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Timestamp: 2018-10-16 07:59:03
Document Index: 398182063

Matched Legal Cases: ['artículo 337', 'artículo 346', 'artículo 347', 'artículo 53', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 115', 'artículo 334', 'artículo 332', 'artículo 19', 'artículo 328', 'artículo 324', 'artículo 328', 'artículo 140', 'artículo 329']

Registros administrativos, organización de la gestión de la contratación y otras reformas organizativas en la nueva Ley de Contratos - Lexology
Registros administrativos, organización de la gestión de la contratación y otras reformas organizativas en la nueva Ley de Contratos
Spain March 28 2018
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya en vigor, ha introducido novedades en la regulación de figuras tradicionales tales como el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o la Plataforma de Contratación del Sector Público, reforzando el papel de otras como la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y dando vida a otras nuevas como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la Oficina Nacional de Evaluación y el Comité de cooperación en materia de contratación pública.
La Ley 9/2017 ha operado reformas sustantivas en diversas materias que se han ido abordando en números anteriores de este GCSP, si bien ha acometido otras que, aunque menores a primera vista, son también relevantes en materia de gestión de la contratación. Algunas de ellas se refieren a continuación.
A. Registros En primer lugar, en lo concerniente a los registros oficiales, la nueva LCSP mantiene tanto el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (artículo 337 y siguientes) como el Registro de Contratos del Sector Público (artículo 346), con una regulación muy semejante a la anterior, reservando el artículo 347 –con una extensión y precisión muy superiores– a la Plataforma de Contratación del Sector Público, ahora a cargo (a diferencia Registros administrativos, organización de la gestión de la contratación y otras reformas organizativas en la nueva Ley de Contratos Grupo de Contratos del Sector Público de GA_P Grupo de Contratos del Sector Público Nº 95 2 de lo previsto en el TRLCPS) de Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública1 . La nueva ley refuerza la gestión de la publicidad contractual mediante la atribución de una mayor funcionalidad al perfil del contratante. Frente a la regulación que se contenía en el artículo 53 del TRLCSP, el artículo 63 de la LCSP regula de forma exhaustiva el perfil del contratante, enumerando la información que deberá ser objeto de publicación –y distinguiendo entre publicación facultativa y preceptiva–. Entre otros extremos se prevé la publicación, a través del perfil de contratante, de la formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros (IVA excluido), los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación (artículo 63) y, al menos trimestralmente, la publicación de todos los contratos menores salvo los de cuantía inferior a 5.000 euros, cuando el sistema de pago sea el de anticipo de caja fija (artículo 63.4) y las consultas preliminares al mercado (artículo 115.1). Otra novedad relevante en materia de registros es la concerniente a la regulación de la presentación de facturas en registro electrónico. En efecto, la disposición adicional 32ª de la Ley 9/2017 establece que, antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único que, entre otras funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en que se presenten facturas por los subcontratistas al contratista principal y traslade dichas facturas al destinatario de las mismas conforme a la configuración para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de empresas. B. Organización de la gestión Existen, también, varias novedades en materia organizativa vinculada a la contratación pública: a) Las disposiciones adicionales 45ª y 46ª de la Ley 9/2017, contienen previsiones relevantes en relación con el Comité Técnico de Cuentas Nacionales: La DA 45ª establece que el Comité Técnico de Cuentas Nacionales2 , emitirá un informe sobre los efectos de la celebración del contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante, en relación con los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en los ámbitos del sector público autonómico y local, 1 El artículo 334 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, encomendaba a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, su puesta a disposición. 2 Creado por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Grupo de Contratos del Sector Público Nº 95 3 cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, o en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos3 . La disposición adicional 46ª por su parte prevé la remisión de información relativa a contratación del Sector Público Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas Nacionales, con un ámbito objetivo similar al previsto en la DA45, si bien en este caso el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales lo será en relación con los efectos de la celebración del contrato de que se trate tenga en las cuentas económicas de la Administración contratante. b) Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación El artículo 332 de la LCSP crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de Ley 40/2015, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina, integrada por un presidente y cuatro vocales independientes, actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional4. c) Oficina Nacional de Evaluación La Oficina Nacional de Evaluación, presidida por el presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, es un órgano colegiado integrado en esta última al que se atribuye el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, debiendo evacuar informe preceptivo: a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario. b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros 3 A tales efectos estos contratos deberán remitirse al citado Comité Técnico de Cuentas Nacionales. 