Source: https://it.scribd.com/document/351402583/Observatorio-de-Reforma-Electoral-1
Timestamp: 2020-07-10 14:15:23
Document Index: 18520885

Matched Legal Cases: ['Artículo 67', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'artículo 70', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 24', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 69', 'artículo 37', 'artículo 3']

Observatorio de Reforma Electoral 1 | Elecciones | Democracia
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veinte años de la sanción de la Constitución que consagró su autonomía, no posee un régimen electoral propio. Este hecho ha inspirado la labor del Ministerio de Gobierno, en pos del desafío que constituye la institucionalización de un modelo de organización, administración y control de los procesos electorales que consolide finalmente la autonomía de nuestra Ciudad.
SalvaSalva Observatorio de Reforma Electoral 1 per dopo
PONENCIA Participacion Mujeres y Jovenes GUATECIVICA
Jefe de Gobierno Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Vicejefe de Gobierno Cdor. Diego César Santilli
Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Felipe Miguel
Ministro de Gobierno Sr. Bruno Screnci Silva
Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos Lic. Hernán Charosky
Directora General de Reforma Política y Electoral Lic. Florencia Zulcovsky
Dirección General Reforma Política y Electoral · Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos · Ministerio de Gobierno
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veinte años de la sanción de la Constitución que consagró su autonomía, no posee un régimen electo- ral propio. Este hecho ha inspirado la labor del Ministerio de Gobierno, en pos del desafío que constituye la institucionalización de un modelo de organización, administración y control de los procesos electorales que consolide finalmente la autonomía de nuestra Ciudad.
Es así que, con el objeto de establecer reglas claras que den un marco de transparencia, confianza y legitimidad a la expresión de la voluntad popular, nos embarcamos en el proceso de realización de diagnósticos y propuestas de reforma política-electoral para la Ciudad.
Entendemos la institucionalidad democrática como un proceso continuo de construcción colectiva que requiere de la participación y colaboración, no solo de los actores políticos, sino también de la sociedad civil. En este senti- do, en la presente publicación se continuará reflexionando y debatiendo te- máticas entorno a los derechos políticos y a la participación ciudadana.
Esta propuesta recorrerá los mismos puntos transversales que el pri- mer capítulo de nuestra primera publicación, Apuntes para un Código Electoral; particularmente, las secciones en torno a género, extranjeros, juventud y debate, a partir de diferentes artículos, análisis y entrevistas, con el objeto de generar elementos disparadores que retroalimenten y complementen la información desarrollada con anterioridad. A su vez, esta revista contará con actualizaciones de normativa y de datos, que surgieron luego de la publicación de Apuntes para un Código Electoral.
Ministerio de Gobierno Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos Dirección General Reforma Política y Electoral
Javier Tejerizo María Paula Mariano
Mariana Kamian Gabriela Almaraz Leandro Di Primio Pablo Hunger Matias Tarillo Delfina Larriva Rodigo Iglesias Medici Andrea Mateos Hernan Camps Aine Villar Aguilar Manuela Typek Farache
El debate, una mejora a la
Mi voto, mi elección, mucho
más que una capacitación
Delfina Larriva, Martin Lerner y Rodrigo Iglesias Medici
“Los migrantes son una parte de la vida
de la Ciudad, queremos que se escuche su voz” Andrea Mateos y Hernán Camps
4.1 La representación política
y la cuestión de género
Gabriela Almaraz y María Paula Mariano
4.2 En torno a las Condiciones de Posibilidad
para la Paridad en la Ciudad de Buenos Aires
4.3 Entrevista a la Legisladora María
El Debate Presidencial es una herramienta esencial para fortalecer la democracia y dotar de mayor calidad a sus instituciones. Uno de sus objetivos principales es estimular la participación y el involucra- miento político de la ciudadanía, desde un lugar informado y compro- metido democráticamente. A su vez, impulsa la transparencia en las campañas y en los procedimientos electorales. Esto refuerza la tra- dición electoral y la legitimación institucional de la representación y permite, además, que los candidatos puedan expresar sus programas y plataformas en un marco de respeto, tolerancia, responsabilidad y convivencia política.
En este contexto, debe mencionarse que, en noviembre del 2016, se aprobó la Ley N° 27.337, que reforma al Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, la Ley 19.945 y sus modificatorias. La norma dispone condiciones para que los debates presidenciales se realicen en cada elección a partir de la generación de consensos. Por caso, la dinámica y los temas a tratar en ellos serán acordados en una audiencia entre diversos actores: la sociedad civil, los representantes de agrupaciones políticas y otros. El texto de la Ley afirma:
“La Cámara Nacional convocará a los candidatos o representan- tes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos. En todos los casos, a falta de acuerdo entre las par- tes, la decisión recaerá en la Cámara Nacional Electoral. Los re- sultados de la audiencia deberán hacerse públicos” (Art. 5°).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito con mayor trayec- toria en la realización de debates electorales en toda la Argentina. Ac- tualmente, ha asumido el compromiso de institucionalizarlos a partir del proyecto de Código Electoral presentado por el Poder Ejecutivo, que toma elementos de las múltiples propuestas presentadas por los legisladores en los últimos años.
1.1 El debate, una mejora a la democracia representativa
Hernán Charosky 1
La democracia representativa es, esencialmente, un régimen en el que dirigentes políticos electos limpiamente llevan a la práctica las demandas de los ciudadanos en un marco de respeto por las liberta-
8 des civiles. En ese contexto, es relevante que quienes deben escoger entre diferentes alternativas políticas tengan acceso a la información sobre sus propuestas. Eso permite a los ciudadanos elegir de una manera más informada. Una de las herramientas necesarias para eso son los debates entre candidatos, que en Argentina se realizaron por primera vez para la categoría presidente en 2015 (uno para las elec- ciones generales y uno para la segunda vuelta) y que en la Ciudad de Buenos Aires ocurren desde 2003.
1 Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos.
La importancia de los debates radica en primer lugar en su calidad de espacio informativo. La especificidad de los temas tratados, el tiempo de exposición (mayor al de los spots publicitarios) y el desafío argumental dan una oportunidad para definiciones más claras de los candidatos sobre la agenda pública. Además, el ámbito formal y el intercambio entre pares – que usualmente incluye preguntas – apor- tan a los votantes un atajo informativo, dado que observar a todos los candidatos juntos permite compararlos no solo en sus propuestas, sino en su trato mutuo, sus reacciones y su modo de encarar críticas y objeciones. Además, conocer las ideas de los contendientes ayuda generar una base sobre la que quien gane la elección debe rendir cuentas posteriormente. Sus afirmaciones durante el debate pueden ser tomadas por la oposición, el periodismo o la sociedad civil como compromisos cuyo cumplimiento será observado con detenimiento.
