Source: http://convercom.org/2018/12/03/la-competencia-en-comunicaciones-la-cuarta-fusion-cablevision-telecom-argentina/
Timestamp: 2019-03-23 11:08:50
Document Index: 378084384

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 95', 'artículo 4', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

La competencia en comunicaciones, la cuarta fusión: Cablevisión-Telecom Argentina – ConverCom
| Roberto H. Iglesias | 03/12/2018
La competencia en comunicaciones es una serie de artículos donde se tratan las transacciones empresariales del sector más importantes en la Argentina y que motivaron la intervención del organismo antimonopolio.
En la primera entrega (I) se hace un repaso sobre la naturaleza de las normas antimonopolio y de defensa de la competencia, así como de la evolución histórica y situación actual en la Argentina de esas normas y los organismos que deben aplicarlas.
Se ofrece luego un vistazo sobre la historia argentina de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, centrada en las normas sectoriales relacionadas con los límites de propiedad y operacionales a los prestadores. También examinará cómo se dieron en la práctica fenómenos de concentración y competencia entre esos prestadores.
La segunda entrega (II) analiza tres casos ocurridos en este siglo en los cuales el organismo regulador de la competencia (en rigor, la Secretaría de Comercio, que aplica los dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia –CNDC–) decidió sobre algunas situaciones en el sector de las comunicaciones, qué condiciones impuso a las empresas y cómo evolucionaron ulteriormente los acontecimientos.
En esta entrega, la tercera y última (III) de la serie, se efectúa una descripción analítica a fondo sobre lo que identificamos como CASO 4: la fusión entre Cablevisión y Telecom, aprobada por el regulador sectorial en 2017 y por el organismo antimonopolio en 2018.
Como en los casos anteriores, también se repasan los antecedentes de la transacción, las circunstancias económicas y políticas y —finalmente— cómo puede evolucionar la operación en sí misma y dentro del sistema de comunicaciones.
CASO 4: La fusión Cablevisión-Telecom
Intervención del ENACOM y jurisdicción de la CNDC
La fusión entre la compañía telefónica Telecom Argentina (fija y móvil, de Fintech/David Martínez) y Cablevisión (TV paga por vínculo físico del Grupo Clarín) fue aprobada por Resolución 5644-E (ENACOM) del 21.12.2017. Se trató, más precisamente, de un transpaso de las licencias de la segunda a la primera, a la vez que se disolvió Cablevisión SA. La controlante de Telecom Argentina SA pasó a ser una nueva Cablevisión Holdings SA, compuesta por las participaciones accionarias de Fintech y de Clarín.
A través de la resolución antes citada, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) impuso una serie de obligaciones específicas. Era la primera vez que el organismo regulador condicionaba una transferencia de titularidad de licencias al cumplimiento de exigencias determinadas.
Hasta entonces, las transferencias de licencias de telecomunicaciones o de radiodifusión se autorizaban o no por parte del regulador sectorial, sin otras imposiciones (si bien fueron autorizadas o convalidadas casi siempre).
Sin embargo, el artículo 46 de la Ley 27078 Argentina Digital (2014) establecía por primera vez en una norma de su jerarquía que la autoridad de aplicación podrá imponer “obligaciones específicas” a los prestadores “con poder significativo de mercado”.
(La Ley Argentina Digital eliminó la categoría “prestador con poder dominante” y dejó la de “prestador con poder significativo” como única caracterización especial. Esas dos categorías habían sido establecidas y definidas en el Decreto 764 de 2000 —con porcentajes respectivos de 75% y 25% de los ingresos de un prestador a nivel nacional o local, según se determinase— pero jamás se aplicaron a un caso concreto.)
Para complicar más la cuestión y debido a que la Ley 27078 nunca se reglamentó, a partir de su sanción la categoría remanente de “prestador con poder significativo” pasó a carecer de una definición basada en porcentuales.
Por consiguiente, desde el punto de vista cuantitativo el concepto quedó a discreción de la autoridad de aplicación, como ocurrió en este caso. Así, se determinó en la propia Resolución 5644-E que la entidad fusionada es un “prestador con poder significativo” en los mercados donde posea más del 80% de abonados de Internet.
En esa misma resolución, el ENACOM fijó entonces las siguientes “obligaciones específicas” para aprobar la fusión Cablevisión-Telecom:
– quedará sujeta a la regulación de precios al consumidor en Internet fijo donde tenga más del 80% de abonados de ese servicio (los precios no pueden superar a los menores que perciba en Buenos Aires):
– deberá compartir con cualquier competidor —a solicitud y en condiciones no discriminatorias— la infraestructura de soporte (ductos, mástiles). (En realidad, se trata de una disposición general ya aplicable a todos los prestadores que sean cooperativas locales de servicios públicos o empresas telefónicas que presten TV cable, a raíz de las modificaciones que el DNU 267/15 ya había introducido en el artículo 95 de la Ley 27078.)
– deberá publicar en su página web la totalidad de los planes comerciales de acceso minorista a Internet Fijo, individualizando aquellos de menor precio, e incluyendo promociones y descuentos.
– la nueva entidad deberá devolver el excedente de espectro celular en el plazo de dos años después de la aprobación de la fusión por parte del organismo antimonopolio y deberá presentar un plan al efecto;
– podrá ofrecer oferta paquetizada pero desagregando el precio de cada servicio y sin supeditar la contratación de uno a la de otro, ni impidiendo su obtención de forma separada. (También esta es una disposición general aplicable a todos los prestadores ya contenida en el Decreto 1340/16.)
Las primeras tres condiciones durarán dos años, pudiendo ser prorrogadas “hasta que se verifique competencia efectiva” en cada localidad.
Las citadas exigencias de ENACOM eran independientes a las que pudiera imponer el organismo regulador antimonopolio.
La nueva Ley de Defensa de la Competencia 27442, sancionada en mayo de 2018, creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) que forma parte de un organismo autónomo, la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, situada en la órbita del Poder Ejecutivo (no de un ministerio económico ni de la Secretaría de Comercio). Los cinco miembros del nuevo TNDC se designarán mediante concurso público, con la aprobación del Senado de la Nación. De esos miembros, al menos dos serán abogados y otros dos economistas.
Pero el TNDC aún no se había constituido al momento de la transacción. El organismo que tuvo intervención en la fusión Cablevisión-Telecom fue la antigua Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio del Ministerio de la Producción), presidida desde 2016 por el economista Esteban Greco.
Dado que el expediente comenzó a tramitarse bajo el imperio de la anterior Ley de Defensa de la Competencia (25156) de 1999 fueron sus disposiciones las que se aplicaron. En términos prácticos esto no altera mayormente los resultados.
Aunque ya no hay personajes como el secretario de Comercio Guillermo Moreno o sus hombres en la CNDC, nadie podría decir que las instancias antimonopolio se han transformado en independientes del poder político. Esa situación persistirá hasta tanto no se aplique la Ley 27442 y se despliegue el andamiaje institucional que esa norma contempla.
“Ley corta”, postergación larga
En medio de este proceso, el Poder Ejecutivo envió a principios de 2018 un proyecto de ley (“ley corta”) para reformar aspectos puntuales del régimen de las telecomunicaciones.
El objetivo era convalidar algunas disposiciones sobre la convergencia que ya se habían tomado (por decretos o resoluciones de la Secretaría de las TICs o ENACOM) o que el mismo gobierno consideraba importantes. En particular, se buscaba permitir a las compañías telefónicas prestar servicios de TV satelital como forma de crearle una competencia efectiva a la fusión Cablevisión-Telecom.
El proyecto de “ley corta” en realidad prevé que cualquier entidad pueda prestar TV satelital (DTH), no sólo las telefónicas. Un detalle importante que a veces se olvida: actualmente, los titulares de emisoras abiertas de radio o TV o de cualquier servicio de telecomunicaciones terrestres que opere en Argentina tienen vedado —desde la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales de 2009— brindar servicios satelitales.
La “ley corta” tuvo media sanción en el Senado en julio de 2018, pero aún no se trató en Diputados. Para conseguir la mayoría de votos el gobierno pactó con el peronismo federal (no kirchnerista): el texto finalmente consensuado y aprobado posterga unos años más la prohibición a las telefónicas y otras entidades para ofrecer TV satelital. (Aquí se puede comparar el texto originario del Poder Ejecutivo y el que se aprobó en el Senado tras los consensos.)
El bloque liderado por el senador Miguel Pichetto intentó proteger de esa manera a pymes y cooperativas locales que, en su entender, se verían afectadas por el ingreso de las telefónicas al mercado de TV satelital argentino, en la actualidad —paradójicamente— monopolizado por… una telefónica estadounidense (AT&T, que opera DirecTV).
Este ingreso de las telefónicas a la TV paga en general (terrestre o satelital), ya concretado en gran parte de los países del mundo y en muchos casos hace bastantes años, es una tendencia tecnológica igualmente conocida en la Argentina desde hace más de una década. A menos que los empresarios o cooperativistas no lean los diarios (o los medios digitales), no puede argumentarse que los distintos actores hayan carecido de tiempo para prepararse.
Pichetto y los senadores peronistas federales suponen que postergando por varios años la liberación de la TV satelital o la convergencia comunicacional plena, telefónicas como Claro y Telefónica se verán impulsadas a acelerar la fibra óptica a domicilio (FTTH y afines) para brindar TV prontamente o aumentar la velocidad de la banda ancha fija. Sin embargo, ninguna de ellas hizo esfuerzos para instalar esa fibra durante la primera mitad de esta década, pese a que tanto entonces como hoy rige la prohibición de que suministren TV DTH.
Fue en 2015 y 2017 cuando Claro y Movistar (Telefónica) —respectivamente— comenzaron a ofrecer accesos fijos de fibra óptica a hogares. Arnet (Telecom) inició ofertas similares desde el año pasado. Algunas cooperativas del interior también brindan FTTH desde hace un par de años. En todos los casos estos servicios están disponibles en forma muy limitada y sólo en ciertas zonas o ciudades.
Todas estas acciones permitieron elevar las conexiones de banda ancha óptica domiciliaria en el país a un magro 3%, según cifras de ENACOM para mediados de 2018 consideradas verosímiles.
El resto de América Latina no supera el 10-15%, salvo el caso especial del 70% de Uruguay. (El tema es complejo, porque aún con el masivo despliegue de fibra el Uruguay tiene cifras de velocidad muy parecidas a Chile o México, donde existe muchísimo menos fibra instalada que en la nación rioplatense.)
Al aprobarse la media sanción de la “ley corta” el senador Pichetto dijo: “Estamos habilitando a Telefónica y a Claro a que pongan plata en Argentina… a ver si lo hacen, ¡que pongan fibra óptica, tienen dos años!”. La verdad es que las telefónicas nunca estuvieron legalmente impedidas de hacerlo.
Oradores en las audiencias de la Comisión de Comunicaciones del Senado habían acusado a las telefónicas de mantener infraestructura “vieja” heredada de la fenecida empresa estatal ENTel, sin ofrecer banda ancha por fibra óptica.
Esto es en parte cierto si consideramos las conexiones domiciliarias, pero es igualmente verdad que las telefónicas invirtieron muchísimo dinero para crear un backbone nacional interurbano de fibra óptica (en los 90) y para desarrollar la telefonía celular (mayormente en este siglo). Esas redes nada tienen que ver con la de ENTel. Todo esto lleva a pensar que los incentivos para que dichas telefónicas inviertan —en fibra a domicilio o en otras prestaciones— pasan por otro lado y no por prohibiciones, restricciones o intimaciones.
El senador Federico Pinedo, oficialista de Cambiemos, manifestó en cambio que la “ley corta” era “un proyecto antimonopólico” que posibilita “generar condiciones de competencia” en el mercado. El presidente-por-un-día de 2015 destacó que “este proyecto prevé que otras compañías podrán competir contra una gran compañía de comunicaciones, con otras tecnologías que estaban vedadas hasta ahora, como la televisión satelital”.
Este análisis es pertinente si asumimos que una convergencia plena (con competencia y libre ingreso de nuevos operadores) terminará beneficiando a la larga al sistema de comunicaciones del país: mejorará la calidad y variedad de los servicios y propiciará un mayor acceso a la conectividad. En ese marco convergente total, las propias cooperativas y pymes podrían asociarse para prestar TV satelital general o de nicho (temático o geográfico) y, a la vez —en los términos del proyecto—, se verán beneficiadas para acceder a frecuencias de telefonía celular.
Sin embargo, habrá que convenir que las delicadas condiciones macroeconómicas del país (inflación, devaluación, inseguridad jurídica) serán frenos a la inversión que desgraciadamente no podrán ser solucionadas por ninguna ley sectorial, por mejor que sea.
Una manifestación más de Pichetto se quejó de que el texto aprobado “no era una ley completa de contenidos”. Cuestionó a los canales que transmiten “enlatados… las porquerías de las novelas centroamericanas” (en realidad, Centroamérica no produce telenovelas), así como “el cierre de transmisiones con programas casi umbandas” (sin distinguir entre una poderosa iglesia neopentecostal y ritos verdaderamente animistas).
Pichetto protestó además porque “nadie maneja la opinión pública”, mientras “[el gobierno de Macri] no le paga pauta a nadie [y por eso] cada uno dice lo que quiere en la televisión”.
Todas estas expresiones llevan a preguntarse no sólo hasta qué punto ciertos legisladores creen en la libertad de expresión. Por sobre todo generan la duda de si esos mismos legisladores entienden verdaderamente acerca de lo que están hablando.
Justamente, varios discursos de los senadores en ocasión de la discusión de esta “ley corta” denotaban que algunos tampoco tenían muy claro sobre las implicancias de lo que votaban.
Si bien quedaba en evidencia que la nueva redacción de la ley protegía temporalmente a (ciertas) pymes y cooperativas —quizás a costa del consumidor que se ve privado de mejores ofertas y precios—, algunos creían que esto beneficiaba a Clarín (Ana Almirón, del FPV) y otros a Telefónica (María Eugenia Catalfamo, de Unidad Justicialista).
El senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur, ahora súbitamente acercado al kirchnerismo) denunció que la “ley corta” “liquidará a 800 cableoperadores, 80 señales nacionales y 1000 productoras independientes que generan 25 mil puestos de trabajo”, una afirmación para la cual no ofreció ninguna prueba. En realidad, no se sabe de ninguna cooperativa o pyme cableoperadora, ni mucho menos de señales nacionales o productoras, que hayan quebrado por la existencia de la TV satelital en Argentina desde hace dos décadas. Muchas de las películas del legislador-cineasta, por supuesto, se pasan cada tanto en la misma TV satelital.
Por su parte, el bloque que responde a los ahora también kirchneristas (y parcialmente peleados) hermanos Rodríguez Saá, eternos “hombres fuertes” de la provincia de San Luis, votó en contra por considerar a la “ley corta” como favorecedora de… ¡concentraciones y monopolios!
(La TV abierta en esa jurisdicción es un monopolio del Estado puntano controlado por los Rodríguez Saá, donde en el Canal 13 local no hay críticas ni opositores. Como privados, controlan igualmente el único diario de la provincia, que obviamente publica la totalidad de los avisos oficiales impresos y que son pautados, en última instancia, por los mismos hermanos.
Debe reconocerse que el Adolfo y el Alberto al menos han tenido algunas iniciativas importantes en infraestructura de comunicaciones, por ejemplo el despliegue de una red provincial de fibra que reemplazó perimidos radioenlaces secundarios de microondas. Podría decirse que los hermanos puntanos ejercen en sus dominios un verdadero “despotismo ilustrado tecnológico”.)
Un legislador de Catamarca, aunque apoyó el proyecto, se refirió a los “megawatts y todas esas cuestiones que entran y salen”, presumiblemente en referencia a megabits y flujos de comunicación… De los intereses del consumidor o de las audiencias, casi no hubo ninguna mención.
En lo que tenían razón algunos de quienes se opusieron al proyecto era en cuestionar la “ley corta” como un “parche” normativo. El nombre de “ley corta” se había gestado en oposición a una “ley larga”, es decir, una ley integral de comunicaciones convergentes (telecomunicaciones y comunicación audiovisual) que Argentina aún se debe.
Una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo en 2016 en la órbita del Ministerio de Comunicaciones —pero en los hechos manejada desde el ENACOM— presentó un proyecto de ley integral, pero no avanzó más que eso.
La sentencia de Juan Domingo Perón (“si quiere matar una iniciativa, designe una comisión que la estudie”) volvía a cumplirse una vez más. (Full disclosure, como se dice en inglés: el autor de este artículo trabajó parcialmente con esa comisión durante unos meses en 2016 y 2017.)
Sin embargo, no es menos cierto que las condiciones políticas actuales hacen muy difícil cualquier consenso de los sectores políticos al respecto y el asunto podría quedar postergado ad infinitum. Según el lugar desde donde opine cada uno se tendrá idea a quién responsabilizar por esta situación.
En realidad, ya es bastante milagroso que el partido gobernante y el peronismo que lidera Pichetto hayan logrado cooperar en darle una media sanción a la “ley corta”. Si fuera finalmente aprobada en Diputados, será la primera vez desde la aparición del telégrafo en 1857 en el país en que distintas fuerzas políticas en el Congreso logran un acuerdo por consenso para formular una norma general sobre comunicaciones.
En efecto, la primera ley de comunicaciones de 1875 se aprobó por la mayoría de “lista completa” del oficialismo de la época. En cambio, la ley de radiodifusión de 1953, la de medios audiovisuales de 2009 y la telecomunicaciones de 2014 se impusieron por el Poder Ejecutivo en parlamentos-escribanías, sin que resultaran de una discusión sustancial legislativa (pese a lo que la propaganda del kirchnerismo quiso presentar con respecto a la norma de 2009). Y las restantes leyes de radiodifusión y telecomunicaciones fueron dictadas por gobiernos militares.
Como sea, en conjunción con las normas que ya había aprobado el Poder Ejecutivo y el ENACOM, el texto original del proyecto de “ley corta” consagraba una convergencia total (todos los operadores podrían dar todos los servicios sin restricciones) el 01.01.2019.
