Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/zzw-el-proceso-de-habeas-corpus/
Timestamp: 2020-03-28 09:32:56
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zzw. El proceso de habeas corpus | Pensamientos de Derecho Constitucional
EL PROCESO DE HABEAS CORPUS Y SU DIMENSIÓN ACTUAL: ENTRE LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y LAS LIMITACIONES DE RAZONABILIDAD
Desde su nacimiento en las Cortes inglesas del siglo XIII, el habeas corpus, como mecanismo de protección de la libertad individual, planteó una serie de conflictos, debates y discusiones respecto a su esencia, ámbito y campo de acción. Ciertamente de entre la nebulosa de derechos que representaron las primeras centurias de este milenio, cuando prevalecía la ley del más fuerte y en rigor muchos conflictos se solucionaban incluso desde la ley del Talión, la configuración gradual de este instrumento ya preveía en su naturaleza un esbozo de protección de la persona humana.
Estas distinciones se vuelven mayores en el siglo XXI, cuando en estos tiempos de apuntalamiento y consolidación de los derechos fundamentales, apreciamos en la escena contemporánea un proceso de habeas corpus que en distintos ordenamientos jurídicos, se convierte, por excelencia, en el mecanismo de mayor apertura para la protección de la libertad individual, de tal forma que su variopinta configuración en diversas modalidades, su amplio espectro de protección de la libertad individual, y su apuesta jurisprudencial en la jurisdicción constitucional por una evolución marcada en clave de progresividad, nos hacen prever que nos encontramos en el llamado siglo de los derechos fundamentales, un horizonte en el cual todos los instrumentos del ordenamiento jurídico convergen hacia un mayor reforzamiento de la libertad individual, incluso en muchos casos, flexibilizando las exigencias procesales necesarias para la observancia de un derecho de primer orden como lo es la libertad individual.
Sin embargo, corresponde preguntarnos si ese camino no se encuentra exento de problemas, de nuevos debates respecto a la naturaleza irrestricta del habeas corpus, y objetivamente, de si no son necesarias importantes enmiendas en el ordenamiento procesal, en la medida que el debate actual es trascendente: de un lado, un criterio de máxima protección de la libertad individual como derecho nos depara seguir bregando para abrir nuevos surcos en la protección de la libertad individual y sus sucedáneos, consolidando aún más ese derecho de primer rango en el ordenamiento constitucional, y de otro lado, si efectivamente existe la necesidad de efectuar ajustes de envergadura en el ordenamiento vigente.
De ocurrir lo primero, se cumple una condición de progresividad de los derechos fundamentales, cual es su naturaleza evolutiva in crescendo en los ordenamientos que son en propiedad Estados constitucionales de derecho. Al respecto, una tendencia de afirmación de los derechos fundamentales es, con énfasis, que éstos vayan creciendo en los Estados y que lo contrario a su tendencia de crecimiento material, sea una situación de regresividad.
En cambio, si ocurriera el segundo escenario, de suyo enfrentamos una cuestión controversial pues de configurarse una medida legislativa que restrinja el habeas corpus, como se le conoce, o de ser el caso, si la propia jurisprudencia optara por salidas restrictivas frente al ámbito de máxima tutela de la libertad individual, nos encontraríamos frente a un contexto sui generis: que en este siglo de redimensionamiento de los derechos fundamentales, los ordenamientos se vean precisados a implementar herramientas frente al aparente excesivo escenario de evolución de la libertad individual. Aquí corresponde preguntarnos por la racionalidad y razonabilidad de las reformas a ejecutar, y a determinar cuál debe ser el contexto material de esas modificaciones, y fundamentalmente, a fijar su orden de compatibilidad con el ordenamiento constitucional.
De esa forma, es propósito de este estudio definir cómo está determinado el proceso de habeas corpus, cuál es su valor material en el ordenamiento jurídico vigente, prevalentemente el de Perú, y cuán necesarias son las modificaciones de racionalidad y razonabilidad en este proceso sumamente especial de protección de la libertad individual y los derechos conexos al mismo. Ciertamente se trata de esbozos respecto a la dimensión actual de esta importante garantía constitucional.
Esbozos históricos del habeas corpus
Según Domingo García Belaunde,[2] el habeas corpus nace en Inglaterra a mediados del siglo XIII. Se le conoció como el “high prerrogative writ” y sirvió para que una Corte del Common Law pudiera traer a su presencia a personas que debían comparecer en juicio. Es en este contexto anglosajón donde este proceso asume la calidad de medio privilegiado para la defensa individual en el aún brumoso escenario de los derechos subjetivos. Ciertamente el siglo XIII de nuestra era aún significaba un predominio formal y material de las monarquías, mas ya podemos advertir una inicial configuración y esbozo de los derechos a fin de que el poder del Rey no fuera omnímodo, así como se viera precisado a respetar derechos mínimamente sostenibles.
La redacción primigenia del habeas corpus puede ser verificada en el artículo 33[3] de la Carta Magna de 1215, cuyo texto ya advertía una forma muy inicial de evitar las molestias a la libertad individual. La redacción de este inicial habeas corpus en su más remota expresión, ya albergaba la esencia de interdicción de la arbitrariedad, subordinando las penas gravosas de la libertad individual a la existencia de un juicio legal o la ley del país. Aquí advertimos incluso las primeras nociones del due process of law, entendido como un mecanismo de debido proceso dentro del marco de la ley aplicable.
Señala el mismo autor que en el año 1679 en Inglaterra el Parlamento aprobó la Ley de Habeas Corpus cuyo contenido[4] igualmente ya fijaba perentoriedad en el término de resolución del habeas corpus. Este carácter básico, referido al pronunciamiento de la autoridad respecto a la afectación del derecho a la libertad individual, se constituye en el eje principal del habeas corpus, en la medida que deviene exigible exista pronunciamiento de quien represente el imperio de la ley.
En el mismo sentido de aportes históricos, afirma García Belaunde, el primer proyecto de regulación se presenta en 1810 en las Cortes de Cádiz, y su primera consagración legislativa se da en el Brasil en 1830. De la misma forma, su constitucionalización se produce en El Salvador en 1841.
Por otro lado, en México se le conoce como el amparo- habeas corpus, no hay una denominación separada; en Chile, como recurso de amparo que protege la libertad personal.
En el Perú la primera ley de habeas corpus data de 1897[5] y luego es incorporada a las Constituciones de 1920, 1933 y 1979. Un detalle particular a advertir respecto a las regulaciones de las Cartas de 1920[6] y 1933[7] es que la garantía del habeas corpus figura como única garantía constitucional, en tanto que la Ley Fundamental de 1979[8] ya contempla una visión más amplia del habeas corpus y el amparo como garantías constitucionales, alas que se añaden la acción popular y el proceso de inconstitucionalidad.
Desde una perspectiva de sistematicidad, el Perú es el primer país de Iberoamérica en adoptar un Código Procesal Constitucional y le confiere al habeas corpus la calidad de garantía constitucional con las competencias propias de un juez constitucional desde 2006.[9] Lamentablemente, sin embargo, ese intento de consolidación se ha visto parcialmente detenido en el año 2014, en tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de este país procedió a una desactivación de varios órganos jurisdiccionales constitucionales.[10]
El habeas corpus como manifestación del Estado democrático y social de derecho
Democracia y derechos no son conceptos opuestos, pues son manifestaciones de las dos caras de una misma moneda, recogiendo aquí una expresión bobbiana de las relaciones entre democracia y Constitución.
En la evolución del concepto de Estado de Derecho tiene lugar el afianzamiento de herramientas materiales para la defensa de los derechos. De esa forma, superando la guerra de todos contra todos hobbesiana- ese estado de guerra permanente que convierte al hombre en homo homini lopus (hombre lobo del hombre), se afirma la necesidad de afianzamiento de un modelo de Estado que representa la consolidación de un poder público, en este caso el Estado, fenómeno que a su vez transmite la superación de esa condición de guerra permanente que implicó el estado de naturaleza.
De esa manera, surgido el Estado como entidad formal y material en la escena contemporánea y plasmada su representación en una Constitución, se desarrolla una primera exigencia de control sobre esas expresiones, y es así que se desarrolla una teoría del control de la Constitución, cuya directa manifestación es la expresión de una jurisdicción constitucional, la cual se caracteriza como un conjunto de órganos estaduales para la defensa de los derechos de las personas.
Es en esa perspectiva que tiene lugar la consolidación de una herramienta como el habeas corpus, cuya primera manifestación fue la de un instrumento omnicomprensivo, en cuanto sirvió, desde sus orígenes, para la defensa de todos los derechos de raigambre constitucional.
El habeas corpus, desde estos asertos, se convierte en un mecanismo de baluarte de las democracias contemporáneas, pues si éstas constituyen una expresión de afianzamiento de los derechos fundamentales, precisamente mecanismos como el habeas corpus, en todos los escenarios, aún en los denominados estados de emergencia,[11] deben servir para la tutela de derechos clave como la libertad individual.
Cierto es, sin embargo, que precisamente en situaciones de anomia de la democracia- léase gobiernos autoritarios- el habeas corpus y otros instrumentos de defensa de los derechos fundamentales, son las primeras herramientas en ser relativizadas en su uso,[12] y ello debe su razón de ser a que los procesos constitucionales tienen por objeto el resguardo irrestricto y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
De esa forma, democracias anómalas y habeas corpus son elementos incompatibles, en cuanto es menester para gobiernos autoritarios, no democráticos o de facto, determinar mecanismos que no permitan el ejercicio de las libertades públicas según estándares de plena defensa de los derechos fundamentales. Para esos regímenes, es válida la afirmación auctoritas, non veritas facit legem,[13] en cuanto es para ellos solo la autoridad y no la verdad quien hace la ley, y por el contrario, en un régimen de democracia es la verdad el elemento base que constituye el fundamento del ejercicio de la autoridad.
Democracia y habeas corpus como binomio plantea, también, enfrentar problemas de legitimidad,[14]sean políticos o funcionales. Serán problemas políticos si existe independencia de ejercicio para los jueces de un habeas corpus respecto del poder político. A este respecto, el corpus iuris se debe caracterizar por su independencia de todo factor de distorsión de sus decisiones, fundamentalmente de aquellos de orden político, y por esencia, un habeas corpus se caracteriza por la defensa abierta del derecho a la libertad individual, en propiedad una de las primeras libertades en ser atacadas por parte del poder político al distorsionarse un régimen democrático vía mecanismos contrarios a los derechos reconocidos en democracia.
A su vez, existen problemas de legitimidad funcional, es decir, si los órganos jurisdiccionales están en la capacidad de poder enfrentar la carga procesal que importan los procesos constitucionales. En este caso, la capacidad de respuesta del órgano de control a un problema planteado, entre ellos el habeas corpus, debe ser suficiente, congruente y razonable, desde la propia noción de tutela urgente que implica la defensa de un derecho fundamental. Tiene así fundamento la formulación subyacente del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ésta se refiere a un “recurso sencillo y rápido” como pauta de respuesta para las afectaciones ostensibles a los derechos fundamentales.
Dicha noción constituye un punto de partida para estructurar una defensa célere de los derechos fundamentales, pues si la tutela no responde a esa noción de urgencia, entonces esa defensa supuestamente sencilla y rápida se convierte en defensa compleja y mediata de un derecho tutelado por la Carta Fundamental.
El proceso de habeas corpus. Notas sobre su configuración actual.
Nuestra Constitución de 1993 define el habeas corpus[15] bajo el nomen iuris de una acción de garantía desde una perspectiva un tanto más decimonónica, es decir, desde la visión francesa del concepto de garantía, pasando por una actualización de su definición en el enfoque de proceso[16] que adopta el Código Procesal Constitucional de 2004.
La evolución del concepto de garantía a proceso no es un detalle menor. Las referencias a garantías corresponden a una visión del Derecho en perspectiva de mecanismo de salvaguarda de los derechos desde una posición más estática del Derecho. La visión francesa del Derecho, desde la caída del ancien regime, obedeció a una concepción aplicativa de la ley y las Constituciones peruanas del siglo XX[17] asumieron en el habeas corpus una dimensión omnicomprensiva de los derechos subjetivos de orden público.
