Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-cy-printMS-pt.do?clang=es&member=1&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-01-29 04:47:20
Document Index: 217612809

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 10', 'artículo 146', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 25', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 25', 'artículo 146', 'artículo 9', 'artículo 146', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 146', 'artículo 1962', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 146']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Chipre
Qualidade da tradução: boa
El acceso a información sobre los asuntos
El acceso a la justicia en la participación del público
Acceso a la justicia contra actos u omisiones
Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;
Mecanismos de asistencia financiera
I. Fundamentos constitucionales
La Constitución de Chipre se redactó en la década de 1950, antes de que los derechos medioambientales ganaran popularidad. Por consiguiente, la constitución del país no incluye disposiciones específicas relativas al medio ambiente, ya sea para imponer obligaciones al Estado o para otorgar derechos a la naturaleza o al individuo. Existe el derecho a la vida (artículo 7), que la jurisprudencia ha interpretado como un derecho a disfrutar de un entorno saludable (Comunidad Pyrga c. la República (1991) 4CLR). Por su parte, la Constitución establece en sus artículos 29 y 146 las principales disposiciones referentes al acceso a la justicia. El artículo 29 establece que toda persona (incluidos los no chipriotas y las personas jurídicas) tienen un derecho individual o conjuntamente con otras personas a cualquier autoridad competente para tratar la denuncia, lo permita sin demora y a recibir una respuesta en el plazo de 30 días. (Esto se refiere a las reclamaciones dirigidas a los departamentos de la administración pública o a otras autoridades públicas). El artículo 146 prescribe quién puede recurrir una decisión, acto u omisión de una autoridad pública ante un tribunal, lo cual, por tanto, también es de aplicación en el caso de los asuntos medioambientales. Para que se otorguen estos derechos, el demandante debe tener un interés personal y legítimo que se haya visto directamente afectado por dicha decisión, acto u omisión de una autoridad pública de un modo que contravenga la Constitución, que viole cualquier ley o que constituya un abuso de poder. Los ciudadanos pueden invocar el derecho constitucional a la vida y la interpretación de dicho derecho. Las partes en un procedimiento administrativo o judicial pueden acogerse directamente a los acuerdos internacionales, pero solo si estos acuerdos han sido transpuestos al Derecho interno. El Convenio de Aarhus fue ratificado y traspuesto en 2003 por la Ley nº 33 (III)/2003. Hasta el momento no se ha planteado ningún asunto relacionado con los principios del Convenio ni existe constancia de que este haya sido invocado ante ningún tribunal.
Chipre aplica el principio de separación de poderes. El ejercicio de la justicia corresponde a un poder judicial independiente, que reside en los tribunales siguientes:
El Tribunal Supremo de la República, que ostenta las competencias que se detallan a continuación:
El Tribunal Supremo es competente para atender y resolver todos los recursos contra las resoluciones de todos los tribunales de rango inferior en asuntos civiles y penales. El Tribunal puede respaldar, modificar o anular la sentencia de un asunto, así como devolverlo para que vuelva a juzgarse si lo estima oportuno.
El Tribunal Supremo es el único tribunal administrativo del país, tiene competencia exclusiva para pronunciarse sobre cualquier recurso interpuesto contra una decisión, acto u omisión de cualquier órgano, autoridad o persona que ostente cualquier autoridad ejecutiva o administrativa alegando que viola las disposiciones de la constitución o de cualquier ley o es en exceso o en abuso de poder otorgado a cualquier órgano, autoridad o persona.
De los asuntos constitucionales
El Tribunal Supremo tiene jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad de una ley o sobre cualquier conflicto de poder o de competencias que surja entre cualesquiera órganos o autoridades de la República de Chipre. Además, el Tribunal Supremo tiene competencia para resolver el recurso interpuesto por el Presidente de la República sobre la compatibilidad de una ley aprobada por la Cámara de Representantes con cualquier disposición de la Constitución.
El Tribunal Supremo, como tribunal electoral, está facultado para oír y resolver sobre las peticiones relativas a la interpretación y aplicación de las leyes electorales.
El Tribunal Supremo goza de competencia exclusiva para emitir las órdenes de habeas corpus (para liberar a una persona detenida) y otras órdenes por las que se instruye a una parte a hacer o abstenerse de hacer algo, o a corregir una decisión (mandamus, prohibitio, quo warranto y certiorari).
El Tribunal Supremo es competente para entender y resolver asuntos de Derecho marítimo. El ejercicio de la jurisdicción original corresponde a un juez único, un recurso contra su decisión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Los tribunales de primera instancia son: Tribunales de distrito; Que los tribunales penales; Tribunales de familia; El Tribunal de conflictos laborales, el Tribunal de la función pública; Tribunales de distrito Tribunal militar.
