Source: https://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-314-09
Timestamp: 2018-04-19 18:22:22
Document Index: 83957608

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 288', 'artículo 3', 'artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 339', 'artículo 341', 'artículo 350', 'artículo 366', 'Artículo 124', 'Artículo 7', 'Artículo 39', 'artículo 21', 'artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4']

+ +Avant projet de const. cnri imp... by Serigne Diagne 5151 views
Sentencia t 1134-08 by jorgeopiac 440 views
Sentencia t 1115-08 by jorgeopiac 468 views
Sentencia t 1095-08 by jorgeopiac 772 views
Sentencia c 37-06 by jorgeopiac 879 views
Sentencia t 227 - 97 by jorgeopiac 411 views
1. 1Auto 314/09 Referencia: Convocatoria a SESIONES TECNICAS REGIONALES SOBRE COORDINACION Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA NACIÓN Y ENTIDADES TERRITORIALES en materia de atención integral a población desplazada, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVABogotá, D.C., 29 de octubre de dos mil nueve (2009)La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2009 y sus Autos de cumplimiento, integradapor los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva, enejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y CONSIDERANDOI. Que de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá lacompetencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de laamenaza.”1 En desarrollo de esta norma, la Corte Constitucional ha proferido, además de la Sentencia T-025 de 2004, numerosos Autos de cumplimiento de las órdenes y medidas adoptadas para la superacióndel estado de cosas inconstitucional, así como para garantizar el goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada.II. Que la Sala Plena de esta Corporación asumió el seguimiento a la ejecución de las órdenes impartidasen la Sentencia T-025 de 2004 y Autos de cumplimiento, para lo cual creó una Sala Especial deSeguimiento, la cual mantendrá la competencia para tal efecto hasta la superación del estado de cosasinconstitucional declarado por la Corte Constitucional.III. Que tanto en la Sentencia T-025 de 2004 como en los diversos Autos de cumplimiento de dichasentencia la Corte ha dado órdenes en relación con el fortalecimiento de la cooperación interinstitucionalentre la Nación y las entidades territoriales de diferente nivel, para la atención integral a poblacióndesplazada por la violencia, en los diferentes componentes de la política pública, el fortalecimiento de lacapacidad institucional y la coordinación interinstitucional entre la Nación y las entidades para dichaatención.IV. Que el marco constitucional, legal y jurisprudencial relativo a los principios y reglas de coordinacióninterinstitucional entre la Nación y las entidades territoriales para la atención integral a poblacióndesplazada, prevé:1. El artículo 288 de la Constitución Política dispone que “las competencias atribuidas a los distintosniveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia ysubsidiariedad”.La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado el alcance de estos principios, estableciendo que elprimer principio exige que las autoridades administrativas de todo orden y nivel deben coordinar susactuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado –art. 209 CN-, y que por tanto dichacoordinación estratégica debe darse tanto entre la Nación y las entidades territoriales2. Por su parte, elprincipio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales,en el sentido de que estas entidades deben intervenir en el "diseño y desarrollo de programas y proyectosdirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así seráposible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como porejemplo el de descentralización y autonomía territorial."3 Finalmente, el principio de subsidiaridad1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de lo ordenadoen una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de 2004, MP:Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.2 Ver Sentencia C-1051 de 2001, MP. Jaime Araújo Rentería.3 Sentencia C-201 de 1998, M.P: Fabio Morón Díaz.
2. 2consiste en que cuando éstas no tengan la capacidad institucional o presupuestal, o no puedan ejercerdirecta e independientemente determinadas competencias y responsabilidades que les atañe, puedenrecurrir a los niveles superiores -departamento o Nación-, para que éstos asuman el cumplimiento de esascompetencias4. En este mismo sentido, la Corte ha señalado que de conformidad con el principio desubsidiariedad, la Nación se encuentra en la obligación constitucional de colaborar con las entidadesterritoriales más débiles cuando éstas no pueden cumplir con sus funciones y competenciasconstitucionales y legales.52. La Ley 387 de 1997 en el artículo 3 establece que la atención y prevención del desplazamiento forzadole compete a la integralidad del Estado, incluyendo a las diferentes instancias territoriales y aplicando losprincipios básicos de coordinación multinivel de la función pública, a saber, la descentralización, lasubsidiariedad, la concurrencia y la coordinación.Así mismo, la Ley 387 de 1997 establece que las entidades territoriales impactadas por éste fenómenodeben destinar suficientes recursos, conforme a sus capacidades presupuestales, para la atención de lapoblación desplazada. El Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada emitió elAcuerdo 06 de 2006 en el cual solicita a las autoridades departamentales, municipales y distritalesrealizar un mayor esfuerzo presupuestal y administrativo para fortalecer una política pública territorialsostenible de atención a la población desplazada focalizada a satisfacer sus derechos. Además, el Acuerdoestablece que para lograr lo anterior, las entidades territoriales deben trabajar efectivamente yhabitualmente a través de los Comités Territoriales, y por medio de un Plan Integral Único (PIU) comoinstancias e instrumentos básicos de coordinación. La Ley 921 de 2008, en el artículo 58, refuerza loanterior determinando que en la ejecución del presupuesto, éstas autoridades deben dar prioridad a laatención de la población desplazada.Por otra parte, la Ley 387 de 1998 en el artículo 7 estableció que se debe crear un Comité Municipal,Distrital y Departamental para la Atención Integral de la Población Desplazada por la violencia,conformado por autoridades locales, instancias no gubernamentales, e incluso representantes de lapoblación desplazada. Para prevenir y atender el desplazamiento forzado los Comités podrán proponermecanismos alternativos de solución de conflicto, al igual que orientar a la población para el uso de lasvías jurídicas y administrativas que atiendan y protejan sus derechos, así como establecer las medidasasistenciales que requiera la población.Finalmente, la mencionada ley estableció que el Ministerio del Interior y de Justicia, es el agentecoordinador de los niveles territoriales y central, y a la vez de prestar el apoyo técnico que requieran lasentidades locales.3. La Ley 489 de 1998 en el artículo 7 establece que el principio de descentralización se refiere a “ladistribución de competencias entre los diversos niveles de la administración siguiendo en lo posible elcriterio de que la prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre dichaprestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación”. Por otraparte, la ley 135 de 1994 define el principio de la coordinación cuando: “las autoridades municipales almomento de desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con elprincipio armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de susatribuciones” (artículo 4, literal a); de la concurrencia: “Cuando sobre una materia se asignen a losmunicipios, competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades oentidades territoriales, deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá dellímite fijado en la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las atribuciones de las otrasautoridades o entidades” (artículo 4, literal b); finalmente de la subsidiariedad: Cuando se disponga quelos municipios puedan ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, “ensubsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente lascondiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados alrespecto” (artículo 4, literal c).Bajo este contexto, en el caso particular del desplazamiento forzado, el principio de la descentralizaciónimplica que las entidades territoriales locales y regionales deben establecer una estrategia tendiente adeterminar los medios a partir de los cuales se atiende y se previene la situación de desplazamiento en suterritorio, destinando los recursos necesarios para ello, e implementando programas y proyectosespecíficos conforme a las particularidades de su territorio y a la población desplazada que se ubique en su4 Sentencia C-1051 de 2001, M.P: Jaime Araújo Rentería.5 Sentencia C-1187 de 2000, M.P: Fabio Morón Díaz.
3. 3jurisdicción. El principio de coordinación significa que las entidades territoriales deben establecer suestrategia de acción, en armonía con los parámetros establecidos en las leyes nacionales y decisiones deeste Alto Tribunal, y conforme a los canales e instancias de coordinación del sistema nacional de atenciónintegral a la población desplazada- SNAIPD. La concurrencia evoca que las entidades locales y regionalesrespeten los límites de cada autoridad territorial; y finalmente, el principio de subsidiariedad determinaque, en el evento en que las autoridades territoriales no cuenten con la capacidad presupuestal einstitucional requerida para atender la dimensión del desplazamiento en sus localidades, sus obligacionespropias deben ser atendidos por las entidades de niveles superiores.4. La Ley 1190 de 2008, reorganiza el sistema de competencias y coordinación entre las entidadesterritoriales y la Nación respecto de la población desplazada. En esta ley se determina que dentro de lasobligaciones de las entidades territoriales se encuentra no solamente el deber de destinar parte de supresupuesto territorial y de su esfuerzo administrativo para la atención de la población desplazada, sinoque además deben diseñar una estrategia de gestión mediante instrumentos de política, definir metaspuntuales por lazos, un mecanismos de evaluación y seguimiento, y en general herramientas de planeacióntendientes a satisfacer el goce efectivo de derechos (parágrafo, 1, artículo 2).La ley, refuerza la labor del Ministerio del Interior y de Justicia como coordinador multinivel, sindesconocer la función de Acción Social como coordinador del SNAIPD6. Además, determina que elGobierno (conformado por dicho Ministerio, el DNP y AS) debe establecer los mecanismos que asegurenque las autoridades territoriales formulen e implementen los Planes Integrales Únicos y además, losarticulen con los planes de desarrollo y los presupuestos locales y regionales (artículo 2, parágrafo 2). Asímismo, dispone que el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, encabeza del Ministro del Interior y de Justicia, coordinará con los Alcaldes y Gobernadores acciones quegaranticen el goce efectivo de los derechos de las poblaciones retornadas o reasentadas que se encuentrenen sus respectivas jurisdicciones, y que los demás integrantes del SNAIPD harán el acompañamiento deconformidad con sus competencias y en coordinación con Acción Social (parágrafo 3º del artículo 2º).Por otra parte, esta ley establece que el Gobierno debe analizar los informes que envían las entidadesterritoriales, para poder evaluar el grado de cumplimiento y restablecimiento de derechos de las personasdesplazadas a través de los indicadores de goce efectivo de derechos. A partir de ello, el Gobierno se debeorganizar en Mesas de trabajo, para poder diseñar un plan de acción que contenga las acciones y recursosnecesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Todo lo anterior,en concordancia con los principios de descentralización, coordinación, subsidiariedad y concurrencia, detal manera que la nación pueda apoyar a las entidades territoriales que padezcan de incapacidadadministrativa y presupuestal, direccionando todo el aparato estatal hacia la superación del estado de cosasinconstitucional (Artículo 3).Además de lo anterior, los Gobernadores y Alcaldes deben tener la capacidad institucional de conocer,sistematizar e informar trimestralmente al gobierno sobre la situación de desplazamiento en susjurisdicciones. Debe presentar un informe que contenga la identificación y caracterización de la población,el grado de atención y ejecución presupuestal logrado, las prioridades de atención y los factores que haninfluido en el avance y nivel de compromiso de atención (Artículo 4).Respecto de la vivienda, la adjudicación de tierras, generación de proyectos productivos, de atención ensalud, educación y provisión de servicios públicos, establece la Ley en mención que el Gobierno debereglamentar la asignación de recursos para estos proyectos dándole prioridad a las solicitudes presentadaspor organización de la población desplazada, o por entes territoriales u organismos internacionales.Adicionalmente, autoriza a los alcaldes de municipios receptores para realizar inversiones en VIS en otrosmunicipios “siempre y cuando dichas inversiones vayan dirigidas al retorno de los desplazados a losmunicipios de origen” (Artículo 7).Sobre la reorganización de las competencias en materia de coordinación entre la Nación y las entidadesterritoriales lograda mediante la Ley 1190 de 2008, la Corte en el Auto 07 de 2009 resaltó las siguientes:“(v) el Ministro del Interior y de Justicia, como cabeza del ministerio, debe actuar en coordinación con laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Departamento Nacional6 Lo anterior quiere decir que el Ministerio del Interior y de Justicia se encarga de establecer la estrategia de coordinación entre lasentidades territoriales y la Nación, corrigiendo los obstáculos que se presenten y generando una serie de mecanismos efectivos yconducentes para alcanzar tal cometido. Acción Social por su parte, como coordinador del SNAIPD, es responsable que el sistemanacional de atención a la población desplazada funcione, y en esa medida debe hacer un seguimiento de las acciones de lasentidades territoriales, para solucionar los cuellos de botella que se presenten y para conducir el sistema hacia el goce efectivo dela población desplazada.
4. 4de Planeación, DNP, para cumplir la obligación, de la cual son responsables las tres entidades, dedeterminar los mecanismos que aseguren que los comités municipales, departamentales y distritalesformulen e implementen los Planes Integrales Únicos, (PIU) y su articulación en los planes de desarrolloy en los presupuestos locales, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 2 de lacitada ley y en otras disposiciones; (vi) en relación con el retorno o reasentamiento, al interior delSistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Snaipd, se dividen lasresponsabilidades, de tal forma que (a) en cabeza del Ministro del Interior y de Justicia, queda lacoordinación con los Alcaldes y Gobernadores de las acciones que garanticen el goce efectivo de losderechos de las poblaciones retornadas o reasentadas que se encuentren en sus respectivasjurisdicciones, y (b) en cabeza de los jefes y directores de las demás entidades integrantes del Snaipd,queda el acompañamiento en virtud a sus competencias y en coordinación con la Agencia Presidencialpara la Acción Social y la Cooperación Internacional en ejercicio de la secretaría técnica del sistema.Finalmente (vii) destaca la Corte que a partir de estos cambios la Agencia Presidencial para la AcciónSocial y la Cooperación Internacional adquiere responsabilidades directas de mayor alcance comocoordinador de las entidades territoriales, y todas las entidades del Consejo y el Sistema adquieren laobligación de ejercer sus competencias plenamente para lograr el compromiso efectivo d e dichasentidades.”5. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte asignó al Ministerio del Interior y de Justicia la función depromover y coordinar que los entes territoriales establezcan una serie de acciones tendientes a alcanzaruna coherencia entre el cumplimiento de las obligaciones constitucional y legalmente definidas que tienencon la población desplazada en su ámbito territorial, y la destinación de los recursos económicosnecesarios para proteger los derechos constitucionales de dicha población. En este sentido la Corteconstató que “…uno de los factores que ha generado la insuficiencia de recursos es el bajo compromisode las entidades territoriales en la destinación de recursos apropiados para atender a la poblacióndesplazada, ya sea porque carecen de recursos suficientes o porque no han colocado como temaprioritario de la agenda política la atención de la población desplazada”.Además, la Corte establece en esta sentencia que la definición de estrategias territoriales y nacionalesdeben garantizar la participación de la población desplazada durante el proceso de toma de decisiones.6. Posteriormente, en el Auto 177 de 2005 la Corte encuentra que uno de los factores que ha retrasado elavance hacia la superación del estado de cosas inconstitucional asociado al fenómeno del desplazamientoforzado, es la precaria e insuficiente coordinación de los esfuerzos presupuestales de las entidadesterritoriales y de la capacidad institucional nacional para efectuar seguimiento, adoptar correctivos,identificar avances, estancamientos o retrocesos y comparar los resultados alcanzados por las diversasentidades territoriales.En este sentido, constató la Corte que existían tres razones fundamentales para que el Ministerio nohubiera realizado una verdadera labor de coordinación mediante acciones efectivamente conducentes: (i)Que las acciones adelantadas por el Ministerio fueron diseñadas a partir de una concepción muy reducidade lo que significa “promover”, ya que la función de promoción no puede limitarse a organizar reuniones,solicitar informes y remitirlos, sino que por el contrario debe trascender dicha concepción limitada y sedebe contar “…con instrumentos adecuados que (…) permitan saber si se está avanzando o no, deacuerdo con el nivel de prioridad y los objetivos trazados”. (ii) Consideró igualmente la Corte que lapoca incidencia del Ministerio en las decisiones presupuestales de las entidades territoriales obedece aque esta entidad, para determinar su estrategia respecto de la atención y protección de la poblacióndesplazada, parte de una concepción de autonomía territorial equivocada, en razón a que “…extiende atemas de interés nacional, criterios aplicables exclusivamente a lo local y, además, traslada a losrecursos transferidos o exógenos los parámetros aplicables a los recursos endógenos”. De esta maneraevidenció la Corte que las entidades territoriales seguían siendo incongruentes respecto de susobligaciones con la población desplazada y el presupuesto que destinaban para ello. (iii) Finalmente,observó la Corte que las acciones adelantadas por el Ministerio no eran en sí mismas “efectivamenteconducentes”.En consecuencia, la Corte concluyó la necesidad de que el Ministerio conozca la dimensión deldesplazamiento a nivel municipal y departamental, la capacidad presupuestal, administrativa, técnica,humana y la oferta de servicios de las entidades territoriales, para a partir de ello priorizar actividades, yrealizar diferentes acciones de coordinación según el apoyo subsidiario que requieran de las entidades porparte de la Nación.
