Source: http://isags-unasur.org/es/sistema-de-salud-en-venezuela/
Timestamp: 2018-10-20 18:22:01
Document Index: 258098817

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'Artículo 83', 'artículo 84', 'Artículo 84', 'artículo 17', 'artículo 62', 'artículo 132', 'artículo 62', 'artículo 70', 'artículo 182', 'artículo 182', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 173', 'Artículo 185']

El presente documento surge como una respuesta del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela a los acuerdos establecidos en julio de 2011, durante el desarrollo del taller “Sistemas de Salud de América del Sur: Desafíos para la Universalidad, Integralidad y Equidad”, conducido por el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (Isags).
La estructura en once dimensiones se fundamenta en los lineamientos de la guía desarrollada por el Isags para facilitar la elaboración por parte de los ministerios de salud de Suramérica y en presentaciones y documentos sobre el sistema de salud. Se trató, en lo posible, de satisfacer las subdimensiones planteadas.
El presente constituye un primer documento que, aunque incompleto, contiene una visión general de nuestro sistema público nacional de salud que permite propiciar, en conjunto con los documentos de los doce países participantes, un intercambio de conocimiento y una reflexión sistemática sobre los sistemas de salud a la luz de los desafíos de la universalidad, la integralidad y la equidad, identificando fortalezas y debilidades que faciliten al Isags la construcción de una agenda de cooperación orientada al mejoramiento de la calidad de gobierno en salud en América Latina.
Para su desarrollo fueron consultadas diversas instancias con competencia en los temas e interrogantes propuestos.
En la República Bolivariana de Venezuela, la salud es un derecho social funda-mental y es parte del derecho a la vida. Así quedó establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por referéndum popular en diciembre de 1999.
Artículo 83: “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activa-mente en su promoción y defensa…”.
Para garantizar este derecho, el artículo 84 de la Carta Magna establece que el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social y regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.
Artículo 84: “…el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo…, el sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la preven-ción de las enfermedades…, la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud…”.
Con la promulgación de la nueva Constitución, a partir de 1999, el gobierno del presidente Hugo Chávez inició un proceso de cambio y redefinición del an-terior sistema de salud para avanzar en la creación del Sistema Público Nacional de Salud.
En este marco, se creó, entre agosto del 2000 y febrero del 2001, la Comisión Presidencial para la elaboración de los proyectos de leyes de seguridad social y los subsistemas que la conforman, entre ellos el subsistema de salud. Ese último año el Ejecutivo entregó los proyectos de leyes a la Asamblea Nacional, aprobándose en el 2002 la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y luego, en diciembre del 2004, se realizó el primer debate del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud elaborado por la Comisión de Salud de la Asamblea, con el objeto fundamental de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, regir las políticas, planes, programas y acciones de salud en todo el territorio nacional, así como establecer los principios, objetivos, funciones y organización del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).
El anteproyecto de Ley Orgánica de Salud recoge la orientación de la República Bolivariana de Venezuela sobre la respuesta institucional y social a los problemas de salud y plantea una nueva institucionalidad para el sector. Además, establece la rectoría del Ministerio de Salud en la construcción del SPNS, en el que se integran las instituciones prestadoras de salud y otros servicios públicos y se funda una red
de prestación de servicios articulada por niveles, donde la puerta de entrada principal se ubica en el primer nivel de atención, complementándose con los centros de atención de referencia y contrarreferencia.
Adicionalmente, para cumplir con los mandatos de la Constitución, se elaboró el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, que plantea siete directrices de desarrollo en la transición al socialismo: la Nueva ética socialista; la Suprema felicidad social; la Democracia protagónica revolucionaria; el Modelo productivo socialista; la Nueva geopolítica nacional; Venezuela: Potencia energética mundial y la Nueva geopolítica internacional.
Una de las estrategias planteadas en la directriz de Suprema felicidad social consiste en profundizar la atención integral en salud de forma universal, para lo cual se definen los siguientes objetivos:
Expandir y consolidar los servicios de atención integral de la salud de forma oportuna y gratuita.
Reducir la tasa de mortalidad materno–neonatal, postneonatal y en niños de uno a cinco años.
Propiciar la seguridad y la soberanía farmacéutica.
Incrementar la prevención de accidentes y hechos violentos.
Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y reha-bilitación de la población afectada.
Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las directrices, enfoques, políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, se elaboró el Plan Nacional de Salud, formulado de manera intersectorial y descentralizada con los aportes de 22 ministerios, bajo el liderazgo conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD) y la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como principios del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) la solidaridad, la uni-versalidad, la integridad, la unicidad, la participación ciudadana, la eficiencia, la corresponsabilidad, la gratuidad y la equidad. La universalidad explicita que todas las personas tienen derecho a la salud, para lo cual se garantizará el acceso a los servicios y programas de salud sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad efectiva. La equidad se refiere al reconocimiento y atención de las distintas necesidades de los grupos de la población con el objetivo de reducir las desigual-dades de salud asociadas a su ubicación geográfica, clase social, género, etnia y otras categorías de población. La solidaridad apunta a la contribución de todas las personas y sectores con el funcionamiento de un sistema de salud orientado a la atención de las necesidades, al logro del bienestar de toda la población y la salud colectiva.
La gratuidad se establece para los servicios de salud prestados en el Sistema Público Nacional de Salud, al prohibir cobros directos en conformidad con lo esta-blecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La participación de la comunidad organizada se plasmará en el diseño de polí-ticas, planes, proyectos y programas de salud, así como en la ejecución y evaluación de la gestión en salud.
La pertinencia multiétnica, pluricultural y multilingüe del Estado se conside-rará en el diseño y ejecución de las políticas, planes, servicios y programas de salud.
Todos estos principios orientan políticamente hacia el reordenamiento de las estructuras institucionales de gestión y las redes de atención gubernamentales para hacer de los derechos sociales y de la equidad las bases de un nuevo orden social, de justicia y bienestar para todos y todas; para combatir las inequidades, reduciendo los déficits de atención y las brechas entre grupos humanos y terri-torios; para rescatar lo público en función del interés colectivo y potenciando la ciudadanía con capacidad en el diseño y ejecución de políticas que impacten en el desarrollo social del país.
La salud y la calidad de vida constituyen, en consecuencia, los principales integradores de los ejes rectores de esta política. La salud, como un derecho fundamental enmarcado en el derecho a la vida, y el sistema de salud público, integrado en un solo ministerio con competencia en salud, como responsable de la política y el financiamiento. Los servicios de salud integrados en redes, de acuerdo con un modelo de atención integral marcado por la transectorialidad, la participación social protagónica y la contraloría social; la articulación territorial de lo social, el desarrollo local y una estrategia promocional de la salud y la calidad de vida.
Las responsabilidades del Estado Venezolano como rector y regulador en sa-lud se ejercen a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) tal y como lo refiere el Decreto de Organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional (Gaceta Oficial Nº 6.732 del 2 de junio de 2009) en su artículo 17, estableciendo funciones de diseño e implementación de políticas dirigidas a la garantía, promoción y protección de la salud pública y colectiva, así como la regu-lación y fiscalización en los ámbitos sanitario, epidemiológico y ambiental.
Como prestador en salud, el Estado Venezolano establece la garantía del derecho a la salud a través del Sistema Nacional de Salud, que contempla:
Promoción de la salud de los trabajadores y de un ambiente de trabajo seguro y saludable, la recreación, la prevención, atención integral, rehabilitación, reentre-namiento y reinserción de los trabajadores enfermos o accidentados por causas del trabajo, así como las prestaciones en dinero que de ellos se deriven.
Atención integral y protección en caso de enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, vejez y discapacidad.
La participación social en Venezuela es de larga data y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dio un nuevo impulso a las formas participa-tivas con, por lo menos, 70 artículos que hacen mención directa a la participación popular en varios aspectos de la vida pública del país.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece las bases de la participación social en salud desde dos niveles fundamentales: la participación activa como deber, desde el carácter individual-ciudadano en la pro-moción y defensa del derecho a la salud y el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la ley, y la participación como derecho y deber ejercido a través de la organización comunitaria en los procesos de planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud.
Como derecho político, el artículo 62 de la CRBV establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas, para la formación, ejecución y control de la gestión pública, como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
Como deber, el artículo 132 de la CRBV establece que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país.
Diferentes mecanismos han sido implementados para facilitar la participa-ción, entre ellos mecanismos de información y atención ciudadana, como líneas telefónicas gratuitas de atención, servicios de recepción y entrega documentos, servicio de taquilla única y horarios especiales de atención. También se introdujo una innovación en la estructura institucional gubernamental, como el Sistema de Planificación, el Sistema Nacional de Control Fiscal y el Sistema de Participación y Planificación Social. Se reconocieron los derechos de petición, de información, de queja y reclamo, de ser consultado, de formular opinión y de presentar propuestas.
Por otra parte, se promulgaron leyes en las que se alude de manera directa a la participación social en los procesos que deben llevar a cabo instancias del gobierno, tales como la Ley Orgánica de Planificación y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (2006).
Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 definen las directrices para la creación de formas organizativas desde el poder central, donde el Estado se concibe como un facilitador del proceso de organización y participación, dirigidas a la creación de un poder popular.
Uno de los mayores esfuerzos que ha realizado el Gobierno nacional en tor-no a la organización para la participación social ha sido a través de los consejos comunales, cuyo origen está en la constitución de 1999 y se fundamentan en el artículo 62, que se refiere a la participación popular en la gestión pública; en el artículo 70, que determina las formas de participación en lo económico, social y político, y el artículo 182, que establece la creación del Consejo Local de Plani-ficación Pública (CLPP).
El artículo 182 establece la creación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), “presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley”.
La Ley de los Consejos Locales de Planificación, aprobada el 12 de junio de 2002, crea los Consejos Comunales, definidos en junio de 2005, cuando se pro-mulgó Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial n° 38.204 del 8 de junio de 2005), que explicita en el artículo 112 a los consejos comunales como instancias de los CLPP. De acuerdo con el Art. 112: “Los consejos parroquiales y comunales son instancias del Consejo Local de Planificación Pública que tendrán como función servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente ante el Consejo Local de Planificación Pública”.
El 7 de abril de 2006 se publicó la Ley de los Consejos Comunales (en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº.5806, del 10 de abril 2006) que los define, en su artículo 2, como “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Simultáneamente se crea la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, designada por el presidente de la República, con la finalidad de establecer el enlace de los consejos comunales con el Estado, conformando instancias de participación comunitaria, sin cuerpos intermedios de relación con el Ejecutivo Nacional.
Con el propósito de establecer coherencia entre la organización del sistema de salud y los mecanismos de participación popular y como parte de los Consejos Comunales, se crean los Comités de Salud, que corresponden al área cubierta por un establecimiento de salud de la red de atención primaria, constituyéndose como contralores y presentando propuestas de políticas de salud en beneficio de sus comunidades.
Adicionalmente, y como parte de los mecanismos para promover y estimular la participación ciudadana, el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud en sus artículos 3 y 15 dispone una Oficina de Atención al Ciudada-no adscrita al despacho de la máxima autoridad del Ministerio, teniendo entre sus funciones recibir y procesar denuncias, sugerencias, quejas y reclamos en torno a los trámites, a los servicios conexos y a la actividad administrativa.
La República Bolivariana de Venezuela es un estado federal organizado en 23 estados, un Distrito Capital (que comprende a Caracas, la capital) y las dependen-cias federales (311 islas, cayos e islotes), 335 municipios y 1.123 parroquias. Tiene una extensión territorial de 916.446 Km2 y una población estimada de 28.883.845 habitantes (2010), con un índice de masculinidad de 1,0 y una densidad poblacional de 31 habitantes por Km2.
La pirámide poblacional es progresiva y muestra una población madura: los menores de 15 años representan el 29,4%, el grupo de edad de 15 a 24 años, el 18,7%; de 25 a 59 años, el 43,2% y de 60 años y más, el 8,7%. Se estima que el 88 % de la población reside en áreas urbanas.
Al igual que el resto de los países de la región, Venezuela experimenta cambios demográficos propios de las sociedades en transición. Su población está envejeciendo y se proyecta que la tendencia de la esperanza de vida al nacer se incrementará hasta 72,7 en el período 2000-2005 y a 74,1 en el 2010, con una diferencia de 6 años entre mujeres (77,2) y hombres (71,2). Para el año 2008 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 1,7%, la tasa de natalidad 20,6 por mil habitantes y la tasa global de fecundidad fue de 2,5 hijos por mujer.