Los tribunales de distrito
Jurisdicción civil y penal
Existen seis tribunales de distrito, uno en cada una de las seis ciudades de la isla. Dos de ellos (el Tribunal de Distrito de Famagusta y el de Kyrenia) dejaron de estar operativos en 1974, y su jurisdicción fue asumida por los tribunales de Nicosia y Larnaca. Cada tribunal de distrito es competente para entender y resolver todas las acciones civiles. Cuando la causa de la acción se ha producido en todo o en parte dentro de los límites del distrito en el que el Tribunal tiene su sede, o cuando el demandado, en el momento de la presentación del recurso reside o tiene su actividad empresarial dentro de los límites establecidos por el Tribunal de Justicia. Los delitos penales pueden ser juzgados por el presidente de un tribunal de distrito, por un juez superior de distrito, por un órgano unipersonal o por un tribunal penal. — Tribunal penal
La audiencia penal
Un tribunal penal se compone de tres jueces y tiene competencia para juzgar todos los delitos penales sancionables con arreglo al Código penal o a cualquier otra ley. Además, estos tribunales están facultados para imponer la máxima pena prevista en la legislación pertinente.
Existen tres tribunales de familia, que tienen jurisdicción para atender las peticiones relativas a la disolución de matrimonios así como los asuntos relacionados con las prestaciones parentales, la obligación de alimentos, la adopción y las relaciones de propiedad entre los cónyuges, siempre y cuando las partes residan en la República de Chipre.
Tribunal de conflictos laborales
Existen tres tribunales de conflictos laborales, que son competentes para atender las demandas presentadas por los trabajadores por despido improcedente así como para resolver sobre las indemnizaciones por despido. Cada uno de estos tribunales está formado por un Presidente (un juez) y dos legos, que representan a los trabajadores y a los empresarios.
Tribunal de control de arrendamientos
Existen tres tribunales de control de arrendamientos, que son competentes para juzgar cualquier litigio que tenga su origen en la aplicación de las leyes de control de los arrendamientos, que incluyen, entre otras materias, el pago de arrendamientos y la recuperación de la posesión. Cada uno de estos tribunales está formado por un Presidente (un juez) y dos legos, que representan a los arrendadores y a los arrendatarios.
El Tribunal Militar
El Tribunal Militar tiene competencia para juzgar los delitos militares con arreglo al código penal así como cualquier otro delito cometido por los miembros de las fuerzas armadas. Este tribunal está formado por un Presidente (un juez) y dos asesores designados por el Consejo Superior de la Judicatura, elegidos entre una lista de oficiales.
Los procedimientos civiles y penales se entablan ante los tribunales de distrito y en las audiencias penales, respectivamente, y en fase de apelación se sustancian en el Tribunal Supremo. Todos los asuntos administrativos se sustancian en el Tribunal Supremo, que ejerce las funciones de primera instancia y apelación. No existen tribunales especiales para tratar los asuntos ambientales. Sin embargo, en los casos de responsabilidad medioambiental de la administración, la Ley de responsabilidad ambiental nº 189 (I)/2007 creó una autoridad medioambiental cuya misión es estudiar las posibles sanciones administrativas y otras medidas encaminadas a reparar los daños provocados a las especies y los hábitats protegidos, las fuentes de agua y el suelo. Normalmente no es posible recurrir a la práctica de la búsqueda de un foro de conveniencia. En algunas circunstancias, las Partes podrán decidir entablar una acción, por ejemplo, en el Tribunal de distrito o en el Tribunal de conflictos laborales en función del nivel de la indemnización solicitada (superiores en el Tribunal de distrito, pero el proceso tenga por efecto prolongar sensiblemente el procedimiento), pero normalmente debe iniciarse en el Tribunal y la ciudad adecuados. Con respecto a los daños ocasionados como resultado de la violación de la legislación medioambiental, los interesados pueden entablar acciones en el Tribunal del distrito en el que se provocó el daño. El fiscal general también puede incoar un proceso penal en virtud de una ley específica o ambiental (por ejemplo, la protección de la naturaleza) o de una ley de nueva promulgación para los delitos contra el medio ambiente. En los procedimientos judiciales no existe la distinción entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. La resolución firme de los recursos civiles y penales corresponde a una Sala compuesta por