Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-253-de-mayo-4-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_c6cafc64359d455f9e316cbb0eb1cf0f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-17 04:54:37
Document Index: 22874382

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'ARTÍCULO 176', 'IN DUBIO', 'artículo 53', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 40', 'artículo 150', 'artículo 32', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 286', 'artículo 49', 'artículo 13', 'artículo 176', 'ARTÍCULO 286', 'Artículo 49', 'ARTÍCULO 250', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 176']

﻿ Sentencia T-253 de mayo 4 de 2015
SENTENCIA T-253 DE 04 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS CUANDO SE BUSCA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO REALIDAD. SE AFIRMA QUE EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, NO DEBE EVITARSE DENTRO DE UN PROCESO EN EL CUAL SE BUSCA DEMOSTRAR EL CONTRATO REALIDAD ESCONDIDO BAJO OTRA FIGURA YA QUE ESTO ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTRE OTROS. DEL MISMO MODO, SE ESPECIFICA QUE EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO IMPLICA EL ANÁLISIS DE FUENTES DE DERECHO, O INTERPRETACIONES DE LAS NORMAS EN CONCRETO, Y NO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, LA CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE DEBE HACER EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA, ES DECIR, EL JUZGADOR DEBE ESTABLECER POR SÍ MISMO EL VALOR DE LAS PRUEBAS CON BASE EN LAS REGLAS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO, EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia T-253 de mayo 4 de 2015
El 21 de abril de 2014, el señor Álvaro Angarita Rodríguez, obrando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la decisión del 9 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso contencioso laboral en el que el actor alegaba la existencia de un contrato realidad con el municipio de Río de Oro, Cesar. Lo anterior, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social; que consideró vulnerados por la providencia mencionada, ya que omitió aplicar el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral, desconoció el precedente vertical sobre contrato realidad, y no valoró correctamente las pruebas allegadas al proceso.
2. Afirma que en el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1995 y el 31 de diciembre de 1996, el señor Angarita Rodríguez fue vinculado mediante 3 contratos de prestación de servicios para que se desempeñara como tecnólogo(1) y, posteriormente, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Técnico Agropecuario, nivel 5106, grado 14(2).
3. En ejercicio de su derecho fundamental de petición, el 10 de julio de 2009 el accionante solicitó al municipio de Río de Oro, que declarara la existencia de un contrato realidad por su labor como tecnólogo agropecuario, desempeñada en el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1995 y el 31 de diciembre de 1996, al servicio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.(3)
4. Indica que por Oficio del 3 de agosto de 2009, la Alcaldía Municipal de Río de Oro negó las pretensiones contenidas en su solicitud, por considerar que la relación laboral alegada debía ser demostrada ante un juez.(4)
5. El 1º de marzo de 2010, el actor interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó sus pretensiones.
En relación con la supuesta relación de subordinación, en la demanda se dijo que el demandante no gozaba de autonomía e independencia, debido a que estaba obligado a cumplir el horario impuesto por la unidad(5) y a desarrollar las funciones que le fueron asignadas(6), en los lugares dispuestos por el municipio.
