Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683481
Timestamp: 2019-05-19 21:30:59
Document Index: 209637677

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 237', 'ARTÍCULO 369', 'Artículo 8', 'artículo 237', 'artículo 369', 'artículo 66', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 235', 'artículo 235', 'artículo 237', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 52', 'artículo 369', 'artículo 369', 'artículo 17']

PREOCUPACIÓN POR FALTA DE INSTANCIAS PARA TRATAMIENTO OBLIGATORIO A PERSONAS ADICTAS A DROGAS. OFICIO
NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA PARA PACIENTES DE ZONA SUR DE CHILE. OFICIOS
ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS POR ABUSO DE SISTEMA PÚBLICO DE SALUD POR PARTE DE MUTUALES DE SEGURIDAD. OFICIOS
ASOCIACIÓN POTENCIAL ENTRE DERIVACIÓN TARDÍA Y FALLECIMIENTOS DE PACIENTES EN LISTAS DE ESPERA. OFICIO
HOMENAJE A FALLECIDOS EN INCENDIO DE PUTÚ, COMUNA DE CONSTITUCIÓN (2007), PERTENECIENTES A CARABINEROS, CONAF Y BOMBEROS DE CHILE. COMUNICACIONES
PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BIANCHI, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PARA IMPEDIR LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE CIERTOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. BOLETÍN Nº 11.586-07
PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES LETELIER, QUINTANA Y WALKER (DON PATRICIO), PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 369 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL ENCUBRIMIENTO DE DELITOS SEXUALES EN CONTRA DE MENORES DE EDAD. BOLETÍN Nº 11.588-07
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica (11.467-07) (se aprueba en general y en particular)..............................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y les otorga el derecho a percibir la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882, en la forma que indica (11.585-05) (se aprueba en general y en particular).....................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (11.175-01) (se aprueba en general)...............................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises (9.452-09) (se aprueba el informe de la Comisión Mixta).....................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (10.785-03) (se aprueba en particular).......................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres (9.322-13) (se aprueba en particular).......................
Preocupación por falta de instancias para tratamiento obligatorio a personas adictas a drogas. Oficio (Observaciones del Senador señor Letelier)...........
Necesidad de habilitación de centro de trasplantes de médula ósea para pacientes de zona sur de Chile. Oficios (Observaciones del Senador señor De Urresti)..............................................................................
Acciones judiciales y administrativas por abuso de sistema público de salud por parte de mutuales de seguridad. Oficios (Observaciones del Senador señor Navarro)..........................................................................
Asociación potencial entre derivación tardía y fallecimientos de pacientes en listas de espera. Oficio (Observaciones del Senador señor Navarro)............
Homenaje a fallecidos en incendio de Putú, comuna de Constitución (2007), pertenecientes a Carabineros, CONAF y Bomberos de Chile Comunicaciones (Observaciones del Senador señor Coloma)...................
Concurrió, además, el Ministro de Agricultura , señor Carlos Furche Guajardo.
Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria de Hacienda, señora Macarena Lobos Palacios, y el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal , señor Aarón Cavieres Cancino.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 64ª y 65ª, especiales del 23 y 24 de noviembre de 2017, respectivamente; 80ª, ordinaria, en 16 de enero de 2018; 81ª, especial, y 82ª, ordinaria, ambas en 17 de enero de 2018.
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el cual comunica que ha decidido retirar de tramitación la propuesta que formulara para nombrar como Director de la Empresa Televisión Nacional de Chile al señor Jorge Andrés Richards Rojas, por el período que indica (boletín N° S 1.940-05).
-Artículos 18, 21, 25, 50, 61 y siguientes del Código Penal.
-Artículo 8, inciso primero, de la ley N° 17.322, que fija normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
Adjunta respuesta, frente a una interrogante formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el destino del puente mecano de la Región del Biobío.
Contesta requerimiento, manifestado en nombre del Senador señor Quinteros, en relación con la situación de las comunas de la Región de Los Lagos en materia de aguas lluvias.
Anexa datos relativos a pormenores de la ludopatía en nuestro país; materia solicitada por el Senador señor Navarro.
Informa sobre diversos aspectos relativos al servicio de agua potable de la ciudad de Puerto Natales; consulta expedida en nombre del Senador señor Bianchi.
Responde petición, requerida en nombre del Senador señor Navarro, acerca del "Plan Conce Respira".
Comunica datos sobre el número de tenencias y comisarías ubicadas en la Región del Biobío; solicitud formulada en nombre del Senador señor Navarro.
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 237 del Código Procesal Penal para impedir la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento respecto de ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos (boletín Nº 11.586-07).
De los Senadores señora Allende y señores Letelier, Quintana y Walker (don Patricio), con la que comienzan un proyecto de ley para modificar el artículo 369 quáter del Código Penal con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad del encubrimiento de delitos sexuales en contra de menores de edad (boletín Nº 11.588-07).
Con el primero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10.217-15).
Con el segundo comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre Educación Superior (boletín N° 10.783-04).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Terminada la Cuenta
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Solicito autorización para que la Subsecretaria de Hacienda, señora Macarena Lobos, ingrese a la Sala.
En el primer lugar del Fácil Despacho figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial , con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
El principal objetivo del proyecto es establecer mejores condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios del Poder Judicial que están en edad de pensionarse por vejez.
Señor Presidente , solicito que se recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión Bicameral del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional pueda sesionar en paralelo con el Hemiciclo de la Corporación a partir de ahora y, a la vez, pedirle que se abra la votación del proyecto recién relatado por el señor Secretario.
El problema, señor Senador, es que tenemos que votar los dos asuntos que figuran en Fácil Despacho, más el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal.
En discusión general el proyecto que otorga incentivo al retiro para los funcionarios del Poder Judicial .
Se entendería aprobado en general y en particular y despachado por el Senado.
En seguida figura en Fácil Despacho el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y les otorga el derecho a percibir la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882, en la forma que indica, con certificado de la Comisión de Hacienda.
El principal objetivo del proyecto es incorporar a los funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional al régimen de retiro voluntario que contempla el Título II de la ley N° 19.882, otorgando, además, una bonificación adicional, un bono por antigüedad y un bono por trabajo pesado para los funcionarios y funcionarias que cumplan los requisitos establecidos.
Hago presente que este proyecto establece los mismos requisitos y sistema que el de la ANEF, el cual otorga beneficios para los empleados públicos. Es decir, no contempla ningún privilegio adicional ni especial.
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.175-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 69ª, en 5 de diciembre de 2017 (se da cuenta).
Agricultura: sesión 82ª, en 17 de enero de 2018.
-Crear el Servicio Nacional Forestal como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.
-Mejorar el sistema de protección contra los incendios forestales con una normativa especial, que incluye la prevención, monitoreo, detección, control y extinción de los mismos, además de la restauración de las zonas afectadas.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señores García, Harboe, Matta y Quinteros y se abstuvo el Senador señor Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 60 a 87 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente , deseo pedirle a la Mesa que recabe la autorización de la Sala para que pueda funcionar en paralelo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la cual estamos tratando de despachar el proyecto que moderniza el SERNAPESCA.
Hay acuerdo en la Comisión.
Si no hubiera objeción,...
En discusión general el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal.
Señor Presidente , esta iniciativa se viene a hacer cargo de la situación que hoy día vive la Corporación Nacional Forestal. Tanto la Contraloría General de la República como el Tribunal Constitucional nos han venido advirtiendo, a partir del año 2008, que la actual CONAF, por ser una corporación privada, no puede cumplir fines públicos, ni dictar normas y supervisar su cumplimiento, ni menos aún sancionar su inobservancia.
Por lo tanto, lo primero que hace este proyecto es abordar aquello, creando un servicio con potestades públicas y resolviendo, por fin, lo que nos ha venido planteando -reitero- tanto el Organismo Contralor cuanto el Tribunal Constitucional. En ese sentido, creo que hay poderosas razones para votar a favor la idea de legislar.
En segundo lugar, señor Presidente, la iniciativa contempla normas importantes que representan un avance en el combate contra los incendios forestales.
Todos hemos sido testigos de las dramáticas situaciones que se han vivido en las últimas temporadas. El fuego ha consumido miles de hectáreas de bosque nativo, de bosque exótico, en predios privados, en parques y reservas nacionales. Por ende, todo lo que signifique contar con mayores instrumentos y herramientas para combatir el fuego es, por supuesto, algo tremendamente útil.
Me parece, señor Presidente , que nosotros debemos dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Sala. En mi condición de Presidente de la Comisión de Agricultura , les he dado a los funcionarios de la CONAF (algunos sindicatos se han manifestado a favor; otros, en contra) la seguridad de que lo resuelto por el Hemiciclo será respetado en cuanto a que, una vez aprobada la idea de legislar, se fijará plazo para presentar indicaciones y el proyecto será visto en particular por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente.
¿Por qué es tan importante esto? Porque esta iniciativa, que despacharemos en general, contiene una disposición, aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que establece que los parques nacionales se mantendrán bajo la administración de la CONAF, en este caso, del nuevo Servicio Nacional Forestal.
Ahora bien, el otro proyecto de ley relacionado con el medio ambiente, que es el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dispone que la administración de los parques y los funcionarios que trabajan en dicha administración -entre ellos, por supuesto, los guardaparques- serán traspasados al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, bajo la supervisión del Ministerio de Bienes Nacionales, luego de tres años de promulgada la ley.
Ahí, claramente, hay una contraposición de normativas, por lo que las autoridades deberán decidir quién va a administrar, en definitiva, los parques nacionales: el nuevo Servicio Nacional Forestal, o el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de una definición muy central, que, por lo demás, tiene muy inquietos a muchos de los trabajadores de la actual Corporación Nacional Forestal.
Por eso, señor Presidente , soy partidario de aprobar este proyecto. Y llamo a las señoras Senadoras y Senadores a votar a favor de la idea de legislar. Esta es una iniciativa demasiado importante para la institucionalidad del país. Pero es indudable que en la discusión particular deberemos tener presentes las distintas circunstancias que nos plantearon diversos actores durante el debate que desarrollamos en estas pocas semanas.
Señor Presidente , la riqueza forestal de nuestro país, especialmente la de las regiones del centro y el sur, impone el desafío de contar con una institucionalidad moderna, que se haga cargo de ella en todas sus dimensiones: ambiental, social y económica.
