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Timestamp: 2018-03-24 21:13:31
Document Index: 17482004

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'Artículo 50', 'artículo 241', 'Artículo 153', 'artículo 241', 'artículo 153']

Sentencia No. C-008/97 Económico y financiero 23/01/1997 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-008/97 &nbsp; CONVENIO CON PERU SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES-Contenido general &nbsp; Estos tratados, como lo señaló la Corte, se basan en un modelo de convenio utilizado regularmente por los países miembros de la comunidad internacional para la celebración de acuerdos sobre protección recíproca de inversiones. Dichos instrumentos se caracterizan por contener cláusulas &quot;tipo&quot; sobre protección de la inversión, como aquellas que garantizan al inversionista del Estado co-signatario un trato no inferior al que la legislación interna concede a sus nacionales o aquellas otras que autorizan la libre transferencia de la inversión y de las utilidades. &nbsp; INVERSION EXTRANJERA-Promoción y protección &nbsp; La Corte encuentra las disposiciones acordes con la Constitución, pues no sólo desarrollan los objetivos contenidos en el preámbulo de la Carta, ya que se dirigen a garantizar un orden económico y social justo, sino
Sentencia No. C-009/97 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-009/97 &nbsp; BONOS DE VALOR CONSTANTE PARA SEGURIDAD SOCIAL-Pago de dineros por BCH/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Protección poder adquisitivo de recursos para pensiones/RESERVA DE INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Régimen de inversión y manejo &nbsp; El Congreso para expedir la ley 48 de 1990, no realizó ningún proceso judicial, ni investigó, ni estableció responsabilidades. Su función, en relación con el manejo del déficit de los BVC, fue acoger, en general, pues se introdujeron algunas modificaciones, el proyecto de ley que le presentó el Gobierno, encaminado a resolver el gravísimo problema en que se encontraban los recursos provenientes de las reservas de los seguros de invalidez, vejez y muerte del ISS. Sin embargo, considera la Corte que en nada se opone la expedición de una ley de esta naturaleza, al inicio de las respectivas demandas ante el juez competente. Pues, el debate dado en el Congreso, consistió en adoptar las medidas pertinentes para que l
Sentencia No. C-010/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-010/97 &nbsp; &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inscripción alcalde cargo de elección popular &nbsp; INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE-Periodo &nbsp; En materia de inhabilidades e incompatibilidades, el término &quot;período&quot;, debe ser interpretado en su sentido subjetivo. Lo contrario implicaría la restricción de un sinnúmero de derechos fundamentales del funcionario que, a pesar de haber dejado su cargo antes del vencimiento del término establecido por la Constitución o la ley, se vería sometido a una restricción para ocupar cargos de elección popular, aun mayor que la que tienen quienes permanecen en su empleo durante el lapso establecido para ello. En consecuencia, entiende esta Corporación que cuando una norma, cuyo objeto es establecer inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de determinado cargo, se vale de la voz &quot;período&quot;, ésta debe entenderse como el lapso en que el funcionario efectivamente o
Sentencia No. C-011/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-011/97 &nbsp; &nbsp; COMISION DE ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA-Naturaleza &nbsp; La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista tiene por fin ejercer un control interno en el Congreso sobre el comportamiento de los legisladores. Su misión es fundamental, en tanto que ha de contribuir a la depuración del órgano legislativo y de las costumbres políticas del país. &nbsp; COMISION DE ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA-Decisiones por mayoría de votos &nbsp; De acuerdo con la Constitución, la regla general en el proceso decisorio es que se puede entrar a tomar determinaciones cuando se reúne más de la mitad de los integrantes de la corporación y que las resoluciones se adoptan por la mayoría de votos de los miembros presentes. En ningún lugar de la Constitución se contempla la posibilidad de que para algunas decisiones en las corporaciones públicas se requiera la unanimidad. Debe enfatizarse que el criterio de la unanimidad, tal como está dispuesto
