Source: https://es.scribd.com/doc/138323811/Clases-de-Cooperativas
Timestamp: 2016-04-29 01:30:26
Document Index: 222079608

Matched Legal Cases: ['de lege ferenda', 'artículo 6', 'artículo 10', 'de lege ferenda', 'in fine', 'artículo 98', 'artículo 92', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 23']

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Prof. Titular Derecho Mercantil Universidad de Almería
Recibido: 16-06-2012 Aceptado: 20-07-2012
Sumario: I. Las distintas clasificaciones de cooperativas y su recepción legal en el ordenamiento cooperativo español. II. Crítica a la clasificación legal y propuestas de lege ferenda para su simplificación. III. Un nuevo tratamiento fiscal como criterio clarificador. IV. Bibliografía Resumen: En este artículo se trata de clasificar los distintos tipos de cooperativas en aras a la correcta sistematización del fenómeno cooperativo y a facilitar así su estudio y la adecuada recepción en las leyes de cooperativas. Palabras clave: Clasificación de cooperativas Abstract: This article focuses on classifying the different types of cooperatives with a view to correctly collating them, making them easier to study and offering a clear idea of which cooperative laws are applicable. Keywords: Classification of cooperatives
Deusto Estudios Cooperativos ISSN: En tramitación, Núm. 1 (2012), Bilbao, pp. 125-142 © Universidad de Deusto
I. Las distintas clasificaciones de cooperativas y su recepción legal en el ordenamiento cooperativo español Los esfuerzos para clasificar y sistematizar los distintos tipos de cooperativas han sido una constante histórica desde este tipo de entidades apareció en el tráfico, primero desde un punto de vista doctrinal en aras a la correcta sistematización del fenómeno cooperativo y facilitar así su estudio y después, desde un punto de vista legislativo, al recepcionar las leyes cooperativas alguna o algunas de estas clasificaciones. Los criterios de clasificación de los tipos de cooperativas son muy variados (por la actividad u objeto societario-empresarial que realizan —de enseñanza, de viviendas, agrarias, etc.—; por la naturaleza de su actividad —de producción y de servicios—; por el sector en que actúan —del campo, del comercio, etc.—; por la naturaleza de los sujetos —consumidores, profesionales y productores—; por la fidelidad a los principios cooperativos —puras e impuras—; por el régimen fiscal —privilegiadas y especialmente privilegiadas—; por tener o no ánimo de lucro —lucrativas y no lucrativas—; por el grado de integración empresarial —de primer grado y de segundo o ulterior grado—; etc.) (Sanz Jarque, 1994, 174-187; Vicent Chuliá/Paz Canalejo, 1994, 559562; y Trujillo Díez, 2000, 35-32). En este trabajo tan sólo haremos referencia a algunas de estas clasificaciones doctrinales en cuanto que facilita la agrupación de distintas clases de cooperativas con conexiones y relaciones entre sí, lo que ha permitido o permite un cierto tratamiento jurídico homogéneo por parte del legislador. Una de las clasificaciones más clásicas, ligada al proceso de génesis del movimiento cooperativo, es la que se basa en la causa, necesidad o interés que las hace nacer y las divide en cooperativas de consumo (cuyo objeto es proveer a los socios de bienes de consumo domestico para el sostenimiento propio y familiar) y las de producción (que asocian trabajadores para el desarrollo de una actividad industrial) y de crédito (proveen de créditos a sus socios en mejores condiciones que las del mercado). Esta sistematización, que tuvo acogida legal en nuestro ordenamiento (art. 124 CCOM Y art. 2.º Ley de Asociaciones de 1887) fue abandonada con el paulatino aumento de las modalidades específicas de cooperativas. Posteriormente se acudió a un criterio subjetivo como forma alternativa de sistematización de estas entidades, esto es, referido a la condición o naturaleza de los sujetos que las pueden constituir y hacer funcionar, lo que permite agruparlas en cooperativas de consumidores (viviendas, compras para el consumo, crédito, etc.) y cooperativas de productores conformadas por productores, profesionales o trabajado126
res y cuya finalidad es facilitar el ejercicio profesional o empresarial de los socios (cooperativas de trabajadores, profesionales, agrarias, artesanos, etc.). Este criterio fue el utilizado en la primera de nuestras leyes cooperativas, la Ley de 1931 que regulaba los siguientes tipos básicos: cooperativas de consumidores, cooperativas de trabajadores y cooperativas de profesionales [éstas dos últimas agrupadas por el Reglamento de desarrollo de dicha ley en cooperativas de productores (art.20)], aparte de las de crédito y seguros. Pero sin duda la clasificación más difundida es la que utiliza como criterio la finalidad u objeto social de la cooperativa, lo que facilita sobremanera, aunque en nuestra opinión en exceso, la creación de numerosos tipos o clases de cooperativas (cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, cooperativas de enseñanza y un largo etcétera). Este criterio es el fundamentalmente seguido en la Ley de Cooperativas 27/1999 (se cita LCoop) en su artículo 6.