Source: http://juriversia.com/Documento/BuscarPorNodo/2281
Timestamp: 2018-08-16 23:18:49
Document Index: 392852212

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 241', 'artículo 120', 'artículo 242', 'artículo 45', 'artículo 206', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 242']

Sentencia No. C-005/93 Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-005/93 &nbsp; JUEGOS ELECTRONICOS/DERECHO A LA RECREACION-Límites/DERECHOS DEL NIÑO-Protección &nbsp; La norma demandada en cuanto prohibe el acceso de los menores de catorce años a las salas de juegos electrónicos, no debe ser mirada únicamente como una limitante del derecho a la recreación, sino como una medida del Estado para proteger a los menores de los elementos de riesgo a que se ven expuestos al ingresar a las mencionadas salas, en aras de garantizar su desarrollo integral y armónico. &nbsp; DERECHO A LA RECREACION/DERECHO A LA EDUCACION-Prevalencia &nbsp; Los derechos fundamentales de recreación y educación no son incompatibles, especialmente en la vida de los menores. Lo ideal, sin lugar a dudas, es que las actividades recreativas estén encaminadas a aportar elementos que contribuyan al adecuado proceso educativo de los usuarios. Cuando esto no ocurra, será indispensable que tanto la familia, la sociedad como el Estado adopten todas a
Sentencia No. C-006/93 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-006/93 &nbsp; PROPIEDAD-Alcance constitucional &nbsp; La propiedad en la Constitución no se identifica con la propiedad privada, que indudablemente es una de sus especies. Materialmente, la propiedad es un elemento fundamental del sistema social que sirve para &quot;organizar y aplicar la riqueza social para que genere desarrollo económico&quot; y permite satisfacer las necesidades de la población. Jurídicamente, la propiedad - como concepto - se proyecta en variados regímenes según el tipo de bien y las exigencias concretas de la función social y en una pluralidad de titularidades privada, solidaria, estatal. &nbsp; FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD &nbsp; La función social como expresión del principio de solidaridad y ecuación de los varios intereses en conflicto, es una cláusula general que sólo puede especificarse en el contexto histórico de las relaciones económicas y sociales, y por el Legislador como máximo mediador del conflicto social, sobr
Sentencia No. C-007/93 Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-007/93 &nbsp; DECRETO DE ESTADO DE SITIO/LEGISLACION PERMANENTE/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza &nbsp; El artículo 10 transitorio no previó un sistema de control automático en relación con los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del Acto Constituyente que continuaron rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno podía convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, a pesar de su origen y materia, motivo por el cual debe entenderse que las posibilidades de control jurídico a cargo de esta Corte quedaron pendientes del ejercicio de acción pública por parte de cualquier ciudadano, de conformidad con la regla general prevista para los decretos con fuerza de ley por el artículo 241, numeral 5, de la Constitución, pues se trata en último término del ejercicio de facultades extraordinarias, que si bien no fueron conferidas al Presidente por el C
Sentencia No. C-024/93 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-024/93 &nbsp; ACTIVIDAD FINANCIERA-Regulación &nbsp; La Constitución de 1991 reconoció un espacio a la actividad financiera sin entrar a determinar un contenido concreto, lo cual indica que las normas que a ella se refieren son de aquellas de textura abierta cuyo alcance material se determina en virtud de las funciones específicas que dicha actividad cumpla concretamente en el marco de las variables circunstancias del sistema económico en su conjunto. Se ocupa de establecer claramente los ámbitos de competencia de la regulación de esta actividad. Es así como dispone que corresponde al Congreso regularla por medio de normas generales, en cuanto se trata de una actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Como se ve claramente, esta disposición vino a sustituír el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Política de 1886 y reubicó en el Congreso el manejo de todo lo concerniente al denom
Sentencia No. C-025/93 Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-025/93 &nbsp; FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE-Naturaleza &nbsp; Las facultades que el Constituyente concede al Presidente en varias disposiciones transitorias, cuya titularidad y ejercicio ordinariamente se atribuye en el cuerpo permanente de la Constitución a otra rama u órgano del Estado, tienen carácter extraordinario, independientemente que el Constituyente así las defina o que ellas tengan naturaleza normativa, electiva o de pura gestión. El origen de las facultades transitorias concedidas al Presidente se remonta al Constituyente y su finalidad se circunscribe a facilitar el tránsito constitucional. No pueden aquéllas homologarse a las facultades extraordinarias que el Congreso puede otorgar al Presidente. Es de la esencia de una facultad transitoria estar sujeta a un término o a una condición. No puede tener un término inicial establecido por el Constituyente, y uno final a ser definido discrecionalmente p
Sentencia No. C-026/93 Económico y financiero 4/02/1993 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-026/93 &nbsp; &nbsp; TRANSITO CONSTITUCIONAL &nbsp; Dado que la acusación se relaciona con vicios de procedimiento en la formación de la ley, el análisis de constitucionalidad, debe hacerse a la luz de las normas constitucionales vigentes al momento de expedirse el precepto acusado, esto es, la Carta Política de 1886, es de anotar, sin embargo, que las disposiciones constitucionales que la demandante considera infringidas, artículos 77 y 92 del Estatuto Superior anterior, fueron reproducidos en su integridad en la Constitución Nacional. &nbsp; DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD/LEY-Vicio de Forma &nbsp; Al amparo de los preceptos constitucionales que hoy nos rigen, las normas que establecen ritualidades en el trámite de formación de las leyes tienen la misma valía e importancia y ocupan igual categoría y jerarquía que aquellos que regulan aspectos sustantivos, de manera que si alguna de esas exigencias o condiciones, son desconocidas por las Cáma
Sentencia No. C-027/93 Ambiental, Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social, Comercial, Familia JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-027/93 &nbsp; TRATADO INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza &nbsp; La ley aprobatoria de un tratado público, pese a las características especiales que ostenta no deja por ello de ser una ley, sujeta al control constitucional de la Corte. En el caso en que la violación manifiesta de una norma del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, produzca como consecuencia la violación de una norma fundamental de nuestra Carta Política, aún después de perfeccionado el tratado, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad. Nuestra Constitución no reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política. Por tanto la Carta no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que estructuran la organización jurídico-política e idelógica del Estado colombiano. Un control i
Sentencia No. C-031/93 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-031/93 &nbsp; CONMOCION INTERIOR-Causas &nbsp; Las causales de perturbación del orden público no se circunscriben a sus meras manifestaciones externas. El Estado de conmoción interior coloca temporalmente en manos del Presidente de la República un cúmulo de poderes extraordinarios para conjurar eficazmente la situación de grave perturbación del orden público. El nuevo ordenamiento constitucional exige, que se remuevan los factores de violencia crónica y las posiciones privadas de fuerza que impiden la eficacia misma de la Carta y del orden de vida que ella consagra. Frente a este ordenamiento no hay una &quot;anormalidad normal&quot;, sino un complejo aparato de fuerza delincuencial que genera una dinámica antisocial cuya remoción por la vía que resulte más apropiada y justa es condición previa para su efectiva e integral vigencia y que se erige, por tanto, en suficiente y válida causal para declarar la conmoción interior. &nbsp; &nbsp; REF: R.E.
