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Timestamp: 2018-08-22 00:29:14
Document Index: 175602849

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 54', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 103', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 21']

TITULO PRIMERO. Del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias
CAPITULO PRIMERO. Del Presidente del Gobierno y del Vicepresidente
SECCION PRIMERA. De la elección y del estatuto personal del Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias
SECCION SEGUNDA. De las atribuciones del Presidente
SECCION TERCERA. Del Vicepresidente del Gobierno de Canarias
CAPITULO II. Del Gobierno
SECCION PRIMERA. Del Gobierno y su composición
SECCION SEGUNDA. Del Estatuto personal de los Consejeros
SECCION TERCERA. De las atribuciones del Gobierno
SECCION CUARTA. Del funcionamiento del Gobierno
SECCION QUINTA. De los Consejeros como miembros del Gobierno
SECCION SEXTA. De la potestad reglamentaria del Gobierno
SECCION SEPTIMA. Del procedimiento de elaboración de los Proyectos de Ley y Normas Reglamentarias
CAPITULO III. De las relaciones del Gobierno y el Parlamento
SECCION PRIMERA. Del impulso y control de la acción del Gobierno
SECCION SEGUNDA. De la responsabilidad política del Gobierno
SECCION TERCERA. De la convocatoria de elecciones al Parlamento Canario
TITULO II. De la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria
CAPITULO PRIMERO. De la organización
SECCION PRIMERA. Creación, modificación y extinción de las Unidades Administrativas de las Consejerías
SECCION SEGUNDA. Estructura de las Consejerías
SECCION TERCERA. De los Consejeros como Jefes de Departamentos y de los Viceconsejeros
TITULO III. De la responsabilidad de los miembros del Gobierno y de la Administración Pública Canaria
D 233/2015 de 13 Nov. CA Canarias (delega en el Viceconsejero de los Servicios Jurídicos, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir Convenios de Colaboración)
Véase D [CANARIAS] 233/2015, 13 noviembre, del Presidente, por el que se delega en el Viceconsejero de los Servicios Jurídicos, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir Convenios de Colaboración («B.O.I.C.» 4 diciembre).
D 194/2015 de 15 Sep. CA Canarias (delega en el Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir convenios de colaboración)
Véase D [CANARIAS] 194/2015, 15 septiembre, del Presidente, por el que se delega en el Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir convenios de colaboración («B.O.I.C.» 30 septiembre).
D 195/2015 de 15 Sep. CA Canarias (delega en el Viceconsejero de Presidencia, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir convenios de colaboración)
Véase D [CANARIAS] 195/2015, 15 septiembre, del Presidente, por el que se delega en el Viceconsejero de Presidencia, en el ámbito funcional que tiene atribuido, la competencia para suscribir convenios de colaboración («B.O.I.C.» 30 septiembre).
Artículo 5.º bis introducido por el número 1 del artículo 4 de la Ley [CANARIAS] 2/2000, 17 julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias («B.O.I.C.» 28 julio). Número 1 del artículo 10 redactado por el número 2 del artículo 4 de la Ley [CANARIAS] 2/2000, 17 julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias («B.O.I.C.» 28 julio).
L 3/1997 de 8 May. CA Canarias (incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos)
Artículo 4 derogado por Ley [CANARIAS] 3/1997, 8 mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 14 mayo). Artículo 17 derogado por Ley [CANARIAS] 3/1997, 8 mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 14 mayo).
L 2/1987 de 30 Mar. CA Canarias (función pública)
Letra f) del artículo 9 derogada por Ley 2/1987, 30 marzo, de la Función Pública Canaria («B.O.I.C.» 3 abril). Letra g) del artículo 9 derogada por Ley 2/1987, 30 marzo, de la Función Pública Canaria («B.O.I.C.» 3 abril).
L 8/1986 de 18 Nov. CA Canarias (régimen jurídico de las Administraciones Públicas).
Artículo 59 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 60 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 61 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Téngase en cuenta que el Título II fue derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 52 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 53 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 55 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 56 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 57 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 58 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto). Artículo 54 derogado por Ley [CANARIAS] 8/1986, 18 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 19 noviembre). Posteriormente se reitera la derogación en la Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 1 agosto).
El artículo 15.2 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, dispone que una Ley del Parlamento Canario determinará la composición y atribuciones del Gobierno, así como el estatuto de sus miembros. La referencia al artículo 15.2 de la L.O. 10/1982, 10 agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha de entenderse hecha al artículo 16.2, tras la modificación de la misma efectuada por la L.O. 4/1996, 30 diciembre.
Por su parte, el artículo 21.1 del propio Estatuto, establece que «corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia Administración Pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado». La referencia al artículo 21.1 del Estatuto ha de entenderse hecha al artículo 22.1, tras la modificación del mismo efectuada por la L.O. 4/1996, 30 diciembre.
Respecto a la Administración Pública si bien no hay, como para el Gobierno, una norma que imperativamente exija que sea regulada por Ley, no hay duda de que las íntimas conexiones entre una y otra, de una parte, y la necesidad de dotarla de una articulación que asegure su actuación según los dictados de la objetividad en la consecución de los fines generales que demanda el artículo 103 de la vigente Constitución, de otra, en buena medida reclaman que se dé un tratamiento de conjunto a la Administración y al Gobierno, y por otra parte de un tercero que puede garantizar adecuadamente la referida objetividad. Una y otra cosa sólo pueden conseguirse adecuadamente sometiendo al Parlamento un Proyecto de la Administración tal, que forme un cuerpo legal único con lo referido al Gobierno. De aquí que se haya refundido en un mismo texto el tratamiento de ambas instituciones. Lo cual, por otro lado, no constituye una renuncia del Gobierno a la potestad organizativa que sobre la Administración le corresponde y que nadie pone en duda, sino, antes al contrario, supone búsqueda de una regulación de rango jurídicamente superior que trasponga al ámbito de la Comunidad Autónoma los preceptos constitucionales y dé cumplimiento al artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía. La referencia al artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía ha de entenderse hecha al artículo 32.6, tras la modificación del mismo efectuada por la L.O. 4/1996, 30 diciembre.
En razón de los grandes grupos de materias que regula, el proyecto se ordena en tres títulos: el primero referido al Gobierno, el segundo a la Administración Pública, ambos obviamente de la Comunidad Autónoma de Canarias; y el tercero regulador de la responsabilidad de los miembros del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad.
El articulado se ha agrupado en Secciones en función de los sectores temáticos así:
Dentro del Capítulo segundo del primero de los Títulos, se recogen en la primera Sección los preceptos relativos al Gobierno y a su composición. Le sigue la sección dedicada al estatuto personal de los Consejeros: a continuación las relativas a las atribuciones del Gobierno y a su funcionamiento; le sigue la dedicada a los Consejeros en su condición de miembros del Gobierno, y constituyen también secciones independientes los artículos que regulan la potestad reglamentaria del Gobierno y los referentes a las normas de procedimiento para la elaboración de los proyectos de Ley y Reglamentos.
El tercer Capítulo se estructura en tres secciones: la primera «Del impulso y control de la acción del Gobierno», la segunda «De la responsabilidad política del Gobierno» y la tercera y última «De la convocatoria de elecciones al Parlamento de Canarias», con la que culmina el título primero.
El segundo Título se inicia con unos principios generales en torno a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma que se configura en una primera Sección. El estudio de las Consejerías se comparte en dos Secciones relativas a la creación, modificación y supresión de sus unidades administrativas, una, y a su estructura la otra. Le sigue una tercera y última sección relativa a los Consejeros como Jefes de Departamento y a los Viceconsejeros.
Comienza la regulación del Gobierno por la figura de su Presidente, no por dotar a aquél de un carácter presidencialista a ultranza, sino por la consideración de ser el Presidente del Gobierno, a tenor del artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía, quien ostenta la más alta representación de Canarias. La referencia al artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha de entenderse hecha al artículo 18.1, tras la modificación del mismo efectuada por la L.O. 4/1996, 30 diciembre.
Se instituye la figura del Secretario del Gobierno designado por el Presidente de entre los miembros del Ejecutivo.
Se puntualizan las circunstancias bajo las cuales ha de producirse el cese de los Consejeros: por el cese del Presidente, por dimisión, por revocación de su nombramiento, por incurrir en incompatibilidad y por fallecimiento.
Se prevé el quorum exigible para la adopción de los acuerdos del Gobierno y se contempla el voto de calidad del Presidente.
Se admite la posibilidad de que puedan constituirse Comisiones Interdepartamentales que serán eficaces para lograr la coordinación de la política de interés común a los Departamentos en ellas integrados. Asimismo el articulado refleja la conveniencia de constituir Comisiones preparatorias de las reuniones del Gobierno. Se regula la potestad reglamentaria del Gobierno y la forma y jerarquía de sus diferentes manifestaciones recogiéndose expresamente los principios de legalidad, jerarquía publicidad e inderogabilidad singular de los reglamentos. Merece especial atención dentro de las facultades normativas del Gobierno, el tratamiento que se da en su participación en la función legislativa, previéndose expresamente, en el artículo 21, las facultades de dictar decretos legislativos previa delegación del Parlamento.
Se prevé expresamente el compromiso del Gobierno de prestar al Parlamento cuanta ayuda e información precisa éste, ya sea del Gobierno sus miembros o Autoridades y funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Como institución básica en las relaciones del legislativo con el ejecutivo se regula la moción de censura que prosperará cuando obtenga la mayoría absoluta de la Cámara. Se exige para su proposición un número de firmantes no inferior al 15 por 100 de los miembros del Parlamento y se dispone que pueden plantearse mociones alternativas con la posibilidad de que puedan debatirse conjuntamente. Por fin, se impide, como es común a todos los sistemas parlamentarios, que al no prosperar la moción, pueda ser presentada otra por idénticos signatarios durante el mismo período de sesiones.
VI. LA ADMINISTRACION PUBLICA