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Timestamp: 2018-11-19 14:19:27
Document Index: 17905675

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 23', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 179', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 93', 'artículo 241', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 243', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 299', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ Sentencia SP12969 de septiembre 23 de 2015
SENTENCIA SP12969-2015 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EXENTAS DE PROBAR PERJUICIOS A RESARCIR. SE REITERA QUE EL CRITERIO DE FLEXIBILIDAD PROBATORIA QUE SE PREDICA RESPECTO DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ NO PUEDE EQUIPARARSE A “AUSENCIA DE PRUEBA”. DE ESE MODO, LOS ASPECTOS PECUNIARIOS QUE SE PRETENDE SEAN RECONOCIDOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS CON SUFICIENCIA, EN LO QUE RESPECTA AL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL EL PROPÓSITO NO ES OTRO QUE, PRECISAMENTE, LOGRAR LA DEMOSTRACIÓN DE LAS RECLAMACIONES INDEMNIZATORIAS ALLÍ VENTILADAS MEDIANTE EL APORTE DE ELEMENTOS DE PRUEBA SUFICIENTES PARA TAL FIN. ASÍ, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 975 DEL 2005, QUE REGULA DICHO INCIDENTE, EXIGE QUE LA VÍCTIMA “INDIQUE LAS PRUEBAS QUE HARÁ VALER PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES”ASÍ MISMO, DISPONE QUE LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL PARTICULAR SE TOMARÁ CON FUNDAMENTO EN LA PRUEBA OFRECIDA POR LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN CIVIL, DERECHOS HUMANOS, RECURSO DE APELACIÓN, SECUESTRO, HOMICIDIO, HOMICIDIO DE PERSONA PROTEGIDA, CONCIERTO PARA DELINQUIR, EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL, INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Sentencia SP12969 de septiembre 23 de 2015
SP12969-2015
Radicación Nº 44595
(Aprobado mediante Acta 334)
Al tenor de los artículos 23 y 26 de la Ley 975 de 2005, este último modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, en armonía con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para resolver las apelaciones interpuestas contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla.
Dicha competencia se halla limitada al objeto de la inconformidad exteriorizada por los recurrentes, esto es, “a los tópicos esencialmente planteados por el impugnante, de conformidad con los argumentos precisos presentados en su apoyo, sean estos fácticos, jurídicos o probatorios”(1), de tal suerte que el ad quem sólo está facultado para examinar el acierto de la providencia atacada en los puntos frente a los cuales quienes apelan han manifestado disenso.
En contraste, en punto a las consideraciones, apreciaciones y conclusiones contenidas en la decisión de primer grado que no son objeto de censura, se entiende la conformidad de las partes, de manera que no es posible para el superior “abordar de nuevo todos y cada uno de los elementos que componen la definición de existencia del delito y responsabilidad penal... ni tampoco reclamar que también en reiteración a lo efectuado por el a quo, examine individualmente y en su conjunto la totalidad del acopio probatorio”(2).
En ese orden de ideas, la Sala emprenderá el examen de los recursos con respeto al principio de limitación, sin extender el análisis a aspectos no impugnados y no vinculados inescindiblemente con la materia de impugnación.
Sobre la prescripción de la acción penal.
Importa precisar inicialmente, en atención a la fecha de los hechos cuya comisión se atribuye a P.C., que de acuerdo con el reiterado criterio de la Corporación, en el proceso de justicia transicional no opera el término prescriptivo de la acción penal que, en el contexto del procedimiento penal ordinario, determina su extinción.
La Sala ha sostenido, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el marco del proceso previsto en la Ley 975 de 2005 el término prescriptivo de la potestad punitiva del Estado es inoperante, pues tratándose de un sistema de enjuiciamiento criminal sustentado en la voluntad libre y autónoma del incriminado de someterse y contribuir con la materialización de los derechos de las víctimas, ha de entenderse que éste “renuncia a la prescripción de esa acción penal”(3).
Más adelante y con mayor desarrollo, la Corporación precisó:
“...es necesario tener presente que la justicia transicional es de excepción, que aspira a dar una respuesta no solo a los problemas de violaciones sistemáticas o generalizadas a los Derechos Humanos, sino a todos los demás delitos cometidos como consecuencia del accionar de grupos armados organizados al margen de la ley y hacer efectivos, al mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social.
Bajo estos supuestos, es claro que cuando el postulado previo a la diligencia de versión libre, ratificó en forma expresa ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación su acogimiento al procedimiento y beneficios de ésta ley, puso de presente su compromiso y voluntad inquebrantable dirigida a contribuir con la paz y la reconciliación a través de aportes a la verdad, a la justicia y a la reparación para obtener la rebaja señalada, siendo inconsecuente con esa premisa y con la naturaleza y objeto de la Ley 975 de 2005 pensar en la posibilidad de alegar la figura de la prescripción, pues si el desmovilizado de forma libre se postuló para que lo cobijaran los beneficios de la ley, coherentemente ha de entenderse que al aceptar los cargos renuncia de manera tácita a la prescripción hasta el momento en que se profiera la decisión definitiva”(4).
En esa comprensión, decantada como se encuentra la inviabilidad de reclamar el fenecimiento de la acción penal por el paso del tiempo en los procesos regidos por la Ley 975 de 2005, la Sala se abstendrá de efectuar consideraciones adicionales sobre el particular.
Como sustento de sus pretensiones, uno de los apelantes acompañó al escrito impugnatorio copia auténtica del registro civil de nacimiento de uno de sus poderdantes, que pidió apreciar como elemento suasorio demostrativo de la reclamación.
No obstante, la Sala no tendrá en cuenta dicho documento para la resolución de la apelación correspondiente, como quiera que la decisión sobre la responsabilidad civil del postulado, la ocurrencia de los daños indemnizables y el monto de las respectivas reparaciones debe adoptarse exclusivamente, como se sigue de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, con fundamento en “la prueba ofrecida por las partes” en la oportunidad procesal prevista para ese efecto, esto es, el incidente de reparación integral.
Súmase a lo anterior que los artículos 179 y ss. de la Ley 906 de 2004, a los que remite el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 como fundamento normativo del trámite del recurso de apelación, no prevén la posibilidad de aportar pruebas, sino únicamente la de exteriorizar las razones de orden fáctico, jurídico y probatorio que sustentan la inconformidad con lo decidido.
En ese sentido, la Sala ha sostenido, en criterio referido al juicio oral pero aplicable a cualquier situación procesal que suponga debate probatorio, que el artículo 179 precitado “no establece ninguna oportunidad procesal para la exhibición de elementos materiales probatorios o evidencia física no incorporada”(5) oportunamente.
En consecuencia, se reitera, la Sala se abstendrá de valorar la prueba extemporánea presentada por uno de los recurrentes.
Efectuada la precisión previa, la Corte encuentra que las censuras de los recurrentes, aunque presentadas independientemente por cada uno de ellos, están sustentadas en algunas consideraciones similares que, por lo mismo, admiten examen conjunto.
Por lo tanto, la Corporación i) estudiará lo relacionado con la presunción de existencia del daño respecto de los hermanos y sobrinos de las víctimas directas; ii) de ser necesario, esto es, de concluirse que dicha exoneración no les es aplicable, analizará si, contrario a lo decidido por el tribunal, los peticionarios probaron la ocurrencia de perjuicios de esa índole respecto de aquéllos apelantes que censuraron la valoración probatoria efectuada por el ad quem; iii) examinará lo atinente al monto de la reparación fijada por el a quo en beneficio de las víctimas directas de desplazamiento para, finalmente, iv) pronunciarse sobre la solicitud de fijación de un término para el pago elevada por uno de los apelantes.
Sobre la presunción del daño moral respecto de los hermanos de las víctimas directas.
Constituye punto de partida para resolver las censuras de los recurrentes el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, cuya redacción original disponía, en cuanto interesa resaltar para los actuales fines, que “se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”.
Esa disposición fue modificada por el artículo 2º de la Ley 1592 de 2012, que sin embargo la mantuvo idéntica en lo que a ese punto respecta, con la adición en el sentido de precisar que “también serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.
Por su parte, el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 dispone en la materia que “son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente”.
La Corte Constitucional, al estudiar la conformidad del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 con la Carta Política, entendió que aquél “permite presumir la ocurrencia de daño”, siempre que se acredite “la existencia de un determinado parentesco”, en concreto, el primero de consanguinidad o civil, o la condición de cónyuge o compañero o compañera permanente, “así como la circunstancia de que a la llamada víctima directa se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”(6).
Ello, desde luego, no implica que respecto de los hermanos de la persona asesinada o desaparecida no pueda ser reconocida la condición de víctimas, sino que, como lo entendió esa Corporación, para ese efecto “deberán acreditar el daño sufrido”(7), como quiera que el mismo, por expresa voluntad del legislador, no se presume.
En idéntico sentido, esta Sala ha sostenido con fundamento en las disposiciones reseñadas que “existe una presunción legal de daño moral en relación al cónyuge, compañero permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima, conforme lo establece el segundo inciso del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 y lo ha reafirmado la Corte Constitucional”(8).
