Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001R2157
Timestamp: 2019-05-26 23:43:00
Document Index: 377663956

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 18', 'artículo 308', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 8']

Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)
08/10/2004; entrada en vigor ver art. 70 y DO L 302/2003 p. 40
SYN 218, extensión al EEE contemplada en 22002D0093
REGLAMENTO (CE) No 2157/2001 DEL CONSEJO
de 8 de octubre de 2001
por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)
La realización del mercado interior y la mejora de la situación económica y social que tal realización debe fomentar en el conjunto de la Comunidad implican, además de la eliminación de los obstáculos a los intercambios, una reestructuración a escala de la Comunidad de las estructuras de producción. A tal fin es indispensable que las empresas cuya actividad no se limite a satisfacer necesidades puramente locales puedan concebir y llevar a cabo la reorganización de sus actividades a escala comunitaria.
Una reorganización de este tipo requiere que las empresas ya existentes de los distintos Estados miembros tengan la posibilidad de unir sus fuerzas mediante operaciones de concentración y fusión. Dichas operaciones sólo se pueden hacer respetando las normas de competencia del Tratado.
La realización de operaciones de reestructuración y de cooperación en las que intervienen empresas de distintos Estados miembros tropieza con dificultades de orden jurídico, fiscal y psicológico. Las medidas de aproximación del Derecho de sociedades de los Estados miembros, canalizadas a través de Directivas basadas en el artículo 44 del Tratado, pueden solucionar algunas de esas dificultades. Sin embargo, dichas medidas no dispensan a las empresas sometidas a ordenamientos jurídicos diferentes de la obligación de escoger una forma de sociedad regulada por un ordenamiento jurídico nacional determinado.
El marco jurídico de las empresas europeas en la Comunidad sigue siendo en gran parte nacional, y ya no se corresponde con el marco económico en el que deben desarrollar sus actividades para lograr los objetivos enunciados en el artículo 18 del Tratado. Esta situación puede entorpecer de manera considerable las operaciones de agrupamiento entre sociedades sometidas a las legislaciones de Estados miembros diferentes.
Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que ninguna de las disposiciones aplicables a las Sociedades Europeas en virtud del presente Reglamento entrañe discriminaciones derivadas de un tratamiento injustificadamente distinto de una Sociedad Europea con respecto a las sociedades anónimas ni limitaciones desproporcionadas a la constitución de una Sociedad Europea o al cambio de su domicilio.
Resulta esencial establecer, tanto como sea posible, una correspondencia entre la unidad económica y la unidad jurídica de la empresa en la Comunidad. A tal fin, es conveniente prever la constitución, junto a las sociedades de Derecho nacional, de sociedades cuya formación y funcionamiento estén regulados por un Reglamento de Derecho comunitario, directamente aplicable en todos los Estados miembros.
Las disposiciones de un Reglamento de este tipo permitirán la creación y la gestión de sociedades de dimensión europea, sin que los obstáculos derivados de la disparidad y de la aplicación territorial limitada de las legislaciones nacionales aplicables a las sociedades mercantiles puedan impedir o dificultar tales operaciones.
El Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (denominada en lo sucesivo SE) es uno de los actos que el Consejo debió adoptar antes de 1992, según figura en la lista del Libro Blanco de la Comisión sobre la conclusión del mercado interior, aprobado por el Consejo Europeo celebrado en Milán en junio de 1985; con ocasión de su reunión de Bruselas, en 1987, el Consejo Europeo manifestó su deseo de que se creara rápidamente dicho Estatuto.
Desde que la Comisión presentó en 1970 una propuesta de Reglamento «sobre el Estatuto de las sociedades anónimas europeas», modificada en 1975, los trabajos de aproximación de los Derechos nacionales de sociedades han progresado considerablemente, de manera que puede hacerse una remisión a la legislación sobre sociedades anónimas del Estado miembro del domicilio social para todo aquello que afecte a la SE en los ámbitos en los que su funcionamiento no exĳa la existencia de normas comunitarias uniformes.
El objetivo esencial que persigue el régimen jurídico de una SE requiere en todo caso, sin perjuicio de las necesidades de índole económica que puedan presentarse en el futuro, que pueda constituirse una SE tanto para permitir a sociedades de Estados miembros diferentes que se fusionen o creen una sociedad holding, como para ofrecer a sociedades y otras personas jurídicas que ejerzan una actividad económica y que estén sometidas a la legislación de Estados miembros diferentes la posibilidad de crear filiales comunes.
Con este mismo espíritu, debe permitirse que una sociedad anónima pueda transformarse en SE sin pasar por la disolución, cuando esta sociedad tenga su domicilio y su administración central en la Comunidad y una filial en un Estado miembro distinto del de su domicilio.
Las disposiciones nacionales aplicables a las sociedades anónimas que hacen ofertas públicas de títulos para obtener fondos y a las transacciones de títulos deben aplicarse también cuando la constitución de la SE se efectúe mediante una oferta pública de títulos, así como a las SE que deseen utilizar esos instrumentos financieros.
El propio régimen de la SE debe ser el de una sociedad de capital por acciones, que es el régimen que mejor se adapta, tanto desde el punto de vista financiero como del de su gestión, a las necesidades de las empresas que lleven a cabo sus actividades a escala europea. Para garantizar una dimensión razonable a este tipo de empresas, es conveniente fĳar un capital mínimo que garantice que las sociedades disponen de un patrimonio suficiente, sin que por ello se pongan trabas a la constitución de SE por parte de pequeñas y medianas empresas (PYME).
Es preciso hacer posible una gestión eficaz de la SE al tiempo que se garantiza una vigilancia apropiada. Se debe tener en cuenta el hecho de que, por lo que respecta a la organización de la administración de las sociedades anónimas, existen actualmente dos sistemas diferentes en la Comunidad. No obstante, conviene, manteniendo la posibilidad de que la SE escoja entre los dos sistemas, llevar a cabo una delimitación clara entre las responsabilidades de las personas encargadas de la gestión y las de las personas encargadas de la vigilancia.
Los derechos y las obligaciones relativos a la protección de los accionistas minoritarios y de terceros que incumben a una empresa por el hecho de ejercer un control sobre otra empresa sometida a una legislación diferente están regulados, en virtud de las normas y los principios generales del Derecho internacional privado, por el ordenamiento jurídico al que esté sometida la empresa controlada, sin perjuicio de las obligaciones a las que esté sometida la empresa que ejerza el control en virtud de las disposiciones del ordenamiento jurídico que le sea aplicable, por ejemplo en materia de establecimiento de cuentas consolidadas.
En la actualidad y sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de una coordinación posterior de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, no es necesaria una normativa específica para las SE en este campo. Por consiguiente, conviene limitarse a la aplicación de esas normas y principios generales tanto en el caso de que la SE ejerza el control como en el caso de que la SE sea la sociedad controlada.
Hay que precisar el régimen aplicable en el caso de que la SE esté controlada por otra empresa y hay que remitirse, a tal fin, al ordenamiento jurídico aplicable a las sociedades anónimas sometidas a la legislación del Estado miembro del domicilio de la SE.
Conviene garantizar que todos los Estados miembros apliquen a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento las sanciones aplicables a las sociedades anónimas sometidas a su legislación.
La Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (4) establece las normas relativas a la participación de los trabajadores en la SE, y dichas disposiciones, por consiguiente, constituyen un complemento indisociable al presente Reglamento y deben aplicarse concomitantemente.
El presente Reglamento no cubre otros ámbitos del Derecho tales como el Derecho fiscal, el Derecho de la competencia, el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho concursal y, por consiguiente, en dichos ámbitos y en otros ámbitos no cubiertos por el presente Reglamento serán aplicables las disposiciones del Derecho de los Estados miembros y del Derecho comunitario.
La Directiva 2001/86/CE está destinada a garantizar que los trabajadores tengan el derecho de implicarse en las cuestiones y decisiones que afecten la vida de sus SE. Otras cuestiones objeto de la legislación social y laboral, en particular el derecho de los trabajadores a la información y consulta como se regula en los Estados miembros, se rigen por las disposiciones nacionales aplicables, en las mismas condiciones, a las sociedades anónimas.
La entrada en vigor del presente Reglamento debe aplazarse hasta que todos los Estados miembros puedan incorporar en su Derecho nacional las disposiciones de la Directiva 2001/86/CE y establecer con anterioridad los mecanismos necesarios para la constitución y funcionamiento de las SE con domicilio social en su territorio de modo que el Reglamento y la Directiva puedan aplicarse concomitantemente.
Debe permitirse que una sociedad cuya administración central no se encuentre en la Comunidad participe en la constitución de una SE siempre que dicha sociedad esté constituida con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, tenga su domicilio social en dicho Estado miembro y tenga una vinculación efectiva y continua con la economía de un Estado miembro; la expresión vinculación efectiva y continua debe interpretarse con arreglo a los principios establecidos en el Programa general de 1962 para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento. Dicha vinculación existe en particular si una sociedad tiene un establecimiento en dicho Estado miembro y realiza operaciones desde el mismo.
Debe contemplarse la posibilidad de que la SE traslade su domicilio social a otro Estado miembro. La debida protección de los intereses de los accionistas minoritarios que se opongan al traslado, así como de los acreedores y los titulares de otros derechos, deberá ser proporcionada. Dicho traslado no debería afectar a los derechos nacidos antes del traslado.
El presente Reglamento no prejuzga disposición alguna que pueda incluirse en el Convenio de Bruselas de 1968 o en cualquier otro texto adoptado por los Estados miembros o por el Consejo en sustitución de dicho Convenio, en lo que se refiere a las normas de competencia aplicables en caso de traslado del domicilio social de una sociedad anónima de un Estado miembro a otro.
Las actividades de las entidades financieras están reguladas en Directivas específicas. El Derecho nacional que traspone dichas Directivas, así como otras normas nacionales que regulan dichas actividades, son plenamente aplicables a la SE.
Habida cuenta del carácter específico y comunitario de la SE, el régimen de la sede real que el presente Reglamento establece para la SE se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones de los Estados miembros y no prejuzga de las opciones que puedan adoptarse para otras normas comunitarias en materia de derecho de sociedades.
El Tratado no prevé para la adopción del presente Reglamento más poderes que los del artículo 308.
Habida cuenta de que los objetivos de la acción contemplada no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros en la medida en que se trata de establecer la sociedad anónima europea de ámbito europeo, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, tal y como se enuncia en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
1. Podrán constituirse sociedades en el territorio de la Comunidad en forma de sociedades anónimas europeas (Societas Europaea, denominada en lo sucesivo «SE») en las condiciones y con arreglo a las modalidades previstas en el presente Reglamento.
2. Una SE podrá constituir una o más filiales en forma de SE. No se aplicarán a la SE filial las disposiciones del Estado miembro del domicilio social de la SE filial que exĳan que una sociedad anónima tenga más de un accionista. Las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la Duodécima Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, en materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único (5), se aplicarán a la SE mutatis mutandis.
2. El capital suscrito no podrá ser inferior a 120 000 euros.
3. Cuando la legislación de un Estado miembro fĳe un capital suscrito superior para sociedades que ejerzan determinados tipos de actividad, dicha legislación se aplicará a las SE que tengan su domicilio social en dicho Estado miembro.
el domicilio social propuesto para la SE;
los estatutos propuestos para la SE, incluida, en su caso, la nueva denominación social;
cualquier repercusión que pueda tener el traslado en la implicación de los trabajadores en la SE;
las fechas propuestas para el traslado;
todo tipo de derechos previstos para la protección de accionistas y/o acreedores.
por lo dispuesto en el presente Reglamento;
cuando el presente Reglamento lo autorice expresamente, por las disposiciones de los estatutos de la SE;
respecto de las materias no reguladas por el presente Reglamento o, si se trata de materias reguladas sólo en parte, respecto de los aspectos no cubiertos por el presente Reglamento:
por las disposiciones legales de los Estados miembros que fuesen de aplicación a una sociedad anónima constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SE tenga su domicilio social;
por las disposiciones de los estatutos, en las mismas condiciones que rigen para las sociedades anónimas constituidas con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SE tenga su domicilio social.
1. La SE deberá hacer constar delante o detrás de su denominación social la sigla «SE».
2. Sólo las SE podrán llevar las siglas «SE» en su denominación social.
3. No obstante, las sociedades u otras entidades jurídicas registradas en un Estado miembro antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento en cuyas denominaciones sociales figuren las siglas «SE» no estarán obligadas a modificar su denominación social.
3. Para que una SE pueda registrarse en un Estado miembro que haya ejercido la potestad a que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 2001/86/CE, o bien deberá haberse celebrado un acuerdo de implicación —incluida la participación— de los trabajadores en virtud del artículo 4 de la mencionada Directiva, o bien ninguna de las sociedades participantes deberá haber estado sujeta a las normas de participación antes de la inscripción de la SE.
4. Los estatutos de las SE en ningún caso podrán ser contrarios a las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores que se hayan fĳado. Cuando en virtud de la Directiva 2001/86/CE se determinen nuevas disposiciones en materia de implicación que sean contrarias a los estatutos existentes, éstos habrán de ser modificados en la medida necesaria.
1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, la constitución de una SE se regirá por la legislación aplicable a las sociedades anónimas del Estado en que la SE fĳe su domicilio social.
bien con arreglo al procedimiento de fusión por absorción de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 de la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (7);
bien con arreglo al procedimiento de fusión por constitución de una nueva sociedad, de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la mencionada Directiva.
la denominación y domicilio social de las sociedades que se fusionen y los previstos para la SE;
la relación de canje de las acciones y, en su caso, el importe de la compensación;
las formas de entrega de las acciones de la SE;
la fecha a partir de la cual estas acciones darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial que afecte a este derecho;
la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se fusionen se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la SE;
los derechos que garantiza la SE a los accionistas que tuviesen derechos especiales y a los portadores de títulos distintos de las acciones, o las medidas propuestas respecto a ellos;
todas las ventajas particulares atribuidas a los peritos que estudien el proyecto de fusión así como a los miembros de los órganos de administración, de dirección, de vigilancia o de control de las sociedades que se fusionen;
los estatutos de la SE;
información sobre los procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicación de los trabajadores de conformidad con la Directiva 2001/86/CE.
el registro en el que se hayan entregado los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE, para cada una de las sociedades que se fusionan, y el número de inscripción en tal registro;
las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores de la sociedad de que se trate de conformidad con el artículo 24, así como la dirección donde pueda obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva sobre dichas condiciones;
las condiciones de ejercicio de los derechos de los accionistas minoritarios de la sociedad de que se trate de conformidad con el artículo 24, así como la dirección donde pueda obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva sobre dichas condiciones;
la denominación y el domicilio social previstos para la SE.
los acreedores de las sociedades que se fusionen;
los obligacionistas de las sociedades que se fusionen;
los tenedores de títulos distintos de las acciones a los que correspondan derechos especiales en las sociedades que se fusionen.
3. Cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro al que esté sujeta una sociedad que se fusione establezca un procedimiento para controlar y modificar la relación de canje de las acciones o un procedimiento para compensar a los accionistas minoritarios, sin impedir la inscripción de la fusión, tales procedimientos sólo se aplicarán cuando las demás sociedades participantes en la fusión, situadas en Estados miembros que no prevean tales procedimientos, acepten explícitamente, al aprobar el proyecto de fusión de conformidad con el apartado 1 del artículo 23, la posibilidad de que los accionistas de dicha empresa que se fusiona recurran a tal procedimiento. En esos casos, el tribunal, notario u otra autoridad competente del Estado miembro del futuro domicilio de la SE podrá expedir el certificado a que se refiere el apartado 2, aun cuando ya haya dado comienzo un procedimiento de este tipo. No obstante, en el certificado se indicará que está en curso el procedimiento. La decisión a que se llegue en el procedimiento será vinculante para la empresa absorbente y para todos sus accionistas.
la transmisión universal a la sociedad absorbente de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de cada sociedad absorbida;
los accionistas de la sociedad absorbida se convertirán en accionistas de la sociedad absorbente;
la sociedad absorbida dejará de existir;
la sociedad absorbente se convertirá en SE.
la transmisión universal a la nueva SE de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionen;
los accionistas de las sociedades que se fusionen se convertirán en accionistas de la nueva SE;
las sociedades que se fusionen dejarán de existir.
2. Cuando una sociedad que posea el 90 % o más, pero no la totalidad de las acciones o de otros títulos que confieran derecho de voto en la junta general de otra sociedad, lleve a cabo una fusión por absorción, sólo se requerirán informes a cargo del órgano directivo o administrativo, informes de uno o más peritos independientes, así como los documentos necesarios para el control en la medida en que lo exĳa la legislación nacional aplicable a la sociedad absorbente o la legislación nacional aplicable a la sociedad absorbida.
2. Los órganos de dirección o de administración de las sociedades que promuevan la operación redactarán, en los mismos términos, un proyecto de constitución de la SE. Dicho proyecto incluirá un informe en el que se justifiquen y expliquen los aspectos jurídicos y económicos de la constitución y en el que se indiquen las consecuencias de la adopción de la forma de SE para los accionistas y para los trabajadores. En dicho proyecto figurarán asimismo las indicaciones establecidas en las letras a), b), c), f), g), h) e i) del apartado 1 del artículo 20 y se fĳará el porcentaje mínimo de las acciones o participaciones de cada una de las sociedades que promuevan la operación que deberán aportar los accionistas para constituir la SE. Dicho porcentaje de acciones deberá ser superior al 50 % de los derechos de voto permanentes.
2. La SE quedará constituida si, dentro del plazo a que se refiere el apartado 1, los accionistas o los tenedores de participaciones de las sociedades que promueven la operación aportan el porcentaje mínimo de acciones o participaciones de cada sociedad fĳado de conformidad con el proyecto de constitución y se cumplen todas las demás condiciones.
una junta general de accionistas; y
bien un órgano de control y un órgano de dirección (sistema dual), bien un órgano de administración (sistema monista), según la opción que se haya adoptado en los estatutos.
4. Los estatutos de la SE fĳarán el número de miembros del órgano de dirección o las normas para su determinación. No obstante, los Estados miembros podrán establecer un número mínimo, máximo o ambos.
3. Los estatutos determinarán el número de miembros del órgano de control o las normas para su determinación. No obstante, los Estados miembros podrán fĳar el número de miembros del órgano de control para las SE que se estén registradas en su territorio, o un número mínimo, máximo, o ambos.
2. Los estatutos de la SE fĳarán el número de miembros del órgano de administración o las normas para su determinación. No obstante, cada Estado miembro podrá fĳar un número mínimo y, en su caso, un número máximo de miembros.
1. El órgano de administración se reunirá como mínimo cada tres meses según una periodicidad fĳada por los estatutos, para deliberar acerca de la marcha de los asuntos de la SE y de su evolución previsible.
2. Excepto en caso de restricciones establecidas en los estatutos, los miembros podrán ser nombrados nuevamente una o más veces por el período fĳado conforme al apartado 1.
de acuerdo con la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SE, no puedan formar parte del órgano correspondiente de una sociedad anónima constituida con arreglo al Derecho de dicho Estado miembro,
no puedan formar parte del órgano correspondiente de una sociedad anónima constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro en virtud de resolución judicial o administrativa dictada en un Estado miembro.
3. De conformidad con la legislación del Estado miembro del domicilio social de la SE con respecto a las sociedades anónimas, los estatutos de la SE podrán fĳar condiciones particulares para ser elegido miembro en representación de los accionistas.
quórum: al menos la mitad de los miembros deberán estar presentes o representados;
toma de decisiones: se hará por mayoría de los miembros presentes o representados.
las disposiciones de la legislación del Estado miembro en que tenga su domicilio social la SE, adoptadas en aplicación de la Directiva 2001/86/CE.
1. La convocatoria de la junta general y la fĳación del orden del día podrán ser solicitadas por uno o más accionistas que dispongan, en conjunto, de acciones que representen como mínimo el 10 % del capital suscrito. Los estatutos o la legislación nacional podrán fĳar un porcentaje inferior en las mismas condiciones aplicables a las sociedades anónimas.
Uno o más accionistas que posean, en conjunto, como mínimo el 10 % del capital suscrito de una SE podrán solicitar la inclusión de uno o más nuevos puntos en el orden del día de una junta general. Los procedimientos y plazos aplicables a dicha solicitud se fĳarán con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro del domicilio social de la SE o, en su defecto, con arreglo a los estatutos de la SE. La legislación del Estado miembro del domicilio social o los estatutos de la SE podrán determinar un porcentaje inferior al anteriormente indicado, en las mismas condiciones que se aplican a las sociedades anónimas.
o bien reimplantando su administración central en el Estado miembro del domicilio;
o bien trasladando el domicilio social mediante el procedimiento previsto en el artículo 8.
permitir la radicación de la administración central y del domicilio social de una SE en diferentes Estados miembros;
ampliar el concepto de fusión contemplado en el apartado 2 del artículo 17 para incluir también otros tipos de fusión distintos de los que se definen en el apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 78/855/CEE;
revisar la cláusula relativa a la competencia a que se refiere el apartado 16 del artículo 8, a la vista de las disposiciones que hayan podido insertarse en el Convenio de Bruselas de 1968 o en textos adoptados por los Estados miembros o por el Consejo para sustituir a dicho Convenio;
permitir disposiciones en los estatutos de la SE adoptadas por un Estado miembro en ejecución de las autorizaciones conferidas a los Estados miembros por el presente Reglamento o leyes adoptadas para velar por la efectiva aplicación del mismo respecto de la SE, que se aparten de dichas leyes o las complementen, aun en los casos en que tales disposiciones no se autorizarían en los estatutos de una sociedad anónima con domicilio social en el Estado miembro.