Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512011000100012&lng=en&nrm=iso
Timestamp: 2018-02-22 17:29:51
Document Index: 185478815

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Free Circulation of Judgments in the International Civil and Commercial Litigation Arena’s: an Analysis from the Procedural Justice Due Process of Law in the Positive Chilean Law
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512011000100012
Libre circulación de sentencias en la litigación procesal civil internacional: un examen desde la justicia procedimental y el debido proceso en el Derecho positivo chileno*
Free Circulation of Judgments in the International Civil and Commercial Litigation Arena's: an Analysis from the Procedural Justice Due Process of Law in the Positive Chilean Law
Maite Aguirrezábala
Álvaro Pérez Ragoneb
Alejandro Romero Seguelc
It is possible to identify procedural and substantive norms in civil and comercial litigation, where "procedural justice" or "due process" become especially important. The Chilean civil procedural system does not have a symmetric, modern and coherent regime to regulate the national and international civil litigation. Some isolated norms regulate the latter, especially regarding international comercial arbitration.
Keywords: Execution - Circulation of foreign rulings - Due process.
En la doctrina chilena, la competencia judicial internacional es objeto de estudio en tanto existan elementos extranjeros en el proceso civil. Así constituyen áreas tradicionalmente tratadas en el Derecho internacional privado no solo la determinación de la ley aplicable (conocido como los conflictos de leyes), sino también el conflicto de jurisdicción en lo relacionado con la cooperación judicial internacional y reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos extranjeros. Se ha desarrollado incipientemente un área especial asociada al Derecho procesal civil internacional. De hecho, la primera obra de Derecho procesal civil que da un tratamiento sistematizado a la competencia judicial internacional, como subtema del presupuesto procesal de la competencia, es relativamente nueva[1]. Es en el arbitraje comercial internacional donde se han incorporado principios comunes de las Reglas uncitral para Arbitraje comercial internacional y de las Reglas de ali/unidroit de litigación civil transnacional. También es reciente el tratamiento sistemático uniforme del arbitraje nacional conjuntamente con el internacional que en la doctrina implica un gran avance en incorporar las reglas y principios mencionados[2]. Las reglas de proceso civil transnacional han sido mencionadas como fuentes de las propuestas recientes de reforma a la justicia civil[3].
Legislativamente, debe verificarse que el Código de Procedimiento Civil chileno no contiene una regulación sistemática de la jurisdicción y la competencia nacional ni internacional. Y finalmente termina siendo solo regulada casi completamente solo la competencia nacional en un código separado de tipo orgánico. La directamente del presupuesto procesal de la competencia judicial internacional. Esta carencia se explica porque a la época de promulgación de nuestra primera Ley de organización y atribución de los tribunales, en 1875, no se visualizó la relevancia que tendría esta materia en el futuro. Tampoco el Código de Procedimiento Civil de 1902 llenaría este vacío, dejando fundamentalmente a la doctrina y jurisprudencia responder a las dificultades que surgen en la práctica forense. Ni la norma orgánica (Código Orgánico de Tribunales) ni la procedimental (Código de Procedimiento Civil) tienen mayor desarrollo de material de extranjería en el proceso civil. La necesidad de estudiar este presupuesto procesal se ha visto acrecentada en el último tiempo por el aumento que ha tenido el intercambio comercial transnacional, como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. Son cada vez más frecuentes los problemas que se suscitan en la relación procesal por el hecho de concurrir en el conflicto algún factor de conexión que obliga a pronunciarse sobre la extensión y límites de la jurisdicción nacional[4].
Así el contenido de la competencia judicial civil y mercantil internacional se han obtenido básicamente a partir de la aplicación de una serie de normas y principios de derecho internacional, que por razón de la materia, de la calidad de ciertas personas o por el territorio limitan o extienden la actuación de nuestros tribunales para conocer de las acciones civiles (en sentido amplio). Por dos motivos se limita la competencia judicial internacional de los tribunales chilenos: i) en virtud de una ley, de un tratado internacional o de un convenio entre las partes que reconozca competencia a un tribunal extranjero para conocer de un determinado tema; y ii) por la existencia de algún supuesto de inmunidad de jurisdicción. Como puede verse es justamente partir del Derecho internacional el tráfico jurídico internacional creciente que se eliminan o reformulan las limitaciones relacionadas con la litigación civil y comercial internacional.
El marco inicial básico lo constituyó la Convención de Derecho Internacional, conocida comúnmente como "Código de Bustamante", y que en nuestro país lleva el nombre de Código de Derecho Internacional Privado. Otro tanto ha aportado la Convención sobre compraventa internacional de mercaderías o "Convención de Viena"[5]. También han realizado su contribución una serie de normas contenidas en los tratados de libre comercio firmados por Chile (TLC), los acuerdos sobre promoción y protección de inversiones extranjera (APPIs) y los tratados bilaterales de inversión (TBI), normalmente en la parte dedicada a regular los mecanismos de solución de controversias, que preferentemente optan por mecanismos de arbitraje comercial internacional[6]. Una especial referencia en esta materia se debe hacer del Decreto-ley Nº 2.349 de 1978 (publicado en el Diario Oficial Nº 30.201, de 28 de octubre de 1978). Dicho cuerpo legal estableció normas sobre contratos internacionales para el sector público, resolviendo directamente los problemas más típicos que surgen en relación a la competencia judicial internacional, en especial el sometimiento de los conflictos a tribunales extranjeros y a la posibilidad de renunciar a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución.
El resguardo de la "procedural fairness", el "due process" y del "fair trial" en la litigación privada internacional se ha desarrollado doctrinal, jurisprudencial y legislativamente en forma muy acotada en la Ley de arbitraje comercial internacional y solo con reducidas normas de extranjería que procuran hacer primar la jurisdicción y competencia judicial nacional a partir de disposiciones dentro del Código Civil, del Código de Derecho Internacional Privado, y de ciertos artículos dentro del Código Orgánico de Tribunales , como el rígido sistema de reconocimiento y cumplimiento de resoluciones extranjeras o "exequátur" donde tiene un especial rol el control de la jurisdicción y del orden público.
II. La competencia judicial internacional en materia civil
El análisis del contenido de la competencia judicial internacional en el proceso civil reconoce como primera limitación la existencia de una posición doctrinaria y jurisprudencial inicial contraria a lo que denomina como el "imperialismo jurisdiccional". En efecto, conforme al artículo 5º COT., "a los tribunales mencionados en este artículo [se refiere a los que conforman el Poder Judicial, a los tribunales especiales y a los árbitros] corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes".
a) Aunque la norma anterior no establece ningún límite sobre la extensión de nuestra jurisdicción, la jurisprudencia a interpretado dicho precepto fijando una serie de pautas en torno a la extensión del presupuesto procesal de la competencia judicial internacional de los tribunales chilenos en materia civil[7]. Uno de los pocos autores de finales del siglo XIX don Manuel Egidio Ballesteros, afirmaba: "Hemos hecho ya mención de las diversas jurisdicciones especiales que han desaparecido en Chile, gracias al artículo 5.° de la Ley Orgánica de Tribunales y si nos hemos ocupado más extensamente en alguna de ellas, han sido por la especial importancia que habían llegado a adquirir en nuestra legislación y, aún más, en nuestros hábitos y en nuestro foro. La promulgación de la ley, llenó, pues, el objeto que, en ese punto, se propusieron los legisladores, sobre todo cuando suprimieron el fuero eclesiástico de tal modo encarnado en nuestras costumbres desde el tiempo de la dominación española, que a su supresión equivalió a una verdadera revolución social y legal" [La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Chile (Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1890), I, p. 57, núm. 44]. La idea de trasfondo independentista se traducía en la prelación en todo caso de la jurisdicción y competencia nacional con cierta desconfianza de la internacional.
Así se conforma un sistema procesal civil interno paralelo a otro internacional. Éste se integra principalmente por normas de Derecho Internacional privado que regulan la contratación mercantil internacional y una regulación específica como es la del arbitraje comercial internacional. Es dicha que permite la flexibilidad dentro de la rigidez normativa con elementos extranjeros. Por un lado se puede verificar una asimetría en la regulación de la competencia judicial civil internacional en contraste con la competencia jurisdicción nacional. Por otro lado tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen tratar los temas relacionados con el proceso como una unidad, donde la analogía y razonamiento a pari entre el proceso penal y el civil es mayoritaria. No en vano el Código Orgánico de Tribunales se reduce a supuestos bastante específicos especialmente de derecho penal internacional y derecho marítimo.
b) Un hito en esta materia es la sentencia pronunciada en los autos "Holzmann con Gainsborg", de mediados del siglo pasado. En ese proceso se demandó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago la responsabilidad contractual de un extranjero no domiciliado en nuestro país, por actos ejecutados fuera del territorio nacional. El tribunal de primera instancia acogió la excepción opuesta a la demanda, resolución que fue impugnada, permitiendo que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema se pronunciaran sobre el alcance de la competencia judicial internacional[8].
En este mismo proceso se reconoció que el artículo 5° COT., por su origen histórico, no previó los problemas relativos a la competencia judicial internacional. Al respecto los considerandos 5° y 6° de la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema, de fecha 21 de noviembre de 1950, declaran[9]: "5°: En efecto, la voluntad de la ley fue establecer un límite a la jurisdicción judicial en el sentido de darle sólo competencia para conocer de los asuntos del orden temporal en contraposición a los del orden espiritual, como se deduce del acápite final del aludido artículo 5°. Estos privilegios los hizo desaparecer el artículo 5.° ya citado, al someter a la justicia ordinaria el conocimiento de todos los asuntos del orden temporal', que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan'. 6°: Que como se ve, el aludido precepto no contiene norma alguna para determinar una cuestión de competencia internacional, como es la propuesta por el demandado, y por lo tanto, los jueces recurridos lo han infringido al aplicarlo a un caso no previsto".
En síntesis, la Corte Suprema desestimó el recurso, estableciendo que la falta de competencia judicial internacional en este caso provenía de la falta de competencia judicial internacional provenía de la carencia de un tratado bilateral con Bolivia para poder conocer de este asunto. Que, además, "tratándose del ejercicio de una acción personal [...], tanto el Código de Bustamante como en nuestro Derecho, rige el mismo principio: actor sequitur forum rei', o sea, el tribunal del domicilio del demandado el que tiene competencia para conocer del asunto. Así se desprende del artículo 138 del Código Orgánico de Tribunales [...]".
Posteriormente la Corte Suprema se pronunció con sentencia del 2 de octubre de 2007, recaída en los autos laborales "Cortés Delgado y otros con Maruha Corporation"[10]. Para lo que aquí importa, se promovió un problema de competencia internacional en relación a una demanda presentada en Punta Arenas, por trabajadores chilenos que habían desempeñado funciones como tripulantes de un barco factoría que operaba con pabellón japonés en aguas internacionales. La Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo, declaró que por regla general, la actividad jurisdiccional nacional se encuentra limitada coincidentemente como lo está la actividad jurisdiccional extranjera por el territorio nacional. Asimismo, reconoció que aunque nuestra legislación laboral contempla algunas hipótesis especiales de aplicación de la ley nacional a chilenos embarcados a bordo de naves extranjeras (artículo 130 CT.), la regla general indica que en los casos no expresamente regulados el ejercicio de la jurisdicción por parte de los órganos especializados presupone la soberanía nacional[11]. Los siguientes considerandos de la sentencia casación establecen los límites de la competencia judicial internacional de nuestros tribunales sobre las siguientes bases: "4°: Que dilucidar la controversia importa determinar si los tribunales chilenos tienen o carecen de jurisdicción para resolver el presente conflicto, considerando que se trata de una reclamación formulada por tripulantes nacionales que prestan servicios en un barco factoría japonés, que desarrolla sus actividades fuera de las aguas territoriales. 5°: Que, históricamente, la jurisdicción nace como consecuencia de la agrupación de los seres humanos en familias, tribus, comunidades y, finalmente, en naciones, pues dicha agrupación es fuente inagotable de conflictos, los que en su forma primitiva, son solucionados mediante la autotutela, luego se traspasa esa solución al jefe de la familia o al jefe de la tribu y, por último, a la autoridad. Sin duda, ese desprendimiento obedece al poder coercitivo que estaba en condiciones de ejercer el tercero facultado para la solución del problema, en la medida en que estaba revestido de atribuciones para hacer cumplir su decisión"
Nótese el énfasis dado a la soberanía para extender la jurisdicción nacional o limitar la internacional.
