Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-638-de-septiembre-16-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_76d551c6aad8602ce0430a010151602c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 19:58:26
Document Index: 335226619

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 294']

SENTENCIA C-638 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL” HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970, ASÍ COMO LA LEY APROBATORIA 1282 DE ENERO 5 DE 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO CIVIL, APROBACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL, DERECHO COMERCIAL, PRUEBA EN EL EXTERIOR, ACUERDO INTERNACIONAL, OBTENCIÓN DE LA PRUEBA EN EL EXTERIOR
Ref.: Expediente LAT 346
Revisión de la Ley 1282 de enero 5 de 2009, "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial' hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970".
Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil nueve
El día 8 de enero de 2009 el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1282 de enero 5 de 2009, "por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial' hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970".
Cumplido lo anterior, mediante auto de marzo 10 de 2009 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los ministros de Relaciones Exteriores; del Interior y de Justicia y de Comercio, Industria y Turismo para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la secretaría general se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al entonces Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
El texto del "convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial" hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 47.223, de enero 5 de 2009:
Diario Oficial 47.223 de 5 de enero de 2009.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
Visto el texto del "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, que a la letra dice:
XX. Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial
i) Las formas especiales cuya aplicación se solicite conforme a lo dispuesto en el artículo 9º.
La ejecución de la carta rogatoria solo podrá denegarse en la medida en que:
Sin embargo, el Estado requerido tiene derecho a exigir del Estado requirente el reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y el de los gastos que ocasione la aplicación de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 9º.
Obtención de pruebas por funcionarios diplomáticos o consulares y por comisarios
Todo Estado contratante podrá declarar que esta obtención de pruebas por un funcionario diplomático o consular, solo podrá efectuarse mediante autorización, a petición de dicho funcionario, o en su nombre, por la autoridad competente que el Estado declarante designe.
a) Declare que se podrán remitir cartas rogatorias a sus autoridades judiciales por vías distintas de las previstas en el artículo 2º;
a) El artículo 2º, en lo relativo a la vía de remisión de las cartas rogatorias;
b) El artículo 4º, en lo relativo a las lenguas que podrán utilizarse;
c) El artículo 8º, en lo relativo a la presencia de personal judicial en la ejecución de las cartas rogatorias;
e) El artículo 13, en lo relativo a la remisión de los documentos en los que se haga constar la ejecución,
El presente convenio sustituirá, en las relaciones entre Estados que lo hubieren ratificado, a los artículos 8º a 16 de los convenios sobre procedimiento civil, suscritos en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1º de marzo de 1954, respectivamente, en la medida en que dichos Estados fueren parte en uno u otro de estos convenios.
Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, podrá excluir, en su totalidad o en parte, la aplicación de las disposiciones del párrafo 2º del artículo 4º y del capítulo II. No se admitirá ninguna otra reserva.
Cada Estado contratante dará a conocer al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o con posterioridad, la designación de autoridades a que se hace referencia en los artículos 2º, 8º, 24 y 25.
c) Las declaraciones previstas en los artículos 4º, 8º, 11, 15, 16, 17, 18, 23 y 27;
El presente convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación a que se hace referencia en el párrafo 2º del artículo 37.
La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesión. Esta declaración se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, el cual enviará, por vía diplomática, una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes.
La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.) Carolina Barco Isakson
ART. 1º-Apruébase el "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en la Haya el 18 de marzo de 1970.
ART. 2º-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, que por el artículo lo de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ART. 3º-La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Bogotá, D.C., 5 de mayo de 2006.
ART. 2º-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Oscar Rueda García".
Por último, el interviniente consigna algunas otras observaciones relacionadas con la exequibilidad de este convenio, en particular frente a los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política y resalta la posibilidad de que la entrada en vigencia de este mecanismo favorezca el derecho de todos los nacionales, y en especial de los residentes en el exterior, a acceder a la administración de justicia.
En Concepto 4765 recibido en la secretaría de la Corte Constitucional el 30 de abril de 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación declarar exequibles la Ley 1282 de 2009 y el instrumento internacional que por ella se aprueba.
