Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-17033-de-octubre-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_084e6d821dd600aae0530a01015100aa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 17:23:22
Document Index: 280454568

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 47', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 250', 'artículo 43', 'artículo 338', 'artículo 47', 'artículo 65', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 79', 'artículo 55', 'artículo 250', 'artículo 2']

﻿ Sentencia 1997-17033 de octubre 9 de 2014
SENTENCIA 1997-17033 DE 09 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN. ESTABLECÍA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 30 DE 1986 QUE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS MEDIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS PARA LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE QUE TRATABA LA MISMA LEY DEBÍAN SER DECOMISADOS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN INMEDIATA DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, ENTIDAD QUE PODÍA DESTINARLOS PROVISIONALMENTE AL SERVICIO OFICIAL O A ENTIDADES DE BENEFICIO COMÚN INSTITUIDAS LEGALMENTE, O DE MANERA PREFERENTE, DARLOS EN DEPÓSITO, O BAJO CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATICIO DEL DOMINIO, A QUIENES DEMOSTRARAN TENER UN DERECHO LÍCITO SOBRE LOS MISMOS. EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DEFINITIVA DE TALES BIENES, LA MISMA NORMA ESTABLECÍA QUE TAL DECISIÓN DEBÍA SER CONSULTADA Y SOLO SURTÍA EFECTO UNA VEZ FUERA CONFIRMADA POR EL SUPERIOR. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DEVINO QUE EL DAÑO DEVINO ANTIJURÍDICO PARA EL ACTOR POR HABER EXCEDIDO LA ENTIDAD EL TIEMPO RAZONABLE PARA DECIDIR LA ENTREGA PROVISIONAL DEL VEHÍCULO A SU PROPIETARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO ESTABA PROBADA SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESUNTO HECHO DELICTIVO Y QUE SE CONTABA EN EL EXPEDIENTE CON LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE SOPORTABAN LA NATURALEZA DE LA MERCANCÍA Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU TRANSPORTE, PRUEBAS QUE, FINALMENTE, FUERON LAS QUE FUNDAMENTARON LA DECISIÓN DE ENTREGA DEFINITIVA DEL BIEN Y DEL LÍQUIDO QUE EN ÉL SE TRANSPORTABA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, VEHÍCULO AUTOMOTOR, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1997-17033 de octubre 9 de 2014
Radicación: 150012331000199717033 01
Expediente: 29.026
Demandante: Luis Alberto Durán Mosquera
Demandado: Nación-Fiscalía-Ministerio de Defensa-Ejército
La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la mayor de las pretensiones, es de $30.000.000, los cuales se pidieron como indemnización por los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, y dicha cuantía supera la suma exigida para la procedencia de la apelación, al momento de su interposición(1).
Además, la entidad demandada Nación es de derecho público y, por lo tanto, la competencia para conocer de los litigios en los que esté involucrada radica en esta jurisdicción.
La acción de reparación directa, prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, es la procedente para resolver el conflicto planteado, dado que se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante por la retención de un vehículo de su propiedad, porque en su criterio, dicha retención por las autoridades militares y de Policía fue ilegal y por parte de la Fiscalía fue dilatada injustificadamente.
El demandante está legitimado en la causa, toda vez que afirmó haber resultado damnificado con los hechos que se señala en la demanda por ser el propietario del tractocamión con placas XKE 989, modelo 1979.La calidad de propietario del bien objeto de la retención fue probada por el demandante con la copia de la licencia de tránsito (f. 41 c-2). En relación con la Nación-Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa-Ejército y Policía Nacional-, la legitimación en la causa se deriva del hecho de haber ejecutado las acciones que se considera causantes del daño.
En el presente asunto se pretende la reparación de los daños causados al demandante como consecuencia de la retención injustificada de un vehículo de su propiedad, durante el tiempo que tardó la investigación penal para concluir que no había sido utilizado en la comisión de ilícito penal alguno. Por lo tanto, el término para presentar la demanda deberá empezar a contarse, conforme a lo previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(2), desde el día siguiente al de la entrega del bien, esto es, desde el 31 de mayo de 1996 y, dado que la demanda se presentó el 6 de mayo de 1997, debe considerarse que lo fue en tiempo.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación deberá la Sala establecer si esa entidad es o no patrimonialmente responsable por los daños sufridos por el señor Luis Alberto Durán Mosquera por la retención de su vehículo durante poco más de un año, mientras se adelantaba la investigación penal. En caso de que la respuesta sea positiva, deberán determinarse los perjuicios causados al demandante y si es posible proferir condena en concreto.
Considera la Sala que, a pesar de que la actuación de la entidad demandada no merece reproche alguno, desde el punto de vista de la legalidad de sus decisiones, sí hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad por dilación injustificada en la que se incurrió para resolver sobre la devolución del vehículo.
4.1. En efecto, está probado que el 15 de mayo de 1995, el comandante de la base militar de Vosconia dejó a disposición de la Fiscalía Delegada ante el Circuito de Puerto Boyacá, al señor Elfer Ortega y al vehículo camión marca Mercedes Benz, color marrón y amarillo, carrocería tipo tanque color gris plateado, con placas XKE989, modelo 1979, así como la sustancia que se transportaba en el vehículo, que eran 18.100 kilos de ácido nítrico líquido, según lo dicho por el conductor. Esa retención se produjo en la troncal de la Paz, estación Vosconia, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (f. 21, c. 2), y su justificación fue la siguiente:
La inmovilización del vehículo con ácido nítrico se debió a que el conductor Elfer Ortega presentó como documento para amparar el transporte de la carga: una copia al carbón de una planilla diligenciada en computador, que tiene el membrete de Fertilizantes Colombianos S.A., y que a pesar de estar redactada en computador, también aparecen dentro del diligenciamiento escritos a mano, dando apariencia de ser un documento dudoso. En el documento, en la casilla que corresponde a la cantidad aparece 0.00 en letra de computador y más abajo aparece a mano 18 10, en el detalle aparece ácido nítrico 53 por ciento. También se aprecian otros detalles como son tres firmas al carbón, pero no aparece el nombre de las personas que firman, tan solo aparece con tinta de lapicero la firma del conductor Elfer Ortega, estas irregularidades dejan mucho que pensar si se tiene en cuenta el volumen de la carga y más tratándose de una sustancia química.
Por lo anterior, solicito a ese despacho se verifique la autenticidad del documento y la procedencia legal de la carga en mención. Según la planilla, su destino es Asequímicos…, de Bogotá, y procedente de la ciudad de Barrancabermeja. Se tiene conocimiento de que este químico es utilizado para el procesamiento de alcaloides, como la cocaína.
— Con base en ese informe, la Fiscalía inició la correspondiente investigación penal y solicitó el dictamen de la sustancia, que fue practicado por el laboratorio de toxicología de la Universidad de Manizales, Caldas, en el cual se concluyó que correspondía a ácido clorhídrico, sustancia controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Así consta en la providencia dictada el 26 de septiembre de 1995, por la unidad especializada de Ley 30 de 1986 de la Fiscalía Regional, en la cual se declaró la preclusión de la investigación que tramitaba en contra del señor Elfer Ortega (f. 23-237 c-2), por considerar que el sindicado estaba amparado por una causal de inculpabilidad, en tanto obró con la convicción errada e invencible de que su conducta era atípica. No obstante, se advirtió en esa providencia:
Que según el dictamen del laboratorio de toxicología de la Universidad de Caldas-Manizales, la sustancia analizada corresponde a ácido clorhídrico diluido, teniendo en cuenta que se trata de sustancia sometida a control legal, encuentra el despacho que deben practicarse las diligencias necesarias para lograr la identificación e individualización de la persona responsable del delito de infracción al art. 43 de la Ley 30 de 1986, toda vez que la firma Fertilizantes Colombianos S.A., que despachó el vehículo en el cual se localizó la cantidad de 18.100 kilos de sustancia, que según el dictamen en cita anterior resultó corresponder a ácido clorhídrico, de acuerdo a la autorización de la Dirección Nacional de Estupefacientes estaba autorizado para comprar, distribuir, consumir y producir solamente 80 kilos de ácido clorhídrico y no la cantidad transportada, y por ello es procedente, siguiendo los lineamientos procesales respectivos, ordenar copias de la actuación con el fin de ser enviadas a la unidad de diligencias previas de la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá, para que de acuerdo a la normatividad respectiva adelante las diligencias del caso para lograr la identificación e individualización de la persona responsable del ilícito y se aclare lo referente al dictamen sobre la sustancia incautada.
— El 30 de enero de 1996, la Unidad Especializada de Narcotráfico de la Fiscalía Regional resolvió ordenar la entrega definitiva del vehículo al demandante, por considerar que al no haberse acreditado la participación del propietario del mismo en los hechos presuntamente delictivos, no había razón jurídica válida para continuar restringiendo el derecho de dominio del demandante; pero dispuso que ese acto solo se cumpliría cuando se tramitara la consulta ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional y siempre que dicha decisión fuera confirmada.
— El día 18 de marzo de 1996, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió confirmar las decisiones proferidas el 26 de septiembre de 1995 y el 30 de enero de 1996, objeto del grado jurisdiccional de consulta (f. 7-13 c. 1), con el siguiente fundamento:
Desde el momento de la retención, el implicado fue claro en manifestar que la sustancia que transportaba era ácido nítrico, como constaba en la copia de la planilla emitida por Fertilizantes Colombianos S.A. (…), explicación que fue corroborada por la mencionada entidad, quien informó que la sustancia había sido despachada en el vehículo conducido por el encartado, con destino a la empresa Acequímicos Ltda…de Bogotá, al igual que el producto era obtenido del gas natural en el complejo petroquímico de la ciudad, y que no se encontraba en la lista actual de aquellas sustancias reguladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia (…).
Así mismo, la empresa Acequímicos Ltda. certificó que el ácido nítrico transportado por el inculpado no era de aquellos que estaban sometidos a vigilancia por la Dirección Nacional de Estupefacientes, para lo que allegó copia de la resolución…que autorizaba a la entidad a actuar como comprador, consumidor y distribuidor de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco, entre otros (…).
