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Timestamp: 2017-11-18 19:15:42
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Los Procesos Constitucionales y el Derecho Constitucional | Blog de César Jesús Pineda Zevallos – compartir artículos académicos e informes legales de contenido constitucional y procesal constitucional, análisis de jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
Blog de César Jesús Pineda Zevallos – compartir artículos académicos e informes legales de contenido constitucional y procesal constitucional, análisis de jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
EL PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD Y LA NOCION DE CONSUMIDOR EN LAS PERSONAS JURIDICAS SEGUN EL INDECOPI
A propósito de un fallo del INDECOPI que deja sin efecto sus propios precedentes.
por: César Pineda Zevallos
I.1 El 8 de junio de 2009, la empresa ***** denunció a **** ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Loreto por infracción del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor, debido a supuestas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato de publicidad.
I.2 Así las cosas, y en clara doctrina jurisprudencial del INDECOPI, conforme a lo ya desarrollado en las Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE-INDECOPI, es que se le indico a la Comisión de Protección al consumidor que el servicio contratado formaba parte del giro del negocio de la persona jurídica demandante, por lo que este no calificaba como consumidor en los términos de la Ley de Protección al Consumidor y la denuncia debía ser declarada improcedente.
I.3 En ese orden de ideas y de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de INDECOPI que la Comisión debía acatar en cumplimiento del principio de predictibilidad, no obstante a ello, la denunciada demostró que no había cometido infracción alguna pues los propios contratos presentados por la denunciante demostraban que, tanto en el ejemplar entregado a la denunciante como en el que conservaba la denunciada, figuraba el mismo precio.
Exp. Nº 1597-2010/CPC
38. Preliminarmente, debemos tomar en consideración quién es la empresa denunciada. De acuerdo a su portal de Internet , se trata de una empresa:
“con 50 años en el Perú, actualmente formamos parte del grupo *** líder mundial en el mercado de directorios independientes. Esta experiencia nos permite brindarte siempre la información que necesitas.
La misión de *** es establecer el contacto entre la oferta y la demanda a través de una cartera de productos publicitarios rentables y fácilñes de usar, disponibles en formato impreso y online”
39. Así, los servicios que ofrece dicha empresa están constituidos por productos publicitarios en formato impreso y online. Al respecto, en lo concerniente a servicios de publicidad; la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante la Res. Nº 737-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 14 de abril de 2008, estableció que en los casos relacionados a la adquisición de servición publicitarios que tenga como finalidad difundir e incentivar algún tipo de negocio o actividad, ésta forma parte importante para el desarrollo de la actividad económica propia del giro del negocio (…) ([1])
I.3 El 29 de setiembre de 2009, la denunciante persona jurídica presentó su solicitud de acogimiento al régimen laboral de las microempresas, presentada ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como su declaración de pago anual de Impuesto a la Renta correspondiente al año 2007, ello a fin de demostrar su condición de microempresa.
I.4 Mediante Resolución 337-2009/CPC-INDECOPI-LOR del 30 de noviembre de 2009, la Comisión emitió el siguiente pronunciamiento:
(i) Desestimó el alegato de la denunciada, referido a la improcedencia de la denuncia, pues la denunciante calificaba como consumidora en los términos de la Ley de Protección al Consumidor debido a que se trataba de una microempresa que, a la luz de los medios probatorios obrantes en el expediente, contrataba los servicios de publicidad por primera vez y por tanto se encontraba en asimetría informativa frente a la denunciada;
(ii) declaró fundada la denuncia por infracción del Art. 5º literal b) y 15º de la Ley de Protección al Consumidor, pues la denunciada no brindó de manera oportuna información necesaria a la denunciante en relación con las características del contrato de publicidad;
(iii) declaró infundada la denuncia por infracción del Art. 8º de la Ley de Protección al Consumidor, pues el servicio de publicidad se brindó de manera oportuna y conforme a lo pactado entre ambas partes;
(iv) declaró infundada la denuncia por infracción del Art. 13º literal c) de la Ley de Protección al Consumidor, pues no se verificó la modificación del precio total del contrato publicitario;
(v) ordenó como medida correctiva, exhortar a su personal a cumplir con el llenado de los contratos en un solo tiempo y de forma completa;
(vi) sancionó a la denunciada con una multa de 6 UIT; y,
(vii) condenó al pago de costas y costos del procedimiento.
I.5 En tal sentido el 15 de diciembre de 2009, la denunciada apeló la Resolución 337-009/CPCINDECOPI-LOR en los extremos que le fueron desfavorables, quedando consentidos los extremos resolutivos restantes.
I.6 Así pues, (i) La denuncia debió ser declarada improcedente en tanto la persona jurídica denunciante no calificaba como consumidora pues, si bien era una microempresa, contrató un servicio inherente al giro propio de su negocio, respecto del cual no se encontraba en asimetría informativa conforme a reiterada jurisprudencia y precedentes del Tribunal de INDECOPI; y, (ii) al momento de celebrar el contrato publicitario, se indicó a la denunciada todas las condiciones necesarias para la efectiva prestación del servicio, así como la forma de pago, por lo que se brindó información veraz, suficiente y apropiada a la denunciante
I.7 En ese orden de ideas, la demandada Sala de Defensa de la Competencia Nº 02, en el presente caso, señala en su fundamento 48 y 49 que: “48. En efecto, a lo largo de diversas resoluciones, este Colegiado había señalado que determinados servicios, como los de publicidad, transporte de mercaderías o financieros, son transversales a todo esquema productivo o de comercialización y por tanto connaturales al giro de tales negocios, no existiendo asimetría informativa en dichos casos incluso si se trata de un microempresario. 49. Sin embargo, de acuerdo con la presente resolución, no puede considerarse que los servicios transversales estén relacionados con el giro propio del negocio del microempresario y per se determinen que aquel no padezca de asimetría informativa. Por el contrario, debe entenderse que tales servicios transversales no se encuentran relacionados con el giro del negocio y, en consecuencia, proceder a un análisis de la asimetría informativa que se sujetará a los parámetros previamente expuestos. Ello en virtud de una interpretación finalista y pro consumidor de los filtros diseñados por la Ley de Protección al Consumidor para calificar a un microempresario como consumidor (interpretación que no fue tomada en cuenta por el criterio anterior) conforme a la motivación desarrollada precedentemente por este Colegiado”, en tal sentido el INDECOPI en base a una aparente motivación procede arbitrariamente a cambiar el criterio interpretativo de sus precedentes sobre lo dispuesto en el Art. 03º de la Ley de Protección al Consumidor, sin proceder a cumplir con los requisitos establecidos en el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional EXP. N.º 03908-2007-PA/TC, caso PRO VIAS NACIONAL. Y esto es, porque no llega a realizar ningún tipo análisis de las pautas que se deben configurar a efectos de cambiar un criterio interpretativo – precedente vinculante.
I.8 Frente a lo indebidamente desarrollado por la referida Sala esta llega a determinar que: “56. Conforme a los documentos que obran en el expediente, la denunciante es una Empresa Individual de Responsabilidad dedicada a la venta y reparación de ***, que cumple con los requisitos legales para ser considerada como microempresaria, circunstancia que además ha sido aceptada por la denunciada en su apelación, por lo que corresponde tener por cumplido el primer requisito establecido por el Art. 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor para que la denunciante califique como consumidora.57. El servicio contratado por Representaciones y Servicios fue la publicidad a través de anuncios, el mismo que no se relaciona con el giro propio de su negocio (venta y reparación de motocicletas), pues si bien facilita y ayuda a la actividad económica de la denunciante, no es imprescindible para el desarrollo de la misma. Por ello, debe considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor para que la denunciante califique como consumidora. 58. Respecto del tercer requisito para ser considerado como consumidor, es importante señalar que en el presente caso la denunciada no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la presunción de asimetría informativa en la que se encuentra la denunciante respecto de los servicios de publicidad, limitándose a alegar reiteradamente el anterior criterio de la Sala sobre los servicios transversales, modificado precedentemente. 59. Por el contrario, cabe resaltar que de acuerdo a lo aceptado por ambas partes del procedimiento, los contratos publicitarios que dieron lugar a la presente denuncia se celebraron entre el **** de 2008. En tal sentido, obran pruebas en el expediente que demuestran que en tales fechas la denunciante recién iniciaba sus operaciones: (a) la copia legalizada de la licencia municipal otorgada a favor de la denunciante, de fecha **** de 2008; y (b) el certificado de seguridad en Defensa Civil otorgado a la denunciante, de fecha ****2008.60. En este contexto, dichos medios probatorios refuerzan la presunción de asimetría informativa pues es razonable inferir que era la primera vez que Representaciones y Servicios requería de servicios de publicidad, por lo que este Colegiado considera que la denunciante se encontraba en asimetría informativa frente al proveedor y por tanto cumple con el tercer requisito establecido por el artículo 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor para ser considerada como consumidora. 61. En consecuencia la denunciante califica como consumidora en los términos del artículo 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor, por lo que corresponde desestimar los cuestionamientos de la denunciada sobre el particular. 67. “En su apelación se ha limitado a afirmar que al momento de celebrar el Contrato de Publicidad , se indicó a la denunciada todas las condiciones necesarias para la efectiva prestación del servicio, así como la forma de pago, por lo que se brindó información veraz, suficiente y apropiada a la denunciante. Sin embargo, al no haber presentado medio probatorio alguno que sustente sus afirmaciones, deben desestimarse los alegatos de la demandada.
La inobservancia al precedente vinculante – Provias Nacional, emitido por el Tribunal Constitucional.-
II.1 Los precedentes o criterios de interpretación, son reglas jurídicas extraídas en la solución de un caso en concreto y su aplicación en casos posteriores; así pues nuestro Tribunal Constitucional ha llevado a establecer las pautas generales respecto de cómo se debe desarrollar la técnica del precedente o criterios de interpretación en nuestro ordenamiento jurídico y sus efectos vinculantes para los demás órganos. ([1])
II.2 En efecto, el Tribunal Constitucional ha determinado, vía precedente vinculante, cuales son las pautas a fin de proceder a determinar o crear precedentes para determinados casos, así pues se exige que todo tipo de precedente que pretenda dejar sin efecto un criterio interpretativo anterior al desarrollado por el Organismo Público, debe contar con el respecto irrestricto de los parámetros dispuestos en su sentencia constitucional EXP. N.º 03908-2007-PA/TC, caso PRO VIAS NACIONAL.
5. De acuerdo con la STC 0024-2003-AI/TC, los cinco presupuestos básicos que deben observar las sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre el fondo para la aprobación de un precedente vinculante, son:
a La existencia de interpretaciones contradictorias.
b La comprobación de interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al bloque de constitucionalidad.
c La necesidad de llenar un vacío legislativo.
d La corroboración de normas que sea susceptibles de ser interpretadas de manera diversa.
e La necesidad de cambiar un precedente vinculante.
II.3 En el presente caso, la Res. Nº 2188-2011/SC2-INDECOPI, decide cambiar completamente su criterio relativo en cuanto a la interpretación del Art. 03 de la Ley de Protección al Consumidor, que señalaba que determinados servicios, como los de publicidad, transporte de mercaderías o financieros, son transversales a todo esquema productivo o de comercialización y por tanto connaturales al giro de tales negocios, no existiendo asimetría informativa en dichos casos incluso si se trata de un microempresario, para así disponer que no puede considerarse que los servicios transversales estén relacionados con el giro propio del negocio del microempresario y per se determinen que aquel no padezca de asimetría informativa; conllevando con ello, dejar sin efecto su doctrina jurisprudencial, con calidad de precedente del INDECOPI, conforme a lo ya desarrollado en las Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE-INDECOPI.
II.4 En efecto, y si bien la administración pública no debe de mantener incólumes los criterios adoptados en un momento dado, sino brindar garantías a los administrados para que puedan adecuar su conducta a las reglas y criterios interpretativos existentes, LO CIERTO ES, QUE DICHO CAMBIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE DEBE DE OBEDECER AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS CON CARÁCTER DE PRECEDENTE VINCULANTES POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
II.5 Así las cosas, y como se observa de la antes referida resolución que pone fin al proceso administrativo, EN NINGUNO DE LOS APARTADOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN MATERIA DE SOLICITUD DE NULIDAD, INDECOPI, PROCEDE A REALIZAR EL ANALIZIS CONTEMPLADO EN EL CASO PRO VIAS NACIONAL EXP. 3908-2007 AA/TC, COMO A LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA STC 0024-2003 AI/TC, CON CALIDAD DE PRECEDENTES VINCULANTES EMITIDOS POR EL SUPREMO INTERPRETE DE LA CONSTITUCIONAL, QUE DETERMINAN LOS PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO CRITERIO INTERPRETATIVO JURISPRUDENCIAL CON CALIDAD DE PRECEDENTE, es decir, NO LLEGA A DETERMINAR EN PRINCIPIO A) LA EXISTENCIA DE INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS, esto es no determina porque la interpretación de su antigua jurisprudencia vinculante sobre la aplicación de productos transversales a las microempresas, es contraria a la dispuesta ahora en calidad de jurisprudencia vinculante, y como ella llega a ser contradictora, así pues el INDECOPI no llega a demostrar existe una evidencia por parte de la Comisión de protección al consumidor que haya estado resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica como es los productos transversales, en específico sobre la publicidad, frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, no acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios, b) LA COMPROBACIÓN DE INTERPRETACIONES ERRÓNEAS DE ALGUNA NORMA, esto es, en ningún momento el INDECOPI, llega a determinar porque su doctrina jurisprudencial recaída en las Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE-INDECOPI realizaban una interpretación errónea del Art. 03 de la Ley de Protección al Consumidor, así pues INDECOPI no llega a evidenciar que la Comisión de Protección al Consumidor haya venido resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma, lo que a su vez este generando una indebida aplicación de dicha norma, C) LA NECESIDAD DE LLENAR UN VACÍO LEGISLATIVO, es decir, el INDECOPI, no procede a realizar análisis alguno del porqué el referido Art. 03 de la Ley de Protección al Consumidor arrogaría un vació legislativo en cuanto a la debida protección de un microempresario, pese a que la norma en específico determina dicha como excepción a los micro empresarios, señalando los supuestos cuando se le sea atribuido el carácter de consumidor, d) LA CORROBORACIÓN DE NORMAS QUE SEA SUSCEPTIBLES DE SER INTERPRETADAS DE MANERA DIVERSA, asimismo no analiza, ni determina los demás posibles supuestos que la norma que pretende, ahora cambiar de criterio, pueda ser susceptible de ser interpretada de diversas maneras y e) LA NECESIDAD DE CAMBIAR UN PRECEDENTE VINCULANTE, es decir, y más palpable aún, no determina ni justifica en lo más mínimo porque de la necesidad de cambiar su criterio interpretativo vinculante o porque dicho criterio interpretativo estuvo equivocado en su concepción .
II.6 Es pues que por ello, al no seguir las pautas que ha llevado al Tribunal Constitucional a establecer las pautas generales respecto de cómo se debe desarrollar la técnica del precedente en nuestro ordenamiento jurídico, dicha decisión no la conlleva sino en una violatoria a la Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, cual genera efectos vinculantes para todos los personas y demás organismos de la nación. Así, el precedente constitucional se convierte en una regla jurídica vinculante para todos los poderes públicos.
La vulneración del principio de igualdad.-
II.6.1 El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley es una posición iusfundamental que se deriva del derecho de igualdad jurídica, reconocido en el Inc. 2) del Art. 2º de la Constitución Política del Perú, su programa normativo se dirige a garantizar que, en la aplicación de las leyes a casos sustancialmente análogos, los recurrentes reciban un pronunciamiento que no anide tratamientos diferenciados que carezcan de base objetiva y razonable. Como así lo determinó el Tribunal Constitucional en la STC 0004-2006-PI/TC, (…) Exige que estos órganos, al momento de aplicar la ley, no deban atribuir una consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales. En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la ley (fundamento Jur. N.º 124).
II.6.2 Sin embargo, per se, no se produce una afectación del referido derecho cada vez que una norma jurídica es interpretada en forma diferente por los tribunales de justicia. Su finalidad no es que la ley o cualquier otra norma jurídica sea objeto de una misma interpretación por todos los órganos jurisdiccionales; es decir, que se entienda en forma idéntica siempre y en todos los casos. La exigencia de igualdad en la aplicación de la ley encierra únicamente la pretensión de que nadie, en forma arbitraria, reciba de un mismo tribunal un pronunciamiento diferente del que se acuerda para otros que se encuentran en una situación análoga o semejante. Se afectará entonces su contenido constitucionalmente protegido cuando un mismo tribunal de justicia realice una comprensión y aplicación diferenciada de la ley sustentada en el capricho o la subjetividad del órgano juzgador, o cuando se dé un pronunciamiento sustentando en las circunstancias personales o sociales de alguna de las partes.
II.6.3 Ciertamente, no es ajena a la finalidad del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, la necesidad de que el ordenamiento en su totalidad sea objeto de una comprensión homogénea por quienes ejercen funciones jurisdiccionales. Pero la consecución de ese objetivo no puede realizarse sacrificando el principio constitucional de independencia; ni tampoco obviando las necesidades de cambio y evolución de la jurisprudencia ante las nuevas exigencias a las que el órgano jurisdiccional o administrativo debe dar respuesta en términos jurídicos.
II.6.4 Es por ello que el Tribunal Constitucional, en jurisprudencia constante y uniforme, ha precisado que sólo existe una violación del derecho de igualdad en la aplicación de la ley, que ocurre cuando en un mismo tribunal de justicia se emitan pronunciamientos dispares en torno al sentido de un precepto legal, y que estos hayan sido formulados al hilo de causas sustancialmente iguales, sin que al apartarse del criterio anterior se haya expuesto una fundamentación suficiente y razonable sobre la necesidad de la aplicación diferenciada.
II.6.5 En ese sentido, y a efectos de que pueda evaluarse la arbitrariedad de un tratamiento diferenciado en la aplicación de la ley, el Tribunal Constitucional ha exigido que el presunto agraviado proponga un término de comparación válido, a partir del cual pueda contrastarse el tratamiento diferenciado y su arbitrariedad por ejemplo, en la STC 4687-2004-AA/TC, este Tribunal recordó que (…) para plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de personas es preciso que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea suficiente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen [STC 4587-2004-AA/TC, con remisión, a su vez, a las sentencias 0015-2002-AI/TC; 0183-2002-AA/TC; 0552-2002-AA/TC, entre otras].
II.6.6 Tratándose de una objeción del derecho a la igualdad, ese término de comparación no puede ser otro que la existencia de una o varias decisiones, previas o de la misma fecha, donde ante hechos similares y frente a una norma aplicable, el caso se haya resuelto de una manera contraria a la resolución judicial que se cuestiona.
II.6.7 Así el Tribunal Constitucional en su sentencia 01211-2006-AA/TC fundamento 24, ha determinado los presupuestos básicos que determinan cuando entre la resolución que se cuestiona y la resolución con la que se contrasta, existe un tratamiento diferenciado, y esto es cuando se configure los siguientes supuestos, exista: a) identidad del órgano judicial que resolvió el caso; b) que el órgano judicial tenga una composición semejante; c) que los supuestos de hecho sean sustancialmente iguales d) se haya producido una disparidad en la respuesta jurisdiccional; y, e) no exista una motivación del cambio de criterio.
II.6.8 Así las cosas, el INDECOPI ha aplicado consecuencias jurídicas distintas frente a hechos análogos iguales sobre supuestas vulneraciones al Derecho de Protección del Consumidor.
A) identidad del órgano judicial que resolvió el caso;
Así pues el INDECOPI, representada por la Sala de Defensa de la Competencia ha sido el órgano administrativo quien ha resuelto la Res. Nº 2188-2011/SC2, materia de nulidad, como los que resolvió en anteriores oportunidades las Resoluciones Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE.
B) Que el órgano judicial tenga una composición semejante;
El cual como es de verse en lo señalado en la misma resolución, la Sala de Defensa de la Competencia ha mantenido una composición semejante cuando resolvió casos anteriores reflejados en las Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE.
C) Los supuestos de hecho sean sustancialmente iguales,
En efecto tanto en la resolución materia de solicitud de nulidad como en las Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE, a modo de ejemplificar, el INDECOPI se ha pronunciado sobre el carácter excepcional de microempresarios como consumidores finales, regulando específicamente, el carácter del producto o servicio transversal de la empresa, que en el presente caso es la publicidad.
D) Se haya producido una disparidad en la respuesta jurisdiccional
En efecto, por Res. Nº 737-2008-TDC-INDECOPI, 1172-2008-TC/INDECOPI y 2321-2010/SCE, el INDECOPI resolvió Así, los servicios que ofrece dicha empresa están constituidos por productos publicitarios en formato impreso y online. Al respecto, en lo concerniente a servicios de publicidad; la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante la Res. Nº 737-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 14 de abril de 2008, estableció que en los casos relacionados a la adquisición de servición publicitarios que tenga como finalidad difundir e incentivar algún tipo de negocio o actividad, ésta forma parte importante para el desarrollo de la actividad económica propia del giro del negocio (…), mientras que en la Res. Nº Nº 2188-2011/SC2, el INDECOPI resolvió señalar que “el servicio contratado por la denunciante fue la publicidad a través de anuncios, el mismo que no se relaciona con el giro propio de su negocio (venta y reparación de ***), pues si bien facilita y ayuda a la actividad económica de la denunciante, no es imprescindible para el desarrollo de la misma. Por ello, debe considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor para que la denunciante califique como consumidora”.
E) No exista una motivación del cambio de criterio.
Que, como ha sido señalado en el presente análisis, el INDECOPI no cumplió con realizar el análisis de cada uno de los presupuestos básicos necesarios para el cambio de un criterio interpretativo de una norma, en tal sentido dicha supuesta justificación no es sino una contraria a la forma pre establecida por el Tribunal Constitucional, que origina una falta de debida motivación en cuanto al cambio de criterio supuestamente sustentado.
II.6.9 Análisis el cual evidencia que el INDECOPI ha procedido a realizar un tratamiento diferenciado en contra de la denunciada, que contradice de manera clara su criterio interpretativo sobre la publicidad en los productos transversales de una microempresa.
La ratio legis del Art. 03º de la Ley de Protección al Consumidor.-
II.7 Por otro lado, cabe indicar que además del irrito cambio de criterio dispuesto por el INDECOPI, es menester tomar en consideración que no se llega a realizar un correcto análisis de lo dispuesto en el Art. 3º literal a) de la Ley de Protección al Consumidor que establece que tendrán la calidad de consumidores y por tanto podrán acceder al sistema de protección al consumidor:
(i) las personas naturales que en la adquisición, uso o disfrute de un bien o la contratación de un servicio, actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional; y,
(ii) de manera excepcional, los microempresarios, siempre que puedan acreditar la existencia de una situación de asimetría informativa frente al proveedor respecto de aquellos productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio
II.8 Ahora bien, el Art. 03 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor define quienes pueden ser considerados como “consumidro o usuarios”, es decir, que personas pueden acceder al nivel de protección especial, que brinda la normativa de protección al consumidor. En primer lugar, como es conocido, la regla general, es que son consumidores o usuarios, todas las personas naturales, que en la adquisición, uso o disfrute de un bien o en la contratación de un servicio, actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, pues es evidente que estas personas son el último eslabón de la cadena de producción – consumo; esto es, son consumidores finales. Sin embargo, y con carácter de excepcional, la norma incorpora en la definición de consumidor a los microempresarios que, respecto de los productos o servicios no relacionados, con el giro propio del negocio, evidencian una situación de asimetría informativa. Así las empresas (pequeñas, medianas, grandes) pueden sostener que también se encuentran en una situación de asimetría informativa frente al proveedor que les ha proporcionado un producto o servicio, dado que este último es quien conoce las características y limitaciones del producto o servicio que coloca al mercado. No obstante por su tamaño, capacidad económica, organización y estructura interna, se debe presumir, que dichas empresas están en la posibilidad de generar, desde su interior mecanismo para superar la situación de asimetría informativa en la que se puedan encontrar frente a sus proveedores. Ello no deja desamparados a dichos agentes económicos, sino que la vía por la cual podrán hacer valer sus derechos es el Poder Judicial.
II.9 Así, lo señalado justifica un tratamiento diferenciado entre empresas, por el cual aquellas pertenecientes a la categoría de microempresarios podrán gozar de la protección que brindan las normas de protección al consumidor, siempre y cuando acrediten que no era previsible que contaran con un nivel de especialización y conocimiento necesario para hacer frente a la información que sobre el producto o servicio les proporcionen los proveedores, pues solamente, en esos casos, se equilibra su situación de asimetría informativa. Ello es evidente únicamente, en la adquisición de productos o servicios que no guarde relación con el giro propio de su negocio. Así, cuando un microempresario adquiere un producto o servicio y solicita la tutela administrativa otorgada por el Texto Único de la Ley del sistema de Protección al Consumidor, el INDECOPI debe de efectuar un análisis del caso en concreto a fin de establecer si dicho microempresario se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. A dichos efectos resultará necesario verificar, los siguientes aspectos:
a) si nos encontramos ante un micro empresario
b) De encontrarnos frente a un micro empresario si el producto o servicio esta relacionado con el giro propio del negocio y
c) Respecto de los bienes no relacionados con el giro propio de su negocio, si es razonable considerar que el denunciante, padece de asimetría informativa, en el caso concreto.
II.10 Así, en el presente caso, al ser la denunciante una persona jurídica sólo podría ser considerada consumidora en virtud del segundo supuesto descrito, esto es, invocando, la protección excepcional destinada a los microempresarios. Por tal razón, la denunciante tendría que calificar, en primer lugar, como microempresa conforme a los parámetros establecidos en el Art. 03º de la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, los cuales deben ser cumplidos conjuntamente ([2]):
Artículo 03º.- Características de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: Microempresa; de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y venta anuales hasta el monto máximo de 150 UIT.
II.11 Así, pues y CONFORME SE DESPRENDE DEL REPORTE DE LA FICHA RUC DE LA EMPRESA denunciate, INFORMACION CONSIGNADA EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA – SUNAT – ESTA EMPRESA SIEMPRE HA CONTADO CON UN NÚMERO NO MENOR A 14 TRABAJADORES, POR LO QUE NO CALIFICA COMO MICROEMPRESA, ERGO, NO LE ES APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ART. 03 DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y QUE FUE ERRADAMENTE APLICADO POR PARTE DEL INDECOPI.
II.12 Por otro lado frente al aspecto denominada de si “encontrarnos frente a un micro empresario si el producto o servicio esta relacionado con el giro propio del negocio”, es pertinente tomar en consideración y como bien fue argumentando párrafos anteriores, el INDECOPI arbitrariamente ha procedido a cambiar su criterio interpretativo con relación a los productos transversales de una microempresa para así determinar que la publicidad, ya no son servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización y por tanto connaturales al giro de tales negocios, no cumpliendo así con lo estrictamente parametrado por el Tribunal Constitucional en su precedente vinculante 3908-2007 AA/TC. Más aún si se toma en consideración que dicho cambio de criterio interpretativo no se ajusta a las reales necesidades de la empresa y que los servicios de publicidad si son servicios transversales a dicha actividad, tal y como así lo ha determinado el voto singular del Señor Vocal Hernando Montoya Alberti al señalar que:
8. Sin embargo, el servicio contratado por Representaciones y Servicios, sobre
el cual gira su denuncia, es la publicidad a través de anuncios. Al respecto, conviene precisar que los anuncios publicitarios constituyen una herramienta usualmente empleada por todo tipo de empresas para dar a conocer los bienes y servicios que ofrecen en el mercado y de este modo atraer más clientela.
9. Esta situación concede a los microempresarios una familiaridad natural con tales servicios, permitiéndoles conocer de manera más precisa los principales aspectos operativos de los mismos, generando a su vez una reducción en la original asimetría informativa existente. Siendo así, la contratación y desenvolvimiento de tales servicios publicitarios deben ser considerados transversales a todo esquema productivo o de comercialización y, por ende, connaturales al giro de tales negocios.
En este orden de ideas, el servicio publicitario materia de denuncia tiene por finalidad contribuir al desarrollo del giro del negocio de la denunciante y se encuentra directamente relacionado con su actividad económica, no evidenciando una situación de asimetría informativa que justifique la inclusión excepcional de la denunciante dentro del sistema de protección al consumidor.
II.13 Asimismo y no menos grave aún EL INDECOPI HA PROCEDIDO A INAPLICAR DE MANERA EXPRESA LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN LA NORMA ART.3 DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, PUES HA DESVIRTUADO EL DEBER DEL MICROEMPRESARIO, DE ACREDITAR la EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE ASIMETRÍA INFORMATIVA FRENTE AL PROVEEDOR RESPECTO DEL SERVICIOS NO RELACIONADOS CON EL GIRO PROPIO DE SU NEGOCIO, ES DECIR, INOBSERVA DE MANERA FLAGRANTE EL REQUISITO DETERMINADO EN LA NORMA PARA LLEGAR A UNA CONCLUSION EMPIRICA QUE EN EL CASO DEL DENUNCIADO SE EVIDENCIARIA ESA FALTA DE ASIMETRIA INFORMATIVA SIN NECESIDAD QUE LA MISMA PRUEBA SU FALTA DE CONOCIMIENTO, CUANDO LA NORMA SEÑALA QUE DE MANERA EXPRESA SEA EL DENUNCIANTE QUIEN DEBA DE PROBAR DICHA ASIMETRIA EN CUANTO AL SUPUESTO SERVICIO NO RELACIONADO CON EL GIRO PROPIO DE SU NEGOCIO.
II.14 En efecto y de manera contraria a lo establecido en la referida norma especial, EL INDECOPI señala que con respecto del tercer requisito para ser considerado como consumidor, es importante señalar que en el presente caso la denunciada no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la presunción de asimetría informativa en la que se encuentra la denunciante respecto de los servicios de publicidad, limitándose a alegar reiteradamente el anterior criterio de la Sala sobre los servicios transversales, modificado precedentemente. ES DECIR, en vez que se le exija al denunciante, a fin que proceda ACREDITAR frente al INDECOPIA la EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE ASIMETRÍA INFORMATIVA FRENTE AL PROVEEDOR RESPECTO DEL SERVICIOS NO RELACIONADOS CON EL GIRO PROPIO DE SU NEGOCIO, PARADOJICAMENTE, dicho deber es trasladado a la denunciada , cuando la norma es expresa al señalar todo lo contrario. Más aún, conlleva también a la vulneración de lo dispuesto en el Art. 162.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, pues de manera flagrante CAMBIA LA CARGA DE LA PRUEBA A FAVOR DEL DENUNCIANTE PERO EN CONTRA DEL DENUNCIADO AL EXIGIRLE UN REQUISITO QUE POR LEY LE ERA EXIGIBLE AL RECURRENTE ADMINISTRATIVO.
Cúando prospera el amparo contra lo resuelto por el Ministerio Público (su decisión de no denunciar cuando el agraviado es una persona jurídica).
El autor analiza una demanda de amparo interpuesta por una empresa, sobre presunta vulneración a su derecho fundamental a la verdad como al acceso a la justicia, contra la decisión del Ministerio Público de no formalizar denuncia penal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La improcedencia del amparo por falta de demostración de un agravio manifiesto a los derechos constitucionales.
I.1 El Art. 200°, inciso 2), de la Constitución establece que el proceso de amparo “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución”, y que no procede “contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”, como se advierte, esta disposición constitucional prevé el supuesto de que los derechos fundamentales puedan ser vulnerados por cualquier persona, sea ésta funcionario público o un particular, no excluyendo del concepto de “autoridad” a los jueces y ciertamente tampoco a los Fiscales. De este modo es plenamente admisible que un proceso de amparo pueda controlar cualquier resolución judicial sin que ello implique desconocer que la disposición mencionada establece una limitación a la procedencia del amparo al señalar que éste no procede cuando se trate de resoluciones judiciales emanadas de “procedimiento regular”.
I.2 La existencia de un “procedimiento regular” se encuentra relacionada con la existencia de un proceso en el que se hayan respetado garantías mínimas, tales como los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación, a la obtención de una resolución fundada en Derecho, la pluralidad de instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial, entre otros derechos fundamentales, por lo que un proceso judicial que se haya tramitado sin observar tales garantías se convierte en un “proceso irregular” que no sólo puede, sino que debe ser corregido por el juez constitucional mediante el proceso de amparo.
I.3 Sin embargo aquello, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01458-2006 AA fundamento 6, no implica ni mucho menos faculta que el amparo pueda ser considerado como una instancia adicional para revisar los procesos ordinarios, pues el amparo no puede “controlar” todo lo resuelto en un proceso ordinario, sino que se encuentra limitado únicamente a verificar si la autoridad judicial ha actuado con un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de las partes procesales, por lo que de constatarse una afectación de esta naturaleza, debe reponerse las cosas al estado anterior al acto en que se produjo la afectación conforme a lo dispuesto en el Art. 01º del Código Procesal Constitucional. (Por ello podemos afirmar, con toda certeza, que una posible pretensión en un proceso de amparo sobre que el Juez ordene al Ministerio Público que proceda a declarar que procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria en contra de —– como autores del delito de —- en agravio del Estado y los demandantes , es un imposible jurídico de amparar, por cuanto además de vulnerar la autonomía funcional de dicha institución constitucional, llega a peticionar que el Juzgado emita un pronunciamiento de fondo en la investigación Penal). Es por ello que en el proceso constitucional de amparo el juez constitucional no puede controlar si una determinada persona ha cometido un delito o si es válido un contrato de compraventa, por ejemplo, limitándose a determinar bien si un procesado ha sido sancionado con las debidas garantías o si una prueba relevante para la solución del caso ha sido admitida.
I.4 En efecto, cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de amparo sino sólo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta los derechos constitucionales.
I.5 Así pues el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4º del CPConst.” (STC N.º 3179-2004-AA/TC, fundamento 14). En tal sentido, el Art. 04º del Código Procesal Constitucional precisa que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio de tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso.
I.6 Se debe tener presente que, a fin de determinar el contenido del concepto de “Tutela Procesal Efectiva”, el último párrafo del Art. 4º del Código Procesal Constitucional establece que: “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.
I.7 Sobre el particular y conforme a la jurisprudencia constitucional del Supremo Interprete de la Constitución, el presupuesto procesal indispensable para la procedencia de una demanda de amparo contra una resolución judicial, es que exista la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de la persona; se advierte, así con toda certeza, que de manera preliminar la demandante Persona Jurídica —-, trata de cuestionar lo resuelto tanto por lo resuelto por la Fiscalía Provincial Penal , como al dictamen confirmatorio emitido en vía queja de derecho por la Fiscalía Superior , resoluciones en las cuales luego de casi dos años de investigación penal y la realización de todas diligencias y audiencias pertinentes en esa etapa como vía recurso de queja, no se advierte en lo absoluto, ni mucho menos se puede constatar, un agravio manifiesto del derecho fundamental a la verdad y/o de acceso a la justicia que pudiera alegar la demandante; evidenciándose más bien, que la pretensión de la actora se sustenta en la disconformidad de criterio, de la parte actora con la decisión jurisdiccional que le ha sido desfavorable a sus intereses; no obstante, de los términos de los dictámenes fiscales se advierten que los mismos se encuentran debidamente motivados, lo que demuestra que no se está frente a la ante la afectación manifiesta al derecho al “acceso a la justicia” o al “derecho a la verdad” y que por tanto los dictámenes fiscales cuestionados han sido emitidos dentro de un proceso regular. En tal sentido, los supuestos “derechos fundamentales de la Persona Jurídica” (1) no constituyen ni mucho menos deben ser agravios susceptibles de ser revisados en sede constitucional, puesto que ésta no puede servir para el cuestionamiento de los criterios adoptados por una instancia jurisdiccional, ya que con ello se pretendería revisar vía tutela urgente y extraordinaria (como es el proceso de amparo) las decisiones emitidas por un órgano revisor (como es incluso el Dictamen del Fiscal Superior Penal), lo que implica que el Juez Constitucional actúe como una supra instancia, y en contravención a la seguridad jurídica por las circunstancias de que la resolución judicial resulta adversa a las intensiones del pretensor.
I.8 En ese mismo hilo lógico de ideas el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado reiteradamente en el sentido que la revisión de una decisión jurisdiccional, sea ésta absolutoria o condenatoria, implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, competencia propia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. (STC N.º 2849-2004-HC/TC, Caso Ramírez Miguel).
De la improcedencia de la demanda por falta de demostración del Contenido Constitucionalmente Protegido.-
I.9 El Art. 5 Inc. 01 del Código Procesal Constitucional dispone como requisito sine quanon en cuanto a la procedencia de una demanda de amparo, que el demandante cumpla con evidenciar que el petitorio incoado y los hechos que fundamentan su demanda constitucional, se encuentran inmerson dentro del contenido constitucionalmente protegido, caso contrario la misma deba ser declarada improcedente.
I.10 Ahora bien sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha señalado en los fundamentos 21 y 22 de la STC 1417-2005-PA/TC, que todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, aquella según MARTINEZ- PUJALTE citando a SCHNEIDER ([2]) sería “el ámbito mínimo de libre autodeterminación del sujeto, garantizado por cada derecho fundamental, en que se encuentra completamente excluido de la acción penal – el espacio inmune del Estado (staatsfreie Sphare)”
I.11 El Tribunal Constitucional Español en su sentencia 11/1981, del 8 de abril, señaló: que “Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose por decir así. Todo ellos referido a un momento histórico en que cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales ;y Se puede (…) hablar de una esenciabilidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De ese modo se rebasa se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas allá de los razonable o lo despojan de la necesaria protección”.
I.12 En el presente caso, la empresa **** interpone demanda de amparo por supuesta vulneración a sus Derechos Fundamentales a la verdad y al acceso a la justicia, indicando que los mismos habrían sido vulnerados por el actuar arbitrario e inconstitucional del demandado Ministerio Público a consecuencia de no proceder a la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra ****.
I.13 La demandante afirma que la empresa *** como supuesta agraviada por el delito cometido, denunció por delito de ***** a los funcionarios ***** que participaron en estos Delitos . Así mediante Disposición Nº **** emitida por la *** Fiscalía Provincial *** se declaró que no procedía la formalización y continuación de la investigación preparatoria, decisión que fue confirmada por la *** Fiscalía Superior **** a través de la Disposición Nº ****.
I.14 Señala la demandante que ambas disposiciones fiscales son arbitrarias y lesionan, en su calidad de agraviada, su derecho a la justicia y a la verdad debido a que sustentan que los hechos no se encuentran probados cuando para ejercitar la acción penal (a través de la formalización de la investigación preparatoria) basta con que exista causa probable, no hechos probados en el grado de certeza lo cual sólo es exigible al momento de sentenciar. La demandante afirma además que la exigencia que hace el Ministerio Público para formalizar y continuar con la investigación preparatoria afecta los derechos de la agraviada ****porque sí existen en la investigación suficientes elementos probatorios que demuestran que hay causa probable y que merece continuar con la investigación preparatoria.
I.15 Sobre lo expuesto por la demandante, es decir, que supuestamente se le haya afectado, en su condición de “persona jurídica”, a su supuesto “derecho fundamental a la verdad” como al “acceso a la Justicia”, por cuando no se llegó a formalizar una investigación probatoria de un proceso de****, y que la misma haya sido ratificada por el fiscal superior dentro del marco de un debido proceso, el mismo que en ningún momento es cuestionado de irregular por parte de la demandante, por tanto desde ya se desprende que la demanda esta inmersa en la causal de improcedencia contenida en el Inc. 1 del Art. 05 del Código Procesal Constitucional por cuanto se evidencia que “los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
I.16 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, en el presente proceso de amparo contra resoluciones judiciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales que comprometa seriamente su contenido constitucionalente protegido, lo que de manera clara no ha sido demostrado en la demanda, por el contrario sí se evidencia que la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público, fue debidamente realizada y motivada, siendo además que dicha investigación tuvo como inicio el 2009, llegándose a determinar, tres años después de realizada la investigación y la toma de las declaraciones de los imputados, el archivamiento de la denuncia consecuentemente la no prosecución de la investigación preparatoria, esto es al no encontrar indicios suficientes de la comisión de los delito imputados, emitiéndose así las Resoluciones de archivamiento en el 2012, cual fue confirmada, vía recurso de queja, por la Fiscalía Superior el 2013, resoluciones las cuales, como se observa del tenor de aquellas, fueron debidamente motivadas y analizadas por parte del Ministerio Público, delito por delito , y a cada uno de los sujetos procesales imputados, en base a la determinación de la existencia de posibles indicios (no pruebas) que de manera suficientes determinen la continuación de la investigación. No pudiéndose en consecuencia, bajo ningún aspecto, afirmar la vulneración al derecho fundamental al acceso a la justicia o al derecho fundamental a la verdad.
I.17 Efectivamente lo que realmente solicita la demandante es la continuación del debate penal, ahora en sede constitucional mediante la revaloración estricta de todos los medios probatorios obrantes en la investigación penal a fin que el juez constitucional una vez realizados aquellos determine que las resoluciones del Ministerio Público adolecen de nulidad, solicitando inclusive, que sea el juez constitucional quien determine y/o ordene al Ministerio Público que proceda a formalizar y continuar con la investigación preparatoria, siendo que aquella (como es conocido en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional) no es una facultad del juez constitucional debido a que aquel no puede analizar la validez o invalidez de las resoluciones fiscales expedidas y determine si se debió o no formalizar una denuncia penal, u en todo caso formalizar una investigación preparatoria penal, ya que ello implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de las pruebas o de indicios de prueba suficientes, aspectos que no son de competencia ratione materiae de los procesos constitucionales, máxime si en los procesos constituciones no existe etapa probatoria que lo faculte analizar las pruebas susceptibles de ser cuestionas y o contrastadas para determinar la comisión de un ilícito penal.
I.18 Por otro lado, se observa que tampoco las resoluciones impugnadas constitucionalmente adolezcan de algún tipo de arbitrariedad ni mucho menos que evidencien un manifiesto agravio a algún derecho fundamental o constitucional de la demandante, estos es porque se denota un razonamiento lógico y detallado de la resolución que dispone la no continuación de la investigación preparatoria, luego de casi 03 años calendario de haberse llevado dicha investigación, recolectando la cantidad de información necesaria para poder llegar a determinar la existencia o no de material indiciario suficiente a efectos de configurar la continuación de la investigación preparatoria, más aún si se toma en consideración que durante todo el proceso no se negó la participación de la demandante, tanto es así que fue ésta quien presentó recurso de queja de derecho, siendo pertinente además que nunca se le negó su derecho de acceso a la justicia, tanto es así que se le permitió que realícese dentro del juicio oral, un informe oral donde se exponga el informe legal ofrecido en autos, y que obra de manera reiterativa en el expediente ordinario.
I.19 Se debe tener presente que los delitos investigados en sede fiscal fueron **** tipos penales los cuales tipifican como agraviado únicamente al Estado y no a cualquier tercero o particular como así equivocadamente se atribuye la demandante, puesto que el bien jurídico protegido es el patrimonio del estado, en tal sentido, la demandante no tendría legitimidad alguna válida para incoar una demanda constitucional, mucho menos atribuirse la calidad de agraviada, cuando ni siquiera se le ha causado algún tipo de perjuicio, máxime si sólo especula la posible comisión de un ilícito penal.
LA SENTENCIA EN EL CASO DE EVA LORENA BRACAMONTE FEFER
Análisis y Comentarios de la sentencia de la Corte Superior.
1.1 En mérito del Parte Policial Nº 273-08-DIRINCRI PNP/DIVINHOM- DEPINHOM.ES, de 25 de abril 2008, el Atestado Policial Nº 086-09-DIRINCRI2 de 23 de julio de 2009, y la formalización de la Denuncia Fiscal, el Juez Penal de Turno el 08 de setiembre de 2009 abrió instrucción en vía ordinaria contra Eva Lorena Bracamonte Fefer, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Parricidio; contra Liliana Castro Mannarelli y Alejandro Trujillo Ospina ò Hugo Armando Trujillo Ospina, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado (por lucro), ambos delitos en agravio de Silvia Myriam Fefer Salleres.
1.2 Tramitada la causa conforme a su naturaleza, concluida la investigación con los informes finales se elevó los autos a la Superior Sala Penal que lo remitió al despacho de la Octava Fiscalía Superior de Lima, quien formuló Acusación Penal contra los referidos implicados de los citados delitos, procediendo la Segunda Sala Penal de Lima a emitir el Auto Superior de enjuiciamiento el 02 de febrero del 2012, declarando Haber Mérito para pasar a Juicio Oral contra Eva Lorena Bracamonte Fefer, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Parricidio; contra Liliana Castro Mannarelli y Alejandro Trujillo Ospina o Hugo Armando Trujillo Ospina, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado (por Lucro), en agravio de Silvia Myriam Fefer Salleres.
1.3 El Dictamen Penal Acusatorio Nº 468-11-8º-FSPL emitida por la Octava Fiscalía Superior de lima determina que “los autos materia de investigación penal están referidos a un caso de homicidio con las agravantes de vínculo de parentesco con la víctima (respecto de la acusada Bracamonte Fefer) y el móvil de lucro (respecto de los acusados Castro Mannarelli y Trujillo Ospina), sosteniendo como fundamento de su dictamen fiscal, que en la madrugada del día 15 de agosto del 2006, la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres fue hallada en el interior de su domicilio ubicado en Calle Paúl Harris número 219 del distrito de San Isidro, tendida en el piso, al costado de su cama dentro de un charco de sangre, por su servidor Simeón Erasmo Huarcaya Cancho quien ingresó a la habitación llevándole los diarios del día, ante lo cual alertó a sus hijos, quienes se encontraban en el interior del inmueble, en sus respectivos dormitorios, pretendiendo darle los primeros auxilios; posteriormente con la concurrencia de los paramédicos y médicos se llegó a determinar que la agraviada había fallecido por asfixia mecánica, por estrangulamiento con un elemento constrictor en el cuello, lo que se verifica con el Protocolo de Necropsia; precisando que el autor del hecho ingresó al domicilio, se desplazó por el interior, ingresó a la habitación y sorprendió a la agraviada, quien opuso tenaz resistencia, siendo agredida físicamente con innumerables golpes para doblegar su resistencia, terminando con la uña acrílica rota, en la que se encontró muestras de sangre que sometido a examen ha llegado a determinarse corresponden al acusado Trujillo Ospina, quien fue el que en horas de la noche ingresó al inmueble, dirigiéndose específicamente a la habitación de la agraviada donde le dio muerte para posteriormente salir del inmueble”; imputa la Fiscalía Superior que “el accionar de dicho acusado fue facilitado por un miembro de la familia puesto que conocía el movimiento de la casa, las medidas de seguridad, así como los horarios en que los ocupantes del inmueble se retiraban a descansar; que Trujillo Ospina fue contratado por la acusada Eva Lorena Bracamonte Fefer en contubernio con la acusada Liliana Castro Mannarelli, quienes habrían acordado asesinar a la agraviada para apropiarse de su dinero, además de la herencia que recibiría de su abuelo Enrique Fefer Rotstein, quien en su testamento incluyó a la acusada Eva Lorena Bracamonte Fefer como heredera del tercio de libre disposición, pero que en realidad estaba destinado a su hija Silvia Myriam Fefer Salleres, por lo que al haberse acordado realizar la división y partición de la herencia, la agraviada hizo que su hija, la acusada Eva Lorena Bracamonte Fefer regrese de Israel en junio del año dos mil seis, a quien le indicó que una vez que se proceda a la División y Partición de todos los bienes de la herencia de su abuelo Enrique Fefer Rotstein y se produzca la Escisión de la empresa SIDERAL, ella tendría que entregarle la totalidad de los bienes heredados de su abuelo para que a su vez pueda realizar su testamento y dividir dichos bienes en partes iguales entre la procesada y hermano Ariel Bracamonte Fefer, siendo el caso que la acusada Eva Lorena no quería compartir su patrimonio, por lo que con la acusada Liliana Castro Mannarelli decidieron asesinarla contratando los servicios del acusado Trujillo Ospina, quien en su condición de ciudadano Colombiano ingresó al país con dicha finalidad. Supuestos de hecho que se encuentran subsumidos en los tipos penales previstos en los Arts. 107 y 108 Inc. 1 del Código Penal”.
1.4 Así las cosas la representante del Ministerio Público, solicitó a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, se le imponga a Eva Lorena Bracamonte Fefer por el delito de Parricidio; y a Alejandro Trujillo Ospina y Liliana Castro Mannarelli por delito de Asesinato en la modalidad de Homicidio por Lucro, la sanción de treinta y cinco años de pena privativa de libertad, así como el pago de novecientos mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
1.5 Posteriormente llevado a cabo el acto de juicio de oral, mediante sentencia del 12 de octubre de 2012, la Segunda Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel, dispuso por Unanimidad a) Absolver a la acusada LILIANA CASTRO MANNARELLI, de la acusación formulada en su contra como Autora de delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado por Lucro, en agravio de Silvia Myriam Fefer Salleres; b) Condenar a Alejandro Trujillo Ospina o Hugo Armando Trujillo Ospina como Autor de delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado por lucro, en agravio de Silvia Myriam Fefer Salleres-, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 35 años; c) Condenar a Eva Lorena Bracamonte Fefer como Autora de delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Parricidio, en agravio de Silvia Myriam Fefer Salleres, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 30 años y d) Fijar el monto de la reparación civil en la suma de novecientos mil nuevos soles, que abonarán los sentenciados en forma solidaria, a favor de los herederos de la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres.
2. EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO.-
2.1 En la doctrina nacional y comparada, a la fecha ya no es materia de debate o controversia que la Constitución sea considerada como la norma jurídica suprema y en cuanto tal, que sus contenidos deban ser escrupulosamente respetados por los poderes públicos y ciudadanos en general. La fuerza vinculante de la Constitución se desprende, entre otras disposiciones, de su Art. 38, cuando establece que “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”, Art. 44 que dispone que “Son deberes primordiales del Estado: (…) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”; Art. 45 que precisa que “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (…)”, y el Art. 51 que preceptúa que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”, entre otros.
2.2 Dentro del conjunto de derechos fundamentales establecidos en la Norma Fundamental destaca el debido proceso, toda vez que precisamente a través de él se van a poder materializar la defensa y realización del resto de derechos fundamentales. Precisamente, la vinculación de los principios y derechos que componen el debido proceso se constituye en una de las principales características del Estado Constitucional, siendo su observancia, conforme a los Arts. 38°, 44°, 45°, 51° y 139.3° de la Constitución, entre otros, exigible a todas las entidades estatales -dentro de las que destacan nítidamente aquellas de tipo investigadoras que pueden determinar presuntas responsabilidades ergo sanciones – así como exigible a las personas privadas. En tal extensión del debido proceso es imprescindible tener en consideración, como desarrollaremos más adelante, que la aplicación de los principios y derechos del debido proceso se realizará conforme a la naturaleza de estos ámbitos.
2.3 No obstante que el derecho al Debido Proceso es único, éste tiene dos manifestaciones totalmente diferenciadas, y que son útiles para determinar aquellos aspectos posiblemente vulnerados por el actuar del Estado o del Privado:
• El Debido Proceso Sustantivo o sustancial.
• El Debido Proceso Adjetivo o procesal.
2.4 El Debido Proceso Sustantivo tiene como contenido que todos los actos de poder (como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales) sean justos; es decir que sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. En otros términos, el Debido Proceso Sustantivo tiene relación con el concepto de razonabilidad, con la finalidad de no transgredir la armonía del sistema jurídico ni en lo formal ni en lo sustancial (1). Por otro lado, el Debido Proceso Adjetivo o Procesal está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sean vulnerados ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo al Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Este aspecto del derecho constitucional supone dos derechos:
• Derecho al proceso: La posibilidad de todo sujeto de derecho de acceder a un proceso o procedimiento con la finalidad que el órgano competente se pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela efectiva y diferenciada.
* Derecho en el proceso: Todo sujeto de derecho que participe en un proceso o procedimiento cuenta con un conjunto de derechos esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el respeto por las formas esenciales del procedimiento previamente establecido.
2.5 No obstante ser dos aspectos distintos del derecho al Debido Proceso, es evidente que la afectación al Debido Proceso Adjetivo implica una afectación al Debido Proceso Sustantivo, porque la vulneración del acceso al proceso y dentro del proceso, genera una vulneración al principio de razonabilidad. Esto supone que el Estado (el cual estaría representado bajo la sentencia materia de análisis emitida por la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima) tenga que acomodar su actuación dentro de los parámetros valorativos establecidos por la Constitución Política del Estado.
2.6 Así pues el Debido Proceso Sustantivo (Substantive Due Process), otorga derechos al ciudadano a que no solamente debe gozar de las garantías procesales de un juzgamiento adecuado, razonable, legítimo y legal, sino que el juzgamiento en sí mismo debe ser producto, o mejor dicho, debe contener intrínsecamente en todo momento, el denominado Principio de Razonabilidad, sin el cual no podremos jamás enfrentarnos a un juicio ponderado, justo, equitativo, legítimo y que tenga como fin una resolución final que efectivamente sea producto del ejercicio de subsunción que todo juzgador debe realizar. La razonabilidad en el acto de juzgar a una persona es, por encima de cualquier otro derecho, tal vez lo que más debe preocupar hoy en día, puesto que no solo se requiere contar con procedimientos impecables, intachables, transparentes y absolutamente respetuosos de las reglas procesales que existen en todo ordenamiento jurídico, sino que, en el desarrollo de la relación jurídico procesal, la actividad del juzgador deberá tener presente en todo momento si efectivamente lo que realiza es un acto razonable o no. Medir la razonabilidad de un acto humano no es una tarea fácil, ni es fácilmente definible en el texto de la ley o de un reglamento, y para ello requeriremos dar un paso más allá del ordenamiento interno, y buscar dentro de los instrumentos internacionales y sobre todo la jurisprudencia que emana de la jurisdicción supranacional de los Derechos Humanos para desentrañar la real dimensión de esta razonabilidad que debe imperar como condición esencial de un Debido Proceso Legal.
2.7 En el presente caso, y conforme al análisis y estudio realizado en el proceso penal seguido contra Eva Lorena Bracamonte Fefer por el delito de Parricidio y otros, como en especial consideración a lo desarrollado como sustento jurídico vertido por la Segunda Penal para Reos en Carcel de Lima, en la emisión de la sentencia condenatoria del 12 de octubre de 2012 y que condena a Eva Bracamonte como la autora del delito de parricidio en agravio de Myriam Fefer Salleres, somos de la opinión que la referida Sala Penal ha vulnerado específicamente la Garantía Constitucional del Debido Procesal de la procesada Eva Bracamonte Fever el aspecto procesal del Derecho al Debido Proceso (y por ende su aspecto material), en los siguientes aspectos:
2.8 En su vertiente de Derecho al proceso, porque no se me ha otorgado una adecuada tutela eficaz, al carecer el proceso de una objetividad en la emisión de la sentencia, emitida de manera arbitraria en perjuicio directo y real de la procesada.
2.9 En su vertiente de Derecho en el Proceso, porque la citada sentencia emitida no se han respetado como mínimo aquellos elementos que razonablemente resulten esenciales para que el debido proceso pueda cumplir su finalidad y no pierda su naturaleza para convertirse en algo distinto, que se pueden reseñar en los siguientes:
Derecho a la libertad probatoria (derecho a probar)
Derecho a la Debida Motivación de toda Resolución.
2.10 Ahora bien sobre el caso en particular la sala penal determina la responsabilidad penal de la procesada Eva Bracamonte señalando:
18. Si bien es cierto que en la cuenta de correo electrónico demonioresidente@hotmail.com no obra ninguna referencia al asesinato de la agraviada Myriam Fefer, ello se debe a que dicha cuenta recién se registró en agosto del dos mil siete, esto es, un año después de acaecida la muerte de la referida agraviada; lo que no implica que recién en esa fecha empezara la actividad del acusado como Sicario; por el contrario, en dichos correos se hace alusión a que viene realizando dicha actividad de tiempo atrás; siendo de relevar que no obstante ello, se aprecian coincidencias entre los datos consignados en dichos correos y la forma en que se ejecutó la muerte de la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres, por ejemplo, el acusado Trujillo Ospina en su declaración instructiva obrante a fojas siete mil quinientos dieciocho, aseveró que encontró encima de la mesa del dormitorio de la agraviada, la suma de siete mil dólares, suma que coincide con el monto de dinero que según el correo electrónico de fecha nueve de octubre del dos mil siete, cobra por realizar “sus trabajos”; (…)
20. El acusado Trujillo Ospina, sostiene que el móvil para ingresar a la casa de la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres fue el robo, que para ello ingresó al inmueble sito en la Calle Paul Harris, Urbanización San Mónica, distrito de San Isidro, escalando la reja del parque privado, luego la pared posterior del mencionado inmueble y finalmente ingresado al dormitorio de la agraviada por la ventana del baño; sostiene además que, la muerte de la agraviada fue casual; sin embargo, existen varios hechos que nos permite sostener con fundamento que el procesado Trujillo Ospina, no ingresó por la parte posterior de la vivienda como refiere, sino que lo hizo por el frontis de la residencia, aprovechando circunstancias materiales favorables.
