Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-5287-de-2001?documento=legcol&contexto=legcol_75992041c36bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 22:31:04
Document Index: 67849631

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 268', 'artículo 5', 'artículo 268', 'artículo 6', 'artículo 268', 'artículo 165', 'artículo 272', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 268', 'artículo 268', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 446', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 209', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 272']

﻿ RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5287 DE 2001
RESOLUCIÓN 5287 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE EL SISTEMA ÚNICO DE CONTROL FISCAL.
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5287 DE 2001
“Por la cual se expide el reglamento general sobre el sistema único de control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado”.
(Nota: Derogada por la Resolución 5472 de 2003 artículo 36 de la Contraloría General de la República).
1. Que la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en el artículo 5º, como atribución derivada del numeral 12 del artículo 268 de la Constitución Política, ordena al Contralor General de la República expedir, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de esa ley, “el reglamento general sobre el sistema único de control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado” al cual deben someterse las contralorías departamentales, distritales y municipales”;
2. Que la expedición de ese reglamento, no sólo se deriva del mandato del artículo 5º, de la Ley 689 de 2001, sino que tiene su fundamento en los artículos 267, 268, 272 y 365 de la Constitución Política; en las leyes 42 de 1993, 136 y 142 de 1994, 222 de 1995, en el Decreto 1421 de 1993 estatuto orgánico de Santafé de Bogotá, y, en la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional;
3. Que la Constitución Política en los artículos 267 y 272 establece que el control fiscal es una función pública atribuible a las contralorías: General de la República, departamentales, distritales y municipales, el cual se ejerce en forma posterior y selectiva de conformidad con los procedimientos, sistemas y principios que señala la ley para vigilar la gestión fiscal de la administración nacional en todos sus órdenes y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, al igual que la de las entidades territoriales, tanto en el nivel central como en el descentralizado;
4. Que el artículo 268 numeral 12 del ordenamiento superior faculta al Contralor General para dictar normas generales cuyo fin sea el de armonizar los sistemas de control de todas las entidades públicas del nivel nacional y territorial;
5. Que en desarrollo de esta prescripción el legislador ha proferido normas como la Ley 42 de 1993, artículo 6º, según el cual las disposiciones de dicha ley y las que sean dictadas por el Contralor General en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 268 numeral 12 de la Carta, primarán en materia de control fiscal sobre las que puedan dictar otras autoridades;
6. Que igualmente la Ley 136 de 1994 en el numeral 1º, del artículo 165, además de lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, asigna como atribuciones de los contralores distritales y municipales la de revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficacia con que hayan obrado éstos, conforme la reglamentación que expide el Contralor General de la República. El Decreto 1421 de 1993 a su vez regula de manera especial el ejercicio del control fiscal en Bogotá, D.C.;
7. Que precisamente sobre el aspecto relacionado con el sometimiento de las contralorías territoriales a la regulación que emite la Contraloría General de la República y el carácter prevalente de su reglamentación dentro de las competencias compartidas con los otros entes de control, ha indicado el Consejo de Estado:
“En consecuencia, la Sala considera …que los contralores en las entidades territoriales tienen constitucionalmente asignada una competencia subsidiaria en materia de control fiscal, residual de la ejercida por el Contralor General de la República”. (Sentencia Consejo de Estado del 19 de febrero de 1998. Expediente 3.880. Sección Primera);
8. Que así mismo la Corte Constitucional, en las sentencias C-478 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, y en la C-408 de 1999, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán, afirma:
“Esta corporación ha puesto de presente que la articulación de los intereses nacionales y de los de las entidades territoriales puede…” dar lugar a la coexistencia de competencias paralelas, que serán ejercidas independientemente en sus propios campos o a un sistema de competencias, que se ejercerán de manera armónica” (C-478/92);
“Pero también considera la Corte que la autonomía de las entidades territoriales no es ilimitada, en el sentido de que tanto su formulación como práctica deben enmarcarse dentro del contexto del Estado y, en consecuencia se debe acompasar con el ejercicio de las competencias propias de los demás órganos y autoridades del Estado en los términos señalados en la Carta” (C-408/99);
9. Que el artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994 establece que en las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio y los dividendos que pueden corresponderle;
10. Que a tales bienes y a los actos y contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos se aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales;
11. Que la Ley 689 de 2001, no modificó las anteriores determinaciones sobre el control fiscal, más bien fijó esa vigilancia en todas las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado “sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista. Para el cumplimiento de dicha función, la contraloría competente tendrá acceso exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista en los términos del Código de Comercio para la aprobación de los estados financieros correspondientes;
Por lo tanto, el control se ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal, y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios”;
12. Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-65 de 1997 al hacer la diferenciación entre aportes y participaciones en una empresa distinta de las de economía mixta, precisa cómo debe realizarse el control fiscal. Anota:
“Así una entidad que recibe aportes pero no participaciones —esto es, donde el Estado entrega recursos para proyectos pero no se convierte en asociado— queda en general sometida a una vigilancia fiscal sobre un contrato. En cambio, las entidades que reciben participaciones y donde el Estado es miembro, se caracterizan porque la vigilancia fiscal se ejerce de manera directa sobre la entidad”;
13. Que desde otra óptica el Consejo de Estado en la sentencia de acción de cumplimiento ACU-615 de marzo 10 de 1999, expresó:
“En efecto la sujeción de las empresas prestadoras de servicios públicos al régimen de derecho privado, según los mandatos de la Ley 142 de 1994 en cuanto a sus actos y contratos, no hace que su gestión escape al control fiscal al que constitucional y legalmente está sometida, y agregó “resulta claro entonces que el poder de control fiscal surge de la naturaleza pública del aporte independientemente de la forma social adoptada por la empresa de servicios públicos”;
14. Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil sobre el artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994, al fijar su alcance prescribe:
“El precepto transcrito califica como bien de las entidades públicas señaladas las participaciones o aportes que hagan a las empresas de servicios públicos para conformar su capital, al igual que los derechos que confieren sobre el resto de los haberes de la persona jurídica y los dividendos a que puedan tener derecho, y en cuanto tales, es decir, en la medida en que se trate de bienes públicos, ratifica las consecuencias propias de la naturaleza pública de esos bienes, en particular el consecuente ejercicio de la función de control fiscal sobre ellos. Debe entenderse que es sobre estos y no sobre bienes específicos que hayan sido aportados: complementariamente sobre los actos o contratos que con las características señaladas, versen sobre los mismos”. (Rad. 1.141, sept. 10/98);
15. Que vistas las relaciones del artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994, con la reforma contenida en el artículo 5º de la Ley 689 de 2001, debe entenderse que este último precepto no significa de modo alguno limitación o restricción al ejercicio de esa función de control por tratarse de empresas de servicios públicos, que no puede excluir la vigilancia de la gestión fiscal del Estado conforme a las normas constitucionales;
16. Que precisamente, la Corte Constitucional al declarar la inconstitucionalidad del artículo 37 del Decreto-Ley 266 de 2000, que traía igual disposición a la del artículo 5º de la Ley 689 de 2001 en la Sentencia C-1.191 del 13 de septiembre de 2000, “lo considera lesivo de los principios de rango constitucional que informan la función pública de control”, de acuerdo con la determinación del artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994 al consagrar:
“En el precepto normativo citado que a esos bienes y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la Contraloría General, y de las contralorías departamentales y municipales, lo cual significa que los recursos públicos no se sustraen del control fiscal por el solo hecho de integrar el patrimonio social de una empresa de servicios públicos”;
17. Que según esta misma sentencia, y la normatividad cuestionada, similar a la nueva Ley Reformatoria de la 142 de 1994, se precisó:
“Contiene una restricción al ejercicio de la función pública asignada a las contralorías, en la medida que reduce su intervención al acceso exclusivo a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista, en los términos que se establece en el Código de Comercio para la aprobación de los estados financieros”;
18. Que el artículo 268 en los numerales 1º y 2º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 16 y 18 de la Ley 42 de 1993, determinan como función del Contralor General de la República prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado;