Inicialmente, el jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el Proyecto de Ley 13 de 2007 Senado - 322 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1282 de 2009, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con todas las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
Finalmente, destaca que este convenio constituye un valioso instrumento de integración entre los Estados y contribuye a hacer más expedito el acceso de los ciudadanos colombianos a la administración de justicia, todo lo cual resulta bien encuadrado dentro de las disposiciones constitucionales pertinentes, en especial los artículos 9º, 226 y 227 del texto superior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte(1), dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, como ocurre en este caso, el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación el 8 de enero de 2009, copia de la Ley 1282 de enero 5 de 2009, "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial' hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970", para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
Sobre este aspecto debe indicarse que, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el convenio cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1282 de 2009 fue suscrito en su momento sin la participación del Estado colombiano, razón por la cual procedería la eventual adhesión de este, de conformidad con lo previsto en el mismo convenio (arts. 38 y ss.) y en las normas internacionales sobre la materia, particularmente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados(2).
El día 5 de mayo de 2006 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al ya referido convenio y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, conformidad a lo previsto en el artículo 150, numeral 16 superior.
En concordancia con lo dicho anteriormente, resalta la Corte que en el presente caso este acto tiene además el efecto de expresar la intención y el interés del Presidente de la República, responsable de la dirección de las relaciones internacionales (C.N., art. 189, num. 2º), en adherir a este convenio multilateral a cuya suscripción no concurrió el Estado colombiano.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1282 de 2009.
2.4.1. El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 13 de 2007 Senado.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso 344 del 26 de julio de 2007, en las páginas 54 a 61. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1º ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el senador Manuel Enríquez Rosero y publicada en la Gaceta del Congreso 518 de octubre 11 de 2007, páginas 4 a 5. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de fecha febrero 9 de 2009 enviada por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión del día 30 de octubre de 2007, según consta en el Acta 7 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta 668 de diciembre 18 de 2007.
En lo tocante a los términos de ese anuncio, según se observa en la referida Acta 7, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el último lugar de una lista de nueve proyectos, leída poco antes del levantamiento de la respectiva sesión, previamente a la cual el presidente informó: "El señor secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda, procede con el anuncio de los proyectos de ley, conforme al artículo 8º del Acto Legislativo 1º de 2003 para la próxima sesión, proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión".
De otra parte, agotada la lista de proyectos, el presidente de esta comisión expresó también que "Citamos para mañana miércoles 31 de octubre a las 10:00 a. m., no sin antes agradecerles a todos por la asistencia, se les agradece mucho. Se levanta la sesión".
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo alusión a "la próxima sesión" fórmula de determinabilidad igualmente aceptada por la Corte.
A continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 31 de octubre de 2007, diligencia que contó con la participación de 9 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el Acta 8 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso 668 de 2007, página 43.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo senador Enríquez Rosero, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 166 de abril 22 de 2008, en las páginas 5 a 6. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión del día 27 de mayo de 2008, según consta en el Acta 49 de esa fecha, publicada en la Gaceta 481 de 2008.
En esta última acta se observa que también este anuncio se realizó en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de "proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión", se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el 4º lugar de una lista de 35 proyectos) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día "miércoles 28 de mayo de 2008 a las 3:00 p. m.". De esta manera, se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
Sin embargo, en relación con este tema, debe anotarse que existen algunas incongruencias en la transcripción de lo ocurrido en esa fecha y relatado en el Acta 50, publicada en la Gaceta 482 de 2008, pues aparentemente se mezclaron o confundieron las referencias que durante esta sesión se hicieron a tres distintos proyectos de ley. En todo caso, como se verá, existe suficiente claridad sobre lo acontecido, de modo que esta circunstancia no alcanza a generar cuestionamientos sobre la constitucionalidad del trámite cumplido.
