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Timestamp: 2019-03-21 16:16:30
Document Index: 225220726

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'Artículo 75', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 80', 'artículo 56', 'artículo 80', 'artículo 54', 'artículo 128', 'artículo 56', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 35', 'artículo 13']

FUNDAMENTOS del Proyecto de Código de Ejecución de la Pena
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Miércoles, 11 de Abril de 2012 02:17
Mediante el presente proyecto impulsamos la creación de una norma que establezca el sistema de ejecución de la pena privativa de la libertad para la provincia de Mendoza.
Para ello, hay que dejar sin efecto la adhesión a la Ley Nacional 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y dictar una norma local. En setiembre de 1997, la Provincia a través de la ley 6513, adhirió lisa y llanamente a Ley Nacional 24.660, siendo que la misma establecía en su artículo 228 que: “La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente”.
En otras palabras, las provincias tenían un año para adecuar su legislación y la reglamentación penitenciaria existente conforme al espíritu, los fines perseguidos y el marco dado por la ley 24.660, sin que la ley nacional reclamará la adhesión ni tampoco que estableciera el carácter de orden público de la misma y por tanto su vigencia y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.
Tanto el constituyente de 1853-1994 al momento de establecer las atribuciones del Congreso de la Nación (Artículo 75 inciso 12), el legislador nacional al sancionar la ley 24.660, como el legislador provincial en oportunidad de adherir a través de la ley 6.513 entendieron que se trataba de una atribución no delegada por la provincia al Congreso de la Nación.
Para quienes sostienen la falta de atribuciones para legislar en la materia olvidan por un lado los argumentos vertidos en los párrafos anteriores y por el otro la plena vigencia de la ley 12.256 de la Provincia de Buenos Aires que establece la ejecución de la pena para esa provincia.
Por ello, creo que debemos generar la herramienta necesaria para que cada vez que se comete un delito violento que pone en peligro la vida de un mendocino, el delincuente condenado no encuentre en la ley un salvoconducto para evitar el cumplimiento efectivo de la condena sin encontrarse garantizada su reinserción social o en el peor de los casos, se fugue del establecimiento ante la ausencia de controles por el periodo en el que se encuentra de cumplimiento de la pena.
Coincidiendo con la Senadora Ibarra, en el debate parlamentario la ley 25.948 la misma manifestó que: "si se logra individualizar a los culpables y hay una condena, se va a un sistema penitenciario degradado y también sospechado de enorme corrupción. Finalmente, si hay libertad anticipada, en general se otorga en forma automática y el control posterior a través del patronato de liberados suele ser acotado o nulo". Por ello, creemos que deben extremarse los controles a la hora de otorgar los beneficios establecidos en el régimen progresivo de la pena.
En el actual régimen de la ley 24.660, vigente para la provincia de Mendoza, un condenado puede acceder a los beneficios de salidas transitorias o semilibertad al haber cumplido la mitad de la condena o en el caso de las penas perpetuas haber purgado 15 años.
REGIMEN PROGRESIVO DE LA PENA. En general se elevan los estándares de conducta y concepto exigidos para avanzar en la progresividad del régimen de ejecución de la pena.
Eliminamos la promoción excepcional prevista por el artículo 7 de la ley 24.660 a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos. Dicha promoción, suponía saltar fases del tratamiento y acceder rápidamente a regímenes semiabiertos regulados por la autodisciplina, como por ejemplo el establecimiento penitenciario de Gustavo André, en donde se producen la mayor cantidad de fugas de la provincia por el régimen de vigilancia y control.
En los supuestos de denegatoria de los beneficios, suprimimos la excepción que permitía la presentación de una nueva solicitud antes del cumplimiento del plazo de 6 meses contados a partir de la denegatoria previa propuesta del Organismo Técnico Criminológico o el Equipo de Tratamiento.
Disponemos que para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad requiere:
Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: en el caso de las penas temporales haber cumplido la mitad de la condena; tratándose de penas perpetuas haber cumplido veinte años, aumentando 5 años respecto de la ley 24.660 que preveía para este supuesto el cumplimiento de 15 años de pena;
Además resulta necesario no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.
Se requiere que la conducta desarrollada por el interno sea ejemplar, durante el último año. Debiendo asimismo merituarse la conducta y el concepto durante todo el periodo de condena, debiendo revestir la conducta y el concepto del interno, como mínimo la calificación de “buena” durante al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de peticionar la obtención de los beneficios.
Así mismo debe contar con Resolución aprobatoria del Director del Establecimiento y merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado.
Por último, no encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 72.
Arribando al análisis del mencionado artículo 72, creemos que a aquellas personas que están condenadas por cometer delitos violentos, se les deben negar los beneficios comprendidos en el período de prueba, sin poder acceder a las salidas transitorias. El abuso sexual agravado, los supuestos de homicidios agravados (asesinatos con arma de fuego y asaltos seguidos de muerte, entre otros), robo agravado, robo con armas y/o en bandas y de los que se desprendan víctimas con lesiones graves o gravísimas entre otros.
Como así también, entendemos que deben negarse los beneficios comprendidos en el periodo de prueba a los reincidentes y a aquellos condenados que a merito del juez de ejecución su egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
Por ello, proponemos que no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1) Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal, con excepción del inciso
Los condenados por cualquiera de los delitos enumerados precedentemente, tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida, previstos en la presente ley.
Quienes se oponen a dicho artículo bajo el argumento de que rompe el principio de progresividad de la pena consagrado en la ley 24.660 olvidan la modificación introducida a dicho cuerpo legal a través de la ley 25.948 que estableció en el artículo 56 bis, la negativa a dichos beneficios pero limitado a los supuestos de:
1.- Homicidio agravado previsto en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal.
La sanción de la ley 25.948 determinó una sustancial modificación respecto a los requisitos para acceder a institutos de liberación anticipada tales como: la libertad condicional, la libertad asistida, la prisión discontinua, la semilibertad y las salidas transitorias.
Respecto de la incorporación de la reincidencia como causal obstativa del otorgamientos de beneficios comprendidos en el periodo de prueba como así también la prisión discontinua o semidetención, estimo que resulta un verdadero contrasentido otorgar a un condenado la posibilidad de acceder a salidas transitorias anticipadas, cumpliendo la mitad de la condena o en el caso de las penas perpetuas quince años y estarle prohibido y expresamente vedado acceder a la libertad condicional prevista en el Código Penal al cumplir dos tercios de la condena o 35 años en las perpetuas por tratarse de un reincidente.
Si no puede salir a través de la aplicación del instituto de la libertad condicional habiendo consumido más de dos tercios (2/3) de la condena, mal puede con sólo la mitad de la condena cumplida acceder al régimen de salidas transitorias y semilibertad.
El desenlace en estos supuestos es muchas veces la fuga del condenado que accede a los beneficios del periodo de prueba, ante la lejanía de su libertad.
La causal de riesgo para el condenado o para la sociedad, a mérito del juez de ejecución como obstativa de los beneficios acordados en el periodo de prueba, ya se encontraba prevista en la redacción originaria del artículo 54 de la ley 24.660 para el supuesto de libertad asistida -seis meses antes del agotamiento de la pena-, donde los fundamentos para aplicarlas en dicho supuesto son extensibles y aconsejables a los casos de beneficios otorgados en el periodo de prueba.
Si a merito del Juez de ejecución el pronóstico de peligrosidad, que impide la concesión de la libertad asistida 6 meses antes de su agotamiento, se encuentra presente al momento de establecer otros beneficios derivados del periodo de prueba debe negarse a su otorgamiento. La calificación de peligrosidad queda estrictamente reservada al juez sin perjuicio de la colaboración que psiquiatras y psicólogos del Organismo Técnico Criminológico puedan brindarle al respecto.
Por último, creo que deben negarse a quienes hayan cometido este tipo de delitos las posibilidades de beneficiarse con el indulto y la conmutación de penas previstas en el artículo 128 de la Constitución de la Provincia y la ley 3.645 en su Capítulo XVI. Por lo que, se amplían los supuestos de establecidos por aquella norma que preveía la negativa solo en los casos de: delitos cometidos en ejercicio de la función pública o q quienes se los hubiese calificado en concepto como malo o pésimo en cualquier momento de los últimos dos años anteriores al pedido de gracia.
Así homicidas, violadores y delincuentes peligrosos no podrá acceder a la posibilidad de ser beneficiados por una acción del Gobernador de la Provincia, destinada a indultar o conmutar sus penas.
Fueron eliminados de la norma provincial, aunque mantienen su plena vigencia, a fin de evitar cuestionamientos innecesarios, los incisos previstos por la ley 24.660 en su artículo 56 bis que conforme al Código Procesal Penal de la Nación, son competencia del juez federal y por consiguiente continuarán sujetos a las disposiciones de la ley nacional de ejecución de la pena, referidos a la privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte y el secuestro extorsivo seguido de muerte.
