Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-373-de-mayo-19-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8c60891b6d276096e0430a0101516096&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 04:49:47
Document Index: 340330154

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 346', 'artículo 102', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 167', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

﻿ Sentencia C-373 de mayo 19 de 2010
SENTENCIA C-373 DE 19 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:GASTO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE AUTORIZAN LA REALIZACIÓN DEL GASTO Y LA ORDEN DE EFECTUARLO. CAMBIO DE NOMBRE DEL AEROPUERTO DE EL DORADO POR EL DE “AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO”. SE DECLARAN INFUNDADAS LAS OBJECIONES POR INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY NO. 253 DE 2009 SENADO, 347 DE 2009 CÁMARA, “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 75 DE 1989 ‘POR LA CUAL SE RINDE HONORES A LA MEMORIA DEL DOCTOR LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO CON OCASIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO”. Y SE DECLARA EXEQUIBLE, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LAS OBJECIONES ANALIZADAS, EL PROYECTO DE LEY NO. 253 DE 2009 SENADO, 347 DE 2009 CÁMARA, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 75 DE 1989, ‘POR LA CUAL SE RINDE HONORES A LA MEMORIA DEL DOCTOR LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO CON OCASIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, ORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, OBJECIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Ref.: Expediente OP-132
Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley Nº 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara, “por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 “por la cual la nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento,” con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento”.
EXTRACTOS: «II. Texto de las normas objetadas
A continuación la Corte transcribe el texto definitivo del Proyecto de Ley Nº 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara, “por la cual se modifica la ley 75 de 1989 “por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento” con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento”, aprobado por el Congreso y objetado por el Gobierno Nacional.
“ART. 1º—Adicionar un artículo 16 de la Ley 75 de 1989(18) cuyo texto es:
“ART. 16.—Como homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento en el vigésimo aniversario de su fallecimiento el aeropuerto internacional de Bogotá, D.C. se llamará aeropuerto internacional “Luis Carlos Galán Sarmiento”.
“ART. 2º—El artículo 16 de la Ley 75 de 1989 cambiará su numeración y corresponderá al artículo 17 a partir de la vigencia de la presente ley.
“ART. 3º—La presente ley rige a partir de su publicación”.
El informe de objeciones fue presentado a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y publicado en la Gaceta del Congreso Nº 1253 de 4 de diciembre de 2009.
El informe de objeciones presidenciales fue anunciado para su votación por el Senado de la República el 9 de diciembre de 2009,(24) en los siguientes términos:
Dicho informe fue efectivamente sometido a consideración del Senado de la República y aprobado 10 de diciembre de 2009, mediante votación ordinaria,(25) como consta en el Acta 25 de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 25 de 2010,(26) con el quórum y mayorías constitucionales requeridas, tal como lo certificó el Secretario General del Senado(27).
En la Cámara de Representantes el informe de objeciones presidenciales fue anunciado para su votación para el 16 de diciembre de 2009,(28) en los siguientes términos:
“Subsecretaria, Flor Marina Daza, informa:
“Informe de objeciones, proyecto de ley 374 de 2009 Cámara, 253 de 2009 Senado, por la cual se modifica la Ley 75 de 89 “por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento”.
“Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de acuerdo con el Decreto 4906 del 2009 del 16 de diciembre “por medio de la cual se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.
Están anunciados señor Presidente los proyectos.
El informe fue efectivamente sometido a consideración de la Cámara de Representantes y aprobado el 17 de diciembre de 2009, mediante votación ordinaria,(29) tal como consta en el Acta 229 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 45 de 2010, con el quórum y mayorías requeridas(30).
La Corte encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el anuncio previo de la votación de cualquier proyecto de ley en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, a saber: (i) el anuncio debe hacerlo la presidencia de la Cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto, o en su defecto, el secretario de la respectiva célula legislativa por instrucciones de la Presidencia; (ii) la fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable; y (iii) el proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta de aquella para la cual ha sido anunciado(31).
