Source: http://venturagarceslopezibor.com/boletin/11-16/butlleti11.html
Timestamp: 2017-09-23 21:33:21
Document Index: 168934137

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'ROJ ', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 353', 'artículo 348', 'artículo 348']

Nº2/2016
La abogada Manuela Serrano se incorpora como socia en la oficina de Madrid de Ventura Garcés & López-Ibor Abogado.
Serrano cuenta con una amplia experiencia en derecho procesal, concursal y reestructuraciones empresariales, habiéndose convertido en profesional de referencia del sector. Participa habitualmente en procedimientos concursales de relevancia, tanto como administradora concursal como letrada del concursado y de acreedor. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en relevantes operaciones a nivel litigioso y de reestructuración en solvencia e insolvencia -tanto en el ámbito nacional como internacional-, operaciones de compraventa de empresas, distress debts, unidades productivas y litigios intra y extra societarios.
Con más de quince años de experiencia, Serrano se incorpora a Ventura Garcés & López-Ibor habiendo desarrollado previamente su carrera profesional en firmas como DLA Piper y Roca Junyent, entre otras. En esta nueva etapa profesional, Serrano tiene como objetivo “reforzar y contribuir al crecimiento de las áreas de derecho procesal y reestructuraciones de la firma”, así como “aportar mi experiencia profesional en derecho concursal y mercantil a un despacho, como éste, de reconocido prestigio en el sector”, añade Serrano. Desde Ventura Garcés & López-Ibor, la socia Marta Gil de Biedma asegura que “en nuestro plan de crecimiento, queríamos reforzar el área mercantil y concursal en nuestra oficina de Madrid con la incorporación de una profesional de reconocido prestigio como Manuela Serrano”.
· La legislación europea de protección de datos se actualiza a la nueva era digital
· Novedades en las tasas judiciales
· Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de septiembre de 2016
· Enlaces ilegales
· La obligación de registrar la jornada labora
· La obligación de indemnizar por la finalización de los contratos de interinidad. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016.
· Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades
· Nueva regulación del “patent box”
· Nuevos certificados electrónicos
· Deducibilidad en el IS de intereses de demora tributarios
· Ventajas fiscales en la sucesión de la empresa familiar
· “Fin de la suspensión del derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos ¿O no?”, por Tomás Garcés
La legislación europea de protección de datos se actualiza a la nueva era digital
El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el “Reglamento General de Protección de Datos”) que deroga la Directiva 95/46/CE, transpuesta en nuestro ordenamiento mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Este reglamento establece el nuevo marco regulador del tratamiento de datos de carácter personal en la Unión Europea y, en determinados casos, también fuera de la Unión Europea, a partir del 25 de mayo de 2018, fecha en que será de aplicación.
El Reglamento General de Protección de Datos pretende adecuar la normativa en materia de protección de datos de carácter personal a las necesidades de un mercado único digital, proporcionando mayores garantías a los ciudadanos.
A continuación se indican las principales novedades que se introducen:
1. Ampliación del ámbito de aplicación territorial
El Reglamento General de Protección de Datos se aplica a los responsables y encargados del tratamiento establecidos en la Unión Europea y, asimismo, a los no establecidos, bien cuando sus actividades guarden relación con la oferta de bienes y servicios dirigida a ciudadanos de la Unión Europea, bien cuando el tratamiento se produzca como consecuencia de la monitorización y seguimiento de su comportamiento. Los responsables del tratamiento no establecidos en la Unión Europea deberán designar un representante en la Unión.
El Reglamento General de Protección de Datos introduce nuevos requisitos en la forma de recabar el consentimiento de los interesados para el tratamiento de sus datos personales.
· El consentimiento debe prestarse mediante una declaración afirmativa, específica, clara e informada, y no puede deducirse del silencio del titular de los datos.
· El consentimiento debe prestarse para cada uno de los fines previstos para el tratamiento de datos.
· El responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que ha obtenido el consentimiento del interesado.
3. Nuevas herramientas de control sobre los datos
Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos se introducen elementos que dotan a los ciudadanos de mayor capacidad de control sobre sus datos personales. Adicionalmente al ejercicio de los denominados derechos ARCO (derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición), se regula el ejercicio de los derechos de información, transparencia y limitación. Asimismo, como novedad más relevante en lo relativo a las herramientas de control sobre los datos, se introduce el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad.
