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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10']

Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago
Publicado en BOE núm. 131 de 29 de Mayo de 2010
Vigencia desde 30 de Mayo de 2010. Revisión vigente desde 30 de Mayo de 2010 hasta 13 de Abril de 2013
TÍTULO I. Régimen jurídico de la creación de las entidades de pago
Artículo 1 Autorización y registro de las entidades de pago
Artículo 2 Requisitos para ejercer la actividad
Artículo 3 Requisitos de la solicitud
Artículo 4 Registros del Banco de España
Artículo 5 Modificación de los estatutos sociales
Artículo 6 Ampliación de actividades
Artículo 7 Fusión de entidades de pago
Artículo 8 Uso de la denominación reservada
TÍTULO II. Actividad transfronteriza de las entidades de pago
Artículo 9 Autorización del establecimiento en España de sucursales de entidades de pago autorizadas o domiciliadas en un Estado no Miembro de la Unión Europea
Artículo 10 Actuación en España de entidades de pago autorizadas en otro Estado Miembro de la Unión Europea
Artículo 11 Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Estado no Miembro de la Unión Europea por entidades de pago españolas
Artículo 12 Creación o adquisición de participaciones en entidades de pago de un Estado no miembro de la Unión Europea
TÍTULO III. Régimen de los agentes y delegación de la prestación de funciones
Artículo 13 Concepto de agente
Artículo 14 Obligaciones de comunicación al Banco de España y registro de los agentes
Artículo 15 Responsabilidad de las entidades de pago respecto de los actos llevados a cabo por sus agentes y condiciones para el ejercicio de actividad de los agentes
Artículo 16 Delegación de funciones
TÍTULO IV. Requisitos de garantía, requerimientos de recursos propios y limitaciones operativas de las cuentas de pago
Artículo 17 Requisitos de garantía
Artículo 18 Recursos propios
Artículo 19 Cálculo de los requerimientos de recursos propios
Artículo 20 Adopción de medidas para retornar al cumplimiento de las normas relativas a recursos propios
Artículo 21 Aplicación de resultados en caso de incumplimiento de las normas relativas a recursos propios
Artículo 22 Cuentas de pago de las entidades de pago
TÍTULO V. Entidades de pago híbridas y deber de constitución de una entidad de pago separada
Artículo 23 Entidades de pago híbridas
Artículo 24 Deber de constitución de una entidad de pago separada
TÍTULO VI. Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de los servicios de pago
Artículo 25 Instrumentos de pago de escasa cuantía y dinero electrónico
Artículo 26 Redes limitadas
TÍTULO VII. Régimen sancionador y de supervisión de las entidades de pago
Artículo 27 Régimen sancionador
Artículo 28 Información sobre la estructura de capital de las entidades de pago
Artículo 29 Secreto profesional
Disposición transitoria única Régimen especial para la transformación en entidades de pago de los establecimientos de cambio de moneda a la que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre
Disposición final segunda Facultades de desarrollo
Disposición final tercera Incorporación de Derecho de la Unión Europea
RD 736/2019 de 20 Dic. (régimen jurídico de servicios de pago y entidades de pago y por el que se modifican el RD 778/2012, de 4 May. de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el RD 84/2015, de 13 Feb. que desarrolla la L 10/2014)
RD 256/2013 de 12 Abr. (incorpora a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea 22 Nov. 2012, evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave)
Letra e) del artículo 2 redactada por la disposición final cuarta del R.D. 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave («B.O.E.» 13 abril).
R.D. 712/2010, 28 mayo, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el R.D. 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 24 diciembre) el 25 de diciembre de 2019.
Contar con métodos e instrumentos de pago eficaces es fundamental para el correcto funcionamiento de las relaciones económicas y comerciales. Por ello, el logro de un verdadero mercado interior de bienes y servicios necesita, a su vez, del desarrollo de un mercado de servicios de pago eficaz, eficiente y seguro. Mientras que la introducción del Euro en 2002 supuso un paso definitivo para establecer una zona única de pagos monetarios en el mercado interior, la creación de un efectivo mercado único de pagos no monetarios seguía incompleta.
Así, se puso de manifiesto la necesidad de adoptar un nuevo marco jurídico comunitario que armonizara y completara las fragmentadas disposiciones nacionales en relación con los servicios de pago, y resolviera los problemas de eficiencia e inseguridad jurídica que las diferencias anteriores conllevaban.
Esta aspiración se sustanció finalmente en la adopción de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo objetivo último era lograr la verdadera integración del mercado único de servicios de pago. Para ello prevé una serie de medidas articuladas en torno a tres ejes fundamentales y que se refuerzan mutuamente.
En primer lugar, la Directiva pretende aumentar la eficiencia en el funcionamiento del mercado único de servicios de pago, estimulando la competencia a través de la armonización de los requisitos de acceso a este mercado e introduciendo una nueva categoría de proveedores de servicios de pago, las entidades de pago, cuyas condiciones para competir son iguales a las del resto de proveedores.