Durante el periodo 2006-2010, el nivel de pobreza de los hogares, medido por ingreso, disminuyó de 33,1% a 26,8%. De igual manera, en los hogares de pobreza extrema pasó de 10,2% a 7,1%. El índice de desarrollo humano (IDH) pasó de 0,729 en 2005 a 0,755 en 2010. El coeficiente de Gini mejoró variando de 0,4422 en 2006 a 0,4068 para el 2009, muestra de la disminución de las desigualdades. En el 2006, el 20% de la población más pobre recibía el 4,73% del ingreso nacional y el 20% más rico el 49,37%, mientras que en el primer semestre del año 2009 el 20% de la población más pobre recibía 6,01% del ingreso y el 20% de los más ricos el 45,56%, indicando una mejoría en la distribución de los ingresos.
El poder público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El poder público nacional contempla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial; el Poder Ciudadano y el Poder Electoral.
El Poder Ejecutivo se ejerce por medio del presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarias que determine la Constitución. El Poder Legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional y esta, a su vez, está integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta. El Poder Judicial está cons-tituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley; el Ministerio Público; la Defensoría Pública; los órganos de investigación penal; los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia; el sistema penitenciario; los medios alternativos de justicia; los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. El Poder Ciudadano está ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la Re-pública. Finalmente, el Poder Electoral se ejerce por medio del Consejo Nacional Electoral, que actúa como su ente rector. Son organismos subordinados a este, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.
Los estados federales son las divisiones políticas fundamentales del país, iguales en lo político, y poseen las mismas competencias que son todas aquellas no reserva-das por la Constitución al poder público nacional o municipal. Cada estado tiene como Poder Ejecutivo un gobernador, electo por mayoría absoluta por cuatro años, con la posibilidad de una única reelección para igual periodo.
En cada estado hay un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el gobernador o gobernadora e integrado por los alcaldes, los directores estadales de los ministerios y una representación de los legisladores elegidos por el estado para la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas, donde las hubiere.
Los estados se dividen en municipios y, a su vez, estos se dividen en parro-quias. El gobierno y administración de cada uno de los municipios está a cargo de un alcalde y el Consejo del Municipio (concejales). La fiscalización la efectúa la Contraloría Municipal. Además, cuentan con un Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el alcalde o alcaldesa e integrado por los concejales o con-cejalas, los presidentes o presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establece la ley.
Los alcaldes son elegidos por periodos de cuatro años, con opción a ree-lección inmediata por un término adicional. La elección se gana por mayoría relativa en votación universal, directa y secreta. Los concejales también se eligen por votación universal, directa y secreta por un periodo de cuatro años y no devengan sueldos. Solo perciben dietas por asistencia a las sesiones de la cámara y de las comisiones.
Las parroquias, según el artículo 173, son demarcaciones de carácter local, dentro del territorio de un municipio, creadas con el objeto de descentralizar la administración municipal, promover la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos locales. Pueden ser creadas por los municipios, conforme a sus necesidades. Los municipios determinan los recursos de que dispondrán las parroquias, concatenados a las funciones que se les asignen, e incluso su participa-ción en los ingresos propios del municipio.
El sistema de salud de la República Bolivariana de Venezuela está formado por dos subsistemas clasificados con base en el origen de la fuente de financiamiento: el subsistema público de salud y el privado.
El subsistema público de salud está formado por las instituciones prestadoras de servicios de salud adscritas a la Administración Pública cuyo financiamiento proviene de recursos públicos, a saber:
El Ministerio del Poder Popular para la Salud, órgano rector del sector de la salud y principal prestador y financiador de servicios de salud.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, fue creado para prestar servicios de salud a los trabajadores formales a nivel nacional, sean del sector público o del privado, y a sus familiares. No obstante, por decisión del Ejecutivo Nacional, desde el año 2000 este organismo presta servicios de salud a toda la población que así lo requiera.
El Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación y el Insti-tuto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas son órganos de la administración descentralizada adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación y para la Defensa, respectivamente. Prestan servicios de salud a la población afiliada y sus familiares.
El subsistema privado está formado por las instituciones prestadoras de servi-cios de salud, cuyo financiamiento proviene de fuentes privadas, como son el pago directo de bolsillo o por empresas aseguradoras.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), órgano rector del sector de la salud en Venezuela, tiene a su cargo la elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia de salud integral, incluyendo promoción de la salud y calidad de vida, prevención, restitución de la salud y rehabilitación; control, seguimiento y fiscalización de los servicios, programas y acciones de salud, nacionales, de los estados y municipales de los sectores públicos y privado y todas las contenidas en el Decreto Nº 6732 (publicado en Gaceta oficial 369.817 del 17 de junio de 2009) sobre organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
Las funciones designadas al Ministerio del Poder Popular para la Salud se desarrollan en un contexto heterogéneo de organización de los servicios de salud generados a partir de los años 1990, cuando se inició un proceso de descentraliza-ción de los servicios de salud.
A partir del año 2005 se generó un proceso de reestructuración que culminó el 26/12/2006 con la aprobación en Gaceta Oficial del Reglamento Orgánico según Decreto Nº 5077 del 22 de diciembre de 2006 (publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.591 del 26 de diciembre de 2006).
En este contexto, el Ministerio cuenta con una estructura de tres Despachos de Viceministros(as): el Despacho de Viceministro(a) de Redes de Salud Colectiva, el Despacho de Viceministro(a) de Redes de Servicios de Salud y el Despacho de Viceministro(a) de Recursos para la Salud.
Cuadro 1 – Organigrama estructural del Ministerio del Poder Popular para la salud
La red de servicios de salud del país, organizada en tres niveles de complejidad, está a cargo del viceministro de redes de servicio de salud, con competencias en la planificación, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en el ámbito nacional, destinados a garantizar el acceso equitativo de la población a los servicios de salud. También tiene bajo su competencia la atención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, a través de acciones normativas, de supervisión, control y evaluación fundamentadas en la política de salud vigente, orientadas a la atención de necesidades sociales bajo un enfoque participativo a través de la comunidad organizada, de acuerdo con los principios de equidad, solidaridad y universalidad.
El desarrollo y la conducción de la salud colectiva en el SPNS corresponden al viceministro de redes de salud colectiva, con el objetivo de definir, planificar, formu-lar, coordinar, seguir y evaluar las políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en el ámbito nacional, dirigidos a preservar la salud pública mediante acciones de promoción y prevención de enfermedades, de control ambiental y de cualquier otro tipo que garantice la conservación y recuperación de las condiciones saludables de los individuos, de la colectividad y del ambiente.
Partiendo del mandato constitucional y de los lineamientos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 2001–2007, en su capítulo del Equilibrio Social, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social formuló el Plan Estratégico Social (PES 2001–2007), en una de cuyas directrices estratégicas se establece adoptar la estrategia de promoción de la calidad de vida y la salud.
En el orden jerárquico de las políticas públicas relacionadas con la promoción de la salud, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la primera referencia. Allí se produce un reconocimiento expreso, como derechos y deberes, de las posibilidades sociales de acceder a la satisfacción adecuada de las necesidades, para reproducirse adecuadamente como seres humanos, de todos los ciudadanos en las condiciones histórico-concretas actuales, con derechos y deberes en lo político, lo so-cial, lo económico, lo laboral, lo cultural, lo ecológico, lo étnico, etc., base importante para sustentar lo que la Carta de Ottawa (1986) definió como “políticas saludables”.
Desde sus inicios, la gestión en salud del Gobierno Bolivariano está orientada a la implantación de un modelo de atención integral y al desarrollo de la participación social en salud. Estos primeros esfuerzos revirtieron las tendencias negativas en la salud y la calidad de vida. Ya en el período 1998-2001, la tasa de mortalidad infantil descendió de 21,4 a 17,1 por mil nacidos vivos, el Índice de Desarrollo Humano se elevó de 0,7792 a 0,7973 y la pobreza extrema descendió de 20,3 a 16,9%.
En los años 2002 y 2003, el golpe de estado y el sabotaje petrolero deterioraron los avances sociales y económicos, significando el equivalente a USD 14.000 millones en pérdidas directas a la industria petrolera nacional y un monto muy superior de pérdidas indirectas al país. La mayoría de los indicadores sociales retrocedieron como consecuencia de estos actos criminales. El Índice de Desarrollo Humano descendió a 0,7880 en el 2003; el coeficiente de Gini se elevó a 0,4938; la pobreza aumentó hasta el 55,1% y la pobreza extrema, a 29,8%. El desempleo se ubicó en 16,8 % de la población económicamente activa. En el contexto de la crisis producida por las agresiones y los retrocesos en la calidad de vida y salud de la población, se inició oficialmente Barrio Adentro en el año 2003, como la estrategia del proceso Boli-variano para superar la exclusión social en salud. De igual manera, comenzaron a desarrollarse misiones sociales educativas, alimentarias, de protección social, cultura, deportes y capacitación, que no solo contrarrestaron los daños ocasionados, sino que permitieron retomar las tendencias a la mejoría de la calidad de vida y la salud.
La Misión Barrio Adentro se constituye, entonces, en la estrategia para la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, abriendo el camino hacia un cambio estructural en el acceso a la atención en salud para millones de venezo-lanas y venezolanos que hasta entonces habían estado excluidos de esa atención, expandiendo la red primaria y poniendo a disposición de familias ubicadas en los sectores de mayor exclusión consultorios populares, médicos, odontólogos, consulta oftalmológica y entrega de medicamentos, entre otros beneficios. Esta etapa inicial, llamada Barrio Adentro I, se orientó a superar la exclusión social en salud mediante la instalación y puesta en funcionamiento de 6.576 puntos de consulta en los am-bientes residenciales, priorizando las poblaciones tradicionalmente empobrecidas y sin acceso al sistema de salud a nivel urbano y rural.
La población organizada aportó locales provisionales para la residencia del per-sonal de salud y para las actividades de atención integral, mientras progresivamente, en un esfuerzo conjunto del Estado y las comunidades organizadas, se avanza en la construcción de nuevos centros de salud.
A esa labor se sumaron activamente 7.477 defensoras de la salud provenientes de las comunidades, capacitadas para apoyar al médico y servir de promotoras de la salud integral, 2.383 odontólogos generales integrales, 986 médicos generales integrales y 1.847 vacunadoras.
Barrio Adentro, modelo de atención y gestión integral
Con la Misión Barrio Adentro se introduce un nuevo modelo de atención en salud que incluye una reconceptualización de la atención de primer nivel, una nueva forma de relación entre el pueblo y los servicios, un nuevo modelo de gestión y una nueva estrategia de formación de talento humano.
El Modelo de Atención Barrio Adentro recupera el enfoque integral y comuni-tario (promoción, prevención y recuperación de la salud) a partir del concepto de territorios sociales, asegura la continuidad de la atención con calidad y humanidad en todo el grupo familiar y en todas las necesidades y problemas, con personal especializado en medicina general integral y en medicina familiar, incluyendo el suministro de medicamentos. Es gratuito y universal y garantiza la accesibilidad territorial al ubicar los Consultorios Populares en la comunidad. Asegura, además, el acceso organizado, oportuno y permanente a los recursos de calidad para el diagnóstico y tratamiento, ubicados en los Centros de Diagnóstico Integral , los Centros de Tecnología Avanzada, las Salas de Rehabilitación Integral y otros esta-blecimientos y servicios.
El modelo de atención desarrollado implica una superación de la tradicional concepción de primer nivel como atención simplificada, con personal de baja califi-cación y limitados recursos diagnósticos y terapéuticos. Barrio Adentro combina la cobertura universal con calidad y alta capacidad resolutiva y se articula localmente con el conjunto de misiones sociales que promueven el mejoramiento integral de la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, asegurando el acceso a los alimentos, a la educación, al empleo productivo, a la integración social, a la preser-vación de la cultura y el desarrollo de nuevos valores basados en la solidaridad y la corresponsabilidad social.
Esta articulación se ejecuta con las redes sociales de organización y participación de las comunidades a través de los Comités de Salud y los Consejos Comunales como expresión del poder popular, generando una fuerte apropiación colectiva por la comunidad y desarrollando progresivamente capacidades para estadios más avanzados de participación popular en la planificación y contraloría social.
Los avances y el impacto social alcanzados con las etapas I y II de Barrio Adentro, sentaron las bases para la formación de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), como la unidad básica organizativa y operativa de la estrategia de construc-ción y de gestión del Sistema Público Nacional de Salud. Esto fue resultado de la interacción entre el sistema de servicios de salud formado por las etapas de Barrio Adentro I y II con las redes sociales y de otros servicios, tomando como base un territorio social.
Una ASIC se corresponde con el territorio social de varios Consejos Comuna-les. En ella se articulan la red de servicios primarios de salud con las redes sociales comunitarias y otras misiones sociales. La red de servicios de la ASIC aplica un modelo integral e intersectorial de atención continua de salud familiar y comuni-taria, universal y gratuita. Las ASIC son la unidad básica del SPNS y de las redes de atención primaria de la salud.