Por años, como lo manifestó el Presidente de la Comisión , la institucionalidad ha estado congelada, producto del carácter de corporación de derecho privado que tiene la CONAF, lo cual impide radicar en ella nuevas potestades públicas.
Ha habido diferentes intentos para salvar esta situación, pero se han frustrado por la falta de acuerdos suficientes que los sustenten. Hoy día, sin embargo, existen todas las condiciones para emprender con éxito dicha tarea.
Un amplio consejo de política forestal, en que participan todos los actores relevantes de este sector (académicos; sociedades científicas; gremios de la pequeña, mediana y gran empresa; propietarios de bosques y silvicultores; contratistas; organizaciones campesinas, profesionales y sindicales, así como ONG), ha reiterado en estos días que "contar con un servicio forestal de carácter público, sucesor de CONAF, constituye un objetivo central y prioritario del país en su conjunto, prioridad que se tornó urgente después de los devastadores incendios forestales que azotaron a la zona central del país en el verano de 2017, justamente hace un año atrás".
Por su parte, las organizaciones sindicales suscribieron, en agosto del último año, un protocolo de acuerdo junto a autoridades de la CONAF y de la Dirección de Presupuestos para poder destrabar la tramitación legislativa de este proyecto, protocolo que garantiza los derechos y beneficios de todos los trabajadores que sean traspasados al nuevo Servicio, muy especialmente la continuidad laboral de todos ellos.
Por otro lado, cabe señalar que durante la tramitación de la iniciativa por primera vez el Gobierno ha asignado recursos -sobre 2 mil 500 millones de pesos- para el fortalecimiento de la carrera funcionaria.
Asimismo, el proyecto ha incorporado diversas normas para reforzar el sistema de prevención y combate de los incendios forestales, sin perjuicio de la necesidad de dictar más adelante una ley integral sobre la materia.
Del mismo modo, esta iniciativa se hace cargo de llenar el vacío que existe actualmente por la falta de regulación de las zonas de contacto entre las áreas urbanas y de cultivo forestal, y que tan dramáticamente pudimos comprobar el verano recién pasado.
Por último, hay que destacar que todos los sectores políticos, de Gobierno y Oposición, han expresado su voluntad de apoyar el proyecto. En definitiva, este cuenta con todos los respaldos políticos, sectoriales, sindicales y financieros para ser aprobado por el Congreso Nacional.
Como nunca antes, existe también un sentido de urgencia en la sociedad, que ha desarrollado una conciencia especial para enfrentar los efectos del cambio climático, en particular los riesgos de los incendios forestales.
No podemos desaprovechar, entonces, esta oportunidad única, en que se ha logrado reunir todas las condiciones para avanzar en la materia.
Confío en que el nuevo Gobierno dará continuidad a este esfuerzo, que ha costado tantos años, y recogerá los lineamientos de la política forestal que el consejo amplio ha creado para este efecto, formulada para un horizonte de veinte años. Así podrá demostrar con hechos su intención de llegar a acuerdos, con un criterio de unidad nacional, única manera de avanzar en las cuestiones más relevantes, dentro de las cuales se inscribe, sin duda, la protección, conservación, manejo, desarrollo y uso sustentable de nuestros bosques y formaciones vegetacionales.
Votaré a favor, señor Presidente .
Señor Presidente , en su momento pedí la palabra para plantear un tema de reglamento, pero desgraciadamente no se me la otorgó.
Era para ver la posibilidad de tratar sobre tabla y como si fuera de Fácil Despacho el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises, aprobado transversalmente por los integrantes de nuestra Comisión de Recursos Hídricos.
La idea sería despacharlo sin debate...
Una vez que hayamos terminado la discusión de este proyecto comenzaremos la discusión del informe indicado.
Se ha pedido recabar autorización para que entre a la Sala el señor Aarón Cavieres, Director Ejecutivo de la CONAF .
Señor Presidente , con la creación del Servicio Nacional Forestal al fin estamos generando una institucionalidad constitucionalmente adecuada para la autoridad estatal en materia forestal. Como todos sabemos, la CONAF es una corporación privada que ejerce funciones públicas. Esto, sin duda es inconstitucional, e incluso así fue advertido por el Tribunal Constitucional, pero lo más significativo es que afecta la relevancia que se debe dar a los temas forestal y de incendios en nuestro país.
Espero que este nuevo Servicio sea dotado de estructura y, sobre todo, de recursos para hacer frente de verdad a sus importantes labores de velar por la conservación, protección, preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable de los bosques, de formaciones vegetacionales de Chile y de los componentes de la naturaleza asociados a estas.
En cuanto a los recursos, quiero hacer notar la insuficiencia de la CONAF para el manejo de los incendios forestales. Esta será una de sus principales funciones y estará regulada en un amplio Título VI de la ley en proyecto.
Casos de grandes desastres forestales en que los dineros de la CONAF fueron insuficientes han sido muchísimos en los últimos años. Basta recordar los siniestros que arrasaron con el centro sur de nuestro país el último verano, en que hubo que recurrir a ayuda extranjera para intentar detenerlos, o los que afectaron al Parque Nacional Torres del Paine en el 2005 y el 2012. Estos son claros ejemplos de una total carencia de recursos humanos y técnicos por parte de la CONAF para afrontar los incendios forestales, cuestión que sin duda debe ser mejorada sustancialmente.
Un tema, señor Presidente , que es de mi mayor preocupación, es quién tendrá la responsabilidad del manejo de las áreas protegidas en nuestro país.
Originalmente, este proyecto contemplaba que dicha tuición se mantendría en manos de este Servicio hasta la aprobación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sin embargo, en la Cámara de Diputados -como se ha explicitado anteriormente en esta sesión- se modificó el artículo noveno transitorio, estableciéndose que será el Servicio Nacional Forestal el que continuará administrando y supervigilando el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas solo podrá administrar y supervigilar las áreas silvestres protegidas que sean creadas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Respecto a ese cambio efectuado por la Cámara de Diputados no puedo estar más en desacuerdo, porque según esto el Parque Nacional Torres del Paine, que es nuestro principal atractivo para el mundo en materia de naturaleza y belleza, continuará siendo administrado por un organismo que ha demostrado ser incapaz de cumplir de manera correcta su labor, ya que la cantidad de funciones que actualmente desarrolla la CONAF, que son las que tendrá el Servicio que se crea, sin duda le impiden cumplir adecuadamente una labor fundamental y que debe estar a cargo de una entidad distinta y con dedicación exclusiva en materia de conservación de áreas silvestres protegidas.
Otro aspecto referido a ello, que igual resulta preocupante, dice relación con lo acontecido hace ya algún tiempo en el Parque Nacional Rapa Nui, el cual fue entregado por la Presidenta Bachelet en concesión por 50 años a la comunidad Ma'u Henua , en Isla de Pascua.
Sin lugar a dudas, este caso generará un precedente que motivará a muchas comunidades a solicitar lo mismo.
Sobre el particular, creo que es un tema que no estamos abordando en este proyecto pero que sin duda nos tocará estudiar y regular prontamente, ya que a pesar de que es muy positivo que las comunidades participen en el cuidado de sus parques y reservas naturales, esto debe ser dentro de un marco que dé garantías de que dicha administración sea efectuada en forma adecuada y eficiente. De no ser así, obviamente entraremos en una situación que puede ser del todo compleja respecto a nuestro patrimonio natural.
Por último, señor Presidente , quiero referirme a los trabajadores de la CONAF, quienes siempre me han mostrado su preocupación por esta iniciativa que crea la denominada "CONAF Pública", ya que temen que sus derechos laborales no queden garantizados.
Afortunadamente, aquellos se encuentran absolutamente resguardados, pues el Gobierno ha dado garantías de que el proceso de traspaso asegurará los derechos laborales de los trabajadores de la actual CONAF, lo que sin duda es una muy buena noticia para estos y también para nosotros.
Anuncio que voy a votar positivamente este proyecto de ley.
Señor Presidente, quiero solicitar que se pida la anuencia de la Sala para dos cosas.
Primero, para fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno y polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena, hasta el 1° de marzo de este año (boletín N° 9.133-12).
Y, en segundo lugar, en cuanto a la iniciativa que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato por obra o faena (boletín N° 7.691-13), que fue aprobada por la Comisión de Trabajo, la Sala había acordado tramitarlo primero en ese órgano técnico y después en el de Agricultura. Sin embargo, por ser una materia propia del Código del Trabajo, quiero solicitar que solamente se discuta en la Comisión de Trabajo.
Para lo primero sí, pero no para lo segundo.
Que lo segundo se someta a votación.
Aprobada la primera petición.
Con posterioridad, someteremos nuevamente al parecer de la Sala la segunda solicitud de la Senadora señora Goic.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero poner en contexto lo que hoy día estamos discutiendo.
Esta es una iniciativa que evidentemente el país necesita, porque como bien se ha dicho aquí en la Sala de manera ya reiterada, actualmente tenemos una CONAF que cumple funciones públicas sin ser un organismo público, lo cual siempre ha generado una sensación de dualidad y varios dictámenes de la Contraloría que le impiden seguir cumpliendo funciones públicas siendo un organismo privado.
Ello evidentemente es una contradicción.
Yo quiero señalar que Chile -ese es el contexto al cual hago referencia- es uno de los territorios más vulnerables respecto al cambio climático, por su geografía, por sus características socioeconómicas, por su evidente nivel de desigualdad y por su creciente escasez hídrica.
Como naturalmente estamos sujetos a estas características, este país debiera estar legislando más que ningún otro en materias tan trascendentales como la creación del Servicio Nacional Forestal y del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Pero no como está ocurriendo.
En ese sentido, quiero señalar mi profunda desazón, y la verdad es que no voy a ocupar otra palabra sino "molestia", porque durante los cuatro años de tramitación en la Comisión de Medio Ambiente del proyecto que establece el Servicio de Biodiversidad el Gobierno nunca le puso la urgencia necesaria para avanzar. Y esto era un compromiso de la Presidenta Bachelet .
En tal sentido, como Comisión de Medio Ambiente nos sentimos particularmente molestos. Creemos que si bien estos cuatro años de trabajo no han sido en vano, ya que hemos podido escuchar a mucha gente y perfeccionar la propuesta, como corresponde a una iniciativa de esta magnitud, sentimos una gran frustración por no seguir avanzando. Y esto se debe exclusivamente a la falta de voluntad de este Gobierno, ¡mi Gobierno!
Quiero reiterar la molestia que nos produce que no se permita que la Presidenta cumpla con su compromiso. Esto significa no entender que los países de la OCDE han dicho reiteradamente que Chile requiere una ley sobre biodiversidad y que vayamos avanzando en profesionalismo en el cuidado de las áreas silvestres protegidas y la biodiversidad, lo cual nos hace mucha falta.
Cuesta comprender cómo en un país con este nivel, incluso con lo que ha hecho la Presidenta en el último tiempo, en que logramos un verdadero récord en creación de áreas protegidas, como las marinas, por ejemplo, no se ha establecido un Servicio como el de la Biodiversidad.
Y, además, a mí me parece profundamente erróneo que se aprobara, como se ha dicho acá, que las actuales áreas silvestres protegidas queden a cargo de la CONAF.
A mi juicio, eso es un error, así como también que las futuras áreas protegidas pasen a estar a cargo del eventual nuevo Servicio que se va a crear.
Creo que esta no es la manera de legislar.
Estamos cometiendo un profundo error. Estamos dejando de lado el que, de una vez por todas, sea la Cartera del Medio Ambiente la encargada de la tuición de las áreas protegidas, con el profesionalismo y la dedicación que corresponden.
Tengo el mayor respeto por el trabajo que hacen los trabajadores de la CONAF. Es más, es cosa de ver todos los años su actuación ante los incendios y el sacrificio que realizan para tratar de aminorar situaciones tan dramáticas como las que les ha tocado vivir en distintas regiones, como hace un tiempo conocimos en la Región de Valparaíso.
Sin embargo, eso no obsta a que en este momento yo deba expresar mi malestar por que hoy día esté ocurriendo esta situación.
Habría sido mucho más deseable que nosotros discutiéramos en paralelo la creación de ambos organismos o, como lo habíamos acordado, que primero estudiáramos el establecimiento del Servicio Nacional de la Biodiversidad y después el del Servicio Nacional Forestal.
Lamentablemente, se ha incurrido en esta contradicción, que no nos hace bien, porque estamos generando dualidades confusas o derechamente -por decirlo de alguna manera- entregando funciones o atribuciones al Servicio Nacional Forestal que son más propias del Servicio Nacional de la Biodiversidad.
Como es natural, el primero tiene diversas e importantes funciones que cumplir, pero no era necesario incorporar esta dualidad que origina una confusión que, a mi juicio, no debería darse.
Además, pienso que tendría que existir un verdadero Cuerpo de Guardaparques de las Áreas Protegidas del Estado de Chile, con mucha formación, capacitación y profesionalismo.
Hoy día los guardaparques tienen que fiscalizar, controlar el ingreso de los visitantes, impartir educación ambiental, mantener la infraestructura e, incluso, hacer el aseo en determinadas zonas, lo que no corresponde.
Ojalá que, de una vez por todas, seamos capaces de dignificar como país una función de esta naturaleza, que básicamente apunta a proteger y a cuidar nuestras áreas protegidas. Para eso se requiere generar este Cuerpo de Guardaparques, tal como he señalado.
Señor Presidente , a mí realmente me duele hacer esto, pero debo ser franca y expresar que ha sido errónea la manera de proceder del Gobierno y la forma en que esto se está dando.
Por lo tanto, en el entendido de que no podemos seguir extendiendo las funciones públicas de la CONAF, siendo lo que es hoy día, anuncio que me voy a abstener como un acto de protesta para que el Gobierno entienda que cometió un profundo error al no haber sido capaz de ponerle urgencia al proyecto que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad; al no haber sido capaz de impulsarlo para cumplir con un compromiso de la propia Presidenta Bachelet ; al no haber sido capaz de entender que llevamos cuatro años trabajando intensamente con el Ejecutivo , con los Ministros, con sus asesores, en una iniciativa que ha sido aprobada por nosotros.
Al momento final, el Gobierno careció de voluntad para ponerle la urgencia que nos permitiera terminar su tramitación.
Aprovecho de saludar a los miembros del Club de Adulto Mayor Las Violetas, de la comuna de Recoleta, que hoy día nos acompañan y que han sido invitados por el Senador señor Navarro.
Señor Presidente , sería bueno precisar que dentro de ese grupo de adultos mayores viene la mamá del Senador Alejandro Navarro (según él me acaba de indicar), a quien saludo.
¡Una santa madre...!
¡Santa paciencia...!
¡Qué paciencia...!
¡Evitemos el nepotismo...!
Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, creo que estamos ante un momento definitivo, luego de mucho tiempo de bregar, y frente a un compromiso que hicimos hace un año.
Quiero recordar que en esa fecha nuestro país sufría quizás el incendio más grande que haya conocido nuestra historia, que abarcó varias regiones, decenas de comunas, y que dejó miles de millones de pesos en pérdidas, causando una enorme conmoción.
Esa catástrofe fue una bofetada a nuestra sociedad, y puso en evidencia, primero, el cambio climático brutal que sufre Chile; segundo, un modelo forestal que ha generado monocultivos en importantes zonas de nuestro territorio, que expanden y amplifican los incendios, y, tercero, una institucionalidad que no se hallaba a la altura.
Y a la CONAF, con toda su historia y con todo el reconocimiento que merece -soy un conocedor de esta institución-, no podíamos pedirle que fuera la primera frontera para combatir los incendios.
Vimos que el país fue sobrepasado.
Reconozco a las decenas de brigadistas forestales de la CONAF que hicieron tremendos esfuerzos -además de carabineros, bomberos y miembros de la sociedad civil-; pero nos dimos cuenta de que necesitábamos tener una institucionalidad a la altura.
Valoro en eso la labor del Ministerio de Agricultura y principalmente de la CONAF, a través de su Director Nacional y de todo su personal, porque son instituciones que hacen lo correcto cuando no trepidan en enfrentar una conmoción de esa naturaleza.
Todos lo resolvimos, con ayuda, pero nos dimos cuenta de la necesidad que señalé.
Y hubo un compromiso de la Presidenta de la República, y creo que de todos los actores políticos, en el sentido de decir: "Vamos a hacer un esfuerzo en materia de la CONAF para tener una nueva institucionalidad. Ello, a fin de que no nos encontremos con situaciones que lamentar en una nueva temporada veraniega".
¡Y ese es el compromiso!
Por eso me parece fundamental avanzar y aprobar el proyecto, que no es todo lo que nosotros quisiéramos.
Que haremos observaciones, ¡absolutamente!
Que esa institución tendrá que dialogar con el Servicio de la Biodiversidad, ¡perfecto!
Pero, ¡por favor!, no solo el Gobierno tiene que actuar poniéndole urgencia a las iniciativas. También nosotros, en las Comisiones, debemos darle el ritmo a cada uno de los proyectos que queremos impulsar. Es ahí donde tenemos que trabajar.
Entonces, me parece que hoy día corresponde apoyar esta iniciativa, revisarla en el trámite que corresponde en la Comisión especializada y terminar la actual legislatura con un Servicio Nacional Forestal.
Primero, para los trabajadores de la CONAF a lo largo de todo Chile, que esperan hace largo tiempo este proyecto.
En segundo lugar, para la comunidad, a fin de entender la división y la focalización de las competencias.
En tercer término, para que no nos encuentre nuevamente un evento devastador, un incendio nacional o de amplia extensión, con una institucionalidad que no resiste, que carece de herramientas para enfrentarlo.
¡Ese fue el compromiso!
Y yo al menos voy a honrar la palabra que la Presidenta de la República comprometió. Ella, en nombre de todo el país, no solo de su Administración -esto no estaba en el Programa de Gobierno original-, se adaptó a esta situación, y llegamos al consenso de que no podíamos seguir esperando.
Por lo tanto, valoro el trabajo que se ha hecho, especialmente en la Comisión de Agricultura, para ir avanzando en este proyecto. Los colegas que ahí participaron recibieron distintas informaciones. Tenemos un conjunto de nuevas herramientas y hemos progresado.
Cuando nosotros queremos sacar todos los proyectos y supeditar alguno en función de otro, muchas veces no hacemos ni lo uno ni lo otro.
Creo que hoy día damos la señal de una CONAF pública; de un Servicio Nacional Forestal de nueva generación, con respeto absoluto a los derechos de los trabajadores, focalizado en sus funciones, y que incorpora nuevos elementos.
Yo destacaba el arbolado urbano, que a mi juicio es algo fundamental. Antiguamente, la CONAF era la impulsora del decreto ley N° 701, y la que también manejaba ese incentivo. Hoy día tiene un conjunto de funciones establecido claramente en la ley que, sin lugar a dudas, hace abrigar la esperanza...
Decía que esas funciones nos hacen abrigar la esperanza de tener una nueva institucionalidad.
Quiero comprometer la mejor disposición para sacar este proyecto durante lo que resta de la actual legislación: trabajar con todas las fuerzas en enero de 2018, y en lo que corresponda en marzo, de vuelta del receso parlamentario, para poder convertirlo en ley.
Pienso que es un compromiso, es un legado que debemos dejar como Parlamento para que -insisto- no nos encuentre un nuevo incendio con una institucionalidad que no esté a la altura.
Señor Presidente , brevemente, me referiré a algunas cosas.
En primer lugar, rindo un homenaje a todos los trabajadores de la CONAF y también a quienes la fundaron en un período histórico muy distinto. Recordemos que esto ocurrió en el contexto de los años 60 en nuestro país, en que hubo hombres visionarios, que eran parte de ese movimiento del Gobierno del Presidente Frei Montalva , personas extraordinarias. Su acto de fundación se hizo, en su momento, en la Región de O´Higgins.
Señor Presidente , Honorable Sala, la precariedad con que vemos a la CONAF, con esta naturaleza jurídica híbrida y con las dificultades para enfrentar adecuadamente los incendios forestales, demuestra la ineludible necesidad de avanzar en la dirección planteada por el proyecto de ley.
Como debe de haber ocurrido con muchos otros parlamentarios, a mí me tocó constatar que efectivamente, frente al avance de la desertificación y la sequía, en que la posibilidad de incendios forestales no se radica solo en la temporada estival ni en determinadas zonas geográficas de nuestro país, pues los siniestros se pueden extender a otros lugares, como ocurrió en los últimos veranos -se ha anunciado para esta temporada estival la probabilidad y el riesgo de que ocurran incendios de envergadura similar-, se hace necesario contar con equipos contratados de manera permanente y no solo, como se ha hecho costumbre, apoyarse en brigadas empleadas en las temporadas de riesgo.