También es central para la norma comunitaria la protección del usuario de servicios de pago. Para lograrlo, establece requisitos de información y salvaguardas que rigen antes y durante la ejecución de órdenes de pago y que garantizan la transparencia en la prestación de estos servicios.
Finalmente, la relación directa existente entre la certeza en el uso de los instrumentos y sistemas de pago y la confianza en ellos de los usuarios, convierte a la seguridad del mercado de servicios de pago en el objetivo del tercer gran bloque de la Directiva, que contiene un régimen armonizado de derechos y obligaciones y disposiciones de reparto de responsabilidades entre usuario y proveedor en caso de ejecuciones erróneas o defectuosas de las órdenes de pago.
La Directiva 2007/64/CE ha sido incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, algunos de cuyos aspectos fundamentales pretende desarrollar el presente real decreto, avanzando así sustancialmente en el proceso de transposición de la Directiva mencionada.
Dentro de este contexto, este real decreto aborda principalmente la transposición del régimen jurídico de las nuevas entidades de pago y concreta, además, algunas disposiciones relativas al régimen jurídico general de los servicios de pago.
En el título I, se contiene el desarrollo del régimen jurídico de creación de las entidades de pago. En particular se señala, como es habitual en el régimen de creación de otras entidades financieras, que corresponde al Ministro de Economía y Hacienda autorizar la creación de las entidades de pago, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.
La solicitud habrá de presentarse, también como es usual, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y se prevé la necesidad de inscripción de las nuevas entidades de pago en un Registro Especial del Banco de España, antes de comenzar su actividad. Se recogen también algunas particularidades menores para el caso de que la entidad de pago a autorizar esté controlada por otra entidad de un Estado Miembro o no Miembro de la Unión Europea.
Los requisitos para obtener y conservar la autorización de una entidad de pago, que deben probarse en el momento de la solicitud de creación de la entidad para merecer la autorización, se detallan también en este título. Estos requisitos se refieren tanto a la forma jurídica de la entidad de pago como a su capital inicial o las condiciones que han de reunir los socios titulares de participaciones significativas y los administradores de la entidad.
También se prevé en este título la creación por parte del Banco de España de un Registro de Altos Cargos en el que deberán inscribirse los administradores y directores generales de las entidades de pago. A ello se suma la obligación mencionada de inscribir a las propias entidades de pago antes de iniciar sus actividades en el Registro Especial de entidades de pago que se creará en el Banco de España.
El título I concluye con tres artículos dedicados al régimen aplicable a las distintas modificaciones que puede experimentar una entidad de pago, tanto en sus estatutos sociales como en sus actividades, con una previsión específica para el caso de fusión.
Un último artículo especifica que el uso de la denominación de entidad de pago queda reservado a estas entidades, que podrán incluirlo en su denominación social si lo desean. Lo anterior se completa con dos apartados destinados a garantizar que el usuario conoce en todo momento de la naturaleza jurídica de entidad de pago que detenta su proveedor de servicios de pago, con independencia del uso de tal denominación por parte de la entidad, de su inclusión en una red internacional o del desarrollo por su parte de otras actividades económicas ajenas a la prestación de servicios de pago.
El título II regula la actividad transfronteriza de las entidades de pago. Se detalla, en primer lugar las particularidades que rigen, respecto del procedimiento de autorización recogido en el Título anterior, cuando la solicitud procede de sucursales de entidades de pago autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea.
Por otro lado se establece el régimen de comunicación al Banco de España que deben cumplimentar las autoridades supervisoras de aquellas entidades de pago comunitarias que quieran prestar de manera permanente sus servicios en España, bien mediante la apertura de sucursales, bien mediante la contratación de agentes.
Se concreta, por último, el régimen de autorización previa del Banco de España a que están sujetas aquellas entidades de pago españolas que deseen prestar servicios de pago en un Estado no Miembro de la Unión Europea, bien mediante la apertura de sucursales y libre prestación de servicios, o bien a través de una filial.
El régimen de los agentes y delegación de funciones operativas se regula el título III.
Respecto al régimen de los agentes, además de definir el concepto de agente de conformidad con el artículo 2.22 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se establece un sistema de comunicación e inscripción previas en el Registro Especial del Banco de España para aquellas entidades de pago españolas y sucursales en España de entidades de pago extranjeras que pretendan prestar servicios de pago a través de un agente. Se detallan asimismo las condiciones a las que están sujetos las entidades de pago y sus agentes en el ejercicio de la actividad de éstos, en interés de la transparencia frente a la clientela.
