Source: http://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo16CE.htm
Timestamp: 2018-02-18 19:45:48
Document Index: 14352057

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 54', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 168']

ARTÍCULO 16 de la Constitución Española - LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO - Fundación Acción Pro DERECHOS HUMANOS (www.derechoshumanos.net)
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Texto del artículo - Tabla de Concordancias - Medidas de protección
establecidas para los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española
Mecanismos internacionales de denuncia y protección
En la medida que la vulneración del derecho recogido en el artículo 16 CE implique una violación de los derechos contemplados en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos (ver Tabla de Concordancias en materia de libertades), resultarán de aplicación los mecanismos internacionales de denuncia y protección establecidos para la defensa de esos derechos humanos.
Generalmente (pero no siempre y en todo caso) para acudir a esos mecanismos internacionales de denuncia y protección resultará necesario agotar previamente la vía judicial interna.
Medidas constitucionales de protección
Los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española gozan de las siguientes medidas de protección, establecidas por la propia Constitución:
Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución española, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (art. 53.2 de la Constitución Española).
Cualquier ciudadano puede acudir, tras el cumplimiento de los requisitos y tramitaciones establecidas para ello, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la protección de los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución (art. 53.2 y art. 161.1.b de la Constitución Española).
Cabe el recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley que vulneren los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española (artículo 53.1 y artículo 161.1.a) de la Constitución Española).
El Defensor del Pueblo se encuentra designado, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución, encuadrándose el artículo 16 de la Constitución dentro del mencionado Título I.
Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar el contenido esencial de los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española, podrá regularse el ejercicio de este derecho fundamental (art. 53.1 de la Constitución Española).
El desarrollo normativo de los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española, debe realizarse mediante Ley Orgánica (art. 81.1 de la Constitución Española), que requiere un especial consenso parlamentario al exigirse, para su aprobación, modificación o derogación, mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2 de la Constitución Española).
Se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten a los derechos y libertades recogidos en el artículo 16 de la Constitución Española (al igual que a cualquier otro derecho, deber o libertad recogida en el Título I de la Constitución), aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos-leyes (art. 86.1 de la Constitución Española).
El artículo 16 de la Constitución Española (al igual que ocurre con los demás preceptos del Capítulo II del Título I de la Constitución) vincula directamente a las Administraciones Públicas (sin necesidad de mediación del legislador ordinario ni de desarrollo normativo alguno), tal y como se desprende de la STC 80/1982.
Cualquier modificación de la regulación que establece la Constitución Española para los derechos y libertades recogidos en su artículo 16 debería canalizarse a través de la vía de reforma constitucional gravada que establece el artículo 168 de la Constitución Española y que requiere de un gran consenso social ya que exige la aprobación de la correspondiente propuesta por mayoría de dos tercios de cada cámara parlamentaria (Congreso de los Diputados y Senado), la posterior disolución de las Cortes Generales, la posterior celebración de Elecciones generales, la nueva ratificación de la propuesta de modificación por mayoría de dos tercios de las cámaras parlamentarias formadas tras las correspondientes elecciones y, por último, la ratificación de la propuesta de modificación mediante referéndum.
Esquema de medidas constitucionales de protección de los derechos y libertades constitucionales:
Protección normativa
(art. 53.2 y 161.1.b)
Regulación mediante Decreto- Ley
Modificación de la Regulación Constitucional
(art. 53.1 CE)
Título I - Capítulo II - Sección 1ª
De los derechos fundamentales y las libertades públicas
- Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
- Prohibición de la tortura, penas y tratos inhumanos o degradantes.
Por Ley Orgánica
Libertad ideológica y religiosa.
- Derecho de participación en los asuntos públicos.
- Derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
- Derecho de los condenados a penas de prisión
- Libertad de educación
- Derecho de sindicación.
Título I - Capítulo II - Sección 2ª
- Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley
Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres
Derecho de fundación para fines de interés general
- Derecho a la libre elección de profesión u oficio.
- Derecho a la promoción a través del trabajo.
- Derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
- Derecho a la negociación colectiva laboral.
Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
Título I - Capítulo III
Protección de la familia y de la infancia
- Promoción del progreso económico y social
- Promoción de la justa distribución de la renta personal y regional.
- Política orientada al pleno empleo.
- Fomento de políticas que garanticen la formación y readaptación profesionales.
- Garantía del descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
- Salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero
- Promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general
Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico
Participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Atención a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos
- Suficiencia económica durante la Tercera Edad.
- Promoción del bienestar de la Tercera Edad
Organizaciones profesionales (funcionamiento democrático)
© Javier García Espinar