Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/645250-r-21-may-2019-convenio-entre-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-secretaria.html
Timestamp: 2019-06-18 14:53:17
Document Index: 76356007

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 77', 'artículo 21', 'artículo 77', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 307', 'artículo 307', 'in fine']

Tercera Unidades especializadas en la lucha frente al fraude y concreción de compromisos
Cuarta Gestión de asuntos comunes
Sexta Acceso a la información de las bases de datos de las entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social y cesión de los datos
Séptima Perfeccionamiento profesional
Novena Plazo de vigencia y entrada en vigor
ANEXO . Plan de objetivos y actuaciones en la lucha contra el fraude y los delitos económicos en materia de Seguridad Social
Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social
La señora doña Ana María Botella Gómez, Secretaria de Estado de Seguridad, nombrada por Real Decreto 503/2018, de 18 de junio, en nombre del Ministerio del Interior, actuando en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 2 del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y en ejercicio de las facultades para celebrar Convenios, que se reconocen en el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El señor don Octavio José Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social, nombrado por Real Decreto 526/2018, de 18 de junio, en nombre del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, actuando en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 6 del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y en ejercicio de las facultades para celebrar Convenios, que se reconocen en el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El señor don Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía, nombrado mediante Real Decreto 728/2018, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), actuando en virtud de lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 3 del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
El señor don Javier Aibar Bernad, Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 643/2018, de 22 de junio (BOE de 23 de junio), actuando en virtud de lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y artículos 1 y 3 del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto,
I. Que la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la Dirección General de la Policía viene colaborando con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la investigación y persecución de delitos y otras infracciones en materia de Seguridad Social a través de la actuación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (en adelante SISS) encuadrada en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial.
II. Que esta colaboración, desde sus orígenes hasta la actualidad, al amparo de diversos procedimientos, Protocolos y Convenios, ha permitido la investigación, seguimiento, desarticulación y enjuiciamiento, de entramados fraudulentos en todo el territorio nacional así como la persecución de delitos e infracciones que atentaban contra los intereses económicos de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
III. La experiencia y especialización alcanzada a lo largo de este tiempo, la evolución en las modalidades de fraude y el incremento de delincuencia organizada han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la colaboración e intensificar la coordinación entre los distintos órganos y unidades, que se han especializado y dedicado, en exclusiva o como parte específica de las funciones que tienen atribuidas, a la persecución del fraude a la Seguridad Social.
Cada vez hay formas más complejas de defraudación, lo que hace necesario intensificar y potenciar la coordinación y cooperación en la lucha contra el fraude. Es necesario extremar las medidas que refuercen la colaboración, específicamente en todo lo relativo al impulso de la acción penal, cuyo objetivo es, desde su origen en la investigación y durante la tramitación del procedimiento judicial, obtener una mayor eficacia en el resultado de los procesos penales.
Igualmente es necesario potenciar la rápida comunicación de información y datos entre las entidades perjudicadas y los responsables del control del fraude, así como promover una mayor coordinación y exhaustividad en beneficio de los intereses en juego, a fin de evitar la demora de las investigaciones, en el inicio de los procedimientos judiciales o la personación en estos.
Con el presente Convenio viene a reforzarse y dotar de mayor eficacia el resultado del conjunto de las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de ambas Direcciones Generales de cara a los procedimientos en que las mismas puedan desembocar.
IV. Que ambas partes comparten la intención y necesidad de fomentar desde sus distintos ámbitos y competencias, una acción conjunta, global y coordinada de los distintos agentes intervinientes –policiales, gestores y de asistencia jurídica– con el objetivo común de desincentivar, prevenir y perseguir la delincuencia en materia de Seguridad Social y dotar a los procedimientos administrativo y judicial de todos los elementos probatorios y exigencias del tipo penal. Se trata, en definitiva, de lograr un efectivo enjuiciamiento de los hechos en defensa de los intereses del Sistema, tanto en los ingresos de los distintos recursos del mismo como en el control del gasto en prestaciones y otros beneficios, y la depuración de las correspondientes responsabilidades penales y civiles.
