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Timestamp: 2019-05-24 18:22:33
Document Index: 84913400

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1']

TITULO PRELIMINAR Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación - L. 40/1998, de 9 de diciembre, Impuesto sobre la Renta...
1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto cedido parcialmente, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas , y en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
2. El alcance de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será el previsto en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre , por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 , que queda redactado en los siguientes términos:
Esta redacción del apartado 2 del artículo 3 ha sido establecida por el artículo primero de Ley 46/2002, de 18 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2003.
La redacción inicial era la siguiente: “2. Los elementos del impuesto susceptibles de regulación por las Comunidades Autónomas son las tarifas correspondientes al gravamen autonómico y las deducciones que recaigan exclusivamente sobre este último, en los términos y con los límites establecidos en las leyes.”
Esta redacción del párrafo a) del artículo 7 ha sido establecida por el artículo 2 de Ley 46/2002, de 18 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2003.
La redacción inicial era la siguiente: “a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo. “
b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo .
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del artículo 28, de la presente Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Esta redacción de la letra d) del artículo 7 ha sido establecida con efectos a partir del 1 de enero del año 2001 por el artículo 1.uno de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre .
La redacción anterior a efectos de las situaciones nacidas durante su vigencia, era la siguiente: “Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos a personas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.”
Esta redacción de la letra e) del artículo 7 ha sido establecida con efectos a partir del 14 de diciembre de 2002 por la disposición adicional duodécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
La redacción inicial era la siguiente:” e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.”
f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.
h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a cargo, así como las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de orfandad.
Esta redacción del párrafo h) del artículo 7 ha sido establecida por el artículo 1 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2004.
La redacción anterior establecida por el artículo 2 de Ley 46/2002, de 18 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2003, era la siguiente:
“h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (RDLeg1/94:), así como las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de orfandad, párrafos a), h), i) y n) del artículo 7 “
La redacción inicial era la siguiente: “h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. “
Esta redacción del párrafo i) del artículo 7 ha sido establecida por el artículo 1 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2004.
“i) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con minusvalía o mayores de sesenta y cinco años y las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o mayores de sesenta y cinco años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario mínimo interprofesional.”
La redacción inicial era la siguiente: “i) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con minusvalía o mayores de sesenta y cinco años.“
Esta redacción del párrafo j) del artículo 7 ha sido establecida por el artículo 1 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2004.
La redacción inicial era la siguiente: “j) Las becas públicas percibidas para cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo, hasta el de licenciatura o equivalente inclusive. “
l) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen, así como los premios “Príncipe de Asturias”, en sus distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
Esta redacción de la letra l) del artículo 7 ha sido establecida con efectos a partir del 1 de enero del año 2002 por el artículo 1.uno de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre .
La redacción anterior a efectos de las situaciones nacidas durante su vigencia, era la siguiente: “Los premios literarios, artísticos, o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.”
El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos, en los términos del artículo 31 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre , de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Esta redacción del párrafo n) del artículo 7 ha sido establecida por el artículo 2 de Ley 46/2002, de 18 de diciembre, , con efectos a partir del día 1 de enero de 2003.
La redacción anterior establecida con efectos a partir del 1 de enero del año 2001 por el artículo 1.dos de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre .era la siguiente: “n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, con el límite de 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
La exención prevista en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso de trabajador autónomo.”
La redacción inicial a efectos de las situaciones nacidas durante su vigencia, era la siguiente: “Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, con el límite de 1.000.000 de pesetas, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
1. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.
2. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Esta redacción de la letra p) del artículo 7 ha sido establecida con efectos a partir del 1 de enero del año 2002 por el artículo 1.dos de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre .
La redacción anterior establecida por el artículo 32 de la Ley 6/2000 y con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 25 de junio de 2000 era la siguiente:
“Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1. Que dichos trabajos se realicen para una empresa no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.
La presente exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo 8. A.3.b) del Reglamento de este Impuesto, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.”
La redacción inicial de esta letra a efectos de las situaciones nacidas durante su vigencia, era la siguiente: “Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero, en la cuantía y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, siempre que hayan tributado efectivamente en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza similar o idéntica a este impuesto. “
Esta redacción de la letra q) del artículo 7 ha sido establecida con efectos a partir del 1 de enero del año 2002 por el artículo 1.tres de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre .
La redacción anterior de esta letra q, añadida por el artículo 1.uno de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , con efectos desde 1 de enero del año 2000, era la siguiente: “Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños físicos o psíquicos a personas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. “
Esta redacción de la letra r) del artículo 7 ha sido añadida con efectos a partir del 1 de enero del año 2001 por el artículo 1.tres de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre .