Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l10-1991.html
Timestamp: 2020-01-21 08:55:00
Document Index: 135492307

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 7']

Artículo 4 Medidas de protección
TITULO II. Evaluación de Impacto Ambiental
Artículo 5 Actividades sometidas a Evaluación del Impacto Ambiental
Artículo 6 Proyectos exceptuales
Artículo 9 Efectos de la Declaración de Impacto Ambiental
TITULO III. Calificación Ambiental
CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTO
Artículo 22 Inspección y vigilancia
Artículo 23 Personal de vigilancia e inspección
Artículo 24 Restauración del medio e indemnizaciones
Artículo 25 Compatibilidad de sanciones
Artículo 27 Suspensión de actividades
Artículo 28 Remisión normativa
CAPÍTULO II. DISCIPLINA DE CALIFICACION AMBIENTAL
SECCIÓN 1. SUSPENSION, INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 29 Suspensión de las actuaciones
Artículo 30 Suspensión inmediata y otras medidas cautelares
Artículo 36 Expediente sancionador y medidas cautelares
Artículo 37 Incoación e instrucción
Artículo 39 Vía de apremio
Artículo 41 Cumplimiento de medidas cautelares o sanciones
Artículo 42 Resoluciones municipales
ANEXO I . Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Legislación del Estado
ANEXO II . Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a Evaluación de impacto ambiental Comunidad de Madrid.
ANEXO III . Actividades que deberán someterse a Calificación Ambiental por la Agencia de Medio Ambiente
ANEXO IV . Actividades que deberán someterse a Calificación Ambiental (competencia municipal)
--> D 123/1996 de 1 Ago. CA Madrid (modifica el anexo II de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente)
Anexo II redactado por D. [COMUNIDAD DE MADRID] 123/1996, 1 agosto («B.O.C.M.» 11 septiembre), de modificación del Anexo II de la Ley 10/1991, 4 abril, para la Protección del Medio Ambiente. Téngase en cuenta que el citado D. [COMUNIDAD DE MADRID] 123/1996, 1 agosto, establece en su Disposición Transitoria que: "Los Expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental relativos a actuaciones que son objeto de modificación por el presente Decreto y que se encuentren en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, les será de aplicación el régimen establecido en el presente Decreto, procediéndose, en su caso, al archivo y a la devolución a los interesados de la documentación presentada."
--> D 19/1992 de 13 Mar. CA Madrid (modifica los anexos II, III y IV de la L 10/1991 de 4 Abr., de protección del Medio Ambiente)
Epígrafe 44 del Anexo IV redactado por D [COMUNIDAD DE MADRID] 19/1992, 13 marzo («B.O.C.M.» 13 abril), por el que se modifican los Anexos II, III y IV de la Ley 10/1991, 4 abril, de Protección del Medio Ambiente. Epígrafe 34 del Anexo III redactado por D [COMUNIDAD DE MADRID] 19/1992, 13 marzo («B.O.C.M.» 13 abril), por el que se modifican los Anexos II, III y IV de la Ley 10/1991, 4 abril, de Protección del Medio Ambiente. Epígrafe 56 del Anexo III redactado por D [COMUNIDAD DE MADRID] 19/1992, 13 marzo («B.O.C.M.» 13 abril), por el que se modifican los Anexos II, III y IV de la Ley 10/1991, 4 abril, de Protección del Medio Ambiente.
--> Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 10/1991, 4 abril, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 2/2002, 19 junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 1 julio) el 2 de julio de 2002.
La Constitución Española, en su artículo 45, establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, en paralelo, el deber también general de su conservación.
Muchas de las obras, instalaciones y actividades que demanda la sociedad son susceptibles de producir impactos negativos sobre el medio ambiente, tanto en el ámbito rural como en el urbano, afectando a los recursos naturales, a las relaciones o a los equilibrios entre ellos y con el hombre, y a la calidad de vida de los ciudadanos. Es la propia sociedad la que está tomando conciencia, cada vez más extensa y profundamente, de la necesidad de preservar y restaurar el medio ambiente, como condición indispensable para mejorar la calidad de vida. Esta toma de conciencia ciudadana produce la consiguiente demanda social sobre los poderes públicos para que tomen las medidas necesarias para evitar o limitar esas posibles agresiones.
La corrección "a posteriori" de los daños causados al medio ambiente es, con frecuencia, muy difícil y muy costosa. En ocasiones puede requerir el desmantelamiento o la supresión de la obra, instalación o actividad causante del daño, a veces irreparable, con perjuicios económicos y sociales importantes.
