Source: https://www.scribd.com/document/201511735/Deberes-y-Derechos-Procesales-en-El-Estado-Social
Timestamp: 2018-12-14 23:18:50
Document Index: 390301488

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DEBERES Y DERECHOS PROCESALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO*
ONDONO JARAMILLO, Mabel. DEBERES Y DERECHOS PROCESALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Opin. jurid.[online]. 2007, vol.6, n.11, pp. 69-86. ISSN 16922530. Mabel Londoño Jaramillo**
Resumen El proceso jurisdiccional desde el Estado social de derecho adquiere una nueva perspectiva, toda vez que debe orientarse hacia la consecución de los fines que traza la Constitución, de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ello implica un cambio en los paradigmas que están en los imaginarios de los operadores del foro, tanto el juez, como las partes y sus apoderados. Si se espera del juez una decisión que permee el tejido social al requerírsele no sólo solucionar los conflictos jurídicos, sino, al mismo tiempo, vigilar el respeto de los derechos fundamentales, en un mismo sistema de procesamiento, a su vez, se espera de las partes y sus apoderados, el cumplimento de los deberes y las obligaciones, entre ellos, el de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, y la apropiación de una conducta ética y moral que responda a las directrices demarcadas por los principios de buena fe y lealtad procesal. Palabras clave Juez, partes, deber, derecho, conducta, moralidad.
Abstract The jurisdictional process from the social State of Law acquires a new perspective for it has to orientate itself towards obtaining the goals set by the Constitution in order to ensure the pacific coexistence and the validity of a just order. That implies a change in the paradigms that are in the imaginaries of the forum operators: the judge as well as the parties and their attorneys. If the judge is expected to bring forth a decision that would permeate the social texture by demanding upon him not only to solve the juridical conflicts but also to watch over the respect towards the fundamental rights, it is also expected from the parties and their attorneys to comply with the duties and obligations, such as collaborating with the correct performance of the justice administration and adopting an ethical and moral behavior that would correspond to the directories that are marked by their principles of good faith and procedural loyalty. Key words
Judge, parties, law, behaviors, morality
En Colombia la renovación constitucional que se operó en 1991 fue de gran magnitud, porque, además de introducir cambios orgánicos en la Rama Jurisdiccional, consagró una serie de valores, principios, derechos y acciones, que obligaron a la dogmática procesal nacional a repensar sus instituciones. Estos parámetros filosófico-políticos reclamaron una nueva hermenéutica, en comparación con las concepciones que la Carta Constitucional de 1886 señalaba acerca del Estado y de la administración de justicia, toda vez que la entrante estructura normativa condujo a la superación del positivismo formalista, poniendo de presente una nueva orientación deontológica, que ubica al hombre en un lugar privilegiado en aras de su dignificación, y al juez le otorga un papel protagónico en el andamiaje estatal, como garante de los derechos fundamentales y comprometido con la justicia, la verdad y la paz. Así nace en Colombia el Estado social de derecho, en el cual las necesidades básicas insatisfechas, tanto económicas como sociales, reclaman una intervención activa del Estado, al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de esos derechos. Esta nueva forma de Estado tiene clarísimos fines y deberes frente a la comunidad; por ello requiere de un poder ejecutivo que dirija políticamente de manera decidida, oportuna y legal las actividades sociales y económicas; de un Congreso que adopte las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo1, y especialmente, de un poder jurisdiccional que brinde garantía y seguridad a todas las personas de que la administración de justicia se imparte en forma eficiente, efectiva y eficaz. La administración de justicia, en un Estado social que se autoproclama garantista y constitucional, debe ser fortalecida, tener la mejor logística y capacitación de su personal2, para entregar unos resultados que permeen el tejido social. Administrar justicia en esta forma de Estado requiere solucionar los conflictos jurídicos o pretensiones particulares, efectivamente, vigilando al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales (dentro de los cuales se encuentra el debido proceso, art. 29 C. P.) y las garantías protegidas constitucionalmente, y asegurando condiciones aptas para la existencia digna de la población, sin las cuales acabarían siendo desconocidos los principios de dignidad humana y de solidaridad. Pero este garantismo también implica para los asociados responsabilidades y deberes, esto es, una acción de reciprocidad3, como, por ejemplo, el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia4. Esta colaboración consiste en la correcta disposición, el buen actuar y la apropiación de una conducta ética y moral - en observancia de los principios de buena fe y lealtad procesal- que se espera de todo aquel que se acerca a la administración de justicia a resolver una controversia jurídica.
1. SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
artículos 42 al 77) y con los derechos colectivos y del ambiente (Capítulo III. bajo el tema de Estado constitucional democrático 10. como una de las grandes transformaciones de nuestra organización política que la pone a tono con las tendencias del derecho constitucional contemporáneo. participativa y pluralista. descentralizada. se comprende la abundancia de derechos consagrados por nuestra Carta Constitucional en protección del grupo social en el Título II 'De los derechos. creándose lo que los norteamericanos llaman 'complejo público-privado'. organizado en forma de República unitaria. artículos 78 al 82). fundada en el respeto de la dignidad humana. el cual incluye la alimentación. cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Explica la Corte Constitucional 11 que el Estado bienestar surgió a principios del siglo XX en Europa como respuesta a las demandas sociales que reclamaban la transformación del reducido Estado liberal. prestándoles asistencia y protección. erige como meta la reducción de la desigualdad social 9. la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad 8. democrática. La política social sectorizada se transforma en política social generalizada. llamada Constitución de Weimar5. y cualitativo. es decir. En este sentido. Plantea Beatriz Quintero que el fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida. se exige a las autoridades esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. con autonomía de sus entidades territoriales. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general'. con los de contenido económico. en un complejo aparato político-administrativo jalonador de . apuntalado en Hegel. en donde se observa la complementación de los derechos fundamentales. social y cultural (Capítulo II. como guía de la acción estatal. que 'Colombia es un Estado social de derecho. las garantías y los deberes'. la vivienda. grupos o personas de la población. Esta Carta propone numerosos compromisos materiales denominados en su momento derechos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo. el cometido de la cláusula social.La Constitución Política de 1991 declara en su artículo primero. En síntesis. es que todos los ciudadanos puedan gozar en condiciones de igualdad de una libertad efectiva. El Estado social de derecho 'Históricamente se propone como un intento de adaptación del Estado tradicional a las condiciones sociales generadas por la civilización industrial y postindustrial. La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica es descrita esquemáticamente desde el punto de vista cuantitativo. Por ello. en el cual muchas de las funciones estatales se llevan a cabo por entidades privadas'6. Nuestra Corte Constitucional7 ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores. Estado y sociedad se plantean no como sistemas autónomos y autorregulados sino como sistemas interrelacionados. bajo el tema del Estado bienestar. Aunque la complementariedad entre ambos conceptos es evidente. fundamenta el concepto que en la década de los veinte acuña Herman Heller y se constitucionaliza por primera vez en la Constitución del Estado alemán. La idea de Estado social de derecho se remonta al año de 1850 cuando Lorenz Von Stein.