En el caso bajo examen, la Corte encuentra que los anuncios hechos para la votación del informe de objeciones presidenciales cumplieron con los requisitos constitucionales señalados, comoquiera que el anuncio fuera realizado dentro de la sesión correspondiente, por el secretario por instrucciones del presidente de la respectiva cámara, con el fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, para una fecha determinada y que la votación se realizó en la fecha prevista para ello.
El Presidente del Senado de la República remitió a Corte Constitucional el 18 de enero de 2010 el proyecto y las objeciones presidenciales, para que esta corporación decidiera sobre su exequibilidad(33). Esta corporación finalmente recibió este documento el 28 de enero de 2010.
En el escrito mediante el cual el Gobierno Nacional sustenta las objeciones presentadas en contra del proyecto de ley 253 de 2009 Senado, 374 de 2009, Cámara, por la cual se modifica la Ley 75 de 1989, manifiesta que este se encuentra violando los artículos 345 y 346 al establecerse una orden imperativa para el ejecutivo de inclusión de un gasto en el presupuesto. Según el ejecutivo el cambio de nombre del aeropuerto genera costosas actualizaciones de las cartas de navegación, documentos de navegación aeronáutica y modificaciones de los convenios y tratados. Por su parte, el Congreso de la República, al insistir, considera que el artículo objetado no contradice los contenidos constitucionales ni la exigencia legal destacada en el escrito de objeciones, por cuanto al cambiar el nombre del aeropuerto El Dorado, no está dando una orden imperativa al gobierno para la inclusión de un gasto público.
Desde muy temprano en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,(35) esta corporación ha señalado que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público, pero corresponde al gobierno decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, “ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos”(36). “La iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten gasto público, no conlleva la modificación o adición del presupuesto general de la Nación (…) simplemente esas leyes servirán de título para que posteriormente, a iniciativa del gobierno, se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas necesarias para atender esos gastos”(37).
De acuerdo con la línea jurisprudencial en la materia, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra “un mandato imperativo dirigido al ejecutivo”,(38) caso en el cual es inexequible, “o si, por el contrario, se trata de una ley que se contrae a decretar un gasto público y, por lo tanto, a constituir un título jurídico suficiente para la eventual inclusión de la partida correspondiente, en la ley de presupuesto”,(39) evento en el cual es perfectamente legítima”(40). En la Sentencia C-782 de 2001,(41) por ejemplo, la Corte declaró exequible una disposición legal(42) que se había expedido con el propósito de exaltar la memoria de un personaje público y mediante la cual se autorizaba al gobierno a realizar ciertos gastos.
De otra parte, la Corte ha declarado inexequibles normas legales, o proyectos de ley objetados por el Presidente de la República, que, en vez de autorizar al gobierno para realizar ciertos gastos, le ordenan hacerlo(43). Para determinar si una disposición ordena o autoriza un gasto, la Corte ha resaltado que el lenguaje empleado es relevante. Mediante Sentencia C-486 de 2002,(44) la Corte declaró exequible una disposición que autorizaba al gobierno para incluir dentro del presupuesto general de la Nación, apropiaciones presupuestales para la ejecución de obras específicas de infraestructura en el municipio de Condoto. Dijo entonces:
“[L]as expresiones utilizadas por el legislador son relevantes, y (…) en ellas debe mirarse, ante todo, el objetivo que persiguen(45). Así, “si su objetivo se contrae a decretar un gasto, resulta claro que la norma contiene una habilitación para que el gobierno lo pueda incluir en la ley de presupuesto. Sin embargo, si se trata de ordenar la inclusión de la partida respectiva en el presupuesto de gastos, la norma establecería un mandato u obligación en cabeza del gobierno, que a la luz de la Constitución Política sería inaceptable”(46).
Nótese que la norma objetada, no contiene una orden al Gobierno Nacional, sino que se limita a autorizar que incluya el gasto en el proyecto de presupuesto. En efecto, la expresión “autorízase”, no impone un mandato al gobierno, simplemente se busca habilitar al Gobierno Nacional para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias, que no es otra cosa que autorizarlo, en los términos del artículo 346 de la Carta, para incluir el respectivo gasto en el proyecto de la ley de presupuesto(47).
