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Timestamp: 2016-12-03 21:46:47
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[Sentencia T-0083-12] – Autorización de terapias
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Sentencia T-083/12
Referencia: expediente T-3.218.399
Acción de tutela instaurada por Maela Cecilia Ibarra Miranda, en representación de Lizander Reinaldo Ibarra Miranda contra CAJACOPI EPS S. Magistrado Ponente:
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012).
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo (2º) Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi -Cesar-, en el curso de la acción de tutela instaurada por Maela Cecilia Ibarra Miranda, en representación de Lizander Reinaldo Ibarra Miranda contra CAJACOPI EPS S. I. ANTECEDENTES
Maela Cecilia Ibarra Miranda, en representación de Lizander Reinaldo Ibarra Miranda, interpuso acción de tutela contra Cajacopi EPS S por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital.
1.- Manifiesta la actora que a su hijo, Lizander Reinaldo Ibarra Miranda, quien se encuentra filiado a Cajacopi EPS S, le ha sido diagnosticada discapacidad Cognitiva 1.
2.-Por lo anterior, el Joven fue valorado por fisiatría y se le ordenó la realización de las siguientes terapias: Musicoterapia, Terapia de lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología. La fecha de dicha valoración fue el 11 de enero de 2011.
3.- Una vez prescritos dichos tratamientos, la accionante solicitó verbalmente la realización de los mismos a Cajacopi EPS S y ésta los negó bajo el argumento de no encontrarse incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.
4.- A pesar de lo anterior, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, la EPS-S ha autorizado la realización de las terapias requeridas en el Instituto de Rehabilitación integral Sanavida, con sede en el municipio de Codazzi, Cesar. Solicitud de Tutela
5.-De acuerdo con lo expuesto, solicitó la accionante la protección de los derechos fundamentales de su hijo a la vida, la salud, el mínimo vital y la igualdad. En consecuencia, pidió se ordenara autorizar las siguientes terapias: Musicoterapia, terapia de lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología basada en neurodesarrollo. Finalmente, pidió la actora que los anteriores tratamientos sean llevados a cabo en el municipio de Codazzi, Cesar, pues en éste reside el joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda. Respuesta de la entidad demandada
6.-En auto de diecinueve (19) de junio de dos mil doce, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi admitió la tutela y ordenó requerir al director de Cajacopi EPS a fin de que se pronunciaran sobre la presente solicitud de amparo. A pesar de lo anterior, corrido el término del traslado, la entidad accionada guardó silencio. Secretaría de Salud Departamental del Cesar
7.-En el auto admisorio de la tutela se ordenó vincular a la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, la cual, mediante escrito allegado al expediente de manera extemporánea, indicó lo siguiente:
En primer lugar, señaló que el tratamiento ordenado al joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda se encuentra incluido el en el Plan Obligatorio de Salud por mandato legal y jurisprudencial. Lo anterior, por cuanto la Comisión de Regulación en Salud CRES, expidió el acuerdo 008 de 2009 que, en su anexo técnico 02, actualiza el listado de los procedimientos con codificación CUPS que están disponibles en el POS, a partir del 1 de enero de 2010. Así mismo, la representante de la Secretaría de Salud de Cesar citó jurisprudencia constitucional a través de la cual se habían ordenado diferentes terapias alternativas solicitadas a través de tutelas.
Por lo anterior, pidió ordenar a Cajacopi EPS autorizar los tratamientos requeridos por el joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda.
De igual forma, solicitó se desvinculara a la Secretaría Departamental del Cesar de la presente acción de tutela por no ser sujeto pasivo de obligaciones en el caso objeto de estudio.
8.-El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi, Cesar, denegó el amparo solicitado, por cuanto las ordenes de servicio de Musicoterapia, terapia de lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología, se encuentran a nombre de Lizander Ibarra Anaya, mientras que la acción de tutela es interpuesta a fin de garantizar los derechos fundamentales de Lizander Ibarra Miranda. Pruebas relevantes en el expediente.
