Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-11365-de-octubre-4-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c43af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-21 04:41:42
Document Index: 172730848

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 85', 'artículo 2357', 'artículo 85', 'artículo 2357', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 11365 DE OCTUBRE 4 DE 2001
SENTENCIA 11365 DE 04 DE OCTUBRE DE 2001
CONTENIDO:TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL EN DAÑOS POR REDES ELÉCTRICAS. INCIDENCIA DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA. ANTE LA MUERTE DE DOS PERSONAS AL RESULTAR ELECTROCUTADOS POR UNAS REDES CONDUCTORAS DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN, ES OPORTUNO PRECISAR EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD BAJO EL CUAL DEBE EXAMINARSE EL CASO, Y SE INDICA QUE EN RAZÓN AL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PELIGROSA COMO ES EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDAD APLICABLE POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA, CORRESPONDE A LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, DE LA CUAL LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO, SOLO PUEDE EXONERARSE MEDIANTE LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE UNA CAUSA EXTRAÑA (LA FUERZA MAYOR, EL HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO Y LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA).
TEMAS ESPECÍFICOS:CULPA DE LA VÍCTIMA, TEORÍA DEL RIESGO, CAUSA DEL DAÑO, DAÑO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:362 DE FEBRERO DE 2002, PÁG.317
Sentencia 11365 de octubre 4 de 2001
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS
Rad.: 25000-23-26-000-1991-7461-01 (11365)
Dr. German Rodriguez Villamizar
Actor: Gladys Galvis y otros
Demandado: Empresa de Energia de Bogota
En razón a que no fue aprobada la ponencia inicialmente presentada, conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 17 de agosto de 1995, por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de octubre de 1991 (fl. 13 cdno. ppal.), la señora Gladys Galvis Urián, quien obra en nombre propio y en representación de sus hijos menores José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis; Etelvina Acuña Pacheco y Blanca Inés Galeano, quien actúa en nombre propio y en el de sus hijas menores Leidy Constanza y Yolanda Figueroa Galeano, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda en contra de la Empresa de Energía de Bogotá (fls., 3 a 13 ibídem), a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al establecimiento público denominado ‘Empresa de Energía de Bogotá’, de las muertes por electrocución de José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano, ocurridas el 7 de diciembre de 1989 en la ciudad de Santafé de Bogotá.
“Segunda. Condenar a la ‘Empresa de Energía de Bogotá’ a pagar a cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la sentencia de segunda instancia:
1. Gladys Galvis Urian, José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica Maria Acuña Galvis mil (1000) gramos para cada uno en su condición de compañera e hijos de José del Carmen Acuña Pacheco.
2. Para Etelvina Acuña Pacheco quinientos (500) gramos en su condición de hermana de José del Carmen Acuña Pacheco.
3. Para Blanca Inés Galeano mil (1000) gramos en su condición de madre de Luis Eduardo Galeano.
4. Para Leidy Constanza y Yolanda Figueroa Galeano, quinientos (500) gramos para cada una en su condición de hermanas de Luis Eduardo Galeano.
“Tercera. Condenar a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar a favor de Gladys Galvis Urián, José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su compañero y padre José del Carmen Acuña Pacheco, según las siguientes bases de liquidación:
1. Un salario de cien mil ($ 100.000) pesos mensuales, o en subsidio el salario mínimo vigente el 7 de diciembre de 1989, o sea la suma de mil ochenta y cinco pesos con treinta y dos centavos ($ 1.085.32) diarios.
2. El cálculo de la vida probable de José del Carmen Acuña Pacheco, la de su compañera y la edad de veinticinco (25) años para cada uno de los hijos demandantes.
3. Actualizada la condena según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el 7 de diciembre de 1989 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia.
4. La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta además, la indemnización debida y la consolidada y la futura.
“Cuarta. Condenar a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar a favor de Blanca Inés Galeano, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su hijo Luis Eduardo Galeano según las siguientes bases de liquidación:
1. Un salario de cien mil ($ 100.000) pesos mensuales o en subsidio el salario mínimo vigente el 7de diciembre de 1989, o sea la suma de mil ochenta y cinco pesos con treinta y dos centavos ($ 1.085.32) diarios.
2. El cálculo de la vida probable de Luis Eduardo Galeano y de Blanca Inés Galeano.
4. La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta además la indemnización debida o consolidada y la futura.
“Quinta. La Empresa de Energía de Bogotá, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de dicho término”.
“1. José del Carmen Acuña Pacheco, desde 1980, hacia (sic) vida en común con su compañera estable y permanente Gladis Galvis Urián, a quien trataba como su mujer ante propios y extraños.
2. José del Carmen Acuña Pacheco vivía bajo el mismo techo con su compañera Gladis Galvis Urián. De sus relaciones nacieron: José Alexander, nacido el 10 de septiembre de 1982; Nancy Carolina, nacida el 2 de febrero de 1984; Carlos Andrés, nacido el 13 de junio de 1985 y Angélica María Acuña Galvis, nacida el 23 de noviembre de 1986. Todos los hijos fueron reconocidos por el padre, como consta en el registro civil de nacimiento, con su firma por detrás.
3. José del Carmen Acuña P. Mantenía económicamente a su compañera y a sus hijos menores con el sueldo que recibía como pintor. En dicha actividad recibía un sueldo de cien mil ($ 100.000) pesos mensuales.
4. José del Carmen Acuña Pacheco tenía como hermana legítima a Etelvina Acuña Pacheco, y entre ellos existían especiales relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua.
5. Blanca Inés Galeano tiene como hijos extramatrimoniales a Elidí Constanza, nacida el 11 de agosto de 1987 y Yolanda Figueroa Galeano, nacida el 20 de junio de 1975, además de Luis Eduardo Galeano, nacida el 29 de febrero de 1967.
6. Luis Eduardo Galeano guardaba con sus hermanas Leidy Constanza y Yolanda Figueroa Galeano, especiales relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua. Además, todos vivían en la misma casa.
7. Luis Eduardo Galeano trabajaba en labores de albañilería, como pintor, actividad en la cual devengaba la suma de cien mil ($ 100.000) pesos mensuales, los cuales destinaba para su subsistencia y para ayudar a su madre, doña Blanca Inés Galeano, ya que esta no tenía más hijos varones.
8. José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano, junto con otros trabajadores estaban pintando el frente de los edificios de los apartamentos fiscales de oficiales de Policía, ubicados en Kennedy en la carrera 33 Nº 74-36 sur. Esta labor la cumplían bajo la dirección de los contratistas independientes Roberto Ospina y Moisés Garzón Gamboa.
9. El 7 de diciembre de 1989 llegaron a su trabajo José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano y otros trabajadores de la obra, como a eso de las 7:40 a.m. y procedieron a cambiar de sitio un andamio metálico para realizar su trabajo. Para ello se reunieron José del Carmen Acuña Pacheco, Luis Eduardo Galeano, Luis Humberto Bermúdez Garzón y Marcos Hernández, y al trasladar el andamio llegaron a una esquina y de un momento a otro éste se les volteó y chocó con las (sic) cables de alta tensión, de propiedad del ente público demandado, pasó la corriente por el andamio y llegó a los cuerpos de los trabajadores que lo estaban moviendo.
10. Debido a la fuerza del fluido eléctrico, los cuerpos de los cuatro trabajadores quedaron botados a los lados. Los compañeros de trabajo, el celador del edificio Santiago Riaño Romero y el agente de la Policía Roberto Hernández Carreño los recogieron y los llevaron al hospital (sic) más cercano que era el de Kennedy, pero llegaron sin signos vitales al hospital (sic) los cuerpos de José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano. Los otros dos trabajadores quedaron heridos pero salvaron su vida.
11. En el Hospital de Kennedy no pudieron hacer nada para salvar la vida de José del Carmen Acuña y Luis E. Galeano; por ello se les hizo el levantamiento de cadáver allí mismo, por el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal Permanente.
12. La muerte por electrocución de los señores José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano se produjo cuando estaban en su lugar de trabajo realizando sus actividades normales.
13. Hubo una falla en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Los cables de conducción del fluido de la entidad pública demandada estaban demasiado bajos y este hecho fue la causa fundamental para que el andamio hubiera hecho contacto con ellos y se hubieran electrocutado José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano.
