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Timestamp: 2019-09-23 03:30:36
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Advance Unedited Version Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes
B. Población 1
Parte II. Estructura constitucional, política y jurídica A. Forma de Gobierno
B. El Consell General (Parlamento Nacional)
F. El poder local: Comuns
Parte III. Marco general de protección y promoción de los derechos humanos A. Derechos y libertades constitucionales Derechos constitucionales
B. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos Ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos
Parte I: Información demográfica
El Principado de Andorra es un Estado situado en la cadena montañosa de los Pirineos Centrales con una superficie de 468km2, que comparte frontera con España por el sur y con Francia por el norte. Es un territorio montañoso y accidentado, formado por valles estrechos. El punto más alto del país (Comapedrosa) se encuentra a 2.942 metros sobre el nivel del mar y el más bajo (rio Runer) a 840 metros sobre el nivel del mar. El clima es temperado con tendencia continental, frío en invierno y templado en verano. El territorio se divide administrativamente en siete Parroquias: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella (capital), Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany.
B. Población1
La población registrada de Andorra ha aumentado significativamente en el último medio siglo, pasando de los 8.392 habitantes en 1960 a los 74.794 habitantes a finales de 2017, asociado principalmente, a la evolución económica del país, de una sociedad rural a una sociedad con una importante presencia del sector servicios. Hay ligeramente más hombres que mujeres. En 2016, la proporción es de 51,01% (hombres) a 49,58% (mujeres). En el 2017, la población se componía mayoritariamente por un 46,5% de ciudadanos andorranos, un 26,6% de ciudadanos españoles, un 12,9 % de ciudadanos portugueses, un 5,2% de ciudadanos franceses y un 8,8% de ciudadanos de unas 77 nacionalidades diferentes.
Andorra presentaba en 2016 una tasa de mortalidad del 4.24 y una tasa de natalidad del 8.66 por lo que la tasa de crecimiento natural era del 4,50. La edad media de la población andorrana en 2016 era de 40.33 años, con un índice de dependencia global del 38,83.
C. Religión
El artículo 11.1 de la Constitución del Principado de Andorra garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, por lo que nadie puede ser obligado a declarar o a manifestarse sobre su ideología, religión o creencias.
El párrafo 3 del mismo artículo garantiza a la Iglesia Católica el ejercicio libre y público de sus actividades, pero ello no supone una vulneración de la libertad religiosa hacia otras religiones, sino un reconocimiento de la tradición católica del país, siendo el Obispo de la Seo de Urgel (España) Jefe del Estado de manera conjunta e indivisible con el Presidente de la República francesa (Copríncipes).
Aunque no existe un registro oficial de religiones, existen diversas comunidades religiosas en el país. De acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Departamento de Estadísticas, la distribución de la población por religión y origen étnico es la siguiente:
Departamento de Estadísticas del Gobierno de Andorra
D. Sistema educativo
La estructura educativa de Andorra viene definida por el artículo 5 de la Ley cualificada de educación de 3 de septiembre de 1993. Es un modelo original en el que coexisten tres sistemas educativos públicos y gratuitos: el andorrano, el español (laico y confesional) y el francés, que son administrados por los Ministerios de Educación de los respectivos gobiernos. La escolarización es gratuita y obligatoria hasta la edad de 16 años. En 2016, la tasa de escolarización era del 100%. En el curso 2015-2016 habían 11.018 alumnos, de los cuales, el 51,38% eran chicos y el 48,62% son chicas. En cuanto a la presencia en cada sistema educativo, el 39% estaban inscritos en el sistema educativo andorrano, el 33% en el sistema educativo francés y el 28% en el sistema educativo español2.
La enseñanza en Andorra se basa en los derechos, libertades y principios enunciados en el artículo 20 de la Constitución, las leyes que regulan la educación y los acuerdos internacionales ratificados. Los tres sistemas de enseñanza se rigen por el principio fundamental que garantiza la admisión de cualquier persona al margen de toda consideración sobre su origen, religión o sexo o de orden político e ideológico.
La Ley cualificada de Educación del 3 de septiembre de 1993 ya estipulaba entonces los principios y valores en los cuales se basa la educación andorrana. Efectivamente, el apartado h del Artículo 3 subraya la importancia de “formar a los niños y jóvenes en el respeto de la diversidad y de los derechos y libertades fundamentales, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, enmarcados en los principios democráticos de convivencia y pluralismo”.