Sentencia No. C-012/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-012/97 &nbsp; PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS-Alcance/APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO-Alcance &nbsp; El claro sentido de las normas en mención, esto es, permitir que por regla general se pueda agravar la pena impuesta al apelante único, excepto cuando haya una pluralidad de reclamaciones diferentes, afecta la prohibición constitucional de la reformatio in pejus. Esta prohibición se desconoce si el superior, por regla general, está facultado para proceder frente al recurso del apelante único como si estuviera frente a las apelaciones de partes con intereses contrapuestos, pues, en estos últimos casos el ad quem sí puede volver a examinar toda la sentencia recurrida, sin limitarse sólo a los aspectos desfavorables al recurrente. En el presente caso surge la violación del artículo 31, inciso final, de la Constitución, porque los textos del Codigo Disciplinario Único, disponen que a pesar de existir un apelante único, el su
Sentencia No. C-013/97 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-013/97 &nbsp; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance por bajo nivel de penas/PENA LEVE-Alcance del control constitucional/LEGISLADOR-Competencia para atenuación de penas &nbsp; La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo pro
Sentencia No. C-014/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-014/97 &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Regalías en explotación de hidrocarburos &nbsp; &nbsp; Referencia: Expediente D-1343 Norma acusada: Artículo 50 (parcial) de la Ley 141 de 1994. &nbsp; Actor: Luis Enrique Olivera Petro. &nbsp; Tema: Cosa Juzgada. &nbsp; Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. &nbsp; Santa Fe de Bogotá, veintitres (23) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997). &nbsp; La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa &nbsp; EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION &nbsp; Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA &nbsp; &nbsp; I. ANTECEDENTES &nbsp; El ciudadano Luis Enrique Olivera Petro pre
Sentencia No. C-015/97 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-015/97 &nbsp; ACCION DE TUTELA PENAL DEL ORDEN LEGAL-Alcance/ACCION DE TUTELA PENAL RELATIVA-Alcance/NORMA PENAL-Libertad de configuración normativa/ALZAMIENTO DE BIENES-Trayectoria de la represión penal/ALZAMIENTO DE BIENES-Expresión no siendo comerciante &nbsp; La protección penal de ciertos bienes y valores debe ser permanente y absoluta y, en este caso, la tutela penal de orden legal corresponde a la obligación positiva constitucional de amparar la vida y los derechos fundamentales de las personas. En cambio, otros bienes pueden ser susceptibles de una protección penal relativa, ya sea porque son propios de determinado ámbito no universal de relaciones o porque su protección eficaz puede buscarse a través de otros medios jurídicos legítimos diferentes de la misma legislación penal, motivo éste que puede justificar inclusive la adopción de políticas criminales enderezadas a “despenalizar” ciertas conductas. La protección legal del patrimonio y de
Sentencia No. C-016/97 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-016/97 &nbsp; TEORIA DE LA DEFENSA SOCIAL-Mendicidad que no inhabilita para trabajar/CONTRAVENCION DE ORDEN SOCIAL-Mendicidad que no inhabilita para trabajar/SANCION-Finalidad &nbsp; La pena que se impone por la comisión del delito no tiene por objeto castigar un mal, sino defender a la sociedad de todas aquellas personas que representan un peligro para la misma, sometiéndolas a un tratamiento que busque readaptar al individuo; en consecuencia, la pena debe aplicarse teniendo en cuenta la temibilidad del agente más que la gravedad objetiva del delito. De ahí que las sanciones no deban ser determinadas desde el principio, sino extender su duración hasta que el individuo deje de ser un sujeto socialmente peligroso. Si el fin de la sanción es la defensa de la sociedad, ésta no debe esperar que el daño se consume, sino que debe anticiparse a su realización y aplicar una medida predelictual a quien, sin haber cometido todavía un hecho punible, demuestre s
Sentencia No. C-017/97 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-017/97 &nbsp; &nbsp; PLAN NACIONAL DE INVERSIONES-Alcance &nbsp; Sólo los principales proyectos de inversión pública nacional se incorporan al plan de inversiones. En realidad, el plan ordena las prioridades en materia de inversión pública y no pretende detallar y hacer una lista taxativa de todos y cada uno de los proyectos que decide acometer la nación. &nbsp; OBJECION PRESIDENCIAL-Declaración fundada/LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Distribución de competencias y recursos/PRESUPUESTO MUNICIPAL-Diseño y construcción de acueducto y alcantarillado/PRESUPUESTO NACIONAL-Prohibición doble financiación de actividad económica/PRESUPUESTO NACIONAL-Apoyo económico adicional de municipios &nbsp; La objeción presidencial está llamada a prosperar. El diseño y construcción de acueductos y alcantarillados, corresponde a una función asignada a los municipios en virtud de la ley orgánica que se ocupa de distribuir competencias y recursos públicos, la que además
Sentencia No. C-028/97 Administrativo 30/01/1997 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-028/97 &nbsp; &nbsp; POTESTAD REGLAMENTARIA-Naturaleza constitucional &nbsp; La potestad reglamentaria, o el poder reglamentario, es un derecho propio constitucionalmente otorgado al Presidente de la República como autoridad administrativa, para dictar las normas de carácter general que son necesarias para la correcta ejecución de la ley. Por consiguiente, esta atribución no necesita de norma legal expresa que la conceda, pero su ejercicio se amplía o restringe en la medida en que el Congreso utilice en mayor o menor grado sus poderes jurídicos. &nbsp; OBJECION PRESIDENCIAL-Explotación de metales preciosos/POTESTAD REGLAMENTARIA-Transferencia de rentas por explotación de metales preciosos &nbsp; El proyecto de ley, no faculta, no delega, no ordena, ni otorga poderes especiales al Gobierno para reglamentar el tema de la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos,
Sentencia No. C-029/97 Económico y financiero, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-029/97 &nbsp; ACUERDO GENERAL DE AMISTAD Y COOPERACION CON RUMANIA &nbsp; &nbsp; &nbsp; Referencia: Expediente L.A.T. 077 &nbsp; Revisión constitucional de la ley 284 de 1996, &quot;Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania&quot;, suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993 y del Acuerdo que se aprueba. &nbsp; &nbsp; Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ &nbsp; &nbsp; Santafé de Bogotá, D.C., enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997) &nbsp; I. ANTECEDENTES &nbsp; En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución y, dentro del término allí dispuesto, la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia de la ley No.284 de junio 14 de 1996, aprobatoria del Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania, suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 199
Sentencia No. C-030/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-030/97 &nbsp; CARRERA ADMINISTRATIVA-Prohibición de ingreso automático &nbsp; Las normas facilitan el ingreso y permanencia en la carrera administrativa de cierto grupo de personas que, por estar en cierta condición (desempeñando un cargo de carrera), no requieren someterse a un proceso de selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocen, no sólo el mandato constitucional, que exige la convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública. La excepción que establecen las normas acusadas, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos que crean tener las condiciones para desempeñar
Sentencia No. C-031/97 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-031/97 &nbsp; MINISTERIO PUBLICO-Agentes de libre nombramiento y remoción &nbsp; &nbsp; Referencia: Expediente D-1331 &nbsp; Demandante: Raúl Yesid Molano Rodríguez. &nbsp; Norma acusada: Artículo 153 de la Ley 201 de 1995. &nbsp; Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL &nbsp; &nbsp; Santafé de Bogotá, D.C., enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997). &nbsp; &nbsp; I. ANTECEDENTES. &nbsp; Con fundamento en la competencia que le otorga el artículo 241-4 de la Constitución Política y cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a decidir de mérito sobre la demanda de inexequibilidad formulada por el ciudadano Raúl Yesid Molano Rodríguez, contra el artículo 153 de la Ley 201 de 1995. &nbsp; II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA. &nbsp; Se transcribe a continuación el texto de la norma acusada.: &nbsp; LEY 201
Sentencia No. C-032/97 Económico y financiero, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-032/97 &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Incremento patrimonial no justificado &nbsp; &nbsp; Referencia: Expediente D-1380 &nbsp; Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 148 del Código Penal, 1o del Decreto 1895 de 1989 y 10 del Decreto 2266 de 1991. &nbsp; Actor: Ignacio Toro Ordoñez &nbsp; Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA &nbsp; Santa Fé de Bogotá D.C., enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997). &nbsp; El ciudadano IGNACIO TORO ORDOÑEZ promovió ante la Corte Constitucional demanda en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 148 del Código Penal, 1o del Decreto 1895 de 1989 y 10 del Decreto 2266 de 1991. &nbsp; &nbsp; &nbsp; I. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS &nbsp; Se transcribe a continuación el texto de las normas acusadas conforme a su publicación en los diarios oficiales Nos. 35.461 del 20 de febrero de 1980, 38.951 del 24 de agosto