º al enunciar de una manera pedagógica las clases de cooperativas que se pueden constituir y, después, dedicarles doce secciones del Capítulo X para dar un concepto de cada una de ellas y, en determinados casos, especificar algunos aspectos de su régimen. El que una cooperativa sea de una u otra clase también tiene efectos a la hora de concretar el Registro en el que se han de inscribir su constitución y el resto de circunstancias inscribibles. En particular para algunas clases de cooperativas, como son las de seguros o de crédito, se impone su inscripción en el Registro Mercantil [art. 81.1, letra d) RRM], independientemente de que se tengan que inscribir además en el Registro cooperativo, estatal o autonómico correspondiente (art. 5.2 LCC y art. 7 RRCC) (Vargas Vasserot, 2010). — Las cooperativas de trabajo asociado (reguladas en los arts. 8087) tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. — Las de consumidores y usuarios (art. 88) tienen por objeto el suministro de bienes y servicios para uso o consumo de los socios y de quienes con ellos conviven, así como la educación, formación y defensa de los derechos de sus socios y de los consumidores y usuarios. — Las cooperativas de viviendas (arts. 89-92) asocian a personas físicas que precisen alojamiento y/o locales para sí y las personas que con ellas convivan. — Las cooperativas agrarias (art. 93) asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, que tienen como objeto
la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural. — Las de explotación comunitaria de la tierra (arts. 94-97) asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma. — Las cooperativas de servicios (art. 98) asocian a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia, y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios, o la producción de bienes y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. — Las cooperativas del mar (art. 99) asocian a pescadores y otras personas y organizaciones relacionadas con las actividades pesqueras o de industrias marítimo-pesqueras y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. — Las de transportistas (art. 100) asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el local, la actividad de transportistas, de personas o cosas o mixto, y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus socios. — Las cooperativas de seguros (art. 101) ejercen la actividad aseguradora. — Las sanitarias (art. 102) desarrollan su actividad en el área de la salud, pudiendo estar constituidas por los prestadores de la asistencia sanitaria, por los destinatarios de la misma o por unos y otros: — Las de enseñanzas desarrollan actividades docentes, en sus distintos niveles y modalidades (art. 103). — Las de crédito (art. 104), que se remite a su regulación especial. Como establece el artículo 10.1, letra c) LCoop, en la escritura de constitución de la cooperativas los socios fundadores, además de manifestar la voluntad de constituir una cooperativa, deben especificar
el tipo específico o clase de cooperativa que quieren constituir (Vargas Vasserot, 2011). Aparte la LCOOP, como las leyes autonómicas, regula otras modalidades de cooperativas pero que no son clases propiamente dichas sino cooperativas, del tipo que sean, que tienen una serie de rasgos específicos por lo que se le aplican un régimen especial: cooperativas integrales —art. 105—, cooperativas de iniciativa social —art. 106—, cooperativas mixtas —art. 107—, cooperativas sin ánimo de lucro —disp. adic. 1.ª—, cooperativas integrales —disp. adic. 8.ª— o cooperativas de segundo grado (art. 77). Pero como se puede observar del catálogo de clases de cooperativas contenido en la LCoop se desprende que el legislador no utiliza un criterio clasificador unívoco sino un criterio, llamémosle mixto, al mezclar criterios funcionales (de trabajo asociado), con el objeto o la actividad cooperativizada que desarrolla la cooperativa (agrarias, servicios, etc.) que es el que predomina, junto a la habitual referencia a los sujetos que se pueden asociar (consumidores, transportistas, profesionales, etc.) y, en algunos casos se fija en los sectores en los que la cooperativa actúa (cooperativas sanitarias, de enseñanza, etc.)1. Con diferencias de matiz, este criterio mixto es también el seguido por la mayor parte de las leyes autonómicas de cooperativas, aunque no suele haber plena coincidencia en dichas clasificaciones ya que todos los legisladores parecen querer atribuirse el dudoso mérito de la originalidad a costa de una correcta técnica legislativa. La Ley 87/2002 de Cooperativas de Cataluña (se cita LCCAT) de manera similar a la LCOOP contiene un precepto que enuncia las clases de cooperativas (art. 92.1) que después desarrolla en una serie de secciones: agrarias (arts. 93-95); marítimas, fluviales y lacustres (art. 96), que constituye un novedad respecto a la ley precedente; de seguros (art. 97); de consumidores y usuarios (arts. 98-99); de crédito (arts. 102-104); de enseñanza (105); de viviendas (arts. 106-111); sanitarias (art. 112); de servicios (art. 113); de trabajo asociado (arts. 114118); y mixtas (arts. 119-120) que es como denomina a aquellas cooperativas que cumplen finalidades propias de varias clases de cooperativas y unifican las distintas actividades en una sola cooperativa de primer grado. Con bastante similitud, la Ley 4/1993 del País Vasco (LCPV) clasifica a las cooperativas en las siguientes categorías: de trabajo asociado (arts. 99-104); de consumo (art. 105); de enseñanzas (arts. 106-108); agrarias (arts. 109-110); de explotación comunitaria
