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Timestamp: 2017-01-18 16:45:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 27', 'Artículo 26', 'ARTÍCULO 84', 'artículo 9']

⭐EL IDEARIO EDUCATIVO CONSTITUCIONAL COMO LÍMITE A LAS LIBERTADES EDUCATIVAS 1
EL IDEARIO EDUCATIVO CONSTITUCIONAL COMO LÍMITE A LAS LIBERTADES EDUCATIVAS 1
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Ernesto Núñez Soto
1 Doutrina Estrangeira EL IDEARIO EDUCATIVO CONSTITUCIONAL COMO LÍMITE A LAS LIBERTADES EDUCATIVAS 1 PROF. DR. BENITO ALÁEZ CORRAL 2 RESUMO: Este artigo reconstrói, com a ajuda do direito internacional e do direito europeu comparado, o significado normativo do denominado ideário educativo constitucional do art da Constituição Espanhola, que estabelece a educação cívico-democrática como finalidade obrigatória da educação e, com isso, delimita as liberdades educacionais. Como exemplos disso são analisadas a possível inconstitucionalidade da educação diferenciada e a carência de amparo constitucional das opções pelo homeschooling ou pela objeção de consciência a aulas de educação democrática. PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional; Direitos Fundamentais; Direito à Educação; Liberdades Educacionais; Ideário Educativo Constitucional; Objeção de Consciência Escolar; Educação Diferenciada; Homeschooling. ABSTRACT: This article reconstructs with the help of International Law and European Comparative Law the normative meaning of the so-called constitutional aims of education, set by art Sp. Const., that establishes civic-democratic education as constitutional aim of education and therefore limits freedoms in teaching. As examples of this limitations are showed the possible unconstitutionality of single-sex educaton and the lack of constitutional protection of home-schooling and parental objection to Democratic Education Courses. KEYWORDS: Constitutional Law; Fundamental Rights; Right to Education; Freedoms in Teaching; Constitutional Aims of Education; Parental Objection to Civic Education; Single-sex Schooling; Homeschooling. RESUMEN: Este artículo reconstruye con la ayuda del derecho internacional y el derecho europeo comparado el significado normativo del denominado ideario educativo constitucional del art CE, que establece la educación cívico-democrática como fin obligatorio de la educación y, con ello, delimita las libertades educativas. Como ejemplos de ello se analizan la posible inconstitucionalidad de la educación diferenciada y la carencia de amparo constitucional de las opciones por el homeschooling o de la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la ciudadanía. PALABRAS CLAVE: Derecho Constitucional; Derechos Fundamentales; Derecho a la Educación; Libertades Educativas; Ideario Educativo Constitucional; Objeción de Conciencia Escolar; Educación Diferenciada; Homeschooling. Artigo recebido em Artigo aceito para publicação em mediante convite. 1 Artigo publicado originalmente na Espanha na Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 17, Professor da Universidad de Oviedo. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ2 SUMÁRIO: Introdução; 1. O Direito à Educação e as Liberdades Educacionais: Um direito único e complexo; 2. Antecedentes do Ideário Educativo Constitucional; 3. Normatividade Jurídica do Ideário Educativo Constitucional; 4. Alguns Exemplos de Delimitação das Liberdades Educacionais à luz do Ideário Educativo Constitucional; Referências. SUMMARY: Introduction; 1. Right to Education and Freedoms in Teaching: One single complex right; 2. Precedets of Constitutional Aims of Education in International Law and European Comparative Law; 3. Legal Effects of Constitutional Aims of Education; 4. Some Examples of Limitations Upon the Freedoms in Teaching Derived from the Constitutional Aims of Education; References. SUMARIO: Introducción; 1. El Derecho a la Educación y las Libertades Educativas: Un único derecho complejo. 2. Antecedentes del Ideario Educativo Constitucional en el Derecho Internacional y en el Derecho Europeo Comparado; 3. Normatividad Jurídica del Ideario Educativo Constitucional; 4. Algunos Ejemplos de Delimitación de las Libertades Educativas a la luz del Ideario Educativo Constitucional; Referencias. INTRODUCCIÓN El pluralismo cultural -más el interno que el externo- existente en las sociedades contemporáneas ha puesto de relieve en los último tiempos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, la inevitable tensión que existe entre la pretensión de las familias de ejercer las libertades educativas de acuerdo con sus propios valores y convicciones morales o religiosas (art. 27.1, 3, 6 y 7 CE) y la subordinación de esas libertades a los intereses de la colectividad, que expresan las autoridades educativas a través de sus competencias constitucionales (art CE) 3, sobre todo cuando dichos intereses consisten en la protección de unos valores liberal-democráticos no siempre coincidentes con los valores de las familias o de los individuos que las integran 4. A ello se añaden, en mi opinión, como un tercer elemento en discordia, los derechos del educando menor de edad que, aunque en atención a su condición de sujeto en formación pueda ver limitada su capacidad para ejercer su libertad por sí mismo, no deja de ser el auténtico titular y beneficiario de las facultades en que se plasma el derecho a la educación 5. 3 Véanse, por ejemplo, los recursos en Dinamarca en los años setenta contra la obligatoriedad de la educación sexual (Caso Kjeldsen and others v. Denmark), la pretensión de educar en casa objetando el sistema escolar reglado que gotea desde los años ochenta hasta la actualidad (Casos Jiménez Merino v. Spain; Konrad and others v. Germany) o, por último, la objeción a cursar una materia de educación en valores cívico-democráticos (Caso Appel-Irgang v. Germany; o los recursos interpuestos en España contra Educación para la ciudadanía). 4 Estos distintos planteamientos de intereses se corresponderían con lo que en el campo de la filosofía política aplicada a las teorías sobre la educación A. Gutmann, Democratic Education, Princeton University Press, New Jersey, 1999, pp denomina Estado de las familias, Estado de los individuos o finalmente Estado democrático de la educación. 5 Cfr. B. Aláez Corral, Minoría de Edad y Derechos Fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003, pp DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 20113 En este sentido, recientes decisiones judiciales, como las cuatro Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 (Sala 3ª) 6, confirmando la constitucionalidad de la asignatura obligatoria Educación para la ciudadanía y negando el derecho a objetarla por razones de conciencia, o la más reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010, de 2 de diciembre, confirmando la constitucionalidad de la escolarización obligatoria de los menores y la inexistencia de una libertad educativa fundamental para practicar el homeschooling sobre la base de la necesidad de socialización democrática del menor, chocan con una difícil comprensión por parte de amplios sectores de la sociedad. Ello se debe, en buena medida, a la errónea comprensión social que existe sobre cuál es el alcance normativo constitucional del derecho a la educación del art. 27 CE y del papel fundamental que juega ésta en la construcción de una sociedad democrática, lo que llevó al constituyente a subordinarla al logro de unas finalidades constitucional-democráticas. Como trataré de poner de relieve en las páginas siguientes, nuestra Constitución democrática de 1978 ha fijado un criterio vinculante para el correcto desenvolvimiento de este complejo escenario de pretensiones contrapuestas: lo que el tristemente desparecido magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, llamó ideario educativo de la Constitución, es decir, una serie de finalidades constitucional-democráticas que operan como necesario principio inspirador (positivo) de todo el proceso educativo y como límite (negativo) de las libertades educativas. En efecto, el art CE dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Dicho de forma sencilla: ni los Estados democráticos en general, ni la CE de 1978 en particular, son neutrales en materia educativa; parten de la necesidad de inculcar al individuo desde su más tierna infancia la cultura del Estado democrático de derecho y el respeto por los derechos humanos como único camino para el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad del educando menor, pues conciben la educación como el mejor mecanismo preventivo para la protección de la democracia. Se trata de un planteamiento, como se verá, ya conocido por los instrumentos internacionales más importantes, que instan a la educación para los derechos humanos, pero que es relativamente novedoso en el derecho constitucional europeo 7, pues, aunque las legislaciones educativas 6 Resolviendo recursos contencioso-administrativos interpuestos contra Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Asturias. Siempre que se haga referencia a estas SSTS de 11 de febrero de 2009 (Sala 3ª), la referencia será a la Sentencia sobre los recursos presentados en Asturias de la que fue ponente el Magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 7 No son equivalentes ni el art. 366 de la Constitución española de 1812 que ordenaba que en las escuelas se hiciese una breve exposición de las obligaciones cívicas tanto por su parquedad (se refiere sólo a las obligaciones no a los derechos ni a las reglas de convivencia democrática) como por la diferente concepción del pluralismo y la igualdad que tenía la constitución doceañista (confesionalidad del Estado desigualdad racial, económica y sexual), ni tampoco el DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ4 de muchos de los países europeos atribuyen a la educación una función y unos fines semejantes a los que dispone nuestro precepto constitucional, son pocas las Constituciones nacionales que conocen expresamente previsiones parecidas a las del art CE 8. La idea matriz de este trabajo es que el ideario educativo constitucional del art CE opera como un límite al ejercicio de las libertades educativas, además de como un objetivo positivamente vinculante en la prestación del derecho a la educación. Para desarrollar esta idea, intentaré poner de manifiesto, en primer término, el carácter unitario de las libertades y derechos educativos que se contienen el art. 27 CE, como un único derecho fundamental de carácter complejo que es necesario interpretar armónicamente. A continuación, trataré de demostrar cómo el hilo conductor de esa unidad y armonía sistemática lo aporta precisamente el ideario educativo constitucional, que, a la luz de su contenido democrático, se presenta como un límite lato sensu (más bien una delimitación) del contenido constitucional de las distintas libertades educativas garantizadas por el art. 27 CE, lo cual se ve corroborado tanto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como por las distintas experiencias del derecho constitucional comparado. Y por último trataré de mostrar las implicaciones que ya se están deduciendo de esta tesis por los más altos tribunales de nuestro Estado en relación con el ejercicio de algunas libertades educativas, como por ejemplo, la pretensión de educar diferenciadamente por sexos, la pretensión de educar en casa (homeschooling) o la objeción a la asignatura Educación para la ciudadanía. 1.- EL DERECHO EDUCACIÓN Y LAS LIBERTADES EDUCATIVAS: UN ÚNICO DERECHO COMPLEJO Que el llamado genéricamente derecho a la educación del art. 27 CE y su equivalente del art. 2 del Protocolo 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en lugar de contener varios derechos y libertades educativas -derecho prestacional a la educación, libertad de enseñanza, derecho parental a la elección de la formación religiosa y moral para sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones, libertad de creación de centros docentes, etc...- han de ser entendidos como un solo derecho complejo, es una conclusión dogmático-iusfundamental a la que, de forma cada vez más clara, conducen tanto la jurisprudencia europea como la jurisprudencia constitucional española 9. Ciertamente, ha existido una larga art. 48 de la Constitución española de 1931, que únicamente preveía que la educación fuese laica y se inspirase en la solidaridad humana. 8 Entre estas pocas, cabe citar el art. 14.5a) de la Const. de Austria, el art de la Const. de Bélgica, el art Const. de Grecia, y el art. el art Const. de Portugal, el incluso el art. 8 de la Carta del Medio Ambiente francesa (de rango Constitucional), así como algunas Constituciones de los Estados federados alemanes (v. gr. art. 7.2 de la Constitución de Nord-Rhein Westfalen). 9 El TEDH (desde la Sentencia de 7 de diciembre de 1976, Caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen v. Denmark, F.J. 50º.) y el Tribunal Constitucional español (desde la STC 86/1985, 44 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 20115 discusión doctrinal al respecto, que no es sino el trasunto de la tensión entre la primacía del derecho a la educación y la de la libertad de enseñanza 10, y la cuestión está muy vinculada a la más genérica del concepto de derecho fundamental 11. Ahora bien, sin pretender entrar en esta última cuestión en detalle, en mi opinión, se ha de partir de que el derecho a la educación constituye un único derecho fundamental complejo, compuesto por un diversas normas orientadas a garantizar su objeto, la recepción de una educación libre, plural y democrática, a través de técnicas normativas que constituyen su contenido, tan variadas como un derecho prestacional a una educación básica gratuita, la libertad de enseñanza y la libre creación de centros docentes o la garantía de la autonomía universitaria 12. En efecto, que el art. 27 CE sea mucho más profuso en el conjunto de mandatos, permisos y prohibiciones que el art. 2 del Protocolo nº 1 CEDH, en aras de garantizar con mayor precisión el derecho a la educación, no obsta a que las distintas normas iusfundamentales deducibles de sus enunciados, sean interpretadas de forma interdependiente entre sí, dirigidas a garantizar activa y pasivamente aquel espacio de libertad. Así, el art CE garantiza literalmente el derecho de todos a recibir una educación, aunque para el logro de este objetivo se garantice, al mismo tiempo, la libertad de enseñanza. Dicho con otras palabras, el objeto del derecho a la educación del art. 27 CE está compuesto por una esfera vital que no consiste ni exclusivamente en ejercer la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros docentes o la elección parental de la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, ni tampoco exclusivamente en la facultad de exigir la prestación educativa, sino que todas estas esferas prestacionales y de libertad se encuentran en una de 10 de julio, F.J. 3º.) han llegado hace tiempo a conclusiones semejantes en lo que se refiere a la necesidad de entender las distintas facultades que componen el derecho a la educación en libertad como una unidad, y nunca contrapuestas las unas con las otras, es decir, a la necesidad de reconstruir interpretativamente sus contenidos obligatorios en el sentido de una concordancia práctica entre los distintas facultades iusfundamentales. 10 Cfr. con carácter general los estudios monográficos de A. Embid Irujo, Las Libertades en la Enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, y A. Fernández-Miranda Campoamor, De la Libertad de Enseñanza al Derecho a la Educación: derechos educativos en la Constitución Española, CEURA, Madrid, Sobre este particular, permítaseme la remisión a la concepción de derecho fundamental que se desprende de la obra colectiva Bastida/Villaverde/Requejo/Presno/Aláez/Fernández, Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Tecnos, Madrid, B. Aláez Corral, El Derecho a la Educación del Menor como Marco Delimitador de los Criterios de Admisión a los Centros Escolares Sostenidos con Fondos Públicos, en Varios Autores, Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas, Fundación Europea Sociedad y Educación, Madrid, pp En un sentido inverso, centrando el objeto del derecho del art. 27 CE en la libertad de enseñanza, y viendo como resultado del mismo al derecho a la educación, véase con carácter general A. Fernández-Miranda Campoamor, De la Libertad de Enseñanza al Derecho a la Educación: derechos educativos en la Constitución Española, cit. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ6 relación de instrumentalidad recíproca, en la que unas y otras son necesarias para su logro respectivo. La CE de 1978 garantiza, al igual que hace el art. 2 del Protocolo nº 1 CEDH, un derecho de prestación, no solo al mencionar el genérico derecho a la educación (27.1) y el ideario constitucional como su contenido pedagógico esencial (27.2), sino también al prever la intervención estatal en garantía del carácter obligatorio y gratuito de dicha educación democrática, por lo menos en sus niveles básicos (27.4), a través de una programación general de la enseñanza (27.5) y la inspección y homologación del sistema educativo (27.8). Dicho derecho prestacional a la educación no debe ser entendido en un sentido reduccionista como un poder del individuo para exigir una determinada prestación material, esto es, un determinado puesto escolar o concretos medios financieros para acceder al mismo, como las becas, lo que no garantiza directamente el texto constitucional sino en su caso la ley. Muy al contrario, este derecho de prestación lo es en un sentido amplio del término e implica un apoderamiento al individuo para exigir de los poderes públicos la organización de un sistema educativo que realice individualmente la recepción (en su caso gratuita) no sólo de una educación que transmita conocimientos de forma libre y plural, sino también que forme cívico-moralmente a la persona dentro de los valores democráticos del ideario constitucional. La razón última de esta orientación finalista de la educación se halla en la instrumentalidad de la educación para la preservación y desarrollo del sistema constitucional democrático. Ciertamente, esta técnica protectora del derecho de prestación viene complementada con la técnica del derecho de libertad, que permite al individuo reclamar de los poderes públicos que se abstengan de interferir en la libertad de los particulares para, dentro de un sistema educativo jurídicamente reglado, ofrecer la prestación educativa mediante la libertad de enseñanza (art. 27.1) y la creación de centros docentes (art. 27.6), así como para elegir libremente a través de sus padres, la formación, filosófica y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3). Pero el hilo conductor del derecho del art. 27 es la educación, no la enseñanza 13, pues sólo la educación, como resultado global de las instrumentales enseñanzas recibidas, puede y debe ser orientada a unas finalidades constitucional-democráticas, 13 Cfr. STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 7º. Sobre las diferencias entre ambas ya había reparado el voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente en la STC 5/1981, de 13 de febrero, y más recientemente en el ámbito del derecho comparado la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre el crucifijo de 16 de mayo de 1995 (BVerfGE 93, 1). Mientras que la enseñanza es un proceso de transmisión de conocimientos y capacidades formativas al alumno, la educación es más bien un proceso de inculcación en éste de unas convicciones morales, filosóficas o religiosas, que en un Estado constitucional democrático como el nuestro sólo pueden consistir en la moral pública cívico-democrática que debe presidir la formación de las morales individuales paras la convivencia social. Es verdad que en la práctica es imposible distinguir entre una y otra por completo, pero no es menos cierto que en unas materias del currículo predomina más la función educativa -como es el caso de la Educación para la ciudadanía- mientras que en otras predomina más la enseñanza de conocimientos o capacidades -como las matemáticas, la física, la química, la lengua, etc DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 20117 sea cual sea el tipo de institución educativa -publica o privada- en la que se hayan recibido 14. De no optar por esta comprensión unitaria del derecho a la educación, se llegaría a la paradójica situación de contraponer diversas normas constitucionales que contendrían diversos derechos fundamentales necesitados de reconstrucción interpretativa ponderadora con la ayuda del principio de concordancia práctica 15, principio que opera mucho más débilmente que la inicial construcción dogmática de unas y otras como facultades de un único derecho fundamental, lo que evita, en caso de contradicción irreconciliable de diversas conductas iusfundamentales, a tener que dar preferencia a unas facultades sobre otras (preferencia que no les ha dado el texto constitucional), mermando la eficacia obligatoria de la Constitución como norma suprema, así como del derecho a la educación del art. 27 en tanto que uno de sus contenidos. 2.- ANTECEDENTES DEL IDEARIO EDUCATIVO CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO EUROPEO COMPARADO El art CE dispone, como ya se ha dicho, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. En palabras del fallecido Magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, establece su propio ideario educativo constitucional 16, que se convierte en vinculante tanto para los poderes públicos como para los particulares involucrados en la satisfacción del derecho fundamental a la educación 17. Al orientar la educación a la consecución de determinados fines, relacionados con la eficacia y garantía 14 En este sentido, la STS de 11 de febrero de 2009 (Sala 3ª), F.J. 6º dice literalmente: varias son las consecuencias que se derivan de una interpretación combinada de los dos anteriores preceptos constitucionales. La primera es que la actividad del Estado en materia de educación es obligada (representa el aspecto prestacional del derecho a la educación que resulta del precepto constitucional que se viene analizando). La segunda es que esa intervención tiene como fin no sólo (1) asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional del Estado, sino también (2) ofrecer una instrucción o información sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático. Y la tercera es que ese cometido estatal, debido a la fuerte vinculación existente entre democracia y educación, está referido a toda clase de enseñanza: la pública y la privada. 15 Una concordancia práctica que exige que, a la hora de resolver los problemas interpretativos, los bienes y derechos constitucionales se conciban de modo que cada uno de ellos pueda ser realizado, para lo cuál deben estar limitados recíprocamente de tal manera que ambos lleguen a alcanzar la óptima eficacia normativa posible; sobre la concordancia práctica como principio interpretativo constitucional, cfr. K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (20ª edición), C.F. Müller, Heidelberg 1999, p Cfr. el Voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente en la STC 5/1981, de 13 de febrero. 17 Cfr. G. Cámara Villar, Sobre el Concepto y los Fines de la Educación en la Constitución Española, en Ministerio de Justicia (Edit.), X Jornadas de Estudios. Introducción a los Derechos Fundamentales, Vol. III, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid 1988, pp ss. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ8 de los valores y principios democráticos y los derechos constitucionalmente garantizado, el texto constitucional está estableciendo una especie de ideario cívico-democrático que no solo es límite negativo sino que además de ve inspirar positivamente el proceso educativo en todos los centros de enseñanza, sea cual sea su titularidad 18. Semejantes previsiones finalistas relativas a la educación no son nuevas en el derecho internacional, pero tampoco son muy frecuentes en el derecho constitucional europeo comparado. A continuación se van a analizar los antecedentes del ideario educativo constitucional en los instrumentos internacionales de los que España es parte, así como sus manifestaciones en el derecho constitucional europeo comparado. a) Antecedentes en los Instrumentos Internacionales El derecho internacional de los derechos humanos -que conforme al art CE debe actuar como guía interpretativa de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I CE, incluido el derecho a la educación- ya conocía a la entrada en vigor de la CE de 1978 la garantía del la subordinación del derecho a la educación a determinadas finalidades democráticas. Así, el art de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (DUDH) es el primer instrumento internacional que dispone que la educación, a la que toda persona tiene derecho conforme al apartado 1 del citado art. 26, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (la cursiva es nuestra). De forma casi idéntica, el art del Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de 1966 (PIDESC), también expresa el acuerdo de los Estados parte en que la educación se oriente finalísticamente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y favorezca el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en que la educación deba capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (la cursiva es nuestra). Concretando el sentido de este último precepto, el Comité de la ONU para el seguimiento del PIDESC considera en su comentario general sobre este art. 13 (E/C.12/1999/10) que los Estados Partes convienen que toda la enseñanza, ya sea pública o privada, escolar o extraescolar, debe orientarse hacia los propósitos y objetivos que se definen en el párrafo 1 del artículo 13. De todos esos objetivos de la educación, que son comunes al 18 STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 7º. 48 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 20119 párrafo 2 del artículo 26 DUDH y al párrafo 1 del artículo 13 PIDESC, el Comité considera que el fundamental es el que afirma que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, que se repite también en nuestro art CE. Y también menciona el carácter evolutivo y dinámico de dichos abstractos objetivos educacionales, desarrollados en otros instrumentos internacionales como la Declaración Mundial sobre Educación para todos (Jomtien (Tailandia), 1990) (art. 1), la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (párrafo 1 del artículo 29), la Declaración y Plan de Acción de Viena (parte I, párr. 33, y parte II, párr. 80), y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas sobre la educación en la esfera de los derechos humanos (párr. 2). Todos estos textos tienen grandes coincidencias con el párrafo 1 del artículo 13 PIDSEC, pero también incluyen elementos que no están contemplados expresamente en él, por ejemplo, referencias concretas a la igualdad entre los sexos y al respeto del medio ambiente, nuevos elementos que están implícitos y reflejan una interpretación contemporánea de aquél. En este ámbito convencional universal, pero referido ya a los menores, colectivo humano que en principio es el destinatario esencial del derecho a la educación, el art de la Convención de la ONU sobre derechos del niño de 1989 (CDN) expresa el acuerdo de los Estados parte en que la educación tenga por objetivo: a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural (la cursiva es nuestra). Y el apartado 2º del citado art. 29 CDN somete la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza a la condición de que respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. Como contraste, en el ámbito regional europeo tanto el art. 2 del Protocolo nº 1 CEDH como el art. 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (CEDF), guardan silencio en relación con los fines de la educación. Sin embargo, desde mediados de los setenta del siglo XX, el TEDH ha admitido que los Estados parte pueden establecer contenidos y objetivos educativos obligatorios de carácter moral, como la educación sexual, sin con ello conculcar el derecho de los padres a elegir la formación filosófica y moral que quieran para sus hijos, siempre que se consideren DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ10 necesarios para satisfacer el derecho a la educación del niño, imprescindible para el libre desarrollo de su personalidad, y se impartan de manera objetiva, científica y pluralista 19. Más en concreto, aunque sin valor jurídico directamente vinculante, el Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa aprobó el 16 de octubre de 2002 la Recomendación 12 (2002) relativa a la educación para la ciudadanía democrática, por la que recomendó a los Gobiernos de los Estados miembros, dentro del respeto de sus estructuras constitucionales, que, entre otros, hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas; que fomentasen y apoyasen iniciativas que promuevan la educación para la ciudadanía democrática en los Estados miembros y entre ellos; y que en sus reformas educativas actuales o futuras tuviesen en cuenta los principios enunciados en el Anexo de la presente recomendación, entre los que se encuentran la inclusión con una metodología activa y participativa, asignada a disciplinas específicas o ámbitos de aprendizaje diversos o interdisciplinares, la educación cívica, política y relativa a los derechos humanos que enseñen a vivir juntos en una sociedad democrática, luchar contra el nacionalismo agresivo, el racismo y la intolerancia, y eliminar la violencia y las ideas y comportamientos extremistas. b) Manifestaciones en el Derecho Europeo Comparado Por lo que se refiere al derecho constitucional europeo comparado 20, aunque existen antecedentes en el constitucionalismo de entreguerras de principios del siglo XX 21, tampoco son frecuentes en las Constituciones de los Estados europeos previsiones sobre los fines de la educación, aunque algunos textos constitucionales las hayan incorporado y, sobre todo, se admitan generalizadamente en el nivel legislativo y jurisprudencial infraconstitucional relativo a la satisfacción del derecho a la educación. Entre los textos constitucionales que contienen dichas previsiones cabe destacar el art de la Const. de Bélgica, que dispone que todos tienen derecho a la enseñanza en el respeto a las libertades y derechos fundamentales (la cursiva es nuestra) 22 ; el art de la Const. de Portugal 19 Ya desde la STEDH de 7 de diciembre de 1976 (Caso Kjeldsen, Busk, Madsen y Pedersen contra Dinamarca), FFJJ Aunque o es objeto de análisis aquí, también en el derecho constitucional de otros países, como los EEUU, aún sin una cobertura constitucional explícita a nivel federal -aunque sí parcialmente en las Constituciones de muchos Estados federados- se ha vinculado el deber constitucional de satisfacer el derecho a la educación con el logro de una finalidad social de eduar civico-democráticamente, que va más allá de los intereses particulares del educando o sus familias. Sobre ello cfr. K.A. Yuracko, Education Off the Grid: Constitutional Constrains on Homeschooling, California Law Review, Vol. 123 (2008), pp El art. 148 de la Constitución alemana de Weimar de 1919 decía: En todas las escuelas se procurará la formación moral, la educación cívica y el perfeccionamiento personal y profesional, todo ello conforme al espíritu del sentimiento alemán de humanidad y reconciliación entre los pueblos (la cursiva es nuestra). 