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Timestamp: 2019-08-18 09:26:36
Document Index: 382873194

Matched Legal Cases: ['artículo 94', 'artículo 58', 'artículo 62', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 191', 'artículo 3', 'artículo 82', 'artículo 25', 'artículo 87', 'artículo 27', 'artículo 33', 'artículo 436', 'artículo 27', 'artículo 33', 'artículo 94', 'artículo 195', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 76', 'Artículo 94', 'artículo 403', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 568', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 429', 'artículo 76', 'artículo 403']

Registro Oficial No 165 - Lunes 20 de Enero de 2014 Primer Suplemento
Última modificación: Viernes, 09 de mayo de 2014 | 17:39
Lunes 20 de Enero de 2014 - R. O. No. 165
107-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el economista Mario Fermín Freund Ruf, apoderado general de la Compañía Pinturas Wesco S. A.
109-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Luis Alfonso Hernández Arteaga
110-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Jenny Marisol Escandón Panchana
112-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Anita Lucette Fernández, representante legal de la Compañía Lacamsa S. A.
124-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Carlos Cedeño Navarrete, representante legal de la Universidad de Guayaquil
- Cantón Baños de Agua Santa: Que regula la exención de impuestos y tasas municipales a favor de personas con discapacidad
- Cantón Centinela del Cóndor: De aprobación de planos de valor de la tierra urbano y rural
Quito, D. M., 04 de diciembre del 2013
SENTENCIA N.º 107-13-SEP-CC
CASO N.º 1572-11-EP
La presente acción extraordinaria de protección ha sido propuesta por el economista Mario Fermín Freund Ruf, en calidad de apoderado general de la compañía Pinturas Wesco S. A., quien comparece fundamentado en el artículo 94 de la Constitución de la República y artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, e impugna la resolución del 25 de mayo del 2011, dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del juicio de medidas cautelares N.º 050-2011.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el proceso judicial N.º 50-2011 fue remitido a esta Corte, mediante oficio N.º 458-2001-SSCMCPJG, suscrito por la abogada Bélgica Acosta Carvajal, secretaria relatora encargada de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los exjueces Ruth Seni Pinoargote, Hernando Morales Vinueza y Roberto Bhrunis Lemarie, mediante auto del 17 de enero del 2012 a las 14h09, admitió a trámite la acción propuesta.
Efectuado el sorteo correspondiente en sesión extraordinaria del 03 de enero del 2013, conforme obra a fojas 43 del proceso, correspondió a la jueza Ruth Seni Pinoargote actuar como sustanciadora de la presente causa, misma que mediante providencia expedida el 5 de febrero del 2013 a las 08h00 (fojas 45), dispuso notificar a los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; al señor Mario Fermín Freund Ruf, en su calidad de apoderado general de la compañía Pinturas Wesco S. A.; al representante legal del Banco de Guayaquil S. A.; así como también al director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito para los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El accionante, en lo principal, manifiesta que el 16 de junio del 2011, mediante fax que anexa al expediente, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, como terceros perjudicados y como sujetos activos del pertinente juicio arbitral, les hizo conocer la resolución de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que confirma las medidas cautelares, dictadas el 9 de diciembre del 2012 a la 09h00, por el juez temporal octavo de Garantías Penales del Guayas, la misma que ha sido notificada el 14 de junio del 2011 a las 18h08.
Que el mencionado fallo es completamente ilegal, por consiguiente nulo, por cuanto la Sala de la Corte Provincial del Guayas se ha dedicado única y exclusivamente a transcribir los artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que hacen referencia a las medidas cautelares, haciendo un análisis de las mismas, recalcando que la medida cautelar protege, evita o hace cesar la amenaza o cesación de los derechos reconocidos en la Constitución e Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, sin haber tomado en cuenta que la Compañía que representa intervino ante el juez de Garantías Constitucionales como tercero perjudicado, en escrito presentado el 15 de diciembre del 2012 a las 09h20, por tener la compañía Wesco estricto interés en la causa, razón por la cual se constituye en amicus curiae, por lo que debió ser admitido al proceso, para mejor resolver antes de sentencia en los términos que establece el artículo 12 de la ley ibídem, debiendo haber resuelto el juez de primer nivel dicha comparecencia, así como también la Sala de la Corte Provincial, por lo que es nula su resolución.
Que dicha nulidad la alegaron por haberse violado también el derecho a la seguridad jurídica, lo que daría lugar a que el Estado sea responsable por una inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Que ha existido una animadversión contra la compañía Wesco, amparando indebidamente al Banco de Guayaquil S. A., concediéndose un escudo para evitar la prosecución de un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, quedando inmune para no cumplir con su obligación de reparar los daños y perjuicios que la compañía Wesco ha demandado.