5. 5Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ordena al Ministerio del Interior que “diseñe, implemente yaplique prontamente una estrategia de promoción y de coordinación de esfuerzos nacionales yterritoriales que conduzca efectivamente a que las entidades territoriales asuman un mayor compromisotanto presupuestal como administrativa para la atención a la población desplazada y la garantía efectivade sus derechos, de tal forma que las acciones territoriales que se adopten complementen los esfuerzosnacionales y permitan avanzar a un ritmo más acelerado y sostenido hacia la superación del estado decosas inconstitucionales”. Siendo aún más explícita, indicó que para ello debe: a. Realizar una evaluación de la situación del compromiso actual de las entidades territoriales en materia de atención a la población desplazada b. Diseñar, implementar y poner en marcha una estrategia de coordinación de los esfuerzos presupuestales y administrativos a nivel territorial y nacional, que le permita saber (i) cuál es la situación de la población desplazada a nivel territorial; (ii) cuál es el volumen de recursos locales con que cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada; (iii) cuál es la demanda de atención para la población desplazada a nivel territorial y cuáles son las prioridades de atención en cada entidad; (iv) cuál es la oferta de servicios a nivel local; (v)con qué infraestructura se cuenta a nivel territorial para garantizar adecuadamente los derechos a la población desplazada; (vi) cuál es la dimensión del esfuerzo presupuestal territorial efectuado y la brecha de éste frente al requerido; (vii) la forma como se complementan los esfuerzos nacionales y los territoriales; y (viii) cuáles mecanismos de coordinación tienden a producir los resultados esperados y cuáles no. c. Evaluar la estrategia implementada a partir de indicadores de resultados. Lo cual sirve de insumo para realizar los ajustes necesarios y evaluar la manera en que estas acciones colaboran para la superación del estado de cosas inconstitucional.”7. En ocasión posterior, mediante el Auto 218 de 2006 la Corte identificó algunas áreas como las máscríticas en materia de desplazamiento, dentro de las cuales reiteró que se encuentra la deficientecoordinación de las labores adelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia con las entidadesterritoriales, frente a lo cual insistió en las falencias en materia de coordinación por parte de dichoMinisterio, ya expuestas en el Auto 177 de 2005. En este sentido, evidenció la Corte que pese a lasórdenes establecidas en el Auto 177 de 2005, los informes presentados a la Corte no demuestran que losesfuerzos del Ministro del Interior y de Justicia hayan comprendido acciones idóneas para avanzaradecuadamente en el cumplimiento de dichas órdenes, sino que se envía a esta Corporación información“…extensa, confusa, en muchos casos irrelevante, desordenada, y en ocasiones desactualizada eincompleta. Más aún, observa la Sala que se ha enviado directamente a la Corte la información remitidaal Ministerio por las entidades territoriales, sin que dicho Ministerio actúe como un filtro analítico de lareferida información dentro de su rol de coordinador”.A partir de la anterior constatación, la Corte adelanta dos actividades: por una parte ordena mediante elAuto 266 de 2006, a la Directora de Asuntos Territoriales y Orden Público del Ministerio del Interior yde Justicia (i) la entrega inmediata de un documento en el que conste la estrategia de coordinación de lasacciones territoriales para la atención de la población desplazada; (ii) la entrega de las aclaracionessolicitadas por la Corte sobre la creación de una Dirección Especial dentro del Ministerio del Interior acargo de la coordinación de las actuaciones de las entidades territoriales en esta área; y (iii) la indicaciónde los plazos fijados y precisos para que las autoridades territoriales lleven a cabo las actuaciones que seseñalan en la parte resolutiva del Acuerdo 06 de 2006 del CNAIPD.8. Por otra parte, a través del Auto 052 de 2008 la Corte solicita a todos los Gobernadores y Alcaldes delpaís, para que den respuesta a doce preguntas indispensable para que esta Corporación conozca el estadodel desplazamiento en cada entidad territorial, y las acciones que las autoridades territoriales han tomadopara atender a la población afectada, para prevenir y mitigar el desplazamiento, sobre las necesidades dediferente orden de las entidades territoriales para atender a la población desplazada y los resultados de lasacciones emprendidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la misma. Todo lo cual debeservir de línea de base para un diagnóstico judicial del esfuerzo territorial. Para poder tener una visióngeneral sobre el nivel de avance del estado de cosas inconstitucional a nivel territorial, la Corte se refiere alos siguientes aspectos: 1. Política territorial para proteger los derechos de los desplazados 2. Esfuerzo presupuestal 3. Adopción del PIU 4. Apoyo de las entidades nacionales competentes y responsables 5. Funcionario territorial responsable del tema del desplazamiento
6. 6 6. Representación de la población desplazada en la toma de decisiones 7. Uso de los indicadores de goce efectivo de derechos 8. Adopción de medidas para evitar dilaciones en las solicitudes de atención 9. Existencia de proyectos específicos para la población desplazada más vulnerable 10. Porcentaje de la población desplazada expulsada o acogida en el ámbito territorial 11. Medidas tendientes a evitar la discriminación de la población desplazada 12. Inclusión de las necesidades de la población desplazada en el plan territorial, en especial de las atinentes al acceso a vivienda y a tierrasEn esa oportunidad la Corte recibió un total de 332 respuestas que enviaron diferentes entidades.Colombia cuenta con un total de 1083 municipios y un total de 32 Gobernaciones, 29 de estosdepartamentos dieron respuesta y 312 municipios. Se puede inferir entonces, que el grado decumplimiento a la solicitud del auto 052 de 2008 fue bastante bajo en comparación con la totalidad de losentes convocados.Del informe de sistematización del Auto 052 de 2008, elaborado por el Centro de InvestigacionesSociojurídicas de la Universidad de los Andes, se desprende que el proceso de organización y análisis dela información fue un proceso complejo, puesto que algunos informes carecían de orden, algunos apartesse encontraban en medio magnético y otros en físico, y en ocasiones no seguían las secuencias de laspreguntas. En otros casos, algunas respuestas son claras, concretas y coherentes, pero otras son retóricas,contradictorias y confusas. Algunos informes se limitan a citar las órdenes de la Corte, algunas preguntasomiten respuestas, y otras no responden a la totalidad de la pregunta que plantea la Corte. Así mismo, dedicho informe se desprende un análisis de los principales caminos para lograr el compromiso de lasentidades territoriales en asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del desplazamiento.Lo anterior revela además de un bajo nivel de respuesta, un bajo nivel en la calidad de respuesta. Lo queconlleva a pensar que las entidades cuentan con una escasa información sobre la población desplazada quereside en sus jurisdicciones, y sobre las acciones que han venido realizando los gobiernos territoriales paraatender esta situación. Este contexto pone también en tela de juicio la capacidad de las entidadesterritoriales de hacer monitoreo a las acciones que establecen e incluso en la construcción de las propiaspolíticas públicas para atender el fenómeno del desplazamiento. La gravedad de lo anterior reside en quesin una participación comprometida por parte de las entidades territoriales, el efecto de las accionesnacionales se reduce, al igual que la capacidad de seguimiento y la medición del goce efectivo de derechos–GED-.No obstante, en esta decisión la Corte subrayó que la Ley 1190 de 2008 significa un avance en lasuperación del estado de cosas inconstitucional, por cuanto con esta Ley se efectuaron trascendentalescambios en la coordinación de las entidades territoriales, en aplicación del principio de colaboraciónarmónica entre las ramas del poder público. Debido a tales cambios, dicha coordinación ya no seencuentra exclusivamente en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia.9. Los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales en relación con el presupuesto parala atención a la población desplazada, prevén:Marco constitucional:El artículo 339 superior dispone que habrá un plan nacional de desarrollo, compuesto por una partegeneral y un plan de inversiones. Sobre el particular, la mencionada norma instituye también que lasentidades territoriales deberán elaborar y adoptar de manera concertada con el gobierno nacional, planesde desarrollo, para “asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funcionesque les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.” Por su parte el artículo 341 establece que parala elaboración del plan nacional de desarrollo el gobierno debe contar con la “participación activa de lasautoridades de planeación de las entidades territoriales.”El artículo 350 dispone que “la ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gastopúblico social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánicarespectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto socialtendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial del gasto público socialse tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y laeficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.”
7. 7Finalmente, el artículo 366 determina que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vidade la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la soluciónde las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gastopúblico social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”Marco legal:Ley 1190 de 2008: A partir de la vigencia de la presente ley el Consejo Nacional para la Atención Integrala la Población Desplazada por la Violencia “CNAIPD”, coordinará con los comités departamentales,municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en elcumplimiento y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que seencuentren en sus respectivas jurisdicciones.Para garantizar su cumplimiento los gobernadores y alcaldes deberán, entre otras actividades, diseñar,implementar y aplicar una estrategia que logre mayores compromisos presupuestales y administrativos anivel municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento.Ley 1151 de 2007- Plan nacional de desarrollo- Artículo 124: Obligaciones territoriales. Lasinversiones realizadas con recursos propios de las entidades territoriales en la atención a la poblacióndesplazada, debidamente certificadas por las autoridades competentes, se tendrán como parte de pagoproporcional de sus obligaciones con los fondos de cofinanciación administrados por FINDETER.En desarrollo de esta norma, se expidió por parte de la Junta Directiva de FINDETER el Acuerdo 004 de2008, en el cual se establecen los parámetros para acceder a esta opción.Ley 1190 de 2008 -Artículo 7°. Se autoriza a los alcaldes de los municipios receptores de personas ensituación de desplazamiento, para realizar inversiones en vivienda de interés social en otros municipios,siempre y cuando dichas inversiones vayan dirigidas al retorno de los desplazados a los municipios deorigen.Artículo 39 Decreto 111 de 1996: Los gastos autorizados por leyes preexistentes a la presentación delProyecto Anual del Presupuesto General de la Nación, serán incorporados a éste, de acuerdo con ladisponibilidad de recursos y las prioridades del Gobierno, si corresponden a funciones de órganos delnivel nacional y guardan concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, e igualmente lasapropiaciones a las cuales se refiere el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 de 1993.De conformidad con el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, esta norma es aplicable a las entidadesterritoriales.Marco jurisprudencialEn la sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional precisó: “Las autoridades territoriales competentesdeterminarán el volumen de recursos que destinarán a la atención de la población desplazada y definiránlos programas y componentes prioritarios de atención que asumirán.”La Corte Constitucional mediante Auto 007 de 2009 ordenó: “…a todos los gobernadoresdepartamentales y alcaldes distritales y municipales que, en ejercicio de sus competencias materiales,dentro de la respectiva jurisdicción cumplan cabalmente sus funciones en materia de atención a lapoblación desplazada y colaboren decididamente con el Gobierno Nacional en la definición y ejecuciónde mecanismos que permitan lograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada ysuperar el estado de cosas inconstitucional.”En el Auto 008 de 2009 ésta Corporación ordenó entre otras cosas: “ al Ministro de Hacienda y CréditoPúblico que envíe a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la Nación, 15 días después dela fecha en la que se apruebe el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, un informe enel cual señale el monto incluido en el Presupuesto de Gastos destinado exclusivamente a la atención de lapoblación desplazada, desagregado por secciones, cuentas, ejecutores y sus respectivos conceptosdescriptivos. Ello, a partir de la estimación de los costos de la política de atención a la poblacióndesplazada realizadas por el Departamento Nacional de Planeación, que en tal como se ha señalado enlas providencias de esta Sala al respecto, habrán de ser actualizadas de acuerdo a las modificaciones dela política y a los cambios en el número de personas a atender.”
