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Timestamp: 2018-05-21 09:16:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 32', 'artículo 242', 'artículo 290', 'artículo 302', 'artículo 118', 'artículo 48', 'artículo 88']

Gaceta: LXIII/3PPO-3/74991
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LA SOBERANÍA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LOS CONGRESOS LOCALES DE CHIHUAHUA, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA, QUINTANA ROO Y VERACRUZ, PARA QUE CONSIDEREN SUPRIMIR DE SUS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LA PRISIÓN VITALICIA A FIN GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL COMO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
El sistema penitenciario en México lamentablemente yace olvidado, las acciones llevadas a cabo por las autoridades responsables carecen del impacto requerido para cumplir con los objetivos planteados nacional e internacionalmente. La administración actual y las que le anteceden, poco se han preocupado por las condiciones que imperan en los centros penitenciarios, los cuales lo último que logran es la reinserción social de los sujetos sentenciados.
Desde su promulgación en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 regula, entre otras cosas, lo relacionado con el sistema penitenciario del país. Al día de hoy, este precepto ha tenido ocho reformas, de las cuales vale la pena mencionar dos de las más trascendentes:
En la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, [*] uno de los cambios fundamentales fue la sustitución del término readaptación por el de reinserción, palabra clave en la estructura del Sistema Penitenciario hoy en día. Asimismo, se adicionó la salud y el deporte como medios para lograr la principal finalidad del sistema, complementando al trabajo y a la educación que ya se contemplaban.
La emblemática reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, [*] también alcanzó al artículo en comento, toda vez que estableció el respeto a los derechos humanos como una base sobre la cual debe organizarse el sistema penitenciario, aunado a los otros medios para lograr la reinserción social.
Las dos reformas referidas con antelación son fundamentales, debido a que robustecen normativamente el marco por el que debe guiarse el sistema penitenciario. El alcance de la primera modificación es expuesto mediante la jurisprudencia (constitucional) P./J. 31/2013 (10a.), en la cual se sostiene que:
“…se sustituyó el término `readaptación social´ por el de `reinserción del sentenciado a la sociedad´ el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte.” [*]
Como puede observarse, el término reinserción es más amplio; sin embargo, este objetivo no se ha logrado alcanzar debido a las deplorables condiciones que rigen actualmente el funcionamiento de los centros penitenciarios del país. Por otro lado, la importante reforma en materia de derechos humanos “evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas”. [*] Como se ha expuesto, la reforma en comento suma como medio para lograr la reinserción social de los sentenciados el respeto a los derechos humanos.
Actualmente el artículo 18 constitucional, contempla en su segundo párrafo el “deber ser” del sistema penitenciario mexicano, al decir que:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”
En ese tenor, la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal define a la reinserción social como la “restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”, resultando ser también objeto principal de dicho ordenamiento, el cual regula los medios para alcanzar esa reinserción social.
Tal y como se ha sostenido, la reinserción social es toral para el funcionamiento y fines del sistema penitenciario, aspecto que denota un verdadero avance para afrontar la incidencia y reincidencia delictiva, así como para reconstruir el tejido social. Pese a lo anterior, la realidad en el país es devastadora, la profunda crisis en la que se halla inmerso el sistema penitenciario es producto de numerosos problemas que aún no son atendidos: la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción, el autogobierno, las malas condiciones materiales e higiene, los deficientes programas de prevención de adicciones y de desintoxicación, etcétera.
Los inconvenientes referidos son verdaderos obstáculos para la reinserción social, muestra de ello es lo arrojado por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, [*] la cual da cuenta que “a nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual; y 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario”; es decir, prácticamente una cuarta parte de la población penitenciaria es reincidente, lo cual significa que hay un verdadero problema en la tarea de reinserción social.