El debate impulsa el diálogo entre personas que representan pos- turas diversas y contribuye a incorporarlo como parte de la cultu- ra política. Se trata de una oportunidad de que cooperen quienes compiten. Aún más, pueden extender esta cooperación a actores de la sociedad civil, de los medios y del ámbito académico para en- riquecer la agenda. Un debate respetuoso y sólido puede ayudar a generalizar el diálogo en otros ámbitos, mejorando específicamente la calidad y los resultados del gobierno democrático.
Si la organización de un debate respeta valores de equidad y de trans- parencia para los participantes ayuda a equilibrar el campo de jue- go electoral, ya que funciona como una situación de igualdad plena para los candidatos. Cuando todos ellos participan igualitariamente de la definición de temas y de reglas, son tratados equitativamente antes y durante el debate y tienen el mismo tiempo de participación, se encuentran en un estado de igualdad de recursos y de acceso al público que no suele suceder en las campañas.
Hay que destacar que un debate a nivel local alcanza un nivel mayor de detalle que uno a nivel nacional, puesto que está más enfocado en temas puntuales de la jurisdicción que en cuestiones ideológicas
generales. En efecto, la situación demanda enfocarse en problemas y soluciones que los vecinos pueden experimentar todos los días en la calle, en las escuelas o en los hospitales, entre otras situaciones.
Por todo esto, es fundamental avanzar hacia la institucionalización del debate electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Hacerlo implica que el Estado debe poner a disposición de los candidatos y de la sociedad civil herramientas que garanticen la posibilidad de que el debate suceda y que aseguren la transparencia en su organización y la equidad entre candidatos. Solo de esa manera las ventajas enu- meradas se materializarán: sin transparencia y equidad los efectos beneficiosos se diluyen.
En ese sentido, para su realización es necesario que se coordinen las voluntades de candidatos, sociedad civil, medios y academia Sin ellos no hay debate exitoso posible, aún cuando el Estado lo impulse fervorosamente e inclusive haciéndolo obligatorio. El riesgo de que se transforme en un mero ritual que cumplir está latente permanen- temente. Por esa razón, el debate merece ser entendido como un bien público que es resultado de la cooperación. Esa cooperación, por otra parte, es un ejercicio democrático en sí mismo, puesto que el propio proceso de organización del debate comenzaría a impulsar el diálogo como elemento constitutivo de la cultura política.
Con base en esa idea, el proyecto de Código Electoral que el Go- bierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura se propone generar las condiciones para facilitar la coordinación entre los actores relevantes. La Agencia de Gestión Electoral convocaría a los candidatos a participar y, en conjunto con un Consejo Consultivo de Participación Cívico-Electoral y un Consejo Consultivo de Parti- dos Políticos, determinaría lugar, características, reglas y fecha. La transmisión está garantizada por los medios audiovisuales y digitales de la Ciudad. Todo debe realizarse bajo los principios de “pluralis- mo, trabajo cooperativo, compromiso cívico, acceso a la información, igualdad, rendición de cuentas y transparencia” 2 .
De este modo, el proyecto garantiza que se organizará un debate en un marco “democrático, republicano y neutral” 3 . Eso quiere decir que las ventajas mencionadas podrían ser aprovechadas en pleni- tud, siempre y cuando se dé la coordinación necesaria (e impulsada por el mismo proyecto) para que los candidatos decidan asistir y usar la instancia a conciencia. Se trata, en definitiva, de un salto cua- litativo histórico: de aprobarse el proyecto, por primera vez el Estado organizaría durante la campaña una situación informativa que resulta equitativa tanto para contendientes como para votantes y que esti- mula el diálogo y la rendición de cuentas.
2 Artículo 67 del proyecto de Código Electoral enviado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autóno- ma de Buenos Aires a la Legislatura.
La juventud constituye uno de los actores protagónicos a la hora de impulsar transformaciones en la sociedad. En este sentido, la am- pliación de sus derechos políticos se ha presentado como una he- rramienta que apunta a quebrantar las estigmatizaciones y a avan-
zar hacia la integración progresiva de la vida política en sociedad. La Ley Nacional Nº 26.774, promulgada en 2012, y la Ley Nº 4.515 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 2013, son ejemplos concre-
tos de la incorporación de los menores de 16 y 17 años al sufragio.
A partir de dicha norma, la Ciudad ha incorporado desde el 2013 al-
rededor de 40.000 menores al padrón electoral, que representan el 1,57% sobre el total de menores a nivel nacional.
El impulso de esta innovación legislativa también impactó a nivel subnacional; actualmente, las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe son las únicas que no han incorporado la posi- bilidad del voto joven. A modo de actualización, se destaca la recien- te incorporación de los menores en dos provincias en el año 2016:
Ley 10.418 4
“Artículo 4º.- Electores. Son electores provinciales, los ciudadanos argentinos con domicilio en la Provincia de Córdoba, mayores de dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección y que reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley”.
Ley 3.053 5
“Artículo 15°.- Son electores, los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, desde los dieciséis (16) años de edad, siempre que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta Ley y estén inscriptos en el Padrón Electoral.”
La Provincia de Neuquén incorporó, mediante la Ley N° 3.053, la partici- pación juvenil en materia de representación política, dentro de la con- formación de las listas. En este sentido, en el artículo 70, afirma que:
“Los partidos políticos y el Estado provincial deben promover la par- ticipación juvenil en la vida política y garantizar la representación en los cargos electivos provinciales y municipales. En las listas de can- didatos a ocupar cargos legislativos, deben incorporar un cupo juve- nil del dieciséis por ciento (16%) integrado por ciudadanos de hasta treinta y cuatro (34) años al día de su asunción en el cargo para el que fueron electos. Se debe garantizar la inclusión de un (1) repre- sentante juvenil entre las primeras seis (6) ubicaciones de la lista, debiendo repetirse esta distribución proporcional hasta completar el porcentaje estipulado. El cupo juvenil debe contemplarse desde el primero al último lugar en el orden numérico, para la totalidad de las candidaturas titulares y suplentes”.
4 Modificación de Código Electoral Provincial, Ley N° 9571.
5 Modifica a la Ley N° 716 y deroga a la Ley N° 165.
Es importante que el derecho al voto joven sea acompañado de otras instancias, por ejemplo, que el Estado promueva y desarrolle ins- tancias educativas de participación y aprendizaje colectivo para su efectiva aplicación; “la importancia de promover desde el Estado políticas públicas que integren a este sector de la población, donde se precisa que se continúe trabajando para que los jóvenes puedan tener experiencias comunitarias, educativas y políticas socialmen- te compartidas, en pos de empoderar su participación e involucra- miento en los asuntos públicos y en la vida democrática con todas sus obligaciones y derechos que esto conlleva” 6 .
