Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653746
Timestamp: 2019-05-19 07:35:09
Document Index: 195160911

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 62', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 124', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 9']

NUEVAS NORMAS PARA REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS POR CRÉDITO SOLIDARIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
PRONUNCIAMIENTO DE CHILE EN NACIONES UNIDAS SOBRE PROYECTO DE CONVENCIÓN EN MATERIA DE CLONACIÓN HUMANA. OFICIOS
INSTALACIÓN DE BASE NORTEAMERICANA EN PATAGONIA ARGENTINA PARA ESTUDIOS NUCLEARES. OFICIOS
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PUBLICIDAD DEL TABACO. OFICIOS
Sesión 10ª, en miércoles 6 de noviembre de 2002
(De 16:17 a 17:52)
Y RICARDO NÚÑEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS......................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que establece nuevas normas para reprogramación de deudas provenientes de crédito solidario de educación superior (2964-04) (se aprueba en particular).....................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)................................................................
Pronunciamiento de Chile en Naciones Unidas sobre proyecto de convención en materia de clonación humana. Oficios (observaciones del señor Bombal)
Instalación de base norteamericana en patagonia argentina para estudios nucleares. Oficios (observaciones del señor Stange)
Incumplimiento de normas sobre publicidad del tabaco. Oficios (observaciones del señor Naranjo)
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía , y de Educación, y la señora Jefa de la División de Educación Superior.
--Se abrió la sesión a las 16:17 en presencia de 20 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 7ª y 8ª, ordinarias, en 29 y 30 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (Boletín Nº 3.115-14). Asimismo, lo incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y a la de Hacienda, en su caso.
De la señora Ministra de Educación , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, relativo a la creación artística y a la labor desarrollada por el Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural.
Del señor Ministro de Minería , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, referido al fomento del sector de la pequeña y mediana minerías.
Del señor Subsecretario de Marina, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, respecto del avalúo de propiedades ubicadas en el borde costero de la ciudad de Antofagasta.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil , en respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Romero, acerca de la construcción de un aeródromo en un sector agrícola de la comuna de Buin, Región Metropolitana.
Del señor Alcalde de Ancud, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, tocante a los programas de empleo ejecutados en esa comuna.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por medio de la cual señala que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación, acordó proponer a la Sala el archivo de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Addéndum al Acuerdo Básico de Cooperación Internacional entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Flandes (Boletín Nº 2329-10);
2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Convenio Básico de Cooperación entre los Gobiernos de Chile y de Cuba, suscrito en La Habana el 10 de enero de 1996 (Boletín Nº 1821-10), y
3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito el 24 de julio de 1998 en Ushuaia, Argentina (Boletín Nº 2517-10).
Asimismo, añade que, respecto de los proyectos signados con los números 2 y 3, el archivo propuesto deberá resolverse previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
--Se accede a lo solicitado, debiendo recabarse el acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados con relación a los proyectos signados con los números 2 y 3.
Moción de los Senadores señores Prokurica, Cantero, Flores, Horvath y Núñez, por medio de la cual inician un proyecto de ley que establece el mecanismo sobre compensaciones y cooperación industrial (OFFSET), al que deberá someterse toda adquisición de sistemas de armas por parte de las Fuerzas Armadas.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo establecido en el número 2º del inciso cuarto y en el inciso tercero del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Señor Presidente, los autores de la moción de que se acaba de dar cuenta queremos solicitar que, en nuestro nombre, se oficie al Ejecutivo con la finalidad de obtener su patrocinio para la mencionada iniciativa.
Señores Senadores, en la sesión del día de ayer, a propósito del proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, el Senador señor Zurita presentó una indicación tendiente a que la Corte Suprema, mediante auto acordado, pueda determinar la competencia de los distintos tribunales de menores existentes en Santiago, encomendándose a la Secretaría la redacción final.
La Secretaría -con el acuerdo del Honorable señor Zurita, con quien se conversó en la mañana de hoy- estima preferible que se envíe oficio, en nombre del Senado, a Su Excelencia el Presidente de la República para solicitarle que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 20 de la propia Ley de Menores para determinar, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva, el territorio jurisdiccional de los jueces de letras de menores.
Si le parece a la Sala, se mandará dicho oficio en la forma indicada.
Señor Presidente , a mi juicio deberíamos escuchar la opinión del Honorable señor Zurita, porque fue él quien presentó la indicación.
La Secretaría ya habló con dicho señor Senador.
¿Y se supone que está de acuerdo?
En forma previa a cualquier resolución, se tomó contacto con el Honorable señor Zurita, pues era necesario conocer su opinión al respecto.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda.
Sesiones 14ª, en 16 de julio de 2002 (queda pendiente su discusión general); 15ª, en 17 de julio de 2002 (se aprueba en general).
Solicito autorización para que ingrese a la Sala la Jefa de la División de Educación Superior, doña Pilar Armanet.
La iniciativa en discusión fue aprobada en general en la sesión de 17 de julio del año en curso y cuenta con segundo informe de la Comisión de Educación e informe de la Comisión de Hacienda.
La primera de ellas deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 9º y 10. Cabe señalar que estas disposiciones pasaron a ser artículos 12 y 13, respectivamente, en el texto despachado por la Comisión de Hacienda, no siendo tampoco objeto de indicaciones ni de modificaciones en ésta el artículo 13, referido al momento en que comenzará el pago de las cuotas anuales convenidas.
Por su parte, la Comisión de Hacienda consigna que tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º, 3º y 14 del proyecto. De manera que, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados, salvo que algún Senador solicite discutirlos y votarlos y no haya objeción para ello en la Sala.
El segundo informe de la Comisión de Educación describe las demás constancias reglamentarias.
Cabe hacer presente que las modificaciones efectuadas por este organismo al texto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad, por lo que, en virtud de lo prescrito por el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, a menos que un señor Senador solicite discusión respecto de alguna de ellas o exista una o más indicaciones renovadas.
La Comisión de Hacienda, a su vez, efectuó enmiendas al articulado despachado por la de Educación, las que también fueron aprobadas por unanimidad.
La Secretaría de esta última comisión hizo un boletín comparado dividido en cuatro columnas: la primera, consigna el proyecto aprobado en general por la Sala; la segunda, las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación; la tercera, las enmiendas efectuadas por la de Hacienda, y la cuarta, el texto final propuesto.
El Senador señor Parra ha solicitado votación separada respecto de los artículos 6º, inciso segundo, y 10.
Lo mismo pido para el artículo 1º, señor Presidente , y para todas las normas relacionados con él.
Tendría que precisar cuáles son, señor Senador, para efectos reglamentarios.
¿Qué texto se va a tomar como referencia, señor Presidente?
El despachado por la Comisión de Hacienda.
Como ese organismo introdujo modificaciones al proyecto despachado por Educación, me gustaría que tales enmiendas también se votaran, fundamentalmente para conocer su justificación.
¿Cuáles son en concreto, señor Senador?
No las podría indicar en este momento, señor Presidente .
Puede hacerlo cuando despachemos las normas respecto de las cuales se ha pedido discusión y votación separada. No hay problema.
¿Por qué no vamos artículo por artículo?
Las modificaciones de la Comisión de Hacienda pueden ser excelentes, pero no las conocemos. Simplemente, pido que sean explicadas y despacharlas una por una.
Primero pondré en discusión aquellas disposiciones respecto de las cuales se ha pedido votación separada, y en seguida seguiremos el procedimiento indicado por Su Señoría.
Para referirse al artículo 1º, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , esta norma habla de los deudores que se encontraren en mora al 30 de junio de 2002. Consulto si no sería más lógico aludir a quienes se hallen en mora a la fecha de publicación de la ley, porque de lo contrario quedarán fuera todos los deudores que estén en mora desde el 1º julio. Se puede argumentar que eso podría actuar como incentivo para el no pago, pero ocurre que ya estamos en noviembre. Por último, la fecha podría extenderse hasta el 30 de octubre.
Es una pregunta, señor Presidente.
Señor Presidente , la razón es que los créditos operan cada seis meses. Por eso se puso plazo hasta el 30 de junio de 2002, en lugar del 31 de diciembre de 2001.
¿Habría acuerdo en aprobar el artículo 1º?