El derecho al olvido es el derecho de los ciudadanos a que se supriman sus datos, entre otros casos, cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados, cuando se haya revocado el consentimiento para el tratamiento o cuando los datos hayan sido recogidos de forma ilícita.
El derecho a la portabilidad permite al interesado recuperar sus datos personales de un modo que le permita trasladarlos a otro responsable. En el caso de que sea técnicamente posible, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado.
4. Principio de responsabilidad activa
De los aspectos más destacables del Reglamento General de Protección de Datos en relación con los responsables y encargados del tratamiento es la introducción del principio de responsabilidad activa. Este principio implica que los responsables y encargados del tratamiento deberán adoptar medidas dirigidas a la prevención e ir más allá de la actuación después de que se produzca una infracción.
En este sentido, se establece un elenco de medidas para asegurar que los que traten datos personales están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías contenidos en el reglamento, que se resumen en las siguientes medidas:
· Aplicación de medidas técnicas y organizativas desde el momento en que se diseñan y determinan los medios del tratamiento.
· Aplicación de medidas para que, por defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para los fines específicos del tratamiento.
· Llevanza de un registro de las actividades de tratamiento efectuadas.
· Realización de evaluaciones de impacto del tratamiento sobre la protección de datos.
· Consulta a las autoridades competentes sobre los riesgos de seguridad que, en su caso, se pongan de manifiesto en las evaluaciones de riesgo referidas.
· Notificación de las violaciones de seguridad de los datos a las autoridades competentes sin dilaciones.
· Comunicación de las violaciones de seguridad a los interesados.
5. Desaparece la obligación de notificación de ficheros
Con la nueva regulación desaparece la obligación de los responsables del tratamiento de notificar los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos.
Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO o Data Protection Officer), cuya designación es obligatoria por parte de determinados responsables y encargados del tratamiento.
El Delegado de Protección de Datos rinde cuentas ante el más alto nivel jerárquico del responsable o del encargado del tratamiento y tiene asignadas, como mínimo, las siguientes funciones:
· Informar y asesorar al responsable y al encargado del tratamiento, así como a los empleados de éstos sobre sus respectivas obligaciones en materia de protección de datos.
· Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos.
· Asesorar en las evaluaciones de impacto anteriormente referidas.
· Cooperar con las autoridades de control y actuar como punto de contacto con éstas.
7. Nuevo marco sancionador
El Reglamento General de Protección de Datos modifica el marco sancionador que tenemos establecido en la LOPD y establece sanciones más severas, pudiendo llegar hasta 20.000.000 € y, en el caso de empresas, hasta el 4% de su volumen de negocios.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, las autoridades de control garantizarán que la imposición de multas administrativas sean, en cada caso individual, efectivas, proporcionadas y disuasorias. Para ello, las multas se impondrán en función de cada caso debiéndose tener en cuenta un numeroso elenco de circunstancias.
Novedades en las tasas judiciales
El 15 de agosto de 2016 se publicó en el B.O.E la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de julio de 2016, en la que se declaran inconstitucionales determinadas tasas judiciales. Si bien la Sentencia considera que el establecimiento de una tasa no vulnera per se el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, también considera que su cuantía es desproporcionada y puede producir un efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso imposibilitar que acudan a los Tribunales
En consecuencia, la Sentencia declara nula la cuota variable de la tasa judicial y, en cuanto a la cuota fija, determina los supuestos concretos en los que se debe abonar, a saber:
· Demanda de juicio verbal (150 €).
· Demanda de juicio ordinario (300 €).
· Petición inicial de procedimiento monitorio (100 €).
· Demanda de juicio monitorio europeo (100 €).
· Demanda incidental en el proceso concursal (100€).
· Demanda de ejecución extrajudicial (200 €).
· Demanda de oposición a una ejecución de título judicial (200 €).
· El concurso necesario (200 €).
Asimismo, como consecuencia de esta Sentencia, queda exento el pago de la tasa por inconstitucionalidad de la cuota tributaria en los siguientes supuestos:
· Interposición del recurso de apelación, del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden jurisdiccional civil.
