Source: http://bazica.org/informe-no-911.html
Timestamp: 2018-11-16 03:38:39
Document Index: 169032700

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Informe no. 9/11
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PETICIÓN 1205-07
ORLANDO ABEL OBANDO REYES Y OTROS (PERSONAS DETENIDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA)
El 17 de septiembre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") recibió una denuncia presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) (en adelante, los “peticionarios") en contra de la República de Nicaragua (en adelante, “Estado”, “Estado nicaragüense” o “Nicaragua”). En la petición se alega que agentes del Estado, en la zona rural del Municipio de Nueva Guinea, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una supuesta investigación por un delito de abigeato. En específico, denuncian que el 12 de enero de 2007 agentes del Estado habrían sometido a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los señores Orlando Abel Obando Reyes, William Artola Delgadillo1, Gilberth Javier Delgadillo Aguilar2, Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador y Martín Antonio Artola Amador. Además, denuncian que el 20 de marzo del 2007 fue ejecutada extrajudicialmente la señora Villanueva Delgadillo Obando (madre de William y de Raúl Terencio) y que el 6 de agosto de 2007 fue ejecutado extrajudicialmente Gilberto Artola Delgadillo (esposo de la señora Villanueva) y sometidas a violencia sexual Sheila Carolina Artola Delgadillo y Amparo del Socorro Artola Delgadillo3. Además, alegan la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos denunciados.
Los peticionarios sostienen que Nicaragua violó los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “Convención” o “Convención Americana”), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas identificadas en el párrafo anterior, (en adelante “presuntas víctimas”). En cuanto al agotamiento de los recursos internos, los peticionarios alegan la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 46 de la Convención Americana.
El Estado argumenta que las presuntas torturas cometidas por los funcionarios de la policía no han quedado en la impunidad y que el proceso penal contra los agentes estatales no ha concluido. Por esto, solicita se declare la inadmisibilidad de la petición por improcedente y porque no se no han agotado los recursos de la jurisdicción interna.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras el análisis de la petición y de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30, 36 y concordantes de su Reglamento, la CIDH concluye que tiene competencia para conocer la denuncia presentada, con base en la presunta violación de los artículos 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mismo Convenio, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Asimismo, conforme al principio iura novit curia, la Comisión decide declarar admisible la petición respecto de la presunta violación de los artículos 4, 7 y 19 de la Convención Americana, los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, “Convención contra la Tortura”) y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Finalmente, la Comisión resuelve notificar a las partes, hacer público el presente informe de admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue recibida el 17 de septiembre de 2007 y registrada como P-1205-07. El 15 de mayo de 2008 fue trasladada al Estado, otorgándole un plazo de 2 meses para que presentara sus observaciones. La respuesta del Estado fue recibida el 5 de noviembre de 2008. Además, la Comisión recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 23 de diciembre de 2008, 22 de junio de 2009 y 2 de marzo de 2011. Dichas notas fueron debidamente trasladadas al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado el 27 de abril de 2009 y el 11 de septiembre de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.
El 23 de agosto de 2007, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Nubia Geoconda, Amparo del Socorro, Wilberto Antonio, Ludys Cruz, Juan Ramón, todos de apellidos Artola Delgadillo; Víctor Manuel y Santos Zeledonio, ambos de apellidos Artola Amador; Sheila Carolina Artola Aguilar (Delgadillo) y Enrique Alexander Artola Artola. A la solicitud se le asignó el número 163-07.
El 31 de agosto de 2007, la CIDH solicitó al Estado nicaragüense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Nubia Geoconda, Amparo del Socorro, Wilberto Antonio, Ludys Cruz, Juan Ramón, William, Raúl Terencio todos de apellidos Artola Delgadillo; Víctor Manuel y Santos Zeledonio, ambos de apellidos Artola Amador; Sheila Carolina Artola Aguilar (Delgadillo) y Enrique Alexander Artola Artola e informar de las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que motivaron las medidas cautelares. El Estado no ha brindado información sobre la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
Los peticionarios alegan que las medidas cautelares no fueron implementadas por el Estado, por lo cual los beneficiarios estarían en situación de riesgo y para salvar sus vidas tuvieron que emigrar a otras zonas del país.
Corresponde señalar que la CIDH toma nota de la situación de riesgo que alegan los peticionarios con respecto a los beneficiarios de las medidas cautelares relacionadas con la presente petición; y que en su última comunicación de fecha 2 de marzo de 2011, los peticionarios informaron que la presunta víctima, Raúl Terencio Artola Delgadillo, el 29 de agosto de 2010 sufrió un atentado contra su vida al recibir cinco disparos de arma de fuego por parte de dos personas no identificadas. Señalan que pudo salvar su vida al ser intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones.