9.-En el expediente constan las siguientes pruebas:
-Cedula de ciudadanía de la señora Maela Cecilia Ibarra Miranda
-Carnet ilegible de Lizander Reinaldo Ibarra Miranda
– Cedula de Ciudadanía de Lizander Reinaldo Ibarra Miranda
-Formato de evaluación integral, realizada el 11 de enero de 2011 a nombre de Lizander Ibarra Anaya.
– Orden de servicios de fisiatría a nombre de Lizander Ibarra Amaya en la que se ordena musicoterapia, terapia del lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología basada en neurodesarrollo.
– Escrito allegado a este Despacho el día 1 de febrero del año en curso, firmado por el Coordinador Médico de Cajacopi EPS-S, Cesar, en el que indica que el joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda es usuario de dicha entidad desde junio de 2004.
– Escrito enviado por el Coordinador Médico de Cajacopi EPS-S, Cesar, en el que indica que al joven Lizander Reinaldo Ibarra se le están brindando las terapias alternativas requeridas.
– Escrito allegado a este despacho por la Coordinadora del Centro de Rehabilitación Integral SANAVIDA. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.- En atención a lo expuesto, esta Sala debe determinar si Cajacopi EPS-S vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la vida del joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda con la negativa inicial a ordenar las terapias alternativas prescritas por el médico tratante, por no encontrarse éstas incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.
3.- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) el derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia; (ii) la protección constitucional para las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional e internacional. Reiteración de jurisprudencia, (iii) carencia actual de objeto por hecho superado y, (iv) el caso concreto. i-El derecho fundamental a la salud. Reiteración de Jurisprudencia.
Ahora bien, en su afán de proteger y garantizar los derechos constitucionales de todos los habitantes del territorio nacional, la jurisprudencia constitucional replanteó las subreglas mencionadas y precisó el alcance del derecho a la salud. Así, haciendo una relación entre derecho fundamental y dignidad humana llegó a la conclusión de que “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo” pues, “uno de los elementos centrales que le da sentido al uso de la expresión “derechos fundamentales” es el concepto de “dignidad humana”, el cual ha de ser apreciado en el contexto en que se encuentra cada persona” Con base en ello, esta Corporación en consideró “artificioso” tener que acudir a la tesis de la “conexidad” para poder darle protección directa al derecho a la salud y estimó que “la fundamentalidad de los derechos no depende – ni puede depender – de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos – indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).”
A su vez, también precisó que en el derecho fundamental a la salud “su connotación prestacional obliga al Estado a racionalizar la asignación de inversión suficiente para que su garantía tenga un alcance integral, frente a la necesidad de sostenimiento que tiene también la garantía de otros derechos dentro de un contexto de recursos escasos. Que ello sea así, no despoja al derecho a la salud de su carácter fundamental, de modo que insistimos: resulta equivocado hacer depender la fundamentalidad de un derecho de si su contenido es o no prestacional y, en tal sentido, condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la relación inescindible entre el derecho a la salud – supuestamente no fundamental – con el derecho a la vida u otro derecho fundamental – supuestamente no prestacional-.”
Y, en sentencia T-760 de 2008 se señaló: “Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud “en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal” para pasar a proteger el derecho “fundamental autónomo a la salud. Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.”
