Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=60473&legiid=488
Timestamp: 2018-01-21 20:32:45
Document Index: 247919052

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 77', 'Artículo 20', 'artículo 5', 'Artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'Artículo 391', 'artículo 17', 'artículo 768', 'artículo 195', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 45', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 45', 'artículo 127', 'artículo 4', 'artículo 64', 'artículo 64']

INCENTIVO A INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS Y ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL DE EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
EXHORTACIÓN A GOBIERNO VENEZOLANO A RESPETO A INDEPENDENCIA DE PODER LEGISLATIVO, LLAMADO A ELECCIONES DEMOCRÁTICAS Y LIBERACIÓN DE PRISIONEROS DE CONCIENCIA. PROYECTO DE ACUERDO
CREACIÓN DE FONDO PARA SEGURO DE ACOMPAÑAMIENTO A HIJOS MENORES DE EDAD EN CONDICIONES DE SALUD GRAVE Y DE ALTO RIESGO VITAL
POSIBILIDAD DE PAGO DE PROPINA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez; del Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle, y de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Las actas de las sesiones 3ª y 4ª, ordinarias, en 21 y 22 de marzo de 2017, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas que indica (boletín Nº 11.174-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso; y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley Nº 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines números 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y las niñas que indica (boletín Nº 11.161-13).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (boletín Nº 8.938-24).
Con el primero comunicó su ausencia del territorio nacional, desde el 26 de marzo al 1 de abril recién pasados, para dirigirse a la República de Haití, a la Confederación Suiza y a la República de Portugal, en visita de trabajo.
Informó que, durante su ausencia, fue subrogada por el Ministro titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
Con el segundo remite instructivo presidencial para la elaboración de informes de productividad respecto de las iniciativas legales que puedan tener impacto en esa materia.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
-El que establece el 6 de abril de cada año como Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (boletín Nº 10.550-29).
-El que modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo, en materia de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional Docente y situación de becarios de posgrado (boletín Nº 11.128-04).
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la tramitación de las causas civiles y a los abogados integrantes de los tribunales superiores de justicia (boletín Nº 11.107-07).
-Artículo 20, inciso primero, del decreto ley Nº 2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.
-Artículos 426, inciso tercero; 451 y 491 del Código del Trabajo.
-Inciso segundo del artículo 5º de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a Información Pública.
-Artículo 17 B de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas.
-Inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y del inciso segundo del artículo 17 B de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas.
-Inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 22º del decreto con fuerza de ley Nº 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
-Artículo 391, Nº 1, del Código Penal.
-Inciso segundo del artículo 17 B de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas.
-Inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Inciso tercero del artículo 195; número 5º del artículo 196 bis, e inciso primero del artículo 196 ter, todos de la ley Nº 18.290, de Tránsito.
-Inciso primero del artículo transitorio de la ley Nº 20.281, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base.
Remiten informe del segundo semestre del 2016 sobre operaciones de paz en las que participan tropas nacionales, con arreglo al artículo 13 de la ley Nº 19.067.
Envían informe anual sobre entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de tropas nacionales del territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 19.067.
--Se toma conocimiento y se remiten copias de los documentos a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Contesta petición, manifestada en nombre del Senador señor Bianchi, para reinterpretar un dictamen de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena, respecto del cómputo de plazo para el bono de antigüedad.
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Quinteros, acerca de las medidas para enfrentar la cesantía de las personas afectadas por los efectos de la marea roja y los problemas que genera la crisis de la salmonicultura en la Región de Los Lagos.
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre el número de capacitaciones y cursos de formación realizados al sector de los suplementeros.
Da respuesta a solicitudes de información, expresadas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los siguientes asuntos:
-Características bioquímicas del agua, incluidas las saborizadas o con nutrientes, envasadas en Chile o importadas.
-Procedimientos médicos realizados en el Hospital Calvo Mackenna al menor individualizado.
Atiende preocupación, manifestada en nombre de los Senadores señores De Urresti, señora Muñoz y señores Letelier, Navarro, Quintana y Quinteros, sobre las normas y las políticas públicas de protección por la radiación ultravioleta y el impacto que esta puede producir en la salud de las personas.
Contesta petición de información, cursada en nombre del Senador señor García, en relación con la deuda hospitalaria vigente al 30 de octubre del año 2016, desagregada por servicio de salud y por hospital.
Remite antecedentes acerca de los objetivos, los cronogramas y las inversiones del Programa Transforma Alimentos, preocupación enviada en nombre del Senador señor De Urresti.
Responde consulta sobre invitación a la ceremonia de entrega de terrenos fiscales para la construcción de viviendas en Coihaique, materia requerida en nombre del Senador señor Horvath.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor De Urresti, concerniente al estudio de cuencas para apoyar los procesos de planificación y el desarrollo energético territorial, especialmente de las que verán reducido su potencial de generación hidroeléctrica, como el río Valdivia.
Informa sobre la denuncia originada en proyectos inmobiliarios que cuentan con permiso de edificación, pero que debieron haber ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, materia consultada en nombre del Senador señor Horvath.
Complementa respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Guillier, acerca de los protocolos de acción de Gendarmería de Chile para el traslado de internos desde los recintos carcelarios a los servicios de salud con el objeto de que reciban atenciones médicas.
Adjunta antecedentes relativos a la posibilidad de implementar un plan de emergencia para Aisén, en consideración a la compleja situación que afecta a la Región, materia cursada en nombre del Senador señor Horvath.
Contesta solicitud, expresada en nombre del Senador señor Tuma, para informar acerca de las inhabilidades o incompatibilidades que afectan a los candidatos a consejeros regionales.
Remite respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, para considerar la situación de los afiliados a instituciones de salud previsional de regiones aquejados de patologías GES cuando no hay prestadores, y sobre el estado de tramitación del reclamo de la persona individualizada.
Envía estadísticas de solicitudes de conexión, en el marco de la ley Nº 20.571, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Adjunta antecedentes acerca de la multa aplicada a la empresa sanitaria Aguas Araucanía, por deficiencias en el suministro del servicio de agua potable durante el año 2012, en la Región de La Araucanía, inquietud planteada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional de La Araucanía:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor García, sobre el estado del proyecto de construcción del gimnasio modelo para Pucón.
De la señora Alcaldesa de la Municipalidad de Copiapó (s):
Da respuesta a sendas peticiones, expresadas en nombre del Senador señor Prokurica, para informar los siguientes asuntos de su comuna:
-Gastos municipales invertidos en publicidad y difusión entre los años 2012-2016.
-Materias relativas a deudas de los departamentos de salud y educación municipales, desde el año 2012.
-Asuntos vinculados a diversas materias relativas a la gestión y a los funcionarios municipales.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Chahuán, acerca de los últimos incendios ocurridos en la Región de Valparaíso, del número de brigadistas por región y de las medidas adoptadas sobre el particular.
Envía información sobre el catastro de emprendimiento mapuche que realiza la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche Enama, en las Regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE):
Adjunta antecedentes relativos al proyecto destinado a analizar el consumo energético de veintiséis planteles lecheros, uno de ellos en la Región de Los Ríos, asunto planteado en nombre del Senador señor De Urresti.
Contesta petición de información, manifestada en nombre del Senador señor García, relativa a las dificultades de atención de salud de los pacientes oftalmológicos.
Del señor Gerente General de la Empresa Portuaria de Valparaíso:
Remite respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la situación que se produjo por la huelga de trabajadores del puerto de Valparaíso durante el mes de febrero pasado.
Se han recibido, además, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral correspondientes al año 2016 de los siguientes organismos:
-Organismos dependientes del Ministerio de Hacienda.
-Ministerio Secretaría General de Gobierno.
-Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
-Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
-Ministerio de Obras Públicas.
-Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Geología y Minería y Comisión Chilena del Cobre.
-Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente.
-Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social.
-Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
-Subsecretaría del Deporte e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
-Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.
-Subsecretaría de Agricultura.
-Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
-Instituto de Desarrollo Agropecuario.
-Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
-Defensoría Penal Pública.
-Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
-Gendarmería de Chile.
-Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).
-Comisión Nacional de Riego.
-Comisión Ergonómica Nacional.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países (boletín Nº 9.242-10) (con urgencia calificada de "simple").
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, para facilitar el consentimiento respecto de dicha donación (boletín Nº 11.170-11).
De la Comisión de Agricultura, con la que informa que ha elegido como su Presidente al Senador señor José García Ruminot.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y las niñas que indica (boletín N° 11.161-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
1.- Tratar en segundo, tercer y cuarto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy las siguientes materias:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y las niñas que indica (boletín Nº 11.161-13). Y se autoriza a la Comisión de Hacienda para informar mediante certificado.
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio (boletín Nº 10.329-13).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en materia de contrato de trabajo por obra o faena (boletín Nº 7.691-13).
2.- Retirar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos e incorporarlos en la tabla de las sesiones de la próxima semana:
-Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la señora Ximena Insunza Corvalán (boletín Nº S 1.919-05).
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín Nº 6.499-11).
3.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, que modifica la ley Nº 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín Nº 10.785-03), hasta las 12 del lunes 10 de abril del presente.
4.- Autorizar a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía para discutir en general y en particular, en el primer informe, el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín Nº 7.543-12), y fijar plazo para formular indicaciones hasta el día miércoles 12 de abril, a las 18, en la Secretaría de dicho órgano técnico.
5.- Autorizar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para discutir en general y en particular, con ocasión del primer informe, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Montes y Tuma, sobre integración urbana e incentivos urbanísticos (boletín Nº 11.156-14).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, deseo solicitarle que recabe el acuerdo de la Sala para otorgar un mayor plazo para presentar indicaciones a la iniciativa que modifica la ley Nº 20.416, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín Nº 10.785-03).
El Ejecutivo me ha pedido ampliar dicho plazo. Yo sugiero que sea hasta el martes 18 de abril, al mediodía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ese plazo se había fijado para el 10 de abril. Entiendo que Su Señoría pide cambiarlo para el 18.
El señor TUMA.- Exactamente.
Boletín N° 7025-31
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley Nº 20.422 para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
En trámite de Comisión Mixta: sesión 72ª, en 30 de noviembre de 2016.
Comisión Mixta: sesión 3ª, en 21 de marzo de 2017.
Sesiones 10ª, en 15 de abril de 2015 (se aprueba en general); 55ª, en 12 de octubre de 2016 (queda para segunda discusión en particular); 57ª, en 25 de octubre de 2017 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado:
-El artículo 45 de la ley Nº 20.422, que se sustituye, referido a la selección preferente de personas con discapacidad en el sector público y que a lo menos un 1 por ciento de la dotación anual en instituciones que tengan 100 o más funcionarios deberán ser personas con discapacidad.
-Los artículos 157 bis y 157 ter del Código del Trabajo, propuestos en la letra c) del artículo 3º del proyecto, respecto de que empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener un 1 por ciento de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, posibilitándose un cumplimiento alternativo.
-Los artículos primero y tercero transitorios, sobre entrada en vigencia de los artículos permanentes que establecen la obligación de contratar personas con discapacidad e implementación de la norma sobre contratos de trabajo de personas con discapacidad mental.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que acordó sobre la base de una propuesta formulada por el Ejecutivo en el seno de dicha instancia, que comprende las normas en controversia e incorpora nuevas disposiciones transitorias a la iniciativa.
El referido órgano acordó la propuesta con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión del día 21 de marzo de 2107, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que el artículo 45 de la ley Nº 20.422, que se reemplaza por la letra b) del artículo 1º de la iniciativa, contenido en la proposición del referido órgano, tiene rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en las columnas cuarta y quinta, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra, solicito la autorización de la Sala para que ingrese el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.
El señor PROKURICA.- Él es una persona muy destacada. Pero, como los Ministros no me reciben, tengo que defenderme de alguna forma.
¡Aquí el Parlamento no existe!
El señor LAGOS.- Señor Senador, utilice el micrófono porque no se escucha bien lo que usted plantea.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lamento negar el ingreso del asesor, de quien tengo la mejor impresión.
Quiero pedirle a usted, como Presidente del Senado, que arbitre las medidas que sean necesarias al efecto.
¡No es posible que los Ministros se demoren meses en dar una audiencia!
Al titular de Obras Públicas le solicité una reunión hace cuatro meses (no sé si está por aquí). Algunos parlamentarios del oficialismo, en forma privada, me han comentado que a ellos les ocurre lo mismo.
Por lo menos yo voy a empezar a defenderme, pues no tengo otra fórmula para mostrar mi descontento.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, a quien llamé reiteradamente por teléfono durante dos días, ¡no ha sido capaz de devolverme la llamada!
¡Francamente, parece que el Senado no importa!
Entonces, señor Presidente, le pido que manifieste este problema a las autoridades de Gobierno, porque así no se puede trabajar. Si no, nosotros también tendremos que dejar de recibirlas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ante la oposición del señor Senador, no se permite el ingreso de don Francisco del Río.
Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social ha solicitado que recabe la autorización de la Sala para el ingreso de la señora Subsecretaria de Evaluación Social.
Les vamos a enviar un recado a los señores Ministros que no conceden audiencias a los parlamentarios, porque quienes sí lo hacen están pagando las consecuencias.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, resulta gratificante para un parlamentario ver cómo el país se modernizará través de este proyecto de ley, que pone a la persona humana como el centro único de interés, y ver cómo cristalizan en leyes principios de derechos humanos esenciales.
Entender que el género humano es uno solo y que los chilenos somos iguales parece cosa fácil de asumir intelectualmente; pero traducir las igualdades en expresiones prácticas que importen advertir esos islotes de desigualdad que nos separan a unos de otros no es una tarea menor.
Es difícil encontrar un hogar en nuestro país en que esta noticia no sea recibida con alegría y esperanza.
En Chile no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Con la dictación de esta futura ley se incorporarán al mundo laboral miles de compatriotas actualmente marginados socialmente, en razón de padecer alguna discapacidad física o intelectual.
Sobre el contenido de la iniciativa de ley es imposible estar en desacuerdo. Pensar lo contrario sería ir en contra de la tendencia mundial de la integración de los derechos humanos a los cuerpos de leyes específicos; en este caso, al Código del Trabajo y a los estatutos normativos de la Administración Pública.
¿Dónde está el verdadero desafío en dictar una nueva ley? No es en su discusión ni en su promulgación, sino en el cómo una sociedad jurídicamente organizada logra que la inclusión sea una realidad material y no solo la letra de una ley por todos aplaudida. Llegar a este propósito requiere el compromiso de todos -el Estado y la sociedad- para acoger el espíritu de la norma y tener la voluntad política de implementarla de modo eficaz, sin trampas o resquicios.
Es un deber, en primer lugar, de los diferentes órganos de la Administración del Estado, que hasta ahora exigen para incorporarse a sus plantas el requisito ambiguo y anacrónico de "salud compatible para el cargo".
Para la sociedad civil, para los privados y grandes empresas, es un tremendo desafío humanizar las relaciones de producción. Tal desafío importa cambiar un sistema de creencias y reforzar la cultura ética de la organización con valores de primer orden, que no harán otra cosa que acercarla a la sociedad, mejorar el clima laboral y, seguramente, aumentar su productividad.
El impacto que se espera es muy grande. Habrá un efecto en el mundo del trabajo, pero también en la vida comunitaria en general, en el modo de mirarnos los unos a los otros y valorarnos recíprocamente.
Por esas razones, votaré a favor, señor Presidente.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Mixta, que resolvió las diferencias entre el Senado y la Cámara Baja suscitadas en la tramitación del proyecto de ley en estudio, que es de suma importancia y transcendencia, quiero informar a los colegas acerca del debate realizado, pese a que el señor Secretario señaló ya algunos aspectos.
Esta no fue una discusión fácil. Nos llevó más de tres sesiones analizar diversos elementos en los que no había acuerdo, fundamentalmente la inclusión del guarismo del 1 por ciento en el sector público y en el privado.
Por eso, quiero mencionar muy brevemente cuáles son las proposiciones que acordó la Comisión Mixta -integrada por las Comisiones de Trabajo de ambas ramas del Congreso-, las cuales creemos que se aproximan a lo que insistentemente planteamos en esta Corporación.
Lo primero que establece el proyecto es que en las instituciones del sector público, especificadas en el inciso primero del artículo 45 de la ley Nº 20.422 -si ustedes siguen el comparado, está en las páginas 14 y 15-, donde haya 100 o más funcionarios el 1 por ciento de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. En caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial por parte de las instituciones del sector público, estas tendrán que remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad.
A su vez, en el Código del Trabajo se incorporan los artículos 157 bis y 157 ter, que establecen la obligación, para las empresas de 100 o más trabajadores, de contratar o mantener contratados al menos un 1 por ciento de personas con discapacidad. En el evento de que aquellas, por razones fundadas, no puedan cumplir con tal obligación, deberán darle cumplimiento mediante la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones.
También es adecuado destacar que al derogarse el artículo 16 de la ley N° 18.600, que posibilitaba no aplicar el ingreso mínimo a los contratos de trabajo de personas deficientes mentales, la Comisión Mixta acordó eliminar el artículo tercero transitorio que había aprobado el Senado, disposición que fijaba una fórmula gradual de pactar remuneraciones, dado que la idea en la que se coincidió es que dichas personas accedan inmediatamente al monto del ingreso mínimo.
Finalmente, el órgano bicameral aprobó la incorporación de artículos transitorios nuevos, que en forma resumida disponen: uno, para el tercer año de vigencia de la ley, una evaluación de la implementación de la reserva legal de contratación por parte del Ejecutivo; dos, a partir del primer año, contado desde la entrada en vigencia de la normativa, las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores estarán sujetas a la obligación de contratar el 1 por ciento de personas con discapacidad, y tres, las empresas podrán optar por la contratación directa de discapacitados o por el cumplimiento alternativo, sin necesidad de aducir una razón fundada, durante los dos primeros años, contados desde la entrada en vigencia de la ley.
Como dato aclaratorio, conviene mencionar que el artículo primero transitorio establece que la ley entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos señalados en los artículos 1 y 3.
Por último, señor Presidente, cabe destacar -como lo hizo el Gobierno en los fundamentos del proyecto- que esta propuesta resume más de once mociones de señoras y señores Diputados y Senadores que se presentaron en el último tiempo sobre la materia.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, yo también quiero resaltar la importancia de esta iniciativa, que no solo es una señal muy potente para fomentar y promover la inclusión -en este caso, la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes-, sino que además permite, de alguna manera, empezar a trabajar en otros temas que quizás son previos.
Uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile, lamentablemente, es que no hay una oferta suficiente de instituciones que puedan entregar herramientas laborales, capacitación a personas con discapacidad para enfrentar con mayor éxito el mundo del trabajo. De hecho, tanto la Ministra del ramo como el Ministro de Desarrollo Social plantearon en la Comisión Mixta que incluso había algunas experiencias del Programa "+Capaz" que indicaban que lisa y llanamente no existían instituciones que capacitasen a personas con discapacidad a fin de prepararlas para el mundo del trabajo.
Entonces, siento que este tipo de acciones de discriminación positiva pueden, de algún modo, no solo promover un cambio cultural y establecer ciertas garantías mínimas de inclusión, sino que también van a ir forzando cambios que, creo, deben extenderse al ámbito de la educación.
Y me explico de nuevo.
Durante la discusión del proyecto de Ley de Inclusión, que puso fin a la discriminación al ingreso y a la selección y que permitió avanzar en gratuidad y terminar con el lucro, se planteó que la inclusión no se circunscribía a variables como la socioeconómica o el capital sociocultural de las familias y los niños, sino que también era necesario incorporar en ella a los menores con necesidades educativas especiales. Lamentablemente, el tema quedó postergado para otra ley que aún no llega.
En consecuencia, iniciativas muy positivas pueden ser letra muerta si no somos capaces de acoger en nuestro sistema educativo, desde las etapas más precoces del desarrollo de los niños y las niñas, a personas con necesidades educativas especiales.
Hoy día se calcula que, de los 3 millones y medio de jóvenes que hay en la educación general, el 20 por ciento tiene algún tipo de necesidad educativa especial; es decir, 700 mil jóvenes. De esta cifra, se estima que la cuarta parte tiene necesidades educativas especiales permanentes. Y es ahí donde hay que poner el foco.
Muchas veces se manifiesta que las instituciones educacionales no tienen ni el personal calificado ni la infraestructura adecuada y que no están preparadas para acoger a estos jóvenes, pero la verdad es que con ese predicamento nunca vamos a lograr provocar el cambio deseado, es decir, escuelas que se adapten a las necesidades de los niños, y no al revés, niños que deban adaptarse a las necesidades de sus escuelas.
Por lo tanto, este es un proyecto muy valioso, una señal muy potente, porque estamos avanzando en derechos humanos de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Sin embargo, estimo conveniente avanzar además en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en las escuelas y también en mejorar y promover una oferta que permita entregar las herramientas que faciliten a las personas con discapacidad eliminar los obstáculos y las barreras para incorporarse con éxito al mercado del trabajo.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero partir recordando aquí a una joven estudiante chilena. En el momento en que yo la conocí, estaba haciendo un posgrado en una prestigiosa universidad de Inglaterra: un doctorado en diseño industrial.
Ella sufrió un glaucoma que la dejó prácticamente ciega cuando estaba en los primeros años de ingeniería. Sus profesores y todo su entorno le dijeron que no valía la pena que siguiera estudiando. Pero esta joven, con una tremenda tenacidad, lo que hizo fue sacar adelante su carrera con excelentes calificaciones y después especializarse en diseño industrial. Hoy día se dedica al diseño de espacios de trabajo y al diseño en general, adecuando herramientas, implementos y equipamientos para personas que viven en situación de discapacidad.
¿Por qué cuento esta historia? Porque parte de lo que hemos señalado y que está como sustento del proyecto apunta a cómo podemos ir cambiando una cultura para que sea efectivamente inclusiva y reconozca que en este mundo y en nuestro país el ser sordo, el ser ciego, el tener una discapacidad física o mental no significa que alguien no se pueda desarrollar en su potencial y en un espacio de trabajo con habilidades distintas.
Hemos ido avanzando hacia una sociedad que cada vez acepta más, pero que todavía impone muchas barreras, empezando por las barreras arquitectónicas que existen para desplazarse en espacios públicos.
Y lo que se pretendía a través de las distintas mociones existentes sobre la materia -algunas de las cuales, como bien indicó la Senadora Muñoz, fueron presentadas hace varios años en la Cámara de Diputados y que hoy, luego de una larga tramitación, estamos logrando sacar adelante- era justamente rescatar un espíritu propositivo y no la imposición de una cuota, ver cómo aprovechar las capacidades de personas que tienen la misma dignidad que cualquier otra, que cualquier trabajador o trabajadora de Chile, pero que en la actualidad no cuentan con las mismas oportunidades. Y este es un camino en el que todos tenemos que aportar.
Hoy día estamos dando una señal muy concreta.
Yo me alegro de haber generado en la Comisión Mixta un acuerdo entre Diputados y Senadores para establecer un guarismo que se pudiera cumplir y que finalmente nos permitió alcanzar la unanimidad: bajar el requisito de 200 a 100 trabajadores, de manera que más empresas tengan que incorporar a personas con discapacidad, pero manteniendo el 1 por ciento, lo cual puede ser revisado a medida que se vaya implementando la ley, y desde la lógica que he planteado: no de la imposición, sino de una incorporación inclusiva, que -ha quedado demostrado- ayuda a mejorar el ambiente laboral. Una persona en condición de discapacidad valora mucho más el espacio, pero además genera un ambiente muy positivo en su equipo de trabajo, en sus compañeros, en la propia empresa.
Aquí tratamos de ponernos en las distintas situaciones a las que se enfrentan las personas discapacitadas, desde la inexistencia, muchas veces, de espacios habilitados para ellas en las empresas, y de determinar cómo se pueden proveer de alguna manera los apoyos necesarios. Cuando planteamos la excepción, que se discutió bastante en la Comisión, se dijo que ella no buscaba evitar el cumplimiento de la norma, sino permitir el espacio para irse adecuando al cumplimiento de la norma.
Lo quiero reiterar. Y por eso las empresas solamente se podrán excluir por razones fundadas. Sin embargo, cuando no puedan incorporar a estas personas, deberán financiar iniciativas que tengan que ver con la inclusión laboral, con capacitación.
Creo que la propuesta de la Comisión Mixta que hoy debemos votar avanza sustantivamente en este ámbito y constituye un paso relevante, como país, en materia de inclusión, sin perjuicio de lo cual tendrá que ser revisada y perfeccionada. Pero me parece que el principal mensaje es cómo todos logramos efectivamente que ciudadanos que hoy cuentan con capacidad de aportar puedan hacerlo, puedan desarrollarse y así contribuir al crecimiento del país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización a la Sala para abrir la votación, ya que el proyecto es de quorum especial.
Entonces, en votación el informe de la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar y agradecer a los autores del proyecto: los ex Diputados señora Zalaquett y señores Marinovic y Uriarte y los Diputados señoras Molina, Nogueira y Turres y señores Hasbún, Melero, Sabag y Ward.
Y los quiero felicitar, primero, por haber empujado y haber permitido que este proyecto de ley se tramitara y se aprobara. Yo no pude hacerlo. El 2006 presenté una iniciativa muy similar a esta, y luego, diez años después, el Senador Chahuán me invitó a firmar otra, también de la misma índole, que tampoco fuimos capaces de que se tramitara y aprobara. Entiendo que ello quedará contenido en la historia de la ley.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 15 por ciento de la población del planeta sufre de algún tipo y grado de discapacidad.
Los estudios a nivel nacional, elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social y el SENADIS y realizados a personas mayores de 18 años, indican que más de 2 millones 600 mil personas sufren algún tipo de discapacidad en Chile. Esto corresponde al 20 por ciento de la población. O sea, estamos hablando de un número no menor de compatriotas. Algunos tienen discapacidades más leves, como los que usan audífonos u otro tipo de adminículos para poder orientar sus sentidos, pero creo que todos sufren discriminación en la actualidad producto de la legislación vigente en nuestro país.
No son admitidos en el mundo laboral, especialmente en la Administración Pública.
En el sector privado hemos visto algunas iniciativas, por ejemplo en supermercados y algunos restoranes, que han permitido incorporar, sin que exista una exigencia legal al respecto, a personas discapacitadas.
Lo mismo ha ocurrido en las Fuerzas Armadas y Carabineros, en donde, también sin norma, solo por iniciativa de ellos, han incorporado a personas no videntes como telefonistas o para la atención de público.
Creo que es un gran paso.
Me parece que aprobar este proyecto de ley nos pone a tono con los países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos, los cuales llevan décadas de anticipación en esta materia. Creo que la moción que presentaron los Diputados nos pone al día en este ámbito.
Lo explicó muy bien la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra: se trata de que al menos el 1 por ciento de la dotación de las empresas que tengan más de determinada cantidad de funcionarios o trabajadores esté constituido por personas con discapacidad.
Este es un proyecto positivo, y por eso la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor el informe de la Comisión Mixta.
Como dije anteriormente, presenté una moción sobre la materia con el Senador Francisco Chahuán: el boletín N° 10.737. Entiendo que fue considerada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado durante la discusión particular de la iniciativa. En ella proponíamos una modificación al artículo N° 44 de la ley N° 20.422, para consagrar que las empresas y demás entidades empleadoras que constituyeran fuentes laborales reservaran como mínimo un 5 por ciento de sus puestos de trabajo para personas discapacitadas.
Ciertamente, esta cifra se fue ajustando y la Comisión Mixta llegó a la que se propone en su informe, la que también me parece positiva.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto.
Conversaba hace unos momentos con algunos de los parlamentarios que dieron origen a una de las mociones (tal como mencionó el Senador Prokurica, las Diputadas Andrea Molina, Claudia Nogueira y Marisol Turres y los Diputados Gustavo Hasbún, Patricio Melero y Jorge Sabag, este último de la Región del Biobío), quienes me expresaron que la voluntad que tuvieron el 2010 para presentar su iniciativa fue la de dar un paso; un paso importante para que personas con discapacidades (leves, moderadas, severas) tuvieran la oportunidad de entrar a trabajar tanto en el sector privado como en el público.
No hay duda de que lo resuelto por la Comisión Mixta va en el sentido correcto de establecer una regulación, una obligación para determinadas empresas y determinados servicios públicos. Y eso, indudablemente, yo lo calificaría como "un paso", aunque es evidente que hay que dar otros.
Países mucho más avanzados que el nuestro en esta materia, como Canadá, Estados Unidos, México y España, han utilizado, además de la regulación obligatoria para determinadas empresas y servicios, distintos mecanismos. Uno de ellos es el establecimiento de incentivos. Y pienso que ese debe ser el segundo paso para superar el porcentaje del 1 por ciento que consagra la iniciativa que hoy día estamos aprobando: bonificaciones o subsidios a la contratación de mano de obra; exenciones tributarias; incentivos para que las empresas y los servicios públicos busquen también nuevas alternativas y desarrollen programas que permitan a personas con discapacidad, ya sea leve, moderada o grave, incorporarse a sus equipos de trabajo.
Si uno ve las cifras, comprobará que quienes padecen discapacidades leves o moderadas tienen en la actualidad un cierto campo de oportunidades. Para quienes sufren discapacidades más severas, en cambio, ese campo se reduce extraordinariamente. A lo mejor esta iniciativa legal sirve para aquello.
Sin embargo, a mí me gustaría que el Gobierno asumiera el compromiso de generar incentivos, subsidios o bonificaciones para que las empresas voluntariamente se acogieran a estas disposiciones.
Lo digo porque muchas de las grandes empresas tienen políticas al respecto, no así las pequeñas y medianas empresas, a las que les cuesta más otorgar esta posibilidad. Al pequeño y mediano comerciante, al pequeño y mediano industrial, a la persona que posee un taller le resulta más difícil tomar una decisión de esta naturaleza, pues sus costos siempre están bastante exigidos. Por eso que los subsidios, las exenciones, las rebajas tributarias son un mecanismo para que estas empresas también puedan cumplir adecuadamente. Y a lo mejor no sería necesario establecer este límite de cien o más trabajadores, ya que estoy seguro de que el conjunto de empleadores de nuestro país tienen la voluntad de incorporar en sus dotaciones a personas con discapacidad, las que, sin duda, pueden ser y son un real aporte para el país.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, pero nos gustaría que el Gobierno asumiera como tarea el establecer una política de incentivos que incorporara cada vez más a la pequeña y mediana empresa en este proceso que resulta absolutamente esencial y fundamental para el desarrollo más armónico de nuestra sociedad.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, vamos a votar a favor de este proyecto, de esta gran iniciativa.
Es cierto que hubo diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado durante su tramitación.
Lo que se busca es garantizar que, aparte de las 700 mil personas con algún tipo de discapacidad que hoy día desarrollan alguna actividad laboral, se favorezca con el 1 por ciento de la dotación de personal, en los casos que señala, para quienes no tengan otra opción de trabajo.
Me explico: hay personas que padecen alguna discapacidad o limitante porcentual que podrían desarrollar diferentes oficios.
Cuando hace un tiempo propusimos en el Senado que pudieran postular a cargos de telefonistas quienes tuvieran limitación visual, se nos señaló que en caso de obtener igual puntaje que otros postulantes ellos quedarían. Sin embargo, eso es una discriminación muy negativa, porque se compite en desigualdad de condiciones. Es decir, solo en caso de que alguien con discapacidad visual obtuviera 90 puntos en el concurso, al igual que otro postulante que no sufriera esa limitante, podría acceder al cargo.
Espero que las demandas de las organizaciones de discapacidad de la Región del Biobío y de todo Chile generen las condiciones para que efectivamente ese 1 por ciento se llene con personas discapacitadas, a fin de brindarles una oportunidad laboral, porque no tienen otra posibilidad: no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes poseen sus facultades en forma plena y desarrollada.
Desde hace mucho tiempo hemos querido remplazar el concepto de "discapacidad" por "personas con capacidades distintas". Así debiéramos hacerlo.
En segundo lugar, es necesario hacer una apelación, y voy a aprovechar que estamos discutiendo este proyecto de ley para plantearla.
El edificio donde funciona la Superintendencia de Seguridad Social de la Región del Biobío tiene escaleras. Cuando el ascensor está malo las personas discapacitadas no tienen cómo acceder a los pisos superiores. O sea, no hemos cumplido la disposición legal de facilitar que los edificios de los servicios públicos cuenten con una infraestructura que permita el acceso de personas con discapacidad de movilidad, que se valen de sillas de ruedas.
En materia laboral, informo a la Sala que el año 2013 presentamos una iniciativa, cuyo boletín es el N° 9.220-03, a fin de establecer que cuando las personas con discapacidad visual, por ejemplo, acudan a obtener un crédito, tengan la posibilidad de que el contrato se halle escrito también en sistema braille para que no se les impongan cláusulas que no puedan conocer.
Tener personas con discapacidad incorporadas al mundo del trabajo es rescatar la dignidad. Yo siempre he dicho que el trabajo dignifica, por muy humilde que sea, por muy sencillo que sea. El trabajo siempre va a dignificar a la persona humana. Por cierto, no hay nada más terrible, no hay nada más frustrante que el desempleo: no poder ejercer la acción del trabajo para sobrevivir o alimentar a la familia. Y ese es el caso de miles de discapacitados que han estado viviendo gracias a los subsidios que les da el Estado. Pero ellos no quieren subsidio, sino trabajar. Se han capacitado y hoy día tenemos que brindarles una posibilidad real.
Se ha planteado que esta oportunidad laboral la den empresas con 100 o más trabajadores. Pero eso -así lo entiendo- es algo voluntario. O sea, también podrían ser empresas con menos de 100 trabajadores. Si el dueño de una empresa quiere contratar a cinco o seis personas con discapacidad, lo puede hacer, aun cuando no tenga 100 o más trabajadores. Es una cuestión voluntaria.
Hay numerosos pequeños empresarios que así proceden y les asignan tareas muy puntuales a estas personas, generando una oportunidad de empleo para este sector de la sociedad chilena que alcanza al 10 por ciento, según las encuestas, pero cuyo número más reducido no tiene ninguna posibilidad de acceder al mundo del trabajo si no es a través de una ley con estas características.
Yo espero que el Estado respete esta normativa en proyecto. Entiendo que habrá fiscalización. La pregunta es, ¿quién va a fiscalizar al Estado cuando no respete lo que dicte la ley?; ¿cómo se va a proceder en tal caso?
La ley -se efectuó una modificación- va a comenzar a regir muy pronto. Yo espero que los jefes de servicios y la Contraloría General de la República fiscalicen que efectivamente se cumpla. Y eso, así lo entiendo, regirá para todos los órganos del Estado, incluyendo al Congreso Nacional, a las Fuerzas Armadas respecto de sus funcionarios civiles. En este último caso debo precisar que quienes han sufrido un accidente y quedan con limitaciones son contratados como civiles, aun cuando son ex miembros de la institución, lo cual me parece que está muy bien, pues de otra manera no habría posibilidad de inserción.
Pongámonos la meta de despachar esta ley en proyecto, de fiscalizarla y de hacer que se cumpla.
Lo más importante es que se cumpla y que quienes tengan posibilidad de optar a ser parte de este 1 por ciento, que será obligatorio por ley, sean de verdad personas con condiciones y capacidades distintas, que no tengan otra posibilidad laboral aparte de la que se les brindará gracias a esta iniciativa, a esta obligación de contar con el 1 por ciento de la dotación de personal con gente con discapacidad.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la primera reflexión que me hago es cuán injusta es nuestra sociedad, la de nuestro país.
Lo digo porque acá estamos votando a favor un proyecto de ley que solo hace una justicia histórica. Y veo cómo nos felicitamos, cómo se felicitan unos con otros, en circunstancias de que aquí hay una deuda de toda una vida con aquellas personas que presentan capacidades distintas, la mal llamada "discapacidad".
¿Cuánto tenemos que avanzar?, antes de que se vaya la Ministra del Trabajo (también está el titular de la Cartera de Desarrollo Social): ¡Muchísimo! ¿Y por qué?
Me voy a valer de este proyecto, señor Presidente, para hacerle ver a ambos Secretarios de Estado que Chile, por ejemplo, en materia de teletrabajo no tiene absolutamente nada. Y en el resto del mundo esta modalidad laboral permite que numerosas personas que no pueden desplazarse, porque tienen un impedimento físico para ello, pero que cuentan con todo su potencial intelectual, con toda la capacidad para llevar adelante un trabajo, puedan hacerlo. Ahí tenemos que avanzar muchísimo.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente-, tal vez la Ministra del Trabajo o el Ministro de Desarrollo Social, más temprano que tarde, tendrán que hacernos llegar al Congreso algo que resulta fundamental. Durante bastante tiempo avanzamos un poco en esta materia, pero como es de iniciativa del Ejecutivo se requiere su patrocinio para ir hacia adelante y permitir que las personas que se ven impedidas de desplazarse también puedan trabajar. Asimismo, para aquellas que a causa de un accidente grave han quedado absolutamente imposibilitadas (en algunos casos pierden el trabajo) y relegadas a permanecer dentro de sus casas, sin la factibilidad de desarrollar una labor profesional o un trabajo.
En esta materia estamos absolutamente muy muy retrasados.
Ahora, no me parece adecuado que se fije el 1 por ciento de la dotación de personal para empresas con 100, 200 o más trabajadores. También podrían ser empresas de 10, 30 o 40 trabajadores: ¡quién va a impedir que alguien contrate a una persona que puede ser tremendamente eficiente! Claro, es probable que tenga alguna capacidad distinta, alguna discapacidad, pero eso no la inhabilita, no le prohíbe mostrar puntualidad, eficiencia, compromiso, responsabilidad, que son atributos esenciales para desarrollar una actividad.
Otra cosa: ¿hace cuántos años llevamos adelante la ley que exigía a todos los servicios públicos el acceso expedito para personas con discapacidad?
Vaya usted a cualquier servicio público y verá que en la gran mayoría de los casos ese es el primer impedimento para que una persona con discapacidad acceda a realizar un trámite (ni pensar que tuviera que ir a trabajar allí). Le resulta casi imposible. Y eso es producto de que nuestro Estado tampoco ha cumplido en esta materia.
En cuanto a la fiscalización -lo señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, ¿quién va a fiscalizar al sector público por el incumplimiento de estas disposiciones?
Lo que falta es lo que hemos dicho tantas veces: crear una institución distinta a la Dirección del Trabajo, que sea autónoma, que tenga un rango parecido al de una contraloría, que, así como fiscaliza a un ente privado, también fiscalice a uno público. Porque el servicio público exhibe enormes incumplimientos en materia laboral, pero no se lo somete a una fiscalización adecuada para que cumpla lo que le corresponde.
Voy a votar favorablemente este proyecto de ley. No sé si representa un avance, pero significa cumplir de manera importante una deuda histórica con las personas que tienen el deseo, la capacidad, las ganas y el compromiso para trabajar, pero a quienes no se les ha permitido el acceso a la función pública o privada.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, hoy día estamos frente a un proyecto emblemático.
Al igual como se hace en países que están a la vanguardia en la inclusión al mundo laboral de personas con discapacidad, por ejemplo, en el caso de la legislación japonesa y de otras naciones, en este proyecto se busca incorporar a personas que, si bien tienen capacidades diferentes, están en plenas condiciones para trabajar.
Quiero destacar algunos ejercicios que ha hecho el Congreso Nacional en la materia. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene una cuota de funcionarios con capacidades diferentes. Y se ha hecho un esfuerzo importante para incorporarlos no solo en labores de telefonía y de oficina, sino en el trabajo pleno que realiza el Parlamento.
Ojalá que el Senado pueda imitar lo realizado por la Cámara Baja, a fin de cumplir con una tarea pendiente: incorporar a personas con capacidades diferentes a las labores derivadas de nuestra función pública.
Como ya lo ha hecho la Cámara de Diputados, y espero que lo haga nuestra Corporación, ojalá el resto de las instituciones del Estado también se sumen.
Deseo contar algunas experiencias.
Tengo un compañero en la carrera de Derecho, no vidente, que fue el mejor alumno de su generación. Él intentó trabajar en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema; pero, finalmente, el no ser vidente fue un impedimento para su ingreso.
Trató de ingresar al FONADIS (actual SENADIS), y tuvo dificultades, básicamente por no ser vidente. En este caso no importó su capacidad, no importó que fuera el mejor alumno de su generación, no importó que fuera un abogado destacado. Fueron finalmente otras condiciones las que determinaron su no ingreso al mundo laboral. Y hasta hoy no ha podido desempeñarse en su profesión.
Como en ese caso hay decenas de personas que dicen que hoy no pueden asegurar un sustento a sus familias no por falta de capacidades intelectuales, sino más bien por factores distintos que dicen relación con dificultades de movilidad, de no ser videntes o con otras causas que les impiden ejercer determinada función.
Por eso, el presente proyecto busca generar mayores condiciones de equidad.
Deseo valorar que este Gobierno haya puesto urgencia a la tramitación de la iniciativa, que además surgió de una moción que, evidentemente, busca generar mayor equidad en el área del trabajo.
Dentro del mundo de las personas con capacidades diferentes, esta ha sido una lucha histórica.
Asimismo, tenemos el triste récord de contar con gran cantidad de personas con capacidades diferentes en nuestro país. Más de 1 millón 700 mil chilenos, una cifra baja desde el punto de vista de las estadísticas -algunos hablan de 2 millones 500 mil-, presentan algún grado de discapacidad. Y con el presente proyecto de ley estamos generándoles mayores condiciones de equidad para acceder al mundo laboral.
Señor Presidente, espero que lo que estamos exigiendo al sector privado también se cumpla en el público, y que la Mesa del Senado imite los buenos ejemplos de la Cámara de Diputados para incorporar a personas con capacidades diferentes a las labores de nuestra Corporación.
Es importante que no solo aprobemos este proyecto de ley, sino que también demos el ejemplo para que otros se sometan a una normativa que generará equidad en el acceso al trabajo.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, le solicito agregar mi voto favorable.
El señor QUINTANA.- También el mío, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo de los Senadores señores Quintana y Quinteros.
Tiene la palabra el señor Ministro de Desarrollo Social.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, señoras y señores Senadores, amigos y amigas de la sociedad civil que nos acompañan en las tribunas:
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, a sus asesores y asesoras, por el tiempo y el trabajo dedicado a esta iniciativa. Muchos de los contenidos que finalmente se incorporaron al proyecto que se votó recién recogieron sus ideas y contribuyeron a mejorar la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en julio del año 2016.
Además, cabe recordar que esa indicación sustitutiva fue producto del mandato que recibiéramos de la Presidenta de la República respecto a estudiar once mociones, cuyo objetivo común era instaurar un sistema de cuotas laborales para las personas en situación de discapacidad tanto en el ámbito público como privado.
Por lo tanto, vaya también nuestro reconocimiento a todos los promotores y promotoras de estas iniciativas.
Senadoras y Senadores de la República, tenemos la convicción de que con este proyecto nuestro país da otro paso más en el camino correcto en materia de discapacidad, en la perspectiva de un Chile efectivamente inclusivo.
Este camino tuvo un hito especialmente significativo en el año 2006, cuando durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se presentó una indicación que sustituía en su integridad la ley N° 19.284, con el objeto de generar un nuevo cuerpo normativo basado en el reconocimiento a los derechos universales de las personas en situación de discapacidad. A esto se sumó una serie de iniciativas presentadas por los parlamentarios de la entonces Comisión especial sobre discapacidad de la Cámara de Diputados.
El resultado de todo este esfuerzo y de la amplia convergencia de voluntades en la Cámara de Diputados y en el Senado fue la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
Desde entonces, nuestro país ha cambiado el enfoque sobre la discapacidad, siguiendo las tendencias contemporáneas a nivel internacional. Así, hemos transitado hacia un modelo de derechos humanos de la discapacidad, poniendo al centro el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas en dicha situación. Además, y esto es fundamental, se asume que la condición de discapacidad que presenta un ser humano no está definida ni determinada unívocamente por una enfermedad, trauma o condición de salud, sino por las barreras del complejo entorno social, físico y cultural al que se enfrenta durante todo su ciclo de vida.
Por lo tanto, es dicho contexto el que debe adaptarse a esas personas para hacer posible su desarrollo y su plena integración social. En consecuencia, el desafío concierne a toda la sociedad. Es esta la que debe adaptar su estructura económica y política, respetando la dignidad y potenciando la inclusión de quienes son diferentes. Por ello, los poderes públicos y los actores privados han de asumir su responsabilidad en la modificación o eliminación de todas aquellas barreras artificiales que limitan a las personas en situación de discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
En términos más específicos, la ley N° 20.422 ha exigido al país la adopción de medidas de acción positiva orientadas a permitir que una persona en situación de discapacidad pueda participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica y cultural.
En esa línea, entre las medidas implementadas destaca el reconocimiento a la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda; la obligación del Estado de fomentar la formación en lengua de señas y su uso en espacios institucionales tanto públicos como privados, y la obligatoriedad para la televisión abierta y por cable de incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las personas con discapacidad auditiva.
También cabe mencionar la reserva en edificios y espacios de uso público de estacionamientos para las personas con discapacidad.
Más recientemente destaca la aprobación de la ley que permite que personas en situación de discapacidad sean nombradas en cargos de juez o de notario. Como señaló la Presidenta de la República el día de su promulgación, "no solo se trata de una modificación a una norma técnica, sino de un imperativo ético".
Este proyecto viene justamente a hacerse cargo de más necesidades, considerando además que, con la ratificación por Chile de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en septiembre de 2008, se reconoció la especificidad del derecho al trabajo para las personas que se hallan en dicha situación. Este abarca la libertad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado, en un ambiente y entornos laborales inclusivos y accesibles, indicándose como acción específica a implementar la de emplear a personas en situación de discapacidad en el sector público y privado, a través de la adopción de políticas y medidas pertinentes.
En consecuencia, esta iniciativa consagra una reserva legal obligatoria en el sector público y privado; refuerza la selección preferente en el sector público; incorpora la prohibición de discriminar por discapacidad en el sector público; deroga de forma inmediata la norma que permite pactar una remuneración inferior al mínimo para trabajadores con discapacidad mental; pone tope de edad a los contratos de aprendizajes de las personas con discapacidad, y establece tanto una evaluación permanente como una evaluación inicial durante el tercer año de vigencia, lo que permitirá aumentar la cuota o profundizar sus propósitos en caso de que así se requiera.
Será una obligación del Estado realizar tales evaluaciones, pues así lo estamos consagrando en la ley.
Senadoras y Senadores, para concluir, quisiera señalar que tenemos la profunda convicción de que, con el paso que damos a través de este proyecto, estamos haciéndonos cargo de una demanda que cruza transversalmente a la sociedad chilena, cual es la necesidad de hacer efectivos el derecho a la igualdad de oportunidades, la plena inclusión social y el aseguramiento del disfrute de los derechos de todas y de todos eliminando cualquier forma de discriminación. Y lo estamos efectuando en un ámbito clave para la vida de las personas en situación de discapacidad, porque todos sabemos que acceder a un empleo es la viga maestra para generar ingresos, desarrollar un proyecto de familia con autonomía y hacer un aporte a la economía del país a partir del despliegue de los talentos que nos son propios.
En ello se juegan, además, la identidad, la autoestima y la dignidad de todo ser humano.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora KRAUSS (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero agradecer el voto de cada Senador y las intervenciones que tuvieron lugar durante la discusión habida en la Sala.
En particular, además de los parlamentarios recordados por el Senador Prokurica, expreso mi gratitud especialmente a las ex Diputadas María Angélica Cristi, María Antonieta Saa y Mónica Zalaquett Said; a los Diputados Fuad Chahin, Fidel Espinoza, Carlos Abel Jarpa, Jorge Sabag y Víctor Torres, y al ex Diputado Enrique Accorsi.
También, sin duda, a las Senadoras Adriana Muñoz y Carolina Goic, como asimismo a los Senadores Chahuán y Prokurica.
Todos, a través de distintas mociones, hicieron presente la necesidad de colocarle urgencia a la materia que ocupa al Senado esta tarde.
"La integración debe ser un derecho y una realidad cotidiana y no un acto de generosidad o de la buena voluntad de unos pocos": estas fueron las palabras de la Presidenta Bachelet cuando, en julio del año 2016, firmó las indicaciones sustitutivas que modificaban la ley N° 20.422.
Como Ministra, estoy convencida de que, con la indicación sustitutiva aprobada por la Cámara de Diputados hace dos semanas y hoy por Sus Señorías, vamos finalmente por el camino de la integración laboral.
Es con este tipo de modificaciones como podemos trabajar juntos en los desafíos tanto de integración de personas con discapacidad cuanto de igualdad de condiciones en el mercado laboral.
Como mencionó la Primera Mandataria en ese evento de julio de 2016, el 20 por ciento de las personas de 18 años o más en nuestro país (alrededor de 2 millones 606 mil 914) se encuentra en situación de discapacidad, y casi el 58 por ciento de ellas se halla inactiva o desocupada. Solo el 39,3 por ciento tiene empleo remunerado.
Con esta iniciativa no solo creamos un sistema de inclusión laboral que apunta a que los organismos públicos civiles y militares y las empresas privadas con 100 o más trabajadores reserven al menos el 1 por ciento de la dotación de personal para personas con discapacidad o con pensión de invalidez, sino que, además, con esta modificación logramos acabar con la distinción salarial para personas con discapacidad al derogar el artículo 16 de la ley N° 18.600 y determinar el principio de equidad de sueldo. Con esto se elimina la posibilidad de que en un contrato de trabajo para una persona con discapacidad se estipule una remuneración que no respete las normas sobre ingreso mínimo.
Hoy en día el ingreso mensual promedio de una persona con discapacidad equivale al 32 por ciento del que percibe el resto de los trabajadores.
Como Gobierno, nuestro objetivo siempre ha sido desarrollar normas que otorguen incentivos tanto a los trabajadores como a los empleadores.
Nuestro esfuerzo como Ejecutivo y desde nuestra Cartera está dirigido a aunar múltiples mociones para consagrar el principio de no discriminación.
Debemos remover de nuestro país todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad.
Por lo mismo, el logro de esta nueva modificación es un avance pocas veces visto antes en materia de inclusión y de derechos humanos.
Me gustaría agradecer a todos aquellos que trabajaron en las indicaciones sustitutivas pertinentes, ya que esta normativa autoincentiva la contratación para llegar a las cuotas establecidas y, además, instaura un sistema de capacitación al interior de las empresas.
Es así como podemos cambiar la cultura y hacerla más inclusiva.
Quisiera destacar y agradecer a todos quienes nos acompañaron a nosotros, y especialmente a la Presidenta Bachelet, en este esfuerzo conducente a imponer a las empresas y organismos públicos de 100 y más trabajadores una obligación global de cobertura.
Como mencioné, esta normativa es el resultado de la colaboración de 11 mociones que se hallaban en tramitación.
Sería ideal que el diálogo y la colaboración que han existido en esta modificación siempre estuvieran presentes en la tramitación de los proyectos de ley que benefician a nuestros ciudadanos más vulnerables.
Por ello, quiero agradecer especialmente el esfuerzo de las Senadoras Muñoz y Goic y de los Senadores Larraín y Allamand, quienes, aspirando legítimamente a una reserva legal mayor, decidieron acompañar al Ejecutivo en este propósito y mantener la reserva en 1 por ciento del total de los trabajadores de la empresa o del organismo público respectivo. Y también al Senador Letelier, por ayudar a compatibilizar aumentos de cobertura sin afectar el normal desarrollo de las empresas y sus posibilidades efectivas de cumplimiento.
La inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío pendiente en Chile.
A través de esta iniciativa de ley estamos comenzando una trayectoria que nos llevará a ser un país más integrado, donde se valora y reconoce el aporte de las personas con capacidades distintas.
Como Gobierno y como Ministerio del Trabajo, hemos reforzado el enfoque de inclusión a los programas de capacitación regulares, fortaleciendo el sistema de intermediación laboral para promover la entrada de las personas con discapacidad al mundo del trabajo. Pero somos conscientes de que esto no basta: necesitamos además contar con una legislación moderna y realmente inclusiva, que empareje la cancha.
Por último, quiero mencionar que, como Cartera, seremos extremadamente diligentes para que los reglamentos dispuestos en el artículo 45 y en el Capítulo II estén listos antes de los seis meses establecidos por el artículo segundo transitorio.
El desafío del Gobierno, de la ciudadanía, de los actores sociales y políticos es la profundización de políticas inclusivas que apunten a la promoción del respeto a la diversidad e inclusión. Y con esta normativa la meta se acerca.
Reitero mis especiales agradecimientos a las Senadoras Muñoz y Goic.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En seguida, a petición de numerosos Senadores y Senadoras, vamos a poner en votación un proyecto de acuerdo vinculado con la situación de Venezuela.
Boletín N° s1924-12
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Corresponde votar un proyecto de acuerdo, suscrito por diversos Senadores y Senadoras, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República denunciar en los foros internacionales competentes la violación del orden constitucional en Venezuela e instar al Gobierno de este país a respetar la independencia del Poder Legislativo, convocar a elecciones democráticas y liberar a los prisioneros de conciencia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.924-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 5ª, en 4 de abril de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto, que fue presentado por las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar, dice lo siguiente:
" Condena la constante campaña de descrédito institucional y de desconocimiento efectivo de las facultades constitucionales y legales de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como la agresión física y verbal y la violación de los derechos humanos de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hechos que ocurren desde el mismo día de la elección de la presente legislatura, el 6 de diciembre de 2015,
" Advierte que las consecuencias lógicas de este proceder autoritario e inconstitucional del gobierno de Venezuela, son la destrucción definitiva del Estado de Derecho en ese país hermano y la tentación gubernamental de dotarse de poderes absolutos, sin contrapesos institucionales de ningún tipo,
" Apoya con decisión a la Mesa y a los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, representantes legítimos de la soberanía popular, en el ejercicio de su rol de Poder Legislativo independiente de otros poderes públicos y defensor irrestricto de los derechos humanos, económicos y sociales de todos los venezolanos,
" Reconocidos los esfuerzos hechos por nuestro País , hacemos un llamado al Gobierno de Chile a que en los foros internacionales competentes denuncie la violación del orden constitucional en Venezuela y contribuya a activar los mecanismos para presionar a su gobierno a que se respete la independencia del Poder Legislativo, se convoque a elecciones libres de las autoridades que correspondan y se libere a los presos de conciencia, incluidos parlamentarios y alcaldes opositores.".
Votaron las señoras Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Allende y señores Tuma, Chahuán y Moreira.
Boletín N° 11161-13
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento a los niños y niñas que indica, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.161-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 4ª, en 22 de marzo de 2017 (se da cuenta).
Trabajo y Previsión Social: sesión 5ª, en 4 de abril de 2017.
Hacienda (certificado): sesión 5ª, en 4 de abril de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de esta iniciativa son:
1) Crear un fondo integrado con una cotización mensual que financie un seguro para las madres y padres trabajadores con hijos e hijas menores de edad afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital, con el objeto de que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante determinado tiempo para prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal.
2) Disminuir gradualmente la cotización extraordinaria para el Fondo de Contingencia administrado por las Mutualidades de Empleadores -por la ley en proyecto se prorroga- hasta su extinción definitiva en diciembre de 2019, dado que se crea la cotización para el Fondo del seguro de acompañamiento a los hijos afectados por una condición grave de salud.
3) Establecer un límite máximo de recursos que las Mutualidades deben aportar al Fondo de Contingencia, equivalente al 4 por ciento de los ingresos por cotización básica.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y en particular a la vez en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación; lo aprobó en general por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand, Larraín y Letelier), y en particular, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, con la abstención de los Senadores señores Allamand y Larraín respecto de los artículos 3, 4 y 5 permanentes.
La Comisión de Hacienda, por su parte, lo aprobó también en idénticos términos, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe hacer presente que, al regular materias de seguridad social, el articulado permanente y transitorio debe ser aprobado con quorum calificado, por lo que se requieren 19 votos favorables.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto merece cierta explicación, para mayor información de Sus Señorías.
Esta iniciativa hace dos cosas básicas, y no una tercera, que vendrá en un próximo proyecto.
En primer lugar, se encarga del término de una cotización que existió varias veces de manera transitoria en el sistema de mutualidades, la cual se estableció en el año 1998 para generar un Fondo de Contingencia. Dicha cotización se fue renovando mediante distintos proyectos de ley; y se acabó el mes pasado.
Las mutuales no necesitan estrictamente renovar la referida cotización para siempre: están casi listas en sus números. Pero, dado el punto dos que voy a mencionar, hemos considerado bueno renovarlas temporariamente y que decaigan en el tiempo.
En segundo lugar -y aquí viene el puente hacia el seguro para padres trabajadores con niños afectados por enfermedades graves-, pensamos que la renovación de dicha cotización constituye una oportunidad a fin de comenzar a formar un fondo que servirá para financiar el seguro respecto del cual queremos legislar.
Aquí no estamos proponiendo la normativa relativa al seguro, sino solo su financiamiento. Y nos comprometemos a que, dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la ley en proyecto, enviaremos la iniciativa para el SANNA.
Entonces, lo que no hace esta iniciativa es generar el mencionado seguro. Pero sí plantea una transición para el término de la cotización extraordinaria que va a las mutuales; usa esa cotización para empezar a llenar el fondo destinado a financiar el SANNA y lo mantiene en el tiempo, y plantea una propuesta para terminar con una iniciativa que sí se halla relacionada con el seguro que vamos a tener.
Por lo tanto, se trata de un paso muy importante para un nuevo componente de la seguridad social que se está armando. Este asunto ha sido empujado por varias asociaciones y lo consideramos muy relevante.
En este proyecto aprovechamos de ajustar algunos parámetros de las mutuales, justamente porque los fondos ahorrados estaban llegando al nivel apropiado. De modo que les permitimos destinar menos recursos al fondo y usarlos en activos menos líquidos que los que la ley hasta ahora propone.
Es una iniciativa que hemos trabajado con las mutualidades. De hecho, estas han aceptado ser parte del seguro que vamos a establecer. Por lo tanto, también tiene apoyo de la industria.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, es una muy buena noticia estar discutiendo hoy día este proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
El Ministro lo ha señalado con mucha claridad: este es el primer paso, para después avanzar en un seguro que responda a muchos padres y madres que tienen hijos o hijas con enfermedades graves, como el cáncer; en situación terminal, o en procesos de trasplante, quienes necesitan que sus progenitores estén cerca de ellos.
Todos somos conscientes de que la generación de condiciones para tal efecto es más bien una respuesta humanitaria.
Ello requiere, sin duda, el pago de un subsidio, una suerte de licencia médica. Y hemos venido trabajando intensamente, tanto con la Ministra del Trabajo como con el Ministro de Hacienda y sus equipos, para dar forma a lo que hoy día llamamos "SANNA".
La mayor dificultad radicaba -y no era difícil anticiparlo- en cómo generar un financiamiento que no significara un costo adicional, por las implicancias que eso podía tener como señal, independiente de que la motivación que hay detrás de la medida propuesta sea compartida por todos.
Por consiguiente, me parece que lo que aquí se materializa es muy importante, pues se está recurriendo a una cotización extraordinaria que ya se está cobrando, que ya se encuentra incorporada. De manera que no constituye una carga adicional para el empleador.
También resulta significativa la utilización del mecanismo, ya validado, de las mutuales, con las cuales, tal como se mencionó, se ha conversado. Ellas están abiertas a ser recaudadoras y, también, parte de esta iniciativa.
Allí hay un tremendo avance que nos permite despejar el aspecto quizás más difícil en todas estas materias, en el cual veníamos trabajando (insisto) desde hacía bastante tiempo.
Conforme se ha señalado, la cotización extraordinaria que se renueva irá migrando al objeto de constituir el fondo necesario para financiar el SANNA. En régimen, quedará en 0,03 por ciento, en vez del 0,05 por ciento anterior; y progresivamente va a aumentar la cotización para el SANNA, desde 0,01 por ciento en 2017 a 0,03 por ciento desde 2020 hacia delante, en régimen.
Considero indispensable que aprobemos hoy la creación del fondo en comento (reitero que se trata de la primera etapa, para luego construir el seguro) y, además, que en el articulado del proyecto que nos ocupa conste el compromiso de presentar, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley respectiva, la iniciativa regulatoria del fondo, que es finalmente lo que más importa. Y a propósito de ella discutiremos cómo se implementa un seguro que permita concretar lo que hemos trabajado hasta hoy: la incorporación tanto del padre cuanto de la madre en el acompañamiento por el período más largo posible a los hijos que estén en condición grave de salud, considerando la duración de un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Lo que se busca es evitar que muchos progenitores deban dejar su trabajo para estar al lado de los hijos que se hallen en tal situación.
Me parece de justicia, señor Presidente, destacar la labor, la lucha de las llamadas "oncomamás" a lo largo de nuestro país.
Tuve la oportunidad de juntarme con algunas en Coquimbo hace una semana. Pero también trabajamos con otras en Magallanes, donde libramos una gran batalla para contar con una oncóloga infantil. Y las de Santiago han llevado adelante una labor fantástica.
Esas mujeres se han reunido y han sido el rostro que ha permitido visibilizar el motivo por el cual debemos avanzar en el propósito de dar sustento al subsidio pertinente.
Ellas son las principales autoras de lo que estamos discutiendo esta tarde. Entonces, como Congreso Nacional, hemos de responderles con celeridad, para que la licencia médica correspondiente -muchos la llaman "licencia para cuidar", "permiso para cuidar"- se concrete cuanto antes.
