Source: https://www.scribd.com/document/183236520/Acuerdo-No-10-Manual-Deontologico-y-Bioetico-Del-Psicologo-Marzo-15-2012
Timestamp: 2018-09-20 23:02:37
Document Index: 370801538

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 2', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 31', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 52', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95']

Acuerdo No 10 Manual Deontologico y Bioetico Del P...
Guía Ética Séptimo Grado
Mares Editorial El Norte
Procesal expedido por el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología para el trámite de las mismas. ACUERDA Acoger el presente Manual Deontológico y Bioético del psicólogo, tercera versión. SECCIÓN PRELIMINAR
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL MANUAL
El usuario del Manual debe tener en cuenta que según nuestro ordenamiento jurídico, sólo son faltas las conductas que violen los deberes que la Constitución o la ley establecen para el ejercicio de la profesión de Psicólogo, o los derechos de los usuarios de sus servicios. Por lo anterior el Manual está organizado a partir de los derechos y los deberes cuya violación puede dar lugar a la comisión de faltas éticas. A continuación de cada derecho o deber se agrupan las conductas que implican violación a ellos, unas señaladas directamente por la ley, y otras por las doctrinas aprobadas por los Tribunales Deontológicos de Psicología. Todas estas conductas sólo tienen el carácter de ejemplos, pues pueden darse otras conductas que también violen esos derechos o deberes; son, por tanto, simples ejemplos, que orientan al Psicólogo/Magistrado en el proceso de ubicar la conducta que está valorando o juzgando. Como sólo es falta la conducta que viole el derecho o el deber establecido por la Constitución o la ley, el Psicólogo/Magistrado tiene que partir de ellas para ubicar la conducta en estudio. Si la conducta está definida como falta por la ley, esta decisión basta para tenerla como tal; pero cuando la conducta es meramente doctrinal, el Psicólogo/Magistrado tiene que realizar un juicio lógico que permita definir el derecho o el deber que ha sido violado con ella. Este mismo razonamiento lógico se tiene que realizar cuando la conducta estudiada no está en el Manual, pero el Psicólogo/Magistrado considera que viola un determinado derecho o deber. Puede darse el caso de que una misma conducta viole varios derechos y deberes, lo que se denomina “concurso formal de faltas”. En estos casos ambos tipos de faltas deben valorarse o juzgarse conjuntamente y tendrán incidencia en la severidad de la sanción que se vaya a imponer. El Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo es un referente útil, tanto para el psicólogo en su ejercicio profesional, como para los Magistrados de los Tribunales Deontológicos de Psicología.
Los lectores de este Manual están invitados a remitir sus observaciones al mismo al Tribunal Nacional a través de la Dirección Ejecutiva de Tribunales (direjecutiva.tribunales@colpsic.org.co).
I. EL OBJETO DEL DERECHO ÉTICO.
El principio fundamental que orienta el derecho sancionatorio es que toda falta debe estar previa y legalmente establecida, tal como lo enuncia el artículo 6º de la Constitución Nacional: “Los ciudadanos sólo son responsables ante las autoridades por violaciones a la Constitución o la Ley”. Este principio opera tanto en el Derecho Penal como en el Ético, pero con diferencias sustanciales. En el campo del Derecho Penal el delito es una creación legal cuyos elementos, tanto objetivos como subjetivos, son definidos de manera abstracta y dándoseles el contenido jurídico que en el sentir de los juristas deben tener. La labor del juez es la de cotejar la realidad empírica contra dicho contenido, elemento por elemento, para ver si ésta cabe o no dentro de él, a fin de poder decidir si la conducta es o no delictuosa y, en caso de serlo, de qué tipo de delito se trata. Este es el proceso de tipificación de la conducta, dentro del cual se realiza el postulado de legalidad de las faltas en dicho Derecho. En el Derecho Penal la Tipicidad es un mecanismo para proteger la libertad del procesado. Por eso para que se imponga una sanción penal se requiere que el sujeto activo3 realice la conducta específica que la ley prevé para alcanzar este objetivo. La conducta debe ser, por tanto, además de antijurídica, típica. Como dice Reyes: Estas dos normas (se refiere a los artículos 23 y 26 de la Constitución Nacional4) conforman, pues, el sistema político que permite garantizar la libertad y la seguridad individuales; allí se establecen los principios y se imponen los diques que han de servir de defensa al individuo contra los ímpetus de la autoridad, o las mallas que, a guisa de procedimiento legal, suelen urdirse con la apariencia de medios que amparan la defensa, pero que dejan al individuo a merced del juzgador, sin prueba confrontada, sin armas contra el testigo apasionado o perjuro, sin voz de vindicación, y víctima en ocasiones de la delación embustera y perversa
En el derecho penal se identifica un actor del acto punible que recibe el nombre de sujeto activo, siendo el sujeto pasivo la persona en quien recae la acción delincuencial. 4 Se refiere a la Constitución Nacional de 1886. En la constitución actual, estos derechos están consagrados en el artículo 29.
