Source: http://blogs.scba.gov.ar/camaraciviltrenquelauquen/
Timestamp: 2020-01-20 04:03:08
Document Index: 605856

Matched Legal Cases: ['artículo 1769', 'artículo 1769', 'artículo 1113', 'artículo 1757', 'artículo 1575', 'artículo 1744', 'artículo 165']

Fecha del Acuerdo: 8-1-2020
Publicado el 10 Enero, 2020 by camaraciviltrenquelauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Salto Libro: 51- / Registro: 02
Autos: “B., G. E. S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12.569) (DDO: A., I. V.)” Expte.: -91615-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “B., G.E.S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12.569) (DDO: A., I. V.)” (expte. nro. -11111657-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 8-1-2020, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación subsidiaria del 3/12/2019 contra la resolución del 26/11/2019?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
.A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Contra la resolución del 26 de noviembre de 2019, G. E. B, interpuso dos recursos: de aclaratoria (arg. art. 166.2 del Cód. Proc.) y de apelación (art. 242.2 y concs. del Cód. Proc.). El segundo, en subsidio del primero. Pero planteando una temática similar: que no se había resuelto sobre la situación de M y la modificación ‘pro vías de hecho de su centro de vida’ (escrito del 3 de diciembre de 2019, I, segundo párrafo y II, segundo párrafo). La jueza, que no objetó tal condicionamiento de los recursos, denegó el de aclaratoria, mantuvo la resolución y concedió el de apelación. Pero lo hizo sin sostener con fundamento alguno el rechazo del primero. Cuando era menester hacerlo. No solamente porque es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva e interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando las jerarquías de las normas vigente y el principio de congruencia (arg. art. 34.4 del Cód. Proc.). Y, como se ha dicho, la aclaratoria tiene alma de sentencia definitiva y cuerpo de interlocutoria (López Mesa- Rosales Cuello, ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’, t. II, pág. 554.2, tercer párrafo). Sino, además, por la ligazón temática que el impugnante estableció entre ambos, sin que tal proceder fuera desacreditado. En este marco, al omitir una adecuada ponderación explicativa sobre las razones de admisibilidad o procedencia, por las que se optó por denegar la aclaratoria, se privó a esta alzada de efectuar un efectivo control lógico o de motivación y, por lo tanto, de evaluar –a partir de tales antecedentes- si la apelación, formulada en subsidio, contaba o no con sustento suficiente (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.). Por ello, en sintonía con tales postulados, corresponde declarar la nulidad de la decisión que denegó la aclaratoria, sin fundamento (arg. art. 34 inc. 4 del Cód. Proc.). Dejando sin efecto, por implicancia, la concesión de la apelación. Debiendo volver los autos a la instancia inicial para que, fundadamente, se resuelva sobre la aclaratoria y –eventualmente– sobre la apelación condicionada.
El 3/12/2019 B., interpuso aclaratoria con apelación en subsidio contra la resolución del 26/11/2019, ambos recursos con igual objeto tal como lo ha explicado el juez Lettieri. Del modo en que fueron concatenados los recursos, parece claro que para permitir todo análisis de la apelación subsidiaria debe mediar una previa decisión de la aclaratoria; una previa decisión válida porque si es nula entonces no hay en rigor ninguna decisión, entonces es como si la aclaratoria nunca hubiera sido resuelta. Y bien, es nula la resolución de la aclaratoria, de fecha 12/12/2019, pues carece en absoluto de toda fundamentación: se puede leer “Denegase (sic) la aclaratoria interpuesta y mantiénese la resolución de fs. 114/115.” (art. 3 CCyC; art. 34.4 y arg. arts. 169 párrafo 2° y 172 cód. proc.). Hago notar que una previa decisión válida sobre la aclaratoria podría hacer desaparecer el gravamen que acusa la recurrente, tornando inadmisible en forma sobreviniente la apelación subsidiaria (arg. arts. 242, 34.5.e y 163.6 párrafo 2° cód. proc.). Así, sin previa decisión válida sobre la aclaratoria, deviene inválida también, por prematura, la concesión de la apelación subsidiaria del mismo día 12/12/2019 (arg. arts. 169 párrafo 2° y 174 cód. proc.). En conclusión, queda la causa en espera de una resolución válida sobre la aclaratoria, recaudo previo y necesario para abrir todo juicio luego sobre la apelación subsidiaria. Adhiero así al voto que abre el acuerdo (art. 266 cód. proc.).
Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto que abre el acuerdo, en los términos en que lo hace el segundo.
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde, con habilitación de días para evitar perjuicios evidentes a las partes (art. 153 cód. proc.), declarar nula la resolución del 12/12/2019 en tanto decide la aclaratoria y consecuentemente concede la apelación subsidiaria.
TAL MI VOTO
.A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE: S E N T E N C I A Por lo que resulta del precedente Acuerdo, con habilitación de días, la Cámara RESUELVE: Declarar nula la resolución del 12/12/2019 en tanto decide la aclaratoria y consecuentemente concede la apelación subsidiaria. Regístrese. Notifíquese eletrónicamente (art. según corresponda (arts. 143, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.
Fecha del Acuerdo: 7-1-2020
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2
Libro: 51- / Registro: 1
Autos: “DEL VALLE TEODORO C/ I.N.S.S.J.P – P.A.M.I S/ AMPARO” Expte.: -91614-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de enero de dos mil veinte, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “DEL VALLE TEODORO C/ I.N.S.S.J.P – P.A.M.I S/ AMPARO” (expte. nro. -91614-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 7-1-2020, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la apelación de fs. 267/268 vta. contra la resolución de fs. 255/259 vta.?
.SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
.A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
1- A f. 267 vta. párrafo 5° el PAMI dice que el amparo no actúa como accesorio de otra pretensión, pero no niega la posibilidad de que una pretensión cautelar actúe como accesoria de la de amparo, posibilidad que por otra parte viene reconocida por la lex fori (art. 9 y 16.2 ley 13928). En el caso el juzgado, a través de la resolución de fs. 255/259 vta., hizo lugar inaudita pars al pedido cautelar de f. 249 vta./250 vta., concediendo luego con efecto devolutivo y cita de los arts. 232 y 233 CPCC la apelación contra ella (f. 269 ap. 2). Tratándose de la cautela de un afirmado derecho sensible (a la salud, a la vida) de una persona vulnerable (adulto mayor de 80 años de edad) pudo el juzgado expedirse sin previa sustanciación según lo reglado en el art. 4.3 de la ley 26854, resultando ello a la postre un ajuste razonable de procedimiento (art. 31 ley 27360) que no hace más que retomar la tradición en materia precautoria (art. 198 cód.proc.). Por fin, siendo los agravios la medida de la competencia de la alzada, leyendo los expresados a fs. 267/268 vta. no registro ninguna crítica tendiente a hacer valer lo reglado en el art. 3.4 de la ley 26854, cuestión que, así, queda ahora fuera del ámbito revisor posible (arts. 34.4 y 266 cód. proc.). 2- El juzgado concluyó: a- en dos ocasiones, que, con la documental acompañada por el amparista, se encuentran acreditados los antecedentes del estado de salud del actor, su patología, su discapacidad, estudios realizados y tratamientos indicados (ver f. 255 ap. 1 párrafo 1° y f. 257 vta. ap. 3.1. párrafo 1°); b- complementariamente, a f. 257 vta. ap. 3.1. párrafo 2°, que el diagonóstico actual del amparista requiere reemplazar la válvula aórtica por el método TAVI, debido a su afección de ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA- CRÍTICA. En los agravios que sustentan la apelación –los que, repito, marcan el límite de la competencia de la cámara, arts. 34.4 y 266 cód. proc.- no hay objeción puntual, concreta y razonada respecto de dichas conclusiones, como así tampoco respecto de la documental evaluada por el juzgado para arribar a ellas (art. 25 ley 13928 y arts. 260 y 261 cód. proc.). El proceder procesal del PAMI, dejando enhiestos esos elementos, confiere espaldarazo suficiente a los fines de justificar la alta verosimilitud del derecho invocado y el peligro para el resultado útil del proceso en defecto de protección cautelar (arg. arts. 163.5 párrafo 2°, 384, 260 y 261 cód. proc. y art. 263 CCyC). Con eso queda sostenida cuanto menos la fuerte apariencia de una situación en la que se exhiben como comprometidos derechos sensibles (a la salud, a la vida) de una persona vulnerable (adulto mayor de 80 años de edad). Ante ese panorama, se advierte que el PAMI admite que al amparista le corresponde una prestación (f. 267, 2° apartado 2, párrafo 1°), pero resiste el TAVI reclamado por el actor so pretexto de motivos (los mismos que usó prejudicialmente, ver f. 267 vta. al final y f. 268 párrafo 1°) cuya acabada demostración (de existencia y de razonabilidad) en todo caso le incumbe (lo que eventualmente podrá hacer durante el proceso, dentro del plazo otorgado por el juzgado, ver f. 259 ap. 2, plazo inobjetado por nadie), no siendo suficiente para revertir la protección cautelar su mera reedición judicial nada más alegándolos al fundar la apelación sub examine. Dicho sea de paso, las dos negativas prejudiciales del PAMI sin duda alguna evidencian que la vía administrativa no le permitió al accionante conseguir “igual protección” que la aquí cautelarmente lograda (ver agravios expuestos en los párrafos anteúltimo y antepenúltimo, a f. 267 vta.). En resumen, atento el estado de autos y tratándose de derechos sensibles de una persona vulnerable, para enervar la resolución cautelar correspondía al PAMI al menos indicar de qué elementos de juicio incorporados la proceso pudiera resultar la realidad y la razonabilidad de los motivos esgrimidos extrajudicialmente para resistir el TAVI y tan sólo reproducidos literalmente aquí al fundar su apelación. Pongo de relieve que no se trata de la inversión de la carga probatoria sino de un adecuado escalonamiento cual ajuste razonable de procedimiento (art. 31 ley 27360): ante la incuestionada presencia de derechos sensibles de una persona vulnerable, le compete al PAMI adverar la existencia y la razonabilidad de las excusas para resistir el TAVI ordenado cautelarmente (ver “DERECHOS SENSIBLES DE PERSONAS VULNERABLES E INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA” , ponencia presentada por Mariana Cucatto y Toribio E. Sosa en el V Coloquio Nacional de Retórica y IV Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 6-8 noviembre 2019; también “PROCESOS CON PERSONAS ADULTAS MAYORES”, ponencia presentada por Mercedes Esnaola, Verónica Gallo, María Sarbucci y Toribio E. Sosa en el XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal, San Juan, 12-14 setiembre 2019).
