Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43613184
Timestamp: 2020-04-09 06:43:59
Document Index: 243049321

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 241', 'artículo 243', 'artículo 35', 'artículo 239', 'artículo 35', 'artículo 4']

Sentencia de Tutela nº 832/00 de Corte Constitucional, 5 de Julio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43613184
Sentencia de Tutela nº 832/00 de Corte Constitucional, 5 de Julio de 2000
Fecha de Resolución: 5 de Julio de 2000
Proteccion a la mujer embarazada. Reintegro a cargos iguales o similares. Empresas de servicios temporales de empleo. Derecho al trabajo e igualdad. Derechos del niño por nacer. Concedida.
Sentencia T-832/00
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Alcance
Los condicionamientos de los fallos en materia de constitucionalidad no implican agregado ni comentario o complemento de lo actuado por el legislador, sino, dentro del ámbito propio de la primordial atribución de la Corte, la declaración que ella hace de que, entendido o aplicado el mandato legal en unos términos que, según la respectiva sentencia, no se ajustan a los valores, principios o normas fundamentales, es inexequible. Dictado del cual se sigue, necesariamente, que la exequibilidad -ejecutabilidad de la norma- no es plena, ni absoluta, sino parcial y relativa; lo que ha resuelto el juez constitucional en tales eventos no es nada distinto de la exequibilidad de la disposición siempre que se conserve un cierto contenido y un entendimiento definido de ella, unida a la inexequibilidad de cualquier otro enfoque de la preceptiva cotejada con la Carta, por haberlo hallado contrario a sus mandatos. El condicionamiento, pues, no es algo aledaño, anexo o accidental al fallo de exequibilidad que la Corte profiere, y goza, en consecuencia, de la obligatoriedad integral de aquél, puesto que participa, por su misma esencia, del contenido judicial que le es propio.
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Obligatoriedad de parte resolutiva
Una vez proferida y comunicada la sentencia que declara la exequibilidad -pura y simple o condicionada, total o parcial- de una norma analizada en sede de constitucionalidad, o -por el contrario- su inexequibilidad, es obligatorio aplicarla, sin controversia, y los jueces -en sus distintos niveles- deben atenerse al sentido del fallo, lo compartan o no, incluidos, por supuesto, los condicionamientos y alcances específicos que la Corte Constitucional haya plasmado.
Reproducir, en una sentencia o en otro acto, un sentido o alcance de la norma, que sea contrario a lo resuelto por la Corte Constitucional en fallo condicionado, o que pretenda eludir las consecuencias jurídicas de la providencia proferida -que en tal sentido se impone a todas las otras autoridades judiciales y no judiciales-, no es otra cosa que violar, y de manera ostensible -que si es intencionada resulta dolosa-, el principio de la cosa juzgada constitucional, al hacer que rija en casos concretos una disposición que, ya fallada por el juez de constitucionalidad, quebranta los preceptos esenciales del Estado de Derecho si se la entiende en la forma desechada por aquél.
MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA-Estabilidad laboral
Referencia: expedientes T-277433, T-277435, T-283147, T-290476, T-277791, T-281401, T-282812, T-301026 y T-300640
Acciones de tutela incoadas por M.V.C., Y.H.S., M.R.B.E., M.O.G., S.E.W.G., M. delC.C., M.C.M., Yaqueline Abril Sierra y S.R.R. contra Acrecer Temporal Ltda., Telecom-Capitel, Textilia Ltda., Compañía de Empleos Temporales del Tolima Ltda., Sociedad S.P.I. Internacional Ltda., Empresa Textilera Rascheltex, SU Temporal Ltda., Listos S.A. y Acción S.A.
Santa Fe de Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil (2000).
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en los asuntos de la referencia por la Corte Suprema de Justicia, salas de Casación Civil y Agraria y Laboral; por los tribunales superiores del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y de Barranquilla, salas Civil y Laboral; por los juzgados 12 y 16 laborales del Circuito de Santa Fe de Bogotá; por los juzgados 9, 16 y 17 penales municipales de Barranquilla y de Santa Fe de Bogotá, respectivamente; por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ibagué, y el Juzgado 1 Penal del Circuito de Barranquilla.
