Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030201.htm
Timestamp: 2018-11-16 11:38:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 143', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 37']

AGLI Recortes de Prensa Sábado 1 Febrero 2003
Constitución, País Vasco y derechos históricos
PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO ABC 1 Febrero 2003
Editorial ABC 1 Febrero 2003
El Gobierno recurrirá al Constitucional para evitar la trampa electoral de PNV y EA en Álava
Agencias Libertad Digital 1 Febrero 2003
PP y PSC piden explicaciones a CiU por difundir una encuesta manipulada que favorecía a Artur Mas
EFE Libertad Digital 1 Febrero 2003
PNV y EA se disponen a cambiar la Ley para arrebatar Álava al PP
L. R. N./ D. Mazón - Vitoria/ Madrid.- La Razón 1 Febrero 2003
Ibarra propone que el Congreso suspenda las elecciones vascas por falta de libertad
ABC 1 Febrero 2003
Por PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 1 Febrero 2003
NUESTRA Carta Magna ha sido y es una Constitución adecuada que ha sabido dar una respuesta satisfactoria a los recurrentes e irresolubles problemas político-constitucionales de nuestro pasado inmediato. Nuestra Ley Fundamental ha resuelto la cuestión religiosa (artículo 16. 3). Ha dado solución al hasta hace poco conflictivo tema educativo (artículo 27). Ha asentado, de forma definitiva, la controvertida polémica sobre la forma de Estado, con la consagración de una ejemplar Monarquía parlamentaria alrededor de Don Juan Carlos I (artículo 1.3). Y ha logrado, en este caso sólo de manera parcial, dar respuesta oportuna al modelo de organización territorial del Estado (artículo 2). Decimos parcial, porque mientras que el Estado de las Autonomías ha favorecido la general redistribución económica entre nuestros territorios, la democratización de la vida pública y el desarrollo de un sistema de checks and balances entre los poderes del Estado, no le han permitido cerrar la vertebración política del País Vasco en España.
Pero dejémoslo claro. De esta frustración no es responsable la Constitución de 1978 ni el desarrolladísimo marco estatutario, sino la voluntad reiterada por parte de los sectores más radicales del nacionalismo vasco de no asumir el marco histórico, político y constitucional. Lo que fue su negativa a respaldar la Constitución -aunque sí lo hicieron, en cambio, con el Estatuto de Autonomía- se reproduce ahora con la apelación a una interesada interpretación sobre la virtualidad de sus Derechos Históricos, a tenor de un entendimiento sesgado de la Disposición Adicional Primera del Texto Constitucional: «La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».
La política de acoso al sistema constitucional y estatutario vigente gravita alrededor de cuatro grandes falacias, que hemos tenido ocasión de examinar al hilo de un libro magnífico de Javier Corcuera Atienza y Miguel Ángel García Herrera, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: La constitucionalización de los Derechos Históricos. La primera falacia parte de la creencia histórica de que los vascos no son españoles por raza, al tiempo que se afirma la naturaleza soberana de sus Fueros, expresión de un Estado vasco independiente frente al Estado español. Pero este disparate histórico no es complejo de desmantelar. Desde la Hispania romana, España integra de manera irreductible, como ha recordado recientemente García de Cortazar, muy dispares entidades: Al-Andalus, Toledo, Sefarad, entre otras, y ya en nuestra ordenación territorial más cercana, los Territorios Vascos. Es verdad que en la época de Carlos V estos territorios, encuadrados en el reino de Castilla, disfrutaban de un régimen político y jurídico privilegiado, pero siempre fueron leales a la Corona .
La segunda falacia propia del discurso nacionalista más radicalizado es una clara oposición a enfocar el problema desde los parámetros delimitados por el Derecho, y su empeño en hacerlo únicamente por parámetros políticos. Nadie discute que la Política predetermina habitualmente lo jurídico, y que esto suele ser la formalización última de aquélla. No obstante, es igualmente cierto que la norma jurídica despliega una función transformadora sobre la sociedad de acuerdo con criterios de racionalidad y progreso. Sin que pueda desconocerse que la apelación a la Historia no autoriza sin más a una Comunidad Autónoma a arrogarse competencias de gobierno propio. Como afirmaba Tomás y Valiente, la legitimidad historicista sirve como título para justificar el hecho diferencial, pero no para definir su contenido.