Sentencia No. C-033/97 30/01/1997 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-033/97 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Porte injustificado de instrumentos y sustancias &nbsp; &nbsp; &nbsp; Referencia: Expediente D-1383 Norma acusada: Artículos 7º y 8º de la Ley 228 de 1995. &nbsp; Actor: Julian Andrés Fernández. &nbsp; Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. &nbsp; Santa Fe de Bogotá, treinta (30) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997). &nbsp; La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa &nbsp; &nbsp; EN NOMBRE DEL PUEBLO &nbsp; Y &nbsp; POR MANDATO DE LA CONSTITUCION &nbsp; &nbsp; Ha pronunciado la siguiente &n
Sentencia No. C-034/97 Aduanero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-034/97 &nbsp; ABOGACIA-Exigencia de título para ejercicio &nbsp; El requisito del título de abogado para poder ejercer como tal no vulnera en ningún momento el derecho constitucional al trabajo. Es claro que la exigencia del título establece una diferenciación entre las personas, pero ésta no puede considerarse violatoria del derecho a la igualdad, pues la distinción que se genera es razonable y proporcional para con los fines buscados. El título de abogado no es más que una garantía mínima que se exige por parte del Estado de que la persona interesada en el ejercicio de la profesión sí tiene la capacitación necesaria para poder colaborar en el logro de los fines a que se orienta la carrera de abogado. &nbsp; ABOGACIA-Ejercicio sin título por periodo determinado/DERECHOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIO DE ABOGACIA-No vulneración por ejercer sin título en periodo determinado &nbsp; Cuando se habla de derechos adquiridos se hace referencia a que los dere
Sentencia No. C-040/97 Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-040/97 &nbsp; &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Competencia jueces regionales &nbsp; COMPETENCIA-Naturaleza &nbsp; La competencia ha sido comúnmente concebida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores. &nbsp; FUNCION JURISDICCIONAL-Determinación legislativa/COMPETENCIA-Determinación legislativa/ETAPAS PROCESALES-Configuración legislativa/DEBIDO PROCESO PENAL-Competencia &nbsp; Elemento integrante del debido proceso penal lo constituye la institución del juez o tribunal competente que debe efectuar la investigación y el juzgamiento, observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En consecuencia, corresponde al legislador determinar los funcionarios judiciales a quienes se les encomienda el ejercicio de la función jurisdiccional y los asuntos que son de su conocimi
Sentencia No. C-047/97 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-047/97 &nbsp; ACUERDO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON REINO DE MARRUECOS-Objeto &nbsp; El Acuerdo tiene por objeto desarrollar las relaciones técnicas y científicas entre las dos naciones, con fundamento en principios de igualdad y ventajas mutuas. Este Acuerdo, es un convenio marco, pues todas las regulaciones requieren la adopción de convenios posteriores. El Acuerdo en revisión se limita a establecer unos parámetros que han de tenerse en cuenta para la celebración de futuros convenios entre los dos Estados partes, en materia de cooperación técnica y científica. Este, que es el Acuerdo marco, en nada se opone a la Constitución. Por el contrario, su ejecución permitirá al Estado colombiano cumplir con mandatos constitucionales, relacionados con la promoción y fomento de la ciencia y tecnología. Se observa que el Convenio se ajusta en su integridad a la Constitución Política, y que el mismo se celebró sobre bases de equidad, reciprocida
Sentencia No. C-048/97 Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1997 100%
Sentencia C-048/97 &nbsp; ESTABILIDAD EN CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Excepciones/CARRERA ADMINISTRATIVA-Excepciones a la inamovilidad &nbsp; La estabilidad relativa de los empleados de carrera no puede oponerse a la posibilidad de consagrar causales de separación en aquellos casos previstos en la ley, que constituyan razón suficiente que justifique la adopción de la medida. La Constitución establece por ello, las excepciones al régimen de carrera administrativa y a la estabilidad en sus cargos, al señalar que “el retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”. Cuando dadas las funciones inherentes a determinados cargos y teniendo en cuenta el grado de confianza de los mismos, diferentes a los que ordinariamente corresponden a cualquier servidor público resulta claramente razonable la posibilidad de establecer excepciones a l
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