En este sentido, se destaca la experiencia del programa Mi voto, mi elección, que en la Ciudad se implementa desde el año 2013. Se trata de un programa educativo que surgió de la colaboración conjunta de la Cámara Nacional Electoral, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad. La finalidad del programa es capacitar a los jóvenes que se encuentran en los dos últimos años de las escuelas secundarias de la Ciudad y que sufragarán por primera vez, en pos de favorecer y mejorar la calidad de la participación ciudadana. Así como destaca- mos que existe una serie de factores que, en conjunción, colabora- ron con la mayor visualización y puesta en agenda de las temáticas de género y juventud en la Argentina actual, es importante tener en cuenta que los mismos deben ser acompañados por este tipo de políticas públicas integrales.
6 Apuntes para un Código Electoral, pág. 17.
2.1 Mi voto, mi elección, mucho más que una capacitación
Delfina Larriva, Martin Lerner y Rodrigo Iglesias Medici 7
Mi voto, mi elección es mucho más que una capacitación para entender qué se vota y cuándo se vota, tal como se enuncia en su slogan. Se trata de un pro- grama que surgió para que un derecho fuera realmente efec- tivo. Es decir, que los estudian- tes de 16 y 17 años, nuevos vo- tantes tras la promulgación de la Ley Nacional N° 26.774 y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4515, pudieran conocer la importancia de este nuevo derecho adquirido y la necesi- dad de llevarlo a la práctica de forma consciente, informada e interesadamente.
Así, esta política pública se
convirtió en una referencia en el ámbito de la formación cívi- ca para jóvenes en la Ciudad. Decimos que es mucho más que una capacitación convencional, ya que se propone, desde la combina- ción de aspectos teóricos y lúdico-prácticos, otorgar protagonismo a las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos. En tal sen- tido, un objetivo del programa es que se pueda comprender que su- fragar no es simplemente concurrir un día cada dos años a elegir a los representantes políticos; sufragar debe ser un acto de verdadera elección, producto de la reflexión, de la adquisición de información,
7 Coordinadores generales del programa “Mi voto, mi elección”
de intercambio de ideas, de elaboración de propuestas y de bús- queda de aquellas, que cada cual considere primordiales y sienta como cercanas a sus ideas e ideales.
Entonces, la real trascendencia de Mi voto, mi elección reside en el men- saje que pretende llevar a cada uno de los establecimientos educativos a los que asiste, personificado en docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en coordinadores territoriales.
El impacto del programa superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que a los establecimientos educativos de nivel medio públicos, que eran el destino inicial, se fueron agregando los privados y, más adelante, la iniciativa alcanzó otros espacios educativos. Así, fue haciéndose paula-
tinamente masivo entre los estudiantes de la Ciudad. Esto refleja el hecho de que se trata de mucho más que de una capacitación para saber y co- nocer qué se vota, quiénes votan y cómo se vota. Porque el programa Mi voto, mi elección también es un espacio para conocer y reflexionar acer- ca de cuestiones teóricas relativas al voto y practicar los distintos roles de aquellas personas que intervienen en una jornada electoral.
De esta forma, el programa pretendió revalorizar el derecho a votar de todas las personas mayores de 16 años, incluso de los adultos que participan del sistema educativo. Esa valoración significó una profun- dización de la capacitación en sí, con la incorporación de contenidos
18 vinculados a otros aspectos del sufragio (como el proceso de toma de decisiones anterior al mismo) y también con la presentación de otras formas y mecanismos de participación ciudadana.
Justamente, debido a la trascendencia del voto para las sociedades que viven en un sistema democrático, el programa busca formar ciuda- danos comprometidos, a partir del convencimiento de la importancia de la participación, tanto electoral como no electoral. Así es como el programa alcanzó distintos tipos de establecimientos, como escuelas de educación especial y colegios para adultos, y también logró enta- blar un vínculo con programas como “Adolescencia y Lazos” y con los Centros de Educación No Formal, quienes se mostraron interesados en recibir la capacitación, precisamente porque observaron que superaba lo meramente mecánico de una elección.
Ahora bien, para que los objetivos pudieran alcanzarse y el impacto fue- ra realmente significativo, resultaba preciso establecer relaciones entre diversas instituciones, lo cual garantizaría, precisamente, institucionali- dad y profesionalismo. Así, el programa es encabezado por la Cámara Nacional Electoral, la Facultad de Derecho de la UBA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General Reforma Política y Electoral y también del Ministerio de Educación.
En ese sentido, los resultados cuantitativos reflejan la importancia y la in- jerencia de Mi voto, mi elección en el ámbito educativo: más de 130.000 estudiantes capacitados desde 2013; un número que impacta.
Fuente: Elaboración propia 8 .
Por ello consideramos que resulta urgente y fundamental que inicia- tivas de este tipo lleguen a implementarse en todos los niveles del Estado, para que se aborden estrategias de intervención en materia de derechos ciudadanos juveniles en todo el territorio argentino. Así, el derecho a votar avanzaría en alcance y en profundidad. Además, permitiría ahondar el intercambio entre estudiantes, docentes y orga- nismos de gobierno de diversas jurisdicciones.
Finalmente, entendemos que los contenidos y la dinámica deben ac- tualizarse permanentemente, en base a los distintos destinatarios del programa, sus inquietudes, intereses y necesidades. Solo así pueden alcanzarse las metas cualitativas y lograr que el mensaje que preten- de brindar el programa llegue a buen puerto 9 .
8 El gráfico señala la cantidad de jóvenes que fueron capacitados en los diferentes establecimien- tos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el programa Mi voto, mi elección durante 4 años consecutivos (desde el 2013 hasta el 2016). En este sentido, se indica que sobre los 40.000 jóvenes que se encuentran en la CABA, el programa alcanza a la totalidad de la población objetivo, y en particular en el año electivo 2015, ya que se realiza una capacitación doble para los dos sistemas de votación que se definieron utilizar, uno para las elecciones locales y el otro para las elecciones nacionales.
9 Más información: http://www.mivotomieleccion.com
“La ampliación de los derechos políticos es una condición impor- tante para la inclusión de las diferentes culturas dentro de sus comunidades de acogida. De igual modo, la vulnerabilidad de los colectivos de migrantes -más aún en su interseccionalidad con otras condiciones de vulnerabilidad- destaca la necesidad de otorgarles un rol dentro del sistema político de la Ciudad” 10 .
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Ley N° 334, re- conoció en el año 2000 el derecho de los extranjeros a participar en las elecciones de la Ciudad, mediante el empadronamiento volunta- rio. Sin embargo, en las elecciones de 2015 votaron 5.087 personas, es decir, apenas el 20% del universo comprendido en el Registro de Electores concurrió a votar.
En este marco, desde la Dirección General Reforma Política y Electoral, se lanzó en el año 2016 el programa En la Ciudad, vo- tás, con la intención de informar a los extranjeros acerca de sus derechos políticos, promoviendo su ejercicio activo. La dinámica que se plantea está sujeta a los vínculos que se consoliden con las organizaciones de la sociedad civil y también las áreas guber- namentales que brinden soporte. Entonces, las capacitaciones que puedan desarrollarse sobre los derechos políticos, los em- padronamientos y la difusión de los materiales se coordinarán en función de estos vínculos.
10 Apuntes para un Código Electoral, pág. 18.
3.1 “Los migrantes son una parte de la vida de la Ciudad, queremos que se escuche su voz”
Andrea Mateos y Hernán Camps 11
Desde la formación del Estado, Argentina se ha caracterizado por ser
un país receptor de migrantes. Un alto porcentaje de ellos ha elegido
a la Ciudad de Buenos Aires, debido a las posibilidades que ofrecía y
ofrece, conjuntamente con la chance de escapar del hambre y la de- solación en otras partes del mundo. La Ciudad sigue manteniendo las puertas abiertas a todos los habitantes del mundo y en ella habitan
más de 300.000 personas nacidas en el extranjero.
Los derechos políticos han sido progresivamente ampliados a otros sectores de la población, los extranjeros y los jóvenes son solo el últi- mo de estos avances. El programa En la Ciudad, votás, es un esfuerzo por parte de la Dirección General Reforma Política y Electoral depen- diente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos dentro del Ministerio de Gobierno, que tiene como objetivo difundir este derecho y hacerlo más accesible.
A través de reuniones con distintas organizaciones, se logró detectar
que uno de los más grandes obstáculos para el ejercicio de su dere- cho es su desconocimiento, aunque la ley que les permite votar haya sido aprobada en el año 2000, en las últimas elecciones del 2015 poco más de 5000 personas lo han hecho.
Así, desde el programa se inició una campaña de difusión por medio de puestos de información y consulta en Consulados y en la Dirección Nacional de Migraciones, con la participación de la Ciudad de Buenos Aires en eventos, como es Buenos Aires Celebra.
Luego de un tiempo de difusión y en base a las necesidades detec- tadas, se decidió acercar a los barrios la posibilidad del empadro- namiento, trabajando junto al Registro Civil Móvil y asociaciones de distintas colectividades. Hasta marzo del 2017 se tomaron 853 trámi- tes de empadronamiento para ser elevados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que ya estarían en condiciones de participar en
las próximas elecciones. Gracias a esta iniciativa, más de dieciocho mil personas migrantes residentes en la Ciudad de Buenos Aires pu- dieron tomar conocimiento de sus derechos cívicos y políticos.
El contacto con distintos referentes de la comunidad migrante nos ha demostrado que la poca participación electoral de los migrantes se relaciona con la falta de información brindada sobre la práctica de este derecho y no con una falta de interés. Los migrantes se sienten parte de la vida de la Ciudad y están dispuestos a ejercer los dere- chos y obligaciones que surgen de su vida cívica 12 .
11 Coordinadores del programa En la ciudad, votás. El equipo En la Ciudad, votás está integrado por Andrea Mateos, Hernan Camps, Aine Villar Aguilar y Manuela Typek Farache.
12 Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/en-la-ciudad-votas-0
4.1 La representación política y la cuestión de género
En estas líneas, se avanzará acerca de los derechos políticos y la dinámica de la representación equitativa entre mujeres y varones dentro del Poder Legislativo. La problemática de género será com- prendida desde una mirada multifacética, entendiéndola no como sinónimo de “mujer”, sino como un sistema de relaciones sociales que involucra y afecta a mujeres y a varones por igual, y en el cual intervienen diversidad de enfoques y realidades. En este sentido, se continuará con lo señalado en el documento de Apuntes para un Código Electoral:
“al ser una construcción social, presenta la particularidad de cam- biar a lo largo del tiempo, ya que ninguna de las características atribuidas a lo femenino y a lo masculino son inmutables y , a su vez, estas construcciones sociales y culturales que se elaboran, a partir de las diferencias sexuales, determinan la forma de relacionarse de las mujeres, de los varones y sus relaciones de poder” (2016:11).
En este sentido, según la literatura, existen dos dimensiones de aná- lisis relevantes para abordar el vínculo entre representación política y género. La primera dimensión, denominada representación descripti- va, refiere a las condiciones de acceso equitativo de las mujeres a los espacios de poder y de representación. La segunda, denominada re- presentación sustantiva, refiere a la existencia de mejoras sustantivas, que permitan equiparar las condiciones de vida de mujeres y varones en la sociedad (Caminotti, 2013). Vale destacar que los estudios empí- ricos en esta materia han encontrado un vínculo directo y positivo en- tre la representación descriptiva y la sustantiva, particularmente resal- tando que una representación equilibrada de mujeres y varones deriva
en una mayor producción legislativa en pos de la equidad de género. El artículo se organiza sobre estas dos dimensiones de la represen- tación política, analizando la evolución de las mismas en Argentina y hace especial énfasis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La representación descriptiva en Argentina:
Ley de Cupo y Paridad
“Las medidas de acción afirmativa (o positiva) buscan instaurar la igualdad sustantiva o real mediante un trato que garantice a las personas en desventaja la equiparación y el ejercicio de sus derechos de igual forma que quienes no están en desventaja “ (Caminotti y Rodriguez Gustá; 2008:27).
Argentina fue el primer país en implementar este tipo de acciones, a través de la aprobación de la Ley de Cupo en el año 1991. Esta ley permitió que las mujeres accedan efectivamente a los cargos políti- cos, al exigir para la presentación de las listas partidarias un mínimo del 30% de mujeres, tal como lo expresa en su artículo primero: “Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con
26 posibilidades de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”. Tras su cumplimiento efectivo en el año 1993, luego de las elecciones legislativas de medio término, se generó un impacto significativo en el acceso de las mujeres al ámbito de la política, alterando la composición de la Legislatura y a través de ésta, del sistema de relaciones de poder 13 .
13 Cabe señalar que uno de los aprendizajes que se obtuvieron en pos de la efectividad de la Ley de Cupo radica en tener presente una serie de factores tales como: la conformación de las listas, las sanciones por incumplimientos y la presencia de claros mecanismos de enforcement (Caminotti; 2017:37)
Fuente: Estudio del País. “Las mujeres transforman el Poder Legislativo”, UNDP.
La aplicación del cupo femenino en Argentina implicó transforma- ciones sustanciales dentro de la conformación del Congreso de la Nación. Si observamos la representación descriptiva, entendiendo por tal a la presencia numérica de las mujeres en el Congreso (Mar- tínez y Garrido, 2013), puede visualizarse un aumento relevante en la Cámara Nacional de Diputados que asciende desde un 5% a un 14%. En el Senado, sin embargo, la representación del cupo de género tendría un impacto efectivo recién en el 2001, año en el que ascien- de a 37% el número de mujeres en la Cámara Alta, para mantenerse en torno del 40% desde entonces. (Caminotti; 2015: 16).
