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Timestamp: 2018-11-21 20:30:34
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 8']

﻿ Sentencia SL1496-2014 de febrero 2 de 2014
SENTENCIA SL1496-2014 DE 12 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:CONCEPCIÓN AMPLIA DEL CONCEPTO MADRE CABEZA DE FAMILIA. PARA EFECTOS DEL RETÉN SOCIAL, LA DEFINICIÓN DE MADRE CABEZA DE FAMILIA NO SOLO COMPRENDE A LA MUJER QUE TIENE HIJOS MENORES DE EDAD O INVÁLIDOS QUE DEPENDEN ECONÓMICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ELLA. DICHO CONCEPTO DEBE INTEGRARSE ARMÓNICAMENTE CON EL DE MUJER CABEZA DE FAMILIA, A QUIEN EL ESTADO LE DEBE UNA ESPECIAL PROTECCIÓN, BAJO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 82 DE 1993. DE ESA MANERA, LA MADRE CABEZA DE FAMILIA TAMBIÉN ES QUIEN TIENE A CARGO EXCLUSIVO LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL HOGAR, CUANDO LOS DEMÁS MIEMBROS DE AQUELLA TIENEN INCAPACIDAD PARA TRABAJAR DEBIDAMENTE COMPROBADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RETÉN SOCIAL, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, MADRE CABEZA DE FAMILIA, TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:514 DE OCTUBRE DE 2014, PÁG.1942
Sentencia SL1496-2014 de febrero 2 de 2014
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida “... y proceda en Sede de Instancia a modificarla en la forma solicitada en la demanda”. Dice también que persigue que la Corte, en sede de instancia, modifique la decisión absolutoria y condene a las demandadas a “... reconocer a la demandante su pertenencia al retén social, en su condición de mujer cabeza de familia, la reliquidación del pago de la indemnización por despido sin justa causa con la consecuente orden de pago de la indemnización moratoria”.
Violación de la ley sustancial, en la modalidad de incursión en un error de hecho por falta de apreciación de la documental obrante a folios 170 a 181, con relación a los artículos 12 de la Ley 790 de 2002 y el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, artículos 16, 19, 20, 467, 468, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; numeral 1º, 2º, 3º, 6º, 9º, del artículo 26 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945. Artículo 3º Ley 64 de 1946. Artículo 5º Decreto-Ley 1045 de 1978. Artículo 3º Decreto-Ley 1045 de 1978; 1494, 1495, 1602, 1613, 1614, 1626, 1627 y 2056; artículos 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral; al señalar que la demandante no demostró su condición de madre cabeza de familia.
A continuación, aduce que en el documento en el que la actora le había informado a la demandada que su esposo se encontraba en estado de discapacidad, se había anotado claramente, dentro del acápite de observaciones: “No cumple requisitos, sin embargo su situación es muy complicada, por cuanto su esposo está impedido por enfermedad neurológica irreversible, de lo cual adjunta documentación, su nivel académico es muy bajo, dificultad de ubicación rápida en el mercado laboral”. Tras lo anterior, agrega, resultaba fácil advertir que la demandante sí le había informado y demostrado a Telecom en Liquidación su condición de madre cabeza de familia, de manera que no había sido inscrita en el retén social de manera totalmente injustificada.
La apoderada de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP se opone a la prosperidad del cargo y, con tales fines, aduce que el alcance de la impugnación fue inadecuadamente planteado y que, en general, el cargo contiene varios defectos técnicos insuperables, pues no se precisa la vía por la cual se produjo la violación de la ley que se acusa y, si se entendiera que es la indirecta, no se señalan los errores de hecho que cometió el tribunal, ni las pruebas que dieron origen a ellos.
En efecto, en primer lugar, es cierto que el alcance de la impugnación fue inadecuadamente planteado, pues se le pide a la Corte la casación total de la sentencia recurrida y al mismo tiempo su modificación, lo que, como ya se ha discernido en múltiples oportunidades, constituye un imposible lógico, pues una vez casada, la decisión desaparece del mundo jurídico. De otro lado, la petición que se eleva resulta contradictoria, pues primero se requiere una modificación de la providencia recurrida “... en la forma solicitada en la demanda”, que a su vez es generosa en pretensiones, pero, del mismo modo, a renglón seguido, se ruega únicamente que se reconozca “... a la demandante su pertenencia al retén social, en su condición de mujer cabeza de familia, la reliquidación del pago de la indemnización por despido sin justa causa con la consecuente orden de pago de la indemnización moratoria”.
... no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
No cumple requisitos, sin embargo su situación es muy complicada, por cuanto su esposo esta impedido por enfermedad neurológica irreversible, de lo cual adjunta documentación, su nivel académico es muy bajo, dificultad de ubicación rápida en el mercado laboral.
— Dificultad importante para los nuevos aprendizajes (verbales y visuales).
Paciente con Chorea de Huntington de 4 años de evolución, inició con alteraciones para caminar, cambios en el comportamiento “el genio” se le realizó resonancia magnética cerebral simple. Atrofia cerebral. Esto se exacerbó por pérdida traumática de hija mayor, con posterior depresión reactiva, con aumentos de síntomas de movimientos anormales en brazos, piernas, disartria, tiene valoración neuropsicológica en el 2002 con compromiso cognosticito (sic) en lenguaje y memoria, moderada anomia, dificultad para nuevos aprendizajes, se le inicio Haroperidol en el 2002. Actualmente el paciente se encuentra en el hogar, es dependiente de su esposa, es independiente en su aseo, vestir y alimentación, presenta insomnio de conciliación, tiene malos hábitos de higiene del sueño, presenta episodios de labilidad emocional, llanto “por la hija” ha estado hospitalizado por depresión en manejo por psiquiatría.
