Source: http://leyconcursal.org/derecho-concursal/espana/ley-222003-de-9-de-julio-concursal/disposiciones-adicionales/
Timestamp: 2018-09-18 22:01:29
Document Index: 233623177

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 393', 'artículo 103', 'artículo 118', 'artículo 121', 'artículo 197', 'artículo 1924', 'artículo 1', 'artículo 281', 'artículo 124', 'artículo 73', 'artículo 54', 'artículo 51', 'artículo 568', 'artículo 51', 'artículo 1921', 'artículo 157', 'artículo 221', 'artículo 222', 'artículo 227', 'artículo 274', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 98', 'artículo 463', 'artículo 472', 'artículo 482', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 66', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 84', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 20', 'artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 188', 'artículo 189', 'artículo 235', 'artículo 246', 'artículo 274', 'artículo 22', 'artículo 1924', 'Artículo 24', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 203', 'artículo 44', 'artículo 58', 'artículo 67', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 90', 'artículo 84', 'artículo 90', 'artículo 84', 'artículo 124', 'Artículo 124', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 262', 'artículo 262', 'e contrario', 'artículo 262', 'artículo 58', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 26', 'artículo 149']

Inicio / Derecho concursal / España / Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. / Disposiciones adicionales
Título IX. De las normas de derecho internacional privado. Sumario Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Disposición adicional segunda bis.
Disposición final undécima bis.
Disposición final undécima ter.
Disposición final vigésima quinta.
Disposición final vigésima sexta.
Disposición final vigésima séptima.
Disposición final vigésima octava.
Disposición final vigésima novena.
Disposición final trigésima.
Disposición final trigésima primera.
Disposición final trigésima segunda.
Disposición final trigésima tercera.
Disposición final trigésima cuarta.
Disposición final trigésima quinta.
Referencias legales a los procedimientos concursales anteriormente vigentes.
Todas las referencias a la suspensión de pagos o al procedimiento de quita y espera contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta Ley se entenderán realizadas al concurso en el que no se haya producido la apertura de la fase de liquidación.
Todas las referencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta Ley se entenderán realizadas al concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación.
Todas las declaraciones de incapacidad de los quebrados o concursados y las prohibiciones para el desempeño por éstos de cargos o funciones o para el desarrollo de cualquier clase de actividades establecidas en preceptos legales no modificados expresamente por esta Ley se entenderán referidas a las personas sometidas a un procedimiento de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación.
Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.
Artículos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, así como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia que el aplicable a las cédulas hipotecarias.
Artículo 16 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo.
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en lo que respecta al régimen aplicable a los sistemas de compensación y liquidación en ella regulados, y a las entidades participantes en dichos sistemas y, en particular, los artículos 44 bis, 44 ter, 58 y 59.
La disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación bancaria.
Ley 13/1994, de 1 junio, de Autonomía del Banco de España, por lo que respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones.
La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
Los artículos 26 a 37, ambos inclusive, 39 y 59 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
El Capítulo II del Título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas.
Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 12 de diciembre, y de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a fin de adecuarlas a esta Ley.
Homologación de los acuerdos de refinanciación.
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco % del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.
La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante trámite de urgencia en el más breve plazo posible y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado, por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el párrafo tercero del apartado dos anterior.
5. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de suspensión desde el día siguiente en que se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, las entidades financieras acreedoras afectadas por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos.
Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación.
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación a que se refieren el artículo 71.6 y la disposición adicional cuarta se aplicarán los aranceles correspondientes a los “Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias que se expidan no devengarán cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.
Procedimientos concursales en tramitación.
Será de inmediata aplicación lo dispuesto en los artículos 176 a 180 de esta Ley, con exclusión de los incisos 1 y 2 del apartado 1 del artículo 176. A estos efectos, se entenderá: que la referencia a la fase común del concurso del apartado 1.5. del artículo 176 está hecha al trámite de reconocimiento de créditos o su equivalente; que la referencia al incidente concursal del apartado 5 del mismo precepto está hecha al procedimiento del artículo 393 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso cabrá el recurso de apelación; y que contra la sentencia que resuelva este último cabrá el recurso de casación o el de infracción procesal en los términos previstos en la referida Ley.
La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta Ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal.
