Source: http://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/el-caso-de-la-empresa-espaola-repsol-en-per
Timestamp: 2016-06-30 16:03:21
Document Index: 382506366

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 13', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo41']

El presente trabajo tiene su origen en la búsqueda por
sistematizar prácticas de empresas domiciliadas en
países que han ratiicado el Convenio 169 de la OIT
en territorios indígenas de Perú. El in es proveer material y
datos a quienes estiman, como es el caso de los autores, que estos países, sus gobiernos y sus empresas están obligados al pleno cumplimento de los preceptos de este convenio, así como lo están los Estados en que las poblaciones indígenas son mayoritarias, como es el caso de Perú.
Empresas domiciliadas en países ratiicantes
del convenio 169-OIT operando en
territorios de pueblos indígenas en Perú
Yaizha Campanario Baqué y Pedro García Hierro
Empresas domiciliadas en países ratiicantes del convenio 169-OIT
operando en territorios de pueblos indígenas en Perú.
Autoría: Yaizha Campanario Baqué y Pedro García Hierro.
Edición: Coordinación por los Derechos
de los Pueblos Indígenas (CODPI).
Diseño, maquetación y corrección: Edita Diagonal
(http://diagonalperiodico.net/edita).
Fotografías: Martí Orta (UAB), Eliseo Hualinga, José Torres,
FECONACO, FEDIQUEP.
Mapas: Ermeto Tuesta, Instituto del Bien Común (Perú).
Impresión: Versus (Grupo Publicep).
Depósito legal: M-26727-2013
ISBN: 978-84-968601-9-6
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)
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Esta publicación ha sido realizada con el apoyo inanciero
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), con cargo al proyecto “Herramientas
para un enfoque de derechos humanos en las políticas y
acciones con los pueblos indígenas”. El contenido de dicha
publicación es responsabilidad exclusiva de las editoras y no
releja necesariamente la opinión de la AECID.
Hace ya algunos años, y sobre la base de una experiencia colectiva anterior,
las organizaciones alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas, Almáciga,
Mugarik Gabe y ACSUD Las Segovias País Valencià constituimos la Red
para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas como un espacio
no formalizado, aunque efectivo, de acción conjunta en este ámbito de la
Nuestra asociación, hoy denominada Coordinación por los Derechos de los
Pueblos Indígenas (CODPI), se fundamenta en la especialización y experiencia
de cada una de las organizaciones en el trabajo con pueblos indígenas, a favor
del reconocimiento y la aplicación efectiva de sus derechos y del logro de un
desarrollo propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas.
Todas trabajamos con numerosas organizaciones indígenas y redes de apoyo
en América Latina y Europa. Además, llevamos a cabo una labor de incidencia
política y social a nivel estatal y de los diferentes territorios en los que tenemos
nuestras sedes respectivas.
Este espacio es el producto de una perspectiva y una experiencia de trabajo
compartidas, fundamentadas en la creencia de que es posible un mundo en el que
se respeten los derechos humanos y tengan cabida las diferencias.
El objetivo de la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas
(CODPI) es promover, desde el Estado español, el ejercicio efectivo de los
Para ello, tomamos como referencia principal —aunque no única— el marco
normativo especíico que conforman los dos instrumentos internacionales más
importantes que abordan los derechos de estos pueblos:
●	la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en
septiembre de 2007, y
●	el Convenio nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, raticado por el gobierno español en febrero de ese
Presentación | pág. 8 |
Presencia en tierras indígenas de empresas extractivas domiciliadas en españa: el
caso Repsol. | pág. 10|
Repsol en el lote 39: la cerrada negación de la existencia de pueblos en aislamiento | pág. 14 |
Área geográica
Concesión del lote
La Eco-región de bosques húmedos del Napo
Pueblos indígenas en el ámbito del lote
¿Hay pueblos indígenas no contactados en los lotes 39 y 67?
Acciones legales interpuestas
Evaluación de la actuación de las empresas y el Estado en el lote y los
estándares internacionales sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario
Repsol en el lote 109: la irrupción ilegal de la empresa en territorios indígenas | pág. 28 |
Pueblos indígenas en la zona
Mal manejo de los primeros contactos
Planteamiento de las organizaciones representativas
Agudización de las tensiones
Otros intentos en el lote 109
Repsol en el lote 57: aspectos generales | pág. 35 |
Sobre el proyecto del lote 57
Evolución de la situación general en el lote
Prácticas comunes de Repsol en el lote
Estudio de caso: el
pueblo caquinte de la selva central del perú | pág. 42|
Contexto jurídico: obligaciones públicas y acuerdos privados | pág. 42 |
Empresas domiciliadas en países ratiicantes del convenio 169-OIT operando en territorios de pueblos indígenas en Perú. El caso de la empresa española Repsol
Introducción: Los acuerdos entre Repsol y el pueblo caquinte | pág. 45 |
Análisis de las condiciones para la validez de los acuerdos entre Repsol y las comunidades y organizaciones del
pueblo caquinte | pág. 49 |
1º. Desmedida asimetría entre las partes.
2º. Estipulaciones desproporcionadamente gravosas para una de las partes y disparidad exagerada en el equilibrio de las
contraprestaciones mutuasuntario.
3º. Renuncia inadmisible de derechos fundamentales.
Anexo a la segunda parte: visita a la
comunidad de Tsoroja | pág. 74|
Los derechos humanos del pueblo caquinte y la extracción de hidrocarburos
del subsuelo de su territorio tradicional:
afectación y responsabilidades | pág. 79|
Punto de partida: la ilegitimidad de la ocupación territorial por Repsol en tierras caquinte | pág. 80 |
Los derechos afectados al pueblo caquinte a la luz de los estándares internacionales | pág. 81 |
La libre determinación y la autonomía
Los derechos territoriales
Responsabilidades: empresas y derechos humanos de pueblos indígenas
Repsol en el lote 109: la irrupción ilegal de la empresa en territorios indígenas | pág. 88 |
Política de relaciones de Repsol con las comunidades indígenas | pág. 94 |
La responsabilidad extraterritorial del Estado español por las violaciones a los
derechos humanos realizados por empresas cuya sede radica en España | pág. 100 |
Bibliografía | pág. 104 |
l presente trabajo tiene su origen en la búsqueda por
datos a quienes estiman, como es el caso de los autores, que
estos países, sus gobiernos y sus empresas están obligados al
pleno cumplimento de los preceptos de este convenio, así
como lo están los Estados en que las poblaciones indígenas son
mayoritarias, como es el caso de Perú.
En esas circunstancias, en junio de 2011, se trabó un contacto,
casual en muchos aspectos, con el Sr. Joel Sergio Figueroa, a
la sazón jefe de la comunidad de Tsoroja, del pueblo caquinte,
quien había viajado a la ciudad de Lima en busca de apoyo
para afrontar su conlicto con la empresa Repsol, que, sin
proceso de consulta previa ni consentimiento alguno, venía
trabajando en el interior del territorio de su pueblo. Más tarde
ampliamos el contacto con el presidente de la Organización
de Desarrollo del Pueblo Kakinte (Moisés Sergio Salazar),
organización representativa de las siete comunidades en que se
distribuye su población.
El caso del pueblo caquinte1 se presentaba como singular
por cuanto, aun partiendo de una situación de aislamiento
geográico, que le caracteriza como pueblo en contacto
esporádico y en desigualdad con los pueblos indígenas vecinos
–quienes incluso marginan al pueblo caquinte en cuanto
pueblo, incluyendo en esa marginación su identidad y su
Un pueblo en condiciones
de vulnerabilidad extrema como el
caquinte pone a prueba el aparato
del Estado peruano y su voluntad
para cumplir con sus compromisos
internacionales en el campo de los
lengua– manifestaba, no obstante, una resistencia recalcitrante
frente a los intentos de las empresas del Consorcio de
Camisea. Sin embargo, estas empresas habían conseguido
hasta cierto punto doblegar al resto de los pueblos de la región;
siendo, como son, pueblos con una dirección organizativa
compleja y con una mayor experiencia/práctica en procesos
de autogestión indígena no solo a nivel interno, sino también
ante el Estado y las empresas que encabezan las actividades de
hidrocarburos en sus territorios.
Un pueblo en condiciones de vulnerabilidad extrema como
el caquinte pone a prueba el aparato del Estado peruano y su
voluntad para cumplir con sus compromisos internacionales
en el campo de los derechos humanos, así como también la
capacidad de las empresas para desarrollar en la práctica sus
publicitadas políticas de responsabilidad social.
El trabajo, desde el principio, no estuvo enfocado a hacer una
enumeración de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas que afrontan actividades extractivas en su territorio,
un tema que ya ha sido profusamente trabajado, sino más bien a
tratar de analizar las condiciones en que las empresas ingresan
a los territorios propiedad de los pueblos indígenas alterando,
casi siempre de manera irreversible, todas las condiciones que les
permitieron vivir como un pueblo único y autónomo.
¿Qué es lo que justiica esta intromisión en la vida de un
pueblo con tamañas secuelas en el orden de los derechos
personales y colectivos? La jurisprudencia y los estándares
internacionales han resuelto que la respuesta está en un
proceso de consulta previo, informado, libre y de buena
fe, culturalmente apropiado, en el que, por unas u otras
razones, se llegue a convencer a dicho pueblo de consentir
el proyecto; generalmente un proyecto que conlleva el
enriquecimiento ajeno a costa de poner en riesgo su propio
plan de vida y sus determinaciones de desarrollo. Al in y al
cabo, el consentimiento libre tras una consulta adecuadamente
efectuada podría ser una respuesta sobre la base de la aplicación
del derecho a la autonomía y a la libre determinación.
Sin embargo, ¿y si no existe o no se realiza dicho proceso de
consulta, o no se realiza de acuerdo a la buena fe? Estamos,
entonces, ante un abuso del derecho que reproduce prácticas
coloniales, pero que pocos se plantean como ilegítimo. No
obstante, lo es en la misma medida que lo fue hace 500
años, y por similares razones. Más aún, se lleva a cabo con
mecanismos semejantes.
Es claro que un incumplimiento del Estado, violatorio
de derechos humanos de alto rango en la jerarquía
jurídica, no debería ser aprovechado por las empresas
para enriquecerse, al menos no sin quebrar la imagen de
decencia y de responsabilidad social que las empresas se
esmeran en exhibir.
Sin embargo, las empresas alegan el respeto al derecho –también
un derecho constitucional– al libre ejercicio de la voluntad
contractual de las personas indígenas (naturales y jurídicas) para
establecer acuerdos privados que podrían, según ellas, propiciar un
mínimo de legitimidad a sus intervenciones. Solo que la forma en
que habitualmente se construyen estos acuerdos no suele cumplir
con los requisitos para su validez jurídica, ni por su contenido ni
por su forma, con lo que no solo no sirven a la inalidad de legitimar
el uso de una propiedad ajena y la violación continuada de
derechos fundamentales de un colectivo humano, sino que añaden
a la transgresión nuevas injurias y afrentas contra la dignidad del
pueblo afectado.
