Source: http://www.franciscosantana.net/2012/06/decreto-n-9041-mediante-el-cual-se.html
Timestamp: 2018-12-18 22:27:29
Document Index: 42040791

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'artículo 4', 'Artículo 36', 'artículo 124', 'Artículo 40', 'Artículo 48', 'Artículo 52', 'Artículo 60', 'Artículo 65', 'Artículo 69', 'Artículo 77', 'artículo 75', 'artículo 96', 'Artículo 106', 'Artículo 109', 'artículo 183', 'artículo 41', 'artículo 55', 'artículo 41']

Decreto N° 9.041, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema de Bienes Públicos, como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado. Artículo 2
13.- Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en este artículo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuados por una o varias de las personas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
3.- Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes;
De igual forma, se procederá en los casos de deslinde del dominio público en que los inmuebles sobrantes pasen al dominio privado. Artículo 8
Los órganos y entes que conforman el Sector Público deberán adoptar las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de los Bienes Públicos de su propiedad y de los que tengan a su cargo. Artículo 13
Las normas contenidas en leyes especiales, que regulen los bienes a que se refiere este Título, se aplicarán en tanto no contradigan las disposiciones establecidas en la presente Ley.
5.- Las tierras baldías.
6.- Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras y las que por ley le deban pertenecer. 7.- Los Bienes Públicos empleados directamente por la Industrias Básicas Pesadas en poder del Estado, en las labores de aprovechamiento y/o transformación de los recursos naturales a su cargo.
Son principios del Sistema de Bienes Públicos: 1.- La primacía de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y sus normas reglamentarias y complementarias, dada la especialidad de las mismas, como parte del Sistema de Bienes Públicos, sobre las que en contravención o menoscabo de estas puedan dictarse.
2.- La supervisión permanente a cargo del ente rector, de los actos de adquisición, registro, administración y disposición respecto de los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público.
Los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos en cuanto adquieren, usan, administran, mantienen, registran, supervisan y disponen Bienes Públicos, son los siguientes: 1.- La Superintendencia de Bienes Públicos, como ente rector;
2.- Las máximas autoridades de los órganos y entes que conforman el Sector Público, señalados en el artículo 4 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
Se crea La Superintendencia de Bienes Públicos, como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía económica, presupuestaria, financiera, técnica y funcional, adscrita al ministerio con competencia en materia de finanzas al sólo efecto de la tutela administrativa, para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos bajo La responsabilidad y dirección de un Superintendente o una Superintendente de Bienes Públicos, quien será la máxima autoridad dentro de dicho ente. La organización interna de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida mediante Reglamento.
2.- Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo. 3.- Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4.- Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
7.- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en esta Ley y sus Reglamentos.
8.- Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en la presente Ley y sus Reglamentos.
11.- Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en la presente Ley, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales. 12.- Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13.- Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en esta Ley.
20.- Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con esta Ley. 21.- Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22.- Emitir opinión en los casos que establezca la presente Ley.
23.- Las demás atribuciones que le asignen esta Ley y su Reglamento.
Se ordena la creación de una instancia administrativa, como unidad responsable patrimonialmente de los Bienes Públicos, en cada órgano o ente del Poder Público Nacional, de los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, las cuales, sin menoscabo de la autonomía de los Poderes Públicos distintos al Poder Público Nacional, deberán ajustar a lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos y a las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, lo relativo a la adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de sus bienes. Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
La Superintendencia de Bienes Públicos diseñará y mantendrá un sistema de información actualizado sobre los Bienes Públicos, que permita mostrar permanentemente: 1.- Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley estableceré los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo.
A los efectos de la formación del Catastro Georreferenciado a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán en los registros de las unidades administrativas que gestionen Bienes Públicos: 1.- Los títulos por los cuales se enajene, modifique, grave o extinga el dominio, posesión y los demás derechos reales de los bienes inmuebles propiedad del Sector Público;
Los funcionarios, funcionarias y demás trabajadores al servicio de los organismos y los sujetos a esta Ley, tendrán el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos, en el ámbito de sus competencias, la información requerida en la forma y oportunidad que esta determine.
De igual manera, la Superintendencia de Bienes Públicos deberá mantener la debida coordinación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno, con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural, y con los órganos y entes competentes en materia de registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales, y mantendrá el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar la consistencia de los registros y cifras y el adecuado, cabal y oportuno registro y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable. Artículo 36
Las máximas autoridades de los órganos emisor y receptor de Bienes Públicos sujetos a transferencia, emitirán un oficio dirigido a la Superintendencia de Bienes Públicos, contentivo de las especificaciones del bien y las razones que motivaron la transferencia.
El procedimiento contenido en el presente artículo no es aplicable para los supuestos previstos en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 40
Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, asegurados, incautados, aprehendidos o embargados
Los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de una medida firme de comiso mediante acto administrativo o sentencia definitiva, serán puestos a la orden del Tesoro Nacional, mediante Providencia de Adjudicación al Tesoro Nacional emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, asegurados, incautados, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia de Adjudicación al Tesoro Nacional, podrá autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos. Cuando la medida haya sido declarada sin lugar, la Superintendencia de Bienes Públicos devolverá al propietario los efectos que tenga aún en su poder, en el estado en que se hallen. Las enajenaciones que se hubieren hecho no podrán ser atacadas y el propietario sólo podrá exigir el reintegro del producto de la Enajenación.
Cuando se trate de construcción de bienes muebles o inmuebles por parte de un órgano u ente público, una vez efectuada la recepción definitiva del bien u obra, según lo estipulado a tal efecto en la Ley de Contrataciones Públicas, el órgano o ente contratante procederá a su incorporación y posterior inscripción y registro de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Capítulo III
La República está facultada para retener administrativamente los bienes que posea. Asimismo, podrá recuperar por sí, la posesión indebidamente perdida sobre los bienes o derechos de su patrimonio.
La adquisición de bienes inmuebles por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público se hará conforme a lo dispuesto en la presente Ley, salvo lo previsto en las disposiciones legales especiales sobre la materia, bajo los criterios de racionalidad, economía y proporcionalidad del gasto. Artículo 48
La adquisición de bienes inmuebles por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, deberá contar, previo a la adquisición del bien, con la opinión favorable por parte de la Superintendencia de Bienes Públicos. Artículo 52
La Superintendencia de Bienes Públicos podrá, mediante acto motivado, rechazar cualesquiera de los avalúos presentados por el Sector Público Nacional conforme a esta Ley, tomando en consideración para la motivación de dicho acto, las variables económicas existentes a la fecha de presentación de los avalúos.
Los entes u órganos del Sector Público sólo podrán arrendar bienes muebles o inmuebles para su servicio mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Artículo 60
Las concesiones sobre Bienes Públicos no crean derechos reales; sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar el uso, aprovechamiento o explotación del bien, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Artículo 65
En los casos en que los órganos o entes del Sector Público otorguen concesiones, permisos o autorizaciones sobre sus bienes inmuebles, deberá establecerse expresamente que a su término los mismos pasarán nuevamente al dominio del ente u órgano respectivo, correspondiéndole a la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, lo siguiente:
1.- Velar porque se inscriban en los registros de bienes de las unidades administrativas y en el Registro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de reversión y vigilar que se efectúe ante el Registro Inmobiliario correspondiente, la inscripción de dicho derecho y se hagan las notas marginales necesarias;
2.- Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la concesión. En este caso, los interesados deberán otorgar fianza a favor del ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversión.
Siempre que se acuerde la enajenación de Bienes Públicos, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones otorgadas, tendrán el derecho preferente de adquirirlos.
Los Bienes Públicos serán conservados, mantenidos y protegidos de acuerdo con las normas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y en las normas e instrucciones que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.
Los gastos inherentes a la conservación, mantenimiento y protección de los Bienes Públicos corresponderán a sus propietarios o a los entes u órganos que los tengan en custodia, con cargo a sus partidas presupuestarias específicas. Artículo 69
Los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones apropiadas de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático, incluyendo normas de seguridad industrial, normas oficiales de calidad y cumplimiento de las especificaciones formuladas por el Cuerpo de Bomberos cuando se trate de la seguridad de bienes inmuebles.
Las unidades administrativas de los distintos entes u órganos del Sector Público, en su carácter de responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento y conservación.
Deber de utilidad
Los Bienes Públicos no podrán mantenerse, injustificadamente, inactivos o privados de destino útil.
Los órganos y entes del Sector Público deberán adecuar y perfeccionar sus métodos y procedimientos de control interno, respecto del mantenimiento, conservación y protección de sus bienes, de acuerdo con las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
La Superintendencia de Bienes Públicos podrá, en cualquier momento que lo estime conveniente, realizar inspecciones en sitio con el objeto de corroborar el estado de mantenimiento, conservación y protección dado a los bienes propiedad de los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional. Capítulo VIII
Los órganos y entes del Sector Público deberán enajenar los bienes públicos de su propiedad que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y los que hubiesen sido desincorporados por obsolescencia o deterioro, conforme a los términos establecidos en la presente Ley, en lo que les sea aplicable.
Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los bienes y productos adquiridos, fabricados u obtenidos por el Sector Público con destino a la venta, donación o al suministro.
Cuando un Bien Público sufra pérdida o deterioro que imposibilite de manera permanente su utilidad, deberá ser desincorporado del inventario de Bienes Públicos del respectivo ente u organismo, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos. Igual procedimiento habrá de seguirse en los casos de bienes que no sean susceptibles de reparación, a los cuales se les dará la condición de obsolescencia y los que resultaren inservibles por haber sido modificados o alterados para recuperar o poner en funcionamiento otros bienes.
La Enajenación de los bienes regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrá efectuarse a través de las siguientes modalidades:
2.-Permuta;
3.-Dación en pago;
4.-Aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles del Estado;
La enajenación de Bienes Públicos deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos que establezca la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos. Artículo 77
Los avalúos de Bienes Públicos realizados con propósitos de enajenación, deberán ser efectuados por peritos de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo y debidamente inscritos en el Registro de Peritos de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El precio que servirá de base para la Enajenación de los Bienes Públicos adscritos a los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, será determinado por la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, con base en los avalúos presentados y cualquier otro criterio válido a juicio de la comisión.
La Enajenación de Bienes Públicos bajo la modalidad de venta o permuta, se hará mediante proceso de Oferta Pública y preferentemente por lotes, pudiéndose realizar enajenaciones por unidades en razón de las características particulares de los bienes, avaladas a través de acto motivado suscrito por la máxima autoridad del respectivo ente u organismo.
Para los casos previstos en el artículo anterior, el Comité de Licitaciones del ente u organismo que enajenará el bien publicará un aviso en dos diarios de comprobada circulación Nacional, en el cual se indiquen:
2.- El precio base fijado para la Enajenación del mismo;
3.- Las condiciones establecidas para su Enajenación y el plazo para la recepción de las ofertas.
Una de dichas publicaciones podrá ser sustituida por una publicación en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la ley que regula la materia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Si no se recibieren un mínimo de dos (02) ofertas dentro del plazo que se hubiere señalado, o las mismas no fueren válidas o satisfactorias a juicio del Comité de Licitaciones, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso conforme a lo antes indicado.
Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del Comité de Licitación del ente u organismo la oferta más ventajosa, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos licitatorios.
Si en las oportunidades fijadas en el presente artículo no se recibieran ofertas en tiempo hábil o estas no fueren satisfactorias, el Comité de Licitaciones podrá autorizar la enajenación del bien por un precio distinto al ya fijado, debiéndose iniciar un nuevo proceso licitatorio.
No podrán participar en los procesos de enajenación de Bienes Públicos, las personas que hayan sido declaradas en estado de atraso o quiebra o condenadas por delitos contra la propiedad o contra el Patrimonio Público, ni los deudores morosos de obligaciones fiscales o con instituciones financieras públicas.
Quedan exceptuadas del procedimiento de oferta pública previsto en el artículo 75 del presente Capítulo, las siguientes operaciones:
1.- Las de venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro ente u órgano del Sector Público.
2.- Las de venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del ente u órgano enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3.- Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien;
5.- La venta o permuta de derechos litigiosos. En cualquier caso la adjudicación directa de Bienes Públicos deberá contar con la autorización expresa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
La enajenación de los bienes propiedad del Sector Público Nacional regulados por esta ley, deberá contar con la autorización previa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, sin que sea necesaria la autorización previa de la Asamblea Nacional prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando fuere el caso; ni ninguna otra autorización.
Cuando los bienes a enajenar fueren acciones u otros títulos valores, no serán necesarias las autorizaciones a que se refiere la Ley en materia de mercados de valores.
Los distintos órganos y entes políticos territoriales diferentes a la República, notificarán a la Superintendencia de Bienes Públicos sobre la enajenación de sus bienes, sin menoscabo de su autonomía constitucional, con la periodicidad y en la forma que determine el Reglamento de esta Ley.
