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Timestamp: 2017-04-27 18:43:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 61', 'artículo 73', 'artículo 184', 'artículo 75', 'artículo 77', 'artículo 79', 'artículo 117', 'artículo 124', 'artículo 128', 'artículo 138', 'artículo 124', 'artículo 165', 'Artículo 165', 'Artículo 165', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 166', 'artículo 128', 'artículo 170', 'artículo 173', 'artículo 178', 'artículo 182', 'artículo 191', 'artículo 227', 'artículo 39', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 89', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 94', 'artículo 192', 'artículo 16', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 8']

Blog de Jorge Chessal: 2016
La Miscelánea Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, modifica, entre otros ordenamientos, la Ley de Amparo. Haremos un breve repaso al respecto:
1. Como parte del mandato contenido en la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de la Constitución General de la República, se modificó el artículo 12 a efecto de señalar que, en el juicio de amparo en materia penal, además de la administrativa, civil, mercantil y laboral tratándose del patrón, el autorizado para oír notificaciones por parte del quejoso o del tercero interesado debe necesariamente acreditar encontrarse autorizado legalmente para ejercer la profesión de abogado.
En caso de no dedicarse al ejercicio de la abogacía, el autorizado solo podrá imponerse de autos y oír notificaciones, pero sin tener facultades para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para defender los intereses del autorizante.
2. El artículo 61, que establece las causales de improcedencia del juicio de amparo, fue modificado en aras de lograr mayor claridad por lo que hace a las excepciones al Principio de Definitividad en cuestiones judiciales a que se refiere la fracción XVIII del precepto en comento, particularmente en la materia penal.
Esta fracción señala la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que se impugnen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como excepción a lo anterior, se reformó el inciso b) para retirar los autos de vinculación a proceso, que fueron remitidos al inciso d) (adicionado) e incluir cualquier tipo de auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad.
Es importante destacar que el Código Nacional de Procedimientos Penales distingue entre providencias precautorias y medidas cautelares. Las primeras son tendientes a garantizar la reparación del daño y consisten en embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; las medidas cautelares serán impuestas para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Así, la excepción opera en el caso de providencias precautorias y, en el caso de medidas cautelares, cuando son restrictivas de la libertad.
3. Se modificó el artículo 73 a efecto de ampliar el término en el cual deben hacerse públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se trate de resoluciones sobre constitucionalidad o convencionalidad de normas generales o bien amparos colectivos.
Previo a la reforma, el plazo para la publicación era simultánea a la correspondiente a la lista de sesión, que es de tres días, conforme el artículo 184 de la Ley de Amparo. Ahora la publicación debe hacerse tres días antes de que se publique la referida lista.
Igualmente, con el fin de regular lo anterior, se adicionó un párrafo que señala que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal regular, mediante acuerdos generales, la publicidad de los proyectos de sentencia.
4. Se modifican los párrafos segundo y tercero del artículo 75 para matizar lo relativo a las pruebas en el juicio de amparo penal.
Recordemos que en el amparo no se admitirán pruebas que no se hubieren rendido ante la responsable para la emisión del acto reclamado, excepto cuando el quejoso no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas ante la responsable, en cuyo caso lo hará ante el órgano de amparo. Igualmente, la autoridad que conoce del amparo deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.
En ambos casos, nos dice la reciente reforma, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que las pruebas que se desahoguen en el amparo no impliquen violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.
Esto significa un gran cambio, pues las diligencias probatorias en el procedimiento constitucional, en materia penal, deberán observar tanto la Oralidad como el resto de los Principios que informan el nuevo sistema de justicia, es decir, Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación.
5. La modificación al artículo 77 implica excluir del efecto inmediato de la sentencia que concede el amparo al auto de vinculación a proceso y, en su lugar, se establece la ejecución inmediata, además de los casos de órdenes de aprehensión, las providencias precautorias o los autos que establezcan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable.
En este aspecto, los casos citados constituyen una excepción a la regla que impera en la ejecución de las sentencias de amparo, que solo es factible una vez que causa estado, ya que se hubiera cumplido el término que la Ley de Amparo prevé para la interposición del Recurso correspondiente, sin que se hubiere hecho o bien porque, interpuesto éste, sea resuelto por el tribunal de alzada.