En todos los casos, las peticionarias, M.V.C., Y.H.S., M.R.B.E., M.O.G., S.E.W.G., M. delC.C., M.C.M., Yaqueline Abril Sierra y S.R.R., fueron contratadas por empresas de servicios temporales de empleo (Acrecer Temporal Ltda., Telecom-Capitel, Textilia Ltda., Compañía de Empleos Temporales del Tolima Ltda., Sociedad S.P.I. Internacional Ltda., Empresa Textilera Rascheltex, SU Temporal Ltda., Listos S.A. y Acción S.A.), con las cuales habían suscrito contratos por una labor determinada, y fueron despedidas una vez finalizada la respectiva labor, no obstante haber informado previamente acerca de su estado de embarazo.
Con excepción del fallo de primera instancia del Juzgado 9 Penal Municipal de Barranquilla, proferido el 18 de noviembre de 1999, (Expediente T-300640), en todos los demás, proferidos por los ya mencionados jueces y tribunales, se negó la tutela argumentando que se trataba de contratos por una labor determinada y que la tutela como acción subsidiaria no podía ser el mecanismo idóneo para reclamar algo que correspondía a la justicia ordinaria laboral.
Surge el interrogante en relación con los contratos que se pactan por una labor determinada y que comprenden por tanto un tiempo limitado de ejecución. ¿Qué ocurre cuando en el transcurso de uno de ellos la empleada informa que se encuentra en estado de embarazo y su contrato termina antes del parto?
Sobre el particular debe anotar la S. que la protección constitucional a la mujer embarazada no se circunscribe a los contratos celebrados a término indefinido, pues el texto constitucional es claro al consagrar la protección en forma total y general, sin señalar excepciones respecto del tipo de contrato que se ejecuta. Si una empleada queda en estado de gravidez en el curso de un contrato laboral, cualquiera que sea, goza de la protección que la Constitución garantiza y no puede ser despedida, sin las formalidades que la ley señala para tales eventos. Esto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, las empresas de servicios temporales de empleo no afilian a sus trabajadores a entidades de previsión social que en un momento dado puedan asumir la atención de salud que requiere la gestante, ni responden tampoco en forma directa por ella.
"La Carta Política de 1991 estableció una especial protección para aquellas personas que son manifiestamente débiles en la sociedad como lo son los niños, las personas de la tercera edad, y las mujeres en estado de embarazo. Para estas últimas, la protección no sólo se extiende durante su periodo de gestación, sino además se prolonga después del parto, incluso dándose un subsidio de alimentación si entonces se encontrase desamparada o sin empleo. Obviamente la protección se dará respecto de ella como de su hijo desde el momento mismo de la concepción. En reiteradas sentencias proferidas por esta Corporación, se ha puesto de presente esa especial protección que merecen las mujeres embarazadas, tanto a nivel constitucional como a través de tratados y convenios internacionales.
De esta manera, cuando se presenta un conflicto sobre los derechos que tiene una mujer embarazada, el juez, como autoridad judicial deberá, vista la situación particular que le corresponde estudiar, propender por la protección de los derechos que están en discusión, buscando a su vez la máxima efectividad de los mismos". (Cfr. Corte Constitucional. S. Primera de Revisión. Sentencia T-792 del 11 de diciembre de 1998. M.P.D.A.B.S.).
Obligatoriedad de la parte resolutiva de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
No puede pasar desapercibido el hecho de que recientes fallos, en los que se ignoran los verdaderos alcances de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, confiada en la Carta de 1991 a esta Corte, en asuntos precisamente relacionados con la materia que en este Fallo se aborda, han pretendido desconocer, en perjuicio de los derechos fundamentales y de la efectiva vigencia de la Constitución, el esencial principio de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
En la Carta de 1991, tal postulado significa que, cuando una disposición legal es objeto de controversia ante la Corte Constitucional, lo que ésta resuelva, "en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución", es, en toda su extensión, de obligatorio cumplimiento para los particulares y también para las autoridades -entre ellas las jurisdiccionales-, como claramente lo proclama el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991.
