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Timestamp: 2020-08-04 12:43:53
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Libro-de-Política-Nacional-y-Ley-de-HCB-Versión-en-Digital-Ultimo.pdf | Petróleo | John D. Rockefeller
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POLÍTICA NACIONAL Y LEY DE HCB
CJS-230
LIC.: ISACIO SUAREZ CHAVEZ
PETRÓLEO – SU EVOLUCIÓN
Teniendo en cuenta la importancia capital que reviste el concepto de propiedad en el estudio y análisis de los hidrocarburos, es necesario referirse inicialmente a tal concepto a fin de establecer marcos referenciales sobre un bien al que el Derecho le ha asignado especial significación. En tal sentido empezaremos diciendo que propiedad es cuanto nos pertenece o es propio. Es la facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa. También se entiende por propiedad el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona.
En el Derecho Romano se consideraba la propiedad como el derecho constituido sobre cosa corporal del cual nace la facultad de disponer libremente de ella, percibir sus frutos y reivindica rla, a no ser que en contrario determine la ley, la convención o la voluntad del testador; también se considera como el derecho de usar (jus utendi), derecho de percibir los frutos (jus fruendi), derecho de abusar (jus abutendi), derecho de poseer (jus pos idendi), derecho de enajenar (jus alienandi), derecho de disponer (jus disponendi) y derecho de reivindicar (jus vindicandi).
Luego y en la época del medioevo o el sistema feudal nos encontramos con Las Partidas que es una compilación que hizo Alfonzo El Sabio, Rey Español de 1252 a 1258, se decía que la propiedad es el señorío o poder que el hombre tiene en una cosa suya para hacer de ella lo que quiera, según Dios y según fuero.
La propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que está produce y sobre todo lo que se incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras propias manos, en cuyo caso se la conoce como accesión. No se debe perder de vista que la propiedad es obra de la ley civil, pues antes del establecimiento de las leyes el hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba más derecho que la fuerza con que las defendía y las conservaba; de tal modo que las cosas se adquirían por la fuerza y se conservaban por la posesión.
DERECHO Y DERECHO DE PROPIEDAD.-
Derecho es el ordenamiento que dirige y orienta la relación entre individuos con sentido de rectitud moral. El término derecho proviene de la conjunción de los vocablos latinos “directus” y “rectus” que significa conducir, dirigir y actuar con rectitud respectivamente. Para que sea posible vivir en sociedad es necesario que hayan normas de conducta que gobiernen la actividad humana que
indiquen lo que no se debe realizar y aquello que forzosamente se debe hacer y esa función es la que cumple y desarrolla el Derecho.
En cuanto al derecho de propiedad, diremos que son dos los sistemas que tratan de explicar el concepto del mismo: el sistema jurídico latino y el sistema jurídico anglosajón.
El sistema jurídico que responde al derecho latino, en cuanto a las riquezas naturales del suelo y del subsuelo, determina que quien es propietario de la superficie o suelo, no necesariamente es propietario del subsuelo; más propiamente, no es dueño del subsuelo. Bolivia, como la mayoría de los países hispanoamericanos desarrolla s u derecho dentro del sistema jurídico latino, de ahí que es el estado el que se arroga la propiedad de las riquezas del subsuelo.
El sistema jurídico anglosajón establece, por el contrario, que quien es propietario del suelo o superficie, lo es también del subsuelo. Los países que están acogidos a este sistema son principalmente EEUU y el Reino Unido y algunos otros países europeos, así como también la mayoría de los que han sido o son colonia del Reino Unido.
DERECHO PETROLERO.-
El Derecho se divide y clasifica en base a diferentes modalidades; una de esas clasificaciones se refiere a su ámbito de aplicación. Así tenemos el Derecho Agrario, Derecho Minero, Derecho Internacional, Derecho del Trabajo, etc.
El Derecho Petrolero es una rama del Derecho que ha surgido al impulso del desarrollo económico industrial y del avance tecnológico de la humanidad. Del mismo modo que las relaciones sociales y del trabajo han hecho posible el surgimiento del Derecho del Trabajo y que de las actividades comerciales se ha originado el Derecho Mercantil, de igual forma los hechos y relaciones petroleras han generado el Derecho Petrolero, siendo este un derecho especial cuyas modalidades están determinadas por las características de la explotación y por la naturaleza propia de la industria.
Existen algunas discrepancias doctrinales en cuanto al contenido del Derecho Petrolero, que se dan en función a las actividades que pueden ser aplicables a este Derecho.
Una de estas posiciones es la que considera que el Derecho Petrolero solamente comprende las fases de la exploración y producción; es decir que estaría limitado a la regulación de las fases de la exploración y explotación, por lo que las otras actividades propias de la industria petrolera deberían regularse por otras normas jurídicas, de acuerdo con la especialidad, o sea por el Derecho Administrativo, el Derecho Mercantil, el Derecho del Trabajo, el Derecho Ambiental, etc. en la medida que le sean aplicables.
En cambio hay otros que consideran que el Derecho Petrolero es un D erecho Complejo que comprende todas las fases de su actividad verticalmente integradas. Este criterio doctrinal señala que el contenido de esta materia debe extender su alcance a todas las etapas y actividades propias de la industria petrolera y en tal sentido el Derecho Petrolero configuraría el ordenamiento jurídico aplicable a las fases de exploración, explotación, transporte, refinación, comercialización, así como a sus regímenes administrativos e impositivos, basándose en las características muy partic ulares de esta industria y a su especial modalidad operativa.
Siguiendo este lineamiento, es importante describir las nociones básicas sobre las actividades fundamentales que se realizan y que identifican a esta industria petrolera, entre las que se deben mencionar:
a) Exploración, que consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la búsqueda de hidrocarburos naturales, mediante la utilización de diversas técnicas, geológicas, geofísicas, geoquímicas y otras como la perforación de pozos. Está activida d representa la etapa más riesgosa y determinante de la industria petrolera y es por ello que se utilizan técnicas modernas que se fundamentan en estimados e interpretaciones con un elemento importante de incertidumbre en lo referente a sus resultados.
b) Explotación, que consiste en el conjunto de operaciones empleadas para traer a la superficie los hidrocarburos naturales, utilizando la energía natural del yacimiento conocida como extracción primaria o mediante la aplicación de otros métodos de extracción, denominados extracción adicional. La explotación se inicia con los estudios de geología e ingeniería necesarias para definir las acumulaciones petrolíferas, que luego se desarrollaran a través de la perforación de pozos y la construcción de instalaciones conexas de producción, incluyendo así mismo todo lo relativo a la extracción, manejo y tratamiento de los hidrocarburos.
c) Transporte, que consiste en el conjunto de operaciones requeridas para llevar los hidrocarburos naturales y los productos obtenidos de su refinación a los sitios de almacenamiento o centros de consumo. El transporte de crudos se puede realizar por vía terrestre, fluvial y marítima. Cuando es por vía terrestre se utiliza un sistema conocido como oleoductos que está constituido por la tubería troncal o principal y el patio de tanques. El crudo fluye desde el yacimiento hacia el pozo, asciende por flujo natural o bombeo mecánico hasta el cabezal del pozo y es llevado mediante tuberías de flujo hasta las estaciones recolectoras y luego a los patios principales de tanques y de ahí es bombeado a través de las tuberías hasta la refinería o terminal de embarque correspondiente. En los patios de tanques se recibe, se trata y fiscaliza el crudo para determinar la cantidad y calidad del crudo producido.
d) Almacenamiento, que consiste en la colocación y retención de los hidrocarburos naturales y productos de su refinación en depósitos en el suelo o en el subsuelo inmediato o en el subsuelo profundo. Es una actividad que está muy relacionada con el transporte de hidrocarburos.
e) Refinación, que constituye el conjunto de operaciones unitarias físicas y químicas requeridas para separar y transformar los hidrocarburos con el fin de obtener productos de determinadas especificaciones, cuyas composiciones son hidrocarburos; dentro del conjunto de operaciones unitarias se pueden mencionar las de adsorción, absorción, refrigeración, destilación y la de mezcla o manufactura. Los procesos de refinación son a su vez, la separación, la conversión y la conversión profunda. El petróleo crudo tal y como es extraído del subsuelo es de un uso muy restringido porque no satisface los requerimientos de calidad exigidos en las diferentes aplicaciones industriales; por ello el mismo es procesado en plantas complejas y costosas para obtener productos técnicamente útiles y de comercialización.
f) Comercialización que es la actividad de mercadeo interno y la de comercio internacional de hidrocarburos. El comercio exterior de hidrocarburos comprende la exportación los mismos así como de los productos refinados y todas las demás actividades que le son inherentes. Está fase del negocio petrolero es la más importante y constituye la operación que origina los ingresos para la industria de los hidrocarburos.
Teniendo en cuenta este amplio contenido de la materia, se puede definir al Derecho Petrolero diciendo que es el conjunto de normas jurídicas que disciplinan la actividad organizada que tiene por objeto la investigación preliminar, prospección, extracción, transporte, refinación y distribución de hidrocarburos. O esta otra más concisa que establece que Derecho Petrolero es el conjunto de normas jurídicas que regulan los intereses de los particulares dedicados a la actividad petrolera y de estos con el Estado.
ETIMOLOGIA Y EVOLUCION.-
Etimológicamente la palabra petróleo proviene de la voz latina petra que quiere decir piedra y de la terminación óleum que significa aceite. Este aceite de piedra alcanzo tal importancia, que los antiguos usuarios no podían haber imaginado que se convertiría en la principal fuente de energía en el globo terráqueo. Actualmente se conocen el crudo y los diversos productos derivados que posee, como por ejemplo el caucho sintético, pinturas, barnices, disolventes, perfumes, asfalto, fuel e incluso se conoce un subproducto a prueba de fuego.
Acerca del origen del petróleo, se han desarrollado varias teorías, tales las inorgánicas y las orgánicas; entre las inorgánicas tenemos aquellas que se basan en el origen cósmico del petróleo y otras sostenida por Mendelef en el año 1877, que parte del concepto de que el núcleo del globo
terrestre está formado fundamentalmente por carburos, sometido a alta presión. El agua filtrada desde la superficie de la tierra al hacer contacto con ellos provoco una reacción química que dio como resultado la formación de los hidrocarburos, los cuales en estado gaseoso llenaron las grietas y espacios de rocas porosas y por enfriamiento, volvieron al estado líquido.
Esta Teoría perdió toda validez al descubrirse la existencia de petróleo en capas muy profundas de la tierra, en donde la temperatura es tan alta que el agua no puede alcanzarla sin evaporarse.
La teoría más aceptada actualmente sobre el origen del petróleo y el gas natural es la orgánica; está teoría enseña que el petróleo es el resultado de un complejo proceso físico – químico en el interior de la tierra que se ha dado a través de millones de años y bajo un proceso muy lento de descomposición de enormes cantidades de materias orgánicas acumuladas en estratos sedimentarios. Describe está teoría que los cuerpos de animales marinos (zooplancton) y la celulosa de las plantas (fitoplancton) sepultadas por arenas, arcillas, limo y otros minerales en forma de sedimentos, se descompusieron convirtiéndose en aceite y gas.
Entre esos mantos sedimentarios es donde se llevó a cabo el fenómeno natural que dio lugar a la creación del petróleo y el gas natural. Ese proceso de sedimentación y transformación ocurrió a lo largo de millones de años. Entre los geólogos hay quienes ubican el comienzo de todo ese proceso en la época de los dinosaurios; en cambio otros creen que hoy se está formando de una manera similar el petróleo del mañana.
Gracias a esta teoría se puede afirmar que el petróleo más nuevo ha requerido 10 millones de años para formarse y el más viejo unos 440 millones de años. Por ultimo resulta de i nterés anotar que la geología identifica hoy varios tipos de estructuras subterráneas donde se pueden encontrar yacimientos de petróleo: anticlinales, fallas, domos salinos y otros.
Las referencias sobre el petróleo las encontramos desde los tiempos más antiguos; así por ejemplo en la Biblia ya se habla de la brea cuando se relata la construcción del arca de Noé, también en el episodio de La Torre de Babel donde se menciona el asfalto. Otra referencia en la Biblia está en el capítulo que se refiere a Sodoma y Gomorra, sobre los pozos de asfalto, para rematar con el nacimiento de Moisés donde se habla del calafateo con asfalto y brea.
El historiador Herodoto del siglo V antes de nuestra era, refiere a las fuentes de petróleo en las islas griegas de Zonte. En Persia utilizaban petróleo para iluminación; los egipcios lo utilizaban para embalsamar; los romanos le daban usos para iluminación, medicinales y bélicos. Los chinos para evaporar sal conduciéndolo por tuberías de madera. También Marco Polo en el siglo XIII hace referencia a una fuente de petróleo en la región del Cáucaso.
En América precolombina fue conocido el petróleo y nos lo demuestra vestigios encontrados en territorios que hoy son Canadá y EEUU, así como en el “Cahapapote” de los meji canos o en el “Itani” de los chiriguanos.
En territorios que después fueron conocidos como el Alto Perú, los Incas usaban el petróleo con fines medicinales; también es cierto que en el oriente boliviano las tribus extraían de los paúros el petróleo y los usaban en sus flechas para incendiar las chozas de sus enemigos. Se habla de la presencia de este aceite en Tomina, así como en las Misiones de Camatindi, Tigüipa y Macharetí y que se lo recogía con algodón de los manantiales.
SU USO EN EL SIGLO XIX.-
En los primeros años de este siglo no se tenían más referencias sobre el petróleo que aquellas de la existencia en diversos puntos de la tierra de este aceite que servía fundamentalmente para el calafateado de naves, para usos de iluminación, medicinales y en algunos casos como combustible; es decir, los mismos usos aplicados que en la antigüedad.
Es a partir de la década de 1830 que se detectan datos más concretos sobre posibles exploraciones de hidrocarburos. El primer intento en procura de obtener del petróleo algunos productos como gas y lubricantes le es conferido al sabio francés Selligné que en 1834 inicia su experimento en ese sentido.
Existen autores que afirman que es en el Mar Caspio donde en 1848 se realiza por primera vez una perforación de un pozo petrolífero; está perforación fue aplicada a propuesta de F. Semionov que era funcionario de minas en Rusia.
Sin embargo es a partir de un acontecimiento en los EEUU de Norte América, como es la Guerra de Secesión y la Revolución Industrial que el petróleo adquiere ese carácter de vital como combustible para hacer caminar las máquinas a vapor, después para los motores a explosión, luego como lubricantes y con el diésel para los motores de combustión interna.
HISTORIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA.-
Hay autores que dividen la Historia de la Industria Petrolera en épocas; en cambio Harvey O` Connor nos habla de las 4 edades del petróleo, a saber: la era del Kerosene dominada por Rockefeller y en la que la obtención de ese producto era el objetivo básico de la explotación petrolera, desechándose, casi en su totalidad, los demás derivados; 2) la era del petróleo cuya iniciación se da con el descubrimiento del pozo de Spindletop que ocasiona excesivas fluctuaciones en el precio hasta llegar a bajar a 5 centavos de dólar el barril y también conlleva el fin del dominio de la Standar en EEUU por la aparición de otras2 grandes: la Texas y la Gulf; 3) la era de la gasolina que coincide
con el perfeccionamiento del automóvil Ford allá por el año 1911 y 4) la era de la producción autorizada que comienza en 1930 con el descubrimiento de nuevos campos al Este de Texas que determina la proliferación de lotes urbanos que eran perforados indiscriminadamente, inundando el mercado de petróleo barato con gran derroche de ese producto.
