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Timestamp: 2019-06-20 19:03:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 105', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 54']

BOE.es - Documento BOE-A-2015-1672
Documento BOE-A-2015-1672
«BOE» núm. 43, de 19 de febrero de 2015, páginas 13667 a 13674 (8 págs.)
BOE-A-2015-1672
Entre las prestaciones sociales previstas en el artículo 12.1.e) del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, la Mutualidad General Judicial tiene establecidas las ayudas dirigidas a atender las necesidades de personas mayores, personas con discapacidad y drogodependientes, configuradas dentro de los Programas socio-sanitarios, que se regulan en el artículo 105 del Real Decreto 1206/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial («BOE» de 4 de agosto).
Las bases reguladoras para la concesión de las ayudas de las prestaciones socio-sanitarias así como las cuantías correspondientes, se han de determinar a partir de la estrategia de política económica que marca el vigente Real Decreto-ley 20/2012, de 13 julio, de medidas normativas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad actual, a partir del cumplimiento paulatino del compromiso de la Gerencia de este organismo –ya iniciado durante el ejercicio 2014– de recuperar, conforme lo vaya haciendo posible la situación económica, los niveles prestacionales anteriores a la indicada normativa, siempre desde los parámetros establecidos en el Reglamento del Mutualismo Judicial, de acuerdo con el crédito consignado a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General Judicial para cada ejercicio económico, mediante la oportuna convocatoria pública, que se efectuará por resolución del Gerente y que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
En razón de lo expuesto, esta Gerencia, de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regulan la composición y funciones de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial, tras informar a la Comisión Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del citado Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, ha resuelto aprobar la siguiente convocatoria de ayudas de los programas socio-sanitarios para el año 2015.
Sin perjuicio de las normas y requisitos específicos de cada modalidad de ayuda, a todos los programas de esta convocatoria les es de general aplicación lo dispuesto en los siguientes apartados:
A la solicitud deberá adjuntarse declaración responsable firmada por el solicitante sobre este extremo.
El hecho causante por el que se solicita la ayuda debe producirse en el ejercicio presupuestario 2015.
La concesión de estas ayudas estará condicionada al crédito consignado a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General Judicial para el ejercicio económico 2015.
3.5.2 Determinación de la capacidad económica y acreditación:
a) Última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) incluida, si se ha efectuado, la declaración complementaria o, en su caso, comunicación emitida o liquidación girada a efectos de devolución por la Administración Tributaria.
Alternativamente, si no existe obligación de declarar y no se ha solicitado devolución, se podrán presentar certificaciones de la Administración Tributaria acreditativas, por un lado, del hecho de no haber presentado declaración del impuesto y, por otro, de las imputaciones integras de ingresos que consten en dicha Administración Tributaria.
b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones que estén exentas o no estén sujetas a tributación por el Impuesto de la renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), percibidas en el ejercicio fiscal al que correspondan los datos tributarios a que alude el anterior apartado a).
Con la documentación económica que en cada caso corresponda, se calculará la renta de la unidad familiar que permitirá determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a la capacidad económica establecidos en las ayudas de la presente convocatoria.
3.6 Efectividad de las prestaciones. Resolución y duración.
3.6.1 Resolución: La concesión de las ayudas de los programas de esta convocatoria corresponderá al Gerente de la Mutualidad o al titular de la Unidad en quien esté delegada esta competencia.
Las solicitudes de las ayudas se resolverán mediante resolución expresa, que será notificada a los interesados en los plazos y términos previstos por la LRJAP y la PAC. El cómputo de los plazos máximos para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses, pudiéndose interrumpir en los supuestos en los que MUGEJU deba recabar datos complementarios a las Administraciones Públicas o a los interesados, así como en los términos previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley.
3.6.2 Duración: La fecha de inicio del derecho del devengo de las ayudas de esta convocatoria se corresponderá con el primer día del mes de presentación de la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final de esta Resolución. Este derecho será efectivo hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que se produzcan causas de extinción del derecho de devengo con anterioridad a esta fecha.
3.7.2 Los servicios Centrales de Mugeju efectuarán el pago de las ayudas, en forma de reintegro de gastos realizados hasta el importe máximo que, en su caso, corresponda, contra presentación de las facturas originales, o de los recibos u otros documentos justificativos correspondientes todos ellos a gastos realizados en 2015. Se exceptúa de la aportación de justificaciones de gastos las ayudas del programa de atención a personas mayores.
En el supuesto de que algún solicitante reclamara los justificantes originales presentados en Mugeju, se estará a lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
3.7.3 Facturas: Las facturas justificantes del gasto deberán de ser originales y reunir los requisitos legales y reglamentarios exigibles, debiendo dejar constancia de su pago o, en su caso, acompañarse del recibo acreditativo del abono de su importe. Los referidos documentos no han de presentar enmiendas o raspaduras en ninguno de los elementos que los conforman.
La documentación señalada en el párrafo anterior deberá presentarse en el mes a que corresponda o, como fecha límite, hasta el día 10 del mes siguiente, a excepción de la correspondiente al mes de diciembre, por gastos realizados en dicho mes, que tendrá de plazo hasta el 10 de enero de 2016. La recibida después de las fechas señaladas no será admitida a trámite. No se admitirán facturas o recibos complementarios correspondientes a periodos ya abonados, sea cual fuere la periodicidad de la ayuda.
3.8 Reintegro de prestaciones indebidas.
La percepción por el solicitante al que se le haya concedido alguna de las ayudas de esta convocatoria de otras prestaciones incompatibles en los términos establecidos en el epígrafe 3.2 dará lugar a la reclamación de su reintegro y, en su caso, al inicio del procedimiento establecido reglamentariamente para ello, en los términos previstos en el artículo 54 del Reglamento del Mutualismo Judicial.
El programa se concreta en una ayuda económica de carácter periódico destinada a atender estados de necesidad de quienes han alcanzado una determinada edad y que, como consecuencia de discapacidades psicofísicas, están impedidos para el desenvolvimiento ordinario de la vida diaria y carecen de recursos suficientes para hacer frente a dichos estados o situaciones.
4.1.1 Cuantía de la ayuda:
La ayuda económica será de 200 euros/mes.
a) Que la persona destinataria tenga una edad igual o superior a 70 años.
b) Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%.
El grado de discapacidad exigido deberá acreditarse mediante certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), o del organismo competente en esta materia de las Comunidades Autónomas, o fotocopia compulsada del mismo.
c) Tener un nivel de ingresos netos mensuales por persona igual o menor a 1.600 euros.
Dicho importe se obtendrá mediante el siguiente cálculo: será el resultado de dividir la suma de los ingresos anuales totales del solicitante y de las personas que integran su unidad familiar, entendiendo por tales el cónyuge o persona unida por relación análoga de afectividad, los hijos y descendientes solteros menores de 25 años o discapacitados convivientes con aquél al menos la mitad del periodo impositivo, entre el número de personas que conviven, perciban o no ingresos. Finalmente, la cifra así obtenida se dividirá a su vez entre doce.
Se exceptúan para el cómputo de los ingresos de la unidad familiar las cuantías percibidas en concepto de ayuda del Programa de Atención a personas mayores y las prestaciones por hijo minusválido a cargo.
4.2.1 Ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual. Las ayudas con cargo a este programa tienen por objeto contribuir a los gastos realizados por los siguientes servicios:
a) Tratamientos de carácter médico-funcional, dirigidos a evitar un mayor deterioro y, si fuera posible, desarrollar las potencialidades físicas y sensoriales afectadas por la discapacidad padecida.
d) Actividades formativas dedicadas a facilitar a la persona con discapacidad psíquica o sensorial las habilidades adecuadas para su desenvolvimiento en la vida diaria y familiar así como en los ámbitos social y laboral.
a) Estar afectado por un grado de discapacidad, igual o superior al 33%. A este respecto, se considerará que cumplen este requisito quienes estén jubilados por incapacidad permanente para el servicio.
El grado de discapacidad exigido deberá acreditarse mediante certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), o del organismo competente en esta materia de las Comunidades Autónomas, o fotocopia compulsada de la misma.
b) Estar acreditada la procedencia de los servicios contemplados en este programa a través de informe del facultativo especialista, responsable de la asistencia al beneficiario de la ayuda que indique la necesidad de iniciar o continuar con el tratamiento, presupuesto del centro o profesional que imparta el tratamiento, y facturas originales acreditativas del gasto.
La no inclusión en el concierto deberá ser acreditada en el propio informe del facultativo o, de no ser así, a través de informe de la Entidad Médica a la que se esté adscrito.
En los supuestos de estimulación precoz, la edad del causante habrá de ser inferior a siete años.
4.2.1.2 Cuantía de las ayudas: Las ayudas estarán en función del nivel de ingresos netos mensuales por persona, calculado de la siguiente forma: Será igual al resultado de dividir la suma de los ingresos anuales totales del solicitante y de las personas que configuran su unidad familiar, entendiendo por esta el cónyuge o persona unida por relación análoga de afectividad, los hijos y descendientes solteros menores de 25 años o discapacitados que convivan con él y los ascendientes mayores de 65 años o discapacitados que, también, convivan con él, al menos la mitad del periodo impositivo, entre el número de personas que conviven, perciban o no ingresos; la cifra así obtenida se dividirá a su vez entre doce.
Nivel de ingresos netos mensuales
a) Estar afectado por un grado de discapacidad, igual o superior al 33%.
b) Estar acreditada la necesidad de las obras o la procedencia de los medios o ayudas técnicas.
La acreditación de este requisito se realizará mediante informe detallado del facultativo especialista responsable de la asistencia del causante de la prestación, así como de una memoria razonada y de la valoración de la ejecución en el caso de las obras.
d) Estas ayudas tendrán un periodo de carencia de cuatro años.
a) Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Las ayudas para esta actuación estarán en función del grado de discapacidad, y del nivel de ingresos por persona, calculado de la siguiente forma: Será igual al resultado de dividir la suma de los ingresos anuales totales del solicitante y de las personas que configuran su unidad familiar, entendiendo por esta el cónyuge o persona unida por relación análoga de afectividad, los hijos y descendientes solteros menores de 25 años o discapacitados que convivan con él y los ascendientes mayores de 65 años o discapacitados que, también, convivan con él, al menos la mitad del periodo impositivo, entre el número de personas que conviven, perciban o no ingresos. Finalmente, la cifra así obtenida se dividirá a su vez entre doce.
Si el importe de la factura acreditativa del gasto fuese menor a la cuantía de la ayuda que le corresponda al solicitante, la cantidad a abonar por la ayuda será la que figure en la factura.
b) Ayudas para medios técnicos: Las ayudas se calcularán de la misma manera que en el apartado a) anterior, y se acomodarán al siguiente baremo:
Si el importe de la factura acreditativa del gasto fuese menor a la cuantía de la ayuda que le corresponde al solicitante, la cantidad a abonar por la ayuda será la que figure en la factura.
4.3 Ayudas para atención a personas drogodependientes.
Este programa tiene como finalidad financiar, parcialmente, los gastos derivados por el ingreso del beneficiario de la ayuda en centros especiales para seguir un tratamiento de deshabituación por drogadicción, así como los tratamientos llevados a cabo por un terapeuta individual especializado, que deberá poseer acreditación vigente.
Quedan exceptuados de las ayudas de este programa los tratamientos de desintoxicación en general y terapias de deshabituación inferiores a tres meses de duración, y el tratamiento del tabaquismo, así como aquellos otros que, a juicio de MUGEJU, no correspondan a los fines de esta ayuda.
4.3.1 Para ser destinatario de las ayudas económicas de este programa es necesario precisar de un tratamiento integral de drogodependencia dirigido a la rehabilitación y a la reinserción socio-laboral, convenientemente prescrito por especialista, ya sea psicólogo o facultativo, inscrito en el correspondiente Colegio Oficial o adscrito a un centro dependiente de una Administración Pública.
Junto a las facturas originales, acreditativas del gasto, se acompañará una certificación del centro o del especialista en la que conste: relación de meses en los que el afectado ha recibido tratamiento, número de sesiones en las que se ha aplicado el mismo, tipo o tipos de terapia utilizada y cualificación profesional del especialista responsable del tratamiento aplicado.
4.3.2 Cuantía de las ayudas: La cuantía inicial de la ayuda que se reconozca será del 50% del gasto acreditado mensualmente, con un máximo de ciento cincuenta euros.
A la cuantía inicial reconocida se aplicará el porcentaje de reducción que se especifica en la tabla siguiente teniendo en cuenta el nivel de ingresos mensuales por persona, calculado de la siguiente forma: Será igual al resultado de dividir la suma de los ingresos anuales totales del solicitante y de las personas que configuran su unidad familiar, entendiendo por esta, el cónyuge o persona unida por relación análoga de afectividad, los hijos y descendientes solteros menores de 25 años o discapacitados que convivan con él y los ascendientes mayores de 65 años o discapacitados que, también, convivan con él, al menos la mitad del periodo impositivo, entre el número de personas que conviven, perciban o no ingresos. La cifra así obtenida se dividirá a su vez entre doce.
Porcentaje de deducción de la ayuda
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», siendo aplicable a los gastos producidos a partir del uno de enero de dos mil quince.
Madrid, 10 de febrero de 2015.–La Gerente de la Mutualidad General Judicial, Celima Gallego Alonso.