Barrio Adentro ha incorporado también en las ASIC una estrategia innova-dora de formación de talento humano para la salud, con alta calidad académica y compromiso social. Iniciado con la formación de médicos especialistas en medici-na general integral (tres años de postgrado), de los cuales han egresado 984, y de especialistas odontólogos integrales comunitarios (837 egresados), posteriormente ha incluido la formación de médicos integrales comunitarios a nivel de pregrado (seis años). En la actualidad, la primera generación de estudiantes de medicina integral comunitaria (cerca de 10.000 cursantes) ha completado el tercer año de su carrera. En total, en los diferentes niveles se han incorporado 20.578 estudiantes de medicina, mostrando las ventajas de que la formación se realice en el mismo ambiente del cual proviene la mayoría y en el cual trabajarán al egresar, es decir, las comunidades empobrecidas.
El Plan Nacional de Salud asume a Barrio Adentro como la estrategia de construcción de la nueva institucionalidad en salud y, al mismo tiempo, como eje articulador y de desarrollo del SPNS, asume como su unidad básica operativa las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), a partir de las necesidades de la po-blación, con un modelo de atención integral y continuo, con énfasis en la atención ambulatoria integral de calidad, familiar y comunitaria, con cobertura universal y gratuita y que se articula con el desarrollo del poder popular, en coherencia con los mandatos constitucionales y del Plan Simón Bolívar 2007–2013, en tránsito al socialismo.
Barrio Adentro II, III y IV
Una vez consolidado Barrio Adentro I, surgieron necesidades de fortalecimiento de la atención y se avanzó en el desarrollo de un sistema de servicios necesario para elevar la capacidad de diagnóstico y de resolución de la primera etapa. Entre ellos se encuentran los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), que incluyen servicios de endoscopia, laboratorio clínico, electrocardiografía, oftalmología, emergencias, quirófano (CDI Quirúrgicos), rayos X y ultrasonido; las Salas de Rehabilitación Integral, destinadas a prestar los servicios de electroterapia, tracción cérvico-lumbar, termoterapia, hidroterapia, gimnasio pediátrico y adulto, terapia ocupacional, medicina natural y tradicional, terapia del lenguaje y podología. Por su parte, los Centros de Tecnología Avanzada aseguran la disponibilidad universal de capacida-des de exámenes complementarios, como resonancia magnética, tomografía axial computarizada, densitometría ósea, laboratorio SUMA, rayos X, videoendoscopia, ecosonografía tridimensional y electrocardiografía. También podemos mencionar las Ópticas Populares, destinadas a asegurar la disponibilidad de lentes correctivos para toda persona que los necesite, y otros establecimientos y servicios de acuerdo con las necesidades locales.
Hasta octubre del 2008 se han instalado y están funcionando 455 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), que incluyen más de dos mil nuevas camas incorporadas al sistema, y 533 Salas de Rehabilitación Integral (SRI). Se han construido veinti-cinco Centros de Alta Tecnología y se encuentra en operación un número variable de Ópticas Populares. Algunos ambulatorios preexistentes han sido readaptados e incorporados a esta estrategia como parte de Barrio Adentro II, surgiendo de esta manera las Clínicas Populares. Se ha previsto que esta red tenga capacidad de resolver alrededor del 90% de las necesidades y demandas de atención.
Es importante resaltar que Barrio Adentro II ha generado 9.956 nuevos empleos para personal venezolano en las áreas de medicina, enfermería, fisioterapia, bioana-listas, camareras, mantenimiento, choferes de ambulancia, recepcionistas y cocina.
Ante la necesidad de fortalecer la red hospitalaria, surgen Barrio Adentro III y Barrio Adentro IV.
Barrio Adentro III tiene como objetivo la modernización y adecuación tecno-lógica de los hospitales existentes con la finalidad de articularlos con las áreas de salud integral comunitaria, logrando ampliar y consolidar el sistema de referencia y contrarreferencia, la atención de emergencias y desastres, la unificación de los pro-tocolos de atención y de los programas de salud. Se trata de que la red hospitalaria se integre a las áreas de salud integral comunitaria, dotándolas de un conjunto de unidades de mayor nivel de complejidad, las cuales asumirían el restante 10% de los problemas que no tienen posibilidad de resolución en Barrio Adentro I y II.
En esta fase se han adecuado estructuralmente 160 hospitales en todo el país, con 1.285 obras programadas, de las cuales 345 están ya finalizadas, 627 en ejecución y 313 por iniciar. Se han equipado 130 hospitales en las áreas de imagenología, sostén de vida, mobiliario clínico, instrumental quirúrgico, equipos de apoyo diagnóstico, equipos de videoendoscopia, quirófano y anestesia, diálisis, cocina y lavandería.
Otro de los pilares de la intervención de los hospitales se relaciona con la ade-cuación y aumento del talento humano que presta directamente servicios.
Barrio Adentro IV tiene como objetivo desarrollar una red de 16 nuevos cen-tros hospitalarios de atención, investigación y formación de talento humano de alto nivel de especialización para problemas de salud de relevancia nacional que así lo ameriten y para la cooperación internacional solidaria. Actualmente están en ejecución seis hospitales especializados correspondientes a esta red.
En el contexto de Barrio Adentro IV surgió el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Gilberto Rodríguez Ochoa”, inaugurado en agosto de 2006. En lugar de considerarse como una única obra, el Hospital desarrolló, junto a los centros existentes, una red nacional para atención de problemas quirúrgicos cardiovasculares.
Niveles de atención y papel de la atención primaria de la salud
El primer nivel de atención en salud tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de salud a la población, sin ningún tipo de discriminación, mediante un modelo de gestión de salud integral orientado a dar respuesta inmediata a las necesidades sociales de salud de la población. Es la puerta de entrada natural al SPNS y el punto de inicio de la red asistencial.
Está formado por los Consultorios Populares, Ambulatorios Rurales Tipos I y II y Ambulatorios Urbanos Tipo I, cada uno de ellos con una población definida y organizados territorialmente en Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) distribuidas en 335 municipios geopolíticos.
El segundo nivel de atención en salud del SPNS tiene como objetivo garantizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la atención integral y el diagnóstico de las diversas patologías que son de alta incidencia en la población. Está formado por los Centros de Diagnóstico Integral, las Salas de Rehabilitación Integral, las Clínicas Populares, los Ambulatorios Urbanos Tipos II y III y los Centros Ambulatorios de Especialidades. El acceso a este nivel está programado mediante un sistema de referencias y contrarreferencias de los otros niveles de atención o a través de las emergencias, en aquellos centros de segundo nivel que tengan este servicio. Para ello, cada establecimiento de segundo nivel de atención está relacionado con un número determinado de establecimientos del primer nivel y con una población determinada en el primer nivel.
El tercer nivel de atención del SPNS tiene como objetivo coordinar y supervisar la atención de las patologías y otras situaciones que no puedan ser resueltas en los otros niveles de atención y las que requieran hospitalización para su tratamiento. Está formado por los Centros Diagnósticos de Alta Tecnología, los Hospitales del Pueblo, los Hospitales Generales Tipos I, II, III y IV y los Hospitales de Especialidades.
El acceso a este nivel se realiza a través del sistema de referencias y contrarre-ferencia de los otros niveles de atención o a través de las emergencias en aquellos centros de tercer nivel que tengan este servicio. En consecuencia, cada estableci-miento del tercer nivel de atención en salud atenderá a un número determinado de establecimientos del segundo nivel y a una población también determinada en el primer y segundo nivel, con la excepción de los Hospitales de Especialidades, los Hospitales Tipo IV y los Centros Diagnósticos de Alta Tecnología, que atenderán a la población que lo requiera, con la debida referencia.
La atención primaria de salud es la estrategia que se instituye en todo el te-rritorio de la República Bolivariana de Venezuela para la integración de la red de servicios de salud, centrando la promoción de la calidad de vida y la salud en la red de atención primaria, que a través de los establecimientos del primer nivel de atención, opera en un territorio-población definido y sirve de puerta de entrada preferencial al SPNS.
Los establecimientos del primer nivel de atención son espacios de la institucio-nalidad pública sanitaria que permiten el ejercicio de los derechos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentalmente del derecho a la salud y la participación protagónica, vinculante y corresponsable de los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de la gestión pública de salud.
Todos los establecimientos asistenciales son escenario de actividades de edu-cación de pre y postgrado para la formación general integral de profesionales y técnicos de la salud.
El contexto social y político en el que se ha desarrollado la Misión Barrio Adentro, inmersa en una revolución popular orientada hacia la consolidación del gobierno comunal como estrategia política y social para alcanzar el desarrollo sustentable de las comunidades, crea las condiciones para implementar un sistema integral de salud que tenga su eje central en la comunidad, con los recursos hu-manos mejor preparados y la tecnología diagnóstica y terapéutica que garantice un elevado poder resolutivo.
Los servicios de salud se organizan a través de una red estratificada por niveles de complejidad, donde se articulan todos los prestadores de servicio bajo los prin-cipios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad y equidad.
En el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) se desarrolla el primer nivel de complejidad de la red de servicios, la Red Comunal, constituida por unidades asistenciales, docentes e investigativas de salud, como los consultorios populares, los ambulatorios rurales y ambulatorios del primer nivel de atención que conforman la red tradicional, las clínicas odontológicas, ópticas, Sala de Rehabilitación Integral, Centro Médicos de Diagnóstico Integral, núcleos académicos, comités de salud, Brigadas Integrales Comunitarias y otras unidades operativas específicas de atención.
La red comunal está ubicada en un territorio social determinado, donde se ejecutan acciones de salud pública: promoción, prevención, tratamiento y rehabi-litación; se ofertan servicios de salud gratuitos y accesibles a toda la población; se forman recursos humanos de pre y postgrado en ciencias de la salud y se resuelven, con participación popular e intersectorial, los problemas sanitarios identificados en las comunidades para ajustar sus políticas al contexto sociodemográfico, cultural y epidemiológico de los territorios beneficiados por los servicios de salud.
El Sistema Distrital de Salud Integral es el segundo nivel de complejidad de la red de servicios. Está constituido por unidades asistenciales, docentes e inves-tigativas de salud, como hospitales generales, clínicas populares, centros médicos de diagnóstico de alta tecnología y unidades de epidemiología. Está ubicado en el territorio social de influencia de varias ASIC, donde se ejecutan acciones de salud pública: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación; se ofertan servicios de salud gratuitos y accesibles a toda la población, se forma talento humano de pre y postgrado en ciencias de la salud; y se resuelven, con participación popular e inter-sectorial, los problemas sanitarios identificados en las comunidades, ajustando sus políticas al contexto sociodemográfico, cultural y epidemiológico de los territorios beneficiados con los servicios de salud.
El Sistema Estadal de Salud Integral es el tercer nivel de complejidad de la red de servicios, constituido por unidades asistenciales, docentes e investigativas de salud, como los Sistemas de Salud Distritales, Hospital Clínico Quirúrgico, Hospital especializado (infantil, gineco-obstétrico), Centro Estadal de Higiene y Epidemio-logía y otras unidades específicas ubicadas en el territorio social de influencia de uno o varios Distritos de Salud de un estado. En este Sistema se ejecutan acciones de salud pública: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación; se ofertan servicios de salud gratuitos y accesibles a toda la población, se forma el talento humano en programas de pre y postgrado en ciencias de la salud; y se resuelven, con participación popular e intersectorial los problemas sanitarios identificados en las comunidades; ajustando sus políticas al contexto sociodemográfico, cultural y epidemiológico, de los territorios beneficiados con los servicios de salud.
El nivel territorial es el cuarto nivel de complejidad de la red de servicios, constituido por unidades asistenciales, docentes e investigativas de salud ubicadas en el territorio social de influencia de varios estados que conforman un eje territorial para el desarrollo desconcentrado del país. En este territorio se ejecutan acciones de salud pública: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación; se ofertan servicios de salud gratuitos y accesibles a toda la población, se forma el talento humano en programas de pre y postgrado en ciencias de la salud; y se resuelven, con participación popular e intersectorial los problemas sanitarios identificados en las comunidades; ajustando sus políticas al contexto sociodemográfico, cultural y epidemiológico de los territorios beneficiados con los servicios de salud.
Gestión territorial, referencia y contrarreferencia
La gestión territorial se fundamenta en las Áreas de Salud Integral Comunita-rias (ASIC) y a partir de ellas se construyen las redes de referencia entre los niveles de complejidad.