De esta forma, el habeas corpus como mecanismo de protección de los derechos, y recalcamos aquí la textura amplia de la palabra derechos, implicó una herramienta para la defensa de todos los derechos desde una posición vertical en la cual solo se entendía una dimensión de discusiones entre el Estado y los ciudadanos.
Hoy esa concepción ha sido superada y asume mayor vigencia una percepción de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es decir, las afectaciones son también susceptibles de entenderse desde un particular hacia otro particular, desde un ciudadano a otro ciudadano. Y en ese rol, la noción de garantía juega un rol fundamental pues constituye una herramienta a disposición del afectado en el ámbito de mecanismos de defensa que contempla la jurisdicción constitucional.
Esa visión estática de la noción de garantía evoluciona en clave progresiva al adoptarse la denominación proceso, advirtiéndose en esta definición un concepto más dinámico de defensa de los derechos fundamentales. En efecto, superada la añeja concepción ferroviaria del proceso, hoy la dimensión del proceso en su acepción de suyo actual, entiende el proceso como un conjunto de valores, y fundamentalmente propone una acepción de autonomía del Derecho Procesal frente al Derecho Sustantivo, acabándose bajo esta nueva noción de proceso la idea anquilosada de que sin el Derecho Sustantivo, el Derecho Procesal no podía subsistir.
Hoy esa percepción ha sido ampliamente superada y la idea de proceso nos remite a mecanismos dinámicos de defensa de los derechos, incluso bajo un ámbito de flexibilización si nos referimos a la idea de protección urgente de los derechos fundamentales, ámbito en el cual el proceso de habeas corpus desarrolla un rol de primer orden tutelar.
Conviene nos preguntemos si entre el habeas corpus y el amparo, otra garantía constitucional, existe relación. Esta cuestión es abordada ya por el sistema supranacional de derechos humanos, el cual a través de la Opinión Consultiva OC-8/87,[18]antes citada, señala una relación de grado- mayor a menor- entre el amparo y el habeas corpus, asignándose en algunos ordenamientos al habeas corpus un rol de “amparo de la libertad”, en razón de que o bien la regulación de esta garantía es autónoma o en su caso, determinados contenidos del habeas corpus pasan a ser protegidos por el amparo.
Características generales del proceso de habeas corpus
Si tuviéramos que anotar las características más relevantes en el proceso de habeas corpus, habríamos de ceñirnos a ciertas distinciones especiales, las cuales pasamos a anotar.
En un primer orden de ideas, aludiríamos a su amplia legitimidad para obrar,[19] cuestión que representa la concreción de una tendencia abierta para la interposición de este tipo de acción por parte de cualquier ciudadano en favor de la persona afectada, sin exigencia de representación formal. A diferencia de otros procesos constitucionales, que sí exigirían representación bajo mecanismos formales, el proceso de habeas corpus permite mecanismos de la más amplia representación, elemento de análisis que nos retrotrae a la idea principal de no fijar limitaciones para la defensa de la libertad individual.
Ahora bien, esta interpretación no ha sido pacífica en nuestra jurisprudencia constitucional en la medida que, desde una visión más estricta,[20] ya el Tribunal Constitucional ha afianzado la posición de que si se comparece como amicus curiae al proceso, ya no es posible interponer un recurso de agravio constitucional.
Esta posición fui fijada en el caso El Frontón 1,[21] caso emblemático en el cual el Instituto de Defensa Legal IDL ya había comparecido al proceso como amicus curiae, y de ahí su incompatibilidad para recurrir respecto de la sentencia vía recurso de agravio constitucional, mecanismo impugnativo a través del cual un caso llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, en última instancia, luego de ser conocido por instancias previas del Poder Judicial.
La regla de amplia legitimidad para obrar, a juicio nuestro, se quiebra cuando el voto en mayoría desarrolla una interpretación restrictiva de esta apertura en el apersonamiento a un proceso de habeas corpus, pues por el razonamiento del principio ad maiori ad minus,[22] en el sentido de que si la regla principal permite un apersonamiento sin restricciones para demandar en el proceso de habeas corpus, sin restricciones de interés para obrar, de suyo debe permitirse la interposición de recurso intra proceso, esto es, de sendos recursos impugnativos.
En segundo lugar en este marco de caracteres en general, cabe destacar la no restricción de formalidades en el modo de presentación de la demanda, premisa que permite la interposición de un habeas corpus por conducto telefónico, en forma verbal y hasta por medios inverosímiles.[23] A este respecto, la tesis de una amplia protección de la libertad individual se consuma precisamente en la no exigencia de formalidades de riguroso orden para el conocimiento del habeas corpus, privilegio del cual no gozan prima facie otros procesos constitucionales, y menos aún los procesos de la justicia ordinaria.
La explicación a esta figura reside en la concepción de que aun cuando nuestra doctrina constitucional propugna una igualdad respecto de todos los derechos fundamentales,[24] como expresión de la moderna teoría de estos especiales derechos, no podemos negar, con rigurosidad, que en especial los derechos a la vida y a la libertad individual, gozan de un status especial, no en el modo, orden y determinación de las preferred freedoms,[25] pero sí desde la propia dimensión de aseguramiento de que la libertad individual es un bien jurídico preferente, sin el cual los demás derechos fundamentales no pueden ser ejercidos.
Otra expresión central del habeas corpus es su eximencia de traslado de la contestación de la demanda en casos ostensiblemente graves, lo cual se manifiesta en que es el único tipo de proceso que puede dispensar cumplir una garantía judicial básica, cual es el derecho a contradecir.
En efecto, si el juez constata una detención indebida[26] al apersonarse al lugar de los hechos, puede disponer la libertad inmediata de la persona afectada. Esta regla traduce con objetividad la no necesaria notificación a la parte demandada de los términos del emplazamiento respectivo. En su lugar, en otros procesos el mecanismo del derecho a contradecir, ineludiblemente exige la contestación formal de una demanda, lo cual satisface el derecho a ser oído en cuanto se tenga que alegar para desvirtuar una determinada imputación.
