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Timestamp: 2017-09-19 22:58:49
Document Index: 404826381

Matched Legal Cases: ['ROJ ', 'e contrario', 'Artículo 257', 'Artículo 258', 'Artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 207']

ASPECTOS CONFLICTIVOS DEL DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS ACTUACIONES COLECTIVAS DE LA EMPRESA REQUISITOS DE LA DIRECTIVA COMUNICATARIA 1998/59/CE - PDF
ASPECTOS CONFLICTIVOS DEL DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS ACTUACIONES COLECTIVAS DE LA EMPRESA REQUISITOS DE LA DIRECTIVA COMUNICATARIA 1998/59/CE
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María Nieves Piñeiro Montero
1 ASPECTOS CONFLICTIVOS DEL DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS ACTUACIONES COLECTIVAS DE LA EMPRESA REQUISITOS DE LA DIRECTIVA COMUNICATARIA 1998/59/CE Período de consultas con los representantes de los trabajadores, entendiéndose por representantes de los trabajadores los que determine cada ordenamiento jurídico nacional o cada práctica nacional (art. 1.b Directiva 1998/59/CE). Tiempo hábil Objetivo: alcanzar un acuerdo que evite, reduzca o alivie la medida empresarial (STJCE , TJCE 2009\237), lo que comporta la concurrencia de objetivos finalistas Procedimientos de información y consulta que permitan alcanzar los fines propuestos (STJCE , TJCE 2009\263). Dichos deberes deben cumplirse aunque la empresa esté en proceso de liquidación (STJCE , EDJ 2011/8346). También cuando la decisión ha sido tomada por la empresa dominante (art. 2.4 Directiva y art ET). Papel de la autoridad laboral: control del período de consultas (STJCE , TJCE 2005\31) y búsqueda autónoma de soluciones (art. 5 Directiva) DESPIDO COLECTIVO DE HECHO Concurre despido colectivo cuando se extinguen contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que superan los umbrales del art. 51 ET, habiéndose entendido que la unidad de cómputo es la empresa y no el centro de trabajo (STSJ C y M , proced. 204/2013). Concurre también, cuando en períodos de 90 días se extinguen contratos por causas no imputables a los trabajadores, que superen los umbrales. El dies ad quem, para el cómputo de los 90 días, es la fecha del último despido, que se constituye, a su vez, en dies a quo para el cómputo siguiente (STS , rec. 1362/2012) Si no se superan los umbrales en el plazo citado no hay despido colectivo (SAN , proced. 345/2012) Se ha exigido que, además de superar el cómputo, las causas extintivas sean económicas, técnicas, organizativas o de producción (STSJ Galicia , rec. 5066/2012). Criterio mayoritario: deben computarse todas las extinciones por causas no imputables a los trabajadores, incluyendo extinciones de contratos temporales en fraude de ley (STS , recud 2341/2012); SAN , proce. 127/2012, ROJ 3477/2012; (STSJ Valladolid , rec. 2382/2012 y , rec. 83/2013, donde se declaró la improcedencia y se mantuvo en suplicación, porque no cabe la reformatio in peius; STSJ Burgos , rec. 83/2013 y STSJ Madrid , rec. 4542/2012. Algún Juzgado de lo Social, concretamente JS 23 en sentencia de , proced. 1393/2012 ha defendido que corresponde acreditar a la empresa que no extinguió en fraude de ley los contratos temporales extinguidos. Si se superan los umbrales en el plazo antes dicho, concurrirá despido colectivo de hecho que, al no haberse tramitado conforme al art. 51 ET, será declarado nulo (STS , rec. 52/2013, confirma SAN
2 STSJ de Cataluña de , rec. 7177/2009 ; , rec. 1530/2011 y , rec. 1573/2012 y STSJ Madrid , rec. 6621/2012, han defendido que la causa de extinción, regulada en el art. 52.d ET, es inherente a la persona del trabajador, por lo que no debe computarse de conformidad con lo dispuesto en el art ET. - Dicha tesis ha sido defendida de modo unánime por la doctrina científica (Martín Valverde; García Murcia; Camps; Cruz Villalón y Palomeque, entre otros) apoyándose en una interpretación lógica del precepto, por cuanto la ineptitud del trabajador, su incapacidad para adaptarse a las modificaciones operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y sus ausencias en los porcentajes citados se predican necesariamente de la persona del trabajador. La doctrina comunitaria ha interpretado el art. 1 de la Directiva 1998/59/CE de modo diferente, entendiendo que el citado precepto debe interpretarse en el sentido de que engloba cualquier extinción del contrato de trabajo no pretendida por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento, lo que sucede necesariamente en los tres supuestos debatidos y de modo particular en el absentismo justificado, puesto que la enfermedad sobreviene al trabajador, sin que intervenga para nada su voluntad (STJCE ). La doctrina comunitaria ha sido incorporada a nuestra jurisprudencia, en STS STS , recud. 1657/2011 y , recud. 2341/2012, con pleno conocimiento de la sentencia del TJCE de ha sintetizado los requisitos para el cómputo del número de trabajadores en los procedimientos de despido colectivo: El elemento numérico -número de trabajadores afectados-, el temporal -en un periodo de 90 días- y el causal -causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. - Dicha jurisprudencia descarta, por consiguiente, el cómputo de otras extinciones que, aun basadas en causas objetivas, sean inherentes a la persona del trabajador, como sucede con las extinciones basadas en su capacidad, aunque si serían computables otras que, no basándose en motivos inherentes a la persona del trabajador, como sucede con los despidos improcedentes, puedan asimilarse a las causas relacionadas con la situación de las empresas. La STS , rec. 334/2013, deja perfectamente claro que deben computarse tanto los despidos improcedentes, como las extinciones de contrato declaradas improcedentes por fraude de ley. SAN , proced. 240/2013. LA PROMOCIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO: PROBLEMÁTICA DE LOS GRUPOS DE EMPRESA La legitimación para promover el despido colectivo se predica de la empresa, entendiéndose como tal a quien proporciona y retribuye el trabajo, fuere quien fuere la empresa que lo controla. Dichas legitimación se extiende a los denominados grupos de empresa a efectos laborales, entendiéndose como tales los grupos en los que concurre confusión de plantillas y confusión patrimonial, o uso abusivo de la personalidad jurídica (STS , rec. 4340/2011; SAN , proced. 124/2012; SAN , proced. 152/2012; , proced. 257/2012; SAN , proced. 324/2012 y STS , rec. 81/2012). Las sentencias del TS , rec. 78/2012, , rec. 3/2013; , rec. 3/2013, STS , rec. 46/2013 y STS , rec. 121/2013 han matizado la jurisprudencia precedente, subrayando que la unidad de empresa y la apariencia externa de unidad son irrelevantes a estos efectos, por cuanto, 2
3 concurren necesariamente en los grupos mercantiles, por lo que los rasgos diferenciadores son únicamente la confusión patrimonial, entendiéndose que concurre cuando el patrimonio de las diversas empresas es inindistinguible y confusión de plantillas, asociadas al fraude de ley, o el uso abusivo de la personalidad. Cuando no concurren las notas citadas, no hay grupo de empresas a efectos laborales (STS , rec. 46/2013). BUREAU VERITAS INVERSIONES: Impugnándose un despido colectivo, promovido por una de las empresas de un grupo mercantil, dirigido en España por una de las empresas del grupo, quien mantenía una estructura absolutamente centralizada, así como un sistema de cash pooling y una plataforma de precios, denominada facturación espejo, se estima parcialmente la excepción de falta de legitimación pasiva de las empresas del grupo, en las que no concurrían los requisitos exigidos para la extensión de la responsabilidad. - Se desestima, sin embargo, la falta de legitimación pasiva de la empresa dominante y otra de las empresas del grupo, porque se acreditó que la empresa, promotora del despido, no tenía dirección desde 2011, ejerciéndose por trabajadores de la otra empresa, porque la,externalización de las tareas de dirección de una empresa, constituyen una práctica artificiosa, fraudulenta y abusiva del uso de la personalidad jurídica de las empresas, por lo que se declara la nulidad del despido y se condena solidariamente a las tres empresas, porque el período de consultas se negoció con la empresa aparente y no con la empresa real (SAN , proced. 256/2013). CORRUGADOS AZPEITIA: Impugnado un despido colectivo en un grupo de empresas a efectos laborales, cuya existencia no se discutió por las empresas demandadas, se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva de cuatro de las empresas demandadas, porque se acreditó que las mismas forman parte del grupo de empresas y suscribieron una conciliación, alcanzada ante la Sala, en la que se responsabilizaron solidariamente con las demás mercantiles de lo pactado con una de las empresas del grupo, acreditando, con sus propios actos, que forman parte del mismo. - Se declara que la negociación unitaria del período de consultas se ajustó a derecho, porque la empresa real de los actores son las empresas del grupo. - Se declara que las empresas cumplieron todos los requisitos formales, exigidos legal y reglamentariamente, entregaron la documentación pertinente y negociaron de buena fe, porque ofertaron el máximo que podían ofrecer de su gravísima situación. - Se declara justificado el despido colectivo, porque se probó la concurrencia de causas económicas, productivas y organizativas y se concluye que las medidas tomadas se adecuan a la intensidad de las causas. Formula voto particular la Ilma. Sra. Dña. Emilia Ruiz-Jarabo Quemada (SAN , proced. 285/2013). TRAGSA-TRAGSATEC: Impugnado un despido colectivo de la empresa pública TRAGSA. Existencia de grupo con TRAGSATEC. Requisitos para estimar la existencia de grupo laboral: Concepto económico de la empresa análogo al que rige en Derecho de la Competencia. Naturaleza jurídica de TRAGSA como ente instrumental de la Administración, que no opera en el mercado. Aplicación de la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores. No es aplicable el criterio de insuficiencia presupuestaria, por no estar sujeta TRAGSA al sistema de créditos presupuestarios limitativos. Ha de aplicarse el despido en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley Orgánica 2/2012. Cláusula convencional de estabilidad en el empleo: no impide el despido colectivo en los términos en que está redactada. Negociación 3
4 con el comité intercentros es válida, porque fue decidida por quienes estaban legitimados para ello y no es imputable a la empresa, que convocó a los legitimados para tomar la decisión. Simultaneidad con la denuncia del convenio colectivo: no produce la nulidad si no se acredita un uso desviado por la empresa. Contabilidad provisional del año en curso: ha de incluir el estado de cambios del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo provisionales, al lado del balance y la cuenta de resultados provisionales, pero no la memoria ni el informe de gestión. Aportación de cuentas de SEPI: no existe obligación de consolidación contable, pero al pertenecer ambas al sector público y constituir un grupo de sociedades del Código de Comercio es necesaria la aportación. No es precisa la presencia de SEPI en la mesa de negociación del periodo de consultas. No es preciso un plan de ordenación de los recursos humanos, que no es aplicable. Los términos del preacuerdo alcanzado no vinculan a ninguna de las partes, al no llegarse a ratificar, por lo que no puede considerarse contrario a la buena fe que la empresa no aplique la reducción del número de despidos y las indemnizaciones que se habían fijado en el preacuerdo. La falta de actualización de las causas del despido colectivo en la comunicación final, cuando se han alterado a lo largo del periodo de consultas, es causa de nulidad. No es causa de nulidad el que no se haya contratado todavía la empresa encargada de llevar a cabo el plan de recolocación, dado que dicho plan se había presentado durante el periodo de consultas, aunque se hubiera elaborado por la empresa, y no se hicieron objeciones al mismo. En el caso de las Administraciones Públicas y entes del sector público el derecho de igualdad en el empleo público exige la predeterminación de criterios de selección basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por lo que su carácter impreciso o la falta de vinculación a dichos principios es causa de nulidad del despido (SAN , proced. 499/2013). Por el contrario, cuando se trate de un grupo mercantil, entendiéndose como tal cuando una empresa controle a otra u otras (art. 42 C.Co) el grupo como tal no estará legitimado para promover el despido colectivo (TSJ Murcia , rec. 896/2011; TSJ Galicia , rec. 22/2012; SAN , proced. 381/2012; SAN , proced. 19/2013; SAN , proced. 19/2013; SAN , proced. 219/2012). La STSJ Madrid , proced. 18, 23 y 24/2013 mantiene una posición más ambigua sobre el tema (Telemadrid). La alternativa posible es la negociación conjunta con votaciones diferenciadas empresa por empresa, pero no cabe votar globalmente con los representantes de todas las empresas del grupo mercantil, porque el período de consultas debe realizarse con los representantes de cada empresa (art. 51 ET y art. 26 RD 1483/2012) EL INICIO DEL PERÍODO DE CONSULTAS La negociación del período de consultas es un requisito constitutivo para producir el despido colectivo, no pudiéndose acordar sin él por la administración concursal (STSJ Asturias , REC. 22/2012). Del mismo modo, se anula la medida empresarial, porque no hubo propiamente período de consultas, aunque se alcanzó acuerdo con dos de los tres delegados de la empresa (STSJ Asturias , rec. 2699/2012). La falta de realización comporta necesariamente la nulidad del despido (STSJ Cataluña , rec. 17/2012). DOCUMENTACIÓN COMÚN 4
5 Especificación de causas. Es admisible que se promoviera por una causa y se concluyera con otra, siempre que se acredite que dicho cambio no ha producido indefensión a la parte contraria y que el período de consultas trató sobre la misma. No se cumple el requisito cuando la empresa se limitó a comunicar las causas en las asambleas de trabajadores (STSJ Asturias , rec. 2563/2012 y 2564/2012). - En cualquier caso, si la empresa podía haber fundamentado el despido en causas productivas y sin embargo la funda únicamente en causas económicas, está en su legítimo derecho, por cuanto dicha decisión limita sus opciones de éxito y no genera indefensión a la contraparte (SAN , proced. 44/2014) Número y clasificación de los trabajadores afectados centro a centro, cuando afecte a varios (STSJ Cataluña , proced. 107/2012). Número y clasificación profesional de los empleados habituales en la empresa en el último año. Período previsto para la realización de los despidos (STSJ Madrid , proced. 21/2012). Criterios de selección: decisivo para el control de las causas (STSJ Madrid y SAN ), que habrá de relacionarse necesariamente con su adecuación a los contratos de trabajo, que se pretenden extinguir (SAN , proced. 162/2012; TSJ Navarra , rec. 353/2012). Cabe la identificación desde el inicio (SAN , proced. 167/2012). Los representantes de los trabajadores tienen preferencia de permanencia, pero no garantías de ello, cuando se acredita la necesidad de amortizar su puesto (STSJ Asturias , rec. 2065/2012). Se ha entendido que, si se obliga a los representantes de los trabajadores entre renunciar a sus preferencias o promocionar despidos de centros no afectados, se vulnera el derecho de libertad sindical (SAN , proced. 143/2013). - Cuando el despido colectivo afecta al sector público, los criterios de selección deben asegurar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad (SAN , proced. 499/2013) Memoria explicativa: constituye el mapa del período de consultas y tiene como finalidad relacionar las causas con las extinciones propuestas (SAN , proced. 167/2012). - La memoria, además de relacionar causas y medidas, deberá explicar todos los aspectos relacionados en el art Cuando la empresa esté encuadrada en un grupo mercantil deberá explicar si está obligada o no a consolidar cuentas. Cuando no esté obligada, deberá precisar que concurren los supuestos de exclusión regulados en el art. 43 C.Co. o, en su caso, que el derecho extranjero aplicable le excusa la consolidación de cuentas (SAN , proced. 17/2013). Se trata, en cualquier caso, del requisito constitutivo para la correcta promoción del período de consultas (STS , rec. 78/2013). La referida comunicación deberá ir acompañada, en su caso, del plan de recolocación externa previsto en el art. 9 del Reglamento. El apartado 4 prevé que podrá modificarse durante el período de consultas, aunque es exigible que al final del período de consultas se presente su redacción definitiva, no pudiendo alegarse que el plan de recolocación es insuficiente en el acto del juicio, cuando no se dijo nada durante el período de consultas (SAN , proced. 89/2013. La doctrina comunitaria (STJUE ), declara que vulnera el derecho de igualdad, que la indemnización de los trabajadores mayores y/o discapacitados sea inferior a los de los demás trabajadores). Si se pactó la recolocación de los trabajadores fijos discontinuos en el ERE, se trata de una 5
6 cláusula normativa, que debe cumplirse en sus propios términos (STS , rec. 1287/2012). Solicitud de informes arts a y b ET (STSJ Galicia , AS. 1677) COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL El empresario hará llegar a la autoridad laboral, preferiblemente en soporte informático, simultáneamente a la comunicación remitida a los representantes legales de los trabajadores, copia del escrito a que se refiere el art. 2, así como la documentación señalada en el art. 3 y en los arts. 4 y 5, según las causas del despido. Además, deberá acompañar copia del escrito de solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores a que se refiere el art Asimismo deberá remitir la información sobre la composición de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin representación unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en el art. 27. LA COMISIÓN NEGOCIADORA: REGULACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA Es requisito constitutivo, para inaplicar las condiciones de trabajo, listadas en el art ET, es alcanzar acuerdo con los representantes de los trabajadores que ostenten la legitimación del art ET, salvo en los convenios de grupos de empresas o empresas en red, en los que la legitimación debería corresponder a los sujetos contemplados en el art ET. - La regulación de los procedimientos de flexibilidad interna y externa, regulados en el ET ha sido modificada sustancialmente por el art. 9 del RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico social, puesto que ha unificado la composición de la comisión negociadora, prevista en los arts. 40, 41, 47, 51 y 82.3 ET, en los mismos términos previstos en el art ET, introduciendo una novedad muy positiva, que facilitará la negociación en el período de consultas, según la cual la comisión negociadora deberá estar conformada antes de iniciar el período de consultas, aunque si no sucediera así y no se constituyera en el plazo de 7 días, cuando todos los centros de trabajo afectados por la medida tengan representantes de los trabajadores, o de 15 días, cuando alguno de ellos no los tenga, no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración. Conviene precisar que la obligación del empleador concluye con la comunicación fehaciente a los trabajadores o a sus representantes de su intención de promover un despido colectivo. Cumplida dicha obligación, corresponderá a los trabajadores y/o a sus representantes la constitución de la comisión negociadora con arreglo a las reglas que se dirán a continuación, de manera que las irregularidades, que hayan podido producirse en la constitución de la comisión no serán imputables al empresario, salvo que se acredite su injerencia indebida en el proceso, siendo revelador que el art ET disponga que, si no se constituye debidamente la comisión negociadora en los plazos previstos, el proceso no quedará detenido. Cuestión distinta es, que si la comisión se conforma indebidamente, el empresario, en aras a la buena fe negociadora, advierta a sus interlocutores de la irregularidad para que puedan rectificarla, pero dicha manifestación no validad la admisión unilateral por parte del empresario de una u otra composición de la comisión negociadora. Si los miembros de la comisión mantienen su composición, pese a las advertencias empresariales y se constata posteriormente que la comisión no respetó las reglas del art ET, la consecuencia será la nulidad del acuerdo, pero no la nulidad 6
7 del despido, por cuanto el art. 51 ET no exige que concurra acuerdo para que el empresario despida colectivamente (SAN , proced. 499/2013). La norma apuesta de modo decidido por la representatividad de la comisión en los centros de trabajo afectados, que ya no dependerá de la representatividad de los representantes de los trabajadores en la empresa, sino en el centro o centros de trabajo afectados por la medida, porque la negociación del período de consultas se va a desplazar de la empresa a los centros de trabajo afectados, aunque la negociación será conjunta, sin que quepa parcializarla centro a centro. Dicha elección comporta que quienes negociaron el convenio colectivo, cuya inaplicación se pretende, podrían no ser representativos para negociar su inaplicación. En efecto, si las secciones sindicales mayoritarias en la empresa que negociaron el convenio decidieran negociar el período de consultas, deberán acreditar que ostentan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados. - Por el contrario, cuando no fuere así, ya no estarán legitimadas para negociar el período de consultas, perdiendo la primacía que les proporcionaba la regulación precedente. En dichos supuestos, la legitimación para negociar el período de consultas dependerá de que la medida afecte a un centro o a más de un centro de trabajo, en cuyo caso se conformará del modo siguiente: Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los delegados de personal, salvo que las secciones sindicales mayoritarias del centro afectado decidan negociar como tales. - En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. - En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial. Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá: En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación, lo cual significa que, si el comité intercentros fue quien negoció el convenio, estará legitimado para negociar el período de consultas, aunque alguno de los centros de trabajo no participara en su elección, porque no tenía representantes de los trabajadores. La legitimación absoluta del comité intercentros para negociar estos procedimientos, aunque alguno de los centros afectados no tengan representantes, por lo que sus trabajadores, de estar afectados por la inaplicación del convenio, nunca participaron en la elección del comité intercentros, comporta un trato diferenciado con las secciones sindicales mayoritarias y demuestra que la intención del legislador ha sido primar a los comités intercentros en detrimento de los sindicatos mayoritarios, a diferencia de lo que sucedía en la regulación precedente, lo que no acaba de entenderse, porque el porcentaje de acuerdo con los sindicatos mayoritarios se ha movido en torno al 90%. La jurisprudencia, STS 7
8 , rec. 87/2013, ha validado la constitución de una comisión negociadora, compuesta inicialmente por un comité intercentros, a la que se incorporan dos trabajadores de centros no representados, aunque finalmente anula el despido, porque el mismo se ciñó únicamente a los centros no representados por el comité intercentros, pese a lo cual continuó negociándose por éste, porque quiebra el principio de correspondencia. Por el contrario, cuando la indebida intervención del comité intercentros se imponga por los representantes de los trabajadores, no procederá la nulidad del despido, sin perjuicio de que pueda producirse la nulidad del acuerdo, caso de producirse, lo que no invalidará la decisión empresarial (SAN , proced. 499/2013). En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas: 1ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos. 2ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisión a que se refiere el párrafo a), en cuyo caso la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de trabajadores que representen, lo que habilita las denominadas comisiones híbridas, ya admitidas por la doctrina judicial en la regulación precedente, siempre que se pactará entre la empresa y los representantes de los trabajadores y se respetara el principio de proporcionalidad 1. En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisión del párrafo a), se asignará su representación a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al número de trabajadores que representen. - Dicha medida constituye una aportación positiva, puesto que ni no se produce la elección de la comisión ad hoc en el plazo establecido, no se bloquearía la constitución de la comisión con las consecuencias ya descritas, sino que se asignaría la representatividad de los centros de trabajo en los términos descritos. 3ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en el párrafo a), en proporción al número de trabajadores que representen. En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen. Como vemos, el legislador ha desaprovechado la oportunidad de viabilizar la constitución de la comisión negociadora en el grupo de empresas, lo que hubiera despejado múltiples conflictos para los tribunales, quienes han mantenido, con apoyo 1 SAN , proced. 151/2012; , proced. 197/2012; , proced. 357/2012; , proced. 17/2013; , proced. 73/2013; , proced. 82/2013; , proced. 105/2012; , proced y , proced. 154/
9 doctrinal en este supuesto 2, que no cabe inaplicar el convenio en el grupo de empresas como tal, lo que no deja de ser llamativo, puesto que el art ET viabiliza el convenio de grupo de empresas, en cuyo caso la legitimación para negociarlos se ajustará a lo dispuesto en su apartado segundo. - Así pues, cada una de las empresas, integradas en el grupo de empresas mercantil, tendrá que descolgarse por si misma 3, sin que quepa propiamente constituir una comisión representativa del grupo como tal 4, por cuanto cada empresa del grupo mercantil responde como tal, sin que quepa extender sus responsabilidades a las demás empresas del grupo 5, aunque nada impediría, en principio, una negociación marco a nivel de grupo de empresas, siempre que la decisión se remita a comisiones negociadoras a nivel de cada una de las empresas, que deberán asegurar una composición ajustada a las reglas precedentes. Distinta solución habría que dar a los grupos de empresa laborales, en cuyo caso si habría de negociarse con los representantes de todas las empresas del grupo 6, por cuanto todas ellas ostentan realmente la condición de empleadoras 7. - La comisión negociadora debería elegirse de conformidad con lo dispuesto en el art ET, sin que el número de componentes, repartido con arreglo a su representatividad, pueda superar el número de trece miembros. DOCUMENTACIÓN EN EL PERÍODO DE CONSULTAS La información es el presupuesto para que el período de consultas alcance sus fines: evitar, reducir o aliviar consecuencias de la medida La empresa debe poner a disposición de los representantes de los trabajadores la información pertinente, entendiéndose como tal la que permita alcanzar los objetivos del período de consultas (STS ; y y SAN , proced. 243/2012 y , proced. 251/2012). Debe tenerse presente que la ley y el reglamento exigen una determinada documentación, cuya omisión constituye causa de nulidad del despido (art LRJS. Ahora bien, cabe que dicha documentación sea insuficiente o se cuestione su autenticidad, en cuyo caso será pertinente la exigencia de otra documentación, pero la carga de la prueba de su pertinencia corresponde a la representación de los trabajadores (SAN , proced. 63/2013, , proced. 108/2013 y , proced. 44/2012) El deber empresarial es aportar la documentación y aportar significa dar, lo que excluye informaciones orales o virtuales, porque impedirían el examen riguroso de la documentación por la RLT (art ET). El examen riguroso de la documentación es el presupuesto para controlar eficazmente la medida empresarial, lo que no parece posible, porque los plazos son muy limitados, especialmente cuando se negocie con comisiones ad hoc. La batalla de la información: es obligación ineludible de los representantes de los trabajadores hacer valer los derechos, reconocidos en los apartados 2.a y b y 4 del art. 64 ET. Su seguimiento y estudio serán inexcusables para la realización de defensas adecuadas (SAN , proced. 167/2012). 2 MERCADER UGUINA, obra citada. 3 SAN , proced. 165/ SAN , proced. 257/ TSJ Murcia , rec. 896/2011; TSJ Galicia , rec. 22/2012; SAN , proced. 381/2012; SAN , proced. 19/2013; SAN , proced. 19/2013; SAN , proced. 219/2012); SAN , proced. 169/ STS , rec. 4340/2011; SAN , proced. 124/2012; SAN , proced. 152/2012; , proced. 257/2012; SAN , proced. 324/ STS , rec. 81/
10 Cuando se trate de medidas de flexibilidad interna, no reguladas reglamentariamente, aunque ni el art ET ni el art ET precisan qué documentación deberán aportar las empresas para acreditar la concurrencia de causas en el período de consultas, que constituye propiamente un mecanismo de información y consulta con los representantes de los trabajadores, debemos aplicar las reglas generales, sobre información y consulta, contempladas en el art ET, en las que se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen, entendiéndose por consulta el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo (SAN , proced. 243/2012 y , proced. 251/2012). Serán aplicables analógicamente los arts. 4, 5 y 18 RD 1483/2012, por cuanto concurre identidad de razón (SAN , proced. 243/2012 y , proced. 251/2012). No aportar la documentación es causa de nulidad de la medida empresarial, de conformidad con lo dispuesto en el art LRJS (STS , rec. 78/2013). Declara que la empresa demandada cumplió con la aportación de documentos, exigidos por el reglamento, puesto que aportó sus cuentas consolidadas, sin que quepa exigir las cuentas consolidadas de otra empresa, matriz de otro grupo empresarial, con quien comparte accionistas, por cuanto ni una ni otra se dominan entre si. Subraya, que la documentación es pertinente, cuando contribuye a alcanzar el acuerdo y destaca, además, que las cuentas consolidadas tienen por finalidad hacer más limpio el proceso negociador cuando la empresa pertenece a un grupo de empresas mercantil (STS rec. 78/2012). OESIA NETWORKS: Impugnándose un despido colectivo se desestima la demanda que pretende se declare nulo, o subsidiariamente no ajustado a Derecho.- La inclusión entre los afectados de una representante de los trabajadores no puede atenderse, porque no se le ha aplicado la medida y, en cualquier caso, debería ventilarse en la impugnación individual.- La obligación de informar sobre el número y clasificación de los trabajadores afectados tiene por finalidad examinar la conexión de funcionalidad de la causa. No se cumple, con carácter general, mediante una designación genérica de toda la plantilla; sin embargo, en este caso, en que la actividad se vincula a proyectos que se sabe que disminuirán pero no cuáles, es razonable que en el inicio del período de consultas se aluda a toda la plantilla como potencialmente afectada pero limitando el número y fijando criterios de selección, y precisando el ámbito de mayor riesgo de afectación.- Es modélico el acuerdo por el que se articulan períodos de interrupción y suspensión de los contratos para dar tiempo a la reasignación de los trabajadores en nuevos proyectos, relegando el despido a la última ratio (SAN , proced. 112/2013). Causas económicas La memoria explicativa debe identificar la causa y acreditar en los términos del art. 4 Reglamento, sin que sea admisible una memoria genérica (STSJ Madrid , rec. 17/2012 y STS , rec. 78/2013). Acreditar significa probar su certeza o su realidad. La memoria deberá identificar la adecuación entre las causas y la pérdida de eficacia económica de los contratos, con arreglo a técnicas de ponderación, 10
11 entendiéndose como tales la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (SAN , proced. 167/2012) Las cuentas anuales, exigidas por el art. 4.2 Reglamento, conectan con la información del art ET, que coincide con los derechos de los socios. El art C. Co. permite examinar las cuentas a socios y representantes de los trabajadores cuando tengan derecho a ello. El art RDL 1/2010, permite examinar cuentas anuales, soporte y antecedentes a los socios desde la convocatoria de la Junta General en la que se aprueben las cuentas. El art a ET equipara socios y RLT a estos efectos. Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados (arts y RDL 1/2010, de 2 de julio, sobre sociedades de capital). Las 8 Artículo 257. Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados 1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros. b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior. 3. Cuando pueda formularse balance y estado de cambios en el patrimonio neto en modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo no será obligatorio. 9 Artículo 258. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros. 11
12 cuentas deberán presentarse debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría (art. 4.1 Reglamento). Deberán aportarse, así mismo, las cuentas provisionales al inicio del período de consultas, entendiéndose como tales las reguladas en el art. 254 RDL 1/2010, de 7 de julio (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje el patrimonio neto y flujo de efectivos), descarándose la obligación de aportar la memoria, porque la finalidad del documento se suple con la memoria del propio despido colectivo (SAN , proced. 499/2013). Dichas cuentas deberán aportarse al momento de iniciarse el período de consultas, salvo que se prueba la imposibilidad de hacerlo, lo cual corresponderá al empleador(san , proced. 42/2014). - La falta de firma de las cuentas provisionales no es causa de nulidad, especialmente si no se exigió la firma durante el período de consultas (SAN , proced. 20/2013) Los auditores son profesionales independientes, cuyo crédito depende de ello, por lo que están sometidos a un régimen de incompatibilidades importante regulada en los arts. 12 a 19 del RDL 1/2011, de 1 de julio, que aprueba el texto refundido de la ley de auditoría de cuentas y deberá ajustarse a los parámetros exigidos por el art. 3 de la norma citada 10. No obstante, cuando se debatan la b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos mil euros. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta. Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior 10 Artículo 3. Informe de auditoría de cuentas 1. El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que contendrá, al menos, los siguientes datos: a) Identificación de la entidad auditada, de las cuentas anuales que son objeto de la auditoría, del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración, de las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, de las personas a quienes vaya destinado; así como la referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada. 12
13 b) Una descripción general del alcance de la auditoría realizada, con referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. Asimismo, se informará sobre la responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría de expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto. c) Una opinión técnica en la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. La opinión podrá ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada. Cuando no existan reservas la opinión será favorable. En el caso de que existan tales reservas, se deberán poner de manifiesto todas ellas en el informe y la opinión técnica será con salvedades, desfavorable o denegada. d) Una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, en el caso de que el citado informe de gestión acompañe a las cuentas anuales. e) Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha del informe de auditoría será aquella en que el auditor de cuentas y la sociedad de auditoría han completado los procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas anuales. 2. El informe de auditoría deberá ser emitido por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría de conformidad con la normativa prevista en el art. 6 y con el contrato de auditoría suscrito entre las partes. La falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa y en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Existencia de amenazas que pudieran comprometer de forma grave la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección I del Capítulo III. b) Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos. En los anteriores supuestos, cuando se trate de auditorías obligatorias, deberá informarse razonadamente, tanto al Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la sociedad auditada, como al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de las circunstancias determinantes de la falta de emisión del informe o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, en la forma y plazos que se determine reglamentariamente. 3. El informe de auditoría de cuentas anuales será emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hubieran realizado, y deberá estar firmado por éstos. 13
14 certeza de las cuentas auditadas, no bastará con la simple utilización de reglas estereotipadas, como la afirmación de que las transferencias se ha realizado con arreglo a criterios de mercado, sino que tendrá que acreditarse que se han utilizado criterios de general aceptación (SAN , proced. 499/2013). En cualquier caso, si las cuentas no son fiables, porque expresan resultados contradictorios (SAN , proced. 154/2013), o se acredita la concurrencia de contabilidad B, que no sería por si causa de nulidad, si se hubiera informado sobre la misma, la consecuencia inexorable será la nulidad del despido (STS , rec. 42/2013). Así, se ha defendido que el juicio de adecuación debe comprobar la existencia de las causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el art. 51 ET, así como la idoneidad del análisis de la medida en términos de gestión empresarial y en este caso determina que las cuentas anuales aportadas por la empresa, pese a reflejar las pérdidas, no expresan la imagen real de la situación económica de la misma, con lo cual no concurren las causas económicas justificativas de la extinción (STSJ Madrid , rec. 1543/2013) Si se pretende acreditar pérdidas previsibles: misma documentación; criterios utilizados e informe técnico (STSJ Rioja ). El informe técnico puede ser interno o externo y es dudoso que pueda integrarse en la memoria, que debe acreditar la concurrencia de causas mediante los medios de los arts. 4 y 5 del Reglamento Si se pretende acreditar reducciones de ingresos o ventas: documentación fiscal y contable, deberá utilizarse la cifra de negocios del art Código Comercio, integrada en la cuenta de pérdidas y ganancias (SAN , proced. 167/2012). Esta documentación se relaciona directamente con la información, contenida en el art a y b ET. Grupos de empresas: cuentas consolidadas e informe de gestión consolidado de la empresa matriz, debidamente auditadas cuando la empresa esté obligada a ello, siempre que existan saldos deudores y acreedores con la empresa afectada (STSJ Madrid , rec. 17/2012). Corresponde a la empresa acreditar que no está obligada a consolidar, bien porque concurran los supuestos del art. 43 del Código de Comercio 11, bien porque no lo exija el derecho extranjero 4. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas anuales podrá ser publicado parcialmente o en extracto, ni de forma separada a las cuentas anuales auditadas. Cuando el informe sea público podrá hacerse mención a su existencia, en cuyo caso, deberá hacerse referencia al tipo de opinión emitida. 5. El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ir acompañado de la totalidad de documentos que componen las cuentas objeto de auditoría y, en su caso, del informe de gestión. 6. Cuando el informe no se refiera a las cuentas anuales, le será de aplicación, en su caso, lo dispuesto para dichas cuentas. 11 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán obligadas a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes: 14
15 aplicable (SAN , proced. 19/2013). - Si no fuere obligatoria la consolidación de cuentas, habrá de aportarse todas las cuentas de las empresas del grupo cuando concurran los requisitos siguientes: que residan en España y que haya cuentas deudoras y acreedoras con la empresa afectada inicialmente (SAN ). Si se aporta toda la documentación exigible, aunque las cuentas de 2011, aportadas inicialmente, fueran provisionales, puesto que se acreditó que coincidían con las definitivas, se da por buena la documentación aportada (STSJ Cantabria , proced. 2/2012). La IT comprobará si concurren descubiertos de cotizaciones entre las empresas del grupo a efectos laborales Grupo de empresas patológico: deberán aportarse las cuentas de todas las empresas del grupo (STSJ Madrid , proced. 21/2012 y SAN , proced. 124/2012). Si se trata de grupo mercantil, deberán aportarse las cuentas de las empresas que forman parte del grupo, siempre que estén radicadas en España, se dediquen a la misma actividad y concurran saldos acreedores y deudores entre ellas. Si no se 1ª Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados en la Ley de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 2ª Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 por ciento o más de las participaciones sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por ciento no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del ejercicio. En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea. b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la mención de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante. c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la sociedad dispensada. d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea 15
16 hace así, se producirá la nulidad del despido (STSJ Madrid , rec. 1652/2013) En cualquier caso, si se acredita la concurrencia de graves pérdidas dentro de las empresas del grupo, así como una fuerte y sostenida reducción de la demanda, se declara la justificación de la medida, en tanto en cuanto se acredita su adecuación entre la intensidad de la causa (SAN , proced. 285/2013) La Disposición Final Cuarta del RDL 11/2013 ha introducido una novedad muy relevante en el art. 4.5 RD 1483/2012, según la cual cuando la empresa promotora del procedimiento forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas cuya sociedad dominante tenga su domicilio en España, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorias, durante el periodo señalado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorias, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento 12. Así pues, desde la entrada en vigor de la norma citada, el requisito constitutivo, para aportar las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, es que la sociedad dominante esté radicada en España, lo que no se exigía anteriormente, sin que el legislador se haya molestado en explicar qué razones de urgencia concurren para producir una alteración tan importante en la negociación del período de consultas, que redunda en la pérdida de transparencia sobre la situación de la empresa y que no había producido hasta la fecha ningún tipo de problema, puesto que las empresas dominantes, radicadas en la Unión Europea, cumplían con lo previsto en los arts. 42 y 43 del Código de Comercio. - La ausencia absoluta de explicaciones sobre la concurrencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad, requeridas por el art CE, podría poner en cuestión la constitucionalidad del precepto. Por lo demás, el precepto examinado podría vulnerar lo dispuesto en el art a ET, que concede al comité de empresa el derecho a conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos. - Dicho derecho debe conectarse con lo dispuesto en el art RDL 1/2010, de 2 de julio, que reconoce a los socios, a partir de la convocatoria de la junta general, el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.- Ese derecho es extensible a las cuentas consolidadas de los grupos de empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art del C. Comercio, donde se prevé que las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la aprobación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las 12 STSJ Asturias , proced. 21/
17 sociedades pertenecientes al grupo podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anónimas. - Parece claro, por tanto, que las cuentas y el informe de gestión consolidados de la empresa dominante del grupo de empresas, salvo que concurran las excepciones del art. 43 C.Co., constituyen un documento pertinente, que facilitará la negociación del período de consultas. - Por el contrario, su no aportación, amparada por la norma reglamentaria, podría vulnerar lo dispuesto en los artículos comentados anteriormente, de manera que parece aconsejable su aportación al período de consultas. Causas técnicas, organizativas o de producción Memoria explicativa de las causas, que acredite concurrencia de las causas La memoria deberá identificar la relación de funcionalidad entre las causas y la pérdida de eficacia económica de los contratos, con arreglo a técnicas de ponderación, entendiéndose como tales la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (SAN , proced. 167/2012) Informe técnico, cuya finalidad es acreditar la concurrencia de la causa y su adecuación con las medidas tomadas (SAN y STSJ Madrid , proced. 22/2012 y SAN , proced. 326/2012). PROCESO NEGOCIADOR La negociación, prevista legalmente, es de treinta días para los despidos colectivos, salvo en empresas de menos de 50 trabajadores, en cuyo caso será de quince días de duración, al igual que los supuestos de los arts. 40, 41, 47 y 82.3 ET. No se vicia el período de consultas, porque no acudiera un negociador por enfermedad (SAN , proced. 62/2013). El procedimiento negociador exigirá un calendario. El art. 7 Reglamento establece el número de reuniones y la cadencia de las mismas, distinguiendo empresas de más y menos de 50 trabajadores, aunque se trata de un procedimiento dispositivo. Si se cierra formalmente sin acuerdo, no será necesario agotar todas las reuniones pactadas, pero no cabe imponer unilateralmente una negociación de 8 días (SAN , proced. 251/12). Aunque se ha admitido que la finalización sin acuerdo del período de consultas puede ser tácita (STSJ Cataluña , proced. 8/2012), el art. 7.6 del Reglamento exige que sea de común acuerdo y se notifique a la Autoridad Laboral. Caso de no concurrir consenso en la finalización sin acuerdo, habrá que mantener la negociación hasta el final, so pena de nulidad (STSJ Murcia , proced. 3/2012). Se ha descartado la nulidad cuando se supera el plazo del período de consultas (STSJ Galicia , proce. 12/2012 y SAN , proced. 4/2013). La importancia de las actas, que deberán firmarse por todos los miembros de la comisión negociadora. Si una de las partes no firma, la IT indagará sobre las razones, aunque la falta de firma no debería producirse, bastando, a estos efectos, la introducción de salvedades La negociación deberá ajustarse a las reglas de buena fe. Habrán de acreditarse propuestas y contrapropuestas (STS ; STSJ Asturias y SAN , proced. 167/2012). - Si la negociación fue inexistente, 17
18 limitándose la empresa a exponer su posición, inamovible, de proceder a tramitar el ERE fijando la indemnización mínima legal, se entiende que el despido debe declararse nulo (STSJ Madrid , rec. 17/2012, confirmada por STS , rec. 81/2012 y STSJ País Vasco , proced. 19/2012), aunque dicha posición se ha matizado, cuando se acredita que la empresa no tenía más opciones que su cierre (STS , rec. 46/2013). La negociación se produce efectivamente, si se acreditan propuestas y contrapropuestas, especialmente si se aceptan parcialmente algunas de las contrapropuestas (SAN , proced. 167/2012). Así, se ha entendido conforme a derecho pactar un acuerdo marco de ejecución progresiva de la medida (SAN , proced. 324/2012); si concurre causa la empresa no está vinculada a compromisos previos de no extinguir contratos (STSJ Madrid , rec. 73/2012); quiebra la buena fe, cuando la empresa comunica los despidos antes de concluir el período de consultas (SAN , proced. 162/2012); no vulnera el deber de negociar de buena fe la no aportación de otra empresa, cuando no forma parte del mismo grupo de empresas (STSJ Cataluña , proced. 32/2012); si la empresa tiene un déficit de tal magnitud, que está obligada a cerrar, no vulnera la buena fe negocial mantener dicha posición a lo largo de la negociación (SAN , proced. 219/2012); si la empresa acredita que su capacidad productiva es muy superior a la demanda de bienes y servicios justifica la extinción por causas productivas (SAN , proced. 66/2013). La técnica, ajustada a la buena práctica, exigirá descartar todas las medidas de flexibilidad interna de menor a mayor (art. 8 RD 1483/12) Se da valor al acuerdo, concluido en período de consultas, porque no se probó la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Se subraya, que el presupuesto, para que la jurisdicción pueda examinar propuestas alternativas sin realizar juicios de oportunidad, es que dichas propuestas se hayan propuesto en el período de consultas de modo operativo, entendiéndose por operativo, que se sustentaran por las mayorías precisas para llevarlas a la práctica, por lo que no se entra a conocer sobre una propuesta alternativa alegada en demanda por un sindicato minoritario, que no firmó el acuerdo (SAN , proced. 136/2012). Ambas partes podrán solicitar la mediación de la IT, previa comunicación a la Autoridad laboral Los negociadores pueden delegar en un arbitro, cuyo laudo tendrá la misma eficacia que el acuerdo en el período de consultas y podrá impugnarse por el procedimiento y causas previstas en el art ET (art ET). Impugnándose un despido colectivo, en el que se reclama su nulidad, porque se promovió por el grupo de empresas en su conjunto y no empresa por empresa, se desestima dicha pretensión, porque se acreditó que el grupo de empresa era laboral y no mercantil. - Se descarta también la nulidad por falta de negociación efectiva, porque nada impide a empresa y sindicatos convenir previamente mediante la suscripción de un acuerdo marco el modo de ajustar unas plantillas, que se había revelado desproporcionadas con la capacidad de la empresa de situar sus productos en el mercado. - Se declara finalmente que concurren causas productivas y organizativas adecuadas para extinguir los puestos de trabajo, como se convino con la mayoría sindical, porque se acreditó una reducción sustancial de la cifra de negocio (SAN , proced. 324/2012). 18
19 Examina los requisitos formales para la válida tramitación y producción de efectos del despido colectivo por causas económicas y confirma su nulidad, porque se incumplió con la obligación de entregar la documentación que exige el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. Nulidad por incumplimiento referido a la entrega de la memoria económica mínimamente suficiente. Responsabilidad no solo de la empleadora formal, sino del grupo de empresas demandado, en unos casos por confusión de plantilla (Nivotrol, S.L.) y en otros aplicando la doctrina jurisprudencial del "grupo laboral de empresas" o de "levantamiento del velo". Imposibilidad de entrar en el análisis de la cuestión referida al grupo de empresas por haberse formulado el motivo al amparo de la letra d) del artículo 207 LRJS y no haberse propuesto ni modificación de hechos probados, ni otro motivo de infracción jurídica sobre ese punto (STS , rec.81/2012). Impugnado un despido colectivo, se declara ajustada a derecho la decisión empresarial, porque acreditó haber aportado al período de consultas toda la documentación exigida por el art del ET y el art. 5 del RD 1483/2012, sin que sea exigible cualquier documentación, salvo que se acredita su necesidad para alcanzar los fines propuestos. El período de consultas se ha cumplido puesto que las partes se cursaron ofertas y contraofertas que concluyeron en acuerdo suscrito por el 70% de la representación legal de los trabajadores. Existe causa productiva y organizativa si se prueba, como en este caso, que la empresa tenía una capacidad productiva muy superior a la demanda de servicios requerida por un mercado a la baja (SAN , proced. 63/2013). Impugnado un despido colectivo, concluido con acuerdo suscrito por los sindicatos mayoritarios en la empresa, se desestima la demanda, porque se han cumplido todos los requisitos que establece el art. 26 del RD 1483/2012, la decisión empresarial es ajustada a derecho pues es licita la conformación de comisiones híbridas compuestas por los representantes de los trabajadores y por representantes elegidos ad hoc, siempre que dicha alternativa sea negociada y se asegure la ponderación de voto para garantizar que se cumple con la exigencia contenida en el art del Reglamento (SAN , proced. 73/2013). Aunque la empresa dio respuestas formales a las contrapropuestas de la comisión ad hoc, quien intentó sacar del despido a un trabajador, se tiene presente que la medida se promueve tras terminar sin éxito un procedimiento de reducción de jornada, admitiéndose por los trabajadores que conocían la situación de la empresa. Si bien el plan de recolocación es de ínfima calidad, no se anula la medida, porque los representantes de los trabajadores no hicieron ninguna manifestación al respecto (SAN , proced. 89/2013) Se desestima, del mismo modo, la impugnación de un despido colectivo, que concluye con acuerdo mayoritario, aunque no hubiera concluido aun una medida de flexibilidad interna previa, porque concurren nuevas causas, probándose que la empresa ha perdido 200 MM euros en 2011 y 7800 MM en Se entiende que la documentación entregada fue más que suficiente (SAN , proced. 108/2013. Se declara nulo un despido colectivo objetivo, considerando esencialmente que la empresa incumplió su deber de negociar en el periodo de consultas, ya que se mantuvo inamovible en el número de trabajadores que debían ser despedidos, comunicando a los cinco días de su inicio su identificación a todos los afectados y negándose a utilizar un previo sistema de bajas voluntarias que propusieron los representantes de los trabajadores. Entiende el Tribunal que con ello se frustra la 19
20 finalidad de tal periodo de consultas y que no se respeta el ámbito mínimo sobre el que ha de versar la negociación según la Directiva europea 1998/59 (STSJ País Vasco , rec. 19/2012). - NGC BANCO: Reclamándose que declaremos la nulidad del despido colectivo o, subsidiariamente, su desajuste a derecho, se desestima la demanda. El despido se acordó con secciones sindicales que ostentan más del 80% de la representación prorrogada en virtud del art ET. Ha quedado acreditada la entrega de la información preceptiva, no probándose que la adicional que no se entregó a pesar de haber sido solicitada, fuera imprescindible para la negociación. Se han cumplido los requisitos de negociación informal previa que contempla el convenio y de implementación pactada de las medidas de flexibilidad. La adopción de medidas de flexibilidad interna forma parte del período de consultas del despido colectivo, sin necesidad de convocar períodos de consulta específicos. Concurre causa económica proporcionada a la medida extintiva (SAN , proced. 108/2013). CASER: Impugnado un despido colectivo, porque concluyó sin acuerdo, se descarta la falta de acuerdo, porque se acreditó cumplidamente que se suscribió por el 64, 15% de la representación de los trabajadores. - Se declara, por otra parte, que la empresa documentó pertinentemente el despido, negoció de buena fe y alcanzó un acuerdo, asumido masivamente por los trabajadores, quienes se acogieron voluntariamente a la extinción indemnizada en un número tan elevado, que permitió inaplicar ninguna de las medidas pactadas a un número relevante de trabajadores afectados. - Se descarta la concurrencia de fraude, dolo, coacción y abuso de derecho, porque no se acreditaron, refiriéndose, en todo caso, a actuaciones empresariales posteriores al despido. - No concurre vulneración de derechos fundamentales, que la demandante no identificó ni en la demanda, ni en el acto del juicio. - Se declara ajustado a derecho el despido colectivo, porque concurren las causas alegadas, que la demandante no se molestó, siquiera, en negar y se considera adecuado a la intensidad de las causas (SAN , proced. 181/2013). Precisa en qué consiste negociar de buena fe durante el período de consultas, señalando que dicha exigencia comporta ofertar y contraofertar con la contraparte, sin que sea obligatorio necesariamente alcanzar resultado, aunque si debe tenerse una actitud positiva, que exige respuesta expresa a las propuestas de la otra parte, que considera se cumplieron sobradamente en el supuesto debatido (STS , rec. 78/2012). ACUERDO EN EL PERÍODO DE CONSULTAS El acuerdo debe tomarse por las comisiones, reguladas en el art. 26 RD 1483/2012 (art RD 1483/2012) Deberá asegurar que los miembros de la comisión negociadora, que voten a favor, representen a la mayoría de los trabajadores afectados (art RD 1483/2012). Dicha mayoría será exigible, en cualquier caso, fuere cual fuere la composición de la comisión Si se negocia con secciones sindicales, su voto es indivisible, sin que quepa trocearlo entre sus miembros (SAN ). El acuerdo en el período de consultas despliega la presunción de concurrencia de las causas y sólo podrá impugnarse por razones de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, salvo en los procedimientos de despido colectivo, aunque su 20
2ª Ponencia: 10,10. El expediente de regulación de empleo (I) EL PERÍODO DE CONSULTAS COMO PRESUPUESTO DEL DESPIDO COLECTIVO
2ª Ponencia: 10,10. El expediente de regulación de empleo (I) Legitimación para la promoción del ERE en las empresas de estructura compleja (grupos de empresas mercantiles y laborales). Apertura del procedimiento: