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Timestamp: 2019-02-24 03:31:36
Document Index: 248581875

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 83', 'artículo 14', 'artículo 65', 'artículo 99', 'artículo 65', 'artículo 49', 'artículo 230', 'artículo 27', 'artículo 230', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65']

﻿ Sentencia 37450 de marzo 6 de 2012
SENTENCIA 37450 DE 06 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:BUENA FE DEL EMPLEADOR. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO (CST) NO CONTIENE NINGÚN CONDICIONAMIENTO SOBRE LA BUENA O MALA FE DEL EMPLEADOR CUANDO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO PAGA AL TRABAJADOR LOS SALARIOS Y PRESTACIONES DEBIDAS, LA BUENA FE DEL EMPLEADOR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR FALTA DE PAGO. ESTA EXIMENTE TIENE SUSTENTO EN QUE LA BUENA FE ES UN ELEMENTO EXPRESAMENTE CONSAGRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL CST, Y EN QUE FUE ELEVADO A RANGO CONSTITUCIONAL CON EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, TRABAJADOR, MALA FE, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 37450 de marzo 6 de 2012
Ref.: Expediente 37450
Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil doce.
EXTRACTOS: «III. Demanda de casación
Alcance de la impugnación
El demandante persigue con el presente recurso que esta Sala case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primera instancia, y, en su lugar, condene a las pretensiones solicitadas.
Con tal propósito, formuló dos cargos que fueron objeto de réplica.
Cargo primero
Acusa la sentencia por violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 27, 65 modificado por la Ley 789 de 2002, 127 modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, 134, 139, 186, 249, 253, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 99 de la Ley 50 de 1990; 251, numeral 2º del 254, 268 y 269 del Código de Procedimiento Civil; 53 y 230 de la Constitución Política; en concordancia con los artículos 1º, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 27 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo; 29 de la Constitución Política; 49, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo, 27 y 1603 del Código Civil y 4º, 6º y 187 del Código de Procedimiento Civil.
Errores fácticos
Le achaca al tribunal haber cometido ocho yerros que, en síntesis, le reprochan el dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada probó el pago de los salarios del 16 de marzo al 16 de diciembre de 2004 y las prestaciones causadas entre el 1º de enero de 2003 y el 16 de diciembre de 2004; como también, no dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada actuó de mala fe, no solo durante la vigencia del contrato sino también a la terminación de este, al no pagar la totalidad de las acreencias laborales, como quiera que no tuvo en cuenta que la demandada continua adeudándole salarios y prestaciones; y por inducir a error al ad quem para que este erradamente considerara que la empresa pagó en forma completa y oportuna todos los derechos sociales causados a favor del actor.
Pruebas erróneamente apreciadas
Bajo este título relaciona la demanda, folios 2 al 8; la documental de la terminación del contrato de trabajo, folio 17; respuesta del fondo de pensiones, folio 122, formatos visibles a folios 493 a 500 sin firma; formato para liquidar el contrato de trabajo del actor, folio 501; auto del 14 de octubre de 2004, con el cual la superintendencia calificó los créditos de los acreedores de la demandada, visible a folio 591 a 681.
De cara a los salarios reclamados, afirma que si el ad quem hubiese analizado correctamente el acervo probatorio no habría cometido los yerros acusados. Le critica haber tenido como prueba el escrito del folio 501, si ni siquiera este tiene la calidad de documento privado, toda vez que no se encuentra firmado por representante alguno de la demandada ni por el actor. Considera una equivocación ostensible el haber afirmado que el salario de la segunda quincena fue tomado por la Superintendencia de Sociedades como créditos a su favor, cuando esto no se dio; en el auto de esta superintendencia, folios 591 a 681, del cuaderno principal, lo que la entidad calificó a favor del actor (fl. 671) fue un derecho litigioso y ordenó al liquidador hacer una reserva hasta por $ 50 millones de pesos.
Otra equivocación fue la de haber considerado cancelados los salarios causados con posterioridad a marzo de 2004, en tanto los escritos de folios 493 a 500 ni siquiera tienen la calidad de documento privado toda vez que no se encontraban firmados; así, con ellos no se probaba el pago de los salarios causados entre el 1º de abril y el 16 de diciembre de 2004, folio 17, cuando terminó el contrato. Además estas pruebas no fueron solicitadas por las partes, ni decretadas de oficio, como se ve en el auto de decreto de pruebas (fls. 87 a 89).