de un enemigo. 5 Por el contrario, en el Derecho Ético todas las conductas que violen los deberes que la ley establece para el ejercicio profesional, o los derechos que define para sus usuarios, cualquiera sea su tipificación, salvo las que ella misma excluye de dicha responsabilidad, constituyen faltas éticas. En este Derecho el principio de legalidad sólo requiere establecer la antijuridicidad de la falta, es decir, si es violatoria de deberes o derechos establecidos por la ley, sin necesidad de adentrarse en la tipicidad de la misma. El delito es una figura jurídica creada racionalmente por el legislador tomando de la realidad social algunos elementos objetivos y subjetivos, definiéndolos al interior de una específica concepción jurídica; la falta de cualquiera de ellos le quita el carácter delictuoso a la conducta. Por ejemplo, el hurto “es el apoderamiento de un bien mueble, ajeno, con ánimo de apropiárselo”. Por “apoderamiento” debe entenderse la incorporación del bien al patrimonio de quien se apropia de él, pudiendo usar, gozar y disponer de él a su libre arbitrio; por “bien mueble” los que son transportables de un lugar a otro; “ajeno”, que estaba bajo el dominio de otro, y “con ánimo de apropiárselo”, que corresponde a la naturaleza dolosa que tiene que tener esta conducta delictiva. En el Derecho Ético ocurre lo contrario: el derecho que esta conducta protege, el de la propiedad, puede ser violado de mil maneras diferentes, sea por dolo, culpa o preterintencional6, y dentro de cualquiera modalidad, constituyendo todas ellas faltas éticas, sin que sean necesariamente conductas delictivas. Un ejemplo de ello es la no observancia del Secreto Profesional, el cual no está tipificado en la ley colombiana, Código Penal, como delito, pero sí constituye una falta a la ética profesional de quien lo viola. Sin embargo, todos los delitos cometidos por un psicólogo sin importar a que título los haga, si los desarrolla en ejercicio de su profesión, serán faltas éticas. En ese sentido, frente a las conductas sancionables de los psicólogos no es necesario demostrar el dolo, la culpa o la preterintención; sólo basta que la conducta se haya cometido, recordando que el psicólogo, como todo profesional, debe responder también por la omisión. El psicólogo, por el sólo hecho de serlo y en función de su profesión, tiene una serie de derechos y obligaciones de estricto cumplimiento. El dolo, la culpa o la preterintención sólo se tendrán en cuenta para aplicar la sanción ética la cual no excluye las acciones a que hubiere lugar en la jurisdicción ordinaria. Pero hay que recordar claramente que nuestro ordenamiento jurídico sólo sanciona como faltas las que vulneran los derechos o los deberes establecidos para el ejercicio
Reyes-Echandía, Alfonso. Opus. Cit., pág. 328. Por dolo se entiende toda conducta punible hecha con la intención de hacerla y con la conciencia de que dicha conducta es reprochable (criminal): el sujeto sabe que ese bien no es suyo y sin embargo se lo apropia. Por culpa se entiende la conducta sin intención de dañar, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia del actor activo: el conductor que por imprudente, conduciendo el vehículo le causa la muerte a otra persona (homicidio culposo), y la conducta preterintencional es la que va más allá de la intención del sujeto activo: el sujeto activo que solo quería darle un golpe al sujeto pasivo, pero éste al caer se golpea la cabeza y muere (homicidio preterintencional).
de la profesión, razón por la cual el Manual se construyó precisamente a partir de ellos, agrupando a su alrededor las conductas que implican su violación, unas señaladas directamente por la ley, y otras por la doctrina elaborada en los talleres de Magistrados. Todas estas conductas sólo tienen el carácter de ejemplos, pues pueden darse otras conductas que también vulneren esos derechos o deberes; son, por tanto, simples ejemplos, que orientan al Magistrado en su labor jurisdiccional, en el proceso de ubicar la conducta que está juzgando con relación a ellos. En consecuencia, en el análisis de la conducta para determinar si es o no constitutiva de falta a la ética, el Magistrado Instructor debe partir de las normas que consagran los derechos y los deberes, y luego hacer el análisis lógico que le permita saber si la conducta realizada implica violación de tales derechos y deberes: si la conducta está definida como falta por la ley, esta decisión basta para tenerla como tal; pero cuando la conducta es sancionable a partir del ejercicio doctrinal, el Magistrado Instructor debe realizar un juicio lógico que le permita definir el derecho o el deber que ha sido violado. Este mismo razonamiento lógico se tiene que realizar cuando la conducta estudiada no está en el Manual, pero el Magistrado Instructor considera que viola un determinado derecho o deber. Puede darse el caso de que una misma conducta viole varios derechos y deberes, lo que se denomina “concurso formal de faltas”. Por ejemplo, un psicólogo puede cometer dos faltas éticas al divulgar una desviación sexual que conoció por información de su consultante, afectando a la vez la reserva al secreto profesional, y el honor de éste. También puede ocurrir que con la misma acción se viole el derecho de varias personas, lo que se denomina “concurso material”, como sería el caso de una psicóloga, que en ejercicio de sus funciones y de su rol como tal, impusiera como regla que el niño que llegue tarde al colegio deberá dedicarse al aseo de los baños, lesionando con ello la dignidad de todos los afectados con dicha medida, como pudieran ser también los padres del niño, entre otros. Ambos tipos de concursos deben juzgarse conjuntamente, pero tendrán incidencia en la mayor severidad de la sanción que se vaya a imponer.
II. EL CONTENIDO SOCIOLÓGICO DEL DERECHO ÉTICO.
Tanto en las concepciones Iusnaturalista como en las del Positivismo Jurídico, el objeto del Derecho son las normas: en las primeras consideradas como principios absolutos y universales a los cuales tiene que ajustarse necesariamente los ciudadanos, y que están inclusive por encima de la norma legal, mientras que en las segundas constituyen mandatos imperativos de quien detenta el poder, cuyo contenido tiene que ser respetado por el juez que lo debe aplicar, sin poder hacer ningún juicio ético sobre la misma. En estas Escuelas el proceso hermenéutico para desentrañar el contenido de las normas se desenvuelve al interior de la concepción filosófica que informa el principio universal, o de la filosofía política que quieran implantar los que construyen el Derecho, según el caso.
En la concepción sociológica del Derecho el proceso es muy distinto, porque en él se trata de “comprender” una conducta humana a partir de los fines que con él se persiguen, y teniendo en cuenta las condiciones subjetivas y objetivas que condicionan su realización. A partir de esta “comprensión” se debe establecer si dich a conducta viola o no un derecho o un deber establecido para el profesional, y de qué manera, pues no se trata de imponer una sanción por la falta cometida, sino la de orientar el ejercicio de la profesión hacia los fines éticos que la comunidad busca realizar. Para ello se ha decidido adoptar como principio básico orientador de su labor aquél que privilegia la coherencia entre los valores contextuados y las actuaciones profesionales en cada situación particular, más que los juicios a partir de principios universales y absolutos. Concordamos en este punto con la Corte Constitucional, que en Sentencia 1064 de 2001 dice: 5.1.2.3 Ningún derecho constitucional es absoluto. (…) La Constitución no es un invento artificioso sino un pacto político fundamental concebido a partir de nuestra realidad y adoptado por una Asamblea Constituyente popularmente elegida y pluralista y acordada para orientar la atención que las autoridades brinden a los problemas concretos de los colombianos. Por su origen y su función, la interpretación de la Constitución ha de ser vivificante para que sus mandatos efectivamente se cumplan y para que su significado responda a las realidades nacionales. Por eso, el artículo 2° de la Carta dispone que el Estado, del cual forma obviamente parte la Corte Constitucional, tiene como uno de sus fines esenciales ‘garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Por ello, este trabajo es una aproximación a la problemática ética de nuestra profesión, la cual esperamos que se enriquezca con la experiencia de todos los psicólogos del país. Igualmente, es posible que en las sentencias que dicte tanto el Tribunal Nacional como los Tribunales Departamentales, algunos de los postulados aquí expresados puedan tener modificaciones, no sólo porque dichos postulados se deben adecuar al caso concreto en el que se esté resolviendo, sino también porque la realidad social cambia con el transcurso del tiempo. Queremos para nuestra profesión una orientación ética que marche acompasada con los cambios histórico-sociales, sensible a las especificidades culturales y acorde con los avances científicos. Una orientación ética viva y vivificante.