La tercera falacia del nacionalismo es la de acudir a una interesada y particular construcción histórica de la Constitución, propia del siglo XIX y asentada en el conservadurismo ideológico, que se presenta como la «verdadera norma» constitucional de un pueblo en la búsqueda de un constitucionalismo por encima de todo «útil». Y esto ante la imposibilidad de proceder a la reforma del Texto constitucional -que no admite el derecho de secesión/independencia (artículo 2)- por no disponer de las mayorías cualificadas que un proceso de revisión impondría (Título X). Nosotros, en cambio, nos reafirmamos en la superioridad del concepto racional normativo de Constitución, acuñado en el curso del pensamiento liberal y progresista.
Seguimos teniendo fe en la capacidad modernizadora del Derecho, en la distinción entre el poder constituyente -el que dio lugar a la Constitución de 1978- y los diferentes poderes constituidos (entre otros, los poderes autonómicos), en la supremacía de las sociedades modernas frente a las comunidades de antaño, y en la Carta Magna como único marco habilitador del contenido de las competencias y atribuciones autonómicas.
Por último, la cuarta falacia es la deslealtad constitucional, que se reviste, según la ocasión, de los más dispares ropajes semánticos: títulos preconstitucionales, arreglo vasco, soberanía compartida, entrega voluntaria, etc. Ante este estado de la cuestión, ¿qué hacer? Las respuestas girarían sobre las siguientes convicciones:
1) La reafirmación de la Constitución de 1978 como la norma jurídica superior de nuestro régimen político, resultado del único pacto constituyente real, válido y vigente. Es suficiente leer algunos de sus preceptos más básicos para constatar su incuestionable supremacía: la única nación política es la Nación española (Preámbulo); la soberanía reside en el pueblo español (artículo 1.2); su conformación jurídica en un solo Estado: el Estado español (artículo 1. 1); la inquebrantable unidad de la Nación española (artículo 2); y la distinción entre poderes constituyentes y constituidos (Título X).
2) La defensa del principio de constitucionalidad, de suerte que los Derechos Históricos, como ha apuntado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 123/84, 94/85, 76/88, 140/90 y 88/93), sólo se comprenden desde la siguiente caracterización: la imposible supervivencia de todo foralismo contrario al marco constitucional; la acomodación de la foralidad a los términos de la constitucionalidad; la vía estatutaria como cauce de actualización de éstos; y su último fundamento de validez y vigencia en la misma Constitución.
3) La apelación a la lealtad constitucional, concepción inicialmente elaborada por la jurisprudencia constitucional alemana, y hoy acogida expresamente en otras Constituciones de nuestro entorno, como la belga (artículo 143) o suiza (artículo 44). Y, sin duda, cercana a nuestro principio de solidaridad (artículo 2).
4) El compromiso de abogar por un fortalecimiento del llamado sentimiento constitucional. El objetivo no es discutir hoy el alcance de las propuestas originales de Sternberger o Habermas. Lo significativo es la asunción de un contexto constitucional artífice y sustentador de valores morales y políticos compartidos.
5) La superación de cierto diletantismo por parte de la intelligentsia en estos últimos años, que debe pasar a propugnar el fomento de los elementos comunes, que los hay, y muchos además. Aunque para ello haya que proceder, en frase acertada de Tomás Ramón Fernández, a calzar el sistema.
Nadie con más acierto que Alexis de Tocqueville cuando en su obra La democracia en América (1835-1840), afirmaba ya el valor de la Constitución: «¿De quién recibe el rey sus poderes? De la Constitución. ¿De quién los pares? De la Constitución... ¿De quién los diputados? De la Constitución. ¿En qué punto se han de colocar para cambiar la Constitución? Una de dos: o son importantes sus esfuerzos contra la Carta constitucional, que continúa estando depositada en sus manos, y entonces continúan operando en su nombre, o ellos pueden cambiar la Carta, y en este caso la ley, en virtud de la cual ellos existían, no existe ya, y ellos mismos se nulifican. Al destruir la Carta se destruyen a sí mismos.
