Source: https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/segundo-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-ix-legislatura/
Timestamp: 2020-08-05 01:44:33
Document Index: 134203685

Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 31', 'Artículo 76', 'Artículo 165', 'Artículo 170', 'Artículo 48', 'Artículo 82', 'Artículo 10', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 23', 'Artículo 22', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 36', 'Artículo 42', 'Artículo 55', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 68', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 81', 'Artículo 68', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 48', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 99', 'Artículo 169', 'Artículo 175', 'Artículo 182', 'Artículo 227', 'Artículo 229']

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura | Presidencia y Gobierno de Cuba
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura
En este articulo: Raúl Castro Ruz Asamblea Nacional del Poder Popular
Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz Canel-Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido inició este viernes, el segundo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura del Parlamento cubano
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, da por concluido el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.
A modo de conclusión, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, destacó la masividad e importancia de la opinión popular en la elaboración de la nueva Constitución, así como la transparencia que caracterizó todo el proceso. Igualmente, resaltó que esta es «la Constitución del pueblo», y agradeció la labor de Raúl al frente de la Revolución.
El Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular del resultado de la consulta popular al proyecto de Constitución de la República de Cuba, es presentado por Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.
Como un texto que ha ganado en calidad en su confección y contenido, al enriquecerse con las propuestas emanadas del pueblo, fue calificada la propuesta de Constitución de la República de Cuba, en el informe presentado este viernes por Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, acerca del resultado de la consulta popular.
Este último proceso es calificado en el documento como una expresión genuina del carácter democrático y participativo de nuestro sistema socialista; pues la amplia participación popular reflejó el alto grado de preparación cultural y política del pueblo cubano y su compromiso e identificación mayoritaria con el perfeccionamiento del sistema político, económico y social.
Se destaca, asimismo, la transparencia, organización, responsabilidad y rigor con que se llevó a cabo la preparación y realización de las asambleas de discusión del proyecto de Constitución, así como la captación, procesamiento y análisis de los planteamientos de la población a todos los niveles.
DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA CONSULTA
En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión ordinaria de los días 21 y 22 de julio del año 2018, el proyecto de Constitución de la República fue sometido a consulta popular, entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018.
Previo a la consulta se estableció una infraestructura de trabajo para captar y procesar toda la información derivada de la misma y se capacitó a las personas responsabilizadas de dirigir las reuniones para su mejor desempeño.
En el proceso de consulta popular se realizaron:
• 133 681 reuniones, de ellas:
79 947 de la población
45 452 de colectivos de trabajadores
3 441 de campesinos
1 585 de estudiantes universitarios
3 256 de estudiantes de la enseñanza media
• Asistieron 8 945 521 personas
• Se realizaron 1 706 872 intervenciones, de ellas:
783 174 propuestas
666 995 modificaciones
32 149 adiciones
45 548 eliminaciones
38 482 dudas
Esta información fue procesada por cada uno de los párrafos del documento sometido a consulta, y se agruparon las muy similares en 9 595 propuestas tipo (cada una reúne como promedio 78 propuestas).
También fueron evaluadas las 2 125 propuestas presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), recibidas de los cubanos residentes en el exterior; de ellas, 1 150 modificaciones, 350 adiciones, 406 eliminaciones y 219 dudas. De las mismas se derivaron 978 propuestas tipo.
En total, la página web habilitada por el Minrex recibió 4 751 visitas de 123 países, aunque se registraron propuestas de solo 58. La inmensa mayoría de ellas no cuestiona la esencia de nuestro sistema.
Del mismo modo, fueron evaluadas opiniones expresadas por otras vías, como las redes sociales, cartas de la población, etc. Tuvieron especial significación las derivadas de los análisis en facultades de Derecho, centros científicos, la Academia de Ciencias de Cuba y sociedades de la Unión Nacional de Juristas.
Entre las opiniones espontáneas recogidas acerca del proceso, predominan con el 62% las favorables, el 35% son expectativas, sugerencias y preocupaciones, y solo el 3% refleja matices críticos.
El mayor número de propuestas realizadas por la población se concentra en los temas siguientes:
1. El matrimonio (Artículo 68 del proyecto). Se realizaron 192 408 propuestas (24,57 % del total) en 88 066 reuniones. Destacan las referentes a mantener la redacción de la Constitución vigente, limitar el derecho de las personas del mismo sexo a la reproducción asistida y a la adopción, así como eliminar el artículo propuesto.