Señor Presidente , lo que pasa es que, como la situación económica está muy difícil, ignoro qué cantidad de deudores podría dejar de pagar para reprogramar sus obligaciones; pero es un hecho que muchos incurrirán en mora después del 30 de junio. Como ya estamos en el penúltimo mes del año, preferiría que la fecha se prolongara hasta el 31 de diciembre de 2002, aun con el riesgo de que algunos dejen de pagar sólo para poder reprogramar sus deudas. Pero eso, a mi juicio, es menos dañino que dejar gente fuera del sistema.
El problema es que, primero, se requiere unanimidad para formular indicación sobre la materia, y segundo, la indicación debe estar patrocinada por el Ejecutivo.
En tal circunstancia, sólo cabe votar la norma como está.
¿Habría acuerdo en aprobar el artículo 1º, sin perjuicio de dejar constancia de la observación del Senador señor Viera-Gallo?
--Así se acuerda y, por tanto, queda aprobado el artículo 1º.
Corresponde debatir en seguida el artículo 6º, inciso segundo, respecto del cual también se pidió votación separada.
Señor Presidente , pedí votación separada del inciso segundo del artículo 6º aprobado por la Comisión de Hacienda, originado en una indicación del Senador señor Larraín .
Entiendo perfectamente el propósito que animó a mi Honorable colega. Sin embargo, se plantea un problema entre el presente proyecto y la ley de carácter permanente (la Nº 19.287), que consigna un préstamo cuyo pago es contingente al ingreso del deudor.
La iniciativa en debate sigue y a la vez se aparta de esa línea. En efecto, en su artículo 4º dispone que la deuda consolidada a la fecha que se señala en el artículo anterior puede repactarse hasta en 10 cuotas anuales. No obstante, el artículo 6º retoma el criterio de la ley permanente, consagrando un pago contingente al ingreso. En su virtud, el monto máximo que cada deudor habrá de pagar al año alcanza sólo al 5 por ciento de sus remuneraciones, que es exactamente lo establecido en la ley Nº 19.287. Si ese porcentaje resulta inferior a la cuota anual pactada en conformidad al artículo 4º, opera el inciso segundo del artículo 6º, que obliga a una nueva repactación por el saldo deudor. Es decir, a lo largo del servicio de la deuda pueden darse, sumados a la reprogramación inicial, otros diez pactos que podrían extender el pago de los respectivos saldos insolutos hasta por el mismo número de años.
Me parece un sistema absolutamente engorroso y que, en todo caso, debería primar el inciso primero del artículo 6º, que contiene el mismo principio estatuido en la legislación permanente.
Lógicamente, lo deseable es que el fondo de crédito respectivo recupere en forma íntegra los recursos otorgados, ya que de esa manera se retroalimenta y puede servir para beneficiar a más estudiantes a través de nuevos préstamos.
Sin embargo -reitero-, el sistema es demasiado engorroso y puede prolongar innecesaria e indebidamente en el tiempo el servicio de la deuda.
La contingencia al ingreso, principio por el que optó la ley Nº 19.287, recoge lo que sucede en la realidad, pues impone la obligación de pago en función de lo que cada deudor obtenga verdaderamente en el ejercicio de su profesión.
En consecuencia, soy partidario de rechazar el inciso segundo del artículo 6º, y de establecer la prevalencia de su inciso primero, en el entendido, como lo dice el artículo 1º, de que en ese evento se va a aplicar supletoriamente la ley Nº 19.287, que lleva a la condonación de los saldos deudores cuando no han podido ser satisfechos con el 5 por ciento del ingreso, en el plazo máximo establecido por la ley.
Señor Presidente , el texto es igual al propuesto por la Comisión de Educación. No fue cambiado en su espíritu por la de Hacienda. En la práctica, entendemos que siempre quedarán cuotas sobre cuyo valor se pagará el 5 por ciento. Es decir, al momento de convenir el número de cuotas, el deudor deberá proceder al pago de una suma equivalente al 5 por ciento de la deuda consolidada o a 7 unidades de fomento, según cual sea mayor, y a la suscripción de un pagaré que dé cuenta de la nueva deuda. El saldo se pagará en diez cuotas anuales iguales y sucesivas, expresadas en unidades tributarias mensuales. Pero, al momento de convenir el número de cuotas, se paga el 5 por ciento de la deuda consolidada.
Yo no sé si estamos interpretando mal, pero entendemos que de todos modos se paga el 5 por ciento.
Perdón, señora Ministra . El Honorable señor Parra desea hacer uso de una interrupción.
La situación a que se remite la señora Ministra es del todo distinta de la que yo he planteado, pues he hecho mención del pago de las cuotas anuales. El 5 por ciento a que ella se refiere corresponde a la cancelación de contado que debe hacer el deudor como requisito para acogerse al convenio, y corresponde a 5 por ciento de la deuda, o a siete unidades de fomento, optándose por la cifra menor.
En todo caso, habría que pronunciarse sobre el inciso segundo del artículo 6º. Es el mismo texto que aprobó la Comisión de Educación.
¿Habría acuerdo en la Sala para acogerlo, con el voto en contra del Senador señor Parra?
Señor Presidente , la observación del Senador señor Parra es muy atinente, porque da la idea de que esto viene a ser reprogramación sobre una reprogramación, lo que constituye una dificultad notable desde el punto de vista de una correcta administración. Además, como surge después el problema de recuperar las platas del fondo, etcétera, me parece, como he dicho, muy atendible la observación, ya que el procedimiento no se ve suficientemente claro.
Ése es el problema. Creo que ésa es la duda fundamental.
Señor Presidente , aquí hay una sola reprogramación y un solo plazo. Se dan dos meses para formalizar la reprogramación, y en ella se pactará la forma como se va a servir la deuda. Puede ser en varias cuotas, pero siempre se fija en proporción al ingreso.
Señor Presidente , el sentido que tuvo el inciso agregado en la Comisión de Educación está dentro de los parámetros de máximos y mínimos establecidos en el inciso anterior: dar un plazo de diez años. Eso es lo que establece en definitiva, independiente del porcentaje que pueda pagarse de acuerdo con el nivel de ingresos del interesado. No será posible pagar si el monto sobrepasa el cinco por ciento. Se fija un tope automático. El asunto es distinto. Consiste simplemente en determinar que la reprogramación, que es un beneficio que se ofrece al deudor, se haga en un plazo no inferior a diez años, independiente del problema de los topes.
Creo que el planteamiento contenido en la proposición (que fue agregada en la Comisión de Educación) es correcto; constituye un beneficio para asegurar el pago, pero en el lapso mencionado de diez años.
Me parece que no tendría sentido eliminarlo.
Señor Presidente , la inclusión de este inciso fue bastante discutida en la Comisión de Educación, y conviene tener claro en qué consiste, para evitar confusiones.
Lo que hace el precepto es establecer una alternativa. Se paga el 5 por ciento del ingreso, pero si no es posible cumplir eso, se paga menos; es decir, se abona una cantidad inferior. En tal caso, se impone en este inciso la condición de que el plazo que se fije para cancelar no sea superior a diez años.
Por eso, encuentro razonable lo que propone la Comisión, y soy partidario de que lo mantengamos.
¿Habría acuerdo para aprobar la norma, haciendo constar el voto en contra del Honorable señor Parra?
Entre las proposiciones de la Comisión de Educación, la primera es sustituir la frase "artículo 10" por "artículo 11". La Comisión de Hacienda sugiere sustituir el guarismo "11" por "14".
¿Habría acuerdo? Se trata de una mera referencia.
En el inciso segundo, la Comisión de Hacienda propone agregar, después del punto aparte, que pasa a ser coma, lo siguiente: "e informarán, cuando corresponda, de la entidad previsional a la que se encuentren afiliados.".
En el artículo 4º, la Comisión de Hacienda propone intercalar, entre las palabras "cuotas" y "en que", el vocablo "anuales". La norma diría como sigue: "Dentro del plazo de 30 días, a contar de la notificación del monto antes señalado, el deudor deberá convenir con el administrador el número de cuotas anuales en que pagará su saldo.".
A continuación, la Comisión de Hacienda sugiere agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:
"El pagaré referido en el inciso anterior, y las actas de protesto del mismo, cuando procediere, se encontrarán exentos de los impuestos establecidos en la Ley de Timbres y Estampillas.".
