Source: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule150
Timestamp: 2020-04-07 14:30:48
Document Index: 124659131

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 79', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 75', 'artículo 38']

DIH consuetudinario - Norma 150. Reparaciones
1. Normas\Reparaciones
Norma 150. Reparaciones
Norma 150. El Estado responsable de violaciones del derecho internacional humanitario está obligado a reparar íntegramente la pérdida o la lesión causada.
Volumen II, capítulo 42, sección B.
El principio que establece el deber de reparar en caso de violación del derecho es una norma básica del derecho internacional. En el asunto de la Fábrica de Chorzów, en 1928, la Corte Permanente de Justicia Internacional declaró que:
Constituye un principio de derecho internacional, e incluso un concepto general de derecho, que la infracción de un compromiso entraña la obligación de dar reparación [...]. Por lo tanto, la reparación es el complemento indispensable del incumplimiento de una convención y no es necesario expresar esto en la propia convención.[1]
En el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado se establece que: “El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito”.[2]
El deber de reparar las violaciones del derecho internacional humanitario se enuncia explícitamente en el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[3] Está, asimismo, implícito en la norma de los Convenios de Ginebra que estipula que los Estados no pueden exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en las que hayan incurrido a causa de infracciones graves.[4]
Reparación solicitada por los Estados
Existen muchos ejemplos de reparación solicitada por los Estados por violaciones del derecho internacional humanitario. Por lo que respecta a la forma de la reparación, en el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado se establece que: “La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada”.[5]
a) La restitución. Como se explica en el artículo 35 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, el propósito de la restitución es restablecer la situación existente antes de que se cometiera el hecho ilícito. El artículo estipula que el Estado responsable por un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, siempre que “[n]o sea materialmente imposible” y “[n]o entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización”. En el comentario del Proyecto de artículos se explica que la restitución puede implicar, en su forma más simple, un comportamiento como la liberación de personas detenidas ilícitamente o la devolución de bienes confiscados ilícitamente, pero puede consistir en un acto mucho más complejo, y que la restitución es la principal forma de reparación.[6]
En el párrafo 1 del primer Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales se establece que los Estados deben impedir la exportación de bienes culturales de territorios ocupados. El párrafo 3 obliga al Estado ocupante (así como a otros Estados) a devolver los bienes culturales exportados en violación del párrafo 1 al término de las hostilidades en el territorio previamente ocupado (véase la norma 41).[7]
Diversos acuerdos firmados tras la II Guerra Mundial incluían la restitución de bienes robados, incautados o confiscados.[8] En 1970, durante un debate en la Comisión Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de medidas adoptadas por Israel en los territorios ocupados, Polonia declaró que Israel tenía la responsabilidad de restituir los bienes palestinos.[9] En el manual miliar de Hungría se señala que, después de un conflicto, deben devolverse los bienes civiles, culturales y requisados.[10]
En 1991, Alemania declaró que aceptaba la norma de que deben devolverse los bienes culturales tras el cese de las hostilidades y que había devuelto bienes culturales en todos los casos en que se hallaron bienes de ese tipo y pudieron identificarse. En otros casos, Alemania ha indemnizado al Estado del propietario original.[11]
En 1999, durante un debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Emiratos Árabes Unidos pidieron a Irak que devolviese los bienes culturales de Kuwait.[12] Kuwait también insistió en la restitución por Irak de los bienes culturales e Irak manifestó su voluntad de restituirlos.[13] Análogamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha instado a Irak, en varias ocasiones, a devolver a Kuwait todos los bienes incautados.[14] El Secretario General de las Naciones Unidas presentó un informe sobre el cumplimiento por Irak de sus obligaciones dimanantes de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y observó, en 2000, que se había devuelto un número considerable de bienes desde el fin de la guerra del Golfo, pero que quedaban muchos bienes sin devolver. Destacó que “debería atribuirse prioridad a la restitución por el Irak de los archivos [...] y piezas de museo de Kuwait”.[15]
En 2001, Bélgica y Rusia celebraron un acuerdo sobre la devolución a Bélgica de los archivos militares robados por los nazis durante la II Guerra Mundial y trasladados a Moscú por las fuerzas soviéticas. Rusia aceptó la devolución de esos archivos, con la condición de que se le reembolsaran los gastos de su mantenimiento.[16]
b) La indemnización. Una antigua norma de derecho internacional consuetudinario, establecida en la Convención de La Haya (IV) de 1907 y reiterada en el Protocolo adicional I, estipula que todo Estado que viole el derecho internacional humanitario deberá pagar una indemnización cuando proceda.[17] Esta obligación se ha puesto en práctica en muchos acuerdos firmados después de un conflicto.[18] Se enuncia, asimismo, en el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, en que se obliga a un Estado a “indemnizar el daño causado [.] en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución”.[19] En el comentario del Proyecto de artículos se explica que: “La restitución, a pesar del principio jurídico de su primacía, frecuentemente es imposible o inadecuada. [.] La función de la indemnización es llenar las posibles lagunas a fin de lograr la íntegra reparación del daño sufrido.”[20]
Diversas declaraciones oficiales confirman la obligación de indemnizar los daños causados por violaciones del derecho internacional humanitario.[21] También se ha recordado esa obligación en varias resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas.[22]
c) La satisfacción. En el artículo 37 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado se estipula que:
3. La satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable.[23]
La exigencia de que se determine la verdad por medio de investigaciones y que se someta a los autores a la justicia se menciona el comentario del artículo 37 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, que menciona la “investigación de las causas de un accidente que provocó un daño o un perjuicio” y las “medidas disciplinarias o penales contra las personas cuya conducta causó el hecho internacionalmente ilícito” entre los posibles medios para dar satisfacción.[24] El manual de campaña de los Estados Unidos incluye, como recursos frente a las violaciones del derecho internacional humanitario, la publicidad de los hechos y de la pena impuesta a los delincuentes capturados como criminales de guerra.[25] Cabe señalar que, independientemente de la obligación de proporcionar una reparación adecuada, los Estados están obligados a investigar los crímenes de guerra para los que tengan jurisdicción y encausar a los sospechosos si procede (véase la norma 158).
