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el blog de don benito: Medida cautelar privativa de libertad y enajenación mental en causa penal
Medida cautelar privativa de libertad y enajenación mental en causa penal
Sentencia de 22 octubre 2015.
Ponente: D. Antonio Narváez Rodríguez
La sentencia estima la demanda de amparo y declara nulos los autos de la Audiencia Provincial de Cádiz que prorrogaron la prisión provisional del demandante mientras se tramita el recurso de casación interpuesto contra la sentencia en la que se le había absuelto por enajenación mental y se le había impuesto una medida de seguridad de internamiento en Centro psiquiátrico penitenciario.
Art. 17 CE. Arts. 114, 381 y 504.2 in fine LECrim. Art. 763.1 LECivil.
E n el caso concreto enjuiciado, el demandante de amparo había sido acusado de un delito de incendio del art. 351 CP. En la sentencia de fecha 18 junio 2014 de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz se aprecia la eximente completa de alteración psíquica del art. 20.1 CP, absolviéndole, al tiempo que se le impone la medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento
psiquiátrico penitenciario por un tiempo no superior a 7 años. Recurrida la sentencia por
el demandante, la Audiencia prorroga la prisión provisional del mismo hasta la mitad de
la condena, fundándose en el art. 504.2 in fine de la LECrim. Inadmitido el recurso de casación por el Supremo, se decreta la firmeza de la sentencia y la ejecución de la medida de seguridad de internamiento impuesta.
La doctrina del Pleno del Tribunal Constitucional sobre esta materia, básicamente,
se expresa en sus FFJJ 3.º a 5.º, los cuales, extractados, dicen:
«3. (…) nuestra primera tarea consiste, pues, en realizar un juicio de contraste entre la norma legal utilizada por el órgano judicial para prorrogar la prisión provisional y el supuesto de hecho subsumido en ella.
Es, así, evidente que la “sentencia condenatoria” aludida en el art. 504.2 in fine LECrim., ha de ser una resolución judicial que, considerando al acusado ‘responsable criminal’ del delito —y confirmado de ese modo el juicio pronóstico contemplado en el art. 503.1.2.ª LECrim— le imponga una pena privativa de libertad. Así resulta, además, de una lectura sistemática de la ley procesal penal, que llega a establecer en párrafos separados del art. 846 bis
b) la legitimación para recurrir que corresponde al “condenado”, distinguiéndola de la que alcanza a quien ha sido absuelto, aclarando la aludida norma que este último también puede presentar recurso “si se le impusiere una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
Debemos señalar que a esta interpretación, que es la que naturalmente se desprende de la lectura de las normas legales aludidas, no se opone el tenor del art. 144 LECrim, invocado por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones. Dicho precepto no señala que la Sentencia absolutoria lo haya de ser en todos sus pronunciamientos, sino que, de modo literal, lo que dispone es que la absolución será ‘libre en todos los casos’, expresión
que el legislador de 1882 utilizó para desterrar definitivamente del proceso penal español el expediente inquisitivo de “absolución de la instancia”, instituto que permitía sentencias absolutorias sin efecto de cosa juzgada, convirtiendo indebidamente al ciudadano, según expresivas palabras de la exposición de motivos del texto
decimonónico, en una “especie de liberto de por vida, verdadero siervo de la curia marcado con el estigma del deshonor”. Así pues, el precepto no puede obviar el dato incuestionable de que el art. 504.2 in fine LECrim., exige en todo caso la imposición de una pena de prisión.
4. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, sólo una interpretación analógica —y,
por ello, incompatible con las exigencias de nuestra doctrina sobre la habilitación legal
de la injerencia en la libertad— podría llevar a pensar que el precepto legal aplicado por
la Audiencia Provincial cubre el supuesto de hecho que ahora se nos plantea. (…)
El Ministerio Público afirma que el precepto (art. 381 LECrim.) permite “decretar la prisión provisional de los enajenados”; pero, en realidad, sólo dispone que, si existen indicios de enfermedad mental, habrá de recabarse en todo caso un informe médico forense, sometiendo al procesado a observación a efectos de emitir este dictamen. Se trata (…) de una norma que se ubica sistemáticamente en la fase de instrucción del sumario (…)
5.- (…) el art. 504.2 último párrafo LECrim., no proporciona cobertura legal al internamiento cautelar que la Audiencia Provincial había decidido aplicar al ahora demandante de amparo hasta tanto fuera resuelto el recurso de casación formalizado por éste y hasta que la medida de seguridad privativa de libertad impuesta en la sentencia hubiere alcanzado, en su caso, la firmeza. Lo que no obsta a la aplicación, en su caso, de otras previsiones contempladas en el ordenamiento procesal que habiliten al órgano judicial para adoptar una medida de internamiento cautelar y no voluntario de una persona por razón de su trastorno psíquico, como la previsión recogida en el art. 763.1 LEC, u otras que el legislador, en su caso, establezca en cumplimiento de nuestra STC 132/2010, de 2 de diciembre que declaró aquel precepto inconstitucional aunque no nulo por carencia de rango orgánico, que, sin embargo, le ha sido conferido recientemente por el artículo segundo, apartado Tres de la LO 8/2015, de 22 de julio, que modificó la disposición adicional primera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».
La sentencia afronta una materia problemática para la que existen soluciones legales
pero que en el caso concreto no fueron las correctas.
Si bien, hay que reconocer que, en cierto modo, las adoptadas han sido las habituales
en los procesos penales, acogiéndose al régimen legal de la prórroga de la prisión
provisional previsto en el art. 504.2 in fine LECrim, dado que inicialmente en este tipo
de casos se adopta la medida de prisión provisional, si bien con cumplimiento en
Centro penitenciario psiquiátrico.
Ahora, el TC nos cierra ese camino y marca el del art. 763.1 LEC, ya dotado de carácter
de norma orgánica por la reciente reforma de la LO 8/2015, a la vista de la censura constitucional que supuso para ese precepto la STC 132/2010, como advertíamos hace años en nuestro libro El Abogado ante los Internamientos Psiquiátricos Civiles, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Serie minor, 1990.
Se puede decir que la sentencia del Pleno tiene un efecto más teórico que práctico por cuanto el demandante de amparo fue ingresado en el Centro penitenciario psiquiátrico
para el cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento una vez firme la sentencia e inadmitido el recurso de casación en el Supremo.
Pero sí que es importante destacar que ante esas situaciones en la que un acusado
de cometer un delito grave, es absuelto por apreciación de la eximente completa de enajenación mental y acordado como medida de seguridad su internamiento psiquiátrico, cuando es recurrida su sentencia, no resulta procedente sin más, dada su peligrosidad, ponerlo en libertad mientras se tramita el recurso, sino que debe permanecer privado de libertad.
Eso sí, como apunta el TC, a través de la aplicación del art. 763.1 LEC y no del art.
504.2 in fine LECrim.
Publicado por josé andrés en 3:12
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