Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_ES.html
Timestamp: 2019-12-11 17:27:45
Document Index: 333709596

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6']

Textos aprobados - Informe anual de 2014 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad - Miércoles 17 de mayo de 2017
Procedimiento : 2015/2283(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0114/2017
Miércoles 17 de mayo de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Informe anual de 2014 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el Informe anual de 2014 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad (2015/2283(INI))
– Vistos el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2003 «Legislar mejor» y su versión más reciente, el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016, «Legislar mejor»,
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad(1),
– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad – 19.º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011(2),
– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII Informe «Legislar mejor» – Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2010)(3),
– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente(4),
– Visto el informe anual 2014 de la Comisión sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad (COM(2015)0315),
– Visto el Informe anual 2014 del Comité de las Regiones sobre la subsidiariedad,
– Vistos los informes bianuales de la COSAC, de 19 de junio de 2014, 14 de noviembre de 2014, 6 de mayo de 2015 y 4 de noviembre de 2015, sobre la evolución de los procedimientos y prácticas relativos al control parlamentario vigentes en la Unión,
– Vistos los artículos 52 y 132 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0114/2017),
A. Considerando que en 2014 la Comisión recibió 21 dictámenes motivados en relación con 15 propuestas legislativas; que el número total de documentos recibidos fue de 506, incluida la información facilitada en el marco del diálogo político;
B. Considerando que en 2014 tres cámaras nacionales (el Folketing danés, la Tweede Kamer de los Países Bajos y la Cámara de los Comunes del Reino Unido) presentaron informes con propuestas detalladas para reforzar el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones;
C. Considerando que en el Acuerdo de cooperación entre el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones firmado el 5 de febrero de 2014, ambas instituciones se comprometen a reforzar la legitimidad de la Unión;
D. Considerando que el 19 de mayo de 2015 la Comisión adoptó un paquete de medidas para legislar mejor con nuevas directrices integradas para la mejora de la legislación que incluían orientación actualizada para evaluar la subsidiariedad y la proporcionalidad en el contexto de la evaluación de impacto de las nuevas iniciativas;
E. Considerando que en 2014 la Unidad de Evaluación de Impacto del Parlamento Europeo elaboró treinta y una evaluaciones iniciales, dos evaluaciones detalladas y tres evaluaciones de impacto complementarias o sustitutivas de las evaluaciones de impacto de la Comisión, así como un análisis de impacto de las modificaciones;
F. Considerando que los poderes delegados de los actos legislativos de la Unión se confieren cuando se necesita flexibilidad y eficiencia y no pueden otorgarse por medio de procedimientos legislativos ordinarios; que la aprobación de normas esenciales para el asunto previsto se reserva a los legisladores;
G. Considerando que la subsidiariedad y proporcionalidad son consideraciones clave en el contexto de las evaluaciones retrospectivas de la Unión, que evalúan si las actuaciones de la Unión están obteniendo realmente los resultados esperados en términos de eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido de la Unión;
1. Celebra que se examine constantemente el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que, de conformidad con los Tratados, forman parte de los principios por los que se orienta la Unión cuando decide actuar y deben considerarse parte integrante del proceso de elaboración de políticas de la Unión; recuerda que, en virtud del Tratado, la Comisión está obligada a verificar en cada nueva iniciativa legislativa si la Unión está autorizada a actuar y si dicha actuación está justificada con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y que cada iniciativa vaya acompañada de una exposición de motivos donde se explique, entre otros aspectos, de qué manera se ajusta a estos principios;
2. Destaca que los controles de subsidiariedad efectuados por los Parlamentos nacionales de los Estados miembros son una de las herramientas más importantes para la reducción del llamado «déficit democrático» y para la colaboración entre las instituciones europeas y las instituciones nacionales; señala que los Parlamentos nacionales desempeñan un importante papel a la hora de garantizar que las decisiones se toman en el nivel más eficaz y más cercano posible a los ciudadanos; destaca que para la adopción de actos es necesaria la aprobación de una amplia mayoría en el Consejo —compuesto por los ministros nacionales de todos los Estados miembros de la Unión, que son responsables políticos ante sus parlamentos nacionales—, de manera que con ello también se respeta plenamente el principio de subsidiariedad;
3. Constata la considerable disminución del número de dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos nacionales en 2014; señala, no obstante, que esta disminución podría deberse al descenso del número de propuestas legislativas presentadas por la Comisión; llama la atención sobre el hecho de que en 2014 ninguna propuesta de la Comisión fue objeto del mecanismo de «tarjeta amarilla» o de «tarjeta naranja» en virtud del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda que el mecanismo de «tarjeta amarilla» se activó en dos ocasiones en el pasado (una vez en 2012 y otra en 2013), lo cual demuestra que el sistema funciona;
4. Constata que solo 15 cámaras emitieron dictámenes motivados en 2014, lo cual, comparado con 2013, representa una disminución de aproximadamente un 50 % del nivel de participación de las 41 cámaras;
5. Celebra que en 2014 todas las instituciones de la Unión desempeñasen un papel activo a la hora de garantizar el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con arreglo al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; observa con agrado que el diálogo político entre la Comisión y los Parlamentos nacionales haya mejorado, también gracias a las diversas visitas de los comisarios a los Parlamentos nacionales;
6. Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes presentados por los Parlamentos nacionales proceden de un reducido número de cámaras nacionales; anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate europeo;
7. Observa que algunos Parlamentos nacionales han puesto de manifiesto que, en determinadas propuestas legislativas de la Comisión, la justificación de la subsidiariedad y la proporcionalidad es incompleta o incluso inexistente; pide a la Comisión que mejore sus exposiciones de motivos facilitando sistemáticamente un análisis de sus propuestas detallado, global y sustentado con hechos en relación con la subsidiariedad y la proporcionalidad, que ayude a los Parlamentos nacionales a examinar dichas propuestas con mayor eficacia;
8. Toma nota de que el Comité de Evaluación de Impacto ha considerado que aproximadamente el 32 % de las evaluaciones de impacto que examinó en 2014 contenían un análisis insatisfactorio de los principios de subsidiariedad o proporcionalidad o de ambos; observa que este porcentaje es similar al de años anteriores y considera, por tanto, que puede necesitarse una mejora;
9. Señala, a este respecto, la importancia decisiva de las evaluaciones de impacto como instrumentos de apoyo a la toma de decisiones en el proceso legislativo, y resalta la necesidad, en este contexto, de valorar debidamente las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad; acoge con satisfacción, en este sentido, el paquete de medidas para la mejora de la legislación adoptado por la Comisión el 19 de mayo de 2015 con el objetivo de garantizar que la legislación de la Unión sirva mejor a los intereses de los ciudadanos, lo cual aborda, entre otros aspectos, las preocupaciones planteadas por el Comité de Evaluación de Impacto en lo que respecta a la subsidiariedad y la proporcionalidad; celebra la inclusión en el paquete de medidas de una explicación más exhaustiva, por parte de la Comisión, acerca de cómo las propuestas legislativas cumplen las obligaciones jurídicas de subsidiariedad y proporcionalidad, en particular en sus análisis de impacto; subraya, en cualquier caso, que el paquete de medidas para la mejora de la legislación debe emplearse para crear una legislación europea sólida en los ámbitos en que mejor pueda lograrse un verdadero progreso y valor añadido a escala europea;
10. Recuerda la importancia de los informes anuales sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad elaborados por la Comisión; pide a la Comisión, en este contexto, que presente informes anuales sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad más detallados, que incluyan un análisis más exhaustivo del principio de proporcionalidad;
11. Acoge con satisfacción los informes de varios Parlamentos nacionales, en particular el Folketing danés, la Tweede Kamer de los Países Bajos y la House of Lords del Reino Unido, que suponen una valiosa contribución al debate sobre el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio de la Unión, y toma nota de las propuestas incluidas en dichos informes; señala que estos informes contienen ideas relativas al modo en el cual se puede ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo de control de la subsidiariedad y sugieren que los dictámenes motivados deben referirse también a la conformidad de las propuestas con el principio de proporcionalidad; considera, no obstante, que la viabilidad de estas propuestas requiere una evaluación minuciosa y una revisión de los Tratados y de los protocolos pertinentes, ya que no están contempladas en los Tratados en vigor; anima a otros Parlamentos nacionales a que expresen su opinión sobre el papel que deben desempeñar los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio de la Unión; celebra la participación de los Parlamentos nacionales en el debate europeo y los anima a que refuercen aún más la cooperación entre ellos y con el Parlamento Europeo;