2. El Presidente de la República. Se expresan diferentes opiniones, las más significativas son:
a) Sobre el periodo de mandato (Artículo 121 del proyecto), se hicieron 88 039 propuestas (11,24% del total) en 65 803 reuniones. Las opiniones, en sentido general, están dirigidas a no limitar los periodos de mandato.
b) La edad límite de 60 años para su elección (segundo párrafo del Artículo 122). Hay 24 335 propuestas (3, 11% del total) en 20 135 reuniones. Lo que más se manifiesta es no precisar límite de edad alguno.
c) Elección del Presidente de la República (Artículo 121 del proyecto). Existen 16 716 propuestas (2, 13 % del total) en 12 804 reuniones. La mayor cantidad propone que sea electo directamente por los electores (12 264 propuestas).
d) La edad mínima de 35 años para acceder al cargo (Artículo 122 del proyecto). Se hicieron 10 307 propuestas (1,32 % del total) en 8 990 reuniones. Se manifiesta con mayor frecuencia elevar la edad o suprimirla.
3. El trabajo (Artículo 31 del proyecto). Se realizaron 51 414 propuestas (6, 56% del total) en 40 420 reuniones. En lo esencial interesa establecer su carácter obligatorio. Del mismo modo, sobre el Artículo 76 del proyecto, referente a la remuneración del trabajo, se formulan 12 558 propuestas (1,60% del total) en 9 767 reuniones, vinculadas, principalmente, a la correspondencia que debe existir entre el salario y los precios vigentes, así como dudas en la forma en que se va a garantizar el principio de distribución socialista reflejado.
4. El Gobierno Provincial (Artículo 165 del proyecto). Se relacionaron 25 650 propuestas (3,28 % del total) en 18 455 reuniones, se centran fundamentalmente en que se cambie el nombre de Gobernador por el de Presidente. Asimismo, sobre la manera de designación del Gobernador (Artículo 170 del proyecto), se realizaron 16 188 propuestas (2, 07 % del total) en 12 847 reuniones. Fueron las más significativas que el Gobernador sea electo directamente, por el pueblo, por las asambleas municipales del Poder Popular o por el Consejo Provincial.
5. El derecho a la asistencia jurídica para ejercer la defensa (inciso f del Artículo 48 del proyecto). Hay 18 283 propuestas relacionadas con este tema (2,33 % del total) en 15 132 reuniones. En lo fundamental se solicita que las personas tengan derecho a la asistencia jurídica desde el propio momento de la detención.
6. El derecho a una vivienda digna (Artículo 82 del proyecto). Sobre este tema hubo 15 398 propuestas (1,97 del total) en 13 182 reuniones. Las principales intervenciones fueron para proponer cambiar el término digno por otro y dudas acerca de qué se considera una vivienda digna.
En el caso de los cubanos residentes en el exterior, las principales propuestas estuvieron relacionadas con la solicitud de que se les garantice igualdad en el disfrute de los derechos y deberes, en particular su derecho al voto y les reconozcan el tiempo de trabajo en Cuba u otro país a los efectos de la seguridad social.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
Para realizar el trabajo de análisis de cada propuesta, el 28 de septiembre del presente año, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se creó un Grupo de Trabajo integrado por 30 compañeros, de estos nueve integrantes y dos asesoras de la Comisión Redactora y otros 19 de otras instituciones.
El Grupo fue estructurado en siete subgrupos, a seis se les distribuyó el proyecto por títulos, uno tuvo a su cargo el apoyo informático. También se organizó un grupo central, encargado de analizar las propuestas de los subgrupos, elaborar el informe final y presentarlo a la Comisión Redactora del proyecto de Constitución de la República.
El procesamiento de la información resultado del debate nacional comenzó a realizarse desde que se recibió el primer parte del Equipo Nacional de Procesamiento, el 5 de octubre de 2018, y culminó el 15 de noviembre del presente año. Fue un principio en la labor de ese Grupo, evaluar cada una de las propuestas presentadas y fundamentar la decisión que se propone al respecto.
De las 9 595 propuestas tipo recibidas, el Grupo le propuso a Ia Comisión Redactora aceptar 4 809 para un 50,1%, algunas con un reflejo directo en el texto, aunque no necesariamente con la misma redacción ni en el mismo artículo que se propuso; otras ya estaban contempladas de alguna manera en el proyecto; y un número considerable que, por su contenido, serán tenidas en cuenta en procesos legislativos posteriores, lo que refleja la amplitud de este proceso.
Se propuso no aceptar 4 786, para un 49,9%, algunas improcedentes desde el punto de vista jurídico, en mayor medida, porque no aportan al texto o se refieren a aspectos puntuales o de redacción no relevantes; un número, significativamente menor, por ser incompatibles con nuestros principios.
