Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-25900-de-junio-6-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c8e2a1aa67ea0178e0430a0101510178&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-18 22:39:58
Document Index: 206483406

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 25', 'artículo 290', 'artículo 45', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 177', 'Artículo 113']

﻿ Sentencia 1999-25900 de junio 6 de 2012
SENTENCIA 1999-25900 DE 06 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE UNA ENTIDAD FINANCIERA O EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE ESTA. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PUEDE TENER ORIGEN EN LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES, IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ASÍ COMO EN HECHOS U OMISIONES EN LA TOMA DE POSESIÓN, EN LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCIÓN, DEMANDABLES EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO. EN ESTOS CASOS EL RÉGIMEN SUBJETIVO DE LA FALLA PROBADA EN EL SERVICIO ES EL QUE SE DEBE APLICAR PORQUE EN LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN E INCLUSO, DURANTE LA MISMA LIQUIDACIÓN, PUEDEN CAUSAR DAÑOS A LOS AHORRADORES O USUARIOS E INCLUSO A LAS MISMAS ENTIDADES FINANCIERAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, INSTITUCIÓN FINANCIERA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 1999-25900 de junio 6 de 2012
Rad. 25000232600019992590 01
Interno: 21.249
Demandante: Pedro Rafael Martínez Rojas
‘Ahora bien: la Sala estima que este fallo será inhibitorio y no de fondo. Por este motivo no entra a reestudiar si esos depósitos a término constituyen títulos valores y si se pueden aportar en copias al proceso. En cambio, la tesis de la petición antes de tiempo sí se reitera en esta oportunidad.
Se hace el cambio de jurisprudencia porque la decisión de fondo produciría cosa juzgada material sobre la responsabilidad estatal y podría entorpecer en esta forma, la eventual acción que podría intentarse luego de la culminación del mencionado proceso de liquidación. En otros términos, solo cuando termine la liquidación de la persona intervenida se sabrá a ciencia cierta qué perjuicio se produjo y su magnitud. Mientras tanto ese daño posee una indiscutible nota de incertidumbre que impide su reconocimiento’(2).
“- Falta de la Superintendencia Bancaria por acción, al realizar una inadecuada investigación (irregularidades en el debido proceso) de la situación financiera que presentaba Construyecoop y que dio consecuencia la adopción de la medida cautelar de vigilancia especial.
- Falta de la Superintendencia Bancaria por acción, al proferir mediante comunicación 19989029535-1 del 28 de julio de 1998, las instrucciones que llevarían a la toma de posesión de Construyecoop como fueron “no captar recursos del público, (...) ni recibir ni extender CDATs”.
A su turno, el estatuto orgánico del sistema financiero, EOSF, —contenido en el Decreto 663 de 1993— dispuso que el sistema financiero y asegurador estaba conformado de la siguiente manera: i) establecimientos de crédito; ii) sociedades de servicios financieros; iii) sociedades de capitalización; iv) entidades aseguradoras; v) intermediarios de seguros y reaseguros.
“- Establecer una vigilancia especial, en cuyo caso la entidad vigilada deberá observar los requisitos que para su funcionamiento establezca la Superintendencia Bancaria con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen.
- Coordinar con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras las acciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones que regulen su funcionamiento.
- Promover la administración fiduciaria de los bienes y negocios de la entidad por otra institución financiera autorizada.
- Ordenar la recapitalización de la institución, de acuerdo con las disposiciones legales.
- Promover la cesión total o parcial de sus activos, pasivos o contratos o la enajenación de sus establecimientos de comercio a otra institución.
- Ordenar la adopción de un plan de recuperación”.
g. Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del capital suscrito;
a. Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40 %) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado.
— Copia simple de un documento que dice contener el certificado de depósito de ahorro a término, CDAT, cuyos titulares, al parecer, serían los señores Pedro Rafael Martínez Rojas y Martha Cecilia Alfonso Martínez, por valor de $ 15.000.000, el cual carece de eficacia probatoria, comoquiera que de manera reiterada lo ha sostenido la corporación(9), las copias no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretende hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil (fl. 12, cdno. 1).
“... 4. Evaluación de la entidad.