Quien suscribe el presente documento, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado por la importancia de atender la incidencia delictiva desde el fondo, con un enfoque multidisciplinario encaminado a fortalecer las políticas públicas y programas en materia de prevención del delito; sin embargo, la reacción de las autoridades siempre es tardía; es decir, se actúa una vez que los delitos ya han dañado a la sociedad. El sostener que con solo endurecer las penas se puede prevenir que la población cometa la conducta es una idea inadecuada y de escasa ayuda, por ello se dice que “la eficacia de una pena no se desprende de lo estricto de la misma, sino de que ésta sea aplicada, menos impunidad y menos corrupción es parte del funcionamiento del sistema”. [*]
En México, diversos códigos y leyes en materia penal contemplan la imposición de penas de larga duración, muchas de estas carentes de argumentos que validen su utilidad en la disminución de la incidencia delictiva, la duración de estas puede ir desde los 40 años en algunos ordenamientos hasta los 140 años de prisión contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Como es posible notar, paulatinamente el derecho penal está siendo utilizado en su máximo sentido represivo, situación que en un marco de consolidación de los derechos humanos se contrapone a los fines de la pena privativa de libertad, y por ende, a la reinserción social como objeto del sistema penitenciario.
Una cuestión preocupante, es que mientras más se endurecen las penas, es mayor el tiempo que los sentenciados permanecen en los centros penitenciarios, incluso la pena privativa de libertad que les es impuesta puede rebasar su expectativa de vida, equiparándose prácticamente a una cadena perpetua. Lo anterior tiene efectos contraproducentes, pues implica que permanezcan en el centro de reclusión toda su vida y con un nulo interés por alcanzar la reinserción social, un fin improbable para ellos. Además, esta cuestión puede agravar el problema de sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento y otras dificultades que no han sido resueltas debidamente por las autoridades.
Ahora bien, si lo anterior representa un inconveniente, el hecho de que algunos ordenamientos locales contemplen la prisión vitalicia es alarmante. La tesis aislada P. XXI/2006 en materia constitucional-penal, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que:
“La prisión vitalicia o cadena perpetua es la que se impone por una duración igual a la vida del delincuente; sin embargo, también lo es aquella cuya duración prolongada es tal que sería imposible que llegue a compurgarse en su totalidad, al rebasar ostensiblemente el límite de vida del ser humano, pues aun en el supuesto de que el sentenciado pudiera tener derecho a determinados beneficios que en su caso establezca la legislación correspondiente, como el de la remisión de la pena, por una parte, tal circunstancia no se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es el legislador ordinario quien determina su regulación; y por la otra, no obstante la posible aplicación de esos beneficios, aun así el delincuente no estaría en condiciones de recobrar su libertad, dado lo prolongado de la pena en relación con la expectativa del promedio de vida”. [*]
Tal como lo refiere la tesis citada, la prisión vitalicia, eufemismo empleado para referirse a la pena de cadena perpetua, únicamente tiene como objetivo mantener recluido al sujeto sentenciado, puesto que al no estar en condiciones de poder recobrar su libertad, se fomenta indebidamente un desinterés por la reinserción social.
El tema ha sido abordado con preocupación por académicos expertos y por organismos de derechos humanos, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual mediante el pronunciamiento Racionalización de la pena de prisión, [*] expresa que el incremento punitivo motivado por la demanda social de mayor seguridad y justicia frente a los altos índices de incidencia delictiva se aparta de la racionalización de la pena, así como del fin constitucional de reinsertar a la sociedad a los sentenciados. Sobre esta problemática la CNDH plantea algunas consideraciones, de la cuales vale la pena citar las siguientes:
Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos humanos consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte.
Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes.
Es preciso establecer un programa de prisión permanentemente revisable para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de reinserción social efectiva y disminución de riesgo social.
Es necesario que se adopten programas de acompañamiento psicológico, educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos que ayuden a compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar una larga condena.
