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Timestamp: 2017-10-17 00:02:36
Document Index: 198878600

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 318', 'artículo 60', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 25', 'artículo 135']

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Jucio de Menores celebración. TITULO IV.- De la fase de audiencia. Preparación de Juicio ante el Juzgado de Menores. Telf. 91 530 96 95
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Modelo de Medida Cautelarísima por no permitir la Entrada en España presentado ante un Juzgado de lo Contencioso. Abogados Expertos en Rechazos 91 530 96 95
Petición de Medida Cautelarísima por Denegación de la Entrada en España, presentada ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Información aportada por el Letrado José Valero Alarcón
Devolución en Frontera programada para las 12:10 horas,
Día 10/11/2008.
Doña María del Mar ___________, letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Colegiado núm. 57.________ y Don José Valero Alarcón, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Colegiado núm. 59._________, que fijan a efectos de notificaciones el despacho profesional de este último en C/ Embajadores 206, Duplicado 1º B, C.P. 28045 de Madrid, fax 91 530 15 43 y móvil 619________, en nombre y representación de las siguientes personas:
1) DON WILLIAM _______________, nacional de Venezuela, titular del Pasaporte núm. _________;
2) DON JOSE _________, nacional de Venezuela, titular del Pasaporte núm. _________, y
3) DON RIDDER ___________, nacional de Venezuela, titular del Pasaporte núm. ___________.
Se unen como Documentos números <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 a 3, copias de las diligencias de asistencia de Abogado, en la que expresamente se nos faculta para la interposición de los recursos que se deriven del procedimiento administrativo incoado, cuyo original debidamente rubricado obra en las actuaciones policiales.
Que por medio del presente escrito deduzco, con sujeción a lo establecido en el artículo 56 y concordantes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de Julio de 1.998, el presente ESCRITO DE DEMANDA, contra las Resoluciones de 9 de Noviembre de 2008, por las que el Jefe del Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas ha acordado denegarles a los recurrentes la entrada a territorio nacional y el retorno a su lugar de procedencia, que se adjuntan al presente escrito como Documentos números 4 a 6.
Que estando nuestros representados, desde las 9:00 horas del día de ayer 9 de Noviembre de 2008, en la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas, privados por tanto de su libertad ambulatoria y acordada su devolución para hoy día 10 de Noviembre a las 12:10 horas y dada la inminencia de la misma, también por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 135, 136 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, venimos a interesar, con carácter urgente, la adopción de MEDIDA CAUTELARÍSIMA consistente en la SUSPENSION DE LA EJECUTIVIDAD DE LA DEVOLUCIÓN ACORDADA, basando las presentes pretensiones en los siguientes
PRIMERO.- Nuestros representados son empleados de la empresa Venezolana ACEROS ______________, C.A., domiciliada en la AV. Principal ___________________. Cojedes Venezuela, conforme pueden acreditar con las correspondientes credenciales laborales.
La empresa Aceros __________ ha comprado, con la intermediación de la empresa española _____________, S.L., con CIF ___________ y domicilio en Vera de __________, C/ ________ nº 76 (Navarra), diversa maquinaria industrial, para su envío e instalación en Venezuela.
Entre ella, hay una denominada “2K”, que precisa para su instalación y utilización, conocimientos técnicos especializados, motivo que propició que las tres personas indicadas viajaran nuestro país, con el exclusivo cometido de realizar un curso de formación para poder instalar y poner en funcionamiento dicha maquinaria en su país.
_____________ S.L., dentro de los trabajos asumidos, desarrolla el correspondiente a la labor de formación para la utilización de la referida máquina 2K, extremo que se acredita con el Listado de los mismos, que se adjunta como Documento número 7, del que se desprende la existencia de una partida de 4._____,00 euros destinados a la formación de los Sres. William, Quero y Rider, en el mes de noviembre de 2008.
