Source: https://contratodeobras.com/modificaciones-del-texto-refundido-de-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-trlcsp/
Timestamp: 2019-04-18 16:26:05
Document Index: 233672522

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 69', 'artículo 71', 'artículo 76', 'artículo 83', 'artículo 95', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 116', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 120', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 149', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 212', 'artículo 215', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 232', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 69', 'artículo 71', 'artículo 76', 'artículo 83', 'artículo 95', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 116', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 120', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 149', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 212', 'artículo 215', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 233', 'Artículo 2', 'artículo 75', 'artículo 327', 'artículo 216', 'artículo 271', 'artículo 79', 'artículo 334', 'artículo 228', 'artículo 146', 'artículo 32', 'artículo 228', 'artículo 316', 'artículo 322', 'artículo 228', 'artículo 52', 'artículo 75', 'artículo 79', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 327', 'Artículo 327', 'Artículo 47', 'Artículo 131', 'Artículo 133', 'Artículo 255', 'artículo 131', 'artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 79', 'Artículo 3', 'Artículo 65', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'artículo 65', 'artículo 25', 'artículo 288', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 334', 'Artículo 334', 'Artículo 42', 'artículo 32', 'artículo 228', 'artículo 146', 'artículo 228', 'Artículo 222', 'artículo 235', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 316', 'artículo 322', 'artículo 106', 'artículo 228', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 82', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 71', 'artículo 82', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 260', 'artículo 260']

Todas las modificaciones del TRLCSP y el RGLCAP | Contrato de obras
Modificaciones de la LCSP, del RGLCAP (y del TRLCSP)
◊ Se relacionan a continuación las, hasta la fecha (25/05/18) DOS modificaciones (incluida una correción de errores), introducidas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público
• Ver aquí en la web del BOE el texto consolidado.
• Ver aquí en la web del BOE el Código de Contratos del Sector Público.
◊ En color azul se destaca el texto modificado.
◊ Bajo el epígrafe “Motivos” bien se transcribe, bien se resume, las razones de la modificación expuestas en el preámbulo o exposición de motivos de cada una de las normas que modifica el TRLCSP.
Se relacionan igualmente la modificaciones del Reglamento de Contratación (RGLCAP –Real Decreto 1098/2001-), desde el año 2015 hasta la actualidad.
Por último, se hace referencia a las 22 modificaciones registradas de la anterior Ley de Contratos (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
LCSP. Modificaciones en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
INDICE / RELACIÓN DE MODIFICACIONES
TERCERA.- Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.
SEGUNDA.- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
—— .- Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
PRIMERA.- Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.
Se modifica la disposición adicional quincuagésima cuarta (en color azul, nuevo texto –no se elimina nada de la anterior redacción-).
« Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1º) Se modifica el artículo 32.7 (en color azul, nuevo texto –no se elimina nada de la anterior redacción-)
« A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes reglas:
2º) Se introduce una nueva disposición adicional:
En la página 107979, apartado 3 de la disposición final primera, en el segundo párrafo,
«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; artículo 30; la letra c) del apartado 5 del artículo 32; artículo 45 y 46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del apartado 3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; artículo 228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 232; (…)»
«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; artículo 30; la letra c) del apartado 6 del artículo 32; artículo 45 y 46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del apartado 3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; artículo 228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 233; (…)»
• Se modifican los límites de distintos tipos de contratos.
“Artículo 2. Modificación de umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación en la Ley 9/2017:
c) La cifra de 135.000 euros por la de 144.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a).”
RGLCAP. Modificaciones en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
R2ª.- Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
R1ª.- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE 05/09/15). Entrada en vigor 5 de noviembre de 2015. Modifica los artículos. 11, 26, 27, 29, 35, 37 a 39, 45, 46, 67 y el anexo II.
Modifica la denominación de la Junta Consultiva contenida en el RGLCAP.
“Disposición final primera. Referencias normativas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Las referencias efectuadas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en otras normas con rango reglamentario que aludan a la misma, se entenderán hechas a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.”
(Nota Previa: Además de la correción de errores y correción de erratas, el RGLCAP, fue objeto de otras dos modificaciones que aquí no se analizan. Sobre el alcance de tales modificaciones ver análisis página del BOE).
Sobre el alcance de esta modificación ver este estudio (formato html y pdf).
