Source: http://www.derecho-administrativo.com/2013/07/fase-de-iniciacion-procedimiento-administrativo.html
Timestamp: 2014-03-12 17:53:26
Document Index: 402265310

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 76', 'artículo 71', 'artículo 38', 'artículo 70', 'artículo 35']

Fase de iniciación del procedimiento administrativo - Derecho Administrativo
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Artículos Derecho Administrativo
La iniciación del procedimiento administrativo puede tener lugar de oficio (por la propia Administración) o a instancia del interesado, tal y como establece el artículo 68 LPAC.
Con carácter previo al acuerdo de iniciación pueden realizarse actuaciones para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no, de iniciar el procedimiento. Es el trámite de información previa al que se refiere el artículo 69.2 LPAC y que, por tanto, no implica, necesariamente, la iniciación del procedimiento.
a) Contenido (artículo 70 LPAC)
Las solicitudes que se formulen por parte de las personas interesadas deben contener lo siguiente (artículo 70 LPAC):
En el supuesto de que las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden formularse en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
b) Subsanación y mejora voluntaria (artículo 71 LPAC)
El hecho de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos no justifica la negativa a admitirla o la resistencia a impulsar el procedimiento. En estos casos, por el contrario y según lo establecido en el artículo 71.1 LPAC, ha de requerirse al interesado para que un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándosele que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución (esta resolución debe ser expresa y notificarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 LPAC), reiterándose así, para este supuesto concreto lo que con carácter general se establece en el artículo 76 LPAC, ya analizado cuando nos referíamos a la obligatoriedad de términos y plazos.
Distinta de la subsanación es la mejora voluntaria de la solicitud que puede ser presentada tanto por el interesado como recabada por el órgano administrativo competente (en cuyo caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.3 LPAC, debe levantarse acta sucinta que se incorpora al expediente).
Las solicitudes pueden presentarse en cualquiera de los lugares en los que al efecto establece el artículo 38.4 LPAC:
a En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
d) Constancia de la presentación
El interesado puede exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación de la solicitud, admitiéndose como recibo la copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina (artículo 70.3 LPAC que se corresponde con el derecho contemplado en el artículo 35.C LPAC, ya expuesto).
Salvo que una norma con rango de Ley establezca lo contrario, los ciudadanos pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones públicas, sea o no por medios electrónicos. Esta posibilidad,introducida de forma expresa en nuestro ordenamiento por el art. 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y que se complementa con la obligación de las Administraciones públicas de crear sistemas de registros electrónicos que garanticen la constancia de la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones (art. 24 Ley 11/2007).
A tales efectos, el art. 71 bis LPAC proporciona las definiciones de ambas figuras, conceptuando la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que: a) cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio (requisitos que deben estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la declaración responsable); b) dispone de la documentación que así lo acredita; c) se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Por su parte, la comunicación previa se define como el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el art. 70.1 LPAC (la comunicación, no obstante, puede presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente).
Apuntes de Derecho Administrativo I para la Licenciatura y el Grado en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de Cádiz) de María Zambonino Pulito. Páginas 95-99.
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