Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/738239069
Timestamp: 2020-01-29 18:35:19
Document Index: 198357748

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'Artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 109', 'artículo 228']

Sentencia de Tutela nº 353/18 de Corte Constitucional, 31 de Agosto de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 738239069
OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye a autoridades militares la vulneración de derechos fundamentales de los actores como consecuencia de la negativa de la aplicación de la objeción de conciencia como causal constitucional eximente de la prestación del servicio militar, a pesar de ser miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, lo que les impide portar armas de fuego. Las entidades negaron la petición de desacuartelamiento por no encontrar probadas unas convicciones religiosas profundas, fijas, sinceras y objetivamente demostradas. Se analizan los siguientes temas: 1º. El principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia. 2º. El alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio. En los dos casos se CONCEDE el amparo invocado y se ordena la desincoporación de los peticionarios del servicio militar obligatorio. Se hace una advertencia al Ejército Nacional para que en el futuro no vuelva a incurrir en actuaciones que desconozcan los derechos fundamentales de los objetores de conciencia, en tanto constituye una grave violación a la Constitución Política. Recibo Relatoria:
Acciones de tutela formuladas por: (i) E.R.M.D., agente oficiosa de W.G.M.D., contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Batallón de Infantería No. 9 de Pasto (N. y otros; y (ii) D.C.A., actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de J.D.T.C., contra el J. de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.
La S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada D.F.R. y los Magistrados C.B.P. y A.R.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales[1], profiere la siguiente:
- Expediente T-6.367.365: El 19 de mayo de 2017, en única instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (N. negó la acción de tutela formulada por E.R.M.D., agente oficiosa de W.G.M.D., contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón de Infantería No. 9 de Pasto (N. y otros.
- Expediente T-6.372.321: El 23 de junio de 2017, en única instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia- negó la acción de tutela formulada por D.C.A., actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de J.D.T.C., contra el J. de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.
Los procesos de la referencia fueron escogidos y acumulados por la S. de Selección de Tutelas Número Nueve, mediante Auto proferido el 26 de septiembre de 2017[2].
1.1.- El ciudadano W.G.M.D., de veintitrés años de edad, pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el municipio de la Llanada, Nariño, donde desarrolla actividades como “vocal del ministerio de jóvenes de esa congregación”[3].
1.3. Adicionalmente, sufre severos dolores de cabeza[4] y, justamente, al día siguiente a su reclutamiento, tenía un control de seguimiento con la N.E.G.H. y una “tomografía axial computada de cráneo simple” para evaluar su estado de salud[5].
1.4. Con base en los hechos reseñados, la ciudadana E.R.M.D., hermana del accionante, formuló acción de tutela en calidad de agente oficiosa, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la libertad de cultos y objeción de conciencia, al considerar que su incorporación al servicio militar en el Batallón de Infantería No. 9 (Pasto, N. desconoció que sus convicciones religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ejército Nacional.
En consecuencia, solicitó “ordenar al comandante del Batallón de Infantería No 9 “Batalla de Boyacá”, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas ordene el desacuartelamiento (…) y entregue la respectiva libreta militar al señor G.M.D.”[6].
1.6. De la acción referida conoció, en única instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (N., quien corrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo y dispuso la vinculación del Batallón de Ingenieros No. 23 “Gr. A.N.” de esa misma ciudad[8].
1.10. Mediante sentencia de 19 de mayo de 2017[11], el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (N. resolvió negar la acción de tutela promovida por E.R.M.D.. Sustentó su decisión señalando que el caso de la referencia “carece de todo material probatorio que demuestre el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para la acreditación de la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio”.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora E.R.M.D.[12].
- Copia de la cédula de ciudadanía de W.G.M.D.[13].
- Certificación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el P.G.E.M.R., en la cual se indica:
“El señor W.G.M.D., identificado con CC N° 1.087.027.611 de Samaniego (S), es miembro de la Congregación ubicada en la Calle 9 # 7-24 b/ Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia allí ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Señor y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de jóvenes de esta Congregación. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de D.”[14]
- Copia de la historia clínica de W.G.M.D.[16].
- Copia de la cédula de ciudadanía de la madre del accionante, la señora T.C.D.D.[17].
- Certificado de las condiciones de salud de la señora T.C.D.D., suscrito por el médico cirujano J.D. delH. “LorencitaV. de Santos” E.S.E.[18]
- Copia de la cédula de ciudadanía del padre del accionante, el señor C.M.M.C.[19].
- Certificado de las condiciones de salud del señor C.M.M.C., suscrito por el médico cirujano J.D. delH. “LorencitaV. de Santos” E.S.E. [20]
2.1. El ciudadano J.D.T.C., de dieciocho años de edad, es miembro activo y ministro de alabanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede “Las Violetas”, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Es, a su vez, estudiante del ciclo IV (8º grado), en la modalidad de “ciclos especiales integrados” del Instituto Educativo Humanista[21].
Ante estos hechos, la madre del ciudadano J.D.T.C., acudió a la Defensoría del Pueblo -Regional Risaralda-, solicitando su intervención para solucionar la situación de su hijo, ya que su incorporación forzada al servicio militar en el Batallón de Saravena (Arauca) no tuvo en cuenta que sus convicciones morales y religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ejército Nacional.