Que la Sala tampoco ha tomado en cuenta para motivar la resolución, las alegaciones efectuadas por Wesco S. A., en su escrito presentado ante el juez a-quo y agregado al proceso, que se refiere al juicio de daños y perjuicios y de mediación que se ha presentado en copia certificada, el que constituye prueba fehaciente de defensa del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito y de la compañía que representa, expediente en el cual constan las demandas y excepciones planteadas, sin que el Banco haya objetado la competencia de los jueces pertinentes, sin que tampoco los jueces de la Sala se refieran sobre las argumentaciones del Banco para solicitar la medida cautelar, que alega que su único domicilio como sujeto activo y pasivo es solamente la ciudad de Guayaquil. Del atentado contra su honra y buena fama por el hecho de haber sido demandado en la ciudad de Quito por los daños y perjuicios ocasionados a Wesco S. A., en la ciudad capital, por la violación de los derechos humanos que insistentemente lo recalca y demás alegaciones, omisiones que se deben seguramente a la falta de justificación y prueba que debía haber actuado al respecto el Banco demandante, hechos que en todo caso demuestran que la Sala ha fallado omitiendo la valoración de las pruebas y de las no actuadas por el Banco actor para justificar sus pretensiones, las que meramente han sido enunciadas en su demanda como hechos imaginarios, lo que acarrea sin lugar a dudas, como se alega, la falta de motivación de la resolución o fallo y consecuentemente la nulidad absoluta del mismo, demostrándose de esta forma una protección injusta e ilegal a dicho banco, que las actuaciones de la institución bancaria que han cambiado el estado de las cosas, lugares y personas, a fin de inducir a engaño a los jueces, constando procesalmente temeridad y mala fe plenamente comprobadas.
Que la resolución de esa Sala se encuentra ejecutoriada, por haber transcurrido el término de ley, como ha existido aversión hacia su representada, ya que no se les oyó como interesados activos, a pesar de que el Centro de Mediación y Arbitraje remitió copia certificada del proceso como se indica, en el que consta tanto la acción ordinaria del juicio ante el juez primero de lo civil de Pichincha, como el trámite de la mediación.
El Centro de Arbitraje y Mediación anexó como prueba el mencionado proceso de medidas cautelares, sin que los hayan tomado en cuenta, a pesar de que en ese proceso claramente se establece las debidas competencias ordinaria y especial sin que exista violación de derechos, siendo falsa la aseveración de medidas cautelares, ya que no han existido derechos constitucionales en peligro, por no ser persona natural, ni al debido proceso ni a la tutela efectiva, peor aún el derecho del Banco a ser demandado en su propio domicilio que es la ciudad de Quito, o alegar que se ha contravenido la libertad de contratación o al buen nombre de tal entidad bancaria, cuando todo lo contrario ha sucedido, porque la agraviada en estos hechos es la compañía Wesco S. A., que por arbitrariedad del Banco le impide realizar sus actividades comerciales normalmente y ejercer las pertinentes acciones legales en ejercicio del legítimo derecho a la defensa.
Solicita el accionante que la Corte Constitucional restablezca el derecho de la compañía Wesco S. A., a proseguir con el trámite arbitral y evitar de esta forma que se deje sin efecto este medio alternativo de administración de justicia y evitar que en lo posterior se interponga por cualquier persona natural o jurídica recursos constitucionales, alegando inexistentes amenazas o falsas violaciones de derechos constitucionales.
Jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Mediante escrito que obra a fojas 28, comparecen los abogados Jorge Jaramillo Jaramillo e Inés Rizzo Pastor, en calidad de jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y manifiestan lo siguiente: Que la demandante, en el punto 1 de su libelo inicial aduce que no fue tomada en cuenta como tercera perjudicada en el proceso de medidas cautelares incoado por el Banco de Guayaquil S. A., habiendo dicho Banco actuado en forma dolosa al igual que los jueces que han intervenido en esa causa.
Señalan que en vista de que el expediente original se encuentra en la Corte Constitucional, y no existe en la Secretaría de la Sala copia del mismo, no tienen a la mano los suficientes elementos para informar motivadamente los descargos sobre los argumentos que fundamentan la demanda, razón por la cual se remiten a lo actuado por la Sala dentro del referido juicio, aclarando que su actuación dentro del mismo y en todos los juicios que les toca conocer, siempre ha sido apegada a la ley, lo que se aprecia del texto de la resolución impugnada, en la que están claramente determinadas las consideraciones efectuadas para llegar a su conclusión.
El Ab. Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio y delegado del procurador general del Estado, mediante escrito que obra a fojas 25 del proceso se limitó a señalar casilla constitucional para recibir notificaciones, sin emitir pronunciamiento alguno respecto de los fundamentos de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso
La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal b del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez.
Objeto de la acción extraordinaria de protección
El objeto de la acción extraordinaria de protección es el aseguramiento y efectividad de los derechos y garantías fundamentales, evitando un perjuicio irremediable, al incurrir el accionar de los jueces en violación de normas fundamentales, sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución, en ejercicio de su actividad jurisdiccional.
