Source: http://www.elhombreylascosas.com.ar/2018/01/suspension-ejecucion-de-vivienda-unica.html
Timestamp: 2018-03-17 12:40:53
Document Index: 378833216

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 14']

EL HOMBRE Y LAS COSAS: SUSPENSION EJECUCION DE VIVIENDA UNICA. PRORROGA. COMPUTO DE PLAZOS LEGALES. INTERPRETACION. DIAS HABILES JUDICIALES. LEY 13116, 13150 Y 13180. CARACTER ORDENATORIO. VIVIENDA DIGNA Y PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUSPENSION EJECUCION DE VIVIENDA UNICA. PRORROGA. COMPUTO DE PLAZOS LEGALES. INTERPRETACION. DIAS HABILES JUDICIALES. LEY 13116, 13150 Y 13180. CARACTER ORDENATORIO. VIVIENDA DIGNA Y PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA
Santa Fe. Un fallo señero, que se adelantó a su época: SUSPENSION EJECUCION DE VIVIENDA UNICA. PRORROGA. COMPUTO DE PLAZOS LEGALES.
INTERPRETACION. DIAS HABILES JUDICIALES. LEY 13116, 13150 Y 13180. CARACTER
ORDENATORIO. VIVIENDA DIGNA Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
BANCO MACRO S.A. c/ POCHETTINO, ANA DEL LUJAN s/ EJECUCION HIPOTECARIA Cita: 50/15 Nº Saij: Nº expediente: 99 Año de causa: 2012 Nº de tomo: Folio N° Resolución N° 274 Fecha del fallo: 17/09/2012 Juzgado: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) (Rosario) - Santa Fe Jueces Ariel Carlos ARIZA María Mercedes SERRA Ricardo Alberto SILVESTRI
Texto del fallo Auto Nro. 274 Rosario, 17 de Setiembre de 2012. Y VISTOS: Los autos caratulados "BCO. MACRO S.A. contra POCHETTINO, Ana del Luján sobre Ejecución Hipotecaria", causa Nro. 99/2012, venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto a foja 281 vta., por la entidad bancaria ejecutante contra el auto número 1.510 de fecha 26.07.2011 que declaró la aplicación a los presentes de la ley 13.116 (fs.277/279); que fuera concedido a foja 289; habiendo expresado los agravios a fs.315/317, los que fueron contestados a fs.319/321; y, CONSIDERANDO: 1. El Sr. Juez de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nro. 15 de Rosario, por resolución número 1.510 del 26.07.2011, declaró aplicable a estos autos la ley 13.116 por entender que el pedido de suspensión de subasta, solicitado por la ejecutada Ana del Luján Pochettino el 27 de junio de 2011 (fs.267/269), fue formulado dentro del plazo prorrogado expresamente por la ley 13.180 -cuya promulgación data del mes de junio de 2011-; interpretando que su aplicación se retrotrae al vencimiento de la ley 13.150, lo que ocurrió en el mes de abril de 2011 (fs.277/279). 2. La parte apelante expresó como agravios: a) Que el a-quo suspendió por tercera vez el remate del inmueble hipotecado, interpretando equivocadamente la aplicación a estos autos del procedimiento especial previsto por la ley 13.116. Expuso que el pedido formulado por la demandada el 27 de junio de 2011 fue efectuado cuando el plazo de prórroga ya había expirado el 31 de mayo de 2011. b) Que la resolución recurrida encierra errores de hecho, consistentes en aplicar el procedimiento especial de la ley 13.116, cuando la demandada no ejerció la opción dentro de los plazos legales, y en calcular erróneamente la vigencia de los plazos; y, errores de derecho por no respetar la legislación de fondo en la forma de computar los plazos (arts.2, 27, 28 y 29 Código Civil). Concluyó que la suspensión de la ejecución le provoca un grave perjuicio económico, al verse imposibilitado de realizar el bien hipotecado teniendo que afrontar los gastos preparatorios de cada una de las tres subastas fracasadas como la falsa comisión del martillero actuante. 3. La demandada contesta a fs.319/321 los agravios formulados, solicitando su rechazo, con costas. Sostuvo que la ley 13.150 no distingue si la prórroga es por días corridos o hábiles, entendiendo que ante tal carencia los días deben ser considerados como hábiles judiciales por tratarse de un plazo procesal; y, que con la ley 13.180 se estableció expresamente que eran días hábiles, concluyendo que su presentación fue tempestiva. 4. Ingresando en el análisis de los agravios expuestos por la recurrente, los que se circunscriben a la forma de interpretar el cómputo de los plazos legales para que la deudora ejerza la opción conferida por la ley 13.116, se adelanta que, estudiadas las constancias de la causa, los argumentos del juez A-quo y lo expresado por las partes, la impugnación debe ser rechazada. La ley 13.116, sancionada el 26.08.2010, promulgada el 01/09/2010 y publicada en el Boletín Oficial el 07.09.2010 extiende la vigencia de las leyes 12.284 y 12.334, las que a su vez han sido prorrogadas en forma sucesiva por las leyes 12.406, 12.486, 12.697, 12.796, 12.942 y 13.022.
