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Timestamp: 2016-12-08 07:52:43
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo20', 'artículo 73', 'Artículo 23', 'Artículo 23']

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Juan José Duarte Araya
1 [Embargado hasta el 7 de febrero de 2007] Público Amnistía Internacional MÉXICO Injusticia e impunidad: deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano La impunidad y la corrupción no parecen haber perdido fuerza. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidos no se aprecian en la realidad. 7 de febrero de 2007 Índice AI: AMR 41/001/2007 SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA2 Índice Capítulo 1: Introducción...1 Capítulo 2: Derechos humanos y legislación...3 Capítulo 3: Detención e instrucción de una causa...7 Prisión preventiva...9 Capítulo 4: Tortura y malos tratos Testimonio pericial médico Impunidad Capítulo 5: El derecho a una defensa efectiva Abogados defensores y abogados de oficio Pueblos Indígenas Capítulo 6: Impunidad y rendición de cuentas Los tribunales Investigaciones disciplinarias o administrativas Investigación penal por parte de las procuradurías generales Comisiones de derechos humanos Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones Recomendaciones al gobierno mexicano: Metodología Este informe se basa en el titulado México. Leyes sin justicia: Violaciones de los derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública (Índice AI: AMR 41/002/2007). Se basa en entrevistas que representantes de Amnistía Internacional mantuvieron entre 2004 y 2006 con representantes del gobierno federal y de diversos gobiernos estatales, agentes del Ministerio Público, abogados, miembros de la judicatura, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias.3 Capítulo 1: Introducción El 29 de diciembre de 2005, el defensor de los derechos humanos Martín Barrios Hernández fue detenido en su domicilio de Tehuacán, estado de Puebla, acusado de chantaje. A pesar de que existían indicios convincentes de que los cargos contra él habían sido inventados en represalia por su apoyo a obreros que habían sido despedidos, el 4 de enero de 2006 un juez local confirmó su detención y ordenó su procesamiento. El chantaje está tipificado como un delito penal grave en el código penal estatal, lo que impide a las personas sospechosas obtener la libertad bajo caución. Martín Barrios Hernández es el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, que se ocupa de defender los derechos laborales de los trabajadores de numerosas fábricas textiles de Tehuacán. En noviembre de 2005, la Comisión apoyó las protestas y las acciones legales emprendidas por los trabajadores despedidos de la planta textil Calidad de Confecciones. El 24 de noviembre, el propietario de la fábrica presentó una querella criminal ante la Procuraduría General de Justicia del estado en la que alegó que el 22 de noviembre de 2004 Martín Barrios le había pedido dinero a cambio de poner fin a las protestas de los trabajadores. También declaró que Martín Barrios había regresado al día siguiente, lo había amenazado y había ordenado a los manifestantes que lo agredieran en su domicilio. El juez dictó la orden de aprehensión el 13 de diciembre de Durante la instrucción, la defensa de Martín Barrios aportó pruebas de que el inculpado asistía a una reunión pública en el momento en que se había cometido el presunto delito, y de que la manifestación celebrada al día siguiente frente a la casa del propietario de la fábrica había sido pacífica. A pesar de ello, el 4 de enero el juez dictó auto de prisión preventiva para Martín Barrios y ordenó su procesamiento. Tras la indignación nacional e internacional provocada por estos hechos, el propietario de la fábrica perdonó a Martín Barrios, una fórmula jurídica para poner fin al proceso. Martín Barrios quedó en libertad sin cargos. Según los informes, posteriormente Martín Barrios y otros miembros de la Comisión fueron amenazados de muerte, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que tomase medidas cautelares para garantizar la seguridad de Martín Barrios. En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no tenía conocimiento de que se hubieran tomado medidas para hacer responder de sus actos a los responsables de que se presentaran cargos penales infundados e injustificados contra Martín Barrios. El gobierno mexicano ha mostrado recientemente un alto grado de compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta el momento, México ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos de derechos4 humanos regionales e internacionales, y el gobierno ha cursado una invitación abierta a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos y a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Sin embargo, las experiencias sufridas por Martín Barrios y otras personas que se ponen de relieve en este informe demuestran que, a pesar de que en los últimos años se han producido algunas mejoras en los sistemas de seguridad pública y justicia penal, aún queda mucho por hacer. Aún existe un abismo entre los principios legales y la realidad diaria de quienes entran en contacto con la ley y necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o en el estatal. A veces se hace un uso indebido del sistema de justicia penal para detener y procesar a activistas sociales o políticos y a personas que defienden los derechos humanos. Algunas personas viven durante años pendientes de la amenaza de ser detenidas, a causa de órdenes de detención dictadas pero no cumplidas, o son detenidas en función de pruebas claramente deficientes, en ocasiones durante periodos que exceden con mucho los límites legales de la prisión preventiva. A otras personas se les deniega el acceso a representación o asistencia jurídica adecuada, precisamente en el momento en que corren mayor peligro de sufrir torturas u otros malos tratos para obtener confesiones. Los jueces desestiman o ignoran reiteradamente los informes de torturas, lo que refuerza la impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Con gran frecuencia son las personas más desfavorecidas y vulnerables las que tienen más posibilidades de convertirse en víctimas de estos abusos. El gobierno del presidente Vicente Fox Quezada reconoció la existencia de algunas de las deficiencias del sistema, pero, tras más de dos años de debate, las reformas legislativas propuestas aún tienen que ser aceptadas o aprobadas por el Congreso. En general se reconoce que muy a menudo las salvaguardas consagradas en la legislación no se aplican en la práctica, y que el pueblo mexicano dista mucho de gozar de una protección adecuada. En 2004, tras las propuestas del gobierno sobre las reformas, Amnistía Internacional escribió a miembros del Congreso instándoles a la aprobación de algunos elementos importantes de las propuestas. La organización pidió también el reforzamiento de otros elementos de las propuestas, en especial mejoras fundamentales en los mecanismos externos e internos de rendición de cuentas por parte de la policía, los agentes del Ministerio Público y los jueces a fin de acabar con la impunidad por los abusos. 1 Han pasado más de dos años, y es importante que siga ejerciéndose presión sobre las autoridades mexicanas para garantizar que aumenta la confianza de la opinión pública y que todos los ciudadanos y las ciudadanas gozan de igual protección ante la ley. 1 Amnistía Internacional: Memorándum al Congreso de la Unión sobre las reformas de la Constitución y del sistema de justicia penal (Índice AI: AMR 41/032/2004). 25 Capítulo 2: Derechos humanos y legislación El compromiso positivo del gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos se ha traducido en una serie de recomendaciones pormenorizadas, muchas de ellas centradas en el fracaso del sistema de justicia penal a la hora de garantizar los derechos de los presuntos delincuentes y de las víctimas de los delitos. El hecho de que no se garantice la aplicación en todo el país de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el gobierno ha sido un obstáculo clave a la hora de mejorar la protección de esos derechos. En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que los tratados internacionales de derechos humanos son de rango inferior a la Constitución pero superior a las leyes federales y estatales. Sin embargo, este dictamen no es vinculante para los tribunales inferiores federales y estatales, y, por lo tanto, no suele aplicarse. A consecuencia de ello, mientras que el gobierno reconoce formalmente las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, las decisiones judiciales rara vez las tienen en cuenta. La Constitución de México establece una serie de importantes garantías individuales, muchas de las cuales reflejan los derechos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos. Las obligaciones de las autoridades se especifican en los reglamentos y las leyes federales y estatales y en los códigos de los órganos judiciales y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Este conjunto de leyes y procedimientos ofrece salvaguardias importantes. Sin embargo, tal y como demuestra este informe, a menudo en muchas partes de México no se aplican con efectividad las salvaguardias legales nacionales, lo cual abre una amplia brecha entre el principio jurídico y la experiencia de las personas que entran en contacto con los sistemas de justicia penal y de seguridad pública. Apenas hay información oficial detallada y fidedigna sobre las prácticas de la justicia penal. Sin embargo, en los últimos años una serie de instituciones académicas y organizaciones han comenzado a reunir información más fiable, dando a conocer la gran distancia existente entre las garantías constitucionales y su aplicación. Este proceso también se ve respaldado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, que obliga a las instituciones estatales, tradicionalmente herméticas, a facilitar información. Sin embargo, aún está por comprobar la efectividad de esta legislación en su totalidad, y muchos gobiernos estatales han optado por introducir una legislación menos estricta en materia de libertad de información o no han introducido ninguna ley al respecto. La reputación de las instituciones federales ha mejorado algo en los últimos años, pero, en general, sigue existiendo un alto grado de desconfianza hacia las instituciones responsables de la justicia y la seguridad pública. La impunidad y la corrupción no parecen haber perdido fuerza. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidos no se aprecian en la realidad. Siguen patentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza de la población en las instituciones de la administración en general y de la administración de justicia en particular. 36 Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Representantes de los diferentes organismos de seguridad pública encargados de hacer cumplir la ley, de los servicios de procuración de justicia y de la judicatura afirman a menudo que su conducta está estrictamente delimitada por la aplicación imparcial del Estado de derecho. Sin embargo, los salarios bajos, los recursos limitados, la falta de formación y una excesiva carga de trabajo, así como la injerencia política constante en numerosos ámbitos, a menudo socavan gravemente su independencia e imparcialidad. Código de conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. (Artículo 1) En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. (Artículo 2) La policía federal ha elaborado un código profesional de conducta para reforzar los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, por sí solo no es suficiente para acabar con muchas de las arraigadas prácticas abusivas ni con la tradición de injerencia política en las operaciones policiales existente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México y Jalisco. Estas prácticas están especialmente enraizadas en determinados estados y en el ámbito municipal, donde a menudo existe la percepción de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley trabajan directamente para defender los intereses de las autoridades locales, mediante la aplicación selectiva de las leyes contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos o representantes comunitarios. Lydia Cacho, periodista y defensora de los derechos de las mujeres, fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en el refugio para mujeres que dirige en Cancún, estado de Quintana Roo. Varios agentes de la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla habían viajado a Cancún para detenerla por difamación. La acusación se basaba en una denuncia que un poderoso empresario local había presentado contra Lydia Cacho por presunta difamación en su libro titulado Los Demonios del Edén, publicado a principios de ese año. Los agentes que practicaron la detención trasladaron a Lydia Cacho a la ciudad de Puebla por carretera. La periodista afirmó que durante el viaje, que duró 20 horas, los agentes de policía le dijeron que corría peligro de sufrir agresión sexual y desaparición forzada. Posteriormente quedó en libertad bajo caución. El 14 de febrero de 2006 se filtraron a los medios de comunicación una serie de grabaciones que, según los informes, contenían una conversación telefónica en la que el gobernador del estado de Puebla accedía a organizar la detención de Lydia Cacho por encargo del empresario. La grabación provocó una gran indignación entre la opinión pública. En el momento de redactar este informe diputados federales 47 intentaban que se tomasen medidas para juzgar al gobernador por uso indebido de cargo público, y aún no se conocían los resultados de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las injerencias en la labor del Ministerio Público son desde hace tiempo características del sistema de justicia penal mexicano, y se han traducido en el procesamiento por razones políticas de críticos u opositores y en dificultades en las investigaciones de presuntos abusos contra los derechos humanos. Durante los últimos 40 años, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de este tipo de abusos y ha adoptado a varios presos de conciencia encarcelados a causa de estas prácticas. 2 Los procuradores generales en los ámbitos estatal y federal también forman parte del sistema nacional y local de seguridad pública, que es el responsable de coordinar las medidas para combatir la delincuencia. Esto ha debilitado aún más la independencia de los agentes del Ministerio Público, dado que las decisiones políticas sobre las prioridades en seguridad pública pueden en ocasiones entrar en conflicto con la aplicación imparcial de la legislación penal. Esto es especialmente manifiesto cuando la inquietud de la opinión pública y de los medios de comunicación por la impunidad y el elevado índice de delincuencia se traduce en presión sobre la policía, los agentes del Ministerio Público y los jueces para que obtengan resultados visibles, como la pronta detención e imputación de sospechosos. Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. (Principio 1) Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. (Principio 2) El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. (Principio 6) Desde la reforma del poder judicial federal que se realizó en 1994 se han producido mejoras en el reforzamiento de su imparcialidad y capacidad. Los progresos han sido mucho menores en lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad, la eficacia y la imparcialidad del poder judicial en los 31 estados y el Distrito Federal, en los que la inversión ha sido, en general, considerablemente inferior. A consecuencia de ello, el número y la calidad de los tribunales y jueces de algunos estados es a menudo insuficiente para tramitar el creciente número 2 En la página web pueden consultar informes anteriores de Amnistía Internacional, como Presos de conciencia: Isidro Baldenegro López y Hermenegildo Rivas Carrillo, ecologistas indígenas (Índice AI: AMR 41/051/2003), La disidencia silenciada: Una actualización sobre el caso del general Gallardo (Índice AI: AMR 41/037/2001), Presos de conciencia: Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ecologistas (Índice AI: AMR 41/013/2000). 58 de casos y garantizar la eficacia e imparcialidad de las investigaciones y los fallos en los procesos judiciales. A los factores que socavan la imparcialidad de los agentes del Ministerio Público y los jueces hay que añadir los procedimientos y las prácticas que favorecen a la acusación frente a la defensa en las investigaciones y los juicios penales. Abogados y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han destacado reiteradamente la ausencia de igualdad procesal entre la acusación y la defensa, algo que puede dar lugar a la denegación de los derechos asociados al debido proceso y, en ocasiones, a juicios injustos. La subsistencia en México de un sistema inquisitorial, en el cual el ministerio público tiene excesivas facultades para apreciar el valor de las pruebas recabadas, tomar declaraciones al inculpado, y la limitación para una adecuada defensa por parte del indiciado, permite que en la práctica, los casos que llegan a ser del conocimiento de un juez tengan una fuerte carga procesal en contra del acusado, en virtud de que los expedientes llegan ante el juez correspondiente ya integrados. Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 2003 Directrices de la ONU obre la Función de los Fiscales Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. (Directriz 12) En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. (Directriz13) Los códigos de procedimientos penales federal y estatales establecen la obligación del juez de considerar el valor de los indicios presentados en la averiguación previa y durante el juicio. Sin embargo, las normas de procedimiento y la jurisprudencia alientan a los jueces a dar por cierta la validez legal de los indicios presentados por los agentes del Ministerio Público, sin garantizar que esté explícitamente equilibrada por la presunción de inocencia del sospechoso. Sólo en los casos en que un acusado cuenta con un abogado defensor eficaz y en los que un juez activo se muestra dispuesto a cuestionar la credibilidad de las pruebas presentadas por la acusación, existe una posibilidad de que ese testimonio sea sometido a un riguroso contrainterrogatorio ante el tribunal. A pesar de las importantes garantías existentes en la legislación, muchas víctimas de delitos muestran una profunda desconfianza hacia la policía y los servicios de procuración de justicia. Sin duda, esta falta de confianza en el sistema de justicia penal ejerce una importante función disuasoria a la hora de denunciar los delitos, haciendo que la impunidad por los abusos esté aún más enraizada. 69 Capítulo 3: Detención e instrucción de una causa Agustín Sosa fue detenido el 10 de diciembre de 2004 en su casa de Huautla de Jiménez, estado de Oaxaca. Activista político de base del Frente Unión Huautleco, vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), contra él se presentaron cargos penales infundados, al parecer en represalia por participar en la oposición al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de julio de El 27 de julio de 2004, Serafín García Contreras, profesor jubilado y simpatizante del PRD, fue apaleado hasta la muerte por varios partidarios del PRI durante un enfrentamiento entre activistas de ambos partidos en Huautla de Jiménez. Su asesinato fue filmado y varios activistas del PRI fueron detenidos. Sin embargo, agentes del Ministerio Público también abrieron un proceso de averiguación previa contra Agustín Sosa, alegando que era responsable del asesinato porque de alguna forma instigó al PRD a bloquear una carretera, lo que desencadenó el enfrentamiento. A pesar de la falta de pruebas que lo vincularan al asesinato o a la escena del crimen, el juez aceptó los argumentos de la acusación y ordenó la detención de Agustín Sosa y su enjuiciamiento por asesinato. En febrero, un tribunal federal ordenó la excarcelación de Agustín Sosa por falta de pruebas. Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar la prisión, se presentaron nuevos cargos contra él por asalto calificado y robo con violencia; el juez aceptó de nuevo los cargos y Agustín Sosa quedó bajo custodia pendiente de juicio. Finalmente, el 10 de junio de 2005 quedó en libertad sin cargos. El artículo 16 de la Constitución mexicana establece que nadie puede ser detenido sin una orden judicial de aprehensión, que sólo puede dictarse si la averiguación previa ha demostrado que se ha cometido un delito y que es probable que la persona sospechosa sea la responsable. Este proceso debe garantizar que las pruebas se examinan minuciosamente y que los cargos presentados se basan en indicios firmes. Sin embargo, a veces las órdenes de aprehensión y los procesamientos se autorizan basándose en pruebas insuficientes o falsificadas, sobre todo cuando los jueces carecen del tiempo o los recursos necesarios para examinar la averiguación previa y están sometidos a una fuerte presión para no obstaculizar la labor de la policía y del Ministerio Público destinada a detener a personas sospechosas. En ocasiones, los sospechosos son detenidos varios años después de dictarse la orden de aprehensión. El índice de ejecución de las órdenes de aprehensión varía mucho en función del estado, pero, en el año 2000, en los estados de Oaxaca y Guerrero sólo se ejecutaron el 15 por ciento de las órdenes de aprehensión. 3 Estas demoras hacen que a menudo las órdenes de aprehensión queden archivadas y posteriormente se ejecuten a discreción de la policía judicial o los agentes del Ministerio Público. Por lo tanto son susceptibles de ser manipuladas políticamente, sobre todo si tenemos en cuenta que a menudo los 3 Zepeda Lecuona, Guillermo: Crimen Sin Castigo, Procuración de Justicia penal y Ministerio Público en México, CIDAC, Fondo de Cultura Económica, 2004, p10 jueces no investigan las razones de la demora. En México, muchos activistas políticos o sociales locales se enfrentan a continuos procedimientos de averiguación previa o viven bajo la amenaza de órdenes de aprehensión no ejecutadas, a veces durante años. Estas amenazas se utilizan a menudo para silenciar protestas legítimas e inducir a personas y organizaciones a retirar demandas o denuncias. En noviembre de 2004, Felipe Arreaga Sánchez fue detenido por la policía judicial del estado en su domicilio, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero. Fue acusado del asesinato, cometido en 1998, de Abel Bautista, hijo de un cacique local. Felipe Arreaga, conocido agricultor local, defensor de los derechos humanos y ecologista, ha trabajado activamente para poner fin a la tala excesiva de bosques en el municipio. Fue uno de los miembros fundadores de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán (OCESP), y en los últimos años ha trabajado con la Organización de Mujeres Ecologistas, creada por su esposa, Celsa Valdovinos. Felipe Arreaga fue procesado y quedó bajo detención preventiva en función de las pruebas reunidas durante la averiguación previa, una etapa en la que se produjeron graves irregularidades: por ejemplo, no se explicaron las demoras en la investigación y presentación de cargos, no se interrogó a los testigos ni se inspeccionó la escena del crimen hasta dos años después del homicidio. En enero de 2005, los abogados de derechos humanos que representaban a Felipe Arreaga presentaron testigos y una filmación en vídeo que demostraban que el inculpado se encontraba en otro lugar en el momento del asesinato. Cuando el único testigo material además de otro hijo del cacique que presuntamente presenció el asesinato pero que se negó repetidamente a testificar durante el juicio fue interrogado por el tribunal, admitió que había sido obligado a inventar su declaración por orden del cacique local y de un investigador de la policía judicial. A pesar de ello, el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero se negó a detener el proceso. Felipe Arreaga fue absuelto en septiembre de 2005, tras visitar el juez la escena del crimen y ordenar que el testigo y el cacique local compareciesen ante un tribunal. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan tomado otras medidas para revisar el caso. Es más, durante el juicio, según los informes, el cacique profirió amenazas contra Felipe Arreaga y su familia, lo que suscitó preocupación por la seguridad de todos ellos. Se hizo el paro de maderas, entonces nos salimos porque a Felipe lo perseguía mucho el ejército. Él estuvo escondido como un año en el cerro, en una cueva estuvo viviendo como un año. Él no tenía delito, nada más el único delito era porque hicieron el paro de madera y por eso lo persiguieron. Celsa Valdovinos, esposa de Felipe Arreaga 811 Una persona sospechosa puede permanecer detenida hasta 48 horas bajo custodia de la Procuraduría General, periodo tras el cual se presentarán cargos en su contra o quedará en libertad. Durante este periodo es interrogada por la policía judicial o de investigación y realiza una declaración inicial. Según el Código Federal de Procedimientos Penales, si el periodo bajo custodia de la Procuraduría General excediese el plazo legal, el juez debe declarar inadmisible la primera declaración de la persona sospechosa por haber estado incomunicada. Sin embargo, una investigación independiente sobre las prácticas judiciales en el Distrito Federal realizada en 2002 concluyó que el 50 por ciento de las personas sospechosas permanecían detenidas durante periodos superiores al plazo de 48 horas. 4 Una vez la persona sospechosa ha sido imputada, el juez dispone de un máximo de 72 horas para determinar si hay base suficiente para un proceso judicial o si se debe ordenar su excarcelación. Sin embargo, una encuesta realizada en 2003 concluyó que, durante esta etapa del proceso, en un 50 por ciento de las ocasiones no se respetan los plazos de tiempo. 5 Prisión preventiva Víctor Ramírez de Santiago es un abogado que asesora con frecuencia a las comunidades de indígenas en la región de Huasteca, estado de San Luis Potosí. Desde 2003 ha sido objeto de reiteradas investigaciones judiciales y amenazado con cargos penales. El 9 de febrero de 2005, la policía lo detuvo en su oficina de Ciudad Valles y lo acusó de incitar a un grupo de campesinos indígenas de Huasteca a ocupar ilegalmente una finca en disputa. Un juez local dictó la orden de aprehensión basándose en las declaraciones realizadas ante el agente del Ministerio Público por varios campesinos indígenas, que identificaron a Víctor Ramírez como su dirigente. Según los informes, los campesinos indígenas detenidos no contaron con asistencia letrada ni intérpretes cuando realizaron su declaración inicial, de la que se retractaron cuando comparecieron ante un juez. A pesar de ello, según los informes, el juez aceptó las declaraciones iniciales como prueba, y el 15 de febrero de 2005 ordenó el enjuiciamiento de Víctor Ramírez de Santiago por asociación delictuosa y despojo en su calidad de autor intelectual. La asociación delictuosa está tipificada como un delito penal grave sin derecho a libertad bajo caución. En marzo de 2005 el abogado ganó un recurso federal de amparo contra la decisión del juez estatal de procesar a Víctor Ramírez. Sin embargo, el procurador estatal recurrió esta decisión. Los cargos no se retiraron hasta que este recurso fue rechazado, en julio de Víctor Ramírez fue excarcelado después de pasar seis meses bajo custodia. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que las autoridades del estado hayan tomado medidas para investigar la presentación de cargos 4 Bergman, Marcelo: Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, Morelos y Estado de México, Documentos de Investigación, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Documentos de Investigación, CIDE, 2003 (como en nota al pie 4). 912 infundados contra Víctor Ramírez, salvo el compromiso expresado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mantenerse alerta en el seguimiento del caso. 6 En México está muy extendido el uso de la detención preventiva mientras una persona sospechosa está pendiente de juicio o siendo procesada. Los códigos penales federal y estatales contienen una larga lista de delitos clasificados como graves, y los jueces están obligados a ordenar la detención preventiva en estos casos. A pesar de que la legislación establece que un proceso judicial penal no debe durar más de un año, y sólo cuatro meses para los delitos menores, estos plazos se incumplen sistemáticamente. En 2004, personas sospechosas se encontraban en detención preventiva, lo que suponía el 42,7 por ciento de la población carcelaria. 7 En algunos estados, las personas sospechosas pueden pasar años en detención preventiva y no tienen derecho a indemnización si se retiran los cargos o si son declaradas inocentes. 6 Los mitos de la prisión preventiva en México, Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta, , Instituto Sociedad Abierta, p6. 7 Carta del ministro del Interior a Amnistía Internacional, septiembre de13 Capítulo 4: Tortura y malos tratos Los informes sobre torturas han disminuido en los últimos años, especialmente en el ámbito federal. Sin embargo, Amnistía Internacional continúa documentando casos de tortura en numerosos estados de México. 8 El Comité de la ONU contra la Tortura concluyó en 2003 que no se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policiales, sino, por el contrario, que el empleo de la tortura por parte de éstos tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales, siempre disponible cuando el desarrollo de éstas lo requiere. 9 Una persona sospechosa corre un mayor peligro de sufrir tortura cuando se encuentra en prisión preventiva. Es entonces cuando realiza su primera declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público, mientras se encuentra bajo la custodia de la policía judicial o de la procuraduría general. A los presuntos delincuentes se les niega a menudo la posibilidad de consultar con un abogado antes de firmar su primera declaración. Un estudio sobre presos y presas con sentencia condenatoria realizado en 2003 halló que el 34 por ciento de los internos sobre los que se hizo el sondeo declararon que habían realizado sus confesiones mientras se encontraban bajo custodia de la procuraduría general, y, de ellos, el 35 por ciento afirmó haber confesado bajo coacción. 10 En noviembre de 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó de que la tortura seguía siendo una práctica generalizada en México. Los métodos documentados por la Comisión entre 1990 y 2004 incluían: traumatismos por golpes con manos, pies u objetos contundentes, golpes con tablas en glúteos y oídos, asfixia o ahogamiento con aplicación de agua simple o gaseosa en nariz, boca y orejas, e inmersiones en ríos, pozos, piletas o cubetas, así como colocación de bolsas de plástico en la cabeza; descargas eléctricas en testículos, recto, pies, piernas y tórax; quemaduras con cigarrillos, con fierros calientes o escapes de motor; lesiones permanentes tales como heridas de arma de fuego; violencia sexual; suspensión colgado de los pies, los dedos o el cuello, exposición a sustancias químicas tales como la introducción de estopa con gasolina en la boca, y tortura a partir de posiciones o posturas que afectan tendones, articulaciones y músculos Los informes de Amnistía Internacional incluyen: Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetúa la impunidad (Índice AI: AMR 41/034/2004); Mujeres indígenas e injusticia militar (Índice AI: AMR 41/033/2004); Juicios injustos: tortura en la administración de justicia (Índice AI: AMR 41/007/2003); Muertes Intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (Índice AI: AMR 41/026/2003); Casos de tortura. Clamor por que se haga justicia (Índice AI: AMR 41/008/2001). 9 Informe sobre México elaborado por el Comité en virtud del artículo 20 de la Convención y respuesta del gobierno de México, CAT/C/75, 26 de mayo de 2003, párr Documentos de Investigación, CIDE, 2003 (como en nota al pie 4). 11 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comunicado de prensa sobre la Recomendación General número 10, CGCP/135/05, México, D. F., 22 de noviembre de14 Por lo general, la tortura y los malos tratos se producen cuando las personas sospechosas son detenidas en virtud de disposiciones relativas al delito flagrante, que permiten la detención de una persona sin que exista orden judicial de aprehensión. Estas medidas están previstas para su aplicación cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o poco después de ello. Sin embargo, en las legislaciones federal y estatales se ha ampliado el ámbito de aplicación de estas disposiciones, de modo que las detenciones por delitos graves pueden producirse en un plazo de 48 horas después del delito (72 horas si se trata del Distrito Federal). El 60 por ciento de las detenciones se realiza en virtud de las disposiciones relativas al delito flagrante. El 28 de mayo de 2004 se produjo un enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía en Guadalajara, estado de Jalisco, al término de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. La policía detuvo a más de 100 personas durante los disturbios y después de ellos. La policía hizo constar después que todos los sospechosos habían sido detenidos en flagrante delito. Posteriormente 45 personas fueron acusadas de delitos penales. Dagoberto Rivera Servín, de 26 años, declaró que lo detuvieron el 28 de mayo cuando recibía atención médica en un puesto de la Cruz Roja por heridas en la cabeza causadas por una botella que alguien había arrojado. El 29 de mayo fue conducido a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), donde, según los informes, agentes de la policía judicial lo amenazaron y le propinaron puñetazos durante el interrogatorio. El 30 de mayo firmó una confesión bajo coacción, en la que admitía haber cometido delitos penales e implicaba a otros sospechosos. Cuando compareció ante el juez declaró que lo habían obligado a firmar la confesión, que no había contado con asistencia letrada y que no se le había permitido leer su declaración. El 7 de junio, el juez ordenó su procesamiento por varios delitos, entre ellos lesiones, motín, pandillerismo y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. A pesar de las denuncias de tortura, el juez consideró que su primera declaración ante el agente del Ministerio Público era admisible. Dagoberto Rivera Servín pasó varios meses en prisión antes de quedar en libertad bajo caución, en espera del resultado de su juicio que, en el momento de redactar este informe, continuaba celebrándose. Aarón Alejandro García García, de 19 años, declaró a Amnistía Internacional que varios agentes de la policía municipal lo golpearon y le dieron patadas durante los disturbios. Fue detenido y quedó bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del estado, donde lo obligaron a desnudarse y lo golpearon con una pistola. Al día siguiente, él y otros detenidos fueron interrogados entre golpes y amenazas. También lo obligaron a permanecer tumbado en el suelo mientras los agentes de policía saltaban sobre él, y luego lo semiasfixiaron cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico. A consecuencia de esas torturas firmó una confesión y fue acusado. Cuando compareció ante el juez declaró que su confesión había sido extraída bajo tortura. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna investigación y su confesión sirvió para que posteriormente lo declarasen culpable de lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Pasó 10 meses en prisión. 1215 La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación y descubrió que al menos 19 de los detenidos habían sido torturados, por lo que recomendó la realización de una investigación completa, pero las autoridades del estado de Jalisco desoyeron la recomendación. 12 Amnistía Internacional también planteó el caso ante las autoridades del estado, que respondieron que los manifestantes habían inventado las denuncias de tortura. Las autoridades federales han declarado que no tienen jurisdicción sobre el caso. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que ningún servidor público haya sido objeto de procedimientos penales o disciplinarios por estos abusos. El informe de 2003 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pedía a las autoridades que delimitasen el concepto de flagrancia, para adecuarlo a su sentido constitucional, en el que se permite la detención de la o el infractor por parte de cualquier persona sólo en razón de la certeza de que existe la autoría del delito. 13 Sin embargo, ni el gobierno ni los legisladores han adoptado tales medidas, y el poder judicial tampoco ha vuelto más estrictos los criterios que siguen los jueces para supervisar esas detenciones y determinar su legalidad. A pesar de que existen pruebas evidentes del uso generalizado de la tortura o los malos tratos para obtener declaraciones iniciales, los jueces siguen dando mayor validez a esta primera declaración tomada por el agente del Ministerio Público que a las declaraciones posteriores prestadas ante un juez o tribunal. A los jueces se les alienta a desestimar la retractación de una confesión o las denuncias de tortura presentadas por las personas detenidas basándose en que son reacciones inevitables en un presunto delincuente. También se les permite aceptar confesiones obtenidas con violencia y desestimar las denuncias de malos tratos, aunque las lesiones se hubiesen documentado durante un reconocimiento médico, a menos que la persona sospechosa pueda probar que un agente en concreto causó una lesión en particular. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado reiteradamente la mayor preponderancia otorgada a las declaraciones iniciales (el principio de inmediatez procesal) y el hecho de que la carga de la prueba recaiga de modo excesivo sobre las personas imputadas, que tienen que probar que fueron obligadas a confesar mediante tortura. La declaración del acusado, aun hecha bajo coacción, tiene un valor difícilmente rebatible por otros elementos de prueba, según el criterio prevaleciente. Relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, informe sobre México, 14 de enero de 1998 El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha declarado que: Cuando 12 Informe Especial de la CNDH relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, Gaceta de la CNDH, núm. 169, agosto de Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, , p16 un procesado formule denuncias de tortura u otros malos tratos durante el proceso, deberá recaer en la acusación la responsabilidad de probar más allá de toda duda razonable que la confesión no se obtuvo por medios ilícitos, comprensivos de tortura u otros malos tratos. 14 Las normas internacionales establecen explícitamente que no debe aceptarse como prueba ninguna confesión obtenida bajo tortura y que los responsables deben ser castigados. 15 Aunque la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1991 codifica algunos de los elementos clave de las normas internacionales en caso de delitos federales, la mayor parte de la legislación promulgada en el ámbito estatal mexicano para criminalizar la tortura no cumple las normas internacionales. Cuando se denuncian casos de tortura ante la policía, las procuradurías generales o las comisiones de derechos humanos, las denuncias se reclasifican de modo rutinario como delitos menores tales como abuso de autoridad o lesiones. (Véase el estudio sobre los casos de Texcoco y San Salvador Atenco en el capítulo 5). En 2004, Víctor Javier García fue declarado culpable del asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en función de una confesión que, según los informes, fue obtenida bajo tortura. En la sentencia, el juez desestimó la denuncia de tortura en buena parte debido a que la confesión contenía detalles que encajaban con los crímenes y que sólo el autor podría conocer. Sin embargo, este argumento, que se utiliza con frecuencia, ignora la posibilidad de que la policía o los agentes del Ministerio Público hubiesen proporcionado esta información para aumentar la credibilidad de la confesión. En la sentencia, el juez citó precedentes y bibliografía en los que se recalcaba que las denuncias de tortura realizadas por los presuntos delincuentes son inevitables y deben desestimarse. El 14 de julio de 2005, Víctor Javier García fue excarcelado a consecuencia de un recurso presentado por detención ilegal. Sin embargo, la apelación no tuvo en cuenta las denuncias de tortura, y los responsables no han sido procesados. Un equipo especial de fiscales internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revisó los casos de varios hombres que, según los informes, fueron torturados para confesar su participación en el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. El equipo concluyó que a menudo los jueces hacían una valoración discrecional de las pruebas en vez de realizar una evaluación objetiva, y que tales prácticas solían traducirse en fallos condenatorios aparentemente erróneos sustentados en procedimientos de averiguación 14 Informe del relator especial, Sir Nigel Rodley, presentado de conformidad con la resolución 2000/43 de la Comisión de Derechos Humanos. Visita a Brasil, 30 de marzo de 2001, párr. 169, E/CN.4/2001/66/Add Entre otras, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ratificada por México en 1986) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada por México en 1987). 1417 previa profundamente defectuosos, en los que las denuncias de tortura eran simplemente ignoradas. 16 Testimonio pericial médico En los últimos años, la Procuraduría General de la República (PGR) ha desarrollado procedimientos para la documentación de pruebas médicas de tortura basados en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (conocido como Protocolo de Estambul), aprobado por la ONU. En agosto de 2003, el Procurador General de la República ordenó a todos los funcionarios de la PGR que aplicasen los nuevos procedimientos en casos de presuntos malos tratos o tortura. Varias Procuradurías Generales de Justicia de diferentes estados están elaborando también ese tipo de procedimientos, que parecen constituir un avance. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una evaluación independiente de su efectividad en la investigación de las denuncias de tortura. Un problema fundamental que ha afectado reiteradamente a los exámenes médicos oficiales de las pruebas de malos tratos y tortura es que los médicos forenses forman parte del las procuradurías generales y trabajan bajo las órdenes directas de sus agentes. Los procedimientos para investigar las denuncias de tortura o malos tratos, especialmente cuando los servidores públicos implicados pertenecen a la procuraduría general, con frecuencia no cumplen los criterios de una investigación independiente e imparcial. Muchos estados carecen del equipamiento, el personal cualificado y los procedimientos necesarios para garantizar la calidad, integridad y fiabilidad de las pruebas forenses oficiales. En el ámbito federal se han presentado propuestas para convertir los servicios forenses en un organismo autónomo independiente de la PGR. Sin embargo, en estados que han introducido reformas similares, como el de Jalisco, el gobernador conserva la potestad de nombrar y destituir a los directores de los institutos forenses, lo cual permite mantener una influencia política considerable sobre los servicios forenses. Impunidad El uso de la tortura o los malos tratos para obtener confesiones o declaraciones sigue siendo un elemento crucial de numerosas investigaciones penales, especialmente en el ámbito estatal. A pesar de las pruebas convincentes presentadas por imputados, abogados y expertos médicos independientes, que demuestran que las declaraciones se han obtenido bajo coacción, los agentes del Ministerio Público y los jueces no suelen ordenar una investigación imparcial y por separado sobre las denuncias del acusado. Los jueces no suelen adoptar medidas para evaluar el estado físico de la persona acusada que comparece ante el tribunal, a menos que la persona inculpada y el abogado defensor lo planteen específicamente. Después de presentar oficialmente la denuncia de tortura, la persona inculpada debe superar innumerables obstáculos para demostrar el fundamento de su 16 Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, noviembre de 2003, página18 denuncia, e incluso esto puede resultar insuficiente para garantizar que las pruebas obtenidas mediante tortura sean declaradas inadmisibles por el tribunal. El hecho de que los legisladores y los tribunales consideren la primera declaración realizada ante agentes del Ministerio Público como la prueba fundamental sigue fomentando el uso generalizado de la tortura como técnica de investigación. El gobierno federal ha hecho hincapié en las reformas judiciales destinadas a garantizar que sólo pueden utilizarse como prueba las declaraciones realizadas ante un juez y en presencia de un abogado. 17 Sin embargo, dado que esta reforma propuesta aún no ha sido aprobada, lo cierto es que los tribunales siguen aceptando pruebas poco fiables obtenidas bajo tortura. 17 Informe periódico del gobierno mexicano al Comité de la ONU contra la Tortura, 28 de febrero de 2005, párrs , CAT/C/55/Add19 Capítulo 5: El derecho a una defensa efectiva El 2 de enero de 2004, Felipe García Mejía, de 17 años de edad, y su hermano mayor, Eduardo García Mejía, miembros de una comunidad indígena mazateca del estado de Oaxaca, fueron detenidos en Ciudad de México en relación con un robo y conducidos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En ningún momento se les facilitó un intérprete. Según las investigaciones realizadas posteriormente por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los hermanos apenas hablaban español y no sabían leer. Felipe y Eduardo García Mejía fueron inculpados, y se ordenó su enjuiciamiento. El juez ordenó prisión preventiva para ambos en una prisión de adultos. El 16 de enero, un interno mató a Felipe García Mejía. Según Eduardo García Mejía, cuando se encontraba bajo custodia de la procuraduría general le obligaron a firmar una declaración que no pudo leer y, cuando compareció ante el tribunal, el juez no tuvo en consideración la ausencia de un intérprete. El juez justificó el incumplimiento del derecho a un intérprete afirmando: los agraviados hablaban y entendían perfectamente el español porque los policías que los detuvieron no realizaron una manifestación contraria. 18 Cuando realizaron su declaración inicial, el agente del Ministerio Público no hizo ninguna referencia a la etnia, raza o lengua de los acusados. La CDHDF concluyó también que tanto el agente del Ministerio Público como el juez y el defensor público habían incumplido su responsabilidad legal de comprobar la edad de Felipe antes de enviarle a una prisión de adultos. Toda persona detenida o expuesta a una posible acusación penal tiene derecho a la asistencia de un abogado de su elección. Si no dispusiese de medios económicos para contratar a un abogado, se le asignará asesoramiento efectivo y cualificado. Se le deben proporcionar también el tiempo y las condiciones necesarias para comunicarse con su abogado. El acceso a un abogado debe ser inmediato. 19 Sin embargo, las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que, en muchas partes de México, el acceso a asistencia letrada se suele denegar o a menudo adolece de graves deficiencias. Según la Constitución mexicana, una declaración realizada por una persona imputada ante un agente del Ministerio Público o ante un juez sólo debe admitirse como prueba si la persona acusada contó con la asistencia de un abogado defensor o de una persona de su confianza. 20 Los tribunales suelen aceptar una firma como prueba de que la persona acusada realizó la declaración con el asesoramiento y la representación adecuados. Sin embargo, personas imputadas en diversos casos han informado a Amnistía Internacional de que cuando hicieron su primera declaración en una concurrida Procuraduría 18 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 19 Amnistía Internacional: Juicios Justos. Manual de Amnistía Internacional, capítulo 3 (Índice AI: POL 30/002/1998). 20 Constitución mexicana, artículo 20,A, III; Código Federal de Procedimientos Penales, artículo20 General de Justicia no tuvieron posibilidad de consultar con el defensor público, que se limitó a firmar su declaración. Abogados defensores y abogados de oficio La mayor parte de los presuntos delincuentes no dispone de medios económicos para pagar a un abogado privado y, por lo tanto, dependen de los abogados designados por el estado. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que los abogados designados por el estado cuentan con la experiencia y la competencia necesarias, y que la persona acusada cuenta con una representación efectiva. Sin embargo, según la ONU, las deficiencias en la asistencia letrada proporcionada por los estados de México hacen que las personas más desfavorecidas y con menos recursos económicos sean las más desprotegidas. En los últimos años se han producido apreciadas mejoras en la calidad y la capacidad de la defensoría pública federal. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFPD) ha recibido mayores recursos para la contratación, la formación y la mejora de las condiciones de empleo y de supervisión de los abogados de oficio, con el fin de aproximar su estatus al de los agentes del Ministerio Público. Los gobiernos de algunos estados han iniciado reformas similares, pero en la mayoría no se ha realizado una inversión comparable ni una mejora del servicio prestado. Los legisladores no han fijado criterios lo suficientemente estrictos como para garantizar que los sospechosos gozan del derecho a una defensa adecuada establecido en el derecho internacional. Contratar un abogado defensor privado es el único medio alternativo de evitar la inadecuada asistencia jurídica que a menudo proporcionan muchos abogados de oficio. Las familias de las personas detenidas con escasos recursos pueden endeudarse considerablemente para contratar un abogado privado. Sin embargo, el servicio que se ofrece es sumamente dispar, sin que apenas exista modo de que los abogados rindan cuentas por una conducta indebida. En 2002, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados se mostró muy crítico con la organización de la profesión jurídica y pidió un cambio a fin de ganarse el respeto del Gobierno y de la sociedad en general por su integridad, independencia y obligación de rendir cuentas. 21 No se ha producido ningún progreso digno de consideración en la aplicación de esta recomendación. Pueblos Indígenas El 5 de junio de 2000, Ricardo Ucán Seca, miembro de una comunidad indígena maya, fue detenido y declarado culpable del asesinato de un vecino, Bernardino Chan Ek, en Akil, estado de Yucatán. En su primera declaración, Ricardo Ucán dijo que entendía y hablaba sólo un poco de español y que no sabía ni leer ni escribir. No se le asignó un traductor, y su abogada de oficio no participó en el proceso de forma apreciable ni firmó el acta de su declaración. Cuando compareció ante el juez, Ricardo Ucán declaró que había disparado a Chan Ek en legítima 21 Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, 24 de enero de 2002, párr. 181, E/CN.4/2002/72/Add.1. 18 Mostrar más
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