Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00094-de-marzo-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a15ce900936901f6e0430a01015101f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-09 15:51:58
Document Index: 323690644

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 83', 'artículo 129', 'artículo 357', 'artículo 267', 'artículo 212', 'artículo 26', 'artículo 69', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 28', 'artículo 57', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 67', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 66', 'artículo 28', 'artículo 229', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 26']

﻿ Sentencia 2009-00094 de marzo 3 de 2011
SENTENCIA 2009-00094 DE 03 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:RÉGIMEN APLICABLE A LOS ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES DE LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVA O DOCENTE UNIVERSITARIA. LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y SU ACREDITACIÓN DEBEN ESTAR CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA O EN LAS NORMAS QUE LA REGULAN, SO PENA DE TRANSGREDIR EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. EXP. 44001-23-31-000-2009-00094-014001-23-31-000-2009-00095-01 Y 44001-23-31-000-2009-00096-01 (ACUMULADOS)
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS PÚBLICOS, CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS, DOCENTE, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Sentencia 2009-00094 de marzo 3 de 2011
SECCIÒN QUINTA
Rad. 44001-23-31-000-2009-00096-01
Actor: Luis Roberto Alguero Amaya y otros
De conformidad con lo que dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 37 de la Ley 446 de 1998, y por el 132 ibídem, numeral 8º, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación que se interpusieron contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del proceso electoral que se instauró contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, ente universitario autónomo del orden departamental (art. 2 de Acuerdo 025 de 1996).
2. Marco jurídico de la controversia.
El presente análisis en segunda instancia se circunscribirá a los siguientes puntos:
a. A la inconformidad del demandante Luis Roberto Alguero Amaya respecto de lo decidido en la sentencia de primera instancia, en cuanto se declaró de oficio la excepción de inepta demanda frente a la pretensión de Nulidad del Acuerdo 003 de 2009 (numeral primero) y en cuanto se negaron las “demás pretensiones de la demanda” (numeral cuarto). Pero este apelante no sustentó el recurso (fl. 369).
En estos casos, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha precisado que cuando el recurso de apelación se interpone y no se sustenta, se entiende presentado en lo que al recurrente le resultó desfavorable, tal como lo establece el artículo 357 del CPC aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, pues en el proceso electoral no rige la norma prevista para el proceso ordinario en el artículo 212 inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, que autoriza declarar desierto el recurso que no fuere sustentado dentro del término legal(5). En consecuencia definir este recurso de apelación consistirá en confrontar las pretensiones de la demanda con la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en los aspectos en que aquellas se negaron.
b. Por su parte, la Universidad de La Guajira y el demandado Carlos Arturo Robles Julio también apelaron la decisión de primera instancia. Ellos sí sustentaron el recurso y lo fundaron en la inconformidad con las dos censuras que el a quo encontró probadas y que condujeron a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 005 de 23 de abril de 2009. Por tanto, el estudio de la apelación que propusieron el demandado y la universidad se fundará en reexaminar esos dos reproches.
El estudio de los recursos comenzará por el que formularon el demandado y la Universidad, pues de llegar a comprobarse que se impone confirmar la decisión del a quo que halló probados esos dos cargos, sería inane e infructuoso estudiar las demás imputaciones que no prosperaron, pues lo que se impondría es confirmar la nulidad que se decretó en la sentencia de primera instancia.
3. Estudio de la apelación que presentó la universidad y el demandado.
Según se señaló, las acusaciones contra el acto de elección se relacionan la primera, con la falta de acreditación del requisito de experiencia administrativa por parte del candidato que resultó elegido, y el segundo, relativo a que la Universidad desatendió el término que debía mediar entre la convocatoria para la selección de la terna de la cual se designaría rector.
a. Requisitos de experiencia.
El tribunal concluyó que el demandado no cumplió con los requisitos de experiencia administrativa profesional de 5 años que exige el artículo 26 literal c) de los estatutos, porque de conformidad con los Decretos 758 y 2772 de 2005(6), que señalan el contenido que deben tener las certificaciones que prueben experiencia, el demandado, de los 1.825 días que equivalen a 5 años, sólo acreditó 1.695, pues la certificación de labores visible en el folio 535 del cuaderno de anexos sólo contiene el tiempo laborado, siendo claro que no se puede deducir cuál fue la actividad desarrollada. Consideró que por tal razón no se puede determinar con certificados presentados en ese estado de deficiencia, la experiencia profesional administrativa requerida.
Consideró también que según las órdenes de prestación de servicios que el demandado aportó para demostrar la experiencia exigida, existían 54 días superpuestos.
Por su parte la Universidad de La Guajira y el demandado expusieron en la apelación que: i) los Decretos 785 y 2772 de 2005 sobre los cuales se fundamentó, que indican lo que debe contener una certificación para acreditar experiencia, no aplican en este caso pues sólo rigen para entes autónomos universitarios del orden nacional y la Universidad de La Guajira es del orden departamental. ii) En este sentido, por virtud del artículo 69 de la C.P. que autoriza a las universidades para darse sus directivas y regirse por sus estatutos, son solamente éstos (Acu. 25/96) los que regulan el proceso de elección del Rector. iii) Así las cosas, el artículo 26 estatutario, literal c), o la Convocatoria, no exigen que las certificaciones laborales deban especificar las funciones desempeñadas. Por consiguiente, alegan que no debió descalificarse la certificación del folio 535 de los anexos, que prueba 273 días. iv) Inexplicablemente tampoco se valoró la certificación de Cámara de Comercio de 16 de marzo de 2009 que también prueba experiencia del demandado como Gerente de varias sociedades.
Al respecto, esta Sala destaca que el Decreto 758 de 2005 “establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regula por la Ley 909 de 2004” (negrillas de la Sala). En su artículo 1º ratifica su ámbito de aplicación cuando señala que “el presente decreto establece el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales de los cargos de las entidades territoriales”.