En la quiebra de cualquier clase de sociedades no podrá aprobarse ninguna proposición de convenio antes de que haya concluido el trámite de reconocimiento de créditos.
Las proposiciones de convenio que se formulen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley en cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 99 y 100 de la referida Ley. En la tramitación y aprobación de estas proposiciones conforme al procedimiento que en cada caso corresponda, será de aplicación lo establecido en el artículo 103, en el apartado 3 del artículo 118 y en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 121 de esta Ley, debiendo entenderse que el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la presentación de la propuesta de convenio hasta el momento de formación de la lista de asistentes a la junta en que será sometida a aprobación, salvo que se trate de suspensiones de pagos o quiebras de sociedades en las que el convenio deba aprobarse sin celebración de junta, en cuyo caso ese plazo será el señalado para presentar adhesiones en el correspondiente procedimiento.
Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197.
La Ley de 12 de noviembre de 1869, sobre quiebra de las compañías de ferrocarriles, concesionarias de canales y demás obras públicas análogas.
La Ley de 19 de septiembre de 1896, sobre convenios entre las compañías de ferrocarriles y sus acreedores sin llegar al estado de suspensión de pagos.
La Ley de 9 de abril de 1904, sobre aprobación de convenios de sociedades o empresas de canales, ferrocarriles y demás concesionarios de obras públicas.
La Ley de 2 de enero de 1915, sobre suspensión de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general.
El libro IV del Código de Comercio de 1829.
Los artículos 1912 a 1920 y los párrafos a y g del apartado 2 del artículo 1924 del Código Civil.
Los artículos 376 y 870 a 941 del Código de Comercio de 1885.
El párrafo L de la base quinta del artículo 1 de la Ley de 2 de marzo de 1917, sobre suspensión de pagos o quiebra de las entidades deudoras del Estado y del Banco de Crédito Industrial para protección y fomento de la producción nacional.
El capítulo segundo de la Ley de 21 de abril de 1949, sobre fomento de las ampliaciones y mejora de los ferrocarriles de vía estrecha y de ordenación de los auxilios a los de explotación deficitaria.
El artículo 281 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
El artículo 124 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
El apartado 7 del artículo 73 y la disposición adicional cuarta de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
El artículo 54 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
El artículo 51 de la Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval.
El artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Reforma del Código Civil.
Se añade al artículo 1921 del Código Civil un párrafo segundo, con la siguiente redacción:
Reforma del Código de Comercio.
Las personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada, los efectos de la autorización se limitarán a lo específicamente previsto en la resolución judicial que la contenga.
El artículo 157 queda redactado de la siguiente forma:
La causa 3 de las previstas en el artículo 221 queda redactada de la forma siguiente:
La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso.
La causa 3 de las previstas en el artículo 222 queda redactada de la forma siguiente:
La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios colectivos.
El artículo 227 queda redactado de la forma siguiente:
En la liquidación y división del haber social se observarán las reglas establecidas en la escritura de compañía y, en su defecto, las que se expresan en los artículos siguientes. No obstante, cuando la sociedad se disuelva por la causa 3 prevista en los artículos 221 y 222, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.
El párrafo segundo del artículo 274 queda redactado de la forma siguiente:
Si el asegurador fuera declarado en concurso, el comisionista tendrá la obligación de concertar nuevo contrato de seguro, salvo que el comitente le hubiera prevenido otra cosa.
Se añade un apartado 8 al artículo 7 con la siguiente redacción:
Se añade un apartado 3 al artículo 17 con la siguiente redacción:
El párrafo segundo del apartado 1.2 del artículo 98 queda redactado de la forma siguiente:
El apartado 1 del artículo 463 queda redactado de la forma siguiente:
El artículo 472 queda redactado de la forma siguiente:
El apartado 1 del artículo 482 queda redactado de la forma siguiente:
Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Se modifica el párrafo d del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al que se le da la siguiente redacción:
Derecho procesal supletorio.
Funciones de los secretarios judiciales.
La intervención de los secretarios judiciales en la ordenación formal y material y en el dictado de resoluciones en los procesos concursales, así como la interpretación que en cada caso deba hacerse cuando se susem controversia en esta materia, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Reforma de la Ley Hipotecaria.