habitación. salud. lo que evidencia la enorme importancia que cobra el juez de instancia. reclama una nueva hermenéutica. como búsqueda que no se queda en la ley sino que avanza siempre hacia la justicia. sobre todo. estableciendo un diálogo permanente entre los valores. pero no en su concepción individual. asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Desde este punto de vista. cuyo concepto clave resume la Corte Constitucional en los siguientes términos: 'pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos'14. el Estado constitucional democrático12 fue la respuesta jurídico-política a la actividad intervencionista del Estado. A su vez. es en donde se ofrecen fuentes insospechadas para la creación del derecho como realismo jurídico. sino también un cambio cualitativo. y debido a la generalidad de sus textos15 y a la consagración que allí se hace de las directrices básicas de la organización política.toda la dinámica social. fundamentada en nuevos valores y derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y manifestada institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa. de control político y jurídico en el ejercicio del poder y. la adquisición de una importancia excepcional de los principios y las decisiones jurisdiccionales. ya que al no ser factible para el Derecho la previsión de todas las soluciones posibles a través de los textos legales. a través de la consagración de un catálogo de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política13. sino como miembro activo de una sociedad plural ha producido en el Derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica. . Observa Beatriz Quintero que 'el concepto de Estado de derecho encuentra igualmente relevancia en la política procesal como pauta de preeminencia jurídica y de justicia en las instituciones y de seguridad jurídica mediante el principio de legalidad: toda actuación del Estado debe ir precedida de una ley que le dé fundamento y cualquier intromisión del poder estatal en la órbita privada debe ser ejercida dentro de la competencia definida por la Constitución y la ley. Pero. Esta redistribución se explica por dos razones: por razones formales. alimentación. los fines y las garantías de la Carta Política con los hechos concretos que juzga 16. El aumento de la complejidad fáctica y jurídica en el Estado contemporáneo ha traído como consecuencia un agotamiento de la capacidad reguladora de la ley (pérdida de su tradicional posición predominante18). antes considerados como secundarios dentro del sistema normativo. que erige como núcleo a la persona humana. y consecuencialmente. que se funda en la dignidad del hombre y en la prevalencia del interés general. en esa pauta que le corresponde al Estado de derecho. el Estado social de derecho puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario. y en este nuevo rol debe aplicar correctamente la ley y los principios constitucionales. Estas características tienen una relevancia especial en el campo del Derecho constitucional. ya que actúa no solo como juez de legalidad sino como juez de constitucionalidad en todos los procesos jurisdiccionales. como esa que logren y deban hacer los jueces en su tarea interpretativa e integradora' 17. cuyo compromiso es la sociedad. debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el Derecho. educación. además. Esta forma de Estado 'social y constitucional'. toda vez que la norma constitucional adquiere fuerza normativa.
en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. En el Estado constitucional se hace necesario el fortalecimiento del poder jurisdiccional. claramente señalada en el artículo 228. Como lo anotaba en renglones anteriores. cual es la justa solución de los conflictos para alcanzar la paz social. en razón del fin público que el mismo persigue. El artículo 1° constitucional. En estas condiciones. no se trata de cualidades. Consecuente con lo expuesto. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo'. debido a que instituye el proceso como un proceso público. al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de Derecho'21. . Y es esa tensionante encrucijada la que ostenta el régimen jurídico moderno como revolución copernicana del concepto de Derecho que está exigiendo uno y otro valor: seguridad jurídica para la decisión justa'22. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. la filosofía del Estado social es adversa al laissez faire. hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. por razones sustanciales. En esta dinámica. traza claros poderes directivos al juez en el ejercicio de su función pública. toda vez que el nuevo papel del juez en el Estado social de derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y efectividad de los contenidos materiales de la Constitución. la idea de control jurisdiccional aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del Derecho a la realidad social.. La seguridad jurídica exige rigidez pero la justicia reclama ductilidad. dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional. en tanto sus elementos esenciales están presentes. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. al concebirlo como protagonista del proceso y no como un simple convidado de piedra o un juez espectador119. que reza: 'La administración de justicia es función pública. de su propio ser. que está ya irradiando normativamente flexibilidad.) el juez. ampliado y respaldado a través de todo el texto legal. A su vez. Entre estos caracteres y el Estado la relación es ontológica: El Estado colombiano es tal. como quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración 'la realidad viviente de los litigios' 20. El juez. resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídicajusticia: ' (.necesita de criterios finalistas (principios) y de instrumentos de solución concreta (sentencias) para obtener una mejor comunicación con la sociedad. El control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo. vislumbra tres postulados 23: a) El Estado es definido a través de sus caracteres esenciales. nuestra Constitución recoge ampliamente los postulados normativos del Estado social de derecho. capacidades o dotes del Estado.con la ley y con los hechos. la idea de Estado de derecho significa un é nfasis adicional en la exigencia de ductilidad jurídica precisamente porque solo de este modo puede buscarse la justicia. Sus decisiones son independientes. sino de su propia naturaleza.. Beatriz Quintero enseña: 'Desde la concepción de una república pluralista. laissez passer.
Son deberes de la persona y del ciudadano: 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. SOBRE LOS DEBERES PROCESALES Como lo que me ocupa en esta instancia es el análisis de los deberes procesales en el Estado social de derecho. c) El sentido y alcance del artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto. propios y ajenos. interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. sino a partir de la solidaridad social 25. evidente en su parte dogmática y claramente identificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. promotor exclusivo de su bienestar. a través de la historia del constitucionalismo occidental. respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Esta fórmula política parte de la premisa de un hombre solidario y no del hombre ególatra. 5) Participar en la vida política. cívica y comunitaria del país. la cual. entonces. pues el Estado social de derecho busca la eficacia de los derechos fundamentales. para que a cualquier título suprima el ejercicio de los derechos. Esta es. Del fundamento axiológico de la Carta. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. sino también y de manera especial. que estructura un catálogo de deberes correlativos a los derechos y a las libertades que se consagran y garantizan24. la fundamentación del catálogo de deberes del artículo 95.b) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del Derecho. que dispone: 'La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica. Ahora bien. es claro que no se puede imponer al ciudadano un deber en nombre de conceptos abstractos o de entelequias políticas. 4) Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable. con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales. 2) Obrar conforme al principio de solidaridad social. se deben desentrañar las implicaciones de los deberes constitucionales para las partes en el proceso jurisdiccional. se precisa un ahondamiento en el artículo 95 constitucional. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. en esencia. Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en el cual han tenido formación los conceptos del artículo primero puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias. Desde esta perspectiva estatal. 3) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Sólo la defensa y la protección de los derechos fundamentales. no sólo a través de la acción estatal. tampoco se trata de un catálogo de deberes que legitime a la autoridad pública. 6) Propender al logro y mantenimiento de la paz. No es posible. 2. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 8) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente . puede legitimar la imposición de deberes u obligaciones a cargo del particular.
de P.). de las normas procesales. reconoce que también surgen del proceso verdaderos deberes procesales. de P. en su artículo 71.). impone a las partes y sus apoderados. ibídem. artículo 1°. unas veces al juez (artículo 37 C. por lo tanto. modificado por el D. 9) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad'. que son de derecho público y orden público. y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (artículo 39. en términos del artículo 6° del Código29. de obligatorio cumplimiento. numeral 27. a cargo de las partes y de sus apoderados los cuales implican un comportamiento exigible durante todo el desenvolvimiento del proceso. 72 y 73 C. exigibles por la ley a la persona o al ciudadano. según se verá más adelante. y. En el mismo sentido. En dicha providencia.sano. numeral 30. cita un análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan. 1° y 2°). El Código de procedimiento civil. Según lo expone Beatriz Quintero30.C. La Corte Constitucional26 ha expresado que los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público. de P. En la sentencia C-1512 de 200028. se determina que son deberes procesales aquellos imperativos estatuidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran. obligación y carga procesal. en caso de inobservancia. Veamos: • Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Es por esto que las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el legislador. artículo 1°.. E. En este sentido. la esfera de su libertad personal. circunstancias éstas que el artículo 74. precisamente. Me interesa particularizar en el numeral 7° del artículo 95. Se caracterizan porque emanan.C. otras a las partes y sus apoderados. que deberán asumir en la defensa de sus derechos ante la jurisdicción. la Corte Constitucional con miras a establecer una diferencia entre los conceptos de deber. y aun a los terceros (artículo 71 C. Decreto 196 de 1971 y Ley 1123 de 2007). 2282 de 1989. Es evidente que el legislador ha impuesto a las partes y a sus apoderados el deber de observar una conducta que excluya la mala fe y la temeridad. en consecuencia. presume cuando se asumen las siguientes conductas34: 1) La manifiesta carencia de . y. el deber coincide con la posición de aquel a quien la norma impone una conducta a la cual vincula. modificado por el D. que constitucionaliza como deber de la persona y del ciudadano el de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. cuyo cumplimiento puede hacerse efectivo mediante coacción (multas y arresto) o por la fuerza (intervención de la policía para conducir a una persona ante el juez o para allanar una casa y entrar a ella) y cuyo incumplimiento puede acarrear la condena a indemnizar perjuicios a las otras partes. y obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales 33 (num.C. algunos de los cuales pueden considerarse verdaderas cargas 32. unos determinados deberes. los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el constituyente27. 2282 de 1989. Hernando Devis Echandía31. E. una sanción.