En otra providencia, esta Corporación, con fundamento en lo resuelto por la Corte Constitucional en la decisión aludida, discernió que “también podrían hacerse reconocer como parte en el proceso de justicia y paz los abuelos, los hermanos, los tíos y los primos que cumplan con aquella exigencia”, esto es, “que en todo caso acrediten el daño causado con el delito”(9).
Más recientemente, la Sala reiteró el criterio conforme el cual la presunción legal establecida en las disposiciones aludidas no se extiende a los hermanos del perjudicado directo:
“Si la persona afectada es el cónyuge, compañero o compañera permanente o familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada, esto es, padres o hijos, se presume la afectación moral y, por ello, con la prueba del parentesco puede acreditarse la calidad de víctima y el daño inmaterial dada la presunción legal establecida en su favor”(10) (el resaltado no aparece en el original).
Ahora, en sentencia de abril 27 de 2011, proferida con ocasión de la denominada masacre de Mampuján, esta Sala aplicó la presunción de daño moral en beneficio de los hermanos de las víctimas directas de delitos de homicidio.
No obstante, con posterioridad al proferimiento de esa decisión se suscitaron dos cambios jurídicos relevantes que hacen inaplicable ese criterio en la actualidad.
De una parte, la promulgación de la Ley 1592 de 2012, cuyo artículo 2º modificó el 5º de la Ley 975 de 2005 y expresamente precisó que “serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”, con lo cual se excluye normativamente dicha exoneración probatoria respecto de los hermanos.
De otra, la emisión de la Sentencia C-052 de 2012 ya referida, por medio de la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 1448 de junio 10 de 2011 —también posterior al fallo de esta Corporación— y avaló la constitucionalidad de la presunción en los precisos términos en que fue legislativamente establecida, es decir, con alcance exclusivo para el cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de consanguinidad o civil.
Recuérdese que constituye razón para la inaplicación de un determinado precedente que “sobrevengan cambios normativos que hagan incompatible el precedente con el nuevo ordenamiento jurídico”(11), tal como sucede en el caso examinado.
Con igual orientación, los apelantes aducen que el Consejo de Estado ha sostenido que la presunción de la existencia de daño moral por la muerte de una persona se extiende a sus hermanos.
En efecto y, a modo de ejemplo, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, consideró:
“Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva”(12).
Pero sobre ese criterio deben preferirse las comprensiones que en la materia han desarrollado esta Sala y la Corte Constitucional, básicamente porque en el proceso transicional existe normatividad que de manera especial regula las condiciones para el reconocimiento de la calidad de víctima, así como los presupuestos para la acreditación del daño sufrido por los perjudicados indirectos de los hechos dañosos objeto de condena.
En efecto y como quedó visto, los artículos 5º, 2º y 3º de las Leyes 975 de 2005, 1592 de 2012 y 1448 de 2011, que deben aplicarse preminentemente en razón de su especialidad por encima de las disposiciones que en otros contextos regulan la responsabilidad civil y la responsabilidad del Estado, de manera expresa e inequívoca limitan aplicabilidad de la presunción de existencia de los perjuicios a los parientes en el primer grado de consanguinidad.
En ese sentido, la Corte insiste en que dichos preceptos, cuya exequibilidad fue declarada por el Tribunal Constitucional, con irrefutable claridad exigen como presupuesto para reconocer como víctimas a “los demás familiares” del afectado directo, esto es, todos menos el cónyuge, el compañero o compañera permanente y los que se encuentren en el primer grado de consanguinidad, “que hubieren sufrido un daño” como consecuencia del delito; preceptos que, por el contrario, no regulan los asuntos en los que el Consejo de Estado decide conforme el criterio esbozado en precedencia.
Ahora, los recurrentes aducen que debe aplicarse al presente asunto lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias(13), en las que ha entendido que “se puede presumir que la muerte de una persona ocasiona a sus hermanos un daño moral”, pues la Carta Política otorga efecto vinculante a los tratados y convenios internacionales y, en consecuencia, “la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal debe incorporar este criterio jurisprudencial por Bloque de Constitucionalidad”.
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.
De igual modo, que “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Claro, pues, que la Carta Política otorga i) efectos vinculantes, en tanto normas integrantes del ordenamiento jurídico nacional, a los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso, siempre que reconozcan derechos humanos y limiten su prohibición en estados de excepción; ii) efectos interpretativos a los restantes instrumentos sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Aunque nada dice el texto constitucional sobre el valor atribuido a los pronunciamientos del órgano judicial del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la Corte Constitucional tiene dicho, en criterio acogido por esta Sala(14), que “la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos, tal como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia constitucional en cuanto constituye una pauta hermenéutica para interpretar el alcance de esos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos constitucionales”(15) (negrilla fuera del texto).
Ahora bien, al Tribunal Constitucional, como órgano encargado de la guarda de la supremacía de la constitución al tenor del artículo 241 Superior, le corresponde ejercer el control concentrado de constitucionalidad de las normas de rango legal; mismo que adelanta mediante su confrontación con las de jerarquía superior que conforman el parámetro de revisión.
Dicho parámetro no se construye únicamente con los preceptos contenidos en la Carta Política; por el contrario, la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional -bloque de constitucionalidad estricto sensu”, más concretamente, “aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y, que prohíben su limitación en estados de excepción (ii)”(16), los cuales, a su vez, son interpretados por la Corte conforme a la jurisprudencia de los órganos judiciales internacionales autorizados para desarrollar su adecuada hermenéutica.
Uno de los instrumentos internacionales que integran el parámetro de control que debe ser considerado por el Tribunal Constitucional para resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de normas legales es, desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo verdadero alcance es a su vez determinado a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corporación convencionalmente estatuida para interpretarlo con criterio de autoridad.
Como ya se dijo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-052 de 2012, examinó la exequibilidad del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, específicamente en cuanto limita la presunción del daño moral a los miembros más cercanos del núcleo familiar de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada; también, en Sentencia C–370 de 2006, declaró ajustado a la Carta el aparte del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 en su redacción original, que consagraba idéntica exoneración probatoria respecto del cónyuge, el compañero y la compañera permanente y los parientes en primer grado de consanguinidad.
Al adoptar esas determinaciones, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional no sólo confrontó los preceptos demandados con las disposiciones constitucionales pertinentes, sino también con las normas convencionales relevantes.
Así se advierte a partir de la simple lectura de las sentencias de constitucionalidad aludidas, en las que se observa que al estudiar la exequibilidad de las normas demandadas, ese Tribunal valoró su contenido a la luz de la Convención, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Carta Política.
En ese orden, si el órgano autorizado para decidir sobre la exequibilidad de las disposiciones legales resolvió que la limitación de la presunción de ocurrencia del daño moral a los miembros más cercanos del núcleo familiar no se opone ni al texto constitucional ni a los estándares internacionales aplicables, mal podría ahora la Sala ejercer un nuevo control de constitucionalidad sobre los artículos que así lo disponen, que es lo que en últimas subyace a la pretensión de los apelantes al reclamar que en su interpretación se incorporen decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, porque los fallos que profiere la Corte Constitucional en ejercicio de la función de control de constitucionalidad concentrado, al tenor del artículo 243 de la Carta, “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, lo cual “impide volver a revisar la decisión adoptada”(17), incluso en ejercicio del control difuso de constitucionalidad.
Puesto de otra forma, los recurrentes pretenden de la Sala el agotamiento de un examen de constitucionalidad de lo previsto en los artículos 5º, 2º y 3º de las Leyes 975 de 2005, 1592 de 2012 y 1448 de 2011 mediante su confrontación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que, por esa vía, se extienda el alcance de la presunción de daño moral allí establecida.
Pero con ello soslayan que dicho examen ya fue adelantado y resuelto por la Corte Constitucional con efectos de cosa juzgada, lo cual hace imposible realizar una nueva valoración en ese sentido.
Así las cosas y, en síntesis, de acuerdo con la normatividad aplicable, cuya conformidad con la Carta Política y el ordenamiento internacional fue declarada por el Tribunal Constitucional, la presunción de ocurrencia del daño respecto de víctimas indirectas de delitos de homicidio y desaparición forzada en el contexto del proceso de Justicia y Paz sólo se aplica respecto del cónyuge, el compañero o compañera permanente y los parientes en primer grado de consanguinidad o civil.
Se encuentran por ende excluidos de dicha exención probatoria los demás familiares del perjudicado directo, entre ellos, los hermanos y, desde luego, los sobrinos, de tal suerte que, a efectos de acceder a la reparación reclamada, unos y otros tienen la carga de demostrar tanto el parentesco como la real ocurrencia de un perjuicio indemnizable.
En consecuencia, la Sala confirmará en este punto la sentencia de primer grado. Por lo tanto, a efectos de establecer la corrección o incorrección de la sentencia de primer grado, examinará, de conformidad con los alegatos de los recurrentes, si en el curso del incidente de reparación integral demostraron haber sufrido daños atribuibles a P.C. susceptibles de indemnización, para lo cual valorará de manera discriminada los medios de conocimiento aportados para ese efecto por los distintos apoderados judiciales.
Sobre la demostración de los daños en el caso concreto.
1. En relación con L.E., D., C.A., J.G., H. y E.J.S.D., hermanos de L.A.S.D.
La representante de las aludidas víctimas indirectas alega que, contrario a lo considerado por el tribunal, las pruebas aportadas resultan suficientes para afirmar que aquéllas sufrieron daños materiales e inmateriales, esto es, morales y a la vida en relación, como consecuencia del fallecimiento violento de su hermano.
