Source: https://de.scribd.com/document/58255168/Politica-de-Gestion-Ambiental-Urbana
Timestamp: 2020-01-28 05:15:58
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Politica de Gestion Ambiental Urbana | Ciudad | Desarrollo sostenible
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357-Texto del artículo-703-1-10-20161104
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Álvaro Úribe Vélez
Grupo de Política, Normatividad y Calidad Ambiental
Adriana Díaz Arteaga, Coordinadora Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible MAVDT
Gustavo Carrión. Dirección de Desarrollo Territorial MAVDT
Consuelo Onofre. Dirección de Desarrollo Territorial MAVDT
Luz Mery Triana. Dirección de Planeación, Información y
Coordinación Regional MAVDT
José Severo González. Viceministerio de Agua y Saneamiento MAVDT
Adriana Lagos. Oficina de Educación y Participación MAVDT
María del Pilar Restrepo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Eugenio Gaviria. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Oscar Pinto. Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
Roberto González Cubillos. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
Olga Cecilia Ramírez. Canal del Dique –Cardique
José Roberto Arango R, • Wilson Garzón M.
María Emilia Botero. Centro de Documentación MAVDT
ISBN: 978-958-8491-14-1
Cítese como: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Política de Gestión ambiental Urbana. Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2008
Sistema de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM
A. Avances De La Política Urbana En Colombia
Las Ciudades Sostenibles La Gestión Ambiental Urbana Lo Urbano Regional
Problemática Ambiental Urbana Justificación
Alcance, Objetivos y Estrategias de la Política
olombia se ha convertido en un país urbano. Las dinámicas de configuración urbana se han mantenido constantes en los últimos años, por lo cual es de esperar que las actuales tendencias de concentración de población en asentamientos urbanos se mantengan, estimándose que para el año 2020 el 80% de la población colombiana será urbana.
Si bien las áreas urbanas son vistas como expresión de oportunidades de desarrollo económico y social, también es cierto que la conformación del sistema urbano colombiano se ha dado con una escasa planificación ambiental o de consideraciones ambientales, lo que ha derivado en innegables costos para el medio ambiente, tanto por los desordenados procesos de ocupación, como por las fuertes demandas de recursos que conllevan.
Por otro lado, el desarrollo de múltiples actividades económicas y de servicios en el territorio urbano tienden a acumular los problemas ambientales inherentes al desarrollo urbano, al punto que la problemática ambiental de los grandes centros urbanos se ha convertido en factor determinante del deterioro de la calidad del hábitat urbano, la salud y el bienestar de sus habitantes, con otras posibles consecuencias indirectas sobre el medio ambiente nacional y global.
Estos hechos han atraído la atención sobre la gestión ambiental urbana como un tema prioritario de la agenda pública ambiental, identificándose para ello la necesidad de formular una política para la gestión ambiental de las áreas urbanas que dé respuesta a la realidad ambiental urbana actual y que oriente el accionar de los actores institucionales y sociales que tiene que ver con la gestión ambiental en el territorio urbano.
Para atender este mandato, en junio de 2007 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional, con representantes elegidos por las Autoridades Ambientales Urbanas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá -SDA), las Corporaciones Autónomas Regionales (de Cundinamarca –CAR y del Canal del Dique -Cardique) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Dirección de Desarrollo Territorial, Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional y Viceministerio de Agua y Saneamiento).
Este grupo se encargó de diseñar la metodología de trabajo y de consolidar los resultados de dos talleres nacionales de trabajo, realizados en noviembre de 2007 y marzo de 2008, con participación de autoridades ambientales, representantes de entes territoriales, ministerios, organismos de control, academia y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).
Como resultado de este trabajo se estructuró el documento que se presenta a continuación y que tiene por objeto dar directrices para la gestión ambiental urbana. El esquema de gestión ambiental urbana que se propone supone un enfoque integral, con el propósito de articular las acciones de los diferentes actores institucionales y sociales que tienen que ver con la ejecución de las diferentes políticas, planes y normas ambientales, territoriales y sectoriales que se desarrollan en las áreas urbanas y que, de manera independiente, gestionan asuntos específicos del medio ambiente al interior del perímetro urbano.
Se propone que la gestión ambiental urbana considere una perspectiva urbano- regional, bajo el supuesto de que los asuntos ambientales, en la mayoría de los casos, desbordan las divisiones político administrativas, motivo por el cual su atención supone la acción conjunta y coordinada de los actores institucionales involucrados, dentro del ámbito de sus competencias.
La Política de Gestión Ambiental Urbana se desarrollará en el marco de la Política de Desarrollo Urbano contribuyendo, desde lo ambiental, con directrices y gestión que aporten al logro de los objetivos de política urbana, los cuales se orientan a la consolidación de ciudades más compactas, más sostenibles y más equitativas.
Para el logro de los objetivos y metas identificadas, así como para la ejecución de las actividades del plan de acción, se identifica claramente la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la definición de directrices que faciliten y orienten la gestión, así como la responsabilidad compartida de las autoridades ambientales regionales y urbanas en su coordinación y cooperación para la gestión de asuntos comunes. Esta organización permitirá a su vez facilitar la gestión de los entes territoriales, consolidar espacios de concertación y trabajo conjunto entre autoridades ambientales y entes territoriales y aunar recursos para la gestión ambiental urbana.
De igual forma, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del Viceministerio de Ambiente, coordinará la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana, para lo cual fortalecerá su gestión en temas ambientales urbanos y apoyará a las autoridades ambientales en los asuntos que se requieran.
En tal sentido, se propone un ejercicio periódico de seguimiento a la Política de Gestión Ambiental Urbana y se incluyen en el documento los indicadores mínimos de gestión, quedando para desarrollo posterior la definición de herramientas complementarias e indicadores de impacto que permitan evaluar la eficacia en el avance de las metas y objetivos y en el mejoramiento del estado del medio ambiente y, en consecuencia, de la calidad de vida de los habitantes de las áreas urbanas.
E segunda mitad del siglo XX, Colombia vivió una fuerte tendencia a la urbanización. Mientras en
1950 la población urbana correspondía al 39% del total de la población, en el 2005 ascendió al 76% y se
estima que en el 2020 superará el 80%. Estos asentamientos se localizan, en su mayoría, a lo largo
de tres ejes urbanos en las regiones andina, atlántica y sur occidente, con una progresiva conurbación y metropolización alrededor de las grandes ciudades (cifras incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007).
“Durante los próximos 15 años, las ciudades colombianas tendrán una fuerte presión demográfica. Para 2019, se estima que la población en cabeceras se incrementará en 10 millones de habitantes, el número de ciudades con más de 1 millón de habitantes pasará de 4 a 7 y las de más de cien mil habitantes pasarán de 37 a 55, lo que consolidará aún más el sistema de ciudades de nuestro país.
La estructura urbana en Colombia está conformada por un sistema de ciudades jerarquizado, compuesto
en su primer nivel por cuatro ciudades con población mayor a un millón de habitantes, que alberga el 38,4% de la población urbana, seguido por un conjunto de 33 ciudades con población entre cien mil y un millón de habitantes (denominadas ciudades intermedias), las cuales albergan el 29,8% de la población urbana. El resto del sistema urbano lo conforman las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, las cuales representan aproximadamente 96,6% del número total de ciudades del país pero solo concentran el 31,7% de la población urbana” (Plan Nacional de Desarrollo, 2007).