Compete al titular del ministerio de adscripción, el ejercicio de Los derechos que corresponden a la República como partícipe directo de sociedades mercantiles, sea o no mayoritaria dicha participación
La Oficina Nacional del Tesoro custodiará los títulos o los instrumentos equivalentes representativos de la participación de la República.
La enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República en sociedades mercantiles, requiere de la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Cuando los títulos objeto de venta se coticen en Bolsa, su enajenación se hará de conformidad con las reglas de la respectiva institución bursátil.
Los títulos que no se coticen en Bolsa, se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competencia en materia de finanzas, acuerde la adjudicación directa a entes del Sector Público.
De la Propiedad Intelectual o industrial de la República
La adquisición de los derechos correspondientes a la propiedad intelectual o industrial por parte de la República se regirá por lo que dispongan las leyes especiales respectivas.
Compete a la Superintendencia de Bienes Públicos la administración y explotación de las propiedades intelectual e industrial de La República, en todos aquellos casos en que no están encomendadas o se encomienden específicamente por Decreto, o por cualquier otro acto jurídico, a otro ente u órgano.
Los derechos correspondientes a la propiedad intelectual o industrial de la República se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, acuerde la adjudicación directa a entes del Sector Público por razones estratégicas, de soberanía o de interés nacional, determinadas por el Presidente de la República, o en atención a los acuerdos internacionales suscritos válidamente por la República Bolivariana de Venezuela.
Utilización de propiedades incorporales de domino público
La utilización de propiedades incorporales que pertenezcan a La República y que por aplicación de leyes especiales hayan entrado en el dominio público y sean de uso público, no generará derecho alguno a favor del Estado. TÍTULO V
Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas.
Corresponderá al Ministerio Público intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ello no menoscabará el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los particulares o a otros funcionarios o funcionarias públicos, de conformidad con la Ley.
Cualquier persona que fuera de los casos expresamente tipificados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, por si misma o mediante persona interpuesta use o aproveche de manera ilegal un Bien Público, responderá penal y civilmente por los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio público.
Ningún procedimiento de los contemplados en el presente capítulo, administrativo o de cualquier otra naturaleza, impedirá el ejercicio de la acción penal y de la civil que de ella se derive.
Para la imposición de las sanciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se tomarán en cuenta los siguientes hechos:
1.- La naturaleza del acto u omisión.
2.- La intencionalidad con la que fue cometido el hecho o la omisión.
3.-La gravedad del perjuicio causado al patrimonio público o a las personas. 4.-La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de La infracción.
5.- La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
6.- La reincidencia.
Quien en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, explote, use o aproveche, por si o por persona interpuesta un Bien Público, será sancionado con multa de cien Unidades Tributarias (100UT) a quinientas Unidades Tributarias (500UT), más el cien por ciento (100%) del beneficio que se hubiere obtenido por la explotación, uso o aprovechamiento ilegal del bien. En estos casos, el ente u órgano que ostente la titularidad, adscripción o custodia del Bien Público, recuperará directamente la tenencia material del mismo.
Independientemente de la responsabilidad civil, penal, disciplinaria o administrativa, serán sancionados con multa de un mil Unidades Tributarias (1.000UT) a cinco mil Unidades Tributarias (5.000UT), los sujetos que conforman el Sistema Nacional de Bienes Públicos, en los siguientes supuestos:
1.- Quienes realicen procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
2.- Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Púbica que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, incumplan las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento y las normas e instrucciones dictadas para ello por la Superintendencia de Bienes Públicos.
3.- Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Senes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, nieguen injustificadamente la participación de algún interesado. 4.- Quienes incumplan el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos la información requerida de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley y su Reglamento.
5.-Quienes a requerimiento de la Superintendencia de Bienes Públicos o en cumplimiento de las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamenta suministren o divulguen información falsa.
6. Cuando no Mamaren oportunamente de la comisión de hechos considerados como delitos, faltas, ilícitos o irregularidades administrativas, cometidas con ocasión a la adquisición uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos.
Los responsables patrimoniales de Bienes Públicos serán sancionados con multa de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.), en los siguientes supuestos:
1.- Cuando no advirtieren oportunamente sobre la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento, conservación y protección de los bienes a su cargo.
2.- Cuando incurrieren en acción u omisión que tenga como resultado la falta de adecuado mantenimiento y conservación del bien.
