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Timestamp: 2017-12-11 00:38:48
Document Index: 15213945

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 30', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 75', 'artículo 23', 'artículo 87']

DOCUMENTO CONPES by veronica tabares - issuu
BASES DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD NACIONAL 2008-2010
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Cultura Superintendencia de Industria y Comercio Dirección Nacional de Derecho de Autor Instituto Colombiano Agropecuario Colciencias DNP: DDE
Bogotá, DC., 14 de julio de 2008
La creación y producción intelectuales están determinadas, entre otros factores, por el uso del conocimiento disponible en el Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) y el logro de niveles óptimos de protección y respeto de sus derechos. El objetivo de las bases propuestas en este documento es potenciar el impacto de esta relación sobre la competitividad nacional y la productividad de sus agentes económicos, sin desconocer el equilibrio que debe existir entre los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y los usuarios del conocimiento o los bienes protegidos.
El conocimiento es en el siglo XXI un recurso crucial entre los múltiples determinantes de la competitividad de un país. La generación de valor con base en la creación intelectual, es decir, la producción de conocimiento, así como el uso del conocimiento disponible, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de insertarse adecuadamente en mercados competitivos. La Propiedad Intelectual, entendida –como se verá más adelante- en su sentido más amplio, es una herramienta de incentivo a la producción y creación intelectuales y, por tanto, una herramienta disponible por las naciones para contribuir al logro de grados superiores de competitividad y productividad.
En este sentido, se justifica crear las bases de una política pública de Propiedad Intelectual consistente con los desarrollos que en la actualidad viene adelantando el Gobierno Nacional en el seno de la Comisión Nacional de Competitividad y Productividad 1 . Se trata, entonces, de que las bases del plan de acción de corto y mediano plazo aquí propuesto ponga en marcha un nuevo arreglo institucional en el que las entidades vinculadas al mismo actúen de manera coordinada en la dirección de una meta común: crear condiciones óptimas para formular e implementar una política de Propiedad Intelectual acorde con la estrategia de desarrollo productivo en proceso de formulación, que redunde en el fortalecimiento de la confianza del empresariado en el Sistema de Propiedad Intelectual (SPI).
La propiedad intelectual involucra la protección del producto de los actos de creación de los seres humanos en variados campos de la ciencia, la tecnología y la industria, así como en el campo de la creación literaria y artística. Jurídicamente su protección se otorga a través de diferentes áreas: el derecho de autor, la propiedad industrial y los derechos de obtentores de variedades vegetales. Cada uno de estos regímenes corresponde a la naturaleza de su materia, por lo cual incluyen distintos principios, reglas y formas de aplicación.
Los países más competitivos son a su vez los que producen mayor conocimiento patentable 2 entendiéndose éste como una proxy de la creación y producción intelectuales 3 (Gráfico 1).
La producción de conocimiento patentable parte, entre otros, de la utilización del conocimiento disponible para orientar los esfuerzos, tanto humanos como económicos, hacia la innovación basada en los avances técnicos disponibles. Este aprovechamiento, que beneficia la productividad y la competitividad de las empresas, debe ir acompañado de las ventajas que para el innovador se derivan de la protección de su creación.
Japan United States Israel Switzerland Germany Korea Canada Singapore France United Kingdom Ireland Hong Kong
Spain Slovenia Hungary
Malaysia Croatia Czech Republic South Africa
Russia Lithuania Costa Rica Argentina Chile Brazil Venezuela China India Ecuador Colombia Thailand Peru
Número de patentes otorgadas por millón de personas [Log]
Gráfico 1 Los países más competitivos son a su vez los que producen más patentes Patentes otorgadas vs. Índice Global de Competitividad 2006-2007
Puntaje-Índice Global de Competitividad 2006-2007
Fuente: World Economic Forum. El coeficiente de correlación (R cuadrado) entre las dos variables es igual a 0.806.
En Colombia existe un marco normativo abundante en materia de propiedad intelectual, el conjunto de normas internas, de aplicación regional y de tratados internacionales genera niveles óptimos de protección. Sin embargo, las constantes infracciones a estos derechos perjudican a sus titulares, a la cultura y a la economía del país en general, y evidencia la falta de acciones dirigidas a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).
En particular, la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Word Economic Forum, 2006-2007. La muestra tiene un total de 125 países. 3 Es importante señalar que esta fue la única proxy encontrada para producción-creación de conocimiento. 2
En este sentido, existe una relación directa entre la protección de los DPI -garantías que un país le ofrece al titular de un derecho al registrar su bien intangible- y el dinamismo de la generación de conocimiento patentable (Gráfico 2).
Al mismo tiempo, es necesario implementar acciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad con el objeto de generar una cultura de respeto a dichos derechos y a promover el aprovechamiento por parte de los titulares de las herramientas legales que brinda el sistema.
Para ello, el aparato institucional requiere fortalecerse y articularse con miras a incentivar la investigación y la producción de nuevas creaciones aprovechables con fines productivos, generar un clima de seguridad para la inversión, crear las condiciones que conduzcan a la reducción de la brecha tecnológica que nuestro país presenta en comparación con países desarrollados y facilitar el aprovechamiento de las potencialidades que el país posee en materia de biodiversidad.
Gráfico 2 Existe una relación positiva entre la observancia y el conocimiento patentable Protección de la propiedad intelectual vs. Patentes otorgadas 2006-2007
S. Africa Malaysia
Spain Hungary Slovenia Cyprus
Colombia Brazil China
Korea Italy
Germany Switzerland United Kingdom Singapore France Japan Canada United States Hong Kong Israel Ireland
Zimbabwe Peru
Argentina Ecuador Russia
Fuente: World Economic Forum. El coeficiente de correlación (R cuadrado) entre las dos variables es igual a 0.74.
Adicionalmente, existen otros factores vinculados directamente con la generación de conocimiento patentable, tales como la relación estrecha entre universidad – empresa, el mayor gasto tanto público como privado en Ciencia y Tecnología (C&T), el número de instituciones de investigación científica y las empresas con capacidades de investigación, desarrollo e innovación. Países como por ejemplo los tigres asiáticos, han mejorado su competitividad a través de la generación de conocimiento patentable y la protección de los DPI.
De igual manera es preciso anotar que el comercio de bienes y servicios culturales ha crecido exponencialmente en las dos últimas décadas y que los productos de las industrias creativas o industrias culturales o de entretenimiento, (libros, cine, música, productos de software, audiovisuales) comienzan a tener un impacto cada vez mayor en el PIB. Según el Banco Mundial la participación de las Industrias Creativas en el PIB mundial es del 7% 4 . El gráfico 3 muestra un grupo de países con niveles medios de ingreso, en los que hay una relación directa entre el ingreso bruto per cápita y las exportaciones de bienes culturales, en su mayoría protegidos por el derecho de autor.
Banco Mundial. “Urban Development Needs Creative: How creative industries affect urban areas. Development outreach”. November 2003.
Existe una relación positiva entre la exportación de bienes culturales y el nivel de ingresos de los Países
Fuente: UNESCO, International Flow for Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003, p. 11.
Los estímulos a la creación y producción intelectuales y al uso del conocimiento desde un punto de vista económico, así como la promoción de las herramientas legales disponibles, son los aspectos focales del Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) y el objeto del presente documento. La política en materia de propiedad intelectual debe contribuir de manera especial a atender las necesidades del país, basándose en un cuidadoso equilibrio entre los intereses de los titulares de DPI y los de la sociedad en general, partiendo de la base del nivel relativo del país en materia tecnológica y considerando la creciente competencia en los mercados derivada de las políticas de inserción comercial internacional.
La importancia económica y estratégica de la propiedad intelectual es un tópico que ningún país del mundo desconoce. Un tratamiento acertado de la propiedad intelectual incentivará la investigación y la producción de nuevas creaciones y generará un clima de seguridad para la inversión y en particular, de aquella destinada a la innovación.
La identificación de las fortalezas y debilidades del país en relación con la propiedad intelectual y sus efectos sobre el relativo atraso de la inversión en ciencia y tecnología, ha determinado la necesidad de implementar una política pública en la materia, que estimulen el uso efectivo de este Sistema en la creación y producción intelectuales desde sus respectivos ámbitos institucionales, así como en el establecimiento de mecanismos de comunicación y coordinación inter-institucional.
Este documento consta de dos partes. La primera presenta un diagnóstico agrupado, con fines expositivos en tres ejes o dimensiones interdependientes entre sí: creación y producción intelectuales, protección de las mismas y utilización del conocimiento con fines productivos.
En la segunda parte, se proponen seis estrategias con sus respectivas recomendaciones derivadas del diagnóstico.
En Colombia no existe una articulación formal entre las entidades relacionadas con la propiedad intelectual. A pesar de que subsisten diversas iniciativas de cooperación entre entidades, no hay un mecanismo permanente de comunicación y actuación conjunta entre estas entidades estatales. En el siguiente diagrama, se presenta un esquema de los principales actores del Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) Colombiano. El SPI Colombiano 5 comprende a los actores relacionados con el diseño de política, con el sistema jurídico, y la infraestructura de apoyo de las actividades en materia de administración, explotación y observancia de los derechos. A su vez, el Sistema integra a entidades de fomento y relacionadas como Ministerios, Colciencias y Sociedades de Gestión Colectiva, entre otras (ver gráfico 4 y anexo 1).
Dentro de los usuarios del SPI se encuentran las personas naturales (inventores aislados, autores, interpretes, artistas plásticos, programadores de sistemas, productores de cine y TV, periodistas, etc.), las empresas (PYMES, gran empresa nacional y multinacional), las instituciones académicas y centros de investigación tanto públicos como privados (Universidades, parques tecnológicos, incubadoras, centros de I & D, entidades gubernamentales, etc.). Son usuarios de sistema de PI ya que en su actividad, producen bienes protegibles por la propiedad intelectual o son usuarios de derechos de propiedad intelectual de propiedad de un tercero.
5 El término “Sistema” no se deriva de una creación formal como la obtenida de una ley, a diferencia de otros sistemas como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) o el Sistema Nacional Ambiental (SINA). El gráfico No.4 no necesariamente refleja las interacciones entre los actores del Sistema.
Gráfico 4 Sistema de Propiedad Intelectual Organización Institucional Derecho de autor y derechos conexos Diseño de política
Admon. de DPI
Creadores/ Productores de conocimiento Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Diseño de política exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Fiscalía General de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – DIAN – Policía Nacional
Entidades de fomento y relacionadas
DNDA Ministerio del Interior y de Justicia
Protección de Datos de Prueba INVIMA – ICA
Instituciones de investigación (universidades, centros y grupos de investigación, empresa privada), artistas, escritores, etc.
Ministerios: Cultura – Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Comercio, Industria y Turismo – Comunicaciones – Educación Colciencias – Sena – Comisión Nacional de Televisión – Artesanías de Colombia – Sociedades de Gestión Colectiva – Instituto Von Humboldt
Hogares, empresa privada, instituciones públicas
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN INTELECTUALES
En Colombia, se requiere fortalecer y ampliar las estrategias que promuevan la generación de conocimientos y el desarrollo de habilidades tendientes a estimular un espíritu hacia la creación artística, cultural, científica y tecnológica. Así mismo, las pocas estrategias existentes son dispersas, les falta coordinación, continuidad y seguimiento por parte de los diferentes entes públicos y privados.
De otra parte, el desconocimiento del alcance y contenido del derecho de autor y los derechos conexos impide a los titulares y usuarios de obras protegidas optar por modelos de negocio o alternativas de licenciamiento y uso que les permita dar respuesta a las condiciones y retos que el entorno digital y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han traído consigo. En otras palabras, la ausencia de conocimiento de dichos regímenes impide que titulares y usuarios diseñen acuerdos de uso y acceso, onerosos o gratuitos, a obras protegidas y que sean mutuamente beneficiosos.
1.1.1. Creación artística y literaria
Las industrias culturales agrupan, entre otras, la industria editorial de libros y música, los productores de fonogramas, revistas y periódicos, radio, cine y televisión, teatro, publicidad y programas de computador (software). Estas industrias generan demandas para otras industrias de manera directa o indirecta. Así por ejemplo, las obras literarias, al ser materia prima de la industria editorial, al mismo tiempo impulsan industrias manufactureras como la del papel, la litografía, la reprografía, y de entretenimiento como el teatro, la televisión y el cine, entre otras. Esto pone de relieve la importancia económica del derecho de autor y su impacto agregado en la economía.