Por su parte, de las 978 propuestas tipo provenientes de la consulta a cubanos residentes en el exterior, se sugiere aceptar 391, para un 40%, muchas de ellas coincidentes con las propuestas consideradas a incluir provenientes del procesamiento realizado.
Durante el análisis fue necesario realizar consultas al Minrex, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), a los Ministerios del Interior y Agricultura, así como a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana y otros especialistas en diferentes temas.
El resultado del análisis detallado de las propuestas fue presentado a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, la cual, encabezada por su Presidente el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido, sesionó entre los días del 16 al 21 de noviembre del presente año.
De los profundos y amplios debates sostenidos por la Comisión en cada uno de los asuntos, se elaboró una nueva versión del Proyecto de Constitución que fue analizada detalladamente en el VIII Pleno del Comité Central del Partido, los días 11 y 12 de diciembre.
Mantiene los 11 títulos, aunque algunos variaron su ubicación:
• Título I Fundamentos Políticos
• Título II Fundamentos Económicos
• Título III Fundamentos de la política educacional, científica y cultural (Antiguo Título V)
• Título IV Ciudadanía (Antiguo Título III)
• Título V Derechos, Deberes y Garantías. (Era el Título IV, tiene cambios en la denominación de los capítulos II, III, IV y VI)
• Título VI Estructura del Estado. (El Capítulo V Las leyes, ahora es el VIII, último de ese Título, con dos nuevas secciones. También se le cambió el nombre por el De las Disposiciones Normativas)
• Título VII Organización Territorial del Estado
• Título VIII Órganos Locales del Poder Popular
• Título IX Sistema Electoral
• Título X Defensa y Seguridad Nacional
• Título XI Reforma de la Constitución. (Conserva los 24 capítulos, tiene 18 secciones, dos más que el proyecto circulado, al incorporarse dos en el capítulo VIII del Título VI, y 229 artículos, de ellos, ocho nuevos)
Del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, en el Preámbulo se modifican ocho párrafos e incluyen cuatro nuevos y de los 224 artículos que contiene, se sugieren modificar 134 para un 59,8%, eliminar tres (Artículos 4, 18 y 30, aunque el contenido del primero y el último se integra a otros preceptos) para un 1,3 % y mantener sin cambio alguno 87 para un (38,8%).
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS Y CUESTIONES MÁS DEBATIDAS.
Se hicieron algunos ajustes en su contenido, en especial fue incluido lo relativo a la lucha clandestina; el internacionalismo proletario y la mención «de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena».
Fue amplia la solicitud, aunque no se acoge en el proyecto, de la mención a diversos héroes (Che, Camilo, Carlos Manuel de Céspedes, Mella, Villena…), y otros pasajes de nuestra historia.
• Fundamentos Políticos:
En el primer capítulo Principios Fundamentales hubo cambios en el orden de los, artículos, principalmente porque el antiguo Artículo 10 (soberanía popular) ahora pasó para el Artículo 3.
Un tema debatido en el Grupo de Trabajo fue lo referente a sustituir el nombre que se da a los símbolos patrios, en particular a la bandera y el himno nacional (Artículo 2, antiguo 4), lo que se propone no aceptar, en correspondencia con la denominación que se reconoce en el vigente texto constitucional y la tradicional que se les ha dado a los mismos.
En el Artículo 5 referido al Partido, se definió a este como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado y se incluyó la mención al comunismo. En los artículos 7 y 8, queda claro que el Partido como el resto de las organizaciones está obligado a cumplir la Constitución y las leyes.
Se eliminó, a propuesta del Minrex, el Artículo 18 del proyecto consultado, relativo a las entidades supranacionales, atendiendo a que no es visible un proceso como este en lo inmediato y porque parte de su contenido pudiera estar en el inciso d) del Artículo 16, referido a la integración latinoamericana.
Fueron incorporados dos nuevos artículos, uno relativo a la participación de los trabajadores en los «procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía» (Artículo 20) y el otro, acerca del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social del país (Artículo 21).
En las formas de propiedad se mejoró la redacción de la privada para explicitar que comprende a las personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras con un papel complementario en la economía. Asimismo, se adiciona entre las formas de propiedad de las instituciones y formas asociativas, que pudiera incluir la de las iglesias, fundaciones y otras asociaciones.
En cuanto a la propiedad socialista de todo el pueblo, se precisa que la transferencia de derechos que no impliquen la propiedad sobre los bienes de dominio públicos es facultad del Consejo de Estado (artículo 23) y quedan incluidos entre ellos los yacimientos minerales y las playas.
Dentro de esta forma de propiedad también fue definido que incluye otros bienes patrimoniales, de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país, entre ellos, «las principales infraestructuras, industrias e instalaciones económicas y sociales», los que podrán ser transferidos en propiedad solo en casos excepcionales, por el Consejo de Ministros, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país.