Cuando se trata de empresas europeas domiciliadas en países que
han ratiicado el Convenio 169 de la OIT –como es el caso de la
empresa Repsol, cuya actuación en el Perú ha centrado nuestra
atención–, los Estados deberían tomar cartas en el asunto; porque a
nuestro entender, y de acuerdo con la Convención de Viena sobre
los tratados –y el texto del propio Convenio–, están obligados a ello
Con ese hilo conductor, el presente texto está estructurado
en tres partes: en la primera, se presentan diversos contextos,
que constituyen casos en los que la empresa Repsol entra en
conlicto con las poblaciones indígenas con las que interactúa e
impone su presencia de manera irregular, forzando la voluntad
incluso de aquellos que no pueden expresarla por sí mismos.
En la segunda parte, nos centramos en el caso del pueblo
caquinte para analizar precisamente las condiciones en las
que se producen los acuerdos particulares que, asumidos como
actos de consentimiento, sirven a la empresa para legitimar su
intervención sistemática y continuada en tierras de pueblos
indígenas no consultados al respecto.
En la tercera parte, se trata de comparar, brevemente, la
crónica de los sucesos enumerados en el estudio con el
mandato de la normativa peruana, el de los estándares
internacionales construidos para la protección de los derechos
de los pueblos indígenas y la propia política de responsabilidad
social publicitada por la empresa, para terminar introduciendo
el debate de la responsabilidad que cabe esperar de los Estados
que han ratiicado el Convenio 169 de la OIT para controlar
y regular la actividad de sus nacionales en tierras de pueblos
indígenas, incluyendo sus empresas de bandera o cuya matriz
tiene domicilio permanente en dichos países.
Es preciso decir que nuestro aporte se concentra en la
segunda parte de este documento y que nada nos daría mayor
satisfacción que el hecho de que el texto fuera de provecho
para impulsar iniciativas que desarrollen lo que introducimos,
de manera muy provisional, en la tercera parte del trabajo.
El contacto con el pueblo caquinte nos ha supuesto no
pocos compromisos, ya que se trata de un pueblo con muy
poco apoyo y con grandes necesidades de cooperación en
una coyuntura muy compleja, en la que en una década se
han visto obligados a reconsiderar su perspectiva sobre el
mundo que les tocó y les va a tocar vivir. En cualquier caso,
nos hemos visto sorprendidos por el avance signiicativo que
el pueblo caquinte ha experimentado en un corto lapso de
tiempo, aunque con muy escasa respuesta del Estado. No
solo han logrado poner en marcha la propia organización de
la ODPK en medio de tantos problemas internos, también se
han dado avances en el reconocimiento y la normalización
oicial del alfabeto de su idioma, tan importante para
reforzar su identidad; la autoidentiicación a partir de
su dinámica sociocultural interna, ante una convivencia
compleja con pueblos vecinos con los que está emparentado
etno-lingüísticamente; la exposición pública de sus
necesidades sociales más urgentes; el acercamiento a otras
organizaciones de base como la Central Ashaninka de Río
Ene con el in de fortalecerse en aprendizajes y mecanismos
que favorecerán la autogestión indígena de su pueblo; las
iniciales relexiones sobre posibles reconiguraciones en
el uso y manejo de las reservas comunales Ashaninka y
Machiguenga, que constituyen áreas de uso ancestral por
parte del pueblo caquinte, entre otros; sus estrategias para
conigurar y asegurar su unidad territorial en medio de la
conlictividad que experimentan; el manejo espontáneo y
efectivo de los medios de comunicación; la lucha contra la
manipulación de las empresas; el diicultoso lobby con las
oicinas del Estado; ciertos planes de recomposición de su
territorio tradicional y tantos otros.
Ellos, los caquinte, y nosotros, hemos contado con la
inestimable colaboración de la lingüista Lucy Gutiérrez
Dongo. Sería injusto no mencionar aquí su nombre, aunque
posiblemente ella no disfrute con ello. Pero buena parte de la
información sobre lo que aquí se relata procede de sus fuentes,
aunque no es responsable del uso que, con acierto o sin él,
hemos hecho de ella. Pero es que además Lucy Gutiérrez está
en muchos aspectos entregada a la causa del pueblo caquinte
con una pasión que en ocasiones conmueve en un medio
laboral donde cada vez menos jóvenes profesionales están
dispuestos a ponerse del lado de quienes no tienen a nadie.
Un agradecimiento especial al Presidente de ODPK, Sr.
Augusto Moisés Sergio Salazar; a Cornelio Sergio Sánchez,
Vice Jefe de la Comunidad Nativa Tsoroja; al Teniente
Gobernador, Sr. Geremías Sergio Salazar, y a sus esposas;
así como al Sr. Ugarte Salazar Sergio, Jefe de Uni 311
Mangoriari; y a los comuneros y comuneras de la CN
de Tsoroja, que nos ayudaron a entender un poco más la
situación. También al Jefe de la comunidad, Sr. Joel Sergio
Figueroa, quien pese a su posicionamiento, inquieto para con
nuestro trabajo, siempre nos acogió con el mayor respeto.
Ojalá hayamos podido, y podamos en el futuro, contribuir a
que los derechos de este pueblo sean respetados y puedan vivir
con libertad y autonomía la vida que ellos determinen vivir.
Yaizha Campanario Baqué y
1. El uso más recurrente de las grafías «c» y «q» para denominar
a este pueblo proviene de la opción del Instituto Lingüístico de
Verano (ILV por sus siglas en inglés). Dado que se encuentra
todavía en proceso la oicialización del alfabeto se utilizará esta
grafía convencional, pero no deinitiva, que es la de uso común.
No obstante, la organización representativa, la ODPK, optó por la
doble k para designar el nombre del pueblo al que representa, no
sin tener reacciones de algunas de las comunidades.
Presencia en tierras indígenas
de empresas extractivas domiciliadas en España:
1. Sobre los efectos
petroleras y otros
tierras indígenas ver
LA TORRE, Lily: Solo
IWGIA, 1998.
2. Corte IDH: Caso del
Pueblo Saramaka vs.
Surinam. Excepciones
Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de
xisten actualmente dos grandes empresas
petroleras domiciliadas en España –país
que ha ratiicado el Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales– que
vienen operando en tierras indígenas en la
Amazonía peruana: CEPSA (Compañía Española
de Petróleos S.A.), que es concesionaria de los lotes
130, 131 y 114; y Repsol, que opera en los lotes 57,
39 y 109, y participa como socio en los lotes 103,
76, 56 y 88, estos dos últimos ya en producción.
Repsol, anteriormente, había explorado otros lotes
en diversas cuencas amazónicas.
En ninguno de los casos se han cumplido
los requisitos mínimos que la Convención
Americana y el Convenio 169 de la OIT
exigen para legitimar la explotación de recursos
naturales en tierras indígenas. Esto es: un
proceso de consulta previa libre e informada
para llegar a acuerdos o lograr el consentimiento
(obligación de los Estados vinculados por el
Convenio); la co-participación en los estudios
previos, incluyendo aquellos realizados para
evaluar el impacto social y ambiental de cada
proyecto; una participación acordada en los
beneficios de la explotación; y el conocimiento
y respeto de las prioridades del desarrollo
definidas por el pueblo indígena afectado.
En el desarrollo de las actividades de
hidrocarburos quedan afectados de manera
determinante los derechos colectivos a la
autodeterminación y al territorio, así como una
serie de derechos conexos.
En conjunto, las actividades de estas dos
empresas, CEPSA y Repsol, afectan a no
menos de 14 pueblos indígenas diferentes.
De esta manera, estos pueblos se ven
resignados a afrontar un destino del que
apenas conocen las circunstancias, pero
que por descontado cambiará por completo
sus tradicionales formas de vida, su salud,
su alimentación, las condiciones de su
medio ambiente, de sus relaciones internas
y externas, y muy posiblemente, a la luz de
todas las experiencias anteriores, su dignidad
individual y colectiva, que define el objetivo
de la totalidad de las normas constitucionales
en el ordenamiento peruano1. La explotación
de hidrocarburos en tierras indígenas supone
cambios trascendentales, un punto de inflexión
irreversible que ni los comuneros ni el propio
Estado son capaces de entender, ni mucho
menos anticipar. Así lo ha señalado la Corte
Interamericana en el caso Saramaka	vs.	Surinam
(2007), expresando su preocupación por los
severos impactos que previsiblemente generarán
los planes de desarrollo o de inversión de
escala altamente significativa en los territorios
indígenas, colocando en situación de grave riesgo
a los pueblos asentados en él. Precisamente
por eso, la Corte determina con claridad que,
para estos casos, el Estado está obligado no solo
a consultar, sino que también deberá obtener
un consentimiento libre, previo e informado
del pueblo afectado, de acuerdo a sus visiones,
costumbres y tradiciones2.
La obligación del Estado de implementar las
medidas necesarias para garantizar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas ha sido
relegada en el Perú para garantizar a las empresas
extractivas actuar con un grado de libertad muy
amplio, y así hacer atractivas las inversiones en
un entorno regional donde la competitividad se
busca en base a la liberación –hasta el máximo
grado posible– de los compromisos sociales o
ambientales de las empresas.
Por otra parte, si las expectativas de una
protección efectiva por parte del Estado
disminuyen con cada nueva experiencia, las
organizaciones indígenas han hecho ver en
reiteradas ocasiones que la alianza Estadoempresas, en lo referente a hidrocarburos y
otros megaproyectos, genera una asimetría tan
acentuada que minimiza también las alternativas
de autoprotección de los pueblos indígenas.
Los hechos de violencia han sido frecuentes, pero
también los procesos de resignación a un humillante
acomodo basado en la dependencia y la pérdida de
control sobre las decisiones en sus espacios territoriales.
Primera parte: el caso de Repsol
Gráico 1: Mapa de concesiones en
el Perú. Fuente Perupetro, 2012.
3. Se ha imputado
además a la
Gráico 2: Repsol en Perú
por sospechas de
iscal por su creciente
presencia en diversos
paraísos iscales y los
desequilibrios que
generan algunas de las
las que participa
en el Perú, incluyendo
no declaradas y
autoexoneradas de
regalías en puertos no
autorizados, tal como
reiere María Altamira
para IDL-Reporteros:
http://idl-reporteros.
pe/2012/10/24/
luces-y-sombrasde-la-expansion-derepsol-en-peru
La presencia de Repsol en la Región
La falta de respeto a los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas por parte de las empresas
extractivas viene facilitada y patrocinada por la
connivencia de un Estado que elude su rol. Esta
actitud cómplice con las omisiones del Estado
violatorias de derechos colectivos está generalizada,
y las empresas españolas no son una excepción.
Estas deberían, por estar asociadas a la imagen y
bandera de un país que ha ratiicado el Convenio
169 de la OIT, asumir la obligación –exigible– de
tomar todas las medidas a su alcance para hacer
respetar los mandatos que se derivan de aquel
Por el contrario, Repsol viene destacando en el
medio como una empresa cuyas malas prácticas
han ocasionado cuestionamientos rigurosos de las
organizaciones indígenas representativas. En todos
los casos. Tomando en cuenta su corta experiencia
en tierras indígenas y el carácter incipiente de
sus intervenciones, los problemas generados en el
entorno de sus concesiones auguran situaciones
conlictivas con secuelas perjudiciales para todos
los involucrados, incluyendo sus accionistas3.
