Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1006-de-octubre-3-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042114ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 02:56:12
Document Index: 158708274

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 70', 'artículo 70', 'artículo 241', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 70', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 64', 'artículo 70', 'e contrario', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 70', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 72', 'artículo 68']

﻿ SENTENCIA C-1006 DE OCTUBRE 3 DE 2005
SENTENCIA C-1006 DE 03 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:FIJACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE CRÉDITO AGROPECUARIO. DEBERES DE PROMOCIÓN EN CABEZA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AGRARIOS Y LAS PARTICULARIDADES QUE SE SEÑALAN EN LA CONSTITUCIÓN PARA EL ACCESO AL CRÉDITO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 21 DE 1983 "POR LA CUAL SE MODIFICA EL RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
TEMAS ESPECÍFICOS:PRODUCTO AGROPECUARIO, GESTIÓN ECONÓMICA AGROPECUARIA, INCENTIVOS ECONÓMICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, CRÉDITO AGROPECUARIO, ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Sentencia C-1006 de octubre 3 de 2005
Sentencia C-1006 de 2005
Ref.: Expediente D-5721
Actores: Luis Fernando López Roca, Juan Fernando Mejía Villegas.
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “Igual comprobación se requerirá cuando se trámite un crédito ante la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario”, contenidas en el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 “por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 35.939 del 5 de febrero de 1982. Se resalta lo demandado.
“Ley 21 de 1982”
ART. 70.—Para que los pagos efectuados por concepto de salarios, subsidio familiar, aportes para el SENA, calzado y overoles para los trabajadores, sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, es necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero que funcione en la localidad más cercana al domicilio de sus trabajadores, o en la caja de compensación a que se hallare afiliado, los aportes ordenados por la presente ley.
Igual comprobación se requerirá cuando se trámite un crédito ante la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario.
Las certificaciones de paz y salvo que se expidan para efectos de este artículo serán validas durante al año fiscal correspondiente”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues los preceptos acusados hacen parte de una ley de la República.
Para los demandantes el segundo inciso del artículo del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 “por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”, según el cual “Igual comprobación —a saber, acreditar haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero que funcione en la localidad más cercana al domicilio de sus trabajadores, o en la caja de compensación a que se hallare afiliado, los aportes ordenados por dicha ley— se requerirá cuando se trámite un crédito ante la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario” establece un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 13 superior en cuanto impone una carga adicional a los ciudadanos y empresas que hacen parte del campo o sector rural de la economía nacional, para efectos de poder acceder a la líneas de crédito agrario que no se exige respecto de otros sectores de la economía nacional. Así mismo que este vulnera los artículos 64, 65 y 66 constitucionales, normas mediante las cuales el constituyente no solo pretendió promover el acceso al crédito de los campesinos, sino además que dichos créditos estuvieran acordes con las necesidades de los mismos y que el inciso en vez de promover el acceso a los campesinos del crédito agropecuario, está imponiendo limitantes que ni siquiera otros sectores de la producción deben soportar.
Los intervinientes en representación del Ministerio de la Protección Social y de Agricultura coinciden en que no asiste razón a los demandantes respecto de la acusación que formulan en contra del segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982. Destacan que i) los actores formulan su acusación sin tomar en cuenta el alcance del artículo 64 de la Constitución que establece como deber del Estado la protección especial de los trabajadores agrarios ii) la norma tiene la finalidad de prevenir la evasión a nivel rural del pago de las obligaciones a que alude la ley en que se contienen las expresiones acusadas destinadas precisamente a la protección de dichos trabajadores iii) no se vulnera la igualdad por cuanto la finalidad de las disposiciones acusadas no es clasificar a los empleadores en diferentes categorías sino garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo, finalidad legítima según la Constitución para cuyo logro la norma no establece ninguna obligación diferente a la acreditación de una obligación exigida a todo empleador en los términos de la ley en que se contiene las expresiones acusadas.
El interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita la declaratoria de inexequibilidad del inciso aludido pues considera que efectivamente se vulnera el principio de igualdad por cuanto si se toma en cuenta la finalidad de una medida como la que se analiza —que en su criterio no es otra que la de garantizar el pago del crédito respectivo— no asistió razón al legislador al diferenciar entre los deudores del sector agropecuario y los demás.