Otra modificación está referida al contenido del Artículo 22 (actual Artículo 30), el que en su nueva redacción precisa la regulación por el Estado de la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas no estatales, e incluye lo relativo a una redistribución más justa de la riqueza, aspecto en el que se expresaron muchas opiniones divergentes, y con lo cual se atiende a un número elevado de propuestas.
En el Artículo 31, a pesar del elevado número de criterios (46 968) de incluir la obligatoriedad de trabajar, se acordó sugerir no acogerlo, por ser contrario a nuestros principios y compromisos internacionales. No obstante, el texto lo reconoce como un «deber social».
A su vez, en este propio precepto quedó previsto que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos, a fin de consignarlo de un modo más progresivo y atemperado a la realidad actual.
• Fundamentos de la política educacional, científica y cultural
Se señala que la política educativa, científica y cultural se fundamenta, además, en la innovación; fue retomado el concepto de la vigente Constitución de que «la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre», por corresponderse con principios imprescindibles para el desarrollo de esa actividad y en cuanto a la creación artística y las formas de expresión del arte, se precisa que su contenido debe respetar los principios de la política cultural del Estado.
Lo más trascendente fue la precisión de que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana, con lo cual se da respuesta a múltiples dudas de la población al respecto (Artículo 36, antiguo 35).
• Derechos, Deberes, y Garantías
En el capítulo de disposiciones generales, se incluyó un nuevo artículo (el 40) para reconocer la dignidad humana como valor supremo de las personas.
En el precepto referido a la igualdad (Artículo 42, antiguo 40), ante la solicitud popular, fue incluido el derecho de todos «a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios», con lo cual se resuelve lo relativo al acceso a las playas, hoteles u otros lugares.
También para el mencionado artículo se trasladó lo referido a la expresión de que las personas «reciben igual salario por igual trabajo» y se adiciona que ello es «sin discriminación alguna», eliminándose que es de «igual valor», con lo cual aquella frase adquiere verdadero sentido y pudieran disminuir las dudas que existen sobre su interpretación.
En el Capítulo II, con la nueva denominación de «Derechos», se concentran todos los derechos cualquiera que, sea su naturaleza (individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, etc.), con lo que se pretende evitar las dudas en cuanto a su clasificación.
En lo relativo a la libertad de prensa (Artículo 55, antiguo 60), en su segundo párrafo, quedó precisado que los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista de todo el pueblo o «de las organizaciones políticas, sociales y de masas»; además, que en ningún caso podrán ser objeto de propiedad privada.
Fue adicionada como una garantía material al derecho al trabajo (Artículo 64, antiguo 75), la responsabilidad del Estado de organizar «instituciones y servicios que faciliten a las familias trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades», aspecto que ofrece una respuesta de carácter general ante la insistencia de que se mencionaran los círculos infantiles u otras cuestiones.
Otro aspecto que no tuvo cambios respecto al proyecto fue lo relativo al principio de distribución socialista (Artículo 65, antiguo 76), aunque existen opiniones divergentes en la academia y un reclamo de que no se cumple actualmente en la realidad económica y por tanto debe suprimirse.
El derecho a la seguridad social (Artículo 68, antiguo 79) fue ampliado para reconocer la protección no solo de la maternidad y la paternidad, sino también «a los abuelos u otros familiares del menor de edad, en función del cuidado y atención de este», para extenderlo a otros sujetos merecedores de esa protección, tal y como está regulado actualmente y, con ello, dar respuesta a opiniones de la población.
Fue modificado el derecho a la vivienda «digna» (Artículo 71, antiguo 82), respecto a lo cual hubo muchas dudas y observaciones. En lugar de este último término, se consignó «adecuada» y amplió el derecho a un «hábitat seguro y saludable», que ofrece una mayor precisión y lo extiende no solo al espacio físico y a un techo, sino al entorno en que debe desarrollarse la vivienda y sus características principales.
En el derecho a la salud pública (Artículo 72, antiguo 83) quedó más explícita la responsabilidad del Estado, añadiéndose que sus servicios deben ser de «calidad» e incorporándose como garantía la creación de un «sistema de salud a todos los niveles, accesible a toda la población» y el desarrollo de «programas de prevención y educación de la salud, en los que contribuye la sociedad y las familias».
Respecto a la educación (Artículo 73, antiguo 84), fue diferenciada, en primer lugar, la responsabilidad del Estado, añadiéndose que sus servicios han de ser de calidad y fue extendido su carácter gratuito desde «la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado», acogiendo así una buena cantidad de opiniones de la población.
