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Timestamp: 2020-06-04 18:49:17
Document Index: 263289419

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 12']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 356, de 07/11/2017
cve: DSCD-12-CO-356
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 356
Comparecencia de la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Monserrat):
- A petición propia, para informar sobre las políticas integrales de la discapacidad que impulsa su departamento y el nuevo modelo de ayudas del 0,7% IRPF. (Número de expediente 214/000043) ... (Página2)
- Para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de políticas integrales para la discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000142) ... (Página2)
- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000177) ... (Página2)
- Para que explique las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000288) ... (Página2)
Iniciamos la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, como ven con una puntualidad notable e incluso digna de ser destacada, para sustantivar, acumulativamente, los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día: comparecencia, a petición propia, de la ministra para informar sobre las políticas integrales de la discapacidad que impulsa su departamento y el nuevo modelo de ayudas del 0,7%; del Grupo Mixto, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de políticas integrales para la discapacidad; del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y del Grupo Parlamentario Ciudadanos para que explique las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de discapacidad.
Voy a dar la palabra a la ministra y después van a intervenir los grupos parlamentarios por el orden de petición de comparecencia. Ministra, bienvenida por primera vez en esta legislatura a esta Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad. Tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, presidente, miembros de la Mesa, diputados, portavoces.
Primero de todo, quiero agradecer muy sinceramente la comprensión y la paciencia de la Comisión porque justo al iniciar esta legislatura, y cuando realmente fue declarada con capacidad legislativa, se me solicitó mi comparecencia. Como todos ustedes saben, mi ministerio tiene muchas comisiones, tanto en el Congreso como en el Senado, y voy compatibilizando entre el Congreso y el Senado. También quiero dar las gracias por la comprensión, porque teníamos fijada ya la Comisión el pasado mes, pero debido a que, finalmente, hubo Pleno en un día que no estaba previsto tuvimos que posponer esta comparecencia y, por tanto, comparezco hoy. Así que muchísimas gracias muy sinceramente a todos por este tiempo en el que no he podido comparecer.
Comparezco en esta Comisión, a petición propia, para poner en valor la gran transformación que como sociedad hemos conseguido todos los españoles a lo largo de estos últimos cuarenta años; una transformación social que nos ha hecho más justos, más iguales, más libres y, sobre todo, que ha supuesto una conquista social de derechos, especialmente para las personas con discapacidad. Esta conquista comienza con el protagonismo indiscutible de millones de personas con discapacidad que han ido señalando los obstáculos y venciéndolos a lo largo de cuatro décadas. Ellos son los héroes y heroínas de una historia de conquista social -la nuestra, la de España- que comenzó con el primer bordillo rebajado, con el primer programa de televisión subtitulado, con el primer cajero automático accesible y con el primer puesto de trabajo reservado para personas con discapacidad. La concesión a España del premio Roosevelt -al que podemos llamar el Nobel de la discapacidad y que nos otorgaron en el año 2012- no fue por casualidad; justamente lo contrario, todo lo que hemos conseguido es gracias a los héroes y heroínas que cada día se encuentran con obstáculos y los vencen con la ayuda de sus familiares y amigos. Y es gracias también a todas las administraciones y a todos los ciudadanos en su conjunto que nos hemos comprometido para mejorar nuestra sociedad, incluyendo a todas las personas en la vida laboral y la vida social. Y es gracias también a las asociaciones del tercer sector que nos acompañan y sirven de altavoz y de faro frente a la discriminación y a la desigualdad.
Esta transformación social no es tarea fácil ni tiene una fecha final porque se trata de un cambio que afecta, primero, a nuestra estructura normativa; segundo, a nuestra forma de educar y también de facilitar el acceso a un empleo; tercero, al diseño de nuestras calles, edificios y redes de transporte y de comunicación; y, cuarto, se trata también de un cambio en la forma de pensar y ver la discapacidad. Hace cuarenta años nuestra sociedad no veía la discapacidad, la escondía; las familias sentían soledad y rechazo mientras sus seres queridos tenían que afrontar su discapacidad como un problema. Cuarenta años después no solo visibilizamos la discapacidad, sino que les damos a sus protagonistas un valor extraordinario. Hay quien dice que no hemos de hablar de personas con capacidades diferentes, porque piensan que la discapacidad es una limitación, pero cuántos de los que estamos aquí podríamos ser capaces de tocar el piano como Serafín Zubiri o cuántos podríamos ganar veintiséis medallas olímpicas en natación como Teresa Perales o, incluso, cuántos de nosotros podríamos llegar al metro sin ver, sirviéndonos únicamente de nuestra intuición o de nuestro propio sistema de contar pasos. Todos estos ejemplos demuestran que las personas, cuando nos encontramos con una discapacidad en nuestra vida, desarrollamos nuestros nuevos talentos que se suman a los que ya teníamos. La única limitación es la que
se impone en nuestras mentes, no en la de las personas con discapacidad; porque en nosotros nacen los prejuicios que hacen que dudemos y no veamos sus talentos y sus capacidades, y estos prejuicios son las barreras invisibles a las que nos enfrentamos como sociedad y que tenemos que derribar entre todos. Estas barreras que no vemos a simple vista son las que de verdad impiden la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Para conseguir una igualdad de oportunidades real y efectiva hemos de eliminar también las barreras visibles. Por tanto, tenemos que derribar las invisibles pero también las visibles, presentes en edificios, transportes, acceso a cines, teatros, mobiliario urbano que les limitan su día a día. Todas estas barreras son las que ponen límites en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y por eso hemos de tener muy claro que la transformación de nuestra sociedad nos implica a todos. Somos nosotros, la sociedad, los que tenemos que adaptarnos para que todas las personas con diversos talentos y capacidades puedan desarrollar sus vidas en igualdad de oportunidades. Somos nosotros los que hacemos sociedad cuando nos preocupamos y cuidamos los unos de los otros, y somos nosotros los que hacemos ciudadanía cuando defendemos los derechos de todos, especialmente de las personas que no lo pueden hacer por sí mismas. Y lo hacemos porque creemos que la justicia social y la igualdad de oportunidades aproximan a nuestra sociedad a la mejor versión posible.
Por eso es tan importante para mí comparecer hoy, a voluntad propia, en esta Comisión. Lo es porque por primera vez goza de competencia legislativa plena para modificar y mejorar las leyes que afectan a los derechos de las personas con discapacidad. Desde esta Cámara defendemos sus derechos y garantizamos la igualdad real y efectiva, y desde la propia fuente de la que emanan nuestra libertad y nuestra dignidad como personas, que es la ley. España es uno de los países pioneros en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y hemos sido uno de los primeros en suscribir la Convención Internacional de Naciones Unidas del año 2006. Desde entonces hemos conseguido cambiar cosas importantes, gracias al real decreto legislativo del año 2013 con el que simplificamos y unificamos la normativa española en materia de discapacidad e incluimos por primera vez todos los tipos de discriminación. Además, hemos ido realizando importantes adaptaciones para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a los derechos contemplados en la convención, y me refiero a las reformas para adaptarnos a su artículo 12. La convención crea una nueva sensibilidad que vela por la promoción de la autonomía vital y jurídica de las personas con discapacidad. Esta autonomía no es otra cosa que el reconocimiento del derecho que tienen esas personas a construir su propia vida, implica reconocer que tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos y que pueden y deben ejercerlos, sin que para esto tengan que ser tutelados por terceros. El artículo 12 de la convención refleja esta sensibilidad e insta a los Estados a proporcionar dicha autonomía personal y la salvaguarda de posibles abusos.
En consonancia con esto, ya se han hecho avances. Por ejemplo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobada en 2015, que estableció un procedimiento ágil y garantista en lo que respecta al nombramiento de tutores y guardadores de personas con discapacidad intelectual. También se modificaron las normas del Código Civil y de la Ley de Registro Civil en materia matrimonial, en concreto en lo referente a la prestación del consentimiento, de tal forma que solo en el caso excepcional se recabará por el oficiante un dictamen médico sobre su aptitud. Pero la adaptación completa en nuestro ordenamiento de los derechos contemplados en el artículo 12 de la convención es un problema complejo y delicado y que debe ser afrontado y resuelto mediante una reforma legislativa de los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la capacidad jurídica y de ejercicio y los procedimientos sobre la capacidad de las personas, respectivamente. Sí les quiero decir que la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia ha recibido el encargo de preparar tal reforma; puedo adelantar que los trabajos emprendidos desde ese ministerio se encuentran en estado avanzado y el hilo conductor de la reforma, de acuerdo con el artículo 12 de la convención, supondrá cambiar un sistema basado en la sustitución de la adopción de decisiones por un tutor -como hasta ahora viene sucediendo por defecto- por otro de asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas. El sector -en concreto, también Cermi- ha sido consultado y se ha mostrado favorable con los trabajos llevados a cabo hasta ahora por la Comisión General de Codificación.
Precisamente, una de las expresiones más importantes de la autonomía es la participación política de las personas, entre ellas, el ejercicio del derecho al voto. No es que una persona con discapacidad intelectual no pueda ejercer ese derecho, sino que ahora no puede hacerlo cuando ha sido judicialmente declarada incapaz para poder expresar de forma clara su voluntad. En el marco de la adecuación de los artículos 12 y 29 de la convención de 2006 se deben abordar las reformas necesarias para reforzar el
ejercicio de dicho derecho, especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Justamente en el Pleno de esta tarde se va a debatir la toma en consideración de una proposición de ley aprobada por la Comunidad de Madrid que propone modificar los preceptos de la Loreg para hacer posible el voto de las personas con discapacidad. Debido a los intereses que están en juego, creemos que esta reforma se debe llevar a cabo con el mayor rigor posible y con el consenso de todas las fuerzas políticas y siempre teniendo muy claro el interés a proteger, que es la persona con discapacidad. Esta conquista de derechos de las personas con discapacidad es una cuestión de justicia social y de igualdad, como decía antes. Con estos derechos, contribuimos a que todas las personas podamos realizarnos personal y profesionalmente y completar nuestro proyecto de vida sin límites. Aunque todos somos diferentes, en esencia somos muy parecidos y por eso el empleo es el vehículo fundamental para conseguirlo, porque no solo proporciona autonomía e independencia, sino que estimula el talento y promociona las capacidades.
El empleo es uno de los motores de arranque para alcanzar una vida plena y además la experiencia nos ha demostrado que es la mejor política social para todos. Si pensamos en el caso de las personas con discapacidad, el empleo no solo fomenta su autonomía, sino que es decisivo en su inclusión social. Los estudios demuestran que las empresas que suman el talento de las personas con discapacidad en sus plantillas obtienen mejores y mayores resultados, y eso es lógico porque cuando acabamos con los prejuicios y rompemos barreras toda la sociedad progresa más. A todos nos cuesta hablar de frías cifras porque perdemos la perspectiva de lo que realmente representan y quien hay detrás, pero detrás de cada dato, en este caso del empleo, hay millones de personas con una historia y con un proyecto vital. Cada día los jóvenes y los adultos que hay detrás de esas cifras nos levantamos y vamos a trabajar ya sea en una empresa pública o privada o en nuestro propio negocio, por eso debemos seguir trabajando para que el talento de todas las personas con discapacidad sea valorado y tenido en cuenta creando las oportunidades que sean necesarias para que de verdad la igualdad real y efectiva exista.
Desde el Gobierno hemos impulsado con firmeza el empleo como herramienta fundamental para la autonomía de las personas y hemos conseguido grandes avances. Por ejemplo, desde enero de 2012 hay más de un millón de nuevos contratos para personas con discapacidad, lo que sin duda servirá para potenciar su talento. En el pasado año 2016, conseguimos que se firmasen 270 000 contratos para personas con discapacidad, lo que es una gran noticia porque demuestra el compromiso de las empresas españolas. Durante los nueve primeros meses de este año 2017, la contratación de personas con discapacidad ha crecido más que nunca, un 16% respecto del mismo período de 2016. El empleo es de más calidad porque es más estable, la contratación indefinida aumenta a un ritmo de un 25,3%, casi tres veces más rápido que la temporal, y los empresarios que favorecen la entrada de talento de las personas con discapacidad en sus empresas tiene muy claro que su presencia dentro de las plantillas mejora el bienestar de la organización, promociona la empatía entre los equipos y traslada la solidaridad que se crea dentro de los puestos de trabajo a sus familias, amigos y entorno más cercano.
Cuando vemos personas con talento trabajando y no damos importancia a la discapacidad con la que conviven, estamos mejorando como individuos y, por tanto, como sociedad. Las medidas que hemos emprendido desde el Gobierno para promocionar y crear empleo para las personas con discapacidad se dividen en tres grandes bloques: medidas dirigidas a las empresas privadas, medidas tomadas en la Administración pública y centros especiales de empleo, y las medidas dirigidas al emprendimiento.
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo en la empresa privada? Por ejemplo, para fomentar el empleo de personas con discapacidad dentro de las empresas, hemos incorporado una bonificación si se les contrata de forma indefinida y se incrementa progresivamente a mayor edad y también si se trata de una mujer. Pero, además de estas medidas destinadas a fomentar el empleo, hemos protegido a las personas con discapacidad de los prejuicios que pudieran sufrir por las situaciones derivadas de crisis empresariales; así, ante despidos colectivos, los últimos despedidos serán las personas con discapacidad, las personas con familia a su cargo y las personas de mayor edad. Estas medidas apuntalan con más fuerza la protección de los más vulnerables, que es la base de una sociedad como la nuestra, construida sobre los pilares de la justicia social y de la igualdad de oportunidades.
Por su parte, los jóvenes con discapacidad también constituyen una prioridad para el Gobierno. Debemos trabajar para que los jóvenes estén seguros de que su potencial va a ser adecuadamente valorado y aprovechado y puedan acceder a un empleo en condiciones que les permita llevar una vida independiente. Con esa idea hemos introducido importantes modificaciones en los contratos de formación, una herramienta muy útil para que los jóvenes en general comiencen su andadura en el mundo laboral.
Estos contratos están sujetos a determinados requisitos; el principal es que el beneficiario no sobrepase los veinticinco años de edad. Pues bien, en el caso de jóvenes con discapacidad hemos dispuesto que no se aplique este máximo de edad, pudiendo extenderse la duración del contrato de formación hasta que el joven cumpla treinta años.
Debemos concienciar a las empresas para que valoren a las personas y sus talentos sin contemplar cuestiones discriminatorias con la discapacidad. La contratación de personas con discapacidad refuerza la política de diversidad de las compañías dando como resultado una cultura corporativa abierta, sin prejuicios, en sintonía con la sociedad y, por tanto, más competitiva. Como cualquier otro trabajador, las personas con discapacidad pueden ser muy eficaces y eficientes en el desempeño de su trabajo y por eso desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hemos impulsado el currículum anónimo para que la selección de la persona sea neutra y solo tenga en cuenta el talento y la capacidad del candidato. El currículum anónimo se centra únicamente en aspectos como la formación, el talento, la cualificación, la capacidad y el perfil del candidato o candidata a un puesto laboral, obviándose en los primeros pasos del proceso cualquier característica o consideración personal como el sexo, la edad, la discapacidad o el origen étnico. Está claro que el currículum anónimo no solo es para personas con discapacidad, sino también para mujeres, para gente mayor; o sea, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que una persona tenga sesenta y dos años pues no se conocería por el currículum si tiene sesenta y dos años o si una mujer está en edad de maternidad o si una persona tiene alguna discapacidad. Por tanto, el currículum anónimo es una herramienta muy potente que estamos potenciando desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ahora mismo junto con la Fundación ONCE, también se han adherido Cermi e Ilunion -aunque es del grupo de empresas sociales de la ONCE y su fundación- hasta alcanzar un total de ochenta y tres entidades y empresas españolas las que se han adherido al currículum anónimo promovido por el Ministerio de Sanidad.
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo también en empleo y contratación pública? Al trabajo realizado para la incorporación de personas con discapacidad en el mercado ordinario, el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad en el sector público y en el sector protegido es total. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluimos la obligación de reservar un 7% de plazas en las convocatorias de pruebas MIR -no solo en medicina, sino también en enfermería, psicología y todas las profesiones sanitarias- para personas con discapacidad. Fue justamente un mandato establecido en la Ley 44/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, aprobada durante un Gobierno apoyado por el Partido Popular; sin embargo, hubo que esperar casi nueve años, hasta el año 2012, a que dicho mandato pudiera hacerse efectivo. Fue un mandato establecido en la Ley de 2003, sin embargo, tuvimos que esperar estos nueve años hasta 2012. A partir de ese año, de 2012, hasta ahora, más de 3200 personas con discapacidad han tenido la oportunidad de formarse en estas disciplinas sanitarias. Es un gran avance, una gran conquista social que todas estas personas no vean limitada su vocación y su talento y que puedan acceder a estas profesiones sanitarias que ponen su conocimiento al servicio de los demás.
También en la Administración de Justicia, por ejemplo, se ha incrementado la reserva de plazas de un 5% a un 7% y, por su parte, el Ministerio de Hacienda duplica la reserva del 2% establecida en la ley sobre el empleo público de las personas con discapacidad, llegando al 4%. Además de la reserva de empleo público, desde el Gobierno somos muy conscientes del importante papel de la contratación pública como motor eficaz en la creación de empleo inclusivo. La inclusión de cláusulas sociales en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado 17 octubre en las Cortes, constituye realmente un gran avance en la integración de personas con discapacidad y es una muestra más del compromiso del Gobierno de España con las personas con discapacidad. Este texto legislativo es mucho más -y esto sí que lo quiero dejar muy claro- que una simple trasposición de dos directivas. Ha sido un texto valiente tanto por parte del Gobierno como por parte de todos los grupos que conforman esta Comisión y, por tanto, las Cortes. Es un texto que en materia de creación de empleo a favor de personas con discapacidad va a tener un importante impacto, es decir, estamos convencidísimos de que en los próximos años notaremos perfectamente el gran impacto que ha tenido esta ley en la contratación de personas con discapacidad tanto en el sector privado que contrata con el público como con el propio público.
Quiero dejar bien claro que no debemos olvidar que todos los contratos públicos -y ahora me refiero a todos en general, no estoy hablando de lo que supone la Ley de contratación en cuanto a las cláusulas sociales- en general representan el 16% de nuestro PIB, de nuestro producto interior bruto, lo que traducido en cifras son casi 160 000 millones de euros anuales en contratación pública. Por tanto,
imagínense el impacto que van a tener estas cláusulas sociales en la contratación pública. El tercer sector ha celebrado que la norma incluya gran parte de las propuestas en materia social que habían presentado a los grupos parlamentarios, transformando, por tanto, la contratación pública en un instrumento al servicio de la inclusión social. Entre las medidas que se han aprobado quiero destacar las siguientes por el gran impacto y la gran importancia que tienen y, sobre todo, porque se aplicarán directamente sin necesidad de un desarrollo reglamentario previo, como es la prohibición de contratar con las administraciones las empresas que no cumplan con la reserva de trabajo del 2% para personas con discapacidad, establecida en la Ley de contratación pública. Entre los criterios para adjudicar un contrato público se ha incluido la accesibilidad y el diseño universal de las instalaciones. Eso también es un punto muy importante. Los centros residenciales que atienden a personas con discapacidad dispondrán de un modelo de concierto más flexible que va a beneficiar tanto a los usuarios como al tercer sector social. Esto también es un punto muy importante. Y se establece la obligación de las administraciones públicas de contemplar una reserva de contratos para su ejecución por centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
Entro ahora en el tercer punto que estaba desarrollando sobre el empleo: qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para los autónomos y para los emprendedores. También las personas con discapacidad han sido consideradas prioritarias a la hora de determinar las ayudas que deben recibir los autónomos. Estas ayudas se traducen en subvenciones económicas, ayudas a la financiación y bonificaciones en materia de Seguridad Social. Por ejemplo, se han ampliado las subvenciones económicas para el establecimiento como autónomos o por cuenta propia para las personas con discapacidad. La cuantía de estas subvenciones es de 8000 euros si se trata de varones desempleados con discapacidad y de 10 000 euros en el caso de que sean mujeres, pero tenemos que tener presente el ejemplo de que a un autónomo desempleado se le da una subvención de 5000 euros o 6000 euros si son jóvenes menores de treinta años. Por tanto, la subvención es muy importante a favor de los autónomos con discapacidad. También se ha reducido hasta 4 puntos el interés fijado en los préstamos para la creación y puesta en marcha de una empresa. El límite de las subvenciones será de 8000 euros para varones desempleados con discapacidad y 10 000 euros si se trata de mujeres. Justamente esta ayuda en los préstamos para personas desempleadas es de 5000 euros y para jóvenes de 6000. Por tanto, realmente la subvención es muy importante a favor de la discapacidad. En caso de baja médica también se les han reducido 50 euros mensuales de la cuota de la Seguridad Social durante el año siguiente a su alta médica e incorporación, lo que supone también una gran medida.