para la emisión de la sentencia que decide con criterios de justicia el conflicto sometido por las partes. al igual que toda tentativa de fraude procesal (art. el artículo 38. como el poder de decisión. En este sentido. incumplan las ó rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. se consagra como una de las causales del recurso extraordinario de revisión (art. consiste en la potestad disciplinaria que tiene el juez. C. para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. siempre que se hayan causado perjuicios al recurrente. A grandes rasgos. de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen el proceso en su desenvolvimiento.). que es el que está siendo objeto de desarrollo en el presente artículo. suministro una explicación: el de decisión consiste en el poder de sentenciar (art. recurso. los siguientes: gnotio (poder del juez de formar su convicción con el material de conocimiento que le suministraban las partes o que él mismo. a su vez. Adicionalmente. oposición. y en este sentido son enlistados por Clemente A. 115 y ss del C. y 5) La utilización de cualquier otro medio para entorpecer reiteradamente el desarrollo normal del proceso. Díaz38. coercitio (poder de castigar con sanciones a quienes incumplían sus mandatos o le faltaban al respeto). entendido también como poder de llamamiento). La doctrina moderna estudia los poderes de la jurisdicción como los que ésta tiene a su servicio para el cumplimiento de sus fines. 334 y ss C. 302 y ss C. El poder de coerción. el juez por autorización expresa del . 380 num. En este punto se hace necesario establecer un paréntesis para dar una breve explicación de los poderes jurisdiccionales. la lealtad. el de instrumentación (art. 37 num. la posibilidad de rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. de P. 3°). de P. de P. el legislador. impuso al juez el deber de prevenir. iudicium (poder de sentenciar declarando el derecho que correspondía). contempla dentro de los poderes de ordenación e instrucción del juez. Los expositores de Derecho romanocanónico de la Edad Media37 erigieron como postulados ínsitos en el poder jurisdiccional. el poder de ejecución. implica el poder de dar categoría de instrumento auténtico a las actuaciones procesales en que interviene el juez y en la potestad material de conservar y custodiar el conjunto de esos instrumentos en su despacho 40. C. en su numeral 2°. ibídem. entendidos como los elementos de que dispone el juez en el proceso para el cumplimiento de su función jurisdiccional. el de ejecución. la existencia de colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia. trámite especial que haya sustituido a éste o recurso. los actos contrarios a la dignidad de la justicia. excepción.fundamento legal de la demanda. 3) La utilización del proceso.). Para ejemplificar lo expresado. y primordialmente. conocido también como de documentación. representa el poder que tiene el juez de producir actos coactivos tendientes a la realización práctica del interés tutelado en la sentencia o providencia 39 (art. 6°). 4) La obstrucción de la práctica de pruebas36. el poder de coerción y el poder de instrumentación. la probidad y la buena fe que deben observarse en el proceso. C). incidente. incidente o trámite especial que haya sustituido a é ste. vocatio (poder de compeler al justiciable para que compareciera ante el juez. Consecuente con su deseo de evitar el acaecimiento de las anteriores conductas. remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código de procedimiento civil. y executio o imperium (poder del juez de hacer cumplir la sentencia). mediante las llamadas diligencias para mejor proveer incorporaba al proceso). 2) La alegación consciente de hechos contrarios a la realidad35 .
. quiero aclarar que las sanciones son variadas dependiendo de la audiencia o de la diligencia de que se trate. una carga procesal. debido a que no podrá enterarse de los sucesos procesales oportunamente para ejercitar su derecho de defensa o contradicción. es el de abstenerse de usar expresiones injuriosas en los escritos y exposiciones orales. a los empleados de éste. Se observa que de la inconducta procesal se originan diferentes consecuencias: una es la sanción disciplinaria consistente en la multa que . Ha de aclararse que el juez para ordenar el arresto debe garantizar al sancionado el debido proceso y. A estos poderes. tanto a la parte como al apoderado citados que no concurran. so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior (num. de allí que la trasgresión a este deber sea sancionada por el juez en uso de sus poderes disciplinarios (artículo 39 C. v. Frente a este deber. en este sentido. en el caso de la audiencia de conciliación. 179 y 180 C. exigiendo la expedición de una resolución motivada que deberá notificarse personalmente.legislador. toda vez que la parte con su inactividad o la de su apoderado. podrá sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas42 (num. a las partes y a los auxiliares de la justicia. frente a elementales exigencias de orden. C. y expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso (num. en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo. de P. puede imponer multas. El respeto al órgano judicial impone la necesidad. que autoriza al juez para que decrete las pruebas de oficio que considere útiles. o se retiren antes de su finalización.C. sancionar con pena de arresto. ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios. encontramos: • Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales. ordenar la devolución de escritos irrespetuosos y expulsar de las audiencias y las diligencias a quienes perturben su curso (temática que será desarrollada a continuación). señalado por el artículo 71. gr. se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales.). Esta situación tipifica más que un deber. Así. 4°). y guardar el debido respeto al juez. • Otro deber. y frente a la cual procede el recurso de reposición. 3°). con prueba testimonial o con copia del escrito respectivo. 2°). • Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y las diligencias (num. salvo que se haya justificado la inasistencia debidamente. las partes o terceros 43 (num. saneamiento.). tendientes a la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes41 (art. Lo anterior. sin perjuicio de considerar la inconducta como un indicio grave en contra de las pretensiones del demandante o de las excepciones de mérito o fondo del demandado. le sumo el de instrucción o investigación. decisión de excepciones previas y fijación del litigio. de P. contemplada en el artículo 101 del Código de procedimiento civil. que toda actuación se cumpla dentro de un marco de respeto y compostura. según sea el caso. 5°). ibídem. 4°). Continuando con el listado de deberes consagrados para las partes y sus apoderados en el artículo 71. perjudica sus propios reclamos. el legislador ha previsto que para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho.