En efecto, según consta en la referida Acta 50, a partir de la columna final de la página 30: i) se inició el debate de esta iniciativa con su anuncio como siguiente proyecto del orden del día (Proyecto de ley número 13 de 2007 Senado, por el cual se aprueba el convenio aquí referido, suscrito en La Haya el 18 de marzo de 1970); ii) la subsiguiente intervención del senador ponente parece referirse a otro proyecto; iii) al leerse al final de este punto el título del proyecto aprobado (parte final de la primera columna de la página 31), se constata que es el mismo proyecto 013 de 2007 Senado, a que se viene haciendo referencia; iv) al abordar el trámite del siguiente proyecto listado en el orden del día (Proyecto de Ley 31 de 2007 por la cual se definen normas sobre la responsabilidad social y medioambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones) se observan unas desubicadas referencias donde se mezclan observaciones sobre otros asuntos, incluyendo ahí sí con claridad la explicación relacionada con el Proyecto de Ley 013 de 2007 Senado, el mismo posteriormente aprobado como Ley 1282 de 2009; v) por último, se observa que inmediatamente antes del debate del proyecto 013 de 2007 Senado (última columna de la página 30) los senadores presentes se ocuparon del Proyecto de Ley 159 de 2007 Senado, por la cual se regulan las tasas que se cobran por la prestación de los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, proyecto a cuya materia parece referirse el comentario a que se hizo referencia en el punto ii) de esta enumeración.
La ponencia para primer debate fue presentada por el representante Roosvelt Rodríguez Rengifo, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 582 de septiembre 3 de 2008, páginas 10 a 17.
Según puede comprobarse en el Acta 7 de esa comisión, publicada en la Gaceta 40 de febrero 16 de 2009 (pág. 15), el anuncio de votación de este proyecto en esa célula legislativa se produjo el 16 de septiembre de 2008.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el "anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003". Se agregó además que "Estos proyectos se anuncian para ser discutidos y aprobados en la próxima sesión de comisión".
Así mismo, consta en el Acta 8, publicada en la Gaceta 42 de febrero 16 de 2009 (págs. 4 a 6), que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 24 de septiembre de 2008, por unanimidad de los asistentes.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Rodríguez Rengifo y fue publicada en la Gaceta 739 de octubre 24 de 2008, en las páginas 11 a 20.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de febrero 16 de 2009, suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes informa que se produjo el 25 de noviembre de 2008, según consta en el Acta 153 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso 15 de enero 30 de 2009.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la sesión, la subsecretaria de esa corporación expresó: "Señor presidente, se anuncian los proyectos para el próximo 2 de diciembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos" (no está en negrillas en el texto original). A continuación, se leyeron un total de 38 proyectos, encontrándose en octavo lugar el Proyecto 322 de 2008 - Cámara, que es aquel que una vez concluido el trámite legislativo vino a convertirse en Ley 1282 de 2009.
Posteriormente, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del Acta 155 de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta 35 de febrero 16 de 2009, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión realizada el miércoles 3 de diciembre de 2008, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 150 de los representantes que hacen parte de esa corporación.
"Bueno, acogemos la proposición de la doctora Gloria, del doctor Julián Silva, de aplazar el debate. Yo, como mesa directiva, buscaré que este proyecto quede como proyecto número uno para el próximo martes 2 de diciembre. Entonces, estaremos en acuerdo con todos. Damos por terminada la sesión y se convoca para el día de mañana a las 3:00 de la tarde para debate de control político. Muchas gracias".
"La secretaría deja constancia que los proyectos que hoy se van a estudiar y a discutir fueron anunciados en la sesión del miércoles anterior para el día martes 2 de diciembre o para la siguiente sesión en que se discutieran o votaran proyectos de ley, en razón a que el día de ayer martes 2 no hubo sesión como señal de duelo por la muerte del ex representante y senador José Gonzalo Gutiérrez. Como el día de ayer no hubo plenaria, el día de hoy es un día habilitado para estudiar estos proyectos de ley que fueron anunciados en su momento, por ser la sesión inmediatamente siguiente a la de la fecha en que se anunciaron".
