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Timestamp: 2017-03-27 10:39:56
Document Index: 403494244

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 94', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 509', 'artículo 49', 'artículo 100', 'artículo 76', 'artículo 100', 'artículo 453', 'e contrario', 'artículo 1357', 'artículo 87', 'artículo 429', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 454', 'artículo 49', 'artículo 362', 'artículo 68', 'artículo 49', 'artículo 131', 'artículo 259', 'artículo 1', 'artículo 185', 'artículo 335', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 136', 'artículo 602', 'artículo 310', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 136', 'artículo 136']

Andrea De León , ABOGADOS CONSULTORES: abril 2011
Derecho Contencioso Administrativo: " Recurso de Nulidad que contó con la OPINIÓN FAVORABLE DEL MINISTERIO PÚBLICO por motivos de Violación al Derecho a la Defensa es declarada Sin Lugar"
"Millenium Mall Caracas D.C."
Exp. Nro. 09-2464 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL EN SU NOMBRE PARTE RECURRENTE: NELSON JOSÉ SANOJA, portador de la Cédula de Identidad Nro. 5.604.540, asistido por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063. PARTE RECURRIDA: Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008. I Mediante escrito presentado en fecha 17 de abril de 2009, ante el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Nelson José Sanoja, se interpuso el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, correspondiéndole el conocimiento a este Juzgado por distribución de fecha 21 de abril de 2009, siendo recibido en fecha 22 de abril de 2009. Mediante auto de fecha 24 de abril de 2009 se ordenó solicitar a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, los respectivos antecedentes administrativos del expediente Nro. 039-2008-01-00200; solicitud que fue reiterada en fechas 01 de junio de 2009, 2 de julio de 2009, 22 de julio de 2009, siendo finalmente consignadas copias certificadas del expediente administrativo en fecha 24 de septiembre de 2009. En fecha 29 de septiembre de 2009, se admitió el recurso de nulidad interpuesto, ordenándose citar a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y a la Sociedad Mercantil Frazzani Sport C.A. y al ciudadano Claudio Rivas. En fecha 17 de noviembre de 2009 se abrió a pruebas la presente causa. Mediante auto de fecha 26 de enero de 2010, se dio comienzo a la primera (1era) etapa de la relación de la causa, y se fijó el acto de informes para el décimo (10mo) día de despacho siguiente a las once antes meridiem (11:00 a.m), todo ello de conformidad con el aparte 8º del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Celebrado el acto de informe en la oportunidad correspondiente, en fecha 12 de febrero de 2010 el Tribunal fijó el lapso de treinta (30) días de despacho a los fines de dictar sentencia de conformidad con el aparte 7 del artículo 21 eiusdem. II FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO Señala la parte recurrente que a pesar de haber incurrido en un despido injustificado la empresa Frazzani Sport C.A., se ha negado a reengancharlo en su puesto de trabajo, y menos aun ha procedido a cancelarle los salarios caídos, ni sus prestaciones sociales, apoyándose en una calificación de falta irrita y nula, colocándolo en una situación irregular ya que no ha percibido la remuneraciones de ley, por lo que solicita se declare la nulidad de la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. Señala que la Inspectoría del Trabajo no tomó en consideración la inamovilidad laboral que se desprende del ejercicio de una acción judicial por enfermedad laboral, y la protección derivada del contenido del artículo 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 96 eiusdem; y del artículo 100 de la Ley Orgánica de Prevención y medio ambiente del trabajo, que establece la estabilidad absoluta para el trabajador que haya accionado judicialmente las indemnizaciones de ley por ser víctima de una enfermedad laboral Indica que a pesar de que el trabajador enfermo consignó para su estudio y análisis en la Inspectoría todos sus reposos avalados por el I.V.S.S., sin embargo esta hizo silencio absoluto de pruebas y no analizó lo aportado por el trabajador. Denuncia la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso, y del principio de comunidad de las pruebas, por cuanto a la constancia de reposo del trabajador no se le otorgó valor probatorio alguno, razón por la cual solicita se declare la nulidad absoluta del la Providencia Administrativa objeto del presente recurso. III OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El abogado DANIEL CABALLERO OSUNA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.762, en su carácter de Fiscal Provisorio Décimo Sexto a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo y en Materia Tributaria del Ministerio Público, en su escrito de opinión luego de hacer una breve narración de los hechos, indica que el artículo 100 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) consagra la inamovilidad laboral por el período de un año a favor de los trabajadores que se encuentren en cualquiera de las situaciones descritas en dicha norma, lo cual constituye un mecanismo de protección que persigue evitar que la obligación del patrono