De acuerdo con el reciente estudio de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 1 que analiza el comportamiento del crecimiento poblacional urbano de los municipios de Colombia, Bogotá confirma su estabilidad como ciudad primada a lo largo de los últimos 55 años, participación que ha decrecido en menos de dos puntos porcentuales. La tendencia concentrativa de la capital se comparte con otros 83 municipios de crecimiento notable, que han ganado 6,8% en su participación desde 1950 hasta hoy.
Participación en el crecimiento poblacional urbano por grupos de municipios, Colombia 1950-2005
2.375.178
1.635.143
4.709.370
6.132.466
4.402.178
1.624.782
(170.706)
9.058.197
10.738.091
7.482.175
Fuente: Alfonso (2007)
1 Alfonso, Oscar. La cuestión poblacional urbana en Colombia. Cartilla de Población y Ordenamiento Territorial en
Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Fondo de Población de Naciones Unidas.
El siguiente grupo corresponde a los municipios de crecimiento estable, en el que su crecimiento promedio es considerablemente más bajo al del anterior, tendiendo a aproximarse más al grupo de municipios de crecimiento moderado. Son estos dos grupos de municipios, en total 694, los que enfrentan la disyuntiva de poblamiento/ vaciamiento, puesto que el crecimiento poblacional urbano de los de crecimiento moderado es de tan bajo nivel que ya se encuentran en proximidades del éxodo.
La tendencia del crecimiento poblacional urbano de los municipios expulsores de población urbana con éxodo moderado es semejante a la del grupo anterior, pero tiene la particularidad de que en el último interludio del desarrollo colombiano iniciado en 1992 su despoblamiento se ha acentuado. Esa misma tendencia es la de los municipios con éxodo persistente con la salvedad de que el éxodo es aún más pronunciado que el anterior.
Las tendencias concentrativas del crecimiento poblacional urbano, cuya evolución es inseparable de la consecuente desocupación del resto del territorio colombiano, significan un desafío social y con consecuencias ambientales asociadas. A nivel local, este desafío remite directamente a las intervenciones gubernamentales en materia de
desarrollo y ordenamiento municipal y regional, esto es, a la producción de bienes públicos y de normas que regulen
y promuevan la producción y distribución equitativa de riqueza.
Reconociendo que dichos procesos de urbanización asocian una problemática ambiental que puede contribuir al deterioro del medio ambiente, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, regula las condiciones de vida resultantes de los asentamientos humanos urbanos o rurales. También, determina que la planeación del manejo de los recursos naturales renovables y los elementos ambientales debe hacerse de manera integral, con el fin de contribuir al desarrollo equilibrado urbano y rural. Con esto, se sentaron las bases para la incorporación de la dimensión ambiental en los temas urbanos.
Posteriormente, con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se reordenó el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, organizándose el Sistema Nacional Ambiental SINA. Se transformaron
o crearon las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se estableció que los municipios,
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuera igual o superior a un millón de habitantes ejercerían, dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuera aplicable al medio ambiente urbano.
En el año 2002, con la Ley 768, que adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla; Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se asignó la competencia de autoridad ambiental al interior del perímetro urbano de dichos Distritos.
En el marco de esta nueva institucionalidad y de las competencias establecidas al entonces Ministerio del Medio Ambiente, se conformó el Grupo de Gestión Ambiental Urbana y se inició el trabajo en temas de gestión de medio ambiente en áreas urbanas, con el programa “Mejores Ciudades y Poblaciones” (PND 1994-1998) y el programa “Calidad de Vida Urbana” (PND 1998-2002), experiencias que culminaron en el año 2002 con la adopción de los “Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia”.
Dichos lineamientos constituyen el primer documento explícito de Política Ambiental para el contexto urbano y responden a las prioridades de gestión que en su momento fueron identificadas como ejes de la gestión ambiental urbana en Colombia. En ese documento, se aborda la gestión del medio ambiente en el perímetro urbano con una mirada de región, el centro urbano se concibe asociado y relacionado con una región circundante y bajo una aproximación integral de los diferentes elementos o factores que tienen que ver con la calidad ambiental urbana.
En los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia se establecieron dos objetivos generales. En primer lugar, la promoción, orientación y construcción de procesos de desarrollo urbano regional sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de las ciudades y las áreas metropolitanas, en sus relaciones sistémicas con la base natural, espacio construido y entorno regional; y en segundo término, el
mejoramiento de la capacidad de los actores institucionales y sociales para participar de manera activa, responsable
y articulada en la gestión urbano regional.
Para el logro de estos objetivos, se definieron las siguientes estrategias:
1. Regional: Enfocada a identificar la estructura ecológica o natural de soporte de las ciudades; definir la oferta regional de los recursos naturales; manejar la expansión urbana sobre el área rural; orientar las dinámicas urbanas de poblamiento regional; promover la articulación funcional regional de áreas urbanas; gestionar la localización regional de actividades e infraestructura urbana y la regionalización de infraestructuras de servicios urbanos y trabajar en la disposición regional de residuos que se originan en las áreas urbanas.
2. Urbana: Dirigida a trabajar amenazas y riesgos de origen natural y antrópico de las áreas urbanas; demanda urbana de recursos naturales renovables y su administración; generación de residuos; gestión del espacio público; transporte urbano sostenible y urbanismo y construcción.
3. Social: Dirigida a profundizar en la investigación ambiental urbano regional; consolidar los observatorios ambientales urbanos y municipales; promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la gestión ambiental urbano regional.
4. Institucional: Orientada a desarrollar instrumentos para el mejoramiento institucional de la gestión ambiental, de
los cuales se priorizaron los normativos; administrativos (Sistema de Gestión Ambiental -SIGAM); la coordinación interinstitucional; el monitoreo de la calidad ambiental de las áreas urbanas; la información ambiental urbano regional; la consolidación de la planificación ambiental urbano regional; el fortalecimiento financiero de la gestión ambiental urbana y la asistencia técnica y capacitación. Luego de la adopción de los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia y como consecuencia de la asignación de funciones a entidades u organismos nacionales dispuesta en la Ley 790 de 2002, con la cual se reformó la estructura de la administración pública en Colombia, se expidió el Decreto 216 de 2003, mediante el cual se definieron los objetivos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se le dotó de una nueva estructura orgánica, el Grupo de Gestión Ambiental Urbana se disolvió llevando a que los asuntos de medio ambiente en el contexto urbano continuaran avanzando de forma independiente y con una mirada sectorial (p.ej. aire, gestión de residuos, recurso hídrico, ordenamiento territorial) debilitándose la visión de conjunto o integral de la dimensión ambiental en el territorio urbano, propuesta en los lineamientos.
Para el periodo 2002-2006, dentro del Plan Sectorial “Camino hacia un país de propietarios con desarrollo sostenible” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo ambiental urbano se incorporó en dos políticas, la Política Ambiental y la Política de Desarrollo Territorial.
Por un lado, la Política Ambiental definió la Estrategia de Gestión Ambiental Urbana, que priorizó 4 líneas de acción similares a las estrategias definidas en los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia:
Contexto regional para la sostenibilidad de las ciudades.
Gestión para la configuración de ciudades sostenibles.
Gestión para aumentar la cohesión social.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión pública local y regional. Por el otro, la Política de Desarrollo Territorial estableció dos estrategias que tienen relación tanto con lo urbano como con lo ambiental:
Formulación de la política y lineamientos para temas estratégicos del desarrollo territorial
Impulso a la asistencia técnica dirigida a municipios y regiones Los principales avances en este periodo se encuentran en la gestión del recurso aire, con la expedición del documento CONPES 3344 de marzo de 2005, en el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del aire; el Decreto 979 de abril de 2006, con el cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 2005; la Resolución 0601 de abril de 2006 sobre calidad del aire o nivel de inmisión; la Resolución 0627 de abril de 2006 sobre ruido y las resoluciones 909 y 910 de 2008, sobre emisiones de fuentes fijas y móviles. También, la adopción de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el año 2005 y el Decreto 4741 de 2005 que la desarrolla.
Los resultados de la encuesta realizada a las autoridades ambientales en el año 2007, para evaluar la implementación de los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, permiten concluir que los principales avances tanto en la implementación de sus estrategias, como en el desarrollo de la Estrategia de Gestión Ambiental Urbana del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se han dado en la gestión de residuos urbanos, calidad del aire, ordenamiento territorial y expansión urbana sobre el entorno periurbano, riesgos y amenazas naturales, infraestructura de servicios urbanos y fortalecimiento administrativo, con la difusión réplica del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM.
Con relación a los desarrollos en materia de la Política Ambiental, es importante mencionar que en los últimos 15 años el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha avanzado en la formulación y adopción de Políticas Ambientales que desarrollan asuntos o problemas ambientales específicos, la mayoría de las cuales tiene relación con las áreas urbanas (Anexo 1). En estos documentos de Política, se establecen directrices para el manejo
y gestión de asuntos ambientales, que tocan lo urbano regional y que constituyen el marco de orientación de la gestión ambiental urbano regional.
2 Artículo 10 Ley 388 de 1997
A. AVAnCEs DE LA POLíTICA U RBAnA En COLOMBIA
De forma paralela y con relación al desarrollo de la política urbana en Colombia, en septiembre de 1995 se adoptó
el documento CONPES 2808, “Ciudades y Ciudadanía” Política Urbana del Salto Social, constituyéndose en el primer
documento de política que avanza en una visión integral y comprensiva del territorio urbano y en donde lo ambiental se incluye como una dimensión específica del desarrollo urbano.
Este documento abordó el problema del desarrollo urbano de manera integral, para coordinar las políticas nacionales en el espacio urbano, con los objetivos de fortalecer la capacidad del sistema de ciudades para responder a los retos de la apertura y contribuir a elevar los niveles de competitividad, gobernabilidad, solidaridad, sustentabilidad ambiental, identidad colectiva urbana y mejorar la calidad del espacio urbano construido.
Así mismo, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos- Hábitat II, realizada en junio de 1996, le otorgó a las autoridades locales, a las organizaciones sociales, a la academia, al sector de negocios y fundaciones, un espacio significativo para la concertación de políticas con el Estado central, a través de la convocatoria mundial de las mejores prácticas (best practices) de cada país orientada a establecer nuevos términos de cooperación entre ciudades. La dinámica planteada después de Hábitat II llevó a sondear opiniones sobre horizontes para modelar escenarios de la ciudad del futuro, con base en procesos sociales y políticos que están en curso y que son aportes valiosos, de distintos sectores de la sociedad civil y del Estado.
Uno de los desarrollos más importantes de Ciudades y Ciudadanía, es la Ley 388 de 1997, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial -POT, como instrumento básico para adelantar el proceso de ordenamiento territorial municipal.
La Ley 388 de 1997 definió que los POT, al ser un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo de los municipios 2 . En la elaboración y adopción de dichos Planes, los municipios y distritos deben tener en cuenta normas de superior jerarquía, dentro de las cuales están las normas ambientales nacionales y regionales relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
Directrices, normas y reglamentos expedidos por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales.
Regulaciones expedidas por las autoridades ambientales sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; disposiciones sobre reservas, alinderamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas y directrices y normas para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica.
Disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales.
Políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. En el año 2004, con base en la estrategia de Calidad de Vida Urbana definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se ajustó el marco de Política Urbana, con la aprobación del documento CONPES 3305 de 2004 “Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano”, dirigido a consolidar ciudades más compactas, más sostenibles, más equitativas y con la capacidad de gestionar y financiar su propio desarrollo. En estos lineamientos, las ciudades se entienden como una oportunidad de desarrollo económico y social, con una problemática asociada, dentro de la cual se incluye la problemática ambiental.
El Conpes 3305 de 2004 propone un modelo de desarrollo urbano en donde la “optimización de la política urbana
parte de la definición de un modelo de ciudad a ser integrado en las políticas e inversiones de la Nación en los centros urbanos, respondiendo a la problemática descrita. Son deseables ciudades densificadas, en la medida
que esta configuración estimula la concentración de actividades, disminuye los desplazamientos entre las áreas residenciales y los servicios urbanos y el empleo, favorece la reutilización de infraestructuras y estructuras existentes, promueve la utilización del transporte público y otros medios alternativos, reduce la presión sobre el poco suelo urbanizable y evita el sacrificio de áreas de conservación”.
Este modelo de compactación de áreas urbanas, se sustenta en decisiones de política nacional que buscan reducir
la ocupación de áreas ambientales estratégicas y suelos rurales, para obtener una mayor eficiencia en la gestión del
suelo y en consecuencia en la gestión ambiental urbana.
De esta forma, el modelo de ciudad propuesto debe cumplir con unos parámetros mínimos orientados a generar
una densificación planificada; garantizar la creación de espacio público, incluyendo los cuerpos de agua; contar con
la infraestructura necesaria para la utilización de medios alternativos de transporte; garantizar la funcionalidad de las
áreas residenciales y promover la participación del sector privado en el desarrollo de operaciones urbanas.
modelo de compactación de áreas urbanas se desarrollaría con 7 estrategias, dirigidas al impulso de la renovación
re-densificación urbana; al mejoramiento de las condiciones de los asentamientos precarios; a la promoción de
mecanismos de generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio público; al mejoramiento de la movilidad; al mejoramiento de la calidad de las áreas de expansión urbana y al ajuste institucional y normativo.
La Nación, en cabeza del DNP y con el propósito de construir una visión de desarrollo de largo plazo, viene trabajando la propuesta Visión Colombia 2019 en la cual plantea la estrategia de “Construir Ciudades Amables”. Según esta estrategia, “en el 2019 las ciudades Colombianas habrán adoptado patrones de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo, optimizando la localización de sus habitantes y sus actividades. Serán generadoras de crecimiento económico, amables con los ciudadanos, ambientalmente sostenibles, fuertes institucionalmente e integradas territorialmente”.
Diez principios de acción enmarcan las estrategias y orientan las metas, planes y proyectos de Ciudades Amables
y para el logro de sus objetivos se propone el desarrollo de 4 metas sectoriales en los siguientes temas: desarrollo urbano, vivienda, transporte y agua potable y saneamiento básico.
Los objetivos y principios de la Visión Colombia 2019 se plasman en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010: Desarrollo para Todos, en el capítulo 3, que se refiere a la “reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad” y en donde se incluye la estrategia de Ciudades Amables, que propone al gobierno nacional
y las entidades territoriales promover la consolidación de una red funcional de ciudades, con una infraestructura eficiente que permita dinamizar los mercados y fortalecer las complementariedades productivas, ambientales y culturales entre ciudades.
El objetivo fundamental es “evitar que las grandes ciudades sigan creciendo sin una planificación adecuada, lograr consolidar una red de servicios sociales en las intermedias y mejorar las condiciones de vida de las pequeñas, como estrategia fundamental para facilitar la gobernabilidad de las ciudades.
Para el logro de estos objetivos, se requiere una estrategia integral que permita avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, ligada a la adecuación de aquellos espacios donde habitan y se relacionan los ciudadanos. En este sentido, la construcción de Ciudades Amables debe soportarse sobre un modelo de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo, que permita optimizar la localización de sus habitantes en función de sus diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos para lograr un desarrollo sostenible. Se espera, entonces, que en los próximos cuatro años las ciudades sean generadoras de riqueza y crecimiento económico, amables con los ciudadanos, ambientalmente sostenibles, fuertes institucionalmente e integradas territorialmente”.
Ciudades Amables se orientará y desarrollará bajo los principios de facilitación de provisión de bienes y servicios; armonización del desarrollo urbano con su entorno natural; planificación del crecimiento de las ciudades; articulación de las políticas sectoriales de vivienda, agua potable y saneamiento básico y de transporte urbano; coordinación de las políticas nacionales y locales para el desarrollo de macroproyectos y fortalecimiento de las administraciones locales en la planificación del territorio.
La estrategia de implementación de Ciudades Amables se plantea a través del desarrollo de políticas sectoriales relacionadas con: desarrollo urbano, vivienda, agua potable, saneamiento básico y transporte; desarrollo de
lineamientos de política para la articulación adecuada de las políticas de agua potable, saneamiento básico y vivienda
y tres programas integrales transversales: saneamiento para asentamientos, mejoramiento integral de barrios; macroproyectos urbanos y renovación y re-densificación urbana.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial 3 , los principales avances en la implementación del CONPES
Informe de seguimiento con corte a mayo de
3305 de 2004, se encuentran en los temas de vivienda de interés social y bancos inmobiliarios; renovación y re-densificación urbana; mejoramiento integral de barrios; asistencia técnica y planes de manejo para proyectos de espacio público en ciudades Colombianas; asistencia técnica y acompañamiento en movilidad, a través del programa Mover Ciudad.
Los desarrollos ambientales del CONPES 3305 de 2004 se han dado en las estrategias de ordenamiento territorial; planes parciales de expansión y prevención y reducción de riesgos ambientales en los POT, ya que se ha brindado capacitación y asistencia técnica a los municipios para que incorporen la variable riesgo en el ordenamiento territorial. Así mismo, se cuenta con un estudio sobre reasentamientos en Colombia que servirá para que se definan los lineamientos de política de reasentamientos. En cuanto al fortalecimiento institucional, se está trabajando en el fortalecimiento de los planes y programas ambientales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y Cartagena.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuenta con el Programa de Asistencia Técnica para apoyar a municipios y regiones en los procesos de desarrollo territorial, en el cual se ha incluido un componente de coordinación interinstitucional, para llevar a éstos los recursos de asistencia técnica e información necesarios para el avance de los procesos y el fortalecimiento del nivel intermedio entre la Nación y lo local (gobernaciones, autoridades ambientales y programas especiales).
Uno de los resultados de este Programa, es la información suministrada por 217 municipios en el año 2006, basada en documentos de soporte técnico de los Planes de Ordenamiento Territorial -POT y sus decretos reglamentarios, en donde se encuentra que el 96% de los municipios ha incorporado aspectos relacionados con la conservación
y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en sus POT, tal como se observa en la Tabla No. 2.
De esta forma, con los instrumentos Plan de Ordenamiento Territorial -POT, Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT
o Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT los municipios han incluido dentro de sus programas territoriales de
desarrollo aspectos relacionados con áreas de protección para la conservación y protección del medio ambiente y los
recursos naturales, mejorando en este nivel aspectos relacionados con la articulación entre la planificación urbana y
la política ambiental en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y la zonificación de usos del suelo.
Incorporación de Políticas y Directrices Ambientales en los POT, EOT y PBOT
I. OBJETIVOS – POLITICAS Y ESTRATEGIAS
Se definieron objetivos y políticas territoriales para los siguientes temas
1. Relaciones funcionales urbano - regional y urbano – rural
2. Infraestructuras y equipamientos de apoyo a actividades económicas (sector primario, secundario y terciario)
3. Servicios sociales (educación, salud, cultura, recreación y deporte)
4. Áreas de reserva para sistemas de comunicación (vías y transporte)
5. Identificación y evaluación de amenazas y reducción de riesgos
6. Conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
7. Conservación y protección del patrimonio
8. Vivienda de interés social
9. Servicios públicos domiciliarios
Señalamiento de áreas de reserva en los POT
31. Se señalaron áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
32. Se señalaron áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio
33. Se señalaron áreas de reserva para el aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios
34. Se señalaron áreas expuestas a amenaza y riesgo no mitigables para la ubicación de asentamientos humanos
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, encuesta realizada en 217 municipios, Año 2006.
Igualmente el Ministerio, durante el último cuatrienio, ha adelantado otras acciones con el fin de incorporar elementos ambientales en las decisiones sobre el desarrollo urbano, como la incorporación de las variables de riesgo en los procesos de ordenamiento territorial; la definición de documentos para discusión relacionados con determinantes ambientales para Planes Parciales y Planes de Ordenamiento Territorial -POT; la reglamentación sobre ordenamiento del suelo rural (Decretos 97 de 2006 y 3600 de 2007); el fortalecimiento institucional mediante implementación de Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas Básicos de Información Municipal –SISBIM, y la participación en el Programa “Mover Ciudad”, al igual que en algunos documentos CONPES sobre sistemas integrados de transporte masivo.
Es así como la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio ha propuesto que con el concurso de las autoridades ambientales se fortalezca el Sistema Nacional Ambiental -SINA desde la base municipal, utilizando para ello los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM, para que de manera sistémica se facilite al ente municipal a adelantar acciones integrales y articuladas en materia de compromisos, derechos y deberes de las administraciones municipales y de sus comunidades, con la gestión del medio ambiente y del desarrollo sostenible.
Los SIGAM, contemplan de manera integral y matricial, la interacción de dos aspectos fundamentales: aquellos relacionados con las potencialidades ambientales, así como la identificación de los problemas ambientales urbanos, rurales y regionales y aquellos representados por el conjunto de instrumentos para la gestión ambiental municipal.
