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Timestamp: 2016-08-28 03:37:34
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Informe de Gestión 2010 Bloque Movimiento Popular Neuquino 1.
Neuquén, marzo de 2011.A la Señora Presidenta dela Honorable Legislaturade la Provincia del Neuquén,Dra. Ana PechénS / DRef.: Informe Gestión Año 2010 Alicia Comelli, en mi carácter de diputada de la Nación por la provincia del Neuquén y presidentadel Bloque del Movimiento Popular Neuquino en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,integrado también por los diputados Olga Guzmán y José Brillo, tengo el agrado de dirigirme a usted paracumplir una obligación insoslayable que es la de rendir cuentas de lo actuado durante el 2010, en el cargocon el que nos honrara la ciudadanía neuquina ante los representantes elegidos por la misma: la HonorableLegislatura de la Provincia del Neuquén. El presente Informe de Gestión pretende reflejar el compromiso asumido en función del cualorientamos nuestra actividad prioritariamente hacia la defensa de los intereses de nuestra provincia y a lapromoción de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos todos. El informe se compone de siete secciones. Las dos primeras están destinadas a desarrollar laactividad global de la Cámara Baja. En ellas, se expone resumidamente una crónica y descripción de losasuntos más relevantes que fueron debatidos durante el período 128° de Sesiones Ordinarias y se detallanlos debates tanto en comisiones como en sesión. Además se da cuenta de la posición asumida por el bloquedel MPN en cada caso. Las secciones tercera, cuarta y quinta reúnen de manera individual los proyectos y actividadespolíticas y parlamentarias de cada miembro del bloque. Se presenta una selección de los proyectos de leymás relevantes de cada uno así como su la labor en las comisiones que integran. Asimismo, se rinde cuentade las pensiones graciables, subsidios y becas que, en función del presupuesto de la Cámara Baja, losdiputados entregan cada año. La sexta sección se compone de un resumen de las gestiones administrativas llevadas a cabo por elbloque en su conjunto durante el 2010. En la séptima sección se ofrece un análisis estadístico y descriptivo de la actividad parlamentaria dela cámara, vinculado con la actividad parlamentaria vinculado en particular con el Bloque del MPN. Y en laoctava y última sección se presentan las apariciones de los miembros del bloque en la prensa escrita. 2.
Palabras Iniciales A poco de iniciar la tarea de elaborar una suerte de rendición de cuentas de mi actividad comodiputada de la Nación, cargo con el que me honrara la ciudadanía neuquina, y como presidenta del Bloquedel Movimiento Popular Neuquino, en representación también de los Diputados Olga Guzmán y José Brillo,comprendí que no debía circunscribirme a un análisis cuantitativo de proyectos y sanciones. En realidad la experiencia recabada es mucho mayor, sumado a los años de trabajo en la legislaturaneuquina. Todo ello forma un bagaje de conocimiento que compartimos y profundizamos en estrecha tareacon un grupo de colaboradores, conformando un verdadero equipo de trabajo. El equipo comparte lametodología que brinda la democracia para que la ciudadanía elija a sus legítimos representantes yentiende que una función de naturaleza política no es asumir responsabilidades en las estructuras de podercabalgando en la inacción. Por ello, en primer lugar corresponde pasar de la primera persona del singular a la tercera, elnosotros porque sentimos que es nuestro deber hacer una devolución de lo actuado y aportar nuestraexperiencia a todos aquellos que se sientan comprometidos con la vida institucional de nuestra provincia,en la certeza de comprender que representar al Estado es trascender permanentemente las ópticassectoriales que anteponen rótulos cuando no prejuicios. La actual democracia, que algunas teorías definen como “de opinión” (más “representacional” querepresentativa) donde el ciudadano se encuentra mediado por grupos corporativos-gremios, partidos,asociaciones, etcétera, y es depositario de una información global y horizontal vía medios de comunicacióno redes sociales, presenta escenarios distintos a los tradicionales, falencias y muchas veces un alejamientoentre la agenda política, lo actuado por sus representantes y lo que realmente la ciudadanía quiere oaspira. Y como mujeres y hombres observadores, atentos de la realidad, que trabajamos paratransformarla por medio de la actividad política debemos ser conscientes de ella y capaces en conjunto deencontrar los canales para su contención y organicidad, haciendo el mayor esfuerzo para acercarrepresentantes a representados. Por ello y trascendiendo las meras estadísticas, este equipo de trabajo, a partir de la experiencia,del estudio y sobre todo del íntimo deseo de socializar lo aprehendido, avanza en el presente ante losrepresentantes de la provincia del Neuquén reunidos en la Honorable Legislatura Provincial no sólo en ladebida rendición de cuentas de la diputación nacional sino también en compartir la satisfacción del debercumplido. El ámbito parlamentario, sea el Congreso Nacional o las Legislaturas Provinciales, es esencialmentey por su propia naturaleza la arena donde se dirime la modalidad y especificidad del poder. Desde sucondición de órgano de la República y siendo uno de los tres poderes en que se fundamenta nuestraorganización institucional, integrado por las distintas fuerzas políticas que por imperio del sufragio accedenal mismo, a la vez órgano de control y de gobierno, es y debe ser siempre el ámbito político por excelencia. Para quienes hemos crecido en la última década como ciudadanos, como militantes políticos en ladinámica Legislativa, por profundo respeto, y justo es decirlo por el sentimiento de pertenencia y de cariñoa la institución parlamentaria, es que entendemos de estricta justicia aportar desde la experienciaadquirida en los ámbitos provinciales y nacional todo lo posible para promover aquellos cambios queredunden en que dicho poder sea una instancia estatal de profundo debate, análisis y prestigio social. 3 3.
Corresponde por último agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que han colaborado a lolargo de estos años de mandato constitucional en las múltiples tareas de un legislador, muchos de elloscolaboraron en la redacción de este informe pero también están quienes sin escribir, eran imprescindiblescon sus aportes y sus críticas para la confección del mismo. 4 4.
CAPITULO I: FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LAESTABILIDAD Y FONDO DEL DESENDEUDAMIENTO ARGENTINODecretos de Necesidad y Urgencia 2010/09, 296/10, 297/10 y 298/10Introducción La crisis financiera mundial del 2008 afectó considerablemente a toda la economía. Fue la mássignificativa desde 1929. Paralizó el crédito y el movimiento de capitales. Derrumbó el comerciointernacional, limitando el crecimiento de la economía global y en particular el de las economías másdesarrolladas. La consecuencia directa fue el acelerado aumento del desempleo. Frente a la crisis, los gobiernos respondieron con políticas fiscales y monetarias que poco a pococomenzaron a revertir el contexto económico y financiero global. Durante el segundo semestre del 2009 lareactivación comenzó a vislumbrarse, fenómeno que se afianzó durante el primer trimestre del 2010. Elmundo comenzaba salir del problema financiero más grande de las últimas décadas, con un importanteliderazgo de los países emergentes. En nuestro país, el superávit fiscal primario es un rasgo destacable que -desde el punto de vistateórico del modelo- permite a la economía argentina desenvolverse en un marco de sustentabilidad yposibilita continuar con una política de desendeudamiento. Sin embargo, durante el 2009 la dinámica de ladeuda pública en un entorno de bajo crecimiento y de crisis financiera internacional obligó al gobierno abuscar alternativas por encima de las herramientas domésticas a fin de reducir el stock de deuda, mejorarel perfil de vencimientos y abaratar el costo financiero. Es en este contexto entonces que surge la iniciativade utilizar las reservas internacionales de libre disponibilidad como una fuente adicional de financiamiento.La constitución del Fondo del Bicentenario creaba mayores probabilidades de que el presupuesto 2010pudiera ejecutarse debidamente.Fondo del Bicentenario: DNU 2010/09 El 14 de diciembre de 2009, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09, se creóel Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Este fondo sería administrado por elMinisterio de Economía y Finanzas Públicas y se constituía con 6.569 millones de dólares: 2.187 millones dedólares se destinarían al pago de deuda con Organismos Multilaterales y los restantes 4.382 millones dedólares a tenedores privados. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) transferiría las reservas delibre disponibilidad al Tesoro de la Nación, el cual a su vez emitiría una letra intransferible en moneda dólarestadounidense a diez años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengaría una tasa de interésigual a la de las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Liboranual menos un punto porcentual. La firma del DNU generó una profunda crisis institucional. Dos semanas después de su publicaciónen el Boletín Oficial se presentaron dos amparos judiciales solicitando que cautelarmente se suspendiera enforma inmediata la vigencia de ese decreto. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María JoséSarmiento, falló sobre las causas y resolvió suspender provisoriamente la aplicación del DNU “hasta tantose cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de laintervención del Congreso para los Decretos de Necesidad y Urgencia”.Remoción del presidente del BCRA Por otra parte, el titular del BCRA quien había considerado inapropiado utilizar reservas para elpago de la deuda fue removido de su cargo, primero por decisión de la presidenta de la Nación CristinaFernández *Decreto 18/10+ y finalmente por consejo “no vinculante” de la Comisión Bicameral, conformadapor el vicepresidente Julio Cobos y los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y deFinanzas, Gustavo Marconato y Alfonso Prat Gay, respectivamente. Como nueva titular asumió laLicenciada Mercedes Marcó del Pont [Decreto 190/10]. 6 6.