Los programas de los docentes del sistema educativo andorrano comprenden proyectos educativos destinados a fomentar los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación en las escuelas, facilitar la participación democrática, impulsar la cohesión de los grupos, privilegiar el aprendizaje de valores y competencias sociales y alentar el sentido del compromiso y de la responsabilidad desde la más temprana edad de los alumnos.
La actividad económica andorrana está basada principalmente en el sector servicios. El turismo y el comercio constituyen los pilares fundamentales de la economía. El país acoge cerca de ocho millones de visitantes anualmente, mayoritariamente españoles y franceses. La limitada producción nacional de manufacturas se suple con una elevada importación de productos para atender la demanda interna y sobretodo, la demanda de los visitantes extranjeros al país. Destacar también la importancia del sector financiero y de aseguradoras que representaban en 2015 el 22% del Producto Interior Bruto, en contraposición del sector agrícola que representaba el 0.5% en el mismo año.
Por lo que se refiere al marco institucional económico, Andorra cuenta con un Acuerdo de Unión Aduanera con la Comunidad Económica Europea desde 1991, y el 1 de abril de 2012 entró en vigor el Acuerdo Monetario con la Unión Europea que estableció, entre otras cuestiones, el euro como moneda oficial del Principado de Andorra. El pasado 15 de marzo de 2015 se iniciaron las negociaciones con la Unión Europea para la consecución de un Acuerdo de Asociación con vistas a la participación de Andorra en el Mercado Interior.
F. Mercado laboral
La elevada presencia de actividades económicas del sector servicios relacionadas con el turismo conlleva la existencia de modelos de contratación flexibles y una elevada estacionalidad de la ocupación. Así, la distribución de la población por situación laboral muestra que en 2016, el 45% eran asalariados y un 6% eran empresarios o trabajadores por cuenta ajena. El porcentaje de la población en situación de desocupación es reducido, situándose en el 2,4% en diciembre de 2017. A finales de 2017, habían 548 persones dadas de alta en el Servicio de Ocupación como demandantes de empleo, de los cuales, 44,2% son hombres y el 55,8% son mujeres.
La población asalariada en 2016 en Andorra era de 36.603 personas. Por sectores de actividad, el 87.8% de los asalariados provenían del sector servicios, seguidos de la construcción (7,7%), industria (4,0%), mientras que el sector agrícola sólo representaba el 0.5% de los asalariados.
La masa salarial en 2016 era de 912,18 millones de euros, siendo el salario medio de 2.076,68 euros. Des del 1 de enero del 2018, el salario mínimo interprofesional es de 1.017,47 euros.
Andorra contaba en 2016 con 8.051 empresas. El predominio de empresas del sector servicios de dimensiones pequeñas, conllevaba que el 80% de las empresas tuviesen una plantilla de uno a cinco trabajadores, mientras que el 0.8% de las empresas ocupaban a más de cien trabajadores. De momento no disponemos de datos sobre el porcentaje de empresas dirigidas o que pertenezcan a mujeres pero son elementos que se están intentando obtener y que esperamos poder incorporar en el próximo informe.
En cuanto a la igualdad de remuneración, después de haber consultado a las instituciones judiciales, el Tribunal Superior de Justícia y la Batllia (Juzgado, tanto en la sección civil como en la administrativa), se desprende que no se ha producido ninguna denuncia por no haber respetado el principio de igualdad de remuneración, y, por lo tanto, tampoco se dispone de ninguna sentencia sobre esta cuestión.
No obstante, el Área de Políticas de Igualdad, dentro de sus funciones de lucha contra las discriminaciones y a la vista del análisis realizado en materia de igualdad de oportunidades con ocasión de la redacción del Libro Blanco de la Igualdad, presentó el 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la colaboración del Departamento de Empleo y Trabajo, el distintivo “Olympe de Gouges - Promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral” con el fin de reconocer el compromiso de las empresas con la igualdad y a su vez, estimular y promover la cultura de la igualdad con buenas prácticas. El 8 de marzo de 2018 se otorgó el primer guardón a dos empresas del Principado.
Parte II. Estructura constitucional, política y jurídica
A. Forma de Gobierno
El régimen político de Andorra es el Coprincipado Parlamentario y su lengua oficial es el catalán. Los Copríncipes son, conjuntamente y de manera indivisible, el Jefe del Estado. Actualmente los Copríncipes son el Obispo de Urgel, Monseñor Joan-Enric Vives Sicilia y el Presidente de la República francesa, Sr. Emmanuel Macron.
La institución del Coprincipado es heredera del régimen feudal de coseñoría establecido en el año 1278 tras la firma del primer Pareatge entre el Obispado de Urgel y el Condado de Foix (Francia).
