Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-561-de-septiembre-2-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_c5ad092d9e3240fc80c94765ea1513b0&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 06:25:13
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 359', 'artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 626', 'artículo 626', 'artículo 626', 'artículo 75', 'artículo 241', 'artículo 75', 'artículo 64', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 359', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 345', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 58', 'artículo 243', 'artículo 20', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 27', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 27']

﻿ Sentencia C-561 de septiembre 2 de 2015
SENTENCIA C-561 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:INGRESO DE MULTAS A PRESUPUESTO DE SUPERINDUSTRIA Y SUPERFINANCIERA. SE DECLARÓ EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 10 Y 11 DEL ARTÍCULO 58 Y EL PARÁGRAFO 3° DEL ARTÍCULO 61 DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR, LEY 1480 DEL 2011, EN DONDE SE ESTABLECE QUE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SUPERINDUSTRIA) Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA (SUPERFINANCIERA), EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, INGRESARÁN AL PATRIMONIO DE CADA UNA DE ELLAS. EL FALLO SE APARTÓ DE LA SENTENCIA C-748 DEL 2011, QUE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE UNA NORMA SIMILAR Y, EN CAMBIO, RETOMÓ EL PRECEDENTE SENTADO EN LA PROVIDENCIA C-280 DE 1996, DONDE SE ESTABLECIÓ QUE LA PROHIBICIÓN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 359 DE LA CARTA POLÍTICA, SOLO COBIJA A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL. SE ACLARÓ QUE TALES SUPERINTENDENCIAS DEBEN UTILIZAR ESOS RECURSOS DE FORMA TRANSPARENTE Y ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE MANERA QUE SE PERMITA EL CONTROL CIUDADANO SOBRE SU MANEJO, MEDIANTE LOS INFORMES DE GESTIÓN Y UNA CONTABILIDAD QUE INDIQUE CON PRECISIÓN LA INVERSIÓN DE AQUELLOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RECAUDO DE LA CARTERA FISCAL, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DERECHOS DEL CONSUMIDOR, SANCIÓN
Sentencia C-561 de septiembre 2 de 2015
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 numerales 10 y 11 (parciales), artículo 61, parágrafo 3º (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones”.
“ART. 58.—Procedimiento. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales:
2. Será también competente el juez del lugar donde se haya comercializado o adquirido el producto, o realizado la relación de consumo. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio deba conocer de un asunto en un lugar donde no tenga oficina, podrá delegar a un funcionario de la entidad, utilizar medios técnicos para la realización de las diligencias y audiencias o comisionar a un juez.
4. <Aparte tachado derogado por el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>. No se requerirá actuar por intermedio de abogado. Las ligas y asociaciones de consumidores constituidas de acuerdo con la ley podrán representar a los consumidores. Por razones de economía procesal, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá decidir varios procesos en una sola audiencia.
e) <Literal derogado por el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>.
8. <Numeral derogado por el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado.
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad.
PAR. 2º—Dentro de las actuaciones administrativas solo serán admisibles las mismas causales de exoneración de responsabilidad previstas en el titulo 1 de esta ley.
PAR. 3º—El cincuenta por ciento (50%) de las sanciones que impongan la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación del registro en las cámaras de comercio y de protección de datos personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada superintendencia y el otro cincuenta por ciento (50%) se destinará para fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red.
11. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.
14. En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del texto superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”(3).
15. Si bien en este trámite solo la Universidad de los Andes aunque defendió la exequibilidad de las normas demandadas, también expresó razones para solicitar un pronunciamiento inhibitorio y los cargos a primera vista satisfacen las cargas recién indicadas, encuentra la Sala que el actor no presenta acusación alguna contra uno de los apartes demandadas, tal como lo señala el Procurador General de la Nación. Así, aunque es claro que estima que una regulación que confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos derivados de las multas que la entidad impone desconoce el debido proceso (principio de imparcialidad), no expresa las razones por las que estima inconstitucional que parte de ese dinero se destine a “fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red”, como lo ordena el inciso final del artículo 64 de la Ley 1480 de 2011, parcialmente demandado.
