Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/782187945
Timestamp: 2019-05-27 13:01:03
Document Index: 337459457

Matched Legal Cases: ['artículo 317', 'artículo 228', 'artículo 317', 'artículo 228', 'artículo 158', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 317', 'Artículo 25', 'Artículo 14', 'Artículo 8', 'Artículo 10']

Sentencia de Constitucionalidad nº 173/19 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 782187945
DESISTIMIENTO TÁCITO. EXTINCIÓN DEL DERECHO PRETENDIDO CUANDO SE DECRETE EL DESISTIMIENTO TÁCITO POR SEGUNDA VEZ ENTRE LAS MISMAS PARTES Y EN EJERCICIO DE LAS MISMAS PRETENSIONES. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 317, numeral 2º, literal g (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la norma cuestionada vulnera el artículo 228 de la Constitución, en la medida que crea una nueva forma de extinción del derecho, a pesar de que el objeto de la misma, por su carácter procesal, es hacer efectivos los derechos y no extinguirlos. Alega el actor, que dicha disposición desconoce el principio de primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal. La Corte concluyó que la extinción del derecho pretendido que se produce como consecuencia de un segundo desistimiento tácito entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, resulta adecuada y proporcionada a las finalidades constitucionales que se persiguen con dicha limitación. EXEQUIBLE. Recibo Relatoria:
Demandante: A.M.S.M.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, que regulan los artículos 40.6, 241.4 y 242.1 de la Constitución, el ciudadano A.M.S.M. demanda el literal “g” (parcial) del numeral 2º del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, por considerar que vulnera el artículo 228 de la Constitución (único cargo), en la medida en que crea lo que este denomina una “nueva forma de extinción del derecho”, a pesar de que el objeto de dicha norma, por su carácter procesal, es hacer efectivos los derechos y no extinguirlos. Igualmente, considera que la norma acusada desconoce el principio de primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal.
Mediante auto del 4 de octubre de 2018, la Corte Constitucional admitió la demanda y ordenó comunicar el inicio del proceso al presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho. Igualmente, solicitó concepto a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a las facultades de derecho de las Universidades Externado de Colombia, Nacional, R., Libre, Los Andes, Antioquia, del Norte, Autónoma de B., de Nariño y del Cauca. Por último, se dio traslado al Procurador General de la Nación y se fijó en lista el proceso[1], para que los ciudadanos intervinieran como impugnadores o defensores de las disposiciones sometidas a control.
Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.
Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;
Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;
Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;
Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;
La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;
El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;
Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;
El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial” (negrillas y subrayas fuera de texto).
El periodo de fijación en lista transcurrió entre el 19 de octubre y el 1º de noviembre de 2018[10]. Dentro de los términos legales[11], rindieron concepto los ciudadanos C.A.R.P.[12], R.C.V.[13]; las universidades Externado de Colombia[14], R.[15] y Libre (Bogotá)[16]; el Instituto Colombiano de Derecho Procesal[17], la Academia Colombiana de Jurisprudencia[18]; el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[19] y el Ministerio de Justicia y del Derecho[20].
5.1. Intervenciones que piden la exequibilidad de la norma demandada
5.2. Intervenciones que apoyan la declaratoria de inconstitucionalidad
5.3. Intervenciones que solicitan que la Corte se inhiba de resolver el caso
Ahora bien, aunque en el caso sub examine sería posible predicar la identidad de objeto frente a la sentencia C-1186 de 2008, en el entendido de que el texto allí sometido a control constitucional resulta ser el mismo que el que en esta ocasión se demanda, lo cierto es que no puede concluirse lo mismo respecto de la identidad de cargos. En esa oportunidad la Corte declaró la exequibilidad de la norma demandada, resolviendo los siguientes problemas jurídicos: (i) “¿viola el artículo 158 de la Constitución una ley que reforma parcialmente otra ley, si su publicación no se inserta en el texto total de la reformada, con todas las modificaciones aprobadas?”[32], y (ii) ¿establecer el desistimiento tácito, en las condiciones y con los efectos previstos en la ley acusada, viola los derechos a acceder a la administración de justicia, al debido proceso, comparación entre proceso y la garantía de los derechos adquiridos, así como otros conexos con éstos y que serían protegidos mediante procesos judiciales civiles o de familia?[33]. En esta ocasión, sin embargo, en caso de resultar apto el cargo, el problema jurídico gira en torno a determinar si la disposición demandada desconoce o no el principio de prevalencia del derecho sustancial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política.