Por consiguiente, esta Corte amplió el espectro de protección del derecho a la salud sin despojarlo de su carácter de servicio público esencial y derecho prestacional, enfatizando, eso sí, en su condición de derecho fundamental. Por consiguiente, cuando quiera que las instancias políticas o administrativas competentes sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias para orientar la realización de estos derechos en la práctica, a través de la vía de tutela el juez puede disponer su efectividad, dada su fundamentalidad, más aún cuando las autoridades desconocen la relación existente entre la posibilidad de llevar una vida digna y la falta de protección de los derechos fundamentales. ii- La protección constitucional para las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional e internacional. Reiteración de jurisprudencia. Según el ordenamiento constitucional e internacional, en el caso del tratamiento de una persona con discapacidad física o psíquica merece una especial protección y su tratamiento debe ser especializado, ya que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta y deben ser sujetos de atención adecuada. Así el artículo 47 de la C.P. dispone que: “De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución Política, los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos tienen derecho a que el Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e integración social en su favor, y a que se les preste la atención especializada que requieran”. Así mismo, el artículo 13 de la Carta propugna a que el derecho a la igualdad de las personas con limitaciones sea real y efectiva. En este sentido, ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que su condición física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha sido llamado por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas. Al mismo tiempo, el numeral e) del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, es contundente cuando determina que “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”. El artículo 18 de esa misma disposición señala que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a… c) incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo”
En suma, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que tras ser ratificada por el Congreso de la República por Ley 762 de 2002 y declarada ajustada al Ordenamiento Constitucional por esta Corte mediante sentencia de constitucionalidad C-401 de 2003, tiene como objetivos la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las personas que tengan discapacidad alguna, propiciando la integración en la sociedad. En consecuencia, el Estado Colombiano en la convención antes referida esta comprometido a (i) adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación de la que es objeto esta población y (ii) trabajar prioritariamente en labores de prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles, incluida la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional, sensibilización de la población a través de campañas educativas encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atenten contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. A su vez, la Ley 1306 de 2009 se encargó de dictar las normas para la protección de personas con discapacidad mental, incluyendo el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, en dicha normatividad dispone que “Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997. La organización encargada de prestar el servicio de salud y de educación en Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana edad.
Dentro de este contexto la Corte Constitucional ha dicho que aunque no se puede garantizar un total restablecimiento, es factible obtener mejoría de un paciente mediante la terapia y los controles regulares, favoreciendo así una notable disminución de sus deficiencias neurológicas y logrando mantener en el joven afectado una mejor calidad de vida. Sobre el particular esta Corporación sostuvo:
Por lo tanto es de vital importancia la aclaración que ha hecho la Corte en el sentido de avalar la interpretación según la cual, cuando existe posibilidad de mejoría o progreso en la salud del paciente, dichas entidades encargadas de la prestación de la seguridad social deban suministrar la atención requerida, en orden a lograr la recuperación de la salud y el mejoramiento en la calidad de vida de la persona. iii- Jurisprudencia constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
¿Cuál debe ser entonces la conducta del juez de amparo ante la presencia de un hecho superado? Según la jurisprudencia constitucional, para resolver este interrogante se debe hacer una distinción entre los/las jueces/zas de instancia y la Corte Constitucional cuando ejerce su facultad de revisión. Así, esta Corte ha señalado que “no es perentorio para los jueces de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo pueden hacerlo, sobre todo si consideran que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes”, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es potestativo para los/las jueces/zas de instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional “tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”.
Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos, tanto para los jueces de instancia como para esta Corporación, es que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Expuesto lo anterior, procede la Sala a estudiar el caso concreto del joven Lizander Reinaldo Ibarra y la posible configuración de una carencia actual de objeto en el caso concreto.
1.- Recuento fáctico
El joven Lizander Reynaldo Ibarra Miranda, quien cuenta con 19 años de edad, padece discapacidad cognitiva, razón por la cual su médico tratante ordenó tratamiento de rehabilitación basado en neurodesarrollo y terapias alternativas, tales como musicoterapia, terapia del lenguaje basada en neurodesarrollo, terapia de integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología basada en neurodesarrollo. Una vez prescritos dichos tratamientos, la accionante solicitó verbalmente la realización de los mismos a Cajacopi EPS S y ésta los negó bajo el argumento de no encontrarse incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.
Corrido el término del traslado, la entidad demandada guardó silencio sobre los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela.
Con posterioridad al fallo de primera instancia, la entidad demandada ha autorizado la prestación de los servicios requeridos en el Centro de Rehabilitación integral Sanavida, con sede en Codazzi, Cesar. Expuesto lo anterior, corresponde a esta Sala determinar si la EPS-S accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida digna del joven Lizander Reynaldo Ibarra con la negativa inicial a suministrar el tratamiento de rehabilitación basado en neurodesarrollo y las terapias alternativas ordenadas por el médico tratante, por encontrarse estas fuera del Plan Obligatorio de Salud.