2.3. En atención a lo anterior, D.C.A., actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- presentó acción de tutela en calidad de agente oficioso, solicitando “que se tutele al señor J.D.T.C. el derecho fundamental a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, objeción de conciencia. Que se ordene a la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional y el Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.”, para que conjuntamente y de acuerdo a sus competencias, ordenen al desacuartelamiento del señor J.D.T.C., y disponiendo lo necesario para regresarlo hasta su ciudad de origen. Que la orden del señor juez sea de inmediato cumplimiento”[22].
2.4. De la acción referida, conoció, en única instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia-. Admitida la acción, se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo.
Respecto al caso en concreto, señaló que la solicitud de objeción de conciencia “se encuentra realizada por la progenitora del joven J.T.C. y no por él mismo, por lo que no se demuestra una objeción de conciencia profunda, fija, sincera toda vez que la creencia no siempre es la misma de la progenitora que la del objetor”.
2.6. El Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca), a través de escrito del 21 de junio de 2017[24], realizó un recuento de la normatividad que ampara la prestación del servicio militar obligatorio y refirió algunas providencias de la Corte Constitucional sobre el presente asunto, adicionalmente manifestó que “debido a la situación sociopolítica y legal del país actualmente, el señor J.T.C. deberá permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad táctica”.
2.8. Mediante sentencia de 23 de junio de 2017[25], el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia- resolvió negar la acción de tutela formulada por D.C.A., agente oficioso de J.D.T.C., contra el J. de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.
2.9. Mediante escrito del 30 de junio de 2017[26] la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- presentó escrito de impugnación, en el cual solicitó que se revocara dicha decisión pues el señor J.D.T.C. “se encuentra en una de las excepciones planteadas en la ley para ser exento de prestar el servicio militar obligatorio”[27].
Pese a que el término de ejecutoria de la decisión de primera instancia transcurrió del 28 al 30 de junio de 2017 y el escrito de impugnación fue presentado el 30 de junio del mismo año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial-S. Civil Familia- no adelantó el trámite de la impugnación y procedió a remitir el expediente de tutela a esta Corporación el 4 de julio de 2017.
- Certificado del nivel de Sisben del núcleo familiar de J.D.T.C.[28].
- Certificado de estudios del señor J.D.T.C., expedido por el Instituto Educativo Humanista de Pereira[29].
- Solicitud de desacuartelamiento del accionante, realizada por la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- al Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena, Arauca[30].
- Certificado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el P.J.J.T.J., en el cual indica:
“El joven J.D.T.C., identificado con cédula número 1.088.037.392 de Dos Quebradas, Risaralda, es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis años, presentando buena conducta y disposición en la labor asignada. Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante”[31].
- Respuesta del T.C.J.D.P.D., en calidad de Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena, Arauca, a la solicitud realizada por la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda-[32].
- Constancia del auxiliar judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, S. Civil- Familia, en la cual refiere lo siguiente:
“me comuniqué con el accionante J.D.T.C., quien presta servicio militar en esas unidad castrense, para que me informara si había solicitado a las autoridades militares su exención de la prestación del servicio en virtud de la objeción de conciencia por motivos religiosos, de conformidad con el requerimiento efectuado por esta S. mediante auto de 20 de los cursantes. Su respuesta fue afirmativa y explicó que para poder elevar la respectiva petición de desacuartelamiento por la citada razón, le solicitó colaboración a su progenitora, quien procedió a ello. ”[33]
Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Los agentes oficiosos de los procesos que se estudian (T-6.367.365 y T-6.372.321), formularon acciones de tutela contra varias Unidades Militares del Ejército Nacional por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, la libertad de religión y, concretamente, el derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio de los jóvenes M.D. y T.C., miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Con el fin de analizar si efectivamente las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, la S. procederá a estudiar el siguiente problema jurídico:
Para efecto de resolver este cuestionamiento, la S. abordará el estudio de los siguientes aspectos: (i) cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela; (ii) la posible carencia actual de objeto por hecho superado o daño consumado (expediente T-6.367.365); (iii) el principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia (expediente T-6.372.321); (iv) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio; y (vi) finalmente, resolverá los casos concretos.
Respecto a los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la S. encuentra que la ciudadana E.R.M.D. manifestó expresamente que formulaba el amparo “en calidad de AGENTE OFIOSO”[41] de su hermano, W.G.M.D.. Además, agregó: “actúo en calidad de agente oficioso, pues mi hermano no tiene permiso para salir a realizar el respectivo trámite judicial para la autenticación de poder”[42].
“ESCUCHAR en declaración juramentada al señor W.G.M.D., con el fin de ampliar los supuestos fácticos expuestos en el libelo introductorio. Para efectos de lo anterior, cíteselo para el día 15 de mayo de 2017, a partir de las 2:30 pm. Ofíciese por conducto de secretaría al comandante del BATALLÓN DE INFANTERIA No. 9 “BATALLA DE BÓYACA” DE PASTO, a fin de que permita la comparecencia del accionante a este Despacho Judicial, para el día y a la hora que será citado”[43].
También obra en el expediente que el Juzgado citó al accionante para que rindiera su declaración el 15 de mayo de 2017, por lo cual remitió el oficio correspondiente al Batallón de Infantería No. 9, sin embargo, el M.J.A.Q.P. informó que el joven M.D. “desde el 7 de mayo de 2017 se evadió de la Unidad Militar”[44].
Así las cosas y en atención a las subreglas explicadas previamente, la S. destaca que en este asunto fue materialmente imposible que el accionante ratificara la agencia oficiosa en su favor o que, inclusive, llegara a enterarse del oficio que lo citaba a las instalaciones del Juzgado[45]. Además, resulta evidente con su fuga que no deseaba seguir vinculado al Ejército Nacional, por lo que mal podría afirmarse que su hermana formuló el amparo en contra de sus intereses.
En consecuencia, la Corte encuentra acreditada la legitimación por activa de E.R.M.D. para promover la defensa de los derechos fundamentales de su hermano.
En relación con el expediente T-6.372.321, se evidencia que quien acudió a la figura de la agencia oficiosa fue la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- en pro de los derechos fundamentales de J.D.T.C.. El amparo indica expresamente la calidad en la que se actúa, así como las normas que sustentan la competencia de la Defensoría del Pueblo[46] para formular acciones de tutela “cuando exista una ostensible violación de derechos fundamentales de personas que no pueden promover su propia defensa”[47].
Por otra parte, la autoridad judicial que conoció del proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, S. Unitaria Civil-Familia, decretó como prueba de oficio requerir a J.D.T.C. para que informara si había solicitado a las autoridades militares su exención de la prestación del servicio en virtud de motivos religiosos[48].
Adicionalmente, la Defensoría Regional remitió diferentes grabaciones en las cuales el joven T.C. informa que las autoridades militares han hecho caso omiso a sus peticiones y también refiere “las dificultades por las que está pasando en el Ejército por haber manifestado la objeción de conciencia”[50].
Con lo cual, la Corte concluye que D.C.A., en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda-, tiene plena legitimación en la causa por activa para solicitar la protección de los derechos fundamentales de J.D.T.C., quien incluso ratificó lo aducido en la respectiva acción constitucional.
Respecto de los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la S. encuentra acreditada la legitimación del Ministerio de Defensa Nacional, el Batallón de Infantería No. 9 de Pasto (N. y el Batallón de Ingenieros No. 23 “Gr. A.N.”, ante su presunta responsabilidad en el desconocimiento de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano W.G.M.D..
De igual forma ocurre con el expediente T-6.372.321, en el cual se formuló acción de tutela contra el J. de Reclutamiento del Ejército Nacional y el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca), quienes estuvieron a cargo de efectuar el reclutamiento del ciudadano J.D.T.C..
Descendiendo a los asuntos sub examine, la S. considera que las acciones objeto de análisis cumplen con el requisito de inmediatez pues transcurrió menos de un (1) mes desde la presentación de las respectivas acciones de tutela y la fecha en que fueron incorporados los jóvenes M.D. y T.C. a las filas del Ejército Nacional.
En esta medida, la S. Novena de Revisión considera que en esta oportunidad se cumplió con el presupuesto de inmediatez como requisito de procedibilidad, en tanto el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentación de las acciones de tutela no es desproporcionado.
En torno a los casos bajo análisis, para la S. Novena de Revisión las acciones de tutela de la referencia son procedentes en tanto los peticionarios: (i) son personas que al momento de la interposición de las acciones de tutela se encontraban incorporados a las filas del Ejército; (ii) debido a la prestación del servicio militar y la especial relación de sujeción que ello implica, no disponen del tiempo necesario para que su situación de reclutamiento sea decidida por los mecanismos ordinarios, corriendo el riesgo que una vez el juez natural se pronuncie sobre sus pretensiones, ya hayan cesado los hechos que motivaron la presentación de la acción y, por ende, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los petentes.
Posible carencia actual de objeto (Expediente T-6.367.365)
En virtud de lo anterior, encuentra la S. que no se ha configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto en tanto aún no se ha definido la situación militar del señor M.D., por lo que corresponde a la Corte continuar con el estudio general de los siguientes tópicos: (i) el principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia; y (ii) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos, en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio.
El principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia
Este término de tres días “debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquél en que las partes tienen conocimiento real del fallo de primera instancia y no desde el día en que se efectúa el envió del telegrama por la autoridad judicial”[63]. A partir de lo anterior, las diferentes S. de Revisión han concluido que el único requisito de procedibilidad del recurso de alzada se refiere a su presentación oportuna.
En virtud de lo anterior, para la S. Novena de Revisión el derecho y trámite de impugnación se rige por normas imperativas que tienen un rango constitucional. De ahí que “el procedimiento de alzada sea obligatorio para el juez, pues con ello garantiza el derecho al debido proceso y el principio de la doble instancia. En caso de que el funcionario jurisdiccional no surta la apelación quebrantará normas superiores, al punto que el proceso acarreará con una nulidad insaneable, según advierte el parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso[64]. En concreto, el yerro procesal sucederá cuando: i) no se tramitó el recurso de alzada[65]; ii) no se notificó el fallo de primera instancia[66]; y iii) se negó o rechazó la impugnación”.
