Source: https://derecholocal.es/criterionovedoso/suspension-de-la-inscripcion-de-acta-de-ocupacion-y-consignacion-del-justiprecio-de-finca-urbana-expropiada-por-el-ayuntamiento
Timestamp: 2019-08-20 21:07:45
Document Index: 263794265

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 32', 'artículo 87', 'artículo 51', 'artículo 326', 'artículo 99', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 102', 'artículo 87', 'artículo 42', 'artículo 87', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17']

DGRN, Resolución, 11-04-2019
En el recurso interpuesto por don Severiano Ballesteros Lavín, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, en nombre y representación del citado Ayuntamiento, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Medio Cudeyo-Solares, don Pablo Graíño García, por la que suspende la inscripción de un acta de ocupación y consignación de finca urbana.
1. No consta que en el expediente de expropiación hayan intervenido el titular registral don J. R. A. F. ni los causahabientes de don S. T. F., es decir, don S., don D. J. y doña M. A. T. G., ni se acredita dicha cualidad de herederos con el título sucesorio de don S. T. F. No consta tampoco que en el expediente hayan intervenido los causahabientes de la titular registral doña M. C. T. F., ni se acredita quienes son dichos causahabientes (artículos 20 de la Ley Hipotecaria, 32.2.º del Reglamento Hipotecario, 7 de la Ley de Expropiación Forzosa y 7 del Reglamento de Expropiación Forzosa).
2. No consta que el acuerdo de necesidad de ocupación se haya publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y se haya fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (artículos 18 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa).
3. No se indica si el bien es demanial o patrimonial (artículos 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 206 de la Ley Hipotecaria).
4. Las actas deberán presentarse en el Registro por duplicado (artículo 2.2 del Real Decreto 1093/1997 de 4 julio).
Contra esta calificación se puede (…).
Con fecha 24 de octubre de 2014 D. S. T. F., provisto de DNI (…), copropietario de la parcela situada en Rubayo, Ref. catastral …1IJ, inscrita en el Registro de la Propiedad de Medio Cudeyo­Solares como finca ...061 al tomo …, libro …, folio …, a nombre de D.ª E. F. T. (1/4); D.ª F. F. T. (1/4); D. S. T. F. (1/4) y D.ª M. C. T. F. (1/4), y calificada como suelo urbano, pero con calificación urbanística de equipamiento comunitario según el P.G.O.U. de Marina de Cudeyo, solicita, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2014 (n.º registro de entrada 3357), la desasignación del carácter dotacional de la misma, manteniendo su clasificación urbanística como suelo urbano, y el aprovechamiento recogido en el Catastro. Asimismo, manifiesta que se tenga por efectuada advertencia de inicio de expediente de justiprecio, de no atenderse la solicitud formulada. El Pleno, en sesión ordinaria de 30 de marzo de 2015, deniega la solicitud de la citada modificación puntual del P.G.O.U., resolución que deviene firme y consentida.
En relación con ello, conviene detallar que mediante correo electrónico del Sr. P. C. D., Letrado del Sr. T. F., uno de los titulares registrales fallecidos, de fecha 28 de septiembre de 2018, (copia impresa en el expediente 2017/81), se traslada que D. J. R. A. F., provisto de D.N.I.: (…), es el heredero único y universal de D.ª E. F. T., aportando, en archivo adjunto, escritura de manifestación y adjudicación de herencia a su favor de fecha 26 de abril de 2012, siendo heredero de dos cuartas partes en relación a la finca registral n.º ...061, según exponendo quinto de dicho título donde se recoge: «En cuanto a una cuarta parte, por herencia al fallecimiento de su padre D. P. F. A., fallecido el 21 de junio de 1981, según escritura otorgada en Santander el 1 de octubre de 1981, ante el Notario D. Emilio González Madroño Domenge, con el n.º 1750 de su protocolo, y en cuanto a la cuarta parte por herencia de su hermana D. F. F. T., fallecida el 14 de Febrero de 2010, en virtud de escritura autorizada ante el Notario de Madrid, D. Luis Quiroga Gutiérrez, el 15 de noviembre de 2010, bajo el número 1944 de orden».
