Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653536
Timestamp: 2019-05-21 05:25:35
Document Index: 331558243

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 19', 'artículo 82', 'artículo 127', 'artículo 36', 'artículo 146', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 135', 'artículo 147']

CONVENIO CON ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA ESTABLECIMIENTO DE OFICINA EN CHILE
CONDENA A GOBIERNO DE CUBA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. PROYECTO DE ACUERDO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO
DILACIÓN DE TRÁMITES PARA CONCESIONES ACUÍCOLAS. OFICIOS
INCERTIDUMBRE POR DISCREPANCIA DE TRIBUNALES SUPERIORES SOBRE FALLOS EN MATERIA TRIBUTARIA
INFORME SOBRE VISITA A ESTADOS UNIDOS DE DIRECTIVA DE RENOVACIÓN NACIONAL: TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN DE ESTADO ACTUAL DE EX COLONIA DIGNIDAD
INQUIETUD POR PROGRESIVO DETERIORO DE ESTADO DE DERECHO EN CHILE
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA (S 664-12)
Sesión 41ª, en miércoles 16 de abril de 2003
(De 16:18 a 17:54)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el "Acuerdo entre Chile y la Organización Internacional del Trabajo, relativo a establecimiento de una Oficina de la OIT en Chile" (3122-10) (se aprueba en general y particular).........
Proyecto de ley, en segundo trámite, que regula condiciones de trabajo y contratación de artistas y técnicos de espectáculos (3073-13) (se aprueba en general)...........
Proyecto de ley, en tercer trámite, que fija bases de procedimientos que rigen actos de la administración del Estado (2594-06) (se aprueba)........
Condena a Gobierno de Cuba por violación de derechos fundamentales. Proyecto de acuerdo (se aprueba)....................................................................................
Seguimiento de proyectos de acuerdo (observaciones del señor Ríos)........
Dilación de trámites para concesiones acuícolas. Oficios (observaciones del señor Prokurica)..........................................................................................
Incertidumbre por discrepancia de tribunales superiores sobre fallos en materia tributaria (observaciones del señor Prokurica).......................................
Informe sobre visita a Estados Unidos de Directiva de Renovación Nacional: Tratado de Libre Comercio y Proyectos Medioambientales. Comunicación (intervención del Horvath).................................................................................................
Evaluación de estado actual de ex Colonia Dignidad (observaciones del señor Naranjo).............................................................................................
Inquietud por progresivo deterioro de estado de derecho en Chile (observaciones del señor Martínez).................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 37ª y 38ª, ordinarias, en 1 y 2 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto que modifica el artículo 19 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (Boletín Nº 3.051-07).
--Se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional, en cumplimiento de lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la Carta Fundamental.
Ocho de la Cámara de Diputados:
Con los cuatro primeros comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, los proyectos de ley que se indican:
1.- El que autoriza para erigir un monumento, en las ciudades de Arica e Iquique, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, iniciado en moción del entonces Senador señor Bitar (Boletín Nº 2.323-04);
2.- El que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Chillán Viejo, en memoria de don Bernardo O'Higgins Riquelme, iniciado en moción de los Senadores señores Ríos y Ruiz-Esquide (Boletín Nº 2.480-04);
3.- El que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens, iniciado en moción del Senador señor Núñez (Boletín Nº 2.549-04), y
4.- El que autoriza para erigir un monumento, en la localidad de Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda, iniciado en moción del Senador señor Andrés Zaldívar (Boletín Nº 2.913-04).
--Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República los proyectos aprobados por el Congreso Nacional.
Con el quinto comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en el lugar denominado "Pórtico Raúl Silva Henríquez", ubicado en la rotonda de la variante Viña del Mar-Valparaíso, en la Ruta 68, en homenaje al Cardenal Raúl Silva Henríquez (Boletín Nº 2.457-04).
Con el sexto comunica que acordó solicitar al Senado el desarchivo del proyecto que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el objeto de promover el conocimiento de los derechos humanos. (Boletín Nº 1.238-04).
Con el séptimo comunica que acordó, previo asentimiento del Senado, archivar el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Moreno, que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Rancagua, en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva (Boletín Nº 2.411-04), en razón de existir en esa misma ciudad otro monumento en su memoria.
Con el último comunica que ha dado su aprobación, con la enmienda que señala, al proyecto de ley que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.594-06).
Del señor Contralor General de la República, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al Departamento de Salud de la Municipalidad de Calbuco.
Del señor Director Nacional de Pesca , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, relacionado con la situación que enfrenta un grupo de recolectores de algas de Chañaral, Tercera Región.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Novena Región , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a la posibilidad de utilizar tierras para veranadas por parte de Comité que indica.
Del señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre la adquisición de equipo oftalmológico.
De la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Novena Región , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relacionado con la pavimentación de la calle Lautaro, comuna de Galvarino.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992, y su Protocolo Facultativo, adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de 1993 (Boletín Nº 2.843-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de sociedades anónimas deportivas profesionales (Boletín Nº 3.019-03).
De la señora María del Carmen Barahona Pinochet, mediante la cual solicita la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 663-04).
De diversos señores Senadores, relativo a la situación de los derechos humanos en Cuba (Boletín Nº S 664-12).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente .-
Me han hecho dos peticiones.
En primer lugar, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , presente en la Sala, me ha solicitado despachar en esta sesión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado. La Cámara de Diputados lo aprobó en los mismos términos en que lo hizo el Senado, salvo una modificación para reemplazar un plazo de cuatro años por otro de dos años.
¿Habría acuerdo para despacharlo después de los asuntos en tabla?
Se accedería a la solicitud, con la abstención del Honorable señor Pizarro.
No, señor Presidente. Si un Senador de la Democracia Cristiana dice otra cosa, tiene que considerarse su planteamiento.
No se requiere unanimidad. Basta la mayoría.
Quedó para tabla y se desea despacharlo hoy.
Para eso se necesita unanimidad.
¿Por qué no le pregunta al señor Secretario , que sabe más de Reglamento?
Me dice que se requiere unanimidad. ¿La da, señor Senador ?
Si me la pide, por supuesto.
Entonces, se acuerda despachar, después de los asuntos en tabla, el proyecto relativo al silencio administrativo
Ayer, diversos señores Senadores presentaron un proyecto de acuerdo relacionado con la situación de los derechos humanos en Cuba, del cual, por un error nuestro, no se dio cuenta oportunamente, lo que impide votarlo en esta sesión. Considerando que la próxima es semana regional, ¿habría acuerdo para pronunciarse sobre él en el Tiempo de Votaciones de hoy?
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la Organización Internacional del Trabajo, relativo al establecimiento de una oficina de la OIT en Chile, suscrito en Santiago, en enero del año pasado, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3122-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones exteriores, sesión 40ª, en 15 de abril de 2003.
Este tratado tiene por objeto precisar las disposiciones aplicables a la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, mediante la conclusión de un acuerdo relativo a la condición jurídica de dicho organismo internacional y de su personal en nuestro país.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cariola, Martínez, Núñez y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión informante propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y particular a la vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , quiero destacar la importancia de este Convenio, primero, porque se suscribe mientras un chileno es Director General de la OIT -me refiero a don Juan Somavía , quien, dada su capacidad y desempeño, ha sido reelecto para un segundo período- y, segundo, porque la instalación de esta oficina en el país es muy significativa para los trabajadores chilenos. Hay que considerar que crecientemente la firma de acuerdos internacionales les otorgan beneficios. Además, en una economía globalizada reviste trascendencia que los países vayan homologando sus normas sobre la base de los convenios que se firman en la OIT.
Por lo tanto, estimo fundamental que el Senado apruebe este proyecto de acuerdo en la misma forma en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente , me alegro de este tratado, que no solamente favorece a los trabajadores, como se señaló recién, sino también a los gobiernos y empleadores. La Organización Internacional del Trabajo es el único organismo tripartito en el mundo. Entonces, es muy trascendente que la oficina de enlace que desde hace tiempo opera en Chile pase a ser una sede -yo diría- titular, oficial.
Recordemos que la OIT funciona en Lima desde hace muchos años. Y ahora habrá también una sede regional en Santiago.
Creo que este convenio colocará a Chile -como siempre en este ámbito- en un lugar preeminente.
Hace mucho que conozco la OIT: durante 21 años fui miembro de su Consejo Rural.
Anuncio los votos afirmativos de esta bancada.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula las condiciones de trabajo y contratación de artistas y técnicos de espectáculos, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Comisión deja constancia de haber discutido el proyecto solamente en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento.
Su objetivo principal es crear un contrato especial de trabajo para regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores del sector artístico y de espectáculos.
La iniciativa, aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadores señores Canessa, Fernández, Lavandero, Parra y Ruiz, consiste en un artículo único que agrega, en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, un Capítulo IV, nuevo, denominado "Del Contrato de los Trabajadores y Técnicos de Artes y Espectáculos". Asimismo, comprende dos disposiciones transitorias, relativas a la entrada en vigencia de la ley y a la autorización al Presidente de la República para dictar un texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
Señor Presidente , como se ha hecho constar en la relación del señor Secretario , la Comisión de Trabajo analizó esta normativa en una única sesión, en la que tuvo la oportunidad de escuchar al abogado asesor don Francisco del Río , del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; a la Presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos Cinematográficos; a la Presidenta del Sindicato de Actores de Chile , y a la Presidenta del Colegio de Profesionales de la Danza .
Ante todo, llamo la atención del Senado en el sentido de que éste es el primero de una serie de proyectos que introducen nuevos Capítulos al Título II del Libro I del Código del Trabajo; es decir, que tienen por objetivo regular de manera singular contratos especiales de trabajo, reconociendo hechos de la realidad social y económica del país.
Al texto que hoy se presenta a la aprobación general de la Sala hay que añadir los que luego deberán cumplir semejante trámite y que están referidos al trabajo en régimen de subcontratación y contrato por empresas de servicios temporarios, y al contrato de deportistas profesionales, en este momento radicado, en primer trámite constitucional, en la Honorable Cámara de Diputados.
Por otro lado, tanto el proyecto que tiene que ver con los deportistas profesionales como el que hoy nos ocupa tienen la particularidad de estar vinculados a la tramitación de otras iniciativas encaminadas a desarrollar el sector de que se trata.
Recién se ha incorporado a la Cuenta la normativa que crea las sociedades anónimas deportivas, con la cual se encuentra íntimamente vinculada la relativa al contrato de deportistas profesionales.
La proposición legal en debate es parte del esfuerzo que está realizando el Estado de Chile para promover un desarrollo significativo de la cultura y las artes en nuestro medio. En consecuencia, no puede desligarse del proyecto que crea la nueva institucionalidad cultural a las iniciativas específicas de fomento en el área de la música o de la cinematografía, concretamente.
Lo fundamental, sí, y que justifica entrar a configurar un tipo especial de contrato de trabajo, es que en ese sector las relaciones laborales adquieren características muy determinadas.
El total de trabajadores que quedarían cubiertos por las disposiciones de que se trata se ha estimado en alrededor de 20 mil personas, de las cuales no más de 2 por ciento se halla realmente incorporado hoy a la normativa vigente. En el resto de los casos, la rigidez de ese ordenamiento y las características especiales de las empresas que se hacen cargo de producir y desarrollar espectáculos artísticos han determinado que se viva en la informalidad laboral.
Desde luego, en nuestro medio, la realización de espectáculos artísticos es algo que se lleva a cabo de maneras muy variadas, no necesariamente a través de empresas especializadas en el giro y que desarrollen de modo sistemático esta actividad en el tiempo. Por el contrario, en áreas como el teatro, por ejemplo, es frecuente la asociación de los propios actores para producir una obra y resolver las dificultades que implica el montaje, la puesta en escena, con las posibilidades tan limitadas que desgraciadamente encuentran.
En consecuencia, se da un alto grado de informalidad, a lo que se añade el hecho de que las jornadas de trabajo y las características mismas de las funciones que se cumplen tornan muy difícil la aplicación del régimen laboral común o general.
Por ello, se propone agregar un nuevo Capítulo IV en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, con un total de once artículos, los que se hacen cargo de las particularidades del sector y ofrecen soluciones legislativas muchísimo más flexibles que las que rigen en la generalidad de las actividades económicas, donde, naturalmente, es más fácil observar la formalidad y, también, lo es fiscalizar el cumplimiento.
Constituye sin lugar a dudas un paso importante, que está en la dirección de acuerdos internacionales suscritos por el país, como la Recomendación Relativa a la Condición del Artista, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Belgrado, en 1980, o la declaración del MERCOSUR en Montevideo, de 2001, suscrita por Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay .
Debo destacar, señor Presidente , que el artículo 146-A parte identificando al empleador, que es el productor. Y creo que esa disposición constituye también un incentivo para una mejor organización en el sector. Hoy, entre nosotros -como ya lo señalé-, la informalidad se registra en ese primer nivel, en el del que genera, del que produce la obra de arte, dependiendo, por supuesto, de la manifestación de que se trate. Hay, por cierto, instituciones establecidas y prestigiosas que asumen la tarea -y lo hacen bien- y se enmarcan en la legislación laboral, precisándose las normas por las características especiales de los servicios que prestan artistas y técnicos contratados para el montaje de las distintas obras de arte. Pero muy frecuentemente el productor es ocasional, no conocido, carente de apoyos regulares y no encuentra en la legislación actual particulares incentivos para cumplirla, por su extrema rigidez.
El proyecto que nos ocupa, por lo tanto, regularizará un área de creciente importancia en el mercado laboral; dará a los trabajadores del arte un grado de justicia y de protección que hoy les falta y abrirá un camino para buscar soluciones definitivas a problemas mucho más delicados que aquellos que aborda la iniciativa en análisis: los relacionados con la protección de esas personas en el campo de la seguridad social, la salud, el desempleo y los accidentes del trabajo.
En virtud de lo expuesto, la Comisión aprobó en forma unánime el proyecto y propone a la Sala hacerlo en la misma forma.
Informo que se encuentra presente en las tribunas el Senador señor Grant Chapman, del Parlamento australiano, a quien saludamos.
Señor Presidente, concurriremos con nuestros votos a aprobar el proyecto, que regula el contrato de trabajo de los artistas con el objeto de proteger su actividad laboral.
La iniciativa que hoy discutimos tiene gran importancia para nuestro país y su cultura, por cuanto viene a regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores del sector artístico, cuya actividad por muchos años se ha desenvuelto en las más precarias condiciones legales y previsionales, sin regulación de ninguna especie.
Si bien es cierto que en la actualidad algunos hombres y mujeres que se desempeñan en el mundo del espectáculo prestan servicios en forma independiente, bajo la forma del contrato a honorarios, es un hecho preocupante el que la mayoría, incluso en aquellas situaciones en que existe un manifiesto vínculo de subordinación y dependencia -lo que da la característica propia a la relación laboral-, lo hace sin contrato alguno, en muchos casos con infracción a las normas sobre ingreso mínimo y cotización previsional, y sin protección ante accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Por ello, lamentablemente, es muy corriente que tomemos conocimiento de casos de artistas, muchos de ellos con una larga y distinguida trayectoria, que llegada la vejez o la enfermedad quedan abandonados a su suerte o, en el mejor de los casos, a la caridad de colegas y amigos.
Esa situación, de evidente inseguridad, viene a ser subsanada en parte por el proyecto que hoy conocemos, pues éste busca fijar un estatuto en que se consignen normas básicas de protección al trabajo, ingreso mínimo y resguardo a la dignidad de esos trabajadores en la relación laboral. De ese modo, no sólo se alcanza un ansiado anhelo del mundo de la cultura, sino que también se entrega el respaldo legal y previsional a más de veinte mil personas que se desempeñan en la actividad y a las cuales deben sumarse cerca de cuatro mil egresados de las diferentes escuelas y academias a lo largo del país.
Una vez apoyada la iniciativa, los artistas podrán gozar de un marco contractual real y cierto gracias a la incorporación al Código del Trabajo de un nuevo Capítulo, que crea el contrato especial de artistas y técnicos del espectáculo.
Con tal avance no sólo se acota con mayor precisión qué se entiende por trabajador del espectáculo y se norma la especialísima naturaleza del contrato laboral en esa actividad, sino que también se inserta a dichas personas y sus empleos en las normas propias de la seguridad social y la previsión: el seguro de desempleo, el sistema de pensiones, así como la cobertura frente a las eventualidades de los accidentes del trabajo y las enfermedades, entre otros beneficios. Desde luego, será una realidad, para esos hombres y mujeres que se han dedicado al arte, un conjunto de normas de protección de las cuales hoy día carecen.
Por esa razón, señor Presidente , hemos aprobado unánimemente el proyecto en general, sin perjuicio de las observaciones que formularemos en la discusión particular, por cuanto es necesario precisar ciertos aspectos, algunos de los cuales me permito señalar.
Es conveniente que se acote a los contratos de duración indefinida o a plazos superiores a un mes la obligación de compensar con un día de semana el domingo en que se trabaje. Porque los artistas pueden ser contratados, a veces, para laborar un domingo o un festivo, con lo cual las normas serían absolutamente inaplicables.
También es necesario regular todo lo relacionado con la autorización para el uso y explotación de la imagen del artista. Ése es un tema extraordinariamente delicado, pero que deberá reglamentarse para los efectos de ver cómo conciliar la celebración de un contrato de trabajo con el desarrollo y la utilización comercial de esa imagen, que muchas veces tiene gran valor y que incluso puede dar a la persona la tranquilidad económica para desarrollar sus actividades.
Asimismo, cabe considerar la determinación de las horas de descanso, en general. Una de las normas impide excluir al trabajador de los ensayos y demás actividades preparatorias para el ejercicio de su labor artística. Creo que ese precepto debiera analizarse en mayor profundidad, por atentar contra la libertad del empleador de organizar su empresa y disponer quién y cómo cumple con funciones determinadas.