¿Es positivo este mecanismo de celeridad? Pensamos que sí en cuanto la propia regla fija dos baremos importantes: que el juez del habeas corpus se apersone a lugar de los hechos, de un lado, y por otro, que en ese apersonamiento sea constatada una detención arbitraria.
¿Afecta esta previsión el derecho a ser oído respecto de la parte emplazada? A juicio nuestro, no, pues las condiciones de exigencia- apersonamiento y comprobación de indebida detención- constituyen mecanismos excepcionales y de última ratio que dispensan la exigencia de formalidades.
En esa ruta de flexibilización de requisitos, el proceso de habeas corpus tampoco exige ciertas formalidades, y denomina normas especiales de procedimiento[27]a la omisión de exigencias convencionales, entre ellas, las de mayor énfasis, las que señalan que no cabe recusación ni excusas de los jueces, así como que tampoco interviene el Ministerio Público, previsiones éstas que en conjunto apuntan a mayor celeridad en la tramitación del habeas corpus.
Vale anotar otra característica de énfasis, ya antes esbozada, cual es la flexibilización de emplazamientos, esto es la viabilidad de interposición de un habeas corpus contra otro habeas corpus.[28]La interrogante a plantear es ésta: ¿puede interponerse un habeas corpus contra otro habeas corpus? La respuesta no puede ser perfilada desde el sentido material del proceso sino en función de las eventualidades procesales características de estos procesos.
En efecto, el caso que nos ocupa tuvo lugar a raíz de la demora de una Sala Superior en resolver un habeas corpus, llevando ya más de 50 días en resolver, y aún no lo hacía, un habeas corpus sometido a su conocimiento. Nótese que la Sala no puede exceder de 5 días el plazo de resolución. Por lo tanto, si ocurría un exceso del término, y así lo entendió el Tribunal Constitucional, la demora de la Sala perjudicaba la tutela de la libertad individual en el primer habeas corpus.
¿Cómo entendemos esta posición del Tribunal? Solo desde una visión amplia del concepto de procesos constitucionales, en la medida que el principio de máxima protección de la libertad individual nos reconduce a eliminar formalidades o exigencias de procedimiento muy estrictas a efectos de dar paso a la protección de este especialísimo derecho. En ese sentido, el marco tutelar de un segundo habeas corpus sí puede tener lugar respecto de un primer habeas corpus, si se tiene por objeto la protección material de un derecho de especial contenido como lo es la libertad individual.
Problemas que plantea al actual modelo de habeas corpus
La configuración normativa del habeas corpus ha sido progresiva en nuestro medio. Herramientas como la Constitución Política de 1993 y el Código Procesal Constitucional han diseñado pautas de definición formal para el ejercicio de este mecanismo de protección de la libertad individual.
Sin embargo, es en la jurisprudencia constitucional donde se ha afianzado una desarrollo material en sentido amplio del habeas corpus, incluso bajo la idea de activos y pasivos en la configuración de estándares al respecto.
En este acápite específico nos corresponde pasar revista a algunos problemas específicos que plantea el actual diseño del proceso de habeas corpus.
5.1. Amplia noción del domicilio de la demanda
El habeas corpus se distorsiona en su ejercicio, en nuestra opinión, cuando no hay restricción alguna a la interposición de este proceso ante cualquier juez penal, incluso a nivel nacional.
Ciertamente no se aceptan obstáculos formales para la interposición del habeas corpus. Un caso de ostensible afectación a la libertad individual en los confines del norte del país, digamos Tumbes, no impide la presentación de un proceso de habeas corpus en la frontera sur, Tacna, por ejemplo. Sin embargo, esta regla de amplia apertura también denota algunos problemas: ¿no propicia acaso que el afectado pueda buscar un juez de su elección? En principio, el sistema debe impedir tales distorsiones y el principio de lealtad en la defensa nos deriva a señalar que junto al concepto material de igualdad de armas, subyace otro importante elemento como lo es la actuación con probidad en el decurso del proceso.
Sin embargo, la práctica constitucional nos lleva a casos diversos de distorsión[29] de este escenario de amplio ejercicio, y a replantearnos, bajo reglas de razonabilidad, la reestructuración de la regla de competencia del juez del habeas corpus, a fin de que solo sea el juez del domicilio del afectado quien tenga competencia para el habeas corpus.[30]
En nuestra opinión, esta regla cumple el requisito de razonabilidad que exige la pretensión de restitución de un derecho fundamental afectado, pues evita el camino amplio de recurrir indistintamente, a uno y otro juez, para la tutela del derecho lesionado. Más aún, esta nueva regla reencaminaría una mejor tutela del bien jurídico afectado, y si hubiese que recurrir a la competencia de otro juez- escenario de suyo excepcional- solo se admitiría tal figura extraordinaria, siempre que quede evidencia de que no se pudo recurrir, por imposibilidad física o material, al juez primigenio del habeas corpus, en términos de competencia territorial inmediata. Con esta medida, se restringiría la figura de excesiva apertura que admite el actual modelo de habeas corpus en nuestro ordenamiento.
5.2. Competencia de jueces especializados en caso de habeas corpus contra resoluciones judiciales
Nuestra premisa de discusión aquí es objetiva: ¿quién debe ser competente para conocer un proceso de habeas corpus contra resolución judicial? ¿Es el juez penal quien debe hacer las veces de juez constitucional? En el caso de una sentencia definitiva ordinaria de la Corte Suprema en materia penal, ¿debe conocer el juez especializado penal? ¿O es aquí mejor el modelo español en el cual las decisiones de la Suprema Corte solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional español?
La figura que planteamos produce un intenso debate pero debe reconducirse a una premisa material puntual: los jueces penales, que hacen las veces de jueces constitucionales en nuestro actual modelo, no deben conocer demandas de habeas corpus contra sentencias firmes de la Corte Suprema.