LA renovada coalición nacionalista PNV-EA mostró ayer una pauta muy significativa de sus prioridades inmediatas para el País Vasco, que giran exclusivamente en torno a la propuesta de Ibarretxe de convertir a la Comunidad vasca en nación libre asociada. Ambos partidos presentaron ayer un proyecto de reforma de la Ley Electoral de las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos que supone, de hecho y de derecho, una manipulación de las circunscripciones electorales en Vizcaya y Alava para fragmentar el voto constitucionalista y aumentar el número de procuradores en aquellas zonas de mayor presencia nacionalista. En concreto, la reforma electoral prevé aumentar a siete las circunscripciones -«cuadrillas»- en Alava, que actualmente cuenta con tres; y a seis en Vizcaya, donde hay cuatro. La maniobra es zafia, en el procedimiento, las intenciones y el objetivo. Cuenta de antemano con el beneplácito de Batasuna, se lucra de la situación límite en que se halla la libertad política de los no nacionalistas y antepone el maximalismo soberanista a la ética democrática.
Pero no es la primera vez que el nacionalismo recurre a artimañas para cambiar las reglas del juego cuando sospecha que puede perder. Antes de las autonómicas del 13 de mayo de 2001, los partidos nacionalistas redujeron del 5 al 3 por ciento el porcentaje mínimo necesario para acceder al Parlamento de Vitoria y premiar los servicios de IU y su inefable líder, Javier Madrazo. Ahora toca rescatar a Alava para la causa nacionalista y asegurar la suerte en Vizcaya, modificando una ley de 1987 en cuya exposición de motivos se afirmaba que la nueva organización electoral era «garantía del pluralismo político». Para lograr esos objetivos, el nacionalismo no repara en la indecencia de un comportamiento arbitrario que se explica sólo por el afán de poder, por la ansiedad hegemónica que atenaza al PNV desde hace más de veinte años y que sabe que puede mantener impulsando iniciativas que representan intereses comunes a todas las ramas nacionalistas, incluida Batasuna, con la que no necesita pactos expresos para establecer entendimientos parlamentarios. Batasuna no hará nada en contra de esta reforma, que es tanto como apoyarla.
Las consecuencias directas de la reforma no admiten duda. La circunscripción de Vitoria perderá cinco junteros, y las formadas por Bilbao y la Margen Izquierda, uno cada una. El beneficio para el nacionalismo es evidente, sobre todo en Alava: 13 de los 16 junteros del PP y 8 de los 9 del PSE fueron elegidos en la circunscripción de la capital alavesa. Hasta IU del País Vasco ha denunciado el interés electoralista que prima en esta reforma, pero si bien esta actitud dejaría en minoría a los socios de Gobierno -siempre que Batasuna se abstuviera-, la acreditada inconsistencia del partido de Madrazo no permite otra cosa que sospechar de este criterio inicial. En cualquier caso, esta iniciativa del nacionalismo es una fractura más de la debilitada democracia vasca, en la que no hay rastro de conciliación, de diálogo ni de transversalismo alguno con los no nacionalistas. Es el enfrentamiento radical para salvar el proyecto soberanista de Ibarretxe. El envite es un emplazamiento directo a populares y socialistas para impulsar, de verdad y sin reticencias, la colaboración política en el País Vasco, con medidas que superen la réplica y tomen la iniciativa. Y afecta especialmente al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyas políticas de contemporización con los sectores filonacionalistas de su partido y de apaciguamiento del nacionalismo no sólo son un fracaso y un error, sino un estímulo a los partidos nacionalistas, quienes, lejos de ver en la actitud de Zapatero una oportunidad para la moderación y el acuerdo, la interpretan como un síntoma de provechosa inanidad; un tic peligrosamente irresponsable en un líder nacional que aspira a gobernar un país en el que la cuestión nacional no es la cuestión nacionalista, sino el mantenimiento de la unidad constitucional de España.
El Gobierno recurrirá al Constitucional para evitar la "trampa electoral" de PNV y EA en Álava
Los nacionalistas quieren poner a su servicio la Ley Electoral vasca, una maniobra alejada de las urnas con la que tratan de arrebatar el poder político del PP en Álava. El Gobierno central no está dispuesto a admitir que se “vulnere el espíritu de la Constitución” y recurrirá al Constitucional para frenar la maniobra de PNV-EA.
El Ejecutivo central va a plantar cara a una nueva maniobra de los nacionalistas para asegurarse más votos en las elecciones del próximo 25 de mayo. PNV y EA quieren presentar una proposición en el Parlamento Vasco para cambiar la actual ley de elecciones a las Juntas Generales de Álava y Vizcaya: su objetivo es variar la distribución de escaños entre comarcas y facilitarse la victoria en las próximas elecciones forales de mayo.
En un acto del PP en Madrid, el presidente de los populares en el Parlamento vasco ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno central articularán la “mejor fórmula” para poder interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma electoral propuesta por PNV y EA en Álava. Jaime Mayor Oreja cree que los cambios que pretenden los nacionalistas suponen “la vulneración del espíritu de la Constitución”.
El ex ministro ha insistido en que el Ejecutivo central tendrá que fundamentar este recurso que, de ser estimado por el Tribunal Constitucional, conllevaría la automática suspensión de la medida. Para evitar que avance "esta trampa monumental", Mayor Oreja ha explciaado que el PP, y si es posible junto con el PSOE, tratará de que la Comisión Arbitral del País Vasco determine si el Ejecutivo autonómico puede modificar el sistema electoral "contra el criterio de Álava", y ha recordado que las Juntas Generales de esta provincia ya se han pronunciado en contra de esa reforma. "En el territorio alavés, la libertad está asociada a Vitoria y la falta de libertad está asociada al mundo rural", ha destacado el presidente del Grupo Popular vasco, quien ha asegurado que el sistema electoral propuesto por los nacionalistas "es una trampa, porque castiga a las ciudades en libertad y prima a los lugares en los que no hay libertad".
Mayor Oreja se ha mostrado convencido de que si finalmente PNV y EA presentan esta inicaitiva contará con el apoyo de Batasuna. Considera que "todos los pasos importantes del Plan Ibarretxe están siendo apoyados por ETA, porque ambos son la ruptura", y ha destacado que este "es un paso importantísimo para el nacionalismo vasco, lo que llevará a Batasuna a estar detrás de la reforma, aunque luego digan que no ha habido ningún acuerdo". En su opinión, esta iniciativa "es una pieza más del Plan Ibarretxe", que significa "la conquista de Álava desde y por la trampa".
Para el dirigente popular, "esto no es una trampa aislada, sino una sucesión de trampas", y ha expresado su convicción de que la siguiente "mentira" si consigue sacar adelante esta propuesta será "el referéndum por la autodeterminación y la independencia, precedido probablemente por unas elecciones vascas anticipadas con marcado carácter plebiscitario sobre la autodeterminación".
Los partidos parlamentarios de la oposición han denunciado la presunta manipulación efectuada por CiU en una encuesta que envió en 2001 al Parlamento catalán en la que se favorecía al actual conseller en cap, Artur Mas, y han pedido explicaciones por este hecho al gobierno catalán.
Los partidos catalanes de la oposición ha reaccionado de esta forma a una información publicada este sábado por El País en la que se dice que el gobierno catalán difundió un sondeo oficial con datos falsos que favorecían a Mas y perjudicaban a los dirigentes socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, así como al democristiano Josep Antoni Duran Lleida, que en 2001 competía con Mas por la candidatura de CiU.
El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que “nos encontramos ante un escándalo político de gran magnitud” que, a su juicio, demuestra que “se produce una manipulación sistemática de las encuestas de opinión encargadas por el gobierno de la Generalitat a la empresa Line Staff, pagadas con el dinero de todos los catalanes”. Iceta considera que Mas “es el responsable político” de esta presunta manipulación, por lo que “tiene que responder ante la opinión pública y explicar quién ha engañado al Parlamento”. El dirigente socialista, que ha calificado de “capitán del equipo de la mentira” al candidato convergente a las próximas elecciones catalanas, ha manifestado que “ante esta manipulación evidente, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat debe cesar a los responsables directos de esta campaña de intoxicación y tiene que revocar la homologación que permite trabajar a la empresa Line Staff para las administraciones públicas”.
Por otra parte, el ministro de Ciencia y Tecnología y presidente del PPC, Josep Piqué, ha pedido “explicaciones convincentes” a CiU sobre este asunto, que ha calificado de “muy grave”. El candidato popular a las próximas elecciones autonómicas catalanas, que ha visitado esta tarde el Arxiu Tarradellas del Monasterio de Poblet, ha asegurado que su partido pedirá responsabilidades si el ejecutivo presidido por Jordi Pujol no da “explicaciones convincentes”. “Maquillar encuestas para engañar a los ciudadanos es un hecho muy grave”, ha subrayado Piqué.
En términos similares se ha expresado el portavoz de ICV, Joan Herrera, quien ha asegurado que “Artur Mas es el candidato de la trampa, ya que su elección se basó en encuestas que ahora se ha visto que están manipuladas”. Herrera ha lamentado que la Generalitat “se haya permitido el lujo de mentir y manipular tanto a la opinión pública como al mismo Parlamento de Cataluña”. Por estos motivos, el portavoz de ICV ha pedido la dimisión del secretario de Comunicación del gobierno catalán, David Madí, o de lo contrario, “ICV pedirá su cese a través del Parlamento”.
Aumentarían las circunscripciones para quitar peso a Vitoria, feudo «popular»
Tras llegar a un acuerdo, precedido de arduas negociaciones, para concurrir juntos a las próximas elecciones, el PNV y EA decidieron ayer «celebrar» su renovada conformidad presentando al Parlamento vasco una proposición de Ley para cambiar la Ley Electoral y transformar las tres circunscripciones alavesas en siete, variando de este modo la distribución de escaños por comarca y restando peso a Vitoria, donde gana el PP.
Ya lo intentaron en el mes de noviembre y la Cámara de Vitoria desestimó su idea. Ahora, reforzados anímicamente por el reciente acuerdo que les llevará de la mano en las próximas elecciones municipales, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna han decidido volver a intentarlo. Ayer, ambos partidos presentaron ante el Parlamento de Vitoria una proposición de Ley para variar la Ley Electoral, con el fin de cambiar la distribución de escaños por comarca tanto en Álava como en Vizcaya. En el primer territorio, donde ya lo intentaron, la idea es deshacer las tres circunscripciones existentes (Vitoria, Ayala y Tierras Esparsas) y transformarlos en siete, coincidiendo con las siete cuadrillas que conforman la provincia. De este modo, la capital, Vitoria, donde gana el Partido Popular, pasaría de tener una representación de 39 escaños a 35, peso perdido que pasaría a territorios de la provincia donde tradicionalmente vence el nacionalismo. En Vizcaya, la maniobra es prácticamente similar, aunque la repercusión sobre la distribución electoral y el peso de los votos sería menor.
De este modo, se volvería a la situación anterior a la vigente ley de elecciones a las Juntas, que data de 1987, dando una mayor trascendencia proporcional al voto de las cuadrillas frente al de la capital. En las últimas elecciones a Juntas, en 1999, el PP ganó en Vitoria con trece escaños por diez de la coalición PNV- EA, mientras que en Ayala los nacionalistas consiguieron tres escaños por uno de los populares, y en el resto del territorio la unión PNV- EA ganó con tres escaños por dos del Partido Popular. En esta situación tan igualada, la aplicación de la reforma propuesta por los nacionalistas decantaría las próximas elecciones a favor de la coalición, arrebatándole el poder al Partido Popular.