12. Sugiere que en una posible revisión de los Tratados y de sus protocolos podría estudiarse si los dictámenes motivados deben limitarse a examinar los motivos de la subsidiariedad o deben incluir también evaluaciones de la proporcionalidad, cuál es el número apropiado de respuestas de los Parlamentos nacionales exigidas para poner en marcha los mecanismos de «tarjeta amarilla» o «tarjeta naranja», y qué efecto debe producirse en los casos en los que se alcance el umbral para estos procedimientos de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Protocolo n.º 2 relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
13. Señala que varios Parlamentos nacionales, en el marco de la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos de la Unión (COSAC), han manifestado su interés en proponer la introducción de un mecanismo de «tarjeta verde» como instrumento para la mejora del diálogo político; considera que debe plantearse asimismo la introducción de este mecanismo de «tarjeta verde», que brindaría a los Parlamentos nacionales la oportunidad de presentar una iniciativa legislativa para su consideración por parte de la Comisión; recomienda, en este sentido, que se preste atención al número de Parlamentos nacionales necesarios para activar dicho procedimiento y al alcance que tendrían sus repercusiones; subraya que la posible introducción de este mecanismo no debe socavar las instituciones de la Unión ni el procedimiento legislativo ordinario;
14. Toma nota de la petición formulada por algunos Parlamentos nacionales de ampliar el periodo de ocho semanas del que disponen para emitir un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo n.° 2; considera, en este sentido, que podría examinarse la cuestión del periodo adecuado del que deben disponer los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado, si estos lo solicitan debido a limitaciones de tiempo basadas en razones objetivas justificadas, como catástrofes naturales y periodos de vacaciones, que deberá acordarse entre los Parlamentos nacionales y la Comisión; considera que esto podría lograrse mediante un compromiso político entre las instituciones y los Parlamentos nacionales en primera instancia, sin dar pie a retrasos en la aprobación de la legislación pertinente; destaca que dicho periodo debería ser el resultado de un justo equilibrio entre el derecho de los Parlamentos nacionales a formular objeciones por razones de subsidiariedad y la eficacia con que la Unión debe responder a las demandas de sus ciudadanos; observa, a este respecto, que los Parlamentos nacionales tienen la oportunidad de participar y abordar la cuestión del respeto de la subsidiariedad antes de la presentación de una iniciativa legislativa por parte de la Comisión en el marco de los Libros Verde y Blanco o de su programa anual de trabajo; considera que, desde la adopción del Tratado de Lisboa, la participación de los Parlamentos nacionales en los asuntos de la Unión ha crecido notablemente, también gracias a los contactos periódicos con otros Parlamentos nacionales;
15. Considera que, en caso de que los Estados miembros acuerden ampliar el periodo del que disponen los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2, esta disposición debería incluirse en una próxima revisión del Tratado; observa que esta ampliación también podría determinarse posteriormente en el Derecho derivado;
16. Recuerda que los Parlamentos nacionales tienen la posibilidad de expresar en todo momento su preocupación en materia de subsidiariedad en el procedimiento de consulta o en el marco del diálogo político presentando un dictamen dirigido a la Comisión;
17. Pide a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo que colaboren de manera más eficaz, en particular mediante el desarrollo de contactos informales entre los diputados al Parlamento Europeo y los parlamentarios nacionales sobre políticas concretas;
18. Considera que es importante prestar apoyo a los Parlamento nacionales y regionales mediante herramientas que permitan el intercambio de información, por ejemplo creando una plataforma informática a la que tengan acceso los ciudadanos de la Unión; destaca que, habida cuenta, sobre todo, de que el volumen de dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos nacionales en 2014 no registró cambios en comparación con el número de propuestas de la Comisión, debería desarrollarse un mecanismo para mejorar la participación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la Unión, pero respetando plenamente las competencias de cada institución y el principio de subsidiariedad;