3.- Cuando no advirtieren el carácter antieconómico del mantenimiento o reparación del bien.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que corresponda, cuando se compruebe el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la persona natural o jurídica que resultare favorecida con la Buena Pro dentro de un proceso de Oferta Pública que haya tenido por objeto la enajenación de un Bien Público, el órgano o ente enajenarte sustanciará el expediente respectivo, en un lapso no mayor de treinta días, y lo remitirá a la Superintendencia de Bienes Públicos, a los fines de que esta imponga las sanciones a que hubiere lugar. Los responsables serán sancionados con multa de Un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T) y la Superintendencia de Bienes Públicos declarará la inhabilitación de estos para participar en nuevos procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, por los siguientes lapsos:
1.- De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción.
2.- De tres a cuatro años, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas.
3.- De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su vigencia, o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan las fianzas a que hubiere lugar dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
4.- De dos a tres años cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
El perito avaluador contratado para realizar el avalúo de un Bien Público, que actúe con impericia, negligencia o mala fe en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de sus honorarios profesionales pactados cobrados o por cobrar al respectivo ente u órgano público, independientemente de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar por los daños y perjuicios que causare al patrimonio público.
En caso de reincidencia, la Superintendencia de Bienes Públicos excluirá al infractor por un lapso de cinco (5) años del Registro de Peritos a que se refiere el Título III, Capítulo VIII del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Se entiende por mala fe las siguientes circunstancias: 1.- Alterar u omitir hechos esenciales del peritaje.
2.- Obstaculizar el desarrollo del peritaje.
3.- Que el avalúo sea elaborado en distorsión a su precio real del mercado.
Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales, deberán formar expediente con los recaudos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas, hechos ilícitos o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos, debiendo remitir este al órgano competente según corresponda.
Para el caso de la ocurrencia de los supuestos previstos en el Capítulo II del Título VI del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se deberá remitir expediente a la Superintendencia Nacional de Bienes, para la imposición de las multas a que haya lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comisión del hecho en cuestión.
Cuando se trate de multa, ésta se fijará para cada caso según la mayor o menor gravedad de la infracción, la magnitud de los perjuicios causados al Tesoro Nacional y las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en el artículo 96 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Se consideran circunstancias atenuantes a efectos de la imposición de las multas previstas en el presente Título, las siguientes:
1.- Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2.- Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3.- La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Se consideran circunstancias atenuantes (Sic) a efectos de la imposición de las multas previstas en el presente Título, las siguientes:
1.- Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2.- Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3.- Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4.- La reincidencia. Artículo 106
Las multas serán impuestas en virtud de Providencia dictada Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes Públicos, previo levantamiento de acta donde se harán constar específicamente todos los hechos relacionados con la infracción, acta que deberán firmar según el caso, los funcionarios intervinientes en el proceso y el infractor, dentro de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto motivado al infractor.
Negativa por parte del infractor
En los casos en que el infractor exprese su negativa a firmar el acta indicada en el artículo anterior, o que se haga imposible su comparecencia dentro de los lapsos previstos para ello, se publicará cartel en un diario de circulación nacional, contentivo de los hechos que se le imputan y los recursos que le asisten al infractor dentro del proceso, a los fines de garantizarle su legítimo derecho a la defensa.
Transcurridos treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firma del acta por parte del infractor o a negativa de esta de la fecha de publicación del respectivo cartel en prensa, se entenderá que la sanción ha quedado definitivamente firme si no se hubiesen interpuesto los recursos previstos en el presente Título.
El contraventor dispondrá de treinta (30) días continuos para la cancelación de la multa ante el Servicio de Liquidación de la Superintendencia de Bienes Públicos, contados a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción. La cancelación se hará en las cuentas del Tesoro Nacional, habilitadas por la Superintendencia de Bienes Públicos en el Sistema Financiero nacional. Artículo 109
El Recurso de Reconsideración sólo podrá ser interpuesto por el infractor o por sus representantes legales dentro del lapso establecido en la Ley, ante el Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes Públicos, quien lo admitirá o no dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del recurso.
La interposición de los Recursos no impedirá o suspenderá la ejecución del acto impugnado.
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, acompañándola de la documentación que estime pertinente.
Todas las pruebas que el recurrente considere pertinentes deberán-ser promovidas en el escrito contentivo del recurso a excepción de aquellas declaradas improcedentes por la Ley.
Evacuación de testigos
Cuando se haya promovido prueba de testigos, la misma se evacuará sin previa citación. El funcionario sustanciador transcribirá la deposición del testigo sobre el interrogatorio que considere, a los fines del esclarecimiento de la verdad. De dicho acto se levantará acta suscrita por el funcionario sustanciador y por el interrogado.
Promoción de Inspecciones y experticias
Si se promoviera inspección ocular o experticia administrativa, la primera será practicada por el sustanciador, pudiéndose hacer acompañar de otros funcionarios que a juicio de la Superintendencia de Bienes Públicos sean competentes para llevar el caso.
A requerimiento del funcionario sustanciador, en cualquier momento y dentro del lapso que se tiene para decidir, se podrán solicitar las informaciones adicionales que se consideren necesarias, la exhibición de libros o registros, así como los demás documentos relacionados con el caso y exigir la ampliación o complementación de las pruebas presentadas. La omisión de las informaciones adicionales no suspenderá la tramitación del recurso.
Venado el lapso para la evacuación de las pruebas, el recurso deberá ser decidido dentro de los sesenta (60) días siguientes, mediante acto motivado suscrito por el Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes Públicos.
El desistimiento del recurrente pondrá fin al procedimiento, debiendo constar por escrito y en forma inequívoca. En caso de pluralidad de recurrentes, el desistimiento de uno de ellos no afectará a los restantes.
No obstante el desistimiento del recurso, la Superintendencia de Bienes Públicos podrá continuar el estudio de la materia objeto del recurso, si razones de interés general lo justifican.
La inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración deberá constar en acto motivado. Contra dicha decisión podrá interponerse Recurso Jerárquico ante el ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dentro de los plazos y bajo las formalidades previstas por Ley.
Única. Se derogan los artículos contenidos en el Título I de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 3.951 Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglamento, dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20/03/1999, Gaceta Oficial N° 36.668 de fecha 24/03/1999; los artículos 67 y 71 de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de fecha 21 de febrero de 2008; los artículos 10, 19 y 20 de la Ley sobre el Delito de Contrabando, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.017 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2010; la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de fecha 28 de agosto de 2007; los artículos 182 y 184 de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de septiembre de 2010, siendo su última reimpresión por error material la publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010, así como artículos 54, 57, 61 y 62 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012.
Primera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes en situación de comiso o de abandono, con ocasión a los supuestos contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de fecha 21 de febrero de 2008. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria adecuará sus funciones a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en un plazo no mayor a seis (06) meses, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, conforme a lo que a tal efecto prevea la Superintendencia de Bienes Públicos mediante Providencia.
Segunda. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado directa o indirectamente en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de septiembre de 2010, siendo su última reimpresión por error material la publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546, de fecha 05 de noviembre de 2010. El procedimiento previsto para la disposición y venta anticipada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de difícil administración previsto en el artículo 183 de dicha ley, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 41° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. En cualquier caso, los tribunales competentes deberán poner los bienes a la orden del órgano rector del Sistema de Bienes Públicos, quien decidirá el destino de los mismos tomando en consideración, los planes, programas y proyectos en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas consumidoras de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los planes, programas y proyectos para la prevención y represión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas. El juez o jueza ordenará a los órganos competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad del bien a favor de la República.
Tercera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado directa o indirectamente en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012. El procedimiento previsto para la disposición y venta anticipada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de difícil administración previsto en el artículo 55 de dicha ley, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 41º del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. En cualquier caso, los tribunales competentes, deberán poner los bienes a la orden del órgano rector del Sistema de Bienes Públicos, quien decidirá el destino de los mismos tomando en consideración, los planes, programas y proyectos en materia de prevención de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El juez o jueza ordenará a los órganos competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad del bien a favor de la República.
Cuarta. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los plazos para la adecuación de los inventarios y registros de los bienes públicos de los distintos órganos y entes que conforman el Sector Público, a las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Quinta. Las solicitudes para la enajenación de Bienes Públicos que se encuentren en trámite dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas, para la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, pasarán a la Superintendencia de Bienes Públicos, así como los expedientes administrativos y el archivo general de los casos tramitados ante dicha comisión.
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los doce días del mes de junio de dos mil doce. Año 202º de la Independencia, 153º de la Federación y 13º de la Revolución Bolivariana. Cúmplase
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