Con la reforma de la Ley de autónomos recientemente aprobada en el pasado mes de septiembre, se mejoran los derechos de las personas con discapacidad con tres medidas principales. Los autónomos con discapacidad pueden disfrutar de un periodo más amplio de tarifa plana, hasta cuarenta y ocho meses frente a los veinticuatro meses del resto de autónomos. Los autónomos que tienen hijos con discapacidad pueden contratarlos como autónomos colaboradores familiares con mayores deducciones. Se amplía esta posibilidad para los hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y reduce el requisito de no haber estado dado de alta en los cinco años anteriores a solo dos. Por tanto, también son medidas muy relevantes que hay en la nueva Ley de autónomos. La nueva ley prevé la exención de 100% de la cuota de autónomos durante doce meses por el cuidado de un familiar con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. Como ven, hemos puesto en marcha varias medidas para fomentar la inclusión social y, sobre todo, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Todas estas medidas nos acercan a una sociedad más justa, más inclusiva laboralmente con las personas con discapacidad y nos aproxima a la mejor versión de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Hemos puesto en marcha varias medidas para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y los resultados son positivos, pero nos quedan -está claro- muchas cosas por hacer. Estamos convencidos de que con estas medidas el impacto será positivo.
Para seguir avanzando en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, además de todas estas medidas, también es necesario dirigir nuestros esfuerzos hacia la educación. La formación para el empleo constituye un factor determinante de la empleabilidad de las personas y, por lo tanto, solo alcanzando unos niveles elevados de cualificación y competencia profesional se puede avanzar en la participación en el mercado de trabajo. En el Gobierno apostamos por la educación y la formación como principal instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; un
paso determinante para mejorar su inserción profesional. Una de las medidas más relevantes que hemos puesto en marcha para apoyar la formación de las personas con discapacidad ha sido dar un fin social a lo que conocemos como cuentas durmientes, que están constituidas por cuentas corrientes y otros depósitos bancarios abandonados durante más de veinte años. Pongo un ejemplo pero hay muchos, estas cuentas provienen de casos en los que el titular hubiese fallecido sin testamento y los familiares desconocieran su existencia. Hasta ahora estas cantidades pasaban a ingresar las arcas de Hacienda sin tener un destino específico. Por primera vez estas cantidades, que superan los 7 millones de euros, tienen un destino finalista: la educación de las personas con discapacidad. Con la reforma que hemos introducido en la Ley 18/2015 sobre reutilización de la información del sector público, este dinero va a permitir que los jóvenes con discapacidad puedan completar su formación y desarrollo profesional mediante la concesión de becas. También va a ayudar al desarrollo de la investigación, aplicada a mejorar las condiciones educativas de las personas con discapacidad. Se trata de ayudas directas centradas en educación para diferentes niveles de estudio. En la concesión de las ayudas se van a tener en cuenta los gastos que irroga el desplazamiento del beneficiario, muy superiores a los que afrontan las personas sin discapacidad; por ejemplo, los que tienen que afrontar los atletas paralímpicos. En estos momentos estamos preparando una orden ministerial con las bases de la convocatoria para proceder a la entrega de las transferencias de este dinero. Hemos previsto que dicha orden sea aprobada y publicada antes de fin de año para que se haga efectiva en el curso escolar 2018-2019.
La discapacidad no avisa, surge, ya sea al nacer, en los primeros años de vida o simplemente en cualquier momento, y cuando esto sucede nuestro entorno más cercano siente cómo todo tiembla bajo sus pies generándose incertidumbre e incomprensión. La España del año 2017 es mejor que la España de hace cuarenta años. Hoy somos más comprensivos, más tolerantes y, sobre todo, más empáticos. Los bordillos de algunas calles de España que aún no están rebajados son una reclamación de todos nosotros, que nos unimos a las personas con discapacidad en la lucha por una sociedad libre de discriminación y desigualdad. Son muchos los tipos de discapacidad y cada uno conlleva necesidades distintas. Estamos en un camino hacia la eliminación de todas las barreras que impiden a las personas vivir su vida en libertad e igualdad, pero nos queda mucho por hacer. Por ejemplo, si la discapacidad afecta a la movilidad física de la persona, la primera dificultad está en la adaptación de su propio hogar, del portal de su casa, de su coche, de su vida diaria. Después, en su entorno más cercano siguen existiendo las barreras que derribar como las de comunicación, que impiden a las personas con discapacidad acceder a entornos y servicios en condiciones de igualdad. La accesibilidad universal es la estación final de nuestra conquista de derechos sociales, y se trata de un proceso de transformación social que necesita de un trabajo conjunto de entidades públicas y privadas, así como de los recursos de todas las administraciones: Gobierno de España, comunidades autónomas y corporaciones locales. La accesibilidad universal no se trata exclusivamente de una transformación física de espacios públicos ya existentes, sino también de los privados, que limitan principalmente la vida de las personas con discapacidad. Por eso el Gobierno ha priorizado dos grandes líneas de actuación para ayudar a adaptar estos hogares. Por un lado, estamos ayudando a que en las comunidades de propietarios puedan realizarse las obras de adecuación y, por otro, estamos trabajando para incrementar el importe de las ayudas estatales para que las personas con discapacidad puedan adaptar sus viviendas.
Con relación a las comunidades de propietarios, en 2013 modificamos la Ley de Propiedad Horizontal, lo que permitió entre otras medidas, rebajar el quorum necesario para poder llevar a cabo las obras voluntarias de tres quintos a mayoría simple para facilitar que las obras de adaptación se puedan llevar a cabo a la mayor brevedad posible. También, se contempla la posibilidad de ocupar superficies de espacios libres o de dominio público como vestíbulos, descansillos, voladizos o soportales para instalar ascensores o rampas que permitan el acceso a zonas comunes. Estos, sin duda, han sido grandes avances en la accesibilidad de las comunidades de propietarios. Con relación a las ayudas para que las personas con discapacidad puedan mejorar la accesibilidad de sus viviendas, el Plan estatal de fomento del alquiler y la rehabilitación 2013-2016, que gestionan las comunidades autónomas, puso en marcha nuevas subvenciones que pueden llegar hasta los 4000 euros por vivienda y un total del 50% del coste de ejecución del proyecto. A través de dichas subvenciones, familias con muy escasos ingresos, por ejemplo personas mayores o familias que tengan entre sus miembros a personas con discapacidad, podrán hacer frente al coste de las obras que correspondan. Por otra parte, el Ministerio de Fomento está trabajando en el nuevo plan estatal de vivienda 2018-2021, que aún no está aprobado y, por tanto, aunque les avanzo algunas de las medidas que van en este plan, como no está aprobado, lo que diga puede verse modificado
en su trámite. Actualmente este plan está en trámite de audiencia pública e incorpora el aumento de porcentaje de ayudas para las obras de accesibilidad hasta un 75% por tanto, un 25% más que el plan anterior, con un límite de 8000 euros por vivienda y llegando hasta 12 000 euros en determinadas circunstancias. Este aumento la hace compatible con otras ayudas, por lo que se facilitará enormemente la posibilidad de alcanzar los ajustes razonables que hacen obligatorias las obras, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. También por primera vez este plan contemplará novedades de accesibilidad en los hogares del medio rural, muy importe también. Aunque ya les he dicho que este plan no está aprobado, es un claro reflejo de la voluntad de este Gobierno con la accesibilidad universal.
Si la primera barrera a la que se enfrenta una persona con discapacidad está dentro de su propio hogar, la segunda comienza al pie de su calle y, una vez superada la barrera física de su calle, pueden surgir otras como el acceso al transporte público, en los centros de trabajo, universidades, así como en todos los lugares de ocio. La accesibilidad universal es posible y en ello todas las administraciones trabajamos con firmeza. Hemos avanzado en la adecuación de los edificios públicos y en ese contexto el Real Patronato sobre la Discapacidad ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre accesibilidad universal del patrimonio cultural, a fin de que los responsables en restauración consideren la accesibilidad como algo muy relevante para la revitalización de nuestros monumentos.
Además de abordar todas las aprobaciones legislativas necesarias para la accesibilidad en el ámbito urbanístico y en las comunidades de propietarios, también lo hacemos en el transporte de viajeros. Les voy a poner un ejemplo que realmente tuvo impacto en la Comisión Europea y fue el caso del joven estudiante español con discapacidad que estaba estudiando un Erasmus en Londres y al que una compañía aérea le negó la asistencia en el vuelo de vuelta a Madrid. Jamás debería haber ocurrido y no debe volver a suceder, pero desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se cursaron las cartas correspondientes tanto a los representantes de la compañía aérea transportista, que en ese caso era Ryanair, al director general de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, como a la directora general de Educación y Cultura de la Comisión, denunciando las prácticas discriminatorias que este joven español estudiante sufrió y pidiendo que se adopten soluciones urgentes para que casos como este no vuelvan a repetirse en España ni en ningún lugar de Europa. A raíz de esta denuncia la Dirección General de Movilidad de Transportes de la Comisión Europea se comprometió a supervisar con mayor atención la aplicación del reglamento comunitario y a presentar una recomendación de buenas prácticas a los Estados miembros y operadores de transporte basado en los casos de discriminación detectados. Desde el Gobierno seguimos mejorando numerosos servicios de atención y asistencia que dependen directamente de la Administración General del Estado, como puede ser el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida de AENA y que además ha sido premiado por Naciones Unidas en el año 2013. También el servicio de atención a las personas con discapacidad auditiva y/o de habla del Ministerio de Justicia y así como el Servicio Dialoga, destinado a personas sordas y con discapacidad auditiva implementado en todas las estaciones de ADIF, o en las comisarías, donde se han instalados bucles magnéticos así como un sistema audiovisual de intérprete en lenguas de signos, el S-Visual, para la atención a personas sordas. Todos estos servicios son un ejemplo de cómo podemos romper con las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
Desde el primer momento de esta legislatura una de las prioridades del ministerio ha sido desencallar la redacción del reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. No puede ser que diez años después de la aprobación de la ley sigamos sin ser capaces de ponernos de acuerdo en la redacción de su reglamento. Nosotros no vamos a desistir y por eso ya hemos constituido un grupo de trabajo en el que están participando todas las entidades del tercer sector y del que espero que salgan los acuerdos necesarios para hacer del reglamento una realidad. En este momento se encuentran en audiencia de los ministerios este reglamento. Por tanto, hemos ido avanzando.
Es innegable que la discapacidad tiene un fuerte impacto en la economía familiar y por eso también desde el ministerio estamos dedicando numerosos esfuerzos para ayudarles económicamente en la adquisición de los productos que necesitan, por ejemplo, con la actualización de la prestación ortoprotésica de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta nueva cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud fue aprobada en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hemos adaptado la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la
prestación ortoprotésica en colaboración con el Cermi, y hemos incluido nuevos productos como pueden ser los cojines antiescaras o las sillas de ruedas con elevador.
También hemos incorporado ayudas adicionales de 1200 euros anuales para las familias con un descendiente o ascendiente con discapacidad a través del IRPF y además hemos facilitado que el sueldo de las personas con discapacidad que trabajan sea compatible con una pensión no contributiva. Por tanto, estamos avanzando también en las ayudas económicas a las personas con discapacidad.
Señorías, una sociedad que invierte cada día en el bienestar de sus ciudadanos, que reconoce la diversidad e incluye a todas las personas sin desaprovechar ni una gota de talento y que protege a las personas más vulnerables, reconociendo sus derechos, es, sin ninguna duda, una sociedad que persigue la mejor versión de sí misma y verán por qué les digo esto. Hace más de sesenta años el fármaco talidomida causó anomalías congénitas a muchos bebés, algo que se constató en el año 1969 y, sin embargo, desde el Gobierno de España teníamos claro que era necesario dar una respuesta a los afectados con quienes nuestro país tiene una deuda histórica. Gracias a la suma de esfuerzos hemos creado una comisión institucional, un comité científico y una oficina de apoyo a las personas afectadas por la talidomida, todo centralizado en el Instituto Carlos III y entre todos se valorará cada caso para hacer un diagnóstico preciso de la situación y avanzar en cuestiones como la valoración de los afectados, la actualización del registro y la búsqueda de soluciones. Los más vulnerables deben ser protegidos y reconocidos siempre y es por eso que el Gobierno de España trabaja en todo momento para lograr su plena inclusión. Teníamos claro que varias comunidades autónomas estaban trabajando con la talidomida, pero no teníamos un único registro central y así conociéramos quiénes son todos los afectados de talidomida y cómo les podemos ayudar. Me atrevo a decir que a finales de año y principios del año que viene lo tendremos, juntamente con las comunidades autónomas porque todo este trabajo de la talidomida ha sido pasado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y fue aprobado por todas las comunidades autónomas por unanimidad porque necesitábamos también la coordinación y la colaboración de todas y cada una de las comunidades autónomas. Pensamos sinceramente que es un gran logro y esperemos también tener los Presupuestos Generales del Estado de 2018 porque realmente trabajaremos para que haya una partida para la talidomida.
Señorías, si hoy España es una referencia en el mundo en materia de discapacidad es porque toda la sociedad nos hemos volcado para conseguirlo y, como les decía al principio, las asociaciones del tercer sector son colaboradoras indispensables en la inclusión de las personas más vulnerables y protagonistas activos de la eliminación de muchas de las barreras visibles e invisibles a las que he hecho referencia a lo largo de esta intervención. El compromiso de este Gobierno con las entidades sociales es y ha sido siempre de fondo, y así lo demostramos con su reconocimiento como entidades colaboradoras de la Administración pública, con la creación de la Mesa por el Diálogo Civil, que el pasado mes de julio reconocimos como órgano colegiado de participación, que es parte del desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social poner en marcha el reglamento y la creación de la Mesa para el Diálogo Civil y con la aprobación también de dos textos normativos tan importantes como la Ley del Tercer Sector de Acción Social, de octubre de 2015, y la Ley del Voluntariado también de 2015 y estamos trabajando actualmente en su desarrollo reglamentario. En la Ley del Tercer Sector de Acción Social forma parte lo que es la creación de la Mesa para el Diálogo Civil, que ha sido creada este pasado julio. En cuanto al desarrollo de la Ley del Voluntariado, también estamos trabajando y estoy convencidísima de que en esta legislatura próximamente sacaremos los reglamentos.
Además, a nivel estatal desde la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad se colabora en el mantenimiento y funcionamiento de las entidades del tercer sector de ámbito estatal dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad. Desde el año 2012 y hasta este año 2017 se ha financiado a estas entidades con un total de 20 915 700 euros, correspondiendo 4 100 000 euros cada año a los ejercicios presupuestarios que forman parte de esta legislatura. Además, hay que destacar los convenios de colaboración con estas entidades para desarrollar acciones concretas de prevención, investigación, formación y sensibilización sobre diversos aspectos de la discapacidad.
Por último, ya que también una de las peticiones de comparecencia era para hablar sobre el IRPF, me parece oportuno y así se lo dije al presidente. Es la primera vez que en el Legislativo puedo explicar el 0,7 y, por tanto, me siento agradecida de que se me haya peticionado, porque así puedo informar tanto del estado actual de los programas sociales en la asignación tributaria del IRPF -ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 19 de enero-, así como de todas las actuaciones llevadas a cabo desde esa fecha.
Como ustedes saben el programa de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF es uno de los programas sociales más importantes de nuestro país. Un programa con más de treinta años de funcionamiento, plenamente consolidado en nuestro sistema de protección social, cuyo objetivo último siempre ha sido fomentar la igualdad y apoyar acciones dirigidas a luchar contra la exclusión social. Un programa que ha permitido atender a más de 7 millones de personas cada año, precisamente a aquellas que por su especial situación de vulnerabilidad social se encuentran más alejadas del sistema de protección social. En la última convocatoria ejecutada, la del año 2016, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad distribuyó 234 680 000 euros y se financiaron 8552 proyectos de 497 entidades distintas, en cuya implementación participaron 114 374 voluntarios. Por tanto, es un programa que representa la participación anónima y solidaria de los ciudadanos que deciden en su declaración de la renta poner la cruz y dedicar una parte determinada de sus impuestos a financiar estos programas sociales. Así pues, desde aquí quiero lanzar un mensaje de gratitud a todos y cada uno de los españoles que ponen la crucecita de forma anónima en la renta del IRPF. También quiero decir -ya sé que no estamos ahora en fase de renta, no estamos en el primer periodo de año- que si todos los españoles pusiéramos la crucecita de forma anónima y voluntaria en la renta, se repartirían 500 millones de euros en el programa del 0,7 por ciento. El año pasado se recaudaron 234 millones de euros, y también quiero decir que en época de crisis económica ha ido creciendo la aportación de todos y cada uno de los ciudadanos en el programa. Este año 2017 se incrementa 7 millones de euros más respecto al año pasado, gracias a la aportación anónima de los ciudadanos. Sinceramente, yo pienso que desde el Legislativo y desde la Comisión de Discapacidad tendremos que animar a los españoles en la época de renta a continuar con este gran programa, porque si todos y cada uno de los españoles pusiéramos la crucecita, el programa ascendería aproximadamente -no es exacto, porque las rentas de cada una de las personas son variables- a 500 millones de euros, sería el programa social más potente a favor de los más vulnerables. Por tanto, desde aquí mi gratitud a todos los españoles. Por último, es un programa que ha permitido construir un modelo de sociedad civil y un desarrollo del tercer sector social en nuestro país muy vertebrado, con una gran cohesión territorial que no habría sido posible de otra manera. Realmente este programa ha ayudado muchísimo a llegar a 7 millones de personas, pero sobre todo a la vertebración del tercer sector social y de la cohesión territorial en nuestro país.