De igual manera, ha aclarado que las sentencias son vinculantes en distintos sentidos. Así, de una parte, las decisiones adoptadas en la parte resolutiva son, por regla general, obligatorias para las partes del proceso, sin perjuicio de la facultad de la Corte de extender esos efectos, cuando ello sea necesario para asegurar la prevalencia y supremacía constitucional (sents. C-113/93 y C-131/93). Sin embargo, las razones esenciales de la decisión constituyen el precedente jurisprudencial, o la respuesta construida por el juez al problema jurídico estudiado.
Pero, así como el juez debe asumir esas exigentes cargas cuando desee modificar el precedente o apartarse de su fuerza vinculante en el caso concreto, el seguimiento del precedente también cumple el papel de “descarga” argumentativa, en la medida en que su existencia, aunada al principio de igualdad es, en sí misma, una razón relevante y en ocasiones suficiente para fallar.
En la Sentencia C-748 de 2001 la corporación ejerció el control previo de constitucionalidad sobre el Proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010, Senado, y 046 de 2010, Cámara, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. En el control y vigilancia del manejo de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce diversas funciones y, entre estas, posee la facultad de imponer sanciones a las empresas que vulneren los mandatos de la ley citada y, por esa vía, el derecho al hábeas data.
En el proyecto de ley al que se hace referencia que fue objeto de control por la Sentencia C-748 de 2011, el Congreso de la República estableció diversas fuentes de recursos para que la superintendencia ejerciera adecuadamente sus funciones. En el numeral a) del artículo 20 del Proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010, Senado y 046 de 2010, Cámara, el legislador incluyó entre esos recursos el dinero proveniente de las multas impuestas a los vigilados.
“2.19.3. Análisis de constitucionalidad del artículo 20.
El artículo 20 se refiere a los recursos con los cuales ha de funcionar esa delegada. Asobancaria plantea que si los dineros producto de las multas son un factor válido de financiación para que la nueva delegatura que se crea en la Superintendencia de Industria y Comercio pueda ejercer las funciones que le son atribuidas por la ley. En este sentido, debe responderse si la destinación de esta renta se encuentra conforme con el artículo 359 de la Constitución, el cual consagra que “No habrá rentas de destinación específica”.
Ahora bien, dicho principio constitucional guarda estrecha relación con el principio de unidad de caja, estipulado en el Decreto 111 de 1996 (estatuto orgánico del presupuesto), el cual sostiene que “Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de todas las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación”, es decir, que la totalidad de los ingresos públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común desde donde se asignan a la financiación del gasto público.
Por otro lado, el artículo 27 del Decreto 111 de 1996 consagra la clasificación de los ingresos corrientes de la Nación, señalando que se dividen entre “tributarios” y “no tributarios”. Los primeros a su vez, se clasifican en “impuestos directos e indirectos” y los segundos en “tasas” y “multas”. Entonces, tenemos que las multas se consideran ingresos no tributarios pero que pertenecen al ingreso corriente de la nación, que son destinados al presupuesto nacional. Lo anterior, es consecuente con la norma constitucional que define el significado de ingresos corrientes como “los constituidos por ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital”.
En este orden, la financiación de esta nueva dependencia dependerá de los recursos del presupuesto nacional señalados en el literal b) del artículo 20 en revisión, que en consecuencia será declarado exequible pues se establece en cumplimiento del principio del gasto público consagrado en el artículo 345”(4).
Un grupo de intervinientes sostiene que la Corte debe seguir el precedente contenido en la Sentencia C-748 de 2011, en la que se declaró la inexequibilidad del artículo 20 del Proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
Artículo 20 de la al Proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” Artículo 58, numerales 10º y 11 (parciales) y 61, parágrafo 3º, de la Ley 1480 de 2011
PAR. 3º—El cincuenta por ciento (50%) de las sanciones que impongan la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación del registro en las cámaras de comercio y de protección de datos personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada superintendencia (...).
De acuerdo con el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y ninguna autoridad puede reproducir “el contenido material” de un acto declarado inexequible por la corporación, cuando ello obedezca a razones de fondo.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los textos normativos del artículo 20 del proyecto de ley estatutaria de protección de datos y de los enunciados demandados, contenidos en le Ley 1480 de 2011 son distintos, de manera que debe descartarse de plano la existencia de cosa juzgada formal. Sin embargo, su contenido normativo sí presenta evidentes semejanzas.
Así, el artículo declarado inexequible en la Sentencia C-748 de 2011(5) establecía directamente que las multas harían parte de los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, en materia de protección de datos. Las normas que se demandan plantean que, en el ejercicio de funciones sancionatorias por violación de las normas de protección del consumidor, el dinero recaudado por concepto de multas se debe pagar a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio (arts. 59, lits. 10 y 11, parciales) o que el 50% de esos recaudos se destinará al presupuesto de la misma institución (art. 61, par. 3º, parcial). Así las cosas, los textos no coinciden punto por punto (las DJ no son iguales) y no existe cosa juzgada en su dimensión formal.
Por ese motivo, la Sala concluye que si bien no se trata de normas idénticas, pues no coinciden plenamente en su ámbito de aplicación, sí guardan una semejanza indiscutible. Todas suponen que el dinero recaudado a través de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio puede o debe ingresar a su propio presupuesto. La ratio decidendi de la Sentencia C-748 de 2011(6) responde, precisamente, al problema jurídico acerca de si esa destinación desconoce la prohibición contenida en el artículo 359, superior. Por lo tanto, si bien no se presenta cosa juzgada material, sí existe un precedente relevante para la decisión del caso concreto.
En la C-748 de 2011(7), la corporación analizó un contenido normativo muy similar a los que actualmente son estudiados por la Sala, resulta claro que, en principio, debería seguirse la argumentación trazada en esa ocasión y, en consecuencia, declarar la inexequibilidad de los fragmentos normativos de la Ley 1480 de 2011, objeto de análisis.
Sin embargo, la Sala observa que, en este trámite, el Ministerio de Hacienda presentó argumentos sólidos a favor de una decisión distinta. Estos argumentos se basan en que, según jurisprudencia constitucional (Sent. C-280/96(8) en la que la corporación estudió la constitucionalidad de un amplio conjunto de artículos de la L. 200/95, CDU), las multas sí pueden destinarse a una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que ello viole la prohibición contenida en el artículo 359 de la Constitución Política.
En esa dirección, afirma el ministerio citado que las multas no son ingresos provenientes de la potestad impositiva del Estado, ni necesariamente del orden nacional y que, por lo tanto, no quedan comprendidas dentro de la prohibición de que se establezcan rentas de destinación específica (C.P., art. 359, ya citado). Es oportuno recordar entonces los fundamentos centrales del precedente que invoca el Ministerio de Hacienda:
“13. Uno de los demandantes ataca aquellas expresiones del CDU que destinan a la entidad correspondiente el producto de las multas impuestas como sanción disciplinaria, pues considera que de esa manera se establece una contribución parafiscal, cuya creación compete al legislador y no a la autoridad sancionadora. Además, añade, esta destinación provoca en la administración un comportamiento doloso tendiente a imponer multas a fin de acrecentar el presupuesto de la entidad respectiva, por lo cual el actor pide la inexequibilidad de varias expresiones de los artículos 29 y 31 del CDU.
La Corte no comparte el cargo del actor y declarará exequibles esas expresiones, pues las multas son sanciones pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, por lo cual se distinguen nítidamente de las contribuciones fiscales y parafiscales, pues estas últimas son consecuencia del poder impositivo del Estado. Esta diferencia de naturaleza jurídica de estas figuras jurídicas se articula a la diversidad de finalidades de las mismas. Así, una multa se establece con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable, mientras que una contribución es un medio para financiar los gastos del Estado. Por consiguiente, si una autoridad disciplinaria impone multas a los servidores públicos, no con el fin de sancionar o prevenir la comisión de faltas disciplinarias sino para aumentar sus recursos, estaríamos en frente de una típica desviación de poder que —conforme al art. 88 del CCA— implicaría la nulidad de la actuación, pues la autoridad habría utilizado sus atribuciones con una finalidad distinta a aquella para la cual le fueron conferidas por la normatividad. Pero esa eventualidad no implica la inconstitucionalidad del mandato, según el cual, las multas impuestas como sanciones disciplinarias deben destinarse a la entidad en la cual preste o haya prestado sus servicios el funcionario. En efecto, se reitera, las multas no tienen naturaleza tributaria, como lo demuestra precisamente el artículo 27 del Decreto 111 de 1995 que las sitúa dentro de los ingresos no tributarios, subclasificación de los ingresos corrientes de la Nación. Por ello, no es admisible el cargo de competencia que el actor hace recaer sobre los artículos sub examine. Ni tampoco se está vulnerando el artículo 359 de la Carta que prohíbe las rentas nacionales de destinación específica pues, desde las primeras decisiones en que tuvo que estudiar el tema, esta corporación ha establecido que una interpretación sistemática de la Constitución permite concluir que esta prohibición se refiere exclusivamente las rentas de naturaleza tributaria. Y, finalmente, esa destinación tiene unas finalidades sociales razonables, pues los artículos 6º y 7º del Decreto 2170 de 1992 establecen que las multas impuestas en virtud de una sanción disciplinaria se cobrarán por cada una de las entidades a las cuales pertenezca el servidor sancionado y se destinarán a financiar programas de bienestar social de los empleados de las entidades”(9).
Necesidad de rectificar el precedente establecido en la Sentencia C-748 de 2011(10):
En este caso se presenta una situación muy particular, al momento de interpretar y aplicar los precedentes. Existe, de una parte, una sentencia reciente, C-748 de 2011(11), en la que se declaró la inexequibilidad de una norma casi idéntica a las que analiza la Sala en este trámite. En ese fallo consideró la Corte, en síntesis, que aunque las multas no son tributos, sí se encuentran cobijadas por la prohibición del artículo 359 superior, dado que constituyen ingresos corrientes no tributarios de la Nación. Por el contrario, en la Sentencia C-280 de 1996(12) la corporación fue enfática en señalar que la norma superior (C.P., art. 359) exclusivamente cobija a los ingresos provenientes de tributos del orden nacional.
“La Corte no puede menos que coincidir con los intervinientes. En efecto, de una parte, la Corte ya ha señalado que el artículo 359 de la Carta se refiere, exclusivamente, rentas nacionales de carácter tributario. A este respecto, la corporación ha señalado: “La Corte considera que las rentas nacionales a las que se refiere el indicado precepto son precisamente las de origen tributario. Así lo expresó con claridad en la Sentencia C-40 del 11 de febrero de 1993: El artículo 359 de la Constitución nacional prohíbe las rentas nacionales de destinación específica, con excepción de las participaciones en favor de las entidades territoriales, las destinadas a inversión social, y las que en virtud de leyes anteriores hubieren sido destinadas a la previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. A dos razones fundamentales obedeció esta importante prohibición. En primer lugar, como se sabe, las rentas de destinación específica no eran computables dentro del monto global del presupuesto nacional para efectos de señalar la debida participación de las entidades territoriales. La proliferación de tales rentas disminuía entonces el monto de las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos. En segundo lugar, la afectación de determinadas rentas restaba flexibilidad a la asignación del gasto público. Así, gastos que en un momento adquirían la condición de prioritarios, debían ceder ante la previa asignación legal de ciertas rentas, cuyo monto era cada vez mayor. Por estas dos razones, el constituyente decidió excluir del presupuesto nacional las llamadas rentas de destinación específica, a fin de aumentar el monto global sobre el cual se computa la participación fiscal de las entidades territoriales y hacer más flexible el manejo del gasto público. Ahora bien, lo que hace el artículo 359, es excluir del presupuesto las rentas nacionales de destinación específica, mas no prohibir la creación de contribuciones parafiscales —que por su naturaleza, son de destinación específica—, o excluir de los presupuestos de las entidades territoriales distintas a la Nación, dichas rentas. La prohibición que se estudia no excluye la existencia de contribuciones parafiscales, pues la propia Carta consagra este tipo de gravámenes y cuando la norma habla de “rentas nacionales”, se refiere fundamentalmente a rentas de naturaleza tributaria. De una parte, la Carta autoriza al Congreso para decretar contribuciones parafiscales las cuales tienen como característica esencial ser recursos de destinación específica. Y si como bien se sabe, uno de los principios fundamentales de hermenéutica jurídica es el de interpretar sistemáticamente un conjunto normativo de manera que sus disposiciones adquieran un sentido dentro del contexto y puedan ser aplicables, debe concluirse que la prohibición a la que alude el artículo 359, no incluye a las contribuciones parafiscales, contempladas en los artículos 150-12, 179-3 y 338 de la Carta. De otra parte, una interpretación sistemática del texto constitucional nos lleva a afirmar que la expresión “rentas nacionales de destinación específica”, se refiere exclusivamente a rentas de naturaleza tributaria o impuestos. Esto es así, por cuanto no solo el concepto rentas evoca el de impuestos, sino que también sería difícil entender cómo podrían ser aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 150-7, 210, 336 y 362 de la Carta, en cuanto se refiere a la descentralización por servicios. Es bien sabido que el legislador otorga a algunas entidades con patrimonio autónomo ciertas funciones, en virtud de las cuales recaudan de manera sistemática y continuada, una serie de recursos que son destinados a su cumplimiento. Si tales recursos fueran entendidos como rentas nacionales, no podrían tener destinación especial, además que pasarían a formar parte del presupuesto nacional quedando así desvertebrado el principio constitucional de la descentralización por servicios. Todo lo anterior nos permite afirmar que la prohibición del artículo 359 no incluye a las contribuciones parafiscales. Se refiere exclusivamente a las rentas fiscales. Aquellas por el contrario, no afectan el fisco, no surgen como participación o transferencias de rentas nacionales, no son impuestos y por lo tanto cuentan con un régimen jurídico especial, distinto al consagrado para los ingresos tributarios de la nación. De otra parte, la prohibición de crear rentas de destinación específica se aplica exclusivamente a las rentas de carácter nacional que entran al presupuesto general y no a las rentas locales que engrosan los presupuestos departamentales, distritales o municipales (...). De lo cual resulta que cuando el ingreso no es de carácter tributario, no se considera que sea una renta nacional cuya destinación específica se encuentre prohibida”.
