Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653721
Timestamp: 2019-05-19 21:19:46
Document Index: 11343662

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 164', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 19']

RENUNCIA DE DON CARLOS CANTERO A VICEPRESIDENCIA DEL SENADO Y ELECCIÓN DE DON CARLOS BOMBAL EN DICHO CARGO
AUTORIZACIÓN CONSTITUCIONAL PARA ENVÍO DE TROPAS AL EXTRANJERO
PERFECCIONAMIENTO DE SUBSIDIO ESTATAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS MEDIANTE LEASING
MODERNIZACIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS URBANOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA
INTERVENCIÓN : Carlos Fernando Flores Labra
Sesión 32ª, en miércoles 12 de marzo de 2003
Renuncia de don Carlos Cantero a Vicepresidencia del Senado y elección de Don Carlos Bombal en dicho cargo (se aprueban)
Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que solicita la autorización del Senado para la salida de tropas nacionales a territorio extranjero (S 658-05) (se aprueba).....
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (3115-14) (se aprueba en particular)....
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que moderniza la normativa reguladora de arrendamientos de predios urbanos (2625-07) (se aprueba su informe)..
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media (3039-07) (se posterga su votación)..............
Concurrió, además, el señor Ministro de Educación .
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 28ª, ordinaria, en 4 de marzo; 29ª, especial, y 30ª, ordinaria, ambas en 5 de marzo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", al proyecto de ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. (Boletín Nº 2.811-02).
Con los cinco primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- El relativo a la aprobación del "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China relacionado con el Transporte Aéreo Civil" y su anexo. (Boletín Nº 3.163-10);
2.- El referido a la aprobación del "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Suecia" y su anexo. (Boletín Nº 3.164-10);
3.- El que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Noruega" y su anexo. (Boletín Nº 3.165-10);
4.- El relativo a la aprobación del "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Bélgica" y su anexo. (Boletín Nº 3.167-10), y
5.- El concerniente a la aprobación del "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca" y su anexo. (Boletín Nº 3.168-10).
Con los dos siguientes comunica que ha dado su aprobación a los proyectos de ley que se indican:
1.- El que modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar en los tipos penales tradicionales nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática. (Boletín Nº 3.083-07), y
2.- El que modifica la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas, en orden a sancionar más eficazmente la financiación del terrorismo, en conformidad a lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. (Boletín Nº 3.123-07).
Con el último comunica que acordó acoger la solicitud de Su Excelencia del Presidente de la República en orden a disponer el archivo, previo acuerdo del Senado, del proyecto de ley que modifica el artículo 58 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para compatibilizar la actividad docente y profesional de los funcionarios públicos. (Boletín Nº 2.719-07)
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con medidas para evitar el arrastre de sedimento en las aguas del río Simpson.
De la señora Alcaldesa de Recoleta subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, referido a una presentación suscrita por vecinos de la comuna de Recoleta.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por medio del cual solicita que se acuerde abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (Boletín Nº 2.286-04), hasta las 10 horas del miércoles 19 del mes en curso, las que serán recibidas en la Secretaría de la Comisión.
Del Senador señor Cantero, por medio de la cual presenta al Senado su renuncia al cargo de Vicepresidente de la Corporación.
Asimismo, agradece al señor Presidente, a los señores Senadores y a los funcionarios la confianza y la colaboración recibidas.
--Se toma conocimiento y, por acuerdo de Comités, queda para ser votada en la presente sesión.
De la Comisión de Hacienda, mediante la cual señala que, con fecha 11 del mes en curso, ha procedido a elegir como su Presidente al Senador señor Foxley.
De la Comisión de Economía, por medio de la cual informa que ha procedido a elegir como su Presidente al Senador señor Novoa.
De la Comisión de Agricultura, en la que señala que, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento de la renuncia a la Presidencia de la misma presentada por el Senador señor Naranjo, y que procedió a elegir como su Presidente al Senador señor Moreno.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual señala que ha elegido como su Presidente al Senador señor Parra.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, en que indica que, en sesión celebrada ayer, el Senador señor Arancibia presentó su renuncia como Presidente de la misma y que, en su reemplazo, fue elegido en dicho cargo el Senador señor Prokurica.
De la Comisión de Defensa Nacional recaído en la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República , mediante la cual recaba el acuerdo del Senado para autorizar la salida del territorio de tropas nacionales. (Con declaración de la urgencia de que trata el inciso segundo del número 5) del artículo 49 de la Carta Fundamental). (Boletín Nº S 658-05).
En estos momentos, ha llegado a la Mesa un segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica las disposiciones de la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. (Boletín Nº 3115-14).
Asimismo, ha llegado un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por medio del cual comunica que el día de ayer se acordó abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, hasta el lunes 17 del mes en curso, a las 12.
Sobre el particular, agrega que, en atención a que las indicaciones ya presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República en uso de sus facultades son propias de su competencia, acordó solicitar a la Sala que acuerde que solamente ella emita un informe complementario al presentado por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Salud, unidas.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, Vicepresidente del Senado .
Señor Presidente, Honorable Senado, pido que me dispensen unos minutos.
En cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad en la Corporación, suscrito en 2002, conforme al cual la Alianza por Chile y la Concertación compartirían la Mesa durante este período, vengo en presentar mi renuncia al cargo de Vicepresidente del Senado . De esta manera, Renovación Nacional demuestra ser fiel a su compromiso político.
Ejercer esta alta magistratura de la República ha constituido para mí un honor y un privilegio.
Honor que surge en cualquier ciudadano con vocación democrática al tener la oportunidad de servir los altos intereses del país y desarrollar su espíritu de servicio público, como ha sido mi caso a lo largo de toda mi vida.
Privilegio que representa la posibilidad de desplegar mis capacidades en procura del bien común, en toda la dimensión del quehacer que el cargo representa, como asimismo la exquisita e enriquecedora experiencia de interactuar y convivir con los diversos actores de la vida nacional que encarnan la valiosa diversidad de nuestro país, y con Sus Señorías, mis Honorables colegas, con quienes hemos profundizado nuestro mutuo conocimiento.
En el ejercicio del cargo que los señores Senadores me confiaron, he procurado invariablemente actuar con respeto y consideración hacia todos los sectores, reconociendo siempre en las otras personas el legítimo yo que cada uno de nosotros encarna.
He tratado de cultivar una relación cálida y fraternal. He procurado que mi gestión se caracterizara por la vocación de unidad, privilegiando aquello que nos convoca y nos reúne en torno de objetivos comunes y ejerciendo la función encomendada con responsabilidad y espíritu cívico.
A medida que nos adentramos en el siglo XXI, vivimos tiempos de duros desafíos para una sociedad que muestra cambios vertiginosos, los que impactan con especial fuerza en la política, lo político y los políticos, proceso de complejidad e interdependencia creciente que aumenta los márgenes de incertidumbre sobre el futuro, desorientando por momentos a la sociedad civil.
La revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones han creado un mundo virtual paralelo que rompe la tradicional relación de tiempo y espacio y nos proyecta hacia la sociedad de redes.
La globalización nos abre hacia la acelerada mundialización de los mercados y las normas de estandarización. Paralelamente emergen nuevos paradigmas en la sociedad, caracterizados por una nueva valoración de la diversidad, la asociatividad, la pluralidad, entre otros.
El gigantesco cambio que representa la emergencia de la intangibilidad de la riqueza, con sus nuevas formas de distribución, difusión y concentración en el conocimiento, es lo que viene en denominarse "La Sociedad de la Información y el Conocimiento".
La nueva dimensión que adquiere la sociedad civil al romper la exclusiva relación de mercado y Estado que caracterizó al siglo anterior, convierte a la sociedad civil cada día en un actor más importante, impacta en la difusión del modelo democrático y en el quehacer que a nosotros nos interesa.
Todo lo anterior está provocando dramáticos cambios en la sociedad contemporánea; y atendido tal proceso, su velocidad y profundidad, el Senado y los partidos políticos se encuentran concentrados en estos días en implementar una agenda de temas y fechas claramente concordados que permitan superar los desafíos que emergen.
La Mesa de la que formé parte tuvo la visión, la voluntad y la capacidad de adelantarse a los duros sucesos que han impactado a la política chilena, al plantearse como objetivo, desde el primer minuto, modernizar la gestión y comprometerse decididamente por la transparencia y la probidad, al sintonizar con las demandas que han efectuado los ciudadanos y que, de alguna manera, comprometen nuestra imagen.
Durante este período, trabajamos seria y responsablemente por cautelar la buena imagen de la Corporación, preocupación fundamental, siendo una de nuestras principales inquietudes la transparencia con que debe manejarse la gestión de las autoridades, lo que finalmente se ha traducido en un informe que promueve la creación de la Comisión de Ética en el Senado, que Sus Señorías deberán resolver en los próximos días.
Considero importante señalar que durante el ejercicio de nuestros cargos con el Presidente , Senador señor Andrés Zaldívar , muchas fueron las preocupaciones y logros de la Mesa, entre los que puedo señalar:
-La creación de la Comisión Especial de Ética en el Senado;
-La formación de la Comisión Especial de Remuneraciones;
-El establecimiento de la Comisión Especial de la Sociedad de la Información;
-La incorporación al Senado de los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones;
-La transparencia en las funciones de la Cámara Alta, publicando por primera vez los gastos de gestión en la página web de la Corporación;
-La aprobación de un sistema de incentivo a la jubilación para los funcionarios del Senado;
-El desarrollo de un contacto intenso y fluido con el mundo universitario;
-El trabajo con organismos internacionales, particularmente con la CEPAL y el ILPES, donde destacó la organización de la Conferencia Interparlamentaria de Desarrollo Territorial, realizada en octubre del año recién pasado en esta rama del Congreso, y
-Encuentro con el mundo tecnológico, con altos ejecutivos del área de la innovación tecnológica y de la gestión del conocimiento.
Deseo dejar expresa constancia de mi agradecimiento por la confianza con que me distinguió el Senado y por la buena disposición y colaboración que recibí de cada uno de Sus Señorías.
También deseo hacer público mi reconocimiento a los colaboradores, particularmente a mis secretarias Mónica y Soledad.
Quiero señalar, públicamente, que me siento orgulloso por la calidad profesional y humana que caracteriza al cuerpo de asesores, al personal del Senado chileno.
También estoy orgulloso de la calidad y el espíritu con que ha funcionado esta Alta Cámara. A pesar de las vicisitudes que se viven en el país, tengo la profunda esperanza en que podremos superar las dificultades, anhelo que cifro fundamentalmente en la calidad humana de cada uno de quienes la componen.
Hago público mi reconocimiento al señor Presidente del Senado , y agradezco su confianza y la motivación permanente para acometer nuevos desafíos. En mi concepto -sinceramente así lo creo-, hemos conformado un gran equipo.
Regreso a mi escaño, junto a mis pares, con la confianza de haber hecho un buen esfuerzo y con la motivación y el estímulo de haber recibido el cariño y las muestras de afecto de mis Honorables colegas.
Vuelvo a la Sala de Senadores de Renovación Nacional, para seguir cumpliendo mis funciones con el interés, seriedad y responsabilidad que he aplicado en todo mi quehacer.
Finalmente, deseo al nuevo miembro que se integra a la Mesa, al Senador señor Bombal , mucho éxito en su gestión. Puede contar conmigo como un leal colaborador, como también la Sala tendrá siempre mi mejor disposición al trabajo en equipo y al apoyo permanente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-.
En conformidad a lo dispuesto en la tabla y a lo resuelto por los Comités, correspondería pronunciarnos sobre la renuncia presentada por el Honorable señor Cantero a la Vicepresidencia del Senado.
Sobre la base de lo planteado por los Comités -y es la única manera de hacerlo, reglamentariamente-, quisiera obviar la votación mediante balota o por tarjetón y que se aprobase la renuncia por la unanimidad de la Sala.
--Por unanimidad, se aprueba la renuncia del Senador señor Cantero a la Vicepresidencia de la Corporación.
La única proposición para ocupar el cargo recae en la persona del Senador señor Carlos Bombal .
Pido acogerla también por unanimidad, a fin de prescindir de la votación por balota o por tarjetón.
--Por unanimidad, se designa Vicepresidente del Senado al Honorable señor Carlos Bombal Otaegui .
Señor Presidente , señoras y señores Senadores, señor Secretario :
Quiero agradecer la muestra de confianza con que me han distinguido, ofrecerles mi leal colaboración para el desempeño de cada una de las funciones que deben cumplir Sus Señorías -y a usted, señor Presidente , en particular- y destacar el hecho de que, en los momentos que vive Chile, que son algo difíciles, el testimonio que esta Corporación ofrece al manifestar su voluntad de equipo y de trabajar como lo hacemos es, a mi juicio, una señal muy positiva.
Espero encontrarme a la altura de lo que el Senado muestra esta tarde al país, que espero en Dios que sirva para resolver los temas que se deben enfrentar y que a todos nos importan.
Corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República en que se solicita la autorización constitucional del Senado para enviar tropas al extranjero, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre la autorización (S 658-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesiones 28ª y 30ª, en 4 y 5 de marzo de 2003.
Defensa, sesión 32ª, en 12 de marzo de 2003.
La solicitud del Primer Mandatario expresa que, en el marco del acuerdo bilateral suscrito entre los Ministros de Defensa de Chile y de Argentina, se extendió una invitación para la integración de una Unidad Conjunta del Ejército y la Armada de Chile a la Fuerza de Tarea argentina desplegada en la misión de Naciones Unidas en Chipre, lo que el Gobierno estima compatible y conveniente con los intereses que el país persigue en el contexto internacional.
La salida de tropas es por un período inicial de dos años, a partir del 22 del mes en curso, prorrogable en caso de un acuerdo en tal sentido.
La Unidad Conjunta se halla compuesta por dos oficiales y 28 miembros del Cuadro Permanente del Ejército y la Armada, con su correspondiente material y equipo.
La Comisión de Defensa Nacional conoció de la solicitud y sus fundamentos, resolviendo, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Canessa, Fernández, Flores, Páez y Prokurica, recomendar a la Sala que se otorgue el acuerdo.
Cabe señalar que la Corporación, para tal efecto, requiere la mayoría absoluta de sus miembros presentes.
Finalmente, corresponde destacar que el Presidente de la República hizo presente la urgencia para el pronunciamiento del Senado, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del número 5 del artículo 49 de la Constitución Política.
Señor Presidente , con relación al asunto en tabla, deseo expresar que es evidente y altamente recomendable para la imagen de Chile la participación en estas operaciones de paz, en tareas en que aparece asumiendo responsabilidades internacionales frente a la comunidad mundial.
Sin embargo, deseo formular dos reflexiones, para los efectos de la historia de la autorización que nos ocupa. La primera de ellas es que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ser miembro de Naciones Unidas y en este momento integrante no permanente del Consejo de Seguridad no debe confundir a la opinión pública ni a las autoridades en el sentido de que las tareas y funciones continuas, básicas y fundamentales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no cambian con la participación en el campo internacional. Esos cometidos son prioritarios para el Estado y deben hallarse siempre presentes en la mente de sus conductores y en la ciudadanía.
El concurrir a misiones para resguardar o imponer la paz, según el caso -en la situación en estudio la finalidad es separar fuerzas-, no debe ocultar el verdadero objetivo de las Fuerzas Armadas en un Estado libre y soberano como Chile.
El segundo aspecto dice relación a que desgraciadamente nos encontramos frente a un fenómeno que va cobrando cada vez más envergadura. El presupuesto de la Defensa Nacional -en este caso, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros- va decreciendo y no está respondiendo a las demandas. Por ejemplo, un servicio moderno de Fuerzas Armadas en el exterior para cumplir ciertos requerimientos sencillamente no se podrá prestar en el futuro si no se entiende que dicho presupuesto, como parte de la figuración del Estado de Chile y de la fuerza con que cuenta para imponer la ley y mantener su seguridad, no se encuentra suficientemente reforzado.
Lamento profundamente que hechos como la pérdida de 85 millones de dólares ocurrida hace unos días, de valores estatales, signifiquen, si se piensa en ello, una falta de recursos para enfrentar dificultades muy graves de la población, pero también, diría, otras como la de buques que requiere la Armada, o de aviones que necesita la Fuerza Aérea, o de tanques que precisa el Ejército, para modernizarse y poder hacer frente a demandas de participación internacional, por ejemplo, que perfectamente bien se podrían haber resuelto. No quiero hacer referencia a los problemas sociales que se podrían haber solucionado.
Deseo hacer presentes esas dos cosas. Primero, no se debe perder el sentido de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en su función de defensa de Chile. Y, en segundo lugar, no cabe olvidar que los presupuestos nacionales para la Defensa son cada día menores y que ello traerá serias dificultades.
Me encuentro absolutamente convencido de que se trata de una buena misión, con el marco de referencia expuesto.
¿Hay acuerdo para la aprobación?
Señor Presidente , tal como lo voté ayer en la Comisión, estoy totalmente de acuerdo con aprobar la solicitud, porque Chile ha sido siempre un país que ha buscado por la vía del derecho, por medios pacíficos, la solución de sus problemas internacionales.