Ahora bien, pese a que el anuncio que se viene comentando hizo referencia a una fecha cierta (dic. 2), que además no coincide con aquella en la que el proyecto fue finalmente sometido a votación, la Corte destaca que aquel alcanzó a cumplir su finalidad y puede considerarse válido al haber incluido la fórmula alternativa de "la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos", destinada precisamente a asegurar la eficacia del aviso efectuado, aun frente a la posible no realización de la sesión específica allí indicada. Como es evidente, esta situación difiere claramente de aquellas en las que el aviso incorpora únicamente una fecha cierta(3), caso en el cual, ante la no votación del proyecto en la oportunidad prevista, se hace indispensable realizar un nuevo aviso, previo a la fecha en que finalmente se produzca la votación, en ausencia del cual debe considerarse rota la cadena de anuncios, e incumplido el requisito constitucional que se viene analizando.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 13 de 2007 - Senado / 322 de 2008 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1282 de 2009, la Corte observa lo siguiente:
2.5. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante Ley 1282 de 2009.
2.5.1. Breve referencia a la Conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado y a la participación de Colombia.
Tal como lo mencionaron varios de los intervinientes, el convenio cuya exequibilidad analiza en este caso la Corte se adoptó dentro del marco de la Conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado(4), organización internacional con sede en la referida ciudad holandesa, cuyo origen se remonta al año 1893 y que tiene por objeto trabajar en la progresiva unificación de las normas de derecho privado aplicables a situaciones que afecten a instituciones o ciudadanos de distintos países, o en las que por cualquier razón resulte potencialmente aplicable la ley local de más de uno de ellos. También persigue la cooperación entre las autoridades de los distintos Estados y la agilización de los trámites aplicables en actuaciones administrativas o judiciales que involucren ciudadanos, bienes o normas de varios de ellos.
A la fecha el Estado colombiano no es miembro activo de esta conferencia, sin embargo, en uso de la alternativa que acaba de mencionarse, ha adherido y es por lo tanto partícipe de algunos de sus convenios(5), con lo cual el país y sus ciudadanos se benefician, al menos parcialmente, de las facilidades resultantes.
2.5.2. Del contenido de este instrumento.
El convenio cuya exequibilidad se revisa consta, de 42 artículos, divididos en tres capítulos. Ese articulado está precedido de unos breves considerandos, en los cuales se precisa que el objeto de este instrumento es contribuir a la eficacia de la cooperación entre autoridades judiciales de distintos países en materia de derecho civil y comercial, facilitando el envío y ejecución de cartas rogatorias.
El primer capítulo (arts. 1º a 14) se refiere específicamente al tema de las cartas rogatorias e incluye los siguientes aspectos: la posibilidad de utilizarlas para solicitar a las autoridades judiciales de otro de los países signatarios de este convenio la práctica de pruebas o "la realización de otras actuaciones judiciales" (art. 1º); la obligación de cada uno de los Estados miembros de designar una autoridad central para su recepción y trámite (art. 2º); los aspectos que deben incluir (art. 3º); las reglas relativas a la lengua en que deben ser redactadas y enviadas (art. 4º); la posibilidad de objeción por parte de la autoridad central del Estado requerido (art. 5º); la obligación de remitir de oficio a la autoridad judicial competente en caso de que aquella indicada por el requirente no lo fuere (art. 6º); la posibilidad de que el requirente pida que se le informe la fecha en que se llevará a cabo la diligencia solicitada (art. 7º); la posibilidad de que funcionarios judiciales del país requirente asistan a la práctica de la prueba o diligencia solicitada (art. 8º); regla general conforme a la cual en la práctica de la diligencia requerida se aplicará la ley procesal del país en que esta se realice, y posibilidad de que el país requirente solicite la aplicación de sus propias leyes (art. 9º); posibilidad de aplicar los métodos de compulsión autorizados por la ley procesal local (art. 10); situaciones en las cuales las personas que deban participar en la diligencia solicitada o la autoridad judicial requerida podrían excusarse de hacerlo (arts. 11 y 12); reglas relativas al envío de los documentos en que conste la ejecución de la diligencia requerida (art. 13); reglas sobre la asunción de los costos que demande la ejecución de la diligencia (art. 14).