Como sustento de dicha pretensión, fueron aportados los siguientes elementos cognoscitivos:
a) Registro civil de nacimiento de L.A.S.D. (fl. 14).
b) Registros civiles de nacimiento de E.J., H., C.A., L.E., D. y J.G.S.D. (fls. 16 y s.s.).
c) Copia de la cédula de ciudadanía de los nombrados (fls. 22 y s.s.).
d) Registro civil de defunción de L.A.S.D. (fl. 30).
e) Declaración jurada rendida por A.D.R., madre del difunto, ante la Notaría Única del Círculo de Codazzi el 2 de octubre de 2013, en la que aseveró:
“Manifiesto...que mi hijo fallecido al momento de su fallecimiento tenía cinco (5) hectáreas de frijol producido 125 quintales valor de quintal 30.000...sus hermanos E.J.S.D. y H. (sic) S.D. se desempeñaban como jornaleros...con su padre, L.E. se dedica ama de casa, C.A., D. (sic) y J.G. estudiaban” (fl. 33).
f) Certificación expedida el 7 de diciembre de 2011, en la que la Junta de Acción Comunal de la vereda Mayusa acredita que “L.A.S.D....trabajaba en la finca La Medallita...devengando dos salarios...en el año 1997” (fl. 35).
g) Declaración jurada rendida por A.D.R. el 2 de octubre de 2013 ante la Notaría Única del Círculo de Codazzi, cuyo contenido es el siguiente:
“L.A.S.D.... fue fallecido violentamente en el corregimiento de Casacará... se encontraba en estado de SOLTERÍA... ni convivía en unión extramatrimonial... con ninguna persona... cuando ocurrieron los hechos convivía con sus padres y hermanos” (fl. 36).
h) Hoja de cálculo contentiva de la estimación del lucro cesante ocasionado por la muerte de la víctima (fls. 37 y s.s.).
i) Registros de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley diligenciados por cada uno de los hermanos del occiso, así como por sus progenitores.
j) Escrito sin fecha ni destinatario, firmado por A.D.R., en el que manifiesta:
“Nosotros los familiares pedimos que aunque sea por un instante se pongan en el lugar de cada familiar y tengan compasión de nosotros ya que en ese tiempo no lo tuvieron y nos digan por qué lo hicieron y quién estaba tras de todo esto, cuál fue el motivo de este atropello tan grande...
No entendemos por qué nos dejaron este vacío tan grande que aún no alcanzamos a llegar... la compañera y todos los familiares comenzamos a vivir nuevamente una pesadilla...buscamos la ayuda de médicos y psicólogos desde allí mi compañera no aparado (sic) de sufrir...” (cdno. 117660).
k) Entrevista rendida por L.E.S.D. ante la Fiscalía el 23 de marzo de 2010. Indicó que para el momento de los hechos ni ella ni sus demás hermanos vivían en Casacará, donde residía y fue asesinado L.A.
Ninguna duda ofrece la relación de parentesco existente entre el occiso y los reclamantes, que fue demostrada mediante los respectivos registros civiles de nacimiento que dan cuenta de esa circunstancia.
Dicho lo anterior, la Sala debe partir por observar que A.D.R., en declaración jurada rendida el 2 de octubre de 2013, aseguró que para el momento de los hechos, L.A. “convivía con sus padres y hermanos”.
No obstante lo anterior, los relatos vertidos en los respectivos registros de hechos atribuibles a grupos armados por cada uno de los hermanos de la víctima directa y sus progenitores controvierten esa afirmación, pues allí se indica que mientras L.A. residía en Casacará, su familia lo hacía en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira.
Lo mismo manifestó L.E. en la entrevista de marzo 23 de 2010, en la que adujo expresamente: “ni yo ni mi familia vivíamos en esa población”.
En ese orden, aunque la recurrente alega que los aludidos medios suasorios dan cuenta de que “había una convivencia cercana con la víctima”, no es ello lo que objetivamente se sigue de las pruebas recaudadas.
En el escrito signado por la progenitora de L.A. de fecha y propósito desconocidos, aquélla atribuye a “todos los familiares” haber sufrido “una pesadilla” como consecuencia del deceso de su hijo.
Pero nótese que ninguno de los hermanos del fallecido da cuenta de que lo sucedido le haya causado “dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo”(18), manifestaciones de perjuicio moral subjetivado, ni haber padecido “repercusiones económicas”(19) como consecuencia de sentimientos negativos de esa índole, es decir, haber sufrido daño moral objetivado.
Nada dijo sobre el particular L.E. al rendir entrevista, ni los demás hermanos de la víctima directa al diligenciar los formatos de hechos atribuibles a grupos armados ilegales, en los que se limitaron a relatar la forma en que sucedieron los hechos.
Por demás, el escrito sin calenda ni destinatario firmado por A.D.R., con fundamento en el cual la recurrente afirma demostrado “el sufrimiento de toda la familia”, resulta cuando menos contradictorio, pues mientras allí se hace mención a que “la compañera y todos los familiares” vivieron una pesadilla como consecuencia de lo acaecido, en declaración el 2 octubre de 2013 ante la Notaría Única de Codazzi por la misma D.R. adveró que para la época de los hechos “se encontraba en estado de SOLTERÍA” y no “convivía en unión extramatrimonial...con ninguna persona”.
Esa inconsistencia, sumada a las deficiencias formales del escrito – carece de fecha, destinatario, lugar de suscripción - mengua su mérito suasorio e impide otorgarle la credibilidad reclamada por la opugnadora para efectos de tener por acreditado el daño moral cuya reparación solicita.
La recurrente alega, en sustento del pedido, que “en la carpeta de la víctima indirecta D.S.D. en el relato de los hechos del Formato de Registro de Hechos Atribuibles...hay una exteriorización de la confusión en que se encontraba por la muerte de su hermano y de la convivencia cercana con él”; pero de la revisión de esa pieza documental se desprende una realidad diferente.
En efecto, el nombrado D.S.D. manifestó en esa oportunidad:
“Para la época de los hechos yo era menor de edad, mi papá me comentó que el día 2 de diciembre de 1997 mi hermano L.A. se encontraba en el bar Las Pampas de Casacará...llegó un grupo de hombres armados y vestidos con prendas militares...lo cogieron a la fuerza...y lo mataron...
Mi hermano se dedicaba a la recolección de café en esa región. En esos momentos yo vivía con mis padres y mis otros hermanos acá en Mingueo”.
Véase, pues, que las alegaciones de la apelante no se ajustan a lo probado en el proceso, pues en dicha declaración no se da cuenta de sentimientos de confusión, angustia o dolor, ni se consigna que para el momento de la comisión del delito L.A. conviviera con su hermano menor de edad.
En ese orden, la peticionaria no acreditó la existencia de perjuicios morales sufridos por los hermanos de L.A.S.D. como consecuencia de su deceso.
De las pruebas reseñadas tampoco se desprende que el homicidio haya ocasionado una afectación al plan de vida de sus hermanos, como para tener por probada la causación de un daño a la vida en relación que deba ser indemnizado, entendido éste como “una modificación sustancial en las relaciones sociales y desenvolvimiento de la víctima en comunidad, comprometiendo su desarrollo personal, profesional o familiar, como ocurre con quien sufre una lesión invalidante a consecuencia de la cual debe privarse de ciertas actividades lúdicas o deportivas”(20).
Ninguno de los medios de prueba acopiados da cuenta de una tal circunstancia, esto es, de que la muerte violenta de L.A. haya perjudicado el proyecto de vida —laboral, social, económico, deportivo o académico— de uno o más de sus hermanos.
En ese sentido, importa reiterar que, como acertadamente lo coligió el a quo a partir del precedente de la Sala, el criterio de flexibilidad probatoria que se predica respecto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el contexto del proceso de Justicia y Paz “no puede equipararse a ausencia de prueba”, de tal suerte que “los aspectos pecuniarios que se pretende sean reconocidos deben estar acreditados con suficiencia”(21).
Echada de menos la demostración de los perjuicios cuya reparación se pretende, no queda solución distinta que la confirmación del fallo confutado en este punto.
Aunque la recurrente aduce que las pruebas presentadas demuestran que L.A.S.D. “aportaba los ingresos para sus hermanos y padres”, lo cierto es que dicha aseveración carece de asidero demostrativo.
La peticionaria allegó la declaración rendida por A.D.R., madre del difunto, ante la Notaría Única del Círculo de Codazzi el 2 de octubre de 2013, en la que aseveró que el nombrado, al momento de los hechos, “tenía cinco (5) hectáreas de frijol producido 125 quintales valor de quintal 30.000”, como también la certificación de 7 de diciembre de 2011, a través de la cual la Junta de Acción Comunal de la vereda Mayusa señala que “L.A.S.D.... trabajaba en la finca La Medallita... devengando dos salarios...en el año 1997”.
Esos medios de conocimiento, a no dudarlo, permiten colegir que L.A., al momento de su deceso, era persona laboralmente activa y recibía ingresos, lo cual, en ausencia de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, determinó el a quo conceder reparación económica por daños patrimoniales en beneficio de su progenitora.