Los peticionarios
Los peticionarios informan que en el Municipio de Nueva Guinea ha habido en los últimos años un aumento del delito de abigeato o robo de ganado4, tipificado en el artículo 271 del Código Penal de Nicaragua con una pena de prisión de 2 a 7 años. Alegan que por la incapacidad de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, las personas afectadas por robos habrían comenzado a hacer “justicia por su cuenta” mediante la contratación de grupos armados que, de acuerdo a los peticionarios, han asesinado a presuntos autores de abigeato.
En este contexto, alegan que el 12 de enero de 2007 agentes de la Policía de Nueva Guinea habrían detenido a los señores Orlando Abel Obando Reyes, William Artola Delgadillo, Gilberth Javier Delgadillo Aguilar, Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador y Martín Antonio Artola Amador por considerarlos presuntos responsables de abigeato en perjuicio de ganaderos de la región. Informan que los detenidos habrían sido trasladados a una casa particular ubicada en un poblado conocido como “La Batea” donde habrían sido objeto de tortura por parte de una sub-oficial de la Policía y dos “policías voluntarios”5. Expresan que ante la presencia de dos soldados del Ejército de Nicaragua, procedieron a golpearlos en el pecho “con un fusil AK”, los esposaron con las manos hacia atrás, los colgaron en un árbol y los golpearon con un bastón policial en distintas partes del cuerpo. Informan que Orlando Abel Obando Reyes sufrió los mayores actos de crueldad, dado que fue golpeado con una pistola en la región frontal izquierda, se le colocaron grilletes en las muñecas y cuando fue colgado del árbol lo golpearon con la culata de un rifle en la región anterior del tórax y le amarraron “sus testículos con una cuerda de manila y procedieron a jalarlo fuertemente” 6. Aducen que los agentes de la policía pretendían que las presuntas víctimas confesaran su participación en un supuesto delito de abigeato.
Alegan que familiares de las presuntas víctimas denunciaron estos hechos ante el CENIDH, por lo cual personal de la organización se trasladó a Nueva Guinea, logrando entrevistar al Jefe de la Policía del Municipio, quien no aportó información relevante y les habría prohibido emplear grabadora y cámara fotográfica al entrevistar a las presuntas víctimas. Agregan que la indiferencia y hostilidad de las autoridades con el equipo del CENIDH, constituyó un obstáculo para su labor. Asimismo, añaden que a pesar de las graves lesiones que presentaban los detenidos, el Jefe de la Policía de Nueva Guinea no los habría remitido ante el médico forense para su valoración; y tampoco los habrían trasladado a un centro hospitalario, hasta que el CENIDH realizó la visita al lugar.
Los peticionarios alegan que al momento de su detención, las presuntas víctimas no opusieron resistencia y niegan que Orlando Abel Obando haya golpeado a un miembro del Ejército e intentado huir al momento de su detención. Sostienen que ello puede verificarse de las entrevistas que se realizaron en el lugar de los hechos; tanto a los funcionarios policiales, como a las presuntas víctimas. Alegan que no existen pruebas documentales o testimoniales que evidencien agresiones contra miembros del Ejército o de la Policía y que aun en dicha situación; la aplicación de la fuerza debiera haber sido proporcional. En efecto, sostienen que en el caso concreto fue desproporcionada y con el fin de obtener una confesión. Por otra parte, expresan que en la investigación de los delitos de abigeato es frecuente que participen terceras personas, generalmente los dueños del ganado. Al respecto, afirman que ello se traduce en la falta de imparcialidad y objetividad en las investigaciones, e implica la creación de grupos al margen de la ley para realizar justicia privada.