De esa incapacidad para trabajar, por otro lado, se derivaba la dependencia económica para con su esposa, que extrañó el tribunal y que fue definitiva en su decisión. En este punto, se debe resaltar que en el proceso se encontraba plenamente demostrado que la demandante conformaba un núcleo familiar con su cónyuge Jorge Mosquera Sánchez y que, por el estado de salud de este último, ella fungía como única proveedora de los recursos económicos necesarios para atender su congrua subsistencia, que, a su vez, provenían de su trabajo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom—.
En este punto, la decisión de la juzgadora de primer grado luce abiertamente equivocada e insensible, cuando afirma que “... no se sabe, si en efecto el desempleo del cónyuge obedece a una limitación física que le impida trabajar...”, pues los documentos obrantes a folios 170 a 181 permitían deducir fácilmente que padecía una grave enfermedad, de efectos permanentes y que lo inhabilitaba para trabajar, porque le producía problemas de coordinación, de aprendizaje, de comunicación, etc.
Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 estableció una regla especial según la cual “... no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Públicalas madrescabeza de familia sin alternativa económica...”. A su vez, dicho concepto de “madre cabeza de familia” fue definido en el punto 1.3 del artículo 1º del Decreto 190 de 2003, en los siguientes términos: “Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada”.
Una lectura exegética de la anterior definición de “madre cabeza de familia”, conllevaría a determinar que bajo dicho rótulo solo se puede ubicar a las “mujeres”, que tienen “hijos” menores de edad o inválidos que dependen económicamente y de manera exclusiva de ellas. Sin embargo, para la Corte el concepto de “madre cabeza de familia” debe integrarse armónicamente con el de “mujer cabeza de familia”, a la que el Estado le debe una especial protección, según el artículo 43 de la Constitución Política, y que se encuentra desarrollado en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, según el cual:
... es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, madre cabeza de familia no solo es la mujer con hijos menores o inválidos, sino también aquella que tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad económica del hogar, por la incapacidad para trabajar de los demás miembros, debidamente comprobada.
La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar (negrillas fuera de texto). Sentencia SU-388 de 2005.
También quedó demostrado que la demandante le solicitó en forma oportuna a Telecom en Liquidación su inclusión dentro de los beneficiarios del retén social (fl. 170) y que dicha entidad negó la petición, con el argumento, equivocado según ya se explicó, de que no era madre cabeza de hogar, pues “... no tenía hijos menores de 18 años como lo establecían las citadas normas” (fl. 208).
Ahora bien, la protección concebida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se traducía en mantener la estabilidad laboral del trabajador o trabajadora, hasta tanto se produjera la liquidación definitiva de la entidad, que en este caso devino el 30 de enero de 2006 (fls. 539 a 546). Así lo entendió la Corte Constitucional cuando declaró la inexequibilidad del literal D del artículo 8º de la Ley 812 de 2003, que establecía un límite temporal a los beneficios del retén social - Sentencia C-991 de 2004.
No obstante lo anterior, ante el hecho cumplido de la liquidación definitiva de la entidad y debido a la imposibilidad de justificar cualquier relación de trabajo posterior a dicho suceso (Ver, entre otras, CSJ SL 27 Feb 2007, Rad. 28884, CSJ SL 16 Mar 2010, Rad. 36643, CSJ SL 6 Jul 2011, Rad. 39325, CSJ SL 30 Oct 2012, Rad. 41945), para la Corte procede, como compensación y a título de indemnización, por no haberse realizado la inclusión de la demandante dentro el retén social, el pago de los salarios causados desde la fecha de su desvinculación —jul. 26/2003— y hasta la liquidación definitiva de la entidad —ene. 30/2006—, como se solicitó en la demanda y se insistió en el recurso de apelación.
El último salario devengado por la demandante ascendió a la suma de $ 1.018.934.oo (fl. 167) que, en la medida en que no se demostró el monto de reajustes para años posteriores, será aplicado como salario único para calcular el monto de la indemnización. Desde el 26 de julio de 2003 hasta el 30 de enero de 2006 se contabilizan 914 días, que determinan un total de $ 31.043.522.oo.
Por lo anterior, se revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia emitida en la primera instancia, y, en su lugar, se condenará al patrimonio autónomo de remanentes, quien tiene a su cargo la representación de la extinta Telecom el Liquidación, a pagar a la demandante la suma de $ 31.043.522.oo, como indemnización por su no inclusión dentro de los beneficios del retén social. Dicha suma deberá ser indexada a la fecha de su pago efectivo, con base en la variación del índice de precios al consumidor.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 31 de julio de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora GLADYS CECILIA GÓMEZ MUÑOZ contra EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES —TELECOM EN LIQUIDACIÓN— y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, en cuanto confirmó que la demandante no era merecedora de los beneficios del retén social, por no ser madre cabeza de familia sin alternativa económica. No la casa en lo demás.
En sede instancia, REVOCA PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia emitida en la primera instancia, y, en su lugar, CONDENA al Patrimonio Autónomo de Remanentes a pagar a la demandante la suma de $ 31.043.522.oo, como indemnización por su no inclusión dentro de los beneficios del retén social. Dicha suma deberá ser indexada a la fecha de su pago efectivo, con base en la variación del índice de precios al consumidor.