Fueron también ampliadas las garantías para hacer efectivo este derecho, a partir de la posibilidad que se brinda, entre ellas, «el amplio sistema de instituciones educacionales y la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida».
Se deja a la ley, entre otras cuestiones, la regulación referida a la remuneración excepcional de los estudios de posgrado u otros complementarios, algo muy debatido durante la consulta.
En el Capítulo III Las familias, se incorpora con carácter independiente lo relativo a estas, similar al texto constitucional vigente y con el objetivo de visualizar la importancia de este tema en la sociedad.
Es de destacar la nueva regulación que aparece en el Artículo 81 (antiguo 67), donde se establece el derecho de las personas a fundar una familia, cualquiera que sea su forma de organización, y la definición de que estas se constituyen «por vínculos jurídicos o de hecho».
Para dar respuesta al mayoritario reclamo de la población respecto al contenido del Artículo 68, se elimina la mención a los sujetos que conforman el matrimonio, y en su lugar, el nuevo Artículo 82 establece que es una institución social y jurídica, y una de las formas de organización de las familias, derivando a la ley su desarrollo posterior.
Unido a esto, en la Disposición Transitoria Decimoprimera se establece que, en el plazo de dos años de la vigencia de la Constitución, la Asamblea Nacional dispondrá iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Con ello se pretende no incluir en el texto constitucional los sujetos de esa institución y lograr su definición en una votación en referendo del mencionado Código.
A la vez, el propio Artículo 82 reconoce las uniones de hecho y remite a la ley la regulación de las condiciones y circunstancias en que estas se configuran, así como los derechos y obligaciones que de ellas se derivan. Dichas uniones pudieran ser de parejas heterosexuales o del mismo sexo, pero en el proyecto de Constitución se obvia también a los sujetos.
En este propio capítulo dedicado a las familias (Artículo 86, antiguo 72), se amplían los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al considerárseles sujetos plenos de derechos, conforme establece la Convención de los Derechos del Niño, así como en un nuevo artículo (el 87), se reconoce el papel de los jóvenes en la sociedad.
También, se acentúa la protección y el ejercicio de los derechos por parte de las personas adultas mayores (Artículo 88, antiguo 73) y las personas en situación de discapacidad (Artículo 89, antiguo 74).
En el Capítulo IV del propio Título V, se regulan los Deberes (Artículo 90, antiguo 91). El cambio fundamental radica en que se incorpora el respeto y protección de los símbolos patrios, así como el deber de proteger la flora y fauna, respondiendo a un reclamo extendido de regular la protección de los animales.
En un nuevo Capítulo VI denominado Garantía de los Derechos, se agrupa todo el sistema de garantías que estaba disperso en el articulado del proyecto. Se incorporan dos nuevos artículos, el 92, relativo a la tutela judicial, y el 93, para reconocer los métodos alternos de solución de conflictos (arbitraje, mediación, etc.).
El principio del Debido Proceso (antiguo Artículo 48), tuvo una importante modificación, al dividirse las cuestiones generales relativas a cualquier clase de asunto (Artículo 94) y las vinculadas al proceso penal en sí (Artículo 95).
Resultó muy solicitada la asistencia letrada en el proceso penal desde el momento de la detención. Este fue un tema ampliamente debatido y se llegó al consenso de que fuera desde el inicio del proceso, dejando a la ley su precisión.
En el Artículo 99 (antiguo 94) se incorporó la posibilidad de reclamar ante los tribunales la vulneración de derechos constitucionales, no solo por el Estado o sus representantes, sino también por los particulares y entes no estatales. Asimismo, se deja a la Ley definir cuáles serán esos derechos constitucionales amparados y el procedimiento para ello.
• Estructura de Estado
En sentido general se mantuvo la misma redacción, con cambios muy concretos. En este Título existen cuatro aspectos relacionados con la figura del Presidente de la República, sobre los cuales las personas opinaron más (período de mandato, edades mínima y máxima, así como su elección popular) y que se propone mantener como está en el proyecto, acorde con las decisiones de los congresos del Partido y su Primera Conferencia Nacional.
• Organización Territorial del Estado
En este Título no hubo grandes cambios. En el Artículo 169 (antiguo 164) quedó precisado como una de las cuestiones derivadas de la autonomía municipal, la de dictar acuerdos y disposiciones normativas para el ejercicio de sus facultades.
• Órganos Locales del Poder Popular
Lo más trascendente en este Título fue la modificación de la forma de elección del Gobernador y Vicegobernador Provincial (Artículo 175, antiguo 170), y se acogió la propuesta de que estos fueran electos por los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) respectivas, a propuesta del Presidente de la República, con lo que también se acepta, en parte, un reclamo popular.