2.- Cuestión previa: Legitimación por activa.
En primer lugar, es preciso recordar que la Constitución establece en el artículo 86 que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
De lo anterior, se colige que la acción de tutela puede ser interpuesta por el titular de los derechos presuntamente vulnerados o por quien actúe a su nombre cuando éste se encuentre imposibilitado para promover su propia defensa. En tal sentido, esta Corporación sostiene que tratándose de derechos de personas con disminución de sus capacidades, es posible que un tercero actúe en su nombre con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales.
En el caso concreto, la madre del joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda cuenta con legitimación por activa para interponer la presente acción de tutela, pues por las condiciones especiales de su hijo éste se encuentra imposibilitado de asumir su propia defensa, ya que como se señaló el joven presenta discapacidad cognitiva. Determinada la legitimación por activa de la señora Maela Ibarra Miranda procede la Corte a estudiar la posible vulneración de los derechos fundamentales del joven Lizander Reinaldo. 3.- Carencia actual de objeto por hecho superado.
Como bien se ha señalado, el joven Lizander Reinaldo Ibarra padece discapacidad cognitiva severa, lo que lo constituye en sujeto de especial protección por parte del Estado, debido a la discapacidad que tal retardo acarrea. De allí, que se deba propender por garantizarle el más alto nivel de vida posible a fin de lograr su integración en la sociedad.
Precisamente con el fin de garantizarle al joven una mejor calidad de vida, el médico tratante ha ordenado una serie de terapias alternativas, las cuales fueron negadas por la EPS-S por no encontrarse incluidas dentro del Plan Obligatorio de Salud.
Sobre el particular, encuentra la Corte que tres de los procedimientos requeridos, denominados terapia del lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz y psicología basada en neurodesarrollo, se encuentra incluidas en el actual POS subsidiado (Acuerdo 029 de 2011), por lo que no existía justificación válida para negar tales tratamientos a un afiliado al sistema, máxime si se tiene en cuenta las especiales condiciones del joven que las solicita.
Así mismo, encuentra la Sala que tratamientos como musicoterapia y neuropedagogía, si bien no hacen parte del POS, han sido ordenados a través de diferentes acciones de tutela revisadas por la Corte Constitucional, dentro de las que se destacan la providencia T- 650 de 2009, en la cual la Sala Octava de Revisión resolvió un caso bajos los siguientes supuestos de hecho: (i) los accionantes presentaban un diagnóstico denominado autismo y déficit cognitivo, (ii) solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, ya que la respectiva EPS se negaba a autorizar la práctica de las terapias integrales que requerían con el único objeto de mejorar su salud. (iii) Los argumentos de la solicitud radicaba en la imposibilidad económica de efectuar el pago de las mismas, ya que este procedimiento se encuentra por fuera del POS, además aducían que la respectiva EPS no tenia la infraestructura para atender niños con discapacidad. En dicha sentencia se resolvió proteger los derechos a la vida, salud e igualdad de los accionantes y se ordenó a la E.P.S., practicar las terapias en hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia que requerían los accionantes, previa valoración del medico adscrito a dicha entidad para determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento a realizarse. Lo anterior por cuanto la negativa a prestar los mencionados servicios vulneraba los derechos fundamentales de los actores y en los casos concretos se configuraba los presupuestos para dar aplicación a la entrega de medicamentos No POS.
Posteriormente, en sentencia T-855 de 2010, se estudió el caso de un menor con síndrome de Down que solicitaba servicio terapéutico integral e intensivo en una unidad no adscrita a la EPS que se encontraba afiliado, la cual comprendía animalterapia, musicoterapia, hidroterapia y terapias del método ABA. En esta oportunidad se reiteró el precedente sentando en la sentencia T-650 de 2009 y por ello se ordenó a la EPS accionada practicar las terapias solicitadas, previa una valoración por parte de médicos adscritos a dicha entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que debe realizarse.