Es que la Corte Constitucional, no por voluntad de sus magistrados, sino por expreso mandato del artículo 241 de la Carta Política, tiene a su cargo la delicada función de guardar la integridad y supremacía de la misma, y la cumple no solamente cuando, con fuerza de verdad jurídica que nadie puede discutir ni eludir, define si una norma de aquellas sometidas a su examen es exequible o inexequible, sino también cuando, interpretando el precepto legal objeto de análisis conforme a la Constitución, encuentra que solamente bajo cierto sentido y con determinado alcance se ajusta a ella, de lo cual resulta que la constitucionalidad se condicione.
Esos condicionamientos de los fallos en materia de constitucionalidad no implican agregado ni comentario o complemento de lo actuado por el legislador, sino, dentro del ámbito propio de la primordial atribución de la Corte, la declaración que ella hace de que, entendido o aplicado el mandato legal en unos términos que, según la respectiva sentencia, no se ajustan a los valores, principios o normas fundamentales, es inexequible. Dictado del cual se sigue, necesariamente, que la exequibilidad -ejecutabilidad de la norma- no es plena, ni absoluta, sino parcial y relativa; lo que ha resuelto el juez constitucional en tales eventos no es nada distinto de la exequibilidad de la disposición siempre que se conserve un cierto contenido y un entendimiento definido de ella, unida a la inexequibilidad de cualquier otro enfoque de la preceptiva cotejada con la Carta, por haberlo hallado contrario a sus mandatos.
No es posible "parcelar" las sentencias de la Corte Constitucional a gusto del intérprete, y menos al amaño, las conveniencias o preferencias doctrinales del juez, obligado de manera superlativa, y de modo más directo que cualquier otro órgano estatal, por la cosa juzgada constitucional, que no consulta -ni tiene porqué hacerlo- su opinión en torno a las determinaciones superiores y vinculantes del tribunal encargado de defender e interpretar la normatividad constitucional.
Bien puede un juez, en cualquier rama, en la jurisdicción ordinaria, en la contencioso administrativa, o en la disciplinaria, independientemente de su jerarquía, pensar que, si él hubiese sido el juez de constitucionalidad, habría fallado diferente a como lo hizo la Corte, y es lícito que así lo estime y divulgue académicamente o en la expresión privada de su concepción jurídica, pero no le es permitido, en sus fallos ni en ninguna de sus providencias, desobedecer el postulado superior de la cosa juzgada constitucional ni pasar por encima de lo resuelto por esta Corporación en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
En otros términos, una vez proferida y comunicada la sentencia que declara la exequibilidad -pura y simple o condicionada, total o parcial- de una norma analizada en sede de constitucionalidad, o -por el contrario- su inexequibilidad, es obligatorio aplicarla, sin controversia, y los jueces -en sus distintos niveles- deben atenerse al sentido del fallo, lo compartan o no, incluidos, por supuesto, los condicionamientos y alcances específicos que la Corte Constitucional haya plasmado.
No debe olvidarse que el artículo 243 del Estatuto Fundamental, de cuyo tenor y de cuyo espíritu no están excluidos los jueces, y tampoco los altos tribunales de justicia, dispone de modo perentorio que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución".
En ese orden de ideas, reproducir, en una sentencia o en otro acto, un sentido o alcance de la norma, que sea contrario a lo resuelto por la Corte Constitucional en fallo condicionado, o que pretenda eludir las consecuencias jurídicas de la providencia proferida -que en tal sentido se impone a todas las otras autoridades judiciales y no judiciales-, no es otra cosa que violar, y de manera ostensible -que si es intencionada resulta dolosa-, el principio de la cosa juzgada constitucional, al hacer que rija en casos concretos una disposición que, ya fallada por el juez de constitucionalidad, quebranta los preceptos esenciales del Estado de Derecho si se la entiende en la forma desechada por aquél.