El señor Procurador General de la Nación solicita igualmente la declaratoria de inexequibilidad del inciso acusado pues considera que impone una carga adicional a las personas que desempeñan actividades agrícolas y ganaderas con lo que en su criterio se desconoce lo previsto en los artículos 64, 65 y 66 constitucionales que establecen una protección especial del Estado para las actividades agrícolas al tiempo que se dificulta para los empleadores agrícolas el acceso al crédito y por ende la posibilidad misma de atender las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende garantizar con la norma acusada.
Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 “por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”, establece o no un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 13 superior y si vulnera o no los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución al señalar que “cuando se trámite un crédito ante la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario” se requerirá “acreditar haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero que funcione en la localidad más cercana al domicilio de sus trabajadores, o en la caja de compensación a que se hallare afiliado, los aportes ordenados por dicha ley”.
Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) los deberes de promoción en cabeza del Estado respecto de los trabajadores agrarios y las particularidades que se señalan en la Constitución para el caso del crédito agropecuario ii) el contenido y alcance del artículo donde se contienen las expresiones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.
3.1. Los deberes de promoción en cabeza del Estado respecto de los trabajadores agrarios y las particularidades que se señalan en la Constitución para el caso del crédito agropecuario.
Los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política (1) , constituyen el fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito, e igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo (C.P., art. 64) (2) . Así mismo para la promoción de actividades a favor del sector agropecuario en materia de producción de alimentos y productividad (C.P., art. 65) y la fijación de condiciones especiales en materia de crédito agropecuario (C.P., art. 66).
Cabe precisar, para efectos de la presente sentencia, que la referencia que se hace en el artículo 64 en cuanto al deber que asiste al Estado en estas materias se afirma es respecto del trabajador agrario y no en general al sector agrícola.
En cuanto a dicho sector los artículos 65 y 66 aluden concretamente i) a la prioridad que debe darse al desarrollo integral en esta materia así como a la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología que incrementen la productividad y ii) a la necesidad de tener en cuenta, en materia de regulación del crédito agropecuario, las características propias de dicho sector de la economía.
La jurisprudencia (3) ha resaltado en este sentido que la Constitución Política de 1991, otorga al trabajador del campo un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción que encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad no solo jurídica sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos y de que la intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social.
Ahora bien, cabe destacar que la jurisprudencia se ha referido a las condiciones especiales que en materia de crédito se establecen para el sector agrícola en la que igualmente se ha destacado la mención al trabajador agrario y su derecho al crédito.
“La Corte Constitucional se ha referido en el pasado a la actividad de fomento del Estado en punto al crédito agropecuario. Según la doctrina de esta corporación la formulación general de la política de estímulo crediticio en esta materia, de conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, corresponde a la ley. Sin embargo, el manejo concreto y la regulación específica de los instrumentos y programas de crédito, compete a la Junta Directiva del Banco de la República en virtud de las atribuciones que directamente le confiere la Constitución Política. La junta, de otro lado, no puede sustraerse al “deber del Estado” de facilitar a los trabajadores agrarios, mediante la concesión de “condiciones especiales”, el acceso al crédito. En esta oportunidad, la Corte reitera su doctrina, la que se condensa en el siguiente aparte de la Sentencia C-021 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
En su capítulo segundo, título 2, la Constitución consagra los “derechos sociales, económicos y culturales”, también conocidos como derechos de la segunda generación, cuyo significado esencial lo constituye el reconocimiento de que el hombre debe vivir y desenvolverse dentro de unas condiciones económicas, sociales y culturales acordes con su propia condición, y cuyo logro es responsabilidad del Estado. Según el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que le permitan a cada persona gozar, no solo de sus derechos civiles y políticos, sino de sus derechos económicos, sociales y culturales.
La Constitución otorga al trabajador del campo y al desarrollo agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción, con lo cual se pretende establecer una igualdad no solo jurídica, sino económica, social y cultural, partiendo del supuesto de que el crecimiento de este sector trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos del país, y de que el Estado debe intervenir para mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social.
