Source: http://posgradopenaluba.blogspot.com/p/material-de-estudio.html
Timestamp: 2015-09-05 10:12:34
Document Index: 112007446

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 119', 'artículo 168', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 2']

Posgrado Derecho Penal Juvenil: MATERIAL DE ESTUDIO
Posgrado Derecho Penal Juvenil
CACERES CASACION. menores
DIRECTRICES DE RIAD - REGLAS DE BEIJING
REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS - REGLAS DE TOKIO
FALLO CASAL - DOCTRINA CASACION CASAL 2007-08-11
COMENTARIOS - TRABAJOS PUBLICADOS
Coloquio Internacional“¿Prevenir o Reprimir? Tendencias actuales comparadas de la justicia juvenil”(14 y 15 de diciembre de 2009)
Tendencias actuales de la justicia juvenil en Argentina
Recientemente el Senado de la Nación Argentina ha sancionado en dictamen de comisión, un proyecto de ley sobre “Régimen Legal Aplicable a las Personas Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal”. Teniendo en consideración que la referencia no se realiza respecto de una ley, sino de un proyecto, aún parece prematuro realizar juicios de valor respecto de su contenido sin haber concluido el trámite parlamentario. No obstante ello, la violencia en el tema juvenil, generalizada, receptada y ejercida desde distintos ámbitos, durante tantos años, permite señalar que la reforma al antiguo régimen es esperada por todos los sectores jurídicamente pensantes dentro de un sistema democrático de derecho. Se han sucedido en nuestro país numerosos proyectos en la materia a través de los años posteriores a la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, no todos han perseguido los mismos objetivos. No se ha podido modificar el obsoleto e injusto modelo de la tutela paternalista. Todos ellos, sin embargo, han sido debatidos, algunos más ampliamente que otros, por legisladores y especialistas en el tema, de manera que sin ser pesimistas ahora, existen sobradas razones para no poder racionalmente suponer que este será el definitivo.
La convocatoria general de este coloquio me sugiere una reflexión: ¿prevenir o reprimir?.Me atrevería a decir que el planteo a primera vista, es aparentemente ingenuo. ¿Cómo es posible en el ámbito del derecho penal empezar por el final? Es una pregunta que merece una respuesta jurídica, y una mirada de realidad. Nos estamos refiriendo a un sector de la sociedad argentina que por diferentes motivos no internaliza normas completamente, pero no solamente normas jurídicas, sino sociales, de convivencia pacífica, precisamente porque progresivamente les han sido conculcados sus derechos fundamentales básicos, como la pertenencia a una familia que se presenta cada vez más desmembrada debido a carencias elementales, a la educación, a la salud, al desempeño y capacitación laboral, a poder construir un proyecto de vida digna, ¿es que en estos términos, en este contexto podemos hablar jurídica y razonablemente de represión?. La problemática se ha presentado siempre como compleja, e ideológicamente contradictoria, procedente de distintos sectores que no debieran confundirse. La sociedad clama por una solución rápida, justa o injusta. La urgencia desde ese punto de vista resulta comprensible, pero muy difícil de resolver en el corto plazo.
Dentro de esta conflictiva es útil comparar las experiencias vividas en otros países, en otros continentes y bajo el régimen que establecen distintos sistemas legislativos. Esta será solo una parte, no una respuesta general a una cuestión compleja, más compleja en nuestro país que en los otros, donde la legislación local ha acompañado el proceso de cambio, a pesar de haber sufrido avances y retrocesos en algunas oportunidades. No es posible equivocarse nuevamente: “ninguna ley podrá, por sí sola, modificar la realidad. Los cambios deben esperarse fundamentalmente de argumentos racionales de convivencia social, y de políticas de desarrollo e inclusión comunitaria adecuadas. Las carencias sociales, producto tal vez de una crisis socioeconómica generalizada, coadyuvan a una tardía solución. Los sectores excluidos no encuentran alternativas, y sus reclamos se manifiestan muchas veces optando por las peores elecciones. Las exigencias recaen en la justicia penal como primer recurso, y no es esperable encontrar allí las respuestas válidas, por lo tanto la sociedad desconcertada, descree y descalifica a sus instituciones. Las instituciones son indispensables para el fortalecimiento del orden social, en el contexto de un sistema democrático de derecho.