Como era de esperar, la maniobra nacionalista a cuatro meses de las elecciones municipales no ha sentado nada bien en el Partido Popular. Según declaró a LA RAZÓN el portavoz popular en el País Vasco, Leopoldo Barreda, esta propuesta «viola el artículo 37.5 del Estatuto, que exige proporcionalidad y representación adecuada».
Para Barreda, este nuevo proyecto de los nacionalistas refleja que «no hay convicción democrática alguna» porque, según otras fuentes del partido consultadas por este periódico, «ante la imposibilidad de ganar democráticamente adaptan la ley a lo que les da la gana». Barreda insistió en que, con esta medida lo que quieren es «primar el voto de tal zona porque me conviene».
Rabanera anuncia medidas legales
El diputado general de Álava, el popular Ramón Rabanera, acusó ayer a PNV y EA de querer cometer un «fraude» con su propuesta de reforma de la ley electoral y advirtió de que, las Juntas Generales de Alava y el Gobierno central tomarán «las medidas legales oportunas» para impedirlo.
Como diputado general de Alava, afirmó que «no puede consentir» esta reforma, ya que supondría facilitar al PNV el acceso a las principales institucionales de Álava. En este sentido, anunció que la Diputación alavesa tomará «las medidas legales oportunas» para impedir el cambio de la ley electoral y planteó la posibilidad de que el Gobierno central recurra el cambio de la ley ante el Tribunal Constitucional.
También desde los socios de Gobierno de los nacionalistas surgieron las críticas. El parlamentario de IU Oscar Matute anunció que votará en contra de la proposición de ley.
El presidente de la Junta de Extremadura destacó en Bruselas la necesidad de que las 300 regiones de la UE sepan cómo viven los concejales del PP y del PSOE
BRUSELAS. El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha afirmado en Bruselas que el Parlamento español debería suspender o aplazar la celebración de las elecciones municipales en el País Vasco mientras no haya libertad para los concejales socialistas y populares.
Rodríguez Ibarra, que se entrevistó con el presidente del Comité de las Regiones de la UE, Albert Bore, afirmó que «no es justo, democrático ni tolerable que haya partidos políticos que jueguen con desventaja y no puedan presentar sus listas». «Si no se puede hacer una lista en libertad, el Gobierno o el Parlamento deberían proponer y decidir la suspensión de las elecciones hasta que se den todas las garantías necesarias, porque de lo contrario tenemos todas las de perder, no sólo electoralmente», dijo el presidente de la Junta de Extremadura, a la vez que indicó que, aunque no es un experto jurista, debe haber mecanismos legales para esta iniciativa.
Rodríguez Ibarra recibió el apoyo del presidente del Comité de las Regiones (CR) de la UE, Albert Bore, en su iniciativa para que este organismo debata sobre la falta de libertad de los concejales no nacionalistas en el País Vasco. La reunión que mantuvieron sirvió para avanzar en el diseño de las iniciativas concretas que se van a desarrollar para que las más de 300 regiones que conforman Europa tengan un conocimiento directo de la situación que sufren en el País Vasco los concejales no nacionalistas.
Los dos presidentes se emplazaron afijar, a la mayor brevedad posible, el calendario concreto de las actividades que se llevarán a cabo. La iniciativa de Ibarra, que cuenta con el apoyo de los grupos socialista y popular del CR, así como de presidentes autonómicos españoles, como Manuel Fraga, quiere dar a conocer no tanto la situación de violencia que existe en el País Vasco como los efectos de ese clima de violencia sobre la democracia local en asuntos como la elaboración de las listas o la actividad de los concejales.
El presidente de la Junta de Extremadura aseguró que «hay algo más que el asesinato, y es la imposibilidad de ejercer un derecho fundamental que Europa, y no solamente España, tiene la obligación de garantizar».
La reunión de Juan Carlos Rodríguez Ibarra con Abert Bore tuvo lugar en la residencia del embajador de España en Bruselas.