tres Jueces. La sala puede respaldar, modificar o anular la sentencia en un asunto, así como devolverlo para que vuelva a juzgarse si lo estima oportuno. No obstante, el fiscal general puede promover un recurso extraordinario, como un nolle prosequi, que es una orden de detención del procedimiento por motivos de interés general o para recomendar clemencia. Cuando actúa en calidad de tribunal administrativo, el Tribunal Supremo no tiene competencia para examinar el fondo de un asunto. Puede analizar la legalidad del acto o la decisión recurridos, pero no entra en el fondo de la cuestión. En ese sentido, el Tribunal Supremo goza de poderes similares a los de un tribunal de casación. Puede anular una acción administrativa en todo o en parte y devolver el caso a la autoridad que haya dictado la resolución. La decisión del tribunal es vinculante para la Autoridad. La mayor parte de los asuntos ambientales se rigen por el procedimiento aplicable a los recursos administrativos. Sin embargo, algunas cuestiones medioambientales se dirimen en la jurisdicción penal o civil, como la Ley sobre delitos contra el medio ambiente (nº 22 (I)/2012) y la Ley de responsabilidad ambiental (nº 189___footnote-/2007.). En los procedimientos penales, toda persona tiene derecho a denunciar ante el fiscal los actos criminales (por ejemplo, la desviación de poder por parte de determinadas autoridades). Asimismo, toda persona puede participar en los procedimientos y dar testimonio en ellos. Solamente el fiscal y el acusado pueden recurrir la decisión del Tribunal. Para poder presentar un recurso judicial, el demandante debe tener un interés legítimo, según se define en el artículo 146 de la Constitución. Este derecho debe ejercitarse en el plazo de 75 días a contar desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho que se desea recurrir. Existen tres nuevas leyes que reconocen el derecho de las ONG a recurrir determinados actos administrativos. Son de la EIA (Ley nº 140 (I)/2005), la prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), Ley nº 56 (I)/2003 y Ley nº 15 (I)/2006) y la Ley de responsabilidad ambiental (Ley nº 189 (I)/2007. En los procedimientos administrativos, el Tribunal puede examinar de oficio aspectos de interés general como el plazo, la naturaleza ejecutiva del acto, la competencia del órgano que lo dictó o el interés legítimo. El Tribunal no puede examinar de oficio cuestiones constitucionales ni violaciones de los derechos fundamentales. Para estas cuestiones es preciso entablar una acción específica.
III. El acceso a información sobre los asuntos
En virtud del artículo 10, letra i), de la Ley de acceso a la información medioambiental (Ley nº 119 (I)/2004, elaboren un recurso jerárquico (por ejemplo, Letter) en un plazo de 30 días al Ministro de un departamento que no ha respondido o respondido inadecuadamente. Esto no impide al demandante ejercer los derechos que le otorga la Constitución (artículo 146) o solicitar un dictamen al Defensor del Pueblo. La desestimación de una solicitud de información debe justificarse y notificarse por escrito (artículo 8, apartado 8, de la ley) e incluir información relativa a los procedimientos de examen judicial establecidos en los artículos 10 y 11. Cualquier persona puede solicitar acceder a información medioambiental; la petición debe formalizarse por escrito, sin que sea necesario mostrar un interés específico. Las personas que deseen exigir una indemnización por habérseles denegado el acceso a la información disponen, de nuevo, de un procedimiento muy sencillo. Dicho procedimiento puede conllevar un recurso de alzada dirigido al Ministro responsable del departamento que denegó el acceso a la información. Si el demandante decide acudir a los tribunales, debe hacerlo en el plazo de 75 días desde la denegación y debe demostrar que las normas procesales aplicables son las disposiciones del artículo 10 de la citada Ley. También será necesario cumplir las condiciones previstas en el artículo 146 de la Constitución, es decir, el demandante debe acreditar la existencia de un interés personal y legítimo. El expediente administrativo que contiene toda la información se presenta ante el Tribunal, y el juez procede a su examen antes de tomar su decisión. El Tribunal tiene la facultad y la responsabilidad de regular la práctica de pruebas con arreglo a los requisitos para el debido ejercicio de sus competencias en virtud del artículo, el Tribunal está facultado para citar a cualquier persona para que aporte pruebas o exhiba documentos con el fin de permitir al Tribunal adoptar una decisión justa en los asuntos.
ANEXO IV. El acceso a la justicia en la participación del público
No existen procedimientos especiales de participación pública en asuntos medioambientales, si bien varias leyes sectoriales (como las de zonificación, PCIC o EIA) disponen la notificación pública, la invitación a formular observaciones y la participación pública en un debate abierto. Salvo que una ley específica disponga otra cosa, por lo general no existe un órgano administrativo superior para recurrir las decisiones administrativas. Las decisiones administrativas adoptadas en primera instancia pueden recurrirse directamente ante el Tribunal, si bien en la práctica es habitual presentar primero un recurso al Ministro responsable o acudir al Defensor del Pueblo (o las dos cosas). Si así se establece en la Ley, las decisiones administrativas pueden someterse al examen de una autoridad superior. En el caso de que el demandante ejerza este derecho, el plazo disponible para presentar un recurso queda en suspenso hasta que concluya el proceso administrativo. En ausencia de disposición legal al respecto, el demandante debe presentar su recurso directamente al Tribunal. Si la ley ofrece la posibilidad de presentar un recurso de alzada, el demandante puede optar por esperar el resultado y, a continuación, presentar el recurso. El hecho de acudir al Defensor del Pueblo no se considera un recurso de alzada; además, el dictamen de esta institución no puede recurrirse ante el Tribunal, y el plazo disponible para presentar un recurso judicial no queda en suspenso a la espera de su dictamen. El juez examina la legalidad de los actos u omisiones de cualquier órgano, autoridad o persona que ostente cualquier autoridad ejecutiva o administrativa y anula (en todo o en parte) o confirma dicha legalidad. El Tribunal Supremo no puede entrar en el fondo de la Decisión objeto de examen ni resolver por sí mismo sobre el asunto mediante una decisión sobre el fondo. El Tribunal no puede entrar en el fondo científico de una conclusión de carácter técnico; solo puede examinar si, al adoptar dicha conclusión, la Administración actuó correctamente desde el punto de vista de la constitucionalidad, la legalidad y el uso del poder.
Los planes y demás decisiones por los que se define la utilización del espacio pueden ser analizados por un tribunal si así lo solicita una parte que tenga un interés legítimo en ello con arreglo al artículo 146 de la Constitución y a las leyes sobre la EIA o la PCIC. El Tribunal examina si la Administración actuó correctamente y tiene la facultad y la responsabilidad de regular la práctica de pruebas con arreglo a los requisitos para el debido ejercicio de su competencia en virtud del artículo 146, incluida la citación de cualquier persona para que aporte pruebas o exhiba documentos con el fin de permitir al Tribunal adoptar una decisión justa en el asunto en cuestión. Las vistas son públicas. Cada parte presenta sus alegaciones por escrito y, si el Tribunal así lo autoriza, puede citar a testigos o aportar pruebas (si es necesario) que respalden sus argumentos. El demandante, el demandado y las partes interesadas son los únicos que tienen derecho a participar en la vista. Los tribunales examinan la legalidad procesal y sustantiva.
La Ley de la EIA no establece disposiciones específicas sobre la revisión de las decisiones relativas a la necesidad de llevar a cabo una investigación. No obstante, en virtud del artículo 25, apartado 1, letra c), las ONG pueden ampararse en el artículo 146 de la Constitución para presentar un recurso si no se sienten satisfechas con la autorización ambiental otorgada por el departamento de medio ambiente. La ley no establece disposiciones particulares en relación con el examen judicial o de otro tipo de las decisiones sobre el alcance, que, en cualquier caso, no constituyen una decisión definitiva sino que forman parte del proceso. Dado que se trata de actos preparatorios, no se pueden recurrir por separado, pero sí como parte de una decisión definitiva. Las decisiones/autorizaciones sobre la EIA se pueden recurrir ante un tribunal con arreglo a las disposiciones del artículo 146 de la Constitución y del artículo 25, apartado 1, de la Ley de la EIA. La participación en la fase de consulta pública no constituye un requisito previo para la adquisición de capacidad procesal ante los tribunales. La capacidad procesal emana del interés legítimo de la parte. Los procedimientos de EIA no establecen disposiciones especiales con respecto a la imposición de medidas cautelares. A pesar de que estas medidas constituyen un medio disponible en el marco de los procedimientos judiciales ordinarios, raramente se conceden a personas privadas, y solo previo depósito de una importante suma en el Tribunal. Desde el punto de vista procesal, el Tribunal puede, en cualquier momento, realizar una orden provisional de imposición de medidas cautelares, sin valorar el fondo del asunto, si el juez del asunto así lo exijan, bien por razones de urgencia o de otras circunstancias especiales, se realiza sin previo aviso y en los términos que se estime oportuno en las circunstancias siguientes: La ilegalidad flagrante y el daño irreparable son requisitos previos necesarios para la concesión de una orden provisional, una decisión que se adoptará con independencia del fondo de la acción principal.
Es posible recurrir las decisiones sobre la PCIC a través de los procedimientos ordinarios a disposición de personas que cumplen el artículo 146 de la Constitución o las ONG que satisfagan los requisitos del artículo 9 quater, apartado 1, de la Ley IPPC. La capacidad procesal ante los tribunales en los procedimientos de PCIC no está condicionada a la participación en la fase de consulta pública, sino que emana de la existencia de un interés legítimo de la parte. En el resto de aspectos, los recursos interpuestos contra las decisiones PCIC no se diferencian de los descritos para las decisiones EIA.
Las condiciones que deben satisfacerse son las mismas que en el caso de los asuntos judiciales relativos a la EIA.
Pese a que la Directiva pertinente de la UE (Directiva 2004/35/CE relativa a la responsabilidad ambiental) se ha transpuesto al Derecho chipriota (Ley nº 189 (I) de 2007), por el momento no existe ningún régimen general de responsabilidad civil ni se ha puesto a prueba dicha ley en los tribunales. Las acciones entabladas en aplicación de esta ley pueden conducir a la imposición de una sanción administrativa para la recuperación de la naturaleza de hasta 200,000 EUR, y de una multa adicional de hasta 5 000 EUR por cada día que persista la infracción. Los particulares y las entidades jurídicas también pueden entablar acciones contra particulares en virtud de las causas generales de la responsabilidad civil, como los daños y perjuicios o la negligencia. Existe la posibilidad de reclamar tanto una indemnización por daños y perjuicios como la imposición de medidas cautelares. Las demandas dirigidas contra los entes públicos pueden presentarse directamente al Tribunal Supremo en virtud del artículo 146 de la Constitución, siempre que los entes demandados actúen en el ejercicio de funciones administrativas y no reglamentarias. Estas demandas perseguirán la anulación de un acto y una indemnización por daños y perjuicios o bien, en el caso de una omisión, una orden de mandamus (el mandato de realizar un determinado acto) y una indemnización por los daños sufridos, en su caso. Si gana el caso, la parte puede acudir a continuación al Tribunal de distrito para solicitar una indemnización por daños y perjuicios. La autoridad competente en virtud de la Ley de responsabilidad ambiental (Ley nº 189 (I)/2007) es el departamento de medio ambiente (artículo 2), a menos que el Ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Medio Ambiente emita una orden designar a otra autoridad competente o un dispositivo adicional, dependiendo de la situación y del daño que se haya producido. La solicitud de intervención podrá presentarse por cualquier persona física o jurídica, incluidas las ONG medioambientales [artículo 14, letra i), de la Ley) en el caso de que sea probable que vaya a resultar afectada o de que tenga un interés legítimo. No obstante, no cabe presentar una solicitud de este tipo en el caso de daños futuros. La solicitud se presenta por escrito al Departamento de Medio Ambiente, acompañada de todo el material necesario para respaldarla. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de responsabilidad ambiental, el examen de las decisiones adoptadas por la autoridad competente forma parte de los requisitos del artículo 146 de la Constitución. Puede presentarse un recurso al amparo del artículo 146 contra la inacción de la autoridad competente tras haber presentado una solicitud de acción, o bien contra la adopción de medidas inadecuadas para la recuperación de hábitats o especies.
ANEXO VI. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;
Por ejemplo, se pueden presentar solicitudes al Defensor del Pueblo o al Comisionado de Medio Ambiente, aunque ninguna de estas instituciones tiene capacidad ejecutiva. En consecuencia, aunque elaboren un dictamen favorable, puede que ello no siempre implique una reparación del daño causado. La Oficina del Defensor del Pueblo se creó en 1992 con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos afectados por las decisiones de las administraciones públicas que son contrarias a la ley o que no son acordes al correcto ejercicio de la autoridad administrativa. Una investigación o inspección del Defensor del Pueblo no produce la suspensión de ningún procedimiento o plazo aplicable durante una acción legal o recurso de alzada. Cualquier persona, incluidos los no chipriotas residentes en la República, así como las ONG, pueden acudir al Defensor del Pueblo. Sin embargo, el dictamen de este no es vinculante para las autoridades administrativas. Con bastante frecuencia se respeta su decisión, aunque no siempre es así, sobre todo cuando esta incluye recomendaciones relativas a la anulación de una decisión ilegal o a la retirada de una licencia urbanística. El Comisionado de Medio Ambiente es designado por el Presidente y debe rendir cuentas ante este. El Comisionado puede enviar propuestas y recomendaciones a los ministerios pertinentes de cara a la aplicación de las políticas y la legislación en materia medioambiental. En casos específicos en que se hayan producido efectos gravemente perjudiciales para el medio ambiente o infracciones flagrantes, el Comisionado puede iniciar investigaciones e inspecciones sobre las presuntas infracciones y recomendar soluciones al respecto. Además, puede ofrecer directrices para la investigación al servicio pertinente de un ministerio y solicitar la presentación de informes. Todos los ciudadanos, incluidas las ONG, pueden acudir al Comisionado de Medio Ambiente, pese a que sus recomendaciones no son vinculantes para autoridad alguna. Los fiscales adscritos a la Fiscalía General tienen el deber de preparar las acusaciones y de instruir los delitos ante el Tribunal. Dependiendo del delito cometido, la inspección de trabajo o los guardabosques del Fondo Forestal desempeñan un papel activo en el procesamiento. La legislación admite la figura de la acusación particular (aunque no es específica de los delitos ambientales), si bien su práctica no está muy extendida. Entre los mecanismos de tramitación de reclamaciones figuran:
Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo o al Comisionado de Medio Ambiente.
