así a la decisión sobre la excepción preliminar que, de acuerdo al Estado, constituiría una decisión “interlocutoria”. Al respecto, este Tribunal hace notar que el artículo 25 del Estatuto de la Corte y 31 del Reglamento establecen que solo son recurribles ante el pleno de la Corte, las decisiones que no sean de mero trámite y que hubieran sido dictadas por la Presidencia o Comisiones de la Corte, mientras que las sentencias y resoluciones del pleno de la Corte no son impugnables (supra párr. 10). En consecuencia, la posibilidad de recurrir una decisión no radica en si esta se refiere o no al fondo del asunto, como alega el Estado, sino que toda decisión adoptada por el pleno de la Corte Interamericana, como en este caso, es definitiva e inapelable, independientemente de la etapa procesal a la cual se refiera. Así, por ejemplo, la Corte ha considerado inapelables sus decisiones relativas a reparaciones3, razonamiento que es igualmente aplicable a sus decisiones sobre excepciones preliminares.
La solicitud del Estado es directamente una solicitud de impugnación respecto a la decisión sobre la excepción preliminar en el fallo de la Corte. Si bien el Estado no identificó su escrito como una solicitud de interpretación, utilizó como supuesta base normativa de su solicitud los artículos 67 de la Convención y 68.1 del Reglamento de la Corte, ambos relativos a la posibilidad de solicitar la interpretación de un fallo. Es jurisprudencia constante de la Corte, claramente sustentada en el ordenamiento aplicable, que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva4. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación5.
Por otra parte, en su escrito el Estado alegó que la Corte Interamericana no consideró todos sus alegatos relativos a la excepción preliminar y que la tesis desarrollada por el Estado había sido “captada de manera errónea por los relatores de este fallo”. Si bien la Corte ha reconocido que, en casos excepcionales, podría proceder un recurso de revisión cuando un hecho, conocido luego de emitida la sentencia, afecte lo decidido, o demuestre un vicio sustancial de esta6, este no es el supuesto del presente caso. Los alegatos presentados por el Estado en su “solicitud de reposición” constituyen sustancialmente los mismos que fueron presentados durante el trámite del caso contencioso y que fueron oportunamente resueltos en la Sentencia. La Corte advierte que el resumen de los alegatos de las partes reflejado en sus sentencias constituye exactamente eso, un resumen, y en ninguna manera significa que este Tribunal no haya examinado y tomado en cuenta la totalidad de los alegatos presentados, previo a adoptar una decisión al respecto. No existe ningún hecho o situación relevante que fuera desconocida al momento de dictarse la Sentencia que, de haberse conocido, hubiese modificado su resultado, sino que el Estado está nuevamente cuestionando la admisibilidad del caso, con base en los mismos argumentos ya presentados con anterioridad. El desacuerdo con lo decidido no constituye una razón que justifique la interpretación o revisión de una Sentencia de la Corte.
En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte concluye que la “solicitud de reposición” presentada por el Estado es manifiestamente improcedente, por lo que corresponde desestimar dicha solicitud.
ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES
Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por los representantes cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención, anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento que dispone, en lo pertinente, que:
La Corte observa que los representantes presentaron su solicitud de interpretación el 8 de febrero de 2016, dentro del plazo de noventa días establecido en el artículo 67 de la Convención para la presentación de una solicitud de interpretación de la Sentencia (supra párrs. 3 y 6), ya que la misma fue notificada el 10 de noviembre de 2015. Por ende, la solicitud resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación.
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
A continuación el Tribunal analizará la solicitud de los representantes para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.
Para analizar la procedencia de la solicitud de interpretación sometida en el presente caso, la Corte toma en consideración su jurisprudencia constante sobre este punto (supra párr. 10). Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión7, así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por éste en su Sentencia8. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente9. Por otro lado, la Corte también ha señalado que la formulación de situaciones abstractas o hipotéticas no tiene relación alguna con el objeto de una solicitud de interpretación de sentencia10.
Los representantes solicitaron una interpretación en relación con las cantidades otorgadas en la Sentencia por concepto de daño material. A continuación, se expondrán los (A) argumentos de las partes y de la Comisión y se realizarán (B) las consideraciones pertinentes.
Argumentos de las partes y de la Comisión
Los representantes señalaron que los montos fijados en la Sentencia por pérdida de ingresos “son menores a lo que corresponde con base en la prueba disponible” y “no responden a los criterios fijados en el [párrafo 318 de la Sentencia]”. Al respecto, señalaron que el monto del lucro cesante calculado por los representantes hasta diciembre de 2014 “tendrí[a] que incrementar una vez se conozca el aumento salarial correspondiente al año 2015 y se realice el cálculo de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir hasta la fecha de la emisión de la sentencia”.
La Comisión consideró que la solicitud de los representantes era “procedente” en tanto las cantidades ordenadas por la Corte por concepto de daño material “no coincid[en] con los informados por los representantes en su escrito de 18 de marzo de 2015”.