Reitero que, en general, estamos completamente de acuerdo con la iniciativa, por lo que le hemos dado nuestra aprobación. Estimo que es un avance importante y que dará tranquilidad y seguridad a los miles de artistas que carecen de una legislación adecuada que los proteja.
Señor Presidente , el Código del Trabajo actual fue diseñado y -diría- desarrollado sobre la base de una realidad totalmente distinta de la que vive el país. Se trata, fundamentalmente, de un conjunto de normas que protegen y benefician a los trabajadores de las grandes empresas, los que cuentan con una estabilidad bastante alta en sus puestos y, desde luego, con la posibilidad de disponer de organizaciones sindicales fuertes, que les permiten negociar colectivamente. Pero ésa es la realidad de una minoría. La gran mayoría de los trabajadores se desempeñan como lo hacen en este momento los artistas o la gente que labora en el sector del espectáculo, o sea, como independientes, aun cuando en la práctica, dadas las características de sus relaciones con los empleadores, son realmente dependientes. En verdad, el Código está tremendamente atrasado, y lo que pretende la normativa en análisis es ir actualizándolo.
El señor Presidente de la Comisión , al informar el proyecto, daba cuenta de un hecho muy importante: se tramitará un conjunto de iniciativas que darán a dicho cuerpo legal una nueva perspectiva. Por mi parte, deseo plantear las consecuencias de mantener la situación laboral vigente, especialmente en lo que atañe al referido Código.
Hoy, numerosos trabajadores están casi imposibilitados de formar organizaciones sindicales. Y cuando logran constituirlas, como la ley no permite la negociación colectiva interempresas, terminan por quedar al margen de ese elemento, que es clave. Si bien éste se halla garantizado por la Constitución, las normas del Código, en la práctica, hacen que los trabajadores no puedan ejercer plenamente ese derecho, pues mientras no exista la negociación colectiva en forma obligatoria es absolutamente imposible su acceso a ella.
Pero también otro tipo de consecuencias emana de esa fragilidad de las relaciones laborales, referido especialmente al tema de la seguridad social: los que no cuentan con un contrato de trabajo, desde luego, no imponen ni tienen derecho a la salud. Por lo tanto, el simple hecho de regular las relaciones laborales, de establecer en el Código la obligatoriedad de suscribir un contrato, automáticamente está obligando a que los trabajadores dispongan de un sistema previsional y accedan a la salud. Ése es un elemento tremendamente importante, pero que también deja al descubierto las falencias que presenta la realidad que se vive, tal como lo planteó, en su oportunidad, el Senador señor Lavandero en la Comisión de Trabajo. Porque, en el caso de las personas con una situación laboral tan inestable y esporádica, la acumulación de imposiciones al final es de tal manera exigua que no les permite obtener la garantía de una jubilación adecuada cuando llega la vejez.
Sin embargo, como se señaló, consideramos que nos encontramos ante un avance importante. En esa perspectiva dimos nuestra aprobación al proyecto en la Comisión, y también lo haremos en la Sala, porque es un paso en la dirección correcta.
Esperamos que las iniciativas que vendrán para otros sectores tengan, también, la misma buena recepción del proyecto que nos ocupa y que podamos ir modernizando el Código del Trabajo en una forma acorde con la realidad que se vive en el país y en el mundo, especialmente en el campo laboral y, desde luego, en el económico.
Anuncio mi respaldo al articulado en estudio.
Señor Presidente , el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba la situación que enfrentan muchos de nuestros grandes artistas y ejecutantes. Quiero recordar simplemente que, en una de las audiencias públicas en que se discutió la institucionalidad cultural, el célebre Fernando Rosas , hombre que ha entregado un aporte inmenso a nuestra música y ha sido creador de orquestas sinfónicas de jóvenes, relataba -con mucha ira, incluso- que, después de tantos años de trabajo, ha conseguido una pensión de 80 mil pesos, con la cual sobrevive, producto de las imposiciones que logró hacer mediante el sistema que estamos tratando de corregir.
Podría explayarme citando a figuras y casos muy humanos que revelan la necesidad de una enmienda. Chito Faró , quien creó una pieza musical que ha recorrido el mundo, murió en la peor de las indigencias. La célebre Desideria se encuentra también en una situación realmente increíble. Y una gran cantidad de artistas, de los diversos niveles de la cultura, enfrentan en algún momento de su vida la necesidad de recurrir, no digo a la caridad, sino a la solidaridad de sus compañeros, los que, motivados por hechos muy dolorosos, deben hacer campañas o montar determinados espectáculos para poder financiar incluso los remedios más fundamentales.
El mundo de la cultura, como vemos, al calor de lo que señalo, no se agota con los emblemas ni adquiere vida sólo por la reproducción que los medios hacen de las obras. Tras el producto artístico existen trabajadores que, como toda persona que presta un servicio laboral, requieren ingresos estables y, por supuesto, contar con protección para su salud y vejez por medio de los organismos correspondientes.
Los que en Chile hacen de la actividad artística su sustento vital, aun cuando indudablemente pueden ser muy felices por desarrollar una vocación que nace auténticamente de sus espíritus, en la generalidad de los casos terminan con retribuciones pecuniarias realmente inverosímiles.
Esos trabajadores, como se señaló, tampoco tienen derecho a jornadas de trabajo que les permitan descansos mínimos; ni acceso a sistemas de salud que velen realmente por su integridad física y psíquica; ni cuentan con cotizaciones previsionales normales ni seguro de desempleo, y, por último, tampoco tienen certeza de que sus servicios -de alto valor para la sociedad- serán a la postre retribuidos pecuniariamente.
Por eso me alegro de que algunas Comisiones estén tratando diversas iniciativas que apuntan en esa dirección. Hoy día, la de Hacienda del Senado aprobó el proyecto relativo a la institucionalidad cultural en nuestro país, que ya había sido acogido en la de Educación. Y, en este momento, también entramos en tierra derecha respecto de una normativa sobre fomento de la música nacional, en la cual nos encontramos trabajando intensamente para que con la mayor brevedad se transforme igualmente en un hecho concreto y lleve reconocimiento a esos sectores que dan espiritualidad a una nación.
En ese orden de ideas, señor Presidente, es que hoy debemos considerar el proyecto en discusión.
Se sabe que los trabajadores del arte estaban regidos por la antigua Ley de Previsión de los Artistas, derogada en 1976; y luego por el decreto ley Nº 2.200, de 1978, que los consideraba en un párrafo especial, que también fue derogado, en 1981.
Eso significa que en la actualidad se trata de un sector de trabajadores excluidos de la tutela que el Estado provee por intermedio de las leyes laborales que se dictan, desde el momento en que, por los peculiares rasgos de las actividades que realizan, los requerimientos de sus servicios no pueden ser encuadrados perfectamente en las figuras contractuales vigentes. Hay a su respecto un manifiesto vacío legal que urge subsanar; y en ese intento se encuentra la Corporación.
En los diferentes rubros que agrupan a los trabajadores vinculados a la creación e interpretación artística y a las labores técnicas asociadas a ella -como señaló un señor Senador-, se desempeñan más de 20 mil personas, a las que deben agregarse anualmente entre 2 mil y 2 mil 500 egresados de las diversas academias, escuelas e institutos de formación artística y técnico-artística del país.
En buena hora que existan todas esas posibilidades en una nación que en la actualidad tiene 60 universidades (con más de 500 sedes distribuidas en el territorio), las cuales en 1999 impartían 500 carreras en esas áreas, y hoy, más de 2 mil. Es evidente que ello nos debe llamar a un análisis exhaustivo en el sentido de si lo que estamos haciendo está bien.
De dicho universo de trabajadores, se dijo que una fracción mínima se encuadraba dentro del reconocimiento de sus derechos laborales: el 2 por ciento. ¡Prácticamente la nada misma! El resto presta servicios en un mercado muy precario -son contados con los dedos de una mano aquellos a los que allí les va bien; y no son representantes de calidad-, en el que se verifica en forma indudable una permanente infracción del régimen jurídico laboral; pero, además, en circunstancias de subordinación y dependencia, aun con vínculo contractual.
A título ilustrativo, cabe señalar que en el ámbito de los canales de televisión -se conversó con algunos trabajadores que allí se desempeñan-, del que podríamos suponer mayor nivel de formalidad y apego al Derecho, algunos procedimientos de fiscalización de la Dirección del Trabajo han detectado porcentajes de infracción de entre 30 y 70 por ciento.
A mi juicio -estoy seguro de que en el de los señores Senadores también-, eso es inaceptable, en particular cuando se piensa que al problema ni siquiera escapa un canal de televisión financiado con recursos públicos, donde es evidente que eso no debería ocurrir.
Por tal razón, los Senadores del Partido Por la Democracia tenemos plena convicción de que este proyecto nos permitirá poner fin a una larga e injusta postergación de los trabajadores del arte. De allí que no puedo sino anunciar nuestros votos favorables a la iniciativa, en la esperanza de que, cuando finalmente se convierta en ley, su aplicación contribuya a devolver la dignidad a la actividad laboral de nuestros artistas, quienes a fin de cuentas constituyen de manera incuestionable la reserva cultural del país.