Lo así afirmado, declarado exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. M.P.: Dr. V.N.M., no deja lugar a dudas en el sentido de que la parte resolutiva de las sentencias de constitucionalidad de esta Corte tiene carácter obligatorio -en su totalidad, sin excepciones ni recortes-, y surte efectos erga omnes. Desconocer tal mandato vulnera abiertamente la propia Constitución (art. 243) y desatiende el clarísimo e imperativo mandato del legislador estatutario, con las consiguientes responsabilidades para el funcionario o corporación que obre en tal sentido.
Todo lo dicho es aplicable a los casos objeto de controversia, ya que la Corte Constitucional, mediante Sentencia de constitucionalidad C-470 del 25 de septiembre de 1997 (M.P.: Dr. A.M.C., declaró exequible, de manera condicionada, haciendo obligatorio el sentido normativo que acogió -único que puede tomarse como ajustado a la Constitución-, el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, que modificó el 239 del Código Sustantivo del Trabajo.
"ARTICULO 239. PROHIBICION DE DESPEDIR.
) Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
) Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente.
) La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo, y, además, al pago de las doce (12) semanas del descanso remunerado de que trata este Capítulo, si no lo ha tomado".
"Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como fue modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, en el entendido de que, en los términos de esta sentencia, y debido al principio de igualdad (CP art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (CP arts 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, quien debe verificar si existe o no justa causa probada para el despido".
La peticionaria fue contratada por la empresa "Sedem Ltda." para que laborara para "Telecom-Capitel", cediendo posteriormente los contratos a la empresa "Acrecer Temporal Ltda." El día 24 de junio de 1999, la trabajadora informó a la empresa que se encontraba en estado de embarazo, no obstante lo cual el 17 de septiembre se dio por terminado el contrato en comunicación que le indicaba que "la labor para la cual fue contratada finaliza el día de hoy, fecha en la que también termina su contrato de trabajo".
Obra en el expediente certificación de la empresa "Telecom" en la cual se informa que la peticionaria prestó sus servicios en el "Call Center Unisur", según información suministrada por "Acrecer", empresa que, por su parte afirma que la señora V.C. no ha tenido vinculación laboral alguna con ellos.
La Corte Suprema de Justicia impuso a la firma "Acrecer Temporal Ltda." una multa de diez salarios mínimos mensuales, sanción que es objeto de cobro por parte del Consejo Superior de la Judicatura, con base en la siguiente argumentación:
"Finalmente, esta Corporación no puede pasar por alto la actitud temeraria de la empresa Acrecer Ltda. quien afirmó no haber tenido vinculación laboral alguna con la accionante (fl. 29), no obstante que esa misma empresa mediante escrito de 17 de septiembre del año en curso le comunicó a la señora V. que ese día terminaba su contrato de trabajo, como consta en la prueba documental que obra al folio 2.
Conforme al artículo 4 del Decreto 306 de 1992, en la acción que ocupa la atención de la S. resultan aplicables los principios rectores del derecho procesal civil, entre ellos, el de moralidad, que reclama de los intervinientes en un proceso, entre otros, los deberes de ser veraces en sus afirmaciones y proceder con lealtad y probidad, principio cuya transgresión reprime dicha normatividad con las sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del C. de P.C.
Como quedó anotado, en este caso esa lealtad procesal no es la que orienta la conducta de la sociedad mencionada, que además de merecer la reprobación natural, debe ser sancionada en la forma prevista por los preceptos citados, decisión con la cual debe adicionarse el fallo impugnado".
En el caso al que se refiere esta demanda, la peticionaria también fue contratada por la empresa "Acrecer Servicios Ltda.", con el fin de prestar servicios para Telecom. El día 28 de junio de 1999 informó que se encontraba embarazada desde hacía 6 semanas y el 17 de septiembre, la aludida sociedad le comunicó: "Nos permitimos informarle que la labor para la cual fue contratada, finaliza el día de hoy, fecha en la que también termina su contrato de trabajo".