Posteriormente, el capítulo segundo (arts. 15 a 22) desarrolla lo relativo a la obtención o práctica de pruebas en el exterior ante ciertos funcionarios, por vías diferentes a las de la carta rogatoria, con el siguiente contenido: reglas para la práctica de pruebas ante agentes diplomáticos y consulares en el territorio del país ante el cual estos cumplan sus funciones y con destino a un proceso que curse ante un juez o tribunal de su país de origen, con diferencias que dependen de si las personas que intervienen en la práctica de la prueba son nacionales del país de origen (art. 15) o del Estado en cuyo territorio cumple sus funciones (art. 16); reglas para la práctica de dichas pruebas ante funcionarios locales que ejerzan como comisarios y con destino a procesos que cursen ante jueces del otro país, cuya competencia depende de previa autorización (art. 17); reglas para permitir que los antes indicados funcionarios ejerzan compulsión, conforme a sus normas locales, para lograr la práctica de las pruebas requeridas (arts. 18 y 19); posibilidad de que en la práctica de estas pruebas participen abogados, como apoderados de las personas intervinientes (art. 20); otras reglas aplicables a la práctica de estas pruebas (art. 21); la advertencia de que el fracaso de los mecanismos previstos en este capítulo no impide la posibilidad de volver a intentar la práctica de esas mismas pruebas mediante el trámite de una carta rogatoria (art. 22).
Finalmente, el tercer capítulo (arts. 23 a 42) incorpora disposiciones de carácter operativo, entre ellas: la posibilidad de expresar reservas o exclusiones al alcance de las obligaciones derivadas del convenio, resultantes del sistema jurídico vigente en el país requerido o de su carácter de república federal (arts. 23 a 25); la posibilidad de solicitar al país requirente el reembolso de los gastos incurridos por las autoridades del país requerido en la práctica de las diligencias solicitadas (art. 26); la opción de formular declaraciones o de introducir excepciones bilaterales o de otro alcance a lo previsto en una o varias de las estipulaciones de este convenio (arts. 27, 28, 34 y 35); la prevención de que el presente convenio sustituye los instrumentos que sobre esta misma materia suscribieron los países miembros de la conferencia de La Haya en 1905 y 1954, junto con la advertencia de que esta circunstancia no afectará los trámites o diligencias anteriormente realizados al amparo de dichos instrumentos (arts. 29 a 31); la precisión de que este convenio no deroga los demás acuerdos de carácter bilateral o multilateral sobre la misma materia de los que fueren miembros los países que suscriben este convenio o posteriormente adhieran a él (art. 32); la relación y régimen de las reservas aceptables (art. 33); la regla sobre resolución por la vía diplomática de los conflictos surgidos en la aplicación de este convenio (art. 36); las reglas sobre firma, entrada en vigencia y adhesión posterior (arts. 37 a 39); la necesidad de precisar los territorios de cada país miembro en los que este convenio tendrá aplicación (art. 40); la regla sobre tiempo de vigencia del convenio, la cual se establece en cinco (5) años a partir de su entrada en vigencia, su tácita renovación por períodos iguales y la posibilidad y trámite necesario para dejar de ser miembro de este convenio (art. 41); la función de notificar a los Estados miembros sobre la entrada en vigencia de este convenio, las ratificaciones, adhesiones y/o reservas que posteriormente se produzcan, y las reservas y otras declaraciones planteadas por los países miembros (art. 42), funciones que se encomiendan al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, país sede de la Conferencia de La Haya.