La gestión de este programa lleva más de veinte años siendo una fuente constante de controversias ante el Tribunal Constitucional sobre la base de los diversos conflictos de competencia planteados por la Generalitat de Catalunya, que considera que la actividad subvencionable recae en el área de la asistencia social, que corresponde al ámbito competencial de las comunidades autónomas. La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia se concretó en la última sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de enero del año 2017, en la que obligaba al Estado a abordar sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones. Desde el día siguiente a la sentencia el Gobierno ha trabajado intensamente para garantizar el cumplimiento de la ley y resolver de manera definitiva este conflicto. Sí quiero decir que el peso para poder hacer esta modificación ha recaído sobre todo en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales -hoy nos acompaña el secretario de Estado de Servicios Sociales- y en todo su equipo. Ha sido un esfuerzo brutal, porque realmente hemos cambiado en seis meses un programa que venía funcionando con los mismos criterios durante los últimos treinta años. Teníamos la obligación de cambiarlo y de buscar acuerdos no solo con el tercer sector social, sino sobre todo con las comunidades autónomas. Así pues, hemos colaborado con todas las entidades sociales, con las que se han mantenido más de cincuenta reuniones, y con las comunidades autónomas, con las que se ha trabajado en el marco del Consejo territorial de servicios sociales del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Quiero poner aquí en valor que llevamos un año de legislatura y hemos celebrado ya en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nueve consejos interterritoriales de todos, de sanidad, de servicios sociales e igualdad, porque desde el principio esta ministra, junto con su equipo, tanto el secretario de Estado de Servicios Sociales, como la Secretaría General de Sanidad, hemos tenido claro que tenemos que crecer juntos desde la cooperación, desde la colaboración y desde el respeto institucional con todas y cada una de las comunidades autónomas. Esta semana -mañana mismo- tenemos otro Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque creemos que estos instrumentos son muy válidos para continuar creciendo juntos -por supuesto desde el respeto de las competencias transferidas a las comunidades autónomas- en la búsqueda de la cooperación, de la coordinación y del respeto institucional hacia todas las comunidades autónomas. La verdad es que puedo decir que han sido muy
positivos todos los consejos interterritoriales que hemos celebrado, tanto del área social como sanitaria, porque realmente hemos logrado grandes avances, y uno ha sido justamente el del 0,7 por ciento. El Gobierno siempre ha tenido muy claro su objetivo en todo el proceso de negociación con la plataforma del tercer sector y con las comunidades autónomas. En primer lugar, encontrar un modelo de consenso ajustado a la doctrina constitucional -tenemos muy claro que debemos cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional- y, en segundo lugar, que nos permitiera salvar lo máximo posible la esencia de un programa que se ha revelado tan positivo en los últimos treinta años. Por tanto, nuestro primer objetivo no solo era el consenso sino garantizar que las ayudas siguieran llegando de forma directa a los más de 7 millones de personas que cada año son beneficiarias de estos programas porque, primero de todo, nos lo exigen los españoles que de forma voluntaria y anónima ponen su cruz en el IRPF. Después, teníamos muy claro que teníamos que garantizar que el programa siguiera contribuyendo a la vertebración del tercer sector social en España y a la importante labor de cohesión social que realizan estas entidades, por supuesto -como ya he dicho- garantizando que el Estado cumplía la ley y el mandato del Tribunal Constitucional. El día 26 de abril, tres meses después de la sentencia, se acuerda por unanimidad con todas las comunidades autónomas que el futuro modelo de gestión del 0,7 del IRPF sea un modelo de doble tramo: un tramo gestionado por la Administración General del Estado y un tramo gestionado por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Este mismo modelo de doble tramo había sido acordado previamente con las entidades sociales. El Gobierno ha defendido en todo momento la existencia de un modelo de doble tramo, porque estamos absolutamente convencidos de que, primero, la necesidad de afirmar que la existencia de un ámbito competencial propio del Estado en el ámbito de protección social existe y que lo tenemos y, segundo, que el Estado puede seguir contribuyendo con este programa a la vertebración territorial de nuestro tercer sector de acción social. La resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de 15 de junio de 2017 ha determinado la distribución del crédito entre el tramo estatal y el tramo autonómico concluyendo que corresponde al Estado el 20% del crédito total del programa, es decir, este año 2017 son 48 171 000 euros, y a las comunidades autónomas el 80% restante, que este año suponen 192 685 000 euros. Con relación al tramo autonómico, la distribución de los créditos entre las comunidades autónomas se ha realizado en proporción al porcentaje que efectivamente correspondió al territorio de cada comunidad autónoma en la última convocatoria ejecutada en el año 2016. Este acuerdo fue adoptado por todas las comunidades autónomas en un consejo territorial celebrado el 19 junio. En relación con el tramo estatal, sus 48 millones de euros van a financiar programas de competencia estatal, como la atención a personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral y el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia. El plazo para la presentación de los programas del tramo estatal finalizó el pasado 2 de octubre y, por darles más detalles en el ámbito de las personas con discapacidad, se han presentado 203 programas por un importe de 33 millones de euros; esto en el IRPF del tramo estatal de este año. Lo que considero más importante de tanto diálogo y esfuerzo es que hemos conseguido que las ayudas sigan llegando este año a los más de 7 millones de personas que las reciben con enorme esfuerzo. Lo hemos conseguido y quiero dar las gracias a todo el tercer sector social, a las diecisiete comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, porque en solo seis meses hemos sido capaces entre todos de ponernos de acuerdo en un nuevo modelo de doble tramo -tramo estatal y tramo autonómico- que garantiza el cumplimiento de la ley y, por tanto, la sentencia y el mandato del Tribunal Constitucional, la vertebración del tercer sector social y, sobre todo, las ayudas a los 7 millones de españoles. Creo que ha sido un gran éxito de todos y que es importante que lo pongamos en valor.
Y, señorías, no quiero acabar esta comparecencia -le he dicho al presidente que tardaría cuarenta minutos y los estoy sobrepasando- sin hablar de un tema tan importante como es el de la violencia de género. ¿Sabían ustedes que casi el 80% de las mujeres con discapacidad intelectual es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual? Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y además, si viven en el entorno rural, su grado de discriminación se triplica. Para poder ayudarlas hemos de conocer con todo detalle la realidad que ellas viven y por eso el año 2013 incluimos por primera vez el número de víctimas mortales con discapacidad en el Boletín estadístico anual de violencia de género y el año 2015 incluimos en la macroencuesta de violencia de género un capítulo sobre violencia de género y personas con discapacidad, investigación que volveremos a incluir en la macroencuesta -es cada cuatro años-
de 2019 y por tanto ya quedará para siempre que se incluya en la macroencuesta la violencia de género que sufren las personas con discapacidad.
Además, para estas mujeres que se encuentran en esta situación de especial vulnerabilidad hemos diseñado un protocolo especial de actuación para protegerlas de la violencia de género, hemos desarrollado una plataforma de vídeo en el 016 para mujeres y niñas sordas y hemos dado una formación especial sobre discapacidad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que conozcan mejor la realidad de estas mujeres y puedan ayudarlas a reconocer el abuso y la violencia. El Gobierno es plenamente consciente de esta triple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y por eso estamos trabajando para empoderarlas y mejorar su calidad de vida. Desde el Ministerio de Sanidad hemos emprendido medidas específicas para ellas, que han sido premiadas y reconocidas. Detrás de los ministerios y de las administraciones en general hay cientos de miles de funcionarios comprometidos con las personas. Por eso los premios que recibimos en la Administración pública son reconocimientos a la labor de muchos profesionales y quiero en esta ocasión felicitar al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque en el año 2014 su labor en defensa de las mujeres con discapacidad fue premiada por el Cermi. Por tanto, expreso mi felicitación y gratitud a todos y cada uno de los funcionarios del observatorio.
Hoy más que nunca la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado, de toda la sociedad, y así lo hemos demostrado con el pacto de Estado liderado en la Conferencia de Presidentes. Fue un mandato del presidente Rajoy junto con los diecisiete presidentes autonómicos, un mandato que el pasado septiembre fue aprobado tanto en el Congreso como en el Senado. Ahora es obligación del Gobierno trabajar junto con las comunidades autónomas, donde ya estamos trabajando con los directores generales de todas y cada una de ellas. Celebraremos un consejo interterritorial específico de violencia de género para terminar de redondear el pacto de Estado. Quiero agradecer también ya que hoy está aquí la portavoz de igualdad del Grupo Parlamentario Socialista su participación porque estuvo trabajando duro con el pacto de Estado contra la violencia. Es un pacto que nos ha reunido a todas las fuerzas políticas con un mismo objetivo, acabar con todos los tipos de violencia que existan contra la mujer, un pacto en el que la discapacidad ha protagonizado muchas de las medidas entre las que se incluyen las siguientes: lecturas informativas adaptadas en Braille sobre prevención de la violencia de género de niñas y adolescentes con discapacidad, la modificación del protocolo de las casas de acogida para hacerlas accesibles a las mujeres y menores con discapacidad. En solo seis meses, como decíamos, hemos alcanzado este texto conjunto que demuestra el espíritu de diálogo y acuerdo de esta casa junto con el Gobierno de España y todas las fuerzas políticas que participan tanto en el Congreso como en Senado. Asimismo estamos trabajando junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los sindicatos y con la CEOE.
Sinceramente, somos un país que escucha, que acompaña, que cuida y que cura a todas las personas a lo largo de su vida y la experiencia nos ha demostrado que es, sin ninguna duda, la mejor manera de hacer sociedad. Cuando hablamos de derechos, al igual que de obligaciones, es porque somos una ciudadanía que creemos y creamos sociedad a través de unos lazos de unión que se basan en la solidaridad, en la justicia social y en la igualdad de oportunidades de todas las personas. Este es el camino que nos hemos marcado, un camino social que recorremos juntos, potenciando el talento de todos, reconociendo el valor de todas las personas y siempre con el objetivo de dar sentido a una historia común de obstáculos derribados y retos alcanzados. Si hoy España es una referencia en discapacidad es porque nos hemos escuchado, nos hemos valorado, nos hemos reconocido y sobre todo nos hemos ayudado los unos a los otros. Creo que el verdadero valor de la unidad está en nosotros, en las personas que somos quienes damos sentido a la realidad y a la transformación a mejor de nuestra sociedad cada día. Los hechos como sociedad demuestran que somos un país unido y comprometido con todas las personas en todas las circunstancias y a lo largo de toda su vida, y en el caso de las personas con discapacidad estamos aún más unidos y más comprometidos.
Muchísimas gracias, portavoces, diputados. Estoy aquí para escuchar sus aportaciones, sus críticas y sus mejoras.
Muchísimas gracias, presidente (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. No pida disculpas por haber intervenido más de cuarenta minutos. Creo que lo importante es que el Gobierno dé cuenta ante el Parlamento de forma tan excesiva como sea necesario y que ahora empiece también un debate productivo con los portavoces de los distintos grupos.
De la mucha información que nos ha trasladado quiero simplemente poner en valor y subrayar una que usted ha apuntado muy al principio, que la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia está trabajando en una reforma legislativa que por primera vez ya será competencia de esta Comisión tramitar. He hablado con la presidenta de la Comisión de Justicia, de forma exploratoria, para que cuando sea el momento podamos trabajar en esta Comisión por primera vez con capacidad legislativa respecto a las políticas integrales de la discapacidad.
Sin más preámbulos paso a dar la palabra a los portavoces. La ordenación del turno de portavoces será -según nuestra tradición en esta Comisión- primero de los grupos que han pedido la comparecencia, según el registro, con lo cual serán el Grupo Mixto, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, y después intervendrán de menor a mayor el resto de los grupos. En primer lugar, por un tiempo de siete minutos, con una flexibilidad mediterránea propia de la comparecencia de una ministra -o también cantábrica si ustedes quieren, pero ya me entienden-, tiene la palabra el diputado don Íñigo Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente de esta comisión.
Señora ministra, muchísimas gracias por comparecer hoy, en un día que es relevante porque hoy en el Pleno de las tres de la tarde vamos a votar -espero- por unanimidad para que todas las personas con discapacidad y con una sentencia de incapacitación judicial puedan votar. Por tanto, creo que hoy es un día importante en el ámbito social y expresamente en el ámbito de la discapacidad para este órgano, que es el legislativo de nuestro país. También quiero agradecerle a su equipo directivo aquí presente el trabajo que están ustedes desarrollando en la actualidad.
Quiero hacer dos partes -en los siete minutos que me ha concedido el señor presidente de esta Comisión- en esta intervención. Una primera más como diputado por Navarra en la que quiero preguntar por algunas cuestiones que tienen que ver con la dependencia en relación con la Comunidad Foral de Navarra. Y una segunda parte, señora ministra, en la que le hablaré de datos de la discapacidad en el ámbito nacional. Pero me va a permitir antes, señora ministra, que le diga algo que quiero hacer constar en el Diario de Sesiones: que alabo su valentía política y que creo que es usted una persona que defiende perfectamente su tierra como catalana y como española.
Dicho esto, señora ministra, usted y yo sabemos que cuando alguien accede a un puesto en la gestión pública no solamente es responsable de las decisiones que toma sino que también tiene que serlo de las decisiones que antaño tomó el Gobierno del partido al que uno pertenece. Quiero ceñirme en este primer bloque a la dependencia y, cómo no, señora ministra, no puedo dejar pasar algo que preocupa tremendamente por el bien de las 31 000 personas navarras que tienen algún grado de dependencia entre los 640 000 habitantes que somos, una comunidad pequeña, que vio perjudicada su financiación en dependencia a raíz del Real Decreto-ley 20/2012, en el cual lo que se hizo fue eliminar los artículos 32 y 33 de la Ley 39/2006, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
También quiero agradecerle, señora ministra, que usted haya venido aquí no solamente a hablar de lo que le compete sino también a dar una visión tremendamente transversal de todos los ámbitos de la vida cotidiana de una persona con discapacidad y quiero hacer constar mi agradecimiento por ello.
Como le decía, ¿qué supuso ese real decreto del año 2012? No quiero contextualizarlo porque todas las fuerzas políticas aquí somos conscientes de lo que supuso, pero de facto lo que sí supuso en la Comunidad Foral de Navarra en este caso fue que en los últimos cinco años hayamos dejado de percibir 10,1 millón de euros en esa financiación porque lo que se hizo fue derogar el nivel acordado de financiación en relación con lo que debía financiar el Estado y lo que debía cofinanciar cada comunidad autónoma, en mi caso la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto se perjudicó a muchísimos navarros y lo que hizo en ese momento, en el año 2012, el Gobierno foral -di aquella queja en 2012 y también la doy habitualmente- fue, dentro del autogobierno de mi comunidad, hacer un sobreesfuerzo para mantener algunas prestaciones a las personas con cualquier grado de dependencia o a su entorno familiar. La primera consecuencia son esos 10,1 millones de euros que Navarra dejó de percibir. La segunda consecuencia, tal como dijo la Cámara de Comptos, en el año 2013, en un informe sobre financiación, es que si la pretendida Ley de Dependencia de 2006 -que yo alabo, me parece que es un eje vertebral en el pilar básico, insisto, de un sistema de bienestar como es el español- estipulaba que se financiara un tercio por el usuario a través del copago, otro tercio por el Estado y otro tercio cada comunidad, la realidad fue, tal como dijo la Cámara de Comptos -que es el órgano que fiscaliza y audita las instituciones públicas de Navarra-, que el 71% de la dependencia lo está financiando el esfuerzo de los navarros a
través de sus impuestos, el 9% lo está financiando el Estado y un 21% lo financian los usuarios a través del copago. Entienda que le diga que debo exigirle volver hacia el momento anterior al Real Decreto 20/2012.
En este primer bloque le quiero hacer cuatro preguntas muy concretas, si es posible que usted me responda, señora ministra. ¿Tiene su ministerio previsto recuperar el escenario inicial de financiación, tal como recogía la citada Ley de Dependencia? ¿Va a volver a abonar el Estado las cuantías que le corresponden, en este caso a Navarra, en materia de dependencia? ¿Cómo va a garantizar el Estado el nivel acordado de financiación de la dependencia en Navarra? ¿Van a volverlo a descontar del convenio económico, tal como se recogió en la Junta de Cooperación entre el Estado y Navarra el 7 de noviembre del año 2011? La última pregunta, señora ministra, es si va a volver a aportar los 10,1 millones de euros que dejó de aportar a la Comunidad Foral de Navarra, por supuesto mirando al futuro por el bien de esas 31 000 personas que hoy me siento en la obligación de defender aquí ante usted.
Cierro el bloque de dependencia y me gustaría hablar de discapacidad. Aquí no me quiero ceñir solamente a la Comunidad Foral Navarra, sino a datos. Señora ministra, ha dado una serie de iniciativas, muy transversales, insisto, que van por el camino de poner a España en la punta de lanza en materia de políticas públicas, ya sean del Gobierno central, ya sean a nivel autonómico o ya sean a nivel local, ayuntamientos y mancomunidades. Eso no hay que perderlo de vista. Ahora bien, hay indicadores que nos indican -valga la redundancia- que hay mucho por hacer, señora ministra. Aquí le anticipo el humilde apoyo de dos escaños de Unión del Pueblo Navarro en aquellas decisiones que nos encaminen, insisto, de manera trasversal, hacia lograr la autonomía, el desarrollo personal y la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en España.
Según un informe de Plena Inclusión -la antigua Feaps, como usted bien sabe-, del Real Patronato sobre Discapacidad y de la Universidad de Salamanca, en este momento en España las familias deben soportar de media 24 000 euros de gasto adicional en el cuidado de una persona con discapacidad en el seno de esa familia; llega a haber casos en los que ese sobrecoste puede llegar a 47 000 euros anuales; de media, las intensidades que necesita una persona con discapacidad son en España, según ese informe, de 10,2 horas por día; en este momento prácticamente el 49% de personas con discapacidad presentan una mala salud; solamente el 7,2% tienen relaciones sentimentales, y el 50% de las personas con discapacidad no tienen amistades. Este informe va mucho más allá. Si hablamos del ámbito del empleo, nos indica que el 72% de las personas con discapacidad presentan una alta tasa de inactividad o que el 44,7% tienen una alta tasa de desempleo. Si esto lo llevamos, como usted muy bien ha citado -estoy completamente de acuerdo con usted, señora ministra; insisto, tendrá el apoyo de Unión del Pueblo Navarro-, a la protección y la prevención en contra del acoso y el abuso a las personas con discapacidad, tenemos ese tremendo dato que ha dado de que el 80% de las personas con discapacidad intelectual sufren en algún momento de su vida algún tipo de abuso -me parece dramático, es multiplicar por 13 el riesgo de abuso del resto de la población- y que solamente el 3% de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, que sufren cualquier tipo de abuso lo denuncian y verbalizan esa situación que han tenido. Esto me parece auténticamente dramático.
El último bloque -por finalizar, porque me excedo del tiempo, señor presidente- es el ámbito educativo. Usted también lo ha citado y estoy completamente de acuerdo. En este momento el 2,6% de los alumnos que están en la etapa escolar requieren necesidades educativas especiales, de los cuales el 78,8%, que es un gran dato, están en escuelas y colegios inclusivos. Deberíamos llegar al cien por cien. Si algo busca la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es la plena inclusión, especialmente en el ámbito educativo. Por tanto, señora ministra, además de las cuatro preguntas que le he formulado con relación a la dependencia en Navarra, quiero insisitir en que en este bloque en materia de discapacidad tienen el apoyo de Unión del Pueblo Navarro.
Compartiendo intervención en el Grupo Mixto y por un tiempo más reducido, dos minutos, tiene la palabra el señor Campuzano.