(Por Resolución 5641-E/17 de ENACOM, desde el 01.01.2018 las telefónicas podían ofrecer TV paga por vínculo físico en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, en localidades donde esté presente Cablevisión y en localidades de más de 80.000 habitantes donde el servicio no sea prestado sólo por cooperativas o pymes. Desde el 01.01.2019 las telefónicas podrán ofrecer TV paga por vínculo físico en el resto del país.)
Tras las modificaciones del proyecto del gobierno por parte de los senadores del peronismo federal la convergencia total se posterga hasta 2022: recién ese fecha las telefónicas podrán suministrar TV satelital en todas las ciudades argentinas. De acuerdo a esas modificaciones, las telefónicas quedarían habilitadas para el DTH en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario el 01.01.2020, en las localidades del resto del país con más de 100.000 habitantes el 01.01.2021 y en todas las localidades el 01.01.2022.
Otro punto parcialmente modificado fue la previsión original que contemplaba que el espectro radioeléctrico celular que aún tiene sin utilizar la compañía ARSAT se adjudique al sector privado.
Se determinó expresamente que el 20% de esas frecuencias se asignarán a operadores exclusivamente regionales y locales. Así, cooperativas y pymes de actuación geográfica acotada y quizás también algunos municipios o provincias prestarían servicios zonales, utilizando una red celular propia y no sólo virtual (alquilada).
Hasta ahora las tres compañías celulares predominantes actúan reutilizando sus bloques de frecuencias en toda la extensión del país, pero de esta forma podrían aparecer empresas celulares con red propia que sólo operen por ejemplo, en Cuyo, la Patagonia o en un área determinada.
La idea no es mala. Para que tuviera una mayor precisión podría establecerse en un futuro un régimen definitivo y no discrecional de licitaciones/subastas de frecuencias con carácter abierto y permanente (no adjudicaciones directas como prevé el artículo 4- c del Decreto 1340 de 2016) para absolutamente todas las bandas.
Esto debería abarcar no sólo al servicio móvil celular sino también a la totalidad de las radiocomunicaciones que se presten comercialmente (excluyendo la radiodifusión —donde debe predominar otra lógica— y servicios como bomberos, policía, etc.), con algunas reservas o factores de ponderación razonables para operadores menores, como cooperativas o pymes. Debe tenerse en cuenta que en éste como en otros campos, las concentraciones perjudiciales o la atomización extrema impuesta a la fuerza no favorecen al consumidor ni al desarrollo de los servicios.
La cesión de esas porciones de espectro al sector privado tiene sentido, ya que no se creará una compañía celular estatal. Por lo tanto, no es coherente que ARSAT retenga esas frecuencias (que eran en parte las que no pudo pagar el Grupo Vila-Manzano tras las licitaciones 4G de 2014). Al otorgarlas al sector privado, el Estado no pierde en ningún momento su control ya que es el encargado de convocar y adjudicar las licitaciones/subastas y asignar las frecuencias.
Las menciones sobre “pérdida de soberanía” y otras semejantes de los legisladores que objetaron esta disposición no son sino manifestaciones de desconocimiento o demagogia.
También tuvo sentido implantar estas disposiciones mediante la derogación de artículos de la Ley 27208, promovida por el gobierno anterior. La norma fue llamada Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y resultó aprobada a un mes de vencer el mandato presidencial de 2015 para prolongar la engañosa mística creada por la cuestión de los satélites operados por ARSAT “desde los cuales Néstor nos mira desde el cielo”, al decir de su esposa, la expresidenta Cristina Kirchner.
(La otra realización de ARSAT, la red federal de fibra óptica complementaria a las privadas, sí fue una iniciativa necesaria para mejorar las comunicaciones. Esto, pese a que dicha red se haya construido en parte a través de las investigadas coimas de la obra pública —participaron entre otras Esuco, Electroingeniería, Isolux, Cristóbal López— y aun cuando se mantuvo mayormente apagada durante casi toda la gestión K debido a que no se previeron correctamente temas operacionales y de interconexión.)
Pese a su denominación, la “ley satelital” efectuaba también reservas de bandas de telefonía móvil terrestre a favor de ARSAT y que no tenía perspectivas de usar (una hipotética empresa celular estatal costaría al país no menos de 5 mil millones de dólares). La propia norma establecía que la modificación de sus partes sustanciales requería el voto de los dos tercios “del Congreso”.
Esa previsión era tan claramente inconstitucional que ningún senador mencionó este hecho en los debates de la “ley corta” (sí lo hizo, fuera de debate y en la otra cámara, un diputado que responde al gobernador de La Pampa). Es obvio que no puede establecerse en una ley una “cláusula pétrea” que cambie los procedimientos establecidos en la Constitución para aprobar las propias normas. De lo contrario, se llegaría al absurdo según el cual sería admisible aprobar una ley que sólo pueda derogarse con el 99% de votos o nunca.
Hubo cuatro puntos del proyecto original que se mantuvieron sin alteraciones y en los que quizás no se reparó lo suficiente, pese a ser importantes disposiciones pro competitivas:
1.- Se estableció que todos los licenciatarios de servicios TIC deberán compartir con sus competidores su infraestructura pasiva (torres, postes, ductos, antenas), a solicitud y siempre que esto sea técnicamente factible y no afecte la normal prestación del servicio. Las condiciones técnicas y económicas de esa compartición deberán ser “objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas”. Cabe destacar que esta exigencia fue una condición particular del ENACOM para autorizar la fusión Cablevisión-Telecom, pero ahora pasaría a ser un principio de política general que se impone a todos los operadores existentes.
Se trata, en lo esencial, de las llamadas vías de paso que en ocasiones constituyen monopolios u oligopolios naturales (no se puede instalar infinitas líneas de postes o conductos subterráneos en una calle o zona). Esta disposición favorece a nuevos ingresantes. En algunos casos se beneficiarán grandes empresas (Cablevisión-Telecom o Telefónica podrían usar los postes de una pyme o cooperativa en una ciudad donde aún no hayan entrado) y en otros a entidades pequeñas (viceversa, las pymes o cooperativas podrían emplear tendidos ya hechos por Cablevisión-Telecom o Telefónica).
Este tipo de compartición no debe confundirse con la desagregación de la “última milla” (bucle local), ni tampoco con la utilización de una red de cables, radioenlaces o fibras ópticas WAN/MAN de un operador por parte de otros. La primera modalidad, más allá de las interconexiones normales entre operadores, es todavía un desafío tecnológico y regulatorio en buena parte del mundo. La segunda es cuando un operador con usuarios individuales usa y/o se conecta con una red troncal backbone de un operador mayorista, de Nivel 1 o 2, lo que puede acordarse o no en forma voluntaria entre las partes.
Sin embargo, en relación a la primera modalidad el Decreto 1340/16, dictado luego de transcurrido un año del gobierno del presidente Macri y con el fin de incentivar el tendido de fibra óptica al hogar, garantizó hasta el año 2031 que las nuevas redes de fibra (o equivalentes) de “última milla” no serán desagregadas. Es decir, no se forzará al operador cuyo vínculo FTTH llegue al usuario final a darle acceso a otro u otros prestadores. Algunos analistas objetaron este plazo como excesivo y, a la vez, la medida no pareció haber incentivado el despliegue de fibra por el cual pedían figuras como el senador Pichetto.
2.- Al mismo tiempo, la “ley corta” busca promover nuevas compañías celulares constituidas a partir del alquiler de capacidad de operadores ya establecidos. Es decir, los operadores móviles virtuales (OMV) que carecen de red propia y que pueden significar mejores precios o servicios de nicho para usuarios finales.
Los OMV pueden aparecer por simples acuerdos libres de partes, pero si la regulación no los promueve o no establece pautas de equidad puede haber muchas trabas por parte del operador propietario de la red. Por esa razón, la “ley corta” estipula que cada compañía celular con red propia debe explicitar en cada localidad una “oferta de referencia” OMV “en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna”.
En realidad, esta cláusula de la “ley corta” no hace más que convalidar una norma de 2016 promovida desde la Secretaría de TICs (Resolución 38-MINCOM 25.04.2016), por la cual se impuso a las compañías telefónicas móviles la obligación de presentar una oferta de referencia adecuada.
3.- Al igual que en el caso de los operadores TIC, las empresas y entidades que suministren servicios públicos nacionales, provinciales o municipales (electricidad, transporte de sustancias por ductos, ferrocarriles, caminos) deberán facilitar sus vías de paso a prestadores TIC (torres, postes, ductos y “cualquier otro elemento […] para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos, etc.”).
A tal efecto, “establecerán las condiciones técnicas y económicas, en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada, sin que pueda otorgarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de derecho” cuando faciliten a operadores TIC el acceso a la infraestructura pasiva.
El uso de una de esas vías de paso puede ser la única forma que un servicio sea rentable o factibles. Es justo, entonces, que ese “recurso” esté supeditado a normas de equidad.
4.- Por primera vez en la historia argentina de la radiodifusión y la TV paga, la “ley corta” estableció que las “señales y programas audiovisuales” deben comercializarse en forma “transparente, equitativa y no discriminatoria […] evitando incurrir en conductas que configuren prácticas restrictivas de la competencia”.
De este modo, una señal no podrá cobrarse a un precio a unos operadores y a otro a los demás; o bien suministrase a algunos y negarse a otros operadores que la requieran. Sin lugar a dudas, esto beneficia claramente a las más pequeñas empresas de TV (como pymes o cooperativas) que podrán de esa forma contar con señales populares, cuya ausencia en sus grillas los puede poner en inferioridad competitiva y así favorecer la perpetuación de la posición de las empresas líderes.
Esta disposición se complementa con los normas para el “must carry” aprobadas en los últimos tres años por ENACOM, tanto en lo referente a la TV abierta como para señales y que son aplicables a los operadores de TV cable como de TV satelital (resoluciones 1394 15.04.2016; 1645-E 11.03.2017; 5160-E 11.12.2017; 4337 22.05.2018 y 4513 21.06.2018).
En la práctica, estas normas sancionadas bajo el actual gobierno no han alterado significativamente el número de canales y señales reproducidos, excepto que por primera vez se fija un régimen integral para la TV satelital, la que deberá incluir señales nacionales e incluso algunos canales de TV abierta no porteños (recién entre octubre y noviembre de 2018 esto último comenzó a cumplirse).
Resta por ver ahora si la Cámara de Diputados convierte en norma la “ley corta” y si su texto sufre nuevas modificaciones.
El número necesario para la sanción legislativa se obtiene con los votos de la coalición oficialista Cambiemos y del bloque del peronismo no K de la cámara baja. Desde hace tiempo el oficialismo y el Frente Renovador no consensúan, mientras que el kirchnerismo ya adelantó que votará en contra.
En un principio, se creía que la “ley corta” sería aprobada por Diputados sin grandes cambios antes de que finalizaran las sesiones ordinarias.
Pero en el vertiginoso panorama político argentino el bloque de diputados peronistas no K ha experimentado en las últimas semanas recomposiciones y cambios de estrategia que ya no lo inclinan tanto a votar con el oficialismo nacional. Tampoco hay en la cámara baja una figura equivalente a Pichetto.
Para noviembre de 2018, tanto el peronismo no K como el Frente Renovador —que en un principio se pensó que podría abstenerse—, estaban exigiendo nuevos cambios e incorporaciones.
¿Se trata de modificaciones inspiradas en cuestiones reales? ¿O son pretextos para no votar con un gobierno jaqueado por la situación económica y frente al cual porciones del peronismo y el massismo, así como la totalidad del kirchnerismo, podrían unirse en un heterogéneo frente con posibilidades para las próximas elecciones?
Como sea, los temas vuelven a postergarse. ¿Los intereses del país, del sector o de los usuarios? Como siempre bien, gracias.
Diputados peronistas movilizados por los gobernadores piden ahora que la convergencia plena, es decir, el momento para que las telefónicas puedan dar TV satelital en todas las localidades del país, se inicie recién en 2024 (era 2022 en la versión aprobada por el Senado).
El portal La Política Online informó también el 13.11.2018 que Sergio Ziliotto, un diputado pampeano cercano al gobernador Carlos Verna, exigió que las frecuencias de ARSAT vacantes que se iban a licitar para telefonía celular sean cedidas por la ley a las provincias para desarrollar “sus propias redes de seguridad pública y defensa civil”.
Si esto fuera así, se trataría de un despropósito: las frecuencias de ARSAT son especialmente aptas para telefonía celular, cuya demanda y necesidad son siempre crecientes. El uso de esas bandas para redes oficiales provinciales, que bien podrían operar sobre otras frecuencias, sería una asignación poco acertada de recursos espectrales.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, personificado en la ocasión por el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra —encargado del área de comunicaciones tras la reformulación de ministerios e impulsor del proyecto original de “ley corta” y las ulteriores reformas consensuadas en el Senado— no aceptó este tipo de modificaciones. Con ellas, la norma iba resultar muy distinta del borrador original.
El gobierno nacional preferiría entonces presentar su batalla legislativa en 2019 con un proyecto completo de ley de comunicaciones, el que debería unificar y modificar las leyes de Comunicación Audiovisual (2009) y Argentina Digital –de Telecomunicaciones- (2014) para crear un marco convergente integral y estable.
Desagraciadamente, en un año electoral e incierto, con un Congreso que el oficialismo no controla y en el que resulta crecientemente difícil lograr acuerdos, la resolución sobre el régimen definitivo de las comunicaciones puede quedar postergada indefinidamente.
Frente a este panorama, el gobierno podría responder con decretos de necesidad y urgencia (DNU) y una batería de resoluciones de la Secretaría TIC y del ENACOM. Una vez más, como en varias ocasiones de la historia argentina, el régimen legal de las comunicaciones seguirá construyéndose “a los tumbos” debido a la incapacidad de sectores dirigentes para ponerse de acuerdo.
Seguir ese camino no significa nada más que una cuestión de formas. Si no hay una ley integral de comunicaciones, las empresas serán reacias a invertir: un marco regulatorio construido sólo con decretos y resoluciones en un país que oscila entre el macrismo y el kirchnerismo representa para estas compañías una apuesta de alta inseguridad jurídica.
La fusión y la Resolución de la Secretaría de Comercio
Firmada por el entonces titular de la cartera, Miguel Braun, la Resolución 2018-374-APN-SECC#MP de la Secretaría de Comercio, fechada el 29.07.2018, realiza varias consideraciones antes de aprobar el dictamen mayoritario de la CNDC que autoriza la fusión Cablevisión-Telecom.
(Sería bueno volver a una nomenclatura simple en beneficio de la comprensión ciudadana y no pensando sólo en planillas Excel o burocracias tecno-jurídicas internas: ¿por qué se cambió el sencillo sistema de cuatro elementos que funcionó por más de 70 años en el sector público: Tipo de norma/Número/Año/Abreviatura de repartición, ejemplo, Res. 374/18-SC?)
Es interesante detenerse en estas consideraciones porque revelan algunas visiones de parte de las autoridades que el dictamen no siempre desarrolla:
– “Argentina ha exhibido en los últimos años un retraso en el desarrollo tecnológico, en particular en la calidad del servicio de comunicaciones móviles y en la calidad y velocidad del acceso a internet”.
– “Las inversiones en el sector no han sido suficientes para desarrollar la infraestructura necesaria para que la economía argentina cuente con tecnologías digitales de última generación en forma difundida”.
– “La fusión entre dos empresas cuyas fortalezas, medidas en relación a sus negocios principales, se encuentran en mercados y servicios complementarios (Telecom en comunicaciones móviles y Cablevisión en TV paga) tiene la potencialidad de generar sinergias que fortalezcan la complementariedad y alienten la inversión y el desarrollo de más y mejores servicios”.
– La resolución no duda en usar la palabra “concentración” para definir la transacción aprobada, pero no la considera perjudicial y opina que traerá “beneficios” a los consumidores.
– “La concentración le permitiría a la empresa fusionada reducir los costos financieros y aumentar las posibilidades de acceso al mercado de capitales, permitiéndole a la nueva empresa aprobar proyectos de inversión que de otra manera hubieran quedado fuera de su análisis”.
– La CNDC “reconoce que la concentración implica un ahorro de costos fijos que puede implicar efectos dinámicos positivos. Dichas eficiencias incentivarían la inversión de los operadores del sector, con los consecuentes efectos positivos en la calidad de los servicios”.
-“Se han identificado los beneficios surgidos de proveerle a los consumidores servicios empaquetados, como así también el aprovechamiento por parte de la fusionada de las ventajas de la convergencia tecnológica”,
– pero a la vez, reconoce que “la operación requiere de remedios para resguardar la competencia y prevenir un potencial perjuicio sobre los consumidores”.
El diagnóstico y los remedios relacionados con la fusión son detallados y fundamentados en el dictamen propiamente dicho.
Dictamen de la CNDC sobre la fusión y su diagnóstico
La CNDC afirma que desarrolló un proceso de investigación y análisis “durante casi 10 meses” sobre la transacción.
Finalmente, emitió un dictamen mayoritario (que aprobó la operación con los compromisos y “remedios” propuestos por las partes, incluso la transferencia de abonados a una tercera empresa, a lo que se agregan varias recomendaciones) y un dictamen minoritario (voto individual de un vocal de la CNDC que no rechaza la operación, pero objeta la transferencia de abonados a una tercera empresa por tener dudas de su independencia y de las correspondientes condiciones). Hay también varios anexos y agregados. De esta forma, se generó un documento de 217 páginas.
El presidente de la CNDC, Esteban Greco, dijo que el estudio fue “profundo” y que se recurrió a la “participación” de actores interesados, entre los cuales mencionó a “empresas del sector, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema”.
El dictamen, opinó Greco, “asegura condiciones […] para que diferentes operadores de cuádruple-play y diversos oferentes de algunos de estos servicios a nivel nacional, regional y local puedan competir de modo eficaz para ofrecer a las empresas y las personas las mejores opciones posibles”.
“Apuntamos a que la estructura del mercado genere incentivos a la inversión de actores actuales o potenciales de manera de garantizar el desarrollo tecnológico imprescindible para el país”, finalizó.
El dictamen mayoritario en sí ocupa cerca de 150 páginas y lleva el número IF-2018-30780664-APN-CNDC#MP. Está suscripto por el presidente Greco y tres de los cuatro vocales de la CNDC: las economistas María Fernanda Viecens y Roberta Marina Bidart y el doctor en derecho Eduardo Stordeur. (Cada vez que en este artículo se hable del “dictamen”, sin otro aditamento, se hace referencia al mayoritario.)
El dictamen minoritario abarca apenas ocho páginas (IF-2018-30783021-APN-CNDC#MP) y está firmado por el vocal Pablo Trevisán (abogado). El resto de las fojas son anexos, reproducciones de documentos, etc.
A diferencia de los dictámenes anteriores de la CNDC —al menos los referidos a temas de comunicaciones—, entre las virtudes de éste se observa que la escritura es más concreta y va al punto. En buena medida se evita el palabrerío insustancial, así como formulismos técnico-jurídicos que complican la lectura y la comprensión del texto, modalidades muy características de algunos dictámenes ya analizados, como los de Cablevisión-Multicanal o Telecom-Telefónica. Hay una división temática y conceptual algo más clara que en documentos anteriores.
Sin embargo, existen varias inexactitudes. En el análisis de los mercados de Internet, el dictamen menciona empresas que ya no existen (por ejemplo, UOL Sinectis, comprada por Sion) y omite el nombre y la existencia de empresas competidoras en ciertos mercados (no indica en un cuadro, por ejemplo, que Movistar ofrece Internet en General Rodríguez o Berazategui).
Hay errores gruesos, como atribuir a Pilar (Provincia de Buenos Aires) un ISP que en realidad es de Río Segundo/Pilar (Provincia de Córdoba) o situar en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) un proveedor de Internet que opera en Salta. Figura también como compañía competidora de Cablevisión-Telecom, en CABA y otros puntos, la empresa Netizen: ofrecía Internet inalámbrico y enlaces dedicados a clientes corporativos, pero fue adquirida por Nextel en 2016, es decir, por el mismo grupo Clarín. Incluso se menciona como parte del grupo la agencia DYN, cerrada medio año antes de la fecha del dictamen.
Se detecta asimismo una contradicción entre la Resolución 5644-E del ENACOM y el dictamen. La resolución contiene una lista donde la entidad fusionada acumularía “más del 80%” de los abonados de Internet fijo e incluye las localidades bonaerenses de Baradero y San Pedro. Pero el dictamen da porcentajes muy precisos de operadores alternativos en esas ciudades que ascienden al 41-50% de share, por lo cual los suscriptores de Cablevisión-Telecom nunca pueden llegar o superar el 80% de participación.
Estos errores son muy poco excusables considerando que se trata de organismos de Estado supuestamente con el personal, los recursos, la pericia y el tiempo necesario para analizar una de las transacciones más importantes de la historia de las comunicaciones. Felizmente, la escasa relevancia de esas falencias no afecta las conclusiones del documento.
El dictamen divide el análisis en mercados relevantes. Los más importantes son los de Internet residencial, telefonía móvil, data center y servicios corporativos. Se consideran los mercados de Internet mayorista, transporte de datos locales y transporte de datos de larga distancia, todos ellos bajo el rótulo de servicios mayoristas. La TV por cable y la telefonía fija no son analizadas en el dictamen: ni Telecom posee sistemas de TV cable ni Cablevisión opera a gran escala en telefonía fija. Ambos mercados quedan prácticamente iguales antes y después de la fusión y por esta razón no son objeto de investigación por parte de la CNDC.
Internet residencial. El segmento de Internet residencial resulta el más importante para el dictamen. Es el único mercado en el cual los activos de Cablevisión (Fibertel) y Telecom (Arnet) se superponen significativamente: las dos empresas que se fusionan prestan este servicio en forma separada en extensas áreas del país y su suma da un share elevado en varias localidades.
El dictamen sienta dos premisas importantes. La primera apunta a que “los efectos de la operación deben analizarse [principalmente] a nivel local, debido a que los demandantes solamente pueden sustituir su proveedor con aquellos operadores que se encuentran ofreciendo el servicio de acceso a Internet en el conglomerado urbano en el cual habitan”. Agrega que “los demandantes de Internet residencial reciben el servicio a través de un enlace físico, que no puede ser sustituido por otro enlace que no llegue directamente a su domicilio”.
La segunda premisa considera que la verdadera falta de competencia producida a partir de la fusión se da cuando en una localidad donde coexisten Cablevisión y Telecom (Arnet) no puede elegirse un competidor con una red propia de alta capacidad. Esas redes, también llamadas de “nueva generación”, comprenden las híbridas fibra-coaxil (HFC, usadas originalmente por los cableoperadores y con última milla de coaxil) y las de fibra óptica al hogar (FTTH, empleadas para dar banda ancha a altas velocidades).
Los competidores con este tipo de red propia, sostiene la CNDC, “pueden reaccionar de manera inmediata ―y prácticamente sin incurrir en nuevos costos― ante un aumento de precios por parte de la entidad fusionada”. En la lógica implícita en esta premisa, el share de mercado sería un dato menos relevante.
Desarrollando líneas de análisis basadas en esas premisas, el dictamen determina en primer término que existen 62 mercados geográficos en los cuales se superponen las redes de Cablevisión y Telecom: en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Sólo en esas 62 localizaciones Cablevisión posee servicio de Internet (Fibertel), basado en una red HFC con velocidades que llegan hasta los 100 Mbps. En todas esas localidades, a la vez, hay servicio de Internet ADSL/VDSL de Telecom (Arnet), con velocidades menores, de 6-20 Mbps.
(La lista de estos sitios está incluida en el CUADRO 1, pero en ese cómputo comprende 67 localidades, ya que nosotros desagregamos los centros de población Cosquín y Villa Carlos Paz —agrupados en el dictamen como “Punilla”— y los centros de población La Calera, Mendiolaza, Río Ceballos, Saldán y Unquillo —agrupados en el dictamen como “Colón”—.)
Cabe señalar que en 99 sitios adicionales de la zona de incumbencia “norte” de Telecom existen redes locales de Cablevisión que sólo brindan TV, pero no Internet. Esta circunstancia se produce porque el backbone (red troncal física) de fibra óptica de la compañía no llega a esos lugares. En tales localidades Cablevisión posee solamente antenas satelitales de grandes dimensiones para recibir las señales de TV que luego se hacen llegar a los abonados. Los enlaces satelitales de este tipo son inadecuados para conducir señales interactivas de Internet.
Este hecho no es precisado claramente en el dictamen; tampoco hay una lista completa de esas localidades, es decir, de aquéllas donde hay presencia de Cablevisión limitada sólo a TV cable en la zona de incumbencia “norte” de Telecom/Arnet. Aquí ofrecemos esa información en el CUADRO 2.
A título de ejemplo, como puede verse comparando los CUADROS 1 y 2, en la Provincia de Misiones Cablevisión-Fibertel ofrece en Posadas TV paga e Internet. En cambio, en la segunda ciudad provincial, Oberá, Cablevisión proporciona nada más que TV paga (en dicha localidad solamente Arnet y la cooperativa local eléctrica, con una conexión propia a la red general, son los proveedores de Internet residencial).
Por su parte, Telecom (Arnet) suministra Internet en muchas localidades (pero no en todas) donde está presente su red telefónica fija, es decir, en un gran número de ciudades y pueblos de su zona de incumbencia “norte”. También presta Internet en algunos sitios específicos fuera de dicha zona, por ejemplo, en Mar del Plata o Bariloche, lugares donde se estableció a partir de la apertura de la competencia fija en 2000. Tampoco esto se explica en el dictamen.
Pero las velocidades de Arnet se limitan mayormente a lo que puede entregar el ADSL de cobre (promedio de 6 Mbps de bajada y teórico hasta 15 Mbps, usado por el 74% de sus abonados) o derivados como VDSL, también conocido como Fiber to the Cabinet (hasta 25 Mbps de bajada, aunque puede llegar en teoría a 80 Mbps, usado por el 23% de sus abonados). Estas cifras son de 2018 y están mencionadas en el dictamen.
Como es característico de estas tecnologías ADSL/VDSL —además— el servicio de Internet no funciona si el abonado se encuentra lejos de la central telefónica. (Un 3% restante de abonados de Arnet recibe servicio de Internet por fibra óptica domiciliaria desde hace algo más de un año a 100 o 300 Mbps, pero se trata de un servicio experimental, ofrecido en zonas muy limitadas y sujeto a disponibilidad)
El dictamen señala una cuestión obvia: al momento de la fusión, las redes de Cablevisión y de Arnet para suministrar Internet “no son equivalentes”. La primera es híbrida de fibra-coaxil (HFC) y la otra es básicamente de cobre (ADSL) e híbrida de fibra-cobre (VDSL).
Por eso, “el análisis standard de cuotas de mercado medido a nivel de localidad o partido no es un indicador preciso del nivel de concentración y las condiciones de competencia en los mercados geográficos definidos para esta operación […] porque solo una parte de la red de Arnet en cada mercado está solapada con la red de Cablevisión”.
De esta manera, “los clientes que tienen servicio Arnet a través de la red de Telecom en áreas donde no existe tendido de red de Cablevisión ya antes de la operación contaban con una sola oferta de servicios [considerando ambas empresas] y por consiguiente, la operación no tiene efecto sobre estos clientes”.
A su vez, pareciera que no hay lugares en la zona de incumbencia “norte” de Telecom, donde exista Internet de Cablevisión sin que exista el servicio de Arnet, dado que el dictamen no menciona esta situación.
De los 67 lugares donde coexisten redes de Cablevisión y Arnet, en 42 localidades hay competidores con redes alternativas propias de alta capacidad. De esas 42 localidades, sólo en 11 la suma de abonados de Internet entre Cablevisión (Fibertel) y Telecom (Arnet) al momento de la fusión es “superior” al 80% (CUADRO 3).
Por otra parte, la suma de abonados de las redes de Cablevisión y Telecom que en el momento de la fusión y antes de aplicarse las desinversiones llegan a un share de “más del 80%” corresponden a 37 localizaciones (o 35 por corrección de posibles errores). De esas 35 localidades que tienen esa participación elevada, 23 carecen de competidores con redes alternativas propias (CUADRO 4).
En la mayoría de estos casos (20 de esas 25 localidades sin competidor con red alternativa) el dictamen busca restablecer la competencia aceptando el compromiso de desinversión de la entidad fusionada por el cual transfiere abonados de Arnet a una nueva empresa (Universo Net). Pero hay también varias situaciones especiales.
No se transfieren abonados en San Lorenzo, Cerrillos y Saldán. Si bien en tales localidades no hay competidores con redes alternativas, se considera que estos puntos son muy cercanos a otros centros urbanos (Rosario, Salta y Córdoba/Mendiolaza, respectivamente) donde sí existen esos competidores.
Tampoco se transfieren abonados en el caso de Baradero y San Pedro. El dictamen afirma que estas ciudades cuentan con tres operadores alternativos (dos de ellos en común: CapillaNet y Cooperativa Gobernador Castro). Aunque ninguno de esos operadores tienen redes fijas propias, cuentan con shares sumados de 41% y 50% sobre el total de clientes, mientras Cablevisión Fibertel llega al 32% y 25%, todo respectivamente.
Los detalles correspondientes a estos items pueden verse en el CUADRO 5.
El CUADRO 6 muestra que varias localidades cordobesas donde había competidores de Cablevisión-Telecom con red alternativa propia fueron —no obstante— incluidas el paquete de desinversión de Arnet para que la cartera de clientes de la tercera empresa (Universo Net) fuera más atractiva.
Además, hay situaciones especiales en dos localidades. En San Nicolás de los Arroyos existe una red alternativa a Cablevisión-Telecom, pero con un despliegue territorial muy limitado. En términos prácticos, el dictamen considera que no hay competencia efectiva, por lo cual los abonados de esta localidad se incluyen en el paquete de desinversión.
(Cablevisión y Arnet operan en gran parte de esta ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires. La red competidora alternativa es la de la compañía de TV cable/ISP Telered, pero se encuentra confinada en la periferia urbana. Cablevisión y Telered han mantenido un fuerte enfrentamiento político y comercial por los “derechos de paso” de los tendidos de la localidad. Lo curioso es que el Grupo Clarín tiene en Telered una participación no controlante cercana al 50%, si bien la empresa es gestionada por la familia Padula.)
En Posadas existe también una red alternativa, operada por la empresa de TV cable/ISP Gigared. El dictamen afirma que hay un área muy amplia de esa capital (el 43% de las viviendas) que no cuenta con cobertura de Gigared, de modo que luego de la fusión muchos abonados de Cablevisión-Telecom no dispondrían de otra opción. Por esta razón, igualmente se incluye a Posadas dentro de la desinversión de abonados de Arnet y la transferencia a Universo Net.
Finalmente, existen 5 localidades donde Telecom no transfiere su servicio Arnet a Universo Net pese a que en el momento de la fusión la suma de shares entre Cablevisión (Fibertel) y Arnet es de “más de 80%”. Esto se debe a que se registra la presencia de uno o más competidores con redes propias alternativas de alta capacidad (CUADRO 7).
En resumen, la entidad fusionada transfiere abonados en 27 localidades, que representan la mayoría de los lugares donde al momento de la fusión existen problemas de competencia, es decir, ausencia de redes alternativas de alta capacidad (Ver más adelante el apartado Los “remedios” del dictamen de la CNDC.)
(El dictamen menciona recurrentemente “28 localidades” en vez de esas 27, ya que incluye en el cuadro de desinversión la localidad cordobesa de Saldán, donde en realidad no se transfieren abonados.)
Sin perjuicio de que pueda considerarse acertado el criterio de presencia de un competidor con red propia (por encima de evaluar la importancia del market share), es cuestionable que el dictamen omita en todo momento especificar la participación concreta de mercado de Internet en las ciudades donde operan Cablevisión-Telecom, ni al momento de la fusión ni después del traspaso a Universo Net.
Como se ha visto, en los casos de localidades donde se ceden abonados de Arnet a Universo Net el dictamen indica el porcentaje de clientes de Arnet que se transfiere en cada localidad, pero esta magnitud nada tiene que ver con la participación concreta de mercado de la entidad fusionada ni de la tercera empresa.
La resolución 5644-E establece que si en una localización la fusión Cablevisión-Telecom superase el 80% de la participación de mercado se aplicará el precio más bajo que la empresa cobre en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la zona más competitiva de operación.
Al no contar con los shares, no sabemos qué localidades puedan estar arrojando esa participación tras la fusión. Puede suponerse que en donde se transfirieron abonados y existía previamente ese share de “más de 80%” no se esté llegando ahora a esa proporción. De esta forma, sólo un pequeño grupo de localidades donde existen ambas redes superaría el límite, pero se trata sólo de una conjetura.
Sería importante que el ENACOM u otro organismo publicaran estos datos periódicamente en la sección “datos abiertos” de su sitio web a partir del inicio de 2019. No se puede considerar tales números como información meramente “privada” de una empresa si se tiene en cuenta que tales participaciones de mercado son las que determinan el carácter de agente “con poder sustancial” y los consiguientes remedios competitivos.
El siguiente cuadro (CUADRO 8) condensa la situación competitiva en cada una de las 67 localidades donde coexisten redes de Cablevisión (Fibertel) y de Telecom (Arnet) al momento de la fusión. Se han agregado datos que mayormente no figuran en el dictamen (el tipo de redes y su velocidad máxima en Mbps) y se han corregido algunos errores:
“Como resultado del análisis realizado —dice el dictamen— se detectó que […] si no se hubieran instrumentado remedios” tras la fusión, los consumidores se hubiesen visto perjudicados en los mercados donde no hay competidores con una red propia de nueva generación “o donde la cobertura del proveedor alternativo no cubre suficientemente la red de Cablevisión”.
El principal remedio que el dictamen contempla para esta situación es la ya señalada desinversión, por la cual se transpasan abonados de Internet de Telecom (Arnet) a la empresa Universo Net.
Estos remedios y sus características serán descriptos y analizados en detalle más adelante, en el apartado denominado Los “remedios” del dictamen de la CNDC.
Telecomunicaciones móviles. En telefonía celular, según cifras de 2016 citadas en el dictamen, Claro tenía el 33,8% del mercado, Movistar el 32% y Personal el 31,1%. La empresa Nextel, comprada por Clarín, sumaba apenas el 2,9%. Es decir que la acumulación de share entre Personal (Telecom) y Nextel (Cablevisión) llegaba al 34,1%. Esta cifra, al decir de la CNDC, “no genera preocupación”.
Los servicios de las tres principales empresas móviles están disponibles prácticamente en toda la extensión del país, por lo cual la evaluación —al contrario del análisis del mercado de Internet fijo— debe hacerse a nivel nacional y no por áreas o localidades.
Opina el dictamen que con la fusión “no se verifica una modificación significativa en la estructura del mercado […] conformado esencialmente por tres grandes operadores […] con similares cuotas de mercado, en tanto que la participación de Cablevisión (a través de su marca Nextel) es mucho más reducida”.
Así, la CNDC “considera que la presente operación no debería traer como consecuencia problemas de competencia en las relaciones verticales de los servicios de comunicaciones móviles, ni en lo referido al roaming ni a los servicios de terminación de llamadas”.
En cuanto a las frecuencias utilizadas, Telecom ya disponía de 140 MHz de espectro en todas las áreas, es decir, llegaba ya al tope máximo autorizado hasta ahora (según la Resolución 171-MC 31.01.2017).
La adición de Nextel incrementa el espectro de la entidad fusionada en aproximadamente 100 MHz en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en 37-42 MHz en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza (la cantidad de espectro de Nextel tiene una configuración diferente a la de las áreas de telefonía celular, ya que originariamente era un servicio de trunking o de concentración de enlaces).
El dictamen señala que las frecuencias más bajas (700, 800, 900 MHz) tienen una cobertura más amplia y pueden penetrar mejor en los interiores de los edificios. Las frecuencias más altas (2,1 o 2,6 GHz) “ofrecen mayor capacidad, pero cubren una superficie menor”.
