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Timestamp: 2016-12-09 20:01:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234']

⭐ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA IMPUNIDAD POLICIAL DOS AÑOS DESPUÉS
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Sara Pereyra López
1 ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA IMPUNIDAD POLICIAL DOS AÑOS DESPUÉS2 Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos. Amnesty International Publications Publicado en 2009 por Amnistía Internacional Secretariado Internacional Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X ODW Reino Unido Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, Madrid. España Amnesty International Publications 2009 Índice: EUR 41/010/2009 Idioma original: inglés Impreso por Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, Reino Unido Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa. Foto: La policía ataca a un manifestante en Madrid, 22 de mayo de Eduardo León3 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 4 NOVEDADES DESDE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN... 5 NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN... 6 ESTADÍSTICAS SOBRE ENJUICIAMIENTOS... 6 ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA... 7 OTROS ACONTECIMIENTOS... 9 SAL EN LA HERIDA: IMPUNIDAD POLICIAL DOS AÑOS DESPUÉS El caso de Lucian Padurau El caso de Sandra Guzmán COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU El caso de Beauty Solomon El caso de Jordi Vilaseca El caso de Sergio LD MIKEL IRIBARREN PINILLOS C. España, 8 de enero de El caso de Driss Zraidi El caso de Daniel Guilló Cruz El caso de Rodrigo Lanza Huidobro, Alex Cisterna Amestica y Juan Daniel Pintos Garrido SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- ALBERTO VIEDMA MORILLAS El caso de Javier S El caso de Daniel Díaz Gallego, Manuel Matilla Parrilla, Israel Sánchez Jiménez, y Marcos V El caso de Juan Martínez Galdeano El caso de Roque Zambrano Velasco CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 284 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 4 INTRODUCCIÓN Está claro que es difícil incriminar a la policía cuando es ella la que dirige la investigación, así que, como han archivado el caso, pues nada. Sandra Guzmán En noviembre de 2007, Amnistía Internacional publicó el informe España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (Índice AI: EUR 41/006/2007), en el que se documentaban las reiteradas denuncias contra agentes encargados de hacer cumplir la ley pertenecientes a fuerzas policiales nacionales, autonómicas y locales de toda España, denuncias que los jueces de instrucción a menudo archivaban tras una investigación mínima. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido investigando casos de tortura y otros malos tratos en España y ha hecho campaña para que se establezcan mecanismos efectivos con el fin de prevenir la comisión de estas violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional no considera que en España exista una práctica sistemática de la tortura, pero las investigaciones de la organización han indicado que los casos de tortura y otros malos tratos en ese país no son incidentes aislados, sino muestras de las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de esos actos. En estas páginas encontrarán información actualizada sobre los casos reflejados en Sal en la herida que aún no habían llegado a una resolución cuando se publicó ese informe. De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una declaración de culpabilidad (ambas se encuentran en fase de apelación). En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años). Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión. NOVEDADES DESDE 2007 Desde noviembre de 2007 ha habido una serie de cambios en España con respecto a la prevención e investigación de la tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados5 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 5 de hacer cumplir la ley. Se han producido novedades en los ámbitos nacional y autonómico, y, aunque estas nuevas medidas suponen importantes mejoras, en muchas áreas siguen siendo necesarios más avances. CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Cuando se publicó Sal en la herida, la Ertzaintza, la policía de la comunidad autónoma vasca, era el único organismo encargado de hacer cumplir la ley en España que utilizaba por norma cámaras de circuito cerrado de televisión en los pasillos y las salas de interrogatorio (aunque no en los calabozos individuales) de sus comisarías de policía. Agentes de la Ertzaintza manifestaron a Amnistía Internacional que el número de denuncias de malos tratos registradas había disminuido significativamente desde que en octubre de 2005 se implantó esta medida, que no sólo sirve para proteger a las personas detenidas frente a posibles malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, sino también para proteger a dichos agentes de denuncias falsas. Aunque acogió con satisfacción esta medida, que sentaba un precedente, Amnistía Internacional pidió a la Ertzaintza que la ampliase e incluyese la grabación con este tipo de cámaras en los calabozos individuales y la grabación en audio (salvo cuando constituyese una violación del derecho de la persona detenida a consultar confidencialmente con su abogado). Hasta la fecha, las modificaciones propuestas no se han puesto en práctica. El Departamento de Interior vasco informó a Amnistía Internacional de que consideraban que el sistema actual era suficiente, ya que se graba quién entra y sale de los calabozos. Sin embargo, en vista del resultado en el caso de Driss Zraidi (véase infra), Amnistía Internacional considera que esta medida puede no ser suficiente para prevenir o investigar de modo efectivo los casos de tortura u otros malos tratos. A comienzos de 2007, tras una serie de denuncias de malos tratos en la comisaría de la policía autonómica (Mossos d Esquadra) de Les Corts, en Barcelona, el gobierno autonómico de Cataluña autorizó la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión ocultas. En marzo y abril de 2007, estas cámaras grabaron al menos dos nuevos casos de evidentes malos tratos que desembocaron en procesos penales. A finales de 2007, tras producirse estos casos y después de la publicación del informe de Amnistía Internacional Sal en la herida, el gobierno autonómico catalán anunció que se instalarían cámaras de circuito cerrado de televisión en las zonas comunes, las salas de interrogatorio y los calabozos de todas las comisarías de los Mossos d Esquadra. En abril de 2009, Amnistía Internacional se reunió con el consejero de Interior del gobierno catalán, que confirmó que se habían instalado cámaras en todas las comisarías de los Mossos d Esquadra más importantes y que las grabaciones se conservarían durante seis meses. Sólo las comisarías más pequeñas, que no disponen de calabozos para las personas detenidas, carecían de dichas cámaras. Según información aparecida en los medios de comunicación, hasta el 10 de julio de 2009 se habían instalado más de cámaras (algunas con sonido y otras sólo con grabación en vídeo) en calabozos, zonas de custodia, salas de registro y pasillos de comisarías de los Mossos d Esquadra. No hay cámaras en los aseos ni en las salas destinadas a la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares o abogados. 1 A pesar de la oposición inicial, sindicatos y autoridades policiales han acabado acogiendo positivamente la medida y reconociendo que constituye un medio importante de protección para que las personas detenidas no sufran daños ni los agentes de policía sean objeto de acusaciones falsas. En marzo de 2009, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, una6 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 6 red nacional de organizaciones no gubernamentales (ONG), informó de que en 2008 se había registrado una disminución de casi el 40 por ciento en el número de denuncias de malos tratos por parte de los Mossos d Esquadra (45 denuncias, frente a las 72 registradas en 2007). 2 Es más, ninguna de las denuncias registradas por la red de ONG en 2008 estaba relacionada con malos tratos presuntamente cometidos en el interior de una comisaría de policía. El Plan de Derechos Humanos de ámbito nacional presentado por el gobierno español en diciembre de 2008 incluía, en la medida 97, el compromiso de instalar el material necesario para la grabación de las personas detenidas en régimen de incomunicación durante todo el tiempo de permanencia en las dependencias policiales. Sin embargo, no se anunció una medida similar para los detenidos comunes, que no permanecen incomunicados. NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN El 14 de septiembre de 2007, el ministro español del Interior dictó una instrucción relativa al uso obligatorio del número de identificación personal en un lugar visible del uniforme de todos los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya entrada en vigor estaba prevista para seis meses después (marzo de 2008). En noviembre de 2008, el gobierno autonómico catalán aprobó un decreto similar (Decreto 217/2008 del 11 de noviembre) que obligaba a todos los agentes de los Mossos d Esquadra uniformados (incluida la policía antidisturbios, pero no el uniforme de gala) a llevar en todo momento un número de identificación profesional claramente rotulado en su uniforme. Hasta ese momento, sólo determinadas unidades de los Mossos d Esquadra estaban obligadas a llevarlo. Este decreto entró en vigor en mayo de Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción estas medidas, ya que la organización considera que ayudan a prevenir la tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley al garantizar que ningún agente puede actuar bajo la protección que ofrece el anonimato, y hace un llamamiento al gobierno autonómico vasco para que ponga en marcha medidas similares. En la actualidad, los agentes de la Ertzaintza no llevan ningún número de identificación en su uniforme. ESTADÍSTICAS SOBRE ENJUICIAMIENTOS Tras las recomendaciones formuladas en el informe Sal en la herida, en 2008 la Fiscalía General del Estado dedicó por primera vez un capítulo de su Memoria anual a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por funcionarios. 