Esta es una modificación importante, ya que, al concederse el amparo contra el auto de vinculación a proceso, éste quedaría insubsistente y, por tanto, concluido el proceso mismo, antes de que adquiriera firmeza la sentencia de amparo, con las dificultades inherentes a un cambio de sentido de la primera a la segunda instancia constitucional.
Ya hemos anotado anteriormente la diferencia entre providencias precautorias y medidas cautelares, por lo que me remito al apartado 2.
6. El artículo 79 incluye una adición que realmente no formó parte de la iniciativa original, ni de la aprobación del Senado como Cámara de origen; se trata de un añadido en la Cámara de Diputados de la que no hemos podido encontrar explicación alguna. El texto incluido señala que en los casos de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Plenos de Circuito; menores, incapaces o que afecte la integridad de la familia; materia penal; materia agraria en favor de ejidos o comunidades o sus integrantes; laboral en favor del trabajador o cuando de se trate de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, expresando en la sentencia “cuando la suplencia derive de un beneficio”.
A mi parecer, la redacción correcta sería “cuando de la suplencia derive un beneficio”, lo que sería más congruente y comprensible, dado que entonces podríamos entender que, si la suplencia no genera algo favorable, no es necesario expresarlo.
7. En relación con el informe justificado que debe rendir la autoridad responsable en el amparo, se señala en el artículo 117 reformado que, en la materia procesal penal, deberá acompañarse al mismo con un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes, con el objetivo de permitir al juez de amparo el debido análisis de las audiencias del procedimiento penal y con ello estar en posibilidad de allegarse de los medios necesarios para su resolución. Recordemos que el informe en esta materia se rinde en medios magnéticos donde conste el desarrollo del procedimiento oral en cada una de las audiencias correspondientes.
8. Con el fin de que no exista la posibilidad de omitir alguna cuestión que deba analizarse en el juicio de amparo en materia penal, el artículo 124 incluye ahora la obligación de analizar íntegramente las videograbaciones que se alleguen a los autos, pues recordemos que se debe garantizar el estudio completo de todos los medios probatorios.
9. En el artículo 128 se incluye la limitación expresa para otorgar la suspensión respecto de las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
Quedan excluidas de la prohibición, entonces, las providencias precautorias de embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, por lo cual, en estos dos casos, sí será procedente la suspensión.
10. El adicionar en el artículo 138 la obligación de ponderar la apariencia de buen derecho en relación con la contravención de disposiciones de orden público, además del interés social.
El concepto de “disposiciones de orden público” es bastante complejo, pues, de principio, todas las leyes son de orden público. Evidentemente se trata de un contenido de mayor profundidad. Para esto y por no ser el propósito de este trabajo un análisis de gran calado sobre este tema (que dejaremos para próxima ocasión), transcribo un criterio jurisprudencial que puede ayudarnos para entender esta adición:
“Época: Octava Época Registro: 228764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 516 ORDEN PUBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION.
No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar la existencia del orden público en los casos concretos que les someten para su resolución; de ahí que corresponda al juzgador, haciendo uso de la facultad que como tal está dotado, apreciar cada caso concreto que se le presente y determinar, tomando en consideración las circunstancias del mismo, si de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades responsables aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención directa e ineludible, por los efectos de la suspensión, a la disposición de orden público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo.
Amparo en revisión 30/89. Carolina Santillana Orduña. 1o. de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.”
11. El artículo 165 se modifica para cambiar la expresión “juez penal” por “órgano jurisdiccional”. Sin embargo, además de esto, tiene una modificación que merece especial atención.
El texto previo a la reforma del precepto en cuestión señala: “Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.
Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición.
En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez”
El texto modificado queda de la siguiente manera, resaltándose lo reformado:
“Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.”
La detención por caso urgente, acorde lo señalado en el artículo 16 Constitucional, se configura cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, en cuyo caso el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Como podemos ver, el primer párrafo reformado da a entender que el Ministerio Público es precisamente quien ordena la detención, lo que es acorde a la Constitución; se habla de un plazo de cuarenta y ocho o bien noventa y seis horas para liberar al individuo o bien ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, como efecto de la suspensión, lo que se deduce de los dos primeros párrafos de este artículo y que, además, es congruente con el artículo 16 Constitucional.