El ejercicio de la profesión de la Psicología debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines que propendan a enaltecer la profesión; por lo tanto, los psicólogos están obligados a ajustar sus actuaciones profesionales a las disposiciones éticas y deontológicas, así como a las diferentes normas consagradas en la Constitución
Nacional, en la Ley 1090 de 2006, en el presente Estatuto Deontológico y Bioético y demás normas concordantes. De conformidad con los planteamientos anteriores y en concordancia con la Ley 1090 de 2006, en especial con lo establecido en su artículo 13, son principios rectores que guían el presente Estatuto Deontológico y Bioético, y están destinados a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la Psicología, los siguientes: a. Autonomía Éste es un principio rector de la actividad profesional en psicología, compartido por notables tradiciones éticas y deontológicas7. Frecuentemente se encuentra incluido dentro de principios enunciados como el respeto a las personas y su dignidad8. Algunos aspectos de la Autonomía como principio universal fueron articulados dentro del principio del Bienestar del Usuario en la Ley 1090 de 2006: “Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación” (Art. 2, ordinal 6) La Ley 1164, artículo 35, en su parte pertinente señala “[…] Las decisiones personales, siempre que no afecten desfavorablemente a sí mismo y a los demás, deberán ser respetadas. El afectado en lo referente a este principio o, de no poderlo hacer, su representante legal, es quien debe autónomamente decidir sobre la conveniencia o no, y oportunidad de actos que atañen principalmente a los intereses y derechos del afectado”. b. De beneficencia Este principio reclama al profesional asegurar y mantener altos estándares de competencia en su trabajo para garantizar que sus intervenciones ofrezcan el mayor beneficio posible a su consultante. Esto en correspondencia con el artículo 2 de la Ley 1090 de 2006 que trata de los Principios Generales, destacándose la competencia profesional encaminada el Bienestar del Usuario. Por lo anterior, el psicólogo debe
7 Se menciona en el Código de Nüremberg. El reporte Belmont lo coloca al centro de la defensa del derecho de los clientes para decidir sobre los procedimientos que le son sugeridos por el personal sanitario, incluyendo sus exigencias dentro del principio de Respeto a las personas. 8 El Código de la APA lo incluye dentro de Respeto a las Personas y su Dignidad; el BPS dentro de Respeto e Integridad; el CCA lo asocia a fidelidad; el Meta-Código Europeo dentro del Respeto por los derechos de las personas y su dignidad.
reconocer los límites de sus competencias y experticia 9. Los psicólogos en formación, o aquéllos que consideren en su juicio profesional que lo requieran, deben garantizar mediante la oportuna consulta a profesionales que sus clientes estén protegidos por el adecuado seguimiento de un tercero calificado10. Por otro lado, el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007 indica que el psicólogo debe hacer lo que conviene a cada ser humano respetando sus características particulares, teniendo más cuidado con el más débil o necesitado, y procurando que el beneficio sea más abundante y menos demandante de esfuerzos en términos de riesgos y costos. La cronicidad, gravedad o incurabilidad no constituye motivo para privar de la asistencia proporcionada a ningún ser humano; se debe abogar por que se respeten de modo especial los derechos de quienes pertenecen a grupos vulnerables y quienes estén limitados en el ejercicio de su autonomía. c. No-maleficencia Este principio demanda del psicólogo la activa protección de potenciales efectos nocivos, evitando intervenciones cuya pertinencia o eficacia no comprobada coloque al cliente en situación de riesgo de efectos adversos sin una razón proporcionada11. En ese sentido, el profesional debe interrumpir cualquier intervención o procedimiento ante la evidencia de que los efectos negativos superan los límites considerados por la doctrina del doble efecto, así como la participación en investigación cuando el sujeto hace evidente efectos negativos. En el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007, se establece que “Se deben12 realizar los actos que, aunque no beneficien, puedan evitar daño. La omisión de actos se sancionará cuando desencadena o pone en peligro de una situación lesiva ”. d. Justicia Una amplia tradición en ética aplicada afirma el deber del profesional de garantizar el acceso equitativo a los beneficios de su saber. En este sentido, el psicólogo favorece el adecuado acceso de las contribuciones de la psicología a sus consultantes, de acuerdo a las condiciones específicas de ellos, cuando vigila sus potenciales conflictos de interés y atiende las posibles relaciones duales o confusas.
El Meta Código de la EFPA incluye elementos de Beneficencia en el principio de Competencia. El Código Canadiense y el Código de la APA lo afirman como principio por sí mismo. La Ley 1090 incluye algunos elementos en el principio de Bienestar del Usuario. 10 Muchos códigos profesionales reconocen la beneficencia como una consecuencia de la competencia y por tanto, en ética aplicada disciplinar, la competencia es la primera demanda ética. 11 En el caso de los Códigos Deontológicos, esta situación demanda la consideración de la doctrina ética del doble efecto, cuando una misma intervención conduce tanto a efectos positivos como deletéreos. 12 En la versión del diario oficial se lee: “Se debe realizar los actos que, aunque no beneficien, puedan evitar daño. La omisión de actos se sancionará cuando desencadena o pone en peligro de una situación lesiva”, omitiendo la n de “Se deben”.