El otro cambio importante radica en incorporar a los vicepresidentes de las AMPP entre los integrantes del Consejo Provincial (Artículo 182, antiguo 177), así como se elimina la mención a otros miembros. En este Título hubo algunos criterios que cuestionaban los nombres de Gobernador e Intendente; no obstante, se consideró que no existían razones de peso para cambiarlos.
• Sistema Electoral y Defensa y Seguridad Nacional no tuvieron cambios a resaltar
• Reforma de la Constitución
En el Artículo 227, antiguo 222, referido a la iniciativa de Reforma, se incorporó como sujeto al Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, para hacerlo corresponder con la iniciativa legislativa y el papel que tienen estas dentro del sistema político cubano.
Se mantuvieron las cláusulas de intangibilidad previstas en el Artículo 229, antiguo 224, definiéndose con un carácter más general la irrevocabilidad del sistema socialista, sin especificar los componentes que lo integran.
En las disposiciones complementarias del proyecto (Especiales, Transitorias, y Finales), se incluyó una nueva, que ahora es la Quinta, relativa a la propuesta que debe hacer el Presidente para la elección del Gobernador y Vicegobernador Provincial; se ajustó, como ya se expresó, la redacción de la Décima, que ahora es la Decimoprimera, y se eliminó la Decimosegunda.
Se inicia la discusión y análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Se somete a votación la Ley del Presupuesto del Estado y el Dictamen de las comisiones correspondientes.
Aprobada por unanimidad, así como la Comisión de Estilo para revisión antes de su publicación en Gaceta Oficial.
Varios diputados expresaron sus criterios sobre la información económica presentada en el II Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura
Dictamen de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019.
Primer Secretario del Comité Central del Partido
Las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos, luego de escuchar y debatir las informaciones brindadas por los ministros de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios y del estudio del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019, emiten el Dictamen siguiente:
A pesar de las tensiones y dificultades, el esfuerzo realizado en la conducción de la economía asignando los recursos a las actividades principales, permite estimar que el Producto Interno Bruto en el año 2018 crezca ligeramente superior al uno por ciento a precios constantes respecto al real 2017.
El crecimiento de la economía cubana proyectado para el 2019, si bien es discreto, tiene como premisa la correspondencia entre las necesidades de financiamiento y el balance de los recursos que el país dispone; son un Plan y un Presupuesto cumplibles bajo estos principios, que garantiza la continuidad de crecimiento, crean las bases para mejores y sostenidos ritmos en la dinámica de la economía en los próximos años sobre la base de la planificación centralizada e integrada en el Sistema de Dirección de la Economía, sin incrementar el nivel de endeudamiento. Su cumplimiento requiere una actitud más intensa y proactiva de todos los actores de la economía.
Nuestro proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019 es eminentemente social, está compatibilizado con los niveles de actividad planteados en el plan de la economía y garantiza la sostenibilidad de las políticas públicas en bien de nuestro pueblo, que se instrumentan en la actualización del modelo económico.
Los ingresos brutos crecen un 4 por ciento, con una participación del sector estatal en un 85 por ciento, ratificando su papel principal en la economía. Los aportes de las formas de gestión no estatal crecen un 16 por ciento y participan un 13,3 por ciento en el total de ingresos.
Constituyen imperativos, trabajar con más rigor en el incremento de la disciplina del cumplimiento de los aportes al Presupuesto del Estado, y en particular elevar la eficacia en el cobro de los tributos, enfrentando resueltamente su evasión; incrementar la efectividad en el uso de los inventarios en función del Plan y Presupuesto trazados; lograr los rendimientos aprobados en los programas inversionistas; emplear la contabilidad como herramienta de dirección y explotar las reservas de eficiencia de forma general.
El Proyecto es expresión de los avances programados en el proceso de perfeccionamiento del Sistema de Administración Financiera del Estado en correspondencia con el pronunciamiento de esta Asamblea Nacional. Continúa la aplicación paulatina del impuesto de ociosidad de la tierra, incorporando las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas, las que se unen a Pinar del Río y Cienfuegos. Se incrementa el alcance del impuesto sobre ingresos personales a otras figuras, entre otros.
Los aportes como resultado de la utilidad empresarial participan un 21 por ciento de los ingresos brutos. Como elemento que incentive la correcta planificación y constituye respuesta a un acuerdo de esta Asamblea, se estudian por el Ministerio de Finanzas y Precios medidas para evitar se obtengan sobrecumplimientos de utilidades que no están sustentados en mayores producciones y prestaciones de servicios.