Por consiguiente, solicitó que se declarara la nulidad del acto demandado y que, a título de restablecimiento del derecho, (i) se reconociera la existencia del contrato realidad por la totalidad del tiempo en el que laboró como técnico de la UMATA, (ii) se efectuara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones, (iii) se reembolsaran los aportes realizados por el actor al sistema de salud, y (iv) se reconociera una “indemnización integral (…) por haberle privado de acceder a [sic] pensión de jubilación a los cincuenta y cinco (55) años de edad, al no cotizarle los aportes durante la vigencia del contrato realidad (…) desde que cumplió la edad para la pensión (17 de septiembre de 2008) hasta la fecha en que tal derecho le sea reconocido y pagado por el SEGURO SOCIAL y/o [sic] otra entidad que llegue a sustituirla.”(7)
6. En escrito del 23 de junio de 2010, el apoderado judicial del municipio de Río de Oro se opuso a las pretensiones de la demanda. Específicamente, indicó que no era cierto que el actor no gozara de autonomía, y “(…) la acreditación de tal suceso le corresponde al demandante, quien seguramente esta [sic] confundiendo subordinación y/o cumplimiento de una eventual jornada laboral con la ejecución de las obligaciones adquiridas en el marco del contrato de prestación de servicios suscrito, el cual precisaba claramente un objeto a cumplir por parte del contratista y una supervisión o interventoría de sus actividades mensualmente realizadas a cargo de la administración municipal.” (Negrillas fuera del texto)(8)
No obstante, el municipio no aportó pruebas al proceso, ni especificó cuáles fueron las funciones que el accionante debió desempeñar bajo ambos tipos de vinculación. En efecto, el apoderado se limitó a afirmar que “(…) las funciones relacionadas por el accionante (…) las pudo haber desarrollado el demandante cuando fue vinculado a cargos o empleos en la planta de personal de la administración en provisionalidad, pero las obligaciones por él ejecutadas en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No 09 del 2 de enero de 1996 taxativamente fueron: (…) 1) Prestar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores agropecuarios del Municipio. 2) Laborar en los respectivos horarios asignados por la Administración. 3) Pagar la totalidad de los derechos de publicación del presente contrato del presente contrato en el Registro Municipal.”(9)
7. En sentencia del 14 de septiembre de 2012(10), el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar, declaró la existencia del contrato realidad para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 y, en consecuencia, ordenó el pago de las prestaciones sociales debidamente indexadas y de los aportes proporcionales al sistema de seguridad social en pensión.
El juzgado determinó que, mediante tres testimonios allegados al proceso, se probó “i) la prestación personal de los servicios del demandante como Técnico de la UMATA de manera permanente, pues todos son contestes en afirmar que laboró durante los años 1.995 y 1.996, ii) el horario desarrollado por éste de manera continua dentro de esta entidad, que correspondía desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes, iii) del cumplimiento de las funciones en igualdad de condiciones con los demás Técnicos de la UMATA, pues nótese que en reiteradas oportunidades fue nombrado en encargo para reemplazar al titular de ese cargo, iv) la dependencia y subordinación del actor al Director de la UMATA como su Jefe inmediato y su sujeción a las directrices impartidas por éste.”(11)
El representante del Municipio indicó que correspondía al accionante probar la relación de subordinación con la entidad y el “precario” material probatorio aportado no fue suficiente para probar la existencia de ese elemento, propio de la relación laboral.(12)
Por su parte, el apoderado del señor Angarita Rodríguez manifestó que, erróneamente, la decisión de primera instancia declaró la nulidad del acto administrativo demandado, pero no concedió la totalidad de las pretensiones. En este sentido, solicitó que se ordenara a la entidad territorial, reconocer y pagar los aportes a los sistemas de salud y pensión. Para sustentar su solicitud, sintetizó las pruebas aportadas en el trámite y manifestó que las labores desempeñadas por el demandante eran propias del objeto de la UMATA, que es brindar asistencia técnica agrícola y pecuaria al municipio.(13)
9. Mediante sentencia del 9 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar(14) revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial consideró que, a pesar de que el demandante probó dos elementos propios de la relación laboral (que prestó personalmente el servicio y a cambio recibió una remuneración), las pruebas que obraban en el expediente(15) no eran suficientes para demostrar el presupuesto de subordinación, motivo por el cual no era posible deducir la existencia de un contrato laboral entre el municipio y el demandante.
Por lo tanto, el Tribunal estableció que no se demostró la existencia de un contrato laboral entre el demandante y el municipio de Río de Oro y, en consecuencia, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
10. El señor Álvaro Angarita Rodríguez considera que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social, por lo siguiente:
i) Sostiene que la autoridad judicial omitió valorar debidamente las pruebas obrantes en el expediente, que demostraban que en este caso se configuraba el elemento de la subordinación, propio de la relación laboral.
En primer lugar, indica que se desconocieron los siguientes testimonios practicados dentro del proceso: a) el señor Víctor Hugo Cárdenas Sánchez, quien fue director de la UMATA, declaró que el actor no tenía plena autonomía para desarrollar sus funciones, pues debía cumplir con un plan de trabajo y las directrices que él impartiera; b) la señora Sonia Cecilia Pérez Herrera, quien se desempeñó como secretaria en la entidad entre los años 1995 y 1996, señaló que el director de la UMATA le daba órdenes a los técnicos a su cargo; y c) el señor Carlos Julio Osorio, quien recibió asesoría de los técnicos de la UMATA, señaló que el jefe inmediato del accionante era el señor Cárdenas Sánchez, y quienes querían acceder a los servicios de la entidad, debían hablar con el director para que él remitiera a los funcionarios a sus predios.
En segundo lugar, asevera que el Tribunal ignoró que en el trámite del proceso se practicó una inspección judicial en las instalaciones de la Alcaldía, en la que se incorporaron las copias de algunas páginas del libro de control de bancos de la alcaldía de Río de Oro. En aquellos documentos se constata que el 26 de diciembre de 1995 (mientras se desarrollaba el tercer contrato de prestación de servicios), el municipio pagó al actor una suma de dinero por concepto de “capacitación, viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Aguachica a un seminario de caracterización, sistemas de producción, curso de demostración de método de control de plagas y curso de especies menores y otros.”(16)
ii) Por otra parte, señala que la sentencia controvertida desconoció el artículo 53 de la Constitución, y omitió que “frente a dos interpretaciones posibles de una norma laboral, existe un mandato constitucional de optar por aquélla [sic] que resulte más favorable a la situación del trabajador.”(17) Esta afirmación no es sustentada.
iii) Además, alega que el fallo se apartó del precedente vertical en materia de contrato realidad(18), y a pesar de que mediante declaraciones se había demostrado la subordinación, concluyó que el director de la UMATA era un coordinador.
En consecuencia, solicita al juez de tutela (i) dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal demandado, y (ii) ordenar a dicha autoridad judicial, que profiera una nueva decisión en la que se declare la existencia de un contrato realidad ente el actor y el municipio de Río de Oro, en el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1995 y el 31 de diciembre de 1996, y acceda a las pretensiones de la demanda.
Por otro lado, con respecto al presupuesto de inmediatez, afirma que el delicado estado de salud del accionante(19) y las consecuencias psicológicas que produjo al apoderado ser víctima de un atraco, llevaron a que se retrasara la interposición de la acción de tutela(20). No obstante, aclaró que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, cuando éstas se presentan dentro del año siguiente a que se ha proferido la decisión, y la presente tutela se interpuso 8 meses después de su notificación.
Mediante auto del 25 de abril de 2014(21), la Sección Cuarta del Consejo de Estado, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridades demandadas, al Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. Además, vinculó al municipio de Río de Oro y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en las resultas del proceso.
En oficio presentado el 27 de mayo de 2014(22), el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que ésta no cumple con el presupuesto de inmediatez. Específicamente, indicó que el actor presentó la solicitud de amparo tras 8 meses de haberse proferido la providencia judicial que presuntamente transgredió sus derechos fundamentales, y no demostró la existencia de una “justa causa", por la cual no se hubiera interpuesto en un plazo razonable.
Además, señaló que, en caso de que se encuentren satisfechos los requisitos generales de procedencia, la tutela no sería procedente, por cuanto la decisión cuestionada no incurrió en algún defecto. En efecto, adujo que en la providencia judicial se valoraron las pruebas allegadas al proceso bajo el principio de la sana crítica y su examen fue debidamente motivado en el fallo.
Mediante escrito del 24 de julio de 2014(23), el apoderado del accionante impugnó la decisión de primera instancia. Posteriormente, por escrito del 19 de septiembre de 2014(24), el abogado sustentó el recurso, y expuso los mismos argumentos contenidos en la solicitud de tutela.
En particular, consideró que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, por cuanto el accionante interpuso la tutela tras 8 meses de la ejecutoria de la decisión controvertida, y no presentó “argumento alguno encaminado a justificar el tiempo que tardó para acudir al juez constitucional, en tanto en el escrito de impugnación se limita a manifestar que, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-501 de 1992 ninguna norma constitucional exige que se sustente la impugnación” (negrillas fuera del texto)(25)
Mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2014(26) ante la Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado del accionante solicitó la corrección del fallo de tutela de segunda instancia. Adujo que, de acuerdo, con la decisión de la Sección Quinta, la impugnación contra la sentencia de la Sección Cuarta no fue sustentada. Sin embargo, el abogado señaló que, si bien en un primer escrito, el accionante sólo hizo referencia a que impugnaría el fallo de tutela y no expuso las razones por las cuales estaba inconforme con la decisión, posteriormente allegó un memorial con los motivos de su petición.
