Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/765544565
Timestamp: 2019-03-19 02:11:24
Document Index: 18462433

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 241', 'artículo 28', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 241', 'artículo 28', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 42', 'artículo 164', 'artículo 607', 'artículo 28', 'artículo 607', 'artículo 164', 'artículo 28']

Sentencia de Constitucionalidad nº 036/19 de Corte Constitucional, 30 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 765544565
Actor: GLORIA YANETH GOMEZ CRUZ
Demandado: LEY 1564 DE 2012
Expediente: D-12448
COMPETENCIA TERRITORIAL CUANDO EL DEMANDADO CAREZCA DE DOMICILIO O NO TENGA RESIDENCIA EN EL PAÍS Y EN LOS PROCESOS DE FAMILIA. Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 1º y 2º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Considera la demandante que los apartes normativos acusados, al someter a los colombianos residentes en el exterior a que una vez que sea decretado el divorcio por autoridad extranjera en el país de residencia, solo produzca efectos cuando sea tramitado en Colombia a través de la figura del exequatur, vulnera los artículos 42-11, 228 y 229 de la Constitución Política. Teniendo en cuenta que los cargos formulados carecen de los requisitos de claridad, especificidad y pertinencia, la Corte se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demandaRecibo Relatoria:
Demandante: G.Y.G.C..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana G.Y.G.C. formuló demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 1º y 2º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012 “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. La demandante considera que se vulnera el inciso 11 del artículo 42, y los artículos 228 y 229, de la Constitución Política.
A su vez se dispuso en dicho Auto (i) correr traslado del proceso al Procurador General de la Nación para que emitiera el concepto correspondiente, (ii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores e invitar a participar en este proceso, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, a la Comisión Colombiana de Juristas; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; al Instituto Colombiano de Derecho Procesal; al Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (Dejusticia); y a los decanos de las facultades de derecho de la Universidad de los Andes, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia, Libre de Colombia, Católica de Colombia, de C. y a la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario; para que, si lo estimasen conveniente, mediante escrito que deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al de recibo de la comunicación respectiva, emitieran su concepto técnico especializado sobre las disposiciones que son materia de la impugnación de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2067 de 1991.
En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.
En los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y de bienes, declaración de existencia de unión marital de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve.”
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta contra los numerales 1º y 2º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Dado que el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Universidad Libre, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Caldas y la Universidad del Rosario, consideran que la demanda no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, y sugieren que la Corte debe proferir un fallo inhibitorio, pasa la Sala a verificar si la demanda cumple con los requisitos mínimos para ser analizada.
Teniendo en cuenta las consideraciones supra reseñadas y que aluden a la ineptitud de la demanda en estudio, le corresponde a la Sala verificar si como aducen los intervinientes, la demanda carece de los requisitos mínimos para ser analizada, lo cual –por consecuencia- hace inviable otro tipo de estudio.
El artículo 40.6 de la C. Pol., establece el derecho de interponer acciones públicas de inconstitucionalidad. El principio pro actione, implica que por la naturaleza pública de aquellas acciones, las mismas no deben estar sometidas a condiciones técnicas especialísimas que la hagan de imposible conocimiento en su fondo. No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha dispuesto que la demanda de inconstitucionalidad debe cumplir con unos criterios mínimos de racionalidad argumentativa, que tenga en cuenta unos presupuestos generales y otros especiales que hagan viable la acción. Es decir, no se trata de imponer una serie de requisitos a tal extremo difíciles de cumplir, que se vuelva casi ilusoria la posible aceptación de las razones del demandante, pero tampoco relajarlos o flexibilizarlos a tal punto que el principio democrático inmerso en la ley, resulte casi una banalidad insustancial.
Sobre los presupuestos generales, se ha señalado que las demandas de inconstitucionalidad deben cumplir con los criterios contenidos en el artículo 2º del Decreto ley 2067 de 1991. Además de dichos requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha señalado unos criterios especiales que se refieren a que las demandas de inconstitucionalidad, deben ser (i) claras, (ii) ciertas, (iii) específicas, (iv) pertinentes, y (v) suficientes[3]. Se ha hecho énfasis en que estos requisitos no pueden convertirse en un escrutinio excesivamente riguroso[4].