(arts. 111-113); de viviendas (arts. 114-118); financieras [«de crédito» (art. 119) y «de seguros» (art. 120)]; sanitarias [«de asistencia sanitaria» (art. 121) y «de instalaciones sanitarias» (art. 122)]; y de servicios [«de servicios profesionales» (art. 123), «de servicios empresariales» (art. 124) y «de servicios institucionales» (art. 125)]. La Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana CCV distingue a las cooperativa «por la clase de actividad que constituye su objeto social» (art. 86) pero como ocurre en la LCoop mezcla referencias subjetivas, con funcionales y sectoriales: agrarias (art. 87), de explotación comunitaria de la tierra (art. 88), de trabajo asociado (arts. 89-90), de consumidores y usuarios (art. 90), de viviendas y de despachos y locales (art. 91), de crédito (art. 92), de seguros (art. 93), sanitarias (art. 94), de servicios empresariales y profesionales (art. 95), de enseñanza (art. 96) y de trasporte (art. 97).. Para evitar este grado de disgregación parte de la doctrina agrupa las distintas clases de cooperativas según la actividad cooperativizada que realizan en cooperativas de producción o trabajo asociado (proporcionan trabajo a sus socios trabajadores a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios), cooperativas de consumo (ofrecen a los socios bienes y servicios producidos o adquiridos por la cooperativa para su consumo) y cooperativas de servicios (mejoran las actividades empresariales, profesionales o artísticas de sus socios a través de la prestación de determinados servicios) (Paniagua, 2005, 150 y s.). Este criterio es el utilizado por la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas (LCAnd), que clasifica a las cooperativas de primer grado en tres grandes bloques (art. 83): cooperativas de trabajo (arts. 84-95), cooperativas de consumo (arts. 96-100) y cooperativas de servicios (arts. 101-105). Las cooperativas de trabajo, que ya no de trabajo asociado como las denominaba la Ley 2/1999, se definen como «aquellas que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros», y engloba en esta categoría a las «de impulso empresarial» (art. 93), «de interés social» (art. 94) y «de transporte» (art. 95). De estas tres subcategorías la más original, aunque sin mucha utilidad práctica, es la de impulso empresarial, que son las cooperativas de trabajo que tienen como objeto social prioritario canalizar, en el ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación profesional, la provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus actividades, la tutorización de dichas actividades en los primeros años de su ejercicio o la prestación
de determinados servicios comunes a las personas socias que les proporcione un ámbito donde desempeñar regularmente su actividad profesional». Las cooperativas de consumo (en la anterior Ley denominadas de Consumidores y Usuarios) se definen como aquellas que tienen por objeto procurar, en las mejores condiciones de calidad, información y precio, bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de sus socios y socias y de quienes con ellos convivan habitualmente (art. 96.1), para después regular algunos subtipos: de viviendas» (arts. 97 y 98), «de crédito» (art. 99), y «de seguros» (art. 100). Dentro de la categoría de cooperativa de servicios de la ley andaluza, que las define como las que integran a titulares de derechos que lleven aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales, de servicios, y a profesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia y tengan por objeto la prestación de servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias (art. 101), sólo desarrolla normativamente a las cooperativas «agrarias» (arts. 103 y 104) y las «marítimas, fluviales o lacustres » (art. 105). Una clasificación más perfeccionada, al permitir una mejor agrupación de las cooperativas por sus similitudes estructurales, es la que se fija en un criterio funcional para su sistematización y distingue dos grandes grupos de cooperativas según cómo se desarrolla la actividad cooperativizada que le es propia: cooperativas de producción (o de trabajo asociado), en la que los socios aportan bienes o servicios a la cooperativa cubriéndose las necesidades de oferta de los socios; y cooperativas de consumo (o no de producción), que son las que atienden a necesidades de demanda de los socios de los bienes o servicios que adquieren de la cooperativas con lo que los socios se constituyen en cierto modo en clientes de la cooperativa (cooperativas de consumidores y usuarios, las de viviendas, las de créditos, las de seguros, las de servicios, etc.) (Trujillo Díez, 2000; Martínez Segovia, 2001). Siguiendo esta distinción bimembre, la forma o modo en qué se desarrolla la actividad cooperativizada de cada una de estas cooperativas es bien diferente. En principio, en las cooperativas de consumo esa actividad será de oferta de la sociedad a los socios de los productos que éstos demandan; mientras que en las cooperativas de producción en las que los socios aportan trabajo o los productos o bienes derivados de aquel, éstos son ofrecidos por la sociedad al mercado y muchas veces demandados de manera previa por la sociedad a los socios. En las primeras, el objeto social se desarrolla con los propios socios cooperativos, de los que se dicen que son los principales clientes de la coopeDeusto Estudios Cooperativos ISSN: En tramitación, Núm. 1 (2012), Bilbao, pp. 125-142 © Universidad de Deusto
