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Timestamp: 2019-12-10 01:48:55
Document Index: 52313286

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 76', 'artículo 78', 'artículo 10', 'artículo 17']

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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen los servicios mínimos de la Universidad de Oviedo con motivo de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019.
Primero.—Convocada huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2019 por diversas organizaciones sindicales, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores/as y por los empleados/as públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o bien con convocatoria dentro del ámbito territorial propio de Asturias, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería.
Resulta por ello obligado armonizar el interés general y el derecho de huelga mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial en la Universidad de Oviedo.
Segundo.—El Rector de la Universidad de Oviedo ha formulado una propuesta de servicios mínimos, justificando los mismos.
Primero.—El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
La regulación consta en el Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, interpretado de acuerdo con las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981.
Teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, de 5 de mayo, establece que «Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga “ex” art. 28.2 C. E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (Sentencia 11/1981, F. J. 8 y 9). En concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos servicios ha de quedar salvaguardado. «En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella —dirá la Sentencia 11/1981 (F. J. 18)—, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga».
La limitación del ejercicio del derecho de huelga por el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto jurídicamente indeterminado que es el de los «servicios esenciales de la comunidad», concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien satisfecho.
La tarea de definir esa elástica noción ha sido abordada por la Sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de entender los servicios esenciales (F. J. 10). Según un concepto amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a «aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad», valorándose «el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones vitales», es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha actividad se pretende, esto es, «por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza», de forma que «para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos», debiendo considerarse como tales «los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos». A juicio del Tribunal es esta última línea interpretativa la que «ha de ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución». Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que el artículo 28.2 C. E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes de idéntica significación.»
Establecida la posibilidad de acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, para que el servicio tenga tal consideración deben ser también esenciales los bienes e intereses satisfechos, concurriendo tal condición en los derechos fundamentales, las libertades públicas y otros bienes constitucionalmente protegidos.
Por otra parte, con respecto a la competencia, el Auto 49/2004 del Tribunal Constitucional señala que el Rector no ostenta el carácter de autoridad gubernativa a los efectos de una eventual competencia en la fijación de servicios mínimos.
Los servicios mínimos que se establecen en la presente resolución se dirigen a garantizar el derecho a la educación, contemplado en el artículo 27 de la Constitución con el carácter de derecho fundamental; el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución y respecto al cual el artículo 6.4 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, establece la obligación de respetar la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.
Segundo.—En el caso de la Universidad, debe de tenerse en cuenta que tiene una estructura integrada por Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios y otros (artículo 10 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo). Cada una de estas unidades tiene una organización independiente entre sí. Por ello, tanto las Facultades como los Departamentos, tiene una organización propia disponiendo de unos órganos personales y colegiados específicos con funciones y tareas diferentes.
Los Departamentos tiene su propia organización, competencias y funciones diferentes a las Facultades o Escuelas (artículos 12 y siguientes de los Estatutos de la Universidad). Asimismo, la persona titular de la Dirección del Departamento tiene competencias (artículo 76 de los Estatutos) distintas a las de los Decanos/as y Directores/as de Centros. En los Departamentos, el Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo y su composición y competencias (artículos 74 y 76 de los Estatutos) también son diferentes a las de las Juntas de Centro.
Por tanto, la organización de la Universidad en Centros y Departamentos es totalmente diferente a la de los centros no universitarios.
Así, todo el profesorado está adscrito a los Departamentos, no a los Centros, y es la persona titular de la Dirección del Departamento, y no el Decano/a, el responsable de garantizar el día de la huelga el derecho a la enseñanza superior de aquéllos que no compartan ésta.
Debido a la organización indicada, en la mayoría de las prácticas de las asignaturas de los títulos de licenciaturas, grado y postgrado, sobre todo, los referentes a los másteres y estudios del doctorado, se realizan en los laboratorios de los Departamentos en los que no tiene competencias los Decanos/as o Directores/as de Centros (Facultades y Escuelas). De hecho, parte de los Departamentos están ubicados en edificios independientes de éstos. A ello, se añade que en algunos de los laboratorios existen animalarios cuya existencia y cuidado de los animales se hace imprescindible.
En los laboratorios de los Departamentos, existen instalaciones y equipos utilizados en los procesos de investigación que requieren una continuidad en su funcionamiento. Ello justifica la presencia de la persona titular de la Dirección, siendo como es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Departamento en todos los ámbitos de su competencia (artículo 78 de los Estatutos).
Hay que significar que en muchos de los Departamentos Universitarios existen materiales y sustancias, inflamables, tóxicas, radioactivas, etc, cuyo uso y manejo puede ser altamente peligroso. Por lo que se hace imprescindible un responsable último que, en este caso, es la persona titular de la dirección del Departamento.
En consecuencia, la presencia de los Directores/as de los Departamentos universitarios se considera imprescindible durante la jornada de la huelga para garantizar el correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio que forman parte de la enseñanza universitaria y que tengan lugar ese día, así como los procesos de investigación que requieran continuidad por la naturaleza de los mismos.
En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17 e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y previa negociación con el Comité de huelga en reunión de 1 de marzo de 2019, por la presente,
Primero.—Establecer como servicios mínimos en la Universidad de Oviedo que deberán ser atendidos durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019, los que a continuación se señalan:
1. Personal de Administración y Servicios:
a) Área de acceso a centros públicos:
Un empleado o empleada por edificio y turno que se responsabilizará de la apertura, cierre y control de acceso de los edificios, con el fin de garantizar su apertura a las y los empleados que acudan a su puesto de trabajo.
b) Área de servicios de Salud Pública:
Un empleado o empleada por turno en el animalario por considerar imprescindible la asistencia y cuidado diario de los animales.
c) Servicios de Registro de documentos:
Un empleado o empleada en la Oficina del Registro General que evite posibles perjuicios a los administrados cuyas garantías se verían menguadas si fuera necesaria la entrega o envío de documentos.
2. Personal docente e investigador:
a) Decanos/as y Directores/as de Centro, que permanecerán en el Centro durante toda la jornada, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza universitaria.
b) Directores/as de Departamento, que permanecerán en el mismo durante toda la jornada, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza universitaria en cuanto al correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio que tengan lugar, así como los procesos de investigación que requieran continuidad.
Segundo.—Quienes desempeñen los servicios mínimos realizarán las funciones que les correspondan, de acuerdo al trabajo que habitualmente realizan o el que se establezca en esta resolución.
Tercero.—Las y los Decanos, Directores/as de Escuela y Directores/as de Departamento, utilizando los medios habituales de control de docencia y de asistencia, elaborarán listados de las personas que han participado en la jornada de huelga, que deberá remitir por correo electrónico al Vicerrectorado de Organización Académica antes de las 14 horas (jornada de mañana) y las 19 horas (jornada de tarde) respectivamente del citado día 8 de marzo de 2019.
Cuarto.—El Rectorado que ha emitido la propuesta de servicios mínimos atribuye a la Gerenta la designación de las y los empleados encargados de asegurar los servicios descritos en el apartado primero.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, o de diez días para el procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 4 de marzo de 2019.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Megido Alonso.—Cód. 2019-02163.