Igualmente, en la Sentencia C-399 de 2003(48) esta corporación declaró exequibles varias normas que autorizaban al gobierno “para asignar en la adición presupuestal de la vigencia de 2002 y dentro del presupuesto de las vigencias 2003 y siguientes, las sumas necesarias para ejecutar las obras de infraestructura de interés social que en el municipio de Sevilla se requieran y este no cuente con los recursos necesarios, así como para la recuperación de su patrimonio histórico y consolidación del capital cultural, artístico e intelectual”(49). La Corte decidió que dichos gastos versarían sobre la realización de obras mediante el mecanismo de cofinanciación, y por ende, era aplicable la excepción dispuesta en el artículo 102 referido(50).
Más recientemente, en la Sentencia C-290 de 2009,(51) la Corte Constitucional reiteró lo siguiente.
“La asignación presupuestal para la realización de gastos autorizados por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le corresponde al gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar al gobierno a que incluya en el presupuesto alguna partida específica y, por ello, cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley o el proyecto de ley están afectados por un vicio de inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público entre el legislador y el gobierno(53).
4.2. Por otra parte, en relación con la exigencia del artículo 7º de la Ley 819 de 2003,(54) esta corporación se ha pronunciado en varias ocasiones para reiterar que el requisito allí establecido es responsabilidad tanto del ejecutivo como del legislativo,(55) pero no es una limitación para que el Congreso desarrolle su función legislativa(56).
De conformidad con lo que establece el artículo 7º de la Ley 819 de 2003,(57) en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional. Para el efecto dispone que en las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate se deben incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir los mencionados costos. De la misma manera, establece que durante el trámite de los proyectos el Ministerio de Hacienda debe rendir concepto acerca de los costos fiscales que se han estimado para cada uno de los proyectos, así como sobre la fuente de ingresos para cubrirlos y sobre la compatibilidad del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo.
Es por ello, que esta corporación ha reconocido que el mencionado artículo 7º de la Ley 819 de 2003 se erige como una importante herramienta tanto para racionalizar el proceso legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las leyes, así como la implementación efectiva de las políticas públicas(58). Sin embargo, tal como también lo ha resaltado esta corporación, esta herramienta no constituye una barrera para que el Congreso ejerza su función legislativa o una carga de trámite que recaiga sobre el legislativo exclusivamente, puesto que es el gobierno quien cuenta con los elementos técnicos para efectuar los estimativos de los costos fiscales de un determinado proyecto. Por ello, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, una vez el Congreso haya valorado, con las herramientas a su alcance, si un proyecto tiene o no implicaciones fiscales, corresponde al gobierno participar durante el curso del trámite legislativo para precisar esos estimativos, puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la Sentencia, C-502 de 2007(59) la Corte examinó ampliamente este asunto:
En Sentencia C-315 de 2008,(60) esta corporación sintetizó las reglas aplicables a los proyectos de ley en cuanto al contenido y alcance de la previsión del impacto fiscal:
“— Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas.
“— El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático.
“— Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el gobierno. Así, si el ejecutivo considera que las cámaras han efectuado un análisis de impacto fiscal erróneo, corresponde al citado ministerio el deber de concurrir al procedimiento legislativo, en aras de ilustrar al Congreso sobre las consecuencias económicas del proyecto.
“— El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo”.
En este mismo sentido, en la Sentencia C-1197 de 2008,(61) esta Corte señaló:
“9. Así, pues, gobierno y Congreso están llamados a cumplir con el requisito previsto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, en la forma expuesta en la jurisprudencia, debiendo el primero actuar sobre la base de la propuesta hecha por las cámaras legislativas. Pero para dar por cumplida la exigencia prevista en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, al gobierno no le basta informar al Congreso la existencia de dificultades de orden presupuestal, sino que debe sustentar y cuantificar con base en estudios técnicos, en qué consiste la incongruencia que aduce del proyecto de ley con “las perspectivas fiscales que la Nación ha fijado para el próximo cuatrienio”.