La Comisión de Educación propone sustituirlo por el que señala, y la de Hacienda es partidaria de suprimir los incisos cuarto y quinto.
Señor Presidente , aquí se podría dar la justificación, porque entiendo que esto está conectado con una disposición que se agrega más adelante. Yo no sé si algún miembro de la Comisión de Hacienda podría explicarnos el sentido que tiene esta modificación.
Se dará lectura al texto, para que la Sala se imponga de su contenido.
El inciso cuarto que la Comisión de Hacienda propone suprimir es del siguiente tenor:
"Al momento de suscribir el pagaré a que se refiere el inciso anterior, el deudor deberá otorgar un mandato, especial e irrevocable, a favor del administrador, para que éste requiera de su empleador la deducción de las remuneraciones que le corresponda del monto de las cuotas del crédito que hubiere acordado con el administrador. Para ello, la cuota anual deberá dividirse en a lo menos seis cuotas mensuales, correspondientes a los meses del segundo semestre de cada año.".
Señor Presidente , en la página siguiente aparece esta misma norma, como artículo 5º.
¡Pero está modificado!
Señor Presidente , lo que hizo la Comisión de Hacienda fue suprimir lo que se ha leído y reemplazarlo por un texto que aparece como artículo 5º, pero modificado.
¿Por qué no damos lectura al artículo 5º?
La Comisión de Hacienda, luego de proponer suprimir la norma de la de Educación, ha creado un artículo 5º, nuevo (la numeración de los siguientes preceptos se alteró), del tenor siguiente:
"Artículo 5º.- Al momento de suscribir el pagaré a que se refiere el artículo anterior, el deudor deberá otorgar un mandato, especial e irrevocable, a favor del administrador, para que éste requiera de su empleador la deducción, de las remuneraciones que le corresponda, del monto de las cuotas del crédito que hubiere acordado con el administrador. Para ello, la cuota anual deberá dividirse en doce cuotas mensuales iguales." (antes decía seis).
"Dichos descuentos deberán ajustarse a los límites establecidos para estos efectos en los artículos 58, inciso segundo, del Código del Trabajo, y 91, inciso segundo, de la ley Nº 18.834, según el caso.".
Respecto del artículo 5º, que pasa a ser 6º (porque se agregó uno anteriormente), la Comisión de Hacienda propone intercalar, en el inciso segundo, entre la palabra "cuotas" y la preposición "para", el vocablo "anuales".
En seguida, la Comisión de Hacienda sugiere incorporar un artículo 7º, nuevo, del siguiente tenor:
"Artículo 7º.- La obligación de pago, así como el plazo máximo para servir la deuda, podrá suspenderse para aquellos deudores que así lo soliciten y acrediten estar cursando estudios de postgrado o continuar estudios de pregrado en otra institución de educación superior reconocida oficialmente, en las condiciones que fije el reglamento. Con todo, en este último caso, la suspensión operará por un período máximo de seis años.
"En los casos señalados precedentemente, el plazo máximo para servir la deuda se extenderá en el mismo número de años por los que haya operado la suspensión.
"Será igualmente procedente la suspensión en el caso de cesantía sobreviniente del deudor, esto es, aquella producida en el período en que éste debe efectuar el pago de la cuota mensual correspondiente.
"El Reglamento de la presente ley determinará las condiciones en que operarán las causales de suspensión de pago contempladas en este artículo, así como la forma de acreditarlas. En todo caso, la acreditación de la respectiva causal deberá realizarse anualmente.".
El artículo 6º no sufre modificaciones, pero, como consecuencia de la agregación de otros dos, pasa a ser 8º. La Comisión de Hacienda propone sustituir su inciso primero por el siguiente:
"Artículo 8º.- Si el administrador respectivo optare por el cobro mediante el descuento de las remuneraciones del deudor, y así lo solicitare por escrito, los empleadores de los beneficiarios de créditos repactados en conformidad con las normas de esta ley deberán descontar de las remuneraciones de dichos beneficiarios las mensualidades correspondientes al pago de créditos solidarios universitarios, dentro de los términos señalados en el inciso final del artículo 5º, debiendo enterar la mensualidad descontada en la entidad encargada de la respectiva cobranza, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, antes de proceder a la retención de la siguiente.".
Después, la Comisión de Hacienda plantea intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo a quinto a ser tercero a sexto, respectivamente. El inciso segundo, nuevo, que se sugiere agregar diría como sigue:
"El requerimiento del administrador del fondo de crédito al respectivo empleador, deberá cumplir con las condiciones y formalidades que se establezcan en el reglamento.".
En cuanto al artículo 7º, que pasa a ser 9º, la Comisión de Hacienda propone agregar, a continuación de su inciso tercero, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:
"Con todo, los deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador.
"La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.".
En seguida, la Comisión de Hacienda consulta un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:
"Artículo 10.- Para utilizar los mecanismos de cobranza establecidos en los dos artículos anteriores, los administradores de fondos de crédito deberán celebrar un convenio o constituir una sociedad de recaudación y cobranza, entre sí o con terceros, la que tendrá como objetivo gestionar centralizadamente la cobranza que se realice a través del descuento de remuneraciones de los deudores y a través de la retención de devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República.
"Un reglamento regulará la forma y condiciones en que se hará efectiva esta obligación.".
Señor Presidente , este artículo tiene su origen en una indicación presentada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.
A pesar de lo importante que puede ser la norma, en el informe simplemente se deja constancia de que "Los representantes del Ejecutivo señalaron que la indicación obedece al interés manifestado por los integrantes de la Comisión acerca del establecimiento de una entidad recaudadora central.".
En la actualidad, cada administrador de fondos de crédito tiene la responsabilidad de manejar la cobranza. Ésta es una iniciativa de ley de carácter transitorio, referida a un universo limitado de deudores de créditos.
El Ejecutivo ha anunciado el envío de un proyecto que modifica la ley Nº 19.287 y de otro que introduce un nuevo sistema de crédito para universidades privadas autónomas acreditadas. Lo lógico es que esta disposición vaya en esas iniciativas, pero no en ésta. Aquí, simplemente, viene a complicar de manera innecesaria las cosas, creándose dos sistemas paralelos: el que contempla la ley actual, de carácter permanente, para los deudores que cumplen habitualmente con sus obligaciones, y este especial, de carácter temporal, para cierto tipo de deudores.
En esas circunstancias, considero preferible esperar la modificación de la ley y el envío de los proyectos que se han anunciado para abordar la materia. Entre tanto, yo por lo menos votaré en contra de la proposición en debate.
Señor Presidente , la iniciativa en estudio introduce un cambio importante a la normativa que rige el crédito solidario: por primera vez se plantea el cobro de las deudas mediante el descuento por planilla o la retención de la devolución de impuestos.
Pues bien, sobre esa base, en la Comisión de Hacienda se vio la manera de facilitar la relación con la Tesorería General de la República. El hecho de que veinticinco universidades se vincularan al mismo tiempo con ese organismo nos llevó a la conclusión de que era mejor crear esta instancia de coordinación. Como ha dicho el Honorable señor Parra , es uno de los cambios que deseamos incorporar en la legislación permanente.
En la actualidad se justifica esta enmienda, porque se introduce el descuento por planilla por los empleadores y la retención de la devolución de impuestos por la Tesorería General de la República. Asimismo, se facilita la relación con aquéllos cuando hay una instancia y no veinticinco que ejercen esta función.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín; después, el Senador señor García.
Señor Presidente , entiendo el espíritu de la disposición, pero también comparto la inquietud planteada por el Honorable señor Parra .
Mediante la proposición en debate estamos estableciendo un sistema provisorio, temporal o transitorio para resolver un problema real con una fórmula que consideramos positiva. Por eso la hemos apoyado y tratado de corregir o de mejorar su redacción, para que sea lo más eficaz posible.
Sin embargo, la obligatoriedad de constituir un ente central recaudador me parece del todo discutible. Y si se quiere ir experimentando con miras a un sistema futuro, lo sensato es autorizar para que se pueda crear una sociedad de recaudación o de cobranza, pero no obligar a ello.
Porque la norma en comento señala que, "Para utilizar los mecanismos de cobranza establecidos en los dos artículos anteriores, los administradores de fondos de crédito deberán celebrar un convenio o constituir una sociedad de recaudación y cobranza, entre sí o con terceros,...".