La prestación de servicios según niveles de atención desarrolla la línea política del Ejecutivo Nacional, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud, estructurada para dar respuesta a las necesidades sentidas de las comunidades y para lograr el incremento progresivo de la calidad de vida de la población vene-zolana mediante la aplicación de un modelo de atención integral y de promoción para la salud.
El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) cuenta con 6.712 Consultorios Populares de barrio Adentro, 4.117 Ambulatorios tipo I y II, 608 Ambulatorios Urbanos tipo I y 42 consultorios del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación.
La oferta de servicios en este nivel se enmarca en la promoción de la calidad de vida, la salud y la prevención de la enfermedad y la consulta ambulatoria y de referencia a niveles de atención en salud de mayor complejidad, garantizando un médico por cada 250 familias (1.200 habitantes) en los sectores de mayor exclusión.
El Sistema Público Nacional Venezolano cuenta para atención especializada con 239 ambulatorios urbanos II y III, 546 Centros de Diagnóstico Integral, 578 Salas de Rehabilitación Integral, 33 Centros de Alta Tecnología, catorce ambulatorios del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, diez ambulatorios de Sanidad Militar, 51 ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Socia-les, 459 ópticas, trece Clínicas Populares y quince establecimientos para atención odontológica integral Misión Sonrisa.
Todos incluyen atención ambulatoria de mayor complejidad y hospitalización de observación en las especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia y sus servicios complementarios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Los servicios de atención hospitalaria del SPNS se prestan en 284 hospitales (228 dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 35 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 14 de Sanidad Militar y 7 de otras instituciones públicas), cuyos servicios incluyen consulta ambulatoria de especialidades y supra especialidades, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y trata-miento de alta tecnología y complejidad.
Modelo para la cobertura poblacional
De acuerdo con la CRBV, la gratuidad y la universalidad constituyen principios fundamentales y determinaron, en primer lugar, la eliminación de todas las formas de pago de bolsillo en el acceso a servicios de salud en el Sistema Público Nacional de Salud y, seguidamente, la obligación de igualdad en el acceso a los servicios públicos de salud sin exclusión por no afiliación a la institución.
Cobertura integral de servicios
En la República Bolivariana de Venezuela la cobertura de atención es univer-sal e integral, dando prioridad a la promoción y la prevención de enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad.
Esta política se evidencia, por una parte, con el fortalecimiento de la atención de programas de salud pública y seguridad en contingencias, maternidad, paternidad,
invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad sin que la ausencia de capaci-dad contributiva sea motivo para excluir a las personas de la protección. Por otro lado, se manifiesta mediante la creación de nuevos programas de amplia cobertura territorial, como son los servicios de óptica, optometría, odontología integral, salas de rehabilitación y cirugía oftalmológica Misión Milagro.
Brechas entre cobertura poblacional y cobertura de servicios
Con relación a la universalidad, integralidad y equidad del SPNS y en refe-rencia particular a las brechas de acceso a servicio por aspectos geográficos y/o culturales, se identifican las comunidades rurales dispersas, indígenas y campesinas del país, para quienes en el compromiso ético de garantizar la atención de salud como derecho se replantea la estrategia de auxiliares de medicina simplificada con la formación de los Agentes Comunitarios de Atención Primaria de Salud y traba-jadores comunitarios de la salud, personas con compromiso ético y político hacia el bienestar de sus pueblos, seleccionadas desde comunidades de zonas rurales dis-persas (campesinas e indígenas) por sus representantes y capacitados por un año en el MPPS, donde reciben orientación hacia los principios de universalidad, equidad, igualdad, solidaridad, participación comunitaria y justicia social y en la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y defensa de la salud con permanencia, calidad, oportunidad y bajo un enfoque integral, intersectorial, multidisciplinario e intercultural hacia la atención en salud a la población y promoción de cambios en las condiciones de vida.
El financiamiento público de los programas sociales y, por tanto, de salud, se ha elevado considerablemente en los últimos años. A los recursos asignados por vía presupuestaria se han sumado los aportes procedentes de los ingresos petroleros extraordinarios. Entre 1998 y 2007, la inversión pública social se elevó de 5.670.152 a 98.712.236 de bolívares fuertes (17,4 veces), de los cuales 13.597.517 (13,8%) pro-vienen de Petróleos de Venezuela SA y del Fondo de Desarrollo Nacional.
El presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Salud se confecciona con un enfoque de racionalización del gasto, considerando la unificación del sistema como estrategia para articular esfuerzos y evitar la dispersión de recursos, asumiendo el fortalecimiento de la capacidad rectora del Ministerio en la estructura, organización y financiamiento de la red de servicios.
Siguiendo los lineamientos del Ejecutivo Nacional, el presupuesto se formula por proyectos, con metas y objetivos claros para continuar las políticas públicas implementadas, con énfasis en los objetivos y metas del milenio relacionadas con el sector salud. Las fuentes de financiamiento son cuatro:
Ordinario: son los recursos provenientes de la renta petrolera, impuestos sobre bebidas alcohólicas, impuestos a los cigarrillos y el impuesto sobre las sucesiones.
Gestión fiscal: son los recursos provenientes de la colocación de bonos de la deuda pública en el mercado financiero.
Endeudamiento: son los recursos para los proyectos de alta envergadura, que incluyen aportes local y externos.
Otros: son los ingresos no previstos en la ley, provenientes de los dividendos de los entes gubernamentales tales como la Compañía de Teléfonos de Venezuela CANTV y el Banco Central de Venezuela, entre otros.
Fuentes de financiamiento privado
La participación del aseguramiento privado no se puede subestimar en el país. Un porcentaje de este financiamiento corresponde a las primas de seguros privados que son canceladas por órganos, entes y empresas del Estado que, por convenciones colectivas, cubren a sus trabajadores con este tipo de pólizas.
Participación de la Nación y las esferas subnacionales en la financiación pública
Para el 2003, la Nación invertía alrededor del 3,4% del producto interno bruto en salud, gasto que se ha incrementado considerablemente luego de ese período, estimándose en algunos casos casi un 100% de incremento. Ese gasto contempla las transferencias directas de la cartera de salud a las esferas subnacionales (estados) y a diferentes entes adscritos que tienen funciones específicas y campos de acción definidos para la intervención mediante servicios directos o generación de conoci-miento y se estima actualmente en 50 billones de bolívares.
En las normas de coparticipación para el gasto en salud para las esferas sub-nacionales, las gobernaciones y alcaldías destinan presupuesto a tal fin de acuerdo con sus ámbitos de acción y, en algunos estados (9 de los 24), tiene competencias transferidas, aunque en revisión desde el órgano rector, por lo que realizan aportes específicos para el funcionamiento de la red de servicios.
Estos recursos se administran de acuerdo con la norma legal vigente en cada uno de los estados y municipios y se destinan para abordar las necesidades de la atención médica a la población o circunstancias particulares en los ámbitos subna-cionales, complementando el gasto nacional.
Composición del gasto público en salud
Aproximadamente el 98% del gasto público en salud está constituido por aportes directos a servicios de salud y el 1,43% por aportes a la seguridad social. Dentro del gasto público en salud, 61% corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Salud, 21% al Fondo de Salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el restante 18% a diversos aportes a servicios de salud y aseguramiento de diversos órganos de la Administración Pública Nacional.
Participación de los usuarios (copagos)
Por disposiciones legales y a partir de la Constitución, en la República Bolivariana de Venezuela la salud es concebida como un derecho. Por lo tanto, no existe la figura de pagos o copagos dentro del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) e incluso existe la regulación expresa para garantizar la gratuidad que prohíbe cobrar por cualquier servicio de salud en los establecimientos públicos.
La asignación de recurso se realiza en sintonía con la ejecución de proyectos de 2011, que responde a los objetivos y políticas institucionales, enmarcadas en la propuesta del Plan Nacional de Salud 2009-2013 / 2018:
Nueva institucionalidad basada en Barrio Adentro como eje articulador de la red de servicios, fortaleciendo la rectoría única del MPPS y el desarrollo científico tecnológico y de talento humano de calidad.
Condiciones promotoras de calidad de vida y salud enmarcadas en la convivencia solidaria, en armonía con la naturaleza y un modo de vida saludable en los ter-ritorios sociales.
Participación protagónica y poder popular en salud, con el objetivo de asegurar los espacios y mecanismos que permitan la participación del poder popular en la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional de Salud y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas institucionales y de inter-vención sobre los determinantes de la salud en los distintos niveles de gestión y territorios sociales.
Disminuir las brechas sociales e inequidades en grupos priorizados de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida.
El cumplimiento de los objetivos planteados busca garantizar el impacto social propuesto en la ejecución de proyectos banderas, como: Misión Barrio Adentro I, II, III, IV, Plan Nacional de Vacunación, Proyecto Madre, Misión Niño Jesús, Plan de Salud Indígena y fortalecimiento de la red de suministro y distribución de medicamentos, entre otros.
Criterios de asignación de recursos para transferencias a niveles subnacionales
El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), una vez que recibe la asignación de recursos para un ejercicio fiscal determinado, producto del análisis de variables económicas y de la priorización realizada por el Ejecutivo Nacional, realiza la distribución de los recursos para las transferencias a niveles subnacionales (estados y entes adscritos). Para eso, básicamente toma en consideración los requerimientos y estimaciones de necesidades de cada una de las instancias ejecutoras, evaluando la pertinencia de las asignaciones y protegiendo el presupuesto de áreas que sean consideradas prioritarias para el despacho de salud.
El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), según su concepción, es coordina-do y operado por el Estado a través del MPPS y entes con competencia en la materia, y el financiamiento se ejecuta a través de la red de establecimientos bajo su tutela.
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado ejerce la rectoría y gestión del SPNS, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social (Art. 84 CRBV).
De acuerdo con el Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional (18/0172007), son competencias del Ministerio del Poder Popular para la Salud:
Ejercer la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud.
La elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia de salud integral, incluyendo promoción de la salud y la calidad de vida, prevención, restitución de la salud y rehabilitación.
El control, seguimiento y fiscalización de los servicios, programas y acciones de salud, nacionales, de los estados y municipales de los sectores público y privado.
La definición de políticas para la reducción de inequidades sociales concernientes a la salud, tanto de territorios sociales como de grupos poblacionales clasificados de acuerdo a variables sociales o económicas y etnias.
El diseño, gestión y ejecución de la vigilancia epidemiológica nacional e internacional en salud pública de enfermedades, eventos y riesgos sanitarios.
Diseño, implantación y control de calidad de las redes nacionales para el diagnóstico y vigilancia en salud pública.
La formulación y ejecución de las políticas atinentes a la producción nacional de insumos, medicamentos y productos biológicos para la salud, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio.
La Coordinación de programas, planes y acciones con otras instancias públicas y privadas que propicien un medio ambiente saludable y una población sana.
La dirección de programas de saneamiento ambiental conjuntamente con otros órganos y entes nacionales, estadales y municipales con competencia en la materia.
La regulación y fiscalización sanitaria de los bienes de consumo humano, tales como alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, cosméticos y otras sustancias con impacto en la salud.
La regulación y fiscalización de los servicios de salud y de los equipos e insumos utilizados para la atención de la salud.
La regulación, fiscalización y certificación de personas para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud.
Vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, envases y empaques de bienes y otros productos de uso y consumo humano.
La formulación y ejecución de las políticas sanitarias dirigidas a reducir los riesgos a la salud y vida de la población, vinculados al uso o consumo humano de productos y a la prestación de servicios en materia de salud, mediante la aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en criterios científicos, normados nacional e internacionalmente.
La formulación de normas técnicas sanitarias en materia de edificaciones e insta-laciones para uso humano sobre higiene pública social.
La organización y dirección de los servicios de veterinaria que tengan relación con la salud pública.
La promoción y desarrollo de la participación comunitaria en todos los espacios del quehacer en salud, para lo cual coordinará lo conducente con el órgano rector en materia de participación popular.
Dirigir las relaciones de cooperación internacional con los organismos internaciones de salud, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Las políticas de Estado implementadas por la República Bolivariana de Vene-zuela en materia de salud incluyen:
Financiamiento público del sistema de salud que responda a las prioridades sani-tarias y se distribuya con equidad en función de los proyectos, con la participación vinculante del poder popular.
Consolidación de la capacidad soberana e independencia científica y tecnológica para producir y garantizar la disponibilidad del talento humano y los recursos científico–técnicos e insumos necesarios para la salud de la población.
Construcción de capacidades para el fortalecimiento de la solidaridad internacional en salud y el liderazgo de Venezuela en las agendas internacionales.
Alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo del ciclo de vida, en concordancia con los mandatos constitucionales sobre salud, soberanía y seguridad alimentaria.
Promoción de territorios sociales que fortalezcan la convivencia solidaria y la seguridad ciudadana en el cotidiano de la vida familiar y comunal.
Funcionamiento de un sistema de tránsito seguro para conductores, pasajeros y peatones.
Ambientes que favorezcan la actividad física, la recreación, la cultura y el deporte en los centros educativos, laborales y residenciales.
Promoción de la salud ambiental del entorno familiar, comunitario, de los centros educativos, de salud, recreativos y de trabajo, que permita el desarrollo de espacios libres de riesgos.
Promoción de autogobiernos comunitarios para el ejercicio del poder popular en la implementación de las políticas de salud.
Consolidar la participación protagónica del poder popular en la gestión del Sistema Público Nacional de Salud.
Impulsar la participación protagónica del poder popular en los espacios de articulación intersectorial y las instancias institucionales para la promoción de la calidad de vida y la salud.
Impulsar la vinculación internacional de organizaciones sociales en salud.
El Plan Nacional de Salud establece los objetivos, políticas, proyectos y medidas consideradas estratégicas para alinear la gestión del Estado venezolano orientada a garantizar el derecho a la salud para el período 2009–2013/2018, de acuerdo a los mandatos de la CRBV y a las directrices, enfoques, políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, en la transición al socialismo. Bajo la conducción y liderazgo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, como rector del Sistema Público Nacional de Salud, el plan articula en forma coordinada los aportes del conjunto del Estado y los órganos del poder popular en la producción social, preservación y recuperación de la salud.
El Plan Nacional de Salud, como se mencionó, asume a Barrio Adentro como la estrategia de construcción de la nueva institucionalidad en salud y, al mismo tiempo, como eje articulador y de desarrollo del SPNS, asume como su unidad bá-sica operativa las ASIC, a partir de las necesidades de la población, con un modelo de atención integral y continuo, con énfasis en la atención ambulatoria integral de calidad, familiar y comunitaria, con cobertura universal y gratuita.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, estableció la figura del Consejo Federal de Gobierno, en su título IV, Capítulo V, Artículo 185, como un órgano que tiene por finalidad la planificación y coordina-ción de las políticas y acciones para el desarrollo de los procesos de descentralización y la transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios. Asimismo, el referido artículo crea al Fondo de Compensación Interterritorial, dependiendo del Consejo Federal de Gobierno y destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.
El 22 de febrero de 2010 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-zuela Nº 5.963 Extraordinario) fue promulgada la Ley Orgánica del Consejo Fede-ral de Gobierno, que desarrolla los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y delimita el ámbito de competencias y funcio-namiento del Consejo. Mediante el Decreto Nº 7.306 de fecha 9 de marzo de 2010 (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.416, del 4 de mayo de 2010) fue dictado el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno que complementa el desarrollo legislativo dado al Consejo, afinando los detalles relativos a la organización y funcionamiento de las instancias del Consejo Federal de Gobierno, como la Plenaria, la Secretaría, el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y sus instancias. El Reglamento fue reformado el 12 de Abril de 2011, mediante Decreto 8.146 (publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.655 de fecha 13 de Abril de 2011), fortaleciendo lo relativo a los procedimientos referidos a la formulación, evaluación, financiamiento y control de los proyectos asociados a los planes de inversión.
El Consejo Federal de Gobierno orienta su gestión hacia resultados sociales, en concordancia con los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista, Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y establece los lineamientos vinculantes a las entidades político territoriales, las organizaciones de base del poder popular, así como el estudio y la planificación de los Distritos Motores de Desarrollo, apoyando especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo mediante la transferencia de recursos financieros, a fin de obtener resultados en el sistema social y contribuir a la consolidación de un estado democrático, social, de derecho y de justicia, cuya visión es transformarse en una organización eficiente y efectiva en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, soportadas por un recurso humano de excelencia en el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, con organicidad y con total orientación de servicio al pueblo organizado.
Para describir la situación de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en el país, nos referiremos a los distintos componentes:
Legislación nacional, política y financiamiento: Con el propósito de apoyar la legislación, las regulaciones, los requerimientos administrativos, políticas u otros mecanismos gubernamentales existentes para la aplicación del RSI, se creó el Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional, mediante Resolución por Gaceta Oficial y los recursos específicos para las funciones del RSI se incorporaron en el Plan Operativo Anual del 2012.
Coordinación y comunicaciones de los CNE: Se han establecido mecanis-mos para coordinar los sectores pertinentes para la aplicación del RSI. A la fecha, están designados los puntos responsables en los estados para la aplicación de RSI y se mantiene comunicación permanente con el grupo de Operaciones de Alerta y Respuesta, Punto de Contacto Regional de la OMS para el RSI (2005) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del sitio de información y de otros mecanismos. Igualmente, se han realizado intercambios de información con los centros nacionales de enlace de otros países de la región y, a solicitud de la OPS, el país ha difundido información de evaluación de riesgo (brote de cólera importado).
Se han desarrollado mecanismos que facilitan la colaboración entre las auto-ridades de transporte aéreo y se ha participado activamente dentro del Acuerdo de Cooperación para prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisible por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional, contribuyendo a la preparación del plan de emergencia del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal punto de entrada aéreo al país.
Físicamente, se creó el Centro Nacional de Enlace (CNE-RSI) en la Dirección General de Epidemiología.
Vigilancia: Hay una lista de 70 enfermedades prioritarias para vigilancia. Los datos de la vigilancia de enfermedades con potencial epidémico o prioritarias, se analizan de forma regular cada semana a nivel nacional, estadal y municipal. La no-tificación es oportuna, con una consistencia de al menos 80% de todas las unidades del territorio nacional. Semanalmente se publica en la página Web del Ministerio del Poder Popular para la Salud el boletín epidemiológico que retroalimenta la información a los niveles interesados.
También se comunican aquellos eventos que cumplen con los requisitos de notificación, una vez evaluados el riesgo de acuerdo con el anexo 2 del RSI (2005); se da respuestas a las solicitudes de verificación de eventos y se documentan las notificaciones e investigaciones de casos y de brotes.
Respuesta: Se han creado los mecanismos de respuesta para casos de emer-gencias de salud pública. Actualmente se fortalecen centros de dedicación para las operaciones de mando y control, como lo son el CNE-RSI de la Dirección de Epidemiología y de la Sala Situacional, dependiente del despacho de la Ministra, que ha desarrollado capacidades para la atención y coordinación de respuesta ante emergencias.
Existe la atención de casos para afecciones prioritarias (cólera, enfermedades transmitidas por alimentos, influenza, eventos naturales, como lluvia, deslaves e inundaciones), haciendo posible el desarrollo de respuestas de forma oportuna.
Preparación: Se formó un equipo multidisciplinario e interinstitucional que desarrolla actualmente el diagnóstico y el plan de acción del RSI.
Comunicación de riesgo: Se ejecutan lineamientos sobre comunicación de riesgos con participación activa del equipo político de alta gerencia y los equipos técnicos operativos. Se mantiene acceso al Sitio de Información sobre Eventos de la OMS, destinado a los Centros Nacionales de Enlace para el RSI, y se ha participado en la encuesta para la recopilación de información sobre las formas de mejorar el contenido y el diseño de la esta página, a fin de satisfacer las necesidades de los profesionales de la salud pública involucrados en la gestión de eventos agudos de interés sanitario.
Capacidad de recursos humanos: Se dispone de recursos humanos para cumplir con los requisitos de la implementación de las capacidades básicas del RSI y se realizan gestiones para aumentar el número de funcionarios necesarios para fortalecer la respuesta.
Laboratorio: Se dispone de una red de laboratorios clínicos y de salud pública, vinculada directamente al Instituto Nacional de Higiene y a la red de vigilancia epidemiológica, que es responsable de la toma, conservación y transporte de las muestras hacia los diferentes puntos de la red de laboratorio regionales con capaci-dad diagnóstica, para identificar los eventos de salud pública. Se cuenta con guías o normas de calidad para el laboratorio en el Instituto Nacional de Higiene.
Puntos de entrada: Funciona un grupo de trabajo para la evaluación y segui-miento de capacidades en los aeropuertos del país.
En los puntos de entrada también se realizan actividades de vacunación para los viajeros y los trabajadores aeroportuarios. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se cuenta con un servicio médico apropiado que incluye medios de diagnóstico, personal, equipo e instalaciones adecuadas para evaluar y tratar rápidamente a los viajeros enfermos.
En los principales aeropuertos del país están destinados inspectores de salud pública con la función de vigilancia y control de todos los bienes de uso y consumo humano, no solo desde el punto de vista alimentario, sino también de materiales y equipos y los medicamentos que ingresan al país, ya que es importante destacar que los medicamentos en su mayoría ingresan por la aduana aérea de Maiquetía.
Eventos de zoonosis: Se han designado puntos de enlace a cargo de Salud Animal (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA) que coordina con el Ministerio del Poder Popular para la Salud o el CNE del RSI.
Se han creado mecanismos funcionales de colaboración intersectorial que abar-can unidades y laboratorios de vigilancia de salud humana y animal. Se dispone de una lista de entidades zoonóticas prioritarias, con sus respectivas definiciones de caso. Se recaba y compara sistemática y oportunamente la información sobre zoonosis en las cuatro instituciones MPPS, INIA, INSAI e Instituto Nacional de Higiene.
Inocuidad de los alimentos: Para garantizar la inocuidad de los alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Salud es responsable del registro de todos los alimentos en el país y de controlar su inocuidad desde la industria hasta el consumo. A partir del año 2000, el MPPS inició la implementación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en la industria de alimentos y en los establecimientos expendedores de comidas rápidas del país. En la actualidad, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria se fortalece en cada estado para ejercer el control sanitario en materia de inocuidad de los alimentos.
La vigilancia y control de la inocuidad de los productos alimenticios expendidos en los establecimientos que funcionan en los diferentes aeropuertos del país, así como los establecimientos proveedores de las líneas aéreas (catering), es realizada por las Coordinaciones de Higiene de los Alimentos Estadales respectivas, que rea-lizan supervisiones a cada uno de los establecimientos con el objeto de evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de funcionamiento de las instalaciones físicas, las buenas prácticas de elaboración y manipulación de alimentos y la documentación respectiva, según lo establecido en la normativa sanitaria vigente para el otorgamiento y renovación del permiso sanitario de funcionamiento respectivo.
Así, el control de la inocuidad de los alimentos se realiza también a través de la capacitación del personal manipulador de alimentos que trabajan en estos establecimientos.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud avanza actualmente con tres planes en desarrollo para el fortalecimiento de las capacidades básicas en conformi-dad con el RSI: el Plan Nacional para Fortalecimiento de las Capacidades Básicas en Conformidad con el RSI; un plan de contingencia para emergencias de salud pública que permita dar respuesta a emergencias de salud pública para los Puntos de Entrada; y el Plan Nacional de preparación y respuesta en casos de emergencias de salud pública nacionales causadas por riesgos múltiples.
También existen planes basados en el diagnóstico de la situación y con el uso de varios de los instrumentos de evaluación de las capacidades disponibles, como: el cuestionario 2011 de seguimiento del montaje de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los Estados Partes de la OMS; la Lista de verificación e indicadores para dar seguimiento a los progresos del montaje de las capacidades básicas del RSI en los Estados Partes, de Diciembre de 2010; el Instrumento de evaluación de los requisitos de capacidad básica en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres designados, de octubre de 2009, por la OMS; los Instrumentos de Evaluación de Vigilancia y Respuesta Reglamento Sanitario Internacional (2005), Anexo I-A Mercosur; y el Instrumento para la Identificación de las Capacidades Básicas en Aeropuertos Internacionales Reglamento Sanitario Internacional (2005), Anexo V Mercosur.
La Dirección General de Epidemiología, órgano técnico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ejerce la rectoría del Sistema Nacional Vigilancia en Epidemiología en todo el país, tanto en el sector público como privado.
La estructura del sistema de vigilancia epidemiológica se corresponde con los niveles de organización sanitaria (nivel central, regional o estadal, distrital o mu-nicipal y el nivel local o de establecimientos), incluye un subsistema de vigilancia básica y un grupo de vigilancias especializadas que se corresponden con programas prioritarios de salud publica.
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica tiene como misión detectar, monitorear e intervenir en zonas de riesgo, situaciones de alarma y epidemias, controlando tanto las enfermedades con potencial peligro de diseminación rápida en la población como las enfermedades no transmisibles, pero con alta incidencia y, por ende, de interés estratégico en salud pública, produciendo información que favorezca la toma racional de decisiones y permita la adopción adecuada y oportuna de medidas de intervención e investigación sanitaria.