8. 8Finalmente, la Corte Constitucional sobre el particular manifestó que: “Acogerá la decisión del gobiernonacional de mantener el carácter prioritario del presupuesto para la población desplazada, de no hacerrecortes presupuestales a los recursos destinados a la atención a la población desplazada y de mantenerel nivel de ejecución presupuestal, sin perjuicio de posibles reajustes que se haga a ese presupuesto comoresultado del replanteamiento de políticas o de adiciones presupuestales necesarias para garantizar losrecursos necesarios para corregir las falencias detectadas.”10. En el informe de sistematización del Auto 052 de 2008, se evalúa el nivel de cumplimiento porparte de las entidades territoriales en materia de prevención y atención integral a poblacióndesplazada.En el informe se comenta que algunas respuestas evidencian la ausencia de capacidad de gestión de estasinstituciones para atender un fenómeno de tan amplia dimensión como el desplazamiento, resultando seruna situación que desborda las herramientas económicas, políticas y humanas con las que cuentan estasentidades territoriales. Esto sugiere una mayor capacitación, y acciones de fortalecimiento institucionalpor parte de las entidades gubernamentales nacionales y regionales a estos municipios que se encuentranrebosados en sus capacidades. Otras respuestas en cambio, muestran un compromiso amplio por parte delas entidades territoriales las cuales han diseñado instrumentos específicos para atender las diversasnecesidades de la población desplazada, incluso aquellas que predican soluciones duraderas y queimplican un mayor esfuerzo presupuestal y de gestión (v.g. el departamento de Antioquia y del DistritoCapital de Bogotá). Además de ello, algunas entidades incluso han articulado estos planes específicos alos instrumentos gubernamentales locales como los planes de desarrollo o los de ordenamiento territorial,lo que implica una mayor aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, yuna integración del fenómeno del desplazamiento en los asuntos públicos y de gobernabilidad del enteterritorial.En el informe se describen 4 niveles de respuesta mencionando algunos ejemplos:a. Nivel 1: En un menor nivel se ubican aquellas entidades territoriales cuya política pública es permitirque se adelanten los programas nacionales en su territorio, sin que ellos diseñen una política territorial yconsiderando, que la atención a la población desplazada es responsabilidad principal de la Nación. En estenivel se encuentran por ejemplo: Currillo y Puerto Rico en Caquetá y San Juan de Arama en el Meta.b. Nivel 2: En un segundo nivel se encuentran las entidades que atienden a la población desplazada de suterritorio mediante la oferta social con la que cuentan para la población pobre. En esa medida asimilan a lapoblación desplazada a aquella ausente de medios económicos y su acción se limita a reducir la pobreza.En este nivel se encuentran: Vista Hermosa en el Meta, Morelia en Caquetá y Valencia en Córdoba.También se encuentran San José del Guaviare, Ciénaga en Magdalena, Río Blanco en Tolima, los cuales sibien su respuesta institucional ha sido incluir a la población desplazada dentro de los programas de ofertasocial, dándoles prioridad de atención, han establecido estrategias paralelas de intervención como planesde retornos interveredales en Río Blanco, o planes de prevención y contingencia en el caso de San José delGuaviare los cuales implican una acción más concreta y comprometida de política pública. También seencuentran en este nivel la Gobernación de Arauca, la de Córdoba y la de Cesar las cuales han dado hastaahora ese tipo de respuesta, pero se encuentran elaborando los planes integrales departamentalesmejorando la respuesta institucional a este fenómeno.c. Nivel 3: En un tercer nivel se encuentran aquellas entidades cuya respuesta principal ha sido atender lassituaciones inmanentes de esta crisis humanitaria brindando atención humanitaria de emergencia. En esamedida las entidades centran sus esfuerzos en el registro de la población, en brindar kits de alimentación,asegurar la seguridad social de la población desplazada y demás aspectos propios de esta fase de atención.En el informe se establece que la mayoría de las entidades seleccionadas se encuentran en este nivel depolítica pública: Cumbitara y Samaniego en Nariño; Puerto Rico en el Meta; Paujil en Caqueta; SanMiguel, Valle del Gauméz, Puerto Asís en Putumayo; Barrancabermeja en Santander; Arauquita ySaravena en Arauca; Quibdó en Choco; Carurú y Mitú en Vaupés. También se encuentran Santa Rosa delSur en Bolívar; Belén de los Andaquiles en Caquetá y Santa Marta, aunque también se encuentranelaborando el PIU, de lo cual puede surtir un nivel más profundo de respuesta institucional. Urrao tambiénse clasifica en este nivel porque su PIU se dirige principalmente a esta fase de atención, aunque prevémecanismos de fortalecimiento institucional lo que puede implicar una respuesta más cohesionada queaquellas entidades que se encuentran en este nivel pero no contemplan mecanismos de articulación. Seincluye también a Chaparral en Tolima, pero se debe tener en cuenta que prevé el fortalecimiento degeneración de proyectos productivos lo que apunta a un nivel mayor de desarrollo de política pública.
9. 9Finalmente, se posiciona en este mismo rango a la Gobernación del Tolima porque centra su asistenciaactual en la atención humanitaria de emergencia, y aunque se encuentra actualmente construyendo unapolítica territorial y diseñando el PIU departamental, en sus respuestas se observa un apego alcumplimiento de la ley y de las órdenes, más allá de un acercamiento a la población desplazada tendientea identificar sus necesidades más inmanentes y a brindar respuestas más cercanas a las mismas.d. Nivel 4: En un último nivel se encuentran las entidades que proponen como política pública de atenciónal desplazamiento forzado la construcción de soluciones duraderas, que no solamente tengan en cuenta laestabilización socioeconómica de la población desplazada, sino la reparación de su condición de víctimas,el retorno o la reubicación en un asentamiento adecuado. Solamente seis entidades de las seleccionadashan logrado desarrollar este nivel de política: Gobernación de Antioquia, Gobernación del Valle,Gobernación del Vichada, Ituango, Medellín y la Gobernación del Nariño. Ahora bien, las entidades quese han clasificado en estos rangos presentan algunas falencias, necesarias de corrección para brindar unciclo completo de política pública. Particularmente la Gobernación de Nariño, cuenta con una política queempieza a trazar desde 1998, pero cuenta con algunas falencias en la adopción de indicadores deevaluación del goce efectivo de derechos. Además de ello ha encontrado obstáculos en brindar apoyotécnico y económico a los municipios pertenecientes a su departamento, lo cual contrariamente es visiblepositivamente en el departamento de Antioquia.En el informe se observa que la mayoría de entidades que se encuentran en un nivel de política públicauno y dos, no han hecho un esfuerzo presupuestal muy alto, y sus recursos provienen normalmente delsistema general de participaciones, y tienen un nivel de ejecución medio - bajo. Su política no se encuentramaterializada en un PIU, puede provenir de un convenio o un proyecto de atención, pero principalmentese encuentra incluida en el componente de oferta social del plan de desarrollo. Consideran precaria lasacciones de las entidades del nivel central en sus ámbitos territoriales, y encuentran ausente las funcionesdel Ministerio del Interior. La mayoría no aplican indicadores de evaluación, pero algunos contemplanmecanismos de seguimiento como el número de personas desplazadas atendidas.Contrario al panorama anterior, las entidades que han centrado sus esfuerzos en la atención humanitaria deemergencia, en la elaboración de planes de prevención y contingencia, y en llevar a cabo solucionesduraderas para la población desplazada, han realizado un esfuerzo presupuestal grande y tienen un nivelde ejecución superior al 85%. Las entidades que proponen soluciones duraderas realizan principalmenteuna inversión proveniente de recursos propios y de convenios de cooperación, mientras que aquellas quebrindan mayoritariamente atención humanitaria de emergencia, invierten dinero del sistema general departicipaciones, de regalías, de programas nacionales, y en poca medida, de recursos propios. La mayoríade estas entidades cuentan con un plan integral único, o al menos han adelantado su elaboración surtiendola fase de caracterización. Casi todas estas entidades de estos niveles, aplican indicadores de seguimientoy evaluación propios de su estrategia política, pero algunos siguen los establecidos por la Corte en losautos 233 y 109. Otros en cambio, están en proceso de construcción de sus propios indicadores. En cuantoa la coordinación, se debe realizar una diferenciación, ya que aún cuando la mayoría encuentrainsuficiente las acciones de las entidades del SNAIPD del nivel central, las posiciones se dividen respectodel Ministerio del Interior. Las entidades que proponen soluciones duraderas y algunas que brindanatención humanitaria de emergencia encuentran ausente la gestión del Ministerio, y consideran que éste selimita a pedir información para brindar reportes a la Corte Constitucional. Ahora bien, algunas entidadescomo la Gobernación del Cesar, Santa Marta, Valle del Gauméz, y Mitú consideran que la acción delMinisterio ha ejercido una función de coordinador, fortaleciendo la capacitación de los funcionariosencargados de este sector poblacional.Las anteriores consideraciones le permiten concluir a la Corte que existe una relación directa entre el tipode política pública desarrollada y el esfuerzo presupuestal realizado, de tal manera que si la políticasugiere la intervención y responsabilidad de los entes centrales, o la asimilación de la poblacióndesplazada a la población pobre, su nivel de inversión presupuestal no va a ser muy grande, y susprincipales solicitudes de intervención nacional se van a dirigir a solicitar recursos económicos de apoyo ycolaboración. De igual forma, el tipo de materialización de la política pública es un indicador del nivel deestrategia que las entidades territoriales han trazado. Así, la elaboración del PIU es un indicador de unapolítica pública específica para la población desplazada, que abarca el fenómeno en sus diferentesdimensiones, mientras que la ausencia de este instrumento puede significar que la política del enteterritorial es incluir a la población desplazada en la oferta social.11. En el Auto 007 de 2009, la Corte Constitucional manifestó que si bien en la sentencia T-025 de 2004no se impartió ninguna orden específica a algún alcalde municipal o gobernador departamental, esto nosignifica de ningún modo que tales autoridades territoriales no se encuentren obligadas a realizar acciones