Pero de ello no se sigue que sus hermanos dependieran económicamente del difunto, menos aún por cuanto, como lo manifestó la misma D.R. en la declaración recién reseñada, “E.J.S.D. y H. (sic) S.D. se desempeñaban como jornaleros”.
Véase, por demás, que ninguno de los hermanos adujo depender económicamente de L.A. al diligenciar los registros de hechos atribuibles a grupos armados, y tampoco lo hizo L.E. en la entrevista rendida ante la Fiscalía el 23 de marzo de 2010.
Así las cosas, como no se demostró que los hermanos de la víctima directa hayan sufrido un perjuicio económico como consecuencia de los hechos objeto de condena, no hay lugar a conceder la reparación reclamada.
2. Sobre Y., F.A., C., J., L., D. y R.E.N.P., hermanos de J.N.P.
La opugnadora considera que el Tribunal erró al concluir que las pruebas aportadas resultan insuficientes para “otorgar la indemnización por los daños a los hermanos de la víctima directa”, pues se probaron tanto “el sufrimiento emocional” - daño moral - como “las pérdidas económicas”. perjuicio material -.
En soporte de ello, presentó los siguientes medios de conocimiento:
a) Copia de la cédula de ciudadanía de los nombrados (fls. 31 y s.s.).
b) Partida de bautismo y registro civil de nacimiento de J.N.P. (fl. 31).
c) Partida de bautismo de C.N.P. (fl. 32).
d) Registro civil de nacimiento de L., D., R.E., F.A., Y. y J.N.P. (fls. 33 y s.s.).
e) Hoja de cálculo contentiva de la estimación del lucro cesante ocasionado por la muerte de la víctima (fls. 42 y s.s.).
f) Registros de hechos atribuibles a grupos armados diligenciados por los hermanos de J..
g) Denuncia presentada por M.G.P. de N., madre de J., presentada ante la Alcaldía del Codazzi, Cesar, el 2 de octubre de 2009, en la que notició los hechos objeto de condena en los siguientes términos:
“Yo vivía en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, estaba con mi esposo...y mis hijos Y. Y. J. L. C., F.A. D. R. E. y mis nietos...ingresó un grupo fuertemente armado identificándose como las autodefensas unidas de Colombia...comenzaron a sacar gente de las casas y a mí me sacaron a mi hijo tumbando la puerta...delante de nosotros lo cogieron, lo amarraron y lo montaron en una camioneta y se lo llevaron, nosotros con la pena empezamos a averiguar pero nadie nos daba razón de él...el día 3 de diciembre...nos llamaron del municipio del Copey que había un señor aquí en la morgue del hospital y que podría ser mi hijo, entonces yo viajé a la ciudad del Copey con dos hijos míos...cuando me lo mostraron dije que era mi hijo, sentí un dolor profundo por la forma como murió, salvajemente torturándolo...” (cdno. 158623).
h) Entrevista rendida por R.E.N.P. el 19 de marzo de 2010 ante la Fiscalía General de la Nación. Reiteró, en términos similares, el relato de lo sucedido efectuado por su progenitora (cdno. 158623).
En primer lugar, debe señalarse que no existe ninguna duda respecto del parentesco existente entre la víctima directa y sus hermanos L., D., R.E., F.A., Y. y J.N.P., el cual fue acreditado mediante los respectivos registros civiles de nacimiento.
Distinto ocurre con C.N.P., cuyo registro civil de nacimiento no fue aportado.
En ese sentido, la Sala ha sostenido:
En conclusión, la certificación expedida por la autoridad correspondiente a que alude la normatividad procesal de justicia y paz para la acreditación del parentesco, no es otra que el registro civil respectivo, el cual se erige como la prueba idónea para el efecto y resulta ser el documento indispensable para que los familiares puedan ser reconocidos como víctimas”(22).
Ese criterio ha sido compartido por la Corte Constitucional, que en Sentencia T-501 de 2010 indicó que “para las personas nacidas a partir de 1938 el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970”.
De acuerdo con la documentación allegada, C.N.P. nació el 9 de abril de 1961, de tal suerte que su parentesco con la víctima directa sólo podía ser acreditado mediante el respectivo registro civil.
No obstante, como el Tribunal coligió erradamente que la nombrada acreditó “la relación filial con el occiso” y ello no fue objeto de impugnación, no es posible modificar en ese punto la decisión.
A pesar de ello, sucede que de todas maneras la peticionaria no acreditó la ocurrencia de daños morales sufridos por los hermanos de J.N.P.
En efecto, contrario a lo aseverado por la recurrente, los medios cognoscitivos obrantes en la carpeta no dan cuenta del sufrimiento emocional padecido por aquéllos como consecuencia del deceso de su hermano, ni de una relación particularmente estrecha permisiva de colegir la ocurrencia del daño cuya reparación se solicita.
En la denuncia presentada por M.G.P. de N. el 2 de octubre de 2009, aseguró que, en condición de madre de J., “(sintió) un dolor profundo por la forma como murió”, lo cual revela el sufrimiento infligido a aquélla, a quien en efecto se le concedió la reparación.
Pero en ausencia de prueba que así lo demuestre, el padecimiento de la madre no extenderse a los hermanos del difunto, especialmente porque no afirmaron haber soportado sentimientos de esa índole en los respectivos registros de hechos atribuibles a grupos armados.
Los elementos de prueba contenidos en la carpeta tampoco soportan la alegación de la recurrente en el sentido de que se acreditó “la clase de relación” que los reclamantes “sostenían con su hermano”.
Lo cierto es que ninguno de ellos adujo convivir con el occiso ni tener con él una relación de especial cercanía. Ello no se sigue de las pruebas allegadas.
La Sala insiste en que el menor rigor probatorio exigible de las víctimas en el contexto del proceso de Justicia y Paz no puede entenderse como la posibilidad de conceder pretensiones totalmente desprovistas de prueba, cuya realidad es simplemente afirmada por la peticionaria sin asidero demostrativo suficiente.
En ese orden, los argumentos de la opugnadora carecen de la entidad necesaria para derruir el fallo confutado, pues asistió razón al tribunal al concluir que no se demostró la ocurrencia del perjuicio moral respecto del cual se reclama la indemnización.
La recurrente aduce que J.N.P. “sostenía a toda la familia, incluyendo su mujer, sus hijos, sus padres y hermanos”.
En ese sentido, la Sala encuentra que en varios de los formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados, los hermanos de la víctima directa manifestaron que era aquél quien “sostenía toda la familia”.
No obstante, esa alegación, con fundamento en la cual la apelante pide el reconocimiento de la reparación por daños materiales, aparece infirmada en la actuación.
En efecto, al verificarse el contenido de la denuncia presentada el 13 de diciembre de 1997 por la progenitora del occiso, se observa que en esa oportunidad indicó:
“...nosotros decidimos desplazarnos de ahí de Casacará y venirnos para el municipio de Agustín Codazzi, dejando todo abandonado...la tienda que teníamos dentro de la casa, unos animales criando como chivos, cerdos y gallinas, todo esto lo dejamos abandonado ya que era el único patrimonio con que contaba yo y mi familia, de ahí trabajábamos...fue duro comenzar nuevamente a trabajar con mis hijos...”.
Véase que lo dicho en esa ocasión por M.G. controvierte lo aseverado por la apelante en el sentido de que era J. quien veía económicamente por sus hermanos.
Por el contrario, de ese relato se desprende que el occiso no era el único miembro de la familia que laboraba en el aludido negocio, pero además, que el núcleo derivaba adicional sustento del trabajo común que desarrollaban con la crianza de animales.
Desde luego, de la denuncia reseñadas se desprende, a no dudarlo, la materialización de un perjuicio económico sufrido por los hermanos del difunto, pero no fue ocasionado por el deceso de la víctima directa, sino por el posterior abandono de sus propiedades y bienes, esto es, por el delito de desplazamiento forzado del que aquéllos fueron víctimas, hecho por el cual el fallo recurrido efectivamente ordenó la reparación.
Así pues, como también en este punto el fallo recurrido se ajusta al material probatorio, no hay lugar a su revocatoria.
3. Sobre L.B.Q. R., M.R.R. y O.R.R., hermanos de F.G.R.R.
La impugnante advera que los elementos cognoscitivos acopiados permiten tener por probado que los referidos hermanos de F.G. sufrieron daños morales como consecuencia de su deceso, especialmente porque se demostró que habían constituido una sociedad comercial, lo que es revelador de “un grado de confianza y vínculo muy cercano”.
Aportó, a efectos de sustentar su pretensión, los siguientes medios suasorios:
a) Registro civil de nacimiento de F.G.R.R. (fl. 29).
b) Acta de bautismo de L.B.Q. R. y M.R.R. (fls. 30 y 32).
c) Copia de la cédula de ciudadanía de los reclamantes (fls. 44 y s.s.).
d) Formulario de matrícula mercantil de empresas asociativas de trabajo correspondiente a la sociedad “Hermanos R., Empresa Asociativa de Trabajo”, suscrito por M.R.R. (fl. 62).
e) Primer folio del certificado de existencia y representación legal de la sociedad “Hermanos R.” expedido el 28 de marzo de 1995 por la Cámara de Comercio de Valledupar (fl. 64).
f) Hoja de cálculo contentiva de la estimación del lucro cesante ocasionado por la muerte de la víctima (fls. 66 y s.s.).
g) Certificado expedido por el SENA, de fecha 30 de de mayo de 1996, según el cual “O.R.R. participó en la acción de formación “conceptos generales de microempresa”“ (fl. 65).
h) Declaraciones juradas rendidas por A.R.G. y M.O.P. el 30 de agosto de 2007 ante la Notaría Única del Círculo de Chimichagua, en las que atestan que “F.G.R.R....era hermano del señor L.B.Q.R.” (c. 363050, fls. 9 y 10).
i) Formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados ilegales diligenciados por los reclamantes.