rativa; mientras que en las de producción, el objeto social consiste en una actividad empresarial que se desarrollan en el mercado exterior, en el que los clientes son los terceros no socios. El mayor problemática que plantea esta clasificación surge al intentar calificar algunas cooperativas de servicios como son las cooperativas de comercialización de productos aportados por los socios, que por una parte prestan servicios de distribución e incluso a veces facilitan a los socios productos relacionados con dichos servicios —encajable pues en la función que desarrollan las cooperativas de consumo—; pero que por otra, realizan una actividad de oferta al mercado e incluso de transformación de lo aportado por los socios —con lo que se puede encuadrar entre las cooperativas de producción—. Así, si se pone el punto en la prestación a los socios de un servicio de distribución parecen más cooperativas de consumo, pero si en lo que nos fijamos es en la comercialización de los productos de los socios por la cooperativa, ésta se acerca mucho a las cooperativas de producción. Para algunos, el exigir en las cooperativas de producción una absorción total de la actividad profesional de los socios por la cooperativa, cosa que no ocurre ni en las de consumo propiamente dichas ni en las de comercialización, en las que los socios conservan, de haberla, la titularidad de su empresa, permite integrar a estas últimas en el mismo grupo (Fauquet, 1948). Resultado al que también se llega con un concepto de cooperativa de producción ligado únicamente a la aportación del factor trabajo y a la participación directa en la producción de bienes y prestación de servicio (Valdés Dal-Ré, 1975, 112 y ss.). Pero teniendo en cuenta que la finalidad de las cooperativas de consumo es satisfacer una necesidad de consumo y en las de producción y de comercialización es facilitar la mayor renta a sus socios, éstas dos últimas podrían también agruparse (Lavergne, 1962). A pesar de las dudas consideramos más adecuado la inclusión de las cooperativas de servicios y de comercialización en la categoría de las de consumo a pesar de su singularidad por los parecidos axiológicos y funcionales que tienen con dichas cooperativas. II. Crítica a la clasificación legal y propuestas de lege ferenda para su simplificación Son varias las críticas que se pueden hacer al sistema de clases de cooperativas contenido en la LCOOP. En primer lugar, como ocurría en la LGC precedente y como ocurre en las leyes cooperativas autonómicas, al regular cada clase específica de cooperativa se limita en la mayoría de las ocasiones a dar una mera noción de ellas y sólo contiene re132
glas específicas más extensas para las cooperativas de trabajo asociado (ocho artículos), las de viviendas (tres artículos) y las de explotación comunitaria de la tierra (cuatro artículos) y las cooperativas agrarias (un largo artículo), lo que significa que la pertenencia a una clase determinadas de cooperativa no siempre va ligada a un régimen específico. Pero es que después, si se analiza todo el contenido de la ley, se detectan que son muy escasas las consecuencias legales de pertenecer a una u otra clase (operaciones con terceros, existencia de secciones, posibilidad de voto ponderado, obligación de auditoria, admisión de socios de trabajo, plazo de preaviso de baja, etc.) por lo que deja de tener mucho sentido práctico la típica declaración de que las cooperativas se regirán, en primer lugar, por las disposiciones especiales y específicas que les sean aplicables (art. 98.3 LCPV, art. 83.3 LCAnd, art. 104.3 LCCM, etc.). Si el criterio de clases se ha establecido sin hacerlo corresponder con unos determinados efectos jurídicos carece de sentido imponer un número cerrado de clases como hace la LCoop (y alguna ley autonómica como la andaluza). A pesar de declarar que cualquier actividad económica puede ser organizada y desarrollada mediante una sociedad constituida al amparo de la ley (art. 1.2), esa libertad queda coartada al existir en la ley un numerus clausus de clases de cooperativas (art. 6) (Portellano Díez, 2002). Sistema que se confirma en la disposición final segunda de la ley al permitir que el Gobierno cree nuevas clases de cooperativas cuando se considere preciso para el desarrollo de cualquier sector del cooperativismo, que es lo mismo que exigir una intervención gubernamental para autoriza a nivel estatal la creación de un nuevo tipo de de cooperativa. Esto significa que podremos abordar cualquier actividad económica mediante una cooperativa mientras