En este mismo sentido, se espera del profesional una atenta vigilancia a cualquier posible condonación de prácticas injustas derivadas del uso inadecuado de la información psicológica por parte de terceros, la evitación de perjuicios de cualquier tipo y una activa búsqueda de imparcialidad en su acción. También el profesional debe reconocer sus propias posiciones, creencias y conflictos con el fin de que su trabajo no se vea influenciado de forma indebida por ellos13. Cualquier tipo de discriminación activa en el ejercicio profesional se opone a las demandas de este principio. e. Veracidad Hay notable acuerdo en la exigencia de altos estándares de integridad en los profesionales de psicología. Dentro de esta demanda se enmarcan exigencias relacionadas con la veracidad con la que los profesionales actúan cuando ejercen, enseñan y practican la disciplina. Los psicólogos son veraces cuando exponen sus competencias y formación académica en su quehacer, en la enseñanza e investigación y en la relación con sus clientes. En los casos en los que omitir parte de la información puede ser técnicamente justificable, como puede ocurrir en algunos procesos de intervención o en estrategias específicas de investigación, deben estar particularmente atentos a contener los riesgos que puedan producirse sobre el prestigio de la profesión en general. Del mismo modo, están obligados a clarificar las razones de este procedimiento y comunicar la información adecuada en el menor tiempo permitido por las exigencias técnicas. Este principio está consagrado en el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007, el cual señala: “[el profesional] debe ser coherente con lo que se es, piensa, dice y hace con todas las personas que se relaciona en el ejercicio de su profesión u ocupación”. f. Solidaridad Los profesionales de la psicología no sólo respetan, sino que además promueven el desarrollo de los derechos fundamentales, la dignidad y los valores de las comunidades con las cuales trabajan. Procuran en la medida de sus posibilidades, proveer servicios psicológicos adecuados que atiendan, sin la contraprestación económica o de otra especie como retribución a su labor, a poblaciones particularmente marginales o en situaciones de desigualdad y riesgo 14, cuyas condiciones podrían generar un acceso inequitativo a los beneficios de la ciencia y la profesión. g. Lealtad y fidelidad
En este campo el psicólogo debe estar atento a su representación sobre situaciones y condiciones específicas, habitualmente expresada con el concepto de la “visión de outsider”. Será particularmente atento al hecho que la neutralidad moral en términos prácticos es una ilusión. 14 El código de la APA, por ejemplo, sugiere que los psicólogos inviertan una parte de su tiempo ofreciendo sus servicios por poca o ninguna compensación económica.
La Ley 1090 de 2006 en su artículo 37, reconoce particulares obligaciones de los profesionales de la psicología con sus colegas y los otros profesionales con quienes interactúan en su trabajo profesional: “El ejercicio de la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras profesiones, especialmente las de aquéllos que están más cercanos en sus distintas áreas de actividad. El psicólogo no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajan con sus mismos o diferentes métodos, y hablará con respeto de las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional”. De un modo similar honran los compromisos éticos que se establecen con las instituciones con las cuales sus colegas están vinculados: “El psicólogo cumplirá a cabalidad con los deberes profesionales a que esté obligado en las instituciones en las cuales preste sus servicios, salvo en los casos en que ello comporte la violación de cualesquiera de las disposiciones de la presente ley y demás normas legales vigentes. En esta última eventualidad, así se lo hará saber a su superior jerárquico” (Artículo 42 de la Ley 1090 de 2006).
SECCIÓN PRIMERA FALTAS QUE NACEN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PSICOLÓGICOS
1. DERECHO A LA AUTONOMÍA La autonomía se sustenta esencialmente en el respeto a la capacidad de las personas para su autodeterminación en relación con las opciones individuales de que disponen, siempre y cuando su realización no esté prohibida. Este principio se fundamenta en el reconocimiento de los derechos del otro y en la noción de que una persona es capaz de dar forma y sentido a su vida. Por consiguiente, una persona autónoma es aquélla que toma las decisiones que conciernen a su propia vida, de conformidad con su propia cosmovisión (Vélez y Maya, 2004)15. El respeto por la autonomía de los individuos abarca por lo menos dos consideraciones éticas: a) tratar a las personas como agentes con capacidad de autodeterminación y derecho a decidir entre las opciones personales de que disponen, y b) proteger a las personas con disminución de su autonomía, lo que implica garantizar la integridad física y psicológica de todas aquellas personas que sean vulnerables o dependientes, evitando cualquier intención de daño o abuso por otras partes. Para la Corte Constitucional (Sentencia T-1021 de 2003) cualquier acción destinada a instrumentalizar a la persona, impidiéndole tomar sus propias decisiones, se muestra abiertamente desproporcionada y contraria a los principios contenidos en la Carta
Vélez, L. y Maya, J. (2004). Ética y Salud Pública. Recuperado el 16 de febrero de 2008, de www.lalibreriadelau.com/catalog/archivos_pdf/cib_pdf/salud_publica_tomo_1.pdf
Fundamental. Este derecho del individuo a la autodeterminación toma particular importancia en el campo de la salud, ya que las implicaciones para la vida misma de la persona se constituyen en razones capitales para ejercer su derecho a la autonomía. La protección de la autonomía individual en relación con las decisiones profesionales que afecten el estado físico o psicológico de una persona se logra a través del consentimiento informado. Este medio le da la posibilidad al usuario de “calificar, con base en elementos de juicio suficientes, la bondad del procedimiento al que será sometido y después de una ponderación adecuada de los riesgos existentes, decida libremente sobre la práctica del tratamiento” (Corte Constitucional, Sentencia T-1021 de 2003). La Corte Constitucional ha señalado, en numerosas oportunidades, que en una sociedad fundada en el pluralismo y la dignidad humana, el principio de permiso o de autonomía tiene una prevalencia prima facie sobre los otros principios concurrentes (Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 1999). No obstante, existen situaciones en las que el ejercicio de la autonomía a través del consentimiento informado se ve afectado cuando el usuario carece, temporal o permanentemente, de la capacidad suficiente para decidir sobre el tratamiento o intervención respectiva. En este caso, la jurisprudencia constitucional es clara al considerar como prevalentes los derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la salud, aceptando la legitimidad del consentimiento sustituto en cabeza de las personas responsables de quien no es capaz de decidir por sí mismo (Corte Constitucional, Sentencia T-1021 de 2003). Con base en lo anterior, podríamos afirmar que el psicólogo, en su ejercicio profesional, estaría cometiendo una falta ética contra la autonomía, cuando: a. No reconoce la libertad de la participación que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación o intervención individual o colectiva (Artículo 2, ordinal 6). b. Restringe la libertad de su cliente de abandonar la intervención y acudir a otro psicólogo o profesional (Artículo 22). c. No favorece al máximo la capacidad de decisión bien informada del cliente (Artículo 22). d. No obtiene el previo consentimiento del usuario para la presencia, manifiesta o reservada, de terceras personas, innecesarias para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación (Artículo 31). e. Impide o restringe la libre elección que el usuario haga para solicitar sus servicios o el de otros profesionales (Artículo 36, lit. g). f. Practica intervenciones sin consentimiento informado válido autorizado del usuario, o en casos de menores de edad o dependientes, del consentimiento informado válido del acudiente (Artículo 36, lit. i). g. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas participantes en una investigación, el consentimiento respectivo no se haya obtenido, o sea firmado por ellos mismos o por personas diferentes al representante legal (Artículo 52).
