Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221005.htm
Timestamp: 2019-03-25 18:46:41
Document Index: 250959940

Matched Legal Cases: ['artículo 255', 'artículo 26', 'artículo 518', 'artículo 283', 'artículo 262', 'artículo 255', 'artículo 26', 'artículo 518', 'artículo 225', 'artículo 518', 'artículo 518', 'artículo 47', 'artículo 31', 'artículo 518', 'artículo 42', 'artículo 296']

201202-Sala Civil-1-005
Auto Supremo: 05/2012
Sucre: 6 de febrero de 2012
Expediente: 11-12-C
Partes: Mirian Bejarano de Mehnert c/Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz
Proceso: Coactivo
VISTOS: El recurso de compulsa de fojas 110 a 114 vuelta de obrados, interpuesto por Mirian Bejarano de Mehnert, contra el auto de negativa de concesión del recurso de casación, cursante a fojas 95 emitida el 08 de octubre de 2011, por la Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso coactivo que sigue la sociedad comercial hermanos Vicente S.R.L contra la sociedad comercial industrias alimenticias rainetti SRL y contra el compulsante, los antecedentes de testimonio adjunto, y;
CONSIDERANDO: Que, el auto de vista Nº 118/2011 de 04 de julio, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó con costas en ambas instancias el auto de fecha 14 de mayo de 2010, por el cual el juez tercero de partido en lo civil y comercial de la capital, aprobó la adjudicación del inmueble ubicado en la provincia Andrés Ibáñez, Tercera, Ayacucho, fundo denominado las Lomas de Capiguara, con una extensión superficial de 30.mtrs, según registro del título, inscrito en las oficinas de Derechos Reales bajo la matricula Nº 7013010000218, a favor de CIC Hermanos Vicente S.R.L, disponiendo al mismo tiempo el levantamiento o cancelación de los gravámenes, de anotaciones preventivas, y las medidas precautorias que tuviera el inmueble subastado,
Que el referido auto de vista, fue recurrido en casación y nulidad por Mirian Bejarano de Mehnert, cuya concesión fue rechazada (lo que equivale a la negación), por el tribunal ad quem mediante auto de fecha 08 de octubre de 2011, cursante a fojas 95 del testimonio venido en compulsa, con el fundamento que al tratarse de una resolución en ejecución de sentencia, no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, complementado por el artículo 26 de la Ley 1760 y artículo 518 del Código Adjetivo Civil, es decir que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas solo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, siendo el caso que ocupa un proceso con sentencia ejecutoriada.
CONSIDERANDO: Conforme a la previsión del artículo 283 del Código Procesal citado, procede el recurso de compulsa en los siguientes casos: 1) por negativa indebida del recurso de apelación; 2) por haberse concedido la apelación sólo en el efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo; y 3) por negativa indebida del recurso de casación.
Bajo ese marco normativo, la competencia del Tribunal al momento de resolver la compulsa, ha de circunscribirse a precisar si la negativa de concesión del recurso es legítima o no, tomando en cuenta para ello la regulación que prevé el Procedimiento Civil, en función a la naturaleza de los procesos, las resoluciones pronunciadas en ellos y otros presupuestos procesales que hacen al régimen de los recursos. Esto quiere decir, que el Tribunal compulsado, sólo puede negar el recurso de casación o nulidad en los casos previstos por el artículo 262 del Código Adjetivo de la materia, es decir: 1) Cuando se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término; 2) Cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de ese recurso ordinario; y 3) Cuando el recurso no se encuentra previsto en los casos señalados por el artículo 255 del referido cuerpo procesal; este último complementado por el artículo 26 de la Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997.
CONSIDERANDO: Que de la revisión del cuadernillo de compulsa se establece que, evidentemente el auto de vista Nº 118/2011 de 04 de julio, ha sido pronunciado en ejecución de sentencia, resolución que no admite recurso de casación conforme prevé el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto esta etapa del proceso cualquier decisión que pronuncie el juez de primera instancia, podrá ser apelada en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.
Ahora bien, si bien es cierto que los medios de impugnación configuran instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir,
modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia y que por principio y por naturaleza todo acto jurisdiccional es impugnable, no es menos evidente que en algunos casos la ley proclama de manera absoluta o relativa la limitación impugnativa o, ella resulta de la misma estructura judicial, instancia única, aunque aún en estos casos es posible encontrar caminos destinados al ataque o cuestionamiento de los mismos.
En este contexto, los datos que informan al proceso dan cuenta que el mismo se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, aspecto que tomó conocimiento oportunamente la compulsante por providencia de 25 de marzo de 2010, en el que juez de la causa dispuso "estése a lo dispuesto por el artículo 225 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 518 de la misma norma", por lo que, partiendo de este presupuesto y contrastado los fundamentos del auto que desestima la concesión del recurso de casación y los argumentos del recurso compulsorio con lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que por el estadio jurídico en el que se encuentra el proceso -ejecución de fallos-, la limitación para la interposición de los medios de impugnación se halla configurada en lo dispuesto por el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que las resoluciones emitidas en esta instancia procesal sólo son apelables en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, advirtiéndose con meridiana claridad, que es el propio ordenamiento jurídico el que pone límites en el uso de los recursos en esta fase del proceso, circunstancia que fue adecuadamente verificada por el tribunal de alzada mediante auto de fecha 08 de octubre de 2011, a través de la cual desestimó la concesión del recurso de casación y nulidad planteado contra el auto de Vista No. 118/2011 de 04 de julio.
No obstante lo manifestado, se debe tener en cuenta, que el artículo 47 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, incorporó los procesos coactivos civiles de créditos hipotecarios y prendarios dentro los procesos de ejecución, de ahí que todo lo referido a los juicios sobre los recursos que le franquea la ley, son aplicables a los referidos procesos coactivos.
Que, el parágrafo II del artículo 31 de la citada Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, prevé para los juicios de ejecución única y exclusivamente dos instancias y no admite recurso de casación, en consecuencia tampoco procede la impugnación extraordinaria tratándose de resoluciones pronunciadas dentro de estos procesos que decidan incidentes y tercerías, menos aún, como sucede en el sub lite, resoluciones dictada en ejecución de sentencia.
Por las razones expuestas la impugnación en casación es inviable, en virtud a ello la denegación dispuesta por el tribunal compulsado resulta conforme a derecho, aunque el fundamento para ello se refiera exclusivamente a la previsión contenida en el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 42.4) de la Nueva Ley del Órgano Judicial, declara ILEGAL, el recurso de compulsa interpuesto por Mirian Bejarano de Mehnert, cursante a fojas 110 a 114 vuelta. En aplicación del artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, se impone costas y multa a la compulsante que se gradúa en el equivalente a tres días de haber del juez ante quien se tramita la causa, conforme así lo dispone el Reglamento de Multas Procesales del Órgano Judicial, cuyo pago mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.