En el citado correo, traslada respecto a D. S. T. F., titular registral fallecido, que sus herederos son D. S. T. G., D.N.I.: (…), D. D. J. T. G., D.N.I.: (…), y D.ª M. A. T. G., D.N.I.: (…), si bien, no aportan título de su derecho. En cuanto a la titular registral también fallecida, D.ª M. C. T. F., se traslada que ha fallecido en Venezuela, se ha recibido acta de defunción del país y se está pendiente del envío de la certificación de defunción por parte del consulado, y tiene escritura de herencia en Notaría de Bilbao, pero no se aporta ninguna relación nominal de herederos, ni título acreditativo de su derecho, desconociéndose su identidad o identidades. Igualmente, consta D. M. A. B. C., titular de usufructo con carácter vitalicio, según certificación de dominio y cargas de fecha 4 de junio de 2018, constando en la documentación devuelta por el Registro de la Propiedad de Medio Cudeyo-Solares, con fecha 19 de noviembre de 2018 (n.º registro de salida 1978), copia del certificado de defunción de fecha 22 de Octubre de 1973.
Primero. La intervención del titular D. S. T. F. en el expediente de justiprecio en beneficio de la comunidad de propietarios, con la particularidad del presente caso ("expediente de justiprecio").
En este sentido, procede señalar que posteriormente a haberse documentado la consignación y ocupación, D. J. R. A. F., causahabiente de D.ª E. F. T., ha reclamado que se le abone su parte del justiprecio, habiéndose recibido solicitud telemática de fecha 19 de noviembre de 2018 (n.º registro de entrada 3180) relativa a su identificación electrónica ante este Ayuntamiento y entrega de orden de cancelación de depósito en la cantidad de 38.286,25 €, una vez aportado el título acreditativo de su derecho. Posteriormente, D. S. T. G., D.N.I.: (…), causahabiente del Sr. T. F., comparece el 27 de noviembre de 2018, aportando escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 10 de octubre de 2018, y escritura de poder de 12 de septiembre de 2018, otorgada por D. D. J. T. G. y D.ª M. A. T. G. a favor de D. S. G. T. G. entre cuyas facultades consta: «Vender los inmuebles o participaciones indivisas de la casa (…), radicante en el pueblo de Rubayo, municipio de Marina de Cudeyo (Cantabria), (…) finca registral n.º ...061...», habiéndose expedido orden de cancelación de depósito o garantía de fecha 23 de noviembre de 2018 (n.º registro de salida 2000, de fecha 27 de noviembre de 2018) por importe de 19.143,12 €.
Segundo. La innecesaria intervención del Ministerio Fiscal, al tratarse de un expediente de justiprecio.
Tercero. La improcedencia de la publicación de los anuncios regulados en los artículos 18 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Cuarto. La improcedencia en el presente caso de señalar si el bien es demanial o patrimonial, ex artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015.
Quinto. Conformidad con el deber de aportar duplicado de las actas de consignación y ocupación.
En el supuesto del presente recurso se debate sobre si procede o no la inscripción en el Registro de la Propiedad de un acta de ocupación y consignación del justiprecio en expediente de expropiación forzosa de una finca urbana (registral número ...061 del Registro de Medio Cudeyo-Solares), extendida el día 2 de octubre de 2018, concurriendo las siguientes circunstancias y antecedentes relevantes para su resolución:
a) La finca expropiada consta en el plan general de ordenación urbana del término municipal de Marina de Cudeyo como finca urbana con calificación urbanística de equipamiento comunitario, y figura inscrita en el Registro, en el momento de la presentación del título, por terceras e iguales partes indivisas a favor de don J. R. A. F., don S. T. F., y doña M. C. T. F. No resulta del expediente que conste previamente en el Registro el inicio o la existencia del expediente expropiatorio mediante la nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas prevista en el artículo 32, norma primera, del Reglamento Hipotecario, ni a través de la anotación preventiva a favor del expropiante prevista en la norma tercera del citado precepto reglamentario.