Sin embargo, el tercer párrafo señala que, en los casos de detención en caso urgente, la suspensión tiene el efecto de que se le ponga en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional. Entonces ¿hay plazo de cuarenta y ocho o noventa y seis horas o no?
Por una parte, ese término está previsto en la Constitución; sin embargo, la misma Constitución, en su artículo 1, se dice que las normas deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, con lo cual debería prevalecer el primer y tercer párrafo que limita la facultad del Ministerio Público.
12. El artículo 166 fue adicionado con un párrafo que remite al artículo 128 (comentado líneas arriba) en cuanto a las órdenes o medidas de protección impuestas en cualquier etapa de un procedimiento penal.
Estas órdenes o medidas no son suspendibles.
13. En el artículo 170 se precisó claramente que todo tipo de sentencias en materia penal pueden ser impugnadas, vía amparo directo, por la víctima u ofendido del delito, en virtud de que, antes de la modificación, se limitaba el artículo a señalar que eran impugnables por éstos las sentencias absolutorias y los autos referidos a la libertad del imputado.
Igualmente se reformó este precepto para resolver un añejo cuestionamiento en torno a ¿cuándo inicia el juicio?
Claramente se señala ahora en la Ley de Amparo que el juicio inicia con la presentación de la demanda, en tanto que, en materia penal, el proceso empieza con la audiencia inicial ante el juez de control.
De esta forma, cualquier acto previo o posterior a esos momentos indicados serán considerados actos previos, fuera de juicio. 14. En el artículo 173 se contemplan los casos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento penal con trascendencia a las defensas del quejoso. Este precepto cambió totalmente pues estableció ahora dos grandes apartados, dependiendo del sistema procesal aplicable. Por tal motivo transcribo el artículo en su totalidad, tal como queda luego de su modificación:
XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo.”
15. En el artículo 178 se agrega, como se hizo en materia de amparo indirecto, una disposición expresa para que, en la materia procesal penal, se acompañe al informe justificado un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes. Me remito al comentario contenido en el punto 7 que antecede, pues se trata de la misma hipótesis.
16. Por lo que hace al amparo adhesivo, se amplió en el artículo 182 el listado de personas excluidas de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, en relación con las violaciones procesales que pudieran trascender al fallo.
Así, no tienen esa obligación por cuanto al Principio de Definitividad en amparo directo los menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del imputado (anteriormente, inculpado) y del ofendido o víctima.
17. En materia de suspensión en amparo directo, el artículo 191 señala que, cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, agregando que, si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.
La modificación consistió en eliminar del precepto la expresión “la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede” con que concluía la redacción anterior. Luego de “por mediación de la autoridad responsable”.
18. El artículo 227, que establece la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis jurisprudenciales, excluía, por alguna desconocida razón, a los Tribunales Unitarios de Circuito.
Es decir, que podían formular la denuncia Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, así como sus integrantes, Jueces de Distrito, Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los asuntos que las motivaron. Sin embargo, no obstante que son autoridad de amparo, los Tribunales Unitarios quedaban fuera de la posibilidad de evidenciar la contradicción de tesis. La reforma los incluyó.
Estos son solo algunos breves comentarios que pretenden dar un resumen del impacto de la Miscelánea Penal en la Ley de Amparo. No es en forma alguna un estudio exhaustivo ni de mayor pretensión o profundidad.
Jorge Chessal Palau[1]
SUMARIO: 1. introducción. 2. Procedimientos
jurisdiccionales no sancionatorios en sede administrativa. 2.1 Sede administrativa. 2.2 Procedimientos
jurisdiccionales no sancionatorios. 3. Procedimientos jurisdiccionales no sancionatorios en
sede administrativa. derechos fundamentales. 4. Conclusiones.
este trabajo me propongo abordar la temática de los Derechos Fundamentales. En
aquellos casos en que el gobernado enfrenta un procedimiento jurisdiccional
cuya finalidad no es la aplicación de una sanción ante una autoridad
primer lugar se plantea una aproximación a lo que debemos entender por un
procedimiento jurisdiccional a la luz de las disposiciones normativas en
materia de Derechos Fundamentales, particularmente en sede administrativa. A
partir de una referencia a los procedimientos administrativos y la exclusión de
los procedimientos sancionatorios, posteriormente se propone una enunciación de
los mínimos necesarios que deben observarse para cumplir con el respeto
irrestricto a los derechos esenciales de los gobernados, así como su posible
Procedimientos jurisdiccionales no sancionatorios
2.1 Sede administrativa.
primer término, estimo necesario definir lo que debemos entender como “sede
administrativa”. Para esto, debemos recordar que, acorde a lo dispuesto por el
artículo 39 de la Constitución General de la República, la soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo, del cual dimana todo poder
público y se instituye para beneficio de éste, señalando el diverso numeral 41
de la misma Constitución que la soberanía se ejerce por medio de los Poderes de
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados.