Más recientemente, en la Sentencia C-662 de 2009,(62) la Corte señaló lo siguiente:
“3.9.5. En este orden de ideas, la Corte concluye que para el caso del proyecto de ley objetado no se evidencia un vicio de inconstitucionalidad derivado de la violación de la normatividad orgánica de presupuesto. Nótese que el Congreso, con base en las herramientas que tenía a su alcance, estableció un método de financiación destinado a hacer frente al impacto fiscal de la medida. En esta instancia, correspondía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al deber que le impone el inciso tercero del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, presentar concepto en el cual hubiera señalado que la fórmula de financiación propuesta por el legislativo se oponía al marco fiscal de mediano plazo o no contemplaba las fuentes de financiación necesarias. En contrario, en su intervención guardó silencio sobre la materia, omisión que, conforme a la posición jurisprudencial de esta corporación, no puede dar lugar a la afectación de la constitucionalidad del trámite.
“Debe insistirse en que si el gobierno consideraba que el modo de financiación dispuesto por las cámaras no se ajustaba a los requerimientos y condiciones de su política económica, estaba obligado a indicar, a través de la instancia prevista en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, las observaciones del caso. Así, no resulta admisible aceptar que la omisión en el uso de dicho instrumento pueda servir de sustento a la configuración de un vicio de constitucionalidad de la iniciativa. Ello bajo el entendido que la compatibilidad entre los proyectos de ley y la política económica es un asunto en el que concurren el Congreso y el gobierno, sin que aquel tenga poder de veto sobre la capacidad del legislativo de producir las leyes.
“Con base en los argumentos anteriores, la Corte desestimará la objeción presidencial basada en la pretermisión de la normatividad orgánica de presupuesto”.
4.3. En el asunto bajo examen, el proyecto de ley objetado establece como homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento, un cambio en el nombre al aeropuerto internacional de Bogotá, sustituyendo el nombre de El Dorado por el de Luis Carlos Galán Sarmiento. Según el gobierno tal modificación implica una orden imperativa al ejecutivo para la inclusión de las partidas presupuestales necesarias, que desconoce las normas constitucionales y las orgánicas que regulan el principio de legalidad del gasto. Según el Congreso, el cambio de nombre del aeropuerto El Dorado, no está ordenando expresamente una orden para la inclusión de una partida presupuestal específica, pues a lo sumo contiene una autorización implícita para que el gobierno decida incluir las partidas presupuestales que consideren necesarias.
Durante el trámite del proyecto en el Congreso, tanto en la exposición de motivos como en la ponencia para primer debate, los congresistas concluyeron, con las herramientas a su alcance, que el proyecto de ley no tenía implicaciones presupuestales(63). El Gobierno Nacional no intervino durante el trámite del mismo para controvertir esta conclusión, ni para mostrar técnicamente cuál era el impacto del proyecto en el gasto fiscal, tal como lo señala la Ley 819 de 2003. Ni siquiera en el documento de objeciones presidenciales, se precisa cuál es ese impacto fiscal, y más allá de afirmaciones generales no es claro por qué el cambio de nombre del aeropuerto en las cartas de navegación, en la información aeronáutica y en otros instrumentos tengan el impacto fiscal cuestionado por el gobierno.
Tampoco desconoce tal autorización la exigencia de que se conozcan los costos fiscales que genera cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República, establecida en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, comoquiera que es una herramienta para la racionalidad legislativa, que crea una carga inicial sobre el ejecutivo que éste no cumplió en el presente caso, pero que no puede constituirse en una barrera insalvable para el ejercicio de la función legislativa de manera autónoma por parte del Congreso de la República.
1. DECLARAR INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el Proyecto de Ley 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara, “por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 “por la cual nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”.
2. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con las objeciones analizadas, el Proyecto de Ley 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara, “por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 “por la cual nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”.
(24) Gaceta del Congreso Nº 22 de 2010 (Acta de Plenaria Nº 24 de 2009, publicada finalmente en el mes de febrero de 2010).
(25) Gaceta del Congreso Nº 25 de 2010 (Acta de Plenaria Nº 25 de 2009, publicada finalmente en el mes de febrero de 2010).
(26) Gaceta del Congreso Nº 442 de 2009, páginas 8-10.
(27) Cuaderno dos. Expediente OP 132 folios 2-3.
(28) Gaceta del Congreso Nº 50 de 2010 (Acta de Plenaria Nº 228 de 2009).
(29) Gaceta del Congreso Nº 45 de 2010, páginas 30-32.
(30) Gaceta del Congreso Nº 45 de 2010, página 11, páginas 30-32.
(31) Cfr. Sentencia C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería).
(33) Constitución Política, artículo 167 inciso 3º.
(35) Ver la Sentencia C-057 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), en donde la Corte se pronuncia por primera vez frente a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 134 de 1989 originario del Senado de la República y radicado con el Nº 189 de 1989 en la Cámara de Representantes “Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 450 años del municipio de Marmato, departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”.
(37) Corte Constitucional. Sentencia C-343 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En esta oportunidad se declararon infundadas las objeciones presidenciales al proyecto de ley 156 de 1993 del Senado de la República y 45 de 1993 de la Cámara de Representantes “Por medio del cual se declara monumento nacional el templo de San Roque, en el barrio San Roque de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico”.
(39) Sentencia C-360 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Fundamento jurídico 6.
(40) Corte Constitucional. Sentencia C-324 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Aquí se estudiaron las objeciones presidenciales al proyecto de ley 157 de 1995 Senado y 259 de 1995 Cámara “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del sesquicentenario de la ciudad de Manizales y se vincula con la financiación de algunas obras de vital importancia para esta ciudad”. Esta doctrina fue reiterada en la Sentencia C-196 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en la cual se declaró la exequibilidad el artículo 4º del proyecto de ley 122 de 1996 Senado-117 de 1995 Cámara, “por la cual se honra la memoria de un ilustre hijo de Boyacá”, salvo la expresión “y traslados presupuestales”, que se declaró inexequible, porque mediante ella se ordenaba al gobierno un gasto específico.
(41) C-782 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; S.V. Rodrigo Escobar Gil).
(42) Las normas acusadas estaban contenidas en la Ley 609 de 2000 (por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del general Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento.). Se destacan los siguientes artículos acusados: “Artículo 3º. Autorízase al gobierno para la emisión de una estampilla que deberá estar en circulación por los mismos días que se celebra el natalicio del ilustre Presidente, el 12 de marzo del año 2000, con la siguiente leyenda Gustavo Rojas Pinilla ‘Paz, Justicia y Libertad’. || Artículo 4º. Para la construcción del auditorio Gustavo Rojas Pinilla, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, el Gobierno Nacional autorizará la suma de dos mil cuatrocientos diez millones de pesos ($ 2.410´000.000). || Artículo 5º. Para la adecuación del edificio municipal de la ciudad de Tunja se autorizará por cuenta del Gobierno Nacional la suma de tres mil cien millones de pesos ($ 3.100´000.000). || Artículo 6º. El Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil, autorizará la suma de setecientos veinte millones de pesos ($ 720´000.000) para la terminación de las obras, estudios, diseños, adecuaciones, dotaciones de radioayudas, iluminación y equipos necesarios para una apropiada operación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja. || Artículo 7º. Para el rescate del patrimonio histórico de la ciudad de Tunja, Cojines del Zaque, la capilla de San Lorenzo, la Casa del Fundador, Piedra de Bolívar o Loma de los Ahorcados y la Iglesia de Santa Bárbara, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Cultura, autorizará una partida de dos mil millones de pesos ($ 2.000´000.000)”.
(44) C-486 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; S.V. Rodrigo Escobar Gil).
