Source: http://jorgesuberoisa.blogspot.com/
Timestamp: 2016-05-25 03:16:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 61', 'artículo 67', 'artículo 155', 'artículo 156', 'Artículo 156', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

tema de responsabilidad civil)
Como muchos saben, la responsabilidad civil es
una rama de las ciencias jurídicas que tiene por finalidad reparar el daño que
se causa a otro cuando ese daño no está autorizado por la Constitución y por
las leyes adjetivas; pues hay daños que se encuentran autorizados infligir. Es un principio antiquísimo y con una gran dosis de equidad y de
justicia, que descansa sobre la base de que todo aquel que causa un daño está
obligado a repararlo. No debe confundirse la responsabilidad civil con la
responsabilidad penal, porque esta solo lesiona el interés de la sociedad,
mientras la primera perjudica por lo regular a un particular. Desde luego, hay
hechos que causan daños tanto a la sociedad como a los particulares: matar a
una persona compromete la responsabilidad penal y la civil del autor del hecho
y de otras personas. La diferencia es importante porque para que haya
responsabilidad penal se requiere de una disposición legal que previamente
sancione el hecho cometido, mientras que la responsabilidad civil existe
independientemente de que el hecho se encuentre sancionado. Por esta razón es
que la máxima "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege" solo
tiene aplicación desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Lo normal es que quien esté obligado a reparar
el daño sea quien lo causó, es decir su autor directo; pero en ocasiones el
daño lo ocasiona una persona que depende de otra persona. Cuando el daño lo ocasiona uno mismo, se dice que compromete su
responsabilidad personal; en cambio cuando lo ocasiona otro, lo que se
compromete es la responsabilidad por el hecho de un tercero, denominándose la
persona civilmente responsable.
La complejidad propia de la vida moderna nos
empuja a requerir personas que nos auxilien en el cumplimiento de nuestras funciones
o que coadyuven con ellas, tejiéndose de esa manera una red que facilita tener
bajo nuestra subordinación o dependencia a muchas personas de cuya conducta
dañosa debemos responder económicamente.
Dentro de las personas que deben responder por
el hecho de un tercero se encuentra el comitente en los términos del 1384,
párrafo 3ro. del Código Civil, entendido como la
persona que tiene el derecho o el poder de dar órdenes a otra llamada
"preposé", en cuanto al cumplimiento de las funciones encomendadas. Lo
que caracteriza la relación de comitente a preposé es el vínculo de
subordinación a que el segundo se encuentra sometido al primero. La calidad de
comitente se adquiere tan pronto una persona tiene el poder de darle órdenes a
otra, pues esa noción se explica por la idea de autoridad, por la posibilidad
de darle instrucciones a la persona que se encuentra bajo su dependencia y de
vigilar su ejecución. De ahí que se hable de la relación de comitente a
"preposé”.
Los modos de establecer en la práctica la prueba
de ese vínculo ha sido una de las grandes innovaciones de la jurisprudencia
dominicana, para lo cual ha recurrido a las presunciones, siendo los accidentes
de vehículos de motor el área de mayor impacto y su terreno más fértil, en un
proceso evolutivo que se inició en el año 1969 y que no se ha detenido desde
entonces. (En mi obra "Tratado práctico de la
jurisprudencia dominicana", trato el tema con relativa amplitud en ese
Cuando varias personas tienen la facultad de
dictar órdenes sobre cómo debe ejecutarse la función encomendada se forma una
cadena de mando, por lo que resulta relevante establecer cuál de esas personas
es la que efectivamente tiene ese poder, pues la jurisprudencia dominicana
tradicional ha sido constante en considerar que la subordinación hacia una
sola persona es de la esencia misma de esa esfera de la responsabilidad
civil. Razonaba en ese sentido nuestra jurisprudencia
que la calidad de comitente no puede ser compartida por varias personas sino
que sólo uno es el que tiene el poder de control y dirección sobre el preposé.
En nuestro país, ocurría con mucha frecuencia
que un vehículo de motor se encontraba registrado en propiedad a nombre de una
persona y la póliza de seguro que amparaba la responsabilidad civil por los
daños ocasionados por ese vehículo se encontraba a nombre de otra. Esto tenía como consecuencia que al ocurrir un accidente la víctima
tenía un dilema en cuanto a determinar contra quién debía dirigir su acción en
reparación de los daños y perjuicios sufridos. No existía duda en cuanto a que
contra el propietario del vehículo existía una presunción de responsabilidad,
conforme al criterio jurisprudencial, pero en cierta medida era incierta la
situación de la persona a nombre de quien se encontraba emitida la póliza de
seguro, es decir el suscriptor, pues no podía ser condenada porque no era la
propietaria del vehículo asegurado, y lo más probable es que hubiese
permanecido ajena al accidente causante de los daños. Y es que el mero hecho de
ser el suscriptor o asegurado en una póliza no significaba que se fuera
responsable civilmente por los daños causados por el vehículo que amparaba la
póliza. De la única manera que podía ser condenada era si se probaba que era
comitente del conductor o si había sido el conductor mismo.
Para remediar esa situación el art. 124, letra
b) de la ley 146-02, Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, que
derogó en su art. 273 la ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de
Vehículos de Motor y sus modificaciones, dispuso que para los fines de esa ley,
se presume que el suscriptor o asegurado o el propietario del vehículo
asegurado es comitente de la persona que lo conduzca y por lo tanto civilmente
responsable de los daños causados por ese vehículo. A pesar de que de lo anterior parece derivarse
que esa responsabilidad es simultánea o acumulativa, en el sentido de que tanto
el suscriptor o asegurado como el propietario son conjuntamente responsables,
dejándose abierta la posibilidad de que dos o más personas pudieran ser
civilmente responsables del daño causado por un conductor de un vehículo de
motor, el criterio dominante en jurisprudencia dominicana es que se trata de
una responsabilidad alternativa y no simultánea. O bien
el responsable es el suscriptor, llamado también asegurado, o bien el
propietario del vehículo asegurado.