Con mucha brevedad. No he podido escuchar la intervención de la señora ministra, pero me consta -además, ella misma me lo había comentado hace un cierto tiempo- que quería aprovechar esta comparecencia suya para informar de la nueva regulación del régimen de ayudas del 0,7% para asuntos
sociales y medioambientales. Tan solo quiero trasladarle dos reflexiones. Una no es menor. Finalmente, el Gobierno ha decidido poner en marcha un mecanismo que territorializa una parte sustancial de los fondos, el 80% de los fondos, dando respuesta a las numerosísimas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en esta cuestión. Han pasado un montón de años, han tenido que sucederse un número infinito de sentencias ante los tribunales que dejaban muy claro que la capacidad de establecer subvenciones por parte del Gobierno en materias que eran competencia autonómica obligatoriamente exigía una gestión de carácter autonómico de estos recursos. El Gobierno se ha dedicado a incumplir estas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, a incumplir mandatos parlamentarios, no solo de este Gobierno sino también del Gobierno socialista. Y finalmente, cuando las sentencias del Tribunal Constitucional han sido absolutamente conminatorias sobre aquello que debía hacer el Gobierno, el Gobierno ha optado por esta gestión territorializada. Bienvenida a ese cumplimiento de las sentencias. Han tardado doce o trece sentencias para llegar a ello.
Es paradigmática esta voluntad de los Gobiernos españoles de incumplir la Constitución en esta materia por el conflicto político que vive Cataluña. Con una concepción abierta, progresista y avanzada de la Constitución, probablemente, hoy sería posible haber realizado un referéndum en Cataluña para que los catalanes pudiesen decidir su futuro; hoy, seguramente, el nivel de conflicto político que existe entre la sociedad catalana y el Estado español no habría llegado a los límites que ha llegado. Están donde están. Me alegro de que, finalmente, hayan cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional. Tan solo lamento que hayamos tardado tantos años, que haya sido necesario tanto esfuerzo político, que hayamos tenido que destinar tantas energías a dar cumplimiento a aquello que las propias sentencias de los tribunales ya establecían.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, don Joan Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president. Benvingut a la Comisión, señora ministra. Intentaré no pasarme al català.
Si no estoy equivocado, es la primera vez que un ministro o ministra del Partido Popular aparece por esta Comisión, y eso que con un par de horas o tres nos pueden informar, no a nosotros sino al mundo de la discapacidad, de lo que se ha hecho, de lo que no y de lo que piensan hacer. En su caso, tiene menos explicación cuando sabemos que tiene una especial sensibilidad por el mundo de la discapacidad. Admito que, como ha hablado de muchas cosas y además deprisa, tendré que leer luego el acta con atención y a lo mejor hasta le pregunto alguna cosa que ha dicho. Ya le digo que me ha parecido una intervención optimista, un poco triunfalista, en algunos casos con mucho detalle y, en cambio, en otros parece muy general y poco creíble, visto lo que prometían y lo que, en muchos casos, han hecho. Hoy tendríamos que repasar los avances para ver si se pueden rectificar cosas, pero he de decirle que apenas los vemos y que lo que han hecho muchas veces no nos gusta. Además de que en momentos difíciles un Gobierno tiene que cuidar, sobre todo, de los sectores de la sociedad que peor lo pasan, de los más débiles, y su inacción y los Presupuestos Generales del Estado de los Gobiernos del Partido Popular no mienten: ustedes no lo han hecho y, excepto en algún detalle, estamos donde estábamos. Podría repetir la mayor parte de lo que dijo en noviembre de 2012 nuestra portavoz entonces, Laura Seara, o lo que en febrero de 2015 dijo al director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad -hoy compañero de Comisión- o hace dos años a la secretaria de Estado, Lourdes Méndez, o repetir lo que nuestros portavoces le preguntaron a usted en la Comisión de Sanidad en diciembre del año pasado y que usted no contestó. Así y todo, queremos colaborar, como hemos demostrado en este año de legislatura complicada por la situación económica y por la falta de una mayoría sólida, aportando iniciativas, con ánimo de consensuar textos que la mayoría podamos votar y que impulsen el trabajo del ministerio. ¿Nos podría decir si alguna de las iniciativas que hemos aprobado en esta Comisión se están, como mínimo, estudiando? Si no nos contesta hoy, tendremos que preguntarlo de otra manera.
En estos años han cumplido con el mandato del último Gobierno Socialista de hacer la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refundiendo las que había, lo que les sirvió para votar en contra de nuestras iniciativas durante bastante tiempo diciendo que ya las recogería la ley. Por cierto, estoy de acuerdo en que ustedes repartieron 234 millones de euros el año pasado, gracias al 0,7%, pero también estoy de acuerdo con usted en que no es mérito suyo, sino de la aportación anónima de los ciudadanos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que esta nueva fórmula, sobre todo,
tiene que tener un objetivo, que el dinero que iba al mundo de la discapacidad continúe llegando. Por cierto, otra cosa. En 2012, la ministra Ana Mato anunció un plan para la discapacidad, sumando 3000 millones de euros en partidas que ya existían de diferentes administraciones. No encontramos partida específica en los Presupuestos Generales del Estado -lo hemos repasado- de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Alguna vez nos han contestado que porque era transversal. Tal vez, en lugar de trasversal, la palabra sería invisible. ¿Nos puede dar una buena noticia de cara a los de 2018? Por favor, no nos diga que ya lo hablaremos en el debate presupuestario, porque en los de 2017 su secretario de Estado ni siquiera nos puedo contestar lo que pudimos preguntar en nuestros dos minutos y quince segundos, aparte de justificar ausencias. He repasado el acta esta mañana.
Especialmente preocupante en estos años ha sido el recorte en el fomento del empleo y programas de formación para personas con discapacidad. ¿Piensan hacer algo para recuperar, por ejemplo, los niveles de 2011? Porque si la mejor manera de integrar a una persona con discapacidad, como usted acaba de decir, es que tenga trabajo, recortar en políticas activas no parece ser una buena herramienta. Los socialistas subimos del 50 al 75% del salario mínimo la subvención del coste salarial de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo para colectivos con especial dificultad para su inserción laboral, medida que finalizó el 31 de diciembre de 2011. ¿Piensan recuperar esta medida? Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad de 2016, el Pleno del Congreso aprobamos -Tremiño-, gracias a una enmienda socialista, pedir al Gobierno un nuevo marco laboral -no solo parches- para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Han hecho ya algo al respecto? Sea humilde, no presuma de grandes avances en la ocupación, mire los números, por ejemplo los de Odismet, y verá que la contratación es precaria, que dos de cada tres personas con discapacidad no tienen actividad laboral y, en el caso de la gente joven con discapacidad, su tasa de paro llega al 63,5%. Y no hablemos de los porcentajes de ocupación de las mujeres con discapacidad. Desde que ustedes son Gobierno hemos retrocedido en la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema general de enseñanza. ¿Piensan tomar alguna decisión para volver a avanzar? Los socialistas hemos registrado algunas iniciativas para garantizar esta inclusión para alumnos y alumnas con dislexia, otras sobre educación física y otras sobre quiénes necesitan apoyo educativo. Aquí, en la Comisión, hemos hablado de la necesidad de un plan para las personas con autismo. ¿Han pensado hacer algo en este sentido? No le he oído decir sobre autismo. Por cierto, lo que sí he oído estos días sobre autismo es que la reforma sobre autónomos deja fuera a las personas con TEA. ¿Es así?
Otra cuestión. El 30 de diciembre de 2011, con un real decreto, empezaron a recortar la Ley de Dependencia y luego con el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, prácticamente desmontaron el sistema. Podemos entender que quisieran cambiarlo pero no que dejaran a tantas personas con discapacidad penjades -como decimos en catalán-, colgadas. Tenemos cerca de 300 000 personas con un grado de dependencia reconocido que no reciben prestación y 180 000, la mayoría mujeres, que atendían a familiares dependientes que perdieron el derecho a cotizar. Y no nos hable de herencias. Ustedes ya son herederos de ustedes. Antes del Gobierno del que usted forma parte había otro, también del Partido Popular, ambos encabezados por el mismo presidente y es usted la tercera persona del PP en su cargo. Para garantizar el desarrollo y financiación de la Ley de Dependencia puede contar con nosotros, si está en la línea del pacto que promovió el Observatorio Estatal para la Dependencia -ya lo sabe-, y en la tramitación de la ILP del Cermi sobre el copago, también. Ya que dicen que la economía ha mejorado, ¿piensan traducirlo en algo para recuperar esta ley? ¿En qué? El 4 de diciembre de este año todo tendría que ser accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En cambio, incluso finiquitaron el convenio de accesibilidad con Imserso y Fundación Once, que funcionó, y bien, durante veinte años. En la Comisión hemos aprobado una iniciativa para dedicar un 1% del coste de las grandes obras para erradicar las barreras que tienen las personas con discapacidad. Lo presentamos como enmienda a su iniciativa con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo volvimos a presentar en las propuestas de 2017 y volveremos a hacerlo en las de 2018. ¿Podemos llegar a algún acuerdo sobre ello o tienen ustedes alguna otra propuesta? También hemos aprobado otras iniciativas sobre accesibilidad en esta Comisión, sobre transporte aéreo, ferroviario, turismo o sobre el 112.
Ante la demanda de encontrar una solución a que personas mayores o con discapacidad se encuentren aisladas en un cuarto piso sin ascensor, ¿piensan modificar la Ley de Propiedad Horizontal o solo piensan hacerlo a través de subvenciones con el Plan de Vivienda? Por cierto, esta tarde votaremos la toma en consideración de una ley que retornará el voto a las personas con discapacidad -parece ser
que será por unanimidad-, gracias a una iniciativa socialista. Esperamos que no defrauden a las más de 80 000 personas afectadas no solo hoy, sino también en su tramitación. Respecto a otra cuestión, aunque acabó el plazo en 2012, continúan ustedes sin fijar por ley lo que dice la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que asigna a la jurisdicción social las materias relativas a la valorización, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como los litigios relativos a las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia, por lo que hemos presentado una proposición de ley. Me gustaría que nos diese más detalles sobre su intención en este asunto. Lo legislamos deprisa para que no entrase en vigor su chapuza que exigía a las personas con discapacidad sensorial un certificado médico, tan deprisa que no pudimos atender la reivindicación de las personas ciegas que tenían graves dificultades para testar. También porque nos dijeron que en poco tiempo tendrían la propuesta de adaptación de normas y leyes, la codificación -creo que la llaman así-, para cumplir con el artículo 12 de la Convención, que resolvería todo lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida y que, le recuerdo, es una obligación legal que tenemos y cuyo plazo terminó hace cinco años. ¿Nos puede concretar con más detalle el calendario y contenido de su propuesta?
Puede estar segura de que contará con nuestro apoyo para impulsar, aprobar y recuperar toda medida que haga que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos que tienen como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y que contribuya a que sean más felices.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, diputat Ruiz.
Siguiendo el orden de registro de comparecencias, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el diputado don Diego Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señora ministra, muchísimas gracias por comparecer. No solo mi grupo parlamentario se lo solicitó por escrito, sino que yo mismo también personalmente, por Twitter, ya que era el portavoz y era la primera vez que era legislativa, se lo he dicho varias veces, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Bienvenida y muchísimas gracias.
Hace tanto tiempo que deseábamos que viniera a esta Comisión que voy a preguntarle sobre cinco temas sobre los que le realizaré en torno a quince preguntas, más o menos una por cada mes de legislatura. Le preguntaré sobre dependencia, sobre el IRPF, sobre financiación de la organización del tercer sector, sobre las víctimas de la talidomida, aunque ya sé que ha hablado sobre ello pero cuando vaya a hacerle la pregunta se lo recalcaré. Le hablaré también sobre accesibilidad universal y, sobre la marcha, voy a preguntarle sobre el autismo que, como ha dicho antes el compañero, es verdad que no ha mencionado en su intervención; sobre el Plan estratégico del trastorno del espectro autista y su plan de acción, y le señalaré luego una serie de cuestiones. En lo referente a la dependencia, es normal que en su discurso, como ministra, saque pecho de los logros. Creo que ha sido excesivamente triunfalista, aunque es verdad que denota en su discurso cierta autocrítica cuando ha dicho que hay cosas que mejorar. No me queda otra que hacer un pequeño diagnóstico en cada asunto para que usted reflexione y lo relaciono con las preguntas que le hago.
En cuanto a la dependencia, el 2,6% de la población necesita apoyo de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. A finales de agosto de este año había un total de 1 668 950 solicitudes, de las cuales 121 621 personas estaban pendientes de ser valoradas, una cantidad que sigue en aumento y que demuestra que el Servicio de Atención a la Dependencia sigue siendo muy mejorable. En los últimos cinco años se estima en 150 000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestación o servicio. Por supuesto, estas personas no fallecieron por esta causa pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer su derecho de recibir atenciones. Esto supone que, diariamente, fallecen 90 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. La financiación de las comunidades autónomas sigue disminuyendo desde el año 2012, con una cifra acumulada de más de 2000 millones de euros. El Gobierno sigue incumpliendo la disposición final séptima de la Ley 36/2011, de 10 octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo social. Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo esto lento, costoso, farragoso y nada garantista. Sigue sin evaluarse, en nuestra opinión, el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados, en la medida en la que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las
cotizaciones a la Seguridad Social. En 2016 la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35 y la tasa de retorno es del 39,5%. La atención de los dependientes que quedan por valorar crearía decenas de miles de puestos de trabajo.
En lo referente a las preguntas: ¿Qué evaluación hace la ministra de la deriva del Sistema de Dependencia y las consecuencias sobre este de la falta de financiación? ¿Cómo están tratando de solventar desde el Gobierno la falta de cohesión en servicio y atención a los dependientes según la comunidad autónoma en la que se encuentren? ¿Y qué previsiones de crecimiento en demanda de los servicios de atención de dependencia posee el Gobierno y cómo piensa darle solución tanto política como presupuestariamente? En cuanto al IRPF -ya lo ha mencionado antes el compañero Carles Campuzano-, tras la sentencia judicial del Tribunal Constitucional, que daba al traste con el sistema de reparto del 0,7 del presupuesto para las organizaciones del tercer sector señalando que debía ser gestionado por las comunidades autónomas, numerosas organizaciones del tercer sector mostraron su preocupación al ser de ámbito nacional y recibir la mayor parte de sus ingresos de esta partida desde la AGE. Sobre la base de esta sentencia, se ha creado un nuevo modelo basado en dos tramos. Por una parte, las comunidades autónomas se encargarán de gestionar, como todos ustedes saben, el 80% de los fondos, mientras que el Estado se encargarán del 20% restante. Y en relación con el tramo estatal, ya está publicada la resolución por la que se convocan las subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF y el plazo de presentación de solicitudes está en vigor. Esperamos que este espacio les sirva para estar al día sobre las nuevas convocatorias y para que dispongan de la información y la documentación necesaria para poder decidir el tramo que les corresponde y los plazos de presentación. En lo referente a esta cuestión, le pregunto: ¿Cómo está articulando el Gobierno la convocatoria del reparto del 20% del impuesto que debe gestionar? ¿Tiene constancia el Gobierno de qué asociaciones relevantes del tercer sector puedan tener serios problemas de viabilidad dada su reducción presupuestaria? En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer el Gobierno para ayudarles? ¿Considera el Gobierno que los elementos de control y fiscalización de estos fondos son suficientes? ¿Piensan mejorar los indicadores de evaluación del uso de estos fondos, al menos de los que controla la Administración General del Estado?
Usted ha hecho referencia a las víctimas de la talidomida, cosa que nos alegra bastante. Como bien sabe, desde mi grupo parlamentario mi compañero Paco Igea -que no puede estar hoy aquí- ha demostrado que este tema le interesa. Simplemente le voy a hacer unas preguntas que creo que le competen. Sé que ha hablado usted del comité científico-técnico, la comisión institucional, pero le voy a hacer tres preguntas. ¿Cuál es el estado de los trabajos de ese comité científico-técnico? ¿Cuántas personas han sido evaluadas y cuántas ya reconocidas como afectadas como víctimas de la talidomida? ¿Espera tener el Gobierno finalizado el registro en la fecha prevista? ¿Están encontrando algún tipo de complicación en la evaluación de esas personas? En cuanto a la accesibilidad, usted ha hablado hasta en tres ocasiones del ámbito general. Ha mencionado lo de rebajar los bordillos. La accesibilidad es un tema transversal que implica muchísimas cosas. Sabemos todos que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, va a hacer una campaña de concienciación y denuncia 'Horizonte accesibilidad 4 diciembre 2017'. Todos sabemos que esta fecha está aquí; no hemos hecho los deberes. Sobre accesibilidad quería preguntarle qué acciones concretas ha desarrollado el Gobierno este año para conseguir la accesibilidad plena y universal. ¿Qué medidas tiene pensado desarrollar hasta ese 4 diciembre? ¿Considera que el objetivo que está en camino debe cumplirse en los tiempos propuestos? En caso contrario, ¿qué piensa hacer el Gobierno para conseguir estos objetivos lo antes posible?
Sobre la accesibilidad, quería hacer una propuesta en la que creo que están varias asociaciones. Soy arquitecto de profesión y creo que el Código Técnico de la Edificación debe ser replanteado y modificado, sobre todo por cuestiones de accesibilidad. Como dijo también el portavoz socialista, no ha hablado nada del autismo y quería recordarle que con fecha 18 de enero y 6 de julio de 2017 preguntábamos sobre ese plan estratégico para personas con trastornos del espectro autista. Aquí tenemos las preguntas registradas por escrito. Nos contestaba que se está evaluando. Le preguntábamos sobre el cronograma de ese plan de acción, pero como le hemos seguido preguntando lo mismo durante seis meses y la respuesta sigue siendo la misma, lo que le pregunto ahora es: ¿Estamos en ello, señora ministra?
Pasamos al resto de los portavoces, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña María Isabel Salud Areste.
Gracias, señora ministra, por su comparecencia. A decir verdad, no nos ha sorprendido en absoluto. Esperábamos un discurso triunfalista y eso es lo que ha sido. No nos ha abrumado, eso es verdad, con lo que no han hecho pero sí con lo que harán, es decir, nos ha abrumado con sus deseos. Nos ha pintado un panorama positivo de satisfacción y de buen hacer; sin embargo, poco tiene que ver su intervención con lo que ocurre ahí fuera, con la realidad. Partimos de una realidad muy difícil para aquellas personas con diversidad funcional en nuestro país, que afecta a uno de cada cinco hogares. Señora ministra, usted sabe que los diferentes informes del movimiento asociativo de la discapacidad así lo certifican. No lo decimos solamente nosotras. Usted sabe perfectamente que las personas con discapacidad funcional tienen una menor capacidad de renta y, sin embargo, tienen mayores gastos. Ya se ha dicho aquí. Esta situación se ha agravado con la crisis, pues el diferencial de pobreza ha crecido y la brecha, por tanto, se ha agrandado, y en eso usted, su Gobierno, el Partido Popular tienen gran responsabilidad porque nos han gobernado durante estos últimos años. Cuando se cumplen precisamente diez años de la convención de la ONU quedan muchas, muchísimas cosas pendientes por hacer. Usted nos habla de las cosas que van a hacer y permítame que dudemos, visto lo hecho hasta ahora.