Los más vulnerables siguen siendo los jóvenes.
Continuamos por el momento, dando bienvenidas a proyectos legislativos de cambio, y observando más las virtudes que los inconvenientes.
Parece que entre nosotros, en algunas oportunidades, las palabras resultan tan elocuentes como innombrables, me refiero concretamente al término imputabilidad. Creo que la edad en que se define la ley aplicable a un joven y a un adulto, es lo que ha polarizado la mayor parte de las discusiones, y pospuesto en definitiva la aceleración de trámites legislativos. No es la edad, o la responsabilidad a distintas edades lo importante, sino la posibilidad de distinguir la madurez intelectual que le permita a un niño, o a un joven, internalizar el hecho criminoso.,elegir libremente entre lo prohibido y lo permitido, y que cualquiera de los pasos que lo involucren judicialmente, sean respetuosos de las garantías fundamentales, y de los principios elementales del derecho penal de adultos. De lo contrario, debemos coincidir en que no constituye ninguna ventaja crearle a los jóvenes sistemas especiales, si ellos no tienen por objeto reconocer que la violación a las normas jurídicas no los colocará en peores condiciones que a un adulto.
Es razonable pensar que quienes se oponen rígidamente a aceptar que cuando un menor de 16 años comete un delito se le deba reprochar su conducta, es porque sin duda están pensando únicamente en la pena privativa de libertad, sin advertir que la propia Convención habilita respuestas diversas que deben tenerse muy en cuenta para arribar a una solución más justa desde las diferentes ópticas de análisis. Son las llamadas medidas alternativas a la privación de libertad. Así, la privación de libertad empezará realmente a ser el último recurso y no el primero.
Si la respuesta penal es diferenciada, ese es el punto principal de la discusión. Es decir, que no es para nada necesario ni justo, someter a un joven al rigor de las penas que se aplican a personas mayores de edad.
Los menores de 16 años edad, que hoy no son sometidos a procesos, resultan víctimas también del sistema penal, no se les respetan derechos y garantías constitucionales, y demás está decir que en la mayoría de los casos reciben sin proceso, y por lo tanto sin confirmación de su participación en el hecho que se les imputa, la pena de privación de libertad. Se trata de otras víctimas, que no sufren el hecho sino el derecho, “condenados sin delito”, lo que los coloca en peor situación, reñida con todos los estándares internacionales. Sin proceso no se necesita producir pruebas.
Creo que es acertado que el sistema penal especial para jóvenes menores de 18 años, se diferencie en las edades de imputación de acuerdo a diferentes conductas típicas, distinguiendo que sean ellas leves o graves. Creo también acertado que el procedimiento sea especial, así como las medidas aplicables en cada caso. Creo, que la etapa de ejecución de medidas también debe ser especial para jóvenes. El derecho penal, de todos modos forma parte del contexto de exposición, ya que el Código Penal actúa en forma subsidiaria, determinando los tipos penales, en los que hay coincidencia, a pesar de que frecuentemente los jóvenes circunscriben sus acciones sólo a algunos de ellos. La independencia del Código penal no es tal en el régimen aplicable a menores de edad que se pretende sancionar.
La incorporación de los instrumentos internacionales que son del conocimiento de todos, ha colaborado en los puntos fundamentales del cambio que se ha operado en la mayoría de las legislaciones, y también ha influido en nuestra jurisprudencia, a pesar de que lo más importante que era el cambio legislativo, hasta el momento no se pudo lograr. En este sentido resultan de tanta importancia la Convención de los Derechos del Niño, como las reglas de Beiging, de Riad, de Tokio, las Reglas de las Naciones Unidas para menores privados de su libertad, la Opinión Consultiva Nº 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Observación Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño. Concordantemente con los documentos mencionados, nuestro país ha dictado la ley nacional nº 26.061. Como consecuencia de ello, y a juzgar por las últimas resoluciones judiciales parece que existe consenso- por lo menos desde el punto de vista declarativo- después de muchos años, de la radical diferencia obrante entre los conceptos de asistencia o tutela, y delincuencia o infracción a las leyes penales. Se originan en circunstancias distintas y deben tener respuestas diferenciadas por parte de todos los organismos del Estado, y en su caso del Poder Judicial, a través del Régimen penal especial, aplicable a personas menores de 18 años de edad.