CEPSA, por su parte, parece haber heredado las
maneras de Repsol y, en sus primeros contactos
con las poblaciones indígenas involucradas en el
área de sus contratos, practica unos mecanismos de
relacionamiento similares a los de su antecesora.
Repsol, empresa petrolera española creada en
1927, consolida sus actividades en el exterior
a partir de 1999. Las operaciones de Repsol
YPF en el Perú se iniciaron en 1995 en el
marco del proceso de privatización del sector
de hidrocarburos, irmando un contrato con la
empresa estatal Perupetro SA para la exploración
petrolera –a través de Repsol Exploración Perú,
Sucursal de Perú– de un lote situado en el zócalo
continental, al norte de la costa peruana. Más
tarde, entre los años 1997 y 2000, la empresa
adquirió cinco lotes más en la selva norte y baja
de la Amazonía peruana, en los cuales desarrolló
actividades de exploración, hoy ya inalizadas.
A partir del año 2001, Repsol YPF suscribió
nuevos contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos en la misma región. En marzo de
2010, asociado a Ecopetrol, empresa colombiana,
suscribió contratos sobre los lotes 176, 180, 182
y 184, y se consolidó como una de las irmas con
mayor presencia en tierras indígenas en el Perú.
de violaciones jurídicas graves contra pueblos
en situación vulnerable. En el caso peruano,
algunas de estas controversias han sido objeto
de demandas por vías judiciales y otras han
generado enfrentamientos directos con personal
de la empresa con diferente nivel de beligerancia.
Desde su relativamente reciente aparición en la
escena americana, son numerosos los estudios y
frecuentes las noticias que evalúan o publicitan
los conlictos generados por Repsol y denuncian
su modus	operandi, en el Perú4 y en el área
latinoamericana en general. En todos ellos se
evidencian prácticas contrarias a la buena fe,
a la ética empresarial5 y, algo más relevante,
violatorias de los derechos de los pueblos
indígenas. Se han denunciado interferencias
perniciosas en la vida interna de las comunidades
y en su autonomía, y los maniiestos relacionados
con conlictos motivados por la presencia de la
empresa son habituales, si bien su difusión no es
siempre posible para los afectados. Las tensiones
generadas en el interior de las comunidades, o
entre comunidades vecinas, o entre Repsol y
las organizaciones representativas de diferente
nivel, en cada contrato, revelan un manejo
inadecuado de las relaciones, que en muchas
ocasiones maniiestan una conducta cómplice
Los nuevos lotes otorgados a Repsol en sociedad
con Ecopetrol (176, 180, 182 y 184) están
pendientes de la resolución de una acción de
amparo contra la norma municipal, que creó
con anterioridad un área protegida municipal
allí donde Repsol iba a trabajar. El hecho de que
prácticamente la totalidad de los lotes otorgados a
Repsol se encuentren en el interior de, o afecten
de manera determinante a, importantes áreas
naturales protegidas de gran signiicado local,
presagia una continuidad conlictiva que, por el
momento, Repsol resuelve mediante una asociación
incondicional con las dependencias del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM)7.
En casos como el del lote 103, ubicado
en la Cuenca Huallaga, el conflicto, de
carácter medioambiental, suscitado con las
comunidades de las provincias de El Dorado,
San Martín, Picota, Bellavista y Lamas, terminó
en un recurso de agravio ante el Tribunal
Constitucional que fue aceptado, dando lugar a
la paralización del proyecto6.
4. Para el Perú son
relevantes los estudios
de Intermón Oxfam
Pueblos sin Derechos
e Impacto Social y
actuación de Repsol YPF
en Perú, 2007.
5. Existe información
referente a la forma
en que adquirió
la reinería de La
Pampilla, valorada
por Petroperú en 460
por 180 millones
durante el aciago
de Alberto Fujimori.
A continuación exponemos una reseña sucinta
de lo sucedido en los lotes 39 y 109 para después
desarrollar con mayor detalle el proceso del lote
57, que puede servir para caracterizar algunas
de las prácticas que la empresa realiza en su
relacionamiento con comunidades indígenas.
Se la ha acusado de
en Perú gasolina con
exceso de plomo no
comercializable en
Europa y por fuera
visto involucrada en
un proceso de fraude
CUADRO 1: LOTES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN POR REPSOL EN TIERRAS
INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA PERUANA
al Estado peruano
por ventas de gas
fuera de los puertos
autorizados con
beneicios importantes
485.776,83 has.
Matsiguenka
745.141,204 has.
por desvío de regalías.
6. Sentencia Exp. Nº
03343-2007-PA/TC.
7. La acción de
amparo contra el
de San Martín está
propio presidente de la
República a través del
359.023,441 has.
Shawi-Kampupiavi
MINEM. Un apoyo que
parece desmedido.
Repsol en el lote 39: la cerrada negación de
la existencia de pueblos en aislamiento
8. 6 de los 21 pozos
exploratorios se
El lote 39 se ubica en la cuenca del Amazonas,
entre las provincias de Loreto y Maynas del
departamento de Loreto, zona Selva Norte del
Perú. Las comunidades arabela de Buena Vista
y Flor de Coco quedan dentro de sus límites, así
como la Reserva Nacional Pucacuro8. El bloque 39
fue concesionado en primera instancia por 420.871
hectáreas y fue ampliado a 886.820 hectáreas.
abogadoperu.com/
peruano-fecha20050623-pagina-16.
10. http://www.
Espanol/Noticia.
aspx?id=9FHdHY5ScAs
11. http://www.snmpe.
org.pe/prensa-ymultimedia-snmpe/
El primer contrato de licencia de exploración
y explotación del lote 39 fue suscrito entre
Perupetro y Barret Resources en 1999. En
febrero de 2001, Barret Resources cedió sus
derechos a Repsol, adquiriendo esta el 100% del
lote. En 2005 Repsol cedió el 45% a Burlington
Resources Peru Limited9. Burlington Resources
Peru Limited es adquirida en 2005 por Conoco
Phillips, la tercera minera más grande de
Estados Unidos, pero se retira del proyecto
en mayo de 2011, cediendo el 35% del lote
a PetroVietnam y el 10% restante a Reliance
Exploration & Production10.
En el lote 67 (contiguo al 39) se han descubierto
reservas de petróleo crudo pesado con un
potencial estimado de 300 millones de barriles.
Se prevé que, para mediados del año 2013, el
lote empiece a producir hasta 100.000 barriles
de petróleo diarios11.
Asimismo, hay planteada para inicios de 2013 la
construcción de un oleoducto norperuano que tendrá
como uno de sus extremos el lote 67, y por tanto
atravesará el lote 3912. El lote cuenta, pues, con un
potencial que lo convierte en altamente interesante
desde una perspectiva económica de largo plazo.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la
fase de exploración, a la espera de la aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental13, para la cual
ya se han realizado dos talleres informativos, uno
durante la elaboración del EIA en mayo de 2010,
y otro al inalizar el estudio en mayo de 2011.
Asimismo, se llevó a cabo una audiencia pública en
sintesis-de-noticias/
energ%C3%ADa/
hay-21-prospectos-conpotencial-petrolero-enla-selva.htm
12. www2.petroperu.
com.pe/ptcp/
descripcion.php
13. A la espera
Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP)
dé una respuesta
al levantamiento
Repsol a la Dirección
General de Asuntos
Energéticos en julio
Gráico 3: Ubicación del lote 39, la Reserva Pucacuro y
la solicitud de Reserva Territorial formulada por AIDESEP.
ÁMBITO DEL LOTE
Hay dos comunidades del pueblo arabela dentro
de los límites del bloque 39: Buena Vista y
Flor de Coco. Además, a orillas de río Napo, al
norte y al este del lote, hay comunidades de los
pueblos secoya y kichwa.
La Comunidad Nativa Buena Vista fue titulada
en una zona alta de la cuenca del río Arabela, pero
los comuneros bajaron a la desembocadura por
razones comerciales y de comunicación con los
agentes externos. Su asentamiento anterior (que
corresponde con el área demarcada en su título
de propiedad colectivo) sigue siendo utilizado
como área de producción, caza y recolección, y
los comuneros arabela mantienen una relación
continuada y cotidiana con el corazón de su
territorio tradicional. Para los arabela reubicados, el
actual asentamiento es considerado como un anexo
de la antigua comunidad, e igual sucede en el caso
del asentamiento de Flor de Coco, pero el núcleo
de ambas comunidades está hoy fuera del ámbito
demarcado en el título original.
El territorio titulado se ubica en el centro de la
propuesta de la Reserva Territorial Napo Tigre
solicitada por AIDESEP (Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana) para proteger
a indígenas en aislamiento voluntario. Contigua a
esta propuesta se encuentra la Reserva Nacional
Pucacuro, una amplia área protegida que se
extiende hasta la cuenca del río Tigre, poblado por
comunidades quechuas.
Los comuneros de todas estas comunidades suelen
ingresar en las fecundas áreas de la propuesta de
Reserva Territorial para realizar actividades de
caza, “y muchos de los contactos con los pueblos
aislados han ocurrido con comuneros locales”14.
En la actualidad los comuneros arabela se cuidan
mucho de dar referencias acerca del avistamiento
de pueblos aislados. Aunque no hay referencias
documentales que mencionen la actual postura de
las dos comunidades respecto de la presencia de
Repsol, los entendidos airman que hoy mantienen
una muy cercana relación con la empresa. En
efecto, tanto Israil Aquise como Filip Rogalski,
antropólogos conocedores de la realidad in situ,
señalan, en comunicación personal y cada uno
por su parte, que los comuneros trabajan para
la empresa y reciben en contrapartida muchas
presiones de idelidad y severas advertencias
respecto a mantener contactos con foráneos
desconocidos. Pero, sobre todo y expresamente,
se les prohíbe conversar acerca de la presencia
o avistamiento potencial de indígenas no
contactados. Personal del programa PIAV
(Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario)
de AIDESEP, que anteriormente mantuvo
relaciones de conianza con los miembros de
estas comunidades, ha percibido –en el nuevo
escenario– hostilidad contra ellos hasta niveles
agresivos. De hecho, la organización local arabela
se ha desailiado de AIDESEP para eludir
pleitos inconvenientes con la empresa, con la que
mantiene relaciones estrechas. De esta manera la
empresa petrolera, que canaliza en su beneicio
una brusca mutación de costumbres, formas de
asentamiento, modos de subsistencia y relaciones
familiares, se ha convertido también en el referente
regulador de las relaciones internas y externas,
sustituyendo a la red de relaciones organizativas
tradicionales del pueblo arabela. No sólo el lote 39
se superpone al territorio tradicional del pueblo
arabela, y de hecho en buena parte lo expropia,
además, allí, hoy, Repsol y sus asociados aparecen
como el nuevo referente político y decisorio para
las comunidades de la región.
El territorio titulado se
ubica en el centro de la
propuesta de la Reserva
Territorial Napo Tigre
solicitada por AIDESEP para
proteger a indígenas en
Sin embargo, la calma no está garantizada, ya
que la problemática del lote 39 no está aislada
de la problemática de las cuencas vecinas. En el
año 2006, los movimientos de las comunidades
kichwa del Napo y del Curaray involucraron
también al lote 39 en el contexto de los reclamos
regionales frente a las empresas petroleras. En un
pronunciamiento público realizado por la entonces
Organización Regional AIDESEP Iquitos (ORAI15),
la federación representativa de estas comunidades,
la FECONANCUA, manifestaba, junto con las
demás federaciones locales, que “adoptaban la
decisión irreversible de no aceptar ninguna acción
conexa a la actividad petrolera en […] el lote 39 de la
Repsol YPF […] [que] afecta a los pueblos Kichwa,
Arabela y Pueblos en Aislamiento Voluntario”.
Por otra parte, en el lote 67, conexo al 39, operado
por PERENCO, empresa anglofrancesa, y
declarado de interés nacional16, nunca se contó
con la aprobación ni la consulta de los pueblos
indígenas sobre cuyos territorios se superpone.
Los conlictos con los pueblos indígenas vecinos
(kichwas, secoyas y otros) han sido continuos desde
2008 y alcanzaron su punto álgido en mayo de
2009, cuando comuneros bloquearon con cuerdas y
canoas el paso de las embarcaciones de la empresa,
lo que obligó a una intervención de la Marina de
Guerra del Perú en defensa del libre tránsito. Lo
hizo de manera violenta, y en junio de 2009 se
efectuó un paro en la entrada al río Curaray. Las
empresas desarrollaron a partir de ese momento
una estrategia de división para lograr dominar la
situación y PERENCO aceptó llegar a un acuerdo
ibcperu.org/doc/
isis/11491.pdf
15. Hoy ORPIO,
Indígenas del Oriente.
incluye la perforación
de alrededor de 175
desde 18 plataformas.
con las comunidades del Curaray, discriminando
a las del Napo. Esto tuvo un resultado propicio
para la empresa, al quebrar la solidez de la
federación unitaria, la FECONANCUA. Dos
nuevas federaciones, sin historial ni experiencia
reivindicativa, ocuparon su lugar, ahora con el
objetivo explícito, de acuerdo con lo dicho por
representantes de la organización indígena regional
–ORPIO–, de conducir las coordinaciones con las
empresas petroleras.
17. Informe: Conlictos
Asháninkas – Kichwas
Al quebrar la unidad organizativa, y sustituir la
organización tradicional por otras sin experiencia
y sin bases reales, se logró debilitar la capacidad de
representación unitaria y, con ello, las habituales
fórmulas con las que los pueblos indígenas plantean
el diálogo, los reclamos, el seguimiento de los
acuerdos y la distribución de información.
del Napo. AwajunWampis – Kichwas de
Lamas. CAAAP, CEAS,
CRS, USAID, 2012. (Lote
39: pág. 44).
18. http://repsol.webfg.
com/memoria2011/es
19. Ley 28736. Ley
indígenas u originarios
Con el paso del tiempo, tanto PERENCO
como Repsol, tras un insistente trabajo de sus
relacionistas comunitarios y favorecidos por el
brusco cambio de las dinámicas territoriales de
la zona, han estabilizado sus relaciones con la
población indígena. Las novedades generadas por
la presencia de “las compañías”, la inseguridad
que introduce la gran aluencia de foráneos y
la creación de un nuevo estilo de comunidad
cuya estrategia de sobrevivencia descansa en la
posibilidad de trabajar esporádicamente con las
empresas, han impulsado un nuevo estilo de vida
para estas comunidades arabela, caracterizado
por la dependencia y la idelidad, al estilo de las
antiguas reducciones misioneras.
aislamiento o
de contacto inicial,
Artículo 2: “d) Reservas
Indígenas: Tierras
delimitadas por
transitoria en favor de
pueblos en situación
voluntario o de
contacto inicial, y en
tanto mantengan tal
situación, para
proteger sus
derechos, su hábitat
y las condiciones que
aseguren su existencia
e integridad como
Según la revista Vigilante	Amazónico , “las
comunidades en la actualidad, si bien acceden
a ciertos beneficios de la empresa, por otro
lado se ven inmersas en un escenario en el que
la actividad petrolera no se concibe en su real
magnitud, debido a la falta de información
adecuada sobre las características de los
procesos operativos de hidrocarburos y el
impacto que pueden causar sobre el medio
ambiente y la salud. Sobre todo porque
el bloque 39 se encuentra en una zona ya
densamente lotificada, de hecho el lote es
contiguo a los lotes 67 (PERENCO), 121
(Subandean) 129 (Burlington) 117 (Petrobras)
y 1AB (Pluspetrol), dos de ellos en etapa de
explotación. Con ello la zona se ve amenazada
por la acumulación y sinergia de impactos que
las actividades de hidrocarburos y de otro tipo
(extracción forestal, carreteras, tránsito fluvial,
crecimiento poblacional, etc.) puedan traer
sobre el territorio y la vida de la población
indígena, y de la que no se ha hecho ningún tipo
de evaluación estratégica”.
Efectivamente, la falta de una información
comprensible de lo que signiica, a corto, medio y
largo plazo, el proyecto constituyó una denuncia
constante de la población indígena afectada, al igual
que ocurre en el resto de lotes donde se encuentra
operando Repsol. La respuesta de Repsol en su
Informe	de	responsabilidad corporativa de 201118
conirma, a su modo, esta debilidad. Dice allí haber
realizado las siguientes iniciativas caliicadas como
informativas: una serie de talleres participativos
para la contratación de mano de obra local para
la ampliación de la sísmica; talleres formativos
para los participantes en el monitoreo de esa
actividad; “los dos” talleres informativos y
“la” audiencia pública –acciones de obligado
cumplimiento durante la elaboración del EIA–,
así como la apertura de buzones de sugerencias.
No se va más allá de demostrar que se ha
cumplido, formalmente, con el requisito mínimo
Pero si hoy Repsol goza de una cierta estabilidad
para trabajar con tranquilidad en el lote 39,
ha debido antes salvar un escollo que pudo
poner en riesgo su tan promisorio proyecto. En
efecto, AIDESEP, la organización nacional
representativa de los pueblos indígenas
amazónicos del Perú, había solicitado
formalmente, para el año 2003, la creación
de una Reserva Indígena o, con su nombre popular,
una Reserva Territorial19 en favor de pueblos en
aislamiento voluntario. Una circunstancia que
genera una sensibilidad especial de parte de
la opinión pública, dada la especial situación
de indefensión de estas poblaciones. Repsol y
sus asociados han librado una dura batalla para
desmantelar esa propuesta.
LA ECO-REGIÓN DE BOSQUES
HÚMEDOS DEL NAPO
A ambos lados de la frontera nororiental, en
el lugar donde se ubican los lotes 39 y 67, se
encuentra una extensa región de importancia
ecológica mundial denominada “Eco-región
de bosques húmedos del Napo”. Por la parte
ecuatoriana, colindante con la ubicación de
ambos lotes, se encuentra el Parque Nacional
Yasuní, un área categorizada en el nivel más alto
de protección conservacionista. Para proteger
el desplazamiento de pueblos indígenas en
aislamiento, las poblaciones tagaeri y taromenani
(familia waorani) y otras de la familia zaparoana,
el gobierno ecuatoriano creó la Reserva de
la Biosfera de Yasuní bajo patrocinio de la
UNESCO, incorporando al parque dos zonas
intangibles (creadas por el Decreto Ejecutivo
552 de 1999) excluidas de la actividad petrolera.
La Constitución ecuatoriana, para proteger
precisamente a estas poblaciones fronterizas, ha
explicitado en su artículo 57, inciso 21, lo siguiente:
“Los territorios de los pueblos en aislamiento
voluntario son de posesión ancestral irreductible
e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo
de actividad extractiva. El Estado adoptará
medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar
su autodeterminación y voluntad de permanecer
en aislamiento, y precautelar la observancia de
sus derechos. La violación de estos derechos
constituirá delito de etnocidio, que será
tipificado por la ley [...].”
Por la parte peruana, y de manera similar a las
áreas protegidas ecuatorianas, se creó en abril
de 2005 una extensa área (637.918,8 hectáreas)
precalificada como Zona Reservada Pucacuro20,
cuyo destino natural hubiera sido la aplicación
de una categorización similar, compatible y
complementaria con los objetivos de la Reserva
de la Biosfera Yasuní, ya que habían sido
frecuentes los testimonios, principalmente
por parte de las familias asentadas en los ríos
Arabela, Curaray, Pucacuro, Napo y Tigre,
de avistamiento de poblaciones indígenas no
identificadas por toda esa amplia región. Sobre
esta base AIDESEP presenta su expediente para
la creación de una Reserva Territorial, contigua
a la Zona Reservada de Pucacuro y el Parque
Nacional Yasuní, que garantizaría la existencia
pacífica de estas poblaciones.
El Gobierno peruano, que no había sido
sometido a presiones tan rigurosas como las que
había recibido el Gobierno ecuatoriano21, no
estaba dispuesto a ceder tan promisoria cuenca
sedimentaria rica en petróleo a poblaciones que
según el presidente de la República del Perú
eran tan solo “presumibles”22 y su protección
inestimable frente al valor del petróleo. Así,
tomó de manera inescrupulosa las previsiones
necesarias para liberar el lote de los obstáculos
medioambientales y humanitarios que pudieran
entorpecer el negocio petrolero. Como se verá,
cooperaron con ese propósito las empresas
comprometidas en el lote.
El artículo 59 del Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas del Perú explicita
como requisito para el establecimiento de una
Zona Reservada que en su expediente conste
una “evaluación de la presencia en la zona de
comunidades campesinas o nativas, así como de
indicios razonables de la existencia de grupos
humanos en aislamiento voluntario de contacto
inicial o esporádico”. Y si en alguna región del Perú
una previsión como esta hubiera sido algo más que
razonable era aquella donde, junto a numerosos
testimonios, se daba la contigüidad y continuidad
de una región fronteriza y poco intervenida por
la que se desplazaban pueblos en aislamiento,
protegidos por normas constitucionales del vecino
país, por medidas cautelares de la Comisión
Interamericana23 y por los objetivos declarados de
la creación de Zonas Intangibles y de una Reserva
de la Biosfera bajo patrocinio de una agencia de
e incluso cruzaron la frontera para introducirse con
motosierras y otras maquinarias con capacidad para
ahuyentar a personas no acostumbradas a esos ruidos
y generarles impactos lesivos.
En el blog Servindi, de 17 de julio de 2009,
se señalaba:
El Ministerio del Ambiente de Ecuador,
el Ejército Nacional y la Policía Nacional,
desmantelaron un campamento ilegal de
madereros provenientes de Perú, dentro de la
Zona Intangible Tagaeri Taromenani (ZITT), en
pleno Parque Nacional Yasuní.
El informe da cuenta de otros campamentos
desmantelados en fecha 6 de julio. Este tipo de
situaciones habían dado lugar anteriormente a conlictos
letales de los que daba cuenta el WRM (World
Rainforest Movement) en su boletín número 58:
Hechos trágicos han ocurrido recientemente
en la desembocadura del río Babataro en el
Tiguino, en la tupida cuenca amazónica de
Pastaza, resultando en la muerte de un indígena y
de tres madereros. [...] el problema se originó con
el ingreso de trabajadores madereros al territorio
de los Tagaeris. [...] el sonido permanente de las
motosierras en la tala de los bosques molestó a los
20. La Zona
o pasivamente, por los
y el petróleo peruano
Reservada es un área
debe quedarse bajo
aislamiento de aquella
tierra mientras se paga
que tiene pendiente
región ecuatoriana,
en el mundo US$ 90 por
como fue en 1987
cada barril. Es preferible
su extensión y su
la muerte a lanza
para ellos que el Perú
del obispo Labaka
siga importando y
deinitiva. Le son
y la monja que le
empobreciéndose”. Ver
aplicables todas las
acompañaba. Un
“El perro del hortelano”,
artículo de Alan García.
referidas a las Áreas
puede leerse en La
El Comercio, 28 de octubre
noche de las lanzas
ya categorizadas.
de Germán Castro
Caycedo. Planeta, 1994.