Por eso, no es lo mismo que se devuelvan MHz de las bandas bajas que de las bandas altas: Cablevisión-Telecom podría así quedarse con “una composición de espectro particularmente eficiente o de alta calidad en lo relativo a las frecuencias o en la contigüidad o tipo de espectro […] [lo] que facilitaría la provisión de mejores velocidades a los usuarios” [que la competencia]”.
La CNDC puntualiza que el ENACOM “tiene la facultad de limitar posibles efectos nocivos para la competencia ligados a la manera en que se implemente la devolución de espectro”. El organismo cuenta con dos herramientas para llegar a ese objetivo. Una forma es aprobar o rechazar la propuesta que formule la entidad fusionada; la otra modalidad es la de convocar a futuras licitaciones para que otros operadores adquieran espectro adicional.
En base a esto, la CNDC formula como remedio “una recomendación regulatoria pro-competitiva a los organismos competentes,” la que se describe y se analiza en detalle más adelante en este artículo, en el apartado Los “remedios” del dictamen de la CNDC.
Otros temas. El dictamen evalúa la fusión también en segmentos de menor importancia. Uno de ellos son los servicios corporativos (Internet y telecomunicaciones destinados a empresas), los que en 2016 obtenían estos shares a nivel nacional:
La suma de Telecom más la empresa del Grupo Clarín (Fibercorp) aumenta la participación de la entidad fusionada al 42,4%, pero la concentración aumenta muy poco.
En el mercado de data center tenemos que IBM, —olvidada por algunos, pero hoy en un excelente momento y enfocada en servicios— sigue siendo la líder en este rubro en Argentina (como en otros lugares del mundo), con un share de 31,1%. Telecom tiene 15,3% y Level 3, un 14%. Telefónica, HP y Claro poseen alrededor de un 10% cada una, Iplan un 6,2% y Fibercorp un 1,5%. Es decir que la suma de las entidades fusionadas apenas logra un 16,8% de participación, por lo cual “no reviste motivos de preocupación”. Las cifras corresponden a 2016.
El dictamen analiza luego el mercado de servicios mayoristas, es decir, el de las redes troncales que tienen cobertura internacional, nacional o casi nacional y cuyos clientes suelen ser otros prestadores de comunicaciones. También abarcan las redes de área metropolitanas (MAN), con capilaridad en distintas zonas de una misma ciudad o zonas cercanas, las que se emplean para comunicaciones corporativas locales.
Todas estas redes constituyen los backbones sobre los cuales se cursan las comunicaciones digitales cuyos bits representan comunicaciones telefónicas de corta o larga distancia, señales de video o datos IP (el protocolo de Internet). Pueden ser propiedad de las mismas empresas que prestan servicio a los abonados de “última milla” o bien son utilizadas por terceras empresas que cuenten con esos abonados de “última milla” pero carezcan de redes troncales: en este último caso se dice que la compañía troncal “revende” capacidad a otro prestador.
Telecom tiene una red troncal de fibra óptica muy importante que se inició en su zona de incumbencia “norte” y luego se extendió en todo el país, construida principalmente en los años 90. Fue una red de primera tecnología, pero está hoy sobrecargada: por ella se cursan las comunicaciones telefónicas fijas de larga distancia y los datos IP de Arnet, así como la voz y datos móviles de Personal entre sus aproximadamente 6.000 radiobases (antenas celulares). Telecom tiene también redes MAN en varias ciudades.
La red troncal de fibra óptica de Cablevisión vincula los lugares donde esa empresa, además de TV cable, provee el servicio de Internet Fibertel. Registró su mayor expansión tras la fusión Cablevisión-Multicanal (2006) y es una red moderna y veloz. Se despliega en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la zona del Alto Valle (Neuquén y norte de Rio Negro) y toca las capitales de Chaco, Corrientes, Misiones y Salta. Cablevisión sólo posee una red MAN en la Ciudad de Buenos Aires.
El dictamen menciona las otras redes troncales de fibra óptica que dan servicio en Argentina. Los enlaces internacionales están a cargo de Level 3 (en realidad Century Link desde fines de 2017, cable SAC), Telefónica SA (SAM-1) y un consorcio en el cual se destaca Telecom Italia (LAC). Estos son los cables que salen al Atlántico por el balneario de Las Toninas o en ciertos casos por el Pacífico vía Chile; además, en la Cordillera de los Andes, hay varios cruces fronterizos de Silica Networks —grupo argentino Datco— que el dictamen no menciona. Por otro lado, si bien ya es poco relevante debido a su antigüedad, tampoco nombra el pionero cable Unisur entre Argentina, Uruguay y Brasil, tendido en 1994.
Las redes troncales nacionales —además de las de Telecom y Cablevisión— están a cargo, nuevamente, de Level 3, Telefónica y Silica, así como de Claro (AMX) y la estatal ARSAT. Varios mapas incluidos en el dictamen muestran la extensión de estas redes: tratándose de una red de promoción construida por el Estado y que cumple un rol muy importante en abaratar el transporte de datos, no sorprende que la de ARSAT sea la más extensa y llegue a lugares no rentables (20.000 km habilitados y 13.000 km adicionales tendidos pero aún “oscuros”). La red de ARSAT se complementa con redes de fibra construidas por varios gobiernos provinciales en sus territorios, las que no son mencionadas en el dictamen.
Por últmo, en la ciudad de Buenos Aires operan redes MAN no sólo Cablevisión (Fibercorp) y Telecom sino también Level 3, Telefónica, Silica, Claro, Iplan, Metrotel e IFX.
El dictamen dice que en este rubro “la operación de concentración tiene un impacto muy bajo […] Si bien Telecom es un proveedor importante de servicios en tales mercados, Cablevisión tiene una participación muy marginal en los mismos, por lo cual la estructura de dichos mercados se ha visto prácticamente inalterada como consecuencia de la operación bajo estudio”.
Empaquetamiento de servicios. El dictamen “no encuentra evidencia suficiente para afirmar que el empaquetamiento de servicios (doble, triple o cuádruple play) constituya un mercado relevante independiente de los servicios que conforman los respectivos paquetes”.
Dice que la empresa con mayor participación en servicios móviles, Claro, no ofrece paquetes y que tampoco lo hacen significativamente hasta ahora las compañías Personal y Movistar. Cablevisión-Telecom será en términos inmediatos la única en capacidad de ofertar cuádruple play (sujeta a los compromisos que ofreció a la CNDC y que se detallan en el dictamen).
Pero el dictamen opina que, a nivel nacional, Claro y Telefónica “podrán ser operadores de cuádruple play una vez que lleven a cabo las inversiones correspondientes en redes fijas de fibra óptica […] Parte de estas inversiones ya han sido llevadas a cabo”. (En realidad, ambas podrían vender un cuádruple play si también se les habilitara la TV satelital.)
Agrega que “tanto las empresas regionales como las locales que prestan servicios de acceso a Internet y televisión, deberán entrar al mercado de las telecomunicaciones móviles si desean ofrecer servicios de cuádruple play” (cosa que podrán hacer accediendo a subastas de frecuencias regionales —si se efectúan, como contempla la “ley corta”— o como OMV; no obstante, el dictamen no dice explícitamente esto).
El dictamen subraya que la segunda empresa de TV paga, la satelital DirecTV, tampoco ofrece paquetes de servicios.
Como conclusión parcial, la CNDC evalúa que la paquetización de servicios “no garantiza necesariamente la preferencia de los consumidores”. Recuerda la conocida situación de la Ciudad de Buenos Aires: tras una década en que Telecentro ofrece paquetes de triple play consigue sólo el 15% de participación en el mercado de Internet residencial en la Ciudad de Buenos Aires (Cablevisión-Fibertel y Telecom-Arnet sólo brindan hasta el momento del dictamen un “doble play” de TV paga/Internet o de Telefonía Fija/Internet, respectivamente).
TV paga. El dictamen no menciona ni analiza específicamente la competencia en TV paga, ya que la fusión de Cablevisión con Telecom no supone ningún cambio en ese segmento (Como el resto de las compañías telefónicas Telecom estuvo vedada desde hace años de ofrecer TV paga.)
Como comentario propio, no relacionado con el dictamen, se recuerda que en todos los lugares donde hay Cablevisión puede elegirse DirecTV. En ciudades grandes, además, puede haber cables alternativos (Telecentro en la Ciudad de Buenos Aires y zonas del Gran Buenos Aires; Supercanal en zonas de la Ciudad de Córdoba; Cablehogar/Express en Rosario y Salta, y Gigared en Santa Fe, Paraná, Corrientes, Resistencia y Posadas). Con excepción de Supercanal en Córdoba —que se limita en esa ciudad sólo a TV paga— todos los operadores de cable mencionados ofrecen también “triple play”: Internet y telefonía fija.
En ciertos casos hay versiones de TV paga inalámbrica terrestre, con menos canales, para habitantes de zonas rurales (se trata de redes que por ahora son unidireccionales y usan en su mayoría canales “codificados” en la banda de UHF). Cablevisión opera alguno de estos sistemas, pero en otros casos son independientes.
Santa Fe, Salta y Formosa son las únicas ciudades argentinas del área norte del país donde al momento de emisión del dictamen podían elegirse más de tres compañías de TV paga, sin contar los sistemas terrestres de TV codificada.
En cada una de estas capitales funcionan Cablevisión y DirecTV, pero además existen:
– en Santa Fe Gigared y Cablevideo Digital (se estaba incorporando Claro TV a título experimental).
– en Formosa Megacable, TVO y CVC (este último del grupo local Interam, propietario del diario El Comercial, Radio Uno y que obtuvo además una licencia DTH pese a que la que la ley impide que quien preste un servicio TIC ofrezca además TV satelital)
– en Salta operan Express, Salta Cable Color (parcialmente de Supercanal) y Claro TV.
Es cierto que DirecTV no puede ofrecer un paquete con Internet de la misma forma que los operadores de cable (lo hizo en una época con un sistema mixto WiMax y satélite de bajada; tan pronto como llegó a algunos miles de suscriptores se le prohibió continuar expandiendo el servicio por razones regulatorias). Pero eso no le impidió crecer notablemente a la compañía satelital en el segmento de TV paga en los últimos 10 años, a costa del cable y en particular de Cablevisión.
Telefonía fija. El dictamen tampoco analiza el mercado de telefonía fija, por lo cual los conceptos que siguen son de elaboración propia.
Cablevisión se inició como compañía de TV paga, pero hacia 2008 ofreció fugazmente un “triple play” que le permitió sumar 20.000 abonados de telefonía fija. Sin embargo, el conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno kirchnerista derivó en que este último no le entregara bloques numéricos a Cablevisión (mientras lo hacía con las demás: Telecentro y otros operadores de cable del interior que sí publicitaron intensivamente su “triple play”).
El servicio telefónico de Cablevisión y su consiguiente “triple play” quedaron así suspendidos indefinidamente. Aún con el cambio de clima regulatorio en 2015 la compañía no volvió a interesarse en la telefonía fija.
Cablevisión conserva todavía esos 20.000 abonados telefónicos en la Ciudad de Buenos Aires (0,2% de las líneas nacionales) pero el dictamen sostiene que la fusión “no modifica el escenario actual del mercado de telefonía fija por lo que se desestima esta relación horizontal”.
Como comentario desvinculado del dictamen, puede destacarse que la competencia en telefonía fija nunca logró despegar desde la liberación del mercado en 2000.
Más allá del citado “triple play” ofrecido por algunos cables, existen muy pocos abonados que hayan cambiado de Telefónica a Telecom (o viceversa) o que solicitaron el servicio telefónico fijo de Claro, pese a que esto es posible en pequeños “bolsones” zonales de competencia. Inútiles fueron los esfuerzos de marketing que en su momento desarrollaron los hoy olvidados “Walter” (el joven congelado en los 80 y revivido en “NOV 2000” presentado por Telefónica) y las “llamas que llaman” (las antropomórficas y divertidas marionetas creadas por Telecom).
Los usuarios no veían diferencias entre los servicios fijos de Telefónica y Telecom. Tampoco prosperó en la Argentina un sistema de elección “multicarrier” de compañías fijas de larga distancia, que constituyeron el furor de los 90 en países como Estados Unidos y Chile.
Los “bolsones” de competencia fija continúan mayormente desconocidos por el gran público, pero al día de hoy esa competencia podría cobrar relevancia si la “última milla” fuera menos un conducto de telefonía fija (servicio ya en retirada) y, en cambio, se transformara en un acceso relevante para banda ancha y se paquetizara con otros servicios.
Como compañía incumbente “norte”, Telecom compite con Claro en Morón, Tres de Febrero, Vicente López, así como en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Salta. En la época en que salió el dictamen, Claro ofrecía en estos puntos telefonía fija e Internet por FTTH a 50 Mbps. (A noviembre de 2018 ya ofrece velocidades de 100 Mbps y un servicio de TV paga, en forma limitada.)
Telecom ha penetrado en distintas localidades que originalmente eran de la zona incumbente “sur” de Telefónica (y viceversa). En medio del fuerte predominio de Telefónica puede seleccionarse Telecom/Arnet (en par de cobre y en ciertos casos en FTTH) en zonas del sur del Área Múltiple Buenos Aires y en los siguientes puntos: La Plata, Mar del Plata, balnearios de San Clemente del Tuyú a Pinamar, Bahía Blanca/Punta Alta, Brandsen, Tandil, Necochea/Quequén, Coronel Suárez, Villa La Angostura, Bariloche, Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis y Villa Mercedes.
Claro también está en Berazategui, área de incumbencia de Telefónica (donde están igualmente Telecom y Cablevisión) ofreciendo telefonía e Internet por FTTH pero con una velocidad baja: 10 Mbps. Con la misma velocidad en FTTH, Claro está presente en Avellaneda, donde compite con Telefónica-Movistar, pero no con Arnet.
Finalmente, sujeto a disponibilidad (y a trámites que ni los representantes de las compañías conocen bien) un abonado fijo de Telecom puede pasarse a Telefónica y viceversa en distintos lugares.
Los “remedios” del dictamen de la CNDC
La CNDC dice que la fusión en los 28 (en realidad 27) mercados donde no hay redes alternativas a la de Cablevisión-Fibertel / Telecom-Arnet tiene “la potencialidad de restringir la competencia al reducir las opciones de servicios disponibles de modo que resultaría en un perjuicio a los consumidores y al interés económico general”
Por lo tanto, establece la introducción de “remedios” que eviten tal situación, además de los prescriptos en la resolución de ENACOM.
Estos remedios se basan en los compromisos ofrecidos por la nueva entidad fusionada y en recomendaciones pro-competitivas de la CNDC a los organismos reguladores sectoriales. Son los siguientes:
A. Desinversión en Internet y transferencia de abonados a Universo Net (Grupo Valentini).
B. Oferta de referencia de servicio mayorista para que terceros operadores puedan prestar Internet residencial por la red general y de “última milla” de la Arnet no tercerizada.
C. Compromiso de postergación por parte de la nueva entidad de las ofertas empaquetadas de servicios.
D. Recomendación a regulador sobre devolución de espectro de telefonía celular excedente.
E. Recomendación a regulador para que operadores de telefonía celular con redes propias desarrollen ofertas de referencia adecuadas que permitan el surgimiento de OMVs (Operadores Móviles Virtuales).
Se acepta el compromiso de Cablevisión-Telecom para transferir a una tercera compañía las operaciones de banda ancha fija (Internet residencial) en 28 (27) localidades. En estos puntos, antes de la fusión, se superponían ambas redes (la de Cablevisión -HFC- y la de Arnet -ADSL o VDSL-) y no existía una red alternativa diferenciada de última generación, o bien mediaban razones especiales que aconsejaban dicha transferencia.
La compañía Universo Net (Grupo Valentini) se hará cargo de los clientes de Arnet en tales localidades y continuará usando esta última marca. Así, seguirá habiendo dos opciones, es decir, posibilidad inicial de elegir entre dos prestadores. (Los suscriptores de Cablevisión no resultan alterados ni transpasados.)
Si bien el dictamen reconoce que la red de última milla de Arnet es de cobre y por lo tanto de una capacidad limitada, destaca que “el valor […] está en sus clientes y en su infraestructura pasiva (ductos) que puede ser utilizada para el tendido de fibra óptica [a domicilio]”.
Los cables de cobre seguirán siendo propiedad de Telecom (por ellos debe continuar proporcionando telefonía fija, que es aún un “servicio público”), pero la marca Arnet y el servicio de Internet serán usados por Universo Net por un periodo de 10 años en las líneas transferidas en cada una de las localidades. En los casos de que esa Arnet “tercerizada” tienda tramos de “última milla” de microfibra óptica podrá usar la marca por cinco años más.
Telecom transfirió a la Arnet de Universo Net un total de 143.464 abonados, de los cuales la mitad (unos 79.000) se encuentran en la Ciudad de Córdoba, una cartera muy interesante desde el punto de vista comercial. En total, la cifra de abonados transferidos representa aproximadamente el 9% de los clientes de Arnet y una facturación anual de cerca de 500 millones de pesos.
Así, el documento de la CNDC revela que Universo Net presentó “un plan de negocios […] de ocho años”. En ese plan se contempla que “al comienzo” se reacondicionarán ciertos tramos de la red con tecnología de “fibra al gabinete” (FTTC), la que acorta la distancia de los hogares con la red digital y obtiene velocidades de hasta 20 Mbps.
Dentro de esos ocho años, se prevé en una segunda etapa que Universo Net instale fibra directa al hogar (FTTH) con velocidades de hasta 1000 Mbps (1 Gbps). En ese momento podría usarse directamente la marca Universo Net y ofrecerse paquetes con Internet, servicios audiovisuales y de telefonía.
La CNDC señala que ha analizado el plan de negocios y sus proyecciones de rentabilidad y lo encuentra “razonable”. Agrega que “las empresas del Grupo Valentini ya han demostrado desempeñarse como competidoras efectivas de proveedores establecidos tales como Telefónica SA en la mayor parte del área de operaciones del grupo, así como también de diferentes empresas de televisión por cable que proveen acceso a internet residencial a través de sus redes”.
El Grupo Valentini se inició en 1987, cuando Carlos Valentini instaló un sistema de TV cable en la ciudad de Coronel Pringles, el que una década después incorporó la oferta de Internet, usando la razón social y marca Reltid. Posteriormente, se expandió a Coronel Suárez, Pigüé y Huanguelén. Desde 2004 posee un sistema de cable e internet en Sierra de la Ventana, cuya propiedad es de Carlos Valentini a título personal.
A través de su subsidiaria Comworks SA, el grupo suministra además Internet inalámbrico en Viedma y Carmen de Patagones (Rio Net) —lugares donde se anunció para dentro de poco la fibra directa al hogar (FTTH)— y en las ciudades del Alto Valle (con la marca Valle Net en Neuquén, Cipolletti, General Roca y otras), con velocidad de hasta 6 Mbps (particulares) y 10 Mbps (empresas). Las mismas velocidades se ofrecen por servicio inalámbrico en Bahía Blanca (Nodozero Bahia SRL) y en Puerto Madryn y Trelew (Nodonet SA).
El grupo posee una publicación en papel, El Diario de Pringles, lanzado hace 13 años y que compite con el otro diario local “histórico” centenario de esa pequeña población de la Provincia de Buenos Aires, en donde igualmente opera FM Transformación (91.3 MHz), una de las 12 radiodifusoras de la localidad. Por último, cuenta con algunas empresas menores no relacionadas con las comunicaciones (estudio contable, administradora de tarjetas de crédito, etc.)
Debe señalarse que el fundador del Grupo Valentini operó desde principios de los 90 un sistema de cable en Berazategui, zona sur del Gran Buenos Aires, el cual fue comprado en un 70% por Multicanal antes de que se iniciara el nuevo milenio. Luego se convirtió a Cablevisión y el 04.04.2018 fue vendido por completo a este último.
Es decir, la familia Valentini fue socia del Grupo Clarín en este cable de Berazategui por cerca de un cuarto de siglo. De acuerdo al dictamen, Facundo Valentini, uno de los dos hermanos que regentea actualmente el grupo, señaló en una audiencia: “mi padre hace muchos años tuvo un cable en Berazategui y se lo había comprado Multicanal; luego fue de Cablevisión y luego vendió ese 30%, porque nuestro perfil es más de dirigir”.
Sin embargo, el dictamen afirma que el Grupo Valentini y Universo Net tienen la capacidad de “para desempeñarse como un competidor independiente y efectivo” de Cablevisión-Telecom. La caracterización sobre esa “independencia” es puesta en duda por el dictamen minoritario, como se verá más adelante.
Pero el dictamen mayoritario agrega que Universo Net podrá también “incrementar la calidad del servicio y de las prestaciones y competir con una red propia de nueva generación”.
La CNDC revela que las empresas de comunicación del Grupo Valentini (excluyendo el diario y la emisora de FM) facturaron en 2017 apenas 32 millones de pesos, aunque ninguna arrojó pérdidas. La empresa de tarjetas de crédito tuvo entonces ventas por 132 millones y dio igualmente resultados positivos. Las utilidades de todo el grupo el año pasado ascendieron de 10 millones de pesos.
Universo Net comenzará facturando —según el dictamen— 500 millones de pesos, con lo cual el Grupo Valentini experimentará un crecimiento súbito y voluminoso en sus ventas.
Telecom se compromete a presentar una “oferta de referencia” para el servicio mayorista, destinada a los operadores del servicio de Internet residencial en la red no tercerizada que conserve de Arnet. (Se excluyen las 27 localidades desinvertidas por Telecom-Arnet.)
Una “oferta de referencia” es una serie de condiciones, incluidos los precios, que el titular de una red da a conocer públicamente para que esa red la usen (o la alquilen) terceros operadores. En un entorno de redes plurales e interconectadas como el que caracteriza las comunicaciones hoy día, esta modalidad es fundamental para garantizar la competencia, la variedad de elección y la expansión de los servicios.
Tradicionalmente y pese a algunas menciones normativas, las “ofertas de referencia” nunca fueron adecuadamente reglamentadas en la Argentina. La equitatividad y el acceso no discriminatorio deben ser características esenciales de estas ofertas. Hasta ahora, sólo se habían exigido y regulado específicamente ofertas de referencia para redes de telefonía fija (desde el Reglamento Nacional de Interconexión del Decreto 764/00).
Sin embargo, en la actual gestión de la Secretaría TIC, conducida por Héctor Huici, se aprobaron dos normas clave. Una es el Reglamento de los Operadores Móviles Virtuales (Resolución 38-MINCOM 25.04.2016), por el cual se le impuso a las compañías telefónicas móviles la obligación de presentar una oferta de referencia adecuada, de modo tal de facilitar la aparición de operadores competitivos móviles sin red propia.
La otra es el Reglamento de Interconexión y Acceso (Resolución 286-MM 16.05.2018) que establece que cada operador formulará una oferta de referencia ante el pedido de cualquier otro operador interesado en interconectarse a su red. En el caso de prestadores con “poder significativo de mercado” (cuya definición queda al arbitrio de la autoridad) deben explicitar una oferta de referencia general de determinadas características, las que requerirán la aprobación del regulador. Los términos de tales ofertas deben responder a principios de transparencia y no discriminación.
El compromiso de “oferta de referencia” que presenta la entidad fusionada, en cumplimiento de las disposiciones del reglamento mencionado, contempla que Telecom (Arnet) abrirá la totalidad de su red general y de “última milla” de cobre a todo operador que lo requiera en los términos de esa oferta para prestar servicio residencial de Internet. (El ISP Sion opera de esta manera, suministrando su servicio ADSL alquilando por acuerdos voluntarios capacidad de Telecom y Telefónica.)
“La oferta mayorista mencionada estará abierta para cualquier proveedor de servicios de internet bajo las mismas condiciones comerciales, con el propósito de permitirles ofrecer productos con velocidades hasta 6MB en toda la capilaridad de la red de cobre de Telecom”, señala el dictamen.
En términos de “última milla” este compromiso tiene un efecto limitado. Ofrecer Internet a 6 Mbps (si bien con algunos artificios como el VDSL/FTTC esa velocidad puede incrementarse) no resulta una propuesta competitiva en comparación con lo que entregan las redes de TV cable o fibra óptica.
Pero por unos años y hasta que se vean totalmente superadas por la evolución tecnológica, esta modalidad puede servirles a ISPs pequeños o circunscriptos para “construir marca” en amplias zonas del país y así pasar a ofrecer en un futuro servicios de mayor velocidad o calidad por medio de otra tecnología (como fibra óptica). En este sentido, el nombre de marca, la cartera de clientes y las vías de paso pueden potenciar una futura competencia.
El dictamen acepta el compromiso de la entidad resultante de la fusión Cablevisión-Telecom de postergar la oferta “paquetizada” de los servicios. (Por “paquete” se entiende un mismo precio o una misma factura para varias prestaciones.)
Es decir, se ofrecerá al menos un “doble play” de TV paga y telefonía móvil recién a partir del 01.01.2019 en el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba; en el resto del país lo haría seis meses después (a menos que la “ley corta” u otra norma dispongan otra cosa en el interín y siempre que un competidor no comience a ofrecer paquetes en determinada localización). Por supuesto, es más probable que la oferta se oriente a un “triple play” o “cuádruple play”: los anteriores servicios más Internet y telefonía fija.
Este compromiso se formuló a la luz de lo dispuesto por normas anteriores del ENACOM que liberaban por completo la competencia convergente en las tres ciudades principales del país el 01.01.2018: se suponía que luego de un año ya podría darse la ventaja a Cablevisión-Telecom de lanzar esos servicios paquetizados, en atención a que competidores como Telefónica o Claro quizás podrían ya ofrecer, por su parte, triples o cuádruples plays.
(Según la Resolución 5641-E Telefónica y Claro podrán dar servicio de TV paga por vínculo físico en todas las localidades del país y paquetizando los servicios desde el 01.01.2019.)
Pese a que se otorgaron nuevas licencias TICs con registro de TV cable a lo largo de 2017 y de este año, sólo aparecieron dos nuevos competidores de Cablevisión en TV paga: Claro TV y Movistar-TV (Telefónica), cuyas características se analizarán más adelante.
El dictamen dice que el compromiso ofrecido para la postergación de la venta empaquetada de servicios audiovisuales y móviles mitiga potenciales efectos de “ventaja de primera movida” y “le da oportunidad a los competidores de desarrollar sus ofertas”. Al mismo tiempo, la limitación temporal permite que cuando pueda implementarse de parte de todos los prestadores, los usuarios se beneficiaran por la “compra a un único proveedor con menores costos de transacción y ahorros por descuentos”.
El dictamen señala que el límite legal de 140 MHz por prestador celular y la obligación de devolver el espectro excedente constituyen “un resguardo suficiente para las condiciones de competencia en el mercado de servicios móviles”. Cablevisión-Telecom deberá desprenderse aproximadamente de hasta 80 MHz, según las zonas.
Pero el plazo para esa devolución es de dos años y existe la posibilidad de que el tope de espectro por empresa sea aumentado en el interín por decisiones del regulador. Si así fuera, la obligación de devolver total o parcialmente esos 80 MHz podría quedar superada, de modo que seguiría conservando esas frecuencias.
Para evitar que ocurra esto, el dictamen recomienda que el Ministerio de Modernización (hoy Secretaría) y el ENACOM tomen medidas para “agilizar el proceso de devolución” de espectro excedente y que Cablevisión-Telecom no pueda utilizar esa porción mientras lo conserve en su poder.
Otra recomendación apunta a que “se tome en cuenta” en futuras licitaciones de telefonía móvil “la distribución del espectro, no sólo en lo relativo a las cantidades totales, sino también en lo relativo a las cantidades de cada frecuencia”, es decir, que cada prestador acceda a un número equivalente de frecuencias en bandas bajas y en bandas altas, que poseen distintas propiedades. De este modo, señala la CNDC “se promueven la eficiencia general y la competencia entre operadores”.
Una tercera recomendación del dictamen sobre esta cuestión solicita “un plan de reordenamiento […] que optimice la utilización de todo el espectro disponible en condiciones competitivas” y otorgue “certidumbre para el desarrollo de inversiones en despliegue de redes y servicios de comunicaciones móviles, con el objetivo de acompañar el crecimiento del tráfico y mejorar la calidad de servicio”.
Este punto del dictamen es apropiado, pero resulta superfluo. Como se comentó anteriormente en este artículo, en el apartado donde se trata la “ley corta”, la Secretaría de las TICs ya dictó en 2016 una norma que contempla lo que el dictamen pide: el Reglamento de Operadores Móviles Virtuales.
En efecto, el dictamen requiere que “los operadores móviles con infraestructura propia realicen Ofertas de Referencia para Operadores Móviles Virtuales (OMVs) […] en condiciones no exclusivas y no discriminatorias”. El regulador, prosigue el dictamen, “establecerá los términos para que dichas ofertan provean las condiciones técnicas y económicas para permitir la viabilidad de nuevos entrantes para prestar el servicio de telecomunicaciones móvil”.
Sin embargo, el citado Reglamento (Resolución 38-MINCOM 25.04.2016) ya les exige a los operadores móviles con red propia presentar una oferta de referencia de interconexión y acceso para OMVs, con precios y condiciones “libres, razonables y no discriminatorios, de manera tal que no constituyan barreras de entrada y permanencia en el mercado” de esos OMVs.
Objeciones a la fusión
El dictamen señala que la fusión fue objetada en presentaciones ante la CNDC interpuestas por AMX (Claro), Telefónica, Colsecor (asociación integrada por cableoperadoras cooperativas y pymes), Grupo TV SA (Express, Cablehogar/Cablexpress), Cablevideo Digital (Santa Fe), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Protectora-Asociación de Defensa del Consumidor y algunos particulares.
Las objeciones giran mayormente en torno a los efectos económicos sobre la competencia, aunque el CELS también señala una posible “amenaza” a la “libertad de expresión”.
Las objeciones fueron en todos los casos desestimadas, aunque la CNDC sostuvo que se tomaron en cuenta algunos puntos al establecer los “remedios” para eliminar problemas competitivos.
La fusión Cablevisión-Telecom puede considerarse como parte de una tendencia global de recomposiciones empresariales y de mercados relevantes. Esa tendencia no es meramente una adecuación a la convergencia comunicacional, sino también una reacción ante el disloque que distintas aplicaciones de Internet (redes sociales, los buscadores/intermediarios y las OTTs) están provocando en el sistema de medios.
El escenario resultante de estos factores ha impulsado fusiones recientes como las de AT&T y Time Warner (telecomunicaciones + contenidos), Amazon y The Washington Post (comercio electrónico + periodismo), Comcast y Sky (TV abierta y cable + DTH) o Vodafone y Unitymedia (LIberty Global en Europa) (telefonía + cable/contenidos)
Se ven asimismo integraciones horizontales como las de Disney con 20th Century Fox (contenidos de cine y video) o CenturyLink con Level 3 (telecomunicaciones mayoristas nacionales, regionales y mundiales). Hay expansiones al estilo de Telefónica en su nación de origen, donde además de compañía TIC se transformó en una importante productora de contenidos (pese a su venta de Telefe en Argentina), con una participación minoritaria en PRISA (entre otros medios, El País de Madrid) y a la cual le adquirió varias señales televisivas. Claro parece igualmente interesada en generar contenidos: ya opera una decena de señales propias en distintos puntos de América Latina, incluyendo una señal de noticias (UnoTV) y ClaroVideo, OTT parecida a Netflix.
Frente a todo esto hay otros gigantes, en este caso nativos digitales, quienes como tales vieron la luz con aspiraciones de entrada globales: Alphabet (Google/You Tube), Twitter y Facebook (Facebook/WhatsApp) y que pese a tratarse de redes sociales o aplicaciones actúan cada vez más como medios (y que también drenan publicidad digital en detrimento de otros sitios). Netflix nació como una empresa más bien analógica (usaba el correo para distribuir DVDs) y circunscripta a los Estados Unidos, pero no cabe duda que debe figurar en esta lista: ya es una OTT poderosa, con marca identificable y un tremendo share de mercado global.
A través de la fusión de Cablevisión-Telecom, el Grupo Clarín busca desarrollar una escala que le permita enfrentar a empresas TIC regionales mucho más grandes y de actuación internacional, como Telefónica y Claro, que en algún momento pueden volverse relevantes en contenidos o periodismo.
Por su lado, AT&T-Warner Media (ex Time Warner), que opera a la vez telecomunicaciones, plataformas de distribución como DirecTV, estudios de cine y señales ha demostrado un creciente interés en Argentina: incorporó periodistas argentinos en su señal CNN —Marcelo Longobardi y Jonathan Viale— y lanzará una radiodifusora de noticias en Buenos Aires. (En Chile opera un canal de noticias propio, considerado el de mayor credibilidad e integridad periodística del país.)
Clarín está igualmente acechado —como el resto de sus competidores del ecosistema tradicional de medios o de telecomunicaciones— por redes sociales, buscadores y OTTs, frente a las cuales pocas empresas históricas han logrado delinear una estrategia clara.
¿Fue correcta la decisión de la CNDC de permitir la fusión y, en ese caso, son apropiados los “remedios” que se imponen para asegurar la competencia?
La contrapregunta más obvia acerca del interrogante anterior es por qué no se preservó a Telecom Argentina (la mitad de la red telefónica fija y con un share de un tercio de la telefonía celular) como una compañía independiente. Esta empresa era uno de los cuatro grandes participantes en las comunicaciones argentinas luego de Telefónica, Claro y Clarín. Su compra por este último, en consecuencia, eliminaba un actor.
Una respuesta posible es que Telecom Argentina no encontraba un comprador autónomo y que, a la vez, su subsistencia como empresa separada se complicaba en vista del tamaño del mercado argentino.
Telecom Italia, que pasó a ser controlada en 2015 por la francesa Vivendi, no quería saber nada con la compañía ni con permanecer en la Argentina. Capitales argentinos tampoco tenían la solvencia para comprarla, pese a los intentos fracasados de armar un consorcio de “empresarios nacionales” durante el periodo kirchnerista. Milicom (Tigo), una empresa sueca presente en operaciones móviles en mercados pequeños y medianos latinoamericanos (pero no en redes públicas en Argentina) y de quien se podría esperar alguna movida, tampoco tuvo interés.
Telecom terminó en manos de David Martínez, el titular mexicano-americano del fondo de inversión Fintech y socio de Clarín en Cablevisión (40%) desde 2006, quien no tiene negocios de telecomunicaciones en otros lados, pero sí cuenta con bolsillos profundos. (Por sus activos y liquidez en Argentina, pese a que no vive en el país sino en un apartamento en las Time Warner Towers —¿casualidad?— de Manhattan, el popularmente desconocido Martínez sería el hombre más rico de la nación del Río de la Plata, según la revista Forbes.)
Dado que los activos de Telecom no parecían ensamblarse con la estrategia de ninguna empresa con intereses regionales latinoamericanos y que el mercado argentino tampoco parece suficientemente grande para cuatro participantes importantes, resultó lógico que Martínez y Clarín concretaran la fusión. Tampoco era novedad que Clarín (Cablevisión) estaba interesado en Telecom desde hacía una década, con activos en segmentos mayormente complementarios, por lo que una transacción de esa naturaleza —si se tomaban determinadas salvaguardas— no tendría consecuencias nocivas en términos de competencia.
Frente a lo descripto en los párrafos anteriores y a la película en desarrollo que supone la apertura competitiva convergente, practicado el análisis de las cifras nacionales de participación de mercado, los calificativos alarmistas sobre la fusión quedan muy condicionados.
En el CUADRO 9 se ven las participaciones por segmento de las principales compañías de comunicaciones de la Argentina. Los shares de la entidad fusionada oscilan aproximadamente entre la tercera parte y la mitad del mercado. El único segmento que ha implicado una suma acumulativa (es decir, una reducción de la competencia y aumento de la concentración) es el mercado de Internet residencial, la banda ancha fija.