b) El acta de ocupación y consignación del justiprecio consta suscrita única y exclusivamente por don Severiano Ballesteros Lavín, en su condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Marina Cudeyo, en nombre y representación de la citada Corporación.
c) En cuanto a los titulares registrales expropiados se expresa en el citado título lo siguiente: «De otra, D. J. R. A. F (…) heredero único y universal de D.ª E. F. T., según escritura de manifestación y adjudicación de herencia a su favor de fecha 26 de Abril de 2012 (...); D. S. T. F., fallecido, siendo herederos: D. S. T. G. (…) D. D. J. T. G. (…) D.ª M. A. T. G (…), no aportan título (…) Consta también D. M. A. B. L., titular de usufructo de carácter vitalicio, según certificación de dominio y cargas expedida por el Registrador de la Propiedad de Medio Cudeyo-Solares de fecha 4 de junio de 2018 [se acompaña certificado de defunción de este último]. Ninguno de ellos comparecen tras citación remitida con fecha 27 de Septiembre de 2018 (n.º registro de salida 1621) y acuse de recibo de fecha 28 de Septiembre de 2018)».
d) Con fecha 24 de octubre de 2014 uno de los copropietarios de la finca (don S. T. F.) solicitó la «desasignación» [sic] del carácter dotacional de la misma, manteniendo su calificación de suelo urbano y el aprovechamiento reflejado en el Catastro, con expresa advertencia de inicio de expediente de justiprecio en caso de no ser aceptada dicha solicitud, conforme a la regulación sobre legitimación para el inicio de expedientes expropiatorios prevista en el artículo 87.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, conforme al cual «cuando transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de un Plan sin que se lleve a efecto la expropiación prevista en el mismo respecto de terrenos no susceptibles de edificación y aprovechamiento privado y que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la distribución de los beneficios y cargas en los términos previstos en esta Ley, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurriese otro año desde el momento de efectuar la advertencia».
e) Tras diversas vicisitudes, precedidas de la desestimación por parte del Pleno de la Corporación en sesión de 30 de marzo de 2015 de la solicitud de la supresión del carácter de equipamiento comunitario de la finca antes señalada, e iniciado el citado expediente de justiprecio, con fecha de 18 de noviembre de 2017 se adopta acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación por el que se fija el justiprecio de la finca, acuerdo que fue objeto de un recurso de reposición por parte de don S. T. F. promotor del expediente, siendo resuelto mediante nuevo acuerdo del citado Jurado Provincial fijando definitivamente el justiprecio en 76.572,49, euros, acuerdo que devino firme.
f) El Pleno de la Corporación en sesión de 20 de agosto de 2018 toma conocimiento del expediente expropiatorio, a instancia del citado promotor, y presta su conformidad al abono del citado justiprecio con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
g) No habiendo comparecido en el expediente ninguno de los titulares e interesados antes señalados, el Ayuntamiento procedió a consignar el justiprecio en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria «a disposición de los herederos, una vez aporten los títulos acreditativos de su derecho», entendiendo que concurre como causa habilitante para ello la prevista en el artículo 51.1, letra b) del Reglamento de la Ley sobre expropiación forzosa.
El registrador suspende la inscripción por entender que concurren los siguientes defectos impeditivos: a) no consta que en el expediente de expropiación hayan intervenido el titular registral don J. R. A. F. ni los causahabientes de don S. T. F. (es decir, don S., don D. J. y doña M. A. T. G.), ni se acredita dicha cualidad de herederos con el título sucesorio. No consta tampoco que en el expediente hayan intervenido los causahabientes de la titular registral doña M. C. T. F., ni se acredita quienes son dichos causahabientes. Tampoco se acredita que a falta de comparecencia de los anteriores, haya intervenido en el expediente el Ministerio Fiscal; b) no consta que el acuerdo de necesidad de ocupación se haya publicado en el «Boletín Oficial de Cantabria» y se haya fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (artículos 18 y 21 de la Ley sobre Expropiación Forzosa); c) no se indica si el bien es demanial o patrimonial, y d) Las actas deberán presentarse en el Registro por duplicado.