14. Las autoridades según el artículo 2 de la Constitución Nacional, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares.
15. Conducir energía eléctrica es una actividad peligrosa que implica riesgo excepcional. Sin las instalaciones del ente público demandado, hechas para dar luz a Santa Fe de Bogotá, no se hubiera producido la muerte de los señores José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano. Ese servicio se presta para beneficio de la comunidad, y es lógico que si se causa un daño, todos contribuyamos a su reparación. El artículo 13 de la Constitución Política establece la igualdad de todos frente a las cargas públicas” (fls. 5 a 7 cdno. ppal.).
A través de apoderado, la Empresa de Energía de Bogotá intervino en el proceso (fls. 39 a 44 cdno. ppal.), para oponerse a las pretensiones, en cuya dirección esgrimió la excepción denominada “inexistencia de la obligación”, dado que no existió falla del servicio imputable a ella y, que como consecuencia de esta falla, se hubieran causado perjuicios al demandante.
4. Llamamiento en garantía.
En escrito separado a la contestación de la demanda (fls. 45 y 46 cdno. ppal.), la Empresa de Energía de Bogotá llamó en garantía a la Compañía de Seguros Colmena S.A., el cual fue negado mediante auto de fecha 4 de junio de 1992 (fls. 77 a 82 ibídem). La entidad interpuso recurso de apelación contra dicha providencia (fls. 86 a 89 ibídem), la cual fue confirmada por la Sala, mediante auto del 24 de junio de 1993 (fls. 60 a 66 cdno. 3)
Ante el a quo se celebró la audiencia de conciliación el día 23 de marzo de 1995, sin lograrse acuerdo alguno entre las partes (fl. 197 cdno. ppal).
Mediante providencia del 17 de agosto de 1995 (fls. 217 a 228 cdno. ppal.), el tribunal de primer grado negó las pretensiones de la demanda, por considerar que si bien está acreditado que la entidad demandada actuó legítimamente pero utilizando medios excepcionalmente peligrosos, no hay lugar a reparación del daño porque éste fue causado por culpa exclusiva de las víctimas.
Para adoptar tal decisión, argumentó lo siguiente:
“Analizadas en detalle las pruebas aportadas, encuentra la Sala que el primero de los elementos está probado, la demandada ha reconocido que aunque los cables son de su propiedad, la causa del daño no se debió a su concurso sino por la propia voluntad de la víctima.
De hecho, el riesgo excepcional o responsabilidad sin falta se aplica para todos los casos en que se presentan perjuicios causados por conducción de energía, el sólo tendido de los cables constituye el riesgo.
Dada la importancia que tiene el suministro de energía eléctrica para el mejor vivir de la sociedad, se impone la presunción de culpa, que no puede desvirtuarse sino probando el caso fortuíto (sic), el hecho de un tercero o la culpa de la víctima. Es decir, que la carga de la prueba se invierte y corresponde a la entidad demandada probar uno de esos eximentos (sic) de responsabilidad.
La culpa exclusiva de la víctima es causal que exonera totalmente en cualquier régimen de responsabilidad, ya que en el fondo lo que implica es que el hecho causante del daño no es imputable a la administración.
Del estudio del material probatorio se deduce que la Empresa de Energia Electrica de Bogota, cumplió con todas las normas de protección establecidas por ella misma y con las reglas establecidas a nivel nacional sobre la colocación y paso de las líneas conductoras de energía eléctrica.
Por su parte, existe también prueba dentro del proceso que el hecho generador del perjuicio fue el manejo negligente e imprudente que le dieron los obreros a un elemento conductor de energía, el andamio metálico, pues la altura de éste exigía de un cuidado estricto para su manejo. Sin embargo, las víctimas hicieron caso omiso a ello y por el contrario decidieron correr el andamio de diez metros de altura, que la simple lógica de previsión imponía la obligación de desarmarlo, por lo menos en parte, y después hacer el traslado que necesitaban. De haber cumplido con ello, muy seguramente el hecho dañino no se hubiera presentado” (fls. 226 y 227 cdno. ppal.).
Uno de los magistrados salvó el voto por considerar que “en todas las contenciones en que ocurre el riesgo, provecho de la administración y la culpa de la víctima hay lugar a condena, disminuyendo el monto de la indemnización para sancionar así la participación del actor procesal, pero jamás como lo quiere la Sala, considerar que la cooparticipación (sic) de la víctima en el hecho dañino es causal excluyente de la administración. Omite considerar tal tesis que el hecho de la administración de transportar energía eléctrica fue causa necesaria de las lesiones y homicidos (sic), pues si no hubiese existido el tendido eléctrico que dio lugar al accidente, la conducta de la víctima no era suficientemente idónea por sí sola, para causar el daño” (fl. 230 cdno. ppal.).
Inconforme con la decisión del a quo, la parte actora la apeló (fls. 239 a 243 cdno. ppal.), por considerar que la sentencia desconoce la teoría del riesgo excepcional, además de normas especiales sobre la materia, como el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, que crea la responsabilidad por riesgo en la explotación de la transmisión de energía eléctrica.
Afirma que la entidad demandada fue la única causante del perjuicio porque los cables que ocasionaron la muerte de las víctimas han debido ir en forma subterránea o revestidos, en tanto que no se configuró la culpa exclusiva de éstas porque de todas maneras para que los obreros murieran “fue necesario que existieran, mal colocadas, las redes de transmisión de energía...además que quienes fallecieron realizaban un trabajo en cumplimiento del precepto bíblico y de la Constitución Política. No ejecutaban actividades ilícitas, no estaban embriagados, no se encontraban jugando (...)” (fl. 243 ibídem).
8.1. La parte actora no realizó actuación alguna en esta etapa procesal.
8.2. El Ministerio Público (fls. 251 a 256 cdno. ppal.), considera que como la conducta de las víctimas fue causa inmediata de su muerte, pues actuaron de manera imprudente al correr el andamio metálico, de acuerdo con los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corporación, debe reducirse la indemnización según lo establecido en el artículo 2357 del código civil.
Pero, en su criterio, la culpa de las víctimas no fue exclusiva porque “la administración creó un riesgo de naturaleza excepcional y sujetó a él a los administrados. Cuando ese riesgo se concreta, vale decir, cuando se produce el daño, está presente de modo necesario el nexo causal. En otras palabras, la actividad excepcionalmente riesgosa siempre será causa del daño; bien puede ser causa única o en concurso con otras tales como el hecho de tercero o la culpa de la víctima. Hay causa concurrente” (fl. 254 ibídem).
No obstante lo anterior, considera que de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, la indemnización debe ser plena, pues tal norma “va más allá de la simple consagración de un régimen de responsabilidad sin falta; está excluyendo la culpa de la víctima como causa idónea para la producción del daño; es decir que, frente a los daños causados por la generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica, en razón del riesgo que crean tales actividades, la responsabilidad debe ser asumida ‘en su integridad’ por quienes los acometen; se estaría excluyendo por vía de especialidad de la ley, la aplicación para estos eventos, del artículo 2357 del C.C. que, como se vio, regula el fenómeno de la concurrencia de una actividad peligrosa con la culpa de la víctima” (fl. 256 ibídem).
8.3. La Empresa de Energía de Bogotá (fls. 266 a 269 cdno. ppal.), solicitó confirmar la providencia apelada, por considerar que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, no se demostró la falla del servicio imputable a ella, que cumplió con las normas de diseño, instalación y seguridad establecidas en el código eléctrico nacional y por la misma empresa para la construcción de redes aéreas de media tensión en la ciudad. En cambio, sí se acreditó la culpa exclusiva de las víctimas, “quienes no actuaron como personas prudentes y diligentes sino por el contrario con negligencia al pretender trasladar un andamio de esa magnitud sin desarmarlo, cuando esto era posible pues están diseñados para ser desarmados con facilidad; en estas condiciones no hay falla en el servicio y como consecuencia, no se causaron los perjuicios reclamados en la demanda” (fl. 268 ibídem).
La Sala revocará la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de agosto de 1995.
