Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/04/01/declaran-inconstitucional-el-art-562-del-ccivcom-pues-no-reconoce-la-maternidad-de-quien-expresa-su-voluntad-en-los-casos-de-maternidad-subrogada/
Timestamp: 2019-05-21 16:52:05
Document Index: 228959558

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 562', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 23']

Declaran inconstitucional el art. 562 del CCivCom pues no reconoce la maternidad de quien expresa su voluntad en los casos de maternidad subrogada. – AL DÍA | ARGENTINA
Tribunal: Juzgado de Familia de Lomas de Zamora
A fs.148-158 se presentan M. R. H., DNI Nro., con el patrocinio letrado de Natalia Noemí Duarte Antúnez, y M. C. H., DNI Nro., con el patrocinio letrado de la Dra. Gabriela Luna, peticionando con carácter URGENTE autorización judicial para la inscripción de la niña por nacer ante el Registro Nacional de las Personas con el prenombre M.S. y con los apellidos de los donantes de los gametos A. y H., actualmente en gestación por medio de técnicas de reproducción humana asistida de Alta Complejidad con gametos de la propia pareja A-H. (FIV/ICSI) y con inminente y probable fecha de parto para el 19 de enero de 2016.
M. R. H. (36 años) mantiene una unión convivencial con C.J.N. A. (34 años), DNI 28.825.708, desde 2010, conforme surge de las actuaciones ante el Juzgado de Paz Letrado de Esteban Echeverría, agregadas a fs.40-41.
A fs.162 obra el acta de audiencia a la que concurren la Dra. Mirta Silvia Viqueira de la Asesoría Nro.4 del Ministerio Público, ambas parejas con los hijos menores de edad de una de ella, todos con el debido patrocinio letrado.
En cuanto a los hijos, refiere que ellos preguntaron sin temores, de modo tal que al mome nto presente saben que su madre gesta a M. y que es su prima.
A fs.174 se corre vista urgente al Sr.Agente Fiscal Dr.AlejandroVidaurre y la Sra. Asesora interviniente Dra. Mirta Silvia Viqueira.
Asimismo, siguiendo el enfoque interdisciplinario, insoslayable en la decisiones a adoptar en e l fuero de familia, afirma que “desde una perspectiva psico-constitucional-convencional, la voluntad procreacional puede ser definida como el deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la constitución subjetiva de las personas.” (.) “El elemento central es el amor filial, el cual se presenta como un acto volitivo, decisional y autónomo”. (Gil Dominguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Ediar, 2014, p. 13)
La perito psicóloga, en el informe obrante a fs. 170-174, da cuenta del “precoz y duradero malestar subjetivo [de M. R. H.] asociado a su diversidad funcional e imposibilidad gestacional.” Desde los quince años M. R. padecía amenorrea (no menstruaba) lo que la motiva a concurrir al ginecólogo. Se le diagnostica “matriz infantil” y pronostica la imposibilidad de gestar un embarazo. Según palabras de M. R., “[p]ara mí fue un impacto además en un momento en el que mi papá perdió el trabajo, y mi mamá debió afrontar la economía de la casa Yo me sentía anormal que no menstruaba.” Ha hecho múltiples estudios y tratamientos de fertilidad, habiendo manifestado un alto nivel padecimiento emocional asociado a su dificultad reproductiva. Durante un largo período de tiempo, se aferró a la idea de poder gestar un embarazo dada que al contar con un desarrollo ovárico saludable pensaba que era posible. Fantasía que sostuvo hasta que una médica le expresó “que debía asumir mi enfermedad, que no vea fantasmas donde no los hay, y que asuma que no voy a poder ser madre otra médica me llegó a decir que mi enfermedad podía tener que ver con una maniobra abortiva de mi mamá Sufrí mucho por la falta de explicación precisa.” Más adelante, le detectan “una malformación renal, tengo los dos riñones alojados del lado derecho”, dice. Su hermana M. C. (gestante de la beba en la actualidad) la ha acompañado, apoyado y apuntalado desde la adolescencia y a lo largo de dicho proceso. Además, M. R. nunca ha efectuado tratamiento psicológico.Recién a los 31 años, al comprender que no tiene una cavidad uterina capaz de alojar un posible embrión, pero que su desarrollo folicular es saludable, y por tanto, es capaz de acceder a tener un hijo a través del “alquiler de vientre” (según dichos deM. M. R.). Menciona que su progenitora, a esa fecha tenía 54 años y aún menstruaba, lo que motivó a la médica a sugerirle que ella sea la posible gestante. Luego del surgimiento de algunas dificultades técnicas de la progenitora, surge la posibilidad de ser su hermana M. C. quien geste el embarazo. Entre los obstáculos visualizados por la pareja al inicio del proceso, señalan el factor económico debido a los altos costos del tratamiento de fertilización propuesto y la dificultad asociada a la filiación.