En lo que tiene que ver con el enfoque regional, el Ministerio, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, viene trabajando en una propuesta de “Política para el Desarrollo Territorial de Regiones Estratégicas Colombianas: las regiones estratégicas en la Visión Colombia 2019”. La propuesta contiene un balance del desarrollo general de la Nación sobre la base departamental, identifica algunos factores diferenciales de regiones Colombianas, formula una estrategia preliminar para el desarrollo regional y establece cuatro líneas de política para 26 regiones estratégicas. El documento representa una propuesta para el desarrollo territorial de regiones estratégicas y complementa desde la perspectiva del ordenamiento territorial la visión del país enunciada en el documento Colombia 2019 y actualmente es objeto de discusión y ajuste con actores y entidades del orden nacional, regional y local.
En relación con las normas sobre planeación urbana sostenible, el gobierno nacional, con la expedición de la Ley 1083 de julio de 2006, estableció directrices sobre movilidad sostenible en distritos y municipios con Planes de Ordenamiento Territorial. Esta norma encarga a los alcaldes de los municipios y distritos la adopción mediante Decreto de los Planes de Movilidad, los cuales deberán:
Identificar los componentes relacionados con la movilidad, como los sistemas de transporte público, la estructura vial, red de ciclorrutas, la circulación peatonal y otros modos alternativos de transporte;
Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el POT. En especial, se debe diseñar
una red peatonal y de ciclorrutas que complemente el sistema de transporte y articule las zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad propuestas en el
Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación;
Crear zonas sin tráfico vehicular, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta
o en otros medios no contaminantes;
Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta
o en otro medio no contaminante, así como en vehículos de transporte público de pasajeros que funcionen con combustibles limpios;
Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte. En este punto conviene mencionar la expedición, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del Decreto 3600 de septiembre de 2007, con el cual se establecen disposiciones relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, con el objeto de incidir sobre la urbanización indiscriminada y frenar la industrialización no planificada en el suelo rural, que en muchos casos se ha ignorado en los procesos de planificación territorial.
Este Decreto establece reglas para el ordenamiento del suelo rural suburbano y rural no suburbano y se adoptan disposiciones sobre la expedición de Licencias Urbanísticas en este tipo de suelos.
Por último y con relación al saneamiento ambiental, se expidieron los documentos Conpes 3246 de 2003 “Lineamientos de política para el sector de acueducto y alcantarillado” y 3463 “Planes departamentales de agua y
saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”, aprobado en marzo de 2007.
El marco institucional para la gestión ambiental parte de lo previsto en la Ley 99 de 1993, que define al Ministerio
como cabeza del Sistema Nacional Ambiental –SINA y rector de la política ambiental, a las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible como autoridades ambientales en las áreas urbanas y rurales de los municipios de su jurisdicción, con excepción del interior del perímetro urbano de los Grandes Centros Urbanos y de los Distritos creados mediante Ley 768 de 2002.
Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, al interior del perímetro urbano de los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población igual o superior a un millón de habitantes, ejercen funciones de autoridad ambiental: el Distrito Capital de Bogotá, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Cali. Posteriormente, la Ley 768 de 2002, que adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario
e Industrial de Barranquilla; Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, les asignó la competencia de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano de la cabecera Distrital, con lo cual, actualmente en el país existen 6 autoridades ambientales urbanas.
En materia de funciones ambientales relacionadas con las áreas urbanas o asentamientos humanos, el artículo 5 de
la Ley 99 de 1993 establece funciones específicas al Ministerio del Medio Ambiente, algunas de las cuales conviene
Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural.
Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes el Sistema Nacional Ambiental -SINA.
Formular la política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana.
Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos.
Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del SINA, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente.
El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece para los denominados Grandes Centros Urbanos las mismas funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR en lo que fuera aplicable al medio ambiente urbano y señala que además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar
para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección
o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
De otra parte, la Ley 99 de 1993, en su artículo 64, asigna funciones ambientales a los departamentos, que se
enfocan básicamente a la promoción y ejecución de las políticas ambientales nacionales y a dar apoyo presupuestario, técnico, financiero y administrativo a las CAR, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en
el ámbito departamental, para la ejecución de programas y proyectos relacionados con la conservación del medio
Los municipios y distritos que no tienen población igual o superior a un millón de habitantes, tienen funciones ambientales que están establecidas en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 y que se enfocan a la promoción y ejecución de las políticas nacionales, regionales y sectoriales que se relacionen con el medio ambiente; velar por el cumplimiento de las normas ambientales; defender el patrimonio ecológico del municipio; coordinar acciones de control y vigilancia y dictar las normas de ordenamiento territorial del municipio, entre otras.
No obstante lo anterior, las Áreas Metropolitanas constituidas en virtud de lo establecido en la Ley 128 de 1994, así como las constituidas por el Acto Legislativo No. 2 de 2007 y que están en proceso de consolidación: Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos de Buenaventura y Tumaco; Distrito Especial
Ecoturístico, Histórico y Universitario de Popayán; Distrito Histórico y Cultural de Tunja; Distrito Especial de Turbo
y el Distrito Especial Fronterizo y Turístico de Cúcuta, han empezado a demandar desarrollos normativos que les
permita ejercer como autoridad ambiental, e incluso las ya consolidadas como tal, consideran que se debería ampliar su jurisdicción a todo el perímetro de su jurisdicción metropolitana y no solamente al interior de los perímetros urbanos de los municipios que las conforman, esto con el fin de afrontar los grandes retos ambientales urbanos que demanda su constante crecimiento.
Al respecto, es conveniente aclarar que de acuerdo con la Ley 99 de 1993, tales municipios, distritos o áreas
metropolitanas sólo podrán constituirse en Grandes Centros Urbanos, cuando tengan una población igual o superior
al millón de habitantes, en cuyo caso sólo ejercerán sus funciones al interior del perímetro urbano.
n el ejercicio de evaluación de los avances y resultados de la implementación de los Lineamientos Ambientales
para la Gestión Urbano Regional en Colombia, se ha identificado la necesidad de hacer algunas precisiones
conceptuales en temas relacionados con la gestión ambiental urbana en Colombia, debido a que un problema recurrente que no ha permitido el desarrollo de las estrategias o la adecuada coordinación de los
actores involucrados en la gestión urbana, se origina en las diferentes aproximaciones conceptuales o interpretaciones de cada tema. Con el propósito de unificar conceptos y facilitar la gestión y coordinación interinstitucional se desarrollan
a continuación algunos aspectos conceptuales identificados como estratégicos.
Con el propósito de avanzar en forma coherente con los principios del desarrollo sostenible establecidos en la legislación ambiental y los Objetivos del Milenio, la gestión ambiental urbana en Colombia se inscribirá dentro de los desarrollos conceptuales de la ‘ciudad sostenible’.
De acuerdo con dichos desarrollos conceptuales y en el marco de esta política, la ciudad sostenible se entenderá como aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 4 .
Este concepto se complementa con las consideraciones de los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano
Regional en Colombia, según los las cuales, “la sostenibilidad de las ciudades no puede referirse únicamente a las formas de ocupar, producir y consumir el espacio construido para garantizar la permanente regeneración de sus sistemas sociales y económicos mediante la adopción de patrones de ordenamiento y ocupación del suelo urbano. La vida humana en las ciudades depende fundamentalmente de su relación con regiones próximas
y lejanas de las cuales obtiene los insumos de energía y materia esenciales para su reproducción sostenida y creciente.
