Source: http://www.luispetri.com.ar/proyectos/autorizando-a-taxi-y-remises-a-usar-videocamaras-de-seguridad/
Timestamp: 2017-08-23 08:00:09
Document Index: 232821920

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 13', 'Artículo 14']

Autorizando a taxis y remises a usar videocamaras de seguridad | Luis Petri
Autorizando a taxis y remises a usar videocamaras de seguridad
La utilización de videocámaras en el interior de taxis o remises puede ser un instrumento útil a los fines de la prevención y represión de los delitos a que esta actividad se encuentra expuesta. Ante ello, se debe establecer el marco regulatorio respecto del uso y tratamiento de imágenes con fines de vigilancia en su interior, instituyendo de garantías a las personas cuyas imágenes son tratadas mediante tales procedimientos.
En este sentido es útil destacar la experiencia piloto realizada en la ciudad de la Plata, donde se instaló en 30 taxis cámaras de seguridad. El mecanismo de vigilancia, prevé que las cámaras ubicadas junto al espejo retrovisor comiencen a filmar a quienes sean considerados “sospechosos” cuando los taxistas opriman el “botón de pánico”, siendo este un pulsador que al mismo tiempo envía señales de alerta hacia el operador de la empresa de seguridad que presta el servicio.
La utilización de videocámaras, puede operar en un doble sentido, ya como disuasorio al momento de intentar cometer el delito o bien a fin de posibilitar la identificación y/o captura de los autores del mismo.
Respecto de las distintas medidas de seguridad propuestas para prevenir delitos es conveniente aclara que la utilización de mamparas de protección y videocámaras no se excluyen, sino que muy por el contrario son complementarias a la hora de brindar mayor seguridad a choferes y pasajeros a bordo de un taxi o remis.
A mayores medidas de seguridad se produce una consiguiente disminución del riesgo en cuanto al acaecimiento de un delito, por consiguiente ambas medidas deberían ser aplicadas progresivamente en nuestra provincia, estableciéndose en las futuras licitaciones condiciones de seguridad que necesariamente deben incorporar los permisionarios, además de las medidas mínimas respecto de la carrocería del vehículo para permitir la introducción de las mismas.
Asimismo, se debe tender a establecer sistemas de pago que eviten y/o disminuyan la contratación y pago a través de dinero en efectivo, posibilitando el mismo con tarjetas de débito, crédito, u otro sistema de pago análogo.
Es necesario tener en cuenta el tipo de delito a que se ven sometidos quienes trabajan prestando el servicio de taxis, al respecto Charles Rathbone elaboró un informe denominado “Taxi Driver 606 homicidios, Estados Unidos y Canadá, 1980-1994”, contiene una estadística respecto a la ocurrencia y modalidad de delitos y agresiones a que son víctimas los choferes, que se asimila a los delitos cometidos en nuestra provincia.
El mencionado informe señala que:
El 94% de los ataques se producen cuando el conductor se encuentra el interior de la cabina.
El 85% de las heridas mortales son a causa de impactos de bala.
El 82% de las agresiones se producen en la noche.
El 74% de las muertes se deben a impactos de bala en la cabeza y el cuello.
El 66% de los agresores son menores de 20 años.
El 47% de los asaltantes actúa solo.
El 25% de los asaltantes se encuentra fuera de la cabina.
Ahora bien, en la actualidad no existe dictamen especifico de parte de la Dirección Nacional de Datos Personales respecto de la utilización de videocámaras en el interior de los taxis o remises, sin embrago la Agencia Española de Protección de Datos Personales –la cual es seguida en sus dictámenes por la DNDP- elaboró el Informe 0365/07 respecto de la procedencia y procedimiento a seguir para la instalación de Videovigilancia en taxis, el cual reproducimos en su totalidad en virtud de las semejanzas entre ambas legislaciones en materia de protección de datos personales y por el alto valor de los dictámenes elaborados por la Agencia Española.
La consulta plantea que procedimiento debe de seguirse para instalar una cámara en un Taxi de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.
En primer lugar, es preciso señalar que la Agencia Española de Protección de Datos, no es el organismo competente para autorizar la instalación de ninguna cámara. La Agencia vela por la protección de la imagen como dato personal, exigiendo el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 y la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
No obstante lo anterior, indicaremos que toda cámara capta imágenes de las personas físicas, por ello, la grabación de la imagen de una persona, es un dato personal, y genera un tratamiento de datos siendo éste el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como se ha señalado en la Resolución R/00035/2006 de 27 de febrero de 2006, donde se estable que:
“El artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.
En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.
El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.
De acuerdo con aquella definición de tratamiento de datos personales, la captación de imágenes de las personas que transitan una vía publica constituye un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.”
Este criterio se recoge en el artículo 1.1 de la citada Instrucción donde señala que “La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.
Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.”