En este sentido, el organismo nacional remarca la necesidad de retomar el respeto a los derechos humanos como base del sistema penitenciario para alcanzar la reinserción social. En el mismo documento, la CNDH asevera que “la abolición fáctica a la reinserción social a través de la imposición de penas vitalicias, excesivamente prolongadas o de acumulación de sentencias, sin la posibilidad de acceder a beneficios de liberación anticipada, degenera en una venganza y convierte a la prisión en un castigo contradictorio a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, en virtud de que se anula cualquier posibilidad a la reinserción social de los sentenciados”.
Resulta fundada la preocupación que se tiene en general sobre la prisión vitalicia, toda vez que el contemplarla, lejos de auxiliar, complica considerablemente la situación en la que la mayoría de los centros penitenciarios del país se encuentra. La insistencia porque se cumpla el fin primordial del sistema penitenciario a través de los medios adecuados no es aislada, y resulta oportuna derivado de la trascendencia de los derechos humanos.
La prisión vitalicia, pese a no ser calificada como inconstitucional actualmente, tiene un importante antecedente dentro de las determinaciones de la SCJN. En un primer momento, mediante la jurisprudencia (constitucional, penal) P./J. 127/2001 [*] se sostuvo que la prisión vitalicia constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena.
Posteriormente, el sentido de esa tesis fue modificado sustancialmente por el Tribunal en Pleno, en su sesión del 29 de noviembre de 2005, quedando aprobada la diversa P./J. 1/2006, [*] esta jurisprudencia ahora sostiene que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, bajo el argumento de que no se ubica en alguno de los siguientes supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.
Frente a este argumento, María Elena Lugo Garfias, investigadora en derechos humanos, apunta que es necesario solicitar una nueva modificación al criterio jurisprudencial, pues derivado del análisis que efectuó, concluye que la prisión vitalicia cumple con dos de los tres supuestos para considerar inusitada esta pena. [*] En este sentido, la argumentación se enriquece para suprimir de todo ordenamiento la expresión “prisión vitalicia”, toda vez que como se ha sostenido, atenta contra la finalidad del sistema penitenciario: la reinserción social.
Asimismo, por medio de diversos instrumentos internacionales se ha plasmado una serie de principios marco para asegurar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En primer lugar es preciso decir que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”, [*] en la regla 4.1, señalan como principio fundamental que:
“Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo”.
Además, complementando lo anterior, la regla 88.1 que hace referencia a los reclusos penados, establece que “en el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella”. En el mismo sentido la regla 91, sobre el tratamiento, perfecciona el principio fundamental citado con antelación al decir que:
“El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a |la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar su sentido de la responsabilidad”.
Los “Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos”, [*] no omiten expresar que “con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles”.
Por otro lado, en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, [*] se apunta que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”.
La voluntad internacional ha tenido a bien plasmar su preocupación por las condiciones de los establecimientos penitenciarios, así como de la materialización de los fines de la pena privativa de libertad. Esa misma intranquilidad debe orientar al sistema penitenciario nacional e incluso a la sociedad en general para hacer del derecho penal realmente la ultima ratio.
Tal como se ha expuesto, el tema de la prisión vitalicia ha inquietado a muchos, contradice en gran parte a los principios instituidos por la comunidad internacional y sobre todo difiere de los fines del sistema penitenciario establecidos en la Constitución Federal. Actualmente cinco entidades de la república contemplan la prisión vitalicia en su legislación penal local: Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. [*] Igualmente, otros estados contemplan penas de larga duración que, a decir de la CNDH, no se apegan al principio de racionalización de la pena de prisión ni mucho menos a la finalidad constitucional de reinserción social.
La alarmante situación de inseguridad que aqueja al país, y los altos índices de incidencia delictiva que acosan a la población, si bien son base de una demanda social valida por un país más seguro, no deben fungir como argumentos para contraponerse a los fines de la reinserción social en un marco de consolidación de los derechos humanos. La crisis penitenciaria solo puede ser enfrentada a través de la colaboración efectiva de las autoridades responsables, pues mientras subsista la corrupción, la sobrepoblación, las malas condiciones materiales y de higiene, la impunidad, el autogobierno y demás problemas, el sistema penitenciario seguirá siendo mal catalogado y poco retribuirá a la sociedad.