El asistencialismo penal que satisfizo los esfuerzos de los autores de la llamada “ley Agote”, derogada desde el 28 de septiembre del año 2005 por la ley 26.061, no otorgó méritos al sistema de justicia criminal juvenil, por el contrario sumió a los más jóvenes en una suerte de subordinación, dependencia y postergación de sus propios derechos conferidos por el régimen constitucional. Obstaculizó el desarrollo emocional de los niños al punto de confundir la pobreza con la delincuencia. Vulneró su dignidad humana. Ese “proteccionismo” dejó claramente a la vista las consecuencias erráticas de la propia concepción, aunque la toma de conciencia fue y sigue siendo lenta.
Como es conocido por todos los estudiosos del tema, el código penal de 1921 contenía entre sus artículos 36 a 39 prescripciones relativas a los menores de edad, determinando la edad de 14 años como límite de imputabilidad absoluta[1]. En el año 1954, la ley 14.394, llamada “Modificación al régimen de menores y de la familia”[2], derogó los mencionados artículos del Código Penal, e introdujo el tema entre los artículos 1 a 13. La ley recibió la influencia del movimiento de despenalización de los menores; en consecuencia, la idea que privó fue la de sustraerlos del Código Penal para ser sometidos a un régimen especial, destinándolos cuando correspondiera, a establecimientos asistenciales y educacionales[3]. Sus características fundamentales fueron: a) sustracción del menor del Código Penal. b) elevación del límite de imputabilidad a los 16 años. c) sustitución del criterio punitivo por el tutelar. d) imputabilidad relativa para la franja etaria de 16 a 18 años. e) régimen diferencial en la ejecución de la sanción para los menores de 18 a 22 años de edad[4]. f) extensión de los beneficios del régimen de la tutela jurídica al menor emancipado. g) obligatoriedad del examen integral del medio y de la personalidad del menor. h) ejecución diferencial según los resultados de ese examen. i) obligatoriedad del examen mental en ciertos casos. j) computación optativa para el juzgador de la reincidencia, que en el Código era obligatoria[5]. Distinguía en tres categorías de menores, basadas en la edad del sujeto y en la diferenciación de sus consecuencias jurídicas[6].
En el mes de junio del año 1976, cuando el país no transitaba políticamente por un estado de derecho, tuvo su origen la llamada ley 21.338 que modificó el Código Penal y parcialmente la 14.394 en materia de menores de edad, de acuerdo a lo siguiente: a )inimputabilidad absoluta: 14 años. b)Inimputabilidad relativa: de 14 a 16 años. c)Plena responsabilidad: 16 años. El sistema de ejecución penal especial abarcaba hasta los 21 años, en que hasta la reciente modificación del Código Civil, se obtenía la mayoría de edad.
Posteriormente, el 25 de agosto de 1980, aún durante el régimen de facto, fue sancionada y promulgada consecuente con la ideología imperante en nuestro país, la ley 22.278, incorporada al Código penal, que suscribió fundamentalmente la concepción de la ley 14.394, no obstante haber dispuesto la derogación de sus artículos 1 a 13[7], y que para muchos sigue vigente en la actualidad, con las modificaciones operadas por las leyes 22.803 del año 1983, 23.264 de 1985 y 23.742 de 1989. La edad de imputabilidad fijada ab inicio por la ley 22.278 fue la de 14 años: “el menor de 14 años no es punible……..”[8] Las amplias e indeterminadas atribuciones del juzgador, se pusieron de manifiesto una vez más, a diferencia de las leyes anteriores, en las cuales para el caso de aplicarse sanción, estas tenían algún grado de especificidad: “….si para el juez apareciese fundamentalmente necesario aplicarle una sanción, éste así lo resolverá, conforme a la ley penal, pudiendo reducirla en forma determinada para la tentativa…”[9] Todavía durante la dictadura militar, la ley 22.803 subió la edad de imputabilidad a 16 años. Parece necesario hacer estas aclaraciones históricas, debido a los errores de información que aún suelen aparecer a diario en algunos discursos y medios de difusión, confundiendo el eje de la discusión mediante argumentos políticos que no han producido hasta ahora más que demoras innecesarias.
