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Timestamp: 2019-02-18 02:24:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 378', 'artículo 122', 'artículo 197', 'artículo 172', 'artículo 370', 'Artículo 122', 'artículo 171']

La potestad nulificante y cosa juzgada (Aldo Zela Villegas(*))
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Estudio Javier de Belaunde Abogados. Director ejecutivo de la AEDP (Asociación de Estudios de Derecho Privado).
SUMARIO: I. Introducción. II. La potestad nulificante del juzgador. III. La nulidad de sentencia: la vía idónea. IV. Algunos casos típicos (e indeseables) de nulidad de sentencias. V. Consideraciones finales.
• Código Procesal Civil: arts. 122, 172, 176, 370 y 378.
Hace algunas semanas tuvo lugar un hecho sin precedentes en nuestro medio: cinco vocales de la Corte Suprema fueron destituidos de sus cargos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La razón de su destitución fue una sola: la afectación a la cosa juzgada. Según el CNM, dicha infracción se produjo cuando los vocales supremos anularon su propia sentencia emitida casi seis meses antes. Sin entrar a discutir el tema de fondo de dicho proceso (o del posterior procedimiento disciplinario), creemos que es importante hacer algunas precisiones de carácter procesal que nos permitan dilucidar los alcances de la potestad nulificante de la que gozan los juzgadores y cómo es que esta se tiene que manifestar.
II. LA POTESTAD NULIFICANTE DEL JUZGADOR
Se suele manifestar que todo juzgador cuenta con facultades nulificantes; es decir, cuenta con el poder para declarar nula toda actividad procesal que contravenga el ordenamiento jurídico. Dicha potestad nulificante no solo puede ser ejercida a pedido de parte, sino incluso de oficio (de conformidad con el último párrafo del artículo 176 del CPC, el cual establece literalmente lo siguiente: “Los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda”). Esto nos da una idea de lo amplia que puede ser esta potestad del juzgador.
Resulta claro que esta facultad no puede ser interpretada de manera aislada, ni puede pensarse que una nulidad puede ser decretada en todos los casos, por ello resulta importante preguntarse por algunos límites de dicha facultad, pero sobre todo por la razonabilidad que se encuentra en la base de esta figura.
Creemos firmemente que cualquier estudio sobre las nulidades procesales debe partir de un hecho incontrovertible: toda nulidad procesal es absolutamente indeseable, pues implica que uno o varios actos procesales han sido llevados a cabo en vano, teniéndose que volver a realizar aquella actividad. No hacen falta una excesiva argumentación para comprender que declarar una nulidad tiene un alto costo (no solo a las partes sino también social). Toda nulidad es pues un atentado contra el principio de economía procesal. Es por ello que en nuestro CPC (en el título referido precisamente a la nulidad procesal) está plagado de supuestos en que no es procedente la nulidad, sino por el contrario contiene toda una gama de principios dispuestos a evitar que dicha nulidad sea pronunciada (llámese principio de trascendencia, convalidación, subsanación, etc). Sin embargo, esta es una finalidad que no muchas veces es tomada en cuenta por el juzgador y por las mismas partes. Es así que a la menor afectación a la normativa procesal se solicita y se declara la nulidad de un acto procesal, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto acarrea, con mucha mayor razón si se trata de la nulidad de la resolución judicial más importante: la sentencia.
III. LA NULIDAD DE SENTENCIA: LA VÍA IDÓNEA
En todo proceso civil puede expedirse hasta tres tipos de sentencias: la sentencia de primera instancia, la llamada sentencia de vista (o de segunda instancia) y la sentencia casatoria. Cualquier vicio o error que pudiera cometerse en cada una de ellas puede ser materia de una impugnación. Así, la sentencia de primera instancia es susceptible de apelación, mientras que contra la sentencia de vista puede interponerse una casación y, en principio, no cabe ningún medio impugnatorio contra la sentencia casatoria (al menos no en el mismo proceso). Ahora bien, ¿además de los medios impugnatorios señalados cabe un “recurso” de nulidad autónomo contra las sentencias? En otras palabras, ¿puede solicitarse la nulidad de una sentencia si es que no está inmersa en una apelación o una casación? La respuesta es negativa. Al menos en el caso de las sentencias de primera instancia y de vista existe una norma expresa. En efecto, el artículo 176 del CPC señala expresamente que “el pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación”. Por su parte, el artículo 378 señala: “Contra las sentencias de segunda instancia solo proceden el pedido de aclaración o corrección y el recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisión” (el resaltado es nuestro).
Del tenor de las normas reseñadas no puede quedar ninguna duda que respecto de las sentencias de primera instancia y de vista no cabe interponer una nulidad que no esté inmersa en la apelación o en la casación. Así, en todos estos casos, será el superior jerárquico quien, de considerar fundada una nulidad, devolverá los actuados al a quo para que este pueda emitir un nuevo pronunciamiento. Nótese que en estos casos no le es permitido al juez declarar la nulidad de su propia sentencia, sino que esta tiene que ser declarada por su superior.
