Source: https://issuu.com/zamorach2009/docs/38._ordenanza_que_regula_la_creacion_de_corredores
Timestamp: 2017-08-23 16:02:00
Document Index: 398994922

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 83', 'artículo 95', 'artículo 250', 'artículo 276', 'artículo 259', 'artículo 260', 'artículo 263', 'artículo 277', 'Artículo 395', 'artículo 396', 'artículo 397', 'artículo 400', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 250', 'artículo 12', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 263', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 30', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 73', 'artículo 10', 'artículo 130', 'artículo 133', 'artículo 143', 'artículo 128', 'artículo 324', 'artículo 322', 'artículo 324']

38. ORDENANZA QUE REGULA LA CREACION DE CORREDORES DE PRODUCCION LIMPIA by Gobierno Provincial Zamora Chinchipe - issuu
ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. EL CONSEJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE CONSIDERANDO: Que, el artículo 3, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como un deber primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir; Que, el artículo 14 ibídem, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; Que, los artículos 71, 72, 73 y 74 ibídem, reconocen los derechos de la Naturaleza y manda al Estado a aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la destrucción de los ciclos naturales. Que, el artículo 83 numeral 6 ibídem, establece como responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; Que, el artículo 95 ibídem, reconoce el derecho de la ciudadanía de forma individual y colectiva a participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Este derecho se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Que, la Constitución de la República del Ecuador, determina en el artículo 250 "En las provincias de la Región Amazónica, el Estado pondrá especial atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de mantener la biodiversidad. Se adoptarán políticas que compensen su nuevo desarrollo y consoliden la soberanía nacional". Que, el artículo 276 de la Constitución de la República en los numerales 1, 2, 4 y 5, establece que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: “1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución; 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 1
generación de trabajo digno y estable; 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado; 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural”. Que, los artículos 238 y 240 ibídem, disponen que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana y tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; Que, el artículo 259 ibídem, manda al Estado central y a los gobiernos autónomos descentralizados a adoptar políticas de desarrollo sustentable con el propósito de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico. Que, el artículo 260 ibídem, establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluye el ejercicio de concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre distintos niveles de gobierno. Que, el artículo 263, numerales 1, 4 y 7 ibídem, faculta a los gobiernos provinciales hacer su planificación para el desarrollo y su ordenamiento territorial, la gestión ambiental provincial y el fomento de las actividades productivas provinciales. Que, el artículo 277 numeral 3 ibídem, declara que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento; Que, el Artículo 395 ibídem, reconoce los principios ambientales, sin perjuicio de otros que determine la ley, los siguientes: 1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras; 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional; 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales; y, 4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 2
Que, los artículos 317 y 408 ibídem, establecen que los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, son de propiedad del Estado y que sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución, garantizando que los mecanismos de producción, consumo y uso, recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad; Que, el artículo 396 ibídem, establece que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Que, el artículo 397 ibídem, establece que en caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Que, el artículo 400 de la Constitución de la República, ordena que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional, declarando de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, dispone que los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República (Constitución de la República del Ecuador) y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica; Que, el artículo 11 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, recoge lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución de la República, establece que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, 3
ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak kawsay. Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, puntualiza que con la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades. Que, el artículo 41 ibídem, establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial, sin perjuicio de otras que determine la ley, la siguiente: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y, d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; Que, el artículo 42 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro de las competencias exclusivas de los GADP, establece las de “Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias”; Que, en el artículo 7 en concordancia con el artículo 47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, otorgan la facultad normativa en las materias de su competencia de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 263 de le Constitución de la República;; Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 135, recoge la disposición Constitucional en lo atinente a las actividades productivas y agropecuarias, señalando que para el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del gobierno central para incentivar estas actividades. Que, el inciso segundo del artículo 135 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que “A los gobiernos 4
autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas.- Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y pequeños productores”. Que, el primer inciso del artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que la promoción de las organizaciones sociales es una responsabilidad del Estado, garantizando el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes. Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en lo referente a la promoción estatal a las organizaciones, prescribe que, “El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia”. Que, para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, todos los niveles de gobierno y funciones del Estado prestarán apoyo y capacitación técnica; asimismo, facilitarán su reconocimiento y legalización (Art. 33LOPC), para lo cual la ciudadanía y las organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada en la preparación 5
y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad (Art. 34LOPC). Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que para apoyar y promocionar a las organizaciones sociales, los diferentes niveles de gobierno considerarán los siguientes criterios: la alternabilidad en su dirigencia, el respeto a la equidad de género, su alcance territorial e interculturalidad. Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial N°. 444 de fecha 10 de mayo de 2011, en sus artículos 1 y 2, establece que para efectos del referido cuerpo normativo “…se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. Así, para el ámbito, determina que “Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento”; Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, define al Sector Asociativo como el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. Que, el artículo 73 ibídem, prescribe que “Son Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad”. Que, el artículo 10, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, prescribe que “El Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto en 6
tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto”. Que, el artículo 130, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, dispone que “Las instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la promoción, fomento e incentivos a las organizaciones sujetas a esta Ley deberán coordinar entre si el otorgamiento de estos beneficios a favor de las personas y organizaciones con el propósito de evitar duplicidad.- Las instituciones del Estado, que desarrollen medidas de fomento, promoción e incentivos a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley presentarán al Comité Interinstitucional informes sobre tales medidas, recursos asignados o invertidos y resultados obtenidos”. Que, el artículo 133, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, establece que “Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros.- Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas por esta Ley”; Que, el artículo 143, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, determina que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, podrán participar en la gestión del Comité Interinstitucional, a través de mecanismos de información y de consulta no vinculante.- La participación, mecanismos de elección y requisitos de los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las personas y organizaciones, serán determinados en el Reglamento de la presente Ley”; Que, el artículo 128, del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, establece que “Los ministerios, secretarías de Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman la Administración Central así como las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñarán e implementarán, en favor de las personas y organizaciones parte de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 7
medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de requisitos y entrega de garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que permitan el acceso en condiciones favorables a: 1. Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras públicas; 2. Fondos concursables; 3. Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de capacitación; 4. Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesanal y acuícola, subsidiado por el Estado; 5. Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente estatal competente; y, 6. Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura productiva”; Que, conscientes de que la voluntad y compromiso de los actores son factores esenciales para lograr cambios exitosos en el desarrollo, el Gobierno Provincial planifica la realización de procesos de intervención que busca establecer sinergias e implementar mecanismos de cooperación entre los actores en diferentes ámbitos de desarrollo, estas sinergias se orientan hacia la consolidación de una estructura de desarrollo sostenible y sustentable. Que, una vez definidos los procesos de cooperación, se considera pertinente plantear además que entre las alternativas técnicas, conlleven a fundamentar la declaratoria de la provincia, basados en los artículos 232 al 235, del libro VI referido a la Sostenibilidad de la Producción y su relación con el Ecosistema, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, cuyo efecto garantizará una producción con tecnologías limpias y un desarrollo sustentable tal y como se definen en los artículos antes referidos, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, establecidas, Expide la siguiente: ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. CAPITULO I DEFINICIÓN ÁMBITO, OBJETIVO Y FINES Art. 1.- Definición.- El Territorio de Producción Limpia, consisten en la implementación de un programa de acción diseñado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe-GADPZCH para revalorizar los espacios productivos de la provincia mediante la concertación de los esfuerzos de los distintos actores de la economía social con el sector público. El programa busca reducir la pobreza, el desempleo y la inequidad, a la vez que propone multiplicar las riquezas y toda forma de actividad productiva, laboral y su identidad local. El establecimiento de un territorio de producción limpia en Zamora Chinchipe, su definición se asocia a la idea de unir dos puntos distantes entre sí en función 8
de su proyección hacia otros espacios territoriales biodiversos, mediante la mejora del transporte, la energía y las telecomunicaciones, con lo cual se benefician las actividades productivas a lo largo de todo el trayecto del territorio. Se cuida, además, de hacerlo en una forma ambiental y socialmente sostenible. Los territorios de producción limpia se orientan a servir como canales de comercio entre ubicaciones distintas y pueden estar articulados por carreteras, teniendo en consideración que se trata de espacios delimitados en la jurisdicción provincial que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales y modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Art. 2.- Ámbito.- Se sujetarán a las disposiciones de la presente Ordenanza, todos los productores que se encuentren dentro de la jurisdicción provincial de Zamora Chinchipe. Art. 3.- Objetivos.- Incrementar y mejorar la producción agropecuaria, incorporar tecnologías de producción limpia, proteger los recursos naturales y el ambiente, propender a dar valor agregado, fortalecer a las organizaciones sociales como empresarios y formar talentos humanos; como mecanismos mediante el procesamiento de la agroindustria y la o las marcas de productos; para procurar el buen vivir de las y los campesinos de los diferentes cantones de Zamora Chinchipe. Art. 4.- Fines.- Los fines son los siguientes: 1.
