Source: https://supremo.vlex.es/vid/asesinato-abuso-superioridad-jurado-31969918
Timestamp: 2019-08-21 00:52:36
Document Index: 66687691

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 61', 'artículo 70', 'artículo 248', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 49', 'artículo 23']

STS 742/2007, 26 de Septiembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 31969918
Número de Recurso: 10127/2007
Número de Resolución: 742/2007
ASESINATO. ABUSO DE SUPERIORIDAD. ALCANCE DE MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL DE JURADO. El acusado drogadicto entabla una discusión con su padre y por sorpresa toma un cuchillo comenzó a asestarle cuchilladas y golpes punzantes con la intención de acabar con su vida, infiriéndole más de treinta de ellos, todos en la parte superior provocándole el fallecimiento del padre. En primera instancia es condenado como autor de asesinato. Es recurrida en apelación y es admitida parcialmente y es condenado como autor de asesinato con agravante de abuso de superioridad. Es recurrida en casación por el condenado en razón a infracción preceptos constitucionales, como presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, interdicción arbitrariedad y motivación sentencias. El tribunal de casación no aprecia tales infracciones y entiende que el alcance de motivación en el Tribunal de Jurado debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo pero debe ser desarrollada por éste al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Por lo tanto el objeto del veredicto no debe contener calificaciones jurídicas y el Jurado no debe pronunciarse sobre tales extremos. Si lo hiciera, por una defectuosa redacción del objeto del veredicto, no puede afirmarse que el Magistrado-Presidente quede vinculado al realizar la calificación al indebido pronunciamiento del Jurado.Siendo así, excluida la alevosía por el Tribunal Superior de Justicia, vía recurso de apelación, hay que entender que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad que esta Sala viene considerando como una alevosía menor o de segundo grado, razón por la cual entendemos que su aplicación en el caso presente en lugar de la alevosía no vulnera el principio acusatorio ni produce indefensión alguna, pues en esta agravante, de abuso de superioridad no se encuentra elemento alguno que no se halle en la definición legal de alevosía (Art. 22.1ª ) utilizada para acusar por la acusación particular. En efecto el uso de armas constituye la modalidad más usual de superioridad medial ya que representa para el que la porta una situación de superioridad frente a la correlativa debilidad en el agredido pues a nadie escapa la desigualdad de fuerzas con que se enfrentan una persona armada y otra inerme. Por lo tanto se desestima la casación.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Carlos Daniel, contra sentencia de fecha 11 diciembre 2006 dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en la Coruña, que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por dicho acusado, contra sentencia del Tribunal de Jurado en el ámbito de la Audiencia Provincial de la Coruña, Sección Primera de fecha 30 de junio de 2006, que condenó a dicho acusado por delito de asesinato; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Guadalupe, Trinidad, Claudia
, Cesar, representados por el Procurador D. Marco Aurelio Labajo estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. María Abellan Albertos.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de La Coruña instruyó causa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección Primera, que por medio del correspondiente Tribunal del Jurado con fecha 30 de junio de 2.006, dictó sentencia que contiene los siguientes:
PROBADOS: Probado y así se declara en forma expresa que el día 28 de Febrero de 2005 Carlos Daniel, con DNI. nº NUM000, nacido el 8 de diciembre de 1969 y sin antecedentes penales, acudió en unión de sus padres a un centro de drogodependencias donde estaba siendo tratado de su adicción a diversas sustancias tóxicas, regresando luego al domicilio familiar en el que residía junto a aquéllos y su hermana Trinidad, donde alrededor de las 14 horas en la cocina del piso superior se entabló una discusión entre el padre, Pedro, y el referido Carlos Daniel al negarse éste a ingresar en una comunicad terapéutica, tal y como se había comprometido con los responsables del centro en la aludida visita. En su transcurso Carlos Daniel cogió un cuchillo de unos 25 cms. de largo y, de manera sorpresiva para evitar que su padre tuviera ocasión de reaccionar, lo que logró ante lo inopinado del ataque, comenzó a asestarle cuchilladas y golpes punzantes con la intención de acabar con su vida, infiriéndole más de treinta de ellos, todos en la parte superior del cuerpo, afectando al cuello, tórax, espalda y miembros superiores, provocándole las que se localizaron en el lado izquierdo del cuello la desestructuración de la arteria carótida y la vena yugular de ese lado, con pérdida masiva y súbita de sangre; al mismo tiempo las del tórax que incidieron en el pulmón izquierdo le provocaron el deposito de sangre en el espacio pleuroparietal, repercutiendo en ladinámica circulatoria y respiratoria, causando, en su conjunto, un shock hopovolémico y el fallecimiento del referido Pedro .
Carlos Daniel era consumidor de opiáceos y otras sustancias tóxicas, lo que no afectaba en modo alguno a su capacidad de entender las consecuencias de sus actos y de querer obtener el resultado propuesto con ellos.
Pedro se ocupaba de todo lo relativo a la adicción de su hijo acudiendo, como ocurrió el día de hechos, a las unidades medicas correspondientes y administrándole, incluso, los fármacos que se le prescribían. Además de Trinidad, que convivía en el domicilio familiar, Pedro tenia otros dos hijos llamados Claudia y Cesar, los cuales vivían de manera independiente.
La sentencia contenía la siguiente parte dispositiva:
Que debo condenar y condeno a Carlos Daniel, como responsable en concepto de autor de un delito de asesinato, por haberlo así estimado el Jurado, ya definido y circunstanciado, a la pena de 20 años de prisión con inhabilitación absoluta para todos los honores, empleo o cargos públicos que tuviere e incapacidad para obtenerlos y ser elegido para cargo de esa naturaleza, a que indemnice a Guadalupe en 70.000 euros, a su hermana Trinidad en 30.000 euros y a sus hermanos Pedro y Claudia en 15.000 euros, con aplicación a esas cantidades de los artículos 1108 C. Civil y 576 LEC, así como al pago de las costas procesales, con inclusión de las de la acusación particular.
Unase a esta resolución el acta del Jurado.
El Magistrado-Ponente del Tribunal del Jurado dictó el siguiente pronunciamiento:
Que debo condenar y condeno a Carlos Daniel, como responsable en concepto de autor de un delito de asesinato, por haberlo así estimado el Jurado, ya definido y circunstanciado, a la pena de 20 años de prisión con inhabilitación absoluta para todos los honores, empleo o cargos públicos que tuviere e incapacidad para obtenerlos y ser elegido para cargo de esa naturaleza, a que indemnice a Guadalupe en
70.000 euros, a su hermana Trinidad en 30.000 euros y a sus hermanos Cesar y Claudia en 15.000 euros, con aplicación a esas cantidades de los artículos 1108 C. Civil y 576 LEC, así como al pago de las costas procesales, con inclusión de las de la acusación particular.
Unáse a esta resolución el acta del Jurado
Recurrida en Apelación dicha sentencia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia, se dictó sentencia con fecha once de diciembre de dos mil seis, y que contiene el siguiente FALLO: Estimamos parcialmente el recurso presentado por la defensa de don Carlos Daniel contra la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal de Jurado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña el treinta de junio de dos mil seis, en el procedimiento de la Ley del Jurado rollo 2/2006, y revocándola en parte condenamos al acusado don Carlos Daniel como responsable en concepto de autor de un delito de homicidio consumado del art. 138 del Código Penal, con la concurrencia de las agravantes de abuso de superioridad del art. 22.2 y la del art. 23, ambos de dicho Código, a la pena de quince años de prisión, confirmando en lo restante la sentencia recurrida, sin hacer imposición de las costas de este recurso.
Notificada dicha sentencia a las partes, se preparó contra la misma recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley, por la representación de Carlos Daniel, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ . por infracción del art. 24 de la CE ., por entender vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, el art. 24.1 CE, referido al derecho a la tutela judicial efectiva, el art. 9.3 referido a la interdicción de la arbitrariedad, el art. 120.3 de la CE . referido a la motivación de las sentencias.
Al amparo del art. 851.1.2º LECrim . por resultar manifiesta contradicción en los hechos declarados probados en la sentencia.
Al amparo del art. 851.1.3 de la LECrim . por haberse consignado como hechos probados los que implican la determinación del fallo.
Al amparo del art. 851.3 por no haber resuelto la sentencia sobre los motivos cuarto, quinto y sexto objeto del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día trece de septiembre de dos mil siete.
Los motivos primero, segundo, tercero y cuarto son articulados conjuntamente por infracción de precepto constitucional al amparo del Art. 5.4 LOPJ ., en relación con el Art.. 24 CE ., por entender vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, con el Art.. 24.1 CE ., referido al derecho a la tutela judicial efectiva, con el Art.. 9.3 CE ., referido a la interdicción de la arbitrariedad, y con el Art.. 120.3 referido a la motivación de las sentencias.
Considera el recurrente que la sentencia impugnada ha incurrido en infracción de los referidos preceptos constitucionales y derechos fundamentales puesto que en ella se le condena sin que haya sido racionalmente valorada la prueba por el Tribunal sentenciador, siendo la motivación de la convicción que el Tribunal expresa en la sentencia irracional y no ajustada a las reglas de la experiencia o de la lógica por cuanto
En ningún momento Carlos Daniel actuó de manera sorpresiva para evitar que su padre tuviera ocasión de reaccionar, sino tras una discusión previa que afectaba a su situación personal.
Son evidentes las malas relaciones entre padre e hijo (vinculo afectivo inexistente) a lo largo de todo el historial médico del ACLAD, Centro de drogodependencia al que el acusado acudió por primera vez en el año 1996.
Que si bien es cierto que Carlos Daniel utilizó un cuchillo no lo es menos como reconoce la sentencia TSJ. de Galicia que el acusado mató con lo primero que se encontró a mano en la cocina, no sin antes forcejear y pelear con sus padres con todo tipo de objetos.
Que la mayor parte de la heridas que presentaba la víctima era superficiales y solo dos afectaban a sus órganos vitales.
Que Carlos Daniel padece, por un lado, un trastorno esquizoide de la personalidad, y por otro, un trastorno de comportamiento corroborado por el Centro de Drogodependencia y el psiquiatra del Centro Penitenciario.
Que Carlos Daniel es un politoxicómano con un consumo prolongado de tóxicos y en el momento de los hechos se encontraba bajo el consumo de opiáceos y benzodiacepinas.
En relación a la presunción de inocencia, como hemos explicitado en múltiples resoluciones de esta Sala, por todas, sentencia 1226/2006 de 15.12, cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa pero si puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia (STS. 1125/2001 de 12.7 ). Así pues, al tribunal de casación debe comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo (STS. 209/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del discurso valorativo si puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias (Art.. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio "nemo tenetur" (STS. 1030/2006 de 25.10 ).
Expuestas estas consideraciones generales y en relación a la infracción de los preceptos constitucionales que cita el recurrente al rechazar la eximente completa de enajenación, Art. 20.1, o la atenuante de alteración psíquica Art. 21.1 en relación con el Art. 20.1, o atenuante de drogadicción, Art.
21.2 CP ., el planteamiento es erróneo pues se trata de conducir al campo de la presunción de inocencia que constituye esencialmente una cuestión de hecho, problemas derivados de la aplicación del derecho a los hechos que se han declarado probados, olvidando que la presunción de inocencia solo afecta a la existencia del hecho ilícito y sus circunstancias, así como a la participación del acusado, es decir a la culpabilidad como sinónimo de intervención en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal siendo ajenos a esta presunción los temas de tipificación (STC. 195/93 ). La prueba de tal participación ha de referirse a cada uno de los elementos de hecho por los que el Juez decide condenar en sentencia, y aunque en principio tales elementos de la infracción son de tipo objetivo, no es menos cierto que esta Sala viene reconociendo que si el elemento subjetivo es tal que de él depende la existencia misma del injusto punible, debe entenderse que la presunción de inocencia exige la prueba de tal animo tendencial o finalista. pero dicha presunción no puede proyectar su ámbito de aplicación sobre la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes, de tal modo que las partes acusadoras se vean obligadas a acreditar que todas y cada una de ellas no han concurrido en el caso, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "omu probandi incumbit qui decit non qui negat" y "afirmati non neganti incumbit probatio, negativa non sunt probanda, y la jurisprudencia que afirma que la presunción de inocencia no puede recaer sobre algo en principio anormal cual es una circunstancia eximente o atenuante y que éstas han de surgir de la declaración de hechos probados y han de tener tan notoria claridad y evidencia como el hecho mismo, sin que puedan fundarse en conjeturas y presunciones (SSTS. 23.10.96, 12.4.95, 1.8.90, 18.11.97 ).
Y en cuanto a la necesaria motivación de la concurrencia de las circunstancias agravantes de abuso superioridad y parentesco, como integrante de los derecho a la tutela judicial efectiva e interdicción de la arbitrariedad, hay que puntualizar la dosis de motivación que debe asistir a las afirmaciones o negaciones del Jurado sobre la prueba de los hechos que constituyen el objeto del veredicto. La explicación sucinta de razones que el Art. 61.1 d) de la Ley manda incluir en el correspondiente apartado del acta de votación, puede consistir en una descripción detallada, minuciosa y critica de la interioridad del proceso psicológico que conduce a dar probados o no los hechos que se plasman en el objeto del veredicto. Esta opción, solo accesible a juristas profesionales, sobrepasa los niveles de conocimiento, preparación y diligencia que cabe esperar y exigir a los componentes del Jurado. A esta postura se contrapone una posición minimalista de que estando al conjunto de las pruebas practicadas, el Jurado se abstiene de otras precisiones y así las cosas, declaraba probados unos hechos y no probados otros de la totalidad de los propuestos. Esta opción podría entenderse insuficiente porque al adoptarla sólo expresa que no se ha conducido el Jurado irracionalmente, ni ha atentado contra el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
En similar dirección la STS. 1648/2002 de 14.10 recordó que: " Tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, ha señalado la Jurisprudencia de esta Sala (S.S.T.S. de 29/5 y 11/9/00 y la citada de 18/4/01 ), que "es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado exige una .d)) en la que ha de expresarse las razones de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, motivando la sentencia de conformidad con el artículo 70.2 de la L.O.T.J .". La motivación fáctica, pues, tiene por objeto explicar sucintamente las razones por las que los componentes del Jurado han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados, y supone la parte esencial de la exigencia motivadora en tanto es aquélla por la que se conoce el proceso de convicción del Órgano Jurisdiccional sobre la culpabilidad de una persona, en el sentido de participación en el hecho delictivo imputado, y esta función sólo la puede realizar el Órgano Jurisdiccional que ha percibido la prueba con la inmediación derivada de la práctica de la misma. Junto a ella, existe una segunda fase necesaria de la motivación, concebida como operación de subsunción lógica de los hechos en la norma (fundamentación) regulada en los artículos 142 LECrim. y 248 L.O.P.J., es decir, la motivación sobre la aplicación del derecho, cuyas exigencias son distintas (S.T.S. de 29/6/00 y todas las citadas en la misma). La motivación a la que se refiere el artículo 61.1.d) L.O.T.J. incide en la primera, mientras que la motivación jurídica, como subsunción del hecho delictivo y sus circunstancias en el tipo penal aplicable, corresponde al Magistrado-Presidente en la sentencia (artículo 70 L.O.T.J .), que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 248.3 L.O.P.J ., respetando en todo caso el contenido correspondiente del veredicto, es decir, la motivación del Jurado integra la sentencia (artículo 70.3 L.O.T.J .) y ésta es complementaria de aquélla. Por ello en rigor la subsunción del elemento subjetivo del tipo o de las circunstancias que califican el mismo debe hacerla el Magistrado-Presidente en la resolución, como también ex artículo 70.2 tiene que concretar la prueba de cargo existente, lo cual constituye su labor técnica (ver artículo 49 L.O.T.J .), aunque la valoración de la misma es competencia exclusiva del Jurado".
En el caso presente tuvo el Jurado por probada la proposición 1 b del objeto del veredicto ("si Carlos Daniel asestó a su padre las cuchilladas y golpes a que se hizo referencia en el hecho anterior de modo sorpresivo, lo que anuló su posibilidad de reacción y de defensa"), y que por su contenido iba dirigida a establecer la base fáctica necesaria para la apreciación de la de la alevosía efectuada por el Tribunal del Jurado, pero ello no impide el que, como con acierto hace la Sala de Apelación teniendo en cuenta que la función de los Jueces legos no es la determinación de calificación jurídica alguna sino la de la realidad de lo acontecido desde un punto de vista estrictamente fáctico, pueda apreciarse el abuso de superioridad, y no aquélla.
Ello es así porque los Jurados se pronuncian sobre los hechos enjuiciados y declaran si el acusado ha participado o no en su comisión y, en consecuencia, si ha de considerarse culpable o no culpable en función de su participación en los mismos, y de la concurrencia o no de los hechos determinantes de alguna causa excluyente de la culpabilidad.
Seguidamente el Magistrado Presidente -o los Tribunales competentes vía recursos- como jurista técnico que debe respetar y hacer respetar el principio de legalidad subsume en la norma jurídica procedente los referidos hechos, que deben ser suficientemente detallados para contener todos los elementos del tipo así como los integradores de cualquier circunstancia modificativa aplicable realizando el juicio de derecho o calificación jurídica, e imponiendo la pena legalmente procedente.
Por lo tanto el objeto del veredicto no debe contener calificaciones jurídicas y el Jurado no debe pronunciarse sobre tales extremos. Si lo hiciera, por una defectuosa redacción del objeto del veredicto, no puede afirmarse que el Magistrado-Presidente quede vinculado al realizar la calificación al indebido pronunciamiento del Jurado.