TRLCSP. Modificaciones en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
22ª VIGÉSIMA SEGUNDA. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,(BOE 02/10/15). Entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
21ª. VIGÉSIMA PRIMERA. Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. Entrada en vigor: 1 de enero de 2016.
20ª. VIGÉSIMA. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,(BOE 02/10/15). Entrada en vigor el 2 de abril de 2016 de las modificaciones relativas a la Oficina Nacional de Evaluación.
19ª. DECIMONOVENA.Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,(BOE 02/10/15). Entrada en vigor el 22 de octubre de 2015 de las modificaciones relativas a las prohibiciones de contratar y a la concesión de obra pública
18ª. DECIMOCTAVA. Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE 12/09/15). Entrada en vigor, 12 de septiembre de 2015. Modifica el artículo 75.1.
17ª. DECIMOSÉPTIMA. Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (BOE 10/09/15). Entrada en vigor 9 de octubre de 2015. Modifica la Disposición adicional quinta.
16ª. DECIMOSEXTA.- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE 27/07/15). Entrada en vigor 31 de julio de 2015. Modifica el artículo 327 , añadiendole tres nuevos apartados. Se modifica igualmente la rubrica del artículo.
15ª. DECIMOQUINTA.-Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. (BOE 31/03/15). Entrada en vigor 1 de abril de 2015. Deroga los artículos 90, 91, y 92. Modifica los artículos 47.5; 89; 131.1.d); 133.1; 255.3. Modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I.
14ª. DECIMOCUARTA.- Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (BOE 15/07/14). Entrada en vigor 16 de julio de 2014. Se añade contenido al artículo 216.4, segundo párrafo
13ª. DECIMOTERCERA.- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas (BOE 25/01/2014). Entrada en vigor 26 de enero de 2014. Se añade un apartado séptimo (7º) al artículo 271.
12ª.DUODÉCIMA.- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. (BOE 28/12/13). Entrada en vigor 17 de enero de 2014. Se modifican los artículos 65.1; 75; 76; 77; 78; la D.A. 16ª. f); y la D.T. 4ª. Se suprimen los artículos. 3.2.f) y 41.d). Se añade un nuevo artículo 79 bis y una disposición adicional primera bis. (Ver resumen y/o comentario en página web diferenciada) (Ver interpretación del alcance de la modificación según criterio de la Abogacía del Estado).
11ª. UNDÉCIMA.-Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014. (BOE 27/12/13). Entrada en vigor 01/01/14. Artículos modificados: artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 17.1.a); 17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2.
10ª. DÉCIMA.- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE 10/12/13). Modifica el artículo 334.
9ª. NOVENA.- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE 28/09/13), Entrada en vigor: 29/09/13. Se modifican artículos 59.1; 65.1 y 5; 96.2 y 3; 102.5; 216.6 y 8; D.T. cuarta. Se añade un nuevo artículo 228 bis; Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146; Se añade una nueva letra d) al artículo 32. (Ver interpretación JCCA del Estado respecto al contenido de esta modificación).
8ª. OCTAVA.- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (BOE 27/07/13), Entrada en vigor 28/07/13. Se convalida el R.D-L 4/2013 -Ver punto D- y las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas por el mismo al TRLCSP. Se modifica además el artículo 228.5 del TRLCSP.
7ª. SÉPTIMA.- Ley 10/2013, de 24 de julio, por la cual se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmaco vigilància, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (BOE 25/07/13. Entrada en vigor 26/07/13). Su disposición final octava añade un apartado cuarto a la disposición adicional vigésima octava del TRLCSP.
6ª. SEXTA.- Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE 29/06/2013. Entrada en vigor 30/06/13, y corrección de errores (BOE 12/07/13). Su disposición final quinta modifica el artículo 316.3, deja sin efecto el artículo 322, incluye una nueva disposición adiciona, trigésimo quinta y una nueva disposición transitoria novena.
5ª. QUINTA.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 27/06/2013. –Entrada en vigor 28/06/13). Su disposición final decimotercera añade la disposición adicional trigésima cuarta al TRLCSP.
4ª. CUARTA.- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (BOE 23/02/2013. Entrada en vigor 24/02/13). Se modifican los artículos 216.4, 222,4, y la disposición adicional decimosexta apartado 1º, letra f). Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales al TRLCSP: trigésima segunda y trigésima tercera. (Nota: El R.D-L 4/2013, y las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas al TRLCSP ha sido posteriormente convalidado por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo –ver punto G-, qué además modificaria el artículo 228.5, del TRLCSP.