Finalmente, en sentencia T-392 de 2011 correspondió a esta Corporación determinar si se vulneraban los derechos fundamentales de los accionantes, (quienes padecían retardo psicomotor leve hipoxia perinatal y síndrome de Cornelio de langue hipoxia neonatal respectivamente) con la negativa de Salud Total E.P.S. y EMCOSALUD E.P.S. a practicar procedimientos terapéuticos no POS consistentes en terapias denominadas equinoterapia, animalterapia, hidroterapia y musicoterapia, bajo la consideración de que no se encontraban el POS y no habían sido ordenadas por un médico tratante adscrito a la citada entidad. En la parte resolutiva la Sala Octava ordenó a las EPS accionadas suministrar los tratamientos requeridos, previa valoración por parte de médicos adscritos a dichas entidades con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que debe realizarse.
Como se puede apreciar, en los casos en que ciertos afiliados requieran de terapias alternativas para lograr una mejor calidad de vida, la sola exclusión del Plan Obligatorio de Salud no exime a las EPS del régimen contributivo y subsidiado de prestar los servicios solicitados, pues previa a la negativa de éstos se debe verificar que quien los pide no acredite los requisitos para acceder al servicio excluidos del POS. Lo anterior, nos permite concluir que la actitud desplegada por Cajacopi EPS-S vulneró de los derechos fundamentales del joven Lizander Reinaldo Ibarra Miranda, pues en primer lugar, negó procedimientos que se encuentran incluidos en el POS-S sin justificación alguna y, en segundo lugar, desconoció los precedentes jurisprudenciales en materia de terapias alternativas, en el caso concreto, musicoterapia y neuropedagogía
A pesar de ello, en escrito allegado a esta Corporación el día primero de febrero del año en curso, el Coordinador médico de Cajacopi EPS-S- Cesar, indicó que el joven Lizander Reinaldo Ibarra, usuario de dicha entidad desde el mes de julio de 2004, actualmente se encuentra en tratamiento especializado en el Instituto de Rehabilitación Integral SANAVIDA, ubicado en el municipio de Codazzi, Cesar, en el cual se brindan las terapias alternativas requeridas. Así mismo, el Coordinador médico, envió a este despacho descripción de atención al usuario emitida por la gerente del Centro de Rehabilitación Integral SANAVIDA, en el que indica que desde el mes de septiembre de 2011 al joven Lizander Reinaldo Ibarra se le están prestando los servicios de Musicoterapia, terapia miofuncional, terapia de lenguaje, integración sensoriomotriz, pedagogía especial y psicología, en una cantidad de 126 sesiones al mes.
La anterior información fue corroborada a través de escrito enviado por la Coordinadora de programas de SAANAVIDA, Lucy Isabel Vélez Jiménez, quien indicó que al joven Lizander Ibarra, quien presenta discapacidad cognitiva severa, se le están prestando los servicios mencionados (musicoterapia, miofuncional, terapia del lenguaje, terapia asistida con animales, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología comportamental) en dicha IPS. Así mismo, indicó que los mismos, se están brindando desde el mes de octubre del año 2011, por medio de contratación vigente con la Caja de Compensación Familiar Cajacopi. Lo anterior, permite concluir que, si bien existió vulneración de los derechos fundamentales del joven Lizander Reinaldo Ibarra con la negativa de la EPS-S Cajacopi a prestar los tratamientos solicitados, y que habían sido ordenados por el médico tratante, tal situación de hecho desapareció, pues como se puede evidenciar del material probatorio allegado al expediente, tales servicios se le están suministrando al accionante desde el mes de octubre del año 2011, por lo que cualquier orden dada por el juez de tutela caería en el vacío.
Por ello, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, se reitera, las circunstancias de hecho que dieron origen a la presente acción de tutela han desaparecido.
Finalmente, reprocha la Sala la actitud desplegada por el juez de primera instancia, quien negó la solicitud de amparo, basándose en argumentos formalistas, sin un estudio a fondo del caso en concreto. IV. DECISION
Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción interpuesta por Maela Cecilia Ibarra Miranda, en representación de su hijo, contra Cajacopi EPS-S