Lo anterior se justifica en razón de que como
hemos expuesto anteriormente, la comitencia está fundamentada en la real y
efectiva subordinación de una persona y en la capacidad de dar órdenes o
instrucciones, por lo que no puede haber una comitencia simultánea de dos
personas distintas a consecuencia de un mismo hecho, pues es a una sola persona
a quien se encuentra subordinada el autor del daño o preposé. Ese artículo de la Ley de Seguros y Fianzas
fue interpretado por la Segunda Cámara de la Suprema Corte de
Justicia en el sentido de que el criterio de comitencia se encuentra
reservado para una sola persona, para lo cual dijo:“Considerando, en cuanto al
primer aspecto invocado, que ciertamente esta Cámara ha mantenido que cuando se
trata de responsabilidad civil, derivada de la existencia de una infracción de
tránsito, el conductor preposé sólo puede estar subordinado y recibir órdenes
de una persona, por lo que no procede condenar dos personas o empresas como
comitentes...".[1] En el año 2008 la misma Cámara mantuvo el
criterio de: “Considerando, que los recurrentes, esgrimen que la Corte a-qua
incurre en franca violación al artículo 124 de la Ley 146-06, en el sentido de
que condena a la beneficiaria de la póliza y al tercero civilmente responsable,
ambos como comitentes, en franca violación a los preceptos legales, olvidando
el juez actuante que la comitencia no es divisible, ya que solo es uno
comitente y no dos como estipularon los jueces de la Corte a-qua; Considerando,
que efectivamente, la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado,
que condena tanto la propietaria del vehículo como a la beneficiaria de la
póliza, ha cometido una violación a la ley, puesto que si bien es cierto que la
Ley 146-02 en su artículo 124 establece que se pueden condenar a estos
titulares, esto es excluyente, o sea, a condición de que se condene u otro, no
a ambos conjuntamente".[2] Como se observa, el criterio dominante en
materia de accidentes de vehículos de motor es el de la comitencia única. ¡No puede haber más de un comitente!
Sin embargo, fuera del ámbito de los accidentes
de vehículos, la misma sentencia del 7 de junio de 2006 de la Segunda
Cámara de la Suprema Corte de Justicia, sin abandonar su criterio de la
comitencia única para la responsabilidad derivada de los accidentes de
vehículos de motor, consideró que existe la posibilidad de una comitencia
acumulativa y no única. En la especie dicha cámara
dijo: "la situación es muy distinta, puesto que existe una responsabilidad
civil acumulativa, tal y como apreció correctamente la Corte a-qua, pues se
trata de una empresa de guardianes privados que asigna a uno de sus agentes
para vigilar un Hotel durante un tiempo determinado, conservando, como es
natural, una subordinación que subyace en la obediencia debida a la misma, pero
que transitoriamente, y mientras dure el servicio, está subordinado y debe
obedecer órdenes de los ejecutivos de esta última, quienes pueden asignarle determinadas
áreas de vigilancia o incluso ordenarles que restrinjan el acceso a sus
instalaciones, lo que pone de manifiesto que existe una comitencia
concomitante;".[3]
Años después, mediante sentencia del 19 de
agosto de 2013, la misma Segunda Cámara (Sala, a partir de la Constitución de
2010), reiterando su criterio en cuanto a la comitencia única en materia de
accidentes de vehículos de motor y de la comitencia acumulativa en otro caso
"Considerando, que la Corte a-qua, al confirmar la decisión de
primer grado, en cuanto a la relación de comitencia-prepose que existe entre
ambas razones sociales con el imputado, estableciendo que “éste cometió esta
acción mientras se desempeñaba como vigilante de la razón social Guardianes
Dominicanos, prestando servicios en el Supermercado Jumbo Express, y perseguía
a una persona sospechosa de haber cometido un robo en el establecimiento
comercial donde laboraba. Como puede apreciarse, estos
aspectos fácticos fijados por el Tribunal a-quo son suficientes para retener la
responsabilidad civil de estos recurrentes”, actuó conforme al criterio
sostenido por esta Suprema Corte de Justicia, por lo que procede también
rechazar este medio alegado por los recurrentes;".
Un resumen apretado de los criterios
jurisprudenciales lo que nos indica es que mientras en el ámbito de los
accidentes de vehículos de motor existe una comitencia única y por lo tanto una
sola persona civilmente responsable, en otros hechos generadores de responsabilidad
civil se admite la comitencia acumulativa, es decir, la posibilidad de que
existan más de una persona civilmente responsable, lo cual ocurre cuando existe
una subordinación permanente a una entidad o persona y cuando existe al mismo
tiempo una subordinación temporal a otra persona. De la existencia de una comitencia acumulativa
se derivan consecuencias muy importantes en cuanto a las indemnizaciones y la
cuantía en que ellas deban ser soportadas por los comitentes o personas
civilmente responsables. Un principio fundamental de nuestro sistema de
responsabilidad civil al momento de fijar las indemnizaciones pertinentes que
los jueces deben tomar en cuenta es que si bien es cierto, en principio, los
jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos
constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no
puede ser tan absoluto que llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad y
sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte
de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se
ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la
magnitud de la falta cometida, y proporcionales con relación a la magnitud del
Ese principio es de aplicación general tanto
para la comitencia única como para la comitencia acumulativa. Sin embargo, mientras en la primera las indemnizaciones impuestas
deben ser soportadas únicamente por el comitente único [salvo que también se
condene al autor del daño por su hecho personal], en la segunda debe tomarse en
cuenta el grado de responsabilidad individual que pudiera tener cada uno de los
comitentes acumulativos en relación a la falta de su preposé, circunstancia que
se encuentra bajo el control casacional. Es importante destacar en este
aspecto, que no le es dable al tribunal imponer una condenación solidaria entre
los comitentes acumulativos, pues esto implicaría que el beneficiario de la
indemnización pudiera exigir la totalidad del pago a cualquiera de ellos. Se
requiere precisar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y de esa
manera fijar el monto indemnizatorio. La indemnización se determinará tomando
en cuenta la concurrencia de faltas de cada comitente.