h. No posibilita que el afectado sea quien autónomamente decida sobre la conveniencia o no, y la oportunidad de actos que le incumben (Ley 1164 de 2007, artículo 35).
2. DERECHO A LA BENEFICENCIA Y A LA NO MALEFICENCIA Según el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, “los Psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de los grupos en los cuales trabajan.” Según el numeral 8 de esta misma norma, en el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del usuario. Excepciones al principio de beneficencia consagradas por el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007: De causa de doble efecto: es éticamente aceptable realizar una acción en sí misma buena o indiferente que tenga un efecto bueno y uno malo, sí: a. La acción en sí misma, es decir, sin tener en cuenta las circunstancias, es buena o indiferente. b. La intención es lograr el efecto bueno. c. El efecto bueno se da al menos con igual inmediatez que el malo, no mediante el efecto malo. d. Debe haber una razón urgente para actuar y el bien que se busca debe superar el mal que se permite. No es ético conseguir un bien menor a costa de un mal mayor. e. Si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio, no es ético hacerlo por un medio que implique un efecto malo. Cuando el psicólogo hace parte de un equipo de trabajo, debe comunicar y advertir sobre los posibles efectos negativos de las acciones de intervención de cualquiera de los miembros del equipo (Ley 1090 de 2006, Art. 39). Doctrinalmente se han establecido las siguientes faltas relacionadas con violaciones a los principios de Beneficencia y de No maleficencia: a. No tener en cuenta las consecuencias negativas que pueden derivarse de sus acciones de intervención. b. No realizar un cuidadoso análisis de los dobles efectos, buenos y malos, de sus acciones profesionales, en el ejercicio individual o como parte de un equipo de trabajo. c. Actuar, o permitir que otro profesional de su equipo de trabajo lo haga, sin tener en cuenta los posibles efectos negativos de las acciones.
d. Elegir un curso de acción con doble efecto, existiendo otras alternativas con resultados exclusivamente beneficiosos o con resultados negativos menores. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, al aplicar las excepciones al Principio de Beneficencia, que toda injerencia en la salud de una persona exige el consentimiento informado de ésta, de acuerdo con el derecho de autonomía que le es inherente. Del mal menor: De acuerdo con la Ley 1164 de 2007, artículo 35, esta doctrina está relacionada estrechamente con el derecho a la integridad, de manera tal que en todas circunstancias del ejercicio profesional, se debe evitar la transgresión de este derecho, eligiendo el mal menor “cuando hay que obrar sin dilación y las posibles decisiones puedan generar consecuencias menores graves que las que se derivan de no actuar”. Constituyen violaciones al principio del mal menor: a. Elegir la no intervención con el argumento de que la intervención tiene algunas consecuencias no deseables, sin tener en cuenta a que la no intervención tiene consecuencias peores. b. Omitir el análisis de las consecuencias de las alternativas de intervención psicológica en los términos del mal menor estipulados por la ley. 3. DERECHO A LA DIGNIDAD La Constitución Nacional, en su artículo 1º, establece el respeto a la dignidad como uno de los fundamentos del orden jurídico. La Corte Constitucional en la Sentencia T-556 de 1998, dice al respecto: “La dignidad de la persona se funda en el hecho incontr astable de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se le convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es ‘un fin en sí misma’”. Ejemplo legal: El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico, frente a las nociones que fácilmente degeneren en etiquetas de desvalorización discriminatorias del género, raza, condición social y edad (Ley 1090 de 2006, Art. 17). Ejemplos doctrinales de violaciones al Derecho a la Dignidad: a. No reconocer a la persona como tal. Para muchos la sociedad es, tácitamente hablando, un inmenso “nadie”. Se cosifica a la persona cuando se le trata sin el respeto a la condición de dignidad humana que merece.