Sobre la reliquidación de prestaciones sociales, reiteró que el documento del folio 501 no es una liquidación de prestaciones sociales como equivocadamente lo tomó el ad quem; es un documento sin firma; por su contenido es más bien un formato con el que el liquidador de la demandada quiso certificar los derechos sociales que a 31 de marzo de 2004 le debía la demandada al actor; es decir que con este documento la demandada no demostró el pago de las prestaciones sociales.
En su criterio, lo que en verdad demuestran la demanda, la comunicación de terminación del contrato de trabajo, la certificación de “Porvenir” (sic) y el documento privado sin firma del folio 501 es que se solicitó una reliquidación de cesantías, que el contrato de trabajo terminó el 16 de diciembre de 2004, que tales documentos son concordantes con la certificación del folio 122, donde aparecen consignadas a “Porvenir” (sic) aquellas, a favor del actor, a 31 de diciembre de 2002, y con el documento sin firma del folio 501 donde el liquidador de la demandada certificó que esta debía al actor las cesantías de enero a marzo de 2004, los intereses a la cesantía de enero de 2003 a marzo de 2004, vacaciones y primas de servicio, e incluso la sanción por no consignación de las cesantías a un fondo del año 2002.
Agrega que si el ad quem hubiera apreciado correctamente todos estos documentos, a contrario sensu de lo que concluyó, habría encontrado que las cesantías causadas al 2000 ni fueron consignadas al fondo (fl. 122), ni fueron cuantificadas en la certificación del folio 501, como tampoco que fueron pagadas las causadas entre enero y diciembre de 2004; que tanto el auxilio de cesantías y demás prestaciones cuantificadas en el folio 501 ni siquiera fueron calificadas por la superintendencia en el auto de calificación y graduación de créditos de la demandada; que tanto el auxilio de cesantías y demás prestaciones causadas entre el 1º de abril al 16 de diciembre de 2004, tampoco han sido pagados por la demandada hasta la fecha.
Respecto a las indemnizaciones moratorias, insiste en que la demandada actuó de mala fe al pretender demostrar que consignó al Fondo de Pensiones Horizonte y a favor del actor el auxilio de cesantías de todos los años causados. Si el ad quem hubiese apreciado correctamente la documental de folio 122, habría encontrado lo siguiente: a) el auxilio de cesantía del año 1998 fue consignado el 7 de abril de 1999; b)que el auxilio de cesantías del año 1999 no fue consignado en el 2000; c) que el del 2000 fue consignado el 26 de febrero de 2001; d) que el del 2001 fue consignado el 18 de febrero de 2002; e) que el auxilio de cesantías causado en el 2002, fue consignado, en cuantía de $ 517.421, el 25 de agosto de 2003; lo que por supuesto da lugar, a su juicio, a condenar a la demandada la indemnización moratoria.
Sobre la moratoria, argumenta que la demandada obró de mala fe al pretender demostrar el pago de salarios y prestaciones con los documentos de folios 493 a 501, que como ya lo había anotado, no tenía la calidad siquiera de prueba sumaria. Si el ad quem hubiese apreciado correctamente estas pruebas en conjunto con las visibles a folios 17 y 122, según su criterio, habría concluido que lo demostrado en el proceso es la mala fe de la empresa, al querer confundir al operador judicial, con la prueba del pago de total de las acreencias del actor, que ni fueron calificadas en el proceso de liquidación ni han sido pagadas hasta la fecha.
El antagonista del recurso manifiesta que el censor, para atacar la sentencia, acudió a un hecho nuevo, cual es el de que la prueba documental, sobre la cual se soportan las decisiones, ni siquiera tiene la calidad de documento privado por la falta de firma, amén que ninguna de las partes la solicitó, ni fue decretada de oficio por el juez, aspectos estos que no fueron planteados por la parte actora en las instancias, y que, contradictoriamente, en el escrito que sustenta la alzada invoca el favor probatorio de los documentos que hoy, en el recurso extraordinario, descalifica. Por tanto, considera que no tiene cabida en esta oportunidad desconocer la validez de la actuación, so pena de desequilibrar la situación de las partes, en detrimento del derecho de defensa, menos cuando los medios de prueba fueron arrimados al infolio en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de pruebas que ordenó librar oficio a la accionada para que remitiera todos los documentos atinentes a la vinculación del actor. Con todo, da razones de por qué las pruebas tienen validez y por qué la condición de liquidación de la demandada desvirtúa la mala fe que le atribuye el recurrente.
