Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55853
Timestamp: 2019-09-18 03:32:27
Document Index: 402356972

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 9', 'artículo 28', 'Artículo 9', 'Artículo 28', 'Artículo 4', 'Artículo 28']

Gaceta: LXII/3SPR-12/55853
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9º bis y se reforma la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de garantía de los derechos a la vida y a la integridad en asilos, albergues o centros de cuidado y atención similares.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Propone adicionar el artículo 9 bis y reformar la fracción XI del artículo 28 con el fin de garantizar la seguridad de las personas adultas mayores en asilos, albergues o estancias poniéndolas a salvo de ataques por parte del personal que les tiene bajo su cuidado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículos 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9º BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 28 DELA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,EN MATERIA DE GARANTIA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD EN ASILOS, ALBERGUES O CENTROS DE CUIDADO Y ATENCION SIMILARES al tenor de la siguiente:
Vulnerabilidad de las Personas Adultas Mayores.
El 23 de junio del año en curso se registró un ataque en contra de personas adultas mayores. En el municipio de Mexicali, Baja California fue provocado un incendio en un albergue resultando muertas 17 personas adultas mayores. El dictamen elaborado por el cuerpo de bomberos de dicho municipio concluyó que el incendio tuvo carácter intencional. En el curso de las líneas de investigación se ha logrado saber que la agresión se produjo en el contexto de controversias entre los propietarios del albergue. Además de fincar responsabilidad penal a quien resulte responsable, estos hechos lamentables debieran traer la consecuencia de mejorar las normas en torno a los derechos de las personas adultas mayores. La presente iniciativa tiene la finalidad de emitir una preceptiva que garantice la seguridad de las personas adultas mayores en asilos, albergues o estancias poniéndolas a salvo de ataques por parte del personal que les tiene bajo su cuidado llenando el vacío legal en la ley de la materia.
La dinámica laboral junto con la falta de cohesión social en muchas zonas del país ha provocado que, con una tendencia creciente, las familias opten por depositar a las personas adultas mayores en asilos, albergues o lugares similares. La decisión de separar a los adultos mayores del seno familiar se toma casi siempre cuando las personas en edad avanzada se ven impedidas de valerse por sí mismas casi siempre a consecuencia de alguna enfermedad de carácter crónico o incurable. Algunos requieren apoyo para desplazarse o de un acompañante para salir a la calle. Otros necesitan ayuda para ingerir alimentos, bañarse y levantarse de la cama. Sin importar el tipo de auxilio o apoyo, los adultos mayores se tornan en su mayoría en personas dependientes. En estas circunstancias, los adultos mayores se convierten en personas extremadamente vulnerables independientemente de que queden a cargo de sus familias o que sean trasladados a otro lugar. Con el propósito de compensar la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, los lugares donde reciben cuidado y atención permanentes quedan sujetos a la observancia de las leyes, reglamentos y acuerdos en materia de protección civil. Sin embargo, dichas normas se aplican únicamente por lo que hace a las condiciones del inmueble y sus instalaciones y equipos. Existe un vacío legal que el incendio que tuvo lugar en Mexicali el 23 de junio del año en curso puso en evidencia. La investigación, si bien en curso, aporta elementos en el sentido de que el incendio de Mexicali fue provocado, al parecer por los propietarios que tenían a su cargo el albergue. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de tomar en cuenta el factor humano para logar el mayor nivel de seguridad de las personas adultas mayores que se encuentran en espacios de atención y cuidados permanentes.