su objeto social y actividad cooperativizada permita su adscripción en alguna de las clases previstas por la ley. No tiene sentido. Una cosa es que el legislador en un esfuerzo pedagógico enumere de manera ejemplificativa cuáles son los tipos los modelos más habituales de cooperativas y facilitar así el trabajo de las asesorías jurídicas y la elección de los sujetos interesados en constituir una cooperativa, pero otra es no permitir que en un ejercicio de ingeniería societaria —que no siempre ha de tomarse en el sentido negativo— y con el debido respeto de la legislación cooperativa se pueda desarrollar mediante este tipo social una actividad económica lícita. Por poner un ejemplo, ahora que tras la promulgación de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales (LSP) tienen la obligación de constituirse como tales las sociedades que tengan por objeto social «el ejercicio en común de una actividad profesional» (art. 1.1), entendiendo
como tal la que para su desempeño requiere una titulación universitaria oficial o profesional e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional (abogados, ingenieros, graduados sociales, economistas, farmacéuticos, médicos, etc.). Se puede plantar dudas de si este objeto social encaja en alguna clase legal de cooperativas. La LSP entiende que hay «ejercicio común» de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente (art. 1.1 in fine) y permite la constitución de la sociedad con arreglo a cualquiera de las formas previstas en las leyes (art. 1.2). Esto significa que los profesionales interesados pueden acudir, en principio, al tipo cooperativo para constituir una sociedad profesional (aunque la ley no haga referencia expresa a dicha posibilidad). Es más, nos puede interesar este tipo frente a otros porque puede ser una manera de ejercer la profesión en común sin tener que cumplir las previsiones de la ley relacionadas con el Registro Mercantil (art. 8, disp. transitoria primera, etc.), medidas que, en principio, no afectan a las sociedades, como las cooperativas, que no tienen obligación de inscribirse en dicho Registro. Pues bien, ¿ese objeto social profesional encaja en alguna de las clases de cooperativas previstas en la LCOOP? A primera vista parece que encaja bien en el objeto social de las llamadas cooperativas de servicios. Lo que ocurre es según la norma que definen este tipo de cooperativas (art. 98 LCOOP) éstas asocian a profesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia (y no hay un verdadero ejercicio común como exige la LSP) y tiene por objeto, «la prestación de suministros y servicios o producción de bienes y realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de la actividades profesionales de los socios», con lo que se asemejan más a lo que la LSP llama sociedades de medios o de intermediación que quedan al margen de su ámbito de regulación. De ser así, ¿significa que no se puede constituir una sociedad cooperativa profesional? No parece lógico. De esto se han dado cuenta la mayor parte de legisladores autonómicos que salvo alguna excepciones (cfr. arts 83 LCAnd), han establecido un sistema abierto de clases, que, por otra parte es el que rige en la mayoría de ordenamientos de nuestro entorno (a excepción del portugués con la lista cerrada contenida en el art. 4 de su Codigo Cooperativo). En España, el artículo 98 LCPV, al que sigue de cerca el 104.2 LCCM, declara que la clasificación legal no obsta a la libre configuración estatutaria de otras cooperativas, con tal de que quede claramente
determinadas la correspondiente actividad cooperativa y la posición jurídica de los socios que deben participar en ella. La propia Exposición de Motivos de la LCCM declaraba que con la nueva regulación «se refuerza el carácter abierto de la tipología cooperativa, pero no sólo por la vía, eventual y siempre existente, de posibles reformas normativas futuras, sino sobre todo al quedar expedito, desde ahora mismo, el camino para proyectos innovadores y progresistas de cooperación abordados por los agentes sociales». También reconoce un sistema abierto el art. 85 LCCV cuando declara que si una cooperativa no se ajusta directamente a ninguna de las clases específicamente reguladas, se regirá, en lo que resulte necesario, por las reglas de la clase que guarde mayor analogía. Por su parte, el artículo 92.2 LCCat señala que las «las cooperativas pueden constituirse con objetivos sociales diferentes que los mencionados» en el apartado precedente. Partiendo de las escasas especialidades legales que tiene cada concreta categoría de cooperativa nos debemos plantear la conveniencia o no de mantener en nuestras leyes cooperativas una parte especial para regularlas (arts. 80-105 LCoop). El legislador debería acometer una regulación más sistemática de las modalidades de cooperativas y reducir al máximo la excesiva casuística y las reglamentaciones diferenciadas de cada una de ellas (Celaya/Arregi, 2005, 100-103) que han dado como resultado una leyes complejas y alejadas de los intereses de los destinatarios de la ley (Paz-Ares, 1997). Para ello se tendría que abordar la homogeneización y simplificación de ese régimen especial junto a la