Sin embargo, quiero prevenir no solamente al Senado, sino también al país que, por los motivos consignados por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no es posible entusiasmarse con este tipo de misiones. Porque ellas irrogan gastos, por muy hermoso que sea el propósito que se persigue, y, cuando los medios son escasos, y dramáticamente escasos e insuficientes para las necesidades de las Fuerzas Armadas, en cuanto a sus funciones esenciales, al objetivo para el que han sido creadas, que es la defensa del país, estimo que se debe ser sumamente cauto.
La misión en análisis cuesta relativamente poco, pero en el futuro pueden presentarse situaciones que lleven a gastos mucho más cuantiosos. Y las necesidades de la Defensa Nacional no se pueden olvidar, porque vivimos en un continente totalmente inestable, donde pueden surgir conflictos cortos, violentos, que crean política de hechos consumados y, si no contamos con los medios para defendernos, caeremos en una gran responsabilidad ante la historia.
Muchos aquí saben estas cosas; sin embargo, muy pocos estuvimos el año 78, cuando todos decían que jamás tendríamos problemas externos. Y los tuvimos. Íbamos a enfrentar una realidad muy dura con medios sumamente escasos, con grave riesgo para la seguridad e integridad territorial de la nación.
Por eso, llamo a que seamos cautelosos. Es una prevención, sin perjuicio de estar totalmente convencido de que esta misión, aunque pequeña, hay que apoyarla, y así lo hago.
Si le parece al Senado, se aprobará la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las disposiciones de la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3115-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 10ª, en 6 de noviembre de 2002.
Vivienda, sesión 20ª, en 17 de diciembre de 2002.
Hacienda, sesión 25ª, en 15 de enero de 2003.
Hacienda (segundo), sesión 32ª, en 12 de marzo de 2003.
Sesión 25ª, en 15 de enero de 2003 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general por el Senado en sesión del 15 de enero de este año.
Cuenta con un segundo informe de la Comisión de Hacienda, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1 al 5 del artículo único. En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento de esta Corporación, deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los Senadores presentes, solicite someterlos a discusión y votación.
Asimismo, se deja constancia de que la indicación del Ejecutivo fue aprobada sin modificaciones y de que se rechazó una similar presentada por el Honorable señor Arancibia.
La modificación introducida por la Comisión de Hacienda al proyecto aprobado en general se consigna en el informe, la que fue acordada por dos votos a favor (de los Senadores señores Foxley y García) y una abstención (del Honorable señor Ominami), es decir, sin ningún voto en contra.
Ella tiene por objeto poner un límite -lo fija en 10 mil- al número de subsidios que establezca la Ley de Presupuestos del Sector Público para los efectos previstos en la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.
El texto del proyecto despachado por la Comisión de Hacienda se consigna en el informe.
Finalmente, la Secretaría ha elaborado un boletín comparado de cuatro columnas: la primera contempla los artículos pertinentes de la ley Nº 19.281; la segunda, el texto aprobado en general por el Senado; la tercera, la indicación que resultó aprobada por la Comisión; y la cuarta, el texto final del proyecto, de aprobarse lo despachado por la Comisión.
Si le parece al Senado, se aprobará el proyecto en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda.
--Se aprueba en particular, y queda despachado en este trámite.
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos urbanos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2625-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ríos).
En primer trámite, sesión 11ª, en 15 de noviembre de 2000.
En tercer trámite, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 27ª, en 22 de enero de 2003.
Constitución (segundo), sesión 4ª, en 2 de abril de 2002.
Constitución (tercer trámite), sesión 26ª, en 21 de enero de 2003.
Mixta, sesión 31ª, en 11 de marzo de 2003.
Sesiones 22ª, en 14 de agosto de 2001 (se aprueba en general); 4ª, en 2 de abril de 2002 (se aprueba en particular); 27ª, en 22 de enero de 2003 (se aprueba su informe y pasa a Comisión Mixta).
La controversia entre ambas Cámaras se originó al rechazar el Senado algunas de las enmiendas que la Honorable Cámara de Diputados efectuó al artículo 1º del proyecto de ley durante el segundo trámite constitucional.
El informe de la Comisión Mixta consigna la proposición destinada a resolver las divergencias entre ambas Cámaras. Ella consiste en suprimir las letras b), c) y d) del número 2 del artículo 1º; reemplazar el artículo 8º de la ley Nº 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos; modificar el artículo 16 de esta misma ley, fijando un plazo de seis meses para que el demandante por desahucio o restitución pueda intentar nuevamente la acción; suprimir el número 9, nuevo, que incorporaba un artículo 18 bis a la ley Nº 18.101, y efectuar modificaciones de concordancia en los artículos 9º y 15 de la referida ley.
Los acuerdos de la Comisión Mixta fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros presentes, con excepción del relativo al monto del juicio en que las partes podrán comparecer y defenderse personalmente. Por mayoría, la Comisión Mixta aprobó un monto de cuatro unidades tributarias mensuales. Votaron en contra el Senador señor Aburto y el Diputado señor Burgos, quienes se declararon partidarios de fijarlo en cuatro unidades de fomento.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado dividido en seis columnas, en las que se consignan los artículos de la ley Nº 18.101 que se modifican; el texto que aprobó el Senado en el primer trámite constitucional; las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados y que fueron aprobadas por el Senado; las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y que fueron rechazadas por el Senado; la proposición de la Comisión Mixta, y el texto final del proyecto que se propone aprobar.
Señor Presidente , a modo de explicación haré un resumen de esta iniciativa.
En el mes de noviembre de 2000 presenté en el Senado el proyecto de ley que nos ocupa, que modernizaba la normativa que regula el arrendamiento de predios urbanos, y que hoy es informado por la Comisión Mixta, tal como lo señaló el señor Secretario .
Esta iniciativa legal tuvo su origen en las numerosas presentaciones que me hicieron llegar diversas personas que estaban litigando respecto de estas materias. En la mayoría de los casos se trataba de personas que habían invertido los ahorros de toda una vida en una vivienda para obtener ingresos provenientes de su arrendamiento. Pero, lamentablemente, en los hechos la situación se había vuelto agobiante. Incluso, en algunos casos se llegó al absurdo de constituir un enriquecimiento sin causa o injusto para el arrendatario que vivía a costa de su arrendador por períodos extensos por los cuales nunca le retribuía, dejando las más de las veces las casas destruidas.
La regulación del contrato de arrendamiento surge en Chile inspirada en la defensa del arrendatario.
Con el proceso de modernización llevado a cabo en nuestro país en los últimos treinta años -éstos son antecedentes muy interesantes- la situación cambió, y según los resultados preliminares del censo de 2002 somos 15 millones 58 mil 410 habitantes y existen 4 millones 434 mil 521 viviendas. Vale decir, que Chile tiene hoy 3,3 habitantes por casa, promedio que nos ubica en el más alto nivel del contexto latinoamericano, muy cerca de los países europeos que exhiben tasas de 2,8 habitantes por casa. De ese total de viviendas, unas 520 mil, que representan 11,7 por ciento del total, se hallan en régimen de arriendo.
La normativa anterior, en la mayor parte de los casos, aun en contra del espíritu del legislador, operaba desprotegiendo al arrendador.
La fuerza de los hechos en esta materia modificó la realidad social y también las condiciones que hacían necesaria la protección del arrendador. La sociedad necesita una legislación capaz de solucionar los conflictos y cumplir con el restablecimiento de la equidad, la efectiva protección de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.
La normativa que hoy se despacha ha sido fruto del trabajo conjunto de todos los grupos sociales, actores económicos y sectores políticos del país, trabajo que se ha caracterizado porque se ha fundado sobre la certeza de la urgencia de dotar a la comunidad de herramientas de solución rápidas que miren al bien común.
Entre las modificaciones cabe destacar que para aquellos juicios en que el valor de la renta del inmueble no exceda de cuatro unidades tributarias mensuales, se permite la comparecencia personal de los interesados sin necesidad de patrocinio de abogado; el establecimiento de una presunción de derecho de domicilio válido para notificar al demandado que corresponde al inmueble arrendado; una sola audiencia de conciliación y prueba, en la que deberá conocerse de la demanda principal, su contestación y prueba, interposición de demanda reconvencional, su contestación y prueba, las que se tramitarán por cuerda principal; limitación de los medios probatorios a los señalados en la primera presentación de cada parte, se fijarán los puntos de prueba y si no existiesen se citará a las partes a oír sentencia de inmediato; excepcionalmente se fijará otra audiencia, previa petición del demandante reconvencional, para que sea contestada por la parte contraria; la disminución a menos de la mitad de los plazos máximos para restitución de los inmuebles, dependiendo de la modalidad del contrato, los que variarán entre dos y seis meses, no pudiendo en ningún caso exceder dichos términos; en el evento de que el arrendatario no restituya el inmueble a su arrendador, éste puede solicitar al juez su entrega sin forma de juicio, previa certificación del abandono en un acta elaborada por un ministro de fe; un procedimiento verbal, concentrado y desritualizado; menor rigidez al momento de apreciar la prueba el juzgador, ya que se le faculta para que aprecie según las reglas de la sana crítica los medios probatorios hechos valer en juicio; concesión de la apelación sólo en efecto devolutivo respecto de la sentencia definitiva y las resoluciones que pongan término al juicio o imposibiliten su continuación, causas que tendrán preferencia para su vista y fallo, sin que se pueda decretar orden de no innovar; sanción con multas a beneficio fiscal al arrendador que injustificadamente niegue a su arrendatario la autorización para abandonar el inmueble, retirar sus muebles o el recibo que acredite el pago de la renta.
Dentro de los innumerables beneficios del presente proyecto de ley, es importante destacar el incentivo para volver a la compra de bienes raíces destinados al arrendamiento, lo que se traducirá en un incremento de la actividad inmobiliaria.
En el ámbito jurisdiccional, los magistrados, al haber procedimientos breves y sumarios, podrán fallar y poner término a las decenas, centenares o miles de litigios en un tiempo razonable.
Por su parte, los dueños de inmuebles contarán con una protección real de sus derechos, y nuevamente invertirán en vivienda los hombres y mujeres que han alcanzado la jubilación y pretenden aumentar sus ingresos con la inversión en bienes raíces -vivienda, fundamentalmente-, como ocurre en todos los países de gran desarrollo.
Proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3039-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.
Constitución y Educación, unidas, sesión 30ª, en 5 de marzo de 2003.
El objetivo de la iniciativa es sustituir el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política para conferir carácter obligatorio a la educación media hasta el cumplimiento de los 18 años de edad.
Las Comisiones unidas aprobaron en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Coloma, Espina, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide, Silva y Vega), modificando el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados en los términos consignados en el informe.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan el texto actual del artículo 19, numeral 10º, de la Constitución Política; el proyecto propuesto por el Ejecutivo ; el texto que aprobó la Cámara de Diputados, y el articulado sugerido por las Comisiones unidas.
Cabe destacar que este proyecto de reforma de la Carta Fundamental debe ser aprobado por las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, con 32 votos afirmativos.
Finalmente, corresponde señalar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, las Comisiones unidas proponen al señor Presidente que sea discutida en general y en particular a la vez.
En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
Señor Presidente , esta modificación constitucional fue presentada por el Ejecutivo y se funda en el anhelo, obviamente por todos compartido, de que la educación media pueda hacerse obligatoria para el mayor número de personas en nuestro país.
Como bien saben Sus Señorías, en Chile es obligatoria sólo la educación básica. Y se debe tener presente que el establecimiento de una obligación constitucional respecto de la educación media debe ir acompañado, necesariamente, de un sistema de financiamiento que permita cumplirla en cuanto a las personas que no tengan recursos propios para costearla. En este sentido, el Ejecutivo , impulsor de la iniciativa, garantizó la existencia de los fondos requeridos.
Un punto especialmente discutido en las Comisiones unidas fue el límite de edad fijado para los efectos de tal obligatoriedad. El proyecto original del Ejecutivo consignaba la educación media obligatoria hasta los 18 años, fundado precisamente en la necesidad de contar con recursos suficientes y en que no estaba en condiciones de ir más allá de esa edad.
La Cámara de Diputados eliminó dicho límite, no por estar en desacuerdo con establecerlo, sino basándose en el hecho de que lo fijaría la ley.
Opinan las Comisiones unidas que consignar mediante la ley un límite de edad a un derecho garantizado por la Carta adolece de inconstitucionalidad. En su concepto, no puede la ley poner límite a un derecho esencial que se pretende consagrar en la Constitución.
Por tal razón, y dado que el Ejecutivo se fundó en el hecho de que no es factible disponer los recursos sin que exista un límite de edad para el ejercicio del derecho en comento, las Comisiones unidas se declararon partidarias de retomar el proyecto original del Gobierno y establecer que la educación media es obligatoria hasta los 18 años, que es el compromiso que el Estado puede asumir a los efectos de garantizar un sistema de financiamiento para la referida obligación.
Tales fueron los motivos por los cuales las Comisiones unidas aprobaron unánimemente la modificación constitucional y retomaron el proyecto original del Ejecutivo , con el límite de edad que señalé.
Señor Presidente , hace algunos años, junto con el entonces Senador don Sergio Bitar , presentamos un proyecto de reforma constitucional que establecía la obligatoriedad de la educación media; y planteamos un total de 12 años para ambos niveles. La moción pertinente fue tratada en su oportunidad por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que, no obstante reconocer la importancia de la idea, representó legítimamente su preocupación respecto del financiamiento de tan trascendental iniciativa. No rechazó nuestra proposición, sino que procedió a archivarla, a la espera de que, en un momento como éste, el Ejecutivo patrocinara la idea.
Quiero, en estricta justicia, señalar que esa misma inquietud fue planteada en la Cámara Baja por el entonces Diputado señor Naranjo , hoy Senador de la República .
La iniciativa que propusimos tenía un artículo único, al igual que la que ahora analizamos. ¿Y qué decíamos en esa época con el Senador señor Bitar ? Que se sustituía el Nº 10º del artículo 19 de la Constitución Política; que las educaciones básica y media eran obligatorias, y que por tanto, con tal objeto, el Estado debía financiar un sistema gratuito destinado a asegurar que accediera a ellas toda nuestra población.
El proyecto que discutimos en este momento histórico dispone en su artículo único lo siguiente: "La educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".
Lo señalo para que se note la similitud de la iniciativa que nosotros planteamos con la que hoy día hace suya el Ejecutivo.
¡Qué duda cabe, Honorables colegas, de que Chile esta tarde da un gran paso con esta reforma y con esa obligatoriedad, similar al que hizo posible la Constitución del año 1925 cuando declaró la educación pública como atención preferente del Estado, precisando en seguida que la educación primaria era obligatoria!
Debemos reconocer ahora que chilenos de larga visión entendieron hace cerca de un siglo que el desarrollo de una nación está ineludiblemente amarrado a sus procesos educacionales. En esos tiempos se transitaba de una economía agraria a una economía industrial.
Hoy, en el siglo XXI, el "del conocimiento y la tecnología", como se lo ha titulado, se repite el proceso de visualizar la preparación del hombre y la mujer de este tiempo. Éste es un siglo de tremenda competencia, no sólo entre los seres humanos, sino también entre el hombre y una de sus creaciones, la máquina, que cada día es más y más inteligente.
Con respecto a la responsabilidad del Estado, debo señalar -para mí, éste es un debate histórico- que, mucho antes de los albores de la Independencia, chilenos ya apuntaban en tal sentido. Ello se vio reflejado en 1813 -tres años después de independizarnos- con la creación del Instituto Nacional, y en 1843, con el establecimiento de la Universidad de Chile.
Señores Senadores, siempre -ayer, hoy y en toda época- la cuestión social va a estar supeditada a los procesos educacionales.
Sé que Sus Señorías conocen la frase -acuñada certeramente- que sostiene que las naciones, las personas, sólo saldrán de los círculos de pobreza si logran acceder a una educación de buena calidad. Y eso siempre tiene más raíces en los sectores más débiles de una sociedad; en este caso, de nuestro país. Por eso en un instante dado de nuestra historia republicana se creó el Estado docente, sobre la base de la idea de educar para gobernar.
Han pasado casi 80 años, y nuestro país, merced a la visión de futuro a que hice referencia, sólo tiene hoy negativamente 4,6 por ciento de analfabetismo. La educación media ofrece la interesante estadística de 85 por ciento de los jóvenes chilenos en el sistema. Es decir, la ley en proyecto apunta a retener la permanencia y a llegar a un ciento por ciento. ¡En buena hora!
¿Y por qué digo "en buena hora"?
Honorables colegas, sé que no escapa a la realidad que vemos a diario lo que hace un joven egresado de 8º año básico a los 13 ó 14 años de edad y que no continúa estudios medios. Indudablemente, pasa a ser una mercadería depreciada en el mundo laboral, donde se espera su mayoría de edad, y queda disponible para trabajos transitorios, mal pagados y sin ninguna perspectiva.
En Chile, cerca de 2 millones y medio de alumnos se encuentran hoy en la enseñanza básica. En la media hay 800 mil jóvenes, de los cuales 440 mil corresponden al área científico-humanística y 346 mil a la técnico-profesional.
El proceso de atención preferente del Estado chileno permite tener -y digámoslo con orgullo- una expectativa de vida escolar levemente por debajo de la que ofrecen naciones más desarrolladas, como Australia, Irlanda , Suecia y Gran Bretaña .