En primer lugar, si se tiene en cuenta que la muerte de los señores José del Carmen Acuña y Luis Eduardo Galeano tuvo ocurrencia al resultar electrocutados por unas redes conductoras de energía de alta tensión, es oportuno precisar el régimen de responsabilidad bajo el cual debe examinarse el asunto en estudio.
La jurisprudencia de la sala ha establecido que en razón al ejercicio de una actividad peligrosa como es el servicio de energía eléctrica, el fundamento de responsabilidad aplicable por los daños derivados de la conducción de energía, corresponde a la teoría del riesgo excepcional, de la cual la entidad prestadora del servicio, solo puede exonerarse mediante la prueba de la existencia de una causa extraña (la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima).
La Sala definió este régimen de responsabilidad en sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente 4655, actor: Alfonso Sierra, de la siguiente manera:
“c. Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un ‘riesgo de naturaleza excepcional’ que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios qué derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio.
‘Tiénese entonces que, según esta concepción, siempre que la actividad generadora de riesgo se cumple en provecho de la colectividad, las cargas que de aquella puedan derivarse no deben gravar más a unos ciudadanos, que a otros. No sería lógico, en efecto, que al tiempo que la administración se lucra de un servicio público, se empobrezca paralelamente un administrado. Es la aplicación del aforismo ‘ubi emolumentum ibi onus esse debet’, se el cual quien quiera que obtenga beneficios de una actividad generadora de riesgos, asume las cargas que de estos se deriven. En otras palabras, es el precio que fatalmente debe pagar el estado frente a la modernización de los servicios a su cargo y que se traduce en una protección especial y excepcional al patrimonio lesionado”.
Así mismo, en sentencia de 11 de mayo de 1994, expediente 8639, actor: María Hincapié de Rengifo y otros, se fijó la siguiente pauta:
“Con base en la teoría del riesgo especial o excepcional se declara la responsabilidad del ente público demandado por utilización de cosas peligrosas (como es la explotación del servicio de energía), la Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades para destacar que se presume la responsabilidad de dicho ente porque es quien utiliza la cosa peligrosa para provecho de la comunidad y beneficio suyo, imponiendo a los administrados una carga excepcional que no tiene por qué soportar; carga ésta que al causar un daño debe resarcirse como solución de equidad y por el principio constitucional de la equidad. La decisión de responsabilidad también encuentra su fundamento en el artículo 90 de la Constitución, porque se produjo un daño antijurídico imputable a una autoridad pública (...)”.
En similar sentido, la Sala se pronunció en sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9269, en los siguientes términos:
“En los regímenes de responsabilidad por riesgo creado, en los cuales se aplica la responsabilidad sin falta, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que en casos como el presente el origen de la obligación de reparar los daños causados a particulares, obedece al riesgo que producen ciertas actividades consideradas peligrosas, tales como el transporte de explosivos, la demolición de edificios y la conducción de energía, en donde el caso fortuito no constituye causal de exoneración(1)”.
Ahora bien, también se ha considerado que en los eventos en los cuales la prestación del servicio de energía eléctrica resulta inadecuada, la responsabilidad estatal no debe manejarse con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, sino bajo la perspectiva de la falla probada del servicio, como lo decidió la Sala en un caso de dos personas que resultaron electrocutadas, cuando intentaban instalar una antena de televisión en el tercer piso de un establecimiento escolar(2), en el siguiente sentido:
“De acuerdo con lo anteriormente expuesto se desprende que en el presente caso la falla del servicio se manifiesta en forma clara, pues según las pruebas obrantes en el expediente (...), acreditan que la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliécer Antonio de Jesús Sierra Sosa ocurrieron el día 27 de junio de 1989 en el municipio de Baranoa (Atlántico) como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica por la entidad demandada al no suministrar las medidas mínimas de seguridad, pues en el sitio de los acontecimientos uno de los postes se encontraba inclinado y en malas condiciones y los cables conductores de energía estaban descubiertos sin protección alguna y sin cumplir la distancia límite que debe existir con respecto a la edificación.
La Sala concluye que resultaba innecesario acudir a la teoría del riesgo ante la evidencia probatoria de la falla del servicio público de energía eléctrica por la inadecuada prestación del mismo y la omisión de la administración en tomar las medidas de prevención que las circunstancias del caso imponían”.
En primer término, se ocupará la Sala de la excepción de inexistencia de la obligación, propuesta por la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda, la cual fundamenta en que “no existió falta o falla del servicio por parte de la Empresa de Energía de Bogotá y que como consecuencia de esa falta o falla se hubieran causados perjuicios al demandante” (fl. 42 cdno. ppal.).
La excepción así formulada, apunta a controvertir los argumentos de fondo expuestos en la demanda, en el sentido de afirmar la inexistencia de falla del servicio imputable a la entidad, razón por la cual será resuelta al examinar el fondo del asunto.
El hecho del fallecimiento de los señores José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano, ocurrida el día 7 de diciembre de 1989 en esta ciudad, como consecuencia de una falla cardiaca aguda por electrocución, se encuentra debidamente probada con los correspondientes registros civiles de las defunciones, obrantes a folios 24 y 25 del cuaderno principal.
De acuerdo con los medios de convicción aportados al proceso, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia la muerte de tales víctimas, se encuentra demostrado lo siguiente:
a. El folio 380 del libro de población llevado en la décima segunda estación de policía de Kennedy para el día 7 de diciembre de 1989 (fl. 167 cdno. 2), informa que: “El juzgado 5 Inscriminal (sic) Permanente…practicó levantamiento Cader (sic) de José del Carmen Acuña Pacheco…y de Luis Eduardo Galeano (…) quienes fallecieron electrocutados, en el mismo caso resultaron heridos o con quemaduras los señores Marco Aurelio Hernández Sánchez…y Luis Humberto Bermúdez Garzón (…) los hechos ocurrieron a las 07:30 en la calle (sic) 33 Nº 74-36 sur aptos fiscales de la Ponal (sic) (…) trabajaban por contrato pintando los Bloques (sic) y prosedian (sic) a correr un andamio y se ladio (sic) haciendo corto con cables de alta tensión presentándose el accidente (...)” (ibídem. Resaltado de la Sala).
b. En el mismo sentido, la Juez Quinta de Instrucción Criminal Permanente manifiesta en el acta de levantamiento de cadáver del occiso José del Carmen Acuña, lo siguiente: “(...) a las 07:40 de la mañana de hoy, llegaron en el vehículo de la policia 063 conducida por el agentes de plcas (sic) Nº 07933, Jose del Carmen Acuña, Luis Eduardo N. (Galeano) los occisos de la carrera 33 Nº 74-36 sur apartamentos fiscales de la policia, por haber recibido descargas electricas cuando laboraban, al caer el andamio sobre una cuerda de alta tensión y tambien en el mismo vehículo llegaron los señores Marco Aurelio Hernández Sánchez y Luis Humberto Bermúdez Garzon quienes resultaron heridos en los mismos hechos (...)” (fl. 181 vto. cdno. 2).
c. Luego de ocurrido el accidente, José del Carmen Acuña, Luis Eduardo Galeano, Marco Hernández y Luis Humberto Bermúdez fueron trasladados al Hospital de Kennedy de la ciudad por una patrulla de la policía, donde el primero de ellos tenía las siguientes heridas: “escoriación region fron-tal (sic) lado izq., escoriación region deltoclavicular der., quemaduras de primer grado en la palma de la mano der. y en el pie der. parte externa al parecer con elemento electrico” (fl. 181 cdno. 2), y, el señor Galeano presentaba “quemadura de primer grado en dedo pulgar y palma de la mano der” (fl. 183 ibídem).
d. De acuerdo con los respectivos protocolos de necropsia (fls. 224 a 226 y 241 a 243 cdno. 2), el Instituto de Medicina Legal presentó las siguientes conclusiones respecto del deceso de José del Carmen Acuña: “Adulto electrocutado que muere por falla cardiaca (Alteración de la Conducción)” (fl. 226 ibídem), y, de Luis Eduardo Galeano: “Hombre adulto joven quien fallece en congestión visceral generalizada y paro cardiaco por fibrilación ventricular secundaria a electrocución” (fl. 243 ibídem).