Así, el artículo 49 Constitucional nos anota que el Supremo Poder de la
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en
tanto, el 116 del ordenamiento que nos ocupa repite a nivel estatal la fórmula
al señalar que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio,
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
el entrecruzamiento de atribuciones a partir de lo funcional atribuido a cada
Poder, en trazos gruesos diremos que la actividad del Poder Legislativo es
hacer leyes, la del Judicial juzgar y las Ejecutivo administrar. Sin embargo y
tomando en cuenta la temática de este trabajo, volveremos sobre el tema más
adelante. Por lo pronto nos encontramos dilucidando el concepto “sede administrativa”.
por ésta expresión nos referimos, en sentido formal, al Poder Ejecutivo, dada
su primigenia atribución de administrar. Sin embargo debo anotar que la actual
conformación del Estado mexicano me ha llevado a reducir a la elementalidad el
tema, ya que la presencia de Órganos Constitucionales Autónomos o bien de
entidades con existencia propia dentro de alguno de los Poderes, como el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, excedería los
límites metodológicos que pretendo en este texto. Solo para dejar constancia de
tal dificultad, cito los criterios judiciales que a continuación se transcriben
para conocer la naturaleza de estas autonomías:
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de
equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así
la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una
distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de
las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos
constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su
estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su
especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes
del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la
teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios,
no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los
órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de
los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente
por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del
Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e
independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de
la sociedad.[2]
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.
la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido
en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas
constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida
a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales
específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización,
control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden
parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender
necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose
como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la
existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar
establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con
autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones
coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de
la sociedad.[3]
en cuenta lo dispuesto por los artículos 80 y 90 de la Constitución General de
la República, reconozco entonces como “sede administrativa” al Presidente de la
República y a la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
Según el artículo 1 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Oficina de la
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados (Comisión Nacional
de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía) integran la Administración
Pública Centralizada, en tanto que los organismos descentralizados, las
empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales
de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública
Así, por exclusión, dejamos fuera de nuestro estudio las
entidades no referidas en la enunciación que antecede.
2.2 Procedimientos jurisdiccionales
no sancionatorios.
Nunca sobra la aclaración que en este apartado solo nos
referiremos a lo que ocurre en sede administrativa, por tanto, los
procedimientos jurisdiccionales, sancionatorios o no que ocurren en entorno
diverso no interesan a esta exposición.
Habíamos dejado ya asentado que no obstante la división formal
de atribuciones que establece la Constitución General de la República en cuanto
a judicial, administrativa y legislativa, cada uno de los Poderes de la unión
desarrolla actividades en ejercicio de atribuciones que conllevan esas mismas
funciones, pero acotadas como casos de excepción frente a lo que es su
competencia originaria. Así, la Administración (Poder Ejecutivo) expide reglamentos
(actividad legislativa) pero con las limitaciones que se desprenden del
artículo 89 fracción I de la Constitución General de la República, al igual que
ejerce facultades jurisdiccionales. Veamos el contenido de este concepto.
En un sentido amplio y recurriendo a la etimología latina de la
palabra, la “jurisdicción” es la facultad ejercida por el órgano del Estado que
consiste en dictar el derecho, es decir, juzgar.
Originariamente atribuida la facultad a los tribunales por el
artículo 17 de la Constitución General de la República, el juzgamiento consiste
en un pronunciamiento autoritario respecto de la resolución de una controversia
en la cual se da a cada quien lo que le corresponde, es decir, se hace
justicia. Es cierto que existen conceptos como “jurisdicción voluntaria” que se
refieren precisamente a casos en que interviene la autoridad judicial sin que
exista contienda; sin embargo, recordemos que estamos en un escenario
formalmente distinto y, por tanto, solo nos interesa el sentido que puede
referirse a la sede administrativa. Por tanto, de principio asumimos que en un
procedimiento jurisdiccional existe contraposición de posturas.