Por lo tanto, para asegurar el desarrollo sostenible de las ciudades Colombianas, éstas deben de manera prioritaria, establecer una nueva forma de relación con las regiones circundantes de las cuales depende su metabolismo. Para esto es necesario adoptar un esquema de gestión descentralizado y democrático del desarrollo urbano que permita un uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables en el contexto regional, teniendo como referente su disponibilidad y renovabilidad, así como las condiciones de agotabilidad y demanda a las que son sometidos”.
En este orden de ideas, la gestión de las ‘ciudades sostenibles’ requiere la acción planificada, coordinada, concurrente
y subsidiaria de las autoridades ambientales, sectoriales y territoriales que tienen relación con el centro urbano, para que cada una, dentro de su ámbito de acción, pueda garantizar su planificación armónica e integral, con miras a asegurar la adecuada interacción del centro urbano con la región que lo alberga y de la región con el centro urbano que la utiliza como soporte de su supervivencia y sostenibilidad.
LA GEsTIón AMBIEnTAL URBAnA
Dada su complejidad, la gestión del medio ambiente en el contexto urbano implica un esquema propio y ordenado de gestión ambiental, el cual debe orientarse bajo el concepto de que la gestión ambiental es un “conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global” 5 .
De otra parte, en términos ambientales, debe considerarse que la gestión de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales, no debe entenderse como los procesos e interacciones que se suceden exclusivamente en el perímetro urbano, puesto que los efectos e impactos ambientales generalmente trascienden dicho perímetro. Se hace necesario entonces, que la gestión ambiental urbana aborde los problemas propios que se suceden al interior del perímetro urbano y sus efectos sobre la región o regiones vecinas.
4 Este concepto se construyó con base en la definición de ciudad sostenible tomada del Tesauro Ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: “Aquella que integra la sustentabilidad ecosistémica y el desarrollo urbano, que tiene un sector económico y social bien desarrollado y un entorno libre de contaminación, una ciudad que cuida la salud y el desarrollo intelectual y personal de sus habitantes y visitantes”
5 Guhl, 1998.
6 Esta definición se construyó en los
Tesauro Ambiental (año 2005), los
de Guhl en 1998 y demás
sobre el modelo de gestión ambiental
existe en Colombia
y con la concepción urbano regional expresada en los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, 2002.
De acuerdo con lo anterior y para efectos de esta política, la gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas.
La gestión ambiental urbana es una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional. Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la protección y funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dentro de un marco de ciudad sostenible 6 .
En consecuencia, la gestión ambiental urbana debe centrarse en dos ejes principales:
El primero, la gestión ambiental de los componentes constitutivos del medio ambiente, comúnmente denominados recursos naturales renovables:
Agua (en cualquier estado)
Atmósfera (troposfera y estratosfera)
Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos)
Fuentes primarias de energía no agotable
Paisaje El segundo eje, la gestión ambiental de los problemas ambientales, entendida como la gestión sobre los elementos o factores que interactúan e inciden sobre el ambiente en las áreas urbanas, entre los cuales se pueden mencionar:
Factores que ocasionan contaminación y deterioro de los recursos naturales renovables
Factores que ocasionan pérdida o deterioro de la biodiversidad
Factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del paisaje
Inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos
Uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de energía
Riesgos de origen natural y antrópico
Patrones insostenibles de ocupación del territorio
Patrones insostenibles de producción y consumo
Baja o falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas urbanas
Pérdida de valores socio - culturales de la población urbana, que puede llevar a la pérdida de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia del entorno
Insuficiente respuesta institucional del SINA, en términos de escasos niveles de coordinación y baja capacidad técnica y operativa para atender la problemática urbana. Conviene aclarar en este punto que la gestión para el manejo de estos recursos, elementos y factores en las áreas urbanas involucra, de manera diferenciada, a las autoridades ambientales regionales –CAR, a los Grandes Centros Urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, a las autoridades del artículo 13 de la Ley 768 de 2003 y a los entes territoriales, dentro de su respectivo marco de competencias y jurisdicciones.
De lo anterior se deriva que para la adecuada gestión y administración del medio ambiente dentro del perímetro urbano y la oportuna atención de los problemas ambientales urbanos, las autoridades ambientales de las áreas urbanas y los entes territoriales, cada uno dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales deberán, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente:
1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional,
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos; y
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad respecto del ambiente, los recursos naturales renovables y los elementos ambientales y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente.
LO URBAnO REGIOnAL
Uno de los principales resultados del proceso de formulación de los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, es la comprensión de que lo urbano no se debe restringir al área delimitada como suelo o perímetro urbano sino que los asuntos y problemas del medio ambiente en las áreas urbanas desbordan estos límites y abordan tanto los elementos propios del área urbana, como las relaciones que se generan con la región vecina.
Por lo anterior, para efectos de esta política, lo urbano regional se entenderá como el conjunto de interrelaciones entre el área urbana y los ecosistemas en los que se encuentra, producidas por la demanda de recursos naturales renovables desde el área urbana hacia la región vecina e indirectamente hacia otras regiones y por los efectos o impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, por las actividades humanas y la concentración de población.
En este punto, es importante tener en cuenta las dinámicas y procesos actuales de configuración urbana, que se pueden considerar como procesos propios de configuración regional, en donde las dinámicas poblacionales y el relacionamiento entre áreas urbanas son cada vez más fuertes y se expresan en el territorio como redes de conurbación urbana que pueden con el tiempo conformar áreas metropolitanas o ‘regiones urbanas’, es decir áreas o zonas que tienen una clara identidad urbana, con una conformación principal de población y actividades económicas urbanas.
Para efectos de la gestión ambiental urbana, es importante tener en cuenta estas realidades y considerarlas como uno de los elementos que puede contribuir a facilitar la coordinación y cooperación interinstitucional en el desarrollo de dicha gestión.
L a problemática ambiental actual en las áreas urbanas Colombianas está determinada por una combinación compleja
de factores, dentro de los cuales se destacan la falta de conocimiento sobre el estado, el uso y la afectación de los
recursos naturales renovables; las dinámicas desordenadas de crecimiento y los patrones insostenibles de uso
y tenencia del suelo; la mala calidad del hábitat urbano y de los asentamientos humanos; los impactos ambientales derivados de las actividades económicas y de servicios y las condiciones sociales y culturales de la población.
Con base en información secundaria y de consulta remitida por las autoridades ambientales para la formulación de esta política, a continuación se sintetiza el diagnóstico de la problemática ambiental de las áreas urbanas:
Problemática relacionada con los recursos naturales renovables
Carencia de una línea base consolidada de información sobre el estado de los recursos naturales renovables y el ambiente, que soportan los requerimientos de la población urbana en sus diferentes actividades y usos, tanto como soporte de vida, como sumidero de residuos.
Dependencia hídrica de otras cuencas, ilegalidad en el uso del agua, baja oferta hídrica, uso y manejo irracional del recurso hídrico.
Alta impermeabilización de las zonas de recarga, aprovechamiento informal del recurso hídrico, contaminación del agua.
Alto grado de transformación de la estructura del paisaje natural.
Alto grado de fragmentación de los ecosistemas naturales, afectación de la biodiversidad local y regional, incrementando del porcentaje de especies en riesgo, alta reducción del área ocupada con cobertura boscosa nativa, degradación o pérdida de ecosistemas urbanos.