27. El testigo Simeón Huarcaya, ha manifestado en forma uniforme, a lo largo del proceso, que cuando se levantó el día quince de agosto del año dos mil seis, a las seis de la mañana, sin explicación alguna, encontró la puerta de la cocina abierta, con los pestillos superior e inferior abiertos, igualmente la puerta del garaje, sin llave y sin seguro, pese a que, asegura, las cerró con llave y con cerrojo la noche anterior, encontrando también prendidas las luces de la cocina y del garaje; habiendo añadido en su manifestación a nivel policial, que encontró la puerta pequeña del garaje abierta y abierta también la mirilla que hay en ésta; lo cual, nos lleva indefectiblemente a concluir que el ingreso al dormitorio de la víctima se produjo por la parte interna de la casa, a través de la puerta del garaje que da a la Calle Paul Harris;
28. De otro lado, habiendo el acusado Trujillo Ospina venido sosteniendo que ingresó a la casa de la agraviada con la única finalidad de robar y que causó su muerte por accidente; debemos tener en cuenta, respecto del primer punto, que si bien tanto los empleados del hogar, como los hijos de la agraviada, coinciden en afirmar que el victimario sustrajo la laptop, el celular y cierta cantidad de dinero; de acuerdo a lo declarado en Juicio Oral por los Peritos Físico Químicos Marallano Carballo y Manrique Manrique y a las tomas fotográficas número ochenta a ochenta y cuatro, correspondientes al velador que se encontraba en la habitación de la víctima; no se apreciaron signos de rebusque en la habitación; apreciándose por el contrario, de las tomas fotográficas número cuarenta y cuatro, sesenta y tres, setenta y tres, y setenta y seis, que en la habitación de la agraviada habían otros artefactos, incluso una pistola, que podrían haber sido objeto de sustracción, sin embargo, fueron ignorados por Trujillo Ospina, quien además ha referido a nivel de instrucción que después de sustraer el celular lo arrojó al mar, lo que revela que no tenía mayor interés por apropiarse de los bienes de la agraviada; en cuanto al segundo punto, tenemos que la Perito Gladys Jesús Samamé Vallejos De Carrasco, quien estuvo a cargo de la autopsia en el cadáver de la agraviada, ha manifestado en Juicio Oral que las lesiones inferidas a la víctima antes del estrangulamiento, en las cuales se muestra violencia extrema, fueron hechas con el fin de someterla y de mermar su capacidad de defensa, y el estrangulamiento en sí, efectuado con doble lazo constrictor, cuando ya se encontraba la victima de cúbito ventral en el piso, lo que se encuentra evidenciado con el hecho de que los dos surcos de estrangulamiento eran ligeramente ascendentes en la parte posterior; proceder que pone de manifiesto que no se trató de un accidente como alega el acusado Trujillo Ospina, por el contrario, revela que fue estrangulada cuando ya se encontraba reducida, por lo que resulta evidente que Trujillo Ospina ingreso con la finalidad de dar muerte a la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres.
29. En tal sentido, la versión interesada del procesado Trujillo Ospina, no resulta congruente con la lógica y el desarrollo de los hechos; por cuanto, si un delincuente tiene el propósito de robar en una residencia, resulta insostenible que pretenda ingresar saltando y trepando un cerco, sin conocer qué le espera detrás del cerco; por ejemplo, perros, guardianes, vigilantes armados, cercos de electricidad, alarmas perimetrales, cámaras de vídeo, alarmas silenciosas, etcétera, etcétera; por ello, resulta insostenible que encontrándose sólo, en horas de la madrugada, transitando por uno de los distritos más seguros de Lima, de un país que no es el suyo, el cual no conocía, se aventure a ingresar a una vivienda al azar y lo que es más inaudito, sin contar con implementos o instrumentos para forzar puertas o cerraduras; salvo que cuente con la colaboración y participación activa de uno de los moradores de la vivienda, lo que en este caso se produjo, teniendo en cuenta que ingresó sigilosamente por el frontis de la vivienda, dirigiéndose directamente al dormitorio de la agraviada Myriam Fefer; es por ello, que sintomáticamente los cuatro perros que vivían en dicha residencia, no se percataron, ni escucharon ningún ruido extraño, ni olfatearon la presencia de un extraño en la casa, al igual que el personal que trabajaba en dicho lugar.
30. El acusado Trujillo Ospina, para perpetrar el delito, necesariamente debió contar con la colaboración de alguna persona que estaba en el interior del inmueble; así se desprende de los siguientes hechos probados: 1.- Alguien abrió exprofesamente los seguros internos de una de las puertas de acceso al inmueble para permitir que el acusado Trujillo Ospina ingresara, (..) 2.- Alguien de la casa evitó que la perrita de la agraviada, quien siempre dormía en el dormitorio de ésta, alertase de la presencia de un extraño en el momento en que se perpetró el hecho; lo que se acredita, con lo manifestado por los hijos y empleados de la agraviada, quienes han señalado que en la casa habían cuatro perros; uno de ellos, llamada “Chiqui”, que era la perrita consentida de la víctima, y a decir de dichos testigos, dormía en el dormitorio de la agraviada, ladraba mucho y era celosa con su dueña, en el sentido de que no le gustaba que se le acerquen, siendo agresiva con los extraños; sin embargo, contra toda lógica, la noche en que su ama, la agraviada Fefer Salleres fue victimada, no ladró ante la presencia del acusado Trujillo Ospina quien era un extraño para ella, ni ante la lucha feroz que se entabló entre su dueña y su atacante; pues si bien el acusado Trujillo Ospina dijo que vio a la perrita y esta ladró, esto no es posible, ya que si bien, podría ser factible, que por una u otra causa, ni el empleado, ni los hijos de la agraviada escuchasen nada, no ocurre lo mismo con los perros, quienes tienen un oído muy fino y perciben los ruidos extraños dentro de una casa, más si es de noche y se trata de una zona residencial, en donde habitualmente no hay bulla; de modo que, habiendo otros tres perros en la casa, estos necesariamente, habrían oído los ladridos de alerta de la perrita “Chiqui” y se hubiesen alarmado, como es habitual en el comportamiento de los canes; 3.- La acusada Eva Bracamonte se encontraba en el interior del inmueble en el momento de ocurridos los hechos, y no sólo poseía las llaves de las puertas de acceso al inmueble y tenía conocimiento que los manojos de llaves de las puertas de la casa, se guardaban en un cajón de la cocina a disposición de los moradores, habiéndolo así declarado los testigos Simeón Huarcaya, Ariel Bracamonte, Mendoza Illescas y la propia acusada Eva Bracamonte; quien por ser hija de la agraviada y morar en esa vivienda, gozaba de la confianza de la perrita de ésta.
31. Establecidos estos hechos, corresponde señalar los indicios que nos llevan a determinar la existencia de un móvil para la perpetración del delito de Parricidio por parte de la acusada Eva Lorena Bracamonte Fefer. Al respecto tenemos que, la agraviada Myriam Fefer, tenía proyectado que, una vez culminada la división de los bienes de la herencia de su padre, se efectuase una transacción entre ella y su hija la acusada Eva Bracamonte, a fin de que los bienes objeto del legado, revirtiesen a su nombre, para así poder distribuir equitativamente la herencia entre sus dos hijos
33. Se encuentra acreditado con lo declarado por la acusada Eva Bracamonte y el testigo Ariel Bracamonte, que la noche del catorce de agosto del dos mil seis, la acusada Eva Bracamonte Fefer, bajó al primer piso de su domicilio en dos oportunidades, después que las puertas habían sido aseguradas y las luces apagadas, ingresando en una de ellas al garaje; si bien refiere que lo hizo para buscar unas revistas por una tarea que le habían dejado en sus clases de francés en la Alianza Francesa y que es posible que se haya olvidado de apagar las luces; dicha versión ha quedado desvirtuada con el documento remitido por la Alianza Francesa, obrante a fojas dos mil seiscientos dieciocho a dos mil seiscientos veintitrés, según el cual, la profesora del curso, ha manifestado que no encargó ninguna actividad pedagógica que requiriera de fotos o actividades extramuros, información confirmada por la propia profesora del curso Delmira Vera Negrillo, en su manifestación a nivel policial, en la que ndica que en el segundo ciclo, en el que estudiaba la acusada, no acostumbra mandar trabajos que requieran material de revistas o periódicos; si bien la acusada, ante lo declarado por la testigo Vera Negrillo, ha señalado que en realidad no se trataba de un trabajo obligatorio y que buscó los recortes por iniciativa propia, para ilustrar mejor el tema que iban a tener al día siguiente, ello no resulta creíble, dado que se trata de una versión brindada después de que la profesora de francés rechazara su afirmación de que había dejado esa tarea, versión que además no es coherente con la primera, en la que afirmó que incluso se había olvidado de la tarea y por eso, al recordarla tuvo que bajar al primer piso después de que ya se habían apagado las luces; de otro lado, si bien la defensa de la acusada argumenta que lo declarado por la profesora no prueba que no dejó la tarea, en tanto sólo afirmó que “generalmente no acostumbra a hacerlo”, la lectura de lo declarado por dicha profesora, evidencia que no manifestó duda al respecto, por el contrario, fue concluyente cuando al finalizar su respuesta a dicha pregunta expresó: “por consiguiente, no esta etapa no acostumbro a mandar trabajos que requiera material de revistas o periódicos”.
34. Se encuentra acreditado con la Carta de la Empresa Telefónica del Perú Sociedad Anónima Cerrada, obrante a fojas mil trescientos ochenta y tres a mil trescientos ochenta y ocho, que el día y hora de los hechos, la acusada Bracamonte Fefer recibió dos llamadas del celular de su madre, la agraviada Silvia Myrian Fefer Sallers; la primera a la una de la madrugada con treinta y seis minutos y veintiún segundos, y la segunda a la una de la madrugada con treinta y seis minutos con cincuenta y cuatro segundos; si bien es cierto, este hecho, no evidencia indefectiblemente que, como lo sostiene el Ministerio Público, el acusado Trujillo Ospina utilizó el celular de la víctima para llamar a la acusada Bracamonte Fefer inmediatamente después de ocurridos los hechos, dado que la hora en que se registraron coincide con la hora en que se produjo la muerte; en tanto cabe también la posibilidad –como lo sostiene la defensa- de que las llamadas las hubiese efectuado la agraviada Silvia Myrian Fefer Salleres, en un intento fallido de solicitar auxilio a su hija.
35. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el acusado Alejandro Trujillo Ospina en Juicio Oral, durante su defensa material, ha manifestado que la agraviada Myriam Fefer se despertó después de que él ya había tomado la laptop, el dinero y el celular, lo que descartaría el segundo supuesto; por otro lado, en cualquiera de las dos circunstancias, el hecho de que la segunda llamada (hecha fracciones de segundos después de la primera), haya ingresado directamente al buzon de voz, implica que la acusada Eva Bracamonte Fefer apagó el celular después de la primera llamada, lo que a criterio del Colegiado, evidencia que se encontraba despierta o por lo menos consciente, cuando se estaban suscitando los hechos; careciendo de credibilidad lo sostenido por ésta en Juicio oral, respecto a que apagó su celular estando medio dormida, dado que, pese a la importancia de dichas llamadas, por haber sido efectuadas en el momento de perpetrado el crimen de su madre, en su declaración a nivel preliminar no los reportó, por el contrario, afirmó en su primera manifestación policial de fecha dieciocho de agosto del dos mil seis, que su celular no vibró ni timbró, para después, ante la contundencia del reporte de la empresa de telefonía que mostraba lo contrario, variar su versión, refiriendo en Juicio Oral que pudo haber apagado el celular casualmente, cuando se encontraba medio dormida y que no sabe como marcar para acceder al buzón y revisar sus mensajes de voz.
39. Resulta revelador que fuera a esta empleada, Lucía Del Carmen Mendoza Illescas, a quien la acusada Eva Lorena y su hermano Ariel Bracamonte Fefer (quien recién había cumplido la mayoría de edad), sin mayor justificación, mediante minuta de fecha diecinueve de octubre del dos mil siete, le donase el departamento ubicado en la Calle Mello Franco número trescientos setenta y dos, departamento cuatrocientos siete, del Distrito de Jesús María; sin bien afirma que se debió a que ésa era la voluntad de su madre, la agraviada Silvia Myrian Fefer Salleres, de los correos electrónicos de dicha agraviada, de fecha doce y trece de agosto del dos mil seis ( esto es, dos o tres días antes de su muerte), se tiene que la agraviada, no sólo no mencionó que quisiera donarlo, sino que por el contrario, manifestó que tenía intenciones de venderlo y ya había puesto los avisos en el periódico para tal efecto.
40. De otro lado, si lo que motivo tal acto de desprendimiento fue, como se alega, un acto de gratitud por el servicio prestado a su madre como empleada del hogar, no se puede dejar de advertir que, aun siendo la donación un acto de liberalidad que sólo responde a la voluntad del donante, resulta inexplicable el donar un inmueble (departamento) en reconocimiento al servicio prestado a la madre, dado que de acuerdo a lo manifestado por la testigo Mendoza Illescas, en su primera declaración, trabajó para la agraviada desde setiembre del dos mil cuatro ( esto es un año once meses antes de su muerte), a diferencia del empleado Simeón Huarcaya, quien venía trabajando para la agraviada y su familia durante muchos años.
56. En cuanto al debate generado por el valor real de las acciones y el de los inmuebles que fueron transferidos durante la gestión de Liliana Castro como Gerente Administrativa de la empresa, se debe señalar, que esto corresponde a temas de carácter empresarial que tienen que ver con el manejo económico de la empresa, lo cual no es materia del presente proceso y además no ha sido debidamente esclarecido a través de las Pericias Contables presentadas. (….) No obstante ello, no obran en autos elementos de juicio que acrediten algún contacto en ese país entre la acusada y los Trujillo Ospina, salvo la sospecha que por su relación con el presente caso, puede tenerse, pero que por sí sola, no puede constituir elemento de prueba suficiente para acreditar que se contactó con los Trujillo Ospina durante los citados viajes; por el contrario, existen en autos documentos como, la Declaración Jurada de Daniela Tizón Portilla.
60. Del análisis de todos estos elementos de juicio se desprende, que si bien se considera acreditada, la existencia de una relación sentimental entre ambas acusadas desde el mes de junio del año dos mil seis, esto es, antes de la muerte de la agraviada, y el beneficio económico que le reportó a Liliana Castro Mannarelli que Eva Bracamonte pudiera disponer libremente de su patrimonio, en tanto dicha circunstancia le permitió acceder a un nivel de vida ( viajes, bienes, estudios) que superaba su capacidad económica, no es menos cierto que todos estos actos de liberalidad fueron posteriores al delito materia de análisis, y pueden deberse a diversas causas, afectiva, conveniencia, etcétera, existiendo inclusive la posibilidad de un encubrimiento, pero, no obra un elemento probatorio fehaciente que de cuenta que esto se deba a la participación de Liliana Castro en la perpetración del crimen; el vínculo afectivo iniciado dos meses antes de los hechos, entre ambas, como único indicio ( dado que se han descartado los otros), no constituye un elemento de prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que la ampara.