La entidad Venezolana Aceros ______________, C.A., ya ha formalizado el contrato antedicho, habiendo abonado hasta la fecha el importe de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS, (150.250 €), hechos efectivos tras la recepción de dos Acumuladores, incluidos dentro del material y trabajo encargado a ___________, S.L.
Acredito esta manifestación, con copia de la Transferencia efectuada a ___________, el día 10 de Julio de 2008, con el documento que se adjunta como 8. Operación que se efectuó mediante Crédito Documentario Irrevocable, conforme se prueba con el Documento nº 9.
Se aporta Carta de Embarque de los dos referidos acumuladores, enviados el día 6 de Octubre de 2008, Documento nº 10, y al nº 11, Factura por los acumuladores y por el coste del Flete, por un importe total de 159.264,28 euros. Coincidente con el reflejado en el Crédito Documentario aportado nº 9.
Dichos acumuladores fueron previamente adquiridos por ______________, S.L., a ______________ S.A., empresa en la que además está instalada y en funcionamiento la Máquina “2K”. Aporto como Documento números 12 a 15, facturas de __________ y justificantes de las transferencias efectuadas para su pago.
Para acreditar la relación mercantil que une a ambas empresas, también se adjuntan diversos documentos, como son:
- Documento nº 16. Confirmación de un Pedido de Fecha 17/10/2008.
- Documento nº 17. Presupuesto remitido a Aceros ____________ de 29/10/2008 por trabajos adicionales.
SEGUNDO.- Como se ha manifestado nuestros clientes únicamente venían a realizar un curso de formación para la instalación y utilización de una máquina, concretamente la denominada 2K, al precisarse para ello una concretos y específicos conocimientos técnicos.
Con ellos viajaba el ciudadano español, Don Teodoro _______________, mayor de edad, con D.N.I. nº _____________, y domicilio en la Calle ____________, nº 6, en _______________, quien portaba documentación acreditativa del motivo concreto del viaje de nuestros patrocinados.
El Sr. _____________ es administrador mancomunado de la empresa ____________, S.L., y viajó a Venezuela para preparar la recepción e instalación de la maquinaria adquirida por Aceros _______________, C.A., justifico lo expresado, copia de la escritura de apoderamiento efectuada por la indicada mercantil, que se acompaña como Documento nº 18.
Atendida la necesidad de formación específica, acompañó a nuestros clientes a España y a la entrada en nuestro país, vista la condición de nacional de Don _________________, éste tuvo que acceder por la puerta específicamente reservada para ciudadanos comunitarios, debiendo hacerlo sus tres acompañantes por la habilitada para extranjeros no pertenecientes al espacio Shengen, lo que propició que durante unos instantes no permanecieran juntos.
TERCERO.- Rebasado el control de entrada, Don _____________ se dirigió a esperar a los tres empleados de Aceros ______________, C.A. y tras la demora interesó, de los agentes de aduanas, información sobre sus acompañantes.
Se le indicó que los tres estaban retenidos en la zona de tránsito por no justificar el motivo de su viaje, intentando el Sr. ___________ mostrar la documentación que justificaba la llegada a España de nuestros tres clientes, pretensión que le fue denegada, pidiendo, a renglón seguido, que se le permitiera acceder al lugar en el que se encontraban retenidos para hablar con el Jefe de Servicio, petición que también fue rechazada.
CUARTO.- Como se desprende nítidamente de las resoluciones adjuntadas a los documentos números 4, 5 y 6, se les deniega la entrada por no presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de viajes, extremo que si bien es cierto, de debió en exclusiva a la negativa expuesta, es decir no se permitió a la persona que viajaba con los ahora retenidos en la zona de tránsito, justificar el concreto motivo del viaje. Impedimento absurdo máxime cuando era la persona responsable de nuestros clientes en España.
Don William Jesús, Don José Angel y Don Ridder, en modo alguno venían como turistas y menos aún pretendían permanecer ilegalmente en nuestro país.
