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Timestamp: 2017-01-23 16:49:04
Document Index: 413150390

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 30']

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[Sentencia T-0287-13] – Derecho a la recreacion y al deporte de personas en situacion de discapacidad
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Esta Corte reitera la condición de sujetos de especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad y señala que las medidas destinadas a fomentar la participación en el deporte y la recreación por parte de dichas personas deben (i) garantizar la participación de los interesados en el diseño y estructuración de los programas; (ii) tomar en cuenta los principios de diseño universal, accesibilidad para todos y todas, y ajustes razonables; (iii) promover la toma de conciencia y (iv) no construirse mediante esquemas discriminatorios. DERECHO A LA RECREACION Y AL DEPORTE DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Prevenir a Coldeportes para que en los próximos juegos paranacionales, los deportes que queden excluidos sean llevados a cabo como exhibición Referencia: expedientes T-3672842 y T-3754187, acumulados.
A. Revisión metodológica del presente pronunciamiento. Previamente, debe precisarse que si bien los asuntos bajo estudio en el presente juicio fueron expuestos mediante demandas separadas, éstas coinciden en sus aspectos esenciales: supuesto fáctico transgresor, material probatorio acopiado, entidad legitimada en la causa por pasiva, derechos fundamentales invocados y fundamentación jurídica empleada por los demandantes, razón por la cual, con fines de claridad expositiva y coherencia argumentativa, procederá a realizar un recuento en bloque sobre los hechos,
Indicaron que fueron inscritos por sus respectivas ligas para participar en la III versión de los Juegos Paralímpicos Nacionales CARLOS LLERAS RESTREPO (Cúcuta 2012). Sin embargo, mediante Resolución Nº 743 de julio 3 de 2012 COLDEPORTES declaró la no realización entre otras, de las pruebas de natación y de tiro, en las que fueron inscritos, debido a que para llevar a cabo una competencia específica en deportes individuales, es necesario como mínimo tres competidores de tres departamentos diferentes y en sus casos, no se presentó el número mínimo exigido. Por lo anterior, los accionantes presentaron acción de tutela contra COLDEPORTES para que les fueran amparados sus derechos fundamentales a una vida digna, a la recreación, al deporte y a la igualdad, pues en el deporte han encontrado una forma de llevar una vida digna pese a sus limitaciones físicas. B. DOCUMENTOS RELEVANTES CUYA COPIA OBRA EN LOS EXPEDIENTES.
C. RESPUESTA DE COLDEPORTES. Mediante escritos de contenido similar, el Director del Departamento administrativo de dicha entidad pidió negar el amparo de los derechos alegados por los accionantes, al considerar en ambos casos, que para “que exista competencia deportiva debe existir un enfrentamiento o contienda de varios sujetos respecto de algo”.
Señaló que en ningún momento el comité organizador de los III Juegos Paranacionales 2012 vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, teniendo en cuenta que la determinación de no realizar las pruebas de “50 metros espalda, 50, 100 y 200 metros libre y 150 metros combinados en la clasificación funcional S2 de la disciplina deportiva de natación” y “las pruebas R4 y R5 de la disciplina deportiva de tiro”, se debió a que no se reunieron los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Resolución 000364 de abril 26 de 2012, el cual establece que para realizar una competencia especifica en deportes individuales, es necesario contar mínimo con tres (3) competidores de tres (3) departamentos diferentes. Agregó que el hecho de no haber sido incluidos en los III Juegos Paranacionales 2012, no imposibilita a los accionantes para que sigan practicando su disciplina y participen en cualquier otro evento nacional en la que la prueba se encuentre prevista y acceder dependiendo de sus resultados a ser parte de selecciones regionales y nacionales, donde puedan representar a su región y país en eventos de tipo federado y de ciclo paralímpico. Indicó que en todo evento deportivo se deben establecer una serie de criterios de organización, participación y competencia, para el buen desarrollo del mismo, pero en ningún momento se busca limitar el acceso de la comunidad, ni mucho menos vulnerar su derecho a la práctica del deporte, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.
Agregó que la disposición del comité organizador de los III Juegos Paranacionales, no obedece a un acto de discriminación con respecto a la participación, pues las reglas exigidas para la inclusión de determinadas disciplinas deportivas, no son exclusivas para la modalidad practicada por el accionante, tales exigencias se extienden a todas las disciplinas. Impugnación.
Indicó que COLDEPORTES no sólo debió permitir la participación de los accionantes en las competencias de los III Juegos Paralímpicos Nacionales, siendo que dicha normativa constituye una barrera para las personas con discapacidad para acceder a los derechos a la igualdad y al deporte, sino que también debió buscar e implementar los mecanismos propicios para incentivar y fomentar el deporte de alto rendimiento. Agregó que “aún, cuando COLDEPORTES hubiera agotado todos los instrumentos conducentes para ello, y se hubiera presentado la misma circunstancia de no existir competidores de distintos departamentos impidiendo la realización de las competencias individuales, no puede existir una resolución, concebida bajo el ideal de que las instituciones encargadas incentivan y fomentan de manera real y efectiva el deporte de alto rendimiento en las personas con discapacidad, convertirse en una barrera u obstáculo para el desarrollo del proyecto de vida de una persona, además de no contribuir a la representación del país en escenarios deportivos internacionales”.
Así concluyó que el mínimo de participantes de distintos departamentos exigido para la realización de las competencias individuales constituye para los accionantes una medida injustificada, si se tiene en cuenta su situación de especial protección constitucional y la carencia de incentivos y fomentos idóneos para la participación en competencias de alto rendimiento de personas con discapacidad. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Debe definirse si Coldeportes ha vulnerado los derechos fundamentales a una vida digna, a la recreación, al deporte y a la igualdad de los accionantes, al no permitirles participar en los Juegos Paralímpicos Nacionales, debido a que para llevar a cabo una competencia específica en los deportes individuales que practican, es necesario como mínimo tres competidores de tres departamentos diferentes y en sus casos, no se presentó el número mínimo exigido. A fin de resolver el asunto, la Sala se referirá a la eventual improcedencia de la acción de tutela por carencia actual de objeto y al asunto de las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional; con esas bases serán decididos los dos casos concretos.
En aquellas situaciones en las cuales el daño se consumó, o cuando la presunta vulneración o riesgo fue superado con la satisfacción o salvaguarda de las garantías invocadas, se presenta una sustracción de materia o carencia de objeto, donde ya no tendría razón ni sentido que el juez constitucional impartiese las órdenes pretendidas, en caso de concluir que la acción prosperaba. La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la sustracción de materia por carencia de objeto, que conlleva que las órdenes sean inocuas, no deja sin embargo de tener diferenciación según el momento en el cual se satisface o conculca definitivamente un derecho. Así, cuando se constata que al momento de la interposición de la acción el daño estaba consumado o satisfecho el derecho, aquélla se torna improcedente, habida cuenta que su finalidad es preventiva y no indemnizatoria, correspondiendo al juez realizar un análisis en el que se constate la definitiva afectación al derecho y, en caso tal, declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Si la satisfacción o el menoscabo se presentan durante el trámite de las instancias o en sede de revisión, surge la carencia actual de objeto, que hace ineficaz la tutela, al existir un hecho superado si se restableció la garantía invocada, o un daño consumado al no quedar opción de restablecimiento o defensa. Empero, aunque en aquellas situaciones no es factible emitir una orden de protección, el juez debe declarar la carencia actual de objeto por daño consumado y ordenar lo que aún fuere pertinente, en el caso concreto. De otra parte, ha expresado también la Corporación que, en los eventos en que se produce un daño consumado a un derecho constitucional, un pronunciamiento de fondo puede resultar conveniente y necesario, por lo menos, por cuanto(i) la declaración de la violación hace parte de los derechos del afectado; (ii) el pronunciamiento de la Corte puede funcionar como garantía de no repetición frente al resto de las personas; y (iii) resulta relevante para realizar pedagogía constitucional sobre la materia. Por esas razones, a partir de la sentencia SU-540 de julio 17 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte unificó su posición en cuanto a emitir un pronunciamiento de fondo, cuando se percibe la existencia de un daño consumado, aún en aquellos casos en los que solo resulta posible emitir órdenes de prevención a las autoridades concernidas en el asunto objeto de estudio.
Cuarta. Las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional. Alcance de la protección que se desprende de los instrumentos internacionales.
Así, en diversas oportunidades, la Corte Constitucional ha recurrido a normas uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, a la Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que se interpretan las obligaciones frente a la población con discapacidad derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y al Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Los instrumentos en mención han permitido acceder a criterios y parámetros técnicos para determinar cuándo se considera que una persona se encuentra en situación de discapacidad. Además, han recalcado la especial relevancia del principio de no discriminación en la materia y han realzado el deber del Estado de adoptar medidas positivas, para lograr que estas personas gocen plenamente de todos los derechos humanos.
En segundo lugar, se plantean los principios de accesibilidad universal, diseño universal de productos, entornos, programas y servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, y ajustes razonables, es decir, las modificaciones necesarias para evitar cargas desproporcionadas para el goce de un derecho por parte de las personas con discapacidad; y se hace énfasis en la importancia de la participación de las personas con discapacidad en el diseño de políticas que los afecten, la toma de conciencia por parte de las autoridades, y la cooperación internacional para la financiación de los programas. Entre las obligaciones del Estado cabe destacar aquellas consistentes en “Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; y c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”; (artículo 4º); la prohibición de discriminación, en el caso de las personas con discapacidad comporta la obligación de efectuar ajustes razonables, (artículo 5º); el principio de toma de conciencia obliga al Estado a adoptar medidas efectivas para luchar contra estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas contra la población en situación de discapacidad, y a promover la valoración social de las “capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad” (artículo 8º). Por último, en materia de deporte y recreación, se menciona lo siguiente (artículo 30 numeral 5º): “A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas” Aunado a lo anterior, esta corporación mediante sentencia C-765 de octubre 3 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, efectuó la revisión de constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, que en su artículo 18 dispone lo siguiente: “DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los Entes territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán programas inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad y los lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física y deporte para la población con discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito administrativo y técnico para lo cual adoptarán las siguientes medidas:
Por lo anterior, esta Corte reitera la condición de sujetos de especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad y señala que las medidas destinadas a fomentar la participación en el deporte y la recreación por parte de dichas personas deben (i) garantizar la participación de los interesados en el diseño y estructuración de los programas; (ii) tomar en cuenta los principios de diseño universal, accesibilidad para todos y todas, y ajustes razonables; (iii) promover la toma de conciencia y (iv) no construirse mediante esquemas discriminatorios. Quinta. Análisis de casos concretos.
Segundo.- En el expediente T-3754187, CONFIRMAR la sentencia dictada en septiembre 24 de 2012 por el Juzgado 2° Promiscuo de Familia de Sogamoso, que denegó la tutela de los derechos fundamentales del señor Marcos Omar Suárez Piragauta. Tercero.- DECLARAR la carencia actual de objeto dentro de las acciones de tutela, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.