La existencia en nuestro país de un sistema
dual de comitentes (el comitente único y los comitentes acumulativos) es una
manifestación palmaria de que nuestro régimen de responsabilidad civil, cuya
creación ha sido fruto de la jurisprudencia dominicana, tanto suprema como inferior,
ha seguido trillando positivamente la creación de una responsabilidad civil
netamente dominicana, que como he dicho en otras ocasiones marcó su inicio en
el año 1969 y no ha dejado de evolucionar y que parece todavía no ha encontrado
La creatividad de la jurisprudencia dominicana
en ese sentido es digna de encomio, contrario a lo que ocurre en otras
materias, donde el copy paste se enarbola constantemente, castrándose la
iniciativa propia. Publicado por
Comitencia,
comitencia acumulativa,
jurisprudencia dominicana.,
prepose,
RESPONSABIBILIDAD POR HECHO DE OTROS,
REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO
ACTO DE JURAMENTACION MIEMBROS DEL PRIMER CONSEJO DEL PODER
Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del
Antes de nada queremos felicitar al Comité Electoral,
presidido por el honorable magistrado Hugo Alvarez Valencia y compuesto además
por las magistradas Arelis Ricourt, presidenta de la Cámara Civil y Comercial
de la Corte de Apelación de La Vega, Daisy Indhira Montás Pimentel, jueza
sustituta de Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, y Daisy Abreu Urbáez, jueza de
Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, y sus sustitutos
respectivos magistrados Darío Fernández Espinal, juez de la Suprema Corte de
Justicia, Francisco Jerez Mena presidente de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación de La Vega, Sergio Ortega, presidente del Juzgado de Trabajo de Santo
Domingo, y magistrada Awilda Reyes Beltré, jueza del Juzgado de Paz de la
Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, por la transparente y
extraordinaria labor realizada durante el proceso eleccionario que culminó con
la elección de los integrantes del Consejo del Poder Judicial (conocido en lo
sucesivo con las siglas CPJ.), así como al respaldo recibido por nuestro
excelente personal de apoyo, quien en apenas quince (15) días lograron
organizar un proceso que ha de servir de ejemplo para las otras instituciones
Se trató de una verdadera manifestación democrática
del Poder Judicial, con una votación de un 98% del padrón electoral judicial, y
los ausentes previamente presentaron sus excusas, con la asistencia de jueces
en la búsqueda de la horizontalización de la toma de decisiones
administrativas, disciplinarias y financieras, rompiéndose con el esquema de
verticalización existente hasta la fecha.
los problemas de nuestros países es que muchos órganos que se crean al amparo
de las leyes sus integrantes no son escogidos con la debida transparencia
y con apego a la razonabilidad, por lo que aunque desde el punto de vista
formal son legales, nacen con una precaria y cuestionada legitimidad ante la
que la Suprema Corte de Justicia escogida el 3 de agosto de 1997, el Consejo
del Poder Judicial nace con una sólida y auténtica legitimidad, fruto de la
indiscutible representación que tiene de los integrantes de la judicatura
nacional. Pero esa legitimidad no les otorga más atribuciones que las que la
propia Constitución y las leyes de la República les confieren. Es
importante destacar que no obstante la masiva presencia de jueces en las
asambleas eleccionarias, en muchos tribunales las audiencias y actividades
judiciales no fueron interrumpidas, pues en una muestra de compromiso
institucional los magistrados las organizaron de manera tal que pudieron
compartir su responsabilidad con los justiciables con su deber de elegir a sus
representantes ante el Consejo.
corresponde a la Suprema Corte Justicia transferir las funciones y atribuciones
que en los aspectos administrativos, disciplinarios y financieros le conferían
la Constitución de la República y diferentes leyes adjetivas. Pero creo
oportuno recordarles a todos que esa transferencia no se produce como sanción o
reprobación al desempeño de la gestión, sino que la misma se fundamenta en que
los jueces del máximo tribunal judicial de la República se dediquen con mayor
tiempo a las labores jurisdiccionales, que son su verdadera razón de ser.
hoy la administración de los recursos humanos, técnicos y económicos, pasando
la prueba de más diez auditorías realizadas sin que las mismas revelaran
mayores observaciones, y las que se hicieron fue con la finalidad de mejorar
los controles internos. Dejamos una institución con un arraigado escalafón
administrativo judicial, como garantía del respeto a la carrera administrativa;
un escalón judicial, también como garantía del cumplimiento de la carrera
judicial; una eficiente plataforma administrativa y financiera; un manejo
transparente de los recursos públicos, que ha obtenido reconocimiento de la
sociedad dominicana. Así como una estela de logros que no creo que nadie se
atreva a desconocer con los avances obtenidos.
comprender la importancia del órgano constitucional cuyos integrantes
juramentamos en el día de hoy es preciso que examinemos brevemente sus
antecedentes, los cuales se encuentran en las diferentes maneras que existían
en nuestro país en cuanto al aspecto administrativo y financiero del Poder
Judicial, para lo cual es necesario que nos embarquemos en examinar cuál y cómo
era anteriormente la administración de los recursos económicos y humanos
asignados al Poder Judicial dominicano. En ese sentido hay que distinguir cinco
(5) etapas históricas:
recursos provenían de la Secretaría de Estado de Justicia, quien tenía el
control de la designación, destitución y promoción de los servidores
recursos provenían de la Procuraduría General de la República, luego que fuera
abolida la Secretaría de Estado de Justicia;
recursos provenían del Presupuesto Nacional y eran administrados por la Suprema
Corte de Justicia, según Decreto del Presidente Salvador Jorge Blanco, núm.