En estas condiciones, es claro para la Sala determinar de acuerdo con el acervo probatorio atrás mencionado, que a las siete y media de la mañana del 7 de noviembre de 1989, mientras desarrollaban labores de pintura en unos apartamentos fiscales de la policía, ubicados en la carrera 33 Nº 74-36 sur de esta ciudad, los señores José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano fallecieron cuando en compañía de Marco Hernández y Luis Humberto Bermúdez, trasladaban un andamio metálico e hizo contacto con unas cables de energía.
Una vez acreditada la muerte de los señores José del Carmen Acuña Pacheco y Luis Eduardo Galeano en las circunstancias antes descritas, es necesario establecer si tal hecho dañoso a partir del cual los demandantes pretenden una indemnización de perjuicios del orden moral y material, le resulta imputable a la Empresa de Energía de Bogotá una responsabilidad de carácter patrimonial extracontractual.
Bajo el régimen de falla del servicio, la parte actora argumentó en la demanda que la Empresa de Energía de Bogotá incurrió en una falta en la prestación del servicio de energía eléctrica, consistente en que “los cables de conducción del fluido...estaban muy bajos y este hecho fue la causa fundamental para que el andamio hubiera hecho contacto con ellos (...)” (fl. 7 cdno. ppal.). Así mismo, en el escrito de sustentación del recurso de apelación, afirmó que la muerte de las víctimas es atribuible a la entidad demandada, porque las redes de energía eléctrica debían ir subterráneas o revestidas con material aislante, y no aéreas, tal como se encontraban el día 7 de noviembre de 1989.
Sin embargo, obra en el expediente prueba demostrativa de que las redes situadas en la carrera 33 Nº 74-36 sur de la ciudad, cumplían con las normas técnicas pertinentes, lo cual permite afirmar que la entidad demandada no incurrió en una falta en la prestación del servicio de energía eléctrica, que tuviera relación causal con la muerte de los señores José del Carmen Acuña y Luis Eduardo Galeano.
En efecto, fue practicado en el proceso un dictamen pericial por ingenieros electricistas (fls. 266 a 270 y 276 a 277 cdno. 2), quienes respecto de la ubicación de las redes eléctricas en la carrera 33 Nº 74-36 sur de la ciudad, conceptuaron lo siguiente:
“Tomada la medida horizontal desde el Edificio (sic) hasta la parte más cercana al poste, es de cinco punto con noventa y ocho metros (5.98 metros) y la red más cercana a cinco punto cero metros (5.0 metros).
(…) no existen redes de baja tensión ya que la acometida es subterránea. Los postes en los cuales están instaladas las redes de mediana tensión son de concreto con una disposición de T y como lo dijimos en el punto anterior las redes están a una altura de unos diez metros (10.00 metros).
De acuerdo con la norma LA 007 y LA 007-1 establecidas por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para la construcción de redes de media tensión la distancia mínima horizontal entre la red y el edificio (sic) es de uno punto cincuenta metros (1.50 metros) (…) Por consiguiente los postes están debidamente ubicados.
De acuerdo con las medidas realizadas y ya mencionadas en el punto 1, sí es posible utilizar un andamio común y corriente sin peligro de electrocución.
Dejamos constancia que las redes de media tensión instaladas frente al edificio (sic) con dirección calle 33 sur No. 74-36 de la ciudad de Santafé de Bogotá están tendidas en cable desnudo, bien tensionadas y que el Edificio (sic) es de cinco (5) pisos.
(…) los circuitos aéreos de media tensión (M.T.) existentes en la calle 33 sur Nº 74-36 de la ciudad de Santafé de Bogotá, de acuerdo con la inspección realizada el diez (10) de septiembre de 1994, cumplen con las normas de diseño, construcción, instalación y de seguridad expuestas en el Código Eléctrico Nacional NTC 2050 y por consiguiente con las normas establecidas por la EEB para la construcción de redes aéreas de media tensión en la ciudad de Santafé de Bogotá”.
Como consecuencia de lo anterior, es oportuno precisar que el asunto bajo estudio se trata de un evento en donde la responsabilidad no se enmarca dentro de la perspectiva de la falla con ocasión de la prestación del servicio de energía eléctrica, dado que se encuentra demostrado que no tuvo ocurrencia en el presente caso, sino bajo el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, toda vez que las líneas conductoras estaban instaladas técnicamente conforme lo dispone la normatividad especial que reglamenta esta actividad, que de por sí conlleva la explotación de una actividad peligrosa.
En efecto, existe un régimen conceptual y probatorio especial en las actividades peligrosas, por cuanto su naturaleza colocan a los asociados en inminente peligro de sufrir lesiones, aunque se desarrollen con toda la diligencia posible, dado que quien motiva la actividad crea una irregularidad para los asociados en donde la inminencia del riesgo va implícita con la naturaleza de la actividad.
Por lo tanto, cuando se causa un daño generado en razón a tales actividades, debe verificarse si fue con motivo del ejercicio de dicho riesgo, o si es ajeno a éste, mediante la presencia de una causa extraña, esto es, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima, o también si ambas causas concurrieron a la producción del mismo.
Ahora bien, sobre la incidencia que tiene la culpa de la víctima en el fundamento de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual implica una exoneración total o parcial según las circunstancias propias del caso concreto, deben distinguirse dos situaciones a saber, la primera, es la referente al conocimiento generalizado que tienen las personas, del riesgo que conlleva la explotación de una actividad peligrosa, como es la conducción de energía eléctrica, y, la segunda, que por el hecho de que la víctima se exponga a tal peligro, pueda considerarse que lo hizo de manera deliberada. En otras palabras, es indispensable que la víctima conociese el riesgo, pero mal podría tenerse como voluntaria la exposición al mismo.
En el asunto bajo estudio, es claro para la Sala determinar de acuerdo con el acervo probatorio aportado al proceso, que la condición de las víctimas como obreros de la construcción empleados en labores de pintura de fachada de edificios, los obligaba a tener mayores precauciones para evitar comportamientos imprudentes que pudieran generar serios riesgos para su vida e integridad física, la cual se tornaba más riesgosa por adelantar trabajos que prácticamente los exponía a entrar en contacto con los cables aéreos de conducción de energía eléctrica instalados por la entidad demandada para prestar dicho servicio a los habitantes del sector de la carrera 33 Nº 74-36 sur de la ciudad, actividad que ha sido calificada por la jurisprudencia como peligrosa, según se expuso anteriormente.
Por lo tanto, resulta evidente que en el presente caso, los señores José del Carmen Acuña y Luis Eduardo Galeano contribuyeron a la ocurrencia del accidente en el cual fallecieron, porque a juicio de la Sala, el proceder de las víctimas fue imprudente, como quiera que se trataba de una actividad que revestía amenaza para su propia integridad, como era la de obreros de construcción dedicados a pintar fachadas de las edificaciones, en constante relación con las líneas eléctricas. Sin embargo, no puede considerarse como voluntaria la conducta descuidada que desarrollaron dichos trabajadores el 7 de noviembre de 1989, como fue el exponerse a las redes de energía mientras trasladaban el andamio metálico, la cual permita tenerla como la única causa generadora del daño, y, en consecuencia, exonerar de responsabilidad a la Empresa de Energía de Bogotá, tal como concluyó el tribunal en la providencia recurrida.
Por el contrario, en razón a que la entidad demandada, en el ejercicio de una actividad peligrosa como se trata la conducción de redes de energía, expuso a las víctimas a un riesgo de carácter excepcional que no tenían el deber de soportar, el cual se materializó con la ocurrencia de la tragedia en la cual perdieron la vida, resulta procedente declarar la responsabilidad de la Empresa de Energía de Bogotá por tales hechos, sin embargo, como la actividad de las víctimas incidió en buena parte en la generación del resultado dañoso, para la Sala es claro que se debe reducir la condena en un cincuenta por ciento (50%). En estas condiciones, habrá de negarse la excepción de inexistencia de obligación, formulada por la entidad demandada y, en consecuencia, se revocará la sentencia apelada.
Finalmente, debe destacarse que en un caso similar al del presente asunto, en el cual unos obreros se electrocutaron al desplazar un andamio que hizo contacto con las redes de energía, la Sala condenó a la entidad demandada en concurrencia con la culpa de las víctimas, en una proporción equivalente al 50%, para lo cual hizo las siguientes consideraciones:
“La Sala desea precisar que en los casos en los que particularmente se examina la responsabilidad de la administración, por la explotación de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica, no es pues del caso analizar profundamente interrogantes para responder rigurosamente si hubo falta o culpa en la conducta de la entidad demandada, pues de lo que se trata es de reparar un daño a quien está legitimado para ello, con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, que impone la obligación al explotante de una actividad peligrosa reparar los perjuicios derivados de ésta. En efecto éste es un riesgo de aquellos que implican generalmente a los particulares una exposición del cual se pueda derivar un accidente mas o menos grave, y por ello puede decirse que solo la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias de los damnificados.
No obstante lo dicho anteriormente estima la Sala que la mera generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por culpa única y exclusiva de la víctima o por cualquier otra ‘causa extraña’ —como la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.
Dicho en otros términos en el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, no se prescinde de la exigencia del nexo causal y por ello cuando la administración demuestra la existencia de una causa extraña, se libera de su obligación resarcitoria”(3).
4.1. Primer grupo familiar.
Se encuentra demostrado a folios 19 y 20 del cuaderno principal del expediente, el parentesco de hermana que unía a la demandante Etelvina Acuña, con la víctima José del Carmen Acuña.
Así mismo, está acreditado mediante probanzas de carácter testimonial recibidas a María Sara Avila y Wilson Cruz (fls. 175 a 178 cdno. 1), que al momento de su muerte, José del Carmen Acuña y Gladis Galvis eran compañeros permanentes. De dicha unión, nacieron José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis (fls. 14 a 17 cdno. ppal.).
4.2. Segundo grupo familiar.
Mediante los correspondientes registros civiles de nacimiento aportados a folios 21 a 23 del cuaderno principal del expediente, las señoras Blanca Inés Galeano, Leidy Constanza y Yolanda Figueroa Galeano lograron probar su condición de madre y hermanas del occiso Luis Eduardo Galeano, respectivamente.
5.1. Morales.
Una vez acreditada la relación de parentesco, la Sala ha establecido una presunción de existencia de este tipo de perjuicios inmateriales, respecto de los parientes más próximos del fallecido, como son los padres, los cónyuges, los hijos, los hermanos y los abuelos, así como la necesidad de probar la ocurrencia de los mismos, para los demás familiares, y en general, para aquellas personas que experimenten dolor y aflicción, con motivo de la muerte de la víctima.
5.1.1. En relación con el primer grupo familiar, los demandantes acreditaron el parentesco que los unía al occiso José del Carmen Acuña, razón por la cual, previa la reducción del 50%, se condenará a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar los actores, por concepto del daño moral sufrido, las siguientes cantidades de gramos de oro: para Gladys Galvis y a cada uno de sus hijos José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis, 500 gramos de oro; y, para Etelvina Acuña, en su condición de hermana de la víctima, 250 gramos de oro.
Ahora bien, luego de examinar el carácter inadecuado que tenía el precio del oro para indemnizar el perjuicio moral, en reciente providencia de fecha 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, la Sala fijó el valor de las condenas por éste perjuicio en moneda legal colombiana, donde la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, corresponde a los eventos en que tal perjuicio cobra su mayor intensidad, en los siguientes términos:
“(...) considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.
Sin duda, la afirmación de la independencia del juez implica la asunción, por parte de éste, de una responsabilidad mayor. Deberá ponerse especial esmero en el cumplimiento del deber de evaluar los diferentes elementos que, en cada proceso, permitan establecer no sólo la existencia del perjuicio moral, sino su intensidad, e imponer las máximas condenas únicamente en aquellos eventos en que, de las pruebas practicadas, resulte claramente establecido un sufrimiento de gran profundidad e intensidad, superior a muchos de los pesares imaginables (...)”.
Con fundamento en lo anterior, será condenada la Empresa de Energía de Bogotá por concepto de perjuicios morales, a pagar a la señora Gladys Galvis y a cada uno de sus hijos José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis, la suma de dinero equivalente en la fecha de esta sentencia a 35.46 salarios mínimos legales mensuales, y, a Etelvina Acuña, la suma equivalente a 17.73 salarios mínimos legales mensuales.
5.1.2. Similar consideración se predica respecto del segundo grupo familiar, por lo que igualmente, previa la reducción del 50%, se condenará a la entidad demandada a pagar a la señora Blanca Inés Galeano, madre del señor Luis Eduardo Galeano, quinientos gramos de oro, los cuales corresponden a la suma de dinero equivalente en la fecha de esta sentencia a 35.46 salarios mínimos legales mensuales; y, para cada una de las siguientes hermanas de la víctima, Leidy Constanza y Yolanda Figueroa Galeano, 250 gramos de oro, equivalentes a 17.73 salarios mínimos legales mensuales.
5.2. Materiales en la modalidad de lucro cesante.
5.2.1. Primer grupo familiar.
Para el cálculo del lucro cesante se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente y las fórmulas financieras adoptadas por la jurisprudencia.
Para calcular a indemnización por lucro cesante, aquella se divide en vencida y futura. La primera, abarca desde la ocurrencia del hecho, hasta la fecha de esta sentencia; la segunda, desde el día siguiente a la fecha de ésta sentencia, hasta el vencimiento de la vida probable de la víctima. En relación con la hija, se liquidará la indemnización sólo hasta la fecha en que cumplieron 18 años de edad.
En cuanto al salario base de liquidación, se tendrá en cuenta el mínimo mensual vigente para 1989, $ 32.559 (D. 2662 de 1988), dado que si bien está acreditado en el proceso que al momento de su fallecimiento, el señor José del Carmen Acuña se dedicaba a trabajar en labores de pintura de edificios, no ocurre lo mismo con los ingresos que percibía por tal actividad.
Este monto será actualizado a la fecha de la sentencia así:
Ra = R I. final (agosto/2001)
I. inicial (diciembre/1989)
Ra =$ 32.559 126.59
Ra =$ 259.876,65
Como el salario mínimo vigente para 1989 actualizado a esta fecha,$ 259.876,65, resulta inferior al que rige en la actualidad,$ 286.000, se toma en cuenta éste último como base de liquidación en el presente caso.
Occiso José del Carmen Acuña
Fecha fallecimiento 7 de diciembre de 1989 (fl. 24 cdno. ppal.)
Fecha nacimiento 23 de noviembre de 1956 (fl. 19 ibídem)
Vida probable 33.99 años (407.88 meses): Resolución 497 de 20 de mayo de 1997 de la superintendencia bancaria
Compañera Gladys Galvis
Fecha nacimiento 25 de febrero de 1962 (fl. 18 cdno. ppal.)
Indem. debida 141.2 meses
Indem. Futura 407.88 meses – 141.2 meses = 266.68 meses
Hijo José Alexander Acuña
Fecha nacimiento 10 de septiembre de 1982 (fl. 14 cdno. ppal.)
Fecha cumplimiento 18 años 10 de septiembre de 2000
Indem. debida 129.1 meses
Hija Nancy Carolina Acuña
Fecha nacimiento 2 de febrero de 1984 (fl. 15 cdno. ppal.)
Fecha cumplimiento 18 años 2 de febrero de 2002
Indem. futura 4.6 meses
Hijo Carlos Andrés Acuña
Fecha nacimiento 13 de junio de 1985 (fl. 16 cdno. ppal.)
Fecha cumplimiento 18 años 13 de junio de 2003
Indem. futura 21 meses
Hija Angélica María Acuña
Fecha nacimiento 23 de noviembre de 1986 (fl. 17 cdno. ppal.)
Fecha cumplimiento 18 años 23 de noviembre de 2004
Indem. futura 24.3 meses
S= Ra (1 + i)n – 1
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 286.000, del cual se deducirá el 25%, porcentaje que se considera la víctima dedicaba a su propia subsistencia, es decir, $ 214.500. Suma la cual se dividirá en dos partes iguales, una para su compañera, $ 107.250, y la otra se repartirá entre sus cuatro hijos menores, esto es,$ 26.812,5.
n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la ocurrencia del hecho a la fecha de la sentencia, o fecha en la cual los hijos cumplan la mayoría de edad.