Para realizar el cumplimiento de esta rectoría, dentro de sus funciones: diseña, actualiza las normas, pautas, procedimientos y monitorea los factores relacionados con la emergencia y reemergencia de enfermedades, alertas y brotes a nivel nacional e internacional que puedan ser una amenaza para la salud pública, desarrollando herramientas para la producción, investigación y análisis en el abordaje de las enfermedades de interés epidemiológico y objeto del Sistema de Información Epidemiológica (actualmente el sistema de Información epidemiológica está en proceso de reestructuración a fin de crear un sistema único en esta área acorde al planteamiento del SPNS). Además, coordina, en conjunto con instancias nacionales e internacionales, lo concerniente a vigilancia en epidemiología e intervenciones en salud pública, propiciando la integración intersectorial e inte-rinstitucional; produce información epidemiológica para los niveles gerenciales, técnicos, científicos, operativos y para la opinión pública; promueve, en conjunto con la Oficina de Educación e Investigación, la capacitación de los equipos de salud en las normas, pautas y procedimientos dirigidos a realizar las actividades en vigilancia epidemiológica. Finalmente, establece la coordinación, en conjunto con el Instituto Nacional de Higiene, de la vigilancia de eventos en salud con la red de laboratorios a nivel nacional.
Alerta y respuesta en salud
Los sistemas de alerta y respuesta se organizan de acuerdo con la estructura local, regional y nacional, mantienen información extraordinaria y rutinaria por semanas epidemiológicas, con eventos de notificación obligatoria. Para ello, se han estructurado salas situacionales que mantienen un registro actualizado de la casuística con canales endémicos, vigilancia de enzootias y epizootias, así como vigilancia por supervisiones periódicas planificadas o en base a contactos provenientes de redes comunitarias.
Con el inicio de las funciones de Centro Nacional de Enlace, en el marco del RSI 2005, se organizó sistemáticamente la detección de eventos que se publican en los medios de comunicación y el sistema de vigilancia reacciona confirmando o descartando la situación.
De igual forma, el CNE-RSI mantiene operativa la vigilancia internacional a través del intercambio de información con numerosas redes formales e informales con autoridades de diversos países.
Simultáneamente, se encuentra en desarrollo la formación de grupos de trabajo para la vigilancia en puntos de entrada (puertos, aeropuerto y pasos fronterizos)
A través de sistema de información en salud se organiza la recolección de datos referidos a factores de riego de las enfermedades crónicas no transmisibles de los consultantes en el primer nivel de atención.
Se planteó al Instituto Nacional de Estadísticas, en coordinación con el Ministe-rio del Poder Popular para la Salud, el desarrollo de la Encuesta Nacional de Salud, que permitirá, entre otros aspectos, conocer la prevalencia de factores de riesgo.
La Ley Orgánica de Salud (publicada en la Gaceta Oficial N° 36.579 de fecha 11-1998), establece en el Capítulo IV De la Contraloría Sanitaria, 32:
“La Contraloría comprende: el registro, análisis, inspección, vigilancia y control sobre los procesos de producción, almacenamiento, comercializa-ción, transporte expendido de bienes de uso y consumo humano y sobre los materiales, equipos, establecimientos e industrias destinadas a actividades relacionadas con la salud”.
El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) es un servicio autóno-mo sin personalidad jurídica, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión. Depende jerárquicamente del Ministro de Salud y tiene por objeto fundamental promover y proteger la salud de la población.
La Contraloría Sanitaria también se encarga a nivel nacional de los hospitales públicos, clínicas privadas, laboratorios, técnicas médicas auxiliares, estéticas, funerarias y consultorios, entre otros.
Asimismo, el Reglamento General de Alimentos, la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria, la Ley de Lactancia Materna, las Normas Complemen-tarias del Reglamento General de Alimentos, las Resoluciones que Regulan los Alimentos (como la Resolución de leche, carne, agua, etc.), las Normas COVENIN de Alimentos y Envases para Alimentos, son parte de la normativa que regula la vigilancia sanitaria.
De igual manera se fundamentan legalmente las acciones de Contraloría Sanitaria: la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad (Gaceta Oficial Nº 37.555 Del 23-10-2002); Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas; Ley de Protección al Consumidor y al Usuario; Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (Gaceta Oficial Nº 3.574 Extraordinario del 21 de junio de 1985); el Arancel de Aduanas (Decreto Nº 989 del 20-L2-1995. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.039 de fecha 9-2-1996.); la Resolución de Alimentos para Regímenes Especiales (Resolución Nº 14.651 de fecha 27 de octubre de 1976); las Normas de Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo Humano (Resolución Nº Sg-457-96. Gaceta Oficial Nº 36.061 de fecha 07 de noviembre de 1996); los Requisitos para el Otorgamiento de Permiso Sanitario para Establecimientos y Vehículos para Alimentos (Resolución No. Sg 403-96. Gaceta Oficial Ext. N° 5097 del 18-9-96); la Caracterización de las Aguas Envasadas y Comercializadas en el País (Resolución conjunta MSDS N° L672, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables No. 116. Gaceta Oficial No 35.277 del 18-8-93); las Normas Venezolanas COVENIN; las normas internacionales (normas del CODEX ALIMENTARIUS, Normas de la FDA, normas de la Comunidad Económica Europea, normas de los Países Andinos, Código Argentino).
Estructura de la vigilancia sanitaria y sus funciones
La vigilancia sanitaria cuenta con una estructura conformada por dos niveles: el nivel nacional y nivel estadal. El nivel central está conformado por el Director General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) y las Direcciones Generales de Higiene de Alimentos, Materiales, Equipos y Establecimientos y Profesionales de Salud y la Dirección General de Drogas, medicamentos y Cosméticos. Igual estructura se mantiene en el nivel regional.
Dentro de las funciones de la vigilancia sanitaria se encuentran la inspección, vigilancia y control sobre los procesos de producción, almacenamiento, comercia-lización, transporte y expendio de bienes de uso y consumo humano y sobre los materiales, equipos, establecimientos e industrias destinadas a actividades relacio-nadas con la salud.
Desarrollo de personal de enfermería y medicina
Al igual que en el resto de los países, existen importantes necesidades de personal de salud, tanto profesional como técnico. Para cubrir las necesidades de profesiona-les de salud en dos áreas específicas, enfermería y médicos integrales comunitarios, el Gobierno Bolivariano puso en marcha nuevas estrategias de formación de estos profesionales orientados a la atención primaria con base comunitaria.
Así, en el marco de las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano, específi-camente de la Misión Sucre (2003), se consolidó un programa de formación de enfermería que incorporó a un gran contingente de bachilleres a la formación como técnicos superiores en enfermería. Esta nueva estrategia de formación de profesiona-les y técnicos acorde a las necesidades del país incluyó la creación de los Programas Nacionales de Formación, programas académicos que se desarrollan simultáneamente en distintas regiones del país bajo la coordinación de varias universidades nacionales que supervisan el desarrollo del programa en una determinada región geográfica.
Los Programas Nacionales de Formación incorporan en el área de salud la formación directamente vinculada a establecimientos de salud de atención pri-maria de Barrio Adentro 1 y 2. En este contexto se creó el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, cuya dirección y supervisión están a cargo de un comité interinstitucional que diseña, apoya y evalúa continuamente su desarrollo: el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Delegación Médica Cubana y las seis universidades participantes.
El programa fue reimpulsado en el año 2005, cuando el presidente Fidel Castro Ruz recibió al presidente Hugo Chávez en el municipio de Sandino de la provincia de Pinar del Río (extremo occidental de Cuba) y se consolidó el “Compromiso de Sandino”, para trabajar conjuntamente en la formación de médicas y médicos para Venezuela y otros países latinoamericanos.
El primer curso premédico se inició en julio del 2005 y el 5 de octubre de ese año comenzó el primer año de la carrera, con una matrícula de 15.403 alumnos. El programa se desarrolla de manera municipalizada, formando a los futuros médicos vinculados a la comunidad y a su lugar de procedencia, en un ejercicio basado en la solidaridad y el humanismo. Los cuatro primeros años las actividades se centran en las asignaturas básicas y en la atención primaria, y se desarrollan en los espacios de atención primaria de salud (Barrio Adentro 1 y 2), bajo la tutoría de las médi-cas y médicos de la Misión Médica cubana en Venezuela. Los dos últimos años se desarrollan en más de 120 hospitales públicos en los que se realizan las pasantías clínicas de las distintas especialidades (medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y otras), bajo la tutoría de médicos venezolanos.
En diciembre de 2011 se graduó la primera promoción de médicos integrales comunitarios compuesta por 8.200 nuevos profesionales, existiendo para esa misma fecha alrededor de 28.000 estudiantes en los distintos años de la carrera, que se suman a los cerca de 22.000 que cursan estudios en las universidades que siguen funcionando bajo el programa tradicional de la carrera. De esta manera, el país ha logrado incrementar en más de 100% la matrícula de estudiantes de medicina, generando además un nuevo perfil formativo centrado en la atención primaria, la promoción de salud y la calidad de vida y vinculación a la comunidad de origen, cualitativamente distinto del programa tradicional de la carrera orientado a la me-dicina curativa, centrada en las subespecialidades y la atención hospitalaria.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud financió en 2011, a través de becas, la formación de postgrado de aproximadamente 3.000 médicos y 500 profe-sionales de la salud no médicos que cursan especialidades en el país, seleccionadas como especialidades prioritarias para las necesidades del país. Este número triplica el número de becas que teníamos en 2008.
El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel participa en el desarrollo de capacidades en virología, vigilancia sanitaria de alimentos, farmacología clínica, bacteriología, epidemiología, bioética y biotecnología en salud mediante cursos de formación y capacitación de postgrado, cursos técnicos, proyectos de investigación y cursos de extensión a través de los cuales se forman profesionales, investigadores y docentes en el área de salud. De los conducentes a grado académico de especiali-zación, específicamente se cuenta con una especialización en control sanitario de medicamentos y una en micología médica
Cabe destacar que, actualmente, esta institución está llevando a cabo la amplia-ción de sus programas de postgrado atendiendo a las necesidades de formación y capacitación de talento humano en algunas de sus áreas especializadas identificadas a nivel institucional, siendo a su vez de interés nacional. Esta ampliación propone como solución la creación y puesta en marcha de nuevos cursos y programas de post-grado, bajo las modalidades de diplomados, especialidades, maestría y doctorados.
Entre los cursos técnicos están programados, para el año 2012, cursos de téc-nicos químico y técnicos en microbiología de medicamentos y alimentos, técnicos en biología molecular y auxiliares de laboratorio.
El ejercicio de los profesionales de la salud está regulado por los códigos deon-tológicos de ejercicio y las leyes del ejercicio en medicina y farmacia, así como en enfermería y bioanálisis (similar la bioquímica en otros países de Latinoamérica).
El Ministerio del Poder Popular para la Salud está encargado de registrar a los profesionales de salud mediante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, según lo establecido en la Ley Orgánica de Salud y en el Reglamento Interno de dicho Ministerio.
Los médicos cirujanos generales en Venezuela son formados en universidades públicas (12 programas) y los médicos integrales comunitarios (un programa nacional con 12 núcleos) en carreras que duran seis años.
La formación de los profesionales en Farmacia, Odontología, Bioanálisis, Nu-trición y Dietética se desarrolla generalmente en universidades públicas.
En cuanto a los licenciados en Tecnología de los Alimentos, hay dos programas de formación en universidades públicas; once escuelas universitarias para la forma-ción de Licenciados en Enfermería, seis para formación de Licenciados en Biología; cinco para formación en Química; dos programas de formación de Licenciados en Fisioterapia con cuatro y cinco años de duración; una universidad pública y cuatro núcleos con formación de licenciados en Gestión en Salud Pública durante cuatro años; cuatro universidades públicas forman Licenciados en Trabajo Social, con cinco años de formación y en una universidad pública se forman Licenciados en Radioterapia, con una duración de la carrera de cuatro años.
Para superar deficiencias en la formación de personal técnico cardiopulmonar, de fisioterapia, electromedicina, cito e histo- tecnología, radiología, radiodiagnóstico y terapia de lenguaje entre otras, trabajan conjuntamente el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y el Ministerio del Poder Popular para la Salud para la creación de programas novedosos de formación.
La formación del personal en el área de la salud es responsabilidad del Estado en las universidades públicas, mediante programas activos a nivel técnico y profesional, quedando muy poca responsabilidad en este sentido en las instituciones privadas.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuenta con direcciones genera-les y organismos adscritos para la planificación y formación de recursos humanos, entre ellos la Dirección General de Investigación y Educación, el Instituto de Altos Estudios y el Instituto Nacional de Higiene.
La Dirección General de Investigación y Educación tiene como objetivo diseñar políticas y estrategias orientadas a la programación y ejecución de planes y progra-mas de formación y capacitación de recursos humanos en los niveles de pregrado, postgrado y permanente, en articulación con los diferentes organismos, ministerios y misiones sociales de salud y de educación. Entre sus metas se incluyen también impulsar y promover investigaciones científicas y tecnológicas orientadas a elevar la calidad de vida de la población y garantizar la sostenibilidad y eficiencia de las redes del SPNS, acorde al Plan de Desarrollo Endógeno a nivel local y regional.
Por tanto, tiene dentro de sus facultades:
Diseñar políticas y estrategias que orienten la docencia y la investigación para el SPNS.
Formular planes y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias con base en las prioridades y estrategias de las políticas y situación de salud del país, con participación de las comunidades debidamente organizadas conforme a la ley.
Coordinar y promover la corresponsabilidad sectorial e intersectorial con univer-sidades, centros de investigación y demás instituciones, nacionales e internacio-nales, competentes para desarrollar planes, programas y proyectos en docencia e investigación en materia de salud.
Coordinar y apoyar la ejecución de planes y proyectos que impulsen el desarrollo de investigaciones y tecnologías en áreas de alta prioridad para el Ministerio de Salud, en concordancia con los órganos y entes competentes.
Fijar los lineamientos y directrices para el diseño y elaboración de los programas de formación en los diferentes niveles y capacitación de recursos humanos en el campo de la salud, centrados en la ética y la pertinencia social.
Acreditar a las diversas instituciones que forman profesionales y técnicos de la salud, de acuerdo con las prioridades establecidas en las políticas del Ministerio de Salud como órgano rector en esta materia.
Elaborar las normas internas y establecer mecanismos de regulación para la certifi-cación y recertificación del ejercicio de los profesionales y técnicos del sector salud.
Elaborar las normas internas y establecer mecanismos de aprobación bioética para la certificación de proyectos de investigación y para la difusión de los productos generados que generen.
El Instituto de Altos Estudios en Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón” tiene como misión la ejecución de políticas integrales de formación de recursos humanos en salud pública a través del diseño y desarrollo de postgrados, educación permanente, investigación, capacitación y asesoría que permitan contribuir en la construcción y consolidación del SPNS, respondiendo a las necesidades sociales prioritarias de la población venezolana.
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” es un ente técnico científi-co adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud acreditado para otorgar títulos académicos, formar profesionales de la salud en estudios de cuarto nivel (especialización) en el área de la vigilancia sanitaria de los medicamentos y del diagnóstico de las enfermedades causadas por los hongos (Micología), así como diversos diplomados y cursos de extensión en temas de impacto en salud pública, como la vigilancia sanitaria de alimentos.
Es posible destacar como experiencia de capacitación innovadora el mencio-nado postgrado en Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, único postgrado en su tipo a nivel nacional e internacional, que permite la formación del profesional de la salud en las diferentes etapas del desarrollo, comercialización, regulación y control del medicamento, fortaleciendo el sistema nacional de vigilancia sanitaria al involucrar a los diferentes profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, médicos veterinarios, farmacéuticos y bioanalistas.
Venezuela no escapa a la problemática internacional de la migración de la fuerza de trabajo, cuyos profesionales suelen migrar hacia sectores que ofrezcan mayores beneficios económicos. El sector empleador busca captar talento humano capacitado por el sector oficial.
Las principales iniciativas nacionales de acción sobre los determinantes sociales es la ejecución de las Misiones, que constituyen programas sociales dirigidos a la educación, la salud, la alimentación y la preparación para el trabajo. Representan unos de los mayores avances que ha desarrollado el Gobierno Bolivariano como garantía de seguridad social para el pueblo venezolano. Los programas sociales que el gobierno nacional ha desplegado para el cumplimiento de las metas del milenio son innegables.
Las Misiones están al servicio de las estrategias y políticas nacionales que abor-dan los determinantes sociales:
Para la superación de la pobreza y atención integral de la población en situa-ción de extrema pobreza y máxima exclusión social se han implementado diversas misiones de acuerdo con los grupos de población atendidos; entre ellas: la Misión Cristo, Misión Identidad, Misión Guaicaipuro, Misión Madres del Barrio, Misión Negra Hipólita, Misión Hijos de Venezuela, Misión Alimentación, Misión Agro-Venezuela y Misión Zamora.
Todas ellas privilegian la prestación de atención integral a niños, niñas y adolescentes; atención integral de adultos y adultas mayores; apoyo integral a la población indígena; promoción del desarrollo humano familiar y socio-laboral; fortalecimientos de la accesibilidad a los alimentos y atención integral a la población con discapacidades.
Con la finalidad de profundizar la atención integral en salud de forma universal, las acciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud se complementan y activan con las Misiones Barrio Adentro I, II, III y IV, la Misión José Gregorio Hernández, la Misión Sonrisa y la Misión Milagro para expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita; reducir la mortalidad materno-infantil y en niños menores de cinco años; fortalecer la prevención y el control de enfermeda-des; propiciar la seguridad y soberanía farmacéutica; incrementar la prevención de accidentes y de hechos violentos y optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la rehabilitación de la población afectada.
Garantizar el acceso a una vivienda digna constituye una política privilegiada en el Gobierno Revolucionario orientada a garantizar la tenencia de la tierra, promover el acceso a los servicios básicos, promover mayor acceso al crédito habitacional y fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la construcción de vivien-das. En esta estrategia, los diversos ministerios del poder popular se coordinan con las actividades de la Misión Hábitat, la Misión Villa Nueva y la Misión Vivienda Venezuela.
La Misión Robinson I, la Misión Robinson II, la Misión Ribas y la Misión Sucre se crearon para profundizar la universalización de la educación bolivariana y, en consecuencia, se reimpulsaron las acciones de extensión de cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las poblaciones excluidas; ga-rantía de permanencia y prosecución en el sistema educativo; fortalecimiento de la educación ambiental, la identidad cultural, la promoción de la salud y la participa-ción comunitaria; ampliación de la infraestructura y la dotación escolar y deportiva; adecuación del sistema educativo al modelo productivo socialista; fortalecimiento e incentivación de la investigación en el proceso educativo; incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso educativo; desarrollo de la educación intercultural bilingüe y garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia.
La Misión Cultura, la Misión Música y la Misión Ciencia están orientadas a masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional, latinoamericana y cari-beña y avanzar en la salvaguarda y socialización del patrimonio cultural. También buscan la inserción del movimiento cultural en los distintos espacios sociales; la promoción del potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifesta-ciones del arte y el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo y el fomento de la actualización permanente de nuestro pueblo en el entendimiento del mundo contemporáneo.
Otro aspecto a destacar en el avance de la intervención de los determinantes sociales es la garantía de seguridad social universal y solidaria y mecanismos ins-titucionales del mercado de trabajo, entre ellos las prestaciones básicas universales y el apoyo de la organización y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
La Misión Árbol y la Misión Revolución Energética están orientadas a garanti-zar la administración de la biósfera para producir beneficios sustentables y, en ese sentido, dirigen sus esfuerzos a incentivar un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentables; fomentar la gestión integral de los residuos, sustan-cias y desechos sólidos y peligrosos; garantizar la conservación y uso sustentable del recurso hídrico; propiciar la recuperación de áreas naturales y ordenar y reglamentar el uso de las áreas bajo régimen de administración especial.
La Misión 13 de Abril y la Misión Che Guevara fomentan la participación organizada del pueblo en la planificación de la producción y la socialización equi-tativa de los excedentes mediante el incremento de la participación de los Consejos Comunales en la planificación y control de la economía; el establecimiento de mecanismos administrativos y de control para la socialización de excedentes y el apoyo al equilibrio entre productores, el Poder Popular y el Estado en la planificación, la gestión económica y la distribución de excedentes.
Venezuela ha alcanzado seis de las metas propuestas en los Objetivos del Milenio gracias a la ejecución de políticas sociales como las Misiones, que con base en la Constitución, han permitido mejorar los niveles de inclusión y equidad en el país.
Las Misiones socialistas, han sido las protagonistas para la consecución de las metas del milenio, sumadas a las estrategias del Gobierno Nacional para alcanzar la inclusión social en forma masiva, acelerada y sostenida.
Menos pobres y mejor calidad de vida: La disminución de la pobreza extrema en la población, ha sido el principal logro del Gobierno Nacional. De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 29,8% de los venezolanos se encontraban en pobreza extrema para 2003 y, aunque la meta fijada para 2015 era disminuir esta cifra a 12,5%, Venezuela redujo a 9,4% este indicador para el primer semestre de 2007. Esta reducción se explica, entre otros factores, por el mayor dinamismo del sector económico entre los años 2004 y 2007 debido al crecimiento de la economía, después de superar los estragos ocasionados por el golpe de Estado de abril de 2002 y los paros petrolero-empresariales de 2003; el crecimien-to sostenido de la economía, que ha permitido más oportunidades de empleo (la tasa de desocupación bajó a 7,1%, ha impactado favorablemente el ingreso de los hogares venezolanos y otro de los factores que ha impactado de manera positiva es la implementación de la Misión Alimentación, que avanza hacia el cumplimiento de la meta “hambre cero” antes de 2015, mediante programas que garantizan 100% de los alimentos en los sectores más vulnerables de la población.
Los resultados alcanzados en la equidad de género en la educación reflejan que en el país la presencia de las mujeres en la educación universitaria supera a la de los hombres, observando que durante el periodo 1990-1998 se produjo un incremento de 31,25% de alumnas atendidas por el sistema tradicional, mientras que en el periodo 1999-2006, la participación de las mujeres fue de 47,56%.
En relación con las tecnologías para la población, se contabilizan 1.134 Info-centros instalados entre los años 2001 y 2007 para brindar acceso a Internet de forma gratuita a la población, así como 1.957 Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), ubicados en instituciones educativas públicas entre 2000 y 2008. Esto pone en evidencia un incremento sostenido en el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Para ampliar estas posibili-dades y mantener activa la promoción de la Asociación Global para el Desarrollo, el Ejecutivo Nacional creó la Misión Ciencia como otra vía hacia la independencia científico-tecnológica, para garantizar la seguridad y soberanía de la Nación.
Otro avance de Venezuela en el logro de las metas del milenio se refiere al de agua potable para todos. Entre 1990 y 2007 se incrementó de 68 a 92% el porcentaje de personas con acceso sostenible al agua potable, cuando la meta era llevar esta cifra a 84% para 2015. Esto significa que más de veinticuatro millones de habitantes disfrutan en la actualidad de este beneficio en todas las entidades federales del país.
El compromiso del Estado por garantizar la educación obligatoria y gratuita se expresa en los avances hacia la universalización de la educación primaria y en la erradicación del analfabetismo en el país, esta última lograda en el año 2005 con la Misión Robinson. La tasa neta de escolaridad en Educación Básica creció de 84,7% en el período 1999-2000 a 93,6 en el período 2006-2007, lo cual se tradujo en la incorporación al sistema educativo de 684.782 niños y niñas. En cuanto a los niveles de Educación Media, Diversificada y Profesional, se aprecian cambios importantes: la tasa nacional en el período 1998-1999 era de 21,6% y ascendió en 2006-2007 a 35,9%.
Al abordar el tema de menos exclusión y más salud se destacan los resultados observados en el acceso de personas a la red de servicios de salud gratuitos, el acceso a medicamentos y control de enfermedades infecciosas. La mortalidad de niños menores de cinco años tiene como meta 8,6 por cada mil nacidos vivos, registrados para 2015. Venezuela está en camino de alcanzar esta meta. En lo que respecta a la mortalidad en niños menores de un año, entre 1990 y 2008 disminuyó en 11,78 puntos, lo que representa un descenso de 45,72% (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Tendencia quinquenal de mortalidad infantil, Venezuela, 1940-2009
Fuente: Muertes: Anuarios de Mortalidad Años 1940-2009. Dirección de Información y Estadísticas de Salud (MPPS). * Riesgo promedio quinquenal del número de muertes en menores de un año por mil nacidos vivos.
En cuanto al compromiso con el ambiente, mencionamos la reducción significativa de la pérdida de los recursos ambientales. Actualmente, el país cuenta con un sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que abarca más de 60 millones de hectáreas, lo que equivale a 72,77% del territorio nacional. El reconocimiento de estos espacios contribuye a garantizar la conser-vación de su diversidad biológica. Como parte de las estrategias para asegurar la sostenibilidad ambiental, surgió la Misión Árbol, cuyo propósito es disminuir la tasa de pérdida interanual de cobertura boscosa. Para ello, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente estableció un mayor control en el uso de los bosques y de los incendios forestales. A esta iniciativa se suma la Misión Revolución Ener-gética, que ha permitido la sustitución de bombillos en residencias, instituciones públicas y comercios por “ahorradores”, que consumen 80% menos energía que los incandescentes.
Para el año 2009, la desigualdad de la distribución del ingreso alcanzó un indi-cador de 0,3928 (Coeficiente de Gini), lo que coloca a Venezuela con la cifra más baja de América Latina durante el período del Gobierno Bolivariano.
Se obtuvo una notable disminución en el porcentaje de personas que padecen hambre, así como en el de menores de cinco años con déficit nutricional global. Así, el país cumplirá con esta meta antes del año 2015. En los menores de cinco años, la prevalencia del déficit del peso para la edad llega en 2008 a sus niveles más bajos, disminuyendo a la mitad el porcentaje de menores de cinco años con bajo peso. El índice de subnutrición logra una reducción en 45,5% para 2007 con respecto a la cifra de 1990, al pasar de 11%, en 1990, a 6%. Las disponibilidades calóricas/persona/día registraron un aumento sostenido a partir de 2003, mientras que para 1990 el porcentaje de personas subnutridas fue de 11%, cifra que incluso llegó a 21% en 1998.
El Gobierno incrementó parte del producto interno bruto en educación: en el año 2000 lo llevó a 5,4%, y a 6,3% en 2008. Creó las misiones educativas como programas alternativos a la educación formal destinados a la población que no pudo finalizar sus estudios.
Venezuela alcanzará la universalización de la educación primaria antes del año 2015. En cuanto a la meta erradicación del analfabetismo de la población juvenil, esta ya fue alcanzada en nuestro país. Aumenta el porcentaje de alumnos que cul-minan el sexto grado, al pasar de 70% (período 1994-1995 a 1999-2000) a 84 % (período 2003-2004/2008-2009).
Para la medición del avance en la educación primaria también se toma en cuenta la repitencia y, en Venezuela, este indicador a lo largo de los años escolares desde 1990-1991 hasta 2007-2008 presentó una disminución general de 11% a 3,5%.
En cuanto a la deserción escolar, ésta ha venido disminuyendo de manera signi-ficativa. Para el período 1980-1981 se ubicaba en 7%; en 2007-2008 se redujo a 1,7%.
Un paso importante, considerando la magnitud de la participación de las mu-jeres en el país, fue la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y de otras organizaciones adscritas, como el Instituto Nacional de la Mujer y el Banco de Desarrollo de la Mujer. Dicho Ministerio funciona en las 24 entidades del país, permitiendo a las mujeres realizar propuestas y discutir en colectivo sus necesidades.
En cuanto a la educación superior, la proporción de la participación de la mujer se ha invertido desde 2001 a su favor. Para 1994, la participación de mujeres en ese sector era de 0,99, mientras que para 2009 aumentó a 1,46. Por otro lado, en Venezuela, el logro obtenido en la igualdad de género en la fuerza de trabajo es evidente, pues cada vez más mujeres de 15 años y más son ocupadas y remuneradas en el sector no agrícola. Se evidencia una mayor participación de la mujer en la actividad económica y su importante contribución en el proceso productivo.
Venezuela firmó el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), pero ha elevado su voz en hacer notar que los medicamentos e insumos para el cuidado de la salud no son ni deben considerarse mercancías o productos comunes, pues si bien se comercializan, son elementos esenciales para restablecer o mantener la salud, por ende, un derecho humano.
Enfatizando que los insumos para la salud no cumplen con algunos supuestos del libre comercio, pues su prescripción y uso en pacientes (no necesariamente completamente documentados o con conocimiento) reposa en la responsabilidad ética del médico prescriptor. Además, el derecho de explotación única que confiere la patente y el poder comercial de los medicamentos de marca ha generado dilemas éticos, como los presentados con los medicamentos antirretrovirales y algunos an-tibióticos que, sin duda alguna, hacen tener posiciones encontradas con este tema en el área de salud.
No hay duda que los acuerdos ADPIC han otorgado una protección excesiva a las grandes empresas farmacéuticas innovadoras, limitando el acceso a los medica-mentos y a los insumos de salud en poblaciones de menores ingresos.
Un logro importante relacionado con inmunización fue la construcción de una planta nacional productora de vacunas en las adyacencias del edificio sede del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Esta planta está concebida para ser una de las más modernas de América Latina y del mundo, construida para el manejo integral de la producción, contando para estos efectos con laboratorios para producción de antígenos, formulación, mezcla, llenado y embalaje de vacunas, un laboratorio para el control microbiológico, biológico y fisicoquímico de las vacunas y un centro de producción de biomodelos. Todas estas áreas poseen instalaciones modernas que cumplen con los estándares internacionales de calidad y los criterios de las buenas prácticas de manufactura y donde los principios técnicos y estructurales establecidos en los diferentes proyectos han sido avalados por expertos internacionales a los fines de obtener la certificación internacional como país productor y el libre acceso a los mercados internacionales.
La nueva planta constituye un contundente aporte a la salud del pueblo venezolano. Está diseñada para la producción integral de la vacuna DPT, que inmuniza contra difteria, tos ferina y tétanos, considerada internacionalmente como la base para la incorporación de otros antígenos para la obtención de otras vacunas com-binadas, como las vacunas tetravalente (DPT + hepatitis B), pentavalente (DPT, hepatitis B+ Haemophilus influenzae), entre otras, que actualmente se importan. Estas producciones están en fase experimental de desarrollo en el marco del Convenio Cuba-Venezuela.
En referencia a la política de medicamentos, se aprobó en el año 2000 la Ley de Medicamentos, que establece las pautas para garantizar el acceso a los medicamentos a toda la población, la regulación de precios y la prevalencia en el uso de medica-mentos esenciales y genéricos. Además, dictamina que el trámite de autorización de Registro Sanitario para los medicamentos esenciales en su denominación genérica quedará exonerado del pago correspondiente de las tarifas prefijadas por derecho a evaluación del expediente y de análisis por concepto de Registro Sanitario.
El Estado suministra de manera gratuita los medicamentos a través del Sistema Público Nacional de Salud, tanto los medicamentos de la Lista Básica de Medicamentos Esenciales como los de alto costo (incluyendo antirretrovirales, quimioterapia oncológica, medicamentos para pacientes trasplantados y medicamentos especiales para otras enfermedades), y orienta sus políticas de importación de medicamentos y otros insumos para la salud a través de convenios binacionales (Cuba, Argentina, China, Portugal y otros) y de instalación de fábricas de medicamentos en Venezuela hacia los medicamentos genéricos de la Lista Básica Nacional de Medicamentos Esenciales.
A finales de 2011 se aprobó la Ley de Costos y Precios Justos que establecerá la regulación de los precios de la mayoría de los medicamentos en 2012. Actualmente están bajo regulación parte de los medicamentos esenciales y el Estado mantiene políticas de exoneración de impuestos y de priorización para la asignación de divisas hacia los insumos para la salud.
El Programa Ampliado de inmunizaciones en Venezuela tiene una prioridad alta para el Gobierno Bolivariano. Por esta razón, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos en incorporar más vacunas al esquema de inmunizaciones y ampliar la protección para todo el grupo familiar.
Capacidades productivas nacionales
El marco de los convenios internacionales para fábricas de medicamentos efectuados entre Venezuela y países como Cuba, China, Portugal y Colombia, ha permitido el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. En este sentido, se ha logrado en el período 2010-2011: la reactivación de la fábrica de me-dicamentos genéricos PROULA en Lagunillas, Estado Mérida (Ficha de Convenio Cuba-Venezuela, julio de 2011); la construcción de un complejo industrial farmacéu-tico (5 fábricas) en Yare, Estado Miranda (Unión económica. Empresa Mixta. Oc-tubre 2010); la planta productora de fluidoterápicos en Guacara, Estado Carabobo (Contrato Convenio China-Venezuela, junio de 2011), construcción de dos fábricas de antibióticos (cefalosporinas y penicilínicos) en Barcelona, Estado Anzoátegui (Contrato de Transferencia Tecnológica, noviembre 2011) y la construcción de dos fábricas de antibióticos (carbapenem y liofilizados) en Guacara, Estado Carabobo (Contrato de Transferencia Tecnológica, empresa mixta, noviembre de 2011).
Además, se cuenta con una planta nacional de procesamiento de plasma humano, QIMBIOTEC, que permite la obtención de hemoderivados de elevada calidad y se encuentra en fase de desarrollo clínico la producción de medicamentos biotecnológicos, como filgrastim y eritropoyetina, entre otros.
Las políticas y estrategias que orientan la docencia y la investigación para el SPNS son diseñadas por la Dirección General de Investigación y Educación del Ministerio de Salud.
El Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con patrimo-nio propio, autonomía presupuestaria, financiera, administrativa y de gestión, que depende directamente del Ministro del Poder Popular para la Salud.
Tiene como objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias, para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnologías y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas, así como para la formación de recursos humanos, bajo los prin-cipios de universalidad, equidad, solidaridad y respecto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente de las poblaciones indígenas.
Varios institutos, que forman parte de la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular para la Salud, desarrollan programas de investigación:
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de referencia nacional para prevención y vigilancia sanitaria, es responsable de administrar las políticas, planes y líneas estratégicas en las competencias de control sanitario de productos de uso y con-sumo humano, diagnóstico y vigilancia epidemiológica en áreas de bacteriología, virología y micología, producción de biológicos, docencia e investigación aplicada, cónsono con las políticas de salud del Estado Venezolano.
Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodrí-guez Ochoa. Hospital inaugurado en el año 2006 que acumula a la fecha aten-ciones a más de 5.500 niñas y niños venezolanos y 76 de otros países (Gambia, Bolivia, Ecuador y otros), que obtuvieron atención gratuita y de óptima calidad en las áreas de cirugía cardiovascular pediátrica, cardiología intervencionista, electrofisiología y marcapasos, pasando de realizar 141 intervenciones cardio-vasculares pediátricas anuales en hospitales públicos en el país a realizar más de 1.100 anuales (más de 500 cirugías anuales) en este único hospital, que se suman a otras 600 en los otros hospitales públicos venezolanos, totalmente gratuitas. Estas cifras lo colocan en los primeros lugares de Latinoamérica y el mundo. Además, el hospital constituye el principal centro de formación del país en sus áreas de trabajo, recibiendo a médicos becados por el Gobierno Bolivariano (de Honduras, Nicaragua, Colombia) que han tenido oportunidad de formarse en el área de cardiología infantil, medicina crítica pediátrica y cirugía de cardiopatías congénitas en nuestro país. El hospital ha publicado cinco libros, entre 2006 y 2011, sobre diversos temas relacionados con la salud cardiovascular pediátrica y tiene más de 40 publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad, además de haber sido sede de seis congresos con participación de invitados internacionales. En el hospital funciona el único Banco de Tejidos Cardiovasculares, que permite la criopreservación en nitrógeno líquido de válvulas y segmentos vasculares (homoinjertos) provenientes de donantes cadavéricos para su implantación en pacientes que así lo requieran.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, identificó las líneas estratégicas prioritarias de investigación en salud para generar mecanismos que faciliten la orientación de facilidades para el financiamiento y desarrollo de la investigación en esas áreas. Se busca también, de este modo, orientar los trabajos especiales de investigación de los estudiantes de especialidades médicas hacia estas líneas prioritarias. Sin embargo, falta mucho camino por andar en este ámbito.
La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, adscrita al Despacho del Ministro, asesora, coordina y formula, conjuntamente con el Minis-terio de Relaciones Exteriores, la elaboración de políticas, acuerdos y convenios en materia de salud con la comunidad de países y organismos internacionales.
En el marco de la cooperación, algunas iniciativas se destacan como potenciales ofertas de experticia.
En el área de salud cardiovascular pediátrica, en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, se puede mencionar la acción dirigida a médicos en las especialidades de cardiología infantil, cirugía cardiovascular pediátrica, anestesia cardiovascular pediátrica, medicina crítica pediátrica, tomografía y resonancia magnética cardiovascular y a personal de enfermería en las áreas de medicina crítica pediátrica, hemoterapia, perfusión (circulación extracorpórea).
Igualmente es posible destacar la formación de profesionales de la salud en estudios de cuarto nivel (especialización) en el área de la vigilancia sanitaria de los medicamentos y del diagnóstico de las enfermedades causadas por los hongos (Mi-cología), así como diversos diplomados y cursos de extensión en temas de impacto en salud pública, como la vigilancia sanitaria de alimentos en el Instituto Nacional de Higiene. El postgrado de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, constituye el único postgrado en su tipo a nivel nacional e internacional, que permite la formación del profesional de la salud en las diferentes etapas del desarrollo, comercialización, regulación y control del medicamento, fortaleciendo el sistema nacional de vigilan-cia sanitaria al involucrar a los diferentes profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, médicos veterinarios, farmacéuticos y bioanalistas.