El desenvolvimiento económico del país y del resto del mundo está ligado hoy, como nunca, a los procesos educativos formales.
Para superar la inequidad en la distribución de la riqueza, cuestión que discutimos diaria y permanentemente; para superar la injusticia social, que nos muerde en el día a día, y para aumentar los índices de productividad en el trabajo en un mundo globalizado, debemos obligatoriamente dar más y mejor educación.
Es cierto que en los últimos 30 años Chile ha mejorado su sistema educacional. Pero debemos reconocer, sí, que nos quedan tareas relevantes para dar un salto cualitativo que disminuya la distancia que tenemos con las naciones desarrolladas.
La educación media que hoy fortalecemos es una importante etapa de transición que permitirá a nuestros jóvenes incorporarse con francas posibilidades de éxito en la educación superior, en el ámbito productivo y en el mercado del trabajo.
Entre 1980 y 1997 nuestro país triplicó su producto interno bruto. Con la ley en proyecto, que sin duda será aprobada por unanimidad en el Senado, serán favorecidos 120 mil jóvenes de entre 14 y 17 años que hoy se encuentran al margen de la enseñanza media.
El paso que daremos esta tarde es indispensable y fundamental. Hoy, en pleno siglo XXI, extendemos la noción -fíjense, Honorables colegas- iniciada en 1920.
¡Cómo podríamos estar sordos a esa realidad!
Con ello estamos garantizando una efectiva igualdad de oportunidades para todos los chilenos en materia educativa y laboral.
Por lo expuesto, los Senadores del Partido Por la Democracia daremos con entusiasmo nuestros votos favorables a este proyecto, que tiene un sentido histórico después de que en 1920 se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que establecía la entrega por el Estado de educación gratuita a todos los niños chilenos.
Consulto a la Sala si podemos comenzar a recoger la votación -se necesitan 32 votos- o fijamos hora para ello.
Lo último, señor Presidente .
¿Habría acuerdo para empezar la votación a las 18?
Señor Presidente , señor Vicepresidente -saludo a Su Señoría por su reciente elección-, estimados ex colegas, quiero señalar al comienzo de mi intervención que me siento muy emocionado de regresar a esta Sala justo un año después de haberla dejado como Senador, en una sesión de marzo de 2002 en que entre otras cosas, según consta en la Versión Taquigráfica, expresé lo siguiente: "Tenemos una labor común: ennoblecer la política y desarrollar la amistad cívica, la tolerancia y el respeto a las opiniones de los demás, para hacer un Chile mejor.". Y más adelante agregué: "Hasta este mismo día," -creo que era el 6 de marzo de 2002-, "en que se celebra la última sesión del actual período parlamentario, he bregado por la aprobación de proyectos que promoví en Comisiones, como hoy en la de Educación, con otros colegas, para lograr un mejoramiento en la enseñanza municipalizada y hacer concursar a los directores." (proyecto que presentamos con el Honorable señor Muñoz Barra ). "En esta misma sesión se halla en tabla la iniciativa que protege los bienes arqueológicos, originada en una moción mía que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia." (más tarde fue aprobada en este Hemiciclo con el respaldo de todos los señores Senadores).
Es por cierto emocionante volver un año después, señor Presidente -y perdóneme por tomar unos minutos para referirme a ello-, pues el destino me ha puesto de nuevo ante esta Sala para defender un proyecto de reforma constitucional que presentamos con el Senador señor Muñoz Barra para dar 12 años de estudio a todos los jóvenes de Chile en el siglo XXI.
Formulamos la moción pertinente en 2001 (según recuerdo), y ella fue estudiada por las Comisiones respectivas de esta Corporación. Más tarde, el Ejecutivo consideró que se trataba de una materia relevante. El Presidente Lagos y los ex Presidentes Aylwin y Frei (este último, aquí presente) manifestaron, en un acto realizado en el Instituto Nacional Barros Arana, su respaldo y voluntad para que este proyecto de reforma constitucional llegara al Senado.
Se trata de una materia fundamental. Y quiero hacer una referencia histórica, por la trascendencia que a mi juicio tiene ella para nuestra patria.
Siempre la educación fue una utopía que inspiró a nuestros padres fundadores. Y pasamos a la construcción de un sistema educacional público, que labraron nuestros estadistas: Juan Egaña y la fundación del Instituto Nacional -donde cursé mis estudios-, en 1813; Andrés Bello y la fundación de la Universidad de Chile, en 1842; Manuel Montt y Sarmiento y la fundación de la Escuela Nacional de Preceptores, ese mismo año, a la cual se sumó la primera de mujeres en el continente, en 1854.
Esos fueron hitos institucionales que empezaron a construir nación a través del conocimiento.
Pero también existen hitos legislativos que deseo recordar hoy en esta Sala.
El que ahora sancionamos es un eslabón de una larga cadena iniciada por la Ley Orgánica de Instrucción Primaria del Presidente Montt en 1860, pero fruto de uno de los debates más lúcidos de nuestro Congreso Nacional. Aquélla estableció el deber del Estado de fundar escuelas con relación a la población y la gratuidad de la enseñanza pública.
El segundo es, por cierto, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgada en 1920 y que, como saben los señores Senadores, demoró casi 20 años en ser aprobada. Su relevancia puede aquilatarse teniendo en cuenta la realidad de entonces, cuando en Chile sólo había 800 mil niños en edad escolar, de los cuales 300 mil concurrían a las escuelas públicas y sólo 50 mil a las particulares.
En ese tiempo la educación primaria era de cuatro años; durante el primer período del Presidente Ibáñez se extendió a seis, y en el Gobierno del Presidente Frei Montalva se amplió a ocho. Hoy el Senado de la República se encuentra frente a una decisión fundamental: garantizar a los niños y niñas de Chile doce años de escolaridad gratuita y obligatoria.
Tal como señalaron los Presidentes de las Comisiones de Constitución y de Educación, Senadores señores Chadwick y Muñoz Barra , respectivamente, y como se estatuye en el texto sometido a consideración del Senado, la educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.
Señor Presidente y señores Senadores, quiero solicitar el respaldo de la Sala a esta iniciativa tan trascendental. Chile tiene una enseñanza promedio del orden de diez años, cifra alta. Tenemos la convicción de que la calidad de la educación -y éste será el sello que deseo otorgar al privilegio de ejercer el cargo de Ministro de la Cartera- es lo fundamental y a ello deberemos dedicar nuestros esfuerzos hacia adelante junto con toda la comunidad. Porque, como bien recordó el Senador señor Ríos en la Comisión de Educación la semana pasada, la Constitución consagra que "Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación".
Si bien en el proyecto de reforma constitucional que presentamos en su momento (cuando yo era Senador) no se establecía la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años de edad, el Ejecutivo así lo planteó en el que esta tarde se debate y que fue ratificado por las Comisiones unidas. En consecuencia, estará en nuestras manos resolver la viabilidad del ejercicio expedito, en la práctica, de esta norma constitucional.
En nuestro país, un millón quinientos mil trabajadores no ha terminado la educación básica, y otro millón quinientos mil no ha concluido la enseñanza media. ¡Tres millones de chilenos adultos no han finalizado la educación media! Es decir, una cifra cercana al 70 por ciento.
Tenemos un déficit en materia de calidad y de extensión de la educación que es esencial revertir, a fin de enfrentar la competencia internacional y el desafío de la globalización. Se han iniciado programas nuevos, como el denominado "Chile Califica", destinado a la nivelación de la enseñanza de los adultos. Pero deben hacerse mayores esfuerzos porque la educación ha pasado a ser una necesidad continua en la vida y, por tanto, los recursos que deben destinarse a ella son gigantescos. En esta ocasión, el Estado se compromete a entregar escolaridad obligatoria y gratuita a todos los niños durante doce años, hasta que cumplan 18 años de edad.
En seguida daré a conocer algunas cifras aproximadas.
En 2003 la matrícula total en la educación media alcanza a 951 mil alumnos, de una población estimada en el respectivo rango de edad ascendente a un millón 77 mil. De manera que, en una primera aproximación, existe un déficit de 120 mil matrículas, que tendríamos que satisfacer con más escuelas, mayor infraestructura. Sin embargo, la cobertura en la enseñanza media es del orden de 85 por ciento y de casi 100 por ciento en la básica. Estamos muy cerca de alcanzar plena cobertura. Por eso, el consagrar en la Carta Fundamental la obligatoriedad de ambas constituye una misión que debemos imponernos como sociedad.
No olvidemos que en 1920 los porcentajes eran muchísimo más bajos. En ese entonces, la población que terminaba los estudios básicos de cuatro años difícilmente alcanzaba a 40 por ciento. Hoy, la que accede a la enseñanza media llega a 85 por ciento. Por supuesto, hay diferencia por quintiles. Los de ingresos más altos están cerca del 100 por ciento; los de ingresos más bajos alcanzan más o menos a 75 por ciento. Por eso el Estado debe poner energía en la educación pública, para resolver los problemas de la gente más modesta, porque ahí está la fuente de desigualdad del futuro.
Ayer, al inaugurar el año escolar en una Escuela de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, señalé que un niño que recién ingresaba allí -lo mencioné por su nombre- a prekinder terminaría la educación media en 2016; la universitaria en 2022, y que su vida productiva se desplegaría entre el 2030 y el 2050.
En otras palabras, lo que estamos haciendo hoy está determinando el destino de Chile en 40 años más. Por tal razón, es menester dar este paso histórico. Considerando la trascendencia que tiene, esperamos que se apruebe por unanimidad.
Será necesario poner en ejecución medidas para implementar esa decisión y, en particular, para impedir la deserción escolar. Deberemos esforzarnos para retener a los educandos. Por ejemplo, mediante el plan "Chile Solidario" se entregarán recursos a las familias. También se contempla el otorgamiento de una subvención diferenciada, contenida en un proyecto recién aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que pronto llegará al Senado. Los liceos que tienen responsabilidad sobre los hijos de familias indigentes percibirán una subvención mayor, como premio por retener en el sistema escolar a tales alumnos, dado que ése es el sector donde se produce la gran deserción. Porque esa deserción de jóvenes, de aproximadamente 15 años de edad, constituye un factor de desigualdad, pobreza y delincuencia. Nuestra obligación es mantenerlos en los establecimientos educacionales para reducir también el desempleo juvenil.
Por las consideraciones expuestas, señor Presidente , pido a los señores Senadores aprobar -ojalá en forma unánime- este proyecto de reforma constitucional.
Reitero el profundo sentimiento que me embarga el volver a ocupar estas bancas. El Senado es una institución fundamental de la República. Me alegro de que una de mis primeras actividades después de haber prometido, el lunes, servir el cargo de Ministro de Estado haya sido estar en el Congreso el martes y miércoles. Desde aquí me trasladé, acompañado por los miembros de la Comisión de Educación, al Liceo Barón, de Valparaíso, donde inauguré el año escolar con la presencia de Senadores de todos los sectores. Porque estoy convencido de que en la función que me corresponde desempeñar ahora no cabe hacer distinción entre colectividades políticas, sino que hay un solo partido: Chile.
Ante todo, cumplo con saludar al señor Ministro y desearle mucho éxito en sus funciones, que está inaugurando con tanto éxito.
Señor Presidente , indudablemente el proyecto en discusión es del todo interesante. Ya casi es un lugar común pensar que un país no se desarrolla si no se priorizan fuertemente el gasto y los esfuerzos para mejorar la educación, en particular -como indicó el titular de esa Secretaría de Estado- su calidad, que por los resultados en distintos niveles todavía deja mucho que desear. Y es necesario también mejorar su cobertura, punto que hemos dado por resuelto en circunstancias de que no es así. Cada día hay mayor presión por tener más educación. Son muchos los jóvenes que llegan a la enseñanza media sin que ésta sea obligatoria. Una cantidad muy importante logra acceder a ella; otros no lo consiguen a causa de alguna dificultad. Y éste es el tema al que quiero referirme a continuación.
De hecho, ya está instalado -por así decirlo- en la cultura del chileno medio el que la educación termina con la enseñanza media. Y esto, antes de que se planteara la idea de que fuera obligatoria, lo cual habla bien de nuestro país. La escolaridad de diez años (en la práctica, son nueve y tanto) a que se refería el señor Ministro es reflejo de esa situación. Sin embargo, creo que cuando esto se plantea ya como una reforma constitucional deja de ser una aspiración u objetivo de política educacional de un gobierno, de algún sector político o de chilenos, y se convierte en una obligación del Estado. Y cuando se considera esta idea -que, creo, todos aprobamos-, entendamos lo que significa desde el punto de vista de las obligaciones que el Fisco asumirá -y digo Fisco para hablar del Estado en términos patrimoniales, económicos-, si finalmente se aprueba la iniciativa, como espero que ocurra. ¿Por qué? Porque la cobertura educacional es un tema no debidamente resuelto en Chile, ni siquiera en la enseñanza básica. En ésta, a pesar de que hoy día es muy alta (alcanza a 98,5 ó 99 por ciento), aún no llega al ciento por ciento. Es más, esta cobertura se desfigura si las cifras se descomponen de acuerdo con quintiles socioeconómicos. Nos damos cuenta de que es muy cercana al ciento por ciento en el quinto quintil -el de ingresos más altos-, donde llega al 99,7, en circunstancias de que disminuye a 97,7 en el primer quintil. Por lo tanto, en este nivel, no obstante ser obligación del Estado, se registra déficit de cobertura.
Ahora bien, el problema se acrecienta en la enseñanza media. El señor Ministro dijo que alrededor de 120 mil jóvenes no la reciben, dato que, por cierto, debe considerarse, pues, si se pretende hacerla obligatoria, el Estado deberá asumir la responsabilidad de que esos jóvenes ingresen a ella. Salvo que medien razones de fuerza mayor, como incapacidad mental que impida aprender o cumplir con sus obligaciones de estudio, debe asegurarse tal derecho para garantizar la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, nuevamente debemos ser realistas. Desde luego, un porcentaje muy alto de jóvenes deserta, lo cual se vincula, por una parte, con problemas de carácter técnico -algunas razones de esa deserción aluden a mecanismos de aprendizaje y a sistemas de enseñanza- y, por otra, con factores socioeconómicos. En algunos sectores, como los rurales, las dificultades económicas son grave obstáculo para alcanzar la plenitud de estudios en la enseñanza media. De hecho, si se descompone la actual cifra de escolaridad completa -que es superior al 90 por ciento- de acuerdo con los quintiles socioeconómicos, se comprobará que el quinto quintil -el de más altos ingresos- llega a 98,5 por ciento, cantidad que baja a 82,3 por ciento en el primer quintil. Es decir, es en los sectores de menores ingresos económicos donde falta escolaridad media. Ciertamente, de aprobarse una reforma constitucional como la que discutimos, superar esta situación constituye no una aspiración, sino una obligación.
Pero estas diferencias se dan no sólo conforme a niveles socioeconómicos. También hay una connotación urbano-rural que debe tenerse presente. Según los últimos antecedentes de que dispongo, que son del año 2000, en el ámbito urbano la escolaridad media completa alcanza 92 por ciento, pero únicamente 76,8 en los sectores rurales. Vale decir, en estos últimos, uno de cada cuatro jóvenes no cursa enseñanza media.
¿Qué quiero decir con esto? Que las aspiraciones son loables, pero que, cuando se asume un compromiso mediante una reforma constitucional que obliga al Estado, me gustaría saber cuál será la forma en que el Gobierno piensa cumplirlo. Porque no basta decir: "Queremos escolaridad media completa". Eso es muy bonito. ¿Quién no lo aplaude? La pregunta es cómo la autoridad lo materializará.
¿Cuántas becas se entregan hoy día en la educación media? De acuerdo con los antecedentes que he podido recoger, los tres programas en aplicación -Beca Presidente de la República , Programa Liceo para Todos y Beca Indígena- no superan las 20 mil. Ésas son las que actualmente otorga el Estado. Luego, si pensamos que hay 120 mil jóvenes que el sistema cubre, ¿cómo se ayudará a los 100 mil restantes, o a una buena parte de ellos -por lo menos 80 ó 90 por ciento-, que no están en la enseñanza media por razones de carácter socioeconómico? ¿Qué pasará cuando esos muchachos exijan a las autoridades, a los poderes públicos, que se garantice su derecho? Porque si un joven que vive en el sector rural de Longaví no puede llegar al liceo es porque no tiene plata para la movilización. Entonces, ¿cómo podrá asegurársele que contará con dinero para la locomoción y para comer durante el día si precisamente la falta de recursos es la razón por la cual no está acudiendo al liceo?
Señor Presidente , no bastan las buenas ideas ni las buenas palabras. Las compartimos todas. Ésta no es una cuestión de sueños o de aspiraciones. No hay diferencia. La pregunta es cómo se va cumplir Tengo la sensación de que aquí estamos en presencia de un problema mayor.
Votaré favorablemente, con entusiasmo, esta reforma. Pero al hacerlo quiero oír de las autoridades el compromiso en cuanto a cómo se va cumplir. Porque aquí hay una cuestión de recursos de por medio. Y, claro, éste no es el proyecto de Ley de Presupuestos ni hay informe de la Comisión de Hacienda. Pero es una reforma constitucional que impone al Estado el deber de cumplir una obligación.
Por alguna razón, esta idea -que es antigua- no se había propuesto. Quizás la explicación resida en lo que he señalado. Yo diría que desde la década de los 50 los gobiernos empezaron a preocuparse de este tema. En los años 60, durante el período de Eduardo Frei Montalva , se aprobó una reforma muy importante que dio gran auge a la enseñanza media. Se ha producido una enorme masificación: la escolaridad promedio, después de cuarenta años, aumentó de seis años a diez años. Se trata de esfuerzos del país para mejorar la situación. Y si no se ha llegado al ciento por ciento de cobertura es porque no han existido condiciones económicas. Pero cuando se propone una reforma constitucional de esta naturaleza, considero que lo responsable es que medie el compromiso del Estado para lograr el objetivo perseguido.
Se la concedería si fuera con cargo al tiempo de otro Honorable colega, porque todavía me resta un tema que abordar. Si me sobran algunos minutos, se la otorgaría con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
Entonces, dejo planteada la inquietud. Me parece que debe obrarse no sólo con idealismo, sino también con responsabilidad. Hay que cumplir con la gente y decirle: "El Estado garantizará la enseñanza media". También hay que cumplir con programas de becas reales. Todos quienes tienen contacto con jóvenes saben de lo que estoy hablando, por cuanto llegan hasta nosotros a decirnos: "No obtuve la Beca Presidente de la República "; "como no dispongo de recursos, no podré estudiar"; "voy a tener que sacar a mi hijo de la escuela o del liceo porque no tengo recursos". Éste es un tema central.
En esta reforma hay otra materia, introducida mediante una enmienda de las Comisiones unidas, que también me produce cierta inquietud. Me refiero al establecimiento de los 18 años de edad como límite respecto de la obligación del Estado. Estimo que esto tiene sus complicaciones por una razón de carácter social, entre otras. El porcentaje más alto de quienes hoy día sobrepasan los 18 años de edad sin haber terminado la educación media corresponde a jóvenes de niveles socioeconómicos más bajos. De nuevo les estamos diciendo: "Ojo, ustedes van a tener dificultades".
Entiendo que el sentido del límite de edad obedece a hacer gradual la transición entre lo hoy vigente y la obligación de garantizar a todos la enseñanza media, conforme al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, tengo mis dudas sobre eso. Me parece que la obligación debería asumirse en las garantías constitucionales en ciento por ciento. Y si se cree que, por razones de carácter económico, habrá problemas para cumplir y se quiere fijar el límite a los 18 años de edad, yo sería partidario de la tesis de establecer una disposición transitoria en ese caso, que señale que en los próximos diez años -por así decirlo- se exigirá la educación media obligatoria, o que el Estado estará obligado a financiarla hasta los 18 años de edad. Pero nuestra aspiración -al menos en esta parte- es fijar una meta en que el 100 por ciento de los jóvenes tenga acceso a aquélla.
Por lo tanto, aunque entiendo las dificultades económicas, sugiero este camino intermedio. Porque de otra forma, aparentemente, si una persona de 19 o más años de edad encuentra un programa de becas adecuado, complementario, y se satisface la inquietud que planteé precedentemente, quedará fuera de aquél por superar los 18 años, en circunstancias de que también lo merece y de que la razón de la edad no constituiría justificación real para excluir a alguien de un beneficio de esta naturaleza. Tal marginación me parece compleja.
Por eso, señor Presidente , deseo que el Senado discuta estos temas con realismo, pues junto con compartir la necesidad de que Chile mejore su educación y de que ella sea prioritaria -este debate ya me produce enorme alegría, pues si así lo creemos es porque estamos adoptando las medidas para lograrlo-, debemos hacerlo en forma responsable.
¿Cómo alcanzar ese objetivo?
Aun más, las nuevas Becas Presidente de la República otorgadas en 2002 fueron menos que las del año 2001. Por lo tanto, la posibilidad de revertir esto y dar becas a todos no se ha cumplido. Estamos dando marcha atrás en este asunto; no hemos logrado satisfacer ese objetivo. Vale decir, se está abriendo un gran espacio de aspiraciones sin tener la certeza de que podremos cumplirlas.
En seguida, la limitación de los 18 años de edad me parece que no está al nivel de las garantías constitucionales. Éstas deben reflejar las aspiraciones del país en un compromiso del Estado. Si queremos fijar un límite, no lo hagamos en una disposición constitucional, sino en una transitoria con un plazo de una década, porque supongo que en este período podremos cumplir ilimitadamente. Pienso que ello sería más realista. Significaría señalar a la opinión pública, al país, que nos comprometemos a establecer este beneficio hasta los 18 años de edad durante un tiempo, porque en el futuro lo queremos para siempre y hoy no estamos en condiciones de garantizarlo.
Antes de terminar, deseo que el Ejecutivo manifieste cómo cumplirá tal obligación, porque considero que debemos ayudar a que eso ocurra efectivamente. Y, por cierto, adelanto todo mi respaldo para la creación de programas y reasignaciones de recursos, a fin de asegurar este objetivo. El señor Ministro manifestó que está comprometido con la calidad de la educación, y yo le señalé que cuenta con todo nuestro apoyo porque compartimos esa inquietud como meta principal.
Sin embargo, no podemos dejar de lado el tema de la cobertura, porque ella no se cumple satisfactoriamente ni en la enseñanza básica ni en la educación media ni en la preescolar, donde las diferencias son aun mayores.
Por citar algunas cifras, la cobertura preescolar en los niveles socioeconómicos altos alcanza al 50 y 60 por ciento, mientras que en el primer quintil, apenas al 25 por ciento. Ello significa que ya en primero básico la competencia parte en forma desigual, porque algunos niños no han tenido acceso a la educación preescolar y, por lo tanto, comienzan de manera rezagada. Aquí no sólo debería pensarse en un programa de becas, sino también en uno de subsidios o subvenciones diferenciadas para asegurar que todos los niveles socioeconómicos, particularmente en la educación pública, cumplan ese objetivo, de modo de lograr una enseñanza de calidad, pero con la cobertura adecuada que el Estado pueda asegurar.
Cómo no, señor Presidente de la Comisión de Educación .
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra, con la venia de la Mesa.
Solamente deseo responder algunas inquietudes muy legítimas del Senador señor Larraín .
En verdad, al leer la historia de las reformas educacionales, se observa que cuando se discutió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria surgieron las mismas dudas en cuanto a si el Estado sería capaz de entregar los recursos para cumplir con ella. Lo planteado en ese entonces también es legítimo hoy día, pero es bueno confiar en que así como en el pasado la sociedad en su conjunto, sin diferencia de partidos políticos, otorgó los recursos para ese efecto, ahora existe la misma disposición nacional.
Y me permito recordar que solamente el 15 por ciento de los jóvenes está fuera del sistema. El 85 por ciento restante se encuentra dentro de él. Y en esta materia se han implementado medidas como el proyecto que crea una subvención educacional pro-retención de alumnos, dirigido a los sectores económicamente más modestos, en actual trámite en el Parlamento, y lo que el Presidente de la República denominó Programa "Puente", que otorga beneficios a las familias para asegurar el acceso de los jóvenes a la educación media.
Por ultimo, para no abusar de la generosidad del Senador señor Vega , no hay que olvidar que también existe la educación de adultos para los jóvenes mayores de 18 años, que es totalmente gratuita.
En consecuencia, respecto de las aprensiones que con mucha transparencia y en forma responsable planteó Su Señoría, pienso que con los elementos que señalé, más la disposición que anima -yo diría- a toda la sociedad chilena, se encontrarán los recursos que permitan beneficiar a estos 125 mil jóvenes, que sólo representan el 15 por ciento de la educación media.
Agradezco al Senador señor Vega por darme una interrupción.
Señor Presidente , aquí estamos ante una política de Estado, y este tipo de políticas son estratégicas, a diferencia de las de la República, que son coyunturales y ejecutan diariamente las grandes decisiones del Estado que perduran en el tiempo.
Por esa razón, notables precursores como Valentín Letelier , José Núñez , Manuel Montt y, principalmente, Francisco Encina , en su ensayo "Nuestra Inferioridad Económica", y Darío Salas, en su ensayo "El Problema Nacional", fueron muy consecuentes ante situaciones particulares y especificas de la nación en el tiempo que les tocó vivir. Sus soluciones visionarias permanecieron y constituyen las bases en las cuales descansa nuestro sistema educacional, con un Chile muy optimista que enfrenta su presente y su futuro.
Lamentablemente, el ser humano -que es bastante autónomo y forma un universo muy especial en sí mismo- todavía no aprende a vivir con sus congéneres, con su misma especie, como se observa en el dramático caso de Iraq.
En esta perspectiva, debemos reflexionar acerca de lo que se está realizando en materia de educación y que, sin lugar a dudas, tendrá efectos en 30 ó 40 años más, como expresó el señor Ministro .
Por consiguiente, me parece que fortalecer la educación -en esta forma, diría, tan lacónica, porque es una modificación constitucional muy particular, específica, puntual, contenida en un artículo único- tendrá gran trascendencia en el futuro. Lo importante es adoptar estas decisiones a tiempo porque incidirán en él.
Noten Sus Señorías que los últimos 50 años han estado marcados por excepcionales descubrimientos -como bien sabemos- y notables creaciones científicas y tecnológicas que han cambiado el mundo. Pero esto también ha producido considerables debilidades e inconsecuencias, generadas a causa del intercambio de tecnologías globalizadas; guerras internas, externas; fenómenos de exclusión muy profundos; desigualdades socioeconómicas; desempleo; intolerancias étnicas; amenazas al medio ambiente; discusiones sobre el aborto y la eutanasia; creciente delincuencia internacional, y drogadicción, entre otros.
La deserción escolar es un problema latente en todo el mundo, no solamente en Chile. En nuestro caso, afecta a jóvenes entre los 14 y 17 años, como se señaló; es decir, cerca de 100 mil muchachos se encuentran fuera del sistema escolar. La proporción de jóvenes que no asisten a un establecimiento educacional es superior en las áreas rurales que en las urbanas, como también se manifestó. Por ejemplo, en 2000, la cobertura en los sectores urbanos fue de 92 por ciento, y en las rurales, de 77 por ciento. Dentro de la población que ha desertado, la gran mayoría proviene de hogares con menores ingresos y muchos de ellos han debido abandonar la escuela por tener que trabajar para ayudar a sus familias. El Programa "Chile Solidario" se preocupa de este aspecto, tan difícil, tan coyuntural, y que transcurre en el tiempo.
Lo anterior indica que el sistema nacional de educación presenta esa debilidad. Además, debemos sumar una preocupación muy especial por los sectores juveniles que viven en las ciudades, tema debatido también en el Senado. Allí el 80 por ciento de los alumnos de enseñanza media se encuentra en fuerte riesgo social. Ahí está, en alguna medida, el germen potencial de la delincuencia. Ahí es donde se produce la principal deserción escolar. Ahí es donde se generan las mayores debilidades, porque no estamos ofreciendo a esos jóvenes una alternativa práctica de vida.
Sin embargo, me parece que para solucionar los actuales índices de deserción debemos focalizarnos no sólo en la enseñanza media, sino en las etapas parvularia o preescolar, tal como lo planteé en las Comisiones. Es cierto que hemos hecho numerosos avances en este ámbito, pero ese ciclo todavía no es obligatorio, y aún nos encontramos estudiando un proyecto sobre jardines infantiles. A menor edad, mayores serán el rendimiento del niño y los beneficios para él y su familia. Ello quizás podría lograrse bajando a cinco años el ingreso a la enseñanza, de forma tal que ésta abarque desde kindergarten hasta cuarto medio.
Debemos recordar que los grandes problemas que se generan a esa edad son vitales para toda la existencia de los seres humanos. La educación media es importante, pero depende directamente de la primera etapa de la vida de nuestros conciudadanos.
Hoy, la escolaridad promedio en la población chilena es de 9,2 años. Sin embargo, si consideramos el quintil de más bajos recursos, el porcentaje baja a 7,8. Quienes corren más riesgo de dejar la escuela o liceo son los niños y jóvenes de las familias más pobres. Ellos requieren más apoyo e incentivos para permanecer en los establecimientos y alcanzar éxito en sus estudios.
Al respecto, estimo esencial hacer hincapié en la estructuración de un sistema superior de enseñanza media técnica. Es el gran desafío de nuestro presente, por nuestra futura relación con los países desarrollados. En una sesión anterior, por ejemplo, cuando aprobamos el proyecto de reavalúo de bienes raíces agrícolas, algunos señores Senadores pusieron especial énfasis en la falta de capacitación y preparación técnica de los pequeños empresarios agrícolas como factor que debilita el sistema y, particularmente, nuestra posición frente a los grandes desafíos que nos plantean los tratados con la Unión Europea y los Estados Unidos, que son, como bien sabemos, esencialmente tecnificados.
Señor Presidente , las comunicaciones globalizadas han otorgado a nuestros jóvenes una autonomía que nunca antes tuvieron, y que cada cual aplica de acuerdo a los conocimientos y la cultura recibidos en sus respectivos sistemas educacionales. He aquí un gran problema. Por esa razón, en el presente nos encontramos con respuestas tan diversas que muchas veces cuestionamos sin detenernos a pensar en su verdadero origen. Para algunos jóvenes, la conclusión son las "barras bravas"; para otros, los "reality shows". Más dramáticamente, otros escogieron las drogas o el alcohol. Pero también existen muchachos -como los que recibimos ayer, provenientes de Aisén- preocupados por el medio ambiente, la flora y la fauna. Todos ellos están haciendo uso de su autonomía, generada de manera directa en la enseñanza media, pero también, y particularmente, en la etapa preescolar y en la enseñanza técnico-profesional. Pongo énfasis en este punto, porque en él va a descansar el éxito de nuestras futuras relaciones internacionales.
Por eso, al incrementar sus conocimientos y su cultura -no sólo en cantidad de años, sino también en calidad- damos a la juventud mayores posibilidades de desarrollarse en un mundo convulsionado y potenciamos su estabilidad profesional, mejorando su calidad de vida.
Sé que el problema del financiamiento, de los aspectos económicos, es vital para fijar una partida racional y equitativa, pero lo mismo ocurrió con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920, que no partió con el ciento por ciento y cuyos resultados, transcurrido el tiempo, hoy estamos presenciando, con un Chile presente en el concierto mundial y tratando de globalizarse industrialmente.
En la actualidad se habla de modernizar el Estado. Sin embargo, me parece que esa modernización no debe comenzar sólo con la racionalización de los sistemas burocráticos, sino también con la educación -a mi juicio, el principal factor-, si queremos perfeccionar nuestras potencialidades como nación.
Señor Presidente , para mí resulta muy especial y de la mayor relevancia participar en el debate de este proyecto de ley, pues en 1996 presenté, conjuntamente con el ex Diputado señor Felipe Valenzuela , una moción destinada a lograr el mismo objetivo.
Han pasado más de seis años, y hoy me enorgullece constatar que la pequeña semilla que sembramos en aquel entonces ahora ha germinado, ya que el texto del Gobierno recoge nuestra iniciativa, así como la planteada en esta Corporación, en 1999, por el Honorable señor Muñoz Barra y el ex Senador señor Bitar , hoy Ministro .
Permítame, señor Presidente, leer uno de los párrafos de la página 6 del mensaje del Ejecutivo, que reproduce una parte de la iniciativa que presentamos el ex Diputado Valenzuela y el Senador que habla.
"La presente reforma pretende hacer obligatoria no sólo la enseñanza básica, como es hoy en día, sino que también la educación media, cualquiera que sea la modalidad -técnica, científico humanista, marítima, etc.- que el estudiante desee cursar, con el objeto que las futuras generaciones aprendan no sólo nociones elementales de su historia, raíces culturales o aspectos básicos del orden de las ciencias, sino que además, puedan ser capaces de ejercer una ciudadanía más activa, de promover los derechos humanos y los valores democráticos, de comprender más global y razonadamente los hitos importantes en la historia de los hombres, y sus consecuencias para la humanidad, y finalmente, sean capaces de obtener competencias necesarias para su inserción futura en el difícil, competitivo y tecnologizado mundo laboral que los espera.
"Todos los sectores de nuestro país, se han hecho eco de la necesidad de integrar esfuerzos tras el propósito de perfeccionar nuestra convivencia y de construir una sociedad solidaria, emprendedora y fuerte, que muestre capacidad tanto para proveer mejores condiciones de vida a cada uno de sus habitantes, como para responder a los desafíos de la modernidad. En el marco de estos horizontes, se reconoce y acepta unívocamente que la extensión y calidad de la educación que reciban las nuevas generaciones constituye un índice a considerar de primer orden, al intentar proyectar positivamente, la imagen de Chile en el mundo".
Esto es lo que señalamos en 1996, cuando presentamos nuestra iniciativa en la Cámara de Diputados.
Sin lugar a dudas, señor Presidente, la educación es una de las principales herramientas que poseen los seres humanos para ir progresando y mejorando su calidad de vida.
Así lo comprendieron nuestros gobernantes, quienes desde los inicios de nuestra existencia republicana la han tenido como una de sus principales preocupaciones, lo que permitió que su cobertura se fuera ampliando cada vez más y que nuestro país fuera pionero en esta materia en América Latina.
Basta recordar que una de las primeras tareas del prócer don José Miguel Carrera fue crear el Instituto Nacional, así como otros establecimientos a lo largo del país.
De la misma manera -y tal como se ha mencionado aquí-, en 1860 la denominada "Ley de Instrucción Primaria" sentará las bases del sistema público de educación básica en Chile.
Igualmente, los inicios de 1900 dan cuenta de que el principal problema que enfrentaba nuestro sistema educacional era la gran deserción escolar, ya que pasar de la educación básica a la secundaria y luego a la universitaria dependía única y exclusivamente de la capacidad económica de la familia de los alumnos.
Según diversas estadísticas, en las primeras décadas del siglo XX sólo alrededor del 10 por ciento de los estudiantes que terminaban la educación básica pasaba a la educación secundaria, y menos del uno por ciento llegaba a la universitaria.
Conscientes de tal situación, y como forma de enfrentar los altos índices de analfabetismo, los legisladores, a lo largo de nuestra historia, fueron presentando diversas iniciativas tendientes a transformar en obligatoria la enseñanza básica. Así fue en 1920, cuando se estableció el período de cuatro años para ese nivel de educación. De la misma forma, en 1929 se dispuso que el grado de enseñanza básica se extendiera a seis años.
Quiero resaltar el hecho de que, cuando se prolongó el período de educación básica obligatoria a seis años, paralelamente se creó la Junta de Auxilio Escolar y Becas, como una manera de implementar, apoyar e impulsar la realización de lo que quedaba escrito en el texto.
Fueron pioneros; pensaron que ésta no iba a ser una tarea fácil, y por eso crearon instrumentos paralelos para hacer realidad ese propósito.
Cómo no recordar también en este análisis histórico que en 1965, bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , también se tuvo en cuenta la necesidad de hacer una reforma educacional, cuyo objetivo era, justamente, posibilitar el acceso igualitario de todos los niños y niñas a la educación y, lo más importante, asegurar su permanencia en el sistema, disminuyendo la deserción.
Así fue como pasamos de seis a ocho años.
Quizá, como nunca en la historia, una frase del Presidente de la República de la época, don Pedro Aguirre Cerda , a fines de la década de los 30, resumió con mayor claridad la política de nuestros gobernantes y del denominado Estado docente: "Gobernar es educar".
Señor Presidente , nuestro país vive hoy un contexto histórico distinto al de la década de los treinta. Incluso hace pocos años, bastaba tener educación básica aprobada para acceder a un trabajo medianamente aceptable. Nadie puede negar que disposiciones legales como la propia Ley de Enseñanza Básica Obligatoria han quedado desfasadas, ya que datan de más de 80 años.
En el último tiempo hemos sido testigos de los grandes esfuerzos desplegados por la nación para lograr no solamente el crecimiento económico, sino también el social, en el que el aspecto educacional no puede estar ausente.
Por esto, nos hemos propuesto desarrollar una nueva y profunda reforma educacional, debido a que los partidos de la Concertación, y muy especialmente el Socialista, están convencidos de que la educación es la base para conseguir la igualdad de oportunidades y mayor movilidad social.
El acceso a la educación no sólo permite avanzar hacia la modernización de nuestro país, sino que, además, incide en la superación de la extrema pobreza y en el acceso a las oportunidades de empleo; en la lucha contra la violencia, y en el desarrollo de una cultura democrática y solidaria.
Sin embargo, esta reforma no estará completa si no avanzamos hacia la obligatoriedad de la enseñanza media, por lo cual, como lo señalé en reiteradas ocasiones, éste es un paso fundamental.
Diversos hechos y situaciones avalan la urgente necesidad de establecer dicha obligatoriedad. Señalaré, por ejemplo, que las condiciones para acceder al mercado laboral han cambiado radicalmente en los últimos tiempos; y así lo demuestra la publicación de miles de avisos con oferta de empleos, los que en su gran mayoría incluyen la exigencia de haber completado la enseñanza media.
Este contexto es fiel reflejo de los vertiginosos cambios tanto tecnológicos como sociales que estamos viviendo, lo que obliga a exigir a quienes pretenden competir en el mundo laboral cada vez un mayor grado de conocimiento y especialización. Hay miles de jóvenes que son objeto de discriminación cuando buscan trabajo, debido a su escasa o insuficiente preparación educacional.
Existe un importante porcentaje de deserción, voluntaria o involuntaria, entre los alumnos que terminan la educación básica y pasan a la media, especialmente en sectores sociales de escasos recursos; del campo y la ciudad. Debido a ello, un gran número de jóvenes chilenos no tiene otra opción de vida que la cesantía o el subempleo y, consecuentemente, por qué no decirlo, la delincuencia y la marginalidad social.
Hay diversidad en la calidad de enseñanza que reciben los alumnos, y se observa una creciente brecha entre la educación particular y la pública. Los alumnos de colegios públicos perciben que la educación que reciben es mala y por tanto no les garantiza el ingreso a la universidad al no habilitarlos para lograr los puntajes necesarios. Se ve fomentada así la deserción escolar, a la que hay que sumar las precarias condiciones económicas y materiales en que funcionan diversos colegios y liceos.
Señor Presidente , al ampliarse la obligatoriedad de enseñanza a todos los niveles, no se está buscando hacer vulnerable la garantía de libertad de acción que consagra la Carta Fundamental, sino que, por el contrario, se está redoblando y aumentando su fuerza, ya que en la medida en que son potenciadas las capacidades de los individuos, mayores son sus opciones y, en consecuencia, su libertad de elegir.
Hoy en día es impensable alcanzar la libertad de trabajo en una democracia como la nuestra si no existen las fuentes laborales necesarias; y, lo que es peor, si no se cuenta con la calificación mínima requerida para acceder a una verdadera igualdad de oportunidades que posibilite a los jóvenes el salir de la pobreza, la delincuencia y la drogadicción.
Por eso, señor Presidente , consideramos de la mayor relevancia la legislación que estamos aprobando. Estamos plenamente conscientes de que alcanzar sus beneficios no será tarea fácil. Las estadísticas señalan que hacer realidad la enseñanza básica obligatoria llevó alrededor de 50 años. Por eso, como bien se ha señalado aquí, es necesario facilitar la creación de instrumentos y medios indispensables para la concreción del esfuerzo que estamos haciendo. Sólo por citar algunos ejemplos: cómo garantizar en el futuro la educación media obligatoria en los sectores rurales, cuando actualmente cualquier joven del campo que quiera acceder a la educación media debe gastar no menos de mil pesos diarios para acudir a los planteles situados en centros urbanos. En tales condiciones, es difícil que un adolescente que provenga de un modesto hogar rural pueda siquiera pensar -aunque sea obligatoria la enseñanza- en acceder a ese nivel educacional.
De la misma manera, así como en el pasado se tuvo en consideración la necesidad de formar la Junta de Auxilio Escolar y Becas para hacer realidad la reforma educacional de aquel entonces, es necesario que el Ministerio de Educación cree instrumentos -no tengo ninguna duda de que contará con el apoyo del Parlamento para llevar adelante esa tarea- que ofrezcan garantía y seguridad de que el proyecto se hará realidad.
Señor Presidente , al aprobar esta reforma constitucional estamos dando un primer y gran paso para hacer realidad el derecho a la educación, consagrado no sólo en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos Económicos y Sociales de los Pueblos -que nuestro país ha suscrito-, sino también en nuestra propia Constitución Política.
De ahí que estemos asistiendo a un acto de enorme trascendencia histórica, no sólo para nuestro país, sino, y lo más importante, para miles de niños y niñas chilenas que tendrán acceso a un futuro mejor.
Reitero que a contar de las 18 horas se podrá dejar el voto en la Mesa.
Señor Presidente , sin duda, el país ha cambiado significativa y positivamente. Se ha recordado aquí que la ley que estableció la enseñanza primaria obligatoria requirió de veinte años de discusión parlamentaria, y tuvo que derrotar la feroz resistencia que entonces impuso la Derecha conservadora chilena. Hoy, sin embargo, nadie discute que la educación es un derecho fundamental de las personas; nadie discute que constituye la principal inversión social y un factor de desarrollo; nadie discute que la igualdad de oportunidades en una sociedad está estrechamente vinculada al acceso que las personas tengan a la educación. Felizmente, pues, las diferencias han desaparecido, como se refleja en la unanimidad con que las Comisiones unidas presentan esta tarde el proyecto que debemos sancionar.
Sin embargo, señor Presidente , en la misma línea planteada en la Comisión por el Honorable señor Silva y conforme al artículo 164 del Reglamento, voy a pedir votación separada de la frase "hasta cumplir los 18 años de edad", agregada en este trámite constitucional y que, como aquí bien se ha señalado, desvirtúa el carácter de garantía constitucional que la actual norma tiene.
Voy a concentrar mi argumentación en este punto, porque a lo ya dicho por el Senador señor Larraín quiero agregar que esta disposición es, sin lugar a dudas, discriminatoria, injusta y además innecesaria. Creo que podemos encontrar una buena fórmula que permita que el paso que se pretende dar tenga toda la significación que queremos.
Se trata, desde luego, de una norma discriminatoria. Quienes hayan cumplido los 18 años de edad ya no podrán hacer valer ante el Estado la pretensión de recibir educación, que como derecho garantiza el número 10º del artículo 19 de la Constitución Política. A la vez, es inconsistente con otras normas de nuestro ordenamiento positivo. La ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en su artículo 15, establece la edad mínima para acceder a la enseñanza básica, así como la máxima para ingresar a la enseñanza media, la que fija justamente en 18 años. En consecuencia, se permite que la educación regular la lleve una persona hasta los 21 años, sin perjuicio de aquélla para adultos que, como excepción, se consagra en el mismo precepto.
Por otro lado, considero que la norma es innecesaria, porque el Estado de Chile viene haciendo esfuerzos significativos por permitir que los adultos tengan también acceso a la educación tanto básica como media, y puedan recuperar así lo que no recibieron en su oportunidad.
En el informe aparecen las afirmaciones de la Ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , sobre el particular, donde deja establecido que más de 150 mil adultos se han incorporado hoy a los niveles básico y medio de la enseñanza.
Todos somos testigos de los esfuerzos que realizan, por ejemplo, las municipalidades por dictar cursos que permitan licenciar en los niveles básico y medio a las personas recluidas en las cárceles. ¡Ése es sólo un botón de muestra!
La sociedad chilena hace esfuerzos para que se ponga al día la gente que por desgracia no tuvo en su hora las oportunidades a que su condición de persona y de chileno le daba derecho.
Por otro lado, no es efectivo que el establecimiento de la norma imponga al Estado una carga extraordinariamente gravosa e imposible de llevar. Basta invocar la historia, a la cual aquí en distintas intervenciones se ha recurrido. Fue la Constitución de 1925 la que estableció el carácter obligatorio de la enseñanza básica. ¡Cuánto tardó Chile en llegar al nivel de cobertura en enseñanza básica que hoy tenemos!
Sin duda, el Estado de Chile no va a verse en una situación imposible de manejar el día de mañana si se aprueba la norma sin referencia a los 18 de edad que propone introducir en este trámite el Senado. Por el contrario, lo que esa disposición hace es obligar al Fisco a ordenar sus medios para poder satisfacer la demanda de enseñanza media. Y el Estado de Chile dispone de medios en el tiempo.
Gracias a la iniciativa del Presidente Frei Ruiz-Tagle , se emprendió hace algunos años una ambiciosa reforma educacional, que está siendo llevada adelante en este instante. Dicha reforma se basó en un compromiso de la sociedad chilena de elevar significativamente el gasto en educación hasta llevarlo al 7 por ciento del Producto Geográfico Bruto.
En un estudio reciente, se nos dice que Chile ha alcanzado ya el 7,3 por ciento del gasto "inversión en educación". Pero la reforma educacional -Sus Señorías lo saben muy bien- concentra parte importante de esos recursos en algunos programas específicos que se agotan en el tiempo, concretamente aquellos que tienen por objeto introducir la jornada escolar completa. Consecuencialmente, si estamos resueltos a mantener nuestro compromiso con la educación, a que ese nivel de gasto no descienda e idealmente se incremente, evidentemente vamos a estar en condiciones de hacer frente a desafíos como éste, o como la extensión urgente de la educación preescolar, a la que con razón se refirió el Honorable señor Vega , de lo cual se deja constancia en el informe de las Comisiones unidas.
En consecuencia, los medios están, pero el Gobierno obviamente tendrá que revisar políticas e instrumentos.
Con preocupación hemos leído durante el verano que muchos establecimientos municipales -particularmente, en la Región Metropolitana- tuvieron dificultades para responder a la demanda, en especial en el nivel de enseñanza media, porque el mecanismo de las subvenciones -el utilizado hasta aquí para responder a la demanda cuantitativa de educación- es un instrumento que está produciendo efectos perversos; es un instrumento que está contribuyendo a la destrucción progresiva de la educación pública; es un instrumento que está limitando a los chilenos en su derecho de opción, en cuanto al tipo y calidad de educación que tiene; es un instrumento, en fin, que está amenazando el sentido básico que la educación debe tener en un Estado como el nuestro, que es su carácter laico y gratuito.
Por consiguiente, a mi juicio, la supresión de la frase a que he hecho referencia -esto es, "hasta cumplir los 18 años de edad"- sin lugar a dudas, enriquece la disposición y le da todo su sentido a la reforma.
En todo caso, considero conveniente acoger la proposición del Honorable señor Larraín , en orden a incorporar una disposición transitoria que deje claramente establecido el cumplimiento progresivo de estas nuevas responsabilidades del Estado, que es insoslayable respecto de los niños que están en edad de acceso a la educación, de quienes se han incorporado hoy a la enseñanza media, y que constituye un compromiso moral, jurídico y político para con los adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad de cursar esos estudios.
Por eso, señor Presidente , junto con solicitar votación separada de la frase a que he hecho referencia, formulo indicación para que se proceda del siguiente modo: aprobar la reforma, por la unanimidad que se advierte en la Sala, sin la frase señalada; dejar pendiente para el martes próximo el pronunciamiento sobre la supresión de la referida frase y la votación de una disposición transitoria, que para entonces podamos traer a la Sala, con el concurso del señor Ministro de Educación .
Quiero hacer presente a los señores Senadores que me preocupa lo siguiente: se había planteado la posibilidad de votar a las 18. Algunos señores Senadores ya han manifestado su voto. Pero si se propone votación separada, no hay posibilidad de hacerlo hoy, porque el Orden del Día concluye a las 18:36.
Por lo tanto, propongo al Senado terminar hoy el debate y dejar pendiente la votación para el próximo martes.
¿Habría acuerdo para continuar la discusión con los ocho inscritos restantes, con prórroga del Orden del Día, para luego seguir con la hora de Incidentes, una vez terminado el debate?
Señor Presidente , habría acuerdo, en la idea de que, conforme a lo señalado tanto en los discursos como en conversaciones informales, existe la voluntad de estudiar esa separación, para suprimir el límite de los 18 años, establecer una garantía constitucional en pleno y buscar una solución transitoria a través de una disposición que se elaboraría.
Por ello, a mi juicio, si nos sujetamos a esa línea, tendría sentido el votar separadamente la referida frase, porque de lo contrario, más vale votar hoy día.
Deseo hacer presente que la discusión del proyecto es en general y particular. Por lo tanto, las indicaciones deberían votarse ahora o en la sesión correspondiente.
Propongo a la Sala terminar hoy el debate y votar la iniciativa y las indicaciones -si las hay- en la sesión ordinaria del próximo martes.
Ahora continuaríamos con los oradores inscritos.
Deseo una aclaración, señor Presidente , el próximo martes se votaría en forma separada.
Como ya se formuló indicación en tal sentido, debo proceder en consecuencia.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei , sólo para referirse a una moción de orden.
Señor Presidente , tengo entendido que la Mesa ha recogido varias votaciones, las cuales deberían quedar nulas.
No se anulan. Se dejan sin efecto.
Señor Presidente , quiere decir que la hora de Incidentes se suprime y se continúa con las intervenciones del resto de los señores Senadores inscritos.
Si le parece a la Sala, se suprimirá la hora de Incidentes para terminar hoy el debate del proyecto.
Continuaremos la discusión de la iniciativa con los señores Senadores inscritos.
Señor Presidente , intentaré ser lo más breve posible ya que el debate, que ha sido extremadamente enriquecedor, prácticamente está agotado, y no quiero reiterar demasiadas observaciones.
En primer lugar, en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, deseo saludar al señor Ministro , quien ha sentado el precedente en estos últimos años de ser el único ex Senador que ha alcanzado dicho cargo, pues, por lo general, hemos contado con ex Secretarios de Estado que se han desempeñado como Senadores. Él vuelve a esta Sala como a su casa. Podríamos repetir la mención a Fray Luis de León que hicimos ayer y así estaríamos muy a tono con esta circunstancia.
En segundo término, es bueno discutir algunas materias contenidas en el proyecto, porque, como se ha dicho varias veces, éste no es irrelevante. Por el contrario, marca un hito en nuestra labor en el Senado. La obligatoriedad de la educación media reviste, de alguna manera, la misma trascendencia que en su oportunidad tuvo en el caso de la educación primaria.
Vamos a aprobar con mucha alegría el proyecto en análisis.
En cuanto a la expresión "18 años" contenida en el texto, se está llegando a un acuerdo que vamos a apoyar. Es decir, no es bueno que la norma constitucional establezca una limitación como ésa, por tratarse de un precepto permanente que el día de mañana, por haberse cumplido con esa obligación, podría quedar obsoleto, lo cual empañaría un poco el valor de lo que hoy deseamos aprobar.
Por eso, sería conveniente suprimir, mediante votación separada, o por unanimidad, la expresión "18 años" en la norma permanente y buscar una forma transitoria que dé satisfacción a los aspectos de carácter económico que el Ministro tiene la obligación de sustentar en el Senado. Porque, en verdad, cuando hablamos de educación deberíamos volar contra el viento, y si las limitaciones económicas son fuertes, mayor razón para esforzarnos en elevar su nivel, porque -como se ha dicho hasta el cansancio- ella es la base de lo que será Chile en los próximos 20 años.
Hablamos con el señor Ministro en la Comisión de Educación, y estamos conscientes de que es por esa línea por donde él prefiere llevar la acción del Ministerio y no limitarse sólo a las cosas coyunturales que a veces nos limitan la visión global.
Hemos avanzado, hay una diferencia respecto de 1920. Ese año se planteó una reforma, como la denominada Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, cuando prácticamente no había normativa alguna en tal sentido. Hoy día nos hallamos en vías de completar un proceso que en la Constitución lo estamos ratificando casi "ex post". Es una educación que ha recibido el tratamiento que se merece en los últimos años. Ello no habría sido posible si en la última década no hubiéramos contado, a lo menos, con una fuerte inversión que casi triplica lo que se invertía en 1990 ó 1991.
Por lo tanto, desde todo punto de vista, debemos aprobar el proyecto. El saber es la palanca del futuro. En un tiempo lo fue el dinero; antes, la tierra; hoy día es el saber. Sin embargo, como Senadores democratacristianos nos sumaremos a la idea de buscar una solución para suprimir la expresión "18 años" y dejar la obligatoriedad en forma permanente y abierta en una norma transitoria.
Es cierto que no podemos establecer un precepto que obligue al Estado a lo imposible, pero tampoco podemos aprobar una norma como la propuesta, pensando que siempre estaremos limitados y deberemos buscar la fórmula para conseguir los recursos.
Sin embargo, dentro de ese mismo marco, deseo referirme a un punto sobre el cual he insistido en varias oportunidades en el Senado, aunque sin contar con las fuerzas necesarias para lograr su aprobación. Es un tema delicado. Pero hoy, a la luz de los antecedentes que hemos recibido en los últimos años, desde que se presentó el primer proyecto, debería mirarse de otra manera.
Si queremos tener doce años de educación es porque no hay otra manera de conseguir que la persona que egresa de la enseñanza no preuniversitaria pueda alcanzar un nivel técnico profesional adecuado o los conocimientos que la educación superior exige. Y eso, más allá de lo que se enseñe, está absolutamente ligado con el desarrollo psicofisiológico del niño o la niña. Hoy, la enseñanza primaria, comparada con la existente en 1920, comienza prematuramente con relación al desarrollo de los muchachos. Y eso se llama educación preescolar y fue la que patrocinamos tiempo atrás como obligatoria en el segundo nivel transicional. No lo logramos y sólo se aprobó una norma que dice que el Estado dará atención preferente a este estamento. Creo que no es suficiente. Honestamente, estimo que puede ocurrir de nuevo lo que nos pasó con la educación secundaria: legislaremos mirando hacia atrás, dando al Estado participación en todo lo que le sea posible, obligándolo por los hechos a que se invierta sin tener una visión de gran futuro acerca de lo que debemos realizar.
Sólo formularé dos observaciones para sustentar lo que he señalado. La primera, nos hallamos en una época en que se miden exclusivamente los resultados, lo cual ya constituye una manera sesgada de ver la educación. Porque no sólo se trata de instruir, sino también de formar. Y ése es un tema que nunca discutimos entre nosotros, ni siquiera en la Comisión de Educación. Sin embargo, pese al criterio respecto de la forma como se lleva a cabo la instrucción, la señora Ministra de Educación anterior señaló que había relación directa, absolutamente estadística, entre los grupos de alumnos que cursaron la enseñanza parvularia y el resultado del SIMCE del cuarto año medio. Una última información de la División de Educación General del Ministerio de Educación sostiene que el resultado del SIMCE en octavo básico tiene relación estadística con el haber asistido al segundo nivel de transición de la educación parvularia. es -como digo- de 3.3, de 3.5 y de 2.6, sobre una variación de 0.4.
Por lo tanto, en la línea de la medición que se quiere para la educación, hay razones que justifican su aplicación.
Al respecto, he pedido al señor Ministro que tenga la amabilidad de estudiar el tema -sé que me está escuchando con mucha atención-, para ver cómo podemos respaldar el proyecto que presentaremos algunos Senadores, entre los que se cuentan el Honorable señor Vega y la Senadora señora Carmen Frei .
En consecuencia, apoyaremos la iniciativa y la modificación del texto en los términos ya señalados, y ruego al señor Ministro considerar no sólo la posibilidad de convertir en obligatoria la educación media, sino también la de buscar mecanismos que justifiquen la aprobación de la reforma que vamos a presentar.
Un sólo punto sobre dicha materia.
Se ha dado como argumento en contrario el que a los cinco o seis años la formación de un niño debe estar sólo a cargo de sus padres, pues fuera del hogar podría existir una suerte de dirigismo educacional. Sin embargo, dadas las diversas opciones que permite el actual sistema educacional, a quien en esa línea desee para su hijo determinada opción, le es perfectamente posible decidir al respecto. Es decir, no hay duda alguna de que todavía se privilegia el valor de la educación familiar. Pero, a mi juicio, todos tienen la oportunidad de elegir y nadie está sujeto a que el Gobierno A, B o Z, de ahora o después, haga esta diferencia, considerando los antecedentes que he proporcionado.
Insisto en que el parámetro que ahora se pretende son los resultados del SIMCE, vale decir, en una argumentación ad hominem con los que al Gobierno, los educadores y a la sociedad chilena interesan, a pesar de que a mí no me satisfacen plenamente. Es que no parece lógico que dejando la libertad, y no la obligación, se establezcan limitaciones, desde ya, a sabiendas de que quienes se incorporan a la educación parvularia tienen más posibilidades de egresar de la educación media. Y frente a la educación superior ello genera una situación desmedrada que a lo mejor, de no haberlo sabido, alguien podría discutirlo. Pero estos datos son indesmentibles.
Por lo anterior, aprobaré el proyecto en los términos que he señalado.
Antes de continuar con el debate, y para ganar tiempo, solicito el acuerdo de la Sala para mandar a Comisión el proyecto signado con el Nº 2 en el Orden del Día, que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas discapacitadas. Como la iniciativa que vuelve de la Cámara de Diputados para cumplir aquí su tercer trámite constitucional prácticamente se ha rehecho en su totalidad, estimo inconveniente que lo trate la Sala antes de que lo estudie la Comisión.
Señor Presidente , dentro del límite de tiempo de que dispongo, para no abusar del de los señores Senadores ni de la Honorable señora Matthei , pido a Sus Señorías que busquemos una fórmula de solución viable. Tengo la mejor disposición para ello. De hecho, la reforma constitucional que propuse sobre esta materia no tenía fecha ni límites de edad.
Sin embargo, a diferencia de la educación básica, la media es terminal. Las personas que egresan pueden irse a trabajar, y toda la nueva orientación está destinada a que los dos últimos años de estudio crecientemente tengan carácter técnico-profesional.
Si abrimos la puerta a tres millones de chilenos, el 70 por ciento de la población adulta que está trabajando, y pueden ser muchos más, obliga al Estado a entregar gratuitamente formación técnico-profesional, lo cual resulta imposible de satisfacer.
En consecuencia, si bien se trata de un objetivo sano, contrariamente a la educación básica que es de transición hacia algo superior, la media puede ser terminal y se transforma, por tanto, en cierta medida, en educación de adultos, con lo cual entramos a un terreno distinto.
Por lo tanto, solicito que los señores Senadores analicen bien ese aspecto y asumamos un compromiso compatible con lo que aquí varios de ustedes han precisado, en cuanto a la forma como el Estado financiaría el proceso. Porque si ampliamos la meta a un nivel que sabemos que no podremos alcanzar, todo podría transformarse en letra muerta.
Una solución podría ser la de fijar, mediante un artículo transitorio, un plazo de diez años para los que tengan 18 años, y en seguida ir aumentando gradualmente. Sin embargo, si vamos cumpliendo las metas, por qué no considerar también la posibilidad de llevar a cabo en el futuro otras reformas constitucionales que amplíen más aún esta obligatoriedad, incluso a la educación de párvulos, como lo ha pedido varias veces el Senador señor Ruiz-Esquide -cuyas palabras hacia mí persona agradezco sinceramente-, a fin de que realicemos esta tarea de manera acorde con el potencial del país y no generemos una brecha que sabemos que no podremos satisfacer.
Si el Ejecutivo tuviera que vetar una norma que no establezca el límite de edad, su decisión afectaría la disposición en su totalidad, salvo que se tratare de un veto aditivo, que alargaría el plazo.
Por último, consideremos la posibilidad de establecer 19 ó 20 años, es decir, levantar un poco la vara, pero ajustándonos a metas probables de satisfacer, y así mostrar ante el país la firme imagen de que nuestras discusiones no son retóricas, sino que corresponden a realidades que podemos cumplir.
En ese sentido, formulo esta observación para dar a conocer mi disposición de conversar con todas las bancadas a fin de buscar una fórmula viable. Porque esta medida compromete, por una parte, al Ejecutivo , que tiene la responsabilidad de satisfacer las demandas, y, por otra, al Parlamento y a todos los partidos políticos, pues se trata de una decisión de muy largo alcance.
Solicito al señor Ministro que de aquí al próximo martes, seguramente en conjunto con los miembros de la Comisión de Educación y de los señores Senadores interesados en la materia, nos presente una indicación concreta. En caso contrario, la discusión sería interminable, y no sacaríamos nada en limpio respecto del objetivo del proyecto.
Antes de ofrecer la palabra al siguiente orador, pido al Honorable señor Bombal continuar presidiendo el resto de la sesión.
Señor Presidente , esta ocasión es importante y considero oportuno hacer algunas reflexiones sobre lo que -a mi juicio, por lo menos- puede constituir el fondo del problema o algunos de sus aspectos.
Recuerdo muy bien que a fines de la década de los 60 se produjo en el mundo entero un movimiento estudiantil e intelectual de crítica muy radical y muy profunda a los sistemas de educación. Ello culminó en un documento de la UNESCO que contenía un balance de los sistemas educacionales en el mundo y era extremadamente crítico respecto de sus resultados.
Por algún azar de la historia, la nueva generación de la época rechazaba la forma de educación y sus contenidos, pues le parecía que llevaba a una suerte de pasividad o de aceptación tácita de un orden que se estimaba profundamente injusto.
Ha pasado mucha agua bajo los puentes; pero los sistemas educacionales del mundo, en general, no han dado los resultados esperados. Incluso, diría más, el cambio de época que estamos viviendo hace más imperiosa una reflexión, no tanto sobre los años que una persona está en la enseñanza, sino tocante a lo que hace cuando participa en el sistema educacional formal. Poco se logra con la jornada escolar completa si repetimos lo que tradicionalmente se aborda en el aula, y poco se alcanzará también con permanecer más tiempo en dicho sistema educacional si simplemente se sigue haciendo lo mismo que hoy día.
Una de las cosas fundamentales que requiere la llamada nueva sociedad, sociedad de la comunicación, de la información, del conocimiento -como se la quiera denominar-, es que los jóvenes aprendan a aprender, que manejen la información y que tengan capacidad para relacionarse flexiblemente con múltiples instancias de la vida, donde desaparecen con facilidad las fronteras entre el trabajo y la educación, entre otras cosas.
Me pregunto, señor Presidente , si el sistema educacional chileno, tan jerárquico, tan disciplinado, tan vertical, puede formar a la juventud de esa sociedad de la información -como la llamamos-, a la que estamos requiriendo con capacidad para crear, aprender y relacionarse en forma flexible en las múltiples instancias de su vida. Estimo, francamente, que no.
El señor Ministro , desde que asumió, ha puesto énfasis en la calidad de la educación. Y tiene toda la razón. Obviamente, es una tarea que excederá con mucho su período de permanencia en la Secretaría del ramo y el mandato del Presidente Lagos ; pero lo importante es que coloque el acento en aquel aspecto.
Ahora bien, ¿qué es la calidad de la educación?, ¿en qué consiste, al menos como cierta aproximación? En el mundo en que vivimos, yo pondría énfasis en dos cosas. Una: que los alumnos entren en contacto con la nueva realidad de la ciencia y la tecnología.
Yo hacía presente hace días en la Comisión de Educación que aulas tecnológicas creadas con mucho esfuerzo permanecen generalmente cerradas. Los profesores son reacios a abrirlas. Afirman: "Tenemos que cuidar los aparatos". Y ponen dificultades. Porque los alumnos tienen mayor capacidad para manejar las computadoras, sobre todo cuando el docente supera los cuarenta y tantos años.
En segundo lugar, estimo que hoy no existe una integración real entre las distintas asignaturas que se enseñan y las nuevas tecnologías. Es muy poco lo que se hace en la práctica, en los distintos establecimientos, al menos en aquellos que me toca visitar en la circunscripción que represento; no se observa ese resultado entre, por ejemplo, la asignatura de historia, o de matemática, o de física, y el aula tecnológica.
Entonces, un punto esencial de la nueva calidad de la educación es generar la integración mencionada, abrir la escuela al mundo. Lo permite Internet, pero se requieren la conducción y capacidad del docente para que ello ocurra.
Es verdad que el Gobierno ha hecho mucho enviando profesores a perfeccionarse en el extranjero; pero, cuando se conversa con personas de otros países, el balance que ellas hacen de la capacidad de sus sistemas educacionales para abrirse a ese nuevo mundo es también bastante negativo. O sea, no es cierto que en Estados de Europa Occidental -por lo menos en algunos- se registre una apertura tal que si nuestros docentes van a España, o a Inglaterra, o a Italia, o a Francia, se contactarán fácilmente con una realidad que les abrirá los ojos y los transformará. Existe ahí un enorme camino por recorrer.
Pero, señor Presidente , junto con la apertura a una nueva forma de pensar y de adquirir el conocimiento y usarlo, me parece fundamental que el alumno se relacione con aquello que se podría haber llamado antiguamente "núcleo de la cultura clásica", es decir, con los valores esenciales de la cultura humanista que dan cimiento ético a los avances científicos y tecnológicos. Sin ese cimiento ético, la nueva realidad del mundo en red, del mundo del conocimiento, de la comunicación, puede ser también la del mundo de la banalidad, de la lógica binaria, donde todo es blanco o negro, o la del mundo de la simplificación.
Por tal motivo, lo que debiera intentarse, al contrario, es una síntesis entre los avances, las nuevas formas de pensar, y el mundo de la cultura clásica, del humanismo clásico, de la filosofía, de las grandes interrogantes en cuanto al sentido de la vida. Y no se observaría tanta diferencia al plantearse cómo adquirir el conocimiento en el mundo nuevo de la información y la ciencia si al mismo tiempo el alumno y el profesor fueran capaces de preguntarse sobre el sentido último de las cosas, cuál es la mejor sociedad en que se puede vivir, si es posible la justicia social, cuál es el sentido de la identidad histórica de una nación, en fin, sobre aquello que al final da la razón de ser al conocimiento, a la vida y, lo que es más relevante, a dicha identidad.
Quizás sea mucho pedir todo ello de una escuela o un liceo. Evidentemente que sí. Porque ese mismo alumno se halla bombardeado por los medios de comunicación, por todas las otras formas de socialización, y muchas veces lo que se pretende de la escuela se deshace en la televisión. Para no mencionar otra cosa, recuerdo lo que sucede con el buen uso del lenguaje. A mi juicio, los profesores de castellano son doblemente meritorios hoy, cuando se percibe la degradación del idioma en ese medio y, al unísono, al mismo alumno que ve tres horas de programas le enseñan literatura clásica española, generándose una desconexión completa. Y, al final, creo que prima, por cierto, el lenguaje de la televisión sobre las clases de castellano.
Entonces -insisto-, es mucho pedir.
Y una sola advertencia quisiera hacer en esta intervención, señor Presidente .
Por cierto, me alegra que haya un compromiso respecto de más años de instrucción, de enseñanza, de educación. Pero, más que lo anterior, lo importante es el contenido. El señor Ministro lo ha dicho bastante claramente: se trata de la calidad.