De entrada se advierte que no fue allegado el registro civil de nacimiento de O.R.R., pieza documental que era necesaria para demostrar su relación filial con la víctima directa, pues en su documento de identidad consta que nació el 20 de junio de 1961.
Ello conduce necesariamente a descartar la pretensión indemnizatoria elevada por la apelante respecto de aquél, pues echada de menos tal condición no hay lugar a decretar reparación a su favor, máxime que el a quo efectivamente se abstuvo de reconocerle indemnización alguna y por lo tanto, en ese punto la providencia deberá confirmarse.
Tampoco se entregaron los registros civiles de nacimiento L.B.Q.R. y M.R.R., que también resultaban inexorables para probar su parentesco con F.G., porque uno y otro nacieron, conforme se advierte en sus cédulas de ciudadanía, el 9 de octubre de 1945 y el 18 de marzo de 1960, respectivamente.
No obstante, como el a quo consideró que aquéllos acreditaron el vínculo familiar y ello no fue objeto de recurso, la Sala no puede revisar en ese aspecto la decisión de primer grado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que, contrario a lo alegado por la recurrente, los elementos de juicio recaudados resultan insuficientes para afirmar que L.B.Q.R. y M.R.R. sufrieron daño moral como consecuencia del deceso de la víctima directa.
Que los dos nombrados participaran junto con F.G. como socios de una persona jurídica no es una circunstancia que permita inferir, sin más, la ocurrencia de tales perjuicios, los cuales, si no se presumen de los hermanos, menos pueden suponerse de quienes ejercen conjuntamente una determinada actividad comercial.
Por demás, esa circunstancia, la de ser socios, no implica fatalmente, como lo afirma la mandataria, la existencia de un especial vínculo afectivo, como que ello se enmarca en el contexto de las relaciones comerciales y económicas, mas no sentimentales y afectivas.
Véase que en los respectivos formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados ilegales L.B. y M. se limitaron a relatar las circunstancias en que ocurrió el homicidio, pero no dieron cuenta de haber sufrido padecimientos emocionales o un particular afligimiento como consecuencia de ello, lo cual tampoco se sigue de los demás elementos cognoscitivos.
En ese orden, como ninguna prueba sustenta la pretensión que en este sentido eleva la opugnadora, la decisión recurrida será confirmada.
La apoderada judicial de L.B.Q.R. y M.R.R. asevera que el formulario de matrícula mercantil aportado a las diligencias es prueba “para establecer...las pérdidas...materiales por el homicidio de la víctima directa”; en ese sentido, adujo al sustentar su pretensión en desarrollo del incidente de reparación integral que era F.G. quien “aportaba todas las ideas y el dinero” para el funcionamiento de la empresa.
Pero lo cierto es que de la revisión del material probatorio no se desprende la realidad de tal afirmación, pues ningún medio suasorio revela que, como consecuencia del homicidio, el funcionamiento de la empresa se haya visto truncado o entorpecido, por ende, que se hayan causado afectaciones económicas a sus socios.
Que fuese F.G. quien contribuyese exclusivamente con ideas para el negocio es algo que aparece desvirtuado en la carpeta contentiva de la actuación, en la que se advierte, a partir de la certificación expedida por el SENA, que “O.R.R. participó en la acción de formación “conceptos generales de microempresa”“.
De ello puede entenderse razonablemente que el difunto no era el único de los hermanos encargado de hacer aportes intelectuales al negocio, pues uno de los aquí reclamantes adelantó cursos de capacitación con ese preciso propósito.
Además, en el certificado de existencia y representación legal de la empresa “R. Hermanos” se observa que “por acta de constitución y aprobación de estatutos...fue elegido Director Ejecutivo M.R.R.”.
No es claro, pues, que la orientación del negocio, como lo aduce la apelante, dependiera para su éxito de F.G.
En ese documento se consigna también que el capital de la empresa fue constituido mediante aportes en industria y en dinero efectuado en idénticas proporciones por M., O. y F.G., lo que a su vez descarta que fuese este último el principal contribuyente financiero de la empresa.
Así las cosas, echada de menos prueba sobre la ocurrencia de los daños económicos reclamados, la pretensión de la recurrente deberá despacharse desfavorablemente.
4. En relación con C.P., Z.M., M.R., N., M.d.l.Á., G., C., E. y R.R.H.
La profesional del derecho que representa a las víctimas indirectas referidas censura el fallo de primer grado “en cuanto al no reconocimiento de...daño moral” como consecuencia del homicidio cometido en perjuicio de I. y J.R.H.
Aduce que el Tribunal no valoró adecuadamente los elementos suasorios aportados que demuestran que aquéllas “sufrieron en su fuero interno sentimientos como angustia, desespero (y) tristeza”, a saber:
a) Copia de la cédula de ciudadanía de los reclamantes.
b) Formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados diligenciados por las víctimas.
c) Registro civil de defunción de I. y J.R.H.
d) Registro civil de nacimiento de I.H.R.
e) Registros civiles de nacimiento de G., Z.M., C.P., C., E., M.d.l.Á., N. y M.R. R.H.
f) Denuncia de los hechos, presentada el 3 de noviembre de 2009 por G.R.H. ante la Fiscalía General de la Nación.
Inicialmente, debe señalarse que si bien se echan de menos los registros civiles de nacimiento de R. y J.R.H., lo que en principio imposibilitaría tener por demostrado el parentesco respecto de ellos, el Tribunal lo tuvo por probado y, como ello no fue objeto de impugnación, la Sala se abstendrá de cualquier consideración sobre el particular.
Ahora, los medios de prueba allegados no demuestran la ocurrencia de daños morales susceptibles de ser reparados, salvo en lo que respecta a G. y E.R.H., hermanos de las víctimas directas, en cuyo beneficio se concederá la reparación reclamada.
Ninguno de los formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados da cuenta de que las víctimas indirectas de los homicidios hayan padecido “dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo” como consecuencia de ello.
Su representante judicial se limitó a aportar medios suasorios relacionados con el parentesco existente entre los perjudicados directos y sus hermanos, pero ningún esfuerzo probatorio adelantó para acreditar la realidad de los perjuicios que les fueron ocasionados.
Aunque la recurrente aduce que prueba suficiente de la existencia de los daños morales es “la aproximación a los entes públicos, la Fiscalía General de la Nación...y la Defensoría del Pueblo”, esa alegación no es de recibo para la Sala.
De una parte, porque se fundamenta en una evidente falencia lógica de petición de principio, consistente en que “quien emite una premisa aspira sea tenida como cierta con su sola proposición”(23).
Ello se observa con claridad en la argumentación de la apelante, pues solicita que las pretensiones elevadas ante la judicatura sean tenidas como prueba de sí mismas, de su realidad, contenido y alcance, con lo cual pierde de vista, además, que el propósito del proceso penal, concretamente en lo que al incidente de reparación integral respecta, no es otro que, precisamente, lograr la demostración de las reclamaciones indemnizatorias allí ventiladas mediante el aporte de elementos de prueba suficientes para tal fin.
En ese sentido, el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, que regula dicho incidente, exige que la víctima “indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones” y dispone que la decisión que se adopte sobre el particular se tomará con fundamento en “la prueba ofrecida por las partes”.
A más de lo anterior, el argumento de la opugnadora encierra un absurdo lógico adicional; de admitirse el planteamiento, sería necesario concluir que cualquier persona que acude a la administración de justicia para reclamar indemnización de cualquier índole tendría sólo por ello derecho a su reconocimiento, pues de lo contrario, como lo alega aquélla, “no tendría sentido realizar actos de declaración de los hechos y hacer uso del derecho de postulación”.
Tal noción comportaría la desnaturalización del proceso judicial en lo que a la determinación de la responsabilidad civil atañe, pues su fin no es otro que el de discernir la realidad y legitimidad de las pretensiones que allí se debaten.
La Sala tampoco comparte el aserto de la opugnadora según el cual el daño moral ocasionado a los familiares de los difuntos hermanos R.H. “es un hecho notorio”.
El hecho notorio, conforme la jurisprudencia de la Corte, “es aquél que por ser cierto, público, ampliamente conocido y sabido por el juez y el común de los ciudadanos en un tiempo y espacio local, regional o nacional determinado, no requiere para su acreditación de prueba... en cuanto se trata de una realidad objetiva que los funcionarios judiciales deben reconocer, admitir y ponderar en conjunto con las pruebas obrantes en la actuación, salvo que su estructuración no se satisfaga a plenitud”(24) (resaltado fuera del texto).
La definición misma se opone a la del daño moral, que se estructura en razón de los padecimientos emocionales y anímicos internos, subjetivos y personales del individuo, de modo que no constituyen ni pueden constituir realidades objetivas, menos aún, de público conocimiento.