b. Tratar a un semejante como “instrumento” útil para la consecución de fines. La esclavitud y la prostitución serían ejemplos extremos de este caso, pero también suele rechazarse la dignidad del sujeto cuando éste es considerado como un mero ejecutor de una función: el productor, el consumidor, el funcionario, entre otros. c. Percibir al otro como un rival, como un obstáculo para los propios fines. d. Hacer del sujeto un objeto de contemplación: un espectáculo, o un objeto de estudio y análisis, sin su consentimiento informado. e. Tratar al otro como un objeto de transformación, desconociendo los procesos de mutua influencia, autonomía y libre albedrío de éste. 4. DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE Los derechos a la honra y al buen nombre están consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política. La Corte Constitucional en la Sentencia SU-056 de 1995, dice: El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observa la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y al calificar aquéllos reconoce su proceder honesto y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar la protección al buen nombre cuando el comportamiento de la persona no le permite a los asociados considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o estimación. Se considera, entonces, que son atentados al buen nombre todas aquellas informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación distorsionan el prestigio social que tiene una persona. 5. DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA EQUIDAD El artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho a la igualdad. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-301 de 2004, desarrolló así este principio: 4.1 El constituyente al consagrar el derecho a la igualdad como garantía fundamental no proscribió de manera definitiva y en abstracto todo trato diferenciado; estableció, por el contrario, una presunción en favor de las condiciones igualitarias, dejando a salvo la posibilidad de justificar adecuada y suficientemente la necesidad de incorporar una diferenciación, dadas ciertas condiciones concretas. En el curso del desarrollo jurisprudencial de este derecho, junto con los avances doctrinarios en dicho campo, han sido establecidos
algunos criterios para determinar en qué casos las distinciones fundadas en ciertos parámetros resultan contrarias a los valores constitucionales. Entre otros, son discriminatorios los términos de comparación cuyo sustento sea el sexo, la raza, el origen social, familiar o nacional, lengua, religión y opinión política o filosófica o, en términos generales, cualquier motivo discriminante que se funde en prejuicios o estereotipos sociales cuya única finalidad sea la exclusión de un grupo de individuos de algunos beneficios. En suma, para determinar si un acto discriminatorio es admisible, debe comprobarse si tiene o no como sostén al menos uno de los criterios proscritos por la jurisprudencia y la doctrina constitucionales y resulta constitucionalmente válido el trato diferenciado. 4.1.1. Al igual que han sido destacados algunos ‘términos sospechosos de comparación’, también se han elaborado algunos supuestos en los cuales el trato diferenciado no sólo es válido, sino constitucionalmente necesario. Lo anterior, en razón a que en contextos en los que gran parte de la población se encuentra privada de sus libertades reales, o de las capacidades mínimas para vivir en sociedad, el Estado debe intervenir para evitar que la imposibilidad de acceder a ciertas esferas fundamentales, discrimine y haga nugatorio el ejercicio efectivo de las libertades constitucionalmente amparadas de determinados grupos poblacionales. Entonces, estos dispositivos de ‘discriminación positiva’ frente a capas históricamente relegadas, cuenta con consagración y amparo superiores. Falta de carácter legal a este Derecho: En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquiera otra diferencia (Ley 1090 de 2006, Art. 16). 6. DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ El artículo 15 de la Constitución Nacional dice que “todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas”, y el artículo 20 del mismo estatuto agrega que “se garantiza a toda persona el derecho a recibir información veraz”. El ejercicio de este derecho es la base fundamental para que los consultantes puedan dar su consentimiento informado. La Ley 1090 de 2006 trae varios casos que deben tomarse como ejemplos de obligaciones profesionales cuya violación genera falta ética: a. No mantener suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito, como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de entrenamiento (Art. 2, ordinal 6). El psicólogo no sólo está obligado a dar la información que se le pida, sino que ésta debe ser veraz, y que no tenga mutilaciones que puedan alterar su contenido.
b. No aclarar la naturaleza y la discrecionalidad de su lealtad y responsabilidad, y no mantener a todas las partes informadas de sus compromisos, cuando se generen conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos (Art. 2, ordinal 6). c. No dar a conocer a los usuarios o sus representantes los resultados de las evaluaciones que le practica, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones derivadas de las evaluaciones técnicas (Art. 2, ordinal 8) d. No comunicar al usuario las intervenciones que practicará, sus efectos favorables o adversos que puedan ocurrir o su evolución, tiempo y alcance (Art. 36, lit. j, y Art. 48). e. Utilizar el recurso de la información incompleta o encubierta en situaciones investigativas. Este mecanismo sólo puede utilizarse cuando se cumplan estos tres requisitos: a) Que el problema a investigar sea importante. b) Que sólo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información. c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación (Art. 51). f. No reconocer el derecho a ser informado, o a sus padres o tutores si fuere incapaz, del hecho de que el informe de evaluación o intervención psicológica va a ser remitido a la autoridad competente (entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante legitimado para ello), que lo solicitó. También tiene derecho el usuario o sus tutores, a enterarse de su contenido, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para él (Art. 25, lit. a). g. No comunicar a la persona objeto de su ejercicio profesional las intervenciones que practicará, el debido sustento de tales intervenciones, los riesgos o efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, su evolución, tiempo y alcance. (Art. 36, lit. j). 7. DERECHO A LA INTIMIDAD El artículo 15 de la Constitución Nacional dispone que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar”. La Corte Constitucional en su Sentencia 386 de 1994, dice sobre la violación de este derecho: La violación de la intimidad requiere del sujeto activo una conducta dirigida a conocer el ámbito oculto de la vida personal o familiar sin que medie autorización que lo permita. El quebrantamiento en esencia ocurre con la invasión abusiva de alguien en la esfera personal y privada de otra, así el propósito no sea el de obtener ventajas o hacer públicas tales situaciones. La simple intromisión constituye el instrumento de la violación, que por supuesto da lugar a tutelar el derecho, sin perjuicio de otras consecuencias que pudiera aparejar esa misma conducta. No se da la violación del derecho, si los hechos íntimos del presunto ofendido ya son situaciones conocidas en forma pública o quien ausculta la intimidad ajena cumple un mandato legal, porque en el primer caso ya no hay
intimidad que violar, y en el segundo la conducta se legitima por voluntad de la ley. Ejemplos doctrinales de violación al Derecho a la Intimidad. a. Solicitar información sobre la vida privada del usuario, que no guarda relación con el objeto del servicio psicológico que es solicitado. b. Intentar o forzar al usuario para que brinde información privada o íntima que no desea suministrar. 8. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD El artículo 16 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, esto es “...a realizarse según sus particulares valores, aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios, trazando a su propia existencia en los variados aspectos de la misma las directrices que mejor le convengan y agraden en cuanto no choquen con los derechos de los demás, ni perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico” (Corte Constitucional y Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-624 de 1995). No obstante, la misma Corporación admite limitaciones a los derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad por razones de madurez de sus titulares. Dice así en la Sentencia SU-642 de 1998: Para la Sala no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana (Código Penal, artículo 1°). Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros. Ciertamente, en tanto lo que este derecho protege son las opciones de vida que los individuos adoptan en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación, es natural que la protección constitucional a las mismas sea más intensa cuanto más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las personas con base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia.
9. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA La Constitución Política de Colombia, en su artículo 18, expresa : “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. La Corte Constitucional recoge el espíritu de la Carta Política al establecer que “el ámbito de
protección de la libertad de conciencia contempla no sólo la posibilidad de abstenerse de llevar a cabo acciones que contraríen profundamente las propias convicciones, sino que también protege a las personas de tener que revelar cuáles son sus creencias, estableciéndose así un alto umbral de tolerancia, conforme al principio pro libertatis” (Sentencia T-345 de 2002). En consecuencia, la libertad de conciencia sería violada por el psicólogo al irrespetar éste los criterios morales, religiosos o ideológicos de los consultantes, o discriminar a éstos por las mismas razones (Ley 1090, artículos 15 y 16). Hay que hacer la salvedad de que este derecho no impide al profesional el cuestionamiento de esas mismas creencias cuando -con fundamento en argumentos estrictamente científicos y metodológicos- esto sea necesario en el curso de la intervención. 10. DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS.
En la Sentencia T. 662 de 1999 dice la Corte Constitucional: La libertad de cultos entendida como el derecho a profesar y a difundir libremente la religión, es un derecho fundamental indispensable en una sociedad democrática, participativa y pluralista, que reconoce la necesidad de la autorrealización del individuo y la garantía de la dignidad humana. Por ende, las libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de derechos establecido en la Constitución de 1991, junto con el mandato de tolerancia, que se encuentra íntimamente ligado a la convivencia pacífica y al respeto de los valores fundantes del Estado colombiano. Ejemplo legal: No respetar los criterios morales y religiosos de sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención (Ley 1090-06, Art. 15).
En la Sentencia 787 de 2004 de la Corte Constitucional, se dice: La libertad de expresión no es un derecho absoluto, “pues la misma Carta contempla numerosas restricciones y limites que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los demás”. Así pues, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad,
sacrificando principalmente, entre otros, los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra. No es lícito refugiarse en el derecho a la libertad de expresión, con el fin de revelar detalles de la vida íntima de una persona. De igual manera, no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público. 12. DERECHO A LA LIBERTAD INVESTIGACIÓN Y CÁTEDRA. DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE,
Estos derechos se encuentran consagrados en el artículo 27 de nuestra Carta Política. En relación al concepto de libertad de enseñanza, la Corte Constitucional, en Sentencia T-219 de 1993, señaló: La libertad de enseñanza es un derecho fundamental que se funda en la coexistencia de la difusión cultural del Estado con la que realizan los particulares, siempre que estos cuenten con títulos de idoneidad y reúnan determinadas condiciones para ello, y que consiste en la facultad para instruir y educar al ser humano, en forma tal, que se coloque al hombre, y a cada cual, en su especialidad, en condiciones de desarrollar lo aprendido e investigar y descubrir algo nuevo por cuenta propia. No es violatoria del derecho a la libertad de enseñanza, la ley que ajustándose a los indicados propósitos y a la Constitución Nacional, condicione el ejercicio de ese derecho. Con relación a la libertad de cátedra nuestra Corte Constitucional en la Sentencia T092 de 2004, dice: En desarrollo de la libertad de cátedra los planteles educativos -sean públicos o privados-, deben permitir que los profesores libremente determinen la forma en que consideran debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones, claro está que la decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la calidad, el cumplimiento en las labores docentes y por la mejor formación intelectual los educandos. Con relación a la Libertad de Investigación dice la Ley 1090 de 2006: Los psicólogos deben abordar las investigaciones respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan, y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participación de humanos (Art. 2, ordinal 9). El investigador de la conducta animal hace lo posible para desarrollar el conocimiento de los principios básicos de la conducta y contribuye para mejorar la salud y el bienestar del hombre.
En consideración a estos fines, el investigador asegura el bienestar de los animales (Art. 2, ordinal 10), actuando con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la investigación con animales.
FALTAS NACIDAS DE LA VIOLACIÓN DE LOS DEBERES EN EL DESEMPEÑO DE LA PROFESIÓN DE PSICÓLOGO
1. ESTÁNDARES MORALES De acuerdo con el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1090 de 2006, “en relación a su propia conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por los valores que forman parte de la comunidad en donde viven, teniendo en cuenta el posible impacto que la conformidad o desviación de estos valores pueda tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos”. Son faltas por quebrantar este mandato: a. Prestar sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones o las comunidades (Ley 1090-06, Art. 21). b. Servirse de la información recibida en beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interesado (Ley 1090-06, Art. 28). c. Prestar sus servicios para actos contrarios a la moral y a la honestidad profesional (Ley 1090-06, Art. 33). d. Aceptar presiones que limiten su objetividad o que pretendan darle uso indebido a sus hallazgos (Ley 1090-06, Art. 55). e. Prestar el nombre o la firma a personas que ilegítimamente, sin la titulación y preparación necesarias, realicen actos propios del ejercicio de la Psicología, dejar de denunciar los casos de intrusión que lleguen a su conocimiento o encubrir con su titulación actividades vanas o engañosas (Ley 1090-06, Art. 19). f. Presentar documentos falsificados o utilizar recursos irregulares para acreditar estudios de postgrado (Ley 1090-06, Art. 44). g. Participar honorarios entre psicólogos o con cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho a presentar honorarios en conjunto por el trabajo realizado en equipo (Ley 1090-06, Art. 11, ordinal a). h. Anunciar o hacer anunciar la actividad profesional como psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer
resultados en la curación, o cualquier otro engaño (Ley 1090-06, Art. 11, ordinal b). i. Solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos para realizar sus actividades (Ley 1090-2006, Art. 11, ordinal e). j. Realizar actividades que contravengan la buena práctica profesional (Ley 109006, Art. 11, ordina f). k. En su actividad profesional plagiar publicaciones de otros autores (Ley 1090-06, art, 56). 2. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA El profesional de la Psicología tiene el deber de informar a los organismos competentes de las violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona, lo mismo que de los casos que comprometan la salud pública, la salud o seguridad del consultante, de su grupo, de la institución o de la sociedad (Ley 1090 de 2006, Arts. 14 y 36, núm. f), aun estando dentro de las limitaciones que impone el secreto profesional, una vez el psicólogo haya hecho el análisis ético de la situación, “en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona o a otros” ( Ley 1090 de 2006, Art. 2, numeral 5). Ejemplo doctrinal: Sería éticamente, no legalmente, justificable (Mal Menor) la violación del secreto profesional una vez que el psicólogo haya hecho el análisis ético de la situación cuando conoce, durante la relación profesional, que su usuario es portador del VIH y no le quiere comunicar a su pareja, a pesar de las estrategias psicológicas encaminadas a tal fin, decidiendo el profesional hacerlo para proteger la vida de la pareja y de terceros. 3. COMPETENCIA PROFESIONAL El numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006 impone al psicólogo la obligación de prestar sus servicios dentro de los más altos estándares de su competencia. Para ello debe: a. Conocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestará sus servicios y utilizará técnicas para las cuales se encuentre cualificado según sus títulos o certificaciones respectivos, obtenidos legalmente, incluyendo la individualidad en los procesos de atención (Ley 1164 de 2007, Art. 3). b. Anunciar sus servicios garantizando en los ciudadanos un juicio y una elección bien informados (Ley 1090 de 2006, Art. 2, ordinal 4). c. Rehusar hacer evaluaciones a personas o situaciones que no correspondan a su campo de conocimiento (Ley 1090-06, Art. 36 ordinal b).