19. Que el artículo 268.4, de la Carta Política, fija como atribución del Contralor General de la República, exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación;
20. Que la cobertura y modalidad del control fiscal en el campo de los servicios públicos, fue objeto de consideración por parte del Consejo de Estado, en forma integral bajo la perspectiva de la Constitución, la Ley 42 de 1993 y de la Ley 142 de 1994. Por ello indica:
“La Ley 142 de 1994, no crea una limitación o restricción de la función de control fiscal sobre las empresas de servicios públicos mixtas o privadas. Por el contrario, su aplicación debe ser complementaria, concurrente y armónica con las disposiciones generales de regulación de la función de control fiscal, contenidas en la Ley 42 de 1993, toda vez que ambas reflejan el sistema integral de control de los bienes y recursos públicos, independientemente del sujeto que los maneja o administra” (rad. 1.141 precitada);
21. Que el establecimiento de un reglamento sobre el sistema único de control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios, obedece a la necesidad, de fijar los lineamientos y directrices del control fiscal, particularizando la aplicación integrada del mismo con los instrumentos, inspección y vigilancia estipulados en la Ley 142 de 1994 y las normas que la han adicionado, así como los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales citados, al propio tiempo que armonizando los métodos de revisión y los indicadores de gestión de la Contraloría General y de las contralorías territoriales con los aplicados por los demás órganos e instancias de control contenidos en la misma ley y en sus reformas, a fin de lograr un balance en sus ejercicios, para hacerlo congruente y a tono con la naturaleza de esta clase de organizaciones empresariales y contribuir eficazmente a la tarea de asegurar la prestación eficiente de los mencionados servicios públicos bajo el control no sólo financiero sino de gestión y de resultado, fundado en la protección integral, permanente y oportuna, en la eficiencia, la economía, la equidad, la transparencia y la valoración de los costos ambientales dentro de la finalidad social y de derecho del Estado;
22. Que por tal virtud y haciendo uso de sus facultades,
ART. 1º—Objeto. La presente resolución contiene el reglamento general sobre el sistema único de control fiscal que se debe aplicar a las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, mixta y privada con participación de recursos públicos, así como a las actividades íntimamente relacionadas con los servicios públicos domiciliarios a los que se aplican la Ley 142 de 1994 y sus reformas.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplica a las empresas de servicios públicos domiciliarios indicadas en el artículo primero, con participación accionaria directa o indirecta del Estado en ellas, a las empresas industriales y comerciales del Estado, a unas y otras cuando manejen aportes oficiales y a los municipios que asuman directamente uno o varios servicios públicos domiciliarios.
PAR. 1º—Entiéndese por participación, la entrega de bienes, dineros, u otros recursos que el Estado realiza para integrar el capital social de una empresa, convirtiéndose al efecto en socio de la misma; y por aportes oficiales, la entrega de bienes, dineros u otros recursos estatales para la ejecución de proyectos específicos de una empresa, previa a la suscripción del respectivo contrato, y que por lo mismo no entran a formar parte del capital social, sean éstos realizados por la Nación, las entidades territoriales y/o sus entidades descentralizadas.
PAR. 2º—Se entiende por participación directa la que hacen las entidades estatales de cualquier orden en dichas empresas para conformar su capital y ser socio de las mismas y por indirecta aquella que se realiza a través de la participación accionaria de dichas empresas en otras sociedades de servicios públicos domiciliarios.
ART. 3º—Información de las empresas de servicios públicos oficiales y de las empresas industriales y comerciales del Estado que prestan estos servicios. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas oficiales que prestan estos servicios deberán presentar a las contralorías respectivas los siguientes informes, incluidos anexos que hacen parte de esta resolución, para efectos del control fiscal:
Esta información será presentada conforme a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
2. Estado de ingresos comparado con el período anterior, incluyendo el origen de los recursos.
3. Ejecución presupuestal que incluya decreto de liquidación, modificaciones, adiciones, reservas y cuentas por pagar.
4. Informe de control interno. (Anexo 1)
5. Informe completo del revisor fiscal (si la entidad está obligada a tenerlo)
6. Informe completo de auditoría externa (si se ha contratado)
7. Plan estratégico y planes operativos. (Anexo 2)
8. Información contractual: (Anexo 3)
• Relación de contratos suscritos durante la vigencia por contratación directa.