Los que dividen en épocas se basan únicamente en el uso que en cada una de ellas se hace de los derivados de ese producto y señalan tres principales; la primera de 1859 a 1874 que la denominan etapa del Keroseno; la segunda de 1874 a 1911 que la identifican como etapa de los lubricantes y la tercera de 1911 adelante que la señalan como etapa de la gasolina, sin llegar a la etapa del gas que nace pasada la segunda Guerra Mundial.
La vida sin el petróleo no podría ser como la conocemos. Del crudo obtenemos gasolina y diésel para nuestros autos y autobuses, combustibles para barcos y aviones. Lo usamos para generar electricidad, obtener energía calorífica, para fábricas, hospitales, oficinas y diversos lubricantes para maquinaria y vehículos. La industria petroquímica usa productos derivados de el para hacer plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicinas, conservadores de alimentos, hules y agroquímicos. El petróleo ha transformado la vida de las personas y la economía de las naciones. Su descubrimiento creo riqueza, modernidad, pueblos industriales prósperos y nuevos empleos, motivando el crecimiento de las industrias mencionadas.
A la luz de todos estos usos descritos precedentemente, se puede afirmar que el petróleo cumple una triple función en la sociedad: como fuente de energía, como materia prima y fuente de ingresos. Como fuente de energía el petróleo participa junto con el ca rbón, el gas natural y la electricidad, en el suministro y en la satisfacción mundial de esta necesidad. Como materia prima, el petróleo y el gas natural, su función hasta ahora es insustituible para la industria petroquímica, actividad económica que bien planificada y ejecutada puede ser muy importante en el parque industrial de nuestro país. Y en lo que respecta a la fuente de ingresos, es por demás evidente que al entrar a la fase de comercialización, el petróleo y el gas natural representan una fuente de ingresos de primer orden en el concierto internacional, tradicionalmente distribuidos en diversas proporciones entre grandes grupos de actores en la industria: Estados petroleros, compañías petrolera y estados consumidores.
Está importancia también ha s ido grandemente probada en los embargos de petróleo a los países occidentales, resultando altamente ilustrativo lo que ha ocurrido en el Medio Oriente con la Guerra del Golfo Pérsico y la Guerra contra Irak que es una encrucijada estratégica en la cual convergen tres continentes: Europa, Asia y África y en donde subyacen las reservas del petróleo convencional más significativas del globo. Por sus ingentes reservas, por su producción y por su participación en
el comercio internacional, el Medio Oriente es el centro de gravedad de la industria petrolera mundial. Los conflictos bélicos del Golfo Pérsico e Irak tuvieron y tienen como objetivo esencial lograr el control de las reservas más importantes del mundo.
La importancia del petróleo es igualmente notoria cuando se desarrollan planteamientos como la geopolítica del petróleo, así como aquella peculiar teoría de la extraterritorialidad del concepto de la Seguridad Nacional de un determinado país.
En cuanto a la geopolítica del petróleo, es una nueva ciencia presentada por uno de los más destacados analistas del petróleo de EEUU, Melvin Conant, quien subraya la importancia de las fuentes energéticas, o más bien del acceso a la fuente energética, especialmente la de hidrocarburos, en las relaciones internacionales y cuya muestra más elocuente ha sido la Guerra del Golfo Pérsico, ocasionada por el interés de controlar las fuentes de materias primas, más concretamente la energética así como las rutas petroleras. Esta es la confirmación de la gran importancia del petróleo.
La otra, que merece ser tomada muy en cuenta es el concepto de la extraterritorialidad de la seguridad nacional de un país, más propiamente de EEUU en donde ya se ha desarrollado ampliamente, en el sentido de que la seguridad de ese país no debe c ircunscribirse a mantener un estricto control de la industria petrolera dentro de sus propias fronteras, sino que es necesario conservar la libre navegabilidad por el estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico. Desde luego que este es un planteamiento peligroso, porque cualquier día se lo puede aplicar a nuestros países latinoamericanos con respecto a diversas materias y conceptos.
LEGISLACION PE VBTROLERA – SU EVOLUCION LA COLONIA
En Bolivia, durante la Colonia, se han encontrado importantes evidencias sobre la existencia del petróleo. Entre los primeros que nos dan datos sobre la existencia de este líquido viscoso tenemos al jesuita Álvaro Alfonso Barba, párroco de Tarabuco, quien claramente identifica al petróleo como “betunes”, allá por el año 1590, lo que constituye una de las referencias principales al petróleo en aquellos lejanos años.
En cuanto a las disposiciones legales durante la Colonia se dictaron las famosas Ordenanzas de Aranjuez, con el nombre de Ordenanzas para la Nueva España, las que tenían aplicación en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, conociéndosele en este último país como Ordenanzas del Perú. Estas Ordenanzas fueron emitidas por el Rey Carlos III en 1783 y cuyos términos establecían diferencias entre suelo y subsuelo, siendo el subsuelo propiedad exclusiva de la Corona Española. Esta norma legal, además, concedía la explotación para extraer oro, plata y “bitúmenes” o “betunes” a los súbditos del Rey. Para tener derecho a esta explotación, la ordenanza preveía el pago de un tributo denominado Quinto Real, el cual se entregaba a la autoridad en 1/5 de lo extraído. La explotación del yacimiento tenía un término de duración equiparable a la vida del monarca. El Tributo fue suprimido en los primeros tiempos de la república.
En 1865 aparecen las primeras concesiones de que se tiene conocimiento; fueron concedidas u otorgadas a Manuel Velarde, en regiones de los Departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Estas han debido ser las primeras de la vida republicana; sin embargo no ex iste antecedente alguno que muestre resultados positivos de esta explotación, presumiéndose que concluyeron en fracaso.
Posteriormente, más exactamente el 3 de enero de 1867, durante el gobierno del General Melgarejo, los alemanes Francisco Hokst y Eduardo Harsen obtienen el privilegio exclusivo para extracción y purificación del petróleo en toda la provincia Salinas que es la actual provincia O´Connor de Tarija.
Lo curioso de esta concesión es que se la efectúa con el objeto de fomentar y proteger en cuanto le sea posible la industria química; es decir que no solamente se limitaba a la simple extracción, sino a la “purificación” de petróleo, lo que nos muestra que los concesionarios poseían una visión bastante amplia de esta incipiente industria, pretendiendo ingresar al refino.
NORMAS LEGALES.-
La primera disposición legal, durante la Republica, que se refiere concretamente a las sustancias inorgánicas no metalíferas, data del 1º de diciembre de 1872, durante el primer gobierno de Tomás Frías. Está norma establece fundamentalmente lo siguiente:
a) Diferenciación del petróleo de los minerales.
b) Que estas sustancias son de propiedad del Estado.
c) Iniciar trabajo dentro de 6 meses, bajo pena de caducidad.
d) Limita la concesión hasta 4 estacas por persona y 12 por sociedad (la estaca corresponde a
800m de latitud por 800m de longitud y profundidad sin límites).
e) La obligación del concesionario de pagar patentes al Estado, según tipo de concesión y
f) Las licencias de cateo se obtienen de las prefecturas y subprefecturas.
g) El que hace la denuncia tiene derecho prioritario.
h) El Código de Minería rige en todo lo no contemplado.
LEY DEL GOBIERNO MONTES.-
A los 44 años de dictado el primer cuerpo orgánico y autónomo sobre petróleo, se dicta una nueva norma en fecha 12 de diciembre de 1916, durante la presidencia de Ismael Montes y cuyas determinaciones fueron las siguientes:
a) La reducción de la patente fiscal a dos centavos por hectárea.
b) Prohibición de nuevas adjudicaciones de yacimientos de petróleo, quedando de propiedad del Estado las que hayan caído en caducidad o desahucio.
c) Se declara de propiedad del Estado los “aceites minerales” que sean encontrados en las exploraciones mineras.
d) Se establece como pago en favor del Estado por primera vez del 10% del producto bruto y un impuesto del 3% sobre explotación.
LEY DEL 24 DE FEBRERO DE 1920.-
Con esta nueva ley se va consolidando la legislación petrolera en el país; es tá disposición, que fue dictada durante el gobierno de Gutiérrez Guerra, autorizaba al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones petrolíferas en zonas de Reserva Fiscal, en las extensiones que considere conveniente:
establecía un término de 66 años como vigencia para las concesiones de explotación y la obligación
para el concesionario de pagar como contribución un 12 ½% de regalía sobre el total producido, además de un impuesto adicional del 20% sobre las utilidades que obtenga. Después de su promulgación fue duramente criticada en esa época, ya que se sostuvo que se la dicto para ayudar expresamente a la Empresa Richmond Levering, lo que fue corroborado y demostrado, pues a los 4 días de dictada está ley, o sea el 28 de febrero de 1920, el gobierno dicta una Re solución Suprema por el que aprueba un contrato con la Richmond Levering Incorporated y a los 6 días subsiguientes, es decir el 2 de marzo de 1920 se firma la escritura correspondiente con la nombrada empresa. Aquel contrato le otorgaba a la Richmond el derecho de explorar 2.355.000 hectáreas de reservas fiscales en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca y explotar de entre ellas 1.000.000 de hectáreas y por el término de 50 años.
Posteriormente, concretamente el 3 de marzo de 1921, la Richmond transfiere sus derechos a la Standard Oil Company of New Jersey, mediante escritura firmada en New York, contraviniendo una condición impuesta por el gobierno boliviano de que no podrá transferir sus derechos sin previa autorización del gobierno.
Como una forma de resaltar la figura de aquellos que dieron inicio a las actividades petrolíferas en el país, nos referiremos a los adelantados en las actividades del petróleo, teniendo que dejar sentado que las primeras concesiones petroleras fueron solicitadas en base al entusiasmo que creaban y generaban las noticias provenientes de los EEUU sobre ese nuevo producto que había creado riquezas de la noche a la mañana. Han debido ser muy pocos los que solicitaban con criterio empresarial; por ello es conveniente resaltar a quienes se constituyeron en verdaderos pioneros de la industria de los hidrocarburos. Entre ellos hay que mencionar a Luis Lavadenz y a Miguel Velasco. Lavadenz obtiene concesiones en la región de Saipurú en tierras de Crisólogo Vaca y después en Aguaragüe, logrando la primera perforación en Mandiyuti en la región de Cuevo, habiendo fracasado finalmente por falta de capitales.
Miguel Velasco era propietario de la hacienda Lourdes, Provincia Cercado del departamento de Santa Cruz, en cuyos límites existían afloraciones petrolíferas. Se asocia con Percy Boland para poder destilar petróleo, naciendo así la primera refinería boliviana de petróleo. El producto que obtiene, que era kerosene, lo vende a la Alcaldía de Santa Cruz para el alumbrado público.
SUS ANTECEDENTES.-
De esta empresa petrolera hay que decir que fue fundada en el año de 1870 por el capitalista e industrial John D. Rockefeller. En aquella época está multinacional se denominaba Standard Oil Company of Ohio por haber sido constituida en esta ciudad Norteamericana y con un capital de un millón de dólares. La denominación con que hoy la conocemos deriva de una serie de dificultades que tuvo que enfrentar, sobre todo de orden jurídico - legal.
Es bastante conocido que en Estados Unidos se dictó una ley antimonopólica, conocida como Ley Antitrust Act., que se la denominó oficialmente como Sherman Antitrust Act., toda vez que el público norteamericano se había sensibilizado mucho por la aparición de los grandes negocios, no solo en el área petrolera, sino en el de las otras industrias.
En un principio, la mayoría de las empresas petroleras, se habían constituido en trust, en especial las denominadas Siete Hermanas, tales como la Exxon, Standard Of California, Socony Vacum Oil Company, The Texas Oil Co., Gulf Oil Co., la Royal Dutch Shell y la British Petroleum Co.; las 5 primeras americanas y las 2 últimas de capital inglés - holandés.
Interesa aclarar que por esa ley antitrust, estas empresas adoptaron la forma de compañías Holding que consiste en que el organismo central tiene la plena propiedad de las acciones que ha adquirido de las empresas asociadas; es decir que difiera de trust en que en esta última solo tiene la posesión de las referidas acciones; dicho de otra manera, se tiene que en el Holding se opera la acción traslativa de propiedad y en el trust se efectúa un simple depósito de acciones.
El nacimiento y desarrollo de las grandes empresas petroleras está vinculada a la acción y obra de los grandes pioneros de esta industria, como son el propio John Rockefeller con la Standard; Henry Deterding con el grupo Shell y William K. D´Arcy con la British Petroleum, etc.
La Standard que llego a Bolivia, fue el producto del tesón de un negociante de productos agrícolas que radicaba en Cleveland que en 1862 se asoció con Maurice Clark y Samuel Andrew con quienes invirtió 4000 dólares en una refinería de petróleo, precisamente en Cleveland; el empuje y visión de este personaje, quien ejerció gran influencia en la industria petrolera y en la tendencia de los negocios modernos, fue decisiva para que esta refinería alcanzara tal magnitud que les permitió fundar la Standard Oil Company en el Estado de Ohio con un capital de un millón de dólares. En 1875 la Standard Oil Company era la Principal empresa en el negocio de refinación y mercadeo de productos petroleros, operando en gran escala en New York, Pittsburgh y Filadelfia.
En 1882 esta empresa celebró el convenio del trust de la Standard que representaba 40 compañías, las que controlaban aproximadamente el 75% de la refinación y el 90% del transporte de petróleo por oleoductos de EEUU. Este convenio dio pie para que otras i ndustrias ingresaran en este campo de los trust, lo que despertara gran inquietud del pueblo americano, y que ocasionó la promulgación de la célebre ley antimonopólica Sherman Antitrust Act.
Consecuencia de esta ley, el 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de EEUU ordenó la disolución de la Standard Oil Company, prohibiéndole a la empresa votar por las acciones de sus 33 subsidiarias y, a su vez, a las subsidiarias pagar dividendos a la Standard, o permitirle algún control sobre su organización; todo lo cual motivo la disgregación de la Standard, conservando sin embargo sus nombres, tales como la Standard Oil Company of New York, la Standard Oil Company of indiana, la Standard Oil Company of Ohio, la Standard Oil Company of California y la Standard Oil Company of New Jersey, la que quedó en manos de Rockefeller y operando independientemente grandes refinerías en la costa oriental de EEUU e importantes negocios en el extranjero, convirtiéndose en poco tiempo en un coloso industrial.
El impacto sufrido por la disolución fue rápidamente superado, merced a dos hechos históricos de extraordinaria significación, como fueron el crecimiento vertiginoso de la industria automovilística y la Primera Guerra Mundial que acrecentaron la demanda de productos petroleros. Por ejemplo Henry Ford estableció la producción en masa del automóvil Modelo T y se mecanizaron por primera vez en la historia las unidades del ejército, requiriendo grandes cantidades de gasolina y lubricantes.
En 1919 la Standard Oil Company of New Jersey adquirió el 50% de las acciones de la Humble Oil Company, primera empresa productora de petróleo en EEUU; después adquiere la mayoría de las acciones de las siguientes compañías: Carter Oil Refining Company, Esso Standard Oil Company que opera grandes refinerías en EEUU; Stanco Incorporated, que produce insecticidas como flit; Ethyl Corporation de propiedad conjunta con la General Motors que elabora y vende el antidetonante tetra etilo de plomo, usado para elevar el número de octanos de la gasolina; la Standard Oil Development Company a cuyo cargo está la investigación científica del Grupo Standard, la cual ha logrado importantes descubrimientos, tales como el cracking, caucho sintético, síntesis de tolueno, insecticidas, etc. que han contribuido notablemente al progreso de la industria.
LA STANDARD EN BOLIVIA.-
Esta compañía ingresa a Bolivia el año 1921, gracias a la transferencia del contrato que le hiciera la Richmond Levering y que pagara 270.000 dólares como consta en el referido contrato. Luego la Standard logro la aprobación del gobierno de la citada transferencia el 25 de Julio de 1923 y, al mismo tiempo, la firma de un nuevo contrato de concesión.
El marco legal de este contrato estuvo constituido por la Ley de Petróleos del 20 de julio de 1921, habiendo la empresa empezado sus operaciones en una extensión de 1 millón de hectáreas otorgadas por el Estado, así como otras 2.145.000 hectáreas que fue adquiriendo de particula res, a través de William Braden; de esta extensión de tierras estaba obligada a seleccionar 1 millón de hectáreas, después de los dos años de exploración.
La inversión impuesta a la Compañía estaba dada en que con el millón de hectáreas concedidas, y para mantener dicha concesión, tenía que explotar y producir, perforando uno o más pozos en el término de 10 meses bajo pena de multa de 50.000 dólares. En ese plan de inversiones también tenía la obligación de perforar en el plazo de 7 años, (incluidos los dos de exploración) un pozo de 500 metros de profundidad por cada 50.000 hectáreas y producir 2 millones de barriles por año. El término de duración del contrato fue de 55 años, en lugar de los 50 establecidos en el anterior contrato con la Richmond.
Para efectuar cualquier instalación o construcción, la transnacional debía presentar al Gobierno planos y proyectos, además de someter semestralmente a su consideración un cuadro detallado de la producción. Estas cláusulas nunca se cumplieron.
En lo que respecta al sistema impositivo, la concesionaria estaba obligada a pagar al Estado el 11% de la producción bruta como regalía, más impuestos sobre utilidades igual al de la minería y una serie de patentes que se incrementaban anualmente hasta el límite de 50 centavos, por cada hectárea retenida a partir del 7º año de operaciones.
Si la compañía intentaba enajenar o transferir las concesiones en favor de gobiernos extranjeros o compañías relacionadas con los mismos, sin el permiso del gobierno boliviano, se operaba inmediatamente la caducidad.
Está empresa concentro la explotación geológica desde la latitud Sur de la ciudad de Santa Cruz hasta Tarija, a lo largo de la zona sub andina y con algunos reconocimientos en el resto del ambiente andino. En un total de área explorada de 87.657 km cuadrados. Hizo trabajos de geología de reconocimiento, detalle y semi detalle. Llego a perforar 21 pozos exploratorios y 10 de desarrollo con un total de 27.171 metros descubriendo los campos de Bermejo en 1924, Sanandita en 1928, Camiri en 1927 y Camatindi en 1931, delineando, además varias estructuras potenciales de carácter somero.
En las actividades de refinación, construyo las destilerías de Sanandita y Camiri para cubrir algo de las necesidades del consumo interno de es a época y otra en Camiri que durante la Guerra del Chaco elaboro gasolina de aviación. Es útil mencionar que el Estado Boliviano no tiene conocimiento auditado de los montos invertidos en los trabajos señalados, aunque lo manifestado por la Standard, esos montos ascenderían a 17.000.000 de dólares.
Aparte del área original de concesión, la Standard continuó adquiriendo otras áreas de particulares, hasta llegar a poseer alrededor de 7 millones de hectáreas, no concedidas oficialmente.
La Standard, en los 15 años invirtió apenas 17 millones de dólares, no obstante de que se había comprometido a invertir 50 millones de dólares. En 10 años esta empresa cubrió todo el territorio comprendido entre la punta Sur de Bolivia en Bermejo, hasta el rio Ichilo en el Norte.
El 24 de agosto de 1922 se inició la perforación del primer pozo, el Bermejo 1, con una profundidad de 561 metros y que resulto seco; luego en 1923 perforo otros 2 pozos en Camiri y Saipurú que llegaron a 805 y 683 metros respectivamente, los que también resultaron improductivos. Posteriormente se perforo el pozo Bermejo II que descubrió petróleo con poco gas a una profundidad de 635,5 metros, siendo el primer pozo productor de hidrocarburos en Bolivia. Corría el año 1924.
En total la Standard perforó 30 pozos, con una profundidad global de 26.360 metros de entre ellos solamente 4 fueron productivos: Bermejo, Sanandita, Camiri y Camatindi.
Corresponde hacer un recuento de los problemas surgidos entre la compañía petrolera y las distintas instancias gubernamentales, referidas a distintos aspectos de orden técnico y económico que dificultaron y entorpecieron las relaciones hasta tal punto que derivaron en enfrentamientos a través de la prensa y en la propia justicia.
Los problemas se remontan hasta el año 1929, pues el gobierno dicta una Resolución Suprema en ese año por la que niega a un particular, en ese caso José Reza, permiso para transferir su concesión a la Standard. Pero es en el año 1927 que se da la controversia sobre patentes; dos centavos y medio por hectárea pagaba la Standard durante la exploración, y 10 centavos por explotación durante el primer año, el mismo que llegaba hasta 50 centavos durante el 7º año, habiéndole reclamado el Estado por no pagar patentes de las concesiones adquiridas a terceros. Sin embargo lo más grave era que la Standard se negaba a admitir su ingreso a la etapa de producción con el claro objetivo de eludir las obligaciones para con el Estado Boliviano.
Como una manera de contrarrestar las defraudaciones, el Gobierno, mediante resolución suprema de 12 de julio de 1928 le obligaría a pagar patentes desde el 1º de enero de 1930, que resultaba incorrecto, ya que se establecería que la Standard comenzó a producir en 1925. Posteriormente y durante el gobierno de Salamanca se modifica esa Resolución, fijándose como periodo de producción desde julio de 1924.
Esta medida, más la investigación ordenada por Tejada Sorzano sobre la denuncia de dos diputados argentinos, de que la Standard exportaba petróleo desde Bermejo, hacen que la compañía se
pronuncie diciendo “tener derecho a producir, transportar, refinar y vender dentro y fuera del país petróleo y sus derivados.”
Este cumulo de ilegalidades, defraudaciones y hasta colaboración con el Paraguay en tiempo de guerra, hacen que el gobierno boliviano, durante la presidencia de David Toro disponga la caducidad de las concesiones de la Standard y la reversión de todos sus bienes e instalaciones al Estado mediante Resolución Suprema de 13 de marzo de 1937, pasando la administración a YPFB.
Está empresa consiguió que el Ministerio de Minas y Petróleo dicte una resolución en su favor, declarando cumplidas sus obligaciones con el Estado, con lo cual le posibilitaba solicitar la devolución de la garantía de 250.000 bolivianos que había depositado al inicio de sus operaciones en Bolivia, no obstante de que no era evidente ese cumplimiento.
Como corolario de todos estos problemas ocasionados por la Standard, diremos que ella defraudó 26 millones de bolivianos. En concepto de patentes, y por regalías y otros conceptos, esa suma llegaría a los 85 millones de bolivianos.
Ante este cuadro desfavorable para la Standard, sus representantes solicitan se reconsidere el caso, encontrando una fuerte negativa del Estado, por lo que la Empresa hace uso de todos los medios a su alcance; sean persuasivos e intimidatorios, a través de la prensa, vías diplomáticas Embajada e incluso de algunos políticos bolivianos. Como estos medios utilizados no dieron resultados, la Empresa tiene que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación demandando la nulidad de la Resolución Suprema de 13 de marzo de 1937 y dirigen está contra el Fiscal general de la Nación, en su condición de representante de la Sociedad y del Estado. Este Poder del Estado falla en contra de la Standard declarando IMPROCEDENTE su recurso, mediante Auto Supremo de fecha 8 de marzo de 1939. Como la Compañía no se convencía, después de este fallo intenta todavía algunas presiones que no dan los resultados esperados.
Finalmente en Rio de Janeiro se firma un acuerdo el 27 de enero de 1942 por el que Bolivia paga una indemnización de 1.750.000 dólares a la Standard, siendo Canciller Eduardo Anze Matienzo.
Mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, a escasos 6 meses de haber llegado a la presidencia David Toro Ruilowa, este Gobierno adopta una de las medidas más trascendentales relacionadas con la industria petrolera en Bolivia, creándose YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS. La nombrada norma legal dispone la creación de una entidad con personalidad jurídica y autonomía propia, bajo la denominación de YPFB, dependiente del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minas y Petróleos. Como objetivo se le señala la exploración y explotación del petróleo, dentro de la zona que le sea asignada, así como la comercialización, transporte y exportación del petróleo y sus derivados en todo el territorio, gozando así mismo de la facultad de participar en sociedades mixtas con aportes de capital privado y exonerándola de todo impuesto y derechos de importación.
Las consideraciones del Decreto de creación de la entidad fiscal del petróleo, señalaba principios fundamentales que muestran al Gobierno en la intención de tonificar la economía fiscal. Esta norma legal sostiene que los hidrocarburos en cualquier estado en que se encuentren son de dominio exclusivo del Estado siendo el único facultado para determinar la forma de su explotación, constituyendo una de sus obligaciones buscar y adoptar los más eficientes procedimientos para intensificar la exploración y explotación de esta riqueza, debiendo contar con el capital suficiente para el logro de sus finalidades, el que será provisto por el Estado.
Fue así que el gobierno, a menos de un mes de la creación de YPFB, le asigna a la entidad petrolera todas las zonas petrolíferas comprendidas en la reserva fiscal, mediante Resolución Suprema de 16 de enero de 1937. No se debe olvidar que ese mismo Gobierno en fecha 5 de noviembre de 1936 declara como reserva fiscal todas las zonas petrolíferas del país, excepción hecha de las concesiones efectuadas a la Standard Oil y a la empresa Águila Doble de Cochabamba. También el 13 de marzo de 1936 se dicta otra Resolución Suprema de caducidad de las concesiones de la Standard Oil Company, traspasando provisionalmente los bienes de la Compañía a la naciente empresa de petróleos, dándole el espaldarazo suficiente a YPFB, en especial, como ya ha sido descrito, cuando se le adjudica definitivamente todos esos bienes en fecha 30 de abril de 1937. Sin embargo es el 6 de mayo de 1937 que se consolida definitivamente la empresa estatal del petróleo, ya que en esa fecha el Gobierno de entonces dicta la Ley Orgánica de YPFB, convirtiendo a esta entidad en una de las de mayor significación nacional y cuyas principales disposiciones son las siguientes:
a) Los intereses petrolíferos del Estado estarán a cargo de YPFB que dependerá directamente del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Minas y Petróleo.
b) Asignación de todos los yacimientos petrolíferos de la república, declarados como reserva fiscal.
c) Inalienabilidad e imprescriptibilidad de los Yacimientos que le sean adjudicados o que adquiera.
d) Se constituye en organismo asesor en toda materia petrolera; ya sea entre las reparticiones del Estado o entre estas y los particulares, así como en entidad fiscal, industrial y comercial, encargada de organizar y dirigir la industria petrolera.
e) Autonomía de su presupuesto, con respecto al presupuesto general de la nación.
f) Autorización para realizar importaciones de petróleo y sus derivados, cuando lo requiera el consumo interno.
g) Autorización para la explotación y comercialización del petróleo y sus derivados, directamente o en consorcio.
h) División de las utilidades liquidas con el Gobierno, debiendo YPFB percibir no menos del 20% como fondo de incremento y reserva.
i) Manejo por un Directorio compuesto por cinco miembros: un Presidente y cuatro vocales, elegidos por cinco años con derecho a reelección. En este Directorio estaban como miembros natos el Director de Minas y Petróleos y el Contralor Genera l.
j) Revisión periódica de su contabilidad por parte de la Contraloría General, con el compromiso de elevar anualmente al Poder Ejecutivo la memoria y balance.
k) Asignación de un capital inicial de 10 millones de bolivianos.
La ley orgánica de YPFB, aunque se constituyó en un decisivo respaldo para poner en marcha la entidad fiscal del petróleo, por sí sola no podía solucionar los problemas del auto abastecimiento interno, de la exploración, del transporte, ya que eso requería, sin lugar a dudas, de la decisión gubernamental de dotarla de los suficientes recursos como para encarar ese desafío.
De los 10 millones de bolivianos asignados, tan solo se desembolsaron 50.000 bolivianos y hubo que esperar la presidencia de German Bush para que se le otorgaran otros 100.000 bolivianos.
Para poner en marcha a YPFB se necesitaba de mucho esfuerzo, pues no se contaba con personal capacitado para administrar y hacer funcionar los campos de Camiri y Sanandita que habían sido abandonados por la Standard Oil Company en producción al igual que dos refinerías bastante precarias. La Standard no solo se había llevado su personal, sino que además sustrajeron planos , mapas, levantamientos geológicos, estudios, carpetas de pozos o croquis y los geólogos incluso se llevaron sus libretas de campo, sin dejar alguna copia, contraviniendo el contrato suscrito con el país, sin embargo de todo ello se tuvo que contratar a algunos personeros y técnicos que habían
trabajado con la Compañía nacionalizada, tales como don Jorge Lavadenz que se hizo cargo del campamento de Sanandita y don Guillermo J. Elder Bell que se encargó de administrar las refinerías.
Los obstáculos han sido muchos, desde la creación misma de YPFB, siendo uno de ellos el de su pregonada autonomía, que no paso de ser una simple aspiración, toda vez que jamás se pudo evitar la presión gubernamental y la influencia partidaria de cada época, convirtiéndose Yacimi entos en una repartición publica donde el favor político prima por encima de muchas otras consideraciones, dando como resultado los famosos supernumerarios que consumía una buena parte de su presupuesto.
De otro lado, es importante enfatizar que el surgimiento y puesta en marcha de YPFB, no es fruto de la improvisación ni de la casualidad, sino del tesón y de la visión de hombres como el Ing. Dionisio Foianini, Jorge Muñoz Reyes, José Lavadenz, Humberto Vásquez Machicado, Guillermo Mariaca y Gustavo Chacón, que se convirtieron en verdaderos gestores de esta entidad fiscal, en especial del primero de ellos, quien imbuido de la misma fe que había asumido en sus años universitarios, logro contagiar su ideal a los demás nombrados, con quienes concretó su ambici oso proyecto de crear la entidad estatal del petróleo.