Intervención antrópica en áreas de importancia ambiental y cultural, con fragmentación o pérdida de ecosistemas y deterioro del patrimonio cultural, por procesos de ocupación del territorio.
Uso inadecuado del suelo, subutilización del suelo, pérdida de área rural y de suelos de protección. Problemática relacionada con los riesgos de origen natural y antrópico
Desarrollo de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y amenaza.
Aumento de la vulnerabilidad por factores inducidos como degradación del paisaje, pérdida de vegetación, deterioro de cuencas, aumento de erosión y sedimentación, cambio climático.
Desarrollo de actividades productivas y de servicios en zonas pobladas, que generan alto riesgo de origen antrópico.
Ocupación de suelos de protección con asentamientos formales e informales, suburbanización.
Baja capacidad y preparación de la mayoría de las administraciones municipales para realizar una efectiva labor de prevención y atención de desastres. Problemática relacionada con los asentamientos y la calidad del hábitat construido
Asentamientos desarrollados con poca o nula planificación ambiental.
Utilización insostenible del suelo urbano
Procesos de urbanización y crecimiento demográfico acelerados, que generan alto grado de hacinamiento en grandes ciudades.
Déficit de equipamiento urbano.
Reducción, invasión, deterioro o pérdida de los elementos naturales del espacio público.
Bajos índices de cantidad y calidad de espacio público.
Deficiencia en la cobertura de servicios públicos que conlleva deterioro o contaminación del ambiente.
Hogares que no cuentan con sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, y recurren a sistemas alternativos o ilegales.
Baja cobertura de tratamiento de aguas residuales.
Problemas de movilidad urbana, asociados a altos tiempos de transporte y contaminación del aire.
Sistemas de transporte improductivos y desordenados que deterioran el espacio público.
Ausencia de dotaciones para la favorecer la movilidad de peatones.
Alta generación de residuos, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y tratamiento de residuos, manejo inadecuado de residuos peligrosos, inadecuada disposición de residuos.
Emisión descontrolada de gases de efecto invernadero.
Carencia de esquemas de mantenimiento y sostenibilidad de los espacios construidos.
Precaria planificación y control de algunas entidades territoriales sobre el suelo urbano, de expansión y suburbano.
Insuficiente control y seguimiento a los desarrollos urbanísticos en zonas vulnerables y de alta aptitud agropecuaria. Problemática relacionada con las actividades económicas y de servicios
Inadecuada localización de actividades productivas en suelo urbano y suburbano.
Deterioro de la calidad del aire y afectación de la capa de ozono, por emisiones de contaminantes industriales y emisiones de material particulado del parque automotor, entre otros.
Configuración de zonas críticas de contaminación del aire por material particulado.
Prácticas insostenibles de uso de recursos naturales renovables e inadecuadas para las condiciones ambientales de la región.
Contaminación ambiental por el mal manejo y tratamiento de vertimientos líquidos y residuos sólidos.
Deficiencias en la adopción de prácticas de producción y consumo sostenible.
al desarrollo de las actividades productivas y de servicios, en las áreas
Insuficiente control y seguimiento
Conflictos ambientales entre actividades productivas y residentes de áreas urbanas. Problemática relacionada con la normativa y la planificación
Vacíos en la normativa ambiental y urbana.
Baja capacidad de los municipios para implementar normas para el control urbanístico, y para el control y seguimiento al ordenamiento territorial.
Carencia de directrices para el desarrollo de la actividad minera y dificultades de coordinación con las administraciones locales y el sector.
Insuficiente incorporación y control de los determinantes ambientales de los POT y EOT.
Procesos de ordenamiento territorial débiles.
Debilidad de políticas que orienten la gestión urbano-regional.
Poca articulación de los instrumentos de planificación ambiental con los de ordenamiento urbano y baja adopción e implementación de los mismos.
Proliferación de planes ambientales y sectoriales, carentes de armonización.
Falta de evaluaciones sobre los componentes de los POT. Problemática relacionada con lo institucional
Poco acompañamiento y apoyo del nivel central, a las regiones y municipios.
Desarticulación operativa de las entidades del SINA e insuficiente respuesta institucional, en términos de escasos niveles de coordinación y baja capacidad técnica y operativa para atender la problemática ambiental urbana.
Dificultades y conflictos para atender las zonas compartidas o limítrofes.
Falta de articulación y comunicación entre las autoridades ambientales y los actores sociales.
Deficiencias en la coordinación entre las autoridades ambientales, las administraciones locales y el sector productivo.
Insuficiencias en el seguimiento, control y vigilancia ambiental.
Falta de concertación de estrategias para impulsar el uso eficiente y la prevención de la contaminación con los principales sectores productivos.
Poca articulación y discontinuidad de políticas y acciones públicas que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales renovables en las áreas urbanas.
Inexistencia de instituciones encargadas de espacio público en los municipios.
Falta de recursos para la gestión ambiental urbana. Problemática relacionada con lo social
Pobreza que potencia la vulnerabilidad y el deterioro ambiental.
Fuertes cambios en la dinámica poblacional, en especial en grandes ciudades y regiones urbanas.
Conflicto armado que convierte algunas regiones en expulsoras de población.
Debilidad en las políticas nacionales y regionales que orientan la gestión urbano-regional.
Baja cobertura de los servicios de saneamiento básico.
Pérdida de identidad cultural y poca apropiación social de lo ambiental.
Insuficiente educación ambiental.
Baja cultura ambiental.
Falta de participación y control social, en la gestión ambiental urbana.
Deficiencias en el seguimiento, control y vigilancia ambiental de las administraciones municipales, la sociedad civil y las autoridades ambientales. Al analizar la problemática expuesta, los principales problemas ambientales de las áreas urbanas se pueden reunir alrededor de los siguientes grupos de problemas:
El primer grupo, relacionado con la falta de conocimiento de la base natural y el uso no sostenible de los recursos naturales renovables que soportan las áreas urbanas, con escasa o nula planificación de las demandas sobre los recursos naturales renovables necesarios para su desarrollo y patrones de uso insostenible de los recursos naturales renovables.
El segundo grupo, relacionado con los procesos no planificados de conformación de las áreas urbanas, con asentamientos irregulares e ilegales, relacionados con la creciente vulnerabilidad ante amenazas de origen natural y antrópico, debido a la alta concentración de población y la consolidación de asentamientos en zonas de alto riesgo y deterioro ambiental.
El tercer grupo, relacionado con problemas de calidad del hábitat urbano generados por el desarrollo urbano sin la incorporación de la dimensión ambiental; desarrollo de asentamientos precarios y con hacinamiento; prácticas inapropiadas de ocupación y uso insostenible del suelo urbano; reducción o uso inapropiado del espacio público; gestión ambiental deficiente de los servicios públicos; uso insostenible, contaminación o deterioro de los recursos naturales renovables y problemas de movilidad y transporte.
El cuarto grupo, relacionado con los impactos ambientales crecientes de las actividades productivas (industriales, comerciales, agrícolas, mineras, etc.), por su inadecuada localización; excesiva demanda y mal uso de los recursos naturales renovables y de fuentes de energía; emisión de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos y vertimientos de aguas residuales, que generan conflictos con los residentes urbanos.