En México habitan más de 10 millones de personas adultas de más de 60 años según datos del Censo de Población y Vivienda levantado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. [*]Diez de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. De éstos, “solamente 0.4% de los individuos mayores de 60 años vivía en instituciones en la década de los 90’s, en 70% de los casos se tratan de mujeres que viven principalmente en asilos, instituciones religiosas y hospitales (Gomes, 1998).” [*]
En este orden de ideas, aproximadamente cuarenta y un miladultos mayores pasan la última etapa de su vida en asilos o albergues. La vejez es una condición biológica caracterizada por la declinación progresiva de las facultades del ser humano. Casi siempre, las enfermedades que padecen las personas adultas mayores que se encuentran en un asilo o establecimiento similar traen consigo algún tipo de discapacidad. Al respecto, el experto en temas de envejecimiento José Carlos García Ramírez, expresa lo siguiente: "En 2008, un estudio llevado a cabo por el Centro de Economía y Salud, clasificó independientemente del género las necesidades prioritarias de los adultos mayores mexicanos en tres categorías, basadas en el grado de discapacidad. La primera categoría, de alta discapacidad, incluyó las caídas, las demencias, la artritis reumatoide y la osteoartritis. La segunda categoría consideró las pérdidas entre muertes prematuras y discapacidad, por las enfermedades cerebro-vasculares, la nefritis y la nefrosis y la cardiopatía hipertensiva. La tercera categoría fue constituida por las necesidades que se generan cuando las pérdidas son, fundamentalmente, por una muerte prematura, la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, el cáncer y neumonías. Ese estudio aclaró que las demencias han sido un grave problema de discapacidad y deben ser atendidas en forma integral. A este respecto, en 2007 las afecciones demenciales eran la tercera causa de discapacidad en las mujeres mexicanas de la tercera edad y, para los hombres, ocupaban el quinto lugar.” [*]Por otra parte, la debilidad propia de los adultos mayores se ve agravada en múltiples ocasiones por las prácticas discriminatorias de que lamentablemente todavía son objeto. En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad. [*]
Sobre la identificación oportuna del agresor.
La única forma de contener una agresión en contra de las personas adultas mayores que se encuentren en un asilo, estancia o centro de día es a través de la detección con toda oportunidad del probable perpetrador de los hechos ilícitos. Un análisis desde el punto de vista de la victimología arroja como primera conclusión que las agresiones en contra de las y los adultos mayores que se encuentren en asilos o estancias serían provenientes de las personas que tienen relación inmediata y directa con ellos, esto es, las personas que participan por parte del albergue que van desde los propietarios hasta el personal que realiza actividades de limpieza pasando por los administradores, directivos, médicos, trabajadoras sociales, enfermeros y personal administrativo en general. También es probable que la fuente de agresiones pueda provenir de los parientes que solicitan o realizan visitas a las y los adultos mayores en los centros de cuidado, en cuyo caso el ataque se inscribe en la dinámica de las relaciones familiares. Finalmente, de más baja probabilidad pero también entraña un riesgo, se encuentran los individuos que de manera frecuente entran en relación con el asilo o estancia principalmente aquellos que proveen todo tipo de bienes y servicios.
En otros ámbitos de la vida social, cuando se quiere identificar potenciales transgresores de la ley, se opta por la aplicación de exámenes psicológicos, los cuales hoy día se pueden aplicar utilizando sistemas de cómputo para bajar los costos y lograr un pre-diagnóstico básico casi de inmediato, mismo que identifica patrones de personalidad de riesgo a los cuales en satisfacción de su legítimo derecho a la salud mental se les puede ofrecer la atención debida mediante la canalización con los facultativos correspondientes.
La ley de la materia, expedida por el H. Congreso de la Unión, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las personas adultas mayores y, además, establece el deber de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de concurrir y participar en la formulación de una política pública cuyos principios rectores son los siguientes:
Autonomía y autorrealización.
Atención preferente. [*]
Del catálogo de derechos destacan el derecho a la vida así como el derecho a la integridad física, psíquica y emocional de los adultos mayores. Sin embargo, aun cuando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores hace referencia al abordar las atribuciones del Instituto Nacional de los Adultos Mayores a los albergues y estancias, [*] lo cierto es que, como quedó evidente con el lamentable incendio provocado de Mexicali, no existe norma alguna que garantice el máximo nivel de seguridad para las personas en la vejez que se encuentren en un lugar bajo el cuidado de terceras personas.
Por otro lado, desde la perspectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, el Poder Legislativo en tanto agente de autoridad de la República, queda sujeto a las nuevas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
En el proyecto de decreto se establece con claridad que los sujetos obligados son los propietarios o administradores que tendrán ahora a su cargo el deber de que se practiquen las baterías de exámenes psicológicos correspondientes. Cabe mencionar que existen en el mercado diversas baterías de este tipo de exámenes que, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos de América, han sido adaptados a la idiosincrasia del mexicano para lograr mayor precisión en los resultados.