3 El objetivo de esta recomendación era garantizar la recopilación de información exhaustiva sobre este tema, ayudando así a identificar las dificultades en el enjuiciamiento de estos casos que, a su vez, pudieran llevar a una reforma sistémica con el fin de prevenir los malos tratos y mejorar el acceso a un recurso efectivo para las víctimas. La Memoria anual publicada por la Fiscalía General del Estado en (que informaba sobre casos de 2007) incluía información sobre 18 Fiscalías provinciales de 11 comunidades autónomas. En 35 provincias no constaban ni denuncias ni incoación de procedimiento alguno por delito de torturas cometido por funcionarios públicos.7 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 7 Aunque la inclusión de este capítulo especial constituye un primer paso positivo, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones metodológicas para sacarle el máximo provecho. Aunque algunas Fiscalías provinciales informaron de todos los expedientes abiertos en 2007, otras no proporcionaron cifras exactas. Algunas incluyeron casos de años anteriores juzgados en 2007, pero otras no lo hicieron. Lo que es más importante, la propia Fiscalía General del Estado hizo notar que los casos citados en su informe no eran exhaustivos, ya que en muchas ocasiones las denuncias formuladas por presuntos delitos de torturas o contra la integridad moral fueron registradas en el momento de su incoación como delitos de lesiones u otras figuras delictivas como coacciones, siendo imposible su diferenciación. Esto hace que, en los casos relativos a acusaciones de violencia ilegítima obra específicamente de agentes encargados de hacer cumplir la ley, a la Fiscalía correspondiente le resulte imposible extrapolar la información con carácter retroactivo. De ello se extrae la evidente conclusión de que, al margen de su gravedad, todas las denuncias de violencia ilegítima por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley de servicio deben catalogarse como una categoría de delito diferenciada. Estas discrepancias en los registros hacen que no sea posible analizar en profundidad las tendencias. No obstante, sí puede afirmarse que en 2007 se investigaron o juzgaron en España un mínimo absoluto de 75 casos de presuntas torturas u otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Según la limitada información aparecida en las memorias de las Fiscalías provinciales en relación con estos 75 casos, sólo cuatro de ellos concluyeron con una declaración de culpabilidad y siete con una absolución. Un total de 21 casos (el 66 por ciento de todos los casos cerrados) fueron sobreseídos por el fiscal o el juez de instrucción antes de llegar a la fase de juicio. El resto de los casos aún no había llegado a su conclusión al finalizar el periodo revisado. En la memoria de la Fiscalía de la comunidad autónoma de Madrid se destacó expresamente esta acusada tendencia al sobreseimiento de los casos sin llegar a juicio, al afirmar: [H]an sido numerosas las denuncias interpuestas en esta materia a lo largo del año 2007, la mayoría de ellas sobreseídas libre o provisionalmente. El hecho de que un porcentaje tan elevado de denuncias no llegase a la fase de juicio plantea graves interrogantes. Aunque no existe obligación de llegar a un resultado es decir, no se espera que todas las denuncias, ni siquiera la mayoría de ellas, acaben con una declaración de culpabilidad, el hecho de que no se reúnan indicios suficientes como para iniciar un procesamiento es motivo de preocupación, ya que es poco probable que el 66 por ciento de las denuncias sean totalmente infundadas. Por consiguiente, debe prestarse especial atención a las formas de mejorar la supervisión del trabajo de los agentes encargados de hacer cumplir la ley que aportaría, según el caso, información sobre conductas indebidas o indicios exculpatorios. Medidas como la introducción de grabaciones exhaustivas con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las comisarías de policía en las que haya personas detenidas son pasos fundamentales para lograr este objetivo. ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Al igual que había hecho previamente el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa tras visitar España en 2001, una de las principales recomendaciones del informe de 2007 Sal en la herida era la creación de organismos de presentación de denuncias contra la policía independientes y dotados de plenos recursos, con competencias8 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 8 para llevar a cabo investigaciones independientes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley (como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos). Estos organismos estarían facultados para ordenar la apertura de procedimientos disciplinarios contra agentes encargados de hacer cumplir la ley y remitir casos directamente a las autoridades judiciales competentes para que determinaran si debían abrirse causas penales. Amnistía Internacional lamenta señalar que no se han tomado medidas para aplicar esta recomendación ni en el ámbito nacional ni en la mayoría de las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia policial. El 16 de octubre de 2007, un decreto del gobierno autonómico catalán creó el Comité de Ética de la Policía de Cataluña. Su misión consiste en proponer mejoras en cuestiones relativas a la conducta ética de los Mossos d Esquadra y de la policía local catalana, crear un Código de Ética para las fuerzas policiales catalanas, recibir y examinar las denuncias presentadas por personas a título individual, y ofrecer su contribución a los cursos de formación policial. En el mandato del Comité se incluye además la elaboración de una memoria anual con información sobre las denuncias que ha recibido y asesoramiento sobre las tendencias, que se presentará al Departamento de Interior y se hará pública. Las autoridades públicas competentes están obligadas a informar al Comité de todas las denuncias que reciban en relación con conductas que supongan una violación del Código de Ética y del resultado de las medidas tomadas como respuesta. El Comité también está facultado para pedir a las autoridades la documentación, la información o las declaraciones que necesite para desempeñar sus funciones. El Comité está integrado por un presidente y cuatro vocales, que deberán ser un ex juez o fiscal, un jurista de reconocido prestigio, un miembro de uno de los cuerpos de policía local y un miembro de los Mossos d Esquadra (esté o no en situación de servicio activo). Todos los integrantes del Comité serán nombrados por la persona titular del departamento con competencias en materia de seguridad pública, previo informe del Consejo de Seguridad de Cataluña. El Comité también puede invitar a sus sesiones a otras personas expertas, asesores, profesionales de la policía o entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la innovadora creación del Comité de Ética de la Policía de Cataluña, y alienta firmemente la creación de organismos de supervisión policial independientes en el resto de España. Sin embargo, la organización lamenta que el Comité no esté facultado para llevar a cabo sus propias investigaciones de las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, que ofrecerían valiosa información independiente y objetiva para utilizar en los enjuiciamientos penales. En la situación actual, para procesar estos casos, el fiscal tiene que continuar dependiendo de las investigaciones realizadas por el departamento de asuntos internos de la policía, que pueden carecer de imparcialidad e independencia. Este problema se analizó en profundidad en el informe publicado por Amnistía Internacional en 2007 Sal en la herida. Además, el Comité no está facultado para ordenar que se lleve a cabo o se reinicie una investigación interna si el departamento de asuntos internos de la policía no ha investigado9 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 9 una denuncia adecuadamente, ni tampoco puede remitir los casos recibidos a la Fiscalía para un enjuiciamiento penal. Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación que la presencia de representantes de fuerzas policiales (que pueden estar aún en servicio activo) pueda ir en detrimento de la imparcialidad del Comité a causa de un conflicto de lealtades. Los miembros de la policía en activo pueden mostrarse reticentes a criticar la actuación de otros agentes o de la fuerza policial como institución, por temor a posibles repercusiones en su vida privada o profesional. En octubre de 2008, Amnistía Internacional celebró en Madrid un seminario en el que reunió a especialistas, autoridades gubernamentales, representantes de organismos de presentación de denuncias contra la policía existentes en otros países, miembros de órganos de expertos internacionales de derechos humanos y organismos encargados de hacer cumplir la ley de ámbito nacional y autonómico, con el fin de intercambiar conocimientos técnicos sobre organismos de rendición de cuentas policial de carácter independiente y analizar cómo podría crearse y funcionar en España una institución de este tipo. El seminario contó con un elevado número de asistentes, entre los que había funcionarios españoles y participantes de otros países, pero Amnistía Internacional lamenta no haber contado con la presencia de representantes del Ministerio del Interior, la Guardia Civil o la Policía Nacional, pese a que se les había invitado. OTROS ACONTECIMIENTOS El Departamento de Interior del gobierno vasco ha informado a Amnistía Internacional de una serie de medidas adoptadas por la Ertzaintza en los últimos años para mejorar las prácticas de actuación policial. Al finalizar el periodo bajo custodia de la Ertzaintza, todas las personas detenidas reciben cuestionarios en los que pueden comentar cuestiones concretas relativas a su detención, como las condiciones de los calabozos, la alimentación, etc. A los abogados presentes en las entrevistas en las comisarías también se les pide habitualmente que cubran cuestionarios similares. Los resultados pueden consultarse libremente en el sitio web de la Ertzaintza. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa, pero lamenta que en los cuestionarios no se pregunte a los detenidos si han sufrido tortura u otros malos tratos mientras estaban bajo custodia. La Ertzaintza lleva utilizando desde 2001 un Sistema de Gestión de Calidad que realiza periódicamente auditorías internas con el fin de elaborar directrices pormenorizadas de actuación, incluidas las relativas a los procedimientos de detención, y garantizar su aplicación. Este sistema también se utiliza para examinar las denuncias presentadas por las personas detenidas. El gobierno autonómico vasco también ha creado un organismo, denominado EKINBIDE, encargado de estudiar y poner en práctica (una vez aprobadas) las propuestas de mejoras en la Ertzaintza presentadas directamente por miembros de la ciudadanía. Cualquier persona u organización puede proponer una iniciativa presentándola directamente en la oficina de EKINBIDE, y en un plazo de dos meses recibirá una respuesta a su propuesta.10 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 10 Aunque estas iniciativas pueden hacer que mejore la estandarización de los procedimientos policiales y aumente la transparencia, Amnistía Internacional lamenta que hasta el momento no se hayan tomado medidas para introducir mecanismos que puedan contribuir de forma más directa a la prevención de la tortura y otros malos tratos, especialmente mediante la creación de un organismo independiente e imparcial que estudie las denuncias contra agentes de la Ertzaintza.11 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 11 SAL EN LA HERIDA: IMPUNIDAD POLICIAL DOS AÑOS DESPUÉS Los casos siguientes se publicaron por primera vez en el informe de Amnistía Internacional España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. 