Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-667-06.htm
Timestamp: 2017-10-18 14:46:56
Document Index: 182483656

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3']

C-667-06
Corresponde a esta Corporación determinar si la norma acusada, efectivamente, al establecer a la mujer como privilegiada frente a las finalidades de los municipios en relación con la satisfacción de necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, discrimina de forma contraria al artículo 13 de la Constitución Política a los hombres. De los argumentos expuestos en la primera parte de esta providencia se constata: 1. La mujer es un sujeto de especial protección, de protección reforzada , al interior de nuestro Cuerpo normativo constitucional. En consecuencia, no se encuentra en la misma situación constitucional que el hombre , que si bien es un sujeto de protección constitucional, su protección no es especial ni reforzada. 2. Con el propósito de dar cumplimiento al anterior mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de la mujer de manera especial y reforzada , la misma Constitución , los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional ; han determinado el uso de “ acciones afirmativas “ medidas estas en pro de ciertas personas o grupos de especial protección, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello apareje una violación del artículo 13 de la Carta. Puede afirmarse que la disposición jurídica acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al hombre. Simplemente, el artículo demandado otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor de la mujer, para satisfacer sus necesidades insatisfechas. Así las cosas, la función de los municipios radicada en solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la mujer no contraria la Constitución, por cuanto, hace valer de manera preferente los derechos de sujetos de protección especial según la misma Constitución. Es de resaltar, que cuando la norma demandada hace referencia a que la solución de las necesidades insatisfechas debe hacerse con especial énfasis , en este caso en la mujer, en momento alguno está descartando o excluyendo de dicha protección a los hombres, simplemente la solución de las necesidades insatisfechas mencionadas se hará con especial énfasis en la mujer. Situación esta que corrobora la no vulneración del derecho a la igualdad.
Las ciudadanas Ana Raquel Miranda de la Hoz y Rubiela Cenit Pitre, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad , presentaron demanda contra la expresión “la mujer” del inciso 5º del artículo 3 de la Ley 136 de 1994.
De acuerdo con lo anterior, indican, la norma acusada cuando utiliza la expresión “ mujer “ contradice la constitución , por cuanto tiende a solucionar las necesidades insatisfechas en la niñez, la mujer, las personas de la tercera edad y los sectores discapacitados ; pero se está discriminando y vulnerando el derecho a la igualdad del hombre, por cuanto la norma atacada al decir “ mujer “ está dejando por fuera al hombre sin tenerlo en cuenta.
En ese orden de ideas, la utilización del término “ mujer “ excluye expresamente de los beneficios otorgados por la norma al “ hombre “ situación que contrasta con los postulados constitucionales que establecen que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, sin ninguna discriminación o razones de sexo .
El interviniente aduce que la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas oportunidades que, “sin que ello implique desnaturalizar el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, quien la ejerce debe cumplir con ciertos requisitos mínimos, sin los cuales la decisión sólo puede ser inhibitoria”En este sentido indica el Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia que la doctrina constitucional ha precisado que los cargos que se formulen en una demanda de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. En concordancia –arguye- la Corte ha tenido a bien definir que cuando, como en el presente caso, el cargo se formula en relación con el derecho a la igualdad, deben cumplirse por parte del demandante unas cargas adicionales, tales como las expuestas en el auto A- 217 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, indica que las demandantes omitieron la más mínima explicación de por qué la norma acusada es inconstitucional, sustentando su acusación en la simple mención de la palabra “mujer” en la disposición. Ello, de acuerdo con el interviniente, no satisface los requisitos jurisprudenciales ya señalados, pues no constituye un cargo claro, cierto, específico, pertinentes y suficiente.
Aduce la ciudadana Delgado que al efectuar dicho test, se llega a la conclusión de que la expresión “mujer” del inciso 5º del artículo 3º de la Ley 136 de 1994 es constitucional. Ello porque las mujeres, en Colombia, se encuentran en diferente situación de hecho que los hombres en las materias que señala la disposición demandada; el trato distinto que consagra la norma acusada tiene por finalidad solucionar las necesidades insatisfechas de dicho sector vulnerable; tal finalidad es razonable al tener conexión directa con los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y prevalencia del interés general; existe una concordancia entre la situación de vulnerabilidad de la mujer y la finalidad de la norma acusada; y, por último, existe “racionalidad de la consecuencia”, pues el trato diferente es acorde con la situación real de la mujer en Colombia.
Al finalizar su intervención recuerda que “como género mujeres y hombres son iguales, pero la posibilidad real de acceso al trabajo y los bienes que de este se deriva es claro que la mujer se encuentra en condición de desigualdad, por eso debe tratársele diferente a través de la medida de protección enunciado (sic.) en la norma acusada.”
Recuerda la interviniente que el Estado Social de Derecho tiene por objetivo la promoción de condiciones efectivas de igualdad entre las personas, y que entre las diversas formas con las que cuenta para hacerlo, existe una a través de la cual pretende igualar dando un trato diferenciado. Señala que dicho tipo de medidas son conocidas como las “acciones afirmativas”, dirigidas a beneficiar a grupos tradicionalmente marginados como, en el caso presente, las mujeres.
Señala que la disposición demandada no puede considerarse contraria al ordenamiento constitucional sino por el contrario constituye un desarrollo de una de las anotadas “acciones afirmativas” Además considera que, “al fijar la obligación de los municipios de plantear soluciones a los temas que tienen que ver con la mujer en sus distintos roles, está reconociendo el papel de la mujer y su importancia en la vida social, lo cual en forma alguna atenta contra los derecho del hombre en cuanto género.”
Mediante Concepto No. 4071 presentado el treinta (30) de marzo de 2006, el Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte “...declarar EXEQUIBLE la expresión “la mujer”, consagrada en el numeral 5o., del artículo 3o., de la Ley 136 de 1994...”
Señala el señor Procurador que el principio de igualdad es fundamental en el constitucionalismo moderno y que, por ende, su construcción exige una particular atención en relación con la igualdad sexual. En ese sentido –señala- “la igualdad constitucional está inmersa en un proceso dinámico, sujeta a ciertas limitaciones estructurales y a la contingencia de variables culturales e históricas. “
Recuerda el Procurador que la acción afirmativa, “affirmative actions”, aparece por primera vez en la legislación antidiscriminatoria de los Estados Unidos de Norteamérica en 1964, para referirse a medidas específicas de apoyo y compensación en favor de las minorías y modificar prácticas segregacionistas de desventaja mediante el reconocimiento de ventajas o preferencias temporales. Estas acciones afirmativas –señala el jefe del Ministerio Público- son consecuencia del reconocimiento de la desigualdad (de géneros o de cualquier grupo social) y tienen como finalidad la erradicación de esas diferencias.
El señor Maya precisa que la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha reconocido la vigencia de las acciones afirmativas como “políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación”[1]. Las acciones afirmativas comprenden “medidas de discriminación positiva” que, para la Corte tienen en cuenta aspectos como el sexo o la raza, criterios prohibidos de discriminación y se producen en una situación de especial escasez de bienes deseados, como suele ocurrir con puestos de trabajo o cupos universitarios.
No obstante –señala el Procurador-, si bien dentro del Estado social de derecho colombiano las mujeres gozan de una igualdad jurídica, lo que se evidencia desde una perspectiva de igualdad material y efectiva, es otra cosa, pues la realidad muestra que la mujer sigue siendo objeto de marginación y exclusión y que, por lo tanto, es preciso que las diferentes autoridades adopten políticas, medidas y acciones de discriminación inversa que permitan reducir esa desigualdad, enmarcada en la búsqueda de una equidad social. Dicha afirmación la soporta el jefe del Ministerio Público en las investigaciones sobre la situación de la mujer en Colombia realizadas por el Programa Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento Nacional de Planeación, contenidos en el Informe Nacional de Metas del Milenio (El procurador anexa copia del informe) y en las mediciones del Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) del PNUD. Tales estudios permiten al Ministerio Público reconocer la realidad de una serie de diferencias de trato entre el hombre y la mujer colombianos, principalmente, en los ámbitos económicos, sociales y culturales, claramente reflejados de manera negativa en el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres, en las condiciones de vida obtenidas hasta el momento, en las oportunidades de progreso y desarrollo como personas, actoras sociales y madres dentro de una sociedad que aún las excluye y margina.
Corresponde a esta Corporación determinar ¿ Si la norma acusada, al establecer a la mujer como privilegiada frente a las funciones de los municipios en relación con la satisfacción de necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, discrimina de forma contraria al artículo 13 de la Constitución Política a los hombres.
Pues bien, el Derecho a la igualdad “ es un derecho relacional que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o legales. La identificación de las cargas o los beneficios que se reparten a través de las medidas que generan un trato diferenciado, es eventualmente relevante para definir el grado de intensidad con el cual habrá de realizarse el juicio de igualdad, pero de ninguna manera puede ser utilizada para desvirtuarlo”[3]
Para explicar mejor la relación intrínseca en el derecho de igualdad debe afirmarse : “ Lo que se afirma de un sujeto , puede afirmarse de él aisladamente, o en relación con otro sujeto. En este último evento, su estructura lógica es de una relación de propiedad relativa; por ejemplo Pedro es más alto que Juan. Aquí se afirma algo que no puede considerarse aisladamente, sino relacionando dos ( 2 ) términos o sujetos, dos variables.