Frente a este punto, merece especial atención la Sentencia T-661 de 2014[68], en la cual se destacó que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D.C., había pretermitido la segunda instancia en el trámite de la acción de tutela formulada por la ciudadana D.I.M.N. contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
“La S. resalta que en el asunto analizado se debería declarar la nulidad del proceso, en razón de que se pretermitió la segunda instancia del trámite de la referencia, al rechazar el recurso de apelación propuesto por la actora con sustento en una causa diferente a la extemporaneidad de la alzada o la falta de legitimidad del recurrente, decisión que vulnera los derechos al debido proceso, a la segunda instancia y a la impugnación.
Sin embargo de adoptar esa decisión, la Corte estaría eliminando o suprimiendo los derechos de la actora, toda vez que no revisar la sentencia del juez de instancia implicaría consentir la configuración de un daño consumado. Ello, porque la joven D.I.M. cumplirá 21 años y culminará el bachillerato en el presente año, situación que la excluye de ser beneficiaria del programa Más Familias en Acción y dificulta la creación del capital humano suficiente que permitan a la actora así como a su familia salir de la pobreza.
No obstante, los jueces constitucionales no pueden ser indolentes frente a los déficits de justicia material, máxime cuando esa indiferencia significa permitir que la eventual sentencia quede en el vacío, pues no habrá nada que hacer con relación a los derechos de la petente, cuando se culmine el presente año. Declarar la nulidad del caso lleva a que la joven M.N. quede sin derechos, es decir, en un estado más allá de una desprotección de sus garantías esenciales.
En tal virtud, para que la decisión no sufra más retardos, la Corte analizará el caso bajo estudio con el fin de evitar la configuración de un daño consumado a los derechos de la actora que termine en una situación en que la decisión de amparo caiga en el vacío. La S. estima que esa determinación es excepcional, en la medida que debe adoptarse una sentencia de fondo con el objeto de que impida la eliminación de los derechos fundamentales de la peticionaria.”[69]
Teniendo en cuenta lo anterior, la S. concluye que al pretermitirse la segunda instancia de un proceso de tutela, el juez constitucional debe, en principio, declarar la nulidad de todo lo actuado con el fin de que se surta tal etapa procesal; sin embargo, dicha determinación no resulta viable si su efecto práctico es permitir la vulneración definitiva de los derechos fundamentales del accionante y, con ello, desconocer la prevalencia del derecho sustancial[70].
El alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos, en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio. Reiteración de jurisprudencia[71]
Algunas reflexiones sobre la libertad de conciencia
P. en el caso del ciudadano que se opone a portar armas porque considera que esto va en contra de sus convicciones más íntimas sobre la no violencia o el pacifismo; imagínese el caso de una persona que desee servir a su país pero sin empuñar un arma o realizar una acción bélica[75]; o el caso de un ciudadano que quiera prestar un servicio alternativo al militar, por ejemplo, con labores sociales; o simplemente no prestar ninguna clase de servicio obligatorio al Estado porque así lo indican sus convicciones.
En la Sentencia T-185 de 2015, la S. Cuarta de Revisión concedió el amparo de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos, en consecuencia, ordenó al Ejército Nacional el desacuartelamiento del accionante con la consecuente expedición de su libreta militar, por cuanto argumentó que, debido a razones religiosas, “no venera los símbolos patrios, solo a Nuestro Señor Jesucristo”.
Al respecto, la S. consideró:
A nivel internacional se han adoptado reglas similares ante la creciente diversidad de las sociedades contemporáneas. En la Sentencia T-314 de 2014, se reseñaron algunos casos emblemáticos; por ejemplo, en Estados Unidos, se destaca el caso Clay v. United States[82] (28 de junio de 1971) en el cual la Corte Suprema revocó una decisión del Quinto Circuito de Apelaciones que le había negado el derecho a la objeción de conciencia al boxeador C.C. (más conocido como “M.A.”, tras su conversión al Islam), quien se opuso al reclutamiento militar con base en su creencias religiosas, por lo que fue condenado a cinco años de prisión al no acatar los requerimientos realizados por el Ejército y ser considerado “desertor”. Tras la decisión de la Corte Suprema, se dejó sin efectos esta decisión y se reconoció su derecho a la objeción de conciencia, gracias a lo cual no fue enviado a combatir en la guerra de Vietnam.
En Europa es un referente la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[83] del 7 de julio de 2011, por medio de la cual fue condenada la República de Armenia por la violación del derecho fundamental a la libertad de conciencia del ciudadano V.B., quien fue condenado y encarcelado por ser objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio de su país, con base en su creencia en la doctrina religiosa de los Testigos de Jehová. El Tribunal de Estrasburgo reconoció por primera vez a nivel europeo, que el Artículo 9º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ampara de manera directa el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio[84].
Disponiendo de los elementos constitucionales, legales, jurisprudenciales y fácticos a los que se ha hecho referencia en los acápites anteriores, esta S. pasa a analizar cada caso en su individualidad para tomar la decisión que en derecho corresponda.
De acuerdo con el problema jurídico formulado, corresponde a la S. determinar si la incorporación de W.G.M.D. al Ejército Nacional vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia (artículo 18 Superior) y a la libertad de cultos y de religión (artículo 19 Superior).
En este caso debe recordarse que, de acuerdo con lo reseñado en el acápite de antecedentes, el accionante fue incorporado al Ejército Nacional contra su voluntad el día 27 de abril de 2017, el mismo día que se presentó en el Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” de la ciudad de Pasto con la finalidad de definir su situación militar. En aquella oportunidad, el joven M.D. declaró ser objetor de conciencia por sus creencias religiosas y su formación teológica (convicciones que le impiden portar armas de fuego), hecho que no fue tenido en cuenta por las autoridades militares.