22 De conformidad con el cual, el Tribunal Constitucional belga (Staasthof) ha dispuesto en su Sentencia de 18 de febrero de 1998, que el deber de neutralidad que impone el art de 50 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 201111 conforme al cual: el Estado promueve la democratización de la educación y de las demás condiciones para que la educación, realizada a través de la escuela y de otros medios formativos, contribuya a que la igualdad de oportunidades, la superación de las desigualdades económicas, sociales y culturales, el desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, la comprensión mutua, y la solidaridad y la responsabilidad, para el progreso social y para la participación democrática en la vida colectiva (la cursiva es nuestra); o el art Const. de Grecia, en virtud del cual la instrucción constituye misión fundamental del Estado, y tendrá por objetivo la educación moral, cultural, profesional y física de los helenos, así como el desarrollo de su conciencia nacional y religiosa y su formación como ciudadanos libres y responsables (la cursiva es nuestra). También, aunque más reducido en las finalidades educativas, cabe mencionar el art. 8 de la Carta del Medio Ambiente francesa, aprobada por la Ley constitucional nº del 1 de marzo de 2005 y parte integrante de la Const. Francesa según el Preámbulo de esta última, conforme al cual la educación y la formación en el medio ambiente deben contribuir al ejercicio de los derechos y deberes definidos en la presente Carta (la cursiva es nuestra). Pero, quizás, el texto constitucional más prolijo y a la vez literario en el establecimiento de fines educativos sea el art. 14.5a) de la Const. de Austria, en virtud del cual: La democracia, la humanidad, la solidaridad, la paz y la justicia, así como la apertura y la tolerancia con las personas, son los valores fundamentales de la escuela, sobre los cuales ésta, con una garantía y desarrollo de la mejor calidad posible, asegura el nivel educativo más elevado posible a toda la población, con independencia de su origen, posición social y circunstancias económicas (la cursiva es nuestra). Añade que Mediante la colaboración solidaria de los alumnos, los padres y los docentes se ha de facilitar a la infancia y a la juventud el mejor desarrollo intelectual, espiritual y corporal posible, para que se conviertan en personas sanas, conscientes, felices, laboriosas, leales con sus deberes, de espíritu musical y creativo que, guiados por los valores sociales, religiosos y morales, sean capaces de asumir su responsabilidad para con ellos mismos, sus conciudadanos el medio ambiente y las generaciones futuras. Todo joven debe ser guiado, en función de su desarrollo y nivel educativo, a una decisión autónoma y socialmente responsable, debe estar abierto al pensamiento político, religioso e ideológico de los demás, y debe ser capacitado para participar en la vida cultural y económica de Austria, de Europa y del mundo, así como para cooperar en las misiones comunes de la humanidad con apego a la libertad y a la paz (la cursiva es nuestra). la Const. de Bélgica no priva al poder público del poder para -conforme al art.13.3 PIDSEC y al art. 29 CDN- establecer como orientaciones y fines mínimos del desarrollo educativo determinados valores, concepciones y actitudes, siempre que se trate de valores o concepciones que no se contrapongan a ninguno de los principios esenciales de una sociedad democrática. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ12 Con todo, la mayoría de los Estados Europeos están huérfanos de disposiciones constitucionales sobre los fines de la educación. No obstante, muchos han incorporado dichas orientaciones finalistas de la educación en disposiciones infraconstitucionales. Como ejemplo, baste mencionar el art de la Const. de Baden-Würtenberg, que dispone que la juventud ha de ser educada en el respeto a Dios, en el espíritu cristiano del amor al prójimo, en la fraternidad de todos los hombres y en el amor a la paz, en el amor a pueblo y a la patria, en la responsabilidad moral y política en mérito profesional y social y en la convicción democrático-liberal. El desarrollo en la legislación educativa de estos fines de la educación tanto en los Estados con disposiciones constitucionales al respecto, como en los huérfanos de éstas, se ha llevado a cabo básicamente conforme a tres modelos: de forma transversal, impregnando todas las materias de todos o varios de los niveles del currículo educativo obligatorio; a través de una asignatura específica de carácter genérico pero no específicamente cívico-política, como la asignatura de Ética ; o finalmente, mediante una específica asignatura de educación cívico-democrática. Aunque en muchos de los Estados europeos se aprecian elementos de más de un modelo, dependiendo del nivel de enseñanza de que se trate, es posible simplificadoramente, observar la preponderante adscripción de unos y otros a cada uno de los tres modelos. Al primer modelo corresponde, por ejemplo, Italia que ha introducido con la Ley nº 169 de 30 de octubre de 2008 el proyecto experimental de enseñar con un horario propio y obligatorio pero como materia transversal, integrada en las áreas Historia-Geografía e Historia-Ciencias sociales, la materia Cittadinanza e Costituzione, pero también Portugal, cuya Ley de bases del sistema educativo de 1986, desarrollada por Decretos-Legislativos de los años 2001 y 2004 en lo que se refiere al currículo de las enseñanzas de primaria y secundaria, ha optado por el carácter transversal a las diversas asignaturas de la Educación para la ciudadanía 23. Al segundo modelo pertenecen los Länder alemanes 24. En ellos desde la década de 2000 y a pesar de contar con una fuerte tradición de enseñanza transversal de educación política en los diversos niveles del sistema educativo 25, la asignatura de Etica es la utilizada mayoritariamente para desarrollar las finalidades constitucionales y legales de la educación Al respecto véase M.H. Salema, Citizenship Education in Portugal, en The Making of Citizens in Europe, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2008, pp Como pone de relieve el Informe de la Conferencia de Ministros de Educación alemana de 22 de febrero de 2008 sobre la situación en los distintos estados federados de la asignatura de Ética. Véase dicho informe en: 2008/2008_02_22-Situation-Ethikunterricht.pdf (visitado el 2 de marzo de 2011). 25 Sobre esta enseñanza de la educación política en la escuela alemana véase, M. Elosegui Itxaso, La legislación vigente sobre la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, Revista de Estudios Políticos, nº 154, 2011, pp. 80 ss. 26 Aunque no es ni ha sido la única asignatura en la que se han enseñado los contenidos de la 52 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 201113 Así, por ejemplo, el art de la Ley de educación del Land de Berlín, de 26 de enero de 2004, en desarrollo del art de la Constitución del Estado federado de Berlín, dispone la obligatoriedad de la asignatura Ética para todos los alumnos de las escuelas públicas durante la ESO, siendo el fin de esta asignatura preparar y capacitar a los alumnos con independencia de su origen cultural, étnico, religioso o ideológico, confrontarlos constructivamente con los problemas culturales y éticos fundamentales de la existencia individual y de la vida en sociedad, así como con las diferentes ofertas de valores y principios. A través de ella, los alumnos deberían alcanzar las bases de una vida consciente y responsable, así como adquirir las competencias sociales de la capacidad de juicio ético y del diálogo intercultural. Aunque la obligatoriedad de esta asignatura ha sido impugnada tanto ante la jurisdicción ordinaria como ante la jurisdicción constitucional alemana y europea, la impugnación ha sido infructuosa en todos los niveles, que han confirmado la constitucionalidad/convencionalidad de la obligatoriedad de esa materia con esos contenidos cívico-democráticos 27. Al tercer modelo pertenece, además de nuestra Ley Orgánica 2/2006 del Educación (LOE) que introduce la asignatura obligatoria Educación para la ciudadanía 28, la legislación francesa 29, cuyo art. L111-1 del Código de la Educación establece que además de la transmisión de conocimientos, la Nación establece como primera misión de la escuela hacer partícipes a los alumnos de los valores de la República. Y el art. L121-1 del mismo Código dispone, entre otros muchos, como fines de todos los centros educativos los de contribuir a favorecer la mezcla y la igualdad entre hombres y mujeres, concurrir a una educación en la responsabilidad cívica y participar, con ello, en la prevención de la delincuencia, asegurar una formación en el conocimiento y el respeto de los derechos de la persona, y contribuir a la enseñanza de las diversas lenguas y culturas regionales, siendo el Anexo V de la parte reglamentaria del Código de la educación el que, de conformidad con los contenidos mínimos del currículo de la enseñanza obligatoria previstos en el art. L de dicho Código, establece los contenidos de la educación para la ciudadanía; cfr. D. Lange, Citizenship Education in Germany, en The Making of Citizens in Europe, cit., pp Además, el Informe de la Conferencia de Ministros de Educación alemana de 6 de marzo de 2009 sobre el refuerzo de la enseñanza de Educación democrática pone de relieve la necesidad de reforzar la enseñanza de la democracia desde un punto de vista transversal a todas las asignaturas. Véase el informe en: fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-staerkung_demokratieerziehung.pdf 27 Véase, entre muchas, la BVerwG, de 17 de junio de C 11.97, relativa a la asignatura en Baden-Würtenberg, y el Auto del BVerfG, de 15 de marzo de BvR 2780/06 y la STEDH Appel-Irrgang y otros contra Alemania, de 2 de octubre de 2009, relativas a la asignatura en Berlín. 28 Desarrollada por los Reales Decretos 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 29 Sobre ello, cfr. E. Feron, Citizenship education in France, en The Making of Citizens in Europe, cit., pp DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ14 materia Competencias sociales y cívicas, tanto en conocimientos como en capacidades y actitudes necesarios para vivir en sociedad y para prepararse para ser un ciudadano 30. De las disposiciones constitucionales y legislativas analizadas en el derecho europeo comparado, pero sobre todo de las normas internacionales y de su interpretación por los Comités de la ONU se desprenden, en mi opinión, cuatro ideas rectoras que pueden guiar la interpretación del art CE y de su eficacia normativa: 1ª El Estado debe -no solo puede- organizar y programar la educación tanto pública como privada orientándola a la satisfacción de un ideario educativo democrático, sin que ello se pueda entender como una merma de la libertad de los padres para elegir la educación filosófica o moral que quieran para sus hijos, pues esta libertad está al servicio del derecho a la educación del menor. 2ª De ese ideario educativo forman parte como objetivos rectores de la satisfacción del derecho a la educación el pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la formación para la participación cívico-democrática y la tolerancia en pro de la paz. 3ª Estos contenidos cívico-democráticos tienen un carácter dinámico, son ampliables en su formulación abstracta y pueden completarse con otros valores o principios que vayan surgiendo en función de la evolución social y de las particularidades históricas e identitarias de cada Estado, siempre que no choquen con el contenido matriz de ese ideario educativo democrático. 4ª Los medios para la realización de este objetivo quedan en manos del Estado, que puede para ello impregnar transversalmente con dicho ideario educativo democrático las diversas materias previstas en el currículo de las distintas etapas educativas o, por el contrario, puede complementaria o alternativamente introducir una nueva materia específica en el currículo cuyo objeto sea la enseñanza de ese ideario educativo democrático. 3.- NORMATIVIDAD JURÍDICA DEL IDEARIO EDUCATIVO CONSTITUCIONAL Como se ha visto, la existencia de un ideario educativo constitucional no es algo desconocido ni por el derecho internacional de los derechos humanos, ni por las Constituciones/legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin duda que para determinar la concreta normatividad jurídica de este ideario educativo constitucional es preciso conocer cuáles 30 En una línea semejante de combinar transversalidad curricular con una materia específica obligatoria en diversos niveles del sistema educativo está la Ley de educación griega 1566/85, Sobre ello, cfr. D. N. Chryssochoou, Making Citizenship Education Work: European and Greek perspectives, GreeSE Paper: Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, Nº 27, 2009, pp Y también adopta este modelo Eslovenia; cfr. M. Sardoĉ, Citizenship Education in Slovenia, en The Making of Citizens in Europe, cit., pp DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 201115 son los concretos principios y valores que se establecen como objeto de este ideario y cual es su significado jurídico-constitucional. Antes, sin embargo, se debe analizar cuál es el contenido obligatorio y la función normativoconstitucional que posee dicho ideario, sobre todo a luz del art CE. a) Contenido Obligatorio y Función Normativa Partiendo de la premisa ya analizada, de que el art. 27 CE debe ser interpretado (al igual que sucede con el art. 1 del protocolo Nº 2 CEDH) como un único derecho complejo, del que forman parte diversos mandatos y libertades a desarrollar durante el proceso educativo para la satisfacción del derecho a la educación, y del carácter jurídicamente vinculante del art CE, podemos decir que el contenido obligatorio del llamado ideario educativo constitucional del art CE consiste en un mandato a los poderes públicos y los particulares ordenándoles cuál debe ser el objetivo del derecho fundamental a la educación 31 pública o privada, básica o superior, obligatoria o voluntaria. La obligatoriedad del ideario educativo constitucional abarca, pues, todas las facetas del sistema educativo programado por los poderes públicos para dar satisfacción al derecho a la educación (art CE) 32. Dado que pesa sobre ambos, poderes públicos y particulares, la estructura normativa en la que se despliega este mandato es dual, de regla y de principio 33, en consonancia con la diferente sujeción a la Constitución que, según reiterada jurisprudencia constitucional, poseen los ciudadanos particulares y los poderes públicos 34 : respecto de los particulares opera como un una regla que fija el límite interno de las libertades educativas del art. 27 CE (libertad de enseñanza, de creación de centros, derecho a elegir la formación religiosa y moral, etc...). Como tal regla, implica el mandato definitivo de dejar fuera de la tutela constitucional aquellas conductas iusfundamentales que, encajando en abstracto en las libertades educativas mencionadas, se ven excluidas de ella en concreto por su desviación de las finalidades constitucionales a las que debe responder la educación. 31 Se utiliza aquí la clásica tripartición kelseniana del objeto de las normas jurídicas en mandatos permisos y prohibiciones; cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre (2ª edición), Scientia, Aalen 1960, pp. 61 ss. 32 Cabe preguntarse si vincularía incluso a la educación que tenga lugar fuera del sistema educativo reglado, como la que desarrollen las familias en sus casas o la que indirectamente se desprenda del ejercicio social colectivo de otras libertades como la de asociación, manifestación, expresión, etc... La reciente STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5ºa), parece abonar esta idea, en la medida en que ha incluido dento de la libertad de enseñanza protegida por el art CE la que pueden desarrollar los padres sobre sus hijos en el ámbito doméstico familiar complementaria de la obligatoria reglada, y que por tanto estaría -según lo que aquí se sostiene- también sometida a la delimitación por el ideario educativo constitucional del art CE. En este mismo sentido ya, G. Cámara Villar, Sobre el Concepto y los Fines de la Educación en la Constitución Española, cit., pp Conforme a la distinción entre un tipo y otro de estructura de las normas de derechos fundamentales expuesta por R. Alexy, Theorie der Grundrechte (3ª edición), Nomos, Baden-Baden, 1996, pp. 71 ss. 34 Por todas, véase la STC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3º. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ16 Respecto de los poderes públicos opera como un principio que les ordena optimizar el logro de los fines a los que el art CE orienta la educación a través de sus competencias en materia educativa, tales como la organización y programación de la enseñanza, la satisfacción del derecho a la educación básica obligatoria y gratuita, la inspección y homologación del sistema educativo o las ayudas a los centros docentes privados. Como principio, aunque les obliga a adoptar las medidas necesarias en el marco de sus competencias para hacer efectiva la finalidad constitucional de la educación, deja en sus manos la decisión de política educativa acerca de qué medidas, cuándo y cómo es preciso adoptar. A tenor de ese contenido obligatorio, cuál es la función normativa del ideario educativo constitucional previsto en el art CE? Con carácter general se puede decir que la función del art CE es delimitar el objeto y el contenido del extenso y complejo derecho fundamental a la educación; excluyendo, de una parte, de la garantía de las libertades educativas aquellas conductas iusfundamentales menoscabadoras o impeditivas del logro de esa finalidad constitucional; y ordenando, de otra parte, a los poderes públicos ejercer sus poderes y diseñar sus políticas educativas de la forma que mejor satisfagan la educación en el ideario educativo constitucional. En otras palabras, se trata de un límite interno 35 de las libertades y competencias educativas, que delimita el alcance de las primeras y orienta a las segundas. Así, por ejemplo, del mismo modo que no están protegidas por el art d) CE las informaciones inveraces (pues el precepto citado protege el derecho a comunicar información veraz ), ni por el art. 21 CE las reuniones y manifestaciones violentas o armadas (puesto que se requiere que sean pacíficas y sin armas), o que tampoco ampara el art. 22 CE las asociaciones secretas o paramilitares, el art. 27 CE tampoco protege las modalidades de educación o el ejercicio de la libertad de enseñanza que impliquen un menoscabo o un obstáculo para la formación del educando en el ideario educativo constitucional. Y ello, porque el art CE somete a la educación, que es el resultado global del ejercicio de los mandatos, permisos y prohibiciones educativas, contenidos en el art. 27 CE, a la finalidad obligatoria de orientarse al pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos de convivencia. Y, como se verá después, esta delimitación de las libertades educativas afecta no solo a los contenidos del currículo educativo, sino también a los métodos o procedimientos pedagógicos utilizados para educar Siguiendo la conceptualización sostenida por I. Villaverde Menéndez, Esbozo de una Teoría General de los Derechos Fundamentales, Revista Jurídica de Asturias, nº 22, 1998, pp. 33 y ss. 36 El ideario educativo democrático justifica hoy en día la consideración de la educación democrática como currículo oculto del sistema educativo, que defendió J. Dewey, Democracy and Education : an introduction to the philosophy of education, Macmillan, New York, 1916, para las escuelas públicas y que hoy vincularía constitucionalmente ex art CE a todos los centros educativos, públicos o privados. 56 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 201117 La clave de esta función delimitadora nos la da de forma expresa el art PIDESC, al disponer que nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. (la cursiva es nuestra). Ello pone de relieve que, en el caso concreto de la libertad de enseñanza, ésta tiene su límite en el respeto debido a los principios del párrafo 1 del art. 13, es decir, en el ideario educativo democrático que también recoge nuestro texto constitucional. Y este paradigma interpretativo sirve igualmente para fundamentar la delimitación del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que quieran para sus hijos previsto (art CE), entre otras formas eligiendo el centro que quieran para sus hijos. Como ha puesto de relieve el Comité de la ONU para el seguimiento del PIDSEC (E/C.12/1999/10), esta libertad de los padres y tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las públicas está condicionada, según el art PIDESC a que satisfaga las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe y a que respete los objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 PIDESC. En esta misma línea, aunque la dicción literal del art CE refiera los objetivos a conseguir a la educación y no a la enseñanza, dado que la enseñanza es un instrumento para la satisfacción del derecho a la educación, la función normativa del ideario educativo de la constitución se despliega sobre todas las libertades educativas garantizadas por el art. 27 CE, se trate de libertades de enseñanza (art y 6 CE) o del derecho a elegir una educación religiosa o moral (art CE). Por la misma razón, pero desde la perspectiva de los poderes públicos encargados de satisfacer el derecho a la educación, la función delimitadora de este ideario implica poner en manos de éstos la realización efectiva del mismo, aunque se deje a su libre decisión de política educativa la determinación del medio con el que conseguirlo. Es por ello que cabe tanto introducir específicas enseñanzas instrumentalmente dirigidas a lograr la función del ideario educativo constitucional, como han hecho los arts. 18 y 24 LOE, como mantener la transversalidad a todas las materias de la educación en y para el ideario educativo constitucional, como hacía la LOGSE, o combinarla con una materia de enseñanza específica 37. Esta función normativa del ideario educativo constitucional está íntimamente ligada a la necesidad de interiorización y preservación del 37 Como pone de relieve A. Bolívar, La Educación para la Ciudadanía en el currículum de la LOE, Avances en Supervisión Educativa, nº 9, 2008, diversos estudios a nivel internacional constatan que, como también hemos vivido en España, si bien es una buena aspiración la transversalidad, conviene reforzarla con una materia o asignatura propia, como espacio de reflexión específica. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ18 sistema político democrático entre las generaciones futuras 38, vital para la supervivencia del sistema jurídico democrático en sociedades altamente complejas 39. En el caso del art CE, se trata de contribuir preventivamente a construir el presupuesto de una democracia moderna 40 : la existencia de ciudadanos libres e iguales con capacidad de participación en la formación de la voluntad colectiva 41. Para ello la educación debe, desde los primeros momentos, contribuir al pleno desarrollo de la personalidad y dignidad del individuo, pero debe, al tiempo, prepararle para la vida en sociedad democrática, enseñándole el valor del respeto a los derechos fundamentales (propios y ajenos) y las reglas democráticas de convivencia establecidas por el texto constitucional. Es más, en una democracia no militante como la nuestra 42, la necesidad constitucional de preparar a los individuos desde la infancia a través del sistema educativo para el ejercicio de una ciudadanía democrática, es una premisa de la preservación y desarrollo del principio democrático mismo, que implica una toma de partido y cierta pérdida de neutralidad de la autoridad educativa del Estado. La existencia de este ideario, como se ha visto con algunos ejemplos del derecho europeo comparado 43, no quiebra la necesaria neutralidad estatal en materia educativa 44, puesto que ésta se afirma con la finalidad de garantizar que el proceso educativo no constituya una vía para que el Estado menoscabe el pluralismo democrático garantizado constitucionalmente, no con la finalidad de que el Estado se abstenga de inculcar a los individuos a través del sistema educativo las premisas epistemológicas y axiológicas de 38 Una funcionalización, que como pone de relieve M. Salguero, Socialización política y lealtad a la Constitución, Revista de Estudios Políticos, nº 97, 1997, pp. 320 ss., ya era habitual en los en la filosofía política desde Platón. 39 La socialización que ha de promover la educación constituye un elemento esencial para el mantenimiento del sistema jurídico como subsistema de comunicación social, pues aporta a los individuos los códigos de comunicación válidos paran las distintas esferas comunicativas en las que pueden interactuar, entre ellas también la del sistema político y la del sistemá jurídico; sobre la educación como un elemento imprescindible para la socialización, cfr. N. Luhmann, Das Erziehungssystem der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.m., 2002, pp. 48 ss. 40 Sobre este valor de la educación para la democracia, cfr. H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (reimpresión de la edición de 1929), Scientia, Aalen, 1994, p No se trata, pues, de que la función democrática del ideario sea formar a los educandos para que participen en una futura redefinición del modelo educativo existente (como sugiere L. Alvarez Alvarez, La Educación en el Estado Social y Democrático de Derecho. El Ideario Educativo en la Constitución Española, en Presno Linera/Sarlet (edits.), Los derechos sociales como instrumento de participación, Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp ). Se trata más bien de que la educación en el modelo de democracia procedimental permita al educando cuestionar en el futuro entre muchos de los contenidos democrático-constitucionales también el modelo educativo constitucionalizado, aunque desde la perspectiva del mayor valor jurídico que éste tiene. 42 Reiteradamente afirmado en la doctrina (I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y Partidos Políticos, CEPC, Madrid, 1985, pp 41 ss.) y por la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo, FF.JJ. 7º-10º). 43 Sentencia del Tribunal Constitucional belga de 18 de febrero de A. Embid Irujo, Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, pp DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 201119 ese pluralismo democrático. De ahí que no sea extraño que la enseñanza obligatoria de ese ideario educativo democrático no se considere adoctrinamiento 45, aunque lo sea de una doctrina lo suficientemente abierta y plural como para permitir el desarrollo de las doctrinas opuestas. Ello, si bien roza los contenidos normativos de la democracia militante, elude dicha calificación 46 siempre que los principios democráticos de convivencia en los que se eduque al individuo sean los de una democracia procedimental que exponga el mayor valor conferido constitucionalmente a los valores democráticos y expresado en su rigidez procedimental, y al mismo tiempo admita su variabilidad y la persecución de cualesquiera fines y valores, incluidos los antiliberales o antidemocráticos 47. b) Caracterización de los Principios y Valores Constitucionales Objeto del Ideario Educativo Constitucional La afirmación del ideario educativo constitucional en el art CE como mecanismo preventivo de autotutela del sistema constitucionaldemocrático implica el deber de orientar el proceso educativo a la formación del individuo en aquellos principios y valores que desempeñan un papel estructurador más importante dentro del sistema jurídico. Se trata de principios y valores relacionados con la concepción constitucional de Estado social y democrático de derecho, que tienen como sujeto central a la persona. En este sentido, el art CE menciona de forma expresa, como objetivos de la educación: - el pleno desarrollo de la personalidad - el respeto a los principios democráticos de convivencia - el respeto a los derechos y libertades fundamentales Estos tres contenidos del ideario, tomados aisladamente, reflejarían la tensión perenne entre los intereses del individuo y los de la sociedad. Sin embargo, la formulación utilizada por el art CE resuelve de forma elegante y salomónica esta tensión. Sólo se puede convivir bajo un sistema constitucional-democrático eficaz si los individuos son educados para desarrollar plenamente su personalidad, y ésta solo puede desarrollarse plenamente si se conocen los propios derechos y los derechos de los demás, se aprende a respetarlos y se interiorizan las reglas de convivencia propias de una sociedad democrática. El pleno desarrollo de la personalidad de los educandos está vinculado, pues, a la inculcación y disfrute de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos por un Estado 45 Así, las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la asignatura Educación para la ciudadanía de 11 de febrero de 2009 (sala 3ª), FJ 6º. 46 M. Salguero, Socialización Política y Lealtad a la Constitución, cit., p La educación debe permitir el desarrollo de la personalidad, pues, para el ejercicio de una ciudadanía activa, pero no para el ejercicio de una ciudadanía transformativa que aliente la desobediencia civil contra el sistema constitucional para promover una justicia social alternativa, como sin embargo, sugiere J.A. Banks, Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age, Educational Researcher, Vol. 37, No. 3, 2008, pp DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ20 que quiera llamarse democrático. Es cierto que en el primer término de la frase aparece como objetivo de la educación el pleno desarrollo de la personalidad, y no el respeto a los principios democráticos de convivencia, pero aquél solo es posible en un Estado democrático en el que el individuo tiene reconocidos unos derechos fundamentales que le permiten disfrutar de su dignidad y desarrollar plenamente su personalidad 48. Ahora bien, en qué consistan estos valores y principios integrantes del ideario educativo constitucional es una cuestión clave para determinar su concreta eficacia normativa. No es posible hacer en estas páginas un análisis detallado de cada uno de los tres elementos que lo componen, que por sí mismo merecería un análisis monográfico extenso. Pero sí es posible indicar una premisa y tres elementos de dogmática constitucional que han de ser tenidos en cuenta a la hora de su reconstrucción interpretativa. La premisa es que se trata de contenidos de carácter autorreferente y positivizado, es decir, que remiten a los principios y valores constitucionalmente previstos; y los elementos de dogmática constitucional que los caracterizan son: su carácter abstracto, su carácter dinámico y la necesidad de completarlos con los principios y valores a los que los tratados internacionales orientan la educación. Por lo que se refiere a la premisa: su naturaleza autorreferente y positivizada, hay que decir que la mención en el art CE al pleno desarrollo de la personalidad, y al respeto a los principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales, se refiere a valores y principios constitucionalizados, no a valores y principios metapositivos, ni tampoco a valores o principios desconocidos por el texto constitucional que deba definir y configurar autónomamente el legislador ordinario. Efectivamente, por obvio que resulte, hay que recordar que ya el art CE menciona el libre desarrollo de la personalidad, junto con la dignidad de la persona, como valor fundamentador del orden político y de la paz social; el art. 1 CE define nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia y el pluralismo político; y el Capítulo II del Título I CE, denominado Derechos y libertades, recoge una serie de derechos fundamentales y libertades públicas, así como unos derechos y deberes de los ciudadanos (la cursiva esa nuestra). Así, pues, el libre desarrollo de la personalidad que hay que inculcar a los alumnos es el que está vinculado a la dignidad de la persona en el art CE en los términos en los que la ha concretado el Tribunal Constitucional 49, 48 En un sentido parecido, llevando la cuestión al ámbito de la conciencia individual y a la necesaria complementariedad entre moral pública y moral privada, cfr. D. Llamazares Fernández, Educación para la Ciudadanía Democrática y Objeción de Conciencia (2ª edición), Dyckinson, Madrid, 2010, pp Que no la considera un derecho fundamental autónomo sino un principio interpretativo de las relaciones sociales; cfr., entre varias, la STC 120/1990, de 27 de junio, FFJ 4º, sobre la huelga de hambre de los presos de la organización terrorista GRAPO. 60 DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, N º 17, P , OUT./DEZ. 2011 Mostrar más
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