El último inscrito es el Senador señor Martínez.
Señor Presidente , del texto del proyecto me surgen dos dudas. La primera se refiere al concepto de "trabajadores de artes". Si bien se establece lo que se entenderá portales, queda un sector medio gris en cuanto a si un escultor o un pintor puede o no ser considerado trabajador de artes. De manera que sería necesario delimitar bien la definición, a fin de que no se presenten situaciones que después generen largas discusiones legales en cuanto al menoscabo de los derechos laborales.
Creo que el proyecto es absolutamente indispensable y que deben estudiarse otros más relativos a ocupaciones donde prima la informalidad.
La segunda interrogante se refiere a si con esta iniciativa no se irá a rigidizar más la actividad creativa. Se trata de un problema que ha de ser considerado en relación con el texto respectivo, sobre todo en aquellas situaciones que después van a estar reguladas en la ley.
Ésas son mis dos dudas sobre el proyecto, que considero necesario, pero que debe definirse bien en cuanto a su alcance, pues de lo contrario algunas actividades artísticas se verán afectadas por no estar incluidas en la normativa.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones el 30 de abril, a las 12.
Hago presente a la Sala que, de acuerdo con la facultad particular de la Mesa, el proyecto relativo a la aprobación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, del cual se dio cuenta hoy y que fue informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, será colocado en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria.
Corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado.
En tercer trámite, sesión 41ª, en 16 de abril de 2003.
Gobierno (segundo), sesión 25ª, en 3 de septiembre de 2002.
Sesiones 25ª, en 23 de enero de 2001 (se aprueba en general, proyecto antiguo); 4ª, en 3 de octubre de 2001 (se aprueba en general); 29ª, en 11 de septiembre de 2002 (se aprueba en particular).
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó una sola modificación a la iniciativa despachada por el Senado, la que consiste en reemplazar, en el inciso primero del artículo 53, referido a la invalidación de los actos administrativos, la expresión "cuatro" por "dos", reduciendo, en consecuencia, el plazo de la autoridad para invalidar los actos contrarios a Derecho.
La Secretaría elaboró un boletín comparado que consigna el texto del artículo 53 aprobado por el Senado y la enmienda introducida en la Cámara Baja.
En discusión la enmienda.
Señor Presidente , me permito recordar a los señores Senadores que el 20 de setiembre del año pasado el proyecto fue aprobado por esta Corporación casi en forma unánime.
La iniciativa, que primitivamente fue originada en mensaje, contenía sólo 8 artículos concernientes al silencio administrativo y a los plazos para el procedimiento administrativo. Pero el Honorable Senado tuvo a bien determinar que se aprovechara la ocasión para los efectos de aprobar un solo proyecto que contuviese todo lo relativo al tema.
Dicha materia ya estaba siendo reclamada en Chile desde la vigencia de la Constitución de 1925. La actual Carta Política también hace referencia a ella, por la relevancia que tiene, especialmente para los efectos de asegurar los derechos de los administrados frente a eventuales arbitrariedades o irregularidades nacidas de actos de la Administración.
Se trata de un proyecto de singular relevancia, que marcará un rumbo dentro del camino de modernidad del Estado, específicamente porque permite agilizar los actos administrativos y resguardar mejor los derechos de los administrados.
Hago presente que la modificación introducida por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional es una cosa concreta que, a mi manera de ver, mejora el artículo 53 de la iniciativa: rebaja de 4 a 2 años el plazo que se otorga a la Administración para los efectos de modificar, de oficio o a petición de parte, actos que hipotéticamente pudiesen haber sido aprobados con algún vicio de ilegalidad.
Esa reducción del plazo para que se pueda declarar la invalidación de ese tipo de actos, en el fondo, da mayor seguridad jurídica tanto a los administrados como, a la vez, a la perpetuación de los actos que hayan terminado de tramitarse.
Por lo tanto, me parece que la enmienda señalada contribuye a mejorar el articulado en esa parte, motivo por el cual, con todo respeto, me permito solicitar al Senado que tenga a bien aprobar el proyecto en la misma forma en que lo hizo en el primer trámite, o sea, por unanimidad.
Si le parece a la Sala, se aprobará la enmienda.
--Se aprueba la modificación de la Cámara de Diputados, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 35 señores Senadores.
Señores Senadores, se encuentra en las tribunas el Secretario General de la Unión Interparlamentaria Mundial , señor Anders Johnson, quien actuó en todo el desarrollo de la 108ª Conferencia de ese organismo, que se realizó la semana pasada en Santiago y a la cual asistieron más de 800 Parlamentarios y un total superior a mil 200 participantes.
Lo saludamos desde aquí y le agradecemos su colaboración para el éxito de ese encuentro.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo, formulado por diversos señores Senadores, por el cual se condena la violación de los derechos fundamentales en Cuba.
El documento fue suscrito por los Senadores señora Matthei y señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
En los fundamentos del proyecto de acuerdo se hace referencia al flagrante atropello de los derechos humanos que constituye la ejecución de tres opositores al régimen político cubano -los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodanis Sevilla y Jorge Luis Martínez- y a la necesidad de una condena vigorosa de estos hechos por parte de la comunidad internacional.
Concluye expresando:
"Por tanto, el Senado acuerda:
"Condenar, enérgicamente, la violación de los derechos fundamentales en Cuba.".
Solicito votación económica.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Director Regional de Vialidad de la Región de Los Lagos, atinente a ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A PUERTO NUEVO, LA UNIÓN (Décima Región).
A los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación, sobre EXCLUSIÓN DE TRES REGIONES DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.
A los señores Ministros del Interior y de Bienes Nacionales , en cuanto a CARENCIA DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN EN PUERTO SÁNCHEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA (Undécima Región).
A los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , de Educación y de Obras Públicas, respecto de INTEGRACIÓN FÍSICA DEL SUR DE CHILE PREVIA A DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE PARQUE PUMALÍN (Décima Región).
Al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile , sobre CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL AÉREO DE PUERTO AISÉN O REASIGNARLA A CLUB AÉREO ACREDITADO.
A los señores Presidente del Sistema Administrador de Empresas y Superintendente de Servicios Sanitarios relativos a DESPIDOS EN EMPRESA AGUAS PATAGÓNICAS, EX EMSSA (estos últimos de Undécima Región).
Al señor Ministro del Interior, en cuanto a NÚMERO DE BECAS " PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" PARA 2003 Y SU COMPARACIÓN CON AÑO 2002.
Al señor Ministro de Educación, relativo a POSICIÓN OFICIAL DEL MINISTERIO SOBRE EMPLEO DE TEXTOS DE ESTUDIO EN REGIÓN DE ATACAMA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, en relación con OBRAS DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍO LIGUAY y FECHA DE INICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CHALET QUEMADO A ESPERANZA PLAN, COMUNA DE LONGAVÍ y ESTADO DE DIVERSOS PUENTES Y CAMINOS EN COMUNA DE RETIRO (estos últimos de Séptima Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas, sobre RECURSOS PARA NUEVA PASARELA SOBRE RÍO EN LA VINILLA y FINALIZACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN MISMO SECTOR, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , acerca de PROBLEMAS DE EMPRESARIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, SINDICATOS DE TAXIS Y OPERADORES DE TRANSPORTE MAYOR Y MENOR DE SEXTA REGIÓN.
Al señor Ministro de Hacienda con referencia a COBROS POR BANCOESTADO EN LIBRETAS DE AHORRO.
Al señor Director del Instituto de Salud Pública, concerniente a PROGRAMA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , sobre FINANCIAMIENTO EN 2003 PARA CAMINO "HUARA-COLCHANE" (Primera Región).
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuanto a IRREGULARIDADES EN ASOCIACIÓN GREMIAL DE BUZOS, ASISTENTES DE BUZOS Y ARMADORES ARTESANALES LOS PIQUES, DE MAULLÍN.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , referente a ACRECIMIENTO PENSIÓN DE ORFANDAD DE HERMANAS QUE INDICA, DE PUERTO MONTT.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, con relación a PROBLEMAS EN REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO DE PERSONAS QUE SEÑALA.
A los señores Subsecretario de Marina y Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en lo referente a PROBLEMAS DE PESCADORES POR FUNCIONAMIENTO DE RECINTO COMERCIAL EN VARADERO DE CALETA LA PASADA, COMUNA DE MAULLÍN.
Al señor Alcalde de Los Muermos , acerca de TRÁMITE DE PENSIÓN ASISTENCIAL PARA PERSONA QUE INDICA.
Al señor Comandante del Regimiento de Infantería Nº 12 "Sangra", en lo atinente a PROBLEMA SOCIAL DE VECINO DE LOS MUERMOS (todos de Décima Región).
¿Me permite una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa?