De hecho, en el trámite de instancia, el Batallón de Infantería No. 9[86] negó tener competencia para resolver el asunto relacionado con la solicitud de objeción de conciencia del accionante, arguyendo que la competencia para resolver esta clase de controversias recaía en la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, hecho que fue desmentido por el Ministerio de Defensa[87], quien en su respuesta dentro del mismo trámite de instancia, señaló que de acuerdo con el Decreto 2048 de 1993 (artículo 17) “los circunscriptos declarados APTOS para incorporación [a las Fuerzas Militares] quedarán bajo el control y la vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes Unidades Militares o de Policía”, y añadió que por esta razón la Dirección de Reclutamiento había perdido competencia para pronunciarse o realizar actuaciones en cuanto a lo que decida el juez constitucional, como quiera que la competencia la tiene directamente la Unidad Militar donde se encuentra el accionante y que para el caso correspondía al Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” y, posteriormente, al Batallón de Ingenieros No. 23 “Gr. A.N.”.
Adicionalmente, se destaca que el M.J.A.Q.P.[88] informó que “el día 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadió de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserción, razón por la cual con la acción constitucional pretende justificar su conducta”[89].
Teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia constitucional sobre el problema jurídico planteado, corresponde entonces a la S. verificar si las convicciones y/o creencias de W.G.M.D., como objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio, cumplen con los requisitos trazados por esta Corporación, a saber, si: (i) definen y condicionan su conducta mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; (ii) son profundas; (iii) fijas; y (iv) sinceras.
Desde ya se puede señalar que las pruebas que obran en el expediente le permiten a la S. constatar que el accionante pertenece a la comunidad religiosa Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que profesa su creencia de manera constante en conjunto con su familia. También se evidencia que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional conocía de esa pertenencia religiosa, por las reiteradas manifestaciones que tanto el accionante como su agente oficioso hicieron en ese sentido, pero que, sin embargo, no fueron atendidas.
Se destaca la certificación expedida por el P.G.M.R. de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del municipio de Llanada (N., en la cual señala que el joven M.D. “es miembro de la Congregación ubicada en la Calle 9 # 7-24 barrio Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia allí ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Señor y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de jóvenes de esta Congregación. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de D.”[90].
A lo anterior debe agregarse que la agente oficiosa del joven M.D. manifestó en la acción de tutela que su formación teológica ha sido determinante en la vida de su hermano, pues “ha servido en el trabajo eclesiástico de forma comprometida y entregada obedeciendo a su convicción de fe y principios cristianos pentecostales”[91].
Por las razones anteriormente expuestas resulta censurable, desde toda perspectiva, la actitud asumida por las autoridades militares (Ministerio de Defensa, Batallón de Infantería No. 9 y Batallón de Ingenieros No. 23) y por el juez de instancia (Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto, N., quienes desconociendo la jurisprudencia constitucional se limitaron a desacreditar, en contra de lo evidente y del principio de buena fe, las peticiones del accionante y de su agente oficiosa, quienes abogaban por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
Así las cosas, se destaca que, si bien el accionante no se encuentra actualmente en las instalaciones castrenses, continúa vinculado formalmente al servicio obligatorio y aún no se ha solucionado su situación militar, además, de conformidad con lo aducido por el M.Q.P., es posible que sea juzgado y condenado por el delito de deserción (artículo 109 del Código Penal Militar).
En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, al Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” y al Batallón de Ingenieros No. 23 “Gr. A.N.”, que procedan en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a la desincorporación del servicio militar obligatorio de W.G.M.D. y a la expedición de la correspondiente libreta militar.
En el caso del ciudadano J.D.T.C., se tiene que el 16 de mayo de 2017 se presentó en el Distrito Militar No. 22 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de Pereira (Risaralda), para cumplir una citación previamente convenida para resolver su situación militar. Desde ese mismo día se le incorporó al servicio militar obligatorio, pese a que manifestó objeción de conciencia por sus creencias religiosas y su formación cristiana pentecostal, convicciones que le impiden portar armas de fuego. Posteriormente fue trasladado al Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca), donde actualmente se encuentra el accionante.
En el trámite de instancia, la oficina jurídica de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, mediante escrito del 16 de junio de 2017[92], manifestó que “todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias”, a lo cual agregó que la solicitud de objeción de conciencia “se encuentra realizada por la progenitora del joven J.T.C. y no por él mismo, por lo que no se demuestra una objeción de conciencia profunda, fija, sincera toda vez que la creencia no siempre es la misma de la progenitora que la del objetor”.
Por su parte, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca), a través de escrito del 21 de junio de 2017[93], manifestó que “debido a la situación sociopolítica y legal del país actualmente, el señor J.T.C. deberá permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad táctica”.
En el mismo sentido, agregó que la función del grupo de soldados regulares de los cuales hace parte el señor T.C. está enfocada en vigilar un oleoducto y evitar atentados directos contra este, además, que se encuentran dirigidos por personal entrenado y cualificado específicamente para ello.
