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Timestamp: 2018-09-23 11:03:06
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 31', 'artículo 169', 'artículo 150', 'artículo 31', 'artículo 149', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA C-644 DE SEPTIEMBRE 1 DE 1999
SENTENCIA C-644 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:RETIRO A LOS 70 AÑOS. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 490 DE 1998 FUE DECLADO INEXEQUIBLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, UNIDAD DE MATERIA DEL PROYECTO DE LEY, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:335 DE NOVIEMBRE DE 1999, PÁG.2104
Sentencia C-644 de septiembre 1º de 1999
INEXEQUIBLE EL RETIRO A LOS 70 AÑOS
EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 490 VIOLÓ LA UNIDAD DE MATERIA
“LEY 490 DE 1998
ART. 14.—El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, quedará así: Todo servidor público o empleado que sea funcionario del Estado o que ejerza funciones públicas y que cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. No obstante, si por decisión libre y voluntaria del mismo, manifiesta al nominador su deseo (sic) en el ejercicio de las funciones que venía desempeñando podrá continuar en el cargo hasta cumplir la edad de 70 años.
Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión de vejez, de acuerdo (sic) que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos.
2. Integración de la proposición jurídica completa.
La Corte considera que las expresiones demandadas están en íntima conexión, con la totalidad del artículo al que pertenecen.
Al respecto, debe recordarse la línea jurisprudencial, que ha venido exigiendo que las decisiones de constitucionalidad recaigan sobre contenidos jurídicos completos e integrales, susceptibles de cotejo con la Constitución, para que los fallos de esta Corte no sean inútiles.
En principio, el hecho de que el objeto de la decisión de la Corte esté compuesto sólo por palabras que de suyo nada expresan, mandan, prohíben ni permiten, debería conducir a la sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de aquélla.
Pero, en razón del carácter informal de la acción pública, que ha de despojarse de tecnicismos y complejidades procesales con miras a la efectividad del derecho político del ciudadano (C.P., art. 40), esta Corte prefiere interpretar la demanda, en búsqueda de su propósito, y estructurar, con base en él, y con apoyo en lo ya decidido en anteriores sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, la proposición jurídica completa, es decir, la regla de derecho sobre la cual habrá de recaer el examen de constitucionalidad y el fallo”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-565 de oct. 7/98, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Eso implica que la Corte Constitucional, en el ejercicio de su función, confronte normas completas, con alcances definidos, impidiendo que la acción ciudadana, ejercida selectivamente sobre ciertos textos, desvirtúe el sentido exacto de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, bajo un cierto designio del actor o, por inadvertencia de éste, con el resultado de hacer que el precepto, según el sentido del fallo, presente un contenido incoherente o inaplicable”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-560 de nov. 6/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
En consecuencia, cuando, como en este caso sucede, el motivo de posible inconstitucionalidad se refiere a un conjunto normativo que configura unidad, debe la Corte, y así se hará, conformar la proposición jurídica completa y extender lo que se resuelva a todo el precepto objeto de demanda.
3. Vulneración del principio constitucional de unidad de materia.
Antes de proceder al análisis de fondo de la norma demandada, es pertinente hacer nuevas alusiones al concepto de unidad de materia, que surge de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, y que el legislador ordinario debe observar estrictamente, como lo establecen las disposiciones fundamentales, con el objeto de evitar que en las leyes, sin el debido estudio y de modo sorpresivo, aparezcan normas ajenas al tema del cual se ocupan.
Ha señalado esta Corte que la homogeneidad temática en las leyes tiene un sentido sustancial, lo que permite al legislador tocar en un mismo conjunto normativo temas que desde el punto de vista estrictamente nominal son diversos pero que en sustancia son conexos, con miras a plasmar ordenamientos jurídicos dotados de mayor amplitud y comprehensión y, por tanto, de la indispensable razonabilidad que debe presidir la tarea legislativa.
Así, en casos anteriores la Corte ha advertido:
“... es el propio legislador, en cada caso, el encargado de establecer los criterios con arreglo a los cuales se pueda verificar después si en efecto hay correspondencia entre el título de la ley y su contenido, y si existe unidad de materia en los artículos, relacionados entre sí.
Esto resulta particularmente cierto ante las responsabilidades que asume el Congreso como parte vital del Estado social del derecho, el cual, por fuerza, para alcanzar las metas a él inherentes, debe consultar elementos en principio distintos y ajenos, pero concatenados entre sí por multitud de circunstancias de la vida real, convertidas en factor condicionante de su tarea”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-390 de ago. 22/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
“... para establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en él, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquellos que no guardan relación alguna con la cuestión predominante dentro del conjunto normativo”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-435 de sep. 12/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
La Corte reafirma estos criterios. Pero debe subrayar aquí como inadmisible, desde el punto de vista constitucional, que, a propósito del ejercicio de las atribuciones propias del Congreso, se aproveche el número considerable de artículos integrantes de un proyecto para introducir en él, de manera subrepticia, reglas cuyo contenido, por ser enteramente extraño a la esencia del mismo, distorsionan sus alcances, rompen su armonía y, de paso, modifican antitécnicamente normas pertenecientes a leyes en vigor, dislocándolas también, sin ponderación ni juicio.
En criterio de la Corte, resulta imperativa la observancia exacta de los mandatos contenidos en los artículos 158 y 169 de la Constitución, cuyos textos no sobra repetir:
“ART. 158.—Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.
“ART. 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta fórmula:
El Congreso de Colombia, DECRETA”
El alcance de dichas normas superiores ha sido recalcado por la doctrina de esta corporación en los siguientes términos:
“Toda ley del Congreso está sometida a las disposiciones constitucionales relativas a su expedición y contenido, por lo cual, no obstante gozar el Congreso de facultad o competencia para legislar en determinada materia, resulta inconstitucional la normatividad que expida si, al hacerlo, desconoce o inaplica los preceptos generales que la Constitución consagra.
Los artículos aludidos son los números 158 y 169 de la Constitución, en los cuales se dispone respectivamente que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” y que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido” (subraya la Corte).
La delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso, pues éste se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-390 de ago. 2/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
De conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, que no son sino desarrollo del texto constitucional, es pertinente examinar si el artículo demandado guarda conexidad en su materia con el resto del contenido de la Ley 490 de 1998, según lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política.
El título de la Ley 490 de 1998 es el siguiente:
“Por la cual se transforma la Caja Nacional de Previsión Social, de establecimiento público en empresa industrial y comercial del Estado y se dictan otras disposiciones”.
El articulado de la citada ley trata acerca de la nueva naturaleza jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social, su objeto, funciones, domicilio, órganos de dirección, funciones de la junta directiva, gerente, clasificación de sus servidores públicos, indemnización por retiro de los servidores públicos de Cajanal, derechos y obligaciones de la Caja, criterios que orientan la reestructuración, plazo para la reestructuración, vigencia y derogaciones.
No encuentra la Sala relación alguna entre la norma acusada, que, como bien lo señalan el demandante y el Procurador, pretende desarrollar la atribución legislativa señalada en el artículo 150, numeral 7º, de la Carta Política, y el resto del articulado de la Ley 490 de 1998, destinado a modificar las disposiciones legales que venían rigiendo en una materia extraña a ese propósito esencial del estatuto, cual es la edad de retiro forzoso de los servidores públicos.
Resulta ostensible —sin que pueda afirmarse en contra, ni siquiera en gracia de la discusión, que existe un hilo conductor entre el tema general que domina la Ley 490 de 1998 y la del precepto enjuiciado— que mientras aquélla hace referencia a la reestructuración de la Caja Nacional de Previsión Social y a las consecuencias que ella comporta, la disposición demandada modifica el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, norma de carácter general que fija la edad de retiro forzoso para los servidores públicos y que no tiene relación de ninguna clase con la señalada reestructuración, único objeto del conjunto normativo del cual hace parte.
Se viola de esta manera lo dispuesto en los artículos 158 y 169 de la Constitución.
Es del caso resaltar que, según lo establecido en artículo 149 de la Carta Política, lo que aprueben las cámaras sin el cumplimiento de las condiciones constitucionales carece de validez.
Se declarará la inexequibilidad solicitada.
No hay necesidad de estudiar los demás cargos formulados en la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declárase INEXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 490 de 1998.
(Sentencia C-644 de septiembre 1º de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández).