Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84466
Timestamp: 2020-02-23 10:14:49
Document Index: 188970110

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Gaceta: LXIV/1PPO-28/84466
Propone que el Presidente de la República forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político; se elimina del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la “declaración de procedencia”.
Establece que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales suprimiendo los del orden común, y lo incorpora con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 constitucional que garantice: los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular, y la separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de Constitucional a partir del momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal como cualquier persona.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:
I. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver:
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción”.
La reforma Constitucional tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción a través del cual se prevenga la práctica de dichos actos por parte de servidores públicos y particulares, así como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Sin embargo, aún no se ven reflejados los resultados de dicha reforma Constitucional, puesto que de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado por Transparencia Internacional, México pasó de ocupar el lugar 95 en 2015 al 123 en 2016, con una calificación de 3 en una escala del 0 al 10, donde 0 es la mayor percepción de corrupción. Para 2017 México se ubicó en la posición 135 de 178 países, con una calificación de 2.9.
Un claro ejemplo, es que continúa acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de servidores públicos, entre los que se presume que ha participado el actual Presidente de la Republica. Casos investigados por la Auditoría Superior de la Federación, como Evya S.A. de C.V. (empresa contratista para PEMEX), Oceanografía S.A. de C.V. (Proveedora de servicios de ingeniería marina a PEMEX) proyecto del tren México – Querétaro (vinculada a las empresas Teya y EOLO PLUS pertenecientes a Grupo Higa), la construcción de la casa blanca (obra realizada por Grupo Higa), la estafa maestra, la autopista México – Cuernavaca donde se formó un socavón, la línea 12 del metro, entro otros más, han causado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado Constitucional de Derecho.
Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del “fuero constitucional” por parte de los servidores públicos ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos pequeños grupos siguen enriqueciéndose, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez van más en aumento.
Si bien es cierto, que la Constitución en los artículos 108 al 113 establece las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, es necesario realizar modificaciones sustanciales respecto al juicio político, la declaración de procedencia y el procedimiento para exigir responsabilidad penal al Presidente de la República, con el objeto de erradicar las constantes prácticas de corrupción.
II. Argumentos que la Sustentan:
Entre las facultades del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está la de calificar la responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos por los que se puede exigir y los órganos que intervienen en la aplicación. En este orden de ideas, las formas de proceder en contra de los servidores por medio del órgano legislativo son el juicio político y la declaración de procedencia.
a) Juicio Político
El juicio político en un medio de control Constitucional que se ejerce a través de órgano legislativo, es decir, a través de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Es un procedimiento jurisdiccional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sancionar con destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 que, por actos u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión ocasione violaciones graves a la Constitución Federal o cause perjuicio a los intereses públicos fundamentales.
En ese sentido, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece los supuestos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.
Conforme al párrafo segundo del artículo 74 Constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren”, es decir, instaurar la etapa de instrucción y acusación. Por lo que respecta al Senado de la República, de conformidad con la fracción VII del artículo 76 Constitucional, debe “erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho…”
Es menester señalar que, si bien es cierto, se ha logrado ampliar el catálogo de sujetos contra quienes puede instaurarse juicio político mediante ocho reformas al artículo 110 de la Constitución Federal, a la fecha, el Presidente de la República no se encuentra incluido en dicho precepto, por lo que es necesario que forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de este que debiliten el quehacer del servicio y el interés público.
b) Declaración de Procedencia
La declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados establecida en el primer párrafo de la fracción V del artículo 74 Constitucional. El propósito de este “Decreto” es eliminar el “fuero constitucional” y separar a los servidores públicos de sus funciones para que el Ministerio Publico pueda ponerlos a disposición de los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.
Cabe hacer mención que el propósito de esta inmunidad procesal es proteger la función constitucional del servicio público frente a los otros poderes del Estado, más no al ciudadano que desempeña dicha función. En ese sentido es necesario modificar el concepto “fuero constitucional”por el de “inmunidad constitucional”, con la finalidad de proteger la función constitucional antes descrita
El procedimiento para eliminar el “fuero constitucional” se encuentra establecida en el artículo 111 Constitucional, mismo que señala que para proceder penalmente en contra de algún servidor público por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, previamente, la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión respectiva, ha lugar a proceder contra el inculpado.
Sin embargo, es necesario eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la “declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhiben el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.
c) Responsabilidad Penal del Presidente de la República
Por lo que respecta al Presidente de la República, se establece un procedimiento más complejo con el objetivo de proteger su función constitucional. En ese sentido, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 110 Constitucional, es decir, la Cámara de Diputados, después de la sustanciación del procedimiento respectivo (establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) y con audiencia del inculpado, procederá a la acusación respectiva ante el Senado de la República, previa declaración de la mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en sesión.
En el caso de que la Cámara de Diputados proceda a la acusación respectiva, el Senado de la República resolverá con base la legislación penal aplicable.
Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, se estableció en el párrafo segundo del artículo 108 que, a dicho servidor público, “durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, redacción que hoy es ambigua respecto a los delitos graves del orden común.
Por lo que respecta a los “delitos graves del orden común”, es necesario señalar las siguientes reformas constitucionales al artículo 20:
En el texto original de la constitución de 1917 se estableció como garantía del acusado, ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, siempre que dicho delito no mereciera ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión.
En la reforma del 02 de diciembre de 1948, aparece por vez primera el término “medio aritmético”, al señalar que el acusado podía ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, siempre que dicho delito mereciera ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no fuera mayor de cinco años de prisión. Dicho término se mantuvo hasta la reforma del 14 de enero de 1985.
En la reforma del 03 de septiembre de 1993, se describió por primera vez los citados “delitos graves”(los que se enumeraron posteriormente en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales), para sustituir la operación matemática que precisaba en qué casos una persona inculpada por un delito, podía o no obtener la libertad provisional bajo fianza evitando ser recluida en prisión preventiva durante el proceso penal, toda vez que la población de las personas en prisión preventiva sujetas a proceso era mayor que el de aquellas que ya habían sido sentenciadas y estaban compurgando una pena en prisión.
Esta figura se mantuvo en las reformas del 3 de julio de 1996 y del 21 de septiembre de 2000, sin embargo, no se cumplieron los objetivos esperados.
Con la reforma del 18 de junio de 2008 se adoptó el Sistema Acusatorio y oral, y la medida cautelar de prisión preventiva pasa a ser una excepción a la regla, es decir, primero se aplicarán otras medidas cautelares que garanticen la comparecencia del imputado en el juicio.
En ese sentido, se estableció en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
En ese sentido, podría considerarse que el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional establece una posible pauta de cuáles serían los delitos graves a que se refiere el artículo 108.
Asimismo, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los delitos graves del “ámbito federal” por los que el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esta redacción pone en duda si al Presidente de la Republica podría acusársele por los delitos graves señalados en dicho artículo.
Cabe señalar que, por lo que respecta a las legislaturas locales, antes a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecieron en una forma similar en sus respectivos Códigos de Procedimientos Penales, que se considerarían como delitos graves, entendidos como del orden común, los “sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años”.
Por lo anterior, es necesario señalar en el segundo párrafo del artículo 108 que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, suprimiendo los del orden común.
d) Sistema de Justicia Penal en México a partir de la reforma Constitucional de 2008
El 18 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Dicha reforma adoptó el sistema procesal penal acusatorio y oral, garantista de los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, bajo los principios de i) publicidad, ii) contradicción, iii) continuidad, iv) concentración, v) inmediación, vi) igualdad ante la ley, vii) igualdad entre las partes, viii) juicio previo y debido proceso, ix) presunción de inocencia y, x) prohibición de doble enjuiciamiento.
Los objetivos del nuevo sistema de justicia penal consisten en realizar un adecuado esclarecimiento de los hechos, proteger a los inocentes, que los culpables no queden impunes y reparar los daños ocasionados a las víctimas.
El proceso penal puede iniciar de dos formas: con la presentación de una denuncia o querella y con la detención flagrante (en el momento que se comete el hecho delictivo) del imputado (quien es señalado por el Ministerio Público como probable autor o participe del hecho delictivo).
Cabe señalar que el imputado se considerará inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declaré su responsabilidad mediante sentencia dictada por órgano jurisdiccional competente.
La Primera Etapa se denomina de investigación (concluye hasta el cierre de la investigación), en la que el Ministerio Público, en coordinación con la policía y los servicios periciales, reúne indicios para esclarecer hechos, y en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado. De existir pruebas de la comisión o participación en el delito acudirá con el Juez de Control a formular la imputación en audiencia pública.
Aunado a lo anterior, en la audiencia inicial se informa al imputado de sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de legalidad de la detención (en caso de haber detenido), se formula imputación, se resuelve la solicitud de vinculación a proceso, de medidas cautelares y se define plazo de cierre de investigación.
Cerrada la investigación el Ministerio Público deberá: solicitar sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación.
En la Segunda Etapa llamada intermedia o de Preparación de Juicio (inicia con la formulación de la acusación y concluye con el auto de apertura de juicio), de considerar el Ministerio Público que cuenta con elementos para ejercer acción penal contra el imputado, presentará la acusación respectiva ante el Juez de Control. Asimismo, en dicha etapa se ofrecerán y admitirán medios de prueba y se realizará la depuración de hechos controvertidos que serán materia de juicio. Antes de concluir la audiencia intermedia el Juez de Control dictará el auto de apertura de juicio.
Finalmente, en la Etapa de Juicio (inicia con el auto de apertura de juicio y concluye con la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento) se celebra la audiencia de juicio en la que se desahogarán pruebas, se expondrán alegatos de clausura, se otorgará la posibilidad de réplica y duplica, se dará la palabra al acusado y se declarará el cierre del debate. Finalmente se emitirá el fallo correspondiente.
Ahora bien, de ser la etapa de investigación en la que se reúnen indicios para esclarecer hechos, y en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado, se considera que el auto de vinculación a proceso solo fija la materia de investigación y el eventual juicio, por lo que se estima que es el mecanismo jurídico idóneo en el que el Juez de Control puede solicitar a la Cámara de Diputados la separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal.
Es menester señalar que, con estas modificaciones constitucionales, daremos cumplimiento a una gran demanda de nuestra sociedad y disminuiremos la enorme percepción de la corrupción, asimismo legitimaremos la función de los servidores públicos dejando en claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad.
Por lo anteriormente señalado, se propone: a) que el Presidente de la República forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de este que debiliten el quehacer del servicio y el interés público; b) eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la “declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público; c) la redacción establecida en el segundo párrafo del artículo 108 Constitucional es obsoleta y no atiende la realidad social, por lo que es necesario establecer que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales suprimiendo los del orden común, y; d) con el fin de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la Republica, es necesario incorporarlo con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que garantice:
Los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular, y;
La separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de Constitucional a partir del momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal como cualquier persona.
Artículo 61. Las y los legisladores del Congreso de la Unión son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos administrativa o jurisdiccional por ellas.
La o el Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad parlamentaria de los miembros de la misma y por la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.
Las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión omitirán cualquier conducta, expresión o acto de discriminación que atente contra la dignidad humana, por lo que en su función pública se sujetarán a lo dispuesto en la fracción III del artículo 1° de esta Constitución.
La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, garantizando la inmunidad parlamentaria y constitucional de los mismos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político, el Presidente de la República, los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los Consejeros de las Judicaturas Locales, así como los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12- 1982) Senadores son inatacables.
Artículo 111. Son sujetos de proceso penal:
A. Los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Dichos servidores públicos gozan de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeñan y se sujetarán a lo siguiente:
I. Derivado de alguna denuncia o querella contra algún servidor público a que se refiere este apartado, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;
II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la autoridad judicial a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Servidor Público;
III. De dictarse auto de vinculación a proceso por hechos delictivos no grave, no se podrá imponer al servidor público medidas cautelares de privación, restricción o limitación de la libertad y de suspensión temporal en el ejercicio del cargo.
En caso de que la vinculación a proceso sea por hechos considerados como delitos graves, el juez de control comunicará a la Cámara de Diputados la situación jurídica del servidor público a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días naturales.
B. El Presidente de la República, quien goza de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeña y se sujetará a lo siguiente:
I. Derivado de alguna denuncia o querella contra el Presidente de la República en términos del párrafo segundo del artículo 108 de ésta Constitución, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;
II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Presidente de la República.
Recibida la solicitud del Ministerio Público, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará una Comisión integrada por tres Ministros, quienes resolverán sobre la existencia de elementos para dictar auto de vinculación a proceso;
III. Dictado el auto de vinculación a proceso, la Suprema Corte de Justicia comunicará a la Cámara de Senadores la situación jurídica del Presidente de la República a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días.
Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, podrá reasumir su función en el encargo público, en caso de habérsele suspendido temporalmente en el ejercicio.
Si el proceso culmina en sentencia condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los, Ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en el apartado A de este artículo, pero en este supuesto, la comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III de dicho apartado, se realizará a las legislaturas locales.
Las declaraciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son inatacables.
En procesos distintos a la materia penal que se entablen en contra de los servidores públicos se observaran los procedimientos correspondientes.
Artículo 112. En el caso de que alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, no gozará de la inmunidad constitucional señalado en el mismo.
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 180 días las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos vigentes.
Tercero.- Las Legislaturas Locales de las entidades federativas, contarán con 180 días a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus respectivas Constituciones Locales.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia.
Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 61; los párrafos segundo y cuarto del artículo 108; los párrafos primero y segundo del artículo 110; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto y octavo del artículo 111; el párrafo primero del artículo 112 y el párrafo segundo del artículo 114; se adiciona un párrafo tercero al artículo 61, y; se derogan el párrafo primero de la fracción V del artículo 74; los párrafos cuarto y séptimo del artículo 111, para quedar como sigue:
En caso de que la vinculación a proceso sea por hechos considerados como delitos graves, el juez de control comunicará a la Cámara de Diputados la situación jurídica del servidor público a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días.
Senado de la República, a 15 de octubre de 2018