Señor Presidente , la formulación de proyectos de acuerdo no es usual en el Senado -no llegan a más de 5 ó 6 al año- y, por ello, involucran una responsabilidad bastante grande. En cambio, en la Cámara de Diputados se presentan 3 ó 4 diariamente, razón por la cual han perdido la fuerza que deberían tener.
Por tal motivo, señor Presidente , solicito que tanto respecto del que se aprobó recién, como de los que se formulen en el futuro, la Mesa asuma la responsabilidad pertinente. Esto implica, desde mi punto de vista, informar después qué ocurrió con el proyecto de acuerdo; a quiénes se hizo llegar; cuáles fueron las respuestas y, con relación a aquellos que ameriten una acción determinada del Estado, dar a conocer a la Sala en qué consistió ésta y cuándo se llevó a cabo.
Creo que en esa forma los proyectos de acuerdo del Senado tendrán un significado más profundo, mayor validez y, naturalmente, adquirirán la fuerza que corresponde a una declaración de esta Alta Cámara.
Así se procederá, señor Senador. Puede continuar el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente , en esta oportunidad me referiré a una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo en la Región de Atacama y que he denunciado durante varios años sin resultado aparente: la excesiva dilación y burocracia que ha experimentado allá la tramitación de solicitudes de concesiones acuícolas.
Según un informe que me remitió recientemente la Subsecretaría de Pesca, en la actualidad existen 94 solicitudes pendientes. De ellas, 46 se encuentran en diversas etapas de tramitación en esa entidad; 37 en la Subsecretaría de Marina, en espera de la modificación del decreto que fijó las áreas autorizadas para el ejercicio de la acuicultura, y 11 en evaluación por parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
Cabe destacar que varias de esas peticiones llevan entre 5 y 10 años de tramitación. Incluso, algunas fueron presentadas antes del cambio de la ley. Esta excesiva dilación provoca grandes perjuicios a los empresarios que han invertido en esa relevante actividad productiva, lo que obviamente los desincentiva y en muchos casos los mueve a abandonar los respectivos proyectos.
Pero hay algo quizá más grave: la Tercera Región tiene varias comunas -entre ellas, algunas costeras- que exhiben los índices más altos de cesantía del país -en Vallenar hay 22 por ciento de desempleo-, en circunstancias de que, según los técnicos, cada concesión acuícola podría generar hasta 20 puestos de trabajo. Se trata de un asunto demasiado importante para seguir dilatándolo.
Por eso, pido oficiar a la señora Ministra de Defensa Nacional , al señor Ministro de Economía y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , de quienes dependen la Subsecretaría de Marina, la Subsecretaría de Pesca y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, respectivamente, a fin de que dispongan la máxima agilización en la evacuación de los trámites pendientes respecto de las solicitudes de concesiones acuícolas presentadas en la Región de Atacama.
Señor Presidente , me ha causado preocupación un artículo del abogado señor Sergio Endress , que leí en una publicación especializada en asuntos tributarios.
El autor plantea la incertidumbre en que quedan los contribuyentes acerca del tribunal y el procedimiento a través de los cuales deberán resolverse los juicios que se sigan contra ellos por impuestos. Ello, a raíz del reciente fallo de la Corte Suprema de dejar sin efecto la resolución y sancionar a los ministros y abogados integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en el mes de enero pasado, anularon numerosas sentencias dictadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que habían actuado como jueces tributarios, por delegación de facultades jurisdiccionales, resolviendo reclamos de los afectados en contra de liquidaciones emanadas de esa repartición.
Tal incertidumbre nace de las circunstancias que han rodeado esta situación, que afecta a gran número de personas, ya que, como es sabido, sólo un mes antes la Corte Suprema había declarado inaplicables, por ser contrarias a la Constitución, las normas legales que crean administrativamente -y no por ley, como lo exige el Texto Fundamental- los denominados "tribunales tributarios", que obran por delegación de facultades de los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, y que son los jueces que resuelven las reclamaciones de los contribuyentes.
En dicha sentencia, una importante minoría de ministros de la Corte Suprema había sido incluso partidaria de desconocer el carácter mismo de los referidos tribunales tributarios, por estimar que carecen de las condiciones mínimas que exige la Constitución para ser considerados verdaderos jueces, como independencia, imparcialidad e inamovilidad.
Así, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por consideraciones casi idénticas a las que tuvo en vista la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de las normas que permiten la delegación de facultades jurisdiccionales, declaró que los juicios tributarios eran nulos porque se delegó la facultad de juzgarlos en un funcionario distinto del que establece la ley. Y, a renglón seguido, la misma Corte Suprema anuló lo resuelto por dicha Sala, por lo que los juicios llevados antes jueces delegados deben continuar.
El referido artículo destaca que, por ello, los contribuyentes no pueden estar más confundidos. Porque el Máximo Tribunal de la República dijo que tal delegación contrariaba la Constitución. Sin embargo, cuando la misma declaración la realiza la Corte de Apelaciones de Santiago, una Sala de la Corte de Suprema anula todo lo obrado.
Señor Presidente , uno de los principales objetivos del Derecho es otorgar a los ciudadanos certeza y seguridad jurídicas. Cuando el Servicio de Impuestos Internos practica liquidaciones de impuestos, el contribuyente sabe que puede reclamar de ellas, ajustándose al procedimiento general de reclamaciones previsto en el Código Tributario. De acuerdo con lo ocurrido, ¿hasta qué punto los contribuyentes pueden tener hoy certeza y seguridad sobre las normas que regulan dicho procedimiento y acerca del tribunal que resolverá sus peticiones?
Como lo señala el citado artículo, y por lo que me han informado diversos gremios de contribuyentes y expertos tributaristas, todo indica que los ciudadanos que deben enfrentar al Fisco de Chile en un juicio tributario no pueden estar más confundidos.
Uno de los temas que más preocupa en este campo de la certeza jurídica es el destino que tendrán los cientos de giros de impuestos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, luego de que los jueces tributarios delegados dictaran sentencia rechazando los reclamos de los contribuyentes.
La preocupación es real, pues cuando el contribuyente reclama de las liquidaciones de impuestos, el organismo fiscalizador no puede hacer los giros correspondientes hasta que el Director Regional se haya pronunciado sobre el reclamo o éste deba entenderse rechazado de conformidad con el artículo 135 del Código Tributario. Pero dictada la sentencia de primera instancia, el Servicio de Impuestos Internos queda habilitado para girar los impuestos reclamados, los que pasan a ser una deuda del contribuyente con el Fisco, aun cuando éste deduzca en contra de la sentencia el recurso de apelación.
Esos giros pasan al Servicio de Tesorerías, el que puede incluirlos en la nómina de deudores morosos e iniciar el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, a pesar de estar pendiente la apelación deducida en contra de la sentencia que ordenó emitir dichos giros.
Así las cosas, la única forma en que el contribuyente puede evitar ser ejecutado por esa deuda consiste en la suspensión del cobro, lo cual se encuentra previsto en el inciso sexto del artículo 147 del Código Tributario, que autoriza a la Corte de Apelaciones que conoce del recurso de apelación para decretar tal suspensión por un lapso determinado y renovable. La ley concede esta misma facultad a la Corte Suprema cuando conoce de los recursos de casación.
De esta forma, se previene la posibilidad de que la sentencia dictada por el Director Regional (actualmente por el juez tributario delegado) sea revocada y, por lo tanto, que el contribuyente obtenga un fallo favorable que deje sin efecto las liquidaciones reclamadas, obligando consecuentemente al Servicio de Impuestos Internos a anular los giros que emitió con motivo de la sentencia de primera instancia. De no ser así, el contribuyente podría ser ejecutado por una deuda que en definitiva es factible que no exista, según lo que resuelvan los tribunales superiores de justicia. Y ello es, por cierto, algo absolutamente impresentable.
La situación creada en la actualidad es especialmente incierta para los contribuyentes que se encuentren con que, dictada la sentencia por la Corte de Apelaciones de Santiago que decretó la nulidad del fallo emitido por el denominado juez tributario, ella ha sido dejada sin efecto por estar incluida entre las que la Corte Suprema decretó su anulación.
En tales casos, el contribuyente queda en la peor de las situaciones: no puede obtener la suspensión del cobro, porque la Corte de Apelaciones de Santiago ya falló la causa al declarar la nulidad y remitió el expediente al Servicio de Impuestos Internos para dar cumplimiento a lo resuelto; pero, al mismo tiempo, como el dictamen de la Corte de Apelaciones ha sido declarado nulo por el Máximo Tribunal, todo debería volver atrás.
Por lo tanto, aun cuando el contribuyente pida la suspensión del cobro de los impuestos reclamados, no podría obtenerla hasta que el Servicio de Impuestos Internos devuelva a la Corte de Apelaciones de Santiago los expedientes respectivos, lo cual puede tomar un tiempo indeterminado y generar una incerteza absoluta.
Al estar vencida la suspensión del cobro y ser imposible su renovación, el Servicio de Tesorerías podría considerarse habilitado para ejecutar al contribuyente por esos giros, los que, para el Fisco o dicha repartición pública, constituyen una deuda del contribuyente que se halla en esa especial situación.