10. 10para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. En este sentido la Corteexpresó que “…es preciso que tales entidades adopten decisiones que garanticen un mayorcompromiso…” el cual se deberá verse reflejado (i) en la priorización del tema de atención a poblacióndesplazada; (ii) la consecuente destinación y ejecución de recursos suficientes para prevenir y atenderintegralmente a las víctimas del desplazamiento forzado; (iii) la definición de programas y componentesprioritarios de atención que asumirán; y (iv) el desarrollo de acciones destinadas a mejorar la coordinaciónen la atención, tales como la convocatoria de los Comités de Atención a la Población Desplazada, la cuales obligatoria en los municipios en donde se presenten situaciones de desplazamiento forzado, creaciónque debe ser también promovida por el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior.De otra parte, constató la Corte en la providencia en mención que con la Ley 1190 de 2008 se presentaroncambios y avances significativos respecto del involucramiento de las entidades territoriales en lasuperación del estado de cosas inconstitucional así como en la coordinación de las mismas. En relación conlos cambios la Corte puso de relieve los siguientes: (i) la adquisición de obligaciones específicas por partede las entidades territoriales frente a la atención integral a la población desplazada; (ii) la fijación del logrodel goce efectivo de los derechos de la población desplazada como el objetivo principal de las políticas anivel departamental, distrital y municipal; (iii) la determinación de la tarea por parte del Consejo Nacionalpara la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia “Cnaipd”, de coordinar de maneraeficaz y efectiva los comités departamentales, municipales y distritales; (iv) el que el Ministerio delInterior y de Justicia dejara de tener la competencia principal como coordinador de las entidadesterritoriales, sin perder no obstante todas sus responsabilidades en la materia.Por tanto, en dicha providencia la Corte determina una serie de órdenes dirigidas tanto al Ministerio delInterior, como al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada “CNAIPD”, a lasautoridades de las entidades territoriales tanto del orden departamental como municipal, y a AcciónSocial, respecto de la coordinación de la política de atención integral y protección de la poblacióndesplazada con las entidades territoriales y el logro del goce efectivo de derechos de la población víctimadel desplazamiento forzado. La Corte detecta como problemas estructurales la dificultad de las entidadesterritoriales en introducir elementos básicos de racionalidad en el diseño, implementación y seguimiento alas políticas públicas para proteger a la población desplazada. Por ello considera que aún cuando elGobierno es autónomo para diseñar e implementar una política que comprometa e involucre a lasentidades territoriales en la garantía y goce efectivo de los derechos de la población desplazada, deberátener en cuenta estos elementos para diseñar su política de coordinación.De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte determinó y ordenó respecto del Ministeriodel Interior: (i) que el Ministro del Interior y de Justicia debe ejercer directamente y bajo suresponsabilidad, la coordinación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales y las demásfunciones que tiene este ente en materia de desplazamiento forzado, dentro del marco de regulación de laLey 1190 de 2008; (ii) que el Ministerio del Interior y de Justicia debe señalar los municipios querequieren más apoyo para atender eficiente y eficazmente a la población desplazada, e indicar el por quéresultan prioritarios en materia de desplazamiento forzado, información que debía ser enviada a la Corteantes del 02 de marzo de 2009.En la misma providencia, la Corte le ordenó al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia “CNAIPD” y las cabezas de las entidades públicas que lointegran, (i) apoyar a las entidades territoriales para que se atienda eficiente y eficazmente a la poblacióndesplazada, y que en aquellos municipios que por su precaria capacidad institucional no puedan atender ala población desplazada, las entidades que componen el CNAIPD deben aplicar el principio constitucionalde subsidiariedad para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, todo ello deconformidad con las normas constitucionales y legales vigentes y la jurisprudencia de la Corte en lamateria; (ii) diseñar una política que permita involucrar y comprometer efectivamente a las entidadesterritoriales en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el aseguramiento del goce efectivode los derechos de la población desplazada, política que debe ser formalizada mediante un actoadministrativo. El plazo máximo fijado por la Corte para el cumplimiento de esta orden fue el 1 de juniode 2009. Igualmente la Corte ordenó (iii) usar las herramientas legales al alcance de cualquiera de lasentidades que conforman dicho Consejo para asegurar el compromiso de las entidades territoriales con laadopción de decisiones orientadas a asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazadaen el respectivo ámbito territorial, a partir de los informes enviados por las entidades territorialesseñalados en la Ley 1190 de 2008 y los informes ordenados en el Auto 007 de 2009; (iv) Expedir, a partirdel 1 de abril del 2010, respecto de cada entidad territorial prioritaria, un certificado relativo a lasuficiencia o insuficiencia de la contribución de cada una a la superación del estado de cosasinconstitucional. Finalmente, (v) la Corte ordenó al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
11. 11Desplazada, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2 de la Ley 1190 de 2008, que al solicitar lainformación presupuestal a las entidades territoriales estableciera un procedimiento que permitiera hacerun seguimiento fiscal de los presupuestos locales destinados a los programas de atención de la poblacióndesplazada, desagregado por secciones, cuentas, y ejecutores, tal como lo deben hacer las entidades delorden nacional.En cuanto al mecanismo de certificación, la Corte estimó que mediante este mecanismo el CNAIPD podrácertificar a aquellas entidades territoriales cuyas acciones contribuyan al avance en el goce efectivo de losderechos de la población desplazada y a la superación de las falencias en la capacidad institucional y elesfuerzo presupuestal, e igualmente, podrá descertificar a aquellas que se retrasan injustificadamente en elcumplimiento de sus responsabilidades. Igualmente, que dicho certificado (i) deberá fundamentarse encriterios objetivos previamente comunicados a las entidades territoriales prioritarias, (ii) será deconocimiento público, (iii) señalará las condiciones que deben reunir la respectiva entidad territorial paracontinuar recibiendo recursos y en general apoyo del gobierno en temas relativos al goce efectivo de losderechos de la población desplazada y (iv) deberá expedirse con la periodicidad que el propio Consejodetermine.De otra parte, la Corte ordenó en el Auto 007 de 2009, respecto de la audiencia de rendición de cuentasprevista en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1190 de 2008 que las autoridades responsables queincluyan el tema del involucramiento y compromiso de las entidades territoriales en la atención a lapoblación desplazada, en el informe a presentar en la audiencia de rendición de cuentas de que trata elparágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1190 de 2008, deben incluir los avances en materia de goce efectivode los derechos de la población desplazada, para lo cual deberán tener en cuenta los informes presentadospor las entidades territoriales sobre la materia.Igualmente, en el Auto 007 de 2009, la Corte le ordenó a las autoridades de las entidades territoriales,gobernadores y alcaldes distritales y municipales: (i) que en ejercicio de sus competencias materiales,dentro de la respectiva jurisdicción deben cumplir cabalmente sus funciones en materia de atención a lapoblación desplazada y colaborar decididamente con el Gobierno Nacional en la definición y ejecución demecanismos que permitan lograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y superar elestado de cosas inconstitucional; (ii) que los alcaldes y gobernadores que el Ministro del Interior y deJusticia haya considerado prioritarios en materia de atención a la población desplazada deben presentar uninforme al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, a mástardar el 15 de abril de 2009, y luego cada año, en el cual deben indicar qué compromisos pueden asumirpara garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y en caso de que no tengan lacapacidad presupuestal o administrativa, deben señalar las falencias que presentan para atender a lapoblación desplazada, teniendo en cuenta los autos de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y lostemas enunciados en el artículo 4 de la Ley 1190 de 2008.Finalmente, en el Auto 007 de 2009, la Corte le ordenó al Director de la Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación Internacional que el informe que presente a la Corte Constitucionalsobre la aplicación de los indicadores de goce efectivo de derechos de los desplazados debe contener uncapítulo donde se presente la información distinguiendo territorialmente la situación en que se encuentrael goce efectivo de derechos.V. Que la Corte Constitucional ha recibido los siguientes informes de avance por parte delMinisterio del Interior y de Justicia:1. El Ministerio del Interior y de Justicia remitió a la Corte Constitucional el primero (01) de julio del añoen curso un proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1190 de 2008 (hoy Decreto 1997 de 2008), yun documento en el que constan los lineamientos de la política de la coordinación interinstitucional yterritorial en materia de desplazamiento forzado. En el decreto, el Gobierno organiza las competencias deAcción Social, DNP y el Ministerio para apoyar a las entidades territoriales en la elaboración eimplementación de PIUs. Para ello, el Ministerio es quien verifica el cumplimiento, divulga informaciónrelevante y realiza la gestión interadministrativa en aras de garantizar una mayor eficiencia de los planesintegrales únicos. Acción Social por su parte brinda el apoyo técnico que requieren las entidadesterritoriales y el DNP se concentra en el aspecto presupuestal. Las entidades territoriales deben garantizarla implementación del PIU como carta de navegación para la atención de la población desplazada.1.1 El decreto reglamentario propone que las entidades territoriales para cumplir con lo ordenado en laley 1190 de 2008, incluyan en los proyectos de presupuesto anual las partidas necesarias para atender a lapoblación desplazada, los cuales deben estar en concordancia con el PIU; informar al Ministerio del
