Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2014_03_19/1518
Timestamp: 2020-02-21 20:31:17
Document Index: 349367558

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 41', 'artículo 73', 'artículo 99', 'artículo 186', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 6']

Gaceta: LXII/2SPO-104
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.
De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.
La minuta se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. La Colegisladora coincidió plenamente con el espíritu de las propuestas respecto al reconocimiento y protección del derecho a la identidad de las personas. Así como, el que se expida en forma gratuita la copia certificada del acta de nacimiento cuando se lleve a cabo el registro correspondiente.
Sin embargo, la Colegisladora consideró pertinente realizar modificaciones a la redacción del párrafo octavo del artículo 4 constitucional, estableciendo que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Garantizando que el Estado cumpla debidamente estos derechos y que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
Por otra parte, consideró pertinente reformar el artículo Segundo Transitorio, estableciendo que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Finalmente, adicionó un artículo Tercero Transitorio, proponiendo que el Congreso de la Unión, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior.
Propone redefinir el concepto de Mitigación dentro de la Ley en cuestión, como la aplicación de políticas y acciones de intervención antropogénica destinadas a reducir las emisiones, o mejorar los compuestos de los gases de efecto invernadero; y en el concepto de Vulnerabilidad, como el grado de susceptibilidad o incapacidad de los sistemas naturales, humanos y productivos, para soportar los efectos adversos del Cambio Climático.
Se propone la transversalidad y direccionalidad de las políticas públicas en el diseño de los planes, programas, estrategias y demás ordenamientos y disposiciones que se emitan en materia de cambio climático, en la que participen conjuntamente los sectores social y privado involucrados.
Finalmente, establece que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático rendirá un informe público anual detallado de las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo para el Cambio Climático, así como de los recursos asignados a las diferentes Secretarías en el rubro de cambio climático contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir en la violencia laboral, el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
La Colegisladora resuelve desechar la minuta con proyecto de decreto, que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, remitida por la Cámara de Senadores el 8 de octubre del 2013. E instruye devolver el expediente a la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Senado de la República propone la adición de un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y con ello pretende enriquecer la propuesta de que le corresponderá al Estado en sus distintos órdenes de gobierno apoyar en la formación y acreditación profesional de defensores públicos en lenguas indígenas nacionales y español. La adición que propone establece que para lograr lo anterior se deberá propiciar la formación en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia.
La Cámara de Diputados no comparte que la adición que se propone en la Minuta para “propiciar la formacion(sic) en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia,” deba mandatarse en la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, derivado de que esta Ley, tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, como se dispone en su artículo 1°.
Así también, el artículo 5, de la Ley, dispone que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas y municipios, en los ámbitos que sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
PRONUNCIAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
La Ley que se pretende expedir será de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, reglamenta las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos; la función estatal de organizar las elecciones de los cargos públicos de elección popular federales y locales; y a la salvaguarda del derecho a la libre determinación de los municipios y comunidades en aquellas entidades federativas que se rijan por el sistema electoral normativo interno para la elección de sus autoridades previstos
Reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo a sus principios, normas, instituciones y procedimientos, las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
Se regula lo relativo a los procesos electorales federales y con él las candidaturas independientes con los principios del sistema electoral y en condiciones de igualdad con las candidaturas de los partidos políticos y con sus reglas particulares que le son propias
Se propone una mejora al modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo.
Establece para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas, el principio de máxima publicidad con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña. En materia de género se establecen medidas para hacer efectivo el acceso de las mujeres al poder público en condiciones de igualdad con los hombres, garantizando las mismas candidaturas y espacios de representación proporcional en cada partido político y coaliciones.
En el tema de las coaliciones electorales y candidaturas comunes, se propone establecer como características de las coaliciones la uniformidad de las mismas para evitar la confusión del electorado y cualquier tipo de transferencia de votos o de alteración al principio de representación proporcional. Se recupera la figura de la candidatura común para todos los cargos de elección popular, para una libre concurrencia en la contienda por el poder público. En el caso de la elección de senadores en la que la candidatura independiente podrá registrase por fórmula de candidatos de mayoría relativa y no de dos fórmulas, pudiendo acceder a la asignación de primera minoría.
Para la regulación de precampañas se establece que las mismas sólo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se trate de consultas mediante voto directo, a efecto de evitar campañas anticipadas. Para las campañas se propone establecer como el principal elemento de las campañas los debates públicos, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta (gacetillas, entrevistas y por cualquier medio), el uso de encuestas como propaganda electoral, para ello proponemos que el Instituto Nacional Electoral certifique aquellas que cumplan con los criterios de carácter científico.
Se propone establecer la obligación de los legisladores o alcaldes, que busquen su reelección, de solicitar licencia noventa días antes de la jornada electoral, buscando garantizar condiciones de equidad en la contienda con quienes los precandidatos y candidatos que no detentan un cargo público.
En lo relativo a las candidaturas independientes, se propone garantizar la armoniosa convivencia del sistema de partidos políticos con las candidaturas independientes, en aspectos como el financiamiento público, el acceso a los tiempo de radio y televisión (considerando las emisoras con cobertura en el ámbito geográfico de la postulación), límites al financiamiento privado y sujeción a las normas de campaña, fiscalización y responsabilidades, establecidas en el sistema electoral.
Por otra parte, se propone dar a la credencial para votar el reconocimiento legal como medio de identidad ciudadana. En relación a la demarcación electoral constituido en distritos electorales, se precisa que el criterio poblacional se refiere a la población de mayores de 18 años, por lo que en la definición de los distritos electorales debe prevalecer el principio de igualdad del voto, dando el mismo peso al voto de cada ciudadano en la representación política, por lo que los distritos electorales deben guardar equilibrio de la población mayor de edad y de la geografía electoral y el número de electores en cada demarcación electoral.
Por lo que toca al tema del acceso a la radio y televisión, se propone un acceso de acuerdo al principio de equidad, para el tiempo fuera de las campañas electorales en el que no entra en juego la fuerza electoral de cada partido político.
Para la difusión de los debates a todos los cargos de elección popular se propone utilizar los cuarenta y ocho minutos del tiempo administrado por la autoridad electoral, que el día de su transmisión correspondan para lograr la mayor difusión y en el caso de las elecciones presidenciales que dichos debates sean transmitidos en cadena nacional.
Asimismo se propone que los canales de televisión que prestan el servicio público de televisión, con programación nacional, conforme a la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pauten durante las campañas electorales los tiempos del Estado, así como los canales de la Televisión Digital Terrestre en cada uno de sus canales de programación.
En relación con la modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión, se establece la notificación electrónica que implicará el uso de nuevas tecnologías y el ahorro de tiempo, recursos humanos y materiales y con lo mismo se reducen significativamente los plazos para la entrega y transmisión de mensajes de partidos, candidatos y autoridades haciendo más dinámico y atractivas las campañas en la radio y la televisión.
En relación con el voto de mexicanos en el extranjero, se propone establecer un proceso de credencialización permanente en embajadas y consulados, y elaborar la lista nominal de electores para el voto en el extranjero aplicable en elecciones de Presidente y Jefe de Gobierno y Gobernador que así lo prevean.
Pretende otorgarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, el retiro de las reservas formuladas a convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone adicionar las fracciones XXIX-V y XXIX- W, al artículo 73 de la Constitución Política, para dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en temas de derechos de las personas adultas mayores y en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Afirma la autora que con esta reforma se dotaría de soporte constitucional a las leyes concurrentes que actualmente existen y norman y regulan disposiciones en favor de los grupos socialmente vulnerables.
La iniciativa con aval del Grupo, propone la expedición de la Ley General de Asociaciones Políticas, teniendo como objetivo que en un solo cuerpo normativo se comprenda tanto a los partidos políticos como a las agrupaciones políticas en los distintos ámbitos nacional y estatal, a efecto de dar uniformidad a la regulación del derecho de asociación política, en el espectro de la vida institucional del Estado, contemplando las reglas para su conformación y disolución; afiliación libre e individual; obligaciones y derechos de sus integrantes; obtención y pérdida de registro; las reglas para su organización, funcionamiento y procedimientos de democracia interna; transparencia y rendición de cuentas.