Siendo así, excluida la alevosía por el Tribunal Superior de Justicia, vía recurso de apelación, hay que entender que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad que esta Sala viene considerando como una alevosía menor o de segundo grado, razón por la cual entendemos que su aplicación en el caso presente en lugar de la alevosía no vulnera el principio acusatorio ni produce indefensión alguna, pues en esta agravante, de abuso de superioridad no se encuentra elemento alguno que no se halle en la definición legal de alevosía (Art. 22.1ª ) utilizada para acusar por la acusación particular. En este sentido SSTS. 1083/2005 de 28.9, 357/2002 de 4.3, 851/98 de 18.6, 137/97 de 7.2 .
En esta ultima STS 137/1997 podemos leer lo siguiente:
"El abuso de superioridad, circunstancia agravante genérica que recoge el nº 8º del Art. 10 CP anterior, aplicable en principio a toda clase de delitos, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 25-1-91, 4 y 26-2-91, 24-5-91, 4-11-92, 26-2-94, 18 y 23-3-94, 5-4-94 y 30-11-94, entre otras muchas) exige la concurrencia de los elementos siguientes:
Que haya una situación de superioridad, es decir, un importante desequilibrio de fuerzas a favor de la parte agresora frente al agredido, derivada de cualquier circunstancia, bien referida a los medios utilizados para agredir (superioridad medial) bien al hecho de que concurra una pluralidad de atacantes, siendo precisamente este último supuesto el más característico y el de mayor frecuencia en su aplicación (superioridad personal).
Esa superioridad ha de ser tal que produzca una disminución notable en las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera nos encontraríamos en presencia de la alevosía, que constituye así la frontera superior de la agravante que estamos examinando. Por eso la jurisprudencia mencionada viene considerando esta agravante como una "alevosía menor" o de "segundo grado".
Que esa superioridad de la que se abusa no sea inherente al delito, bien por constituir uno de sus elementos típicos, bien porque, por las circunstancias concretas, el delito necesariamente tuviera que realizarse así."
Entre las sentencias mas recientes la 1224/2005 de 10.12, invocando las precedentes de 10.5.96, 30.4 y 6.5.97, 31.1.2001, 14.1.2002, 4.5.2002, y 29.1.2004, explica que la agravante de superioridad, ".....basa
su plus de disvalor del hecho, con reflejo en la consiguiente culpabilidad del agente y en la pena que de tal hecho se derive, en una situación de desequilibrio de situaciones o fuerzas entre el sujeto o sujetos activos del delito y la víctima que, sin privar a ésta de su capacidad defensiva, como ocurre en la alevosía, sí provoca la minoración de la capacidad, que coloca en situación de ventaja a los autores del delito sobre el sujeto pasivo de su acción".
La sentencia 370/2006 de 30.3, insiste en que " (ésta) agravante requiere para su apreciación en primer lugar de la existencia de una desproporción efectiva y real entre la parte agredida y la agresora que determine un desequilibrio a favor de esta última; en segundo lugar que ese desequilibrio se traduzca en una disminución de las posibilidades de defensa ante el ataque concreto que se ha sufrido; y en tercer lugar que el sujeto activo conozca y se aproveche de ese desequilibrio y de sus efectos para la ejecución del concreto hecho delictivo". En igual dirección STS. 497/2006 de 30.5 .
En consonancia con esta doctrina deben analizarse las dos objeciones alegadas por el recurrente: la falta de ese elemento subjetivo de la agravante, y la existencia de una discusión previa obstativa a la apreciación del abuso de superioridad, cuya desestimación deviene necesaria.
Así, como se dice en la sentencia 503/2006 de 4.5, en el abuso "el agresor conoce y exhibe su superioridad de forma directa o emplea medios que le coloquen en una situación de ventaja sobre la víctima de tal manera que, incluso la mayor fortaleza física de la misma sea anulada por el medio que emplea el agresor para colocarse en una situación de superioridad evaluable según las circunstancias del hecho. Así si una persona en el curso de un enfrentamiento utiliza o se vale de instrumentos peligrosos o contundentes no es necesario que nos hallemos ante una situación valorativa de superioridad sino que el medio empleado le coloca en esta situación y disminuye de forma notable las posibilidades de defensa del agredido....". En efecto el uso de armas constituye la modalidad más usual de superioridad medial ya que representa para el que la porta una situación de superioridad frente a la correlativa debilidad en el agredido pues a nadie escapa la desigualdad de fuerzas con que se enfrentan una persona armada y otra inerme. Es cierto que esta circunstancia de abuso de superioridad -como ya hemos explicitado- no es de naturaleza estrictamente objetiva sino mixta y así se expresa en las sentencias de esta Sala de 13.4 y 18.6.98, que, para que se afirme su existencia, es necesario, de acuerdo con la vigencia y preeminencia del principio de culpabilidad, que el sujeto activo conozca y se aproveche, a su favor y en perjuicio del ofendido, del desequilibrio de fuerzas que entre los dos existe. Pero también lo es que el elemento subjetivo de abuso de superioridad, reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento o, dicho de otra forma, en la representación de la desigualdad de fuerzas o medios comisivos y en la voluntad de actuar al amparo o bajo la cobertura de dicha desigualdad. Fácilmente se llega a la conclusión de que cuando la superioridad objetiva es deparada por el arma que tiene el agresor, y de la que carece el agredido, debe bastar, a causa de la evidencia que en tal caso tiene la desigualdad, la mera conciencia de la situación y la voluntad de realizar la acción aprovechándola.
Respecto a la existencia de la disputa previa, esta Sala en casos de alevosía, -tanto más cuando se trata de abuso de superioridad-, tiene declarado, por ejemplo sentencia 1472/2005 de 7.12 -, que generalmente se ha dicho que la existencia de una riña o de una pelea previas a la agresión excluyen la alevosía, pues cualquiera de los contendientes puede estar prevenido respecto a una agresión del contrario. Pero, en primer lugar, la existencia de saltos cualitativos en la agresión, que sean significativos respecto de las características de la riña previa, puede hacer que aquella sea considerada alevosa. Y, en segundo lugar, nada permite excluir que el inicio de la pelea previa, aunque no sea lo que materialmente causa la muerte, suponga ya la colocación de la víctima en una situación irreversible de ausencia total de posibilidades de defensa. Por lo tanto, ha de concluirse que la existencia de señales de pelea y defensa no suponen siempre la imposibilidad de apreciar la alevosía ( y el abuso de superioridad).