5 A continuación se ofrece información sobre la situación actual de los casos que no habían llegado a una resolución definitiva en 2007; encontrarán información general completa sobre cada caso en el informe inicial. EL CASO DE LUCIAN PADURAU Lucian Padurau fue detenido el 27 de julio de 2006 a la puerta de su casa, en Barcelona, por cinco agentes de los Mossos d Esquadra que lo confundieron con otra persona. Los agentes lo golpearon en la misma calle al detenerlo, y también agredieron físicamente a su esposa, que estaba embarazada y se encontraba con él en ese momento. Mientras lo trasladaban a la comisaría de Les Corts en un vehículo policial lo amenazaron con un arma y fue objeto de nuevas agresiones físicas. Al día siguiente quedó en libertad, pues la policía se había percatado de que no era el hombre al que andaban buscando. Lucian Padurau sufre hemofilia. Tras quedar en libertad, el 30 de julio fue ingresado en el hospital Vall d Hebron, en donde recibió una transfusión de sangre a causa de las lesiones que había sufrido y permaneció hospitalizado durante dos días. ACTUALIZACIÓN: En octubre de 2007, cinco agentes de los Mossos d Esquadra fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona acusados de delito de lesiones, atentado grave contra la integridad moral, detención ilegal, falta de maltrato de obra y delito de torturas. Según el abogado de Lucian Padurau, el juzgado suele avisar a los medios de comunicación de los casos que se van a juzgar con una semana de antelación, pero en este caso no lo hizo. El tribunal confirmó las denuncias de Lucian Padurau y de su esposa embarazada, a la que dos de los agentes acusados introdujeron en un vehículo policial arrastrándola por el cabello. En su fallo, el tribunal hizo notar que Lucian Padurau fue golpeado y amenazado de forma totalmente gratuita e innecesaria y, desde luego, utilizando más que la fuerza imprescindible para su reducción y, todo ello, [ ] sin otra finalidad que la vejación y la denigración y que ciertamente no es ésta la actuación que se espera de unos agentes integrados en una policía formada en un Estado de Derecho. En especial, el tribunal llamó la atención sobre el hecho de que los agentes de policía (que no iban uniformados) no se identificaran durante la detención; las recriminaciones y los intentos de intervenir por parte de viandantes que presenciaron los hechos y pidieron a los agentes de policía que dejasen de agredir a Lucian Padurau; y la negativa de los agentes a dejar de golpearlo y propinarle puñetazos cuando les dijo reiteradamente que era hemofílico y podría morir a consecuencia de las lesiones que le estaban infligiendo.12 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 12 Los cinco agentes fueron declarados culpables y condenados a entre dos años y tres meses y seis años y siete meses de cárcel, además de inhabilitación para empleo o cargo público, una multa y una indemnización a Lucian Padurau y su esposa que ascendía a un total de euros. Tras el fallo, el Departamento de Interior catalán anunció que los agentes quedaban suspendidos de empleo y sueldo mientras durase la fase de apelación. Al mismo tiempo, el gobierno autonómico catalán contrató a abogados para que recurriesen la condena ante el Tribunal Supremo. Según información publicada en la prensa, dos de los cinco agentes fueron ascendidos mientras estaban a la espera de juicio. 6 En julio de 2009, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al Departamento de Interior catalán solicitando la confirmación de esta información, pero en septiembre de 2009 aún no se había recibido respuesta. Lucian Padurau también recurrió la condena ante el Tribunal Supremo, alegando que la indemnización concedida por el tribunal euros era insuficiente. Su propio abogado había solicitado inicialmente euros por los daños sufridos por su cliente. En el momento de publicarse este informe, Lucian Padurau y los agentes condenados están a la espera de que se les comunique si el Tribunal Supremo va a admitir sus recursos, que el fiscal no apoya en ninguno de los dos casos. A consecuencia de su detención y las lesiones posteriores, Lucian Padurau perdió su empleo. En julio de 2008 regresó a Rumania junto con su esposa, y afirman que no tienen intención de regresar jamás a España. EL CASO DE SANDRA GUZMÁN El 27 de diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco en relación con unos hechos que había presenciado el 25 de diciembre, fecha en que afirma que vio cómo un agente de policía de la Ertzaintza obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas, en un parque de La Casilla, en Bilbao. Unos días después interpuso una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao. Sandra Guzmán contó a Amnistía Internacional que, a mediados de enero de 2007, un agente de la unidad de asuntos internos de la Ertzaintza se presentó en casa de sus padres, en Bilbao, e intentó convencer a su madre de que la animara a retirar la denuncia. Al día siguiente, Sandra Guzmán habló por teléfono con el mismo agente, pero, cuando él comenzó a hacerle preguntas sobre lo ocurrido, ella se negó a decirle nada más sobre el asunto sin consultar con su abogado y comentó la falta de imparcialidad que suponía tener que responder a las preguntas de un agente del mismo cuerpo que los denunciados y que, además, se había presentado en casa de sus padres sugiriendo que retirara la denuncia. ACTUALIZACIÓN: A finales de 2007, Sandra Guzmán descubrió que el juzgado había archivado el 29 de mayo su denuncia contra los agentes de policía sin que se hubieran seguido investigando, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes. A Sandra Guzmán le extrañó esta explicación, ya que hacía poco que había13 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 13 comparecido como testigo en un juicio por robo contra uno de los hombres, lo que daba a entender que en el juzgado conocían su paradero. Sandra Guzmán manifestó a Amnistía Internacional que el 24 y el 26 de diciembre de 2007, un agente que afirmó pertenecer a la unidad de asuntos internos de la Ertzaintza la telefoneó a casa de sus padres. Según Sandra, le dijeron que habían leído el informe de Amnistía Internacional y que estaban investigando si era cierto que un agente de la Ertzaintza había visitado a sus padres para presionarla y que no presentase una denuncia. Durante una larga conversación, le dijo al agente que no tenía sentido seguir investigando porque se trataba simplemente de su palabra contra la de la policía y que, como ya había transcurrido un año desde lo sucedido, dudaba de que sus padres pudieran recordar todos los detalles. Sandra Guzmán dijo a Amnistía Internacional que había desistido de seguir con el tema porque está claro que es difícil incriminar a la policía cuando es ella la que dirige la investigación, así que, como han archivado el caso, pues nada. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU En octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo públicas sus observaciones finales tras examinar el informe periódico presentado por España con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité observó con preocupación que continúan denunciándose casos de tortura y que el Estado parte [España] no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva de esta práctica. El Estado parte todavía no ha adoptado un mecanismo eficaz de prevención de la tortura, a pesar de las recomendaciones en este sentido de diferentes órganos y expertos internacionales. 7 EL CASO DE BEAUTY SOLOMON En julio de 2005, Beauty Solomon interpuso dos denuncias por agresiones físicas sufridas a manos de dos agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca. En ambos casos aportó certificados médicos, emitidos por un hospital público, en los que quedaba constancia de las lesiones que había sufrido. Las dos denuncias fueron archivadas sin una investigación rigurosa. Los juzgados que las archivaron basaron sus decisiones únicamente en dos informes contradictorios del jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en las Islas Baleares. Con la ayuda de Women s Link Worldwide, una ONG internacional, Beauty Solomon presentó una apelación contra el cierre de las investigaciones, pero el juzgado rechazó el recurso sin examinar nuevamente sus denuncias. El 10 de abril del 2007, Women s Link Worldwide presentó en nombre de Beauty Solomon un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de su derecho al debido proceso (así como de su derecho a no sufrir discriminación, a la integridad física y moral, a la dignidad y a no ser sometida a tortura ni a otros tratos inhumanos o degradantes), consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución española.14 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 14 ACTUALIZACIÓN: El 21 de abril de 2008, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por Beauty Solomon sin examinar sus denuncias de malos tratos, alegando que no planteaba cuestiones constitucionales. En abril de 2008, Women s Link Worldwide interpuso en nombre de Beauty Solomon una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de la prohibición de la tortura, del derecho a un juicio con las debidas garantías y del derecho a no sufrir discriminación. En el momento de redactarse este informe, Beauty Solomon está a la espera de que se le comunique si el caso se admite a trámite. EL CASO DE JORDI VILASECA El 1 de abril de 2003, agentes de los Mossos d Esquadra detuvieron a Jordi Vilaseca como sospechoso de haber destrozado un cajero automático. Fue trasladado a la comisaría de los Mossos d Esquadra en Lleida, en donde, según afirma, lo obligaron a permanecer de pie contra la pared del calabozo durante unas 10 horas, al cabo de las cuales se desplomó, agotado. Afirma que a la mañana siguiente lo tuvieron de rodillas, sin apoyar el cuerpo en los talones, durante unas cuatro horas. A continuación, un agente de la policía nacional 8 lo sometió a un duro interrogatorio y lo amenazó diciéndole que lo iban a mandar a una cárcel en donde iba a contraer el sida y que la policía iba a violar a su novia. Posteriormente, tras perder el conocimiento, ingresó en el hospital. Cuando despertó no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Después lo llevaron al hospital psiquiátrico de Santa María, en donde permaneció hasta que le dieron el alta el 8 de abril de El Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida abrió una investigación sobre las denuncias de tortura, pero en mayo de 2005 la juez de instrucción ordenó su archivo provisional a instancias de la acusación. Jordi Vilaseca apeló contra esta decisión y el 18 de noviembre de 2005 la Audiencia ordenó al juzgado de instrucción reabrir el caso. Sin embargo, el juzgado volvió a cerrarlo en febrero de Una vez más se presentó un recurso contra la decisión, pero el 12 de mayo de 2007 fue rechazado. Jordi Vilaseca recurrió ante el Tribunal Constitucional a finales de mayo de ACTUALIZACIÓN: El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por Jordi Vilaseca en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación. En octubre de 2008, Jordi Vilaseca presentó ante la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña una reclamación por vía administrativa, que fue rechazada. En abril de 2009, seis años después de la detención de Jordi Vilaseca, se decretó el ingreso en prisión preventiva del principal agente acusado de torturarlo, por los delitos de obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita.15 