Lo anterior lo afirmo ya que no podríamos atribuir al concepto
una amplitud tal que se entendiera como el “dictar el derecho” desde una
postura rígida textual e inamovible, ya que en todo caso el Principio de
Legalidad previsto en la parte inicial del artículo 16 de la Constitución
Federal implicaría que todo acto de autoridad, por estar fundado en derecho,
sería jurisdiccional. Es claro que el concepto “dictar el derecho” tiene un
alcance mayor que solo puede comprenderse cuando se decide una controversia, es
decir, cuando se dice a quien asiste la razón en una contienda específica.
Dicho esto, dando por entendido que la sede administrativa hace
un pronunciamiento decidiendo una contienda entre dos posturas distintas, el
procedimiento jurisdiccional será entonces aquél necesario para llegar a tal
determinación. Así podemos inferirlo del artículo 12 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo donde se señala que las normas contenidas en ese
ordenamiento bajo el título “Del
Procedimiento Administrativo” son aplicables a la actuación de los particulares
ante la Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los
cuales se desenvuelve la función administrativa.
Sin embargo, debemos precisar que existen diversos tipos de mecanismos
procesales que culminan con una determinación que decide una contienda. De
todos éstos, que resultaría inútil tratar de especificar en lo individual
habida cuenta la enorme pluralidad de ordenamientos y la reducida extensión que
otorga una ponencia como la que aquí se pone a consideración del lector, nos
interesan los que resuelven una controversia ya entre particulares o bien de
éstos con la propia administración, siempre y cuando no conlleven lo relativo a
Las razones de la exclusión son simples: los mecanismos sancionatorios
se deben regir por las mismas reglas del ámbito penal, en lo que resulten
aplicables. Esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme
LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTEN
Las infracciones fiscales constituyen la vulneración del conjunto de
normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mientras que
las violaciones fiscales se refieren a los preceptos que impongan deberes
formales o sustanciales, por lo que su única diferencia se encuentra en la
sanción aplicable, ya sean penas pecuniarias o privativas de libertad, lo cual
determina que se esté en presencia de una infracción o de un delito. En esta
línea de ideas, resulta evidente que las sanciones establecidas en el Código
Fiscal de la Federación para el incumplimiento de una obligación formal o
sustancial guardan una gran similitud con las penas, toda vez que ambas
tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; de lo que se sigue que la
infracción fiscal propiamente establecida por el legislador por el
incumplimiento de las obligaciones formales debe atender a los principios del
derecho administrativo sancionador y, en la medida que resulten aplicables a
las garantías del derecho penal.[4]
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA
PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran
el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de
las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras,
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia
de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse
que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal
claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al
realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al
terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda
vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en
la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente
referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y
sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa
establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el
afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente
establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de
razón.[5]
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS
GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA
POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se
desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo
garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las
funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de
policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de
ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las
penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico;
en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En
consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo
sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad
punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas
y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la
similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede
acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los
mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática,
porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo
es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo
administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas
algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios
sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin
embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas
garantistas del derecho penal.[6]
tanto, siendo lo penal el sector del conocimiento jurídico donde más se ha
abonado en el desarrollo de los derechos fundamentales, excluyo los temas
sancionatorios a efecto de explorar los que no tienen tal carácter.
quiero señalar que, toda vez que hablamos de procedimientos jurisdiccionales,
la sede administrativa debe ser entendida en su más pertinente acepción, de
manera que cuando se haga referencia a élla en realidad lo hacemos a un
tribunal en igualmente amplio sentido, ya que aun y cuando su naturaleza formal
es otra, materialmente actúa como un órgano de juzgamiento.
en sede administrativa. derechos fundamentales.
propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala en su artículo 13 que
el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía,
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. Estos
principios son en realidad la legalización de una serie de derechos
Fundamentales que se desprenden del texto constitucional y de otros
instrumentos normativos que regulan la vigencia de este tipo de derechos.