Después de dictado el Decreto Ley de creación de YPFB y su Ley Orgánica, se conformó su primer directorio en fecha 11 de mayo de 1937, el mismo que quedó conformado de la forma siguiente:
Presidente el Ing. Dionisio Foianini Banzer y Vocales Jorge Muñoz Reyes, Guillermo Mariaca, José Lavadenz y Humberto Vásquez Machicado.
MISION BOHAN.-
Bolivia ha vivido en permanente crisis, debido a lo cual ha acudido a la ayuda internacional para tratar de paliar sus agudos problemas. En ese orden, una de esas ayudas fue la Cooperación Comercial Norteamericana presidida por Marvin Bohan y que se la conoció como la Misión o Plan Bohan, que llega a Bolivia en 1941.
Esta misión realiza un diagnostico bastante completa de la situación económica del país, dándole al área petrolera una especial atención y en su informe final con respecto al petróleo recomienda adoptar los pasos siguientes:
a) Un desarrollo de los campos petrolíferos probados que permita incrementar la producción.
b) Intensificar los trabajos de exploración en áreas nuevas a efecto de aumentar las reservas.
c) La construcción de medios de transporte, a efecto de que tanto el crudo, como los productos de refino disminuyan sus costos en los mercados de consumo y en puntos de futura exportación.
d) Con la aplicación de las tres anteriores medidas, después de satisfacer la demanda interna, se debe encaminar la política petrolera a la exportación, para lo que se hace necesario desarrollar mercados exteriores.
Ese diagnóstico y sus recomendaciones, constituyeron la base para unas políticas concretas de despegue para YPFB, que planifica y ejecuta los siguientes trabajos: perforación de 45 poz os en Camiri, Sanandita y Bermejo; construcción de un oleoducto Camiri - Santa Cruz y la instalación de una refinería en esta última ciudad. Para ello se obtiene la aprobación de un crédito internacional para concretar esas importantes fases como son: producción, refinación y transporte, aunque hay que puntualizar que esos planes no fueron cumplidos en un cien por cien, debido a los imponderables que ocurren en Bolivia.
De esta forma, nacía una de las entidades más importantes en el ámbito del desarrollo, que debería otorgar a Bolivia su ansiada independencia económica, si es que se cumplían algunas otras exigencias, como la no politización o partidización del ente petrolero, la dotación del capital suficiente para encarar sus operaciones, debiendo cumplir el inexcusable objetivo de satisfacer primeramente el mercado interno y luego pensar en exportar; o sea realizar un giro de 180 grados con respecto a la actitud asumida por la Standard Oil Company.
Diremos, a manera de ubicarnos en el contexto histórico, que a partir de la Revolución del 52, se vinieron dando pasos muy importantes para el auto abastecimiento de petróleo. Es así que, en aplicación del Informe BOHAN, YPFB intensifica su plan de perfora ciones, para lo cual adquiere dos millones de dólares americanos de reservas del Banco Central con la que compra 4 equipos de perforación, empezando estas perforaciones en Camiri a mayores profundidades, logrando el año 1954 el tan ansiado auto abastecimiento.
Una medida que hay que relevar es la creación de la Gerencia General de exploración que inicialmente fue denominada Departamento Sur de Exploración, puesto que las exploraciones habían sido permanentemente descuidadas por YPFB ya que las mismas reque rían de fuertes inversiones, debido a sus elevados costos.
Es con estos antecedentes y en el marco de una nueva situación de despegue económico que se dicta el Código del Petróleo, siendo promulgado el 26 de octubre de 1955 durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Fue proyectado y promulgado con la finalidad de canalizar inversiones extranjeras de carácter privado en el entendido de que no existían recursos nacionales, sosteniéndose por entonces que la legislación existente era anacrónica y que el capital privado no tenía garantías; sin embargo de todas estas consideraciones, lo cierto es que este código, lejos de respaldar jurídicamente a la nación, decían algunos, permite la explotación inmisericorde de una de las principales riquezas del paí s y, en lugar de beneficiarla económicamente, la debilita, haciendo que nuestro potencial petrolero esté al servicio de consorcios extranjeros a cambio de ínfimas compensaciones en favor del estado.
En razón a ello, fue que su promulgación levantó una serie de protestas en los sectores nacionalistas y progresistas del país, contándose entre los más notables impugnadores al escritor y político Sergio Almaraz Paz que diera a luz su polémico libro “El petróleo en Bolivia”.
Lo cierto es que el Código Davenport, así conocido, tuvo evidentes errores conceptuales, ya que quiénes redactaron y proyectaron, o sea los de la firma Schuster and Davenport, desconocían la realidad boliviana y en especial su sistema jurídico. Este código que analizamos dispone lo siguiente:
a) Proclama como principio fundamental el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la
nación sobre todos los yacimientos de hidrocarburos.
b) Declara que ninguna concesión, sociedad ni contrato puede llegar a conferir propiedad de
los yacimientos petrolíferos.
c) Se aclara perfectamente lo que es suelo y subsuelo, determinando que, siendo el subsuelo
propiedad exclusiva del estado, se mantienen vigentes todos los derechos que por ley
corresponden al propietario del suelo.
d) Prohíbe, de otro lado en forma expresa, que gobiernos o Estados extranjeros puedan,
obtener concesiones en forma directa o que puedan adquirir derechos sobre ellas en forma
e) La industria petrolera en todas sus fases, incluido almacenaje y transporte, tiene el carácter
de utilidad pública, lo que implica el derecho de aprovechamiento preferente del terreno
superficial con las facultades de ocupación temporal, servidumbre y expropiación.
f) Las tareas de la industria petrolera pueden ser acometidas por el Estado, mediante
entidades autárquicas de tipo nacional, sociedades mixtas, o el otorgamiento de concesiones
o contratos en sociedad con terceros, representando YPFB, en todos los casos, al Estado.
g) Las concesiones, contratos o sociedades no implican la propiedad de los yacimientos.
h) El concesionario debe establecer domicilio legal en la sede de gobierno.
i) El concesionario debe demostrar su capacidad civil y solvencia técnica.
j) Las controversias deben someterse a la corte suprema de justicia de la nación en única
instancia y las de carácter técnico al fallo arbitral.
k) La irreversibilidad de los contratos y concesiones otorgados al amparo de este código.
l) La división en zonas del territorio de la república: I, II, III y una especial reservada a YPFB.
m) Los derivados son: gasolina, keroseno, petróleo diésel y petróleo combustible.
n) La prohibición de otorgar concesiones a 50 km. de la frontera.
PERMISOS Y CONCESIONES.-
Son dos los otorgamientos que confieren derechos a terceros: el primero es el de permiso de reconocimiento superficial y el otro el de concesión.
En cuanto al permiso de reconocimiento superficial sus características principales son las siguientes:
1. Facultad para realizar estudios topográficos, geológicos, geofísicos y geoquímicos incluyendo perforación de un pozo de poco diámetro que no implica producción.
2. Cancelación automática cuando las áreas de que son objeto sean concedidas para exploración y explotación o para explotación directa.
3. Facultad de la DGP para cancelar permisos, previa notificación del interesado con 60 días de anticipación o por falta grave.
En lo que respecta a las concesiones, se establece que la empresa extranjera asume todo el riesgo que implica la operación de cualquiera de las fases de exploración, explotación, refino, almacenaje y transporte de hidrocarburos. Este derecho se confería por medio de concesiones o contratos en sociedad, como se tiene anotado.
La empresa interesada podía obtener concesiones para explorar y explotar, explotar directamente, refinar y transportar. La concesión de explotación era un derecho inherente a la de exploración. Las concesiones de refino y transporte eran derechos subsidiarios del concesionario de exploración y explotación o de la explotación directa, pero también podían otorgarse en forma de concesión autónoma.
Los límites de las concesiones de exploración y explotación estaban referidos a las áreas o zonas de ubicación del territorio nacional, divididas en 3 zonas, siendo de 150.000 Hectáreas para la zona I, 400.000 hectáreas en la zona II y 750.000 hectáreas para la zona III. Si la concesión es de explotación directa, su límite es la mitad de las anteriores superficies; es decir 75.000 he ctáreas para la zona I, 200.000 hectáreas para la zona II y 375.000 hectáreas para la zona III.
Las concesiones de exploración tenían que efectuar una inversión anual mínima de 80, 50 y 20 centavos, de dólar por hectárea concedida, dependiendo de la zona de ubicación; es decir 0.80 dólares en la zona I, 0.50 en la zona II y 0.20 dólares en la zona III.
Para las de explotación la inversión consistía en la perforación de un mínimo de 5.000 metros de profundidad en uno o más pozos por cada 100.000 Hectáreas y en el término de los primeros 7 años y durante los 8 años siguientes 10.000 metros en 2 o más pozos por cada 20.000 Hectáreas . Para la refinación y transporte no establecía montos de inversión, pero tenían la obligación de refinar y transportar para el estado a precios convenidos.
El término de duración de las concesiones de explotación se fija en 40 años y para las concesiones de refino, manufactura, transformación y transporte por el tiempo de la concesión principal o por 40 años, siendo concesión autónoma.
Con respecto a la tributación de las concesiones de exploración y explotación, el pago de patentes
y regalías era obligatorio, aunque el concesionario sufriera pérdidas financieras. Las patentes sobre concesiones de exploración eran más altas que las de explotación, siendo independientes con respecto al régimen tributario de la nación.
Las patentes son de dos clases: de exploración y de explotación; las primeras son fijadas para este periodo y su pago es anual y por hectárea, de acuerdo a la siguiente distribución: 5 centavos de dólar en la zona I, 3 centavos de dólar en la zona II y 2 centavos de dólar en la zona III.
A su vez las patentes de explotación son dos: la inicial y la anual.- La inicial de explotación es de 40
centavos de dólar en la zona I, 30 centavos de dólar en la zona II y 20 centavos de dólar en la zona III. De lo expuesto se evidencia que las patentes de explotación eran más altas que las de exploración.
El petróleo crudo, gas natural, asfalto natural y demás sustancias extraídas y a provechadas por el concesionario están sujetos al pago del 11 % sobre producción bruta en concepto de regalía. Los impuestos están fijados en el pago anual equivalente al 30 % de la utilidad liquida, la que se determina por la venta del producto menos los costos de operación, gastos de perforación de pozos improductivos, castigos por depreciación y un factor de agotamiento equivalente al 27 % de la producción bruta. De esta manera el concesionario se beneficiaba con un 24,03 % que se obtiene de acuerdo con la fórmula siguiente:
100 % - 11% = 89 % x 27 % =24,03%
Lo que significa que el concesionario hacia sus deducciones del 75,97 % producido en lugar del 100 % que extraía Todo en nombre de un factor ajeno a la realidad nacional.
FACTOR DE AGOTAMIENTO.-
El factor de agotamiento introducido en el Código Davenport no fue sino la prueba más elocuente de que esa disposición legal fue proyectada por intereses foráneos, más concretamente por intereses norteamericanos. La consultora Schuster and Davenport de New York fue la encargada de redactar el proyecto del código del petróleo. Tan es así que este factor de agotamiento es factible en países anglosajones, en donde el régimen jurídico admite que el propietario del suelo pueda ser también del subsuelo, siendo totalmente diferente en Bolivia.
Este factor de agotamiento consiste, según sus sostenedores, de acuerdo con la legislación norteamericana, en una compensación que recibe el propietario del subsuelo por la paulatina disminución de la riqueza que posee, debido a la explotación a que se la somete; Este simple aspecto no fue tomado en cuenta en la elaboración del código del petróleo y se introdujo en Bolivia esta
figura jurídica con grave perjuicio para la economía y los intereses bolivianos, pues dicho factor no fue sino un simple obsequio que se hace al productor petrolero en un porcentaje del 24,03 %. Lo paradójico es que este factor beneficie al productor y no al dueño del subsuelo que es el estado boliviano.
Después de muchos años de reclamo de la opinión pública y en especial de los sectores defensores de los recursos naturales, este factor de agotamiento fue eliminado. Esto se logró durante el Gobierno del General Barrientos Ortuño.
Esta norma legal constituyó el marco legal bajo el cual ingresaron 14 empresas extranjeras al país. Hasta diciembre de 1957 el área total concedida a tales empresas fue de 13 millones de Hectáreas aproximadamente. De las 14 empresas, la mitad realizaron trabajos de prospección exploratoria, 6
de ellas perforaron pozos exploratorios y dos entraron en perforación de desarrollo: la Bolivian Oil
y la Gulf Oil Company. El trabajo de perforación resultó en el descubrimiento del Campo Madrejones por la Bolivian Oil y de los Campos Caranda, Río Grande, Colpa, Palmar Santa Cruz, La Peña y Yapacaní para la Gulf Oil Company.
En Madrejones se estableció una reserva original de 1 millón 200 mil barriles de condensado y 17 billones de pies cúbicos de gas. La reserva original establecida para los campos descubiertos por la Gulf fue de 91 millones y medio de barriles de petróleo 89 millones de barriles de condensado y 2,5
x 10x12 pies cúbicos de gas.
El régimen de concesiones terminó por medio de la derogación del Código del Petróleo decretada por el Gobierno de Ovando Candía en fecha 26 de septiembre de 1969.
NACIONALIZACION DE LA GULF OIL COMPANY.-
El tema de las nacionalizaciones de cualquier índole y en cualquier país, nos tiene que remitir obligatoriamente a situaciones concretas de desajustes y desfases, por no decir de conflictos y controversias, entre la nación y los grupos o sectores económicos enclavados en el territorio patrio. Así sucedió con la nacionalización de las minas, medida tomada por el MNR contra los barones del Estaño Aramayo, Hoschild y Patiño, que se habían constituidos en un Estado dentro del Estado boliviano.
La nacionalización de la Standard Oil Of, New Jersey, antes tuvo iguales móviles, o sea recuperar las riquezas para el conjunto del pueblo boliviano. La reversión y nacionalización de los bienes e instalaciones de la Gulf Oil Company, no escapa a las mismas situaciones de conflictos entre la empresa y el Estado boliviano, que venía siendo mellado en sus cimientos y en el desarrollo pleno de sus potestades. La Gulf Oil Company también se estaba constituyendo en un nuevo Super Estado, gracias a que disponía de un poder económico y político superior al del Estado, siendo esta situación
incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional, por lo que se decide revertir las concesiones de la Gulf Oil Company al Estado, así como nacionalizar todos sus bienes e ins talaciones, incluidos los muebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna. Esta medida fue dictada el 17 de octubre de 1969, siendo Presidente el General Alfredo Ovando Candía y Ministro de Minas y Petróleo Marcelo Quiroga Santa Cruz, a través del Decreto Supremo Nº 08956, a menos de un mes de haberse derogado el Código Davenport.
Es útil mencionar que el Estado boliviano está plenamente facultado para emitir esta clase de medidas, amparado en la Constitución Política del Estado Reformada y que determina que los "yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado". Prosigue y afirma la C.P.E. que "ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos" También esta Carta Magna establece que " el régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país media nte la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales", para concluir en que "no se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado", con el aditamento final de que " todas las empresas establecidas en el país para explotaciones, aprovechamiento o negocios, se consideran nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.