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 15 EL CASO DE SERGIO LD 9 En marzo de 2002, Sergio LD fue acusado de desórdenes públicos tras ser detenido en una manifestación antiglobalización celebrada en el centro de Barcelona. Afirma que cuatro agentes de la policía nacional lo introdujeron en una furgoneta policial, en donde lo trataron violentamente y lo amenazaron, golpearon y patearon. Fue trasladado a un calabozo de la comisaría de La Verneda y allí tres agentes le propinaron patadas y puñetazos en todo el cuerpo hasta que comenzó a vomitar y a sufrir espasmos musculares e incontinencia. Según cuenta, un agente le aplastó la cabeza con el pie. Tras ser examinado en la comisaría por un médico que recomendó su traslado a la unidad de urgencias de un hospital para que le trataran las heridas de la cabeza, Sergio LD afirma que un agente de policía lo interrogó y amenazó con un cuchillo y lo golpearon en las plantas de los pies con una fusta. Al día siguiente fue acusado de causar desórdenes públicos, dañar bienes y agredir a un agente de policía. El 6 de septiembre de 2002, Sergio LD presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona por tortura, agresión a la integridad de su persona y lesiones. En enero de 2003 se archivó provisionalmente el caso por falta de pruebas. Sergio LD interpuso recurso de apelación contra esta decisión en la Audiencia Provincial de Barcelona, que, el 9 de diciembre de 2003, concluyó que la actuación del tribunal de primera instancia había sido incorrecta y absolutamente inaceptable y le ordenó abrir una investigación por un posible delito de tortura. ACTUALIZACIÓN: En junio de 2007, el Juzgado de lo Penal número 18 de Barcelona declaró a Sergio LD culpable de un delito de atentado a agentes de la autoridad, falta de lesiones, delito continuado de daños y delito de desórdenes públicos, basándose únicamente en las declaraciones de la policía y en algunas imágenes de vídeo en las que al parecer se lo veía mientras lo detenían (pero no cometiendo un delito). Los agentes de policía que declararon en su contra son los mismos que están acusados de torturarlo. Fue condenado a un total de dos años y nueve meses de cárcel y a pagar daños y perjuicios por valor de euros. El recurso presentado por Sergio LD contra la condena fue rechazado, pero el cumplimiento de la pena quedó en suspenso en espera de que se tome una decisión sobre su solicitud de indulto. Si no se le concede, tendrá que ir a la cárcel. Sergio LD sostiene que es inocente de todos los delitos que se le imputan. En el momento de la publicación de este informe, la denuncia presentada por Sergio LD contra la policía continúa en fase de investigación. Él afirma que a medida que pasa el tiempo va perdiendo la esperanza de llegar a ver cómo los autores de las torturas que sufrió son declarados culpables o siquiera procesados. Según manifestó a Amnistía Internacional, es fácil que te condenen pero casi imposible que los condenen a ellos. Son intocables. Sergio LD lleva siete años en terapia por los daños psicológicos que sufrió a causa de su detención. En marzo de 2008 fue examinado por un psiquiatra independiente especializado en casos de abusos y malos tratos. Tras entrevistar a Sergio LD y examinar los informes médicos redactados por el forense del juzgado de instrucción inmediatamente después de su detención, el psiquiatra concluyó en su informe médico: Dada la plena congruencia entre16 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 16 hechos relatados y las repercusiones psicológicas, somáticas y conductuales, considero, en mi calidad de perito, que es posible afirmar con el máximo grado de convicción, y con la salvaguarda del tiempo transcurrido, que los hechos relatados por el Sr. [LD] son verídicos. 10 MIKEL IRIBARREN PINILLOS C. ESPAÑA, 8 DE ENERO DE 2009 El 8 de enero de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló, en la causa Mikel Iribarren Pinillos c. España, que España había violado la prohibición de trato inhumano o degradante y el derecho a un juicio equitativo en un plazo razonable. El 15 de diciembre de 1991, Mikel Iribarren Pinillos, que entonces tenía 19 años, sufrió lesiones graves y permanentes tras recibir el impacto de una bomba de humo lanzada a corta distancia por policía nacional antidisturbios durante desórdenes registrados en Pamplona. Inmediatamente se abrió una investigación judicial sobre los hechos, pero el juez instructor sobreseyó el caso en dos ocasiones afirmando que Mikel Iribarren Pinillos había participado en disturbios violentos y que no podía determinarse la identidad del agente que había arrojado la bomba de humo. En 1995, la Audiencia Provincial de Navarra falló finalmente que, aunque se desconocía la identidad del agente responsable, quedaba debidamente justificado que el conjunto de las fuerzas de seguridad eran responsables de un delito de lesiones. Posteriormente, Mikel Iribarren Pinillos intentó que el Ministerio del Interior lo indemnizase por las lesiones sufridas, pero su solicitud fue rechazada alegando que se desconocía la identidad del agente responsable de las lesiones. Tras presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, en enero de 2003 este tribunal falló en última instancia que la actuación de las fuerzas de seguridad había sido legítima y que las lesiones sufridas por Mikel Iribarren Pinillos habían sido fortuitas. En su decisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que quedaba suficientemente establecido que las heridas sufridas por Mikel Iribarren Pinillos, constitutivas de un delito de lesiones, habían sido causadas por un agente de policía y que, por lo tanto, el Estado español era responsable. El Tribunal consideró que la utilización de la bomba de humo y el modo en que fue disparada implicaban necesariamente un riesgo potencial para la integridad física e incluso para la vida de las personas presentes, y que los tribunales españoles no habían determinado si su uso fue necesario y proporcionado en esas circunstancias ni habían llevado a cabo las investigaciones necesarias para establecer la corresponsabilidad de Mikel Iribarren Pinillos por sus propias lesiones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el hecho de que no se hubiera realizado una investigación efectiva sobre los hechos constituía una violación de la prohibición de tortura y trato inhumano o degradante (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH). Además, falló que el Estado español había violado el derecho a un juicio equitativo en un plazo razonable (artículo 6 del CEDH), ya que el proceso había durado casi 12 años.17 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 17 EL CASO DE DRISS ZRAIDI 11 Driss Zraidi, ciudadano marroquí, estuvo detenido y fue sometido a tortura en la comisaría de los Mossos d Esquadra en Roses, Cataluña, el 3 de agosto de Sufrió la fractura de varias costillas y numerosas heridas en la cabeza. En enero de 2003, 10 agentes fueron acusados de tortura y lesiones y otros 4 fueron acusados de omisión en la persecución de delitos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Girona absolvió a los 14 encausados el 20 de mayo de El tribunal falló que el incidente era sin duda constitutivo de un delito de torturas, pero afirmó que era imposible determinar cuáles de los agentes acusados habían sido responsables personalmente de las agresiones. El caso fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que confirmó el fallo de la Audiencia Provincial. El 26 de octubre de 2005 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que se alegaban infracción de derechos fundamentales y violación de la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos. ACTUALIZACIÓN: En su auto 365/2008 del 17 de noviembre de 2008, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por Driss Zraidi. El Tribunal concluyó que las sentencias absolutorias dictadas por los tribunales inferiores no habían conculcado el derecho de Driss Zraidi a la integridad física y moral ni el derecho a no ser sometido a tortura, ya que de la violación de estos derechos no se deriva el derecho a obtener una condena penal de quien los vulnera. Por consiguiente, el Tribunal también falló que no se había vulnerado el derecho al proceso debido. La posibilidad de recurso ha quedado agotada, y Driss Zraidi continúa intentando que, por la vía contencioso-administrativa, el gobierno autonómico catalán lo indemnice por los daños físicos y psicológicos sufridos. EL CASO DE DANIEL GUILLÓ CRUZ Daniel Guilló Cruz afirma que la noche del 11 de enero de 2007, cuando volvía a casa con su novia en Madrid, dos agentes de la Policía Nacional vestidos de civil lo agredieron tras darle el alto sin identificarse. Como consecuencia de la agresión sufrió fractura nasal. Su novia, creyendo que era objeto de un atraco, llamó a la policía. Tras la llegada de varios policías uniformados, los dos fueron detenidos por presunta agresión a un agente de policía y conducidos a una comisaría. Al día siguiente comunicaron a Daniel Guilló que también se lo acusaba de intento de homicidio, alegando que había intentado disparar contra uno de los policías tras apoderarse de la pistola que uno de los agentes llevaba en su funda. El 19 de enero de 2007, Daniel Guilló presentó una denuncia contra la policía por malos tratos. Negó que hubiera intentado apoderarse del arma de uno de los agentes y su declaración fue corroborada por vecinos de la zona presentes en el lugar de los hechos y por un informe forense que confirmaba la ausencia de huellas dactilares en el arma.18 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 18 ACTUALIZACIÓN: En julio de 2009, familiares de Daniel Guilló contaron a Amnistía Internacional que se habían retirado los cargos presentados contra él por intento de homicidio. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid continúa investigando la denuncia de Daniel Guilló contra la policía y los cargos por agresión presentados contra él y las mujeres que lo acompañaban. Aun no se les han notificado los cargos que se presentarán contra ellos ni cuándo se verá la causa en el caso de que llegue a los tribunales. En marzo de 2009, el abogado de Daniel Guilló le comunicó que seguramente tendría que esperar al menos otro año más antes de que se registrara algún avance. EL CASO DE RODRIGO LANZA HUIDOBRO, ALEX CISTERNA AMESTICA Y JUAN DANIEL PINTOS GARRIDO Juan Daniel Pintos Garrido, Alex Cisterna Amestica y Rodrigo Lanza Huidobro fueron detenidos el 4 de febrero de 2006, cuando un agente de la policía local (Guardia Urbana) resultó gravemente herido en circunstancias controvertidas en el exterior de un edificio de Barcelona en donde se celebraba una fiesta. Los tres niegan toda implicación en los hechos y han afirmado también que fueron sometidos a graves malos tratos físicos en el momento de la detención y mientras estuvieron detenidos en la comisaría de los Mossos d'esquadra. Sostienen que fueron objeto de golpes, amenazas e insultos racistas por parte de agentes de los Mossos d'esquadra y de la policía local, que también los golpearon con porras, les propinaron patadas y los arrastraron por el cabello. Como consecuencia de los golpes, a Rodrigo Lanza le dieron varios puntos en la cabeza y a Juan Pintos tuvieron que escayolarle una mano. El 6 de febrero se decretó prisión provisional para Rodrigo Lanza, Alex Cisterna y Juan Pinto por intento de homicidio. Los tres hombres presentaron sendas denuncias por malos tratos contra agentes de los Mossos d'esquadra y la policía local. La instrucción de las denuncias estuvo a cargo de la misma juez que investigaba los cargos formulados contra ellos. La investigación de los cargos presentados contra los tres hombres concluyó en junio de 2006 y se remitió al tribunal competente. En julio de 2007 se archivaron las denuncias por malos tratos tras una investigación mínima, decisión que los tres recurrieron ante la Audiencia Provincial de Barcelona. En junio de 2007, representantes de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'esquadra indicaron a una delegación de Amnistía Internacional que no se había abierto ninguna investigación interna sobre lo ocurrido. ACTUALIZACIÓN: Los recursos presentados contra el archivo de las denuncias por torturas fueron desestimados. En 2008, la Audiencia Provincial de Barcelona dio por terminadas las investigaciones, sin remitirlas al tribunal competente, alegando que los agentes habían hecho uso de la mínima fuerza necesaria y habían obrado por tanto de manera legítima. Con esto ha quedado agotada la posibilidad de un nuevo recurso.19 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 19 Del 7 al 11 de enero de 2008, Rodrigo Lanza, Alex Cisterna y Juan Pintos (junto con varias personas más acusadas de delitos menores) fueron juzgados ante la Sala 8 de la Audiencia Provincial de Barcelona, el mismo tribunal que había confirmado anteriormente el archivo de las denuncias por torturas y otros malos tratos. Asimismo, dicha sala había confirmado la negativa del juzgado de instrucción a admitir las reiteradas peticiones de admisión de pruebas presentadas por los abogados defensores y había visto y desestimado los recursos contra la permanencia en prisión preventiva de los acusados. Por tanto, la defensa expresó su preocupación por la posible falta de imparcialidad de la sala debido a su conocimiento excesivo de la investigación sobre el caso y a su previa participación en ella, pero la misma sala rechazó estos argumentos. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que, al ser juzgados los acusados por el mismo tribunal que había confirmado el archivo de las denuncias por torturas y otros malos tratos y desestimado los recursos contra la no admisión de pruebas de descargo por el juzgado de instrucción, se vulneró el derecho de todo imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial, tal y como se establece en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Algunas de las decisiones adoptadas por la sala durante el juicio y en la sentencia, detalladas infra, en las que se rechazaron unas pruebas y se admitieron otras de carácter controvertido, aumentan la preocupación de la organización a este respecto. El 15 de enero de 2008, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró culpables a los cinco acusados. Rodrigo Lanza fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de atentado, una falta de lesiones dolosas y un delito de lesiones imprudentes. Asimismo, se le condenó a indemnizar con euros al policía local herido y a su familia. Alex Cisterna y Juan Pintos también fueron declarados culpables de un delito de atentado y de una falta de lesiones dolosas, y se les impusieron sendas penas de tres años y tres meses de cárcel y una multa de 240 euros. Alex Cisterna y Juan Pintos quedaron en libertad de inmediato porque ya habían cumplido más de la mitad de la condena como presos preventivos. Rodrigo Lanza fue excarcelado el 2 de febrero de Otras dos personas imputadas, Alfredo Pestana Mota y Patricia Heras Méndez, también fueron declaradas culpables de un delito de atentado y se les impusieron penas de tres años y tres meses y tres años de cárcel, respectivamente, así como sendas multas de 180 euros. Las cinco personas condenadas presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Supremo. Varias personas y organizaciones asistieron al juicio en calidad de observadores, como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona (CDDP) del Colegio de Abogados de Barcelona, la ONG Justícia i Pau, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile y representantes diplomáticos de Chile y Argentina en España. Tras finalizar el proceso, el OSPDH y la CDDP dieron a conocer sus conclusiones en sendos informes en los que se expresaba una honda preocupación por numerosas violaciones del derecho a un juicio justo. 12 Al igual que otros agentes implicados en los hechos, al menos uno de los agentes que habían testificado contra Rodrigo Lanza, Alex Cisterna y Juan Pintos había sido investigado por posibles torturas como consecuencia de la querella que habían interpuesto los acusados, lo que suscitó gran preocupación por su posible falta de imparcialidad. Cuando la defensa argumentó que las declaraciones de los policías no eran imparciales porque los agentes que20 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 20 las habían realizado habían sido acusados de torturas, el tribunal rechazó la objeción afirmando simplemente que los testimonios de los agentes le habían parecido convincentes, y justificó su negativa a admitir los informes médicos que evidenciaban las lesiones sufridas por los imputados como consecuencia de los presuntos malos tratos a los que habían sido sometidos bajo custodia, alegando que era de todo punto irrelevante el examen físico de los acusados. Aunque los argumentos de la fiscalía se basaron por completo en los testimonios de los compañeros del agente herido, el tribunal dictaminó que las declaraciones de los testigos de la defensa carecían de credibilidad porque eran amigos de los acusados y, por lo tanto, parciales. En cuanto al agente de policía herido, que continúa en estado vegetativo permanente, Amnistía Internacional observa que en la sentencia dictada por el tribunal existen graves discrepancias en cuanto a las pruebas presentadas en el juicio en relación con la causa de su lesión. La fiscalía alegó que el agente había caído al suelo tras recibir el impacto de una piedra arrojada por Rodrigo Lanza que le causó una importante herida en la frente. En el juicio no se cuestionó que se hubieran arrojado objetos desde el edificio, y la enfermera que atendió al agente herido en el lugar de los hechos indicó que a su alrededor había trozos de macetas rotas en el suelo. También afirmó que había algunas piedras pequeñas, pero en ningún momento se presentó como prueba una piedra del tamaño que, según la acusación, había lanzado Rodrigo Lanza. Según la sentencia del tribunal, cuatro peritos médicos llamados a declarar en el juicio negaron la hipótesis de que las lesiones del agente hubieran sido causadas por el impacto de una piedra que le hizo caer hacia atrás, afirmando que dichas lesiones no eran compatibles con esa posibilidad. En su opinión, la causa más probable de las lesiones había sido algún tipo de objeto que había impactado en la cabeza del agente desde arriba. Uno de los peritos afirmó que en sus muchos años de ejercicio nunca había visto que por una caída hacia atrás se produjera la persona tan graves lesiones por contragolpe a nivel frontal. Los cuatro testigos afirmaron que, para que se produjera una caída hacia atrás tan grave como para causarle las heridas sufridas, se requería un impacto tan fuerte en la frente que, necesariamente, deberían haber producido lesiones muy importantes en esa zona, lesiones que el agente no presentaba. Dos peritos médicos llamados por la acusación opinaron que lo más probable es que las lesiones sufridas por el agente se produjeran al caer al suelo tras recibir el impacto de una piedra, pero que también era posible que se hubieran producido al golpearlo en la cabeza una maceta que hubiera caído desde el edificio. Ninguno de los peritos médicos presentados por la fiscalía y la defensa pudieron examinar al agente herido. Los acusados recurrieron esta decisión ante el juzgado de instrucción y en el juicio oral, pero el recurso fue desestimado. A pesar de que la enfermera declaró que había trozos de macetas rotas en el suelo en torno al agente herido, de que cuatro peritos declararon que las lesiones del agente de la policía local debían haberse debido al impacto en la cabeza causado por un objeto caído desde el edificio, y de que las otras dos peritas médicas reconocieron que esa hipótesis era posible, el tribunal afirmó en la sentencia que ninguna evidencia probatoria existe de que el mecanismo contusivo sufrido por el dicho agente proviniera de una maceta. Al aceptar la hipótesis sostenida por los dos peritos testigos de la acusación, el tribunal lo justificó diciendo que no solo porque esa sea la tesis que se ajusta mejor a lo declarado por los21 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 21 testigos policiales compañeros del herido, sino también porque la tesis de impacto con maceta caída o proyectada desde un plano superior suscita notables reparos. En la mañana del 5 de febrero de 2006, el día siguiente a los hechos, el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, afirmó públicamente que una maceta caída desde un edificio había causado la lesión del agente. En el segundo día del juicio, el ex alcalde reiteró esta declaración en una entrevista televisada y señaló que se había basado en información procedente de un informe policial que le habían facilitado cuando se produjeron los hechos. El tribunal rechazó la petición de la defensa de que Joan Clos compareciera como testigo y de que se presentase como prueba el informe policial al que se refería. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que la negativa del juzgado de instrucción y del tribunal competente a admitir importantes pruebas solicitadas por la defensa socavó el derecho de los acusados a un juicio con las debidas garantías, consagrado en el artículo 14 del PIDCP y el artículo 6 del CEDH. Entre estas pruebas se incluían las que pretendían confirmar la coartada de Alfredo y Patricia; los informes médicos que corroboraban las denuncias de que algunos de los acusados habían sufrido malos tratos, presentados en relación con la credibilidad de algunos de los agentes que testificaron; las declaraciones de Joan Clos; y la negativa a permitir que los peritos médicos examinasen al agente herido. En concreto, las decisiones del tribunal no concuerdan con los derechos de los acusados a ser asistidos por un defensor y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo, garantizados en los artículos 14.3.d y 14.3.e del PIDCP y 6.3.c y 6.3.d del CEDH. Rodrigo Lanza, Alex Cisterna, Juan Pintos, Alfredo Pestana y Patricia Heras fueron declarados culpables tomando como fundamento las declaraciones de los policías, respaldadas por el testimonio ambiguo de las dos peritas médicas de la fiscalía, que el tribunal consideró suficientes para establecer su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Los informes del OSPDH y la CDDP destacaron el hecho de que, durante su participación como observadores del juicio, a los agentes de policía que comparecieron como testigos no se les impidió comunicarse entre sí. Por el contrario, estaban sentados juntos en una sala especial en la que quienes habían prestado declaración podían conversar con total libertad con quienes aún no lo habían hecho y podían hablar sobre las preguntas que les habían hecho o iban a hacerles. El informe del OSPDH señala que las declaraciones de los policías fueron idénticas hasta en la forma de expresarse. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que, consideradas en conjunto, la actuación del tribunal en procesos anteriores relacionados con el caso, sus decisiones (como la negativa a admitir pruebas presentadas por la defensa), y la declaración de culpabilidad de cinco personas a pesar de las serias dudas planteadas por, entre otras cosas, las declaraciones de cuatro peritos médicos que actuaron como testigos, pueden haber dado lugar a la violación del derecho a un juicio con las debidas garantías garantizado por el PIDCP y el CEDH. El 3 de junio de 2009, el Tribunal Supremo vio los recursos presentados por los cinco acusados principales y algunos más. El tribunal confirmó las condenas y aumentó la pena de cárcel de Rodrigo Lanza, Alex Cisterna y Juan Pintos. Los cinco acusados han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha examinado el caso. Sin22 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 22 embargo, este procedimiento no tiene carácter suspensivo con respecto a las penas de prisión y puede que tarde años en finalizar. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- ALBERTO VIEDMA MORILLAS El 14 de abril de 2008, el Tribunal Constitucional español ordenó la reapertura de la investigación judicial de las denuncias de tortura presentadas por Alberto Viedma Morillas, alegando que la instrucción inicial no había sido efectiva. En su decisión, el Tribunal Constitucional indica que la gravedad del delito de tortura, y especialmente la dificultad de aportar pruebas en estos casos, crea una especial obligación de diligencia por parte del juez instructor. El Tribunal señala la existencia de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura y del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura, y afirma que en este caso el juzgado de instrucción no garantizó el derecho a un recurso efectivo al cerrar la investigación cuando, perviviendo en el momento del cierre de la instrucción sospechas razonables acerca de la posible comisión de los hechos denunciados, existían todavía medios de investigación disponibles para tratar de despejar, en el sentido que fuera, tales sospechas. Alberto Viedma Morillas fue detenido en Pamplona por agentes de la Guardia Civil el 28 de febrero de 2002 y ese mismo día fue trasladado a Madrid. El 22 de abril de 2002 presentó una denuncia por tortura y otros malos tratos mientras estaba bajo custodia. El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abrió diligencias por la denuncia, pero el 12 de abril de 2004 concluyó la investigación alegando que no había pruebas suficientes de que se hubiera cometido un delito. El juez instructor no tomó declaración al denunciante, no interrogó ni identificó a los agentes de policía que participaron en la detención ni solicitó todos los informes médicos relevantes. Se presentaron en vano varios recursos contra el cierre de la instrucción. En noviembre de 2004, Alberto Viedma Morillas fue declarado culpable de participar en las actividades del grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA), incluido el homicidio de un militar. EL CASO DE JAVIER S13 El 3 de junio de 2005, dos policías nacionales detuvieron a Javier S y a un pequeño grupo de amigos con los que acababa de participar en una manifestación del orgullo gay en Barcelona. Javier S afirma que los agentes lo agarraron, lo golpearon, lo patearon en la cabeza, el cuello y la espalda y después lo esposaron y lo arrojaron a un vehículo policial. Según cuenta, al llegar a la comisaría de policía de Vía Augusta lo golpearon e insultaron, incluidos comentarios homófobos, y le propinaron patadas y puñetazos. El 7 de junio de 2005, Javier S interpuso una denuncia formal por malos tratos ante el Juzgado de Instrucción número 22, pero el juez desestimó las denuncias el 2 de septiembre. Tras la presentación de un recurso, la Audiencia Provincial de Barcelona anuló la decisión del tribunal inferior y le ordenó que investigara las denuncias. Sin embargo, tras una investigación mínima, el juez de instrucción archivó de nuevo el caso el 8 de marzo de Con el apoyo de una ONG local, el Frente de Liberación Gay de Cataluña (Front23 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 23 d Alliberament Gai de Catalunya), Javier S siguió buscando justicia por otros cauces, incluido el delegado del gobierno y el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), y en ambos casos le aseguraron que se abriría una investigación. ACTUALIZACIÓN: Según declaraciones del Frente de Liberación Gay de Cataluña a Amnistía Internacional, en junio de 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a Javier S de todos los cargos, afirmando que su detención había sido infundada. Según la ONG, nunca recibieron respuesta a sus reiteradas peticiones de información remitidas al delegado del gobierno y al Síndic de Greuges. EL CASO DE DANIEL DÍAZ GALLEGO, MANUEL MATILLA PARRILLA, ISRAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Y MARCOS V El 1 de diciembre de 2001, tras una manifestación celebrada en Madrid, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Daniel Díaz Gallego, Manuel Matilla Parrilla, Israel Sánchez Jiménez, y Marcos V como sospechosos de delitos contra el orden público y los trasladaron a la comisaría de Leganitos. Sostienen que mientras estaban bajo custodia policial fueron sometidos a graves malos tratos por parte de agentes de la policía, que los agarraron del cuello y arrastraron por el cabello, los amenazaron con un cuchillo y con matarlos, los sometieron a pequeñas descargas eléctricas y les propinaron empujones, golpes, patadas, puñetazos y bofetadas. Como consecuencia de un golpe recibido en la cabeza, Daniel Díaz perdió la audición en un oído durante un mes. El 14 de enero de 2002, Daniel Díaz, tras quedar en libertad, presentó una denuncia por detención ilegal, tortura y malos tratos, amenazas, trato degradante y delito contra la integridad de las personas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. El 24 de junio de 2003, el tribunal absolvió a los dos agentes de policía acusados por entender que no podía probarse cuál había sido el responsable de los malos tratos, pese a confirmar la evidencia de las lesiones físicas de Daniel Díaz. Marcos V, Manuel Matilla e Israel Sánchez también presentaron sendas denuncias alegando malos tratos muy parecidos a los descritos por Daniel Díaz, pero todas fueron desestimadas por falta de pruebas. El 3 de octubre de 2005, Manuel Matilla y Daniel Díaz fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por un delito de atentado contra un agente de la autoridad, lesiones y desórdenes públicos. Israel Sánchez fue condenado a 18 meses de prisión por desórdenes públicos y atentado contra un agente de la autoridad. Marcos V fue condenado a seis meses de prisión por atentado contra un agente de la autoridad. Los cuatro hombres presentaron un recurso, pero la Audiencia Provincial de Madrid confirmó las condenas el 25 de abril de ACTUALIZACIÓN: Tras analizar la situación con su abogado, que les advirtió de que los recursos posteriores tardarían años en resolverse, Manuel Matilla y Daniel Díaz decidieron no recurrir la condena y solicitaron al gobierno un indulto que anularía la pena o la reduciría. A finales de 2008, el24 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 24 gobierno les concedió un indulto de 18 meses de sus respectivas condenas, dejando en vigor una condena condicional de dos años. El abogado de Daniel Díaz le aconsejó que no presentase un recurso contra la absolución de los agentes presuntamente responsables de los malos tratos que había sufrido, porque la posibilidad de éxito era ínfima. Los otros hombres no recurrieron la decisión de archivar sus denuncias de malos tratos por razones similares. EL CASO DE JUAN MARTÍNEZ GALDEANO El 24 de julio de 2005, Juan Martínez Galdeano murió en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, Almería, tras un altercado con algunos agentes. Al mostrarse cada vez más agitado, los agentes presentes lo esposaron y golpearon con porras (incluida una porra extensible no reglamentaria). También se utilizó contra él una pistola de electrochoque no reglamentaria (Taser). Según una autopsia practicada posteriormente, su cuerpo presentaba marcas de un gran número de hematomas que, a juicio del patólogo, habían sido causados por los golpes recibidos y las técnicas de coerción física. Se iniciaron investigaciones criminales y disciplinarias y ocho policías fueron acusados de atentado grave contra la integridad moral, delito de lesiones y delito de homicidio imprudente. El 27 de abril de 2007, la Audiencia Provincial de Almería dio a conocer la sentencia. Cinco de los agentes acusados fueron absueltos. Dos fueron declarados culpables de una falta de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, y fueron condenados al pago de una multa. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y de una falta de lesiones. Fue condenado a 15 meses de prisión, al pago de una multa y a inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años. Tanto la acusación como la defensa recurrieron la decisión judicial. ACTUALIZACIÓN: En diciembre de 2008, el Tribunal Supremo redujo la condena de José Manuel Rivas de 15 meses a un año de prisión y lo absolvió del cargo de delito de atentado contra la integridad moral no grave, pero lo declaró culpable de grave imprudencia con resultado de muerte (una acusación de la que había sido absuelto en el juicio inicial) y mantuvo la condena por falta de lesiones. La indemnización que se le ordenó pagar a la familia de Juan Martínez Galdeano aumentó enormemente, pasando de a un total de euros. El tribunal también confirmó las condenas por delito de atentado no grave dictadas contra otros dos agentes. La pena de prisión de José Manuel Rivas quedó en suspenso 14 y continúa trabajando como agente de policía. Uno de los jueces que vieron el recurso, Enrique Bacigalupo, formuló un voto particular respecto de la sentencia afirmando que, además de José Manuel Rivas Ruiz, otros seis agentes eran coautores de un delito de lesiones dolosas con resultado de homicidio por imprudencia. Propuso una pena de prisión de 18 meses para cada uno de los agentes y una pena adicional de seis meses de prisión para José Manuel Rivas Ruiz por el delito de atentado contra la integridad moral. Asimismo, recomendó una indemnización total de euros a los familiares de Juan Martínez25 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 25 Galdeano, suma que debían satisfacer por partes iguales cada uno de los condenados y en forma solidaria. La familia de Juan Martínez Galdeano ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. EL CASO DE ROQUE ZAMBRANO VELASCO Desde la publicación de Sal en la herida en noviembre de 2007, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo e investigando denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley en España. Estos casos han demostrado que continúan produciéndose hechos de este tipo y que las víctimas siguen encontrándose con dificultades para lograr justicia. Roque Zambrano describió a Amnistía Internacional la agresión que sufrió en Madrid a manos de agentes de la Policía Nacional el día siguiente a la publicación del informe el 14 noviembre Dos años después, continúa esperando justicia. El juez instructor ha archivado reiteradamente su denuncia contra los agentes, a pesar de las repetidas sentencias de tribunales superiores que le ordenan continuar con la investigación y de la sentencia judicial en la que se afirma expresamente que los agentes a los que Roque Zambrano denunció por agresión habían mentido en las declaraciones que realizaron en la vista contra él. ROQUE ZAMBRANO VELASCO Roque Zambrano Velasco es un ciudadano español de origen ecuatoriano que actualmente vive en Madrid. El 15 de noviembre de 2007, dos agentes de la Policía Nacional le dieron el alto en la calle Hermanos Machado, en Madrid, cuando se dirigía a su casa. Le pidieron su documento de identidad, pero él se negó a mostrárselo al negarse los agentes a facilitarle sus números de identificación policial. A continuación, los agentes le detuvieron sin violencia, según el testimonio de Roque Zambrano y lo trasladaron a la comisaría de Ciudad Lineal. Una vez en la comisaría, Roque Zambrano afirma que uno de los agentes que lo habían detenido volvió a pedirle la documentación. Él sacó su cartera para mostrar su carné de identidad, pero continuó protestando porque el agente no le facilitó su número de identificación. En este punto afirma que el agente lo golpeó y lo agarró por el cuello de la chaqueta, lo zarandeó, abofeteó, pateó y estranguló parcialmente, causándole lesiones menores. Roque Zambrano afirma que había otros cuatro agentes presentes mientras se producían estos hechos, pero ninguno de ellos intervino. Cuando lo llevaban a uno de los calabozos, le dijo al agente que lo había agredido que lo iba a denunciar. Dos agentes trasladaron a Roque Zambrano al Instituto Madrileño de Salud para que se tratasen las heridas sufridas. Tras recibir tratamiento médico, Roque Zambrano fue trasladado de nuevo a la comisaría, en donde pasó la noche. Al día siguiente le comunicaron que lo habían denunciado por agresión a un agente de policía; el mismo agente, identificado por su número de placa, que, según Roque Zambrano, le agredió a él. Pasó una noche más en la comisaría y finalmente, tras dos días de detención, quedó en libertad y recibió una cédula de citación para juicio rápido por delito que se celebraría el 26 de noviembre. El 22 de noviembre, Roque Zambrano interpuso una denuncia ante un juzgado de instrucción por malos tratos y calumnias. La vista del 26 de noviembre se celebró ante el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid. El tribunal concluyó26 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 26 que, cuando el agente le dijo que tendría que ir a la comisaría si no le mostraba la documentación, Roque Zambrano había atacado al agente en la calle y le había dado un empujón en el pecho que lo hizo caer al suelo y le provocó una lesión en una muñeca. La decisión del tribunal se basó en la declaración de los dos agentes presentes durante la detención y desestimó el testimonio del propio Roque Zambrano. Además, rechazó la petición de su abogado de que se presentase como prueba la grabación de las cámaras de vídeo de la comisaría y de que compareciesen para declarar los dependientes de una tienda que habían visto la detención del acusado. Roque Zambrano fue declarado culpable de un delito de atentado y de una falta de lesiones y condenado a un año de prisión, a un mes de multa diaria de tres euros y al pago de una indemnización. El tribunal señaló que, con respecto a las acusaciones de Roque Zambrano, la posible denuncia por agresión en comisaría seguirá sus trámites oportunos y será objeto de enjuiciamiento en otro procedimiento. Roque Zambrano recurrió la pena el 13 de diciembre, y el 24 de marzo de 2008 fue absuelto de todos los cargos por la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que, al contrario de lo expresado en la sentencia del tribunal de primera instancia, consideró su testimonio más creíble que el de los dos agentes de policía. Tal y como había solicitado previamente la defensa, el tribunal de apelación también oyó la declaración de uno de los dependientes testigo de los hechos, que afirmó que no se había producido ninguna violencia ni agresión entre Roque Zambrano y los agentes durante la detención y que el detenido había entrado en el coche por propia voluntad y sin estar esposado. El tribunal de apelación oyó las grabaciones de la declaración de Roque Zambrano y de los dos agentes durante el juicio inicial, y concluyó que los agentes de Policía Nacional que declararon en el acto del Juicio Oral no fueron veraces. El tribunal señaló que su declaración en el primer juicio había estado carente de detalles, que las afirmaciones habían sido muy poco seguras y que habían entrado en importantes contradicciones con respecto a sus declaraciones anteriores, en contraste con la declaración oral y escrita de Roque Zambrano, que el tribunal consideró extraordinariamente detallada y precisa, cuajada de detalles concretos. El tribunal también consideró que la versión de los agentes era incoherente, ilógica y, por lo tanto, poco convincente. En la sentencia, el tribunal afirmó: En primer lugar tenemos que hacer constar, aunque pudiera parecer obvio, que las declaraciones testificales de los agentes de la Policía Nacional no gozan de presunción alguna de veracidad. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha insistido en que no existe esta presunción de veracidad por parte de los agentes pero es que además cuando los mismos, como sucede en este caso, ostentan a su vez la condición de perjudicados y la de denunciados, es evidente que como personas humanas independientemente de la meritoria profesión que realizan tienen intereses objetivos que los jueces y magistrados debemos valorar con absoluta imparcialidad y rigor. A esta primera consideración es necesario añadir también la constatación objetiva de la realidad sociológica que significa la desigualdad existente entre los agentes de la seguridad del estado y los ciudadanos. El tribunal criticó la falta de profesionalidad de los agentes durante los hechos, y concluyó que su actuación debía analizarse junto con la denuncia por malos tratos presentada previamente por Roque Zambrano. En este sentido, el tribunal ordenó que se remitiese la sentencia al juzgado instructor de la denuncia formulada por él. El 24 de abril de 2008, el Juzgado de Instrucción número 28, que investigaba la denuncia de Roque Zambrano, lo llamó a declarar contra los agentes. El juez de instrucción le comunicó que la sentencia de la Audiencia27 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 27 Nacional que lo absolvía de los cargos presentados en su contra se añadiría como prueba a su denuncia contra los policías. El 14 de mayo de 2008, el juez de instrucción concluyó la investigación sobre la denuncia de Roque Zambrano contra los policías y remitió el caso a juicio. Sin embargo, sólo acusó a los agentes de una falta de lesiones y no de los cargos presentados por Roque Zambrano contra ellos, como denuncia falsa, falso testimonio y detención ilegal, alegando que no había pruebas de que se hubieran cometido esos delitos. El juicio estaba previsto para el 11 de septiembre de 2008, pero se suspendió tras presentar el abogado de Roque Zambrano un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que pedía que el juzgado de instrucción continuase la investigación de las otras denuncias antes de remitir el caso a juicio. El 19 de enero de 2009, la Audiencia Provincial confirmó el recurso y ordenó al juzgado de instrucción que continuase reuniendo pruebas sobre todas las denuncias presentadas contra los agentes de policía. El 23 de abril de 2009, el juzgado de instrucción archivó de nuevo la investigación sobre los cargos de falso testimonio, detención ilegal y difamación, sin haber realizado nuevas investigaciones. En el auto afirmó que no había pruebas que sustentasen las denuncias y, en concreto, que tampoco existen indicios en orden a que los referidos agentes faltasen a la verdad en el testimonio que prestaron en su día, en la vista oral correspondiente. Esto entra en clara contradicción con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Roque Zambrano el 24 de marzo de 2008, incluida como prueba en este proceso, que afirmó expresamente que los agentes de la Policía Nacional que declararon en el acto del juicio oral no fueron veraces y que se derivaron actuaciones de los agentes que deberán ser enjuiciadas. El 5 de mayo de 2009, el abogado de Roque Zambrano presentó un nuevo recurso contra el cierre de la investigación, alegando que constituía una clara infracción de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y pidiendo que se reiniciase la investigación y se trasladase a otro juzgado de instrucción. En el momento de la publicación de este informe, este recurso se había remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no había tomado una decisión.28 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 28 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Desde la publicación del informe de Amnistía Internacional Sal en la herida en 2007, sólo dos de los casos analizados han concluido en condenas de los agentes acusados. Del resto de los casos, sólo uno llegó a juicio. El tribunal reconoció que se había cometido tortura, pero, sin embargo, absolvió a todos los agentes acusados. A las víctimas de tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley en España aún les queda mucho camino que recorrer para obtener justicia. A pesar de las reiteradas recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura, las autoridades españolas continúan sin adoptar las medidas necesarias para reformar el actual sistema de investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, a fin de que sean conformes a las normas internacionales de independencia, imparcialidad y rigurosidad. Como consecuencia, la investigación de las denuncias de malos tratos continúa estando a cargo de unidades internas de la policía y/o tribunales penales que dependen en gran parte de las investigaciones llevadas a cabo por las mismas fuerzas policiales con las que trabajan a diario. Aunque el comité de ética de la policía creado por el gobierno autonómico catalán constituye un positivo nivel adicional de supervisión independiente de los Mossos d Esquadra, no está facultado para realizar sus propias investigaciones y no puede remitir pruebas al fiscal ni al juez instructor. Por lo tanto, no cumple las recomendaciones de Amnistía Internacional y del Consejo de Europa relativas a la creación de un organismo de investigación verdaderamente independiente. Aunque la investigación rigurosa, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos es fundamental, la prevención es siempre el mejor remedio. En cuanto a esto, a Amnistía Internacional