Igualmente es pertinente precisar, que el citado artículo 64 consagra no solo una simple potestad, sino un deber del Estado, de facilitar el acceso al “crédito” de los trabajadores agrarios, “con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. La norma no hace distingos en punto a la calidad del beneficiario; por consiguiente, el derecho al crédito surge por la sola condición de “trabajador agrario”.
El desarrollo de los derechos incorporados en las referidas normas, exige la intervención del legislador, quien se encarga, a través de la ley, de definir los contornos de los programas o de las políticas con las cuales se alcanza la voluntad del constituyente. Pero además, cuando se trata de la implantación y manejo de un programa de crédito, no puede faltar la participación del Banco de la República, porque a pesar de la especial motivación y tratamiento, en razón de los potenciales beneficiarios, que inspiran las antedichas disposiciones constitucionales, la regulación sigue siendo potestad de la Junta Directiva del Banco de la República” (4) .
3.2. El contenido y alcance del artículo 70 de la Ley 21 de 1982.
El inciso acusado se encuentra contenido en el inciso 2º del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 “por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”, norma que en su artículo primero define el subsidio familiar como “una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad” (5) . Prestación que la Corte ha analizado en múltiples oportunidades para señalar entre otros aspectos, su naturaleza jurídica, desarrollo histórico y doctrinal (6) , sus características más relevantes y los criterios que la hacen exigible excepcionalmente a través de la acción de tutela (7) .
Al respecto la Ley 21 de 1982 señala quienes están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA) (art. 7º) (8) , las formas como resulta posible pagar dicho subsidio (art. 5º) (9) , la destinación de los aportes a que alude la ley (art. 12) (10) a quien se entiende por empleador para efectos del régimen del subsidio familiar (art. 14) (11) , donde deben efectuarse los pagos respectivos en regla general (art. 15) (12) , quienes y en que condiciones son beneficiarios (art. 18) (13) , algunas condiciones especiales en materia tributaria (art. 3º) (14) .
En relación con los trabajadores agrícolas específicamente el capítulo VI de la ley sobre “subsidio familiar del sector primario” señala reglas especiales que deben ser aplicadas sin perjuicio de que en lo no previsto se recurra a las reglas generales señaladas en la misma ley (15) .
El artículo 70 señala en el primer inciso que para que los pagos efectuados por concepto de salarios, subsidio familiar, aportes para el SENA, calzado y overoles para los trabajadores, sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, es necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero que funcione en la localidad más cercana al domicilio de sus trabajadores, o en la caja de compensación a que se hallare afiliado, los aportes ordenados por la referida ley.
El segundo inciso —que es el que acusan los demandantes— señala que igual comprobación —a saber la acreditación de la consignación oportuna de los aportes ordenados en dicha ley— se requerirá cuando se trámite un crédito ante la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario.
Finalmente el tercer inciso precisa que “las certificaciones de paz y salvo que se expidan para efectos de este artículo serán validas durante al año fiscal correspondiente”.
Cabe precisar que, como lo recuerda el señor Procurador General de la Nación, mediante el Decreto 1065 de 1999, se determinó la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., y se ordenó al Banco Agrario de Colombia S.A., asumir varias de las funciones de recibo, depósito y administración de dineros que por mandato legal se venían depositando en la Caja Agraria, dentro de las cuales se incluyó la administración del subsidio de vivienda rural y familiar.
Es decir que actualmente la referencia hecha en la norma acusada a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., debe entenderse referida al Banco Agrario de Colombia S.A.
Para los demandantes el inciso acusado establece un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 13 superior en cuanto impone una carga adicional a los ciudadanos y empresas que hacen parte del sector agropecuario, para efectos de poder acceder a la líneas de crédito a él destinadas que no se exige respecto de otros sectores de la economía nacional, con lo que además se vulneran los artículos 64, 65 y 66 constitucionales, normas mediante las cuales en su criterio el constituyente no solo pretendió promover el acceso al crédito de los campesinos, sino además que dichos créditos estuvieran acordes con las necesidades de los mismos.
4.1. Sobre el particular, ha de reiterarse que la jurisprudencia ha precisado, de manera invariable que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (16) .
La corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable (17) . La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico —sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente (18) —, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado (19) .