VI. (sic) Consideraciones
Conviene aclarar, primeramente, que no fue objeto de reparo por el censor lo establecido por el ad quem de cara a la fecha de inicio y de terminación de la última relación laboral existente entre las partes. Al respecto, el ad quem señaló que el contrato inició el 11 de enero de 2000, se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda y que terminó en el curso del proceso; a más que el censor, en la demostración del cargo, se refiere, entre otras premisas, a la liquidación del contrato a 16 de diciembre de 2004, es decir, como lo dijo el ad quem, que terminó después de haberse presentado la demanda.
El impugnante le enrostra al ad quem el haber dado por demostrado, sin estarlo, que la Superintendencia de Sociedades tomó como créditos ciertos a favor del actor los salarios de la segunda quincena de marzo de 2004, a consecuencia de haber tenido como prueba el escrito del folio 501, el cual, a su juicio, ni siquiera tienen el carácter de documento privado toda vez que no se encuentra firmado por representante alguno y mucho menos por el actor; igualmente, el haber razonado, respecto de los salarios causados con posterioridad a marzo de 2004 hasta el 16 de diciembre del mismo año, que fueron cancelados con base en las nóminas visibles a folios 493 a 500, comoquiera que estas pruebas no tiene signatario, no fueron solicitadas como prueba por las partes y menos, decretados de oficio.
Nótese como, pese a que se ataca la sentencia por la vía indirecta, el censor está cuestionando la falta de carácter de documento del folio 501 por no tener firmas, igual que los visibles entre los folios 493 y 500, sumado a que estos no fueron solicitados como prueba por las partes ni decretados de oficio, reparos que implican razonamientos de orden jurídico y no fáctico.
Es bien sabido, conforme a la técnica de casación, que no es apropiado plantear como un yerro fáctico, aspectos relacionados con la validez de la prueba; no obstante, el censor desconoce esta regla, cuando pone en entredicho la calidad de documento del folio 501, al igual que de los documentos visibles a los folios 493 a 501, además cuando alega que estos no fueron solicitados por las partes como prueba, menos decretados de oficio.
Si el actor quería hacer valer tal argumento para derribar este pilar de la sentencia, el camino a seguir era la acusación por la vía directa, y de esta forma poder aducir la violación de medio de las normas adjetivas que regulan los requisitos de la prueba, con la consecuente violación de las normas sustantivas pertinentes.
Así lo tiene asentado la jurisprudencia de esta Sala; para un ejemplo, basta citar los pasajes pertinentes de la Sentencia 35107 de 2010 que fue pronunciada, justamente, en un proceso adelantado contra la misma demandada, por similares pretensiones:
“... se observa que el censor se equivoca al pretender discutir por la vía indirecta el aspecto referente a que las pruebas referidas fueron aportadas al informativo sin que fueran decretadas.
Al respecto recuerda la Corte, una vez más, lo adoctrinado en relación con la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, de que la vía adecuada para orientar el ataque es la directa, porque en estos casos no se trata de establecer errores de valoración probatoria sino la violación de los preceptos legales que gobiernan esas situaciones procesales, tal como se dejó sentado, entre otros pronunciamientos, en la sentencia de 7 de febrero de 2001, Radicación 15438, reiterada en las de 13 de julio de 2006, Radicación 25717, y 26 de noviembre de 2008, Radicación 34481...”.
A más de la mencionada impropiedad, la Sala no puede pasar inadvertido que las pruebas cuya validez ahora cuestiona el recurrente, como lo hace ver el antagonista del recurso, fueron arrimadas al expediente en la primera instancia, antes del auto que ordenó el cierre del debate probatorio, en respuesta a oficio ordenado por el a quo en el auto de decreto de pruebas; el debate probatorio fue cerrado luego de varios aplazamientos de la “tercera” audiencia de trámite, por solicitud que hiciera la parte que hoy recurre en casación, en razón a que, en su criterio, todas las pruebas necesarias para proferir sentencia obraban en el expediente (fl. 576). En el recurso de apelación de la parte actora (fl. 586, cdno. ppal.), no se hace reparo alguno a la validez de estas pruebas, sino que, por el contrario, el entonces apelante reprocha la valoración que hizo el a quo al folio 501, apoyándose en el mismo documento que obra a folio 548; interpreta él que, en tales folios, se reconoce un crédito laboral a favor del actor; de tal manera que, cuando el censor tenía la condición de apelante, no formuló reparo alguno a la validez del citado folio por falta de firma, máxime que está repetido al folio 548 y este sí está firmado. Al igual, guardó silencio sobre que no había sido solicitado como prueba, en tanto que este folio fue allegado junto con las nóminas de los meses de abril a diciembre de 2004, cuya validez también está refutando en el cargo.