De igual forma, es preciso velar por las rentas de esos funcionarios.
Hemos visto cómo después de un verano duro (el recién pasado) los funcionarios recibieron a destiempo las remuneraciones por sus servicios. Además, ni siquiera contaban con los equipos necesarios para enfrentar las emergencias forestales vividas a lo ancho y largo de nuestro país.
Eso demuestra, además, que es indispensable cambiar la naturaleza jurídica de la CONAF.
Por otra parte, debemos velar por que haya los recursos técnicos necesarios para enfrentar las emergencias.
También hay que contar con equipos humanos altamente calificados, con buenas rentas y contratados durante todo el año y no solo para determinadas épocas del año.
Fuimos testigos, cuando se producían emergencias forestales en determinadas regiones, de cómo se trasladaba a la mayoría de los funcionarios de una región a otra y cómo aquellas quedaban prácticamente desprotegidas.
Por ejemplo, tuvimos cuatro, cinco, seis incendios forestales en paralelo en la Región de Valparaíso, y para enfrentar esas emergencias se requirieron brigadas forestales de la Región de O´Higgins y de otras regiones. Incluso se tuvo que recurrir al Ejército para combatir en algunas regiones de nuestro país esas catástrofes forestales.
Más de 36 comunas de nuestro país se encuentran en una situación bastante dramática, pues están en riesgo de incendios forestales debido, básicamente, a la ausencia de medidas concretas.
En tal sentido, los cuatro Senadores de la Región de Valparaíso y colegas de otras regiones hemos planteado no seguir promoviendo, por ejemplo, la plantación de especies arbóreas altamente combustibles. Hemos presentado proyectos de ley que no han tenido tramitación o urgencia legislativa.
Hemos visto cómo las laderas de los cerros son focos de riesgo de incendios, por ejemplo, en Valparaíso. Hemos denunciado el tema y lo hemos trabajado en la Comisión Especial por Incendio de Valparaíso. Y el escenario se repite en otras regiones de nuestro país. Todo esto finalmente se traduce en presentación de proyectos ante el Congreso Nacional -incluso, el propio Senador Zaldívar ha formulado iniciativas de esa naturaleza-, pero que terminan sin la tramitación, sin la urgencia respectiva. Y cuando se extinguen los incendios, vemos cómo se postergan las urgencias legislativas.
Por ello es tan importante avanzar en esta materia.
En consecuencia, vamos a apoyar decididamente este proyecto de ley, más allá de lo que pase con el proyecto sobre biodiversidad, que está en el Parlamento y esperamos que también se le fije urgencia.
Pero cambiar la CONAF a un servicio de carácter público, con recursos, con capacidad para que el Estado se haga responsable y que no sea una institución de naturaleza híbrida la que se haga cargo de una emergencia, sin lugar a dudas, es algo sobre lo que es urgente legislar.
Señor Presidente , quiero destacar que este proyecto de ley, en primer trámite legislativo, crea una corporación de carácter público, lo cual resulta muy importante, pues le permite contar con facultades para dictar normas, fiscalizar y sancionar, potestades que el Tribunal Constitucional objetó hace una década.
Lo anterior nos permite tener una mirada a largo plazo. Además, es necesario para el Estado chileno a fin de tener una institucionalidad más sólida que responda, sobre todo, a la realidad del cambio climático, al desarrollo forestal y a la prevención y protección de los bosques, particularmente por los recientes incendios forestales.
En esta iniciativa queda un poco en el aire lo relativo a la administración de parques, pues algunos piensan que debería corresponder al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de una discusión abierta.
En todo caso, deseo destacar que el objetivo del proyecto es crear el Servicio Nacional Forestal como servicio público descentralizado -esto también se agradece- sometido a la supervigilancia del Primer Mandatario a través del Ministerio de Agricultura.
Además, su finalidad será trabajar por el uso sustentable de las formaciones vegetacionales de nuestro país y mejorar el sistema de protección contra incendios forestales.
Destaco que esta institución debe basarse en el principio de la conectividad con distintos otros servicios a través de la intersectorialidad y mediante la búsqueda de alianzas público-privadas.
Asimismo, se le entrega ahora sí la facultad de fiscalización, incluso con capacidad de querellarse, así como la de establecer planes y programas vinculantes, potestad que quedó trunca desde 2008 cuando el Tribunal Constitucional la objetó por las características de CONAF: como no se trataba de una entidad pública, sino de una de derecho privado, le negó la facultad de ejercer funciones que hoy son esenciales.
Por otra parte, quiero hacer presente que quedan algunos temas pendientes en materia de los trabajadores que serán traspasados desde la CONAF al nuevo servicio. Entiendo que los protocolos todavía requieren algún grado de madurez, a pesar de existir algunos acuerdos ya firmados.
Pero todavía se mezclan obligaciones que responden al Código del Trabajo, al decreto ley N° 249, de 1974, sobre Escala Única de Sueldos , y a las normas de probidad.
Me parece que eso se debería despejar, pues entendemos que estamos aprobando la idea de legislar.
Por último, solicito que durante la discusión en particular este proyecto sea visto además por la Comisión de Medio Ambiente por expresa petición de algunos sectores, al menos de trabajadores.
Señor Presidente , también pido que este proyecto pase a la Comisión de Medio Ambiente, pues queremos que se fiscalice y que las normas estén armonizadas con las disposiciones medioambientales. Así ocurrió con anterioridad, pues es de larga data que algunos proyectos se vean en Comisiones unidas.
Todos sabemos que la CONAF fue objetada por el Tribunal Constitucional en julio de 2008 por su condición híbrida.
Pero su historia se remonta mucho más atrás.
Fue creada en el gobierno de Salvador Allende.
Guillermo Julio y Homero Altamirano fueron sus primeros directores.
Proviene de la Corporación de Reforestación.
Se crea en un momento histórico muy importante.
Luego llegó Ponce Lerou y se dictó el decreto ley N° 701, que favoreció ampliamente al sector forestal de especies exóticas.
Más tarde se dictó la ley N° 18.348, de 1984, que creó la Corporación Nacional Forestal de Protección de los Recursos Naturales Renovables. Pero no se fijó la planta.
Si eso hubiera ocurrido, tendríamos una corporación de derecho público. Pero es una ley de 1984, que tramitó la junta de gobierno en ese tiempo, es decir, nunca se discutió en el Congreso Nacional.
Lo cierto es que hoy tenemos la oportunidad de contar con algo que hemos anhelado por mucho tiempo: una CONAF pública que fiscalice y proteja, que tenga amplias atribuciones y que efectivamente dé cuenta del histórico sacrificio de sus trabajadores, que con muy pocos recursos y grandes dificultades han llevado adelante la tarea de proteger, dentro de sus posibilidades, el bosque nativo, los recursos naturales y nuestros parques nacionales.
El Servicio Nacional de la Biodiversidad asumirá un conjunto de funciones. Pero tengo la legítima duda de si podrán ejercerlas, en circunstancias de que la experiencia la tiene la CONAF.
Pregunté si había acuerdo con los trabajadores. Me respondieron en la Comisión de Medio Ambiente que sí.
Yo tengo en mis manos dos cartas: una firmada por el Consejo Nacional de Guardaparques, cuerpo de guardaparques, áreas protegidas del Estado, y otra de un conjunto de trabajadores.
Entiendo que existen al parecer dos opiniones bastante críticas respecto de cómo se ha tramitado el proyecto.
Los sindicatos señalan: "A nuestro entender el proyecto de ley del nuevo Servicio Forestal, no se hace cargo de asegurar la continuidad y estabilidad laboral de todos los trabajadores con lo indicado en el artículo segundo transitorio, no asegura funciones en propiedad que reporta la permanencia de las áreas silvestres protegidas y que quita la pobre definición de sistemas vegetales en el objeto del servicio, en ese aspecto el PDL no es claro y quedamos a merced de la interpretación no favorable para los derechos de los trabajadores una vez aprobada y promulgada la ley".
Con todo cariño, señor Ministro , ¿hay o no acuerdo con los sindicatos? ¿Cuál es el origen de la carta?
Como esto no es nuevo y lo hemos venido trabajando durante larguísimo tiempo, queremos lo mejor para los trabajadores.
No estoy de acuerdo con la idea de que se adscriban al Código del Trabajo. Prefiero funcionarios públicos protegidos por el Estado, con igualdad de derechos respecto de lo que tienen hoy día en el Código del Trabajo, pues me parece que los funcionarios públicos están en desmedro.
Quiero mayor estabilidad y que esta normativa se adscriba al ámbito de lo público, ya que el Código del Trabajo pertenece a la esfera de lo privado.
Habría que comenzar a innovar en cuanto a otorgar a los funcionarios públicos derechos que les garanticen mejores condiciones, mayor calidad, aun cuando fueran iguales a las del Código del Trabajo.
A pesar de ese deseo, no hemos encontrado acuerdos.
Necesitamos con urgencia una CONAF pública porque trabajo hay. Por lo demás, los incendios forestales constituyen uno de sus ámbitos de trabajo.
Hay que profesionalizar a los brigadistas. Los quiero haciendo prevención en invierno y que se certifiquen, ya que actualmente no lo están.
Yo a lo menos he presentado dos proyectos de ley. Uno de ellos establece en el Código del Trabajo un código especial para los brigadistas contratados por CONAF. El otro se refiere a la franja de protección con las carreteras y las viviendas.
La CONAF es necesaria y votaré a favor.
Me parece que habrá tiempo para que el proyecto sea tratado en Comisiones. No se hizo en 2008 y llegamos a 2018: ¡10 años!
Espero que en el próximo gobierno -no creo que esta iniciativa termine su tramitación antes del 11 de marzo- se haga realidad una CONAF pública al servicio de todo Chile y con trabajadores fuertemente protegidos.
Es lo que necesitamos para que este servicio cumpla su función.
Reitero mi intención de votar que sí. Formularemos las indicaciones necesarias durante la discusión en particular.
Por Reglamento, no están permitidas las manifestaciones en tribunas.
Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley constituye una necesidad que quedó patente incluso en virtud de que años atrás un fallo del Tribunal Constitucional objetó que la CONAF siguiera actuando en el ámbito público, ya que es una organización de derecho privado.
También la legislación nos obliga a tener una CONAF pública o un Servicio Nacional Forestal.