apertura de los márgenes hasta ahora estrechos de la fenomenología cooperativa. Esto se puede conseguir con una reducción tipológica de las cooperativas en su grado máximo en sólo dos grandes grupos: cooperativas de producción (o trabajo asociado y asimiladas) y cooperativas de consumo (en sentido amplio, incluyendo a las de servicios y agrarias), y dentro de cada grupo hacer una lista meramente ejemplificadora de los subtipos de cooperativas para facilitar la comprensión del complejo fenómeno cooperativo, aun conscientes de que ésta no es la función del legislador. En tal caso esa clasificación conceptual y enunciativa y con un indudable valor sistemático y jurídico debería ir al principio de la ley (por ejemplo, en el actual artículo 6 que actualmente sirve para poco). Pero la necesaria y demandada cura de adelgazamiento de la ley estatal —y de absolutamente todas las leyes autonómicas— no será posible si no se evitan las innecesarias regulaciones legislativas diferenciadas de distintas clases de cooperativas por lo que se aboga, en la medida de lo posible, por la elaboración de un régimen único y simplificado para la generalidad de las cooperativas y, si no es posible, al menos uniformar el régimen de las cooperaDeusto Estudios Cooperativos ISSN: En tramitación, Núm. 1 (2012), Bilbao, pp. 125-142 © Universidad de Deusto
tivas agrupadas por sus elementos estructurales comunes (producción y consumo). En este punto la legislación de referencia en Derecho comparado es la alemana al contener el parágrafo 1.º de la Ley de Cooperativas alemana de 1889 el concepto de sociedad cooperativa y una lista abierta de las actividades a que se suelen dedicar estas sociedades, para después establecer un régimen general y uniforme para todas ellas. Sólo en algunas normas sectoriales no cooperativas (por ejemplo, de la banca) se regula alguna especialidad jurídica de los tipos específicos de cooperativas. No es éste el caso de Francia, ya que aunque su Estatuto de Cooperación contiene un régimen uniforme para todas las clases de cooperativas, el importante desarrollo legislativo de algunas clases especiales de cooperativas fuera de la ley (banca cooperativa, cooperativas obreras de producción, cooperativas de comerciantes detallistas, cooperativas de viviendas, cooperativas agrícolas, etc.) desluce dicha uniformidad y produce una innegable complejidad jurídica. Este exceso de dispersión legislativa en distintos cuerpos legales también se percibe, aunque en menor medida, en la Italia puesto que el propio Codice civile reconoce la existencia de leyes especiales sobre la materia (art. 2.517: cooperativas de vivienda, cooperativas de producción, Cajas rurales y de artesanos, cooperativas de crédito, etc.) que tienen aplicación preferente respecto al régimen común contenido en los artículos 2.511 y ss. Si a pesar de ese esfuerzo homogeneizador se sigue considerando absolutamente necesario la existencia de normas específicas para clases concretas de cooperativas, el legislador tiene dos vías no excluyentes. Una primera es regular dichas especialidades en la parte llamémosla general de la ley. Por ejemplo, se podrían regular los límites para las operaciones con terceros en el desubicado artículo 4 LCoop y establecer en dicho precepto los límites porcentuales para cada tipo de cooperativa. No obstante, hay que reconocer que esto en cierta (aunque escasa) medida, ya ocurre en la LCoop (art. 26.4 y 5 al regular la posibilidad de voto plural, disp. adic. 5.ª que contiene determinadas normas especiales para unas determinadas clases de cooperativas, etc.). También es cierto que se la ley ha intentado dar un régimen lo más común posible para todos los tipos de cooperativas y, por eso luego al regular el régimen especial de determinada clase específica apenas necesita (sic) más de un o dos artículos (a las cooperativas agrarias, en las que creemos que el legislador está pensando cuando redacta un buen número de los artículos de la ley, se les dedica sólo un precepto especial (art. 92 LCoop). Todo esto se puede completar con un vaciado real de la ley y trasladar, en la medida que se considere conveniente o necesario por su
extensión gran parte de ese contenido especial a leyes especiales o sectoriales, como de hecho ha ocurrido con las cooperativas de crédito o de seguro o en algunas Comunidades Autónomas con las cooperativas con secciones. Pero si ya es excesivo contar con quince leyes de cooperativas (1+14), no parece muy recomendable esa dispersión legislativa. Una solución, actualmente alejada pero siempre posible, es acudir a la armonización legislativa aunque sea sectorial y parcial (por ejemplo, para las cooperativas de viviendas o de consumidores cuya regulación apenas difiere entre las distintas leyes autonómicas). III. Un nuevo tratamiento fiscal como criterio clarificador La existencia de un régimen fiscal especial para las cooperativas en España viene a responder a la necesidad de un tratamiento diferenciado para este tipo de sociedades, basado, de una parte, en razón de su función social (en especial, en cuanto que facilitan el acceso de los trabajadores a los medios de producción y promueven la adecuada formación de