Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acto-legislativo-2-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041ea58f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 17:03:05
Document Index: 69547962

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 250', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 250']

﻿ ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2003
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. SE MODIFICA, EN LO RELACIONADO CON EL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGENLIBERTAD DE LOCOMOCIÓN Y RESIDENCIALIBERTAD PERSONAL. DETENCIÓN PREVENTIVA, Y FUNCIONES DE LA FISCALÍA, PARA ENFRENTAR EL TERRORISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDEN PÚBLICO, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
DIARIO OFICIAL N°:45406 DE DICIEMBRE 19 DE 2003
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2003
“Por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo”.
(Nota: Se declara inexequible el presente Acto Legislativo por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-816 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Uprimny Yepes )
“El Congreso de Colombia,
DECRETA”:
ART. 1º—El artículo 15 de la Constitución Política quedará así:
ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
(Nota: Se declara inexequible el presente Acto Legislativo por la Corte Constitucional en Sentencia C-816 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Uprimny Yepes )
ART. 2º—El artículo 24 de la Constitución Política quedará así:
ART. 24.—Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.
El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto
(Nota: Se declara inexequible el presente Acto Legislativo por la Corte Constitucional en Sentencia C-816 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Uprimny Yepes ) .
ART. 3º—El artículo 28 de la Constitución Política quedará así:
ART. 28—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
ART. 4º—El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor:
PAR. 2º—Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la unidad pertenecientes a las Fuerzas Militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial.
ART. 5º—Vigencia. Las adiciones a la Constitución Política efectuadas mediante el presente acto legislativo empezarán a regir a partir de su promulgación. Las facultades especiales a las cuales se refieren los artículos 1º, 2º y 3º se ejercerán con estricta observancia de lo dispuesto en ellos y de acuerdo con la ley estatutaria que a iniciativa del Gobierno Nacional expedirá el Congreso de la República antes del 20 de junio del año 2004.
El gobierno presentará el proyecto a más tardar el 1º de marzo del mismo año, con mensaje de urgencia e insistencia.
Los términos para todo el trámite de control previo de constitucionalidad que hará la Corte Constitucional se reducen a la mitad, en este caso.
En caso de que esta ley estatutaria no entrara en vigencia en los nueve (9) meses siguientes a la promulgación de este acto legislativo, el Gobierno Nacional podrá expedir un reglamento que regule en forma transitoria la materia.
Las funciones a que se refieren el inciso 4º del artículo 15, el inciso 4º del artículo 28 y el parágrafo 2º del artículo 250 que se introducen por el presente acto legislativo se conferirán por el término de cuatro (4) años prorrogables por la mayoría absoluta del Congreso de la República.
Los actos terroristas a que se refiere este proyecto serán los definidos como tales por la legislación penal vigente.
Dado en Bogotá, D.C., a 18 de diciembre de 2003.