III.”Artavia Murillo y otros (F.I. V) vs Costa Rica”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 28 de noviembre de 2012.
“285. La Convención Americana no prohíbe todas las distinciones de trato. La Corte ha marcado la diferencia entre ‘distinciones’ y ‘discriminaciones’_, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En el presente caso, los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se relacionan con la protección del derecho a la vida privada y familiar, y el derecho de fundar una familia, y no de la aplicación o interpretación de una determinada ley interna que regule la FIV.Por tanto, la Corte no analizará la presunta violación del derecho a la igualdad y no discriminación en el marco del artículo 24_ sino a la luz del artículo 1.1_ de la Convención en relación con los artículos 11.2 y 17 de la misma_”.
“286. El Tribunal ha señalado que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos_. El Comité de Derechos Humanos_, el Comité contra la Discriminación Racial_, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer_ y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales_ han reconocido el concepto de la discriminación indirecta. Este concepto implica que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas_. Es posible que quien haya establecido esta norma o práctica no sea consciente de esas consecuencias prácticas y, en tal caso, la intención de discriminar no es lo esencial y procede una inversión de la carga de la prueba.Al respecto, el Comité sobre las Personas con Discapacidad ha señalado que “una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique”_. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha desarrollado el concepto de discriminación indirecta, estableciendo que cuando una política general o medida tiene un efecto desproporcionadamente prejudicial en un grupo particular, esta puede ser considerado discriminatoria aún si no fue dirigido específicamente a ese grupo_”.
Para así concluir tuvo en cuenta, que “la Organización Mundial por la Salud (en adelante “OMS”) ha definido la infertilidad como “una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas” (supra párr.62). Según el perito Zegers-Hochschild, “la infertilidad es una enfermedad que tiene numerosos efectos en la salud física y psicológica de las personas, así como consecuencias sociales, que incluyen inestabilidad matrimonial, ansiedad, depresión, aislamiento social y pérdida de estatus social, pérdida de identidad de género, ostracismo y abuso [ ]. [G]enera angustia, depresión aislamiento y debilita los lazos familiares”. La perita Garza testificó que “[e]s más exacto considerar la infertilidad como un síntoma de una enfermedad subyacente. Las enfermedades que causan infertilidad tienen un doble efecto dificultando el funcionamiento de la infertilidad, pero también causando, tanto a corto como a largo plazo, problemas de salud para el hombre o la mujer”. En sentido similar, la Asociación Médica Mundial ha reconocido que las tecnologías reproductivas “difieren del tratamiento de enfermedades en que la incapacidad para ser padres sin ayuda médica no siempre se considera una enfermedad. Aún cuando pueda tener profundas consecuencias psicosociales, y por tanto médicas, no es en sí misma limitante de la vida. Sin embargo, sí constituye una causa significativa de enfermedades mentales graves y su tratamiento es claramente médico”_.
A lo que agregó que: “284. Del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante “CDPD”) se desprende el derecho de las personas con discapacidad de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva_. Mientras que el perito Caruso consideró que solo se puede hablar de la infertilidad como discapacidad en determinadas condiciones y supuestos, y por tanto sólo en casos específicos_. El perito Hunt observó que “la infertilidad involuntaria es una discapacidad”_, considerando que:”[e]l Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Costa Rica es Parte, reconoce que la `discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás´. De acuerdo al modelo biopsicosocial de la OMS sobre discapacidad, ésta tiene uno o más de los tres niveles de dificultad en el funcionamiento humano: un impedimento físico psicológico; una limitación de una actividad debido a un impedimento (limitación de una actividad) y una participación restringida debido a una limitación de actividad. De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS, los impedimentos incluyen problemas en el funcionamiento del cuerpo; las limitaciones de las actividades son dificultades que una persona puede tener al realizar una actividad; y las participaciones restringidas son problemas que una persona puede experimentar en diversas situaciones de la vida”_.