En lo que se refiere a la delegación de funciones, las entidades deberán cumplir un régimen de información previa al Banco de España para la delegación de funciones esenciales, mientras que la comunicación se efectuará con posterioridad a la delegación en caso de que las funciones a que ésta afecta no lo sean. Este régimen se completa con una serie de disposiciones dirigidas a garantizar que la delegación de funciones operativas no redunde en una disminución de su calidad o control interno, o en menoscabo de las responsabilidades y obligaciones de las entidades de pago en relación con los usuarios.
La regulación de los requisitos de garantía, los requerimientos de recursos propios y las limitaciones operativas de las cuentas de pago, constituye el objeto del título IV del real decreto.
La necesidad de que las entidades de pago salvaguarden los fondos de sus usuarios para la ejecución de operaciones de pago, exige que estas entidades dispongan de alguno de los dos métodos de garantía establecidos en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cuyo detalle se especifica en la norma propuesta. En relación con el primer método, se detallan los activos seguros, líquidos y de bajo riesgo en que podrán invertir los fondos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre. En lo que respecta al segundo método se concretan las condiciones que deberá cumplir la póliza de seguro o garantía comparable.
Por otro lado se detalla el método de cálculo que deberán aplicar las entidades de pago para determinar sus requerimientos de recursos propios, basado en una ponderación de la cuantía de las operaciones de pago ejecutadas por ellas durante el año anterior.
No obstante, se permite que el Banco de España, a iniciativa propia o de la entidad afectada, y atendiendo a la necesidad de mejorar su solvencia, proteger los intereses de los usuarios o del propio sistema de pagos, pueda determinar que el cálculo de los requerimientos de recursos propios se efectúe conforme a alguno de los otros dos métodos recogidos en la propuesta. En uno de ellos el cálculo es función de los gastos generales del año anterior y en el otro es función de la suma de distintos ingresos, gastos y comisiones.
Además en el título IV se contienen una serie de previsiones destinadas a garantizar el retorno al cumplimiento de las normas relativas a recursos propios, en caso de que una entidad presente un déficit de recursos propios respecto de los exigidos. En concreto, se establece una obligación de información al Banco de España, que deberá ir acompañada de un programa para retornar al cumplimiento. Asimismo, se obliga a las entidades en estas circunstancias a someter la aplicación de sus resultados a la autorización previa del Banco de España.
Las limitaciones operativas a las cuentas de pago de las entidades de pago concluyen este título IV. En particular, se regulan los efectos de la inactividad de la cuenta de pago durante un año y se limitan también las posibilidades de que la cuenta mantenga saldo deudor como resultado de operaciones iniciadas directamente por el ordenante titular de la cuenta de pago.
El título V introduce el concepto de entidades de pago híbridas, definidas como aquellas entidades de pago que realizan, además, cualquier otra actividad económica. Se adaptan algunos aspectos de la norma para su aplicación especial a estas entidades, sobre todo en relación con los requisitos de la solicitud, el Registro de Altos Cargos, la supervisión y el uso de la denominación de entidad de pago.
Por último, se detalla en este título el procedimiento en virtud del cual el Banco de España puede exigir a una entidad de pago híbrida que constituya una entidad de pago separada, cuando la realización de otras actividades económicas distintas a la prestación de servicios de pago pueda afectar a su solidez financiera.
En el título VI se introducen dos excepciones a la aplicación de determinados aspectos de la normativa reguladora de los servicios de pago. En primer lugar se excluyen, para instrumentos de escasa cuantía y siempre que así se pacte entre las partes, ciertas obligaciones que la ley establece entre el proveedor de servicios de pago y el usuario. Además, se establece que no están sujetos a esta normativa los servicios de pago que se basen en instrumentos cuyo uso esté limitado a los establecimientos del emisor o a una red limitada de proveedores.
Los tres últimos artículos del real decreto se recogen en el título VII, que contiene el régimen sancionador y de supervisión aplicable a las entidades de pago. Ambos siguen, en lo fundamental y con algunas adaptaciones, el régimen aplicable a las entidades de crédito. Finalmente se recoge el deber de secreto profesional para todas las personas que en el desempeño de una actividad profesional para el Banco de España o en el intercambio de información con otras autoridades hayan conocido datos de carácter reservado.
Se ha introducido en el presente real decreto una disposición transitoria que detalla el procedimiento y los requisitos mínimos que han de cumplir, para la convalidación de su autorización, aquellos establecimientos de cambio de moneda que hubieran sido autorizados para la gestión de transferencias y que, no pretendiendo ampliar su objeto social, deseen convertirse en entidades de pago.
Cuenta adicionalmente el real decreto con una disposición derogatoria de todas aquellas normas de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en él, y cuatro disposiciones finales que contienen, respectivamente, los títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta, las facultades para su desarrollo, la mención a la incorporación del derecho de la Unión Europea, y se cierra el real decreto con la disposición final cuarta que establece su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de mayo de 2010,