• Relación de contratos suscritos durante la vigencia por urgencia manifiesta.
• Relación de contratos y órdenes de trabajo de prestación de servicios personales.
• Relación de licitaciones programadas.
9. indicadores de gestión: Hace referencia a los indicadores diseñados conforme a las previsiones de la Ley 689 de 2001, para la medición de los principios de economía, eficiencia, eficacia de los negocios misionales y las áreas de apoyo.
10. Relación de los proyectos de empréstitos internacionales BID, PNUD, BIRF, etc. y de los proyectos de cooperación técnica no reembolsables.
11. Informe sobre la gestión ambiental (anexo 4).
12. Información estadística (anexo 5).
La información que no tiene relacionada anexo, se presentará conforme la produce la entidad.
La fecha máxima de presentación será el 15 de abril del año siguiente.
ART. 4º—Control fiscal en las empresas de servicios públicos oficiales y en las empresas industriales y comerciales del Estado que prestan estos servicios. La vigilancia de la gestión fiscal y el control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y en las empresas industriales y comerciales del Estado que prestan estos servicios se ejercerá por la contraloría del mismo nivel administrativo al que corresponda la entidad aportante sobre los procesos, transacciones, actuaciones, actos, hechos y operaciones, administrativos realizados por estos sujetos de control, y sobre los resultados obtenidos por los mismos, con el fin de verificar esencialmente el cumplimiento de los planes y programas previstos, y los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos ambientales.
ART. 5º—Control fiscal en los municipios prestadores de servicios públicos. El control fiscal cuando los municipios asuman la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios, en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 17 y demás disposiciones contempladas en la Ley 142 de 1994 y sus reformas, se ejercerán con independencia de los demás bienes propios y con aplicación de la vigilancia fiscal en los términos prescritos por la Constitución y la ley, sobre los actos y contratos relativos a tales servicios.
ART. 6º—Información de las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas. Las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas deberán presentar a las contralorías respectivas los siguientes informes, incluidos anexos que hacen parte de esta resolución, para efectos del control fiscal:
1. Información oportuna y suficiente sobre la naturaleza de los aportes o participaciones estatales, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio y los dividendos que puedan corresponderle a la Nación, a las entidades territoriales o a los organismos o instituciones del orden descentralizado. Así mismo deberán detallar las actividades cumplidas en relación con ellos y sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista.
2. Además deberán enviar a las entidades de control, con corte a 31 de diciembre los siguientes informes financieros: balance general, estados de resultados, estados de cambios en la situación financiera, estados de cambio en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y la estructura de costos. Así mismo enviarán el plan de inversiones, avances de los programas y el informe de gestión y resultados y la relación de contratación.
3. Informe de gerencia.
7. Información contractual: (Anexo 3)
• Relación de contratos y ordenes de trabajo de prestación de servicios personales.
8. Informe sobre la gestión ambiental. (Anexo 4)
9. Información estadística. (Anexo 5)
10. Indicadores de gestión: Hace referencia a los indicadores diseñados conforme a las previsiones de la Ley 689 de 2001, para la medición de los principios de economía, eficiencia, eficacia de los negocios misionales y las áreas de apoyo.
11. Relación de los proyectos de empréstitos internacionales BID, PNUD, BIRF, etc., y de los proyectos de cooperación técnica no reembolsables.
PAR.—Para los efectos del presente artículo los estados financieros deberán presentarse debidamente auditados por el revisor fiscal o quien haga sus veces, acompañado de las notas explicativas y anexos conforme con el capítulo III del título I de la Ley 222 de 1995, artículo 34 y subsiguientes.
ART. 7º—Información de las empresas de servicios públicos domiciliarios privadas con participación del Estado. Las empresas de servicios públicos domiciliarios privadas en las cuales haya participación estatal deberán rendir a las respectivas contralorías los siguientes informes para efectos del control fiscal:
A. Las sociedades con participación estatal inferior al 50% y superior o igual al 30% del total de capital social efectivamente suscrito y pagado, anualmente deben presentar la siguiente información:
3. Informe completo de revisoría fiscal. (Si la entidad está obligada a tenerlo).
• Relación de contratos suscritos durante la vigencia, estableciendo la siguiente información: Nombre o razón social del contratista, objeto del contrato, estado actual del contrato, valor y duración.
B. Las sociedades con participación estatal inferior al 30% del total de capital social efectivamente suscrito y pagado, anualmente deben presentar la siguiente información:
PAR.—La fecha máxima para estas clases de empresas será el 15 de abril del año siguiente.
ART. 8º—Aclaraciones y adiciones. La Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, deberán solicitar al representante legal, a sus órganos directivos y al revisor fiscal o a quien haga sus veces de las correspondientes empresas de servicios públicos domiciliarios, las aclaraciones y adiciones conducentes que se requieran para una mejor comprensión de los actos, mecanismos y procedimientos utilizados para elaborar y dictaminar sobre los estados financieros y demás documentación relacionada con las prescripciones del Código de Comercio y cuestiones de orden administrativo.
ART. 9º—La vigilancia de la contratación. Las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado deberán suministrar a las correspondientes contralorías las relaciones contractuales para determinar las consiguientes responsabilidades fiscales con sujeción a las previsiones del artículo 3º, de la Ley 689 de 2001, que modifica el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y la Ley 80 de 1993, y concordantes.
ART. 10.—Informe sobre la austeridad y eficiencia del gasto público. Las empresas de servicios públicos domiciliarios comprendidas dentro de la regulación de austeridad y eficiencia del gasto público, deberán rendir en los términos definidos por el Gobierno Nacional, los informes respectivos sobre esta materia en la forma exigida por los organismos de control.
ART. 11.—Revisión por parte de las contralorías. La Contraloría General de la República o las contralorías territoriales revisarán la información constitutiva de la gestión fiscal a través de los informes de auditoría, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto en las disposiciones de control y vigilancia en cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales, mediante opiniones sobre la razonabilidad de los estados contables y financieros y conceptos sobre la gestión fiscal.
PAR. 1º—En caso de requerimiento por parte de la entidad fiscalizadora, la entidad vigilada como la aportante de la inversión, darán las explicaciones pertinentes dentro del término que al efecto se le señale, informando a éstas los correctivos que se deben tomar como consecuencia de las observaciones formuladas.
PAR. 2º—Las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán elaborar un plan de mejoramiento con fundamento en los resultados del proceso auditor ejercido por las contralorías correspondientes.
Este plan de mejoramiento deberá remitirse a la contraloría respectiva, por parte del representante legal, dentro de los quince días calendario siguientes a la presentación del informe de auditoría.
ART. 12.—Verificación de la información y aplicación del régimen sancionatorio. En el evento de no darse las explicaciones pertinentes o de no entregarse la documentación establecida en los artículos 3º, 6º, 7º, 8, 9º, 10 de la presente resolución dentro del término indicado para ello, o la información que se solicite en razón del proceso auditor, la contraloría competente podrá efectuar la verificación respectiva, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionatorio determinado en la Ley 42 de 1993 y la resolución de la Contraloría General de la República que regula este proceso.
ART. 13.—Cumplimiento del plan general de auditorías. La contraloría respectiva, en desarrollo del control selectivo, practicará visita a las empresas de servicios públicos domiciliarios correspondientes, de acuerdo con la programación prevista en sus planes generales de auditoría o similares, para cada vigencia fiscal, sin perjuicio de las actuaciones que deben emprender en virtud de peticiones, quejas y reclamos que en ejercicio del derecho de participación ciudadana formulen los organismos referidos en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones concordantes.
ART. 14.—Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. El control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando el Estado, según la definición del parágrafo primero del artículo segundo, obtiene la condición de socio, se ejercerá sobre la participación hecha por él al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio y los dividendos que puedan corresponderle, entendiéndose que se trata de un control sobre la gestión que se realiza en relación con los bienes que pertenecen al Estado por ser accionista.