Colombia ha sido un país pionero en la medición del impacto económico que tienen estas industrias mediante el sistema llamado “cuenta satélite” 6 . A través de este sistema se realiza un análisis de todas las industrias culturales en general, con el fin de establecer su participación dentro del PIB 7 . Esta medición desglosa sectorialmente el aporte de cada industria cultural al PIB y a la generación del empleo y muestra su efecto dinamizador en otros sectores complementarios a la producción cultural. Según estos cálculos, el peso del sector cultural y sus actividades conexas en el PIB colombiano en 2001 fue del 2,01%. Actualmente, el Ministerio de Cultura y el DANE están realizando la actualización de estos resultados.
No obstante, la metodología de la cuenta satélite no está dirigida concretamente a medir la participación económica de las industrias protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos. Razón por la cual, la DNDA, con el apoyo de la OMPI, realizó un estudio para establecer puntualmente la contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en el PIB, incluyendo además la medición de la participación de estas en el comercio exterior y su contribución en el empleo nacional. El resultado de este estudio mostró que la contribución de estas industrias en el PIB para el año 2005 fue de 3,3%. Es importante señalar que esta metodología es distinta a la de la cuenta satélite, por lo tanto los resultados aunque tienen algún grado de relación no son estrictamente comparables.
6 Este se inició en 2002 a través de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Cultura, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Convenio Andrés Bello y la DNDA. 7 En esta metodología se selecciona las industrias que tienen alguna participación en la actividad cultural.
Al igual que Colombia, muchos países se han interesado en determinar la participación de las industrias protegidas por el derecho de autor en el PIB, su contribución a la generación de empleo y su efecto dinamizador en otros sectores complementarios a la producción cultural (Gráfico 5).
Es importante resaltar que Colombia ha presentado un incremento en la producción de bienes culturales. El cuadro 1 muestra cómo durante el período 1994-2003, el país registró una balanza comercial positiva de bienes culturales, evidenciando un elevado potencial de competitividad frente a los países de América Latina. Razón por la cual el estímulo de la protección de los bienes culturales comercializados y la difusión del conocimiento de dicha protección es de especial relevancia para materializar dicho potencial en un incremento sustancial de los niveles de exportación de bienes culturales.
Gráfico 5 Participación de las industrias generadoras del derecho de autor en el PIB 12,0% 12% 10% 8%
4,8% 3,3%
2% 0% USA 02
México Colombia Australia 03
Finlandia Holanda Noruega 97
Fuente: DNDA (2008), "La contribución económica de las industrias del derecho de autor y los derechos conexos en Colombia".
Cuadro No. 1 Importaciones y exportaciones de bienes culturales en América Latina, 1994 – 2003 (miles de dólares) Países México
1.149.386,4
1.244.447,8
95.061,4
96.361,8
149.330,7
52.968,9
56.942,9
70.555,2
13.612,3
-1.869,3
1.950,8
-1.930,6
-3.031,0
-3.166,5
-3.335,2
4.720,6
-4.614,9
-4.658,0
11.932,6
-11.075,7
12.969,9
-11.431,3
16.793,2
-15.891,9
23.391,1
-20.959,0
60.729,5
30.085,2
-30.644,3
42.451,3
-35.819,0
53.352,6
15.172,3
-38.180,3
44.990,9
-44.888,0
99.491,3
51.333,8
-48.157,5
52.713,2
-52.230,7
73.525,8
2.369,9
-71.155,9
81.302,0
4.447,5
-76.854,5
152.237,9
-143.450,7
235.520,9
38.577,2
-196.943,7
Fuente: Yiping Zhou. Creative Economy for Development Mexico, August 26th 2007.
Más recientemente, y específicamente para algunos subsectores de las industrias culturales, se encuentra que se ha presentado un incremento de las producciones audiovisuales y un reconocimiento internacional de estas creaciones. Esto indica que así como el potencial creativo en la industria ha aumentado, también lo ha hecho la proyección internacional de las creaciones colombianas. Si bien el número de producciones nacionales no es aún comparable con el de estrenos extranjeros, hay una tendencia claramente ascendente asociada con los incentivos e iniciativas públicas y privadas de fomento a la industria cinematográfica nacional (Gráfico 6).
Gráfico 6 Estrenos de películas colombianas 1993 – 2006 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1993
Fuente: Dirección de Cinematografía
En cuanto a la producción literaria, Colombia se encuentra junto con Argentina y México dentro del grupo de países que tienen industrias editoriales y gráficas desarrolladas y de alta exportación de libros en Latinoamérica 8 (Cuadro 2).
Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – CERLALC -.
Cuadro No. 2 Estimación de la producción de libros en América Latina hispanohablante País
Fuente: Agencias Nacionales ISBN CERLALC- Base Mayo 2006, Agencia Española del ISBN Nota: México cálculos del CERLALC Cuba 2005. Información suministrada por la Agencia cubana del ISBN sobre la producción real
El auge cultural y económico de estas industrias es, en parte, producto de la puesta en marcha de una serie de estímulos a la creación artística y literaria, entre los que se pueden encontrar: •
El Programa de Estímulos a la Creación y a la Investigación del Ministerio de Cultura 9 .
El Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura 10 .
El Programa de fomento a las Industrias Culturales y el Emprendimiento Cultural 11 .
El Plan Nacional de la Cultura 2001-2010 12 .
El Plan Nacional para las Artes 2006-2010 13 .
Este programa brinda espacios para el reconocimiento y la cualificación de artistas, investigadores y gestores culturales mediante el fortalecimiento de los procesos de creación, circulación y apropiación social de la cultura y dispone de variados mecanismos para cumplir este propósito como: pasantías, becas, reconocimiento a obras terminadas e inéditas y a trayectorias de excelencia, y programas de intercambio nacional e internacional. 10 Este programa apoya financieramente una parte de la ejecución de proyectos y actividades culturales de interés público que se vinculan con el desarrollo local sostenible y que están estrechamente relacionadas con la creación, promoción, divulgación y preservación de la cultura. En el período 2006 – 2008 ha apoyado 3.782 proyectos por un valor de $ 49. 068. 360.084. 11 Este programa está dirigido a los creadores del mundo de la cultura, combinando para ello todos los mecanismos existentes para el emprendimiento económico, dentro de estos los del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA, Cámaras de Comercio, Universidades, Incubadoras y sistemas privados de emprendimiento. Ello implica poner en marcha un complejo sistema de “formación sobre medidas”, capacitación en propiedad intelectual, en gestión de pymes y de búsqueda de financiamiento a nivel nacional e internacional. Esta política cubre también el refuerzo a las empresas medianas que ya están en funcionamiento e incluye las acciones de formación de recursos humanos, información macroeconómica, apertura de mercados y marcos normativos de estímulo relacionados con la industria cultural en general. 12 El propósito de este Plan es fomentar una cultura plural y fortalecer la identidad nacional a través del reconocimiento y la promoción de diferentes propuestas culturales. 13 El propósito del Plan Nacional para las Artes es convertir las prácticas artísticas en elementos fundamentales para el desarrollo y la renovación de la diversidad cultural.
El Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre Artesanías de Colombia y la Dirección Nacional de Derecho de Autor 14 .
Entre otras iniciativas legislativas que estimulan la creación artística se encuentran la Ley del Libro 15 y Ley del Cine 16 .
Sin embargo, pese a los positivos resultados en cuanto a creación y producción de industrias culturales, el nivel de ingresos y el bienestar que estos generan en los creadores y productores del sector asociado al derecho de autor, se ven fuertemente debilitados por los siguientes factores: •
En cuanto a la formación del creador se encuentran pocos programas sólidos, formales y no formales, de formación artística, técnica, en producción, administración, uso de nuevas tecnologías, gestión, mercadeo, y negociación de derechos, entre otros. No obstante, en la actualidad hay 11 programas académicos que incluyen la enseñanza del derecho de autor y los derechos conexos 17 , sin tener en cuenta la variedad de programas de pregrado y de postgrado que en el marco de la autonomía curricular que tienen las instituciones de educación superior, incluyen componentes de esas temáticas.
Es insuficiente la comunicación entre los eslabones de la cadena de generación de valor (cadena que comienza por el creador, pasa por la producción, llega al distribuidor y comercializador, y finalmente termina en el público que demanda la utilización de esos contenidos).
Algunos de estos eslabones, dependiendo del subsector que se trate presentan debilidades y obstáculos para el desarrollo de la cadena productiva como un todo, en particular, las insuficiencias en los programas de formación de creadores y gestores para generar competencias empresariales impiden desarrollar mejores estrategias de organización del negocio y comercialización 18 . Por otro lado, el acceso a los canales comerciales de distribución de los contenidos es difícil, en algunos casos esta controlado por pocas empresas que establecen costos prohibitivos a las empresas más pequeñas de producción y finalmente también a los creadores 19 . Así mismo, existen aún regulaciones y 14
Este Convenio tiene entre sus objetivos la formulación de un plan estratégico al interior de Artesanías de Colombia para el desarrollo del tema y la determinación de acciones relacionadas con la difusión de una cultura de protección de los derechos de autor de las expresiones artesanales, así como la prestación de asistencia técnica por parte de la DNDA a funcionarios de Artesanías de Colombia, artesanos, diseñadores y demás personas vinculadas al sector. 15 Ley 98 de 1993. 16 Ley 814 de 2003. 17 Lipsick, Delia, “Informe sobre el estado actual de la enseñanza del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en Universidades públicas y privadas de los países de América Latina”. Julio 15 de 2006 18 En el caso de la música esta fue una de las recomendaciones que generó la Misión de Evaluación del Anteproyecto para el Fortalecimiento de Empresas Independientes de Producción y Promoción de Músicas Locales, llevada a cabo por UNESCO, en el marco de la Alianza Global para la Diversidad Cultural. En este sentido, actualmente el Ministerio de Cultura lleva a cabo varios proyectos dirigidos a la generación de programas y cátedras de fortalecimiento empresarial y emprendimiento de las industrias culturales. 19 En el caso del negocio editorial, los costos de distribución pueden ascender hasta el 50% del costo total del libro, lo que dificulta el acceso a librerías de la producción realizada por las empresas de edición independiente que manejan volúmenes y estructuras de costos que no permiten sufragar tales márgenes en la comercialización.
tramites que no facilitan la exhibición de los productos culturales 20 y hay ausencia de políticas y acciones de amplio alcance dirigidas a formar públicos que puedan demandar más y mejores contenidos culturales 21 .
1.1.2. Creación científica y tecnológica
En Colombia, aunque no han sido suficientes, se han dado algunas iniciativas para la promoción de la creación científica y tecnológica a través de las distintas entidades. Dentro de estas iniciativas se pueden resaltar: •
El “Premio Colombiano a la Innovación tecnológica empresarial para las Mipymes (INNOVA)” 22 .
El “Premio al inventor colombiano” 23 .
Programas de financiación y cofinanciación de Colciencias para impulsar proyectos de investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 24 .
de Colciencias para la financiación de solicitudes de patentes originadas en
Colombia, para ser protegidas en el país y el exterior 25 . •
Seminarios de Capacitación sobre patentes y sobre valoración y negociación de tecnología organizados por Colciencias y la SIC 26 .
Programas de financiación y cofinanciación del Sena para impulsar proyectos de desarrollo productivo y competitividad 27 .
Esto es relevante para el caso del Espectáculo Público en Artes Escénicas en relación a la cantidad de tramites que es necesario realizar para poder llevar a cabo este tipo de negocios, y además a la carga tributaria que opera sobre dichos espectáculos, que asciende a un 30% de la taquilla, pero que paradójicamente vía exenciones, elusiones y evasiones, más de un 90% de los espectáculos no tributan en realidad. Al respecto ver Ministerio de Cultura (2007). Diagnóstico Socioeconómico del Espectáculo Publico en las Artes Escénicas. CAB-SCRD-MinCultura-CEDE. Mimeo. 21 En este sentido aún es incipiente el desarrollo de la formación y la apreciación artística en el ciclo de educación básica y media de nuestro país, cuestión que es considerada en el Plan Nacional de Educación Artística y que convoca a profundizar la colaboración entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Ver Ministerio de Cultura (2006). Plan Nacional de Educación Artística. Mimeo. 22 Decreto 1780 de 2003. Uno de los beneficios que reciben las empresas ganadoras es el apoyo para patentar internacionalmente. 23 Decreto 1766 de 1983. Valga decir que el Premio Innova y el Premio Nacional al Inventor Colombiano se diferencian en que el primero solo se otorga a Mipymes. Adicionalmente, en el segundo las actividades creativas o innovadoras deben estar concretadas en patentes y modelos industriales. 24 Ley 29 de 1990 y su reglamentación. 25 Convocatoria No. 424 de 2007 de Colciencias. 26 Durante el año 2007, estos seminarios se realizaron en doce ciudades del país y estuvieron dirigidos a empresarios, investigadores y público en general. A éstos asistieron más de 2000 personas. 27 Ley 344 de 1996.
Proyecto “Redes de investigación y Propiedad Intelectual en el campo de la salud”, coordinado por COLCIENCIAS, apoyado por la SIC y asesorado por la OMPI, con la participación de socios nacionales 28 .
Política Nacional de Calidad 29 .
Incentivos tributarios para inversiones en proyectos de investigación e innovación y exención de renta para nuevo software y productos medicinales, reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30 .
Exención de IVA para importaciones de equipos y elementos 31 .
No obstante, es importante mencionar que sin perjuicio de la aplicación directa que se hace de la normativa andina en materia de propiedad industrial, contenida en la Decisión 486 de la CAN, el articulo 23 32 de la misma no se ve totalmente aprovechado por ausencia de un desarrollo interno que potencie los beneficios en la explotación y ejercicio de los derechos que confiere la patente como estímulo a la investigación y desarrollo en Colombia.
En cuanto al sector de Educación Superior, ha sido evidente el avance en el fomento a la creación científica producto de la normatividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 33 y la reglamentación de la formación de postgrado que incluye la investigación 34 . Lo anterior se evidencia en un incremento en las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad por parte de las universidades. Mientras que en el año 2002 se realizaron una solicitud de patente y dos solicitudes de modelos de utilidad por parte de las universidades, en el año 2007 se recibieron siete de patentes y cuatro de modelos de utilidad (Gráfico 7).
Adelantado por Colciencias y apoyado por la SIC con la colaboración de la Red Universitaria Internacional de Ginebra. El objetivo del proyecto es apoyar a los investigadores en la protección y explotación de los resultados de sus investigaciones en el ámbito de la salud. Conpes 3446: “Lineamientos para una política nacional de calidad”. En este conpes se señala la importancia del desarrollo del Subsistema Nacional de Calidad (SNCA) para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y por ende para el desarrollo del conocimiento patentable. Además figuras como denominaciones de origen y marcas de certificación depende del SNCA. 30 La Ley 788 de 2002 otorga exención de impuesto de renta a los nuevos productos medicinales y de software elaborados en Colombia, con un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional. 31 La Ley 633 de 2000, artículo 12, estipula que cualquier persona que realice inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, tendrá derecho a deducir el 125% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión sin exceder del 20% de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. El mismo beneficio aplica a personas que realicen donaciones a centros o grupos de investigación destinadas al desarrollo de proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica previamente calificados. Así mismo, esta Ley en su artículo 30 autoriza la exención del IVA a los equipos y elementos a importar que requieran los proyectos de investigación científica o de innovación tecnológica que lleven a cabo los Centros de Investigación, los Centros de Desarrollo Tecnológico y las instituciones de educación superior. Colciencias es la entidad encargada de evaluar la necesidad de importación de estos equipos y elementos. 32 Este artículo establece que en las invenciones ocurridas bajo relación laboral el empleador podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores. Así mismo, establece que las entidades que reciban financiación estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores. 33 Este Sistema establece la formación investigativa como condición de calidad. 34 Decreto 1001 de 2006. Este Decreto tiene como objetivo la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de un campo del conocimiento. 29
Así mismo, se evidencia el incremento de artículos y grupos de investigación (en particular en producciones virtuales), todo esto sin desconocer que es necesario concretar e incrementar estrategias y estímulos que permitan la creación científica y tecnológica con reglas claras de protección de la propiedad intelectual. Entre 2002 y 2006 hubo un incremento superior al 9% en promedio anual de artículos de autores colombianos en publicaciones indexadas en el Science Citation Index Expanded (Gráfico 8). Así mismo, se ha registrado un crecimiento significativo en la conformación de grupos de investigación, muchos de ellos con origen en las universidades (Gráfico 9).
Gráfico 7 Solicitudes de patentes y modelos de utilidad realizadas por universidades (2002 – 2007)
10 9 Patentes Modelos de Utilidad
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002
Artículos de autores y coautores vinculados a
Grupos y centros de investigación por categoría
instituciones colombianas publicados en Science Citation Index Expanded 6000
( 2002 – 2006) 985
Fuente: Observatorio de Ciencia y Tecnología
Fuente: GrupLAC, 2006. Cálculos Colciencias
De otra parte, desde el sector de educación se han promovido los vínculos con el sector productivo. A nivel de educación superior se ha logrado la creación y fortalecimiento de Comités Universidad-Empresa-Estado. En el marco de estas relaciones con las empresas se ha hecho evidente la necesidad de profundizar y establecer estrategias y reglas claras para la negociación de productos de investigación y la protección de la propiedad intelectual. Es importante señalar que el Ministerio de Educación Nacional viene apoyando iniciativas para que estas necesidades sean adoptadas en las instituciones de educación superior.
1.1.2.1. Creación sujeta a derechos vía patentes y signos distintivos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desarrolla anualmente un programa de divulgación en los temas de propiedad industrial, el cual incluye un componente para identificar las actividades creativas a nivel de universidades y de empresas (Pymes) con el apoyo de instituciones (entre ellas Colciencias), agremiaciones y demás organizaciones relacionadas con el tema en las diferentes ciudades del país.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos programas y estímulos en materia de creación, la escasa actividad innovadora explica en buena medida la baja recurrencia a la protección de activos intangibles a través de DPI.
La capacidad de investigación y creación en las universidades y en particular lo relacionado con actividades de protección de activos intangibles, si bien ha tenido estímulos de cofinanciación, aún se encuentra en etapa de crecimiento, dados los limitados recursos que actualmente se dedican a actividades de investigación y desarrollo (I+D). De otra parte, es importante que en el tema del régimen salarial y prestacional de los docentes de universidades estatales 35 , se mejoren los puntajes para la medición de la productividad académica, a partir de productos de conocimiento protegidos, con el propósito de estimular estos esfuerzos hacia la innovación y la utilización de los DPI. En Colombia el porcentaje del gasto en actividades de investigación y desarrollo es muy bajo, representado el 0,51% del PIB (Gráfico 10) 36 .
De otra parte, entre 1991 y mayo de 2008 en Colombia se concedieron más de 6.000 patentes, de las cuales tan sólo el 8,8% fueron concedidas a residentes (Gráfico 11). Al comparar este indicador con respecto a promedios internacionales, se evidencia que esta cifra resulta muy baja (Gráfico 12). Gráfico 10 Gasto total en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB Israel (2005)
4,71 3,86
Suecia(2005) 2,57
Estados Unidos(2006) 2,25
OECD (2004) 1,77
EU (2005) 1,34
España(2005) Argentina *(2005)
Colombia* (2005)
0,46 México * Incluyen todas las actividades de CyT (porque son PVD), no sólo I&D Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana (RICYT) y National Science Foundation
Decreto 1279 de Junio 19 de 2002. Según la Encuesta de Desarrollo Tecnológico, realizada en 2004, sólo un 8,3% de las empresas manufactureras analizadas pueden catalogarse como innovadoras en sentido estricto.
Patentes de Invención Concedidas, 1998 – Mayo 2008
Patentes otorgadas a residentes por cada 100.000 habitantes* (promedio 2002-2004) Taiwán
131,7 86,1
Japón 66,5
Corea del Sur 29,2
Estados Unidos 15,5
Brasil 0,38 Chile 0,13 México 0,13 Venezuela 0,05 Colombia
Fuente: Anuario Mundial de Competitividad 2006, IMD.
*31 de Mayo de 2008
*La población tomada como referencia corresponde a la de 2005
No obstante lo anterior, el país cuenta con una tradición en desarrollos tecnológicos adaptativos. En efecto, al analizar los modelos de utilidad, el 79,4% de los modelos concedidos en el país entre 1994 y mayo de 2008 fueron a residentes (Gráfico 13).
Modelos de Utilidad Concedidos, 1998 – Mayo 2008
Diseños Industriales Concedidos, 1998 – Mayo 2008
Los diseños industriales por su parte, si bien incentivan la creación de productos más diversificados y atractivos, aumentando su valor comercial y fomentando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, su utilización es aún baja. Entre 1994 y mayo de 2008, tan sólo el 23,1% de éstos fueron concedidos a residentes (Gráfico 14).
De otra parte, el registro de signos distintivos en el país tiene una distribución más uniforme entre nacionales y extranjeros comparado con el registro de patentes (Gráfico 15). Sin embargo, en Colombia no se ha hecho un uso pleno de las herramientas disponibles para la protección de los signos distintivos, debido fundamentalmente a la ausencia de conocimiento sobre los elementos indispensables para lograr una diferencia sostenible en el mercado a partir de la creación y uso de los mismos. Por consiguiente, los pequeños y medianos empresarios desconocen la utilidad y las formas de protección de signos distintivos, lo cual conduce en pérdidas de oportunidades y de mercados.
Gráfico 15 Registros concedidos de Marcas
Son muy pocos los signos distintivos de empresas colombianas que han logrado posicionarse en el mercado externo. Se enfrenta entonces el país al problema de hacer que los signos sean realmente distintivos con el fin de buscar su posicionamiento en el mercado interno y externo.
La utilización de formas de protección como marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen podrá permitir a asociaciones y agremiaciones agrupar sus productos y servicios bajo un solo signo, de manera que sus miembros lo utilicen para identificarse con un nivel de calidad y/o requisitos establecidos.
El potencial de la protección por marcas colectivas se observa en los productos artesanales, puesto que muchos de ellos tienen un carácter emblemático. Tal es el caso de: los chinchorros y hamacas de la Guajira, los tejidos en seda del Cauca, la joyería – orfebrería de Antioquia, la cerámica del Huila, el mimbre de Tolima y Cundinamarca, la cañaflecha de Sucre y Córdoba, la Iraca y el barniz de Pasto o Mopa-Mopa de Nariño y Putumayo, los tejidos de San Jacinto, la cestería en palma estera del Cesar, la guadúa del Quindío y del Eje Cafetero en general, y la cerámica negra y roja de la Chamba en el Departamento del Tolima 37 . Estos, y otros productos artesanales y agroindustriales, hacen parte de la identidad más profunda y apreciada de comunidades y regiones colombianas y a través de ellos comunican tradiciones y valores de gran significación 38 .
El potencial de la protección por marcas de certificación también se hace evidente en la estandarización de ciertos procedimientos como los casos del sello de calidad de la leche y de la carne, el sello de sanidad ICA, el sello de calidad hecho a mano para Artesanías, la producción sostenible ecológicamente y el turismo, entre otros. Actualmente, hay cuatro marcas de certificación registradas y una en proceso de registro 39 .
Las denominaciones de origen por su parte tienen impacto o incidencia de tipo económico (instrumento de negociación que influye en el precio de producto y el reconocimiento a nivel internacional), social (asociatividad y beneficios para los productores sobre todo si se trata de zonas geográficas poco favorecidas, generación de empleo, entre otros), medioambiental (conservación de las áreas geográficas, preservación de técnicas tradicionales). Igualmente, las denominaciones de origen pueden incidir en el desarrollo del turismo, las exportaciones y la competitividad (porque la identidad que le imprime al producto, representa para éste un alto valor agregado en términos de calidad, cualidades especiales relacionadas con la región y reconocimiento).
Artesanía de Colombia S.A. Plan estratégico de Propiedad Intelectual. Bogotá, 2005. En Colombia hasta el momento sólo se ha concedido una marca colectiva que es proveniente de Suiza. 39 Actualmente hay cuatro marcas de certificación dos de ellas son de sello ecológico y registradas por el Ministerio de Agricultura, las otras dos son extranjeras una de Francia y la otra del Ministerio de Industria Egipcio. Se encuentra en proceso la marca de certificación de la calidad en servicios turísticos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 38
Tan sólo dos productos colombianos cuentan con esta protección: Café de Colombia y la fruta Cholupa del Huila. De otra parte, se ha reconocido al Pisco proveniente del Perú y en la actualidad hay cinco en trámite, tres de ellas colombianas: Cestería en Rollo de Guacamayas, Cacao de origen Tumaco y Queso Caquetá.
El escaso uso de las denominaciones de origen colombianas protegidas no solo en el territorio nacional sino en el exterior, puede obedecer, entre otras, a las siguientes razones: •
Ausencia de conocimiento de la naturaleza, características y ventajas de esta categoría de signos distintivos.
Concepción limitada del alcance de identificar un producto con una denominación de origen. Motivo por el cual se han desaprovechado oportunidades frente a productos de alcance regional y subregional, lo que agrega mucho más valor, justamente por su especificidad y exclusividad.
La materia no se conceptualiza en el régimen colombiano desde la óptica de las políticas agropecuarias y de desarrollo rural, y desde las políticas de promoción turística, comercial y de competitividad con objetivos definidos dentro de las mismas 40 .
Desconocimiento o falta de elementos técnicos y tecnológicos (ej. materiales de referencia o laboratorios de ensayo) para la caracterización técnica de los productos o para su normalización técnica.
Falta de recursos para llevar a cabo los procesos técnicos de determinación inicial o posterior de las características técnicas de los productos o para lograr la participación activa de los pequeños productores.
1.1.2.2. Creación sujeta a derechos vía certificado de obtentor
En el país existe un bajo uso de la protección de obtenciones vegetales por parte de los nacionales. Esto puede deberse, entre otras, a la poca investigación en mejoramiento vegetal y desconocimiento del Sistema de Protección de Variedades Vegetales. Desde 1995 hasta abril de 2006, en materia de derechos de obtentores, el 93% de las solicitudes fueron realizadas por extranjeros, principalmente provenientes de Holanda, Alemania, Francia y Estados Unidos (Gráfico 16).
40 GARCIA, Emilio. Documento que recopila las experiencias de protección a nivel internacional en Europa, México, Chile y Perú, con sus correspondientes recomendaciones. 2006
En cuanto a las variedades más solicitadas se destacaron las ornamentales. Entre 1995 y abril de 2006, el mayor número de solicitudes correspondió a variedades de cuatro especies de ellas (rosas, claveles, crisantemos, alstroemerias), las cuales participaron con un 82,7%. Otras especies como algodón y arroz también se destacaron. Lo anterior evidencia una concentración alta de registros en pocas especies (Gráfico 17).
Solicitudes recibidas por países,
Solicitudes recibidas por especie,
1995 – Abril 2006
Inglaterra 2% Japon 1% Israel 3%
60% Resto 2%
Holanda 37%
30% USA 10%
10% Alemania 17%
0% Rosa
Alstroemelia Crisantemo Algodón
A pesar de que el ICA desarrolla permanentemente programas de divulgación en los temas de derechos de obtentor, los cuales incluyen actividades de capacitación para fomentar la creación de nuevas variedades, dichos programas no han sido suficientes.
El ICA no cuenta con los equipos de última tecnología con el fin de realizar de manera más eficiente las pruebas de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Adicionalmente, el ICA en el corto plazo, presentará deficiencia de personal técnico en ingeniería agronómica con especialización en propiedad intelectual, personal necesario para afrontar el problema que se viene debido al relevo generacional que requiere este Instituto.
PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1.2.1. Protección a los conocimientos tradicionales 41
A nivel internacional ha venido aumentando el número de patentes en el campo de la biotecnología. La mayoría de ellas ha empleado como materia prima, además de los recursos biológicos y genéticos existentes en la naturaleza, conocimientos tradicionales asociados a estos. Colombia al ser un país megadiverso 42 , multiétnico y pluricultural, posee una gran oferta de recursos biológicos, genéticos y de conocimientos tradicionales que tienen potencial para ser empleados en procesos de investigación o en el desarrollo de nuevos productos. En igual sentido, es frecuente que en solicitudes de patentes y en la explotación de conocimientos técnicos se utilice conocimiento tradicional que se encuentra en manos de las comunidades étnicas, tal riqueza merece la atención necesaria a los efectos de su adecuada preservación y protección.
Por lo anterior, se plantea el reto de garantizar los derechos colectivos y de regular los procedimientos para el acceso a los conocimientos, innovaciones y prácticas consuetudinarias de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, locales y rom. Garantizando así la participación plena y efectiva de aquellas que quieran compartir dichos conocimientos, innovaciones y prácticas, el derecho de propiedad de las comunidades sobre sus conocimientos tradicionales, y la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso del conocimiento tradicional. Particularmente, se debe reconocer la relación que existe entre el conocimiento tradicional y la biodiversidad, partiendo de la concepción integral de este conocimiento, en la cual los sistemas de vida de las comunidades tradicionales integran la vida social, cultural y la biodiversidad.
A pesar de que la Constitución Política de 1991 reconoce que Colombia es un país multiétnico y pluricultural y que se han adoptado compromisos en la materia derivados de: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 43 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 44 , la
Se entiende por conocimientos tradicionales los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con el Artículo 8J de la Ley 165 de 1994 y la Decisión Andina 391 de 1996. 42 El concepto de megadiversidad está basada en el número total de especies en un país y en el grado de endemismo a nivel de especies y a niveles taxonómicos más altos”. WRI Biodiversity Theme Report, 2001. 43 Ratificado en Colombia a través de la Ley 21 de 1991. 44 Ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. En su artículo 8 sobre Conservación in situ, literal j) establece que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas, se compartan equitativamente.
Decisión 391 de 1996 45 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (CAN) 46 , no obstante, en materia de protección a los conocimientos tradicionales es necesario un desarrollo normativo que armonice las disposiciones legales vigentes y desarrolle los mecanismos específicos sobre esta materia a nivel nacional.
Así mismo, en la última década, a nivel internacional, se han desarrollado diferentes esfuerzos desde instituciones públicas y privadas, tendientes a establecer instrumentos de protección y mecanismos de recuperación, así como de fortalecimiento y divulgación de la importancia de proteger el conocimiento tradicional. Unas de estas iniciativas es el Grupo de Trabajo sobre Conocimiento Tradicional del CDB y la Declaración de Doha (2001), la cual ha instruido al Consejo de los ADPIC estudiar la relación entre el Tratado de los ADPIC y el CDB en lo referente a la protección del conocimiento tradicional, el acceso a los recursos genéticos y el folclor.
En el ámbito regional, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CAN, elaboró una propuesta sui generis de protección. De otra parte, en el ámbito nacional, se ha incluido el tema en diferentes políticas ambientales, tales como la de Biodiversidad (1995), Educación Ambiental (2001) e Investigación Ambiental (2001), y el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” 47 . A nivel nacional está la Ley General de Cultura (397 de 1997) y el Decreto 216 de 2003, que le asigna al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) competencias específicas en la materia 48 .
En muchos países los derechos de las comunidades tradicionales sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas no son reconocidos en las reivindicaciones de patentes y otras solicitudes de derechos de propiedad intelectual. Una de las razones que explica lo anterior, son las dificultades con las que se encuentran la Oficina de Propiedad Industrial cuando examina las solicitudes de patentes, ya que al no estar documentados los conocimientos técnicos asociados o no a recursos genéticos, no se les 45 La Decisión 391 sobre el Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos en su octava disposición transitoria fija un plazo para que los países miembros presenten a la junta del Acuerdo de Cartagena una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización para fortalecer la protección de los conocimientos, las innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, locales y rom. 46 La Decisión 486 sobre Propiedad Industrial en su artículo 75 contempla la nulidad absoluta de la patente en el caso de que no se presente copia del documento que acredite la autorización de la comunidad para acceder y usar sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Así mismo, esta Decisión reconoce de manera preventiva la obligación del solicitante de la patente de comprobar el uso apropiado o legal del conocimiento tradicional en su invención. 47 En el PND se establece: “Por la importancia del conocimiento tradicional para el manejo de la biodiversidad, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial coordinará con las instituciones que tengan competencia en el tema la formulación participativa de lineamientos de política para su recuperación, protección y fomento, de forma tal que se involucren acciones de comunicación y educación, adecuadas a la diversidad de contextos culturales”. 48 También se han dado iniciativas desde la Defensoría del Pueblo, los institutos de investigación del SINA, senadores indígenas, organizaciones no gubernamentales y algunas universidades, que han llevado a cabo investigaciones, seminarios, foros, documentos, propuestas de protección y otras actividades en torno al tema de acceso a recursos genéticos y protección del conocimiento tradicional.
considera parte del estado de la técnica. El problema planteado no es exclusivamente jurídico, sino práctico, ya que la Oficina de patentes para realizar el examen de patentabilidad, acude a las principales bibliotecas de patentes o a revistas científicas, donde no es frecuente encontrar este tipo de información. A pesar de los avances logrados en el marco del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI 49 , se hace indispensable diseñar instrumentos para la implementación efectiva de la legislación nacional y andina que regule la materia.
1.2.3. Acceso a Recursos Genéticos y Productos Derivados La Decisión Andina 391 50 , ha sido uno de los instrumentos legales a través de los cuales se ha buscado promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad. El objetivo de esta Decisión es regular el acceso a los recursos genéticos y asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso y la promoción de la conservación de la diversidad biológica. Sin embargo, de conformidad con diferentes estudios 51 , hasta el año 2006 la implementación de esta Decisión, había contado con algunos tropiezos. Entre estos se destacaron: i) la débil capacidad institucional para la toma de decisiones sobre acceso a los recursos genéticos; ii) la existencia de ambigüedades en el texto de la Decisión; iii) la existencia de procedimientos costosos y no competitivos; iv) complejidad en el sistema de contratación; y v) la ausencia de interpretaciones 52 uniformes sobre el alcance de sus disposiciones. No obstante, aún persisten algunos obstáculos que han creado dificultades para los diferentes agentes que intervienen en la cadena de conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos incluyendo las actividades de investigación y las actividades comerciales y de aplicación industrial.
No obstante, desde el año 2007, gracias a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se unificaron y agilizaron los trámites para el otorgamiento de contratos de acceso a recursos genéticos. Así, en el período 2007 - mayo 2008, se suscribieron 15 nuevos contratos.
49 Se realiza una revisión de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) e inclusión de material relevante como documentación mínima de las administraciones encargadas de las búsquedas de patentes en el marco del PCT, entre otros. 50 Esta Decisión fue expedida por la Comunidad Andina (CAN) en el año de 1996, como fruto de los compromisos adquiridos por los signatarios del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB). 51 Entre estos que se destaca: • ZERDA, Alvaro. Diseño de Mecanismos Costo – Efectivos para requerir Consentimiento Informado Previo y Efectuar la Revelación de Origen. ICTSD. 2005. CAN, Estrategia Regional de Biodiversidad, Acceso a Recursos Genéticos, 2001. • Instituto Von Humboldt, Análisis Jurídico sobre el Régimen de Acceso y distribución de beneficios en Colombia: problemas y posibles soluciones, 2006. 52 En temas relacionados a acceso a recursos genéticos, el componente intangible, entre otros.
Considerando la importancia de acceder legalmente a los recursos genéticos y sus productos derivados, de conformidad con la legislación nacional y regional, se hace evidente la necesidad de diseñar mecanismos que regulen la relación entre la autoridad nacional competente de Acceso a Recursos Genéticos, con la autoridad nacional en materia de patentes y con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología, con el fin de fortalecer un sistema de propiedad intelectual transparente y acorde con las necesidades de desarrollo sostenible en Colombia.
1.2.3. Observancia de DPI
En Colombia son destacables los esfuerzos que las entidades encargadas de proteger los DPI han realizado para promover una cultura de respeto a estos derechos. A pesar de lo anterior, el nivel de conocimiento de la opinión pública acerca de los DPI no es suficiente. Son necesarios, por lo tanto, mayores esfuerzos para fortalecer todas las instituciones encargadas de administrar y gestionar los DPI y lograr por parte de las mismas la adopción y ejecución de medidas de protección. Distintos sectores nacionales, entre otros el del sector audiovisual 53 , música 54 , programas de ordenador 55 , han mostrado preocupación por la violación frecuente a sus derechos de propiedad intelectual.
En lo que se refiere a la protección del derecho de autor, ésta debe adaptarse a la constante evolución tecnológica y los nuevos retos del ambiente digital. En todo el mundo el mayor acceso a Internet, en particular a través de banda ancha supone una multiplicación de las infracciones a los DPI tanto de obras literarias, como software, obras audiovisuales y fonogramas. Un gran componente de este trabajo es la educación para el uso de estos nuevos medios con responsabilidad y respeto por los derechos protegidos que están “disponibles” en la red.
En Colombia existen instrumentos jurídicos en relación con el respeto de la propiedad intelectual que deben ser aprovechados por las autoridades competentes. La Ley 603/2000 es uno de estos
53 En el caso de la obra audiovisual, de acuerdo con informes de Proimágenes en Movimiento53, los dos millones de espectadores perdidos entre el año 2004 y 2005 a causa de la piratería significaron para el Fondo Cinematográfico Colombiano una pérdida de 674 millones de pesos en este período. Entre los años 2001 y 2005, el número de espectadores perdidos se situó en 4 millones, dejando la industria de percibir 32.000 millones de pesos, lo cual implicó además, que el Estado colombiano dejara de percibir 4.800 millones de pesos. Esta industria estima el decrecimiento en los niveles de empleo en 13.000 empleados menos, a causa de la piratería. 54 En el sector de la música, según la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales, (APDIF), entre 2001 y 2005 el valor facturado disminuyó un 41%, todo ello con importantes consecuencias en términos de ingresos y empleo dentro de esta industria. 55 Durante 2006 la tasa mundial de piratería de software en computadores personales se mantuvo en 35% mientras que las pérdidas aumentaron más del 15% (5.000 millones de dólares). Sin embargo, el crecimiento en las pérdidas fue resultado del aumento en el mercado del software. Aunque el índice de piratería de software en Colombia se incrementó para el período 2003-2006 (53% en 2003 frente a 57% en el año 2005 y 59% en el año 2006), durante estos años estuvo por debajo del promedio para América Latina.
instrumentos. Esta Ley consagra como obligación de las sociedades comerciales indicar en sus informes de gestión, el estado de cumplimiento de las normas sobre “propiedad intelectual y derecho de autor”.
De otra parte, aún cuando son evidentes los esfuerzos de las entidades encargadas de la observancia de la propiedad intelectual, no se alcanzan los niveles adecuados debido a la falta de capacitación de los funcionarios encargados de la misma, así como de una escasa cultura de respeto de la propiedad intelectual en todos los sectores sociales. Esta situación se ve agravada por la falta de directrices que provengan de las más altas instancias en la materia, las cuales deben reflejarse en una política criminal sobre el tema. Entre 2004 y 2005 se incrementó en más del 60% el número de delitos contra el derecho de autor (10.400 delitos en el año 2004 frente 17.000 en el 2005 56 ). En particular, en el caso de la Fiscalía General de la Nación, la infraestructura debe ser revisada a efectos de adecuarse de la mejor manera a las actuales necesidades. Los elementos con los que cuentan la Fiscalía y al policía judicial para realizar las investigaciones en el ámbito penal son escasos, teniendo en cuenta las exigencias técnicas mínimas que conlleva una investigación de este tipo.
En cuanto a las normas de protección penal de los DPI es importante señalar que se requiere mayor especificidad en el tema de manejo de evidencias físicas y en las labores técnico-científicas relacionadas con estas en la etapa de investigación, con el objeto de simplificar procedimientos para la obtención de la prueba que se llevará a juicio. Por ejemplo, lo relacionado con el número o porcentaje de muestras que se deben analizar y preservar para establecer la ilegalidad de unas mercancías. La falta de cobertura de normas procesales de esa naturaleza afecta la marcha de los procesos y se convierte en obstáculo para su ejecución.
De otra parte, no se cuenta con estadísticas coordinadas y unificadas de las infracciones a los DPI y esta ausencia de información dificulta realizar un diagnóstico preciso de la situación de observancia de estos derechos. Desde 1995, a través del Convenio Antipiratería 57 , se ha buscado sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto por el derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo, se han coordinado diferentes acciones para contrarrestar la piratería. Esta ha sido una estrategia conjunta entre el sector público y el sector privado. Las acciones han estado concentradas en campañas de sensibilización a través 56
Policía Nacional de Colombia, Revista Criminalidad Colombia números 47 y 48. Este Convenio fue suscrito en 1995, con el propósito de adelantar esfuerzos en la aplicación efectiva de las normas de derecho de autor, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de comercio, donde el derecho de autor es asunto prioritario, así como a los convenios internacionales sobre el tema, para fortalecer, de esta manera, la presencia del país en el comercio internacional de bienes intelectuales.
de los diferentes medios de comunicación. Aunque este Convenio ha jugado también un papel importante en la sensibilización y capacitación de los funcionarios de policía judicial y fiscales, falta la implementación de capitaciones dirigidas a los jueces, especialmente en temas de garantías como de conocimiento en general sobre la propiedad intelectual.
La infracción de signos distintivos en Colombia y en particular la infracción de marcas, trae consigo consecuencias perjudiciales para la economía del país pues no solo afecta la productividad de la empresa y la generación de empleo sino que también desestimula la inversión en Colombia. En el país existen empresas nacionales dedicadas a la infracción de marcas como también muchos productos importados falsificados. Las iniciativas que hay en el país para evitar la usurpación de marcas son privadas, pertenecen a las empresas que se ven afectadas. En la ANDI existe un proyecto contra la falsificación de medicamentos, electrodomésticos y licores 58 . Los principales sectores que se ven afectados con la usurpación de marcas son: calzado, ropa, electrodomésticos, repuestos y tabaco.
La adopción de la reglamentación en materia de medidas en frontera (Decreto 4540/2006) fue un paso importante para controlar el tráfico de productos que violan los DPI. No obstante, su implementación ha sido insuficiente en relación con la magnitud del comercio ilegal de dichos productos.
UTILIZACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El escaso aprovechamiento de la propiedad intelectual radica principalmente en un desconocimiento por parte de los usuarios sobre la importancia de la protección a sus creaciones intelectuales, incluyendo los beneficios económicos que ofrecen. En el caso de las Mipymes, la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) realizó un programa de asistencia técnica para evaluar el impacto y/o uso de la propiedad intelectual 59 . El estudio, hecho sobre 400 empresas 60 , concluyó que esta herramienta no ha sido utilizada de la manera eficiente y efectiva por las empresas. Frente a varios de los aspectos más relevantes se menciona que la mayoría de las Mipymes no conocen la legislación sobre propiedad intelectual.
58 “Proyecto contra la falsificación de productos y la usurpación de marcas”: el objetivo de este proyecto es proteger la vida y la salud de las personas, la concertación del sector público y el sector privado en la defensa de los productos y signos distintivos mercantiles, propiciar una legislación más acorde con la magnitud de los problemas tema del proyecto, involucrar a los diferentes medios de comunicación y comprometernos con la academia en la formación de fiscales y jueces en asuntos relacionados con la propiedad referida. Este proyecto inició actividades el 20 de mayo de 1998 y ha sido estimulado y diseñado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y por el Consejo de Empresas Americanas (CEA) y la Cámara de Comercio Colombo-Americana. 59 Este Programa recibió el apoyo de Fomipyme. 60 PINTO, Garcia Oscar, La Propiedad Intelectual y las Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia, Bogotá, 2005.
De otra parte, uno de los principales problemas que afronta el SPI es la falta de asignación de recursos suficientes a las entidades encargadas de administrar los DPI, lo cual es un obstáculo que limita su rol en especial en los esfuerzos de difusión de la propiedad intelectual y los procedimientos de registro.
También es evidente la debilidad que se genera por la falta gestión de la propiedad intelectual, es decir, la falta de una estrategia de negocios en las empresas que involucre la propiedad intelectual y que sean valorados como intangibles dentro de los activos fijos de las mismas o como insumos para la toma de decisiones a partir del cálculo de su rentabilidad financiera. Con respecto a este último punto, el país no cuenta con suficientes expertos capacitados en la valoración de activos intangibles y por la escasa cultura sobre la propiedad intelectual, al empresario le resulta poco relevante fijar un valor económico a su propiedad intelectual al menos para efectos contables o comerciales. Así mismo, también es cierto que el sistema financiero no valora estos activos como garantías para el otorgamiento de créditos.
Sin embargo, es importante señalar que recientemente Colciencias inició un programa de capacitación en negociación y valoración de tecnología, mediante la realización de talleres y presentación de experiencias colombianas de negociación de tecnología con el componente de propiedad industrial.
Así mismo, la gran mayoría de universidades y centros de investigación no disponen de la debida reglamentación para conceder o negociar licencias sobre sus DPI, lo cual pone de relieve la falta de claridad al interior de las mismas sobre la manera de administrar tales derechos. No obstante, es importante resaltar el esfuerzo que inició el Ministerio de Educación Nacional desde el año pasado para orientar a las instituciones de educación superior en la gestión de la propiedad intelectual 61 .
Utilización de obras literarias y artísticas
Dentro de las mayores dificultades a las que se enfrentan hoy en día los autores y los artistas intérpretes y ejecutantes, es la falta de conocimiento de sus derechos sobre el alcance y extensión de sus prerrogativas. Este desconocimiento se explica en parte por la falta de cátedras al interior de las universidades. De las 276 Instituciones de Educación Superior 62 que existen en el país, solo 11 tienen 61
El Ministerio de Educación Nacional constituyó un equipo de trabajo con las instituciones de educación superior que cuentan con mayor experiencia en este tema, bajo el liderazgo de la Universidad de Antioquia y otros organismos vinculados a la estructura nacional de la propiedad intelectual con el fin de elaborar una propuesta que oriente a las instituciones en la reglamentación institucional de la propiedad intelectual y que les dé elementos para negociar con el sector empresarial y terceros, los proyectos y productos de investigación. Lo anterior teniendo como marco la normatividad general y el nivel de protección mínimo, de tal manera que cada institución en su autonomía defina mayores grados de protección si es del caso. 62 De acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en la actualidad existe un total de 276 instituciones de educación superior de las cuales 75 son Universidades, 90 instituciones universitarias, 60 instituciones tecnológicas y 51 instituciones técnicas profesionales.
dentro de sus programas académicos, cátedras sobre el derecho de autor y los derechos conexos 63 . Por otra parte, a la fecha, solo 9 universidades 64 cuentan con un reglamento sobre propiedad intelectual. En respuesta a este problema, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) adelanta programas de capacitación teóricos y prácticos, tales como seminarios, conferencias, talleres prácticos y de divulgación a través de circulares y consultas, con los actores como con los centros de investigación, entidades públicas, sociedades comerciales, industrias culturales, universidades, instituciones de educación superior, escuelas y colegios.
De otra parte, por el desconocimiento de sus derechos, los autores y los artistas intérpretes y ejecutantes carecen de fuerza en la negociación. Esto se deriva de su escaso interés por la parte normativa que consagra sus prerrogativas y derechos. Los autores y otros titulares de DPI desconocen la verdadera utilidad de la protección que la ley les brinda y no participan en la creación de normas donde se plasmen sus intereses protegibles.
De otro lado, en algunos casos el ejercicio de los derechos de explotación sobre una obra protegida por el derecho de autor o una prestación amparada por los derechos conexos no es posible ejercerlos, o resulta en extremo inconveniente hacerlo, de forma individual. Para tales casos los titulares de esos derechos cuentan con la posibilidad de conformar sociedades de gestión colectiva a través de las cuales, como su nombre lo indica, de forma colectiva, se logra el pleno ejercicio de los derechos que la ley les reconoce. Pese a su utilidad y conveniencia en Colombia las sociedades de gestión colectiva sólo se han desarrollado para el ejercicio del derecho de comunicación al público en el sector de la música, para el ejercicio del derecho de reproducción reprográfica en el sector de los libros, y para el ejercicio del derecho de comunicación pública y reproducción en formatos multimedia en el sector audiovisual. Sin embargo, muchos otros sectores en los que operarían con eficiencia este tipo de sociedades no han sido explorados y son desconocidos por sus propios beneficiarios.
1.3.2. Utilización de la propiedad industrial y los derechos de obtentor
Aunque jurídicamente, la protección de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de obtentor son diferentes y su administración le corresponde a entidades diferentes, las dificultades que se presentan desde el punto de vista de la utilización de estos derechos son similares.
63 Lipsick, Delia, “Informe sobre el estado actual de la enseñanza del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en Universidades públicas y privadas de los países de América Latina”. Julio 15 de 2006. 64 Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Norte y Universidad del Cauca.
En el caso de la propiedad industrial, la SIC desarrolla anualmente programas de divulgación a nivel de universidades y empresas (Pymes) con el apoyo de instituciones, agremiaciones y demás organizaciones relacionadas con el tema en las diferentes ciudades del país. En todos estos programas se imparten conocimientos amplios del sistema de propiedad industrial y los derechos que se otorgan, además de dar capacitación en el diligenciamiento de las solicitudes de patentes y registro de marcas, la forma de redactar la descripción, reivindicaciones, entre otros.
Así mismo, la SIC cuenta con un servicio dirigido especialmente a las empresas para que éstas accedan a vigilancias tecnológicas, en las que se hace un seguimiento sobre cómo ha evolucionado una tecnología específica dentro de un tiempo determinado. Con esto se busca que las empresas conozcan el estado de la técnica de la tecnología utilizadas por ellos y hagan un análisis de su tendencia 65 . Sin embargo, el aprovechamiento de este servicio por parte de los usuarios es aún bajo.
De igual manera, la SIC cuenta con un estímulo específico para facilitar el registro de patentes nacionales, consiste en un descuento del 75% sobre las tasas de presentación de las solicitudes y en los exámenes de patentabilidad de dichas solicitudes. Se pueden beneficiar de esta ventaja las personas naturales, mipymes, universidades públicas y privadas, centros o institutos de desarrollo en investigación científica y tecnológica que lo indiquen en su solicitud.
No obstante, a pesar la existencia de estos programas de divulgación y servicios ofrecidos, la SIC no cuenta con la capacidad técnica y financiera suficiente para adoptar medidas que le permitan prestar asistencia en estrategias, políticas y programas que satisfagan las necesidades que en materia de propiedad industrial tienen los diferentes sectores del país, tales como universidades, centros de investigación y sector empresarial, entre otros. Esta situación genera un desconocimiento del Sistema de Propiedad Industrial por parte de los usuarios.
De otra parte, existen diferencias de interpretación al interior de las universidades entre los conceptos de gestión tecnológica y su práctica jurídica 66 .
Estas vigilancias se hacen cada dos meses y ocasionalmente por solicitud de las empresas. De acuerdo con la SIC, se enfocan en tecnologías que puedan generar mayor incidencia en el PIB y en las que generen productos que tengan mayor potencial para ser exportados. Entre 2004 y septiembre de 2006 se han llevado a cabo 14 vigilancias tecnológicas en los campos médico quirúrgico, farmacéutico, químico, cosmético, automotriz y de alimentos, entre otros. 66 La relación universidad-empresa en materia de propiedad industrial es particularmente débil. Entre 1994 y 2005 tan sólo 32 solicitudes de patentes fueron presentadas por universidades colombianas y el interés por parte de las empresas en acceder a ese conocimiento mediante licencias ha sido bajo.
Adicionalmente, es importante señalar que en cuanto a trámites administrativos a pesar de los esfuerzos que ha realizado la SIC, se tiene aún dificultades especialmente relacionadas con el registro. La más aguda de todas es el retraso en la evacuación de solicitudes de signos distintivos y nuevas creaciones. Esto se debe, en gran parte, a la carencia de personal calificado para la atención de las labores operativas 67 . No obstante, la SIC durante los últimos meses ha recibido recursos económicos que le ha permitido contratar parte del personal requerido, los resultados esperados todavía no han podido lograrse pues se requiere de entrenamiento intenso, adecuación de instalaciones físicas y ajuste de otros recursos para alcanzarlo.
De otra parte, a pesar de que la SIC ha contado con la colaboración de las cámaras de comercio en la orientación del usuario y la radicación de solicitudes de signos distintivos, es necesario proponer e implementar estrategias para lograr la descentralización de servicios tales como la recepción de solicitudes de registro de nuevas creaciones y la divulgación del respeto, uso y aprovechamiento de la propiedad industrial a nivel regional, con el propósito de suministrarle a los usuarios un mayor y más fácil acceso. En el caso de las Mipymes, por ejemplo, según ACOPI 68 , las dificultades en lo referente a signos distintivos se presentan en el trámite de las solicitudes ante la SIC, debido a que no conocen los procedimientos que deben adelantar 69 . De hecho tan sólo el 17% de las Mipymes encuestadas han hecho uso de los signos distintivos y sólo el 4% han usado el Sistema para la protección de sus nuevas creaciones 70 . En cuanto a la información tecnológica contenida en los documentos de patentes sólo un 0,5% la han utilizado 71 .
En relación con los temas de derechos de obtentor, el ICA desarrolla programas de divulgación en materia de trámites de solicitudes para el registro de variedades vegetales. No obstante, al igual que en el caso de la SIC, el ICA no cuenta con la capacidad necesaria tanto técnica como financiera para prestar asistencia en materia del Registro Variedades Vegetales Protegidas. Por consiguiente, existe un desconocimiento del mismo por parte de los usuarios. 67
De acuerdo a los cálculos de la SIC en cuanto a patentes existen 6.200 solicitudes en trámite de las cuales 1.714 solicitudes tienen cinco años o más de presentación, pertenecientes a diferentes sectores tecnológicos, cuya evacuación requiere alrededor de 18 examinadores adicionales. En marcas este atraso corresponde a 22.106 solicitudes aproximadamente para cuya evacuación se requieren 24 examinadores. 68 PINTO, Garcia Oscar, La Propiedad Intelectual y las pequeñas y Medianas Empresas en Colombia, Bogotá, 2005. 69 ACOPI señala que para algunas de estas empresas, esto es sinónimo de gastos innecesarios y, en la mayoría de los casos, sólo se interesan por el tema cuando son demandados por las grandes empresas, que desean salvaguardar sus derechos. 70 ACOPI señala que el desconocimiento de la forma de redactar un documento de patente, la ignorancia sobre los términos de la ley y la creencia de que es un trámite demorado y costoso, hacen que el uso sea muy restringido. 71 ACOPI señala que las Mipymes no saben que pueden acceder a la información tecnológica contenida en los documentos de patentes de los países desarrollados. Sólo dos empresas del total de las 400 empresas encuestadas habían ingresado a una base de datos internacional de patentes publicadas.
De otro lado, la escasa actividad innovadora de las empresas se explica en gran parte por la insuficiente capacidad y bajos recursos en investigación y desarrollo y al escaso aprovechamiento de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes y en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, como fuente de información tecnológica. Esta situación genera pérdida de oportunidades para obtener ventajas competitivas en el mercado, lo cual conlleva a algunos efectos negativos como: duplicidad de esfuerzos en investigación y desarrollo, pérdida de oportunidades de transferencia de tecnología (negociación, contratación, compra y venta, licencias, etc.), pérdida de oportunidades en la explotación de la información tecnológica de dominio público, entre otros.
Esta subutilización del Banco de Patentes y del Registro Nacional de Variedades Vegetales como fuente de información tecnológica puede deberse a diferentes causas, tales como: i) Uso escaso de los mismos por parte de los sectores productivo, académico e investigativo y a su vez, desconocimiento por parte de estos últimos de las ventajas de utilizar la información tecnológica contenida en los documentos de patentes y de registro de variedades vegetales. ii) Los canales de divulgación de la Superintendencia y del ICA no alcanzan a cumplir adecuadamente su papel de difundir los beneficios de la información tecnológica.
De otra parte, un factor de especial importancia es la redacción de patentes, la cual determina el alcance del derecho que se pretende obtener y es la descripción del aporte novedoso y del nivel inventivo que se hace en un sector particular. A pesar de su importancia, en Colombia es evidente la escasez de personas capacitadas en la redacción de patentes.
De acuerdo con el anterior diagnóstico, a continuación se proponen seis estrategias con sus respectivas recomendaciones. Las entidades responsables de actuar sobre cada una de ellas diseñarán e implementarán un plan de acción detallado, con metas de gestión e impacto, indicadores y responsables con el objeto de facilitar su seguimiento, sujetos a las recomendaciones específicas formuladas en cada una de las siguientes estrategias.
ESTRATEGIA 1: ESTIMULAR LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN INTELECTUALES A TRAVÉS DEL USO EFECTIVO DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El objetivo de esta estrategia es contribuir con el desarrollo y crecimiento económico del país a través del estímulo de la generación de activos intangibles, mediante el adecuado uso del conocimiento existente y aprovechamiento de la propiedad intelectual.
Debido a que la mayoría de los recursos en I+D se encuentran en cabeza de las universidades e institutos de investigación pública se considera que ellos son un punto focal de creación de conocimiento en Colombia. Así mismo, es de vital importancia que el proceso creativo comience desde la educación básica primaria y secundaria. Por esta razón, gran parte de las recomendaciones propuestas están dirigidas a instituciones educativas para que implementen mecanismos de formación que incentiven la creación y producción de conocimiento.
Así mismo, se proponen recomendaciones dirigidas a optimizar los recursos públicos invertidos en actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Para el desarrollo de esta estrategia se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Se recomienda al Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la SIC, la DNDA, el ICA, Colciencias y Ministerio de Comunicaciones, según corresponda, diseñar mecanismos para: a. Apoyar las actividades de difusión y capacitación a rectores y Consejos Superiores y Directivos que permitan dar a conocer la importancia y reglamentación sobre derechos de autor. b. Promover la adopción o adecuación de reglamentos internos sobre propiedad intelectual en las Instituciones de Educación Superior en los que se incluyan los aspectos de titularidad, distribución de beneficios económicos y relaciones universidad-empresa, entre otros. c. Apoyar la formación relacionada con el acceso a la información tecnológica contenida en los documentos de patentes y en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, y especialmente su divulgación en los programas académicos de los niveles técnicos y tecnológicos. d. Promover en el sector educativo nacional el conocimiento de la reglamentación de los DPI, de modelos de negocio o alternativas de licenciamiento y uso que permitan dar respuesta a
las condiciones y retos que el entorno digital y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) conllevan. e. Promover espacios para que las instituciones educativas (básica primaria, básica secundaria, educación media y superior) analicen su papel como titulares de derechos de propiedad intelectual a la luz de su proyecto educativo institucional y los cambios que las Tecnologías de Información y Comunicaciones les representan. f.
Elaborar una propuesta de reforma del Decreto 1279 de 2002 que regula el tema salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, mejorando la asignación de puntos por el factor de productividad académica, especialmente en lo referente al tema de patentes y certificados de obtentor de variedades vegetales.
2. Se recomienda a Colciencias promover la adopción o adecuación de reglamentos internos sobre propiedad intelectual en los centros de investigación en los que se incluyan los aspectos de titularidad, distribución de beneficios económicos, entre otros. 3. Se recomienda a Colciencias, con el apoyo del Ministerio de Protección Social, la SIC y el ICA, apoyar la consolidación de la Red de Investigación y Propiedad Intelectual en Salud y la creación de las “Redes de Manejo de la Propiedad Intelectual para el Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación en los sectores Agropecuario y de Industria y Energía”, con posibilidades de extenderlos a otros sectores estratégicos. Se recomienda al DNP su colaboración en la identificación de los sectores estratégicos. 4. Se recomienda al Ministerio de Cultura, con el apoyo de la DNDA, a través del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (SINFAC), incorporar en los programas de formación artística y literaria la enseñanza del derecho de autor y los derechos conexos, la gestión de estos derechos y el uso de nuevas tecnologías así como las competencias en emprendimiento, empresarismo y planeación estratégica. 5. Se recomienda a las entidades públicas que destinan recursos para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación: a. Definir en la cláusula de propiedad intelectual de sus contratos y convenios criterios para la aplicación del artículo 23 de la Decisión 486 de la CAN. b. Establecer en los términos de referencia de los proyectos a financiar, requisitos de revisión de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes. 6. Se recomienda a Colciencias incluir una cláusula de cesión de los derechos de propiedad intelectual en los contratos que firme con entidades ejecutoras de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Así mismo, se recomienda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
definir los criterios de interés nacional para identificar los casos en los cuales se haría excepción a esta cláusula. 7. Se recomienda al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a Artesanías de Colombia, Proexport y a la SIC, con el apoyo del MAVDT y del Ministerio del Interior y de Justicia, diseñar y elaborar un programa para promoción de la protección de marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, mediante una estrategia de divulgación dirigida a gremios específicos y al público en general. Para ello, se requerirá una debida implantación de la política Lineamientos para una Política de la Calidad, Conpes 3446.
ESTRATEGIA 2: PROMOVER LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO MECANISMO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Esta estrategia contribuye a preparar las condiciones para que el aparato productivo colombiano evolucione hacia una competencia basada en la creación, la adaptación tecnológica y la innovación.
8. Se recomienda a la SIC, al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y a Proexport, con el apoyo de Colciencias, diseñar e implementar un programa nacional orientado a promover la propiedad industrial como mecanismo para el desarrollo empresarial. Este programa deberá contener al menos los siguientes componentes: a. Capacitaciones sobre las herramientas disponibles para la protección de los activos intangibles de las empresas, con énfasis en materia de signos distintivos, comprendiendo además, los temas de valoración de intangibles, know how, licencias y franquicias como elementos de competencia económica. b. Capacitaciones en materia de los acuerdos internacionales que suscriba el Gobierno Nacional en temas de propiedad industrial. c. Manuales y boletines informativos que faciliten el entendimiento de la protección y la normativa en materia de propiedad industrial, y que permitan a los interesados conocer y acceder a los beneficios y ventajas que otorgan estos derechos de propiedad industrial. d. Manuales y otros mecanismos que promuevan la utilización de las patentes como fuente de información tecnológica.
9. Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al ICA, diseñar e implementar un programa de promoción y divulgación que incremente el uso de la información tecnológica contenida en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. 10. Se recomienda a Colciencias y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con la SIC, el ICA y la DNDA, diseñar programas para la formación de expertos en temas de propiedad intelectual, en particular los relacionados con la redacción de patentes, apoyo a solicitudes de patentes, modelos de utilidad, derechos de obtentor y software, y programas para facilitar procesos de negociación, valoración y comercialización de activos de propiedad intelectual. 11. Se recomienda al Ministerio de Cultura identificar y clasificar las industrias culturales existentes en Colombia, y, con el apoyo de la DNDA, desarrollar un plan de fortalecimiento de dichas industrias, a través de programas de formación empresarial que incluyan el tema del derecho de autor y los derechos conexos. 12. Se recomienda al Ministerio de Cultura articular un trabajo en red que vincule a los creadores culturales y a las distintas industrias culturales. 13. Se recomienda al Ministerio de Cultura generar programas dirigidos al fortalecimiento de la asociatividad entre creadores y productores, con miras a consolidar su capacidad de gestión y negociación, así como facilitar su acceso a las políticas de fomento al desarrollo productivo a través de las distintas entidades del orden nacional y territorial. 14. Se recomienda al Ministerio de Cultura y a la DNDA apoyar la conformación del Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI), como una iniciativa que permita generar, monitorear y compartir información y conocimiento en todos los temas políticos, culturales, económicos, jurídicos y sociales que se relacionan con el derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo, el ODAI será el espacio idóneo para los estudios que sirvan como fundamento para la formulación de las políticas públicas.
ESTRATEGIA 3: PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS
El objetivo de esta estrategia es elaborar una política tendiente a lograr la recuperación, protección y fomento de los conocimientos tradicionales. De la misma forma garantizar el otorgamiento de DPI basados en el acceso legal a recursos genéticos y sus productos derivados, como fomento a la innovación tecnológica y al desarrollo sostenible, de conformidad con la normativa vigente y el plan nacional de Bioprospección.
15. Se recomienda al Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el DNP, elaborar una política marco sobre la protección de los conocimientos tradicionales de conformidad con los procesos de participación, consulta y concertación establecidos en la ley. Esta política deberá ser elaborada seis meses siguientes a la aprobación del presente documento. 16. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el DNP, elaborar una política y un mecanismo sui generis de protección sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad armonizada con la política marco. Esta política se apoyará en la propuesta de política y reglamentación de diferentes actores sociales e institucionales. Esta política deberá ser elaborada seis meses siguientes a la aprobación del presente documento. 17. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al DNP y a Colciencias, conformar un equipo de trabajo para revisar la Decisión 391 de la CAN con el fin de formular una propuesta de reglamentación y/o reforma para evitar el uso ilegal de los recursos genéticos del país, agilizar y facilitar la realización de actividades de investigación y desarrollo y aprovechamiento comercial de los mismos. Esta propuesta será presentada a la CAN después de cinco meses de aprobado el presente documento. 18. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la SIC, establecer y promover sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y solicitados, y los DPI concedidos y solicitados. 19. Cuando la solicitud de patente consista o incluya la existencia de un desarrollo tecnológico derivado del conocimiento tradicional y/o recursos genéticos directamente vinculados con el objeto protegible, se recomienda a la SIC fortalecer mecanismos para exigir la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, o de ser el caso, la autorización de acceso a los conocimientos tradicionales otorgados por las comunidades pertinentes, como requisito previo para la concesión del respectivo DPI. 20. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la SIC, Colciencias y el DNP, definir los modelos de las
cláusulas de DPI para las diferentes modalidades de contratos de acceso con fines comerciales, de investigación, prospección biológica, y aplicación industrial. 21. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la SIC y de Colciencias, establecer una estrategia para el fortalecimiento de su capacidad negociadora de los contratos de acceso que incluya a las comunidades indígenas, afrocolombianas y locales y los lineamientos para la distribución de beneficios monetarios y no monetarios dentro de estas negociaciones. 22. Se recomienda al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la SIC y de Colciencias, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de DPI asociados a biodiversidad.
ESTRATEGIA 4: APLICAR DE MANERA EFECTIVA LOS DPI
El objetivo de esta estrategia es lograr una adecuada observancia del régimen de propiedad intelectual, indispensable para estimular la inversión tanto nacional como extranjera y la transferencia de tecnología, asegurar el respeto de derechos patrimoniales de creadores y con ello estimular la creatividad.
23. Se recomienda al Ministerio de Comunicaciones, asignar espacios y elaborar campañas didácticas y programas en radio dirigidos a fomentar una cultura de respeto y aprovechamiento de los DPI. 24. Se recomienda a la Comisión Nacional de Televisión, asignar espacios y elaborar campañas didácticas y programas en televisión dirigidos a fomentar una cultura de respeto y aprovechamiento de los DPI. 25. Se recomienda a las entidades públicas que tienen escuelas de formación de funcionarios, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la DIAN y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, incluir dentro de sus programas cátedras sobre los DPI y su protección, y/o ajustarlas de acuerdo a la normatividad vigente. Para la realización de esta recomendación la DNDA, la SIC, el ICA y el INVIMA asesorarán a estas escuelas. 26. Se recomienda a la Fiscalía General de la Nación – Unidad Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, con el apoyo de la DNDA, la SIC, el ICA y el INVIMA, garantizar la existencia de procedimientos documentados para adelantar la investigación de delitos contra los DPI (ej. recepción de la denuncia, ingreso al sistema de información,
realización de programas metodológicos, ordenar actos urgentes, legalización ante juez de control da garantías, entre otros), de conformidad con el Código de Procedimiento Penal en el marco del sistema de gestión de calidad de la Fiscalía General de la Nación. 27. Se recomienda al Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la DNDA, la SIC, el ICA y el INVIMA, hacer una revisión normativa de la Ley 906 de 2004 artículo 87 para reglamentar el manejo de evidencias físicas. La propuesta de reforma deberá ser presentada ante el Congreso en el primer semestre de 2009. 28. Se recomienda al Consejo Nacional de Policía Judicial evaluar y orientar el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los órganos de policía judicial permanente (Policía Nacional, CTI y DAS) y los órganos de apoyo técnico científico (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía Nacional, CTI y DAS). Esta evaluación deberá atender criterios de costo eficiencia. 29. Se recomienda a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la DIAN y al Consejo Superior de Judicatura coordinar esfuerzos para producir estadísticas consistentes y compartidas entre sí, sobre las labores de control relacionadas con la observancia de los DPI. 30. Se recomienda a la DIAN incorporar procedimientos internos para optimizar la aplicación de la normatividad vigente sobre medidas de frontera. 31. Se recomienda a las autoridades tributarias verificar el estado de cumplimiento de las normas de derecho de autor conforme lo establece la Ley 603 del año 2000.
ESTRATEGIA 5: GESTIÓN EFICAZ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Esta estrategia tiene como propósito eliminar los problemas existentes en la administración del Sistema de Propiedad Industrial en aras de lograr un sistema activo que pueda adoptar, de manera integral y directa, medidas que satisfagan más eficientemente las necesidades de solicitantes de Derechos de Propiedad Industrial.
Para el desarrollo de esta estrategia se propone la siguiente recomendación:
32. Se recomienda al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al DNP, elaborar, en un período no mayor a diez meses, un estudio técnico de viabilidad
para determinar la infraestructura institucional más conveniente para la administración de la propiedad industrial. Este estudio técnico determinará la forma más favorable para la descentralización de funciones en materia de propiedad industrial.
Con el propósito de reducir el atraso de solicitudes de protección de Derechos de Propiedad Industrial y prestar de manera eficiente los demás servicios a que ha hecho referencia este documento, y mientras se adelanta el estudio técnico y se adoptan las recomendaciones derivadas, se hace necesario fortalecer la infraestructura existente para responder a las necesidades de los usuarios del Sistema. Por lo tanto, se recomienda:
34. Al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y al DNP, fortalecer las oficinas de Nuevas Creaciones y de Signos Distintivos de la SIC, con el propósito de evacuar el retraso de solicitudes existentes. Así mismo, se requiere fortalecer la estrategia de divulgación que realiza la entidad sobre signos distintivos y nuevas creaciones incluyendo el banco de patentes. Lo anterior en concordancia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
DERECHOS DE OBTENTOR Y VARIEDADES VEGETALES
Con el propósito de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios inherentes al Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, es necesario fortalecer al ICA con recursos técnicos y financieros expresamente en el área de derechos de obtentor, dados los avances de las nuevas tecnologías y a la necesidad de relevo generacional que se requiere.
35. Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalecer al ICA mediante la contratación de profesionales especialmente ingenieros agrónomos expertos en las principales especies que maneja el registro y en las regiones donde se realizan las pruebas de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Así mismo, se recomienda a este Ministerio fortalecer al ICA mediante recursos financieros para reforzar el área técnica encargada del desarrollo de las actividades propias del registro de Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. Lo anterior en cumplimiento de normas de responsabilidad fiscal y en concordancia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS
Con el propósito de prestar de manera eficiente las labores encaminadas a la protección del derecho de autor y los derechos conexos, es necesario fortalecer a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor con recursos técnicos y financieros, que le permitan avanzar de manera ágil y acorde con el progreso de las nuevas tecnologías, en su labor de protección a la creación de software y de obras artísticas, literarias y científicas.
Para el desarrollo de está estrategia se propone la siguiente recomendación:
36. Se recomienda al Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, fortalecer el recurso humano de la DNDA y mejorar su capacidad técnica y financiera de manera que le permita mantener el registro electrónico de obras, mejorar la inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva e impulsar en la sociedad colombiana el conocimiento y respeto al derecho de autor y los derechos conexos.
ESTRATEGIA 6: CONFORMACIÓN DE UNA INSTANCIA SUPERIOR DE POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El propósito de esta estrategia es afrontar los problemas que se presentan por una falta de articulación entre las entidades encargadas de diseñar políticas sobre propiedad intelectual; administrar los DPI; velar por la observancia; financiar proyectos de investigación e innovación; y aquellas instituciones relacionadas que se ven afectadas por estos derechos. Es así como el objetivo de esta estrategia es conformar un grupo institucional al más alto nivel, que estará encargado de definir la política en materia de propiedad intelectual, evaluar el impacto de la misma frente a los titulares de sus derechos y los usuarios de ésta y determinar el papel de las diferentes instituciones para efectos de la coordinación de la política. Esta instancia tendría por objetivos, entre otros, buscar que el sistema nacional de propiedad intelectual contribuya a la promoción del desarrollo empresarial y la competitividad, así como al fomento de la investigación científica y a la creación de una cultura de creación e innovación.
37. Se recomienda al DNP con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Asuntos Étnicos), SIC, DNDA, ICA, INVIMA y Colciencias, crear en un plazo no superior a nueve meses un Sistema Administrativo y una Comisión Intersectorial en los términos de los artículos 43 y 45 de la Ley 489 de 1998. 38. Se encargará a la Comisión coordinar los planes de acción de las entidades objeto de las recomendaciones de este documento y publicar en un plazo no mayor a tres meses el resultado de dicho seguimiento. Así mismo, antes de finalizar el año 2010 esta Comisión revisará la adecuación del SPI a los desarrollos que a la fecha presente la Política Nacional de Productividad y Competitividad y recomendará al Conpes los ajustes derivados de dicha evaluación.
ANEXO 1 SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Primer nivel: entidades a cargo de la política nacional en propiedad intelectual Entidad
Principales funciones relacionadas con PI -Participar en el diseño de políticas relacionadas con el derecho de autor y los
-Apoyar a la formulación de la política en relación con los grupos étnicos y sus derechos. -Definir, implementar y hacer seguimiento de políticas relacionadas con la propiedad industrial. -Coordinar con las demás entidades competentes, y participar y liderar las
negociaciones internacionales sobre los temas de propiedad intelectual
relacionados con el comercio. -Velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio (i.e. CAN, G3, OMC y demás foros internacionales y comerciales). -Generar las políticas en materia de propiedad intelectual concernientes a los
desarrollos agropecuarios que beneficien al país. -Fijar las políticas y directrices sobre investigación y transferencia tecnológica agropecuaria y pesquera.
De conformidad con la normativa vigente, es la autoridad nacional competente en materia de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.
Segundo nivel: entidades a cargo de la administración de la propiedad intelectual Dirección Nacional de
-Diseñar, dirigir, administrar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia
Derecho de Autor (DNDA) de derecho de autor y derechos conexos. -Llevar el registro nacional de las obras literarias y artísticas. -Ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva. -Fomentar el desarrollo de una cultura de respeto del derecho de autor en el ámbito nacional.
Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y de la Justicia -Tramitar y decidir sobre los asuntos relacionados con la concesión de los derechos de uso de los signos distintivos y las nuevas creaciones. Esta entidad está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Delegatura de Propiedad Industrial
Cuando se tenga certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de cualquiera de los Países Miembros de la CAN; la SIC, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, deber exigir al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo. Así mismo, la SIC y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deben establecer sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y DPI concedidos (Decisión 391 de la CAN). -Aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales y llevar a cabo su registro. -Realizar las pruebas de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad 72 a diversas
especies siguiendo las directrices de la UPOV 73 .
Agropecuario (ICA)
-Otorgar certificado de obtentor, organizar y mantener el depósito de material vivo, entre otros. -Registrar, supervisar y controlar los procesos de producción, comercialización y uso de los plaguicidas químicos de uso agrícola.
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): comercialización de productos farmacéuticos
A través del Decreto 502 de 2003, le corresponde la protección de la información no divulgada de los datos de prueba de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contenga una nueva entidad química.
Entidad adscrita al Ministerio de la Protección Social, encarga de la vigilancia
sanitaria y del control de calidad de medicamentos.
Distinguibilidad: una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. Homogeneidad: una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Estabilidad: una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones. 73 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Fue creada por el convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Su objetivo es proporcionar y fomentar la protección de variedades vegetales, con el fin de desarrollar nuevas variedades.
A partir del Decreto 2085 de 2002, le corresponde a esta entidad proteger por un
Alimentos (INVIMA):
determinado tiempo, la información no divulgada de los datos de prueba
presentados para obtener registro sanitario de productos farmacéuticos que
contengan nuevas entidades químicas.
Tercer nivel: entidades a cargo de la política exterior en propiedad intelectual Entidad Ministerio de Relaciones Exteriores
Principales funciones relacionadas con PI -Articular la posición de las diversas entidades del Estado y participar y liderar las negociaciones internacionales en lo que concierne a foros multilaterales tales como la OMPI y la UNESCO, entre otros. -Coordinar con las demás entidades competentes, y participar y liderar las negociaciones internacionales sobre los temas de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el marco de la OMC (Consejo de los ADPIC).
Cuarto nivel: entidades a cargo de la observancia de la propiedad intelectual La Fiscalía General de la
-Investigar delitos contra el derecho de autor, derechos conexos y propiedad
Nación - Unidad Nacional de
industrial y derecho de obtentor que alcanzan una connotación nacional. Los
delitos contra la PI y
delitos que no tienen esa connotación son investigados por los fiscales
-Tramitar los procesos de infracción de los DPI: Acciones civiles: i) Por violación de los derechos de propiedad industrial: son competentes los jueces civiles de circuito de todo el país. No obstante, la SIC tiene facultades jurisdiccionales para adelantar procesos por actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. ii) Para la defensa de los derechos de obtentor: son aplicables las mismas acciones y procedimientos de la propiedad industrial, razón por la cual los competentes son los jueces civiles del circuito. iii) Para derecho de autor y derechos conexos: son competentes los jueces civiles municipales y los jueces civiles del circuito. iv) En el caso de los asuntos en los cuales se encuentra involucrada una persona de derecho público, la competencia recaerá en los tribunales contenciosos administrativos.
Acciones penales: El titular de los derechos procede mediante denuncia del posible infractor o violador de derechos, y es el Estado quien tiene la carga de la prueba. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
-Ejercer la función aduanera en Colombia -Ejercer el control de las operaciones de comercio internacional para impedir las importaciones de bienes piratas o falsificación de marcas. - Control en materia de uso de data de propiedad de un tercero
- Otras funciones de control en al marco de los TLCs -Velar por la observancia de los DPI. -Tomar medidas correctivas inmediatas y de obligatorio cumplimiento por los
ciudadanos, contra los ilícitos penales y las contravenciones contenidas en el código de policía. Las autoridades de la policía nacional tienen competencia para decomisar material ilícito, suspender actividades ilícitas, detener a los infractores y cerrar establecimientos abiertos al público, entre otras.
Quinto nivel: entidades de fomento y relacionadas
Por su relación con temas como la salud, la educación, la preservación de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y el fomento de las actividades científicas y tecnológicas, algunas funciones de las siguientes entidades del orden nacional las convierte en partes integrantes del Sistema:
Entidad Colciencias
Actividades Principal entidad de fomento y desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. Su acción se dirige a estimular la innovación en las empresas, estimular la generación de conocimiento endógeno y a facilitar la apropiación pública del conocimiento.
Se encarga de regular el servicio de televisión, diseñar la política respecto a esta y ejecutar los
planes y programas relacionados con este servicio público. Interviene, gestiona y controla el uso
del espectro electromagnético utilizado para la prestación del servicio público de televisión. Busca garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio. Debe investigar y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por violación del estos fines.
Se encarga del fomento para el uso de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes, marcas de certificación, denominaciones de origen, franquicias, programas a mipymes, asuntos de metrología que soportan la innovación, entre otros.
Entidad encargada de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia
cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. El Ministerio, junto con las entidades territoriales, está encargado de establecer estímulos para promover la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales.
Dirige y reglamenta el sector de las comunicaciones y el de tecnologías de la información; regula
Comunicacion y controla los servicios relacionados. Hace uso y parte del Sistema de Propiedad Intelectual al es
participar en la sensibilización de los ciudadanos frente al respeto de los derechos de autor y a través del control ejercido sobre los servicios del sector de las telecomunicaciones.
Se encarga de establecer las políticas del sector educativo. A través de proyectos relacionados con
la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a la educación para mejorar
la calidad del sistema educativo y aumentar su eficiencia y productividad, está entrando en el campo de la utilización de los productos de Propiedad intelectual brindando orientaciones para la gestión de la misma en las instituciones de educación superior. Con estas iniciativas propende a incentivar la investigación desde las instituciones educativas.
Artesanías de Colombia es una entidad del Estado encargada de contribuir al mejoramiento
integral del sector artesanal estimulando el desarrollo profesional del recurso humano y garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural vivo, con el fin de elevar su competitividad. “Su política en materia de propiedad intelectual consiste en dotar al sector artesanal de las herramientas necesarias que le permitan proteger sus expresiones culturales y obtener provecho de las diferentes ventajas y oportunidades que brinda el SPI, como una estrategia para incentivar la creatividad, la innovación y la comercialización de la artesanía, de manera que ésta se consolide como fuente de desarrollo socioeconómico de las comunidades de artesanos del país” 74 .
Sociedades de Se encargan de la administración del derecho de autor y derechos conexos por los titulares de los Gestión
mismos; las SGC negocian las condiciones de uso y explotación de los derechos por terceros
interesados o usuarios, de sus obras literarias y artísticas protegidas.
Otra labor de las sociedades de gestión colectiva es el recaudo y distribución por concepto de reproducción reprográfica, que es la forma de compensar al autor de obras literarias por la copia
Artesanías de Colombia. “Política del sector artesanal en materia de propiedad intelectual, página 1”.
parcial de las mismas. Las sociedades de gestión colectiva que pretendan administrar y explotar derechos patrimoniales de sus socios, deberán contar con la autorización de funcionamiento que otorga la DNDA. Ministerio de
Regula y fija normas y directrices en materia de Protección Social.
Este Ministerio deber de velar por la situación de los derechos de propiedad intelectual en
productos farmacéuticos y establecer posiciones que beneficien al país.
El Servicio Nacional de Aprendizaje tiene el objetivo de otorgar formación profesional integral a las personas para su incorporación en actividades productivas que contribuyan al desarrollo del país. (Ley 199/94). Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico para el mejoramiento de la formación profesional. De esta forma, entra al SPI como entidad relacionada con la creación de activos de propiedad intelectual.
Instituto de Investigacione Como autoridad científica en materia de biodiversidad en el país, está encargado de la realización s Biológicas
de investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales y
de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional.
Usuarios del SPI
Las empresas son los principales usuarios del SPI, las cuales a través de diferentes formas de protección que ofrece el Sistema obtienen derechos sobre bienes intangibles permitiéndoles consolidar sus estrategias de negocios, diversificar su portafolio de productos e incrementar su competitividad y productividad. Las universidades así como los centros y grupos de investigación, como polos fundamentales de creación de nuevo conocimiento, utilizan el SPI para proteger sus adelantos en las investigaciones así como sus productos artísticos. En el caso de patentes y variedades vegetales, las empresas, los centros y grupos de investigación, las universidades y la comunidad en general pueden acceder y utilizar la información tecnológica en sus propios procesos de investigación y desarrollo.
Las entidades gubernamentales son usuarias del sistema de PI, en la medida en que lleven adelante labores cuyos resultados sean protegibles por el derecho de autor o por la propiedad industrial.
Los usuarios de los objetos protegidos, también son usuarios, pero en sentido diferente. Son aquellos que usan objetos protegidos a favor de terceros. Por ejemplo cuando una Universidad utiliza de manera legitima obras protegidas por el derecho de autor de propiedad de un tercero, así bajo licencia de reproducción (individual o colectiva) reproduce (total o parcialmente una obra) para su utilización por parte de sus profesores o de sus alumnos, o cuando una empresa pública o privada usa bajo autorización (contrato de licencia o de know-know) tecnología desarrollada por un tercero. En esta posición se pueden ver algunas entidades del estado, como por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Cultura.
BESES DE UN PAL DE ACCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD NACIONAL