Las demandas presentadas al Ministro responsable de una acción o decisión perjudicial para la parte interesada, sea en forma de recurso de alzada formal o a través de una vía más oficiosa.
Las reclamaciones presentadas a una autoridad local.
VII. Capacidad procesal
Gasto administrativo Procedimiento
Ιεραρχική (recurso)
Διοικητική (recurso)
Quejas presentadas al Defensor del Pueblo o al Comisionado de Medio Ambiente
Solo pueden recurrir las decisiones dirigidas a ellos.
Necesitan acreditar la existencia de un interés legítimo, según se establece en el artículo 146 de la Constitución o en virtud de leyes sectoriales.
Cualquier persona que tenga un interés y haya resultado afectada, tenga o no la condición de ciudadano.
Deben acreditar la existencia de un interés público.
Deben acreditar capacidad procesal, que únicamente se les reconoce si así lo dispone la legislación, a saber: la Ley de la EIA de 2005; la Ley de la PCIC modificada por la Ley nº 15 (I)/2006 o la ley de responsabilidad ambiental (Ley nº 189 (I)/2007
Deben demostrar una actuación inadecuada de un servicio público o de una autoridad local, incluso aunque guarde una conexión indirecta con la ONG.
Otras entidades jurídicas
Autoridades locales directamente afectadas o que defiendan un interés público para sus habitantes.
En virtud del artículo 146 de la Constitución, según la interpretación dictada por la jurisprudencia.
Por ejemplo, colectivos ciudadanos. Deben acreditar la existencia de un interés justificable.
El grupo en sí carece de capacidad procesal, pero sus miembros gozan de dicha capacidad si cumplen los requisitos previstos en el artículo 146 de la Constitución.
Deben acreditar el hecho de verse afectados por una actuación inadecuada de un servicio público o de una autoridad local.
ONG extranjeras
Ninguna disposición específica. Es probable que se les reconozca capacidad procesal si la ONG demuestra la existencia de un interés general en el asunto o si los efectos de este trascienden el territorio de Chipre.
Carecen de capacidad procesal, incluso en virtud de las leyes sectoriales (EIA, PCIC), puesto que estas leyes se refieren específicamente a las ONG registradas con arreglo al Derecho chipriota.
No hay motivo para que no puedan presentar una queja contra un acto administrativo de una autoridad chipriota que haya afectado a sus intereses.
Las partes deben distinguir entre recursos de alzada y recursos administrativos. Un supervisor o director ejerce el control jerárquico sobre sus subordinados. Las disposiciones legislativas especifican los procedimientos de examen administrativo de los actos ejecutivos por parte de las autoridades administrativas superiores (recurso de alzada). No obstante, dicho procedimiento no es final ni definitivo, ni impide presentar un recurso al Tribunal Supremo. El Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones que el sistema jurídico de Chipre no contempla ningún tipo de acción popular. Los fiscales adscritos a la Fiscalía General inician las acciones contra los delitos tipificados en el código penal y, cuando reciben información detallada del departamento adecuado, incoan procedimientos contra quienes violan la Ley relativa a los delitos contra el medio ambiente (Ley nº 22 (I)/2012). Además, en determinadas circunstancias, el fiscal general puede comparecer como amicus curiae. El Defensor del Pueblo y el Comisionado de Medio Ambiente no tienen capacidad para entablar acciones legales. La Ley de la EIA (artículo 25, letra i),) y la Ley de la PCIC (artículo 9, letra c),) y la Ley de responsabilidad ambiental (artículo 17) prevé específicamente la legitimación activa de las ONG medioambientales necesarios para cumplir las exigencias de la Constitución en relación con el acceso al proceso judicial contra actos administrativos específicos.
VIII. Representación legal
No es obligatorio contar con la representación de un asesor jurídico. El demandante puede exponer su asunto personalmente; no obstante, dado que el Derecho administrativo es complejo y depende de la jurisprudencia, es improbable que esto ocurra. En Chipre, los abogados pueden ocuparse de cualquier tipo de asunto legal y no existe especialización temática. La lista de los abogados colegiados en ejercicio está disponible en el Colegio de Abogados de Chipre y se actualiza mensualmente. No existen bufetes jurídicos especializados en asuntos ambientales (y, por tanto, no existe ninguna lista publicada al respecto). Quien desee iniciar un procedimiento en relación con una cuestión ambiental deberá solicitar los servicios de un abogado con experiencia en Derecho constitucional o administrativo, puesto que tales procedimientos se llevarán a cabo, con toda probabilidad, al amparo del artículo 146 de la Constitución. Chipre es un país pequeño, por lo que la información se transmite a través de recomendaciones. No existen ONG que ofrezcan asesoramiento público en asuntos ambientales.