Para Gladys Galvis:
S =$ 107.250 (1 + 0.004867)141.2 – 1
S =$ 21.702.756,30
Para José Alexander Acuña:
S =$ 26.812,5 (1 + 0.004867)129.1 – 1
S =$ 4.801.802,61
Para Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña:
S =$ 26.812,5 (1 + 0.004867)141.2 – 1
S =$ 5.425.689
S =$ 107.250 (1+0.004867)266.68 - 1
0.004867 (1.004867)266.68
S =$ 15.999.195,88
Para Nancy Carolina Acuña:
S =$ 26.812,5 (1+0.004867)4.6 - 1
0.004867 (1.004867)4.6
S =$ 121.674,53
Para Carlos Andrés Acuña:
S =$ 26.812,5 (1+0.004867)21 - 1
0.004867 (1.004867)21
S =$ 534.010,56
Para Angélica María Acuña:
S =$ 26.812,5 (1+0.004867)24.3 - 1
0.004867 (1.004867)24.3
S =$ 613.086
En estas condiciones, previa la reducción del 50%, se condenará a la Empresa de Energía de Bogotá, a pagar a cada uno de los miembros de la familia Acuña Galvis, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes cantidades de dinero:
Beneficiario I. Debida I. Futura Total
Gladys Galvis $ 10.851.378,15 $ 7.999.597,94 $ 18.850.976,09
José A. Acuña $ 2.400.901,30 -o- $ 2.400.901,30
Nancy C. Acuña $ 2.712.844,50 $ 60.837,26 $ 2.773.681,76
Carlos A. Acuña $ 2.712.844,50 $ 267.005,28 $ 2.979.849,78
Angélica M. Acuña $ 2.712.844,50 $ 306.543 $ 3.019.387,50
5.2.2. Segundo grupo familiar.
La parte actora solicita en la demanda, una indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en favor de la señora Blanca Inés Galeano, en su condición de madre de la víctima Luis Eduardo Galeano.
Las afirmaciones hechas por el declarante Alvaro López, “(...) Eduardo (Galeano) era obrero, en construcción (...). Me consta que él ayudaba económicamente en la casa, porque él era prácticamente el jefe del hogar, el se encargaba de aportar a la casa, a las hermanas y a la mamá. La (sic) hermanas no trabajaban. Doña Blanca si trabajaba, no se con exactitud en qué trabajarían (...)” (fl. 169A cdno. ppal.), y, por Luis López, “(...) El (Luis Eduardo Galeano) trabajaba con contratistas de la construcción. La mamá trabajaba por días por ahí en lo que le salía pero no era una cosa estable. El era el que trabajaba era más constante su trabajo, y ayudaba económicamente en el hogar (...)” (fl. 173 ibídem), junto con la circunstancias de que las hermanas del joven Luis Eduardo Galeano, de 21 años al momento de su muerte, eran menores que él, y que todos vivían bajo el mismo techo, permiten a la Sala tener por demostrado que la víctima contribuía económicamente al sustento de su madre Blanca Inés Galeano, y, dar así aplicación a la presunción jurisprudencial consistente en que el hijo presta ayuda económica a sus padres hasta la edad de 25 años.
En estas condiciones, resulta procedente reconocer a la señora Blanca Inés Galeano una indemnización por éste concepto, la cual comprenderá el lapso comprendido entre la fecha de la muerte de Luis Eduardo Galeano, 7 de diciembre de 1989, y la fecha en que cumpliría 25 años, de acuerdo con su registro civil de nacimiento obrante a folio 22 del cuaderno principal del expediente, 29 de febrero de 1992.
En cuanto al salario base de liquidación, se tendrá en cuenta el mínimo mensual vigente para 1989, $ 32.559 (D. 2662 de 1988), toda vez que si bien se encuentra acreditado en el proceso que al momento de su fallecimiento, el señor Luis Eduardo Galeano se dedicaba a laborar en trabajos de pintura de edificios, no están probados los ingresos que devengaba por dicha actividad.
Occiso Luis Eduardo Galeano
Fecha fallecimiento 7 de diciembre de 1989 (fl. 25 cdno. ppal.)
Fecha nacimiento 29 de febrero de 1967 (fl. 22 ibídem)
Fecha cumplimiento 25 años 29 de febrero de 1992
Madre Blanca Inés Galeano
Indem. debida 26.73 meses
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a$ 286.000, del cual se deducirá el 50%, porcentaje que se considera la víctima dedicaba a su propia subsistencia, es decir,$ 143.500.
n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la ocurrencia del hecho a la fecha en la cual la víctima cumpliría la edad de 25 años.
Para Blanca Inés Galeano:
S =$ 143.000 (1 + 0.004867)26.73 – 1
S =$ 4.071.610,63
Previa la deducción del 50%, la Sala condenará a la Empresa de Energía de Bogotá, a pagar a la señora Blanca Inés Galeano, una indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, equivalente a$ 2.035.805,31.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 17 de agosto de 1995, por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así:
“1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la Empresa de Energía de Bogotá, por la muerte de los señores José del Carmen Acuña y Luis Eduardo Galeano, ocurridas el 7 de diciembre de 1989.
2. CONDÉNASE a la Empresa de Energía de Bogotá, a reconocer y pagar a título de indemnización por perjuicios morales, los siguientes valores:
2.1. Primer grupo familiar. Por la muerte de José del Carmen Acuña, para su compañera permanente Gladys Galvis y para cada uno de sus hijos José Alexander, Nancy Carolina, Carlos Andrés y Angélica María Acuña Galvis, la suma equivalente a 35.46 salarios mínimos legales mensuales, y, para su hermana Etelvina Acuña, la suma equivalente a 17.73 salarios mínimos legales mensuales.
2.2. Segundo grupo familiar. Por la muerte de Luis Eduardo Galeano, para su madre Blanca Inés Galeano, la suma equivalente a 35.46 salarios mínimos legales mensuales, y, para cada una de sus hermanas Yolanda y Leidy Constanza Figueroa Galeano, la suma equivalente a 17.73 salarios mínimos legales mensuales.
3. CONDÉNASE a la Empresa de Energía de Bogotá, a reconocer y pagar a título de indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los siguientes valores:
3.1. Primer grupo familiar. Por la muerte de José del Carmen Acuña:
a. Para Gladys Galvis, dieciocho millones ochocientos cincuenta mil novecientos setenta y seis pesos con nueve centavos ($ 18.850.976,09).
b. Para José Alexander Acuña, dos millones cuatrocientos mil novecientos un pesos con treinta centavos ($ 2.400.901,30).
c. Para Nancy Carolina Acuña, dos millones setecientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos con setenta y seis centavos ($ 2.773.681,76).
d. Para Carlos Andrés Acuña, dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con setenta y ocho centavos ($ 2.979.849,78).
e. Para Angélica María Acuña, tres millones diecinueve mil trescientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos ($ 3.019.387,50).
3.2. Segundo grupo familiar. Por la muerte de Luis Eduardo Galeano:
Para Blanca Inés Galeano, dos millones treinta y cinco mil ochocientos cinco pesos con treinta y un centavos ($ 2.035.805,31).
4. DÉSE cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y para el efecto, EXPÍDANSE copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados (arts. 115 del CPC y 37 del D. 359/1995).
Las sumas liquidadas generarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de este fallo”.
2: En firme este proveído, DEVUÉLVANSE las presentes diligencias al tribunal de origen.
Consejeros: Jesus Maria Carrillo—Ricardo Hoyos Duque—Martín Bermúdez Muñoz—Jairo Parra Quijano—German Rodriguez Villamizar.
1 Véanse también, entre otras, las sentencias del 2 de febrero y 8 de marzo de 1984, expedientes 2744 y 2846, respectivamente.
2 Sentencia del 10 de septiembre de 1998, expediente 10.820.
3 Sentencia del 4 de mayo de 1998, expediente 11.044.
Con todo respeto, procedo a exponer las razones por las que disiento de la decisión mayoritaria de la Sala, conforme con la cual se dispuso condenar a la entidad demandada al pago del cincuenta por ciento de los perjuicios reclamados por las víctimas en el presente proceso:
1. Las circunstancias de hecho que produjeron el perjuicio reclamado en la demanda, están debidamente reseñadas en la sentencia : Las víctimas, eran dos trabajadores que estaban pintando la fachada de un edificio/ al trasladar un andamio metálico que utilizaban en sus labores, éste hizo contacto con unos cables de energía/ los cables estaban instalados técnicamente, conforme lo dispone la normatividad especial que reglamenta esta actividad/ al entrar en contacto del andamio y los cables se produjo la electrocución de las víctimas y su fallecimiento.