En el escrito del recurso, junto con las alegaciones que estimó pertinentes (en los términos que constan transcritos en los hechos de la presente), se añaden determinados datos sobre diversas vicisitudes del expediente expropiatorio posteriores a la fecha del otorgamiento del acta de ocupación, relativos a la comparecencia de alguno de los causahabientes de los titulares registrales a los efectos de solicitar el abono de su parte del justiprecio en los siguientes términos: «(…) posteriormente a haberse documentado la consignación y ocupación, D. J. R. A. F., causahabiente de D.ª E. F. T., ha reclamado que se le abone su parte del justiprecio, habiéndose recibido solicitud telemática de fecha 19 de noviembre de 2018 (n.º registro de entrada 3180) relativa a su identificación electrónica ante este Ayuntamiento y entrega de orden de cancelación de depósito en la cantidad de 38.286,25 €, una vez aportado el título acreditativo de su derecho. Posteriormente, D. S. T. G., D.N.I.: (…), causahabiente del Sr. T. F., comparece el 27 de noviembre de 2018, aportando escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 10 de octubre de 2018, y escritura de poder de 12 de septiembre de 2018, otorgada por D. D. J. T. G. y D.ª M. A. T. G. a favor de D. S. G. T. G. entre cuyas facultades consta: «Vender los inmuebles o participaciones indivisas de la casa (…), radicante en el pueblo de Rubayo, municipio de Marina de Cudeyo (Cantabria), (…) finca registral n.º ...061...», habiéndose expedido orden de cancelación de depósito o garantía de fecha 23 de noviembre de 2018 (n.º registro de salida 2000, de fecha 27 de noviembre de 2018) por importe de 19.143,12 €. En relación con los causahabientes de D.ª M. C. T. F., a fecha de este recurso, se desconocen y no se ha aportado título justificativo de su derecho».
Con carácter previo al análisis de las cuestiones jurídicas de fondo planteadas es preciso recordar que el recurso contra la calificación registral tiene exclusivamente por objeto revisar las calificaciones negativas emitidas por los registradores de la propiedad y que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
Entrando en el análisis del fondo del primero de los tres defectos señalados en la calificación que son impugnados, hay que recordar que respecto al alcance de la calificación registral de documentos administrativos esta Dirección General ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones -vid. por todas la Resolución de 30 de noviembre de 2016 y 13 de febrero de 2019-. Ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de forma reiterada la doctrina según la cual, dentro de los límites de su función, goza el registrador de una mayor libertad para calificar el documento administrativo respecto del judicial, y en particular si se trata del examen de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
A esta protección del titular registral responde el principio básico de nuestro sistema registral, derivado del constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), de la exigencia del consentimiento auténtico del titular registral, por sí o por sus legítimos representantes, para la inscripción de cualquier acto que le afecte, o en su defecto que haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenir en el procedimiento (expropiatorio en este caso) determinante del asiento por sí, o por sus herederos legalmente acreditados. Exigencia que se hace efectiva a través del control que sobre los títulos inscribibles realiza el registrador conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento en consonancia con los principios de legitimación registral y tracto sucesivo proclamados por los artículos 38 y 20 de la Ley Hipotecaria. Y que no sólo responde a la protección de los derechos del titular registral salvaguardados jurisdiccionalmente (cfr. artículos 1, 20, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), sino también a las exigencias derivadas de nuestro sistema constitucional de seguridad jurídica preventiva proclamado en el artículo 9 número 3 de la Constitución de protección de los terceros que contratan confiados en los pronunciamientos registrales y de los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción de sus derechos (artículos 38, 32, 34 de la Ley Hipotecaria).