En el expediente también se vislumbra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia-, requirió al accionante para que ratificara los hechos referidos en la acción de tutela. Según constancia secretarial del 22 de junio de 2017, el joven T.C. ratificó el amparo formulado por la Defensoría Regional de Risaralda e informó al Tribunal que había solicitado a las autoridades militares su derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas, sin embargo, estas no accedieron a su petición.
Pese a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia- resolvió negar el amparo invocado, frente a lo cual la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- presentó escrito de impugnación el 30 de junio de 2017[95].
En este escenario, la S. encuentra necesario analizar la validez del proceso de tutela. Para el efecto, se determinará si el proceso de la referencia adolece de nulidad, como quiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial-S. Civil Familia- pretermitió el trámite de segunda instancia.
Como se indicó en los párrafos anteriores, D.C.A., en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda-, presentó impugnación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia-. Sin embargo, el juez de instancia no adelantó el trámite de la impugnación.
En esta oportunidad, la S. Novena de Revisión corrobora que D.C.A., agente oficioso de J.D.T.C. presentó escrito de impugnación el 30 de junio de 2017 contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2017[97], esto es, dentro del término de ejecutoria de la providencia que transcurrió durante los días 28, 29 y 30 de junio 2017[98].
En consecuencia, el proceso se encuentra viciado de nulidad, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia- pretermitió la segunda instancia y al hacerlo, vulneró el derecho al debido proceso, el principio de la doble instancia y el de impugnación del señor D.C.A., en representación de la Defensoría del Pueblo -Regional Risaralda-, más aún, generó que la protección de los derechos fundamentales del joven T.C. se viera postergada de manera innecesaria.
La S. Novena de Revisión resalta que en el asunto sub examine debería declararse la nulidad del proceso, sin embargo, de adoptar esa decisión, se permitiría que la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del accionante continúe en el tiempo.
Este aspecto reviste una especial importancia¸ ya que postergar aún más el amparo solicitado podría dar lugar a la configuración de un daño consumado, dado que el joven T.C. fue incorporado al servicio militar obligatorio el 16 de mayo de 2017 y, por ende, éste culminará el próximo 16 de noviembre de 2018[99], situación que pone de presente la urgencia de proteger sus garantías constitucionales.
Sobre el particular, la S. resalta el precedente adoptado en la Sentencia T-661 de 2014[100], reseñada con anterioridad, así como la necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial, de conformidad con los mandatos del artículo 228 Superior; exigencia en cabeza de toda la Administración de Justicia y más aún de la entidad encargada de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución[101].
De tal manera, se acreditó que el ciudadano J.D.T.C. es Ministro de Alabanza de la Iglesia Pentecostal Sede “Las Violetas”, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Lo anterior, se puede comprobar conforme a la certificación expedida por el P. de la referida congregación, J.T.J., quien además refirió que: “J.D.T.C. es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis años (…). Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante” [102].
Cuando la jurisprudencia constitucional se ha referido a que las creencias deben ser manifiestas y comprobables, profundas, fijas y sinceras, se refiere a esta clase de circunstancias, en las que la persona que es objetora de conciencia no lo hace por un simple capricho sino porque tiene una vida dedicada a convicciones, creencias y profesiones de fe que hacen incompatibles esos principios de vida cristiana, en los que interpreta varios instrumentos musicales para la adoración y alabanza de D..
En contraste con lo anterior, es censurable que las autoridades militares (Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena, Arauca) y el juez de instancia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda, S. Civil Familia), hayan desestimado las pruebas allegadas por el agente oficioso del accionante, que por solicitud de su progenitora realizó a través del servicio de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo.
Dichas pruebas consisten en fotografías y grabaciones que fueron allegadas al despacho de instancia sin que éste las valorara conforme a las normas del debido proceso. En las referidas evidencias, se pueden constatar las actividades del ciudadano T.C. al interior de su congregación religiosa como Ministro de Alabanza e interpretando diversos instrumentos musicales durante eventos de su iglesia[103].
Por otra parte, respecto al Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca) no es de recibo su justificación para negar el desacuartelamiento del accionante, en la medida que ha sido el accionante quien en ejercicio de su autonomía ha manifestado no querer prestar el servicio militar por sus convicciones religiosas. El hecho que haya transmitido estas preocupaciones a su progenitora para que interpusiera la acción sub examine en nada inválida la voluntad del actor.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y al Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca), que procedan en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a la desincorporación del servicio militar obligatorio de J.D.T.C. y a la expedición de la correspondiente libreta militar.
Adicionalmente, como en otras decisiones previas, esta S. debe señalar que resulta a todas luces inconstitucional obligar a prestar el servicio militar a una persona que se vería compelida a actuar contra los mandatos de su conciencia. Por tanto, que se sigan repitiendo violaciones a la libertad de conciencia en los procesos de incorporación del Ejército Nacional es una grave violación a la Constitución Política que debe ser total y completamente erradicada.
Finalmente, y dado que las autoridades militares y los jueces de instancia insisten en desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de objeción de conciencia frente a servicio militar obligatorio, esta S. reiterará -como forma de pedagogía constitucional- las conclusiones unificadas y establecidas en la Sentencia SU-108 de 2016, de acuerdo con la cual:
La S. Novena de Revisión examina los casos de los jóvenes W.G.M.D. y J.D.T.C. (expedientes T-6.367.365 y T-6.372.321), quienes acreditaron ser miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ser reclutados por el Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.
La ciudadana E.R.M.D. y la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- formularon acciones de tutela en calidad de agentes oficiosos contra la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y varias Unidades Militares por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos de los jóvenes M.D. y T.C..
Respecto a los casos concretos, la S. corrobora que los jóvenes W.G.M.D. y J.D.T.C. son miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en las sedes de los municipios de la Llanada (N. y Dos Quebradas (Risaralda), respectivamente; en dichas congregaciones uno de ellos es Ministro de Alabanza y el otro ejerce como Vocal del Ministerio de Jóvenes, por lo cual se acreditan los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
En consecuencia, la Corte revoca las sentencias proferidas por los jueces de instancia y ampara los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos de los ciudadanos W.G.M.D. y J.D.T.C..
En mérito de lo expuesto, la S. Novena de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
Primero.- En relación con el expediente T-6.367.365, REVOCAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2017, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (N., que negó el amparo formulado por E.R.M.D., como agente oficiosa de W.G.M.D.. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano W.G.M.D., por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, al Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” (Distrito Militar No. 23 de Pasto) y al Batallón de Ingenieros No. 23 “Gr. A.N.” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano W.G.M.D. y expida a su favor la correspondiente libreta militar.
Tercero.- En relación con el expediente T-6.372.321, REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -S. Civil Familia-, que negó el amparo formulado por D.C.A., actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de J.D.T.C.. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano J.D.T.C., por las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y al Grupo de Caballería Mecanizada No. 18 “General G.R.P.” de Saravena (Arauca) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano J.D.T.C. y expida a su favor la correspondiente libreta militar.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA T-353/18
Acciones de tutela interpuestas por (i) E.R.M.D., agente oficiosa de W.G.M.D., contra el Batallón de Infantería No. 9 de Pasto (N. y otros; y (ii) D.C.A., actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo –Regional Risaralda– y como agente oficioso de J.D.T.C., contra el J. de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de esta Corte, suscribo este salvamento parcial de voto en relación con la providencia de la referencia. Disiento, en particular, de las órdenes adoptadas respecto del expediente T-6.367.365.
En este caso, la S. Novena de Revisión de Tutelas resolvió, entre otras, amparar los derechos a la “libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano W.G.M.D.”. A esta conclusión se llegó luego de que, para la S., la objeción de conciencia manifestada por el accionante, según relató su agente oficiosa, sí reúne las condiciones que la jurisprudencia constitucional ha exigido frente a la prestación del servicio militar obligatorio. Sin embargo, a mi juicio, lejos de lo afirmado en la sentencia, (i) existe un déficit probatorio que impide que el juez constitucional pueda llegar, sin más, a esa determinación, lo cual, a su vez, (ii) incidió en el análisis del caso concreto.
Primero, si bien los artículos 86 de la Constitución y 3 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de la informalidad que orienta el ejercicio de la acción de tutela, disponen el principio de flexibilidad probatoria, ello no exime al juez constitucional –ya sea en instancias o en sede de revisión– hacer uso de sus poderes oficiosos, a fin de “conocer la realidad de la situación litigiosa de manera que no sólo está facultado para pedir informes a los accionados respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, sino que está obligado a decretar pruebas cuando persisten las dudas respecto de los hechos del caso estudiado”[107].
En el caso concreto, no puede afirmarse –como lo hace la sentencia– que la deserción del accionante tenga como única causa y explicación la objeción de conciencia manifestada por la agente oficiosa. Esta, a lo sumo, resulta una afirmación circunstancial, que no tiene sustento probatorio. En efecto, más allá de lo afirmado por la agente oficiosa, (i) no existe prueba de la existencia de una manifestación personal acerca de la convicción íntima o creencias del señor M.D., que permita concluir que, en este caso, prestar el servicio militar obligatorio implicaría que el accionante actuara en contra de su conciencia.
Segundo, en atención al déficit probatorio, la S. realizó un indebido análisis del caso concreto. Dada la naturaleza constitucional del deber de prestar el servicio militar, la jurisprudencia constitucional ha precisado que (ii) la pertenencia a un culto o comunidad religiosa no implica per se que esta sea incompatible con dicho deber, sino que debe analizarse en cada caso. En esta medida, la certificación expedida por el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia –aunada a la falta de manifestación personal de la conciencia del accionante– no es suficiente para proceder al amparo de los derechos del accionante.
[2] Cuaderno de Revisión, folios 3-10. La S. de Selección de Tutelas Número Nueve estuvo conformada por los Magistrados A.L.C. y J.F.R.C..
[3] De acuerdo con certificación del P. de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del Distrito No. 16 (N.. Cuaderno No. 1, folio 10 (expediente T-6.367.365).
[4] A folio 15 obra copia de la Historia Clínica de W.G.M.D. de abril de 2017, en la cual se indica que el paciente “refiere que desde hace 8 años inicia con cefalea alterante mayormente bifrontal, en horario de la mañana o al medio día, pulsatil, visión borrosa en ocasiones mareo, diariamente. Ha perdido el conocimiento en varias ocasiones”.
[5] I.. Folio 2.
[6] I.. Folio 6.