Del presunto desconocimiento del artículo 228 de la Constitución (único cargo)
5.1. Constitucionalidad del literal “g”, inciso 2º, del artículo 317 del CGP
5.1.1. De la razonabilidad y de la finalidad constitucionalmente legítima de la disposición demandada
5.1.2. De la idoneidad del medio elegido y de la limitación de derechos fundamentales
C. de las consideraciones anteriores, puede decirse que la limitación que impone la medida legislativa en el derecho de acceso a la administración de justicia y a la efectividad de los derechos sustanciales que se definen ante los jueces, para los efectos del caso concreto, se encuentra justificada por la importancia de la realización de los fines constitucionales perseguidos, esto es, la colaboración de los ciudadanos con el aparato jurisdiccional del Estado y la tutela judicial efectiva, en favor de la generalidad de los usuarios de la administración de justicia.
[1] El proceso fue fijado en lista el 19 de octubre de 2018 (fl. 16, C.. 1) y desfijado el 1º de noviembre de 2018 (fl. 90, C.. 1).
[2] Fl. 5, C.. 1. Allí se lee: “[s]in embargo, en caso de que esta Honorable Corporación no encuentre razones para declarar la inexequibilidad de la norma objeto de la presente demanda, se solicita de manera subsidiaria, se declare la exequibilidad condicionada de esta”.
[3] Fl. 5, C.. 1.
[4] Cfr., fl. 6 (párr. 4), C.. 1.
[5] Fl. 8, C.. 1.
[6] Fl. 6, C.. 1.
[7] Fl. 7, C.. 1.
[8] Fl. 7, C.. 1.
[9] Fl. 8, C.. 1.
[10] Fl. 113, C.. 1.
[12] Fls. 33 a 40, C.. 1.
[13] Fls. 71 y 72, C.. 1.
[14] Fls. 41 a 47, C.. 1.
[15] Fls. 53 a 55, C.. 1.
[16] Fls. 73 a 78, C.. 1.
[17] Fls. 56 a 60, C.. 1.
[18] Fls. 48 a 51, C.. 1
[19] Fls. 61 a 66, C.. 1.
[20] Fls. 79 a 85, C.. 1.
[21] Fl. 37, C.. 1.
[22] Fls. 50 y 51, C.. 1.
[23] Fl. 55, C.. 1.
[25] Este planteamiento fue expuesto en la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho (fl. 82, C.. 1).
[35] En auto del 4 de octubre de 2018, frente al cual el accionante no interpuso recurso alguno, se admitió la demanda precisando que “el actor formula un único cargo” (fl. 12 -vto-, C..1).
[40] Auto del 4 de octubre de 20018 (fls. 11 a 13, C.. 1).
[41] Fls. 5 y 6, C.. 1.
[42] Fl. 7, C.. 1.
[43] Fl. 6, C.. 1.
[44] Fl. 8, C.. 1.
[53] En la sentencia C-029 de 1995 la Corte señaló: “es un error pensar que esta circunstancia [que las normas procesales tengan una función instrumental] les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Y., en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho”.
[74] Fls. 114 a 118, C.. 1.
[75] Fls. 39, 50 y 83, C.. 1.
[76] “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (…)”.
[78] “Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.
[80] “Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
[81] “Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
[82] “Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
[84] En ese sentido intervino C.A.R.P. (fl. 36, C.. 1),
[88] Fl. 8, C.. 1.