Las personas adultas mayores lamentablemente sufren también de maltrato, el cual se define como el daño físico, emocional, sexual o patrimonial ejercido por un familiar o quien es responsable del cuidado y bienestar de una persona adulta mayor contra esta misma persona. Tal conducta puede ser una acción u omisión, ya sea intencional o no, por lo general, se trata de una conducta reiterada y sistemática que se intensifica con el tiempo. [*] Los exámenes psicológicos que se plantean en esta iniciativa permitirán, de contar con la aprobación de las y los legisladores, erradicar esta práctica en los asilos y estancias.
Esta iniciativa reconoce que las instituciones de asistencia social ocupan un lugar destacado en la construcción y operación de asilos y estancias. De ahí que se propone para este tipo de establecimientos que sea la autoridad que corresponda según el orden de gobierno quien facilite la práctica de los exámenes para que las asociaciones civiles y organizaciones sociales que sin ánimo de lucro tienen por objeto la atención y cuidados a los adultos mayores, no incurran en costos que dificulten su labor social.
Es importante hacer mención a que las baterías de exámenes ya se utilizan en otros ámbitos de la vida social con éxito. Por ejemplo, entre los requisitos para que se obtenga la renovación de la licencia colectiva de armas de fuego, se aplican estos exámenes a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia con óptimos resultados ya que permiten identificar a agentes que presentan problemáticas psicológicas incompatibles con el uso de armas de fuego y, al mismo tiempo, permite a los afectados darse cuenta de que padecen algún trastorno mental para el cual pueden solicitar ayuda y superar el problema, tomando en cuenta que sin discriminación todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Federal.
Finalmente, es bien sabido que una norma de protección, como la que aquí se plantea, sin sanción termina por quedar en letra muerta. Por ello, se propone que la autoridad competente lleve a cabo visitas de inspección para confirmar la atención debida a las personas adultas mayores, en particular la aplicación de los exámenes psicológicos.
En este orden de ideas, con el propósito de elevar significativamente el nivel de seguridad en los asilos, estancias o centros de atención similares que permita garantizar los derechos a la vida y a la integridad de las personas adultas mayores que ahí se encuentran me permito, con toda atención, elevar a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9º BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 28 DELA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
UNICO. Se adiciona el artículo 9º Bis y se reforma la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:
Artículo 9º Bis. Los derechos a la vida y a la integridad física y psicológica de los adultos mayores que se encuentren en asilos, albergues, estancias, centros de día o cualquier otro lugar con funciones similares quedarán garantizados a través de exámenes psicológicos que se practiquen a las personas que desarrollen interacciones con los adultos mayores tales como propietarios, directivos o administradores y personal en general de la organización o persona jurídica que tenga a su cargo el lugar, así como los familiares de los adultos mayores que acudan a visitarlos y terceros relacionados que por cualquier causa ingresen con frecuencia al lugar de residencia o atención de los adultos mayores.
Será obligación de las personas físicas o jurídicas que tengan a su cargo los lugares a que se refiere este artículo llevar a cabo la práctica de los exámenes psicológicos.
Los propietarios, representantes legales, encargados o administradores de los lugares a que se refiere este artículo tendrán el deber mancomunado y solidario de llevar acabo los exámenes psicológicos de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto emita la autoridad competente para respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de las personas adultas mayores.
Cuando la atención y cuidado en los lugares a que se refiere este artículo se brinde a las personas adultas mayores por parte de personas físicas o jurídicas realizando funciones de asistencia social o sin ánimo de lucro, la Federación, las entidades federativas o los municipios que cuenten con áreas de psicología realizarán sin costo alguno los exámenes psicológicos a que se refiere el presente artículo.
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:
XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integralcon visitas de inspección al menos cada tres meses;
México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 29 de junio de 2015.
[*] Véase la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 en la página web siguiente, consultada el 27 de junio de 2015: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Enadis_2010_Inapam-Conapred.pdf; p. 9
[*] Véase la investigación “HOGARES E INGRESOS TÍPICOS DE LAS EDADES AVANZADAS” Maria Cristina Gomes da Conceição en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Libreria/derechos/pendiente.pdf, vínculo consultado el 27 de junio de 2015.
[*]Envejecimiento mundial y desafío regional, José Carlos García Ramírez, coordinador, Plaza y Valdés Editores, 2012, página 47.
[*]Ibidem, misma página.
[*] Artículo 4º de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
[*] Artículo 28, fracción XI de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
[*]Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Derechos de los adultos mayores, México abril, 2012, Página 11.