La acción extraordinaria de protección no constituye una instancia adicional a las previstas en la jurisdicción ordinaria; por tanto, no es de competencia de la Corte Constitucional analizar el fondo de los asuntos sometidos a su conocimiento, sino observar si en la sustanciación de determinados procesos se vulneraron o no las garantías del debido proceso u otros derechos constitucionales, pues este es el objeto de esta garantía constitucional.
Análisis constitucional y argumentación del problema jurídico
Con las consideraciones anotadas, esta Corte Constitucional sistematizará el análisis del caso concreto a partir de la formulación y solución del siguiente problema jurídico:
Las resoluciones emitidas por el juez octavo de garantías penales del Guayas, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 2010-2085 el 9 de diciembre de 2010, y por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 50-2011 el 25 de mayo de 2011, ¿vulneraron el derecho constitucional a la seguridad jurídica?
De la revisión del caso concreto se desprende que el accionante, en calidad de apoderado general de la compañía Pinturas Wesco S. A., considera que la sentencia emitida el 25 de mayo de 2011 por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 50-2011, vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica, en la medida en que ratificó la medida cautelar de suspensión del proceso arbitral N.º 75-2010, sin que en su criterio, ?haya existido derechos constitucionales en peligro?1.
En tal razón y considerando que en este caso concreto es de suma importancia la relación entre la resolución acusada y aquella emitida en primera instancia, esta Corte Constitucional considera conveniente analizar tanto la resolución de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas del 25 de mayo de 2011, como la resolución dictada por el juez octavo de garantías penales del Guayas el 9 de diciembre de 2010, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 2010- 2085, con la finalidad de verificar si las decisiones judiciales fueron emitidas en observancia de disposiciones constitucionales y legales pertinentes y, en tal medida, si transgredieron o no el derecho a la seguridad jurídica.
Previo a analizar las resoluciones anotadas en relación a la seguridad jurídica, resulta útil comenzar por establecer cuál es el significado y alcance de este derecho constitucional, cuya vulneración fue alegada por el accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección.
En tal sentido, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República en su artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes2.
De la misma forma, el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a la seguridad jurídica, determina la obligación de los jueces de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas3.
Así, la seguridad jurídica equivale al conocimiento y respeto del contenido de las normas del ordenamiento jurídico, es decir, garantiza la certeza en la administración de justicia, por cuanto prevé que las normas serán aplicadas de conformidad con la Constitución y las leyes propias de cada materia. Al respecto, esta Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la seguridad jurídica es la certeza de cada individuo respecto a que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares o conductos establecidos previamente4.
En este punto conviene contrastar las consideraciones anotadas en relación a la seguridad jurídica con las resoluciones emitidas en los expedientes de medidas cautelares N.º 2010-2085 y N.º 50-2011, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y por el juez octavo de garantías penales del Guayas, respectivamente. En la especie, vale destacar que la compañía Wesco S. A., presentó una demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, en contra del Banco de Guayaquil, en atención a una cláusula arbitral estipulada en un Convenio de Concordato suscrito entre Wesco S. A., y el Banco de Guayaquil. Posteriormente, el Centro de Arbitraje y Mediación, mediante providencia del 23 de noviembre del 2010, señaló día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de mediación, y de esta providencia el Banco de Guayaquil propuso acción de medidas cautelares, argumentando, entre otras cosas, que la imposición de un juicio arbitral vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
1 Demanda de acción extraordinaria de protección, presentada por Mario Fermín Freund Ruf.
2 Constitución de la República del Ecuador. Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
3 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 25.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.
4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia Nº. 038-13-SEPCC, caso Nº. 1748-11-EP del 24 de julio del 2013.
Frente a esta solicitud de medidas cautelares, el juez octavo de garantías penales del Guayas, mediante auto del 9 de diciembre del 2010 a las 15h00, decidió conceder las medidas cautelares solicitadas, esto es, la suspensión del proceso arbitral N.º 75-2010, incluyendo la suspensión de la Audiencia de Mediación.
Posteriormente, el accionante solicitó la revocatoria de las medidas cautelares, recibiendo una negativa al respecto por parte de la autoridad jurisdiccional. Así, de dicha negativa de revocatoria el accionante propuso recurso de apelación, correspondiendo su conocimiento a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, misma que en auto del 25 de mayo del 2011, confirmó las medidas cautelares dictadas por el juez octavo de garantías penales del Guayas.
De esta manera, de la revisión del proceso de medidas cautelares sustanciado en primera instancia por el juez octavo de garantías penales de Guayas y en segunda instancia la negativa de la revocatoria dentro del recurso de apelación de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se desprende que las autoridades jurisdiccionales resolvieron conceder y ratificar las medidas cautelares precedentemente citadas, sin justificar la existencia de una amenaza o una violación a derechos reconocidos en la Constitución.