A su turno, el Decreto 2772 de 2005 “establece las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”. De igual manera, su artículo 1º precisa el ámbito de aplicación en los siguientes términos:
“La descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en el presente decreto, regirá para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del orden nacional (...)” (negrillas de la Sala).
Con base en lo anterior, es claro que le asiste razón a la Universidad de La Guajira y al demandado en cuanto que estas normas, que fundamentaron la decisión del a quo, no son aplicables al presente caso. Porque el Decreto 758 de 2005 rige para los empleos de las entidades territoriales que dentro de la estructura del Estado ostentan categoría diferente a la de los entes universitarios autónomos en la cual se ubica la Universidad de La Guajira, luego la elección del Rector de ésta, en manera alguna está regida por dicho decreto.
A similar conclusión se llega en cuanto al Decreto 2772 de 2005 porque, como quedó expuesto, éste aplica para los entes universitarios autónomos del orden nacional y de conformidad con el artículo 2º del Acuerdo 025 de 1996, Estatutos Generales, la Universidad de La Guajira es un ente universitario autónomo del orden departamental.
Sobre el particular, es pertinente citar la posición de esta Sala respecto de las normas que rigen la elección de directivas en universidades del orden departamental. En sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 2008- 0099, demandante Martha Lucía Murillas Bedoya, demandado Universidad del Quindío, se dijo que en razón al régimen de autonomía que tienen las universidades oficiales, no cabe duda de que, dentro de cualquier proceso de consulta o de elección de directivos, es, en principio, el Estatuto General de la Universidad el que se convierte en el derrotero de dicho proceso y, por consiguiente, es la disposición a cumplir por todos los involucrados. Seguida de éste están el acto de convocatoria y las diferentes resoluciones que sobre el particular dicte la respectiva universidad. En consecuencia, cualquier irregularidad que se presente en las elecciones de directivos de universidades públicas debe analizarse bajo lo dispuesto, como primera medida, en el Estatuto General, para luego contrastarlo con lo dicho en la convocatoria y en las demás resoluciones pertinentes. Como en ese caso la sentencia de primera instancia también citó el Decreto 2772 de 2005 como parámetro de verificación de requisitos, la Sala consideró:
“Así pues, como el Decreto 2772 de 2002, proferido por el Presidente de la República y modificado por el Decreto 4476 de 2007, contiene regulación sobre el tema, es del caso determinar si también regula el proceso de elección de directivos adelantado por la Universidad del Quindío o si, por el contrario, de acuerdo con lo dicho por el agente del Ministerio Público, su reglamentación sólo aplica para el sistema de carrera administrativa, que prevé la Ley 909 de 2004.
De acuerdo con el referido artículo, no cabe duda, a juicio de la Sala, que el Decreto 2772 de 2005 no era aplicable a la elección adelantada por la Universidad del Quindío, pues la referida norma, en el punto objeto de estudio, únicamente comprende dentro de su campo de acción a los entes universitarios autónomos del orden nacional.
De acuerdo con el artículo 1º del Estatuto General de la Universidad del Quindío, esa institución se encuentra adscrita al Departamento del Quindío y, por tanto, es un ente universitario autónomo del orden departamental. Esa es razón suficiente para afirmar que el Decreto 2772 de 2005, modificado por el Decreto 4476 de 2007, no le es aplicable, pues, se repite, dicha norma únicamente cobija a los entes de carácter nacional.
El Decreto 2772 de 2005 es claro al prescribir que la descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en esa norma también rigen para los empleos públicos pertenecientes, entre otras entidades, a los entes universitarios autónomos, pero del nivel nacional. Así, no podía la Universidad del Quindío, ente del orden departamental, tomar la referida disposición como punto de referencia para realizar la calificación de las hojas de vida de los candidatos llamados a ocupar los cargos de “representantes de los órganos de gobierno”.
Expuesto lo anterior, no hay duda de que la elección del Rector de la Universidad de La Guajira está regulada por los estatutos generales, por la convocatoria, y de existir, por las resoluciones que la reglamenten.
El artículo 26, literal c) de los estatutos de la Universidad de La Guajira —Acuerdo 25 de 1996—, norma que se alega violada, prescribe lo siguiente:
“Requisitos [para ser rector]. Son los siguientes:
c) Acreditar experiencia profesional administrativa o docente universitaria mínima de cinco (5) años (...)”.
A su turno el artículo 2º de la Convocatoria señala sobre el tema concreto de la experiencia:
“Los aspirantes a integrar la terna de candidatos a Rector deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 del Acuerdo 025 de 1996 (Estatuto General), los cuales se verificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
La experiencia en el campo docente se acredita con las certificaciones que para el efecto expidan las universidades debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional. La experiencia en el campo administrativo se acredita con las constancias respectivas (...)”.
La convocatoria a un concurso o a un proceso de elección constituye el marco jurídico y el derrotero que rige el trámite pertinente a partir del cual los aspirantes deciden participar en la selección de un empleo o cargo público. La conformación y el contenido de esos actos y la aplicación de la regulación que se establezca por el órgano electoral, deben honrar el principio constitucional previsto en el artículo 83 de la Constitución Política según el cual “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Por ello, contradice este mandato superior que impone a las autoridades públicas actuar de buena fe en sus relaciones con los particulares que ellas sorprendan a los participantes con reglas o exigencias que no se adoptaron desde el comienzo de la convocatoria. Tales reglas son la ley del concurso, para el presente caso, “la ley” del proceso eleccionario.
En el presente caso, la convocatoria 003 de 2009 dejó claro que los aspirantes debían demostrar la experiencia de la siguiente forma:
• La docente, con certificaciones que expidan las Universidades acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional.
• La administrativa, con las constancias respectivas.
Por lo tanto, como nada se precisó en la convocatoria ni tampoco se señala en los Estatutos respecto a que las constancias para acreditar experiencia profesional administrativa debieran registrar un determinado y específico contenido, carece de fundamento legal sostener que las que aportó el demandado no eran válidas. Considerarlo así implica contrariar el artículo 84 superior según el cual “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”, y quebranta el principio de confianza legítima de quienes atenidos a los parámetros de la convocatoria y a las reglas que señalan los Estatutos, acreditaron experiencia administrativa con certificaciones y constancias que dan cuenta, únicamente, de la clase de empleo y del tiempo por el cual lo ejercieron.
Por otra parte, tampoco existe en nuestro ordenamiento jurídico norma general aplicable a las universidades del orden departamental que determine la forma como debe expedirse y allegarse la comprobación de la experiencia en el campo administrativo.
Que los estatutos establezcan en los términos como lo estime razonable el Consejo Superior de la Universidad los requisitos para ser Rector, máxima autoridad administrativa del ente universitario, tiene su origen o deviene de la autonomía universitaria que según el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 se reconoce a las universidades que entre otras potestades se traduce en la atribución para designar sus autoridades administrativas las cuales, acorde con lo que dispone el artículo 57 ibídem en el régimen de las universidades estatales u oficiales comprende la organización y elección del personal administrativo.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define certificación como el “Documento en que se asegura la verdad de un hecho” y constancia como el “Escrito en que se ha hecho constar algún acto o hecho, a veces de manera fehaciente”. Y contempla diferentes acepciones del vocablo administración, todas ellas referidas a la capacidad de gobernar, de ejercer autoridad o mando; de dirigir una institución o empresa; de ordenar, disponer y organizar y de desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad.
Entonces, cuando no es reglado el contenido del documento acreditante, como ocurre en el presente caso, resultan suficientes las certificaciones y las constancias que se alleguen, si dan cuenta de la trayectoria del candidato en la clase del ejercicio laboral específico requerido, y hagan constar el lapso en el que éste se cumplió, que en el evento en estudio, consiste en experiencia profesional administrativa por cinco años.
En cuanto a ser profesional el demandado desde la inscripción como candidato demostró ostentar el título de Ingeniero de Petróleos y haber obtenido los siguientes postgrados: especialista en diseño y evaluación de proyectos; especialista en finanzas y magister en Administración de Empresas. Adicionalmente acreditó ser especialista en programación de computadores (fls. 515 a 524, cdno. pruebas).
Pretender que para la elección de rector debieron haberse tenido en cuenta por el Consejo Superior de la Universidad requisitos adicionales más allá de los parámetros generales pre-establecidos en los estatutos y en la convocatoria implicaría extralimitación del marco normativo del proceso de elección y desconocer, como se advirtió, los artículos 83 y 84 de la Carta Política.
Además, tratándose del juicio de nulidad contra el acto que declara una elección, producto del desarrollo de una convocatoria y de unas reglas dispuestas y aplicadas en igualdad de condiciones para todos los aspirantes, la presunción de legalidad de tal decisión no puede ser desvirtuada con fundamento en alegaciones sobre apreciaciones de carácter interpretativo que exceden el alcance de las exigencias estatutaria y de la convocatoria pues no solo representaría contrariar el principio pro homine (que coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre (C. Const., Sent. T-284/06), que ampara el derecho del elegido, sino también lesionar “el legítimo derecho a elegir” que ejerció la autoridad electoral.
A partir de estas precisiones la Sala pasa a analizar la prueba documental que reposa en el expediente con la cual el demandado, señor Carlos Arturo Robles Julio, consideró que demostraba la experiencia mínima para inscribirse válidamente y optar a ser legítimamente elegido Rector de la Universidad de La Guajira.
Como las certificaciones y constancias que aportó el demandado en su inscripción ante la Universidad para participar en la elección de rector se refieren a espacios de tiempo laborado, períodos algunos inferiores a un año, se requiere contabilizar la sumatoria de éstos en días, para determinar si acreditó el tiempo mínimo de 5 años de experiencia administrativa que exigen el artículo 26 de los Estatutos de la Universidad y el artículo 2º de la convocatoria. Y como los meses del año no tienen la misma duración, de conformidad con lo que dispone el artículo 67 del Código Civil, en concordancia con el 59 de la Ley 4ª de 1913, debe entenderse que el plazo del año equivale a 365 días. Entonces, a términos de la convocatoria 003 de 2009, los aspirantes debían acreditar un mínimo de 1.825 días de experiencia.
En este sentido se recuerda que el a quo sólo encontró probados 1.641 días de experiencia profesional administrativa del señor Carlos Arturo Robles Julio, conclusión a la que llegó con la siguiente cuenta:
• La certificación que obra al folio 535 del cuaderno de anexos no especifica el cargo desempeñado, pues sólo contiene el tiempo laborado. Tal omisión impide saber qué clase de actividad fue la que desarrolló. Por tanto, esos 273 días no deben tenerse en cuenta.
• En algunas certificaciones existe superposición de tiempos por un período de 54 días, que también deben descontarse.
Entonces la discusión que plantean los apelantes se circunscribe a que se debió reconocer validez a la prueba documental sobre la experiencia profesional administrativa: la certificación visible en el folio 534(7) del cuaderno de anexos, y la certificación de Cámara de Comercio de La Guajira de 16 de marzo de 2009 relativa a que el demandado fue designado como Gerente de varias sociedades.
El texto de estos documentos, que fueron aportados al expediente en copia auténtica, es el siguiente:
“Captamos LTDA
Inmobiliaria, captación, administración de cartera, asesorías jurídicas e información comercial
El gerente general de Captamos LTDA
Que el doctor Carlos Arturo Robles Julio, identificado con la cédula de ciudadanía número 84.032.882 expedida en Riohacha, labora en esta entidad desde el 1 de agosto de 2000 hasta la fecha con una asignación mensual de $ 1.300.000
La presente se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de mayo del 2001.
(firmado) Gerente” (fl. 534, cdno. de anexos).
De esta manera, la certificación da cuenta que el demandado prestó sus servicios a una empresa que en virtud del carácter de su objeto social, se dedica a actividades como la inmobiliaria, captación y manejo de cartera y la de información comercial, las cuales permiten inferir que conllevan o tienen inmersa una naturaleza administrativa.
Además al confrontarse este documento con la hoja de vida que el señor Carlos Arturo Robles Julio presentó al momento de inscribirse como aspirante a la selección de terna para la elección del rector de la Universidad de La Guajira período 2009-2013 según formato diligenciado y visible al folio 501 del cuaderno de pruebas, el entonces candidato señaló como parte de su experiencia, la siguiente:
“Captamos LTDA. Director Administrativo. Agosto 1 de 2000 hasta agosto 2002. Riohacha” (fl. 506, cdno. pruebas).
Apreciados en su integridad y conjuntamente esos dos documentos bajo la óptica de la buena fe y en una lógica razonable, ello permite deducir sin contratiempos que al demostrar haber laborado en la empresa Captamos Ltda. en el cargo de director administrativo, dicho tiempo vale para acreditar experiencia profesional administrativa en lo que corresponde al lapso que se hace constar, esto es, del 1 de agosto de 2000 hasta el 4 de mayo de 2001, equivalente a 274 días.
En lo que corresponde al “certificado especial” de la Cámara de Comercio de La Guajira, se expidió en los siguientes términos:
“Cámara de Comercio de la Guajira
Nombre o razón social: Robles Julio Carlos Arturo
Fecha de solicitud: 11/03/2009
Sede: 01 Riohacha
Tipo de certificado: especial
Nombre del solicitante: Carlos Arturo Robles Julio C.C.: 84.032.882 de Riohacha
La Cámara de Comercio de la Guajira, con fundamento en la matricula e inscripciones del registro mercantil,
Que el señor Carlos Arturo Robles Julio indentificado (sic) con C.C. 84.032.882 de Riohacha fue escogido como director ejecutivo (gerente) de la empresa Sales de Manaure Saldema EAT, esto mediante acta de constitución de fecha 5 de febrero de 2004, dicha empresa se matriculó en la Cámara de Comerico (sic) de la Guajira el día 09 de febrero de 2004 bajo el numero de matricula 83988 y con el NIT: 825.003.382-5.
Que el señor carlos Arturo Robles Julio fue escogio (sic) como gerente de la empresa Escodrilling Leda mediante escritura pública # 1063 de (sic) fecha 9 de octubre de 2001, dicha empresa de matriculó en la Cámara de Comercio de La Guajira bajo el Nº 76569 del 8 de marzo de 2007 con el NIT: 825002.249-9.
Que el señor Carlos Arturo Robles julio fue escogido como gerente de la empresa Saldemar E.U. mediante documento privado de fecha 25 de octubre del año 2007, la empresa se matriculó en la Cámara de Comercio de La Guajira bajo el número 98758 del 26 de octubre de 2007 con el NIT: 900.181.351-0.
Riohacha, 16 de marzo de 2009 (firmado) “jefe de registro”” (fl. 554 del cdno. pruebas).
De esta manera la Cámara de Comercio de La Guajira certificó que el señor Carlos Arturo Robles Julio fue escogido como director ejecutivo y gerente, en tres sociedades distintas, así:
• Gerente de Escodrilling LTDA. el 9 de octubre de 2001.
• Director ejecutivo de Saldema EAT el 5 de febrero de 2004.
• Gerente de Saldemar E.U. el 25 de octubre de 2007.
Adicionalmente, como resultado del auto para mejor proveer del 19 de agosto de 2010, la empresa Saldemar E.U. (única existente para el momento en que se ordenó la prueba), corroboró que el señor Carlos Arturo Robles Julio se desempeñó como gerente de esa empresa “desde el 26 de octubre de 2007 hasta el 10 de abril de 2009”, en actividades de tipo administrativo como usar la firma o la razón social, designar los empleados y señalarles su remuneración, y en general, representar a la sociedad en todos los casos (fl. 505 cdno. ppal.).
En cuanto a la experiencia como gerente en la empresa Escodrilling, la certificación especial de la Cámara de Comercio debe concatenarse con la hoja de vida que el señor Robles Julio presentó al momento de su inscripción, que da cuenta que en esa empresa laboró desde el 9 de octubre de 2001 hasta marzo de 2007.
Igual ocurre con lo que se registra en la certificación de Saldema EAT, que junto con lo que se informó en la hoja de vida, conducen a tener por cierto que el demandado laboró como director ejecutivo desde el 5 de febrero de 2004 hasta la fecha en que se inscribió como candidato a rector.
No se requiere mayor esfuerzo para considerar que en la condición de gerente o como director ejecutivo, se tienen a cargo funciones administrativas que le son propias a la naturaleza de un cargo gerencial. Y esta clase de facultades se asimilan en alto grado a las que certifica la empresa Saldemar E.U. Y no es admisible concluir que como en la certificación no se especificó en concreto cuáles funciones ejerció, ello signifique que no fueron desempeñadas. Tal deducción equivaldría a que un gerente o director de una empresa haya permanecido en el cargo durante 5 años, pero sin desarrollar ninguna atribución, apreciación que pertenecería al campo de lo absurdo.
A esta consideración debe agregarse el razonamiento de que en el sector privado donde el demandado demostró detener su mayor experiencia, no se exige existencia de manual de funciones ni ejercicio de autoridad, lo cual ratifica el concepto de que quien gerencia, administra.
Ahora bien, como algunos de los tiempos así acreditados están superpuestos, deben tomarse como períodos laborados sólo los siguientes:
Desde el9 de octubre de 2001 hasta el 10 de abril de 2009, que equivalen a 5 años y 6 meses, es decir, 3.060 días. Si a ello le sumamos los 274 días que laboró en Captamos LTDA. (ago. 1º/2000 a mayo 4/2001), nos arroja un subtotal de 3.334 días.
Teniéndole en cuenta solamente este tiempo el demandado acreditaría, con creces, el requisito mínimo de experiencia previsto en la Convocatoria 003 de 2009, equivalente a 5 años.
Esa experiencia se acrecienta con otro período que halló probado el Tribunal y frente al cual no existe reparo alguno, referido al cargo de Asesor de la Secretaría de Minas, Energía y Medio Ambiente entre el 25 de septiembre de 1997 y el 3 de enero de 1998, que arroja experiencia por 99 días.
La experiencia que acredita en entidades como el IPSI Supula Wayuu, Comercializadora Internacional Pinalco y Uniguajira, si bien demuestra también la experiencia específica exigida, sin embargo no se suma, debido a que los períodos laborados se superponen con los ya certificados y valorados.
En resumen, se estableció que el demandado cuenta con experiencia profesional administrativa por haber laborado en los siguientes períodos:
• Del 25 de septiembre de 1997 al 3 de enero de 1998: 99 días
• Del 1º de agosto de 2000 al 4 de mayo de 2001: 274 días.
• Del 9 de octubre de 2001 al 10 de abril de 2009: 3.060 días.
Esta comprobación ocasiona que se considere que el fallo apelado no acertó cuando no concedió valor probatorio a tales documentos que válidamente acreditan la experiencia profesional administrativa del elegido.
Ahora bien, como en el inicial proyecto de sentencia que no obtuvo aprobación se estudió únicamente este cargo, pues al encontrarlo probado relevó de analizar los demás que la demanda planteó, situación que ahora no acontece, debe la Sala examinar también el segundo reproche que el tribunal encontró probado y que igualmente es objeto de apelación por el demandado y por la universidad: haber convocado la elección de terna para seleccionar Rector, con un término menor al mínimo exigido.
Así mismo debe decidirse la apelación que propuso el demandante contra la sentencia de primera instancia, en los aspectos denegatorios de las pretensiones.
b. Expedición de la convocatoria.
Según los demandantes, el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, por el cual se convoca a la selección de la terna a rector para el período 2009-2013, no se expidió con los dos meses de antelación de que trata el artículo 28 de los Estatutos de la Universidad (Acuerdo 025 de 1996), norma que consideran, se infringió.
El texto del artículo 28 de los Estatutos de la Universidad de La Guajira —Acuerdo 025 de 1996—, norma que se dice infringida por el Acuerdo que convocó a elección, es del siguiente tenor:
“ART. 28.—Procedimiento para la designación. El Consejo Superior, con dos (2) meses de anticipación, convoca a la elección de la terna para designar Rector y establece los mecanismos de ésta, los cuales deben ajustarse a los procedimientos legales sobre la materia.
PAR.—En caso de renuncia o de remoción del rector titular, el Consejo Superior designará un rector encargado y convocará a elecciones en un plazo máximo de dos (2) meses”.
Aunque objetivamente es verdad que ni entre el 11 de marzo de 2009 (fecha de la convocatoria) y el 18 de abril del mismo año (fecha en que se eligió la terna de la cual se designó Rector), ni entre el 11 de marzo de 2009 y el 4 de mayo siguiente (fecha en que se terminaba el periodo del rector) median dos meses sino un lapso inferior, ocurre que ante la claridad y precisión plenas de que adolece el artículo 28 estatutario respecto a lo que en estricto sentido ha de entenderse por “dos (2) meses de anticipación”, es decir, que existe vacío respecto a cuál el alcance real de esta exigencia ya que no se señala con 2 meses de anticipación a qué situación, la hermenéutica de este requisito no puede interpretarse únicamente bajo el criterio temporal.
En este orden de ideas, podría incluso llegar a pensarse en una tercera interpretación y es la que corresponde a que la invitación o convocatoria debe hacerse dentro de los dos meses anteriores a la elección o al vencimiento del período.
Esta tercera opción de entendimiento de tal requisito presenta coherencia con lo que dispone el parágrafo del mismo artículo 28 de los Estatutos que señala para el evento de renuncia o de remoción del rector que se designará un rector encargado y se “convocará a elecciones en un plazo máximo de dos (2) meses”.
Así, bajo esta óptica, no es posible asegurar, con carácter definitivo, que la intención que el Consejo Superior plasmó en el artículo 28 de los Estatutos haya sido establecer un tiempo mínimo para convocar a la elección de la terna de la que se designaría Rector. Porque también tiene cabida la posibilidad de que el propósito pretendido con el señalamiento del término de los dos (2) meses de anticipación corresponda a la finalidad de establecer ese período como el tiempo máximo para llevar a cabo el pertinente trámite de elección.
Aunado a lo anterior, establecer cuál fue la incidencia que en el trámite de elección representó el hecho de que la Universidad no atendiera, bajo la interpretación del Tribunal, con la anticipación exigida la convocatoria para la conformación de terna, impone que se analicen también otros factores, especialmente, si el cronograma que adoptó este ente en la convocatoria, fue razonable y si la invitación cumplió o no el propósito para el cual se expidió.
En el Acuerdo 003 de 2009 se adoptó el siguiente cronograma para la elección del rector de la universidad, para el período 2009-2013:
Publicación Acuerdo convocatoria de elección de la terna de candidatos a la Rectoría
12 y 13 de marzo de 2009 (medios masivos de comunicación)
Publicación resolución página web
13 de marzo de 2009 en adelante y mínimo hasta la fecha de remisión de la terna de candidato a rector 8 a.m.
Instalación del Comité de Garantías democráticas y posesión de sus miembros
16 de marzo de 2009 9:00 a.m. (los nombres de los representantes se deberán entregar antes de esta fecha en la Secretaría General).
17 de marzo de 2009 8:00 a.m.
Del 17 al 20 de marzo de 2009 9:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Secretaría General de la Universidad de La Guajira
Publicación lista de admitidos y no admitidos como candidatos
Marzo 24 del 2009 8:00 a.m. secretaría general
Recepción de impugnaciones
Hasta el 25 de marzo del 2009 6 pm
Resolución de impugnaciones inscripciones
Marzo 27 del 2009 6:00 p.m.
Foro de presentación de programas de gestión de los candidatos en la Universidad de La Guajira sede central jornada diurna
Marzo 30 de 2009 9:00 a.m.
Foro de presentación de programas de gestión de los candidatos en la Universidad de La Guajira sede central jornada nocturna
Marzo 31 de 2009 8:0 a.m.
Foro de presentación de programas de gestión de los candidatos en la Universidad de La Guajira extensión Maicao
Abril 2 de 2009 9:00 a.m.
Foro de presentación de programas de gestión de los candidatos en la Universidad de La Guajira - extensión Fonseca
Abril 2 del 2009 4:00 p.m.
Consulta a los candidatos sobre los nombres de los jurados, testigos y delegados de escrutinios
Abril 3 de 2009 6:00 p.m.
Definición de mesas y sitios de votación
Elecciones y escrutinios
Abril (13) del 2009 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (elecciones). 4:00 p.m. en adelante escrutinios
Recepción de impugnación de los escrutinios
Hasta abril 14 del 2009 6:00 p.m.
Resolución de impugnación de escrutinios
Abril 16 de 2009 6:00 p.m.
Proclamación de la terna
Abril 17 de 2009 8:00 a.m.
Remisión de la terna de candidato a Rector
Abril 17 de 2009 9:00 a.m. Secretaría General
Proceso de designación por parte del Consejo Superior
Abril (18) del 2009 sesión permanente desde las 8:00 a.m.
La programación aquí contenida permite a la Sala apreciar que fue clara, suficiente y proporcional en las etapas sucesivas en que se señaló, y no se conoce del expediente, que alguno de los aspirantes o que terceras personas reclamaran inconformidad con los tiempos adoptados.
Tampoco hay prueba que se presentaran impugnaciones contra los resultados de los escrutinios, tal y como se desprende de las consideraciones del Acuerdo 005 del 23 de abril de 2009 mediante el cual se designó al demandado como rector de la Universidad (fl. 79, cdno. 1).
Como el período de quien entonces ejercía el cargo de rector vencía el 4 de mayo de 2009, haber convocado la Universidad el día 11 de marzo de 2009 la selección de la terna a rector, se aprecia razonable en el propósito que se infiere la inspiró, de iniciar el trámite de elección de la persona que debería remplazarlo.
La convocatoria a elecciones que ahora se acusa de ilegal, cumplió con la finalidad para la cual fue expedida, como quiera que el proceso de inscripciones según se aprecia se llevó a cabo sin contratiempos al igual que el de votaciones, de escrutinios, de adopción de la terna y el de designación.
Por último, tampoco obra prueba en el sentido de que la convocatoria efectuada por Acuerdo 003 de 2009 favoreciera a algún aspirante en detrimento de otro, o que impidiera la aspiración de alguna persona. Todos los interesados en ésta tuvieron igualdad de oportunidades para participar, situación que indica carencia de lesión al derecho a la igualdad. De la misma manera no se advierte ánimo alguno por parte del ente universitario en acelerar la designación del rector, pues según el cronograma dicho proceso se inició a las 8:00 a.m. del 18 de abril de 2009, fecha a partir de la cual el Consejo Superior de la Universidad sesionó en forma permanente, y sólo hasta el 23 de abril de 2009 se tomó la decisión de designarlo, que recayó en cabeza del demandado doctor Carlos Arturo Robles Julio.
No sobra poner de presente que ni la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior” ni otra disposición de orden legal o reglamentario establecen cuál debe ser el término con el cual se deba hacer una convocatoria a la elección de rector de una universidad estatal. El artículo 66 de la citada ley únicamente consagra que la “designación, requisitos y calidades” del rector se reglamentarán en los respectivos estatutos, pero no señala ninguna directriz en torno a la oportunidad y la forma de convocar a esta clase de elección.
En consecuencia, para la Sala, la falta de claridad del artículo 28 estatutario acerca de la manera como debe entenderse con referencia a qué situación precedan los dos (2) meses de antelación con los que debe convocarse a la elección de terna, aunado ello a la inexistencia de una norma legal o reglamentaria que defina el punto, la legitimad del acto demandado —Acuerdo 005 de 2009— no puede verse afectada.
Es reiterativa la jurisprudencia cuando considera que el sólo desfase de términos no constituye en sí mismo, para todos los casos, vicio que anule el acto, si tal inconsistencia no va acompasada con haber incidido en afectar derechos fundamentales de los participantes.
Entonces, por no encontrar acreditado tampoco este segundo cargo, se impone que la sentencia apelada se revoque en su integridad.
3. Sobre el recurso de uno de los demandantes.
Queda por examinar lo que concierne a la apelación que ejerció el demandante Luis Roberto Alguero, que si bien no la sustentó, dijo interponerla frente a los ordinales primero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, decisiones que señala, le fueron desfavorables a sus pretensiones.
El Tribunal, con fundamento en la sentencia del 19 de noviembre de 2009 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, señaló que el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2009, que convocó a elección para la selección de la terna a rector de la Universidad de La Guajira, es un acto de trámite no susceptible de control judicial, y por ello en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia decidió inhibirse para pronunciarse de fondo sobre el mismo.
Al respecto la Sala reitera que efectivamente, de conformidad con el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la nulidad de una elección, debe demandarse precisamente el acto por medio del cual se declara la elección, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecta a estos(8).
En este caso se pretendió la nulidad del acto que designó rector de la Universidad de La Guajira, para el período 2009-2013, al doctor Carlos Arturo Robles Julio, esto es, el Acuerdo 005 del 23 de abril de 2009.
Es de recibo estimar, como lo hace la demanda, que el acto de elección adolece de vicio y debe anularse pues surgió al mundo jurídico afectado porque la convocatoria de la cual deriva fue irregular.
Pero lo que si riñe con el contencioso electoral y con la jurisprudencia de la Sala, es pretender una declaratoria expresa de nulidad del acto que abrió la convocatoria pues claramente se trata de un acto que es de trámite y que no contiene la elección o la designación. Por lo tanto, se impone confirmar la sentencia del Tribunal en el ordinal primero que declaró probada oficiosamente la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda en cuanto reclama declarar nulo el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de La Guajira “Por el cual se convoca a elección para la Selección de la terna a Rector de la Universidad de La Guajira, para el período estatutario 2009-, y, en consecuencia, se declaró inhibido para proferir pronunciamiento de mérito.
En el ordinal cuarto de la sentencia apelada se expresa que se deniegan las demás súplicas de la demanda en atención precisamente a esta petición de nulidad del Acuerdo 003 de 2009.
En este orden de ideas, se confirmará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y se revocará en lo demás. En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
1. Confírmase el ordinal primerode la sentencia del 17 de marzo de 2010 del Tribunal Administrativo de La Guajira, que declaró probada oficiosamente la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda en cuanto se dirigió contra el Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de La Guajira “Por el cual se convoca a elección para la Selección de la terna a Rector de la Universidad de La Guajira, para el período estatutario 2009-2013”, y se declaró inhibido para emitir fallo de fondo sobre el particular.
2. REVÓCASE la sentencia del 17 de marzo de 2010 del Tribunal Administrativo de La Guajira, en los ordinales segundo y tercero. En su lugar, se dispone:
NEGAR las pretensiones de las demandas.
3. DEVUÉLVASEel expediente al tribunal de origen, una vez quede en firme esta sentencia.
1. De la acreditación de la experiencia profesional administrativa o docente universitaria del demandado.
El literal c) del artículo 26 de los estatutos de la Universidad de la Guajira, prescribe:
c) Acreditar experiencia profesional administrativa o docente universitaria mínima de cinco (5) años”.
El artículo 2º de la convocatoria que se realizó para ese efecto, señala sobre el tema concreto de la experiencia:
La experiencia en el campo docente se acredita con las certificaciones que para el efecto expidan las universidades debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional. La experiencia en el campo administrativo se acredita con las constancias respectivas.
Si bien es cierto, ninguna de estas normas prevé la forma en que se deben presentar las certificaciones para probar la experiencia exigida, no lo es menos el hecho de que éstas sí deben dar cuenta de la experiencia requerida, es decir, que no importa la forma en que éstas se elaboran siempre y cuando sustancialmente acrediten que la experiencia profesional es en efecto profesional administrativa, y que la experiencia docente es en efecto docente universitaria. De modo que no basta, para el caso, que se pruebe cualquier experiencia profesional o docente, puesto que como surge del tenor literal de las normas transcritas ésta debe ser cualificada.
Ahora bien, consecuencia natural de esta precisión es que, más allá de que meramente se identifique el nombre del cargo que el aspirante desempeñó, lo cual no deja de ser necesario, lo importante es que se indiquen las funciones y labores que dicho aspirante realmente cumplió, con el propósito de establecer si éstas en verdad lo nutrieron en la experiencia que se exige. Por supuesto, lo anterior lleva implícita la también consecuencia natural de que se indiquen los períodos de tiempo durante los cuales se adquirió tal experiencia.
Luego, aunque las normas no precisan la forma en que se deben diligenciar las certificaciones con las que se prueba la experiencia requerida, de la propia concepción de experiencia profesional administrativa y de experiencia docente universitaria, y del mismo ejercicio probatorio de éstas, sin lugar a dudas quedan expuestos los contenidos mínimos de dichas constancias para cumplir su finalidad demostrativa.
En este sentido, se recuerda que el a quo, de los 1.825 días equivalentes a los 5 años de experiencia exigida en los estatutos universitarios y en la convocatoria, sólo entendió probados 1.641 días de experiencia profesional administrativa del demandado.
Luego, la discusión que plantean los apelantes se circunscribe a un asunto de valoración de pruebas: valoración de la certificación visible en el folio 535 del cuaderno de anexos, la cual descartó el tribunal porque no era posible determinar la experiencia profesional administrativa; y valoración de la certificación de Cámara de Comercio de la Guajira de 16 de marzo de 2009, que probaría que el demandado fue designado Gerente de varias sociedades, la cual ni siquiera fue tenida en cuenta en primera instancia.
El texto completo de estos documentos, que fueron aportados al expediente en copia auténtica, es el siguiente:
Riohacha, 16 de marzo de 2009 (firmado) “jefe de registro”” (fl. 559 del cdno. de anexos).
Revisado el contenido de estas certificaciones, considero que con ellas no se prueba alguna “experiencia profesional administrativa”, como lo aseguran los apelantes. En efecto, al examinar el primer documento, lo único que queda claro es que desde el 1º de agosto de 2000 hasta el 4 de mayo de 2001, el señor Carlos Arturo Robles Julio trabajó para una sociedad limitada dedicada, entre otras, a actividades inmobiliarias, y que tenía como asignación mensual $ 1.300.000.oo; pero en modo alguno se logra establecer cómo allí adquirió experiencia profesional administrativa pues no se determina cuáles fueron sus labores ni sus funciones.
Similar conclusión surge al revisar el segundo documento, porque la Cámara de Comercio de la Guajira solo certificó que el señor Carlos Arturo Robles Julio fue escogido como Gerente, en tres sociedades distintas, en las siguientes fechas: 9 de octubre de 2001, 5 de febrero de 2004 y 25 de octubre de 2007.
Empero, más allá de que se deba presumir o no que la condición de Gerente, como la certificada, proveyó al demandado de experiencia profesional administrativa, lo cierto es que el documento no informa sus funciones, ni certifica los períodos de tiempo durante los cuales el señor Robles Julio fungió en esos cargos, lo cual como se dijo es indispensable para cumplir los requisitos de experiencia para ser rector. Lo único que prueba es que en esas oportunidades fue nombrado gerente.
La omisión anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que señor Robles Julio, en la hoja de vida que presentó al momento de inscribirse para la elección de la terna electoral (fls. 501 a 507 cuaderno de anexos) reseñó los periodos de tiempo en los que cumplió dicha labor:
“Sales de Manaure. Gerente. Febrero 2004- a la fecha. Manaure.
Escodrilling LTDA. gerente - consultor. Octubre de 2001 a marzo de 2007. Riohacha.
Saldemar E.U. Gerente. Octubre 2007- a la fecha. Riohacha.
(...)”. (fl. 506, cdno. de anexos).
Luego, el hecho de que la certificación de la Cámara de Comercio solamente informara las fechas en que fue nombrado Gerente, no prueba que durante los lapsos que se dice haber cumplido esa labor, en efecto lo hiciera; con lo cual quedan sin respaldo los asertos de la hoja de vida. Por estas razones, se concluye que estos documentos no pueden ser tenidos en cuenta para acreditar la experiencia requerida por los estatutos de la universidad y la convocatoria (Acuerdo 03).
Por otra parte, examinados los demás documentos que obran en el expediente, tampoco está probado que el demandado haya cumplido material y realmente funciones administrativas gerenciales y los tiempos durante los cuales lo hizo.
2) De los documentos aportados en cumplimiento del auto dictado para mejor proveer en esta instancia.
Con el ánimo de esclarecer los hechos en controversia, en esta instancia se dictó auto de mejor proveer en el se le solicitó a Saldemar E.U. certificaciones y documentos que demostraran que el demandado efectiva y materialmente sí había cumplido funciones administrativas y gerenciales.
No obstante, en respuesta a este requerimiento, fueron aportados documentos tales como una certificación de experiencia profesional del demandado suscrita por Edgar Robles Cervantes quien dice ser el “Coordinador General Encargado de la Gerencia” de Saldemar E.U. (fls. 503 y 504), calidad que no está debidamente acreditada pues no aparece la respectiva anotación en el certificado de Cámara de Comercio que de dicha persona jurídica se aporta al expediente.
Además, Saldemar E.U., empresa unipersonal, remitió dos contratos individuales de trabajo, suscritos entre esta empresa dicha representada por el demandado y dos personas para cumplir funciones de Contador y el otro para expedición de “actos de nombramiento de personal”
En adición, certificados de terceros, expedidos todos el 1º de septiembre de 2010, en los que se dice que Saldemar E.U. tuvo relaciones comerciales con ellos para la provisión de sal molida.
Al respecto, es de la mayor importancia resaltar que cuando la Universidad de la Guajira valoró la experiencia y las hojas de vida de los candidatos aspirantes a Rector, sólo pudo tener en cuenta los documentos y certificaciones que, en la oportunidad legal prevista en la convocatoria, los aspirantes aportaron para acreditar la experiencia exigida por los Estatutos Generales de la institución. Pero en verdad, por obvias razones la Universidad no pudo evaluar los documentos que —con posterioridad— se allegan a este proceso, resultado del auto de mejor proveer.
La anterior reflexión impone reconsiderar que el juez en esta instancia no puede validar o invalidar la actuación administrativa de la universidad con apoyo en pruebas y documentos nuevos que en su momento no fueron aportadas por el candidato y por ello no estuvieron a disposición de la entidad para optar por la decisión ahora impugnada.
Adicionalmente los documentos y certificaciones allegadas en este evento no acreditan con suficiente claridad y certeza el ejercicio de “funciones administrativas” en cuanto a la experiencia exigida por los Estatutos de la universidad y la convocatoria, para lo cual se destaca que provienen de un Gerente “encargado” cuyo encargo no está debidamente registrado en la Cámara de Comercio de Riohacha; y también documentos de terceros que aluden a la “actividad comercial”, pero nada en relación con la “experiencia administrativa” cualificada que exigen los Estatutos y la Convocatoria.
Concatenado con lo expuesto, nótese que la eventual valoración de las pruebas allegadas al expediente, por esta vía, conduciría a poner al demandado en mejores condiciones en relación con sus contendores en el concurso de méritos pues frente a ellos tendría pruebas nuevas y nuevas oportunidades para hacerlas valer, frente a las que tuvieron los demás concursantes en detrimento al derecho de igualdad, lo cual no puede ser prohijado por el juez.
Así las cosas, acreditados solo 1.641 días (frente a los cuales no se formuló oposición) de los 1.825 días, equivalentes a los 5 años, exigidos por el artículo 26 literal c) del Acuerdo 025 de 1996, no hay duda de que el señor Carlos Arturo Robles Julio no cumplió con los requisitos y calidades para ser designado Rector de la Universidad de la Guajira, de modo que su nombramiento violó el citado artículo 26.
Por lo expuesto, considero que este cargo estaba llamado a prosperar y, en consecuencia, se debió confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira.
En estos términos dejo sentada mi posición frente a la decisión adoptada por la Sala.
Mauricio Torres Cuervo.
(5) Ver entre otras Sentencias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las de 16 de enero de 2003, Radicación 3051, y de 20 de septiembre de 2002, Radicación 2934.
(6) “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, y “Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”, respectivamente.
(7) El tribunal, en la sentencia, erradamente señaló que la prueba estaba en el folio 535 del c. anexo.
(8) Sobre el tema, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 6 de mayo de 2010, Exp. 00021; del 22 de octubre de 2009, Exp. 00026.