Una posible forma de satisfacción es la garantía de no repetición, que se cita en el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, en el que se exige al Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito que ponga fin a la violación y ofrezca garantías adecuadas de que no se repetirán los hechos, si las circunstancias así lo exigen.[26]
Reparación solicitada directamente por particulares
Existe una tendencia creciente en favor de permitir que las personas que han sido víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario pidan directamente una reparación al Estado responsable. En el párrafo 2 del artículo 33 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado se señala que la segunda parte del Proyecto de artículos (“Contenido de la responsabilidad penal del Estado”) “se entiende sin perjuicio de cualquier derecho que la responsabilidad internacional de un Estado pueda generar directamente en beneficio de una persona o de una entidad distinta de un Estado”.[27] Es más, en el comentario del artículo 33 se indica que:
Cuando existe una obligación de reparar para con un Estado, la reparación no se realiza necesariamente en beneficio de dicho Estado. Por ejemplo, la responsabilidad de un Estado por la violación que le incumbe conforme a un tratado relativo a la protección de los derechos humanos, puede existir en relación con todas las partes del tratado, pero las personas interesadas deben considerarse como beneficiarias en última instancia y, en tal sentido, como los titulares de los derechos pertinentes.[28]
Croacia, en sus opiniones y comentarios sobre la versión de 1997 del proyecto de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones [graves] a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, como se llamaban entonces, y Estados Unidos, en una resolución conjunta de la Cámara de Representantes en 2001, en relación con las violaciones cometidas por Japón contra las llamadas “mujeres de solaz”, han hecho referencia al derecho de las víctimas a recibir una reparación directamente. [29] En dos resoluciones sobre la antigua Yugoslavia, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho de las víctimas de la ‘depuración étnica' a recibir una justa indemnización por sus pérdidas” e instó a todas las partes a cumplir “los acuerdos formalizados con ese fin”.[30]
Se han utilizado diversos procedimientos para ofrecer reparación directamente a personas, en particular mediante mecanismos establecidos por acuerdos interestatales y actos unilaterales del Estado, como la legislación interna o la reparación reclamada por los particulares directamente ante tribunales nacionales.
a) Reparación ofrecida en base a acuerdos interestatales o de otro tipo. Según diversos acuerdos concluidos tras la II Guerra Mundial, Alemania tenía la obligación de compensar a las víctimas de bienes robados tales como joyas, objetos de valor y bienes de carácter cultural.[31]
Un ejemplo más reciente de la restitución a particulares en base a acuerdos interestatales es el Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton por el que se establece la Comisión sobre las Reclamaciones de Bienes Inmuebles de las Personas Desplazadas y Refugiados de Bosnia y Herzegovina, encargada de resolver, entre otras cosas, las reclamaciones sobre la devolución de bienes inmuebles,[32] así como las indemnizaciones correspondientes por privación, en el transcurso de las hostilidades desde 1991, de bienes que no pueden ser devueltos.[33]
En el acuerdo entre el gobierno de Canadá y la Asociación Nacional de Canadienses Japoneses (Japanese-Canadian Redress Agreement) celebrado en 1988 se reconocen las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas y se piden disculpas.[34]
Otro ejemplo es la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas (CINU) establecida mediante una resolución del Consejo de Seguridad, que se encarga de examinar las indemnizaciones por pérdidas y daños directos resultantes “de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait por el Iraq” sufridos por los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y los particulares. Aunque la CINU se ocupa sobre todo de las pérdidas resultantes del empleo ilícito de la fuerza por Irak, sus resoluciones han tratado también sobre violaciones del derecho internacional humanitario sufridas por personas físicas.[35] Por ejemplo, la CINU ha otorgado una indemnización a antiguos prisioneros de guerra retenidos por Irak que habían sido objeto de malos tratos en violación del III Convenio de Ginebra.[36]
Otro ejemplo es la Comisión de Indemnizaciones establecida en 2000 mediante el acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía, cuyo mandato consiste en “emitir laudos arbitrales obligatorios con respecto a todas las reclamaciones por pérdidas, daños o perjuicios presentadas por [...] nacionales (incluidas personas físicas y jurídicas) de una parte contra el gobierno de la otra parte o entidades que pertenezcan a la otra parte o estén bajo su control”.[37]
En los últimos años, se han creado varios fondos específicos cuyo cometido es indemnizar a particulares. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el Fondo Austriaco de Reconciliación y la Fundación alemana “Recuerdo, Responsabilidad y Futuro”, ambos establecidos en virtud de la legislación nacional en base a acuerdos entre Austria y Alemania con los Estados Unidos. El Fondo Austriaco de Reconciliación se creó “para contribuir a la reconciliación, la paz y la cooperación mediante un gesto voluntario de la República de Austria hacia las personas físicas que fueron obligadas a realizar trabajos forzados o en condiciones de esclavitud por el régimen nacionalsocialista en el territorio de la actual República de Austria”. La Fundación alemana se estableció para “indemnizar [.] a personas que fueron obligadas a realizar trabajos forzados o fueron víctimas de otras injusticias del período nacionalsocialista”.[38]
Otro fondo es el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas creado de conformidad con el artículo 79 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este fondo se constituirá con dinero y otros bienes procedentes de multas y decomisos impuestos por la Corte a los autores de las violaciones. Sin embargo, se espera recibir también contribuciones voluntarias de Estados, empresas, organizaciones y particulares.[39]
b) Reparación otorgada en base a un acto unilateral del Estado. Existen informes de indemnizaciones directas de Alemania a personas internadas en campos de concentración y a víctimas de experimentos, así como por Noruega a personas que fueron objeto de medidas antisemíticas durante la II Guerra Mundial.[40] Japón se ha disculpado por el trato dado a las “mujeres de solaz” y Noruega por las medidas contra los judíos durante la II Guerra Mundial.[41]
Alemania y Austria han promulgado leyes relacionadas con la restitución de bienes a las víctimas, y los Estados Unidos también lo han hecho mediante una ley de restitución (Law on Restitution for WWII Internment of Japanese-Americans and Aleuts).[42]
La creación por Francia, en 1997, de la misión de estudio sobre la expoliación de los judíos en Francia (conocida también como la “Misión Mattéoli”) para que estudiase las diversas formas de expoliación de los bienes de los judíos de Francia durante la II Guerra Mundial, así como el alcance y los efectos de las medidas de restitución posteriores a la guerra, apunta en la misma dirección.[43]
c) Reparación solicitada en tribunales nacionales. En la Convención de La Haya (IV) y el Protocolo adicional I se exige el pago de indemnizaciones, pero no se indica si los receptores son los Estados, o también los particulares, ni se especifica el mecanismo de examen de las solicitudes de indemnización.[44]
Los demandantes individuales ante tribunales nacionales han tropezado con varios obstáculos para tratar de obtener una indemnización con arreglo al artículo 3 de la Convención de La Haya (IV), aunque ningún tribunal ha declarado que exista tal posibilidad en el derecho internacional contemporáneo.[45] Por ejemplo, en el asunto Shimoda, en 1963, el Tribunal de Distrito de Tokyo sostuvo que los particulares no tenían un derecho directo a una indemnización en virtud del derecho internacional, y que las consideraciones de inmunidad soberana excluían los procesos contra otros Estados ante los tribunales japoneses.[46]
Hasta los años noventa, los tribunales alemanes consideraron, en general, que el acuerdo de Londres de 1953, relativo a las deudas externas de Alemania, había pospuesto la cuestión de la indemnización a particulares, aunque no excluía la posibilidad de otorgar una compensación una vez resuelta la cuestión de las reparaciones a los Estados.[47] Como consecuencia de ello, después de la entrada en vigor del tratado de 1990 sobre el arreglo definitivo con respecto a Alemania (“Tratado Dos más Cuatro”),[48] los tribunales alemanes sostuvieron que, en general, nada les impedía ya tratar la cuestión de la indemnización a particulares.[49] Así pues, el Tribunal Constitucional de Alemania, en el asunto relativo a los trabajos forzados, de 1996, declaró que no existía una norma de derecho internacional general que impidiese el pago de indemnizaciones a particulares por violaciones del derecho internacional.[50] Sin embargo, en el asunto Distomo, en 2003, el Tribunal Federal Supremo de Alemania señaló que, debido al concepto de guerra que prevalecía durante la II Guerra Mundial, esto es, una “relación de Estado a Estado”, un Estado que fuese responsable de crímenes cometidos en aquel período sólo estaba obligado a indemnizar a otro Estado, pero no a las víctimas mismas. Según el Tribunal, el derecho internacional confería a los Estados el derecho a ejercer la protección diplomática de sus nacionales, y el derecho a reclamar una indemnización era un derecho del Estado “al menos por el período en cuestión”, es decir, durante la II Guerra Mundial.[51]
En el asunto Goldstar, en 1992, relativo a la intervención de los Estados Unidos en Panamá, un Tribunal de Apelación estadounidense halló que el artículo 3 de la Convención de La Haya (IV) de 1907 no era directamente aplicable en la legislación interna porque no había pruebas de la intención de conferir a los particulares un derecho de acción.[52] En el asunto Princz, en 1992, otro Tribunal de Apelación estadounidense desestimó una reclamación de daños y perjuicios contra Alemania por el trato infligido durante la II Guerra Mundial al considerar que no era competente por razones de inmunidad estatal.[53]
Cabe citar como ejemplo de indemnización concedida a demandantes particulares por los daños sufridos durante la II Guerra Mundial la decisión del Tribunal griego de Primera Instancia de Leivadia en el asunto Prefectura de Voiotia, en 1997, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2000. En este caso, los tribunales aplicaron el artículo 3 de la Convención de La Haya (IV) de 1907 y el artículo 46 del Reglamento de La Haya, y resolvieron que las víctimas de las matanzas de Distomo podían presentar directamente una reclamación de daños y perjuicios contra Alemania y que no podía invocarse la inmunidad soberana en relación con violaciones de una norma de jus cogens (entre otros, el homicidio intencional). Sin embargo, con respecto al mismo caso, Grecia se negó a dar el consentimiento necesario para la ejecución de la sentencia contra Alemania alegando la inmunidad del Estado.[54]
Existe una práctica creciente de Estados de todo el mundo que muestra que esta norma se aplica a las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados no internacionales e imputables a un Estado. Surge directamente del principio jurídico básico de que toda violación del derecho implica una obligación de reparar,[55] así como de la responsabilidad de un Estado por violaciones que le son imputables (véase la norma 149). La práctica varía porque a veces hace referencia al deber de reparar en términos generales, y a veces a modalidades concretas de reparación, como la restitución, la indemnización y la satisfacción (véase infra).[56] En algunos casos, se han concedido reparaciones en base al reconocimiento por parte del gobierno de su responsabilidad de otorgarlas y, en otros, en base a su reconocimiento del deber de reparar.
Sin embargo, debido a la naturaleza misma de los conflictos armados no internacionales, los procedimientos que se han establecido para conceder reparaciones en un conflicto armado internacional no son necesariamente pertinentes para los conflictos armados no internacionales. Concretamente, en los conflictos armados no internacionales las víctimas sufren violaciones en su propio país y, en general, tienen acceso a los tribunales nacionales para reclamar una reparación con arreglo al ordenamiento jurídico interno.[57] Cabe señalar, a este respecto, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los tres tratados regionales de derechos humanos, exigen que los Estados prevean recursos para los casos de violación del derecho.[58] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han declarado que esta obligación no puede ser objeto de suspensiones. [59]
Solicitudes de reparación a un Estado
La posibilidad de que una víctima individual de una violación del derecho internacional humanitario solicite una reclamación a un Estado puede inferirse del párrafo 6 del artículo 75 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que estipula que: “Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional”.[60] En el artículo 38 del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales, que se aplica en cualquier conflicto armado, se menciona expresamente el deber de los Estados de reparar.[61]
Cabe citar, como ejemplo de la práctica, la circular conjunta sobre la adhesión de Filipinas al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, que dispone que en caso de daños a bienes privados en el curso de operaciones lícitas de seguridad o de policía, “se tomarán medidas, siempre que sea factible, [...] para reparar los daños causados”.[62] Además, en una resolución aprobada en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a las autoridades afganas a que proporcionasen “una reparación suficiente y efectiva” a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario.[63]
Otros ejemplos de la práctica guardan relación con modalidades específicas de reparación, como la restitución, la indemnización y la satisfacción:
a) La restitución. En el asunto de Akdivar y otros contra Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que todo Estado que hubiera violado el derecho tenía la obligación jurídica de poner fin a la violación y “ofrecer una reparación por sus consecuencias, a fin de restablecer, en la medida de lo posible, la situación existente antes de la violación (restitutio in integrum)”. Sin embargo, señaló también que si resultaba imposible en la práctica, el Estado estaba obligado a elegir otros medios para cumplir la sentencia.[64]
Otro ejemplo es el Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton, en el cual se establece la Comisión sobre las Reclamaciones de Bienes Inmuebles de las Personas Desplazadas y Refugiados de Bosnia y Herzegovina y se indica que las personas tienen derecho a la restitución de los bienes de los que fueron privadas durante las hostilidades desde 1991.[65]
Análogamente, la Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda y Propiedades en Kosovo está facultada para entender de solicitudes de restitución, recuperación y devolución de propiedades presentadas por determinadas categorías de personas, incluidas las que perdieron sus bienes como consecuencia de una discriminación, así como las personas refugiadas y desplazadas.[66]
Otro ejemplo es el acuerdo general sobre el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Filipinas, de 1998, que prevé la restitución como una de las posibles formas de reparación.[67]
b) La indemnización. Existe una práctica amplia y representativa de Estados que se han esforzado por indemnizar a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados no internacionales. Algunos de esos ejemplos son: el Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala, según el cual las partes “reconocen que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”; el acuerdo general sobre el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Filipinas, según el cual las partes reconocen el derecho de las víctimas y de sus familiares a pedir justicia por las violaciones de los derechos humanos, incluida “una indemnización adecuada”; y la resolución de Rusia sobre la compensación por la destrucción de propiedades de ciudadanos que han sufrido la crisis de Chechenia y que abandonaron definitivamente Chechenia.[68] Además, la Comisión de Verdad Histórica de Chile, el comité especial de El Salvador para la investigación del paradero de las personas desaparecidas y la comisión de Sri Lanka encargada de investigar los traslados voluntarios o las desapariciones de personas en determinadas provincias también recomendaron que se indemnizase a las víctimas o sus familiares.[69] En sus opiniones y comentarios sobre la versión de 1997 del proyecto de principios y directrices básicos sobre el derecho de las victimas de violaciones [graves] a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, como se llamaba entonces, Chile pidió que se incluyera una disposición específica que estableciera la “responsabilidad inmediata y directa del Estado de la obligación compensatoria”.[70] Rwanda, en 1996, y Zimbabwe, en 1999, anunciaron también su deseo de indemnizar, respectivamente, a las víctimas de actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Rwanda y de los homicidios cometidos durante el conflicto armado a principios de los años ochenta en Zimbabwe.[71]