En verdad, podría ser facultativo; y ahí tendría sentido la vía experimental: "podrán constituir". De ese modo dejamos abierta la posibilidad para que las entidades resuelvan cuál es el camino que más les favorece. A lo mejor algunas estiman que no es necesario hacerlo a través de un tercero; de una central recaudadora, por ejemplo. Pero no hay que fijarlo en forma obligatoria, porque ahí se produce el efecto que señala el Senador señor Parra , con quien convengo sobre el particular.
Señor Presidente , la norma sugerida tiene como propósito facilitar a los empleadores el reintegro de los dineros que han descontado de las remuneraciones de su personal deudor de crédito universitario. Porque puede ocurrir que uno de ellos deba realizar tales descuentos a varios de sus trabajadores que a su vez son deudores de distintas universidades; por ejemplo, a un deudor de la Universidad Austral de Chile; a otro de la de Chile; a uno de la Católica; a otro de la UFRO, etcétera. Y eso, obviamente, significa un trabajo administrativo y envuelve una complicación.
¿Qué ocurre si, además, el empleador se equivoca en determinado momento y en lugar de enterar un dinero que corresponde a la Universidad de Chile lo envía a la Austral? Ésta no va a saber a quién imputarlo, ni tampoco a quién devolverlo.
Por lo tanto, para facilitar a los empleadores el cumplimiento de la obligación respectiva y permitirles que oportunamente -como lo preceptúa la ley en proyecto- reintegren los valores descontados de las remuneraciones de los deudores, se establece una central que finalmente distribuirá a cada universidad los dineros correspondientes.
Aquí estamos imponiendo una carga a los empleadores: la de descontar y enterar los fondos; y, además, disponemos que si no cumplen se les sancionará. Entonces, lo menos que podemos hacer es crear esa central.
Ése es el propósito que se persigue.
En virtud de lo expuesto, me inclino por aprobar la norma que se nos plantea.
Señor Presidente , entiendo perfectamente la explicación dada por el Senador señor García . Sin embargo, formularé dos observaciones sobre el particular.
En primer término, no estoy de acuerdo con la obligatoriedad.
Me parece lícito que las universidades que así lo deseen se entiendan directamente con los empleadores para los efectos de recibir los dineros que retienen a sus trabajadores por concepto de créditos adeudados a aquéllas. Quizás existan métodos más rápidos, más ágiles. Pero establecer que las universidades deben estar asociadas es, en mi concepto, una exageración. Desde luego, significa obligarlas a usar un sistema que a lo mejor no les conviene.
Considero adecuado, entonces, que la norma diga "podrán", en lugar de "deberán". Y si es efectivo lo señalado por el Senador señor García , las universidades, por propia iniciativa, empezarán a asociarse, precisamente para evitar las dificultades del caso. Pero, desde el punto de vista de su libertad para determinar la forma como se les reintegrarán los dineros adeudados, exigirles estar asociadas, a mi juicio -reitero-, constituye una exageración.
Mi segunda observación se refiere a la posibilidad de que intervengan terceros.
Van a empezar a existir -quiero decirlo en forma muy derecha, señor Presidente - empresas de gestión para los efectos de cobrar el crédito fiscal adeudado, las cuales significarán para terceros utilidades o rentas que encarecerán el cobro. Porque garantizo a Sus Señorías que al respecto habrá una comisión, la que irremediablemente se traspasará al deudor. No estoy hablando del cobro realizado por las propias universidades. Recordemos que la norma señala: "constituir una sociedad de recaudación y cobranza, entre sí o con terceros". Por lo tanto, se formará una empresa de terceros que dirá a aquéllas: "Yo les administro esos recursos; me encargo de cobrarlos, y por ello habrá que pagar una comisión". Y ésta -como presumo- terminará cargándose al deudor, a quien, al momento de cobrársele, se le manifestará: "Son las inefables comisiones para los efectos de gastos operacionales, de administración".
Creo que la norma cumpliría su propósito si contemplara dos aspectos: no obligatoriedad y constitución de la sociedad entre las universidades. No veo por qué se abre la posibilidad de -lo estoy visualizando- un conflicto que se producirá cuando terceros empiecen a administrar los recursos pertinentes, pues surgirán problemas de gestión en cuanto a esas personas y cobros que, obviamente, no se harán en forma gratuita.
Por consiguiente, pido dividir la votación respecto de los aspectos que planteé.
Señor Presidente , me referiré a tres puntos.
En primer lugar, la necesidad de profesionalizar la cobranza en las universidades es del todo evidente. De hecho, hoy existe bastante disposición a formar sociedades como las que prevé la norma en debate para hacer más efectivo el cobro.
Entregamos ciertos datos acerca de cuánto están recuperando las universidades, y la verdad es que los montos son impresionantes. Algunas recaudan menos del 20 por ciento de los créditos que colocan. Entonces, es preciso que cuenten con apoyo de terceros para tal objeto. Ellas mismas nos dicen que no son cobradoras de créditos y que, por lo tanto, necesitan profesionalizar la cobranza con apoyo externo.
En segundo término, debemos tener presente que la legislación en proyecto no es tan provisional, porque las deudas serán repactadas por a lo menos diez años. Y, en ese sentido, nos parece relevante incluir el cambio propuesto.
Por último -como dijo el Senador señor García -, dada la experiencia en cuanto a desorden, a poca rigurosidad en el cobro, en fin, es muy importante que exista una centralización para operar mejor.
Señor Presidente , lo referente a cómo maximizar el cobro y recuperar los dineros prestados se discutió muchas veces en la Comisión de Educación, y la verdad es que nunca llegamos a un acuerdo relativamente claro acerca de lo que se podía hacer.
Ahora, ciertamente, lo relativo a la reprogramación de deudas no es tan transitorio, porque se repacta a diez años. Pero la fórmula general empleada para manejar el procedimiento sí es transitoria, pues siempre hemos trabajado con el proyecto que la señora Ministra nos ha anunciado e invitado a esperar. Y espero que la iniciativa pertinente venga con mucha más consolidación y abarque un espectro más amplio.
En cuanto a las gestiones que signifiquen formar, a través de las universidades o de cualquier institución, tercerías tendientes a realizar la cobranza, tengo bastantes dudas -debo reconocerlo- para aprobarlas.
¿Su Señoría no cree en ellas?
Con toda franqueza, no, porque a la larga se termina en grupos de personas que lo único que hacen es recaudar los fondos, negociar, gestionar, lo cual, en definitiva, significa mayores comisiones, más encarecimiento.
Sigo pensando que la gente debe ganar su plata trabajando y no, simplemente, haciendo gestiones. No me gusta el sistema en general, y menos en este caso, donde la regulación se entregará a un reglamento. Yo preferiría -lo digo con el mayor respeto- que las disposiciones pertinentes quedaran consignadas en la ley.
Por otra parte, la norma en debate es bastante impositiva y ambivalente, porque dice: "deberán celebrar un convenio o constituir una sociedad de recaudación y cobranza". Si se firma un convenio, deberá ser con sociedades ya existentes. ¿Cuáles? ¿Quién resuelve? ¿Cómo? ¿Son sociedades de recaudación de las universidades?
Señor Presidente , si se trata de una sociedad formada por 10 representantes de igual número de aquéllas, no me importa. Pero si la sociedad estará constituida por personas ajenas al ámbito académico, no me agrada.
Señor Presidente , aun cuando el objetivo de la norma es razonable -centralizar la cobranza-, yo preferiría tener mayor tiempo para discutir más a fondo, o bien, que aquélla se incluyera en el proyecto que anunció la señora Ministra de Educación .
Por consiguiente, voy a votar en contra.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra, en su segundo discurso.
Señor Presidente , el artículo que se nos propone no plantea la organización obligatoria de una o más sociedades para efectuar la cobranza, sino, estrictamente, la posibilidad de hacer uso de dos nuevos mecanismos específicos para recaudar lo adeudado: el descuento por planilla por el empleador respectivo y la retención por la Tesorería General de la República de los remanentes de pagos provisionales mensuales que corresponda devolver al deudor.
Para ese fin tan específico, evidentemente, no se requiere constituir sociedades.
Lo relativo a la cobranza está cubierto por el texto legal vigente. El artículo 18 de la ley Nº 19.287 dice: "Facúltase, asimismo, a los administradores generales de fondo solidario de crédito universitario para celebrar convenios o constituir sociedades de recaudación y cobranza, entre sí y con terceros.".