Pienso que tal vez en esa materia enfrentamos los desafíos más grandes. Porque, visitando escuelas y liceos de la circunscripción que represento; viendo el cuerpo docente, los alumnos; conociendo la sala de clases, ahora más moderna, con mejor infraestructura, me asalta una duda enorme: la de si esos niños que permanecerán ahí más tiempo no se hallan, en el fondo, perdiendo el tiempo; la de si ésa no es, a veces, una forma de creer que nos encontramos haciendo algo que en verdad no estamos haciendo, como una especie de autoengaño social. Porque se puede aseverar: "Sí. Ahora usted, en vez de un promedio de diez años, estará doce años en un establecimiento de enseñanza.". ¿Y después qué hace? "¿Cuál es su capacidad para insertarse en el mundo nuevo? ¿Cuál es su capacidad para resistir los grandes desafíos de la vida, las grandes dificultades que tendrá? ¿Qué capacidad de cultura posee para actuar en la sociedad democrática, libre, más horizontal?".
¿Acaso Sus Señorías no quedan impactados del grado de autoritarismo en los liceos? Por ejemplo, todas las ceremonias son siempre de carácter castrense, casi militar. Desfilan como militares todos los docentes -de Izquierda, de Derecha, de Centro-, y enseñan a los niños a hacer lo mismo. No tengo nada en contra. Incluso, creo que cuando el Intendente señor Jorge Tapia pretendió terminar con ello en la Primera Región fue un verdadero descalabro. Pero, obviamente, es algo que debiera ir unido a una nueva aptitud para entender que el mundo venidero no es militar, no es disciplinado, no es jerárquico, no es fijo, no es inmóvil, sino que, al contrario -para decirlo claramente y no llamar a engaño a nadie-, el capitalismo de hoy es dinámico, cambiante, innovador, siempre desafiante. Y, o se entiende ese mundo, o no estamos logrando lo que se pretende.
Entonces, señor Presidente , para terminar, celebro esta reforma, que se fijen doce años de enseñanza. Pero, como muy bien dijo el señor Ministro , cabe una gran llamada de atención en el sentido de que lo que nos debiera preocupar en la educación chilena es no sólo el tiempo, sino también el contenido de él.
Tiene la palabra el Senador señor Flores.
Señor Presidente , he seguido el debate con mucha atención y complacencia, pues veo que los Senadores estamos intercambiando puntos de vista y abriendo espacios en la discusión sobre un asunto muy importante para el país y que va más allá de la Comisión de Educación.
Además, me es muy grato que sea mi amigo y el mentor de que yo esté en el Senado, el Ministro señor Bitar, quien escuche las opiniones acerca del tema.
En lo personal, suscribo los criterios de los Honorables señores Parra, Larraín y Silva en cuanto a la reforma.
Quiero aportar cuatro preguntas al señor Ministro, para que podamos conversar más adelante.
En primer lugar, no sacamos nada (como dice el Senador señor Viera-Gallo ) con determinar doce años de enseñanza si no sabemos por qué lo hacemos. Y me parece que nos estamos tranquilizando de gran manera al no formularnos interrogantes como ésa y no darnos cuenta de que se trata de un fenómeno histórico.
Contaré una anécdota al respecto, porque alguna vez me tocó estudiar la cuestión.
Pasteur, pionero en el ámbito de la inmunización y responsable de que muchos de nosotros estemos vivos después de los 40 años, porque a partir de sus trabajos hubo tantos descubrimientos, fue profesor primario; nunca estudió otra cosa. Era una época de innovaciones, donde un maestro básico tenía dignidad. Y a una persona -posteriormente llegó a ser ministro de Napoleón III- se le ocurrió enseñar a los profesores primarios esa nueva cosa que había en el mundo y que se llamaba "química". La química no existía hasta 1780 como palabra; tampoco como enseñanza.
Entonces, no podemos imaginar que con la entrega por doce años de la serie de contenidos fijos conocidos como "educación secundaria" vamos a mejorar el país. El mundo está cambiando, y lo sabemos.
Ahora bien, formularé al señor Ministro de Educación las preguntas anunciadas.
Primero: ¿Cuáles son, en los programas de educación secundaria, las habilidades digitales y de redes -sustanciales para tener mínima excelencia en el mundo actual- y con qué concepto y criterio las definiremos?
Entiendo que están en los contenidos educativos de hoy. Sin embargo, no se puede seguir hablando de los lenguajes de software ni de los programas que ahora se enseñan, porque en cinco años más todo esto quedará obsoleto. Ninguna de las compañías que diseñan software continuará con lo que actualmente hacen. De modo que tenemos un problema conceptual muy serio e interesante.
Creo que la profesión que más entiende de lo que estoy hablando, curiosamente, es la vinculada con las leyes, pues posee un lenguaje respecto de lo que son las convenciones y los nexos sociales que han permanecido por muchos años. Eso hay que combinarlo con el lenguaje digital. Y espero que en algún momento ocurra, porque es lo único que puede dar un sentido de permanencia. La elaboración de contratos y de otro tipo de cosas seguirá existiendo con una tecnología u otra; lo que cambia son los medios.
Considero que parte de los problemas de corrupción que hemos visto estos días en la CORFO derivan de no saber usar redes digitales para efectuar controles. Los códigos morales y los códigos digitales tienen parentesco.
Segundo: ¿Cómo vamos a atacar el problema motivacional? En mi opinión, la gran diferencia en esta época histórica radica en que muchos jóvenes se aburren soberanamente. Algunos no creen que la escuela y la universidad son lugares de avance, porque ven que sus padres, no obstante ser profesionales universitarios, se encuentran desempleados o no tienen mayores horizontes. El problema no estriba sólo en eso, sino en cómo vamos a motivar.
Al contrario de lo que se señala, pienso que la gente de la televisión, que está haciendo cuestiones muy vulgares, sin embargo se halla más cerca de ese mundo del futuro. Me parece que deberíamos girar hacia allá algunas cosas.
Tercero: ¿Qué rol juega la educación media o secundaria en el sistema productivo? Porque no podemos esperar que jóvenes de 18 años no trabajen o no hagan cosas útiles. Debemos recordar que muchas sociedades han producido gente -un ejemplo es Steve Jobs- que nunca fue a la universidad y sólo recibió educación secundaria. O sea, este nivel educacional es vital para producir personas emprendedoras, empresarios. Por eso formulo esta interrogante, convencido de que con los contenidos actuales solamente nada de aquello ocurrirá.
Por último, expresaré una idea con respecto a las Fuerzas Armadas.
Esas instituciones realizan una labor muy positiva al entregar la motivación que falta a jóvenes de 17 ó 18 años para, a partir de ellas, adquirir ciertas habilidades.
He podido apreciar -ahora, como miembro de la Comisión de Defensa, lo observo más- que una de las cosas que hacen las Fuerzas Armadas es posibilitar a mucha gente el término de la educación secundaria o la recepción de una enseñanza mínima.
En California, donde viven personas muy progresistas, he visto crear escuelas militares secundarias para quienes carecen de motivación. Se trata de una educación corporal, la que también es motivacional. Por eso, no la veo necesariamente como autoritaria.
Me gustaría que en algún momento discutiéramos aquello como aspecto de esta materia, sobre la que hemos de hacer una inflexión.
Formulo todas estas preguntas al señor Ministro con el ánimo de que en otra ocasión podamos continuar debatiendo en torno a la educación, que es una de las materias más importantes que deben ocupar a todo el Senado y no sólo a la Comisión especializada.
Señor Presidente , primero, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, expreso al señor Ministro de Educación nuestra voluntad y mayor interés en colaborar con su gestión. Sabemos de su compromiso y vocación de servicio público, y no tenemos duda de que, en la medida en que el Ejecutivo , a través de él y de los Parlamentarios, en particular los de la Cámara Alta, trabajemos juntos, vamos a dar grandes pasos en una materia tan sensible como la de la educación en Chile.
A continuación, adhiero a gran parte de las intervenciones hechas acá, particularmente la que acabamos de escuchar al Honorable señor Flores, quien planteó cuestiones muy de fondo respecto del tema educacional.
En seguida, quiero hacer una mención muy breve acerca de tres puntos y plantear algunas discrepancias que tengo en cuanto al texto que estamos discutiendo.
En primer término, cuando uno trata de analizar el problema educacional, surgen a lo menos tres áreas o vertientes desde las cuales puede analizarse.
La primera, obviamente, es la cobertura: cuántos niños están estudiando realmente.
Tengo aquí el informe del Gobierno sobre competitividad regional de 2001. Allí se establece por regiones que el mínimo de cobertura en la educación media es 84 por ciento, y el máximo, 94 por ciento. Es decir, todavía existen regiones que no tienen en educación media una cobertura como hubiésemos deseado, no obstante que, si Chile es comparado con otras naciones del continente, las cifras probablemente sean muy superiores; pero eso no debe ser tomado como parámetro, porque nuestro país siempre ha estado a la vanguardia en estos temas.
La segunda se refiere a la extensión a 12 años.
Sobre el particular, el Senador señor Flores planteó una cuestión bastante de fondo. Porque siempre tendemos a creer que el problema de la educación consiste en cuántos años se estudia. En los países avanzados el problema no es la cantidad de años, sino qué se estudia, cómo se estudia y cuán profundamente.
Y la tercera se relaciona con la calidad de la educación.
En mi concepto, ahí deben ponerse todos los esfuerzos hacia el futuro. Es tal la desigualdad con que los chilenos llegan a los niveles de calidad educacional, que basta mencionar que no más allá de 10 a 12 por ciento de quienes acceden o tienen la suerte de acceder a establecimientos particulares cuenta mensualmente con sobre 100 mil pesos para llevar adelante su enseñanza, mientras un joven en las mismas condiciones que estudia en algún lugar apartado de regiones o en Santiago y no dispone de recursos a través de la subvención educacional, no supera los 10 a 12 mil pesos.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades o de posibilidades de progresar si tenemos diferencias tan grandes en cuanto a los recursos para estudiar con que cuentan algunos jóvenes respecto de otros?
Lo anterior tiene efecto inmediato en otro aspecto que considero grave: en Chile hay una inmensa injusticia en la redistribución del ingreso. Y eso está muy vinculado a los niveles de educación a que acceden los jóvenes.
Mientras los chilenos que tienen más -ubicados en los quintiles que así lo representan- se llevan 50 a 60 por ciento de los recursos del país, los más pobres no alcanzan a percibir 6 ó 7 por ciento.
Entonces, la educación con relación a la redistribución del ingreso es el factor que marca la diferencia entre los pueblos sabios e inteligentes que saben progresar y aquellos que se quedan en las formalidades y terminan con niveles educacionales bajísimos, con riquezas muy esporádicas y que se diluyen con mucha rapidez en el tiempo.
En seguida, señor Presidente, plantearé algunas discrepancias en cuanto al texto propiamente tal del proyecto.
En primer lugar, el artículo 19, número 10º, de la Constitución vigente establece que la educación básica es obligatoria y que el Estado la debe financiar, cualquiera que sea la edad de la persona interesada en acceder a ella. O sea, no hay límite de edad respecto de la educación básica.
El proyecto que nos ocupa esta tarde fija -por las razones que señalaré- la edad de 18 años como tope para las educaciones media y básica, en circunstancias de que ésta, como acabo de expresar, hoy día no tiene restricción alguna.
Mirada la cuestión desde esa perspectiva, hay en esta reforma un retroceso respecto de las personas que cursan educación básica.
¿Qué pasa en la actualidad de acuerdo con la Carta Fundamental? Cualquiera que sea la edad del interesado, el Estado debe garantizar su acceso a la educación básica gratuita. Pero si aprobamos el texto que se nos propone esta tarde, sólo podrá llegar a ella quien tenga hasta 18 años. Por lo tanto, hay un retroceso: se quita ese derecho a quienes tengan más de esa edad.
Por consiguiente, la redacción final sugerida provoca una situación que debe ser revertida. Y percibo que no habrá mayor dificultad para ello.
En segundo lugar, respecto de la edad de 18 años, primero deseo plantear una cuestión formal y, después, una reflexión de fondo para consideración del señor Ministro .
Estimo un error establecer la obligatoriedad de la educación básica hasta cumplir 18 años de edad. Eso significaría que un joven, apenas los cumpla, deja de tener acceso a la gratuidad. Esto consigna la disposición propuesta -"hasta cumplir los 18 años"-, en circunstancias de que nuestra estructura educacional está concebida para que los jóvenes lleguen al cuarto medio con esa edad. De manera que debe hacerse una corrección, porque lo lógico sería que, de existir un límite de edad, éste incluya los 18 años y no los excluya, como plantea esta modificación constitucional. Insisto: un joven tendrá derecho a educación gratuita hasta los 17 años, pero al cumplir los 18 -es la interpretación literal de "hasta cumplir los 18 años de edad"-, deja de tenerlo, lo que es absurdo, porque más de 70 por ciento de los jóvenes chilenos, o quizás el 90 por ciento, cumplen 18 años en cuarto medio.
Por lo tanto, el precepto, desde el punto de vista formal, es equivocado. A lo más, debería decirse "hasta cumplir los 18 años de edad, inclusive", para que queden comprendidos los jóvenes que la hayan cumplido.
El señor Ministro planteó un importante tema de fondo. Me produce mucho temor el hacer demagogia con estas normas. Creo que no cuesta nada -¡nada!- sembrar ilusiones y después no poder materializarlas. Y en esto debemos ser muy, muy honestos. En cuanto a sostener que actualmente el Estado de Chile puede financiar la educación media y básica de modo gratuito para todos los chilenos, cualesquiera que sean sus edades, mi impresión es que no hay recursos para hacerlo. Y decir, como escuché a un Honorable colega, que es cuestión de reasignar recursos, es engañar a la gente. Eso no lo podemos hacer.
Tengo la convicción de que la gente entiende que los pasos se van dando de a uno, que los esfuerzos se hacen de a poco, que prefiere que sea así y saberlo de antemano, a encontrarse posteriormente con una ley que es letra muerta y que no constituye realmente un avance, y se expone al Gobierno y a los propios legisladores a anunciar normas de efecto mucho más limitado que el prometido. Si no se establece con toda franqueza -y ése es un dato que el señor Ministro debe señalarnos- cuál es la capacidad económica del país para sacar adelante una ley de esta naturaleza, se frustrará la consecución del propósito.
Sí me parece correcta la línea argumental del Senador señor Larraín , que es absolutamente concordante con este criterio. Se puede introducir la disposición en el articulado permanente de la Constitución sin hacer mención de la edad. Y es razonable determinar en una norma transitoria los límites a esa edad por un período que se estime prudente -puede ser de nueve o diez años-, al cabo del cual el legislador ponderará la posibilidad de dejarla sin efecto o de renovarla por un tiempo dado. Ésa es una aspiración legítima y es razonable hacerlo de esa forma. Considero que es simplemente un problema de técnica legislativa.
A mi parecer, eliminar el rango de los dieciocho años así como así -como escuché decir- y asegurar que todos van a tener educación nos hará más merecedores a sanciones que a premios al generar en el país expectativas que no podrán ser satisfechas.
Finalmente, una reflexión sobre lo expresado por el Senador señor Flores. Por de pronto, estaré muy atento a la espera de las respuestas que dé el señor Ministro a sus consultas, que, creo, apuntan al problema de fondo.
La diferencia en los niveles con que se educa a los jóvenes chilenos en comparación con los de países avanzados es sideral. ¡Sideral! La distancia es gigantesca en el acceso a la tecnología de las comunicaciones, fuentes de información, métodos de razonamiento, incluyendo la frecuencia con que se asiste a los establecimientos educacionales, los sistemas de enseñanza y la capacidad deductiva de los jóvenes para resolver problemas. Cuando uno ve cómo se enseña en Chile en los colegios que cuentan con más recursos y en las escuelas rurales, liceos o establecimientos de regiones, donde se imparte otro tipo de educación, se percata de que estamos formando chilenos con niveles de educación totalmente distintos.
El acceso a los idiomas es algo inconcebible en Chile. Un país que forma jóvenes que no dominen a lo menos dos idiomas con los que se van a topar permanentemente en su vida pone grandes limitantes a su desarrollo. Digamos las cosas como son: un joven chileno que no hable inglés tiene limitadas en gran medida sus posibilidades de ser altamente competitivo -entre comillas y en el buen sentido de la palabra-, para los efectos de desarrollar todas sus capacidades creativas y -diría- fundamentalmente de iniciativa individual.
Hechas estas consideraciones, solicito al señor Ministro concordar estos comentarios e indicaciones en la votación del día martes, a fin de aprobar una norma realmente útil.
Además, el señor Secretario de Estado , sea en la Comisión respectiva o en sesiones que puedan celebrarse en el Senado, tendrá oportunidad de analizar los temas de fondo de la educación, comenzando por responder las preguntas formuladas por el Senador señor Flores, las cuales, con toda franqueza, pienso que apuntan al problema de fondo de la educación chilena, que presenta tantas deficiencias, propias de un país que está haciendo esfuerzos por progresar en la materia, pero que no lo va a lograr de la noche a la mañana.
Si Sus Señorías me permiten, la Mesa desea proponer que en la próxima reunión de Comités se programe la celebración de una sesión especial del Senado, a la que naturalmente invitaríamos al señor Ministro , para debatir los temas aquí planteados, que son de la mayor trascendencia, más allá del alcance de esta reforma.