ANEXO IX. Pruebas
En los asuntos ambientales se aplican las normas generales aplicables a los recursos interpuestos contra los departamentos del Gobierno, de modo que las respuestas que se proporcionan a continuación se refieren a las pruebas aportadas en el marco de cualquier recurso administrativo presentado ante el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, los asuntos se tramitan sobre la base de la información presentada por escrito, y el departamento de la Administración contra el que se haya interpuesto el recurso debe proporcionar al tribunal el expediente completo relacionado con el asunto para su examen. Dicho expediente representa la prueba principal. Además, en virtud del artículo 1962 del Reglamento del Tribunal Supremo (que data de 11), el Tribunal está facultado para citar a cualquier persona para que aporte pruebas o exhiba documentos con el fin de permitir al Tribunal adoptar una decisión justa en el asunto en cuestión. Con arreglo al Reglamento de procedimiento de la Supreme Court de 1962, artículo 18, de las normas de enjuiciamiento civil aplicables en los procedimientos administrativos, aunque, cuando lo considere necesario para el correcto cumplimiento de la misión que le encomienda la Constitución, el Tribunal Supremo no dudará en flexibilizar o incluso separarse de dicha normativa referente a las pruebas. El demandante debe aportar pruebas que respalden sus argumentos, si bien no existe el principio de carga de la prueba como en los casos civiles o penales. Las partes pueden aportar nuevas pruebas si el tribunal así se lo autoriza, y este puede solicitar de oficio nuevas pruebas por comparecencia o presentación de documentos. El proceso habitual en el Tribunal Supremo se desarrolle mediante la presentación de documentos por escrito. Para un informe pericial, en caso necesario, a los que se adjuntan. Estos informes no son vinculantes para los jueces.
Medidas cautelares X.
No existen medidas que puedan tener automáticamente un efecto suspensivo sobre un recurso, ni cabe la posibilidad de solicitar simplemente la imposición de una medida cautelar. Estas medidas deben formar parte del recurso interpuesto contra la validez de una decisión o acción. Si el autor del recurso argumenta la existencia de daños irreparables y de una ilegalidad flagrante, puede solicitar la suspensión de la Decisión. En los asuntos civiles puede solicitarse la imposición de una medida provisional. Si la decisión no se suspende, se ejecutará. A menos que así lo dispongan las leyes sectoriales, no existen disposiciones de carácter general en relación con la imposición de medidas cautelares en asuntos medioambientales. Debe seguirse y observarse el procedimiento judicial normal. Los tribunales estiman en muy raras ocasiones las demandas presentadas por particulares o grupos, y únicamente previo depósito de unas sumas considerables en concepto de garantía por indemnizaci ón de daños. Las condiciones aplicadas hacen que sea más fácil estimar una demanda de imposición de medidas cautelares presentada por un departamento del Gobierno que pretenda impedir un acto ilegal (por ejemplo, evitar la demolición de un edificio por parte de un particular a través de la emisión de una orden de conservación). La decisión denegatoria de la imposición de medidas cautelares puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, ya sea en el marco de su jurisdicción civil o de revisión.
ANEXO XI. Costas
El gasto más importante que se genera en cualquier acción judicial corresponde a los honorarios de los letrados. Además, la interposición de acciones legales está sujeta al pago de derechos de timbre (tasas judiciales). En los casos civiles, las tasas judiciales dependen de la cuantía de la indemnización reclamada. Recursos en la media de honorarios de abogado concedidas por el Tribunal de Primera Instancia son los siguientes: 1400 casos y el sello asciende a 100 EUR. El coste de los recursos de revisión sellos asciende aproximadamente a 120 EUR, mientras que en los recursos civiles el sello depende de la cuantía reclamada. Los honorarios correspondientes a los peritos por la elaboración de sus informes pueden ser de unos 500 EUR o más, dependiendo del informe que deba elaborar el perito. A este importe deben sumarse los honorarios correspondientes al número de días que tenga que permanecer el perito en el Tribunal. Dado que es frecuente que los asuntos se aplacen, el perito puede facturar varios días cuando haya sido citado por el Tribunal y posteriormente se aplace el juicio. No existe una tarifa diaria estándar por la permanencia en el Tribunal. En ausencia de acuerdo entre el abogado y el cliente, se aplicarán las tarifas mínimas. Los honorarios mínimos del letrado, de acuerdo con las escalas establecidas, serán de 1 700 EUR en el caso de las acciones entabladas ante el Tribunal Supremo cuando actúe en calidad de Tribunal de Primera Instancia, y superiores a 2 200 EUR en el caso de los recursos. Los honorarios de la mayoría de los abogados son superiores a estos importes mínimos. No todas las costas son recuperables. El principal gasto corresponde al depósito en concepto de garantía de indemnización de daños, que es muy elevado. El tribunal fija su cuantía, y la suma correspondiente deberá depositarse en el Tribunal en efectivo o mediante aval bancario. En Chipre prevalece el principio de que el que pierde paga, si bien el Tribunal está facultado para repartir las costas o a ordenar que cada parte asuma las costas que haya generado. Sin embargo, no es posible conocer con antelación la decisión del juez al respecto.