· La interposición del recurso contencioso administrativo abreviado y ordinario, del recurso de apelación y de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
· La interposición del recurso de suplicación y de casación en el orden jurisdiccional social.
La nueva Directiva de Secretos Empresariales
El 15 de junio de 2016 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. La Directiva entró en vigor el 5 de julio, y los Estados miembros disponen de dos años para proceder a su transposición.
ObjetoLa Directiva introduce normas para proteger a los poseedores de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas, y frente a la explotación no consentida.
Objetivos: 1) Conseguir un buen funcionamiento del mercado interior de la investigación y la innovación, 2) Armonizar las normas para la protección jurisdiccional civil de los secretos empresariales, 3) Establecer medidas, procedimientos y recursos para que los poseedores de secretos empresariales puedan prevenir la obtención, divulgación y utilización ilícitas, poner fin a dichos actos, ordenar su cese, obtener una indemnización por daños y perjuicios y conseguir un equilibrio entre la protección de los secretos empresariales y otros intereses públicos.
Definición de secreto comercial: Se considera secreto comercial la información que reúna los siguientes requisitos: 1) Ser secreta (no ser generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice la información en cuestión), 2) Tener un valor comercial por su carácter secreto, 3) Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.
La Directiva pretende establecer una regulación de mínimos en el orden civil, atribuyendo al poseedor legítimo un ius prohibendi que abarca los actos de adquisición, obtención y revelación ilícitas de secretos empresariales, así como los actos de explotación de “mercancías infractoras”. Se consideran ilícitos los actos de obtención de secretos empresariales cuando impliquen la apropiación, copia o acceso no autorizado a documento, objeto, material o fichero que contenga el secreto empresarial y se realicen sin el consentimiento del poseedor legítimo.
Sin embargo, hay conductas que deben considerarse lícitas: el descubrimiento independiente; la ingeniería inversa; el ejercicio de los derechos de los representantes de los
trabajadores a la información y consulta; y cualquier otra práctica que sea conforme a los usos comerciales honestos. Tampoco es reprochable la conducta que se realice en ejercicio del derecho de libertad de expresión o para poner al descubierto alguna irregularidad o actividad ilegal, siempre que se actúe en defensa del interés general.
Posibles acciones a emprender cuando se produce una conducta ilícita:
· Acción de cesación (prohibición de utilización o revelación).
· Acción de remoción de los efectos de la infracción, adoptando las medidas correctoras apropiadas.
· Acción de resarcimiento de daños y perjuicios.
· Acción de difusión de la información relativa a la sentencia que se dicte (publicación total o parcial).
El poseedor legítimo también podrá solicitar a los tribunales la adopción de medidas cautelares como, por ejemplo, el cese o prohibición de utilizar el secreto, entre otras.
Además, se deberá garantizar la obligación de confidencialidad de los intervinientes en el proceso y la confidencialidad de los secretos empresariales en cuestión durante el procedimiento judicial, por ejemplo, restringiendo el acceso a las audiencias.
Cabe resaltar que es esencial la diligencia en la protección de los secretos, ya que la Directiva lo considera un presupuesto para la tutela de estos. La Directiva exige a los poseedores legítimos de secretos empresariales que se cree una cultura de protección de los mismos. Algunas recomendaciones para la adopción de dicha cultura son: la realización de un inventario de los secretos empresariales; la revisión de procedimientos internos de actuación en caso de incidencias; la revisión de los procedimientos de contratación de los trabajadores de la organización y de sus contratos de trabajo para minimizar el riesgo de divulgación de información confidencial de la empresa; la revisión de los procedimientos internos y manuales de buenas prácticas, y la formación del personal de la organización que tenga acceso a información secreta.
Extensión del convenio arbitral a terceros no firmantes del mismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de septiembre de 2016.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 16 de septiembre de 2015 (recientemente publicada en bases de datos jurídicas), ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una materia de extraordinario interés, como es la extensión del convenio arbitral a terceros no firmantes del mismo. En esta interesante resolución que desestima una acción de anulación dirigida contra un laudo arbitral dictado por nuestro socio Juan Pablo Correa a finales del año 2014, el Alto Tribunal, trayendo a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2005 (ROJ STS 3404/2005), admite la extensión o transmisión del convenio arbitral a tercero que no lo había suscrito pero que, por su condición de avalista, estaba directamente implicado en la ejecución del contrato principal.