Se busca así establecer en cada caso i) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii) si el fin perseguido por la norma es un fin legítimo a la luz de la Constitución; iii) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes (20) .
4.2. Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que los supuestos a que aluden los demandantes, a saber la situación de una persona que tramita un crédito ante el Banco Agrario S.A. o ante cualquier institución que trámite o haga intermediación de crédito para el sector agropecuario, y la de quien lo hace ante cualquier otra institución crediticia y en relación con cualquier otro sector económico, resulta comparable pues si bien se trata de actividades económicas diversas frente a la solicitud de crédito en sí misma no cabe entender que exista alguna diferencia.
Debe examinar entonces la Corte si existe una finalidad constitucionalmente legítima para la diferencia de trato establecida en la norma pues mientras en el primer caso se requerirá acreditar la consignación oportuna de los aportes ordenados en la Ley 21 de 1982, en el segundo caso no se vislumbra en el ordenamiento jurídico la existencia de una obligación en el mismo sentido para el acceso al crédito en sectores de la economía diferentes del agropecuario (21) .
Al respecto la Corte encuentra que como se señala por los intervinientes de los ministerios de la Protección social y de Agricultura y como consta en los antecedentes de la norma (22) la finalidad aludida consiste en que a través de la exigencia hecha en la norma acusada se pretende facilitar el control de la evasión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21 de 1982 en relación con los trabajadores agrícolas.
La finalidad así señalada no puede considerarse por la Corte como contraria a la Constitución pues no solo existe el deber genérico de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (C.P., arts. 95-9 y 363) sino que concretamente el artículo 64 superior establece el “deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, y el subsidio familiar y las demás obligaciones a que alude el capítulo VI de la Ley 21 de 1982 sobre “subsidio familiar del sector primario” son claramente un instrumento para el cumplimiento de dicho deber constitucional.
Ahora bien, el establecimiento de medidas tendientes a controlar la evasión del pago de las obligaciones a que alude la Ley 21 de 1982 en el caso del sector agrícola no solo resulta legítimo frente a la Constitución sino que estas atienden a las particularidades de dicho sector, en cuanto los mecanismos de control tradicionalmente aplicables en los centros urbanos pueden resultar insuficientes o inadaptados al objetivo así perseguido.
De otra parte es claro para la Corte que ninguna irracionalidad o desproporción cabe predicar de la exigencia aludida pues esta al fin y al cabo consiste simplemente en la acreditación del cumplimiento de una obligación, que en todo caso cualquier empleador en los términos de la Ley 21 de 1982 pertenezca al sector agrícola o no debe cumplir. Es decir que la norma no está estableciendo como condición para el acceso al crédito una obligación diferente de la que cabe a cualquier empleador en esta materia, simplemente que en el caso del sector agrícola se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de la misma a través del respectivo paz y salvo, que en cualquier circunstancia todo empleador obligado a pagar el subsidio familiar debe obtener.
En tanto en cualquier circunstancia dicha obligación de pago oportuno de los aportes señalados en la Ley 21 de 1982 debe cumplirse, la exigencia adicional de simple acreditación hecha por la norma no puede afirmarse que constituya una carga desproporcionada para el empleador del sector agrícola que lleve a la Corte a considerar que con ello se establece un tratamiento discriminatorio contrario a la Constitución.
En ese orden de ideas ha de concluirse que no asiste razón a los demandantes en cuanto a la acusación que formulan en contra del segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 por el supuesto desconocimiento del principio de igualdad y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3. Ahora bien en cuanto al supuesto desconocimiento de los artículos 64 65 y 66 superiores como consecuencia del tratamiento discriminatorio a que aluden los actores, la Corte señala que no solamente como ya se señaló no puede entenderse desconocido el principio de igualdad en el presente caso sino que concretamente en relación con los mandatos contenidos en dichas normas superiores la disposición acusada se enmarca dentro de los mismos y particularmente se explica en función de los deberes que asisten al Estado frente a los trabajadores agrarios.
La Corte hace énfasis en efecto en que contrario a lo afirmado por los demandantes las normas superiores no aluden de manera genérica al sector agropecuario o a los productores agrícolas, sino que se refieren específicamente a los deberes del estado frente a los trabajadores agrarios (C.P., art. 64), a la especial protección del Estado para la producción de alimentos (C.P., art. 65) y a la posibilidad de tomar en cuenta las particularidades del sector agropecuario para regular en consecuencia las disposiciones que se dicten en materia crediticia (C.P., art. 66) y en este sentido —particularmente frente a las finalidades atrás señaladas del inciso acusado—, en nada encuentra la Corte que se contradigan los mandatos constitucionales, que por el contrario sirven de claro fundamento a la regulación establecida por el legislador en el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982. Legislador que precisamente tomó en cuenta las particularidades de dicho sector al establecer un mecanismo de control de la evasión del pago de las obligaciones señaladas en la misma ley a favor de los trabajadores agrícolas con el fin de protegerlos y atender así los deberes que le asisten en este campo.
Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad del inciso acusado frente a los cargos formulados y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Declarar EXEQUIBLE, frente a los cargos formulados, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 21 de 1982 “por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”.
(1) ART. 64.—Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
ART. 65.—La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
ART. 66.—Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.
(2) Cfr. Sentencia C-006 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver en el mismo sentido entre otras la Sentencia C-180 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(3) Sentencia C-006 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver en el mismo sentido entre otras las sentencias C-021 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonnell; C-1067 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-180 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(4) Sentencia C-615 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(5) En relación con las finalidades del subsidio familiar ha dicho la Corte “El subsidio familiar en Colombia ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar. Los medios para la consecución de este objetivo son básicamente el reconocimiento de un subsidio en dinero a los trabajadores cabeza de familia que devengan salarios bajos, subsidio que se paga en atención al número de hijos; y también en el reconocimiento de un subsidio en servicios, a través de programas de salud, educación, mercadeo y recreación. El sistema de subsidio familiar es entonces un mecanismo de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”. Sentencia C-508 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-653 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-713 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-588 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(6) Corte Constitucional. Sentencias C-508 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-559 de 2001, M.P. Álvaro Araújo Rentería y C-1173 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(7) Sobre este tema la Corte ha señalado que el derecho a recibir el subsidio familiar, que ha sido reconocido como una derivación prestacional del derecho a la seguridad social, puede ser reclamado por vía de tutela cuando el afectado es un menor de edad, pues la Constitución lo eleva en estos casos a la categoría de derecho fundamental. Cfr. sentencias T-223 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-753 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(8) ART. 7º—Están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (SENA):
(9) ART. 5º—El subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios en dinero, especie o servicios de conformidad con la presente ley.
(10) ART. 12.—Los aportes hechos por los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital y municipal y empleadores del sector privado, tendrán la siguiente destinación:
(11) ART. 14.—Para efectos del régimen del subsidio familiar se entenderá por empleador toda persona natural o jurídica que tenga trabajadores a su servicio y se encuentre dentro de la enumeración hecha en el artículo 7º de la presente ley.
(12) ART. 15.—Los empleadores obligados al pago e aportes para el subsidio familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los demás con destinación especial, según los artículos 7º y 8º deberán hacerlo por conducto de una caja de compensación familiar que funcione dentro de la ciudad o localidad donde se causen los salarios o de la caja más próxima dentro de los límites de los respectivos departamentos, intendencias o comisarías.
(13) ART. 18.—Son beneficiarios del régimen del subsidio familiar los trabajadores al servicio de los empleadores señalados en el artículo 7o. que, además, reúnan los siguientes requisitos:
2. Encontrarse dentro de los límites de remuneración señaladas en el artículo 20.
(14) ART. 3º—El subsidio familiar no es gravable fiscalmente.
Los pagos efectuados del concepto del subsidio familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA) son deducibles para efectos de la liquidación de impuesto sobre la renta y complementarios.
PAR.—Para que las sumas pagadas por los conceptos anteriores, lo mismo que las sufragadas por salarios y descansos remunerados, pueda aceptarse como deducciones será necesario que el contribuyente presente los respectivos certificados de paz y salvo con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la caja de compensación familiar de afiliación, en los que conste que el interesado pagó los aportes correspondientes al respectivo año fiscal.
(15) CAPÍTULO VI. Del subsidio familiar del sector primario
ART. 69.—Los empleadores cuyas actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la minería, la avicultura o la apicultura, pagarán el subsidio familiar por intermedio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero más cercana al domicilio de los trabajadores, o de una caja de compensación familiar según la regulación general.
ART. 71.—Los empleadores determinados en el artículo 70, deberán consignar en la agencia, sucursal u oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, o en la caja de compensación a que se hallaren afiliados, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles de cada mes, una suma equivalente al seis por ciento (6%) del valor de la dicha nómina del mes inmediatamente anterior.
PAR.—En caso de extemporaneidad en la consignación la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, cobrará intereses de mora, sin perjuicio de las sanciones legales.
ART. 72.—Para todos los efectos del subsidio familiar se presume que es trabajador permanente, el contratista o el subcontratista, por obra determinada, a destajo por tarea o a término fijo, de las labores propias del sector primario y ejecutadas en beneficio de las actividades directas del empleador de este sector, que haya celebrado en un semestre por lo menos un contrato en cuya ejecución se empleare por lo menos un mes.
ART. 74.—Las entidades encargadas del pago del subsidio familiar del sector agropecuario establecerán reglamentos especiales para acreditar las calidades que dan derecho al pago de las prestaciones.
ART. 75.—La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero podrá reglamentar lo concerniente a la forma de pago del subsidio familiar en dinero mediante la consignaciónmensual en cuentas de ahorro del valor de esta prestación.
ART. 76.—Los saldos acumulados correspondientes a reservas o remanentes no exigibles a corto plazo de que disponga la Caja Agraria, así como los dineros correspondientes a cuotas del subsidio familiar no reclamados por sus beneficiarios dentro de los términos legales de prescripción del derecho, serán invertidos en condiciones de rentabilidad superiores a las que ofrecen las cuentas de ahorro y repartidos junto con sus réditos al final de cada ejercicio a título de cuotas extraordinarias de subsidio en dinero entre los trabajadores beneficiarios.
ART. 78.—La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero organizará una dependencia que tendrá por objeto exclusivo la administración del Subsidio familiar del sector primario y de las empresas de otros sectores que paguen el subsidio familiar por medio de dicha caja. Esta dependencia tendrá un reglamento especial que contemplará el manejo administrativo y contable de los recursos captados por concepto de subsidio familiar.
(16) Ver Sentencia C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(17) Ver, entre muchas otras, la Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(18) La metodología de análisis para establecer una eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes sentencias: T-422 de 1992, C-230 de 1994 y C-1141 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-410 de 1994, C-507 de 1997 y C-952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-265 de 1994, C-445 de 1995 y C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001 y C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araújo Rentería; C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-973 de 2002 y C-043 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis SPV Manuel José Cepeda Espinosa; C-475 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño A.V. Jaime Araújo Rentería.
(19) Al respecto Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1108 de 2001, Ms.Ps. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-043 de 2003 y C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(20) Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(21) No sobra precisar que en cuanto a la existencia de mecanismos de control de la evasión de recursos parafiscales si existen el ordenamiento disposiciones como el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 —que no alude empero al manejo del crédito a que se refiere la disposición acusada respecto del sector agropecuario—. En cuanto al artículo 50 aludido su texto es el siguiente:
PAR. 2º—Será causal de terminación unilateral de los contratos que celebren las entidades públicas con personas jurídicas particulares, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar.
PAR. 3º—Para realizar inscripción, modificación, actualización o renovación, las cámaras de comercio deberán exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones en forma oportuna y completa con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y cuando sea del caso los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar.
(22) Según los antecedentes de la norma en la exposición de motivos consta al respecto lo siguiente:
3. El subsidio del sector primario (...).
El artículo 72 introduce una modificación aditiva al artículo 68 del proyecto porque autoriza a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a exigir una certificación de estar a paz y salvo en el pago de los aportes al subsidio familiar a aquellos empleadores del sector primario que soliciten o gestionen préstamos y servicios de asistencia técnica. Esta medida permitirá combatir la evasión muy considerable que se registra en el sector primario por parte de los empleadores que tienen obligación de cubrir el subsidio”. Historia de las Leyes, II Época. Tomo I, Legislatura de 1982, Bogotá D.E., 1983, pág. 416.