Debe notarse que el 52,8% de share de Internet de la entidad fusionada está calculado antes de la transferencia de clientes de Telecom (Arnet) a UniversoNet (Grupo Valentini). Esos usuarios representan casi la décima parte de los suscriptores de Arnet. Lamentablemente el dictamen no indica a cuánto desciende la participación de Cablevisión-Telecom en este segmento luego de esa transferencia; puede estimarse que caería en un 2 o 3% por lo cual quedaría por debajo de los 50% o apenas rebasando esa marca.
En principio, estas cifras no impedirían en principio ninguna fusión o adquisición dado que no verían una afectación a la competencia. Debe además tenerse en cuenta que al mismo tiempo que la transacción es aprobada en la Argentina se está cambiando sustancialmente el marco regulatorio para hacerlo completamente convergente y abierto.
En el orden mundial, frente al desarrollo de Internet y nuevas tecnologías, la tendencia es la de suavizar o levantar restricciones.
En los Estados Unidos, por ejemplo, estaba prohibido desde 1975 que un diario operara una emisora de radio o TV en la misma ciudad (salvo waivers o “dispensas” que la Comisión Federal de Comunicaciones –FCC- adoptó en distintas épocas para el New York Times, el USA Today, el Wall Street Journal y otros medios gráficos). Esta regla se relajó en los últimos años si involucraba cierto tipo de estaciones de TV UHF y fue completamente eliminada en 2017.
En cambio, se mantiene la disposición según la cual una misma empresa de radio o TV abierta no puede llegar a más de 39% de los hogares del país, porcentaje al que se llegó tras sucesivas ampliaciones. Por otro lado, no hay restricciones en aquel país a que una empresa de medios suministre Internet o telefonía (casos Comcast o AT&T-Time Warner).
De este modo, una fusión como la de Cablevisión-Telecom no afrontaría en principio ningún problema en los Estados Unidos. (Para calibrar el grado de independencia de la FCC, debe tenerse en cuenta que en pleno gobierno “nacionalista” de Donald Trump y frente al disgusto del mandatario, el organismo regulador habilitó en 2017 que empresas extranjeras puedan ser propietarias del 100% de una emisora de radio o TV abierta.)
Es cierto que en varias naciones europeas hay normas ex ante sobre incompatibilidades de propiedad cruzada de medios o acumulación de shares. Son disposiciones mayormente de vieja data, rémoras de cuando la radio y la TV todavía eran monopolios estatales y comenzaba la formación del mercado privado. La tendencia, nuevamente, es que estas normas sean relajadas en vista de la mayor competencia provocada por productos online y otros. Su alcance, además, es fundamentalmente nacional, despreocupándose a veces de efectos locales.
Precisamente, es importante que la resolución del ENACOM y el dictamen de la CNDC acerca de la fusión Cablevisión-Telecom no se quedaron sólo con las cifras de mercado nacionales, las que para ciertos criterios ya hubieran bastado para justificar la operación. En el segmento de Internet, los organismos argentinos decidieron analizar los casos localidad por localidad.
Como ya se ha visto, se dispuso que en los sitios donde el share de abonados supere el 80% estarán sujetos a precios controlados (el menor precio que se cobre en Buenos Aires).
En segundo término se aceptó que se transpasarán abonados a una nueva empresa en 22 lugares donde en el momento de la fusión se llega a ese 80% o más y en los cuales, a la vez, no hay una red alternativa. Además se transfieren abonados en otras 5 localidades en donde al instante de la fusión hay 80% o más de share pero sí hay una red alternativa (con perspectivas de crecer en un ambiente convergente).
Adicionalmente, cualquier competidor podrá usar a solicitud la infraestructura pasiva de Cablevisión-Telecom en condiciones transparentes y no discriminatorias.
El análisis de los mercados locales en las mergers & adquisitions es muchas veces facultativo por parte de los organismos antimonopolio. En varias ocasiones, los estudios se limitan a constatar si los shares generales colocan a la entidad en situación de “poder dominante” o no.
Las calificaciones sobre “poder significativo” o “poder dominante” dependen muchas veces de cómo se definan los mercados relevantes (la radio AM y FM, o la radio y la TV abierta, ¿son parte de un mismo mercado o no?) o de la forma en que se delimiten territorialmente esos mercados (una empresa de medios o de telecomunicaciones ¿es un monopolio o actor preponderante si se considera sólo una ciudad, un área metropolitana, una región o todo el país?).
Por otro lado, no existe ninguna “doctrina” ni “estándares nacionales o internacionales” de aceptación generalizada e inmutable sobre el poder de mercado de una empresa ni en términos generales ni en comunicaciones, como han sostenido algunos críticos de la resolución de ENACOM y el dictamen de la CNDC.
Sí existen directivas de la Unión Europea, específicamente establecidas para las comunicaciones, en las cuales se habla de “poder significativo de mercado” (no distingue entre “significativo” y “dominante”), pero no se dan porcentajes específicos sino descripciones (“comportamiento independiente de sus competidores … y clientes”). Es la jurisprudencia de varios tribunales europeos la que tiende a considerar posiciones superiores al 50% como “poder significativo” pero hay excepciones basadas en distintas circunstancias, mientras su aplicación a nivel local o nacional es disímil de acuerdo a los casos. Asimismo, estas normas no prohíben necesariamente la existencia de una “posición dominante” sino “su abuso”.
Para el resto de los países, los criterios generales, aplicaciones concretas o cifras varían ampliamente. La distinción entre “poder significativo” (25% del share de ingresos) y “poder dominante” (75%), basada exclusivamente en porcentajes es una creación específicamente argentina realizada hace casi dos décadas por el decreto 764/00, sin antecedentes internacionales concretos.
Esas categorizaciones nunca se aplicaron y quedaron derogadas —como se vio al principio de este análisis— con la Ley 27078 Argentina Digital de 2014, la cual dejó solamente la categoría de “poder significativo” con una descripción parecida a la de las directivas europeas pero esta vez sin establecer porcentajes taxativos. Estas disposiciones, pese a las modificaciones normativas realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri (DNU 267/15 y Decreto 1340/16), se mantienen aún.
La legislación mexicana de comunicaciones usa desde la reforma constitucional de 2013 la categoría “agente preponderante” si una empresa tiene más del 50% de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico. La otra categoría es la de “agente con poder sustancial”, derivada de la Ley Federal de Competencia Económica, la que no recurre a porcentajes específicos, pero se aplica cuando una evaluación determina que una empresa tiene poder de fijación de precios o de restringir la producción. Cabe destacar que las categorizaciones se discuten intensamente y se revisan periódicamente.
Si la figura de “poder significativo de mercado” de las resoluciones de ENACOM o del dictamen de la CNDC utilizada en el caso Cablevisión-Telecom se hubiera aplicado con la misma rigurosidad local en otros casos de medios, tendríamos numerosos ejemplos de shares superiores al 80% en todo el país.
Entre muchos otros casos: Supercanal en TV e Internet en Mendoza, Personal en telefonía celular en Humahuaca (Jujuy), Claro también en móviles en Amadores (Catamarca), Movistar igualmente en telefonía celular en Los Penitentes (Mendoza), LV86-TV Canal 13 en TV abierta en Río Cuarto, LU30 Radio Maipú en radio AM en la localidad del mismo nombre de la provincia de Buenos Aires, La Voz de San Justo como medio gráfico en San Francisco (Córdoba) o la cooperativa Cotecal en El Calafate (Santa Cruz) en telefonía fija.
Sin embargo, ninguna de estas redes o medios está caracterizado de esa manera en la ley argentina ni están sujetos a obligaciones especiales, desinversiones, controles de precios (excepto la telefonía fija) o compartición de facilidades con competidores, como sí lo están las redes locales de Internet de Cablevisión-Telecom desde el momento de la fusión, en cumplimiento de normas del ENACOM y del dictamen.
El dictamen de la CNDC decide prestar atención no sólo al market share local (que está formado en muchas ciudades por dos elementos heterogéneos: la red de Cablevisión, hoy de hasta 100 Mbps y la red Arnet ADSL de baja velocidad). También repara en la presencia o no de una red competitiva de nueva generación en cada lugar. Si esa red no existe, se aplica la desinversión y transferencia de clientes a Universo Net (en la mayoría de casos) o el control de precios (en una minoría de casos). Puede agregarse que, implícitamente, se aplicará además el nuevo marco convergente abierto (en todos los casos).
Otra línea de crítica a la fusión y al dictamen que la permite es la que apunta al hecho de que una misma empresa funcione a lo largo de toda la cadena de producción (telecomunicaciones, generación y distribución de contenidos).
El dictamen señala al respecto que Telecom “no se encuentra presente en actividades de radiodifusión, tanto de producción como de distribución de contenidos”. En consecuencia —infiere— “la posición del Grupo Clarín en los mercados ligados a actividades de medios de comunicación […], tales como televisión abierta, televisión paga y señales de televisión paga es previa a la operación de concentración y no se ve modificada como consecuencia de la fusión bajo análisis. Por lo tanto, no corresponde que esta Comisión Nacional, bajo el control previo de concentraciones económicas, realice un análisis de dicho mercado.”
Un análisis de nuestra autoría desde el punto vista comunicacional y de la economía política acerca de la posición del Grupo Clarín en el mercado unificado de medios y TICs y frente a la convergencia puede encontrarse más adelante en este artículo en el apartado: ¿Tiene el Grupo Clarín competencia real?
Por otra parte, el siguiente es un análisis de los efectos de las medidas dispuestas por el dictamen en los distintos segmentos:
En Internet residencial, Cablevisión-Telecom tendrá cerca de la mitad de los suscriptores del país; la suma da 52,5% a la cual hay que restar los 143.000 abonados que se traspasarán en algunas ciudades a Universo Net. Esta sumatoria si implica una modificación importante del share a momento de la fusión.
Pero aquí debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de la mitad de ese 52,5% (incluso los abonados al Arnet operado por Universo Net) son accesos de ADSL/VDSL de Arnet que hoy día no superan —respectivamente— los 15 o 25 Mbps de velocidad (contra los 25, 50, 100 Mbps y más que permite la banda ancha provista por la TV paga); a no ser que se despliegue fibra óptica en esos accesos, los mismos cuentan con un futuro acotado. La otra mitad de los accesos de la entidad fusionada corresponden a los accesos originales de Cablevisión, muchos de ellos funcionando a 25-50 Mbps y con capacidad de mejora, por ahora, de hasta 100 Mbps.
Es decir que la ventaja de la entidad fusionada de contar con cerca del 50% de Internet residencial fijo del país se verá considerablemente debilitada si no se reconstruyen una cantidad apreciable de accesos de última milla o si son masivamente abandonados por los usuarios ante ofertas de coaxil o fibra óptica que puedan ofrecer otras compañías (Telefónica, cooperativas o pymes locales o las nuevas que aparezcan con la apertura total de la competencia a partir del establecimiento del marco convergente).
Adicionalmente, habrá que ver cómo las redes de Cablevisión-Telecom (ya sea las físicas de TV cable o las inalámbricas de telefonía móvil) lleguen a interactuar entre sí y con otras en el futuro. El perfeccionamiento de la telefonía celular bien puede llevar a que ese servicio ofrezca conexiones inalámbricas estables y de banda ancha para computadoras de mesa o terminales de TV fijas hogareñas.
En telefonía celular, la nueva entidad cuenta con el 31% de share celular (Personal, de Telecom), al cual se le agregan apenas los clientes de Nextel (comprada por Clarín en 2016), con lo cual la compañía fusionada llegará a 34,12%. La división de las tres empresas celulares en participaciones de mercado aproximadas de un tercio tampoco resulta sustancialmente modificada.
El futuro de este servicio, con la implementación del 5G y otras mejoras importantes, lo convertirá en uno de los ejes de todo el sistema de telecomunicaciones. Pero también habrá que ver cómo interactúa con una posible capilaridad terminal de la fibra óptica si la mayoría de los hogares y locales pasan a contar con una conexión de este tipo en reemplazo del par conductor telefónico de cobre o del coaxil de la TV cable.
En TV paga, la nueva compañía sigue contando con casi el 38% de los abonados, es decir, los que conserva Cablevisión. Se trata de una baja importante de los suscriptores que esa empresa de Clarín tenía luego de la fusión Multicanal-Cablevisión en 2008, que había llegado a dominar un poco más de la mitad del mercado de clientes de TV paga. La razón de esa pérdida fue la fuerte penetración de DirecTV que aún sin poder ofrecer Internet le rebanó un cuarto del mercado a Cablevisión-Fibertel.
En los próximos años, la TV paga se verá crecientemente jaqueada por el fenómeno de los cord-cutters (los que se desuscriben de la TV paga) y los cord-nevers (quienes nunca tuvieron ni tendrán TV paga, fundamentalmente millenials) y se abonan a OTTs como Netflix o bien usan otras plataformas para obtener videos y entretenimiento.
Específicamente, la fusión Cablevisión-Telecom se enfrentará a otros desafíos competitivos. Además de la aparición de Movistar TV y Claro TV, operadores como Telecentro, Supercanal u otros emergentes o nuevos podrían significarle competencia.
Telecentro podría aumentar su penetración y continuar la eficaz modernización de su red. Su titular Alberto Pierri dijo el 18.11.2018 en una entrevista en Infobae que este sistema de cable (850.000 abonados de Internet y 525.000 de cable) no tiene previsto salir de su zona de cobertura de CABA y Gran Buenos Aires. Pierri reveló que facturó 12.000 millones de pesos en 2017, que invirtió 500 millones de dólares en los últimos tres años y que no tiene ni tuvo contactos con Claro para vender la empresa. Al contrario, expresó que Telecentro “es parte de la familia” y no está en su mente transferirla.
Los nuevos propietarios de Supercanal (red mantenida con tecnología obsoleta por mucho tiempo cuando estaba a cargo del grupo Vila-Manzano) podrían igualmente mejorar y expandir el sistema. Las localidades donde actualmente opera no implican competencia con Cablevisión (excepto en Córdoba, donde ofrece TV pero no Internet por una red HFC; asimismo, una sociedad vinculada con Supercanal tiene licencia para operar en Rosario, no habiéndolo hecho aún).
Hay prestadores modernizados triple play en puntos específicos del interior que podrán significarle competencia a Cablevisión-Telecom tanto en TV cable como en Internet. Pueden mencionarse operadores múltiples comerciales de cable como Express (50% de share en Salta, presencia en Rosario y Santiago del Estero) o Gigared (ciudades alrededor del Río Paraná). También a varias cooperativas telefónicas o eléctricas e ISP pujantes como Wiltel o IS Internet en localidades secundarias de Santa Fe, quienes han comenzado a ofrecer accesos FTTH.
La inmersión de todos estos operadores en un ecosistema de fuerte competitividad augura mejores servicios o precios accesibles, así como tendidos de nuevas redes físicas (salvo en el caso de la TV satelital). Esas redes, además de video, podrán vehiculizar Internet, telefonía o servicios hoy imprevistos, aún cuando el futuro de la TV paga tradicional per se no sea particularmente auspicioso.
En telefonía fija, la entidad fusionada permanece con un share de casi 40%. (Desde la privatización de 1990 Telecom Argentina contaba con aproximadamente la mitad de las líneas fijas nacionales, excluyendo las pertenecientes a las cooperativas locales operando en la zona de incumbencia “norte” de aquélla. La otra mitad correspondía a Telefónica de Argentina, de las cuales hay que restar igualmente las líneas de las cooperativas presentes en su zona de incumbencia “sur”. Las cooperativas telefónicas tradicionales, tanto en las zonas “norte” como “sur” consiguen cerca de un 9 o 10% de participación. En este milenio se sumaron además líneas telefónicas fijas que ofrecen Claro o bien —en los siguientes casos a través del “triple play”— cooperativas no telefónicas, compañías cableras e ISPs, pero apenas arañan el 5 o 6% del total.)
La fusión Cablevisión-Telecom no agrega nuevos clientes en este segmento (son desdeñables a estos efectos los pocos miles de líneas fijas que suministra Cablevisión para algunos usuarios). De todas maneras, la telefonía fija como servicio aislado se presente con un futuro declinante a medida que siga perfeccionándose la telefonía celular o si la fibra óptica se consagra como conexión estándar domiciliaria.
¿Tiene el Grupo Clarín competencia real?
El dictamen se limita mayormente a considerar las participaciones de mercado, las opciones alternativas y los efectos de estas situaciones en los segmentos en que los activos de Cablevisión y Telecom dejan de competir. No analiza el Grupo Clarín en general y cómo esta fusión lo posiciona en el panorama de las comunicaciones. Ese análisis podemos intentarlo nosotros.
Clarín es una de las grandes empresas argentinas, bien establecida, y que ha apostado a una importante producción de contenidos nacionales/locales y al ejercicio intensivo del periodismo. Quizás sea una de las pocas instituciones con visión estratégica y a largo plazo de sus actividades y aún del país.
Como ocurre con cualquier medio importante, su línea editorial genera adhesiones y rechazos, pero es parte de un universo comunicacional de mensajes competitivos de emisores múltiples con puntos de vista diversos disponible en Argentina. Aún así y pese a que su línea editorial es más bien centrista (pero también antikirchnerista), el grupo ha sido esgrimido en forma pasional y simbólica como bandera negativa de sectores que lo consideran —casi como un dogma de fe ideológica y más allá de evidencias reales de peso— como una de las principales y más poderosas influencias perjudiciales en la vida nacional.
De ser meramente un diario hace tres décadas, hoy tiene presencia en casi todos los sectores de la comunicación. Pero tanto en el momento de la fusión como tras la aplicación de los “remedios” de desinversión, cuenta con shares que van aproximadamente de la tercera parte a la mitad del mercado, considerando medios de comunicación convencionales y servicios TIC.
Esas participaciones de mercado no son muy distintas de las existentes en muchas naciones desarrolladas y democráticas. Es cierto que es menos frecuente en el orden mundial que una misma compañía tenga operaciones en todas las franjas de la comunicación (radio, TV abierta, contenido y distribución de TV paga, diario papel y digital, ISP, telefonía etc.): en este sentido podría verse a Clarín como una entidad de avanzada en términos convergentes si la situamos en un contexto regional y aún global.