Además, alegan que el 20 de marzo del 2007, la señora Villanueva Delgadillo Obando (de 57 años de edad) madre de Raúl Terencio Artola Delgadillo y Wiliam Artola Delgadillo, fue asesinada por cuatro sujetos desconocidos al momento de dirigirse a Nueva Guinea al juicio oral y público de sus hijos7. Sostienen que según el testimonio de las dos personas que la acompañaban, “los asesinos portaban fusiles AK, estaban encapuchados, tres de ellos vestían de uniforme militar y otro de policía; tenían el rostro cubierto por pañoletas y en la cabeza portaban gorros”. Asimismo, denuncian que el 6 de agosto de 20078, el señor Gilberto Artola Delgadillo, (de 60 años de edad), esposo de la señora Villanueva, fue asesinado en su propiedad, la finca "El Diamante", ubicada en la comunidad Buena Vista, comarca Jacinto Baca de Nueva Guinea, por dos sujetos desconocidos, los cuales alegan que también estaban “vestidos de uniforme militar” y portaban también fusiles AK. Añaden que los asesinos violaron sexualmente a Sheila Carolina Artola Delgadillo y a Amparo del Socorro Artola Delgadillo, ambas de 17 años. Alegan que dichos hechos fueron objeto de juzgamiento y sanción, no obstante, aducen que existe una situación de triple impunidad porque en el proceso penal no se condenó a nadie por el asesinato de la señora Villanueva Delgadillo Obando y del señor Gilberto José Artola Delgadillo. Asimismo, se exoneró en instancia de apelación al condenado por el delito de violación en perjuicio de Amparo del Socorro Artola Delgadillo, quedando dicha situación en completa impunidad. Alegan que solo se habría condenado a una persona9, a pesar de que en los múltiples delitos participaron varias. Precisan que en segunda instancia, no sólo se absolvió al condenado del delito de violación con respecto a Amparo del Socorro Artola Delgadillo, sino que se disminuyó la condena por el delito de violación en perjuicio de Sheila Carolina Artola Delgadillo.
Con respecto al procedimiento judicial iniciado por la presunta comisión del delito de abigeato, los peticionarios informan que en un plazo de tres meses, el Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Nueva Guinea condenó el 24 de abril de 2007 a Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador, Martín Antonio Artolas Amador, Gilberth Javier Delgadillo y Orlando Abel Obando por dicha figura delictiva. Indican que ante la apelación de dicha sentencia, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal el 2 de abril del 2008, declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita en virtud de los abusos que sufrieron las referidas presuntas víctimas por parte de los agentes de policía. Alegan que ello evidencia los actos de tortura cometidos en contra de las personas detenidas y juzgadas por el delito de abigeato.
Con respecto al proceso penal contra funcionarios estatales por actos de torturas y tratos crueles, señalan que el 23 de febrero de 2007, el Ministerio Público procedió a conocer el caso por el tipo penal de lesiones y abuso de autoridad. Alegan que contrario a la celeridad demostrada en el proceso seguido contra las presuntas víctimas por el delito de abigeato; el 15 de marzo de 2007 el Ministerio Público ordenó archivar la causa, con fundamento en la falta de mérito por legítima defensa. Informan que el 3 de septiembre de 2007, por presiones de medios de comunicación, el Fiscal General de la República revocó la resolución de archivo, por considerar que carecía de objetividad y legalidad10 y ordenó ejercer la acción penal en contra de los funcionarios policiales. Refieren que un año después, el 23 de octubre de 2008, el Ministerio Público acusó por el delito de lesiones a los agentes estatales implicados en los hechos de tortura (una oficial de policía y dos “policías voluntarios”). Informan que el Juzgado Local Único de Muelle de los Bueyes admitió la acusación, giró orden de detención contra los imputados y notificó la resolución el 21 de noviembre de 2008 a la Policía Nacional de Nueva Guinea para que se le diera cumplimento. Expresan que las órdenes de detención no se hicieron efectivas con respecto a los dos “policías voluntarios” implicados, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Con respecto al juzgamiento de la oficial de policía, los peticionarios alegan que el 25 de noviembre 2009 – más de un año después de la acusación - se efectuó la citación a las partes para el juicio oral y público. Precisan que dicha citación tuvo que suspenderse en tres ocasiones ante la ausencia de los testigos del Ministerio Público, es decir de las presuntas víctimas de tortura, por lo que la defensa solicitó la clausura anticipada del juicio. Indican que el Juez Local Único de Muelle de los Bueyes accedió a dicha solicitud y dictó “SOBRESEIMIENTO” a favor de la acusada.
Por su parte, los peticionarios añaden que el ordenamiento jurídico interno es insuficiente e inadecuado para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de tortura y otros tratos crueles e inhumanos cometidos por funcionarios de la Policía, dado que en el presente caso se aplicó para la investigación y juzgamiento de los presuntos responsables el delito de lesiones y abuso de autoridad y no la figura del delito de tortura11.
Con respecto a las sanciones administrativas impuestas a los agentes policiales, señalan que si bien las investigaciones de la Policía Nacional concluyeron con una resolución de la Directora General de la Policía Nacional ordenando la baja deshonrosa de los agentes, consideran necesario que se valoren las gestiones que el CENIDH realizó para revertir la primera resolución adoptada que imponía como sanción la restricción en el lugar del servicio -por 16 días -a la oficial implicada. Por otra parte, indican que a la oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional le corresponde la función de investigar y sancionar a los propios funcionarios policiales por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones y en caso de que constituyan delito, también le corresponde remitirlas a las autoridades competentes, convirtiéndose así en juez y parte en el proceso investigativo en la sede policial.