En consecuencia, me parece que existe unanimidad en cuanto a la necesidad de avanzar hacia un servicio nacional forestal público.
Por lo demás, durante la discusión que tuvimos en la Comisión de Agricultura nadie opinó de manera distinta: Chile necesita este Servicio Nacional Forestal.
Ahora bien, ¿el proyecto que está sobre la mesa contiene las normas que ese servicio requiere, resuelve todos los problemas que han surgido en el tiempo? ¿Dan tranquilidad las normas a quienes hoy día trabajan en CONAF?
Debemos responder esas preguntas para saber si en verdad este proyecto de Servicio Nacional Forestal nos permitirá mirar el futuro con mayor tranquilidad y con la esperanza de que será fundamental en todos sus momentos, en todas sus instancias para nuestro desarrollo forestal.
En la Comisión de Agricultura, órgano presidido por el Senador José García, escuchamos con mucha atención a las distintas organizaciones de trabajadores. Conocimos sus objeciones, y también sus fundamentos, varias de las cuales se hallan recogidas en las normas que ahora estamos analizando.
Una de las cosas que me preocupan es la situación que los trabajadores de la CONAF tendrán en el Servicio Nacional Forestal. Durante la discusión particular deberemos abocarnos a la tarea esencial de mejorar la normativa correspondiente y hacer las adecuaciones necesarias.
Me inquieta, asimismo, un aspecto más de fondo que coloca a esta iniciativa en una situación compleja para los efectos de su aprobación, al menos desde mi punto de vista: la disyuntiva frente al proyecto sobre Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se está debatiendo en la Comisión de Medio Ambiente. Existe una superposición de funciones que, a la larga, significará más dificultades que soluciones. Y si no zanjamos el punto adecuadamente vamos a poner en entredicho la acción del Servicio Nacional Forestal.
Pero no se trata solo de la administración de los parques, que podría ser una expresión un poco más llamativa del problema. Hay otras cosas que al final nos van a generar una disyuntiva en cuanto a cómo avanzamos; o sea, si debe operar el Servicio Forestal, o bien, el Servicio de Biodiversidad y Sistema de Áreas Protegidas.
Si no zanjamos ese punto tendremos dificultades que van a impactar en la operatividad del Servicio Nacional Forestal. Y ello dependerá de las funciones de dicho ente. Porque un Servicio Forestal que ve el conjunto de las materias -parques, bosques, en fin- es muy distinto de uno que tiene una visión parcial.
Entre otras cosas, no se resuelve apropiadamente la situación del Instituto Forestal, cuya base está en la Región del Biobío. Al revisar las normas pertinentes uno se percata de que dicho ente pierde funciones fundamentales.
¿Estamos dispuestos a desarmar al Instituto Forestal o a no utilizarlo en toda su magnitud?
En todo caso, uno no ve en la autoridad gubernamental disposición para ayudarlo.
Me quedan 40 segundos, señor Presidente.
Podría señalar más dudas. Espero plantearlas durante la discusión particular, para buscar aclaraciones.
Por ahora me limitaré a la forma como el Servicio Nacional Forestal enfrentará las verdaderas catástrofes que son los incendios forestales.
Lo que dijo el Senador Navarro sobre el particular es absolutamente razonable.
Queremos sistemas de brigadas y brigadistas fuertes.
¿Está abordada tal situación en estas normas? ¡No!
En los incendios de 2017 vimos que las falencias de los brigadistas le generaron dificultades bastante serias al resto del sistema establecido para enfrentar las emergencias.
Todas esas falencias me llevan a abstenerme en general, tal como lo hice en la Comisión de Agricultura. Porque veo un apresuramiento por despachar este proyecto -no sé si podremos despacharlo totalmente-, pero se dejan para la discusión particular demasiadas situaciones que a lo menos generan dudas razonables.
Ya lo hicimos en el aspecto laboral. Y si tenemos acuerdo, creo que podemos avanzar rápidamente. Sin embargo, en cuanto a los otros dos o tres elementos a que me he referido ahora, dudo de que exista en la actual autoridad voluntad política para resolverlos adecuadamente. Y todo eso -repito- va a impactar en el funcionamiento del Servicio Nacional Forestal y le provocará dificultades a su personal.
Señor Presidente , no tengo mucho que agregar a lo que han señalado varios Senadores y Senadoras en cuanto a que de todas maneras hay que legislar sobre esta materia para terminar con una situación que viene de los años sesenta y que se originó a raíz de la existencia de un ente con una categoría jurídica que no se condice con lo que requiere la administración más moderna y más robusta del Estado: la CONAF, que ha crecido enormemente en los últimos 50 años.
La discusión reside en cómo conversa esta iniciativa con otros proyectos de ley que se están tramitando en el Parlamento.
Sin ir más lejos, puedo decir que hoy pudimos reunirnos durante cinco minutos para conocer al menos en esa instancia la iniciativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y acordamos celebrar el 1° de marzo -antes incluso de que se inicien las sesiones formales del Senado- una reunión destinada a explorar lo relacionado con el nuevo ente.
Por cierto, el campo de acción del Servicio de Biodiversidad es mucho más amplio que el del Servicio Nacional Forestal (entiendo que hoy vamos a aprobar en general el proyecto respectivo; yo voy a concurrir con mi voto).
Sin embargo, siento que no está suficientemente claro cómo se van a compatibilizar las dos iniciativas.
Señor Presidente , hay un segundo problema, cuya solución requiere un tratamiento particular: qué ocurre con el personal profesional, técnico y administrativo que trabaja actualmente en la CONAF; cómo se recogerá su situación en el Servicio Nacional Forestal.
Entiendo que el punto se conversó y está avanzado.
Al respecto debo ser bien transparente.
Como Senador, yo recibo llamadas telefónicas y tengo audiencias con funcionarios que dicen representar a ciertos sectores y abrigar dudas sobre la materia.
Sé que estas cuestiones se resuelven en el debate particular. Pero es en la discusión general, tras la cual uno emite su voto, donde deben dejarse plasmadas las inquietudes.
En seguida, me hace mucho sentido -y esto es más complejo- el planteamiento del Senador Letelier en el sentido de contar con un sistema nacional de parques.
En ese ámbito la CONAF tiene experiencia. Pero hoy debe cumplir otras funciones, que, contrariamente a lo que algunos creen, van mucho más allá de combatir el fuego o administrar parques.
A mi juicio, el Servicio Nacional Forestal también debería tener responsabilidades en el área productiva, en el ámbito de la planificación forestal: crecimiento, especies nativas, en fin.
Ahora, si me hicieran la pregunta en blanco y pudiera retroceder el reloj del tiempo -no lo vamos a hacer, por supuesto-, tal vez pensaría en tres instituciones distintas. Una de otra dimensión: el Sistema de Biodiversidad. Pero en cuanto al Servicio Nacional Forestal y al sistema nacional de parques pueden, si quieren, hacer depender a uno del otro; no tengo dificultad. Sin embargo, creo que deben tener una capacidad más acorde con el parque propiamente tal.
Dicho eso, yo valoro que, aunque sea hoy, a la hora nona, estemos discutiendo este proyecto. Porque bien podría haber quedado pendiente para la próxima legislatura.
Me alegra la aprobación de la idea de legislar. Y ojalá fijemos la discusión particular dentro de un lapso razonable, no corto. Lo digo pensando que hay mucha premura en los funcionarios, en los dirigentes y en el Director de la Corporación.
Yo no aconsejo realizar la discusión particular con demasiada rapidez. Aprobemos en general el proyecto y démonos un tiempo razonable para debatir en particular una serie de temas y -por qué no- dejar plasmada la inquietud sobre un servicio nacional de parques o capturar esa idea en esta iniciativa de ley.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Allende y el señor Pérez Varela.
Propongo como plazo para presentar indicaciones el lunes 5 de marzo, a las 12.
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 11.536-04).
Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y, en su caso, a la de Hacienda.
El señor FURCHE ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , simplemente quiero agradecer la aprobación en general del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal.
En nombre del Ejecutivo , reitero que consideramos de enorme importancia esta iniciativa. En Chile el sector forestal responde por más de 100 mil empleos; por casi 6 mil millones de dólares en exportaciones; por 14 millones de hectáreas, entre plantaciones forestales y bosque nativo. Y esta iniciativa le permitirá a la CONAF pública, en primer lugar, asumir -como se ha planteado aquí- funciones de fomento -hoy en la práctica no puede hacerlo-, de manera de potenciar el desarrollo de los pequeños forestadores y de quienes trabajan en la cadena de procesamiento de la madera, sobre todo la pyme forestal; en segundo término, reforzar su funcionamiento y su capacidad de fiscalización, y por último, enfrentar de mejor forma el enorme desafío que significan los incendios forestales.
Lo anterior, sin perjuicio de que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet prácticamente se han aumentado en cien por ciento los recursos destinados al combate de tales incendios.
Somos conscientes de que este proyecto admite perfeccionamientos y ajustes.
Quiero dejar expresa constancia de que para el Ejecutivo ha sido preocupación, desde la formulación de la iniciativa, el resguardo absoluto de los derechos de los trabajadores. Y estamos convencidos de que en el articulado ello se logra en plenitud.
Soy consciente también de que en este caso existe una discusión cruzada con respecto al Servicio de Biodiversidad. No obstante, nos asiste el convencimiento de que es urgente dotar a la CONAF de una institucionalidad pública que le permita enfrentar los enormes desafíos que tiene por delante en materia de fomento productivo, de regulación, de control y de combate a los incendios forestales.
Reitero nuestra gratitud a todos los señores Senadores y señoras Senadoras.
Señor Presidente, entiendo que se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 5 de marzo.
Yo consulto si se puede tomar el acuerdo de que ellas se vean en Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente, de forma tal que podamos despachar el proyecto en un tiempo más breve.
Para el despacho más ágil del proyecto, considero preferible que vaya a Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente. Porque, si lo tratan por separado, una puede votar en un sentido y la otra en uno diferente, lo que entrabaría la discusión.
Por lo tanto, estimo bastante razonable la petición del Senador señor Letelier .
Señor Presidente , lo que se plantea me parece bien. Solo quiero sugerir que el plazo para presentar indicaciones se fije hasta el jueves 1° de marzo, de tal manera que ya el día 5 podamos reunirnos para comenzar a estudiarlas.