Muchos de los shares más altos de Clarín se dan hoy día en los segmentos sujetos a rápidos cambios, con un porvenir que no siempre es claro (diario papel, telefonía fija y TV paga por vínculo físico). En modalidades con más futuro (diario digital, señales, Internet de alta velocidad, telefonía celular) los shares son menores y/o están sujetos a competencia significativa (o lo estarán cuando se consolide un marco convergente y abierto).
En términos de análisis comparado, Globo y Televisa no tuvieron tradicionalmente participación en segmentos tan heterogéneos como Clarín. Pero la brasileña y la mexicana dominaron la radio y la TV por largos lustros o décadas en sus países de origen, con shares nacionales insólitos que iban del 60% al 90% y con una competencia inexistente que fue deliberadamente asfixiada por medidas de gobierno de cada nación; gobiernos con los cuales estos gigantes tenían una fuerte simbiosis (Televisa con el PRI) o una sólida alianza (Globo con los militares del 64).
Si bien la situación ya dejó de ser así, el prolongado dominio radiotelevisivo de Globo y Televisa les permitió contar con una gran capacidad de fijar agenda a través de esos medios en sus países, en los cuales los medios gráficos papel eran poco relevantes.
Pese a su poder y a que pueda ser equiparable a Globo y Televisa en algunos aspectos, Clarín nunca estuvo en una posición de dominio comunicacional estable ni con carencia de competencia efectiva similar a las de aquéllas, ni tampoco desarrolló una simbiosis o alianza permanente con ningún gobierno argentino. Esto va más allá de mitos alimentados por enemigos y aún por apologistas (“tres tapas de Clarín voltean a un gobierno”), el control de Papel Prensa SA (hoy un recurso hasta cierto punto poco relevante) o de algunas medidas que beneficiaron al grupo (determinadas regulaciones de los 90 o la Ley de Bienes Culturales de 2003).
Por lo demás y pese a su buena relación inicial con Néstor Kirchner, Clarín nunca fue Sergio Szpolski o Cristóbal López: no se pueden trazar falsas equivalencias en aras de una ecuanimidad que no es tal.
El semiólogo y sociólogo Eliseo Verón, uno de los fundadores de los estudios de comunicación en el país, dijo poco antes de fallecer: “No hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual”. Verón hacía referencia al intento de la Ley de Medios (2009) de desmontar a Clarín, supuestamente para “repartir la palabra”, expresión de reminiscencias fuertemente ideológicas asiduamente usada por el titular del organismo regulador de entonces, Martín Sabbatella.
Es verdad que hasta ahora Clarín no ha tenido un competidor integral. En ese sentido, lo mejor que puede hacerse es establecer un marco que posibilite la aparición de ese competidor integral en lugar de trabar el crecimiento de la empresa en un marco competitivo.
Pero Clarín sí tuvo o tiene competencia segmentada y si no la tiene en mayor medida es porque regulaciones inadecuadas (que supuestamente serán levantadas en un marco convergente) obstaculizaron que esa competencia se profundizara.
Frente a El Trece existe Telefé, frente a TN existe hoy C5N (aun quebrado por las irregularidades de su propietario e intervenido judicialmente) y otros cuatro canales de noticias. Frente a Radio Mitre llegó a existir Radio 10 (su declive fue un fenómeno inverso al inesperado crecimiento actual de C5N), a la vez que América le representa a Clarín una competencia periodística de nicho tanto en radio como en TV.
Cablevisión tiene en frente a DirecTV o a un Telecentro que puede expandirse y mejorar significativamente (ya ofrece velocidades de Internet más altas que Fibertel), pero por sobre todo a Telefónica y Claro, que son los primeros candidatos a convertirse en posibles competidores integrales (solos o aliados con productores de contenidos). Por supuesto, estas dos últimas compiten ya con Telecom en servicios móviles e Internet.
Y ante Clarín como diario papel o digital y su “competidor amigable” La Nación, además de los cotidianos económicos, en Argentina hay medios como Infobae, Perfil y Página/12. Más allá de sus dimensiones, estos medios representan alternativas periodísticas y editoriales a los diarios principales que no tienen equivalentes en muchas ciudades del mundo, aún en metrópolis importantes.
Carlos Moltini, el histórico CEO de Cablevisión que ahora ocupará idéntico cargo en la fusión Cablevisión-Telecom, dijo en Infobae el 07.10.2018: “se quejan, pero lo que le hace falta a mis competidores es inversión”. El mismo día Natalia Volosin, la especialista en temas anticorrupción, acotó sarcásticamente en un mensaje de Twitter: “Pero si no tenés competidores, Carlos”.
En la polémica terció el periodista Gabriel Ziblat, quien tuiteó a Volosín: “No coincido. Telefónica/Speedy/Movistar es un competidor de peso, q van a empezar a dar TV. DirecTV necesita alguna alianza en telefonía “. Volosín replicó: “¿Te parece que ‘van a empezar a dar TV’ es lo mismo que Clarín-Telecom?”.
La respuesta de Ziblat, siempre a través de la red social, fue la siguiente: “Yo no digo q sean lo mismo. Digo q tiene competidores, en contraposición a lo q vos decís… Telefónica no es nene de pecho, Claro tampoco. Nuestro mercado telco se volvió más competitivo, sin dudas, en especial en telefonía celular”.
Estas manifestaciones de Ziblat, que también es politólogo, desafían la vulgata convencional sobre la cuestión y de alguna manera apoyan el concepto de que la convergencia traerá competencia. Pero adquieren todavía una mayor relevancia si se tiene en cuenta que Ziblat es subeditor en Perfil y se desempeña en A24, dos importantes competidores de Clarín en el campo noticioso.
Como ocurre con el discurso indiscriminado de la “concentración”, hay sectores que persisten en una obsesión reduccionista y monocausalista acerca de los medios. En esa lógica, además, atribuyen una excepcionalidad y un poder a Clarín que lo convertiría en uno de los principales “problemas” del país.
Por supuesto, de allí a cuestionamientos contra el periodismo y la libertad de expresión hay un paso muy corto, como ya se vio en Argentina durante la primera mitad de la década de 2010: ahora asistimos a este tipo de approach de parte de líderes como Trump, Putin, Bolsonaro, Ortega u Orban con respecto a los medios no oficialistas de sus propios países. No hace falta mencionar al régimen bolivariano venezolano ni al cubano, porque vienen procediendo así desde hace tiempo. O, mejor dicho, hace tiempo que en ambos dejó de haber medios no oficialistas.
José Pablo Feinmann, el filósofo de amplia presencia en los medios públicos y paraoficiales de la Argentina K, consideraba que Cristina Kirchner era “odiada” por muchas mujeres “porque su mera existencia les demuestra su mediocridad” y por muchos hombres debido a que era “una mujer imposible”. Hasta ‘Baby’ Etchecopar parecía más moderado cuando en su programa radial les cortaba el teléfono a las mujeres que decían ser “amas de casa”.
Este año Feinmann explicó el triunfo de Cambiemos en 2015 rebajándolo a un mero subproducto del enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Kirchner y Clarín. “La lucha contra Clarín […] costó muy cara y se perdió. Fue una derrota inmensa […] [que] lo llevó a Macri al poder”, dijo en declaraciones para Página/12.
Perplejo, Feinmann cree que “la única explicación es acudir a alguna teoría de la enajenación, de la alienación, de la colonización de la subjetividad. Eso lo logran los medios; tienen todos los medios, imponen el sentido común, tienen la televisión, las radios, los diarios, y eso es todo lo que la gente lee y escucha. Aparte, han logrado introyectar en la sociedad que todos los que no son ellos son ladrones y que se robaron el país. Y la gente lo repite: ‘se robaron el país’”.
Parece mentira que un filósofo actual tenga ideas tan premodernas en comunicación, que atrasan 70 años. Hace rato que la teoría de la aguja hipodérmica y de la tabula rasa están superadas: la gente no es “inyectada” ni moldeada automáticamente por los mensajes de los medios, mucho menos en temas sobre los que tiene experiencias de primera mano.
¿Acaso Cristina Kirchner no ganó una elección mientras denunciaba la “hegemonía” total de Clarín en 2011? ¿Cómo es nuevamente ella candidata competitiva para 2019, justo cuando Clarín estaría más fortalecido que antes por su unión con Telecom?
Feinmann parece haber leído mal a Gramsci: la teoría de la “hegemonía cultural” del marxista italiano tiene su complejidad, así como sus propios límites y superaciones (no le vendría mal al filósofo cristinista leer o releer a Stuart Hall, a Raymond Williams e incluso a Juan Carlos Portantiero). De estos temas podríamos hablar en otro momento, pero limitémonos a decir que la “imposición del sentido común” no se consuma por simple acaparamiento de medios ni ante públicos pasivos, casi tontos.
Cuando hace años peronistas o militares en el gobierno trataron de “imponer un sentido común” mediante la regimentación mediática, la gente abandonó a decenas de diarios, emisoras y canales locales para informarse a través de Radio Colonia o Radio Carve de Montevideo.
Y cuando los kirchneristas quisieron imponer su propio “sentido común” con Szpolski, López, Electroingeniería y 6-7-8, la gente también le dio la espalda a la multitud de medios oficiales y paraoficiales. Entre otras cosas, el público abandonó C5N y Radio 10 y, paradójicamente, hizo crecer la audiencia del Grupo Clarín.
Esos mismos sectores deberían advertir que incluso hoy, cuando algunos medios del mainstream se vuelven complacientes, muchos buscan —aún con sus excesos— a señales kirchneristas como C5N o a la versión radial de Página/12, AM750. La expectativa de encontrar noticias o denuncias poco cubiertas en otros lados (incluso cuando algunos de estos medios tienen un historial cuestionable en términos de rigor informativo) les ha hecho crecer notablemente en audiencia en los últimos años.
La obsesión con la “hegemonía” y la “concentración” —en este caso aplicada a Clarín— no sólo se ve absurdamente dogmática y desencajada en políticos kirchneristas “duros” o en personajes militantes como José Pablo Feinmann, Víctor Hugo Morales, Cynthia García o los miembros de Carta Abierta. También comienza a ser una notable limitación en un grupo de analistas y académicos de la comunicación de quienes podrían esperarse interpretaciones algo más multidimensionales y elaboradas.
Claro y Movistar. Estos dos gigantes telefónicos están llamados a ser, en principio, competidores integrales de Cablevisión-Telecom. Ya vimos que ambos se encontraban tendiendo redes de fibra óptica domiciliaria en distintas zonas, a través de las cuales ofrecen telefonía e Internet.
Al iniciarse 2018 Claro brindaba servicio de fibra óptica domiciliaria (FTTH) en la ciudad de Salta, Guaymallén (Gran Mendoza) y los partidos granbonaerenses de Vicente López, Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, con velocidades de 10 a 50 Mbps y en Avellaneda y Berazategui, hasta 10 Mbps.
En abril de 2018 lanzó Claro TV, que fue suministrado por esas mismas redes de fibra más otras nuevas que la compañía comenzó a instalar en la Ciudad de Buenos Aires, pero con suscripciones sujetas estrictamente a disponibilidad y a clientes seleccionados. Desde agosto la red de fibra óptica de Claro está presente además en las ciudades de Córdoba, Santa Fe y Tucumán, en forma todavía limitada y con el servicio de TV a punto de comenzar. Igualmente en agosto, la velocidad subió a un máximo de 100 Mbps en todas las localidades (excepto en Avellaneda y Berazategui, donde aún se entregan 10 Mbps).
Claro TV usa el protocolo IPTV, empleado también por Movistar TV (ver más adelante), así como por Cablevisión Flow, Telecentro HD y buena parte de los proveedores de cable. Con IPTV los canales de video se transmiten con un flujo similar al de Internet pero en una red separada y paralela (no es un streaming de video a través de la web como Netflix, You Tube o el de otras OTT). Por esta razón, la conducción de video por IPTV no quita ancho de banda al usuario para navegar por Internet a la velocidad que haya contratado a su proveedor.
En la Argentina, Claro TV está considerado por la empresa como un servicio experimental y casi no lo ha publicitado, como sí lo ha hecho con el doble play de fibra óptica de Internet y telefonía fija (en este último caso el servicio es ilimitado a destinos Claro y se bonifican las llamadas locales y la larga distancia nacional hasta 3000 minutos mensuales)-
Claro TV es un triple play que brinda Internet y telefonía fija con las características antes señaladas, más un servicio de TV paga de cerca de 90 canales básicos y unos 25 premium (alrededor de 80 de las señales son HD).
No ofrece por ahora señales de Clarín (El Trece, TN, etc.) ni de América (América TV, A24), ya que ambos grupos exigen un mínimo de usuarios para ser incluidos en sistemas de TV paga. Esto podría cambiar si se aprobara la “ley corta” (la versión consensuada en Senadores) o cualquier otra norma sobre provisión no discriminatoria de señales por parte de sus titulares.
Fuera de sus limitaciones y restricciones para obtenerlo, los precios y condiciones del triple play de Claro TV son muy convenientes. A noviembre de 2018, con la velocidad más rápida y sin las premium llegaba a 999 pesos mensuales. El primer mes se bonifica y el usuario se puede dar de baja en cualquier momento.
Telefónica ha sido más decidida con su lanzamiento de Movistar TV en noviembre de 2018, que también usa las redes de fibra óptica que la compañía viene tendiendo en forma limitada para proporcionar FTTH.
Por el momento, Movistar TV está circunscripto a zonas del sur y oeste de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires (sujeto a disponibilidad) y se extenderá a ciudades del interior en 2019, entre las que estarían incluidas aparentemente Rosario, Córdoba y Mendoza. Ofrece un paquete de Internet, telefonía fija ilimitada y TV paga vía fibra óptica domiciliaria (de 100 Mbps de bajada y de 300 Mbps simétrica). También podrán requerirlo quienes ya tengan fibra óptica de Telefónica para Internet y telefonía fija.
Movistar TV ofrece funcionalidades equiparables a Cablevisión Flow: permite mirar programas desde su inicio o en las últimas 24 horas, pausar emisiones en tiempo real, recurrir al servicio OnDemand y transferir la señal a distintos dispositivos y plataformas; el celular, o una computadora o tablet con conexión a Internet. Asimismo, cuenta con un acceso a Netflix (si el usuario está suscripto por su cuenta), beneficio que por ahora no tiene Cablevisión Flow.
La oferta de Movistar TV es de 90 señales básicas más unas 25 premium como HBO, Fox o canales deportivos y para adultos; la grilla incluye numerosas señales HD. A diferencia de Claro, Movistar TV brinda los cinco canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene además TN, La Nación y C5N, pero carece de Canal 26 y A24. En telefonía ofrece llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de todo el país y en Internet velocidades de 100 Mbps (bajada) o 300 Mbps (simétrica).
Los precios mensuales de triple play de Movistar TV, a noviembre de 2018 y sin los premium, llegan a 1709 (100 Mbps) y 2057 pesos (300 Mbps), pero se ofrecen con descuentos por 12 meses de 1424 y 1714 pesos, respectivamente.
¿Cómo se comparan estas ofertas de Claro TV y Movistar TV con lo ya existente?
En Buenos Aires y para ese mismo mes, Cablevisión ofrece su combo doble play con Internet hasta 100 Mbps y Flow con aproximadamente 160 señales en el básico más unos 30 premium —casi 100 de todos esos canales son HD—, además de un centenar de canales de audio y de radioemisoras. Usa una red HFC con tramo coaxil en el bucle local, es decir, no se trata por ahora de fibra óptica. Sin los premium, los precios mensuales son como sigue:
–Flow + 25 Mbps, 2155 pesos, pero con descuento por 12 meses, 1683 pesos.
–Flow + 50 Mbps, 2375 pesos, pero con descuento por 12 meses, 1867 pesos.
–Flow + 100 Mbps, 2625 pesos, pero con descuento por 12 meses, 2071 pesos.
(Cuando los 12 meses del descuento finalizan, si el usuario negocia y continúa con la compañía termina normalmente obteniendo otro descuento promocional, más bajo que el precio nominal de lista.)
Igualmente para noviembre de 2018, Telecentro, en la ciudad de Buenos Aires, el partido de La Matanza y otras zonas del conurbano, suministra un servicio muy parecido a Flow, al que le agrega una conexión a Netflix y un control remoto inteligente activado por voz. Esta oferta de TV paga es parte de un triple play que incluye telefonia fija ilimitada con otros fijos de Telecentro y llamadas ilimitadas locales por 2500 minutos.
Los precios mensuales de este servicio, llamado por la empresa Triple Pack HD (TP-HD) y sin los canales premium, son los siguientes:
-TP 50 Mbps, 1496 pesos.
-TP 100 Mbps,1846 pesos.
-TP 300 Mbps, 2516 pesos, más 3000 pesos de instalación.
-TP 1000 Mbps, 3416 pesos, más 3000 pesos de instalación.
Para velocidades hasta 100 Mbps se usa la red HFC con bucle local coaxil. En cambio, los 300 y 1000 Mbps se entregan en forma simétrica por fibra óptica domiciliaria, por esta razón Telecentro cobra por instalación, cosa que no hacen Claro ni Telefónica en sus conexiones de fibra.
Estos precios de Telecentro no tienen descuentos por 12 meses, como los casos de Movistar TV o Cablevisión, aunque si incluyen bonificaciones o rebajas de canales premium durante los primeros meses de una nueva suscripción. Nótese que con Internet de hasta 1000 Mbps, Telecentro es a fines de 2018 la empresa de TV paga que ofrece el servicio de Internet domiciliario más rápido del país. En la Ciudad de Buenos Aires y exclusivamente en la parte norte, solo la empresa Iplan venía proporcionando desde 2017 esta velocidad para accesos residenciales, aunque el servicio que presta no incluye TV paga.
¿Funciona? Pese a que 2018 ha sido en la Argentina un annus horribilis en materia de estabilidad macroeconómica, inflación, paridad cambiaria e inversiones, las movidas de distintos actores de peso en las comunicaciones parecen anticipar que la convergencia comunicacional funciona.