Con tal objetivo, las partes comparten las siguientes necesidades:
a) Establecer un marco eficaz y dinámico de relaciones entre ambas, a través de sus respectivos agentes y unidades especializadas.
b) Realizar las inspecciones e investigaciones policiales específicas en relación con asuntos que revistan carácter delictivo y, en especial, cuando atenten contra los intereses y el patrimonio de la Seguridad Social en sus distintas manifestaciones.
c) Asistir a los órganos de gestión de las entidades y servicios comunes de la Seguridad Social en el desempeño de sus funciones cuando, en razón de las circunstancias concurrentes, ambas partes lo convengan.
d) Colaborar mutuamente en la fase de investigación policial, así como en el inicio de la acción penal, la posterior instrucción, enjuiciamiento y ejecución por los Órganos Judiciales.
e) Cooperar en la formación con el fin de mejorar la adecuación permanente de los profesionales en sus labores de prevención y lucha contra los delitos económicos en materia de Seguridad Social, lo que requiere una singular especialización al respecto.
f) Analizar y estudiar permanentemente la evolución de las formas de fraude y la aparición de nuevas conductas delictivas en el ámbito de la Seguridad Social.
De conformidad con lo expuesto, la Secretaria de Estado de Seguridad, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el Director General de la Policía y el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, deciden suscribir este Convenio, que se regirá por las siguientes
1.ª Potenciar el marco de relaciones entre las unidades especializadas en la investigación y persecución del fraude. Para ello se propone instrumentar los mecanismos de comunicación que resulten necesarios y permitan la interlocución permanente de los responsables intervinientes.
2.ª Coordinación destinada al impulso de las distintas vías para la persecución de conductas fraudulentas y, en su caso, para el inicio de las acciones penales y la instrucción del correspondiente procedimiento. En el marco de dicha colaboración y desde el primer momento de la detección de los indicios delictivos, se canalizará, de forma coordinada y estratégica, toda la información obrante en el seno de la Administración en relación con las actuaciones de investigación realizadas por la SISS ya se hayan realizado por propia iniciativa o por encomienda de los organismos de la Seguridad Social.
3.ª Facilitar los datos obrantes en las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social, procediendo a su cesión en los términos establecidos en el artículo 77.1.a) y d) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4.ª El perfeccionamiento profesional en aquellas materias que sean precisas dentro de la actividad colaboradora, a través de la organización de los oportunos cursos de formación.
5.ª La formación jurídica de todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la SISS en materia penal, administrativa y procesal.
1. La SISS quedará adscrita a la TGSS por su condición de titular del patrimonio único de la Seguridad Social.
Los funcionarios adscritos a dicha Sección, bajo la coordinación de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, mantendrán su dependencia orgánica y funcional de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de la Policía Judicial, actuando bajo la dirección de los órganos jerárquicos superiores y sin que su prestación de servicios conlleve modificación alguna en su relación de servicios.
La Dirección General de la Policía velará en todo momento por una adecuada dotación de personal de la SISS acorde con el conjunto de las funciones y actuaciones que le resulten encomendadas por razón de este Convenio, y que se estima en 36 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
2. La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social se compromete por su parte, a brindar los medios humanos y materiales precisos para facilitar la adecuada realización de esta labor colaboradora por la Sección de Investigación.
Se establecerán los protocolos de actuación necesarios a fin de canalizar toda la información obrante en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social para su traslado a la SISS, así como para garantizar la asistencia jurídica precisa a través del citado Servicio Jurídico que permita una valoración inicial de los hechos, desde el punto de vista penal y procesal, a fin de encauzar jurídicamente el procedimiento desde su origen.
Las partes del presente Convenio, a través de los distintos niveles de Jefatura de sus respectivas estructuras orgánicas y previo conocimiento o, en su caso, autorización de su inmediato superior, podrán solicitar en cualquier momento el mutuo apoyo y colaboración.
El objetivo es fomentar y facilitar un seguimiento continuo y coordinado de los asuntos entre las unidades especializadas en la lucha frente al fraude.
Dicha colaboración se prestará siempre dentro de los límites de la competencia funcional de cada una de las partes, pudiendo referirse a cuestiones concretas o de carácter general. En particular, la SISS colaborará a requerimiento del respectivo titular de la entidad gestora de la Seguridad Social o de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por su parte, los integrantes de aquella Sección deberán colaborar, en todo el territorio nacional, directamente, y sin perjuicio de las competencias que les son propias, en consonancia con la estrategia general que pudiera diseñarse conjuntamente, mediante los servicios y actuaciones específicos para el ejercicio de sus funciones y circunscritos al ámbito de actuación policial recogido en el presente Convenio.