de reincorporar a un trabajador discapacitado y asegurarle un puesto de trabajo, sea burlada con la posibilidad que se produzca un despido injustificado inmediato o al poco tiempo después de producida la reincorporación. Indica que tal inamovilidad laboral, a diferencia de lo alegado por la parte accionante, no deriva de la circunstancia de que el trabajador haya accionado judicialmente las indemnizaciones de ley por ser victima de una enfermedad laboral, sino de la necesidad de amparar al trabajador que padece de una discapacidad calificada por el INPSASEL. Indica que no puede configurarse una situación de inamovilidad del trabajador, cuando no se verifica que se hubiere configurado el presupuesto previsto en el artículo 100 de la LOPCYMAT para que esta comience a operar , por lo que estima que en el presente caso no se vulnero la inamovilidad prevista en dicho artículo. Con relación al alegato de la parte recurrente en cuanto al silencio de pruebas en el según su decir, incurrió la Inspectoría del Trabajo, señala que según consta de los autos, en fecha 12 de marzo de 2008 se abrió el lapso probatorio en el procedimiento de calificación de falta incoado por la Sociedad Mercantil “Frazzani Sport, C.A”, y que el día 13 de marzo de 2008, el trabajador accionado diligenció para consignar copia simple del justificativo médico de fecha 21 de enero de 2008, emitido por el Plan Barrio Adentro del Municipio Carrizal del Estado Miranda, mediante el cual se sugiere reposo físico al paciente Nelson Sanoja durante 3 días. Señala que los documentos aportados por el trabajador en el procedimiento administrativo debían ser valorados por la Inspectoría del Trabajo al momento de tomar su decisión; y ciertamente si la copia fotostática del justificativo médico fue presentada por el trabajador en fecha 13 de marzo de 2008, la parte contraria podía proceder a su impugnación los días 14, 17, 18, 19 y 24 de marzo de 2008, esto es dentro de los cinco días hábiles inmediatamente siguientes a su promoción, so pena de que la misma fuera considerada fidedigna, de manera que al no haberse efectuado oportunamente la impugnación del justificativo médico presentado por el trabajador en fecha 13 de marzo de 2008, el mismo debió ser valorado por la Inspectoría del Trabajo, mas cuando tal prueba era relevante para dilucidar el asunto debatido. Concluye que la falta de valoración del justificativo médico de fecha 21 de enero de 2008, además de violar la regla general sobre el examen de las pruebas contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, vulneró el derecho a la defensa del trabajador, consagrado en el artículo 49 constitucional, todo lo cual acarrea la nulidad de la providencia administrativa impugnada, y la declaratoria Con Lugar de la presente demanda. IV MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El presente recurso se circunscribe a solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda al considerar la parte accionante que con la misma le fue vulnerado su derecho a la inamovilidad laboral que lo protegía al momento de su emisión, su derecho a la defensa y al debido proceso al haber sido silenciada una prueba promovida en su oportunidad y fundamental para la resolución de la controversia. En primer termino debe este Juzgado pronunciarse con relación al alegato en cuanto a que la Inspectoría del Trabajo no tomó en consideración la inamovilidad laboral que se desprende del ejercicio de una acción judicial por enfermedad laboral, y cuyo fundamento legal –según su decir- se encuentra contenido en los artículos 96 y 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 100 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (en adelante LOPCYMAT). Al efecto se observa: Efectivamente el artículo 100 de la LOPCYMAT prevé que finalizada una discapacidad temporal el empleador deberá reincorporar al trabajador que haya recuperado su capacidad para el trabajo en el cargo o puesto de trabajo que desempeñaba con anterioridad a la ocurrencia de la contingencia, o en otro de similar naturaleza; igualmente prevé la norma la inamovilidad laboral por el período de un (1) año contado desde la fecha del efectivo reingreso o reubicación de aquellos trabajadores que se encuentren dentro de los supuestos previstos en ella, es decir, cuando el trabajador se ha recuperado de una discapacidad calificada como temporal, parcial permanente, o total permanente para el trabajo habitual. Ahora bien, la misma ley en sus artículos 79, 80 y 81 define lo que comprende en cada caso la discapacidad. Así, dispone que la discapacidad temporal es aquella contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional imposibilita al trabajador o trabajadora amparado para trabajar por un tiempo determinado; la discapacidad parcial permanente implica la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor del 67%; y la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, que es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución mayor o igual al 67%. Del análisis de las normas invocadas por la parte recurrente se observa en primer lugar que de las mismas no se desprende el supuesto alegado en cuanto a que la inamovilidad en ellas prevista derive de la interposición de una acción judicial por enfermedad laboral; y en segundo lugar, que dicha inamovilidad se inicia desde la fecha del reingreso o reubicación del trabajador, y sólo procede una vez verificada la recuperación del trabajador de alguna de las categorías de discapacidad ya indicadas, y la cual debió ser previamente comprobada, calificada y certificada como una discapacidad originada por una enfermedad de tipo ocupacional o agravada por las actividades laborales llevadas a cabo por el trabajador, por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) tal y como lo prevé el artículo 76 de la LOPCYMAT. Por lo que tal inamovilidad no puede invocarse ni antes de dicha certificación, ni previo a la recuperación de la discapacidad, por cuanto el supuesto de procedencia de dicha inamovilidad es la obligatoria reincorporación del trabajador una vez verificada la recuperación de una enfermedad ocupacional (debidamente certificada) que haya producido algún tipo de discapacidad. Por otro lado se tiene que el procedimiento administrativo de calificación de faltas, opera en aquellos casos en que el trabajador se encuentra amparado por fuero sindical, o en otros casos de inamovilidad –como es la derivada del Decreto Presidencial que ampara al trabajador-, lo cual conlleva a que el patrono no puede prescindir del trabajador, sin que previamente una autoridad administrativa verifique la existencia de una falta y la califique como tal. Así, debe entenderse la condición de protección especial laboral –fuero- como la exigencia establecida en la Ley, para determinar si un trabajador que goza de dicha protección, puede ser retirado –despedido-. No se trata el fuero de la imposibilidad absoluta de despido, sino la limitación al libre arbitrio de despedir que se impone al patrono, siendo que corresponde a la Administración analizar la situación planteada y autorizar de ser el caso, el despido, para que posteriormente el patrono lo haga efectivo una vez levantada la protección, sin pretender que la inamovilidad constituya la imposibilidad absoluta de romper la relación laboral. Si una persona goza de una causal de inamovilidad o de varias –maternal, sindical, por accidente de trabajo, por decreto presidencial-, resulta requisito indispensable la calificación de faltas, el cual, en el caso de autos, se cubrió en sede administrativa. En el presente caso, tanto del expediente administrativo como del judicial se desprende que efectivamente el trabajador antes de haber sido iniciado el procedimiento administrativo de calificación de falta padecía de una enfermedad, aun no declarada como de origen ocupacional o como una enfermedad agravada con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentre obligado a trabajar. Por otro lado, se reconoce la existencia de protección especial del trabajo contenida en la inamovilidad, cuando el patrono acude ante la Inspectoría del Trabajo a solicitar sea calificada la falta. También se evidencia del desarrollo del procedimiento que el trabajador faltó a su sitio de trabajo durante más de tres días en un mes sin haberlo justificado, causal esta que es calificada por la Ley Orgánica del Trabajo como una falta suficiente para despedir de manera justificada a cualquier trabajador, y en caso de trabajadores protegidos por inamovilidad laboral, causal suficiente para solicitar la calificación de falta ante la Inspectoría del Trabajo, tal y como fue efectivamente realizado por la empresa Frazzani Sport en su oportunidad. De modo que, a consideración de este Juzgado, en primer término el trabajador para el momento de las inasistencias al trabajo –según la parte demandada- injustificadas, y del inicio del procedimiento administrativo de calificación de falta, no se encontraba protegido por la inamovilidad laboral prevista en el artículo 100 de la LOPCYMAT. Por otra parte, se evidencia que en protección de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, (única que podía ser alegada por el trabajador) la empresa inició el procedimiento de calificación de falta respectivo en contra del trabajador, motivo por el cual se rechaza la denuncia de violación del derecho a la inamovilidad laboral planteada por la parte recurrente. Así se decide. Con relación a las denuncias de violación del derecho a la defensa y al debido proceso, de violación del principio de comunidad de la prueba, y del silencio de prueba, expuestas por la parte recurrente, por cuanto según su decir, a pesar de haber consignado todos sus reposos avalados por el I.V.S.S. para su estudio y análisis en la Inspectoría del Trabajo, los mismos no fueron valorados, se observa: Corre inserto al folio 27 del expediente administrativo, diligencia suscrita por el ciudadano Nelson José Sanoja, mediante la cual consignó copia simple de constancia médica de fecha 21 de enero de 2008; constancia médica que fue oportunamente desconocida por la representación judicial de la empresa por su carácter de copia simple y por no estar conformado y avalado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en tal sentido debe este Juzgado efectuar las siguientes consideraciones: El artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo en su párrafo segundo, prevé que en caso de que se desconozca un documento se hará el cotejo por un experto nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro caso. En este sentido es preciso hacer referencia al alegato expuesto por el trabajador durante el procedimiento administrativo en cuanto a que el justificativo médico por él consignado ostenta el carácter de documento público emanado de un funcionario público del I.V.S.S. y por tanto -según sus dichos-, debe surtir lo efectos legales correspondientes. En primer lugar debe señalarse que el Justificativo Médico consignado por el trabajador durante el procedimiento administrativo es una copia fotostática simple en la cual se visualiza un sello húmedo de un Centro Médico perteneciente al Plan Barrio Adentro del Municipio Carrizal del Estado Miranda, no desprendiéndose del mismo la firma y visado del médico tratante, ni que éste emanara de un Centro Médico Asistencial adscrito al I.V.S.S., órgano competente para convalidar certificados médicos procedentes de médicos privados, y para emitir certificados de incapacidad capaces de justificar ausencias de los trabajadores a sus lugares de trabajo. De modo que al no tratarse de un documento autorizado por el funcionario o empleado público que tenga la facultad de darle fe pública, en los términos expuestos en el artículo 1357 del Código Civil, no podría reputarse el mismo como documento público. Empero, tal y como lo prevé la norma de la Ley Orgánica del Trabajo antes citada, el desconocimiento de cualquier documento durante el procedimiento de calificación de falta implica su cotejo. Ahora bien, si consideramos en virtud de lo antes expuesto, que el justificativo médico desconocido es un instrumento privado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 87 de la LOPCYMAT, corresponde a la parte que lo produjo, probar su autenticidad, en razón de lo cual deberá promover la prueba de cotejo y aportar el documento original para que pueda realizarse ese cotejo. Ahora, vale señalar que si el justificativo médico hubiere sido considerado un documento público, de igual manera y de acuerdo a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil debía ser cotejado con el original mediante inspección ocular solicitada por aquel que quisiera servirse del mismo. De modo que al no haber sido cotejado el justificativo médico, y tratarse de una copia simple, para surtir los efectos legales correspondientes y ser valorada como una prueba capaz de desvirtuar la falta alegada por la empresa, la misma debió ser cotejada, de modo que la Inspectoría del Trabajo al no valorar dicha prueba no incurrió en el vicio de silencio de prueba o en violación del derecho a la defensa y al debido proceso denunciada, por cuanto el trabajador tenia la carga de solicitar la prueba de cotejo del mismo para que este fuera debidamente valorado, lo cual no se hizo. En todo caso, es preciso indicar que las faltas injustificadas atribuidas al trabajador, lo son de los días 21, 22, 23 y 24 de enero de 2008, y el justificativo médico consignado por el trabajador en el procedimiento administrativo únicamente justificaría la inasistencia del día 21 de enero de 2008, por cuanto la copia fotostática que corre inserta al vuelto del folio 28 del expediente administrativo, aun cuando indica reposo por tres días a partir del día 21 de enero de 2008, el mismo no señala el nombre del paciente, de modo que no podría “suponerse o adivinarse” que es un reposo a favor del ciudadano Nelson José Sanoja; pues si bien es cierto, independientemente que se trata de un documento impugnado, no se puede precisar a ciencia cierta que el vuelto corresponda al mismo documento o continuación de su frente, por cuanto la misma ni siquiera fue correctamente fotocopiada. Es por todo lo anterior que a consideración de este Juzgado y apartándose de lo expuesto por la representación del Ministerio Público en su escrito de opinión, no se verifican los vicios denunciados por la parte accionada en su escrito. Así se decide. Analizados cada uno de los alegatos expuestos por la parte demandante, y desechados en los términos antes expuestos, resulta forzoso para este Juzgado declarar sin lugar el presente recurso. Así se decide. VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el ciudadano NELSON JOSÉ SANOJA, portador de la Cédula de Identidad Nro. 5.604.540, asistido por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063, contra la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los diez (09) días del mes de abril de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación. EL JUEZ, JOSÉ GREGORIO SILVA BOCANEY EL SECRETARIO, MASSIMILIANO TOGNINI En esta misma fecha, siendo las once y treinta ante-meridiem (11:30 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión. EL SECRETARIO, MASSIMILIANO TOGNINI Exp. Nro. 09-2464.- Publicado por
Andrea De León, Abogados ConsultoresCentro Ciudad Comercial.La Cascada.Centro Profesional.Piso 2 Oficina 2.Kilometro 21 de la Carretera Panamericana-Municipio Carrizal-Los Teques Estado Miranda (Gran Caracas) Correos Eléctronicos: andreadeleonjuridico@hotmail.com , abogadostributaristasonline@gmail.com , andreadeleonderechomedico@gmail.com , despachojurisdeleon@hotmail.com JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS Expediente Nº: AW42-X-2003-000001 En fecha 22 de abril de 2003 los abogados Emilia de León Alonso de Andrea y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nros. 35.336 y 37.063, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA VANGUARDI, C.A. inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 10 de octubre de 1995, bajo el N° 36, tomo 451 A sgdo; y, DISTRIBUIDORA VAN SPORT, C.A. debidamente inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 20 de septiembre de 2001, bajo el N° 64, tomo A-19 tro, interpusieron ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo de nulidad contra acto administrativo de efectos particulares y suspensión de efectos, prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contra la Providencia Administrativa N° 81-2002, de fecha 18 de septiembre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana ANA MARÍA IPSA CABRERA, titular de la cédula de identidad N° 14.445.684. Mediante auto de fecha 11 de junio de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, admitió el recurso de nulidad interpuesto y ordenó abrir cuaderno separado una vez verificados los extremos legales previstos en los artículos 123 y 124 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de tramitar la solicitud de suspensión de efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 eiusdem. En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio del presente año, esta Corte quedó constituida de la manera siguiente: María Enma León Montesinos (Presidenta), Jesús David Rojas Hernández (Vicepresidente) y la Jueza Betty Josefina Torres Díaz. El día 26 de octubre de 2004, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo revocó el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 17 de junio de 2003 que ordenaba la apertura del presente cuaderno separado “a los fines de tramitar la articulación probatoria prevista en el articulo 602 del Código de Procedimiento Civil de medida cautelar de suspensión de efectos acordada en el presente expediente”, al estimar que el mismo contraría la dispuesto por ese mismo Juzgado en fecha 11 de junio de 2003 y ordenó abrir el presente cuaderno separado a los fines de que la Corte se pronunciara sobre la procedencia de la suspensión de efectos solicitada. Una vez remitido el presente cuaderno separado a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el día 4 de noviembre de 2004, se dio cuenta a la Corte y por auto de esta misma fecha, se abocó al conocimiento de la causa. En virtud de la distribución automática efectuada por el sistema JURIS 2000, se designó ponente a la ciudadana Jueza María Enma León Montesinos, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. Realizado el estudio de las actas que conforman el presente cuaderno separado, pasa esta Corte a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos con base en las siguientes consideraciones: IDEL RECURSO DE NULIDAD Y DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS Los apoderados judiciales de las sociedades mercantiles Distribuidora Vanguardi, C.A. y Distribuidora Van Sport, C.A., abogados Emilia de León Alonso de Andrea y Gilberto Antonio Andrea González, interpusieron escrito contentivo de recurso contencioso administrativo de nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con la suspensión de efectos, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en atención a las siguientes consideraciones: Que acudieron en sede jurisdiccional a los fines de interponer recurso de nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares emanado de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, Providencia Administrativa N° 81-2002, de fecha 18 de septiembre de 2002, por motivos de ilegalidad e inconstitucionalidad. Que en fecha 22 de agosto de 2002, la ciudadana María Ipsa inició procedimiento administrativo de reenganche y pago de salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. Que el órgano administrativo emitió un acto por el cual ordenó la notificación de la “(…) EMPRESA VANGUARDI CUAN SPORT (…)”, la cual no se corresponde a ninguna de sus representadas. (Mayúsculas de las recurrentes). Que le entregaron la notificación a la ciudadana Carolina Ipsa, hermana de la trabajadora demandante (empleada de la compañía Van Sport, C.A.), y que la prenombrada en ningún momento hizo del conocimiento de la empresa la existencia de la notificación que imponía la comparecencia al acto de contestación en el procedimiento administrativo iniciado por su hermana. Que la notificación librada no fue atendida por cuanto tenían desconocimiento total del procedimiento, en tanto que, hubo ausencia absoluta de citación y notificación de sus representadas. Que por la prescindencia total del procedimiento legalmente establecido existen vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que bajo ninguna circunstancia podrían ser obviados. Que la ciudadana Carolina Ipsa tan solo fungía como vendedora de la empresa Van Sport, C.A., por tanto no era persona autorizada para recibir ningún tipo de documentos y mucho menos representaba a la empresa, y que siendo hermana de la trabajadora reclamante, Carolina Ipsa, tenía interés en que la empresa no se defendiera, colocándolos en estado de indefensión. Que entre las violaciones de ilegalidad se encuentra la “(…) PRESCINDENCIA ABSOLUTA DE NOTIFICACIÓN por cuanto la Ciudadana que consta como [receptora de la] NOTIFICACIÓN tenía un interés personal en las resultas del procedimiento (…) además de tener una prohibición legal pues siendo pariente consanguíneo de la demandante no podía recibir ella notificación alguna para la demandada pues su imparcialidad era imposible de suponer y de hecho no notifico a los representantes legales de la Empresa razón por la cual (…) nunca tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa y al debido proceso (…)”. (Mayúsculas de las recurrentes). Que el procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, artículos 454 y siguientes no fue aplicado. Que existe el vicio de ilegalidad en el sentido de que la referida Ley, en su artículo 454 “(…) ESTABLECE QUE EL INSPECTOR DEL TRABAJO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES NOTIFICARA AL PATRONO QUE [DEBERÁ] COMPARECER AL SEGUNDO DÍA HÁBIL, CUESTIÓN QUE NO (…) OCURRIÓ PUES LA SUPUESTA NOTIFICACIÓN (…)” fue recibida por una persona parcializada después de quince (15) días de realizada la solicitud. (Mayúsculas de las recurrentes). Que “(…) LA INSPECTORÍA [DECIDIÓ] NO ABRIR A PRUEBAS CERCENANDO CUALQUIER POSIBILIDAD DE PROBAR ALGO QUE LE FAVORECIERA (...)” y que “(…) BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDE EL INSPECTOR DEL TRABAJO INTERPRETAR LA NORMA DONDE NO LO HACE EL LEGISLADOR (…)” (Mayúsculas de las recurrentes). Que con dicha omisión se violentó la legalidad del proceso y se cercenó totalmente el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 numerales 1 al 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que la Inspectoría del Trabajo al emitir su decisión, se sustentó en los artículos 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, 362 del Código de Procedimiento Civil y 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, “(…) ARTICULOS DE LOS CUALES EN REALIDAD PRESCINDIÓ TOTALMENTE DE SU APLICACIÓN [HACIENDO] UNA INTERPRETACIÓN ARBITRARIA DE LOS MISMOS, POR TANTO EXISTEN VICIOS DE ILEGALIDAD (…)”. (Mayúsculas de las recurrentes). Que respecto al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil incurrió en vicios de ilegalidad por cuanto “(…) DECLARÓ LA CONFESIÓN FICTA EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROBO NADA QUE LE FAVORECIERA EN EL PROCESO, LO CUAL ERA IMPOSIBLE POR VARIAS CIRCUNSTANCIAS UNA PORQUE NO ESTABA NOTIFICADA PUES SOLO LO SABIA LA HERMANA DE LA INTERESADA, Y OTRA PORQUE AUNQUE HUBIERA ESTADO NOTIFICADA EL INSPECTOR NO ABRIÓ A PRUEBAS PARA PROBAR ALGO QUE LE FAVORECIERA EN EL PROCESO (…)”. (Mayúsculas de las recurrentes). Que en cuanto al artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, se cometieron también vicios de ilegalidad; pues, la referida norma en ningún momento establece que si el demandado no asiste a la contestación se le tendrá por confeso, no teniendo derecho a pruebas. Que en fecha 18 de septiembre de 2002, irrespetándose todo tipo de lapsos se decidió la causa, sin pruebas, ni informes, y sin ser notificada la empresa. Que en fecha 16 de septiembre de 2002, el Inspector del Trabajo comete “el exabrupto jurídico” que podría considerarse -a su decir- una providencia administrativa previa, por la cual se declaró confesa a la accionada, no existiendo mayor vicio de ilegalidad e inconstitucionalidad, por cuanto el órgano decidió dos (2) veces, en fechas y actos distintos causándoles gravamen e indefensión. Que antes de la Providencia Administrativa definitiva no podía el órgano prejuzgar, incurriendo en causal de recusación por haberse pronunciado sobre el fondo antes de decidir, constituyendo plena prueba de su parcialidad. Que existen vicios de inconstitucionalidad que son graves, pues cercenan el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso previsto en el artículo 49 numerales del 1 al 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que todo el procedimiento fue llevado a espaldas de sus representadas, al punto de haber tenido conocimiento del mismo “(…) a través de un JUICIO DE PRESTACIONES SOCIALES (…) en el cual se encuentra el expediente administrativo 565-2002 en copia certificada (…)” a unas empresas que no corresponden con sus representadas. (Mayúsculas de las recurrentes). Que nunca se les notificó de un procedimiento de multa por el supuesto incumplimiento de la providencia administrativa Alegaron vicios de inconstitucionalidad basados en el Titulo III, Capítulo X “De los Deberes”, artículo 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que el funcionario del trabajo incurrió en flagrante violación no sólo de la referida norma constitucional al desaplicarla, sino también de las normas, leyes y reglamentos, además de incurrir en errores de interpretación, que acarrearon a sus representadas un total y absoluto estado de indefensión. En atención a lo expuesto, solicitaron se declarara “(…) LA NULIDAD DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO: 81-2002 EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA FUNDAMENTADA EN LOS VICIOS DE ILEGALIDAD Y DE INCONSTITUCIONALIDAD (…)”. (Mayúsculas de las recurrentes). Por último, pidieron se suspendieran los efectos de la Providencia Administrativa impugnada signada con el N° 81-2002. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Siendo su oportunidad para decidir, este Órgano Jurisdiccional pasa hacerlo en atención a los siguientes puntos: I.- Como punto previo, debe esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud, y al respecto, observa lo siguiente: Los apoderados judiciales de las recurrentes, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos de conformidad con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (derogada), contra la Providencia Administrativa Nº 81-2002, dictada en fecha 18 de septiembre de 2002, por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y salarios caídos incoada por la ciudadana Ana María Ipsa. En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2862 de fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, fijó con fuerza vinculante la competencia de los Órganos que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, consagrada en el artículo 259 del Texto Constitucional, para el conocimiento, tramitación y decisión de los recursos de nulidad intentados contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, estableciendo lo siguiente: “Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República: (i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamenta en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa. (ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, a cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal”. Ello así, con fundamento en la decisión parcialmente transcrita, y el artículo 1 de la Resolución Nº 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, según la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, éste Órgano Jurisdiccional resulta competente para conocer en primera instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad; y, siendo que la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares en el presente caso, fue ejercida conjuntamente con el referido recurso; la misma tiene el carácter netamente accesorio o subsidiario de aquél, debiendo seguir la suerte de la acción principal, por lo que consecuencialmente resulta esta competente para conocerla de ella, y así se decide. II.- Ahora bien, observa esta Corte que la presente solicitud fue efectuada bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; no obstante, es de advertir que la derogatoria del referido texto normativo no produce efectos procesales en torno a la competencia jurisdiccional para conocer el caso de autos, establecida por criterios jurisprudenciales vinculantes según lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, el procedimiento aplicable para la tramitación del recurso y sus accesorios, será el establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil vigente, aplicable por remisión que hace el segundo aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, antes de verificar los presupuestos de procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos, debe esta Corte efectuar algunas observaciones en torno a la tramitación dada al presente recurso de nulidad por parte del Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para ello observa que: A los folios diecinueve (19) al veintiuno (21) consta copia certificada del auto de admisión de fecha 11 de junio de 2003, emitido por el precitado Juzgado, por el cual acordó lo siguiente: “Este Tribunal revisadas las actuaciones cursantes en autos, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, admite el presente recurso cuanto ha lugar en derecho. … omisis… Asimismo, en virtud de la solicitud de suspensión de efectos, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…) acuerda abrir cuaderno separado, a los fines de tramitar dicha solicitud (…) una vez formado cuaderno separado, se pasará a la Corte a los fines de la decisión correspondiente (…)”. Por otra parte, al folio veintitrés (23) se encuentra auto de fecha 26 de octubre de 2004, emanado del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante el cual señaló: “(…) este Tribunal abocado como se encuentra según consta de la pieza principal, pasa a pronunciarse con respecto a lo solicitado, previa las siguientes consideraciones: En fecha 11 de junio de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó auto mediante el cual admitió el presente recurso, y en virtud de la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, ordenó abrir cuaderno separado (…). Ahora bien, conforme a lo anteriormente ordenado, el mencionado Juzgado dictó auto en fecha 17 de junio de 2003, con el que se abrió el presente cuaderno. Sin embrago de su lectura se observa que el mismo se abrió “a los fines de tramitar la oposición y la articulación probatoria prevista en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil a la medida cautelar de suspensión de efectos…omisis…” siendo esta situación contraria a lo ordenado en el citado auto de fecha 11 de junio de 2003, razón por la cual este Juzgado (...), de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reforma dicho auto en el sentido de que el presente cuaderno sea abierto a los fines de tramitar la suspensión de efectos solicitada (…)”. De la relación procesal que antecede se observa que el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo constató el cumplimiento de las causales de inadmisibilidad del recurso de nulidad interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (normativa vigente al tiempo de admisión); asimismo, se advierte que dicho Juzgado al mediar una petición cautelar, ha debido remitir la totalidad de las actuaciones a la Corte Primera a los fines de que fuera ésta quien se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso, y consecuencialmente emitiera pronunciamiento sobre la medida de suspensión de efectos peticionada. Más sin embargo, observa esta Corte que la emisión de algún pronunciamiento sobre la revocatoria de lo actuado por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sería desproporcional con la fin ya alcanzado en el presente proceso, visto de igual forma que la remisión al Juzgado de Sustanciación de esta Corte devendría en una dilación indebida del procedimiento es por lo que, en aras del principio antiformalista acogido de forma reiterada por las diversas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, debe este Órgano Jurisdiccional circunscribir su pronunciamiento en torno a la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, y así se decide. III.- Precisado lo anterior, esta Corte pasa a pronunciarse acerca de la procedencia o no de la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo solicitada subsidiariamente por las recurrentes y, en tal sentido observa: Consta del folio dos (2) al siete (7) del presente cuaderno separado, copia certificada del escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por los abogados Emilia de León Alonso de Andrea y Gilberto Antonio Andrea González, en fecha 22 de abril de 2003. Es criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, que la suspensión de efectos de los actos administrativos contemplada, artículo 136 derogado de Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; constituye una garantía preventiva establecida por el ordenamiento jurídico mediante la cual -haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad- se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello constituiría un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso; frente a lo cual el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un perjuicio real y procesal para el recurrente (Vid. Sentencia N° 00003 de la Sala Político Administrativa de fecha 20 de noviembre de 2000). Ello así, tal medida sólo procede verificados concurrentemente los supuestos de Derecho que la justifican, vale decir, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), y -por mandato expreso de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela-, una vez acordada la misma que la parte solicitante preste ante el Órgano Jurisdiccional caución suficiente, como garantía de los derechos de aquél contra quien se solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo de efectos particulares. En el presente caso, las recurrentes no justifican de qué manera se encuentran llenos los extremos legales exigidos para que esta Corte proceda a acordar la medida solicitada; sin embargo, este Juzgador haciendo uso de su potestad cautelar de revisión, luego de examinar cuidadosamente las actas que corren insertas en autos, concluye que no constató medio de prueba alguno que justifique la procedencia de la medida solicitada. En virtud de lo antes expuesto, y examinados como fueron los elementos en el caso bajo estudio, considera esta Corte insuficientes las razones invocadas por las peticionantes, razón por la cual necesariamente debe desestimarse la solicitud de suspensión de los efectos del acto recurrido, y así se decide. Efectuado el anterior pronunciamiento, esta Corte estima necesario dada la naturaleza cuasi jurisdiccional del acto cuya nulidad se pretende, advertir al Juzgado de Sustanciación, que en resguardo de los derechos de acceso a la jurisdicción, a la defensa y al debido proceso de los justiciables consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de fecha 4 de abril de 2001, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el caso: SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR), deberá notificar a las partes intervinientes en el proceso administrativo para que concurran a esta sede jurisdiccional con el fin de alegar y probar lo conducente en el presente juicio de nulidad, y así se decide. IV.- Por último, se ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, de esta Corte, para que continúe con la tramitación del recurso, según las prescripciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo proceder de inmediato a la notificación de las partes interesadas de la forma establecida en el párrafo inmediato anterior, y así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, y consecuencialmente de la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares, prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, interpuesta por los apoderados judiciales de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA VANGUARDI, C.A. y DISTRIBUIDORA VAN SPORT, C.A. -plenamente identificados en autos-, contra la Providencia Administrativa N° 81-2002, de fecha 18 de septiembre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo interpuesta. 3.- ORDENA remitir el presente cuaderno separado al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se anexe al asunto principal contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, acatando lo establecido en la parte motiva del presente fallo en cuanto a la notificación de las partes intervinientes en el procedimiento administrativo. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación. La Presidenta, MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS. Ponente Decisión n° 2004-0332 Publicado por
Cordiales, Saludos !!!Dra:Emilia De Leòn Alonso de AndreaABOGADO-U.C.A.B.Dr:Gilberto Antonio Andrea GonzàlezABOGADO-U.C.A.B.