Como consta en el expediente de la referencia, la solicitud de corrección de la decisión de segunda instancia fue presentada con antelación a la remisión del oficio para notificar por telegrama al accionante de la misma. En efecto, la petición de corrección de sentencia fue radicada el 26 de septiembre de 2014, y el oficio para ordenar la notificación del fallo, fue entregado a los Servicios Postales Nacionales el 29 de septiembre de 2014.(27)
Mediante oficio No. 11814 de 2014(28), la Secretaría General del Consejo de Estado remitió a la Corte Constitucional el expediente de la referencia para su eventual revisión.
Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.(29)
Así pues, la acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez constitucional ante una providencia judicial que incurre en graves falencias, las cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.(30)
5,. La Sala Plena de la Corte, en sentencia C-590 de 2005(31), señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.
6. Según lo expuso la sentencia C-590 de 2005(32), los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.(33)
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.(34)
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.(35)
Desconocimiento del precedente: supone que el juez ordinario falle sin tener en cuenta el alcance que la Corte Constitucional ha dado a un derecho.(36)
8. La Constitución Política regula la función pública y establece (i) que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (artículo 122); (ii) que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, a excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley (artículo 125); (iii) que los ciudadanos tienen derecho a desempeñar funciones y cargos públicos (artículo 40, numeral 7º); y (iv) que al Legislador corresponde expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas (artículo 150, numeral 23).
De acuerdo con las normas mencionadas, las personas pueden vincularse con el Estado a través de 3 tipos de relaciones, a saber: a) legal y reglamentaria, como empleados públicos; b) contractual laboral, como trabajadores oficiales, y c) contractual estatal, como contratistas de prestación de servicios.(37) Las dos primeras modalidades, suponen la existencia de un vínculo de carácter laboral.
En la sentencia C-154 de 1997(38), esta Corporación analizó la constitucionalidad del concepto de contrato de prestación de servicios contenido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y estableció las características de este tipo de vinculación, en especial sus diferencias con el contrato de trabajo.
La expresión resaltada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C-614 de 2009(39), fijó los criterios que diferencian un contrato de prestación de servicios de una vinculación laboral. Esta Corporación estableció que, independientemente de la denominación que las partes asignen al contrato, existirá una relación laboral cuando: “i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado.”
Por otra parte, el artículo 25 Superior, determina que el trabajo es un derecho fundamental que goza "(...) en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.” Lo anterior conlleva el deber de proteger al trabajador, sin importar la denominación que se dé a la vinculación desde el punto de vista formal, de modo que, a pesar de que la persona sea vinculada mediante un contrato de prestación de servicios, si cumple funciones y desarrolla actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, se debe reconocer la existencia de una relación laboral para que el trabajador se beneficie de las garantías de carácter prestacional a las que tiene derecho, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.(40)
En consecuencia, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, en caso de que los jueces competentes encuentren que se suscribió un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral, deben declarar la existencia del verdadero contrato celebrado, y ordenar que se ajusten los derechos económicos a lo que corresponda en justicia y derecho.(41)
13. Por otro lado, la primacía de la realidad sobre las formas puede imponerse, tanto a particulares como al Estado. Entonces, si en el marco de un contrato de prestación de servicios se aprecian los elementos esenciales de una relación laboral con la administración, corresponderá decidir (i) a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial, o (ii) a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato en ejercicio de las mismas funciones que corresponderían a un cargo de empleado público.(42)
14. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la de la Sección Segunda del Consejo de Estado, han estudiado casos en los cuales entidades del Estado han “enmascarado” una relación laboral, con la celebración un contrato de prestación de servicios. A continuación se hará una breve referencia a las reglas sentadas por ambas Corporaciones.
15. La jurisprudencia de la Corte ha analizado si en cada caso se presentaron los requisitos prescritos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, que establece lo siguiente:
“1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario como retribución del servicio.
16. En la sentencia T-501 de 2004(43), la Corte estudió el caso de una mujer que había trabajado para el Instituto de Seguros Sociales mediante un contrato de prestación de servicios. La accionante señaló que la entidad había vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la familia, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, y la especial protección a la mujer embarazada, en razón a que la entidad dio por terminado el contrato de prestación de servicios suscrito con ella, sin tener en cuenta su estado de embarazo.
17. En la sentencia T-903 de 2010(44), la Sala Tercera de Revisión estudió la tutela presentada contra el municipio de Montenegro (departamento del Quindío), en la que el demandante solicitaba el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social. El actor señaló que había prestado personalmente el servicio de vigilante en una institución educativa del municipio, y aunque había sido vinculado mediante distintos contratos de prestación de servicios y de arrendamiento, realmente se había configurado un contrato realidad en materia laboral.
20. En la sentencia del 1º de marzo de 2012, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado(45), conoció el caso de una mujer que había sido vinculada como bacterióloga a una empresa social del Estado, mediante contratos de prestación de servicios personales durante seis años. La actora consideraba que realmente había existido un contrato laboral y solicitaba su reconocimiento, y el pago de los salarios y prestaciones que se derivaban de la relación laboral.
En relación con la subordinación, señaló que la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, la cual se debe dirigir a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y la presencia de los tres elementos de la relación laboral, especialmente el de subordinación(46).
21. En sentencia del 22 de noviembre de 2012, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado(47), conoció de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un médico general contra el oficio mediante el cual el alcalde del municipio de Fusagasugá, negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas durante la prestación de sus servicios en un hospital público, por el término de 3 años. El actor había sido vinculado mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, para realizar en forma permanente, la misma labor asignada a funcionarios vinculados a la planta de personal de la entidad demandada, con la misma especialidad médica.
22. En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la remuneración respectiva y la subordinación o dependencia en el desarrollo de una función pública, “(…) de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito(48)”(49).
En la sentencia T-001 de 1999(50), la Corte determinó que:
Entre tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución entiende como ‘...situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...’.
Allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente. (Subrayado en el texto)
El artículo 286 del Código General del Proceso(51) señala que toda providencia que haya incurrido en error aritmético, o en omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, puede ser corregida en cualquier tiempo mediante auto dictado por el juez que la profirió, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.
25. Ahora bien, el derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “(…) la posibilidad reconocida a todas las personas […] de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.(52)
La garantía de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades distintas obligaciones para que tal servicio público y derecho sea real y efectivo. Dentro de dichas responsabilidades se encuentra la de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: “(i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados(53).”(Negrillas fuera del texto)(54)
Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991(55), normativa aplicable a los juicios y actuaciones ante la Corte Constitucional, las irregularidades que se presenten antes de la sentencia de revisión, se entenderán subsanadas con la expedición de la misma, siempre que se garantice el debido proceso.
27. Por consiguiente, es preciso concluir que mediante el presente fallo la Corte Constitucional efectuará el análisis que el accionante pidió mediante la solicitud de corrección de la sentencia del 22 de septiembre de 2014, esto es, la valoración de los argumentos expuestos para sustentar la impugnación. De ahí que, se pueda entender que con esta decisión se subsana el defecto que se presentó en el trámite de la tutela y se garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia del demandante.
B. Examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
28. La Sala observa que en el presente caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación, veamos:
29. En primer lugar, la cuestión objeto de debate es de evidente relevancia constitucional. En el presente caso se encuentran involucrados los derechos fundamentales del señor Álvaro Angarita Rodríguez a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y a la seguridad social.
30. En segundo lugar, el peticionario cumple con el requisito consistente en haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición. Contra la decisión controvertida, esto es, la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no procedía ningún recurso.
En efecto, no era posible acudir al recurso extraordinario de revisión, debido a que las censuras del accionante a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, no coinciden con las causales para que proceda el recurso extraordinario de revisión, de conformidad con los artículos 188 del Código Contencioso Administrativo(56) y 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(57). En consecuencia, la tutela se presenta como el único mecanismo para controvertir dicha providencia judicial.
32. La jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que “[d]e acuerdo con los hechos, (…) el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”.(58)
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo(59), la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.”(60)
34. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los derechos derivados de la declaratoria de un contrato realidad son imprescriptibles. En particular, se ha señalado que en ese tipo de situaciones, en las que “(…) no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama; en efecto, en estos asuntos en los cuales se reclaman derechos laborales no obstante mediar un contrato de prestación de servicios, no hay un referente para afirmar la exigibilidad de salarios o prestaciones distintos al valor pactado en el contrato. // Es a partir de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios que se hace exigible la reclamación de derechos laborales tanto salariales como prestacionales, porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia” (negrillas fuera del texto)(61)
En efecto, en varias oportunidades, esta Corporación ha considerado razonable la presentación de la tutela en términos similares a los de este caso. Por ejemplo, en la sentencia T-526 de 2005(62) este Tribunal consideró procedente una acción de tutela presentada 1 año después de que la EPS de la accionante dejara de suministrar algunos elementos médicos, porque se trataba de una persona con complicaciones de salud y de la tercera edad.
“(…) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina(63), como consecuencia de una omisión en el decreto(64) o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva(65), que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa(66), es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial(67).”(Negrillas fuera del texto)(68)
En segundo lugar, asevera que el Tribunal ignoró que en el trámite del proceso se practicó una inspección judicial en la Unidad de Asistencia Técnica, en la que se incorporaron las copias de algunas páginas del libro de control de bancos de la alcaldía de Río de Oro. En aquellos documentos se constata que el 26 de diciembre de 1995 (mientras se desarrollaba el tercer contrato de prestación de servicios), el municipio pagó al actor una suma de dinero por concepto de “capacitación, viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Aguachica a un seminario de caracterización, sistemas de producción, curso de demostración de método de control de plagas y curso de especies menores y otros.”(69)
42. La Sala observa que la decisión censurada se limitó a analizar los testimonios y omitió pronunciarse sobre cada una de las pruebas allegadas al proceso. En efecto, no se estableció el valor probatorio de los documentos que obran en el expediente, los cuales podrían llegar a demostrar la permanencia en las funciones del accionante, y su consecuente subordinación.
En particular, los contratos de prestación de servicios aportados por el actor evidencian que su vinculación estuvo supeditada a un horario de trabajo impuesto por la administración, lo cual debió ser analizado por el juez, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Además, dos de los contratos celebrados con el municipio no establecen obligaciones a cargo del contratista(70), y simplemente determinan que el señor Angarita Rodríguez “se obliga a prestar sus servicios como técnico de la unidad”.
Asimismo, en uno de estos actos administrativos se nombra al accionante en encargo, para asumir la labor de tecnólogo, la cual tiene la misma denominación que se da a sus funciones en los contratos de prestación de servicios(71). Por lo tanto, de conformidad con el criterio de la continuidad, su vinculación como contratista tenía como objeto desarrollar labores de carácter permanente.
43. La Sala observa que la valoración probatoria del Tribunal se limitó a despachar los testimonios practicados en el trámite del proceso y omitió analizar los demás medios de prueba que obraban en el expediente. Además, es claro que tal omisión incidió en el sentido de la decisión, pues la Corporación accionada afirmó que los testimonios no eran suficientes para que se probara la subordinación.
45. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, una decisión judicial incurre en defecto sustantivo en el evento en que su motivación contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debe aplicar. Esto ocurre cuando: “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”. (Resaltado en el texto)(72)
Por este motivo, cuando se está ante esta causal, la actividad del juez constitucional se limita a verificar la ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, de manera que se circunscribe a identificar la incompatibilidad entre las razones de la decisión y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional.(73)
Lo anterior sería suficiente para negar la existencia del defecto alegado. Sin embargo, la Sala advierte que la censura propuesta por el accionante se dirige a señalar que el Tribunal omitió aplicar el principio de favorabilidad en materia laboral al valorar las pruebas, argumento que no es admisible.
En efecto, el principio mencionado se refiere a la interpretación de las fuentes de derecho y no a la valoración de la prueba, la cual, de conformidad con el artículo 176 del Código General del Proceso(74), se debe hacer con observancia del principio de la sana crítica, es decir, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.(75)
Adicionalmente, tal como se señaló en los numerales 42 a 43 de esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar omitió valorar las pruebas allegadas al proceso ordinario, de modo que no hay lugar a determinar si tal decisión desconoció o no el precedente fijado por el Consejo de Estado, relativo a la demostración de la subordinación. En efecto, no corresponde a la Corte Constitucional entrar a valorar el material probatorio en relación con el cual el juez de instancia no se pronunció.
En síntesis, la sentencia controvertida por esta vía incurrió en un defecto fáctico al haber omitido realizar la valoración de las pruebas aportadas por el accionante, con lo cual se violó al accionante los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social.