Es imprescindible, por tanto, la adopción de medidas preventivas. Para ello es preciso que la Administración responsable develar por la calidad ambiental conozca de antemano los impactos negativos que pueden producirse como consecuencia de la ejecución de proyectos o el desarrollo de actividades susceptibles de afectar al medio ambiente. La Ley ha de capacitar a la Administración para impedir aquellos proyectos o actividades cuyo impacto ambiental sea inadmisible o desproporcionado con los fines propuestos, para condicionar o corregir lo que sea enmendable, y para sancionar al infractor y obligarle a reponer lo ilícitamente alterado a su situación anterior.
Para conseguir dichos fines, la evaluación de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos los países industrializados y reconocida como el instrumento más adecuado y eficaz para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. La directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, contiene una regulación específica sobre la materia, encaminada a homogeneizar las regulaciones de los estados miembros. La legislación básica estatal española está contenida en el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio.
Las singulares características de la Comunidad de Madrid, que une a su alta densidad de población una gran actividad económica y un porcentaje muy alío de suelo urbano, hacen que las presiones sobre el medio natural, relativamente frágil y ya bastante deteriorado, sean muy fuertes. Todo ello hace necesario el desarrollo legislativo específico que proporcione las normas adecuadas para la protección del medio ambiente en nuestra Comunidad.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid le atribuye funciones legislativas plenas o de desarrollo, según los casos, sobre las diversas materias que constituyen el entorno físico y el medio natural. Así, el artículo 26, apartados 3, 7 y 9 y el artículo 27 apartados 2 y 7, le reconocen competencias legislativas en ordenación del territorio y urbanismo, la agricultura y la ganadería la caza y la pesca el régimen de las zonas de montaña y la sanidad. Expresa y concretamente el artículo 27, en su apartado 10, cierra esta referencia competencial sectorializada al atribuir a la Comunidad de Madrid facultades de desarrollo legislativo para establecer normas adicionales de protección sobre el medio ambiente para evitar el deterioro de los equilibrios ecológicos, especialmente en lo relativo al aire, aguas, espacios naturales y conservación de la flora la fauna y los testimonios culturales. Por otro lado la Ley 3/1988, de 13 de octubre, de Gestión del Medio Ambiente, atribuye a la Agencia de Medio Ambiente, en su artículo 7.3, las competencias de informe y las relaciones con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Teniendo en cuenta los antecedentes citados, la presente Ley de Protección del Medio Ambiente trata de dar respuesta al mandato constitucional, a la demanda social y a la problemática específica de Madrid.
Las medidas actuales de protección medioambiental establecidas por la legislación del Estado se articulan siguiendo dos líneas fundamentales: la Evaluación de Impacto Ambiental, introducida en aplicación de la normativa comunitaria en nuestro Derecho interno por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Sobre este esquema inicial, la presente Ley se ha articulado siguiendo la doble línea de protección referida: la de Evaluación de Impacto Ambiental y la de Calificación Ambiental que constituyen, respectivamente, los Títulos II y III de la misma. Respecto de la Evaluación, sin perjuicio de la remisión en bloque a la normativa estatal básica, se eleva el nivel de protección ahora existente mediante la ampliación de los supuestos en que diversos proyectos, obras o actividades han de someterse a Estudios y Declaración, al propio tiempo que se prevén los mecanismos de adaptación a la estructura organizativa de la Comunidad de Madrid. Respecto a la Calificación, y partiendo del sistema de protección basado en un informe ambiental previo a la licencia municipal de apertura, la Ley actualiza, profundiza, sistematiza y adapta las previsiones del precursor Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
El Título IV regula la vigilancia y disciplina ambiental como garantía ineludible de la eficacia práctica de la norma, sancionando tanto su incumplimiento como cualquier agresión que pueda afectar a la calidad del medio ambiente. Este segundo aspecto, de carácter innovador, constituye un mecanismo de cierre del sistema protector.
Con especial cuidado se ha tratado en la Ley la asignación de competencias medioambientales a los Municipios, asignación en que resultaba precisa una adecuada ponderación entre dos principios: el de máxima descentralización y potenciación de la autonomía local, y de mantenimiento de un ámbito de actuación propios de la Comunidad de Madrid, que le permitiera atender directamente a las exigencias medioambientales en aquellos supuestos de especial peligrosidad, o de ausencia de actuación de otra Administración. La consideración de ambos principios ha llevado a establecer el sistema competencial de la presente Ley, basado en la flexibilidad y en la utilización de diversas fórmulas de relación interadministrativa. Para ello se ha contado con el valioso apoyo de la riqueza de previsiones que, en este sentido, contiene la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.