los mismos a través de las correspondiente dotaciones efectuadas con esta finalidad); de otra, por el mandato constitucional de los poderes públicos de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas (art. 129.2 CE); y por último, en función de su especialidad derivada del diferente régimen económico que tienen las cooperativas respecto al resto de sociedades de nuestro ordenamiento. Estas consideraciones motivaron la promulgación de una legislación fiscal especial que tiene como principal manifestación la Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de las Cooperativas (en adelante LRFC) y determinadas leyes forales sobre la materia. La ley Foral 9/1994 de Régimen Fiscal de las Cooperativas Navarras, la Ley Foral 2/1997, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas del territorio histórico de Guipúzcoa, la Ley Foral 16/1997, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas del territorio histórico de Álava; y Ley 9/1997 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas del territorio histórico de Vizcaya. Estas sociedades tienen un tratamiento fiscal diferente porque son sociedades diferentes al tener que cumplir una serie de obligaciones económicas-financieras sin parangón en el régimen económico del resto de sociedades mercantiles (Juliá/Server, 1996). El artículo 2 LRFC clasifica a las cooperativas fiscalmente protegidas en dos grupos: cooperativas protegidas y especialmente protegidas. Las características de las cooperativas protegidas vienen recogidas en el Capítulo II, del Título II de la Ley, compuesto por un único arDeusto Estudios Cooperativos ISSN: En tramitación, Núm. 1 (2012), Bilbao, pp. 125-142 © Universidad de Deusto
tículo 6, que establece lo siguiente: «Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de esta Ley, aquellas entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperativas o de las leyes de cooperativas de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en esta materia y no incurran en ninguna de las causas previstas en el artículo 13 (que regula las causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida)». El capítulo III del Título II de la LRFC establece que determinadas clases de cooperativas de primer grado, por el hecho de serlo y por cumplir una serie de condicionantes se consideran especialmente protegidas, siempre que no concurra causa de pérdidas de dicha condición. Estas son cooperativas de determinada clase que disfrutan unos beneficios adicionales por su actuación en determinados sectores, por la capacidad económica de sus socios y el mayor acercamiento a lo que se considera el principio mutualista, es decir, actuar dentro de unos límites con terceros no socios. Y cabe mencionar que la LRFC utiliza la misma clasificación tipológica que la LCoop para determinar qué cooperativas pueden ser consideradas especialmente protegida (arts. 7 y ss.) que se limitan a cinco: cooperativas de trabajo asociado (art. 8), cooperativas agrarias (art. 9), cooperativas de explotación comunitaria de la tierra (art. 10), cooperativas del mar (art. 11) y cooperativas de consumidores u usuarios (art. 12). Por ejemplo, para que las cooperativas de trabajo asociado sean consideradas especialmente protegidas, deben cumplir los siguientes requisitos (art. 8 LRFC): «1. Que asocien a personas físicas que presten su trabajo personal en la cooperativa para producir en común bienes y servicios para terceros; 2. Que el importe medio de sus retribuciones totales efectivamente devengadas, incluidos los anticipos y las cantidades exigibles en concepto de retornos cooperativos no excedan del 200% de la media de las retribuciones normales en el mismo sector de actividad, que hubieran debido percibir si su situación respecto a la cooperativa hubiera sido la de trabajadores por cuenta ajena; 3. Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no exceda del 10% del total de sus socios. Sin embargo, si el número de socios es inferior a diez, podrá contratarse un trabajador asalariado….». Pero, como la propia Exposición de Motivos indica, la LRFC contiene dos tipos esenciales de normas para entender el verdadero tratamiento fiscal de estas sociedades. Existen, de una parte, normas incentivadoras que establecen beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas prote138
gidas y especialmente protegidas (arts. 33 y s.); y de otra parte, existen normas técnicas, de ajuste, que adaptan las reglas generales de tributación a las peculiaridades propias del funcionamiento de las cooperativas y que se engloban bajo el título de «Reglas especiales aplicables en el Impuesto sobre Sociedades» (arts. 15 y ss.). La LRFC para la determinación de la base imponible del Impuesto de Sociedades (IS), diferencia dos grupos de operaciones: con socios y con no socios. La norma esencial de ajuste en este punto es la contenida en el artículo 16, por el que para la determinación de la base imponible se considerarán separadamente los resultados cooperativos por las operaciones realizadas con los socios; y los extracooperativos, que se componen de los resultados provenientes de las operaciones realizadas por la cooperativa con no socios o terceros, junto los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativas, así como los derivados de actividades extraordinarias procedentes de plusvalías que resulten de operaciones de enajenación de los elementos del activo inmovilizado o los derivados de inversiones o participaciones financieras en otras sociedades (art. 57.3 LC). Esto hay que hay que relacionarlo con el artículo 33 LRFC, que especifica que se diferencia el tipo de gravamen, aplicándose el 20 por ciento a la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos, y el tipo general del impuesto, 35 por ciento, a la base imponible correspondientes a los resultados extracooperativos. Por tanto, en los rendimientos que obtiene una cooperativa en su actuación con terceros no socios no se produce bonificación fiscal alguna en cuanto al tipo de gravamen del IS. Por su parte, el artículo 23 LRFC define la cuota tributaria de dicho impuesto como la suma de las cantidades resultantes de aplicar a las bases imponibles anteriores los tipos de gravamen correspondientes, y tendrá la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva, teniendo una bonificación del 50 por cien sobre dicha cuota las cooperativas especialmente protegidas (art. 34.2). Las incesantes reformas llevadas a cabo en las leyes autonómicas de cooperativas no se han visto acompañadas por una reforma del régimen fiscal de las cooperativas en el mismo sentido. Ello conlleva, pon un lado, que las cooperativas que cumplen los requisitos legales para ser consideradas fiscalmente protegidas, se encuentran en peor situación en términos de mercado. Y por otro lado, que las cooperativas que intentan aprovechar las mejoras económicas y financieras que les ofrecen sus legislaciones autonómicas pierden todos los beneficios fiscales previstos para este tipo social. Junto a esto, las sucesivas reducciones del tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, operadas por la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, han significado en términos comparativos un perjuicio para las cooperativas, dado que el tipo reducido de gravamen que les es de aplicación se ha mantenido invariable. De acuerdo con estas premisas, defendemos la reducción del tipo de gravamen aplicable a las cooperativas, puesto que el tratamiento fiscal privilegiado ya no es tan evidente como antes, porque la diferencia entre la tributación de las cooperativas por sus resultados cooperativos, de un lado, y resultados extracooperativos, de otro, se ha visto reducida en cinco puntos porcentuales. Asimismo, defendemos también la creación de un nuevo estatuto fiscal especial para aquellas cooperativas que actuando en el marco de su legislación, quedan excluidas del régimen fiscal de las cooperativas protegidas y especialmente protegidas, a través de una legislación estatal sensible a los cambios introducidos por los legisladores autonómicos en aras a asegurar la supervivencia en el mercado de las cooperativas de su ámbito territorial. Y finalmente, creemos que otorgando un tratamiento fiscal favorable al correcto uso del Fondo de Educación y Promoción se potenciaría el aprovechamiento real del mismo (Hinojosa/Aguilar, 2007). Otra alternativa de mejora de la situación legislativa, aunque reconocemos su dificultad política, es dejar que sea la ley fiscal la que regule las especialidades económicas y financieras de cada clase de cooperativas y liberar de esta reglamentación a las leyes de cooperativas. Esto pararía la incesante e injustificada lucha de los ordenamientos cooperativos autonómicos ver quién tiene la ley más atractiva, economicista y liberal para atraer así al mayor número de operadores económicos. En realidad, por mucho que las Comunidades Autónomos innoven, mejoren y simplifiquen el régimen económico, contable y financiero de las cooperativas al final quién pone el verdadero techo es la ley fiscal y por eso muchas de las medidas modernizadoras contenidas en las leyes cooperativas (contabilidad separada, liberalización de las operaciones con terceros, menor dotación de fondos, etc.) no han tenido éxito al no ir acompañadas de necesaria adaptación de la norma fiscal (Vargas Vasserot/Aguilar Rubio, 2006, 224 y s.). Pero el fenómeno economicista de las leyes cooperativas es tal, que algunas cooperativas prefieren perder ese tratamiento fiscal privilegiado, a cambio de disfrutar de mayor libertad en la configuración de su régimen económico. La determinación del sistema de contabilidad conjunta encuentra una barrera en el régimen fiscal, prevista en la Disposición Adicional 6.ª LCoop, que establece que la ausencia de contabilidad separada de las operaciones coo140
perativizadas realizadas con terceros no socios será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Junto a esta norma, también el art. 13.10 LRFC supedita a la contabilización separada de los resultados extracooperativos el acceso a la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Para evitar esta situación, se requiere una nueva redacción de estas normas en la que la contabilidad conjunta de los resultados cooperativos y extracooperativos no conlleve, sin más, la pérdida de toda protección fiscal.
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