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Timestamp: 2019-12-07 16:57:01
Document Index: 342296053

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 011 del 19/01/2017
Dictamen : 011 del 19/01/2017
Consultante: Alvarado Gamboa Roy
C-11-2017
Roy Alvarado Gamboa
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio No. DEJ-O-188-2016 de 22 de diciembre de 2016 –recibido el 3 de enero de 2017- en el cual solicita el criterio exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la aprobación del “Proyecto de Implementación de un programa de recuperación de la salud de los suelos para mejorar la producción de las plantaciones de micro-pequeños y medianos productores de palma aceitera afectados por organismos y un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto Integral de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura vegetativa de la producción de fruta.”
Para dejar sin efecto un acto administrativo propio, la Administración puede revocarlo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 152 a 157 de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227 de 2 de mayo de 1978, en adelante LGAP). Pero si el acto contiene vicios de nulidad, éste debe ser anulado.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LGAP y el principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no puede anular de oficio, los actos que haya emitido y que sean declaratorios de derechos, debiendo recurrir al proceso judicial de lesividad para su anulación.
Para ello, el superior jerárquico supremo debe, mediante una resolución, declarar que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, dentro del plazo de un año contado a partir de su dictado, salvo que contenga vicios de nulidad absoluta, caso en el que podrá hacerse la declaratoria de lesividad mientras perduren sus efectos.
Una vez declarada la lesividad, la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo debe plantearse en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la firmeza del acto que declara la lesividad.
Acerca de la distinción entre el proceso de lesividad y el procedimiento fijado en el artículo 173 de la LGAP, hemos dicho:
“Consecuentemente, nos encontramos ante dos vías distintas. La primera regulada en el artículo 173 de repetida cita, que se refiere única y exclusivamente a la hipótesis de una nulidad absoluta ´evidente y manifiesta´, para cuya declaración debe observarse el correspondiente procedimiento ordinario, al cabo del cual la Administración podría declarar la nulidad, en caso de ser afirmativo el dictamen preceptivo de este órgano. Será entonces resorte exclusivo de la Administración consultante, la valoración previa del tipo de invalidez que vicia los actos administrativos en examen y con base en ello, también la determinación del procedimiento aplicable para su anulación.
La segunda vía, regulada en los artículos dichos del Código Procesal Contencioso Administrativo, puede llevar a que el Juez de esta materia anule el acto cuestionado, en cuyo caso, no es necesario que deba ir precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria fundamentada de lesividad por parte del órgano superior jerárquico supremo correspondiente (que en este caso sería el Concejo Municipal), de que dicho acto es lesivo a los intereses públicos, para luego proceder a la interposición de la demanda correspondiente. En la cual, aquí sí, esa Municipalidad puede solicitar al Juez todas las medidas cautelares (artículos 19 a 30 del referido Código) que estime conveniente para salvaguardar los bienes demaniales e intereses públicos y locales cuya tutela le es confiada por el ordenamiento jurídico.” (Dictamen No. C-128-2008 de 21 de abril de 2008).
Entonces, continuando con el procedimiento fijado por el artículo 173 de la LGAP, en vía administrativa puede declararse una nulidad absoluta de actos declaratorios de derechos cuando ésta sea evidente y manifiesta, es decir “notoria, obvia, que aparezca de manera clara, sin que exija su comprobación de un proceso dialéctico, por saltar a simple vista" (dictamen No. C-194-1991 de 3 de diciembre de 1991).
De conformidad con lo anterior y con el fin de evitar abusos en el ejercicio de esa potestad excepcional, el artículo 173 comentado establece los requisitos formales a los que debe sujetarse la Administración para ejercer esa potestad anulatoria y para evitar la invalidez del acto final anulatorio.
De tal forma, si la función de la Procuraduría consiste en verificar que la nulidad acusada sea evidente y manifiesta y en constatar el cumplimiento de los requisitos formales, es evidente que el procedimiento administrativo debe haberse llevado a cabo con anterioridad, pues sería imposible rendir un criterio vinculante sobre un trámite que aún no se ha realizado.
En el oficio remitido se expone que se pretende anular un acuerdo de la Junta Directiva mediante el cual se aprobó un programa relativo a la recuperación de los suelos para el cultivo de palma africana, pues se considera que éste es contrario a varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas.
Sin embargo, el expediente administrativo que se adjunta es el correspondiente a los trámites previos seguidos para adoptar el acuerdo que se pretende anular, y no aquel que evidencia que se ha tramitado el procedimiento ordinario exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para anular el acto.
Y es que como consta en la información remitida, el procedimiento tendente a anular el acto está en la etapa inicial, pues lo único que se adjunta es el nombramiento del órgano director. Por tanto, según lo dispuesto anteriormente, este no es el momento oportuno para solicitar nuestro criterio sobre la nulidad invocada.
Bajo ese entendido, la gestión que Usted nos remite puede ser atendida únicamente si JUDESUR verifica que el acto que se pretende anular ha generado derechos subjetivos concretos, y por esa razón, tramita el procedimiento administrativo dispuesto por el artículo 173 de la LGAP, teniendo como parte en el procedimiento a los sujetos afectados y según los requisitos y consideraciones expuestos. Pues, de lo contrario, de no existir derechos subjetivos derivados del acto, éste puede ser anulado de conformidad con lo regulado por los artículos 174 y 180 de LGAP.
Con fundamento en todo lo expuesto, no puede la Procuraduría rendir el criterio sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo de la Junta Directiva No. ACU-05-821-2016, porque no se han cumplido los requisitos legales previos que establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.