En el caso del presente recurso no se trata ya de que con posterioridad a la iniciación del expediente expropiatorio se haya producido alguna alteración en la titularidad registral de las fincas sin que de la tramitación de aquél hubiera constancia alguna en el Registro (lo que impediría la aplicación de la previsión cancelatoria de dichas titularidades sobrevenidas ex artículo 35, norma quinta, del Reglamento Hipotecario, como sucedía en el caso de la Resolución de este Centro Directivo de 8 de octubre de 2012), sino que el procedimiento de expropiación se ha seguido exclusivamente con uno de los comuneros de la finca expropiada (don S. T. F.), y ello sólo en la fase inicial del procedimiento al haber instado el mismo la incoación del expediente de justiprecio por concurrir el supuesto habilitante previsto en el artículo 87.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, cotitular que falleció sobrevenidamente durante la tramitación del expediente, sin que se haya acreditado fehacientemente, a través de los correspondientes títulos sucesorios (vid. artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria y 76 del Reglamento Hipotecario), quiénes son sus herederos, en contra de la exigencia contenida en el artículo 32.2.ª de este Reglamento que, en concordancia con los artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria, establece que «para que los títulos de expropiación puedan inscribirse, si se trata de fincas o derechos inscritos, el expediente deberá entenderse con el titular registral o quien justifique ser su causahabiente, por sí o debidamente representado, en la forma prevenida por la legislación especial (…)».
En la calificación impugnada añadía el registrador que, no constando la intervención en el expediente de los titulares registrales, ni de sus causahabientes ni de persona alguna que los represente, tampoco pueden entenderse suplidas dichas ausencias por la presencia en el expediente del Ministerio Fiscal, pues tampoco éste ha comparecido. Alude con ello el registrador a la previsión contenida en el artículo 5, apartado 1, de la Ley de Expropiación Forzosa, conforme al cual «se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo dieciocho, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa», con cita de la Resolución de este Centro Directivo de 17 de octubre de 2005, relativa a un supuesto en que haciendo aplicación de tal previsión legal, recordó que «a falta de dicha acreditación de la condición de causahabientes, será imprescindible la citación de los titulares registrales, con quienes se habrá de entender el procedimiento expropiatorio (y, a falta de comparecencia de éstos, con la intervención del Ministerio Fiscal -cfr. artículos 5, 18 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa y las Resoluciones -dos- de 17 de diciembre de 1999-)».
Frente a ello alega el recurrente la especialidad de la modalidad de expropiación ante la que nos encontramos, al responder a una finalidad urbanística. Apoya su alegato impugnatorio en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre expropiación forzosa, conforme al cual «las expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y disposiciones vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia», referencia a la legislación del suelo que hay que entender dirigida en el presente caso al artículo 87 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en cuyo apartado 1 se prevé que «la aprobación de los Planes implicará la declaración de utilidad pública de todas las obras precisas y la necesidad de ocupación de los terrenos, bienes y derechos correspondientes a los efectos de su expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres». Precepto concordante, por lo demás, con el artículo 42.2 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, conforme al cual «la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación».
Igual suerte desestimatoria ha de correr el recurso en cuanto a los otros dos defectos impugnados. Si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Cantabria, dispone que la aprobación de los planes urbanísticos implicará la declaración de necesidad de ocupación de los terrenos a los efectos de su expropiación, sin embargo no lo es menos que el artículo 24 apartado 1 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística, establece: «Cuando la administración optare por la inscripción individualizada de las fincas registrales o de alguna de las incluidas en la unidad expropiada, el título inscribible estará constituido por el acta de ocupación y pago, conforme a lo dispuesto por la legislación general de expropiación forzosa», remisión a «lo dispuesto por la legislación general de expropiación forzosa» que incluye en su ámbito las publicaciones previstas en el artículo 18 de la Ley sobre expropiación forzosa, que no pueden verse desplazadas o suplidas por la publicidad del proyecto del plan en que se asigna una determinada calificación urbanística de la finca que puede terminar determinando su expropiación cuando dicha calificación no asigne aprovechamiento apropiable ni sea susceptible de cesión obligatoria por no ser posible la distribución de los beneficios y cargas en los términos previstos en esta Ley, que responde a un procedimiento y finalidad, por tanto, distintas. Obsérvese que el citado artículo 18 se refiere a un trámite de información pública que no sólo tiene por objeto la relación de bienes afectados (lo que en el caso de un expediente instado por uno de los propios interesados puede parecer innecesario), sino también la determinación de los interesados (vid. artículo 17.2 de la ley), lo que en el presente caso resultaba a todas luces muy conveniente y necesario para garantizar el derecho de defensa y tutela judicial efectiva de dichos interesados.