le complace observar los claros avances que se han dado en algunas fuerzas policiales, que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir que se cometan actos de tortura y otros malos tratos. El uso cada vez mayor de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y la identificación personal clara de los agentes de policía mediante placas en sus uniformes son importantes progresos en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional. Como consecuencia, la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la protección de los derechos humanos se va a quedar aún más atrás que la de las fuerzas policiales de las comunidades autónomas. Asimismo, sigue sin cumplirse el compromiso del gobierno de España de crear un órgano de ámbito nacional para la prevención de la tortura, según lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, que España ratificó hace más de tres años, y conforme a lo específicamente previsto en el Plan de Derechos Humanos del gobierno de España, aprobado en Dos años después de la publicación de Sal en la herida, Amnistía Internacional reitera las siguientes recomendaciones clave:29 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 29 El ministro del Interior debe: Crear un mecanismo de investigación independiente que estudie las denuncias presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y las fuerzas de la policía local. Este mecanismo debe cumplir los siguientes criterios: Estaría facultado para investigar todas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como muertes bajo custodia, homicidios (entre ellos los disparos con resultado de muerte), tortura, racismo y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tendría competencias para recibir, registrar e investigar denuncias presentadas directamente por una persona y para investigar hechos por iniciativa propia sin que medie una denuncia concreta. Gozaría de todos los recursos, las competencias y las atribuciones necesarios para realizar investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos por agentes encargados de hacer cumplir la ley, como: competencias y recursos para examinar de inmediato el lugar de los hechos; competencias para citar a testigos y ordenar la presentación de pruebas y documentos; competencias para vigilar las investigaciones policiales llevadas a cabo durante la investigación penal de un caso remitido por el mecanismo independiente para su enjuiciamiento; competencias para supervisar o dirigir, cuando considere necesario, las investigaciones de las unidades disciplinarias o de asuntos internos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y para sustituir las funciones de investigación por parte de estos organismos en casos de graves violaciones de derechos humanos. Estaría dotado de personal suficiente y encabezado por profesionales de reconocido prestigio, imparcialidad, competencia, independencia y honradez, que no pertenezcan a ningún organismo encargado de hacer cumplir la ley ni fiscalía. Dispondría de su propio cuerpo de investigadores expertos e independientes para investigar las denuncias. Tendría competencias para, cuando corresponda, remitir el caso directamente a la fiscalía para su enjuiciamiento penal y recurrir ante un tribunal las decisiones tomadas por la fiscalía (incluidas las relativas al cierre de investigaciones y a la imposición de condenas). Tendría competencias para ordenar el inicio de procesos disciplinarios y pedir al organismo disciplinario que informase al30 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 30 órgano de presentación de denuncias sobre los resultados de dichos procesos. Tendría competencias para tomar decisiones vinculantes sobre la presentación de disculpas o formulación de críticas, y estaría facultado para recomendar el pago de una indemnización adecuada para las víctimas. Se daría a conocer ampliamente a través de, entre otras cosas, la publicidad en comisarías de policía. Tomar medidas concretas para introducir la grabación en audio y vídeo con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de custodia y en otros lugares de las comisarías en los que pueda haber personas detenidas, incluidas los que se encuentran en régimen de incomunicación, salvo cuando ello suponga una violación del derecho de esas personas a consultar con un abogado o médico en privado. Estas grabaciones deben conservarse en un lugar seguro durante un periodo de tiempo razonable a fin de garantizar que, en caso necesario, los investigadores pueden acceder a ellas para su visionado. Suspender del servicio activo, mientras duren los procedimientos, a todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley objeto de una investigación penal o disciplinaria por malos tratos. Publicar memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (ocultando, en caso necesario, la información personal), a fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias. El consejero de Interior del gobierno autonómico del País Vasco debe: Tomar medidas para la creación de un mecanismo independiente y dotado de plenos recursos, según se ha descrito supra, que se encargue de la investigación de todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes de la Ertzaintza y la policía local, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos. Ampliar el sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión utilizado actualmente en las comisarías de la Ertzaintza a fin de incluir grabación en audio y en los calabozos individuales y otros lugares en donde pueda haber personas detenidas, salvo cuando ello suponga una violación del derecho de esas personas a consultar con un abogado o médico en privado. Estas grabaciones deben conservarse en un lugar seguro durante un periodo de tiempo razonable a fin de garantizar que, en caso necesario, los investigadores pueden acceder a ellas para su visionado. Garantizar que todos los agentes de la Ertzaintza llevan en el uniforme placas con su nombre o número claramente visible en todo momento, de modo que cualquier persona pueda identificarlos claramente sin tener que solicitar específicamente esa información. No deben utilizar capuchas, pasamontañas ni otros elementos que oculten su identidad personal salvo que, en circunstancias excepcionales, se les autorice a ello porque se considera necesario para su propia protección. En tales casos resulta especialmente importante que cada agente pueda identificarse por algún medio como un número único de identificación que permita su localización. Suspender del servicio activo, mientras duren los procedimientos, a todos los agentes de la Ertzaintza objeto de una investigación penal o disciplinaria por malos tratos. Publicar memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Ertzaintza (ocultando, en caso necesario, la información personal), a fin de que la opinión31 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después 31 pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes de de este cuerpo y de las medidas adoptadas en respuesta esas denuncias. El consejero de Interior del gobierno autonómico de Cataluña debe: Tomar medidas para la creación de un mecanismo independiente y dotado de plenos recursos, según se ha explicado supra, que se encargue de la investigación de todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes de los Mossos d Esquadra y la policía local, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos. Este mecanismo podría ser una versión mejorada del Comité de Ética de la Policía o un nuevo organismo. Suspender del servicio activo, mientras duren los procedimientos, a todos los agentes de los Mossos d Esquadra objeto de una investigación penal o disciplinaria por malos tratos. Publicar memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de los Mossos d Esquadra (ocultando, en caso necesario, la información personal), a fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes de este cuerpo y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias. 1 (consultado el 4 de agosto de 2009). 2 Las denuncias por maltrato contra los Mossos cayeron el 40% en 2008, El País, 14 de marzo de En el Plan de Derechos Humanos presentado por el gobierno, el ministro del Interior también se comprometió a promover una medida que permita la recopilación de estadísticas actualizadas sobre hechos que podrían constituir una violación de los derechos de las personas detenidas bajo custodia policial. Aún no se dispone de información adicional sobre la aplicación de esta medida. 4 En el momento de redactarse este documento aún no estaba disponible la Memoria de Índice AI: EUR 41/006/ Dos 'mossos' fueron ascendidos cuando estaban ya imputados por torturas, El País, 27 de noviembre de 2008, elpepinac_16/Tes. 7 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, España, doc. ONU: CCPR/C/ESP/CO/5, 5 de enero de 2009, párr Por la naturaleza de los cargos contra Jordi Vilaseca, que no eran de la competencia de la policía autonómica, tuvo que participar en la operación un miembro de la Policía Nacional. 9 Se ha omitido el apellido para proteger su privacidad. 10 Examen realizado por el Prof. Pau Pérez-Sales, psiquiatra y doctor en Medicina, Hospital La Paz Madrid, 12 de febrero y 19 de marzo de Véase el informe publicado por Amnistía Internacional en 2002 España: Crisis de identidad: Tortura y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado (Índice AI: EUR 41/001/2002).32 Sal en la herida: Impunidad policial dos años después Véanse Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Informe sobre juicio que tuvo lugar por ante la Sala 8º de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo 17/06), 21 de enero de 2008; y Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, Informe de la Comisión de Defensa, 28 de enero de Se ha omitido el apellido para proteger su privacidad. 14 En España se suspende automáticamente la pena de las personas que no tienen antecedentes penales y son condenadas a un periodo igual o inferior a dos años de cárcel.33 YA SEA EN UN CONFLICTO DE GRAN REPERCUSIÓN O EN UN RINCÓN PERDIDO DEL PLANETA, AMNISTÍA INTERNACIONAL ACTÚA EN FAVOR DE LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS Y PERSIGUE EL RESPALDO DE LA OPINIÓN PÚBLICA PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR. QUÉ PUEDES HACER? Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible oponer resistencia a quienes socavan los derechos humanos. Intégrate en este movimiento. Haz que las cosas cambien. Pide responsabilidades a quienes están en el poder. Únete a Amnistía Internacional e intégrate en un movimiento formado por personas de todo el mundo que trabajan para poner fin a las violaciones de derechos humanos. Ayúdanos a hacer que las cosas cambien. Haz un donativo en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional. Juntos conseguiremos que se nos oiga. Me interesa recibir información sobre cómo unirme a Amnistía Internacional. Nombre y apellidos Domicilio País Correo-e...QUIERO AYUDAR Quiero hacer un donativo a Amnistía Internacional. (indica la divisa de tu donativo) Cantidad Con cargo a mi Visa Mastercard Número Caduca en Firma Envía este formulario a la oficina de Amnistía Internacional de tu país. 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