2. Acreditado el daño sufrido por las víctimas, el presente evento, como todos aquellos en que se involucre la responsabilidad del Estado, debió ser resuelto a la luz del artículo 90 de la Constitución Política.
Sobre el punto la Sala ha dicho:
“(...) no puede olvidarse que, partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el derecho colombiano cuenta con una norma que consagra un principio general de responsabilidad del Estado a cuyo mandato debe atenerse el fallador. No parece prudente, en esas circunstancias, recurrir indiscriminadamente a las teorías que, con criterios de agrupación casuística, elaboró la jurisprudencia anterior a la nueva Carta Política. Debe buscarse en la nueva norma un sustento común de la responsabilidad administrativa para lo cual es necesario precisar el alcance de sus elementos, la imputabilidad y el daño antijurídico”.
3. La aplicación del artículo 90 de la C.P. impone la obligación de analizar la responsabilidad del Estado desde la perspectiva de la víctima y desde allí determinar: si el daño sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada/ si le es imputable a dicha entidad/ y si tiene el carácter de antijurídico, esto es, si la víctima no debe soportarlo.
4. Desde este punto de vista, resulta claro que, en el presente evento, el daño sufrido por las víctimas no reúne las condiciones exigidas en la citada disposición para comprometer la responsabilidad del Estado, como prestador del servicio de energía eléctrica, pues no fue su actividad la que causó el daño cuya reparación se reclama.
5. Es cierto que el Estado, en este caso, tiene la condición de guardián de una actividad peligrosa, cuyo ejercicio impone a los asociados un riesgo excepcional, del cual debe responder. Pero en este caso —se reitera— no fue dicha actividad la que causó el daño: su causa fue el imprudente obrar de las propias víctimas.
6. En los eventos en que el Consejo de Estado se ha ocupado de los daños producidos por la conducción de energía eléctrica, pueden distinguirse los siguientes grupos de sentencias:
a. Un primer grupo, en el cual el daño se produce como consecuencia de la realización de uno de los riesgos propios de esta actividad : Se cayó un cable de la energía y produjo la muerte de semovientes / explotó una cámara de redes subterránea de energía y causó la muerte de una persona / cayó un alambre de alta tensión en un andén y al rozar a una persona, la lesionó.
En estos casos la jurisprudencia, sin indagar sobre la existencia o inexistencia de la falla del servicio, ha condenado al Estado, invocando el régimen de la responsabilidad presunta, pues los daños han sido consecuencia de la realización de uno de los riesgos propios de la actividad de conducción de energía eléctrica, la cual es calificada por la jurisprudencia como actividad peligrosa.
b. Un segundo grupo, en el cual el daño no se ha ocasionado por un accidente propio de la actividad o por la realización de uno de sus riesgos, sino por la intervención directa de la víctima, manipulando de cualquier forma el sistema de conducción de energía eléctrica. En estos casos puede afirmarse que la red de energía eléctrica ha tenido un comportamiento pasivo y que el daño se ha producido por la acción de la propia víctima.
En este segundo grupo, el Estado ha sido absuelto cuando se ha evidenciado que el daño ha sido producto del hecho exclusivo de la víctima. Y ha sido condenado a reparar perjuicios —total o parcialmente— cuando se ha evidenciado que no fue la manipulación de las redes por la víctima la que ocasionó el daño, sino la indebida ubicación, protección, o mantenimiento, de las propias redes.
Así, el Estado fue absuelto cuando se acreditó que la electrocución de la víctima se produjo porque esta entró en contacto con las redes sin “contar con la necesaria experiencia y debida protección” / y fue absuelto cuando se demostró que la muerte por electrocución de la víctima se produjo cuando ésta intentaba pasar una línea telefónica por la base de un transformador de energía.
En un caso en que una persona resultó electrocutada al intentar instalar una antena en el último piso de una edificación, la entidad demandada fue condenada al pago de perjuicios, porque se probó que había incurrido en falla del servicio en la medida en que los cables estaban descubiertos, el poste estaba inclinado y en su instalación no se guardó la distancia mínima que se exige entre la red y las edificaciones. Y en otro caso en que la víctima se electrocutó cuando, al manipular la antena del televisor en la azotea de su casa, hizo contacto con las redes de energía, el Estado fue condenado parcialmente a reparar el daño causado, porque se acreditó que la red estaba colocada a muy corta distancia de la edificación.
8. La orientación anterior es adecuada y debió mantenerse aplicando ahora el artículo 90 de la Constitución Política. De acuerdo con dicha orientación, el Estado debe responder cuando la actividad peligrosa de la que es responsable es la causa del daño cuya indemnización se reclama. Pero no debe responder cuando, como en el presente caso, aparece acreditado que el perjuicio no fue ocasionado por la realización de un riesgo propio de la actividad peligrosa ejercida por la entidad demandada, sino por el hecho exclusivo de las víctimas.
Aquí vale la pena anotar que las víctimas del daño ejercían una actividad riesgosa —realizada mediante la utilización de cosas— que les imponía la obligación de adoptar precauciones; y tratándose de trabajadores, la verificación de dicho riesgo constituye un accidente de trabajo que abría a los demandantes el camino para obtener la reparación bajo dicho régimen objetivo de responsabilidad.
9. La determinación de la relación de causalidad, en su acepción jurídica, debe hacerse, como generalmente lo ha hecho la jurisprudencia, acudiendo a la teoría de la causalidad adecuada. De acuerdo con ella, no basta la participación de la cosa en la producción del daño para que ella se considera como su causa, sino que se requiere que su intervención sea determinante en la producción de dicha consecuencia.
Von Krires, define la causalidad adecuada de la siguiente manera:
“Un acontecimiento no puede ser considerado como la causa de un daño por el solo hecho de que se haya comprobado que, sin ese acontecimiento, el perjuicio no se habría realizado. Entre todos los acontecimientos que concurren a la realización de un daño, que son condiciones de él, todos no son su “causa“ desde el punto de vista de la responsabilidad : no todos le obligan a su autor a reparación. Solo pueden ser considerados como causa de un perjuicio los acontecimientos que deberían producirlo normalmente”.
10. En el sub iudice, la muerte de las víctimas fue el resultado del contacto entre el andamio manipulado por ellas y las redes de energía eléctrica; el daño recibido por ellas no puede imputarse a la instalación o al funcionamiento de dichas redes, pues no resulta previsible para quien tiene cargo la prestación de este servicio, advertir que una situación de dicha naturaleza pueda presentarse.
El prestador de este servicio instala las redes con la altura y distancia exigidas por las normas técnicas, para que no puedan ser alcanzadas por los peatones o los vehículos que circulan normalmente en la ciudad, sin que pueda exigírsele la adopción de un sistema que evite el contacto de quienes acceden a la parte superior de las fachadas de los edificios mediante instrumentos como escaleras o andamios.
Aquí, en consecuencia, es evidente que fue el hecho de las víctimas el causante exclusivo del daño y que dicho hecho tiene la condición de normalmente imprevisible e irresistible para el prestador del servicio.
El Consejo de Estado en una de las sentencias antes citadas, señala sobre el particular:
“La empresa de energía no estaba en condiciones de prever la ocurrencia del hecho ni de evitar que la víctima obrara imprudentemente y de ninguna manera motivó o impulsó su actuación por lo cual no es responsable de los perjuicios reclamados en esta demanda”.
Y la doctrina sobre el particular sostiene:
El riesgo de la actividad desplegada a través de una cosa inerte, ubicada riesgosamente, debe ser ponderado tomando en cuenta el criterio de la previsibilidad en abstracto propio de la relación causal, esto es, lo que acostumbra a suceder conforme al curso normal y ordinario de las cosas”.
11. La circunstancia de que una red que conduce electricidad pueda calificarse como una cosa peligrosa en su estructura, no implica que su sola intervención como condición del daño y sin que se le pueda otorgar jurídicamente la calificación de causa del mismo, sea suficiente para estructurar la responsabilidad de la entidad demandada.