PAR.—Para el cumplimiento de las funciones a ella asignada, la contraloría competente, según el caso, únicamente tendrá acceso a los libros, documentos e informaciones que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista en los términos establecidos en el Código de Comercio modificado por la Ley 222 de 1995 y demás normas concordantes como queda regulado en la presente resolución, con aplicación de los principios y sistemas de vigilancia, que preveen la Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, y conforme a la normatividad de orden constitucional.
ART. 15.—Control sobre los aportes. Cuando se trata de inversiones o aportes según la definición del parágrafo primero del artículo segundo de la presente resolución, la vigilancia de la gestión fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios se contraerá a los correspondientes contratos realizados por éstas con el fin de determinar su legalidad, cumplimiento de sus fines y rendimiento financiero, conforme a los principios y postulados de la Ley 80 de 1993, por mandato de los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 con las reformas de la Ley 689 de 2001.
ART. 16.—Naturaleza del control en las empresas de servicios públicos domiciliarios. La evaluación de la gestión fiscal de la participación del Estado en las empresas de servicios públicos domiciliarios, igual que la correspondiente a las empresas industriales y comerciales del Estado que presten tales servicios, se apoya en el análisis sistemático de la rentabilidad económica y social de las empresas, sujeto de la misma, realizado a través de métodos e indicadores que le permitan al ente fiscalizador acceder a los pronunciamientos que den razón sobre la economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, para lo cual se atenderá a la concepción de gestión socioeconómica que contempla la Constitución, al igual que a las directrices previstas para la planeación estratégica y para el mejoramiento estructural y funcional de las empresas y se aplicarán los sistemas de control establecidos en la Ley 142 de 1994 en concordancia con lo que al respecto establece la Ley 42 de 1993.
ART. 17.—Control fiscal a los directivos. La vigilancia fiscal sobre las actuaciones de los directivos o representantes legales, que ejercen los derechos emanados de la condición de accionista oficial, recaerá sobre la gestión que se realiza con fundamento en dicho carácter, para lo cual se tendrá acceso a los documentos determinados en el artículo 446 del Código de Comercio y siguientes:
— Actas de la junta de accionistas.
— Actas de la junta directiva.
— Regulación estatutaria o reglamentaria sobre el grado de responsabilidad de los administradores.
ART. 18.—Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios proporcionará a la Contraloría General de la República y a las contralorías territoriales, la información obtenida como ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 31, 51, 60, 61, 79, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 27 de la Ley 142 de 1994 y normas concordantes, artículos modificados por la Ley 689 de 2001, así como poner a disposición de las contralorías el sistema único de información creado por el artículo 14 de la nueva ley, cuando se trate de actos y de hechos relativos a las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación oficial.
ART. 19.—Consecuencia de la toma de posesión. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como consecuencia de la toma de posesión, regulada en el capítulo IV del título VII de la Ley 142 de 1994, deberá comunicar a la Contraloría General de la República y a las contralorías territoriales, las medidas tomadas en torno a su decisión, y en este caso, la contraloría respectiva, deberá practicar las visitas que considere convenientes así como ordenar las pruebas conducentes, a fin de determinar las responsabilidades fiscales en virtud de los aportes o participación de la Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas de aquéllas o éstas.
ART. 20.—Control fiscal a las privatizaciones. La contraloría competente ejercerá un control oportuno e inmediato a los procesos de valoración, venta, capitalización, descapitalización, concesiones, enajenación de las participaciones estatales y privatizaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios teniendo en cuenta las previsiones de la Resolución Orgánica 4722 de 1999 de la Contraloría General de la República, la regulación de los artículos de la Ley 142 de 1994, con el fin de que aquéllas se hagan en condiciones que salvaguarden el patrimonio público como lo dispone el artículo 4º de la Ley 226 de 1995.
PAR.—Para tal efecto la contraloría correspondiente tendrá acceso al programa respectivo de la empresa o entidad de servicios públicos domiciliarios en relación con los estudios técnicos que lo fundamentan y a los contratos que se suscriban o ejecutan en desarrollo de ese programa.
ART. 21.—Otras responsabilidades. Si en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal se advierten hechos violatorios de la Constitución, la ley y/o reglamento, que acarreen otras responsabilidades, por parte de las empresas de servicios públicos o de sus representantes o servidores, la contraloría correspondiente deberá ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, e iniciar el proceso de responsabilidad fiscal si a ello hubiere lugar.
ART. 22.—Determinación de competencias. El control fiscal sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios, será ejercido por el ente fiscal que corresponda a la entidad con mayor participación accionaria, trátese del orden nacional, departamental, distrital o municipal.
PAR. 1º—En caso de que la participación en el capital social de las empresas de servicios públicos domiciliarios sea igual entre las entidades públicas de los órdenes previstos en este artículo, primará la vigilancia fiscal de la contraloría del ente territorial de mayor jerarquía.
PAR. 2º—En desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política, cuando los aportes o participaciones estatales correspondan a entes territoriales de igual categoría, el control fiscal será ejercido por la contraloría en la cual tenga su sede principal la empresa de servicios públicos domiciliarios.
PAR. 3º—Cuando se trata de aportes o participaciones estatales iguales que correspondan a entes diferentes ubicados en la misma jurisdicción territorial o en jurisdicciones diferentes, en caso de no existir acuerdo, el control fiscal será dirimido por la Contraloría General de la República.
ART. 23.—Control concurrente. Para efecto del control fiscal en dichas empresas ejercido por las contralorías territoriales de orden departamental, distrital o municipal, sin perjuicio del control que a éstas le corresponde, la Contraloría General de la República excepcionalmente podrá intervenir en la forma y circunstancia consagrada en el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, de conformidad con la competencia concurrente al tenor de lo consignado en la Sentencia C-403, expediente D-2324 de la Corte Constitucional de fecha 2 de junio de 1999.
ART. 24.— Armonización de los sistemas de control. La aplicación de los sistemas de control por parte de las contralorías, deberá propender por armonizar el ejercicio del control fiscal consagrado en la Ley 42 de 1993, con los objetivos y postulados que orientan las empresas de servicios públicos domiciliarios en los términos señalados en la Ley 142 de 1994 y sus reformas, Ley 689 de 2001 y con los ordenamientos desarrollados en la presente resolución.
PAR.—Corresponde al Contralor General de la República conceptuar sobre el desarrollo adecuado de estos controles, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad prescritos en las leyes 42 de 1993, 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y en las demás disposiciones constitucionales y legales.
ART. 25.—Acumulación de las funciones de otras contralorías. En los términos de la parte final del artículo 5º, de la Ley 689 de 2001, “Por razones de eficiencia, el Contralor General de la República podrá acumular en su despacho las funciones de las otras contralorías, de forma prevalente, mediante acto administrativo motivado, expedido con sujeción estricta a los alcances que concede el presente artículo y la ley de control fiscal en aquellos eventos en los que al menos uno de los socios o accionistas sea de los que están sujetos a su control”.
ART. 26.—Aplicación de este reglamento general. El ejercicio del control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales, mixtas y/o privadas con participación del Estado, al igual que las empresas industriales y comerciales del Estado en sus diferentes niveles, y particulares con recursos públicos y municipios que presten tales servicios, se hará por las contralorías: General de la República, Departamental, Distrital y Municipales, exclusivamente y sin excepción alguna, con rigurosa observancia de los sistemas, métodos, formas, procedimientos y criterios, establecidos en la Constitución, la Ley 43 de 1990, la Ley 42 de 1993, la Ley 142 de 1994, y la Ley 689 del 2001 y demás normas concordantes, y con base en los documentos e informaciones señaladas en este reglamento general.
ART. 27.—La regulación única del control fiscal. Con base en lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, y para dar racionalidad y transparencia al control fiscal, las contralorías territoriales deberán ajustar sus reglamentaciones particulares a las previsiones contenidas en la presente resolución.
ART. 28.—Derogatoria. Derógase la Resolución 4959 del 28 de octubre de 1999, así como todas las disposiciones que le sean contrarias a la presente resolución.
ART. 29.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Nota: Los anexos correspondientes a esta resolución se pueden consultar en la Contraloría General de la República.