En cuanto al agotamiento de los recursos internos, alegan que se aplica la excepción del artículo 46.2.a de la Convención, por la falta de efectividad de los recursos domésticos en razón de la estigmatización de las presuntas víctimas por parte de las autoridades, al considerarlas como autores del delito de abigeato y merecedores de actos de tortura. Asimismo, alegan que se verifica un "retardo injustificado” en el trámite del proceso penal por los hechos de tortura, por cuanto el Estado no ha justificado la complejidad en el asunto; la actividad judicial ni ha valorado la conducta de las autoridades y las partes. Añaden que resultan insuficientes las acciones del Estado para sancionar y reparar los hechos denunciados dado que el acceso a la justicia no solamente implica concurrir ante los tribunales, sino obtener de ellos en los plazos establecidos por la ley una sentencia y que se repare el daño causado; con una diligente tramitación de la causa, lo cual alegan no se ha evidenciado en el presente caso.
Por lo expuesto, alegan que agentes del Estado habrían cometido actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, en perjuicio de Orlando Abel Obando Reyes, William Artola Delgadillo, Gilberth Javier Delgadillo Aguilar, Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador y Martín Antonio Artola Amador, al momento de detenerlos el 12 de enero de 2007, en la zona rural del Municipio de Nueva Guinea y la subsiguiente denegación de justicia porque los responsables de tales hechos no han sido juzgados. Por otra parte, denuncian la ejecución extrajudicial de la señora Villanueva Delgadillo Obando y de Gilberto Artola Delgadillo, así como la violación sexual de Sheila Carolina Artola Delgadillo y de Amparo del Socorro Artola Delgadillo, de 16 y 17 años, respectivamente, al momento de los sucesos, alegando la impunidad parcial de tales hechos. Por los sucesos denunciados alegan la violación de los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad personal), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
El Estado solicita a la CIDH que declare la inadmisibilidad de la petición porque resultaría improcedente y los peticionarios no han agotado los recursos de la jurisdicción interna dado que el proceso penal seguido en contra de los agentes estatales no ha concluido.
Informa que el 10 de enero del año 2007, se denunció a la Delegación Policial de Nueva Guinea que en la noche del 9 de enero del 2007, varios sujetos habrían sustraído de una propiedad 21 semovientes. Informa que se conformó un grupo para investigar los hechos denunciados compuesto por una sub-oficial, dos “policías voluntarios”, un soldado del Ejército Nacional y tres civiles, siendo un civil miembro del comité de prevención del delito de abigeato de la comunidad de San Paulo, Nueva Guinea. En cuanto a la participación de las personas afectadas por el delito de abigeato en la búsqueda de sospechosos, alega que la Policía Nacional se auxilia de las víctimas para el esclareciendo de los hechos, mediante las declaraciones de los afectados, el reconocimiento de los objetos robados (en este caso el ganado vacuno que fue sustraído), así como con la identificación de los posibles autores de los hechos delictivos. Afirma que ello no significa que participen en la investigación, búsqueda y captura de los supuestos delincuentes, actos que corresponden de manera exclusiva a la Policía Nacional.
Expresa que como resultado de las investigaciones realizadas, el 12 de enero de 2007, se logró detener a Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador, Martín Antonio Artola Amador, Gilberth Javier Delgadillo Aguilar y Orlando Abel Obando. Aduce que este último propinó dos puntapiés al militar presente y se dio a la fuga, ante lo cual la sub-oficial y los dos policías voluntarios lo persiguieron, alcanzándolo finalmente; pero como reaccionó violentamente la sub-oficial le propinó dos golpes con la culata de un rifle “AK 47” 12.
Informa que en contra de las presuntas víctimas se inició un proceso penal y se emitió sentencia de primera instancia el 24 de abril de 2007 por el Juez del Distrito Penal de Nueva Guinea, declarándolos culpables del delito de abigeato. Raúl Artola Delgadillo, Martín Antonio Artola Amador y Felipe Santiago Artola Amador fueron condenados a la pena de siete años de prisión; y Gilberth Javier Delgadillo Aguilar y Orlando Abel Obando Reyes a la pena de seis años y seis meses de prisión. Las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación. El 2 de abril de 2008 el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, resolvió declarar nulo todo lo actuado desde el inicio del proceso, considerando que “los dictámenes médicos demuestran que los acusados fueron objeto de abuso, violando lo establecido en nuestra Constitución Política, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que nadie será sometido a tortura (…)”.