Pucacuro es hoy la
23. La CIDH “solicitó
al Estado ecuatoriano
Pucacuro, con
Pero, evidentemente, una precaución de este tipo no
estaba en la mente del Gobierno peruano y, lejos de
considerar etnocidio la violación de los derechos de
estas poblaciones vulnerables, las autoridades locales
fueron especialmente permisivas en esas fechas frente
a intervenciones de madereros desaprensivos que
se desplazaron libremente por la región fronteriza
22. “Y contra el petróleo,
637.953,80 hectáreas.
han creado la igura
del nativo selvático ‘no
para proteger de la
conectado’; es decir,
21. Por la difusión
desconocido pero
en el territorio en
de algunos hechos
presumible, por lo que
el que habitan los
beneiciarios”. Proceso
protagonizados, activa
no deben ser exploradas,
MC-91-06.
indígenas, que no tienen ningún contacto con
la sociedad mestiza. Por esa razón, inalmente
atacaron a los madereros, que a su vez repelieron
el ataque con sus armas de fuego. Como
consecuencia del enfrentamiento, murió uno de
los integrantes de la familia Tagae. Luego de
este enfrentamiento los madereros reanudaron
su trabajo. Pocos días más tarde, los madereros
fueron atacados y abatidos por las letales y
pesadas lanzas de chonta de los tagaeris.
A pesar de las evidentes señales de una más que
posible presencia de poblaciones en aislamiento,
que hubiera como mínimo exigido una investigación
meticulosa por parte del Estado, el Gobierno peruano
evitó realizar cualquier estudio del tipo que la
legislación exigía, y cuya necesidad venía reforzada
por el petitorio de AIDESEP. Por entonces, Repsol
ya había hecho ingresar con premura a la DGAAE
(Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos) unos Términos de Referencia para el
Estudio de Impacto Ambiental, antes de que el pedido
de AIDESEP avanzase dando lugar a que los términos
del estudio pudieran ser mucho más exigentes. Así,
el EIA se realizó bajo la modalidad estándar, que
elude el tratamiento de asuntos tan delicados como
la posible presencia de poblaciones en aislamiento (lo
que hubiera podido obligar al Gobierno a establecer
una Reserva Territorial Intangible), o la excepcional
biodiversidad y vulnerabilidad ecológica de la zona
concedida, un conjunto de 40 cochas (especie de
laguna o charca, la palabra proviene de la lengua
quechua) en el área del lote, interconectadas por vías
luviales en una estructura de planicie, así como un
conjunto de ecosistemas únicos que justiicaron en el
Ecuador la categorización de la zona contigua como
La categorización inal de la Zona Reservada, por el
Decreto Supremo 015 de 23 de octubre de 2010, fue
bajo la igura de Reserva Nacional, una igura que
permite usos comerciales de los recursos naturales
bajo planes de manejo supervisados, lo que no hubiera
ocurrido si, aplicando los criterios que utilizó el
Gobierno ecuatoriano, se hubiera categorizado como
Parque Nacional, una categoría que impide ese tipo
de uso directo.
El impedimento ecológico había sido salvado, al igual
que el humanitario, en beneicio de Repsol.
Pero aun así, y dado que el sistema nacional de
evaluación de los estudios de impacto ambiental
establece diferentes categorías (I, II y III) para los
diferentes proyectos, de acuerdo a si sus previsibles
impactos son de carácter leve, moderado o signiicativo
(DS 019-2009-MINAM), y siendo que la zona era
un Área Protegida –lo que obligaba a contar con
opiniones técnicas especializadas para determinar
la adecuación de los Términos de Referencia del
EIA–, Repsol, en una cuestionable alianza con la
Dirección General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas, pretendió superar
este inconveniente argumentando que los TdR se
habían ingresado con anterioridad a la categorización
y, por tanto, no podían estar sujetos a las exigencias
derivadas del carácter de Área Protegida de buena
parte del lote24. Un argumento insostenible, ya
que el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas
establece con claridad, en su artículo 59.2, que “las
Zonas Reservadas son Áreas Naturales Protegidas”
y el artículo 13 de la Ley (Ley 26834) explicita que
son aplicables a las Zonas Reservadas las mismas
exigencias que al resto de las Áreas Protegidas.
Todo el extraño proceso de idas y vueltas de los
TdR entre la DGAAE-MINEM y SERNANP,
incluyendo su actual compás de espera, da a
entender que se está dando largas al asunto para
evitar diicultades al proyecto petrolero. Pero hay
más, el artículo 39 del DS 019-2009-MINAM
establece que, independientemente de cuál sea la
índole del proyecto, siempre deberá considerarse
como de Categoría III cuando conlleve probable
desplazamiento de población. Y esta exigencia
lógicamente debería ser más estricta en el caso
de que esta población constituyera un grupo de
especial vulnerabilidad como es el de los pueblos en
El Estado, que, como ya señalamos anteriormente,
no cumplió con su obligación legal de veriicar la
eventual presencia de población en aislamiento a la
hora de la creación de la Zona Reservada Pucacuro,
ha reaccionado solo frente al inquietante petitorio de
AIDESEP y su difusión internacional. Y lo ha hecho
para generar un ambiente de duda, tanto respecto a
la presencia o no de población en aislamiento como
respecto a los propios intereses de esa organización
representativa. Este ambiente debería después facilitar
un rechazo del petitorio de AIDESEP por ausencia de
pruebas fehacientes.
¿HAY PUEBLOS INDÍGENAS NO
CONTACTADOS EN LOS LOTES 39 Y 67?
El equipo a cargo de la presente investigación
planiicó una visita a la región para veriicar algunos
testimonios de pobladores locales y de los propios
comuneros arabelas. Los conocedores, Israil Aquise
(en entrevista personal) y Filip Rogalski (vía Skype),
desalentaron ese objetivo.
Hoy, nadie está dispuesto a retomar el tema, ni
tan siquiera aquellos investigadores a los que las
empresas encargaron los trabajos para demostrar la
inexistencia de indígenas en aislamiento o, cuando
menos, la no existencia de pruebas suicientes para
demostrar la presencia de pueblos en aislamiento.
Limitados por esta contingencia, la información
accesible para analizar los sucesos que justiicaron
el pedido de AIDESEP procede exclusivamente de
Al margen de si las pruebas con que AIDESEP
ha demostrado la existencia de poblaciones
Gráico 4: El continuum de la Eco-región
de bosques húmedos del Napo: las zonas
intangibles para pueblos en aislamiento en
Ecuador y la Reserva Territorial solicitada
por AIDESEP en el Perú.
26. Por ejemplo,
CABODEVILLA, Miguel
Á.: El exterminio de
los pueblos ocultos.
CICAME. Quito, 2004;
KROKOSZYNSKI, Łukasz
(fecha desconocida):
indígenas desplazándose por el área en concesión
son o no contundentes, lo que sí se evidencia
en la información documentada es la afanosa
impaciencia, por parte de Perupetro25 y de Repsol
y sus asociados, por introducir sistemáticamente
elementos de duda creando un entorno propicio
que permitiera mínimamente al Estado argumentar
en contra de la demanda de creación de una
Reserva Territorial.
La presencia de pueblos en aislamiento, contacto
esporádico o contacto inicial en la zona fronteriza
entre Perú y Ecuador ha sido descrita por
antropólogos y periodistas desde que, en 1966,
se avistaran poblaciones tetetes y waorani no
contactadas26. Incluso la propia Repsol reconocía
esa posibilidad en el Capítulo 3.0 de su Línea
Base Ambiental27. Para el año 1987 el pueblo
tagaeri salió a las primeras planas de la prensa
internacional tras la muerte a lanzazos del
obispo vasco Alejandro Labaka, capuchino, y la
hermana colombiana Inés Arango, en Ecuador,
que pretendían animarles a establecer contactos
en previsión de las amenazas de genocidio que
suponía el inminente ingreso a sus territorios de las
AIDESEP, que había venido gestionando cinco
Reservas Territoriales para pueblos en aislamiento,
planteó una propuesta para declarar la zona
como “Reserva Territorial Napo-Tigre” en el año
2003. Para fundamentar la existencia de pueblos
en aislamiento, inanció un estudio técnico en
cooperación con la Universidad Adam Mickiewcz
de Poznan, Polonia28. Se contó con la participación
de los antropólogos polacos Filip Rogalski y Marek
Wolodzko y, como asesora, la también antropóloga
peruana Beatriz Huertas Castillo. Se hicieron
dos entradas, cada una de dos meses de duración,
con amplia permanencia en el bosque y trabajo
de entrevistas con pobladores locales, tratando de
ubicar la presencia de indicios tanto en el espacio
como en el tiempo. Los resultados conforman el
“Estudio Técnico para la Delimitación Territorial
a favor de los Pueblos Indígenas en Situación de
Aislamiento Voluntario. Napo, Tigre, Curaray,
Arabela, Nashiño, Pucacuro”, que fue presentado
ante la Dirección Regional de Agricultura de
Loreto en julio de 2005. Presentan testimonios
de “cinco avistamientos entre 1980 y 2001 en
las cuencas de los ríos Nashiño y Arabela con
Tangarana; seis encuentros entre 2001 y 2003 en
las cuencas de los ríos Nashiño (a ambos lados) y
Arabela (lado izquierdo); cinco encuentros y un
avistamiento entre 1970 y 1980 en los ríos Tigre y
Baratillo. Además, durante ambos viajes de estudio,
fueron recogidos 58 testimonios y otras pruebas
concernientes a otros indicios de presencia de la
población nativa desconocida”29. En general, las
pruebas más comentadas son:
Informe de poblaciones
en aislamiento en
zona fronteriza Perú,
27. Repsol Exploración
Perú: 2005. Capítulo 3.0
Línea Base Ambiental.
Perú (13 de julio de
2006). Archivos del
y Minas, República del
28. Estudio Técnico
elaborado por AIDESEP
para fundamentar ante
●	Trochas.
●	Huellas de pisadas.
●	Testimonios que aseguran avistamientos
(maderero, Miriam Majipo, pescadores).
●	Chacras (fincas, terrenos de cultivo)
el Estado la delimitación
territorial a favor de
aislamiento voluntario,
ubicados en la cuenca
alta de los ríos Curaray,
Napo, Arabela, Nashiño,
Pucacuro, Tigre y
aluentes, 2007.
●	Tambos (figura indígena que define un
terreno para el trabajo comunitario).
●	Purmas (antiguas áreas cultivadas).
●	Lanzas cruzadas.
A pesar de que se ofrecen fotografías y
grabaciones, los trabajos de campo no se
realizaron con GPS, una imprevisión que luego
fue el argumento utilizado para desconocer
algunas de las principales evidencias.