La norma establece un procedimiento especial de emergencia -aplicable a procesos que involucren la ejecución forzada de una vivienda única familiar y permanente del deudor- con la finalidad de liquidar la deuda y determinar la forma de pago, disponiendo la suspensión de la subasta del bien inmueble del ejecutado (art.1ro., Ley 13.116). Asimismo, fija, en su artículo 3ro., el plazo dentro del cual debe realizarse la solicitud de inclusión en el procedimiento de emergencia, al establecer textualmente: "Este pedido debe ser efectuado dentro del plazo de sesenta (60) días corridos desde que entre en vigencia esta ley". Es sabido que la vigencia de una norma se establece conforme lo prescribe el artículo 2do. del Código Civil, por lo que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinan; ante la falta de éste, será obligatoria después de los ocho días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió el 07.09.2010. Por lo tanto, la obligatoriedad y entrada en vigencia de la norma citada se produjo el 16.09.2010, feneciendo el plazo estipulado en el mentado artículo 3ro. de la ley 13.116, el 15.11.2010. Hasta aquí no hay discusión o discrepancia al respecto. Con el dictado de la ley 13.150 (publicada en el Boletín Oficial el 29.11.2010) se estableció en el artículo 1ro.: "...un nuevo plazo de sesenta (60) días para solicitar el procedimiento especial de determinación de deuda previsto por la Ley 13.116. Dicho plazo se contará a partir de la finalización del establecido por el artículo 3ro. de la citada ley". Si bien esta norma no distingue si los sesenta días son hábiles, hábiles judiciales o corridos a los fines del cómputo de los plazos de prorrogabilidad previstos, deben entenderse como días hábiles judiciales. Ello es así en razón de que la ley 13.150 ha sido dictada por la Legislatura provincial en un esquema donde funciona como ley de neto contenido procesal. Se ha expresado que: "En el derecho procesal en cambio, se establece de manera indubitable que el cómputo de los plazos siempre refiere a días hábiles, entendiéndose por tales, 'aquellos utilizables para el cumplimiento de actos procesales' (Villarruel-Viana, Comentarios al Código Procesal Laboral, Ed. Zeus, p.38)" (Cfr. MÜLLER, Enrique, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe - Análisis doctrinario y jurisprudencial, T.1, Juris, 1997, p.234). Nuestro Código de rito, en su artículo 55, individualiza a los días hábiles como "...todos los del año, con excepción de sábados y domingos, feriados nacionales o de la provincia, asuetos administrativos provinciales o nacionales, cuya conveniencia para el Poder Judicial resuelva la Corte Suprema de Justicia en cada caso, los de carnaval y los períodos de suspensión de actividad tribunalicia...". A ello cabe agregar que la posterior sanción de la ley 13.180 -publicada en el Boletín Oficial el 24.06.2011- tuvo una finalidad aclaratoria. En su artículo 1ro. prorroga "por noventa (90) días hábiles el plazo establecido en el artículo 1ro. de la ley Nro. 13.150 para la solicitud del procedimiento especial de determinación de deuda previsto por la ley Nro. 13.116"; y, en su artículo 2do. dispone "Dicho plazo se contará a partir de la finalización del establecido por el artículo 1ro. de la ley 13.150". Consecuentemente, se clarifica la cuestión toda vez que esta normativa dispone ahora expresamente un plazo de días hábiles, resultando en definitiva ser una ley de prórroga y aclaratoria de la anterior. Dar a la cuestión en danza una interpretación diferente, importaría a todas luces un tratamiento desigualitario según se adhiera el deudor a una u otra ley. Cabe recordar aquí que, en el sub examine, ante la fijación de una nueva fecha de subasta por el Tribunal de origen, mediante auto número 1.153 del 08.06.2011 (ver fs.266), la ejecutada interpuso el 27.06.2011 recurso de revocatoria contra dicha resolución y solicitó que se comience con el procedimiento de la ley 13.116, prorrogado por las leyes 13.150 y 13.180 (ver fs.267/269). Así las cosas, considerando que las leyes 13.116, 13.150 y 13.180 sucesiva e ininterrumpidamente fueron prorrogando el término para el ejercicio de la opción por el deudor ya que expresamente se dispuso que el plazo se computa a partir de la finalización del establecido en la ley precedente (art.1ro., Ley 13.150 y art.2do., Ley 13.180), y debiendo postularse los días como hábiles judiciales, el planteo de la ejecutada resultó a todas luces tempestivo. En efecto, vencido el plazo de la ley 13.116 el 15/11/2010, se prorrogó desde tal fecha por 60 días más -que deben ser considerados hábiles judiciales- y posteriormente por 90 días hábiles más, venciendo así la posibilidad de efectuar una postulación en defensa de su vivienda el 10.08.2011. 5. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y por un razonamiento eventual, los plazos dispuestos en estas sucesivas leyes de emergencia deben ser considerados como ordenatorios y no con el carácter de perentorios. La ley no establece expresamente una consecuencia jurídica ante el planteo formulado fuera de término. Por ello, si el deudor peticiona la aplicación del procedimiento fenecido el plazo indicado, es decir, en forma tardía, y no consintió con posterioridad ningún acto de procedimiento tendiente a la ejecución forzada del bien protegido, el planteo debe admitirse. Concretamente, no hay una sanción expresa ante el acogimiento posterior. En este sentido, la doctrina ha dicho: "Pese a que la norma establece un plazo específico, el que debería ser cumplido, consideramos que el derecho constitucional involucrado y que tiende a proteger la ley, impone una interpretación acorde al mismo debiendo admitirse los pedidos fuera de término que se hicieren" (Cfr. CARO, Juan Vicente y APRILE, Martín F., Suspensión de subastas de vivienda única y familiar. Consideraciones respecto de la ley Nro. 13.116 de la provincia de Santa Fe, LLLitoral, Nro. 3, abril 2011, p.251). 6. A ello, debemos agregar que en caso de duda hay que acudir a la norma interpretativa prevista en el artículo 11 de la ley 13.116 que expresa: "En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia, en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículos Nro. 21 y 27 de la Constitución Provincial". Como se advierte, el legislador provincial, al establecer la suspensión de las ejecuciones, con una finalidad tuitiva, ha tratado de proteger -mediante una solución paliativa y provisoria- un derecho como lo es el de la vivienda única, familiar y permanente del deudor. Cabe recordar que la C.S.J.N. ha sostenido que: "...la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas), sin que quepa a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700)" (Fallos: 321:1614, entre muchos otros). 7. Resta indicar que si por vía de hipótesis interpretamos como días corridos el plazo ordenado en la ley 13.150, luego de aplicar los cálculos respectivos por las sucesivas normas de emergencia, el planteo podría formularse hasta 31.05.2011, como lo manifiesta el recurrente al expresar sus agravios (fs.317), lo que implicaría que la ley 13.180, cuya publicación en el Boletín Oficial se efectuó el 26.06.2011, prorrogaría un plazo que venció con anterioridad a dicha publicación, siendo, en consecuencia, de imposible invocación por el deudor que quisiese ejercer la opción. 8) No debe pasarse por alto la relevante jurisprudencia institucional de la Corte de la Nación en punto a la cuestión sobre la vivienda digna. Ha dicho que el derecho de acceder a una vivienda digna reconoce jerarquía constitucional (causa: Pirillo, Fallos: T.318- 1741); y que el acceso a una vivienda digna es uno de los derechos amparados por garantías constitucionales, por constituir derivación directa del art.14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto ordena al Congreso Nacional la protección integral de la familia y el establecimiento del acceso a una vivienda digna (v. Corte de la Nación, causa "Rinaldi", Fallos: T.330-855). Numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han reconocido, en el marco de diversos supuestos fácticos, el objetivo social del afianzamiento de la vivienda propia o única (Fallos: T.262-143), enfatizando que la satisfacción de los objetivos de la seguridad social incluye expresamente, conforme al art.14 bis de la CN, el acceso y resguardo de una vivienda digna (Fallos: T.304-684; T.305-1888). Queda claro, entonces, que es una cuestión de orden público que responde a un claro objetivo social de interés general, el amparo a la vivienda familiar única (Fallos: T.318-1583), sólo por citar algunos precedentes en tal sentido (del mismo Alto Tribunal, causa: "Rinaldi c. Guzmán Toledo", Fallos: T.330-855). En punto a la protección constitucional de la vivienda digna la Corte de la Nación resolvió que "la pauta constitucional del art.14 bis de la Constitución Nacional contempla la protección de la familia y el acceso a la vivienda digna, derechos que también son tutelados por tratados internacionales de idéntica jerarquía constitucional según la reforma del año 1994 (art.VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.16, inciso 3º, y 25, inciso 1º, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art.17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica; arts.10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art.23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (causa: "Rinaldi c. Guzmán Toledo", Fallos: T.330-855). No es ocioso recordar que la protección de la familia y el acceso a la vivienda digna son derechos tutelados tanto por el art.14 bis de la Constitución Nacional como por diversos tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, doctrina reiterada por la Corte Federal (causa: "Fecred c. Mazzei", Fallos: T.331-1040). Y en otro orden de ideas, la pauta establecida por la legislación (v.g. art.15 de la ley 26.167, que puede ser replicada en las leyes sucesivas de emergencia dictadas en la Provincia de Santa Fe sobre la suspensión de ejecuciones), dispone que en caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la ley, los jueces deben decidir en el sentido más favorable para la subsistencia y conservación de la vivienda única y familiar, para la protección de la familia, en los términos del art.14 bis de la Constitución Nacional (Corte de la Nación, causa Paladini c. Zamora, Fallos: T.331-1105; "Galuzzi c. Groszek", Fallos: T.331-2491; "Amura c. Saiag", Fallos: T.331-2844; "Fortunato c. Higa", F.463, XLV; "Fernández c. Olchansky", F.10-XLVV). Esta exégesis encuentra sustento en una comprensión armónica de los principios que llevan a preservar los derechos patrimoniales del acreedor reconocidos en sede judicial, pues no dilata innecesariamente el procedimiento, evitando perjuicios a la deudora y permite decidir en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna, única, y la protección integral de la familia de acuerdo al art.14 bis de la CN (Corte de la Nación, causa: "Baschi c. Guntín", Fallos: T.331-926; "Paladini c. Amura", Fallos: T.331-1105, entre otros) 9. A tenor de lo considerado y conforme a una interpretación integral y sistemática de las sucesivas normas de emergencia dictadas, se concluye el rechazo del recurso de apelación, confirmando el resolutorio apelado. Las costas de esta segunda instancia se impondrán al recurrente en su condición de vencido (art.251 CPCC). Los honorarios profesionales por la intervención en esta instancia serán regulados en el 50% de los que resulten en primera instancia por la cuestión aquí resuelta (art.19, ley 6.767). Por lo expuesto, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación. 2) Imponer las costas de esta segunda instancia a la parte recurrente. 3) Regular los honorarios de los profesionales actuantes en esta segunda instancia en el 50% de los que resulten regulados en la instancia anterior con relación a la cuestión aquí resuelta. Insértese y hágase saber. Fdo.: SILVESTRI - ARIZA - SERRA (Jueces de Cámara)