Además, el Estado informa sobre los procedimientos administrativos y penales realizados para juzgar e investigar a los agentes implicados en la detención de las presuntas víctimas. En cuanto a las sanciones administrativas, indica que el Inspector General de la Policía Nacional mediante resolución No. 30-07 resolvió la baja deshonrosa de la sub-oficial implicada. La sub-oficial interpuso un recurso de apelación que fue declarado con lugar imponiéndole como sanción una restricción laboral de 16 días en lugar de la baja. No obstante, indica que la Directora General de la Policía Nacional, decidió ratificar la baja deshonrosa y prescindió de los servicios de los “policías voluntarios”13. Añade que si los peticionarios consideran que alguna de las resoluciones administrativas fue producto de una investigación incompleta, debieron usar los recursos que les permite la ley o aportar elementos de convicción para sustentar dicha afirmación.
Con respecto a las investigaciones penales sobre los alegados hechos de tortura, informa que el 15 de marzo de 2007, el Fiscal Auxiliar de Nueva Guinea resolvió el archivo de la causa por falta de mérito, considerando que la oficial había actuado en legítima defensa. Agrega que el Fiscal General de la República el 3 de septiembre de 2007 resolvió revocar la resolución de archivo y ordenó que el Ministerio Público ejerciera acción penal en contra de la oficial implicada y los dos policías voluntarios, por ser presuntos autores del delito de lesiones y abuso de autoridad. El Ministerio Público el 23 de octubre de 2008 interpuso acusación en el Juzgado Penal de Muelle en contra de los referidos oficiales. El Juez Penal de Muelle giró el 11 de noviembre de 2008 un exhorto al Juez de Nueva Guinea ordenando la detención de los acusados, lo cual no habría podido materializarse porque evadieron la justicia. Indica que nuevamente el 6 de agosto de 2009 se recibieron tres órdenes de captura y allanamiento en contra de los tres acusados por el delito de lesiones en concurso real con abuso de autoridad, lográndose la detención de la ex–oficial de policía. Informa que respecto a los otros dos implicados sigue pendiente de ejecución la orden de captura. El Estado no ha presentado información actualizada con respecto al estado procesal de la referida causa.
Respecto de la figura penal de lesiones empleada en la investigación de los hechos denunciados, indica que antes del actual Código Penal que entró en vigencia en julio de 200814, no estaba tipificado el delito de tortura. No obstante, precisa que la prohibición de tortura estaba contendida en la Constitución Nacional y en diversas normativas. Aclara que si bien en la actualidad existe el tipo penal de tortura, de conformidad con el principio de irretroactividad no es posible que los ex oficiales de policía sean acusados como presuntos autores de tortura porque los hechos ocurrieron cuando el tipo penal no se encontraba establecido, en atención a que ninguna persona puede ser condenada por una acción u omisión que no esté establecida como delito por la ley penal anterior a la realización de los hechos presuntamente delictuosos15. En cuanto a los alegatos de los peticionarios referidos a la comparación de la celeridad de los dos procesos (por el delito de abigeato y el de lesiones), aduce que los hechos que los derivan se dieron en momentos de tiempo distintos y bajo distintas condiciones y que todo proceso se tramita conforme a las garantías constitucionales.
El Estado argumenta que, “si bien es cierto que la conducta de los funcionarios de policía violentó derechos humanos, ello fue declarado mediante sentencia por el Poder Judicial nicaragüense, los hechos no han quedado en la impunidad tal como lo indica el CENIDH, por lo que de conformidad al arto. 41 inciso c, la petición es infundada e improcedente”.
Respecto al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, alega que los peticionarios no lo han satisfecho dado que el proceso penal en contra de los tres ex oficiales de la Policía Nacional se encuentra en trámite, y por ende la petición ha sido presentada con anterioridad a que se agoten los mecanismos de jurisdicción interna. Informa que la víctima tiene derecho a ser parte en el proceso penal desde su inicio y a impugnar las resoluciones judiciales que considere le causan agravio.
A. Competencia ratione personae, ratione temporis, ratione loci y ratione materiae de la Comisión Interamericana
Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas naturales, respecto de quienes el Estado se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Nicaragua es un Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1979, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Asimismo, el Estado de Nicaragua es parte de la Convención de Belem do Pará desde el 12 de diciembre de 1995, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 23 de noviembre de 2009. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y otros tratados que habrían tenido lugar dentro del territorio de Nicaragua, Estado Parte en dichos tratados.