«El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que, para dilucidar si el hecho de colocar en un sitio de Internet hipervínculos que remiten a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una «comunicación al público» en el sentido de la citada disposición, es preciso determinar si dichos vínculos son proporcionados sin ánimo de lucro por una persona que no conocía o no podía conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación de esas obras en este otro sitio de Internet o si, por el contrario, los vínculos se proporcionan con ánimo de lucro, supuesto en el que debe presumirse tal conocimiento.»
Por lo tanto, cuando existe ánimo de lucro, cabe esperar que quien coloque hipervínculos, lo haga una vez realizadas las comprobaciones necesarias para asegurarse que la obra no se publica ilegalmente en el sitio al que lleven los hipervínculos.
Enlaces ilegales
Sentencia de 8 de septiembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cuestión prejudicial planteada en el Asunto C 160/15, (GS Media v. Sanoma y otros).
El Tribunal de Justicia ha declarado la ilicitud de los hipervínculos en una página web que remiten a obras protegidas por el derecho de autor publicadas sin su autorización, cuando tales vínculos son proporcionados con ánimo de lucro, presumiéndose en este caso el conocimiento del carácter ilegal de la publicación de esas obras en Internet:
La obligación de indemnizar por la finalización de los contratos de interinidad
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 16 de septiembre de 2016, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpreta la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, en el sentido que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a una indemnización.
La Sentencia determina que la legislación española que regula el contrato de interinidad es contraria a la cláusula 4 del mencionado Acuerdo marco, por lo que, en virtud del Principio de primacía del derecho de la Unión Europea, es aplicable inmediatamente en España.
La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se centra en si un trabajador con contrato de interinidad tiene derecho a reclamar el pago de una indemnización por la finalización del contrato de interinidad, al que la legislación española no reconoce indemnización alguna, creándose una desigualdad con otros contratos de duración determinada y con los contratos indefinidos.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpreta que existe desigualdad en el tratamiento indemnizatorio de los contratos de interinidad.
Sin embargo, y atendiendo a la cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada “Principio de no discriminación”, que establece en su apartado 1: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”, el Tribunal indica que, no solo existe diferencia de trato de los contratos de interinidad con los contratos de duración determinada, sino que también existe desigualdad entre las indemnizaciones por finalización de
estos últimos contratos y la de los contratos indefinidos, lo que abre una gran incertidumbre sobre las indemnizaciones a aplicar a todos los contratos de duración determinada.
En definitiva, creemos que debemos esperar a conocer el criterio que seguirán los Tribunales españoles respecto a las indemnizaciones a aplicar a la finalización de los contratos de interinidad y a las del resto de los contratos de duración determinada, pero no descartamos que opten por considerar que toda finalización de contratos temporales sea equiparable a una causa objetiva y, por lo tanto, que todos los contratos de duración determinada deban ser indemnizados como si se tratara de un despido por causas objetivas a razón de 20 días de salario por año trabajado.
La obligación de registrar la jornada diaria
Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015.
La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 4 de diciembre de 2015, interpreta que existe la obligación de las empresas de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva, para toda la plantilla, que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, así como que se proceda a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extraordinarias realizadas, en cómputo mensual.
Dado que la Inspección de Trabajo comenzará en breve a realizar, por esta causa, inspecciones en las empresas, consideramos oportuno informarles que todas las empresas deberán establecer un registro de la jornada diaria con independencia que el trabajador esté contratado a jornada completa o parcial y deberá entregar al trabajador mensualmente un resumen de todas las horas realizadas.
El registro horario diario, no debe ser, obligatoriamente, un registro electrónico, así que, para aquellos centros de trabajo que no cuenten con los medios técnicos de control de entrada y salida de los trabajadores, recomendamos realizar un cuadrante mensual para cada trabajador, en el que figure el horario que va realizando cada día, y sea firmado por el propio trabajador.
La Inspección de Trabajo, así como los Tribunales, consideran estos registros como el único medio de prueba para constatar si se superaron o no los límites de la jornada ordinaria.