La igualdad es un concepto no aislado, sino relacional: Pedro es igual a Juan . Sin embargo, surge inmediatamente la pregunta ¿ en qué ? ; ¿ o en que son iguales ? ; o ¿ respecto de que propiedad ? o ¿ respecto de que característica?. La igualdad es un concepto relacional de tres términos o variables : María y Juana son iguales en edad; donde las variables María y Juana son iguales respecto de la variable ( propiedad o característica ) edad.
Es necesario especificar las tres variables , pues sino el juicio es incompleto. Decir que Pedro es igual al Jaime o como los revolucionarios franceses que todos los hombre son iguales es incompleta pues deja sin especificar una de las variables : la característica respecto de la cual son iguales. : Edad, sexo, raza, lengua, dignidad, riqueza , mérito, etc. Estas afirmaciones, literalmente tomadas carecen de significado pues no dicen respecto de que característica los hombres son iguales, o son falsas pues los hombres pueden diferir respecto de casi todas las características. Decir, mediante un lenguaje informativo o juicio descriptivo que Pedro y Jaime son iguales o que todos son creados iguales, no es más que un recurso retórico para decir que todos los hombres deberían recibir de sus gobiernos los mismos derechos ( lenguaje directivo y juicios normativos ). Este lenguaje incompleto no resuelve el problema sino que lo traslada a otro lugar, ya que se hace necesario especificar en que derechos deberían ser iguales, independientemente de sus diferencias individuales tales como la raza, el sexo , la riqueza , la capacidad, etc.”[4]
El derecho a la igualdad se predica , para su exigencia, de situaciones objetivas y no meramente formales. En otras palabras, el derecho mencionado debe valorarse a la luz de la identidad entre los iguales y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma jurídica no puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos iguales , aunque puede hacerlo si los supuestos son distintos. Esta manera de concebir el derecho a la igualdad, desde su visión material, evita que el mismo derecho sea observado desde una visión igualitarista y meramente formal. Situación anterior que sería contraria a la Constitución a la luz del artículo 13 : “ … El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados … “
Por consiguiente, esta Corte establecerá si las situaciones en que se encuentra la mujer desde el punto de vista Constitucional ( I ) son similares o diversas a las que se encuentra el hombre, para posteriormente analizar el caso concreto ( II )
“ La situación histórica de la mujer en Colombia. Una breve reseña de los cambios normativos.
Ahora bien: aun cuando la igualdad formal entre los sexos se ha ido incorporando paulatinamente al ordenamiento jurídico colombiano, lo cierto es que la igualdad sustancial todavía continúa siendo una meta, tal y como lo ponen de presente las estadísticas que a continuación se incluyen. Justamente al logro de ese propósito se encamina el proyecto de ley estatutaria cuya constitucionalidad se analiza.”
En este orden de ideas, la Constitución de 1991 , declaró expresamente su voluntad de enaltecer los derechos de las mujeres y protegerlos de una manera reforzada.
Los derechos específicos de la mujer a la no discriminación como cláusula general ( art. 43 Constitucional ) a la no discriminación por razón de su género ( art. 13 Constitucional ) , a su adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la Administración Pública ( art. 40 Constitucional ) , a la igualdad de derechos y oportunidades en relación con el hombre ( art. 43 Constitucional ) a la especial asistencia de parte del Estado durante su embarazo y posterior parto , a su libertad reproductiva, a determinar el número de hijos que desee tener( art. 43 Constitucional ), al apoyo especial de parte del Estado por ser cabeza de familia ( art. 43 Constitucional ) y a la protección especial en materia laboral ( art. 53 Constitucional ) , ratifican de manera absoluta la voluntad expresa y manifiesta del Constituyente de realzar los derechos de las mujeres y de vigorizar en gran medida su salvaguarda.
Por consiguiente, la mujer es sujeto constitucional de especial protección y en esa medida no sólo sus derechos generales sino igualmente los específicos , requieren de atención fija por parte de todo el poder público , donde se incluyen los operadores jurídicos.
La consagración de la cláusula del Estado Social de Derecho en nuestra Constitución Política –y esto se ha dicho en reiteradas oportunidades por parte de esta Corporación[20]- comporta el deber por parte de las autoridades estatales de garantizar la igualdad material de las personas, superando la típica concepción igualitaria del estado burgués, según el cual la igualdad es una condición formal ante la Ley. Recogiendo dicha concepción de Estado, al consagrar el derecho a la igualdad, el constituyente expresó que en desarrollo de tan fundamental derecho:
Así pues, lo que doctrinalmente se ha denominado “acciones afirmativas” fue expresamente permitido en la Carta para que el legislador pudiera adoptar medidas en pro de ciertas personas o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello comportara un violación del artículo 13 de la Carta. Dichas medidas se concretan en la facultad con la que cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo –categorías en principio sospechosas como criterio de discriminación-, con el fin de aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esos grupos en posiciones desfavorables. Ahora bien, las medidas –por obvias razones- no pueden servir sino al fin para el cual han sido ideadas; es decir, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades
Por lo que hace al ámbito sobre el cual operan las “acciones afirmativas” resulta menester señalar que una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 y 43, han llevado a la Corte a sostener, que la igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer –de acuerdo con los fines del Estado Social de Derecho- tampoco puede ser de carácter simplemente formal, pues, en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido la población femenina, se justifican diferenciaciones cuyo fin es lograr la igualdad material. En este sentido:
“...se autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales.”[21]
“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”[24]
“El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto.”[25]
2. Con el propósito de dar cumplimiento al anterior mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de la mujer de manera especial y reforzada , la misma Constitución , los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional ; han determinado el uso de “ acciones afirmativas “ medidas estas en pro de ciertas personas o grupos de especial protección, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello apareje una violación del artículo 13 de la Carta.
Dichas medidas se concretan en la facultad con la que cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo –categorías en principio sospechosas como criterio de discriminación-, con el fin de aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esos grupos en posiciones desfavorables.
“ ARTÍCULO 3o. FUNCIONES. Corresponde al municipio.
Para esta Corporación no presenta duda, que la norma acusada denota en su contenido normativo una acción afirmativa en cabeza de los municipios y a favor de grupos de especial protección constitucional como los niños, las personas de la tercera edad , los discapacitados y las mujeres.
Como quedó ya claramente dicho en las consideraciones generales de esta sentencia, tales medidas, que constituyen una acción afirmativa a favor de un grupo de personas determinadas, pretenden edificar condiciones reales de igualdad –aquellas que tienen que ver con su contenido material- y son coherentes, en esa medida, con los fines propios del Estado Social de Derecho.
Empero –y quedó así también dicho en el acápite general- el ejercicio de tal acción afirmativa por parte del legislador no puede desbordar el contexto del artículo 13 de la Carta. Simplemente por cuanto, como se evidenció, la situación constitucional de la mujer respecto del hombre es diferente, en consecuencia no se puede predicar una igualdad formal entre desiguales.
La situación del género femenino en Colombia no es una en la que se pueda predicar de manera cierta la igualdad material de los géneros, por lo que se encuentra justificado, para realizar dicha igualdad, que el legislador, como ocurre en la disposición demandada de la Ley 136 de 1994, tome medidas de acción afirmativa en favor de éste grupo.
Puede afirmarse entonces, que la disposición jurídica acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al hombre. Simplemente , el artículo demandado otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor de la mujer, para satisfacer sus necesidades insatisfechas.
Así las cosas, la función de los municipios radicada en solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación , saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios , vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la mujer no contraria la Constitución , por cuanto, hace valer de manera preferente los derechos de sujetos de protección especial según la misma Constitución.
Es de resaltar, que cuando la norma demandada hace referencia a que la solución de las necesidades insatisfechas debe hacerse con especial énfasis , en este caso en la mujer, en momento alguno está descartando o excluyendo de dicha protección a los hombres, simplemente la solución de las necesidades insatisfechas mencionadas se hará con especial énfasis en la mujer. Situación esta que corrobora la no vulneración del derecho a la igualdad.
Por consiguiente, y con base en los argumentos expuestos, esta Corte declarará exequible la expresión “ …la mujer … “ contenida en el inciso 5° del artículo 3° de la ley 136 de 1994 , por el cargo analizado.
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “la mujer”, contenida en el numeral 5º del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, por el cargos analizado.
[1] Sentencia C – 371 de 2000
[4] Araújo , Jaime. El derecho fundamental a la igualdad : precisiones. Corporación Universitaria Republicana. 2004, pags 6 y 7
[5] Sentencias T- 553 de 1994, T. 207 de 1997, T- 011 de 1999, T- 1103 de 2000, C-1112 de 2000, C-101 de 2003, entre otras.
[6] Sentencias T-028 de 2003, T- 771 de 2000, T-900 de 2004, T- 161 de 2002 y T -653 de 1999 Corte Constitucional; entre otras.
[7] Sentencia T- 1084 de 2002 C.C.
[8] Sentencia T- 1062 de 2004 C.C.
[12] Sentencia T- 606 de 1995 C.C.
[13] Sentencia T-656 de 1998 C.C.
[14] Sentencia T- 943 de 1999 C.C.
[15] Sentencia T- 624 de 1995 C.C.