Será juez o tribunal competente para conocer del procedimiento el que lo fuera respecto del deudor. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor o del tercer poseedor. En caso de concurso regirá lo establecido en la Ley Concursal.
Reforma de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.
El párrafo segundo del artículo 10 queda redactado de la forma siguiente:
El artículo 66 queda redactado de la forma siguiente:
Reforma de la Ley de Hipoteca Naval.
Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 31, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:
Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 32, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:
Reforma de la Ley General Presupuestaria.
1. Salvo en caso de concurso, no se podrá transigir judicialmente ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública ni someter a arbitraje las contiendas que se susemn respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros previa audiencia del de Estado en Pleno.
Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.
Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.
Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 84.1.2.
Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se añade un nuevo número en la letra B del apartado 1 del artículo 45, como número 19, con la siguiente redacción:
Las ampliaciones de capital realizadas por personas jurídicas declaradas en concurso para atender una conversión de créditos en capital establecida en un convenio aprobado judicialmente conforme a la Ley Concursal.
Se añade un apartado 5 al artículo 46 con la siguiente redacción:
Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El párrafo b del artículo 20 queda redactado de la forma siguiente:
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
El párrafo b del artículo 111 queda redactado de la forma siguiente:
Los apartados 2 y 7 del artículo 112 quedan redactados, respectivamente, de la forma siguiente:
En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 y de que en los supuestos de modificaciones en más del 20 % previstos en los artículos 149, párrafo e; 192, párrafo c, y 214, párrafo c, la Administración también pueda instar la resolución.
Reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Se añade al capítulo III del título I una nueva sección que, como sección V y bajo el título Procedimiento concursal, estará integrada por el siguiente artículo:
Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción:
El párrafo a del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:
Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.
Se añade párrafo d al apartado 1 del artículo 3 con la siguiente redacción:
El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la forma siguiente:
El artículo 6 queda redactado de la forma siguiente:
El apartado 1 del artículo 188 queda redactado de la forma siguiente:
Se añade un párrafo 5 al artículo 189 con la siguiente redacción:
Los autos y sentencias que se dicten por los juzgados de lo mercantil en el proceso concursal y que resuelvan cuestiones de carácter laboral.
Se añade un apartado 5 al artículo 235 con la siguiente redacción:
5. En caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal.
El apartado 3 del artículo 246 queda redactado de la forma siguiente:
Se añade un apartado 5 al artículo 274 con la siguiente redacción:
5. La declaración de insolvencia del ejecutado se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
El artículo 22 queda redactado de la forma siguiente:
Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan gozarán, respecto de la totalidad de los mismos, de igual orden de preferencia que los créditos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1924 del Código Civil. Los demás créditos de la Seguridad Social gozarán del mismo orden de preferencia establecido en el apartado 2, párrafo E, del referido precepto.
Artículo 24. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social.
No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susemn respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.
El párrafo a del apartado 1.1 del artículo 208 queda redactada de la forma siguiente:
En virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
El número 2 del apartado 1 del artículo 208 queda redactado de la forma siguiente:
Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
El número 3 del apartado primero del artículo 208 queda redactado de la siguiente forma:
3. Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un proceso concursal, en los términos del artículo 203.3.
Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque.
Reforma de la Ley del Mercado de Valores.
Los apartados 8 y 9 del artículo 44 bis quedan redactados de la forma siguiente:
9. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este artículo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de España, podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. De igual forma, los titulares de tales valores podrán solicitar el traslado de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los registros señalados, esta actividad será asumida por la sociedad de sistemas de modo provisional, hasta que los titulares soliemn el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la administración concursal facilitarán el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se haga llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos económicos o de su venta.
Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 58 con la siguiente redacción:
El párrafo g del apartado 2 del artículo 67 queda redactado de la forma siguiente:
Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como consecuencia de un procedimiento concursal; se encuentre procesado o, tratándose del procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral; tenga antecedentes penales por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad; o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras.
El párrafo h del artículo 73 queda redactado de la forma siguiente:
Si la empresa de servicios de inversión o la persona o entidad es declarada judicialmente en concurso.
El artículo 76 bis queda redactado de la forma siguiente:
Reforma de la Ley del Mercado Hipotecario y de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
En caso de concurso, los tenedores de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del privilegio especial establecido en el número 1 del apartado 1 del artículo 90 de la Ley Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas y bonos hipotecarios emitidos y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos hipotecarios que respalden las cédulas y bonos hipotecarios.