La posición ambivalente del recurrente frente a la validez de las pruebas acabada de poner de presente se acentúa en el trámite del presente recurso extraordinario, cuando, al sustentar el mismo cargo primero, al tiempo que discute la calidad de documento del visible al folio 501, alega que este no es una liquidación de prestaciones sociales, sino un documento sin firma, “... que por su contenido es más bien un formato con el que el liquidador de la demandada quiso certificar los derechos sociales que a 31 de marzo de 2004 le debía la demandada al actor; no otra cosa de (sic) deduce del siguiente texto de dicho documento ‘El suscrito liquidador...’. Es decir, que con este documento la demandada no demostró el pago de las prestaciones sociales faltantes por pagar, pretendidas en la demanda”.
Y, más adelante, como si no hubiera objetado la validez de la prueba en comento, afirma que lo que en verdad indican la demanda, la terminación del contrato de trabajo, la certificación de “Porvenir” (sic) y “el documento privado sin firma del folio 501”, es que se solicitó una reliquidación de cesantías, que el contrato de trabajo terminó el 16 de diciembre de 2004, que los anteriores documentos son concordantes con la certificación del folio 122 donde aparecen consignadas al fondo de cesantías aquellas a favor del actor a 31 de diciembre de 2001; y que “igualmente son concordantes con el documento sin firma del folio 501 donde el liquidador de la demandada certificó que la demandada debía al actor las cesantías de enero a marzo de 2004, los intereses de las cesantías de enero del 2003 a marzo de 2004, vacaciones y primas de servicio, e incluso la sanción por no consignación de las cesantías a un fondo del año 2002”.
Y por si fueran pocas las contradicciones anotadas, propone una apreciación correcta de las citadas documentales, pues, según él, de haber valorado correctamente, el ad quem, las citadas documentales (inclusive la del fl. 501), habría encontrado, entre otros hechos, que las cesantías causadas en el 2000 ni fueron consignadas al fondo de pensiones (fl. 122), ni fueron siquiera cuantificadas en la certificación del folio 501; que las causadas entre enero y marzo de 2004, según el folio 501, y las causadas entre el 1º de abril y el 16 de diciembre de ese mismo año no han sido pagadas hasta la fecha; como también que el auxilio de cesantías y demás prestaciones cuantificadas en el tan mentado folio 501 ni si quiera fueron calificadas por la Superintendencia de Sociedades en el auto de calificación y graduación de créditos de la demandada. Y que tanto el auxilio de cesantías y demás prestaciones causados entre el 1º de abril al 16 de diciembre de 2004, tampoco han sido pagados por la demandada hasta la fecha.
En este orden de ideas la demostración del cargo a más que plantea razonamientos de orden jurídico fuera de lugar en un cargo formulado por la vía indirecta, incurre en serias contradicciones como las que se acaban de ver.
Con todo, la Sala encuentra que el ad quem, con sustento en la copia de la liquidación del contrato de trabajo al 31 de marzo de 2004, obrante al folio 501 y repetida en el folio 548 (esta sí está firmada), estableció que el valor de la mencionada quincena fue incluido en el valor de la liquidación y que fue tomado como créditos ciertos a favor del actor, valor que, ciertamente, fue incluido en tal liquidación. Así las cosas, no pudo incurrir el ad quem en el supuesto yerro achacado por la censura en la valoración del folio 501.
Por otra parte, el censor no atacó el basamento de la decisión del ad quem. El ad quem, finalmente, negó la declaración del derecho a los salarios de la segunda quincena y absolvió por este concepto, por considerar que no era necesaria su condena al estar ya reconocido como un crédito laboral dentro del proceso de liquidación, consideración que está al margen de análisis en el presente estadio por ser de orden jurídico y no fue objeto de reparo por el censor.
En lo que tiene que ver con la inferencia fáctica, ciertamente, la demandada reconoció en la liquidación de prestaciones visible al folio 501 la deuda por salarios de la última quincena del mes de marzo, por lo que también era razonable deducir que fue tomado como tal por la superintendencia; y no lo contradice de manera evidente el que a folio 671 aparezca reconocido, a favor del actor, un derecho litigioso con la orden de hacer una reserva hasta por $ 50.000.000.
Tampoco pudo incurrir el ad quem en el supuesto desatino de haber dado por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada sí probó haber pagado al actor las prestaciones sociales causadas entre el 1º de enero de 2003 y el 16 de diciembre de 2004, achacado por el recurrente. El tribunal ni siquiera se pronunció al respecto en razón a que esta pretensión no fue planteada en la demanda, menos en la apelación, puesto que, para el inicio del proceso, la relación laboral se encontraba vigente.
El censor se duele de que el tribunal no dio por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada actuó de mala fe no solo durante la vigencia del contrato de trabajo sino también a la terminación del mismo, al no pagar al actor la totalidad de los salarios y prestaciones.
Advierte la Sala que el actor reclamó en la demanda la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Esta última, por cuanto en los años anteriores al 2002, la demandada consignó en forma incompleta al fondo en razón a que no tuvo en cuenta todos los factores salariales, y, en los años 2002 y 2003 porque no consignó suma alguna a favor del actor tal como lo ordena la ley.
Con relación a la moratoria por el pago incompleto de las censantías de los años anteriores al 2000, es de anotar que el ad quem no profirió condena por reliquidación de cesantías, como para dar lugar a tal indemnización por diferencias insolutas; sobre la indemnización por falta de consignación de cesantías de los años 2002 y 2003, encontró el juez colegiado, al folio 122, el certificado expedido por el fondo Horizonte, en el cual se certifica que las cesantías del demandante de estos años fueron consignadas, y, en consecuencia, absolvió. Justamente, tal prueba indica esto.
Así pues, no se equivocó el ad quem al examinar la certificación visible al folio 122, si no tuvo en cuenta la fecha de las consignaciones, como lo alega ahora el censor para reclamar la moratoria por haberse consignado en forma tardía, puesto que el demandante no la reclamó en la demanda por el pago de manera extemporánea, sino por no haberse pagado suma alguna por este concepto, lo cual es, abiertamente, distinto. De tal manera que esta inconformidad constituye un medio nuevo, en consecuencia, no puede ser examinado por la Sala.
Sobre la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el censor no ataca el pilar de la sentencia pues el tribunal la negó, en primer lugar, porque esta procede por la falta de pago a la finalización del contrato de trabajo y, en el sub lite, la demanda fue presentada cuando la relación laboral todavía estaba vigente, y si bien terminó en el transcurso del proceso, tampoco resultaron condenas por concepto de salarios y prestaciones. Las premisas fácticas que le sirvieron de sustento al ad quem para esta conclusión, no han sido cuestionadas por el recurrente, por tanto no ameritan análisis.
Además, el tribunal dio otro argumento para absolver por esta indemnización, y fue el hecho de encontrarse la demandada, desde el 31 de marzo de 2004, en proceso de liquidación obligatoria, premisa fáctica que tampoco ha sido controvertida. Para el ad quem dicho estado de la demandada excluye la condena por sanción moratoria conforme a la jurisprudencia de esta Sala, premisa esta que es del orden jurídico, no discutible en un cargo por la vía indirecta.
En este orden de ideas, concluye la Sala que el censor no asertó con el primer cargo, por tanto, no prospera el cargo.
Acusa la sentencia por la violación directa, por falta de aplicación, de los artículos 1º, 25, 53 y 230 de la Constitución, en conjunción con los artículos 27 y 1603 del Código Civil y 13, 55, 65 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo.
Comienza, haciendo la salvedad de que no discute los hechos establecidos por el ad quem.
A su juicio, no hay duda de que el ad quem violó el artículo 230 de la Constitución Política, cuyo texto trascribe, en conjunción con el artículo 27 del Código Civil que preceptúa la interpretación gramatical y el 65 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la indemnización moratoria. Si el ad quem hubiese aplicado la norma constitucional en armonía con los otros preceptos acusados, habría concluido que es obligación, de rango constitucional, condenar al empleador que a la terminación del contrato de trabajo de un empleado no pague sus prestaciones sociales, como en el caso presente.