Conforme a lo que dispone el artículo 87 de la Constitución de la República, las medidas cautelares tienen el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, siendo que su finalidad esencial es la protección de los derechos constitucionales, es tarea de la autoridad jurisdiccional la verificación de la existencia de dichas amenazas o vulneraciones.
En el mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las medidas cautelares proceden cuando existe una amenaza inminente y grave o una efectiva vulneración de derechos; lo que significa que la inminencia y gravedad del caso equivalen a condiciones indispensables para el otorgamiento de las medidas. Mientras que el artículo 33 del mismo cuerpo de ley dispone que una vez que la jueza o juez verifique por la sola descripción de los hechos contenidos en la petición que se reúnen los requisitos previstos para el otorgamiento de las medidas cautelares, las concederá inmediatamente; no obstante, dicha resolución de la jueza o juez no puede ser de ningún modo arbitraria o producto de una evaluación abstracta, sino que debe advertir que tal descripción contenga verosimilitud y razonabilidad con la finalidad de hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos constitucionales5.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional emitió la sentencia N.° 034-13-SCN-CC, en atención a la atribución que le confiere el artículo 436 numeral 6 de la Constitución, determinando reglas a ser observadas bajo prevenciones de sanción en casos en que se conozcan solicitudes de medidas cautelares. Sobre esta base, en relación a la concesión de medidas cautelares autónomas o en conjunto, este Organismo estableció en la disposición cuarta literal c de la sentencia, que la jueza o juez constitucional ?requerirá la verificación previa de los presupuestos previstos en el artículo 27, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha verificación deberá ser razonable y justificada, la que se expondrá en la resolución que las concede?6.
Asimismo, la Corte Constitucional determinó en la regla contenida en la disposición cuarta literal e de la sentencia, que para la concesión de medidas cautelares en tanto garantías jurisdiccionales de los derechos reconocidos en la Constitución, la resolución de concesión deberá ser razonable y justificada, debiendo la autoridad jurisdiccional establecer en cada caso, por un lado la razón que justifique la inminencia del daño o peligro en la demora y, por otro lado, la verosimilitud de la pretensión entendida como una presunción razonable respecto a la verdad de los hechos relatados en la solicitud.
En suma, del caso subjudice se desprende que el juez octavo de garantías penales del Guayas determinó que existía amenaza de violación de los derechos constitucionales del Banco de Guayaquil, por la simple convocatoria a junta de mediación convocada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, pues a decir del Banco de Guayaquil dicho Centro de Arbitraje y Mediación impuso que concurra a dicha sede, lo cual es errado, pues de la revisión del proceso se observa que no es el Centro de Arbitraje y Mediación el que impuso la comparecencia del Banco de Guayaquil, sino que dicha orden derivó de la inhibición del juez primero de lo civil de Pichincha en un juicio por daños y perjuicios planteados por Wesco S. A., en contra de la entidad bancaria, al conocer de una cláusula arbitral en un Convenio de Concordato.
De la misma forma, no se observa mayor justificación del motivo de la concesión en la resolución de las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia que ratificaron el otorgamiento de las medidas mediante el rechazo a la negativa de la revocatoria en la apelación, por lo que resulta evidente que tanto el juez octavo de garantías penales del Guayas, en su resolución del 09 de diciembre de 2010, como los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la resolución del 25 de mayo de 2011, no observaron para la concesión de las medidas cautelares las disposiciones establecidas en los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual deriva en la vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica, en la medida en que no se respetaron disposiciones legales pertinentes
5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 034-13-SCNCC, caso N.º 0561-12-CN del 30 de mayo del 2013.
Por lo tanto, al ordenar las autoridades jurisdiccionales citadas la paralización del trámite arbitral como medida cautelar sin la debida justificación de la gravedad de la amenaza o vulneración del derecho constitucional, inobservaron normas jurídicas previas, claras y públicas, generando inseguridad jurídica a través de la creación de una situación objetivamente confusa por parte de las autoridades jurisdiccionales, circunstancia que, a su vez, transgrede la expectativa razonablemente fundada de las personas respecto a las consecuencias de los propios actos y de los ajenos en relación a la aplicación del Derecho.
En consecuencia, esta Corte Constitucional observa que las resoluciones emitidas por el juez octavo de garantías penales del Guayas el 9 de diciembre de 2010, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 2010-2085, y por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 25 de mayo de 2011, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 50-2011, vulneraron el derecho constitucional a la seguridad jurídica.
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente:
Declarar vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica.
Como medida de reparación integral, se dispone dejar sin efecto jurídico la resolución emitida el 9 de diciembre de 2010 por el juez octavo de garantías penales del Guayas, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 2010-2085, y la resolución emitida el 25 de mayo de 2011 por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del expediente de medidas cautelares N.º 50-2011; así como todos los actos procesales y demás providencias dictadas como consecuencia de las mismas.
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina Andrade, sin contar con la presencia del juez Patricio Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del 04 de diciembre de 2013. Lo certifico.