A pesar de la demora, podemos apreciar que la Ley de Cupo tuvo un impacto más preponderante y sostenido en la Cámara de Senadores, producto de las características del sistema electoral, más específi- camente de la magnitud del distrito. Para el caso de Senadores, la reforma constitucional de 1994 definió la selección de tres senadores por provincia, a través de un sistema de mayorías y minorías; la lista más votada obtiene dos bancas y la restante es para la lista que le sigue en cantidad de votos. En este sentido, la única forma de cumplir
con los requisitos de la ley de cupo, en este sistema mayoritario de distribución de bancas, supone que el segundo candidato no puede ser del mismo género que el primero: hombre-mujer, mujer-hombre. En estos casos, debido a la magnitud pequeña del distrito (dos o tres bancas), la aplicación de la ley de cupo tiene un efecto de paridad.
La paridad de género en las listas de candidatos se realiza cuando se cumple la representación equitativa del 50% de varones y del 50% de mujeres. Cabe mencionar que, tal como señala Line Bareiro e Isabel Torres (2009), “la paridad no es una cuota mayor a favor mujeres, sino la incorporación de la diversidad y pluralidad a la de- mocracia (igual que la territorial). A diferencia de la cuota, que es una medida temporal de ajuste cuyo objetivo es reducir la sub-re- presentación de las mujeres en la política, la paridad es una medi- da definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres y transformar la idea misma de democracia.” (Citado en Apuntes para un Código Electoral; 2016:24).
Representación sustantiva en Argentina:
proyectos presentados y aprobados
28 Ahora bien, ¿Cuánto importa que haya una representación más equi- tativa de género en los espacios de poder? ¿Modifica la actividad legislativa, es decir, la formulación de proyectos de ley sensibles a la cuestión de género? Según Franceschet y Piscopo (2008) “entre 1989 y 2007 el 79% de los proyectos de ley sobre cuotas de género, el 80% de las iniciativas sobre despenalización/legalización del aborto, acceso a la contracepción y derechos reproductivos, y el 69% de las propuestas en materia de violencia de género fueron introducidas por legisladoras” (citado en Caminotti, 2015: 25). Estos datos permi- ten apreciar el impacto de la representación descriptiva a nivel nacio- nal, acerca de la representación sustantiva (Caminotti 2015: 37).
Sin embargo, otros estudios que analizan la actividad legislativa de las mujeres en el Congreso argentino resaltan un efecto contrario. En esta línea, se sugirió otros factores que condicionan la actividad le- gislativa y, por ello, la mayor presencia de mujeres en el Congreso de la Nación no necesariamente aumenta la tasa de aprobación de los proyectos vinculados a los derechos de la mujer que éstas patroci- nan. Por el contrario, para el período 1983-2007, se comprobó que “las mujeres continuaron siendo marginalizadas en la legislatura” (Mala, Lacalle y Micozzi, 2013: 95). Entre otras razones, se sugiere que la es- tructura del poder legislativo nacional (bicameral) y las características de la distribución del poder de agenda en el Congreso condicionan el accionar efectivo de las mujeres (Mala, Lacalle y Micozzi, 2013).
Asimismo, para comprender cómo se aplica la representación sus- tantiva de las mujeres, es importante observar las acciones que de- sarrollan las legisladoras y la estructura de oportunidades que les proporciona el Congreso. Desde este ángulo, cobra importancia una serie de instituciones (formales e informales) existentes dentro del propio Poder Legislativo, como las comisiones, las bancadas y las unidades técnicas, para la incorporación de la perspectiva de géne- ro (PNUD/Rodríguez Gustá, 2011).
Las experiencias subnacionales
En Argentina fueron las Provincias las primeras en incorporar leyes de paridad para la elección de cargos legislativos locales. Las pio- neras en adoptar el sistema de paridad fueron Santiago del Estero y Córdoba en el año 2000 y tres años después, Rio Negro; mientras que en 2016 la tendencia a incorporar legislación que garantice la paridad de género en las listas partidarios se extendió a tres nuevas provincias: Buenos Aires, Neuquén y Salta.
Si analizamos las legislaciones en particular, es interesante observar cómo se fue introduciendo en el vocabulario normativo la cuestión de género, desde una perpectiva multifascética que le concierne tanto a varones y mujeres, y no tanto como equivalencia al concepto de mujer.
Ley 6.510
“Artículo 1º.- [
cargos electivos deberán integrarse
con mujeres en una proporción del
cincuenta por ciento (50%). La ubicación de las mujeres en la lista deberá realizarse de modo que, cualquiera fuere el resultado electoral, accedan
los cargos manteniendo la proporción
asignada”.
Ley 8.901
“Artículo 1°.- ESTABLÉCESE, como regla general, el principio de participación equivalente de géneros para la elección de candidatos comprendidos en la presente Ley.”
Ley 3.717
“Artículo 24º.- [
Establécese, como
regla general, el principio de Participación Equivalente de Géneros para la conformación de las listas de candidatos a cargos electivos en cuerpos colegiados, de modo tal que contengan porcentajes equivalentes, es decir el cincuenta por ciento (50%) de candidatos de cada género, en conformidad con lo siguiente”.
Ley 14.848
“Artículo 2°.- [
oficializará sus Listas de Candidatos, conforme a las disposiciones legales pertinentes, las que deberán respetar para los cargos de cuerpos colegiadas en todas las categorías, una equivalencia del cincuenta por ciento (50%) del sexo femenino y otro cincuenta por ciento del sexo masculino. Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la lista, la que deberá cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer).
Ley 7.955
“Artículo 1°.- [
precandidatos y candidatos deberá respetar la igualdad real de oportunidades
garantizando la participación equivalente de géneros para el acceso a cargos electivos. En las listas deberán ubicarse indefectiblemente después de cada precandidato o candidato de un género otro del género distinto, y así sucesivamente, observando siempre la misma proporción”.
Ley 3.053
“Artículo 69.- Los partidos políticos deben promover la participación igualitaria en materia de género. Las listas de candidatos a cargos legislativos provinciales y municipales de segunda y tercera categoría, deben conformarse con candidatos de distinto género de manera intercalada desde la primera candidatura titular hasta la última suplente, de modo tal que no haya dos del mismo género consecutivas. La identidad de género del candidato es la que determina su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Vale destacar que, también en el año 2016, se envió desde el Poder Eje- cutivo Nacional una propuesta de reforma política, en la cual Diputados incorporó la paridad de género para los cargos legislativos. A su vez, el Senado sancionó un proyecto que establece, entre otras modificacio- nes, la obligatoriedad de intercalar varones y mujeres en la conforma- ción de las listas partidarias 14 .
Podemos apreciar que estos procesos de transformación y debate re- cientes no son aislados, sino que fueron producto de presiones socia-
les y acciones colectivas que exitosamente visibilizaron los problemas
y desafíos en materia de género, que debían ser atendidos por el po-
32 der político. Si bien estos avances forman parte de un paraguas trans- formador, aún persisten asignaturas pendientes, en el acceso efectivo
y en la distribución del poder.