Como lo ha expuesto la Corte al presentar el concepto de violación, el actor debe exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Este Tribunal, refiriéndose al contenido de los argumentos aptos para incoar la acción de inconstitucionalidad ha expresado:
Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en el presente asunto, la Corte Constitucional debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo porque efectivamente encuentra –no obstante la admisión inicial—y a la vista de las razones explicitadas por los intervinientes, que la demanda en contra de los apartes de los numerales 1 y 2 del artículo 28 del C.G.P. no cumple con las cargas mínimas anotadas.
En efecto, la actora, como ya se reseñaba, adujo que los apartados de los numerales del artículo demandado, vulneraban el inciso 11 del artículo 42 y los artículos 228 y 229 de la Constitución relacionados con la posibilidad de la cesación de los efectos civiles del matrimonio por divorcio respecto a la ley civil, el acceso a la administración de justicia, el juez natural y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, pues, en su opinión, los apartados de las normas demandadas i) someten a los colombianos residentes en el exterior a que una vez que sea decretado el divorcio por autoridad extranjera en el país de residencia, ii) solo produzca efectos en Colombia a través de la figura del exequatur.
Como se explicó, la actora estima que esta circunstancia afecta a cerca de 4.700.000 colombianos que están domiciliados en el exterior, ya que si estos pretenden incoar la demanda de divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio civil o religiosos contraído en Colombia, serán remitidos a tribunales extranjeros, dando lugar a que se excluya a estas personas del acceso a la administración de justicia y juez natural, ya que según el artículo 164 del código civil, el divorcio decretado en el exterior, solo producirá los efectos de la disolución, condicionándolos a que la causal se admita por la ley colombiana una vez sea notificado personalmente o emplazado mediante el trámite del exequatur contenido en el artículo 607 de la Ley 1564 de 2012[21].
Como se explicó en los antecedentes, la demanda va dirigida a algunos apartes de los numerales 1º y 2º del artículo 28 del C.G.P. Así del numeral primero el apartado referente a la competencia territorial en los procesos contenciosos que establece que, “cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia” y que, “cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca será competente el juez del domicilio o la residencia del demandante”. Así mismo demanda del numeral 2º referente a diferentes procesos de familia el apartado de competencia territorial[22] señala que, “será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve”.
Analizada la demanda de la referencia, la Corte encuentra que no se edificó correctamente el concepto de violación de la norma acusada, conforme con los presupuestos determinados por la jurisprudencia constitucional, al no haberse cumplido con los requisitos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia.
En efecto, como se puede apreciar, los apartados de los numerales demandados no se refieren a los trámites internos que se deben realizar para poder homologar el divorcio que se declare en el extranjero a través del trámite del exequatur, sino que versan concretamente sobre la competencia territorial de los trámites contenciosos y de asuntos de familia que están centrados en el factor subjetivo y territorial. De tal forma, la accionante dirigió su acusación contra requisitos formales que no se encuentran en la norma acusada partiendo del supuesto fáctico y normativo equivocado, puesto que las reglas de procedimiento que se aplican a los procesos judiciales en el territorio colombiano, se diferencian de la regulación procesal y sustancial que se debe aplicar a los juicios que debe adelantarse en el extranjero aunque tengan como partes a connacionales, como lo aseveró la Universidad Libre.
De otra parte, observa la Corte que la demandante no contrastó los apartados de los numerales del artículo demandado con las normas constitucionales que se suponen están siendo afectadas, sino que hizo referencia a una serie de trámites que pueden constituirse en barreras para la posibilidad de tramitar el divorcio de los colombianos en el exterior, pero que no se encuentran contenidas en las normas acusadas, sino en otros preceptos como el artículo 607 de la Ley 1574 sobre el exequatur y el artículo 164 del Código Civil.
Por último, como se reseñó, las acusaciones planteadas por la parte actora se desarrollan en el plano legal, partiendo de posiciones subjetivas y de conveniencia sobre los efectos nocivos de la aplicación de las normas estudiadas a los colombianos residentes en el exterior que requieran adelantar el divorcio o la cesación de efectos civiles de su matrimonio religioso, más que de argumentos de naturaleza constitucional que habilitaran el examen por parte de este Tribunal.
En consecuencia, como no se encuentra que en la demanda se explique de manera clara, cierta, específica y pertinente, por qué razón los apartados de los numerales 1º y 2º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P.), vulneran los artículos 42 (inciso 11) y 228 y 229 de la Constitución, ni aplicando el principio pro actione esta Corporación podría avanzar en el estudio de constitucionalidad del asunto de la referencia.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 6800122130002017-00694-01 de 10 de Noviembre de 2017