Source: https://www.cerem.es/blog/la-proteccion-de-los-trabajadores-a-tiempo-parcial-y-otras-medidas
Timestamp: 2019-11-13 07:43:04
Document Index: 207071647

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 82']

En los contratos a tiempo parcial para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como
En los contratos a tiempo parcial para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.
Al computar (para el cálculo de los períodos de carencia exigidos para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial) únicamente las horas trabajadas en lugar de computar cada día trabajado como un día completo se podría vulnerar el art. 14 CE, desde una doble perspectiva:
Por un lado, por la ruptura del principio de proporcionalidad como aspecto del derecho de igualdad, pues en virtud de dicho precepto un trabajador a tiempo parcial necesitaría trabajar más tiempo que un trabajador a tiempo completo para cubrir la misma carencia exigida.
Por otro lado (por discriminación indirecta por razón de sexo) al evidenciarse estadísticamente que los trabajadores a tiempo parcial son mayoritariamente del sexo femenino, ocasionándoles la norma cuestionada un “impacto adverso” que, si no está objetivamente justificado o no ser los medios empleados adecuados o necesarios, resultaría discriminatorio.
El Pleno del Tribunal Constitucional (Sentencia 61/2013, de 14 de marzo) establece que las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los periodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida.
Ante esta situación el real Decreto Ley 11/2013 de 2 de agosto dicta una norma de rango legal con la finalidad de integrar la laguna que la anulación de la regla mencionada ha producido en orden al cómputo de los periodos de carencia, para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social en el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial.
Con esta medida el Gobierno estima que existen razones de justicia social que aconsejan flexibilizar el número de años requeridos para acceder a una prestación, de modo que se garantice en todo momento el principio de igualdad de los trabajadores, tanto para los de tiempo parcial como para los de tiempo completo, dando cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Constitucional.
La norma recoge, además, una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial. El objetivo es, por tanto, evitar que se produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones efectuadas por el trabajador y la cuantía de la prestación que recibe. Con este propósito la modificación legal atiende a los periodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de trabajadores a tiempo completo, creándose el coeficiente global de participación.
Otra cuestión que aborda el legislador es romper con la inseguridad jurídica que provocaba el artículo 213.g) LGSS, que establece como causa de extinción de la protección por desempleo el “traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen “.
El servicio publico de empleo de forma masiva extinguía la prestación de desempleo de aquellas personas que salían al extranjero provocando gran litigiosidad al no estar definido que se entendía por traslado de residencia.
El tribunal supremo en estos casos (por aplicación de la legislación de extranjería) entiende que la estancia en el extranjero por tiempo inferior a 90 días no conlleva la extinción de la prestación, aun cuando no se haya comunicado la misma a la Entidad Gestora ni antes ni después de la salida.
Se trata de un supuesto de “prestación suspendida” pues no se ha producido un traslado de residencia, que sí implicaría la extinción de la prestación. STS Sala 4ª 18 de octubre 2012, Rec 4325/2011.
Se aclara expresamente en el real decreto ley 11/2013 de 2 de agosto (para garantizar esa seguridad jurídica) que en los supuestos de salida ocasional al extranjero por un período máximo de 15 días naturales dentro de un año natural, se mantiene la condición de beneficiario y se sigue percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo.
También se establecen dos supuestos nuevos de suspensión de la percepción de la prestación por desempleo:
En los casos de traslado al extranjero para búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período de doce meses, previa comunicación a la entidad gestora y su autorización.
En los casos de estancia en el extranjero de hasta noventa días (no necesariamente continuados) previa comunicación y autorización de la entidad gestora.
El legislador también modifica preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica (artículo 40), modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41), así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47), de despido colectivo (artículo 51.2) y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos (artículo 82.3).
Por último el citado Real Decreto Ley 11/2013 de 2 de agosto modifica la ley de procedimiento (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) en relación con la modalidad procesal del despido colectivo para que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio.
Se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.