Otro instrumento que contempla el derecho de las víctimas a una indemnización es el Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton, en el cual se establece la Comisión sobre las Reclamaciones de Bienes Inmuebles de las Personas Desplazadas y Refugiados de Bosnia y Herzegovina y se señala que debe indemnizarse a las personas refugiadas y desplazadas que fueron privadas de sus bienes en el transcurso de las hostilidades desde 1991 si no pueden restituírseles esos bienes.[72] En el Reglamento n.° 2000/60 de la UNMIK, que contiene las normas de procedimiento y prueba de las reclamaciones a la Comisión sobre la Vivienda y la Propiedad en Kosovo, se prevé la indemnización de personas que han perdido sus derechos de propiedad como consecuencia de una discriminación.[73]
Existe también práctica de organizaciones internacionales en la que se pide o recomienda que se indemnice a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales.[74]
c)La satisfacción. Existen ejemplos de práctica en que se ha dado satisfacción en forma de reparación, incluida la rehabilitación, una disculpa, garantías de no repetición y el establecimiento de la verdad. Por ejemplo, ya en la guerra civil española, se ofrecieron disculpas, garantías de que no se repetirían los hechos y la promesa de que se castigaría a los culpables de determinadas violaciones.[75]
Más recientemente, en el acuerdo general sobre el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Filipinas se ha previsto la “rehabilitación” como una de las formas de reparación posibles.[76] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó la necesidad de que se determinase la verdad mediante investigaciones y se enjuiciase a los autores en el asunto relativo al asesinato del Arzobispo Romero por escuadrones de la muerte en El Salvador en 1980. La Comisión estableció, entre otras cosas, que El Salvador era responsable:
por el incumplimiento de su obligación de investigar seriamente y de buena fe la violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana [de Derechos Humanos]; de identificar a los responsables de tal violación, enjuiciarlos, sancionarlos y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En referencia a las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, agregó que “el deber de reparar el daño no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a los familiares de las víctimas. En primer término, debe ponerse fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que éstos se encuentran, es decir, otorgar el conocimiento completo y público de la verdad”. Señaló que su derecho a conocer la verdad íntegra, completa y pública “forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición”.[77] El principio de que la reparación comprende el derecho a la verdad, así como la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, fue confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto de los niños de la calle contra Guatemala en 2001.[78]
Solicitudes de reparación a grupos armados de oposición
Existe práctica que indica que los grupos armados de oposición deben proporcionar una reparación apropiada por los daños resultantes de violaciones del derecho internacional humanitario. Un ejemplo de esa práctica es el acuerdo general sobre el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Filipinas, en el que se indica que “las partes en el conflicto armado se adherirán a los principios y las normas de derecho internacional humanitario generalmente aceptados y estarán vinculadas por éstos” y se prevé una indemnización para las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario.[79] Cabe señalar también que, en 2001, una sección provincial del Ejército de Liberación Nacional en Colombia pidió disculpas públicamente por la muerte de tres niños como consecuencia de un ataque armado y la destrucción de viviendas civiles durante una “acción bélica”, y expresó su deseo de colaborar en la recuperación de los bienes no destruidos.[80]
También existe cierta práctica de las Naciones Unidas que respalda la obligación de los grupos armados de oposición de ofrecer una reparación adecuada. En una resolución sobre Liberia aprobada en 1996, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a los “jefes de las facciones” que velasen por la devolución de los bienes saqueados.[81] En una resolución sobre Afganistán aprobada en 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a “todas las partes del Afganistán” a que proporcionasen a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario una reparación efectiva.[82] En 1998, en su informe sobre las causas del conflicto y la promoción de una paz duradera y un desarrollo sostenible en África, el Secretario General de las Naciones Unidas recomendó: “Para que las partes beligerantes se hagan más responsables de sus actos, [...] que se instaure un mecanismo jurídico internacional que ayude a localizar, aprehender y confiscar los bienes de las partes infractoras y de sus dirigentes”.[83]
Aunque pueda sostenerse que los grupos armados de oposición incurren en responsabilidad por actos cometidos por sus miembros (véase el comentario de la norma 149), las consecuencias de esa responsabilidad no están claras. En particular, no está claro en qué medida están obligados los grupos armados de oposición a reparar íntegramente, aun cuando en muchos países las víctimas puedan incoar un proceso civil por daños y perjuicios contra los responsables (véase el comentario de la norma 151).
[1]CPJI, Chorzów Factory case (Merits) (ibíd., párr. 102); v. también Estatuto de la CPI, art. 36, párr.2, que estipula que “Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: [.] d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”. El art. 36, párr. 2 del Estatuto de la CPJI está redactado en términos similares.
[2]Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 31 (citado en vol. II. cap. 42, párr. 86).
[3]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 38 (ibíd., párr. 80).
[4]I Convenio de Ginebra (1949), art. 51 (ibíd., párr. 2); II Convenio de Ginebra (1949), art. 52 (ibíd., párr. 2); III Convenio de Ginebra (1949), art. 131 (ibíd., párr. 2); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 148 (ibíd., párr. 2).