6°. artículo 1°. al disponer: 'El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes'. • Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas. el artículo 73. so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual (num. posibilitando la imposición a cada uno. es consecuente el artículo 249 del Código de procedimiento civil. establece la posibilidad que tiene el juez de imponer al abogado multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales. modificado por el D. Sin perjuicio de lo anterior. numeral 29. para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. artículo 1°. incidente o trámite especial que haya sustituido a éste. 71). subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente. el artículo 72 del Código de procedimiento civil. Esta sanción es impuesta por el juez. el artículo 22 de la ley 446 de 1998. careo. ordenando la imposición de la condena de que trata el artículo 72 y la de pagar las costas del proceso. es la derivación en la sentencia del respectivo indicio por conducta omisiva y que puede incidir en la causa fáctica pretensional. y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder (num. se establece como deber de las partes y sus apoderados el de prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias. temerarias o de mala fe. y 3) Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso. sin perjuicio de la condena en costas44. E. contempla la responsabilidad patrimonial de las partes y de los terceros intervinientes. En el mismo sentido. así. a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra (num. 2) Cuando se obstruya. Esta consagración de deberes requiere. 2282 de 1989. • Finalmente. modificado por el D. con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional45. Copia de lo pertinente se remitirá a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo. por acción u omisión. • Para los apoderados se regulan deberes dirigidos a salvaguardar la lealtad procesal que deben tener con sus representados. Aclara la norma que dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe. para asegurar su efectividad. inspección judicial o exhibición. 7°). reconocimiento de documentos. a saber: comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte. art. incidente. en los siguientes eventos: 1) Cuando utilice el proceso. y otra. Y en este sentido. y no una responsabilidad meramente procesal o patrimonial. establece la responsabilidad patrimonial de los apoderados que actúen con temeridad o mala fe. la determinación paralela de las respectivas consecuencias derivadas de su incumplimiento. E. numeral 28. la práctica de pruebas. y obra prueba de tal actuación. 2282 de 1989. de multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales. trámite especial que lo sustituya.puede imponer el juez. o recurso. recurso. 8°). al derivarse el respectivo indicio conductual 46. cuando causan perjuicios a la otra parte o a terceros intervinientes. Se observa en esta norma que el deseo del legislador es imputar al sujeto una responsabilidad que trascienda al conflicto jurídico planteado. pues a tal actuar se le atribuye el poder de desvirtuar los elementos axiológicos de la pretensión o de la excepción de mérito. por sus actuaciones procesales. .
el legislador definió responsabilidades correlativas al incumplimiento de los deberes impuestos. Para facilitarle el cumplimiento de los deberes. El artículo 37 del Código de procedimiento civil. A su vez. más propiamente entendidos como poderes de coerción. remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código. dispuso deberes a cargo del juez. la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal (num. guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos. velar por su rápida solución. en aras de la eficacia de la administración de justicia. 8°). el artículo 39. o la ley lo autoriza. si versan sobre derechos disponibles. ibídem. el estatuto procesal dotó al juez de los poderes de ordenación e instrucción y disciplinarios. a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. o del inadecuado uso de los poderes. y en su defecto la doctrina constitucional. Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta (lo que se hace necesario para contrarrestar las conductas temerarios o de mala fe de las partes o sus apoderados). a su vez. que podrán ser de naturaleza penal. E. Los demás que el código consagre. so pena de incurrir en mala conducta (num. Esto último juega un papel central para viabilizar la efectividad de los derechos fundamentales consagrados por nuestro Estado social de derecho. siempre que lo considere conveniente. disciplinaria. adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal. 3°). Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados. artículo 1°. y 3. los actos contrarios a la dignidad de la justicia. 2. dictar las providencias dentro de los términos legales. para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes. que a su vez impone a sus servidores el ineludible compromiso de servirle a él y a la comunidad 47. las partes lo solicitan y son capaces. lo mismo que toda tentativa de fraude procesal (num. lealtad. Como algunos de ellos ya fueron referenciados anteriormente. Estas . Resolver los procesos en equidad. Veamos: Son poderes de ordenación del juez: 1. 2°). numeral 13. resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho. civil o patrimonial48. salvo prelación legal.Pero al igual que el legislador consagró deberes para los justiciables. emplear los poderes concedidos por el legislador en materia de pruebas. so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran (num. hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso. hago sólo alusión a los que están pendientes: 1. 2282 de 1989. prevenir. contempló los poderes disciplinarios del juez. modificado por el D. usando los poderes que el Código le otorga (num. probidad y buena fe que deben observarse en el proceso. aunque se aclara que es preferible la utilización del primer término. para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias (num. contempla los deberes del juez. A continuación se enuncian los principales: Dirigir el proceso. 6°). o aquélla sea oscura o incompleta. y asistir a ellas (num. y. 4°). fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal. según la clase de la falta cometida. 5°). 1°). por considerar que la instrucción es otro poder independiente que nada tiene que ver con la regulación que se trae. El artículo 38 del Código de procedimiento civil consagra los poderes de ordenación e instrucción. y decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido.
ya no basada en actividades guiadas al convencimiento del juez a toda costa. se requiere la presencia de partes que estén dispuestas a aceptar con gallardía y decoro la decisión que tome el juez. de lo contrario. 2. no obstante que no represente la victoria de sus reclamaciones. o incluso de las partes. de otro lado. por ejemplo. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados. . previa solicitud de informe al empleado o particular. se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día. sino pragmático. las concesiones del sistema jurídico-político se quedarían en buenas intenciones y estaríamos condenados a asistir al derrumbe de un modelo constitucional que apenas comienza a hacer mella e nuestros imaginarios. para ver materializados los intereses de sus clientes. jueces comprometidos con el servicio público de administrar justicia. de los nuevos roles del juez en el Estado social de derecho y de la reivindicación del principio de moralidad en aras de un sano debate procesal. Bajo este esquema. partes y apoderados. sino que gane quien verdaderamente tenga la razón y el Derecho de su lado. Esta disposición es importante. El eficiente desenvolvimiento del debido proceso implica la acción conjunta de todos los sujetos vinculados. olvidando lo que finalmente los ha unido en el foro y que es lo verdaderamente importante: la solución justa del conflicto jurídico. para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga (num. El opulente discurso que se maneja acerca del respeto de los derechos y garantías constitucionales. la buena fe y la conducta debida. que desarrolla la lealtad. hay que materializarlo. sin exceder de veinte días (num. que dominen el sistema de fuentes que permea la solución del caso concreto que les ha sido sometido. el aforismo no será que gane el mejor. Una vez ejecutoriada. pues no se concibe que permanezcan acantonados en sus respectivos roles. hacerlo una realidad palpitante. en defensa de sus propios intereses. 5°). juez. De un lado se requiere de jueces técnicos. deberá ser notificada personalmente y contra ella procederá el recurso de reposición. toda vez que la función del abogado en el proceso supone una nueva dinámica del ejercicio del derecho.multas se impondrán mediante resolución motivada. sino en un fortalecimiento del principio de moralidad procesal. para hacer efectiva la comparecencia de testigos. urgen medidas tendientes al restablecimiento de la acción comunicativa de los sujetos procesales. CONCLUSIONES La nueva dialéctica del proceso jurisdiccional necesariamente repercute en la forma de ver y practicar el derecho. si el valor que en ella se indica no es consignado por el sancionado dentro de los diez días siguientes. ante el juez para la práctica de las respectivas diligencias probatorias. apoderados judiciales que respeten las reglas de la deontología profesional. 1°). y es hacia esa vía que tenemos que dirigir no solamente nuestro interés discursivo. y finalmente.