Ahora bien, analizando el caso de los vocales supremos destituidos, ¿puede admitirse el pedido de nulidad contra una sentencia casatoria? La defensa de uno de los vocales se sustentó en que no existía norma que lo prohibiera, y eso es cierto. Sin embargo, si existe una norma que prohíbe pedir la nulidad de la sentencia de primera instancia y la de vista, por tanto, ¿acaso hacia falta indicar expresamente que tampoco cabe recurso alguno contra la sentencia casatoria? Creemos firmemente que no. Si no se puede intentar la nulidad (desligada de la apelación o casación) de una sentencia de rango inferior, con mayor razón no deberá proceder respecto de la sentencia de la máxima instancia como es la Corte Suprema (utilizando un argumento claramente ab minoris ad maius: quien no puede lo menos tampoco puede lo más).
En este sentido, no solo el juzgador no puede declarar la nulidad de sus propias sentencias, sino que aceptar dicha posición sería aceptar que se puede dejar del lado a la seguridad jurídica como principio del ordenamiento. Si es que se permiten este tipo de nulidades de sentencias consentidas o ejecutoriadas simplemente ya no podría hablarse de cosa juzgada. Así, en el caso de los vocales supremos destituidos, la nulidad de su propia sentencia se declaró casi seis meses después de haber sido emitida; es decir, desde el punto de vista de los propios vocales pudieron haber transcurrido años y aún ser posible la nulidad de la sentencia, lo cual no puede ser admisible.
IV. ALGUNOS CASOS TÍPICOS (E INDESEABLES) DE NULIDAD DE SENTENCIAS
Como se sabe, el juzgador que resuelve una impugnación de sentencia tiene tres alternativas distintas: a) confirmar la resolución apelada, b) revocar la sentencia apelada cambiando su sentido, o c) declarar nula la sentencia. De todas estas alternativas la menos deseable es la última.
A pesar de lo acotado no es difícil encontrar casos en que el juzgador de la apelación o casación declara la nulidad de una sentencia no solo en una ocasión sino…¡en tres o hasta en cuatro ocasiones consecutivas! De ahí que tenemos la firme creencia de que los aspectos más importante del apartado correspondiente a la nulidad procesal del Código Procesal Civil sean, precisamente, los principios que buscan evitar que esta sea declarada.
Como hemos visto, el juzgador no solo no puede declarar la nulidad de su propia sentencia que ya ha quedado consentida o ejecutoriada, sino que incluso en aquellos casos en que la nulidad sea debidamente solicitada (en los escritos de apelación o casación) debe realizar un pormenorizado análisis de los principios procesales de oportunidad, trascendencia, convalidación y subsanación(1).
Quizás los casos más evidentes de vicios que no acarrean nulidad alguna (a pesar del texto expresa de la ley) son los contenidos en los supuestos de hecho del artículo 122 del CPC, el cual establece causales de nulidad sencillamente intrascendentes como no consignar el lugar y fecha en que se expide la sentencia o la falta de la rúbrica del auxiliar jurisdiccional(2) (en tanto entran en clara contradicción con el principio de trascendencia de la nulidad(3)).
Otro dos casos paradigmáticos: el primero es el caso en que el ad quem considera que no se actuó una prueba imprescindible para la litis, y, el segundo, el caso en que se anula una sentencia por indebida motivación(4).
El primer caso es bastante gráfico: el juez de la apelación considera que el a quo no ha solicitado “de oficio” una prueba que consideran necesaria para la decisión del litigio. Creemos que esta no deja de ser una argumentación “singular”. Esto no solo porque ya precluyó la etapa probatoria con bastante anterioridad sino porque representa una violación del principio de autonomía de todo juez. Efectivamente, el a quo debe desenvolverse con autonomía no solo respecto de las partes sino también de su superior jerárquico. Si bien el juez de apelación puede revocar las resoluciones del a quo, no puede, en cambio, hacerlo fuera del marco expreso de la ley, pues de otra manera se entromete innecesariamente en sus funciones. En el caso bajo análisis resulta, al menos para nosotros, evidente que el superior jerárquico no puede decirle al juez de la instancia qué medios probatorios debe utilizar para crearle (al mismo juez de instancia) la convicción necesaria para admitir o rechazar una pretensión. La convicción del juez ya se formó con las pruebas actuadas en el proceso resultando superfluo que su superior jerárquico anule su sentencia por una supuesta improbanza.