[5]Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 34 (ibíd., párr. 157).
[6]CDI, comentario del art. 35 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (ibíd., párr. 351).
[7] Primer Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), párrs. 1 y 3 (ibíd., párr. 310).
[8]Paris Agreement on Reparation from Germany (1946) (ibíd., párrs. 301 y 302); Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and the Occupation (1952) (ibíd., párrs. 304 a 309).
[9]Polonia, declaración ante la Comisión Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 230).
[10]Hungría, Military Manual (ibíd., párr. 326).
[11]V. la declaración de Alemania (citada en vol. II, cap. 12, párr. 460).
[12]V. la declaración de Emiratos Árabes Unidos (ibíd., párr. 471).
[13]V. la práctica de Irak (citada en vol. II, cap. 12, párrs. 463, 464 y 466) y Kuwait (ibíd., párrs. 467 y 468), así como la práctica referida de Kuwait (citada en vol. II, cap. 42, párr. 335).
[14]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 686 (ibíd., párr. 472) y Res. 1284 (ibíd., párr. 473); v. también Res. 687 (citada en vol. II, cap. 42, párr. 345).
[15]V. Secretario General de las Naciones Unidas, Informe adicional sobre el cumplimiento por el Irak de las obligaciones que le imponen determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la situación entre Irak y Kuwait (citado en vol. II, cap. 12, párr. 476) y Segundo informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 14 de la resolución 1284 (1999) del Consejo de Seguridad (ibíd., párr. 477).
[16]V. la práctica referida de Bélgica (ibíd., párr. 470) y Rusia (ibíd., párr. 470).
[17]Convención de La Haya (IV) de 1907, art. 3 (ibíd., párr. 111); Protocolo adicional I (1977), art. 91 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 125).
[18]V., v.g., Peace Treaty for Japan (1951) (citado en vol. II, cap. 42, párrs. 113 y 114); Yoshida-Stikker Protocol between Japan and the Netherlands (1956) (ibíd., párr. 115); Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and the Occupation (1952) (ibíd., párrs. 116 a 118); Luxembourg Agreement between Germany and Israel (1952) (ibíd., párrs. 119 y 120); Protocols nos. 1 and 2 of the Luxembourg Agreement between Germany and the Conference on Jewish Material Claims against Germany (ibíd., párrs. 148 y 149); Austrian State Treaty (1955) (ibíd., párr. 121); Agreement concerning Payments on behalf of Norwegian Nationals Victimized by National Socialist Persecution (1959) (ibíd., párr. 123); Implementation Agreement to the German Unification Treaty (ibíd., párr. 127); US-Germany Agreement concerning Final Benefits to Certain US Nationals Who Were Victims of National Socialist Measures of Persecution (conocido también como “Princz Agreement”) (1995) (ibíd., párrs. 128 y 129); Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995) (ibíd., párrs. 130 a 132); US-Chinese Agreement on the Settlement of Chinese Claims resulting from the Bombardment of the Chinese Embassy in Belgrade y US-Chinese Memorandum of Understanding on the Settlement of US Claims resulting from the Bombardment of the Chinese Embassy in Belgrade (ibíd., párrs. 133 y 134); Agreement on the Foundation “Remembrance, Responsibility and the Future” (2000) concluido entre Alemania y los Estados Unidos (ibíd., párrs. 135 a 137); Austrian-US Executive Agreement concerning the Austrian Reconciliation Fund (2000) (ibíd., párr. 138); Acuerdos bilaterales entre Austria y seis Estados de Europa Central y Oriental (ibíd., párr. 139); Peace Agreement between Eritrea and Ethiopia (2000) (ibíd., párr. 140); Washington Agreement between France and the United States (ibíd., párrs. 141 y 142); Annex A to the Austrian-US Agreement concerning the Austrian General Settlement Fund (2991) (ibíd., párrs. 143 y 144).
[19]Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 36 (ibíd., párr. 158).
[20] CDI, comentario del art. 36 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001) (ibíd., párr. 263). En cuanto a la cuestión de si pueden valorarse económicamente los daños a los efectos de una indemnización, en el comentario se señala que éstos: “comprenden no sólo las pérdidas materiales conexas, como el lucro cesante y la disminución del nivel de ingresos, los gastos médicos y otros conceptos similares, o no patrimonial, sufrido por el particular (a veces, aunque no siempre, denominado “daño moral” en los ordenamientos jurídicos nacionales). Por lo general se entiende que el daño inmaterial comprende la pérdida de los seres queridos, el dolor y el sufrimiento, así como cualquier atentado contra la persona, su domicilio o su vida privada”.
[21] V., v.g., la práctica de Canadá (ibíd., párr. 211), China (ibíd., párr. 214), Estados Unidos (ibíd., párr. 238), Irak (ibíd., párr. 220), Kuwait (ibíd., párr. 224), Líbano, en nombre del Grupo de los Estados Árabes (ibíd., párr. 226), México (ibíd., párr. 227), Reino Unido (ibíd., párr. 237) y Siria (ibíd., párr. 235).
