Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw6&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=%28CDC199702050141.CODI.%29
Timestamp: 2020-03-29 00:10:47
Document Index: 321649846

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'e contrario', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 141, de 05/02/1997
Año 1997 VI Legislatura Núm. 141
PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO
celebrada el miércoles, 5 de febrero de 1997
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000003) (Página 3826)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre el proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000003) (Página 3826)
Página 3826
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO. (Número de expediente 121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Infraestructuras.
El primer punto del orden del día es la ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, procedente del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio. ¿Algún grupo se opone a esta ratificación? (Pausa.) Por consenso damos por ratificada la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley.
--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO. (Número de expediente 121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto: Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, procedente, como se ha dicho, del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.
La fórmula a seguir será la habitual. Intervendrán los grupos de mayor a menor por un tiempo indicativo de 15 minutos. Por supuesto que tendrán el tiempo que necesiten para defender sus enmiendas. Después hará uso de la palabra el Grupo Popular y luego habrá un breve turno de réplica.
Para ordenar un poco el debate y que SS. SS. conozcan cuál puede ser el desarrollo, esta Presidencia manifiesta que las votaciones de las enmiendas no serán antes de la una de la tarde. Quizá sean un poco después, pero desde luego no antes de la una.
Dicho esto, vamos a proceder a la defensa de las enmiendas. De acuerdo con la Mesa y los portavoces, se defenderán en bloque las presentadas a toda la ley e incluso a la exposición de motivos.
Por el Grupo Socialista, y para defender sus enmiendas, tiene la palabra su portavoz don Jenaro García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Si es de mayor a menor, había algunas enmiendas del Grupo Popular, salvo que las retire.
EL señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, yo había pensado en este proceso porque es el habitual cuando se realizan las comparecencias. Lo que hará el Grupo Popular, cuando le corresponda hacer uso de la palabra, es defender esas enmiendas si mantiene alguna, pero vamos aseguir este sistema que es, repito, el habitual.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Yo me refería, señor Presidente, a enmiendas formalmente presentadas como tales en plazo y forma, no a las que puedan presentar como transacción, porque es la manera correcta de defenderlas.
El curso de los acontecimientos le ha dado, desgraciadamente, la razón a este grupo parlamentario cuando planteaba hace nueve meses que el real decreto presentado en junio no era urgente. Y la mejor prueba de que no es urgente es que nueve meses después nos encontramos todavía en este trámite parlamentario.
Nos encontramos, fundamentalmente, con la contradicción de que al estar ya desarrollados en reglamentos del Gobierno algunos de los contenidos sustanciales de este real decreto, ahora en trámite de ley, aumenta la reluctancia del grupo que apoya al Gobierno a aceptar siquiera el debate sobre algunas enmiendas en cuyo contenido de fondo se muestran conformes, pero tienen la especial dificultad de que implicaría la revisión de los reglamentos. Creo que la Cámara legislativa del Reino de España no puede aceptar esa limitación a su trabajo parlamentario; por tanto, todos los grupos debemos de actuar desde la buena fe de lo que se considere más conveniente en sede parlamentaria, y el Ejecutivo tendrá que tomar las decisiones de corrección que fueran precisas.
Por sistematizar el debate, señor Presidente, a lo que es exposición de motivos y título únicamente teníamos la enmienda 9.2, que queda retirada en este acto. En el Senado se necesitará trabajar sobre la exposición de motivos, que no puede ser la del Grupo Parlamentario Socialista, porque el contenido del decreto, aunque se encuentra más próximo a las fronteras de nuestras definiciones y planteamientos que a las del grupo que apoya al Gobierno, tampoco era el inicial del Real Decreto-ley 6/1996 de junio, por lo que en el Senado, y al mismo me remito, será preciso, repito, que trabajen en él.
Estamos discutiendo fuera de lugar, estamos discutiendo fuera de tiempo.
El curso de los acontecimientos nos ha demostrado la práctica inutilidad de la mayoría de los trabajos parlamentarios que asume esta Comisión en este momento, y que se culminarán en el Pleno del jueves de la próxima semana.
El anuncio de la promulgación inmediata de una nueva ley general invalida bastantes de los contenidos de este proyecto de ley. Hay algo en lo que hemos trabajado con especial esmero y con especial cariño todos los grupos parlamentarios, que ha sido en el artículo 1 de la ley, que, por el curso de los hechos, se manifiesta como lo más importante que ahora mismo queda en el proyecto de ley.
Fruto de un acuerdo entre varios grupos parlamentarios que aceptamos la oferta de diálogo y de consenso hecho por la señora Mato en el Pleno del Congreso, ha sido el haber podido llegar a establecer las condiciones necesarias para que la comisión, que se creaba de una manera tímida,
con un carácter funcionarial, dependiente del Ministerio y con unas competencias muy limitadas, haya ampliado su horizonte, sus competencias y la calidad y cantidad de sus recursos humanos y técnicos, hasta convertirse realmente en una comisión reguladora de las telecomunicaciones en este país. Pero la interpretación, iba a decir perversa, en todo caso contraria al espíritu de las negociaciones que se estaban manteniendo en sede parlamentaria, que han efectuado en el seno de los organismos correspondientes del Ministerio de Fomento, ha supuesto un durísimo golpe a la gran credibilidad que este grupo tenía en las actitudes del Gobierno en relación con esta ley, de forma tal que si ya las tímidas competencias que constaban en el real decreto de junio eran claramente insuficientes --todos lo hemos comprendido y las hemos ampliado--, las pocas que tenía han sido revocadas por orden ministerial de 31 de enero, trasladándolas a diciembre de 1998. Esa es una situación insostenible para el prestigio de esta Cámara, por no arrogarme la defensa del prestigio profesional de los cualificados miembros que han sido designados para formar parte de esta comisión.
Desde el Real Decreto-ley 6/1996, de junio, hasta la fecha, siete reales decretos, decretos y órdenes ministeriales del Gobierno han adulterado profundamente el sentido de la voluntad mayoritaria de esta Cámara, incluida la del grupo parlamentario del Gobierno. Las razones las desconozco. Posiblemente haya sonado algún timbre de alarma y en el seno del Gobierno se produzca alguna incomodidad por una Comisión que sin ser absolutamente independiente, porque ello requeriría la extracción exclusivamente parlamentaria, sí ha sido dotada de los medios necesarios y suficientes para efectuar una regulación en el sector que pudiera no ser acorde con las intenciones de algunos sectores del Gobierno. Esos pecados se están pagando muy caros últimamente en este país, como es la pretensión de sostener voces de personas o de entidades que no se plieguen por completo a la voluntad del Gobierno. Y hemos tenido un ejemplo en esta Comisión. Esa orden ministerial, en una ley que se llama de liberalización de las telecomunicaciones, suprime la competencia de actuar en la fijación de las tarifas de interconexión de las redes fijas, que es el núcleo sustancial de la liberalización de las telecomunicaciones --sin eso no puede existir ese concepto--, y ha sido recuperada por el Gobierno, violando no ya los acuerdos parlamentarios, que van mucho más allá, sino el contenido formal del real decreto de hace nueve meses. De forma tal, como digo, que el Gobierno ha rescatado esa competencia por una norma que en el lenguaje coloquial es lo más barato que se vende en actuaciones administrativas: una orden ministerial. Una actuación administrativa de un rango inadecuado y contradictorio con normas de rango superior.
La retirada de la enmienda 79, que mi grupo plantea en estos momentos como consecuencia de la aceptación de la práctica totalidad de las sugerencias que en relación con la comisión habíamos formulado, viene complementada en este acto con la presentación de tres enmiendas «in voce». Las anuncio ahora para que los grupos parlamentarios vayan manifestando su opinión o vayan formando criterios en relación con las mismas.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego que cualquier enmienda que presenten nos la trasladen a la Mesa.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Tengo seis copias preparadas para la Mesa y para los diferentes grupos Parlamentarios. Se lo hago llegar ahora mismo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: La primera se refiere al apartado 3.6, del artículo 1, de lo que ahora es un proyecto de ley, relativo a la incompatibilidad a la que están sujetos los miembros de la comisión. Esa incompatibilidad, por real decreto, era el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración, y en el decreto que desarrolla las competencias y la estructura de la comisión se ha elevado su rango.
Nosotros creemos que ése era un hecho que debería de haber sido anterior a la oferta de pertenencia a esa comisión de los miembros que la integran porque afecta gravemente a sus posiciones en el mercado del que viven cuando salgan de la misma. Por tanto, consideramos deber de esta Cámara corregir eso mediante una enmienda que diría que todos los miembros del consejo estarán sujetos al régimen general de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración. Se trataría de introducir únicamente la palabra «general», porque, si no, yo me sentiría en un cierto engaño a los miembros con los que hemos podido tener mayor capacidad de influencia al no haberles advertido cuál era el régimen real de incompatibilidades en el que se iban a encontrar.
El segundo es que, como consecuencia de la desviación de poder del Gobierno, interfiriendo por orden ministerial, contradiciendo el texto del real decreto y, por supuesto, las intenciones de la Cámara de ampliar la capacidad de autoorganización de la comisión, presentaría una enmienda «in voce» también al apartado 4 del artículo 1, que diga que el pleno de la comisión determinará la estructura de la misma y aprobará su reglamento de régimen interior. El resto exactamente igual que el texto de la Ponencia. Unicamente introducimos lo que parece razonable en un órgano formado por siete cualificadísimos profesionales, que no pueden estar en una especie de colegio menor en el que hay un jefe de estudios que les estructura su trabajo, sus competencias y su sistema de funcionamiento. Por tanto, se trataría de introducir la expresión «determinará la estructura de la misma y aprobará...», y seguirá con el mismo texto del informe de la Ponencia.
También planteamos una enmienda al apartado nueve, del artículo 1, que diga que el Gobierno desarrollará por real decreto las funciones (antes atribuíamos la determinación de la estructura al pleno de la comisión) de la Comisión del mercado de las telecomunicaciones. Estas son las objeciones que mantiene mi grupo parlamentario en cuanto al artículo 1.
A continuación entraríamos en el artículo 2, que, como bien se sabe, es de modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Nosotros, hasta escuchar los
Página 3828
planteamientos que nos formule la portavoz del grupo que apoya al Gobierno, mantenemos la totalidad de nuestra enmienda número 80. En muchos puntos es coincidente con el texto del real decreto --siempre desde una técnica jurídica más depurada, quizá por la mayor experiencia en la redacción de normas con rango de ley--, pero también señala algunas diferencias importantes respecto a algunas de las cuales me quiero extender un poco más.
El monopolio de Telefónica ya no existe, pero tampoco existe el marco regulador que sustituya a la LOT y que establezca los escenarios de competencia en los que tiene que operar esta compañía en los próximos años. Sin decisión parlamentaria alguna --es más, poniendo algunos obstáculos a sus trámites parlamentarios, solicitados tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Parlamentario Socialista--, el Gobierno ha decidido vender la totalidad de las acciones de esta compañía. En ese escenario, consideramos absolutamente preciso mantener el atículo 15.4 de la LOT --que se pretende suprimir por el texto del real decretro y cuyo contenido, por lo demás, forma parte del contrato del Estado con Telefónica--, respecto a la facultad del Gobierno de mantener cinco miembros en el consejo de administración de la empresa. La privatización absoluta de la compañía --contra la cual nos hemos manifestado y es clara nuestra actitud-- supone el imperio de las leyes del mercado en la gestión de la misma, con desconsideración cierta de las funciones de interés social que hasta ahora venía desarrollando esta compañía en nombre del Estado, a través de su contrato.
No es este grupo parlamentario el que va a poner pega ninguna al legítimo interés de la compañía de obtener --y así debe hacerlo-- sus máximos beneficios, pero cree necesario --y responsabilidad de esta Cámara-- establecer los mecanismos precisos para que los intereses económicos de la empresa se conjuguen con la prestación de los servicios sociales que tiene encomendados, de manera que ambos se conjuguen con criterios subordinados al interés general del Estado. Esto no es posible con la ausencia del Gobierno del consejo de administración de Telefónica. Por tanto, instamos a los grupos parlamentarios, incluso a aquellos que han apoyado la venta total, la salida del sector público de la compañía, a que hagan un esfuerzo por comprender que el desarrollo de las telecomunicaciones es de un valor estratégico de tal magnitud para este país que, aunque los españoles que hemos construido Telefónica peseta a peseta, sin subvención pública alguna, hayamos perdido ese patrimonio accionarial que era común, no perdamos la facultad del Gobierno de estar presente en el consejo de administración de una compañía en torno a la cual se desarrollará cualquier política de telecomunicaciones que se practique en este país: o bien la intervencionista seguida por el actual Gobierno o cualquier otra política. No es posible sacarnos, no sólo económica sino políticamente, de la compañía Telefónica, y el decreto de autorización administrativa para determinados actos de disposición patrimonial o accionarial de la compañía es una falsa golden share, y todos estaremos de acuerdo en que es de imposible aplicación en un entorno de competencia porque, el mismo día que se aplicara, se hundirían las acciones en los mercados en los que se cotizan.
En consecuencia, creemos necesario mantener los cinco miembros para que no se dé esta situación, y ruego comprensión a las señoras y señores comisionados, más allá de los prejuicios con los que se aborde este tema.