La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto los hechos alegados habrían tenido lugar cuando la Convención Americana y la Convención de Belem do Pará se encontraban vigentes para Nicaragua. En cuanto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Comisión observa que el Estado es parte de la misma desde el 23 de noviembre de 2009, cuando depositó el instrumento de ratificación respectivo. En tal sentido, la Comisión tiene competencia ratione temporis para pronunciarse sobre posibles violaciones a dicho instrumento que hubieran tenido lugar a partir de la fecha referida. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por los instrumentos anteriormente mencionados.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; o si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos.
En el presente caso los peticionarios denuncian que agentes del Estado habrían cometido tortura en perjuicio de personas detenidas por el delito de abigeato en Nueva Guinea el 12 de enero de 2007; la presunta ejecución extrajudicial de la señora Villanueva Delgadillo Obando el 20 de marzo de 2007 y de Gilberto Artola Delgadillo el 6 de agosto de 2007 y la presunta violencia sexual en perjuicio de dos adolescentes. Al respecto, alegan que estos hechos no han sido esclarecidos y que por ende no se ha garantizado el acceso a la justicia de las presuntas víctimas. Por su parte, el Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna porque el proceso penal en contra de los funcionarios implicados en los supuestos actos de tortura del 12 de enero de 2007 no ha concluido.
Al respecto, la Comisión observa que el proceso penal por la presunta comisión del delito de abigeato, en el cual se había condenado en primera instancia a Orlando Abel Obando Reyes, William Artola Delgadillo, Gilberth Javier Delgadillo Aguilar, Raúl Terencio Artola Delgadillo, Felipe Santiago Artola Amador y Martín Antonio Artola Amador fue anulado mediante sentencia del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal de fecha 2 de abril de 2008. Dicho Tribunal ordenó la liberación de los imputados al considerar que quedaba “demostrado que los acusados sufrieron abusos por parte de los agentes de policía que participaron en su detención”16. Por su parte, el proceso penal con respecto a las presuntas torturas que habrían sufrido las presuntas víctimas anteriormente referidas, culminó con respecto al juzgamiento de la agente oficial de policía imputada, respecto de quien se dictó su sobreseimiento17, quedando pendiente el juzgamiento de los dos policías voluntarios, quienes se encontrarían prófugos de la justicia.
Con respecto a la investigación y juzgamiento de la presunta ejecución extrajudicial de la señora Villanueva Delgadillo Obando y del señor Gilberto José Artola Delgadillo, y de la violación sexual de Sheila Carolina Artola Delgadillo y Amparo del Socorro Artola Delgadillo, la CIDH observa que, de conformidad a la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal el 10 de junio de 2009, una persona fue condenada por el delito de violación sexual en perjuicio de Sheila Carolina Artola Delgadillo18 y los delitos de robo con intimidación, exposición de personas al peligro, violación de domicilio y asociación e instigación para delinquir a 22 años y dos meses de prisión19.
Con respecto a los hechos expuestos por los peticionarios en las situaciones denunciadas que comprenden la presunta vulneración de derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, entre otros, la CIDH considera que tales situaciones se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio cuya investigación y juzgamiento debe ser impulsado por el Estado mismo. En efecto, los precedentes establecidos por la Comisión señalan que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal20 y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario.
De la información disponible se desprende que si bien se iniciaron investigaciones y un proceso penal por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y las violaciones sexuales, el proceso penal culminó con la condena de una sola persona21, a pesar de que por la naturaleza y multiplicidad de los hechos alegados, participaron varias personas. Respecto a los actos de tortura cometidos el 12 de enero de 2007 presuntamente por agentes del Estado, la CIDH toma nota que dos agentes policiales continúan prófugos, sin que se conozcan de las diligencias adoptadas para lograr su presentación ante la justicia para el trámite del juicio oral correspondiente. Con respecto al sobreseimiento de la agente policial imputada, la CIDH estima que su acusación se realizó más de un año y medio después de que ocurrieran los hechos y, toma nota que los peticionarios alegan que las presuntas víctimas se han visto en la necesidad de mudarse de la región en vista de su situación de riesgo, en particular señalando que el Estado no ha atendido a la solicitud de medidas cautelares decretadas por la CIDH. En ese sentido, la Comisión reitera que como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. Según ha señalado la Corte Interamericana, si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad22.
En virtud de lo anterior, en la etapa de fondo la Comisión analizará en detalle si a través de estos procesos penales, el Estado de Nicaragua proveyó un recurso efectivo con las debidas garantías a las presuntas víctimas. Sin embargo, considera que a los fines de la admisibilidad, las circunstancias del presente caso que incluyen alegatos sobre múltiples violaciones como tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual en contra de los miembros de una familia perpetrados supuestamente por agentes estatales, y el tiempo transcurrido desde su presunta comisión sin que se hayan esclarecido los hechos, configuran una manifestación de retardo injustificado, que habilita aplicar la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
La Comisión reitera que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2 de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis à vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.