2.5.3. De la exequibilidad material de las estipulaciones de este documento.
En segundo lugar, resalta la Corte que las instituciones previstas dentro de este convenio funcionan dentro de un marco de equidad, mutua reciprocidad y respeto a la soberanía de los Estados signatarios. Así mismo, observa que las ventajas que de él resultan podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, tanto por ciudadanos colombianos como por nacionales de otros países, que en uno u otro caso hayan establecido relaciones jurídicas que deban regirse, total o parcialmente, por el derecho colombiano. Por estas razones la adhesión de Colombia a este convenio se enmarca también dentro de los propósitos que conforme a la Constitución, y especialmente a sus artículos 9º, 150, numeral 16; 226 y 227, rigen el manejo de las relaciones internacionales.
Frente a las principales instituciones que dentro del marco de este convenio se acuerda aplicar, como son el envío y recepción de cartas rogatorias(6) y la práctica de pruebas mediante comisión a autoridades judiciales de otros Estados (capítulo 1) o ante funcionarios diplomáticos y/o consulares (capítulo 2), encuentra la Corte que se trata de mecanismos normalmente aceptados por el derecho internacional, e incluso previstos por el Código de Procedimiento Civil colombiano actualmente vigente (arts. 193 y 223), que por lo demás no implican ninguna inaceptable imposición, ni lesión de ninguna clase a la soberanía nacional, ni de Colombia ni de los otros países signatarios.
Por el contrario, destaca la Sala, que ante la posibilidad de que alguna de las reglas acordadas implique una dificultad importante o resulte incompatible con la práctica de las instituciones judiciales de alguno de los países miembros, el texto del convenio contempla, en varios de sus artículos (15, 18, 27, 28, 33 y 34, entre otros), una amplia posibilidad de formular reservas, declaraciones o excepciones a la aplicación de tales reglas, o de rehusar en el caso concreto la práctica de la diligencia solicitada o las condiciones en que se pide llevarla a cabo (arts. 5º, 9º y 12). Las autoridades competentes para expresar el consentimiento del Estado colombiano deberán entonces, al momento de realizar esa diligencia, determinar qué reservas o exclusiones conviene al interés nacional dejar planteadas, dentro del amplio espectro que, según lo explicado, se ofrece en este caso. Sin embargo, la Corte destaca que ninguna de tales reservas o excepciones resulta constitucionalmente necesaria.
De otra parte, son razonables y acordes con la Constitución, los poderes que el convenio le atribuye en cada caso al funcionario ante quien se practican las pruebas, así como las reglas sobre aplicación del derecho local (arts. 7º a 10). En la misma línea, no existe la posibilidad de que funcionarios extranjeros ejerzan funciones judiciales ni adopten decisiones imperativas dentro del territorio colombiano, resaltando que no se encuadra en esta hipótesis la práctica de pruebas que el convenio autoriza ante funcionarios diplomáticos y/o consulares (arts. 15 y 16), posibilidades que además hacen parte del ámbito de funciones normalmente atribuidas a estos funcionarios por el derecho internacional público, y que no chocan en modo alguno con el contenido de la Constitución Política vigente en Colombia.
La Corte llama la atención respecto del contenido del artículo 14 del convenio bajo estudio, según el cual, por regla general "La ejecución de la carta rogatoria no dará lugar al reembolso de gastos o tasas de cualquier clase". Esta disposición podría resultar problemática en los casos en que las autoridades judiciales colombianas reciben y ejecutan cartas rogatorias a pedido de funcionarios de otro país signatario del convenio, en cuanto ello pudiere envolver una exención tributaria en beneficio de las partes y/o autoridades judiciales interesadas en la diligencia.
En primer lugar, la Corte ha reconocido de manera general y reiterada(7) que este tipo de exenciones, aplicadas además dentro de un entorno de bilateralidad y reciprocidad como el que caracteriza el convenio analizado, son plenamente aceptables en el ámbito del derecho internacional, en tanto constituyen una muestra de mutua deferencia y cooperación, que facilita la colaboración entre autoridades de los distintos países en beneficio de todos ellos, por ejemplo, en este caso, mediante la más rápida ejecución de las cartas rogatorias. La Corte ha señalado, incluso, que estas medidas no deben considerarse inconstitucionales ni aun en el improbable caso de que ellas impliquen exención de tributos de las entidades territoriales (C.N., art. 294), en razón del interés superior que asiste a la Nación para vincularse a través de un tratado con otros Estados, y participar plenamente, en ambas direcciones, de la cooperación internacional que aquel busca hacer posible(8).