[22] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 387 (ibíd., párr. 242), Res. 455 (ibíd., párr. 243), Res. 471 (ibíd., párr. 244), Res. 527 (ibíd., párr. 245), Res. 571 (ibíd., párr. 246), Res. 687 (ibíd., párr. 247), Res. 692 (ibíd., párr. 248) y Res. 827 (ibíd., párr. 249); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 50/22 C (ibíd., párr. 250), Res. 51/233 (ibíd., párr. 251) y Res. 56/83 (ibíd., párr. 252).
[23] CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 37 (ibíd., párr. 325). En el comentario del art. 36 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (ibíd., párr. 264) se explica que la satisfacción “se refiere a un perjuicio no material, concretamente un perjuicio no material irrogado al Estado, al que sólo se puede atribuir un valor dinerario de manera muy aproximada y teórica” y que “la satisfacción es el remedio para los perjuicios que no pueden evaluarse en términos financieros y que equivalen a una ofensa al Estado” (ibíd., párr. 353).
[24]CDI, comentario del art. 37 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (ibíd., párr. 353).
[25] Estados Unidos, Field Manual (ibíd., párr. 328).
[26] Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 30.
[27] Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), art. 33, párr. 2.
[28] CDI, comentario del art. 33 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (citado en vol. II. cap. 42, párr. 350).
[29]V. la práctica de Croacia (ibíd., párr. 90) y Estados Unidos (ibíd., párr. 93).
[30]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 48/153 (ibíd., párr. 94) y Res. 49/196 (ibíd., párr. 95); v. también Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/70 (ibíd., párr. 98).
[31]V. Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and the Occupation, Capítulo 3, art. 2 (1952) (ibíd., párr. 304); Protocol no. 1 of the Luxembourg Agreement between Germany and the Conference on Jewish Material Claims against Germany (1952) (ibíd., párr. 315); v. también la legislación de Alemania (ibíd., párr. 330).
[32]V. Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), arts. VII y XI (ibíd., párr. 317).
[33]V. Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), arts. I y XII (2) (ibíd., párrs. 130 a 132).
[34]V. la práctica de Canadá (ibíd., párr. 333).
[35]V., v.g., CINU, Consejo de Administración, Decisión 3 (ibíd., párrs. 248 y 272) y Decisión 11 (ibíd., párrs. 248 y 274).
[36]CINU, Report and Recommendations made by the Panel of Commissioners concerning Part One of the Second Instalment of Claims for Serious Personal Injury or Death ( ibíd., párr. 276).
[37]Hasta la fecha, la Comisión, en sus decisiones relativas a quejas presentadas por Eritrea y Etiopía en nombre de sus nacionales respectivamente, ha concedido indemnizaciones en relación con el trato dado a antiguos prisioneros de guerra por ambos Estados, véase Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea's and Ethiopia's Claims, Partial Awards (ibíd., párr. 281).
[38]V. la legislación de Alemania (ibíd., párr. 184) y Austria (ibíd., párr. 179).
[39]Estatuto de la CPI (1998), art. 79, que dispone que “1) Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias. 2) La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. 3) El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes”.
[40]V. la práctica de Alemania (citada en vol. II. cap. 42, párr. 219) y Noruega (ibíd., párr. 229); “On behalf of victims of pseudo-medical experiments: Red Cross action”, International Review of the Red Cross, n.° 142, 1973, pp. 3 a 21.
[41]V. la práctica de Japón (citada en vol. II, cap. 42, párrs. 336 a 339) y Noruega (ibíd., párr. 229).
[42]V. la legislación de Alemania (ibíd., párr. 330), Austria (ibíd., párr. 329) y Estados Unidos (ibíd., párr. 331).
[43]V. la práctica de Francia (ibíd., párr. 334).
[44]Convención de La Haya (IV) de 1907, art. 3 (ibíd., párr. 110); Protocolo adicional I (1977), art. 91 (ibíd., párr. 125).
[45]V., v.g., Alemania, Tribunal Administrativo de Apelación de Münster, Personal Injuries case (ibíd., párr. 190); Alemania, Tribunal Federal Supremo, Reparation Payments case (ibíd., párr. 191); Alemania, Segunda Cámara del Tribunal Constitucional, Forced Labour case (ibíd., párr. 192); Alemania, Tribunal Federal Supremo, Distomo case (ibíd., 193); Estados Unidos, Tribunal de Apelación (Cuarto Circuito), Goldstar case (ibíd., párr. 203); Estados Unidos, Tribunal de Distrito y Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, Princz case (ibíd., párr. 204); Estados Unidos, Tribunal de Distrito de Columbia, Comfort Women case (ibíd., párr. 209); Grecia, Tribunal de Primera Instancia de Leivadia, Prefecture of Voiotia case (ibíd., párr. 194); Japón, Tribunal de Distrito de Tokyo, Shimoda case (ibíd., párr. 195); Japón, Tribunal Superior de Tokyo y Tribunal Supremo, Siberian Detainees case (ibíd., párr. 196); Japón, Tribunal de Distrito de Tokyo y Tribunal Superior de Tokyo, Apology for the Kamishisuka Slaughter of Koreans case (ibíd., párr. 197); Japón, Tribunal de Distrito de Tokyo, Ex-Allied Nationals Claims case, Dutch Nationals Claims case y Filippino “Comfort Women” Claims case (ibíd., párr. 198); Japón, Tribunal de Distrito de Fukuoka, Zhang Baoheng and Others case (ibíd., párr. 199); Japón, Tribunal de Primera Instancia de Yamaguchi y Tribunal Superior de Hiroshima, Ko Otsu Hei Incidents case (ibíd., párr. 200).