El quinto grupo, relacionado con los problemas de coordinación y articulación entre las autoridades ambientales, territoriales y sectoriales; debilidad institucional en la planificación y gestión ambiental urbana e insuficiente asignación de recursos técnicos y financieros para la gestión ambiental urbana.
El sexto y último grupo corresponde a la dimensión social y está relacionado con la baja educación y participación de la sociedad civil organizada y de los habitantes de las áreas urbanas en la gestión ambiental urbana, así como con la necesidad de generar cambios culturales hacia hábitos de consumo sostenible.
A pesar de los esfuerzos y logros alcanzados en materia de gestión ambiental urbana, el estado del medio ambiente en las áreas urbanas en Colombia sigue siendo una de las prioridades de la política ambiental, por diferentes motivos: el número significativo de población asentada en
áreas urbanas; las claras tendencias de crecimiento de las grandes ciudades; los efectos que generan las áreas urbanas sobre las regiones y la concentración de problemas ambientales en el territorio urbano.
Quince años después de la organización del SINA y la conformación de los Grandes Centros Urbanos, continúan
identificándose como principales problemas ambientales urbanos la expansión urbana desordenada y descontrolada,
la mala calidad ambiental de las áreas urbanas, las altas demandas y consumos de recursos naturales, los problemas
de movilidad, la invasión y deterioro del espacio público, los riesgos de origen natural y antrópico, el manejo de los residuos y la contaminación ambiental, asuntos que imponen la revisión y ajuste de los esquemas e instrumentos de planificación y gestión hasta el momento empleados en la gestión ambiental urbana.
Para atender estos asuntos, se sigue favoreciendo una perspectiva sectorial de tratamiento de los temas, sin que hasta el momento se hayan desarrollado mecanismos e instrumentos apropiados y efectivos que faciliten la gestión bajo una visión integral de la dimensión ambiental en el desarrollo urbano.
Reconociendo esta situación, el actual Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo ambiental “Una Gestión Ambiental
y del Riesgo que Promueva el Desarrollo Sostenible”, prioriza la gestión ambiental de las áreas urbanas del país,
ya que albergan cerca del 75% de la población nacional y poseen una compleja problemática ambiental. Por ello, identifica la necesidad de formular una Política Ambiental Urbana, en el marco de los lineamientos de la política de Ciudades Amables, para orientar y ordenar integralmente la gestión ambiental en dichos centros.
Con la Política de Gestión Ambiental Urbana se busca dar respuesta a este mandato, profundizando en los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia establecidos en el año 2002 y con el objeto de mejorar los instrumentos de gestión y los mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten el manejo y gestión de los elementos ambientales de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas del país.
De igual forma, con la Política de Gestión Ambiental Urbana se articulan los objetivos de política ambiental con los objetivos de política de desarrollo urbano, con el fin de desarrollar el componente de sostenibilidad ambiental urbana de Ciudades Amables.
Alcance, objetivos y estrategias
La Política de Gestión Ambiental Urbana se propone para todo el territorio nacional y se orienta a definir principios e instrumentos de política pública, que permitan manejar y gestionar
el medio ambiente al interior del perímetro urbano de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas, acorde con
sus características específicas y sus problemáticas ambientales actuales.
El alcance de esta Política comprende un enfoque integral de la gestión ambiental urbana soportado en las políticas
existentes, para lo cual define directrices y criterios de articulación de las diferentes políticas, programas y planes
sectoriales formulados o en proceso 7 de formulación, así como las acciones para atender los problemas ambientales de las áreas urbanas, según sus características propias.
Esta política aborda como estratégico los problemas de falta de articulación y coordinación que tradicionalmente se han presentado entre las autoridades ambientales de los Grandes Centros Urbanos y las de los Distritos definidos por la Ley 768/02 con las Corporaciones Autónomas Regionales vecinas, para lo cual se propone un enfoque de coordinación y cooperación para la gestión ambiental.
Por último, el alcance de esta Política se inscribe en la visión de una ‘ciudad sostenible’ deseada en el territorio colombiano, que reúne las siguientes características:
Conoce la base natural que la soporta y desarrolla estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables que conforman dicha base.
Implementa planes de gestión integral del riesgo ante amenazas de origen natural y antrópico.
Contribuye al mejoramiento del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de sus actividades de servicios públicos, del paisaje y del espacio público.
Gestiona la sostenibilidad ambiental de sus procesos productivos.
Orienta estrategias de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad.
Desarrolla procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos concientes de sus derechos y deberes ambientales
A partir de estas características, cada área urbana del territorio nacional, con el apoyo de las autoridades ambientales, de acuerdo con su tamaño, problemática ambiental específica y particularidades regionales, deberá ajustarse a esta
visión y desarrollar las estrategias, metas y actividades que a continuación se definen, con el fin de alcanzar los
formulación por
Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando
recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con
el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de
integral de barrios,
participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores,
reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia.
sostenible, entre
Mejorar el conocimiento de la base natural de soporte de las áreas urbanas y diseñar e implementar estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables.
Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo en las áreas urbanas.
Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de las actividades de servicios públicos, la movilidad, y la protección y uso sostenible del paisaje y del espacio público.
Gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos desarrollados en las áreas urbanas.
Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental.
Objetivo 6: Desarrollar procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales, promoviendo usos y consumo sostenibles.
Las estrategias para la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana son de carácter transversal y general y apuntan a lograr el cumplimiento del objetivo general de la política y a mantener el enfoque integral de la gestión. Por tal motivo, el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, deberá contemplar el desarrollo de acciones específicas que correspondan a las estrategias que a continuación se plantean.
Estrategia 1 - Coordinación y cooperación interinstitucional: Esta estrategia se orienta a mejorar, ampliar y consolidar espacios de coordinación, cooperación y cogestión entre los entes territoriales y las autoridades ambientales para la implementación y seguimiento de la Política de Gestión Ambiental Urbana.
Para tal fin, se prevé lo siguiente:
Desarrollar acciones de articulación y coordinación para la planificación ambiental territorial entre las diferentes instituciones con competencia en el tema, en especial en aspectos como formulación de planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas; formulación y gestión de planes de manejo de ecosistemas y áreas protegidas compartidas; formulación y ejecución conjunta de proyectos compartidos; constitución de fondos de descontaminación hídrica de cuencas comunes; manejo de áreas suburbanas, entre otros.
Incrementar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional y evaluar periódicamente su gestión para que permitan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental urbana.
Asignar los recursos técnicos y financieros necesarios para la implementación de la Política.
Establecer directrices, normas y procedimientos para la articulación de acciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas, para el manejo y financiación de proyectos comunes.
Desarrollar acciones para la articulación entre autoridades ambientales, entes territoriales y autoridades sectoriales.
Estrategia 2 - Participación ciudadana: Esta estrategia se orienta a incrementar la cultura, la conciencia ambiental y el grado de participación de los ciudadanos urbanos en la solución de los problemas ambientales urbano regionales.
Promover los espacios de participación existentes y generar nuevos, de tal forma que se permita la vinculación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana.
Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre autoridades ambientales, entes territoriales y comunidad.
Promover espacios de formación y control social para la gestión ambiental urbana.