Al respecto, el Estado indicó que “no hay duda alguna sobre el sentido y alcance de lo que se ha solicitado interpretar” y agregó que “mediante esa solicitud los representantes […] pretenden que [la Corte] valore nuevamente cuestiones de hecho y de derecho que ya han sido resueltas, con el propósito de modificar la sentencia de fondo, reparaciones y costas”.
La determinación de los ingresos dejados de percibir de las víctimas fue realizada al momento de dictar la Sentencia, con base en la prueba aportada al proceso, a la luz de la normativa de la Convención Americana y los principios que la informan11. De forma particular, este Tribunal estableció en el párrafo 318 de su Sentencia que:
318. La Corte constata que los representantes solicitaron que este Tribunal determine en equidad el monto por daño emergente sufrido por las víctimas del presente caso, mientras que señalaron los montos específicos que corresponderían a las víctimas, respecto de la pérdida de ingresos, a partir del cálculo de los salarios dejados de percibir y otros beneficios laborales, con base en la información presentada por el Estado. El Estado no presentó ninguna observación específica respecto de los montos indicados por los representantes. Asimismo, la Corte observa que el señor Chévez de la Rocha recibió a nivel interno un monto correspondiente a la liquidación por prestaciones sociales, el cual fue descontado de la pretensión de los representantes. En este sentido este Tribunal recuerda que, en el marco del daño material, deben ser reconocidos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por las víctimas desde el momento de su remoción arbitraria hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia, incluyendo los intereses pertinentes y otros conceptos anexos. En consecuencia y en atención a los cálculos presentados por los representantes en el marco de los salarios dejados de percibir, la Corte decide fijar las cantidades de US$ 162.000,00 (ciento sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Adán Guillermo López Lone; US$ 214.000,00 (doscientos catorce mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Tirza del Carmen Flores Lanza, y US$ 49.000,00 (cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Luis Alonso Chévez de la Rocha por concepto de pérdida de ingresos. Adicionalmente, la Corte decide fijar en equidad la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada una de las víctimas, los señores Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado y la señora Tirza del Carmen Flores Lanza, por concepto de daño emergente.
Los representantes plantearon su solicitud como un cuestionamiento de los criterios utilizados por este Tribunal al ordenar las indemnizaciones en la Sentencia. No obstante, la solicitud de interpretación no se basa en una duda sobre las cantidades ordenadas en la Sentencia por concepto de pérdida de ingresos, sino un desacuerdo con las cantidades fijadas. Como se desprende del párrafo de la Sentencia transcrito, si bien la Corte tomó en cuenta los cálculos presentados por los representantes, este Tribunal decidió fijar, de manera autónoma, las cantidades correspondientes a la pérdida de ingresos de las víctimas. Por tanto, no estima procedente ni necesario realizar precisiones adicionales al respecto.
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento,
Desestimar por improcedente la solicitud de “reposición de resolución o sentencia interlocutoria” presentada por el Estado.
Desestimar por improcedente el cuestionamiento de los representantes respecto de las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de pérdida de ingresos, conforme a lo señalado en los párrafos 23 y 24 de esta Sentencia de interpretación.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente sentencia de interpretación a la República de Honduras, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Redactada en español, en Ciudad de México, México, el 2 de septiembre de 2016.
Sentencia de Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Caso López Lone y otros vs Honduras.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán Alberto Pérez Pérez
 Los Jueces Manuel E. Ventura Robles, Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez participaron en el conocimiento y deliberación de la presente Sentencia por medios electrónicos.
1 Los representantes presentaron sus observaciones al escrito del Estado el 15 de marzo de 2016, un día después de vencido el plazo para su presentación. En consecuencia, dichas observaciones son inadmisibles y no serán consideradas por este Tribunal en la presente decisión.
2 En particular, el Estado señaló que “no puede [la Corte] considerar siquiera que las presuntas víctimas (una magistrada de [la] Corte de Apelaciones y tres jueces de primera instancia), tenían incertidumbre si era procedente el recurso de Amparo o no, ya que ellos por su calidad de jueces conocen el derecho, por lo que sí es a ellos exigibles el agotamiento del recurso de Amparo como requisito de admisibilidad. Por tanto al no haber agotado el mismo, [la] Corte Interamericana no puede conocer esta causa”.
3 Véase por ejemplo, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008 Serie C No. 189, párr. 20.
4 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párr. 16, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 313, párr. 10.
5 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, supra, párr. 16, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.
6 Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. Serie C No. 45, párrs. 10-12, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 21.
7 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas, supra, párr. 15, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.
8 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso Wong Ho Wing. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.
9 Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.
10 Cfr. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 29 de enero de 2000. Serie C No. 62, párr. 27, y Caso J. Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 291, párr. 13.
11 Cfr. inter alia, Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 363, Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266.