29. KROKOSZYNSKI,
Crítica a estudio sobre
Łukasz (antropólogo):
indígenas adquieren tal
categoría por Decreto
elaborado por encargo de
referentes a los estudios
Supremo sustentado en
PeruPetro, 2007. http://
sobre la presencia de
un estudio adicional al
ensayosamazonicos.
las poblaciones aisladas
detallado en el párrafo
anterior, el mismo
search?updated-
peruano-ecuatoriana.
que para su validez
min=2007-01-
Informe difundido por
debe señalar plazo de
01T00:00:00-
08:00&updated-
las veces que sea
max=2008-01-
necesario, los pueblos
indígenas beneiciados
08:00&max-results=3
“Se reconoce a un grupo
y las obligaciones y
KROKOSZYNSKI,
humano la categoría
prerrogativas de las
Łukasz: Algunas
de Pueblo Indígena en
observaciones referentes
o pueblos indígenas
a los estudios sobre
Voluntario o en
colindantes. Este
estudio, dirigido por el
Inicial mediante Decreto
INDEPA, debe articular
Supremo, el mismo
las opiniones técnicas
30. Ley 28736, Art. 3:
requiere de un estudio
intervención de los
previo realizado por una
sectores: Salud, Mujer
y Desarrollo Social,
Agricultura, Energía
33. http://www.
y Minas, Defensa,
daimiecuador.com/
Desarrollo de Pueblos
Interior y, de ser el caso,
website/content/
Andinos, Amazónicos y
category/4/16/27
Afroperuano – INDEPA
e integrada por la
31. MORA
34. DAIMI:
y por los demás que
BERNASCONI, Carlos:
establezca el reglamento
de la presente ley. Dicho
Antropológica en torno
estudio debe contener
a Pueblos Indígenas en
indígenas en situación de
del grupo o grupos
Napo, Tigre, Curaray,
Territorial Napo-Tigre-
Arabela, Nashiño,
Curaray. Perú, 2008.
o en contacto inicial,
Pucacuro, octubre 2007.
su identiicación, así
El estudio fue sometido a una valoración técnicaantropológica. Perupetro contrató para ello a un
antropólogo que, pese a no tener apenas obra escrita
ni trabajos de campo conocidos ni reconocimiento de
la academia, es un habitual en aquellos casos en los
que las empresas o las oicinas del Estado requieren de
una experticia propicia, el antropólogo Carlos Mora.
Según Mora, el estudio de AIDESEP no evidencia la
existencia de pueblos indígenas: “estima pertinente
opinar que el mencionado Estudio Técnico no reúne
las condiciones necesarias desde el punto de vista
antropológico para validar la propuesta de creación
de la mencionada Reserva Territorial, más aún si
se tiene en cuenta los requisitos exigidos por la Ley
28736, en su artículo 3º 30, para la aprobación de un
estudio sustentatorio para la creación de una reserva
indígena (reserva territorial)”31. Esto es, acudía a la
contemplación de requisitos legales para desmontar
un estudio que el resto de la academia consideró, como
veremos, muy adecuado. Lo cierto es que la nueva
Ley 28736 había recibido un rechazo general de las
organizaciones indígenas, ya que se había condicionado
la creación de este tipo de refugio legal a opiniones
abiertamente interesadas en su desconocimiento. De
haber regido desde un principio esta ley, ninguna
reserva hubiera pasado la prueba. Mora criticaba la
metodología empleada en el estudio y caliicaba a los
autores de inexpertos. Pero para otros colegas de mayor
trayectoria el estudio de Mora, que no fue publicado
oicialmente pero que se iltró al público, evidenciaba
falta de objetividad y criterio antropológico y, por ende,
el haber sido elaborado “dentro de un determinado
contexto político”, lo que levantó una espinosa
polémica con varios de sus colegas32. La duda estaba
sembrada y, ante la necesidad de dar respuesta
a la solicitud de AIDESEP, PERENCO encargó a la
consultora DAIMI (que cuenta con acreditación del
Sistema Global de Naciones Unidas)33 llevar a cabo
un estudio deinitivo que zanjara la cuestión de la
presencia de pueblos en aislamiento a ambos lados
de la frontera. El estudio conirmó la presencia de
indígenas aislados en la parte ecuatoriana (donde
se había zanjado el asunto de los hidrocarburos
mediante acuerdos compensatorios para el Gobierno
ecuatoriano) pero no en la parte peruana, donde las
empresas estaban a la expectativa. “Como resultado de
la […] investigación no es posible validar la propuesta
contenida en el Expediente Técnico, en cuanto a la
creación de una Reserva Territorial, denominada
Delimitación Territorial, a favor de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento voluntario, Napo
Tigre, Curaray, Arabela, Nashiño, Pucacuro”34.
humanos indígenas en
El estudio tiene dos partes: la primera trata
de evidenciar la existencia de indígenas no
contactados y la segunda de delimitar los límites
geográicos en los que se estarían desplazando.
como la indicación
35. http://assets.
de la magnitud de su
survivalinternational.
población y las tierras
32. CHASE SMITH,
org/documents/596/si-
en las que habitan. Las
Richard y otros:
repsolreport2011.pdf
Contra esta opinión, AIDESEP y varias ONG que
han apoyado a esta, así como diversas campañas
internacionales en contra de la actividad en
los lotes 67 y 39 (Oxfam América, Indian Law
Resource Center, Amazon Watch, WWF,
Survival35, World Resources Institute y CAEDI),
han mantenido el convencimiento de que existen
Dado que las zonas intangibles por las que se
desplazan las poblaciones en cuestión limitan
exactamente con un trazo recto que marca
unos límites fronterizos desconocidos para estas
poblaciones, la conclusión salomónica de DAIMI
(reconociendo poblaciones aisladas en la parte
ecuatoriana desplazándose justo hasta la línea
fronteriza y no avanzando a partir de allí) parece muy
conveniente, pero poco coniable. De hecho, una
serie de antecedentes de la consultora evidencian
parcialidad en favor de intereses empresariales.
Pero, además, algunas denuncias graves contra
algunos de los componentes del equipo, difundidas
públicamente, ponían en evidencia el apresuramiento
y la falta de decoro de la consultora. En efecto,
en el oicio Nº 302-2012-INDEPA, de marzo de
2012, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y
Afroperuanos comunica a la señora Iris Cárdenas,
directora general de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas e implacable defensora
de las empresas inversoras, que el biólogo que irma
el documento de la investigación interdisciplinaria –y
que elabora su participación a título de docente de la
Facultad de Biología de la Universidad Mayor de San
Marcos– incurre en falsedad según esta Universidad,
ya que nunca ha sido ni es docente de la casa, no ha
culminado sus estudios de pregrado y sus estudios se
encuentran en situación académica de abandono36.
Dado lo delicado del caso, en el que estaba en juego
la supuesta supervivencia de un pueblo en situación
de vulnerabilidad, una denuncia como esta hubiera
servido para descaliicar el trabajo o al menos obligar a
revisar sus conclusiones.
Pero, por el contrario, ha sido esta tan insegura
investigación la que se ha utilizado como
fundamento principal37 para denegar, en la vía
administrativa y en la vía judicial, la procedencia de
la reserva. El antropólogo Łukasz Krokoszyński, en
una beligerante crítica al estudio DAIMI, lo acusa
de no haber respetado ninguno de los conocimientos
y metodologías usadas comúnmente para estudiar
poblaciones en aislamiento y que, en manera alguna,
descaliica el estudio encargado por AIDESEP, que
considera de mucho mayor nivel técnico. El estudio
se basa en la hipótesis de que las “pruebas decisivas
de la presencia de las poblaciones aisladas en un
territorio determinado son, según ellos, casos de
asesinatos, lesiones y raptos”, algo que realmente no
coincide con la experiencia de la mayor parte de los
casos comprobados, donde lo habitual es la rápida
desaparición, el ocultamiento y el desplazamiento,
a veces deinitivo, a zonas donde los contactos no
sean previsibles. De hecho, la belicosidad se da
tan solo cuando su tamaño lo permite. El caso que
los investigadores de DAIMI toman, “de manera
anticientíica”, según Krokoszyński, como referencia
comparativa, el de los waorani, coincide con pueblos
sometidos a circunstancias de enfrentamiento
frecuente que han sido respondidas con violencia.
presencia de pueblos indígenas en aislamiento. Ante
la pregunta de si creía en la existencia de indígenas
aislados en el bloque 67, la antropóloga Virgina
Montoya señaló: “Sí, sí, creo… no hay duda en mi mente
que hay grupos no contactados allí”38.
A raíz de estas declaraciones se extiende
la idea de que ha habido manipulación de la
información y que se ha sustraído del estudio
de DAIMI la información que demuestra la
existencia de pueblos en aislamiento en la zona
(además de Virginia Montoya, los antropólogos
Teodulio Grandez y Lino Noriega, ambos
parte del equipo de investigación, han hecho
declaraciones sobre la probable existencia de
pueblos en aislamiento en estos bloques, lo que
sin embargo contradice las conclusiones vertidas
en el estudio hecho público)39.
Por su parte, Beatriz Huertas Castillo, basándose
en información indirecta y su reconocida
experticia en la temática, no duda de la existencia
de pueblos en aislamiento en la zona40.
David Hill ha tratado de volver a recoger los
testimonios obtenidos anteriormente del personal
que integró la comisión DAIMI, pero en esta ocasión
ninguno de ellos, ya en puestos de cierta jerarquía
dentro del aparato estatal, quiso confrontar la
posibilidad de verse obligado a conirmar o negar su
anterior versión de los hechos.
En su artículo41, Hill da información de cierta
importancia al entrevistar a habitantes locales que
caliican a los no contactados como los “arabela
malos” y que dicen estar al tanto de la negociación
del silencio de los arabela al respecto de esta
36. http://www.
indígenas dirigieron a
indepa.gob.pe/
su presidente otra carta,
en Survival): http://
PDF/transparencia/
la cual fue contestada
www.truth-out.
Acceso/INFORME%20
por los portavoces de la
org/35-billion-oil-
CONSULTORIA%20
compañía alegando la
plus-uncontacted-
DAIMI%20PERU.PDF
inexistencia de pueblos
tribe-equals-
en base a la instalación
cover/1311955501#15
(que antes trabajaba
37. Al parecer, ha
de 10 trampas
habido algunas otras
fotográicas (¡para
40. HUERTAS
una región de 800.000
CASTILLO, Beatriz:
similar valor efectuadas
hectáreas!) que sólo
Despojo territorial,
capturaron imágenes de
conlicto social y
Así, el blog SERVINDI
mamíferos, entre ellos
exterminio. Pueblos
(Actualidad 43692)
algunos primates”.
indígenas en aislamiento
señala que “en 2010,
voluntario, contacto
38. http://www.
esporádico y contacto
internacionales irmaron
inicial de la Amazonía
En julio de 2009, Rory Carrel, periodista de The
Guardian, se puso en contacto con varios de los
antropólogos que participaron en el estudio de DAIMI
y estos admitieron, de acuerdo a la información de
Carrel, haber encontrado hallazgos que demuestran la
50 organizaciones
environment/2009/
peruana. IWGIA, 2010.
oponiéndose a los
jul/04/peru-amazon-
planes de la compañía.
rainforest-conservation
En Catalunya, una red
41. “$35 Billion of Oil
Plus an ‘Uncontacted’
39. Difundidos, entre
Tribe Equals Coverup”.
otros, por David Hill
situación. La posibilidad de que se trate de arabela
o záparo remontados no hay que descartarla,
así como que muchas de las huellas e indicios
encontrados pueden estar relacionados con la
presencia actual de estas poblaciones en visita a
las áreas de su territorio tradicional, incluyendo el
territorio titulado, pero hoy no ocupado de manera
permanente, de Buena Vista.
para el Desarrollo) para el “fortalecimiento de los
emprendimientos económicos y sociales de las
comunidades” donde está operando la petrolera,
lo que no deja de ser incoherente en el caso de una
empresa que declara algunos miles de millones
de euros de beneicios en ese mismo año. El
caso recibió un amplio rechazo de sectores de la
En zonas próximas a la frontera con el Perú, en
el Ecuador, al menos tres grupos de población
no contactada han sido ya identiicados. En
consecuencia, existen iniciativas para dejar
el petróleo en suelo en el lote ITT (IshpingoTambococha-Tiputini), a cambio de compensaciones
de solidaridad con el Estado ecuatoriano.
El punto es, no obstante, relevante para los
propósitos del presente documento, ya que plasma
el tipo de vinculación estrecha que el Estado
español mantiene con la empresa y que no se ocultó
tras el afaire de la nacionalización por Argentina
de YPF en el pasado abril (2012)43.
Repsol opera el lote 31, que engloba al ITT y
colinda con la frontera, es decir con los lotes
39 y 67. Superpuestos a estos lotes (y al lote 16
ecuatoriano) se encuentran el Parque Yasuní, la
Reserva Pucacuro y la solicitada Reserva Territorial
Napo-Tigre. Según airman conocedores, es este
un gran espacio de desplazamiento binacional de
población no contactada. Es a su vez el dominio
de Repsol y un espacio donde antiguos pueblos en
contacto esporádico, tales como algunos subgrupos
wao, han sufrido desde la entrada de la empresa
una transformación de sus condiciones de vida que,
según Carbon Trade Watch, podría entrar dentro
del tipo penal de genocidio42.
De manera paradójica, y de acuerdo con
información del Boletín Oicial del Estado español
del 25 de noviembre de 2011, la Fundación Repsol
YPF ha recibido 149.932 euros de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional
42. www.
dijo el ministro de
carbontradewatch.
Industria, José Manuel
tiene accesible un
org/articles/la-codicia-
Soria, en un viaje oicial
archivo histórico, por lo
46. Europa Press no
del-subsuelo-en-la-
a Polonia. “Por tanto, si
que no contamos con
amazonia-ecuatoriana.
hay gestos de hostilidad,
el artículo original, sino
estos traen consigo
con réplicas del mismo
consecuencias”, añadió,
en diferentes páginas
sin citar de manera
43. Ver polémica en el
explícita al Gobierno
www.fondoindigena.
diario El País, 12 de abril
org/notiteca_nota.
de 2012: “El Gobierno de
shtml?x=16190
España deiende los
intereses de todas las
44. http://assets.
empresas españolas que
mercados-cotizaciones/
están actuando dentro y
noticias/281122/09/07/
fuera de España y si en
RSC-Survival-denuncia-
que-Repsol-contempla-
hay gestos de hostilidad
establecer-contacto-con-
45. Aprobado por
indigenas-aislados-en-
el INDEPA el 10
la-Amazonia.html
españolas, el Gobierno
los interpreta como
mediante el oicio Nº
hostilidad a España”,
363-2011-INDEPA-5.
Según un informe de Survival, Repsol reconoció
la existencia de indígenas no contactados en el lote
39 ya en 2003, durante una reunión celebrada en
el poblado de Santa Clotilde, capital del distrito
del Napo. Según el acta de la reunión, irmada
por muchos de los participantes, entre ellos un
representante de Repsol, el día 13 de agosto se llevó
a cabo un taller denominado “Los No contactados”.
Una de las conclusiones de este taller fue que
Repsol debería elaborar un plan en caso de que se
produjera un contacto entre sus trabajadores y las
tribus44. No hemos encontrado información relativa
a la celebración de dicho taller. Pero, de hecho,
la empresa cuenta con un Plan de Contingencia
Antropológica45 para el caso de avistamiento de
pueblos en aislamiento en el transcurso de sus
operaciones, que parece contener lo discutido en
dicho encuentro. Tal y como declararon a la agencia
de noticias Europa Press46 en 2007: “Hasta la
fecha, no tiene registrada ninguna certeza respecto
de la presunta existencia de comunidades en
aislamiento voluntario”, aunque la posibilidad se
contempla “como una medida preventiva y proactiva
dentro del Plan de Contingencia”. El citado plan
contempla, entre otras medidas, “mantener una
conducta pacíica y respetuosa; establecer mínima
comunicación verbal si fuera necesario y sobre
todo si fuera posible, habida cuenta que las lenguas
son diferentes entre sí; en caso que no se pudiera
obtener una comunicación verbal primaria de índole
pacíica se deberá buscar los medios más adecuados
para evitar el acercamiento y retirarse del lugar
pacíicamente”. Asimismo, incluye “procurar utilizar
los medios más adecuados para dirigirse a los nativos,
si fuera posible, así como intentar comunicarles
las razones de nuestra presencia en el lugar, así
como transmitir la intención de la compañía de
no interferir con sus actividades ni con sus valores
culturales”47. Conociendo las circunstancias de
estos pueblos y el carácter masivo y agregado
de los impactos de un proyecto de exploración
y explotación petrolera, estas precauciones son
poco serias e incompatibles con el rigor de los
mecanismos de protección que para estos casos
viene determinando el Relator de Pueblos Indígenas
y la jurisprudencia del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, como se verá después. En
cualquier caso, Repsol no cuenta con Planes de
Contingencia similares en los demás bloques en
los que opera en Perú, lo que supone un implícito
reconocimiento de la posibilidad que niegan.
Es interesante también tener en cuenta que, en el
lote 67, contiguo al 39, operado por PERENCO,
aunque también se negaba la existencia de pueblos
en aislamiento, el Ministerio de Energía del Perú
admitió que su existencia era “posible” y solicitó a
la petrolera que elabore un “plan de contingencia
antropológico” en caso de contacto48.
Asimismo, Repsol contrató los servicios de la
consultora GEMA para llevar a cabo los estudios
sobre Impacto Ambiental donde se contemplaba
la contingencia del avistamiento de pueblos en
aislamiento en su capítulo 3 (Línea de Base).
En cualquier caso, la empresa está admitiendo de
forma indirecta lo que todo el mundo airma: que
existe una alta probabilidad de que haya indígenas
en aislamiento voluntario en el área de inluencia
del proyecto en el lote 39.
Tal como se ha mencionado anteriormente,
AIDESEP ha solicitado la creación de una
Reserva Territorial, que fue contestada con un
informe antropológico negando la existencia de las
condiciones exigidas por la ley.
AIDESEP presentó ante la Fiscalía de Prevención
del Delito, en mayo de 2007, una denuncia contra
el presidente de Perupetro, con el objeto de que
se prevenga “la comisión de los delitos contra
la libertad en la modalidad de violación de la
libertad personal, sub modalidad de coacción,
en agravio de Pueblos Indígenas en Situación de
Aislamiento Voluntario y en Situación de Contacto
Inicial”. En esa ocasión el entonces presidente
de Perupetro, Daniel Saba, fue defendido por un
bufete de renombre y la sala se limitó a exhortar
al presidente de Perupetro a no realizar actos que
pudieran vulnerar derechos de pueblos indígenas
Una nueva demanda presentada por AIDESEP
en julio de 2007 se dirigió contra las empresas
Barrett Resource Perú Corporation, Repsol
Exploración Perú, Perupetro SA y el Ministerio
de Energía y Minas. Burlington Resource fue
considerada como litisconsorte pasivo necesario. Se
justiicaba por haberse solicitado y mantenerse en
trámite la creación de la Reserva Territorial Napo
Tigre basándose en la existencia de pueblos en
aislamiento cuyo territorio se había incluido en los
lotes 67 y 39, con riesgo para su supervivencia caso
de entrar a operar.
En el petitorio se incluía que el Poder Judicial
“ordene al Ministerio de Energía y Minas que
prohíba las operaciones de hidrocarburos en dichos
territorios; asimismo, que ordene a Perupetro SA
que efectúe la modiicación de los contratos de
licencia respectivos; y ordene a las empresas Barrett
Resource Perú Corporation y Repsol YPF abstenerse
de operar en estas zonas así como de hacer contacto
con estos pueblos indígenas en aislamiento
voluntario”. Nuevamente prestigiosos despachos
jurídicos asumieron la defensa de las empresas y del
Estado, interponiendo innumerables excepciones
y cuestiones previas que fueron rechazadas por
la sala. La respuesta fue una agresiva campaña
mediática y la intervención de la procuraduría
del MINEM pidiendo desestimar la demanda en
virtud de no haber sido probada la existencia de
pueblos en aislamiento y que las obligaciones que
el Estado había asumido con las empresas suponían
compromisos que no podían ser obstaculizados
por presunciones. Las empresas asumieron, en
consenso, una posición basada no en una prueba de
la no existencia de poblaciones en aislamiento, sino
en la descaliicación de la probanza realizada por
AIDESEP, efectuada de manera argumental
por profesionales contratados al efecto. Perupetro
fue aún más allá aludiendo, entre otras muchas
cosas, a posibles intereses maliciosos de AIDESEP.
Después de la actuación del juez desechando las
excepciones interpuestas por las empresas, se nombró
a un nuevo juez. El nuevo juez convocó a las partes,
lo que propició un acto judicial bastante atípico.
Perupetro invitó a todo el poder judicial de Loreto y le
hizo ver las grandes ventajas económicas que auguraba
la explotación de los lotes 39 y 67 para la región.
A continuación se presentó un video del expositor
Carlos Mora, negando que existieran pueblos
indígenas en aislamiento dentro de los lotes; pero que
aun cuando existieran, para ejercitar sus derechos
debiera haber sido reconocida esta circunstancia, es
decir, su presencia, por un Decreto Supremo [sic],
tal como la ley ordena; no habiendo sido reconocida
por Decreto la presencia de estas poblaciones,
ninguna Reserva Territorial puede crearse a su favor.
Un segundo video, que presentaba la posición en
controversia del experto y conocedor antiguo de la
región, José Álvarez, no pudo visualizarse por razones
técnicas para perjuicio de la demanda indígena.
Finalmente, como era de esperar, la sentencia declaró
El juez, a sabiendas de la gravedad del asunto,
precisa que de probarse la existencia de estas
poblaciones estaba en su deber protegerlos, pero que
AIDESEP no había aportado una serie de pruebas
que la defensa mencionó más allá del informe.
La sentencia fue apelada pero AIDESEP no renovó
su informe probatorio de manera convincente,
mientras que las empresas se esforzaron por
presentar nuevos estudios actualizados. En la Corte
se conirmó la sentencia de primera instancia.
AIDESEP interpuso entonces un recurso de agravio
ante el Tribunal Constitucional. Con éxito similar.
48. “Perenco
protagoniza una
tormenta mediática”,
9 de mayo de 2010:
www.survival.es/
noticias/5788
Contemporáneamente a la interposición del amparo,
AIDESEP solicitó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos medidas cautelares. La Comisión
Interamericana ha emitido una primera resolución, la
MC-129-07 de la CIDH, de 15 de agosto de 2007,
en la que se establece que el Gobierno peruano debe
informar sobre “el estado actual de los proyectos de
exploración y explotación petrolera ubicados en los
lotes 67 y 39” y el impacto que dichas actividades
“podrían generar en la vida, la integridad personal,
el territorio, la salud, el medio ambiente y la cultura
de los pueblos indígenas en situación de aislamiento
voluntario”. Asimismo, debe informar sobre “las
medidas adoptadas o que hubiere de adoptar el
Estado para garantizar la vida, la integridad personal,
la salud, el territorio, el medio ambiente y la cultura
En visita al despacho de asesoría jurídica de
AIDESEP, se informó a los redactores del presente
documento que se han realizado diversos viajes
de los abogados de AIDESEP a Washington, y
que el Estado peruano ha hecho esfuerzos y gastos
49. “Puesto que −de
ende, de sus migraciones
acuerdo a las pruebas
forzadas, conlictos
que por la presencia
de explotadores
recogidas− hasta el año
ocurridos o tragedias
hace ahuyentar a los
2004 la presencia de los
no intencionales como
indicar que los que
los terrenos ubicados
enfermedades. Las
En la respuesta de la Procuraduría, de acuerdo
con lo dicho por los abogados de AIDESEP, hay
un aspecto de mucha importancia. Se alega allí,
entre otras cosas, que, tras más de cuatro años sin
noticias de los pueblos indígenas en aislamiento,
no ha lugar a considerar un peligro inminente
como el que justiicaría las medidas cautelares, por
lo que pide el deinitivo archivo del expediente.
Es decir, tras un cambio drástico en el panorama
de la región, con un incremento importante de la
ocupación por actores externos y de la actividad en
los bosques de los ríos Arabela, Curaray y Pucacuro,
hoy ocupados por las empresas petroleras y con una
permisividad creciente a la entrada de madereros
con motosierras49, las empresas y el Estado pueden
ya archivar el caso. Es poco probable, en efecto,
que ya puedan avistarse en esas tierras pueblos
en aislamiento en las circunstancias sobrevenidas.
Es muy probable que, efectivamente, por la
intensiicación de las actividades extractivas, los
pueblos en aislamiento, si es que, como parece,
existían, ya no estén allí. Pero resulta inquietante
saber dónde se han visto obligados a desplazarse y
la suerte que ese desplazamiento les haya podido
deparar. Los abogados de AIDESEP alegaron
no tener autorización para mostrar al equipo de
investigación algunos de los documentos que vienen
preparando para continuar la gestión del caso50.
aislados. Esto puede
indígenas aislados en
considerables para que la Comisión desestime el
caso. El Procurador para el caso ha presentado
réplicas a los reclamos de la Comisión a las que
AIDESEP ha respondido.
anteriormente habitaban
entre los ríos Napo y
informaciones más
la zona fronteriza y
Tigre es para nosotros
recientes de la zona
las cabeceras, hayan
evidente, la ausencia o
(Rogalski, com. personal)
bajado más cerca de las
reducción de testimonios
se reieren a una escasez
comunidades o se hayan
que probaran la
o incluso falta de
trasladado hacia una
presencia de los grupos
u otra dirección: hacia
aislados después de esa
presencia de indígenas
el Ecuador o hacia las
fecha (lo cual parecen
aislados en el alto río
cabeceras del río Nanay
conirmar también
Arabela donde en la
y otros de la zona”.
actualidad, una decena
KROKOSZYNSKI, Łukasz:
más recientes) puede
por lo menos de arabelas
DE LAS EMPRESAS Y EL ESTADO
EN EL LOTE 39 Y LOS ESTÁNDARES
signiicar que la tardanza
trabajan madera. Lo
en emprender actividad
mismo sucede con las
de protección inluyera en
50. Para un enfoque
quebrada Huangana,
de cómo se planteó
demográica en los
donde a veces trabajan
terrenos ocupados hasta
los ribereños del Arabela.
y se fundamentó,
hace poco por indígenas
Otro lugar de trabajo
ver CASAFRANCA
VALENCIA, Handersson
aislados. Tomándolo en
cotidiano y cansador de
cuenta, y poniendo que el
los madereros de todo
y CARHUATOCTO
el Perú es la quebrada
SANDOVAL, Henry:
DAIMI no encontró
Alemán. Nadie sabe
Ojos que no ven. La
huellas recientes de la
con exactitud cuánta
Justicia en el caso de
presencia de aislados, el
gente ni cuántos
resultado de su estudio
puede ser un inquietante
madereros hay por
Voluntario del Napo
Tigre vs. la petrolera
testimonio de inluencia
allí. Entonces tanto
de la actividad de sujetos
la quebrada Alemán
PERENCO, 2009
externos en el territorio
como las cabeceras del
www.ibcperu.org/doc/
de los aislados y, por
Arabela son territorios
La situación de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario ha sido objeto de una
creciente preocupación, ya que da a los Estados y
a la sociedad global una oportunidad para rehacer
la historia de los primeros contactos que tan
fatales resultaron para las poblaciones amerindias.
Lastimosamente, las mismas razones generan los
mismos procedimientos con idénticos resultados.
A pesar de los avances que, en materia de derechos
humanos, han desarrollado nuestras sociedades,
nada parece cambiar, en términos prácticos,
las condiciones de sobrevivencia de un pueblo
indígena frente a la avidez de las inversiones.
Desde la negación de su existencia hasta la
expropiación de sus tierras y recursos en beneicio
de intereses externos extractivos, con la acuciosa
e interesada intermediación de las autoridades
locales, nada es diferente.
Al respecto, todos los mecanismos internacionales
de protección de los derechos humanos se han
visto sorprendidos por una situación nueva, y en
muchos aspectos dramática, que exige la previsión
de mecanismos eicaces para evitar desastres
irreversibles que pueden llegar al genocidio en
períodos relativamente cortos.
Se trata, efectivamente, de una situación donde
la aplicación del principio precautelatorio es una
exigencia ineludible.
El principio precautelatorio51 se aplicaría en
aquellas ocasiones en las que no existe información
cientíica suiciente para conocer los efectos de
decisiones cuya repercusión podría afectar de una
manera concluyente e irreversible a la situación
de salud o los derechos fundamentales de un
determinado grupo humano; ese nivel signiicativo
de duda como resultado de las conclusiones del
análisis va a determinar que las decisiones tomen el
riesgo menor frente a la posibilidad de dañar a ese
grupo de modo directo o indirecto.
En este sentido, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha decretado ya en varias
ocasiones medidas cautelares para la protección de
los pueblos en aislamiento en Perú y en Ecuador.
El año 2007, en favor de los pueblos mashco piro,
yora y amahuaca, del río Las Piedras, departamento
de Madre de Dios, en Perú. También, en 2006, en
favor de los pueblos indígenas tagaeri y taromenani
que, precisamente, deambulan por el área
fronteriza de Ecuador, en la zona que se contempla
en el presente documento. La CIDH solicitó a
los Estados que “adoptaran todas las medidas
necesarias para garantizar la vida y la integridad
personal de los miembros de estos tres grupos,
en particular que adoptaran medidas para evitar
daños irreparables resultantes de las actividades de
terceros en su territorio”.
Por su parte, la Secretaría del Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU informó que “los pueblos en
aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos
indígenas que no mantienen contactos regulares
con la población mayoritaria, y que además suelen
rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a
su grupo. En su mayoría los pueblos aislados viven
en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no
transitadas, zonas que muy a menudo cuentan con
grandes recursos naturales. Para estos pueblos el
aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino
una estrategia de supervivencia. […] A pesar de la
gran diversidad […] que presentan estos pueblos,
se pueden identiicar algunas características
generales comunes a todos ellos: (a) Son pueblos
altamente integrados en los ecosistemas en los que
habitan y de los cuales forman parte, manteniendo
una estrecha relación de interdependencia con el
medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y
su cultura. Poseen un profundo conocimiento de su
medio ambiente, lo que les permite vivir de manera
autosuiciente generación tras generación, razón
por la cual el mantenimiento de sus territorios es de
vital importancia para todos ellos. (b) Son pueblos
que no conocen el funcionamiento de la sociedad
mayoritaria, y que por lo tanto se encuentran
en una situación de indefensión y extrema
vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan
de acercarse a ellos, o que tratan de acompañar
su proceso de relación con el resto de la sociedad
[…]. (c) Son pueblos altamente vulnerables, que
en la mayoría de los casos se encuentran en grave
peligro de extinción. Su extremada vulnerabilidad
se agrava ante las amenazas y agresiones que sufren
sus territorios, que ponen en peligro directamente
el mantenimiento de sus culturas y de sus formas
de vida. […] La vulnerabilidad se agrava, aún
más, ante las violaciones de derechos humanos
que sufren habitualmente por actores que buscan
explotar los recursos naturales presentes en sus
territorios y ante la impunidad que generalmente
rodea a las agresiones que sufren estos pueblos y
sus ecosistemas. […] El derecho al territorio resulta
fundamental, ya que en el caso de los pueblos
indígenas en aislamiento y en contacto inicial la
interdependencia con el medio ambiente es total y
su vida gira en torno a una simbiosis casi perfecta
con su medio ambiente, que les permite mantener
sus vidas y culturas, gracias a los conocimientos
profundos que tienen sobre los usos, aplicaciones
y cuidados de su entorno. Esto signiica que
el respeto de su decisión de mantenerse en
aislamiento requiere que se garantice y respete
el ejercicio de sus derechos territoriales, ya que
cualquier agresión ambiental que sufran signiicaría
una agresión a sus culturas y la puesta en riesgo del
mantenimiento de su aislamiento”52.
Nada parece cambiar, en
términos prácticos, las
condiciones de sobrevivencia
de un pueblo indígena
frente a la avidez de las
Por su parte, el Relator Especial de la ONU
afrontaba de este modo la situación: “En
distintas partes de los bosques ecuatoriales
que aún existen en el mundo, se encuentran
pequeñas comunidades indígenas que rehúyen
todo contacto con la sociedad moderna y que
preieren vivir en aislamiento dedicadas a su
economía tradicional de subsistencia. [...] Muchas
de estas comunidades se encuentran ahora al
borde de lo que algunos caliican de genocidio
debido a la explotación del petróleo, la extracción
maderera, la introducción de plantaciones
comerciales extensivas, la construcción de obras
de infraestructura, la actividad misionera, el
narcotráico y el turismo internacional. Los
pocos contactos que se dan pueden tornarse
violentos, y las enfermedades traídas por los
nuevos colonizadores siguen exterminando
51. Ver una deinición
en Manual de
Ambiental. Ceda.
Quito, 2004.
52. Informe preparado
por la Secretaría.
Doc. ONU A/HRC/
EMRIP/2009/6, 30 de
junio de 2009, párrafos
7, 13 y 23.