1. Incumplimiento en el nivel del fondo de liquidez durante todo el semestre de 1998. El nivel promedio durante los seis meses ha sido de 8.76 %, por debajo del nivel mínimo del 10 % exigido en el Decreto 1134 de 1989. Dicho incumplimiento sostenido permite estimar un riesgo de deterioro de la situación de liquidez en el mediano plazo, poniendo en duda la capacidad de responder oportunamente sus obligaciones.
a. Con respecto a los saldos registrados en los balances de los meses de diciembre de 1997, marzo/98 y mayo/98, frente a los libros oficiales de diario y mayor y balances se establecieron diferencias importantes en las cuentas de cartera de crédito, cuentas por cobrar y otros activos. En particular, se capitalizó el saldo de intereses causados dentro de la cuenta cartera de créditos, en desconocimiento de lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993 relativo a principios de contabilidad.
Todo lo anterior podría constituir una violación de las normas de contabilidad generales y de aquellas expedidas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ‘Dancoop’ (...).
Teniendo en cuenta que la entidad ha estado contraviniendo normas contables, dilatando la entrega de información a la visita, incumpliendo los estatutos y reglamentos de crédito en casos relacionados con la administración y observando un agudo deterioro financiero causado por la concentración en activos en desmedro de la cartera de créditos como principal activo generador de ingresos financieros. Se recomienda la (sic) someter a la entidad a vigilancia especial de conformidad con lo consagrado en el artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero” (fls. 71-82, cdno. 2).
Los miembros del consejo por unanimidad autorizan someter a la entidad cooperativa a vigilancia especial” (fls. 78-82, cdno. 2) (se destaca).
— Copia auténtica de la Resolución 893 de julio 15 de 1998, expedida por la Superintendencia Bancaria, a través de la cual se estableció una vigilancia especial sobre Construyecoop, Entidad Financiera Cooperativa, de conformidad con lo siguiente:
“Sobre el particular la Superintendencia Bancaria, a través de la visita de inspección que actualmente adelanta en Construyecoop, Entidad Financiera Cooperativa Construyecoop, ha establecido que el fondo de liquidez, viene situándose por debajo del 10 % desde marzo de 1998 (9.1 % en marzo, 8.4 % en abril y 8.6 % en mayo) y por lo tanto la entidad cooperativa no mantiene un coeficiente de liquidez ajustado a las normas legales. (...).
A partir de los análisis y evaluaciones realizadas por la comisión de visita de la Superintendencia Bancaria se observa que Construyecoop, Entidad Financiera Cooperativa Construyecoop, al corte a 31 de diciembre de 1997, no presenta una causación de intereses tanto de mora como corrientes, en forma particular para cada obligación, lo cual coloca a la institución en la imposibilidad de demostrar el acatamiento de la disposición mencionada, quedando la entidad en posición de incumplir reiteradamente la norma citada. Dicha situación, adicionalmente, no permite establecer la realidad económica de la entidad y su capacidad para responder ante terceros. (...).
Respecto del artículo 25 del reglamento de crédito y cartera referente a la prohibición de ser codeudor en más de dos créditos, se ha podido establecer la posible violación al mismo por parte del presidente de la Cooperativa Construyecoop. (...).
Séptimo: suministro de información a la visita del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ‘Dancoop’ y a la Superintendencia Bancaria. Se ha presentado demora en el suministro de la información requerida por la visita. En varias ocasiones la entidad [h]a obviado las fechas previstas para la entrega de la información directamente relacionada con los créditos dirigidos a la administración, documentos relativos a las transacciones realizadas con algunos activos fijos, aquella relacionada con libros de actas del comité de crédito, información específica de créditos cancelados y reestructurados, así como también los soportes contables de los intereses causados y las provisiones de la cartera de créditos en forma individual. (...).
Noveno: Que los activos fijos e improductivos de la cooperativa se han incrementado de una manera exagerada, situación que puede reducir en forma substancial, el margen financiero de la entidad. Muchos de estos inmuebles han sido comprados hasta por un valor que excede en cuatro veces el de la última negociación, sin que haya transcurrido más de un año entre las dos negociaciones. (...)” (fls. 83-88, cdno. 2).
— Copia auténtica de la Resolución 2350 de 20 de noviembre de 1998, expedida por la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución antes aludida, en el sentido de “confirmar en todas sus partes la Resolución 893 del 15 de julio de 1998...” (fls. 164-173, cdno. 2).
El nivel promedio durante los seis meses ha sido de 8.76 %, por debajo del nivel mínimo del 10 % exigido en el Decreto 1134 de 1989. Dicho incumplimiento sostenido permite estimar un riesgo de deterioro de la situación de liquidez en el corto plazo, poniendo en duda la capacidad de responder oportunamente sus obligaciones. (...).