Añadió la sentencia: "8°: Que, en consecuencia, considerando a la jurisdicción como un atributo de la soberanía, se extiende hasta donde ésta alcanza en ejercicio, esto es, "hasta los confines territoriales del Estado y fuera de ellos, en los sitios y casos en que el derecho internacional admite, como en alta mar sobre los barcos que llevan su bandera o pasan por aguas de su exclusivo dominio. Y cuando se admite en determinados casos la extraterritorialidad de la ley, como cuando se reconoce eficacia a la actividad jurisdiccional de los órganos del extranjero, no se hace otra cosa que respetar el derecho interno que permite se aplique la ley extranjera y se tengan por válidos los pronunciamientos jurisdiccionales de otro Estado. Es decir, que la extraterritorialidad de las leyes y sentencias extranjeras, no tiene lugar por el hecho de ser leyes y sentencias, que sólo tienen eficacia dentro del lugar donde han sido dictadas, sino porque ha mediado la voluntad del Estado, donde incidentalmente se trata de aplicar".
III. La determinación de la competencia judicial internacional
El tratamiento de la jurisdicción y competencia internacional surgen en tanto se deban demarcar la extensión y límites de la jurisdiccional nacional con determinados elementos extranjeros que tienen un determinado factor de conexión, para atribuir o negar la competencia al órgano jurisdiccional local. La internacionalidad en un proceso puede provenir de variadas causas: la nacionalidad de una o de ambas partes, de su domicilio o residencia en el extranjero, del lugar de celebración del acto o contrato o del que fue previsto para el cumplimiento de las obligaciones, de la existencia de una convención de prórroga de la jurisdicción nacional, del lugar de comisión de un hecho ilícito, entre otros factores[12]. Una vez que se advierte que está presente algún elemento que incide en la competencia judicial internacional, se debe proceder a indagar cómo incide dicho factor en la extensión y límites de la jurisdicción nacional para establecer los efectos de ese proceso civil.
a) A falta de una norma legal que resuelta este asunto parece razonable seguir la propuesta de la Corte Suprema fijada en los autos "Holzmann con Gainsborg", cuando expuso: "[...] para resolver cualquier conflicto de competencia internacional [...], es preciso averiguar, en primer término, si existen o no tratados con el país a que pertenece o estuviere domiciliado el litigante; en seguida, qué preceptúa la legislación interna, y si ésta nada dispone deberá acudirse a los principios generales del Derecho Internacional, en armonía naturalmente, con el criterio de la legislación nacional"[13]. Como pauta general, en virtud de la igualdad el codificador civil, don Andrés Bello, no estableció distinciones entre chilenos y extranjeros para la adquisición y goce de derechos, en el artículo 57 CC., la nacionalidad no es un factor relevante a la hora de resolver los límites de la competencia judicial internacional. Aunque veremos que ello contrasta con la desconfianza en relación a los acuerdos de prórroga internacional de la jurisdicción en el artículo 1462 CC., mencionando el caso como un ejemplo de nulidad por objeto ilícito. Esto significa que en un proceso civil promovido ante nuestros tribunales no se puede esgrimir la condición de extranjero para excluir, por esa sola circunstancia, la actuación del órgano jurisdiccional nacional. Solo quedarían exceptuados aquellos casos donde exista inmunidad de jurisdicción. En cambio, el domicilio sí es un elemento relevante para pronunciarse sobre los límites de la jurisdicción nacional[14].
b) El lugar de comisión de un hecho también tiene relevancia en materia de responsabilidad civil. El Código de Derecho Internacional Privado (conocido también como "Código de Bustamante") dispone en su artículo 168 que: "las obligaciones que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine". Este precepto constituye una limitación sustantiva para que la judicatura nacional pueda entrar a juzgar un ilícito civil surgido en otro territorio, ya que ello significaría tener que aplicar un derecho extranjero, cuestión que en principio no resulta procedente, salvo que exista una habilitación especial por preceptos de derecho internacional. Ratifica lo anterior el artículo 172 del mismo Código, al establecer que "la prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma".
En consecuencia, si se demanda en Chile para hacer efectiva alguna hipótesis de responsabilidad civil por un hecho ocurrido el otro país, procede acoger la declinatoria de jurisdicción, salvo que el demandado quiera prorrogar la competencia para ante los tribunales de nuestro país o exista una norma legal que le otorgue la competencia a nuestros tribunales.
IV. La exclusión de la competencia judicial nacional por voluntad de las partes:
derogación y prórroga de la competencia nacional chilena
La regulación de la prórroga de competencia (nacional) es bastante flexible dentro del sistema procesal civil chileno. El caso de la prórroga expresa que pueda implicar "forum shopping" o forum non conveniens no tiene mayores requisitos y su control se realiza en tanto no haya fraude a la ley o afectación del orden público. Sí se contemplan serias limitaciones al libre acuerdo en tanto prórroga internacional dentro del Código Civil. Se analiza a continuación la eficacia de la cláusula en virtud de la cual las partes someten a la jurisdicción de los tribunales extranjeros el conocimiento de un litigio[15]. A los efectos de este pacto se le conoce como derogatio fori (el efecto negativo) o como prorrogatio fori (el efecto positivo).
La doctrina y jurisprudencia nacional asumen una posición según la visión que se tenga acerca de la actuación de la jurisdicción. Si se la concibe como un poder inderogable, al que las partes son sometidas indefectiblemente por una serie de normas legales de orden público, la consecuencia de ello será limitar o desconocer cualquier acuerdo de voluntades en contrario. En cambio, cuando el mismo problema se aborda admitiendo que dentro del contenido del principio de la autonomía de la voluntad existen situaciones en las que resulta lícito a las partes sustraerse de una determinada jurisdicción, la respuesta es diversa, otorgándoles valor a esas convenciones.
a) En una primera aproximación al tema, nuestro Código Civil no es proclive a reconocer valor al acuerdo de las partes para prorrogar el conocimiento de los asuntos a la jurisdicción extranjera. El artículo 1462 CC., dispone al efecto que: "hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, en nula por vicio del objeto". Tal como se aprecia de su tenor literal, el pacto de sumisión a un tribunal extranjero podría verse como un acto prohibido absolutamente en nuestro derecho.
En la jurisprudencia una proyección de la restricción anterior se aprecia en la doctrina contenida en la sentencia de la Corte Suprema, de 25 de enero de 1999; allí se declaró que se cometió un error de derecho al acoger la excepción de incompetencia absoluta de un tribunal chileno para que un conflicto relativo a un contrato de transporte marítimo fuera conocido por un tribunal español, conforme se pactó por las partes en el conocimiento de embarque[16].
b) Sin embargo, distintas razones han llevado a replantear la restricción antes explicada, admitiendo que, bajo ciertos límites, es lícito pactar en el campo civil la prórroga de la jurisdicción. En abono de esta tesis se ha hecho tradicional invocar la exposición de motivos del Decreto-ley Nº 2.349, de 1978, que estableció Normas sobre contratos internacionales para el sector público. Allí se señala: "1º: Que constituye una práctica comercial generalizada, cuya aplicación alcanza a nuestro país, que en los contratos internacionales relativos a negocios y operaciones de carácter patrimonial que el Estado o sus organismos, instituciones y empresas celebran con organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras, cuyo centro principal de negocios se encuentra en el exterior, se inserten estipulaciones en virtud de las cuales se les sujeta a determinada legislación extranjera, se sometan las controversias que de ellos pudieran derivarse al conocimiento de tribunales extranjeros, sean ordinarios o arbitrales, se pacte domicilio especial fuera del país y se establezcan mecanismos para configurar la relación procesal. 2°: Que, dentro del sistema jurídico chileno, tales estipulaciones son lícitas y en esta virtud tienen frecuente aplicación en los contratos celebrados entre particulares, siendo de advertir, además, que ellas están consagradas en el Código de Derecho Internacional Privado aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana, el que rige en nuestro país desde 1934".
De esa declaración de principios se ha pretendido inferir la validez de la prórroga de jurisdicción en el ámbito de las relaciones contractuales internacionales, sin perjuicio de las excepciones donde el legislador ha establecido que ciertos conflictos deben ser resueltos en Chile, conforme ya se explicó. La validez y eficacia de las convenciones de prorrogatio fori exige realizar una interpretación teleológica y correctiva del alcance del artículo 1462 CC. La necesidad de revisar esta limitación es manifiesta: el comercio moderno requiere la superación de leyes imperativas que se conviertan en un obstáculo para la contratación internacional.
Un ejemplo de esta forma renovada de entender los límites de la competencia judicial internacional se recoge en la sentencia de la Corte Suprema, de 14 de mayo de 2007, pronunciada en los autos de "State Street Bank and Trust Company con Inversiones Errázuriz Limitada y otros". Para lo que aquí interesa allí se resolvió: "Se sostiene específicamente que tales cláusulas y disposiciones contractuales serían nulas pues violarían el orden público chileno de acuerdo a lo prescrito en los artículos 10, 16, 1462, 1681 y 1682 de Código Civil y en conformidad con lo prescrito en los artículos 7, 19 N° 3 y 73 de Constitución Política de la República ...Que en cuanto a este tema debe insistirse en señalar que nuestro legislador ha reconocido la posibilidad de someterse a la jurisdicción de otros países bajo ciertas condiciones en relación a la materia, las personas y carácter de los tribunales llamados a resolver. En este sentido se encuentra dispuesto en el artículo 318 del Código de Derecho Internacional Privado, en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, en el Decreto Ley 2349 de 28 de octubre de 1978 y en la Ley 19.971, sobre Arbitraje Comercial Internacional, que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2004"[17].
V. Regulación procesal de la competencia judicial internacional
1. La excepción de incompetencia internacional.
Los mecanismos procesales internos específicos mediante los cuales las partes pueden impugnar la incompetencia del tribunal se regulan bajo la forma de "incidentes especiales" como "cuestiones de competencia" dentro del Código de Procedimiento Civil: la declinatoria y la inhibitoria. Su interposición suspende la tramitación del proceso. La primera se la hace valer ente el tribunal considerado incompetente para que deje de conocer, mientras que la segunda se interpone ante aquel que la parte reputa competente para que ordene al que esté conociendo cese y le haga remisión del proceso. En la jurisprudencia nacional y relacionado con la incompetencia judicial internacional ha merecido especial atención solo la declinatoria internacional[18]. No ha tenido igual tratamiento la inhibitoria internacional y su manifestación mediante las "anti-suit injunctions".
a) Aunque jurídicamente competencia y jurisdicción son conceptos distintos, en el ámbito del derecho internacional privado todavía se confunden estos términos. En efecto, para aludir al mismo problema jurídico se usan diversas voces: declinatoria de jurisdicción, falta de competencia judicial internacional, falta de jurisdicción, etc.
Esta variedad de denominaciones explica que también este mismo instrumento pueda promoverse bajo los nombres de excepción de falta de jurisdicción o de falta de competencia judicial internacional. La excepción de incompetencia absoluta en tanto incompetencia judicial internacional es asimilada a la falta de jurisdicción, así se la califica como "la excepción de incompetencia absoluta por falta de jurisdicción"[19].
b) La declinatoria internacional tiene por objetivo que el órgano jurisdiccional del Estado donde se promueve declare que no es el llamado a conocer del asunto, por carecer de competencia judicial internacional. Si se consigue ese objetivo se pone término al juicio, sin que pueda operar la remisión de los autos a otro tribunal. Es una sentencia meramente procesal pero que extingue el proceso, denominada de absolución de instancia. Examina un presupuesto procesal en su admisibilidad, pero de entender que debe acoger la declinatoria se extingue el proceso. El principio de la territorialidad de la ley procesal impide que lo actuado ante un determinado tribunal nacional pueda ser enviado al órgano jurisdiccional de otro Estado[20]. Como se puede apreciar, la declinatoria de jurisdicción se pronuncia sobre un presupuesto procesal y no sobre una condición de la acción[21].
Aunque el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil no han previsto expresamente la declinatoria internacional, su reconocimiento se obtiene de otra fuente legal, el artículo 397 del "Código de Bustamante". Este precepto, que está ubicado en el título 6° del libro IV, relativo al Derecho procesal internacional, dispone que: "en todos los casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos". Su alegación en juicio debe entenderse comprendida dentro de la excepción procesal de incompetencia que se regula en el Código de Procedimiento Civil chileno como un caso de excepción "dilatoria" en el artículo 303. No obstante ello de acogerse esta excepción por incompetencia o falta de jurisdicción internacional, en los efectos el proceso se extingue y no puede sanearse.