Quiero empezar con el acceso a bienes y servicios. Estamos muy lejos de los objetivos. La realidad es que su Gobierno ha ido atrasando, ha ido dilatando la normativa de aplicación que establecía plazos muy concretos pero incumplidos a día de hoy. Pero la accesibilidad al entorno físico y al transporte está igualmente estancada, cuando resulta del todo necesaria para una vida independiente y de plena inclusión. Por eso, queremos saber, señora ministra, qué planes y directrices tiene para el acceso de las personas y para la identificación de paradas o trayectos. También queremos saber si tiene el ministerio un mapa de situación para comprobar qué nivel de accesibilidad tienen los edificios públicos y con qué estrategia operativa va a afrontar el Gobierno el nivel del cumplimiento de la adaptación, comprometida, como sabe, para el 4 de diciembre de este año. Resulta muy injusto, señora ministra, que el Gobierno ponga como excusa la crisis económica y la política de control del gasto público en todas las administraciones. Digo que resulta injusto porque mientras eso se dice, el mismo Gobierno regala miles de millones a la banca y las rentas del capital han crecido en este período frente a las rentas del trabajo. Para vivir de forma independiente y participar en igualdad de condiciones en la vida de la comunidad es necesario, es fundamental la asistencia personal y en eso, señora ministra, también han fracasado. Hoy solo el 0,46% del total de prestaciones reconocidas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia van dirigidas a la asistencia personal, cuando es el apoyo más importante para las personas con discapacidad. Señora ministra, conoce las cifras porque son oficiales: no llegan a 5000 las prestaciones de asistencia personal sobre un total de más de 1 millón. Realmente es insignificante y más sangrante aún si tenemos en cuenta que este recurso es el más potente en materia de inclusión. Pero hay más: seguimos asistiendo a retrasos en la aplicación de la Ley 39/2006, en el reconocimiento de las ayudas que establece. Así, miles de personas han fallecido -se ha dicho también- esperando la valoración de la situación de dependencia. Los datos están ahí y son incuestionables. Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 29% de los 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida no recibe ninguna ayuda; muchas de estas personas son grandes dependientes. De nuevo nos encontramos con la misma causa: la financiación, cuando además el Estado cubre solo el 18% de las aportaciones públicas. Cada cuarto de hora -se ha dicho también aquí- muere una persona dependiente sin ser atendida: tremendo, ¿verdad, señora ministra?
Si analizamos los presupuestos de 2017 vemos cómo la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia es en términos nominales un 14% inferior a la realizada en el año 2010. Estamos muy lejos por tanto del gasto anterior a la crisis, que ya de por sí entonces era insuficiente. Asimismo la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad disminuyen un 45% y un 23% respecto a 2010, de nuevo lejos del gasto anterior a la crisis. Pero es que hay más recortes. Las ayudas técnicas para facilitar a las personas con diversidad funcional su autonomía personal, ya sea con adaptaciones en la vivienda, en los medios de transporte y en su entorno social, para eliminar barreras físicas u otros programas de rehabilitación y recuperación física y psíquica, han visto disminuidos sus créditos; ustedes los han disminuido en un 47% con relación a 2010. Señora ministra, estamos hablando de que hemos pasado de un presupuesto de 100 millones de euros a un presupuesto de 53 millones de euros en 2017, y eso que nos dicen constantemente que estamos en el año de la recuperación. En el ámbito laboral, que para nuestro Grupo Confederal es importantísimo porque garantiza efectivamente una vida independiente, la situación es terrible. La tasa de desempleo está por encima del
30%, muy por encima de la media de la población. Tampoco la comparativa entre la juventud sale bien parada, pues la de la juventud con diversidad funcional está por encima un 18% de la media de la población, y esto incumple la directiva europea sobre igualdad de trato y no discriminación en el empleo y la ocupación.
Señora ministra, usted sabe que las subvenciones a la contratación de personas con diversidad funcional no responde al objetivo básico de fomentar la integración en el mercado laboral ordinario, pues la regulación vigente exime del cien por cien de la cuota patronal a centros especiales de empleo o entidades como la ONCE, mientras la reducción para empresas del mercado ordinario es del 70 o 90%, según la edad de los trabajadores y las trabajadoras, incluso en algunos casos se priman más los contratos temporales que los indefinidos. Por otra parte, las cuotas de reserva se incumplen sistemáticamente, y el mecanismo de sustituir su cumplimiento por compra de servicios a centros especiales de empleo incurre también en favorecer más el empleo protegido que la integración en el mercado laboral ordinario. En concreto quisiéramos saber si el ministerio dispone de algún estudio riguroso sobre la dificultad de acceso a pruebas de selección u oposiciones por falta de adaptaciones, ya que se dan con mucha frecuencia. Igualmente consideramos que cuando se materializa un despido de personas con discapacidad que judicialmente se declara improcedente no se obliga a la persona a retornar las exenciones de cuota o subvenciones percibidas ni se eliminan subvenciones en el año siguiente. ¿Considera, señora ministra, que la actual regulación o legislación sobre los centros especiales de empleo, las condiciones que se aplican, sus jornadas, son acordes con la protección de los derechos de sus empleados y empleadas?
Nuestro grupo también está muy preocupado con el impacto del canal físico complementario de la ONCE al ofrecer la venta de sus productos de juego a estancos, quioscos de prensa y oficinas de correos, modificando su política laboral y comercial. Esto rompe con la propia naturaleza de la ONCE, que es dar empleo a personas con discapacidad para alimentar comisiones para intermediarios que nada tienen que ver con la finalidad y los valores de la propia ONCE, y que en un futuro nos tememos que pueda terminar con el empleo actual de la plantilla de personas ciegas.
¿Para cuándo, señora ministra, esa macroencuesta que detecte la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional, de lo que usted nos ha estado hablando? Usted conoce bien los diferentes estudios que alertan de una mayor exposición al maltrato, a la violencia y a los abusos. Las cifras hablan por sí solas: más de un tercio de mujeres sufren violencia, y también tienen rostro de mujer, porque padecen una mayor exposición como digo al maltrato, a la violencia y a los abusos. Por eso es necesario un conocimiento exacto de la situación de violencia contra las mujeres para actuar y no podemos esperar más. Voy acabando, señor presidente.
En definitiva, señora ministra, el balance no es bueno, las condiciones materiales de atención, de accesibilidad, de empleo, de igualdad y de inclusión han retrocedido para las personas con diversidad funcional. Por mucho que maquillen las cifras esa es la terrible realidad de un Gobierno que durante la crisis ha primado los intereses de bancos, rentas empresariales y del capital en detrimento de las rentas del trabajo y de la mayoría social, de los sectores más vulnerables: mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas con diversidad funcional. Esta es la realidad, una realidad injusta y desigual, que tiene culpables, que tiene autores y ejecutores de políticas de injusticia y de pobreza para la gente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada Salud Areste.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el diputado don Ignacio Tremiño.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Gracias, ministra, por esta comparecencia. Yo quería corregir con toda amabilidad al diputado y amigo Joan del PSOE, porque la señora Montserrat no es la primera ministra del Partido Popular que viene a esta Comisión, sino que es la primera ministra que viene a esta Comisión, porque desde el ministro Caldera -yo me acuerdo perfectamente de esa época- a quien se le pidió innumerables veces que viniera la Comisión, que fue cuando se creó, hasta hoy la ministra Dolors Monserrat es la primera ministra que viene a esta Comisión. (El señor Ruiz i Carbonell: El 27 de octubre. Te has equivocado). Con lo cual, enhorabuena y muchas gracias, pero una vez más el Partido Popular ha roto la costumbre de no asistir aquí.
Yo quería hablar de muchas cosas y preguntar muchas cosas a la señora ministra, pero tengo la obligación de contestar a muchos compañeros. Primero al propio Joan, que ha hablado, por ejemplo, del convenio del Imserso con la Fundación ONCE. En el convenio del Imserso con la Fundación ONCE, y lo acabo de comprobar ahora mismo, fue la ministra Trinidad Jiménez en el año 2009 la que retiró el cien por cien de los fondos del Imserso, y por ello la Fundación ONCE se vio obligada a retirar también su parte. La ministra Trinidad -yo la tenía mucho aprecio- por motivos de la crisis o lo que fuera retiró el cien por cien de los fondos del Imserso. Es verdad que en el año anterior, el año 2008, se habían retirado ya los fondos europeos y se habían reducido sustancialmente de 22 a 7 millones que ponía la Unión Europea, y el resto, que fueron creo -hablo de memoria- 4 millones que ponía el Imserso y 4 la fundación, los retiró el Imserso; la ministra Trinidad Jiménez. Es verdad que este Gobierno ha reiniciado ese convenio con el Real Patronato por un millón de euros, que evidentemente es un millón euros del presupuesto pasado, pero seguro que se mantendrá y se irá incrementando en presupuestos futuros.
Yo no voy a hablar de dependencia porque he dejado bien claro que el Tribunal de Cuentas explicó en su momento la financiación del Gobierno y la financiación de las comunidades autónomas, con lo cual no voy a hablar. Tampoco voy a recordar los 1034 millones de euros que dejó el Partido Socialista sin pagar de las cuotas de Seguridad Social de los familiares de los dependientes, porque decía que los familiares no podían cotizar. Fue peor todavía, porque ustedes pensaban que cotizaban y no cotizaron nunca, porque ese dinero no se pagó; perdón, lo pagó el Partido Popular con los presupuestos de 2013 nada más llegar al Gobierno de España y se puso al día, puso al día las cuentas. Así que no hablemos de dependencia porque la verdad es que bastante es que pusiéramos al día y evitáramos que se colapsara y desapareciera la dependencia, que pusiéramos orden en un sitio en el que era todo caos y desorden, y así lo definían las entidades del tercer sector.
En cuanto al empleo a fecha de hoy el observatorio dice -lo acabo de ver- que una de cada cuatro personas trabaja, pero en enero de 2012 trabajaba una de cada diez personas con discapacidad en edad laboral, un 10%, con lo cual hemos mejorado considerablemente, como bien ha dicho la ministra. Se está creando empleo para las personas con discapacidad, les guste o no les guste, como nunca se ha creado en la historia de la democracia en España. Y no lo digo yo, sino que lo dicen también las entidades de las personas con discapacidad. Ahora me dirijo a otra portavoz para decirle que también se ha creado en los centros especiales de empleo, porque los centros especiales de empleo generan 66 000 empleos para personas con discapacidad. Las entidades sociales quieren y necesitan los centros especiales de empleo, porque hay personas que si no fuera por los centros especiales de empleo nunca podrían trabajar en empleos ordinarios. Hay que ponerlo encima de la mesa. Si hay aquí un grupo político que quiere eliminar los centros especiales de empleo, que lo diga, que lo ponga en su programa, que se enfrente a las entidades de las personas con discapacidad y diga que no quiere centros especiales de empleo. Evidentemente el empleo ha crecido más en empleo ordinario que en los centros especiales de empleo. Hay un dato también del Observatorio de la Discapacidad que acabo de ver, y es que el paro de personas con discapacidad ha descendido en 140 308 personas en el año 2017; la mayoría de empleo ordinario. Está en Internet.
En cuanto a la asistencia personal le diría a la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea que no sabemos lo que haría su grupo político si gobernara algún día; yo desde luego trabajaré para que eso nunca ocurra. No sabemos lo que haría si algún día gobernara, pero lo que sí sabemos es que a fecha de hoy a las personas con discapacidad con gran dependencia de su grupo no las ayudan y les retiran la asistencia personal. Ese es un dato objetivo. Eso en el mejor de los casos, porque cuando tienen asistente personal -como todos sabemos- no le pagan la cuota a la Seguridad Social y está trabajando en negro. (Rumores). Eso en el peor de los casos. No sabemos lo que harían si gobernaran algún día, pero sí sabemos lo que hacen día de hoy. Ese es un dato objetivo que nadie puede discutir. (Protestas por parte de la señora Arévalo Caraballo).
Es verdad que hay muchas cosas que arreglar, pero quería destacar desde el punto de vista legislativo lo que han hecho este Gobierno y esta Cámara. En la última legislatura se han aprobado veinticuatro leyes, seis reales decretosleyes, dieciséis reales decretos y una orden ministerial, cuarenta y siete normas en materia de discapacidad o que benefician a las personas con discapacidad. Eso es trabajar. El reconocimiento que dio Naciones Unidas al Reino de España no es mérito del Partido Popular y nunca lo ha sido; es mérito de todos, también de los Gobiernos anteriores, y sobre todo de las organizaciones de las personas con discapacidad en España que, por su madurez y su responsabilidad, han hecho que avancemos más que otros países. Y por mucho que tampoco le guste a la mayoría somos líderes en
empleo de personas con discapacidad. Somos líderes en deporte paralímpico y en deporte de base para personas con discapacidad. Somos líderes en accesibilidad universal. Es verdad que el 4 de diciembre habrá muchas cosas que no sean accesibles, pero no tienen más que mirar a los países de nuestro alrededor para que vean que estamos a años luz, por encima, en accesibilidad universal en transporte, urbanismo, accesibilidad a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías, etcétera. Esa es una realidad que tampoco la resalto yo, sino las organizaciones de personas con discapacidad. Es verdad que todavía falta mucho por hacer, como ha dicho la ministra, pero en cualquier caso damos ejemplo al resto de países. Algo estaremos haciendo bien.
No voy a hablar del millón de contratos que se han generado en los últimos cinco años. En educación es cierto que, como ha dicho el portavoz de UPN, tenemos un 20% -en realidad un 18,8%- de estudiantes con discapacidad que todavía están en centros educativos especiales. Sensu contrario, señorías, tenemos el 80% en colegios normalizados. Junto con Portugal somos los dos países más avanzados en cuanto a inclusión en educación de la Unión Europea; por poner un ejemplo, Alemania tiene un 40%. Las cláusulas sociales que ha comentado la ministra de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se han aprobado por unanimidad, la convierten en el mayor motor de creación de empleo para personas con discapacidad para los próximos años, y también para personas en riesgo de exclusión. No tiene precedentes; sirva de ejemplo el concierto administrativo.
También se ha hablado del desarrollo de la Ley 27/2007 que reconoce la lengua de signos española y que regula los medios de apoyo a la comunicación. Aquí quería aclarar que la diferencia entre este Gobierno y los anteriores -no solo en el desarrollo de esta ley, sino en todo- es que trabaja siempre de la mano y caminando junto a las organizaciones de personas con discapacidad, como ha dicho la ministra. Esto es muy importante porque ha cambiado la forma de trabajar del Gobierno con las personas con discapacidad. Quería hacer referencia al grave conflicto y perjuicio que se podría crear a las entidades sociales a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el 0,7% del IRPF, pero también quiero decir que este Gobierno en tiempo récord -y esto lo han dicho las organizaciones- ha conseguido que el cien por cien de los recursos lleguen a sus destinatarios finales, las personas más vulnerables. Quiero darle la enhorabuena a la ministra personalmente, y por supuesto a su equipo de la secretaría de Estado, encabezado por Mario Garcés, el secretario de Estado, Elba, Borja Fanjul, Pere Calvo, Nuria, etcétera, que son las personas que están aquí, y quiero que la trasladen al resto del personal de la secretaría. Enhorabuena porque han sido ustedes capaces de solucionar un problema gravísimo -y no lo digo yo, sino que lo han dicho de nuevo las organizaciones de las personas con discapacidad- que hubiera colapsado a las organizaciones de las personas con discapacidad. Lo han conseguido.
Presidente, no sé si tengo más tiempo. No. Simplemente, para que seamos conscientes de lo que ha cambiado la vida en los últimos cuarenta años, quería compartir una experiencia personal. Hace veinticinco años se estaba discutiendo con el Ayuntamiento de Madrid sobre la accesibilidad de los bordillos, como ha dicho la ministra. Los arquitectos querían mantener cuatro centímetros en los bordillos por el agua y las organizaciones de las personas con discapacidad querían que no existieran, porque esos cuatro centímetros para una silla son como un metro para una persona que no tiene silla. Decían los arquitectos -yo no estaba, no quiero mentir; estaban técnicos y arquitectos con los que he trabajado- que si éramos tan beligerantes a la hora de exigir la accesibilidad, algún día íbamos a pedir que el metro fuera accesible, como diciendo que eso era una burrada. Afortunadamente hoy el metro de Madrid, aunque todavía tiene un 30% que no es accesible, es el metro más accesible del mundo. Eso ha sido gracias a las organizaciones de las personas con discapacidad y también evidentemente a Gobiernos como el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Es mérito de las personas con discapacidad, pero también de Gobiernos responsables que han caminado junto a ellas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tremiño.
Con su intervención termina el turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, pero antes de dar la palabra a la señora ministra, señor Tremiño, usted ha entrado en controversia con un grupo e incluso ha vertido unas acusaciones que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea considera injuriosas. Así pues, les doy la palabra para que concreten exactamente los términos en los cuales se han sentido aludidos.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidente.
Le pido al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, por favor, retire las acusaciones. Entiendo que son fruto de la falta de argumentos ante una política tan desastrosa hacia las personas con diversidad funcional, pero, por favor, que el Partido Popular no acuse de trampas ni de hacer mal las cosas a nadie, porque de ustedes, lecciones ni una.
El señor PRESIDENTE: Perdone, ¿puede precisar las acusaciones concretas?
La señora ARÉVALO CARABALLO: Queremos que lo retire, y si no, que traiga las pruebas de lo que ha dicho; en cualquier caso que lo retire.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: En primer lugar, no quiero ofender a ningún compañero, porque todos trabajan en pos de las personas con discapacidad. Si es necesario, lo retiro, pero lo único que he hecho ha sido decir lo que la prensa comunicó, y que este señor no desmintió, que tenía al asistente sin dar de alta en la cuota de la Seguridad Social. Me he limitado pura y llanamente a repetir lo que se publicó en los medios de comunicación. (La señora Arévalo Caraballo: La prensa también dice que ustedes son el partido más corrupto de la historia de este país.-Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Perdone, ordenemos el debate. Usted no tiene la palabra en este momento.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Quiero pedir perdón también al Grupo Parlamentario Socialista, porque me estaban diciendo -y es verdad- que la ministra Trinidad Jiménez compareció en esta Comisión. (El señor Ruiz i Carbonell: La señora Mercedes Cabrera también). Lo corrijo.
El señor PRESIDENTE: Ha dicho que si es necesario lo retira, con lo cual lo retira, y se han concretado también los antecedentes de otros ministros competentes en la materia que han comparecido en esta Comisión.
Ahora es el momento de volver a dar la palabra a la señora ministra para dar respuesta a las intervenciones de los portavoces.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, presidente.
Voy a intentar contestar a todos los grupos parlamentarios y a sus portavoces, muchos de los cuales me han preguntado sobre los mismos temas, por lo que concentraré mi respuesta. Primero de todo me gustaría decir que hemos avanzado. Me decían que esto no era así y que he sido triunfalista, pero pienso sinceramente que he sido realista y que he hablado con los datos en la mano. Por tanto pienso que hemos avanzado mucho como sociedad y que hemos mejorado con cada obstáculo vencido y cada reto alcanzado. ¿Que quedan aún muchas barreras por derribar? Por supuesto, ¿y que esas barreras dificultan las inclusión plena de todas las personas en la vida social, laboral y política de nuestra sociedad? Por supuesto, pero que hemos contribuido juntos a mejorar es una realidad que constato con los datos en la mano. El proceso de inclusión de la diversidad es responsabilidad de todos y supone probablemente una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos tiempos. Por tanto tenemos que continuar juntos transformando la sociedad y avanzando progresivamente, y pienso sinceramente que no tiene fecha de caducidad, por lo que tenemos que incluir en nuestra cotidianeidad la accesibilidad y romper las barreras visibles e invisibles en todos y cada uno de los marcos: en el normativo, pero también en todos los niveles de las administraciones y por supuesto en las empresas privadas.
Voy a empezar contestando al señor Ruiz y a la señora Salud en cuanto a la adaptación a la Convención de Naciones Unidas. Ustedes han recordado la necesidad de culminar la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas para que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos en su plenitud. Vuelvo a repetir que España fue el primer país de Europa occidental y el segundo en el mundo en ratificar la Convención de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos y porque nos lo creemos, lo cual no es baladí, porque refleja realmente el compromiso de nuestra sociedad en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Todos los Gobiernos -todos-, no solo el Gobierno apoyado por el Partido Popular, sino
todos los Gobiernos, han ido realizando importantes acciones para adaptar su ordenamiento, avances que han supuesto cambios sociales importantísimos en el enfoque y en el tratamiento de la discapacidad. Un ejemplo de ello son las reformas que hemos hecho en materia laboral, en materia educativa -luego me extenderá más en este aspecto- o en materia de contratación pública.
En mi primera intervención les hablaba también de las modificaciones introducidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, pero también se han operado cambios relevantes, por ejemplo, en la modificación del Código Penal. Se ha reforzado la protección de las personas con discapacidad, agravando la pena a los familiares que, obligados a proteger los intereses económicos de estas personas, abusan de su posición. Y por ejemplo, con la aprobación de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima, todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, deberán hacerse en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad sensorial. Asimismo todas las medidas de protección deberán tener en cuenta también las necesidades específicas derivadas de la edad, del género, de la discapacidad y del nivel de madurez. Por otra parte, acabamos de modificar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que permitirá a las personas con discapacidad formar parte del mismo. No obstante todos somos conscientes de que quedan pendientes reformas importantes para culminar el proceso de adaptación respecto a la Convención de Naciones Unidas.
Sí me gustaría decir que, desde el plano político y legislativo, la convención es un tratado vivo, una fuente continúa de cambios que se van desplegando con mayor o menor celeridad, y como ya les he dicho se está trabajando en la modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la Comisión Codificadora del Ministerio de Justicia, con el objetivo de regular adecuadamente los derechos de las personas con discapacidad, con todo el rigor necesario para, a su vez, proteger a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Como ven la culminación de todas estas reformas se va desplegando progresivamente, por tanto sí que estamos cumpliendo con la adaptación de la convención en nuestra legislación y en nuestra normativa. Recientemente también hemos acordado crear una fiscalía para la discapacidad. Es la primera vez en la historia que la justicia -de la fiscalía- se va a encargar de supervisar de manera especial todo lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Y hoy mismo en esta Cámara se va a producir un hecho muy importante, y es que se va a iniciar el proceso de tramitación de uno de los aspectos fundamentales que determinan la autonomía de las personas con discapacidad, el refuerzo del ejercicio de su derecho al voto. Cuando esta tramitación haya finalizado habremos dado un paso más.
El posicionamiento de esta ministra es que sinceramente tenemos que velar por algo que ya expuso la defensora del pueblo, cuando recomendó en las Cortes la incorporación de la doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre el ejercicio efectivo de este derecho para las personas con discapacidad, de modo que solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona pueda privársele del derecho al voto. Pienso que el camino ya había sido emprendido por parte de la fiscalía y la defensoría del pueblo, y que se va a seguir por parte de esta Cámara hoy, por tanto este es el camino que debemos continuar para adaptar la legislación de nuestro país al artículo 12 de la convención. Pero no solo con la proposición de ley de esta tarde estamos adaptando nuestra legislación a la convención, sino que el Gobierno también está haciendo esfuerzos -no solo este, sino los anteriores-, y desde que España firmase la Convención de Naciones Unidas en 2006 hemos avanzado muchísimo hasta este año 2017 en la adaptación de nuestra normativa. Por tanto pongamos el foco en los avances que vamos haciendo y en lo que queda por hacer sin bajar la guardia, pero no digamos solo que no hemos hecho nada para adaptarnos a la convención, porque no sería cierto.
En cuanto a accesibilidad, de la cual han hablado varios grupos, también me he referido a la necesidad de seguir avanzando en la accesibilidad. La accesibilidad universal implica un mundo libre de barreras, las visibles y las invisibles, que impiden el normal desarrollo de las personas con discapacidad, pero déjenme decirles una cosa en la que ya he hecho énfasis en mi primera intervención. En el Plan Estatal de Vivienda 2018-2012 se han previsto nuevas ayudas para reforzar el apoyo que reciben estas personas para la realización de obras de accesibilidad, pero esta vez se reconocen también las obras en la casa individual. Y el nuevo plan, que está en fase de elaboración, tiene previsto incrementar del 50 al 75% el porcentaje de la obra asumida por el Estado en el caso de adaptaciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o mayores de sesenta y cinco años.
En relación con el cumplimiento -que varios portavoces han mencionado- del plazo establecido por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para que el próximo 4 de diciembre todos
los productos, bienes, entorno y servicios sean accesibles, quiero recordarles que la accesibilidad no obliga solo a la Administración General del Estado -no solo obliga al Gobierno de España-, también obliga a las administraciones autonómicas, a los ayuntamientos y a toda la sociedad civil en su conjunto, porque la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y asistencia social corresponde a cada una de las diecisiete comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, dentro de sus territorios, así como a los 8124 municipios de España que tienen competencia en materia de urbanismo. Asimismo a todas las universidades, tanto públicas como privadas, que tienen la obligación de hacer accesibles sus centros.
Desde la Administración General del Estado estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder cumplir dentro del plazo establecido las condiciones básicas de accesibilidad de los diferentes entornos establecidos en el texto refundido. Estamos ultimando también los trabajos del II Plan Nacional de Accesibilidad. El primero era el relativo al periodo 2004-2012, luego aprobamos el texto refundido en 2013, por tanto desde aquel momento hasta ahora hemos mejorado y hemos hecho ya importantes avances en materia de accesibilidad, de los que debemos estar orgullosos. ¿Por qué? Porque no estamos parados y porque seguimos trabajando. Por ejemplo, las páginas web del portal de nuestro ministerio se han desarrollado siguiendo los principios de accesibilidad y usabilidad establecidos en la ley. La Oficina de Atención al Cliente de ADIF dispone de un servicio de videointerpretación en lengua de signos española. La megafonía de la estación se representa de forma textual en los monitores de información. Además hay disponible un servicio de información telefónica y comunicación vía texto para dispositivos móviles. En las comisarías se han instalado bucles magnéticos y sistema audiovisual de intérprete en la lengua de signos SVIsual para la atención de personas sordas. El Ministerio de Industria garantizó la audiodescripción en todos los canales de televisión durante el pasado año, con más de 8396 horas, frente a las 6400 horas audiodescritas en 2015. Renfe ha anunciado que va a presentar su nuevo plan de accesibilidad integral 2018-2026, que contemplará la adaptación de trenes y estaciones, así como la adquisición de nuevos vehículos totalmente accesibles. El objetivo de este plan es dotar de accesibilidad universal a toda la cadena de viaje para que los clientes del tren puedan llegar sin obstáculos desde el acceso a la estación de origen y el interior del tren hasta la llegada al destino. Por último les recuerdo que las infracciones de accesibilidad que solo se produzcan en el ámbito de una comunidad autónoma únicamente se podrán castigar mediante ley específica de esa comunidad autónoma, y a día de hoy ninguna comunidad autónoma tiene una ley réplica de la del Estado en materia de infracciones y sanciones. Por tanto, quizás no sea el Gobierno de España el que no cree en la accesibilidad, sino otros Gobiernos de otras comunidades autónomas.
Le voy a decir algo más, señor Ruiz. El Plan de vivienda incluye por primera vez ayudas individuales, como le he dicho, para la rehabilitación de viviendas, y esto lo hace el Partido Popular. ¿El PSOE qué hacía? ¿Sabe qué hacía? Regalaba zapatillas, deportivas, bambas, como decimos en catalán, a través de la Sociedad Pública de Alquiler, una de las iniciativas más fracasadas y ruinosas que se recuerdan de la ministra Trujillo. Esta es la realidad. El Gobierno, apoyado por el Partido Popular, cree de verdad en la accesibilidad y actúa. ¿Que nos queda mucho por hacer? Por supuesto, pero también queda mucho por hacer en muchas comunidades autónomas. Hoy mismo muchas personas con discapacidad protestan en Sevilla, Málaga, Granada y Almería para exigir la eliminación de barreras, en una comunidad que gobiernan ustedes, el Partido Socialista. Quizás son ustedes los que no se lo creen. Por ejemplo, en otra comunidad autónoma solo tienen un hospital accesible, así que realmente queda por hacer accesibles todos los demás hospitales. Por tanto, no imputen toda la carga al Gobierno de España porque no es así. Justamente tuvimos el Premio Roosevelt en 2012 no por casualidad, sino porque hemos hecho grandes esfuerzos. Nos queda por hacer y lo reconozco en esta Comisión, porque es donde lo tengo que reconocer, pero también ustedes tendrían que reconocer qué están haciendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas gobernados por ustedes.
Señor Ruiz, hay que recordar que el mayor peso de las políticas sociales recae en las comunidades autónomas, que es competencia de las comunidades autónomas. ¿Está usted en condiciones de afirmar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista han incrementado estos años su aportación a las políticas de discapacidad? ¿Usted me lo puede confirmar realmente? ¿O el Grupo de Podemos me lo puede confirmar ahí donde apoya a Gobiernos autonómicos? ¿Seguro que me lo pueden confirmar? Esta es una Comisión donde hemos crecido juntos, donde hemos mejorado muchísimo en la accesibilidad y en romper y eliminar barreras visibles e invisibles. Esto también lo han hecho todos los Gobiernos; no solo el Gobierno del Partido Popular, sino todos los Gobiernos de este país durante los
últimos cuarenta años, junto con la sociedad, con el tercer sector y con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero no imputen la carga solo al Gobierno de España porque les he demostrado con hechos reales, no con triunfalismos, que estamos trabajando en la mejora de la accesibilidad. En efecto, las políticas en materia de discapacidad -nosotros tenemos esta visión- son horizontales; no solo actuamos desde la Dirección General de Apoyo a la Discapacidad -cuyo director general, Borja, hoy nos acompaña-, sino también desde todos los ministerios: Fomento es un ministerio importante en la ayuda a la accesibilidad, así como Justicia o Empleo. Por tanto, nosotros como Gobierno trabajamos de forma horizontal y transversal con todos los ministerios en apoyo a la discapacidad.
El gran cambio social que supone caminar hacia la accesibilidad universal no tiene fecha de caducidad -lo he dicho al principio- porque es un ejercicio que debemos incorporar siempre. Cada día tendremos que ir mejorando la accesibilidad con las nuevas tecnologías, que están avanzando más rápido que nosotros como humanos. Hoy, en esta comparecencia, tienen el compromiso de esta ministra para seguir trabajando por una sociedad completamente accesible y espero contar con el de los partidos a los que ustedes representan, así como con el de los Gobiernos autonómicos y municipales y el de las empresas privadas.
Se ha hablado desde los diferentes grupos parlamentarios sobre el empleo y he escuchado ciertas críticas. Les he dicho en mi primera intervención que el acceso al empleo es el primer escalón para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Así lo vemos, lo sentimos y en ello trabajamos nosotros como Gobierno. Por eso hemos de sentirnos satisfechos de que desde el año 2012 el fomento del empleo de las personas con discapacidad se haya convertido en una medida fundamental para alcanzar la autonomía personal. Hoy en España podemos decir que hay más personas con discapacidad trabajando que nunca, igual que hay más mujeres trabajando que nunca. Esto es un logro de todos: de los trabajadores, de los empresarios, de las administraciones públicas y de los Gobiernos -de la nación, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos-. Esto ha sido gracias a todos, sobre todo al gran esfuerzo de la sociedad. También la afiliación de personas con discapacidad crece a un ritmo de un 9%, el triple que la media nacional en cuanto a empleos de personas sin discapacidad. Nunca, jamás, se habían firmado tantos contratos con personas con discapacidad. Mientras que en el año 2016, saliendo de una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente, se celebraron casi 270 000 contratos a favor de personas con discapacidad, señor Ruiz, en el año 2007 -cuando no estábamos inmersos en la crisis económica-, con unas condiciones económicas mucho más favorables, el entonces ministro de Empleo, el señor Caldera, en una entrevista con Servimedia dijo bien claro, haciendo alarde de que estaban trabajando tanto por la discapacidad, que hubo 60 000 nuevos contratos de personas con discapacidad. Esto lo dijo en 2007, cuando había unas condiciones económicas inmejorables porque aún no estábamos inmersos en esta crisis económica. Hoy puedo decir que en 2016 se ha pasado, de esos 60 000 contratos para personas con discapacidad de 2007, a 270 000 contratos. Esto no es triunfalismo, es un hecho, una realidad y un dato objetivo. Por tanto, antes de decirnos que todo lo hemos hecho mal, vayamos a la hemeroteca. Sin duda, es necesario seguir avanzando en las reformas oportunas que permitan mejorar los procesos de inclusión de nuestro mercado de trabajo, pero los resultados del modelo actual son buenos. ¿Que queremos más? Por supuesto. Queremos la plena inclusión laboral de todas las personas con discapacidad, pero es indudable que hemos mejorado en estos diez años.
El Gobierno ha hecho un intenso trabajo en materia de acceso al empleo para las personas con discapacidad y las cifras así lo demuestran porque somos el primer país de Europa en creación de empleo para las personas con discapacidad. Este dato también lo quiero poner de relieve porque es objetivo. Además, le voy a dar otro dato. Los datos publicados recientemente por el INE correspondientes a 2015 ponen de manifiesto que el gap salarial entre las personas con y sin discapacidad se ha reducido 1,4 puntos en 2015 respecto al año 2014, lo que también es una buena noticia que nos indica que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Nosotros aplicamos de forma transversal la discapacidad en todas las normas de fomento del empleo; los resultados aquí están y pienso sinceramente que no son triunfalistas, sino objetivos y mejores que los de 2007, cuando no había crisis económica.
En cuanto a la educación, el señor Alli, portavoz del Grupo Mixto, es el que más se ha referido a ella. En mi primera intervención solo me he referido a la educación en cuanto a las cuentas durmientes, pero sí creo que tenemos que hablar en general de la educación en la inclusión. El portavoz Tremiño ha dicho que Portugal y España -Portugal es el primero- son dos de los grandes países europeos que están más avanzados en la inclusión en la educación. Tenemos que continuar trabajando para avanzar en materia de educación inclusiva. España se encuentra en un proceso continuo de implementación de dichos
compromisos para que de manera progresiva y avanzando año a año se garantice la plena efectividad de los derechos recogidos en la convención. Una parte importante del alumnado con necesidades educativas especiales; en concreto, el 83% está integrado en centros ordinarios. El señor Tremiño ha hablado de Alemania. Muchas veces miramos a Alemania, pero en esta cuestión está en el 40%. Pues España, junto con Portugal -que está más avanzado que España-, está en un 83%, aunque hay cierta variabilidad en el porcentaje de integración en las distintas comunidades autónomas, lo que también quiero dejar claro. Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, los mayores porcentajes de integración corresponden a los trastornos graves de conducta y de personalidad, que están en un 96,8% de inclusión. Esto lo tenemos que resaltar porque es un gran dato. En la discapacidad visual estamos en un 95,1%; en la discapacidad auditiva, en un 94,1%, y el menor nivel de integración lo tiene el alumnado que presenta plurideficiencia, con un 40%. Por tanto, tenemos que continuar avanzando con el tercer sector y con el Ministerio de Educación, así como con las comunidades autónomas, que tienen la competencia de educación transferida.
Tal y como suscriben las primeras palabras del preámbulo de la Lomce, el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. En esta línea vamos a continuar trabajando para que la educación inclusiva sea la solución general y para que los padres de niños con discapacidad tengan total libertad para elegir el centro donde quieren que se eduquen sus hijos. En este mismo sentido, el pasado 21 de diciembre se acordó la creación de la subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Deporte con el objeto de elaborar un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Dicho informe contendrá un diagnóstico y unas propuestas para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación y, por tanto, el Gobierno actuará conforme a lo que determine este pacto de Estado, porque se está trabajando también en la subcomisión por este pacto para la inclusión de la discapacidad en nuestras escuelas. Quiero volver a recordarles el compromiso de este Gobierno con la educación de las personas con discapacidad, que consideramos esencial para seguir avanzando en su inclusión en el mercado laboral. Es esencial este tándem de educación e inclusión laboral y este Gobierno ha dado este destino a las cuentas durmientes porque tenemos muy claro que tenemos que reforzar y potenciar la educación de las personas con discapacidad, porque esto nos garantiza este talento en la inclusión laboral.
Es verdad que en mi primera intervención no he hablado de dependencia, pero quiero decir que, como saben ustedes, dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la dependencia está en el Imserso, no en la Dirección General de Apoyo a la Discapacidad. Por eso en mi primera intervención no me he referido a ella. Sí es cierto que el 80% de la dependencia está sobre todo en el envejecimiento; quiero decirlo porque una cosa es dependencia y otra discapacidad, para que nos situemos. En dependencia, nos vamos a referir a enero de 2017, cuando en la Conferencia de Presidentes -el presidente Rajoy junto con los diecisiete presidentes autonómicos- convinieron doce grandes acuerdos. De ellos, dos son competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Uno es un pacto de Estado contra la violencia de género, que ya hemos alcanzado, aunque no por unanimidad. Me hubiera gustado que así hubiera sido, ya que la portavoz de Podemos ha hablado de la violencia de género y de que no estamos haciendo lo suficiente, me hubiera gustado que ustedes no se hubieran abstenido sino que hubieran votado a favor, porque realmente es un gran paso en la lucha contra la violencia machista y toda la violencia en contra de las mujeres. Como decía, de esa Conferencia de Presidentes teníamos dos acuerdos que conseguir desde el Ministerio de Sanidad, Servicios e Igualdad. Uno, un pacto contra la violencia de género y, dos, un informe, en el que había un primer acuerdo, que es el de la financiación autonómica, y dentro de ella se abría una pata donde teníamos que hacer un informe de viabilidad y estudio de la dependencia. Puedo decir que ha sido otro reto histórico que hayamos conseguido aprobar este informe en el pasado Consejo Territorial de Atención a la Dependencia por todas las comunidades autónomas y por unanimidad.
Les voy a explicar lo que dice este informe, porque he visto que algunos de los portavoces no estaban informados y no conocían qué es lo que habíamos hecho este año en cuanto a dependencia desde el ministerio. Primero de todo, el compromiso firme de este Gobierno con la Ley de dependencia, con la preservación del modelo de dependencia y su viabilidad económica. Esto lo quiero dejar bien claro. En cuanto a la dependencia, hemos cumplido el acuerdo adoptado por la Conferencia de Presidentes, cumpliendo los dos mandatos que teníamos y, por tanto, nuestra responsabilidad a la hora de gobernar a través de nuestra capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos. Como he dicho al principio de mi intervención, teníamos muy claro que teníamos que utilizar los órganos que existen en el ministerio como son los consejos interterritoriales; con doce meses de Gobierno llevamos ya celebrados nueve consejos
interterritoriales de nuestro ministerio, por tanto, existe la voluntad inequívoca de este Gobierno para fortalecer nuestro sistema de atención a la dependencia. Hemos sido capaces de consensuar por primera vez con todas las comunidades autónomas un análisis del sistema de atención a la dependencia. Se han realizado anteriormente otros análisis, pero en ninguno habían participado el Gobierno y todas las comunidades autónomas. La propia ley de 2016 decía que después de diez años teníamos que revisar la ley y, por tanto, lo hemos hecho, hemos cumplido con el mandato de la Conferencia de Presidentes. Es la primera vez que se realiza un análisis de estas características, compartido con la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es un informe que es un punto de partida, una radiografía que nos permite, a partir de ahora, ordenar la reflexión en torno a las decisiones a tomar en un contexto de envejecimiento de la población y falta de cuidadores familiares, con el objetivo último de seguir trabajando en la mejora del sistema.