12. 12monto de los recursos destinadas para poner en marcha el PIU; diseñar y coordinar estrategias paragarantizar el goce efectivo de los derechos de la población que retorna, se reubica o se reasienta enconcordancia con el Protocolo de Acompañamiento para estos procesos diseñado por Acción Social y lanormatividad vigente; identificar la oferta nacional en el marco de los Comités territoriales; solicitar elacompañamiento del DNP o el Ministerio de Hacienda en caso de necesitarlo para realizar las debidasapropiaciones y ejecuciones presupuestales; entre otras.Establece como mecanismos de coordinación cuatro áreas en las que deben profundizar las entidadesterritoriales:A). Suministro de información: para ello crea un Sistema de Información, Coordinación y SeguimientoTerritorial (SICST), mediante el cual las entidades territoriales suministren información trimestral sobre elavance y las dificultades en los compromisos presupuestales y administrativos.B). Integración y planificación de la política territorial: Los Gobernadores deben presentar un informedepartamental al Ministerio, verificar la existencia y estado de los PIUs propios de su jurisdicción,involucrar en el PIU departamental acciones prioritarias y conducentes al GED, y verificar y adelantaracciones que garanticen la participación de la población desplazada.C). Articulación Interinstitucional: El Ministerio del Interior y de Justicia y Acción Social deben promoverla participación de las entidades del CNAIPD para que colaboren en las acciones de coordinación y apoyotécnico a las entidades territoriales priorizadas de acuerdo a sus falencias institucionales. Además,impulsará la realización de mesas regionales de trabajo para lograr armonía entre municipios expulsores yreceptores, para garantizar mayor estabilización a la población desplazada que retorna o se reubica.D). Fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades territoriales: El Ministerio del Interiorbrindará asesoría técnica a las entidades territoriales que así lo requieran.Finalmente, vale la pena mencionar que en el proyecto de Decreto se encuentra que el gobiernoresponsabiliza a los entes territoriales de la atención humanitaria de emergencia. Se advierte que loanterior no debe entenderse en un traslado de responsabilidades, sino conforme a lo establecido en la Ley387 de 1997, de tal manera que si bien las entidades territoriales deben atender a la población desplazadaque reciben en su jurisdicción con el ánimo de garantizar el goce efectivo de derecho a la subsistenciamínima, esto debe garantizarse en armonía con los principios de coordinación y subsidiariedad. En estamedida, en caso que la entidad territorial no cuente con la totalidad de servicios que garantizan estederecho, puede brindarse la satisfacción del mismo, subsidiariamente, con la oferta Nacional.1.2 El documento de lineamiento de política de coordinación define unos objetivos, compila el marcolegal aplicable y plantea las competencias que regirán a las entidades del SNAIPD. En esta estrategia elMinisterio destaca la importancia de los Planes Integrales Únicos como instrumentos de política queorganizan e institucionalizan de manera conducente la atención y prevención del desplazamiento eninstancias locales y regionales, y a la vez permite que estas acciones puedan ser coordinadas con lasadelantadas por autoridades nacionales, y monitoreadas por las entidades centrales responsables delfuncionamiento del SNAIPD.El Ministerio del Interior y de Justicia determina que los objetivos específicos de la estrategia de lacoordinación territorial que plantea es identificar las competencias de las entidades territoriales, brindarlas pautas para el diseño y la implementación de los PIUs, y guiar a las entidades para que desarrollen unaserie de acciones que garanticen un mayor compromiso presupuestal y administrativo en la satisfaccióndel goce efectivo de derechos de la población desplazada.Además, en el documento el Ministerio establece que el CNAIPD se encarga de coordinar a los ComitésTerritoriales, colaborar y apoyar a las entidades territoriales para que atiendan eficazmente a la poblacióndesplazada, velar por la aplicación del principio de subsidiariedad, asegurar el compromiso de lasentidades territoriales para la adopción de mecanismos efectivos para asegurar el goce efectivo dederechos, requerir y analizar la información presupuestal de las entidades territoriales y gestionaracuerdos en materias de política. El Ministerio del Interior y de Justicia se obliga específicamente apromover que los gobernadores y alcaldes adopten las decisiones apropiadas para que exista coherenciaentre sus obligaciones y el esfuerzo presupuestal y administrativo que realizan. Para ello el Ministeriobrinda asesoría técnica a las entidades, solicita y sistematiza información de los entes territoriales parareportar avances y estancamientos al CNAIPD, y fortalece mecanismos de articulación nación – territorio.Por otra parte determina que el SNAIPD debe garantizar el manejo oportuno de recursos humanos,técnicos, administrativos y económicos, socializa y divulga la política sectorial y la oferta específica a lasentidades territoriales; y además debe generar medios y mecanismos que permitan una mayorcomunicación con las entidades territoriales.
13. 13Las entidades territoriales deben diseñar e implementar PIUs con los requerimientos de ley, garantizar laparticipación efectiva de la población desplazada, destinar un volumen de recursos apropiados para laatención de tal población, definir programas y componentes prioritarios de atención para ejecutar dichosrecursos, informar al CNAIPD de las decisiones tomadas en relación a los recursos, y desarrollarmecanismos de evaluación y seguimiento periódico.Los instrumentos a través de los cuales se coordinan las entidades territoriales son: los Comitésterritoriales, las Mesas técnicas regionales, las UAO y los PIUs. Conforme a los lineamientos de políticaque define el Ministerio los Comités Territoriales deben desarrollar estrategias para retroalimentar lainformación entre los diferentes órdenes locales y solucionen los obstáculos que detecten. Se debenconfigurar cuatro mesas regionales: de prevención, atención humanitaria de emergencia, restablecimientosocioeconómico, y participación. En las mesas se debe priorizar acciones de atención, identificar losactores para satisfacer el goce efectivo de derechos, y diseñar medios de sistematización de las accionespara evaluar los avances y dificultades.1.3 Posteriormente, con la Circular No. 018 del 23 de febrero de 2009 el Ministerio solicita a losGobernadores y Alcaldes que presenten bajo una matriz, un informe sobre los lineamientos estratégicos ylogísticos que han diseñado para atender el desplazamiento forzado en sus jurisdicciones. Además,priorizó 225 municipios como aquellos que requieren mayor apoyo por parte del Gobierno, los cualesconcentran el “78% de la población expulsada del país y el 84% de la población recepcionada”7. Lapriorización la realizó partiendo de variables que dan cuenta de la situación de desplazamiento y de lacapacidad institucional de los municipios.1.4 Adicionalmente el Ministerio informa que ha realizado una serie de acciones como la celebración deconvenios de cooperación con la OIM y Acción Social para apoyar técnicamente mediante capacitacionesa las entidades territoriales y a los Comités Territoriales; la difusión del Auto 007 y de la Ley 1190 de2008; promoción de estrategias para aumentar el esfuerzo presupuestal de las entidades territoriales, paraque éstas incluyan en los planes de desarrollo los programas de atención y protección de la poblacióndesplazada y fortalecimiento de la capacidad institucional local para la elaboración de PIUs; y el diseño eimplementación del Sistema de Información SICST, para la recolección y análisis de información generaly específica sobre los esfuerzos presupuestales y administrativos que realizan las entidades territoriales.Informa que difundió la manera en que se debe implementar el sistema a través del envío de un manual.1.5 El dos (02) de julio de 2009 el Ministerio envía un documento en el que informa sobre el nivel decompromiso, y falencias de los Municipios priorizados. En este informe comenta que de los 255municipios priorizados, 166 dieron respuesta. Además, 26 departamentos y 309 municipios no priorizadosremitieron información al Ministerio. Para sistematizar la información el Ministerio estableció variables ycategorías de análisis respecto de la asignación presupuestal, el Plan Integral Único, los ComitésTerritoriales, la Capacidad Técnica y el grado de articulación Interinstitucional. Aplicando la matriz deVester determina prioridades para analizar los resultados y determinar recomendaciones para avanzar en lasuperación del estado de cosas inconstitucional.En el informe el Ministerio del Interior comenta que las falencias que en mayor frecuencia presentan lasentidades territoriales son: A. Ausencia de respuesta de las entidades territoriales priorizadas. El Ministerio detecta que es importante sensibilizar a las autoridades locales y regionales para garantizar un mayor compromiso. B. Asignación presupuestal: las falencias principales se encuentran en escasez de recursos; especialmente para la fase de estabilización socioeconómica (v.g vivienda, y generación de ingresos). Ausencia de presupuesto detallado y específico. C. Plan Integral Único: desactualización del Plan Integral Único con herramientas básicas de coordinación como los planes de desarrollo, el presupuesto, planes estratégicos, planes de acción y de seguimiento; Ausencia de actualización del PIU, y de planificación a través de componentes temáticos. D. Capacidad Técnica: obstáculos en la gestión y en la capacidad de mejoramiento de la misma, en la sistematización de información, en fortalecer el conocimiento de la política, y en adelantar actividades de seguimiento y control. Además, encuentra que hay rotación constante de personal encargado de la población desplazada.7 Ministerio del Interior y de Justicia, Informe de sistematización y análisis de los compromisos y falencias de los municipios ydepartamentos priorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia, Bogotá, 8 de junio de 2009.
