Source: https://issuu.com/pritviindustrisdigital/docs/conpes_3673
Timestamp: 2017-09-25 05:49:29
Document Index: 414349458

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 19', 'Artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 44', 'Artículo 190', 'Artículo 44', 'artículo 20', 'artículo 31', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 188', 'Artículo 7']

Resumen Conpes 3673 by Pritvi Industria Digital - issuu
PREVENIR EL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES ASUNTO DE
VERSIÓN RESUMIDA DOCUMENTO CONPES 3673 de 2010 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY Y DE LOS GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
PREVENIR EL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES ES ASUNTO DE TODOS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Vicepresidente de la República Angelino Garzón. Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley Gladys María Fernández Giraldo. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Director General Hernando José Gómez Restrepo. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno Sonia Juliana García Vargas. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) Jefe de Misión Marcelo Pisani Codoceo. Programa de Atención a Niños y Niñas Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento Cooordinador Juan Manuel Luna García. EQUIPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley Adriana Esguerra Dávila. Olga Patricia Dávila. Departamento Nacional de Planeación (DNP) Rocío Rubio Serrano. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) María Victoria Hoyos Álvarez. Paula Fernanda Rivero Díaz. Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Vicepresidencia de la República de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad de la Vicepresidencia de la República de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la OIM y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.
Bogotá, 20 de septiembre de 2011. ISBN: 978-958-8469-55-3 Diseño y diagramación: www.digitosydisenos.com.co
CONTENIDO Propósito de esta publicación
PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN Este documento tiene como propósito presentar a los servidores públicos, a las organizaciones sociales, instituciones educativas, familias y comunidades en el territorio nacional una versión sintetizada del documento CONPES 3673 de 2010, Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados. Este texto presenta el marco normativo, los enfoques, principios y lineamientos para la actuación corresponsable del Estado, la sociedad y la familia frente a la protección integral de la infancia y adolescencia en nuestro país; en particular, llama a garantizar todos sus derechos y a fortalecer entornos protectores para evitar su reclutamiento y utilización. Se pretende, adicionalmente, que el documento sea una herramienta útil de trabajo para quienes formulan políticas públicas de infancia y adolescencia en los diferentes niveles territoriales. Se trata de propiciar la sensibilización y apropiación de las competencias territoriales en materia de prevención de las vulneraciones de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Así mismo, incentivar el desarrollo de la corresponsabilidad social a partir de la ampliación de su conocimiento sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, de manera que emprendan acciones coordinadas para evitar estas practicas violatorias de sus derechos, garantizarles un proyecto de vida lejano a las armas y generar entornos protectores, en donde la prevención es un asunto de todos.
o es factible precisar cuántos niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido reclutados y utilizados por grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. Tampoco cuántos están en riesgo de serlo. No obstante, un sólo caso, de entrada, es muy grave.
El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes son violaciones a los derechos de una población que demanda protección integral por parte de todos: familia, sociedad y Estado. Un sólo caso indica que, en algo o mucho, hemos fallado. Nos señala que no los hemos protegido de ser víctimas de la guerra, los conflictos, la violencia, de una de las peores formas de trabajo infantil y de un crimen de guerra; al igual que de los delitos de reclutamiento ilícito y de utilización de menores de 18 años. Se trata de actos inhumanos que afectan su integridad física y mental, causando intencionalmente grandes sufrimientos. Estas prácticas son un indicador dramático de la precariedad del desarrollo. Alejan del horizonte la posibilidad de construir condiciones de paz y mantenerlas; en paralelo impiden una verdadera reconciliación nacional. Alertan sobre la existencia de planes sistemáticos de los armados en contra de nuestra infancia y adolescencia, apalancados en diversas situaciones de vulnerabilidad. El común denominador de tales situaciones es que niños, niñas y adolescentes no son considerados sujetos de derechos; por el contrario, son percibidos como objetos de explotación y violencia, medios para salir de la pobreza, armas de guerra, escudos humanos, “carritos“ para mandados de inteligencia o logística, cuerpos transables, instrumentos de tráfico y utilización, entre otras formas de cosificación. Las situaciones enunciadas expulsan a niños, niñas y adolescentes a la guerra y la violencia. Facilitan que sean cooptados o capturados por la oferta (individual, grupal o masiva) de los armados, quienes ejercen presencia ocasional, frecuente o transitoria en sus espacios vitales. Una oferta que combina coerción con seducción, frente a la cual la voluntariedad y el consentimiento de esta población están viciados, en la medida en que la decisión no fue libre, ni informada y responde a la presencia de otras vulneraciones de derechos en sus vidas.
Por tanto, debemos ser muy conscientes de este delito. La apuesta de todos, absolutamente todos, es evitarlo. Su ocurrencia afecta el goce efectivo de derechos y el desarrollo de los niños, de sus familias, de las comunidades y del país, en su conjunto, al igual que tensiona el ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. El reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años debe prender todas las alarmas. Una sociedad civilizada impide su ocurrencia. Por tanto, evita que niños, niñas y adolescentes experimenten una vida en armas; neutraliza los planes sistemáticos de reclutamiento y utilización que diseñan e implementan los armados; activa todas las medidas necesarias para erradicar tales prácticas; llama al rechazo y la movilización ciudadana en su contra y promueve políticas públicas que incorporen la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Una sociedad madura sabe que prevenir es más efectivo y menos costoso que atender. No en vano, convoca todos los esfuerzos para fortalecer entornos protectores y actuar antes de la perpetración de estas violaciones. Una sociedad civilista y respetuosa de los Derechos Humanos es consciente de que la guerra no es un juego de niños.
n las últimas décadas, el país ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. Así mismo, ha desarrollado una serie de estrategias orientadas al restablecimiento de sus derechos cuando éstos han sido violados. Por ejemplo, cuenta con un programa especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados, que propende por el restablecimiento de sus derechos e inclusión social. Sin duda hay lecciones por aprender, pero también buenas prácticas por visibilizar y replicar.
El reto del país es asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes; al igual que transformar la imagen de esta población como objeto, vigente en muchos contextos sociales, familiares e institucionales. Para tal efecto es necesario apostarle a contrarrestar vulnerabilidades y ampliar oportunidades. De igual manera, es preciso fortalecer entornos protectores, prevenir riesgos de diverso orden y proteger ante amenazas directas, colectivas e individuales. En este escenario aún nos falta mucho camino por recorrer, pero sin duda se ha abierto trocha a partir de las iniciativas de diferentes actores, en diversos lugares de la geografía nacional. Organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional e integrantes del sector privado han emprendido o apoyado proyectos para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Comunidades indígenas del suroccidente colombiano, por ejemplo, han activado estrategias colectivas para proteger a sus niños de los armados y, de paso, garantizar la transmisión entre generaciones de saberes ancestrales, asegurando la pervivencia étnica y cultural. La academia, a su vez, ha orientado su quehacer investigativo hacia este fenómeno, formulando preguntas e hipótesis, avanzando en un cuerpo de conocimiento y en la gestión del mismo. Algunos gobiernos locales y departamentales han conformado mesas para articular y coordinar las intervenciones preventivas y protectoras de la infancia y adolescencia en sus respectivas jurisdicciones. Por su parte, el Gobierno Nacional ha impulsado avances normativos para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al igual que disposiciones para sancionar a perpetradores de estas violaciones. También, ha desarrollado otro tipo de medidas para este fin. En 2006, por ejemplo, se entregó a la Alta Consejería para la Reintegración, ACR, la función de asesorar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en estrategias y políticas para prevenir el reclutamiento de niños. En 2007, se creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley (Decreto 4690 de 2007) como una instancia de articulación y coordinación interinstitucional de las acciones e intervenciones en la materia.
En 2008, el país acogió el Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ocupa de seis violaciones de los derechos de los niños, dentro de las cuales se encuentra el reclutamiento y utilización. Resolución 1612 de 2005. La Resolución contribuye a establecer un marco general para la protección de los niños afectados por conflictos armados. Entre las violaciones de las que se ocupa están: i) asesinato y mutilación de niños; ii) reclutamiento y utilización de niños soldados; iii) los ataques contra escuelas y hospitales; iv) la violación de niños y su sometimiento a otros actos graves de violencia sexual; v) el secuestro de niños; y vi) la denegación de acceso a la asistencia humanitaria para los niños. Esta resolución pide al Secretario General que ponga en marcha el mecanismo de supervisión y presentación de informes, que tiene como finalidad promover la recopilación sistemática de información objetiva, concreta y fidedigna sobre las infracciones graves de que son objeto los niños y niñas en las situaciones de conflictos armados, que conduzca a una respuesta concertada, eficaz y con conocimiento de causa para asegurar el cumplimiento de las normas locales e internacionales que los protegen. Para esto establece un grupo de trabajo del Consejo de Seguridad para examinar los informes del mecanismo, hacer recomendaciones sobre posibles medidas para promover la protección de los niños afectados por los conflictos armados y dirigir solicitudes a otros órganos de las Naciones Unidas para que tomen medidas en apoyo de la aplicación de la resolución.
Las medidas señaladas se suman a iniciativas sectoriales y al trabajo de los organismos de control en materia de prevención. Son avances y se constituyen en experiencias a capitalizar; pero aún hay un camino largo por transitar. De ahí el imperativo de dar un paso más allá e inscribir esta problemática en la agenda pública del país y establecer la prevención como un propósito nacional.
En este orden, se impulsó la formulación de la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social a través del documento CONPES 3673 de 2010.
La política es vinculante para el Ejecutivo Nacional. No obstante, contó con la participación de representantes de otras ramas del poder público y atiende compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2006-2010 y el actual Plan de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, que la apropia e impulsa. La política trazada aspira a ser una política de Estado, de largo aliento, visionaria e integral. Invita, por tanto, a las diferentes autoridades y niveles de gobierno a alinearse con sus objetivos e implementar acciones que incidan en la erradicación de este fenómeno. También, convoca a las familias, sociedad en general y comunidad internacional a sumar esfuerzos en pro de la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y la protección integral de sus derechos. Su horizonte nos impulsa a dar un paso de proyectos a intervenciones más programáticas, articuladas, coordinadas e integrales. Es como un telón de fondo de las acciones e iniciativas de actores diversos para proyectar una imagen lejana a las armas y a la lógica de la guerra. Para tal efecto, la política parte de una hipótesis de trabajo: a mayor garantía, goce efectivo y entornos protectores de los derechos de niños, niñas y adolescentes, menor será el riesgo de reclutamiento y utilización. Esta es fundamento del plan de acción del documento CONPES 3673 de 2010, que señala intervenciones concretas, acompañadas de indicadores para su respectivo monitoreo, metas a alcanzar en el tiempo, responsables institucionales y recursos asociados a su implementación. Adicionalmente, contiene un esquema de rendición de cuentas del avance de las acciones y mecanismos de seguimiento institucional a sus recomendaciones. Los derroteros trazados en el CONPES demandan, a su vez, el concurso de la ciudadanía en general, pues prevenir es un propósito de todos. No en vano la construcción social de la visión de futuro donde niños, niñas y adolescentes no sean reclutados y utilizados es una labor que empieza aquí y ahora.
e ha mencionado que es difícil precisar cuántos niños, niñas y adolescentes han sido o están en riesgo de reclutamiento y utilización. A la fecha más de 4.600 niños desvinculados de grupos armados han sido atendidos por el ICBF; no obstante, las denuncias, investigaciones judiciales y requerimientos de las víctimas de reparación por estas violaciones no se corresponden a la cifra señalada. Por lo general, estos delitos no son visibilizados o se subsumen bajo otras violaciones, por ejemplo: el desplazamiento forzado.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indica que 29 de los 32 departamentos del país reportan riesgo de reclutamiento y utilización. El Secretario General de las Naciones Unidas anota la existencia de estas violaciones en el país, perpetradas por diversos grupos armados. La Corte Constitucional señala, a su vez, que se trata de una práctica criminal de ocurrencia extendida y reiterada en todo el territorio nacional. Diferentes fuentes observan que los planes de reclutamiento y utilización puede ser individuo por individuo, de manera grupal o masiva. Para tal efecto, los armados emplean la coerción y la seducción. Los niños, las niñas y los adolescentes son empleados tanto en el campo de batalla, como en labores de inteligencia, logística, control territorial y comercio de sustancias ilícitas, entre otros usos. Entre las motivaciones que esgrime esta población para vincularse con el grupo armado se pueden citar las siguientes: i) la socialización en un contexto de guerra y violencia; ii) la sensación de sentido de pertenencia y de reconocimiento, de ser alguien; iii) el gusto por las armas y la idealización del armado; iv) el enamoramiento; v) el espíritu de aventura; vi) la búsqueda de seguridad; vii) el huir de situaciones de maltrato y violencia intrafamiliar; viii) las promesas de dinero y el argumento de necesidades económicas; ix) el sentimiento de venganza y la necesidad de hacer justicia; x) el desplazamiento forzado xi) el trabajo infantil, particularmente el asociado a fuentes ilícitas (narcotráfico o minería ilegal, por ejemplo); y xii) la posibilidad de encontrar un modo de vida para salir de la pobreza. Todas estas motivaciones esbozan un panorama que expulsa a niños, niñas y adolescentes hacia el grupo armado, independientemente si en el proceso de reclutamiento y utilización de los grupos armados medió la coerción.
En este orden de ideas, el documento CONPES 3673 de 2010 observa que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tienen mayor riesgo frente al reclutamiento y utilización por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. Tales situaciones están relacionadas, entre otros ítems, con los siguientes: En los espacios vitales de niños, niñas y adolescentes hay presencia de grupos que los reclutan y utilizan. Los espacios vitales son los escenarios (casa, escuela, parque, municipio, por ejemplo) en los cuales se da el proceso de formación y se construyen las relaciones sociales de esta población. Escenarios que deberían ser entornos protectores. No obstante, en éstos los grupos armados ejercen presencia ocasional, frecuente o transitoria. Se caracterizan por ser zonas con cultivos de uso ilícito y corredores para el desarrollo de actividades ilegales, de disputa entre grupos por el control de activos estratégicos y de enfrentamientos armados. Diversas formas de violencia y explotación son ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiar y comunitario, en algunos casos, aceptadas culturalmente. Se trata de prácticas de crianza violentas, que se transmiten entre generaciones como formas de educación y ejercicio de la autoridad de padres, cuidadores y adultos significativos para esta población. Entre tales prácticas se pueden citar: i) el maltrato infantil (físico y psicológico), ii) la violencia sexual (acoso, abuso, explotación, esclavitud sexual, trata, matrimonio servil, entre otras formas), iii) la violencia intrafamiliar; y iv) la explotación laboral, acompañada de las peores formas de trabajo infantil. Estas violencias y explotaciones facilitan la vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes a los grupos armados. En las zonas urbanas esta articulación se realiza generalmente a partir de su ingreso a parches, combos y pandillas que son cooptados por grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.
La oferta institucional, en lo nacional y territorial, para el pleno ejercicio y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es poco pertinente, continua, eficaz y adecuada al contexto. En efecto, se presenta una serie de problemas asociados a la oferta institucional entre los cuales se pueden citar: i) la desarticulación institucional para la construcción y consolidación de políticas integrales de infancia y adolescencia con enfoque de derechos; ii) la respuesta institucional es poco oportuna y discontinua frente a riesgos y nuevos casos; iii) la apropiación, programación y ejecución de recursos destinados a la infancia y adolescencia es inadecuada y no siempre cuenta con diagnósticos, información real y análisis de la situación que oriente la asignación de los mismos; iv) se presentan barreras de acceso de los niños, niñas y adolescentes a la oferta institucional; v) las capacidades institucionales (técnicas y financieras) para comprender la problemática y actuar frente a ésta son escasas; y vi) la investigación criminal, la judicialización de casos y las rutas o protocolos de denuncia son débiles. Entornos familiar, comunitario y redes significativas sociales desconocen a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esta falta de reconocimiento se observa en situaciones tales como: i) el escaso reporte y denuncia sobre casos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se presenta tanto por desconocimiento de mecanismos e instrumentos para tal efecto, como por el miedo y la falta de garantías frente a los eventos realizados; ii) el desconocimiento generalizado del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes como violación de sus derechos y delitos tipificados en la legislación penal y iii) los imaginarios culturales que favorecen la reproducción de creencias, actitudes y comportamientos de los adultos que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nuestro mandato desde la protecciรณn integral Instrumentos Internacionales
os instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos incorporados a la legislaciรณn interna hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, es decir tienen el mismo alcance de los mandatos constitucionales. Son mandatos de obligatorio cumplimiento, que imponen al Estado el deber de respetarlos, garantizarlos y ajustar su legislaciรณn interna a los estรกndares internacionales. Estos instrumentos reconocen derechos que son inherentes a la persona humana, sin excepciรณn alguna e independiente de su diversidad, exigibles e indivisibles.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho; por tanto, es deber del Estado, la sociedad y la familia protegerlos integralmente. Estos derechos son prevalentes e interdependientes, atendiendo al interés superior de esta población. Entre los diversos instrumentos internacionales que refrendan este reconocimiento se pueden resaltar: la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, y sus dos protocolos facultativos relativos a: i) la Participación de Niños en los Conflictos Armados y ii) la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; al igual que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil. En la siguiente tabla se presentan los principales instrumentos internacionales incorporados en el orden jurídico por el Estado Colombiano para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes:
Instrumento Internacional Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Aprobado por la Ley 171 de 1994. Entró en vigor el 15 de Febrero de 1996.