Constitución General de la República señala que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia; y, finalmente, que todas
progresividad. De
acuerdo entonces a la Constitución General de la República, un procedimiento
jurisdiccional en sede administrativa cuya finalidad no sea sancionatoria debe,
en todo caso, observar los derechos esenciales que de la propia Constitución se
propio artículo 1 en estudio señala ya de manera específica una cuestión que
debe informar las determinaciones que en materia jurisdiccional en sede
administrativa se emitan, debidamente armonizada con lo que se determina en los
diversos numerales 14 y 16: el apego al Derecho en la actuación de la
el momento en que se señala que en México todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en los tratados
internacionales, además de que, tratándose de las autoridades deberán
observarse la forma escrita, la expresión de la fundamentación y la motivación
así como la existencia de competencia previa en el órgano del Estado que
realiza el acto y la obligación de apegarse a la ley, ya sea en cuanto a su
texto o a su interpretación o, incluso, a los Principios Generales del Derecho,
se construye un sólido valladar en contra de la actuación arbitraria del orden
público al resolver una controversia en la cual debe decidirse el derecho. Este
derecho a la Legalidad es, tal vez, la piedra angular de todo el sistema,
conjuntamente con los derechos fundamentales de Audiencia y de Acceso a la
Justicia a que me refiero a continuación.
individuo, de forma inherente a su naturaleza humana, tiene una serie de
derechos que, más allá de ser otorgados, son reconocidos por el orden
normativo. Así, la persona tiene derecho a la vida, a la integridad personal, a
la propiedad, a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, al honor, a la vida
privada, a la información, a participar en la vida política de su comunidad, a
contar con mecanismos de defensa frente a las autoridades, a la nacionalidad, al
trabajo, a la salud, a la educación, a
la vivienda, a la alimentación, a la familia, al agua, al medio ambiente y un
largo etcétera que se construye día con día conforme evoluciona la humanidad.
Por tanto, conforman el patrimonio jurídico esencial de todo ser humano.
existe esa pertenencia originaria, no puede existir una alteración privativa de
alguno de los derechos fundamentales sin otorgar la posibilidad de que la
persona pueda conocer la causa, argüir su defensa y probarla. Todo eso
constituye el derecho esencial de Audiencia.
efecto, a efecto de que se constituya en el procedimiento jurisdiccional en
sede administrativa la contienda, es menester que se conozca por el gobernado
la cuestión a dilucidar, que se le permita exponer su postura frente a la
materia a debate y que además se le otorgue la posibilidad de acreditar su
dicho. Todo esto se deriva del artículo 14 de la Constitución General de la
República por cuanto señala que nadie puede ser privado de sus bienes,
propiedades o derechos (y aquí se encuadran los fundamentales) sino mediante
juicio (ejercicio de jurisdicción) seguido ante los tribunales previamente
establecidos (por extensión, la sede administrativa) en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento (conocimiento, defensa y prueba) y
conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho (legalidad).
bien, ya que tratamos de cuestiones jurisdiccionales, no podemos dejar a un
lado el contenido del artículo 17 Constitucional por cuanto informa el derecho esencial
de Acceso a la Justicia. Dispone
dicho precepto que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
(jurisdicción) por tribunales (en nuestro caso, sede administrativa) que
estarán expeditos (libres de obstáculos) para impartirla en los plazos
(tiempos) y términos (formas) que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta (sin dilación), completa (agotando todas las cuestiones que
conforman la litis) e imparcial (sin que existan factores distintos de la
propia materia de la controversia que incline la decisión de la autoridad),
además de que dicha justicia será gratuita (sin costo) y con plena garantía de
la independencia (sin factores que conminen a la autoridad para desviar su
resolución) de la autoridad y la plena ejecución (de cumplimiento obligatorio)
triada fundamental, Legalidad, Audiencia y Acceso a la Justica, constituye el
basamento sobre el cual se construye la jurisdicción en sede administrativa no
sancionatoria. Sin embargo, no es lo único atinente a Derechos Fundamentales.
efecto, la interpretación progresiva de estos conceptos conlleva asumir los
contenidos sustantivos que derivan de los más de ciento setenta tratados
firmados por México en materia de derechos fundamentales así como las que se
desprenden de las diversas disposiciones constitucionales. Esto es así, ya que
el artículo 1 de la Constitución General de la República impone a las
autoridades, sin distinción, promover, respetar, proteger y garantizar los
va muy de la mano con la inclusión normativa de principios esenciales en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo a los que hemos hecho referencia
(economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe). Por
tanto, no habría una diferencia real en el procedimiento jurisdiccional en su
esencia a partir de la sede donde se desarrolla, sino que, por el contrario, lo
que importa es su contenido y naturaleza, por lo que los derechos aplicables
ante autoridad judicial deben resultar pertinentes igualmente ante autoridad
administrativa en este tipo de asuntos.
embargo, puede ser (y es) que existan autoridades que, en ejercicio de la
jurisdicción en sede administrativa en procedimientos no sancionatorios se
aparten de la recta aplicación y respeto a los Derechos Fundamentales, en cuyo
caso nuestra legislación presenta la opción de acudir al juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
obstante que el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la salvaguarda
de los derechos básicos a partir del control de constitucionalidad, la
jurisprudencia que se dicte en las contiendas de amparo, controversia
constitucional o acción de inconstitucionalidad solo obliga a tribunales, por
lo que las autoridades administrativas, de principio, quedan ajenas a su
aplicabilidad. Esto se deriva del hecho de que la Constitución solo establece
el apego a la ley como obligación y la jurisprudencia no es, ni formal ni
materialmente, una ley. Así consta en los siguientes criterios:
SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN
OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS.
obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos
consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso,
así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto
y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en
citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar
los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido
interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación,
dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser
equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los
órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la
jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares,
conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de
garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades
administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse
en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida
cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución
Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión
que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.[7]
SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO
ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS
SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al estar obligado, en
términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, a aplicar la jurisprudencia, aun
la que declara la inconstitucionalidad de una ley, debe, con base en aquélla,
decretar la nulidad de las resoluciones administrativas que se hayan fundado en
una ley declarada inconstitucional, por constituir un vicio de legalidad
contrario al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En ese caso, las autoridades administrativas deberán cumplimentar la
sentencia dictada por el tribunal conforme a los lineamientos ahí establecidos,
pues si bien es cierto que dichas autoridades al emitir sus actos, no están
obligadas a acatar la jurisprudencia que haya declarado la inconstitucionalidad
de una ley, por no preverlo así los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo,
también lo es que al dictar la resolución de cumplimiento no están acatando
propiamente la jurisprudencia, ni se les está obligando a someterse a ella,
sino a la sentencia del mencionado tribunal en que se aplicó.[8]
embargo, como lo señalan los criterios transcritos, la vía de control de
constitucionalidad se surte a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el cual sí es ente obligado al acatamiento jurisprudencial, por
lo que en base a la cosa juzgada se afecta y regula la actuación irregular de
acudir al juicio de amparo en términos de la ley de la materia cuando se trate
de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio
(jurisdiccional), y no se presente un cambio de situación jurídica en el mismo
por lo que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones
reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal
procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; igualmente podrá
acudirse al amparo cuando los actos jurisdiccionales en sede administrativa no
deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o no proceda
contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual
puedan ser modificados, revocados o nulificados. En este caso se obliga a
acudir al medio ordinario de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes
se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición
del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los
mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores
requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión
definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la
suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley.
otra parte, queda por dilucidar si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
es competente para conocer de las quejas por violación a este tipo de normas
reconocidas por el Estado mexicano ya en la propia Constitución o en los
tratados internacionales que suscriba tratándose de procedimientos
jurisdiccionales no sancionatorios en sede administrativa.
respecto, el artículo 102 apartado B de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos señala que los organismos de protección de los derechos
humanos que ampara el orden jurídico mexicano no serán competentes tratándose
ya señalamos en este trabajo, lo jurisdiccional tiene una naturaleza particular
propia que lo hace diverso al resto de los actos realizados por la
administración, ya centralizada o descentralizada. Uno de los principios a que
nos hemos referido como propio y básico de la posibilidad de decidir el derecho
es la independencia, por lo cual no es posible concebir que se pueda dar una
recomendación relativa a una determinación jurisdiccional, sin importar que se
trate de sede administrativa. Esto es así porque en realidad la norma
constitucional lo que busca es que se respete la división de Poderes y,
esencialmente, la independencia de los tribunales y, si bien es cierto
pareciera de la lectura de la exposición de motivos a la reforma que incorporó
el 28 de enero de 1992 este apartado B al artículo 102 constitucional se hace
referencia a las autoridades formalmente jurisdiccionales, no podemos, al paso
del tiempo, asumir tal rigidez, pues, como ha quedado ya demostrado, hay
procedimientos jurisdiccionales en sede administrativa que resultarían
afectados en cuanto a la independencia de la autoridad para dictar su fallo.