De este modo, durante todo ese tiempo, esos contribuyentes corren el riesgo de ser ejecutados y de que sus bienes sean embargados y rematados sin que nada puedan hacer, en circunstancias de que es sabido que los tribunales superiores concuerdan en que las sentencias dictadas por los jueces tributarios delegados son nulas, y sólo se discrepa en los aspectos formales para dar eficacia a dicha anulación.
Ahora bien, la pregunta es si esa situación contribuye o no a la certeza y seguridad jurídicas que las leyes y las resoluciones de los tribunales están llamadas a garantizar a los ciudadanos.
Señor Presidente , daré una breve cuenta sobre la gira de cuatro días que realizó la directiva de Renovación Nacional a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para abordar lo relativo al Tratado de Libre Comercio en el marco de la situación que se vive a raíz de la guerra con Iraq.
Las diversas reuniones de trabajo fueron dirigidas por el Presidente del Partido , don Sebastián Piñera , y contaron con la participación del ex Senador señor Miguel Otero , del Diputado señor Carlos Hidalgo y de quien habla.
La visita fue coordinada previamente con la Cancillería, a fin de salvaguardar el mandato constitucional, y se entendió claramente como un aporte para las relaciones entre las dos naciones.
Durante esos días, tuvimos la oportunidad de reunirnos con diferentes organismos y personeros: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales; el Instituto de Política Progresiva; el Embajador de Chile en Estados Unidos, por cierto; el Presidente del Comité de Agricultura del Senado de ese país, señor Thad Cochran ; el Embajador del Consejo de Seguridad Nacional , don Jhon Maisto ; el señor Mike Sheehy, asesor principal para las relaciones internacionales de la líder de minoría de la Cámara de Representantes (señora Nancy Pelosi) ; el Instituto CATO; la American University; el grupo "Nuevos Demócratas"; el líder de la minoría en el Comité de Ways and Means, Diputado señor Charles Rangel ; el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Participamos también en una de las audiencias sobre expansión de la OTAN.
Asimismo, nos reunimos con el Vicepresidente y el Encargado de Asuntos Internacionales de la Confederación Multisindical AFL-CIO; el Director de Relaciones Gubernamentales del USTR , señor Christopher Padilla ; el Subsecretario para Asuntos Económicos, Empresariales y Agrícolas del Departamento de Estado, señor Alan Larson ; la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos; la Coalición Empresarial Chile-Estados Unidos; la Cámara de Comercio de ese país; el Presidente de la Conferencia Demócrata , Diputado señor Robert Menéndez ; el Senador por Arkansas, señor Mark Pryor ; el Co-Presidente del grupo parlamentario "New Democrats", señor Jim Davis ; el Senador por Minessota , señor Norm Coleman , y el Subsecretario para Asuntos de Transportes.
En esas reuniones con los distintos sectores políticos del Congreso de Estados Unidos, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, pudimos captar claramente una tendencia favorable y mayoritaria no sólo al Tratado de Libre Comercio, sino también a la posición chilena en los distintos centros de investigación, universidades e instituciones con que compartimos.
En esferas de Gobierno, encontramos que había más bien una opinión de desencanto por la postura asumida por Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el sentido de no apoyar abiertamente a los Estados Unidos sin previas condiciones que se dieran en ese propio seno para asegurar o evitar la guerra, las que, de hecho, quedaron demostradas. No se han descubierto armas de destrucción masiva. En fin, se trata de una serie de elementos que son de público conocimiento.
Lo que sí quiero señalar taxativamente es que la posición chilena es bastante respetada. Nuestro país se ha movido en forma muy clara y digna en esta delicada materia, y en las esferas de Gobierno se ha considerado que el desencanto producido por no haber otorgado un pleno respaldo, como lo quiso en su momento la Administración del Presidente Bush , aunque no nos hará acreedores ciertamente a una suerte de aplauso diplomático, tampoco redundará en un castigo en lo concerniente al Tratado de Libre Comercio . En este sentido, las cifras son sumamente claras, pues a los Estados Unidos -considerando que Chile ha celebrado convenios similares con la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y México, además de otros países con los cuales se está negociando en este aspecto- le significaría una pérdida cercana a los 70 millones de dólares diarios, situación que afectaría a ambas naciones. Asimismo, hay que tener en cuenta que Chile, por su condición democrática, política y económica y por la manera como incluso está resolviendo delicados problemas internos suscitados en los últimos tiempos, constituye un país emblemático y un ejemplo a seguir por el resto de las naciones de este continente, hacia las que Estados Unidos no ha adoptado en esta línea una política claramente definida.
Estos antecedentes, obviamente, van a ser entregados en detalle a la Cancillería y me permito solicitar que se envíe una copia de ellos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
También tuvimos oportunidad de reunirnos con el Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, señor Mohamed T. El-Ashry ; con el Consejero del Fondo del Carbono , señor Ian Noble, y con la Directora del Departamento del Medio Ambiente del Banco Mundial , señora Kristalina Georgieva .
Al respecto se han presentado tres proyectos: el primero está destinado a la macrozonificación y microzonificación, en su caso, de toda la Patagonia chilena, iniciativa complementaria a la que con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial se está llevando a cabo en la Patagonia argentina.
El segundo proyecto, en coordinación con la Corporación Nacional Forestal, tiene por objeto combatir la desertificación y erosión en nuestro país, y el tercero lo conforma un plan piloto para la forestación de cinco mil hectáreas en la zona más erosionada de Chile, que es la Región de Aisén, que además de acogerse a los beneficios consignados en el decreto ley Nº 701, lo hará a la normativa vinculada con la captación de anhídrido carbónico.
Con todo lo anterior, unido a nuestra intención de transformar este proyecto en una especie de punta de lanza para recuperar el bosque nativo mediante su enriquecimiento gradual y la posibilidad de que, a través del Fondo del Carbono, los propietarios rurales en Chile puedan contar mensualmente con ciertos ingresos, la verdad es que se abre una perspectiva de trabajo bastante importante para nuestro país.
Me parece muy interesante la cuenta que ha dado el señor Senador.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra al Honorable señor Naranjo.
Señor Presidente , una vez más el país ha sido sorprendido por hechos ilícitos ocurridos en la ex Colonia Dignidad, al imponernos de que, tal como en el pasado, nuevas familias han debido fugarse de esa institución a raíz de que sus derechos no fueron respetados.
Por consiguiente, lo que ahora procede y corresponde, considerando que hace ya doce años le fue cancelada la personalidad jurídica a la ex Colonia Dignidad, es comprobar efectivamente qué es lo que está ocurriendo ahí, ya que la inmensa mayoría del país pensaba que, después de tanto tiempo, en esa institución se había restablecido el Estado de Derecho que impera en el resto del territorio nacional. Sin embargo, los hechos demuestran que eso no es así.
Debo recordar al respecto que desde 1995 la Cámara de Diputados ha designado diferentes comisiones investigadoras, las cuales han tratado de averiguar lo que allí ha sucedido desde que le fue cancelada la personalidad jurídica. En efecto, los distintos informes aprobados por dicha rama legislativa a partir de 1995 han formulado numerosas recomendaciones a diversos Ministerios y reparticiones públicas. Por eso, desde hace algún tiempo me he permitido realizar un trabajo de investigación para saber qué es lo que allí está pasando.
Podemos afirmar, transcurridos ya siete años, que hasta el momento -resulta curioso que así ocurra- se sigue desconociendo el número de personas que vive en la ex Colonia Dignidad, incluso se ignoran sus nombres, lo cual me parece extraordinariamente grave. Ni siquiera los censos recogen este último dato. Y lo lógico y natural sería que cualquier repartición pública contara con tal información. Sin embargo, no hay antecedentes acerca de la identidad de la gente que habita en ese lugar. Personalmente, después de largas investigaciones realizadas en forma particular, he podido lograr la identificación de a lo menos 304 personas. Y gracias a esa labor me he impuesto, por ejemplo, de que uno de los matrimonios que se fugaron dejó allí seis hijos. La pregunta consiguiente es: ¿qué represalias se van a tomar internamente contra estos últimos?
Esa misma investigación ha dejado al descubierto que las distintas reparticiones públicas ni siquiera cuentan con antecedentes sobre las personas adoptadas en esa ex institución de beneficencia, ni acerca de los nacimientos y defunciones, tampoco de los matrimonios. Para qué hablar del Servicio Militar, porque ellos no lo hacen. No se fiscaliza a los niños y niñas que acuden a los establecimientos educacionales y se ignora si han cursado la enseñanza básica, que es obligatoria.
Llama la atención, asimismo, que se mantenga el financiamiento de la escuela particular subvencionada Villa Baviera . En efecto, para que continuara funcionando, la ex Colonia Dignidad formó una institución de fachada que denominó Organización Comunitaria de Desarrollo Social Perquilauquén. Y parece que olvidamos que de esa escuela el señor Paul Schaffer sacaba a los niños para abusar de ellos, como lo comprueban los distintos procesos judiciales. Sin embargo, el Estado chileno le sigue pasando plata a ese establecimiento que funciona como escuela particular subvencionada.
Por otra parte, el Ministerio del Trabajo reconoce que hace más de cinco años que no efectúa ningún tipo de fiscalización respecto de los trabajadores que laboran en el que yo llamo el "holding" de Colonia Dignidad, constituido por las empresas ABRATEC S.A., Cerro Florido S.A., BARDANA S.A. y CINAGLOSA S.A. Y todos sabemos que en los tribunales de justicia se siguen diversos procesos por graves violaciones a los derechos laborales de quienes se desempeñan en ellas. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas acepta impávido el que la ex Colonia Dignidad cierre caminos públicos y realice obras mayores sin ninguna autorización legal. Precisamente hace pocos días se construyó un puente sobre el río Perquilauquén para unir la Séptima con la Octava Región. Y ese puente es mejor que el de la Ruta 5 Sur concesionada. ¡Y no cuenta con autorización legal! Y dicha Secretaría de Estado y Vialidad no fiscalizan.
El Ministerio de Hacienda reconoce que, por la lentitud del Poder Judicial, no ha sido posible avanzar en los procesos por evasión tributaria, franquicias aduaneras y traspaso a empresas particulares de los bienes que pertenecían a la ex institución de beneficencia.
Y si eso fuera poco, señor Presidente , el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, reconoce que la ex Colonia Dignidad ha aumentado su poder bélico y que se le siguen otorgando permisos e inscribiendo armas.
De acuerdo con un informe de aquella Dirección, antes de cancelarse su personalidad jurídica, la Colonia Dignidad disponía de 32 armas, entre revólveres, pistolas, rifles y escopetas. Hoy, después de doce años -y lo reconoce ese mismo organismo-, la ex Colonia cuenta con 52: tiene más pistolas, más rifles, e incluso, un fusil.
Entonces, uno se pregunta: tratándose de una institución de beneficencia, ¿necesita disponer de un cuerpo armado para defenderse? Porque, si así fuera, también habría que preguntarse si la Teletón y el Hogar de Cristo tienen ejércitos armados para su defensa.
Señor Presidente , si la ex Colonia Dignidad es una institución de beneficencia, o supuestamente lo era, ¿por qué necesita un cuerpo armado para llevar a cabo la beneficencia y el bien social?
Lo expuesto demuestra, en consecuencia, que las cosas que están ocurriendo -y hoy fuimos informados nuevamente de ellas- no son fruto de la casualidad. Actualmente, la organización delictual ex Colonia Dignidad, después de doce años de haberse cancelado la personalidad jurídica, es más fuerte y está más consolidada que en los inicios de la democracia. Y ello se explica por una razón muy simple: no se ha actuado sobre su "corazón".
¿Qué nos dice la experiencia histórica de otros países del mundo acerca de cómo actuar sobre grupos criminales o delictuales? Si no se toca su patrimonio, es imposible desbaratarlos y echarlos abajo.
El patrimonio de la Colonia Dignidad, antes de cancelarse la personalidad jurídica, era de alrededor de 100 millones de dólares. Transcurridos doce años, el de la ex Colonia supera los 300 millones de dólares.
Por consiguiente, ¿cómo puede el Estado chileno tener éxito en la lucha contra dicha organización delictual si no ha sido capaz de desbaratar su patrimonio? Y esto se explica en parte porque nuestro Poder Judicial ha sido complaciente con ella: procesos que nunca terminan; resoluciones pendientes; la Corte de Apelaciones de Talca deja fallos en acuerdo por años.
Si tenemos un Poder Judicial que no actúa con el celo que corresponde, difícilmente podremos avanzar. Porque, como lo reconoce el Consejo de Defensa del Estado, la ex Colonia Dignidad ha desarrollado una estrategia, denominada "guerra de guerrillas dentro de los tribunales", consistente en llenar a éstos de recursos, uno tras otro. Y no hay celo ni acción.
Acabamos de enterarnos del escándalo CORFO-Inverlink, en que hubo traspaso de bienes. ¡Por Dios que ha actuado rápido la justicia en este caso! ¿Y por qué tan lentamente respecto de la ex Colonia Dignidad, donde también hubo traspaso de bienes?
¿Dónde se ha visto que una institución de beneficencia traspase sus bienes a particulares? ¿Imaginan Sus Señorías qué sucedería si el día de mañana nos enteráramos de que todas las platas de la Teletón pertenecen a "Don Francisco", de que todos los hospitales construidos con los aportes de los chilenos no están a nombre de la Teletón sino de él? ¡Qué tremendo escándalo haríamos! ¿Y por qué callamos en el caso de la ex Colonia Dignidad? ¿Por qué el Poder Judicial no actúa y permanece en silencio?
Lo anterior explica por qué siguen ocurriendo irregularidades en la ex Colonia Dignidad. Ella goza de muy buena salud, y seguirá así mientras no entendamos de una vez por todas que el Estado chileno debe hacer imperar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
Por eso uno ve que hay notable descuido, falta de voluntad para que los ministerios, organismos e instituciones del Estado realicen un seguimiento sistemático.
No se ha querido aceptar que el General Director de Carabineros y el Director de la Policía de Investigaciones reconocieron en las Comisiones donde participé cuando era Diputado que la ex Colonia Dignidad, por los diversos delitos que había cometido, era una organización delictual. Pero hicieron una acotación: la más peligrosa que ha operado en la historia del país. Porque lleva cuarenta años perpetrando delitos e irregularidades, y sucede que el Estado chileno no actúa, no reacciona.
Señor Presidente , espero que lo ocurrido hoy día nos sirva de una vez por todas para dejar de ser espectadores de lo que sucede en la ex Colonia Dignidad. Y por eso considero importante que el Gobierno chileno acoja el planteamiento del Parlamento alemán en orden a aprobar la resolución denominada "Ayuda a las víctimas de Colonia Dignidad", donde autoriza al Estado germano para poner a disposición de su similar chileno todos los recursos y medios -multidisciplinarios, tecnológicos y logísticos- conducentes a restablecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho en una parte de nuestro territorio donde no se respetan.
Porque estas cosas tienden a repetirse. Por ahí escucho a algunos que andan preocupados por Tompkins. Y tienen razón, pues cuando los caballeros de la ahora ex Colonia Dignidad llegaron a Chile, allá por 1961, pidieron personalidad jurídica porque iban a adoptar a niñitos víctimas del terremoto de esa fecha. Pero han transcurrido 41 años y ¡no adoptaron a ninguno de esos niñitos!
Entonces, si deseamos que cosas de ese tipo no sigan ocurriendo en Chile con otras organizaciones o instituciones, que pueden tener otros fines u objetivos, debemos ser firmes ante lo que sucede en el territorio nacional. De lo contrario, nos llevaremos sorpresas, porque estaremos dando licencia gratuita a sectas u otro tipo de organizaciones para hacer lo mismo que esa supuesta institución de beneficencia.
Pienso que lo sucedido en la ex Colonia Dignidad es extraordinariamente grave, y lo será más todavía si el Estado chileno no muestra voluntad de terminar con ella.
Por eso, hago un llamado -y me entrevisté con el Presidente de la Corte Suprema- para que el Poder Judicial dé señales claras de que tiene la voluntad de restablecer el imperio de la ley. Porque es inadmisible que, tras doce años de haberse cancelado la personalidad jurídica a la Colonia Dignidad, cuando uno efectúa la evaluación -yo la he realizado, a través de distintos oficios, de los que hay constancia en el Senado- y pregunta a distintas reparticiones públicas qué han hecho durante estos años, la respuesta sea "nada" o "muy poco".
Señor Presidente , así no avanzaremos ni daremos muestras de nuestra verdadera voluntad de terminar con la ex Colonia Dignidad.
Señor Senador , ¿desea remitir su intervención a alguna autoridad?
No, señor Presidente . Todos lo saben.
Concluyó el tiempo del Comité Socialista.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra al Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , quiero dejar constancia en las actas del Senado de una situación que se repite periódicamente desde hace un par de años en materia de la acción de la justicia.
Hasta donde mis antecedentes personales y culturales me indican, hay principios de justicia inmutables, que con el tiempo incluso se van haciendo carne en la cultura cívica de los pueblos.
Ello me parece fundamental, porque, cuando se habla del Estado de Derecho, se supone que dentro de su sentido y alcance se consideran tales principios.
Sin embargo, en Chile aquél ha sufrido, a mi juicio, un progresivo deterioro, no por acciones violentistas, no por grandes protestas, no por conmociones sociales significativas, sino por una silenciosa erosión de ciertos principios de justicia que, a la larga, está minando los puntos de apoyo sobre los cuales se concibe la idea del Estado de Derecho; es decir, que todas las acciones de los ciudadanos se enmarquen en un cuerpo legal que tenga una interpretación clara, definida y afirmada, especialmente en el caso de la justicia, en principios inmutables a lo largo del tiempo.
Me duele tocar este tema, señor Presidente . Me duele porque he sabido, a través de la prensa, de determinadas situaciones que están ocurriendo en el ejercicio de la función judicial en nuestro país.