C. Plazo para la presentación de la petición
El artículo 46.1.b de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna. Esta regla no tiene aplicación cuando la Comisión encuentra que se ha configurado alguna de las excepciones al agotamiento de los recursos internos consagradas en el artículo 46.2 de la Convención. En tales casos, la Comisión debe determinar si la petición fue presentada en un tiempo razonable, según las circunstancias, de conformidad con el artículo 32 de su Reglamento. Tal como se indicó, la Comisión concluyó que en el presente caso resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana. Tomando en consideración la presunta falta de investigación y sanción de los responsables de las alegadas torturas, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, que dichos hechos habrían tenido lugar a partir del 12 de enero de 2007 y que la petición se presentó el 17 de septiembre de 2007, la Comisión considera que fue presentada en un plazo razonable.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
Para declarar admisible una petición, la Convención exige en su artículo 46.1.c que la materia no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, en su artículo 47.d, que no reproduzca el contenido de una petición ya examinada por éste u otro organismo internacional. Los peticionarios afirman que la petición no se encuentra pendiente de resolución de otro procedimiento internacional y no surge del expediente prueba en contrario. Por lo tanto, la CIDH considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados, de ser probados, pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) del mismo artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto.
La Comisión considera que los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, y la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. En efecto, del relato de la petición se desprenden presuntos actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual por parte de agentes policiales y militares, hechos que no habrían sido esclarecidos judicialmente y por ende no se habría sancionado a los responsables y reparado a las víctimas. En ese sentido, la CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa en la etapa de fondo. En ese sentido, la Comisión analizará en la etapa de fondo, si existe una posible violación de los derechos amparados en los artículos 5, 8, 11, 24 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Por otro lado, aunque los peticionarios no hayan invocado los artículos 4, 7 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, en virtud del principio iura novit curia, la Comisión decide admitir dichos artículos para evaluar su presunta vulneración en la etapa de fondo. Dicha normativa se analizará a la luz de los alegatos de las ejecuciones extrajudiciales y los presuntos hechos de violencia sexual no sancionados y reparados eficazmente; como así también con relación a los hechos referidos a las presuntas detenciones arbitrarias seguidas de tortura por parte de supuestos agentes estatales. Lo anterior en consideración particular de que algunas de las presuntas víctimas eran niños o niñas al momento en que tuvieron lugar los sucesos denunciados.
En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.
La Comisión concluye que tiene competencia para conocer la denuncia presentada por los peticionarios y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención, por la presunta violación de los artículos 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mismo Convenio, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Además la Comisión decide declarar admisible iura novit curiae la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los artículos 4, 7 y 19 de la Convención Americana; del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
1. Declarar admisible la presente petición, en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 8, 11, 24 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Declarar admisible iura novit curiae la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los artículos 4, 7 y 19 de la Convención Americana; del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Transmitir el presente informe a los peticionarios y al Estado nicaragüense.
Continuar con el análisis de fondo de la cuestión.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de marzo de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Los peticionarios presentan a William Artola Delgadillo como presunta víctima, alegando que habría sido detenido y torturado por agentes policiales como supuesto responsable del delito de abigeato. No obstante, de las piezas procesales disponibles no surge que haya sido juzgado judicialmente por dicho delito.
2 De 18 años al momento de los hechos denunciados.
3 De 16 y 17 años, respectivamente, al momento de los hechos denunciados.
4 Según los peticionarios, de acuerdo a información suministrada por la policía, el 60% del total de los delitos cometidos en el Municipio de Nueva Guinea corresponden a abigeato.
5 Para efectos del presente informe, la CIDH considera pertinente informar sobre dicha institución de la Policía de Nicaragua. De conformidad al artículo 43 de la Ley de la Policía Nacional de Nicaragua, la policía voluntaria es un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional, con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de policía, que se encuentra integrada por ciudadanos nicaragüenses, que previo proceso de selección, preparación y juramentación aceptan las condiciones del servicio de forma voluntaria, temporal y gratuita. Asimismo, el artículo 45 de dicho cuerpo legal establece que los miembros de la policía voluntaria realizarán principalmente tareas de apoyo, prevención, vigilancia, seguridad pública y tránsito, las que deberán llevar a cabo debidamente identificados con uniforme y distintivos propios y tendrán condición de agentes de la autoridad. Además se dispone que a fin de garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, mientras se encuentren en cumplimiento de sus misiones, estarán sujetos a los principios fundamentales de actuación y régimen disciplinario.