Una vez dictada la medida de reversión y nacionalización, l a opinión pública se dividió, pues, unos
la apoyaban fervorosamente y otros la atacaban porque la consideraban nocivas para el desarrollo
Antes de la nacionalización, el mismo Gobierno de Ovando, preparando el terreno para dicha nacionalización, promulgó 27 días antes un DS, por el que derogaba el Código del petróleo y su
Reglamento, aduciendo, entre otras razones, que ese Código no había sido redactado por bolivianos
y en servicio de Bolivia, sino por abogados extranjeros y en provecho de consorcios privados
extranjeros y porque además, Bolivia en 1955 carecía de capacidad técnica y de la suficiente experiencia para la redacción precisa de una disposición legal para la industria petrolera. Esta disposición legal data del 20 de septiembre de 1969.
INDEMNIZACION.-
Después de la nacionalización, el gobierno boliviano tuvo que soportar una serie de presiones, tanto internas como internacionales y, además, le fue imposible, momentáneamente, controlar la paralización total de la industria petrolera en los campos que estaban siendo atendidos por la Bolivian Gulf Oil Company, también tuvo que Sortear la suspensión del crédito otorgado por el
Banco Mundial, para la construcción del gasoducto a la Argentina, préstamo que había sido garantizado por la Gulf Oil.
Fue así que el gobierno, después de una serie de incidentes internos y externos, promulga el DS del 11 de septiembre de 1970 por el que se determina pagar a la Bolivian Gulf Oil Company una indemnización por la reversión de todas las concesiones hechas a la empresa y la nacionalización de sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, planos, estudios y proyectos.
Antes de esa medida el gobierno boliviano había contratado los servicios de una compañía francesa denominada GEOPETROLE para que hiciera una evaluación total y completa de lo que fueron todas las inversiones y erogaciones hechas por la Gulf Oil, habiendo verificado que la inversión neta de la Compañía, hasta el 17 de octubre de 1969 era de 101.098.961 con 11 centavos de dólares.
Fue esta evaluación la que determinó la indemnización a la Gulf en el monto indicado. El pago de esa indemnización se hacía con el 25% de lo que se exportara de los campos de colpa, Caranda y Río Grande, que se cubrirían, en un plazo aproximado de 20 años. A los 101.098.961,11 dólares se le aplicaba un impuesto del 22 % lo que implicaba que el pago efectivo de la indemnización era de 78.622.171,44 dólares americanos.
LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS (D.L. 28 de marzo de 1972) D.L. Decreto Ley
Durante el gobierno de facto del General Banzer se dictó la Ley General de Hidrocarburos mediante D.L. de fecha 28 de marzo de 1972 Se justificaba esta medida en razón a que, desde que Ovando Candía abrogara el Código Davenport, no se había dictado ninguna disposición legal que la sustituyera, lo que indicaba que no existían nuevas inversiones, porque, a su vez, no estaban ofrecidas las reglas ni las referencias para las empresas.
Esta disposición legal tiene la virtud de eliminar el régimen de concesi ones o adjudicaciones vigentes hasta entonces, así como de introducir, por vez primera, al gas como objeto de la legislación nacional; en lugar de las concesiones introduce el sistema de los Contratos de Operación.
Analizando este Decreto Ley, en su artículo 1º señala que los yacimientos de hidrocarburos son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado, o sea que no pueden enajenarse ni ser objeto de traslación de dominio por el transcurso del tiempo.
El artículo 2º enmarca el aprovechamiento de los hidrocarburos dentro de las políticas del Estado a través del Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
Su artículo 7º encomienda a YPFB la conducción y manejo de las industrias de hidrocarburos del país en forma exclusiva, pudiendo ejecutarla por sí sola, en sociedad mixta o a través de terceros. Antes, en su artículo 5º, se le asigna a YPFB la facultad de exploración y explotación del territorio nacional, además de encarar la ejecución de los planes de desarrollo del sector de hidrocarburos elaborados, según el artículo 6º.
El artículo 11 reserva para YPFB la exclusividad en el transporte de hidrocarburos y sus derivados, dentro del territorio nacional y todo el proceso de refinación que se destine al consumo interno.
En el artículo 12 también YPFB está facultado para llevar a cabo las fases de la industria petrolera, ya sea a través de terceros contratando servicios especializados o en sociedad con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, tanto de derecho público o privado. Esta prerrogativa la ejercita mediante dos sistemas, que son los contratos de operación y el de los contratos de servicios petroleros.
En el artículo 13 se permite a YPFB constituir sociedades mixtas con el objeto de ejecutar proyectos industriales o de refinación de productos destinados a la exportación; hay que decir, sin embargo, que esta ley no prevé la proporción con que Yacimientos aportará a la sociedad de economía mixta. Pese a ello se ha dicho que este tipo de sociedades podían haber sido más convenie ntes que un
contrato de operación, en especial si se da con actividades en que el riesgo de inversión es menor, y los beneficios más permanentes como en el refino y la petroquímica.
El derecho de dominio que el Estado pone sobre los hidrocarburos queda ga rantizado por expresa determinación del artículo 14 de la Ley General de Hidrocarburos, pues Yacimientos queda impedida de transferir o efectuar el traslado de dominio de ese derecho.
Para ambos contratos; es decir de operación y de servicios petroleros, se establecen condiciones comunes que están insertos en el artículo 15, entre los cuales se tienen la obligación de constituir domicilio en Bolivia o designar su representación legal y a prestar garantías de cumplimiento de contrato; proporcionar a YPFB toda la información técnica y económica que llegaren a poseer; prohibición de facilitar a terceras personas cualquier reclamación por la vía diplomática. Esta última condición, sin embargo, no se ajusta estrictamente a la realidad jurídica del país y en espe cial a la de orden constitucional, ya que cualquier empresa mercantil que opera en Bolivia, se considera nacional y, por consiguiente, sometida a las leyes y soberanía boliviana.
CONTRATOS DE OPERACION.-
El contrato de operación es aquel por el cual el contratista ejecuta con sus propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo. Pero en nombre de YPFB, las operaciones correspondientes a las fases de exploración y explotación; es decir que la empresa contratista realiza la exploración bajo su propio riesgo y al encontrar reservas comerciales, explotaba los mismos para YPFB, como en una especie de prestación de servicios. A cambio de ello la contratista percibía un 50% de la producción bruta, además de que YPFB corría con los impuestos y regalías que tenía que pagar la compañía.
La duración del contrato puede tener hasta un plazo máximo de 30 años, durante los cuales el contratista no puede subrogar o transferir sin el consentimiento de YPFB y la autorización del gobierno. A la fase exploratoria se le asignan los primeros 4 años de vigencia del contrato con una prórroga máxima de 3 años, tiempo en el cual el contratista debe realizar trabajos convenidos de exploración ininterrumpida y sujetos a garantías y montos de inversión mínima, fijados por YPFB. Si el contratista decide terminar el contrato sin cumplir con los trabajos exploratorios programados, está obligado a pagar a YPFB el valor de los trabajos incumplidos. Si cumple con los trabajos y no tiene éxito, puede dar por terminada la vigencia del contrato, sin sanción. Si encuentra hidrocarburos en cantidades comerciales, puede ingresar a la fase de explotación, devolviendo la mitad del área original objeto del contrato y comprometiéndose a comenzar las operaciones de explotación en un plazo máximo de 6 mes es desde la fecha de terminación de la fase exploratoria.
Desde la firma de un contrato de operación, la ejecución de todas las operaciones del contratista, está supervisada por una Junta de Control, la misma que está integrada por dos representantes de YPFB y dos de la empresa contratista, siendo su presidente uno de los delegados de YPFB. Este
organismo de supervisión y control funciona en Santa Cruz con el nombre de Dirección de Control
de Contratos de Operación, la que agrupa y centraliza a las Juntas de Control de cada contrato.
Dentro de sus atribuciones, cada Junta de Control aprueba los presupuestos y programas de trabajo, acuerda los métodos y procedimientos a ser empleados por el contratista, formula recomendaciones en relación al manejo económico y financiero de las operaciones, obtiene los informes y documentos que estime necesario conocer y dispone auditorias técnicas y contables de
las operaciones del contratista.
La producción del contratista, con excepción de lo utilizado en su obtención, es entregada a YPFB. La empresa estatal retiene a precios en boca de pozo los volúmenes necesarios para el pago del impuesto del 19 % al Estado y 11 % por regalía departamental. Al contratista se le entrega, en especie, los volúmenes convenidos contractualmente como pago por sus operaciones, los cuales puede exportarlos o venderlos a YPFB para el consumo interno, a precios establecidos por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
Los ductos necesarios para el transporte de la producción del contratista, corresponde en su propiedad y operación a YPFB, aunque en algunos casos el contratista puede financiarlos y
construirlos. En cualquier caso, el contratista está obligado a pagar tarifas de transporte por tales ductos, establecidas por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Al final de un contrato de operación, todo el activo fijo de una empresa y otros bienes de su propiedad se transfieren a YPFB,
Al amparo de esta Ley de Hidrocarburos, se firmaron 21 contratos de operación entre YPFB y diferentes compañías extranjeras de reconocida capacidad técnico financiera, de los cuales 5 de
estos se mantuvieron vigentes en el país y que corresponden a las empresas Occidental que tienen
los Bloques IV de Roboré y XIX de Chaco, firmados en septiembre de 1975 y octubre de 1977 y que
continuaron con la explotación de los campos de tita (Robore) y el porvenir (Chaco); tesoro tiene los Bloques XVIII de la vertiente y XX de Tarija, desde marzo de 1977 y abril de 1978
respectivamente, habiendo entrado en producción solamente la vertiente. El contrato del bloque
XXI fue firmado con la empresa Bolivia andina, subsidiaria de Anschtz Corporation el 29 de junio de
1982 y que con el consentimiento de YPFB y autorización del Gobierno, los derechos de este contrato fueron subrogados en un 75 % a la Shell en marzo de 1984, convirtiéndose esta en la operadora del bloque. Es el único contrato que se firma con una duración de 25 años.
La superficie contratada es la más extensa de todos los contratos de operación y asciende a 2.795.000 hectáreas situadas mayormente en el departamento de La Paz y en menor extensión en los departamentos de Beni y Cochabamba. Las inversiones mínimas de la fase exploratoria establecidas para este contrato fueron de 2.000.000 de dólares. Para trabajos de geología y sísmica de reconocimiento durante los dos primeros años y en el tercer año de otros 2 millones adicionales,
para trabajos de sísmica de detalle. En el cuarto año la empresa está obligada a perforar un pozo con una inversión mínima de 10 millones de dólares.
CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS.-
Son contratos de servicios petroleros aquellos que establecen la prestación de determinados servicios o la ejecución de obras específicas de índole técnico especializadas, convenidos entre una tercera persona con YPFB o los titulares de los contratos de operación. Su objeto primordial es coadyuvar a la industria petrolera a cambio de la correspondiente remuneración podrán tener por objeto cualquiera de las fases de la industria, cubriendo solamente tareas específicas de la misma.
El contratista de Servicios Petroleros está obligado a inscribirse en un registro especial a cargo del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. A este efecto deberá acompañar toda la documentación que pruebe su legal organización y la suficiente capacidad para operar en el país; en tal sentido corresponde a las empresas:
1. Acreditar su capacidad especializada.
2. Acreditar su constitución legal en el país o su representación legal, a través de una firma nacional de servicios petroleros, a objeto de recabar su inscripción.
3. Si es extranjera constituir garantía.
4. Facilitar la fiscalización del ministerio del ramo.
En cuanto a la tributación, los contratistas de servicios petroleros se hallan obligados al pago de impuestos sobre utilidades y se establecen para ellos un régimen especial de deducciones que comprende, además de los usuales, las erogaciones que el contratista hubiera efectuado en el exterior del país y que tenga relación directa con sus operaciones en Bolivia. Están comprendidos los salarios del personal, costos de trabajos de investigación, análisis técnico, gastos de administración y todo desembolso realizado con relación a las operaciones ejecutadas por el contratista en el país.
Después de muchos años de intensos debates en todos los círculos de la sociedad, especialmente de los partidos políticos y de los especialistas en hidrocarburos, se sancionó y promulgó la Ley de Hidrocarburos en fecha 1º de noviembre de 1990. Esta ley consta de 5 Títulos y 93 artículos y deja sin efecto la Ley General de Hidrocarburos dictada durante el primer gobierno de Banzer. Resulta importante hacer, constar que esta ley signada con el Nº 1194 introduce algunas variantes con respecto a la ley anterior, pero que no gravitan decididamente para la inversión de capitales en esta área considerada estratégica para el crecimiento del país; el objetivo esencial y señalado de esta nueva disposición legal era dar mejores y mayores garantías a los inversionistas privados, especialmente a los capitales extranjeros que trabajan en el área de hidrocarburos; tan es así que se ha flexibilizado el espíritu del artículo 25 de la Constitución Política del Estado que prohíbe la adquisición del suelo o subsuelo, individualmente o en sociedad dentro de los 50 km de la frontera, aspecto que ha sufrido alguna modificación en esta ley de hidrocarburos.
Esta norma legal, como las anteriores disposiciones sobre la materia, empiezan definiendo el régimen jurídico de propiedad de los hidrocarburos. Así el artículo 1º indica que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado físico en que se encuentren o forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable imprescriptible del Estado, lo que concuerda con el artículo 139 de la CPE.
Una de las peculiaridades de esta disposición legal, que la hace un tanto diferente a las anteriores, está inserta en el artículo 4º en donde declara de necesidad nacional la actividad de las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que exploren, exploten, refinen e industrialicen hidrocarburos o instalen plantas industriales de procesamiento y transformación de hidrocarburos. Este mismo artículo, en su segunda parte dice que similar tratamiento se dará a la actividad e personas jurídicas extranjeras que transporten hidrocarburos, por medio de oleoductos, gasoductos y poliductos, o los industrialicen, procesen y transformen dentro de los 50 km de la frontera.
Siendo rigurosos, diríamos que esta determinación desvirtúa el precepto constitucional contenido en el artículo 25, sobre todo en su última parte que permite instalar industrias que procesen y transformen hidrocarburos dentro de los 50 km de La frontera, pues para realizar esos trabajos necesariamente se tendrá que adquirir, a cualquier título, terrenos o propiedades inmuebles. Esta aparente contradicción que anotamos, encuentra su explicación en el artículo 4º, como ya lo tenemos analizado, pues deja abierta la posibilidad de declarar de necesidad y utilidad la actividad de los hidrocarburos en esa zona.
El artículo 5º se encarga de establecer las definiciones de lo que se entiende por exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, comercialización, gas natural, hidrocarburos, petróleo, y gas licuado, lo que permite una cabal comprensión de los alca nces de cada palabra y concepto.