19. Anima a recurrir a la cooperación interparlamentaria para reforzar el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la Unión; subraya la importancia de que se utilicen mejor las herramientas interparlamentarias a disposición de los Parlamentos nacionales, tales como la COSAC, las reuniones interparlamentarias celebradas por el Parlamento Europeo, o la Conferencia interparlamentaria de la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de Seguridad y Defensa;
20. Considera que es importante concienciar a los Parlamentos nacionales sobre su papel específico en el proceso europeo de toma de decisiones y seguir promoviendo el uso de la plataforma de intercambio interparlamentario (IPEX), que facilita el intercambio de información; recuerda que las consultas públicas que organiza periódicamente la Comisión podrían ser una fuente de información, pero aún no son muy utilizadas por los parlamentarios nacionales;
21. Recomienda un mayor recurso a la red de representantes de los Parlamentos nacionales para concienciar sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y mejorar el funcionamiento de IPEX;
22. Considera que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Protocolo n.º 2 deben tenerse debidamente en cuenta en todas las instituciones de la Unión durante el proceso de toma de decisiones de la Unión y alienta, a este respecto, a las instituciones de la Unión a que tomen las medidas adecuadas;
23. Recuerda que el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 del TUE, establece que «el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; hace hincapié en que el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de proporcionalidad «exige que los medios que aplica las disposiciones del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de la que se trata y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo»;
24. Pide a la Comisión que lleve a cabo de forma sistemática evaluaciones de proporcionalidad mejoradas de cada propuesta legislativa, que incluyan un análisis adecuado de las distintas opciones legislativas a su disposición y una explicación sustancial de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales que cabe esperar de la opción elegida, así como de los posibles efectos sobre la competitividad y las pymes; considera que estas evaluaciones de proporcionalidad mejoradas ayudarán a la Comisión a descartar las alternativas con un impacto desproporcionado o que sean innecesariamente gravosas para las personas, las empresas, en especial las pymes, la sociedad civil, los trabajadores y otras entidades afectadas, y permitirán un mejor examen de las propuestas en lo que se refiere a la proporcionalidad; considera que podría considerarse ampliar el ámbito de aplicación de los dictámenes motivados para incluir el respeto del principio de proporcionalidad;
25. Pide a la Comisión que proceda a evaluar, con ayuda de los Parlamentos nacionales, las posibilidades de establecer directrices no vinculantes para facilitar a los Parlamentos nacionales la tarea de evaluar el cumplimiento de las propuestas legislativas con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
26. Acoge con satisfacción la declaración de los presidentes de la Cámara de Diputados italiana, la Asamblea Nacional francesa, el Bundestag alemán y la Cámara de Diputados luxemburguesa, en la que se subrayó que se necesita más Europa, y no menos, para dar respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos, tanto interna como externamente;
27. Reitera que ya podrían introducirse varias iniciativas para mejorar y aumentar la eficacia de la colaboración entre las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales, y, en particular:
– propone que los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales, remitidos en aplicación del artículo 6 del Protocolo n.º 2 anexo al TUE y al TFUE, se envíen a los colegisladores sin demora;
– sugiere que la Comisión elabore directrices para los dictámenes motivados sobre cuestiones de subsidiariedad con la participación de los Parlamentos nacionales y sin perjuicio de su discrecionalidad;
– anima a los Parlamentos nacionales a que compartan sus observaciones sobre las evaluaciones de la Comisión;
28. Opina que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo deberían prestar la debida consideración a las evaluaciones del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad realizadas por el Comité de las Regiones cuando este emite dictámenes sobre las propuestas legislativas;
29. Subraya que la legislación debe ser clara y comprensible, permitir que las partes entiendan fácilmente sus derechos y obligaciones, incluir requisitos adecuados en materia de control, evaluación y presentación de informes, evitar costes desproporcionados y poder aplicarse de forma práctica;
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0103.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0061.
(3) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 117.
(4) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.