La razón que esbozamos es un tema de rango de revisión. Nuestro modelo dual de juez penal- constitucional plantea conflictos: si este juez penal revisa un delito ante la justicia ordinaria, el escenario extraordinario de revisión de esa decisión lo constituye una Sala Penal de la Corte Suprema, según competencias prefijadas por ley. En este caso, hay una jerarquización manifiesta de la justicia penal: los jueces especializados penales conocen una controversia de orden penal y la instancia de revisión formal es la Sala Superior Penal. Los casos que ameriten casación son conocidos por la Corte Suprema.
Y sin embargo, cuando ocurre que una sentencia de la Corte Suprema eventualmente afecta en forma ostensiblemente un derecho fundamental, la instancia constitucional competente para conocer esa controversia, es un juez penal pero esta vez hace las veces de juez constitucional.
El modelo español supera esta contradicción[31] pues solo en el excepcional caso de un proceso constitucional contra una sentencia de la Suprema Corte, la instancia pertinente de revisión es el Tribunal Constitucional español, y no un juez penal español. La explicación de este sistema de mejores reglas de competencia es muy puntual: a un rango alto de decisión como lo es la Corte Suprema, le debe corresponder otro rango alto de revisión de la decisión cuestionada, y en el caso de jueces supremos, pues la natural instancia de revisión debería ser el Tribunal Constitucional.
No cuestionamos que un juez constitucional del Poder Judicial pueda señalar que una decisión de la Corte Suprema eventualmente pueda estar viciada de inconstitucionalidad, sino que el ente con rango de competencia de suyo razonable para estas decisiones del máximo ente judicial, debe serlo el Tribunal Constitucional, en razón de ser un tribunal de alto rango. Así evitaríamos el complejo panorama de que sea un juez especializado, aún constitucional, quien revise la constitucionalidad del máximo ente de impartición de justicia ordinaria.
Esta propuesta solo implicaría una modificación del Código Procesal Constitucional, a modificarse solo para el excepcional caso de sentencias de la Corte Suprema. Los demás casos deberían seguir el rango del modelo actual. Esto traerá más orden en los rangos de revisión de las decisiones del Poder Judicial y las eventuales impugnaciones contra las mismas.
5.3. Plazo estrictamente necesario de detención
La reciente modificación del plazo máximo de detención de una persona- de 24 a 48 horas[32]– no deja de lado algunos problemas que plantea el precedente vinculante Ruiz Dianderas[33] en relación al plazo estrictamente necesario de detención.
En efecto, se presenta un problema en la definición propia de lo que es un plazo estrictamente necesario. Entendemos que la noción central del precedente aludido fue plantear la idea de que junto al plazo máximo de detención pudiera coexistir un plazo estrictamente necesario, en atención a un plazo razonable del cual pudiera disponer la autoridad para definir la situación jurídica de una persona.
Sin embargo, el esfuerzo de planteamiento de una regla más justa, entendido como el concepto de un plazo estrictamente necesario, no puede ser reconducido a reglas generales, en la medida que un plazo estrictamente necesario debe atender a las calidades propias del caso en concreto, y de reconducirse un examen al caso en concreto, resulta cierto entonces que el precedente asume una naturaleza muy genérica y no logra el esfuerzo de persuasión necesario.
De esa forma, correspondería preguntar: ¿quién determina ese plazo? ¿El juez constitucional? ¿Otra autoridad? ¿Acaso el abogado de la parte afectada? Un escenario práctico podría llevarnos a que la propuesta de plazo estrictamente necesario pueda ser propuesta por el abogado de la defensa en un eventual proceso de habeas corpus, y a que el juez constitucional, valorando las condiciones fácticas y normativas del caso, pueda aprobar esa pretensión si efectivamente hay elementos materiales para entender un plazo estrictamente necesario.
En el mismo caso propuesto, un plazo máximo de detención podría ser de 48 horas, pero corresponderá a la defensa replantear un término menor, quizá 24, 12 u 8 horas, dependiendo del caso en concreto. Sin embargo, reiteramos la idea de que un precedente vinculante debe ser fijado sobre reglas más encaminadas a definir un estándar de criterios aplicables y no de especificación según el caso en concreto, pues si las condiciones apuntan a ser muy específicas, no será mayor la utilidad del precedente.
En el ejemplo que referimos, la iniciativa de fijación del plazo estrictamente necesario, corresponderá prevalentemente a los abogados de la defensa en los casos de habeas corpus, vía peticiones en habeas corpus, y ya no será, en rigor y como es lo ordinario, que sea la autoridad la que encamine su labor para resolver con presteza la situación jurídica de un detenido.
Hacemos la excepción de la autoridad no diligente, contra la cual sí correspondería rescatar un ámbito de aplicación de estos criterios de habeas corpus. En vía de ejemplo, ilustraríamos aquí el caso del juez penal que recién en un último tramo de las 48 horas, recién opta por definir la situación jurídica de una persona. En este caso, el precedente sí trasuntaría eficacia. Sin embargo, esta no es la regla general y prevemos problemas de aplicación en este precedente para definir con propiedad aquello que constituye un plazo estrictamente necesario de detención.
Habeas corpus y jueces constitucionales
Aquí corresponde preguntarnos en forma directa: ¿Es razonable confiar la protección de la libertad individual y los derechos conexos a los jueces penales? O en su caso ¿Debe corresponder esa tarea a los jueces constitucionales?
A juicio nuestro, éste es un debate con muchas aristas y en propiedad inacabado. Sin embargo, nos decantamos por la consolidación de una especialidad constitucional, que implique reglas de competencia específicamente constitucionales.
No reviste razonabilidad la calidad del juez dual, es decir, que en un caso cumpla la función principal del juez penal, y en otros casos desarrolle la competencia especial de juez constitucional. Esto representa un contrasentido pues involucra el manejo de patrones o criterios de resolución que van a variar en función de la materia que se va a conocer.
El fenómeno de la especialización en el Derecho no es nuevo. La tradicional división en una esfera prima facie de nuestro ordenamiento jurídico, de competencias en jueces civiles y penales, hoy abarca la existencia de jueces laborales, de familia, contencioso administrativos, de sub especialidad civil y comercial, y otros tantos con competencia en materia aduanera, en delitos ambientales, etc.
Bajo esa regla, si bien el fenómeno de transversalización del Derecho Constitucional implica el entendimiento de una impregnación de toda realidad por los derechos fundamentales, en esa misma ruta de ideas la competencia constitucional especializada se convierte en una regla de acción específica para dilucidar controversias que aludan a derechos fundamentales.
Advirtamos, por ejemplo, que un proceso de habeas corpus no contempla etapa probatoria. Igual regla no es exigible para las demás garantías constitucionales que significan los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. En todos estos casos, el juez constitucional se limita a verificar la legitimidad o ilegitimidad del acto lesivo, sea éste por comisión u omisión, dentro de lo que conocemos como teoría del acto reclamado.
¿Cómo se realiza esta constatación de ilegitimidad? Solo a través de la prueba documentaria que pudiera aportar la parte afectada y desde esta perspectiva de exigencia, ya no transita un proceso constitucional por las etapas características de un proceso cognitivo que sí demanda una discusión amplia de la controversia, en base a pruebas que pueden ser objeto de contradicción, de tacha, de exhibición, etc., condiciones que le asisten a un proceso lato en el sentido más amplio del término.
En consecuencia, si el proceso constitucional se basa solo en esta verificación de legitimidad o ilegitimidad, los patrones de prueba varían y el juez deberá evaluar en qué medidas las pruebas de cargo aportadas por la parte demandante, o las pruebas de descargo de la parte emplazada, producen convicción.
El sistema interamericano, es importante anotarlo, parte de la idea de un recurso sencillo y rápido para el esclarecimiento de las afectaciones a derechos fundamentales. Desde esa premisa, los sistemas procesales de defensa de los derechos humanos han previsto un proceso que exige ser célere, que dé respuesta pronta, en sentido positivo o negativo, a la afectación a un derecho fundamental.
Esta exigencia de celeridad se convierte en aún más notoria cuando se trata de la libertad individual, y aún cuando todos los derechos fundamentales en teoría están en un mismo nivel de gradación, hemos de notar, aún en desarraigo de la equivalencia a que aludimos, que el bien jurídico libertad individual goza de una protección especial, en la medida que representa uno de los bienes jurídicos más preciados e incluso, la relación de interdependencia de otros derechos respecto a la libertad individual, es aún mayor.
Sostenemos lo anterior por la sencilla razón de que sin libertad individual los demás derechos, digamos el derecho al voto, no pueden ser ejercidos. Una persona recluida en la cárcel no tiene la potestad de votar, en cuanto ese derecho se encuentra restringido al no gozarse de libertad. De igual forma, el derecho de propiedad, otro derecho ancla de nuestro sistema iusfundamental, tampoco podrá ser ejercido con amplitud si una persona se ve privada de su libertad. En este caso concreto, el afectado no podrá concurrir físicamente ante un Notario para poder realizar la traslación de dominio de un bien de su propiedad.
Por lo tanto, la libertad individual como derecho demanda, en mayor grado, un tratamiento especial en tanto la libertad de la persona se encuentra en discusión, y más aún, las vicisitudes de tratamiento procesal de esta figura exige un conocimiento especializado de los derechos fundamentales.
¿Conviene esta separación dual a que aludimos, es decir de jueces ordinarios y constitucionales al mismo tiempo? Si fuéramos a pensar que la existencia de jueces constitucionales pudiera eventualmente representar una adhesión a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional en desmedro del Poder Judicial, incurriríamos en un error material.
En efecto, la existencia de jueces constitucionales no significa reducir las competencias del Poder Judicial en favor del Tribunal Constitucional, ni que el propio Poder Judicial pierda la perspectiva de su necesario rol de defensa de los derechos fundamentales.
Tampoco se trata de que los jueces constitucionales vayan a adscribir su jurisprudencia solo a la línea interpretativa del Tribunal Constitucional en perjuicio de la línea de interpretación del Poder Judicial, expresada por la Corte Suprema. Los jueces constitucionales no pueden, en efecto, representar patrimonio de una u otra institución, o de uno u otro poder constituido. Su razón de ser reside en la defensa de la Constitución y este imperativo categórico se circunscribe a la defensa de los principios, valores y directrices que representa nuestra Norma de Normas.
En ese sentido, si la línea interpretativa de la Corte Suprema asume ese rol de liderazgo que también le corresponde en materia de derechos fundamentales, representa una exigencia a los jueces constitucionales adherirse a esas líneas de interpretación. Si esa línea es de real tutela material y se protege el núcleo duro de los derechos fundamentales, no tenemos duda de que esa posición interpretativa va a ser validada por el Tribunal Constitucional, dado el rol de éste como último garante de los derechos fundamentales.
Sin embargo, si esa línea de valoración de los derechos es objeto de la función correctora que le compete al Tribunal Constitucional y así lo declara este órgano de defensa de la Constitución, no puede concluirse en una reducción de facultades de la Corte Suprema, ni que los propios jueces del Poder Judicial -esta vez constitucionales- puedan contradecir a su misma institución.
Desde nuestro punto de vista, el ordenamiento constitucional le ha asignado al Tribunal Constitucional el rol de último garante de los derechos de orden fundamental, y ésa es una condición que no puede soslayar el Poder Judicial. Por el contrario, esta necesidad de coincidencias debe abrir los espacios necesarios para tender puentes interpretativos que impliquen una mayor coincidencia en los efectos de predictibilidad de la jurisprudencia constitucional.
El Derecho no es uno solo como alega la corriente positivista del Derecho y sin embargo, el Derecho tampoco puede ser varias expresiones al mismo tiempo. Por el contrario, entre varias interpretaciones posibles, corresponde acoger aquella que más se acerca a una decisión entre legal y justa respecto a los derechos fundamentales.
Y esa posición de mejor justicia, tampoco es patrimonio exclusivo del Tribunal Constitucional aún cuando su decisión sea la definitoria en un caso concreto. Por el contrario, la misma tendencia evolutiva y dinámica de los derechos fundamentales bien puede implicar que en un asunto decidido en mayoría y minoría por el Tribunal Constitucional, aún representando el voto en minoría una coincidencia de criterios con el Poder Judicial, abra la posibilidad de que ese voto en minoría, pueda más adelante representar la nueva posición de una siguiente mayoría, más adelante por cierto, en las decisiones de magistrados del Tribunal Constitucional.
Habeas corpus y derechos humanos
El proceso de habeas corpus plantea importantes reflexiones en el sistema interamericano de derechos humanos, dada su calidad de garantía judicial de defensa de los derechos protegidos por la Convención Americana. De otro lado, si bien no merece una clasificación de simple garantía de procedimiento, sí resulta cierto que corresponde a los Estados parte del sistema, el diseño de herramientas procesales para la defensa de los derechos fundamentales a nivel de las Cartas Fundamentales de los Estados integrantes, instrumentos entre los cuales el habeas corpus tiene un rol protagónico.
En adición a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH cuenta, entre sus herramientas de procedimiento, con la modalidad de la Opinión Consultiva,[34] la cual permite precisamente que un Estado parte pueda pedir a la Corte IDH expresa ésta su posición sobre determinado criterio de interpretación de la Convención u otros instrumentos.
Se trata de un mecanismo sui generis pues quien decide sobre una materia- la Corte IDH- expresa una posición de interpretación sobre el aspecto a dilucidar respecto de los derechos en cuestión. Ello no implica un adelanto de opinión en modo alguno, sino se orienta a la función preventiva que asume la misma Corte, en tanto una fundamentación de este Tribunal sobre el asunto sujeto a consulta, va a permitir al Estado que formula la consulta dirigir de mejor modo sus esfuerzos en materia de derechos humanos, a fin de no materializar conductas de responsabilidad que pudieran suponer incurrir en responsabilidad internacional.
Sobre esta materia, la Opinión Consultiva sobre habeas corpus en estados de emergencia,[35] expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1987, esclarece sobre la interpretación de los artículos 25.1[36] y 7.6[37] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la última frase del artículo 27.2[38] de la misma.
La pregunta formulada es la siguiente:
La consulta es relevante en la medida que los estados de excepción suponen, en forma regular, la suspensión de determinados derechos. Más aún, respecto a los escenarios de suspensión, es importante distinguir dos aspectos sustantivos: de suyo, en un primer orden condiciones de emergencia que supongan trastornos de la democracia pero que impliquen el funcionamiento de un sistema de garantías; y en segundo lugar, graves afectaciones a modo de un estado de sitio, que suponga una conflagración internacional que implique el no ejercicio de un sistema de tutela de derechos.
La Corte IDH formula una importante conclusión[39] sobre la consulta formulada y señala que los derechos que tutela el habeas corpus no pueden ser suspendidos en un escenario de emergencia, pues en el hipotético caso de que así fuese, precisamente se consumarían afectaciones aún más graves a los derechos humanos. Al respecto, debe quedar esclarecido que un estado de emergencia, aun así las condiciones fueren manifiestamente adversas, no supone la suspensión de las garantías que implica el habeas corpus.
Es de concluirse, de este modo, que el habeas corpus representa un conjunto de mínimos, e relación a la protección de un bien de tanta relevancia como lo es la libertad individual, y que se trata de exigir la tutela de este derecho sin que los estados de emergencia, aún en condiciones muy graves, puedan soslayar la observancia de ese conjunto de derechos mínimos que el habeas corpus pretende.
Esta breve revista de algunas características del proceso de habeas corpus nos reconduce al debate sobre el crecimiento material de esta garantía y cuánto han avanzado los ordenamientos jurídicos respecto al desarrollo de esta herramienta.
Desde su nacimiento como garantía de primer orden ciudadano, el habeas corpus ha pretendido restringir los excesos del poder, en defensa de la libertad individual. Así, el Rey, gracias a este mecanismo, ya no tiene un poder omnímodo sobre los ciudadanos, y se ve precisado a respetar un conjunto de derechos mínimos, entre los cuales la libertad individual goza de preferencia.
Las inclusiones del habeas corpus en las Cartas Fundamentales ha sido otro importante avance. Si las Constituciones le reconocen la calidad de garantía, entonces su rango constitucional traduce una importancia de primer orden.
Sin embargo, ese crecimiento progresivo del habeas corpus ha planteado también otros debates: competencia del juez, amplio escenario en el campo del derecho a la libertad individual, etc., reflexión que nos reconduce al escenario de ajustes en su actual modelo de configuración.
Creemos que el camino exige aún mucho debate. No podemos negar la máxima protección que exige la libertad individual como derecho, pero igualmente no podemos soslayar que ese crecimiento en calve de progresividad demanda dosis de razonabilidad, equilibrio y prudencia.
Publicado en “El habeas corpus en la actualidad. Posibilidades y límites”.
Colección “Doctrina Constitucional”.
Setiembre de 2018. 597pp. pp. 49-79.
GARCIA BELAUNDE, Domingo. “Evolución del habeas corpus”. En Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho. No. 31. 1973.
SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. “Desafíos de la jurisdicción constitucional en América Latina”. En Revista Foro Constitucional Iberoamericano. Nro. 8. Octubre a diciembre de 2004. Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III, Madrid
[1]Doctor en Derecho. Juez Superior Distrito Judicial Lambayeque, Perú. Profesor de la Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo. Ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional
[2] GARCIA BELAUNDE, Domingo. “Evolución del habeas corpus”. En Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho. No. 31. 1973.p. 48-59.
[3] GARCIA BELAUNDE, Domingo. Op cit. p. 52
La Carta Magna de 1215 señalaba en su artículo 33:
Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión, o privado de su tenencia libre, o declarado fuera de la ley, o desterrado o molestado de cualquier forma, y no procederemos contra él ni enviaremos a nadie en su contra, si no es por el juicio legal de sus pares o por la ley del país.
[4] GARCIA BELAUNDE, Domingo. Op cit. p. 54. (Habeas Corpus Act, 31 Car. 11 c. 2)
Cuando una persona sea portadora de un Habeas Corpus dirigido a un Sheriff, carcelero o cualquier otro funcionario en favor de un individuo puesto bajo su custodia y dicho Habeas Corpus sea presentado a los susodichos funcionarios o se les deje en la cárcel, quedan obligados a declarar la causa de la detención a los tres días de la presentación … “
[5] GARCIA BELAUNDE, Domingo. Op cit. p. 59
Toda persona residente en el Perú, que fuese reducida a prisión, si dentro del término de 24 horas no se le ha notificado la orden de detención judicial, tiene expedito el recurso extraordinario de habeas corpus.