Los Convenios de Ginebra señalan que todas las personas civiles deben ser protegidas, en especial los niños. El Protocolo II, a través de su artículo 4, reafirma el compromiso de protección a los niños. De otra parte, prohíbe que los menores de 15 años sean reclutados por fuerzas o grupos armados y su participación en hostilidades.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Aprobado por la Ley 74 de 1968. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Este Pacto, a través de su artículo 24, señala el derecho que tiene todo niño a ser protegido por su familia, la sociedad y el Estado. Entre los derechos que consagra están: el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad, la prohibición de tortura, los tratos crueles e inhumanos; al igual que la esclavitud, la servidumbre o los trabajos forzados.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Aprobado por la Ley 74 de 1968. Entró en vigor el 3 de enero de 1976
El artículo 10 establece que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Adicionalmente, el Pacto señala que esta población debe ser protegida de la explotación económica y social; al igual que de su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Por tanto, los Estados deben establecer límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José, 1969. Incorporada al orden jurídico interno por la Ley 16 de 1972. Ratificada el 31 de julio de 1973. Entró en vigor el 18 de julio de 1978.
Entre los derechos que se consagran en la Convención está el derecho a la vida. En el marco de este derecho, se prohíbe “la pena de muerte a persona que, en el momento de la comisión del delito, tuviere menos de dieciocho años de edad”. Su artículo 19 se refiere explícitamente a los “Derechos del Niño”, señalando que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, 1989. Aprobada por la Ley 12 de 1991. Entró en vigor el 27 de febrero de 1991. Colombia estableció una reserva a los numerales 2 y 3 del Artículo 38.
La Convención en su artículo 38 recuerda la obligación estatal de proteger a quienes no han cumplido los 15 años de edad de participar directamente en las hostilidades; de abstenerse de reclutar a esta población y de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. El artículo 39, por su parte, señala la obligación de adoptar medidas para promover la recuperación y la reintegración de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados, “en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
Convenio 138 de la OIT, 1973, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Aprobado por la Ley 515 de 1999. Entró en vigencia el 2 de febrero de 2001 para Colombia.
El primer artículo compromete a todos sus miembros a asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños y a elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o a un trabajo que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los niños, niñas y adolescentes.
Convenio 182 de la OIT, 1999, referente a las peores formas de trabajo infantil. Aprobado por la Ley 704 de 2001.
El Convenio 182 de la OIT señala que el reclutamiento y utilización de niños es una expresión de las peores formas de trabajo infantil. Su artículo 6 dicta que se “deberán elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil”.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Firmado el 6 de Septiembre de 2002. Aprobado por la Ley 833 de 2003. Declarada exequible mediante sentencia C-172 de 2004 de la Corte Constitucional, y promulgado por el Decreto 3966 de 2005.
Este protocolo estable que los Estados parte deben tomar todas las medidas para evitar que los menores de 18 años participen en confrontaciones armadas. Señala que grupos distintos a las Fuerzas Armadas no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar a menores de 18 años en las hostilidades. De otro lado, impone la obligación a los Estados parte de prevenir el reclutamiento y utilización de menores de 18 años. Así mismo, presentar informes al Comité de los Derechos del Niño sobre la aplicación del Protocolo.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, CPI, 1998. Aprobado por la Ley 742 de 2002, ratificado el 5 de Agosto de 2002 y entró en vigor el 1 de Noviembre de 2002.
La CPI tiene competencia sobre los siguientes crímenes: Genocidio, Lesa Humanidad, Guerra y Agresión (Artículo 5). En su artículo 8 establece como una de las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos el “reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”. La Convención busca promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Contiene la definición de grupo delictivo organizado que se estructura para cometer delitos graves. La noción de estructurado señala que dicho grupo no se ha formado fortuitamente y, por tanto, presenta una estructura desarrollada. Establece, además, que por delitos graves se debe entender la ocurrencia de conductas punibles con una privación de la libertad máxima de al menos cuatro años.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ley 800 de 2003 aprobó la citada convención y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Instrumentos Nacionales El Artículo 44 de la Constitución Política reconoce el carácter fundamental de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; perfilando el ámbito de los derechos de protección exigibles por toda persona menor de 18 años. Un desarrollo legislativo de este mandato constitucional es el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Este reafirma el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional como sujetos de derecho. Armoniza las normativas internas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, indicando que su naturaleza es pública, irrenunciable y de aplicación preferente. Incorpora el interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la exigibilidad de los mismos, su protección integral y el principio de corresponsabilidad. El Código está conformado por tres libros: i) Protección Integral, ii) Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Procedimientos Especiales cuando los Niños, las Niñas o los Adolescentes son Víctimas de Delitos y iii) Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas e Inspección, Vigilancia y Control. Su finalidad es “garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo”, desde una perspectiva de derechos. Su objeto es “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”. Es de resaltar que adicional al mandato constitucional y a la legislación específica de infancia y adolescencia, el país ha avanzado normativamente en el reconocimiento de derechos de esta población, consagrando disposiciones para su protección integral y sancionando a quienes incurran en conductas que los vulneren. En la siguiente tabla se resumen algunos de los referentes normativos nacionales más significativos en el tema.
Instrumento Nacional Decreto 3043 de 2006, por el cual se crea una Alta Consejería en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Decreto 4690 de 2007, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.
Disposiciones Crea la ACR y le señala entre sus funciones la de: “acompañar y asesorar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los menores de edad a grupos armados organizados al margen de la ley”. Crea la Comisión Intersectorial, señala las instituciones que la conforman y enuncia sus principales funciones. El objeto de la Comisión es “articular y orientar la ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley”.
Al marco normativo de la Política de Prevención del reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes se suman dos nuevos desarrollos legislativos que se presentan en la tabla a continuación.
Disposiciones La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Victimas, contiene todo un título concerniente a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los hechos ocurridos a partir del 1 de Enero de 1985 como consecuencias de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno y se dictan otras disposiciones
El Título VII está compuesto por once artículos a través de los cuales se consagran, entre otras disposiciones, los derechos de esta población como víctima, al igual que la obligatoriedad estatal de repararla integralmente, restablecer sus derechos; garantizar la indemnización a lugar, el acceso a la justicia y los procesos de construcción de convivencia y reconciliación. El Artículo 190, en particular, señala que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral en los términos de la presente ley, al restablecimiento de sus derechos y a ingresar en los procesos de reintegración social y económica. La Ley 1453, conocida como Estatuto de Seguridad Ciudadana, se estructura a partir de ocho capítulos que contienen medidas de diverso orden para garantizar la seguridad ciudadana. Introduce nuevos tipos penales orientados a la protección integral de menores de 18 años y, por ende, a sancionar a quienes incurran en las conductas punibles de: i) tráfico de niños, niñas y adolescentes; ii) uso de menores de edad para la comisión de delitos y iii) explotación de menores.
Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia, las Reglas sobre Extinción de Dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad
a Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados tiene arraigo en el enfoque de derechos de esta población y su respectiva protección integral. En este orden, se inspira y debe ser desarrollada en una serie de principios orientadores, enunciados a continuación:
Interés Superior del Niño: Imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. La materialización del interés superior del niño significa que las autoridades públicas y privadas que deben tomar decisiones en relación con el niño, niña o adolescente, tienen la obligación de observar el bien mayor y de ponderar las decisiones en relación estricta con la garantía y el ejercicio de los derechos, ciñéndose a la normatividad nacional e internacional. Prevalencia de Derechos: Este principio está consagrado en la Constitución Política de 1991, Artículo 44, y se encuentra en estrecha relación con el principio de interés superior del niño. Debe reflejarse en la formulación e implementación de políticas públicas. Implica que cuando el derecho de un niño, niña o adolescente se enfrenta con el derecho de un adulto, en todos los casos se deberá aplicar la prevalencia a favor de los derechos de esta población. Protección Integral: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes su reconocimiento como sujetos de derechos, y la garantía y el cumplimiento de los mismos por parte del Estado, la Sociedad y la Familia; así mismo, comprende la prevención de su amenaza o vulneración, la seguridad de su restablecimiento inmediato, en desarrollo del principio de interés superior, y la materialización de los cuatro ejes anteriores a través de la consolidación de políticas públicas de infancia y adolescencia. Ciclo de Vida: Esta perspectiva señala la importancia de las consideraciones de edad en las actuaciones a favor de la infancia y la adolescencia. La Ley 1098 de 2006 estima las siguientes etapas del ciclo vital de toda persona menor de 18 años: i) primera infancia de los 0 a los 6 años; ii) infancia, de los 7 a los 12 años y iii) adolescencia, de los 13 a los 18 años.
Corresponsabilidad: Se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de su vinculación a grupos armados y a la participación: La Ley 1098 de 2006 menciona en su artículo 20, el derecho que niños, niñas y adolescentes tienen de ser protegidos de los conflictos y del reclutamiento y utilización, y en el artículo 31 el derecho a la participación. De igual forma, en el Protocolo Facultativo de la CDN se señala el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos del conflicto, las peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento, su utilización y vinculación con grupos armados ilegales. Enfoque de Derechos: Este enfoque indica que las actuaciones del Estado, la sociedad y la familia deberán observar la prevención, protección, promoción, garantía, restablecimiento, desarrollo y goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Diversidad Étnica: La Constitución Política, a través del Artículo 8, reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, estableciendo la obligación del Estado de protegerla. Las actuaciones estatales deben respetar, promover y garantizar la diversidad étnica, reconociendo sus particularidades, características y cosmovisiones.
Enfoque Diferencial: Este enfoque hace referencia a que la protección y prevención de la vulneración de los derechos de niños y niñas tienen una diferencia sustantiva frente a la de los derechos de las personas mayores de 18 años. Por tanto, requieren de políticas diferenciales que tengan en cuenta el derecho que tienen a ser protegidos contra situaciones que amenazan y pueden llegar a vulnerar sus derechos. Por su parte, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entiende como enfoque diferencial la perspectiva desde donde se asumen, abordan, desarrollan realidades y se visibilizan vulnerabilidades de grupos específicos. Perspectiva de Género: De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeña en la familia y el grupo social. Principios Operativos: Los Principios de Paris señalan los siguientes: i) rendición de cuentas y transparencia, ii) programación específica según el contexto, iii) fortalecimiento de capacidades, iv) financiamiento y otro tipo de apoyo a la prevención del reclutamiento ilegal o utilización, v) liberación y reinserción de niños y niñas, vi) coordinación, colaboración y cooperación, vii) confidencialidad e información compartida y viii) cobertura de medios de comunicación.
l objetivo central del CONPES 3673 de 2010 es prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, garantizando la prevalencia y goce efectivo de sus derechos y la protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Para tal efecto, la política se traza los siguientes objetivos específicos:
1. Generar y fortalecer las herramientas de protección integral de niños, niñas y adolescentes en sus espacios vitales, prioritariamente en zonas con presencia ocasional, frecuente o transitoria de grupos armados que los reclutan y utilizan. 2. Contrarrestar las diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra los niños, niñas, y adolescentes en sus redes y entornos familiar y comunitario, garantizando la protección integral de sus derechos. 3. Garantizar una adecuada, asertiva, pertinente y eficaz oferta institucional, en lo nacional y territorial, para el pleno ejercicio y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 4. Promover el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, en sus entornos familiar y comunitario y redes sociales significativas.
ara el logro de los objetivos trazados en la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados, el documento CONPES 3673 de 2010 cuenta con un plan conformado por 133 acciones.
Las instituciones que se comprometieron con el desarrollo del mismo son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio del Interior y Justicia (hoy ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho). Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Cultura. Ministerio de Educación Nacional. Ministerio de la Protección Social (hoy ministerios de Salud y del Trabajo). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social. Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Programa Presidencial Colombia Joven. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación. Defensoría del Pueblo. Procuraduría General de la Nación. Departamento Nacional de Planeación. El plan compromete las actuaciones de diversos sectores. Algunos desarrollan propuestas específicas y otros transversalizan la prevención en sus actuaciones, en el horizonte de fortalecer entornos protectores que reconozcan a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, propiciando su goce efectivo y ejercicio.
Los 133 compromisos institucionales que conforman el plan de acción del documento CONPES 3673 de 2010 se pueden agrupar en las siguientes categorías de acciones:
I Aquellas que promueven sistemas de información, seguimiento, y monitoreo, articulados con mecanismos e instrumentos para la protección integral de los espacios vitales de niños, niñas y adolescentes. II Las acciones que desarrollan y contextualizan las rutas para la prevención, perfiladas por la Comisión Intersectorial (Decreto 4690 de 2007). III Las actuaciones que sensibilizan en torno a la problemática y socializan la política. IV Los procesos que generan formación alrededor de la política y propician instalar capacidades para lograr entornos institucionales protectores. V Las intervenciones que fortalecen programas y proyectos en términos de cobertura, calidad, pertinencia y continuidad. VI Las iniciativas que promueven la movilización social en contra del reclutamiento y utilización, al igual que propenden por la erradicación de los factores de riesgo que facilitan estas prácticas. VII Las iniciativas de participación ciudadana, rendición de cuentas, control y vigilancia sobre la política. VIII Las intervenciones relativas a los asuntos de investigación judicial, la judicialización efectiva de los casos, al igual que las relacionadas medidas de protección y seguridad. IX Las iniciativas que fomentan caracterizaciones, diagnósticos, producción de conocimiento sobre la problemática y la gestión del mismo para la toma de decisiones basada en evidencia. X Las iniciativas que facilitan el acceso a la oferta institucional, acompañadas de aquellas que garantizan su calidad.
Rutas para la prevención
n desarrollo del objeto de la Comisión Intersectorial (Decreto 4690 de 2007) y de la política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, se identificaron diversos niveles de riesgo y se definieron las rutas para la prevención, a saber:
Prevención Temprana (Mediano Plazo): Hace referencia a situaciones en las cuales el Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento y utilización. Se activa en contextos donde existe presencia de los actores organizados al margen de la ley, economías ilícitas, corredores del narcotráfico y prácticas de micro tráfico, minas antipersonal, altos índices de violencia y explotación contra los niños, niñas y adolescentes, niveles significativos de pobreza y marginalidad. Se trata de contextos donde los entornos protectores son débiles o no existen, la presencia institucional es escasa y existen pocas oportunidades para la niñez y la adolescencia; Generalmente, se refiere a municipios reportados en los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y con alertas tempranas emitidas. Para desarrollar esta ruta se proponen dos estrategias: A. Implementación de las siguientes líneas de acción: i) articulación de acciones; ii) transformación de comportamientos en familia, comunidad e instituciones, iii) prevención de todas las formas de violencia; iv) participación de niños, niñas y adolescentes, v) acompañamiento a los Consejos Municipales de Política Social en el diseño de políticas públicas de infancia y adolescencia, vi) prevención de la delincuencia juvenil; vii) movilización social para rechazar y reportar las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. B. Ejecución de los planes de acción de las entidades nacionales, que se comprometieron con la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización. Prevención Urgente (Corto Plazo): Actúa sobre amenazas colectivas, proferidas por grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, tales como censos a escuelas, boleteos u oferta de servicios ilegales. Sobre dichas amenazas deben iniciarse acciones urgentes lideradas por autoridades públicas o indígenas, según el caso, presentes en el municipio, y en articulación con actores sociales. Para activar esta ruta, se implementan las siguientes líneas de acción:
A. Fortalecimiento de redes familiares, comunitarias e institucionales entorno a los niños, niñas y adolescentes en riesgo. B. Gestión urgente de las autoridades públicas locales para rodear a los niños y niñas en contra de las amenazas, mediante el fortalecimiento de programas, proyectos e iniciativas deportivas, lúdicas, culturales, sociales y pedagógicas. Prevención en Protección (Acción Inmediata): Actúa sobre amenazas individuales directas, proferidas contra un niño, niña, adolescente o grupos de éstos. Para activar esta ruta se realizan las siguientes acciones: A. Conformación y activación de un grupo de acción inmediata en el municipio, conformado por autoridades públicas, líderes comunitarios, organizaciones sociales, cooperación internacional, entre otros actores. B. Movilización para la protección del niño, niña y adolescente amenazado: Sin su familia o cuidadores: la autoridad pública (alcalde, gobernador, secretarios, entre otros), apoyada por los líderes (comunitarios o indígenas), gestiona los recursos para el traslado a un lugar físico seguro y notifica a la autoridad competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía) para seguimiento del caso. Con su familia o cuidadores: las autoridades públicas apoyan el traslado de la familia a un lugar seguro. La personería (municipal o distrital) comunica a Acción Social sobre el caso de desplazamiento a causa de una amenaza de reclutamiento forzado. Esta entidad, a su vez, inscribe a la familia en el registro único, entrega ayuda humanitaria de emergencia y notifica el caso ante la autoridad competente, que decidirá otras medidas a que haya lugar.
NOTA: Las rutas para la prevención deberán ser consultadas y acordadas con las autoridades tradicionales cuando se traten de niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos en riesgo, en amenaza colectiva o amenaza individual.
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES: Aprobar la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. Departamento Nacional de Planeación: Revisar la institucionalidad para la prevención y elaborar la propuesta para su fortalecimiento. Vicepresidencia de la República de Colombia - Secretaria Técnica de la Comision Intersectorial: Evaluar y priorizar anualmente los municipios en riesgo de acuerdo con los criterios definidos por la Comisión Intersectorial. Realizar una reunión anual de rendición de cuentas de las entidades nacionales con planes de acción para el logro de los objetivos de la política. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF: Implementar la Estrategia de Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del Programa Mis Derechos Primero. Difundir en todos los programas de prevención del ICBF, la Ruta de Prevención Urgente contra el reclutamiento y utilización para su apropiación e implementación. Atender de manera diferenciada, con enfoque de género y étnico, a niños, niñas y adolescentes de las zonas que reportan riesgo a través del Programa de Clubes Pre-Juveniles y Juveniles.
Fortalecer las estrategias para protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren vinculados al trabajo infantil.
Desarrollar el Modelo de Promoción de Comportamientos Pro-Sociales para Familias con Niños y Niñas de 3 a 6 años en los municipios en riesgo. Implementar la Estrategia de Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos en municipios en riesgo de reclutamiento y utilización. Brindar asistencia técnica para incluir en los planes departamentales de Haz Paz estrategias de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes a través de la Escuela de Derechos Humanos. Fortalecer los espacios de participación a través de la implementación de los Jóvenes Tienen la Palabra en escenarios culturales, recreativos y políticos. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: Brindar acciones de orientación profesional a adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización. Brindar cupos de formación profesional a adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización. Ministerio de Educación Nacional – MEN: Orientar y acompañar a las Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas en implementación de competencias ciudadanas. Promover el conocimiento de la Política de Prevención, con el fin de orientar su implementación en los establecimientos educativos. Ampliar la cobertura educativa en zonas urbano-marginales de los municipios en riesgo de reclutamiento y utilización.
Formular un documento de lineamientos de formación de maestros y directivos de la atención diferencial y pertinente para la población en condición de vulnerabilidad.
Evaluar la oferta de nuevos modelos flexibles, que respondan a las características y necesidades de la población vulnerable y los contextos de violencia. Fortalecer la asistencia técnica a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas en los municipios con riesgo de reclutamiento y utilización, para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Brindar asistencia técnica a las Secretarías de Educación en los municipios con riesgo de reclutamiento y utilización para la implementación y sostenibilidad de los Proyectos Transversales y su articulación con los Proyectos Educativos Institucionales y Planes de Mejoramiento Institucional. Expedir lineamientos para el sector educativo con el objeto de contribuir a la prevención del reclutamiento y utilización dirigidos a las Secretarías de Educación y establecimientos educativos de todas las entidades territoriales certificadas. Ministerio de Cultura: Ampliar la cobertura del programa de Reconocimiento, Representación y Transmisión de Saberes Ancestrales (étnicos), a los municipios que reportan riesgo. Capacitar a organizaciones de la sociedad civil e instituciones (públicas y privadas) en enfoque diferencial y acción sin daño, orientado a los niños, niñas y adolescentes. Realizar encuentros interculturales entre comunidades étnicas y de otros grupos de interés, visibilizando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
Ministerio del Interior y de Justicia: Promover a nivel territorial la incorporación de la Política de Prevención a través de la asistencia técnica a los departamentos.
Promover la inclusión de la Política de Prevención de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes indígenas en el proceso de formulación del Programa de Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Ampliar el objeto de la Estrategia de Internet Sano - Buen Uso del Internet con el fin de incluir otras amenazas y riesgos de posibles vulneraciones a los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Diseñar y producir anualmente programas y mensajes radiales para la promoción de derechos y la prevención de violencias y explotación contra niños, niñas y adolescentes. Gestionar la emisión de los programas y mensajes radiales producidos en las emisoras comunitarias y de interés público para la prevención del reclutamiento y utilización. Realizar la Encuesta Nacional de Usos y Tipos de Usos de Internet, discriminada por grupos poblacionales. Solicitar a Acción Social: Incluir la promoción de la prevención del reclutamiento y utilización en los programas: RED JUNTOS, Familias en Acción y Familias Guardabosques. Generar reportes del Sistema de Información de Ayuda Oficial al Desarrollo (SIAOD) de los proyectos en prevención del reclutamiento y utilización apoyados por la cooperación internacional.
Monitorear y alertar sobre las situaciones de emergencia por riesgo de desplazamiento que entre sus causas reporten amenazas o riesgos de reclutamiento en el marco del Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado.
Solicitar a la ACR: Implementar la Estrategia de Prevención de la Alta Consejería para la Reintegración, en sus centros de servicios, para fortalecer acciones institucionales y comunitarias que mitiguen riesgos de reclutamiento. Solicitar al Programa Presidencial de DDHH: Asistir técnicamente para la formulación y ejecución de planes de prevención de reclutamiento y utilización. Definir un plan estratégico para la recolección de información de calidad sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes. Solicitar a la Defensoría del Pueblo: Advertir situaciones de riesgo de reclutamiento y/o utilización focalizándolas territorialmente. Producir un informe defensorial sobre el seguimiento a las recomendaciones del documento Caracterización de los Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Ilegales. Producir un informe defensorial sobre el seguimiento a las situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en el componente de prevención. Solicitar a la Procuraduría General de la Nación: Elaborar el informe analítico sobre la inclusión del componente de prevención en los Planes de Desarrollo Territorial 2012 y 2015. Solicitar a la Fiscalía General de la Nación:
Definir la ruta jurídica interinstitucional como estrategia para fortalecer la investigación judicial del delito de reclutamiento y otras conductas análogas y hacer seguimiento en lo relativo a la FGN.
Retos 1. Socializar la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados e impulsar su apropiación en diferentes niveles de gobierno y por diversos actores sociales. 2. Propiciar una amplia discusión alrededor de la Política de Prevención con organizaciones de la sociedad civil, comunitarias, étnicas, la cooperación internacional y la academia, que permita mayores desarrollos y profundizaciones para evitar el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
3. Contar con sistemas de información, pertinentes y eficaces, para la prevención del reclutamiento y utilización, que permitan una mejor focalización de las acciones en el territorio y una mayor claridad en los niveles de actuación para la prevención: temprana, urgente y en protección. 4. Impulsar el desarrollo y apropiación de las rutas para la prevención a partir de la definición de procesos, procedimientos y protocolos de actuación interinstitucional en los diferentes niveles de gobierno, garantizando su inclusión en los planes de acción de cada entidad. 5. Sumar esfuerzos para implementar acciones sin daño en prevención urgente y en protección, que adapten los lineamientos a las realidades territoriales, sociales, culturales y étnicas, al igual que a las capacidades comunitarias e institucionales. 6. Fortalecer la arquitectura institucional a nivel nacional para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. 7. Consolidar la capacidad operativa y de gestión de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial (Decreto 4690 de 2007), su papel de referente conceptual, de asesoría y acompañamiento técnico institucional, al igual que su interlocución con la sociedad civil, los gobiernos territoriales y la cooperación internacional para el impulso de la política. 8. Incentivar los procesos de reporte y denuncia sobre el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, garantizando mecanismos e instrumentos de acceso a la justicia y la efectiva judicialización de casos. 9. Fomentar el diálogo con otras políticas públicas que impactan el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, propiciando complementariedades pertinentes y generando sinergias. 10. Promover la participación de los niños, niñas, adolescentes, sus familias, comunidades y redes significativas en las estrategias de prevención del reclutamiento y utilización.
Amenaza: Aquellos eventos o situaciones sostenidas que tienen el potencial de alterar de manera drástica y negativa las condiciones en que se desenvuelve la vida de una comunidad, en este caso como consecuencia de la dinámica de confrontación armada o de las acciones asociadas. Delito Grave: Conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 2 Literal B). Entorno Protector: Espacio físico o de relaciones sociales capaz de actuar en red para proteger, promover, exigir y defender los derechos de los niños y las niñas (Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial Decreto 4690 de 2007). Grupo Delictivo Organizado: Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 2 Literal A). Riesgo: Probabilidad de que una población con determinadas características (género, edad, etnia) pueda sufrir deterioro grave de sus derechos por ocurrencia de un evento específico o situación crónica (Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas).
Niño Vinculado: En el contexto internacional se diferencia entre el concepto de combatientes menores de edad (niños, niñas y adolescentes que participan activamente de las hostilidades) y niños soldados (Niños, niñas que sirven en un
grupo armado o ejercito en calidad de auxiliador, cocinero, informante, guía, esclavo sexual). El niño vinculado al grupo armado puede ser empleado en combates o en otras acciones en ocasión a su pertenencia al grupo. Reclutamiento Forzado: Vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años a grupos organizados al margen de la ley que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen (Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial Decreto 4690 de 2007). Utilización: Vinculación permanente o transitoria de niños, niñas y adolescentes con actores o grupos dedicados a actividades ilícitas para ser utilizados dentro de los fines del actor o grupo, se realiza generalmente bajo engaño o debido a condiciones personales o del contexto (Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial Decreto 4690 de 2007). La Ley 1453 de 2011 tipifica el uso de menores de edad para la comisión de delitos en los siguientes términos: “el que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho en prisión de diez a veinte años. El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de edad. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de agravación del artículo 188c” (Artículo 7).
Protección Integral: Principio eje del Código de la Infancia y la Adolescencia que implica: el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, garantía y cumplimiento de los mismos, prevención de amenazas y violaciones, restablecimiento de aquellos vulnerados y materialización de los ejes anteriores a partir de la construcción de políticas públicas de infancia y adolescencia.
Resumen Conpes 3673