Tres ejemplos graficarán la importancia de las reformas introducidas: En el primer supuesto un condenado a 15 años por el delito de abuso sexual agravado (violación), bajo el régimen actual esa persona podía eventualmente acceder a los beneficios de salidas transitorias o semilibertad al cumplir la mitad de la condena, esto al cumplimentar 7 años y seis meses. Con el régimen propuesto esa persona quedará imposibilitada a acceder a todos los beneficios previstos en el periodo de prueba, debiendo cumplir el resto de la condena establecida. Y en el caso de peticionar la libertad condicional conforme al Código Penal, extremamos los recaudos que debe cumplir la administración penitenciaria respecto de los informes y el pronóstico de reinserción que debe elevar al juez de ejecución como se verá posteriormente.
En el segundo ejemplo tomemos el caso de un delincuente reincidente condenado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego con una pena de 15 años, con el Código propuesto deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta por la justicia penal ya que no podrá acceder a los beneficios de las salidas transitorias ni semilibertad al cumplirse la mitad de la condena y tampoco a la libertad condicional al consumirse los dos tercios de la misma por esta expresamente prohibido en el código penal.
El último de los ejemplos, es el del delincuente que cometió un homicidio con ensañamiento y alevosía condenado a cadena perpetua, bajo el régimen actual de la ley 24.660 al cumplir 15 años podría acceder a los beneficios de las salidas transitorias y semilibertad. En el actual proyecto se encuentra expresamente proscripta esa posibilid, debiendo cumplir la totalidad de la condena o 35 años en caso de ser procedente la libertad condicional.
Queda palmariamente demostrado, que el nuevo régimen excluye de los beneficios de salidas transitorias y semilibertad a delincuentes condenados por la comisión de delitos violentos con penas elevadas en función de la gravedad de la delito, ante la violación al bien jurídico tutelado por la norma, quienes en el estado actual del sistema penitenciario.
LIBERTAD CONDICIONAL. En el caso de la Libertad condicional, instituto regulado por el Código Penal, precisamos el alcance y contenido de los informes requeridos a la autoridad penitenciario, poniendo en cabeza del Consejo Correccional y del Organismo Técnico Criminológico la elaboración de dichos informes (artículo 34) a fin de posibilitar evaluar al juez de ejecución el otorgamiento de la medida. (artículo 42).
Respecto a pronóstico de reinserción social, requerido a la autoridad penitenciaria para ser elevado a la consideración del juez de ejecución establecemos que el mismo deberá ser necesariamente “desfavorable” en el caso de encontrarse abierto un proceso penal en contra del interno por la comisión de nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento de la condena, cuando manifieste conductas que permitan suponer verosímilmente que constituirá un peligro para la sociedad o en el caso de no haber alcanzado la conducta y concepto la calificación como mínimo de “buena” durante la obtención de la libertad condicional. (artículo 35).
Este último supuesto, deviene de la reglamentación del requisito establecido por el artículo 13 del Código penal cuando establece para el otorgamiento de la libertad condicional, entre otras cosas que el interno: “…observando con regularidad los reglamentos carcelarios…”. Esa “regularidad” que reclama la ley, se cumple cuando el interno reviste una conducta “buena” al menos durante dos tercios de su condena al momento de pedir el acogimiento a la libertad condicional.
Llegó el momento, y conforme a la crisis de seguridad que vivimos en Mendoza, de retomar la potestad sobre este tema y en un aspecto tan sensible como es la Ejecución Privativa de la Libertad.
Esto también teniendo en cuenta la gran cantidad de fugas de delincuentes violentos de los penales de Mendoza, que aprovechan los beneficios del régimen progresivo de la pena, no ya para resociabilizarse sino para escaparse del establecimiento y reincidir, cometiendo delitos en muchos casos sumamente violentos que conmocionan a toda la sociedad.
Nuestras cárceles se han transformado en una universidad para delincuentes, y para males reciben el título anticipadamente, ya que se fugan sin cumplir su condena.
Para la redacción del presente Código se tomaron como fuente las disposiciones contenidas en la ley 24.660, la ley de la provincia de Buenos Aires 12.256 y los diversos decretos reglamentarios, como así también la legislación provincial que rige la materia, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, a los efectos de adecuarlo a los preceptos legales y constitucionales aplicables a la materia.