Por último en cuanto a la motivación del Jurado para entender acreditada la proposición 1 b y en definitiva que el ataque con el cuchillo fue sorpresivo, hace referencia a que por el vinculo familiar no existía desconfianza por parte del padre hacia su hijo que supusiese ese ataque con el cuchillo, a que el discurrir de la mañana de autos -teniendo en cuenta el testimonio de la madre y de lo testigos-, aún admitiendo esta discusión con el padre por no querer ir a un Centro de desintoxicación, supondría que el hecho pudiese ser cometido de un modo sorpresivo, y a que no consta en los informes presentados y en la declaración de Carlos Daniel de 1.3.2005, denuncia alguna sobre el declarante con los miembros de su familia o éstos, con respecto al declarante, ni episodios de violencia entre los miembros de la familia y el declarante o éste con esos miembros de la familia.
Estas explicaciones del Jurado, en cuanto se complementan entre sí, cumplen con las exigencias previstas en el Art. 61.1 de LOTJ . y suponen una motivación suficiente, en cuanto no ha violado la interdicción de la arbitrariedad, Art. 9.3 CE ., y no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y absurda en definitiva, arbitraria, por cuanto ha individualizado las razones de su convencimiento enumerando, asimismo, los elementos probatorios tenidos en cuenta. Cuestión distinta es que tales razones no sean compartidas por el recurrente al propugnar una distinta valoración de aquellas pruebas, lo que es ajeno a este motivo casacional.
Asimismo el Jurado declaró probado la proposición 3b con las modificaciones que introdujo (" Carlos Daniel convivía con sus padres en el domicilio familiar, sito en el nº 77 de la carretera de Cambre al Temple, ayudándole su padre en todo lo relacionado con la drogodependencia, vínculos familiares entre ambos que hacen desmerecer más lo sucedido)-Tiene declarado esta Sala, como es exponente la sentencia 682/2005 de 1.6, que la circunstancia mixta de parentesco resulta aplicable cuando, en atención al tipo delictivo, la acción merece un reproche mayor o menor del que generalmente procede, a causa de la relación parental de que se trate, y que en los delitos contra las personas, su carácter de agravante no está basado en la existencia de un supuesto cariño o afectividad entre agresor y ofendido, exigencia que llevaría a su práctica inaplicación como agravante en los delitos violentos contra las personas, sino en la mayor entidad del mandato contenido en la ley dirigido a evitar esa clase de conductas en esos casos, o como se declara en la STS. 147/2004 de 6.2, la justificación del incremento de la pena se encuentra en el plus de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra las personas unidas por esa relación de parentesco o afectividad que el agresor desprecia, integrándose la circunstancia por un elemento objetivo constituido por el parentesco dentro de los limites y grado previsto, y el subjetivo que se concreta en el conocimiento que ha de tener el agresor de los lazos que le unen con la víctima, bastando sólo ese dato y no exigiéndose una concurrencia de cariño o afecto, porque como tal exigencia vendría a hacer de imposible la agravante pues si hay afecto, no va a haber agresión, salvo los supuestos de homicidio pietatis causa en los que el parentesco podría operar pero como circunstancia de atenuación.
Es cierto que, como sugiere el recurrente, esta Sala ha entendido que no es apreciable la agravante de parentesco cuando pueda entenderse que han desaparecido, incluso de hecho, las razones que justifican su apreciación, en los casos en que la relación -normalmente- matrimonial tenga tal grado de deterioro que no pueda presentar un fundamento suficiente para justificar una mayor responsabilidad del autor. Pero por otra parte, la redacción dada al artículo 23 del Código Penal por la Ley Orgánica 11/2003, que entró en vigor el 1 de octubre de 2003, modifica estas consideraciones en la medida en la que establece la posibilidad de apreciar esta circunstancia respecto no solo a quien sea cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sino también a quien lo haya sido, lo que suprime la relevancia de la desaparición efectiva de la relación.
En esta dirección la STS. 503/2006 de 4.5, precisa que la agravante de parentesco tiene su fundamentación en la valoración de una serie de circunstancias estrechamente relacionadas con la situación personal entre autor y sujeto pasivo que pueden derivarse de vínculos ancestralmente reconocidos y valorados como los derivados de la sangre entre ascendientes y descendientes y otros que socialmente son relevantes como lo que naturalmente se establece entre personas que han decidido unir sus vidas para formar una comunidad de convivencia formalizada por la vías legales o simplemente de hecho cuando exista análoga relación de afectividad.
Entre ellas, hay algunas cuya permanencia o valoración a los efectos de la mayor o menor culpabilidad del agente están estrechamente vinculadas a la persistencia de una relación afectiva, pero hay otras, como las que se derivan de vínculos socialmente reconocidos, valorados e incluso exigibles sitúan a determinadas personas en una relación que no se rompe por la falta de afectividad e incluso por el odio directo. En los casos de ascendientes y descendientes existen otras raíces de hondo calado social y antropológico que exigen mantener una consideración de las mismas por encima de los afectos, por lo que la situación de confrontación no elimina la valoración negativa de los actos de la naturaleza que estamos examinando, esto es en el caso de "relaciones fundadas en vínculos que la propia naturaleza ha establecido, como aquellas que existen entre los ascendientes, descendientes y hermanos (STS. 97/(2001 de 28.5 ).
En el caso presente aunque se admitiese que el recurrente no tenia en consideración alguna el vinculo parental, lo cierto es que pese a tener 35 años residía en el hogar familiar junto con sus padres y una hermana, dependiendo de la víctima quien -tal como se recoge en el relato fáctico- se ocupaba de todo lo relativo a la adicción de su hijo, acudiendo como ocurrió el día de los hechos, a las unidades medicas correspondientes y administrándole, incluso, los fármacos que se le prescribían".