Quiere ello decir que la instalación de la cámara deberá de ser legítima, por tanto como señala el artículo 2 de la Instrucción “1.- Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En cuanto a la legitimación para el tratamiento de las imágenes el artículo dos de la Instrucción se remite a lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Es por tanto necesario encontrar una ley que legitime el tratamiento, o de obtener el consentimiento de cada uno de los que se introduzcan en el taxi y resulten grabados por la cámara.
En consecuencia, sí resulta imposible obtener el consentimiento de cada cliente que acceda al taxi, es preciso acudir alguna Ley que legitime el tratamiento. La Ley que resultaría aplicable en relación con el tratamiento de imágenes es la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (LSP), que regula, según su artículo 1.1 “la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicio de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.
De este modo, la Ley habilitaría que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación, esto es, empresas de seguridad privada puedan instalar dispositivos de seguridad, entre los que podrían encontrarse las cámaras, siempre con la finalidad descrita en el citado artículo 1.1.
De este modo, quedaría legitimado por la existencia de una norma con rango de Ley habilitante el tratamiento al que se refiere el apartado 2 de los citados con anterioridad, siempre que se cumplan los requisitos a los que se ha hecho referencia, no siendo necesario el consentimiento del afectado.
En el orden nacional para proceder a una correcta regulación respecto de la utilización de videocámaras en el interior de los automóviles sujetos a concesión para la prestación del servicio público de transporte, es necesario tener en cuenta el dictamen elaborado por la Dirección de Protección de Datos bajo el n° 24/2004 sobre la materia, relativo al uso de cámaras en estadios de fútbol. Este dictamen confirma la aplicación de la ley 25.326 a los datos recolectados mediante videocámaras usadas para vigilancia. A continuación pasamos a transcribir los principales párrafos del mismo con directa vinculación a proyecto impulsado.
Teniendo en cuenta los informes precedentemente expuestos, en los cuales surgen los requisitos y condiciones a las cuales debe sujetarse todo archivo, registro, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, siendo obligatoria su inscripción en el registro y encuadrando las imágenes grabadas del interior de los taxis en la definición de dato personal entendiendo este como “Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”, es que resulta necesario establecer el marco normativo al que se someterá.
Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley
Artículo 1°.- Autorizase a los permisionarios de taxis y remises, la utilización de videocámaras para grabar imágenes en el interior de los vehículos, con el objeto de asegurar la protección de los usuarios, conductores y vehículos afectados a la prestación del servicio; prevenir y constatar delitos y prevenir la causación de daños a las personas y bienes, estableciendo los derechos y garantías fundamentales que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.
Artículo 3°.-	No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes:
1)	del interior de propiedades privadas distintas al vehículo al que fueron colocadas, salvo por autorización judicial expresa, con carácter previo.
2)	cuando se afecte de forma directa, grave y sin justificación la intimidad de las personas no obstante estar situada en el interior del vehículo.
3)	No podrán captar sonidos. El conductor del taxi o remises estará exceptuado de lo dispuesto en el presente inciso ante un hecho delictual del cual fuere victima, supuesto en el que a partir de la activación del botón de pánico podrá transmitir sonidos desde el interior del automóvil hacia las fuerzas de seguridad o la empresa concesionaria del servicio.
En el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes y/o sonidos cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Artículo 4°.-	Las imágenes obtenidas tienen carácter confidencial, las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados que se encuentren avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas penales.
Los responsables de la operación de videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Artículo 5°.-	En caso de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los operadores de videocámaras u otros equipos análogos, o de quienes tengan acceso a las imágenes o información producida por éstos, será considerada falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones previstas en el estatuto o convenio que les resulte aplicable y las sanciones establecidas en el régimen general que regula el procesamiento informático de datos de carácter personal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
Artículo 6°.-	Las imágenes que se obtengan, conforme las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas por un plazo de seis (6) meses, que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas, salvo que estén relacionadas con delitos y/o contravenciones, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Artículo 8°.- Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, el operador pondrá la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial en forma inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde su grabación.
Artículo 9°.- La existencia de videocámaras debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente ubicada tanto en el interior como en el exterior del vehiculo, sin necesidad de especificar su emplazamiento.
Artículo 10°.- Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.
Artículo 11°.-	Será autoridad de aplicación el Ministerio de Seguridad de la Provincia,
Artículo 12°.-	La operación del servicio podrá ser realizada por las empresas concesionarias del servicio o por el Ministerio de Seguridad mediante la realización de convenios celebrados a tal fin. En todos los casos se deberá cumplimentar la anotación en el Registro de Archivo de Datos previsto en el Artículo 21 y 24 de la ley 25.326. La reglamentación determinará las condiciones y/ requisitos del operador conforme sea este público o privado, resguardando la confidencialidad de la información
Artículo 13°.-	La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 14°.-	De forma.