14 En octubre del 2016 el senado aprueba el proyecto de paridad de género en ámbitos de re- presentación política. El texto modifica los art. 60 bis del Código Nacional Electoral, el art. 157 del Capítulo II de la elección de Senadores Nacionales y el art 164 del Capítulo III de los Diputados Nacionales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: alcances y desafíos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó, en el año 2000, la Ley Nº 474 sobre Igualdad Real de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Varones, en la que se crea el Plan de Igualdad, que tiene como objetivo, por un lado, garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y, por otro, promover la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres 15 . A su vez, es relevante destacar lo estipulado en la cláusula transitoria primera de la Ley Nº 1.777 de Comunas, aprobada en el año 2005, la cual dispone que las listas presentadas por los partidos políticos para la elección de los miembros de las Juntas Comunales no pueden incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva. Aun así, y a pesar de los avances anteriormente señalados, se mantiene un va- cío legal en relación a la paridad de género en la Legislatura de la Ciudad.
Esta premisa se ve reflejada en el proyecto de Ley de Código Electoral, presentado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el Mi- nisterio de Gobierno en el año 2016, en el cual se establece la equidad de género como principio y se incorpora el mecanismo de alternancia por género en la conformación de las listas de todas las agrupaciones políticas que presenten precandidatos/as en el ámbito de CABA para cuerpos colegiados.
Partiendo de los datos históricos, la aplicación del Art. 36° de la Cons- titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16 fue eficiente en tér- minos de representación descriptiva; más importante aún, en promedio para todos los períodos legislativos, las mujeres ocuparon el 35% de las bancas, superando el promedio del 28% que se reporta para las le- gisladoras subnacionales en Argentina (Caminotti y Del Cogliano, 2016).
15 “Art. 2° Objeto. El plan establecido por la presente Ley tiene como objeto garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías, y promover la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscrip- tos por nuestro país”.
16 En él se señala: “las listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la estructura del poder le- gislativo favorece, en principio, el accionar de las mujeres, debido
a que es unicameral y, por ello, los proyectos vinculados a los dere- chos de las mujeres y liderados por legisladoras porteñas enfrentan,
a diferencia de las legisladoras nacionales, una sola instancia de
aprobación. Si bien no existe un estudio que evalúe la tasa de apro- bación efectiva de proyectos presentados por mujeres en la Ciudad,
la Dirección General de Reforma Política y Electoral inició un releva-
miento de la actividad legislativa porteña que identifica la cantidad de proyectos presentados y aprobados por legislador anualmente. El gráfico a continuación presenta los promedios para el período
2008-2016 de las mujeres y los varones, distinguiendo la cantidad de proyectos presentados y aprobados.
Como se puede observar, aparece una tendencia levemente mayor de la actividad legislativa de las mujeres por encima de la de los varones, tanto en relación a los proyectos presentados como a los aprobados. Para ambos casos, se presentan los promedios para todo el período. Según nuestros datos, y a pesar de que las mujeres sólo ocupan hasta el 38% de las bancas en la legislatura, suelen presentar en promedio 7.42 proyectos más que los varones y logran aprobar, en promedio, 0.48% más que éstos. No existe ningún estudio, de nuestro conocimien- to, que analice el contenido de las leyes que presentan y aprueban las legisladoras porteñas. Este vacío en la literatura no permite evaluar si efectivamente aumenta o no la representación sustantiva.
La participación política de las mujeres en condiciones de igualdad real es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de sus dere- chos humanos. En este sentido, el Estado es un actor relevante en el diseño y la implementación de políticas públicas que avancen en materia de género.
4.2 En torno a las Condiciones de Posibilidad para la Paridad en la Ciudad de Buenos Aires
Natalia Del Cogliano 17
Luego de más de dos décadas de experiencia con las cuotas de gé- nero, Argentina enfrenta el reto de aprobar leyes de paridad en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales, donde la discusión aún está pendiente.
En la actualidad, siete provincias argentinas cuentan con leyes de pa- ridad de género en el ámbito legislativo. Esto implica que en 2016 el promedio de mujeres en las cámaras bajas o legislaturas unicamera- les de los 24 distritos del país –la mayoría de los senados de los seis distritos bicamerales suele tener una participación considerablemen- te menor- alcanzaba el 31%, con un mínimo de 14.3% (Tucumán) y un máximo de 45.7% (Río Negro).
Si bien las primeras tres provincias en adoptar leyes paritarias –San- tiago del Estero, Córdoba y Río Negro- lo hicieron entre los años 2000 y 2002, el más amplio proceso de adopción subnacional de leyes paritarias se produjo en el año 2016, contemporáneamente al debate por la paridad en el Congreso Nacional. En ese año, a la lista de pro- vincias paritarias, se sumaron Salta, Chubut, Neuquén y Buenos Aires. 14 años debieron pasar para que la superación del cupo del 30% vol- viera a estar en la escena nacional y provincial.
36 Así, las reformas paritarias subnacionales, en el marco de nuestro fe- deralismo electoral, se sucedieron en dos momentos muy distintos. Las provincias pioneras pasaron del cupo a la paridad antes de que la mis- ma fuera definida como objetivo de los países en la décima Conferen- cia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en la ciudad de Quito, en el año 2007. Por el contrario, la nueva ola paritaria de 2016 se encuadra en un contexto regional y nacional más proclive al avance paritario y al compromiso con una democracia más equitativa.
17 Dra. en Ciencia Política, Becaria Post doctoral CONICET.
De todos modos, aún carecemos de una ley de paridad para la elección de cargos nacionales y en la mayoría de las provincias. Sin embargo, llegamos a 2017 con una mayor conciencia política sobre la necesidad de avanzar hacia un horizonte paritario. En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción. Desde el año 2011, distintos proyec- tos de ley ingresaron a la Legislatura de la Ciudad, con el objetivo de sancionar una norma superadora del cupo del 30% adoptado en 1991 y de la actual representación femenina del 35%. Pero las condiciones de posibilidad para su aprobación aún no han sido dadas.
Como condiciones para la adopción de leyes de cuota y paridad en el orden nacional, la literatura especializada ha identificado cuatro factores principales: “i) la movilización de mujeres dentro y fuera del Estado y los partidos políticos, quienes inician la demanda, trabajan por su ingreso en la agenda política e institucional y se ocupan de conseguir aliados; ii) la exis- tencia de legados institucionales (Caminotti 2014) o la creación de nociones emergentes de igualdad y representación (Celis, Krook y Meier 2011) que brindan legitimidad a las iniciativas; iii) la influencia internacional, mediante la diseminación de información y la generación de modelos, argumentos y redes (Cleary 2010); y iv) el apoyo partidario o de líderes individualmen- te poderosos, con motivaciones diversas” (Caminotti y Del Cogliano 2016, mimeo). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es posible afirmar que estos factores aún no han permeado el ámbito legislativo de modo sufi- ciente y que no se han conjugado para convertir a la paridad en realidad. En efecto, allí tampoco se ha logrado constituir una coalición promotora de mujeres legisladoras con el poder de promover la sanción de una ley pa- ritaria. Por otro lado, la fragmentación partidaria que ha caracterizado a la Legislatura porteña, gracias a un sistema electoral considerablemente per- misivo, tampoco ha dado lugar a la emergencia de un impulsor o impulsora de la paridad dentro del oficialismo, con la capacidad de conseguir respal- do mayoritario y suficiente dentro del mismo oficialismo, como ha ocurrido en dos de los casos que dieron origen a la paridad en el país: Santiago del Estero y Córdoba (Caminotti y Del Cogliano 2016, mimeo).