Entiende el jurista que la voluntad procreacional es un derecho fundamental y un derecho humano, cuya garantía para muchas personas heterosexuales, gays, lesbianas, travestis y transexuales se traduce en el acceso integral y sin discriminación alguna a las TRHA y a las gestación por sustitución. Este derecho surge directa y operativamente de la regla de reconocimiento constitucional y convencional. Y más allá de que un código civil lo desarrolle o no de manera general, los titulares lo podrán ejercer plenamente aunque para ello deban transitar el sendero de la jurisdicción constitucional particular en busca de poder gozar del amor filial y el linaje” (Gil Dominguez, Andrés, op.cit, p.39).
Aclárase que la referencia del jurista al derecho viviente convencional, se vincula a la interpretación evolutiva propia de los tratados de derechos humanos, ya que, como han señalado tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones: “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como en la Convenciónde Viena sobre el Derecho de los Tratados.En este sentido, al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano.” (Opinión Consultiva OC-16/99 sobre El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantias del debido proceso legal, 1 de octubre de 1999, párr. 114; en igual sentido, Caso Cantoral Benavides, párr. 99; y Caso Blake. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 1 de octubre de 1999, párr. 21; Masacre de Mapiripán, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.106)
VI.Con razón se ha visto la decisión de eliminar la regulación de la gestación por sustitución como un retroceso, “al desatender una realidad instalada en nuestra sociedad que deja traslucir una fragmentación social entre quienes contando con capacidad económica pueden recurrir a una gestación por sustitución internacional vía Estados Unidos o la India y aquellos que no se encuentran en condiciones de poder hacerlo, situación que conlleva a una afectación del principio bioético de justicia. [ ] Atendiendo a esta realidad, la justicia nacional abrió un camino que se proyecta hacia la admisión de la gestación por sustitución nacional. Adherimos al criterio seguido, por entender que conforme el sistema de fuentes interno en el derecho argentino, el borrar la gestación por sustitución del CCCoN no implica prohibición. Encuentra sustento nuestra posición en la amplitud que consagra el art. 7 de la Ley 26.862, y especialmente, en el resguardo de los derechos humanos personalísimos comprometidos reconocid os en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales junto con la Constitución nacional ocupan el vértice de la pirámide jurídica; como lo expresa el CCCoN en su Título Preliminar.” (Krasnow, Adriana N. – Pitasny, Tatiana, “Gestación por sustitución e identidad. Su recepción implícita en el CCCoN” , 14/12/2015, Microjuris.com Argentina; Cita: MJ-DOC-7539-AR | MJD7539)
El concepto de “autonomía” debe ser objeto de algunas precisiones, a fin de resaltar sus limitaciones y así cumplir con la obligación estatal de “estar alertas y condenar todas las formas de discriminación, incluso aquellas que no se mencionan en forma expli´cita en la Convencio´n o que puedan aparecer con posterioridad.” (Recomendación General Nro.28, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, ONU – CEDAW/C/GC/28 – párr.15)
Scotti, por su parte, sostiene que: “Una regulación estricta, con pautas claras y eficaces sería un instrumento idóneo para proteger los derechos de todas las personas involucradas: comitentes, gestante y principalmente, los niños que nacen gracias a esta práctica”. Son muchas las situaciones conflictivas que se pueden presentar y que requieren soluciones reguladas: desde los casos en los que la mujer gestante se niega a cumplir el acuerdo y a entregar al niño, hasta los lamentables supuestos en donde los progenitores intencionales rechazan hacerse cargo del niño nacido con algún tipo de discapacidad, o ante la separación de la pareja, o del fallecimiento de uno o ambos comitentes una vez realizado el acuerdo pero antes del nacimiento, entre tantos otros supuestos controvertidos.[ ] No es deseable ni prudente dejar completamente librado al juez establecer el contenido del orden público internacional frente a este t ipo de casos, cada día más frecuentes, pues dicha situación generaría un alto grado de incertidumbre para los padres y en especial para los propios niños.”
Es preciso dar una respuesta que proteja jurídicamente a todas las p ersonas que intervienen: a quien actúa como gestante -que es madre conjuntamente con su esposo de tres niños menores de edad-; a la progenitora y al progenitor de la niña por nacer que conjuntamente han recurrido a la TRHA porque era la única forma que tornaba viable su proyecto familiar atento a que ella produce óvulos pero carece de la capacidad de gestar; por otra parte, a todos los niños involucrados en el proyecto conforme al tan mentado interés superior: a la prima pequeña y los dos primos que esperan el nacimiento de su prima M. S. para el 19 de enero de 2016.
Por su pertinencia como antecedente para encuadrar adecuadamente desde el punto de vista procesal constitucional la petición de autos, cabe resaltar la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el alcance dado al llamado “caso judicial”, dentro del ámbito preventivo. El Máximo Tribunal admitió que: “Las pretensiones planteadas por esta vía de la acción meramente declarativa constituyen una causa en los términos de los arts. 108, 116 y 117 de la CN, en tanto no tengan un carácter simplemente consultivo, no importen una indagación meramente especulativa y respondan a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad” (Fallos:310:606; 312:1003; 314:1186 y 315:1013, entre otros” (Nota Nro.48, Rojas, [Jorge] A., La emergencia y el proceso, RubinzalCulzoni, 2003, p.209)
Como lo expresa en su dictamen la Sra. Asesora Dra. Mirta Silvia Viqueira, representante del Ministerio Público, con la inscripción de la niña al momento de su nacimiento de conformidad con la voluntad procreacional “lo que se pretende es evitar los daños derivados de la falta de inscripción al momento de su nacimiento y que no corresponda a la voluntad procreacional expresada ya que esto afectaría palmariamente los derechos que corresponden a mi representada, ya que al no emitirse el certificado de nacimiento, cuando este ocurra directamente a nombre de los comitentes, afectaríamos sus derechos a la identidad, a la salud, a la vida familiar, a la vida cultural, entre otros, ya que la carencia de DNI implicaría una barrera para acceder a tales derechos en forma inmediata.” (fs.181 vta.-182)
En el mismo sentido dictaminó el Señor Agente Fiscal, Dr.AlejandroVidaurre, a fs.175-176, citando el informe socio-ambiental practicado en los hogares de las dos parejas por la Lic. en Trabajo Social Cecilia Eva Iocolano, perito del Equipo Técnico, en el que se resalta el estrecho vínculo entre las hermanas y una dinámica relación entre ambos grupos familiares (fs.167-169) y el informe psicológico elaborado por la Lic. Karina Benítez, también perito del Equipo Técnico, que describe: “la pareja constituida por H. M. R.y C. J.N. A. impresiona capaz de prohijar amorosamente a la niña. Se observa en ellos un deseo decidido asociado a la maternidad y paternidad en línea al procedimiento llevado a cabo.”
En el fundado dictamen de la Sra. Asesora también se destaca que en el caso “Artavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “los derechos reproductivos integran los derechos humanos, hay un derecho a procrear y un derecho a no procrear, en tal sentido sostuvo que la prohibición absoluta de acceder a las TRHA viola derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.” Señala que en dicho caso la Corte Interamericana analizó los alcances y la compatibilidad de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Sala Constitucional) en el cual se había establecido “una presunta prohibición general absoluta de la práctica de la fertilización in vitro (FIV) vigente. / La Corte Interamericana resolvió que el Estado Costarricense resultaba responsable de la violación de los arts. 5.1 (derecho a la integridad personal), art.7 (derecho a la libertad personal), art. 11 .2 (protección de la honra y la dignidad) y art.17.2 (protección de la familia). /Al analizar la interferencia desproporcionada e impacto discriminatorio de la restricción generada por la Sala Constitucional, la Corte Interamericana tuvo como punto de partida, que el derecho a la vida privada está estrechamente relacionado con: 1) el derecho a la familia, el cual conlleva la obligación de fortalecer de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del grupo familia; 2) la autonomía reproductiva; 3) el acceso a los servicios de salud reproductiva, que comprende el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para acceder a ese derecho./Destacando la Corte que, el derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el art.16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según la cual las mujeres gozan del derecho a “decidir libre, responsablemente, el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer esos derechos” (destacado en el dictamen original, fs.180). / Finalmente ha sostenido que el derecho a la vida privada y a la libertad reproductiva guarda relación con el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para acceder a ese derecho. El derecho al goce de los beneficios del progreso científico ha de ser reconocido internacionalmente y, en el ámbito interamericano, se encuentra contemplado en el art.XII de la Declaración Americana y en el art.14.1 b) del Protocolo del Salvador.” Finalmente concluye la Sra. Aserora afirmando que “la gestación por otra mujer -en este caso su hermana- se convierte en la única TRHA idónea para la realización efectiva de los derechos a la vida privada y familiar (art. 11 CADH), a la integridad personal (art. 5.1 CADH), a la libertad personal (art. 7.1 CADH), a la igualdad y a no ser discriminado (art.24 CADH), en cuanto al derecho a la maternidad, y de conformar una familia, la que juega un papel central conforme al art.17 de la CADH – ello conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo”.
VIII. Habiendo desarrollado ut supra normativa nacional y supralegal, conjuntamente con doctrina y jurisprudencia pertinente, en particular el caso “Artavia Murillo y otros (F.I.V.) vs Costa Rica” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habiendo oído a la Sra. Asesora y al Sr Agente Fiscal, habiendo repasado las posturas de los juristas que afirman que la gestación por sustitución ha sido eliminada pero no prohibida, lo que implica que está permitida en virtud del principio de legalidad (art.19 Const.Nacional) y teniendo presente las conclusiones de las XXV Jornadas de Derecho Civil de Bahía Blanca (2015) en las que por unanimidad se concluyó que “[a]ún sin ley, al no estar prohi bida, se entiende que la gestación por sustitución está permitida”, encuentro que el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto no reconoce la maternidad de la mujer comitente que ha expresado su voluntad procreacional mediante el consentimiento informado, sino la de la mujer gestante, constituye en este caso de gestación por sustitución una barrera para el ejercicio -por parte de los justiciables, tanto personas adultas como menores de edad, incluyendo a la niña por nacer inmersa en la incertidumbre jurídica respecto de su identidad- de derechos humanos y fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de la máxima jerarquía jurídica, lo que torna dicho texto normativo incompatible con las protecciones debidas por la magistratura en el caso a resolver, en el marco del sistema de protección de derechos humanos, tanto la protección general establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en losdos Pactos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como las protecciones de derechos específicas que dimanan de la Convención sobre los Derechos del Niño -arts.3.1, 7, 8, 18-, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -arts.2, 4, 16-, y de la Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad -arts.1, 3, 6, 23, 25- todos ellos instrumentos protectorios de la máxima jerarquía jurídica en nuestros sistema, “vale aclararlo, en las condiciones de su vigencia”, como dijera la Corte Federal en el fallo Aquino (art.75 inc.22 Constitución Nacional).
“123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular . Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella.El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.” (Además, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso XimenesLopes vs. Brasil. 4/7/2006, párr. 172; ycaso Baldeón García vs. Perú, 6/4/2006, párr. 140)
IX. Licencia por maternidad para el cuidado de la hija. Según el informe socioambiental obrante en autos, M. R. H., DNI 27500215, se desempeña en relación de dependencia como empleada de farmacia (fs.167).
El sustento normativo de la protección debida a los progenitores en el contexto de la gestación por sustitución emana de los instrumentos de derechos humanos, regionales e internacionales, ratificados por el Estado, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 inc.22 de la CN) -es decir conforme a las interpretaciones de sus intérpretes autorizados (fallos de la Corte IDH: Caso AtalaRiffo y Niñas vs.Chile, Caso Artavia Murillo y otros vs.Costa Rica y Caso Fornerón e hija vs.Argentina, y la Observación General n°19 sobre el artículo 23, párr. 2 Comité de Derechos Humanos).
3. 3) Ordenar la inscripción inmediata de la niña dada a luz por M. C. H., DNI xxxxxxxx, como hija de M. R. H., DNI Nro., y de C.J.N. A., DNI Nro.
4. 4) Que la niña dada a luz por M. C. H., DNI xxxxxxxx, llevará el prenombre compuesto de M.S. y el primer apellido A., correspondiente a su progenitor, seguido del apellido H., correspondiente a su progenitora. Su nombre completo será: M.S. A.H.
5. 5) Ordenar la expedición del certificado de nacimiento correspondiente a la niña dada a luz por M. C. H., DNI xxxxxxxx, con el nombre de M.S. A.H., como hija de M. R. H., DNI Nro. y de C.J.N. A., DNI Nro. (art.559 Código Civil y Comercial de la Nación)
10. 10) Regular los honorarios profesionales de las letradas: Dra. Natalia Noemí Duarte Antúnez, inscripta en al CALZ T XXII Folio 507 en la suma de ($.); Dra. Gabriela Luna, inscripta al CALZ T XIX Folio 28 en la suma de ($.); Dra. Mariana Raquel Melgarejo, inscripta al CALZ T XXI Folio 223 en la suma de ($.) y a la Dra. Lorena Roxana Duarte Antúnez, inscripta al CALZ T XXVIII Folio 36 en la suma de ($.) (arts.13 y 16 Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OFÍCIESE.
Tag: DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, derechos humanos, INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, MATERNIDAD SUBROGADA, NOMBRE, PARTIDAS, TRATADOS INTERNACIONALES
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