2- No habiéndose todavía sustanciado la pretensión principal, en la primera ocasión disponible, al fundar la apelación de que se trata, el PAMI articuló la incompetencia de la jurisdicción local, con cita del art. 14 de la ley19032 (ver ap. 4, fs. 268/vta.). Articulación que fue suficientemente bilateralizada al correrse traslado de la expresión de agravios (art. 34.5.c cód. proc.).
3- Contra lo decidido por el juzgado (ver aps. 1.1., 1.2. y 2, a fs. 255 vta./256 vta.), le asiste razón al PAMI, pues corresponde intervenir a la jurisdicción federal (art. 14 1ª parte ley 19032; arts. 31 y 116 Const.Nac.; art. 34.4 cód. proc.). Acaso estirando el rendimiento de la 2ª parte del art. 14 de la ley 19032 habría podido sostenerse que el PAMI pudo consentir como demandado lo mismo (la competencia local) que habría podido aceptar como actor, pero ese argumento es contrafáctico en el caso, ya que –insisto- no bien se presentó por primera vez el PAMI entabló declinatoria.
4- No está de más poner de manifiesto que la incompetencia de la jurisdicción local no invalida lo decidido en materia cautelar, tratándose de derechos sensibles de una persona vulnerable (art. 2.2 párrafo 1° ley 26854). Cuadra, eso sí, la inmediata remisión de las actuaciones a la justicia federal para la prosecución de la causa, lo cual incluye la revisión oficiosa de la medida cautelar por el juez receptor sin los límites a los que ha debido ceñirse esta cámara (art. 2.2. párrafo 2° ley 26854; arg. arts. 34.4 y 266 cód. proc.). ASÍ LO VOTO.
5- A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO: Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
6- A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO: Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.
7- A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO: Corresponde, con habilitación de días para evitar perjuicios evidentes a las partes (art. 153 cód. proc.): a- desestimar la apelación contra la medida cautelar ordenada por el juzgado, con costas de 2ª instancia al apelante infructuoso (arts. 69 y 77 párrafo 2° cód. proc.); b- estimar la apelación en cuanto a la competencia, debiendo remitirse de inmediato la causa a la justicia federal, con costas a la parte apelada que propició la actuación de la justicia local e ignoró por completo el planteo de incompetencia en su escrito de fs. 282/287 (arts. cits. en a-); c- diferir, y eventualmente deferir, la regulación de los honorarios devengados en 2ª instancia (art. 290.a CCyC; arts. 26 párrafo 1°, 31 y 51 ley 14967; art. 34.5.b cód. proc.; ver mi “Competencia y deferencia” en Rubinzal-Culzoni, Doctrina de la Página Web, RC D 861/2019). TAL MI VOTO.
8- A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO: Que adhiere al voto que antecede
9- .A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO: Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión
10- .CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
11- S E N T E N C I A Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara, con habilitación de días, RESUELVE: a- Desestimar la apelación contra la medida cautelar ordenada por el juzgado, con costas de 2ª instancia al apelante infructuoso; b- Estimar la apelación en cuanto a la competencia, debiendo remitirse de inmediato la causa a la justicia federal, con costas a la parte apelada que propició la actuación de la justicia local e ignoró por completo el planteo de incompetencia en su escrito de fs. 282/287; c- Diferir, y eventualmente deferir, la regulación de los honorarios devengados en 2ª instancia. Regístrese. Notifíquese electrónicamente (art. 25 2a parte ley 13928). Hecho, previo conocimiento de la Receptoría de Expedientes (arg. art. 45 párrafo 2° AC 3397/08), remítase la causa al Juzgado Federal de Junín (art. 18 ley 21161 según art. 1 ley 23371, y art. 6 ley 26786).
Fecha del Acuerdo: 27-12-19
Publicado el 27 Diciembre, 2019 by camaraciviltrenquelauquen
Juzgado de origen: Familia n° 1
Libro: 48- / Registro: 121
Autos: “R.,B. B. S/ ABRIGO”
Expte.: -90719-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “R., B. B. S/ ABRIGO” (expte. nro. -90719-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 14/11/2019, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación de foja 364/vta. contra la resolución del 26-10-2018?.
1. El juzgado resolvió en el decisorio apelado de fecha 26-10-2018 la prórroga de la guarda del niño B.B. otorgada al matrimonio C.-U. por el término de un año y la privación de la responsabilidad parental de D. R., respecto de su hijo B.B.
2. Atinente al tramo del decisorio que decide prorrogar la guarda provisoria en cabeza del matrimonio C.-U., la medida dispuesta venció o bien en el mes de marzo o en el mejor de los casos en el mes de octubre del corriente año (ver punto 1 de la parte dispositiva de la resolución apelada; fs. 358) y carece ahora de virtualidad, razón por la cual se ha tornado abstracta la apelación en este tramo (arg. art. 242 cód. proc.; esta cám., “M., M. c/ V., J.P. s/ Protección contra la violencia familiar” 16/3/2017 lib. 48 reg. 47; también en “B., M.C. y otro s/ Protección contra la violencia familiar” 9/4/2019 lib. 50 reg. 100; etc.).
3. En segundo lugar y para referirnos al tramo del decisorio que declara la pérdida de la responsabilidad parental de D. R., respecto del niño B.B., es aconsejable hacer un resumen de lo sucedido hasta allí para ubicarnos en el proceso: la decisión de otorgamiento de guarda provisoria al matrimonio C.-U. de fs. 135/136 del 1-3-2017 respecto del niño B.B., fue oportunamente apelada por la progenitora de éste, quien además solicitó la restitución de su hijo.
Esta Cámara frente a ello decidió a fs. 343/347 con fecha 12-9-2018 que si bien no estaban dadas las condiciones para restituir el niño a su madre, era necesario realizar una búsqueda de familia ampliada en consonancia con la normativa nacional e internacional en la materia y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (me remito al pormenorizado detalle realizado en el voto del juez Lettieri y en particular a los familiares del niño que allí se mencionan).
Paralelamente y con un orden administrativo poco aconsejable, dentro de este mismo trámite de “Abrigo” se dispuso ante pedido del Asesor de Menores (ver escrito de fs. 122/124vta.) dar traslado a D. R., de la acción introducida por el funcionario relativa a la pérdida de la responsabilidad parental de R., respecto de su hijo, dándole a ello trámite sumario (ver fs. 125/126, decisión del 23-2-2017).
Así, esta acción fue respondida por R., a fs. 218/221 con fecha 6-7-2017, ofreciendo prueba (ver en particular fs. 221), la que s.e.u o. aun no ha sido proveída. Es decir que el proceso sumario de pérdida de responsabilidad parental de R., respecto de su hijo se encuentra en pleno trámite.
Ahora bien, sin haberse realizado la búsqueda de familia ampliada decidida por esta cámara a fs. 343/347; ni abrirse la causa prueba por la pérdida de la responsabilidad parental planteada oportunamente por el Asesor, el juzgado prácticamente inmediatamente después de volver el expediente a primera instancia luego del decisorio que ordenaba la bùsqueda de familiares del niño, dicta la resolución apelada de fs. 353/358vta. que prorroga la guarda provisoria en cabeza del matrimonio C.,-Ur., y decide la privación de la responsabilidad parental de D. R. respecto de su hijo B.B., comunicando lo decidido al Registro de Adoptantes.
4. Este decisorio es apelado por la progenitora del niño quien expresa agravios a fs. 418/425, planteando el primer lugar la nulidad de la sentencia por prematura, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por esta cámara en decisorio del 12-9-2018 que corre a fs. 343/347, como tampoco a la apertura a prueba del proceso de pérdida de responsabilidad parental cuando hubo ofrecimiento (ver presentación de fs. 218/221) y haberse dictado sentencia sin más.
5. Y le asiste razón a la apelante: luego de la contestación de la demanda entablada, no hay decisión que abra la causa a prueba ni la declare de puro derecho, como tampoco producción de la prueba ofrecida en esa contestación. Y sí dictado de sentencia.
Va de suyo que el temperamento adoptado por la sentenciante descalifica al fallo apelado como acto jurisdiccional válido y lo torna incompatible con el debido proceso legal al no cumplir con los correspondientes pasos previos ineludibles para el dictado de una sentencia válida, conculcando el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, circunstancias que acarrean, inevitablemente, su nulidad, lo que así corresponde declarar (arts. 18 de la Constitución Nacional; 8.1. Pacto de San José de Costa Rica; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163, 242, 243, 253, cód. proc.).
Es que un vicio de tal magnitud admite incluso la nulidad de la sentencia de oficio, al conculcarse flagrantemente el derecho de defensa. Ello sucede como en el caso cuando se dicta una sentencia prematura al hacerlo sin abrir la causa a prueba ni declararla de puro derecho cuando la prueba fue ofrecida.
Siendo así, entiendo corresponde declarar por prematuro la nulidad del decisorio apelado en el tramo que decide la pérdida de la responsabilidad parental de D., R. respecto de su hijo B.B., debiendo ser oportunamente decidido el tema por juez habilitado.
6. Sin perjuicio de lo anterior, y siendo que ha transcurrido más de un año desde que esta cámara dispusiera que se realizaran las gestiones tendientes a ubicar familia ampliada del menor B.B., sin que a la fecha se adviertan actos tendientes a ese fin, ìnstase al juzgado y a los funcionarios intervinientes a dar en conjunto o separadamente los pasos necesarios a ese fin, con el objeto de dilucidar lo antes posible la situación del menor B.B.; incluso arbitrar todos los medios a su alcance para concretar lo antes posible la pericia biológica del niño (arts. 3, 4, 5, 7, 8, 9 y concs. Conv. Derechos del Niño).
La cámara, el 12/9/2018, dispuso hacer lugar a la apelación de D. N. R., en cuanto había planteado que se agote la posibilidad de que algún familiar de su hijo B. B. R., asuma su guarda. Y, bien o mal, dispuso eso “…en caso que se decida prorrogar su vigencia –aclaro: la vigencia de la guarda provisional-, según lo expresado en el punto cuatro al ser votada la primera cuestión.”
Ante ese estado de cosas, el 11/10/2018 U. y C. pidieron la prórroga de la guarda provisional de B. B. R., y, al hacer lugar a esa prórroga, en vez de sólo procurar a partir de allí agotar la posibilidad de que algún familiar del niño asuma su guarda, el juzgado precipitadamente privó a la madre de la responsabilidad parental sobre su hijo.
El juzgado, así, al disponer la privación de la responsabilidad parental no sólo desoyó la referida previa decisión de la cámara, sino que además no dio cumplimiento a lo reglado en los arts. 487, 493 párrafo 2°, 842, 849 y concs. CPCC (ver f. 221 y providencias del 23/2/2017 y del 24/8/2017). Conculcó así, en su prematuridad, los antecedentes lógicos jurisdiccional y normativo, vicios que, no habiendo sido consentidos por la apelante perjudicada, llevan a o derivan en la declaración de nulidad de dicha privación (art. 18 Const. Nac.; arts. 169 párrafo 2°, 172 2ª parte y 174 cód. proc.).
Adhiero en esos términos al voto inicial (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término.
Corresponde declarar la nulidad de la resolución del 26/10/2018 en tanto declara la pérdida de la responsabilidad parental de D. N.R., respecto de su hijo B. B. R. Con costas a los apelados sustancialmente vencidos (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
Declarar la nulidad de la resolución del 26/10/2018 en tanto declara la pérdida de la responsabilidad parental de D. N.R., respecto de su hijo B. B. R. Con costas a los apelados sustancialmente vencidos y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.
Fecha del Acuerdo: 26-12-19
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
Libro: 48- / Registro: 120
Autos: “ERRO HUGO C/BETANZOS HERMANSO S.H. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte.: -91529-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “ERRO HUGO C/BETANZOS HERMANSO S.H. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91529-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 12-12-2019, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la apelación articulada con el escrito electrónico del 18 de octubre de 2019?
SEGUNDA: ¿lo es la interpuesta con el escrito electrónico del 22 de octubre de 2019?
TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
Ciertamente, que el artículo 1769 del Código Civil y Comercial haya dispuesto que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos, no conduce razonadamente a interpretar que tal factor de atribución sólo se aplica cuando se trata de vehículos en movimiento, quedando absolutamente excluido en otros casos, como por ejemplo, cuando uno de ellos se encuentre estacionado.
Es que en uno de sus sentidos el término ‘derecho’ se refiere a un sistema de proposiciones que se organizan en múltiples textos interrelacionados de modo coherente, con significado unitario. Y esta propiedad es válida no sólo al interior de un texto legal, sino entre diversos textos legales que, una correcta hermenéutica conduce a ensamblar adecuadamente.
Por ejemplo, en la materia que ocupa, no es posible quedarse con lo dispuesto en el citado artículo 1769 del Código Civil y ¨Comercial, descuidando que el 1757 del mismo cuerpo normativo, ha dejado dicho que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas y que esa responsabilidad es objetiva. Porque hacerlo, equivale a ignorar el carácter sistemático de la disciplina jurídica. Y brindar al caso una solución errónea, al excluir dogmáticamente del factor de atribución objetivo, el accidente de la especie.
Cuando recalar sistemáticamente en este último enunciado conduce a aplicar la tradicional doctrina de la Suprema Corte, en el sentido de que cosa productora de riesgo debe considerarse aquélla que en función de su naturaleza, o según su modo de utilización, genera peligros a terceros. Pues tal precepto -lo mismo que antaño el artículo 1113 del Código Civil- no habla de cosa riesgosa, sino del riesgo de la cosa. El que puede resultar de la conexión con diversos factores, por lo que el Juez en cada oportunidad debe preguntarse si la cosa genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima (S.C.B.A., A 73122, sent. del 29/11/2017, ‘López, Ivana contra Municipalidad de La Plata. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley’, en Juna sumario B4003141).
Todo lo cual permite concluir que, aunque fuera que la camioneta no estaba circulando sino estacionada, lo cierto es que de acuerdo al testimonio de Aldo Gómez -a la sazón empleado de la demandada y ofrecido por ella-, ese sólo dato no aparece determinante para excluir el factor de imputación objetivo, en los términos del artículo 1757 del Código Civil y Comercial.
Porque de acuerdo a la versión de Gómez que la sentencia recoge y la apelante no impugna, resulta que traían un chango con chapas que sobresalían al menos un metro. Y es en esas condiciones en que estaban estacionados, estimándose que cerca de la esquina. De modo que Erro al doblar se encontró con la camioneta y chocó contra las chapas, no contra el chango.
Fue en sintonía con tales postulados que se consideró en la sentencia que esa camioneta, con un chango cargado de chapas que sobresalían a la vía pública, estacionada cerca de una esquina, configuraba una cosa riesgosa.
De lo cual derivó que correspondía al demandado haber demostrado la causa ajena para eximirse de responsabilidad, lo que en el proceso no había ocurrido (arg. arts. 1722 y concs. del Código Civil y Comercial).
Entonces, si frente al marco que brindan esos hechos, el foco del agravio fue que el accidente quedaba fuera de factor de responsabilidad objetivo, prendiendo que fuera incluido en el subjetivo, basado en la culpa o dolo, sólo por la interpretación asistemática del artículo 1575 del Código Civil y Comercial, queda demostrado con lo precedente que la queja no tiene sustento (arg. art. 260 del Cód. Proc.).
Por manera que en esta parcela, el recurso es infructuoso.
En punto al daño material, resulta que las copias fotográficas acompañadas con la demanda (fs. 10/11), no fueron particularmente cuestionadas en su autenticidad. Tratándose de documentos particulares no firmados (fs.89.VIII, documental, 153/vta., VIII, documental; art. 287, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial; arg. art. 354 inc. 1 del Cód. Proc.). Son elementos que no se atribuyen ni a la demandada ni a la aseguradora, es cierto. Pero se le oponen, como demostración de hechos alegados.
En esas constancias se aprecian algunos daños en la moto: cierta rotura en la manopla, en la palanca manual (fs. 10, arriba), en un pedal, en el farol delantero, en la carcasa de tablero (fs. 11, abajo y arriba). Esas roturas, se representan apropiadas al accidente en que el motociclista chocó contra las chapas que sobresalían del chango que tiraba la camioneta. En este sentido, el artículo 1744 del Código Civil y Comercial indica que si bien el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, eso hace excepción cuando surge notorio de los propios hechos. Y esta evidencia es uno de los datos que tuvo en cuenta el juez en su sentencia para admitir el rubro, y que sin embargo no fue puntualmente desacreditada por la apelante (fs. 211, III.D., primer párrafo; arg. arts. 260 y 261 del Çód. Proc.).
Sumado a ello, la recurrente no señaló en sus agravios, algún elemento de proceso que descartara esa apreciación. Negó esos daños, pero -ante lo que mostraban aquellos documentos particulares no firmados- no produjo prueba alguna tendiente a quitarles verosilimitud (arg. art. 287, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial; arg. art. 384 del Cód. Proc.).
Cuanto a los presupuestos que fueron sustento de la cotización del reclamo, el juez argumentó en torno a que si el artículo 165 del Cód. Proc. le facultaba a ejercer su prudencial criterio para determinar el monto del crédito, no se observaba impedimento para privarlo de la posibilidad de acudir a elementos semejantes para calibrar su estimación. Y este argumento, que tiene sustento legal, no fue puntualmente atacado con una crítica razonada y concreta (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).
Por manera que aunque fuera exacto que las apreciaciones en torno a los artículos 386 del Cód. Proc. y 263 del Código Civil y Comercial merecieran las observaciones que la recurrente desarrolla en su expresión de agravios, con lo anterior es suficiente para admitir el perjuicio (arg. arts. 1737, 1739, 1744, del Código Civil y Comercial; arg. arts. 163 inc. 5, segundo párrafo, 384 y concs. del Cód. Proc.).
Igualmente en este tramo, el recurso ha de ser desestimado.
Queda por tratar el reproche dirigido a la readecuación del monto de la demanda.
Lo primero a decir es que el actor, en su demanda, dejó la suma pedida supeditada a lo que ‘en más o en menos resulte de las probanzas a producirse’ (fs. 25.I, párrafo final). Y en torno a esa frase la Suprema Corte ha interpretado, no hace mucho, que: ‘El fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada en la demanda si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo al monto peticionado. Dicha intención queda demostrada, si al reclamar en la demanda, se lo hizo refiriendo dicho reclamo “a lo que en más o en menos resulte de la prueba” (art. 163 inc. 6º, C.P.C.C.)’ (S.C.B.A., C 122728, sent. del 06/11/2019, ‘Piris, Aniceta c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B22425).
Como puede apreciarse, el pronunciamiento no se ha apartado de los términos en que quedó trabada la litis.
Además, al parecer el quejoso confunde la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los “valores actuales” (en el caso, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en la actualidad) con la utilización de aquellos mecanismos de ‘actualización’, ‘reajuste’ o ‘indexación’ de montos históricos, cuya aplicación quebrantaría la prohibición expresamente contenida en el art. 7 de la ley 23.928, mantenida aún hoy luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561. Estos últimos suponen una operación matemática, en cambio la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, lo cual constituye la expresión de la facultad conferida al juzgador por la última parte del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial en punto a la determinación del quantum de la indemnización por los perjuicios causados (S.C.B.A., C 120946, sent. del 08/11/2017, ‘ Andaluz, Ana Noemí contra Izaguirre, Alberto Marcos y otro. Daños y perjuicios’, en Juba B22425; idem., C 120192, sent. del 07/09/2016, ‘Scandizzo de Prieto, Julia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B4202168).
En fin, como cierta vez se dijo en viejo fallo -que se pensó no iba a tener que recordarse- el reconocimiento de la depreciación monetaria sobreviniente -en este caso mediante la adecuación de los montos de la demanda- no acuerda una indemnización mayor, sino que sólo procura mantener, en la medida permitida, aquel valor adquisitivo real (C.S., ‘Ameri, Nicolás E. c/ Angela D´Ignacio y otros. Cabot Argentina S.A. c/ Automación Aplicada S.A. Estado Nacional c/ Santa Isabel S.A.’, 1981, Fallos: 303:1665).
En mérito a lo expuesto precedentemente, pues, el recurso se desestima en todas sus partes. Con costas a quien apeló (arg. art. 68 del Cód. Proc.).
1. No hay yerro del juez en cuanto a la edad y la esperanza de vida del hombre en la Argentina.
Sucede que el magistrado tomó el primer dato a la fecha de la demanda, no del siniestro como lo hace el recurrente. Y a ese momento, Erro tenía 24 años (nació el 12 de junio de 1993 y la acción fue articulada el 24 de agosto de 2017; fs. 8 y 32).
Además no fue objeto de crítica concreta y razonada que debiera haberlo computado desde el momento elegido por el apelante (arg. art. 260 y 261 del Cód. Proc.).
Concerniente al segundo, ocurre que el impugnante toma el promedio entre varones y mujeres. Mientras que para los varones, en 2017, la esperanza de vida computada era de 72,96 (consultar //datosmacro.expansion.com/demografía/esperanza-vida/argentina).
De acuerdo a datos del INDEC la esperanza de vida elaborada en base a la tabla de mortalidad, llegaría, para varones, a 74,90 recién en 2020 (cuadro 5, en ‘Estimación y proyecciones…’ https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf).
En suma, el cuestionamiento analizado, no puede tener aceptación.
2. Para rechazar el daño psicológico y psíquico que la actora dijo haber padecido por el accidente, el juez sostuvo que, con arreglo a los peritajes psicológicos y psiquiátricos incorporados al proceso, no presentaba afecciones psicológicas ni psíquicas. Por manera que es infundada la afirmación que desestimó el rubro ‘simplemente’ con el argumento que dichas pericias no se habían observado (fs. 210.III.b y 225/vta. 2.B).
Yendo más profundamente en la disección de los informes, del presentado por la licenciada Cristina Moreira se desprende que la estructura psíquica del entrevistado no se ha modificado como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la evaluación. Concretamente que no registra patología incapacitante cronificada y consolidada. Observa un sufrimiento normal generado por el padecimiento físico, trastornos emocionales de carácter transitorio que no han dejado secuelas incapacitantes. En definitiva, no registra una incapacidad psíquica que lo imposibilite, ni una dimensión clínica ni una dimensión psicopatológica. El infortunio atravesado, concluye, no ha ocasionado algún grado de incapacidad de las aptitudes mentales previas. Al grado que no considera que debe realizar tratamiento psicológico por los hechos que motivaron la pericia (escrito electrónico del 10 de abril de 2019).
Del presentado por la perito médica psiquiátrica, se colige que se trata de una persona que conserva actualmente sus facultades mentales indemnes, No presenta indicadores de enfermedad psiquiátrica, No surgen elementos de afección psíquica en relación al accidente padecido ni elementos de discapacidad psíquica. Tampoco criterios médicos para sugerir un tratamiento psicofarmacológico por la especialidad (escrito electrónico del 18 de junio de 2019; arg. arts. 354 y 474 del Cód. Proc.).
Pues bien, es claro que frente a lo que informan las expertas no puede tenerse por existente el daño psíquico, como fue postulado en la demanda (fs. 28 y vta.).
Como ya ha dicho esta alzada, una cosa son las aflicciones, mortificaciones, preocupaciones, sinsabores, fastidios, molestias, zozobras, incertidumbres, etc. causados por un hecho ilícito y sus consecuencias (internaciones, operaciones, tratamientos, etc.) y otra cosa es el “surco neural” que el hecho ilícito pueda dejar en la persona de modo tal que se altere patológicamente su modo de relacionarse consigo misma, con los demás, con el mundo y con el futuro: lo primero es daño moral; lo segundo es un daño psíquico, una suerte de daño físico sofisticado, un daño neural (la psiquis no es el cerebro, pero ahí “se aloja”).
A su vez, dentro del daño psicológico ha de distinguirse entre: a- el que es susceptible de ser remitido a través del respectivo tratamiento; b- el que, pese al tratamiento, va a permanecer indeleble. El referido primer tramo es resarcible a través del reconocimiento del importe del tratamiento; el segundo, en tanto se traduzca en trastorno mental irreversible que restrinja el espacio de posibilidades de acción del sujeto, es una variante de incapacidad sobreviniente permanente (causa 88255, sent. del 04/12/2012, ‘Marinelli, Silvina Ana c/ Sanchez Wrba, Diego Osvaldo c/ caños y perjuicios’, L. 41, Reg. 69, voto del juez Sosa).
Y de ninguno de los informes periciales atendidos, se obtiene que el actor haya sufrido daños con tales características (arg. arts. 1737, 1739, 1744 y concs. del Código Civil; arg. arts. 384, 474 y concs. del Cód. Proc.).
En esta parcela, entonces, la apelación no se sostiene.
3. La responsabilidad civil, presenta dos facetas: una preventiva y otra reparatoria. Una atiende al deber de prevenir un daño. La otra a reparar el daño causado (arg. arts. 1708, 1710, 1716 del Código Civil y Comercial). Por manera que, en principio, no cabe hablar en este concepto de una función disuasoria de la indemnización, como auspicia el apelante (fs. 226/vta., último párrafo; arg. art. 1739, 1744 y concs. del mismo Código).
De lo demás expuesto, no se destacan consideraciones acerca de una operatoria que posibilite conocer de qué modo se sustenta el importe sobre el que se insiste en la apelación, en lugar del fijado en la sentencia, más allá del afán por mantener aquello que originariamente fue postulado (arg. art. 260 y 261 del Cód. Proc.). Cuando, si bien se mira, ha sido respetada la relación proporcional entre la suma que en la demanda se asignó a lesiones e incapacidad y la establecida para cubrir el daño moral ($ 200.000 y $ 100.000, respectivamente; fs. 28, tercer párrafo y 30/vta., tercer párrafo; arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).
Además, si se quiere utilizar el análisis a través de la ponderación de las satisfacciones y compensaciones que puede procurar la suma reconocida, teniendo en cuenta que Erro, al parecer, se moviliza en moto, los $ 70.226,47 que se adjudicó a este rubro la sentencia, permite -por ejemplo- adquirir una motocicleta Honda CG 150 Titán, modelo 2012, similar a la del actor, que cotiza aproximadamente a $ 50.000 (fs. 24). O deja cerca de una de la misma marca, modelo y cilindrada, pero 2017, que cotiza aproximadamente en $ 75.000 (puede consultarse en la página https://listado.mercadolibre.com.ar/cg-titan-2012#D[A:cg titan 2012], o en la https://listado.mercadolibre.com.ar/cg-titan-2017#D[A:cg titan 2017])(arg. art. 1741, último párrafo, del Código Civil y Comercial).
Es decir que, aunque la reparación otorgada por daño moral no haya sido la deseada, tampoco se manifiesta irrazonable.
4. En lo que concierne al daño material, renglón que refleja el costo de reparación del a motocicleta, la actora reclamó la suma de $ 2.476, que debería incrementarse al tiempo de la realización de la pericia respectiva (fs. 30/vta. 8.4 y 31, primera párrafo).
Estos perjuicios y su incremento, fueron negados (fs. 81, dos párrafos finales, fs. 81/vta. primer párrafo, 148, segundo y tercer párrafos). No se formuló un planteo concreto de actualización por inflación, ni se postuló alguna metodología al efecto (arg. art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.). Tampoco la apelante en su agravios y concerniente a este menoscabo, acudió a experticia alguna para sostener la actualización que allí instaló (arg. art. 272 del Cód. Proc.).
En ese marco, rechazar la metodología elegida por el juzgador para adecuar el monto de los arreglos a la incidencia de la depreciación monetaria, cuando es sabido que aplicar severamente porcentajes de inflación quebranta la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, que se mantiene vigente luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561, es francamente inadmisible (S.C.B.A., C 119449, sent. del 15/07/2015, ‘Córdoba, Leonardo Nicolás contra Micheo, Héctor Esteban y otro. s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B4201210).
Distinto es haber readecuado aquel monto, en casos como el actual, siguiendo los lineamientos del precedente de la Corte Suprema, ‘Einaudi, Sergio /c Dirección General Impositiva /s nueva reglamentación’, emitido 16/9/2014,’ y su implementación en el Ac. 28/2014, donde dejó dicho que para ajustar la suma mínima para el recurso ordinario de apelación ante ese Tribunal, la imposibilidad de usar toda fórmula matemática no eximía a la CSN “(…) de consultar elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible.
A partir de lo cual se propuso usar como variable de marcha el salario mínimo, vital y móvil, teniendo en cuenta que la ley 26598 derogó el art. 141 de la ley 24013 que decía “El salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa del ningún otro instituto legal o convencional”, de donde se extrae que, luego de esa derogación, ese salario sí puede ser tomado como base para la determinación cuantitativa de otros institutos legales, como v.gr. indemnizaciones de daños (causa 89407, sent. del 07/08/2015, ‘Portela Marcelo y otro c/ Ustarroz Abel Maria y otro s/ daños y perj.por uso automot.(c/les.omMuerte)(sin resp.est.)’, L.44 Reg. 56).
En este orden, no puede sino interpretarse que la metodología adoptada para arreglar el costo de reparación del rodado, utilizada por el juez, haya sido inadecuado, dentro de las restricciones legales existentes para seguir el propuesto por el recurrente, que no fue ni siquiera propuesto en el escrito laminar de este juicio.
Asentado en las precedentes argumentaciones, es claro que no queda margen para admitir el recurso. Cuya suerte es que sea desestimado, con costas al apelante vencido (arg. art. 68 del Cód. Proc.).
A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ LETTIEIR DIJO:
Corresponde desestimar las apelaciones electrónicas del 18-10-2019 y 22-10-2019 contra la sentencia de fs. 208/212 vta.. Con costas a los apelantes vencidos (arg. art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).
Desestimar las apelaciones electrónicas del 18-10-2019 y 22-10-2019 contra la sentencia de fs. 208/212 vta.. Con costas a los apelantes vencidos (arg. art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí
Libro: 50 / Registro: 622
Autos: “G., R. C. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte.: -91589-
TRENQUE LAUQUEN, 26 de diciembre de 2019
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación presentado electrónicamente el 03-10-2019 contra la resolución del 26-08-2019 y la providencia del 10-10-2019, todas actuaciones llevadas adelante ante la instancia inicial (Juzgado de Paz Letrado de Guaminí).
El juzgado inicial tuvo por fundada la apelación electrónica del 03-10-2019 y dio traslado de esa fundamentación.
Ahora bien, lo cierto es que el demandado se limitó -en lo que interesa destacar- a apelar la resolución del 26-08-2019 (ver escrito electrónico del 03-10-2019 último párrafo), por ende el traslado de ese escrito fue prematuro, pues el juzgado solo pudo conceder la apelación y una vez fundada por el recurrente recién dar traslado al apelado (art. 246 cód. proc.).
Por manera que correspondería remitir las actuaciones al juzgado de origen para que, una vez fundado el recurso de fecha 03-10-2019, se sustancie y se le dé el trámite correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que las medidas cautelares se dispusieron hasta el día 26-10-2019, de modo que se encuentran ampliamente vencidas (ver punto 5 de la resolución de fecha 26-08-2019). Así, sin ningún indicio de que se hubieran renovado, el tratamiento de la apelación de fecha 03-10-2019 es actualmente abstracto (arts. 163.6 párrafo 1º, 242 y 266 del Cód. Proc.)
Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible el recurso de apelación subsidiario del 03-10-2019 contra la resolución del 26-08-2019 por falta sobreviniente de gravamen.
Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 y/o 249 Cód. Proc.). Hecho, devuélvase.
Libro: 50 / Registro: 621
Autos: “KLOSTER CATALINA Y OTROS C/ BARGAR HORACIO ANIBAL S/CONDOMINIO-ACCIONES DERIVADAS (EXCEPTO DIVISION)”
Expte.: -89955-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “KLOSTER CATALINA Y OTROS C/ BARGAR HORACIO ANIBAL S/CONDOMINIO-ACCIONES DERIVADAS (EXCEPTO DIVISION)” (expte. nro. -89955-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 18/12/2019, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación de f. 246/vta. contra la resolución de fecha 10/12/2019? ¿qué honorarios cabe regular por los honorarios regulados en ésta instancia?
1- La regulación de honorarios de fs. 246/vta. efectuada a favor del auxiliar de justicia fue cuestionada por su beneficiario mediante escrito electrónico de fecha 10/12/2018, pues considera errónea el artículo de la legislación aplicada.
En lo que hace a los honorarios del perito tasador C., designado judicialmente (v. fs. 72, 75, 76, 78, 80) los mismos deben ser fijados considerando los parámetros establecidos por el art. 58 -tercer párrafo- de la ley 10.973 (texto según ley 14085).
Por ello, dentro de los límites fijados por la norma (del 1% al 2% del valor asignado) y en concordancia con la labor cumplida (fs. 82, 92/103), resulta equivalente fijar su retribución en el 1% del valor tasado (arts. 34.4. cpcc.; 1255 del CC y C.).
2-La sentencia de fojas 159/161vta. estimó parcialmente las apelaciones de las partes que asistieron los abogs. M., y G., les impuso las costas y difirió la regulación de los honorarios (arts. 26, segunda parte y 31 de la ley 14.967).
En ese marco, teniendo en cuenta que los honorarios regulados en la instancia inicial (de fecha 4-12-2018) llegaron incuestionados a esta instancia, es dable aplicar para el abog. M., alícuota del 25% y para el abog. G., también una alícuota del 25% (arts. 16 y concs. ley cit).
Así, resulta un honorario de 18,92 jus para F., (por su escrito de fs. 143/145; hon. de prim inst. -75,6874 jus- x 25%) y 13,24 jus para G., (por su escrito de fs. 152/155; hon. prim. inst. -52,9804 jus- x 25% (arts. 34.4. cpcc.; 16, 31 y concs. de la legislación citada).
En suma corresponde, fijar en el 1% del valor asignado la retribución del perito tasador A. C.
Regular honorarios por las tareas ante esta cámara a favor de los abogs. M., y G., en la suma equivalente a 18,92 jus y 13,24 jus, respectivamente.
Adhiero a la propuesta del juez que abre el acuerdo dejando a salvo mi postura respecto de la ley aplicable la que sostuve en minoría a poco de entrar en vigencia la ley 14967.
Veamos: como se trata de honorarios devengados bajo la vigencia del d-ley 8904, de acuerdo al criterio sentado por la SCBA en sentencia del 8 de noviembre de 2017, al que adhiero (I-73016 “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020″; arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 cód. proc.; criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del día 4 de septiembre de 2018 “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” CSJ 32/2009 (45 E)/CS1.), correspondería fijar a ese respecto honorarios según las pautas allí brindadas.
Entonces bajo esa directriz dada por la SCBA en “Morcillo”, si los honorarios fueron devengados bajo el viejo decreto ley, sería éste de aplicación; por el contrario si lo fueron bajo la nueva ley, será esta la que regirá el caso.
Como he sostenido reiteradamente, esa es mi convicción (ver mis votos en autos “RAMADORI JOSE S/ SUCESION AB INTESTATO”; sent. del 27/9/2018, Libro: 49- / Registro: 304; “SACUDATO ROCIO MILAGROS C/ SAN RUFO JAVIER SANTIAGO S/ ALIMENTOS” , sent. del 21/9/2018, Libro: 49 / Registro: 293; “SALAS, MARIA LAURA Y GADEA, FRANCO ALEXIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”, sent. del 1/8/2018, Libro: 49- / Registro: 213; entre muchísimos otros).
Sin embargo, como ha surgido en éste y en anteriores acuerdos que los restantes integrantes del Tribunal mantienen la postura asumida en causas similares a la presentes desde la sanción de la ley 14967, dejando a salvo mi opinión, estimo conveniente por razones de economía procesal, a fin de no incurrir en un innecesario dispendio jurisdiccional realizado en innumerables causas desde noviembre del año 2017, adherir al voto que antecede sin ninguna distinción (arts. 34.4., 34.5.e y concs. del cód. proc.), pues deviene a esta altura -donde la postura mayoritaria al parecer es inamovible-, inútil (arg. arts. 34.5.e. del cód. proc.).
a- fijar en el 1% del valor asignado la retribución del perito tasador A.C.
b- regular honorarios por las tareas ante esta cámara a favor de los abogs. M. y G. en la suma equivalente a 18,92 jus y 13,24 jus, respectivamente.
b- regular honorarios por las tareas ante esta cámara a favor de los abogs. M., y G., en la suma equivalente a 18,92 jus y 13,24 jus, respectivamente.
Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas
Libro: 50- / Registro: 620
Autos: “SIERRA, NICOLAS ANDRES C/SIERRA, RAUL ADALBERTO S/INCIDENTE DE REMOCION DE ADMINISTRADOR EN AUTOS: CUESTA CASADO, CELIA PILAR S/SUCESION AB-INTESTATO”
Expte.: -91590-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “SIERRA, NICOLAS ANDRES C/SIERRA, RAUL ADALBERTO S/INCIDENTE DE REMOCION DE ADMINISTRADOR EN AUTOS: CUESTA CASADO, CELIA PILAR S/SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -91590-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 19/12/2019, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 229 contra la resolución del 17//9/2019?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
I- El juzgado, para remover al ahora apelante, utilizó los siguientes argumentos dirimentes (ver v.gr. cédula que los transcribe a f. 223):
1- el administrador ha suscripto contratos de arrendamiento sin consentimiento de los restantes co-herederos, en clara violación a lo prescripto por el art. 747 del C.P.C.C.; lo ha hecho como administrador de la sucesión y en representación de la sociedad AGROPECUARIA SAN ANDRES S.H., en la que no sólo la causante era parte, sino también el propio administrador;
2- hay referencias a otra sociedad (DOÑA JULIA S.A.), de la que no se ha acompañado ningún tipo de constancia, no quedando claro, inclusive, si forma parte de los derechos hereditarios que “ut supra” se refirieran;
3- el perito contador designado en autos no ha podido realizar acabadamente su tarea, no pudiendo determinar la composición de ingresos y egresos de las sociedades, por cuanto la actitud del administrador ha sido en todo momento remisa, no poniendo a su disposición elemento alguno que permitiera aportar mayores datos en cuanto al origen de lo declarado;
4- las únicas presentaciones efectuadas distan absolutamente de poder ser consideradas las rendiciones de cuentas que prescribe el art. 748 del C.P.C.C. (si bien no existe una exigencia formal para la presentación de las rendiciones de cuentas, la jurisprudencia ha entendido reiteradamante, que éstas deben ser precisas y explicativas, justificadas con los pertinentes comprobantes que puedan vincularse directamente con los bienes objeto de la administración -ésto es debidamente documentadas-, presentadas en forma ordenada y comprensible);
5- el propio administrador ha reconocido que ha distribuido fondos entre algunos herederos sin la conformidad de otros (conf. responde de fs. 109/110);
6- no existe constancia alguna respecto del dinero recibido en concepto de arriendos; y, en este punto, si bien el administrador refiere algún destino dirigido a solventar los gastos en concepto de medidas conservatorias de los inmuebles, ha omitido efectuar un detalle circunstanciado y documentado de las operaciones realizadas, con expresa mención, del saldo deudor o acreedor resultante y debidamente respaldado con la pertinente documentación.
Ninguno de esos argumentos ha intentado ser rebatido por el apelante, con lo cual su crítica es desierta (arts. 260 y 261 cód. proc.).
II- En los primeros cinco párrafos del punto II del memorial el propio recurrente admite que las argumentos que invoca allí “son ajenos al tema litigioso” (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).
III- A continuación expone el apelante: “Entrando en el análisis de la sentencia que impugno, viene a cuento transcribir un párrafo de la misma, que desnuda una contradicción con el resto de los argumentos: Dice el fallo: “En consecuencia y dado el estado de autos, corresponde analizar las pruebas producidas, en consideración a los bienes denunciados como componentes del acervo hereditario. Y en éste punto corresponde resaltar que en los autos principales no se ha presentado declaración jurada alguna, ni se ha dado cumplimiento a lo prescripto por los arts. 751 y sigs. del C.P.C.C., obrando sólo a fs. 79 una simple enumeración de bienes inmuebles, algunos de los cuales corresponderían a los autos “CUESTA CASADO, MARÍA PAZ Y CUESTA, MAXIMIANO S/SUCESIÓN”, en los que los peticionantes de autos tendrían derechos hereditarios reconocidos, circunstancia que en modo alguno se ha acreditado. “Entonces si no se ha acreditado que el peticionante tiene derechos hereditarios sobre esos bienes en este caso un predio rural, mal puede exigir rendición de cuentas.”
Lo cierto es que el apelante no expresa que esos bienes, algunos de los cuales corresponderían a los autos “CUESTA CASADO, MARÍA PAZ Y CUESTA, MAXIMIANO S/SUCESIÓN”, fueran todos los bienes comunes, de modo que, fuera de ellos, no hubiera otros más a cargo de su administración (arts. 260 y 261 cód. proc.).
IV- Sigue: “La prueba colectada en autos se refiere mayoritariamente a los movimientos de AGROPECUARIA SAN ANDRES SH, que no es lo mismo que el patrimonio sucesorio, es un ente distintos con una economía propia y en cuyo caso mi mandante tiene obligaciones como socio pero no como administrador sucesorio. Por lo tanto, la prueba analizada por el sentenciante no es idónea para fundamentar la decisión de remoción, quedando solo la parte formal de la rendición temporal que para nada se condice con las imputaciones y descalificaciones realizadas por el peticionante de la medida.”
Hay aquí referencia al giro de AGROPECUARIA SAN ANDRES SH, pero no a los argumentos del juez en torno a la administración del patrimonio del sucesorio bajo administración del recurrente (arts. 260 y 261 cód. proc.).
V- Y finaliza: “.El administrador removido es titular del 50% de los derechos sucesorios de la causante en tanto el otro 50% corresponde a los descendientes de Oscar Sierra hijo, que a su vez viven a km de distancia como es el caso del peticionante, en tanto otros ocupan la casa habitación que integra el acervo sucesorio. Todo este entramado familiar no ha sido valorado ni denunciado por el actor en contra incluso de los intereses de sus propios hermanos, lo que constituye una clara muestra de una actitud parcial y enderezada solo a supuestos intereses conculcados ya que como surge de autos no a demostrado cuales son los prejuicios que le ocasiona la administración.”
Ni los porcentajes de participación en la herencia, ni la distancia a la que vivan los peticionantes, ni quienes ocupen la casa habitación que integra el acervo sucesorio, ni, en general, el “entramado familiar” denunciado, constituyen crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261 cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Corresponde declarar desierta la apelación de f. 229 contra la resolución del 17//9/2019. Con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
Declarar desierta la apelación de f. 229 contra la resolución del 17//9/2019. Con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina
Libro: 50- / Registro: 619
Autos: “M., N. C. P. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte.: -91592-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “M., N. C. P. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR” (expte. nro. -91592-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 16-12-2019 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación subsidiaria de fs. 60/62 contra la resolución de fs. 58?
En base a la denuncia efectuada a fs. 1/6 de estas actuaciones por N.C.P.M, el juzgado dispuso el 5 de agosto de este año (ver fs. 9/11), entre otras medidas, la exclusión y prohibición de acceso de J.L.D al domicilio sito en calle Mitre n° 1822 de Carhué, así como la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros hacia la denunciante, teniendo en cuenta sus lugares de trabajo, estudio y/o esparcimiento.
Esas medidas fueron dispuestas hasta el 7/10/2019, y posteriormente prorrogadas hasta el 11/12/2019. (ver p. 2.- de la parte dispositiva de la res. del 5/8/2019 y, pto 1. de la res. del 7/10/2019), que a la fecha de esta sentencia -26-12-2019- ya vencieron, por manera que resolver ahora la apelación subsidiaria de fs. 60/62 resulta abstracto (arg. art. 242 Cód. Proc.; cfrme. esta cámara, sent. del 23-03-2016, “D.S., S.M. Y OTROS S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”, L. 47 R.67).
Sin perjuicio de lo anterior, encomiéndase al juzgado el arbitrio de medidas que, allende las tomadas en el decisorio apelado, tiendan a encontrar una solución definitiva a la situación de conflicto generada (arts. 14 y 15, ley 12569, entre otras).
Corresponde declarar abstracto el tratamiento de la apelación subsidiaria de fs. 60/62 contra la resolución de fs. 58.
Declarar abstracto el tratamiento de la apelación subsidiaria de fs. 60/62 contra la resolución de fs. 58.
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó
Libro: 50- / Registro: 618
Autos: “ROFF GERARDO OSCAR C/ ORONA JOSE LUIS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”
Expte.: -91581-
AUTOS Y VISTOS: lo proveído el 11/12/2019 y la explicación brindada por el patrocinante Ridella el 18/12/2019.
El antepenúltimo párrafo del art. 3 del AC 3886 no dice sólo “copia”, dice más que eso: “copia digitalizada del escrito confeccionado en formato papel como así también de la documentación adjunta a aquél”.
Dice, entonces, copia digitalizada del escrito y de la documentación.
Copia digitalizada no es igual que cualquier clase de copia, v.gr. no es igual que un archivo digital con texto supuestamente igual que el del escrito en soporte papel presentado al expediente: es el escrito en soporte papel presentado al expediente, convertido en archivo digital.
Digitalizar es pasar a formato digital lo que originalmente está en papel: hay que tomar el papel y obtener de él un archivo digital.
Una vez firmado por el patrocinado, el abogado patrocinante, antes de presentar el escrito en soporte papel, debe digitalizarlo, actuando con previsión. Es lo que establece la norma más arriba referida. La previsión del requirente debe usarse antes de presentar el escrito en soporte papel.
Digitalizar el escrito firmado por el patrocinado es carga o sujeción del requirente, no deber del tribunal.
Pero ahora los escritos del 31/10/2019 (apelación) y del 11/11/2019 (memorial) ya han sido presentados. Prematuramente presentados, si antes no fueron digitalizados por el requirente. Y, así, es cierto que la intimación del 11/12/2019 quedó corta, pues debió disponerse el desglose de esos escritos, obrantes a f. 28 y a fs. 29/32 vta., para facilitar al requirente el cumplimiento de la intimación y, con ello, el cumplimiento de la carga o sujeción insatisfecha.
Por eso, la Cámara RESUELVE:
Disponer el desglose de los escritos del 31/10/2019 (apelación) y del 11/11/2019 (memorial), y su posterior entrega al requirente, para que dentro del siguiente día hábil de notificado de la presente, dé cumplimiento a lo dispuesto el 11/12/2019 y devuelva esos escritos, bajo igual apercibimiento. Notífiquese electrónicamente. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse excusada.
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1
Libro: 50- / Registro: 617
Autos: “TERRAFERTIL SERVICIOS SRL EN FORMACION C/ BANCO CREDICOOP COOP. LTDO S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”
Expte.: -90308-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo extraordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para dictar sentencia en los autos “TERRAFERTIL SERVICIOS SRL EN FORMACION C/ BANCO CREDICOOP COOP. LTDO S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” (expte. nro. -90308-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25-11-2019, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación electrónica del 22/10/2019 p. II contra la resolución de f. 351 (del 11/10/2019)?
1. Adelanto, desde ya, que la respuesta a esta cuestión será afirmativa.
Para resolver así, en primer lugar haré un resumen de las actuaciones procesales necesarias para comprender el camino seguido hasta la resolución de f. 351.
2. Veamos.
A fs.64/73 vta., Terrafertil Servicios SRL en formación, con patrocinio letrado del abog. Ruiz, inicia demanda de daños y perjuicios contra el Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.. Reclama daño punitivo, daños y perjuicios, daño moral y daño psíquico, totalizando $700.000 más intereses.
El banco demandado, contesta aquélla con patrocinio letrado de la abog. Fernández Quintana (fs. 84/92 y 100). Se pide el rechazo de la pretensión de la actora.
Se dicta sentencia en la instancia inicial a fs. 250/254 en donde sólo se admite la demanda en cuanto al daño moral, por $30.000 más intereses.
Luego, esta alzada dicta también sentencia a fs. 288/300 para sólo incrementar la suma dada por daño moral, a la cantidad de $60.000.
Con ese resultado, es que a f. 307, la parte actora -siempre con el patrocinio del abog. Ruiz- practica liquidación de lo adeudado, pidiendo, además, que esa liquidación sea tomada como base regulatoria; luego del traslado de f. 308, la cuenta es impugnada por la parte demandada a fs. 309/vta. La cuestión es resuelta a f. 314: se aprueba la liquidación del banco por la suma de $61.392,31.
Con ese resultado, la actora pide a fs. 315/vta. que se regulen honorarios teniendo en cuenta los $61.392,31 (p. 1-), decidiendo el juzgado a f. 316, sin advertencia que la base ya había sido sustanciada, que se corra traslado nuevamente de ella. Lo que motivó que se presentara a fs. 321/322 la abog. Fernández Quintana (dice como apoderada del banco, pero trasuntaría el escrito que sería en su interés), pidiendo -en lo que allí podría interpretarse- que no debe tenerse en cuenta para establecer sus honorarios, en cuanto a las pretensiones desestimadas aquella base, sino la diferencia entre lo pedido y lo otorgado finalmente; además, pide que esos honorarios se “impongan a cargo del actor” (p.3.-c).
Se corre traslado de esa impugnación y de la nueva base propuesta (f. 327), para decidirse -luego del escrito electrónico del 8/6/3018- a fs. 341/vta. (el 11/4/2019), que la base para regular los honorarios será de $350.000 más intereses, fundándose la decisión en el art. 23 último párrafo de la ley 14.967, aunque sin efectuar distingo entre pretensión admitidas y desestimadas.
Esa novedad en cuanto a la base para fijar los honorarios no es seguro, en función de la profusión de actuaciones electrónicas y soporte papel, que haya quedado firme. A pesar de eso, el abogado Ruiz con fecha 30/4/2019 practica nueva cuenta de acuerdo a esta resolución, que arroja la suma de $530.578,91; corrido otra vez traslado (f.342) se presenta nuevamente la abog. Fernández Quintana el 2/9/2019 impugnado esa base pues, dice, los honorarios a cargo de la demandada no pueden fijarse sobre esa base al sólo haber prosperado la demanda por $61.392,31. Indica que deben existir dos bases en estos autos: una por la pretensión admitida, a cargo del Banco Credicoopr Cooperativo Ltdo., y otra por las pretensiones desestimadas, a cargo del actor.
De ese escrito electrónico del 2/9/2019 se pide aclaración en la providencia del 6/9/2019 teniendo en cuenta lo decidido a f. 341; el 10/10/2019, la abog. Fernández Quintana presenta nuevo escrito electrónico en que aclara y apela, aunque sin distinguir qué decisión apela.
Nuevamente se expide el juzgado a f. 351 (el 11/10/2019) y establece la base regulatoria en la suma de $530.578,91 y, sin más, fija los honorarios de los abogados Ruiz y Fernández Quintana y la perito Rosales, con fundamento en lo resuelto a fs. 341/vta. y “el silencio de la demandada”.
Esta nueva decisión motiva el escrito electrónico de la abog. Fernández Quintana del 22/10/2019 en que solicita se resuelva lo dicho en su anterior presentación electrónica del 10/10/2019, transcribiendo aquél en cuanto a los apartados I. ACLARA y II. APELA y, además, apelando en subsidio los honorarios de f. 351 por elevados.
Ese escrito del 22/10/2019 es proveído a f. 352 (el 30/10/2019) en que, al parecer (al parecer pues a esta altura ya se ha tornado excesivamente farragoso el camino del expediente) remite el pedido de aclaración y apelación del 10/10/2019, a lo resuelto a fs. 341 y 351, teniendo presente “el recurso interpuesto para su oportunidad”; recurso que al parecer sería el de fecha 22/10/2019 por estimar altos los honorarios, a tenor de la providencia del 5/11/2019 que concede la apelación de acuerdo al art. 57 de la ley 14.967.
Por último, esta alzada con fecha 15/11/2019 dice que de no mediar oposición fundada resolverá en función del informe del mismo día (sólo referido a honorarios apelados por altos y regulaciones diferidas antes en cámara), para volver sobre sus pasos en la resolución de fecha 27/11/2019 y modificar el auto de fecha 5/11/2019 y conceder en relación el recurso del 22/10/2019, corriendo traslado del escrito del 22/10/2019 en los términos del art. 246 del cód. proc.., aunque, según puede colegirse ahora, no habría mediado técnicamente apelación, sino sólo transcripción del anterior escrito del 10/10/2019 que, a juicio de la presentante, aún no habría sido resuelto (tal vez, podría hallarse su decisión en la providencia del 30/10/2019).
En fin; lo que surge de todo lo anterior es que se fueron estableciendo distintas bases, sin distinguir entre pretensiones admitidas y no admitidas, como pareciera fue planteado por la abog. Fernández Quintana; se volvió sobre decisiones al parecer firmes, de regular honorarios por la demanda estimada ($61.392,31) teniendo en cuenta lo que efectivamente el banco debe afrontar, a la vez que se fijaron los honorarios sin que haya quedado firme o consentida la base establecida a f. 351.
3. En este verdadero descalabro, la apelación por elevados de fecha 22/10/2019 abre el camino para, en el contexto descripto, dejar sin efecto no sólo la resolución apelada de f. 351 sino su antecedente de fs. 341/vta. (arts. 2 y 3 CCyC y 34.5.d cód. proc.), quedando en pie únicamente la base regulatoria que fuera aprobada en la resolución de f. 314 por $61.392,31 en cuanto tiene en cuenta la pretensión estimada contra el demandado Banco Credicoop Cooperativo Limitado, y con fundamento en ella, corresponderá regular los honorarios por las tareas de los profesionales actuantes (arts. 23 primer párrafo ley 14.967). Lo anterior implica también no tener en cuenta todas las presentaciones de los abogs. Ruiz y Fernández Quintana que condujeron a esa nueva cuenta (arg. arts. 172 y 174 cód. proc.).
Y, en todo caso, la cuestión relativa a una eventual regulación de honorarios diferenciada por las pretensiones de demanda no estimadas, deberá ser tematizada concreta y claramente en la instancia inicial, sustanciada con la totalidad de los interesados (profesionales y probables obligados) y resuelta de acuerdo a lo que específicamente fuere peticionado.
Con costas por todas las incidencias suscitadas luego de la resolución de f. 314 con relación a la base regulatoria, tanto en primera como en segunda instancia, en el orden causado atento el modo que ha sido resuelta la cuestión (arg. art. 68 2° párrafo cód. proc.).
1. Declarar la nulidad de las resoluciones de fs. 341/vta. y 351 y las actuaciones profesionales posteriores a la resolución de f. 314 referidas al cálculo de base regulatoria; con costas de ambas instancias en el orden causado.
2. Establecer que la base regulatoria para fijar los honorarios profesionales en cuanto a la demanda estimada es la aprobada a f. 314.