Un segundo caso se presenta cuando el ad quem considera que la sentencia venida en grado no se ha pronunciado sobre alguno de los medios probatorios o sobre uno de los puntos controvertidos; en otras palabras, carece de una motivación adecuada. Una vez más esta apreciación no puede ser compartida. En primer lugar, debemos dejar en claro que la sentencia no tiene porque ser un “tratado de derecho” sino más bien resolver específicamente aquellos puntos (controvertidos) que son el “meollo del asunto”. A mayor abundamiento si es que el artículo 197 CPC menciona que si bien deben valorarse los medios probatorios de manera conjunta, en la sentencia el juez solo debe expresar las “valoraciones esenciales y determinantes” que sustentan su fallo. Si un juez no motiva la valoración de un determinado medio probatorio debe entenderse que considera que este no es relevante para su decisión de fondo. Y aun en los casos en que la motivación sea claramente defectuosa el ad quem tiene a mano una herramienta eficaz: la llamada integración. Mediante esta última el juez superior puede “integrar” (entiéndase subsanar) los defectos de sustentación (específicamente la falta de motivación de “algún punto principal o accesorio) de la ratio decidendi contenida en la sentencia (artículo 172 CPC). Lamentablemente, la norma procesal no ha sido demasiado clara al respecto. De ahí que el artículo 370 CPC (aparentemente) especifica en qué casos cabe la integración señalando que el juez de apelación “puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa”.
Vayamos a un ejemplo: supongamos que en un proceso ejecutivo se tiene dos puntos controvertidos: a) la determinación de la autenticidad de la rúbrica imputada al ejecutado contenida en un título valor y b) la exigibilidad de dicho título. Supongamos también que la sentencia que declara fundada la demanda solo se pronuncia sobre el segundo punto controvertido obviando toda mención a la autenticidad de la rúbrica. De este modo, el ejecutado apela la sentencia solicitando la nulidad de la misma por una afectación al debido proceso (falta de motivación). ¿Qué debe hacer el ad quem en estos casos? En el ejemplo propuesto el ad quem tiene a la vista la pericia grafotécnica realizada en su oportunidad que verifica que la rúbrica efectivamente pertenece al demandado. ¿Acaso debe anular la sentencia para que al a quo agregue un par de líneas a la misma? Creemos que ello no es necesario, puesto que de los autos se desprende indubitablemente que la motivación faltante no va a afectar el sentido del fallo(5). En conclusión, en estricta aplicación del principio de trascendencia, si la integración no va a afectar de manera alguna el sentido del fallo de instancia (y por tanto no puede decirse que se le modifica sino tan solo se confirma la recurrida), no se vería afectado el derecho defensa del recurrente, ya que precisamente ha ejercido dicho derecho al impugnar.
Etimológicamente, la palabra “casación” deriva del francés “cassare” que significa “quebrar” o “romper”. Así, la finalidad inicial de la casación era “anular” o “quebrar” la resolución impugnada, devolviendo los actuados al juez de grado inmediatamente inferior para que expida una nueva resolución. Como resulta obvio, y conforme lo hemos venido argumentando, hoy dichas nulidades deben darse solo en casos extremos en que el vicio incurrido afecte gravemente el derecho de defensa de una de las partes. Sin embargo, al parecer nuestra Corte Suprema se ha tomado muy en serio el significado etimológico de la casación, pues resulta difícil encontrar una sentencia casatoria en que (estimada la impugnación), en lugar de declarar la nulidad de la sentencia de vista se pronuncie revocando la misma. El otro lado de la moneda la representa las impugnaciones resueltas por el Tribunal Constitucional. Así, son realmente pocas las veces en que el ente constitucional, al momento de resolver un proceso de amparo en última instancia, declara nula la sentencia de vista, pronunciándose casi siempre sobre el fondo. ¿Se justifica esta diferenciación? Creemos que no. El hecho de que el proceso de amparo proteja exclusivamente derechos constitucionales no puede marcar una diferencia, pues en ambos casos lo que está en juego es igualmente el derecho la tutela jurisdiccional efectiva y, especialmente el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable.
(1) Al respecto: ARRARTE ARINABARRETA, Ana María. Alcances sobre el tema de nulidad procesal. En: “Ius et veritas”. Año VI. Nº 11. 1995. Págs. 130 y sgtes.
(2) Artículo 122 del CPC.- “Las resoluciones contienen:
La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula (…)”.
(3) Como se sabe, el artículo 171 del CPC establece que “puede declararse [la nulidad] cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad”. En este caso, es obvio que, a pesar de faltar la fecha de emisión de la sentencia o la rúbrica del secretario judicial, la sentencia ha cumplido claramente su finalidad que es poner fin al conflicto de intereses.
(4) Algunas de estas consideraciones ya han sido expresadas en: ZELA VILLEGAS, Aldo. La delimitación del objeto de la impugnación y la nulidad de sentencias. En: “Actualidad Jurídica” Nº 138. Mayo-2005. Págs. 75-78.
(5) Cabe señalar que, en esta sede, no pretendemos agotar toda implicancia de la relación entre indebida motivación de sentencias y la nulidad (por exceder el tema de este informe) a la cual nos abocaremos en otra ocasión.
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Actualidad Juridica -2011/ACTUALIDAD JURÍDICA/INDICE DE TOMOS/Tomo 146 - Enero 2006/DERECHO APLICADO/ACTUALIDAD PROCESAL CIVIL Y DE ARBITRAJE/INFORME PRÁCTICO PROCESAL CIVIL Y DE ARBITRAJE/LA POTESTAD NULIFICANTE Y COSA JUZGADA (Aldo Zela Villegas(*))