3347, del 29 de septiembre de 1985, el cual en un hecho sin precedente en la
República Dominicana, dispuso que a partir del mismo la Suprema Corte de
Justicia formulará, ejecutará y controlará el presupuesto anual correspondiente
a los tribunales del orden judicial;
d.- Los
recursos provenían del Presupuesto Nacional y administrados por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, según la Constitución de 1994, que le otorgó al
Poder Judicial autonomía administrativa y presupuestaria;
e.- Los
recursos provienen del Presupuesto Nacional y serán administrados por el
Consejo del Poder Judicial, según la Constitución de la República de 2010, que
le otorgó al Poder Judicial además de la autonomía administrativa y
presupuestaria, la funcional, que no se encontraba consagrada en las
constituciones anteriores.
crisis política que se produjo en el país a consecuencia de las elecciones
generales del año 1994 y con ella la reforma a la Constitución de la República,
repercutió positivamente en nuestra estructura judicial, la que dilatadamente
no se ejecutó hasta tanto las fuerzas políticas de la Nación se pusieron de
acuerdo para que se concretizara una reforma que, no solamente implicaba un
cambio en el pensamiento, en la actitud y en el comportamiento de nuestra clase
dirigencial, sino además, un redireccionamiento en la toma de decisiones
referentes al Poder Judicial, reconociéndole a éste, con la fuerza que impone
una sentencia declarativa de derechos, la condición de ser uno de los tres
poderes del Estado, al consignarse en el artículo 61 de esa Carta Magna,
la autonomía administrativa y presupuestaria. Antes de esa fecha, en virtud de
la dependencia económica directa del gobierno central, así como la dependencia
del Senado de la República en cuanto a la designación, traslado, promoción
y sustitución de todos los jueces judiciales, no se podía decir,
propiamente hablando, de la existencia de un Poder Judicial; acertadamente
podíamos hablar de un órgano del Estado que ejercía la función jurisdiccional,
pero jamás de un Poder Judicial. Todo esto constituía un obstáculo para un
ejercicio independiente e imparcial de la administración de justicia. Entre los
órganos establecidos por la Constitución de 1994 se encontraba el Consejo
Nacional de la Magistratura, que no tenía funciones de administración, como sí
las tienen otros órganos de igual denominación en otros países, y sus
atribuciones y competencias se limitaban a conocer de la designación de los
jueces de la Suprema Corte de Justicia y cubrir sus vacantes.
Suprema Corte de Justicia le correspondía de conformidad con el artículo 67 de
esa Constitución, entre otras funciones, la de ejercer la más alta autoridad
disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer
hasta la suspensión o destitución, en la forma determinada por la ley, así como
las funciones administrativas y financieras.
a la Suprema Corte de Justicia escogida en la madrugada del 3 de agosto de 1997
por el Consejo Nacional de la Magistratura inaugurar el edificio que alojaría
la estructura judicial que establecía la Constitución de la República de 1994,
pero al mismo tiempo dirigir el más extraordinario proceso de cambios que jamás
se haya registrado en nuestro país en el campo judicial. La puesta en vigencia
de la Ley de Carrera Judicial y su Reglamento de Aplicación; la selección de
los primeros jueces a nivel nacional; la construcción y remodelación de
edificios judiciales; la creación y luego implementación de la Escuela Nacional
de la Judicatura; el ejercicio por primera vez en la historia dominicana de la
iniciativa legislativa consagrada en la Constitución de la República, que
culminó exitosamente en diferentes leyes; la implementación del Código Procesal
Penal, del Código para un Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de
Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Registro Inmobiliario; el sistema de
Defensa Pública; las salas de familia; el Centro de Mediación Familiar;
los centros de entrevistas para las personas en condición de vunerabilidad;
el escalafón judicial y el escalafón administrativo judicial; la
evaluación de desempeño de los jueces; el establecimiento del Sistema de
Integridad Institucional; el uso y desarrollo de las tics y con ésta la
instalación de más de 3,000 computadoras en red y tecnología wi fi en algunos
tribunales; pero sobre todas las cosas, el manejo escrupuloso de los recursos
públicos, entre otros, han sido parte de nuestros logros.
este acto, que implica la transferencia por parte del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia al Consejo del Poder Judicial de las funciones administrativas,
disciplinarias y financieras para declarar y afirmar categóricamente que,
independientemente de las aprobaciones que previo desembolsos ha realizado ese
Pleno, el que les habla es el único y exclusivo responsable de todo el manejo
de los recursos económicos de la institución y que los desembolsos aprobados lo
han sido por iniciativa de quien también les dirige la palabra. Hago la
presente declaración con la finalidad de que conste y para que sirva de
descargo a mis pares con todo lo que este implica. Durante todo ese
tiempo el Poder Judicial ha recibido del Presupuesto Nacional recursos
económicos ascendentes a más de RD$25,261.096.656.12. Sin embargo, mi
patrimonio se ha mantenido con los mismos inmuebles que declaré en la
primera Declaración de Bienes del año 1997, y en cuanto a los bienes muebles
puedo justificar su incremento en base a los salarios percibidos por la
institución y por otros ingresos, que también puedo justificar. Es importante
destacar el grado de confianza manifestado por mis pares, lo cual agradezco
los grandes logros exhibidos es haber dejado en la actualidad disponibilidad en
bancos la suma de más de Mil Millones de Pesos (RD$),
pertenecientes al Fondo de Pensiones, Retiro y Jubilaciones del Poder Judicial,
como parte del compromiso asumido con nuestros servidores. Fondo que deberá
seguir administrándose con la cautela y el cuidado de un administrador de la
cosa ajena, pues en gran medida será nuestro sostén cuando el peso de los años
nos empuje a que la institución prescinda de nuestros servicios.