Al entrar a analizar la política petrolera, la ley contempla que las fases de la exploración, explotación, Comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado, pero su ejecución se hará a través de YPFB o mediante contratos con personas de derecho privado. Se repite en esta disposición legal, que en ningún caso las empresas contratistas adquirirán derechos sobre las reservas de hidrocarburos. Para la ejecución de esa política que la pue de cumplir YPFB directamente, se autoriza a hacerla mediante terceras personas a través de los contratos de operación, contratos de asociación y sociedades de economía mixta. También se permite la contratación de servicios petroleros especializados; estos contratos ya formaban parte de la Ley General de Hidrocarburos, a excepción de los Contratos de asociación. Para la realización de esos contratos el artículo 22 enumera las condiciones generales y comunes a dichos contratos que se resumen en prestar garantías de cumplimiento, proporcionar a YPFB toda la información técnica y económica, no facilitar a terceros ninguna información o documentos, renunciar a toda reclamación por la vía diplomática y emplear personal boliviano.
Así mismo esta ley aclara lo que es un contrato de operación y determina que el área objeto del contrato no debe ser mayor a un millón de Hectáreas en las áreas tradicionales, y en un millón y medio de Hectáreas si son áreas no tradicionales, describiendo lo que son ambas áreas.
El Plazo de los contratos de operación es de 30 años improrrogables y su fase de exploración es de 4 años.
Dentro de los contratos de operación se consignan los contratos para recuperación mejorada de hidrocarburos, pudiendo ser objeto de estos contratos los campos con yacimientos que se encuentren en franca declinación y en su etapa de agotamiento de producción primaria.
En cuanto a los contratos de Asociación diremos que YPFB podrá realizar las fases de exploración y explotación con otras empresas a su sola opción y voluntad cuando el contratista declara comercial cualquier descubrimiento, a partir de la cual YPFB gozará de los derechos y obligaciones del contratista es decir que tiene que rembolsar al asociado la cuota parte de los costos directos de exploración. Si fuere a la inversa, o sea que si YPFB descubriera los campos petrolíferos, se establecerá la compensación por parte de la empresa o contratista asociada por los gastos de exploración.
La producción, de hidrocarburos estará sujeta, según el artículo 73, a una regalía departamental, una regalía nacional compensatoria y un impuesto nacional del 11%, 1% y 19% respectivamente. El 1 % corresponde a los Departamentos de Beni y Pando que se reparten en 2/3 al primero y 1/3 a Pando.
Por lo demás, la fiscalización estará a cargo del ministerio de Energía e Hidrocarburos, en concordancia con las anteriores normas y disposiciones legales sobre hidrocarburos.
LEY Nº 1689 DE HIDROCARBUROS
A 124 años de haberse iniciado en Bolivia la legislación sobre hidrocarburos, se puede afirmar que
se ha alcanzado un grado aceptable de conocimiento y experiencia en esta materia, a tal punto que existen no solamente trabajadores y profesionales del área, sino también expertos y especialistas que proyectan sus conocimientos a otras latitudes. Si hasta antes de los descubrimientos de las ingentes reservas de gas, Bolivia no era considerada a nivel internacional en las estadísticas, a partir de allí, adquirió una expectable posición, al constituirse en el segundo país con las reservas más grandes de Sudamérica, lo que hace presumir que a partir de hoy será un centro gravitacional en esta parte de América. No se trata que estemos a la altura de los países con grandes reservorios, sino reconocer la incidencia que a nivel interno han de tener, los hidrocarburos en el presupuesto nacional al momento de su producción.
La promulgación de la nueva ley tiene el mismo propósito de las anteriores con la salvedad de que
a través de ella se le ha disminuido el rol o, mejor se podría decir, que se le ha asignado uno nuevo
a la entidad estatal del petróleo. El contexto internacional dominado por la globalización de la economía y la ola de privatizaciones que le es inherente, constituyen el marco generador de esta ley de hidrocarburos.
Desde el punto de vista técnico - jurídico, la ley ha alcanzado un aceptable, por no decir alto grado de perfección, al tomar en cuenta, en su estructuración, una serie de mecanismos y aspectos que hacen viable la política de hidrocarburos de sus impulsores y propugnadores. Se podrá estar en desacuerdo con esa política, como que de hecho la opinión pública ha optado, entre los que sostienen que al poner, en marcha esta ley se ha cometido la ins ensatez de desnacionalizar nuestros recursos naturales no renovables y aquellos que pregonan que con esa política y la ley vigente, podremos insertar al país en el circuito de los países con perspectivas de desarrollo; pero habrá que coincidir que el instrumento jurídico puesto en vigencia, sin ser un dechado de perfección, precisa
y define conceptos en materia de hidrocarburos; introduce nuevos actores societarios para la
exploración petrolera, compatibiliza y establece concordancia con otras normas legales, crea organismos de fiscalización, detalla las abrogaciones y concluye con un anexo sobre corredores, declarados de necesidad nacional; aunque no es solamente con técnica - jurídica que se va a calificar como provechosa para la nación la norma que analizamos, sino por los efectos que pueda producir en la economía del país. Esta ley consta de 86 artículos, siendo los últimos 16 de carácter transitorio.
Su artículo 1º notoriamente amplio, remarca principios generales con respecto a la propiedad de los hidrocarburos y a los derechos de exploración y explotación de los campos, al igual que su comercialización, así como del transporte y refinación. De esta manera encontramos que la ley se
remite a la CPE para reafirmar, una vez más, que los yacimientos de hidrocarburos, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado y que ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, aunque se debe reconocer que a través de otra disposición legal se han perforado estos principios. También establece que estas fases de la industria petrolera la ejerce el Estado a través de YPFB, enfatizando que la entidad fiscal solamente celebrara contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o col ectivas, nacionales o extranjeras. Esta es una de las innovaciones con respecto a anteriores normas legales, ya que al abrogar la anterior ley de hidrocarburos de fecha 1º de noviembre de 1990 se eliminan los contratos de operación, contratos de asociación y sociedades de economía mixta.
El transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes se la deben hacer mediante concesión administrativa y por tiempo limitado. Quien otorga la concesión es la Superintendencia de Hidrocarburos del SIRESE bajo el mecanismo de licitación pública; por último este primer artículo prescribe que la refinación e industrialización de hidrocarburos y la comercialización de sus productos es libre y permite que cualquier persona, individual o colectiva, pueda real izar esas actividades, con la sola condición de que se registren en la Superintendencia de Hidrocarburos del SIRESE.
Estos dos aspectos son también innovaciones introducidas con respecto a anteriores disposiciones legales sobre hidrocarburos y que son mues tras elocuentes de la desregulación a que fue sometido el sector de hidrocarburos.
El artículo 2º está redactado con mayor precisión que en la ley anterior, en cuanto a la prohibición para los extranjeros de adquirir ni poseer propiedades inmuebles por ni ngún título, dentro de los 50 km de la frontera, salvo que se declare de necesidad nacional y por ley expresa, lo que automáticamente está permitido por disposición del artículo 68 de la propia ley. Así mismo se autoriza a YPFB a realizar contratos de ries go compartido en esa zona de 50 Km de frontera con personas extranjeras, públicas o privadas obligando a YPFB a constituirse como titular de los derechos propietarios de las edificaciones que allí se construyan; o sea que lo que se protege específicamente son los derechos reales del suelo y no las riquezas del subsuelo que siempre pertenecerán al estado boliviano.
Se declara libre la importación, así como la exportación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. En cuanto a las definiciones de la ley, encontramos algunas novedades incorporadas como aquellos de hidrocarburos nuevos y existentes, parcela, producción fiscalizada, reservorio y otros, que no estaban incluidos en la ley anterior; esta novedad también vale para las actividades petroleras insertas en el artículo 9º en la que aparece, por primera vez, la distribución de gas natural por redes, las que están declaradas de utilidad pública y, por lo tanto, protegidas por el Estado.
Analizando el Título de los Contratos de Riesgo Compartido, hay que decir que esta fuera de toda duda, de que el administrador de esos contratos es YPFB, quien lo suscribirá a nombre del Estado. Estos contratos se firmarán solamente para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, debiendo celebrarse los mismos por ante Notario de Fe Pública, en donde se harán constar los antecedentes de la Empresa, capacidad de las partes, garantías de cumplimiento, la participación de YPFB más las regalías establecidas por ley que en conjunto no podrán ser menor del 18 % de la producción fiscalizada, así como la cantidad de unidades de trabajo comprometidas y el monto, forma y plazo del pago convenido en dinero.
Se establece un plazo máximo de 40 años para los contratos de riesgo compartido, al que se le podrá agregar el período de retención, según que el contratista haya efectuado un descubrimiento de uno o más campos y no los pueda declarar comerciales debido a inexistencia o insuficiencia de transporte. Este plazo será de 10 años en la retención del área del campo, siempre y cuando se haya comunicado a YPFB esta situación. El plazo inicial del período de exploración no podrá exceder de 7 años, divididos en 3 fases: la 1ª de 1 a 3 años, la 2ª de 4 a 5 años y la 3ª de 6 a 7 años. Es interesante ver los mecanismos para la nominación de áreas, los criterios que hay que seguir en la división del territorio nacional para obtener las áreas del contrato. Así por Ejemplo: se deja establecido que es a través de un DS que se determinará las extensiones y cantidades de las parcelas y las zonas tradicionales y no tradicionales y también se establece claramente que las áreas de los contratos de riesgo compartido estarán conformadas por una o más parcelas, con una extensión máxima de 40 parcelas en las zonas tradicionales y de 400 parcelas en las zonas no tradicionales. De esto resulta evidente que se ha dejado de lado la entrega de territorio en base al criterio o medida de hectáreas, de tal manera que cuando se van cumpliendo con determinadas fases se devuelvan parcelas en la cantidad establecida en el artículo 25, si se trata del periodo de exploración y del articulo 30 en el caso del periodo de explotación.
El articulo 31 nos habla de dos plazos: uno de seis meses para iniciar las operaciones de explotación desde la notificación a YPFB sobre un descubrimiento comercial y el otro plazo es de 3 a 5 años para iniciar la producción de hidrocarburos, según se trate de zonas tradicionales o no tradicionales.
Hemos hablado de que en esta ley solo se contempla los contratos de riesg o compartido, desechándose los anteriores otorgamientos, llámense concesiones, contratos de operación, contratos de asociación, etc; sin embargo hay que aclarar que también aquí se establecen las concesiones, pero solamente para el transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural por redes y que está permitido para cualquier persona individual o colectiva que pueda construir y operar los mismos, obteniendo de la Superintendencia de Hidrocarburos, SIRESE, la concesión administrativa; o sea que los contratos de riesgo compartido son para las actividades señaladas en los incisos a) ,b) y c) del artículo 9º El plazo para estas concesiones no podrá exceder de 40 años. La distribución de gas natural por redes se lo califica de servicio público y, por lo tanto,
su otorgamiento es mediante licitación pública por la Superintendencia de Hidrocarburos del SIRESE en coordinación con los gobiernos municipales. Igualmente su plazo no podrá exceder de 40 años.
En cuanto a la refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus productos, se incorpora en la categoría de, libertad y desregulación, que es el hilo conductor de esta ley, a sola condición de que los interesados se registren en la Superintendencia de Hidrocarburos del SIRESE.
La tributación que señala ésta ley se los puede dividir en patentes y regalías, para lo cual determina que YPFB es quien deberá pagar las patentes anuales como emergencia de los contratos de riesgo compartido en las actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos se deberán efectivizar por anualidades adelantadas. El pago se hará en moneda nacional y su escala para las áreas tradicionales es la siguiente: del 1er al 3er año 2.50 bolivianos por hectárea; del 4º año al 5º 5 bolivianos por hectárea; del año 6 al 7º 10 bolivianos por hectárea y del año 8º en adelante 20 bolivianos por hectárea; si se trata de áreas no tradicionales el valor disminuye en el 50%. Si bien se obliga a YPFB a pagar las patentes, también se dej a claramente establecido que las empresas que participan en los contratos de riesgo compartido deberán rembolsar a YPFB los montos pagados en un plazo de 30 días que se contabilizan a partir de la notificación que le haga la entidad petrolera.
En cuanto a las regalías, se mantienen las mismas, con la denominación de regalía departamental, regalía nacional compensatoria y participación en favor de YPFB del orden de 11%, 1% y 6% respectivamente y se pagarán en dólares de los EEUU, o su equivalente en moneda nacional con mantenimiento de valor; todos estos porcentajes se dan con respecto a la producción bruta de Hidrocarburos en boca de pozo y a los que se les deducirá las tarifas de transporte por los ductos, en base a un promedio ponderado que no se alterará hasta que la producción en barriles se incremente en un 10% respecto a la producción, de 1995. Se crea una regalía nacional complementaria a la producción de hidrocarburos existentes del 13% que se liquidará mensualmente y en forma directa por los productores al TGN.
Esta tributación es la que ha despertado los más encendidos alegatos, por parte de quienes sostienen que el 18 % es un porcentaje ínfimo, que no es otra cosa que una enajenación simple y llana de estos recursos naturales no renovables; que con esta política tributaria nos puede suceder lo mismo que, sucedió con la minería, en donde quedaron pueblos enteros en la miseria, llevándose la mejor parte las empresas transnacionales.
Por su parte los defensores de esta ley y de sus medidas tributarias, sostienen que esos porcentajes guardan relación con los que se registran en otras latitudes del continente y con la necesidad que tiene el país de atraer las inversiones extranjeras.
Otro aspecto discutible con respecto a esta ley, es el referido a la propiedad de los hidrocarburos, una vez que sean explotados que, como ya se ha dicho, ha sido modificado por un Decreto Supremo, en total contradicción con la norma constitucional y con la jerarquía de las normas legales, que indican que un Decreto no puede alterar o contradecir una Ley.
NUEVO ROL DE YPFB.-
Este nuevo rol hay que enmarcarlo en las políticas de libre mercado que han venido desarrollando los sucesivos gobiernos a partir del DS 21060 que se constituyó en la base para la aplicación de los modelos de la libre empresa, cuyo objetivo, entre otros, es liberar al Estado de su condición de empresario. Es por ello que esta ley le asigna a YPFB un papel fundamentalmente de e supervisor y de suscriptor de contratos de riesgo compartido, así como la adminis tración de los contratos de exportación de gas a países vecinos y el control y fiscalización de los contratos de operación que no se hayan adecuado a la nueva ley; es decir que YPFB no podrá cumplir su tradicional papel de operadora; también se le asigna la fase de la comercialización, al por mayor, de carburantes, lo que implica que el almacenamiento y las engarrafadoras seguirán a su cargo, al igual que la refinación.
Al darse aplicación a las políticas de capitalización de la empresa estatal del petróle o, YPFB cedió el paso a la inversión extranjera, con el claro propósito, según sus impulsores, de desarrollar esta industria en términos competitivos, desterrando la ineficiencia y, sobre todo, obtener la inyección de capitales frescos que faciliten actividades de exploración en mayores áreas del territorio nacional
y cuyo efecto multiplicador, dicen, repercutirá en todo el ámbito nacional.
También notamos que muchas de las competencias que tenía YPFB han sido traspasadas al Sistema
de Regulación Sectorial (SIRESE) de la que forma parte la Superintendencia de Hidrocarburos, quien
a partir de la presente ley se erige en la fiscalizadora de las actividades petrolíferas en el país.