El 30 de septiembre de 2016 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2016, que modifica el régimen de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes con una cifra de negocios superior a 10 millones de euros. Las modificaciones son las siguientes
a) Se aumenta el porcentaje de pago fraccionado, ya que para determinarlo deben multiplicar por 19/20 el tipo de gravamen redondeado por exceso.
Así, los contribuyentes que tributan al tipo general del 25% tendrán que aplicar un porcentaje del 24%, en lugar del 17% anterior.
b) Se fija un pago fraccionado mínimo del 23% del resultado contable del periodo menos los pagos fraccionados anteriores.
Para las entidades de crédito y aquellas que se dedican a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenes subterráneos de hidrocarburos este porcentaje es del 25%.
Estas modificaciones entraron en vigor el viernes, 30 de septiembre de 2016, y, por tanto, se tienen que aplicar al segundo y tercer pago fraccionado del ejercicio 2016.
Nueva regulación del “patent box”
Con efectos a partir del 1 de julio de 2016, se modifica la forma de cálculo del incentivo fiscal de la reducción en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, el denominado internacionalmente patent box.
La anterior regulación establecía que el porcentaje de reducción de los ingresos a integrar en la base imponible era de un 60%, condicionado al requisito de que el transmitente hubiera generado los activos al menos en un 25%. En cambio, con la nueva redacción del artículo 23 de la Ley del IS, las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de determinados activos intangibles, tendrán derecho a una reducción en la base imponible resultante de multiplicar el 60% por el resultado de un coeficiente que se calcula en base a gastos de creación, adquisición y subcontratación.
Esta media pretende beneficiar de la reducción fiscal, en mayor medida, a aquellos contribuyentes que acrediten haber desarrollado directamente una actividad inventora respecto a aquellos que se limitan a encargar o comprar a terceros el fruto de dicha actividad inventora.
En la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2016 se deberá optar por aplicar el nuevo sistema de cálculo o alguno de los dos sistemas anteriores.
Como consecuencia de la plena aplicación desde el 1 de julio de 2016 del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, no se podrán seguir emitiendo certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, sin embargo los ya existentes se podrán seguir utilizando hasta su caducidad o revocación.
Por ello, desde el 6 de junio de 2016 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha comenzado a expedir los siguientes nuevos tipos de certificados: Certificado de Representante de Persona Jurídica; Certificado de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica; Certificado de Representante para Administrador Único o Solidario.
Deducibilidad en el IS de intereses de demora tributarios
El TEAC en su resolución de 7 de mayo de 2015 decidió sentar doctrina negando la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades, modificando así su tradicional doctrina favorable a la deducibilidad.
A la vista de la incertidumbre generada, la DGT se vio obligada a fijar doctrina favorable a la deducibilidad de los intereses de demora, al menos al amparo de la vigente Ley 27/2014. Así, en su Resolución de 4 de abril de 2016 (BOE de 7 de abril) y en una posterior contestación a Consulta Vinculante de 6 de abril de 2016 (V1403/2016), la DGT estableció que los intereses de demora tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles si bien, dado que se trata de gastos financieros, estarán sometidos al límite establecido en el artículo 16 de la LIS.
A pesar de que la DGT ha evitado pronunciarse sobre la deducibilidad en el marco de la normativa anterior (período 1996-2014), consideramos que sus razonamientos son plenamente aplicables a ese periodo, pues entre la vigente y la anterior normativa se da una identidad sustancial.
Ventajas fiscales en la sucesión de la empresa familiar
El Tribunal Supremo ha ampliado los casos en los que será aplicable la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la adquisición de empresas familiares, flexibilizando dos de los requisitos exigidos legalmente.
En primer lugar, respecto al requisito que exigía que el adquirente debía realizar funciones de dirección en la compañía, suponiendo que más del 50% de sus rendimientos de trabajo fueran procedencia de dichas funciones, el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de enero de 2016 (JUR\2016\20286) unifica doctrina y establece que si el beneficiado desempeña las funciones de dirección o gestión de la empresa y así puede demostrarlo, podrá acogerse a esta reducción cobre o no cobre por ello.