El siguiente comentario de la doctrina francesa sobre el denominado “rol pasivo de la cosa”, es ilustrativo de la forma como debe analizarse la relación de causalidad en los casos en que una cosa peligrosa no deriva su condición de tal de su comportamiento sino de su propia estructura, pues, bajo esta concepción, sólo cuando la cosa peligrosa haya tenido un comportamiento anormal, puede considerarse efectivamente como la causa del daño.
Por una sentencia del 19 de febrero de 1941 la Corte de Casación afirmó claramente que la relación de causalidad, presumida sobre el fundamento de la intervención material de la cosa en la realización del daño, podía ser contradicha por la prueba de que la cosa no tuvo que sino un rol pasivo, es decir, que ella no causó realmente el daño (...).
En las motivaciones la jurisprudencia ha adoptado implícitamente, pero claramente, la teoría de la causalidad adecuada.
De este modo se verifica una observación precedentemente presentada: un sistema de responsabilidad sin falta —o al menos sin falta probada—, no puede ponerse en funcionamiento, sino mediante un correctivo, que consiste en aplicar una teoría restrictiva de la causalidad. No puede, razonablemente, considerarse responsables a los guardianes de todas las cosas “sin las cuales no habría existido daño”. Debe, en consecuencia, negarse el rol causal de algunas de esas cosas: es decir, a eliminar ciertas condiciones del daño, no obstante tengan el carácter de condición sine qua non del mismo.
Pero el problema no está así resuelto. Es necesario delimitar los casos en los que la cosa ha causado el daño de aquellos en la que ha tenido un rol pasivo. Para hacer ello, las sentencias se han referido a un criterio de normalidad o de anormalidad.
La cosa que no ha tenido sino un rol pasivo es aquella que por su ubicación, su instalación, o su utilización, ha tenido un comportamiento normal. La cosa que ha sido la causa generatriz del daño es aquella que estaba anormalmente ubicada e instalada”.
12. En el presente caso es claro que, sin la presencia de las redes eléctricas, no se habría presentado el daño, lo que conduce a afirmar que ellas eran una condición sine qua non para que éste se hubiese presentado. Sin embargo, ello no permite deducir que la sola “existencia” de las redes constituya la causa jurídica del daño, pues éstas estaban ubicadas normalmente, como está plenamente evidenciado en el expediente.
13. Examinar en estos casos si la cosa peligrosa se encontraba en situación de normalidad o de anormalidad, no implica introducir el elemento falla del servicio como presupuesto de la responsabilidad, en los daños ocasionados por la conducción de la energía eléctrica.
En los en los eventos en que se realiza el riesgo, como cuando la red se ha caído o ha energizado un alambre, el título de imputación de la responsabilidad no es la falla en el servicio. La demostración de que la entidad demandada había tomado todas las precauciones necesarias para que ello no aconteciera, no la exonera de responsabilidad en estos casos.
Cuando, por el contrario, no se ha realizado el riesgo y el daño no se ha producido como consecuencia del mismo, caso en el cual estaremos hablando de que existió un “rol pasivo de la cosa”, se hace necesario examinar si su situación o ubicación eran normales, para determinar si ella puede considerarse como la causa del daño. Y en estos casos, la demostración de que la entidad demandada tomó las medidas necesarias para que esto no se presentara, tampoco la exonera de responsabilidad.
14. La clasificación de cosas peligrosas en su comportamiento y en su estructura o “cosas inertes” fue propuesta por Lalou quien señaló que en el caso de las cosas peligrosas inertes no era aplicable la responsabilidad por riesgo, debiendo, en dichos eventos, aparecer probada la culpa del guardián. En dichos casos, toda vez que lo que generaba la responsabilidad era la “posición anormal de la cosa”, el citado autor estimó que el régimen aplicable era el general de la culpa probada.
La doctrina posterior criticó la anterior posición, señalando que aún frente a las cosas peligrosas inertes era aplicable la teoría del riesgo, para lo cual se estableció que la situación anormal de la cosa - que constituía la causa del daño - no implicaba la demostración de la culpa del guardián y que en dichos casos la demostración de su comportamiento diligente no lo exoneraba de responsabilidad.
Mazeaud, que critica la teoría de Lalou, expresa sobre el punto:
“Pasa igual siempre que la cosa se encuentre en una posición susceptible de provocar un accidente (árbol cruzado sobre el camino, objeto que obstruye un pasillo oscuro, un desagüe saliente etcétera), por tener los jueces, en cada asunto, que precisar si la cosa se encontraba o no, en tal posición, fuera de toda averiguación de una culpa cometida por el guardián (...).
A esa jurisprudencia se le dirige un reproche más grave: los jueces averiguan, para exigir la responsabilidad del guardián, en virtud del artículo 1.384, párrafo 1, si ha habido ‘comportamiento normal de la cosa’, más exactamente que si la cosa se hallaba en una posición o en un estado susceptible de causar normalmente un daño. Esa investigación no es otra cosa, según se afirma, que la averiguación de la culpa (...).
Esta objeción no es fundada.
Indudablemente, cuando se comprueba que la cosa ha sido pasiva en la producción del daño, cabe estar seguro de que su guardián no ha incurrido en culpa alguna: si la cosa estaba bien colocada o era bien conducida, no cabe dirigirle ningún reproche a su guardián. Pero ¿quien lamentará entonces que ese guardián se libre de toda responsabilidad?
Indudablemente es verdad también que el guardián que, por imprudencia o por negligencia, deja una cosa suya en un estado o en una posición en que sea susceptible de causar un daño comete un culpa. Pero a la inversa no es cierta: una cosa puede ser susceptible de causar un accidente y puede ser la causa de un accidente, sin que su guardián esté incurso en culpa.
El comportamiento anormal de la cosa es el único tomado en consideración por la jurisprudencia: es lo que puede llamarse por medio de una imagen ‘la culpa de la cosa’. Pero ese comportamiento puede provenir igualmente de la culpa del guardián, de la culpa de un tercero, o del vicio de la cosa. No obstante si el guardián debe responder de ello, es que la responsabilidad a causa de las cosas rebasa la simple presunción de culpa del guardián.
El mismo autor, para precisar cuando puede considerarse la cosa como causa del daño, independientemente de la conducta de su guardián, señala:
Algunos afirman: puesto que el hombre es el que obra y no la cosa, es el hombre el que causa el daño y no la cosa; ésta no es sino un instrumento siempre; no puede ser una ‘causa’. Algunos otros piensan que, cuando se declara que la cosa es la causa del daño se quiere indicar solamente con ello que ha intervenido de una manera cualquiera en la realización de ese daño.
Esas opiniones no parecen fundadas. Exigir que la cosa sea la “causa” del perjuicio no es emplear una expresión vacía de sentido y tampoco significa contentarse con una intervención cualquiera de la cosa/ es precisar el vínculo que debe unir a esa cosa con el daño, exigir, que ese vínculo sea un vínculo de “causalidad”, en el sentido exacto de este término.
Ser la causa de un acontecimiento no es, en efecto, haber desempeñado un papel cualquiera en su realización; es haber representado en él un papel creador, haber producido el acontecimiento: La causa produce el efecto. La causa verdadera es la causa generadora. Por lo tanto ¿resulta imposible declarar que una cosa produce un daño? ¿Que desempeña un papel ‘creador’ en la realización de ese perjuicio? A veces, una cosa interviene en la realización de un daño sin producirlo; no lo causa. Por el contrario, en ocasiones, la intervención de la cosa es, en cierto modo, “creadora”: “causa” el daño, lo produce”.
15. En síntesis de lo anterior, es claro que para los eventos en que se impute el daño a una cosa peligrosa en su estructura y no en su comportamiento, el Juez debe examinar si dicha cosa fue la causante del daño, sin que baste la sola existencia de la cosa peligrosa, como condición en la producción del daño, para deducir responsabilidad de su guardián.
En el presente caso, donde está establecido que las redes estaban adecuadamente instaladas y cumpliendo con las correspondientes reglas de seguridad, lo que normalmente permite prever que no causarán ningún tipo de daño, resulta claro que el daño no puede considerarse jurídicamente como causado por ellas.