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29 C. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge . no violente derechos fundamentales y actúe en consonancia con el debido proceso. Eduardo Cifuentes Muñoz. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón. sino actitud y práxis de todos. 95. En una sociedad pobre. ** Abogada y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín.. le impone obligaciones. por ser quien tiene a cargo la justa solución de los conflictos que le han sometido las partes. preámbulo. en la cual participó la autora como coinvestigadora. Docente investigadora de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y Docente de la Facultad de Derecho. Sala de Casación Civil: Sentencia de mayo 24 de 1980. 1 Ver Preámbulo y artículo 2° de la Constitución Política. debido a que el juez está en la obligación de conocer todo el sistema de fuentes que dirigen su actuar. 58 y 333). titulada' Valoración de la conducta omisiva. art. a través de la cual se reclama que el mejor de los juristas sea precisamente el juez. mlondono@udem. realizada por el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. oclusiva y mendaz en un debido proceso civil y penal'. sino también porque en la ruta hacia la construcción de la sentencia.P. Un juez en un Estado social de derecho tiene necesariamente que ser un juez técnico. Doctoranda en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensadas por éste a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (C.Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.). 1°. 2 Una de las instituciones que desarrolla la garantía de legalidad del juez.. y Sentencia T-406 de junio 5 de 1992. arts. al mismo tiempo. 95). 3 Corte Constitucional. la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado. N. M.co. mayormente de los mejor dotados. Magistrado Ponente Germán Giraldo Zuluaga. máxime cuando no sólo debe preocuparse por la solución justa del caso concreto. que a su vez hace parte del debido proceso (art. P. 13. Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992. En la actualidad esta garantía es de trascendental importancia para los justiciables. es la del juez técnico. pero.edu. N. Recibido: abril 9 de 2007 Aprobado: mayo 22 de 2007 * El presente artículo es un producto de la investigación terminada en el segundo semestre del 2006. de otra forma la administración de justicia es una burla. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades. Frente al tema de la reciprocidad de los derechos y obligaciones constitucionales la Corte ha sostenido: 'En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (C.
Madrid: Editorial Tecnos. cit.) Esta calificación del Estado conduce no solo a la transformación funcional y estructural de é ste como se ha advertido. orden público. 11 Ibíd. 1989. Manuel. Se pretende proteger a los sectores sociales menos favorecidos a través de una determinada forma de actuar de los poderes públicos. Citado por RAMÍREZ GÓMEZ. QUINTERO DE PRIETO. expresa: 'Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. como por ejemplo salud. Frente al tema de los derechos fundamentales. p. coordinar procesos. sino además. Wilensky. Madrid: Editorial Alianza. 6 GARCÍA PELAYO. 1ª. regular bienes y adelantar la intervención necesaria en el campo económico y social con el propósito de asegurar la realización de los valores fundamentales de la vida social (. 66. 9 Corte Constitucional. que no sustituyen sino que complementan las antiguas. P. Frente al asunto. 1987. Sentencia T-406 de junio 5 de 1992.. a la mayor relevancia jurídica del principio de la igualdad de las personas. José Fernando. Ciro Angarita Barón. es decir. 8 Cfr. incluso judicial. de determinados derechos y libertades de contenido económico. Fabio Morón Díaz. el precepto señalado presupone la conformación de unas nuevas dimensiones ideológicas y orgánico-institucionales del Estado que le permiten administrar servicios. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano. M. M. RAMÍREZ GÓMEZ. 1999. ed. Tomado de ARAGÓN REYES. 4 Artículo 95 de la Constitución Política. y el especial reconocimiento y garantía. 'En líneas generales. M. 1975. Medellín: Editorial Dike. Las transformaciones del Estado contemporáneo. el Estado asume nuevas tareas. 5 Cfr. No.L. El debido proceso. Sentencia T-446 de julio 8 de 1992. 13 Ibíd. 21.P. 10 Corte Constitucional. p. Tomado de H. continúa explicando: 'La cláusula 'SOCIAL' añadida al Estado. p. educación. vivienda. P. investigación en torno a la Constitución Política de 1991. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano. sin embargo. Eduardo Cifuentes Muñoz. 18. Constitución y democracia. social y cultural'. seguridad. 2ª.. significa precisamente la exigencia de un cambio de actitud que corresponda a la nueva dirección reclamada'. José Fernando. En veces. Sentencia T-426 de junio 24 de 1992. octubre de 1997. Op. Medellín: Señal Editora.con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo. En: Revista Temas Procesales. ed. 12 Ibíd. 7 Corte Constitucional. al establecimiento de especiales reglas jurídicas de rango constitucional que regulen en dicho nivel normativo los distintos procesos económicos de la sociedad teniendo en cuenta los protagonistas de los mismos. Manuel. no afecta a su estructura sino a sus fines. Beatriz. Dos . 66. mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones'.
notas esenciales de este concepto lo demuestran. no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. justicia. Más aún. sino sólo en casos concretos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. 109. nos dicen cómo debemos. En segundo lugar. que sirva para unificar criterios de interpretación'. Las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones. y en correspondencia con lo primero. para iluminar el caso concreto'. la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales. en particular. En primer lugar su dimensión objetiva. por el contrario. Medellín: Editorial Dike. en ocasiones. directamente. De cara al significado de la separación de la ley y de la justicia. necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial. ed. El Derecho dúctil. 14 Ibíd. cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas. podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas. Si el Derecho actual está compuesto de reglas y principios. El derecho procesal en la Constitución de 1991. Los principios generan actitudes favorables o contrarias. los principios. a que un hombre deba comportarse de determinada manera. 16 Ibíd.. Ley. lo cual. p. . 111 y 118. su significado no puede determinarse en abstracto. mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios. derechos. p. Puesto que carecen de 'supuesto de hecho'. sólo se les puede dar algún significado operativo haciéndoles 'reaccionar' ante algún caso concreto. 2002. Entiende que con la palabra 'norma' se alude a que algo deba ser o producirse. 4a. esto es. en razón de ello. y sólo en los casos concretos se puede entender su alcance.. a los principios. a diferencia de lo que sucede con las reglas.) son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental. En síntesis. No. 80. 15 ZAGREBELSKY. denominarse 'principio'. en ciertos casos. pero nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indeterminadas. el aparato no tiene sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución. 17 QUINTERO DE PRIETO. reconoce la existencia de un derecho reglado y un derecho principial. Sin embargo. su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta. dentro de una noción genérica de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse 'regla' de lo que podría. no debemos. mayo de 1993. frente al tema de los principios constitucionales la Corte sostuvo: '(. Gustavo. Sentencia T-406 de 1992. En: Revista Temas Procesales. la existencia de la acción de tutela. 16. Corte Constitucional. Beatriz. pero puede. limita la eficacia directa de los mismos. El autor Italiano. de adhesión y apoyo o de disenso y repulsa hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto. 110. En la providencia en cita. No obstante el hecho de poseer valor normativo. Madrid: Editorial Trotta. no nos dicen nada a este respecto.
arts. De esta forma. 'Solo las reglas pueden ser observadas y aplicadas mediante el silogismo judicial. Así y solo así.P.. Sentencia T-406 de 1992. fundado en la solidaridad. imprescindibles para la convivencia social (.. p. P. Beatriz. Eduardo Cifuentes Muñoz. Op. pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales. p. N. Teoría General del Proceso. centro del ordenamiento constitucional. y respetar y obedecer a las autoridades'.. M.. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley.) La concepción social del Estado de derecho. 25 Artículo 1° Constitución Política: 'Colombia es un Estado Social de Derecho. PRIETO... Sentencia T-406 de 1992. 21 Corte Constitucional. 20 QUINTERO DE PRIETO. la dignidad. Eduardo Cifuentes Muñoz. 19 Con ello no se quiere significar que la figura del juez protagonista del proceso sea exclusiva del Estado social de derecho. no sólo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones. Teoría General del Proceso. 23 Corte Constitucional. que reconoce la existencia de una relación de complementariedad entre los derechos y los deberes constitucionales: 'La persona humana. como se puntualizó. El artículo 1° de la Constitución erige la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Beatriz. 24 Lo anterior es conocido por la Corte Constitucional como principio de reciprocidad. 26 Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994. 83. para convertirse en imperativos que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica'. 4° y 6°). M. cit. Sobre el tema también puede consultarse la Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994. Eugenio.A. 83. Artículo 6° Constitución Política: 'Los particulares sólo son responsables ante las . En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica. Es la manera como el cambio estructural del derecho comporta consecuencias para los jueces comunes. Eugenio. es preciso que se tome posición ante un caso concreto de conformidad con ellos. penetran los principios en la actividad jurisdiccional común..18 Ver Corte Constitucional. art. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes. Sin sacrificar la exigencia de certeza y de previsibilidad de las decisiones judiciales se mira también más a la realidad del caso concreto buscando la decisión justa'.. Cuando contradicen los principios ante el influjo de su fuerza irradiante porque la realidad suscita la reacción. Bogotá: Editorial Temis S. 22 QUINTERO DE PRIETO. PRIETO. fundada en el respeto de la dignidad humana. el trabajo y la prevalencia del interés general (C. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general'.1°). se aplicarán las disposiciones constitucionales. se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales. N. y son responsables por su infracción (C. Ver Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992. 2000. los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias. Sentencia T-406 de 1992. 27 Artículo 4° Constitución Política: 'La Constitución es norma de normas.
Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo. porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable. sentencia C-1512 de 2000. P. 153-154. 2006. 35 La conducta mendaz o mentirosa tiene una doble sanción en nuestro Código de procedimiento civil. indica que 'la temeridad se ha entendido como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo. 10. C. Ver también Sentencia C-095 de enero 31 de 2001. La Corte al analizar los principios que se vulneran con la actuación temeraria. por consiguiente. 34 Corte Suprema de Justicia. 29 Artículo 6° Código de procedimiento civil. No. p.autoridades por infringir la Constitución y las leyes. José Gregorio Hernández. M. cit. p. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones'. podrán ser derogadas. de P. Teoría general del proceso. Bogotá: Editorial ABC. art.. Vol. o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso. Modificado ley 794 de 2003. Sentencia de mayo 24 de 1980. 31 DEVIS ECHANDÍA. pero. P. Alvaro Tafur Galvis. toda vez que puede ser objeto de un proceso disciplinario que se despache en la misma causa. En: Revista Opinión Jurídica. Compendio de Derecho procesal. de obligatorio cumplimiento. 'El catálogo copiado es el de los episodios en que legalmente se presumen esas circunstancias. M. la economía y la eficiencia procesales. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín. y que por lo tanto. Antonio Barrera Carbonell. M. dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal'. Tomo I. la temeridad vulnera los principios de buena fe.P. igualmente. pero ello no quiere decir que no hayan otros eventos en que se actúe de esta manera perniciosa'. modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares. Op. tendiente a contrarrestar el fraude procesal en desarrollo del principio de moralidad. Como es fácil deducirlo. p. 30 QUINTERO DE PRIETO. . no se excluye la existencia de otros en donde se evidencia tal actuar. salvo autorización expresa de la ley. puede deducirse de dicha conducta procesal el respectivo indicio y valorarse en la sentencia en conjunto con las demás pruebas. 401. 9ª ed. 32 La carga procesal supone un proceder potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta. Teoría general del proceso. impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla. Beatriz. P. 33 Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de noviembre 8 de 2000. se tendrán por no escritas'.. 5. 28 Corte Constitucional. M. 2o: 'Las normas procesales son de derecho público y orden público y. En dicha providencia esta magistratura dispuso que la lista de los casos de temeridad o mala fe enunciados por el artículo 74 del C. y en ningún caso. no es taxativa. Eugenio. Hernando. Germán Giraldo Zuluaga. 1983. PRIETO. 459. Frente al tema puede consultarse el artículo de mi autoría 'Los indicios conductuales en el proceso civil'. Ver al respecto. y es por ello que se ha entendido como un imperativo del propio interés. Sentencia T-327 de agosto 12 de 1993.
P. en los siguientes términos: 'El juez tiene en su mano la balanza y la espada. Medellín: 2006. Fabio Morón Díaz.. ha causado daño a otro y la especial consagrada en el artículo 72 del C. DÍAZ. a través de la cual se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 2° del artículo 39 del Código de procedimiento civil. p. es suficiente para fundar responsabilidad a cargo de su autor. p 151 a 153. 43 Corte Constitucional. Estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquellos que resultan descomedidos e injuriosos para los funcionarios. cit. M. Controversia Procesal. generadas en el desarrollo de la actividad judicial.36 La conducta oclusiva se sanciona disciplinariamente por vulnerar normas de contenido ético o moral establecidas por el legislador. leve o levísima. 41 Frente al tema puede consultarse el capítulo de mi autoría 'Las pruebas de oficio en el proceso civil en Colombia'. si la balanza no basta para persuadir. pero a su vez puede traer como consecuencia la falta de colaboración de las partes en el proceso. 2002. p. 52-59. de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial. de P. de P. 42 Con referencia al tema puede consultarse la Sentencia C-218 de mayo 16 de 1996. M. Jurisdicción y competencia. según el artículo 2341.. 'Es posible igualmente que a través de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardentía una posición. Por eso. p.. con ponencia del Magistrado Germán Giraldo Zuluaga. p.. Clemente A. Cómo se hace un proceso. para fundarla a cargo del litigante. lo que obliga al juez a deducir el respectivo indicio conductual. existe una clara diferencia: cualquier culpa. si no paga se le quitan tantos bienes cuantos sean necesarios para traducirlos en el dinero necesario para el pago (. una culpa cualquiera. de grado o por fuerza.)'. 53. se exige que el acto procesal culposo. Instituciones de Derecho procesal. El tema fue objeto de estudio en el artículo de mi autoría 'Los indicios conductuales en el proceso civil'. 1972. debe ir a prisión.57. Clemente A. Op. 44 La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 24 de 1980. grave. C. cuando el ladrón ha sido condenado. cuando al deudor le exige el juez que pague la letra de cambio. según el artículo 72 precitado.. Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín. y con ello afectar la obtención de unos elementos probatorios necesarios para finalmente alcanzar la justa composición del conflicto. Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999. por el contrario. Francesco. Bogotá: Editorial Temis. 37 Cfr.127-149. 39 Carnelutti explica de forma muy pintoresca el poder de ejecución. P. p. pero sin llegar al extremo del irrespeto'. 38 Ibíd. CARNELUTTI. implique . sostuvo: '(. 40 DÍAZ. Tomo II. Antonio Barrera Carbonell. cit. aun en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas. Op. la espada sirve para constreñir. Civil para quien causa perjuicio con actuaciones temerarias o de mala fe. Publicación del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín.) entre la responsabilidad general establecida en el artículo 2341 del C. 49-50. Instituciones de Derecho procesal. Civil para quien. frente a la responsabilidad sancionada por el artículo 72 del C. por su culpa. las partes o los terceros. Buenos Aires: Abeledo – Perrot.
. bienes. entre otras. honra. que subrogó el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. 36). faltas de lealtad con el cliente (art. Op. la Ley 1123 mediante la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. y se regulan. faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado (art. las siguientes faltas: faltas contra la dignidad de la profesión (art. faltas a la lealtad y honradez con los colegas (art. 34). faltas a la debida diligencia profesional (art. faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas (art. . p.. la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de toda persona a ser indemnizada en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial (artículo 10).) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. 38).temeridad o mala fe. en su vida. 47 Artículo 2° Constitución Política: '(. 37). cit. faltas contra el decoro profesional (art. 151 a 153. 45 El Congreso de la República expidió el 22 de enero de 2007. Los indicios conductuales en el proceso civil. De igual forma. y para asegurar el cumplimento de los deberes sociales del Estado y de los particulares'. 'Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia'. 33). 46 LODOÑO JARAMILLO. faltas a la honradez del abogado (art. 30). 35). 32). Mabel. creencias y demás derechos y libertades.31). y faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos alternativos de solución de conflictos (art. de lo que se concluye que las culpas leve y levísima no son fuente de responsabilidad en este último caso'. 48 Con referencia a la responsabilidad patrimonial del juez puede consultarse el Capítulo VI de la Ley 270 de 1996.
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