Por las anteriores razones, la Sala concederá la tutela solicitada por el señor Álvaro Angarita Rodríguez, y revocará las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, respectivamente. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 9 de agosto de 2013 y se ordenará a esta autoridad judicial proferir una nueva decisión en la que tenga en cuenta los criterios trazados por la Sala en esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 9 de agosto de 2013, y ORDENAR a esta autoridad que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta los criterios trazados en esta decisión.
2 Los nombramientos se hicieron de la siguiente manera: (i) mediante la Resolución No. 003 del 30 de enero de 1995, el Alcalde Municipal de Río de Oro, concedió una licencia de maternidad por 84 días a la señora María Eugenia Quintero Navarro, y nombró en encargo al señor Álvaro Angarita Rodríguez, para “ejercer las funciones de TECNÓLOGO de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria ‘UMATA’”, a partir del día 23 de enero de 1995, hasta el término de la licencia (Folio 8 Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso). El accionante se posesionó en el cargo el 30 de enero de 1995, como consta en el acta de posesión que obra a folio 9 del Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso. (ii) Por medio del Decreto No. 006 del 2 de enero de 1997, el Alcalde Municipal de Río de Oro, nombró al señor Angarita Rodríguez, en provisionalidad, en el cargo de carrera de Técnico Agropecuario código 5106, grado 14 (Folio 10, Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso). El accionante se posesionó en el cargo el 2 de enero de 1997, según consta en el acta de posesión que se encuentra a folio 11 en el Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso. (iii) Mediante la Resolución No. 958 del 2 de octubre de 2000, el accionante fue nombrado en provisionalidad, en el cargo de Técnico Agropecuario código 5106 grado 14, hasta el 30 de diciembre de 2000, fecha en la que se terminaba la comisión de quien se desempeñaba en tal cargo de carrera (Folios 12-13, Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso). El accionante se posesionó en el cargo el 2 de octubre de 2000, según consta en el acta de posesión que se encuentra a folio 14 en el Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso.
9 Folio 69, Ibídem.
10 Folios 60-96, Cuaderno Principal.
11 Folio 90, Cuaderno Principal. Sentencia del 14 de septiembre de 2012, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar.
12 Folios 342-344, Cuaderno de Primera Instancia del Proceso Contencioso.
34 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador
35 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
36 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
37 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Rad.: 25000-23-25-000-2003-00839-01(1165-2010). Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
42 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Rad.: 25000-23-25-000-2003-00839-01(1165-2010). Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
46 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 14 de agosto de 2008. Rad.: 68001-23-15-000-2002-00903-01(0157-08). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Rad.: 25000-23-25-000-2003-00839-01(1165-2010). Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
48 Consejo de Estado Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. No. 3074-2005. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de marzo de 2012. Rad.: 25000-23-25-000-2008-00344-01(0681-11). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
51 “ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
55 Artículo 49. “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.
57 ARTÍCULO 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
58 Sentencia SU-961 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
59 Sentencias T-1009 de 2006 y T-299 de 2009.
64 Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
65 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-061 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
67 Nuevamente, remite la Sala a la sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
68 Sentencia T-704 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
70 Se trata de los siguientes contratos: (i) celebrado el 2 de mayo de 1995, durante 3 meses, en éste se dice que el actor se obliga a la prestación de servicios como técnico de la UMATA, y no se describen las obligaciones del contratista (folio 42, Cuaderno Principal); y (ii) suscrito el 2 de agosto de 1995, por el término de 5 meses, en éste se dice que el actor se obliga a la prestación de servicios como técnico de la UMATA, y no se describen las obligaciones del contratista (folios 40-41, Cuaderno Principal).
71 Mediante la Resolución No. 003 del 30 de enero de 1995, el Alcalde Municipal de Río de Oro, concedió una licencia de maternidad por 84 días a la señora María Eugenia Quintero Navarro, y nombró en encargo al señor Álvaro Angarita Rodríguez, para “ejercer las funciones de TECNÓLOGO de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria ‘UMATA’”, a partir del día 23 de enero de 1995, hasta el término de la licencia
74 ARTÍCULO 176. “APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
75 Ver sentencia C-202 de 2005; M.P. Jaime Araújo Rentería.