¿Le parece a la Sala fijar el 1° de marzo como plazo para formular indicaciones y que ellas sean vistas por las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente?
Señor Presidente , solicito que el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises, que es unánime, se vote sin discusión en este momento.
Yo no tengo problema, señor Presidente , pero me gustaría, para tener cierta información, que se diera una breve explicación sobre el acuerdo de la Comisión Mixta. Ello, sin perjuicio de que el informe es unánime.
El señor Secretario hará la relación correspondiente.
Entonces, con el acuerdo de Sus Señorías, trataremos el informe de que se hizo mención.
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises, con urgencia calificada de "simple".
Las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan del rechazo por el Senado de algunas de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecerles a la Sala y a la Mesa por haber permitido votar en este instante el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que relató el señor Secretario.
Las proposiciones de la Comisión Mixta fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señora Isabel Allende y quien habla y señores Víctor Pérez y Jorge Pizarro , y Diputados señoras Yasna Provoste y Cristina Girardi y señores Raúl Saldívar y Felipe Letelier .
¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad el informe de la Comisión Mixta?
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, que modifica la ley N° 20.416 (fija normas especiales para empresas de menor tamaño) en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, con segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 7 de marzo de 2017.
La Comisión de Economía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2° no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación y discusión.
La Comisión de Economía efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales, excepto una, la que se pondrá en discusión y votación oportunamente, fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Se darán por aprobadas todas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones y que han sido acordadas por unanimidad.
Señor Presidente , la iniciativa tiene que ver con la forma como impulsamos la competitividad y aseguramos la libre competencia. Es sabido que cuando se hace un diagnóstico de lo que ocurre con las pymes se concluye que el mayor problema es la falta de capital de trabajo. Entonces, empezamos a buscar fórmulas para abaratar los intereses y conseguir fuentes de financiamiento.
Conforme a la experiencia comparada, otros países ya han avanzado en la misma línea. Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia , Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España cuentan hace rato con una legislación que permite el cobro de intereses y multas y obliga a pagar intereses y comisiones en caso de morosidad.
Con relación al inciso final del artículo 2° de la ley, la Comisión de Economía, por 4 votos a favor y la abstención del Senador señor Moreira , recomienda, en cuanto a la letra a) del número 1 del proyecto, agregar la palabra "corridos" a continuación de la expresión "60 días".
La Comisión de Hacienda, por 3 votos contra uno, sustituyó el artículo transitorio por otro.
Señor Presidente , a mí me tocó conocer algo del proyecto, bien interesante, en la Comisión de Economía y posteriormente en la de Hacienda. Quiero destacarlo. Es novedoso.
Señor Presidente , el debate que hemos sostenido respecto del artículo transitorio ha sido largo.
En votación el artículo transitorio.
Señor Presidente , la disposición tiene que ver con una de las pocas facultades que disponemos los legisladores, que es la de regular en los mercados. Aquí lo estamos haciendo para otorgar condiciones de igualdad y competencia, no solo en el sector privado, sino también en el público. Principalmente tratándose de este último, donde más morosidad y atraso se registra en el cumplimiento de las obligaciones es en los municipios y el sector de Salud.
El Honorable señor Lagos deja constancia de que votó a favor por un error.
Se encuentra pendiente una petición de la Senadora señora Goic para que el proyecto acerca del contrato laboral por obra o faena, que había pasado a la Comisión de Trabajo y a la de Agricultura, sea visto solo por la primera.
El señor COLOMA.- No hay quorum.
Señor Presidente , entiendo que algunos colegas no quieren que un asunto propio del mundo del trabajo sea conocido únicamente por la Comisión técnica.
Tengo el uso de la palabra, y se lo digo con toda consideración al Senador señor Coloma, quien siempre ha sido un hombre respetuoso.
Se podría fijar un plazo máximo para el despacho por parte de la Comisión de Agricultura.
La materia se ha ido discutiendo y tiene que ver con la naturaleza de los contratos de trabajo.
Otra cosa es la discusión sobre el estatuto de los temporeros, de los trabajadores agrícolas.
Si Sus Señorías quieren verlo, el proyecto no atañe al sector agrícola. Es un contrato del ámbito de la construcción, propiamente tal, y que ha sido mal usado en otros sectores.
Se puede fijar un plazo para que el Presidente pueda convocar a la Comisión y sea posible tratar la iniciativa en la Sala. Sea cual fuere, lo deseable es que sea conocido.
Resulta claro que no existe quorum para pronunciarse.
Como se halla presente el Presidente de la Comisión de Agricultura, se puede llegar a un acuerdo sobre el plazo para ocuparse en el proyecto.
En varias ocasiones, por desgracia, iniciativas propias de una Comisión terminan en otra.
Señor Presidente , uno está ejerciendo un derecho. La Sala acordó que el proyecto pasara a dos Comisiones. Entonces, acá no hay buenos y malos. No se trata de defensores de los trabajadores versus no sé quién. Aquí hay personas a las que les importa el mundo agrícola.
Me parece que existe el derecho a hacer un planteamiento, pero no a argumentar que quien se opone no desea ninguna innovación.
El Senador que habla quiere que salga una buena ley y que de una vez por todas se escuche al mundo agrícola, que es el menos escuchado en este Senado.
Esa es mi posición respecto a lo planteado por el Senador Letelier.
Señor Presidente , me comprometo a hacer los mayores esfuerzos mientras tenga la presidencia de la Comisión de Agricultura .
Les recuerdo que se acaba de acordar el envío a las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente, unidas, del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. Y lo más probable es que el Ejecutivo le ponga una urgencia especial.
Al final uno opera en función de las urgencias.
Pero me comprometo a hacer los mayores esfuerzos para tratar la iniciativa en cuestión, en la que tenemos mucho interés los integrantes de la Comisión de Agricultura.
Señor Presidente , el proyecto que regula el contrato de trabajo por obra o faena, que debatimos durante cinco años en la Comisión de Trabajo, no tiene pertinencia respecto de los trabajadores agrícolas.
En ese ámbito se ha anunciado una iniciativa desde hace mucho tiempo, tanto en el Gobierno del Presidente Piñera, como en la Administración de la Presidenta Bachelet. Pero aún no ha llegado al Parlamento una propuesta para establecer un estatuto de los trabajadores de temporada.
El proyecto relativo al contrato por obra o faena lo trabajamos con la Cámara Chilena de la Construcción, con los dirigentes de los sindicatos, con la federación de gremios de la construcción. Es en este sector donde mayormente se usa tal sistema de contrato.
Al respecto, hubo transversalidad en la Comisión de Trabajo. Incluso, en conjunto con los Senadores Larraín y Allamand, redactamos la definición de "contrato por obra o faena".
Sin embargo, lamentablemente, en una sesión a última hora, y sin siquiera haber consultado la unanimidad de la Sala -ahí tengo un reparo con la Mesa-, se aprobó que dicha iniciativa fuera a la Comisión de Agricultura.
Considero que tal proyecto afecta a cierto tipo de trabajadores. Por tanto, el referido órgano técnico debiera abocarse más bien al estudio de la propuesta largamente esperada sobre un estatuto especial para los trabajadores de temporada, lo que incluirá la regulación de ese tipo de contrato.
En mi opinión, el envío a la Comisión de Agricultura retardará la tramitación de la iniciativa relativa al contrato por obra o faena, que se originó en una moción del Diputado Pedro Browne y otros parlamentarios. Lleva cerca de siete años en el Congreso.
En mi opinión, dicha propuesta legislativa debería tramitarse solo en la Comisión de Trabajo. En la de Agricultura debiera verse la pertinencia de un estatuto especial para los trabajadores de temporada.
En todo caso, queda pendiente la solicitud.
Ahora que contamos con el quorum necesario, le propongo a la Sala que nos pronunciemos sobre el proyecto que se encuentra en el quinto lugar del Orden del Día, que se refiere a la igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres. Es una discusión en particular.
Señor Presidente, en cuanto al proyecto anterior, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño...
La iniciativa ya fue despachada, señor Senador.
Lamentablemente, cometí un error al votar, el cual no se puede modificar. De acuerdo a mis convicciones, debí haber votado que no; pero me confundí.
En consecuencia, intervengo para que quede constancia en la versión definitiva de que mi pronunciamiento debió ser de rechazo.
Los municipios y el sector público de salud en Chile deben ser parte del proyecto y no quedar excluidos.
Dejaremos constancia de sus convicciones, señor Senador.
Según lo recién acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic, Allende, Muñoz, Pérez San Martín y Van Rysselberghe, que modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 82ª, en 17 de enero de 2018.
Sesión 24ª, en 20 de junio de 2017 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 20 de junio de 2017.
Dicho órgano técnico efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto como quedaría al aprobarlas.
--Se aprueban, quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Dejo constancia de que hay 14 señores Senadores.
En Incidentes, los Comités Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Unión Demócrata Independiente y Partido por la Democracia no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
Señor Presidente, estimados colegas, recientemente en la ciudad de San Fernando un padre desesperado inició una huelga de hambre.
La razón de ello es que vive un drama que afecta a miles de familias chilenas: tener un pariente, una persona cercana, que es adicta a la pasta base y darse cuenta que no hay forma de garantizar que los consumidores reciban tratamiento.
Actualmente, incluso a las personas privadas de libertad que lo requieran no se les asegura la posibilidad de someterse a un tratamiento con el financiamiento correspondiente.
El consumo de pasta base y el accionar del narcotráfico, que constituye una agresión a nuestra sociedad, están destruyendo a miles de familias en nuestro país.
Según los datos que manejo, no existe alternativa para que una familia logre internar a un hijo, una hija o familiar enfermo, que sufre una patología, para que reciba un tratamiento adecuado. Es más: no hay manera de garantizar que esa persona, que es un peligro para la sociedad y su familia, se someta a un tratamiento en forma obligatoria.
Es tan trágica la situación, señor Presidente , que el mejor camino para que quien esté padeciendo ese flagelo acceda a tratamiento es que lo metan preso. En efecto, si bien Gendarmería no cuenta con todos los cupos que necesita, existe más disponibilidad de vacantes para la rehabilitación de personas enfermas privadas de libertad que para quienes están libres.
¡Es un contrasentido!
No puede ser que una familia no pueda internar a un hijo adicto, aunque sea en forma obligatoria, en contra de su voluntad. Nuestro ordenamiento jurídico tiene un vacío en ese plano, por cuanto una persona enferma, adicta, angustiada no tiene libre albedrío. ¡Lo perdió! ¡Está patológicamente involucrada!
Frente a ello, se genera una situación dramática.
Miles de jóvenes afectados por tal patología, por no tener acceso a un tratamiento y por carecer las familias de la opción de obligarlos a internarse, terminan cometiendo delitos y, finalmente, van a la cárcel, donde no debieran estar.
¡Debieran estar recibiendo tratamiento!
Por ese motivo, señor Presidente , solicito que se oficie al Ministerio de Salud para que nos diga dónde hay centros cerrados para el tratamiento obligatorio a drogadictos y cuántos cupos disponibles hay.
Nuestra sociedad se está desmoronando debido al flagelo del consumo de pasta base. Todos somos conscientes de que eso es real, pero no estamos haciendo lo necesario para que el Estado entregue soluciones.
Los colaboradores que existen en este ámbito no dan abasto -¡no dan abasto!-, y menos para que las personas sean internadas de forma obligatoria.
Adicionalmente, me gustaría solicitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que vea si la única fórmula para internar a una persona adicta que no quiera ingresar voluntariamente a un servicio cerrado para tratamiento es cambiar la ley para fijar normas precautorias con el propósito de que la familia o un tribunal puedan obligar a un mayor de edad a ese efecto.
Solo así no seguiremos viendo el absurdo de que esas personas deben delinquir y terminar presas para acceder a un tratamiento, que parece que no es un buen camino.
En el tiempo restante del Comité Partido Socialista e Independiente, tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
Señor Presidente , en las últimas semanas han quedado en evidencia los problemas de salud que afectan a los pacientes que requieren trasplantes de médula ósea, especialmente en la zona sur de nuestro país.
El Hospital del Salvador , en Santiago, es el único centro acreditado del sistema público y no puede cubrir en forma oportuna esa urgente demanda.
Por ello, quiero expresar mi preocupación por los pacientes de las regiones del sur, quienes en distintos momentos han sido o son pacientes del Hospital Base de Valdivia, centro de referencia suprarregional. Este recinto tiene más de 50 años de trayectoria y es el principal centro de derivación para pacientes con cáncer de la zona sur del país.
A ello se suma la reciente acreditación internacional otorgada por el MD Anderson Cancer Center de Estados Unidos, que certifica la seguridad de tratamientos de radioterapia avanzada, lo que corrobora el alto nivel que posee el centro asistencial en oncología. Dentro de esta área, destaca la Unidad de Hematología, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a la Escuela de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ha permitido el desarrollo de esta especialidad.
Fue a través de la ley N° 17,431, de 1971, promulgada por el Presidente Salvador Allende , que se crea el Centro de Investigaciones Hematológicas " Rudolph Virchow ", en Valdivia, cuya función primordial está dirigida "a la investigación científica en el campo de la leucemia y enfermedades afines".
El desarrollo de esta área se encuentra ligado al convenio que posee el Servicio de Salud de Valdivia con la Universidad Austral, entidades que se han complementado a lo largo de su historia, lo cual permite que hoy existan las condiciones, tanto en infraestructura como en recursos humanos, para dar un paso más y convertirse en un centro efectivo de trasplantes de médula ósea, alternativo al que existe en la Región Metropolitana. Con ello, además de estar a la vanguardia en medicina, se podrá contribuir a mejorar el acceso, siempre urgente, al tratamiento de los pacientes que lo requieran.
Por ello, esperamos que el planteamiento que dirigimos a la Ministra de Salud , a través de un proyecto de acuerdo, ratificado por esta Sala, tenga una favorable acogida y que se pueda financiar la materialización de este reconocimiento, de forma de beneficiar a los pacientes del sistema público de la zona sur de nuestro país.
Los casos de personas como el joven Bayron Yung , de Río Bueno; Carola Inaicheo , de Chonchi, y Camila Marileo , de Temuco, no pueden repetirse.
Es importante que exista en Valdivia un centro de trasplante de médula ósea y, en un mediano plazo, que nuestro país cuente con un banco de registro de donantes de médula ósea.
En consecuencia, señor Presidente , solicito que se envíen oficios a la Ministra de Salud , como he señalado, y a la Presidenta de la República .
Creemos que la Primera Mandataria tiene que tomar conocimiento de este asunto e impulsar la iniciativa referida, en beneficio de los pacientes de oncología del sur austral de nuestro país.
En el turno del Comité Partido PAÍS, tiene la palabra el Senador señor Navarro, por dos minutos.
Señor Presidente , en el año 2015 la Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, Jeanette Vega , señaló a través del diario El Mercurio (en portada) que su entidad traspasaba 90 mil millones de pesos a las mutuales de seguridad por más de 521 mil licencias presentadas como enfermedades comunes, siendo en los hechos accidentes laborales.
Estos antecedentes ameritan una presentación del Consejo de Defensa del Estado.
Ha sido la propia Directora Nacional del FONASA quien reconoció -también lo hicieron los funcionarios de dicha institución, en diversas reuniones que sostuvimos- que tal hecho existe.
¡Y sigue habiendo abuso del sistema público por parte de las mutuales de seguridad!
Por ello, pido que se oficie al Consejo de Defensa del Estado, para que intervenga ante esta situación, que es de público conocimiento; y a la Ministra de Salud , junto con la Directora Nacional de FONASA, para que lleven a cabo las acciones judiciales y administrativas tendientes a corregir un hecho que le cuesta al país 90 mil millones de pesos al año.
En segundo lugar, señor Presidente , pido cursar un oficio al Ministerio de Salud para que haga llegar el informe de la Comisión Médica Asesora de dicha Cartera, que en agosto del 2017 planteó la existencia de una hipótesis de asociación potencial entre la derivación en espera y el fallecimiento de miles de personas que estaban en listas de espera.
¡La gente muere aguardando ser atendida por un médico especialista!
Solicito toda la información recopilada al respecto, tanto por dicha Comisión como por FONASA.
Hay una diferencia de más de 10 mil pacientes fallecidos eventualmente por derivación tardía.
Requiero tales antecedentes a la mayor brevedad, dado que la vida de miles de pacientes está en juego.
Señor Presidente , mañana se cumple un año del trágico incendio en la localidad de Putú, comuna de Constitución (muy cerca de Santa Olga), en el que fallecieron dos carabineros en cumplimiento de su deber y varias personas más.
Lo mismo sucedió en el resto de nuestro país donde el fuego arrasó más de 600 mil hectáreas.
Más allá de hacer presentes las lecciones dramáticas que dejó tal incendio, como la necesidad de perfilar una nueva CONAF, una ONEMI moderna y de estar mucho más preparados para combatir desastres de la naturaleza, que debe ser un elemento permanente de nuestra preocupación, quiero rendir un simple homenaje a las catorce personas que fallecieron durante el siniestro en Putú.
Entre ellas, había brigadistas de CONAF, quienes perdieron su vida por salvar la de otros; personal de Carabineros -me tocó conocer más directamente este caso-, dos efectivos que fallecieron al arriesgar su vida por ayudar a salvar localidades amenazadas, y voluntarios de Bomberos, algunos de los cuales incluso llegaron desde otros lugares de Chile, en una muestra de solidaridad muy notable. En particular, recuerdo el caso de un voluntario de Talagante, quien murió combatiendo contra el fuego.
Señor Presidente , he querido usar la palabra para rendir este sentido homenaje y solicitar que se envíe esta intervención a CONAF, a Carabineros, al Cuerpo de Bomberos y al Ejército de Chile, instituciones que cumplieron un rol notable tratando de mitigar al máximo los desastres que sacudieron nuestra patria hace un año -a veces el tráfago de los acontecimientos nos hace olvidar ese hecho-, para dar cuenta de mi agradecimiento por el tremendo esfuerzo que hicieron esas personas para aminorar los efectos de una tragedia que enlutó a nuestro país.
A mi juicio, es justo, necesario e importante señalar que esas personas, que dieron su vida por otros, no deben ser olvidadas.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones pedidas, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores De Urresti y Navarro.
Los Comités Independientes y Partido Amplitud y Partido Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
¡Felices vacaciones para todos! Espero que lo pasen muy bien.
--Se levantó a las 18:13.
El estudio de cualquier texto normativo, que incluya un análisis de las disposiciones de derecho positivo, debe, a lo menos, considerar los principios que lo fundamentan y también, analizar cuáles son los objetivos que se tuvieron en cuenta para la dictación de una ley.
Bajo esta perspectiva podemos darnos cuenta que a medida que transcurre el tiempo, las leyes pueden ir variando, o no, de acuerdo a la realidad misma en que fueron pensadas y cómo ha cambiado la sociedad desde su promulgación. Esta es una manera de darle dinamismo a un modelo de ordenamiento jurídico basado en leyes, muy rígido, como el que nos regula a nosotros.
Así las cosas, por un lado, tenemos leyes que se van adaptando muy bien a los nuevos tiempos, muchos ejemplos de este tipo de leyes "moldeables" las encontramos en el Código Civil, redactado por don Andrés Bello en el año 1856, promulgado al año siguiente, y que han tenido una particular sobrevivencia. En este orden de cosas vemos cómo las normas que regulan el sistema de protección de bienes inmuebles casi se ha mantenido sin modificaciones, debido a la gran astucia de Bello utilizada para reglamentar el sistema de inscripciones no solo pensando en su presente, sino que también en el futuro de la institución.
En la vereda del frente, encontramos las normas que habiendo sido dictadas con el objeto de regular ciertas materias de la sociedad, estas últimas, ya no existen o derechamente su valoración por parte de la misma ha cambiado. Ejemplo de lo anterior son las múltiples leyes que se han derogado en nuestro Código Penal, v.gr. la pena de muerte, adulterio, entre otros.
En esta misma línea de ideas, encontramos un fenómeno de adecuación de cierto tipo de norma, las cuales si bien regulan instituciones del derecho vigente, su alcance no está correctamente delimitado, surgiendo la necesidad imperiosa por parte del legislador para definir de mejor manera cada uno de los alcances que tienen.
Una de estas instituciones es la que este proyecto de ley trata de regular, nos referimos a la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO en materia penal.
La suspensión condicional del procedimiento se encuentra dentro de lo que el derecho penal denomina como "salidas alternativas", lo anterior enmarcado en la posibilidad que se le reconoce al sistema procesal penal de consagrar respuestas estatales frente a la comisión de hechos punibles que trasuntan un menor nivel de represión o de fuerza de la intervención penal en la vida o los derechos de los ciudadanos[1].
