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Timestamp: 2018-06-25 00:47:34
Document Index: 141605497

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo1', 'Artículo 3', 'Artículo 3']

Ley Núm. 428 de 2004 -Ley para enmendar la Ley Núm. 458 de 2000: Ley para participar de la adjudicación de una subasta o del otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio someterá ...
Ley Núm. 428 del año 2004
(P. del S. 2330), 2004, ley 428
Ley para enmendar la Ley Núm. 458 de 2000: Ley para participar de la adjudicación de una subasta o del otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio someterá una declaración jurada.
Ley Núm. 428 de 22 de septiembre de 2004
Para enmendar los Artículos 1, 3 y 7 de la Ley 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, a fin de disponer que toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o del otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio someterá una declaración jurada donde informe si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquier delito enumerado en el Artículo 3 de la referida Ley, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país.
El 29 de diciembre de 2000 se aprobó la Ley Núm. 458 con el propósito de disponer que ningún jefe de agencia gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública o municipio, adjudicará subasta o contrato alguno para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal, federal o en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, de ciertos delitos constitutivos de fraude o malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. La aprobación de la misma se justificaba en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción ya que significa un mecanismo adicional para garantizar y proteger la integridad y el uso óptimo de los recursos fiscales del Estado.
Posteriormente, el 29 de julio de 2001, el texto de la misma fue enmendado mediante la aprobación de la Ley Núm. 84 a los fines de aplicar sus disposiciones a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial y aumentar el término de la prohibición a la contratación.
Por otro lado, en el Artículo 7 de la referida Ley Núm. 458 se dispone que el Tribunal de Primera Instancia notificará al Secretario de Justicia de toda convicción que recaiga por los delitos enumerados en la misma y que a su vez, este último establecerá y mantendrá un registro de personas naturales y jurídicas convictas o que se hayan declarado culpable de dichos delitos. Ciertamente, al hacer un análisis de esta disposición encontramos las siguientes fallas: primero, no existe forma alguna de establecer un procedimiento que obligue a los tribunales federales y a los de otras jurisdicciones de los Estados Unidos a notificar las sentencias que se dicten en sus respectivas jurisdicciones, lo que limita el banco de información que posee el gobierno al momento de adjudicar subasta o contratos; segundo, todo el peso de la corroboración del expediente criminal de la persona natural o jurídica recae sobre el Jefe de la agencia o instrumentalidad del gobierno, corporación pública o municipio, aun cuando vemos que esa información muchas veces es inaccesible; y tercero, no toma en consideración antecedentes penales en otros países. Además, siempre existe el riesgo de contratar inadvertidamente con personas naturales o jurídicas que resultan tener vinculación legal directa o indirecta con otra convicta previamente, burlando la intención gubernamental de contratar sólo con personas o corporaciones de probada y manifiesta honestidad.
Por tal razón, se le debe imponer a todo aquel que desee participar de una subasta o contratar con el gobierno la responsabilidad de informar a la agencia o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública o municipio si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquier delito enumerado en el Artículo 3 de la referida Ley, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país. Además, en el caso de que el informe sea en la afirmativa, deberá especificar el o los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la correspondiente alegación de culpabilidad.
Finalmente, en aras de promover un mecanismo adecuado que le permita al gobierno hacer valer las disposiciones contenidas en la ley y procurar la mejor utilización de fondos públicos, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera imprescindible la aprobación de esta Ley.
Artículo 1.- Se enmiendan los Artículos 1, 3 y 7 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, para que se lean como sigue:
”Artículo1.- Se dispone que ningún jefe de agencia gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública, municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial adjudicará subasta o contrato alguno para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier otro país, de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos enumerados en el Artículo 3 de esta Ley.
(1) apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades
Para fines de la jurisdicción federal, de los estados o territorios de los Estados Unidos de América o de cualquier otro país, aplicará la prohibición contenida en la presente Ley en casos de convicción por los delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los de los referidos delitos.
Además, toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o el otorgamiento de contrato al uno con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio para la realización de servicios o la venta o entre0a de bienes, someterá una declaración jurada ante notario público donde informará si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en el Artículo 3 de esta Ley, o si se encuentra bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país, para poder participar en la adjudicación u otorgamiento de cualquier subasta o contrato, respectivamente. Si la información fuere en la afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la alegación de culpabilidad."