La Contribución Territorial para el Desarrollo Local que se planifica fuera del balance presupuestario, prevé recaudar 879 millones de pesos con destino a gastos de proyectos y programas asociados al desarrollo económico y social de los municipios. En tal sentido debe lograrse un balance que permita el incremento de proyectos productivos que generen ingresos, empleos, encadenamientos y otros resultados que contribuyan a la reproducción ampliada de la economía sin dejar de atender los programas de índole social.
El ingreso captado mediante el impuesto por la venta de materiales de la construcción para subsidiar a personas naturales que necesitan ejecutar acciones constructivas y que es cedido a los presupuestos provinciales, requiere mayor inmediatez en la asignación de los recursos.
Los gastos totales decrecen un 0,7 por ciento, en ello incide la disminución de los financiamientos presupuestarios a la actividad empresarial.
Los gastos de la actividad presupuestada crecen un 2 por ciento, en lo que la ejecución de nuevas políticas sociales constituye el principal fundamento. Solo en una sociedad como la nuestra, en medio de una adversa situación económica, con un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que cuesta alrededor de 12 millones de dólares diarios, no solo se preservan, sino incrementan los programas de impacto social en función de una política inclusiva.
Muestra de ello es que el 51 por ciento del presupuesto de gastos de la actividad presupuestada se destina a los sectores de Educación y Salud (más de 55 millones de pesos cada día), lo que garantiza la prestación gratuita de estos servicios y respalda una matrícula de más de 1 millón 761 mil estudiantes desde la enseñanza preescolar hasta el nivel superior, 226 millones de consultas médicas y el aumento de las prestaciones de la asistencia social que favorecen más de 90 mil núcleos.
El presupuesto de la seguridad social representa el 17 por ciento de los gastos de la actividad presupuestada lo cual implica erogar diariamente, como promedio, más de 18 millones de pesos. Ello sustenta, entre otras realidades, el incremento en 21 por ciento de la pensión mínima de jubilación (de 200 pesos a 242) con más de 280 mil personas beneficiadas.
Como resultado del balance de ingresos y gastos, el déficit fiscal proyectado es de 6 mil 187 millones de pesos que representa el 6,1 por ciento del PIB a precios corrientes.
Los recursos presupuestarios asociados a la atención a los planteamientos de la población requieren un monitoreo sistemático, velando por su ejecución e impacto en el nivel de satisfacción, lo que deberá ser una prioridad para todos.
Ambas comisiones consideran que, aun cuando el Presupuesto del Estado que se presenta a esta Asamblea Nacional evidencia una evolución en la aplicación de instrumentos y control de las finanzas públicas, se debe continuar su perfeccionamiento y consolidación.
Los resultados y objetivos planificados para el año hay que trabajarlos con intencionalidad, no se lograrán de forma espontánea, requieren del esfuerzo de todos y de tiempo dedicado a esta batalla. Debemos reforzar las estructuras de gestión económica, darles participación en la proposición de soluciones, lograr que la contabilidad como herramienta, más que registrar los hechos económicos, permita analizar, proponer y trabajar proactivamente, potenciar al máximo las reservas internas existentes, aspectos no siempre logrados en la ejecución corriente del presupuesto del Estado.
Por todo lo antes expuesto recomendamos al Presidente de la Asamblea Nacional:
1. Trasladar al Consejo de Ministros que el Ministerio de la Agricultura y AZCUBA informen el impacto del financiamiento dado por el presupuesto para capitalizar sus actividades en función de fortalecer la empresa estatal y su aporte al incremento de las exportaciones y sustitución de importaciones.
2. Que indique a las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, a excepción de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, desarrollar un proceso de verificación a las entidades enmarcadas en sus ámbitos de competencia del cumplimiento de las principales líneas de trabajo del Plan y Presupuesto y medir su efectividad, enfocado fundamentalmente a:
• Eficiencia del proceso inversionista y participación de la Inversión Extranjera Directa.
• Incremento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios.
• Cumplimiento de los aportes al Presupuesto del Estado.
• Racionalidad y control en el uso de los recursos materiales y financieros.
• Gestión eficiente de las cuentas por cobrar y pagar.
• Sustitución de importaciones con mayor participación de la industria nacional.
• Gestión eficiente de los inventarios.
3. Sugerir al Consejo de Ministros que el Ministerio de Finanzas y Precios, en coordinación con las instituciones que corresponda, elabore un programa de capacitación a las estructuras de gestión económica para asegurar el cumplimiento del Lineamiento No. 7 aprobado en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre la Contabilidad como herramienta de dirección para la toma de decisiones.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera que el Proyecto de Ley en cuestión es concordante con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico del país.
Las Comisiones que dictaminan proponen a la Asamblea Nacional aprobar la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019.