Si le parece a la Sala, podríamos adoptar un acuerdo en tal sentido.
No hay quórum para tomar acuerdos.
En efecto, pero por lo menos dejo constancia del interés y voluntad del Senado en ese sentido.
Se planteará en esos términos en la próxima reunión de Comités.
Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Gazmuri, quien no se encuentra en la Sala.
Está inscrito a continuación el Senador señor Coloma.
Señor Presidente , me alegro mucho de participar en el debate, que no termina con la dictación de una norma constitucional, sino que empieza o abre la posibilidad de enriquecer la educación, lo cual es muy relevante.
Después de escuchar atentamente a quienes me antecedieron, y a fin de ilustrar la historia de esta normativa, quiero simplemente hacer cuatro reflexiones que, de alguna manera, apuntan a temas que no se han debatido o a plantear una opinión respecto de algunos que sí lo han sido.
En primer lugar, me gustaría, aprovechando la presencia del flamante Ministro de Educación -ojalá que esto genere efectos positivos-, dejar claro que tengo la sensación de que en los antecedentes de esta reforma faltan algunos datos que estimo esenciales para una correcta solución -o avance en la solución- del tema educacional en Chile.
Si uno analiza con detalle los informes, verá que su principal objetivo es entender cómo enfrentar una deserción escolar importante. Se habla de una cifra de 90 por ciento y se hace una elaboración, naturalmente correcta, respecto de dónde se produce, cómo se segmenta el porcentaje de deserción, apuntando a los sectores más pobres, que presentan un ausentismo mucho mayor y requieren, dentro de cualquier normativa, una solución adicional.
Quiero agregar, señor Ministro , que, en mi concepto, aquí falta un antecedente esencial, cual es la división regional de esa deserción. Es correcto decir que ella alcanza a 90 por ciento, pero no lo es entender que es pareja. Es tremendamente diversa. Tengo en mi mano, para ilustrar el debate, algunos antecedentes sobre el último índice de competitividad, donde específicamente, respecto de la escolaridad promedio de los chilenos, aparece que, a nivel de país, es de 9,6 años; en la Región Metropolitana, de 10,9 años, y en la Séptima Región, de 8,3 años. Éste es un asunto importante. No entendamos que la deserción es pareja. No nos quedemos con que necesitamos un 10 por ciento. No. En zonas específicas del país se requieren esfuerzos distintos. Y por eso deseo dejar constancia de estos antecedentes para la historia de la ley.
Cuando uno observa tal grado de división dentro del territorio nacional, puede entender que las cifras no son solamente globales. Y como ex Senador por una Región, no me cabe duda de que el señor Ministro va a asumir el tema, pues reviste importancia fundamental. Y eso nos ayuda a ilustrar mucho más dónde debemos enfocar los esfuerzos para corregir esta deserción, la cual -insisto- no es pareja, sino tremendamente diversa dentro del país y, por tanto, requiere una solución también diversa y no pareja para todos. Si no, podremos equivocarnos como lo hemos hecho hasta ahora.
Recién el día de hoy recibí respuesta a un oficio que envié al Ministro del Interior , consultando si los informes de competitividad regional -en los cuales la educación es un elemento central, y que se elaboran en Chile desde hace ocho años en forma sistemática- habían generado alguna distinción en cómo se asignaban los recursos. Y fíjense, señores Senadores, que es muy interesante el dato contenido en la contestación que me llegó, a través de don Jaime Rojas. En resumen, señala: "Tenemos conciencia de que el desarrollo competitivo en muchos aspectos es distinto a lo largo del país, pero la asignación de recursos presenta una diferencia de 0,6 por ciento en los últimos ocho años para su Región".
En la Región que represento se invirtió 6,17 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En 1999, a pesar de ser la segunda Región menos competitiva, recibió 6,35 por ciento. Con esto, me permito ilustrar el tema de fondo.
Y, no obstante contar con estadísticas que revelan la realidad, no se ha generado ninguna política que no sea la división porcentual de los recursos en materia educacional, incluso por persona más que por problema.
En segundo lugar, me han llamado la atención algunas dudas planteadas sobre la naturaleza de la obligación constitucional, la que se visualiza o como un deber absoluto del Estado o como la necesidad de propender hacia un mayor nivel de educación, como señaló el Senador señor Parra . Me parece muy importante dejar claro que los mandatos no tienen que ver con propender, sino que son lo que son. En ese sentido, deben apuntar a una obligación absoluta del Estado.
Es necesario, eso sí, distinguir entre la obligación y la educación en sí misma con su correlato: el tema del financiamiento. Y aquí me refiero al tercer punto, que ya planteó el Honorable señor Larraín . Es esencial entender la materia desde una perspectiva constitucional, para lo cual hay que redactar la norma de manera que evidencie que son cosas diferentes la obligación constitucional de la educación y el deseo de financiamiento. Y, probablemente, por la redacción de la iniciativa, estos dos aspectos se asimilan, confundiéndose la naturaleza de uno con la del otro.
La redacción propuesta, a mi juicio, provoca una posible doble confusión. La primera se refiere a la limitación de la edad. Me correspondió reemplazar, en la Comisión de Educación, al Senador señor Larraín y tuve que votar. Y efectivamente hay planteamientos que hacen aparecer como limitativo el tope de 18 años, en circunstancias de que sabemos que hoy día la necesidad está por sobre esa edad.
Por eso, estimo muy interesante la solución planteada por el Honorable señor Larraín en cuanto a separar en un artículo transitorio el requisito de los 18 años, mientras el país no alcance una situación económica adecuada. Así entiendo su inquietud. Pero la obligación del Estado, si la asumimos, es integral. Lo que pasa es que el correlato relativo al financiamiento presenta restricciones que impiden plantearla del modo indicado. Pero no hay que confundir este elemento como si fuera parte de la misma obligación, porque, si no, se produce una aparente discriminación, la que no es conveniente.
En caso de no aceptarse esa solución, la redacción del proyecto genera otro problema. Si Sus Señorías leen con detención el artículo único, da la impresión -este punto me lo planteó el Senador señor Lavandero en forma particular- de que si un joven de 16 años termina la educación media tendrá que seguir en la misma por dos años más, ya que, como la obligación opera en función de los años -espero que Sus Señorías sigan mi argumentación-, la educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir 18 años de edad. ¿Qué pasa si un estudiante termina su enseñanza media antes? Como está redactada la norma, no queda clara la obviedad de que no sería obligatorio. Y generar una obligación de esa naturaleza ciertamente no parece lo más adecuado.
De no adoptarse el criterio de introducir un artículo transitorio, propongo que el artículo único diga lo siguiente: "La educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado debe, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito hasta los 18 años con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".
De esa manera, podemos mejorar la redacción de la iniciativa, la que, pese a la claridad de su espíritu, no resultó muy afortunada.
Por último, señor Presidente , me parece muy importante referirme al alcance del deber económico. Estimo que hay que ser tremendamente cuidadoso con esta normativa precisamente para evitar la demagogia o las falsas ilusiones.
Sobre el particular, quiero plantear dos cosas.
Con motivo de la doble jornada, se originó una gran expectativa respecto de lo que significaba en el nivel educacional, cuestión que todos compartimos. Pero, cuando uno pregunta por este asunto en los municipios, al menos en las zonas urbanas de la Región que represento, que no son pequeñas, se encuentra con comunas importantes donde la doble jornada alcanza al 25 por ciento -¡sólo 25 por ciento!-, no obstante que deseábamos el 100 por ciento. Y esto es por dificultades en materia de infraestructura.
Entonces, por la vía de la subvención se intenta obtener una solución, la que choca con el problema de la infraestructura, situación que, lamentablemente -por lo menos según lo que me han dicho los alcaldes que he consultado (de Curicó y Talca)-, no es solucionable en el mediano plazo. Entonces, se presenta un problema mayúsculo, que se adiciona a la expectativa de que debe ser el Estado quien financie. Así se va a entender la educación media.
Hace pocos minutos hablé con el alcalde de Curicó , quien estaba inquieto por un asunto vinculado con la educación. Dicha comuna y la Región en general han registrado sostenidas altas tasas de cesantía en los últimos años. En el recién pasado, los liceos municipales acogieron a 630 alumnos en primero medio. Este año, por razones de cambio o de tipo económico, postularon 900 alumnos, lo que obligó al municipio a crear seis cuartos medios en 15 días. Ello, debido al aumento explosivo de la demanda, dejándose a los colegios con cursos de 45 alumnos, dos de los cuales están hoy día en un establecimiento de educación básica, cuestión que obviamente pugna con cualquier desarrollo educacional serio.
Por eso, el tema del financiamiento tiene que ver con las expectativas y las señales que damos como legisladores a quienes tienen la noble misión de educar.
En mi opinión, estas cifras debieran estar insertas dentro de un debate tanto respecto de lo que está sucediendo con la doble jornada como con la explosiva demanda que se ha producido en algunos lugares afectados por situaciones coyunturales, como la cesantía, que son parte de los problemas reales. Y eso no se soluciona simplemente con la subvención, como han dicho algunos Parlamentarios. La subvención se otorga de todas maneras, y probablemente ese municipio recibirá mucho más por 900 alumnos que por 630. Pero ¿cómo se cubre la diferencia de 270 alumnos en materia de infraestructura y del sentido de la educación?
No podemos generar una especie de compartimentos estancos, donde la gente sienta que educar es horas de clases o tener por cada 45 alumnos un módulo equis. Es mucho más profundo.
Y es ahí donde tenemos que hacer esfuerzos serios para dilucidar este problema con la mayor inteligencia posible. Espero que a la sesión que pueda citarse próximamente nos ayude en esta línea.
En resumen, señor Presidente , éstas son las visiones de un Parlamentario que hoy cumple un año y un día representando a una Región. Siento que en el ámbito educacional se producen quizás las más grandes desilusiones y las mayores desigualdades. Lo que podamos hacer para corregir esas cifras ayudará tremendamente a generar un mundo de oportunidades, que es la clave de cualquier país que realmente crea en sus ciudadanos.
Señor Presidente , me sumo al saludo y felicitaciones al señor Sergio Bitar , nuevo Ministro de Educación . Por su experiencia parlamentaria y en otras funciones que ha desempeñado, pienso que le cabe una intervención mayor en este importante y clave tema.
La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920, y las mismas cifras del informe que se ha entregado acá demuestran que ella demoró 50 años en hacerse efectiva, entre su promulgación y el cumplimiento por parte de la ciudadanía.
Después de los años 70 la Universidad de Chile, específicamente el INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) desarrolló un trabajo muy importante -el doctor Fernando Monckeberg fue pionero en este aspecto- consistente en asociar la alimentación a la educación; en complementar en las aulas, e incluso con programas previos al ingreso al sistema escolar, la enseñanza con una alimentación adecuada. Los estudios médicos señalaban claramente que si los jóvenes y niños no eran alimentados a tiempo, quedaban con inhibiciones o capacidades truncadas en cuanto a su posibilidad de desarrollo.
A propósito de desfile, basta comparar uno de los liceos de educación básica o parvularia de hoy con otro de hace 20 ó 30 años para darse cuenta de que nuestros niños eran más bien chicos, achaparrados. La generación actual es distinta, debido no solamente a la alimentación sino también al estímulo. Si hay estimulación temprana, aun en la época de gestación, obviamente las posibilidades de los jóvenes serán radicalmente distintas.
En este sentido, rescato las palabras de un profesor amigo, que dice: "Más que una prueba de aptitud, hay que hacer una prueba de actitud". Ello permitiría conocer la disposición de las personas a educarse, que es un proceso permanente.
Las cifras de cobertura nacional son bastante halagüeñas. En la enseñanza básica alcanza ya sobre 98 por ciento, y en la media es cercana a 90 por ciento. En cuanto al sistema de jornada completa, se planteaba que para 2002 tendría prácticamente cobertura total. Sin embargo, como se ha indicado, su distribución regional y comunal más las deserciones arrojan resultados bastante diferentes.
Pero no bastan solamente la cobertura y el financiamiento. Según los datos con que elaboramos y entregamos nuestro propio análisis, como Congreso, de los compromisos que asumimos en la Cumbre de Río de Janeiro, si bien la educación ha aumentado en cobertura e infraestructura, no se visualizan mejores resultados en conocimientos, formación, responsabilidad y cultura.
Entre 1990 y 2000 el gasto público en educación se incrementó en 178 por ciento real. También aumentó la cobertura. Sin embargo, en evaluaciones como las del Tercer Estudio Internacional de Ciencia y Matemáticas, Chile ocupa el lugar 35 entre 38 países. La verdad es que esto no guarda relación alguna con el esfuerzo económico realizado y la cobertura que tenemos en este momento.
Además, si se compara la enseñanza media con lo que uno percibe en la educación europea, se concluye que allá a esa edad los jóvenes reciben prácticamente toda la información y capacitación para desarrollarse en forma adecuada, y que entre los textos, la cantidad y la calidad de la educación hay un abismo todavía con nuestro país.
En Estados Unidos -donde también me tocó estudiar- la actitud hacia la educación es totalmente distinta. Los jóvenes se preparan desde pequeños para enfrentar a la sociedad de manera independiente, competitiva. Por ejemplo, tienen como tarea elaborar logotipos de alguna empresa o ver qué actividades pueden desarrollar, y es premiado y valorado por la comunidad el que trabajen en forma paralela a sus estudios y, de hecho, hasta muy lejos del entorno familiar. Al salir del nivel equivalente a nuestra educación media, la mayoría busca una universidad casi en el otro extremo del Estado donde vive su familia, tal vez para lograr esa independencia con más rapidez.
Eso es muy distinto a lo que ocurre en nuestra cultura. Aquí al joven se le proporciona el máximo de acogimiento familiar-social y se cree todavía -cada vez menos, por suerte- que al lograr un cartón de cualquier naturaleza ya está listo. Lo cierto es que recién entonces empiezan los dramas.
Creo que en esta materia -no repetiré los conceptos que se han expuesto- cabe hacer una reflexión muy profunda, para que el Ministro señor Bitar , en sus tres años de gestión -que esperamos sean bien completos- asuma en plenitud este desafío y saque adelante la reforma con los antecedentes que aquí se han señalado.
Ante todo, quiero hacer llegar a Su Señoría mis felicitaciones por su nombramiento como Vicepresidente . Espero que su gestión sea tan eficiente y brillante como la que le hemos conocido en su desempeño como miembro de esta Corporación.
Señor Presidente , la discusión habida esta tarde me ha dejado con una tremenda preocupación: que los planteamientos de muchos de los señores Senadores puedan resultar convergentes con el viejo adagio de que "Lo óptimo a veces echa abajo una concepción o planificación de lo bueno". Porque es indudable que una reforma de esta naturaleza debe estar acotada, debe tener un límite. No puede quedar con una amplitud tal que no permita estimar los recursos que el Estado habrá de invertir para ese efecto.
Y digo que estoy preocupado, alarmado, porque si el debate se extiende hacia una situación ideal y óptima, quizás al final esta reforma tan trascendente quede en el camino sólo como una buena intención.
Ante esa eventualidad, anuncio que presentaré una indicación redactada en los siguientes términos: "La educación básica y la educación media son obligatorias." -aquí hay una enmienda sustantiva a la Constitución- "El Estado debe, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población hasta los 18 años de edad.".
El límite de 18 años de edad puede quedar en el mismo artículo o en uno transitorio. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, es inconveniente dejar una puerta abierta, por cuanto impide saber cuánta gente ingresará al sistema. Porque es un hecho de la causa que en este momento el Estado carece de recursos para financiar el acceso a él de tres millones de personas. Si existieran los medios, esto sería lo óptimo, lo ideal.
Por eso, al concluir esta sesión quedo muy inquieto, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación y como profesor, porque pienso que si se estira mucho la perspectiva de lo óptimo, en definitiva podemos quedarnos sin nada.
Cuando se discutió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria puede que hayan surgido también aquélla y otras posiciones legítimas, fundadas, positivas. Pero -felizmente- en ese entonces se creó la estructura y -como quien dice- en el camino se fue implementando, por la vía de los reglamentos y modificaciones, el sistema que hizo factible la aplicación del cuerpo legal mencionado y que Chile haya llegado al día de hoy con sólo 4,6 por ciento de analfabetismo.
En consecuencia, desde esta banca me permito advertir el peligro de caer en una postura exagerada y, por ende, de echar por tierra esta buena iniciativa.
Se trata de un proyecto emblemático, en el cual no sólo está comprometido el Gobierno sino la sociedad chilena en su conjunto.
Reitero: no debe perderse de vista que, en la actualidad, únicamente el 15 por ciento de los jóvenes no termina los doce años de educación. ¡Sólo 15 por ciento! En otras palabras, estamos legislando para ese porcentaje.
Espero que la próxima semana, cuando prosigamos la discusión, dejemos en las actas, a lo mejor para la historia de la ley, el planteamiento de no fijar un límite de edad. Porque en estos instantes el Estado se halla en condiciones de solventar una inversión significativa, pero con un tope de edad. Nos gustaría obviarlo, pero -¡bueno!- eso es lo posible dada la situación que vive el país. Además, todos sabemos que los problemas económicos a nivel mundial de algún modo inciden también en nuestra economía.