Sentencia No. C-032/93 Administrativo 8/02/1993 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-032/93 &nbsp; CONMOCION INTERIOR-Conexidad &nbsp; La conexidad entre las normas del decreto y las causas de la conmoción interior resulta ser palmaria, pues aquellas apuntan directamente a contrarrestar los efectos de éstas, razón por la cual, desde el punto de vista considerado, no existe violación alguna de la preceptiva constitucional. &nbsp; -Sala Plena- &nbsp; Ref.: Expediente R.E.-011 &nbsp; Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1811 del 9 de noviembre de 1992, &quot;Por el cual se dictan normas para hacer efectivas las órdenes que en materia de orden público imparta el Presidente de la República&quot; &nbsp; Magistrado Ponente: Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO &nbsp; Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta de fecha ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993). &nbsp; I. ANTECEDENTES &nbsp; La Secretaría General de la Presidencia de la República, en acatamiento a lo dispuesto p
Sentencia No. C-033/93 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-033/93 &nbsp; LIBERTAD DE INFORMACION/DERECHOS FUNDAMENTALES &nbsp; La libertad de información se constituye en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto sino que tiene una carga que condiciona su realización. Para el usuario o receptor de la información, la plena realización de su derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida en que la información reuna tres requerimientos: que ella sea cierta, objetiva y oportuna. El de la información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a
Sentencia No. C-034/93 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-034/93 &nbsp; POLICIA JUDICIAL-Integración de unidades/FISCAL GENERAL DE LA NACION-Funciones/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA &nbsp; Las fuerzas militares, en atención a sus objetivos constitucionales carecen de competencia en materia de policía judicial. La integración de las unidades de policía judicial con militares, en el plano constitucional, equivale a una intromisión de la administración en la función jurisdiccional. A la ley corresponde crear cuerpos de policía judicial. No puede la Ley profanar la independencia del Fiscal. El Decreto legislativo lo hace al conferir de manera directa una atribución transitoria de la función policial judicial que sólo el Fiscal podía ordenar, entre otras razones, porque de la misma se genera responsabilidad a su cargo. Si las unidades aludidas se conforman con personal militar, la norma resultará inexequible. Si, en cambio, dichas unidades se conforman con personal no militar, que es una posibilid
Sentencia No. C-035/93 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-035/93 &nbsp; PROCESO PENAL-Protección a testigos/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/DEBER DEL CIUDADANO/COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA &nbsp; La función pública de impartir justicia, que consulta el &quot;interés general&quot;, encuentra justificación en el Orden Superior la protección de los testigos, víctimas e intervinientes en el proceso judicial de los jueces regionales, en el cual están expresados altos intereses sociales que no pueden resultar insolidarios frente a personas cuya participación en el mismo es indipensable. De manera específica corresponde a las personas y ciudadanos el deber de &quot;colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia&quot; (art. 95 C.N.), circunstancias de criminalidad, particularmente referidas al narcotráfico y a la actividad guerrillera, han venido a convertirse en obstáculo para que los asociados puedan cumplir, amparados por las condiciones de seguridad necesarias, con ese de
Sentencia No. C-042/93 Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-042/93 &nbsp; DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Vicios de forma/CADUCIDAD &nbsp; El concepto de extralimitación en el ejercicio de las facultades se contrae, en el presente caso, a un aspecto de nuda competencia. La Constitución Política dispone en su artículo 242-3 que las acciones públicas por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Tratándose de normas expedidas con anterioridad a la nueva Constitución Política, dicho término debe contarse a partir de la promulgación de la misma, es decir, desde el 7 de julio de 1991. La demanda, objeto de este pronunciamiento, fue presentada en Secretaría General el treinta y uno (31) de agosto de 1992, fecha para la cual ya había operado la caducidad. &nbsp; &nbsp; REF: Demanda Nº D-197 Actor: Jorge Hernán Gil Echeverry &nbsp; Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 45 del decreto ley 2304 de 1989, que modificó el artículo 206 del
Sentencia No. C-052/93 Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-052/93 &nbsp; PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION/DEBER DEL CIUDADANO/COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios &nbsp; La esencia de la disposición consiste en la creación de una garantía en favor del testigo que rinda declaración sobre la forma o circunstancias en que se realizó un hecho punible del cual ha tenido conocimiento y que sea de competencia de los jueces regionales, quién o quiénes son los autores materiales o intelectuales del ilícito y cualquier otro hecho que permita determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de esos delitos, que consiste en la prerrogativa de que no serán investigados o acusados por los hechos sobre los cuales rindieron su versión. Se trata, de una forma de respetar el derecho de no autoincriminación, al tiempo que se asegura la obtención de información de interés para las investigaciones. No halla la Corte que los preceptos enunciados infrinjan mandato constitucional alguno, pues e