Eso significa hacernos cargo de una realidad. Porque no solo se trata de que mantengan sus trabajos quienes, ante una enfermedad grave de sus hijos, soportan una carga mayor: también hay que tener en consideración lo que implica el tratamiento.
La experiencia nos demuestra que en el tratamiento del cáncer el afecto es tan importante como la quimioterapia, la radioterapia o la atención oportuna. Y en el caso de un niño solo puede entregarlo la figura protectora de la madre o del padre.
Así que, más allá de los contenidos de la iniciativa que nos ocupa hoy, esperamos que dentro de los próximos sesenta días estemos discutiendo con mucha celeridad el proyecto que en definitiva le dará forma al subsidio, al SANNA, para responder lo antes posible a mamás y papás que viven actualmente el drama de hijos que enfrentan el tratamiento de enfermedades graves.
Por lo expuesto, a título personal y en nombre de mi bancada y de los colegas de la Comisión de Trabajo, anuncio que aprobaremos con mucho entusiasmo este proyecto.
El señor BIANCHI.- Manteniendo los tiempos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes, Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES.- Señor Presidente, como se expresó, este proyecto tiene "discusión inmediata". En la Comisión de Hacienda debimos debatirlo esta mañana, y por eso se emitió un certificado y no un informe.
Como ya se mencionó, la totalidad del articulado tiene quorum especial de aprobación.
Por una parte, prorroga la cotización extraordinaria de la ley Nº 19.578, que creó un Fondo de Contingencia para las Mutualidades de Empleadores. Ello ha sucedido muchas veces, desde el año 2004. Ahora se prorroga hasta las remuneraciones de diciembre de 2019, en porcentajes que van cambiando gradualmente su composición.
Asimismo, disminuye a 65 por ciento el requerimiento de respaldo del Fondo de Reserva de Pensiones con Instrumentos Financieros Líquidos. Las mutualidades cuentan con el respaldo de este tipo de activos financieros, y cambia la forma de proceder.
Por otro lado, se crea, como se ha dicho aquí, un fondo destinado a financiar un seguro social para las madres y los padres trabajadores con hijos o hijas menores de edad afectados por una condición grave de salud. Se trata del seguro para el acompañamiento al niño o niña, denominado "SANNA".
Las madres y los padres trabajadores podrán ausentarse justificadamente de su empleo por un tiempo determinado, el que se fijará en la licencia médica, para prestar atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos afectados por una situación grave de salud. Durante ese período recibirán una prestación económica que remplazará total o parcialmente su remuneración mensual.
Ese es el subsidio que se otorgará en virtud del seguro financiado con el fondo pertinente.
Se entiende que son contingencias graves de salud el cáncer, los trasplantes y otras enfermedades que determine la ley.
El financiamiento del SANNA provendrá del mantenimiento de parte de la actual cotización al ya mencionado Fondo de Contingencia. Ella alcanzará a un total de 0,05 por ciento en 2017 y se reducirá a 0,03 por ciento a partir de 2018, con un mecanismo de disminución que se expone en la imagen que Sus Señorías tienen a la vista.
En cuanto al efecto fiscal, cabe señalar que este proyecto producirá mayores ingresos públicos en el Instituto de Seguridad Laboral, considerando la cotización extraordinaria para la Ley de Accidentes del Trabajo y la correspondiente al seguro para las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de edad afectados por una condición grave de salud.
El total se estima en 1.781 millones para el primer año y en 1.425 millones a partir del segundo año.
¿Cuáles fueron los principales temas discutidos en la Comisión de Hacienda?
En primer lugar, la conveniencia de asignar fondos a un seguro cuyas características precisas se desconocen: debatimos sobre recursos para un fondo, pero no respecto de la manera como se harán la asignación y la distribución.
El Gobierno se compromete a presentar la iniciativa pertinente dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley en proyecto.
Los argumentos a favor son que se permite preconstituir un fondo para solventar prestaciones con la mayor brevedad y que se aprovecha la mecánica y la inercia en el pago por parte de los empleadores; es decir, no se está creando una cosa nueva: se trata de algo que existe y que se trasladará gradualmente para formar el fondo en comento.
También se debatió acerca de la cobertura del SANNA (enfermedades terminales, discapacidad, etcétera). En definitiva, sobre la necesidad de precisar qué son contingencias graves, en qué consisten, qué alcances tienen, en fin.
El tercer tema de debate es la conveniencia de reducir la cotización adicional frente a necesidades que seguramente serán mayores en el futuro.
De hecho, en este proyecto se están disminuyendo los aportes de los empleadores en 9 mil doscientos millones de pesos.
Se insistió en que va a haber necesidad de coberturas mayores que las que se están planteando hoy. Entonces, una alternativa es mantener aquellos aportes.
El Ministro sostiene que posteriormente se podrían restablecer, en la medida que se ampliara la cobertura.
En la Comisión de Hacienda existieron al menos dudas sobre la conveniencia de disminuir para después aumentar.
Puestos en votación conjunta los cinco artículos permanentes y los dos artículos transitorios del proyecto de ley, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de dicho órgano técnico, Senadores Coloma, García, Lagos, Pizarro y Montes.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la idea de crear un seguro para el acompañamiento de los padres a niñas y niños que sufren enfermedades graves, debidamente calificadas, a fin de permitirles recuperar su salud es algo que nos motiva y convoca a todos.
Por supuesto, el hecho de que una cotización que hoy forma parte de un fondo de contingencia en las mutualidades y en el Instituto de Seguridad Laboral sirva mañana para crear, primero, e incrementar, luego, el fondo que va a financiar las licencias médicas de las mamás y los papás que acompañen a los menores que se hallen en tal condición constituye un gran avance en el ámbito de la previsión social. Pero también es un paso inmenso desde el punto de vista de la necesidad de hacernos cargo, como Estado, como sociedad, de la circunstancia cierta de que, para la recuperación plena de un niño afectado por una condición de salud grave (por ejemplo, un cáncer, un trasplante, en fin), la compañía de sus progenitores influye de manera decisiva.
Por eso, esta iniciativa es muy muy plausible.
Nosotros hubiésemos querido que en un solo proyecto se hubieran discutido las dos ideas matrices. O sea, hacer que la cotización en comento pase a formar parte del fondo destinando a financiar el seguro de acompañamiento, pero al mismo tiempo regular el mencionado fondo, de manera de saber exactamente cómo y cuándo va a funcionar; qué enfermedades o tratamientos darán acceso a la licencia médica respectiva, etcétera.
El Ejecutivo ha dicho que enviará la iniciativa regulatoria en los próximos 60 días. Esperamos que este plazo, que se encuentra establecido en el texto que vamos a despachar ahora, se cumpla.
En consecuencia, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente este proyecto, porque -repito- le hace muy bien a nuestra sociedad.
Por último, señor Presidente, esta iniciativa dispone en uno de sus artículos que mientras no se cree el fondo en comento la actual cotización será recaudada y administrada por las mutualidades de empleadores y por el Instituto de Seguridad Laboral. Nada expresa sobre qué va a ocurrir después, una vez creado el fondo.
En tal sentido, debo recordar que estamos hablando de una cotización previsional que realizan los empleadores; no se trata de un impuesto al trabajo.
De consiguiente, espero que al crearse el fondo se indique la forma de administrarlo y no se desvirtúe la finalidad ya explicitada.
Repito: se trata de una cotización previsional, no de un impuesto al trabajo.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como informó el titular de la Comisión de Hacienda, Senador Carlos Montes, en dicho órgano técnico tratamos con "discusión inmediata" este proyecto, que, según expresaron algunos colegas y el propio Ministro, tiene un trámite sui géneris (por decirlo de alguna manera), pues estamos legislando sobre la base de una iniciativa de ley que todavía no existe.
Sin embargo, más allá de eso, no cabe duda de que el objetivo que se persigue, como se ha manifestado aquí, es muy loable: tener un fondo que permita desarrollar el programa llamado "SANNA".
Preguntamos por qué se denominaba "SANNA". Nos señalaron que era un programa para "¡proteger la salud de los niños y niñas...!"
Bueno: más allá de lo anecdótico, lo importante es que las cotizaciones entregadas por los empleadores a las mutualidades para destinarlas a un fondo de contingencia ahora irán a un fondo especial dedicado exclusivamente a una suerte de seguro para los padres y madres que durante cierto tiempo necesiten acompañar de manera permanente a los hijos o hijas que padezcan una enfermedad grave.
Aquí se ha dicho que la primera prioridad se ha fijado para el cáncer. También se ha hablado de los trasplantes y de niños que sufran enfermedades terminales.
La idea es partir por una enfermedad. Pero quedan muchas dudas en cuanto a por qué unas y por qué otras no. Lo conversamos en la Comisión de Hacienda, y será algo que deberá definirse en la ley pertinente.
Ahora, la cantidad de enfermedades incluidas dependerá de cuántos recursos se recauden.
Consultamos cuál era el universo de casos que podía haber, considerando tanto a los empleados del sector público cuanto a los del sector privado. Las cifras que nos proporcionaron son bastante grandes.
Entonces, el fondo en comento se irá formando gradualmente, según se ha explicado en la Sala. La cotización será de 0,03 por ciento (dos puntos menos que la actual).
De otro lado, se preguntó en la Comisión de Hacienda quién iba a administrar el fondo, quién se encargaría de él.
En el proyecto queda claro que recaudarán las mutualidades. Sin embargo, no está tan claro quién va a administrar el fondo después de que empiece a constituirse; quién determinará qué personas pueden acceder al seguro en cuestión, que implica recibir el equivalente al sueldo en actividad o parte de él.
Esa es otra de las situaciones que quedan pendientes para la iniciativa que deberá enviarse en fecha próxima.
Señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto muy oportuno, muy necesario. Y esa fue la razón por la que se le puso "discusión inmediata", al objeto de darle continuidad al pago de cotizaciones cuya vigencia había terminado al vencer el plazo fijado para el efecto.
Así que en la Comisión votamos a favor en el entendido de que mientras antes se tramite el proyecto que deberá enviar el Ejecutivo mejor será para enfrentar el problema que se intenta resolver.
En la Sala también nos pronunciaremos afirmativamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Chahuán.
Su Señoría no está en el Hemiciclo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, como ya se han referido extensamente a esta iniciativa varios integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, yo me voy a limitar a un punto relacionado con la salud y a un aspecto de carácter social.
En muchos países a los que consideramos más desarrollados que el nuestro el acompañamiento materno, paterno, familiar juega un rol tremendamente significativo para la rehabilitación o recuperación de los pacientes, sobre todo de aquellos que padecen enfermedades dramáticas, a veces terminales -acá se ha citado el cáncer-, quienes, producto de aquella compañía, salen adelante de manera increíble.
En Chile todavía estamos muy acostumbrados a la medicina tradicional. Poco se hace con respecto a la medicina alternativa.
¡Y qué decir de lo relativo a la compañía! Hay países donde la familia dispone de lugares para permanecer. No se trata solo de poder sentarse en un pasillo, sino también de acompañar en una habitación, aunque haya muchas otras camas, a hijos, padres, madres, abuelos, señora o pareja en situaciones difíciles de enfermedad.
¿Por qué relato lo anterior, señor Presidente? Porque el proyecto se encuentra básicamente inspirado, como la Senadora señora Goic lo reconoció en algún minuto, en un grupo de madres que han realizado durante varios años una campaña pública para poder estar al menos durante un año junto a sus hijos con cáncer.
Numerosos casos se han conocido y difundido en reportajes en diversos medios de comunicación. Todos nos hemos impuesto de esta realidad en nuestras comunas, en nuestras regiones, en distintos lugares. Ello no tiene que ver con que las personas cuenten o no con recursos. Estamos haciendo referencia a mamás que generalmente trabajan fuera del hogar, además, y que necesitan, muchas veces, una licencia.
El posnatal extendido no obedece a la lógica del acompañamiento de menores enfermos, sino a la de un mayor amamantamiento y apego materno.
La posibilidad de que se trata es muy necesaria, entonces, para jefes o jefas de familia, al igual que el hecho de que constituya un aspecto sustantivo en la previsión social. Por esa razón -se encuentra presente la señora Ministra del Trabajo y el señor Ministro de Hacienda estuvo en la Sala al iniciarse la discusión de la iniciativa-, quiero transmitir lo que he expresado.
Si el hecho de que las familias dispusieran de un lugar físico, incluso para acompañamiento, en hospitales, en consultorios, se viera como una inversión y no como un gasto, probablemente ahorraríamos mucho, como país, en materia de salud pública.
¡Muchos funcionarios asienten aquí con la cabeza! Porque es la verdad.
Hace un par de semanas me tocó concurrir a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, en Santiago, cuya buena atención y servicio quiero destacar. Pero cuando la familia no puede quedarse por el horario de visita -el problema es muy complejo y se presenta en todas partes-, la recuperación del paciente se dificulta mucho más.
Repito que si le diéramos una vuelta al asunto y viésemos como una inversión el que la madre o, en su ausencia, el padre pudieran acompañar al hijo enfermo en la recuperación o rehabilitación de una enfermedad, concluiríamos que finalmente se obtendría un gran ahorro.
Por eso, felicito por el texto en examen, pero me gustaría que ahondáramos en la misma línea. La medida contemplada debiera ser parte de algo mucho más grande, grueso, robusto, general, y que involucrara la salud. Porque siento que hacemos esfuerzos en relación con estas iniciativas, pero terminan siendo parches.
Ello se parece un poquito al caso del proyecto anterior, relativo a la inclusión de uno por ciento de personas con discapacidad en una dotación anual y del cual mi Honorable colega Muñoz rindió un estupendo informe. Pero ¿qué pasa con las entidades de menos de cien funcionarios? Ahí no es posible cumplir con la mitad de alguien.
En consecuencia, mientras la cifra sea tan "invisible" -uno por ciento es muy poco-, estimo que el trabajo todavía es muy duro. No es suficiente. Es preciso ampliar mucho más para lo que tenemos que lograr.
En virtud de tales consideraciones, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, lo más importante ya lo dijeron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra respecto de la iniciativa en debate, que crea el Fondo. Después discutiremos un proyecto a fin de establecer esta especie de licencia médica o de nueva licencia para padres de hijos con enfermedades que requieran una hospitalización prolongada, no solo con cáncer.
La cuestión se ha planteado muchas veces. Indudablemente, la sociedad civil se organizó, como aquí se ha dicho.
Recuerdo que tres mamás de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, me fueron a ver hace algunos años y me comentaron que, por tener dos de ellas hijos con leucemia, había sido necesario que viajaran a Santiago para que los atendieran en el hospital Calvo Mackenna y, naturalmente, habían perdido su trabajo. Porque el apoyo y acompañamiento de los padres, en efecto -es preciso entenderlo así, y estimo que ello fundamenta, en parte, el articulado-, integra el tratamiento que recibe un niño. Lo afectivo también dice relación con el adulto, pero en particular con el menor enfermo.
Entonces, se genera una situación bien compleja, especialmente en las regiones extremas. El cáncer es una de las patologías, pero muchas otras requieren largos tratamientos, prolongadas terapias y mucha cirugía. Conocí el caso de una adolescente con escoliosis, que requiere un manejo muy difícil y duro. La solución no se obtiene en el nivel local. Por lo tanto, estos pacientes son trasladados a Santiago.
Resulta absurdo que hasta ahora no haya habido ningún tipo de seguro que les permita a los padres sentirse un poco tranquilos -ello no se extiende, por cierto, a la enfermedad misma- en cuanto a que al menos tendrán estabilidad, desde el punto de vista laboral, para poder viajar y acompañar a sus hijos.
Así que la iniciativa es importante para todo Chile, pero en particular para las zonas extremas, por las razones que he expuesto. Por eso mencioné la reunión con las tres mamás de la comuna de Pica, quienes me destacaron la necesidad de abordar el asunto.
Valoro sobremanera, entonces, que el Ejecutivo finalmente haya acogido el planteamiento que muchos le hicimos, en verdad, y que motivó la movilización de numerosas madres en todo Chile para poder contar con este seguro, con esta licencia médica, la cual será muy positiva tanto para los padres como para el niño, por supuesto. Porque, al final del día, tenemos que promover el bien superior de este.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, es probable que la Sala haya olvidado que un proyecto en la misma línea fue discutido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Considero absolutamente necesario respaldar, como es obvio, toda medida que humanice la vida, más aún tratándose de criaturas, de niños y de familias en que la situación que nos ocupa comienza, muchas veces, a significar un enorme perjuicio en lo emocional, lo económico, lo afectivo y lo familiar. Pero la verdad tiene que decirse. Es bueno que todas las mamás y los papás que esperan que esta enorme iniciativa se lleve adelante hoy día, la cual se valora y felicita, sepan que el asunto partió en 2008.
Efectivamente, la tramitación del boletín N° 5.857-13 comenzó con el ingreso del proyecto tendiente a permitir que los progenitores de niños con cáncer hicieran uso de un permiso. Ello tuvo lugar el 7 de mayo de ese año.
El texto es de mi autoría, señor Presidente. Fue votado en el órgano técnico que mencioné y la Sala del Senado lo aprobó en general el 10 de julio de 2012.
A lo mejor, ello no se le informó a la Primera Mandataria.
¿Y cómo nació la normativa? Obedeció a haberme enterado de que una familia de Magallanes llegó a Santiago con su hijo enfermo de cáncer. La mamá y el papá tuvieron que dejar de trabajar, como lo haría cualquier persona para intentar salvar una vida, y viajaron a una ciudad que no conocían.
Estoy seguro de que esta es una historia sabida de sobra por algunos de los presentes, ya que la han vivido en carne propia.
Alguien me llamó, entonces, y me expuso la situación.
El sistema llevaba a recurrir a una licencia psiquiátrica para que la madre pudiera acompañar a la criatura que luchaba por su vida. Ello es así de cruel.
Otro caso que me inspiró para presentar la iniciativa fue el de una mamá que trabajaba en una institución pública como el Ejército, en Magallanes, y que fue desvinculada, echada, al verse obligada a optar por una licencia psiquiátrica para poder acompañar el momento difícil de su hijo.
Esta es la verdad, señor Presidente.
Aquí tengo la historia completa del proyecto: el 7 de mayo de 2008 ingresó; el 3 de julio de 2012 se dio cuenta del primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; el 10 de julio de 2012 se discutió en general en la Sala y se aprobó por unanimidad; el 8 de mayo y el 12 de junio de 2013 se amplió el plazo para presentar indicaciones, y, con la aprobación particular en el Senado, se completó el primer trámite constitucional.
Habiendo pasado el asunto a la Cámara de Diputados, quedó durmiendo el sueño de los justos.
Conversamos al respecto con todos los gobiernos: el primero de la Presidenta Bachelet, el del Presidente Piñera -la cuestión se trató incluso con la Primera Dama- y el actual de la Presidenta Bachelet.
Y ahora nos traen el texto que nos ocupa, calificado con urgencia de "discusión inmediata", de lo cual me alegro.
Así como siempre he manifestado que lo peor no solo es faltarle el respecto a alguien, sino también faltárselo a sí mismo, creo que es bueno decir la verdad, para que ello quede en la historia de la ley.
¡Se hizo un libro sobre la materia, lanzado en la Universidad Católica!
¡Mamás y papás de todas las regiones lideraron todo el proceso por mucho tiempo!
¡No había oncólogos!
¡En Magallanes sufrimos en carne propia la falta de un oncólogo infantil!
Hubo un movimiento social para dignificar la vida de los niños por morir, muchos de los cuales, ante la carencia de dinero y de la posibilidad de trasladarse a Santiago, ya han dejado de existir, con el dolor consiguiente de sus familiares al no haber podido acompañarlos en todo el proceso.
Esta es una parte importante de la historia.
Ahora, hay algunas aprensiones. La iniciativa llega y se tramita rápidamente. Porque supongo que la Primera Mandataria querrá dar cuenta el 21 de mayo del cumplimiento de muchos de los compromisos que ha contraído. Los plazos corren rápido. Pero tengamos mucho cuidado.
El artículo 4 del proyecto señala:
"Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regulará el fondo establecido en el artículo anterior, la entidad administradora, los requisitos de acceso, los beneficiarios, la extensión del permiso, las prestaciones que se otorgarán con cargo al fondo y los demás elementos necesarios para su funcionamiento.".
Entonces, claro que se requiere mucha precaución a fin de que ello no sea solo una intención buena y loable, que respaldamos todos. Debemos preocuparnos, tratándose de la disposición citada, de que efectivamente se cumpla con la presentación de un verdadero proyecto de ley, que permita dignificar lo que para una madre o un padre significa poder acompañar a un hijo en una condición tan seria, tan penosa, tan extrema.
Y, por supuesto, en una iniciativa en esta línea no puede existir letra chica. Lo que tiene que haber de parte del Estado es una voluntad honesta, verdadera, de proteger a estas criaturas y la estructura de la familia; de permitir que padres y madres cuenten con una licencia para acompañar a los niños en todo este doloroso proceso, ya que en regiones no tenemos la posibilidad de contar con oncólogos infantiles para verificar la primera atención.
Sobre esa base, por supuesto que voy a votar a favor del proyecto de ley, pero haciendo ver que hay una historia anterior. Se reconoce todo lo hecho actualmente por papás y mamás a lo largo del país, pero el planteamiento nace en 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero reivindicar el rol del Senado en el tratamiento de una iniciativa relevante.
Recordemos que la última semana de marzo se buscó despacharla sin debate, porque era "demasiado urgente", sin perjuicio de lo cual hemos visto ahora que lo que se está haciendo es mantener un Fondo y dar un plazo para otorgarle un contenido, en virtud del cual recién podrá entrar en funcionamiento. Se pretendía que no pudiéramos reflexionar acerca de un asunto muy trascendente para el futuro, como ha quedado demostrado en esta oportunidad.
Por eso, parto señalando que cada vez que una cuestión significativa se trate de pasar por esta Corporación sin un debate razonable, el Senador que habla, al menos, se va a oponer. Creo que esta discusión reivindica el derecho a que las cosas funcionen como deberían hacerlo y no en forma a veces estrictamente acaballada, como algunos pretenden.
Dicho lo anterior, deseo plantear tres temas específicos.
Primero, estamos haciendo referencia a un Fondo de Contingencia existente. Nació en 1998 con otro objetivo: pagar los mejoramientos extraordinarios de pensiones y financiar la formación de activos representativos de los incrementos de la reserva de pensiones.
Se dispuso una cotización extraordinaria que fue cambiando en el tiempo y cuya vigencia fue ampliada desde 2004 hasta 2008, luego hasta 2011, después hasta 2014 y posteriormente hasta el 31 de marzo de 2017. Y aquí surge lo que por lo menos se conocía desde 2014: ello terminaría el mes recién pasado.
La reflexión inicial, entonces, dice relación con la importancia que reviste para un gobierno -lo expongo por su intermedio, señor Presidente, tal como se lo hice personalmente a las autoridades- el poder perfilar con tiempo cómo son las políticas públicas en distintas materias.
El proyecto establece que se va a prorrogar el referido fondo, pero no se señala su contenido ni cómo se van a gastar esos recursos. Se usa una figura que en la Comisión de Hacienda fue considerada como muy sui géneris, muy extraña -y ojalá no se repita-: juntar plata para algo que no se sabe exactamente en qué consiste.
La actual Ministra del Trabajo lleva poco tiempo en su cargo, así que la libero de cualquier responsabilidad. Lo digo para que quede claro.
Sin embargo, objetivamente, si un gobierno sabe que se va a terminar un fondo que eventualmente puede servir para objetivos sociales relevantes, lo lógico es que lo anticipe y no diga 24 o 48 horas antes: "Mantengámoslo, aunque no sabemos bien para qué".
Creo que es indispensable hacer una reflexión respecto a la calidad de las políticas públicas.
Ahora deberíamos estar pronunciándonos sobre el contenido de dicho fondo; es decir -voy a explicarlo después-, acerca de cuáles son las enfermedades graves que va a cubrir. Todavía no las conocemos, lo cual fue debatido en la Comisión. No hubo tiempo suficiente ni se creó el escenario para poder perfilar ese aspecto.
¡Eso es lo que deberíamos estar votando hoy día!
Tendríamos que estar entregando una mejor noticia: que empieza a funcionar un fondo para cubrir las licencias y los permisos laborales de padres y madres que, con toda razón -y lo digo como papá-, acompañan a hijos que están sufriendo a causa de determinadas enfermedades.
Me parece que a eso deberíamos estar abocados, en lugar de alegrarnos simplemente por el establecimiento del fondo.
Segundo, considero muy importante reflejar lo que fue el debate en la Comisión de Hacienda, donde se planteó -además del procedimiento extraño que se siguió para legislar- el concepto de "condición grave de salud". Al respecto, se abre un gran tema para debatir. Y ojalá el Gobierno pueda presentar una solución buena en esta materia y en otras que, de alguna manera, estén emparentadas.
Es esencial fijar un criterio -así lo señaló el Ministro de Hacienda- en torno a cuáles serán las enfermedades cubiertas. Las esenciales que se han mencionado son: las oncológicas, como una idea general, y las terminales, que también requieren un acompañamiento y cuidado personal, porque de otra manera es imposible sobrellevarlas.
Pero no ha quedado bien establecido el resto de las enfermedades graves.
Legítimamente, alguien que tiene un niño aquejado por algo que no es oncológico ni terminal -tal vez algo de índole cerebral o motriz- puede estimar que tal enfermedad es de aquellas que merecen una atención especial y estar cubiertas por dicho fondo.
Esa discusión se encuentra pendiente. Hay que definir qué se entiende por "condición grave de salud". Hasta ahora solo está la idea.
Hay dos minutas -¡son minutas nada más!- de la autoridad que nos entregan algunas reflexiones al respecto; pero no existe un texto específico, por lo que no sabemos exactamente en qué consiste esa frase. Ello es parte del debate que deberá darse en este Senado en los próximos días.
Por último, valoro el objetivo de fondo de esta iniciativa, que todos vamos aprobar -espero, por unanimidad-, más allá del sistema tortuoso mediante el cual se está legislando.
Objetivamente, no hay nadie que no sienta el deber profundo -como Estado- de acompañar a familias que viven situaciones dramáticas a causa de problemas de salud de sus niños, lo cual se agrava por la falta forzosa de la cercanía de sus padres, debido a que estos tienen que sustentar el hogar familiar a través de su trabajo.
Si hay algo más terrible que un niño en condición terminal o con cáncer, es que ese niño esté solo. ¡Eso es más terrible! ¡Eso es, evidentemente, mucho peor!
Con este proyecto se da un paso en un sentido correcto.
Espero que se determine de buena manera esas causas y condiciones tan especiales que ameritarán entregar el beneficio en cuestión.
Recordemos que se trata de un fondo finito. No será posible usarlo para todo, debido a las complejidades propias del financiamiento.
Con el Senador García consultamos a cuántos trabajadores podría beneficiar este proyecto. Se nos respondió que aproximadamente a 6 mil, pero esa información no fue ratificada por la autoridad. Es solo una percepción, de acuerdo a los casos prácticos que se ven hoy día.
Vamos a tener que discutir sobre el particular y ver cómo sacar el mejor partido a recursos que -insisto- estaban destinados a otro fin y que -entre comillas- quedan disponibles. Me parece razonable que, si están insertos en la lógica del trabajo, se mantengan, en lugar de eliminarlos y volver a instaurar el fondo en un año o en tres meses más, cuando esté listo el proyecto definitivo.
En resumen, señor Presidente, con la misma fuerza con que me opuse a tratar esta materia hace dos semanas sin una discusión previa, me alegro de que se haya dado este debate, en el que todos hemos aprendido. El análisis en la Comisión de Hacienda fue muy interesante.
Además, el Gobierno escuchó las ideas y los planteamientos de los parlamentarios, que, en mi opinión, serán útiles para la redacción final del texto. Así lo espero. Conversando y dialogando con tiempo se puede llegar a buenos acuerdos.
Creo que esta iniciativa va en la línea correcta, y ojalá que en sesenta días más -es el plazo establecido- podamos contar con un proyecto acotado que nos permita dar un paso adelante, a fin de terminar con esa realidad dramática que significa un niño no solamente enfermo, sino enfermo y solo.
Eso amerita, por lo menos, que votemos a favor.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, primero, deseo valorar la iniciativa que nos ocupa, que constituye un paso más en el enorme esfuerzo que están haciendo el Parlamento y los distintos Gobiernos, por conciliar trabajo y familia, por humanizar las relaciones laborales y por acercar el cuidado que las madres y los padres puedan brindar a sus hijos, en este caso, enfermos.
Existe un mercado del trabajo bastante implacable, que pone en conflicto y en tensión permanentemente al trabajador y a la trabajadora con su familia, en particular ante situaciones dramáticas -bien lo dijo el Senador Coloma-, como la absoluta soledad en que quedan los hijos y las hijas cuando se enferman y la impotencia de la madre y el padre al ver que no puede acompañarlos.
Por eso siento que este es un gran paso, que implica hacer retroceder -como planteó la Senadora Lily Pérez- una cultura en la que resulta muy difícil humanizar.
Recién debatimos el proyecto sobre inclusión laboral. Y, ¡claro!, la obligación de contratar un 1 por ciento de personas con discapacidad parece muy mezquina. En realidad, esa decisión debiera tomarse en conciencia y no por la dictación de una ley. Sin embargo, la verdad es que, sin una normativa que obligue, nadie incluirá a las personas con discapacidad al mundo del trabajo, perdiéndose así el enorme potencial que ellas pueden aportar para el desarrollo de nuestro país.
Por otra parte, señor Presidente, deseo hacerme cargo de las palabras emitidas por el Senador Bianchi.
Yo entiendo su malestar. Y cada uno de los Senadores y las Senadoras sentimos lo mismo cuando quedan en el anonimato esfuerzos hechos para presentar proyectos de ley. Nos damos el tiempo para debatirlos en este Parlamento, y después se invisibiliza dicho trabajo.
Cuando entregué el informe de la Comisión de Trabajo sobre la iniciativa de inclusión -lo señaló también la Ministra Alejandra Krauss-, mencioné que tal propuesta nació de once mociones, las cuales fueron detalladas en ese momento.
Del mismo modo, en dicha Comisión hicimos el esfuerzo por dejar consignado en el informe (página 6) las mociones que el Gobierno tuvo a la vista para elaborar la iniciativa que nos ocupa.
Una de ellas es la del Senador Bianchi. Y se da cuenta, además, de su tramitación -tal como lo ha señalado el propio colega-: se aprobó en el Senado; pasó a la Cámara de Diputados, y murió en julio de 2013. No sé qué habrá pasado en esa época -era Ministra del ramo la ex Senadora Matthei- que quedó invisibilizado ese proyecto.
En el informe también se hace referencia a la moción presentada por los Senadores señor De Urresti, señoras Goic y Muñoz y señores Larraín y Letelier, en ese mismo sentido.
Entonces, deseo planterale a la señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente- la necesidad de dejar constancia en la historia de la ley la autoría de las mociones. Considero muy importante, dado el enorme esfuerzo desplegado por el Senador Bianchi desde 2008, que quede plasmado en los fundamentos de la futura ley la trayectoria que ha seguido tal iniciativa en el Parlamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de continuar, quiero informar que la señora Ministra de Transportes ha pedido que el segundo proyecto de la tabla, el que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte, no se vea hoy, sino mañana en el primer lugar del Orden del Día.
El señor HORVATH.- Del mismo modo, señor Presidente, le pido recabar la autorización de la Sala para colocar en el segundo lugar de la tabla de la sesión de mañana una iniciativa cuya tramitación se ha demorado hace muchas sesiones. Me refiero al proyecto que establece restricciones a la publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos.
En verdad, mientras más se aplaza el tratamiento de dicha propuesta legislativa, más anuncios en pantallas led se están poniendo en todas partes, y va a ser muy difícil después implementar la normativa.
El señor WALKER (don Ignacio).- Muy bien.
El señor HORVATH.- Le pido, si fuera tan amable, que recabe el acuerdo para colocar la iniciativa mencionada en el segundo lugar de la tabla de mañana.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así se hará.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continuando con la votación, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, desde luego que apoyo el proyecto que nos ocupa.
También deseo hacerme cargo de una serie de iniciativas en esta materia, tanto legislativas como de gestión parlamentaria. Nadie quiere quedar sin decir o hacer algo respecto de los dramas que se viven en ese ámbito, sobre todo en zonas aisladas o extremas, como la Región que represento. Incluso, en redes sociales se da cuenta de madres y padres que han debido abandonar sus trabajos o han quedado en condiciones muy precarias, por tener que acompañar a sus hijos en difíciles tratamientos que no pueden realizarse en su lugar de residencia.
Por lo tanto, celebro el contenido de este proyecto, la idea de crear un fondo especial como fórmula para cubrir las licencias respectivas, a fin de que, desde el punto de vista laboral, no queden en una situación de precariedad las personas que tienen que acompañar a sus hijos o parientes más próximos en difíciles tratamientos de salud.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite, dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja consignada la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
La señora KRAUSS (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, día a día, diversas familias chilenas se enfrentan a la dolorosa situación de ver a un hijo o una hija afectados por una contingencia de salud muchas veces muy compleja.
Y tan doloroso como presenciar dicha realidad es que muchos padres y madres se vean forzados a elegir entre el trabajo y sus hijos. Sin duda, esta realidad afecta a nuestra sociedad y, como chilenos, no podemos ser indiferentes ante ello.
Por eso, el proyecto que recién se aprobó es de suma relevancia para nuestra sociedad, ya que sienta las bases para sustentar económicamente un sistema de acompañamiento, cuyo objetivo radica en que los padres puedan cuidar a sus hijos -suspendiendo su trabajo-, pero sin que dejen de percibir remuneraciones durante el período que dure la contingencia de salud.
El financiamiento de tal mecanismo se hará con cargo a un fondo integrado con una cotización sobre la remuneración mensual del trabajador, de responsabilidad del empleador, cotización que hoy existe pero con otra finalidad.
Quisiera relevar que el proyecto contempla un mecanismo acordado con las propias mutuales. Este compromiso asumido por los propios actores ejemplifica lo transversal de la iniciativa y demuestra el alto grado de compromiso con la solución de una situación que nos afecta a todos los chilenos y las chilenas y que debemos abordar con seriedad.
Reitero que en un plazo no mayor a 60 días ingresaremos el proyecto de ley que crea y regula el seguro de acompañamiento que estamos presentando ahora.
Estimados Senadores, les agradezco su respaldo. En verdad, el país necesitaba la aprobación de esta iniciativa, por cuanto SANNA es una esperanza para la ciudadanía. Y también lo es para mí como Ministra del Trabajo y Previsión Social, y no solo por la investidura de mi cargo, sino además porque soy madre y abuela. Es precisamente en estos casos que la empatía como ser humano no puede dejar de actuar.
Asimismo, acojo la petición formulada por la Senadora Adriana Muñoz: en el mensaje del proyecto de ley que se enviará al Congreso en los próximos 60 días se incluirán los nombres de todos y cada uno de los parlamentarios, Senadores y Diputados, que han contribuido a que esto sea una realidad.
En nombre de la Presidenta Bachelet, del Gobierno de Chile y de madres y padres que anhelan que se implemente el sistema propuesto, les agradezco profundamente el voto favorable a la presente iniciativa.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, pido recabar el asentimiento de la Sala para ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que regula la actividad apícola (boletines Nos 9.479-01 y 10.144-01, refundidos), hasta el jueves 6 de abril, a las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la propuesta del señor Senador?
Boletín N° 10329-13
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.329-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor García-Huidobro, señoras Muñoz y Van Rysselberghe, y señores Coloma y Letelier):
En primer trámite: sesión 59ª, en 7 de octubre de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 86ª, en 1 de marzo de 2017.
Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
Sesión 73ª, en 13 de diciembre de 2016 (se aprueba en general y en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó tres enmiendas.
La primera es una modificación formal de adecuación.
La segunda incorpora al artículo único un numeral 1, nuevo, que establece que el derecho de los trabajadores a recibir propinas tanto por los pagos realizados en efectivo como por otros medios de pago aceptados por el empleador opera a elección de los trabajadores.
La tercera enmienda reemplaza el inciso final propuesto por el Senado para el artículo 64 por otro que precisa que los establecimientos que acepten medios electrónicos de pago deberán permitir que la propina también pueda ser pagada por los mismos medios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Les parece que abramos la votación de inmediato, para evitar problemas de quorum?
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, antes de dar el informe respectivo, quiero felicitar a la Ministra Krauss, primero, por acoger la solicitud que le formulamos para incorporar las mociones en los fundamentos de la iniciativa gubernamental que anunció y, segundo, por tan importante proyecto que acabamos de aprobar.
Me corresponde informar sobre la propuesta legislativa que nos ocupa, la que se originó en una moción del Honorable señor García-Huidobro, acompañado por la Senadora señora Van Rysselberghe y los Senadores señores Coloma y Letelier, además de quien habla.
Como dijo el señor Secretario, el texto aprobado por el Senado tuvo tres modificaciones en la Cámara de Diputados durante el segundo trámite constitucional, lo cual no afectó el objetivo final del proyecto: posibilitar en aquellos establecimientos de atención al público en los que se deja propina (estaciones de expendio de combustibles u otros) que esta se pueda hacer efectiva mediante los servicios electrónicos de pago.
La Cámara Baja decidió que era más conveniente dotar al trabajador de la facultad de elegir la forma de recibir la propina dentro de los medios de pago aceptados por el empleador. Esa fue la primera enmienda.
La segunda modificación consistió en suprimir la exigencia de habitualidad de la entrega de propinas en los establecimientos regulados por esta iniciativa de ley. La explicación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la otra rama del Parlamento es que se estaría restringiendo el ámbito de aplicación, al dejar fuera, por ejemplo, a las peluquerías, donde se concurre esporádicamente por regla general.
Finalmente, en la Sala de la otra rama legislativa, el Diputado Nicolás Monckeberg formuló una indicación para agregar a la enmienda del inciso final del artículo 64 del Código del Trabajo una oración que refuerza la finalidad de la iniciativa. El texto dice: "Los establecimientos que acepten medios electrónicos de pago deberán permitir que la propina también pueda ser pagada por los mismos medios.".
Consultado el Ejecutivo sobre las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, opinó que eran un complemento adecuado del texto despachado por el Senado.
Por lo mismo, solicito a la Sala que ratifique los cambios ya explicitados.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a las Senadoras Muñoz y Van Rysselberghe y a los Senadores Coloma y Letelier por haberme acompañado en este proyecto, que es un proyecto muy ciudadano que realmente va a dar solución al pago de las propinas en muchos lugares donde hoy día no existe esta opción.
Efectivamente, tal como expresó la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora señora Muñoz, en numerosas bombas de bencina o estaciones de servicio hoy resulta imposible agregar en las tarjetas de crédito o de débito -en el fondo, el dinero plástico- el pago de propinas.
Es conveniente puntualizar que, a diferencia de lo que consagra actualmente el Código del Trabajo con relación a los restoranes, bares, pubs, etcétera, donde existe propina sugerida, estos establecimientos no ofrecen esa posibilidad, por lo que ella -es importante recalcarlo- queda a voluntad del consumidor o el usuario, de acuerdo a la atención que le haya entregado el trabajador.
En ese sentido, me parece fundamental recordar que la propina depende de la voluntad de cada una de las personas.
Asimismo, el proyecto obliga a las empresas, cuando el cliente pague con tarjeta, a darle al trabajador la opción de elegir cómo se le entregue esa propina: en dinero en efectivo, a través de su cuentarrut o con un cheque.
Valoro la labor realizada por la Comisión de Trabajo y la aprobación unánime que prestó este Senado en el primer trámite constitucional.
En el segundo trámite, tal como indicó la Senadora Muñoz, la Cámara de Diputados complementó el texto, lo que me parece muy relevante. Nosotros habíamos incorporado el adverbio "habitualmente", en circunstancias de que hay muchas actividades que no son habituales. Por ejemplo, los guías de turismo en ciertas épocas del año perfectamente pueden recibir propinas, al igual que quienes trabajan en peluquerías y en otros establecimientos similares.
Por lo tanto, creo que la Cámara de Diputados mejoró el proyecto. Yo estoy absolutamente conforme con las modificaciones que le introdujo y pienso que la iniciativa va en directo beneficio del mundo real que hoy día vivimos.
Creo que este es un proyecto ciudadano que beneficia a los trabajadores, quienes van a tener la posibilidad de incorporar las propinas en su remuneración -aunque no sean tales-, como un aporte que les dan los usuarios cuando les prestan un buen servicio.
Es por eso que agradezco el apoyo que he recibido para la aprobación de esta normativa.
Ojalá podamos ver una mejor cara en quienes muchas veces nos atienden en las estaciones de servicio al decirles: "Ahora sí que podemos incorporar las propinas que ustedes quieren".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra dejan muy claro el tema.
Lo único que quiero destacar, para la historia de la ley, es que este proyecto proviene del esfuerzo de una moción parlamentaria, secundada por todos los sectores.
Frente a los bajos sueldos, la propina es elemental para una familia. Y así como hoy día se sugiere en los distintos establecimientos comerciales vinculados a la alimentación, específicamente los restoranes a través del 10 por ciento del total, de alguna manera estos son otros servicios en los cuales las familias también verán incrementados sus recursos por la vía de las propinas.
Por lo tanto, desde los puntos de vista humano y solidario, este proyecto va en la dirección correcta y por eso todos vamos a votarlo a favor, pues, si bien puede ser muy sencillo, está hecho pensando en la gente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, cuando el Senador García-Huidobro nos convocó a algunos a suscribir la moción, le dije que me parecía de especial sentido común, pues legislar para resolver los problemas de la gente es algo muy valioso, a partir de instituciones o hábitos que son nuevos.
Probablemente, veinte o veinticinco años atrás pagar con tarjeta de crédito era muy poco usual -más bien era exclusivo de un sector-, pero hoy día -recordemos que acabamos de aprobar el uso de tarjetas al portador y todo un sistema distinto para la utilización del dinero- tal práctica se ha masificado. Y parte de la formalización, especialmente en los lugares más alejados, tiene que ver con el uso de instrumentos de pago distintos del dinero en efectivo.
Claramente, se había ido produciendo, a partir de algunos servicios, una dificultad evidente en cuanto al legítimo derecho de una persona que siente que le prestan un buen servicio y al legítimo deber de quien lo ofrece a recibir una contraprestación adecuada. Era muy fácil decir: "Mire, yo le daría propina, pero en este momento no tengo monedas ni billetes (dependiendo del caso) para poder retribuir lo que considero un buen servicio".
Entonces, este proyecto facilita que se pueda agregar una propina con el mismo instrumento con que se pague la cuenta; propina que, como muy bien se dijo, no era sugerida, porque en estos casos podría ser de muy variado monto. Ahora estamos abriendo un abanico muy amplio de situaciones en que puede darse la necesidad de recurrir a esta fórmula de pago.
Concuerdo en que la modificación introducida por la Cámara Baja ayuda a darle a la normativa una utilización más amplia. Creo que a nadie le debe molestar y va a generar algo que me parece muy positivo: un buen sistema para que el dueño de un negocio que reciba una tarjeta para efectos del pago tenga que buscar una modalidad para la entrega de un monto que no es parte del precio pero sí de la propina.
Se trata de una iniciativa bastante simple. No ofrece complejidad alguna, al menos por lo que pudimos apreciar en la discusión de la que nos tocó ser parte, y creo que ayudará a las personas. La considero razonable; apunta a entender los nuevos tiempos con más humanidad, con más sentido de la emocionalidad, y dice relación con las cosas positivas de estos nuevos tiempos. La época que estamos viviendo tiene elementos complejos, negativos, de desconfianza, pero también tiene elementos positivos, como es el facilitar medios que permitan llevar adelante actividades que en otro momento quizás nadie hubiera imaginado.
Por ello, complementar un salario a través de una retribución adecuada y con una fórmula imaginativa, me parece que apunta en el sentido correcto y me siento feliz de haber sido parte, junto a otros señores Senadores, de la autoría de esta moción.
Pienso que estamos ante un buen proyecto, bien desarrollado y que tiene que ver con las cosas que debemos hacer para que Chile sea un país más justo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, la verdad es que yo soy partidaria de las propinas obligatorias.
A pesar de que soy una persona de ideas liberales y de que creo en el libre emprendimiento y en la voluntad, estoy convencida de que, tal como ocurre en muchos países desarrollados donde hay capitalismo y economía libre, la propina debiera ser obligatoria y no voluntaria.
En esa línea, por supuesto que celebro este proyecto, por cuanto facilita la entrega de propinas a personas que prestan un servicio.
Quiero recordar a los colegas que se encuentran hoy día en la Sala que hace un par de años tuvimos que legislar para que a muchos trabajadores, sobre todo de restoranes, que recibían su propina mediante una tarjeta de crédito o de débito, no se les descontara el porcentaje del costo de dicho instrumento. A mí varias veces me tocó ir a un restorán y preguntarle al mozo: "Si yo le dejo la propina incluida en la tarjeta, ¿a usted se la dan íntegra?". "No", me respondía él. Y precisaba: "Me descuentan el porcentaje de lo que vale la transacción de la tarjeta".
Eso era así, era una realidad, y por lo tanto tuvimos que legislar hace un par de años para subsanarla.
Hoy día estamos legislando sobre un proyecto de autoría del Senador García-Huidobro y celebro que, una vez terminada la discriminación señalada hacia quienes reciben propina, se facilite su pago en rubros donde efectivamente no se contempla este tipo de servicios y ella pueda agregarse al pago efectuado con tarjeta de crédito o de débito.
Pero yo estoy lejos de quienes afirman que este es un paso adelante en humanismo. Para mí, eso ocurrirá el día en que la propina sea obligatoria. A mi juicio, la persona que da un servicio debe recibir una reciprocidad por su otorgamiento. Y tiene que haber tramos, como sucede en todos los países desarrollados: cuando el servicio es bueno, cuando es superior y cuando es fantástico. Si un cliente queda demasiado contento, la propina será de 20 por ciento; si encontró que lo atendieron más o menos no más, será del 10, y si no era tan bueno, el 15. Tienen que existir tramos, pero la propina debe ser obligatoria. Esto sí sería algo realmente justo y lo quiero dejar sentado.
Ahora bien, nosotros no tenemos iniciativa de ley en estas materias. Y tengo que decirlo porque, si no, las personas que están escuchando van a preguntarse por qué entonces el Parlamento no legisla en ese sentido. Y es porque nosotros no podemos hacerlo. Esta es una materia de iniciativa del Ejecutivo. También podríamos pedirle su patrocinio, pero el "día del ñafle" -por decirlo de alguna forma- llegaría una iniciativa de esa naturaleza. ¡De ningún Gobierno! Tendría que pasar mucho tiempo para que uno de ellos dijera "Sí, tienen razón".
Sin embargo, quiero recordar que en los países más desarrollados, donde existe una economía libre, aquello es así: la propina es obligatoria.
Así que no digamos que estamos dando un tremendo paso humanista, porque la verdad es que lo que estamos otorgando es una facilidad para la entrega de la propina.
Yo celebro que estemos dando este paso, pero todavía falta mucho en materia de reciprocidad con respecto a la gente que entrega un servicio, sea de la naturaleza que sea.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, creo que este es, como bien se indicó, un proyecto de ley ciudadano. Es un proyecto que viene a resolver una problemática que, básicamente, está dada por la masificación del pago vía tarjetas de crédito y otros instrumentos similares, y que, en definitiva, facilita la posibilidad de que aquellas personas que trabajan en algunos tipos de establecimientos comerciales y prestan un servicio reciban una retribución justa a través de la propina.
Esto es particularmente importante en las bombas de bencina. Hasta ahora, existen algunas compañías con redes de estaciones de expendio de combustibles que prohíben la incorporación de la propina a los trabajadores por la prestación de sus servicios dentro de la transacción con tarjeta de crédito por el pago de un producto.
En ese contexto, esta normativa va a ser una noticia que será bien recibida. Esperamos su rápida promulgación, pues permitirá que los dependientes de estaciones de servicios y de otros establecimientos de comercio tengan acceso a un estipendio que mejore su ingreso mensual.
Por tal motivo, felicito al Senador Alejandro García-Huidobro por esta propuesta legislativa, que hemos apoyado con mucha fuerza en el Senado y que esperamos que prontamente se convierta en ley de la república.
Este proyecto es un paso más para ir avanzando en mayor dignificación de los trabajadores, pero también para asegurar mejores ingresos por la labor que prestan.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, solamente quiero señalar que este proyecto, si bien simple, me parece de toda justicia. No tiene gran costo, no es obligatorio ni tampoco define montos; por lo tanto, no necesita patrocinio del Ejecutivo.
Facilita la entrega de propinas a trabajadores que nos prestan un servicio necesario y que forman parte de su ingreso. Por lo mismo, son un factor redistribuidor de ingresos. Desde esa perspectiva, tiene bastante sentido, y por esa razón lo apoyamos.
--Se aprueban las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados (19 votos favorables) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, se ha pedido segunda discusión para el proyecto que viene a continuación, sobre contrato por obra o faena.
Por lo tanto, sugiero que el señor Secretario haga la relación y lo dejemos pendiente para mañana.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, solicitándole antecedentes sobre PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA DESARROLLADOS EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA DURANTE PERÍODO 2010-2016.
A la señora Ministra de Educación, pidiéndole información acerca de NÚMERO DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS QUE PASARÁN A RÉGIMEN PARTICULAR PAGADO EN 2018; CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN DICHOS ESTABLECIMIENTOS, Y NÚMERO DE MATRÍCULAS DISPONIBLES EN SISTEMA MUNICIPAL PARA 2017 Y 2018, DETALLADOS POR CURSO (todos en Región de Antofagasta).
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe respecto de FISCALIZACIONES DE CAUDALES DE AGUA EN SEGUNDA REGIÓN DURANTE PERÍODO 2012-2016, POR COMUNA; acerca de FISCALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE VELOCIDADES MÍNIMAS EN AUTOPISTA ANTOFAGASTA-CARMEN ALTO, POR CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE CARGA, EN IGUAL PERÍODO, y en lo relativo a CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA TRAMO CARMEN ALTO-CALAMA.
A la señora Ministra de Minería, requiriéndole diversos antecedentes en relación con CATASTRO DE FAENAS MINERAS Y RELAVES ABANDONADOS EN SEGUNDA REGIÓN, y referente a COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA SALIDA DE PLANTA ENAMI DE RADIO URBANO DE COMUNA DE TALTAL.
Al señor Ministro de Energía, solicitándole información sobre DIVERSOS PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, pidiéndole remitir antecedentes acerca de DOTACIONES DE EFECTIVOS EN COMUNAS DE LA SEGUNDA REGIÓN DURANTE PERÍODO 2010-2016, POR COMUNA.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones, para que remita información detallada, por unidad o brigada, respecto de DOTACIONES INSTITUCIONALES ASIGNADAS A DISTINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA DURANTE PERÍODO 2010-2016.
A la señora Presidenta del Consejo del Sistema de Empresas, a fin de que envíe datos referidos a FISCALIZACIONES A PLANES DE INVERSIONES REALIZADAS POR ECONSSA CHILE S.A. COMO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE ANTOFAGASTA AL CONTRATO CELEBRADO CON SEMCORP AGUAS DEL NORTE S.A. DURANTE PERÍODO 2012-2016.
A la señora Gobernadora Provincial, a la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud y al señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de Antofagasta, con el objeto de que indiquen ACCIONES LLEVADAS ADELANTE FRENTE A EMANACIONES DE GASES QUE AFECTAN A LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO.
Y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, pidiéndole informar acerca de MEDICIONES DE PRESENCIA DE PLOMO EN POLVO SEDIMENTABLE EN COMUNA DE CALAMA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que indique ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS ANUNCIADOS PARA REGIÓN DE MAGALLANES ANTE INQUIETUD DE "COMUNIDAD DE AGUA NO ORGANIZADA SEGUNDA ETAPA VILLA ANDREA PAMPA REDONDA".
Y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, señora Ministra del Trabajo y Previsión Social y señores Ministro de Desarrollo Social, Superintendente de Seguridad Social y Director del Instituto de Previsión Social, con el propósito de que señalen CANTIDAD DE MUJERES FALLECIDAS SIN ACCESO A CUOTA MORTUORIA POR HABERSE ACOGIDO A BONO POR HIJO NACIDO Y FECHA DE INGRESO DE PROYECTO DE LEY SOBRE LA MATERIA.
Al señor Director Regional de Vialidad de Valparaíso, solicitándole precisar INICIO DE OBRAS DE RESALTO Y SEÑALÉTICA EN RUTA E-39 DE LA LIGUA, SECTORES LA CHIMBA, PLACILLA Y QUINQUIMO.
Al señor Prefecto de Carabineros de Curicó, para que indique CANTIDAD DE DENUNCIAS POR DELITO DE ABIGEATO EN PROVINCIA DE CURICÓ DURANTE ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriendo antecedentes acerca de FALLAS EN SISTEMADE AGUA POTABLE RURAL DE LAS GAVIOTAS, SECTOR SUR DE VALDIVIA: POSIBLES ACCIONES DEL MOP, INTERÉS DE COMITÉ DE APR DE CONTRIBUIR A SOLUCIÓN Y FACTIBILIDAD DE QUE EMPRESA DE AGUA POTABLE SE HAGA CARGO DE SISTEMA.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, pidiéndole información relativa a PROTOCOLO DE ACUERDO SUSCRITO CON PRESIDENTE DE JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS PARA TRABAJO CONJUNTO DESTINADO A REGULARIZACIÓN DE CUARTELES EN EL PAÍS, y en cuanto a ACCIONES DE SEREMI DE BIENES NACIONALES DE LOS RÍOS ANTE DENUNCIA DE CONSEJO CIUDADANO DE LAGO RANCO, POR ESTUDIO DE FIJACIÓN DE DESLINDES DE UN PARTICULAR QUE AFECTA A BIEN DE USO PÚBLICO.
A la señora Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, para que remita antecedentes concernientes a TRÁMITE DE CONCESIÓN MARÍTIMA ENSECTOR "PISADA DEL DIABLO", COMUNA DE LAGO RANCO, QUE AFECTA A PASEO PEATONAL EN FAJA DE PLAYA.
Al señor Subsecretario de Pesca, solicitándole información referida a EVENTUAL ACUERDO ENTRE PESCADORES DE SARDINAS Y ANCHOVETAS DE REGIONES DEL BIOBÍO Y DE LA ARAUCANÍA QUE OCASIONARÍA DAÑO AMBIENTAL A REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Director Nacional de la ONEMI, a fin de que envíe datos concernientes a PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON PRESIDENTE DE JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS PARA ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
Al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, requiriéndole información respecto de PRIMER ENCUENTRO BINACIONAL CHILENO-PERUANO SOBRE PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE POBLACIÓN DE BALLENA FRANCA AUSTRAL, QUE PERMITIRÍA DESPLAZAMIENTO PROTEGIDO DE ESTA ESPECIE EN AMBOS PAÍSES.
Al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas, solicitándole antecedentes acerca de MEDIDAS ADOPTADAS POR DEPARTAMENTO DE OBRAS FLUVIALES DE ESE ORGANISMO ANTE ESTUDIO REFERIDO A TERRENOS PARTICULARES COLINDANTES A PASEO PEATONAL PÚBLICO "PISADA DEL DIABLO", EN LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS.
Y al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, pidiéndole información concerniente a BONO DE RETIRO Y PENSIÓN DE EXONERADO POLÍTICO SEÑOR JOSÉ LUIS PÉREZ MACAYA.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Araucanía, para que informe NOMBRE DE PARTICULAR O REPARTICIÓN PÚBLICA PROPIETARIO DE TERRENO EN CALLE LAS DUNAS, FRENTE A SEDE DE JUNTA DE VECINOS, EN DONDE HAY JUEGOS INFANTILES Y UNA MULTICANCHA.
Al señor Director Regional de Vialidad de La Araucanía, para que informe acerca de POSIBILIDAD DE OBRAS DE MANTENCIÓN EN CAMINO EL ECO-TRES ESQUINAS, LA SIERRA, CATRIPULLI SECTOR 2, DE PUERTO DOMÍNGUEZ, y de FACTIBILIDAD DE OBRAS DE DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA EN ORILLA DE CAMINO CARAHUE-PUERTO DOMÍNGUEZ.
Al señor Director de Salud Araucanía Sur, requiriéndole antecedentes relativos a POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE DIÁLISIS EN NUEVO HOSPITAL DE CUNCO.
Y al señor Director Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de La Araucanía, recabándole mayor información en cuanto a EMPLEO EN LA ARAUCANÍA, SEGÚN ENCUESTA NACIONAL DE TRIMESTRE MÓVIL DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DE 2017.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, solicitándoles que entreguen información respecto a cómo se ha llevado a cabo la POLÍTICA HABITACIONAL DE MACUL EN ÚLTIMOS AÑOS Y FECHA DE REALIZACIÓN DE ÚLTIMO PROYECTO COMUNITARIO DE VIVIENDA SOCIAL EN ESA COMUNA.
A la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, pidiéndole GESTIÓN CON EMPRESA EGIS QUAI LTDA. PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO A 620 FAMILIAS DE CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DE COVADONGA, DE TOCOPILLA.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo y a la señora Intendenta de Aisén, transmitiéndoles REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MELINKA PARA DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DE NEGOCIACIONES VINCULADAS A ZONAS CONTIGUAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON PARTICIPACIÓN DE GENTE DE REGIÓN DE AISÉN.
Y al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, planteándoles INCLUSIÓN DE CICLOVÍAS EN PLANES Y PROGRAMAS DE VÍAS TANTO URBANAS CUANTO INTERURBANAS.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Educación del Maule, exponiéndole PREOCUPACIÓN DE APODERADOS DE ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DE PEÑUELAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE, POR LARGAS LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES Y DE ASEO PARA AÑO ACÁDEMICO 2017.
A las señoras Ministra de Salud y Secretarias Ministeriales de Salud y del Medio Ambiente de Valparaíso, requiriéndoles información sobre PERMISOLOGÍA DE EMPRESAS PARA FUNCIONAMIENTO EN CERCANÍAS DE COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, DE LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, Y DENUNCIAS POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SALUD EN ÚLTIMO LUSTRO.
A la señora Ministra de Salud y a los señores Ministro del Medio Ambiente, Superintendente de Salud, Director del Servicio Nacional del Consumidor y Director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, solicitándoles antecedentes acerca de REGLAS DE SALUBRIDAD PARA CRÍA Y PRODUCCIÓN DE SALMÓN, CIFRA DE ANTIBIÓTICO USADO PARA PRODUCCIÓN DE UNA TONELADA Y POLÍTICAS PARA REGULACIÓN APLICABLE A EMPRESAS DEL SECTOR.
A los señores Ministro y Superintendente del Medio Ambiente, pidiéndoles información relativa a EMPRESAS INDUSTRIALES SITUADAS EN ZONA DE COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, DE LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, YCAUSAS DE NUBE TÓXICA DE 22 DE MARZO DE 2017.
Al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, recabándole antecedentes sobre PROTOCOLO DE INVITADOS A CEREMONIAS DE FACh Y RAZÓN PARA NO INVITACIÓN EN DÍA INSTITUCIONAL A ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Al señor Alcalde de Talcahuano, requiriéndole SESIÓN ESPECIAL DE CONCEJO ANTE PRESENCIA DE METALES PESADOS EN SECTORES DE MEDIO CAMINO, SAN VICENTE, DIEGO PORTALES Y LIBERTAD.
Al señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión, solicitándole informar en torno a DICTAMEN DE CONTRALORÍA EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DE RECURSOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA ASIGNACIÓN DE FONDO DE APOYO A PROGRAMAS CULTURALES.
Al señor Director del Servicio Nacional del Consumidor, pidiéndole señalar POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA REGULACIÓN SOBRE INDUSTRIAS SALMONERAS.
Al señor Director del Servicio de Salud de Talcahuano, a fin de solicitar MUESTREO DE SANGRE PARA DETECCIÓN DE METALES PESADOS EN SECTORES DE MEDIO CAMINO, SAN VICENTE, DIEGO PORTALES Y LIBERTAD.
Al señor Rector de la Universidad de Concepción, para requerir COPIA DE INFORME DE 2011 DE FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS SOBRE MUESTRAS DE VECINOS DE TALCAHUANO PARA DETECCIÓN DE METALES PESADOS EN SECTORES DE MEDIO CAMINO, SAN VICENTE, DIEGO PORTALES Y LIBERTAD.
Y al señor Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el objeto de que se remita COPIA DE INFORME DE PRESENCIA DE METALES PESADOS EN SUELOS DE SECTORES DE MEDIO CAMINO, SAN VICENTE, DIEGO PORTALES Y LIBERTAD, Y DE INFORME SOBRE MISMA MATERIA A FISCALÍA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, para solicitar antecedentes por FALTA DE RESPUESTA A PETICIÓN DE INSTALACIÓN DE REPETIDOR EN OBSERVATORIO LA SILLA, COMUNA DE LA HIGUERA, Y PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN CHAÑARAL DE ACEITUNO Y CARRIZALILLO, COMUNA DE FREIRINA.
Y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, a fin de consultar por CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO POR CONAFE EN CHAÑARAL DE ACEITUNO, COMUNA DE FREIRINA.
Al señor Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, con el objeto de que se informe sobre RECLAMACIONES ACERCA DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA EN TODOS SUS NIVELES.