Las actuaciones que se lleven a cabo por las partes del Convenio, en cumplimiento de las referidas obligaciones de apoyo y colaboración, deberán realizarse con la diligencia y calidad necesarias, así como de forma preferente.
Las actuaciones que se lleven a cabo por las partes dentro del Convenio deberán estar referidas a las siguientes materias:
a) La realización de inspecciones e investigaciones y persecuciones policiales específicas en relación con asuntos que presuntamente revistan carácter delictivo y, en especial, cuando pudieran atentar contra los intereses y el patrimonio de la Seguridad Social en sus distintas manifestaciones
b) La puesta de manifiesto de fraudes generalizados, delitos e infracciones colectivas e individuales en materia de Seguridad Social.
c) El auxilio a los órganos y unidades de gestión de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en situaciones que requieran una especial seguridad.
d) El análisis de los procedimientos de ambas instituciones, encaminado a mejorar las protecciones del Sistema frente a la comisión de delitos y otras infracciones contra el mismo.
e) La formación y adecuación permanente de sus profesionales para mejorar la lucha contra el fraude y la delincuencia en materia de Seguridad Social.
Mediante anexo al presente Convenio, se establece el Plan de Objetivos y Actuaciones en la lucha contra el fraude y los delitos económicos en materia de Seguridad Social para el año 2019, así como el método de evaluación de resultados.
1. Para la gestión de asuntos comunes y la puesta en práctica del Plan de Objetivos y Actuaciones del ejercicio de 2019, contenido en el anexo al Convenio, se autoriza una asignación máxima de crédito de 500.000€ anuales, con independencia de los gastos por desplazamientos, alojamiento y manutención de los componentes de la SISS, los cuales se efectuarán con cargo al presupuesto de gastos de la entidad a la que se presten los servicios, rigiéndose por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
2. La asignación irá con cargo al Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social y será puesta a disposición de la Dirección General de la Policía a través de la cuenta en el Tesoro que se determine, con el siguiente régimen económico:
– El libramiento de fondos por la Tesorería General se realizará a la cuenta que la Dirección General de la Policía especifique mediante la correspondiente comunicación, para la posterior generación de crédito en su presupuesto formalizada por el órgano que corresponda en el Ministerio del Interior, en las aplicaciones presupuestarias que estime procedentes para el desarrollo y efectividad de la labor de colaboración singular a que se refiere este Convenio.
– De conformidad con el artículo 21 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en su nueva redacción realizada por la disposición final decimocuarta de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en el primer semestre del ejercicio se librarán fondos por importe equivalente al 10 % de la dotación máxima, en concepto de anticipos a cuenta de la liquidación que habrá de practicarse en función del grado de cumplimiento del Plan Anual de Objetivos y Actuaciones de 2019.
– El gasto correspondiente se imputará al concepto 402 «Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para la persecución del fraude y la delincuencia» del Programa 4161 «Gestión de Afiliación, Cotización y Recaudación Voluntaria» del Presupuesto de Gastos de la Tesorería General.
– En diciembre del ejercicio de 2019, en el que se ejecuta el Convenio, se procederá a evaluar los resultados obtenidos hasta el 30 de noviembre de 2019 y a liquidar el importe correspondiente en función del grado de realización alcanzado.
Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social facilitarán, previa petición, el acceso de la SISS a los datos obrantes en sus bases de datos, asegurando en todo caso la confidencialidad de la información.
El acceso y suministro de información entre las partes de este Convenio, se efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa de Protección de datos de carácter personal vigente y el artículo 77.1.a) y d) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Ambas partes se comprometen a fomentar la formación mutua, en las materias que se estimen necesarias, de los funcionarios de las entidades gestoras, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del personal de la SISS.
Para las materias estrictamente jurídico-penales y procesales, dicha formación se desarrollará en coordinación con la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
En el Plan de Objetivos y Actuaciones podrá fijarse la realización de cursos de formación con carácter previo y con ocasión de la realización de determinadas campañas, cuando su complejidad así lo aconseje.
Se constituirá una Comisión mixta de vigilancia y seguimiento del presente Convenio a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en el mismo así como la resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución que de éste pudieran derivarse. La Comisión, de composición paritaria, se reunirá tantas veces como sus miembros estimen oportuno y estará integrada por dos representantes de cada parte, designados al efecto por cada entidad firmante. El régimen de funcionamiento y toma de acuerdos de la Comisión se ajustará a lo establecido en el título preliminar, capítulo II, sección Tercera, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La duración del Convenio se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2019.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto tal y como se establece en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
–El Secretario de Estado de la Seguridad Social,
Octavio José Granado Martínez.