Teniendo en cuenta que la entidad ha incumplido reiteradamente el nivel mínimo del fondo de liquidez, que tiene compromisos de pago que puedan ponerla en una situación de cesación de pagos por parte de la visita, se determine la toma de posesión con fines de administración o de liquidación de los bienes, haberes y negocios de la cooperativa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 290, 291, 292 y 293, numeral 1º del estatuto orgánico del sistema financiero” (fls. 90-96, cdno. 2).
“... Teniendo en cuenta que la entidad ha incumplido reiteradamente el nivel mínimo del fondo de liquidez, que tiene compromisos de pago que puedan ponerla en una situación de cesación de pagos en el corto plazo, se recomienda la toma de posesión con fines de administración de los bienes, haberes y negocios de la cooperativa, de conformidad con lo consagrado en los artículos 115 y 291 del estatuto orgánico del sistema financiero.
Los miembros del consejo asesor, unánimemente recomiendan al superintendente tomar posesión para administrar a Construyecoop dada la situación de la entidad...” (fls. 97-101, cdno. 1).
— Copia auténtica de la Resolución 1042 de agosto 10 de 1998, expedida por la Superintendencia Bancaria, en cuya virtud se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Construyecoop Entidad Financiera Cooperativa (fls. 102-105, cdno. 2).
—Copia auténtica del aviso a través del cual se le dio a conocer al público que mediante Resolución 1042 del 10 de agosto de 1998, la Superintendencia Bancaria dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Construyecoop Entidad Financiera Cooperativa; en dicho aviso, además, se advirtió lo siguiente:
Por último resulta pertinente mencionar, que mediante la aludida Resolución 1042 esta superintendencia designó al doctor Óscar Antonio Hernández Gómez, para que asumiera la administración y representación legal de la cooperativa objeto de intervención” (fl. 108, cdno. 2).
— Copia auténtica de la Resolución 2430 de diciembre 11 de 1998, expedida por la Superintendencia Bancaria, en la cual se ordenó nuevamente la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Construyecoop, Entidad Financiera Cooperativa Construyecoop, con fines de liquidación, toda vez que tal entidad “continúa inmersa en las causales de toma de posesión” (fls. 175-191, cdno. 2).
— Copia auténtica de la Resolución 1327 de agosto 25 de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo antes referenciado, en el sentido de “confirmar en todas sus partes la Resolución 2430 del 11 de diciembre de 1998...” (fls. 194-199, cdno. 1).
“A la fecha he devuelto el 56.4 % del valor de las acreencias de la no masa, la cual está compuesta por ahorros y CDATs.
Para el mes de diciembre estaré devolviendo aproximadamente un 12 % adicional a este grupo de acreedores.
El señor Pedro Rafael Martínez Rojas presentó la reclamación número 15-207, por la cual le fueron reconocidos en la no masa (por ahorros y CDAT) $ 18.251.777 y aportes por $ 33.153. Estos últimos calificados como pasivo interno.
De este valor, la liquidación le ha devuelto $ 10.110.575 y Fosadec le adquirió $ 2.000.000, quedando un saldo de $ 6.141.202. Es importante anotar que este saldo se reduce un poco por efectos de aplicarle la retención en la fuente a los rendimientos del CDAT” (fl. 67, cdno. 2) (negritas fuera del texto original).
— Copia auténtica de la Resolución 102 del 30 de junio de 2005, mediante la cual el liquidador de Construyecoop en Liquidación ordenó declarar terminada la existencia y representación legal de la aludida cooperativa; lo anterior se adoptó en los siguientes términos:
Segunda: que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo del EOSF, el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras procedió mediante Resolución 28 del 16 de diciembre de 1998 a designarme como liquidador para Construyecoop.
Tercera: que mediante la Resolución 1 de 1999 se decidió sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas oportunamente al proceso de liquidación de Construyecoop en Liquidación y se determinaron los bienes y derechos excluidos de la masa de la liquidación, se estableció el orden de restitución de los mismos, así como la prelación de pagos de los créditos a cargo de la masa.
Sexta: que terminado el último periodo fijado para la restitución de bienes excluidos de la masa de la liquidación, quedaron sumas de dinero sin reclamar por parte de los acreedores, por lo que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del Decreto 2211 de 1999, se constituyeron sendas provisiones por el término de tres meses, dándole el trámite indicado en dicho artículo y siguientes.