3ª. TERCERA.- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE 28/12/2012. Entrada en vigor 01/01/2013). Su disposición vigésima octava añade un apartado nuevo, el 3, a la disposición adicional vigésima octava del TRLCSP.
2ª. SEGUNDA.- Corrección de errores del TRLCSP. (BOE 03/02/2012). Artículos rectificados: artículo 52.2; Disposición final segunda apartado 3.
1ª. PRIMERA.- Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. (BOE 23/12/2011. Entrada en vigor 01/01/2012). Artículos modificados: artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 17.1.a); 17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2.
– VIGÉSIMA SEGUNDA –
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,(BOE 02/10/15). Entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Ver comentario en modificación decimonovena.
– VIGÉSIMA PRIMERA –
Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. Entrada en vigor: 1 de enero de 2016.
Las modificaciones tienen el siguiente alcance:
– VIGÉSIMA –
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,(BOE 02/10/15). Entrada en vigor el 2 de abril de 2016 de las modificaciones relativas a la Oficina Nacional de Evaluación.
– DECIMONOVENA –
DECIMONOVENA modificación introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• BOE 02/10/15. Entrada en vigor de las modificaciones del TRLCSP el 22 de octubre de 2015 (prohibiciones de contratar y concesión de obra pública), el 2 de abril de 2016 (Oficina Nacional de Evaluación), y el 2 de octubre de 2016 (Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad).
• Modifica los artículos 60, 61, 150.2, 254, 256, 261, 271.1 y 3, 288.1.
• Introduce los artículos 61 bis, 271 bis, 271 ter, la disposición transitoria décima, y la disposición adicional trigésimo sexta.
Acceder aquí al estudio (pdf) sobre su alcance.
– DECIMOCTAVA –
DECIMOCTAVA modificación introducida por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
• BOE 12/09/15. Entrada en vigor 12 de septiembre de 2015.
• Modifica el artículo 75.1. del TRLCSP.
“Con el objetivo de profundizar en estas reformas estructurales de erradicación de la morosidad y coadyuvar al adecuado cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la citada Directiva europea, se modifica la Ley de contratos del sector público para incluir el periodo medio de pago a proveedores del empresario como elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera cuando concurre a un proceso de contratación pública.”
En azul párrafo añadido por el Real Decreto Ley 10/2015, respecto a la modificación introducida en su día ( y no vigente) por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica.
“1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.”
Ciertamente lo que más llama la atención de esta modificación, es la fecha de su entrada en vigor, señalada para el mismo sábado 12 de septiembre. Cabe recordar que la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica modificó, entre otros, todos los artículos –menos uno- del TRLCSP referidos a la solvencia exigible en los contratos, esto es, los artículos 75 a 78, añadiendo además un nuevo artículo 79 bis. Pues bien, la entrada en vigor de tal modificación se hizo depender (D.T. cuarta –PFO 2º- TRLCSP) de la entrada en vigor de la norma reglamentaria que desarrollase tales preceptos. Esta norma reglamentaria es el RGLCAP, una vez modificado por el R.D. 773/2015, que entrará en vigor (el texto ya modificado) el 5 de noviembre y, a su vez, hará que cobre vigencia en esa misma fecha la modificación del TRLCSP introducida por la Ley 25/2013.
De este modo, a día de hoy, -vía R.D-L 10/2015-, se encuentra vigente parte de los cambios de normativa legal (que no reglamentaria), que regula la solvencia económica y financiera –recordemos que los apartados 2 y 3 del artículo 75 continúan en periodo de vacatio legis-, en tanto el resto de preceptos que regulan la solvencia, y el propio desarrollo reglamentario del artículo 75.1 no entrará en vigor hasta el 5 de noviembre.
Pero no estamos aquí ante un mero embrollo legal que el tiempo por si sólo habrá de desenredar. En efecto, desde el sábado 12 de septiembre son susceptibles de recurso y declaración de nulidad todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares que, publicados a partir de esa fecha, prevean unos medios de acreditar la solvencia económica y financiera distintos a los previstos en el nuevo artículo 75.1 del TRLCSP, así por ejemplo, los que establezcan como modo de acreditar la SEF la presentación de declaración apropiada de entidades financieras, o los que exijan simplemente la presentación de cuentas anuales pero sin referencia concreta a la exigencia de una determinada cifra de patrimonio neto o de un ratio entre activos o pasivos.