En este sentido, que el propio Gobierno de la Ciudad impulse un proyec- to de creación de un Código Electoral para la Ciudad de Buenos Aires que incorpora la paridad de género en la conformación de listas, es un gran paso hacia una democracia paritaria posible. Si bien estas refor- mas nunca llegan a cristalizarse sin resistencias, el hecho de que sea el propio ejecutivo el que la promueve, sumado a los consensos políticos actuales en torno a la importancia de avanzar hacia una democracia pa- ritaria y a los antecedentes de provincias como Buenos Aires, permite ver la paridad en la Ciudad en un horizonte más cercano.
Pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral promoviendo la igualdad de género entre mujeres y varones al interior de los partidos políticos
Al día 20 de Abril del 2017, los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via, dispusieron la intervención judicial de la agrupación “Unión Popular” en pos de normalizar situa- ciones irregulares vinculadas con el incumplimiento de la igualdad y participación equitativa entre varones y mujeres.
El caso se origina al momento de la petición de los afiliados del parti- do político de la “Unión Popular” que cuestionaron la legitimidad de la integración de los órganos directivos de la Junta Directiva Nacional de aquella entidad. La Junta estaba integrada por 14 (catorce) miembros y solo incluía 3 (tres) mujeres cuando de acuerdo al mínimo que impone la ley deberían ser 5 (cinco).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Nacional, a las disposiciones de la Ley N° 24.012 conocida como la “Ley de Cupo”; a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298, art. 3° inc. “b” 18 y a los princi- pios consagrados en el orden internacional por instrumentos tales como la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, la “Declaración y Pla- taforma de Acción de Beijing” (1995) y “La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer”; entre otros, la resolución dispone la intervención judicial de la agrupación en pos de regular la con- formación y el funcionamiento de la Junta Directiva Nacional, mediante un nuevo proceso de elección de autoridades “al que se deberá dar plena pu- blicidad, asegurando la efectiva participación y control de parte de todos los afiliados” 19 . A su vez, en la parte resolutiva del fallo se indica que la deci- sión se deberá comunicar “a los señores jueces federales con competencia electoral en todo el país y a través de ellos a los partidos políticos con reco- nocimiento provisorio o definitivo de su jurisdicción” 20 , ya que el documento precisa que si las autoridades partidarias elegidas de cualquier agrupación
afecta al porcentaje mínimo requerido por razón de sexo no se reconocerá dicha autoridad hasta tanto se regularice conforme a lo que establece la ley.
18 Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298, artículo 3°: “La existencia de los partidos requiere las si-
b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica,
de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y orga- nismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo es- tablecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. (Texto según Ley N° 26.571 art 1° BO 14-12-2009).
guientes condiciones sustanciales:
19 Cámara Nacional Electoral, “Villar, Daniel Osvaldo c/Unión popular O.N. s/formula petición – Unión Popular O.N.”, 20 de abril de 2017, (considerando 14).
4.3 Entrevista a la Legisladora María Magdalena Tiesso (FPV)
En el marco de esta sección, se convocó a la Legisladora Magdalena Ties- so de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de dialogar acerca de la diná- mica de la representación política entre varones y mujeres; particularmen- te sobre los alcances y desafíos que presenta la cuestión de género.
A lo largo de las publicaciones, se continuarán convocando a diferentes legisladores/as de todo el arco político, con el objetivo de seguir reflexio- nando acerca de las diferentes temáticas en materia política y electoral.
Nació el 15 de septiembre del 1988 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inició su camino en la militancia, con el propósito de construir una socie- dad más justa y equitativa, achican- do la brecha de desigualdad que existe entre los sectores económi- cos más concentrados y los más vulnerables de nuestra sociedad.
Pertenece al Bloque del Frente para la Victoria.
En el 2015, asumió su banca en reemplazo del entonces legislador Jorge Taiana.
• Duración de mandato:
8/12/2015 - 09/12/2017
• Comisiones: Vicepresidenta 1 en Justicia y Salud.
• Autora de 115 proyectos y Coautora de 157.
En relación a su trayectoria personal ¿Cómo caracterizaría
el ámbito de la arena respecto de la dinámica que se presenta entre las mujeres y los varones? La relación de por sí es asimétrica, por lo tanto los resultados que puedan darse desde ese punto de partida serán desiguales. El primer obstáculo que se pre- senta es la desigualdad en la participación política y, con ello, en las decisiones de poder; en la formulación de proyectos y en la introducción de nuevos ele- mentos en la agenda política. A mayor participación de mujeres, mayor plura- lidad de opiniones, mayor representación de intereses y, por lo tanto, mayores las posibilidades de tomar mejores decisiones y abarcar muchos más intereses.
Creo que es muy importante entender que sólo se puede seguir avanzan- do si contemplamos la problemática desde una perspectiva de género, es decir, reconociendo que la relación entre el hombre y la mujer es una relación de poder y de dominación del hombre por sobre la mujer, cons- tituida social e históricamente. Visualizar esto último permite construir nuevos vínculos, que no estén ni jerarquizados ni discriminatorios.
En este sentido, considero que es fundamental que las mujeres ocupen es- pacios de representación. No es una cuestión de capricho, es indispensable para construir el camino hacia la igualdad real de condiciones entre el hom- bre y la mujer. También es importante para poder, en ese camino, incentivar la autonomía de la mujer y superar muchos obstáculos que se presentan en la sociedad desde hace mucho tiempo. Como por ejemplo, las diferencias salariales que todavía existen, la participación política de la mujer, etc. Al- canzar la igualdad en el ejercicio del poder es alcanzar la erradicación de la exclusión estructural de la mujer. La autonomía de las mujeres, como grupo social, derivará en la independencia individual de cada una las ellas.
2. ¿Cuál cree que ha sido el impacto de las marchas por los de-
rechos de la mujer en la elaboración de proyectos sensibles a la
40 temática de género? Visualizar la problemática, a través de las movilizaciones como las de Ni una menos, permite focalizar el conflicto y actuar en función del mismo; le da voz a quienes no la tienen y permite repensar y debatir el rol de la mujer en la sociedad, sociedad en la que aún persisten resistencias ideo- lógicas que asumen que el rol principal de la mujer se asocia al hogar.