CORTE CONSTITUCIONAL.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Revisado por: ? .- f.) Ilegible.- Quito, a 14 de enero de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría General.
CASO No. 1572-11-EP
RAZÓN: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por la Jueza Wendy Molina Andrade, presidenta (e) de la Corte Constitucional, el día martes 07 de enero de dos mil catorce.- Lo certifico.
SENTENCIA N.º 109-13-SEP-CC
CASO N.º 2008-11-EP
La presente acción es propuesta por el señor Luis Alfonso Hernández Arteaga, por sus propios derechos, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución de la República. La acción presentada impugna las sentencias expedidas dentro del juicio laboral N.º 2011-0879 propuesto por el señor Luis Alfonso Hernández Arteaga en contra del señor Juan Carlos Maigua Viracocha, en calidad de su empleador, y solidariamente en contra del señor Juan Francisco Aviles Ramia en calidad de contratista de la Constructora Riascos y Riascos Ingenieros Cía. Ltda., y en contra del señor Gustavo Riascos Estrada en su calidad de representante legal de dicha constructora. Las sentencias impugnadas fueron dictadas por el Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha, Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 14 de noviembre de 2011 certificó que en referencia a la acción N.º 2008-11-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, conforme consta en la certificación que obra a fojas 3 del proceso.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los exjueces Roberto Bhrunis Lemarie y Hernando Morales Vinueza y la jueza Ruth Seni Pinoargote, mediante auto expedido el 11 de enero de 2012 aceptó a trámite la acción propuesta, conforme se observa a fojas 6 y vta., del proceso.
El 06 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.
Efectuado el sorteo correspondiente, de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió la sustanciación de la presente causa a la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra.
La jueza sustanciadora, mediante auto del 4 de julio de 2013, avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar a los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, jueces de la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y al juez cuarto de Trabajo de Pichincha, a fin de que presenten un informe debidamente motivado de descargo.
El accionante manifiesta, en lo principal, que los hechos que motivaron el proceso laboral N.º 0879-2011 fueron la celebración de un contrato verbal de trabajo en el mes de agosto de 2007, entre el legitimado activo (en calidad de electricista), y el señor Juan Carlos Maigua Viracocha (en calidad de empleador). En dicho contrato el señor Luis Hernández Arteaga estuvo encargado de la instalación de las redes eléctricas, en calidad de subcontratista en la obra de ampliación del Centro Comercial El Recreo a cargo de la Constructora Riascos y Riascos Ingenieros Cía. Ltda. Manifiesta que el 18 de septiembre del 2007 sufrió un accidente de trabajo, razón por la que presentó un juicio laboral en contra de sus empleadores.
En primera instancia, mediante sentencia dictada el 21 de abril del 2011, el juez cuarto de Trabajo de Pichincha ?acepta parcialmente la demanda y ordenó a los demandados paguen al actor USD 38, 48 (Treinta y ocho 38. 48/100 Dólares), que es la suma adeudada por la parte demandada?. En segunda instancia, la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ?desecha el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en los términos de esta sentencia rechaza la demanda y por tanto revoca la subida en grado?. En casación, la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia ?rechaza el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Casación?.
Señala el actor que las tres sentencias vulneraron sus derechos, en la medida en que no consideraron la ejecución de haberes indemnizatorios por accidente de trabajo, que habría emitido la doctora Miriam Orozco Guerrero, inspectora del Trabajo de Pichincha, el 27 de mayo de 2009. Sostiene además que la inspectora de Trabajo determinó que existió una relación laboral entre el actor Luis Alfonso Hernández Arteaga y los demandados.
Los derechos que el legitimado activo señala como vulnerados son el derecho a la motivación jurídica establecido en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución), el derecho al trabajo consagrado en los artículos 33, 325, 326 numeral 2, 3 y 330 de la Constitución.
Finalmente, en cuanto al argumento que esgrimieron los jueces de instancia para rechazar su demanda que había operado la prescripción en este caso señala ?La prescripción de tres años o más se suspende o interrumpe de conformidad con las normas de Derecho Civil; pero transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión y toda acción se declarará prescrita. Por ende, la obligación materia del presente reclamo de ejecución de haberes indemnizatorios es exigible desde la resolución emitida por la Inspección del Trabajo de Pichincha, Dirección Regional de Trabajo de fecha 27 de Mayo del 2009 a las 16h 25min, por la Doctora Miriam Orozco Guerrero. Fecha en la cual acorde al documento que obra en autos se determinó de manera clara y precisa que el señor Luis Alfonso Hernández Arteaga sufrió un accidente de trabajo?.
Con los antecedentes expuestos, el accionante, a manera de petición, señala:
?Por todos los fundamentos expuestos e identificados, dentro del término legal y por lesionar gravemente mis legítimos derechos constitucionales y legales, en uso de ellos, de conformidad con lo que dispone el Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, peticiono mediante esta acción QUE EN FORMA INMEDIATA E INCONDICIONAL SE DEJE SIN EFECTO JURÍDICO el contenido de las sentencias tanto de primera instancia de fecha jueves 21 de abril del 2011, las 11h09 min, en la que el SEÑOR JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE PICHINCHA dicta sentencia dentro del juicio Nº 342-2010 LB; al igual que sentencia del día miércoles 27 de julio del 2011, las 11h53 min, en la que los SEÑORES JUECES DE LA PRIMERA SALA DE LO LABORAL, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, emiten sentencia dentro del juicio 504-2011 Dr. Bolívar Arias, pido que al momento de avocar su autoridad conocimiento de la presente acción, se disponga la suspensión de los efectos derivados de estas sentencias mediante las cuales se me pretende despojar de mi constitucional derecho a reclamar mi pedido de EJECUCIÓN DE HABERES INDEMNIZATORIOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y MAS NO LA CALIFICACIÓN DEL MISMO, en consecuencia requerir la ejecución de todas las medidas pertinentes destinadas a reparar los derechos violados; petición que la realizó al amparo de lo dispuesto por el Artículo 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para ante la Corte Constitucional poder hacer valer mis derechos y garantías constitucionales que han sido violentadas, y para que en sentencia definitiva se ordene la reparación integral de mis derechos y garantías fundamentales?.
Decisiones judiciales impugnadas
Sobre las decisiones judiciales impugnadas, el legitimado activo señala: ?La judicatura de la cual emana la sentencia violatoria al derecho constitucional es el Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha, número 342-2010 Dra. Lorena Borja, de fecha jueves 21 de Abril del 2011, las 11h09 min., sentencia que fue confirmada por los señores Jueces de la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha miércoles 27 de julio del 2011, las 11h53 min, dentro del juicio Nº 504-2011 BA, las mismas que violan groseramente los derechos y garantías jurisdiccionales?.
?(?) TERCERO.-El punto central de la litis, consiste en determinar la procedencia del pago por concepto del accidente de trabajo sufrido por el trabajador y que según la resolución dictada por la Inspectora del Trabajo de Pichincha, Dra. Miriam Orozco, el 27 de mayo del 2009 a las 16h25, asciende a la suma de USD 23194, 33; la parte accionada alega la prescripción de la acción acorde a lo preceptuado en el Art. 403 y 635 del Código de Trabajo correspondiendo realizar el siguiente análisis (?) 3.- El Art. 403 del Código de Trabajo, establece plazos específicos de prescripción para la reclamación de esta clase de indemnizaciones, señalando, en su parte final, que en ningún caso ?esto es las especificadas en la norma: a) aquellos cuyas consecuencias dañosas se manifestaren con posterioridad; y, b) las que requieran informes de la Comisión Calificadora de Riesgos? podrán presentarse después de tres años de producido el mismo, por lo que, correspondía al actor proponer su acción de manera oportuna y cumpliendo con lo preceptuado en el Art. 97 número 2 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, es procedente la excepción de prescripción alegada por la parte accionada, tornando improcedente los reclamados formulados por el actor en los literales e), f) y g) de su demanda (?).- Por lo tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta parcialmente la demanda y se ordena a los demandados en la forma que han sido requeridos, paguen al actor los valores que por los reclamos efectuados se le han concedido en el considerando CUARTO de esta sentencia y cuantificando los mismos de conformidad con la Resolución dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial Nº 138 del 1 de marzo de 1999, se tiene: a) Proporcional Décimo Tercer Sueldo: USD 16,33; b) Proporcional Décimo Cuarto Sueldo: USD 13,99; Y, c) Proporcional Vacaciones: USD 8,16.- Sumados estos valores es igual a: USD 38, 48 (Treinta y ocho 48/100 Dólares), que es la suma adeudada por la parte demandada, con los intereses establecidos en el Art. 614 del Código de Trabajo, en los rubros aplicables, que se calcularán al momento de la ejecución de la sentencia.- Sin costas, ni horarios que regular.- Notifíquese.- ?
Sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 27 de julio del 2011 ?
(?) 5) En los casos como el presente, es necesario tener en cuenta que según la resolución de la extinta Corte Suprema de Justicia, de 25 de mayo de 1989 publicada en el R.O. Nº 213, de 16 de junio del mismo año, este órgano jurisdiccional resolvió ?Que para deducir acción de carácter laboral, que persiga el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo no es requisito indispensable que previamente, se haya planteado la denuncia o reclamación administrativa ante el Inspector de Trabajo?.- En tal virtud de lo expuesto, al haber la parte accionada alegado prescripción de la acción al momento de contestar la demanda y al haberse perfeccionado la citación a uno de los demandados Juan Francisco Avilés Ramia mediante tercera boleta con fecha 1 de diciembre del año 2010 a las 15h00, esto es, fuera del plazo previsto tanto en el artículo 403 del Código de Trabajo, ha operado la prescripción de la acción, como ya se analizó, por lo que, esta Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en los términos de esta sentencia rechaza la demanda y por tanto revoca la subida en grado. Sin costas ni honorarios que regular.- NOTIFÍQUESE?
Sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia el 28 de septiembre del 2011
?(?) SEGUNDO: Respecto del recurso interpuesto, este Tribunal observa que el recurrente considera infringidas una serie de disposiciones legales y funda su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación (?). Por otro lado, el demandante en su escrito contentivo del recurso menciona la infracción de una serie de disposiciones legales, pero en la parte correspondiente a la fundamentación ha omitido realizar la confrontación jurídica de todas y cada una de las normas que estima transgredidas en relación con la parte dispositiva de la sentencia que ataca, lo cual habría permitido a este Tribunal dilucidar su injerencia en la decisión de la causa; si bien es cierto, el demandante ha indicado el vicio en el cual ha recaído las normas que estima violentadas, esto es, falta de aplicación, pero en su argumentación no explica cómo dicho error influyó en la decisión de la causa, ya que simplemente se ha limitado a transcribir el contenido legal de las disposiciones transgredidas. Finalmente, el casacionista considera que el fallo de Alzada carece de motivación, pero para poder sustentar dicha posición su recurso debía encontrarse fundado en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, la que procede en aquellos casos en los cuales se considera que un auto o sentencia no contiene los requisitos que la ley exige, esto es, una parte expositiva, motiva o resolutiva. En consecuencia y por los razonamientos anteriores se rechaza el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Casación.- Notifíquese y devuélvase?.
Jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha Mediante escrito del 17 de julio de 2013, comparecen los doctores Oscar Chamorro, Galo Montalvo y Fausto Chávez, en sus calidades de jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha, señalando que la sentencia objetada mediante la acción extraordinaria de protección y la emitida por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha fueron claras al manifestar que al juicio se le dio el trámite previsto en la Constitución, asegurando los derechos de protección y las garantías básicas del derecho al debido proceso de los litigantes (artículos 75 y 76 de la Constitución) y el trámite previsto en la Ley de la materia (artículo 568 y siguientes del Código del Trabajo), sin haber omitido solemnidad sustancial alguna ni violado el trámite, por lo que se declaró oportunamente su validez procesal.
Sostienen además que de la lectura de la acción extraordinaria propuesta, en ningún momento el recurrente observa cuáles son las normas constitucionales violentadas por la Sala y que derivan en violación a las garantías del debido proceso.
Presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia
La doctora Paulina Aguirre Suárez, en su calidad de presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, presenta el correspondiente informe de descargo señalando que se tenga en cuenta los fundamentos y motivación esgrimidos en el auto dictado el 28 de septiembre de 2008 por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.
El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de Patrocinio y delegado del procurador general del Estado, mediante escrito que obra de fojas 21 del proceso, presentado el 11 de julio de 2013, señala casilla constitucional, sin emitir pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la presente acción.
La Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con artículo 3 numeral 8, literal b y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso; en esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso.
La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto a esta acción estableció que:
?La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los jueces, (?) que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional?1.
En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los órganos judiciales; en lo que compete al presente caso, a la actuación de los jueces cuyas sentencias se impugnan, quienes en ejercicio de la potestad jurisdiccional, conferida constitucional y legalmente, administran justicia y por ende se encuentran llamados a asegurar que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia y hacer efectivas las garantías del debido proceso; en tal virtud, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de protección debe constatar que, efectivamente, las sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentren firmes o ejecutoriados y que durante el juzgamiento no se hayan vulnerado, por acción u omisión, el debido proceso u otro derecho constitucional.
Finalmente, esta Corte considera oportuno recordar que la acción extraordinaria de protección no es una "instancia adicional", es decir, a partir de ella no se puede pretender el análisis de asuntos de mera legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria; por tanto, la Corte Constitucional no puede analizar, menos aún resolver cuestiones eminentemente legales. El objeto de su análisis debe estar dirigido directamente a la presunta violación de derechos constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la decisión impugnada.
1 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 067-10-SEP-CC, caso N.º 0945-09- EP, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 364 de 17 de enero de 2011.
En el caso en concreto, el legitimado activo, en su demanda de acción extraordinaria de protección, en el acápite referente a las decisiones impugnadas se limita a señalar como resoluciones impugnadas las sentencias dictadas por el juez cuarto de Trabajo de Pichincha y la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha2.
No obstante, esta Corte observa que a lo largo de la demanda de acción extraordinaria de protección, el legitimado activo impugna también la resolución emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, por lo que en el caso sub judice, esta Corte realizará un análisis integral de las tres decisiones del juicio laboral N.º 2011-0879 y que fueron adversas a las pretensiones del accionante.
Con las consideraciones anotadas, esta Corte Constitucional sistematizará el análisis del caso a partir de la formulación de los siguientes problemas jurídicos:
Las sentencias impugnadas ¿vulneran el derecho al debido proceso, específicamente en la garantía de obtener resoluciones motivadas de los poderes públicos?