2.10 Sobre la base de lo expuesto y estando al abundante material probatorio y pertinente sobre el esclarecimiento de la presente causa penal, se observa que la Sala Penal Sentenciadora, no ha cumplido con las observación escrupulosa del debido proceso vulnerándose de manera específica el derecho constitucional de la recurrente a la libertad probatoria, en tanto no ha cumplido con valorar los demás medios probatorios obrante en autos que determinan la comisión del ilícito investigado y que en todo caso, no se actuó diversos actos probatorios que hubiesen determinado, de manera objetiva el esclarecimiento del ilícito atribuido a la procesada Eva Bracamonte, vulnerándose así tanto su derecho fundamental al debido proceso adjetivo, como a su derecho al debido proceso sustento, por cuanto la sentencia expuesta adolece de una completa irrazonabilidad en el sustento de su decissum, las que la catalogan también en una sentencia indebidamente motivada.
2.11 En principio se denota un grave error cometida por la citada Sala Penal para reos en Cárcel que evidencia la inconstitucionalidad de su fallo, y que paradójicamente es el mismo órgano colegiado que da cuenta de ello y que pese a aquel, decide proseguir con el análisis del mismo en base a deducciones forzosos en base a una apreciación parcial e incompleta de los medios probatorios obrantes en autos y/o que debieron actuarse.
2.12 Claro está, en el considerando seis de los fundamentos de la sentencia (capítulo VII), el Colegiado Superior expone que: “habiéndose señalado a lo largo del juicio oral que durante la investigación preliminar se ha incurrido en negligencia al no haberse investigado todas las posibilidades que surgieron como probables causantes de la muerte de la agraviada, las cuales habrían llevado a inculpar a otras personas; ni se realizó una inspección criminal exhaustiva en el inmueble de la agraviada, que permita verificar o desvirtuar lo afirmado por el acusado Trujillo Ospina respecto al lugar, forma y circunstancias en la que ingresó al domicilio de la agraviada; debemos precisar que, entre las diversas posibilidades analizadas durante la investigación policial bajo la dirección del Ministerio Público, éste órgano en su condición de titular de la acción penal y responsable de la carga de la prueba ha formulado tesis incriminatoria contra los ahora procesados, por lo que, lo que se ha sometido a debate y corresponde ahora analizar, es la tesis de la Fiscalía en los términos propuestos en su Acusación” (sic); es decir, la referida Sala Penal determina que a) durante la investigación preliminar se ha incurrido en negligencia, al no haberse investigado todas las posibilidades sobre las causas probables de la muerte de la agraviada Myriam Bracamonte, b) que no se ha llegado a realizar una investigación exhaustiva en el inmueble de la agraviada sobre la modalidad de ingreso del sentenciado Trujillo Ospina al domicilio de la agraviada, entre otros, así y a pesar que la referida Sala Superior da cuenta de la falta de actividad probatoria pertinente y eficiente para determinar el esclarecimiento del delito, se deja de lado aquello y se vierte pronunciamiento subjetivo sobre el esclarecimiento de los hechos, subjetividad la cual, encontrándose encubierta bajo el manto del criterio jurisdiccional, no hace sino convertir desde el principio en dicha sentencia en una absolutamente vulneratoria a los derechos constitucionales de la condenada Eva Bracamonte a un debido proceso, por ende desde ya deviniendo en nula.
2.13 Asimismo cabe resaltar que la misma sentencia, paradójicamente, afirma que: “no obra en autos ningún indicio que nos induzca a pensar que existió algún vínculo o relación anterior entre la agraviada Fefer Salleres y el acusado Trujillo Ospina que pudiese constituir un motivo personal para matarla, nos conducen a la ineludible conclusión lógica, de que dicho acusado mató a la agraviada Silvia Myriam Fefer Salleres porque alguien lo contrató para hacerlo; el que no haya prueba directa de cómo o cuando se efectuó el pago por el crimen, no enerva la secuencia lógica que nos lleva a dicha conclusión, la cual expondremos” (sic), es decir, es la propia Sala Penal quien determina que no existe el más mínimo indicio (ni siquiera prueba) que determine algún nexo entre Eva Bracamonte y el sentenciado Trujillo Ospina, sin embargo el hecho que, a criterio de la sala, “no exista prueba alguna para aquello”, no implica que no se pueda deducir una conclusión, que en el presente caso, arribó a que Eva Bracamonte haya contratado los servicios de Trujillo Ospina para que en su supuesta calidad de sicario, al presente caso, haya dado muerte a su madre, con el propósito de obtener un lucro para ello.
2.14 Cabe resaltar un aspecto trascendental, que incurre además en catalogar a la sentencia del 12 de octubre de 2012 en una nula y inconstitucional, por cuanto quiebra el principio de razonabilidad y congruencia y que conforme al propio análisis desplegado por el mismo colegiado superior, desconoce el propio parámetro de ratio que iba a tener el colegiado al momento de la determinación de la configuración de los actos ilícitos, esto es en base a la acusación penal formulada por el Fiscal Superior Penal.
2.15 Así conforme obra en autos, y en especial del dictamen fiscal acusatorio recogido expresamente por la Sala sentenciadora se tiene que “Trujillo Ospina fue contratado por la acusada Eva Lorena Bracamonte Fefer en contubernio con la acusada Liliana Castro Mannarelli, quienes habrían acordado asesinar a la agraviada para apropiarse de su dinero” (sic), en tal sentido, si la supuesta contratación de Trujillo Ospina fue en base al contubernio necesario y realizado entre la acusada Liliana Castro Mannarelli y Eva Bracamonte, ¿cómo es posible concluir razonadamente que a una se le declare absuelta de todo ilícito penal, mientras que a la segunda se le condene con una pena privativa de la libertad de 30 años?.
2.16 Definitivamente si el móvil del crimen fue la obtención del lucro y el disfrute de ésta con la complicidad de la acusada Castro Mannarelli, quien habría sido la que coadyuvo decisivamente a la contratación y silencio del sentenciado Trujillo Ospina, no es jurídicamente sostenible afirmar la exculpación de una y a la vez determinar la culpabilidad en la otra.
2.17 Es menester recalcar que además que la Sala Superior Penal no realiza una debida valoración de los medios probatorios obrante en autos, ni realiza actuación probatoria suficiente ni configura mucho menos la copulación de estos para así acreditar objetivamente la responsabilidad penal atribuida a la sentenciada, es decir, sin demostrar siquiera la existencia de indicios que demuestren posteriormente la certeza en la comisión del ilícito, se llega a determinar fehacientemente que la procesada Eva Bracamonte contrato de los “servicios profesionales” del “supuesto sicario” Trujillo Ospina, para así dar muerte a su madre y hacerse de la supuesta herencia cuantiosa que la beneficiaria económicamente.
2.18 Así de manera paradójica la Sala Superior infiere, deduce y determina que la muerte de la agraviada Myriam Fefer se debió a la ambición lucrativa que haya tenido la procesada Eva Bracamonte, y que por ello contrato los servicio de aquél para dar muerte a la agraviada, sin embargo en ninguna parte de la referida sentencia se llega a establecer este nexo causal determinante para la comisión del citado ilícito penal, es más el supuesto viaje realizado a la argentina conjuntamente con la procesada Castro Mannareli, fue considerado como un medio probatorio completamente irrelevante para la determinación del nexo causal entre Trujillo Ospina y Eva Bracamonte, o para determinar la culpabilidad de la procesada Castro Manarelli.
2.19 En tal sentido, pese a ser un requisito sine quanon para determinar la autoria intelectual en la comisión del ilícito de parricidio a la sentenciada Eva Bracamonte, la Sala no llegó nunca a demostrar, ni mucho menos probar con algún tipo de indicio que determine a posteriori la certeza, que la procesada Eva Bracamonte haya contratado los servicios del condenado Trujillo Ospina, es más es en la misma sentencia se determina que “el sentenciado Trujillo Ospina mató a la agraviada Myriam Fefer porque alguien lo contrato para hacerlo y el hecho que no haya prueba directa de cómo o cuando se efectuó el pago del crimen no enerva la secuencia lógica que se lleva a la conclusión que Trujillo Ospina fue contrato por Eva Bracamonte”, así además de evidenciarse una grosera falta de suficiencia probatoria que determine efectivamente la afirmación hecha por la referida sala, pues base su certeza en una mera especulación y deducción de hechos, en realidad no cumple con demostrar ese nexo causal entre Eva Bracamonte y el sentenciado Trujillo Ospina en cuanto a su supuesta modalidad de sicariato, así si en principio se atribuye la comisión del ilícito de parricidio en la modalidad de “autoria intelectual”, lo mínimo es que se pruebe la orden dada a este supuesto sicario, el vinculo que los une y más aún se determine y pruebe el desembolso económico que haya realizado aquello a favor de él, hecho los cuales claramente no han sido ni mínimamente demostrados con algún tipo de indicio, por cuanto, si nunca se demostró, ni mucho menos se evidenció el pago realizado por el crimen perpretado, o por lo menos la orden dada a éste para la comisión del ilícito o el vinculo que les uniese para determinar la afinidad en la delegación del delito a cometer, es imposible jurídicamente atribuir la “autoría intelectual” en la comisión del delito de parricidio por parte de la procesada Eva Bracamonte, hechos los cuales en todo caso debieron ser probados por el Ministerio Público y/o solicitados de actuación probatoria por parte de la referida Sala Penal a fin de poder determinar y configurar el ilícito cometido (Parricidio) así pues en cuenta a dicho extremo, es imposible jurídicamente llegar a probar hechos inexistentes, por ello es ilógico pensar que la sentenciada llegue a probar la no vinculación con el referido sentenciado, hechos por los cuales es la misma sentencia quien al principio determina que fue alguien quien contrato a Trujillo Ospina, determinándose luego, en base a una supuesta aplicación lógica deductiva que haya sido la sentenciada quien de manera directa haya contratado los servicios profesionales de este supuesto sicario.
2.20 Sobre el particular y en este último aspecto cabe realizar una critica, a un mayor, a este extremo indicado, y esto es que si bien la Sala Penal determinó que Eva Bracamonte contrato los servicios profesionales del supuesto sicario (para el presente caso) Trujillo Ospina, es ilógico y escapa a toda razonabilidad que sea ésta persona quien haya dado muerte a la madre sentenciada estando la supuesta contratante en el mismo hogar donde se llevó a cabo el crimen y mucho más ilógico aún es que se determine que este profesional denominado “sicario”, haya dado muerte a la agraviada sólo utilizando sus manos, es decir, sin que llegue a utilizar algún tipo de arma de corto o largo alcance o algún tipo de arma blanca que haga fácil y rápido su supuesta labor de sicario, que como queda entendido al ser una labor especialidad y profesional se caracteriza por que dicho crimen sea realizada de la manera más limpia, pulcra y perfecta posible, es decir, que no deje huellas de la autoria en la comisión del citado acto ilícito.
2.21 En ese extremo y conforme obra en autos, muy por el contrario a la actividad de un profesional del sicariato se observa una gresca fuerte entre la agraviada y el sentenciado, con lesiones únicamente realizadas con agente contúndente duro, los propios puños del sentenciado, la sangre de él y de ella regado en la escena del crimen, producto de la lucha entre ambos, para finalmente que se determine que la muerte se debió a un estrangulamiento en el nivel del cuello de la agraviada, es decir, llegándose a determinar la muerte del mismo (porque así esta probado fehacientemente), producto de un claro enfrentamiento de aproximadamente 20 minutos para así posteriormente darle muerte mediante estrangulamiento, hechos que a todas luces evidencian una completa y contradictoria modalidad de asesinato en la modalidad de sicariato.
2.22 Así pues cabe recordar y al parecer no fue valorado así por la referida Sala Superior sobre el protocolo de necropsia Nº 2717-2006 indica que “en la sesión de audiencia de 08 de agosto del 2012, se ratificó que la agraviada presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, las que le ocasionaron la muerte fueron a nivel de cuello, el estrangulamiento, además que tenía lesiones en la cara, pierna derecha y otras de menos importancia en manos y pecho; la de la pierna es con arma blanca, es punzo cortante penetrante, las de la cara son contusas sobre superficie dura y la de cuello con elemento constrictor delgado; por contorno y la profundidad, es un elemento delgado podría ser una cuerda o un cordón y da doble vuelta al cuello; internamente no había evidencia de lesión interna en cavidad toxica o abdominal, a excepción del cuello, que por la compresión que se ha hecho, lesiona músculos y parte del sistema respiratorio; se evidencia que la agraviada luchó, defendiéndose, porque incluso se que tiene las uñas, que eran postizas, estaban rotas, en ambas manos; supone que el estrangulamiento se produjoal finalizar, porque las lesiones previa que tiene, son ocasionadas como para disminuir un poco su defensa y más que nada para someterla; lo más probable es que sea una persona la que la ha agredido, también podría haber sido una persona más, pero más no; en el Protocolo de Necropsia consignó una data de muerte de catorce a dieciséis horas, o sea, el deceso se ocasionó u ocurrió entre las veintitrés horas del mismo día o entre la una o dos horas del nuevo día; la agresión debe haber sido breve no cree que haya pasado de quince a veinte minutos; cuando examinó a la agraviada tenía los ojos un poco opacos, mejor dicho, las corneas ya no estaban tan transparentes, tenía livideces dorsales poco modificables, porque de cuatro ya tenía tres cruces, rigidez generalizada, pero no había signos de putrefacción aún; los fenómenos cadavéricos permiten dar una data de muerte pero también estos están supeditados al ambiente, al clima, a la contextura de la persona y a sus antecedentes patológicos; tiene que haber estado boca abajo cuando le lesionaron la pierna derecha, porque la lesión es de atrás hacia delante en el muslo derecho; el elemento constrictor rodea el cuello en dos vueltas y es traccionado hacia atrás, porque atrás es donde hay un lado que no tiene unión completa en la segunda vuelta; las lesiones múltiples que presenta la agraviada en el tórax, rostro, miembros inferiores y superiores, han sido ocasionadas antes de la muerte por estrangulamiento,porque tienen vitalidad; estando a las descripciones de las lesiones que presenta el cuerpo de la occisa, en especial las que presenta en el cuello se puede establecer que lo más probable es éstas se produjeron estando la víctimaechada, porque de pie es muy difícil someter a una persona; los signos cadavéricos se consignan al inicio de la necropsia; por los fenómenos cadavéricos, que son los cambios que se suscitan en el. Cadáver, se puede precisar una hora aproximada de muerte; por ejemplo, las livideces, que es la sangre que va hacia la zona de declive empiezan a partir de las dos horas y se consolidan hasta las doce y trece horas, mientras sucede eso, las livideces van tornándose de muy modificables a poco modificables, hasta que se hacen estables, igual es la rigidez, eso les da un aproximado”.