Cuando se venda el sector público en telecomunicaciones, Telefónica o Retevisión, y entren Deutsche Telekom y France Télécom --que, por supuesto, siguen siendo de mayoría accionarial de sus respectivos gobiernos-- en los operadores españoles, estaríamos en una situación en la que gobiernos extranjeros tendrían más capacidad de decisión sobre el establecimiento, de las estrategias de desarrollo de las redes que el propio Gobierno español. Esa situación repugna a mi grupo y espero que ofenda y se considere insostenible por el resto de los grupos de la Cámara, por lo que pido la especial eliminación del precepto contenido en la ley por el que se suprime el artículo 15.4 de la vigente LOT.
Presentarán una nueva ley de ordenación en un plazo que el Gobierno nos dice que será breve y tendremos ocasión de debatir con más calma, pero establezcamos esa cautela. No podemos permitir que gobiernos más antiguos, más democráticos --más sabios, por supuesto, que el actual-- mantengan posiciones de dominio en sus grandes empresas nacionales y, a través de ellas, puedan decidir cómo y cuándo se desarrollan en este país las redes de cable o las tecnologías digitales.
En cuanto al artículo 3, referido a modificación de la Ley del cable, retiramos todas aquellas enmiendas --luego daré una relación precisa, en un tiempo que tendrá que conceder el Presidente cuando terminen las intervenciones políticas-- cuyos contenidos sustanciales han sido pactados y están incorporados al dictamen de la Ponencia.
Nuestra enmienda número 81 es muy amplia, tiene siete puntos, y luego explicaré cuáles retiro y cuáles mantengo, pero ya anuncio que, como consecuencia de los compromisos adquiridos y de la aplicación del pacta sunt servanda que todos deberían hacer, respecto a los procedimientos de creación y de ampliación de la base accionarial --venta pública pura y dura, por no utilizar ningún eufemismo--, tenemos una enmienda alternativa, la número 82, algunos de cuyos contenidos han sido admitidos en la Ponencia. Aunque comulgamos con algunos principios, no en vano intentamos hacerlo hace algo más de un año, no fue posible hacerlo con todos por la ceguera del grupo que ahora apoya al Gobierno, y a mí me da la impresión que ahora ha producido, entre otras cosas, la paralización del proyecto de Retevisión --aunque es opinable--, pero lo que sí es evidente es que cada día que Retevisión se retrasa en entrar a operar, estando tan próximo el escenario de la libre competencia, Retevisión pierde valor patrimonial y pierde posibilidades de implantación. Me gustaría escuchar a la señora Mato y luego señalaré por escrito a la Mesa los contenidos concretos que mantenemos.
En cuento a las disposiciones adicionales, quiero mantener especialmente la enmienda 85 del Partido Socialista. El ente público Retevisión se crea en el artículo 124 de la ley de presupuestos de 1989, y nos parece sensato cambiar el contenido de aquel artículo, porque ni las funciones, ni
Página 3829
el objeto social, ni los contenidos, ni la gestión, ni la base accionarial de Retevisión ni sus sistemas de dependencia de la Administración son los mismos que dieron lugar a su creación en la ley de presupuestos de 1989. Por tanto creemos que esta enmienda, que es una enmienda sin ningún contenido político, únicamente de un cierto rigor jurídico, será aceptada.
Asimismo mantenemos la enmienda 84, que enlaza con las tres enmiendas in voce que propongo al artículo 1, y dice que el Gobierno adoptará en el plazo de dos meses, desde la entrada en vigor de la ley --esto último falta en la enmienda, pero sería una corrección técnica--, las medidas necesarias para la transferencia a la comisión, en los términos establecidos en la presente ley, de los recursos humanos, de los bienes, de las obligaciones, etcétera, de todo aquello que constituye los instrumentos de gestión y de administración de la comisión, sin autorización ninguna al Gobierno de recabar para sí competencias que este Parlamento establece para la comisión. ¿Que tiene que haber un plazo de transición? ¿Que a las cero horas del día de hoy no se puede hacer como hizo el director general, mandar en seguida a los inspectores a Continente a ver si estaban vendiendo no sé qué descodificador un minuto después de la entrada en vigor de la ley? ¿Que no se puede hacer eso, que no se pueden pasar las competencias de la DGT a la comisión en veinticuatro horas? Estamos de acuerdo, y tendrán que negociar entre unos y otros, con el buen criterio que se supone que tienen aquellas personas que han recibido el respaldo de esta Cámara para formar parte de esta comisión, cómo, cuándo y qué transfieren, pero la aprobación de esta disposición adicional nos parece interesante, sobre todo a la luz de la experiencia de los últimos acontecimientos que hemos vivido.
El resto, señor Presidente, son cuestiones menores a las que no merece la pena referirse en esta primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: El 26 de septiembre de 1996, con el debate de las enmiendas de totalidad del PSOE e Izquierda Unida en el Pleno de este Congreso, se iniciaba realmente el trámite de este proyecto de ley procedente del Decreto 6/1996, de 7 de junio. Sin embargo, ese mismo día 26 de septiembre y un día antes, el 25, ya se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado el reglamento de la Ley del cable, que se rectifica a fondo en este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones y que no sabemos en definitiva cómo va a quedar --el debate está totalmente abierto-- y se publicaba también el reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin saber tampoco cómo va a quedar, y de hecho aquí, en función de acuerdos que se han suscrito, aumentan muchísimo sus competencias, en alguna de las cuales el asunto está absolutamente indefinido.
A nuestro juicio, discutíamos en balde, o en todo caso habría una fuerte descortesía, por así decirlo tenuemente, a este Congreso de los Diputados; había un cierto desprecio al funcionamiento democrático puesto que los reglamentos se aprobaban de antemano, e incluso poco tiempo después, nominalmente, con una comparecencia relámpago del Ministro de Fomento, se nombraba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la cual se informaba simplemente a este Congreso, sin que este Congreso pudiera tomar ninguna posición real, formal, votada, con respecto a su opinión acerca de los miembros de esta Comisión de las Telecomunicaciones. Es decir, que estamos produciendo una ley ya reglamentada y con los órganos que se intentan crear ya nombrados. No sé si esto es --por lo menos a mí me lo parece-- bastante surrealista. Todo esto se está realizando, por tanto, ante el asombro de todos, incluido el del Conde de Romanones, que al menos siempre esperaba a que la ley estuviese aprobada para hacer el consecuente reglamento.
El PSOE en aquella ocasión, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 26 de septiembre de 1996, dijo que aquello era una grave responsabilidad política --cito textualmente--, y a todos nos parecía que en todo caso el nombramiento de la Comisión, la reglamentación con respecto a su funcionamiento o el reglamento de la Ley del cable en absoluto eran urgentes, por lo menos alguna de estas reglamentaciones. El ministerio podía seguir funcionando tranquilamente, la Dirección General de Telecomunicaciones, a la que se vacía completamente de contenido en función de estos acuerdos, también, y el Tribunal de Defensa de la Competencia indudablemente también podía seguir funcionando, y en este sentido no había la urgencia a la que se aludía a la hora de justificar la promulgación de estos reglamentos.
Por tanto, en este artículo 1, que nosotros enmendamos en profundidad, nos encontramos con una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones nombrada de manera extraña, precipitadamente, de manera digital, y desde luego no se corresponde con la indicación de independencia que se marca como rango relevante en la ley y en el reglamento. Es una comisión nombrada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Fomento. Si a esto le añadimos que aparece con unas competencias tremendas, que vacían de contenido una parte importante del ministerio, que incluso aparece con patrimonio propio y otras cosas que le hacen ver a este Diputado que nos encontramos ante un auténtico gobierno de las telecomunicaciones en España, y lo ponemos en correspondencia con otros gobiernos de las telecomunicaciones de otros países, nos encontramos que en otros países, incluido Estados Unidos, se trata de comisiones que son siempre de extracción parlamentaria. Por consiguiente, nosotros no tendríamos en principio problemas con respecto a las competencias si esta comisión fuese realmente de extracción parlamentaria y rindiera cuentas ante este Parlamento.
Sin embargo, nos encontramos con una comisión que simplemente cada año va a emitir un informe a este Parlamento para que se conozca. No figura aquí que deba ser aprobado ni rechazado, simplemente comentado por este Congreso de los Diputados. Nosotros no tendríamos ningún problema con respecto a las competencias, repito, si
hubiese un nombramiento de extracción parlamentaria, como ocurre en todos los países del entorno y otros no cercanos pero que, teniendo en cuenta la importancia que va a tener esta comisión, le darán un contacto muy directo con la sede de la soberanía popular.
En este caso, si no se acepta el tema del nombramiento tal como nosotros lo planteamos, en principio no podemos aceptar que esta comisión controle o tenga este poder enorme, convertida en auténtico gobierno de las telecomunicaciones, máxime cuando no se trata de una comisión plural en estricto sentido. Aquí nos encontramos con dos fases del debate: un debate que se hizo en términos muy abruptos por parte del PSOE, tanto en el tema de la convalidación del decreto cuanto en la enmienda de totalidad que defendió, y un debate mucho menos abrupto a partir del acuerdo que se logra, que incluso hace que el PSOE retire la enmienda que hacía que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a través de su nombramiento, tuviese que ser ratificada por este Congreso de los Diputados.
Por tanto, en función del acuerdo al que se llega de la distribución de los miembros en base a una propuesta que se hace --tres proceden del Partido Popular, dos del PSOE, una de Convergència i Unió y una del PNV--, el Partido Socialista retira el tema de la estructura democrática en el nombramiento de esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por consiguiente, nos encontramos ante un acuerdo que tiene flecos, como hemos visto aquí pero flecos no en lo principal, no en lo importante, supongo que son flecos que afectan a algunas cuestiones.
Yo, de camino, le quiero decir al señor García-Arreciado que nosotros no podemos aceptar la reducción de las incompatibilidades de ninguna de las maneras, como tampoco podemos aceptar aumentar de peso a esta comisión por los motivos que he dicho anteriormente, por cómo se ha nombrado y porque no representa la pluralidad de esta Cámara. La tercera fuerza política del país, Izquierda Unida, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no han tenido la posibilidad de hacer una propuesta de una persona que responda a las características que se contienen en la norma. No hemos tenido esa posibilidad.
Por tanto, nosotros no podemos aceptar esta situación y mantenemos las enmiendas que acabo de defender con respecto a los límites en las competencias de la comisión, tal como figuran en nuestra enmienda, y en la forma de nombrar esta comisión, que nosotros elevamos al número de nueve, teniendo en cuenta posiciones a la hora de nombrar no sólo de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios, sino también de las fuerzas sociales y organizaciones afectadas por este tema de enorme importancia.
Aparece, repito, señor Presidente, un pacto que suscriben PSOE, Partido Popular, Convergència i Unió y PNV, que en el fondo no cambia la estructura profunda del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, excepto por lo que se relaciona con las competencias de la comisión y porque hace que enmiendas que cambiaban la forma de nombrarla, se retiren. El resto prácticamente permanece igual. El resto nos lleva a que se cambian aspectos de la ley de telecomunicaciones por cable, aspectos que habíamos consensuado todas las fuerzas, a excepción del Partido Popular, como la limitación para evitar tentaciones de concentración.
El acuerdo nos lleva también a que la creación del segundo operador --que es el nombre que nosotros pretendemos darle a este proyecto de ley-- se realiza prácticamente en los términos en que figuraba en el proyecto de ley y en el decreto que le sirvió de matriz. El acuerdo se remite fundamentalmente a una distribución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y poco más. El resto son detalles al paso que conectan también con la idea de un aumento tremendo de las competencias que se trasvasan desde el ministerio o desde la Dirección General de Telecomunicaciones a la Comisión del Mercado. Nosotros mantenemos nuestras enmiendas con respecto a la creación del segundo operador o, lo que es igual, a la privatización del ente público Retevisión.
Desde ese punto de vista la mayoría de esta Cámara (PSOE, Partido Popular) defiende privatizar al menos el 51 por ciento de Retevisión; que haya un concurso restringido, sin garantías por lo que se refiere al cumplimiento del servicio público y a otras consecuencias, con respecto a lo que es en Retevisión un servicio público; se pierde, por tanto, el sentido de servicio público y se le mete en la dinámica de la competencia en el seno de la dialéctica del mercado, así de claro, a través de un concurso restringido sin garantías; y la transferencia de personal de Retevisión a la sociedad anónima que se crea no garantiza, a nuestro juicio, todos los derechos, tanto individuales como colectivos, económicos, sociales y laborales de los trabajadores.
Nosotros tenemos otra posición que vamos a defender en este momento a través de iniciativas consecuentes que hemos presentado en este Congreso, porque nos encontramos ante una situación estratégica. Lo mismo que se dice con respecto a Telefónica hay que decir con respecto a Retevisión.
Lo mismo que se ha dicho, la importancia estratégica que tiene y la posibilidad de colonización empresarial, lo mismo hay que decir con respecto a Telefónica que con respecto a Retevisión. No entendemos la asimetría y los argumentos cuando se acepta la propuesta que se hace con respecto a la privatización de Retevisión en el actual proyecto de ley.
Nosotros creemos que, en base a las leyes anteriores (Ley 4/1980, de 10 de enero, del estatuto de la Radio y Televisión, y otras), los servicios portadores de la difusión y transporte de las señales de televisión son servicios públicos esenciales, tanto desde el punto de vista audiovisual como desde el punto de vista de las telecomunicaciones. La importancia social de estos servicios es patente, ya que la cobertura del servicio alcanza casi el 98 por ciento de la población española, es decir, más de 38 millones de personas, y los telespectadores reciben los programas de televisión por ondas radioeléctricas que parten de los más de 1.800 centros de Retevisión que por su titularidad estatal han garantizado el servicio y la extensión necesaria, prácticamente universal.