En este sentido, las movilizaciones son necesarias para poner el conflicto a la vista de todos, tanto las de Ni una menos como las del Día Interna- cional de la Mujer, cada 8 de marzo. Si el problema no se ve, no existe. Si se ve, la sociedad toma conciencia y los políticos nos encargamos de encarrilar posibles soluciones desde lo institucional.
Muchas veces, sin embargo, tienen efectos negativos que denotan actos discriminatorios y que pretenden disuadir a las mujeres traba- jadoras de realizar acciones colectivas, relativas a la defensa de sus derechos. En ese sentido, me gustaría resaltar que, desde la Legislatu- ra Porteña, presenté un proyecto, repudiando la medida adoptada por AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) aplicar descuentos en el salario de las trabajadoras que adhirieron al paro internacional de mujeres.
En cuanto a la actividad política desde la Legislatura, también estamos trabajando en proyectos que transmitan las distintas problemáticas en torno a la mujer. Por ejemplo, hemos presentado un proyecto para la creación de un Observatorio de Violencia Obstétrica, que implementa un sistema de recolección y sistematización de datos y estadísticas, a fin de conocer la realidad y evolución de las situaciones de violencia obsté- trica. A su vez, crea un servicio de asesoría general, por medio del cual se informará y asesorará jurídicamente a las víctimas.
En otro orden de ideas, hemos trabajado en proyectos como el de Gestión Mens- trual, que tiene como finalidad la cobertura universal y gratuita de productos de gestión menstrual en todo el ámbito de la Ciudad, a través de los efectores de Salud Pública, escuelas, comedores, comisarías y paradores para personas en situación de calle, dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este proyecto también tiene que ver con la desigualdad existente entre el hombre y la mujer y con una problemática que, una vez más, nos afecta a nosotras, las mujeres. La brecha salarial promedio en Argentina entre hom- bres y mujeres es del 33%. Esto quiere decir que por cada peso argentino que gana un hombre, una mujer gana sólo 66 centavos. Cabe agregar que el número de mujeres desocupadas (57,8% según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC) es mucho más alto que el de hombres (36,3%, según la misma fuente). Asimismo, la situación de vulnerabilidad es aún mayor para quienes no pueden comprar estos productos, dado que se ven reducidas sus opciones al momento de destinar un gran porcentaje de sus ingresos a esa compra o, en último término, a utilizar lo que tengan a mano.
La igualdad real de trato y las oportunidades entre hombres y mujeres encuentran aquí un obstáculo insalvable, pero atendible y remediable a partir de la acción decidida del Estado.
Aún así, se puede ver a simple vista que falta muchísimo por hacer. Nece- sitamos un Estado presente, un gobierno nacional con políticas serias de estados, que invierta y que no recorte el presupuesto destinado al área encargada de combatir la violencia de género.
3. ¿Cuáles crees que han sido las principales conquistas en tér- minos de derechos del movimiento de mujeres en Argentina? Son muchas las conquistas que se han logrado. Por un lado, hubo un avance significativo en lo normativo: las leyes nacionales N° 25.929 de Parto Respetado y N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres son claros ejemplos de progreso en la adquisición de derechos para la mujer.
La Ley 25.929 de Parto Respetado, reglamentada en el 2015, promueve el respeto a la familia en sus particularidades –raza, religión, nacionalidad- y el acompañamiento en la toma de decisiones seguras e informadas.
Esta ley es de gran importancia, porque pone de relieve el derecho que tienen las mujeres a ser informadas acerca de las distintas intervencio- nes médicas que pueden tener lugar durante el parto y el postparto, y les permite participar activamente en las decisiones que pudieran tomar. Establece el derecho a ser considerada persona sana, para facilitar su participación en tanto protagonista de su propio parto, y promueve el derecho a un parto respetuoso del tiempo biológico y psicológico; evita las prácticas invasivas y el suministro injustificado de medicación.
La Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relacio- nes interpersonales”, promulgada en el mes de abril del 2009 y reglamenta- da en 2010, también es fundamental a la hora de plasmar derechos ante el problema de la violencia contra la mujer. Entre otras cuestiones, ha definido la violencia y las distintas maneras de ejercerla, para abordar la problemá- tica de la violencia de género en pos de su prevención y tratamiento.
En cuanto al avance hacia la paridad política, la Ley de Cupo es de gran importancia, tanto que nuestro país se convirtió en el primero de América Latina en aplicar un sistema de cuotas que garantice la parti- cipación política de las mujeres en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, creemos que no es suficiente; así surgió el proyecto de “Participación Equivalente de Géneros” 21 , que promueve la participa- ción real de la mujer en los ámbitos legislativos y crea, de este modo, un nuevo piso en términos de representación democrática.
21 Iniciativa de proyecto de ley presentada en agosto del 2016 que establece el 50% del cupo femenino en la confección de listas de candidatos/as a cargos electivos.
4. Mencionás que la Ley de Cupo representó un avance, pero es insuficiente: ¿Podrías compartirnos los principales lineamiento del proyecto de “Participación Equivalente de Géneros”? Los mecanismos de cupos buscan garantizar que las mujeres alcancen, al me- nos, un porcentaje mínimo en un órgano de gobierno o de toma de decisiones.
Considero que todas las medidas de acción positiva suman para llegar a la igualdad real entre el hombre y la mujer. Hoy el cambio es por ley, en un futuro será natural y no necesitaremos más este tipo de mecanismos. Pero para llegar a eso falta mucho, y este tipo de procedimientos pueden gene- rar conciencia en la sociedad; es sólo un granito de arena para los grandes cambios culturales que son necesarios para quebrantar ciertos principios universales, pero, además, para contrarrestar el déficit democrático.
Las normas de cupos tutelan la paridad de género y la no discriminación de la mujer en la vida política, pues son normas “correctoras” tendientes a lograr una mayor democratización en la sociedad.
Formamos parte de un Bloque que tiene paridad en su conformación; so- mos 4 legisladores y 4 legisladoras. Dentro del Frente Para la Victoria siem- pre se priorizaron las políticas de género y eso puede observarse con cla- ridad en los distintos proyectos y actividades que se llevan a cabo. Cada uno de nosotros contribuye en ese camino hacia la igualdad real.
En este sentido, el proyecto presentado tiene como principal objetivo la igualdad real de oportunidades y la paridad política: establece que toda lista de candidatos/as a cargos electivos de la Ciudad deberá cumplir con el principio de participación equivalente para ser oficializada, es decir que, debe contener el cincuenta por ciento (50%) de candidatos de cada género, a fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, establecida en el art. 36º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo es garantizar la participación efectiva de la mujer en las listas de candidatos a cargos electivos. Para ello, la postulación de los candidatos/ as en las listas deberá respetar la postulación en forma alternada, es decir, intercalando uno (1) de cada género por cada tramo de dos (2) candidaturas.
El proyecto pretende acercarse a la mentada igualdad, a través de una medida de acción positiva concreta, para que aquellas posibilidades teó- ricas se vuelvan probables y accesibles.
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