A la encuesta se arrimaron las certificaciones de las firmas contratantes donde se daba cuenta de las actividades desarrolladas por cada una de ellas, así como los permisos emitidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes para comercializar la sustancia, corroborando de esta forma las explicaciones suministradas tanto por el conductor como por el propietario del rodante, quienes manifestaron que le prestaban el servicio de transporte a varias empresas serias.
Así las cosas, vale decir que teniendo en cuenta que el conductor obraba con la convicción de que la sustancia que transportaba era ácido nítrico, la cual no requería de permiso alguno para su movilización, se evidenció, como ya se precisó, que con su actuar incurrió en la causal excluyente de culpabilidad a que alude el numeral 4º del art. 40 del Código Penal.
En consecuencia, como quiera que se encuentra plenamente comprobada una de las causales señaladas de manera taxativa por el art. 36 del C.P.P. para precluir la investigación de Elfer Ortega, es por lo que debe procederse a la confirmación de la decisión adoptada por el a quo.
De otra parte, respecto al vehículo camión marca Mercedes Benz, color marrón con amarillo, de placas XKE-989 incautado, vemos que concurrió en calidad de tercero incidental José Isaac López Vera, en representación de Luis Alberto Durán Mosquera, con el fin de solicitar su devolución.
Dentro del trámite incidental, Luis Alberto Durán Mosquera, propietario del automotor, afirmó que el encartado conducía el vehículo desde hacía aproximadamente 3 años; que el vehículo para el día de los acontecimientos transportaba ácido nítrico desde la ciudad de Barrancabermeja hasta Bogotá (…).
Ahora bien, tenemos que en autos se logró acreditar no solo la legítima propiedad del vehículo incautado, sino su lícita procedencia; lo anterior se desprende de la unidad probatoria existente, fue así como se allegaron los documentos que demostraban la propiedad del rodante en cabeza de Luis Alberto Durán Mosquera.
En conclusión, comprobado que tanto el conductor como el propietario del rodante no tuvieron relación alguna a tipo de participación en los hechos objeto de averiguación, y acreditada la legítima propiedad del mismo, es por lo que se impone la confirmación de la entrega ordenada.
El 30 de mayo de 1996 se cumplió la entrega material del vehículo “camión, marca Mercedes Benz, de placas XKE-989” y de la mercancía depositada en el mismo, que correspondía a “18.100 kilos de ácido nítrico”, que se encontraban depositados dentro del vehículo (f. 12 c-1).
Las pruebas anteriores demuestran que la Fiscalía actuó en el caso concreto atendiendo las funciones que le fueron conferidas en el artículo 250 de la Constitución(3), conforme al cual le correspondía adelantar la investigación, con el fin de establecer si se había incurrido o no en un presunto ilícito penal y, en caso positivo, determinar los responsables del mismo, dado que existía denuncia y mediaba un dictamen pericial que indicaba que la sustancia transportada en el vehículo de propiedad del demandante era objeto de control por la Dirección Nacional de Estupefacientes y superaba en gran cantidad la autorizada para su comercialización.
Para la época de ocurrencia del hecho estaba vigente el artículo 43 de la Ley 81 de 1993, “Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal”, que modificó el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, el cual establecía que los instrumentos y efectos con los que hubiera cometido un hecho punible doloso o que provinieran de su ejecución y que no tuvieran libre comercio, debían pasar a poder de la Fiscalía General de la Nación o de la entidad que esta designara, a menos que ley dispusiera su destrucción. En el mismo sentido el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”, preveía: “Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho…”.
En consecuencia, existiendo un dictamen pericial que indicaba que la sustancia transportada era de aquellas sometidas al control de la Dirección Nacional de Estupefacientes, era deber de la Fiscalía proceder a la retención del vehículo hasta tanto quedara establecido si se había cometido o no un ilícito penal.
Una vez adelantada la investigación penal en este caso, se concluyó que no se había incurrido en ilícito alguno, dado que la sustancia transportada no era de comercio prohibido y, en consecuencia, se exoneró de responsabilidad al sindicado y se ordenó la entrega del vehículo y de la mercancía decomisados.
En ese orden de ideas, no hay lugar a reprochar a la entidad responsabilidad patrimonial alguna por la retención del vehículo, mientras concluía que el hecho denunciado no era delictivo.
4.2. Ahora, si bien el hecho de haber tramitado la investigación no constituyó falla del servicio alguna, considera la Sala que el tiempo que se tomó la entidad demandada para devolver el vehículo a su propietario sí fue excesivo y, en consecuencia, deberá indemnizar al demandante por los daños que sufrió durante el término que excedió aquel que debió tardar la decisión.
Ha sido criterio jurisprudencial reiterado aún antes de la expedición de la Constitución de 1991, el cual fue precisado por la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, la distinción entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hace efectivo el derecho subjetivo y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se predica de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(4).
En la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, estableció en el artículo 65 la responsabilidad del Estado “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, bien que provengan del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, del error jurisdiccional, o de la privación injusta de la libertad.
Con respecto al indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, el artículo 69 establece: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
El funcionamiento anormal de la administración de justicia puede producirse como consecuencia de cualquier actuación irregular en la tramitación de los procesos(5) y genera responsabilidad patrimonial del Estado cuando se causa daño a los usuarios del servicio. Ese indebido funcionamiento puede implicar denegación del derecho fundamental de acceso al servicio (art. 228 de la Constitución), o puede consistir en la vulneración de los derechos patrimoniales que se persigan a través de la interposición de las acciones correspondientes(6).
En relación con los daños derivados de la Administración de Justicia, procede la causal de exoneración del hecho exclusivo de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración, que establece que “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.
Uno de los casos típicos de responsabilidad patrimonial del Estado por el indebido funcionamiento de la administración de justicia es el de las dilaciones injustificadas(7), el cual está previsto en los artículos 229 y 228 de la Constitución los cuales prevén, respectivamente, como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y consagra los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”(8), normas que guardan armonía con lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce esa garantía como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.
Para identificar lo que se considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la doctrina ha señalado que debe compararse la actuación con lo que se consideran como estándares de funcionamiento normal de ese servicio:
La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación(9).
En este caso, el vehículo fue retenido por la Policía, con el argumento de que presentaba sustancias químicas prohibidas, según la Ley 30 de 1986.
Según el dictamen técnico rendido por el jefe del laboratorio de toxicología de la facultad de Medicina de la Universidad de Caldas Manizales, “la sustancia liquida enviada en un porrón de color rojo, corresponde a ácido Clorhídrico diluido: uno de los usos en laboratorio es formar Clorhidrato de Alcaloides. También se usa en Laboratorio Industrial para análisis químico de sustancia” (f. 27 c.1).
Sin embargo, según la providencia dictada el 30 de enero de 1996, mediante la cual la Unidad Especializada de Narcotráfico de la Fiscalía Regional ordenó la entrega del vehículo a su propietario, obraba en el expediente, entre otras pruebas, la factura expedida por la empresa Fertilizantes Colombianos, con sede en Barrancabermeja, conforme a la cual el vehículo transportaba ácido nítrico y estaba destinado a la empresa Acequímicos Ltda., en Bogotá.
Considera la Sala que si bien era deber de la Fiscalía investigar la existencia del delito y los presuntos responsables del mismo, carga que debió soportar el demandante, el daño devino antijurídico para este por haber excedido la entidad el tiempo razonable para decidir la entrega provisional del vehículo a su propietario, teniendo en cuenta que no estaba probada su participación en el presunto hecho delictivo y que se contaba en el expediente con las pruebas documentales que soportaban la naturaleza de la mercancía y la autorización para su transporte, pruebas que, finalmente, fueron las que fundamentaron la decisión de entrega definitiva del bien y del líquido que en él se transportaba.
Establecía el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos de que trataba la misma ley debían ser decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad que podía destinarlos provisionalmente al servicio oficial o a entidades de beneficio común instituidas legalmente, o de manera preferente, darlos en depósito, o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, a quienes demostraran tener un derecho lícito sobre los mismos. En relación con la entrega definitiva de tales bienes, la misma norma establecía que tal decisión debía ser consultada y solo surtía efecto una vez fuera confirmada por el superior.
En consecuencia, considera la Sala que el término razonable para resolver sobre la entrega provisional del vehículo a su legítimo propietario fue el mismo que tardó la Fiscalía para decidir la situación jurídica del señor Elfer Ortega. Por lo tanto, debe considerarse que se produjo una dilación injustificada en la entrega provisional del vehículo desde el 26 de septiembre de 1995, que fue la fecha en la cual la unidad especializada de Ley 30 de 1986 de la Fiscalía Regional, declaró la preclusión de la investigación que tramitaba en contra del sindicado (f. 23-237 c-2). Por lo tanto, es desde esa fecha que procede la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante.
Cabe señalar que la Sala en oportunidad anterior, frente a un supuesto de hecho muy similar, consideró igualmente que:
13.7. En efecto, de conformidad con el precitado artículo 79 de la Ley 30 de 1986, una vez practicada la inspección judicial tendiente a identificar de manera preliminar la sustancia retenida y realizadas las experticias técnicas del caso, esto es, tomadas las muestras necesarias para que el Instituto de Medicina Legal rindiera dictamen sobre la sustancia sospechosa, hechos que acontecieron el 10 de marzo de 1994 –supra párr. 9.3-, la Fiscalía General de la Nación debió haber entregado el vehículo incautado a quien demostró ser su propietario, esto es, al señor Víctor Manuel Alfonso, en calidad de depósito, a la espera de que se adoptara una decisión definitiva. De haberlo hecho, el señor Alfonso hubiera podido recuperar la tenencia material del bien y, con ella, la posibilidad de explotarlo económicamente mientras se adelantaba la investigación preliminar iniciada.
13.8. En estos términos y en la medida en que en el expediente no sólo no se vislumbra razón alguna que justifique el hecho de que la Fiscalía no tomara la decisión que le correspondía, esto es, la de entregar en depósito a su propietario el vehículo incautado, sino que, además, hay constancia de que el señor Alfonso manifestó su intención de recuperar la tenencia del mismo —supra párr. 9.4—, es claro que la actuación de la Fiscalía General de la Nación constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que compromete su responsabilidad administrativa y patrimonial.
13.8. Así las cosas, la Sala comparte la decisión del a quo en el sentido de declarar a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a la parte actora como consecuencia de la mora injustificada en la que incurrió a la hora de ordenar la entrega a su propietario, en calidad de depósito, del vehículo inmovilizado, dilación constitutiva de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Sin embargo, contrario a lo estimado en la sentencia de primera instancia, para efectos de la liquidación de perjuicios, la Sala sólo considerará el tiempo durante el cual la Fiscalía General de la Nación incurrió en el retardo injustificado, esto es, el transcurrido entre el 10 de marzo y el 22 de noviembre de 1994, equivalente a 8,4 meses.
13.9. Ahora, si bien lo anterior es suficiente para efectos de declarar la responsabilidad de la Fiscalía, la Sala considera oportuno indicar que, una vez en firme la decisión por medio de la cual se ordenó la devolución definitiva del vehículo incautado a su propietario —supra 9.6— no había, en principio, razón alguna que justificara la prolongación de la retención del vehículo y, en consecuencia, en ausencia de explicaciones sobre el particular por parte de la entidad demandada, ello también constituiría un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(10).
Por lo tanto, se considera que en el caso concreto se causó un daño antijurídico al demandante, por la retención del vehículo de su propiedad durante el lapso transcurrido entre el 26 de septiembre de 1995 y el 30 de mayo de 1996, fecha en la cual se produjo la entrega material del bien y, en consecuencia, se procederá a decidir sobre el monto de la indemnización debida a aquel por la entidad demandada.
El Tribunal a quo condenó en abstracto, a la Nación- Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante la indemnización por los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, y para tal efecto fijó los siguientes criterios:
La Fiscalía General de la Nación debe responder por los perjuicios materiales a que se concreta el daño ocasionado al propietario del tractocamión durante todo el tiempo que permaneció injustamente retenido por las autoridades, lapso durante el cual se vio privado de los ingresos que normalmente percibía por su operación en el transporte de sustancias químicas…
[S]erá necesario allegar todos los soportes documentales que estén en poder del demandante, correspondientes a los valores ingresados por dicho concepto durante un período aproximado de seis meses contados en forma retrospectiva a partir de la fecha de su retención, esto es, del 15 de mayo de 1995. Dicha prueba se complementará con una copia de las declaraciones de renta del actor, correspondientes a los años gravable de 1994 y 1995.
Se encuentra probado en el expediente que el señor Luis Alberto Durán Mosquera tenía la calidad de comerciante, dedicado al “transporte intermunicipal de carga por carretera”, según obra en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 22 de diciembre de 2000 (f. 179 c-1), hecho que, además, aparece corroborado con las copias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, expedidas en los años 2003 y 2004, en las cuales figura el demandante como asegurado, por la suma de $214.800.000, que amparaba los vehículos de carga de su propiedad, que fueron detallados así: remolcadores de placas FLE-235, SUA-667, TUQ-176 y 232, y máquina industrial de placa XKG-473, y las copias de la licencia de tránsito de esos mismos vehículos (f. 180-202 c-1).
Para la época de los hechos, el demandante desempeñaba esa misma actividad, según lo aseguraron: (i) el señor Jorge Eugenio Villa Restrepo (f. 93-95 c-2), quien manifestó que había contratado los servicios que brindaba el demandante, porque era arquitecto y en ocasiones requirió para su labor el transporte de ácido muriático y sulfúrico, amoníaco y carbonato de sodio; (ii) el señor Avelino Duarte (f. 96-97 c-2), quien manifestó que era distribuidor de productos químicos, en especial ácido nítrico que enviaba de Barrancabermeja a Bogotá, y por eso había tenido trato comercial con el demandante, quien realizaba el transporte de esos productos, y (iii) la señora Diana Victoria Villa Muñoz (f. 107-109 c-2), quien aseguró que se dedicaba a la comercialización de ácido nítrico, a través de su empresa Reproquín, el cual recibía cada tres semanas desde Barrancabermeja y era transportado en los vehículos de propiedad del demandante. Añadió que tenía conocimiento de que este prestaba idéntico servicio para las empresas Acequímicos, Marff Productos Químicos y Requim.
El demandante era el propietario del vehículo con placas XKE989 modelo 1979, como antes se señaló, porque así consta en la licencia de tránsito. Además, ejercía su actividad mercantil con el bien decomisado, por lo cual su retención le generó perjuicios económicos, tal como se demostró con la tarjeta de operación y pólizas de seguros (f. 41 c-2, 25 c-1), y con el testimonio rendido ante el a quo por los señores Elfer Ortiz (f. 63-68 c-2), quien manifestó que era quien conducía el vehículo cuando fue decomisado, lo cual generó graves perjuicios a su propietario porque era “el carro con el que él subsistía para la comida, el estudio de las niñas que él tiene, hasta ni para pagar la pensión había porque el carrito era el que producía para los gastos de él con su familia, hasta enfermo se puso don Alberto de tanto pensar en el problema ese”, y el señor Álvaro Beltrán Girón (f. 71-73 c-2), quien manifestó que era mecánico y se había encargado de hacer mantenimiento al vehículo en mención, razón por la cual le constaba que el demandante había sufrido perjuicios económicos por la falta de los ingresos que producía el vehículo.
Pero si bien la existencia del daño sufrido por el señor Durán Mosquera no ofrece dudas, las bases para determinar su cuantía no resultaban suficientes, según el criterio del a quo y, por eso, dictó sentencia en abstracto. No obstante, durante el traslado para alegar en esta instancia, el interesado aportó los únicos documentos que adujo tener para probar tales hechos.
Procederá la Sala a hacer una valoración de todas las pruebas que obran en el expediente, con el fin de liquidar la indemnización por el lucro cesante, dado que mantener la condena en abstracto cuando desde ya se tiene conocimiento de que el demandante carece de los documentos exigidos por el a quo para demostrar cuál era la ganancia que obtenía por el ejercicio de su actividad hará que el trámite posterior a la sentencia sea totalmente ineficaz.
Durante el curso del proceso se recibió el testimonio de varias personas, quienes declararon sobre la ganancia que obtenía el demandante con la explotación del vehículo retenido, así:
— El señor Elfer Ortiz (f. 63-68 c-2), conductor del vehículo, aseguró que este hacía tres viajes a la semana, aproximadamente, en las rutas Barrancabermeja-Medellín –Bogotá; que cada viaje tenía un costo de $1.200.000, y que el vehículo producía entre 12 y 13 millones de pesos mensuales.
— En términos similares, el señor Raúl Mantilla Álvarez (f. 73-76 c-2), manifestó que era él quien elaboraba anualmente la declaración de renta del demandante y por eso tenía conocimiento de que el este tenía unos tres carrotanques, en los cuales transportaba líquidos industriales en la vía Barrancabermeja-Bogotá y que el vehículo decomisado le generaba unos ingresos mensuales del orden de los 14 millones de pesos.
— El señor Germán José Sandoval Alvarado (f. 103-106 c-2), manifestó que era socio de una compañía de fabricación y comercialización de productos químicos de Barranquilla y Barrancabermeja a Bogotá con destino a la empresa Acequímicos Ltda.; que el flete tenía un costo de un millón o millón doscientos pesos, el cual era un poco alto en razón al tipo de tanque que se tenía que utilizar para el transporte de esos elementos químicos.
Comparte la Sala el criterio sostenido por el a quo, conforme al cual la prueba testimonial relacionada es insuficiente para demostrar los ingresos que percibía el demandante por el ejercicio de su actividad mercantil con el vehículo que fue retenido por la Fiscalía. No obstante, al revisar las declaraciones de renta y patrimonio presentadas por el demandante por los años 1993, 1994 y 1995 se aprecia que esos testimonios guardan armonía con los datos que en estas fueron consignados.
El cuadro siguiente muestra los ingresos, deducciones y renta líquida declarados por el demandante durante los años 1993 a 1995:
Año Ingresos por servicios Total ingresos recibidos Costos y deducciones Renta líquida
1993 $315.228.000 $363.211.000 $322.896.000 $22.295.000
1994 $505.790.000 $493.138.000 $478.026.000 $27.764.000
1995 $348.239.000 $363.410.000 $332.713.000 $22.105.000
De acuerdo con estos datos, los ingresos por servicios percibidos por el demandante el año 1995 sufrieron una reducción en relación con los que recibió en el año 1994 del orden $157.551.000, esto es de $13.129.250, promedio mensual, valor que guarda armonía con los ingresos que según los testigos recibía el demandante por la explotación del vehículo retenido de que trata este proceso.
Ahora bien, dado que lo que se debe reparar al demandante es la ganancia dejada de percibir por la explotación del vehículo y no los ingresos brutos que percibía por los fletes, el dato más relevante de estos documentos, es el de la renta líquida declarada, es decir, el valor de los ingresos, menos las deducciones, el cual corresponde, como lo muestra la tabla a $22.295.000, para 1993; $27.764.000, para 1994, y $22.105.000.
De acuerdo con estos valores, el incremento de ganancia anual percibida por el demandante entre 1993 y 1994 fue del orden de los $5.469.000, es decir, del 1.24%, lo cual significa que en condiciones normales, la ganancia esperada para 1995 debió ser de $34.427.360, valor que resulta de multiplicar la ganancia recibida en 1994, por el 1.24%, que fue el incremento demostrado por el período anterior. En consecuencia, la diferencia entre la ganancia esperada por el demandante para 1995, haciendo la progresión matemática señalada, era de $34.427.360, y la recibida efectivamente: $22.105.000, equivale a $12.322.360 anual, o sea, de $1.026.863, promedio mensual.
El demandante trajo al expediente, durante el término para alegar en esta instancia, varias facturas que corresponden a los fletes cobrados por el transporte de productos químicos durante el año 2003, en vehículos similares al que le fue retenido al demandante por la Fiscalía, las cuales se relacionan así:
Vehículo de placas XKG-473:
Fecha Material transportado Cantidad
Ruta Valor del viaje
12-abril-03 Lubricantes 33.080 C/gena-Valencia $4.962.000
08-may-03 Alquilbenceno 28.730 Guacara-Caloto $6.475.000
10-may-03 Lubricantes 32.000 C/gena-Valencia $4.800.000
23-ago-03 Base MP6 30.100 Ciénaga-Valencia $3.913.000
26-sep-03 Soda cáustica 27.720 El Tablazo-Bogotá $4.158.000
19-sep-03 Xileno 33.920 Barranca-Valencia $4.409.600
30-sep-03 Alquilbenceno 31.360 Guacara-Caloto $5.966.000
31-oct-03 Aromático Pesado 34.260 Barranca-Valencia $4.453.800
17-nov-03 Plastificante 33.000 Charallave-Bogotá $5.115.000
23-dic-03 --- 10.000 Medellín-B/manga $3.800.000
Total $48.052.400
Vehículo de placas SRA-232:
04-mar-03 --- --- --- $1.700.000
08-mar-03 --- --- --- $1.700.000
25-abril-03 Lubricantes 31.510 C/gena-Valencia $4.800.000
23-may-03 Lubricantes 32.000 C/gena-Valencia $4.800.000
31-jul-03 Ortoxileno --- Bogotá- Valencia $4.800.000
23-ago-03 Ortoxileno --- Borburata-Bogotá $4.800.000
29-sep-03 Alquilbenceno 30.860 Guacara-Caloto $5.890.000
04-sep-03 Alquilbenceno 29.540 Guacara-Caloto $5.624.000
09-sep-03 Alquilbenceno 32.210 Buenaventura- Bogotá $1.992.600
04-nov-03 Soda cáustica 27.780 El Tablazo-Bogotá $3.611.400
17-nov-03 Alquilbenceno 29.960 Guacara-Caloto $5.688.500
Total $48.160.300
Vehículo de placas SUA-667:
01-mar-03 --- --- --- $1.700.000
06-mar-03 --- --- --- $1.700.000
25-abril-03 Lubricantes 29.290 C/gena-Valencia $4.800.000
21-jun-03 Alquilbenceno 29.820 Valencia-Bogotá $4.771.200
21-jun-03 Lubricantes 32.000 C/gena –Valencia $4.800.000
31-jul-03 Mp6 mezcla de aceite y grasa vegetal 32.150 Bogotá- Valencia $4.179.500
09-sep-03 Sol 29.620 Bogotá-Cali $1.400.000
11-sep-03 Alquilbenceno 29.570 Guacara-Caroto $5.620.200
18-nov-03 Aromatico pesado 32.120 B/bermeja-Valencia $4.175.600
18-nov-03 Alquilbenceno 30.940 Guacara-Bogotá $4.950.400
Total $44.596.900
Vehículo de placas INC-860:
25-abril-03 Lubricantes 30.060 C/gena-Valencia $4.800.000
23-may-03 Lubricantes 32.000 C/gena- Valencia $4.800.000
16-jun-03 Soda cáustica 30.010 Valencia- Bogotá $4.201.400
16-jun-03 Xileno 29.950 Barranca - Bogotá $3.893.500
07-jul-03 Transbordo viaje Ortoxil --- La Paz- Bogotá ----
31-jul-03 Carboflex- on 33.000 Bogotá – Valencia $3.960.000
23-ago-03 Ortoxileno 27.970 Borburata-Bogotá $4.800.000
29-sep-03 Alquilbenceno 29.920 Guacara-Caroto $5.703.800
Total $33.858.700
Vehículo de placas FLE-235:
06-mar-03 Alquilbenceno 30.120 Guacara-Caloto $6.304.200
12-abril-03 Lubricantes 33.940 C/gena-Valencia $5.091.000
08-may-03 Alquilbenceno 29.710 Guacara-Caloto $5.658.200
07-jul-03 Parafina 29.200 Barranca – Bogotá $1.868.800
23-ago-03 Base MP6 31.890 Ciénaga-Valencia $4.145.700
29-sep-03 Alquilbenceno 30.970 Guacara-Caloto $5.890.000
04-sep-03 Alquilbenceno 29.950 Guacara-Caloto $5.722.800
Total $44.280.700
La sumatoria de los ingresos obtenidos por los cinco vehículos con los que el demandante ejercía su actividad mercantil, durante el año 2003, es la siguiente:
Placa del vehículo Valor percibido durante 1993
XKG-473 $48.052.400
SRA-232 $48.160.300
SUA-667 $44.596.900
INC-860 $33.858.700
FLE-235 $44.280.700
Total: $218.949.000
El promedio de ingresos percibidos por el demandante con la explotación de cada uno de los 5 vehículos es de $43.789.800 (que es el resultado de dividir $218.949.000 entre los cinco vehículos). Esto representa un ingreso promedio mensual por cada uno de los cinco vehículos, durante el lapso que comprende las facturas, que es de 10 meses (entre marzo y diciembre de 2003), de $4.378.980.
Este valor, se insiste, es el que corresponde al año 2003; sin embargo, el cálculo del lucro cesante que debe hacerse corresponde al año 1995. Con el fin de establecer a que valor corresponden $4.378.980, para mayo de 1995, fecha de retención del vehículo puede hacerse uso de los índices de precios al consumidor, así:
— Vp: es el valor final de los ingresos promedio mensual para mayo de 1995
— Vh: corresponde al capital histórico, esto es, $4.378.980, o sea, los ingresos promedio mensuales percibidos por el demandante durante el año 2003, por un camión similar al que le fue retenido por la Fiscalía
— Índice inicial certificado por el DANE: corresponde al de la fecha de retención del vehículo: mayo de 1995
— Índice final: es el certificado por el DANE para julio de 2003. Se toma el índice de julio, como mes promedio, teniendo en cuenta que las facturas que se presentaron cubren los meses de marzo a diciembre.