Séptimo. En caso de concurso, los tenedores de cédulas territoriales gozarán del privilegio especial establecido en el número 1 del apartado 1 del artículo 90 de la Ley Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas territoriales emitidas y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos que respalden las cédulas.
Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas.
El artículo 124 quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 124. Prohibiciones.
1. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio­económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.
El apartado 2 del artículo 260 queda redactado de la forma siguiente:
2. La declaración de concurso no constituirá, por si sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.
El número 4 del apartado 1 del artículo 260 tendrá la siguiente redacción:
Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.
El apartado 2 del artículo 262 pasa a tener la siguiente redacción:
2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución.
Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a su juicio, existe causa legítima para la disolución, o para el concurso.
El apartado 4 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción:
4. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituído, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.
El apartado 5 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción:
5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliemn la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso.
Reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
El apartado 3 del artículo 58 queda redactado de la forma siguiente:
3. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio­económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.
El párrafo e del apartado 1 del artículo 104 quedará redactado como sigue:
Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.
El apartado 2 del artículo 104 queda redactado de la forma siguiente:
2. La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.
Los apartados 1 y 5 del artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada quedan redactados de la forma siguiente:
1. En los casos previstos en los párrafos c a g del apartado 1 del artículo anterior, la disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General adoptado por la mayoría a que se refiere el apartado 1 del artículo 53. Los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o inste el concurso. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna de dichas causas de disolución, o concurriera la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal.
5. El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de la sociedad determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales.
El apartado 2 del artículo 128 queda redactado de la forma siguiente:
2. En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro­registro y no se hallen referenciados en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la Ley.
Reforma de la Ley de Cooperativas.
El párrafo d del artículo 41 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, queda redactado de la forma siguiente:
Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, quienes se hallen impedidos para el ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas.
Reforma de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca.
El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 43 queda redactado de la forma siguiente:
El párrafo g del artículo 59 queda redactado de la forma siguiente:
Se añade un apartado 3 al artículo 59 con la siguiente redacción:
Reforma de la Ley de entidades de capital riesgo.
El párrafo c del apartado 2 del artículo 8 queda redactado de la forma siguiente:
Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como consecuencia de un procedimiento concursal, se encuentre procesado, o, tratándose del procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral, o tenga antecedentes penales, por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y otras conductas afines, de malversación de caudales públicos, contra la propiedad, o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras.
El párrafo b del artículo 13 quedará redactado de la forma siguiente:
Por haber sido declarada en concurso.
El apartado 2 del artículo 33 queda redactado de la forma siguiente:
Reforma de la Ley de agrupaciones de interés económico.
El número 3 del apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la forma siguiente:
Por la apertura de la fase de liquidación, cuando la Agrupación se hallare declarada en concurso.
Se añade un nuevo apartado al artículo 18 como apartado 2, con la siguiente redacción:
2. En el supuesto previsto en el número 3 del apartado anterior, la agrupación quedará automáticamente disuelta al producirse en el concurso la apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la agrupación conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.
El apartado 2 del artículo 18 pasará a ser apartado 3 con la siguiente redacción:
3. En los supuestos contemplados en los números 4 y 5 del apartado 1, la disolución precisará acuerdo mayoritario de la asamblea. Si dicho acuerdo no se adoptare dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se produjere la causa de disolución cualquier socio podrá pedir que ésta se declare judicialmente.
Los apartados 3 y 4 del artículo 18 pasan a ser apartados 4 y 5, respectivamente, conservando su actual redacción.
Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
Reforma de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Reforma de la Ley de Contrato de Seguro.
Reforma de la Ley sobre Contrato de Agencia.
El párrafo b del apartado 1 del artículo 26 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, queda redactado de la forma siguiente:
Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso.
Reforma de la Ley de Navegación Aérea.
Reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6 y 8 de la Constitución, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas.
Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos.
Arancel de retribuciones.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2004, salvo en lo que se refiere a la modificación de los artículos 463, 472 y 482 de la Ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la disposición final tercera y al mandato contenido en la disposición final trigesimosegunda, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.