[46]Japón, Tribunal de Distrito de Tokyo, Shimoda case (ibíd., párr.195).
[47]V. Alemania, Tribunal Federal Supremo, Reparation Payments case (ibíd., párr. 191).
[48]Tratado sobre el Acuerdo Definitivo con respecto a Alemania (“Tratado Dos más Cuatro”) entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania y URSS, 12 de septiembre de 1990.
[49]V., v.g., Alemania, Tribunal Constitucional, Forced Labour case (citado en vol. II. cap. 42, párr. 192); Alemania, Tribunal Federal Supremo, Distomo case (ibíd., párr. 193).
[50]Alemania, Tribunal Constitucional, Forced Labour case (ibíd., párr. 192).
[51]Alemania, Tribunal Federal Supremo, Distomo case (ibíd., párr. 193).
[52]Estados Unidos, Tribunal de Apelación, Goldstar case (ibíd., párr. 203).
[53]Estados Unidos, Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, Princz case (ibíd., párr. 204).
[54]Grecia, Tribunal de Primera Instancia de Leivadia y Tribunal Supremo, Prefecture of Voiotia case (ibíd., párr. 195); Grecia, Declaración ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Kalogero- poulou and Others (ibíd., párr. 194).
[55]V., v.g., CPJI, Chorzów Factory case (Merits) (ibíd., párr. 102); v. también Estatuto de la CPI, art. 36, párr.2, que estipula que “Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: [...] d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”. El art. 36, párr. 2 del Estatuto de la CPJI está redactado en términos similares.
[56]El art. 34 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado establece que: “La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada” (ibíd., párrs. 157 y 323). Además, cabe señalar que el art. 75, párr. 2, del Estatuto de la CPI (1998) relativo a la “Reparación a las víctimas” da a la Corte la facultad de emitir “directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.
[57]V., v.g., Colombia, Manual Básico para Personerías y Fuerzas Armadas (citado en vol. II. cap. 42, párr. 162); American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (ibíd., párrs. 107, 292 y 362). Cabe señalar que la posibilidad de protección diplomática persistiría en una situación en la que resultasen heridos residentes o visitantes extranjeros por las fuerzas armadas de un Estado en el contexto de un conflicto armado no internacional.
[58]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 2, párr. 3; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 13; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), arts. 10 y 25; Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1, apdo. a) (implícito).
[59]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29, párr. 14; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las garantías judiciales, opinión consultiva, párrs. 24 a 26.
[60]Estatuto de la CPI (1998), art. 75, párr. 6 (citado en vol. II, cap. 42, párr. 79).
[61]Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 38 (ibíd., párr. 80).
[62]Filipinas, Joint Circular on Adherence to IHL and Human Rights (ibíd., párr. 87.
[63]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 51/108 (ibíd., párr. 96).
[64]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Akdivar and Others v. Turkey (ibíd., párr. 356). La competencia del Tribunal de ofrecer una “satisfacción justa” se basa en la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, art. 41 (ibíd., párr. 304). La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene facultades similares para otorgar “una justa indemnización” en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 63, párr. 1 (ibíd., párr. 312). La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tendrá la facultad de dictar “el pago de una compensación o reparación equitativa” en base al Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 27 (ibíd., párr. 314).
[65]Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. I, párr. 1 (ibíd., párr. 316).
[66]UNMIK Regulation n.° 2000/60, sección 2, párrs. 2, 5 y 6 (ibíd., párr. 156). La Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda y Propiedades se estableció por medio de la Regulation n.° 1999/23 de la UNMIK (ibíd., párr. 319).
[67]Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2, párr. 3 (ibíd., párr. 318).
[68] V. Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala, art. VIII (ibíd., párr. 152); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2, párr. 3 ( ibíd., párr. 154); la legislación de Rusia (ibíd., párr. 184).
[69] V. la práctica de Chile (ibíd., párr. 212), El Salvador (ibíd., párr. 215) y Sri Lanka (ibíd., párrs. 233 y 234).
[70] V. la práctica de Chile (ibíd., párr. 213).
[71] V. la práctica de Rwanda (ibíd., párr. 232) y Zimbabwe (ibíd., párr. 241).
[72] Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. XI (ibíd., párr. 153).
[73] UNMIK Regulation n.° 2000/60, sección 2, párr. 2 (ibíd., párr. 156).
[74] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/77 (ibíd., párr. 253); Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1993/23 (ibíd., párr. 254) y Res. 1995/5 (ibíd., párr. 255); Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en Africa ( ibíd. , párr. 258); Naciones Unidas, Comisión de la Verdad para El Salvador, Informe (ibíd., párr. 262).
[75] España, Nota del Presidente de la Junta de Defensa Nacional (ibíd., párr. 360).
[76] Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2, párr. 3 (ibíd., párr. 154).
[77] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (El Salvador) (ibíd., párr. 357).
[78] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la calle” (ibíd., párr. 358).
[79]Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2, párr. 3, y Part IV, arts. 1 y 6 (ibíd., párr. 318).
[80]V. la práctica del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ibíd., párr. 365).
[81]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1071 (ibíd., párr. 346).
[82]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/70 (ibíd., párr. 348).
[83]Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en Africa (ibíd., párr. 258).