ANEXO XII. Mecanismos de asistencia financiera
No existen disposiciones que establezcan un tratamiento especial en los asuntos ambientales. En cualquier caso, en este tipo de asuntos los tribunales no pueden otorgar exenciones del pago de las costas procesales, derechos, tasas judiciales, tributación de las costas, etc. En los asuntos penales, los demandados que cuenten con escasos recursos disponen de asistencia letrada; este servicio está disponible especialmente para los solicitantes de asilo y para los extranjeros amenazados con ser deportados por llevar a cabo actividades delictivas. No se presta asistencia a las organizaciones de voluntarios. No existe ninguna práctica de asistencia jurídica pro bono. No existen consultorios jurídicos que traten asuntos medioambientales ni de otra naturaleza. No existen abogados ni bufetes jurídicos especializados en asuntos medioambientales de interés público.
ANEXO XIII. Puntualidad
En virtud del artículo 29 de la Constitución de Chipre, cualquier persona que se dirija a una autoridad pública debe recibir respuesta en un plazo de 30 días. Sin embargo, esta respuesta a menudo es un mero acuse de recibo en el que se informa al solicitante de que será necesario disponer de un plazo mayor para ofrecer una respuesta exhaustiva. En teoría, el solicitante podría acudir al Tribunal, pero es muy improbable que esto ocurra en la práctica a menos que el retraso o la ausencia de respuesta impliquen consecuencias financieras importantes. Las partes que entablan una acción contra cualquier asunto administrativo al amparo del artículo 146 de la constitución (no necesariamente en asuntos ambientales) deben hacerlo en el plazo de 75 día a contar desde la fecha en que el autor de la solicitud tuviera conocimiento de la decisión, acto u omisión recurrido. En el caso de que la ley disponga que la decisión o el acto debe publicarse en el Diario Oficial, el citado plazo de 75 días comienza a contar a partir de dicha publicación. El Tribunal no está sujeto a un plazo para decidir sobre los asuntos medioambientales o de otro tipo. La duración media de los procedimientos de primera instancia es de 16 meses. La duración de los procedimientos de recurso es muy superior; La mayor parte de ellos duran varios años. De acuerdo con las directrices sobre la práctica judicial de 1986, los tribunales de distrito deben dictar sus sentencias en el plazo de seis meses a contar desde el momento de la exposición de los alegatos finales. No parece que el Tribunal Supremo esté sujeto a plazo alguno. En la práctica todos los tipos de procedimientos se prolongan mucho, salvo los que se tratan ante los tribunales de control de los arrendamientos y los asuntos relativos a los intereses de los menores que se sustancian en los juzgados de familia. En el caso de que los tribunales de rango inferior no dicten sentencia en el plazo de nueve meses, deben justificar los motivos de dicho retraso. Existen casos en los que se han interpuesto recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la República de Chipre por los retrasos de los tribunales a la hora de pronunciarse, y se ha concluido que tales retrasos constituyen en sí mismos una denegación de justicia.
ANEXO XIV. Otras cuestiones
Las decisiones medioambientales pueden recurrirse al amparo de la Ley de la EIA (Ley nº 140 (I)/2005), la Ley de la PCIC (Ley nº 56 (I)/2003 y 15 (I)/2006) y la Ley de responsabilidad ambiental (Ley nº 189 (I)/2007) y, en tal caso, solo al final del proceso cuando la decisión se publica. Los ciudadanos solamente obtienen información sobre el acceso a la justicia en los asuntos medioambientales a través de los artículos que se publican en los periódicos. En Chipre existe un mecanismo alternativo de resolución de litigios, pero normalmente se utiliza en asuntos civiles o de Derecho de familia.
ANEXO XV. En el extranjero
Casos xvi.transboundary
En el caso de los proyectos con repercusiones transfronterizas, Chipre ha ratificado el Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo y aplica las disposiciones de dicho Convenio relativas a los asuntos de justicia medioambiental.
Última actualización: 14/09/2016