En ese orden, no existen fundamentos probatorios suficientes para acceder a lo solicitado respecto de C.P., Z.M., M.R., Nancy, M.d.l.Á., C., y R.R.H.
Distinto sucede con G. y E. R.H., de quienes es posible inferir, con soporte en las pruebas allegadas, padecimientos sentimentales internos ocasionados como consecuencia del deceso de sus hermanos I. y J.
Específicamente, se cuenta con la denuncia presentada por el primero nombrado ante la Fiscalía General de la Nación el 3 de noviembre de 2009, cuyo contenido, en lo pertinente, es el siguiente:
“...me fui para donde mi otro hermano, E.R., a contarle lo sucedido, con él nos fuimos en la camioneta de él en la casa donde ocurrieron los hechos... llegó un barbachero... y dijo que en el puente de sororia habían (sic) 3 muertos, nos fuimos con mi hermano... a ver los muertos y eran mis hermanos y otra persona... a mi hermano J. le faltaban pedazos de labio, los mataron con tiros de fusil, nosotros de la desesperación le(s) amarramos las cabezas ya que se las habían destruido por completo...” (c. 325537).
Ese relato, en lo esencial, fue ratificado tanto por G. como por E. al diligencias sus respectivos formatos de hechos atribuibles a grupos armados ilegales.
La narración allí contenida da cuenta de la aflicción emocional sufrida por los prenombrados como consecuencia del deceso de I. y J., descrita específicamente por uno de ellos como “desesperación”; padecimiento sin duda constitutivo de perjuicio moral, el cual fue definido por el Consejo de Estado en sentencia de unificación citada previamente como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc”.
Así las cosas, la Sala considera que respecto de E. y G. R.H. existe un mínimo de prueba que permite tener por acreditado el daño moral sufrido por uno y otro como consecuencia del homicidio de sus hermanos.
En razón de lo anterior, concederá a cada uno de ellos la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes como reparación por ese concepto, esto es, 50 salarios mínimos por cada uno de los fallecidos; monto que corresponde al criterio plasmado por la Sala en CSJ SO, 27 abr. 2011, rad. 34.547 y que fue acogido por el tribunal a quo sin reparo de las partes e intervinientes.
5. Sobre J., S., J.L. y U.P.J., hermanos de M.P.J.
Alega el apelante que “abundan pruebas...que son manifestaciones del pesar, el dolor y la congoja” padecidos por sus mandantes por razón de la muerte de su hermano M., por lo cual pide que se ordene la reparación los perjuicios morales reclamados.
A efectos de sustentar esa pretensión, aportó:
a) Formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados ilegales diligenciados.
b) Entrevista rendida por J.L.P.J. el 21 de enero de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación.
c) Denuncia de los hechos presentada por J.L.P.J. el 4 de noviembre de 2009 ante la Alcaldía de Codazzi, en la que puso en conocimiento de la autoridad el homicidio de su hermano.
d) Copia de la cédula de ciudadanía de los reclamantes.
e) Registro civil de nacimiento de J., S., U. y J.L.P.J.
f) Registro civil de defunción de M.P.J.
Como acertadamente lo coligió el tribunal, los medios de conocimiento presentados como fundamento de la solicitud no demuestran la ocurrencia del daño moral cuya reparación se reclama en esta sede, esto es, de los padecimientos sufridos por J., S., U. y J.L.P.J. como consecuencia de la muerte violenta de su hermano.
En la denuncia elevada por el último nombrado el 4 de noviembre de 2009, aquél aseveró:
“... ese día las autodefensas mataron a cinco personas, entre eso estaba mi hermano... después se dirigieron a la casa donde vivía yo y me dijeron que si yo no quería correr con la misma suerte, me fuera de... Casacará, entonces yo cogí todas mis cosas y dejé todo abandonado... a mí me dejó triste porque pedí todo lo que yo había conseguido, en un abrir y cerrar de ojos... no pude ir al sepelio de mi hermano... me tocó desplazarme... y comenzar nuevamente a trabajar...”.
Aunque en ese relato J.L. ciertamente dice haber padecido aflicciones emocionales que define como tristeza, las mismas, como se sigue de su simple lectura, están referidas al desplazamiento forzado del que fue víctima y no al fallecimiento de M., concretamente, a que se vio obligado a “(dejar) todo abandonado” y “(perdió) todo lo que...había conseguido”.
En punto a lo decidido por el Tribunal sobre ese particular, es decir, en relación con los perjuicios sufridos por la familia P.J. como consecuencia del desplazamiento, el apelante no manifestó ninguna inconformidad.
Tampoco en la entrevista rendida por J.L., de fecha 21 de enero de 2009, se advierten elementos de juicio que permitan acceder a la indemnización solicitada.
En esa ocasión, el nombrado relató las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon la comisión del delito y dijo querer “saber por qué mataron a (su) hermano”, pero tampoco describió circunstancias vinculadas con la materialización del perjuicio moral.
Similar sucede con las narraciones contenidas en los respectivos formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados, que dan cuenta de la muerte de M., pero no contienen elementos de juicio que permitan tener por ocurridas las afectaciones emocionales de las víctimas indirectas del homicidio.
En suma, ante la precariedad probatoria en relación con la pretensión elevada por el mandatario de los ofendidos, no queda solución distinta que la confirmación del proveído.
Resta indicar que el recurrente alega que “el hecho de tomarse el trabajo” de acudir ante las autoridades judiciales para sustentar la pretensión indemnizatoria es prueba suficiente de los daños causados; argumento que ya fue objeto de análisis de la Sala en acápite precedente al cual se remite ahora.
6. Sobre la situación de W.E.C.C., hijo de O.E.A.C.
En criterio del apelante, el a quo erró al negar la reparación solicitada para W.E.C.C., hijo de O.E.A.C., considerando que los daños no se demostraron, pues “las pruebas fueron aportadas en su debido tiempo ante la Fiscalía”.
En ese sentido, la Corte debe señalar que, conforme lo prevé el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, la carga de demostrar la ocurrencia de los perjuicios y el monto de su reparación está radicada en “la víctima o... su representante legal o abogado de oficio” —no la Fiscalía— a quienes corresponde, en desarrollo del incidente de reparación integral, “(expresar) de manera concreta la forma de reparación que pretende, e (indicar) las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones”.
Consecuente con ello, la disposición en cita establece que el respectivo Tribunal decidirá sobre el particular “la prueba ofrecida por las partes”.
Así las cosas, es claro que las omisiones demostrativas que determinaron una decisión desfavorable a los intereses de W.E.C.C. —esto es, que “no se encuentra debidamente probado (sic) la relación filial con la víctima directa, por cuanto no se aporta registro civil de nacimiento”— no son imputables a la Delegada de la Fiscalía General de la Nación.
Que con anterioridad al incidente de reparación integral el abogado haya entregado a la Fiscalía los medios de conocimiento echados de menos nada tiene que ver con la carga probatoria que le era exigible en el curso de esa diligencia.
En efecto, el artículo 3º del Decreto 3011(25) dispone:
Para intervenir en el proceso penal especial de justicia y paz las víctimas deberán acreditar previamente esa condición ante el fiscal delegado mediante su identificación personal y la demostración sumaria del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2º de la Ley 1592 de 2012. El proceso de acreditación puede tener lugar en cualquier fase del proceso, con anterioridad al incidente de identificación de afectaciones causadas (hoy incidente de reparación integral)”.
Con claridad se advierte que la acreditación de la condición de víctima ante la Fiscalía General de la Nación efectuada con anterioridad a incidente de reparación de ninguna manera exime a los perjudicados y sus apoderados de la carga de acreditar los daños sufridos a efectos de lograr su reparación, pues tiene como propósito exclusivo habilitar su intervención en el proceso.
En consecuencia, no es admisible que el apelante pretenda excusar el incumplimiento de la carga de probar que le asistía trasladándola a la Fiscalía, cuando sin lugar a duda se desprende de la normatividad vigente que es a la víctima, a través de su apoderado, a quien corresponde presentar los elementos de juicio que sustentan la pretensión indemnizatoria.
Ahora bien, incluso de admitirse, en gracia de discusión, que los documentos aportados por el recurrente ante la Fiscalía por fuera del trámite del incidente de reparación integral debieron ser valorados para efectos de decidir sobre las reparaciones reclamadas, de todas maneras no habría lugar a revocar el fallo confutado. Se explica:
A las diligencias fue allegado un documento en el que consta que el apoderado judicial de A.C. entregó a la “Fiscalía de Justicia, Paz y Reparación” de Valledupar, entre otras, “copia del registro civil de nacimiento de W.E.C.C.”.
No obstante lo anterior, el representante del nombrado también aportó una declaración jurada rendida el 6 de julio de 2014 ante la Notaría Única del Círculo de Codazzi, Cesar, en la que F.M.E.O. y A.L.G.R. aseveraron:
“Conocemos de vista, trato y comunicación al señor W.E.C.C., desde hace varios, y por ese conocimiento que tenemos de él sabemos y nos consta que es hijo legítimo de O.E.A.C., quien falleció violentamente el día 02-12 de 1997...él convivió con la señora A.S.C.V., con quien lo crearon a él, quien no alcanzó a registrarlo” (fl. 17).