El informe tiene tres bloques. El primero es el análisis de la situación actual del sistema de atención a la dependencia, repasando los principales indicadores de gestión y dónde tenemos que mejorar. En el segundo bloque se realiza un análisis sobre el coste del sistema y de sus mecanismos de financiación y, en el tercero, se recogen las dos conclusiones, habiendo sido elevado ya este informe al grupo de trabajo de la financiación autonómica. Voy a referirme a los principales indicadores de gestión del primer bloque. Les reitero que el informe está aprobado por unanimidad. Les resumo los indicadores claves para mostrarles una fotografía de la situación actual. A 31 de agosto de 2017 hay 1 668 000 solicitudes de valoración presentadas, lo que representa un 3,5% de la población española. De estas, el 92,7% están ya valoradas y hay 121 000 personas en listas de espera para su valoración. De estas personas valoradas, hay 1 226 000 personas con el derecho a la atención reconocido, estando recibiendo ya una prestación efectiva 915 000, por lo que hay 310 000 personas con derecho reconocido y en lista de espera para recibir una prestación. Esto significa que el grado de cobertura del sistema es del 75%, cuatro puntos más que el año 2011. Distinguiendo los grados de dependencia, la cobertura es del 86% en los casos de personas con grado reconocido de dependencia severo o moderado y del 52% en el leve. Por último, el 88% de los usuarios actuales del sistema son personas que se han incorporado en él en los últimos seis años, es decir, desde el año 2012; durante el Gobierno del Partido Popular se han incorporado al sistema de atención a la dependencia 807 000 personas. De hecho, el informe, consensuado por todas las comunidades autónomas, concluye que la evolución de los principales indicadores de gestión es positiva, aunque pone el foco en la necesidad de intensificar los esfuerzos para reducir la lista de espera, que sí que les quiero recordar que es competencia de las comunidades autónomas porque ellas son las responsables de la valoración y del reconocimiento de las personas. Por tanto, tienen la competencia transferida.
En cuanto al segundo bloque, en relación con los costes del sistema, el informe, a partir de la información recogida por las comunidades autónomas, el Imserso y el Ministerio de Hacienda, determina que el coste total del sistema de atención a la dependencia se sitúa en 7153 millones de euros al año y que la proyección para el año 2016 asciende a 7985 millones de euros. En cuanto a los mecanismos de financiación, tal y como dijo el Tribunal de Cuentas, el Gobierno de la nación financia un 51% y las comunidades autónomas el 49%. Yo quiero dejar bien claro esto aquí, puesto que siempre hablamos de la parte finalista y no de la parte de la Lofca, porque la financiación de la dependencia se hace en dos líneas. Una, finalista a través del nivel mínimo de protección, y otra, a través de la Ley de Financiación Autonómica, en la que este informe se pone a trabajar, en el grupo de trabajo de financiación autonómica de la Conferencia de Presidentes. Pero si cogemos las dos líneas de financiación, la finalista de nivel mínimo y la de la Lofca, el Tribunal de Cuentas determinó que el Gobierno de España aportaba el 51%. Nosotros pensamos que este informe supera esta confrontación dialéctica constante entre comunidades autónomas con Gobierno de España y grupos políticos con Gobierno de España sobre la financiación, sobre cómo se hace o no se hace. Lo que justamente buscaba este informe es superar esta confrontación dialéctica de financiación, ponernos a trabajar y revisar la Ley de dependencia en estos últimos diez años, cómo la podemos mejorar así como poner este informe en el grupo de trabajo de financiación autonómica.
Otra de las conclusiones del informe, porque el portavoz de Ciudadanos ha hablado de género en la Ley de dependencia -me parece que ha sido usted-, es el perfeccionamiento de los sistemas de información para mejorar la información disponible y poder mejorar así también el análisis de los datos. También el informe dice que tenemos que mejorar la simplificación de la normativa para ganar agilidad en la gestión. También pone mucho énfasis en la priorización de los servicios profesionales y la conveniencia de incorporar en el análisis de la financiación datos del retorno económico que genera la atención a la
dependencia haciendo referencia a la creación de puestos de trabajo y a la recaudación impositiva. Ya les puedo decir que debido a este informe el Imserso ya ha encargado un estudio en este sentido y que en breve lo tendremos. El informe también ve la necesidad de incorporar la variable de género en el análisis de las necesidades específicas, tanto de las personas cuidadoras como de las personas con dependencia porque las mujeres son mayoritarias en ambos colectivos.
Quiero continuar diciendo que hemos avanzado en la dependencia porque el Gobierno está comprometido con la misma. En el consejo territorial aprobamos por unanimidad este informe, al igual que aprobamos por unanimidad la determinación de los contenidos. Hemos avanzado en el servicio de teleasistencia, que se encontraba pendiente desde 2013, y hemos aprobado un programa de teleasistencia avanzada de 17 millones de euros. Asimismo, en el consejo interterritorial hemos avanzado porque a final de año se terminaba el plazo para las acreditaciones de los profesionales de centros y servicios de dependencia y quedaban muchas personas para acreditar, pero no queríamos bajo ningún concepto que nadie perdiera el puesto de trabajo, por lo que, por unanimidad en el consejo territorial también hemos prorrogado estas acreditaciones y, por tanto, salvaguardado y garantizado los puestos de trabajo de los cuidadores. Algo también muy importante es que estamos tramitando un real decreto para recuperar progresivamente el nivel de los ingresos mínimos reducido en 2012, ya que ha sido una de las grandes críticas que me han hecho hoy aquí. Se va a incrementar un 5% y esperemos que en los próximos años vayamos aumentando progresivamente este 5% cada año. En este Gobierno teníamos claro que tendríamos que recuperar el nivel y restituir a los cuidadores su esfuerzo cuando la actividad económica se recuperase. Es cierto que en épocas de crisis económicas todos hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, pero como Gobierno teníamos claro que cuando la economía se recuperase tendríamos que devolver este esfuerzo. Por tanto, estamos redactando y tramitando este real decreto para recuperar progresivamente el nivel de los ingresos mínimos en un 5%. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.
Para finalizar respecto de la dependencia, tengo que decir que haber cerrado este informe en seis meses, por unanimidad, lo considero un hito sin precedentes. Como he dicho, queremos que entre todos podamos superar la dialéctica en cuanto a la financiación, sobre cómo lo hacemos o lo dejamos de hacer, porque este informe justamente hace una radiografía general del estado actual de la financiación y fija unas conclusiones que se incorporarán al grupo de trabajo de financiación autonómica. Por tanto, el compromiso de esta ministra, junto con las comunidades autónomas, es continuar trabajando en la protección, la viabilidad y la estabilidad de la Ley de dependencia. También quiero decir que al último consejo interterritorial vinieron también los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas porque también desde el área social, no solo como Gobierno sino también como comunidades autónomas, hemos dicho que el Gobierno de España en estos presupuestos ha incrementado en 5300 millones de euros más la financiación autonómica. Hemos reclamado a los consejeros de Hacienda que no se olviden de que el dinero que se recibe a través de esta mejora de financiación autonómica ha de servir para el mantenimiento del Estado del bienestar y, cómo no, de la Ley de dependencia.
Ciudadanos y alguien más me han hablado de autismo. Es verdad que en mi primera intervención no lo he mencionado, pero en el Gobierno estamos firmemente comprometidos con las personas con autismo y sus familias. El Gobierno en el año 2015 aprobó la primera Estrategia nacional en trastornos del espectro del autismo que responde a una demanda histórica de las personas afectadas y sus familias. Esta estrategia engloba cuatro líneas estratégicas de carácter transversal: la concienciación y la sensibilización, la accesibilidad, la investigación y la formación de profesionales. Asimismo, se fijan las seis líneas estratégicas específicas como es la salud en estrategias de detección temprana; el ámbito educativo, como es la inclusión escolar; el empleo, en servicios de orientación laboral; la inclusión social, la participación y vida independiente con recursos para la vida adulta; también la justicia y el empoderamiento de los derechos y la consolidación de los apoyos. Por tanto, para poner en marcha esta estrategia, en 2016, al inicio de esta legislatura, se encomendó la elaboración del correspondiente Plan de desarrollo al servicio de información de la discapacidad, trabajo al que se sumó la participación de todas las entidades representantes de las personas afectadas y sus familias. Tras el parón político que sufrió el país, con un año de Gobierno en funciones, retomamos los trabajos en esta legislatura y el 17 de enero se recibió un borrador del plan elaborado por las asociaciones. El 24 de febrero se llevó a cabo una reunión con dichas asociaciones para una revisión de las medidas propuestas y su desarrollo. En esta reunión se concretó la mayor parte del contenido del plan. El 2 de marzo se llevó a cabo una segunda reunión a fin de completar los temas que quedaron pendientes, entre ellos la estimación de costes asociados, así como la elaboración
de indicadores de seguimiento y la circulación del documento a otros ministerios. En este momento, el plan está pendiente de recibir las aportaciones de los otros ministerios para continuar con su tramitación, pero me atrevo a decir que será un plan que podremos tener ya finalizado en el primer trimestre del año que viene, de 2018, y, por tanto, podremos hacer la presentación.
Usted también me ha preguntado sobre la talidomida. ¿Qué nos pasaba? En primer lugar, este fue uno de los acuerdos de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos desde el inicio de la legislatura en lo que respecta a la parte de sanidad de nuestro ministerio, pero la talidomida afecta también a las personas con discapacidad y por eso también he querido hablar sobre la misma porque sinceramente pienso que España está en deuda con los afectados de esta enfermedad. Teníamos muy claro que había que terminar el año con un registro que contuviera nombres y apellidos, informes médicos y causa-efecto de todos los afectados de la talidomida. Hasta ahora ha habido un poquito de dispersión, siendo las comunidades autónomas las competentes, si bien trasladan toda la información de lo que ellos ya han hecho a través de la Comisión de seguimiento, del grupo de trabajo y del Instituto Carlos III porque los afectados de talidomida tenían mucho miedo de que empezáramos de cero y les dijimos que no. Por este motivo lo pasamos por un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud para coordinar, junto con todas las comunidades autónomas, el aprovechamiento de todo aquello que ya tenían realizado y simplemente se trata de homogeneizar el canal y el sistema para hacer un único registro y tenerlo definitivamente. Creo sinceramente que vamos a cumplir con los plazos que nos hemos dado con el Grupo Ciudadanos. También quiero decirle que su homólogo en sanidad, el portavoz de Sanidad, ha estado muy presente en el seguimiento de los trabajos junto con Avite y con el ministerio para poder cumplir con los plazos que nos hemos dado y en los que estamos ya trabajando. Mañana, que tenemos consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, uno de los temas de los que vamos a hablar otra vez es el de la talidomida para terminar de coordinarnos. Pienso sinceramente que a finales de año o en el primer trimestre del año que viene podremos tener el registro con todos y cada uno de los afectados de la talidomida y, si Dios quiere, esperamos tener presupuesto necesario para atender a todas las necesidades de los afectados de talidomida.
Abordaré a continuación el tema del IRPF. El señor Campuzano ha vuelto y estoy feliz de que usted -que ha sido una persona tan crítica de forma constructiva con el modelo del IRPF en los últimos veinte años en los que mayoritariamente la Generalitat ha estado gobernada por el partido que usted representa- nos haya felicitado por este nuevo modelo. Por tanto, intuyo de sus palabras que en el futuro no habrá recurso por parte de la Generalitat hacia este nuevo modelo. La verdad, le soy sincera, ha sido un gran esfuerzo de todas y cada una de las comunidades autónomas, del tercer sector y también de la secretaría de Estado. Antes he dado las gracias públicamente al secretario de Estado y a todo el equipo de la Dirección General de Familia porque ha sido así, ha sido un trabajo duro cambiar en seis meses un modelo que ha funcionado muy bien durante treinta años para que las ayudas llegaran realmente a final de año y no dejáramos sin percibirla a 7 millones de españoles que la reciben. Ha sido algo muy costoso en tiempo y, sobre todo, muy costoso jurídicamente y en acuerdos, así como en horas de diálogo con el tercer sector y con las comunidades autónomas. Por tanto, estoy feliz de que usted reconozca ese esfuerzo y acepte este nuevo modelo de tramo estatal y tramo autonómico.
Usted me ha hablado de Cataluña, nuestra apreciada y queridísima tierra, pero yo no voy a hacerlo aunque sí que le voy a decir una cosa. El Gobierno del Partido Popular siempre cumple con las sentencias, con todas y cada una de ellas, y más las del Tribunal Constitucional. Nuestro compromiso es incuestionable, y está bien que usted invoque las sentencias del Tribunal Constitucional y que lo haga usted siendo del grupo que es.
En cuanto al IRPF, que el portavoz de Ciudadanos me ha hecho varias preguntas sobre el 0,7%, quiero decirle que ya estamos en fase de subsanación de defectos. El órgano de valoración se va a convocar dentro de diez días. Por tanto, estamos en la fase de tramitación. Quiero dejar bien claro que el proceso es en concurrencia competitiva. Las concesiones de subvenciones derivan del concurso y de la calidad de los proyectos que se prestan, porque usted me ha dicho que hay algunas entidades que a lo mejor se van a quedar o no se van a quedar, y yo le tengo que decir que al final en una convocatoria pública de un programa social como el del 0,7%, como tantos programas que hace el ministerio y otros ministerios, está claro que siempre exigimos concurrencia competitiva, que deriva de un concurso y de la calidad de los proyectos que se presentan. Por tanto, veremos a final de año cómo ha quedado este nuevo modelo. Pero desde aquí quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad a todo el tercer sector social. Está claro que los cambios no nos gustan a nadie, pero también quiero dejar claro, ya que antes
estaba contestando al señor Campuzano, que si el Gobierno ha tomado esta decisión es por cumplir una sentencia recurrida veinte años consecutivos por el Gobierno de la Generalitat. El Gobierno de España jamás habría cambiado el modelo del 0,7 porque pensamos sinceramente que llega a los 7 millones de españoles, que cohesiona territorial y socialmente nuestro país y, por tanto, nosotros no creíamos en la obligación de modificar este modelo. Nos hemos visto obligados por una sentencia del Tribunal Constitucional y nosotros cumplimos con las sentencias del Tribunal Constitucional. Por tanto, quiero dar un mensaje de tranquilidad al tercer sector y a ustedes como grupos parlamentarios en el sentido de que este año es el primero en que cambiamos un modelo con treinta años de vigencia, es un cambio bastante importante y, por tanto, todos debemos intentar no hacer sangre de este nuevo modelo, sino que, como dijimos bien claro en el Consejo territorial de servicios sociales, nos comprometíamos a que, una vez terminado este modelo, lo revisaríamos y lo mejoraríamos, porque al final es una convocatoria anual. Esta convocatoria tenemos que hacerla cada año de nuevo. Por tanto, en la convocatoria del año que viene ya miraremos aquello que no ha terminado de funcionar para que funcione. Pero aquí también necesito de la buena voluntad y de la buena disposición de las comunidades autónomas; algo que hasta ahora hemos tenido, y también lo quiero agradecer. También quiero decir que este año este programa sube 7 millones de euros más. Alguien ha dicho -creo que ha sido la representante de Unidos Podemos- que a lo mejor no llegaríamos a las personas. Hay 7 millones de euros más que el año pasado, por tanto tiene que llegar a más personas, o si es a las mismas personas, con más cantidad de dinero, porque realmente todo el programa se destina directamente a las personas. No se destina ni a la gestión del programa ni a otra cosa; va íntegro a las entidades del tercer sector a través de sus programas, y de ahí va directamente a las personas a las que va dirigido.
Sobre la violencia de género, ya he contestado a la portavoz de Unidos Podemos que me hubiera gustado que se hubieran sumado al Pacto de Estado contra la violencia de género. Una abstención no es un voto en contra y, por tanto, pienso que estamos en disposición en esta última fase del trabajo acerca del pacto de Estado contra la violencia de género -donde sumamos a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los sindicatos, a la CEOE y al tercer sector social a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género- de terminar de redondear este pacto. Así pues, estamos convencidos de que va a ser una gran herramienta con la que, como sociedad y como Gobierno, podremos continuar luchando para terminar con esta gran lacra que es la violencia de género.
Creo que no me he descuidado nada. Si lo he hecho, ahora en la última intervención me lo preguntan. Si les quiero decir que el camino es largo; los obstáculos a salvar son numerosos, pero el compromiso de este Gobierno y de toda la sociedad española con la discapacidad es pleno y, sobre todo, no tiene fecha de caducidad; es constante la mejora y la transformación social que cada día tenemos y que tendremos que hacer para conseguir la plena igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
No sé si se ha dejado algo o no; ahora lo podremos comprobar en este último turno de portavoces, pero se debe constatar que la cantidad de información trasladada ha sido importante. Tal como acordamos en Mesa y portavoces, voy a dar un turno de intervención a los portavoces de un minuto. Ustedes saben que un minuto no son cinco minutos, pero por si acaso, es bueno recordarlo. Será con el mismo esquema de intervención inicial. Tiene la palabra el diputado don Iñigo Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora ministra, muchas gracias por transmitir el conocimiento de su ministerio. Por tanto, enhorabuena porque le honra. En el poco tiempo que tengo debo decirle que yo no me he sentido contestado, y me explicaré, señora ministra. Tal vez sea porque igual no tiene a su disposición la información; cosa que puedo entender y por eso le emplazo a que en un futuro tengamos una reunión y pueda contestarme a unas preguntas concretas que le he hecho en relación con la Comunidad Foral de Navarra. Aquí no vamos a hacer mala política, tenemos que abrir un debate serio sobre la viabilidad y la sostenibilidad en el futuro de la dependencia por el hecho de la longevidad que tienen los habitantes de nuestro país. Me parece fantástico todo el trabajo que se haga desde el ámbito ejecutivo, aunque también tenemos mucho que decir, obviamente, en el ámbito legislativo. Usted me ha respondido -o he entendido que ha querido responder- de soslayo en relación con el nivel mínimo de financiación que la inversión finalista a las comunidades iba a través de la Lofca. La Comunidad Foral de Navarra no se rige por esa Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como usted bien sabe. Por lo tanto, yo he hecho hincapié en el nivel de financiación acordado, es decir, aquel que allá
por 2006 acordamos las comunidades autónomas y la Comunidad Foral de Navarra con el Estado para cofinanciar esa parte de las prestaciones en ese nivel acordado. Como nosotros no nos regimos por la Lofca, tenemos un Convenio Económico que además se firmó en noviembre de 2007 en la Comisión de cooperación entre Navarra y el Estado. Por tanto, me gustaría, si es posible, volver a preguntar sobre esto, porque usted me habla de un informe aprobado en el consejo territorial y, claro, allí están representados los Gobiernos autonómicos. Si mi actual Gobierno foral de Navarra ha aprobado algo que va en contra del interés de las 31 000 personas que antes le decía que tienen algún tipo de discapacidad o dependencia, me preocupa aún más, como me preocupa en este momento que, aunque haya más dotación presupuestaria -no lo negaré- en el ámbito social de Navarra, hayamos pasado de una lista de espera de seis meses a doce meses para personas que piden su grado de dependencia. Por tanto, le pregunto una vez más -y acabo con esto, señor presidente- si Navarra va a recuperar los 10,1 millones de euros que ha dejado de percibir en estos cinco años y si vamos a volver a un nivel de financiación similar al del año 2006. Esas son mis preguntas.
Una vez más gracias por sus respuestas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Seré rápido. Quiero que conste en el Diario de Sesiones que la ministra Mercedes Cabrera estuvo aquí en 2008, que la ministra Trinidad Jiménez estuvo aquí el 27 de octubre de 2009, que el convenio con la ONCE no terminó en 2009, porque tengo aquí el Boletín Oficial del Estado del jueves 31 de marzo de 2011 con el convenio de 2011. Por tanto, fue en tiempos del Partido Popular cuando se terminó el convenio. Sobre trabajo, lo que le he dicho es que sea humilde y mire lo que dice Odismet, que dice exactamente lo que he dicho. Verá que la contratación es precaria, que dos de cada tres personas con discapacidad no tienen actividad laboral, que en el caso de la gente joven con discapacidad su tasa de paro llega al 63,5% y no hablemos de los porcentajes de ocupación de las mujeres con discapacidad. Es eso lo que he dicho, no si había más o menos trabajo. He dicho eso, que sea humilde.
Sobre accesibilidad, tiene usted razón, son todas las administraciones, pero tengo la impresión de que estamos en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados y aquí usted ha venido a darnos cuenta de su gestión; nosotros a usted, no. Yo no le tengo que contestar lo que me ha dicho, creo. ¿O tenemos aquí que discutir lo que hace cada Parlamento autonómico y cada ayuntamiento en lo que se refiere a accesibilidad? Yo creo que no. Sobre el acuerdo acerca de la Ley de dependencia, ya sabe, nosotros esperamos que sea un primer paso, pero quedan muchos para recuperar lo que han desmontado a lo largo de estos años.
Finalmente, aunque es la primera vez que ha venido usted aquí -cosa que le agradezco-, no era difícil adivinar por sus comparecencias en otras comisiones y en el Pleno cómo contestaría y, además, que haría servir aquel viejo dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. Así que le facilitaré al letrado una serie de preguntas, básicamente las que he preguntado ya, para que con calma las conteste por escrito. Gràcies per la seva atenció, senyora ministra.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyor diputat.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el diputado Clemente.
Me gustaría empezar con dos reflexiones y una repregunta, ya que yo tampoco me he sentido contestado, por lo que me veo obligado a hacérsela. Se ha comentado que España fue el segundo país del mundo en firmar y ratificar la Convención de la ONU y esta tarde en el primer punto del orden del día del Pleno tenemos la oportunidad de volver a ratificarlo y gracias al Grupo Socialista por traerlo. No creo que este sea un asunto ni del Grupo Socialista ni del Grupo Popular ni del resto de grupos. Ojalá -y lo digo de corazón; humildemente por mi grupo lo voy a defender yo- haya unanimidad, porque aquí no hay ideología que valga, salga adelante y trabajemos en ello.
Estoy de acuerdo con el tema competencial al que se ha referido. Soy de Almería, de Andalucía -hoy no he podido asistir a una manifestación de la FAAM de Almería-, pero más allá de tirarnos la pelota sobre las competencias, hablando de asuntos nacionales, en mi tierra, por ejemplo, la actual presidenta de la Mesa de Congreso, antiguamente ministra de Fomento, prometió para mi provincia un tren accesible
y ha llegado con mucho retraso. Incumplió esa promesa porque una provincia como Almería no tenía tren adaptado. Por ejemplo, me gustaría ver en cuántos edificios públicos dentro de los ascensores hay un bucle magnético. Supongo que queda mucho por mejorar.
En cuanto al autismo, me quería referir al plan de acción. Usted ha dado una fecha, cosa de la que me alegro, puesto que no había contestado a las dos preguntas desde enero.
Por último -voy a ser breve-, quiero decir que no es una crítica, sino en términos de psicología es un refuerzo positivo, cuando mi compañero Igea le decía -y se lo digo yo también-: señora ministra, créase usted que es la ministra de Sanidad, puesto que tiene una oportunidad tremenda; usted maneja entre el 35 y el 40% del presupuesto y a veces no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Humildemente, siempre y cuando veamos adecuadas las opciones -tenemos espíritu de diálogo y creo que lo hemos demostrado-, puede usted contar con los treinta y dos escaños del Grupo Parlamentario Ciudadanos para este tipo de cosas. No olvide el autismo y respóndame, por favor.
En nombre del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña María Isabel Salud.
La señora SALUD ARESTE: Señora ministra, en nombre del Grupo Unidos Podemos tres cosas muy breves. La primera es que usted, señora ministra, no nos ha convencido ni en su intervención ni en su respuesta, porque usted y el Partido Popular no tienen credibilidad porque la credibilidad se gana con los hechos y los hechos son pocos, no es que sean ninguno, no hemos dicho eso, sino que son pocos y no son suficientes. Los hechos que usted nos ha presentado son escasos. Usted incluso nos ha hablado hoy de proyectos que ni siquiera tienen legislación aprobada y ya una vez aprobados los proyectos en legislación, también es difícil que se apliquen. Por tanto, nos ha hablado de voluntades y de deseos.
La segunda cuestión que le quiero plantear es que ustedes, señora ministra, sí saben hacer bien una cosa. ¿Saben cuál es? Intervenir. Ustedes han intervenido Cataluña y han intervenido hoy mismo las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y saben lo que tendrían que intervenir? Tendrían que intervenir bancos, grandes empresas multinacionales, grandes fortunas, esas grandes fortunas que se han acogido a la amnistía fiscal. ¿Para qué tendrían que intervenirlas? Para poner sus beneficios al servicio de la gente, al servicio de lo público, al servicio de las personas con diversidad funcional.
Por último, la tercera cuestión, y con esto acabo, usted nos hablaba de becas, de adaptaciones, de accesibilidad, de ayudas y de esfuerzo económico. ¿De verdad nos está hablando de esfuerzo económico? ¿Dónde está ese esfuerzo económico? Porque en el presupuesto no está. Ese presupuesto es un presupuesto que está recortado en estos últimos años.
En definitiva, señora ministra, mucho discurso, mucha palabra hueca, eso si palabra bonita, bonita y bonita, y muy pocos resultados para la diversidad funcional.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tremiño.
Yo no pongo a contar el reloj porque primero voy a pedirle al señor presidente una vez más, y además quiero el compromiso de todos los compañeros de la Comisión, que ya que nos traen siempre a esta sala maravillosa, pero que no es accesible, que pida a la Mesa o a la presidenta que la haga accesible con una rampa sencilla para que pueda sentarme en la primera fila. Hasta que eso ocurra voy a pedir al resto de mis compañeros, si quieren, en solidaridad, no conmigo, sino con las personas con discapacidad, que se pongan en la parte de atrás como hacen mis compañeros del Grupo Popular. Eso por una parte y ahora ponga el reloj a contar.
Lo primero, señor Ruiz, tiene usted toda la razón y ya he rectificado y he dicho que había dos ministras que habían venido y pido disculpas nuevamente. En cuanto a lo del Imserso, al decir que en 2009 se cargaron el convenio, no quiere decir que acabara porque acabó en 2011, es verdad, sino que pasó de 20 millones a 3 o 4 millones -lo tendrá usted ahí en la convocatoria-, que fue realmente donde le metieron el tijeretazo, pero efectivamente hasta 2011 estuvo publicándose. También he dicho que el Partido Popular
lo reactivó a través del Convenio con el Real Patronato y la Fundación ONCE, y es verdad, con un millón de euros, que estoy seguro de que irá creciendo en los próximos años.
En relación con mi intervención respecto al Grupo de Unidos Podemos, lamento mucho que se haya molestado la portavoz del Grupo de Unidos Podemos. Con Isabel Salud tengo una buena relación, sé que es una mujer comprometida con la discapacidad, pero quiero leer, y lamento que se haya marchado la compañera, para que no quede yo como un mentiroso, una noticia de El Mundo de julio de 2016. La leo literalmente: "Echenique fue reincidente, mantuvo a su asistente en 2012 sin contrato ni Seguridad Social y repitió en 2015". "El secretario de Organización de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, es reincidente. En 2012 ya pagó en negro, sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social, y repitió en 2015". Con lo cual, pueden denunciar al periódico o decirle al señor Echenique que lo niegue. Es más, se lo podrían preguntar a un compañero de su propio partido, a Alberto Garzón, porque en la misma noticia pone: "Alberto Garzón pide explicaciones y una investigación por la asistente sin contrato de Pablo Echenique". "El coordinador federal de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha pedido este miércoles explicaciones y una investigación sobre lo sucedido con el asistente que tuvo Pablo Echenique". He leído literalmente las noticias de El Mundo de 31 de julio de 2016 a las 19:26.
Señora ministra, quiero terminar diciendo que hay una realidad que nadie ha comentado, pero que es verdad, y es que se ha pasado en los últimos cuarenta años de afrontar la discapacidad como un problema que usted ha dicho a visibilizarla y darle un valor extraordinario. Eso ha sido gracias a todos, también a los Gobiernos, a los diferentes Gobiernos que ha habido, pero yo creo que fundamentalmente -y quiero que quede constancia- al carácter cohesionado, a la madurez, a la solidez y a la generosidad de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, que han sido las que han promovido e impulsado para que los Gobiernos actuaran.
Señora ministra, tiene la palabra para contestar lo que considere oportuno.
Voy a empezar por el señor Alli. En cuanto a dependencia, en sus primeras intervenciones nadie me ha hablado del informe porque quizás ustedes no eran conocedores de la existencia de este informe y yo sí que quiero decirle que Navarra estuvo en la conferencia, que estuvo en todos los trabajos previos y que no se opuso al informe. Pero he dicho bien claro que era un informe de punto de partida, de inicio y de radiografía, porque la propia ley decía que después de diez años lo teníamos que revisar. Por tanto, lo hemos hecho con rigor y con generosidad también de todas las comunidades autónomas. Sobre todo, hay dos cosas importantes que viene a determinar y a concluir el informe, que es necesario en el proceso de revisión de la financiación autonómica, porque como ya he dicho, este es un grupo de trabajo que nace del propio acuerdo primero de la Conferencia de Presidentes sobre financiación autonómica, y por tanto en el informe se dice que en el proceso de revisión de la financiación autonómica se determinen de forma concreta las cantidades aportadas por cada Administración implicada, porque lo que pretende el informe y lo que pretendemos todos es superar esa confrontación dialéctica constante de qué aporta uno y qué aporta otro, porque queremos mantener, preservar y garantizar la Ley de dependencia y, por tanto, su viabilidad. También es necesario reconsiderar -el propio informe lo dice en la conclusión- el sistema de financiación actual con el fin de garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento de la población -quiero recordar que somos el segundo país del mundo en esperanza de vida- y la equivalencia de los esfuerzos financieros realizados por parte de cada Administración. Por tanto, le soy sincera, este informe es un gran avance, a pesar de todas las críticas que usted me ha hecho de financiación autonómica, aunque ya sé que son críticas constructivas; no se preocupe que yo me las tomo bien, ustedes saben que yo vengo de esta casa y soy a la vez diputada, por tanto les entiendo perfectamente. Quiero dejar bien claro que este informe es un paso histórico y unánime que ayuda a hacer una radiografía, un punto de partida, y ayudará al grupo de financiación autonómica. Por eso, en el Consejo territorial de servicios sociales y de atención a la dependencia vinieron algunos consejeros -aunque no vinieron todos- de Hacienda de cada una de las comunidades autónomas.
Hemos hablado del nivel mínimo, pero también del nivel acordado. Yo les quiero decir que las medidas de 2012 en materia de dependencia fueron aprobadas por todas las comunidades en el consejo territorial,
incluidas las gobernadas por el PSOE -ya que hablamos de dependencia lo digo también para el señor Ruiz-; debemos tener esto en cuenta. Fue en un consejo territorial aprobado por todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Socialista. Por eso en el presupuesto de 2017 hay un incremento de 100 millones de euros a la Ley de atención a la dependencia, fue uno de los grandes incrementos de partidas presupuestarias en nuestro ministerio. Justamente por eso queremos devolver el 5% al nivel mínimo e ir incrementándolo progresivamente en los futuros años para recuperar y estar como en el año 2011. Creemos que cuando la economía va mejor tenemos que devolver el esfuerzo que todos y cada uno de los españoles hicimos, sobre todo los que reciben la ley de dependencia.
El portavoz de Ciudadanos me hablaba de dependencia, pero luego me lo ha ligado con el 30% o el 40% del presupuesto. Ojalá nosotros moviéramos el 30% o el 40% del presupuesto general del Estado para la sanidad. Usted sabe que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, que aproximadamente dedican de un 32% a un 34% de los presupuestos autonómicos hasta un 42% o 43% a sanidad. Por tanto, son ellas las competentes y son ellas las que realmente tienen que velar por la salud y la sanidad de sus ciudadanos. Sí le quiero dejar claro que el Gobierno de España -nosotros tenemos competencias sobre todo en las farmacéuticas, la competencia de farmacia-, la voluntad de esta ministra ha sido desde el principio de esta legislatura hacer cada seis meses un Consejo Interterritorial en el Sistema Nacional de Salud, porque realmente tenemos las competencias de coordinación de las bases reguladoras del sistema. Por tanto, estoy contenta -aunque si digo que estoy contenta me dirán que soy triunfalista-, porque hemos avanzado conjuntamente con todas las comunidades autónomas en muchísimas cosas en el consejo interterritorial pasado, en el del primer semestre, y este semestre voy a hacer uno mañana y otro antes de final de año. Por tanto, habremos terminado el año con tres consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud. Como les digo a los consejeros, habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo y en otras en las que sí, pero en todo aquello en lo que sí estemos de acuerdo habremos avanzado en favor de la equidad y la cohesión en la sanidad y, por tanto, en la universalidad de la misma. Pero sí quiero hacer este matiz de que el 40% del presupuesto general del Estado no está en sanidad, sino que lo tienen las comunidades autónomas.
La portavoz de Unidos Podemos me ha hecho la crítica de que muchas palabras y pocos hechos. Déjeme decirle una cosa, la alcaldesa de Barcelona, que es de su partido o de sus mareas, desde el año 2015 ha bajado un 11% el presupuesto en lo social, y en Cádiz han bajado un 20% en políticas sociales; eso también son hechos. No se puede decir felizmente que nosotros, el Gobierno de España, solo hablamos y lo que decimos no lo contrastamos con datos, porque no es cierto. Le voy a dar otra vez datos. La cartera ortoprotésica forma parte del presupuesto y la hemos trabajado con el Cermi. Hemos incorporado en la cartera ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud nuevas medidas para las personas con discapacidad. También las subvenciones de empleo. Hoy he hablado del empleo, de los autónomos y del emprendimiento de las personas con discapacidad, pero aquí nadie lo ha mencionado. Es verdad que no es presupuesto de mi ministerio, pero sí que es presupuesto de Empleo. No hace falta volver a repetir aquí los datos de empleo, porque me parece que he sido extensa. Además, hemos promovido la trasposición de la directiva, pero hemos ido mucho más allá en la Ley de contratos de la Administración. El gran paso que va a dar la Ley de contratos va a ser brutal, porque no solo es un impacto directo, sino indirecto, ya que solo podrán contratar con la Administración pública aquellas empresas privadas que realmente cumplan con el 2% de sus puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad. ¿Usted sabe cuál será el impacto positivo y real, directo e indirecto, que esto tendrá en la sociedad? De aquí a cuatro años habremos avanzado muchísimo -digo cuatro años para poder ver el efecto real de la Ley de contratos de la Administración-, y eso lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular. Por tanto, a veces no se trata solo de una partida en concreto de la dirección de apoyo a la discapacidad; justamente por eso he dicho que nosotros como Gobierno vemos la discapacidad de forma transversal y horizontal, no solo desde la dirección de apoyo a la discapacidad, no solo desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, no solo desde este ministerio, sino desde toda la globalidad de los ministerios. Por tanto, el gran avance del Plan de vivienda desde Fomento, que prevé unos grandes incrementos en la ayuda en la rehabilitación de los edificios y de las comunidades de propietarios es muy importante, y esto también es presupuesto. Yo siempre pongo de ejemplo lo que decíamos en la Ley contra la violencia de género. Siempre se hacía la crítica de que este Gobierno no invertía, no incrementaba los presupuestos en relación con la Ley contra la violencia de género, pero no es cierto, lo hemos incrementado en el presupuesto del año 2017 más que en el año 2011. Ahora bien, la inversión que el Gobierno de España hace en la lucha contra la violencia de género no solo es de la partida de la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género, que la hemos incrementado y es superior a la del año 2011, sino que realmente estamos trabajando en la Ley contra la violencia de género desde toda la transversalidad del Gobierno; no solo son los 31,5 millones que tenemos ahora en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sino en todo el Gobierno. ¿Y cuántos son? Son 266 millones. Por tanto, no podemos mirar solo un presupuesto en concreto, ya que realmente los hechos que he explicado van acompañados de partidas presupuestarias; me estoy refiriendo a la cartera ortoprotésica, todas las materias de empleo que he explicado, todo el tema de la Ley de contratos, el impacto positivo que tendrá tanto para la Administración como para la empresa privada, el Plan de vivienda desde Fomento. Por tanto, se está trabajando muchísimo, también desde Justicia con todo lo que está haciendo para adaptar la normativa de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas
Quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular que apoye todas las medidas que hemos avanzando desde el Gobierno. El señor Tremiño, que es una persona que sufre en sus propias carnes la discapacidad, me llama cada día dos y tres veces pidiendo constantemente mejoras. Es decir, no es un portavoz que, siendo del mismo partido que el que apoya al Gobierno, no me diga nada, sino al contrario, siempre hace una crítica constructiva. Por tanto, crecemos juntos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular con el Gobierno, pero también con los otros grupos.
Quisiera finalizar mi intervención agradeciendo a sus señorías todas las aportaciones y consideraciones que hoy han realizado. El portavoz socialista me ha dicho que me haría varias preguntas por escrito y, por tanto, serán contestadas, así como todas aquellas preguntas que ustedes consideren que yo no he contestado. También quiero agradecer el tono y el espíritu constructivo de sus intervenciones, de todos y cada uno de los portavoces, porque sinceramente es la mejor manera de derribar juntos las barreras visibles e invisibles y de transformar de forma constante y socialmente la accesibilidad y la ayuda a la discapacidad. Por tanto, quiero terminar diciendo que para nosotros es importante pensar en el valor de la persona porque cada uno somos únicos e insustituibles y es deber de nuestra sociedad ser capaces de incluir todo el talento y la capacidad de nuestros ciudadanos. Por tanto, es importante que nuestra sociedad sea inclusiva social, laboral y educativamente, que es la mejor manera de acabar con las barreras visibles e invisibles. La segunda cuestión importante para nosotros es el apoyo incondicional del Gobierno de España al tercer sector social, al gran trabajo que está haciendo el tercer sector social en el apoyo a la discapacidad.
Creo que ha sido una comparecencia constructiva y, después de haber comparecido en las otras diferentes comisiones que tengo repartidas tanto en esta casa como en el Senado, espero y deseo volver a comparecer a lo largo de esta legislatura en esta Comisión para continuar avanzando en todo lo que hemos hablado hoy, para que podamos seguir construyendo juntos este gran país y eliminando juntos todas las barreras visibles e invisibles para conseguir de verdad la igualdad real y efectiva para las personas con discapacidad, para que realmente tengan igualdad de oportunidades con las personas que no tienen discapacidad, porque solo así conseguiremos una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria.
Muchísimas gracias a todos los portavoces, a todos los grupos parlamentarios de la casa, al presidente y a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le tomamos la palabra para hacer posible estas comparecencias regulares y este diálogo sistemático entre el Poder Ejecutivo y quien controla e impulsa la acción del Gobierno, que es el Poder Legislativo. Gracias por este ofrecimiento y estoy convencido de que los grupos y la Mesa también van a insistir en esta línea.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión no sin antes recordar que, justo después de esta sesión, hay reunión de Mesa y portavoces.