En efecto, aun con semejantes problemas en la economía, el levantamiento de la prohibición para que las empresas de telefonía puedan dar TV, mientras las compañías de cable y otras se preparan para suministrar servicios de telecomunicaciones a gran escala, ha traído incipientes pero interesantes novedades, tal como se reseña en los párrafos anteriores.
La noticia de la fusión Cablevisión-Telecom, que parecía acaparar los titulares sobre la convergencia, compartirá los espacios informativos con los desarrollos que otros operadores (existentes o futuros) puedan ofrecer camino a una competencia plena y real.
Claro TV y Movistar TV seguramente prestarán servicios DTH tan pronto se libere la prestación del servicio de TV satelital, por ley vedado a las telefónicas y a cualquier otro participante de otros servicios en el país. Hasta el día de hoy, con 99% de share, el DTH argentino está a cargo en la práctica de un solo actor: DirecTV (AT&T Warner Media).
Sin embargo, aún no se sabe cuándo tendrá lugar la liberalización de este segmento, última frontera remanente para llegar a la convergencia plena.
Las autoridades ejecutivas de comunicaciones quisieran hacerlo ya mismo. Pero legisladores y gobernadores —mayormente vinculados con el peronismo— creen que una liberación inmediata haría que Claro y Telefónica no invirtieran en redes domiciliarias de fibra óptica y, en cambio, volcaran todo su esfuerzo en la TV satelital. De esta forma, señalan, se perjudicará a pymes y cooperativas locales que prestan servicios de cable. Por estas razones, el proyecto de “ley corta” (versión consensuada del Senado) contempla que recién en 2022 se permitiría que el DTH de las telefónicas llegue a todas las ciudades argentinas.
Estas afirmaciones se han invocado muchas veces, pero ¿qué tan ciertas son? Es poco probable que, aunque Claro y Telefónica se lancen masivamente a la TV satelital, hagan gran negocio en un país con más de 80% de hogares conectados a la TV paga y se abstengan de tender nuevas redes de fibra a domicilio. Por un tiempo, usarán la TV satelital como una pieza para completar un “cuádruple play” (telefonía fija-móvil-Internet-TV) y competir con Cablevisión-Telecom.
Pero la empresa mexicana y la española tienen un compromiso estratégico de lustros con América Latina (incluyendo Argentina) y es poco probable que quieran regalarle el futuro de las comunicaciones a otras compañías. Frente a la obsolescencia de las redes de cobre para proporcional Internet a altas velocidades, no resulta lógico que se queden sólo con la telefonía móvil o la TV satelital y renuncien a ingresar en el mercado de las conexiones fijas de banda ancha con fibra.
Con seguridad que esta red de banda ancha, que se vislumbra como el eje central de las comunicaciones no móviles, no quedará exclusivamente en manos de Cablevisión-Telecom o de compañías cableras o completamente nuevas: Telefónica y Claro querrán también participar en ellas.
De hecho, el COO de Telefónica SA (España), Ángel Vilá, dijo en octubre de 2017 que la estrategia de la empresa en América Latina se basa en IPTV y en la agregación de OTT por Movistar Play, en lugar de en avanzar con el DTH.
Dictamen minoritario
El dictamen minoritario firmado por el vocal Pablo Trevisán (abogado) no rechaza la fusión, pero considera que “no resulta nítido y definido” que la empresa Universo Net (Grupo Valentini) sea “un indubitable rival competitivo” de la entidad fusionada. Por lo tanto, no ve adecuada la desinversión que Cablevisión-Telecom realiza en distintos puntos locales mediante la cesión de abonados a esa empresa
Universo Net, opina el firmante del dictamen minoritario, no parece tener “el debido y necesario nivel de independencia” respecto a Cablevisión-Telecom. Recuerda que el Grupo Valentini fue socio del Grupo Clarín en el sistema de cable de Berazategui (Provincia de Buenos Aires) desde los años 90 hasta semanas antes de la aprobación del dictamen.
El dictamen también objeta que en cuanto a la infraestructura que Telecom cede a Universo Net “la red de cobre DSL que pertenece y continuará perteneciendo a Telecom”.
De acuerdo al dictamen todo esto hace que se encuentren “seriamente comprometidos y disminuidos los incentivos de Universo Net SA para competir vigorosamente con Telecom” y que por lo tanto “el compromiso propuesto, no cumple con los requisitos básicos de aptitud o idoneidad para constituir una propuesta mitigadora o remedial de efectos contrarios a la competencia en el caso bajo análisis, por lo cual debería ser desestimado como tal”. Se solicitaba convocar a las empresas objeto de la fusión para que formulen una nueva propuesta remedial.
El paso del tiempo podrá confirmar o diluir las prevenciones de este dictamen minoritario.
Qué puede pasar: fusión, concentración, competencia y una visión amplia del futuro
En nuestra opinión, la fusión Cablevisión-Telecom seguirá el mismo camino histórico que las restantes y que hemos analizado en esta serie de artículos.
En un primer momento contará con un share relativamente importante en el mercado general (aproximadamente 32-50% en los principales cuatro segmentos que configuran las TIC). Luego es probable que esos shares desciendan y/o se estabilicen a partir de enfrentarse a la competencia existente y futura, mientras los servicios TIC se vayan reconfigurando por el avance de la tecnología y se redefinan económicamente los mercados relevantes, en un proceso que nunca termina.
A diferencia de otras veces, todo esto se potenciará al máximo cuando se establezca un marco convergente sin restricciones de entrada, aunque varias disposiciones de la “ley corta” —si se aprueba— se obstinen inconvenientemente en postergar ese momento. De esa forma, Claro, Telefónica, Supercanal, Grupo América, DirecTV, Telecentro, La Nación, compañías digitales nativas o empresas aún no conformadas (separadas, o algunas aliadas entre sí o con otros actores) podrán posicionarse para ser competidores eficaces de Cablevisión-Telecom.
Se puede presumir que, como segmentos, la TV paga y la telefonía fija —los negocios originales respectivos de Cablevisión y Telecom— tenderán a la baja. En cambio, la telefonía móvil y el acceso a Internet (que hace tan sólo dos décadas y media apenas existían en Argentina) serán los que lleven la batuta de las comunicaciones.
Por medio de estos últimos servicios —y de otros que aún están en el futuro— se accederá a todas las formas de mensajes y contenidos.
Por un lado, estarán las “extelecomunicaciones” (comunicaciones interactivas o bilaterales de voz, textos, imágenes, lo que llamamos básicamente telefonía pero ahora también aplicaciones digitales de mensajes varios). Por otro lado, contenidos elaborados como flujos que por inercia del siglo XX seguimos llamando “radio”, “cine”, “televisión” o “música” y que previsiblemente terminarán reduciéndose en lo esencial a dos modalidades: streaming o el on demand.
Es cierto que esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Por algún tiempo, en aras de un sistema de medios equilibrado, normas como el “must carry” o los límites a la multiplicidad de licencias tienen sentido.
Todavía no vale lo mismo la licencia de Telefé que una cuenta en redes sociales, más allá de la camisa de 11 varas (no pun intended) en que se metió un despistado exministro de Comunicaciones cuando intentó explicar la compra de la principal cadena de TV abierta argentina por parte de Viacom. Al mismo tiempo, sectores vulnerables como personas de edad o con limitaciones de distinto tipo tendrán por algún tiempo a la telefonía fija o la radio/TV convencionales como las únicas formas de comunicaciones en la que puedan efectivamente manejarse.
Por otro lado, podría ser que no todo pase a Internet. Como ocurrió en su momento con la competencia entre las radiocomunicaciones y la telefonía alámbrica o entre los satélites y los cables submarinos, hay modalidades que pueden convivir por largo tiempo por razones no estrictamente tecnológicas, sino económicas u organizacionales. Quizás el dial de FM pueda convivir por mucho tiempo con Internet; quizás no.
Si se implanta un marco convergente real y pleno en un ambiente de seguridad jurídica y libre acceso, que subsista en lo esencial sin importar quien gobierne y a medida que la situación económica mejore (suponiendo que alguna vez vaya a ocurrir todo esto en la Argentina), habrá competencia de proveedores al alcance de todos y una variedad inigualable de contenidos generales, masivos, especializados y alternativos. No se trata de una utopía: esto ya existe en Internet a un punto que nadie podía imaginar hace apenas 20 años.
Más allá de temas jurídicos, de asuntos de alfabetización digital e informativa, de cómo manejar la superabundancia de información, de la responsabilidad de los intermediarios o del uso indebido de datos privados, hay problemas en el mundo digital que quedan por resolver. Se trata de cuestiones de concentración/competencia completamente novedosas y que paradójicamente se dan en un ámbito tan abierto y sin barreras significativas de ingreso como Internet: involucran a buscadores, redes sociales y sitios de streaming, con efectos colaterales en la financiación del periodismo y otros contenidos (ya sean de entretenimiento, artístico-culturales o alternativos).
Estos problemas plantean cuestiones delicadas en varias áreas y que habrá que considerar tanto a nivel global como nacional. Cuando este debate se desarrolle, nadie en Argentina se acordará de la fusión Cablevisión-Telecom, de la misma forma que ya nadie se acuerda de la unión Movicom-Unifon de 2003, de la fusión Multicanal-Cablevisión de 2008 o de los dictámenes sobre Telecom-Telefónica de hace varios años.
Asimismo, muy pocos recordarán los análisis apocalípticos que pronosticaban el monopolio total, se quejaban de la “reducción de operadores” o de una supuesta “hiperconcentración única en el mundo” que jamás sería aprobada en los Estados Unidos o en Europa (nada de esto es cierto hoy día), mientras el acceso y la variedad plural de contenidos —los dos temas que verdaderamente importan— van aumentando año tras año pese a ajetreos políticos o económicos.
Esto es lo que tales análisis apocalípticos no captan. Están obsesivamente preocupados por una “concentración” genérica sin distinguir entre la perjudicial o no perjudicial.
Hay niveles aceptables de “concentración” de infraestructura (competitiva y favorecedora de economías de escala o prestaciones secundarias), la que a su vez puede convivir con una formidable desconcentración de contenidos o audiencias, así como brindar un servicio de calidad que operaciones en teoría “menos concentradas” podrían no ofrecer.
Aunque en un lugar existan sólo dos empresas de TV paga o de Internet pueden brindar cientos de señales o millones de sitios de distintas fuentes. En un sistema sin barreras institucionales de ingreso, siempre estarán además “controladas” en última instancia por la competencia potencial (que aparezcan nuevos competidores en cualquier momento).
No obstante, las preocupaciones sobre Google, Facebook o Netflix son legítimas. Estos son los temas de “concentración” que vale la pena discutir hoy en lugar de enfocarse obsesivamente en shares de usuarios, medios o audiencias de diarios, radio o TV que se generen en mercados tradicionales abiertos y competitivos.
En cambio, los cruzados “anticoncentradores” insisten con cuestiones como una supuesta crisis, “ninguneo” o “persecución” de los medios “populares”, “alternativos”, “comunitarios” o “sin fines de lucro”, definidos con marcada selectividad cuando se trata de amigos o camaradas pero ignorados cuando no encajan con esos moldes. Crisis causada, según estas visiones, por los horrores de un sistema de comunicaciones —supuestamente— cada día más concentrado y excluyente.
Pero en realidad, esos sectores alternativos o comunitarios nunca han tenido mayor participación que hoy día en el sistema de comunicaciones, tanto como emisores y como receptores, y se considere o no a Internet.
Por lo que suelen proclamar, quizás el ideal de algunos fundamentalistas “anticoncentradores” sea reducir el sistema básicamente a radios, canales de TV o ISP barriales precarios, artesanales y de escaso público. Nadie impide que estos medios surjan ni que cumplan una función social (cuando realmente la cumplen). Pero muy pocos pueden creer seriamente que el futuro de las comunicaciones pase por allí.
De todas maneras, a lo largo de la historia argentina, la comunicación ha sido mucho más generosa, “inclusiva” y plural que la política o la economía: lo saben los anarquistas de La Protesta de 1904, Roberto Arlt y la Empresa Editorial Haynes SA de 1935, el Canal 4 del Instituto de Cultura Católica de General Pico (La Pampa) de 1987 o el gerente de fibra óptica de Telviso (cooperativa de telecomunicaciones de la localidad de Del Viso) en 2018.
No son las dimensiones de las empresas o supuestas “concentraciones” lo que ha obstaculizado las innovaciones y el desarrollo de esa comunicación —al menos si hablamos de la Argentina—, sino medidas y gobiernos que, según el momento, han censurado, limitado, otorgado privilegios indebidos o clientelizado políticamente la comunicación. Y que también a veces pretendían combatir “monopolios” reales o imaginarios (usando ese nombre aún para designar a entidades competitivas) para luego implantar los propios o los de sus amigos.
Nuestros apocalípticos, que seguramente nos señalarán como integrados, miran otro canal y gambetean olímpicamente los verdaderos dilemas actuales y el futuro. Lo hacen en nombre de un progresismo mal entendido, pero que no pasa de una reduccionista corrección política (y económica) desvinculada del análisis de sus consecuencias prácticas.
¿Deformación cuasi profesional de quienes consideran más importante al signo que a su significado? ¿Importan las proclamaciones abstractas en papel sobre los ‘derechos del público’ o importa lo que verdaderamente ese público obtiene? ¿Importan quiénes son los operadores de infraestructura o importa más el acceso a la diversidad efectiva de contenidos y servicios por parte de usuarios y audiencias? ¿Importa una Defensoría del Público oficial que, como decía su extitular Cynthia Ottaviano, tenga como función “defender al público del neoliberalismo”?
Dado que entre los slogans biempensantes de estos sectores figura que “la comunicación no es una mercancía” y que “las audiencias no deben ser vistas como meros consumidores” quizás deberían revisar, al menos por un momento, sus análisis sobre siniestras concentraciones. Podrían reenfocarse, en cambio, en la variedad, pluralidad de contenidos, usos múltiples y acceso creciente de los que gozarán los ciudadanos en un sistema convergente, abierto y competitivo pleno con libertad de expresión y donde también el Estado cumpla su función en forma transparente y no partidista.
Nadie quiere someter toda la comunicación a la “mercantilización” ni a los caprichosos dictados del rating (lo que no deja de ser una forma de populismo no-político). Nadie busca erradicar contenidos alternativos o dejar de desarrollar infraestructuras que el mercado no genere, pero que tengan valor cultural, educativo o social.
Sin embargo, tampoco puede haber un flujo infinito de fondos públicos, ni gravámenes o restricciones pesadas sobre otros sectores, ni privilegios indebidos, para mantener un número ilimitado de proyectos comunicacionales sin perspectivas de autosostenimiento y para el mero solaz estético o ideológico de sus realizadores.
Para ser antisistema o “revolucionario”, aun en la cultura (y en el sentido que tales sectores lo entienden), hay que pagar a veces algunos precios, en lugar de pretender cómodamente que los financien los mismos contribuyentes de un país sin cloacas o con un 30% de pobreza.
Estos sectores podrían aprender algo —por ejemplo— de la lucha de los radiodifusores mineros bolivianos desde los años 40. O de la Cooperativa Telefónica Copetel (Mar del Plata), cuyo presidente dijo este año: “Nuestra cooperativa jamás recibió subsidio alguno en sus 50 años […] Todo […] ha sido realizado con recursos propios”. En última instancia, deberían advertir también que hoy día los propios medios comerciales y el periodismo profesional se enfrentan a una notable crisis de financiación debido a mutaciones tecnológicas aún no asimiladas ni concluidas.
Pese a todo, nadie ha logrado desmentir que la forma de desarrollar y expandir sustentablemente el core de los servicios, tanto en infraestructura como en producción, es emplear mayormente mecanismos competitivos y de mercado. Son los mismos mecanismos que con un éxito indiscutible pusieron a la radio a transistores y al teléfono móvil a disposición de todo el mundo a bajo costo en tiempos récord, sin que haya habido siquiera políticas públicas diseñadas al efecto (excepto las de no oponer trabas a su difusión).
La fusión Cablevisión-Telecom es parte de un proceso más amplio que está señalando el establecimiento un marco competitivo, abierto y convergente. Además de esta importante operación, se están dando pasos de gran importancia, si bien en algunos casos silenciosamente.
Entre estos avances figuran el desarrollo de las ofertas de TV paga de Claro y Movistar, la concesión de licencias TIC a todo aquel que las solicite con requisitos uniformes mínimos, el plan de regularización de emisoras de FM comerciales y sin fines de lucro en zonas de conflicto al que ha convocado ENACOM (después de tres décadas de inacción o intentos fallidos), las normas para uso compartido de infraestructura, para mejorar el acceso y la interconexión o para promover nuevos operadores celulares.
Faltan muchas otras medidas, tanto en comunicación audiovisual (establecimiento de concursos abiertos y permanentes en todo momento y en todas las localizaciones, medidas de fomento racionales a radiodifusores pymes y sin fines de lucro, medios públicos con funciones claras, relevantes y pluralistas) y en TICs (nuevamente fomento a operadores locales, pequeños y/o que brinden servicios innovadores, uso más intensivo de la red de ARSAT para suministrar mejores velocidades o precios de banda ancha, llevar la alfabetización digital a todos los sectores y normalizar y sistematizar las licitaciones de espectro).
Todas estas medidas deberían anclarse en un sólido y estable marco legal sectorial y también en una situación económica en mejoría. De esa forma se favorecería la inversión en escala grande o mediana, así como la sustentabilidad de los operadores más pequeños, alternativos o comunitarios, en un clima de libertad de expresión y de competitividad que beneficie a usuarios y audiencias.
El gran desafío es que ese marco legal —además de ser apropiado— tenga el suficiente consenso, autonomía, continuidad y fortaleza para resistir cambios de gobierno. Quizás sólo a fines de 2019 podrá saberse si las comunicaciones en la Argentina atraviesan esa crucial prueba de fuego.
(Todos los subrayados de las citas de declaraciones, normas, dictámenes y otros documentos son nuestros.)