En suma, la excepción que denuncia que la falta la competencia judicial internacional, sólo se limita a denunciar un vicio referido a la corrección del procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida[22]. Si se acoge la excepción de falta de jurisdicción o de falta competencia judicial internacional se dicta una sentencia meramente procesal (o absolutoria de la instancia), cuyo rasgo esencial es su falta de pronunciamiento sobre el fondo de la acción deducida. Una correcta interpretación de este problema por parte de la Corte Suprema se encuentra en la sentencia de 24 de abril de 1980, al sostener que: "la falta de jurisdicción implica necesariamente la inhibición que afecta al tribunal para entrar a conocer de un negocio, fallarlo y hacer ejecutar lo juzgado"[23].
c) En lo que respecta a la inhibitoria internacional los tribunales chilenos han sido respetuosos de la competencia judicial internacional especialmente en el arbitraje internacional no acogiendo pedidos de inhibitoria que puedan obstaculizar el conocimiento y decisión especialmente de centros internacionales de arbitraje[24]. Muy por el contrario los tribunales han asumido un rol de cooperación con los tribunales extranjeros judiciales y arbitrales. Un sistema idéntico al inglés de las "anti-suit injunctions" no está contemplado en el sistema procesal civil judicial y arbitral internacional o nacional chileno[25]. Hay similitudes en el objetivo y fundamento con la inhibitoria, pero nunca con los alcances que es conocida la institución en el derecho inglés. Especial relevancia práctica ha tenido en el arbitraje tanto la doctrina de la "Kompetenz-Kompetenz" como la de la separabilidad del acuerdo arbitral por ejemplo, reconociendo el valor y efecto vinculante de la autonomía de la voluntad y la imposibilidad de que los tribunales de justicia ordinarios intervengan para obstar el conocimiento y decisión de un tribunal arbitral en un caso de arbitraje comercial internacional[26]. Curiosamente no es uniforme la postura de los tribunales de justicia frente al arbitraje nacional, quizás porque el árbitro en Chile esté equiparado a un juez en tanto órgano jurisdiccional.
Así se han dado casos de uso de las acciones de tutela de derechos fundamentales (recurso de protección) como una suerte de "anti-suit injunction" para intentar obstar o exigir el respeto de la jurisdicción arbitral[27].
2. El control de oficio.
La otra posibilidad de controlar la falta de competencia judicial internacional proviene de la actuación de oficio de parte del tribunal. El ejercicio de esta facultad se encuentra amparado por el artículo 84 inc. 4º CPC. Y también a través del recurso de casación en la forma de oficio (artículo 775 CPC). En ambos casos, nuestro legislador permite que los jueces, a su propia iniciativa, corrijan los errores que observen en la tramitación del proceso para evitar la nulidad de los actos de procedimiento.
a) Mediante la utilización de este control se puede lograr que se haga primar las normas de derecho internacional, cuando ellas limitan de un modo absoluto la actuación de la jurisdicción nacional (por ejemplo, si se demanda a un Estado o Jefe de Gobierno en Chile). El respeto en este caso de las imposiciones del Derecho Internacional Público son garantías de justicia y debido proceso en la relaciones entre Estados y resguardo del juez natural. Solo si procede la prórroga tácita de la jurisdicción, no es procedente el control de oficio. Se debe mencionar que la prórroga de la competencia (y de la jurisdicción) internacional no tienen una regulación expresa dentro del ordenamiento procesal civil.
En cuanto a los efectos de la declaración de oficio, ellos son los mismos que se han explicado para el caso que se acoja la declinatoria internacional, esto es, el tribunal nacional debe abstenerse de seguir conociendo de la acción deducida.
Dentro del control de oficio es obligatorio referirse a la facultad que tiene la Corte Suprema, dentro de la superintendencia directiva, correccional y económica que le reconoce el artículo 82 CPol., para examinar este tema. En la jurisprudencia la Corte Suprema hizo primar la inmunidad de jurisdicción en casos emblemáticos anulando los procesos, incluso en casos donde había ya cosa juzgada[28].
i) "Marchant con Gobierno de China Nacionalista". En este caso se interpuso en Chile una demanda por un trabajador contra el Gobierno de China, para obtener el pago de una serie de prestaciones laborales. Se notificó oportunamente al Embajador del referido país, don Ti-Tsun Li. El juez del Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago acogió parcialmente la demanda, ordenando el pago de parte de las prestaciones reclamadas. El juicio se tramitó en rebeldía de la demandada. Una vez que quedó firme la sentencia, el Gobierno chino realizó presentaciones ante el Gobierno de Chile, reclamando por la vía diplomática la inmunidad de jurisdicción. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Corte Suprema la presentación del Embajador de China, con el objeto que se adoptaran las medidas que considere procedentes. La referida comunicación cumplió su objetivo, generando la intervención de nuestro Máximo Tribunal, la que culminó con una resolución del pleno de 31 de julio de 1969, mediante la que se anuló todo lo obrado por haber carecido ese Juzgado de jurisdicción para conocer del pleito y juzgarlo, sin perjuicio de los derechos del actor para hacerlos valer por otra vía[29].
ii) "Senerman con República de Cuba". En este proceso el actor demandó a la República de Cuba la nulidad de un contrato de compraventa por lesión enorme. El juez del Quinto Juzgado Civil de Santiago dio lugar a la demanda. También en este caso, no obstante haber quedado firme el fallo, se reclamó de ello a través de un reclamo disciplinario interpuesto por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que culminó con la declaración de la nulidad de todo lo obrado por parte de la Corte Suprema. Para justificar esta actuación la Corte Suprema señaló: "Que entre los derechos fundamentales de los Estados destaca el de su igualdad y de esta igualdad deriva, a su vez, la necesidad de considerar a cada Estado exento de la jurisdicción de cualquier otro. Es en razón de la anotada característica, elevada a la categoría de principio Derecho Internacional que al regularse la actividad jurisdiccional de los distintos Estados, se ha establecido como límite impuesto a ella, en relación con los sujetos el que determina que un Estado soberano no debe ser sometido a la potestad jurisdiccional de otro"[30].
iii) "John Valentine Owen Larraín con Lan Airlines S.A." . En este caso la Corte Suprema revocó la declaración de incompetencia de oficio realizada por el juez inferior en una materia de Derecho Aeronáutico, así sostuvo que : "Hay un ejercicio abusivo por parte de la Juez, al declarar de oficio su incompetencia absoluta, en una cuestión que en el examen de la demanda no aparecía con la claridad que ameritara no conocer de dicha pretensión, en la que se le explicaba que el asunto correspondía a un conflicto que involucraba la aplicación de las normas del Pacto de Varsovia, tratado de aplicación en nuestro país y en el cual se establece la competencia de los tribunales ordinarios para resolver las divergencias que pudieran suscitarse con motivo de un contrato de transporte aéreo internacional"[31].
iv) "Ingrid Alejandra Castro Oddershede con Embajada de Colombia en Chile". Incluso los tribunales de apelación se han manifestado en la aplicación de la inmunidad de jurisdicción para limitar la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales o para reconocerla según exista o no acto de gobierno del Estado extranjero[32].
VI. La jurisdicción y el arbitraje
(en el marco de la inversión extranjera como proceso muestra)
El actual reconocimiento del arbitraje comercial internacional como sistema para la solución de controversias, ha tenido en Chile especial acogida[33]. No solo se construyó un ordenamiento sobre tratados multilaterales y bilaterales de inversión con cláusulas de acceso al CIADI y otros centros, sino que además inversores chilenos intervienen cada vez más frecuentemente como actores frente a otros Estados receptores de inversión chilena[34]. Las infracciones cometidas en relación con un contrato deberán ser tratadas exclusivamente por un determinado tribunal o jurisdicción.
A menudo es más conveniente para el inversionista extranjero ignorar las cláusulas de elección de la jurisdicción y recurrir directamente al arbitraje internacional. Debido a la imprecisión en los términos de los acuerdos internacionales de inversión, los inversionistas extranjeros pueden a menudo alegar que la infracción de un contrato estatal constituye una violación de un acuerdo bilateral de inversión[35].
1. La pluralidad de partes en el arbitraje.
a) El caso de Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. contra la República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/97/3) se refiere a un contrato de concesión otorgado en 1995 para servicios de aguas y desagües cloacales entre una empresa francesa, Compagnie Générale des Eaux, y su filial argentina, Compañía de Aguas del Aconquija, S.A. (denominada posteriormente Vivendi), y la provincia de Tucumán en la Argentina. Pronto surgió la controversia entre los contratantes. Según los demandantes, las medidas regulatorias y la falta de apoyo dieron lugar a una violación de contrato. Por otra parte, la provincia de Tucumán acusó a la empresa de deficiencias en la prestación de los servicios. Finalmente, Aconquija renunció a la concesión. En el fallo inicial el caso fue sometido al tribunal provincial, que sostuvo que las reclamaciones debían presentarse a los tribunales provinciales argentinos antes de que un tribunal arbitral pudiera dirimir sobre reclamaciones relativas a acuerdos bilaterales de inversión. Los demandantes presentaron una solicitud de anulación de la decisión. El tribunal de anulación, si bien subrayó la diferencia entre las reclamaciones derivadas de contratos y las derivadas de tratados, anuló la primera decisión y decidió que la cláusula de elección de la jurisdicción incluida en el contrato de concesión no afectaba a la competencia del tribunal sobre las reclamaciones basadas en el acuerdo bilateral de inversión celebrado entre la Argentina y Francia porque si la base fundamental de la reclamación era la violación de un contrato, debía aplicarse el mecanismo de solución de controversias del contrato, y si se trataba de la violación de un tratado, la existencia de una cláusula de jurisdicción exclusiva en el contrato no debía impedir el arbitraje con arreglo a lo dispuesto en el tratado[36].
b) La corte distrital de Nueva York sostuvo en el 2007 que inversionistas extranjeros podían hacer valer sus pretensiones en la class action iniciada contra Vivendi por un tema de venta de valores en los EE.UU. rigiéndose por el procedimiento norteamericano. Excluye de esta participación a Alemania y Austria por considerar que no había suficientes resguardos de que la sentencia sería cumplida en esos países.
La decisión es muy importante porque la mayoría de los valores se transaban en Europa y la mayoría de sus inversionistas son extranjeros. Ello porque sin perjuicio de tratarse de operaciones realizadas fuera de los EE.UU., alegan que sus pérdidas se deben a operaciones que Vivendi realiza en los EE.UU. No hubo problemas con la certificación de la class action porque el tribunal entiende que los inversionistas extranjeros no alteran los requisitos de admisibilidad de la acción de clase. El fallo de Vivendi lo que hace es extender el efecto de cosa juzgada a todos aquellos que hayan sido debidamente representados en el proceso aunque no se hayan hecho parte. De ahí entonces que la sentencia pudiera ejecutarse en Inglaterra, aunque no resulta vinculante la ejecución para esta última. El fallo demuestra que el hecho que en Europa no se tramiten muchas acciones de clase, no implica que las empresas europeas no puedan verse afectadas por el procedimiento, precisamente porque los EE.UU. pretende aplicar sus fallos extraterritorialmente, lo que en definitiva, obligará a los países europeos a adoptar una posición única respecto de la ejecución en sus respectivos países de fallos pronunciados por tribunales estadounidenses, o bien, incentivar o mejorar el sistema de acciones de clase en sus respectivos países.
c) La regulación de la pluralidad de partes dentro de la LACI no representa un inconveniente. El Código de Procedimiento Civil es bastante escueto en la regulación de los casos de pluralidad de partes o litisconsorcio (voz desconocida para el Código de Procedimiento Civil) pero de importante desarrollo dogmático y jurisprudencial.
2. La fuerza ejecutiva de los laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El artículo 53,1 del Convenio creador del CIADI es frecuentemente mencionado en este contexto[37]: "El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este Convenio".
De acuerdo con su primera frase, un laudo dictado conforme al Convenio es obligatorio para las partes y no está sujeto a remedio alguno, excepto aquellos como el recurso de anulación, previstos en el propio Convenio. También debe citarse en este contexto el artículo 54 del Convenio, que se refiere al reconocimiento de los laudos. Dicho artículo requiere que cada Estado contratante reconozca al laudo dictado conforme al Convenio el carácter obligatorio y haga ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. De acuerdo con el artículo 54.2 del Convenio, el reconocimiento y ejecución del laudo pueden ser obtenidos de un tribunal competente del Estado Contratante ante la simple presentación de una copia del laudo, certificada por el Secretario General del Centro
La obligación de reconocer y ejecutar un laudo CIADI incumbe a todos los Estados parte del Convenio que lo estableció. El procedimiento de ejecución está regido por las leyes de los países en que se solicita la ejecución. El laudo debe ser, para los efectos de su ejecución, tratado como una decisión definitiva de una corte local. El Convenio deja la elección de la corte apropiada o autoridad encargada de la ejecución de los laudos CIADI a cada Estado parte del Convenio. Cada Estado parte debe designar una corte o autoridad para este propósito y notificar la designación al Secretario General de CIADI. La parte que busca el reconocimiento y ejecución debe enviar el laudo a la corte o autoridad así designada[38].
Los laudos son obligatorios, definitivos y no están sujetos a revisión excepto bajo las limitadas condiciones que el propio Convenio provee. El incumplimiento de un laudo por un Estado constituye una violación del Convenio y produce el resurgimiento del derecho a la protección diplomática por parte del Estado de la nacionalidad del inversor. El artículo 27 del Convenio dispone que el Estado contratante cuyo nacional ha obtenido un laudo favorable en el Centro, puede ejercer la protección diplomática o entablar una reclamación internacional si el Estado Contratante obligado a acatar dicho laudo incumple su obligación establecida por el artículo 53 del Convenio. En dichas circunstancias, debe iniciar un procedimiento en contra del Estado incumplidor ante la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto por el artículo 64 del Convenio.
3. Acciones de clase, abuso de la personería jurídica ("disregard of legal entity") y regulación difusa en Chile.
En nuestro ordenamiento jurídico no existe una consagración legal general del fraude a la ley, encontrándonos sólo con normas dispersas que establecen sanciones especiales para cada caso. Sin embargo, al decir de Domínguez Águila[39] "no es pues necesario ir más lejos para descubrir también en el Derecho positivo la consagración del principio Fraus omnia corrumpit"40. En cuanto a las sanciones en caso de cometer fraude a la ley, la doctrina ha estimado que las sanciones posibles serían: la nulidad del acto, la inoponibilidad del acto en fraude a la ley, o bien la aplicación de la ley defraudada[40].
VII. Sistema chileno de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras
1. Reconocimiento y cumplimiento de resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros.
a) El Código de Procedimiento Civil de 1902 facilita el cumplimiento de sentencias extranjeras, tanto en materia contenciosa, voluntaria, como arbitral. En principio, la competencia en esta materia la tiene la Corte Suprema, que es el órgano jurisdiccional llamado a prestar el exequátur a las resoluciones no dictadas por tribunales chilenos. El procedimiento para conceder esta aprobación dependerá de si se trata de asuntos contenciosos o si se trata de asuntos voluntarios (artículo 248 y 249 CPC.).
Si el exequátur es concedido la resolución reconocida puede cumplirse como si hubiera sido pronunciada por los tribunales nacionales. Para el cumplimiento es competente el tribunal al que habría correspondido conocer del negocio en primera o única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile (artículo 251 CPC.). Esto significa que una vez concedido el exequátur la sentencia extranjera tendrá el mismo valor en su fuerza vinculante como una resolución nacional.
Para cumplir una sentencia extranjera, la parte interesada debe hacer una presentación ante la Corte Suprema, acompañando copia autorizada de la resolución que se trata de cumplir (la legalización se hace de conformidad al artículo 346 CPC). Si la resolución que se trata de cumplir es arbitral al no provenir de un órgano público, la autenticidad debe provenir de algún visto bueno u otro signo de aprobación emanado de algún tribunal ordinario donde del país donde se haya dictado (artículo 246 y 247 CPC.).
b) La Corte Suprema, para resolver sobre el fondo de esta petición, debe atender a las siguientes reglas:
1ª: Existencia de tratados internacionales (artículo 242 CPC.). En este punto, el tratado más importante es el denominado Código de Bustamante, que es un convenio multilateral. En materia de arbitraje las convenciones multilaterales ratificadas en esta materia son básicamente las siguientes: la Convención de las Naciones Unidas de 1958, Sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras[41], y la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, Panamá, 1975.
2ª: Reciprocidad internacional (artículos 243 y 244 CPC.)
3ª: Regularidad internacional de los fallos (artículo 245 CPC.)
A falta de solución en las reglas anteriores, la Corte Suprema debe atenerse al mecanismo de control que establece el artículo 245 CPC. Este precepto, en general, prevé un mecanismo que busca controlar que el cumplimiento de la sentencia no afecte al orden público.
2. El concepto de orden público para controlar la ejecución de una sentencia en Chile.
Las exigencias del artículo 245 CPC., en orden a que: i) la sentencia no contenga nada contrario a las leyes de la República (leyes de fondo); y ii) que no se oponga a la jurisdiccional nacional, obliga a precisar el alcance que tiene el concepto de orden público en Chile. En primer lugar, es importante destacar que el ordenamiento chileno contiene un conjunto de normas de derecho internacional privado, que en parte han servido para negar o dar reconocimiento a las sentencias extranjeras, por infringir el límite de orden público que se pretende garantizar fundamentalmente en materia de derecho de familia[42] y en la adquisición de bienes ubicados dentro del territorio.
En doctrina[43], se ha establecido que el "Orden público" deberá ser calificado en cada oportunidad por la Corte Suprema. Así, la doctrina y la jurisprudencia han definido materias e instituciones que son, indudablemente, de orden público como: garantías constitucionales, reconocimiento de un estado civil no aceptado por el derecho chileno, actos jurídicos que conforme a nuestro ordenamiento adolezcan de objeto o causa ilícita, estado civil de las personas en general, matrimonio, tuición de menores, cuidado de éstos, prestaciones alimenticias, capacidad, relaciones de familia y, en general, todo el Derecho de familia; jurisdicción nacional, en fin, toda la normativa vigente en resguardo del interés social e integridad de instituciones jurídicas básicas, moral y buenas costumbres, etc.
Básicamente, los preceptos que contribuyen a fijar el concepto de orden público son los siguientes:
i) En las obligaciones derivadas del derecho de familia. De conformidad al artículo 15 CC.: "a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujeto los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. 1° En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; 2° En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos".
(ii) En relación a los bienes situados en Chile. El artículo 16 CC. dispone: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile". "Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas". Este precepto contiene lo que en derecho internacional privado se conoce como el principio lex loci rei sitae, mediante el cual se entiende que en materia de bienes los Estados son soberanos de aplicar su legislación[44].
iii) En materia de contratos de seguros. El artículo 29 del Decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931: Sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio, dispone que: "las cuestiones litigiosas que se susciten con motivo de los contratos de seguros directos y reaseguros sujetos a esta ley, serán sometidas a la jurisdicción chilena, siendo nulo todo pacto en contrario"[45].
iv) La extinción de las concesiones mineras. El artículo 19 N° 24 inciso 8° CPol. establece que será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de las concesiones mineras.
v) Orden público procesal. Puede decirse también que existe un orden público procesal fundado en la imparcialidad del juez, el conocimiento de la demanda o acusación; el derecho a contestarla; a conocer y contradecir la prueba de cargo; a producir propia prueba y a que el sentenciador resuelva sobre los términos del debate y con el respaldo de las probanzas producidas, en sentencia debidamente motivada. El respeto y no vulneración de la jurisdicción nacional está expresamente contemplado en el Código de Procedimiento Civil en el exequátur cuando no existen normas de prelación superior a aplicar[46].
3. La exclusión de la competencia judicial de los tribunales chilenos por voluntad de las partes.
La regulación de la prórroga de competencia dentro del sistema procesal civil está contemplada en términos generales sin distinción de nacional o internacional. Podría argumentarse que no habiendo prohibición ni mención a límites del acuerdo de partes, no podrían darse supuestos cuestionables de exclusión de la jurisdicción nacional. En este examen es importante examinar la eficacia que tiene en Chile la cláusula en virtud de la cual las partes someten a la jurisdicción de los tribunales extranjeros el conocimiento de un litigio, esto es, al pacto de derogatio fori (el efecto negativo) o como prorrogatio fori (el efecto positivo)[47]. Sin embargo los límites más fuertes, fuera de un catálogo asistemático de extensión de la jurisdicción chilena en una serie de casos penales y de Derecho marítimo enunciados en el Código Orgánico de Tribunales, es el propio Código Civil (un cuerpo sustantivo) que contempla un marco prohibitivo procesal.
a) El Código Civil no es proclive a reconocer valor al acuerdo de las partes para prorrogar el conocimiento de los asuntos a la jurisdicción extranjera. El artículo 1462 CC. dispone al efecto que: "hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por vicio del objeto". Tal como se aprecia de su tenor literal, el pacto de sumisión a un tribunal extranjero podría verse como un acto prohibido absolutamente en razón de su objeto. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido delimitando el verdadero alcance de una aparente prohibición absoluta, dándole una interpretación variable y flexible en el tiempo. Así se pronunció declarando que se cometió un error de derecho al acoger la excepción de incompetencia absoluta de un tribunal chileno para que un conflicto relativo a un contrato de transporte marítimo fuera conocido por un tribunal español, conforme se pactó por las partes en el conocimiento de embarque[48].
b) Sin embargo, distintas razones han llevado a replantear la restricción antes explicada, admitiendo que, bajo ciertos límites, es lícito pactar en el campo civil la prórroga de la jurisdicción. En abono de esta tesis se ha hecho tradicional invocar la exposición de motivos del Decreto-ley Nº 2.349 de 1978, que estableció Normas sobre contratos internacionales para el sector público[49].
De esa declaración de principios se ha pretendido colegir la validez de la prórroga de jurisdicción en el ámbito de las relaciones contractuales internacionales. El hecho de que ya en el Derecho público (administrativo) pueda admitirse un acuerdo de prórroga internacional de la competencia, excluyendo a los tribunales nacionales, a fortiori sería aplicable en aquellos casos donde solo intervienen particulares no estando afectado el propio Estado. Lo anterior es sin perjuicio de las excepciones donde el legislador ha establecido ciertos límites, en los términos antes explicados.
c) A este argumento corresponde sumar otro para validar las convenciones de prorrogatio fori a partir de una interpretación teleológica y correctiva del alcance del artículo 1462 CC. La necesidad de revisar esta limitación surge de la propia lex mercatoria internacional y comercio moderno que impone la superación de leyes imperativas restrictivas que obsten la contratación internacional.
Ha sido la propia jurisprudencia que ha ido amoldando límites menos rigurosos en materia de acuerdos sobre la competencia judicial internacional, así:
i) La sentencia de la Corte Suprema, de 14 de mayo de 2007, pronunciada en los autos de "State Street Bank and Trust Company con Inversiones Errázuriz Limitada y otros". Para lo que aquí se analiza, allí se resolvió: "en lo que dice relación con el segundo punto, el sometimiento exclusivo a una jurisdicción extranjera, no obstante lo categórico de los términos, es más aparente que real. Se sostiene específicamente que tales cláusulas y disposiciones contractuales serían nulas, pues violarían el orden público chileno de acuerdo a lo prescrito en los artículos 10, 16, 1462, 1681 y 1682 del Código Civil y en conformidad con lo prescrito en los artículos 7°, 19 N° 3 y 73 de Constitución Política de la República. [...] Que en cuanto a este tema debe insistirse en señalar que nuestro legislador ha reconocido la posibilidad de someterse a la jurisdicción de otros países bajo ciertas condiciones en relación a la materia, las personas y carácter de los tribunales llamados a resolver. En este sentido se encuentra dispuesto en el artículo 318 del Código de Derecho Internacional Privado, en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, en el Decreto Ley 2349 de 28 de octubre de 1978 y en la Ley 19.971, sobre Arbitraje Comercial Internacional, que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2004"[50].
ii) La sentencia de la Corte Suprema, de 22 de enero de 2008, pronunciada en los autos de "Hochschild S.A.C.I. con Ferrostal A.G.". En este caso se confirmó la declaración de incompetencia, dando valor a una cláusula de sumisión incorporada en el contrato suscrito entre las partes, que atribuía que cualquier disputa entre las partes sería conocida por los tribunales de Essen, Alemania. Según nuestro Máximo Tribunal, no se daba la limitación del artículo 1462, atendido que lo prohibido por nuestro derecho es someterse a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, pero que la jurisdicción extranjera sí está aceptada, tal como aparece en los artículos 242 y siguientes CPC.[51].
iii) La sentencia de la Corte Suprema, de 28 de julio de 2008, pronunciada en los autos "Marlex Limitada con European Industrial Engineering". Allí se validó la declaración de nulidad de todo lo obrado por los jueces del fondo, reconociendo pleno valor a una cláusula pactada por las partes para que el conocimiento de los conflictos se hiciera por un tribunal italiano. Para justificar esta solución, entre otras razones, se consideró que se estaba frente a una cláusula compromisoria puesta en un contrato internacional que no era alcanzada por la limitación del artículo 1462 CC[52].
4. Reglas especiales para el cumplimiento de laudos arbitrales extranjeros.
La ejecución del laudo se rige por las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, pero con la limitante que no se pueden oponer excepciones que estén comprendidas dentro del recurso de nulidad, ni de lo válidamente pactado por las partes como un acto del procedimiento arbitral (por ejemplo, no se podría alegar la falta de motivación o una desviación en las formas de notificación, si las partes acordaron un sistema excepcional al del derecho común)[53].
a) En relación al cumplimiento de laudos extranjeros, la Ley de arbitraje comercial internacional (= LACI.), de 2004, ha establecido que se le aplican las mismas normas que si se tratara de un laudo dictado en un arbitraje comercial internacional seguido en Chile. Conforme al artículo 35 LACI.: "1° Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36. 2° La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma oficial de Chile, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma de dichos documentos".
Lo anterior significa que un laudo arbitral, cualquiera sea el país de origen, será reconocido como vinculante en Chile si cumple con las condiciones previstas en los artículo 35 y 36 de la Ley de arbitraje comercial internacional. Esta solución, para los efectos de la "Convención de Nueva York" llevará a que toda sentencia arbitral extranjera se pueda cumplir en Chile sin necesidad de iniciar una tramitación ante la Corte Suprema. Dicho de otra forma, el laudo arbitral extranjero tiene el mismo régimen de cumplimiento que si éste se hubiera pronunciado en Chile. En lo inmediato, esta solución implica que la normativa interna sobre el procedimiento para el reconocimiento de sentencias extranjeras se ha hecho más flexible, quedando en sintonía con lo dispuesto en el artículo 3 del "Convenio de Nueva York" de 1958, que establece, "Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada [...]"[54].
b) El cumplimiento del laudo sólo puede denegarse por las causales que explicita el artículo 36 la LACI.[55]. Se trata de situaciones vinculada con los presupuestos procesales relativos a falta de capacidad, falta de notificación de la designación de árbitro o del procedimiento arbitral, privación o limitación del derecho de defensa, excesos en el pronunciamiento o incongruencia del laudo. También se puede cuestionar por esta vía que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento no se han ajustado a la normativa que les es aplicable; y por otro, que se debe denegar el reconocimiento o ejecución del laudo arbitral porque el tema decidido no era susceptible de ser sometido a arbitraje, y que se ha infringido el orden público de Chile. La no interposición del recurso de nulidad invocando algunos de los motivos de impugnación convalida completamente el fallo, al punto de entenderse subsanados tales defectos por la exclusiva forma de control que la LACI. establece para un laudo comercial internacional dictado en Chile.
El hecho que esta sentencia provenga de un arbitraje internacional no obsta a que se pueda intentar cumplir también en otro país invocando las normas de la Convención de Nueva York o conforme al sistema de derecho interno del país requerido. En efecto, la LACI. es un sistema procesal que está inserto dentro del fenómeno de la justicia transnacional, y por lo mismo, las decisiones arbitrales que de allí provengan superan el marco territorial del Estado chileno[56].
c) Se excluye de la necesidad de someter a un procedimiento de control y posibilidad de denegación según la LACI. los laudos pronunciados por el CIADI. Ellos por emanar de un centro pertenecientes a un sujeto de Derecho internacional público son directamente vinculantes y los Estados deben cumplirlos en tanto son equiparables a resoluciones dictadas por sus tribunales. No se puede observar su validez y eventual cumplimiento mediante una regulación interna que cumpla el rol del exequátur.
5. El rol del orden público en el arbitraje y en otras materias con elementos internacionales.
Para que la explicación anterior no quede incompleta, es conveniente explicar que la LACI. prevé la posibilidad de anular el laudo arbitral cuando se configure alguna de las causas que de manera taxativa señala el artículo 34, las que son comunes al arbitraje de derecho y al de equidad.
Al respecto el artículo 34 LACI. señala: "2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por la respectiva Corte de Apelaciones cuando:/ a) La parte que interpone la petición pruebe:/ i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado, o ii) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, o iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas, o iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o b) El tribunal compruebe: i) Que, según la ley chilena, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o ii) Que el laudo es contrario al orden público de Chile".
a) Como se puede apreciar, el ejercicio de la acción de nulidad prevista en la LACI. constituye un mecanismo de control de las garantías procesales elementales o de los presupuestos básicos para la validez jurídica del arbitraje. Se trata de un medio de impugnación que no está diseñado como una instancia en sentido técnico. El control judicial del laudo a través de esta acción se limita exclusivamente verificar que no se hayan cometido los excesos que están tasados como motivos de nulidad.
Para contribuir a dar certeza jurídica a lo resuelto en el laudo, se ha fijado como plazo máximo de interposición el de tres meses, contados desde la fecha de la recepción del laudo o desde que se haya resuelto por el mismo Tribunal Arbitral que pronunció el laudo la solicitud de rectificación o interpretación que admite el artículo 33 LACI.
b) Así los rasgos principales del sistema anulatorio de la LACI. se traduce en los siguientes puntos:
i) La impugnación busca obtener una declaración de nulidad, privando de toda eficacia jurídica al laudo, sin que la Corte de Apelaciones pueda dictar una nueva sentencia sobre el tema decidido.
ii) En relación a la causal de impugnación relativa a la validez del convenio arbitral, prevista en el artículo 34 LACI, se ha introducido una solución novedosa para lo que ha sido nuestra práctica arbitral interna. Conforme a dicha norma, la impugnación del convenio se hace conjuntamente con la del laudo, cerrando la vía ordinaria para impetrar su nulidad por cuerda separada.
Ahora, considerando que la forma del convenio arbitral está marcada por el antiformalismo, la nulidad del mismo no constituye un vicio fácil de configurar. Las situaciones más recurrentes provendrán de la falta de observancia a las reglas de capacidad de las partes o cuando el convenio arbitral tenga por objeto una materia sobre las que no tienen libre disposición; también cuando el convenio no cumpla con la formalidad de constar por escrito.
iii) No toda infracción a las formas procesales puede dar lugar a la nulidad del laudo, sino las que conforme a la ley tienen el carácter de normas imperativas. Si no tiene el atributo anterior, sólo habrá nulidad si el vicio ha generado un perjuicio que sólo sea reparable con la declaración de nulidad. Naturalmente que en este último caso corresponde aplicar los principios informativos de la nulidad procesal, para evitar esta declaración de ineficacia o atenuar los efectos de su aplicación.
iv) La causal de control de raigambre más sustantiva es la que permite anular el laudo cuando éste resulta contrario "al orden público de Chile" [artículo 34, 2) letra b) ii)].
c) En cuanto a su alcance en materia arbitral, en general, la expresión "orden público" es una voz poco pacífica[57]. Para algunos su inclusión genera desconfianza, ya que podría servir de excusa para frustrar o impedir uno de los objetivos del arbitraje comercial internacional, que es facilitar el cumplimiento en otro país de los laudos arbitrales[58]. Así no debe olvidarse que el orden público en el arbitraje comercial internacional suele relacionárselo directamente con la arbitrabilidad subjetiva y objetiva[59].
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derechos Mercantil Internacional (CNUDMI), en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación acerca de la labor de su 48° período de sesiones (Nueva York, 4 al 8 de febrero de 2008), se mencionó justamente la importancia "[...] de determinar el ámbito de la arbitrabilidad', estimándose que también debería darse prioridad a esta cuestión. Se estimó asimismo que correspondería al Grupo de Trabajo determinar si procedía dar una definición genérica de los tipos de controversias que cabría dirimir por arbitraje, complementándola tal vez con una lista ilustrativa de las mismas, o si sería preferible que se definieran en una disposición de rango legislativo las cuestiones o tipos de controversias que no cabría dirimir por la vía arbitral. Se sugirió que tal vez fuera útil para los Estados que se estudiara la cuestión de la arbitrabilidad de las controversias concernientes a la propiedad inmobiliaria, a la competencia desleal y a la insolvencia. No obstante, se expresó cierto reparo al respecto dado que esa delimitación de las controversias dirimibles o no por arbitraje suscitaba cuestiones de orden público legal interno que eran notoriamente difíciles de definir en términos uniformes por lo que toda tentativa de facilitar una lista predefinida de materias susceptibles o no de arbitraje pudiera restringir innecesariamente los márgenes de cada Estado para responder a ciertas inquietudes de orden público de su derecho interno que tal vez evolucionaran con el tiempo"[60].
Con el objeto de evitar arbitrariedades, la LACI. restringió la causal al "orden público chileno". La extensión que se dé a esta hipótesis de nulidad dependerá de la interpretación jurisprudencial y doctrinal, la que deberá tener el cuidado de evitar que se limite la ejecución de laudos internacionales en Chile mediante la simple invocación a la infracción del orden público local.
Por su parte, la Corte Suprema de Chile, en sentencia de 18 de octubre de 1999, denegó el reconocimiento del laudo dictado por el árbitro inglés don Alan Burbidge en el cual se condenaba a la compañía de seguros generales Euroamérica S.A. en favor de la sociedad naviera Transpacific Steamship Ltda., precisamente fundándose en el orden público chileno. En lo concretó, allí se resolvió que: "en la letra b) del Nº 2 del artículo V de la aludida Convención [de Nueva York], de aplicación preferente y obligatoria según la norma del artículo 242 antes citado, se establece que puede denegarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral extranjera si ello fuese contrario al orden público del país. Que tal situación es justamente la que se ha producido en autos, toda vez que, como lo sostiene el Fiscal, la materia de que trata la sentencia cuyo cumplimiento se persigue, ya está siendo conocida por los tribunales chilenos, quienes precisamente declararon su competencia para tal efecto, a través de un procedimiento iniciado con anterioridad al que tiene lugar en el Reino Unido, por lo cual la solicitud posterior de mandar cumplir un fallo que declara -por el contrario- la competencia de un tribunal de Londres aparece desconociendo la fuerza de cosa juzgada que emana de aquella decisión de los tribunales nacionales. En consecuencia el exequátur pedido resulta del todo improcedente"[61].
En la práctica internacional, la noción y contenido de ordre public es más restringida y solo se considera vulnerado por un laudo arbitral cuando contiene decisiones manifiestamente incompatibles con los principios fundamentales y básicos del derecho sustantivo doméstico del orden público del foro, o cuando atenta flagrantemente contra los principios del debido proceso o contraviene obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional[62]. Aclara que el informe final de la Asociación de Derecho Internacional dejó claro que la "expresión orden público internacional' se usa en estas Recomendaciones para indicar el conjunto de principios y reglas reconocidas por un determinado Estado, que por su naturaleza podrían impedir el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral dictado en el contexto del arbitraje comercial internacional, cuando el reconocimiento o la ejecución de dicho laudo pudiera implicar su violación, en razón ya fuese del procedimiento conforme al cual se dictó -orden público internacional procesal- o de su contenido -orden público internacional sustantivo-"[63].
d) En la jurisprudencia como la doctrina se ha dividido entre aquellos autores que ven en el orden público un medio de limitación a la legislación extranjera en tanto correctivo con carácter general, mientras otros lo consideran de aplicación excepcional y en todo caso según sea la materia sobre derechos disponibles o no[64]. Sí debe tenerse presente que en caso de un laudo arbitral, supone que lo decidido sea justamente disponible y que el arbitraje sobre la materia no esté prohibido. Así en el arbitraje comercial internacional la propia materia y sujetos incluidos es por regla disponible. Distinto es el caso de materias de reserva exclusiva para los tribunales de justicia, como por ejemplo muchas materias del Derecho de familia no patrimonial, donde el orden público desempeña un rol más importante.
i) Así la Corte Suprema en "Mauricio Hochschild S.A.C.I. con Ferrostaal A.G."[65] no objetó la validez de las cláusulas de sumisión de las disputas a la jurisdicción de los tribunales ordinarios extranjeros por la naturaleza de los derechos en litigio. Por cierto los argumentos empleados por la Corte son similares y expresamente se refiere a otro exequátur otorgado por la Corte Suprema en el año 2007[66]. En esa ocasión, se discutió también la presunción de reciprocidad legal, el concepto del debido proceso y la eventual extensión de normas nacionales a los procedimientos extranjeros. Junto con ello, el fallo del año 2007 contiene una valiosa precisión de la noción del orden público a la luz del inciso 1° del artículo 16 CC., el que establece que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena[67].
ii) Se denegó el exequátur[68] por la circunstancia que la decisión dispone respecto de un bien situado en Chile, pues la invocada en la especie por la interesada, resuelve el embargo preventivo de parte de las acciones de una sociedad comercial chilena, domiciliada en Chile- deja de manifiesto la inconcurrencia de los requisitos referidos, en particular el del numeral segundo, toda vez que aquélla transgrede el precepto que regula la condición de dichos derechos por encontrarse en Chile, norma de orden público que resulta vulnerada desde una doble perspectiva, sustantiva y adjetiva. El artículo 16 CC. previene que los bienes situados en Chile están sujetos a la jurisdicción nacional.
iii) También denegó la Corte Suprema el exequátur en "Beatriz Aguilera Villalobos con Peter Griss"[69], ya que las normas que regulan Estado civil son de orden público y las causales del divorcio deben ser las mismas que se aplican en Chile, no siendo suficiente el mutuo acuerdo de los cónyuges para otorgar el divorcio. Sí debe mencionarse que en este caso el voto en disidencia sostuvo que el divorcio vincular no contraría las leyes de la República.