lo que dijimos hace algunos años: en esta Suprema Corte de Justicia no todo lo
he hecho yo solo, pero absolutamente todo se ha hecho bajo nuestra única
y exclusiva presidencia. Hoy se
inicia una nueva etapa en la historia judicial dominicana, y una vez más nos
corresponde a nosotros ser actores de primer orden para dirigir e implementar
las reformas que en lo que respecta al Poder Judicial introdujo la Constitución
proclamada el 26 de enero de 2010. Nos hemos convertido en los primeros en
darle cumplimiento en cuanto a la puesta en funcionamiento de los diferentes
órganos creados por esa Constitución, con lo cual damos un ejemplo y muestra
del compromiso que tenemos con el Pueblo Dominicano. Lo hemos hecho no obstante
no haber recibido durante los últimos cuatro (4) años un centavo adicional del
parte del Presupuesto Nacional y no obstante las reiteradas solicitudes de
asignación de fondos adicionales para la puesta en funcionamiento del Consejo
del Poder Judicial, pues su instalación ha implicado recursos económicos,
técnicos y humanos que no teníamos disponibles. Solamente la localización del
espacio en este edificio se convirtió en un gran dolor de cabeza. Pero gracias
al ingenio de nuestros técnicos y a la buena voluntad de todos logramos
ubicarlo con ciertos estándares de confort, aunque con limitado personal.
mañana juramentamos el primer e histórico Consejo del Poder Judicial, el cual
como se recuerda fue una idea e iniciativa expuesta por nosotros en el discurso
pronunciado el 7 de enero de 2007 en ocasión del Día del Poder
Judicial, y que denominamos Un Año de Gestión y la Segunda Ola de
Reformas, y luego reiterado y desarrollado en el Almuerzo auspiciado por
Finjus el 11 de septiembre de ese mismo año, y donde en ambas ocasiones
expusimos lo siguiente:
sentido propongo la creación de un Consejo Judicial que tendría la responsabilidad
del gobierno del Poder Judicial y a su cargo las funciones
administrativas, de dirección de la carrera judicial y disciplinarias, a
excepción de las atribuciones disciplinarias correspondientes a los jueces de
la Suprema Corte de Justicia, cuya responsabilidad recaería sobre el Consejo
sucesivo la Suprema Corte de Justicia se concentraría exclusivamente a sus
funciones jurisdiccionales y en la designación, promoción y ascenso de todos
los jueces del país, previa terna presentada por el Consejo Judicial, así como
el traslado de los mismos, previa recomendación de dicho Consejo. Un
Consejo del Poder Judicial, o Consejo de la Judicatura, o Consejo Superior del
Poder Judicial, o Consejo de la Magistratura, la denominación suele variar
dependiendo del país de que se trate, no es más que el órgano de
autogestión de la judicatura u órgano de gobierno de los jueces, que tiene por
finalidad no la administración de la justicia, que corresponde a los jueces en sí,
sino la parte administrativa, financiera, disciplinaria y, en fin, todos los
actos de gestión a lo interno del Poder Judicial. Sobre ese
órgano nos dice el costarricense Dr. Víctor Alfonso Dobles Ovares lo siguiente:
“El que ha sido denominado el “autogobierno” de la magistratura, no es si no
otro, más que un órgano que no administra justicia (la que es la más importante
función del Poder Judicial, que, como es conveniente ha de estar reservada a
los jueces y magistrados), si no que se encarga de la administración del
sistema judicial. Como medio para garantizar una mayor cuota de independencia
judicial, es, sin lugar a dudas, una trascendente decisión de naturaleza
política que invita u obliga a las cortes supremas a abandonar las funciones
gubernativas y encomendarlas a un órgano autónomo e independiente de los demás
poderes, y que introduce una necesaria, interesante y saludable transformación
en cualquier Poder Judicial del que se piense”.[1] “El
“autogobierno” de la magistratura, -sigue diciendo el mismo
autor- como instrumento garantizador y realizador de la independencia
judicial, surge en los países europeos como producto directo de dos fenómenos,
de los cuales uno fue la consecuencia del otro. En Europa, con la instauración
de los Estados totalitarios durante el período de entreguerras, las judicaturas
europeas fueron sometidas a avasalladoras presiones y esto propició el caldo de
cultivo necesario para que, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el
movimiento asociacionista de los jueces y magistrados experimentara todo una
vigorización, y junto con él iniciaran la reflexión sobre una concepción
individual de la independencia, para luego forjar una visión colectiva de
ella”.[2]
cierto, es que ese órgano de autogestión se ha extendido prácticamente por toda
la Europa y en la América Latina la mayoría de los países lo han adoptado,
transfiriéndole las competencias que en la materia objeto de su competencia
tenían las cortes plenas.
atribuciones y competencias de los consejos del Poder Judicial varían según la
mayor o menor influencia que las fuerzas políticas y los otros poderes del
Estado puedan tener en la toma de sus decisiones, lo cual obviamente va en
correspondencia con su integración y el modo de cómo se integran. Por eso desde
el punto de vista de su composición, tenemos que clasificar los consejos del
Poder Judicial en cuatro categorías:
Consejos de la Judicatura integrados por extraños al Poder Judicial. En éste el
gobierno de los jueces se encuentra en manos de otros poderes del Estado,
asociaciones, grupos, personas, etc. (pueden ser legisladores, representantes
del Poder Ejecutivo, asociaciones de abogados, abogados de prestigios y otros).
Consejos de la Judicatura integrados por miembros de otros poderes del Estado.
La composición comprende solamente legisladores, representantes del Poder
Consejos de la Judicatura integrados por representaciones de los tres poderes
del Estado. Tal es el caso de una composición de legisladores, Poder Ejecutivo
y el propio Poder Judicial. En algunos casos se exige que la representación del
Poder Judicial sea un juez superior o de corte de apelación.
Consejos de la Judicatura integrados exclusivamente por jueces. Tal es la
situación cuando se encuentran compuestos exclusivamente por jueces del propio
cumbres judiciales iberoamericanas en la cuales la República Dominicana ha
estado presente durante más de trece (13) años, constantemente se presentaban
problemas con respecto a la representación del Poder Judicial de los países
miembros, pues en muchos países el gobierno de los jueces se encuentra no en
las propias cortes supremas de justicia, sino en los consejos de las
judicaturas externos a ellas. De ahí que a partir del año 1998, primero en
Sucre, luego en Barcelona, en el año 2000 y en Zacateca, en el año 2002, se
celebraron los Encuentros Iberoamericanos de Consejos Judiciales, siendo el
último el celebrado en Copán-Ruinas, Honduras, en el 2004, que correspondió
al IV Encuentro.
problema que se presentaba en dichas cumbres era el relativo a la
representación de un mismo país, cuando éste contaba con diferentes órganos
dentro de su propia estructura judicial, como las cortes supremas de justicia,
los consejos judiciales, consejos de la judicatura, consejos de la
magistratura, consejos de estado, tribunales o cortes constitucionales, etc…
¿Quién debía representar al país?
situaciones se mantuvieron latentes hasta la celebración de forma conjunta y
sucesiva, primero en Copán-Ruinas, Honduras, durante los días 21 y 22 de junio
de 2004, del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, y luego,
en San Salvador, El Salvador, durante los días 24 y 25 de junio del mismo año,
de la VIII Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia. Fruto de esas reuniones emitimos una
Declaración Principal donde su primer punto, denominado Fortalecimiento
Institucional, relativo al Acuerdo de Convergencia de Cumbres y Encuentros,
precedido de un “Convencidos, de que la pervivencia separada de ambas
conferencias (Cumbres y Encuentros) no es la forma más conveniente de trabajar,
por lo que estimamos que hacerlo de manera conjunta y aunando esfuerzos, con el
más escrupuloso respeto a la singularidad en la forma de administración del
poder judicial de cada país, resulta ser la mejor forma de llevar a cabo
nuestra misión”.
respecto, acordamos en el ordinal Primero de ese documento lo siguiente:
“Primero.- La
refundición de nuestras actuales estructuras (la Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro
Iberoamericano de Consejos de la Judicatura) en una misma y única conferencia
internacional, denominada “Cumbre Judicial Iberoamericana”, en la que se
respete la identidad y representación propia de cada organización judicial, la
que sustentará desde ahora nuestra actuación futura de concertación y
cooperación en el ámbito de nuestras competencias, sobre la base –como hasta
ahora siempre ha sido- del diálogo, la solidaridad y la adopción de proyectos y
acciones concertadas, y desde la convicción de que la existencia de un acervo
cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del
necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del sistema
judicial y, por extensión, del sistema democrático, mediante la reafirmación de
postulados compartidos que aseguren una administración de justicia
independiente e imparcial, previsible, accesible al ciudadano, eficaz, pronta y
equitativa, que garantice los derechos humanos y el respeto a la seguridad
consecuencia de esa convergencia o fusión de la Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Suprema y Tribunales Supremos de Justicia y de los
Encuentros Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, surgió un único órgano
internacional denominado Cumbre Judicial Iberoamericana, escogiéndose como sede
y Secretaría Pro-Tempore a Santo Domingo, República Dominicana, con lo que se
respetaba lo acordado en Cancún, México, en cuanto a la sede del evento. De
esta manera se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, la XIII Cumbre
Judicial Iberoamericana.
histórico importante es preciso resaltar que el número XIII, asignado a la
cumbre de Santo Domingo fue el resultado de sumar las ocho Cumbres
Iberoamericanas de Presidentes de Cortes Suprema y Tribunales Supremos de
Justicia y los cuatro Encuentros Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura,
que se habían celebrado anteriormente.
Cumbre Judicial Iberoamericana, sesionó en Santo Domingo, República Dominicana
durante los días 21 y 22 de junio de 2006, con el eje temático: “Referentes
Iberoamericanos de Justicia: Una respuesta frente a los retos de la Sociedad
Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010, le reserva su
artículo 155 a la integración del Consejo del Poder Judicial, disponiendo al
efecto, lo siguiente: “Integración.
El Consejo del Poder Judicial estará integrado de la forma siguiente: 1. El Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, quien lo presidirá;
2. Un Juez de la Suprema Corte
de Justicia, elegido por el pleno de la misma;
3. Un Juez de Corte de
Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;
4. Un Juez de Primera Instancia
o su equivalente, elegido por sus pares;
5. Un Juez de Paz o su
equivalente, elegido por sus pares. Párrafo
I. Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por cinco años, cesarán en
el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho
consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo.
Párrafo II. La ley definirá el funcionamiento y
organización de este consejo”.
parte el artículo 156, relativo a las funciones de ese Consejo, dispone lo
siguiente: “El
Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y
disciplina del Poder Judicial. Tendrá las siguientes funciones:
1. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 2. La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial;
3. El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia;
4. La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial;
5. El traslado de los jueces del Poder Judicial;
6. La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;
7. El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial;
8. Las demás funciones que le confiera la ley”. El
Considerando Segundo de la Ley núm. 28-11, del 20 de enero de 2011, Orgánica
del Consejo del Poder Judicial, establece que el Artículo 156 de la
Constitución de la República atribuye al Consejo del Poder Judicial la
administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial y el nombramiento
de todos los funcionarios y empleados que de éste dependan, por lo que se hace
necesario establecer las disposiciones legales conducentes al cumplimiento de
tales atribuciones.
Considerando Tercero de la misma ley dispone que la creación del Consejo del
Poder Judicial está inspirada en la promoción del fortalecimiento institucional
del Poder Judicial y asegurar la separación entre las atribuciones
jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como propiciar y
consolidar la independencia y democratización del Poder Judicial.
artículo 2 de la Ley núm. 28-11 define el Consejo del Poder Judicial como el
órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la
República Dominicana. Sus atribuciones están consagradas en el artículo 3,
relativo a las atribuciones generales, cuando dice que en el ejercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter
presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial, así
como el Sistema de Carrera Judicial y la Carrera Administrativa Judicial
conforme establece la Constitución y la presente ley. En el ejercicio de sus
facultades de máximo órgano disciplinario del Poder Judicial, es el responsable
de determinar el nivel de responsabilidad y de aplicar las sanciones
correspondientes a los jueces del Poder Judicial, con excepción de los Jueces
de la Suprema Corte de Justicia, por la comisión de faltas en el ejercicio de
sus funciones, así como de los funcionarios y empleados del Poder Judicial.
parte, el artículo 7 de la misma ley le atribuye al Presidente de dicho
Consejo, las atribuciones siguientes:
1. Ser representante oficial y legal del Consejo.
2. Convocarlo de forma ordinaria o extraordinaria y
3. Ser su vocero oficial.
4. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los
candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso
de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, conforme al
Sistema de Escalafón, previsto en la Ley de Carrera Judicial núm. 327-98, el
cual será público y estará a disposición de cualquier interesado.