Esto podemos deducirlo de la forma en que se tradujo la temática en la Ley de
la Comisión nacional de Derechos Humanos de junio de 1992 en el artículo 8 que
señala que sólo podrán admitirse o
conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades
judiciales, salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones
tengan carácter administrativo. Es decir, que no solo se atiende al aspecto
formal para definir la competencia del organismo. Más adelante, el mismo
precepto señala que la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos por ningún
motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
tanto, estimo que no se surte la competencia de la Comisión para conocer de las
cuestiones relacionadas con el tema propuesto en este trabajo. En
esta tesitura, tanto los medios recursales administrativos, el juicio
contencioso administrativo o el amparo son las vías idóneas para controlar el
apego a los derechos fundamentales de los procedimientos jurisdiccionales no
sancionatorios en sede administrativa, pero no lo es el órgano de conocimiento
natural de violaciones a derechos humanos, a partir de preservar la
independencia de los juzgadores, sin importar su naturaleza formal. En eso
notamos igualmente la identidad de la actividad jurisdiccional al margen de su
“entorno de desarrollo”.
y consideraciones a debate.
lo expuesto, estimo base suficiente para concluir que los derechos
fundamentales que rigen todo procedimiento jurisdiccional formal y
materialmente hablando, deben hacerse extensivos a los que materialmente
ocurren en sede administrativa, pues no hay razón suficiente para establecer
una diferencia en función de su contenido. El ejercicio de la jurisdicción, de
manera natural o por excepción, es la misma, no importando la sede en la cual
creo que se adeuda en lo relativo a la jurisprudencia, la obligatoriedad para
las autoridades administrativas cuando actúan como órganos jurisdiccionales en
el ámbito de su competencia. Si no hay motivo para el distingo de la función,
tampoco para su desarrollo.
de poderes, como ha quedado ya anotado, se ha desdibujado de cómo se imaginó en
[1] Abogado postulante, egresado de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro de la Barra Mexicana Colegio
[2] Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tesis:
P./J. 20/2007. Tomo XXV, Mayo de 2007. Pág. 1647. No. de Registro: 172,456
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7
de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía
Garza.El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número
20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
diecisiete de abril de dos mil siete.
[3] Semanario Judicial de la
P./J. 12/2008. Tomo XXVII, Febrero de 2008. Pág. 1871. No. de Registro:
170,238 Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado
de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos
Pérez.El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número
12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
catorce de enero de dos mil ocho.
[4] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena
Época. Primera Sala. Tesis: 1a. XXVII/2007. Tomo XXV, Febrero de 2007. Pág. 652. No.
de Registro: 173,256. Amparo directo en revisión 1521/2006. Felipe Rosas
Carpio. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretaria: Paola Yaber Coronado.
[5] Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno.
Tesis: P./J. 100/2006. Tomo
XXIV, Agosto de 2006.Pág. 1667. No. de Registro: 174,326. Acción de
inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de
2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. El Tribunal
Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de
[6] Semanario Judicial de la
P./J. 99/2006. Tomo XXIV, Agosto de 2006. Pág. 1565. No. de Registro: 174,488.
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25
de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón,
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes
Montiel. El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número
99/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de agosto de dos mil seis.
[7] Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Segunda Sala. Tesis: 2a./J. 38/2002. Tomo XV, Mayo de 2002. Pág. 175. No.
de Registro: 186,921. Contradicción de tesis 40/2001-PL. Entre las sustentadas
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y
el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 26 de abril de 2002.
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel
Aguilar. Tesis de jurisprudencia 38/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.
[8] Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Segunda Sala. Tesis: 2a./J. 89/2004. XX, Julio de 2004. Pág. 281. No. de
Registro: 181,109. Contradicción de tesis 27/2004-SS. Entre las sustentadas por
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 23
de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. Tesis de jurisprudencia 89/2004. Aprobada
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de julio
de dos mil cuatro.