Por lo anterior, es legítimo hacer un respetuoso pedimento a las legislaturas locales de las entidades federativas que contemplan la prisión vitalicia en sus legislaciones locales, a fin de que consideren suprimirla para cumplir con la finalidad constitucional de la pena privativa de prisión, es decir, la reinserción social. En sentido similar se hace la solicitud para que en aquellas entidades que contemplan penas de larga duración en sus legislaciones penales locales, se analice la viabilidad y utilidad de las mismas, y en su caso se hagan las modificaciones congruentes bajo el principio de racionalización de la pena de prisión.
La consolidación del sistema penitenciario mexicano es una tarea ardua que requiere del esfuerzo de toda la sociedad y de la oportuna intervención de las autoridades en la materia. No es posible ser ajeno a las problemáticas que aquejan a los centros penitenciarios del país, pues a corto o largo plazo su funcionalidad se refleja en la convivencia social e impacta directamente en la reconstrucción de una sociedad fragmentada por la impunidad, la corrupción y la desigualdad.
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la soberanía de las entidades federativas, a los Congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, para que consideren suprimir de sus ordenamientos jurídicos la prisión vitalicia a fin garantizar la reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la Soberanía de las entidades federativas, a los 32 Congresos locales para que, en caso de contemplar en sus ordenamientos locales penas de prisión de larga duración que rebasan la expectativa real de vida, analicen la viabilidad y utilidad de estas, y en su caso realicen las modificaciones conducentes bajo el principio de racionalización de la pena y reinserción social.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2017.
[*] Véase el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 18 de junio de 2008. Versión electrónica disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf
[*] Véase el “DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de junio de 2011. Versión electrónica disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
[*] Tesis: P./J. 31/2013, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, p. 124.
[*] Presentación, “Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría General de Acuerdos, consultado el 09/08/2017, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html
[*] Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016”, Presentación ejecutiva nacional, julio de 2017, consultada el 09/08/2017, documento disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
[*] Lugo Garfias, María Elena, “La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional”, comentario jurisprudencial contenido en Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 3, número 7, México, 2008, p.217.
[*] Tesis: P. XXI/2006, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 1179.
[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Racionalización de la pena de prisión”, Pronunciamiento, México, 2016, consultado el 09/08/2017, documento disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160331.pdf
[*] Tesis: P./J. 127/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, p. 15.
[*] Tesis: P./J. 1/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 6.
[*] Lugo Garfias, María Elena, op. cit., p.219.
[*] Resolución 70/175 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015. Documento disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10266.pdf?view=1
[*] Resolución 45/111, adoptada por la Asamblea a General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2007.pdf
[*] Resolución 1/08 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo de 2008. Documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118A.pdf
[*] Código Penal del Estado de Chihuahua: articulo 29 (catálogo de penas); artículo 32 (de la prisión); articulo 127 (homicidio bajo diversas condiciones). Código Penal del Estado de México: articulo 23 (prisión); articulo 68 (cosos de concurso); articulo 94 (reglas generales de la prescripción); artículo 242 (homicidio bajo diversas condiciones); articulo 266 (extorsión bajo circunstancias específicas); articulo 274 (violación bajo circunstancias específicas); articulo 281 (feminicidio); artículo 290, fracción IV (causar muerte con motivo de un robo). Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: articulo 41 (prisión); articulo 302 (secuestro bajo condiciones específicas); artículo 302 ter (muerte a causa del secuestro). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: artículo 118, fracción II (secuestro bajo condiciones específicas). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave: articulo 45 (de las penas); artículo 48 (prisión); artículo 88 y 89 (concurso de delitos); articulo 130 (homicidio calificado); articulo 132 (homicidio en razón del parentesco); articulo 163 (secuestro).
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74991