5. Vigilar y garantizar la fiel ejecución y cumplimiento
de las decisiones del Consejo.
6. Tomar el juramento a los miembros electivos del
7. Realizar cualquier función adicional que le delegue el
llamar la atención en el contenido del numeral 1 del artículo 7 anteriormente
citado en el sentido de que es Presidente del Consejo es el representante
oficial y legal del mismo; así como en el numeral 3 del mismo artículo en
cuanto a que el mismo Presidente es el vocero oficial del Consejo del Poder
observa, con la única excepción del Presidente, los demás miembros del Consejo
del Poder Judicial no tienen funciones expresamente atribuidas por la ley. Esto
significa que las decisiones expresamente no atribuidas por la ley al Presidente
o las adicionales por el propio Consejo al tenor de lo dispuesto por el numeral
7 del artículo 7, tienen que ser adoptadas por el Pleno del Consejo como
órgano, pues lo que se trata es de la adopción de medidas colectivas. Esto
significa que de manera individual ninguno de sus otros integrantes tienen
de esa situación y de la ardua labor que nos espera en lo inmediato, es nuestro
propósito someter en las primeras sesiones de trabajo la conformación de tantas
comisiones como fueren necesarias, las cuales tendrán como misión principal ser
enlaces o canales entre los equipos técnicos y administrativos que tiene la
institución con el Pleno del Consejo del Poder Judicial. En otras palabras, las
comisiones tendrán a su disposición para sus labores todos los recursos de la
institución, con lo cual se evitaría la duplicidad de funciones.
Estimados compañeros del
Consejo, a pesar de que ustedes han logrado escalar la posición con que sus
pares los han honrado en consideración a la categoría de juez que ostentaban,
hoy se rompe la barrera de la desigualdad y se instaura un sistema en el cual
todos los consejeros son iguales entre sí y de la misma categoría; donde solo
el órgano al que pertenecen tiene el poder de decisión. Es decir, que
individualmente se carece de competencia para la adopción de cualquier
decisión. En el Consejo no solamente representan a sus pares, sino a todos los
jueces del país. Es exactamente lo que ocurría en el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia, donde el Pleno era el depositario de todos los poderes, en ningún
caso un juez por sí solo tenía función o atribución en particular.
En razón de que como hemos dicho anteriormente, en la mayoría de los grandes países donde existe un órgano similar al Consejo del Poder Judicial su integración se encuentra fuertemente comprometida por los sectores externos a los propios jueces, es preciso que destaquemos las características propias que tiene nuestro órgano de autogestión. Realmente, no conozco otro donde la representación de todos los jueces de la Nación se encuentre tan legitimada.
Consejo del Poder Judicial dominicano, en razón de su integración,
atribuciones, funcionamiento e independencia posee características que es
conveniente destacar, como son las siguientes: 1.- Es
una entidad autónoma, pues no depende de ningún otro órgano. Se encuentra
integrado exclusivamente por jueces elegidos por ellos mismos, lo cual asegura
la independencia de sus integrantes, ya que los propios jueces son los
electores. Es un órgano a lo interno del Poder Judicial.
suma importancia para comprender la naturaleza y propósitos del Consejo del
Poder Judicial tener en consideración lo expresado por el Presidente de la
República, Dr. Leonel Fernández Reyna, en su comunicación núm. 7999, del 4 de
agosto de 2010, dirigida a Julio César Valentín, entonces Presidente de la
Cámara de Diputados, al observar la Ley Orgánica del Consejo del Poder
Judicial, aprobada por ese organismo el 26 de julio de 2010, cuando dice: “En
el marco de la reforma constitucional que culminó el 26 de enero de este año,
con la proclamación de la Constitución vigente, el Consejo del Poder Judicial
se instituyó como un instrumento fundamental para la democratización del Poder
Judicial y su consolidación como servicio público para los ciudadanos”.
parte de la misma comunicación el Presidente, dice: “La estructura del
Consejo del Poder Judicial ha sido concebida por la Constitución como de
naturaleza exclusivamente del dominio y de la competencia de los magistrados
del orden judicial, sin participación ni posibles interferencias de otros
órganos, con funciones y responsabilidades propias”.
sistema de elección de los integrantes del Consejo del Poder Judicial por sus
propios pares constituye una de las demostraciones más extraordinarias de un
ejercicio democrático. Pero quiero llamar la atención en ese sentido de
que bajo ninguna circunstancia permitan que ocurra lo que ha sucedido en
otros países latinoamericanos, donde la demagogia, el individualismo, las
promesas electorales, las ofertas desafortunadas y otras causas imputables a
los propios jueces, dieron al traste con ese sistema de elección, dándole la
oportunidad a los enemigos de la independencia judicial de que otros decidieran
por los propios jueces. Espero,
señores Consejeros, que de haber realizado promesas durante la campaña
electoral recién finalizada, las mismas puedan ser institucionalmente
satisfechas, pues de lo contrario no podríamos distinguir entre un político
demagogo en plena contienda electoral que aspira alcanzar la presidencia de la
Republica y un juez que persigue ocupar una posición en el Consejo del Poder
Judicial, que lo único que ofrece es sacrificio, trabajo y vocación.