Consecuentemente por lo que se deja expresado, y acorde con la doctrina que se ha dejado expresada, la circunstancia mixta de parentesco, en su modalidad de agravante, ha sido correctamente apreciada y motivada en concurrencia por el Jurado en la proposición 3 b modificada "por ser admitido por el acusado en su declaración de 1.3.2005, que su domicilio se encuentra en el nº 77 de la carretera de Cambre a Temple (coincidiendo con el familiar), y probado por los testimonio de la madre, hermanos y el propio acusado, al reconocer en su declaración de 1.3.2005, que no tiene medios de subsistencia y que depende de sus padre, la ayuda y empeño de su padre en la rehabilitación y cuidado de su hijo, así como por los testimonios de la trabajadora social y psiquiatra del ACLAD, reconociendo la presencia del padre cada vez que el hijo se presentaba en el Centro.
El motivo quinto en base al Art. 849.2 LECrim . por error en la apreciación de la prueba pues no debió entenderse probado la circunstancia de la agravante de abuso de superioridad, Art. 22 CP . (submotivo a); y debió apreciarse una eximente completa de enajenación, Art. 20.1 CP . o subsidiariamente la atenuante de alteración psíquica, prevista en el Art. 21.1 en relación con el Art. 20.1, o la atenuante de drogadicción o consumo de drogas del Art. 21.2 CP . y no aplicarse el Art. 23 CP . agravante de parentesco (submotivo b). Debemos recordar, tal como decíamos en la STS. 30.9.2005, que por la vía del Art. 849.2 LECrim . solo se pueden combatir los errores fácticos y no los errores jurídicos que se entiendan cometidos por la sentencia en la interpretación de los hechos.
Pues bien en relación al submotivo 5a) el recurrente cita como documentos diversos extremos de la diligencia de inspección ocular y levantamiento del cadáver (folios 4 y 5); del informe medico forense (folios 9 y 10), en relación a las heridas de la víctima; del parte de atención primaria de Sergas sobre las lesiones del acusado (folio 30), y del informe medido forense (folios 43 y 44), sobre las mismas; del informe técnico-ocular y fotografías (folios 135, 136, 140, 142, 145) sobre el lugar en que los hechos sucedieron; y del parte de lesiones (folio 289) e informe medico forense de sanidad (folio 301) de Guadalupe (madre del acusado y esposa de la víctima). Documentos de cuyo análisis se desprende que, frente a lo que la sentencia recurrida declara como hechos probados, debió tenerse como tal que tras una fuerte discusión sobre el ingreso del recurrente en una comunidad terapéutica, hubo un forcejeo entre éste y sus padres que motivó la rotura de diversos objetos y heridas en los tres, lo que hace suponer que no hubo abuso de superioridad y que Carlos Daniel no actuó de modo sorpresivo y que la víctima tuvo posibilidad de reaccionar y de defenderse.
Pretensión que no puede tener favorable acogida por cuanto aquellos documentos no acreditan nada que pueda considerase contradictorio con lo que el Tribunal del Jurado consideró probado, que parte de que se entabló una discusión entre el padre y el acusado al negarse éste a ingresar en una comunidad terapéutica, tal y como se habría comprometido con los responsables del Centro en la visita anterior, y la existencia de lesiones de escasa entidad en el acusado y su madre, de la proposición 1ª a) del objeto del veredicto, aceptada por la defensa, se deduce que fueron posteriores al inicio de agresión sorpresiva con el cuchillo del acusado a su padre ("lo que así sucedió pese a los intentos de Guadalupe, esposa y madre respectiva de los anteriores, de evitarlo").
Existencia de esa discusión previa, que tal como se ha explicitado en los motivos anteriores, no obsta para la estimación de la agravante de abuso de superioridad.
Con respecto al submotivo b) el recurrente designa como documentos particulares el informe del ACLAD (folio 79); del informe medico del Centro Penitenciario de Teixeiro (folio 207); del informe medico forense (folio 236); del informe toxicológico (folio 237); de la historia clínica del Centro Penitenciario de Teixeiro-Cartis; del informe toxicológico de las muestras M11 y M12 de cabello (folio 378); del informe del Centro Penitenciario de Teixeiro (folio 398); del Manual de Psiquiatría OSM-IV "trastorno esquizoide de la personalidad (301.20) (folios 414 y 416); y de la historia clínica del ACLAD.
Documentos de cuyo análisis se desprende que Carlos Daniel era un politoxicómano que se le había diagnosticado un trastorno esquizoide de la personalidad y la no existencia de vinculo de afectividad del hijo para con su padre.
El recurso no debe ser acogido.
Así en relación al trastorno esquizoide de la personalidad, ésta es la forma personal y particular de vivenciar e interactuar con nuestro entorno y con los demás.
Los trastornos de la personalidad pueden definirse como patrones permanentes del pensamiento, sentimiento y comportamientos inflexibles y desadaptativos que comportan un significativo malestar subjetivo y/o deterioro de la actividad social o laboral. Los que sufren estos trastornos tienen dificultades para responder de manera flexible y adaptativa a los cambios y las demandas que forman parte inevitable de la vida diaria.
Son síntomas comunes a todos los trastornos de personalidad, antiguamente llamados psicópatas o caráctiropatas:
En épocas más avanzadas de su trastorno pueden angustiarse, neurotizarse, psicotizarse y consumir tóxicos. Ahora bien no puede desconocerse que no basta con la existencia del trastorno sino que para poder apreciarse una causa de negación o de limitación de la imputabilidad (capacidad de culpabilidad), es necesario que al desorden psíquico se sume un determinado efecto, consistente en la privación de las capacidades de comprender el alcance ilícito de los actos y de determinarse consecuentemente, o su privación relevante.
En el caso presente, el recurrente conforme a los informes que cita en el motivo, ha sido diagnosticado de trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno éste que según las clasificaciones internacionales a que nos hemos referido, se caracteriza por incapacidad para sentir placer (anhedonia); frialdad emocional, despego o embotamiento afectivo; incapacidad para expresar sentimientos de simpatía y ternura o de ira hacia los demás; respuesta pobre a los elogios o las criticas; poco interés por relaciones sexuales con otras personas; actividades solitarias acompañadas de una actitud de reserva; marcada preferencia por devaneos fantásticos, por actividades solitarias, acompañada de una actitud de reserva e introspección, pero que en el caso concreto y en relación a la capacidad de culpabilidad del acusado hubo coincidencia entre los psiquiatras y médico-forenses en que su inteligencia y voluntad permanecía incólumes, lo que llevó al Jurado a entender probado que Alberto el día de los hechos tenia intactas sus capacidades de entender lo que hacia y de querer que su padre falleciese (proposición 2 A del objeto del veredicto). La impugnación realizada deviene, por tanto improsperable.
Con respecto a la politoxicomania del acusado como decíamos en las recientes sentencias de esta Sala 145/2007 de 28.2, 1071/2006 de 9.11 y 817/2006 de 26.7, con cita de las sentencias 282/2004 de
1.4, 1217/2003 de 29.9, las consecuencias penológicas de la drogadicción pueden ser encuadradas, dentro de la esfera de la imputabilidad, bien excluyendo total o parcialmente la responsabilidad penal, (arts. 20.2 y
21.1 CP ), o bien actuando como mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía del art. 21.2ª del Código penal, propia atenuante de drogadicción, o como atenuante analógica, por el camino del art. 21.6º .
En el caso que nos ocupa el estado de intoxicación plena por el consumo de sustancias estupefacientes en modo alguno está acreditado. El resultado positivo de las muestras de orina y pelo a opiáceos o benzodiacipinas solo revela el consumo de dichas sustancias pero no que este se produjera el día de los hechos. Por el contrario, el Jurado para entender no probadas las proposiciones 3b; 3c y 3 d) del veredicto, tiene en cuenta los informes médico-forenses, los testimonios de la madre del acusado y de la psiquiatra del ACLAD para descartar tal posibilidad y sostener que sus facultades intelectivas y volitivas permanecían inalterables.
Por ultimo el error denunciado en cuanto a la apreciación de la agravante de parentesco, art. 23 CP ., cuya concurrencia se cuestiona en base a la documental médica: Historia clínica del Centro ACLAD, informe del Psiquiatra del Centro Penitenciario de Teixero y psiquiatra Dra. Dª Victoria del Hospital J. Canalejo, que acreditaría, dado el trastorno esquizoide de personalidad que padecía el acusado, solo el elemento objetivo de la agravación (vinculo familiar), pero no el subjetivo consistente en el incumplimiento de respeto, ayuda, solidaridad y cuidado derivados de una relación fraternal, debe ser desestimado, dando por reproducido, para evitar innecesarias repeticiones lo ya argumentado en el Fundamento Jurídico sexto sobre los requisitos y apreciación como agravante de la circunstancia mixta de parentesco.
El motivo sexto por quebrantamiento de forma al amparo del art. 852.2º inciso 1º LECrim . por resultar manifiesta contradicción entre los siguientes hechos declarados probados de la sentencia "se entabló una discusión entre el padre, Pedro y el referido Carlos Daniel " y " Carlos Daniel cogió un cuchillo... y de manera sorpresiva para evitar que su padre tuviera ocasión de reaccionar, lo que logró ante lo inopinado del ataque...".
El motivo carece de justificación.
Como decíamos en la reciente sentencia de esta Sala 253/2007 de 26.3, la esencia de la contradicción consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de uno resta eficacia al otro al excluirse uno al otro produciendo una laguna en la fijación de los hechos (STS. 299/2004 de 4.3 ).
que sea interna en el hecho probado, pues no cabe esa contradicción entre el hecho y la fundamentación jurídica. A su vez, de este requisito se excepcionan aquellos apartados del fundamento jurídico que tengan un indudable contenido fáctico; esto es, la contradicción ha de darse entre fundamentos fácticos tanto si se han incluido correctamente entre los hechos probados como si se trata de complementos fácticos integrados en los fundamentos jurídicos.
que sea esencial, en el sentido de que afecte a pasajes fácticos necesarios para la subsunción jurídica, de modo que la materia exclusión de los elementos contradictorios, origine un vacío fáctico que determine la falta de idoneidad para servir de soporte a la calificación jurídica debatida.
En el caso presente no existe la contradicción denunciada, al ser compatible, como ya se ha explicitado en los motivos precedentes, una discusión entre dos personas de forma verbal e incluso acalorada, y que en el curso de la misma se produzca un cambio cualitativo y sorpresivo para una de las partes haciendo acto de presencia armas peligrosas, cuya existencia se desconocía y con las que no contaba la otra parte; esto es, cuando uno de los contendientes no puede esperar racionalmente una agresión desproporcionada que pille de sorpresa al acometido, sin que se pueda admitir que una vez surgida una discusión o riña, cualquier medio empleado para dirimir las desavenencias, ya no puede ser calificado de superioridad medial (STS. 30.3.2003 ).
El motivo séptimo por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1º, inciso 3º LECrim . por haberse consignado como hechos probados expresiones como "lo que logró ante lo inopinado del ataque" y "que no afectaba en modo alguno a su capacidad de entender las consecuencias de sus actos y de querer obtener el resultado propuesto con ellos", que por su carácter técnico-jurídico, predeterminan el fallo.