El recurso de habeas corpus puede ser presentado por el arrestado mismo, por sus parientes o por cualquier persona, sin necesidad de poder ya sea directamente ante el juez de primera instancia de la provincia o ante la Corte Superior del Distrito Judicial.
[6] Constitución Política de 1920. Garantías individuales. Artículo 24.
Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto, el arrestado, dentro de 24 horas, a disposición del Juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquiera otra podrá interpone conforme a la ley el recurso de Habeas Corpus por prisión indebida.
[7] Constitución Política de 1933. Garantías individuales. Artículo 69
[8] Constitución Política de 1979. Garantías individuales. Artículo 295
­La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus.
Hay acción popular ante el Poder Judicial, por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expiden el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público.
[9] La Resolución 009-2006-CE-PJ., de fecha 26 de enero de 2006., crea tanto la Sala Constitucional de Lambayeque como un Juzgado Especializado en Derecho Constitucional en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, ambos órganos con competencia específica y directa en procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimento, garantías constitucionales para la defensa de la vigencia efectiva de derechos fundamentales.
[10] La Resolución Administrativa 415-2014-CEPJ, de fecha 10 de diciembre de 2014, desactiva órganos jurisdiccionales constitucionales en todo el país, justificando una excesiva carga de procesos laborales. En tal sentido, reconvierte, sin mayor justificación, órganos constitucionales en laborales.
[11] Cfr. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El Habeas Corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[12] Decreto Ley 2454 del 27 de abril de 1992. Artículo 2
No procede la acción de amparo dirigida directa o indirectamente a impugnar los efectos de la aplicación de los Decretos Leyes 25423, 25442 y 25446 ( relativos a ceses de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público)
[13] Vid STC 007-20012-PI/TC. Caso FONAVI. Fundamento jurídico 20.
[14] SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. “Desafíos de la jurisdicción constitucional en América Latina”. En Revista Foro Constitucional Iberoamericano. Nro. 8. Octubre a diciembre de 2004. Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III, Madrid. p. 4.
[15] Constitución Política de 1993. Artículo 200.Acciones de Garantía Constitucional
[16] Proceso de habeas corpus. Capítulo I. Derechos protegidos. Artículo 25. Derechos protegidos
[17] Cartas Fundamentales de 1920 y 1933
[18] La Opinión Consultiva OC-8/87 señala:
Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el habeas corpus es denominado “amparo de la libertad” o forma parte integrante del amparo.
[19] Código Procesal Constitucional. Artículo 26. Legitimación
[20] STC 3173-2008-PHC/TC, caso Teodorico Bernabé, El Frontón 1, con voto singular, en disidencia, de César Landa Arroyo. Por extensión, se conoce como el Frontón 2 a la STC 1969-2011-PHC/TC, caso Humberto Bocanegra, decisión en la cual el Tribunal Constitucional asume que este caso no constituye crimen de lesa humanidad.
Más recientemente, una nueva decisión del Tribunal Constitucional en este mismo caso 1969-2011-PHC/TC- auto de fecha 05 de abril de 2016- reexamina un problema de cómputo de votos y llega a la conclusión de que el voto del juez Vergara Gotelli no llegó a formar resolución en los términos inicialmente fijados. Esta nueva interpretación abriría la posibilidad de juzgar el caso El Frontón como crimen de lesa humanidad.
[21] En general, el caso El Frontón alude a lo que habría sido el asesinato de 118 reclusos por terrorismo por parte de la Marina de Guerra del Perú en el año 1986, luego de sofocarse un motín.
[22]Si se puede lo más, se puede lo menos.
[23] En 1972,durante la dictadura de Hugo Banzer en Bolivia, el abogado Reynaldo Peters redactó un habeas corpus en papel higiénico que fue objeto de trámite aunque finalmente la Corte Suprema lo desestimó.
[24] ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. p. 35
[25] Vid STC 6712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina. Fundamento jurídico 40.
[26] Código Procesal Constitucional. Artículo 30.Trámite en caso de detención arbitraria
[27] Código Procesal Constitucional. Artículo 33. Normas especiales de procedimiento
[28] Vid STC 3491-2005-PHC/TC. Caso Raúl Laynes.
[29] Vid STC 01413-2010-PHC/TC. Caso Eva Bracamonte. Habeas interpuesto en Lambayeque aunque la afectación tuvo lugar en la ciudad de Lima.
[30] La Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional, conformada por diversos jueces del Poder Judicial en el año 2017, contempla como uno de sus primeros planteamientos precisamente reformular las reglas del habeas corpus en cuanto a competencia a efectos de que, como sostenemos, solo sea competente el juez del domicilio del afectado.
[31] Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español. TÍTULO III. Del recurso de amparo constitucional CAPÍTULO I. De la procedencia e interposición del recurso de amparo constitucional. Artículo 44
Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: (…)
[32] La Ley 30558 modifica el literal f del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, previendo la siguiente redacción:
“Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho:[…]
A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:[…]
[33] STC 6423-2007-PHC/TC. Caso Ruiz Dianderas
[34] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 64.
64.1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. (…)
64.2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
[35] El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre derechos humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987.
[36] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
[37]Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25. Protección Judicial
[38]Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 27. Suspensión de Garantías
La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 ( Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica ); 4 ( Derecho a la Vida ); 5 ( Derecho a la Integridad Personal ); 6 ( Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre ); 9 ( Principio de Legalidad y de Retroactividad ); 12 ( Libertad de Conciencia y de Religión ); 17 ( Protección a la Familia ); 18 ( Derecho al Nombre ); 19 ( Derechos del Niño ); 20 ( Derecho a la Nacionalidad ), y 23 ( Derechos Políticos ), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
[39] El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre derechos humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Parte resolutiva.
LA CORTE ES DE OPINIÓN, por unanimidad