–El Director General de la Policía,
Javier Aibar Bernad.
Plan de objetivos y actuaciones en la lucha contra el fraude y los delitos económicos en materia de Seguridad Social
Como concreción de la cláusula cuarta del Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad. La Secretaría de Estado de Seguridad Social, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social se establece el Plan de Objetivos y Actuaciones para el año 2019 y el método de evaluación de resultados.
Para la determinación del Plan se han efectuado los estudios y cruces de información previos que se han estimado oportunos, especificándose, como mínimo, los siguientes aspectos:
– Determinación de las conductas o supuestos de hecho objeto del Plan.
– Información precisa y características técnicas de su suministro.
– Compromisos de la Sección de Investigación, con indicación de las actuaciones proyectadas, los resultados programados y la liquidación de los mismos.
En concreto en el año 2019, se pretende que las investigaciones relativas a delitos contra la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal, empresas ficticias y altas fraudulentas adquieran una relevancia significativa dentro de la actividad investigadora de la SISS.
1. Acciones de la labor de investigación de la SISS. Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos por parte de la SISS se establecen las siguientes acciones:
– 1.ª acción: «Coordinación en la tramitación de asuntos relativos a actividades detectadas supuestamente delictivas, que atenten contra el patrimonio de la Seguridad Social, o que afecten a la seguridad de sus bases de datos». Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, remitirán los asuntos de esta índole, detectados en su ámbito, junto con toda la documentación precisa que permita a la citada Unidad Policial el desarrollo de sus investigaciones.
– 2.ª acción: «Apoyo técnico-administrativo a la SISS». La Tesorería General facilitará el apoyo humano y material (vehículos, equipamientos y demás medios necesarios) para el correcto desarrollo de los cometidos de la SISS.
Igualmente, la Tesorería General facilitará a la SISS los datos obrantes en las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social que les sean necesarios para el desarrollo de las investigaciones iniciadas a instancia de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema de la Seguridad Social. Las consultas se realizarán por personal debidamente autorizado para la realización de estas funciones, poniéndola a disposición de la Sección de Investigación por los medios más seguros y rápidos que se dispongan en el momento de su remisión; medios telemáticos o medios ordinarios de envío, asegurando en todo caso la autenticidad y confidencialidad de la información.
– 3.ª acción: «Prestar la formación que sea precisa a los integrantes de la SISS, en materia de Seguridad Social».
a) La formación se llevará a cabo con cursos de actualización dirigidos al perfeccionamiento de los conocimientos de Seguridad Social, procedimientos de sus Organismos y demás materias que puedan incidir en la mejora de la preparación de los integrantes de la SISS.
b) También se podrán celebrar cursos de formación con carácter previo con ocasión de la realización de determinadas campañas, cuando su complejidad lo aconseje.
2. Objetivos y puntuación. Los objetivos que han de medir la actividad colaboradora de la SISS, se evaluarán teniendo en cuenta las actuaciones concluidas y las actividades realizadas a fecha 30 de noviembre de 2019, con un máximo de 170 puntos.
Se tendrán en cuenta las investigaciones requeridas desde la vigencia del anexo hasta el 15 de octubre y las actuaciones pendientes del ejercicio anterior.
Estos objetivos son los que a continuación se relacionan:
– Objetivo 1: Puntuación máxima: 100 puntos.
1.1 «Concluir un número de investigaciones relacionadas con supuestos delitos que afecten a la Seguridad Social, distintas de las mencionadas en los apartados siguientes».
A este efecto y con el fin de verificar la valoración del cumplimiento del compromiso, se establece la siguiente escala:
• Si se concluye el 85 % de las investigaciones requeridas: 50 puntos.
• Si se concluye entre el 65 % y el 84 % de las investigaciones requeridas: 35 puntos.
• Si se concluye entre el 38 % y el 64 % de las investigaciones requeridas: 25 puntos.
• Si se concluye entre el 1 % y el 37 % de las investigaciones requeridas: 10 puntos.
• Si no se concluye ninguna de las investigaciones requeridas: 0 puntos.
1.2 «Concluir operaciones a gran escala relacionadas con supuestos delitos que afecten a la Seguridad Social».
• Si se concluyen más de cinco operaciones: 50 puntos.
• Si se concluyen tres o cuatro operaciones: 35 puntos.
• Si se concluyen dos operaciones: 25 puntos.
• Si se concluye una operación: 15 puntos.
– Objetivo 2: Puntuación máxima: 40 puntos.
«Investigaciones de especial relevancia a criterio de la Tesorería General».
2.1 Teniendo en cuenta el elevado volumen de presuntos delitos contra la Seguridad Social detectados por las Direcciones Provinciales, se ha considerado oportuno establecer en este objetivo, la persecución de los mismos.
«Incidir en las investigaciones relativas a delitos contra la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal».
En función de las investigaciones concluidas, se establece la siguiente escala:
• Más del 80 % de las investigaciones concluidas: 30 puntos.
• Entre el 55 % y el 80 %: 15 puntos.
• Entre el 22 % y el 54 %: 5 puntos.
No se otorgará puntuación alguna a porcentajes de investigaciones concluidas por debajo del 22 %.
2.2 Teniendo en cuenta la proliferación de determinadas conductas fraudulentas, consistentes en la constitución de empresas ficticias y en la tramitación de altas fraudulentas, y la especial importancia que este tipo de delitos tiene para la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha considerado conveniente establecer en este objetivo, la persecución de dichas conductas.
«Investigaciones de redes y tramas organizadas en empresas ficticias y altas fraudulentas».
En función de las investigaciones concluidas, relativas a este tipo penal, se establece la siguiente escala:
• Más del 75 % de las investigaciones concluidas: 10 puntos.
• Entre el 60 % y el 75 %: 7 puntos.
• Entre el 25 % y el 60 %: 3 puntos.
No se otorgará puntuación alguna a porcentajes de investigaciones concluidas por debajo del 25 %.
– Objetivo 3: Puntuación máxima: 10 puntos.
«De las investigaciones realizadas, las llevadas a cabo fuera de la Comunidad de Madrid».
La ponderación se asignará conforme a la siguiente escala:
• Más de un 65 %: 10 puntos.
• Entre un 45 % y un 64 %: 5 puntos.
• Entre un 25 % y menos del 44 %: 2 puntos.
No se otorgará puntuación alguna a porcentajes de investigaciones por debajo del 25 %.
– Objetivo 4: Puntuación máxima 20 puntos.
«Asistencia a cursos o jornadas de actualización».
Se impartirán por la Tesorería General de la Seguridad Social dos jornadas de formación del personal de la SISS.
Para el cómputo de este objetivo será necesaria la asistencia de la totalidad de la plantilla del personal de la SISS, salvo motivo debidamente justificado.
De celebrarse una sola jornada de formación, la puntuación se reducirá proporcionalmente y a efectos de la valoración conjunta del Plan de Objetivos, se tendrá en cuenta reduciéndose su valoración máxima hasta 160 puntos.
Si finalmente las jornadas formativas no se celebraran, la puntuación de este objetivo no se tendrá en cuenta en la valoración conjunta del Plan de Objetivos, reduciendo su valoración máxima hasta los 150 puntos.
3. Valoración de resultados. Será competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social la evaluación del cumplimiento de los presentes objetivos. La evaluación se realizará en diciembre de 2019.
Con carácter general se establece una correspondencia del 100 % del importe de la aportación máxima de la Tesorería General, para los 170 puntos obtenidos en la ejecución del Plan (160 o 150 puntos en el supuesto de las excepciones establecidas en el Objetivo 4 «in fine») y una correlación proporcional para puntuaciones inferiores.
El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la vista del volumen de los asuntos investigados, tipo y complejidad de los mismos, así como de la disponibilidad de los funcionarios de la SISS a lo largo del ejercicio, podrá incrementar la puntuación en un máximo de 30 puntos.
4. Acreditación de las actuaciones de colaboración. La Dirección General de la Policía acreditará las investigaciones concluidas y demás actuaciones. La Unidad Administrativa competente de la Tesorería General con carácter previo a la liquidación, comprobará su correspondencia con las notas informativas y demás documentación recibida de la SISS, así como con la información disponible en la propia Tesorería General.
Verificado lo anterior, el Vocal Asesor de la Dirección certificará su conformidad e instará la liquidación.