Esa información fue ratificada por el propio opugnador en la audiencia de incidente de reparación integral, en la que manifestó:
“...anexo como prueba... declaración extra juicio... donde queda demostrado la calidad de hijo, ya que éste no fue registrado por la víctima, O.E.A.C....” (quinto corte, récord 1:10:00).
Entonces, si está demostrado —y así lo admite el recurrente— que en el registro civil de nacimiento de W.E.C.C. no figura O.E.A.C. como su padre, no se comprende qué perjuicio le ocasionó la conducta de la Fiscalía en cuanto se abstuvo de aportar ese documento a la actuación, pues carecería de valor probatorio para acreditar el parentesco entre uno y otro.
Así pues, como le asistió razón al Tribunal al considerar que no se demostró el vínculo de filiación entre C.C. y la víctima directa, la Sala ratificará en ese acápite el fallo confutado.
7. Sobre los hermanos y sobrinos de O.E.A.C., P.L.F.V., J.d.l.C.M.M. y F.G.R.R.
El apelante pide la revocatoria de la sentencia de primer grado en cuanto negó la reparación solicitada por las víctimas indirectas de los nombrados, para lo cual presenta, conjuntamente, tres argumentos:
a) El Tribunal debió tener por prueba suficiente de los daños el relato de los perjudicados contenido en los respectivos formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados, porque de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 3011 de 2013 dicha narración “constituye prueba sumaria de las afectaciones causadas”, pero, además, por respeto al principio de buena fe establecido en el artículo 5º de la Ley 1448 de 2011.
b) Debe presumirse el daño moral sufrido por los parientes en segundo grado de consanguinidad de las víctimas directas de homicidio.
c) Los perjuicios sufridos por los perjudicados indirectos constituyen un hecho notorio que, por lo mismo, no requiere ser probado, máxime que las reglas probatorias deben flexibilizarse en beneficio de las víctimas en el proceso de justicia transicional.
Los planteamientos del recurrente reseñados en los literales B y C fueron objeto de examen en acápites precedentes, de modo que la Sala se remite para su réplica a las consideraciones allí esbozadas.
En lo que tiene que ver con el argumento exteriorizado por el recurrente en el literal A, conforme el cual constituye prueba suficiente del daño sufrido el relato consignado en los formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados, la Corte parte por señalar que el artículo 27 del Decreto 3011 de 2013(26) dispone:
“ART. 27.—Incidente de identificación de las afectaciones causadas. Una vez aceptados los cargos por los postulados, la Magistratura dará inicio al incidente de identificación de afectaciones causadas, indicándoles a todas las víctimas cuál es el propósito del incidente, cómo es su participación y la del postulado en el mismo, y cuál es el procedimiento que se adelantará. Acto seguido, se le dará la palabra a las víctimas o en su defecto a sus representantes, que procederán a narrar y relatar de forma libre y espontánea su versión de las afectaciones causadas por el patrón de macrocriminalidad identificado. Las víctimas podrán manifestar si consideran que ostentan la condición de sujeto de reparación colectiva.
La magistratura reconocerá públicamente la importancia de las intervenciones realizadas por las víctimas para el esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad”.
Del tenor de la disposición aludida se desprenden con claridad dos razones por las cuales el planteamiento del censor no puede ser acogido.
En primer lugar, la norma no atribuye los pretendidos efectos probatorios a lo dicho por los perjudicados en los respectivos formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados, como erradamente lo entiende aquél, sino a la narración que de lo sucedido hicieren en el desarrollo de la audiencia de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.
En contraste, conforme al artículo 3º del decreto citado, los tantas veces referidos formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados tienen como propósito acreditar sumariamente la condición de víctima de los perjudicados para permitirles “intervenir en el proceso penal especial de justicia y paz”, en consecuencia, es claro que ello no comporta una exoneración o sustitución de la carga probatoria que les asiste respecto de los perjuicios cuya indemnización reclaman.
De otro lado, el argumento del recurrente no es admisible porque la disposición en que se fundamenta reglamenta el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, que estatuyó el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas y sustituyó el incidente de reparación integral, regulado en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
No obstante, ese precepto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional C-284 de 2014, en la que, con fundamento en la categoría de la reviviscencia, entendió que “las normas de la Ley 975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral, que son derogadas implícitamente... deben recobrar su vigencia”.
En suma, con ocasión del proferimiento de esa providencia, el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas desapareció del ordenamiento jurídico y recobró vigencia el artículo 23 de la Ley 975 de 2005 original, que estatuye el incidente de reparación integral.
El asunto no es simplemente formal, porque a uno y otro incidente subyacen lógicas diferentes.
Véase que en vigencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, la normatividad vigente disponía que “bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo”; además, la norma señalaba que dichas afectaciones “en ningún caso serán tasadas” porque una vez proferido el fallo, correspondía a “la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas” incluir a las víctimas en los registros correspondientes y realizar los pagos en las cuantías establecidas para la reparación administrativa.
Distinto sucede en el incidente de reparación integral, en el que el artículo 23 de la Ley 975 de 2005 expresamente demanda que la víctima, a través de sus apoderados, acredite probatoriamente las pretensiones indemnizatorias elevadas, de modo que no es posible tenerlas por demostradas con el simple relato de lo sucedido.
En ese orden, no podía el a quo, como lo pretende ahora el apelante, dar por probada la ocurrencia de los daños morales con fundamento exclusivo en las manifestaciones contenidas en los formatos de registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley.
Súmase a lo anterior que, de todas maneras, al revisarse dichos documentos se advierte que contienen una narración objetiva de los hechos atribuidos a P.C., cuya ocurrencia no es objeto de controversia, pero no dan cuenta de la materialidad u ocurrencia de daños morales concretos en perjuicio de los familiares de las víctimas directas.
Resta agregar que la Sala no soslaya el principio de buena fe, consagrado no sólo en el artículo 5º de la Ley 1448 de 2011, sino también en el artículo 83 de la Carta Política y que, por ende, irradia todas las actuaciones judiciales y administrativas.
No obstante, lo anterior no comporta la exoneración de la carga probatoria que asiste a quienes concurren ante las autoridades para reclamar la reparación por los daños que afirman haber padecido.
Tanto es así, que el precitado artículo 5º de la Ley 1448 de 2011, aunque dispone que ”el Estado presumirá la buena fe de las víctima”, establece también que “la víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado”.
De ello se sigue entonces con total claridad que la presunción de buena fe no comporta desde ninguna óptica que las reclamaciones efectuadas por los perjudicados no deban ser suficientemente demostradas.
Así las cosas, como ningún yerro se advierte en la sentencia recurrida, también en este acápite será confirmada.
Sobre la tasación de los perjuicios ocasionados por el delito de desplazamiento forzado.
Tres de los recurrentes censuran la sentencia de primer grado porque para calcular el monto de las reparaciones decretadas por los daños ocasionados como consecuencia del delito de desplazamiento forzado, el tribunal aplicó los montos y baremos fijados por esta Sala en sentencia de abril 27 de 2011, radicado 34.547, que estiman desactualizados como quiera que desde entonces han transcurrido cerca de cuatro años.
En efecto, el tribunal en el caso presente resolvió, con referencia expresa a ese precedente, que “cada persona desplazada de un mismo núcleo familiar recibirá una cuantía de 17 millones de pesos, con un máximo por núcleo familiar de 120 millones de pesos”.
Pero esa determinación se fundamenta en una comprensión errada de lo decidido por esta Corporación en la citada providencia, en la que acogió “el criterio plasmado por el Consejo de Estado en los casos de desplazamiento forzado en los cuales ha fijado 50 SMMLV como indemnización” por perjuicio moral ocasionado por el desplazamiento forzado.
Así, el valor de la reparación no fue fijado por la Corte en $17.000.000, como erradamente lo entendió el Tribunal, sino en 50 salarios mínimos mensuales vigentes, que actualmente corresponden, conforme al Decreto 2731 de diciembre 30 de 2014, a $32.217.500.
Ahora, en el fallo aludido, la Corte también aseveró que dicho valor debía aparecer “morigerado de acuerdo a la extensión de cada grupo familiar”, esto es, “con un máximo por núcleo familiar de 120 millones de pesos”.
Pero dicho tope, que en esa ocasión fue fijado en una suma absoluta y no en unidades de valor constante, también debe actualizarse para evitar desigualdades materiales.
En efecto, por razón de la devaluación natural de la moneda, $120.000.000 a la fecha presente representan una cantidad real de dinero considerablemente inferior que para el año 2011, pues dicha suma, hoy en día, está revestida de un menor poder adquisitivo.
En esa comprensión, de admitirse que el límite máximo de la indemnización por grupo familiar permanece igual después de transcurridos más de cuatro años, se estaría prodigando a los reclamantes un trato discriminatorio, sin que existan razones de hecho o de derecho que lo justifiquen, respecto de quienes fueron reparados por idénticos hechos hace algunos años.
Para solucionar la distorsión aludida, basta tener en cuenta que para el año 2011, $120.000.000 correspondían a 224 salarios mínimos mensuales vigentes, los cuales a la fecha equivalen a $144.334.400. Ambas cifras representan, como consecuencia del efecto inflacionario, idéntica cantidad real de dinero.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala modificará la sentencia recurrida para ajustar la cuantía de las indemnizaciones otorgadas por daños morales ocasionados como por razón del delito de desplazamiento forzado de la forma que se explica seguidamente, teniendo en cuenta que cada una de las celdas ubicadas en el margen izquierdo corresponde a un mismo grupo familiar:
Víctima Monto decretado por el tribunal Monto corregido por la sala Total por grupo familiar
- D.N.P.