Sin embargo, en general no se ha hecho uso de tal facultad, por la razón que muy bien indicó el Senador señor Espina: es un servicio que irroga costos. Ello, naturalmente, hace que en definitiva se resienta el retorno, al fondo de crédito mismo, de recursos fiscales destinados estrictamente a ser colocados entre nuevos beneficiarios.
De otra parte, la lectura del artículo 10 lleva a la conclusión de que no se trata de sólo una sociedad; pueden ser 25. A las universidades les es factible pactar entre sí -como expresa la norma- a efectos de constituir un órgano especializado que cumpla la función tan específica de entenderse con la Tesorería General de la República y con los empleadores de los deudores.
Por lo tanto, no es verdad que aquí se esté satisfaciendo el principio en cuya dirección todos nos movemos permanentemente y que señaló el Honorable señor García : el de la ventanilla única. Sin lugar a dudas, eso es muy saludable para agilizar trámites y disminuir costos; empero -insisto-, de ningún modo se halla satisfecho.
Entonces, ésta es una materia muy de fondo, que tiene que ver con el sistema de créditos mismo y su administración. Y el derecho comparado nos muestra que en muchos países esto se encuentra absolutamente centralizado, a cargo de un órgano público único, como ocurre en Colombia y como sucedió en Chile en la primera fase de aplicación del sistema, cuando se podía hablar con propiedad del crédito fiscal, que estuvo legislado como tal en el texto legal primitivo.
Una norma como la propuesta no significará avanzar, sino que, simplemente, complicará las cosas y tendrá muy poco efecto práctico.
Señor Presidente , he escuchado con atención el debate, y estimo que la redacción imperativa del artículo sugerido origina una dificultad: rompe la libertad de las universidades para realizar individual o colectivamente la labor de que se trata. En efecto, nada impide que se junten 10 de ellas, por ejemplo, y convengan pagar cierta comisión para que se cobren los montos adeudados. Si la universidad que según la señora Ministra recupera 20 por ciento de los créditos se asocia con otra y entre ambas forman una sociedad, puede subir esa cifra a 40 por ciento y así pagar el costo de la cobranza.
Por consiguiente, a mi entender, debe darse un poco más de flexibilidad.
Me parece que lo anterior se lograría si suprimiéramos el carácter imperativo y dijéramos "podrán". Pero entonces el artículo no tendría ninguna importancia, pues la posibilidad existe hoy, ya que las universidades cuentan con la facultad del caso.
Tiene la palabra el Honorable señor García, hasta completar su tiempo: 3 minutos y 40 segundos.
Señor Presidente , deseo hacer una aclaración, porque algunas intervenciones me llevan a concluir que hay cierta confusión respecto de cuál es el alcance de la norma.
Esta disposición sólo se refiere a los empleadores, quienes habrán de efectuar los respectivos descuentos por planilla y a la Tesorería General de la República, que deberá retener de los impuestos anuales a la renta por devolver. Son los dos únicos casos en que se autoriza el funcionamiento de una central que facilite el cumplimiento de la obligación correspondiente.
La sociedad que se constituya no llevará a cabo la cobranza general de los créditos universitarios ni irá detrás de cada deudor, sino que únicamente actuará con los empleadores que realicen descuentos por ese concepto en las planillas de sueldos, quienes harán llegar los recursos a un solo ente, el cual los distribuirá entre las distintas universidades acreedoras. Y lo mismo ocurrirá con el Fisco.
Señor Presidente , para nosotros, esta norma es eminentemente práctica y tiene un enorme sentido.
Quiero recordar que el que se otorga hoy a los universitarios es el crédito más barato que existe en Chile: está al 2 por ciento, se paga contingente al ingreso y, sin embargo, lo solventa menos del 50 por ciento de los deudores.
En ese contexto, nos parece importante todo lo que signifique facilitar la relación con los empleadores y la Tesorería General de la República para que las universidades puedan recuperar los recursos adeudados por tal concepto.
Ahora, aceptaríamos el empleo de la forma verbal "podrán", si eso facilitara las cosas. Pero no nos gustaría eliminar el artículo, pues constituye un signo relevante y que puede ser muy útil.
Señor Presidente , creo que la norma está bien pensada. Incluso, por las mismas razones que adujo el Honorable señor García , se queda corta. Porque aquí estamos perdiendo de vista que el Estado se halla involucrado en un mecanismo de financiamiento carente de los incentivos adecuados por parte de quienes reciben los recursos para posibilitar su recuperación y su preservación con miras a hacer crecer el sistema en el tiempo.
Cabe recordar que hay 500 mil millones de pesos de deuda acumulada y que cada año se recupera menos de lo que se coloca en el sistema. Las universidades que desean cobrar lo hacen, y las que no tienen interés en ello, simplemente se abstienen. ¿Por qué? Porque saben que al final, frente a la protesta, al no pago, etcétera, el Estado deberá poner los recursos.
En consecuencia, el sistema está funcionando mal desde el punto de vista de la rentabilidad social de platas que pertenecen a todos los chilenos y que han de usarse con eficiencia para que efectivamente lleguen a los estudiantes más pobres.
Por lo tanto, profesionalizar el mecanismo de cobro cumple la función social de aumentar la recuperación. Con el proyecto se estima una recuperación de 10 mil millones de pesos, cifra equivalente a la que destinan las universidades para suplir el déficit.
En cualquier sistema muy descentralizado, la cobranza debe ser un servicio especializado, profesional, que obviamente tiene un costo. Pero, en este caso, la contrapartida será una mayor recuperación de los créditos y, por lo tanto, la posibilidad de extender el sistema a un número más elevado de beneficiarios.
Deseo hacer presente que la señora Ministra acepta sustituir la forma verbal "deberán" por "podrán".
Por otra parte, la Sala debe tener en cuenta -porque me parece que se ha confundido un poco la discusión- que no se trata de una empresa de cobranza, sino de una especie de caja de compensación que tiene por objeto recibir los descuentos por planilla que hacen los empleadores para después entregar a las universidades los dineros retenidos. No se trata de una empresa de cobranza que irá detrás de los deudores de crédito universitario.
En tal sentido, tengamos claro qué se discute.
Señor Presidente , seré muy breve porque seguramente esta materia debió haberse abordado en la discusión general.
El punto central es el siguiente: ¿de qué incentivos dispone el sistema, para los deudores y para las universidades, a fin de recuperar las platas? A lo mejor se equivocó el camino. El estímulo podría consistir, por ejemplo, en una libreta de ahorro: quien pagara ganaría inmediatamente intereses, los que podrían traducirse en puntaje para la casa propia, para obtener otros créditos, e incluso para la rebaja de impuestos.
El propósito fundamental es que las universidades recuperen lo adeudado. ¿Pero qué induce a pagar lo que se debe? Según se ha informado, en la actualidad la deuda total por ese concepto asciende a 515 mil millones de pesos, la que seguramente en los próximos años aumentará, porque la gente carece de interés por pagar.
Tal vez el mecanismo ideado para recuperar estos dineros no sea el más adecuado. ¿Cuál es el incentivo? No se ve.
Señor Presidente , en virtud de la aclaración sobre la actuación de terceros y por no haber de por medio un cobro directo sino más bien un descuento, estimo que el procedimiento es correcto.
Y comparto la sugerencia de utilizar el término "podrán", teniendo en cuenta que una universidad podría desear emprender sola esta tarea. En tal caso, sería absurdo imponerle actuar en conjunto con las demás cuando, a lo mejor, directamente ha pactado un sistema o pretende crear una sociedad destinada al efecto.
Señor Presidente , creo que ésta es una discusión larguísima sobre un problema nostálgico. Cuando el Senador Ruiz-Esquide dijo "No creo en este sistema", yo pensé: "Claro, algunos de nosotros recibimos educación universitaria gratuita". Pero los tiempos han cambiado y hoy existen más postulantes a la educación universitaria y menos recursos. Se trata de reemplazar esa política por créditos que, como estamos viendo, equivalen a subsidios a los alumnos, porque, en definitiva, muy pocos los pagan. Entonces, cualquier ley que pretenda aumentar el rendimiento es buena. No busquemos la mejor de todas. La ley buenísima termina siendo mala.