A folio 31 del expediente se encuentra certificación de la empresa "Acrecer", dirigida al Tribunal de instancia, en la cual señala "...que la accionante, Y.H.S. identificada con la Cédula de Ciudadanía número 52.329.468 expedida en Santa Fe de Bogotá NO HA TENIDO vinculación laboral alguna con la Sociedad accionada, ACRECER TEMPORAL LTDA...".
A folio 30, la empresa "Telecom" en memorial dirigido al Tribunal Superior de Bogotá manifestó:
"Con base en la información suministrada por la firma ACRECER SERVICIOS determinamos que la señora H.S. prestó sus servicios en el Centro de Atención de Suba de la Vicepresidencia de Telefonía Bogotá, en ejecución de la orden administrativa antes mencionada, desde el mes de abril del presente año.
Por lo anteriormente citado me permito concluir que la señora YASMITH H.S. no tiene ninguna relación laboral con la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, razón por la cual no se tiene ninguna obligación con la citada señora".
La peticionaria dirigió su acción contra la empresa "Textilia Ltda", para la cual prestaba sus servicios a través de una empresa de servicios temporales. La empresa demandada manifiesta que se configuró un vencimiento del plazo contractual señalado por las partes y no una terminación unilateral del contrato de trabajo y que la peticionaria laboraba para "Gente Oportuna Ltda".
En Carta fechada el 13 de junio de 1999, recibida el 15 de julio del mismo año, la peticionaria informó a la empresa "Compañía de Empleos Temporales del Tolima Ltda.", para la cual laboraba, que se encontraba en estado de embarazo y el 16 de julio del mismo año se le informó que su contrato, que se ejecutaba ante la empresa "Colombina", se daba por terminado en razón a una comunicación de esta empresa que decía: "Debido al bajo rendimiento que viene presentando la S.M.O.G. nos permitimos informar (sic) le sea cancelado el contrato laboral a partir del 16 de julio de 1999, inclusive".
La peticionaria laboró para "SPI Internacional", empresa de servicios temporales, en misión ante "Procaps", a partir del 15 de abril de 1999. El 22 de junio informó sobre su estado de embarazo y el 27 de agosto de 1999 se dio por terminado el contrato, unilateralmente por parte del patrono, alegando vencimiento del término.
La accionante fue contratada por "SU-Temporal Ltda", empresa de servicios temporales, con el fin de que trabajara como operaria en "Rascheltex Ltda". La peticionaria no quiso dar a conocer su estado de embarazo a ninguna de las dos empresas, por temor a ser despedida, con base en la experiencia de otras compañeras.
La empresa "SU Temporal Ltda.", con la cual celebró contrato la peticionaria M.C.M., manifiesta que a la citada extrabajadora se le terminó su misión y por lo tanto desapareció el origen de la labor para la cual fue contratada, procediendo a liquidarle todas su acreencias laborales. Alegó que en ningún momento la terminación del contrato se hizo por encontrarse en estado de embarazo.
La peticionaria se vinculó a la empresa temporal "Listos S.A." el 21 de agosto de 1998 y casi un año después, el 3 de agosto de 1999, informó al patrono su estado de embarazo. Pidió sus vacaciones y al regresar se le comunicó que el contrato no sería renovado en razón de que las empresa "Suizo S.A.", a la cual prestaba sus servicios, se fusionaría con otra sociedad y cambiarían de empresa temporal para el suministro de personal.
La empresa "Listos S.A.", en comunicación dirigida el 3 de febrero de 2000 al juez de instancia, manifestó que el contrato suscrito con Yaqueline Abril Sierra era por el tiempo que durara la labor determinada, la cual terminó el 15 de septiembre de 1999, en virtud de comunicación de la empresa "Suizo S.A." para la cual laboraba la peticionaria.