4 A efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Subsecretaría del Departamento. Grupo de Contratos del Sector Público Nº 95 4 d) En materia de órganos consultivos: 1. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: se producen notables modificaciones en la regulación de la composición y régimen jurídico de este órgano. Entre otros, merecen mención los siguientes: — El apartado 2 del artículo 328 de la Ley 9/2017, que frente al parco artículo 324 TRLCSP –que remitía la regulación de su composición a disposiciones de rango reglamentario–, establece ahora que éste es un “órgano colegiado con composición abierta a la participación del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que serán de aplicación las disposiciones relativas a órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público” y, aunque remite la concreción de su composición una disposición de carácter general, señala que habrá de tenerse en cuenta que “el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formarán parte de la misma como vocales natos, con voz pero sin voto”. — la JCCPE elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda la información que enumera el apartado 4 del artículo 328 LCSP. — a las funciones que ya tenía atribuidas y que conserva, se añaden otras tales como la publicación de datos e-certis: así la DA 35ª pone a su cargo, la publicación y actualización en el depósito de certificados en línea e-Certis, la relación de bases de datos que contengan información relevante para la acreditación de las condiciones de solvencia y aptitud de los empresarios españoles a efectos de la contratación pública5 . — informará a la Comisión Europea y a los demás estados miembros de la dirección del citado registro, al que deberán remitirse las solicitudes de consulta por los poderes adjudicadores de los demás estados miembros, así como de cualquier otra información relativa al mismo 5 El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público constituirá la base de datos primaria de la información a la que se refiere el párrafo anterior. El Grupo de Contratos Públicos de Gómez-Acebo Pombo Abogados S.L.P. está integrado por Carlos Vázquez Cobos, José Luis Palma Fernández, Juan Santamaría Pastor, Pilar Cuesta de Loño, Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero. Para cualquier información adicional dirigirse a: José Luis Palma ( jlpalma@ga-p.com) o al Área de Derecho Público, Grupo de Contratos Públicos, Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P., Paseo de la Castellana 216, Madrid – 28046 (tel.: 915 829 204) © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. Los derechos de propiedad intelectual sobre el presente documento pertenecen a Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. No puede ser objeto de reproducción, distribución, comunicación pública incluida la puesta a disposición a través de internet, o transformación, en todo o en parte, sin la previa autorización escrita de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. Grupo de Contratos del Sector Público Nº 95 5 2. Comité de cooperación en materia de contratación pública Por otro lado, se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, un Comité de cooperación en materia de contratación pública, para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas Administraciones Públicas, conforme a los principios del artículo 140 de la Ley 40/2015. Entre las muchas funciones que el artículo 329 LCSP le encomienda merecen mención las siguientes: — Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones Públicas en relación con las normas de la contratación pública. — Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública que se someterá a la aprobación de la Oficina de Supervisión de la Contratación. — Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación, así como elaborar una metodología básica común para las mismas. — Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Pú- blico y del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. — Coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector público y de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las directivas comunitarias en la materia e) En otro orden de cosas, se ha creado, recientemente –por Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo– la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, reveladora de la importancia que la Ley 9/2017 otorga a la inclusión de aspectos sociales en la contratación e instrumento al servicio de la consecución efectiva de los fines que el nuevo texto legal se propone.
Las denominadas cláusulas sociales en la contratación pública: supuestos y límites *
Facturación electrónica en la contratación pública (G.C.S.P. N.º 53) * - European Union