(Nota: Recuérdese que la disposición transitoria primera del TRLCSP, única aplicable al caso, en defecto de disposición transitoria del R. D-L 10/15 que establezca otra cosa, dispone que: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.”)
Ya por último, y lo que lleva a calificar la actual situación de esperpéntica, es que la verdadera modificación introducida en el artículo 75.1 del TRLCSP (el párrafo cuarto añadido y arriba reproducido) no entra en vigor de facto el sábado 12 de septiembre, pues tal y como en él se indica: “…no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas…” Tal Orden ministerial no ha sido publicada, en consecuencia tal apartado cuarto no es de aplicación a día de hoy.
En definitiva, ¿No estaremos ante un desliz fácilmente subsanable vía corrección de errores?
– DECIMOSÉPTIMA-
DECIMOSÉPTIMA modificación introducida por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
• BOE 10/09/15. Entrada en vigor 9 de octubre de 2015.
• Modifica la disposición adicional quinta.
• Motivos y alcance
“Además, se extiende la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las empresas de inserción. Una posibilidad de reserva que ya existía para los Centros Especiales de Empleo, respecto de las personas con discapacidad, y que ahora se amplía para que también las empresas de inserción, esta vez en relación a los colectivos referidos en su normativa reguladora, puedan beneficiarse de la misma, ampliando por tanto el marco regulatorio actual en relación a la protección de los colectivos en riesgo de exclusión laboral.”
Disposición adicional quinta. Contratos reservados. “1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Disposición adicional quinta. Contratos reservados. Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
Nota: Véase aquí comentario crítico a esta reforma.
-DECIMOSEXTA-
DECIMOSEXTA modificación introducida por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
• BOE 27/07/15. Entrada en vigor 28 de julio de 2015.
• Modifica el artículo 327 , añadiéndole tres nuevos apartados. Se modifica igualmente la rubrica del artículo.
No se describe / El que se deduce de los párrafos añadidos.
Artículo 327. Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas. Competencia y efectos de las inscripciones en los Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas.
1. [Existente en la anterior redacción] Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas, en los que se inscribirán las condiciones de aptitud de los empresarios que así lo soliciten, que hayan sido clasificados por ellas, o que hayan incurrido en alguna prohibición de contratar cuya declaración corresponda a las mismas o a las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial.
–DECIMOQUINTA–
DECIMOQUINTA modificación introducida por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
• BOE 31/03/15. Entrada en vigor 1 de abril de 2015.
• Deroga los artículos 90, 91, y 92. Modifica los artículos 47.5; 89; 131.1.d); 133.1; 255.3. Modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I.
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Artículo 47. Resolución. [Del recurso especial en materia de contratación]
5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial, por aplicación del Índice de Precios de Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística.
REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 % de la prestación.
9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.
2. El órgano de contratación determinará el índice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.
3. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios de Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % de variación experimentada por el índice adoptado.
1. Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.
2. Cuando por circunstancias excepcionales la evolución de los costes de mano de obra o financieros acaecida en un período experimente desviaciones al alza que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades Autónomas podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el 80 % de la desviación efectivamente producida.
4. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser publicados los mismos en el Boletín Oficial del Estado .
El resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 1 del artículo anterior a los índices de precios definidos en su apartado 4, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 3 del citado artículo, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.
Artículo 131. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. [Del contrato de concesión de obra pública]
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos: (…)
d.- Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión. En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos, deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley.
Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación. [En el contrato de gestión de servicios públicos]
Artículo 255. Retribución por la utilización de la obra. [En el contrato de concesión de obra pública]
De conformidad con el artículo 131.1.c).4º, el plan económico-financiero de la concesión establecerá la incidencia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, los niveles mínimo y máximo que se consideren en la oferta.
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley.
– DECIMOCUARTA –
DECIMOCUARTA modificación introducida por la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (BOE 15/07/14).
• BOE 15/07/14. Entrada en vigor 16/07/14.
• Añade contenido al artículo 216.4, segundo párrafo.