Mediante la implementación de los territorios de producción limpia en Zamora Chinchipe se propenderá a reducir el desempleo en las áreas de influencia;
Enmarcar innovaciones tecnológicas, organizativas, fundamentalmente sociales en una estructura productiva que involucre a las personas (ciudadanos) y a las organizaciones (públicas y privadas), para lo cual resulta indispensable pensar en términos de TERRITORIOS PRODUCTIVOS (o territorios socialmente organizados) determinados en función de las diversas capacidades de cada uno de los miembros para materializar sus potencialidades y generar uniones positivas generadoras de expectativas productivas elevando el nivel de vida de los sectores involucrados en los programas;
Trabajar de manera asociativa solidaria, fundando la tarea en procesos incluyentes y en la producción organizada;
Coordinar provincialmente todos los procesos de articulación con el entorno, asegurando producción y calidad del producto o servicio;
Viabilizar alternativas de valor agregado de manera asociativa; 9
Alcanzar los mercados nacionales e internacionales;
Organizar la asociatividad para la concreción de estas etapas, asumiendo el compromiso solidario de todos los actores;
Disponer del financiamiento con capacidad de decisión descentralizada y con gestión concentrada, articulando políticas económicas–financieras viables para el sector;
Realimentar el proyecto tendiendo a sostener la dignidad de las familias de todos los campesinos involucrados en el programa;
10. Concientización de la población, para determinar su situación en el sistema de producción, comercialización y generación de valor agregado; 11. Planificación interna de las zonas, determinando características del producto, producción actual, costos, calidad, reconocimiento en el mercado, financiamiento, potencialidad técnica y capacidades laborales; y, 12. El Territorio Productivo, conforma así una red de productos y servicios que, basados en la asociación de la producción y comercialización con valor agregado, permite el desarrollo económico local de las familias y las comunidades zamoranas-chinchipenses. CAPÍTULO II PRINCIPIOS Art. 5.- Principios para la Implementación de Territorio de Producción Limpia.- Los principios fundamentales de producción limpia son los siguientes: a) Manejo adecuado del Recurso Agua. b) Sistemas agrosilvopastoriles y conservación de bosques. c) Conservación del Suelo. d) Producción Orgánica. e) Manejo integral de desechos. f) Implementación de procesos de soberanía alimentaria e interculturalidad. Art. 6.-Para el cumplimiento de los principios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, estructurará herramientas como:
a) Un sistema de Gestión y estructura para instituciones registradas. b) Un sistema y/o mecanismo de actualización y ajuste permanente de los requisitos para ser reconocido dentro del modelo TPL. c) Un sistema de verificación o evaluación de cumplimiento, realizado con el uso de la comisión propuesta en base a la verificación del cumplimiento de los requisitos. d) Un manual o instrucciones de uso de marca de los TPL. e) Un sistema de mantenimiento de base de datos registrados. f) Un sistema de sanciones para incumplimientos. g) Un sistema de promoción que estimule el uso de la marca debiendo incluir: información sobre el programa; Difusión de los beneficiarios registrados; y, espacios preferenciales en exhibición, locales de compra y compras públicas para registrados. La Unidad de Registros, verificación de cumplimiento y generación de base datos incluyendo el uso de marcas y sancione del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se encargará de aprobar las normativas bajo las cuales se realizará el control del cumplimiento de los seis principios de producción limpia en los TPL. CAPÍTULO III INCENTIVOS Art. 7.- Incentivos para los Productores.- El GADZCH se compromete, como contraparte a la declaratoria de TPL, a asignar anualmente recursos económicos para implementar programas de fomento productivo direccionados a los productores del TPL, como reconocimiento a su sistema de producción. Los incentivos que el GADZCH aportará serán: a) Apoyar a la creación y promoción una marca/sello para identificar la producción como proveniente de "Palanda/Chinchipe, territorio de producción limpia". Mantenimiento y/o apertura de vías. b) Fomento del sistema de producción a nuevos productores no asociados. c) Análisis de suelos, reforestación, semillas, viveros, abonaduras, etc. d) Asesoramiento técnico constante en la zona. e) Mapeo actualizado. f) Identificación de áreas de bosque. 11
