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Timestamp: 2016-12-11 13:45:27
Document Index: 356338957

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 146', 'artículo 160', 'artículo 160']

[Sentencia C-399/11]Constitucional, Revision Ley 1410 del 13 de septiembre de 2010- Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay) | laboralparatodos.com
[Sentencia C-399/11]Constitucional, Revision Ley 1410 del 13 de septiembre de 2010- Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay)
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A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión “LEY 1410 DE 2010
ARTÍCULO 2. 1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.
ARTÍCULO 3. El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. ARTÍCULO 4. El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Je certifie que le texte qui précéde est une copie fidéle et conforme de la version authentique française du Prococole á la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, adopté á Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la vingtiéme Session ordinaire de l’Assemblée générale, et que l’instrument susmentionné a été déposé auprés du Secretariat général de l’Organisation des Etats Américains,
Al respecto señalan que la Constitución de 1991 consagra un modelo de estado, legitimado en el bien común y el respeto por los derechos y garantías de todos los ciudadanos. En tal sentido, la Carta Política se inspira en una visión contemporánea según la cual el individuo representa un fin en sí mismo, siendo acreedor de un conjunto de derechos fundamentales. “Por tanto el individuo pasa de tener la misma importancia que represente su utilidad para el estado bajo la concepción hobbesiana, a ser “el principio, el objeto y el fin de las instituciones sociales, el autor, el centro y el propósito de la vida socioeconómica y el punto culminante de todo lo que existe en la tierra”. Aseguran igualmente que la discusión sobre la prohibición de la pena de la muerte en la gran mayoría de países del mundo se ha resuelto por la negativa a emplear este método como sanción frente a los delitos, por cuanto se considera un castigo excesivo fundado tan sólo en un repudio unánime frente a un delito y en la inutilidad de rehabilitar al autor del mismo.
“En mérito de lo expuesto, y a menos que se logre verificar, mediante un ejercicio probatorio adicional, que no se rompió la cadena de anuncios en la Plenaria del Senado de la República, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar la INEXEQUIBILIDAD de la Ley 1410 de 2010, por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción Paraguay, el 8 de junio de 1990. En caso de que se pueda verificar que no se rompió la cadena de anuncios en la Plenaria del Senado de la República, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar EXEQUIBLES la Ley 1410 de 2010, aprobatoria del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción Paraguay, el 8 de junio de 1990.
“En segundo lugar, en la sesión plenaria de Senado, del 9 de diciembre de 2009, según consta en el Acta 24 de esa fecha, el Proyecto de Ley 265 de 2009 no es citado conforme a los parámetros establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2003, para ser debatido en la siguiente sesión. No obstante, al final del acta aparece que la Presidencia convoca para el 10 de diciembre de 2009, fecha en la que se debatió y aprobó el citado proyecto. Así las cosas, y salvo que medie prueba en contrario, el anuncio previo a la aprobación es el que se hace el 2 de diciembre de 2009, que se refiere al 9 de diciembre de 2009, pues en la sesión del 9 de diciembre de 2009 se omite anunciar la votación del proyecto para la sesión del 10 de diciembre. Por lo tanto, el proyecto fue votado en una sesión diferente a aquella en la cual se había anunciado previamente, circunstancia que constituye un vicio insubsanable en el trámite legislativo, pues, como lo señala la Corte en la Sentencia C-576 de 2006, Ahora bien, la Procuraduría precisa que, de no encontrarse vicio alguno de trámite, el tratado internacional se ajusta a la Constitución, en especial, a los artículos 2, 9, 11, 93, 94, 189.2, 226 y 227, “pues corresponde a uno de los fines esenciales del Estado, como es la protección de la vida de todos los residentes del país y la preservación de la dignidad humana, y se inscribe dentro de las normas que orientan la política exterior de la República de Colombia, en especial sobre derechos humanos y sobre manejo de las relaciones internacionales, que se funda en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, así como, en el respeto de la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos”. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969 .
1.	Proyecto de ley núm. 265 de 2009, Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”
Ahora bien, una vez revisado detenidamente el contenido del Acta de Plenaria del 9 de diciembre de 2010 (Acta número 24), publicada en la Gaceta del Congreso núm. 22, pp. 87-88, la Corte encontró que, al final de la sesión se anunciaron para ser votados para “la próxima sesión”, es decir, aquella del 10 de diciembre, los siguientes proyectos de ley: “Señor Presidente los proyectos para el día de mañana son: (negrillas y subrayado agregados).
Total votos: 56”. Una vez surtida la votación nominal del proyecto de ley, el resultado fue el siguiente:
Total votos: 56”. En últimas, analizados los textos de las Gacetas del Congreso se concluye que el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional (i) fue anunciado el día 2 de diciembre para ser votado “la próxima sesión”; (ii) el día 9 de diciembre no fue debatido, aprobado ni mucho menos anunciado nuevamente el proyecto de ley; (iii) el día 10 de diciembre el proyecto de ley fue anunciado y votado.
“Anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate, dando cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003 para próxima sesión de la comisión. (…)
Luis Felipe Barrios Barrios	Sí
Óscar Fernando Bravo Realpe	Sí
José Joaquín Camelo Ramos	__
Julio Eugenio Gallardo Archbold	__
Wílmer David González Britto	Sí
Silfredo Morales Altamar	Sí
Fabiola Olaya Rivera	__
William Ortega Rojas	Sí
Héctor Javier Osorio Botello	Sí
Álvaro Pacheco Álvarez	Sí
Pedro Nelson Pardo Rodríguez	Sí
Eduardo Enrique Pérez Santos	Sí
Crisanto Pizo Masabuel	Sí
Augusto Posada Sánchez	__
Roosvelt Rodríguez Rengifo	Sí
Pablo Enrique Salamanca Cortés	__
Manuel José Vives Henríquez	__
5.2. Término que debe mediar entre debates En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de 15 días.
En el caso concreto es posible evidenciar lo siguiente: –	Aprobación en Comisión II de Senado: 2 de junio de 2009.
–	Aprobación en Plenaria de Senado: 10 de diciembre de 2009.
–	Iniciación del debate en Comisión II de Cámara: 21 de abril de 2010.
–	Aprobación en Comisión II de Cámara: 18 de mayo de 2010.
–	Aprobación en Plenaria de Cámara: 16 de junio de 2010.
–	Proyecto de ley: Gaceta del Congreso núm. 177 del 31 de marzo de 2009.
–	Texto de Ponencia para Primer Debate: Gaceta del Congreso núm. 363 del 22 de mayo de 2009.
–	Aprobación del Proyecto en Comisión II de Senado: Gaceta del Congreso núm. 1065 del 21 de octubre de 2009.
–	Texto de la Ponencia para Segundo Debate: Gaceta del Congreso núm. 646 del 28 de julio de 2009.
–	Texto de la Ponencia para Primer Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 138 del 21 de abril de 2010.
–	Aprobación del Texto del Proyecto de Ley en Comisión II de Cámara: Gaceta del Congreso núm. 375 del 24 de junio de 2010.
–	Texto de la Ponencia para Segundo Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 273 del 1 de junio de 2010.
–	Aprobación del Texto en Plenaria de Senado: Gaceta del Congreso núm. 417 de 2010.
5.4. Quórum y Mayorías Fue posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución Nacional, y que igualmente se cumplieron con los debates y aprobaciones en las Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores. Veamos.
a.	Comisión Segunda del Senado.
b.	Plenaria del Senado.
c.	Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
d.	Plenaria de la Cámara de Representantes.
6. La exigencia del anuncio previo a la votación de un proyecto de ley. Antes de examinar con algún detenimiento el desarrollo jurisprudencial ofrecido al requisito consignado en el inciso 5° del artículo 160 del texto constitucional, adicionado por el Acto Legislativo número 01 de 2003, resulta oportuno volver sobre su contenido normativo: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Según fue señalado en auto 232 de 2007, el establecimiento de esta exigencia dentro del trámite de aprobación legislativa garantiza la adecuada formación de la voluntad democrática en el interior de las Cámaras que conforman el Congreso de la República, en la medida en que por esta vía se asegura una advertencia previa al momento en el que van a ser llevadas a cabo las fases de discusión y aprobación de las propuestas que se encuentran en curso. Así, el resultado que se obtiene, se concreta en un mejor estudio y preparación del proyecto de ley por parte de los congresistas que participan en la deliberación . En efecto, mediante dicha exigencia se evita que los miembros de las Cámaras sean sorprendidos con votaciones intempestivas, las cuales se oponen radicalmente a la máxima de deliberación pública .
Aunado a lo anterior, bajo el influjo de esta exigencia se incrementan las posibilidades de realización de seguimiento ciudadano a los proyectos de ley, lo cual produce un benéfico resultado de ampliación de los márgenes de control popular a la actuación del Congreso de la República, espacio de fiscalización que, a su vez, constituye una de las características imprescindibles de las organizaciones estatales que han acogido la enseña democrática dentro de sus textos constitucionales .
De manera más detallada, en sentencia C-927 de 2007, la Corte indicó que, como consecuencia de la aplicación de esta disposición, se impone a las mesas directivas de las comisiones y plenarias de las Cámaras que en una “sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En este punto es necesario resaltar que no en todos los casos en los cuales la discusión y aprobación de los proyectos de ley ocurre en fecha diferente a la originalmente anunciada se produce de manera inexorable un fallo de inexequibilidad por la comisión de un vicio de procedimiento. Así las cosas, en aquellos eventos en los cuales a partir del primer anuncio se hilvane una cadena de anuncios ininterrumpida que culmine en la efectiva aprobación de la propuesta, en forma alguna podrá alegarse la violación del texto constitucional, puesto que en este caso se presenta una adecuada transmisión de la información requerida para el debate que de ninguna manera lesiona los principios de publicidad, transparencia y deliberación pública que pretenden ser realizados mediante el establecimiento de la exigencia del anuncio. Pues bien, de la abundante línea jurisprudencial desarrollada a propósito de la exigencia del anuncio resulta oportuno señalar ahora los siguientes elementos relacionados con el tema: de acuerdo al precedente establecido en sentencia C-533 de 2004, si bien la reforma introducida por el acto legislativo 01 de 2003 al artículo 160 superior no impone la inflexible obligación de llevar a cabo dicho anuncio mediante la indicación de una fecha exacta de la votación, “debe siempre tratarse de un término cierto y determinable”. Así las cosas, según fue indicado en sentencia C-400 de 2005, no es necesario emplear una fórmula de naturaleza sacramental para la realización del anuncio ; sin embargo, los términos utilizados por la Presidencia de la Cámara correspondiente deben arrojar certeza respecto de la fecha en la cual habrá de celebrarse la votación.
En el mismo sentido, en cuanto al momento en el cual ha de llevarse a cabo la discusión y aprobación del proyecto, en sentencia C-333 de 2005 la Corte Constitucional señaló que en aplicación de la exigencia bajo estudio no pueden coincidir el mismo día la realización del anuncio y la correspondiente votación pues en este caso se burla el propósito sustancial que pretende conseguirse mediante la consagración de este requisito, razón por la cual de presentarse esta situación se presenta un vicio de procedimiento de carácter insubsanable.
Órgano	Fecha del anuncio	Fecha de la votación
Comisión II Senado	27 de mayo de 2009 (Acta núm. 41).	2 de junio de 2009 (Acta núm. 42)
Plenaria Senado	10 de diciembre de 2009 (Acta núm. 25).	10 de diciembre de 2009 (Acta núm. 25).
Comisión II Cámara	11 de mayo de 2010 (Acta núm. 34)	18 de mayo de 2010 (Acta núm. 35).
Plenaria Cámara.	15 de junio de 2010 (Acta núm. 246)	16 de junio de 2010 (Acta núm. 247).