Asamblea Legislativa: DNU 298/10 En la inauguración del período 128° de Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, lapresidenta Fernandez anunció la derogación del DNU 2010/09 sobre el “Fondo del Bicentenario para elDesendeudamiento y la Estabilidad”, argumentando que “el grado de judicialización alcanzado habíadesnaturalizado absolutamente facultades que son propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”. Laderogación fue instrumentada por el Decreto 296/10. Sin embargo, mediante un nuevo decreto simple, el 297/10, ratificó la cancelación con reservas delibre disponibilidad de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financierosinternacionales, que para el año 2010 alanzaban los 2.187 millones de dólares. Asimismo, anunció lacreación del “Fondo del Desendeudamiento Argentino”, mediante el DNU 298/10, para cancelar los pagosde la deuda pública del Tesoro Nacional con vencimiento en el 2010 con tenedores privados, suma quealcanzaba los 4.382 millones de dólares. A diferencia del “Fondo del Bicentenario para elDesendeudamiento y la Estabilidad”, este nuevo decreto contemplaba la creación de una ComisiónBicameral Permanente de Seguimiento de los Pagos de la Deuda, compuesta por 16 legisladores, ocho porcada cámara.DNU 2010/10 abstracto La consecuencia directa de la derogación del DNU 2010/09 fue que la Corte Suprema de Justicia dela Nación (CSJN) declarara en abstracto la causa sobre las reservas [Fallo de la CSJN en “Pinedo Federico yotros –Inc. Med. (8-I-10) c/EN- Dto. 2010/09 s/proceso de conocimiento”+.Sesión Especial (13/04/2010): rechazo del DNU 298/10 Desde el fallo de la CSJN mencionar algunos hechos significativos que sucedieron en torno al nuevoDNU. Al igual que el DNU 2010/09, el nuevo decreto también fue suspendido ya que una nueva integraciónde la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dictaminó mayoritariamente invalidarlo. Un fallo del juezLavie Pico restituyó la comisión original de la Comisión Bicameral y resolvió revocar todas las medidascautelares que hasta el momento afectaban al DNU 298/10. Fue en este contexto que la Cámara Baja, reunida en Sesión Especial, dio tratamiento al expediente3-JGM-2010 que comunicó el DNU 298/10 al Congreso. El Cuerpo Legislativo resolvió por 140 votos por lanegativa, 93 por la afirmativa y 6 abstenciones rechazar el DNU 298/10. Sin embargo, conforme loestablece la ley 26.12, este pronunciamiento no fue suficiente para derogar el decreto: “El rechazo porambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo queestablece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia” *Ley26.122, artículo 24]. El Honorable Senado nunca dio tratamiento al asunto, con lo cual, luego de larevocación de las medidas cautelares, el DNU 298/10 siguió en plena vigencia.Postura del Bloque MPN El sistema de Crédito Público está regido por la Ley de Administración Financiera (24.156, Titulo III,Artículos 56 a 71). A nivel constitucional, el sistema se basa en los artículos 4, 75 inc. 4, 99 inc. 10, 100 inc. 7y 124 de la Constitución Nacional (CN). El artículo 57 de la Ley de Administración Financiera denomina deuda pública al endeudamientoque resulta de las operaciones de crédito público, pero excluye de este concepto a la emisión de letras detesorería para cubrir deficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la ley depresupuesto general y a la deuda del Tesoro. Asimismo, debe tenerse a la vista los artículos 17 Inc. d, 19Inc. f y 20 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Por último, citemos el artículo 43 de la Ley 26.546 de Presupuesto de la Administración PúblicaNacional para el ejercicio 2010. Este artículo contempla la autorización del Poder Legislativo al PoderEjecutivo (a través del Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de AdministraciónFinanciera) a realizar operaciones de crédito público para cubrir las necesidades financieras del ejercicio. 7 7.
Según lo requerido, según lo requerido en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, enla planilla adjunta al artículo, se detallan los importes máximos autorizados, los plazos mínimos deamortización y el destino de los recursos de las citadas operaciones. Los montos que se señalan en la planilla son valores efectivos de colocación, lo que implica que enaquellos casos en los que hay diferencias entre el valor nominal de la colocación y el monto queefectivamente ingresa al tesoro, la planilla sea afectada por el monto que ingresa al Tesoro. Cabe mencionar que la autorización a endeudarse no implica obligación del Poder Ejecutivo (PE) derealizar la operación, ni que el gasto que se financia con recursos del crédito esté autorizado. Por lo tanto,para poder ejecutar un gasto con financiamiento externo o interno deben estar autorizados tanto elendeudamiento como el gasto. La constitución del fondo reúne dos condiciones: primero, que el Banco Central transfiera losfondos al Tesoro Nacional y segundo, que el Tesoro emita una letra (LETES) como contrapartida por losfondos recibidos del Banco Central. En el artículo 5 del DNU 298/2010 se afirma que la operación de crédito necesaria para laconstitución del Fondo del Desendeudamiento Argentino ya está autorizada por el artículo 43 de la Ley dePresupuesto 2010. Esto es una condición necesaria, pero no suficiente. La emisión de la letra del tesoro está efectivamente autorizada en el marco del mencionadoartículo 43 del presupuesto. Pero esto no implica que la aplicación o uso del recurso obtenido estéautorizado. El PEN está habilitado por el Congreso a captar nueva riqueza, pero no está autorizado paraaplicar dicha riqueza a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados. Esto se hace más evidente cuando se contrasta el decreto 298/2010 a la luz del 297/2010, similaresen el objeto –constitución de un fondo para el pago de deuda pública- pero diferente en cuanto al destinode la riqueza captada. El decreto 297/2010 también invoca el artículo 43 de la Ley de Presupuesto para la obtención de losfondos del Banco Central, al tiempo que la aplicación de los fondos está efectivamente habilitada en elmarco de los artículos 17 inc. d, 19 inc. f y 20 de la Carta Orgánica del Banco Central. Esto explica por qué el PEN, estando ya autorizado a la emisión de LETES, se ve en la necesidad deemitir un DNU. También explica la derogación del 2010/2009, pues los nuevos decretos desglosan lospagos en lo ya autorizado (297/2010, decreto simple) y lo no autorizado aún (298/2010, DNU). Para muchos países, especialmente los emergentes, las reservas de divisas oficiales constituyen a lavez un activo nacional y un instrumento crucial de política monetaria y de cambio. En consecuencia, resultavital que este recurso nacional sea usado y manejado de manera prudente y efectiva. El manejo de las reservas es un asunto complejo. Requiere objetivos claros, fuertes sistemas decontrol, información abierta y transparente, una apreciación realista de la situación económica a la que hayque hacer frente. Si la gestión es adecuada, si se lleva a cabo con apertura y tiene éxito, reforzaráconsiderablemente el respeto y la confianza que inspira al público la política oficial y contribuirámaterialmente al éxito de la gestión macroeconómica. Establecer una política estratégica para el uso de las reservas implica que las autoridades tienenque precisar qué las motiva a mantener sus reservas de divisas. Sólo entonces podremos debatirrazonablemente cuestiones como el tamaño óptimo de las reservas, su financiación y su inversión: el rol delBanco Central deriva de la visión que se pretende alcanzar, la visión de país que se busca realizar. Los usos de las reservas pueden ser amplios y las principales razones para mantenerlas incluyendesde el respaldo formal de la moneda, como instrumento de tipo de cambio o de política monetaria ycomo forma de proveer fondos para el servicio de los pasivos en moneda extranjera, hasta las obligacionesde la deuda. También, pueden tenerse como fuente de fondos para pagar los gastos del gobierno enimportaciones. Constituyen asimismo una defensa contra emergencias o desastres al actuar como un fondopara financiar la recuperación y la reconstrucción y, finalmente, las reservas se emplean como inversión, 8 8.
principalmente para obtener ganancias financieras pero también para fomentar el desarrollo de laeconomía real. Por otro lado, las reservas no son simplemente un activo de cartera, es decir, sin pasivo uobligación correspondiente. La tenencia de activos de divisas significa que las autoridades han decidido noconservar activos internos y es a la luz de esta reflexión como debe abordarse la cuestión delfinanciamiento de las reservas. Si las reservas son tratadas simplemente como un activo de cartera, sinfinanciamiento o las obligaciones correspondientes, el ingreso de las reservas se presenta como unaganancia neta para las autoridades. Sin embargo, si se toma en cuenta el método verdadero definanciamiento de las reservas, se comprobará que en muchos casos el resultado financiero neto demantenerlas puede constituir hasta una pérdida. Hasta un rendimiento positivo puede no ser óptimo. Lacuestión clave es si, tras considerar los riesgos, sería posible obtener rendimientos más altos (por ejemplo,mediante la inversión en la infraestructura interna del país). Todo debate sobre el tamaño óptimo de las reservas cuenta con dos elementos principales. Elprimero consiste en la identificación correcta de los usos de las reservas y, por lo tanto, del mínimorequerido para satisfacer las necesidades identificadas. El segundo elemento es el análisis correcto delcosto de financiar las reservas. El debate acerca de si debe limitarse el crecimiento de las reservas será másfácil de conducir, si se conoce el costo verdadero de la acumulación de las mismas. No hay estudios queacierten con precisión un nivel óptimo de reservas y, en este contexto, su acumulación ha estado asociadaa un costo de oportunidad. La crisis de deuda de América Latina de finales de la década del ochenta y principio de los noventatuvo como consecuencia política la acumulación sin precedentes de reservas internacionales, generandointerrogantes acerca de su tamaño óptimo y su adecuada utilización, específicamente la contribución quedichos recursos pueden tener en el crecimiento. Al respecto, la pregunta central es si una economía en desarrollo, como la argentina y otros paíseslatinoamericanos, está sacrificando crecimiento al dejar de invertir los recursos en proyectos productivos oen infraestructura doméstica, o facilitando los fondos para inversiones del sector privado. Muchas veces,un costo de oportunidad mínimo, reflejado en rendimientos positivos, puede no ser óptimo y, en estesentido, cabe preguntarse si acaso pueden ser obtenidos rendimientos positivos (habida cuenta del riesgo)en algún otro tipo de inversión, como en infraestructura doméstica. En los últimos años el estudio respecto al monto óptimo de reservas internacionales y su usoadecuado fue en aumento. Sin embargo, la literatura muestra poca preocupación respecto a lacontribución que las reservas internacionales pueden tener en el crecimiento, particularmente en loreferente al uso del excedente de reservas internacionales. En general, la literatura se ha enfocadoprincipalmente en definir la contribución de los activos internacionales al crecimiento por dos víasdiferentes pero relacionadas. En primer lugar, se afirma que la acumulación de activos internacionales genera el acceso amejores condiciones de créditos en los mercados internacionales. En efecto, es muy probable que el mayornivel de liquidez se vea reflejado en un mejor grado de solvencia crediticia de la economía (grado riesgo-país), al incrementar su acceso a los mercados de capital internacional en condiciones más favorables. Eneste sentido, la economía podría endeudarse a menor costo y en plazos más largos y, esto es en ciertopunto también la base de la constitución del Fondo del Desendeudamiento Argentino. El punto central, noobstante, es evaluar si dichos recursos son invertidos en proyectos con una tasa de rendimiento mayor quela de repago, para que su contribución al crecimiento pueda ser realmente significativa y ellos mismosgeneren los recursos para servir la deuda en que se incurre. En segundo lugar, se afirma que la acumulación de activos internacionales contribuye a laestabilidad financiera, es decir, reduciendo la incidencia del ciclo de ataques especulativos y crisisfinancieras. Aquí, el argumento central es que los costos de acumular reservas se asumen como menoresque aquellos por incurrir en una crisis financiera o por recuperar la confianza de los inversionistas una vezque ésta ha sido erosionada. 9 9.
Es evidente que el gobierno no va a descansar hasta cumplir con todos los vencimientos de deudaprevistos para este año. Sin embargo, esta decisión no deja de lado la necesidad de una revisión de latotalidad de la deuda. En este sentido, no es excluyente la creación de una Comisión Bicameral queestudie el origen de la deuda externa y establezca la legalidad y legitimidad de todas las operaciones deendeudamiento, refinanciación y reestructuración de la misma realizadas desde el año 1976. Ahora bien, el tema de la deuda externa remite inexorablemente a otros temas más profundos,más decisivos, que exceden ampliamente la disputa en torno a si hay que pagarla con reservas o con fondosdel presupuesto nacional. Quedarnos sólo en este punto es subordinar el debate parlamentario a lasurgencias que establece la agenda mediática, sin abrir la discusión a otras cuestiones de fondo yprofundamente demandadas por nuestra ciudadanía. Partamos de un hecho básico: el empréstito no es un verdadero ingreso fiscal, sino un traslado dela financiación de un gasto público a las generaciones futuras. Nuestra Constitución Nacional autoriza suuso sólo como recurso extraordinario toda vez que el fisco no puede hacer frente a la situación con losrecursos ordinarios del tesoro. El empréstito es, de esta manera, un instrumento de gobierno de carácter excepcional. La vidaeconómica de la Nación debe ajustarse a lo establecido por la ley de presupuesto. Apartarse de ésta pararecurrir sistemáticamente al empréstito, implica vivir en el desorden. No es sensato ni admisibleadministrar en base a empréstitos, tal como sucedió en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra historia. En efecto, el uso recurrente de los empréstitos como instrumento de financiamiento público en laArgentina, pone de manifiesto la debilidad del Tesoro Nacional para afrontar el funcionamiento del Estadoy este hecho está unido, primordialmente, a las deficiencias del sistema tributario para garantizar nivelesóptimos de recaudación. Nuestro bloque manifestó enfáticamente la necesidad de impulsar en este ámbito una reforma delsistema tributario argentino, un sistema que es profundamente inequitativo y regresivo. Se impone, hoymás que nunca, avanzar hacia un nuevo sistema tributario progresivo, más justo, en el que los recursos delEstado Nacional provengan de la riqueza o la ganancia, en vez del consumo. Las cifras son contundentes en este sentido: el 89,3% de la recaudación del sistema tributarionacional en el 2009, depende de impuestos como el IVA, ganancias, retenciones a las exportaciones eimpuesto al cheque, más las contribuciones a la seguridad social. Ninguno de estos impuestos grava stocksde riqueza y todos gravan la actividad económica, es decir la producción, y por ende, al empleo. De acuerdo a un principio de equidad, se impone la implementación de un sistema tributario másprogresivo y, para ello, los impuestos a la riqueza son los más justos y a la vez los menos distorsivos. Hoy esel momento de modificar esta situación, pasando a una estructura tributaria más competitiva, eficiente yequitativa que estimule la inversión, el empleo y la ecuanimidad en lugar de gravar tibiamente el stock deriqueza. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 10 10.
CAPITULO II: PROMULGACION PARCIAL DE LA LEY DE DEMOCRATIZACION DE LAREPRESENTACION POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORALLey 26.571Introducción Otro de los temas importes en el debate legislativo fue el veto a dos artículos de la Ley deDemocratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Los artículos 107 y108 en conjunto diferían la entrada en vigencia de ciertos aspectos relevantes de la ley para diciembre de2011, es decir luego de las elecciones del mismo año. Pero el Poder Ejecutivo con la promulgación parcialobservó los mencionados artículos, logrando de este modo que la modificación a la Ley Orgánica dePartidos Políticos comience a regir para las elecciones del 2010. Vale decir, los diferentes partidos políticosvotaron una ley de notable trascendencia para que regule las elecciones posteriores al 2011 y lapromulgación parcial determinó que comience a regir desde las elecciones del 2011.Trámite parlamentario El jefe de Gabinete de Ministros comunicó el decreto de promulgación parcial (2004/09) a laComisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo a fin de que el Congreso ejerciera su control sobredicha promulgación. La comisión emitió dos dictámenes: uno que declara la validez y otro la invalidez de lapromulgación parcial. El punto medular en la discusión fue dilucidar qué artículo, 80 u 83 de la Constitución Nacional, esaplicable a la situación mencionada, lo cual impactó directamente en las mayorías necesarias al momentode la votación. Tras un extenso debate sobre las razones que motivaban una y otra interpretación de los artículosen pugna, finalmente la presidencia de la Cámara de Diputados entendió que era de aplicación la mayoríade dos tercios. Decisión que motivó el rechazo casi unánime de los bloques opositores que bregaban por laaplicación del art. 82 de la CN. Al no alcanzar los dos tercios del total de los votos emitidos, el segundo dictamen no fue aprobado,con lo cual no se declaró inválido el decreto de promulgación parcial.Postura del Bloque MPN El bloque se expresó en el sentido de la validez del decreto de promulgación parcial, es decir,entendió que los requisitos para obtener la personería jurídica eran exigibles desde el momento de entradaen vigencia de la ley y para la elección de 2011. 11 11.
CAPITULO III: REGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA, DEDELEGACION LEGISLATIVA Y DE PROMULGACION PARCIAL DE LEYESModificación a la Ley 26.122Introducción Dentro del escenario político que fue definido por las elecciones legislativas del 2009, uno de lostópicos más sensibles a la hora de pensar en las limitaciones al Poder Ejecutivo son los DNU. En ese sentidoes que comenzaron a tramitarse en el seno de la Cámara de Diputados los proyectos que proponíanmodificaciones a la Ley 26.122 que regula el control de la delegación legislativa, la promulgación parcial deleyes y, finalmente, los DNU.Trámite parlamentario La Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de que expusieran todos los autores de proyectossobre la temática, arribó a ejes generales de consenso a partir de los cuales se redactaría el dictamen demayoría. El dictamen, plasmado en la Orden del Día 146/2010, fue aprobado con nueve disidencias parcialesy cuatro observaciones, lo cual se evidenció en algunos aspectos de la redacción del proyecto. Cabe señalarcomo ejemplo la inclusión de un artículo que prohibía el ejercicio de la facultad de veto al Poder Ejecutivo.Así las cosas, la Cámara de Diputados aprobó el asunto el 21 de abril por 142 votos afirmativos y 97 votosnegativos. Luego, la Cámara de Senadores rechazó la media sanción de Diputados el 24 de noviembre de2010 por 36 votos negativos y 28 afirmativos.Cabe destacar que las modificaciones propuestas por ladiputada Vilma Ibarra no fueron aceptadas por parte del miembro informante, diputada Graciela Camaño,lo cual imposibilitó la adhesión de votos por parte de otros bloques que hubiesen acompañado la iniciativade recibir dichas propuestas modificatorias. Por último, se eliminó el artículo 20 de la OD 146/2010 quedecía “Esta ley no podrá ser vetada”.Postura del Bloque MPN El bloque votó de manera negativa a la iniciativa de modificar la actual ley 26.122, en tanto quela postura que tomó el miembro informante fue la de no aceptar las propuestas de modificación planteadaspor la diputada Vilma Ibarra, las cuales habrían facilitado un acercamiento de posiciones por parte delBloque MPN. 12 12.
CAPITULO IV: CONSEJO DE LA MAGISTRATURAModificación a la ley 24.937Introducción Esta iniciativa, también impulsada por la oposición, está inspirada por la noción de limitar el poderdel Ejecutivo en el sistema político argentino. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura supone uninstrumento íntimamente relacionado con el Poder Judicial, puesto que desde dicha institución seseleccionan y remueven a los funcionarios de ese poder, además de poseer la administración y ejecucióndel presupuesto destinado a la administración de la justicia. Ese marco es el que motivó, en su momento,modificaciones a la actual ley en orden a impedir injerencias del Poder Ejecutivo que erosionen laindependencia de los jueces.Trámite parlamentario En la reunión conjunta de las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderesy Reglamentos del 23 de febrero, se acordó invitar a diferentes asociaciones de magistrados, asociacionesciviles y colegio de abogados para que se expidieran sobre las reformas propuestas en los diversosproyectos. Y, finalmente, se invitó al entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos paraque expusiera sobre el funcionamiento del Consejo y temas atinentes a las propuestas de reforma delmismo. La postura que dejó fijada el Poder Ejecutivo, a travéz del mencionado ministro, fue la de nomodificar la actual regulación del consejo a raíz del buen funcionamiento del mismo porque de ningúnmodo afectaba o cercenaba la independencia del Poder Judicial. La iniciativa contaba con un acuerdo conceptual general de los sectores opositores, ya desde lacampaña electoral del 2009, cuanddo se propusieron “limitar el Poder del Ejecutivo”. No obstante no fuesencillo el trámite en el seno de las comisiones en la Cámara de Diputados por las diferencias de criterios encuestiones más particulares, que existían al interior de los bloques opositores que en ese momentoimpulsaban la medida. Tal es así que el asunto fue dictaminado por las comisiones el 15 de junio, siendo laúltima reunión el 14 de abril. Esto muestra la dificultad de alcanzar consensos para arribar a un dictamenque sea capaz de obtener los votos necesarios para lograr su media sanción, a raíz del extenso tiempo entrela última reunión de comisión y la fecha de la firma del dictamen. Sumado a ests situasión, el 1 de junioluego de una reunión conjunta de las comisiones, en la cual no se logró reunir los consensos necesariospara arribar a un dictamen, se realizó un encuentro reservado entre los bloques opositores y de centroizquierda. Por los primeros estaban presentes diputados de la Coalición Cívica, el Partido Socialista,Peronismo Federal, UCR y PRO. Por los segundos, estaba presente la diputada Alcira Argüemedo. En dichareunión, a la cual asistieron los asesores de los legisladores se delinearon estrategias de consensos a losfines de arribar a un dictamen de mayoría que reúna los votos necesarios para ser aprobado por laoposición en el recinto. Finalmente, en cuanto al trámite en comisión, el asunto fue dictaminado en lareunión del 15 de junio producto del trabajo realizado a partir de la reunión ya mencionada del 1 de junio. El 30 de junio la Cámara de Diputados dio tratamiento en pleno a la Orden del Día 0555/2010, cuyavotación resultó en 134 votos positivos y 85 votos por la negativa, dando media sanción al asunto, pasandoen revisión a la Cámara de Senadores. En Senado tuvo un trámite por lo menos curioso, dado que el proyecto aprobado por la Cámara deDiputados tenía, en principio, el acuerdo de los partidos opositores y sentaba sus raíces en las propuestasde campaña durante todo el 2009. Dicho acuerdo no fue lo suficientemente sólido como para reunir votosdel arco opositor en la Cámara Alta, dado que los bloques opositores decidieron incluir en el Plan de Laborel proyecto de Consejo de la Magistratura sabiendo que no reunían los votos necesarios para aprobarlo,con la consecuencia de ser rechazado por la Cámara revisora todo lo cual terminó decantando en que el 24de noviembre el Senado resolvió el rechazo de tal iniciativa, resultando en su archivo.Contenido Las líneas más importantes propuestas en los proyectos de la oposición para modificar la actualestructura giraban en torno a lograr una mayor independencia en el Consejo de la Magistratura,impidiendo las injerencias del Poder Ejecutivo en dicho organismo. En ese orden de cosas se propusieron 13 13.
básicamente modificar la composición del consejo y sus comisiones, la duración del mandato de susmiembros, la integración del jurado de enjuiciamiento y la remoción de magistrados. En concreto, en cuanto a la composición del consejo, incorpora al presidente de la Corte Supremade Justicia de la Nación, a seis representantes del Congreso de la Nación, que serán tres diputados y tressenadores designados a propuesta de los tres bloques más numerosos de cada cámara y a tresrepresentantes del ámbito académico y científico. En cuanto a la duración del mandato de los miembros del consejo, se pretendía modificar lafórmula del actual artículo 3 de la ley 24.937 que permite la reelección con intervalo de un período, a unafórmula que admite la reelección sin mediar ese tiempo. El jurado de enjuiciamiento en la actual regulacióndel consejo está constituida por siete miembros, en cambio en aquella iniciativa se proponía aumentar anueve los integrantes: tres jueces, tres legisladores y tres abogados de la matrícula. Otra de las modificaciones que la iniciativa pretendía realizar, se relaciona con el procedimiento deremoción de magistrados. En este punto cabe destacar que uno de los temas más controvertidos en eldebate residía en el tiempo durante el cual permanecía abierto el procedimiento de remoción de un juezantes de que se decida sobre su permanencia o no en el cargo. Esto podía dar lugar a especulaciones porparte de los actores políticos a condicionamientos dirigidos a jueces que tengan causas de sensibilidadpolítica en sus estrados. En ese orden de cosas, se proponía que la decisión de abrir un proceso deremoción debía tomarse dentro del año contado a partir de la radicación de la denuncia. En la actualregulación el plazo es de tres años, lo cual en la opinión de diversos legisladores, doctrinarios y asociacionesde magistrados, supone un peligro potencial que amenaza la independencia de los jueces al momento dedictar sentencias. Dentro de los institutos novedosos que incluía el dictamen de la oposición estaban la Comisión deEscuela Judicial, la Oficina de Estadísticas e Información y la creación de un Comité Consultivo. Talesiniciativas poseían una redacción amplia, ambigua y con escasas precisiones, lo cual llevaba ínsito el riesgode no ser llevadas a la práctica por la reglamentación propia del consejo y carecía absolutamente deindicaciones concretas al momento de hacerse operativas, hecho que mostraba más bien las intenciones ybuenas aspiraciones por parte de los legisladores.Postura del Bloque MPN El bloque en esta ocasión votó el dictamen de minoría presentado por la diputada Vilma Ibarra. Lapresidenta Comelli mencionó su apoyo a las propuestas vertidas en el mencionado dictamen alejándose delas del dictamen de mayoría firmado por los opositores. En ese orden de cosas expresó en el recintodurante el debate que “compartimos muchos de los argumentos vertidos por la señora diputada Ibarra,que en algunos puntos nos alejan del proyecto contenido en el dictamen en mayoría”. Y afirmó que“hubiera sido más que interesante una discusión amplia”, especificando la importancia que hubiese tenidopara las instituciones democráticas que “el Congreso *…+ consagrara la facultad y la competencia (delConsejo de la Magistratura) de evaluar periódicamente la idoneidad y el desempeño de los jueces”. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 14 14.
CAPITULO V: MATRIMONIO IGUALITARIOModificación del Código Civil Luego de un intenso debate legislativo y comunitario, la Argentina se convirtió en uno de los diezprimeros países del mundo en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo,sancionando una ley para modificar 43 artículos del Código Civil, cumpliendo la garantía constitucional deigualdad entre todos los ciudadanos. El 22 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación elDecreto 1054/2010 que reglamenta la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario uniendo a la Argentina con lavanguardia en este sentido de los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia,Portugal e Islandia. La discusión comenzó en las calles y en las organizaciones de la sociedad civil específicas quehicieron los primeros planteos parlamentarios en los expedientes 1737-D-09, 574-D-2010 y 11-P-10,presentados por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT). Peroinmediatamente se instaló en el seno de una sociedad que se vio confrontada con la inexistencia jurídica deuna realidad palpable desde hacía muchos años: las parejas de un mismo sexo, no reconocidas comomatrimonio y que, por lo tanto, no gozaban de derecho ni obligación alguna en este sentido. Los argumentos a favor estaban fundamentados en la garantía constitucional de igualdad y elestricto cumplimiento de los derechos humanos. Los contrarios se cimentaban en los supuestos de“antinaturalismo”, del concepto de matrimonio de unión entre un hombre y una mujer con el fin estrictode la concepción y de la “incapacidad” para criar niños adoptados. Finalmente, en un reñido e intensodebate de más de doce horas, el 5 de mayo de 2010 se dio media sanción a la ley de matrimonio igualitariopor 125 votos a favor y 109 en contra.Postura del Bloque MPN La diputada Comelli sostuvo que “el Estado debe garantizar la no discriminación étnica, religiosa opolítica. En este caso, quien no puede acceder al matrimonio tal cual está contemplado en el Código Civilestá siendo discriminado”. Y recordó las enseñanzas de Don Jaime de Nevares al decir que “siempre nosdecía que el último fin que debíamos tener en la vida era trabajar, luchar y bregar por la igualdad y lalibertad”. Sostuvo que “él se encargó muy fuertemente de dejarnos esa impronta tendiente a nodiscriminar, a no temer, a respetar la diversidad y estos nuevos modelos de familia que iban apareciendo.Por respeto a todas las creencias y a todos y todas las personas, no debemos aplicar nuestros propioscódigos morales, sino definir la libertad de todos”. La diputada Olga Guzmán dijo: “siendo coherente con mi militancia por la Igualdad y la JusticiaSocial es que adelanto mi voto a favor de la modificación del Código Civil”, y cerró su discurso afirmando:“Entiendo, Sr. Presidente, que dos personas tienen derecho a elegirse entre sí, basados en el amor, en elrespeto, tienen derecho a cuidarse, a formar una familia, a ser reconocidos en la sociedad y también ante laLey. Es hora de dejar los prejuicios de lado y ser menos egoístas. Es el momento de INCLUIR y no deEXCLUIR. Demostremos que Argentina ha dado un paso adelante”. El diputado José Brillo no participó de la votación pero dejo clara su postura contraria a la sanciónde la ley de matrimonio igualitario. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 15 15.
CAPITULO VI: LEY DE GLACIARESPresupuestos Mínimos para la Preservación y Conservación de los Glaciares y el AmbientePeriglacialIntroducción La sanción de la Ley de Glaciares fue uno de los acontecimientos centrales de la agenda legislativadel 2010. El proceso se inició con la presentación por parte del diputado Miguel Bonasso, presidente de laComisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, de unareproducción del proyecto de ley de la diputada con mandato cumplido Marta Maffei, que fuera votado porunanimidad en ambas cámaras y luego impugnado por veto presidencial en noviembre de 2008. El proyecto de Bonasso, expediente Nº 84-D-10, fue tratado el 11 de mayo de 2010 en una reuniónconjunta entre las comisiones de Recursos Naturales y Minería, junto con otros proyectos de presupuestosmínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, entre los que se encontraba el delsenador Daniel Filmus. Allí, el proyecto de Bonasso obtuvo dictamen de mayoría tras conseguir 23 firmas,mientras que el proyecto Nº 78-S-09 del senador Filmus, que contaba con media sanción de la Cámara Alta,obtuvo un despacho de minoría con 16 firmas. Tras el dictamen se inició un intenso debate en el que participaron las organizacionesambientalistas, que concluyó en forma sorpresiva con un acuerdo entre los proyectos de Filmus y Bonassoel mismo día de su tratamiento en el recinto, el miércoles 14 de julio. El llamado "proyecto consensuado"se presentó como una versión superadora de ambas propuestas, pues mantenía la definición original sobreel ambiente periglacial del proyecto de Bonasso, a la vez que incorporaba otras definicionescomplementarias del proyecto de Filmus. Luego de un fuerte debate en el recinto, se logró en la madrugada del jueves 15 de julio la mediasanción del proyecto consensuado en Diputados con el respaldo mayoritario de la oposición y el apoyo deun sector minoritario del oficialismo (129 a favor y 86 en contra). Más de dos meses después, el 30 deseptiembre, con 35 votos a favor y 33 en contra, se consiguió la sanción definitiva de la ley en la CámaraAlta con el apoyo de un sector importante del Frente para la Victoria. Finalmente, la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo con el número 26.639/2010, según elBoletín Oficial del 29 de octubre de 2010 y reglamentada el 1º de marzo de 2011 mediante el decreto Nº207/2011. Sin embargo, su implementación efectiva está demorada a raíz de la suspensión de algunosartículos por parte del juez federal Nº 1 de la provincia de San Juan, Miguel Ángel Gálvez.Trámite Parlamentario (cronología) El 1º de marzo de 2010 el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) presentó el proyecto Nº 84-D-2010 (reproducción del vetado), que fue girado a las Comisiones de Recursos Naturales y Minería. El 11 de mayo de 2010, en reunión conjunta de ambas comisiones, esta iniciativa obtuvo dictamen de mayoría tras conseguir 23 votos, mientras que el proyecto del senador Filmus (Expte. 78-S-2009), que contaba con media sanción de la Cámara Alta, logró un despacho de minoría con 16 firmas. El 15 de julio de 2010, la Cámara de Diputados dio media sanción con 129 votos a favor y 86 en contra a una versión consensuada del expediente Nº 84-D-2010 (con dictamen de mayoría) y el expediente venido en revisión del Senado Nº 78-S-2009 (con dictamen de minoría). Finalmente, el 30 de septiembre, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto con media sanción de Diputados. La votación general fue de 35 votos a favor y 33 en contra. El 29 de octubre de 2010 la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial con el número 26.693/2010 y reglamentada el día 1º de marzo de 2011 mediante el decreto Nº 207/2011. El 2 de noviembre de 2010, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, suspendió la aplicación de seis artículos de la ley 26.639. Los artículos suspendidos son los números 2, 3, 5, 6, 7 y 15. Fue a través de una medida cautelar, dictada en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por Asociación Minera Obrera Argentina –AOMA Nacional y AOMA Seccional San Juan-, Cámara Minera de San Juan, Confederación General del Trabajo Seccional San Juan 16 16.
(CGT San Juan), Cámara de Servicio Mineros de San Juan (CASEMI) y Cámara Argentina de la Construcción (autos Nº 33.339, caratulados “A.O.M.A. y otras c/ ESTADO NACIONAL p/Acción de Inconstitucionalidad”).Contenido La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, N°26.639/2010, surge del consenso entre dos proyectos distintos: el expediente N° 84-D-2010 deBonasso y elexpediente N° 78-S-2009 de Filmus. Ambos proyectos contenían disposiciones igualmente pertinentes y eltexto alternativo resultante de su integración, aunque perfectible, representa un avance importante para laprotección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial en el país. En líneas generales, la ley establece un régimen especial para la protección de los glaciares y delambiente periglacial con el fin de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para elconsumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencashidrográficas. En tal sentido, los declara en su artículo 1º como “bienes de carácter público”, figura que fuepropuesta originalmente en el proyecto de Filmus. El punto central de la ley se encuentra en el artículo 2º, en el que figura la definición y el alcance delglaciar y su zona adyacente o periglacial. Este artículo fue el eje de la controversia entre los distintosproyectos presentados, ya que dicha definición determina en última instancia el alcance de protección de lanorma y el área de restricción para las actividades productivas en alta montaña. Según el texto finalmentesancionado, se entiende por glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con osin agua intersticial”, y al ambiente periglacial como el “área con suelos congelados que actúa comoregulador del recurso hídrico”. En la sesión de tablas del 14 de julio del 2010, el bloque de diputados del MPN acompañó elproyecto consensuado por Filmus y Bonasso con el convencimiento de que una ley de este tipo es unprimer paso necesario para avanzar en la configuración de un régimen especial para monitorear y protegerlos glaciares y sus áreas periglaciares. En esa oportunidad, el bloque advirtió además que la ley deberá sercomplementada por políticas ambientales coherentes tanto a nivel del Estado Nacional y de los EstadosProvinciales y, fundamentalmente, por una concepción integral del agua como “derecho humano”inalienable, lo cual requiere una urgente actualización del Código Civil para que le otorgue tal condiciónjurídica. Además y en línea con lo que se viene sosteniendo en todos los debates sobre legislación ambientaly razón por la cual se firmó en comisión con disidencia parcial, el bloque manifestó en el recinto que eltratamiento de las normas ambientales no puede contextualizarse en la histórica confrontación ydesconfianza de los poderes centrales hacia las provincias. Ya en el 2007, el bloque sostuvo que lalegislación de presupuestos mínimos que fue dictando el Congreso desde el 2002 a partir de la Ley Generaldel Ambiente -25.675-, no contenía presupuestos mínimos y que avanzaba sobre las competencias de lasprovincias, en relación a la titularidad del recurso, como así también sobre facultades no delegadas a laNación (art. 121 CN). Por esta razón, este bloque propuso modificar la ley general del ambiente para corregir ladefinición de “presupuestos mínimos” y crear, en definitiva, un sistema federal ambiental (Expte. 33-D-2007). Es necesario advertir que dado que los presupuestos mínimos son el instituto más importante delderecho ambiental federal, deben ser utilizados adecuadamente para que puedan desplegar toda supotencialidad. El concepto de “mínimo” implica que no puede establecerse un estándar de proteccióninferior, pero sí superior.Postura del Bloque MPN En la reunión conjunta del 11 de mayo entre las comisiones de Recursos Naturales y la de Minería,Comelli acompañó el dictamen de mayoría de Bonasso (Expte. Nº 84-D-10) con una disidencia parcial.Luego, en la sesión de tablas del 14 de julio, el Bloque MPN votó en forma positiva el proyectoconsensuado Filmus-Bonasso, con las salvedades expresadas anteriormente. En la votación general seobtuvieron 129 votos afirmativos contra 86 negativos, sobre un total de 216 diputados presentes. Y en la 17 17.
votación en particular (art. 2º) fueron 115 votos afirmativos, 95 negativos y 1 abstención, sobre un total de212 diputados presentes. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 18 18.
CAPITULO VII: LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERAModificación al artículo 37°Introducción El artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del SectorPúblico Nacional (LAF) se encuentra dentro de la Sección III de dicha norma referida a la “ejecución delpresupuesto”. Actualmente, el artículo 37 de la ley de Administración Financiera faculta al jefe de Gabinete deMinistros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total degastos aprobados por la Ley de Presupuesto. Sin embargo, cabe recordar que cuando esta ley fuesancionada en 1992, no existía aún la figura del jefe de Gabinete de Ministros. Con lo cual, en su redacciónoriginal, el artículo 37 disponía que todos los “cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes endetrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en ladistribución de las finalidades” recaían en el Poder Legislativo Nacional (PLN). Por su parte, el PoderEjecutivo sólo estaba facultado para efectuar modificaciones siempre que no impliquen una modificaciónen el monto total de gastos y no podía cambiar el destino de los recursos. Es decir, que en ningún casopodía establecer reglamentariamente la disposición de fondos de recursos de capital para atender gastoscorrientes, aunque sí se aceptaba a la inversa. No obstante, esta situación se modificó con el dictado, a partir del 2002, de DNU que facultaban aljefe de Gabinete a disponer reestructuraciones presupuestarias que considerase necesarias dentro del totalaprobado por cada ley de presupuesto. Finalizada la situación de urgencia, en el 2006 la Ley 26.124 modificó el artículo 37, reforma quemuchos tildaron de inconstitucional por violar la división de poderes establecida en la Carta Magna. Lanueva redacción, que aún está vigente, establece que el Poder Ejecutivo no sólo “establecerá los alcances ymecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesariosdurante su ejecución” sino que también por medio del jefe de Gabinete de Ministros “puede disponer lasreestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley depresupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos decapital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades”. La reforma le permite al jJefe de Gabineteaprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimentode los gastos de capital o de las aplicaciones financieras (excepción establecida en el cuarto párrafo),facultad que, como mencionamos antes, correspondía exclusivamente al Congreso de la Nación. Quedan aún reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten al monto total delpresupuesto y el monto de endeudamiento previsto, así como los cambios que importen incrementar losgastos corrientes disponiendo los gastos de capital. Esto no fue respetado ya que, desde 2006 en adelante,sendos DNU dispusieron que los excedentes de recaudación fueran aplicados a los destinos que el jefe deGabinete estableciería, aunque debe mencionarse que éstos son comunicados a la Comisión BicameralPermanente de Trámite Legislativo del Poder Legislativo Nacional. En consecuencia, de acuerdo con las reglas generales de la LAF, existen actualmente tres formas dedistribución de las potestades para modificar el presupuesto en curso de ejecución: a) Aspectos reservados al Congreso: modificación del monto total y del endeudamiento. b) Aspectos modificables por el jefe de Gabinete: todos los restantes. c) Aspectos modificables por entidades y jurisdicciones: todos los que disponga el jefe de Gabinete. Así, este artículo delega en el jefe de Gabinete la potestad de modificar la ley de presupuesto en suejecución de forma totalmente discrecional, salvo en lo relativo al monto total y al endeudamiento. Laredacción vigente entonces, resulta en una delegación estructural, ya que no se aclaran plazos de vigenciani se fijan bases y, por lo tanto, no se adecúa con el artículo 76 de la Constitución Nacional (Corti; 2007). 19 19.
Iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional: proyecto de ley 177-PE-2009 En julio de 2009, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley paramodificar el artículo 37 de la Ley 24.156. La iniciativa, que ingresó en el Senado tenía por objetivo limitar lasatribuciones que la modificación del 2006 le había conferido al jefe de Gabinete de Ministros. En su parte normativa el proyecto sustituía el artículo 37 por una redacción que permita al jefe deGabinete de Ministros disponer en el curso del ejercicio presupuestario correspondiente, modificacionesfuncionales a la distribución del gasto, dentro del total aprobado por cada Ley de Presupuesto, quedandocomprendidas las modificaciones que involucren gastos corrientes, gastos de capital, aplicacionesfinancieras y distribución de las finalidades, siempre que el monto total anual de dichas modificaciones nosuperarán el 5% del total del presupuesto aprobado para el ejercicio en el cual se realizarán las mismas. La iniciativa de limitar la atribución del jefe de Gabinete va en concordancia con la legislaciónprovincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso particular de la provincia del Neuquén debemencionarse que la ley provincial N° 2.141 de Administración Financiera y Control, en su artículo 15, facultaal Poder Ejecutivo a realizar cambios en la distribución de finalidades o reducir gastos de capital paraincrementar los gastos corrientes, debiendo ser aprobados por el Poder Ejecutivo en Acuerdo General ycomunicado a la Legislatura.Trámite Parlamentario El proyecto enviado por el PEN tuvo tratamiento en el Senado, en las Comisiones de Presupuesto yHacienda y de Asuntos Constitucionales, obteniendo dictamen el 13 de agosto de 2009. Una semanadespués, el 20 de agosto, fue considerado en recinto y aprobado tal y como fue remitido por el PEN. ElSenado comunicó la media sanción a la Cámara Baja, pero ésta no le dio tratamiento hasta mediados de2010. El proyecto venido en revisión, a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, sólo tuvo giro a laComisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Gustavo Marconato. El proyecto fue debatido en una sola reunión de comisión el 8 de agosto de 2010, en la cual sedespacharon en tres dictámenes: uno por la mayoría, que aconsejaba la aprobación del proyecto venido enrevisión y dos por la minoría, presentados por la oposición, que ponían mayores restricciones al PoderEjecutivo Nacional.Análisis de los Dictámenes El dictamen de mayoría tenía por objeto facultar al jefe de Gabinete de Ministros para disponer lasrestructuraciones presupuestarias que considerara necesarias dentro del total de gastos aprobados por laley de presupuesto así como para disponer en el curso del ejercicio presupuestario correspondiente,modificaciones a la distribución funcional del gasto, dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto.Así quedan comprendidas las modificaciones que involucren gastos corrientes, gastos de capital,aplicaciones financieras y distribución de las finalidades, siempre que el monto total anual de dichasmodificaciones no superara el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto aprobado para el mismoejercicio, exceptuándose las correspondientes a la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Estaredacción era similar a la media sanción que dio el Senado en 2009. El primer dictamen de minoría planteaba básicamente volver a la redacción anterior (año 1992) delartículo 37, pero con la intención de remarcar más explícitamente que el jefe de Gabinete no puedaincrementar los gastos reservados y de inteligencia, sino que dicha facultad quedara reservada sólo alCongreso Nacional. Asimismo, agregaba como facultad exclusiva del Congreso la asignación de destino delos excedentes en la recaudación para que no fueran tenidos en cuenta en base a la estimación delpresupuesto para un ejercicio en particular. Por último, el dictamen procuraba restituir el artículo 15 de laley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La idea de fondo de la restitución es que el jefe deGabinete de Ministros no quede exceptuado de esta restricción, puesto que tanto la redacción vigente delartículo 37 y la redacción del dictamen de mayoría, contemplan la excepción del artículo 15 de la ley25.917. El tercer dictamen, de autoría del diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), se asemejaba también ala redacción original del artículo 37, pero agrega que la facultad del PEN para realizar reestructuraciones no 20 20.
pudiera superar el valor del 10% del monto del “crédito afectado”, sinónimo aquí de “total del presupuestoaprobado” que es el término que utiliza el dictamen de mayoría. Asimismo, agregaba como artículo 37 bisla imposibilidad del PEN para dictar DNU que ampliaran el crédito presupuestario en base a los excedentesde recaudación no estimados o subestimados en el proyecto de ley de presupuesto.Sesión de Tablas: 23 de junio de 2010El miércoles 23 de junio de 2010 se debatió en el Recinto de la Cámara de diputados las iniciativas dereforma del artículo 37 de la ley de Administración Financiera, contenidos en el Orden del Día 556/2010. Laoposición logró imponer su dictamen, primero rechazando el de mayoría por 136 votos negativos contra 90afirmativos (hubo dos abstenciones), para luego aprobar el primero de minoría por 136 votos afirmativoscontra 90 negativos. Asimismo, el de minoría votado se modificó sobre la base del dictamen del diputadoClaudio Lozano, introduciendo la exclusividad del Congreso de la Nación para la asignación y destino de losrecursos excedentes. El proyecto fue devuelto al Senado pues debe entenderse la sanción de diputados como unamodificación al proyecto venido en revisión. El 24 de noviembre de 2010 legisladores de la oposición en elSenado intentaron poner a consideración el proyecto con las modificaciones introducidas por diputados,pero al no haber sido éste tratado en comisión y no contar con el correspondiente despacho requería deuna mayoría especial (dos tercios) tal que habilite su tratamiento, conforme lo establece el artículo 147 delReglamento del Senado. Al no conseguirse los dos tercios necesarios para su habilitación (33 votos contra36) el tema fue devuelto a comisión. 21 21.
CAPITULO VIII: REFORMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOModificación a la ley 17.622Introducción El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público, de carácter técnico,que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que serealizan en el territorio de la República Argentina. Su creación y funcionamiento está reglamentado por laLey 17.622 y el Decreto 3110/70, así como por el Decreto 1831/93. La norma le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección delos operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadoresbásicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. El INDEC también tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), bajoel principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el INDEC esresponsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales,asegurando que se compare la información originada en distintas fuentes. Asimismo, el Sistema EstadísticoNacional está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales ymunicipales.Iniciativa de Reforma En 2007 comenzó una crisis en el organismo que incluyó paros, marchas, denuncias, difusión deíndices paralelos y una sucesión de desplazamientos de los altos funcionarios del instituto, todo lo cualmotivó una iniciativa de reforma orgánica. La reforma impulsada en la Cámara de Diputados se basó en el proyecto de ley 139-D-2009 dellegislador (mandato cumplido) Luis Alberto Galvalisi (PRO). El proyecto tuvo como antecedente a otros dosque nunca tuvieron tratamiento en las comisiones: el primero es el proyecto de ley 154-D-2008,prácticamente similar en sus contenidos al 139-D-2009 y, un pedido de informes, expediente 4284-D-2008. El expediente sólo propone modificaciones orgánicas. En este sentido, el dictamen obtenido en laComisión de Comercio y teniendo a la vista otros proyectos presentados sobre la temática, tiene como ejescentrales los siguientes temas:Naturaleza del Organismo (Artículo 1): crea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comopersona jurídica de derecho público independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.Objetivo (Artículo 2): unificar la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividadesestadísticas oficiales que se realicen en el territorio de la Nación y estructurar, mediante la articulación ycoordinación de los servicios estadísticos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy municipales, el Sistema Estadístico Nacional, y ponerlo en funcionamiento de acuerdo con el principio decentralización normativa y descentralización ejecutiva.Integración del Sistema Estadístico Nacional (Artículo 3): el Sistema Estadístico Nacional (SEN) lo integraríael Instituto Nacional de Estadística y Censos, los organismos centrales de estadística (Ministerios ySecretarías de Estado, organismos descentralizados y servicios estadístico de empresas del Estado) y losorganismos periféricos de estadística (servicios estadísticos de provincias y municipios).Directorio (Artículos 4 a 18): se disponen la integración de un directorio que gobernará y administrará elorganismo. Se estipula cantidad de miembros, jerarquía, estabilidad en los cargos, requisitos, selección delos cargos, atribuciones, etc.Presupuesto (Artículo 19): el INDEC contará con crédito presupuestario propio, el que será atendido concargo a rentas generales, y se estructurará a nivel de aperturas programáticas o categorías equivalentescompatibles con la de los restantes gastos de la administración nacional, quedando a consideración delCongreso de la Nación. 22 22.
La iniciativa propone la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimientodel Sistema Estadístico Nacional (artículos 23 y 24), en el ámbito del Congreso Nacional, integrada por docesenadores y doce diputados. Tendrá como competencia convocar a concurso de antecedentes y oposiciónpara la designación de presidente y directores del organismo, designar a los integrantes del jurado a cargode dicho concurso, recibir la terna de propuesta de presidente y directores y proceder a su designación,realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria y emitir opinión sobre el informe anual y la rendiciónde cuentas elevadas por el INDEC. También el dictamen propone la creación del Consejo Federal del INDEC (COFI) (artículos 25 a 27)integrado por veinticinco miembros, uno por cada provincia, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy otro en representación del PEN. La función del COFI es la de colaborar y asesorar en el diseño de lapolítica estadística, proponer pautas para la elaboración del Programa Anual de Estadística y Censos y parael diseño y la elaboración de los métodos, definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones y fórmulasque el INDEC establezca para la reunión, elaboración, análisis y publicación de las estadísticas y censos. Además, el dictamen estipula la creación de un Consejo Nacional de Información Estadística(CONIE) (artículos 28 a 31) que funcionará como organismo consultivo permanente en el ámbito delInstituto Nacional de Estadística y Censos, elaborando propuestas y recomendaciones sobre lasnecesidades nacionales en materia estadística y el estado del sistema de información. Finalmente, disponela forma en que el instituto difundirá la información estadística elaborada, regulará el secreto estadístico yla reserva metodológica.Sanción del Senado venida en revisión Pese a que el Grupo A había conseguido dictamen en la Comisión de Comercio, éste no se promovióya que pocos días después, el 11 de agosto de 2010, el Senado dio sanción a una iniciativa propia y quesería, una vez comunicada a la Cámara de Diputados, la que la oposición impulsaría al recinto. Esteproyecto en revisión fue girado a no sólo a la comisión de Comercio, sino también a las de Población yDesarrollo Humano y a la de Presupuesto y Hacienda. A diferencia del dictamen obtenido en Diputados que crea una nueva ley, el proyecto del Senadomodifica la ley vigente. Sin embargo, no difiere sustancialmente del primer dictamen: considera también lacreación de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico y la de un ConsejoFederal de Estadística y Censo.Sobre el proyecto en revisión se realizaron dos modificaciones: Se agregó como artículo 15 facultar, por única vez, a la Comisión Bicameral para designar al interventor del INDEC, quien conducirá el organismo por el término de noventa días o hasta que asuma el director, quien deberá revisar las actuaciones producidas desde el 1° de enero de 2007. Dispone el cese de la actual directora Ana María Edwin y del director técnico Norberto Itzcovich. Como artículo 16 se establece que a partir de la entrada en vigencia de la ley quedan sin efecto los desplazamientos de trabajadores del Organismo dispuestos desde el 31 de diciembre de 2006.Sesión Especial del 24 de noviembre de 2010 Se puso a consideración el Orden del Día 1640/2010 que contiene todos los dictámenes referidos ala reforma del NDEC. El diputado Claudio Loazano (Proyecto Sur), en nombre de la oposición, diferenció dosmomentos concretos: uno tiene que ver con la reforma en sí del organismo y el otro con la necesidad dedefinir condiciones previas para llevar adelante ese objetivo. Esas condiciones previas se refieren aldesplazamiento de la intervención y de los grupos que siguen hostigando a los trabajadores y técnicos delorganismo y con reponer los equipos históricos que tenía la institución proponiendo a quienes fueronexpulsados y/o reubicando en otros sectores. A partir de allí, se retomaría el proceso de mediciónconvencional que el instituto venía realizando. Por su parte, la diputada Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio, expuso sobre las razonespor las cuales el oficialismo no acompañó la iniciativa de la oposición. La primera fue que el proyecto de leyconstituye una vieja e histórica embestida política contra el gobierno. La segunda razón para no acompañarningún dictamen ni la sanción del Senado se basa en que la iniciativa representaría una interferencia del 23 23.
Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. El dictamen no fue debatido y el oficialismo no pudo discutirlo enninguna de sus dos instancias. No se dio la posibilidad al oficialismo ni a ninguna autoridad del instituto avenir a defender su institución. En la actualidad el INDEC constituye un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía, quesi bien administra su propio presupuesto, no cuenta con personería jurídica propia. El dictamen de mayoría,firmado por la oposición, establece en su artículo 2° la creación del INDEC como ente descentralizado conautarquía económica-financiera y autonomía jurídica. Ahora bien, más allá de si esta modificaciónimplicaría una mejora o no en el funcionamiento del INDEC, lo que es seguro es que supone una claraviolación de las facultades que la Constitución Nacional reserva al Poder Ejecutivo y contradice losprincipios del sistema político presidencialista. En efecto y como sostiene Bidart Campos, la creación deorganismos descentralizados no constituye una facultad del Congreso, pues esto implicaría el avance delPoder Legislativo sobre criterios de administración pública que son privativos del PEN. La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 7, indica explícitamente que la designación de losfuncionarios de la administración pública constituye una atribución exclusiva del Ejecutivo, estableciendoque los funcionarios de la administración general del Estado son designados por el presidente de la Nacióna su sola firma y propuesta y bajo su exclusiva responsabilidad. La votación se realizó en general y en particular resultando afirmativa para el dictamen I (demayoría), por 131 votos afirmativos contra 98 negativos. No se registraron abstenciones y el proyecto fuedevuelto al Senado para la aceptación de las modificaciones o la insistencia en su redacción original. 24 24.
CAPITULO IX: INFANTICIDIOModificación al Código PenalIntroducción Se pretende crear la figura del infanticidio en el Código Penal para que el homicidio de una madrehacia su propio hijo durante el nacimiento o período puerperal no sea tipificado como homicidio agravadopor el vínculo, ya que la diferencia de las penas de prisión es considerable. Mientras existió en el Código laprimera figura tuvo una sanción que no superó nunca los tres años de prisión, ya que se tenía en cuenta laintención de ocultar la deshonra de la mujer por ella misma y sus familiares directos; mientras que lasegunda tiene una pena de prisión o reclusión perpetua. La discusión surge a raíz de determinar a qué se considera período puerperal, cuánto tiempo durael mismo, en torno a los tres proyectos de ley presentados en este sentido. Al llegar al recinto, laspropuestas eran las siguientes:1.- Diana Conti, Frente para la Victoria (dictamen de mayoría). Artículo 1º – Incorpórase como inciso 2º del artículo 81 del Código Penal el siguiente texto: Inciso 2: Se impondrá prisión de seis meses a tres años a la madre que matare a su hijo durante o luego del nacimiento mientras se encontrare bajo la inﬂuencia del estado puerperal.2.- Patricia Bullrich, Coalición Cívica (dictamen de minoría). Artículo 1º – Incorpórase como inciso 2º del artículo 81 del Código penal, el siguiente texto: Inciso 2: Se impondrá prisión de hasta 9 años, a la madre que matare a su hijo desde el nacimiento o mientras durare su estado puerperal, entendiéndose esta causal de atenuación de la ﬁgura básica del homicidio, como la que ocasiona en la autora un trastorno de conciencia lo suﬁcientemente grave que, sin llegar a la causal prevista en el inciso 1 del artículo del artículo 34, disminuya su capacidad de comprender antijuridicidad de su acción.3.- Juan Carlos Vega (dictamen de minoría). Artículo 1° – Incorpórase como inciso 2, del artículo 81 del Código Penal, el siguiente texto: 2. Se impondrá prisión de seis meses a tres años a la madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes al parto matare a su hijo. Luego de un intenso trabajo en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia, las propuestas llegaron al recinto el 8 de septiembre de 2010, donde obtuvo media sancióncon 170 votos afirmativos, 29 negativos y 9 abstenciones.Postura del Bloque MPN El bloque del MPN, por intermedio de la diputada Olga Guzmán, apoyó el dictamen de mayoría, quetoma como base el expediente 0067-D-2010. En la sesión del 8 de septiembre de 2010, la diputada Guzmán afirmó que “pensar legislativamenteen aplicar una pena privilegiada a una madre que asesina a su hijo durante el nacimiento o bien despuésdel parto, exige una actitud de responsabilidad legislativa mayor por parte de todos los diputados aquípresentes”. Asimismo sopesó positivamente la incorporación del infanticidio por considerar que la penaaplicable actualmente es “desmesurada, violentando el principio de proporcionalidad que debe existirentre la pena aplicable y el reproche al autor por el delito cometido”, dejando en claro que “a la pardeberíamos exigir que se ejerza una acción de asistencia médica, psicológica y social plena por parte delEstado en sus más diversos niveles. Es indispensable seguir trabajando para mejorar las condiciones deejercicio y disfrute de la maternidad en nuestro país, porque muchas veces esta situación convierte a lamujer en un sujeto vulnerable, discriminado y a veces marginal”. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 25 25.
CAPITULO X: SEGURIDAD BANCARIALey 26.637Introducción La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de Seguridad Bancaria fueresultado del temperamento que adoptaron los señores legisladores ante un contexto marcado por elcreciente número de robos perpetrados en sucursales bancarias, muchas veces marcado por actosextremadamente violentos hacia las personas, que en ocasión de la comisión del delito, se encontraban enel lugar. Estas circunstancias motivaron un pedido de informe (6815-D-2010) por parte del BloqueNeuquino al Banco Central de República Argentina para conocer de qué forma se efectiviza el contralor delcumplimiento de las medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. De este modo la media sanción que dio Diputados al proyecto, posteriormente promulgado por elEjecutivo, se presentó como una respuesta específica y acotada ante dicha problemática de inseguridad enentidades bancarias.Trámite parlamentario El proyecto que se tomó como base para realizar el dictamen fue el expediente 3306-D-2010 cuyaautoría es del diputado Milman (GEN). El asunto tuvo giro a las Comisiones de Finanzas y Seguridad Interior.Ambas comisiones en reunión plenaria aprobaron y emitieron dictamen el 24 de agosto, el cual fue firmadopor Comelli, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Interior. La iniciativa contó con el apoyo unánimede los legisladores integrantes de las comisiones, con lo cual luego de los siete días hábiles reglamentariosquedó en condiciones de ser tratado por el plenario de ambas cámaras. De ese modo el dictamen emitido por las comisiones que consta en la Orden del Día 1044/2010 fuepuesto en tratamiento del plenario de la cámara el 8 de septiembre. Dicha sesión estuvo signada pordiscusiones reglamentarias que podía llegar a dejar sin quórum reglamentario la sesión, con lo cualfracasaría no pudiéndose tratar los temas de importancia, como el de Seguridad Bancaria. Tal es así que sepropuso apartarse del reglamento para sortear las discusiones que impedían avanzar con el tratamiento delos asuntos y pasar directamente al debate de Seguridad Bancaria. Se procedió al debate sobre el Orden del Día 1044 y a su votación. La misma resultó unánime, delos 238 diputados presentes todos votaron de modo afirmativo. De esta manera, el proyecto pasó enrevisión a la Cámara de Senadores, la cual lo aprobó el 29 de septiembre, siendo luego promulgado por elEjecutivo el 28 de octubre bajo el número de ley 26.637.Contenido La ley en su artículo primero fija los parámetros de aplicación que están dirigidos a las entidadesfinancieras de la norma 21.526. El artículo segundo en tres incisos plantea las medidas mínimas deseguridad que deben adoptar las mencionadas entidades. A saber: protección para evitar la observación deterceros en las líneas de cajas y cajeros automáticos, adecuar las cajas de seguridad, en cuanto a suresistencia y revestimiento y la obligatoriedad de las entidades financieras de adoptar inhibidores obloqueadores para imposibilitar el uso de telefonía celular en el interior de los edificios sin afectar aterceros que se encuentren fuera de los mismos. El artículo tres faculta al Banco Central de la República Argentina para determinar la aplicacióndiferenciada de los dispositivos mínimos de acuerdo a la envergadura de la sucursal de que se trate,debiendo actualizarse anualmente. El artículo cuatro establece al BCRA como autoridad de aplicación de laley y lo faculta para reglamentarla.Postura del Bloque MPN El bloque apoyó con su voto afirmativo la media sanción pero se encargó de remarcar algunascuestiones más integrales en el discurso de la diputada Comelli, quien afirmó que “no podemos discutir enfunción de hechos puntuales”, haciendo clara mención a que la medida adoptada por el Congresorespondía a una coyuntura muy particular. Precisando la idea, dijo que el Congreso no ha “estado a la altura 26 26.
de las circunstancias para dar una respuesta y un marco normativo integral que fije reglas claras” en cuantoa la seguridad. Comelli puso de relevancia que “el Parlamento trabaja a través de lo que está presentado porescrito. Si no está escrito, no avanzamos en las comisiones. Si hacemos discursos en cualquier lado, noavanzamos”. No obstante esas aseveraciones, Comelli valoró la media sanción en tanto que sea “elpuntapié inicial de un tratamiento mucho más amplio”. Finalizó su discurso diciendo que “la discusiónintegral se la debemos a todos los ciudadanos argentinos y esperamos que ello ocurra pronto”. VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN 27 27.
CAPITULO XI: 82% MOVILHaber Mínimo Garantizado y Movilidad de las Prestaciones PrevisionalesIntroducción Desde hace más de cincuenta años, tanto los partidos políticos en sus campañas electorales, comolos gobiernos de turno, incorporaron como herramienta de discurso la problemática de los jubilados, peronadie hizo realidad muchas de las promesas que se multiplicaron a través del tiempo. En 1957 la Convención Constituyente incorporó el artículo 14 bis a la Constitución Nacional y,precisamente allí, se incluyen las “jubilaciones y pensiones móviles”. Luego, la ley 14.499 estableció elsistema conocido como 82% móvil, fijando la movilidad en función de los cambios que experimente el cargoque ocupaba el beneficiario cuando estaba en actividad, bajo un sistema de equidad y seguridad jurídicapara el jubilado y pensionado. Tiempo después, la ley 18.037 reglamentó la movilidad de los haberes, pero la estableció ya no enforma directa con el sueldo concreto del trabajador en actividad en su cargo, sino en función de lasvariaciones del nivel general de las remuneraciones. Siguiendo el recorrido de la larga peregrinación que lleva la historia de la jubilación en el país,llegamos a la ley 24.463, llamada de Solidaridad Previsional, que dice concretamente que se fijaráanualmente en la Ley de Presupuesto. Pero la realidad ha demostrado que la mencionada norma nuncaestuvo integrada con partida alguna referida a la movilidad, ni la ley 11.672, Complementaria Permanentede Presupuesto, que contempla esa situación. Lo que significa que se establece un nuevo criterio de ajustede las jubilaciones, ligado al aumento de los recursos presupuestarios, pero dándole preferencia a losaumentos de las categorías mínimas. Nadie duda que el haber jubilatorio es un sustituto del salario, por ello el monto a percibir por eljubilado debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador por igual categoría,oficio o función. Pero cumplir con lo establecido por el artículo 14 bis de la CN, de manera universal eintegral en el largo plazo, exige un régimen que tenga los recursos financieros suficientes y sostenidos en eltiempo.Características básicas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Con la última reforma los afiliados del sistema de capitalización y los fondos en sus cuentasindividuales fueron traspasados al sistema público de reparto, que se convierte en el Sistema IntegradoPrevisional Argentino (SIPA). Los afiliados y beneficiarios del sistema de capitalización tienen idéntica cobertura y tratamientoque en el sistema público. El Estado les garantiza, según la ley, iguales o mejores prestaciones y beneficiosque los que gocen a la entrada en vigor de la norma. Los años de servicios prestados por esos afiliados lesson reconocidos en el sistema público. Los retiros programados o fraccionarios en vigor fueron pagados porel sistema público, pero las rentas vitalicias continúan abonándose a través de las compañías de seguros. Los recursos transferidos del sistema de capitalización son administrados por la ANSES, que goza deautonomía financiera y económica y es supervisada por la Comisión Bicameral de Control de los Fondos deSeguridad Social del Congreso. Los recursos transferidos y los aportes obligatorios futuros se transfieren al Fondo de Garantía, quees monitoreado por un consejo. Sus fondos son invertidos de acuerdo con lo estipulado en las leyes 24.241(creadora del sistema de capitalización) y 26.222. Los aportes voluntarios hechos por los asegurados antes de obtener el beneficio podían transferirsea la ANSES o a una AFJP, que debería reconvertirse (la ley no especifica cómo se hace la reconversión) con elobjeto de mejorar la pensión (la ley no justifica el trato diferente de los aportes obligatorios y voluntarios). 28 28.
Estadísticas del Sistema de Seguridad Social argentino La inversión en Seguridad Social como porcentaje del PBI aumentó del 5,6% en 2004 al 9,1% en2009 y más del 10% para el 2010. Comparativamente, esta inversión fue en promedio del 5% entre 1976 y1981, 5,8% durante la década de los ’80 y 6,2%, durante los ’90, cayendo a un promedio del 4% durante elperíodo de crisis 2001/2003. Si se suma la totalidad de la inversión en seguridad social per cápita, es decir cuánto invierte elEstado en cada habitante, Argentina es el país de la región que mayores erogaciones realiza (duplicando aBrasil) por un valor que ronda los U$D 1.000 anuales. Respecto a la cobertura previsional, durante la década del ’90 se redujo cayendo periódicamentehasta el 57% en el 2003. Es decir, sólo 6 de cada 10 de los adultos mayores contaban con alguna jubilacióno pensión. Esta cobertura aumentó a más del 80% para 2009 y alcanza casi a un 90% en 2010. En el 2003 lacantidad de beneficios en el SIPA era de 3,185 millones llegando a 5,585 millones en el año 2010. La inclusión de 2,35 millones de nuevos beneficiarios –Plan de Inclusión Jubilatoria- fue un avanceúnico a escala latinoamericana haciendo que el país alcance la mayor cobertura previsional en la región(80% de nuevos jubilados en 5 años) tras el achicamiento de la cobertura previsional del sistema decapitalización de las AFJP. En cuanto a la movilidad jubilatoria no debe pasarse por alto que cuando el sistema del 82% móvilfue diseñado, a nivel global había 3 trabajadores activos por cada adulto mayor. Pero actualmente, larelación cayó a 1,5 trabajadores activos por adulto mayor. Esto es por varias razones, pero en particular sedebe al aumento de la expectativa de vida. Cuando se diseñó el sistema jubilatorio en Argentina laexpectativa de vida era de 66 años, hoy es de 76 años. Esto implica diez años más de erogaciones porjubilado. Por ello, la generalidad fue ir dejando de lado el concepto de 82% móvil. La jubilación mínima de $150 pesos que se mantenía desde agosto de 1991 (RES. 678/91 delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social) aumentó a $825,20 en 2009. Durante 2010 los aumentosconforme lo estipula la ley de movilidad llevaron la jubilación mínima a $1.046. Desde el 2003 hasta el 2010el aumento de la jubilación mínima fue del 597,8% y el de la jubilación media del 294,5%. De esta manera,dentro de la región, Argentina y Uruguay son los países con mayor tasa de sustitución del salario superandoel 50%, siendo mayor a la de España y poco menor a la de Italia.Fondo de Garantía de Sustentabilidad Cuando se habló de recursos o fuentes de financiamiento para la aplicación del 82% móvil, laoposición se enfocó en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo que en su momentoadministraban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES: originalmente corresponde a inversionespre realizadas por las AFJP. El FGS tiene como finalidad atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional públicopudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales. Es un fondo de reserva a fin deinstrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público,garantizando el carácter previsional de los mismos. Tiene como fuente de recursos el superávitpresupuestario anual de la ANSES, los bienes en especie que recibió o reciba el Régimen PrevisionalPúblico, las rentas provenientes de las inversiones que realice el FGS y cualquier otro aporte que establezcael Estado mediante su previsión en la Ley de Presupuesto. Nadie duda de que el 82% móvil es una buena iniciativa para los jubilados y pensionados, pero nodebe omitirse el análisis de la sustentabilidad de esta medida sólo por saldar una deuda histórica. Sinembargo, la opción de liquidación total o parcial de los activos del FGS, como algunos proyectos de laoposición plantean, ya sea en el corto o mediano plazo, era y sigue siendo prácticamente inviable. El 40% de las inversiones que componen el FGS son activos ilíquidos. Del 60% restante, la mitad soninversiones en activos que demandarían más de diez años para su liquidación y la otra mitad soninversiones que demandarían entre 2 meses y 7 años para liquidarlas. Es decir, que la liquidación parcial ototal de los activos que componen el FGS, en el corto o mediano plazo, es de difícil realización. 29 29.
Si en el 2010 se hubiese liquidado la totalidad del FGS se hubiera incurrido en una pérdida totalestimada de $74.000 millones (56% del FGS) y sólo se habrían rescatado $69.930 millones (44% del valoractual). A estas pérdidas deberían sumarse los efectos económicos que una liquidación de activos tangrande hubiese generado en el mercado y en la economía doméstica en general, como por ejemplo, unaintensa expansión monetaria y una presión sobre el sistema de precios, incrementando las probabilidadesde inflación.Dictamen de Comisión en Diputados El dictamen del 82% móvil se obtuvo finalmente en la reunión de Comisión de Presupuesto yHacienda el 4 de agosto de 2010, luego de que los expedientes fueron tratados en la Comisión de Previsióny Seguridad Social dos meses antes, el 29 de junio. En aquella reunión de presupuesto el Grupo A logró emitir dictamen de mayoría. Sin embargo, nocontó con el apoyo del Bloque Movimiento Proyecto Sur, al presentar éste un dictamen en minoría, que adiferencia del de mayoría establecía las fuentes de financiamiento. El dictamen de mayoría se basa principalmente en tres cuestiones: En primer lugar, busca equiparar la prestación mínima al 82% móvil del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), llevándola a $1.230 según el actual SMVM. El segundo lugar, referido a la recomposición de los haberes jubilatorios, el dictamen no habla de retroactividad, sino que establece que a partir de sancionada la ley se actualizarán los haberes en base a los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos Badaro y Sánchez. Por último, en relación a la movilidad jubilatoria, la misma estaría atada al índice de salarios nivel general elaborado por el INDEC. Este dictamen de mayoría no contempló fuentes de financiamiento. La posición de quienes firmaneste dictamen es que tales recursos ya existen. Entienden que las nuevas erogaciones pueden financiarsecon el superávit de la ANSES, la rentabilidad del FGS o superávit fiscal. Este dictamen de myoría también se basa en la idea de que el haber jubilatorio es un sustituto delsalario. Los firmantes sostienen que la diferencia existente entre la prestación mínima y el gasto necesariopara una canasta básica de necesidades de un adulto mayor en la actualidad no debería ser inferior a$2.000. Respecto de la movilidad, se afirma que la prestación mínima debe variar en función de laevolución del salario mínimo, vital y móvil precisamente porque el haber jubilatorio es el sustituto delsalario. A diferencia del dictamen de mayoría, este dictamen sí daba cuenta de fuentes de financiamientode forma expresa en los artículos 11, 12, 13 y 14, a saber: Restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993 (33%) exceptuándose de esta disposición a las a Pequeñas y Medianas Empresas privadas de capital nacional, administradas o gerenciadas por su propietario, de hasta cuarenta empleados, cuyo monto de facturación no superara los diez millones de pesos. Esta medida generaría un ingreso de $16.000 millones. Superávit del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estimado por el MECON en aproximadamente $14.000 millones, pero descontado lo utilizado en la Asignación Universal por Hijo/a, sólo quedan disponibles $8.200 millones. Por último, debe tenerse en cuenta que la erogación de $30.000 millones de pesos en jubilaciones decantará una gran parte en mayor consumo y, vía Impuesto al Valor Agregado, el tesoro recaudaría aproximadamente $4.000 millones.Estas tres fuentes de financiamiento sumaban un monto total estimado en $28.200 millones.Sesión de Tablas: 18 de agosto de 2010 Habiéndose cumplido el plazo para la observación de los dictámenes, se llevó a cabo la Sesión deTablas en la que finalmente se dio media sanción al dictamen de mayoría sobre movilidad de lasprestaciones previsionales. 30 Recommended
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