La ley que se propone expedir se encuentra estructurada en diez Títulos, con ciento cinco artículos y seis artículos transitorios. Su Título I, comprende las Disposiciones preliminares; el Título Segundo denominado del derecho de asociación política, norma en un Capítulo Primero, los derechos políticos de los ciudadanos; en su Capítulo Segundo se ocupa de la naturaleza y fines de las asociaciones políticas; en el Capítulo Tercero norma lo referente a los derechos y obligaciones de los afiliados.
En el Título Tercero, de los partidos políticos, desarrolla en el Capítulo Primero, lo correspondiente al registro y disposiciones generales; el Capítulo Segundo, establece las normas sobre el registro de partido político nacional; en el Capítulo Tercero desarrolla lo correspondiente al registro de partido político estatal; el Capítulo Cuarto, describe lo relativo al registro de agrupación política; en el Capítulo Quinto se desarrollan las normas correspondientes a la pérdida de registro de las asociaciones políticas; en el Capítulo Sexto las correspondientes al régimen patrimonial y la liquidación de las asociaciones políticas.
En su Título Cuarto, denominado Derechos y obligaciones de las asociaciones políticas, desarrolla en un Capítulo Primero, las disposiciones de los derechos de las asociaciones políticas; en el Capítulo Segundo se encuentran las disposiciones de la auto organización y auto determinación de las asociaciones políticas.
El Título Quinto, denominado De los procesos democráticos de las asociaciones políticas, describe en su Capítulo Primero las normas que se ocuparan de los procesos para la renovación de los órganos de representación y dirección de las asociaciones políticas; en el Capítulo Segundo se encuentran las disposiciones que permitirán normar los procesos de selección de candidatos a puestos de elección popular.
El Título Sexto, denominado De la Justicia Interna en los Partidos Políticos desarrolla en el Capítulo Primero, las normas relativas al sistema de justicia interna; en el Capítulo Segundo refiere lo relativo a los órganos de justicia interna; en el Capítulo Tercero se ocupa de los procedimientos; con un Capítulo Cuarto, regula lo correspondiente a la facultad disciplinaria.
En su Título Séptimo al que denomina De las formas asociativas de partidos y agrupaciones, desarrolla en su Capítulo Primero lo relativo a las fusiones de partidos políticos; en el Capítulo Segundo lo correspondiente a los Frentes; en el Capítulo Tercero, describe las normas que regularan los convenios de coalición, participación y candidaturas comunes.
El Título Octavo, denominado Del financiamiento, prerrogativas y régimen fiscal de las asociaciones políticas, describe en su Capítulo Primero, las Disposiciones preliminares; en su Capítulo Segundo se encuentran las normas relativas al financiamiento de los partidos políticos; en su Capítulo Tercero, se desarrollan las disposiciones legales que se ocupan De las franquicias postales y telegráficas; en el Capítulo Cuarto se desarrollan las normas que se ocuparan del acceso a la radio y televisión; en el Capítulo Quinto se describen las normas relativas al régimen fiscal;
En el Título Noveno, denominado De la fiscalización de los recursos de las asociaciones políticas, contempla en un Capítulo Único las disposiciones generales relativas a ese tema.
Finalmente en el Título Décimo denominado de las faltas administrativas y de las sanciones; desarrolla en un Capítulo Primero, las disposiciones preliminares; y en el Capítulo Segundo se ocupa del procedimiento sancionador en materia de financiamiento.
Propone en primera instancia, homologar el concepto de vivienda en los artículos 4 y 123 de la Constitución; y por otro lado, establece la ampliación de los derechos humanos de las personas, garantizando, en este caso el derecho de la familia y de los trabajadores a una vivienda adecuada.
Se propone crear un solo medio de impugnación jurisdiccional ordinario en sustitución del Recurso de Apelación, el Juicio de Revisión Constitucional, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano y el Juicio de inconformidad. Sin embargo, se mantienen los supuestos y sujetos para la interposición del Juicio Electoral dependiendo del acto, resolución y autoridad impugnados, así como las pretensiones que se establezcan.
Las causas de nulidad de una elección son las siguientes: violaciones a los principios constitucionales que mandatan entre otras cosas elecciones auténticas, libres y periódicas; rebasar de topes de gastos de campaña; adquirir encubierta cualquier modalidad de propaganda; financiamiento ilícito de cualquier naturaleza y uso de programas sociales con fines electorales; intervención de gobiernos de cualquier nivel en la elección; apoyo de sindicatos u organizaciones gremiales a partidos o candidatos; apoyo de las estructuras partidarias a candidaturas independientes; utilizar encuestas o sondeos de opinión como cualquier forma de propaganda; de comprobarse expresamente que algún voto fue emitido en forma ilegal o que quien lo emitió lo hizo en forma expresa este será declarado nulo y descontado, valiendo lo anterior para todos los efectos legales.
Establece que la Sala Superior conocerá de los acuerdos o resoluciones que emitan los órganos nacionales del Sistema Nacional Electoral a través del juicio electoral donde sólo podrán comparecer partidos políticos nacionales.
Propone que el promovente de una acción que se desista expresamente por escrito, sólo podrá hacerlo si esta no es de orden público, lo que recoge criterios y jurisprudencia emitida por la Sala Superior. Se aplica la suplencia de la deficiencia de los agravios en todos los medios de impugnación.
Dispone que en las resoluciones que se dicten en los juicios electorales se deberá tener en cuenta que una vez acreditada una violación a la normatividad electoral, ésta no podrá desestimarse por cuestión de forma.
Por otra parte, se establece que los criterios de interpretación de la Constitución y la Ley para que sean observados por el propio tribunal y otras autoridades electorales siempre deben constituir tesis y jurisprudencia, para evitar el cambio constante de criterios fuera de estas formalidades y de trato desigual a las partes.
Se establece una vigencia más efectiva de las tesis y jurisprudencias atendiendo al espíritu de integración normativa que en materia electoral ha tenido la jurisprudencia. Los criterios que se generen con motivo de las resoluciones por inaplicación, deberán estar sustentados en alguna tesis o jurisprudencia previamente publicada para poder ser aplicados a otros casos.
Para el procedimiento especial sancionador se propone una sección instructora que dictamina el proyecto de resolución remitido por el INE y pone a consideración del pleno en un término de 24 horas que en su caso puede ser recurrible al pleno y que de no serlo debe ser resuelto por el mismo.
Por último, en cuanto al estatus de los partidos políticos en el nuevo esquema de medios de impugnación, éstos pasan de ser considerados como autoridad responsable un estatus diferente.
Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son para establecer que el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y con cinco Salas Regionales; sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para resolver en procedimiento especial sancionador previsto en el la fracción IX del artículo 99 de la Constitución mediante la sección instructora de análisis de tres de los magistrados que integran la Sala Superior para dictaminar el proyecto que podrán a disposición del pleno. Asimismo se homologa la competencia de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral en las modificaciones al artículo 186 de la Ley en estudio.
Propone expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la que contiene disposiciones de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, por los delitos electorales que sean competencia de los órganos jurisdiccionales de los fueros federal y común en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ley tendrá por objeto establecer los ámbitos de competencias y formas de coordinación para la investigación y persecución en materia de delitos electorales entre la Federación, autoridades de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales así como también para los órganos autónomos y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; establecer los tipos penales en materia de delitos electorales y sus sanciones; determinar los procedimientos penales específicos aplicables a estos delitos; y, establecer mecanismos efectivos para tutelar el sufragio efectivo y los derechos políticos de los ciudadanos en el ámbito de su competencia. La Federación y las Entidades federativas, en el ámbito de sus competencias estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta ley.
Se plantea la incorporación de las figuras de los Ministros de Culto, Notarios Públicos, Observadores Electorales, líderes Sindicales y la consulta popular, así como un aumento en las penalidades en la participación en la comisión de estos en las conductas típicas. Aunado a las adecuaciones se incorporan nuevos tipos penales para castigar a aquel que realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie superiores a los establecidos en la legislación electoral, así como el que abra o manipule los paquetes electorales sin causa justificada y, por ende, al que aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos provenientes del extranjero para el apoyo de candidatos o partidos políticos. Se sanciona aquella persona que pretenda manipular el secreto del voto mediante la solicitud de pruebas de la emisión del sufragio mediante el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, de video u otros instrumentos análogos o realice el cambio de domicilio de dos o más personas para que migren hacia distinta sección electoral con la finalidad de favorecer e influir en los resultados electorales. Se adecuan diversas conductas para castigar toda práctica ilícita que con el objeto de obtener el voto de los electores o en su caso obligue a sus subordinados para que se abstengan a hacerlo o cuando soliciten aportaciones en dinero o en especie para apoyar a determinado candidato, candidato independiente, partido político o coalición.