Reiterada jurisprudencia de esta Sala -por todas STS. 253/2007 de 26.3 - ha recordado que este vicio procedimental exige para su estimación:
La predeterminación del fallo precisa, por tanto, la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto del fallo, o sea cuando la descripción del hecho se reemplaza por su significación. Cuando el Tribunal incluye en la declaración de hechos probados conceptos que en la Ley se utilizan para describir el núcleo esencial del delito que se propone apreciar, lo que equivale en la elaboración lógica de la sentencia, a adelantar el "iudicium" formulándolo en el lugar del factum y sustituyendo, en definitiva la obligada narración de los hechos por una pura y simple calificación jurídica. Pero no hay, en el sentido propio de esta expresión, consignación de conceptos jurídicos predeterminantes cuando se relatan unos hechos susceptibles de ser calificados como delito o que constituyen la base fáctica de una circunstancia agravatoria (o impliquen la no concurrencia de una eximente o atenuación de la responsabilidad), pues ésta es precisamente la finalidad de la premisa menor del silogismo sentencial cuando su conclusión es un fallo condenatorio: servir de base a una determinada calificación jurídica (TS. 28.5.2002). No se puede decir (en el relato de hechos probados) que una persona "robó o violó" o "actuó" en legitima defensa, por ejemplo, en lugar de explicar en qué consistió ese robo, esa violación o ese obrar defensivo. Lo importante no es, para que exista este quebrantamiento de forma, que se usen los términos (o semejantes) que los que la norma penal recoja, sino que esa utilización se haga en lugar del relato que debe hacerse (STS. 14.5.2002 ).
Ahora bien, en un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues si en los mismos se describe una conducta subsumible en un tipo penal, la consecuencia lógica se infiere aunque se describe en la parte dispositiva o fallo de la sentencia, es decir, el "factum" en cuanto es la base de la calificación jurídica de los hechos enjuiciados es lógicamente predeterminante de ésta, salvo manifiesta incongruencia, por ello debe de relativizarse la vigencia de este vicio in procedendo (SSTS. 14.10.97, 18.2.99, 429/2003 de 21.3, 249/2004 de 26.2, 280/2004 de 8.3, 409/2004 de 24.3 ). En este sentido la STS. 7.11.2001 nos dice: "En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino evitar que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir, que se determine la subsunción no mediante un relato histórico, sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados".
En el caso que examinamos las dos expresiones a que se ha hecho referencia y que se denuncian como constitutivas de este vicio procesal, no constituyen un concepto jurídico, sino descripciones fácticas totalmente ajenas al objeto de esta disposición del art. 851.1 LECrim . Ambas plantean problemas de prueba totalmente ajenos a este vicio de predeterminación del fallo y que se corresponden con las proposiciones 1 a y 1 b del objeto del veredicto, probadas por el Jurado de unanimidad y mayoría de 8 respectivamente, y la proposición 2 a) probada por mayoría de 8, y no probadas por mayoría de 8 la proposición 2b, y por unanimidad las 2b, 2c, y 2d).
El motivo octavo por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.3 LECrim. por no haber resuelto la sentencia sobre los motivos cuarto, quinto y sexto objeto del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al cuestionar su admisibilidad, por cuanto el motivo cuarto se interpuso en base al art. 845 bis c) letra b, por infracción de Ley, sin apelar a la Constitución por ser contraria a la presunción de inocencia o la interdicción de la arbitrariedad, la aplicación del art. 23, agravante parentesco, y los motivos quinto y sexto en base al art. 846 bis c) letra e) vulneración presunción de inocencia, al no apreciarse la eximentes/atenuantes de enajenación mental y drogadicción, cuando debió invocar previamente para su viabilidad procesal el error sobre la apreciación de la prueba, al no afectar a la presunción de inocencia sino a la legalidad ordinaria.
En efecto el vicio de las resoluciones judiciales denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto", aparece en aquellos casos en que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte - integrado en el de tutela judicial efectiva- a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada (STS. 170/2000 de 14.2 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros medios impugnativos, cual es el previsto en el art. 849.2 LECrim ., o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia (STS. 182/2000 de 8.2 ).
Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión (STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso con base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho (STS. 161/2004 de 9.2 ).
Reiteradamente la jurisprudencia (STS. 170/2000 de 14.2; 1661/2000 de 27.11 y 471/2001 de 22.3 ), viene estimando que son condiciones necesarias para la casación de una sentencia por la apreciación de este "vicio in iudicando", las siguientes:
) que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no sobre problemas de hecho; 2º) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; y 3º) que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyen una pretensión; 4º) que no consten resueltas en la sentencia ya de modo directo o de modo expreso, ya de modo indirecto o implícito, siendo admisible este último únicamente cuando la decisión se deduzca manifiestamente de la resolución adoptada respecto de una pretensión incompatible, siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pues en todo caso ha de mantenerse el imperativo de razonabilidad de la resolución (Sentencias Tribunal Supremo, de 13 de Julio y 26 de diciembre de 1996 ).
Condiciones estas a las que debe añadirse que no sea factible reparar la infracción mediante la subsanación en trámite de casación a la falta de respuesta del Tribunal de instancia, a través de la resolución de otros motivos de fondo aducidos en el recurso en los que se plantee la cuestión silenciada y permita al tribunal de casación pronunciarse sobre la misma ( SSTS. 25.3.96, 7.4 y 6.10.97, 7.6.2002 entre otras).
En el caso presente la sentencia recurrida, Fundamento Jurídico tercero, se pronuncia de forma expresa sobre la desestimación de aquellos motivos, explicitando las razones por las que debieron ser inadmitidos. Consecuentemente no puede hablarse de incongruencia omisiva a efectos del quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim ., si la parte considera que aquella motivación es arbitraria o razonable, el cauce procesal adecuado es el del art. 852 LECrim . en relación art. 24.1 CE ., derecho tutela judicial efectiva, art. 9.3 CE ., prohibición de la arbitrariedad, tal como el recurrente ha efectuado en los motivos segundo, tercero y cuarto del presente recurso casacional.
Consecuentemente, y como las cuestiones suscitadas en los motivos cuarto, quinto y sexto del recurso de apelación, que se dicen no resueltas por el Tribunal Superior de Justicia, han sido reiteradas en los motivos primero a quinto, la denunciada omisión ha podido ser subsanada en esta casación, lo que implica la desestimación del motivo.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por Carlos Daniel, contra sentencia de fecha 11 diciembre 2006 dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en la Coruña,, que le condenó como autor de un delito de ASESINATO; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Enrique Bacigalupo Zapater D. Perfecto Andrés Ibáñez D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. Luciano Varela Castro
STSJ Galicia , 28 de Julio de 2000
STSJ Extremadura 538/2011, 16 de Junio de 2011