Adaptación al contenido de la nueva ley.
Artículo 216.4. Pago del precio
– DECIMOTERCERA –
DECIMOTERCERA modificación introducida por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
• BOE 25/01/13. Entrada en vigor 26/01/14.
• Añade un nuevo apartado séptimo (7º), al artículo 271.
“(…) También se procede a modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, con el fin de evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de las expropiaciones.
Además, las mismas razones que justifican la modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, se aprecian en el régimen del resto de concesiones administrativas, por lo que por uniformidad, se procede a modificar el artículo 271 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 271 en el que se prevé la subrogación de la Administración concedente en el crédito del expropiado y el correlativo descuento del importe no reembolsado a las cantidades resultantes de aplicar lo previsto en el apartado primero del artículo 271.”
Art. 271 Efectos de la resolución
7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.
— DUODÉCIMA —
DUODÉCIMA modificación, introducida por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
• BOE 28/12/13. Entrada en vigor 17/01/14.
• Modifica los artículos 65.1; 75; 76; 77; 78; la D.A. 16ª. f); y la D.T. 4ª. Suprime los artículos. 3.2.f) y 41.d). Añade un nuevo artículo 79 bis y una disposición adicional primera bis.
El preámbulo de la norma no expone motivo alguno por el que lleva a cabo la modificación del TRLCSP, limitándose a señalar que: “La disposición final tercera se refiere a la modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”
Artículo 3. Ámbito subjetivo:
2.- Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: (…)
2. Los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en este Capítulo, respetando las condiciones de cualificación, independencia inamovilidad previstas en este artículo.
Artículo 65.- Exigencia de clasificación
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior 200.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 % del precio del contrato.
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez (cinco) últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
[Letras b) a f) del apartado 1), ídem redacción a la actual.]
Artículo 77.- Solvencia Técnica en los contratos de suministro
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco (tres) últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
[Letras b) a f) del apartado 1), y apartado 2 ídem redacción al anterior].
Artículo 78.- Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco (tres) años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
[Letras b) a i) del apartado 1), ídem redacción al existente].
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario Común de los Contratos Públicos (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato.
Disposición adicional primera bis. Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Capítulo.
No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público (normativa especial que resulte de aplicación.)
El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, (esos contratos), continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— UNDÉCIMA —
UNDÉCIMA modificación introducida por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014.
• BOE 27/12/13. Entrada en vigor 01/01/14
• Modifica los umbrales de contratación afectando a los artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 17.1.a); 17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2.
La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» número L 335/17, de fecha 14 de diciembre de 2013, del Reglamento (UE) número 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, aconseja, sin perjuicio del efecto directo de aplicación de tal Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2014 respecto de los contratos afectados por las mismas, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para la financiación de los correspondientes contratos.
— DÉCIMA —
DÉCIMA modificación introducida por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
• BOE 10/12/13.
• Modifica el artículo 334.
El informe de la Comisión para la Reforma de la Administraciones Públicas (Informe CORA), (Página 108) propugno el cambio de nombre de la “Plataforma de Contratación del Estado”, para que pasase a denominarse “Plataforma de Contratación del Sector Público”. Aquella denominación se recogía literalmente en los artículos 53 y 334 del TRLCSP, y en el título del capítulo (único) en el que se integra este último artículo.
Siguiendo aquella propuesta, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, estableció en su disposición adicional tercera:
“La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público.
Como puede apreciarse, la redacción de esta disposición adicional no ordena de forma expresa –como sí debería haber hecho-, la modificación de denominación de la plataforma en los artículos 53 y 334 y en el título del capítulo en el que se integra éste último. Así lo entendimos en www.contratodeobras.com, no considerando existiese ningún tipo de modificación del TRLCSP. Otras web como www.noticiasjuridicas.com, procedieron a modificar la denominación de la plataforma en los dos artículos y el capitulo citados (ver aquí), lo que ciertamente debió haber sido ordenado por la D.A. Tercera de la Ley 20/2013, y a nuestro parecer no se hizo.
Pues bien, hemos podido comprobar que la web del BOE (ver aquí), ha modificado el artículo 334, denominándola “Plataforma de Contratación del Sector Público”, y sin embargo mantiene la denominación de “Plataforma de contratación del Estado”, tanto en el artículos 53 como en el título del capítulo único en el que se integra el artículo 334.