Antes de la Constitución de 1991, era válido el criterio jurisprudencial de la buena o mala fe del empleador, para efectos de determinar la condena por esta indemnización, pero, según el censor, el artículo 230 citado derogó en forma automática esta jurisprudencia y convirtió en aplicación automática el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
A renglón seguido, se remite al contenido de los artículos 1603 del Código Civil, 1º, 25 y 53 de la Constitución, 13, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, y 49 del Código Procesal del Trabajo, para afirmar que si el ad quem hubiese aplicado las anteriores normas transcritas en su texto, habría encontrado que, en un Estado social de derecho, el trabajo y los derechos que de él se derivan gozan de especial protección del Estado, no pueden ser desconocidos bajo la óptica de la jurisprudencia en comento ya derogada.
Le achaca errores de técnica, como que no incluyó en la proposición jurídica norma sustantiva laboral alguna; encaminó el cargo por infracción directa, cuando, para este caso, ha debido hacerlo por la interpretación errónea, pues el juzgador sí aplicó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, citó la Sentencia 20764 para sustentar que la demandada sí actuó de buena fe, por hallarse en estado de liquidación obligatoria.
IV. (sic) Consideraciones
El censor se duele de que el tribunal no profirió condena por indemnización moratoria, pero salta a la vista que, en la formulación del cargo y su respectiva demostración, deja de lado las razones que tuvo el ad quem para la absolución por este concepto, según lo atrás anotado cuando se estudió el cargo primero.
Así las cosas, para arribar a la conclusión de que el cargo no prospera, basta con citar lo dicho por esta Sala en situaciones similares, verbigracia en la Sentencia 35107 de 2010 ya citada:
“Recuérdese que, como lo ha explicado con profusión esta Sala de la Corte, es carga del recurrente en casación controvertir todos los soportes del fallo que impugna, porque aquellos que deje libres de críticas seguirán sirviendo de pivote a la decisión, en la medida en que las acusaciones exiguas, precarias o parciales, carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el, de por sí, estrecho ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social.
En realidad, el recurso de casación revela el ejercicio de la más pura dialéctica, en tanto que comporta el enfrentamiento de la sentencia y de la ley. Exige de parte del censor una actividad de persuasión, en el propósito de hacerle ver a la Corte que la presunción de legalidad y acierto que ampara a la decisión judicial acusada no deja de ser una simple apariencia o enunciación formal.
Ha efectuado la Corte la anterior precisión, porque en este cargo el impugnante se duele de que no se hubiera condenado a la demandada al pago de la sanción moratoria, pero para nada se refiere al que fue el argumento del tribunal para negar esa condena, el cual, por lo tanto, permanece indemne, brindándole apoyo al fallo recurrido.
En efecto, como se advirtió al despachar el anterior cargo, el tribunal arguyó lo siguiente:
Ninguno de los anteriores razonamientos es materia de crítica en el cargo, que se limita a argumentar que, luego de la expedición de la Carta Política, la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es automática y que la demandada actuó de mala fe, mas sin confrontar directamente alguno de tales discernimientos del tribunal.
Por manera que no es dable examinar el fondo del cargo, máxime que en este caso, por sustracción de materia, no es posible hacerlo, por total ausencia de demostración de las equivocaciones que pudo cometer el tribunal, al no ser tenidos en cuenta sus verdaderos argumentos.
En el recurso extraordinario de casación, por su naturaleza rogada y dispositiva, la Corte no puede actuar oficiosamente y suplir el papel que le corresponde asumir al recurrente, razón por la cual el cargo se desestima”.
Por demás, al margen de lo acabado de decir, huelga rememorar que la jurisprudencia de esta Sala, al resolver sobre la condena por indemnización moratoria, ha considerado que, ciertamente, “... el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ‘no contiene ningún condicionamiento adicional al no pago en su debida oportunidad’ de los salarios y prestaciones del trabajador a la terminación del contrato de trabajo, esto es, no consagra la buena fe del empleador, como eximente de responsabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia no ha interpretado de manera literal dicho precepto, porque ha estimado que la buena fe es un elemento que se encuentra implícito y que debe siempre examinarse la conducta del empleador”, elemento que está expresamente consagrado para la ejecución del contrato de trabajo (CST, art. 55) y que la Constitución de 1991 lo elevó a rango constitucional (C.P., art. 83).
Costas a cargo de la parte recurrente dado que no prosperó el recurso y hubo réplica. Se le condena a pagar la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 15 de abril de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Higinio Vega González en contra de Hilacol S.A. en Liquidación obligatoria.