- R.E.N.P.
- Y.N.P.
- J.N.P.
- L.N.P.
- M.G.P.G.
- C.N.L.
$13.333.333 c/u.
$16.037.155
$144.334.400.
- Z.S.A.
- E.Y.N.S.
$17.000.000 c/u. $32.217.500 c/u. $64.435.000.
- A.A.P.Q.
- Y.M.M.P.
- O.Q.R.
- Y.Q.R.
- O.R.G.
$17.000.000 c/u. $32.217.500 c/u. $96.652.500.
- M.D.P.L.
- S.J.R.P.
- N.B.Q.
- J.L.R.B.
- L.P.R.B.
- E.R.M.
- M.R.R.H.
- E.R.H.
- M.d.l.Á. R.H.
- R.R.H.
- Z.R.H.
- C.P.R.H.
$10.909.000 c/u. $13.121.309 c/u. $144.334.399.
- L.I.V. Á.
- J.A.F.B.
- F.E.F.V.
- S.T.F.V.
- O.E.F.V.
- Y.F.V.
$17.000.000 c/u. $24.055.733 c/u. $144.334.400.
N.A.Á. $17.000.000. $32.217.500. $32.217.500.
J.L.P.J. $17.000.000. $32.217.500. $32.217.500.
Precisado lo anterior, la Sala debe señalar que los apoderados judiciales de los familiares de J.N.P. y D.Q.N. no interpusieron recurso contra la sentencia del Tribunal en lo que al monto de la reparación por desplazamiento forzado respecta.
No obstante lo anterior, la decisión de ajustar su cuantía en ese punto se adoptará, conforme al esquema precedente, respecto de todas las víctimas en cuyo favor fue decretada la indemnización por daño moral ocasionado por el desplazamiento forzado —cuarenta en total— con independencia de que su apoderado no hubiese apelado en ese concreto ámbito el fallo de primera instancia.
Lo anterior, pues aunque la competencia del juzgador de segundo grado está limitada al objeto de impugnación, se extiende a aspectos que, sin ser recurridos, le están inescindiblemente ligados.
En ese orden, no podría modificarse la magnitud de los pagos sólo respecto de los perjudicados cuyos apoderados controvirtieron la decisión del Tribunal sin extender los efectos del pronunciamiento a la situación de los no recurrentes.
Resta agregar en este punto que el a quo negó las pretensiones de varios de los perjudicados que pidieron ser indemnizados por los daños sufridos por el delito de desplazamiento forzado, ello no fue objeto de recursos, pues las apelaciones se limitaron a controvertir los montos de las reparaciones en aquéllos casos en que fueron decretadas, pero además, únicamente respecto del daño moral, de modo que a ello se limita el análisis de la Sala.
Sobre el plazo otorgado para realizar el pago de las condenas.
Por último, dos de los apelantes piden por vía de apelación que se adicione el fallo de primera instancia para fijar el plazo con que cuenta “la comisión de reparación” para realizar los pagos correspondientes a las diferentes indemnizaciones ordenadas.
La Sala no accederá, por dos razones, a la solicitud.
En primer lugar, porque el término con que cuentan las entidades públicas para efectuar pagos de dicha naturaleza está regulado en una disposición legal de orden público, de modo que no le corresponde al fallador establecerlo.
En efecto, el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
De otro lado porque, incluso de no existir dicha normatividad, la fijación judicial del plazo para el pago podría comprometer o menoscabar los derechos de víctimas constituidas en otros procesos cuyas indemnizaciones, de haber sido reconocidas con anterioridad, deben entonces ser canceladas preferentemente.
Bastan las consideraciones precedentes para desestimar la solicitud impetrada en ese sentido.
1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia objeto de impugnación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, pero con las siguientes modificaciones:
1.1. MODIFICAR el fallo de primer grado, en el sentido de CONDENAR a L.C.P.C., y solidariamente a los demás miembros del Bloque Norte, al pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de E. y G.R.H., respectivamente, por concepto de indemnización por los daños morales sufridos como consecuencia del homicidio de sus hermanos I. y J.R.H..
1.2. MODIFICAR la sentencia recurrida, de acuerdo con las consideraciones consignadas en este fallo, en cuanto tasó el monto de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas directas del delito de desplazamiento forzado.
En consecuencia, CONDENAR a L.C.P.C., y solidariamente a los demás miembros del Bloque Norte de las AUC, a pagar los siguientes valores:
Víctima Daño Moral Daño emergente Lucro cesante Desplazamiento
A.D.R. $61.600.000 N/A $4.392.204 $416.082.058 N/A
M.P. de N. $61.600.000 N/A $4.392.204 $61.600.000 $16.037.155
C.N.L. $61.600.000 N/A N/A N/A $16.037.155
Y.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
F.A.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
C.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
J.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
L.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
D.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
R.E.N.P. N/A N/A N/A N/A $16.037.155
Z.S.A. N/A N/A $137.614.630 $61.600.000 $32.217.500
E.N.S. N/A N/A $71.040.614 $61.600.000 $32.217.500
S.P.T.M. $61.600.000 N/A $4.419.135 $143.026.876 N/A
M.P. $61.600.000 N/A $4.392.204 $152.888.532 N/A
J.L.P.J. N/A N/A N/A N/A $32.217.500
O.R.G. $61.600.000 N/A $4.392.204 $109.204.388 $32.217.500
O.R.Q. $61.600.000 N/A N/A $36.469.668 $32.217.500
Y.Q.R. $61.600.000 N/A N/A $39.486.476 $32.217.500
N.A.Á. N/A $18.480.000 N/A N/A $32.217.500
J.E.A.R. $61.600.000 N/A N/A N/A N/A
L.I.V. de Á. $61.600.000 N/A N/A N/A $24.055.733
J.A.F.B. $61.600.000 N/A N/A N/A $24.055.733
F.E.F.V. N/A N/A N/A N/A $24.055.733
S.T.F.V. N/A N/A N/A N/A $24.055.733
O.E.F.V. N/A N/A N/A N/A $24.055.733
Y.F.V. N/A N/A N/A N/A $24.055.733
M.D.P.L. $61.600.000 N/A $4.392.204 $108.890.363 $32.217.500
S.J.R.P. $61.600.000 N/A N/A $108.890.363 $32.217.500
N.B.Q. $61.600.000 N/A $4.392.204 $72.788.733 $32.217.500
L.P.R.B. $61.600.000 N/A N/A $72.788.733 $32.217.500
J.L.R.B. $61.600.000 N/A N/A $72.788.733 $32.217.500
C.P. R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
Z.M. R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
M.R. R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
N.R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
M.d.l.Á. R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
C. R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
G.R.H. 100 S.M.M.L.V. N/A N/A N/A $13.121.309
E.R.M. $61.600.000 N/A N/A N/A $13.121.309
C.H.S. $61.600.000 N/A N/A N/A $13.121.309
E.R.H. 100 S.M.M.L.V N/A N/A N/A $13.121.309
R.R.H. N/A N/A N/A N/A $13.121.309
A.A.P.Q. $61.600.000 N/A $3.797.949 $173.846.331 $32.217.500
Y.M.P. $61.600.000 N/A N/A N/A $32.217.500
C.R.P. $61.600.000 N/A $4.392.204 N/A N/A
C.B.B. $61.600.000 N/A N/A $104.385.945 N/A
H.R.B. $61.600.000 N/A N/A $52.192.972 N/A
M.R.B. $61.600.000 N/A N/A $52.192.972 N/A
3 CSJ AP, 28 may. 2008, rad. 29.560.
4 CSJ SP, 6 dic. 2012, rad. 37.048.
5 CSJ SP, 12 may. 2010, rad. 32.180.
6 Sentencia C – 052 de 2012.
8 CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 35.637.
9 CSJ SP, 17 abr. 2013, rad. 38.508.
10 CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 42.534.
11 Corte Constitucional, sentencia T – 446 de 2013.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26.251.
13 Así, por ejemplo, en las sentencias “Panigua Morales y otros vs. Guatemala” y “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala”.
14 CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 42.534.
15 Sentencia SU – 254 de 2013.
16 Sentencia C – 200 de 2002.
17 Sentencia C – 061 de 2010.
18 CSJ SP, 12 nov. 2014, rad. 43.484.
20 CSJ SP, 17 abr. 2013, rad. 40.559.
21 CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 38.508.
22 CSJ SP, 17 abr. 2013, rad. 40.559.
23 CSJ AP, 29 ene. 2014, rad. 41.620.
24 CSJ SP, 12 de mayo de 2010, Rad. 29799. Citado en CSJ SP, 5 de junio de 2014, Rad. 35.113. Reiterado en CSJ AP, 18 mar. 2015, rad. 44.540.
25 Hoy contenido en el artículo 2.2.5.1.1.3 del Decreto compilatorio 1069 de 2015.
26 Hoy correspondiente al artículo 2.2.5.1.2.2.15 del Decreto compilatorio 1069 de 2015.