Es menester conocer la evolución que acompañó el criterio de sanción de estas leyes y los términos de su vigencia, para poder comprender acabadamente la distinción que se produce en el sistema penal juvenil con el advenimiento de otro totalmente opuesto como fue la Convención sobre los Derechos del Niño. Quienes aún no asimilan los cambios padecen de una confusión, que en la práctica permite el encierro o privación de libertad de jóvenes faltos de asistencia, que no infringieron ninguna ley, que nacieron bajo la vigencia de principios sociales, culturales y morales particulares de sus ámbitos de pertenencia, pero que en la realidad cotidiana de nuestro sistema judicial de menores fueron pacibles de igual trato que aquellos que incurrieron en conductas reprochables. Esta confusión repercutió en forma negativa en la sociedad argentina, impregnada durante tantos años de la creencia de que el derecho penal puede proteger a los menores de edad (cuando en realidad no puede hacerlo con ninguna persona), y en los jóvenes infractores o potencialmente infractores; y así la respuesta judicial fue cada vez más severa. Al llegar a las postrimerías del año 1980, se sancionó a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990 y posteriormente incorporada al texto constitucional en la reforma del año 1994. Está en vigencia en el derecho interno desde el 1º de noviembre de 1990, es decir desde hace 19 años. Lo principal de las controversias planteadas no debería esperar resolverse a través de la problemática de subir o bajar la edad de imputabilidad, ese no debiera ser el principio rector de la discusión. Debe aceptarse que el eje central de todos los sistemas penales vigentes sigue siendo la sanción privativa de libertad, sin embargo, en la actualidad otras alternativas menos gravosas para el imputado tienden a disminuir los fracasos de la misma y se presentan en el marco de humanización del Derecho Penal. Debe recordarse que la razón de ser de que la pena aplicable a menores de edad admita reducción, se basa en el principio generalmente aceptado en materia de delincuencia juvenil de que los autores de hechos típicos y antijurídicos, por su edad se encuentran en un período de la vida en el que aún no han concluido el proceso biológico de formación psicofísica, careciendo del estado de madurez que se requiere para advertir las consecuencias de su obrar delictivo. La respuesta jurídica en estos casos está destinada a completar el estadio evolutivo, debiendo guardar proporción en cada caso concreto, tanto con el hecho como con la posibilidad de cumplir con esos objetivos dentro del plazo establecido. La ley no proporciona un concepto general y abstracto de madurez, por lo que el juez debe valorarla en cada caso. La moderna psicología profunda permite admitir que los procesos de motivación de los menores difieren de los de los adultos, no sólo en sentido intelectual, sino también por el juego más libre de la instintividad. La capacidad de comprensión requiere cierta maduración intelectual, pero también una asimilación de representaciones de valores espirituales, o madurez ética, que permita comprender los postulados o normas en los que se apoyan las disposiciones legales. La ley no exige una específica comprensión de la ilicitud del hecho en sentido jurídico, sino apenas de una comprensión del injusto material del mismo, que se adecue al grado de conciencia que pueda tener el autor, en el sentido de que su conducta está prohibida por las leyes. Debe saber que el orden jurídico no autoriza ese comportamiento, tiene que sentir el imperativo legal como un valor adecuado, y debe poder encontrar su propio comportamiento como legalmente objetable. Las normas penales y de procedimiento penal, se han sancionado para la protección de bienes jurídicos, mediante la aplicación de penas a quienes atenten contra dichos bienes. Estas normas de fondo para adultos tienen en el derecho juvenil carácter subsidiario como se ha afirmado, pero evidentemente tienen también muchos principios comunes, uno de los cuales es la determinación de la pena según la culpabilidad demostrada en el hecho, que no puede ser la misma que la de los adultos y por lo tanto tampoco la pena puede guardar la misma proporcionalidad, por lo que debe ser atenuada.
Es verdad que la normativa apuntada en la Convención, no establece expresamente ni medidas, ni penas aplicables en los casos concretos, por lo que ante esa falencia, era urgente que el legislador se ocupara del tema. Tampoco es desdeñable el argumento de que cada juez ejerce el control de constitucionalidad difuso, según el sistema adoptado por nuestro país.
La escala menor de pena aplicable a un joven, a diferencia de la que le correspondería a un adulto, tiene razón de ser en el hecho de que por su corta edad, su culpabilidad en el suceso delictivo se considera disminuida, y consecuentemente el Estado, mediante la respuesta jurídica, debe hacerse cargo de ello. Esa disminución tiene fundamento en que por su experiencia de vida no ha podido introyectar maduramente las normas de respeto a las leyes, que le permitan prever las consecuencias de sus actos, y por lo tanto, vivir dentro de la sociedad sin involucrarse en conflictos jurídico-penales. La concordancia con las respuestas socioeducativas deben esperarse y propiciarse como finalidad de injerencia del Estado en estas circunstancias; parece razonable que esa misión únicamente podrá satisfacerse educando en el cumplimiento de la ley. La disminución de la pena tiene como parámetro de determinación, la que le corresponda al adulto por el mismo hecho y en igualdad de circunstancias, con la única diferencia de su edad. Finalmente, no está en duda ( o no debiera estarlo) que es necesario que se arbitren políticas sociales en la materia; tampoco que el Parlamento no ha sido diligente y tiene un cometido pendiente; tampoco que el sistema penal juvenil no debe aplicar medidas asistenciales a niños y jóvenes que no hayan infringido las leyes penales bajo ninguna circunstancia. La protección y el cuidado que requieren no es competencia penal, y la Convención sobre los Derechos del Niño lo distingue perfectamente. Es difícil en estos términos, sostener que se actúa dentro de los parámetros de los países democráticos de derecho. Es posible que el proyecto que se encuentra en trámite parlamentario, sea aprobado por la Cámara de diputados y sancionado posteriormente. De todas maneras los términos de su vigencia requieren de un tiempo establecido en el mismo, que ha sido determinado en 180 días corridos desde su promulgación, prorrogable por igual tiempo y por única vez. Hay que pensar que aún continuaremos por mucho tiempo, sin ley, o aplicando en materia de jóvenes leyes derogadas tácitamente, o por lo menos contrarias a la Constitución Nacional. Precisamente, si algo he de señalar prioritariamente como positivo, es lo normado en el artículo 75, que es la expresa mención de la derogación de las leyes 22.278 y 22.803. Para quienes no lo conozcan, es un proyecto que consta de 80 artículos. Su configuración es efectivamente la de una ley especial aplicable a una determinada clase de autores, los sujetos se especifican por sus distintas edad al tiempo de comisión de los distintos hechos antijurídicos. Se distingue entonces una autoría especial. En su estructura de ley especial, proyecta disposiciones de carácter penal y procesal, como también de ejecución de sanciones. Los principios de interpretación, contemplados en el artículo segundo, merecen la tradicional crítica a mi juicio, de lo que debe entenderse por formación integral, y reintegración a la familia y comunidad; no porque prefiera que estén apartados de su entorno, sino por las dificultades que existen en las bondades de un sistema que no las ha brindado, ni las podrá otorgar por mandato legislativo. Me pregunto ¿de qué manera y a quién está dirigida la orden de asumir una función constructiva en la sociedad?¿ cómo será realmente esto interpretado por el órgano de aplicación?. La obligatoriedad de garantías constitucionales, penales y procesales constituye sin duda un acierto, por el que algunos bregamos desde hace mucho tiempo. Por lo demás, resulta reiterativa en una cantidad de situaciones que se solucionarían aplicando los principios que rigen en materia penal, como el de la ley más benigna por ejemplo. Se establece el principio de oportunidad reglado. El único comentario que merece es la necesidad de que ello ocurra en materia de adultos también, lo que bastaría con la modificación del Código Penal, pudiendo entonces aplicarse sin inconvenientes todas las medidas alternativas a la prisión y convenientes al proceso penal, como por ejemplo la Mediación Penal. Resta un breve comentario al régimen de sanciones que se establecen en el artículo 43. La mismas resultan evidentemente mucho más justas que la impuestas en el régimen actual, ¿ pero podría asegurarse que con ellas se concluye realmente con la arbitrariedad? Deberá recordarse que si la finalidad de las mismas es socioeducativa o “resocializadora”, conceptualización actualmente en discusión, debería enseñársele al joven ciudadano cual es concretamente la consecuencia jurídica de cada uno de sus actos infractores a la ley. Las demás críticas que se hagan respecto de la imposibilidad de dar cumplimiento a las prescripciones legales sin políticas de Estado, aunque certeras, no merecen tratarse en este ámbito. [1] Ver ley 11.729. Código Penal, sancionado el 30 de septiembre de 1921 y vigente desde el 29 de abril de 1922, tuvo como fundamento el proyecto de 1917, inspirado a su vez en los proyectos suizos de 1916, alemán de 1909, y en los Códigos de Noruega y Japón, según se desprende de su propia exposición de motivos. [2] contemplaba diversos temas, como el bien de familia, la ausencia con presunción de fallecimiento, el divorcio vincular, etc.
[3] Ver datos sobre la ley en Viñas, Raúl Horacio: “Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de Menores”, Ediar, Buenos Aires, 1983. [4] La mayoría de edad se adquiría a los 22 años. [5] Ver Diario de Sesiones del 13/ 12/ 54, exposición del diputado Bustos. [6] Ver Fellini, Zulita: “Derecho Penal de Menores”, 3º reimpresión, AD-HOC, Buenos Aires, 2003. pág. 30. [7] Ibídem. [8] Ver artículo 1º de la misma. [9] Ver artículo 4º de la ley 14.394 (según decreto-ley 5286/57).
Comentario al Fallo del Tribunal Superior de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 31.5.10, “PA. S/ Denuncia sobre Presunta infracción al artículo 119 del CNP”, expte.n°1229/09 STJ-SR.//- Por Zulita Fellini(para El Dial.com- Marcia Rillos- Mayo 2010)
Sin perjuicio de lo resuelto en la causa por el excelentísimo Tribunal Superior, y teniendo en cuenta la calidad científica de los miembros que lo integran, he de considerar en miras a poder hacer un comentario breve sobre los actuados, que posiblemente la solución adoptada haya sido la correcta desde la óptica de economía procesal, y seguramente también manteniendo la debida coherencia con los anteriores referentes que impregnan la difícil tarea de juzgar en el ámbito de las causas en las que intervienen menores de edad. Queda claro que se trató de solucionar cuestiones procesales fundamentalmente, y en tal criterio me referiré a algunos temas que pudieran ser de controvertida apreciación, y de falta de legislación uniforme en la materia.
En mi opinión los menores de determinada edad, 16 años por el momento en Argentina, no debieran ingresar al sistema penal. Pero una vez acusados de la comisión de un hecho grave, como parece referirse el de autos, deben poder contar a su favor, con las posibilidades de demostrar su inocencia dentro de un marco legal.
Afortunadamente son pocos los casos que se presentan en este contexto. Es decir, de niños menores de la edad mínima que cometen hechos criminosos.
Por lo tanto, si un menor de 13 años de edad es denunciado por la presunta comisión de un hecho grave, primeramente deberá comprobarse la certeza de su autoría o participación en la realización del mismo, así como su grado de responsabilidad, a los fines de poder preservar sus derechos , los de las víctimas, los de la sociedad en su conjunto, y poder en consecuencia conforme a ello, actuar mediante las medidas más convenientes para evitar en el futuro la reiteración de conductas similares, por él mismo y por otros niños.Nótese que me refiero a comprobar no sólo que el hecho se ha realizado con su participación, sino también que debe comprobarse el grado de su responsabilidad penal, ya que el mismo pudo actuar amparado por causas de justificación, es decir jurídicamente, o de inculpabilidad, o mediante excusas absolutorias, caso en el cual nada podría reprochársele.
Y si ello origina mas carga de trabajo jurisdiccional, nunca constituirá un esfuerzo estéril desde el punto de vista de la impartición de justicia, de su propio interés, y del interés en saber la verdad, en el que sin duda también se encuentra comprometida la comunidad.
Creo que es esta verdaderamente una apreciación sumamente importante, y que de ninguna manera puede realizarse dentro del marco tutelar mediante una simple declaración de descargo.
Entiendo que hay provincias que comparten competencia en la materia, o se conforma al efecto una sala especial para las causas penales. Cuando no es así, y en el hecho investigado participan menores y mayores, cierto es que pudieran serlo de distintas edades, incluso menores de 16 años. Si interviene un juez de instrucción, el mismo debería ser especializado en menores, es este otro punto divergente, que no se resuelve de la misma manera en todas las jurisdicciones del país. Si se comparte este criterio, sería ese juez especializado en menores de edad al que le correspondería intervenir en toda la causa, cuando el menor fuere menor de 16 años también, para tomar las declaraciones y adoptar las medidas conducentes.
De lo contrario, si se considera que es superfluo y sobreabundante la averiguación que antecede debido a que en nuestro sistema la causa de todas maneras no podrá prosperar debido a su edad, el niño vivirá el resto de su vida bajo estado de sospecha, afectándose así todos sus derechos y principios constitucionales, principio de inocencia entre otros, sin dar lugar a que pueda defenderse de la imputación que se le ha realizado.
Es imposible pensar que en tales situaciones un menor de 16 años llamado inimputable, pueda encontrarse en mejor situación procesal que otro que siendo imputable sea acusado por el mismo hecho actuando amparado por las garantías del debido proceso penal, como tampoco por supuesto, de un mayor de edad.
Estas actuaciones solo pueden realizarse, como se señala más arriba, por un magistrado especializado en menores, con competencia penal, garantizando la legalidad del ejercicio de todas las garantías y derechos establecidos en la Constitución Nacional para todos los habitantes del suelo argentino.
Obviamente la o las víctimas también revestirán relevancia en esta instancia, y deben ser preservadas y resguardadas, así como sus derechos. Analizando el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales de la provincia, advierto que prescribe que el fiscal debió solicitar que la denuncia fuera desestimada o remitida a otra jurisdicción, pero a renglón seguido ordena que ello ocurrirá cuando los hechos no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder……
En cualquiera de los casos, parece acertado concluir que para conocer si el hecho constituye delito, como si se puede proceder o no, el juez debe iniciar el estudio de la causa, realizar algunas constataciones, que en el segundo supuesto no es suficiente con tener a la vista la partida de nacimiento del niño, ya que en caso de decidir derivarla, si así entendiera que corresponde, se deberán tomar en consideración todas las prescripciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Constitución Nacional), y en la ley nacional 26.061, que al derogar expresamente en su artículo N° 76 la ley de Patronato N° 10.903, deja de lado las llamadas por un siglo “medidas tutelares”, a la vez que cambia el eje fundamental de las consecuencias que puedan ser derivadas de las acciones de distinta índole, realizadas por menores de edad, mayores y menores de 16 años, discutiéndose en la actualidad si la misma tiene vigencia hasta los 18 o hasta los 21 años, después de la modificación del Código Civil en la materia.
Habiendo realizado estas apreciaciones, no parece tan sencillo –sin afectar los artículos 12, 37 y 40 de la CDN- desprenderse de los obrados existentes, cuando la realización de un hecho delictivo le sea imputado a un menor de los llamados inimputables por la edad.
Habrá así mismo que tener en cuenta la existencia o no de parte querellante que como lo indica el precepto mencionado mas arriba, podrá apelar la decisión adoptada. Igual criterio puede observarse en las prescripciones del artículo 178 del mismo cuerpo legal.
Entiendo entonces, sin mayor esfuerzo, que resulta totalmente improcedente solicitar el sobreseimiento del niño porque su edad no permite proceder, es decir continuar con la causa penal, ya que si bien esto es así, no quiere decir que no podrán continuarse las actuaciones en otros ámbitos, sin saber entonces si existe motivo suficiente para ello.
Me hago cargo también de que en casi todas las provincias el juez no puede proceder de oficio en respeto al principio de oportunidad procesal, y que los términos rituales de “un código de rito” deben ser respetados.
Lo que no es nada claro, según mi punto de vista, sostenido en reiteradas oportunidades, es que quienes aceptan la vigencia de la ley 22.278, no encuentren entre estas disposiciones contradicción, toda vez que conforme al artículo 1° de la última, se establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad (sería aplicable en este caso). En el 2° párrafo se lee: “si existiere imputación contra cualquiera de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.
De lo que antecede, parecería ante tanto poder discrecional, que no deberían encontrarse obstáculos para la actuación judicial, es decir, concretamente en este caso, podrá el juez tomar conocimiento directo del menor, respetando así su derecho a ser oído (arts. 12 de la CDN , 27 inc. 1° de la ley 26.061, y 30 a 32 de la ley provincial n° 521), en declaración indagatoria.
Siempre seré reiterativa, hasta que se produzcan las modificaciones legislativas solicitadas, anunciadas y esperadas, respecto de mi posición acerca de la pérdida de vigencia de la ley penal aplicable a menores de edad n°22.278, que en adelante desarrollaré con mayor amplitud.
En esta línea de pensamiento, es para mí totalmente incompatible aplicar los dos criterios a la vez, aceptar el mandato del Código Penal de fondo por un lado, y de la ley de Procedimientos Penales provincial por otro, ya que mientras no se asuman los verdaderos inconvenientes que ella acarrea, no podrán resolverse con justicia los problemas de los menores de edad.
No es la edad lo importante, sino la ley aplicable munida de garantías fundamentales.
Creo que los fundamentos determinantes del fallo que se adopta, no escapan a esta divergencia al invocar, y estar al mismo tiempo impregnado de principios del mas puro tutelarismo, y del garantismo establecido en las leyes modernas de niñez y adolescencia. Esto se entiende solo a través del análisis de que los modernos Códigos de Procedimientos Penales provinciales, que aventajan en mucho al nacional, están imbuidos de principios que respetan las mandas constitucionales y receptan a su vez los tratados y convenciones internacionales; en cambio, la obsoleta ley 22.278 no permite operar coherentemente los cambios debidos.
A mayor abundamiento, las normas penales que se invocan alcanzan indistintamente a menores punibles y no punibles (sic), tal como se indica en el resumen del fallo que tengo ante mi vista.
Consiguientemente, hace ya 20 años debió asumirse la CDN como ley aplicable a los menores de edad por constituir ley posterior, más benigna y jerárquicamente superior, conforme a los principios generales del Derecho Penal.
Es verdad que la ley 22.278, no ha sido expresamente derogada por el Parlamento, como ocurriera con la ley 10.903, mediante la 26.061, sancionada el 28 de septiembre de 2005, lo cual NO impide reconocer que la CDN en todas sus disposiciones es operativa y obligatoria para el juzgador.
A mayor abundamiento, el artículo 2º de la ley 26.061 prescribe: “La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia……. ¿ es que no se tiene en cuenta que esta ley (26.061), también posterior y más benigna, es de igual rango legal que el que se pretende atribuirle a la 22.278?
No deja de ser significativo el hecho sin embargo, de que la mencionada ley, además de no derogar conjuntamente con la ley 10.903 la 22.278, tampoco contenga disposiciones que atiendan la cuestión penal y procesal de los jóvenes. Ello no obsta al reconocimiento de la obligatoriedad de sus disposiciones en el ámbito asistencial, medidas aplicables por medio del órgano administrador, y demás responsabilidades que deberá asumir el Estado en casos concretos.
No obstante ello, es justo reconocer que existen posiciones encontradas respecto de este tema, que sin duda han sido contempladas por los tribunales superiores que han analizado la problemática.