Las sentencias impugnadas ¿vulneran el derecho al trabajo?
Argumentación de los problemas jurídicos
1) Las sentencias impugnadas ¿vulneran el derecho al debido proceso, específicamente en la garantía de obtener resoluciones motivadas de los poderes públicos?
El actor argumenta en su demanda que considera vulnerado principalmente su derecho al debido proceso y a la garantía específica, que señala que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, conforme consta en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución:
?Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (?)
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados?.
2 Decisiones judiciales impugnadas.
Por consiguiente, la garantía que establece el derecho de recibir resoluciones públicas motivadas y que a su vez implica el correlativo deber de las autoridades públicas de argumentar suficientemente sus resoluciones, busca asegurar que en cada decisión, las autoridades establezcan de forma clara y suficiente los fundamentos jurídicos de su criterio con la finalidad de evitar la discrecionalidad o la arbitrariedad.
En relación al principio de motivación, esta Corte Constitucional ha señalado que es a través del deber de motivar que los jueces manifiestan una actuación apegada a la Constitución y a las leyes en cada caso concreto, conforme se establece en las sentencias N.º 016-13-SEPCC y 023-10-SEP-CC:
?El principio de la motivación se articula simbióticamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, aquello no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia; y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto3?.
En el caso en concreto, en lo correspondiente a las sentencias de primera y segunda instancia, el argumento medular del análisis legal realizado gira en torno a si existió o no la prescripción de la acción laboral. Esta Corte verificará si en estas sentencias se vulneró o no el derecho al debido proceso, específicamente respecto a los argumentos del accionante, en la garantía de obtener resoluciones motivadas de los poderes públicos.
Sobre este punto, el juez cuarto de Trabajo de Pichincha señala:
?3.- El Art. 403 del Código de Trabajo, establece plazos específicos de prescripción para la reclamación de esta clase de indemnizaciones, señalando, en su parte final, que en ningún caso ?esto es las especificadas en la norma: a) aquellos cuyas consecuencias dañosas se manifestaren con posterioridad; y, b) las que requieran informes de la Comisión Calificadora de Riesgos ? podrán presentarse después de tres años de producido el mismo, por lo que, correspondía al actor proponer su acción de manera oportuna y cumpliendo con lo preceptuado en el
Art. 97 número 2 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, es procedente la excepción de prescripción alegada por la parte accionada, tornando improcedente los reclamados formulados por el actor en los literales e), f)) y g) de su demanda?4.
Y sobre el mismo punto, la Primera Sala de lo Laboral de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha señala:
?(?) En tal virtud de lo expuesto, al haber la parte accionada alegado prescripción de la acción al momento de contestar la demanda y al haberse perfeccionado la citación a uno de los demandados Juan Francisco Avilés Ramia mediante tercera boleta con fecha 1 de diciembre del año 2010 a las 15h00, esto es, fuera del plazo previsto tanto en el artículo 403 del Código de Trabajo, ha operado la prescripción de la acción, como ya se analizó. (?)?5.
Una vez analizados los argumentos principales de las sentencias antes indicadas, esta Corte evidencia que dichas sentencias llevan a cabo un análisis pormenorizado de los elementos fácticos y jurídicos del caso. En la misma línea se determina que dichas sentencias atienden a las alegaciones y excepciones planteadas por el actor y demandados respectivamente, y fundamentados en las normas legales pertinentes llegan a la conclusión de que en este caso operó la prescripción de la acción laboral.
La sentencia impugnada de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia estableció como punto principal:
? (?) Por otro lado, el demandante en su escrito contentivo del recurso menciona la infracción de una serie de disposiciones legales, pero en la parte correspondiente a la fundamentación ha omitido realizar la confrontación jurídica de todas y cada una de las normas que estima transgredidas en relación con la parte dispositiva de la sentencia que ataca, lo cual habría permitido a este Tribunal dilucidar su injerencia en la decisión de la causa; si bien es cierto, el demandante ha indicado el vicio en el cual han recaído las normas que estime violentadas, esto es, falta de aplicación, pero en argumentación no explica como dicho error influyó en la decisión, ya que simplemente se ha limitado a transcribir el contenido legal de las disposiciones transgredidas?6.
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 016-13-SEPCC, caso N.º 1000-12-EP del 16 de mayo del 2013. Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 023-10-SEP-CC, caso N.º 0490-09-EP del 11 de mayo del 2010.
4 Sentencia impugnada en el presente caso dictada el 21 de abril del 2011, por el Juez Cuarto de Trabajo de Pichincha, dentro del juicio laboral Nº 2011-0979.
5 Sentencia impugnada en el presente caso dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 27 de julio del 2011, dentro del juicio laboral Nº 2011-0979.
6 Sentencia impugnada en el presente caso emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, 28 de septiembre de 2011, dentro del juicio