En consecuencia, emplear "deberán" o "podrán" da lo mismo, y a cualquiera de las dos le presto mi aprobación.
Señor Presidente , supongamos que en una empresa laboran trabajadores que han estudiado en distintas universidades; en tal evento, las deudas deben ser canceladas a cada una de ellas. Supongamos también que el empleador les retiene los montos correspondientes, pero no los integra. En ese caso, las universidades afectadas deben pedir a la Tesorería que retenga a ese empleador mal pagador las platas descontadas a su personal. Supongamos igualmente que a una universidad se le deben 50; a otra, 100; a esta, 200, y a aquella, 500. Supongamos, asimismo, que lo recaudado por la Tesorería no alcanza para pagar la deuda total, sino sólo parte de ella. ¿Qué sucederá? Si se aprueba la sustitución de "deberán" por "podrán", se obligará a la Tesorería General de la República a determinar el monto de lo que debe remesar ese empleador a cada una de las universidades, lo cual provocará un lío de proporciones.
En cambio, lo que se propone es como decir: "Este empleador debe a todas estas universidades y, por lo tanto, si devuelve 20 por ciento, se cubrirá en este mismo porcentaje su deuda con cada una de ellas; pero todavía faltará el 80, que seguirá gestionando". De eso se trata.
Considero lógico centralizar el procedimiento porque, o lo operan las universidades, o sencillamente la Tesorería General de la República se verá en la obligación de crear un nuevo ente para consolidar las múltiples deudas de múltiples empleadores a múltiples universidades. Y estamos endosando un pesado fardo a ese ente, lo que no tiene sentido.
Lo adecuado es que todas las universidades converjan en una entidad que compense los dineros, la que ellas pueden crear. O pueden encargar esa tarea a un tercero. Lo importante es que todas, de alguna manera, procedan a consolidar las deudas, porque si no será muy difícil saber cuánta plata corresponde a tal universidad, por concepto de tal trabajador, estudiante o empleador. En realidad, será algo muy engorroso.
Yo he trabajado en el sector público, señor Presidente, y problemas administrativos de este tipo son los que enredan a la Tesorería, descuidando su labor propia: cobrar los impuestos que se le deben.
Por lo tanto, insisto en mantener el término "deberán".
Señor Presidente , no se trata de nostalgia por la época en que fuimos estudiantes, sino, como se ha dicho con toda franqueza, de los problemas que presenta el actual funcionamiento del sistema de cobranzas. Mi deseo es que las cosas se hagan bien en ese aspecto. Y por la forma como está redactada la disposición, por la falta de conocimiento que tengo acerca del modo como opera el mecanismo y por la experiencia que se tiene de estas entidades -que terminan siendo intervenidas porque no se sabe qué pasó con las platas que ellas cobraban-, es que yo, dado que está por llegar un nuevo proyecto durante cuyo estudio podrá analizarse el punto con más claridad, proporcionándome mayor tranquilidad personal, mantendré mi votación contraria.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con lo señalado por la Senadora señora Matthei . Éste es un problema urgente cuya solución no puede esperar la llegada de un nuevo proyecto.
Es necesario que todas las universidades -particularmente las integrantes del Consejo Superior: las 25 universidades tradicionales del país, incluyendo las estatales- concuerden en una política única en esta materia. Y, a mi juicio, este artículo les permite establecer mecanismos de relaciones entre ellas conducentes a la creación de sistemas de recaudación y distribución eficientes. Si no, el proceso terminará en un caos. Si se deja abierto el procedimiento, algunas universidades lo acogerán y otras no. Y el sistema quedará de tal modo liberalizado que nunca se dispondrá de un orden real, independiente de que algunos opinemos que este problema se generó a propósito de determinada política que puede o no compartirse. Pero lo cierto es que todas las universidades enfrentan un problema grave por no ser capaces de recaudar eficientemente lo que se les debe.
Para reemplazar "deberán" por "podrán" se precisa unanimidad, y no la hay.
Si le parece a la Sala, el artículo 10, nuevo, se votará en forma económica.
--En votación económica, se aprueba el artículo 10, nuevo, en los términos propuestos por la Comisión (21 votos contra 3).
En el artículo 8º, que pasa a ser 11, la Comisión de Hacienda propone sustituir las palabras "al contado" por la siguiente frase: "en una cuota anual, dentro del mismo año calendario en el que efectuaron la reprogramación".
En el artículo 9º, que pasa a ser 12, la Comisión de Hacienda sugiere agregar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:
"Asimismo, los administradores de fondos de crédito se encontrarán facultados para solicitar información a las entidades previsionales que corresponda, en relación con los ingresos de los deudores que reprogramaron sus créditos.".
Finalmente, la Comisión de Hacienda propone aprobar sin enmiendas los artículos 10 y 11, que pasaron a ser 13 y 14, respectivamente.
Queda despachado el proyecto en este trámite.
Señor Presidente , sólo quiero agradecer al Honorable Senado por la aprobación de la iniciativa.
Al señor Ministro de Salud , acerca de EXCLUSIÓN DE CONTROLES SANITARIOS PREVIOS A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS IMPORTADOS (reiteración de oficio).
Al señor Subsecretario de Pesca , respecto de EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS EN VEDA POR MARISCADORES DE CUARTA REGIÓN EN SECTOR PESQUERO DE TOCOPILLA (SEGUNDA REGIÓN)
A la señora Directora Regional del SERVIU Sexta Región , solicitando información sobre DEUDAS DE VECINOS DE POBLACIÓN PÁRROCO MIGUEL BUSTAMANTE, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
Al señor Ministro de Salud , pidiendo los antecedentes relativos a TÉRMINO DE FUNCIONES DE UNIDAD DE GESTIÓN PROVINCIAL DE SALUD PARA CHILOÉ, y a NORMALIZACIÓN DE ATENCIÓN EN HOSPITAL DE CASTRO.
En Incidentes, los Comités Mixto (Partido Por la Democracia) y Demócrata Cristiano no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, ofrezco la palabra.
Señor Presidente , el Senado despachó hace poco un proyecto originado en moción, entre otros, del Honorable señor Ruiz-Esquide , que prohibía la clonación humana y, aún más, dejaba expresa constancia en ciertos artículos de que también se impedía la clonación de células madre provenientes de embriones. Dicha iniciativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, donde, lamentablemente, todavía no ha sido despachada.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque hoy y mañana en Nueva York, en la Sexta Comisión (Comisión Jurídica) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se votará un proyecto de convención que precisamente trata de impedir la clonación humana con fines terapéuticos, propiciado por España, con la adhesión de varios países, entre ellos algunos americanos, como Argentina, Costa Rica , Paraguay , República Dominicana, Estados Unidos, además de España e Italia.
Recordarán los señores Senadores que, a instancias de Alemania y Francia,...
Si no hay objeción, presidirá el resto de la sesión el Honorable señor Núñez .
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Senador señor Núñez .
El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-
Decía que también Francia y Alemania propician un proyecto de convención que permite la clonación de embriones con fines terapéuticos. La comunidad mundial, sobre la base del mapa del genoma humano, se ha manifestado en dirección contraria a ese propósito. Entre hoy y mañana también se votará esta proposición en la Sexta Comisión de las Naciones Unidas, además de la de España, que apunta exactamente en la dirección correcta; es decir, impide la utilización de embriones para clonación humana.
Apoyan el documento español un conjunto de antecedentes, como los acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de noviembre de 1997, en que específicamente se estableció "que no estarían permitidas las prácticas contrarias a la dignidad humana tales como la clonación de seres humanos con fines de reproducción"; la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que también explícitamente señala que la clonación humana no está permitida. Y hay diversas disposiciones aprobadas en las Naciones Unidas, por su Comisión de Derechos Humanos y otras comisiones en distintos períodos de sesiones, que se pronuncian en el mismo sentido.
Lo que se persigue es una declaración solemne en cuanto a que, "en tanto no se adopte una convención internacional contra la clonación humana, los Estados no permitirán ninguna actividad de investigación, experimentación, desarrollo o aplicación en sus territorios o zonas bajo su jurisdicción o control de ninguna técnica destinada a la clonación humana". Estos términos son exactamente iguales a los aprobados en su momento por este Senado, que, haciéndose eco de la tendencia mundial y de razones éticas y bioéticas debatidas en esta Sala, prohibió ese tipo de clonación.