También en la Sentencia C-280 de 1996(13), este tribunal evalúo el cargo por presunta vulneración al debido proceso, en cuanto a la eventual afectación de la imparcialidad de la autoridad de vigilancia que podría surgir, en la medida en que las normas demandadas, ordenan que las multas sean impuestas a su favor o ingresen al presupuesto de la entidad. La Corte estimó que esa posibilidad no se desprende de la regulación, sino que se traduciría en un abuso, susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, bajo el concepto de desviación de poder, vicio que afecta la validez de los actos administrativos.
En efecto, la desviación de poder (actualmente, desviación de las propias atribuciones), se presenta “cuando la atribución de que está investido un funcionario se ejerce, no hacia el fin requerido por la ley, sino en busca de logros diferentes. Según lo ha reiterado esta corporación, la alegada desviación de poder como causal de anulación de los actos administrativos “Consiste en el hecho de que una autoridad administrativa, con la competencia suficiente para dictar un acto ajustado, en lo externo, a las ritualidades de forma, lo ejecuta, no en vista del fin para el cual se le ha investido de esa competencia, sino para otro distinto”(14).
Por las razones expuestas, la Sala seguirá entonces el precedente sentado en la Sentencia C-280 de 1996(15) y declarará la exequibilidad de los enunciados normativos demandados.
Declarar EXEQUIBLES las expresiones a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, contenida en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, del literal a), numeral 11 de la Ley 1480 de 2011 y “tendrán como destino el presupuesto de cada superintendencia”, del parágrafo 3º, del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
(1) Sentencia C-066 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(2) Cfr. Sentencia C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(3) Es un resumen de los apartes centrales de la Sentencia T-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) en la que se abordó, con amplitud, el estudio de los requisitos argumentativos mínimos de las demandas de inconstitucionalidad.
(4) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. Los magistrados cuestionaron si el proyecto cumplía las condiciones de constitucionalidad de una ley estatutaria sobre protección de la información y los datos personales, tomando en cuenta que no contenía una regulación integral del tema. SPV. Mauricio González Cuervo, en relación con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 27 del proyecto, aspecto que no se relaciona con el problema jurídico abordado en esta providencia.
(5) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
(6) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
(7) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
(8) M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
(9) M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
(10) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
(11) Sentencia C-748 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
(12) M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
(13) M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
(14) Sentencia del treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Clara Forero de Castro. Ver también la sentencia del 22 de enero de 2015, rad. 25000-23-24-000-2008-00382-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), la alta corporación precisó “(...) ha dicho el Consejo de Estado que cuando se alega desviación de poder debe llevarse al juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiese proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan.
En otras palabras, cuando se alega desviación de poder como causal para pedir la nulidad de un acto administrativo y como consecuencia un eventual restablecimiento de derecho, quien pretenda esa declaración está obligado a aportar tales pruebas que el juez del conocimiento no tenga la más mínima duda, que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó obtener el fin obvio y normal determinado al efecto, sino que, por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que se obtuviera como resultado una situación en un todo diversa a la que explícitamente busca la ley (...)”.
(15) M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.