En resumen, YPFB cederá a las empresas capitalizadoras las unidades de explora ción, explotación y comercialización de hidrocarburos, aunque es bueno subrayar, que la empresa estatal tendrá una etapa de transición en la que seguirá operando en las áreas señaladas con la tributación de la regalía departamental del 11% y la regalía nacional compensatoria del 1%, de un 6% para el TGN después de deducir el monto para cubrir el presupuesto de YPFB y los impuestos normales que tiene toda empresa, conforme con la ley 843; todo esto en la producción de campos marginales y no marginales para sus hidrocarburos nuevos; en cambio para los hidrocarburos existentes la tributación corresponde a un 19% como participación nacional que le pagará al TGN, la regalía nacional complementaria del 13%, también para el TGN, además de los impuestos acordados pa ra los hidrocarburos nuevos.
Por último diremos que esta Ley, en las disposiciones transitorias, faculta a las empresas, que ingresaron antes de la Capitalización, que eran contratistas de operación o de asociación con YPFB, a continuar con esos contratos o convertirlos a riesgo compartido.
El hombre a través de la historia, ha utilizado una gran diversidad de fuentes energéticas, desde las más rudimentarias, en los primeros tiempos de la humanidad, hasta el gas, que se convierte en la fuente energética más importante de la actualidad. Se espera encontrar en los años venideros otras fuentes energéticas que sea más barata y más limpia, ante el hecho evidente de que los hidrocarburos han de agotarse más temprano que tarde. Ya se conocen la energía eólica y la hidroeléctrica, aunque los científicos recomiendan el uso del hidrogeno como reemplazo de los combustibles fósiles.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la fuente energética más importante era el carbón mineral, que se explotaba utilizando abundante mano de obra, en excavaciones subterráneas y de mucho peligro. Aunque es verdad que se ha utilizado desde tiempos antiguos fue en los comienzos de la era industrial donde alcanzó su mayor uso. Este energético, es una sustancia fósil, dura, bituminosa, de color oscuro o casi negro, que proviene de la descomposición lenta de la materia leñosa, que arde con menos facilidad, pero dando más calor que el carbón vegetal. Está formado por una variedad alotrópica del carbono, denominado grafito, aunque también posee cantidades significativas de hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y azufre, existiendo una diferenciación con el gas natural y el petróleo, por ser éstos una mezcla de hidrocarburos al poseer átomos de carbono y de hidrógeno. Según sus particularidades y características, recibe los nombres de antracita, hulla, lignito y turba, variedades que se diferencian entre sí por su estado de fosilización más o menos avanzado, su aspecto exterior y sobre todo por su poder calorífico. Se mide por kilo-calorías, que es la cantidad de calorías que se des prende de la combustión completa de un kilogramo de carbón. La hulla, por ejemplo, oscila entre las 7500 y 8500; el lignito oscila entre 4000 y 6000, siendo el más inferior el de la turba, por lo que en los países en que se la explota, se la usa casi exclusivamente para la calefacción doméstica. La antracita es el carbón que debería ser utilizado en mayor cantidad, toda vez que es el más rico en carbono, en el orden del 90 al 100 % y con mayor capacidad energética; sin embargo no es así, en razón a que se encuentra en finas capas y a gran profundidad, lo que encarece mucho su extracción. El carbón mineral se halla bastante repartido en el mundo. Inglaterra, Alemania, Polonia, Rusia y Francia son los mayores productores en Europa; también existen extensos y ricos yacimientos en Siberia, China, Japón y la india, siendo muy escaso en el continente africano y en la América meridional y abundante en Estados Unidos de Norteamérica, que es uno de los países más ricos en este combustible. Las reservas mundiales se ca lculan en millones de tonelada, suficientes como para satisfacer la demanda en aproximadamente 100 años. En la actualidad este es el combustible más utilizado para generar energía eléctrica; en cambio el gas es empleado en la calefacción, la generación de agua caliente y el aire acondicionado en edificios
comerciales y residenciales. Por su parte el petróleo es utilizado como combustible para los aviones, automóviles, centrales térmicas y otros usos de significativa trascendencia.
De acuerdo con registros internacionales, el año 1996 se consumieron 72 millones de barriles de petróleo, 13 millones de toneladas de carbón y 6400 millones de metros cúbicos de gas natural al día, lo que nos muestra que todavía el carbón mineral tiene su espacio en la demanda mundial.
Con la aparición del petróleo y el gas, se reemplazó al carbón en muchos de sus usos, que en la mayoría de los casos eran nocivos para la salud.
Los yacimientos de petróleo, en su gran mayoría llevan asociados una cierta cantidad de gas natural, que se extrae al perforar un pozo. Desde luego que existen pozos, que contienen solamente gas natural.
Es importante tener en cuenta que el gas posee elementos orgánicos que se usan como materias primas para la industria petrolera y química; en razón a ello, antes de emplear, el gas natural como combustible, se extraen los hidrocarburos más pesados, como el butano y el propano. El gas que queda, llamado gas seco, se puede distribuir a usuarios domésticos e industriales como combustible.
Este gas, libre de butano y propano, también se encuentra en la naturaleza y está compuesto por los hidrocarburos más ligeros, tales como metano y etano, que se emplea para fabricar plásticos, fármacos y tintes.
Se conocen diferentes tipos de gas, como el gas natural licuado, el gas de petróleo Licuado y el gas natural comprimido, que provienen de procesar el gas natural bruto, mediante destilación y que tienen aplicación y usos distintos, tanto de carácter doméstico e industrial, como combustible, como materia prima para la petroquímica y como carburante.
Hay que decir que el gas es uno de los energéticos más limpios; de ahí su gran importancia. No se trata de que no contamine el medio ambiente, sino que en comparación con los otros energéticos fósiles resulta menos contaminante.
Esa característica de ser considerado un energético limpio, que produce baja contaminación, le da una alta competitividad en el mercado mundial; sin embargo de ello, también se le reconoce la desventaja de que no es fácilmente transportable o que se lo pueda almacenar, necesitando costos más elevados para el desarrollo de su infraestructura.
Teniendo en cuenta esas características particulares del gas, como su alta limpieza y su concentración o intensidad energética, es que estamos asistiendo a una nueva era, pues las reservas cada vez van en aumento, mientras el petróleo va decreciendo; es decir que se va dando una
transición no tan imperceptible del petróleo hacia el gas, lo que equivaldría a una adecuación tecnológica permanente, en la búsqueda de una mayor eficiencia en los procesos de industrializar el gas.
En nuestro país, este energético no fue tomado en cuenta en su legislación hasta que se dictó el Código del Petróleo el año 1955, durante el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro, ya que en el artículo primero de ese Código se refiere al dominio de la Nación sobre los hidrocarburos, incluyendo entre ellos al petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos.
Las empresas que ingresaron al país, después de haberse dictado este Código, desc ubrieron importantes reservas de gas, que posteriormente permitió su exportación a la Argentina. Lo negativo de todo esto, era que no existía una norma concreta, al margen del artículo ya señalado, que regulara específicamente a este hidrocarburo.
Intentando corregir estas deficiencias, en septiembre de 1965 se presentó un proyecto de Código del Gas, mediante el cual se pretendía sentar las bases normativas con carácter preferente para las actividades de los hidrocarburos gaseosos. Lastimosamente este esfuerzo no pasó de ser más que un simple proyecto.
En la Ley General de Hidrocarburos, dictada en marzo de 1972, cuando ya en el país se explotaba y producía gas, se consolida definitivamente este hidrocarburo, al hacerlo objeto de la legislación, con normas más claras y específicas, como las contenidas en los artículos 7, 8 incisos i) y j) y 10, inciso d), además de que el propio término está incorporado en el concepto de hidrocarburos.
A manera de ir formándonos una idea de la evolución que han experimenta do las reservas y producción de gas en nuestro país, existe el registro del año 1975 que establece una producción de 137,294 MMPC. A partir de estas cifras, se van a dar saltos cuantitativos de enormes proporciones. En ese cuadro evolutivo, se pueden consignar que en 1977 las reservas de gas alcanzó a 6,2 TCF, en 1989 fueron de 5,38 TCF, en 1994 de 6,3 TCF y en el 1996 de 5,3 TCF Los datos actuales indican que nuestras reservas están en el orden de los 52 TCF.
Capítulo aparte constituyen los descubrimientos de reservas probadas y probables que se registraron a partir de la Capitalización de YPFB y de la puesta en vigencia de la Ley General de Hidrocarburos, que colocaron a Bolivia como uno de los primeros países de Sudamérica en contar con Abundantes reservas de gas y, en consecuencia, con amplias posibilidades de mejorar su situación económica, una vez se puedan negociar estas ingentes reservas; sin embargo y haciendo comparaciones a nivel mundial, nos damos cuenta que esas reservas no son "tan cuantiosas" c omo las que posee Rusia con 1641 TCF, Irán con 922 TCF, Qatar con sus 910 TCF, Arabia Saudita con 229 TCF o las de Venezuela con 147 TCF, representando nuestras reservas apenas un 0,4% a nivel mundial. Hay que agregar que Bolivia posee las reservas de gas libre más altas de Latinoamérica,
por cuanto las de Venezuela, por ejemplo, en su mayoría están asociadas(a sus abundantes cantidades de petróleo.
Para poner en marcha la política del gas, el año 1974 se realizan los primeros contactos diplomáticos con el Gobierno de Brasil a fin de que ese país comprara casi la totalidad de las reservas que poseía el Estado boliviano. Los intentos fueron frustrados, aparentemente por el debilitamiento de la capacidad financiera del gobierno de Brasil, además de que muchos sectores sociales del país opusieron tenaz resistencia a esa operación comercial por considerarla técnica y políticamente inviable a los intereses nacionales. Luego en el año 1977, fueron retomados los contactos a fin de firmar un convenio de compra venta de gas al Brasil. Transcurridos muchos años y luego de sucesivos acuerdos o convenios firmados con el vecino país, correspondió al Gobierno de Sánchez de Lozada iniciar la venta de gas al Brasil no sin antes vencer la fuerte resistencia interna a esa polí tica petrolífera que en su segundo mandato fue la causante del alzamiento popular que lo obligó a renunciar a la presidencia.
En los años 60 se fueron incubando en los países productores de petróleo las ideas de conformar un ente que resguardara sus propios intereses, ante la cada vez más evidente voracidad del gran cartel de los consorcios petroleros, que saqueaban los recursos naturales del Tercer Mundo, hasta llegar a concretar y conformar organismos regionales y mundiales que lucharan por preservar esos recursos en beneficios de sus propios países, como fueron la OPAEP y la propia OPEP. En cuanto a la ÓPEP encontramos lejanos antecedentes de este organismo, cuando una delegación venezolana, allá por el año de 1949, visitó Arabia Saudita, Irán, Egipto, Iraq, Kuwait y Siria con el objetivo de intercambiar puntos de vista con los gobiernos de esos países sobre la cuestión petrolera. En 1959 en ocasión del Primer Congreso Petrolero Árabe, que organizara la Liga Árabe, es cuando encontramos un esfuerzo serio de intercambiar y analizar temas técnicos de interés común tendientes a conformar un organismo de las características del que e stamos analizando.
Sin embargo, es bueno analizar las causas de fondo, las mismas que derivan del hecho de que todos estos países son parte del mundo subdesarrollado, exportadores de un recurso , natural no renovable, tener intereses comunes, depender en gran medida de los ingresos petroleros y tener que enfrentar prácticamente a las mismas compañías; agregando a todo ello las políticas nacionalistas que se venían generando y que luego fueron emprendidas por estos países, en especial las referidas a los controles estatales que van reduciendo las participaciones accionarias y los porcentajes de utilidad de las empresas y de manera fundamental a las nacionalizaciones que se vinieron dando para recuperar definitivamente estos recursos naturales y así lograr el tan ansiado desarrollo de los países del Tercer Mundo.
No hay que olvidar que lo determinante en la conformación del organismo internacional, fue la actitud asumida por las grandes compañías petroleras que dispusieron por segunda vez, en lapso de 15 meses, una rebaja de los precios del crudo. Esta decisión unilateral provoca la molestia de los países productores y el 14 de septiembre de 1960 se reúnen en Bagdad los representantes de Irak, Venezuela, Kuwait, Irán y Arabia Saudita para proceder a la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a la que posteriormente se van incorporando Katar año 1961, Libia e Indonesia en 1962, Abu-Dhabi en 1967, Argelia, Nigeria y Ecuador en 1969, 1971 y 1973 respectivamente; Gabon fue uno de los últimos incorporados como Estado Asociado.
En el marco de estas conquistas el 14 de diciembre de 1962, la NNUU en Sesión Plenaria Nº 1.194, interpretando justamente el sentimiento de los países productores de petróleo, adopta una Resolución de gran significación para todos los países miembros de ese organismo, que se resume así:
1. Derecho de los pueblos a sus riquezas y recursos nacionales, que debe ejercerse en interés
del desarrollo nacional y bienestar del pueblo.
2. Libre decisión de las naciones para todo lo concerniente a las actividades anteriormente
3. Vigencia de la ley nacional y el derecho internacional sin restringir la soberanía del Estado
respecto de sus riquezas y recursos naturales.
4. Nacionalización, expropiación o requisición fundada en motivos de utilidad pública,
seguridad o interés nacional. Pago de indemnización de acuerdo a la ley del Estado y al
5. En caso de litigio, agotamiento de la jurisdicción nacional o, por acuerdo de partes,
sometimiento a arbitraje o arreglo judicial internacional.
6. La violación de los derechos soberanos de los pueblos respecto de sus recursos es contraria
7. Los acuerdos libres sobre inversiones deben cumplirse de buena fe.
Esta Resolución se actualiza en 1978 al proclamar la Asamblea General la necesidad de un nuevo orden internacional que corrija desigualdades y repare injusticias existentes, que haga posible la eliminación del creciente abismo entre los países desarrollados y los no des arrollados y que asegure el desarrollo económico y social, la paz y la justicia para esta y las próximas generaciones.
En un principio las compañías petroleras consideraban que la OPEP no llegaría a constituir una fuerza que pudiera oponerse a ellas, en razón de estar integrados, todos ellos, por países con un grado incipiente de desarrollo y con sistemas de gobierno no solamente disimiles sino hasta antagónicos; sin embargo muy pronto estos países y la OPEP van obteniendo de los consorcios condiciones cada vez más ventajosas en la distribución de beneficios y llegan a asumir un inmediato control en la determinación de los precios, que hasta entonces había constituido un factor de absoluta definición por parte de los consorcios petroleros, siendo acertado afirmar que con la OPEP comienza el desmoronamiento de los consorcios privados y nace otro cartel, más poderoso aun, con metas que no se limitan a la consecución de beneficios económicos simplemente, sino que además enmarca su acción en la búsqueda de objetivos políticos, en unos casos influenciados por una u otra de las dos grandes potencias existentes en esos momentos y, en otros, por pretensiones de ejercer un liderazgo poco fundamentado.
