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Timestamp: 2017-06-24 08:53:45
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El triunfo de Sarayaku, o la fuerza de la comunidad frente al extractivismo | Un Desmemoriado
Publicado en 9 octubre 2012 por Un Desmemoriado	Ecuador
Contexto de la lucha de Sarayaku
Los kichwas de Sarayaku
Por Equipo Otramérica “Esta sentencia es el resultado de casi una década de litigio internacional y marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades a nivel global, constantemente amenazados por políticas extractivistas a nombre del llamado desarrollo del “primer mundo” y que nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, auto proclamados defensores de la selva”. Así de claro lo deja José Gualinga, presidente de Sarayaku en un comunicado que hizo público tras conocerse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el pasado jueves 26 de julio.
El triunfo de Sarayaku en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es histórico y marca la pauta para otros tantos procesos impulsados por pubelos originarios amenazados por el afán extractivista de las multinacionales que tanto apoyan los Estados. Para Gualinga es especialmente importante que la Corte haya destacado “las características específicas de su ‘selva viviente’ (Kawsak Sacha) y la relación íntima entre ésta y sus miembros, que no se limita a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual”. Es la victoria de un modo de vida no capitalista, en conexión con la Pacha frente a la lógica del “crecimiento económico” y al concepto de “desarrollo” que se impone desde Gobiernos e instituciones financieras internacionales (IFIs).
La CoIDH impone al estado exuatoriano siete medidas de restitución y determina con claridad los criterios y las formas de la consulta previa, libre e informada necesaria para la implementación de cualquier proyecto en territorio de los kichwas de Sarayaku.
Por el interés de esta sentencia la reproducimos completa y adjuntamos la versión en PDF para descarga.
———————– Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador
El 26 de abril de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó ante el Tribunal, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda en contra de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “el Ecuador”) en relación con el caso 12.465. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 19 de diciembre de 2003 por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (en adelante “CDES”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 13 de octubre de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 62/04[2], en el cual declaró el caso admisible, y el 18 de diciembre de 2009 aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 138/09[3]. La Comisión designó como delegados a la señora Luz Patricia Mejía, Comisionada, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Isabel Madariaga y Karla I. Quintana Osuna, abogadas.
De acuerdo con la Comisión, el caso se refiere, entre otros temas, al otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku (en adelante “Pueblo Sarayaku” o “el Pueblo” o “Sarayaku”), en la década de 1990,sin que se hubiere consultado previamente con éste y sin su consentimiento. Así, se iniciaron las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales.
Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación:
a) del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 21, en relación con los artículos 13, 23 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo indígena de Sarayaku y de sus miembros;
b) del derecho a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, contemplados en los artículos 4, 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo y de sus miembros;
c) del derecho de circulación y residencia reconocido en el artículo 22, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros del Pueblo;
d) del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de veinte miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku[4];
e) del deber de adoptar disposiciones de derecho interno reconocido en el artículo 2 de la Convención Americana, y
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.
La demanda fue notificada al Estado y a los representantes[5] el 9 de julio de 2010.
El 15 de junio de 2004 la Comisión sometió a consideración de la Corte una solicitud de medidas provisionales a favor del Pueblo Sarayaku y sus miembros, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención y 25 del Reglamento de la Corte. El 6 de julio de 2004 el Tribunal ordenó medidas provisionales[6], que se encuentran aún vigentes[7].
El 10 de septiembre de 2010 el señor Mario Melo Cevallos y CEJIL, representantes del Pueblo Sarayaku para este caso (en adelante “los representantes), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Corte. Los representantes coincidieron sustancialmente con lo alegado por la Comisión, solicitaron al Tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los mismos artículos de la Convención Americana señalados por la Comisión Interamericana, con alcances más amplios, y alegaron que el Estado también había violado:
a) el derecho a la cultura, reconocido en el artículo 26 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros del Pueblo Sarayaku, y
b) el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, contemplados en los artículos 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST”), en perjuicio de cuatro dirigentes de Sarayaku detenidos ilegalmente el 25 de enero de 2003 por efectivos militares.
En consecuencia, solicitaron a la Corte que ordene al Estado diversas medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos.
Asimismo, en dicha oportunidad solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de este Tribunal (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal”) “para cubrir algunos costos concretos relacionados con la producción de prueba durante el proceso del presente caso ante la Corte”, los cuales especificaron y, posteriormente, presentaron elementos probatorios en relación con la carencia de recursos económicos de las presuntas víctimas para solventar dichos costos.
Mediante Resolución de 3 de marzo de 2011, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) declaró procedente la solicitud interpuesta por las presuntas víctimas, a través de sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal (supra párr. 7), y aprobó que se otorgara la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones.
El 12 de marzo de 2011 el Estado presentó ante la Corte su escrito de interposición de excepción preliminar, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “contestación a la demanda”). En dicho escrito, el Estado interpuso una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. El Estado designó como Agentes a los señores Erick Roberts Garcés, Rodrigo Durango Cordero y Alfonso Fonseca Garcés.
Los días 18 y 19 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana y los representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones a la excepción preliminar interpuesta por el Estado y solicitaron a la Corte que la desestime.
El 17 de junio de 2011 el Presidente de la Corte dictó una Resolución[8], mediante la cual ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) por doce presuntas víctimas, propuestas por los representantes, un testigo propuesto por el Estado y seis peritos propuestos por los representantes. Asimismo, mediante dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia públicay realizó determinaciones respecto del Fondo de Asistencia Legal.
La audiencia pública sobre excepción preliminar y eventuales fondo y reparaciones fue celebrada los días 6 y 7 de juliode 2011, durante el 91° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, realizado en su Sede[9]. En la audiencia se recibieron las declaraciones de cuatro miembros del Pueblo Sarayaku, dos testigos propuestos por el Estado, un perito propuesto por la Comisión y un perito propuesto por los representantes, así como los alegatos finales orales de los representantes y el Estado, y las observaciones finales orales de la Comisión.
Por otra parte, el Tribunal recibió escritos de amicus curiae de: 1)la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Seattle University[10]; 2) la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco de Quito[11]; 3) el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador[12]; 4) Amnistía Internacional[13]; 5) la “Alianza Regional por la Libre Expresión e Información”[14]; 6) las señoras Luz Ángela Patiño Palacios y Gloria Amparo Rodríguez y el señor Julio Cesar Estrada Cordero; 7) el señor Santiago Medina Villareal y la señora Sophie Simon; 8) la Clínica Internacional de Derechos Humanos “Allard K. Lowenstein” dela Facultad de Derecho de Yale University[15], y 9) la organización “Forest Peoples Programme”[16].
El 5 y 8 de agosto de 2011 el Estado y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos finales escritos, y el día 8 del mismo mes y año la Comisión presentó sus observaciones finales escritas.Mediante nota de Secretaría de 19 de agosto de 2011, y siguiendo instrucciones del Presidente, se otorgó un plazo para que se presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los anexos remitidos por los representantes y el Estado.
Mediante nota de Secretaría de 19 de agosto de 2011 se informó al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente, y de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, las erogaciones realizadas en aplicación de dicho Fondo en este caso, otorgándole un plazo improrrogable hasta el 2 de septiembre de 2011 para presentar las observaciones que estimare pertinentes. El Estado no presentó observaciones.
El 1 de septiembre de 2011 los representantes y el Estado presentaron sus observaciones sobre anexos a los alegatos finales de la otra parte. El 2 de septiembre de 2011 la Comisión Interamericana manifestó, inter alia, que no tenía observaciones a los anexos presentados por los representantes y, en relación con los remitidos por el Estado, observó que “varios de éstos son extemporáneos”, por lo que solicitó su rechazo sin especificar a cuales documentos se refería.
Mediante nota de Secretaría de 6 de septiembre de 2011 se informó a los representantes, siguiendo instrucciones del Presidente, que sus manifestaciones y alegatos que no se referían específicamente a la admisibilidad o contenido de los documentos aportados por el Estado con sus alegatos finales escritos eran inadmisibles, por lo que no serían considerados por la Corte. En la misma nota se informó al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente, que su escrito de observaciones era inadmisible, puesto que el Estado había presentado alegatos que no se referían específicamente a los anexos remitidos por los representantes[17].
C. Diligencia de visita al Pueblo Sarayaku En su escrito de alegatos finales de 5 de agosto de 2011, el Estado reiteró una solicitud expresada durante la audiencia pública, para que la Corte “efect[uara] una visita de campo a las Comunidades del Río Bobonaza [con la finalidad de que aquélla] pud[iera] reconocer en el terreno las complejidades jurídicas y socio-ambientales del caso materia de esta litis”. Además, durante la audiencia, una de las presuntas víctimas, la señora Ena Santi, solicitó a la Corte que se constituyera en Sarayaku[18]. El 28 de septiembre de 2011 el Presidente Constitucional del Ecuador, señor Rafael Correa Delgado, se dirigió al Presidente de la Corte para “ratificar y formalizar la invitación hecha por los agentes del Estado en las audiencias celebradas en San José de Costa Rica […] [para] que la Corte Interamericana efect[uara] una visita oficial [a su país]”. Posteriormente, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se dio oportunidad a la Comisión y a los representantes para que presentaran sus observaciones al respecto.
Mediante Resolución de 20 de enero de 2012 del Presidente de la Corte [19], de conformidad con los artículos 4, 15.1, 26.1, 26.2, 31.2, 53, 55, 58 y 60 del Reglamento de la Corte y en consulta con los demás miembros de la Corte, se resolvió comisionar a una delegación del Tribunal encabezada por el Presidente para realizar una visita al territorio del Pueblo Sarayaku en el Ecuador[20]. Además, se desestimó una solicitud del Estado en cuanto a la realización de un peritaje adicional.
Dicha visita tendría el propósito de realizar “diligencias encaminadas a obtener información adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y lugares en que habrían ocurrido algunos de los hechos alegados”. Asimismo, “[c]onforme al principio del contradictorio y en aras de mantener el equilibrio procesal, [se indicó que] la visita se realizar[ía] con la participación de representantes de las presuntas víctimas, de la Comisión Interamericana y del Estado, si lo estima[ban] necesario”. Finalmente, se señaló que “la diligencia in situ se llevar[ía] a cabo en lugares del territorio […] Sarayaku en que se alega[ba] ocurrieron hechos incluidos en el marco fáctico del caso”[21].
Por primera vez en la historia de la práctica judicial de la Corte Interamericana, una delegación de Jueces realizó una diligencia en el lugar de los hechos de un caso contencioso sometido a su jurisdicción. Así, el 21 de abril de 2012 una delegación de la Corte, acompañada por delegaciones de la Comisión, de los representantes y del Estado, visitó el territorio del Pueblo Sarayaku[22]. A su llegada, las delegaciones fueron recibidas por numerosos miembros del Pueblo Sarayaku. Luego de cruzar el Río Bobonaza en canoas, se dirigieron a la casa de la asamblea del Pueblo (Tayjasaruta), donde fueron recibidos por el señor José Gualinga, Presidente, los kurakas, los yachaks y otras autoridades y miembros del Pueblo. Estaban presentes, además, representantes de otras nacionalidades indígenas del Ecuador. Allí la delegación de la Corte escuchó numerosas declaraciones de miembros de Sarayaku, entre ellos jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños de la comunidad[23], quienes compartieron sus experiencias, percepciones y expectativas acerca de sus modos de vida, cosmovisión y lo que han vivido en relación con los hechos del caso. El Presidente de la Corte también otorgó la palabra a los representantes de las delegaciones, quienes dieron sus puntos de vista. En ese momento, el Secretario Jurídico de la Presidencia, doctor Alexis Mera, efectuó un reconocimiento de responsabilidad del Estado (infra párrs. 23 y 24). Por último, las delegaciones realizaron un recorrido a pie por el Pueblo, específicamente en Sarayaku centro, cuyos miembros compartieron varias expresiones y rituales culturales. Además, las delegaciones realizaron un sobrevuelo del territorio, durante el cual se observaron lugares en que ocurrieron hechos del caso. Posteriormente, las delegaciones se dirigieron hacia la población de Jatun Molino, donde escucharon a algunas personas del lugar.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que el Ecuador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
Durante la diligencia de visita efectuada por la Corte al territorio de Sarayaku, luego de escuchar las declaraciones de varios miembros del Pueblo, el Presidente de la Corte otorgó la palabra al señor Secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República del Ecuador, Alexis Mera, quien hizo la siguiente manifestación:
[…] les voy a decir una cosa, no sólo a título personal, sino [a] nombre del Presidente Correa, quién me pidió que viniera […] yo no me siento que estamos enfrentados. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se han denunciado en esta jornada, todos los testimonios, todos los actos invasivos de la extracción petrolera que se produjeron en el año 2003, el gobierno no los quiere confrontar. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003 y quiero que se lo diga y se me entienda con claridad. El gobierno reconoce la responsabilidad. Por lo tanto, todos los actos que se produjeron, los actos invasivos, los actos de las fuerzas armadas, los actos en contra de la destrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Por lo tanto, yo invito a la contraparte, que nos sentemos a tratar de hablar de las reparaciones. Toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizarlo.
Y esto lo digo de la manera más frontal. Tal es así que esta audiencia fue hecha por pedido del propio Presidente de la República: el propio Presidente pidió por escrito al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venga para constatar la situación del pueblo Sarayaku y también para constatar que este gobierno fue el que expulsó a la petrolera CGC. Nosotros cuando llegamos hace 5 años encontramos que había todos estos incidentes y había todos estos malestares y había un problema grave en el bloque, y nosotros, como ustedes saben, hemos expulsado a la compañía petrolera CGC. Ya no está explotando. Y no habrá explotación petrolera aquí mientras no haya una consulta previa.
Ahí veía los que llegaban acá a visitar, que decían “no a la ronda 23”. […] No hay una nueva ronda que se inicie mientras no haya una consulta informada. ¿Y que es esa consulta? Tiene que ver especialmente con lo que hablaba de la contaminación: qué es lo que no debe contaminarse, porque no pueden contaminarse los ríos y las comunidades por la acción del petróleo; no puede haber contaminación, no puede permitirse una explotación petrolera que contamine. Y también tiene que hablarse acerca de la situación de las comunidades; ¿cómo está la situación de salud? ¿cómo está la situación de la educación? Podríamos aquí, en un momento en que se discuta el tema petrolero, podrían aquí venir los mejores médicos a tratar a las madres de familia, tener los mejores equipos de salud, los mejores profesores que vengan de Quito si va a haber dinero con la explotación petrolera.
La explotación petrolera debe beneficiar a las comunidades. Lo que pasa es que ancestralmente el Estado ha estado a las espaldas de los pueblos indígenas. Esa es la realidad histórica de este país: como ha estado a espaldas a los pueblos indígenas, la explotación petrolera se ha hecho en perjuicio de las comunidades, pero ese régimen no lo queremos, no lo quiere el gobierno, y por lo tanto no vamos a hacer ninguna explotación petrolera a espalda de las comunidades sino con el diálogo que habrá en algún momento, si es que decidimos iniciar la explotación petrolera o pensar en una explotación petrolera aquí. No va a haber ningún desarrollo petrolero sin un diálogo abierto, franco; no un diálogo hecho por la petrolera, como siempre se ha acusado. Nosotros hemos cambiado la legislación para que los diálogos sean desde el gobierno y no desde el sector extractivo.
Por lo que en definitiva, señor Presidente, le agradezco que me haya concedido la palabra. Vuelvo a repetir que el Estado reconoce la responsabilidad, está dispuesto a llegar a cualquier arreglo de reparación y finalmente una reflexión final: ya esa visión de que nos acusan los demandantes de “malos”… Yo me acuerdo de que el señor Cisneros decía que nosotros somos los “malos”… yo no lo veo así, yo creo que ha habido sufrimientos que deben repararse. Y finalmente, en lo que respecta a los conocimientos ancestrales, yo aquí veo a la dirigencia indígena. Deberíamos trabajar juntos para demandar a las empresas que se roban los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, deberíamos en un momento entrar en un diálogo, franco, para establecer y que no se permita que todos estos conocimientos que ha habido en estas comunidades se los roben otras personas y se hagan millonarias, en algún momento deberíamos conversar del tema. Gracias señor Presidente.
Luego de estas manifestaciones, el Presidente de la Corte otorgó la palabra a los miembros del Pueblo Sarayaku, a sus representantes para este caso y a la Comisión Intermaericana, quienes presentaron sus observaciones al respecto. Inmediatamente después de la asamblea, miembros del Pueblo Sarayaku comunicaron que éste había decidido esperar la sentencia de la Corte.
El 15 de mayo de 2012, luego de la diligencia en el territorio y del reconocimiento de responsabilidad, el Estado manifestó que “la declaración pública [del Secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia] es por sí sola y de manera previa una fórmula de reparación de derechos humanos, enmarcada en lo establecido por el artículo 63. 1 de la Convención Americana”, y solicitó a la Corte que “trasmita oficialmente esta posición, que permitirá eventualmente a las partes avanzar en entendimientos puntuales y técnicos sobre reparaciones o aspectos de fondo según el caso”. La Comisión y los representantes no presentaron observaciones al respecto.
De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento[24], y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema Interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a constatar, registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes[25], de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido[26].
La Corte constata que, en el presente caso, el reconocimiento de responsabilidad ha sido efectuado por el Estado en términos amplios y genéricos. Corresponde entonces al Tribunal otorgar plenos efectos al acto del Estado y valorarlo positivamente por su trascendencia en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular por haber sido efectuado en el propio territorio Sarayaku en el marco de la diligencia efectuada en este caso. Así, tal reconocimiento representa para la Corte una admisión de los hechos contenidos en el marco fáctico de la demanda de la Comisión[27], así como de los hechos pertinentes presentados por los representantes que los aclaren o expliquen[28]. Asimismo, resalta el compromiso manifestado por el Estado relativo a impulsar las medidas de reparación necesarias en diálogo con el Pueblo Sarayaku. Todas estas acciones por parte del Ecuador constituyen una contribución positiva al desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención[29] y, en parte, a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos[30].
Por último, si bien ha cesado la controversia, la Corte procederá a la determinación puntual de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos[31]. Además, la Corte abrirá los capítulos correspondientes para analizar y precisar en lo que corresponda el alcance de las alegadas violaciones y, al estar aún pendiente la determinación de las reparaciones, resolverá lo conducente.
(Falta de agotamiento de los recursos internos)
El Estado alegó que el Pueblo Sarayaku interpuso un recurso de amparo constitucional el 27 de noviembre de 2002 en contra de la empresa CGC y de su subcontratista “Daymi Services S.A.”, el cual habría quedado inconcluso por falta de acción de los propios recurrentes, es decir, el Pueblo Sarayaku, por lo que éstos no habrían prestado las facilidades ni la colaboración necesarias para el trámite ágil y eficiente del recurso. El Estado agregó que las partes fueron convocadas a una audiencia pública el día 7 de diciembre de 2002, día en que compareció la demandada principal en el proceso, la empresa CGC, pero ningún representante de Sarayaku lo hizo, por lo que, según la Ley de Control Constitucional vigente en aquel momento, el recurso se tuvo por desistido. Por otro lado, el Estado manifestó que las presuntas víctimas tenían a su disposición recursos adecuados para solucionar esta situación, tales como una queja ante la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura o un “juicio de recusación al juez que conoció la causa”. Al respecto, la Comisión manifestó, inter alia, que durante el trámite del caso ante ella, el Estado efectivamente interpuso la referida excepción, pero que, contrariamente a lo que alega ante la Corte, en esa oportunidad el Estado manifestó que el recurso de amparo no era adecuado y eficaz para solucionar la situación, pues el amparo no estaba concebido para impugnar un contrato de concesión petrolera, que debía ser impugnado a través de un recurso contencioso-administrativo, por lo que en su Informe 62/04 concluyó que el recurso de amparo era adecuado según la legislación ecuatoriana aplicable al caso y que resultaba aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención, por la falta de resolución y efectividad del recurso. Por ende, la Comisión solicitó que, en virtud del principio de estoppel, la excepción interpuesta debe ser declarada improcedente. Por su parte, los representantes coincidieron con la Comisión, presentaron otros alegatos y solicitaron a la Corte desestimar esta excepción.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42.6, en concordancia con lo previsto en los artículos 61, 62 y 64, todos de su Reglamento, la Corte estima que, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el presente caso, el Estado ha aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del presente caso, por lo que la interposición de una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento[32]. Además, el contenido de dicha excepción se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del presente asunto, en particular en lo referente a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. En consecuencia, la excepción planteada carece de objeto y no es necesario analizarla.
Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 50, 51, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia relativa a la prueba y su apreciación[33], la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones de las presuntas víctimas y testigos, y los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público y en la audiencia pública ante la Corte. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente[34].
El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, adjuntos a sus escritos principales. Asimismo, el Tribunal recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) por cuatro presuntas víctimas[35], a saber: Sabine Bouchat, Bertha Gualinga, Franco Viteri y José Gualinga, todos miembros de Sarayaku, y de seis peritos: Rodolfo Stavenhagen, Alberto Acosta Espinosa, Víctor Julio López Acevedo, Bill Powers, Shashi Kanth y Suzana Sawyer.
La Corte hace constar que, en su escrito de 23 de junio de 2011, los representantes manifestaron que habían “decidido presentar las declaraciones escritas” de cuatro de las presuntas víctimas y “desistir de la presentación” de las declaraciones de otras ocho presuntas víctimas, todas requeridas mediante la Resolución del Presidente de 17 de junio de 2011[36]. Una vez que la presentación de una declaración ha sido ordenada por el Presidente, la presentación de esa prueba deja de estar a disposición de las partes, por lo que no presentarla requiere de la respectiva justificación. De tal manera, la falta de presentación de la prueba únicamente puede afectar, en su caso, a la parte que injustificadamente dejó de hacerlo.
En cuanto a la prueba evacuada en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las siguientes presuntas víctimas: don Sabino Gualinga, líder espiritual (Yachak), Patricia Gualinga, dirigente de mujeres y familia, Marlon Santi, ex Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- y ex Presidente de Sarayaku, y Ena Santi, todos miembros de Sarayaku. Además, escuchó como testigos a Oscar Troya y David Gualinga (ofrecidos por el Estado) y a dos peritos (ofrecidos por la Comisión y los representantes): James Anaya, actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y al antropólogo y abogado Rodrigo Villagra Carrón[37].
En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal, así como aquellos relativos a hechos supervinientes remitidos por los representantes y por la Comisión Interamericana, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, exclusivamente en la medida en que sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas[38].
En cuanto a las notas de prensa presentadas por las partes y la Comisión junto con sus distintos escritos, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. El Tribunal decide admitir los documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica[39].
Con respecto a algunos documentos señalados por las partes por medio de enlaces electrónicos, el Tribunal ha establecido que si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes[40]. Además, en este caso, no hubo oposición u observaciones de las otras partes sobre el contenido y autenticidad de tales documentos.
Por otro lado, la Corte observa que, junto con las observaciones a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, los representantes remitieron varios anexos en carácter de “prueba superviniente” y presentaron un documento titulado “Estudio de Poblamiento Tradicional, Poblacional y de Movilidad del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku”[41].
Con respecto a la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, aquélla debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso (demanda), de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. No es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en los supuestos excepcionales establecidos en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se trata de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.
En este sentido, el Tribunal observa que el Estado remitió diversos documentos junto con sus alegatos finales escritos. Los representantes alegaron que todos esos documentos serían inadmisibles y que varios de ellos fueron presentados de forma extemporánea, lo cual no fue justificado por el Estado en alguna de esas situaciones excepcionales y, más aún, que los documentos presentados se encontraban a disposición del Estado desde antes de su escrito de contestación. Igualmente, la Comisión solicitó a la Corte rechazar algunos de estos documentos por haber sido remitidos de forma extemporánea, pero sin especificar a cuáles documentos se refería. Al respecto, este Tribunal considera que no corresponde admitir aquellos documentos presentados por el Estado en sus alegatos finales escritos que no hubiesen sido presentados en el momento procesal oportuno[42].
En cuanto a los anexos presentados por los representantes junto con las observaciones a la excepción preliminar, el Tribunal observa que en el escrito de solicitudes y argumentos, los representantes señalaron que “el Pueblo [Sarayaku] esta[ba] llevando a cabo un proceso de censo, [y que] el mismo […] [sería] aportado ante la […] Corte tan pronto esté disponible”. Por ende, la Corte considera admisible el referido estudio, en el entendido que el mismo no estaba aún disponible y que además había sido referido en el escrito de solicitudes y argumentos. En cuanto a los demás anexos presentados por los representantes junto con las observaciones a la excepción preliminar, la Corte únicamente admitirá aquellos documentos que sustenten hechos supervinientes.
Por otra parte, los representantes remitieron, con sus alegatos finales escritos, comprobantes de gastos de litigio relacionados con el presente caso. El Tribunal sólo considerará aquellos documentos que se refieran a solicitudes de costas y gastos en que los representantes alegaron haber incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte, con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de solicitudes y argumentos.
La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos por las presuntas víctimas y peritos en audiencia pública y mediante declaraciones juradas, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos (supra párr. 11) y al objeto del presente caso, los cuales serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio[43]. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias[44]. Éstos serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio y tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes[45].
El Estado remitió, junto con su lista definitiva de declarantes, un documento titulado “Informe Antropológico Protocolizado” suscrito por el señor Borris Aguirre Palma, quien fue originalmente ofrecido como perito por el Estado en su contestación. Al enviarlo, el Estado manifestó que lo hacía “sobre el objeto aprobado por la Corte”. Según consta en la Resolución del Presidente de 17 de junio de 2011, dicho peritaje no había sido requerido por la Corte ni por su Presidente. El referido documento suscrito por el señor Aguirre Palma, remitido por el Estado como un peritaje, no fue presentado como prueba documental en el momento procesal oportuno, ni puede ser considerado como un peritaje, pues no fue requerido por el Tribunal o su Presidente, ni fue producido de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 41.1.b, 46 y 50 del Reglamento en materia de ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes. En consecuencia, tal documento no es admisible.
Asimismo, esta Corte hace constar que no fue remitida la declaración del señor Rodrigo Braganza, ofrecida por el Estado como testigo y requerida en el punto resolutivo primero de la Resolución del Presidente de 17 de junio de 2011. El Estado acreditó al señor Braganza como parte de la delegación que lo representaría en la audiencia[46], lo cual fue objetado por los representantes durante la reunión previa a la misma por considerar que había sido convocado como testigo. El señor Braganza participó, como parte de la delegación acreditada por el Estado, en la presentación de los alegatos finales orales del Estado durante la audiencia pública, refiriéndose al tema de la pentolita enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku. Los representantes manifestaron en sus alegatos finales que lo anterior no debería ser valorado por la Corte. Por lo tanto, al haberse presentado como parte de la delegación del Estado, la Corte estima que las expresiones del señor Braganza no constituyen elementos de prueba propiamente dichos sino alegatos de parte.
En lo que se refiere a la declaración en audiencia del señor Oscar Troya, testigo propuesto por el Estado, el Tribunal pone de manifiesto que al contestar una pregunta de los representantes durante su testimonio en audiencia, el mismo señor Troya aceptó que había estado presente en la sala de audiencia mientras se recibían las declaraciones de las presuntas víctimas, testigos y peritos. Corresponde a las partes comunicar a los testigos que ofrecen las reglas de comparecencia ante la Corte. La Corte considera que esa conducta, además de afectar el principio de equilibrio procesal entre las partes en el procedimiento, contraviene lo dispuesto en el artículo 51.6 del Reglamento de la Corte. Por ende, la Corte no admite el testimonio del señor Oscar Troya.
En su demanda, bajo la sección “valoración de la prueba” del capítulo de “fundamentos de hecho”, la Comisión Interamericana tuvo en cuenta que ante ella estuvo en trámite el expediente sobre medidas cautelares y que se encontraban en trámite las medidas provisionales ordenadas por la Corte. Luego, consideró que el Estado, “como parte en ambos procedimientos, ha tenido la oportunidad de controvertir y objetar las pruebas aportadas por los peticionarios y, por tanto, existe un equilibrio procesal entre las partes”, por lo que incorporó al acervo probatorio “las pruebas aportadas por las partes en el procedimiento de medidas cautelares y provisionales”. Por su parte, los representantes han hecho numerosas referencias en sus solicitudes y argumentos a las medidas provisionales o a documentos aportados en el marco de las mismas. Por otro lado, el Estado ha alegado en su contestación que los informes que ha enviado referentes a las medidas provisionales “deben ser valorados como prueba a favor del Estado por la Corte Interamericana”.
Esta Corte recuerda que el objeto del procedimiento de medidas provisionales, de naturaleza incidental, cautelar y tutelar, es distinto al de un caso contencioso, tanto en los aspectos procesales como de valoración de la prueba y alcances de las decisiones[47]. No obstante, a diferencia de otros casos[48], las presuntas víctimas del presente caso han sido también beneficiarias de esas medidas de protección, es decir, el grupo concreto o potencial de los beneficiarios es idéntico al grupo de personas conformado por las presuntas víctimas. Además, el objeto de las medidas provisionales coincide con muchos de los aspectos del fondo de la controversia. De tal manera, los escritos y documentación presentados en el procedimiento de medidas provisionales serán considerados parte al acervo probatorio del presente caso, según hayan sido oportuna, específica y debidamente referidos o identificados por las partes en relación con sus alegatos.
Con respecto a la diligencia in situ (supra párrs. 18 a 21) encaminada a obtener información adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y lugares en que habrían ocurrido algunos de los hechos alegados en el presente caso, la información recibida será valorada en consideración de las circunstancias particulares en la que fueron producidos. De ese modo, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las personas que fueron escuchadas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias[49].
En lo que respecta a la información recibida en Jatun Molino, la Corte la ha tomado como información contextual pero no hará determinación alguna respecto de esa comunidad (supra párr. 20).
B. Admisión de la prueba documental
C. Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas y de la prueba testimonial y pericial
D. Valoración del expediente de medidas provisionales
E. Valoración de la diligencia de visita al territorio Sarayaku
A. El Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku[50]
La nacionalidadKichwa[51] de la Amazonía ecuatoriana comprende dos Pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural: el Pueblo Napo-Kichwa y el Pueblo Kichwa del Pastaza. La autodefinición de los Kichwa de la provincia de Pastaza como Runas (personas o seres humanos) marca su adscripción y pertenencia al mismo espacio identitario intraétnico frente a los otros Pueblos indígenas no Kichwa[52]. Según el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (“CODENPE”)[53], los Kichwa de la Amazonía se han organizado en diferentes federaciones.El Pueblo Kichwa de Sarayaku y otros grupos kichwa-hablantes de la provincia de Pastaza forman parte del grupo cultural de los Canelos-Kichwa, quienes forman parte de una cultura emergente surgida de una mezcla de los habitantes originales de la zona norte del Bobonaza[54].
El Pueblo Kichwa de Sarayaku se encuentra ubicado en la región del Ecuador Amazónico, en el área del bosque tropical, en la provincia de Pastaza, en diferentes puntos y en las riberas del Río Bobonaza. Su territorio se localiza a 400 m.s.n.m., a 65 km de la ciudad de El Puyo. Es uno de los asentamientos Kichwas de la Amazonía de mayor concentración poblacional y extensión territorial, que según censo del Pueblo se compone de alrededor de 1200 habitantes. El entorno territorial del pueblo Sarayaku es uno de los que ofrecen mayor biodiversidad en el mundo. El pueblo de Sarayaku está formado por cinco centros poblados: Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayakillo, Shiwacocha y Chontayacu. Estos centros no constituyen comunidades independientes, sino que están adscritos al Pueblo de Sarayaku y en cada uno existen grupos de familias ampliadas o ayllus, los que a su vez están divididos en huasi, que son los hogares formados por una pareja y sus descendientes. Esto pudo ser parcialmente observado por la delegación de la Corte en su visita.
El territorio donde se encuentra ubicado el Pueblo de Sarayaku es de difícil acceso. El desplazamiento entre Puyo –la ciudad más cercana– y Sarayaku, dependiendo de las condiciones climáticas, demora entre 2 y 3 días por vía fluvial a través del río Bobonazay aproximadamente ocho días por vía terrestre. Para ingresar al territorio Sarayaku, sea por vía fluvialo terrestre, necesariamente se debe hacer por la Parroquia Canelos. Asimismo, en Sarayaku existe un espacio para el aterrizaje de aviones pequeños, si bien la utilización de ese medio de transporte resulta onerosa.
Los Sarayaku subsisten de la agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y la recolección dentro de su territorio de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ancestrales. Un promedio del 90% de sus necesidades alimenticias son satisfechas con productos provenientes de su propia tierra y el 10% restante con bienes que provienen del exterior de la comunidad.
En lo que concierne a la organización política, desde 1979 Sarayaku tiene un Estatuto inscrito ante el Ministerio de Bienestar Social, que integra autoridades como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales. A partir del año 2004, Sarayaku fue reconocido como Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.En la actualidad, las decisiones sobre temas importantes o de especial trascendencia para el Pueblo se toman en la tradicional Asamblea comunitaria[55], denominada Tayja Saruta-Sarayacu[56], que además constituye la máxima instancia de toma de decisiones. Además, se encuentra organizado bajo un Consejo de Gobierno integrado por líderes tradicionales de cada comunidad (kurakas o varayuks), autoridades comunitarias, ex dirigentes, mayores, sabios tradicionales(yachaks) y grupos de asesores y técnicos de la comunidad.Este consejo tiene capacidad de decisión en cierto tipo de conflictos internos y externos, pero su tarea principal es servir de interlocutor con los actores externos a Sarayaku sobre la base de las decisiones tomadas en asamblea.
La organización del Pueblo Kichwa de Sarayaku forma parte de la Coordinación Kichwa de Pastaza. Es también parte de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
De acuerdo con la cosmovisión del Pueblo Sarayaku, el territorio está ligado a un conjunto de significados: la selva es viva y los elementos de la naturaleza tienen espíritus (Supay)[57], que se encuentran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza los lugares[58]. Únicamente los Yachaks pueden acceder a ciertos espacios sagrados e interactuar con sus habitantes[59].
Según señaló el Estado, a partir de la década de 1960 el Estado intensificó el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, concentrando su interés en la Región Amazónica del Ecuador. El Estado manifestó al respecto que en 1969 se descubrieron las primeras reservas de crudo liviano en la zona nororiental y tres años más tarde comenzó su exportación, con lo que dicha región “cobró gran importancia geopolítica y económica transformándose de un ‘mito’ a un espacio estratégico nacional”. De acuerdo con lo manifestado por las partes, durante la década de los años 1970 Ecuador vivió un crecimiento acelerado de la economía nacional, un aumento vertiginoso en las exportaciones[60] y un fuerte proceso de modernización de la infraestructura en las ciudades principales.
Según fuera señalado por el Estado, en ese particular momento histórico se adoptaron medidas orientadas al control absoluto del recurso petrolero desde una perspectiva nacionalista y bajo la filosofía de la “seguridad nacional”, concepción económica-política desde la cual el sector petrolero era definido como un área estratégica.En aquel entonces “las variables ambiental[es], étnica[s] y cultural[es] no eran motivo de discusión política”. De acuerdo a lo señalado por los representantes, la explotación petrolera habría provocado un costo ambiental de grandes magnitudes que significaría, entre otros, derrames de grandes cantidades de petróleo crudo, contaminación de las fuentes hídricas por desechos de la producción de hidrocarburos y quemazones al aire libre de importantes cantidades de gas natural. Además, esa contaminación medioambiental habría generado riesgos para la salud de las poblaciones de las zonas petroleras del Oriente ecuatoriano[61].
En la actualidad, Ecuador ocupa el quinto lugar como productor de petróleo, y el cuarto como exportador, entre los países de América Latina. De acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, para el 2005 las ventas de crudo generaban aproximadamente un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) del país y los ingresos por petróleo solventaban cerca del 40% del presupuesto nacional[62].
El 12 de mayo de 1992 el Estado adjudicó, a través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), en la provincia de Pastaza y en forma indivisa, un área singularizada en el título que se denominó Bloque 9, correspondiente a una superficie de 222.094Ha.[63] o 264.625 Ha.[64], a favor de las comunidades del Río Bobonaza[65], entre las cuales se encuentra el Pueblo Kichwa de Sarayaku[66]. Dentro de ese Bloque 9, el territorio Sarayaku consiste en 135.000 Ha. En efecto, el 10 de junio de 2004 el Secretario Ejecutivo del CEDENPE (institución estatal adscrita a la Presidencia de la República competente en temas indígenas) registró el Estatuto del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku (Acuerdo No 24), cuyo artículo 47.b) establece “[e]l territorio del Pueblo Kinchwa de Sarayaku y sus recursos naturales comprendidas en [la] superficie del bloque 9, cohabitado con el pueblo kichwa de Boberas, de las cuales corresponde a Sarayaku, aproximada y tradicionalmente 135.000 hectáreas, así como los bienes que se hacen referencia en el artículo 45 y 46 de este Estatuto, [d]ejando constancia que estas dimensiones territoriales pudieren aumentarse en el futuro”[67].
Del mismo modo, de conformidad con el título, la adjudicación se realizó de acuerdo con las siguientes disposiciones:
B. Las exploraciones de petróleo en Ecuador
C. Adjudicación de territorios al Pueblo Kichwa de Sarayaku y las Comunidades del Río Bobonaza en mayo de 1992
“a) La presente adjudicación se inspira en el triple propósito de proteger los ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana, de mejorar las condiciones de vida de los miembros de las comunidades indígenas y de precautelar la integridad de su cultura [;]
b) esta adjudicación no afecta en modo alguno, a las adjudicaciones anteriormente hechas a personas o instituciones cuya validez se ratifican por este acto, ni los asentamientos y posesiones de los colonos realizados con anterioridad a la presente fecha ni el libre tránsito por las vías acuáticas y terrestres existentes o que se construyan en el futuro, de acuerdo con la legislación nacional [;]
c) esta adjudicación no limita la facultad del Estado de construir vías de comunicación, puertos, aeropuertos y demás obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico y seguridad del país [;]
d) el Gobierno Nacional, sus instituciones y la fuerza pública tendrán libre acceso a las zonas adjudicadas para el cumplimiento de las acciones previstas en la Constitución y leyes de la República [;]
e) los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Estado y este podrá explotarlos sin interferencias dentro de las normas de protección ecológica [;]
f) el Gobierno Nacional, a fin de proteger la integridad social, cultural, económica y ambiental de las comunidades adjudicatarias, tendrá los planes y programas que, al efecto, serán elaborados por las respectivas comunidades indígenas y presentados a consideración del Gobierno [, y]
g) la comunidad adjudicataria se someterá a las normas de manejo y cuidado del área adjudicada y queda expresamente prohibida la venta o enajenación, total o parcial de ella”[68].
D. Contrato de participación con la empresa CGC para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 de la Región Amazónica
El 26 de junio de 1995 el Comité Especial de Licitación (“CEL”) convocó la octava ronda de licitación internacional para la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional ecuatoriano, en la que se incluyó el llamado “Bloque 23” de la región Amazónica de la provincia de Pastaza[69]. Según el Estado, el bloque 23 se encontraba ubicado en la provincia de Pastaza, aproximadamente a 40 km de la ciudad de Puyo en dirección Este, y la base de operaciones de la Compañía CGC se estableció en Chonta, tomando como puntos de apoyo los sectores de Pacayacu, Shimi, Jatun Molino y KunKuk.
El 26 de julio de 1996 fue suscrito, ante el Notario Tercero de San Francisco de Quito, un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque No. 23 de la Región Amazónica (en adelante el “contrato de exploración y explotación de petróleo” o “el contrato con la CGC”), entre la Empresa Es
http://otramerica.com/causas/el-triunfo-de-sarayaku-o-la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al-extractivismo/2208
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