Esto significa que para mayo de 1995, el demandante recibía un ingreso promedio mensual de $1.719.770. Ahora, como antes se señaló, lo que debe repararse al demandante no es el valor del ingreso obtenido por la explotación del bien, sino las ganancias dejadas de percibir, por no haber podido ejercer su actividad como transportador.
Para calcular la ganancia se vuelve a los datos suministrado por las declaraciones de renta y patrimonio presentadas por el demandante durante los años 1993 a 1995, y al análisis que se realizó con fundamento en estas.
Se concluyó antes que los ingresos que debió percibir el demandante durante el año 1995 por la explotación del vehículo que le fue retenido era de $1.719.770, promedio mensual, y que la ganancia dejada de percibir durante ese mismo año fue del orden de $1.026.863, promedio mensual. Estas conclusiones resultan plenamente coherentes con lo declarado por los testigos, con los documentos que obran en el expediente y con las reglas de la experiencia que demuestran que cualquiera actividad, por productiva que ella sea, es inferior a los ingresos, porque de los mismos deben deducirse los costos.
Por lo tanto, se procederá a calcular la indemnización por el lucro cesante dejado de percibir por el demandante durante el lapso comprendido entre septiembre de 1995, fecha en la cual se debió hacer la entrega provisional del vehículo al demandante, y mayo de 1996, mes en el cual se le entregó el bien en forma definitiva, es decir, se calculará el lucro cesante por 8 meses.
Multiplicada la ganancia promedio mensual que debió recibir el demandante por los 8 meses durante los cuales se dilató la actuación, se calcula dicha indemnización en $8.214.904, suma que será reconocida al demandante, debidamente actualizada a la fecha de esta sentencia, conforme a la siguiente fórmula:
— Vp: es el valor final de la indemnización
—Vh: corresponde al capital histórico, esto es, $8.214.904
— Índice final certificado por el DANE: corresponde al de la fecha de esta sentencia
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para la imposición de las mismas.
MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 16 de junio de 2004, la cual quedará así:
1. DECLARAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación patrimonialmente responsable por la tardanza en resolver la situación jurídica del automotor tipo tractocamión, marca Mercedes Benz, de placas XKE-989, modelo 1979, de propiedad del señor Luis Alberto Durán Mosquera.
2. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Luis Alberto Durán Mosquera treinta y dos millones setecientos ochenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos ($32.781.378), por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
4. Nación-Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
1 En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $13.460.000. En este evento se aplica dicha norma porque el recurso de apelación se interpuso el 9 de junio de 2004 (f. 138 c-1).
2 Ley 446 de 1998, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
3 El artículo 250 de la Constitución fue modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002. El texto actual es el siguiente: "La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.
4 Ver sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
5 A título de ejemplo de esas irregularidades, se citan los casos tratados por Vicente C. Guzmán Fluja. El derecho de indemnización por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, págs. 186 y ss: ilegalidades, como la apropiación indebida de bienes depositados o decomisados; filtración indebida de datos referentes a personas sometidas a una investigación sumarial o de la identidad de testigos protegidos; defectos de custodia de bienes que hagan parte de una investigación; falta de coordinación en los casos en los que se lleva a cabo ejecución sobre un mismo bien en juzgados distintos al mismo tiempo; errores materiales en los actos de ejecución y las dilaciones indebidas.
6 Vicente C. Guzmán Fluja. El derecho de indemnización por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, págs. 181-182, señala que “funcionamiento anormal se identifica con irregularidad detectada en la tramitación de los procesos y de la que se deriva un daño injusto para el justiciable. Esencialmente esa irregularidad consistirá en la infracción de una norma jurídica atinente al proceso, ya sea una norma de índole estrictamente procesal o una norma reguladora de las actividades de índole administrativa necesaria para la correcta tramitación de los procesos, para que éstos avancen; en resumen, abarca a los actos procesales, a los preparatorios de éstos y, en general, a la actividad de la oficina judicial. De entrada se puede afirmar que el funcionamiento anormal es el contrario a las normas, lo ilegal, y así será en un gran número de casos; pero quede claro que el funcionamiento anormal no exige siempre una ilegalidad ni el incumplimiento de una norma y buen ejemplo de ello lo tenemos en la actividad material de la Administración de Justicia, señaladamente en la de ejecución. Sin embargo, adviértase que no toda irregularidad procesal o administrativa referida al proceso es funcionamiento anormal generador de responsabilidad del Estado, sino sólo aquella que se traduzca en un daño injusto. Habrá ocasiones en las que la irregularidad de origen a unas simples molestias, que son inherentes al funcionamiento de cualquier servicio, que no exceden las cargas o gravámenes que se deben soportar dentro del marco de la convivencia democrática”.
7 Las anteriores referencias están contenidas en la sentencia de 22 de noviembre de 2012, exp. 24.258, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.
8 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Además, ha considerado la Sala que “para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13.539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
9 . Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos, 1986, p. 358.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2013, exp. 26.112, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.