Es posible identificar normas procesales y sustantivas en materia transnacional civil (entendida acá como supuestos de litigación civil (lato sensu) internacional) donde asumen especial importancia la "justicia procesal" o "debido proceso". El sistema procesal civil nacional no tiene un régimen simétrico de regulación de la litigación civil nacional e internacional. Hay normas aisladas que regulan esta última, especialmente en tanto arbitraje comercial internacional.
En los litigios transnacionales hay diferentes formas de sustanciación del proceso civil (incluyendo al arbitral). Así se da al menos en el functional arbitraje internacional en Chile un rol especial a la prueba para el esclarecimiento de la verdad y lograr una solución equitativamente justa con razonable economía procesal. Los principios procesales y la modalidad de la litigación civil internacional contrastan con un actual proceso civil nacional con prioridad de prueba legal o tasada, escrito, lento y ciertamente tan insatisfactorio, que se encuatra en proceso de reforma. Es posible sostener la existencia de un órden público procesal que garantiza en la litigación internacional un respeto recíproco del debido proceso controlable en los mecanismos de reconocimiento y en su caso cumplimiento de sentencias extranjeras. Ello es igualmente predicable del arbitraje comercial internacional. La independencia e imparcialidad del juzgador, la notificación y posibilidades de participación de las partes en el proceso con su aporte probatorio y el respeto a su derecho a ser oídas, y el respeto a la cosa juzgada son filtros para aceptar o rechazar lo resuelto en los procesos transnacionales.
En Latinoamérica el "Código Modelo" del Instituto Iberoamericano ha servido de modelo par a las grandes reformas de fines del siglo XX. A comienzos del siglo XXI se suma el proyecto de American Law Institute / Unidroit y la creciente incorporación del modelo de arbitraje internacional fundado en Uncitral. Chile se encuentra en un proceso de reforma a la justicia civil donde se incorporan varios de los principios contenidos en las leyes modelos mencionadas a la litigación nacional. Ya han sido incorporados muchos de esos principios las reformas de la justicia de Familia y del Trabajo. No ha tenido mayor desarrollo doctrinario y legislativo la regulación de la litispendencia internacional, la prórroga de jurisdicción internacional y son ajenos institutos como las "anti-suit injunctions". Sí se ha dado una aplicación y reconocimiento en el arbitraje comercial internacional que comienza a impregnar aspectos de la litigación civil y mercantil internacional. El orden público nacional e internacional ha tenido una interpretación variada según la materia de que se trate, siendo más flexible en el ámbito patrimonial y más restringido en el Derecho de familia.
* El presente artículo fue concebido sobre la base más amplia del "National Repport" en nombre de Chile enviado por los autores a la comisión que dirigió el Prof. Remo Caponi en el interior del Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, celebrado en Heidelberg, en julio del año 2011. Aquél fue ejecutado en el marco de los proyectos Fondecyt de los investigadores: Maite Aguirrezábal (Fondecyt de iniciacion Nº 11080052: "Análisis crítico del procedimiento contemplado en la Ley N° 19.496, para la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios"); y Álvaro Pérez Ragone (Fondecyt Regular Nº 1111021 "Principios de la tutela ejecutiva del crédito").
[1]Romero Seguel, Alejandro, Curso de Derecho procesal civil (Santiago, 2009), II, pp. 9-25; cfr., con Marinoni, Guilherme - Pérez Ragone, Álvaro - Núñez Ojeda, Raúl, Fundamentos del proceso civil (Santiago, 2010), § 23, I y XIII.
[2] Romero Seguel, Alejandro - Díaz Villalobos, José Ignacio, El arbitraje interno y comercial internacional (Santiago, 2007), ver especialmente la prevención y prólogo de los autores.
[3] Véase en general: Born, Gary, International Commercial Arbitration (Holanda, 2009), caps. I-III. No debe olvidarse que el modelo Uncitral de arbitraje, aun cuando ha tenido una importante recepción legislativa a nivel mundial tuvo y tiene por objeto lograr cierta armonización procesal y sustantiva en el derecho mercantil internacional (así ver Nickel Rainer, Conflict of Laws and Laws of Conflict in Europe and Beyond: Patterns of Supranational and Transnational Juridification (Belgica, 2010), pp. 5-23.
Es una Ley modelo sin fuerza vinculante para quienes las ratifiquen, que solo ofrece e insta a los Estados a adecuar sus legislaciones en la materia a través de una serie de principios inspiradores, lo que se manifiesta en las reservas realizadas por los Estados suscriptores. Véase al respecto: Sandoval López, Ricardo, Arbitraje comercial internacional, en RDUCO, 206 (1999), pp. 109-110.; comp. Vásquez Palma, Ma. Fernanda, La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno, en Ius et Praxis, 12 (2006) 1, pp. 181-213.
[4]Ramírez Necochea, Mario, Curso de Derecho internacional privado chileno (Santiago, 2005), pp. 209-218; Albónico Valenzuela, Fernando, La competencia internacional de los tribunales chilenos, en RDJ., 48 (1951) 1, pp. 1-8.; Guzmán Latorre, Diego, Tratado de Derecho internacional privado (3ª edición, Santiago, 2003), pp. 549-550.
[5]Vidal Olivares, Álvaro, La protección del comprador. Régimen de la Convención de Viena y su contraste con el Código civil (Valparaíso, 2006), pp. 5-25; cfr.. Picand Albónico, Eduardo, Arbitraje comercial internacional (Santiago, 2005), I, pp. 10-25.
[6] Una explicación de los distintos sistemas arbitrales internacionales se pueden consultar los trabajos de Biggs, Gonzalo, La institucionalidad chilena y el arbitraje internacional, en Picand Albónico, Eduardo (coordinador), Estudios de arbitraje (Santiago, 2006), pp. 363-371; Irarrázabal Covarrubias, Jaime, El arbitraje en los tratados de libre comercio suscritos por Chile, en Picand Albónico, Eduardo (coordinador), Estudios de arbitraje (Santiago, 2006), pp. 417-426; Morales Godoy, Joaquín, Tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos. Inversión extranjera en servicios financieros, un curioso mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, en Picand Albónico, Eduardo (coordinador), Estudios de arbitraje (Santiago, 2006), pp. 685 -695; Mayorga Lorca, Roberto - Morales Godoy, Joaquín - Polanco Lazo, Rodrigo, Inversión extranjera: régimen jurídico y solución de controversias. Aspectos nacionales e internacionales (Santiago, 2005). Sobre el alcance de estos tratados y la competencia de nuestro tribunales: Montt Oyarzún, Santiago, Aplicación de los tratados bilaterales de protección de inversiones por los tribunales chilenos. Responsabilidad del Estado y expropiaciones regulatorias en un mundo crecientemente globalizado, en RChD., 32 (2005) 1, pp. 19-78.
[7]El proceso penal cuenta con varias normas legales que de un modo más directo regulan la extensión y límites de la jurisdicción chilena (artículos 6 COT., 3 CJM. y 13 CPP.).
[8] C. de Ap. de Santiago, 20 de mayo de 1949, en RDJ., 48, sec. 1ª, pp. 509-514 (la sentencia de la Corte Suprema es de fecha 21 de noviembre de 1950): En la sentencia de segunda instancia, de 20 de mayo de 1949, se declaró:"3.° Que la excepción en examen no es una mera cuestión de competencia, de aquellas regidas por las leyes nacionales, en lo referente a las contiendas producidas entre los diversos tribunales del país; de tal modo que para su resolución no tienen aplicación tales prescripciones, sino que, de conformidad con los hechos establecidos en la causa, es menester decidir si se ha producido una cuestión del orden temporal dentro del territorio de la República, límite éste de la soberanía del Estado chileno, y por ende de sus tribunales; salvo, claro está, las excepciones creadas por la misma ley; 4.° Que de los hechos establecidos se desprende: que se responsabiliza a un ciudadano, miembro y habitante de un Estado extranjero, por actos ejecutados fuera del territorio nacional, sin que logre variar esta premisa la circunstancia, real o aparente, de haberse constituido un mandato origen de la responsabilidad que se persigue dentro del territorio chileno; puesto que la cuestión del orden material planteada, esto es, la responsabilidad del mandatario por hechos acaecidos fuera del territorio nacional, excede de las temporalidades cuyo conocimiento la ley atribuye a los tribunales establecidos por ella. 5.° Que en el hecho la responsabilidad civil del demandado, se persigue en Chile debido, entre otras circunstancias materiales, a aquella de tener bienes situados en el país, como se demuestra con la petición de prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble del señor Gainsborg; pero la circunstancia de tener bienes en el territorio nacional, no le da a dicho señor el carácter de habitante de la República, ni hace que ello sólo sea suficiente para que exista una cuestión de orden temporal que deba ser juzgada por los tribunales nacionales; puesto que lo temporal, en este caso, está constituido por los hechos generadores de la responsabilidad, los que serían el uso indebido e incorrecto del mandato de que se hace mérito en la demandada, lo cual ocurrió a todas luces, en la República de Bolivia".
[9] La Ley N° 19.665, de 9 de marzo del 2000, eliminó del artículo 5° la expresión "orden temporal". Se consideró que a esta altura dicha expresión resultaba innecesaria.
[10] Corte Suprema, 2 de octubre de 2007, rol N° 5864-2006, número identificador LexisNexis: 37691.
[11] Además en dicho fallo se sostuvo: "Que, en nuestra legislación no existe una definición de la institución de que se trata, sin embargo, la Carta Fundamental contiene disposiciones que orientan en tal sentido. En principio, el artículo 5º dispone "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también por las autoridades que esta Constitución establece [...]". Por su parte, el artículo 77 dispone "Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República [...]". Luego y como premisa básica la disposición del artículo 76, el cual establece "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos..." Por último, el artículo 19 Nº 3, inciso quinto, consagra la norma que contiene los conceptos de jurisdicción y debido proceso, en los siguientes términos: "[...] Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos [...]". Útil también resulta la disposición contenida en el inciso final del artículo 596 del Código Civil, que señala "[...] Además, al Estado le corresponde toda otra jurisdicción y derechos previstos en el Derecho Internacional respecto de la zona económica exclusiva, y de la plataforma continental".
[12]Domínguez Hamilton, Raúl, Las obligaciones en el derecho internacional privado, en Hamilton, Eduardo (editor), Solución de conflictos de leyes y jurisdicción en Chile: Derecho internacional privado (Santiago, 1966), pp. 280-295.
[13] Corte Suprema, 21 de noviembre de 1950, en RDJ., 48, sec. 1ª, p. 513.
[14] Un ejemplo del efecto que tiene el domicilio en los conflictos con elementos internacionales se aprecia en la sentencia de la Corte Suprema, de 29 de mayo de 1964, que denegó un exequátur para hacer cumplir una sentencia proveniente de la República Federal Alemana por el hecho que al momento de iniciarse el juicio sobre la tuición en Alemania, la madre y los menores tenían domicilio en Chile (Corte Suprema, 29 de mayo de 1964, en RDJ., 61, sec, 1ª, pp. 129-134).
[15] Mayores explicaciones en: Maluenda Parraguez, Rodrigo, Contratos Internacionales (Santiago, 1999), pp. 289-323.
[16] Según la referida sentencia: "4º Que, efectivamente, el artículo 929 de Código de Comercio dispone que las normas legales sobre contrato de transporte marítimo son imperativas para las partes, salvo cuando la ley expresamente disponga lo contrario, precepto del que se desprende que, en general, aquellas normas contienen elementos esenciales del contrato y que, por consiguiente, no pueden ser excluidos ni modificados por los contratantes; así entonces, debe entenderse que las reglas de competencia que determinadamente se contienen en los artículos 1032 a 1035 del citado Código no están entregadas a la voluntad o arbitrio de las partes, de manera que constituye un error de derecho atribuir validez a la cláusula segunda del conocimiento de embarque, en cuanto por ella se declara que aquellas se someten a las leyes y tribunales españoles; en efecto, dicha cláusula contraría lo dispuesto en el artículo 1034, que prohíbe incoar procedimientos judiciales en lugares distintos a los especificados en los dos artículos que lo preceden y, por ende y en virtud del artículo 824 de la ley del ramo, debió tenérsela por no escrita; al no declararlo así, la sentencia ha infringido las normas legales citadas, con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues dicho error constituye el único sustento de la decisión adoptada; 5º Que, a mayor abundamiento, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 1462 del Código Civil, que imputa ilicitud a todo lo que contraviene el derecho público chileno, como la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por nuestra ley, vicio de objeto que aparecía de manifiesto en el Conocimiento de Embarque y que los jueces pudieron incluso anular de oficio, conforme lo dispone el artículo 1683 del Código recién citado". La sentencia está publicada en Guzmán Jordán, Julio, El arbitraje en la jurisprudencia chilena (Cámara de Comercio de Santiago, 2005), pp. 121-123. Sobre este tema: Barroilhet Acevedo, Claudio, El problema del órgano jurisdiccional competente en las normas del Libro III del Código de Comercio chileno y en las Reglas de Hamburgo: ¿Hacia dónde navegamos?, en RChD., 25 (1998) 2, pp. 273-293.
[17] Sentencia pronunciada en la petición de exequátur en el caso de "State Street Bank and Trust Company con Inversiones Errázuriz Limitada y otros".
[18] Así, Romero Seguel, Alejandro, cit. (n. 1), p. 21, con cita de abundante jurisprudencia.
[19] Resolución Nº 34480, de Corte Suprema de Chile, Sala Cuarta, 14 de Septiembre de 2010.
[20] Esta es una marcada diferencia con lo que ocurre en el derecho interno, donde declarada la incompetencia, por declinatoria o por inhibitoria, los autos se remiten al Tribunal competente, el que seguirá conociendo del asunto (arts. 102 y 106 CPC.). Tampoco se busca con ella que un superior jerárquico resuelva el problema competencial; por tratarse de una cuestión entre tribunales pertenecientes a diversos estados no hay superior jerárquico que resuelta este problema.
[21] Sobre esta diferencia, cfr. Romero Seguel, cit. (n. 1), cap. 1°, N° 10, pp. 25-26; Romero Seguel, Alejandro, Curso de Derecho procesal civil (Santiago, 2006), I, pp. 15-30; cfr. Marinini - Pérez Ragone - Núñez, cit. (n. 1), § 23, IXX y XX.
[22] No se puede perder de vista que la confusión y dificultad que, durante décadas, se viene dando en nuestro medio forense en torno a la naturaleza de la excepción de falta de jurisdicción proviene, la mayor parte de las veces, del planteamiento interesado de los litigantes. Asumiendo esta táctica defensiva se logra que una cuestión relativa a un presupuesto procesal sea tratada como si se discutiera sobre una condición o requisito del derecho de acción; el efecto práctico de lo anterior es la dilación de la respuesta sobre un aspecto que, a todas luces, debería ser resuelta como una cuestión preliminar en todo juicio, incluso de oficio por el Tribunal. En tal sentido, no es infrecuente que se promueva la falta de jurisdicción como una cuestión de fondo. Un ejemplo de ello se dio en los autos "Cooperativa de Servicio de Agua Pichidangui con Fisco". No obstante que el Fisco alegó la incompetencia del juez civil (sosteniendo que era una causa tributaria), en la contestación de la demanda renovó la misma alegación, pero promovida como una perentoria de falta de jurisdicción (Corte Suprema, 13 de noviembre de 1985, en RDJ., 82, sec. 5ª, pp. 242-245). Igual planteamiento se aprecia en los autos "Televisión Nacional con Fisco", donde se quiso impedir -nuevamente sin éxito- que los tribunales se pronunciaran sobre el alcance de un dictamen de la Contraloría General de la República. (Corte de Apelaciones de Santiago, 21 de septiembre de 1998, en RDJ., 95, sec. 5ª, p. 252).
[23] Corte Suprema, 24 de abril de 1980, en RDJ., 87, sec. 1ª, pp. 77-95.
[24] Para un detalle sobre la aplicación de la "arbitrabilidad" dentro del sistema arbitral comercial internacional chileno véase Vásquez Palma, Mª Fernanda, cit. (n. 3), pp. 181-190.
[25]Mereminskaya, Elina, "Anti-suit injunctions" y recurso de protección: su incidencia en el arbitraje comercial internacional de acuerdo al Derecho chileno, ponencia presentada en el seminario Perspectivas del Arbitraje Comercial Internacional en Brasil y Chile, organizado conjuntamente por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá y por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM Santiago) de la Cámara de Comercio de Santiago, en Sao Paulo, Brasil, el 19 de junio de 2009 [http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/antisuit_injunctions_y_recurso_de_proteccion/anti-suit_injunctions_y_recurso_de_proteccion.asp?CodSeccion=15, visitado 23/12/2010].
[26] Corte Suprema, rol N° 1652-2006, 28 de julio de 2008.
[27] Bien señala respetable doctrina que: "La jurisprudencia del segundo grupo dice relación con el uso del recurso de protección en contra de la contraparte del contrato, cuando ésta supuestamente haya incurrido en una conducta arbitraria e ilegal. Dicha conducta podría consistir, por ejemplo, en que la parte, en lugar de acudir al tribunal arbitral conforme a lo pactado, ponga término unilateral al contrato. Al acoger el recurso de protección, se deja sin efecto esa resolución unilateral, debiendo la parte interesada recurrir al arbitraje. En cierto sentido, se trata de una anti-suit injunction' a favor del arbitraje; esto es, a través del recurso de protección se sanciona la inobservancia de la cláusula compromisoria. Ese resultado parece positivo dado que refuerza el carácter vinculante de un pacto arbitral. Sin embargo, tal resolución sería improcedente en los casos en los cuales la normativa aplicable al contrato faculte a las partes para resolver el contrato a través de una declaración de voluntad, tal como ocurre, por ejemplo, con la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, plenamente vigente en Chile. La parte interesada en hacer uso de esa facultad, eventualmente tendría que desplegar un esfuerzo adicional para convencer a los tribunales respecto de que ha actuado conforme al derecho y no ha incurrido en una conducta arbitraria o ilegal"
[28] Esta facultad tiene una larga historia en nuestro derecho constitucional. Actualmente está recogida en el artículo 82, pero con una limitante que no existía al momento de verificarse la intervención referida en estos fallos. En efecto, el inciso 2º, expresamente, permite a los Tribunales Superiores -Cortes de Apelaciones, Corte Suprema -"invalidar resoluciones jurisdiccionales" en uso de sus facultades disciplinarias, a condición de que procedan "en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva".
[29] Corte Suprema, 3 de septiembre de 1969, en RDJ., 66, sec. 3ª, pp. 125-130.
[30] Corte Suprema, 2 de mayo de 1975, en FM., 199, pp. 90-93: "5° Que esta exención de los Estados extranjeros de la jurisdicción nacional, se encuentra expresamente establecida, en el ámbito del derecho vigente en nuestro país, por el artículo 333 el Código de Derecho Internacional Privado, llamado Código de Bustamante, que dispone que los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes, salvo el caso de ciertas excepciones, ninguna de las cuales guarda relación con el asunto en estudio; 6°) Que estos mismos principios restrictivos a que se ha hecho referencia, informan también el contenido de los arts. 22 y 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita el 18 de abril de 1961, promulgada como Ley de la República por Decreto Supremo N° 666 de 9 de noviembre de 1967 y publicada en el Diario Oficial de 4 de marzo de 1968, que establecen, respectivamente la inviolabilidad de los locales de una misión y la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomados".
[31] Corte Suprema, 6 de abril de 2009, 1753-2008.
[32] Corte de Apelaciones de Santiago, 12 de agosto de 2010, 660-2010: "El privilegio de inmunidad de jurisdicción está reconocido por tratados internacionales ratificados por nuestro país. Sin embargo, dicho privilegio debe respetar la regulación vigente relativa al derecho al trabajo y a la seguridad social, por encontrarse consagrados en la Constitución y en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares. En efecto, estos instrumentos establecen que todas las personas que gocen de los privilegios e inmunidades que dichas normas contienen, deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, en lo particular, al derecho del trabajo y la seguridad social (considerandos 1º y 2º). En consecuencia, si las acciones ejercidas derivan del término de una relación laboral y supuesto incumplimiento de normas de seguridad social, cuyo origen no responde a la idea de un acto de gobierno ejecutado por un acto extranjero en su condición de soberano, resulta improcedente aplicar el principio de inmunidad de jurisdicción, debiendo ser rechazada la excepción de falta de jurisdicción (considerando 3º)".
[33] Así se pueden mencionar casos donde los inversores son chilenos "Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. c. República Argentina" (Caso Ciadi N° arb/03/5); "Química e Industrial del Bórax Limitada y otros c. Estado Plurinacional de Bolivia" (Caso Ciadi Nº arb /06/2).
[34] Sobre la importancia internacional y en Chile de la protección adecuada de los individuos en relación con los Estados se dé o no en una relación de inversión y el debido proceso que se ha ido estableciendo mediante el arbitraje internacional puede verse el informe del jurista chileno, Orrego Vicuña, Francisco, Regulatory Authority and Legitimate Expectations: Balancing the Rights of the State and the Individual under International Law in a Global Society [La potestad reguladora y las legítimas expectativas: encontrando un balance entre los derechos del Estado y del individuo de acuerdo con el Derecho internacional en una sociedad global], International Council for Comercial Arbitration (ICCA) (Santiago, 2008), p. 9 [disponible en http://www.arbitration-icca.org (Visto 20/12/2010)].
[35] En detalle Mayorga Lorca, Roberto - Morales Godoy, Joaquín - Polanco Lazo, Rodrigo, Inversión extranjera: régimen jurídico y solución de controversias. Aspectos nacionales e internacionales (Santiago, 2005).
[36]El Gobierno argentino desconoció la jurisdicción del CIADI por considerar que el asunto debía conocerse previamente por tribunales argentino. Si las reclamaciones derivadas de un tratado y las reclamaciones contractuales suponen una elección para el inversor o si podrían proseguirse simultáneamente, la respuesta sería que podrán proseguirse de manera simultánea, cada una de ellas realizada de contrato de concesión constituyen dos fuentes independientes de derechos y un inversor podría utilizar ambas. Esta argumentación viene apoyada por la descripción de la separación conceptual de derechos privados de un tratado y derechos contractuales en Vivendi: "95. En cuanto a la relación entre infracción de contrato y quebrantamiento de tratado en el presente caso, debe ser subrayado que los Artículos 3 y 5 del TBI no se refieren directamente a la infracción en un contrato municipal. Antes bien, establecen un criterio independiente. Un Estado puede quebrantar un tratado sin infringir un contrato y viceversa... 96... si ha habido un quebrantamiento del TBI y se ha producido una infracción del contrato constituyen diferentes cuestiones. Cada una de estas reclamaciones será resuelta en referencia a su propia ley adecuada o aplicable: en el caso del TBI por el derecho internacional y en el del contrato de concesión por la ley adecuada del contrato..." La posición anterior podría acarrear el riesgo de una duplicación de procedimientos, y por consiguiente de sentencias y laudos contradictorios y la confusión entre reclamaciones derivadas de un tratado y reclamaciones derivadas de un contrato. En otras palabras, sería posible tener un procedimiento nacional para la violación del contrato entre el inversionista y el Estado y un procedimiento internacional para las violaciones del Tratado. Esta solución, consagrada en la decisión del Comité de revisión del fallo de Vivendi, en que se establece que se debe distinguir entre la violación del contrato de inversiones, susceptible en el caso de ser juzgado ante el tribunal designado por las partes -el tribunal administrativo de la provincia de Tucumán- y la violación del tratado sobre inversión que tendrá ser juzgado por el tribunal designado en el tratado -el CIADI-, parte de la base de que se trata de dos acciones distintas que por lo tanto pueden dar lugar también a dos procedimientos distintos.
[37] Schreuer, Christoph H. - Malintoppi, Loretta - Reinisch August - Sinclair Anthony, The ICORTE SUPREMAID Convention: A Commentary (Cambridge, 2010), pp. 1096-1140; Parra, Antonio, The Enforcement of ICORTE SUPREMAID Arbitral Awards (24th Colloquium on International Arbitration, París, 16 de noviembre de 2007, Sesiones sobre Aspectos Específicos del Arbitraje Estado-Privado), p. 2.
[38]Orrego Vicuña, Francisco, Arbitrating Investment Disputes [Arbitraje de controversias relativas a inversiones], International Council for Comercial Arbitration (ICCA) (Santiago, 2008), pp. 5-6 [disponible en http://www.arbitration-icca.org, accedido en octubre de 2009].
[39]Domínguez Águila, Ramón, "Fraus omnia corrumpit". Notas sobre el fraude en el Derecho civil, en Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, 189 (1991), pp. 71 ss.; cfr. Fuentes Guiñez, Rodrigo, El fraude ante la ley: antecedentes, legislación, jurisprudencia (Santiago, 1998).
[40] Analizando los requisitos esgrimidos por la doctrina, encontramos que nuestra Constitución en su artículo 19 Nº 15 establece la libertad de asociación, constituyendo un derecho subjetivo, que se puede ejercer dentro de los límites que el mismo cuerpo legal establece que son la buena fe, el orden público y las buenas costumbres; también hay que determinar cuál es el interés jurídico protegido con la atribución de personalidad jurídica a las sociedades, que si bien es una tarea de interpretación, a priori, podríamos decir que es la plena realización del individuo tanto en su aspecto social, económico y cultural. A modo de ejemplo podemos citar los artículos 56 del Código de Aguas; 2110 CC.; 280 y 467 CPC., entre otros. Cevas Fuentes, Marcelo, Elementos para una aplicación integral de la teoría del fraude a la ley en el Derecho chileno (Colección de tesis Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad del Desarrollo, Concepción, 2003).
[41] Aprobada en Chile por el Decreto-ley N° 1.095 de 1975, DO. Nº 29.218, de 31 de julio de 1975. Tal como lo establece su título, el Convenio de Nueva York limita su aplicación «al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales» (artículo 11.).
[42] Un ejemplo de ello se contiene en el fallo de la Corte Suprema, de 29 de mayo de 1964. Allí se denegó un exequátur para hacer cumplir la sentencia dictada por un tribunal de la República Federal Alemana, por el hecho que al momento de iniciarse el juicio sobre la tuición en Alemania, la madre y los menores tenían domicilio en Chile (Corte Suprema, de 29 de mayo de 1964, en RDJ., 51, sec, 1ª, pp. 129-134).
[43]Monsálvez Müller, Aldo, Reconocimiento y ejecución en Chile de sentencias extranjeras (Santiago, 2008), p. 67.; Scolari Varas, Carlos Ricardo, El juicio de exequátur y el sistema chileno de ejecución de sentencias extranjeras (Tesis de licenciatura, Santiago, 2000), pp. 5-24.
[44] Un ejemplo de esta doctrina se contiene en la sentencia de la Corte Suprema, de 12 de noviembre de 1926, en RDJ., XXIC, sec. 1ª, pp. 289-408.
[45] Sobre este tema, Achurra Larraín, Juan, El arbitraje en el contrato de seguro (Santiago, Universidad de los Andes, 2005; reimpresión del original Santiago, 1993), pp. 253-254.
[46]Ortiz Pradillo, Juan Carlos, El concepto de "orden público procesal" y la denegación del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales: el derecho a un proceso justo, en Revista General de Derecho Procesal, 17 (2009), passim; cfr. con el estudio de González Quiroga, Marta, Orden público internacional y arbitraje internacional (Madrid, 2003), pp. 52-91.
[47] Sobre el tema, Maluenda Parraguez, Rodrigo, Contratos internacionales (Santiago, 1999), pp. 289-323; Guzmán Latorre, Diego, Valor en Chile de las cláusulas contractuales de elección de ley extranjera y de sumisión a tribunales extranjeros, en Llanos Mancilla, Hugo - Picand Albónico, Eduardo (editores), Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Santiago Benadava (Santiago, 2008), pp. 219 -224; Monsálvez Müller, Aldo, Validez de las cláusulas de "electio fórum" en los contratos internacionales. A propósito del caso "State Street Bank Trust v. Inversiones Errázuriz Limitada", en Llanos Mancilla, Hugo - Picand Albónico, Eduardo (editores), Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Santiago Benadava (Santiago, 2008), pp. 225 -239.
[48] Corte Suprema, 25 de enero de 1999, en RDJ., 96, sec. 1ª, p. 12: Según la referida sentencia: "4º Que, efectivamente, el artículo 929 de Código de Comercio dispone que las normas legales sobre contrato de transporte marítimo son imperativas para las partes, salvo cuando la ley expresamente disponga lo contrario, precepto del que se desprende que, en general, aquellas normas contienen elementos esenciales del contrato y que, por consiguiente, no pueden ser excluidos ni modificados por los contratantes; así entonces, debe entenderse que las reglas de competencia que determinadamente se contienen en los artículos 1032 a 1035 del citado Código no están entregadas a la voluntad o arbitrio de las partes, de manera que constituye un error de derecho atribuir validez a la cláusula segunda del conocimiento de embarque, en cuanto por ella se declara que aquellas se someten a las leyes y tribunales españoles; en efecto, dicha cláusula contraría lo dispuesto en el artículo 1034, que prohíbe incoar procedimientos judiciales en lugares distintos a los especificados en los dos artículos que lo preceden y, por ende y en virtud del artículo 824 de la ley del ramo, debió tenérsela por no escrita; al no declararlo así, la sentencia ha infringido las normas legales citadas, con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues dicho error constituye el único sustento de la decisión adoptada; 5º Que, a mayor abundamiento, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 1462 del Código Civil, que imputa ilicitud a todo lo que contraviene el derecho público chileno, como la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por nuestra ley, vicio de objeto que aparecía de manifiesto en el Conocimiento de Embarque y que los jueces pudieron incluso anular de oficio, conforme lo dispone el artículo 1683 del Código recién citado". Sobre este tema, Barroilhet Acevedo, Claudio, El problema del órgano jurisdiccional competente en las normas del Libro III del Código de Comercio chileno y en las Reglas de Hamburgo: ¿Hacia dónde navegamos?, en RChD., 25 (1998) 2, pp. 273-293.
[49]Allí se señala: "1º. Que constituye una práctica comercial generalizada, cuya aplicación alcanza a nuestro país, que en los contratos internacionales relativos a negocios y operaciones de carácter patrimonial que el Estado o sus organismos, instituciones y empresas celebran con organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras, cuyo centro principal de negocios se encuentra en el exterior, se inserten estipulaciones en virtud de las cuales se les sujeta a determinada legislación extranjera, se sometan las controversias que de ellos pudieran derivarse al conocimiento de tribunales extranjeros, sean ordinarios o arbitrales, se pacte domicilio especial fuera del país y se establezcan mecanismos para configurar la relación procesal. 2°. Que, dentro del sistema jurídico chileno, tales estipulaciones son lícitas y en esta virtud tienen frecuente aplicación en los contratos celebrados entre particulares, siendo de advertir, además, que ellas están consagradas en el Código de Derecho Internacional Privado aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana, el que rige en nuestro país desde 1934".
[50] Sentencia pronunciada en la petición de exequátur en el caso de "State Street Bank and Trust Company con Inversiones Errázuriz Limitada y otros", rol Nº 2.349-2005 (Legal Publishing Nº 36.457). Este fallo es de uso recurrente por la Corte Suprema; así en fallo del 22 de enero de 2008, rol N° 3247-2006: "8° Que en el mismo sentido esta Corte ha resuelto que las estipulaciones por las cuales las partes se someten a la competencia de tribunales extranjeros son válidas, señalando ...No resulta contrario al ordenamiento jurídico de nuestro país el someterse a las leyes de otro estado, en las circunstancias expresadas, lo cual aparece, además, ampliamente aceptado por la doctrina nacional y alguna legislación en materias específicas, tales como las ya indicada en materia de hipotecas, en materia de arbitraje y de contratación por la administración del Estado, el mismo fallo continúa: Que en otro orden de ideas, reiterando que nos encontramos frente a lo que la doctrina denomina contratos internacionales, respecto de los cuales la dogmática está acorde en darle validez a las cláusulas en las que se acuerde dar jurisdicción a tribunales extranjeros (S.C.S 14 de mayo de 2007, rol N° 2349-05, exequátur State Street Bank And Trust Company). 9]: Que en consecuencia no corresponde restarle validez a la cláusula por la cual las partes sustrajeron de los tribunales chilenos la resolución de los conflictos que pudieren suscitarse, por tratarse de un pacto lícito que no contraría el orden público chileno. Sigue la misma orientación la sentencia pronunciada en los autos "Steelcase Inc. con Martínez", Corte Suprema, 25 de marzo de 2008, rol N° 5.742-05. Sobre este tema, Mereminskaya, Elina, Apertura de los tribunales chilenos a la jurisdicción extranjera, en Informativo on line CAM Santiago (julio, 2008) pp. 2-6.
[51] Corte Suprema, 22 de enero de 2008, rol N° 5.553-02.
[52] Corte Suprema, 28 de julio de 2008, rol Nº 2026-2007 (recurso de casación en el fondo).
[53] En la jurisprudencia se había acogido dicho criterio, tal como se aprecia en la sentencia de la Corte Suprema Suprema de 5 de julio de 1999, en RDJ., 97, sec. 1ª, p. 82). Allí se resolvió dar el exequátur a una sentencia pronunciada en juicio arbitral seguido contra una empresa chilena en Rotterdam, Holanda, conforme a las Normas de Arbitraje de la Asociación de Comercio de Fruta Seca, Especias y Productos Afines de los Países Bajos. La empresa chilena, se opuso a dicho reconocimiento, alegando que no había sido emplazada conforme a las normas chilenas, pero tal alegación fue desestimada, al estimarse válida la notificación por fax y carta certificada, sin que se haya acreditado una infracción al artículo V, letra b) de la Convención de Nueva York.
[54] Ver en detalle sobre la aplicación hacia un mínimo de uniformidad de estas normas en Latinoamérica en: Cremades, Bernardo, Momento actual del arbitraje comercial internacional en América Latina, en Revista del Abogado, 14 (1998).
[55] El artículo 36 dispone: "Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. 1) Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo, o ii) Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, o iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras, o iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje, o v) Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo, o b) Cuando el tribunal compruebe: i) Que, según la ley chilena, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o ii) Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público de Chile. 2) Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el literal v) de la letra a) del numeral 1) de este artículo la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas".
[56]Sobre este tema, entre la abundante bibliografía, Ricci, Edoardo, Il lodo con nazionalità plurima: un utile strumento nel repporti tra il brasile e alcuni paesi europei, en Roma e América, Diritto Comune, 9 (Roma, 2000), pp. 237-254.
[57] Cfr. Muroni, Raffaela, Il conflicto practico tra lodo e la Convenzione di New York, en Rivista dell'Arbitrato, 4 (2000), pp. 760 -762.
[58] Sobre este tema, cfr. Mayer, Pierre - Sheppard, Audley, Informe final de la asociación de derecho internacional acerca del orden público como una prohibición para la ejecución de los laudos arbitrales internacionales, en Revista Internacional de Arbitraje, 1 (2004), pp. 209 -232.
[59]Gonzáles de Cossio, Francisco, Orden público y arbitrabilidad: Dúo dinámico del arbitraje (México, 2008), p. 15.
[60] http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html
[61] LexisNexis número identificador 16.313.
[62] Así según Informe de la Asociación del Derecho Internacional (ILA), Conferencia en New Delhi, 2002; para un estudio detallado ver Born, cit. (n. 3), cap. 25°.
[63] Comp. con Hanotiau, Bernard - Caprasse, Olivier, Public Policy in Internacional Arbitration, en Gaillard, Emmanuel - Di Pietro, Domenico (editores), Enforcement of Arbitration Agreements and Internacional Arbitral Awards: The New York Convention in Practice, (Cameron, 2008), pp. 787 ss.
[64]Moraga Quezada, Pamela - Ortiz Valenzuela, Susana, Orden público y fraude a la Ley como limitaciones al Derecho extranjero normalmente competente (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2002), p. 14; Ramírez Necochea, Mario, Curso de derecho internacional privado chileno (Santiago, 2005), p. 123; MacHale, Tomás, Orden, orden público y orden público económico (Santiago, 1969).
[65] Corte Suprema, rol N° 5553-02, 22 de enero de 2008.
[66] Corte Suprema, rol N° 2349-05, 14 de mayo de 2007.
[67] También se emplean argumentos similares en el fallo de la Corte Suprema "Steelcase Inc. con Héctor Martínez Ramírez, Corte Suprema", rol N° 5742-05, 25 de marzo de 2008.
[68] Resolución Nº 28761, Corte Suprema de Chile, Sala Cuarta, 11 de agosto de 2010.
[69] Corte Suprema, sentencia del 8 de febrero del 2010 (N°7361/09).
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a Doctora en Derecho, profesora de Derecho procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Dirección postal: San Carlos de Apoquindo, 2200, Las Condes, Santiago, Chile. Correo electrónico: maguirrezabal@uandes.cl
b Doctor en Derecho, profesor de Derecho procesal civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Avda. Brasil 4059, Valparaíso, Chile. Correo electrónico: alvaro.perez@ucv.cl
c Doctor en Derecho, profesor de Derecho procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Dirección postal: San Carlos de Apoquindo, 2200, Las Condes, Santiago, Chile. Correo electrónico: aromero@abcia.cl
Aprobado: 28 de marzo de 2011.