El Consell General (Parlamento Nacional) garantiza la representación mixta y paritaria de la población nacional y de las siete parroquias. Este órgano de representación popular ejerce el poder legislativo, aprueba los presupuestos del Estado y promueve y supervisa la acción política del Gobierno.
Está compuesto por un mínimo de 28 y un máximo de 42 parlamentarios, la mitad de los cuales son elegidos a razón de un número igual para cada una de las siete Parroquias, y la otra mitad por circunscripción nacional. Los parlamentarios son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por un periodo de cuatro años. La Sindicatura es el órgano rector del Consell General.
La lucha de las mujeres andorranas para poder ejercer una ciudadanía completa, es decir con el ejercicio de todos sus derechos políticos empezó en 1967. Esta etapa finalizó cuando presentaron una solicitud, el 15 de mayo de 1968, con la firma de más de 370 mujeres andorranas, para poder obtener una ciudadanía plena. Sin embargo la posibilidad para las mujeres andorranas de votar y de ser elegidas no llegó hasta el 1973. En 1984 entró la primera consellera general al Consell General para remplazar un conseller y fue en 1986 cuando se eligió la primera consellera general.
Durante la legislatura 2011-2015 se consiguió la paridad entre conselleres y consellers, sin necesidad de establecer ningún tipo de acción positiva, como una ley de cuotas, sin embargo, actualmente el Consell General está compuesto por 19 parlamentarios y 9 parlamentarias.
El Gobierno, compuesto por un Jefe de Gobierno y sus Ministros, en número fijado por la ley, dirige la política nacional e internacional de Andorra. También dirige la Administración del Estado y ejerce el poder reglamentario. El Jefe de Gobierno es nombrado por los Copríncipes tras su elección por el Consell General, con arreglo a lo previsto en la Constitución. El mandato del Jefe de Gobierno termina, salvo en casos excepcionales, al final de la legislatura, y no puede ejercerse más de dos mandatos consecutivos completos. Actualmente, el Gobierno está compuesto por 4 ministras y 7 ministros.
D. El poder judicial
Los Batlles (jueces de primera instancia) y los magistrados independientes administran justicia en nombre del pueblo andorrano. El sistema de justicia está organizado con arreglo a la Ley cualificada de la Justicia, de 3 de septiembre de 1993. El Consejo Superior de la Justicia es el órgano institucional autónomo que representa el poder judicial. Se compone de cinco miembros, cada uno designado por los Copríncipes, el Jefe de Gobierno, el Síndic General (Presidente del Parlamento), los Batlles o los Magistrados. Su mandato es de seis años, renovable una sola vez. El Consejo Superior de la Justicia ejerce la función disciplinaria, vela por la independencia y el buen funcionamiento de la justicia, pese a no desempeñar funciones jurisdiccionales, y nombra a los miembros del Ministerio Fiscal a propuesta del Gobierno. La jurisdicción está estructurada en cinco secciones: civil, penal, de instrucción, administrativa y de menores. Cada una de ellas consta de dos instancias: primera instancia y apelación.
La Batllia está formada por 15 Batlles, de los cuales 11 son mujeres y 4 son hombres. Además, hay 13 magistrados, de los cuales 9 son hombres y 4 son mujeres. Por su parte, el Ministerio Fiscal está formado por 5 fiscales, 3 son mujeres y 2 son hombres. Actualmente el Consejo Superior de la Justicia se compone de 3 mujeres y 2 hombres.
E. Los Copríncipes
Los dos Copríncipes, con arreglo a la tradición institucional de Andorra, son conjuntamente y de forma indivisa el Jefe del Estado, y asumen la más alta representación. Los Copríncipes son el símbolo y los garantes de la permanencia y la continuidad de Andorra así como de la independencia y el mantenimiento del espíritu tradicional de paridad y de equilibrio con los Estados vecinos. Los Copríncipes expresan la conformidad del Estado en sus compromisos internacionales y son también los árbitros y moderadores del funcionamiento de los poderes públicos y de las instituciones. Los Copríncipes son informados periódicamente de los asuntos del Estado pero no son responsables de los actos de las autoridades andorranas.
Los Comuns son órganos de representación y administración de las parroquias. Son corporaciones públicas con personalidad jurídica y potestad normativa local, sometida a la ley. En el ámbito de sus competencias, ejercidas de acuerdo con la Constitución, las leyes y la tradición, los Comuns funcionan bajo el principio de autogobierno, reconocido y garantizado por la Constitución. Los Comuns expresan los intereses de las Parroquias, aprueban y ejecutan el presupuesto comunal, fijan y llevan a cabo políticas públicas en su ámbito territorial y gestionan y administran todos los bienes de propiedad parroquial, sean de dominio público comunal o de dominio privado o patrimonial. En algunas parroquias existen quarts y veïnats, subdivisiones territoriales que derivan de las competencias de los Comuns y de los usos y costumbres de Andorra. En la actualidad, Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, que son las más pobladas, están regidas por dos mujeres mientras que el resto de las parroquias (Ordino, La Massana, Encamp, Canillo y Sant Julià de Lòria) están regidas por hombres.
Parte III. Marco general de protección y promoción de los derechos humanos
A. Derechos y libertades constitucionales
La Constitución del Principado de Andorra fue aprobada por referéndum popular el 14 de marzo de 1993. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico interno, vincula a todos los poderes públicos y a los ciudadanos (artículo 3).
Los principios inspiradores de la acción del Estado andorrano son el respecto y la promoción de la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona (artículo 1.2). Cabe señalar que la Constitución andorrana reconoce los principios de derecho internacional público universalmente reconocidos (artículo 3.3). Asimismo, Andorra incorpora a su ordenamiento jurídico interno los tratados y acuerdos internacionales que adopta, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (artículo 3.4), así como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5).
La Constitución reconoce que la dignidad humana es intangible y, en consecuencia, garantiza los derechos inviolables e imprescriptibles de la persona, que constituyen el fundamento del orden político, la paz social y la justicia (artículo 4). Reconoce expresamente que todas las personas son iguales ante la ley, nadie puede ser discriminado a causa de su nacimiento, raza, sexo, origen, religión, opinión, o cualquier otra condición personal o social (artículo 6). La Constitución reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases (artículo.8 1). Toda persona tiene derecho a la integridad física y moral. Nadie puede ser sometido a torturas o a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 8.2). Se prohíbe la pena de muerte (artículo 8.3).
Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad, de las que solo pueden ser privadas por las causas y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes. La detención gubernativa no puede durar más del tiempo necesario para llevar a cabo las averiguaciones tendentes al esclarecimiento del caso y nunca podrá exceder las 48 horas sin que el detenido sea puesto a disposición de la justicia. La ley establece un procedimiento para que todo detenido pueda acudir a un órgano judicial con el fin de que éste se pronuncie sobre la legalidad de su detención, y para restablecer a toda persona privada de libertad los derechos fundamentales lesionados (artículo 9).
En el artículo 39 de la Constitución se hacen directamente aplicables los derechos y libertades enunciados y vinculan a los poderes públicos. Su contenido no puede ser limitado por la ley y está protegido por los tribunales. Estos derechos y libertades no se limitan únicamente a los nacionales sino que se garantizan a todos los extranjeros legalmente residentes en Andorra.
La regulación del ejercicio de los derechos y libertades solo puede realizarse por ley; en particular, los derechos de los capítulos II y IV deben regularse mediante leyes cualificadas (artículo 40).
En el artículo 41 de la Constitución se dispone asimismo que los derechos y libertades reconocidos en los capítulos III y IV y por tanto más particularmente los derechos relativos a la protección de la integridad física y la prohibición de los actos de tortura, son tutelados en los tribunales ordinarios a través de un procedimiento urgente y preferente regulado por la ley que, en todo caso, se substanciará en dos instancias. La ley crea también un procedimiento excepcional de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los actos de los poderes públicos que violen el contenido de los derechos en cuestión.
B. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos
Andorra, como Estado miembro de organismos internacionales, ha ratificado los siguientes instrumentos europeos e internacionales relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y del derecho humanitario:
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966;
• El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, de 16 de diciembre de 1966, y el Segundo Protocolo Facultativo de dicho Pacto, de 15 de diciembre de 1989 destinado a abolir la pena de muerte;
• La Convención sobre la prevención y la represión del crimen de genocidio, de 9 de diciembre de 1948;
• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979;
• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 6 de octubre de 1999;
• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984;
• La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989
• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venda de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000;
• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de 25 de mayo de 2000;
• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al establecimiento de un procedimiento de comunicaciones, de 19 de diciembre de 2011;
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, de 13 de diciembre de 2006;
• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998
• La Convención de la UNESCO sobre la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)
• El Acuerdo europeo sobre las personas que participan en procesos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 5 de marzo de 1996;
• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, y sus diversos protocolos;
• Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011;
• Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007;
• La Convención Europea sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987, y sus Protocolos primero y segundo;
• Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos, de 16 de mayo de 2005
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