Con la aprobación del real decreto, que estamos tramitando como proyecto de ley, denominado de liberalización
Página 3831
de las telecomunicaciones, se ha iniciado un proceso privatizador que puede poner en riesgo la prestación de los actuales servicios de difusión de televisión a partir de 1999. Los riesgos precisamente se derivan de la separación de la red técnica de difusión del sector público, que será vendida al sector privado mediante procedimiento --como he dicho anteriormente-- restringido, sin haber establecido previamente las obligaciones de carácter público y la prestación universal de los servicios actuales y de los del inmediato futuro, como son los de televisión digital por ondas terrestres.
El abandono del Estado del sector público y la insuficiente regulación hará que zonas poco rentables se vean afectadas por una deficiente extensión territorial de los nuevos servicios, lo que, a nuestro juicio, agravará las diferencias sociales y territoriales y nos llevará a fenómenos de falta de cohesión social y territorial.
Nosotros pensamos que en tanto Retevisión, Sociedad Anónima, sea el principal instrumento de prestación de los servicios aludidos anteriormente (transporte de la señal de televisión), el Estado debe mantener, a través de la participación accionarial, el control de la sociedad estatal. No estamos de acuerdo ni con la otra forma matizada, pero en el fondo igual, de hacer la privatización que plantea el Partido Socialista Obrero Español. Pensamos que no se garantizan tampoco... (El señor García-Arreciado Batanero pronuncia palabras que no se perciben.) Hay un acuerdo PSOE-Partido Popular que es al que yo me estoy refiriendo.
Yo lo que siento es que no nos encontremos más gente de izquierdas en este país.
No estamos de acuerdo tampoco en que se aseguren los intereses de los trabajadores, en que se someta el traspaso de los trabajadores a lo acordado en los convenios colectivos, y en que, en todo caso, la nueva sociedad debe subrogarse de todas las condiciones establecidas en el ente publico Retevisión en el marco del segundo convenio colectivo. Y hay que decirlo así, concreta, rigurosamente, porque las líneas que aparecen consensuadas, las líneas que aparecen en un sitio y en otro y que al final van a ser la síntesis del acuerdo que se ha producido, en absoluto garantizan los intereses y el futuro de estos trabajadores.
En definitiva, señor Presidente, nosotros en principio vamos a votar en contra de las enmiendas transaccionales que se han presentado y que dan base a este acuerdo aquí anunciado. También vamos a votar en contra de los flecos que se han defendido por parte del señor Arreciado, que se dirigen a intentar reducir las incompatibilidades en un grupo de personas que a lo mejor al final de año puede superar la cuantía de ciento y pico millones de percepción. No estamos de acuerdo con esta idea de reducir el nivel de las incompatibilidades. Tampoco estamos de acuerdo en estas circunstancias, por razón de la propia estructura democrática de la comisión, a la que falta pluralidad, de aumentar sus competencias o de darle esta competencia máxima de crear su propia estructura.
Yo espero, señor Presidente, que a lo largo de este debate por fin todos nos estemos concienciando de la enorme importancia de estos temas. El debate ha saltado a la luz pública y es de enorme importancia, difícil de explicar, pero que la gente empieza por lo menos a intuir a que se trata de un tema de interés general y que requiere una estructura de servicio público de cara a conseguir el servicio universal. Espero, repito, que a través de este debate todos, desde la racionalidad --y espero que aquí no se pierda, porque no debiera perderse--, enmendemos esta situación consiguiendo un texto mucho más aceptable o, en todo caso, algo más aceptable que el que aquí analizamos desde una óptica de izquierdas.
En principio ésa es nuestra posición, y esperamos la serie de enmiendas o de flecos que pueden extraerse de ese acuerdo, que está en un texto de enmiendas transaccionales que se nos ha entregado hace algún tiempo y también esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Como ya ha sido puesto de manifiesto por los anteriores intervinientes, existe un amplio acuerdo en el seno de esta Comisión acerca de toda una serie de enmiendas transaccionales que han de conformar este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Nosotros estamos satisfechos --y creo que todos los grupos que hemos participado lo estamos-- de que se haya llegado a este acuerdo, y debo decir también, llegado a este punto, que ha sido un acuerdo que no ha sido fácil, no ha sido un camino precisamente de vino y rosas, sino que ha sido un acuerdo fraguado a base de muchas horas de diálogo, de debate, de intercambio de posiciones, de algunos momentos de tensión, pero, repito, la conclusión, el resultado final creo que es positivo. Por ello debo decir también que estamos satisfechos de haber contribuido en parte a que este real decreto que presentó el Gobierno el pasado mes de junio fuera tramitado como proyecto de ley. Esta no era la intención yo diría de una parte importante de la Cámara, cuanto menos inicial, pero nosotros pensábamos en ese momento --y yo creo que finalmente lo acabó creyendo la mayoría del Pleno de la Cámara, incluido el grupo del Partido Popular que apoya al Gobierno-- que era importante que una cuestión de tanta trascendencia social y económica, como es la regulación y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, pudiera ser objeto de un debate pausado y en profundidad en el Congreso de los Diputados, que de hecho es lo que se ha producido durante estos meses.
¿Cuáles eran los objetivos que nuestro grupo parlamentario se planteaba al enfrentar este debate? Obviamente que se pudiera producir ese debate al que me refería, pero también poder modificar el real decreto presentado por el Gobierno y convalidado en su momento por la Cámara básicamente en tres sentidos: en primer lugar, que quedara clara la intención de conseguir una liberalización rápida de las telecomunicaciones en nuestro país. En ese sentido creo que se ha avanzado mucho, y el acuerdo así lo recoge, en tanto en cuanto se produce una renuncia formal a la moratoria que el Gobierno anterior había negociado en su momento con Bruselas y que fijaba la fecha de liberalización
Página 3832
con carácter general en enero del año 2003. Además de producir esta liberalización rápida, favorecer también la competencia en telefonía básica a través de la aparición de nuevos operadores, cuestión esta fundamental --si no hay nuevos operadores no habrá competencia--, pero también dictar toda una serie de normas que de una forma transparente regularan todo lo referente a la interconexión de redes, aspecto fundamental en el establecimiento de un mercado en competencia.
En ese sentido, la enmienda transaccional a la cual hemos llegado en el artículo 2 refuerza, desde nuestro punto de vista, de una forma muy clara la transparencia y la objetividad de las interconexiones e introduce además la competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizarla. Llegado a este punto, también debo decir que nuestro grupo lamenta profundamente que por una orden ministerial reciente del Gobierno se difiera la intervención de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en todo lo referente a la interconexión, al mes de diciembre del año 1998. No nos parece que sea algo positivo, aunque sí creemos que la comisión debe asumir gradualmente sus competencias, pero hubiéramos preferido que se hubiera dejado muy claro que la competencia de la comisión en todo lo referente a interconexión se pudiera ejercer de forma inmediata.
El segundo objetivo que nos fijamos de cara al debate y que de alguna forma se recogía en nuestras enmiendas es recuperar el espíritu de la Ley del cable y favorecer su desarrollo, y ello lo planteábamos desde distintas perspectivas: de un lado, eliminando las restricciones a la participación del capital extranjero en estas empresas. Haciendo un esfuerzo de realismo, las grandes inversiones que requiere la extensión de redes de cable, van a necesitar obligatoriamente la aportación de cantidades importantes de capital extranjero y especialmente de capital extracomunitario. Por tanto, nos parece que ésta es una cuestión fundamental, y creemos que en las enmiendas transaccionales queda suficientemente recogido, porque en ningún momento nuestro grupo parlamentario pierde de vista que cualquier apertura del mercado español a la participación de capital extracomunitario debe ir acompañada de una medida en sentido idéntico en el otro lado del Atlántico.
En tercer lugar, vinculábamos muy directamente el desarrollo de las redes de cable a que en la nueva ley se fijara de una forma muy clara cuál iba a ser la fecha en que los operadores de cable iban a poder operar en el ámbito de la telefonía básica. Cuando hablamos de cable todo el componente de ocio que puede llegar a los hogares de los ciudadanos a través de este servicio portador es ciertamente importante, sin embargo no es el elemento fundamental, no es el elemento decisivo para favorecer la extensión de estas redes que, como saben SS. SS., tienen una gran importancia especialmente en lo que se refiere a las actividades económicas. Pues bien, el principal elemento de desarrollo de estas redes de cable, el principal aliciente, es la posibilidad de poder ofrecer telefonía básica. Nos parecía también y nos continúa pareciendo --y estamos convencidos de ello--, que una parte importante, incluso la garantía de la competencia en telefonía básica, puede venir de la mano de los operadores de cable. En este sentido, la enmienda transaccional al artículo 3 resuelve de una forma muy positiva esta cuestión, en tanto en cuanto establece que a partir de enero del año 1998 condicionadamente, eso sí, los operadores de cable van a poder ofrecer telefonía básica, y como ha sido manifestado públicamente por parte del Ministro de Fomento y acordado con la Comisión Europea, esta liberalización se va a producir con carácter general en diciembre de 1998, cifra muy alejada de enero del 2003, que recuerdan SS. SS. es la fecha en la cual finalizaba la moratoria a la que se había acogido el Gobierno español.
Y en ese sentido también, con la voluntad de recuperar el espíritu de la Ley del cable que aprobamos en la anterior legislatura, nos parecía que esta ley de ninguna forma podía legalizar privilegios, podía legalizar situaciones que se habían generado en contra precisamente de la Ley del cable y que alguna disposición adicional pretendía resolver de una forma que a nosotros no nos parecía bien. La enmienda transaccional a la disposición transitoria primera resuelve esta situación y sitúa todas las redes de cable preexistentes, es decir, existentes antes de la entrada en vigor de esta ley, en una situación igual. Por tanto, si no obtienen la correspondiente licencia van a tener un período de tres años para ir desmantelando paulatinamente sus instalaciones, y en casos muy excepcionales la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá ampliar esa fecha. En todo caso, nos encontramos en una situación muy lejana a los diez años que se les otorgaba, según el real decreto presentado por el Gobierno.
En cuarto lugar, pretendíamos reforzar las competencias del regulador.
Contrariamente a lo que ha manifestado algún otro interviniente, nos parece que es fundamental la figura de la existencia de un regulador independiente. No nos estamos inventando nada, sino que estamos trasladando a nuestro país, de un lado, una exigencia de la Comisión Europea pero, de otro lado, un modelo de funcionamiento que están aplicando aquellos países que en el ámbito del desarrollo de las telecomunicaciones y su extensión social son los pioneros. Pues bien, pretendíamos reforzar las competencias de este regulador, favoreciendo que el Parlamento pueda participar en la designación de sus miembros.
Creo que la enmienda transaccional al artículo 1 a que hemos llegado reforma de una manera muy clara estas competencias, ya que, además de todas aquellas que ya estaban recogidas en el real decreto que convalidamos, añadimos el otorgamiento de títulos para la prestación de servicios de telecomunicaciones como competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la misión de velar por la existencia de la libre competencia, el control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, la resolución obligatoria de conflictos entre operadores en materias de interconexión y de acceso y uso del espectro radioeléctrico, el control de los procesos de concentración de empresas, el informe de las propuestas de tarifas, el fijar los precios máximos de interconexión, el instar la inspección técnica por parte del ministerio, el registro general de operadores, etcétera, etcétera; cuestiones que, repito, nos parecen
Página 3833
fundamentales, como también nos parecía fundamental que la comisión tuviera el patrimonio y los medios necesarios para poder desarrollar sus misiones --en este sentido también se recoge en la enmienda transaccional al artículo 1--, o que tuviera capacidad sancionadora, cuanto menos que tuviera la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de las resoluciones de la propia comisión, como se recoge muy bien en esta enmienda transaccional.
En cuanto a las enmiendas que han sido planteadas in voce por el señor García-Arreciado, referentes también al funcionamiento y, básicamente, a los poderes de la comisión, debo decir que nuestro grupo parlamentario no ve mal esas enmiendas, en absoluto. Nos parecen propuestas razonables que van muy en esta línea de reforzar los poderes del regulador, las competencias del regulador, dotándole de la posibilidad de decidir su propia estructura interna o aplicándole el régimen general de incompatibilidades que se exige en este país para los altos cargos.
Creemos, sin embargo, que es una cuestión que debemos meditar conjuntamente todos los grupos parlamentarios que hemos hecho posible que se llegara hoy a un amplio acuerdo alrededor de esta ley.
Hay otra cuestión que no se resuelve correctamente en las transacciones y que, por tanto, no va a quedar recogida al menos en el proyecto de ley tal y como resulta de las enmiendas transaccionales que hoy vamos a aprobar, pero que creemos que tenemos que resolver (tenemos por delante trámites parlamentarios para hacerlo y es ilógico que no lo hagamos), que es la situación de aquellas entidades públicas que tienen como misión el transporte de la señal televisiva; es decir, las entidades que realizan la misma misión que Retevisión a nivel de todo el Estado en el ámbito de sus comunidades autónomas. Los servicios portadores van a liberalizarse de una forma muy inmediata; el 1 de enero de 1998 el servicio portador va a estar absolutamente liberalizado, cualquier empresa que tenga capacidad para trasladar la señal televisiva va a poderlo hacer, no va a tener que dirigirse necesariamente a Retevisión o a las otras dos sociedades que están realizando esta función, y sin embargo no existe una cobertura legal para estas sociedades. Creo que es algo que tenemos que resolver, no sé si hoy va a ser el día, puede ser la semana que viene en el pleno de la Cámara o bien puede ser en el Senado, pero sería absurdo que dejáramos pasar la oportunidad que nos brinda este proyecto de ley para resolver estas cuestiones.
Señor Presidente, eso es todo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, haciendo constar, en primer lugar, que el Gobierno remitió a esta Cámara el 7 de junio este real decreto-ley, convalidado posteriormente por la Cámara, han pasado ya ocho meses, y esto es lo que hace ver lo intenso que ha sido el debate entre los grupos parlamentarios para poder llegar al día de hoy con un nuevo texto que prácticamente modifica, creo que altera, en aspectos importantes, la redacción original que el Gobierno remitió a esta Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco, apoyando decididamente los distintos procesos legislativos conducentes a la liberalización del sector de las comunicaciones, queremos hacer constar que aunque haya sido larga la tramitación --y probablemente se pueda decir que es mucho el tiempo transcurrido en un decreto-ley emitido por el Gobierno para su tramitación urgente en esta Cámara-- los frutos, en general, los contenidos que previsiblemente vamos a aprobar hoy, al término de esta sesión, son satisfactorios para el Grupo Parlamentario Vasco en su conjunto. Todo esto no es óbice para señalar, a renglón seguido, que nos encontramos en el sector de las telecomunicaciones en un momento de totum revolutum, en el que es difícil seguir no ya los periódicos sino el propio «Boletín Oficial del Estado», con la productividad que está poniendo de manifiesto el Ministerio de Fomento. Con tanto decreto, con tanta orden ministerial, las fotocopiadoras de los grupos parlamentarios, señor Presidente, sacan humo intentando actualizar los archivos y los distintos asesores jurídicos de los grupos parlamentarios sólo contrastando los contenidos de uno y otro texto conocen un trabajo extraordinario en los últimos días; circunstancia que no consideramos que es la más normal, señor Presidente, ante un sector que conoce precisamente la liberación.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos, como consideración política, que hay un sector muy intervencionista en el Gobierno que gusta de poner su firma y sus contenidos en todas estas órdenes ministeriales y decretos y está generando que muchas empresas se vayan a tener que dedicar en los próximos días a dar cursillos en relación a todas estas previsiones legales, porque ciertamente es bien difícil para uno que lleva ya años tratando estos temas tener sólo mínimamente claro el esquema básico de funcionamiento de un sector donde se van a dirigir y se están dirigiendo tantas inversiones reales. Decía el señor Recoder, con razón, que hay mucho inversor extranjero que está en este país intentando buscar sus plataformas de negocios de cara a este sector de las telecomunicaciones. En los distintos contactos que este grupo parlamentario ha mantenido con estos sectores, con estos inversores extranjeros, han manifestado su sorpresa ante esta producción legislativa y ante la incapacidad de retener no ya la hojarasca del tema en las distintas ramas, sino de centrar el tronco de la discusión y observar cuáles pueden ser los calendarios a través de los cuales este proceso legislativo se lleve a cabo. Desde el Grupo Parlamentario Vasco, en consecuencia, señor Presidente, haríamos un llamamiento al sosiego del Ministerio de Fomento, a la reorganización de todas estas previsiones legales, y a la consideración de que si hacen falta ocho meses para que un real decreto-ley remitido a la Cámara con urgencia pueda conocer un amplio consenso, como es importante en una materia como ésta de telecomunicaciones, no se vayan generando otros procesos desde el propio ministerio, en el uso de sus facultades, que si no alteran sustancialmente los
Página 3834
propios acuerdos, sí los matizan en algunos casos hasta el extremo.
Quisiera hacer, señor Presidente, al inicio de esta intervención, estas dos consideraciones: manifestar la satisfacción por el acuerdo que previsiblemente en el día de hoy se va a sostener en esta Comisión, acuerdo de amplia base parlamentaria en esta Cámara, y, por otro lado, la sorpresa que no sólo el Grupo Parlamentario Vasco, sino el sector, se ha llevado en relación a este afán reglamentista y a veces fuera de tiempo que está generando el Ministerio de Fomento.
En relación a los cuatro bloques que constituyen los contenidos de este proyecto de ley, quisiera hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, en cuanto al consejo del mercado de las telecomunicaciones, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos acertado el texto transaccional que se propone --que en su última redacción ha sido repartido a lo largo de la mañana-- porque se recoge en términos generales la finalidad de las enmiendas que planteaba nuestro grupo. Existen dos consideraciones que han quedado manifiestas en relación al régimen de incompatibilidades de los miembros de este consejo y a la estructura de funcionamiento del mismo, consideraciones que han sido manifestadas tanto por el portavoz del Grupo Socialista como por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, consideraciones que comparte el Grupo Parlamentario Vasco porque, en definitiva, no parece que existan especiales circunstancias que lleven a endurecer el régimen de incompatibilidades de los miembros de este consejo del mercado de las telecomunicaciones, y el hecho de que el ministerio genere la estructura de funcionamiento del consejo vía orden ministerial suscita las suspicacias que desde el propio ministerio se puedan tener ante un órgano arbitral. Lo que no se puede, señor Presidente, es sentarse en un queso y comer de otro. Si se es liberal es que se es liberal y si no, es que no se es. Aquí la prédica política coincide bastante poco con la práctica legislativa. El mayor ejemplo que hemos conocido en los últimos días se está dando en relación al fútbol codificado. Es decir, que el Consejo Superior de Deportes adscrito al Ministerio de Educación y Cultura, cuya titular alardea de su ultraliberalidad, pueda manifestar ante el país que el Gobierno está en condiciones de indicar qué partido de la jornada de liga del domingo debe ser emitido es buena muestra de que las teorías políticas difícilmente coinciden con las prácticas que después se generan desde los ministerios, seguramente en un afán de responder a otra serie de problemáticas que poco tienen que ver con la teoría política pero que dejan en evidencia los talantes de las personas.
Cerrado el paréntesis ejemplificador, sí quisiera indicar que en relación al consejo del mercado de las telecomunicaciones existe una enmienda, la número 34, del Grupo Parlamentario Vasco, a través de la cual se pretendía preservar el ámbito competencial autonómico en funciones homónimas a las de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en cuanto a medios de comunicación social gestionados directamente, concedidos o autorizados por las comunidades autónomas y en cuanto a competencias en materia de cultura. No es óbice el mantenimiento de esta enmienda para manifestar que en el conjunto de contenidos que están recogidos en la enmienda transaccional el Grupo Parlamentario Vasco manifiesta su acuerdo. Entendemos que en lo que son ámbitos competenciales no están suficientemente explícitos, lo que no quiere decir que se diga lo contrario, pero el que no se diga es también, señor Presidente, una posición política.
En relación al segundo bloque, las enmiendas que versan sobre la LOT, entendemos que también se ha conseguido un serio acercamiento en las posiciones que se recogían en el original real decreto-ley y entre las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Vasco; satisfacen más que parcialmente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, y sólo voy a comentar aquellas que de no haber mayor avance en las transacciones entre los distintos grupos parlamentarios mantendríamos para su debate en el Pleno.
La enmienda número 16 pretende regularizar de manera definitiva las redes de telecomunicaciones de las comunidades autónomas, permitiéndoles operar en el mercado más allá de la limitación actual a los servicios corporativos. Nos encontramos con una situación muy curiosa, señor Presidente, que hay comunidades autónomas que tienen redes de telecomunicación en funcionamiento y que son alegales. Daría la impresión de que el Estado, proyecto de ley tras proyecto de ley --yo creo que es el cuarto en cinco años en el que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la necesidad de regularizar la situación legal de estas redes--, el Estado, que vota en contra y renuncia a la legalización de estas redes, tampoco actúa en su actitud coercitiva, no voy a decir de mandar a la Guardia Civil pero sí decir que se cierren. Si no se regularizan legalmente y operan, el Estado tendría que cumplir aquellas potestades sancionadoras que la misma ley recoge en su artículos y contenidos. Pero es lo del perro del hortelano, señor Presidente, ni hacer ni dejar hacer. Por ello, dado que estas redes están ahí, que estas redes operan, que estas redes trabajan, cobran los servicios que generan, etcétera, y que el Estado no utiliza la potestad sancionadora que las propias leyes reconocen, parece que lo razonable es sentarse a redactar el contenido legislativo oportuno para que estas redes puedan funcionar con normalidad, como todas las demás. Porque existe además una situación que es francamente curiosa: que a través de este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones se legalizan y liberalizan todas las redes privadas salvo aquellas públicas que no están afectadas a organismo del Estado, circunstancia que lleva también a matizaciones o a elucubraciones políticas muy sugerentes. Yo sólo quisiera dejar colgada una pregunta, señor Presidente: si las comunidades autónomas titulares de estas redes son Estado o no, porque las redacciones que conlleva este proyecto de ley entienden de la excepcionalidad de esas redes, no las consideran y, en consecuencia, las conclusiones políticas son evidentes.
Mantendríamos también en este segundo bloque la enmienda número 20, que salvaguarda las competencias de la Comunidad Autónoma vasca en el establecimiento de tarifas vinculadas a medios de comunicación social y de cultura que son de su titularidad. Entendemos que con la
Página 3835
actual redacción el Estado podría fijar, curiosa y paradójicamente, las tarifas que son competencia de otra administración, circunstancia que entendemos debe llevar a una redacción más matizada de ese artículo.
Mantenemos también la enmienda número 17 para que las directivas denominadas ONP, limitando posibles discrecionalidades respecto a la aplicación de condiciones singulares de diversos operadores portadores, puedan ser recogidas en este proyecto de ley.
En relación al tercer bloque, que versa sobre la Ley del cable, que conoció también un amplio acuerdo en esta Cámara, entendemos que se realizan importantes modificaciones con la actual redacción y que se mejoran los contenidos en la enmienda transaccional que hoy nos ocupa.
Manifestamos nuestra preocupación porque en relación a la modificación de las demarcaciones unimunicipales se minoran las competencias autonómicas respecto al procedimiento, entendiendo además que son restricciones que se realizan prácticamente para unos cuantos meses, porque el propio proceso de liberalización va a llevar a que todas estas previsiones legislativas decaigan por su propio peso. Por eso insistimos en el empeño que tienen ciertos burócratas en los ministerios en aquilatar las últimas cosas cuando probablemente, para cuando estos procesos se pongan en marcha, todas esas previsiones caigan por su propio peso.
Quisiera hacer una manifestación específica en relación a la enmienda 25, porque en este momento en que se está conociendo este gran boom sobre las telecomunicaciones adquiere una importancia vital o, por lo menos, actualidad; enmienda que cifra el 1 de enero de 1998 para la liberalización del sector, lo cual hace ver que nos encontramos ya con el pistoletazo de salida dado. Ya sabemos con qué perspectiva de trabajo se va a poder jugar y entendemos que, una vez que se produzca el 1 de enero de 1998 esta liberalización, gran parte de esos contenidos quedan básicamente decaídos en sus propias consideraciones.
En relación al cuarto bloque, que es el de la privatización de Retevisión, quisiéramos manifestar también nuestra preocupación por el tiempo que está pasando. Hemos apoyado sistemáticamente la privatización de Retevisión, el proceso que se ha puesto en marcha, sin embargo constatamos desde fuera --insisto, desde fuera-- que el proceso se está dilatando en el tiempo en exceso. La privatización de una empresa debe conocer unos estándares de funcionamiento que son habituales en el mundo empresarial y no creemos que se esté procediendo con suficiente diligencia, seguramente por las dificultades que genera la privatización de una empresa como Retevisión. Hemos apostado como Grupo Parlamentario Vasco porque exista competencia, porque Telefónica tenga competencia, porque el usuario pueda elegir qué operador telefónico básico utiliza en su vida habitual y en los servicios de los que debe disponer, y observamos con preocupación los ritmos del actual proceso de privatización de Retevisión. Ojalá estemos equivocados, porque ello sería la mejor noticia para que el sector conociera una efectiva competencia, pero entendemos que por encima y por debajo de previsiones legales, de órdenes y de reglamentos, debe existir una gestión en la privatización que se ha hecho en otras empresas con suma transparencia y diligencia y, en nuestra opinión, está conociendo excesivas dificultades en su puesta en marcha y en su ejecución.
Sin más, señor Presidente, termino indicando que la voluntad del Grupo Parlamentario Vasco sería la de no mantener ninguna enmienda viva para su debate en Pleno, en ese empeño hemos trabajado a lo largo de ocho meses, y espero que después de la intervención de la señora Mato podamos ir retirando más enmiendas. En todo caso, supongo que al final del debate habrá otro turno en el que podamos fijar nuestra posición en relación con las enmiendas retiradas y las enmiendas vivas para su debate en Pleno.
El señor PRESIDENTE: Aprovecho esta ocasión para decir que después de la intervención de la señora Mato habrá un turno de réplica y suspenderemos la sesión para organizar las votaciones de una forma técnica.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su portavoz el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: El Grupo Parlamentario Mixto presentó nueve enmiendas al Real Decreto-ley de 7 de junio de 1996, centrado prácticamente en tres pilares básicos que no fueron modificados a lo largo de todo el debate parlamentario, por lo menos en la cuantía en que al Grupo Parlamentario Mixto, concretamente el Bloque Nacionalista Galego y en algún aspecto también a Eusko Alkartasuna, le habría gustado. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.) La primera cuestión que queremos remarcar es que en cuanto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se pierde una oportunidad de oro para que la misma tenga un carácter democrático y claramente vinculado a las instituciones plurales, diversas, que existen en el Estado español, y además a las instituciones de representación parlamentaria. Aprovechamos la ocasión para decir que no es de recibo o es una fuente de graves contradicciones --por mucho que se intente paliar a través de enmiendas que van destinadas a proteger, en cierta medida, alguna capacidad competencial de las comunidades autónomas--, que admitiendo que el Estado español existe, no se reconozca de una vez por todas, en temáticas tan sensibles y de tanta importancia para la ordenación del territorio, para las cuestiones informativas, para las cuestiones de comunicación y para la subsistencia y potenciación de la lengua y cultura propia, que habría que hacer una comisión del mercado de telecomunicaciones a nivel estatal que reconociese esta pluralidad y diversidad. De ahí las enmiendas que como Bloque Nacionalista Galego presentamos a la conformación de dicha comisión, que celebramos que tenga tantas competencias pero lamentamos que las tenga con una composición tan restrictiva y tan claramente gubernamentalizada. No hay que ocultar que sólo son siete miembros, nombrados todos ellos por el Ministerio de Fomento, que es un organismo de gobierno que tiene un carácter abiertamente centralista o solamente sensible, en el mejor de los casos, a aquellos partidos que participen de la gobernabilidad del Estado.
Nuestra propuesta consistía en empezar por admitir que el Estado español es diverso y, por tanto, habría que dejar a las comunidades autónomas, sin meterse a reglamentar cómo debían hacerlo, si por vía parlamentaria, por medio de sus asambleas legislativas o bien directamente por su Gobierno --debate que tendrían que tener internamente--, que nombraran siete miembros; me refiero a las que son nacionalidades históricas, que tienen lengua y cultura propia, y a una comunidad autónoma insular, que es Canarias, cuya distancia de la península Ibérica lo justifica por sí mismo, sin entrar en otras consideraciones. Por tanto, siete miembros propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o por otro método que considerasen oportuno y controlable. Además, debería haber otros siete miembros nombrados por este Congreso de los Diputados, con lo cual haríamos una comisión de mercado de telecomunicaciones claramente diversa, plural y controlada, y en el camino de una conformación plurinacional del Estado español y no de una conformación centralista como la que hoy tiene.
Derivado de esta visión de la problemática, nos preocupamos también de que se plasmasen algunas enmiendas que en cuanto a la modificación de la ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable, situasen mejor la capacidad competencial de las comunidades autónomas, dejando claro que los ayuntamientos, dentro de su competencia, debían estar subordinados por lo menos al informe vinculante y en otros casos incluso a la aprobación correspondiente por la comunidad autónoma a la que pertenecen, cuestión que en el proyecto original no sólo estaba muy desvaída sino claramente descompensada, en contra de un localismo vinculado directamente al Ministerio de Fomento o a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en un momento futuro. Vemos que este aspecto fue algo modificado. En concreto presentaron esta mañana una enmienda, la número 7, al artículo 3 uno, que mejora sensiblemente el proyecto original y que celebramos aunque no sea exactamente la formulación que habíamos establecido.
Por otro lado, queremos demostrar nuestra oposición al proceso de privatización total de Telefónica y al proceso iniciado con Retevisión, ya que pensamos que debían ser operadores de telecomunicaciones claramente públicos. En ese sentido pensamos que la concesión del segundo operador de telecomunicaciones debe dejarse a los gobiernos autónomos, y en esa línea va la enmienda firmada por la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, para que conforme al Estatuto de Autonomía del País Vasco corresponda al Gobierno vasco la competencia de adjudicar y otorgar un título habilitante para la prestación de servicio final de telefonía básica. Por tanto, dejaríamos vivas para el debate posterior (las demás las retiramos porque vemos que en cierta medida han sido recogidas, aunque no dentro de una visión más amplia que democratizase la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y que la hiciese respetuosa con la diversidad existente en el Estado español), la enmienda número 1 de Eusko Alkartasuna, las enmiendas 5 y 6, referidas a la composición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a cómo se hacen las propuestas para el nombramiento de sus miembros, y las demás las haríamos decaer, eso sí, haciendo notar, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, que no participamos del articulado del decreto-ley referido a Telefónica y a Retevisión como operadores de telecomunicaciones como duopolio claramente privado.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Mato para defender sus enmiendas y fijar su posición sobre las de otros grupos.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, y como ya han hecho otros grupos parlamentarios, quería mostrar mi satisfacción y también mi agradecimiento a todos ellos por el trabajo que hemos venido desarrollando. Ha sido un trabajo largo, como decía algún portavoz, a veces difícil, pero al final lo importante es que hay que mostrar la satisfacción porque en el ámbito de este proyecto de ley que estamos debatiendo se ha superado la dinámica partidista y hemos podido conseguir un amplio acuerdo, aunque a mí me gustaría que fuera más amplio. Como todavía tenemos el trámite del Senado, vamos a intentar ampliarlo para que otros grupos importantes de la Cámara puedan incorporarse a este acuerdo y al final tenga el consenso no de la mayoría de los grupos sino de todos ellos, como nos gustaría que pasara con el resto de los temas que afectan a telecomunicaciones.
Durante muchos años, tanto cuando estábamos en la oposición como ahora que estamos en el Gobierno, hemos mantenido la necesidad y la importancia de las telecomunicaciones como cuestión del Estado, y también la necesidad y la importancia de que la mayoría de los grupos de la Cámara apoyaran las propuestas que se hicieran. De esta manera se va a debatir próximamente un proyecto de ley general de telecomunicaciones. Hago referencia a él porque también le mencionaré al contestar a algunas de las enmiendas de otros grupos parlamentarios. El Gobierno ha remitido ya un borrador y se ha enviado a los grupos parlamentarios antes de ser proyecto de ley, de manera que intentemos, desde el principio, lograr un consenso sobre este asunto. Repito que es indispensable, es imprescindible que haya un consenso entre los grupos, puesto que se trata de una cuestión de Estado que afecta al interés general de los ciudadanos.
Quiero recordar, aunque ya lo he hecho en otras ocasiones, que estamos hablando de un proyecto de ley que procede de un real decreto-ley que se convalidó por la mayoría de esta Cámara --por tanto, está en vigor hasta que se apruebe el proyecto de ley y se convierta en ley--, y que se presentó por vía de urgencia. Decía algún portavoz que este proyecto de ley se ha dilatado ocho meses. Para mí ha merecido la pena porque hemos conseguido lograr un texto, creo, muy mejorado del decreto-ley que se presentó. Cierto que se presentó por vía de urgencia y para un determinado concepto y no para lo que hemos conocido ahora, pero nos parece que es mucho mejor para el interés de todos los ciudadanos.
Nuestro grupo está satisfecho del resultado de la tramitación. Se presentó por vía de urgencia
Página 3837
porque había necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes por el retraso que llevábamos en materia de telecomunicaciones. Eso ha dado paso a que el Gobierno, en base a ese decreto-ley --como he dicho convalidado por estas Cortes--, haya tenido que adoptar una serie de medidas y de actuaciones para ir desarrollando el mismo previamente a la aprobación de este proyecto de ley. Todo ello no significa en ningún momento ni que esas actuaciones se hayan separado de la tramitación del proyecto de ley, ni que esas intervenciones, esas regulaciones que ha presentado el Gobierno, discrepen del contenido que se va a aprobar en este proyecto de ley. Creo que se ha dado un paso importante con la presentación de este decreto. Dije en su día que no se trataba de una regulación total de las telecomunicaciones; simplemente era un primer paso.
El decreto-ley que se presentó y que se está tramitando como proyecto de ley abarcaba cuatro aspectos diferentes. Dos de ellos relativos a la modificación de algunas leyes vigentes a la que hemos hecho referencia --las leyes del cable-- a fin de introducir la liberalización de los servicios finales, rompiendo el monopolio existente y facilitando el desarrollo de la competencia. Los otros dos suponían la creación, en principio, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la puesta en marcha de un segundo operador, temas a los que nos hemos referido esta mañana todos los grupos parlamentarios.
En cuanto a la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin duda el texto que se va a votar hoy ha mejorado sustancialmente la previsión inicial del decreto-ley. El decreto-ley se presentó simplemente para crear el órgano, dotándole de las competencias mínimas que requería su creación. En el debate y en la tramitación del proyecto de ley hemos conseguido un texto que ya se ha incorporado por la Ponencia; un texto que de verdad crea un órgano independiente, un órgano con competencias, un órgano regulador de las telecomunicaciones. Por ello debemos mostrarnos satisfechos y, desde luego, el Grupo Popular y el Gobierno lo están.
En relación con la orden del ministerio del 31 de enero de 1996, hay que incidir en que la misma prevé ya la asunción de las primeras competencias que le son propias a la comisión. En ningún momento esa orden ministerial pretende quitar las competencias que por ley se van a aprobar. En ningún caso podría hacerlo, pero no es la previsión de la orden ministerial. Sí es cierto que se prevé la asunción de las primeras competencias: la arbitral, previa sumisión de las partes; la de dictar instrucciones a los operadores para garantizar la libre competencia; la de emisión de informes, que en algunos casos serán preceptivos y en otros vinculantes, y también la de asesorar a las administraciones públicas.
Lo lógico en la actuación de un ente público que inicia su singladura es, como ya ocurrió también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, graduar, según ha comentado algún grupo parlamentario, ordenadamente las competencias, ir transfiriendo poco a poco las mismas. Tiene que ser un proceso gradual, y eso es lo que hace la orden, al final, para poner en marcha la Comisión: ir dándole las competencias. Es verdad que hay que lamentar que hasta junio no se haya creado esta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones porque tendríamos mucho camino avanzado. Lo cierto es que se creó en el mes de junio y tiene que ir poco a poco, repito, incorporando sus competencias. Pero también es cierto que hay un compromiso evidente con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Se le está dotando económicamente para que pueda asumir todas sus funciones.
La apuesta, sin ninguna duda, es decidida y el calendario es lógico, sin improvisaciones y, sobre todo --quiero recalcarlo--, con íntegro respeto a la vigente normativa.
El primer punto referente a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ya está incorporado en el informe de la Ponencia. Nosotros mantenemos el texto transaccional que se presentó y que ha sido consensuado por los grupos parlamentarios. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Quería comentar dos cuestiones. Una, respecto a las enmiendas in voce que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ellas, por lo que no vamos a votarlas favorablemente por dos motivos. En primer lugar, porque una de ellas parece que quiere dar marcha atrás, es decir, reducir las incompatibilidades que se han puesto a los miembros de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Nosotros creemos que la comisión tiene que ser un órgano independiente, que los miembros de esa comisión tienen que ser personas independientes y, por tanto, se les ha querido dar la suficiente entidad como para que las incompatibilidades también impidan que puedan tener algún interés en otras cuestiones. Queremos mantener el régimen que se ha dado de incompatibilidades y no diluirlo o disminuirlo en modo alguno.
En cuanto al tema de la estructura, la comisión se creó en el mes de junio por un decreto-ley convalidado. Esa comisión ya se ha puesto en marcha; su estructura ha sido puesta en marcha por decreto, como pone en el proyecto la ley, por el Gobierno, de manera que ya está en funcionamiento. Creemos que es lógico y normal que se mantenga dicha estructura, sin perjuicio de que todas las competencias en cuanto a organización interna, como no podía ser de otra manera, las tenga la propia comisión.
Las enmiendas transaccionales que presentamos, que ya las tiene la Mesa y que están a disposición de todos los grupos parlamentarios, han salido de muchas de las reuniones que se han mantenido entre todos los grupos parlamentarios, de manera que se ha conseguido un texto diferente y, a mi modo de ver mejorado, del que estaba recogido en el decreto-ley. Estas enmiendas transaccionales no recogen al cien por cien todas las propuestas de los grupos parlamentarios. Recogen en su mayoría las líneas generales de las mismas. No pueden recoger todas las propuestas por dos motivos. En primer lugar, porque muchas de ellas, que son lógicas, exceden del ámbito de esta ley. Esta ley, como digo, es un primer paso, no es el definitivo ni el último. Por tanto, algunas de las enmiendas que se han presentado por los grupos parlamentarios, como otras que comentaba el Grupo Nacionalista Vasco, deberán ser estudiadas, pero creemos que no es en el ámbito, insisto, de esta norma donde se deben recoger, sino en otras posteriores.
Página 3838
Estoy haciendo referencia expresamente ahora al proyecto de ley general de telecomunicaciones, que vendrá a esta Cámara en los próximos meses y que, como he dicho antes, nos gustaría que contara con el consenso de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, para lo que vamos a hacer un esfuerzo.
Las enmiendas presentadas a esta ley que superan el ámbito de la misma y que no han sido recogidas, han sido tenidas en cuenta y se seguirán teniendo en cuenta para hacer el proyecto de ley general de telecomunicaciones que se presentará en esta Cámara.
De la misma manera, muchas enmiendas de Izquierda Unida que hoy no vamos a poder votarlas favorablemente sí serán recogidas en sucesivas leyes, tanto referidas a materias de medios de comunicación como a la ley general de telecomunicaciones.
Entrando ya en los puntos concretos y dejando a un lado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ha mejorado sustancialmente su formación, diré que se han presentado unas enmiendas transaccionales al artículo 2.º de la ley, que, como han dicho otros grupos, se han debatido por lo grupos parlamentarios y mejoran el texto. Fundamentalmente son modificaciones a la LOT, ley que está desfasada en estos momentos y que no puede recoger el panorama liberalizador al que nos estamos enfrentando. Las enmiendas transaccionales que se han pactado, que recogen en su mayoría las propuestas de otros grupos parlamentarios, se refieren, sobre todo, a garantizar la concurrencia en el mercado de los distintos servicios y también la competencia.
La enmienda a que hacían referencia algunos portavoces trata de garantizar a todos los operadores de servicios la interconexión de circuitos. Creemos que es imprescindible la garantía de esa interconexión de circuitos con precios transparentes, con condiciones objetivas, igualitarias y proporcionales, a los efectos de que al final haya, de verdad, una liberalización y una competencia en materia de telecomunicaciones. Creo que no es necesario que dé lectura a la redacción que se presentaría al artículo 2, sin perjuicio de otras enmiendas transaccionales que están recogidas en el documento que se les ha repartido.
En cuanto al artículo 3, relativo a la ley de telecomunicaciones por cable, todos sabemos que esta ley sufrió un sinfín de retrasos en su elaboración y que al final se elaboró precipitadamente, a nuestro modo de ver, debido a las actuaciones legítimas de ayuntamientos. Por tanto, creíamos que era necesario solucionar algunos problemas que hoy han surgido con su aprobación. El decreto-ley recogía algunas medidas que había que adoptar en relación con el cable y muestro mi satisfacción por ello. Con la nueva redacción que hemos elaborado entre los grupos se ha dado respuesta tanto a la situación creada en cuanto a los ayuntamientos como a la posibilidad de que exista competencia mediante algunos períodos de moratoria a ciertas actuaciones de Telefónica, temas que, como he dicho, se han pactado y consensuado, de manera que las propuestas iniciales se han matizado y mejorado y creo que hemos llegado a un texto que posibilitará que los concursos de cable se pongan en marcha inmediatamente, que el cable en España pueda empezar a avanzar y que al final ocupe el puesto que le corresponde, que para mí es importante, puesto que merecerá la pena tener a España «cableada», no sólo a efectos de televisión, de Telefónica, sino de otros muchos servicios que se podrán prestar y que facilitarán la vida a todos los ciudadanos.
Por último, en cuanto al segundo operador de telecomunicaciones, quería tranquilizar a algunos portavoces que han mostrado su preocupación por el retraso en su puesta en marcha. La puesta en marcha de un segundo operador, basada en Retevisión, tiene que garantizar muchas cuestiones, por lo que se está haciendo sin pausa pero sin prisa, de manera que en breves días lo tendremos puesto en marcha y contará con todas las garantías, tanto para los servicios que se están prestando en este momento como para los operarios que están trabajando en el Ente Público de Retevisión en la actualidad.
Respecto a las enmiendas concretas que mantiene el Partido Nacionalista Vasco, quería hacer mención a la número 20. En la enmienda primera que teníamos transaccionada y consensuada con los grupos parlamentarios hemos incorporado un apartado en el que se matiza que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, establecerá los supuestos de aplicación de tarifas fijas. Al matizar «en el ejercicio de sus competencias», lo que se trata es, como recogía la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, de que se dejen al margen las competencias de las comunidades autónomas, que por supuesto la tendrán para poder fijar tarifas en este ámbito correspondiente. En cualquier caso, quiero reiterar al Partido Nacionalista Vasco que estamos estudiando todas estas enmiendas, y algunas de ellas podrán recogerse en la futura ley de ordenación de las telecomunicaciones, por lo que, sin perjuicio de que en este marco no puedan ser recogidas, trataremos de hacerlo en un futuro texto.
Lo mismo reitero para algunas de las propuestas del Grupo de Izquierda Unida --ya lo hemos hablado en algunas ocasiones--, que no pueden ser recogidas en este marco legislativo, pero sí podrán serlo en otros referentes a telecomunicaciones y a medios de comunicación.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica y de fijación de posiciones ante enmiendas transaccionales o de aclaración a los demás grupos y a la Mesa de la Comisión de cuál es la posición de cada grupo, tiene la palabra el señor García-Arreciado por el Grupo Socialista.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: De la intervención de la portavoz del Grupo Popular, señora Mato, se deduce una encomiable satisfacción de su grupo con la política de telecomunicaciones del Gobierno, quizá porque no haya leído las primeras páginas de toda la prensa nacional de hoy o desde mediados de diciembre pasado. Continúen en esa estrategia y terminaremos por desbaratar cualquier intento de política de telecomunicaciones en este país.
Vamos a centrarnos en lo que nos ofrecen. Al artículo 2, apartado 7, ofrecen la enmienda transaccional primera, que
Página 3839
establece que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, y por real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, puede establecer los supuestos de aplicación de las tarifas máximas y mínimas, etcétera y la desregulación de los precios. A mí me parece bien esta enmienda y estaría dispuesto a votarla a favor si me admiten también añadir: «y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus competencias».
En el artículo 1 acabamos de dar a la comisión del mercado las competencias de fijación de las tarifas en determinados supuestos. No podemos darle en el artículo 1 unas competencias y en el 2 decir que se las quitamos. De manera que me parece bien el texto de esa enmienda si introdujésemos «y en el ámbito de sus competencias, también la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones», en un texto que ya acordaríamos si la señora Mato y el resto de los grupos se encuentran dispuestos a aceptar esta sugerencia.
No tenemos ningún inconveniente que presentar a la enmienda transaccional número 2 que nos propone al artículo 2.º de la ley, lo mismo que la 3, 4 y 5. Con carácter general, debo decir que esto va a producir la retirada de las enmiendas correspondientes, pero en un breve período que pido a la Mesa que nos dé para hacerlo llegar.
En la enmienda sexta tengo una dificultad. Dice que los titulares de las redes de acceso directo al público facilitarán el acceso a éstas por parte de los operadores, etcétera --la directiva ONP de libre acceso a la red--. Pero el Gobierno dice «incluidas las redes privadas virtuales». Yo no entiendo muy bien qué se quiere decir con redes virtuales privadas. Me parece que no sería conveniente que a las redes corporativas de empresa tenga libre acceso cualquier operador para meter el producto que sea. A lo mejor estoy en un error, pero creo que eso no significa una red privada virtual. Si la señora Mato me lo explica, yo atenderé sus razones; si no me lo explica o la explicación que me dé no es coincidente con nuestros planteamientos, aceptaría esa enmienda sexta excluyendo la inclusión de las redes privadas virtuales.
Estaríamos dispuestos a votar a favor de la enmienda séptima que nos presentan como transacción con varios grupos, incluido el nuestro, al artículo 3, apartado 1, y lo mismo debo decir respecto a la enmiendas transaccionales octava y novena que nos presentan. En la décima ya empiezan las dificultades, porque dice que el artículo 9.1 de la vigente Ley del cable se modifica en el sentido de autorizar la prestación de servicios finales --para entendernos, estamos hablando de teléfono--, en su demarcación a los operadores que ganen el concurso, previa obtención del correspondiente título habilitante, en clara contradicción con la enmienda duodécima, en la que se señala que, a partir del 1 de enero, se podrán prestar esos servicios, previa comprobación por el Ministerio del cumplimiento de los requisitos técnicos que se fijen. En esto último estamos de acuerdo; en lo anterior, no. Porque si sobre la concesión se establece un posterior título habilitante, estamos desvirtuando uno de los aspectos sustantivos que ha sido objeto de negociación a lo largo de estos ocho meses, y además estaríamos introduciendo en la ley dos conceptos contradictorios. ¿El título concesional lleva implícita la autorización para prestar servicios básicos en telefonía o necesita de un posterior título habilitante? La enmienda décima dice que necesita de un posterior título habilitante y la enmienda duodécima dice que no, que sólo necesita la comprobación por el Ministerio --no podía ser de otra manera-- del cumplimiento de las especificaciones técnicas que contengan los reglamentos.
La undécima tiene también nuestro apoyo --es una enmienda transaccional no sólo con nosotros sino con otros grupos parlamentarios-- y en la duodécima vuelven a aparecer los problemas. Estamos de acuerdo con la parte primera, que, como hemos dicho, liberaliza la prestación del servicio de la telefonía básica por cable a partir del 1 de enero de 1998, pero introduce un segundo párrafo, con el que vamos a mostrar nuestra radical disconformidad. Establece que hasta su total liberalización --creo que en el año 1998--, la prestación del servicio final básico se debe hacer sobre el propio bucle de abonados entre el punto terminal de la red y el primer nodo de conmutación de la red. Aquí hay varios problemas. Esta es la parte más cara de la inversión de las redes de cable y los empresarios van a echar cuentas. ¿Por operar siete mese antes se van a meter en la inversión, cuantiosa --en más del 60 por ciento de las redes de cable la inversión es en el bucle de abonados--, o van a esperar ocho mese para dar el servicio con las infraestructuras existentes? Decidido lo primero, ¿van a instalar bucle de abonados en la demarcación completa? No. Primero, porque nos les da tiempo; segundo, porque lo van a instalar únicamente en aquellos núcleos más cremosos del mercado, donde los tráficos telefónicos justifiquen una inversión que, como digo, es del 60 por ciento del total que hay que invertir en redes de cable. Por tanto, hago la profecía en esta Cámara de que la pretensión, loable, de facilitar con esto las inversiones tendrá el efecto exactamente contrario. Todo el mundo esperará ocho meses y paralizaremos la instalación de redes de cables de otros ocho meses más, unidos a los veintitantos que ya llevamos.
Además, señoras y señores comisionados, es perfectamente irrelevante que aprobemos o no este artículo, porque el Gobierno, en el decreto de reglamento de la televisión por satélite, ha incluido ya esto. ¿Se refiere al satélite? No; se refiere al cable. No importa, lo han incluido. De manera, repito, que es perfectamente irrelevante que esta Cámara incluya o no esto en un texto legal con rango de ley, porque ya el Gobierno, curándose en salud, ha decidido que, mediante un decreto del que no hay que dar cuentas en esta Cámara, le venía bien incluirlo por si perdía la votación --y nubarrones había en el horizonte que podían presagiar la pérdida de esa votación--. Eso es un acto de burla para esta Cámara, por lo menos para este miembro de la Cámara.
Pero, además, contradice flagrantemente la directiva europea de acceso a redes abiertas, la directiva ONP, que les da a todos los operadores el derecho de acceder a cualquier red instalada. Y, para colmo de colmos, contradice también el artículo 7 de la vigente Ley del cable, que señala que los concesionarios tendrán que establecer su red de cable, instalando su propia red o utilizando las infraestructuras existentes. De manera que en el artículo 7 de la Ley del
cable --que no ha modificado nadie-- al concesionario le damos la facultad de optar entre desembolsar esas cuantiosas inversiones o utilizar las infraestructuras existentes --hasta hora, las de la compañía Telefónica y, en el futuro, las de otros operadores--, y en el artículo 9 le decimos: Mire usted, diez minutos después de hacer el artículo 7 nos lo hemos pensado mejor y, en el 9, esa opción que le ofrecemos ya no es tal opción, ya le obligamos a usted a tenga que dar el servicio, siquiera sea en el bucle de abonados. La pretensión inicial era mucho más descabellada, era la totalidad de la infraestructura, incluidas fruslerías tales como centrales de conmutación; la pretensión ha disminuido y lo dejamos en el bucle de abonados. ¿Qué hace el operador? ¿Lo mete por Retevisión o por Telefónica?, ¿se acoge al artículo 7?, ¿se aplica esta nueva disposición transitoria segunda de la Ley del cable?, ¿tiene título suficiente con la concesión o necesita, además, un nuevo título habilitante? El escenario de incertidumbre que estamos creando sobre el conjunto del sector, si así se ratifica en este Congreso de los Diputados, desde luego, es absolutamente indeseable.
En la enmienda decimotercera se dice que la nueva sociedad --se refiere al segundo operador-- podrá encomendar a terceros, en las condiciones que al efecto se establezcan en los correspondientes acuerdos, la prestación del servicio final de la telefonía básica urbana --¡atención!-- en determinadas zonas del territorio. ¿Cuáles? (Rumores.) Hay una primera objeción: la Ley de Contratos del Estado prohíbe tajantemente que el objeto sustancial de una concesión, que es la prestación del servicio de esta telefonía, pueda ser subarrendado. Esa es la primera objeción, pero es jurídica. Yo de eso no entiendo y no entro en ello, pero los juristas tendrán que verlo. Y la segunda objeción es que se ve el plumero. Dice: en determinadas zonas del territorio. Por lo menos, vamos a quitar lo de en determinadas zonas del territorio. O todos moros o todos cristianos.
(Risas.) Creo que al Gobierno le ha faltado precisar los territorios concretos en los que está pensando. A pesar de la dificultad jurídica (esto termina en los tribunales con toda seguridad, con el señor Garzón, que será uno de los pocos casos que le queden por llevar en este país), aceptaríamos esta enmienda suprimiendo la referencia a determinadas zonas del territorio.
Estamos conformes con la enmienda decimocuarta, así como con la decimoquinta y con la decimosexta, en la que debe haber un error por parte del Gobierno, porque este texto está ya literalmente tanto en el decreto como en el informe de la ponencia; luego no sé qué transacción se ofrece ni con quién. Luego lo tendremos que aclarar porque hay un pequeño lío entre las adicionales y las transitorias que tendremos que despejar.
La última enmienda, la decimoséptima, también merece el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Brevemente, para fijar la posición de nuestro grupo, que en principio mantiene todas sus enmiendas, reiterando algo que ya dijimos en nuestra primera exposición. Es patente que hay un acuerdo entre el resto de los grupos de la Cámara, acuerdo que curiosamente consiste en el nombramiento, sobre todo, de los miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dándose la paradoja de que al mismo tiempo se reivindica la figura de los independientes, garantes de este tipo de comisiones, independientes que yo sigo pensando que no existen químicamente puros. Pueden ser independientes en cuanto que no tengan relación profesional con un sector determinado o con intereses empresariales en ese mismo sector, cosa que es deseable y necesaria, pero yo creo que no hay nadie independiente políticamente ni químicamente puro. Prueba de ello es que a lo que lleva el acuerdo es que los siete miembros se repartan de la siguiente forma: tres puestos por el Partido Popular, dos por el Partido Socialista, uno por Convergència i Unió y otro por el Partido Nacionalista Vasco, excluyendo una vez más a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que representa a 2.600.000 ciudadanos en esta Cámara. Por tanto, como no es verdad lo de la independencia, nuestro grupo se cree en el derecho y en la obligación de exigir la presencia también, en representación de esos 2.600.000 ciudadanos, sin que ello suponga tampoco estar de acuerdo con los criterios de funcionamiento de la comisión, entendiendo que debe haber algún tipo de responsabilidad que pueda evaluarse, medirse y pesarse en esta Cámara y no solamente ante el Gobierno. Por eso insistimos en mantener todas las enmiendas.
Estamos, como se ha dicho ya por algún interviniente, en un momento muy agitado en el mundo de las telecomunicaciones, con cambios constantes de posiciones, donde se da la paradoja de que parece que los partidos mayoritarios tienen los papeles cambiados: unos, exigiendo una liberalización a ultranza desde la supuesta izquierda, y otros parece que intentando regular a toda máquina, yendo por delante incluso de estos proyectos de ley que estamos discutiendo aquí, una situación, situación en la cual no nos sentimos copartícipes de ninguna de esas dos grandes posiciones. Yo creo que hace falta tranquilizarse y en todo caso tener en cuenta el bien de los ciudadanos y no otro tipo de cosas, porque estas precipitaciones y estas alteraciones que sufrimos en estos días ponen en evidencia otro tipo de intereses que no compartimos.
Por tanto, insisto, mantenemos todas las enmiendas y creemos que en un tema tan importante como éste se debería haber buscado un mayor consenso, no se debería haber excluido a nuestro grupo de la participación en un órgano de ese tipo, que va a intentar vigilar la situación del mercado de las telecomunicaciones en un momento clave y decisivo para su relanzamiento, igual que no compartimos perder la mayoría pública en Retevisión, modificando el proyecto anterior del Partido Socialista, que efectivamente planteaba mantener en el ámbito de lo público el 51 por ciento y ahora parece que lo que se plantea es intercambiarlo para que lo público ya no tenga presencia mayoritaria. Desde nuestra posición ideológica, y hay que decirlo, seguimos pensando que lo público en algunos sectores sigue siendo garante del servicio público a todos los ciudadanos
Página 3841
y en algunos casos una liberalización equivocada está sirviendo para duplicar servicios y costes en infraestructuras, como podemos ver por ejemplo en la telefonía, donde hay dos redes montadas en paralelo, entendemos que de manera absurda en muchos casos, no distinguiéndose entre lo que son servicios y lo que son instrumentos de infraestructuras dentro del mercado de las telecomunicaciones.
Por todo ello, y termino, mantenemos nuestra posición hasta el próximo debate.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Para anunciar simplemente la retirada de todas nuestras enmiendas, salvo de la 103, caso de que fuera posible que me la autoenmendara. ¿Es ello posible reglamentariamente, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Yo creo, señor Recoder, que por lo menos debe proponerlo para que lo estudiemos.
El señor RECODER I MIRALLES: Pues lo voy a intentar.
La enmienda que propondría a la 103 de nuestro grupo parlamentario, que se refiere al artículo 4, consiste en cambiar --si SS. SS. tienen delante las enmiendas, está en la última página--, en la cuarta línea empezando por el final, «incluida» por «excluida», es decir, diría: excluida la telefonía básica. Luego, a partir de la última coma, quitar «y para el servicio portador soporte del mismo». Por tanto, la redacción sería la siguiente: «En el ámbito de sus respectivas comunidades autónomas se otorga título habilitante a las entidades públicas autonómicas existentes prestadoras de los servicios portadores que se utilizan como soporte de servicios de difusión o para la transmisión de información, para la prestación de los servicios finales excluida la telefonía básica con el objeto de prestar servicio interno y externo.» Esta sería la propuesta de modificación de nuestra propia enmienda que, si el resto de portavoces no tiene inconveniente, podríamos someter a votación. El resto de las enmiendas vivas las retiro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco había presentado 25 enmiendas a este proyecto de ley y va a retirar todas excepto las que voy a enumerar, que son las números 16, 17, 25, 29, 32, 34 y 36, manteniendo vivas, en consecuencia, para su debate en el Pleno de estas siete enmiendas, cuyo contenido, desde nuestra perspectiva, no está recogido en las enmiendas transaccionales que hoy nos han ocupado.
El cumplimiento de las directivas ONP, tal como ha expresado el señor García-Arreciado, debe tener un reflejo en este proyecto de ley. Las materias competenciales de las comunidades autónomas deben tener un reflejo más explícito en este proyecto de ley y las redes físicas cuya titularidad se adscribe a comunidades autónomas deben también legalizarse, aprovechando algún viaje de éstos. La señora Mato nos remitía ad lege ferenda; nos decía, anunciando un nuevo proyecto de ley, que habrá que encontrar la forma de recoger estos contenidos legislativos. No es la primera vez que oigo, ni seguramente la última, que argumentos de ese tipo intentan de alguna forma sosegar las aguas. El problema es que el tema sigue sin resolverse, señor Presidente, y que en definitiva aquí no estamos hablando ad kalendas graecas o de ad lege ferenda, estamos hablando de ad lege data, estamos hablando del tema que nos ocupa. Antes coloquialmente se lo decía a la señora Mato, y me parece que es bastante visual, por eso repito, si se me permite, señor Presidente, que el Gobierno cobra cash y está muy habituado a pagar a un año o a dos. Esa es la terrible dinámica de todas estas negociaciones, la urgencia del Gobierno de cobrar cash y esa permisividad que se puede permitir el gran operador --el gran operador político en este caso-- de poder pagar a uno o dos años. Yo creo que ésa es la dinámica que la política española debiera sosegar de alguna forma.
En relación a la enmienda 103 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es una enmienda con contenido similar a la 32 del Grupo Parlamentario Vasco que si en la redacción actual que acaba de proponer in voce el señor Recoder fuera aceptada, supondría también la retirada de la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Vasco, que recoge los mismos contenidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente, para recordar que el Grupo Parlamentario Mixto, y particularmente el Bloque Nacionalista Galego, mantiene sus enmiendas números 5 y 6 por una cuestión básica, que es defender el carácter y el control democrático de lo que es la comisión que se conforma para el mercado de las telecomunicaciones, y entendido esto no en el sentido de representación de los grupos políticos conforme a su mayor o menor importancia electoral, sino entendido como respeto, vuelvo a repetir, a la diversidad cultural, lingüística y nacional del Estado español, por un lado, cuestión clave y que excede incluso de los resultados electorales de cada uno de nosotros, y en segundo lugar por un control por parte de esta institución de representación democrática que es el Congreso de los Diputados. Pensamos que es una de las columnas vertebrales que debe de servir de debate en relación con este proyecto de ley y que, por tanto, es conveniente mantenerlo para su debate posterior.
Al fin y al cabo será lo crucial para nosotros.
En relación con las cuestiones referidas al papel de las comunidades autónoma a otro nivel, es decir, al de entender en la aprobación de demarcaciones y controlar las que se establecen en su territorio, aunque no está perfectamente
contemplado en la enmienda séptima que se presenta como transaccional de los grupos que transaccionaron entre sí, votaríamos a favor de la misma, artículo 3, apartado uno, de donde por lo menos se establece una regulación más adecuada del papel de las comunidades autónomas y se la da una coherencia en relación con otro tipo de artículos de la Ley del cable. Nosotros por este motivo haríamos decaer las enmiendas números 7 y 8. Por lo demás, para que quede claro el marco competencial de las comunidades autónomas y en concreto el de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la competencia para otorgar el segundo operador de telecomunicaciones, dejaríamos también viva la enmienda número 1.
Solamente esperamos que en el futuro todos estos temas de gran importancia estructural puedan ser debatidos con un rostro más real de lo que son las instituciones plurales existentes en el Estado español y que responden a bases económicas, territoriales, culturales y lingüísticas diferenciadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: En relación con las enmiendas que se mantienen, en primer lugar, por el Grupo Socialista, y en cuanto a las enmiendas transaccionales lamento que algunas de las cuestiones que se han planteado hoy no se hayan suscitado anteriormente cuando hemos estado hablando de todas estas enmiendas. En cualquier caso, quiero garantizarle al señor García-Arreciado y al Grupo Parlamentario Socialista, por si tiene alguna preocupación, puesto que lo hemos hablado en multitud de ocasiones, que el título habilitante para la prestación de servicios en las redes de cable otorga directamente la posibilidad de prestar el servicio de telefonía básica, la concesión incluye el título habilitante para prestar ese servicio. Eso sí, lógicamente, tiene que haber una previa comprobación por el Ministerio de Fomento del cumplimiento de los requisitos que se fijen reglamentariamente para este servicio. Ese texto que está incorporado en las enmiendas transaccionales ha sido debatido con mucho rigor, con mucho tiempo y con todos los grupos parlamentarios.
Por tanto, lamento más todavía las prevenciones que tiene el Grupo Socialista hacia la aprobación del mismo, puesto que es un texto que hemos debatido, cuya redacción se ha hecho con mucho cuidado expresamente para garantizar que el título habilitante recoge la posibilidad de prestar esos servicios. Simplemente falta un trámite, que es el de comprobación, lógica, por parte del ministerio del cumplimiento de requisitos técnicos.
En cuanto a las otras cuestiones que plantean, el Gobierno y el Grupo Popular creen que es importante que haya inversiones en materia de cable en España; creen que la medida que se ha adoptado en relación a que los futuros operadores de cable utilicen sus propias redes beneficia, impulsa y posibilita que haya inversiones reales en materia de cable y que se cree una infraestructura de cable, necesaria por otra parte, para España.
En consecuencia, creemos que debe mantenerse ese texto tal cual está, de manera que al final --yo no voy a hacer de profeta ni a hacer previsiones-- vamos a tratar de impulsar y de incentivar que haya infraestructuras de cable. De otra manera, si quitáramos ese requisito, al final podríamos encontrarnos con que no hubiera ninguna infraestructura nueva de cable y simplemente se utilizaran las actuales, que desde luego en algunos casos son exactamente las idóneas para tener una red de cable de la calidad que a todos nos gustaría.
En cuanto a la disposición adicional relativa a Retevisión, es verdad que está recogida en el informe de la ponencia. Simplemente se ha pasado de disposición transitoria a adicional. También le quería decir al señor García-Arreciado, porque lo ha reiterado en muchas ocasiones, que no es el Gobierno el que ha redactado estas enmiendas transaccionales, sino el grupo parlamentario, y no el Grupo Parlamentario Popular, sino los cuatro grupos de esta Cámara que hemos estado durante muchos meses tratando de los temas.
En cualquier caso, quería decirle que ha habido muchos retrasos y los hay en materia de telecomunicaciones, pero no son ni de ocho ni de dieciséis meses, sino que vienen de seis, siete u ocho años. Por tanto, a mí me sonroja que usted hable de retrasos cuando usted sabe que muchas de las medidas que se están adoptando por vía de urgencia, vía decreto, que normalmente siempre son decretos-leyes, que se convalidan por la Cámara, que luego se tratan de tramitar como proyectos de ley, por lo menos con una predisposición, tanto por parte del Gobierno como del Grupo Popular, a un consenso, que no se ha dado en otras etapas. Es encomiable el esfuerzo que se está haciendo por que en materia de telecomunicaciones podamos, en el breve espacio de tiempo que nos queda hasta la liberalización, avanzar lo que no se ha hecho en los últimos años en España en materia de telecomunicaciones, que tanta falta nos hubiera hecho.
Referente a las enmiendas que mantiene el Grupo de Izquierda Unida, como he dicho antes, no vamos a poder votar a favor de ellas. Nos gustaría que este grupo también se incorporara al consenso en cuanto a las enmiendas transaccionales y vamos a intentar, como lo hemos hecho durante estos meses, que Izquierda Unida también pueda incorporarse al consenso tanto en el Pleno de la próxima semana como en su tramitación en el Senado.
La enmienda que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que coincide con una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, nosotros seguiremos estudiándola, pero hoy no la podemos aceptar. Veremos si podemos llegar a otra enmienda transaccional avanzando para el próximo Pleno y, si no, en su tramitación futura en el Senado. Cada día vamos todos cediendo y es bueno que en telecomunicaciones todos lo vayamos haciendo, siempre que haya unos criterios fijos, unos criterios mínimos que haya que cumplir. Al final lo importante es que hay unas reglas de juego fijas, estables, que permitan que inversores --que hay muchos-- que quieran invertir en telecomunicaciones en España no tengan
ninguna duda de lo que va a pasar con las telecomunicaciones.
Las enmiendas que se presentan por parte del Grupo Mixto también las iremos teniendo en consideración. Lógicamente tampoco las podemos aprobar hoy. Intentaremos que entren en el consenso, porque al final lo que se pretende por parte del Gobierno y por parte del Grupo Popular es que en el ámbito de las telecomunicaciones haya cuanta más apertura, mejor; cuanto más abierto esté el panorama audiovisual, mejor para todos. En cualquier caso, todas las decisiones que se adoptan son siempre pensando en el futuro de los españoles, en el bienestar de los españoles, en el servicio y el interés general de todos los españoles.
Por eso le pido al Grupo Socialista y a otros grupos que sigamos hablando en materia de telecomunicaciones; que las enmiendas que se han presentado como transaccionales, que ya estaban habladas por los grupos parlamentarios durante muchos meses, puedan ser aprobadas en su totalidad en esta Comisión y que podamos seguir avanzando tanto en la tramitación de esta propia ley como en los futuros proyectos que lleguen al Parlamento. (El señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, pero no para reabrir el debate, espero.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Me cuesta trabajo no reabrir el debate escuchado el discurso general del método. Yo quisiera que la señora Mato me contestase a algunas de las cuestiones que le he planteado para poder decidir mi voto.
Primero, enmienda transaccional número 1. ¿Está esta Cámara dispuesta a que la facultad de intervención en las tarifas sea exclusivamente del Gobierno por real decreto, a propuesta del ministro, o recogemos la competencia que le hemos dado a la comisión en el artículo 1, de poder también intervenir en el ámbito de sus competencias? Porque sería otra disfuncionalidad jurídica y otra fuente de conflicto. Dicho en román paladino, la enmienda primera puede ser: El Gobierno, por real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, y la comisión en el ámbito de sus competencias --estoy definiendo en el ámbito de sus competencias--, podrán establecer los supuestos de aplicación, etcétera. Quiero escuchar su respuesta para decidir mi voto sobre una cuestión importante.
Segunda cuestión, ¿sabemos o no sabemos lo que son las redes privadas virtuales?, porque a lo mejor no lo sabemos y estamos aquí votando a ciegas. Yo aventuro mi opinión técnica de que se refiere a las redes corporativas. ¿Cuál es la suya? Si se refiere a las redes corporativas internas de las empresas, ¿vamos a facultar por ley a que pueda entrar en ellas quien quiera, o no lo vamos a hacer? Tampoco me lo dice. Por tanto, no puedo tener criterio para votarlo.
La tercera cuestión es la relativa a la enmienda décima. Se autoriza para prestar servicios finales de telecomunicación por cable, incluido el teléfono básico, en los términos establecidos en la disposición transitoria segunda de esta ley. La disposición transitoria segunda de esta ley --la del cable, me refiero-- dice que basta una mera verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los reglamentos, con lo que estamos conforme, con la disposición transitoria segunda de esta ley, pero su enmienda 10 hace que el artículo 3 de esta misma ley diga que eso será previa obtención del correspondiente título habilitante. Usted me dice, y yo la creo, que la concesión incluye ya el título habilitante para prestar el servicio de la telefonía básica, pero los tribunales tienen un viejo principio, que donde la ley no distingue no distinguen ellos, y usted está diciendo una cosa en la disposición transitoria segunda y otra en el artículo 3 de la ley. No creo que sea insalvable y supongo que su margen de maniobra llegará hasta el extremo de tachar lo de título habilitante, porque eso lo hemos acordado por activa y por pasiva a lo largo de las conversaciones, que debía quedar meridianamente claro que la concesión era título habilitante suficiente para prestar el servicio de la telefonía básica en los términos establecidos en la disposición transitoria segunda, con la que, insisto, estamos completamente conformes.
Por último, ¿suprimimos lo de en determinadas zonas del territorio o no? Porque es de una manifiesta arbitrariedad dejar en manos de la compañía, ni siquiera del Gobierno, que en determinadas zonas del territorio pueda subarrendar el servicio telefónico básico, que ya es grave por lo que he dicho, por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Hay que mantener un poco la figura. Pongan ustedes entonces el nombre de las comunidades a las que se refieren, pero, si no, éste es un acto manifiestamente arbitrario de la ley. Si el Gobierno y el grupo que lo apoya quieren cometerlo que lo cometan; con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, desde luego no, señora Mato. Y no desvirtúa en absoluto el precepto. Se puede aplicar a donde ustedes están pensando y en otros sitios también, por qué no.
Eso es todo, señor Presidente, espero que me lo aclare.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, a efectos de aclarar esas cuatro cuestiones que se han planteado y sin entrar en conflagración de argumentos, tiene usted la palabra.
La señora MATO ADROVER: Para aclarar las cuatro cuestiones. La verdad es que no he hecho mención a ellas, porque lo había hecho en el discurso inicial y también en otras ocasiones y pensé que no hacía falta, pero se las aclaro directamente.
En cuanto a la enmienda primera, que usted me dice que lo incorporemos, está puesto en el texto transaccional que se plantea: El Gobierno, por real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer supuestos de aplicación de tarifas fijas, máximas y mínimas. Artículo 1, dos, h) del proyecto de ley, competencias de la comisión: La comisión tiene competencias para informar las propuestas de tarifas.
Enmienda al artículo 2: El Gobierno, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer supuestos de aplicación de tarifas. Repito, apartado h): informar las propuestas de tarifas de los servicios de telecomunicaciones. (El señor García-Arreciado Batanero: Siga leyendo el artículo 1.) Sigo leyendo el artículo 1 y puedo seguir leyendo todos los artículos.
Las competencias para aplicar tarifas, máximas y mínimas, informar sobre ellas y la regulación de precios son de la comisión, y eso es lo que se ha recogido en este texto, sin perjuicio de que podamos seguir avanzando en materia de competencias de la comisión. Artículo 1, dos, h) y artículo 2, siete, que regulamos en este texto.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, yo creo que lo que procede ahora, más que argumentar, es contestar sí o no a las cuatro preguntas que se han hecho, para que podamos inmediatamente entrar a votar, y ya se hablará en el futuro de si es posible llegar a acuerdos.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, en cuanto a la primera, lógicamente es que no, porque creemos que está suficientemente recogido.
En cuanto al tema de las licencias de los títulos habilitantes, el señor García-Arreciado sabe perfectamente que se ha recogido en la disposición transitoria segunda, se ha modificado el tema de la licencia adicional que ponía al final uno de los textos, por previa comprobación por el ministerio del cumplimiento de estos servicios. Eso es lo que se requiere, la previa comprobación. Si él se queda más tranquilo quitando: previa obtención del correspondiente título habilitante, en cualquier caso habría que ponerlo delante, porque está claro que para prestar estos servicios la concesión tiene que dar un título habilitante. Ese título habilitante lo da la concesión sin ninguna duda, pero habrá que aclarar previamente que la concesión tiene el título habilitante. Y como se dice en la disposición transitoria... (El señor García-Arreciado Batanero: Si me disculpa, señora Mato, estamos en el artículo 9, que son los derechos del concesionario...)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, no establezcamos conversaciones cruzadas. Conteste, señora Mato, sí, no, sin justificar, y podremos entrar en el futuro en otro tipo de conversaciones.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, perdone, tiene usted razón, pero es que en este punto quería recalcarle al señor García-Arreciado que es cierto que ese tema está cerrado, pero estoy dispuesta a modificarlo y en vez de poner: previa obtención del correspondiente título, pondríamos exactamente la misma redacción de la disposición transitoria: previa comprobación por parte del Ministerio de Fomento de los requisitos.
En cuanto al tema de la encomienda a terceros por la nueva sociedad con los correspondientes acuerdos, nos parece lógico que se mantenga esta posición para determinadas zonas del territorio, que pueden ser muchas, pueden ser todas las zonas del territorio. En cualquier caso, será la nueva sociedad la que decida qué zonas del territorio tienen las condiciones adecuadas para poder acceder a esa posibilidad.
En cuanto a la enmienda número sexta, apartado 8, creemos que hay que incluir todas las redes que hay en España. Todas las infraestructuras tienen que ser utilizadas, puestas a disposición previo pago, previa condiciones transparentes, objetivas, igualitarias y proporcionales a todos los posibles operadores de cable. (El señor Barrionuevo Peña pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Barrionuevo?
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Quería saber si podía intervenir para una cuestión de orden, porque me parece observar una errata importante en la titulación de la ley, a ver si pudiera ser corregida por los servicios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Es que he observado leyendo el contenido de la ley que el 80 por ciento de la misma está dedicada a regular una comisión y en otra parte que se refiere a la televisión por cable termina el párrafo correspondiente, tras señalar diversas regulaciones, diciendo que el Gobierno, a propuesta de la Comisión, podrá suprimir o modificar las prohibiciones establecidas en el apartado anterior. Entonces, con ese contenido de la ley, que se llama de liberalización, me parece que debe haber una errata, y se debe llamar de intervención en las telecomunicaciones. (El señor Ortiz González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrionuevo, el respeto que yo siempre le he tenido, además como ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, ha hecho que le diera la palabra en un momento en que no se la voy a dar a nadie más, pero con toda sinceridad no esperaba una intervención de este tipo.
Yo creía que de verdad, y lo digo con sinceridad, había algo que había descubierto y que nos podía ayudar a mejorar la ley. No me ha parecido una intervención demasiado oportuna.
Dicho esto, no voy a dar la palabra a nadie. Señor Ortiz, no le voy a dar la palabra.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Una cuestión de orden sobre una cuestión de orden, señor Presidente. Una cuestión de orden sobre la cuestión de orden que ha suscitado el señor Barrionuevo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, es un incidente que está ya saldado. Le ruego que por favor lo abandone. Vamos a centrarnos en la votación de las enmiendas.
Página 3845
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, no prive al Partido Popular de tener gestos de humor como el que acaba de tener el señor Barrionuevo.
El señor PRESIDENTE: No me gustan esos gestos de humor en este momento en que vamos a votar. Por tanto, no tengamos más gestos de humor; después de las votaciones quizá sea el momento más oportuno.
Vamos a suspender la sesión durante diez o quince minutos, el tiempo que necesiten los portavoces, para organizar la votación e inmediatamente procederemos a la misma. Recuerdo, porque me parece que no se les ha comunicado por escrito a los portavoces y a la Mesa, que después de la Comisión hay reunión de Mesa y Portavoces.
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión para proceder a la votación de las enmiendas y luego del texto del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones. Vamos a votar primero las enmiendas de los grupos que no hayan tenido ninguna transaccional y que se mantienen, luego votaremos las enmiendas transaccionales y después el texto del proyecto de ley, artículo por artículo.
Enmiendas del Grupo Socialista. Se ha presentado la petición de que se vote por separado la número 80. Por tanto, sometemos a votación la enmienda número 80, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22.
Votación del resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 26; abstenciones, una.
Pasamos a votar ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 66 y 68 en un solo bloque, y el resto conjunto.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que quiera pedir votación separada de alguna enmienda? (Pausa.) Pasamos a votar --y voy a repetirlo para que conste en el «Diario de Sesiones»-- las enmiendas de Izquierda Unida números 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 66 y 68 en un bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, cinco; en contra, 22; abstenciones, 12.
Procedemos a votar la enmienda número 103, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la modificación que ha señalado su portavoz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, cinco; en contra, 17; abstenciones, 17.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto que se mantienen para votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 19.
Procedemos ahora a votar las enmiendas transaccionales. Ruego a los portavoces de los grupos que nos indiquen si quieren alguna votación separada.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: El Grupo Socialista solicita votación separada de la enmienda número 1; por otro lado, las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el primer párrafo de la 12; y en otro bloque, el segundo párrafo de la 12 y la 13.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Solicito votación separada de las enmiendas 3, 7, 8 y 15.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra petición, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, la transaccional número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 22; en contra, cuatro; abstenciones, 13.
Pasamos a votar ahora las enmiendas transaccionales números 3, 7 y 8.
Página 3846
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 34; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de orden. Entiendo que la enmienda número 10 va en los términos aceptados por la señora Mato de suprimir la referencia al título habilitante.
El señor PRESIDENTE: Sí. Creo que esto ha quedado claro y así se recogerá en el «Diario de Sesiones».
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, quiero manifestar que cometí un error en la votación porque creí que eran otras enmiendas las que se votaban y no las tres sobre las que pedí votación separada. Me equivoqué en la votación. Si se puede repetir, bien, y si no lo hago constar.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, como usted lo ha hecho constar ya --que es lo importante-- y no va a cambiar el sentido de la votación, que quede recogido en el «Diario de Sesiones» que su voto era positivo.
Pasamos a votar las enmiendas transaccionales números 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y primer párrafo de la 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 34; en contra, cinco; abstenciones, una.
A continuación vamos a votar el segundo párrafo de la enmienda número 12 y la 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.
Vamos a votar la enmienda número 15, sobre la que ha pedido votación separada el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 35; en contra, cuatro.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.) Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Hemos presentado tres enmiendas in voce. Algunos grupos han manifestado que votarán en contra, pero ninguno que yo sepa se opone a su tramitación en el Pleno, por lo que se solicitaría que se sometieran a votación.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ningún grupo que se oponga ni pide votación separada, se someten a votación las tres enmiendas in voce que ha presentado el Grupo Socialista a través de su portavoz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, cinco.
Pasamos a votar el texto de la ley. Se ha pedido la votación separada de los artículos. Como son pocos, vamos a proceder a ello. Por supuesto, votaremos el texto tal como queda con la incorporación de las enmiendas que se han votado anteriormente.
Votamos el artículo 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cinco.
Pasamos al artículo 2.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Pediría votación separada del punto 1.5 del artículo 2, que se refiere a la pérdida del derecho del Gobierno de mantener cinco consejeros en el consejo de administración.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar se somete a votación el punto 1.5 del artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 17.
Votación del resto del artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, cinco; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2 en su totalidad.
Votación del artículo 3.
Página 3847
Esta presidencia propone, si no hay inconveniente, votar ahora las disposiciones adicionales, transitorias y finales conjuntamente.
Queda por votar ahora el título y la exposición de motivos.
Con ello concluimos el debate y votación de esta ley.