[7] A folio 21 obra copia de la cédula de ciudadanía de la señora T.C.D.D., madre del señor M., en la cual consta que nació el 24 de marzo de 1952 (67 años). Adicionalmente, a folio 22, se anexa el certificado de la condición de salud de la señora T.C.D.D., “paciente con antecedente de hipertensión arterial y artritis reumatoidea actualmente con secuelas de enfermedad de base, se encuentra en tratamiento permanente (…)”. Respecto del padre del señor M., a folio 23 obra copia de la cédula de ciudadanía del señor C.M.M.C., con fecha de nacimiento del 17 de junio de 1951 (67 años).
[8] I.. Folio 62.
[9] I.. Folios 47-51.
[10] I.. Folios 88-91.
[11] I.. Folios 67-74.
[12] I.. Folio 8.
[13] I.. Folio 9.
[14] I.. Folio 10.
[15] I.. Folio 11.
[16] I.. Folios 12-20.
[17] I.. Folio 21.
[18] I.. Folio 22.
[19] I.. Folio 23.
[20] I.. Folio 24.
[22] I.. Folio 24. Énfasis agregado.
[23] I.. Folios 34-35.
[24] I.. Folios 44-46.
[25] I.. Folios 57-62.
[26] I.. Folios 68. Obra copia del escrito de impugnación en cual consta que el 30 de junio de 2017 D.C.A. efectuó presentación personal de la impugnación ante la Secretaría del Tribunal Superior de Pereira –S. Civil Familia-.
[27] I.. Folios 67 y 68.
[28] I.. Folio 2.
[29] I.. Folio 3.
[30] I.. Folios 5 y 6.
[31] I.. Folio 7.
[32] I.. Folios 8-11.
[33] I.. Folio 49.
[34] I.. Folios 50 y 51.
[43] I.. Folios 33-35.
[44] I.. Folio 51.
[45] I.. Folio 59. En el expediente obra constancia secretarial del 15 de mayo de 2017, en la cual se indica “me comuniqué con la agente oficiosa del accionante señora E.R.M. DÍAZ (…) a fin de solicitar información sobre el accionante quien fue citado para este día a rendir declaración dentro del trámite tutelar R.. 2017-00125-00, quien claramente informó a esta Judicatura que su hermano se encontraba evadido del Batallón y no sabía su actual paradero. CONSTE.”
[49] I.. Folio 49.
[50] I.. Folios 50 y 51.
[66] Autos 25A de 2012, 381 de 2008, 252 de 2007,189 de 2005, 262 de 2002 y 301 de 2001. Las S.s de Revisión han optado por la nulidad del proceso, cuando los jueces de primera instancia omiten notificar el fallo. Este error pretermite el procedimiento de impugnación, en la medida que el afectado no puede promover el recurso de apelación para que el superior jerárquico analice el asunto, pues no conoció la providencia que debe atacar.
[68] Con ponencia de la Magistrada (e): M.V.S.M..
[73] Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2013. En el mismo sentido ver: R., B.. H. of Western Philosophy, Londres, 1946.
[74] I..
[75] En la sentencia T-430 de 2013, se reseñó un ejemplo muy particular. Se trata del caso de D.T.D. que, además de objetor de conciencia, fue un gran soldado. D. se presentó a formar parte del Ejército estadounidense en el momento en que su nación había entrado a participar en la Segunda Guerra Mundial, pues consideró tener dos deberes. Uno frente a la patria, que le obligaba a defender su nación, y otro frente a sus creencias religiosas que le impedían tomar las armas o dejar de consagrar el sábado a D.. El dilema lo resolvió presentándose al Ejército y solicitando que no se le exigiera empuñar armas o hacer algo diferente a orar el día sábado. Aunque en un principio sus compañeros y superiores lo atacaron e intentaron propiciar su salida, D. soportó pacientemente los ataques y se llegó a convertir en uno de los mejores soldados del batallón encargado de prestar servicios de salud. Fue tal su coraje y valentía para rescatar y curar a sus compañeros heridos en el campo de batalla (incluso, a soldados enemigos), arriesgando en no pocas veces su vida, sin estar armado, que al regresar de la guerra el P.H.T. lo condecoró, junto a 14 compañeros más, con la máxima medalla de honor que ofrece el ejército estadounidense a sus héroes.
[78] I..
[82] S., B.. A H. of The Supreme Court. Oxford University Press, 1993.
[83] A.C., B. y Á., L.. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Encrucijadas del cambio de milenio. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.
[84] I..
[87] I.. Folios 88-91.
[89] Cuaderno No. 1, folio 54 (expediente T-6.367.365). Frente a este punto, se destaca que la acción de tutela fue formulada el 3 de mayo de 2017, es decir, con anterioridad a la fuga del ciudadano M.D..
[90] I.. Folio 10. Énfasis agregado.
[91] I.. Folio 1. Énfasis agregado.
[93] I.. Folios 44-46.
[94] I.. Folios 50 y 51.
[95] I.. Folios 68. Obra copia del escrito de impugnación en cual consta que el 30 de junio de 2017 D.C.A. efectuó presentación personal de la impugnación ante la Secretaría del Tribunal Superior de Pereira –S. Civil Familia-.
[96] I.. Folio 69.
[97] I.. Folios 57-62.
[98] I.. Folio 69.
[100] Con ponencia de la Magistrada (e): M.V.S.M..
[103] I.. Folios 51-52.
[104] I.. Folio 8.