El resultado expuesto nos parece absurdo y confuso. A pesar de ello, y a la espera de que aprovechando una de las últimamente frecuentes modificaciones del TRLCSP, se ordene de modo expreso el cambio de denominación en todos los preceptos citados, y lo que posiblemente sea más importante, se sustituya el párrafo 5º del artículo 334, por el segundo párrafo de la D.A. tercera de la Ley 20/2013, siguiendo la web del BOE, incluimos aquí este cambio de denominación respecto al artículo 334.
Artículo 334 (309). Plataforma de Contratación del Estado Sector Público.
1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en esta plataforma, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Estado Sector Público.
4. El acceso de los interesados a la plataforma de contratación se efectuará a través de un portal único. Reglamentariamente se definirán las modalidades de conexión de la Plataforma de Contratación con el portal del Boletín Oficial del Estado .
5. La Plataforma de Contratación del Estado Sector Público, se interconectará con los servicios de información similares que articulen las Comunidades Autónomas y las Entidades locales en la forma que se determine en los convenios que se concluyan al efecto.
— NOVENA —
NOVENA modificación introducida por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Ver aquí documento resumen (pdf) sobre interpretación del alcance de la modificación, llevada a cabo por diversas Juntas Consultivas
• BOE 28/09/13. Entrada en vigor 29/09
• Modifica a través de su Capitulo II.Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores (Artículo 42 a 47), los artículos 59.1; 65.1 y 5; 96.2 y 3; 102.5; 216.6 y 8; y D.T. cuarta del TRLCSP. Añade una nueva letra d) al artículo 32; Añade un nuevo artículo 228 bis; Añado dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146.
El Capítulo II… contempla medidas para eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública,…En primer lugar, para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad, se prevé la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. El objetivo de estas medidas es fomentar la creación de uniones de empresarios con el fin de que en conjunto alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación.
En segundo lugar, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros, pasando de 350.000 euros a los 500.000 euros, y en 80.000 euros para los contratos de servicios, pasando de 120.000 a 200.000 euros.
En tercer lugar, se prevé que la garantía en los contratos de obras, suministros, servicios y gestión de servicios públicos, pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. [Se prevé que por defecto –salvo que el pliego establezca lo contrario- la constitución de la garantía se pueda realizar por medios electrónicos].
Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia. (…)
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, 200.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.
4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.
5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho seis meses el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y ocho seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor estimado inferior a 350.000 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.
ADEMAS, la Ley 14/2013, refuerza el alcance de las modificaciones introducidas en los artículos 32 y 146, con un artículo que no incorpora al TRLCSP del siguiente tenor:
1. En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
— OCTAVA —
OCTAVA modificación, introducida por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
• BOE 27/07/13. Entrada en vigor 28/07/13.
• Se convalida el R.D-L 4/2013 -Ver modificación cuarta- y las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas por el mismo al TRLCSP. Se modifica además el artículo 228.5 del TRLCSP.
Para la mejora de la intermediación laboral, se incluye en esta ley una modificación, mediante la adición de una nueva disposición adicional trigésima segunda del TRLCSP, que permitirá al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, y de los organismos y entidades dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, concluir de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los servicios públicos de empleo la intermediación laboral.
Las modificaciones introducidas en los artículos 216 y 222 tratan de precisar el momento de devengo de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en función de los diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de forma consistente con la regulación de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011. Mediante la modificación de la disposición adicional decimosexta del TRLCSP, se excluye de la regulación general de los usos de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación. En la medida que la factura es un elemento asociado a la ejecución del contrato, no está cubierta por las previsiones de la Directiva 2004/18/CE en materia de utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, y parece conveniente dado que surte efecto en el ámbito fiscal, bancario, etc., prever una regulación autónoma. En la nueva disposición adicional trigésima tercera se articula un nuevo itinerario de presentación de facturas ante el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a efectos de asegurar que la Administración tiene un conocimiento exacto de todas las deudas que tiene contraídas por la ejecución de los contratos.
Artículo 222. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 235, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaría, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante aval.
1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes: (…)
No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de selección de personal laboral temporal por parte de las administraciones públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo.
— SÉPTIMA —
SÉPTIMA modificación, introducida por la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la cual se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre fármaco vigilancia, y2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• BOE 25/07/13. Entrada en vigor 26/07/13.
• Su disposición final octava añade un apartado cuarto a la disposición adicional vigésima octava del TRLCSP.
Disposición adicional vigésima octava. Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud.
4. No serán de aplicación las medidas establecidas en los artículos 9 y 10, párrafo tercero, del Real decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, por el cual se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en los contratos derivados de adquisición de medicamentos promovidos al amparo del previsto en esta disposición adicional siempre que los ahorros que resulten de la compra centralizada sean superiores a las deducciones fijadas en los artículos mencionados del Real decreto ley 8/2010, de 29 de mayo.
— SEXTA —
SEXTA modificación, introducida por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
• BOE 29/06/2013. Entrada en vigor 30/06/13, y corrección de errores BOE 12/07/13.
• Su disposición final quinta modifica el artículo 316.3, deja sin efecto el artículo 322, e incluye una nueva disposición adicional, trigésima quinta y una nueva disposición transitoria novena.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre con el objeto de avanzar en el proceso de racionalización administrativa de acuerdo con las pautas marcadas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, considerándose prioritario impulsar y extender el sistema de contratación centralizada para el aprovisionamiento del sector público.
3. El Director General del Patrimonio del Estado es el órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada regulado en los artículos 206 y 207.
3.- Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del órgano que se determine en su estructura orgánica, las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada regulado en los artículos 206 y 207.
Disposición adicional trigésimo quinta. Referencias a órganos competentes en materia de contratación centralizada.
Todas las referencias efectuadas a la Dirección General del Patrimonio del Estado en materia de contratación centralizada contenidas en el ordenamiento jurídico y en particular en esta Ley y en su normativa de desarrollo, se entenderán hechas al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se determine en el correspondiente real decreto de desarrollo de la estructura orgánica básica de dicho ministerio. Este órgano asumirá desde su constitución, las competencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado en materia de contratación centralizada.
Disposición transitoria novena. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada.
— QUINTA —
QUINTA modificación, introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
• BOE 27/06/2013. Entrada en vigor 28/06/13.
• Su disposición final decimotercera añade la disposición adicional trigésima cuarta al TRLCSP.
Disposición adicional trigésima cuarta. Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades.
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 106 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
— CUARTA —
CUARTA modificación introducida por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
• BOE 23/02/2013. Entrada en vigor 24/02/13.
• Se modifican los artículos 216.4, 222,4, y la disposición adicional decimosexta apartado 1º, letra f). Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales al TRLCSP: trigésima segunda y trigésima tercera.
• Nota: El R.D-L 4/2013, y las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas al TRLCSP ha sido posteriormente convalidado por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo qué además modificaría el artículo 228.5, del TRLCSP. Los motivos de la modificación contenidos en el Real Decreto-Ley 4/2013 se reiteran en la Ley 11/20132.
Ver modificación OCTAVA
— TERCERA —
TERCERA modificación introducida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
• BOE de 28/12/2012. Entrada en vigor 01/01/2013.
• Su disposición vigésima octava añade un apartado nuevo, el 3, a la disposición adicional vigésima octava del TRLCSP.
3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para todos o algunos de los medicamentos y productos sanitarios.
— SEGUNDA —
SEGUNDA modificación. Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
• BOE 03/02/2012.
• Artículos rectificados: artículo 52.2; Disposición final segunda apartado 3.
En el apartado 2 del artículo 52, donde dice: «… conforme con lo dispuesto en el capítulo V del título II del libro IV», debe decir: «conforme con lo dispuesto en el capítulo I del título II del libro IV».
En el apartado 3 de la disposición final segunda, donde dice: «…artículo 71; artículo 71; artículo 82; artículo 83; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 84;…», debe decir: «…artículo 71; artículo 82; artículo 93; artículo 94; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 95;…».
En el apartado 3 de la disposición final segunda, donde dice: «…; artículo 260.7;…», debe decir «…; artículo 260.6;… ».
— PRIMERA —
PRIMERA modificación introducida por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012.
• BOE 23/12/2011.Entrada en vigor 01/01/2012.
• Artículos modificados: artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 17.1.a); 17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2.
La disposición adicional undécima del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de la misma y que el Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. (…)
VER AQUÍ TRLCSP ACTUALIZADO