Hoy la ciencia está desarrollando de manera muy amplia líneas de investigación con células madre adultas, que para fines terapéuticos no requieren utilización de embriones, con su consiguiente destrucción y, por esa vía, con eliminación de vidas. Por lo tanto, en lugar de insistir en esta práctica inhumana, debe apoyarse -la comunidad mundial se pronuncia en tal sentido- el desarrollo científico y tecnológico que apunta a trabajar sobre la base de células madre adultas
No es menor el tema que se debate en este momento en la Comisión Jurídica de las Naciones Unidas y, por lo mismo, interesa mucho saber -no lo hemos logrado hasta hoy- cómo votará Chile. Es muy importante la señal que se entregue. En los reportes que nos llegan nada se dice respecto de la decisión chilena. Por eso, deseo que se consulte a la Cancillería -con urgencia, hoy mismo- acerca de la postura que en esta materia adoptará el país, que se definirá entre hoy y mañana.
Se trata de un asunto muy importante, porque ya el Senado se pronunció unánimemente en una dirección muy clara y contundente: la clonación de tejidos que no importen la destrucción del embrión es posible con fines terapéuticos; pero la destrucción de embriones con propósitos terapéuticos, en nuestra legislación al menos -ésa fue la intención del legislador-, quedó expresamente prohibida.
Señor Presidente, en forma clara se advierte que el tema es muy relevante.
Se dice: "Contrariamente a lo que frecuentemente se alega, la clonación con fines terapéuticos también supone la experimentación con embriones humanos y es incompatible con una investigación científica legal y segura, ya que su objetivo es la constitución de embriones humanos para su utilización como material de investigación".
España, al fundamentar su postura, "considera que la clonación, cualquiera que sea su finalidad, es una práctica de investigación insegura y contraria a la dignidad humana y por ello se halla expresamente prohibida en su legislación interna". Lo mismo ocurre en Chile.
Además, se señala que "No es posible controlar la eficacia de la prohibición de la clonación humana con fines reproductores si no se prohíbe también la terapéutica".
Se agrega que "Una prohibición parcial de la clonación crearía inseguridad jurídica" y "podría dar lugar a la aparición de un negocio clandestino de clonación con fines reproductores".
Se afirma que "Cualquier forma de clonación humana vulnera los principios de prudencia y de precaución que deben regir toda investigación científica" y que, "Desde la experiencia práctica, los resultados obtenidos en los experimentos de clonación animal refuerzan la necesidad de prohibir cualquier tipo de clonación humana". En la actualidad, ni siquiera la clonación animal es un evento seguro desde el punto de vista científico y genera muchas dudas e interrogantes.
Se sostiene que "Oponerse a la clonación humana no equivale a negarse al avance de la ciencia ni de la investigación genética". Por de pronto, hay clonación de tejidos. El tejido de la sangre hoy día puede ser clonado y utilizado en técnicas de reparación. Por eso, nuestra legislación es muy clara. Se permite la clonación de tejidos que no importen células madre embrionarias, pues cuando se trata del embrión, que importa la vida, desde el momento en que éste es manipulado así se está "ad portas" de una clonación ya no terapéutica, sino reproductora de seres humanos.
Por otro lado, en la actualidad la investigación con células madre adultas cuenta con cierta experiencia clínica y ha abierto enormes horizontes de futuro.
Desde hace años se están utilizando células de médula ósea, por ejemplo, para regenerar células sanguíneas -como lo decía-, y recientemente se ha descubierto la posibilidad de regenerar, a partir de células madre adultas, distintos tipos de tejidos. Además, se han realizado importantes descubrimientos en cuanto a la capacidad de las células madre adultas para multiplicarse y diferenciarse en los más variados tipos celulares.
El apoyar esta línea de investigación permitiría mejorar el conocimiento de los procesos de reprogramación de las células humanas.
Por lo demás, la investigación con células madre adultas resulta más segura, ya que se encuentra exenta de los dos principales inconvenientes que presenta la realizada con células madre embrionarias, a saber, su excesiva capacidad de multiplicación, con el riesgo de producir tumores y la mayor probabilidad de rechazo inmunitario del enfermo.
En términos estrictamente científicos, se afirma que la opción de usar células madre adultas en la medicina regeneradora resulta superior a la de utilizar células madre embrionarias, pues su empleo reduce los riesgos de tumores y de rechazo inmunitario.
En fin, a eso apuntan los antecedentes puestos en el debate que se está llevando a cabo a instancias del proyecto de Alemania y de Francia.
Por lo anterior, nos parece importante que el pronunciamiento de nuestro país sea muy contundente, en especial -y lo reitero- porque en el Senado de la República hubo una señal expresa en la dirección de oponerse a la clonación humana, particularmente de células embrionarias.
Señor Presidente , dejo planteada la inquietud. Ojalá se pudiera despachar hoy día la consulta a nuestra Cancillería, con carácter de urgente, para saber cómo se está votando en estos momentos en Nueva York, cuál es la posición chilena y cómo ha sido sustentada. Esperamos que ella esté informada e ilustrada respecto de lo que fue, a lo menos, la decisión soberana adoptada por el Senado, que resultó muy contundente. Desgraciadamente, el proyecto duerme en la Cámara de Diputados.
Confiemos en que la comunidad mundial no cometa el error de permitir que con fines terapéuticos de reparación se destruyan embriones, pues quienes afirmamos que la vida existe desde el instante mismo de la concepción -como, por lo demás, lo señala nuestro ordenamiento jurídico- estamos diciendo que ella comienza a partir de ese minuto. Y, en consecuencia, el transformar a los embriones en elementos desechables para cirugías o reparaciones, con fines muy loables pero a costa de una vida, sería algo monstruoso.
Deseaba hacer presente tal inquietud. Y es de esperar que mi solicitud pueda ser acogida en la dirección que he señalado.
Si le pareciere a la Sala, podríamos enviar una nota urgente a la Cancillería, en nombre de la Corporación. Como al parecer no hay quórum, podríamos hacerlo en nombre de los señores Senadores presentes -me incluyo entre ellos-, para los efectos de recabar la opinión que esa Secretaría de Estado, según entiendo, emitirá en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Específicamente, en la Sexta Comisión.
Así es, señor Senador , pero en el marco de la Asamblea General.
Señor Presidente, sería importante que ello fuese en nombre del Senado.
Lamentablemente, no hay quórum, Su Señoría.
Pero están los Comités presentes.
Solamente hay uno, señor Senador.
¿La Mesa podría recabar la presencia de los Comités?
Si deseamos hacerlo en forma urgente, debemos consultar a los Comités; pero éstos seguramente ya están de viaje.
Propongo que el oficio sea enviado en nombre de los presentes. Tal vez, en las próximas horas la Secretaría podría consultar la opinión de otros señores Senadores, quienes a lo mejor están escuchando este diálogo en sus oficinas.
Desgraciadamente, no se han quedado todos los Honorables colegas a la hora de Incidentes. Pero, dada la trascendencia del asunto -¡por Dios que es importante!-, la Mesa ha de comprender que la consulta debe llevar implícito el sentir del Senado con motivo del proyecto que despachó sobre la materia.
A lo mejor nuestras autoridades diplomáticas en Nueva York -no estoy presumiendo nada- no se hallan al tanto del debate sostenido en la Cámara Alta. Y sería muy importante que estuviesen ilustradas al respecto.
Por de pronto, solicito, en la medida de lo posible, que se haga llegar a nuestro embajador permanente en las Naciones Unidas el texto despachado por el Senado, que contiene las ideas fundamentales relacionadas con el tema.
Tal vez, vía Internet, o fax, se podría remitir el respectivo documento con la mayor urgencia a Nueva York, para que las autoridades diplomáticas tuviesen en cuenta la decisión soberana adoptada por el Senado, por cuanto contiene líneas de trabajo que pueden ser muy útiles para quienes nos están representando en esa ciudad.
Se procederá como lo ha sugerido el señor Senador y se enviarán al señor embajador permanente, no sólo el texto del proyecto, sino también las intervenciones que en su momento hubo en la Sala.
Señor Presidente, creo que es suficiente que el oficio sea remitido en nombre de los Senadores presentes. Tenemos bastante fuerza.