Los ciudadanos Venezolanos no precisan de visado y por tanto acreditadas las circunstancias del viaje, debe serles permitida la entrada en España, máxime en el presente caso, que de forma injustificada y arbitraria se ha negado al acompañante y encargado de estas, probar los extremos que se consideran injustificados.
Se acredita que los costes de estancia en nuestro país correrían a cargo de _____________, S.L., además de por estar reflejada dicha partida en la hoja de trabajo de la empresa, por las comunicaciones entre empleados de dichas mercantiles, como por ejemplo el correo electrónico remitido por empleados de Aceros ___________ a ____________, en el que especifica los nombres de las personas que viajarán a España y, por la reserva hotelera efectuada en el Hotel _________ de Navarra, documentos que adjunto a los números 19 y 20.
Como además quedó constancia en la comparecencia efectuada ante el Agente instructor, todos los ahora retenidos portaban tarjetas de crédito, lo que evidentemente les faculta a realizar desembolsos en nuestro país, por conceptos que no fueran los estrictos de formación, manutención y hospedaje, cubiertos como ya se ha dicho por _________, S.L.
CUARTO.- Es palmario que si fuera incierto el motivo hasta ahora apuntado, el Sr. __________ no habría permanecido en el aeropuerto, pues su conducta podría ser constitutiva de un delito de inmigración clandestina, tipificado y penado en el artículo 318 bis de nuestro Código Penal.
Es más este Señor, en el día de hoy, está en la sede de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, para justificar el motivo y las condiciones del viaje, cosa que injustificadamente no le fue permitido hacer en las dependencias aeroportuarias, inclusive comprometiéndose desde este momento a justificar la salida de estos señores de nuestro país, programada para dentro de una semana.
Indicar por último que la no prestación del servicio de formación ofertado a la empresa Venezolana Aceros ____________, podría implicar la resolución del contrato, lo que acarrearía importantísimas pérdidas y perjuicios a una sociedad española, extremo que se desprende del documento nº 7, pues en negocio está cifrado en un montante global de UN MILLON MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (1.001.265 €).
Los actos recurridos son las tres indicadas resoluciones de fecha 9 de noviembre de 2008 del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo de Madrid Barajas por las que se acuerda denegar la entrada en el territorio nacional a los ciudadanos de Venezuela indicados al encabezamiento del presente escrito, y el retorno al lugar de procedencia, que está previsto que se efectúe a las 12:10 horas de hoy 10 de noviembre de 2008, en la Compañía Transportadora IBERIA.
a) La resolución de denegación de entrada y retorno supone que hasta la fecha en que se lleve a efecto el retorno los recurrentes estarán privados del derecho ambulatorio (artículo 60 LOEx), es decir, afectan a la situación personal del interesado e inciden negativamente en un derecho fundamental, como es la libertad.
b) La resolución impugnada decide directamente sobre el fondo del asunto, se les deniega la entrada y de no procederse a la interposición del recurso sería inviable formular la pretensión cautelar ante el órgano jurisdiccional competente, máxime cuando hasta la fecha no ha sido estimado ninguno de los miles de recursos de alzada interpuestos frente a este tipo de resoluciones.
c) Producen un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los actores que han sido traídos por una empresa española para proceder a su formación, para la instalación de una maquinaria en su país de procedencia. El derecho a entrar a España no es un derecho fundamental para los extranjeros pero sí un derecho si se reúnen los requisitos legales, como en este caso.
El perjuicio que se ocasiona a los actores con su privación de libertad ambulatoria es irreparable: se encuentran que privados de su libertad ambulatoria durante más de veinticuatro horas, sin justificación y que se podría llevar a cabo su retorno sin obtener la tutela judicial efectiva en su vertiente de tutela cautelar.
C) PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA.
De conformidad con el artículo 31 de la Ley de la jurisdicción, los demandantes pretenden la declaración de que no son conformes a derecho y anulación de los actos impugnados.