Incorpora como documentales públicas los que se utilizan en la jornada electoral tales como los listados nominales, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos y candidatos, las boletas electorales, los escritos de protesta e incidentes, así como las actas de escrutinio y cómputo y que actualmente se encuentran ausentes en la definición de documentos electorales. Se tipifica la conducta del funcionario partidista, candidato postulado por algún partido político o de manera independiente cuando se exceda los montos máximos de los topes de campaña autorizados legalmente.
Será competencia de la Federación para investigar, perseguir y sancionar cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También será competente la Federación cuando el delito electoral se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional.
Se tipifican como delitos electorales, entre otros a quién obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral; participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales, antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos y candidatos; obligue o ejerza cualquier tipo de presión sobre los ciudadanos para que voten a favor o en contra de un candidato, partido político, o bien se abstengan de votar; condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor o en contra de un partido político o candidato, o bien, a la abstención de votar; por si o interpósita persona utilice programas sociales de los gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal, municipales o delegacionales en actividades electorales, en favor de un partido político, precandidato o candidato.
Finalmente se instituye a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República es la autoridad encargada de vigilar, supervisar la debida substanciación, investigación y prosecución de delitos electorales, así como la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder y deberá promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia en lo referente a delitos electorales.
SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone que las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones sobre la política de desarrollo social, serán consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, operación y ejecución de los programas sociales.
Oficio con el que remite solicitud de autorización para que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad, del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014.
El dictamen propone reformar la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático con la finalidad de complementar las disposiciones relativas a la ecuación y cultura ambientales en materia de cambio climático, por lo que se faculta a la Federación a realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población no sólo sobre los efectos, sino también sobre las causas de la variación del clima.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.
La minuta con proyecto de decreto propone establecer las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.
Las comisiones dictaminadoras hicieron propias las consideraciones vertidas por la Colegisladora y estimaron conveniente el emitir una moneda conmemorativa de este hecho patriótico que marcó nuestra historia como Nación, de acuerdo a lo siguiente:
Valor nominal: Veinte pesos. Forma: Circular. Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). Composición: La moneda será bimétalica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel; b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos; c) Peso: 7.355g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos); d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.
a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel; b) Tolerancia en contenido: 1.5 % (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos; c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos); d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando el semicírculo superior.
Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de Marina. Dicho motivo deberá relacionarse con los 100 años de la gesta heroica del Puerto de Veracruz (1914-2014) y el valor de su participación institucional en la vida nacional.
Proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN;
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ DEL PRD; Y
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA DEL PAN. FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL.
La minuta con proyecto de decreto adiciona la firma de los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914 y su impacto histórico a recobrar el orden del país durante la Revolución Mexicana, sentando la constitucionalidad del Ejercito Nacional.
Las comisiones dictaminadoras coincidieron que los “Tratados de Teoloyucan” son un documento fundamental enfocado al restablecimiento del Estado de Derecho en beneficio a los ciudadanos, puntualizando que el decreto detalla correctamente los hechos históricos base de lo que en el tiempo actual representa una labor objetiva, constructiva y democrática para reforzar los derechos de los ciudadanos mexicanos.
Por lo anterior, consideraron pertinente y viable la adición de la fecha 13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
SE COMUNICÓ AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AL JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, AL DIRECTOR JURÍDICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y AL CIUDADANO HORACIO CERVANTES VARGAS.
INTERVINO EL SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, DEL PRD.
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
SIN DISCUSIÓN FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar se realicen diversas investigaciones relacionadas con las fallas y desperfectos que originaron la suspensión del servicio de la Línea 12 o Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la duplicidad entre programas federales, estatales y municipales en lo identificado como “población objetivo”.
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de marzo de 2014, a las 09:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria de la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 19 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en el Salón adjunto al restaurant ubicado en el piso 5 del Senado de la República.
Se informa que se POSPONE hasta nuevo aviso la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, que estaba programa para celebrarse el día miércoles 19 de marzo de 2014 a las 10:00 horas, en la sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el día miércoles 19 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, en la sala 1 ubicada en a planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 19 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.