Luego, la institución propiamente tal la podemos definir de la siguiente manera: Mecanismo alternativo de solución del conflicto que exige un acuerdo entre el órgano de persecución penal y el imputado en orden a suspender el ejercicio de la acción penal, bajo la condición de que el inculpado se someta a un régimen de control determinado por el juez de garantía por un tiempo determinado.[2] Y en Chile sus requisitos de pertinencia tienen que ver expresamente con a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad; b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; y c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.
En este punto es muy importante percatarse de algo que es trascendental en esta institución, hablamos de la circunstancia de que para ser procedente no es necesario una aceptación de los hechos por los cuales es investigado el imputado, obteniendo como resultado un sobreseimiento definitivo por actos que nunca más serán objeto de alguna investigación, ni tampoco susceptibles de revisión, si es que se cumple la condición impuesta en un espacio temporal.
Lo anterior, en la mayoría de los casos no tiene una justificación negativa, más son las veces en que las condiciones aplicadas al caso concreto tienen una correcta justificación y logran obtener el objetivo trazado por el legislador.
Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar precisamente este objetivo? Una de las fuentes es el propio Mensaje con el cual se da comienzo a la tramitación de un proyecto de ley, en el cual se define cuáles son los fines del derecho penal en nuestro país, "además de constituir una garantía, el juicio público y su realización por el método oral, constituyen un mecanismo indispensable para que la administración de justicia cumpla con las demás funciones que la sociedad le encomienda. Una de ellas es la de resolver los conflictos, en este caso penales, de un modo que sea percibido como legítimo por la comunidad, con miras a reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema jurídico. Esta función difícilmente puede ser cumplida si los actos constitutivos del proceso no son accesibles o no resultan comprensibles al conjunto de la comunidad. (...) también el proceso penal está llamado a desempeñar un importante efecto preventivo general, que normalmente se atribuye a la etapa de ejecución de la pena. El enjuiciamiento público de los delitos permite socializar más directamente el mensaje de que existe una respuesta estatal rigurosa a los actos que la sociedad considera inaceptables, inhibiendo con ello a quienes pudieren pretender llevarlos a cabo en el futuro y reafirmando ante el conjunto de la comunidad la vigencia de los valores del sistema jurídico. También el juicio oral favorecerá la producción de este efecto que parece tan necesario en el tiempo actual".
El párrafo anteriormente transcrito tiene la característica de recordarnos cuales son los objetivos más simples del procedimiento penal y de los cuales no podemos alejarnos al momento de definir las funciones que tendrán cada una de las instituciones que de él son parte.
Así, en la regulación de la Suspensión Condicional del Procedimiento no podemos olvidar que ella siempre debe apuntar a que el modo de resolver un conflicto debe ser respaldado por una percepción de legitimidad por parte de la comunidad.
Esta percepción legítima está configurada por el bien jurídico protegido, de esta manera podemos aceptar como legítima una suspensión por un robo o hurto en el cual el imputado devuelve lo hurtado y se compromete al seguimiento por parte de alguna institución del Estado, en torno a corregir su actuar.
Contrariamente, es intuitivamente correcto pensar en que se afecta esta pretensión de legitimidad al pactarse una suspensión condicional cuando el bien jurídico protegido es de carácter "supra individual".
Es el fundamento del artículo 235 de nuestro Código Penal un buen ejemplo: El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa de diez al cincuenta por ciento de la cantidad que hubiere sustraído.
Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado medio y multa del cinco al veinticinco por ciento de la cantidad sustraída, sin perjuicio del reintegro.
En el artículo antes señalado lo que se está buscando proteger es algo más profundo que solamente el dinero, sino más bien, la probidad, como sinónimo de la legitimidad que venimos hablando.
De esta forma también lo establece la Corte de Apelaciones de Antofagasta: "Los hechos investigados se refieren al delito de malversación de caudales públicos, cuyo bien jurídico protegido no solo es la hacienda pública o el patrimonio del Estado, sino especialmente la probidad funcionaria, pues de otro modo no se entiende la intención del legislador cuando en el artículo 235 del Código Penal configura el ilícito, a pesar de haberse verificado el reintegro y el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio, habiendo por tanto desaparecido el bien jurídico protegido relativo a las arcas fiscales".
En Argentina, por ejemplo, se ha excluido la posibilidad de llegar a una suspensión condicional del procedimiento sobre hechos cuyos delitos sean investigados a funcionarios en ejercicio de sus funciones, debido al mismo argumento de fondo, existe un bien supra individual que se debe respetar y su sanción siempre se debe buscar.
En nuestro país, estas mismas razones se encuentran graficadas en una institución de características similares a la suspensión condicional del procedimiento, esta es, los "acuerdos reparatorios" en donde se pueden llegar a acuerdos que terminarán con el proceso, sólo cuando ellos tengan relación con bienes jurídicos de carácter patrimonial o consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. De nuevo, el fundamento es el mismo, no se puede entregar a los intervinientes en un proceso que afecte a bienes jurídicos supraindividuales la facultad de ponerle término a la investigación penal en su contra.
Es importante destacar que precisamente se evita la posibilidad de que se lleguen a acuerdos en materias de interés nacional debido al riesgo que esto conlleva, ya que, como es posible percatarse, los hechos nunca se esclarecerán, terminando de manera inconclusa la protección a bienes jurídicos que van más allá del solo interés particular.
En un comienzo señalamos la manera en que las normas de nuestro ordenamiento jurídico iban evolucionando con el paso del tiempo y cómo el interés particular no debe interponerse al bien común cuando existan bienes jurídicos que protegen el interés de la sociedad como un todo, en contraposición al beneficio de los intervinientes.
Ahora bien, ¿cuál es el problema manifiesto de la institución de la Suspensión Condicional del Procedimiento en nuestro país? Precisamente el hecho de que se abre la posibilidad a que, producto de un acuerdo entre el Ministerio Púbico y el imputado, se viole el interés superior de la sociedad mediante un pacto entre dos personas, sin siquiera tomarle real importancia a la opinión de la víctima de los hechos, y mucho menos, sin respetar los intereses de la sociedad como un todo.
Nuestro sistema actual ni siquiera obliga a una aceptación de los hechos por parte del imputado en cualquier materia de investigación que sea susceptible de suspensión condicional. O sea, en muchos casos se decretaría el sobreseimiento definitivo de una causa sin siquiera saber cuáles fueron los hechos que motivaron el inicio de una investigación penal.
Lo anterior, como dijimos, no tiene ningún problema cuando se investiguen hechos que son de interés netamente patrimonial, pero existe un riesgo muy alto de descrédito por parte de la sociedad en torno a percibir que no se está entregando una solución "justa" y que se dejen sin condena hechos que a todas luces se oponen al interés público.
Recordemos algo que parece obvio, pero que por obvio no se dice y por no decirse se olvida: la Fiscalía tiene el objetivo de investigar y obtener condenas por esas investigaciones, no investigar para llegar a acuerdos con los imputados.
Por lo antes mencionado, se propone el siguiente:
Agréguese un nuevo inciso final, al artículo 237 del Código Procesal Penal, en los siguientes términos:
"No procederá la suspensión condicional del procedimiento en imputados por delitos cometidos por un funcionario público, en que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública".
Carlos Bianchi Ch.
1. La prescripción de los delitos sexuales.
La prescripción de la responsabilidad penal consiste en la extinción de la misma por el cumplimiento de un lapso de tiempo, la cual coarta el ius puniendi del Estado, o facultad para castigar, para perseguir crímenes o delitos, lo cual no tiene como trasfondo la certeza o seguridad jurídica para los ciudadanos. En el caso de los delitos sexuales en las cuales son víctimas menores de edad, desde el año 2007 tiene reglas particulares donde estas se contabilizan desde que este menor alcance la mayoría de edad.
En el año 2010 se ingresó en el Senado una moción por parte de los Senadores Patricio Walker, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y la ex senadora Ximena Rincón (Boletín 6956-07), quienes proponen la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando se trate de este tipo de víctimas. Dicho proyecto se encuentra aprobado en general en la Cámara alta, no continuando su tramitación desde marzo del pasado año, pero el cual tiene un amplio respaldo social por diversas organizaciones.
De todas formas, dicha iniciativa legal no aborda la situación de los encubridores de estos tipo de delitos, ya que dicha reforma sólo se refiere a los casos de delitos sexuales, entendiéndose que ciertas modalidades de encubrimiento configurarían un delito sui generis.
2. El encubrimiento.
Es encubridor, según el artículo 17 del Código penal, quien: "con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplice".
Según el profesor Juan Bustos[1], los delitos se clasifican según su forma de ejecución como instantáneos o permanentes, siendo los primeros los cuales se ejecutan totalmente de forma inmediata, mientras que los permanentes o continuos son quienes el "momento consumativo se prolonga con el tiempo", como sucede en el secuestro o en las detenciones ilegales. Esto tiene importancia al momento de determinar desde cuándo se computa la prescripción de la
responsabilidad penal, ya que la situación de permanencia de la antijurídica permite que mientras dure esta situación, no comience a correr dicho plazo.
A juicio de los autores de la presente moción, el delito de encubrimiento de favorecimiento habitual establecido en el artículo 17 N° 4 y sancionado en el artículo 52, ambos del Código Penal, son un delito permanente, ya que la comisión del mismo se prolonga durante el tiempo en el cual el sujeto activo mantiene la conducta de "acoger, receptar o proteger" a un delincuente.
II.	Contenido.
La moción propone establecer una reforma al artículo 369 quater para incluir un inciso final, con el objeto de los encubridores del Art. 17 N° 4 del Código Penal, puedan ser perseguidos penalmente.
Por esto, es que vengo a presentar el siguiente:
Para modificar el artículo 369 quater del Código Penal, incluyendo un inciso final en los siguientes términos:
"Con todo, tratándose de las conductas establecidas en el Número 4 del artículo 17 del presente Código, efectuadas respecto de delitos contenidos en los dos párrafos anteriores, los encubridores que hayan mantenido en el tiempo ese actuar, podrán ser perseguidos criminalmente, no obstante haber prescrito el delito efectuado por el autor."
FDO.: MARIA ISABEL ALLENDE, JUAN PABLO LETELIER MOREL, JAIME QUINTANA LEAL, PATRICIO WALKER