Séptima: que el artículo 29 del Decreto 2211 de 2004 establece: ‘... Pasivo cierto no reclamado. Si atendidas las obligaciones excluidas de la masa y aquellas a cargo de ella, de acuerdo con las reglas previstas en el presente decreto, subsisten recursos, el liquidador mediante acto administrativo, determinará el pasivo cierto no reclamado a cargo de la institución financiera intervenida señalando su naturaleza, prelación de acuerdo con la ley y cuantía...’, por lo que es deber del liquidador determinar el pasivo cierto no reclamado, si subsistieren recursos, constituidas las provisiones del artículo 5º del Decreto 2211 de 2004. Ahora bien, teniendo en cuenta que a la fecha no subsisten recursos no será procedente la determinación del pasivo cierto no reclamado.
Octava: que a la fecha se encuentran plenamente determinadas las sumas y bienes excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación. Que por no existir recursos disponibles, ni haberse cancelados la totalidad de las acreencias tanto de la masa como las excluidas de ella, no es procedente determinar el pasivo cierto no reclamado ni la desvalorización monetaria de conformidad con lo indicado en el Decreto 2211 de 2004. Que se encuentra determinado el activo a cargo de la entidad financiera. Que a la fecha la totalidad de activos de la entidad han sido distribuidos entre los acreedores. Que a la fecha las reservas indicadas en el artículo 46 del Decreto 2211 fueron constituidas y se les dio el tratamiento indicado en dicho artículo; que a la fecha la entidad ha cancelado el valor requerido para mantener el archivo de la entidad; que desde el día 30 de junio del 2004 se ha realizado el cierre contable de la entidad; que contra la rendición de cuentas de finales del liquidador no se presentó recursos ni objeción alguna, la cual fue protocolizada mediante escritura pública 1181 del 1 de julio de 2005.
ART. 1º—Declarar, a partir de la fecha de la presente resolución, terminada la existencia legal de Construyecoop Entidad Financiera Cooperativa ‘Construyecoop en Liquidación’.
ART. 5º—Remitir copia de la presente resolución al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, así como de la rendición de cuentas, contrato de archivo y demás documentos necesarios para que se tenga un registro de la liquidación y de su cierre.
ART. 6º—Notificar la presente resolución a todos los interesados, en la forma indicada en el artículo tercero de esta parte resolutiva, indicando que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de realizada la publicación en un diario de amplia circulación nacional” (fls. 164-167, cdno. ppal.).
— Oficio 3880 de octubre 24 de 2011, por medio del cual el Fondo de Garantías Financieras, Fogafin, indicó lo siguiente:
Así las cosas, debemos informarle que con los recursos disponibles en la liquidación, esta canceló el 92.02 % de las acreencias de la no masa, agotando así los recursos existentes, por lo que se declaró la terminación de existencia y representación legal de la entidad.
Por lo anterior, se concluye que a la fecha de la resolución de la terminación de la existencia legal de la entidad se habían distribuido la totalidad de los activos entre los acreedores, quedando así los créditos insolutos, dentro de los cuales está la devolución del pasivo interno, rango donde se encuentra el asociado” (fls. 161-162, cdno. ppal.) (negritas fuera del texto original).
b. En virtud de la recomendación efectuada por el consejo asesor, la Superintendencia Bancaria profirió la Resolución 893 de julio 15 de 1998 y, mediante la misma, decretó la medida cautelar de vigilancia especial sobre Construyecoop, entre varias razones, por lo siguiente:
Que el fondo de liquidez se había situado por debajo del 10 % desde marzo de 1998, por lo tanto la cooperativa no mantenía un coeficiente de liquidez ajustado a las normas legales;
Que la comisión de visita de la Superintendencia Bancaria en la sede de Construyecoop, había establecido la posible existencia de créditos a administradores sin el lleno de los requisitos exigidos, de conformidad con el reglamento de crédito de la citada cooperativa;
Que se había presentado demora en el suministro de la información requerida por la visita del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, y la Superintendencia Bancaria;
Que respecto de los saldos registrados en los balances de los meses de diciembre de 1997, marzo y mayo de 1998, frente a los libros oficiales de diario y mayor y balances, existían diferencias importantes en las cuentas de cartera de crédito, cuentas por cobrar y otros activos.
A su turno, dentro del artículo 4º del referido acto administrativo, se resolvió lo siguiente:
e) La advertencia que, en adelante, no se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad...”.
f. El 27 de octubre de 2000, el liquidador de Construyecoop certificó que el señor Pedro Rafael Martínez Rojas presentó la reclamación 15-207, a través de la cual le fue reconocida con cargo a la “no masa”, por concepto de ahorros y CDAT, la suma de $ 18.251.777; así mismo se reconocieron, como parte del pasivo interno, los aportes efectuados en cuantía de $ 33.153.