IV.- FONDO DEL ASUNTO.- MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
Primero. DON WILLIAM _______________, DON JOSE ANGEL _____________ y DON RIDDER JESUS ___________, NACIONALES TODOS ELLOS DE VENEZUELA, AL PERSONARSE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 EN EL PUESTO FRONTERIZO DE MADRID-BARAJAS CUMPLÍAN Y CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ENTRAR EN ESPAÑA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000 DE 11 DE ENERO Y EL ARTÍCULO 4 A 11 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE ESTA LEY ORGÁNICA.
1. La falta de motivación de la resolución recurrida, al indicar solamente y de modo genérico que no han presentado los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista impide a esta parte poder argumentar frente a ningún razonamiento que haya podido servir de base, en su caso, a la decisión acordada por la Administración. Esta parte sostiene que se ha incurrido en arbitrariedad por parte de la Administración, MÁXIME CUANDO NO SE HA PERMITIDO A SU ACOMPAÑANTE, NACIONAL ESPAÑOL QUE POR LO TANTO EFECTUÓ SU ENTRADA POR PUESTO DE CONTROL DIFERENTE, ACREDITAR DOCUMENTALMENTE LOS MOTIVOS DEL VIAJE Y CODICIONES DE ESTANCIA.
2. En consecuencia, esta parte actora únicamente está posibilitada para examinar la normativa aplicable y comprobar que efectivamente al personarse el extranjero en el Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas reunía los requisitos establecidos en los preceptos aplicados. Así, el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero y los artículos 4 a 11 del Reglamento.
Los tres compañeros de trabajo están provistos de sus pasaportes que acreditan su identidad, presentaron como documento acreditativo de su justificar que se trata de un viaje de formación expedido por la empresa para la que trabajan, sufragando los costes la mercantil española _____________, S.L., en base a las obligaciones contractuales asumidas, y acreditadas en esta demanda, portan tarjetas de crédito, consta acreditado su alojamiento y disponen de billete de avión de regreso.
SUPLICAMOS: Tenga presentado este escrito en tiempo y forma, por personado y parte en este procedimiento a los Letrados Doña María del Mar __________ y Don José Valero Alarcón, en nombre y representación de DON WILLIAM JESUS _________, DON JOSE ANGEL _________ y DON RIDDER JESUS ___________, por interpuesto recurso contencioso administrativo y formulada demanda contra las resoluciones de denegatorias de entrada en territorio español y de retorno a su lugar de procedencia de fecha 09 de noviembre de 2008; y siguiendo los trámites legalmente establecidos del Procedimiento Abreviado, dicte sentencia por la que estimando este recurso contencioso administrativo acuerde declarar que no son conforme a Derecho y anule las resoluciones impugnadas y se reconozca el derecho de las recurrentes a entrar en España.
OTROSI DECIMOS, Que ante la inminencia de la devolución de nuestro clientes, se interesa al amparo de lo establecido en los artículos 135, 136 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, con carácter urgente, la adopción de MEDIDA CAUTELARÍSIMA consistente en la SUSPENSION DE LA EJECUTIVIDAD DE LA DEVOLUCIÓN ACORDADA, basando la presente pretensión en los siguientes
Lo narrado en el relato fáctico, sustentado por la argumentación jurídica reseñada, muestra que los recurrentes acude a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con una pretensión lógica y fundada, que ab initio muestra la apariencia de un buen derecho, concurriendo todos y cada uno de los presupuestos requeridos, para dejar sin efecto, al menos de momento, la resolución administrativa impugnada, concretamente su retorno al país de procedencia.
La medida suspensiva interesa podrá inclusive ser acordada sin oír a la parte contraria, sin perjuicio de la comparecencia que habrá de celebrarse en los tres días siguientes, para determinar sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la misma, así expresamente lo autoriza el artículo 135 de la Jurisdicción, interesando esta parte se curse la suspensión del modo referido, dado que la devolución se producirá hoy a las 12:10 horas.
Efectividad que no llegará a producirse si nuestros representados son devueltos a Venezuela.
Derecho a una tutela cautelar que se mantendrá en tanto no se otorgue la tutela definitiva mediante la oportuna sentencia firme o mediante la revocación del acto en vía administrativa de ser iniciado el procedimiento legalmente establecido para la revocación de los actos, cuando son nulos de pleno derecho, vicio del que adolecen las resoluciones impugnadas, pues parte de un impedimento efectuado por Agentes de la Policía Nacional, a la persona que podía acreditar el motivo del viaje y las condiciones de estancia, Señor que viajaba con los ahora retenidos en la zona de tránsito aeroportuaria.
La apariencia de buen derecho implican la existencia de datos relevantes que anuncien el buen éxito de la pretensión, buen éxito que se podrá derivar de la revocación del acto por su evidente y palmaria nulidad, al haber sido adoptado alejándose de las pautas establecidas por la legislación que en modo alguno permiten imponer limitaciones a ejercicio de un derecho, negando cualquier capacidad de actuación, a quién portaba los documentos acreditativos del viaje.
Tal y como ha sido reseñado en la fundamentación jurídica del presente recurso, no puede más que ser considerada anómala y sin sustento legal alguno la actuación policial, que por causas totalmente ajenas a la voluntad de esta parte, no ha valorado las alegaciones y documental que se pretendía aportar en tiempo y forma, ahora puesta a disposición de este Juzgado, omitiendo con ello trámites esenciales y necesarios del procedimiento. No se ha podido valorar todas y cada una de las circunstancias concurrentes en este caso.
El daño irreparable se concreta en el presente caso, como ya se ha indicado anteriormente, puede poner en riesgo un proyecto empresarial en el que participa una entidad española, con un montante de más de UN MILLON DE EUROS.
De no acordarse la medida cautelarísima solicitada la actividad administrativa recurrida ocasionaría perjuicios irreparables a los recurrentes. Por un lado están privados de su libertad ambulatoria sin motivo justificado y en unas dependencias cuya situación no es la más idónea.
Por otro, se les impide realizar un curso de formación, para que el que no es necesario obtener visado especial alguno, cuando reúnen manifiestamente de todos los requisitos para autorizar su entrada en España: Pasaportes en vigor, medios económicos -concretados en el compromiso contractual y en las tarjetas de crédito que portaban-, billetes nominativos de ida y vuelta, documentos que acreditan el motivo de su viaje, condiciones de estancia prevista y la visita está organizada por expresa española de total solvencia, asumiendo la responsabilidad directa un ciudadano español, que de ser inciertas sus manifestaciones podría ser considerado autor de un delito de favorecimiento a la inmigración
Se trata de personal cualificado, preciso para la culminación de un acuerdo contractual, cuyo objeto de viaje es la formación, para a su vez trasladar los conocimientos que adquieran a los técnicos de la empresa. Ciudadanos que sorpresivamente se ven tratados por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de forma impropia, impidiéndoles la posibilidad de justificar cumplidamente todos y cada uno de los puntos sobre los que fueron interrogados. La cancelación de la visita formativa supone, además, un grave quebranto económico para las empresas, pues implicará retrasar el envío de la maquinaria, programado para la primera semana de enero de 2009, con consiguientes perjuicios, pudiendo ello implicar inclusive la resolución del contrato, al no haberse podido cumplir uno de los aspectos esenciales del mismo, pues de nada servirá tener la maquinaria en Venezuela, si no hay técnicos capacitados para su montaje y utilización.
Se está ante tres actos administrativos nulos de pleno derecho, que no motivan de ninguna manera una decisión que es manifiestamente arbitraria cuando afecta a derechos fundamentales de los recurrentes como su libertad.
En el presente caso difícilmente el interés público se verá negativamente afectado por la suspensión interesada, máxime cuando consta que una empresa solvente ha asumido los costes de formación, estancia y manutención de estas personas, existiendo además una persona física que asume las posibles consecuencias de una estancia irregular en España, que pudieran ser inclusive penales.