No voy a juzgar; no estoy en esa disposición. Pero quiero dejar constancia histórica de que, con relación a los ex miembros de la Defensa Nacional sometidos a juicio por delitos o por situaciones que pueden considerarse delitos y que tuvieron lugar hace treinta años, hoy nos encontramos con que las bases sobre las cuales se sustenta la justicia se hallan profundamente erosionadas.
Me refiero, por de pronto, a las personas que han sido nuevamente llamadas por jueces especiales de los Tribunales de Justicia para responder por actos cometidos desde 1973 en adelante.
Hay que decirlo claramente: muchos de esos actos ya fueron juzgados, y los juicios correspondientes, cerrados. Sin embargo, habiendo fenecido esos juicios, se reactivan de nuevo, con diferentes argumentos.
En segundo lugar, la Ley de Amnistía, aplicada en su oportunidad sin ninguna distinción, con reserva y respeto por las personas amnistiadas, es desconocida cuando se trata de ex miembros de la Defensa Nacional, con el agravante de que sus nombres figuran en la prensa y se hace escarnio de mucha gente. Así, se afecta a sus familias y -esto es lo más grave-, al ser publicados los nombres, se les cierran las posibilidades de seguir trabajando en otras actividades porque aparecen manchados. Y ello, a pesar de que la Ley de Amnistía, cuando se aplicó, a todos, omitió los nombres, guardando reserva sobre quienes estaban siendo amnistiados, justamente por respeto a las personas.
Tercero: en ninguna cultura -y quiero repetirlo: en ninguna cultura-, y máxime en las de raíz cristiana occidental, deja de estar vigente la prescripción de los delitos.
Me lo dijo hace días un distinguido Senador y Profesor: puede tratarse del crimen más horrendo del mundo, pero, al cumplirse el tiempo debido, se respeta la prescripción.
No obstante, hoy día nos encontramos con que 700 a 800 personas están siendo sometidas a juicios -repetidos algunos, como lo acabo de hacer presente- porque para ellas no hay prescripción, aduciéndose como razón que los delitos respectivos son imprescriptibles por atentar contra la Humanidad o por constituir genocidio. Por supuesto, ninguna de las dos cosas ha existido ni se ha probado en Chile por tribunal alguno ni por nadie. Empero, no se reconoce la prescripción y se sigue juzgando por ese tipo de actos o posibles actos.
Pero lo que ya sencillamente lleva a que se derrumbe todo este entramado delicado y cuidadoso de cientos de años de impartir justicia, de aplicación de principios morales claros y precisos en los procedimientos, es el hecho de que se condene -como acaba de suceder con varias de ellas; y es muy probable que sigan otras si la situación no cambia- por un delito que, según se sostiene, se continúa ejecutando. En efecto, a muchas personas que, dolorosamente -y lo siento-, ya no están aquí, que desaparecieron y no han sido encontradas -eso causa dolor; hay que decirlo claramente; no tengo por qué ocultarlo-, se las sigue considerando víctimas del delito de secuestro.
La lógica no lo resiste. El buen sentido de la justicia no lo resiste. El sentido común no lo resiste. Porque incluso, cuando el juez determina que tales personas están secuestradas y que, por tanto, el delito se continúa cometiendo, cabría preguntar qué se ha hecho con el Ministro del Interior que no cumple sus funciones y no procura ubicarlas.
Nadie ha preguntado aquello, porque la Justicia es intocable. Pero nos encontramos con que se está incurriendo en una deformación y -lo que es más grave- afectando las leyes y el Estado de Derecho, porque se agregan delitos e interpretaciones que no figuran -tal como vengo explicando- en los Códigos respectivos.
Tal situación me lleva a hacer presente, para la historia del Senado, que estamos en presencia de una vulneración de principios fundamentales que no resiste lógica alguna; que grava, deteriora y afecta la majestad de nuestra justicia, y que arrastra a mucha gente que, evidentemente, será señalada en la Historia de Chile como carente de capacidad para ejercer su función de juez.
Señor Presidente , no quiero esto para mi país. Pero tengo el deber de expresarlo: aquí hay un grito de injusticia retenido.
No estoy juzgando a las personas, ni tampoco metiéndome en los delitos que cometieron, sino pidiendo que se aplique la ley, que se pongan en ejecución los principios fundamentales de justicia. ¡Eso es lo que estoy solicitando! Porque nada erosiona más la convivencia, el sentido de autoridad, la majestad de la justicia, que la vulneración de principios esenciales. Y aquí estamos en presencia de eso.
No soy juez ni es mi papel juzgar a esos hombres. Sin embargo, ellos se encuentran hoy día gritando de dolor porque se ha destruido su dignidad, no se respetan sus derechos. ¡Aquí sí que hay una violación de derechos humanos clara y precisa, actual, presente, tangible! Su patrimonio no existe. Ya no tienen nada. Sus familias tampoco existen. Las cónyuges de muchos de ellos están con tratamiento psiquiátrico, pues sus maridos tienen violencia, se consideran proscritos, se sienten aislados.
¡Me duele eso!
Insisto: no estoy juzgando ni voy a hacerlo. No pretendo eso. Estoy diciendo que, si hablamos tanto de que en nuestro país hay Estado de Derecho, lo apliquemos. Pero no inventemos delitos, no inventemos situaciones para arrastrar procesos indefinidamente.
Van a pasar tres años de esta Administración. Como chileno de corazón, digo derechamente: ¡Dios quiera que no sean más Gobierno! Pero espero que por lo menos la cordura se imponga y que, sencillamente, cerremos esta brecha con dos cosas; primero, con una real ley de amnistía, que alcance a todos los involucrados en los hechos de sangre promovidos por razones políticas, cualquiera que sea su condición; y segundo -muchos de ellos la necesitan-, con una reparación -bien claro lo digo- histórica, que además debe permitirles al menos recuperar en alguna medida su patrimonio, el que, por no respetarse las leyes existentes, ha quedado prácticamente en cero.
Señor Presidente, pido que en la historia del Senado quede constancia de mi punto de vista acerca de la situación expuesta.
Así se hará, Su Señoría.
Los Comités Institucionales 2 e Independiente; Mixto (Partido por la Democracia); Demócrata Cristiano, y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes no harán uso de sus respectivos tiempos.
--Se levantó a las 17:54.
1.- Que frente al flagrante atropello de los derechos humanos que constituye la impactante ejecución de tres opositores al régimen político cubano y ante la necesidad de una condena vigorosa de estos hechos por parte de la comunidad internacional.
2.- Que dicha ejecución sumaria de personas, en ausencia de toda garantía propia de un justo y racional procedimiento, violenta los más básicos derechos de defensa, contradictoriedad e imparcialidad del tribunal.
3.- Que la reiteración de hechos como los que ahora condenamos demuestran que la situación de los derechos humanos en Cuba no ha experimentado ningún cambio relevante, como aparece de la violenta represión de opositores y el atropello de las libertades civiles y políticas que impiden la formación de partidos o movimientos políticos y la creación de medios de comunicación independientes.
4.- Que personeros de todos los partidos políticos democráticos con representación parlamentaria en Chile han expresado su más fuerte rechazo a este tipo de acciones.
5.- Que, en consecuencia, este Senado, expresión viva del régimen democrático de gobierno, en la esperanza de propiciar en el marco internacional y especialmente en las naciones latinoamericanas el respeto y promoción de los derechos fundamentales que asisten a las personas, no puede sino repudiar la ejecución al margen de todo Estado de Derecho de que fueron víctimas don Lorenzo Enrique Copello Castillo, don Bárbaro Leonadis Sevilla y don Jorge Luis Martínez.
Por tanto, el Senado acuerda:
Condenar, enérgicamente, la violación de los derechos fundamentales en Cuba.
(Fdo.): Reyes, Jorge; Boeninger Kausel, Edgardo; Bombal Otaegui, Carlos ; Canessa Robert, Julio; Cantero Ojeda, Carlos; Cariola Barroilhet, Marco; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Cordero Rusque, Fernando; Espina Otero, Alberto; Fernández Fernández, Sergio; Flores Labra, Fernando; García Ruminot, José; Horvath Kiss, Antonio; Larraín Fernández, Hernán; Martínez Busch, Jorge; Matthei Fornet, Evelyn; Moreno Rojas, Rafael; Muñoz Barra, Roberto; Naranjo Ortiz, Jaime; Novoa Vásquez, Jovino; Núñez Muñoz, Ricardo; Orpis Bouchon, Jaime; Parra Muñoz, Augusto; Pizarro Soto, Jorge; Prokurica Prokurica, Baldo; Ríos Santander, Mario; Romero Pizarro, Sergio; Sabag Castillo, Hosaín; Silva Cimma, Enrique; Stange Oelckers, Rodolfo; Valdés Subercaseaux, Gabriel; Vega Hidalgo, Ramón; Zaldívar Larraín, Adolfo; Zaldívar Larraín, Andrés; Zurita Camps, Enrique.