De las anteriores cifras, la liquidación de la citada cooperativa, hasta esa fecha, le había devuelto al señor Pedro Rafael Martínez Rojas la suma de $ 10.110.575 y Fosadec le había adquirido $ 2.000.000, restando un saldo equivalente a $ 6.141.202.
g. El 30 de junio de 2005, el liquidador de Construyecoop, en Liquidación, mediante acto administrativo, declaró terminada la existencia legal de la referida cooperativa.
h. El 24 de octubre de 2011, el Fondo de Garantías Financieras, Fogafin, allegó al asunto de la referencia el Oficio 3880, a través del cual informó que en relación con la reclamación efectuada por el señor Pedro Rafael Martínez Rojas, esta se encontraba dentro de los aportes sociales, los cuales integraban el pasivo interno y constituían capital de riesgo, cuya cancelación se realizaba una vez se hubiere cancelado la totalidad de la “no masa” y de las acreencias de la masa, respetando la prelación de créditos.
En virtud de lo anterior, precisó que con los recursos disponibles en la liquidación del referido ente asociativo, se canceló el 92.02 % de las acreencias de la “no masa”, agotando así los recursos existentes, motivo por el cual se declaró la terminación de la existencia y representación legal de la entidad.
Así las cosas, dentro del acervo probatorio del asunto de la referencia obra una certificación expedida por el liquidador de Construyecoop, en Liquidación, a través de la cual se indicó que el señor Martínez Rojas era asociado de esa cooperativa.
Adicionalmente, en dicha certificación se dejó constancia de que el señor Martínez Rojas presentó la reclamación 15-207, en virtud de la cual le fue reconocido por concepto de “no masa – ahorros y CDAT”, el valor de $ 18.251.777 y por concepto de aportes la suma de $ 33.153, este último calificado como “pasivo interno”.
Además, se certificó que de las cifras citadas anteriormente, Construyecoop, en Liquidación, le devolvió al actor la suma de $ 10.110.575 y Fosadec le adquirió $ 2.000.000, quedando un saldo a favor del señor Pedro Rafael Martínez Rojas por el equivalente a $ 6.141.202.
En virtud de lo anterior, se reitera que en casos como el presente corresponde a la parte demandante acreditar los conocidos elementos que configuran la responsabilidad patrimonial de la administración pública: actuación u omisión del estado, daño antijurídico y nexo causal entre aquella y estos, elementos respecto de los cuales observa esta subsección que no se encuentra demostrado el nexo causal entre el hecho y el daño reclamado, motivo por el cual dicha omisión imposibilita a la Sala abordar el estudio respecto de si constituye deber jurídico de la demandada resarcir los perjuicios que del daño se hubieren derivado y, en consecuencia, si la sentencia apelada debía ser revocada.
A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma, toda vez que —bueno es insistir en ello—, no allegó al proceso prueba idónea y eficaz para acreditar que las supuestas irregularidades en las cuales habría incurrido la Superintendencia Bancaria durante el proceso de vigilancia especial y, la posterior toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Construyecoop, para su administración y liquidación, respectivamente.
(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias de 25 de mayo de 1990. Expediente 5739. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de junio de 1990. Expediente 5881. Conejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta; 20 de septiembre de 1990. Expediente 4335. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta; 17 de febrero de 1994. Expediente 6783. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta; 4 de marzo de 1994. Expediente 6298. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández; 27 de octubre de 1994. Expediente 9763. Conejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta; 7 de mayo de 1998. Expediente 10.397. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque; 17 de agosto de 2000. Expediente 11.811. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar.
(2) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de marzo de 1989. Expediente 5393. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo.
(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de julio de 2009. Radicación 25000-23-26-000-1999-00228-01(27920). Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
(5) Artículo 113 del EOSF: “La vigilancia especial es una medida cautelar para evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria incurran en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, o para subsanarla. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Bancaria determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen”.
(9) En este sentido pueden consultarse, entre muchas otras providencias, las sentencias dictadas por esta subsección el 10 de marzo de 2011, Expediente 19.347 y el 27 de abril de ese mismo año, Expediente 19.192.
(10) Al respecto consultar, entre otras, sentencias de 3 de mayo de 2007. Expediente 17.280; 26 de marzo de 2008. Expediente 16.085; 23 de abril de 2008. Expediente 15.750. 28 de abril de 2010, Expediente 20087, del Consejo de Estado