6 Los peticionarios adjuntan dictamen médico legal del señor Obando Abel Obando Reyes de 17 de enero de 2007.
7 En el trámite de las medidas cautelares 163-07 otorgadas para la protección de los familiares de las víctimas, los peticionarios alegaron que días después de la ejecución extrajudicial de la señora Villanueva se presentó en el CENIDH su hermana, para denunciar que tanto ella como su familia habían recibido amenazas de muerte. Indican que informaron tales hechos a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y solicitaron la investigación de la ejecución y de los actos de hostigamiento ante el Inspector General de la Policía Nacional, pero no habrían obtenido respuesta.
8 Los peticionarios indican que por tales hechos solicitaron medidas cautelares a la CIDH: para asegurar la integridad personal y la vida de los familiares del matrimonio Artola Delgadillo.
9 En efecto, los peticionarios alegan que de conformidad a la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal el 10 de junio de 2009, una sola persona fue condenada por los delitos de violación en perjuicio de Sheila Carolina Artola Delgadillo (12 años de prisión), robo con intimidación (cinco años de prisión), exposición de personas al peligro (dos años de prisión), violación de domicilio (dos meses de arresto) y asociación e instigación para delinquir (tres años de prisión), en total a 22 años y dos meses de prisión.
10 Los peticionarios señalan que desconocen que el Ministerio Público haya adoptado medidas para corregir o investigar la actuación de la fiscal que emitió la resolución de archivo dado que no cumplió con su deber de protección de los derechos humanos.
11 Concretamente, indican que el Código vigente al momento de los hechos no contemplaba la tipificación del delito de tortura, figura que fue incorporada en el artículo 486 del Código Penal que entró en vigencia el 9 de julio de 2008 en Nicaragua.
12 El Estado señala que el 15 de enero de 2007, el Juez de Distrito Penal de Audiencia de Nueva Guinea, autorizó la revisión forense de los acusados y el 17 de enero de 2007, se solicitó su remisión al Hospital Jacinto Hernández. Sostiene que la valoración medico-legal se realizó en un tiempo prudencial y que se sancionó disciplinariamente a los funcionarios policiales que habrían actuado de manera omisa respecto de la verificación del estado físico de los detenidos.
13 Además el Estado informó que el Inspector General de la Policía Nacional el 19 de marzo del año 2007, ordenó la “restricción en el lugar de servicios por un periodo de 15 días” en contra del Jefe de la Estación Policial de Nueva Guinea, del Segundo Jefe de la Policía Nacional en Nueva Guinea y del Jefe de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Nueva Guinea, por la actitud omisa en la verificación del estado físico de los detenidos. Destaca que la Inspectoría General se encarga que los miembros de la Policía Nacional observen estrictamente la Constitución y demás leyes, y para ello se apoya en la División de Asuntos Internos, a quienes les corresponde la investigación administrativa de las denuncias que autoridades, particulares o de oficio se formulen en relación al comportamiento de los miembros de la Policía Nacional, teniendo la facultad de recomendar la aplicación de sanciones de carácter administrativo, sin que ello implique la exclusión o limitación del derecho que le asiste a la víctima para ejercer las acciones penales.
14 El Código Penal fue aprobado el 13 de noviembre de 2007 y entró en vigencia el 9 de julio de 2008.
15  En suma, el Estado afirma que la ausencia en el momento de los hechos denunciados del tipo penal de tortura, no debe interpretarse como una situación de impunidad, pues la persecución y castigo penal se efectuaba mediante el tipo penal de “lesiones en concurso real de abuso de autoridad”', el cual utilizó el Ministerio Público en el presente caso.
16 Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal, Juigalpa Chontales, Sentencia del 2 de abril de 2008.
17 Juzgado Local Único del Municipio de Muelle de los Bueyes, Sentencia del 14 de diciembre de 2009.
18 En segunda instancia, se absolvió al condenado del delito de violación en perjuicio de Amparo del Socorro Artola Delgadillo.
19 Tribunal de apelaciones de la Circunscripción Central Sala Penal, Juigalpa Chontales, Sentencia del 10 de junio de 2009.
20 CIDH, Informe No. 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97. Ver también Informe No. 55/97, Caso 11.137, Abella y otros, Párr. 392.
21 Por los delitos de violación sexual en perjuicio de Sheila Carolina Artola Delgadillo, robo con intimidación, exposición de personas al peligro, violación de domicilio y asociación e instigación para delinquir.
22 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93. Asimismo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en su artículo 8 que “cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”.