Sentencia No. C-053/93 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-053/93 &nbsp; DEBIDO PROCESO/PRESUNCION DE INOCENCIA &nbsp; La institución del debido proceso, que se erige en columna insustituible del Estado de Derecho, responde a la necesidad imperativa de establecer un conjunto de garantías jurídicas cuyo objeto principal consiste en proteger a la persona de la arbitrariedad y en brindarle medios idóneos y oportunidades suficientes de defensa a objeto de alcanzar la aplicación justa de las leyes. Supuesto indispensable de ello es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de respon
Sentencia No. C-083/93 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-083/93 &nbsp; CONTRIBUCION FISCAL/RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA/CONMOCION INTERIOR &nbsp; En los tiempos de &quot;no paz&quot;, como los del estado de conmoción interior, de acuerdo con la Carta Política de 1991, se pueden decretar contribuciones. Si bien es clara la prohibición de rentas específicas recogida de la ley por el Constituyente de 1991, por razones que consultaban un mayor grado de flexibilidad de las finanzas públicas, con lo que se denominó &quot;la unidad de caja&quot;, este precepto debe entenderse como regulador de la tributación ordinaria, sólo a cargo de las corporaciones públicas, pero no, de la tributación autorizada por la Constitución Política, a cargo del ejecutivo, en ejercicio de las facultades excepcionales de conmoción interior, como se ha visto, por cuanto, los decretos legislativos que en esta oportunidad se expidan, deben por mandato de la propia Carta, referirse específicamente a los motivos que dieron lugar a la
Sentencia No. C-084/93 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-084/93 &nbsp; TRATADO INTERNACIONAL-Trámite excepcional &nbsp; El artículo 58 transitorio de la CP autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las cámaras del Congreso de la República. Mediante esta norma excepcional, el Constituyente expresamente introdujo una dispensa del trámite legislativo ulterior en relación con los referidos tratados. Respecto a estos tratados, sólo cabe la fase siguiente de su ratificación por el Gobierno Nacional. La prosecución del trámite legislativo y la previa no improbación decidida por la Comisión Legislativa Especial, no solo resultan innecesarias sino que carecen de fundamento constitucional, pues la eventual decisión negativa no habría impedido su posterior ratificación y la afirmativa recaería sobre un tramo del íter formativo del tratado internacional suprimido excepcionalmente por el Constituyente. &nbsp; TRATADO INTERNACION
Sentencia No. C-085/93 Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-085/93 &nbsp; TRATADO INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD &nbsp; El Constituyente de 1991, consideró necesario disponer la revisión de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus correspondientes leyes aprobatorias debidamente expedidas por el Congreso. Así se preceptúa en la Carta que esta Corporación decidirá definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Luego de sancionada la ley, el Gobierno la enviará para su revisión y cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Se organiza el control como requisito indispensable para la ratificación o adhesión al tratado. &nbsp; TRATADO INTERNACIONAL-Trámite excepcional/LEY-Carencia de Objeto &nbsp; El artículo 58 transitorio de la Carta Política de 1991, autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados cuando hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras
Sentencia No. C-089/93 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-089/93 &nbsp; DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD/CADUCIDAD &nbsp; El concepto de extralimitación en el ejercicio de las facultades se contrae, en el presente caso, a un aspecto de nuda competencia. De otra parte, la supuesta &quot;intransferibilidad&quot; de la función se predica de la ley de facultades extraordinarias que no fue objeto de la demanda. La Constitución Política dispone en su artículo 242-3, que las acciones públicas por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Tratándose de normas expedidas con anterioridad a la nueva Constitución Política, dicho término debe contarse a partir de la promulgación de la misma, es decir, desde el 7 de julio de 1991. La demanda, objeto de este pronunciamiento, fue presentada en Secretaría General el ocho (8) de septiembre de 1992, fecha para la cual ya había operado la caducidad &nbsp; REF: Demanda D-205 Actor: María Teresa Garcés Lloreda &nbsp;
Sentencia No. C-093/93 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993 100%
Sentencia C-093/93 &nbsp; LEGISLACION PERMANENTE/NORMA DE ORDEN PUBLICO/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación &nbsp; En atención a que las disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento para la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre el tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Aun cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se examinan. Resulta in
Página 1 de 11 (204 elementos) [1]234567…91011