14. 14En menor medida detecta falencias en los Comités de Atención a la Población Desplazada, respecto de laconformación de comités, frecuencia de reuniones, y formulación, actualización y desarrollo de agendas.A un cuando las falencias en los Comités son menores, lo anterior es preocupante en la medida en que losComités Territoriales deberían estar conformados desde 1997, con la entrada en vigencia de la Ley 387, lacual los crea. Al ser un instrumento antiguo se esperaría que al menos las entidades con desplazamientohistórico mantuvieran un funcionamiento constante, activo, conducente y eficiente de estas instancias.VI. Que la Corte ha recibido informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre el temade la coordinación interinstitucional con las entidades territoriales, como se menciona a continuación:1. Informes de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento forzado1.1 La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en su IX informe deverificación, propuso extender los requisitos mínimos de racionalidad adoptados por la Corte respecto decada uno de los componentes de la política pública en materia de desplazamiento forzado, criterios deracionalidad que fueron aceptados por la Corte mediante el Auto 07 de 2009 y en consecuencia se ordenóal gobierno acoger y desarrollar en las regulaciones en esta materia tales criterios. La Corte reitera en estaoportunidad tales criterios de racionalidad: “1) La afirmación de la responsabilidad principal de la política pública de atención a la población desplazada en cabeza del Gobierno Nacional, por tratarse de un tema estrechamente relacionado con el conflicto armado interno y los derechos humanos. 2) La afirmación objetiva de la corresponsabilidad de las autoridades territoriales en relación con las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a los derechos de la población desplazada, con el señalamiento de las consecuencias institucionales y disciplinarias en casos de omisión o incumplimiento. 3) La protección de la persona desplazada y de sus derechos frente a las situaciones de descoordinación interinstitucional. 4) La protección de la autonomía territorial y los desarrollos del proceso de descentralización política, fiscal y administrativa. 5) El desarrollo de los principios de subsidiariedad, concurrencia, coordinación y complementariedad de tal manera que la acción de los diferentes niveles de gobierno garanticen objetivamente el acceso a los derechos de la población desplazada. 6) La participación de las entidades territoriales en la formación de este reglamento, a nivel de las federaciones de entidades y de autoridades territoriales o con participación directa de gobernadores, alcaldes y autoridades tradicionales, según las diferentes categorías. 7) La diversidad de las relaciones intergubernamentales según sectores de la política pública. 8) La distribución de los recursos nacionales de la política pública, según la diversa capacidad fiscal e institucional de las entidades territoriales. 9) El impacto diferenciado del desplazamiento sobre la vida de los municipios y especialmente en las condiciones institucionales. 10) El desarrollo de convenios y demás figuras interadministrativas que articulen la acción de la Nación, los Departamentos, los Municipios y las entidades territoriales indígenas. 11) La definición de la capacidad disciplinaria del Ministerio Público en casos de incumplimiento por parte de los diferentes niveles de autoridad. 12) La presencia territorial de los grupos y personas con derechos especialmente protegidos por razones de etnia, género, pertenencia etárea y discapacidad”. 1.2 Informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, sistema integrado de corresponsabilidad, presentado ante la Corte el 6 de Octubre de 2009.
15. 15 En el informe sobre sistema integrado de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales, presentado por la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, se realiza una primera aproximación en torno a un sistema integrado de corresponsabilidad (SIC), que contenga los lineamientos de política para una reglamentación de la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales en el marco de la política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia. En este informe se expone que hasta el presente, la atención a la población en situación de desplazamiento forzado ha requerido la participación de numerosas agencias estatales pertenecientes a distintos niveles de gobierno y a diferentes sectores administrativos, pero como tal este sistema de gestión institucional no ha contado ni con el enfoque, ni con la eficiencia y eficacia necesarios para garantizar el Goce Efectivo de los Derechos –GED- de la población en referencia ni ha contribuido a la superación del estado de cosas inconstitucional –ECI-. Entre las falencias identificadas en el informe de la Comisión se destacan: - La coordinación del SNAIPD ha estado sujeta a la voluntad de las instituciones, como consecuencia de la ausencia de un instrumento vinculante que facilite a los órganos coordinadores propiciar respuestas por parte de las diferentes instituciones. - El alcance de las herramientas con que cuenta la Nación para que de manera efectiva las Entidades Territoriales (en adelante ETs), en quienes descansa buena parte de la prestación de servicios a la población desplazada, adopten las decisiones de política y administrativas que tiendan a garantizar el GED de la población desplazada es limitado. - Problemas derivados de la falta de especificidad en las competencias de las distintas agencias y de la existencia de determinados intereses que posiblemente dan lugar a duplicidades operativas y a una destinación irracional de recursos, o, por el contrario, a una ausencia de oferta institucional. - El ejercicio centralizado de la planeación por parte del SNAIPD no ha favorecido una fluida retroalimentación de las iniciativas locales y de las necesidades identificadas por los Comités Territoriales (en adelante CTs), lo que ha traído como consecuencia el desincentivo para la generación de mayores compromisos por parte de las autoridades territoriales y una obstaculización práctica de las políticas nacionales. - La falta de implementación de los instrumentos y mecanismos necesarios para hacer seguimiento a la coordinación y a las políticas públicas nacionales y locales, y poder así conocer el grado de avance en el logro de los objetivos. En este sentido, en el informe sobresale la ausencia de indicadores de desempeño y coordinación y la falta de estimación de aquellos de goce efectivo a nivel local. - Otra dificultad que según el informe puede llegar a presentarse, es que un mayor compromiso local se traduzca en un desincentivo derivado de un desequilibrio regional ante las respuestas territoriales al desplazamiento forzado, llevando a una posible inmovilización de los gobernantes locales, o a la aplicación de medidas basadas en motivaciones locales que pueden llegar a afectar el GED de la población desplazada en determinado territorio.Frente a este diagnóstico, la Comisión de Seguimiento presenta las siguientes recomendaciones: - Es necesario tener particularmente en cuenta que involucrar y comprometer efectivamente a las ETs en el aseguramiento del GED de la población desplazada y en la superación del ECI es un proceso que tiene que pasar, necesariamente, por el reconocimiento previo de lo que podría denominarse una perspectiva diferencial territorial. Esta perspectiva debe guiar las próximas definiciones en la política pública sobre desplazamiento forzado para avanzar de manera conducente, pertinente y acertada, en el mejoramiento de las relaciones de coordinación entre la Nación y los ETs departamentales y municipales. - El concepto de perspectiva diferencial territorial mencionado debe hacer referencia a la obligatoriedad de tener en cuenta las especificidades propias de los territorios, las instituciones y las poblaciones, y sus capacidades administrativas, políticas y fiscales. Desde esta perspectiva, se concibe a los territorios como sujetos activos en la generación, mantenimiento y cambios en las diversas dinámicas que en ellos tienen lugar. Este enfoque es vital para comprender las dinámicas propias del desplazamiento forzado como una problemática nacional que cuenta con manifestaciones y dinámicas territoriales, con características históricas, sociales, políticas, económicas, culturales y geoestratégicas, que se expresan diferencialmente en regiones y localidades específicas. - Es preciso reconocer que una de las causas más importantes para la falta de superación del estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional, estado que es producto de la
16. 16 violación masiva de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, es la falta de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales. - Se reitera que el presente informe de la Comisión de Seguimiento se inscribe en la recomendación dada por dicha Comisión en su IX Informe de Verificación, que fuera recogida por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2009, en el cual propuso: “adicionar como criterio de racionalidad, la implementación de una reglamentación objetiva de la corresponsabilidad nacional y territorial en el desarrollo de las políticas públicas sobre el desplazamiento forzado, de tal manera que se contrarresten las desigualdades que existen en la capacidad y respuesta institucional en las diferentes regiones del país”. - Se propone el establecimiento de un Sistema Integrado de Corresponsabilidad (SIC), el cual estará conformado por los siguientes componentes: a) principios y criterios de corresponsabilidad, b) bases de una coordinación corresponsable, c) protocolo de corresponsabilidad, d) indicadores de gestión, coordinación y GED, y e) propuesta de certificación. El informe de la Comisión deja en claro que no se pretende contar con indicadores locales de GED de la población desplazada diferente a los ya adoptados por la Corte Constitucional, sino precisamente medirlos a nivel local. - El Sistema Integrado de Corresponsabilidad, se define como el modo en que todos los elementos de coordinación interactúan para determinar la corresponsabilidad entre Nación y las ETs, con el fin de crear un sistema en el que el desarrollo de los elementos implica la existencia de distintas fases interrelacionadas y recurrentes, en las que se integren las acciones y los mecanismos necesarios para la existencia de una debida coordinación corresponsable. El punto de partida del Sistema Integrado de Corresponsabilidad está constituido por unos criterios de corresponsabilidad, que a manera de principios orientadores enmarcan sus diferentes componentes, entre otros: a) las características del Modelo de Estado (unitario, descentralizado con autonomía territorial), b) los principios de organización territorial (coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad), c) las competencias, d) las capacidades y especificidades de los territorios, y e) la participación de las ETs y de la población afectada en la definición de políticas de coordinación. - A partir de los criterios, la coordinación corresponsable establece una suficiente y adecuada definición legal de responsabilidades, competencias