Representación de las cuatro categorías de jueces. De esta manera se asegura la
representatividad de las diferentes categorías de jueces: jueces de paz, de
primera instancia, de apelación y de la Suprema Corte de Justicia. 3.- No
dependencia de la Suprema Corte de Justicia, asegurándose de esa manera su
total independencia en las áreas no jurisdiccionales de la competencia de la
Suprema Corte de Justicia. 4.-
Dedicación exclusiva a las funciones administrativas, con lo cual se asegura
una total entrega a las funciones para las cuales fueron elegidos. El gran
reto que nos espera, señores Consejeros, es administrar el Poder Judicial de la
República con la misma prudencia, sabiduría y celo con que lo ha hecho el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia. Pero además, impulsar la Segunda Ola de
Reforma Judicial, como una forma de lograr un mayor acceso a la justicia y a
justicia, para un beneficio directo de todos los ciudadanos.
oportuno recomendarles, sin embargo, que en aras de realizar cambios en
una estructura eficiente, la ola de los mismos no se convierta en una tsunami
que arrastre con los avances que hemos obtenidos. Les pido cordura, prudencia y
paciencia, pues no llegan a un potosí; llegan a un desierto cuyo único oasis es
la voluntad y compromiso de sus servidores. Somos una institución pobre, con
precarios recursos económicos, pero sí bien administrados. Como dijimos
anteriormente, hemos tenido que realizar grandes esfuerzos para encontrar en
este edificio espacio para alojar el nuevo órgano constitucional que hoy
instalamos, así como para dotarlo del mobiliario necesario y del mínimo personal
de apoyo, pues ni teníamos espacio y carecemos de recursos económicos que
permitieran más de lo que hemos realizado.
nadie en nuestro país ha defendido tanto como nosotros la buena conducta y la
independencia de nuestros buenos jueces. Pero de igual manera, absolutamente
nadie como nosotros ha sido tan severo y crítico de la mala conducta de los
jueces. Para este
Consejo que inicia sus labores en el día de hoy es de suma importancia mantener
como agenda constante de trabajo el aspecto disciplinario de nuestros
servidores judiciales, con especial énfasis en los miembros de la judicatura,
reforzándose los procesos de investigación de las denuncias formuladas, pues es
de la única manera que podemos mantener en la sociedad la credibilidad de
la administración de justicia y eliminar la impunidad. El Pleno de la Suprema
Corte de Justicia en su misión de autoridad disciplinaria ha sancionado con
todo rigor la inconductas de nuestros jueces, como vía necesaria para mantener
la ética que debe regir la conducta de ellos. En esa tarea el Consejo del Poder
Judicial no puede desmayar. No debe haber amiguismo, apadrinamiento ni tráfico
de influencia, pues la sociedad dominicana se mantendrá atenta a nuestro
de la Suprema Corte de Justicia sancionó con la destitución por falta
grave a 38 jueces de diferentes categorías y a otros le impuso diferentes
sanciones por otras causas, por la comisión de faltas graves en el desempeño de
sus funciones. Tenemos la esperanza de que la conducta de los jueces y demás
servidores judiciales sea tan ejemplar que no haya necesidad de someterlos a
juicios disciplinarios. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que en caso
de transgredir los principios que le han dado fundamentos y razón de ser a la
carrera judicial y administrativa judicial, la sanción disciplinaria se hará
presente sin importar de quien se trate, como hasta la fecha lo ha hecho el
adelante la gestión está en nuestras manos. El éxito o el fracaso depende de
nosotros mismos; del compromiso institucional y de la entrega y sacrificio con
que nos entreguemos todos en nuestras funciones; sin individualismo; sin
principalía; sin protagonismo y actuando colectivamente de manera armónica, en
equipo y pensando sobre todas las cosas en la consolidación del Poder Judicial
dominicano. No podemos en lo adelante atribuirle responsabilidad o culpa a
otro. Como se dice en el lenguaje de algunos deportes: la pelota está en
exhortándolos a actuar sin arrogancia, sin jactancia, sin egoísmo, sin
prepotencia, sin humillar a nadie. Actúen durante su desempeño con
parte, asumo el compromiso de armonizar, como siempre lo he hecho en el seno de
la Suprema Corte de Justicia; así como cumplir fielmente con el voto de la ley.
Sin embargo, no les quepa duda alguna que no permitiré bajo ninguna
circunstancia que mientras presida el Consejo se vulnere el espíritu de la ley,
pues no estoy acostumbrado a transigir con los principios.
oportuno tomar en cuenta la temporalidad de nuestras funciones para que no nos
embriaguemos con el néctar del Poder. Los pasados, presentes y futuros jueces
de la Suprema Corte de Justicia merecen respeto, consideración y cortesía, pues
exactamente al culminar el plazo de cinco años para los cuales fueron elegidos
retornarán, en igualdad de condiciones a las mismas categorías de tribunales de
donde proceden. Les
recuerdo las palabras de Fernando Arturo de Meriño pronunciadas el 18 de
diciembre de 1865 en ocasión de la juramentación del Presidente Buenaventura
Báez, cuando siendo Presidente de la Asamblea Nacional, dijo: “…Vuestra
estrella se levanta sobre los horizontes de la República y se os llama a ocupar
la silla de la Primera Magistratura. Tan inesperado acontecimiento tiene aún
atónitos a muchos que lo contemplan…! Empero, yo que sólo debo hablaros el
lenguaje franco de la verdad, que he sido como vos aleccionado, en la escuela
del infortunio, en la que se estudian con provecho las raras vicisitudes de la
vida, no prescindiré de deciros que nos alucinéis por ellos; que en pueblos
como el nuestro, valiéndome de la expresión de un ilustre orador americano, tan
fácil es pasar del destierro al solio, como del solio a la barra del Senado”.
[1] Dobles Ovares, Víctor Alfonso, La Independencia Judicial en Costa
Rica, pág. 84.
Consejo del Poder Judicial,
Gobierno de los jueces,
Poder Judicial Dominicano,
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