Somos muy representativos, yo diría.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados por el señor Senador, conforme al Reglamento, en los términos señalados, con la adhesión de los Honorables señores Horvath , Naranjo , Núñez y Stange .
Restan nueve minutos al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Señor Presidente , a mediados del año pasado, y a raíz de una publicación en el diario norteamericano "The Financial Times", se dio a conocer en el Senado la posibilidad de que en la Patagonia argentina se estableciera una base para el Programa Escudo Antimisiles que propicia el Gobierno de Estados Unidos.
Recientes informaciones que circulan en esa zona del país vecino insisten en que es efectiva la aplicación de ese plan por parte del país del Norte.
Tan así es que un decreto provincial del Gobierno del Territorio Federal de Tierra del Fuego cedió tierras para la instalación en ese sector de la Patagonia de una base norteamericana, la que realizará estudios nucleares con fines pacíficos y estará ubicada en la localidad de Tolhuin, la cual se encuentra situada en el centro de la parte argentina de Tierra del Fuego , a orillas del Lago Fagnano.
Dicho decreto provincial, firmado el 26 de julio por el Gobernador señor Carlos Malfredotti , lleva el número 1369-01 y autoriza la instalación de una base norteamericana para el "sistema internacional de vigilancia para la prevención y prohibición de ensayos y explosiones nucleares".
Tal resolución se fundamenta en la ley Nº 25.022, que firmó la Cámara de Diputados de Argentina en 1998 y que en sus anexos dispone que "podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas de estas tierras argentinas, con fines pacíficos".
El decreto citado habilita también a los integrantes de la proyectada base norteamericana en tierra argentina para el libre tránsito por la provincia, si así lo requieren para efectuar sus estudios.
En atención a que existe mayor fundamento para presumir que es efectiva la denuncia inicial de "The Financial Times", estimo imprescindible que nuestro Gobierno tenga presente el peligro que tal situación podría constituir para Chile, debido a la cercanía existente entre los dos países.
Por ello, solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , doña Soledad Alvear , y a la señora Ministra de Defensa , doña Michelle Bachelet , para que se sirvan informar a la brevedad posible acerca de los antecedentes que se tienen sobre esta importante materia.
Señor Presidente , me sumo a la petición del señor Senador .
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Stange, en conformidad al Reglamento, petición a la que adhiere el Honorable señor Horvath .
Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
Como no usará de él, toca el turno del Comité Socialista.
Señor Presidente, deseo dejar constancia de un hecho que se ha venido repitiendo en reiteradas ocasiones.
Con el inicio de la primavera, las diversas empresas dedicadas tanto a la producción de alcohol como de tabaco comienzan siempre una campaña muy audaz, atrevida, masiva, no sólo para colocar productos nuevos, sino también para invitar a la población al consumo de ellos.
Hace más de dos años, cuando era Diputado , inicié una investigación relacionada con la publicidad del tabaco. Así pude enterarme de que la normativa vigente en nuestro país establece como obligación, cuando se hace publicidad en materia de tabaco, que en todo el avisaje público -compuesto por gigantografías, letreros eléctricos, etcétera- al menos el 10 por ciento de su superficie debe contener una advertencia en el sentido de que el tabaco puede producir cáncer.
Desde hace un par de años vengo señalando que no se respeta esa disposición. Sólo se cumple en la propaganda por radio y televisión. En la que se realiza en la vía pública y en aquella que se efectúa a través de los medios de comunicación escritos -diarios, revistas-, eso no ocurre.
Intervengo esta tarde porque la situación ha llegado a tal extremo que causa indignación. Tanto a las autoridades como a los Parlamentarios que transitamos entre Santiago y Valparaíso, y viceversa, nos consta que la empresa encargada de publicitar los cigarrillos Belmont ha llegado al exceso de que, como nadie fiscaliza este tipo de propaganda, ya ni siquiera coloca la advertencia indicada. Ésta no aparece en parte alguna de los avisos luminosos instalados en distintos restoranes.
He conversado al respecto con todos los Ministros de Salud del último tiempo. Me han encontrado razón y manifestado que estoy en lo correcto, ratificando que según la normativa vigente todo envase o acción publicitaria con relación a ese rubro debe contener tal prevención.
La forma de proceder es bien simple. Como corresponde a los Directores Regionales de Salud fiscalizar este aspecto, en caso de incumplimiento pueden retirar la publicidad.
Como la situación descrita ya raya en lo ilegal, porque en algunos letreros que vemos a lo largo del territorio ni siquiera se pone la advertencia y en otros es tan pequeña como una mosca, pido que se oficie al señor Ministro de Salud , a quien expuse el tema hace menos de un mes. Se comprometió a retirar todo el avisaje de cigarrillos Belmont instalado en la carretera entre Santiago y Valparaíso. Hasta la fecha los letreros siguen allí.
Todas las autoridades con las cuales me he contactado han prometido también obligar a hacer las modificaciones respectivas, pero hasta ahora nada sucede.
De otro lado, tiempo atrás el Congreso aprobó una ley que regula actividades relacionadas con el tabaco. El reglamento debería haberse dictado hace cinco años; sin embargo, el organismo pertinente -el Ministerio Secretaría General de la Presidencia- aún no lo ha elaborado.
Señor Presidente , no pretendo perseguir a los fumadores, sino que se respete la ley. En materia de publicidad, una de las pocas cosas reguladas legalmente es la relacionada con el tabaco, porque está comprobado que de aquí al 2010 morirán 10 millones de personas anualmente en el mundo a causa del consumo excesivo de él. Y esto es tan grave que en la publicidad de los países de la Unión Europea se coloca "El tabaco mata". Pero como en Chile ni siquiera se cumple con la obligación de destinar el 10 por ciento de cada aviso para advertir a la población de los riesgos que implica su consumo, es difícil poder insertar un texto de tal naturaleza.
Ésa es la razón por la cual he pedido dirigir oficio al señor Ministro de Salud , a fin de que nos informe cuándo se hará respetar lo relativo a la publicidad del tabaco, que está normada por ley pero nadie la cumple.
Asimismo, solicito que se oficie al señor Ministro Secretario General de la Presidencia para que informe cuándo se procederá a dictar el reglamento. Porque, de hecho, tampoco se cumple con la obligación de destinar el 10 por ciento de la superficie de las cajetillas de cigarrillos para estampar la advertencia. Esto lo vemos todos los días, de manera que nadie puede decir lo contrario. A diario estamos siendo burlados en el avisaje por las empresas tabacaleras.
Creo que ha llegado el momento de actuar. Provoca indignación -como dije, esto es lo que me ha impulsado a intervenir hoy- ver constantemente, cuando viajamos entre Santiago y Valparaíso a desempeñar nuestras tareas, cómo una empresa tabacalera tiene la osadía de instalar sus avisos publicitarios de cigarrillos sin la advertencia pertinente.
La situación es verdaderamente vergonzosa para el país. Por eso he pedido oficiar a los Secretarios de Estado referidos.
Me permito señalar la importancia que reviste el dirigirse a los respectivos Ministerios planteando la necesidad de exigir que la propaganda incluya la advertencia en cuestión. Por ejemplo, en Brasil, país que acabo de visitar,...
Se pone en el anverso de las cajetillas.
...se exige no solamente que ella ocupe el 10 por ciento de la superficie del aviso, sino que en una de las caras de las cajetillas se ponga una fotografía donde se demuestre el daño que provoca el cigarrillo, sobre todo en los jóvenes.
Efectivamente, hoy la normativa internacional es bastante más agresiva.
Es mucho más estricta que la nuestra.
De hecho, la prevención indicada debe figurar en el frontis del envase, no en los lados.
En Brasil, al menos, debe ponerse en la cara posterior.
Pero en la mayoría de los países se coloca en la parte frontal. Incluso, en Europa la advertencia va acompañada de fotografías de personas que han sufrido las consecuencias del consumo de tabaco.
Sugiero a Sus Señorías continuar el diálogo en otro lugar.
Sólo pretendí aportar mayores datos al señor Senador para la eventualidad de que él pudiera impulsar alguna modificación de la ley que aprobamos acá.
No es necesario, señor Presidente . La legislación contempla este tipo de cosas. Pero no se cumple. ¡Eso es lo grave!
Lo que pasa es que todavía no se dicta un reglamento.
Restan siete minutos al Comité Socialista.