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Timestamp: 2013-05-24 22:59:35
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Finanzas y Tributos - Convenio Internacional Para la Represi�n de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas
Convenio Internacional Para la Represi�n de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas
Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Represión de los
Ley Aprobatoria del "Convenio Internacional Para la Represión de Atentados
Terroristas Cometidos con Bombas".
Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos, internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio Internacional Para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, suscrito en Nueva York, el 15 de Diciembre de 1997.
Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados,
Recordando también la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 09 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, "los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente y condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados",
Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situado fuera del marco del presente Convenio y que la exclusión de ciertos actos del ámbito del presente Convenio no condona ni legitima de manera alguna actos ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes,
1. Por "instalación del estado" se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera que sea su ubicación utilizado, u ocupado por representantes de un Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales.
3. Por "artefactos explosivos u otro artefacto mortífero" se entiende:
4. Por "fuerzas militares de un Estado" se entienden las fuerzas armadas de un Estado que estén organiza das, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.
5. Por "lugar de uso público" se entiende las partes de todo edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto al público de manera permanente, periódica u ocasional, e incluye todo lugar comercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, gubernamental, de entretenimiento, recreativo o análogo que sea accesible en tales condiciones o esté abierto al público.
6. Por "red de transporte público" se entienden todas las instalaciones, vehículos e instrumentos del propiedad pública o privada que se utilicen en servicios públicos o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías.
1. Comete delito en el sentido del presente convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancias explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura:
c) Contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 2 por un grupo de personas que actúen con un propósito común; la contribución deberá ser intencional y hacerse con el propósito de colaborar con las fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Salvo lo dispuesto en los artículos 10 a 15, según corresponda, el presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un Estado, el presunto delincuente y las victimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a los dispuestos en los párrafos 1 y 2 del artículo 6.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un Estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancias alguna por consideraciones de índoles política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otras similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad.
b) A bordo de un buque que enarbole en pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión de delito, o
c) Sea cometido por un apartida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado, o
4. Cada Estado Parte tomará así mismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2.
3. Toda persona respecto de la cual se adopte las medidas mencionadas en el párrafo 2 tendrá derecho a:
a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esas personas o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;
c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b) .
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo3.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicios del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al párrafo 1 c) o el párrafo 2 c) del artículo 6, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que las justifiquen a los Estado Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y, si lo considera conveniente a todos los demás Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidad. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 informará sin dilación de los resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicara si se propone ejercer su jurisdicción.
1. En los casos en que sea aplicable el artículo 6, El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomaran su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.
2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo solo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación anunciada en el párrafo 1.
1. Los delitos enunciados en el artículo 2 se consideraran incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre si.
2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición podrá, a su elección considerar el presente convenio como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previsto en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se ha hecho la solicitud.
4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerara que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometidos no sólo en el lugar en que se perpetraron si no también el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 6.
5. Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigente entre Estados Partes con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio.
1. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo2 incluso respecto de la obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial reciproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestaran dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.
A los fines de la extradición o de la asistencia judicial reciproca ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito con nexo a un delito político ni delito inspirado en motivo político. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial reciproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito con nexo a un delito político o un delito inspirado en motivo político.
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial reciproca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivo fundado para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia judicial reciproca en relación con esos delitos se ha formulado con fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivo de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.
b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de ante mano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados;
c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde que fue trasladada que inicie procedimiento de extradición para su devolución;
d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona trasladada al Estado al que lo haya sido a los efectos del cumplimiento de la condena que le haya sido impuesta en el Estado desde el que fue trasladada.
Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos previsto en el artículo 2, en particular:
b) Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad con su legislación interna, y la coordinación de medidas administrativa y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometa los delitos previsto en el artículo 2;
c) Cuando proceda, mediante la investigación y el desarrollo relativos a métodos de detección de explosión y otras sustancias nocivas que puedan provocar muerte o lecciones corporales; mediante la celebración de consultas a cerca de la preparación de normas para marcar los explosivos con el objeto de identificar su origen al investigar explosiones, y mediante el intercambio de información sobre medidas preventivas, la cooperación y la transferencia de tecnología, equipo y materiales conexos.
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio median notificación por escrito dirigida al Secretario General de la Naciones Unidas.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los días del mes de noviembre de 2001. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.
tres. Años 193 de la Independencia y 144° de la Federación.