A partir del 28 de abril de 1999, S.R.R. venía prestando sus servicios como mercaderista a la empresa "Acción S.A." según contrato de trabajo por el tiempo de duración de obra o labor determinada. El 21 de septiembre de 1999 la peticionaria informó que se encontraba en estado de embarazo, y el 11 de octubre del mismo año la empresa dio por terminado el referido contrato.
La empresa "Acción S.A." manifestó en escrito dirigido al juez de tutela que la desvinculación de la trabajadora no obedecía a la voluntad del empleador, sino que dependía exclusivamente de la comunicación que hiciera el usuario, es decir, la empresa a la que se prestan los servicios en misión.
Existencia de contrato de trabajo con una empresa de servicios temporales, por una labor determinada.
Estado de embarazo de la trabajadora surgido en el desarrollo del contrato laboral.
Terminación del contrato de trabajo alegando una terminación de la labor contratada.
En todos los casos en referencia, de conformidad con la normatividad vigente y con el Fallo de constitucionalidad C-470 del 25 de septiembre de 1997, recaído sobre el artículo del Código Sustantivo del Trabajo, no era procedente la terminación de los respectivos contratos de trabajo, y fueron vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la protección especial de la mujer, pues las empleadas se encontraban en estado de embarazo debidamente conocido por las respectivas empresas de empleos temporales y era perentorio el amparo constitucional. Se concederán las tutelas solicitadas, incluida la correspondiente al expediente 290476, pues en tal caso la trabajadora comunicó a la empresa sobre su estado de embarazo el día 15 de julio de 1999 (folio 7) y fue despedida al día siguiente.
Para la separación del empleo de la aludida trabajadora, la empresa invocó bajo rendimiento laboral, lo que lleva a la Corte a advertir además que, si la empleada dio el aviso oportuno sobre su estado de embarazo, como lo hizo, debía prosperar la tutela, toda vez que el sólo hecho de invocar una determinada razón -como la ineficiencia o el incumplimiento de la trabajadora- no exime al patrono de pedir en tal evento la autorización administrativa para dar por terminado el contrato. Justamente, la función de tal solicitud previa radica en la garantía, para la empleada, de que la autoridad evaluará si las otras posibles causas de despido se configuran en su caso.
Primero.- REVOCAR los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil y Agraria los días 23 y 24 de noviembre de 1999, por los tribunales superiores del Distrito Judicial de Bogotá, S. Civil el 8 y 12 de octubre (Expedientes 277433 y 277435); por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral el 25 de noviembre de 1999, y por el Tribunal Superior de Barranquilla, S. 6 de Decisión Laboral (Expediente 277791); por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, S. Laboral el 13 de diciembre de 1999, y por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá el 19 de noviembre de 1999 (Expediente 283147); por el Juzgado 16 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá el 9 de marzo de 1999 (Expediente 281401); por el Juzgado 17 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá el 24 de diciembre de 1999 (Expediente 282812); por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá el 10 de febrero de 2000 (Expediente 301026), por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Barranquilla el 20 de enero de 2000 (Expediente 300640); y por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ibagué el 15 de diciembre de 1999.
Segundo.- ORDENAR que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente Fallo, se reintegre a cargos iguales o similares a los que venían desempeñando, a las siguientes personas en las empresas que se enuncian a continuación: M.V.C. y Yasmith Herrera Santamaía en la empresa "Acrecer Temporal Ltda."; M.R.B.E. en la empresa "Textilia Ltda."; S.E.W.G. en la empresa "Sociedad S.P.I. Internacional"; M. delC.C., en la empresa "Textilera Rascheltex"; M.C.M. en la empresa "SU Temporal Ltda."; Yaqueline Abril Sierra, en la empresa "Listos S.A."; S.R.R., en la empresa "Acción S.A."; y M.O.G. en la "Compañía de Empleos Temporales del Tolima Ltda.".
Tercero.- ENVIENSE a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo, copia del expediente T-2904706 y de esta providencia.
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 26 de Julio de 2013