Evidentemente se habrán de ponderar todos los intereses concurrentes y que puedan verse afectados, es notorio que el interés público no demanda la plena e inmediata ejecución del acto administrativo. La tensión que existe entre los intereses estatales y los particulares, han de ceder a favor de éstos últimos, por extenderse los efectos negativos además de a las personas que pretendían entrar en España, a empresa española, que en estos momentos de crisis, no puede ver frustrado un negocio, del que depende la supervivencia de la propia mercantil y de los numerosos puestos de trabajo en ella empleados.
SUPLICAMOS DE NUEVO AL JUZGADO, que teniendo por interesada MEDIDA CAUTELARÍSIMA y conforme los hechos y fundamentos articulados en el presente escrito y previos los trámites legales, se acuerde suspender, inclusive sin oír a la parte contraria, la ejecutividad de las resoluciones del Jefe del Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas de 9 de Noviembre de octubre de 2008, referidas a nuestros representados DON WILLIAM JESUS _____________, DON JOSE ANGEL __________ y DON RIDDER JESUS ___________, acordando su inmediata puesta en libertad.
SEGUNDO OTROSÍ: Que estando nuestros clientes privados de libertad, siéndoles por tanto imposible comparecer ante Juzgado o Notario para ratificar la representación que ostentan estos Letrados, interesamos se acuerde requerir la presencia los mismos ante el Juzgado, para que confieran la representación apud acta si fuera considerado preciso.
NUEVAMENTE SUPLICAMOS AL JUZGADO, acuerde, en caso de estimarse necesario, lo pertinente para que nuestros defendidos puedan formalmente conferir la representación a los letrados que les asisten.
Fdo. María del Mar ________ Fdo. José Valero Alarcón
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Sexta.- Que la actora se encuentra incapacitada para el trabajo al padecer un cuadro típico de FIBROMIALGIA. Reúne todos los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Presenta un grado severo ya que presenta dolor en 18 de los 18 puntos fibrosíticos. Se trata de una enfermedad crónica, establecida y ante la cual no se dispone de tratamientos etiológicos, sino solo sintomáticos y de efectividad variable. Por tanto, en la situación actual no puede realizar ninguna actividad laboral, con previsión de persistencia.
Esta enfermedad es compatible con las manifestaciones que ha venido refiriendo la paciente en sus visitas a diversos facultativos incluido el médico evaluador del INSS quien reflejó en su informe que: “ La paciente refiere dolores generalizados de día y de noche con predominio espalda a nivel cervical ( sensación de no poder sujetar la cabeza ), quemazón en nudillos, dolores en las piernas que le condicionan la realización de sus actividades diarias por cansancio generalizado. Refiere dolor lumbar irradiado a glúteo izquierdo. También refiere diarreas cada 4 días desde hace un año sin ser estudiado por especialista. Refiere también boca seca. “
La actora ha sido tratada por el servicio de reumatología del Hospital Universitario de Guadalajara desde abril de 2009 habiendo seguido diversos tratamientos sin objetivarse mejoría clínica y persistiendo la misma sintomatología.
La jurispriudencia se ha venido manifestando en relación a la fibromialgia. Asi destacamos la sentencia del TSJ de Madrid nº 169/2006, de 27 de febrero ( El Derecho EDJ 2006/61286) establece:
“ La fibromialgia, como enfermedad crónica y compleja, con presencia calculada entre un 2 y 3% de la población española, que provoca dolores extensos que afectan a la esfera biológica, psicológica y social del paciente, con un alto índice de frecuentación y elevado consumo de recursos sanitarios, se asienta en los criterios diagnósticos ( documento de consenso sobre el tratamiento y diagnostico de la fibromialgia adoptado en conferencia de consenso en Cataluña ): una historia de dolor generalizado en el lado derecho e izquierdo del cuerpo, por encima y debajo de la cintura ( cuatro cuadrantes corporales ) además de existir dolor en el esqueleto axial. Dolor a la presión de al menos 11 de los 18 puntos elegidos que corresponden a las áreas mas sensibles del organismo.