Los objetivos que se plantea la OPEP en sus inicios son los siguientes:
a) Defensa y estabilización de los precios del petróleo y sus derivados a niveles razonables.
b) Uniformar las políticas petroleras de los países miembros.
c) Necesidad de mantener ingresos apropiados para sostener los programas de desarrollo integral de los países productores - exportadores netos.
d) Lograr que el uso que se haga del petróleo como recurso no renovable sea racional y beneficioso al país productor.
e) Procurar la capacitación de los ciudadanos en la industria del petróleo.
f) Conformar un grupo de presión que pueda imponer un nuevo orden en el comercio internacional.
En cuanto a estructura, organización y funcionamiento de la OPEP, diremos que estaba formada por los siguientes órganos básicos: la Conferencia, la Junta de gobernadores, el Secretariado y la Comisión Económica.
La Conferencia es la autoridad suprema de la organización y está compuesta por los Ministros de Petróleo de cada país, quienes asisten como Jefes de la delegación. Se reúne, por lo me nos, dos veces al año. Su función principal es la de formular la política general de la OPEP. Hace quorum la conferencia con la asistencia del 75 % de sus miembros y sus decisiones se adoptan por unanimidad.
La Junta de Gobernadores es la encargada de dirigir y manejar los asuntos de la organización, así como de ejecutar las decisiones y resoluciones adoptadas por la Conferencia. Se reúne, por lo menos, 2 veces al año. A ella asiste un representante en calidad de Gobernador. El quorum se constituye en base al 66% de sus miembros y las decisiones son tomadas por simple mayoría.
El Secretariado es el órgano encargado de administrar el trabajo de la OPEP bajo la conducción del secretariado General, quien es el representante legal de la organización. Tiene su sede permanente en Viena y está constituida por 5 departamentos: Económico, Legal, Administrativo, Técnico y de Información.
La Comisión Económica es un órgano permanente y especializado que funciona dentro del marco del Secretariado, siendo sus atribuciones específicas las de asistir a la organización en la promoción de la estabilidad, en los precios internacionales a niveles equitativos.
LA CRISIS DEL PETROLEO.-
La creación de la OPEP consigue un efectivo incremento de las participaciones estatales, ll egando incluso muchos de los países, miembros a controlar el 100 % de la propiedad y explotación de los yacimientos, sin embargo quiere llegar mucho más lejos como aquello de buscar una transformación del orden económico internacional basada exclusivamente en una política de elevación indiscriminada de precios, sin relación alguna con la realidad de costos.
Fue esta acción la que causó lo que se ha dado en llamar la crisis del petróleo y cuyo detonante no fue otra cosa que el conflicto árabe - israelí de octubre de 1973, el cual tiene su génesis en 1948, agravados posteriormente con la guerra de 1956 y, posteriormente en la llamada Guerra de los Seis Días de 1967. Esta guerra árabe - israelí, casi permanente, produce un fuerte malestar en los países árabes contra las potencias de occidente, principalmente contra los EEUU, a quien consideran el verdadero responsable de las acciones de Israel, así como de impedir las reivindicaciones de los palestinos, cuya influencia en los países árabes es un factor importante en el mantenimiento y agudización constante de la situación crítica del Levante.
Todos estos hechos, más el avance nacionalista que se produce en todos los países de la OPEP, principalmente en los del Golfo Pérsico, la Revolución Libia de 1969 que logra un paulatino aumento en sus participaciones sobre la producción petrolera, hacen que las relaciones de la Organización con los países occidentales se vayan tornando cada vez más duras, hasta llegar al embargo petrolero destinado a EEUU y la restricción a los exportadores, por lo cual los precios del crudo van subiendo vertiginosamente de 1.99 dólares el barril, Pasando por 3.44 dólares hasta llegar en 1974 a 11.56 dólares el barril y 30 dólares en 1980 y en 1981 estos precios se tornaron realmente increíbles, pues ascendieron a 34 y 36 dólares el barril; pero no fue solo la elevación de precios; también se decide limitar la producción en el orden del 25 %, debiendo destacarse que la crisis se genera no por una disminución de productos, lo cual podría resultar lógico, sino por la elevación indiscriminada del barril de petróleo, que paradójicamente trajo consecuencias funestas en las economías, en especial las del Tercer Mundo. De un lado las potencias occidentales se vieron obligados a aumentar astronómicamente su deuda externa y los países en vías de desarrollo tuvieron que adquirir los productos derivados del petróleo, como fertilizantes, insecticidas, plásticos, sintéticos, etc. con unos precios increíblemente altos, al igual que al comprar productos industriales y agrícolas, como maquinarias, herramientas y otros de los mismos países desarrollados, quienes devolvían la gentileza estableciendo precios prohibitivos para las naciones pobres. De tal manera que el efecto más claro es el descenso de los niveles de la economía, porque la gente gastaba más en petróleo y tenía menos para gastar en otras cosas; o sea que originó una declinación de la demanda de bienes,- dando como consecuencia una reducción en la producción y las fuentes de trabajo.
Dentro de esta crisis hay que incluir la creación de la Agencia Internacional de Energía – AIE.- creada a instancias de los EEUU, organismo que en 1982 acuerda una rebaja oficial en los precios del petróleo, a partir de lo cual es muy visible la declinación de la OPEP, debiendo agregar la aparición de fuentes alternativas de energía, como la hidroeléctrica, nuclear, solar y la utilización de las mareas y en especial la determinación de la mayoría de los países consumidores de evitar el derroche del petróleo y sus derivados y procurar su óptima utilización.
INDUSTRIA PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE
CARACTERIZACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.-
Ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivientes y el medio natural en que se encuentran. La voz ecología proviene de la raíz griega oikos que significa casa y logos que es igual a estudio o tratado.
En una acepción amplia, la ecología se refiere a los pobladores de la tierra, incluyendo plantas, animales, microorganismos y el género humano; en ese sentido se puede afirmar que ecología es el estudio de la estructura y función de la naturaleza.
Si es verdad que donde existe el hombre, existe la sociedad (UBI HOMO IBI SOCIETAS), no es menos cierto que el hombre no solo vive en sociedad, sino en la naturaleza, formando parte integral de ella, debido a lo cual debe realizar un ordenamiento jurídico acorde con las leyes que rigen la naturaleza o existencia del ser. Gracias a que se han tomado en cuenta estos aspectos fue que nació la ecología en el mundo del derecho, que no es más que la concepción del hombre con la naturaleza.
En este marco conceptual se puede afirmar que el Derecho Ecológico es una rama del Derecho Público que estudia las normas y principios relativos a la ordenación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de la vida.
Para adentrarnos adecuadamente en lo que es ecología y derecho ecológico, se hace necesario detallar, y definir algunas palabras y conceptos frecuentemente utilizados en temas del medio ambiente y ecología, tales como:
a) Ambiente, que son todas las condiciones externas capaces de influir en los organismos vivientes. Se puede decir también medio ambiente, que es todo lo que nos rodea y mantiene la vida. Incluye los elementos vivos llamados bióticos y
b) Población, que es el conjunto de especies, animales o vegetal es de un lugar determinado.
c) Comunidades, que es el conjunto de población de un área determinada.
d) Ecosistema, es una comunidad y medio ambiente que funcionan juntos. Los elementos que constituyen un ecosistema son sustancias abióticas, como los minerales; productores como las plantas verdes, consumidores como los animales que ingieren otros organismos, en los que se incluyen a los micro consumidores también llamados soprotitos como las bacterias y hongos muertos que desdoblan los complejos compuestos del protoplasma muerto. No debe perderse de vista que el ecosistema es la unidad básica funcional ya que incluye, tanto a los organismos como al medio ambiente abiótico, de tal manera que los primeros influyen
sobre las propiedades de los segundos y viceversa, siendo ambos necesarios para preservar la vida del planeta. Se conocen diferentes grados de ecosistemas tales como Ecosistema Construido, Ecosistema Cultivado, Ecosistema Degradado, Ecosistema Modificado y Ecosistema Natural.
e) Equilibrio ecológico, que es el estado que predomina en la naturaleza que tiende siempre a mantener la necesaria estabilidad del medio donde se desarrolla la lucha por la vida y que se manifiesta como una gran unidad y estabilidad sobre la tierra.
f) Hábitat, que es el medio en donde viven los seres vivientes y al cual se hallan adaptados íntimamente; se le puede asimilar a domicilio.
g) Contaminación, que es la presencia de sustancias extrañas o la variación de los constituyentes del medio ambiente, susceptible de provocar efectos perjudi ciales o de degradar el ambiente. Esta contaminación o polución puede ser atmosférica, del agua, del suelo o total.
h) Biosfera (esfera de la vida), que es la parte habitada del planeta, en donde se desarrolla la vida vegetal o animal; está sometida a la acción impulsora de la energía solar y al metabolismo que se opera en la biomasa. Se puede decir también que es la tenue capa que cubre el planeta, que contiene y sostiene la vida.
Si entendemos que ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y las relaciones de éstos con el medio natural en que habitan, es importante también diferenciar que ecologismo es la toma de conciencia por parte de la sociedad sobre la limitación de los recursos naturales. Es esa toma de conciencia la que mueve a defender la naturaleza de las agresiones del género humano y, por tanto, la que impulsa a racionalizar el uso de los recursos naturales. Este ecologismo lleva implícito un mensaje económico y social, constituyéndose en una opción de cambio radical, frente a los problemas de la sociedad de consumo.
Es gracias a esta temática del ecologismo que hoy podemos saber que, entre los principales problemas ambientales que afectan a la biosfera, se pueden contar al calentamiento de la tierra, la destrucción de la capa de ozono, la extinción de especies, la perdida de tierras cultivables, la deforestación, el crecimiento poblacional y la contaminación del aire, agua y suelos.
Por último, conviene que reafirmemos, una vez más, que es el hombre el que va creando los mayores problemas ambientales, pues sus actividades están alterando radicalmente el sistema sustentador de vida, a causa de la contaminación a nivel global y la destrucción o modificación de los ecosistemas. El sistema sustentador de vida configura el clima, purifican el aire y el agua, regulan el caudal de las aguas, reciclan los elementos esenciales y crean y regeneran el suelo y permiten que los ecosistemas se renueven.
Es el hombre, apremiado por lograr el desarrollo, por satisfacer sus propias necesidades y por mejorar su calidad de vida, no trepidan en poner en riesgo su propia supervivencia. Se sabe, sin embargo, que esto ha sido posible gracias a que se ejecutó un es tilo de desarrollo que no tomo en cuenta los costos ambientales que producen las actividades productivas, pues no han alcanzado a comprender que el desarrollo no debe lograrse a expensas de otros grupos ni de generaciones venideras. Por ello se hace urgente aplicar medidas preventivas y correctivas que mitiguen las desastrosas consecuencias que han provocado. Para lograr aquello se hace necesario cambiar el estilo de desarrollo.
Hoy se habla del desarrollo sostenible que consiste en el mejoramiento de la c alidad de vida humana, dentro de la capacidad de carga de los sistemas sustentadores de vida; o sea que el uso de los recursos no rebase la capacidad de carga de los sistemas que los sustentan. A este efecto ya se han esbozado los perfiles de una sociedad con desarrollo sostenible y que se los resume en los siguientes principios:
1. Respeto y cuidado de la comunidad de los seres vivientes. Este es un principio ético ya que refleja el deber de velar por las demás personas y las otras formas de vida, ahora y en el futuro.
2. Mejoramiento de la calidad de vida humana que implica una vida saludable, educación, acceso a recursos necesarios, libertad, garantía de disfrute de los derechos humanos y la supresión de la violencia.
3. Conservación de la vitalidad y diversidad de la tierra.
4. Reducción al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, lo que significa prolongar su vida útil, reciclándolos o adoptando sustitutos renovables cuando eso es posible.
5. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra para lo cual se enfocaran de manera realista los problemas derivados por el crecimiento demográfico y el consumo de recursos.
6. La modificación de las actitudes y prácticas personales, como por ejemplo evitar el consumismo superfluo, ahorrar energía, agua, etc.
7. Facultar e incentivar a las comunidades para cuidar su medio ambiente, para lo cual necesitan de capacitación y conocimientos.
8. Forjar una alianza mundial que exija que cada nación asuma sus responsabilidades respecto al cuidado del medio ambiente de su país.
Partimos inicialmente con la ley del medio ambiente que es una de las principales normas con que cuenta el país para la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, sean renovables o no renovables. Esta ley trata de regular las acciones del hombre con relación a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población y aquí surge la interrogante de ¿qué es el desarrollo sostenible?, a lo que podemos decir, que es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, implicando esto una tarea global de carácter permanente.
Esta ley, determina que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación y su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por ley y son de orden público. Esto quiere decir que el estado tiene parte activa en los problemas ambientales y los recursos naturales, pudiendo actuar de oficio en caso de evidenciarse violación a la ley del medio ambiente y es por ello que en su artículo 18 establece que el control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social, autorizando a la Secretaria Nacional del Medio Ambiente y a las Secretarias Departamentales promover y ejecutar acciones para hacer cumplir los objetivos del control de la calidad ambiental. Uno de los objetivos del control de la calidad ambiental referidos a nuestra materia, están fijados en el inciso 4) del artículo 19 de esta ley que indica que es un objetivo normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones. Enseguida la ley que analizamos enumera las actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente, señalando entre ellas aquellas que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, además de aquellas que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica, sus interrelaciones y procesos.
Aspecto importante de esta disposición legal, es el capítulo que se refiere a la Evaluación de Impactos Ambientales EIA, que no es otra cosa que la parte de la política preventiva que tiene el Estado, con referencia al medio ambiente y con lo que trata de evitar las actividades nocivas y peligrosas para la salud o que deterioren el medio ambiente y los recursos naturales, que puedan ejecutar las personas naturales o jurídicas en cumplimiento de contratos con de exploración de nuestros recursos naturales, sean renovables o no renovables. A este efecto se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.
De este modo cualquier empresa que tenga que realizar alguna obra o proyecto que requieran de Evaluación Ambiental, están obligados por ley a obtener una Declaratoria de Impacto Ambiental, sea de la Secretaria Nacional o de las departamentales; siendo esta última, tendrá que ser homologada por la Secretaria Nacional. Esta declaratoria incluirá los estudios, recomendaciones técnicas, normas y límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras.
Todo lo hasta aquí referido, es parte del marco conceptual y global de la Ley del Medio Ambiente, correspondiendo identificar específicamente lo establecido con respecto a los hidrocarburos. Es así que encontramos en los artículos 73 y 74 la normatividad para nuestros recursos energéticos. El artículo 73 de esta ley del Medio Ambiente dice que los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, debiendo su aprovechamiento realizarse eficientemente, bajo las normas de protección y conservación del medio ambiente. Indica, además, que las actividades de hidrocarburos, realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medios ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación, así como de protección de flora y fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Así mismo, deberán implementarse planes de contingencia para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes.
El artículo 74 nos habla de que el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, en coordinación con la Secretaria Nacional del medio ambiente, elaborara las normas específicas pertinentes y promoverá la investigación, aplicación y uso de energía alternativas no contaminantes.
En cuanto a la ley de hidrocarburos del 30 de abril de 1996, solamente encontramos una referencia en su artículo 7º cuando indica que las disposiciones del artículo 171 de la CPE y de la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos serán aplicados al sector de hidrocarburos. El artículo 171 de la Carta Magna, en su primera parte sostiene que se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a s us tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
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