Un presupuesto con vocación social
Las tensiones financieras que impactaron en el cumplimiento del plan del 2018 y en las proyecciones del nuevo año, también acompañaron, invariablemente, la ejecución presupuestaria de este año que casi termina e incidieron en la planificación del Presupuesto del Estado para el 2019.
No obstante, al decir de Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, dentro de los encaramientos presupuestarios, fueron atendidas las demandas financieras para el sostenimiento de los servicios básicos a la población, la esfera productiva, la implementación y continuidad de las políticas sociales, así como para la recuperación del huracán Irma y otros eventos.
Presupuesto estimado del 2018
57 722 millones de pesos de Ingresos brutos. Están relacionados con el incremento en la gastronomía estatal, los servicios médicos en el exterior y los aportes de las formas de gestión no estatal.
66 421 millones de pesos de Gastos totales, en los cuales inciden los incumplimientos de las inversiones.
9 000 millones de pesos aproximadamente de Déficit fiscal.
También insistió en la necesidad de fortalecer el control tributario y en la ejecución presupuestaria, reconoció, hay reservas en la planificación, formalismos en la discusión del Presupuesto con los trabajadores y un deficiente uso de los inventarios.
En cuanto al Presupuesto del Estado para el 2019, Lina Pedraza reiteró su vocación social, enfocado, como siempre y pese a todas tensiones, en el sostenimiento de los servicios básicos a la población, las políticas sociales, la defensa del país, el orden interior, así como los programas de desarrollo integral de las provincias y los municipios.
Proyecto de Presupuesto del Estado para el 2019
60 020 millones de pesos de Ingresos brutos: el sector estatal participa en un 85% de esta recaudación. Los ingresos tributarios representan el 74%. Los aportes por las utilidades empresariales participan en un 21%.
65 957 millones de pesos de Gastos.
38 711 millones de pesos de Gastos de la actividad presupuestada. Educación y salud ocupan el 51%.
1 358 millones de pesos de Contribución territorial para el desarrollo local.
Los impuestos por la venta de bienes y servicios crecen 1.3%
Los aportes de las formas no estatales crecen un 16% y participan en un 13 % de los ingresos totales.
La titular de Finanzas y Precios puntualizó que, a pesar de la mejoría de la calidad del aporte del sector no estatal, existen conductas evasivas.
De ahí la necesidad de fortalecer las acciones de control y fiscalización, que pueden incluir, en correspondencia con la envergadura de las violaciones, la aplicación de medidas administrativas y judiciales.
Presupuesto de la Seguridad Social:
5 437 millones de pesos de Ingresos Brutos.
6 670 millones de pesos de Gastos.
1 661 000 pensionados.
Algunas medidas tributarias para el 2019
Extender el impuesto por la ociosidad de la tierra a las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas.
Implementar el cobro del impuesto sobre ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior y a los marinos que se enrolan para el trabajo en buques extranjeros, de conformidad con las políticas aprobadas.
Implementar de forma gradual la financiación desde los presupuestos municipales de los gastos corrientes de la actividad no presupuestada.
A las empresas que durante el año obtengan sobrecumplimientos superiores al 20 % de las utilidades planificadas se les regulará un aporte al Presupuesto del Estado por el exceso obtenido.
De forma general, aseguró Lina Pedraza, se logra mejorar el resultado presupuestario desde la planificación. Aunque resulta imprescindible mantener un cumplimiento riguroso y eficiente de las cifras proyectadas, movilizar las reservas que generen mayores aportes, impregnar de mayor racionalidad el uso y destino del gasto presupuestario e involucrar en el control a los trabajadores.
A juicio del titular de Economía y Planificación, deberán seguirse muy de cerca las acciones para reducir el coeficiente importado (cantidad de dólares que la economía gasta para generar un peso de PIB); que la toma de créditos externos sea inferior al pago de deudas, que el proceso inversionista de respuesta a programas priorizados y que sea eficiente la sustitución de importaciones.
Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, dio a conocer los 253 acuerdos adoptados en el periodo de abril a diciembre de este año. De ellos, 83 corresponden a condecoraciones.
Informó que en la etapa fueron aprobados siete Decretos Leyes, del 359 al 366, referidos al nivel de Educación de ciclo corto, el funcionamiento de la Casa de las Américas, el perfeccionamiento de las facultades del Banco Central de Cuba, las instituciones del Sistema Bancario –Financiero y las infracciones en materia cambiaria y financiera.
Un gobierno en función de la población
Primer discurso presidencial de Díaz-Canel: Asumo la responsabilidad con la convicción de que todos los revolucionarios seremos fieles a Fidel y a Raúl