Pasando al análisis de otros aspectos, como ya se mencionó, y aunque ello resulte intrascendente respecto de la exequibilidad material de este instrumento, resalta la Corte que el entrar a hacer parte de este convenio no impide continuar dando aplicación a otros instrumentos multilaterales sobre el mismo tema, vinculantes para el Estado colombiano (art. 32), como son la "Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero"(9) y la "Convención interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias"(10).
Finalmente, destaca la Corte que tampoco existe reparo constitucional alguno, sino por el contrario, plena pertinencia y adecuación al texto superior, en relación con las cláusulas finales (arts. 36 a 42) sobre solución de controversias, firma, adhesión y/o ratificación por los Estados partes, entrada en vigencia y denuncia de este tratado, ni en las funciones que estos mismos artículos atribuyen al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
Agotado el análisis del instrumento aprobado mediante Ley 1282 de 2009, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que aquel se ajusta a los preceptos constitucionales.
1. Declarar EXEQUIBLE el "Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial" hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1282 de enero 5 de 2009, "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial' hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970".
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla-María Victoria Calle Correa-Mauricio González Cuervo-Juan Carlos Henao Pérez-Gabriel E. Mendoza Martelo-Jorge Iván Palacio Palacio-Jorge Ignacio Pretelt Chaljub-Humberto A. Sierra Porto-Luis Ernesto Vargas Silva
(1) Ver Sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(3) Esta otra hipótesis fue la que se verificó en los casos recientemente decididos mediante autos A-171 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y A-267 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en los cuales esta corporación resolvió devolver a la Cámara de Representantes dos proyectos de ley cuyos anuncios de votación en la Comisión Segunda incluyeron únicamente una fecha cierta, distinta de aquella en la que las respectivas votaciones finalmente tuvieron lugar.
(4) Esta información ha sido tomada de la versión española de la página web de esta organización, www.hcch.net/index es.php?, consultada el 3 de septiembre de 2009.
(5) Colombia es actualmente miembro de los siguientes tratados de la Conferencia de La Haya: 1) Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), suscrita el 5 de octubre de 1961 y aprobada en Colombia por Ley 455 de 1998; 2) Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, suscrito el 25 de octubre de 1980 y aprobado en Colombia mediante Ley 173 de 1994; 3) Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, suscrito con la participación de Colombia el 29 de mayo de 1993 y aprobado mediante Ley 265 de 1996; 4) Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial suscrita el 15 de noviembre de 1965, aprobada en Colombia por Ley 1073 de 2006, pero aún no ratificada.
(6) El inciso final del artículo 1º de este convenio excluye la posibilidad de solicitar mediante carta rogatoria la práctica de diligencias tales como notificaciones (reguladas por otro convenio de la Conferencia de La Haya) y medidas cautelares, de conservación o de ejecución.
(7) Ver sobre este tema, entre otras, las sentencias C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-315 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet) y C-958 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(8) La Corte analizó ampliamente esta situación en la ya citada Sentencia C-315 de 2004, indicando en primer lugar que la situación que el artículo 294 de la Constitución Política busca prevenir es la decisión inmotivada y unilateral del legislador de crear exenciones que implican un debilitamiento del recaudo tributario propio de las entidades territoriales, hipótesis distinta a la que se plantea en el contexto de los tratados internacionales. De otra parte señaló que, aun cuando en realidad un tratado genere exenciones sobre impuestos de las entidades territoriales, ello sería constitucionalmente aceptable, siempre que paralelamente se establezcan mecanismos de compensación adecuados para superar la pérdida económica resultante.
(9) Incorporada al derecho interno mediante Ley 31 de 1987 y Decreto 1020 de 1994.
(10) Incorporada al derecho interno mediante Ley 27 de 1988 y Decreto 652 de 2000.