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DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA – DERECHOS DE LA PERSONA JURIDICA
Tema	Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
SubTema	Contenido
Resolución	N.º 02432-2007-HC
Fecha de publicación	22/01/2008
Caso	Rolando Apaza Chuquitarqui
Sumilla El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica impoporta atribuir jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones (FJ 13).
SubTema	Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica – Documento Nacional de Identidad
Sumilla La expedición del Documento Nacional de Identidad repercute directamente en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo (FJ 12).
SubTema	Documento Nacional de Identidad
Resolución	N.º 00114-2009-HC/TC
Fecha de publicación	07/05/2009
Caso	San Martín C.F.D.T.P. y W.K.D.T.P.
Sumilla La expedición del Documento Nacional de Identidad repercute directamente en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento, tal como se señaló en los párrafos precedentes, permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo. El derecho en mención importa atribuir jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Este reconocimiento, realizado sobre la base de una concepción ontológica del ser humano, constituye el fundamento para que el individuo pueda desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social, implicando, a su vez, la obligación –tanto del Estado como de los particulares– de respetar esta subjetividad jurídica. (FJ 9-14)
SubTema	Normatividad internacional
Sumilla El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, si bien no se encuentra previsto de manera expresa en el texto de nuestra Constitución, encuentra acogida en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (FJ 10-11).
Sub Tema Los derechos de la persona Jurídica
Resolución N.° 4972-2006-PA/TC
Fecha de expedición	04/08/2006
Caso	Corporación Meier S.A.C. y Persolar S.A.C.
Sumilla: Los derechos invocables por las personas jurídicas
13. Siendo constitucionalmente legítimo el reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas, conviene puntualizar que tal consideración tampoco significa ni debe interpretarse como que todos los atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona natural sean los mismos que corresponden a la persona jurídica. En dicho nivel resulta evidente que los derechos objeto de invocación solo pueden ser aquellos compatibles con la naturaleza o características de cada organización de individuos, incidencia que, por de pronto, impone en el juez constitucional el rol de merituador de cada caso, según las características o particularidades que le acompañan. No se trata, en otras palabras, de una recepción automática, sino de una que toma en cuenta la particularidad del derecho invocado, su incidencia a nivel de la persona jurídica y las circunstancias especiales propias de cada caso concreto.
14. En medio del contexto descrito y aun cuando no se pretende ensayar aquí una enumeración taxativa de los derechos que puedan resultar compatibles con la naturaleza o estatus de las personas jurídicas, cabe admitirse, entre otros, y desde una perspectiva simplemente enunciativa, los siguientes:
a) El derecho a la igualdad ante la ley (Artículos 2, incisos 2, 60, 63)
b) Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. El derecho a fundar medios de comunicación (Artículo 2, inciso 4)
c) El derecho de acceso a la información pública (Artículo 2, inciso 5)
d) El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (Artículo 2, inciso 5, párrafo segundo)
e) El derecho a la autodeterminación informativa (Artículo 2, inciso 6)
f) El derecho a la buena reputación (Artículo 2, inciso 7)
g) La libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica (Artículo 2, inciso 8)
h) La inviolabilidad de domicilio (Artículo 2, inciso 9)
i) El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados (Artículo 2, inciso 10)
j) La libertad de residencia (Artículo 2, inciso 11)
k) El derecho de reunión (Artículo 2, inciso 12)
l) El derecho de asociación (Artículo 2, inciso 13)
m) La libertad de contratación (Artículo 2, inciso 14)
n) La libertad de trabajo (Artículo 2, inciso 15, y Artículo 59)
o) El derecho de propiedad (Artículo 2, inciso 16)
p) El derecho a la participación en la vida de la nación (Artículo 2, inciso 17)
q) El derecho de petición (Artículo 2, inciso 20)
r) El derecho a la nacionalidad (Artículo 2, inciso 21)
s) El derecho a la inafectación de todo impuesto que afecte bienes, actividades o servicios propios en el caso de las universidades, institutos superiores y demás centros educativos (Artículo 19)
t) La libertad de iniciativa privada (Artículo 58)
u) La libertad de empresa, comercio e industria (Artículo 59)
v) La libre competencia (Artículo 61)
w) La prohibición de confiscatoriedad tributaria (Artículo 74)
x) El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (Artículo 139°, inciso 3)
15. Graficadas las cosas del modo descrito, queda claro que, en principio, y para casos como el presente, resulta perfectamente legítimo poder acudir al proceso constitucional como una manifestación que asume el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Naturalmente, y como inmediatamente se verá, dicha facultad deberá quedar condicionada a los propios supuestos previstos por la ley, de conformidad con la Constitución, contexto dentro del cual se plantea el siguiente tema de discusión.
Sustentación en la jurisprudencia precedente.
23. Este Colegiado considera pertinente puntualizar, que los criterios desarrollados por la presente sentencia (especialmente los que figuran en los fundamentos 13 a 14 y 17 a 20) se sustentan en la jurisprudencia precedentemente establecida por este mismo Tribunal, constituyendo de conformidad con el Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, parte de su doctrina constitucional vinculante, a tomarse en cuenta por todos los jueces y tribunales de la República, debiendo en todo caso, y sin perjuicio de lo resuelto, incorporarse expresamente a su parte resolutiva.
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Tema	Derecho a la libertad personal (I)
SubTema	Beneficios penitenciarios
Resolución	N. º 00965-2007-HC/TC
Fecha de publicación	17/09/2007
Caso	Leoncio Abel Rojas Pérez
Sumilla Se restringe la concesión de beneficios penitenciarios a personas condenadas por el delito de violación sexual (FJ 1-8).
Resolución	N. º 05904-2005-HCI/TC
Fecha de publicación	10/08/2006
Caso	David Orlando Bravo Flores
Sumilla Los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial y el tratamiento, y en los factores positivos como la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta.
La determinación de si corresponde, o no, otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió, o no, los supuestos formales que la normatividad contempla.
La concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, y si corresponde reincorporar al penado a la sociedad antes del cumplimiento de la totalidad de la condena impuesta, si es que éste demuestra estar reeducado y rehabilitado (FJ 5-7).
Resolución	N. º 03365-2005-HC/TC
Fecha de publicación	25/05/2006
Caso	Freddy Hermes Panta Ginochio
Sumilla Mediante los beneficios penitenciarios, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez pueda eventualmente suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización está condicionada a que los fines de la pena se hayan cumplido. La determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normativa contempla (FJ 4-6).
6. De otro lado, dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aun antes de que se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. Por tanto, la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar que el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la pena, permita prever que este está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber dado muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado (FJ 4-6).
Resolución	N. º 02898-2005-HC/TC
Fecha de publicación	06/04/2006
Caso	Juan Carlos Benel Rojas
Sumilla Los beneficios penitenciarios son estímulos que coadyuvan a la reinserción del interno en la sociedad. No constituyen, por tanto, un derecho que pueda ser exigido por el solo motivo de reunirse los requisitos formales. Además del cumplimiento de estos requisitos, se debe tener en cuenta la personalidad del agente (FJ 6).
Resolución	N.º 04220-2005-HC/TC
Fecha de publicación	04/04/2006
Caso	Freddy Hermes Panta Ginocchio
Sumilla Se precisa que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y la reinserción social; la prevención especial y el tratamiento; y, en los factores positivos en la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta (FJ 3 y 4).
SubTema	Cadena Perpetua
Resolución	N. º 00003-2005-AI/TC
Fecha de publicación	10/12/2006
Caso	Legislación antiterrorista (II)
Sumilla En nuestro ordenamiento jurídico, las penas pueden ser de distintas clases: privativas de la libertad (entre ellas la de cadena perpetua), restrictivas de la libertad (expatriación y expulsión), limitativas de derechos (prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación) y la pena de multa.
En relación a la cadena perpetua el Tribunal Constitucional considera que ésta es incompatible con el principio-derecho de dignidad humana, puesto que detrás de los fines constitucionales de la pena -reeducación, rehabilitación y reincorporación- también se encuentra necesariamente una concreción del derecho-principio de dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, por tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. Precisamente, dicho derecho-principio, en su dimensión negativa, impide que los seres humanos sean tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada persona, incluso la que delinque, debe ser considerada como un fin en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía.
La cadena perpetua, sin posibilidades de revisión, no es conforme con el derecho-principio de dignidad de la persona humana ni tampoco con los fines constitucionales de las penas. De ahí que la ejecución de política de persecución criminal del Estado se debe realizar, necesariamente, respetando los principios y valores constitucionales así como los derechos fundamentales de las personas (FJ 13-42).
SubTema	Concepto
Resolución	N.º 0019-2005-PI/TC
Fecha de publicación	20/07/2005
Caso	Arresto domiciliario
Sumilla Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias (FJ 11).
SubTema	Condiciones carcelarias
Resolución	N.º 0681-2007-HC/TC
Caso	Ramón Castro Espinoza
Sumilla El traslado de los internos de un establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto inconstitucional. De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 654, Código de Ejecución Penal, el interno es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria (FJ 3-5).
SubTema	Contenido esencial
Sumilla El Tribunal ha considerado que no todo contenido adicional que se le otorgue al derecho a la libertad personal, con el fin de optimizarlo, resulta válido, pues sólo lo sería si es que tal contenido no afecta valores o principios constitucionales (FJ 26 y 27).
SubTema	Desaparición forzada
Resolución	N.º 4677-2005-HC/TC
Fecha de publicación	26/01/2006
Caso	Juan Nolberto Rivero Lazo
Sumilla La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, dado que afecta a mas de un bien jurídico ya que vulnera la libertad física, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, el conocimiento de la personalidad jurídica y a la tutela judicial efectiva (FJ 26).
SubTema	Detención domiciliaria
Resolución	N.º 06201-2007-HC/TC
Fecha de publicación	18/03/2008
Caso	Moisés Wolfenson Woloch
Sumilla Teniendo en cuenta a) que la detención domiciliaria es una medida cautelar que le sigue en grado de intensidad a la detención preventiva; b) que su dictado supone una restricción de la libertad individual; y, c) que el artículo 47.° del Código Penal contempla la posibilidad de abonar al cómputo del quantum condenatorio, además de la detención preventiva, la pena multa o limitativa de derechos; resulta, por tanto, razonable y constitucionalmente válido que los días, meses o años de arresto en domicilio, a pesar de no existir previsión legal que contemple este supuesto, sean considerados por el juez a efectos de reducir la extensión de la pena, o dicho en otros términos, para abonar al cómputo de la pena y contribuir al cumplimiento de la condena (FJ 2-9).
URL: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06201-2007-HC.html
Resolución	N.º 05259-2005-HC/TC
Fecha de publicación	07/11/2006
Caso	Segundo Nicolás Trujillo López
Sumilla La detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón del distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo. Sin embargo, se asemejan por el objeto, es decir, en el hecho de que impiden que una persona se autodetermine por su propia voluntad a fin de asegurar la eficacia en la administración de justicia.
En nuestra legislación, la detención domiciliaria se ha considerado dentro de las medidas de comparecencia, y es la más gravosa de todas (FJ 5-6).
SubTema	Detención judicial preventiva
Resolución	N. º 09884-2006-HC/TC
Fecha de publicación	08/08/2007
Caso	Berly Luis Silva Reaño
La detención judicial preventiva debe ser una medida provisional; es decir que su mantenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado (FJ 3).
Resolución	09809-2006-HC/TC
Fecha de publicación	01/04/2007
Caso	Fernando Melciades Zevallos Gonzales
Las características de la motivación de la detención judicial preventiva son: suficiente, porque debe expresar las condiciones de hecho y derecho, y razonada en el sentido que observa la ponderación judicial en torno a la concurrencia de los aspectos que justifiquen la adopción de la medida cautelar (FJ 3).
Sumilla La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, debe ser más estricta tratándose de la detención judicial preventiva, de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial (FJ 2).
Sumilla El juez constitucional no es competente para determinar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la adopción o el mantenimiento de la detención judicial preventiva, sino para verificar que haya sido adoptada de forma fundada, completa y acorde con los fines y carácter excepcional, valorando si se presenta una evaluación razonada y suficiente de sus elementos, el cual no lo priva de delimitar criterios. (FJ 4).
Resolución	N.º 05100-2006-HC/TC
Fecha de publicación	15/10/2006
Caso	Marco Antonio Narváez Natividad
Sumilla El Tribunal Constitucional establece que son dos las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva. De este modo tiene que ser “suficiente”, es decir expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. Deber ser “razonada”, es decir observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada. (FJ 4).
Resolución	N. º 07038-2005-HC/TC
Fecha de publicación	20/08/2006
Caso	Eleuterio Percy Mestas Urrutia
Sumilla El Tribunal Constitucional no es competente para determinar la concurrencia, en cada caso, de las circunstancias que legitiman la adopción o mantenimiento de la detención judicial preventiva, lo cual es una tarea que incumbe en esencia al juez penal. Pero, tiene competencia para verificar que la adopción de la medida cautelar sea constitucionalmente legítima, lo que exige que haya sido adoptada de forma fundada, completa y acorde con los fines y carácter excepcional de la institución en referencia (FJ 4).
Resolución	N. º 02510-2005-HC/TC
Caso	César Javier Chávez Berrocal
Sumilla Se señala que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, no es inconstitucional. Esto es así porque, en esencia, la detención judicial preventiva es una medida cautelar, dado que se dicta para asegurar la efectividad de la sentencia condenatoria a dictarse en el futuro (FJ 6).
SubTema	Detención Judicial Preventiva – Concepto
Resolución	N.º 03200-2005-PHC/TC
Fecha de publicación	12/10/2006
Caso	Ruth Elizabeth Aleman Cháves
Sumilla La detención judicial preventiva constituye una medida cautelar que limita la libertad física, la misma que se dicta por asegurar la efectividad de la sentencia condenatoria a dictarse en el futuro, por tanto no se trata de una medida punitiva no siendo inconstitucionalidad (FJ 6).
SubTema	Detención judicial preventiva – arresto domiciliario
Sumilla Si bien es cierto que ambas restricciones a la libertad constituyen medidas cautelares personales, no pueden equipararse, pues las condiciones en las que se desarrollan no tienen identidad con relación a su afectación a la libertad personal. (FJ 23).