(45) Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(46) Corte Constitucional. Sentencia C-360 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(47) Corte Constitucional. Sentencia C-360 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(49) Adicionalmente, las normas objetadas disponían: Artículo 6º. Autorízase al Gobierno Nacional para celebrar las apropiaciones presupuestales y los contratos necesarios para la ejecución plena de lo dispuesto en la presente ley. || Artículo 7º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, podrán celebrarse convenios interadministrativos entre la Nación, el municipio de Sevilla o el departamento del Valle del Cauca”.
(50) En este mismo sentido ver la Sentencia C-1047 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, A.V. Jaime Araújo Rentería), en donde la Corte reitera la regla según la cual las autorizaciones otorgadas por el legislador al Gobierno Nacional para la realización de gastos dirigidos a ejecutar obras en las entidades territoriales, son compatibles con las normas orgánicas cuando las normas objetadas se refieren a un desembolso a través del sistema de cofinanciación. En dicho caso, la inclusión de la partida para la cual se autorizó al gobierno, está comprendida dentro de las excepciones previstas en las normas orgánicas.
(52) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-782 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(53) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(54) Ley 819 de 2003, artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. ║ Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. ║ El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. ║ Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ║ En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva secretaría de hacienda o quien haga sus veces.
(55) C-1113 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). La objeción presidencial se presentó contra el proyecto de ley 247 de 2003 —Senado— y 117 de 2002 —Cámara— “Por la cual la Nación rinde homenaje al municipio de Soledad con motivo de los 405 años de haberse fundado el primer asentamiento humano en su territorio, se exaltan las virtudes de sus habitantes y se autoriza en su homenaje la inversión de unas obras de interés social”; C-500 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, S.V. Jaime Araújo Rentería). El proyecto objetado fue el proyecto de ley 249 de 2003 —Senado de la República—, 129 de 2003 —Cámara de Representantes— “Por medio del cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del municipio de Nocaima, en el departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”; C-729 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra, A.V. Jaime Araújo Rentería). El proyecto objeto de reproche fue el proyecto de ley 057 de 2003 Cámara - 061 de 2004 Senado “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los ciento cincuenta años de la fundación del municipio de Toledo en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”. En el proyecto se autorizaba al Gobierno Nacional para incluir dentro del presupuesto nacional las partidas necesarias para concurrir a la realización de distintas obras en el municipio; C-072 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). El proyecto objetado fue el proyecto de ley 239/05 Senado - 165/03 Cámara, “por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”. El proyecto fue objetado por cuanto otorgaba beneficios tributarios al reducir el aporte de las madres comunitarias al sistema de seguridad social en salud del 8% al 4% de las sumas que reciben por concepto de bonificación del Instituto de Bienestar Familiar; C-929 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). El proyecto objetado fue el proyecto de ley 172/04 Senado, 162/03 Cámara, “Por medio de la cual se autorizan apropiaciones presupuestales para la ejecución de obras en el municipio de Caicedonia, departamento del Valle del Cauca, con motivo de la vinculación de la Nación y el Congreso de la República al primer centenario de su fundación”. En el proyecto se autorizaba al Gobierno Nacional para incluir dentro del presupuesto general de la Nación las apropiaciones presupuestales necesarias para vincularse a la conmemoración de los cien años del municipio de Caicedonia y para la ejecución de distintas obras de infraestructura. En el proyecto se cuantificaba el costo de las obras, pero no se identificaba la fuente de ingreso adicional para cubrirlos ni se analizaba la compatibilidad de los gastos con el marco fiscal de mediano plazo.
(56) Ver entre otras las sentencias C-874 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-856 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-502 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(57) Ley 819 de 2003, artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. ║ Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. ║ El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. ║ Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ║ En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva secretaría de hacienda o quien haga sus veces.
(58) Ver entre muchas otras las sentencias C-197 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-782 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-500 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-502 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-290 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, Martelo), C-339 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-441 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-662 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-850 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(60) C-315 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) donde se analizaron las objeciones presidenciales al proyecto de ley 18/06 Senado - 207/07 Cámara, “por la cual se establecen rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio”.
(63) Gacetas del Congreso Nº 146 de 2009, 237 de 2009, y 492 de 2009.