g) Inventario de flora y fauna. h) Promoción en Página web del Gobierno Provincial y medios impresos. i) Participación en ferias y acceso a medios de comunicación. j) Elaboración y ejecución de proyectos productivos y socio organizativos. k) Promover alianzas estratégicas con instituciones cantonales y parroquiales para promover los TPL. CAPITULO IV REGISTRO Y CONTROL Art. 8.- Mediante esta ordenanza el Gobierno Provincial crea la Unidad de Registro y Control y está conformada por:   
Un miembro delegado del Prefecto Provincial Un delegado de TPL constituido Un delegado de la Asociación de Juntas Parroquiales del TPL
Sus principales funciones son:       
Recepción de las solicitudes de grupos de productores para la declaratoria de territorios de producción limpia Revisión del cumplimiento de los indicadores para aceptar o rechazar la solicitud del grupo de productores Aprobación o negación de la solicitud Revisión de Acuerdos de Producción Limpia entre Productores y asociaciones de productores. Elaboración de APL entre asociaciones de productores y el GPZCH Emitir la declaratoria del TPL Hacer el seguimiento al cumplimiento de los RPL y renovación anual de la declaratoria.
En un primer momento el proceso de verificación y control del cumplimiento de los acuerdos de producción limpia se puede aprovechar el "Sistema Interno de Control" que poseen las organizaciones para la certificación orgánica; esto en el caso de los productores asociados. En el caso de los productores no asociados, se hará en base a los sistemas de garantía local que determina la naturaleza de la ordenanza y será ejecutada por parte del Gobierno Provincial. CAPITULO V POLÍTICAS Art. 9.- Políticas para la Implementación del Territorio de Producción Limpia.La producción agropecuaria de la provincia deberá progresivamente tender 12
hacia una total producción limpia y orgánica. Esto significa que se convertirá en política provincial: a) La reducción paulatina del uso de insumos químicos sintéticos mediante un proceso de transición en finca. b) No permitir el ingreso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s), al territorio provincial. c) La recuperación de la diversidad y variabilidad de semillas autóctonas, y variedades silvestres aprovechando la enorme biodiversidad y agrobiodiversidad de la provincia, considerando su aspecto cultural ancestral. d) La autosuficiencia energética, el manejo integrado de insectos considerado como plagas, y el aprovechamiento de los desechos orgánicos que permitan disponer de sistemas productivos con baja entropía. e) El uso de tecnologías apropiadas, basados en saberes y conocimientos ancestrales, tanto cultural, económica y ecológica para mejorar la producción con el enfoque de sistema integrado de fincas agrosilvopastoriles y agroecológicas. f) Participación efectiva de los actores del sector productivo en sus diferentes niveles de intervención, de tal manera de lograr una gestión mancomunada para el desarrollo productivo de la provincia. g) Promover la asociatividad entre los productores como una estrategia para facilitar los procesos productivos y de comercialización. h) Potencializar la actividad agro-turística en distintas modalidades, sobre la base de los recursos naturales y culturales de la provincia, destacando los enfoques de desarrollo agro-productivo (producción limpia, sistemas agroecológicos, agroforestales, silvopastoriles), y conservación de áreas de alto valor ecológico (territorios de producción limpia). DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- La riqueza natural y la biodiversidad existente en la provincia de Zamora Chinchipe es un patrimonio que solamente depende de las personas que la habitan y la explotan para que se mantenga y genere riqueza y beneficios por muchas generaciones. Para ello, es importante promover sistemas de producción que aporten a la conservación de estos recursos. El cultivo de café, cuando se lo realiza bajo buenas prácticas agrícolas, es sin duda una actividad que podría ser la emblemática para preservar este patrimonio. Además, promover sistemas de producción limpia en estas zonas cafetaleras, permitiría la conectividad entre estas áreas protegidas formándose un corredor biológico de café 13
SEGUNDA.- Para llevar a cabo la declaratoria se cuenta con el interés de los productores de café de APECAP y ACRIM, quienes obviamente son la base para implementar la propuesta de declaratoria, quienes voluntariamente firman los Acuerdos de Producción Limpia con la Asociación de Productores y ésta a su vez con el Gobierno Provincial. TERCERA.- El proceso de control en un inicio se lo deja en manos de los sistemas internos de control de las asociaciones de productores, como parte de los procesos de certificación orgánica. En el caso de los productores no asociados o pre-asociaciones se lo hará desde los sistemas de garantía local en el marco de la ordenanza de TPL a través del Gobierno Provincial. El Gobierno Provincial es el responsable de establecer una ordenanza mediante la cual se regula el proceso de zonificación, bajo la denominación de "Territorio de producción limpia" a las áreas bajo manejo sustentable; y además de establecer un sistema de recompensa a los TPL con un paquete de incentivos no-económicos como reconocimiento a la contribución a la biodiversidad y riqueza de la provincia. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Encárguese a la Dirección de Producción en coordinación con las respectivas instancias administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, la elaboración de las herramientas técnicas, jurídicas, administrativas y financieras para la ejecución, control, monitoreo y evaluación de las disposiciones de la presente ordenanza. DISPOSICION FINAL La presente Ordenanza entrará en vigencia, a partir de su publicación conforme lo dispuesto en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dado, en la Sede del Consejo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, en la ciudad de Zamora, a los dieciséis días del mes de abril de 2013.
Zamora, 16 de abril de 2013
Soc. Salvador Quishpe Lozano PREFECTO PROVINCIAL
Ab. Tatiana Piedad Bermeo Jiménez SECRETARIA GENERAL (E) 14
Ab. Tatiana Piedad Bermeo Jiménez, SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE (E), Certifico, que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, fue discutida y aprobada en sesiones ordinaria y extraordinaria del Consejo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, realizadas el 28 de febrero y 16 de abril de 2013, en primero y segundo debate, respectivamente. Zamora, 17 de abril de 2013
Zamora, 22 de abril de 2013, a las diez horas.Soc. Salvador Quishpe Lozano, PREFECTO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.- En uso de las atribuciones que me concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal pertinente, SANCIONO LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; y, en consecuencia, ordeno su PROMULGACIÓN a través de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, conforme al artículo 324, de la Ley ibídem.- Cúmplase.
RAZÓN.- El Soc. Salvador Quishpe Lozano, Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Zamora Chinchipe, sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, de la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, a los veintidós días del mes de abril de dos mil trece.- Lo certifico.-
38. ORDENANZA QUE REGULA LA CREACION DE CORREDORES DE PRODUCCION LIMPIA