y facultades (estas últimas relacionadas con el principio de jerarquía) necesarias para la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales. El informe de la Comisión considera fundamental que las instituciones nacionales y locales tengan claramente establecidas sus responsabilidades, competencias y facultades, tanto en sentido vertical como horizontal. - Teniendo como base la asignación de competencias territoriales, el informe propone la adopción de un Protocolo de corresponsabilidad que parte de las condiciones fácticas de los territorios para la formulación del modo, la proporción y el sector en que deben aplicarse los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad entre los niveles de gobierno, con el fin de superar las desigualdades territoriales frente a la atención de la población. El punto de partida para la implementación del Protocolo será la caracterización territorial, en desarrollo de la cual se procederá a la medición de variables y la estimación de indicadores territoriales que tengan en cuenta las especificidades propias de los territorios, las instituciones y las poblaciones, y sus capacidades administrativas, políticas y fiscales. - Posteriormente vendría una fase de seguimiento, durante la cual se procedería a la medición de los indicadores de gestión y de resultado que permitirán evaluar, de un lado, el desempeño y la coordinación de las ETs frente a la atención al desplazamiento forzado, y, de otro lado, los avances en el GED de la población al nivel territorial. Se trata, entonces, de poder valorar y evaluar la implementación de la política pública de atención integral a la población desplazada, y con ello establecer avances, retrocesos y/o estancamientos. Para este fin se requieren incuestionablemente el establecimiento de indicadores de Gestión y la estimación del GED. - Una vez culminado el proceso de seguimiento y conocidos los resultados de gestión y los logros frente al GED, estarán cumplidos los prerrequisitos para proceder con la fase final del proceso, cual es la de certificación de las Entidades Territoriales, que comprende acciones en doble vía entre la Nación y las entidades territoriales.2. Informe Universidad del MagdalenaEl estudio en el departamento del Magdalena fue adelantado por la Universidad del Magdalena la cualrealizó observaciones en Pivijai, Chibolo, Fundación y el Distrito de Santa Marta.El estudio se realizó de septiembre a diciembre de 2008. Dentro de las actividades que realizaron parapoder presentar el informe se encuentran las entrevistas a funcionarios públicos, el trabajo con gruposfocales, principalmente líderes de la población desplazada, revisión de documentos como reglamentos,
17. 17PIUs, y planes de desarrollo. Para interés de la Corte, tuvieron acceso a las respuestas del auto 052 y enocasiones pudieron contrastar lo que sucedía en el diario práctico y lo anunciado en las respuestas de estasalcaldías a la Corte.Los resultados generales del estudio son los siguientes:- La respuesta de estas entidades territoriales se centra en el asistencialismo y en la atención humanitariade emergencia. Su respuesta es netamente coyuntural, ya que no tienen un plan estructural de trabajo,siendo una respuesta desarticulada a hechos críticos eventuales, y dependiente de la voluntad política delos funcionarios- No existe una relación coordinada ni entre las autoridades departamentales, ni entre las autoridadesterritoriales y las nacionales. Existen esfuerzos aislados y se resalta la ausencia de un plan de desarrolloregional.- Los funcionarios locales perciben que la responsabilidad principal en materia de desplazamiento es de laadministración central, en cabeza de Acción Social.- Los planes de desarrollo y los documentos de política pública no cumplen con lo indicado en las normasy en la jurisprudencia respecto de la asignación presupuestal específica para la población desplazada. Nocuentan con diagnósticos previos lo que dificulta la construcción de estrategias políticas cercanas a larealidad de la población desplazada asentada en sus territorios.- No se percibe un verdadero compromiso en las administraciones de los municipios monitoreados.- No se incluye en los documentos de política pública los indicadores de goce efectivo de derechos. Sereconoce la importancia de su uso pero no identifican los indicadores ni establecen un cronograma para sufutura implementación.- No hay una acción coordinada entre las entidades interinstitucionales y multinivel.- Todos los municipios estudiados tienen un problema presupuestal por encontrarse embargados por la ley540 e incluso aquellos que tienen derecho a las regalías las tienen comprometidas hasta por 40 años.Las recomendaciones presentadas en el informe son las siguientes:- Fortalecer el SAT y las alertas de riesgo, y la coordinación interinstitucional en materia de prevención.Desencadenar acciones para materializar la alerta. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación de ordenpúblico del departamento ha empeorado. Existen nuevas amenazas de los grupos ilegales, los gruposdesmovilizados se han reorganizado, y existen nuevas ocupaciones ilegales de predios que generandesplazamiento.- Aumentar la vigilancia por parte del Ministerio Público- Modificar la estrategia de la fuerza pública, en la cual se privilegia un tratamiento policivo sobre unopreventivo, por lo cual se desvirtúa el ejercicio del SAT.- Las autoridades locales deben fortalecerse en el diseño e implementación de políticas públicas.- La atención humanitaria de emergencia es muy precaria. Parte de ello se encuentra relacionado con laconcentración del registro en Santa Marta y de la AHE por parte de Acción Social en la capital deldepartamento.- Recomienda aplicar un enfoque diferencial a la AHE, específicamente respecto de la composición étnicay cultural. Además fortalecer el componente de ayuda psicosocial en el programa departamental de AHEdenominado “ruta integral”, para que tenga una cobertura integral de la familia y sea evaluado en términoscuantitativos y cualitativos.- Se recomienda capacitar a los funcionarios locales para que conozcan la ruta de atención a la poblacióndesplazada y la jurisprudencia vigente. Recomienda crear oficinas de AS en los municipios más afectadosdel departamento para fortalecer la oferta y desconcentrarla.- La estabilización socioeconómica se diseña principalmente en esferas nacionales, desconociendo lasdinámicas regionales particulares (v.g. El programa de generación de ingresos carece de efectividad, se
18. 18limita a ayudas momentáneas, dirigidas para pequeños empresarios y no para campesinos desplazados).Recomienda fortalecer la coordinación nación – territorio para el diseño diferencial de políticas.- De la investigación se concluyó que en las entidades territoriales no se ponen en marcha los indicadoresde GED, lo cual es indispensable para poder hacer un seguimiento integral en el avance de ECI.- Recomienda que el Ministerio del Interior apoye administrativa y presupuestalmente a las entidadesterritoriales para la construcción de PIUs e implementación de indicadores de GED.- Recomienda que las alcaldías cuenten con oficinas idóneamente dedicadas a atender el desplazamiento.- Igualmente se recomienda la revisión de la Ley 550 para que se obligue a los municipios que esténsancionados patrimonialmente a reservar un porcentaje de recursos para la atención de poblacióndesplazada; la destinación de un porcentaje específico de los rubros de las regalías para la atención depoblación desplazada; la creación por parte del Ministerio del Interior de un sistema de información quegenere respuestas efectivas a las quejas y solicitudes presentadas por la población en situación dedesplazamiento.3. Informe Universidad de AntioquiaEl estudio se denominó “Fortalecimiento de la Coordinación y la Capacidad Institucional de las EntidadesTerritoriales Frente a la Atención al Desplazamiento Forzado- Informe de Avance Uno, Diagnóstico yrecomendaciones sobre las capacidades de desempeño y coordinación de las entidades territoriales,” confecha 30 de Julio de 2009.Los resultados generales del estudio son los siguientes:- En cuanto a desempeño se identificaron problemas en el diseño de la política pública dirigida aresponder al fenómeno del desplazamiento forzado, por ejemplo problemas de funcionamiento ocapacidad institucional tales como: infraestructura insuficiente e inadecuada, carencia de recursoshumanos, itinerancia y movilidad de funcionarios, subcontratación para la atención e insuficienteinformación y actualización.- Sobre el tema relativo a problemas de planeación y articulación para la atención, en el informe seencuentra ausencia de diagnóstico y caracterización de la población desplazada; no definición odefinición limitada de programas para la población desplazada en los planes de desarrollo; carencia depolíticas públicas territoriales; carencia de planes integrales únicos y desarticulación de los planes para laatención de la población desplazada y otros planes locales.- Respecto a la implementación de la política pública dirigida a responder al desplazamiento forzado conun enfoque de derechos en la planeación, el informe observa falencias como: ausencia de planes conenfoque de derechos y políticas de atención diferencial; limitada diferenciación entre la poblacióndesplazada y la vulnerable; implementación de políticas asistenciales y coyunturales; excesivatramitología y carencia de información; insuficiencia en la cobertura de programas y desbordamiento decapacidades locales.- En relación con la creación y funcionamiento de instancias para la atención a población desplazada, elinforme encuentra que la Comisión Local de Atención Integral a la Población Desplazada –CLAIPD- esinexistente o presenta problemas de funcionamiento; así mismo, encuentra el informe que la Unidad deAtención y Orientación –UAO- presenta problemas de funcionamiento; igualmente encuentra el informeotros problemas relacionados con la participación de la población desplazada y el sistema único deregistro de víctimas.- Respecto del seguimiento y evaluación de la gestión realizada para la ejecución de la política, entre loscuales se encuentran carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación desconocimiento de losindicadores de goce efectivo de derechos e inexistencia de sistema de información.- Problemas con la financiación de la política pública de atención al desplazamiento forzado comoinsuficiente apropiación y asignación de recursos, alta dependencia de los recursos internacionales ynacionales y bajos esfuerzos presupuestales con recursos propios, problemas con la asignación diferenciay diferencial de recursos, desbalance y desorden en la ejecución presupuestal para la atención, así comolimitaciones presupuestales.- De otra parte, se identificaron también fortalezas en el diseño de la política pública dirigida a responderal desplazamiento forzado, como la calidad de funcionarios, avances en capacitación y recurso humano,realización de diagnóstico y diseño de planes y programas específicos para la atención de la población,diseño de políticas públicas territoriales para la atención, existencia de PIUs, articulación de PIU y planesde desarrollo y adecuación de la capacidad institucional para la atención.