En segundo lugar, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de mayo de 2016 (RJ2016\2653) y en su Sentencia de 14 de julio de 2016 (JUR\2016\164957), rechaza que los herederos de una compañía deban participar en su capital social para poder aplicar dicha reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones, estableciendo que solo es necesario que figuren como directivos y que cumplan el requisito de parentesco.
Un centenar de personas asisten a los desayunos formativos que organiza Ventura Garcés & López-Ibor en Madrid y Barcelona
La responsabilidad penal de las empresas, el uso de las nuevas tecnologías por parte de los trabajadores y la mediación mercantil han sido algunas de las temáticas que se han tratado en los diferentes desayunos formativos que Ventura Garcés & López-Ibor Abogados ha organizado en sus oficinas de Barcelona y Madrid, respectivamente. En total, un centenar de personas han asistido a estos desayunos que tienen como objetivo ofrecer a las empresas información de actualidad de primera mano, así como también recursos que pueden resultarles útiles en su día a día.
Juan Pablo Correa nombrado mediador por JAMS International
El socio Juan Pablo Correa Delcasso, ha sido nombrado mediador en España por Neutrales, sociedad afiliada a JAMS International, una de las mayores instituciones estadounidenses de resolución de conflictos mercantiles que, recientemente, ha llegado a nuestro país.
Ventura Garcés & López-Ibor colabora con la Fundación NPH
En el marco de la actividad pro bono de Ventura Garcés & López-Ibor, nuestro despacho y la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - España ha llegado a un acuerdo de colaboración con el objetivo de contribuir al desarrollo de la actividad de esta organización infantil internacional con hogares en Latino América.
Ventura Garcés & López-Ibor celebra sus jornadas anuales en Tarragona
Tarragona ha sido el escenario de la tercera edición de las Jornadas anuales organizadas por Ventura Garcés & López-Ibor abogados. El pasado 30 de septiembre y 1 de octubre, todos los profesionales de las oficinas de Barcelona y Madrid compartieron una jornada de trabajo y convivencia.
Fin de la suspensión del derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos ¿O no?
El 31 de diciembre de 2016 finaliza la suspensión de vigencia del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que reconoce al socio de la SL y de la SA no cotizada un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.
Recordemos que el referido artículo 348 bis fue introducido en la LSC en el año 2011 y tuvo una efímera vigencia de menos de nueve meses, pues entró en vigor el 2 de octubre de 2011 y quedó legalmente suspendido el 23 de junio de 2012, en un primer momento hasta el 31 de diciembre de 2014 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2016.
El mencionado artículo 348 bis establece que “a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles”.
Por lo que se refiere a la valoración de las participaciones o acciones del socio separado, será de aplicación la norma de valoración prevista en la LSC para otros supuestos de separación (el artículo 353), que dispone que “a falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona o personas que
ponsable de cumplimiento, prevé la posibilidad que él mismo pueda ser considerado penalmente responsable de los hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración”.
Hasta la introducción en la LSC del mencionado artículo 348 bis, no existía en nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición que reconociera al socio minoritario un derecho de separación por falta de distribución de dividendos. Por ello, cuando una sociedad se negaba sistemáticamente a hacer reparto alguno de las ganancias, privando al socio minoritario de su derecho al dividendo, el socio minoritario no tenía más remedio que reclamar su derecho al dividendo ante los Tribunales y amparar su reclamación en las nociones de ejercicio abusivo o de mala fe de sus derechos por parte de los socios mayoritarios. Las posibilidades de éxito de una acción legal de este tipo eran altas, siempre y cuando no existieran causas objetivas que pudieran justificar el acuerdo de no repartir dividendos.
Salvo que con anterioridad sea aprobada una norma legal por la que se suspenda otra vez su vigencia, el 1 de enero de 2017 entrará en vigor nuevamente el artículo 348 bis, por lo que, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio minoritario tendrá derecho a separarse de la misma y percibir el valor de sus participaciones o acciones en caso de que la junta general ordinaria no acuerde la distribución de, al menos, un tercio de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior.
tomas.garces@vg-li.com
- Licenciado en Derecho por la Universitat.
- Abat Oliba y Universitat Central de Barcelona.
- Máster en Derecho de Empresa por la Universitat Abat Oliba.
- Postgrado en Derecho Fiscal en la Universitat Abat Oliba.
- Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.