SubTema	Detención judicial preventiva – causas que justifican su dictado
Resolución	N.º 2915-2004-HC/TC
Fecha de publicación	24/11/2004
Caso	Federico Tiberio Berrocal Prudencio
Sumilla Se sostiene que son dos los factores sustanciales que deben ser atendidos por la judicatura al momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la limitación del derecho a la libertad personal materializada en una detención judicial preventiva: de un lado, las causales que la justifican; y, de otro, la duración de la medida. El Tribunal Constitucional, en el Caso Silva Checa (Exp. N.º 1091-2002-HC/TC), ha tenido oportunidad de pronunciarse in extenso respecto de las causas que justifican el dictado de una medida de detención; siendo éstas, básicamente, la presunción de que el acusado ha cometido un delito (como factor sine qua non, pero en sí mismo insuficiente), el peligro de fuga, la posibilidad de perturbación de la actividad probatoria (que pudiera manifestarse en la remoción de las fuentes de prueba, colusión, presión sobre los testigos, entre otros supuestos), y el riesgo de comisión de nuevos delitos.
SubTema	Detencion judicial preventiva – motivacion
Resolución	N. º 07448-2005-HC/TC
Fecha de publicación	16/01/2007
Caso	Rafael San Román Garatea
Sumilla Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial y evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. Dos son, en ese sentido, las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva. En primer lugar, tiene que ser “suficiente”, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo lugar, debe ser “razonada”, en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada (FJ 2-4).
Sumilla En la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser estricta, pues sólo de esa manera será posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, así como evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. Las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva son: ser suficiente, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla; ser razonada, en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada (FJ 3).
SubTema	Detención judicial preventiva – plazo
Resolución	N. º 07624-2005-HC/TC
Fecha de publicación	01/08/2006
Caso	Hernán Ronald Buitrón Rodríguez
Sumilla Se realiza precisiones en torno al artículo 137º del Código Procesal Penal. Además, se señala que cuando en casos excepcionalísimos, el delito de tráfico ilícito de drogas represente un grave peligro para la seguridad ciudadana, la soberanía nacional, el estado de derecho y de la sociedad en su conjunto, el juez podrá disponer la prolongación del plazo de detención más allá de 36 meses hasta el máximo permitido por ley, mediante resolución debidamente motivada (FJ 20-22).
Sumilla Se señala que a efectos de determinar la razonabilidad del plazo de detención, es preciso analizar si el juez penal ha procedido con diligencia especial en la tramitación del proceso. Es deber del juez penal dotar de prioridad debida y actuar con una diligencia especial en la tramitación de las causas en las que el inculpado se encuentre en condición de detenido (FJ 6-9).
URL: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/07624-2005-HC.html
Sumilla A efectos de determinar la razonabilidad del plazo, en lo que respecta a la valoración de la actividad procesal del detenido, es preciso distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado, de la denominada “defensa obstruccionista”. El Tribunal menciona conductas que deben ser meriatuadas como intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso (FJ 16-19).
Resolución	N.º 4568-2005-HC/TC
Fecha de publicación	16/08/2005
Caso	Maritza Yolanda Garrido Lecca Risco
Sumilla Se concluye que los 36 meses establecidos como plazo máximo de detención previsto para procesos declarados nulos que se hubiesen seguido en fueros diferentes, cuyo cómputo se inicia desde la fecha en que se dictó el nuevo auto de detención, se encuentra dentro de los límites legales para considerar una detención preventiva constitucionalmente válida (FJ 11-17)
Resolución	N.º 02915-2004-HC/TC
Sumilla Se señala que el hecho de que el plazo razonable de duración de la detención preventiva no pueda ser valorado a nivel abstracto, no significa que el legislador se inhiba de establecer una regulación que sirva de parámetro objetivo para el enjuiciamiento de un caso concreto en el que haya sido dispuesta la medida. En el caso del ordenamiento jurídico nacional, el artículo 137º del Código Procesal Penal regula el plazo máximo de la prisión preventiva (FJ 32-42).
Sumilla Se señala que no es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la prisión provisional pueda reputarse como irrazonable. Ello implicaría asignar a los procesos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida, supuesto que es precisamente ajeno a la grave y delicada tarea que conlleva merituar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los individuos acusados de la comisión de un ilícito. En tal sentido, para determinar si dicha razonabilidad ha sido rebasada, es preciso atenerse a las específicas circunstancias de cada caso concreto. Sin embargo, ello no impide el establecimiento de criterios o pautas que permitan al juez constitucional determinar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva: a) Actuación de los órganos judiciales: “Prioridad y diligencia debida”; b) Complejidad del asunto y; c) Actividad procesal del detenido (FJ 11-31).
URL: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02915-2004-HC.html
SubTema	Detención judicial preventiva – variación de la medida
Resolución	N.º 1609-2004-HC/TC
Fecha de publicación	27/04/2005
Caso	Peter Toribio Alegría
Sumilla La detención judicial preventiva, como toda medida cautelar, se encuentra sometida a la máxima rebus sic stantibus, pues su permanencia o modificación estará siempre sujeta a la estabilidad o a los presupuestos iniciales en virtud de los cuales se adoptó la medida, por lo que es posible que si estos sufren modificación, la medida sea variada (FJ 2).
SubTema	Doble carácter
Resolución	N.º 1317-2008-HC/TC
Fecha de publicación	03/06/2008
Caso	Felipe Tudela y Barreda
Sumilla El significado de libertad obedece a una doble dimensión, en tal sentido, puede ser entendida como un valor superior que inspira al ordenamiento jurídico y a la organización misma del Estado, pero, de otro lado, la libertad también es un derecho subjetivo cuya titularidad ostentan todas las personas sin distinción (FJ 12).
Resolución	N. º 06142-2006-HC/TC
Fecha de publicación	06/05/2007
Caso	James Rodríguez Aguirre
Sumilla La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2°, inciso 24, de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no solo es un derecho subjetivo; también constituye uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de derecho, pues se instituye como base de diversos derechos fundamentales y justifica la propia organización constitucional (FJ 2).
Resolución	N. º 08815-2005-HC/TC
Fecha de publicación	18/04/2006
Caso	Francisco Mallma Tinco
Sumilla El derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble carácter. Es un derecho subjetivo, pero también una institución objetiva valorativa. Como derecho fundamental (artículo 2, inciso 24, de la Constitución), garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas. Como derecho objetivo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, por cuanto informa nuestro sistema democrático y el ejercicio de los demás derechos fundamentales, a la vez que justifica la propia organización constitucional (FJ 2).
SubTema	Doble carácter – derecho subjetivo
Resolución	N.º 02510-2005-HC
Sumilla En cuanto derecho subjetivo, el derecho a la libertad personal garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias o ilegales (FJ 4).
SubTema	Flagrancia
Resolución	N.º 01957-2008-HC
Fecha de publicación	04/12/2009
Caso	Féliz Santiago Hilario Cruz
Sumilla Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo
SubTema	Gracia presidencial
Resolución	N.º 04053-1007-HC/TC
Fecha de publicación	27/02/2008
Caso	Alfredo Jalilie Awapara
Sumilla En el caso de la gracia presidencial, constituyen límites formales de la misma, los requisitos exigidos de manera expresa en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, a saber: 1) Que se trate de procesados, no de condenados 2) Que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. 3) la necesidad de refrendo ministerial (artículo 120 de la Constitución).
SubTema	Límites
Resolución	N.º 02635-2007-HC/TC
Fecha de publicación	20/01/2008
Caso	Epifanio Ruiz Crespo
Sumilla Como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal no es absoluto, pudiendo limitarse tanto de forma intrínseca, respecto de su naturaleza y configuración del derecho en cuestión, como también se puede restringir de forma extrínseca, cuando provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales (FJ 3).
Resolución	N.º 09426-2005-HC/TC
Fecha de publicación	23/10/2006
Caso	José Luis Olivares Pérez
Sumilla Ningún derecho fundamental puede ser ilimitado en su ejercicio, siendo los límites que puede imponérsele tanto intrínsecos como extrínsecos. Por esta razón la medida de detención preventiva si bien restringe la libertad física, esta no es inconstitucional pues en esencia constituye una medida cautelar. Por lo dicho solo se justifica cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. (FJ 3 y 4)
Resolución	N.º 09068-2005-PHC/TC
Fecha de publicación	04/10/2006
Caso	Carlos Yupanqui Pañez
Sumilla El derecho a la libertad personal, no es un derecho absoluto, sino relativo, entendiéndose de que no toda restricción de la libertad es inconstitucional. Así en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios se configura la excepción de la regla de que no cabe prisión por deudas; ello en razón de estar de por medio, la tutela de los derechos fundamentales como lo es la dignidad de la persona humana, la vida, la salud y la integridad física y psicológica del alimentista (FJ 1 y 3).
Resolución	N.º 02718-2006-PHC/TC
Fecha de publicación	03/10/2006
Caso	Freddy Bill Cordero Palomino
Sumilla La libertad personal además de ser un derecho fundamental reconocido es un valor superior de ordenamiento jurídico garantizándose que éste no sea restringido en forma arbitraria, sin embargo su ejercicio no es absoluto e ilimitado, existiendo casos previstos en la ley (FJ 3).
SubTema	Mandato de comparecencia con detención domiciliaria
Resolución	N.º 0731-2004-HC/TC
Fecha de publicación	30/05/2005
Caso	Alfonso Villanueva Chirinos
Sumilla El Tribunal tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 139º incisos 8 e la Constitución, resalta dos premisas:
a) La existencia del plazo máximo, no resulta el único criterio determinante para constatar que una detención deviene en desproporcionada y arbitraria luego de vencido el plazo, pudiendo tornarse en tal, inclusive antes del cumplimiento del mismo, cuando por ejemplo, desaparezcan las razones que motivaron el propio mandato.
b) La inexistencia de un plazo máximo legal, de ninguna manera puede admitirse como justificación válida para la permanencia de una medida restrictiva de derechos, de forma indefinida, arbitraria y desproporcionada (FJ 13).
Asimismo, el Tribunal establece con carácter vinculante, los criterios que sirven de parámetro al juez constitucional para determinar si una persona esta detenida en su domicilio más allá del tiempo razonablemente necesario:
1. El peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas antijurídicas. Fines que deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse (FJ 16).
2. Evaluación de la razonabilidad del plazo en la detención provisional. Estos son:
a) La actuación diligente de los órganos judiciales.
b) La complejidad del asunto.
c) La actividad procesal del detenido. (FJ 17).
Publicado en Libertades Constitucionales
Tema	Derecho a la libertad de reunión
SubTema	Limitaciones
Resolución	Nº 6165-2005-HC/TC
Fecha de publicación	19/06/2006
Caso	Blanca Lucy Borja Espinoza
Sumilla Los motivos que sustenten cualquier prohibición o restricción del derecho de reunión, deben ser probados. En tal virtud, no debe tratarse de simples sospechas, peligros inciertos, ni tampoco de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios, sino deben ser razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas.
Del mismo modo, la prohibición debe ser la última ratio a la que puede apelar la autoridad administrativa o judicial para limitar el derecho, debiendo optar, de ser posible, por medidas simplemente restrictivas, tales como proponer la modificación del lugar, fecha, hora duración o itinerario previsto (FJ 9).
Derecho a la educación / Proceso educativo
Resolución	N.º 4232-2004-AA/TC
Fecha de publicación	18/07/2006
Caso	Larry Jimmy Ormeño Cabrera
Sumilla El proceso educativo en nuestro país, se encuentra regulado por un conjunto de principios, siendo éstos los siguientes: a) principio de coherencia, b) principio de libertad y pluralidad de la oferta educativa, c) principio de responsabilidad, d) principio de participación, e) principio de obligatoriedad y f) principio de contribución.
Los tres grandes objetivos que se deben alcanzar a través del proceso educativo peruano son: a) promover el desarrollo integral de la personal, b) promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo y c) el desarrollo de la acción solidaria.
Todo proceso educativo, en todas sus formas y en todos sus niveles posee las siguientes características fundamentales: disponibilidad, accesibilidad. aceptabilidad y adaptabilidad ( FJ 12,13,16,17) .
Derecho a la educación / Normatividad internacional
Resolución	N.º 04646-2007-HC/TC
Fecha de publicación	18/05/2008
Caso	Feliciano Contreras Arana
Sumilla El Tribunal Constitucional se refiere a aquellos instrumentos internacionales que se relacionan directamente con el derecho a la educación (consagrado en la mayor parte de ellos), el enfoque de los derechos del niño, especialmente los vinculados a la educación; y al interés superior del niño. En ese sentido, se menciona a: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana de Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre los Derechos del Niño; y, la Convención sobre los Derechos del Niño (FJ 26-41).
Derecho a la educación / Límites
Resolución	04232-2004-AA/TC
Sumilla Señala el Tribunal Constitucional que si bien es cierto que el ejercicio del derecho constitucional a la educación universitaria y la libertad científica o los derechos fundamentales conexos, adquieren en el Estado democrático y social de derecho un carácter significativo, también lo es el hecho de que estos, como se ha reiterado, no constituyen estados de libertad irrestrictos (FJ 44).
Derecho a la educación / Efecto horizontal
SubTema	Efecto horizontal
Resolución	N. º 0607-2009-AA/TC
Fecha de publicación	18/03/2010
Caso	Jhon Lojas
Sumilla “(…) Ellas [las empresas] no deben perder nunca de vista que tienen frente a sí un derecho esencial para el desarrollo de todo ser humano y primordial para alcanzar la justicia que tanto reclaman nuestros países. Por ello, su labor no debe desarrollarse sólo en la búsqueda de un mero interés económico, sino que debe representar ese espíritu de solidaridad y humanidad que toda institución universitaria tiene como esencia misma de su función social y educativa”. (F J 15)
Debido Proceso – Tutela Jurisdiccional E
Derechos Constitucionales y Fundamentale
LA GARANTIA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO STC 004-2010 PI/TC
LA EXPROPIACION INDIRECTA FRENTE A LA MUTACION DEMANIAL– STC 03-2007-PC/TC, PROCESO COMPETENCIAL ENTRE LA M. DE SURQUILLO Y LA M. DE MIRAFLORES
La vía pertinente en un proceso de amparo ante resoluciones emitidas por los Colegios de Abogados, y los procesos contenciosos administrativos STC 5691-2008 AA
Principio de la ‘kompetenz-kompetenz’
LA PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LO RESUELTO EN OTRO PROCESO DE AMPARO – AMPARO CONTRA AMPARO [ 6 votes ]
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“EL RÉGIMEN DEL TERROR EN DOS ETAPAS DEL PROCESO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA: ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS DE DANTON Y ROBESPIERRE”. [ 5 votes ]
LA GARANTIA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO STC 004-2010 PI/TC [ 4 votes ]
Derecho a la libertad de tránsito / Límites [ 4 votes ]
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