d. Remitir a un profesional competente cualquier caso que desborde su campo de competencia (Ley 1090-06, Art. 36 ordinal c) e. Abstenerse de emitir conceptos profesionales sobre dominios respecto de los cuales no tienen conocimiento fundado (Ley 1090-06, Art. 39). 4. LEALTAD El deber de lealtad del psicólogo para con sus colegas y otros profesionales se deriva de lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 1090 de 2006, de acuerdo con el cual “El ejercicio de la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de actividad (…). La lealtad y el r espeto entre el psicólogo y los demás profesionales con quienes interactúe para fines de su ejercicio como tal, constituyen elementos fundamentales de su práctica profesional” . El psicólogo debe fundar sus acciones en el principio de fidelidad (Ley 1090-06, Art. 13). Esta reglamentación obliga al psicólogo no sólo a ser respetuoso con los colegas que sostengan ideologías diferentes a la suya, sino también a no realizar actos que impliquen competencia desleal en la prestación de los servicios profesionales. Por eso son faltas contra la ética, entre otras, las siguientes conductas: a. Desacreditar a colegas u otros profesionales que trabajan con sus mismos o diferentes métodos, o referirse, sin el debido respeto, a las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional (Ley 1090-06, Art. 37). b. Censurar el diagnóstico, las intervenciones y recomendaciones o expresar dudas sobre el sistema de trabajo o la capacidad de otros profesionales, sin la suficiente sustentación crítica basada en el desarrollo investigativo del conocimiento (Ley 1090-06, Art. 37). c. Intervenir en un procedimiento ya iniciado sin la previa comprobación de que el usuario ha informado de la decisión de cambiar de profesional, o bajo el conocimiento de que el primer profesional no ha renunciado a continuar con éste, o que él mismo se encuentra imposibilitado para hacerlo (Ley 1090-06, Art. 38). d. Atraer, en cualquier forma desleal, al usuario de otro colega o practicar cualquier acto de competencia deshonesta (Ley 1090-06, Art. 38). e. Otorgar participación económica o de otro orden por la remisión a su consultorio de personas que requieran de sus servicios, así como solicitar participaciones de tal índole cuando actúe como remitente (Ley 1090-06, Art. 40). f. Realizar maniobras de captación encaminadas a que le sean confiados los casos de determinadas personas, o proceder en actuaciones que aseguren prácticamente el propio monopolio profesional en un área determinada (Ley 1090-06, Art. 18). 5. PRUDENCIA
El artículo 36 de la Ley 1164 de 2007 describe la prudencia en los siguientes términos: “Se debe aplicar la sensatez a la conducta práctica no sólo en cuanto a ponerse fines, sino en cuanto a una valoración acertada de los medios y de los mismos fines, ponderando previamente qué fin se desea alcanzar, con qué actos, cuáles son sus consecuencias positivas y negativas para sí mismo y para los demás, y cuáles los medios y el momento adecuado para alcanzarlos”. Son ejemplos de falta de prudencia los siguientes: a. Ignorar o pasar por alto condiciones de desventaja que ponen en riesgo o peligro el bienestar físico y psicológico de personas o grupos (Ley 1090-06, Arts. 33 y 36, ordinal f). b. Dar rotulaciones o diagnósticos definitivos en los procesos de evaluación (Ley 1090-06, Art. 36, núm. d). c. No tener el cuidado necesario en la presentación de resultados diagnósticos (Ley 1090-06, Art. 47). d. No esforzarse por mantener la seguridad de las pruebas, y no hacer lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas (Ley 1090-06, Art. 2, ordinal 8). e. Utilizar procedimientos que no cuenten con evidencia empírica o instrumentos técnicos no correctamente estandarizados, y no utilizar en cambio procedimientos e instrumentos debidamente comprobados (Ley 1090-06, Art. 46). f. El psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en aplicación de pruebas, hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas (Ley 1090-06, Art. 47). 13. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Según el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007, los psicólogos tienen la responsabilidad permanente de la autorregulación en el ejercicio de su profesión, la cual se desenvuelve en los siguientes campos: a) El psicólogo debe analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones y omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión u ocupación (Ley 1164 de 2007, Art. 35). b) Debe aplicar su profesión a la persona o población que lo necesite, sin más limitaciones que las expresamente señaladas por la ley (Ley 1090 de 2006, Art. 33). a) Debe cumplir a cabalidad con los deberes profesionales a que esté obligado en las instituciones en las cuales preste sus servicios, salvo que ello comporte violación de normas legales (Ley 1090, Art. 42). d) La decisión de acometer una investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo de cómo contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. La ética en la investigación animal depende de la propia conciencia del científico, pero sólo puede conducir a la salud y bienestar del ser humano (Ley 1090 de 2006, Art. 2, nums. 9 y 10). En el artículo 39 de la Ley 1090 de 2006 se enuncia que: “El trabajo colectivo no excluye la responsabilidad profesional individual de sus actos y en ambos casos se
aplicarán los mismos preceptos éticos contemplados en esta Ley”. A su vez, el artículo 41 señala que: “Los criterios científico-técnicos expresados por los psicólogos para atender la interconsulta formulada por otro profesional, no comprometen su responsabilidad con respecto a la intervención, cuando ésta no le ha sido encomendada”. Son ejemplos de faltas contra la responsabilidad profesional: a. No llevar registro en las historias clínicas y demás acervos documentales de los casos que le son consultados. No mantener en sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás documentos confidenciales. No llevar registro escrito que pueda sistematizar de las prácticas y procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión (Ley 1090-06, Art. 10, nums. c, d y e). b. No responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin previa autorización (Ley 1090-06, Art. 10, ordinal b). c. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades profesionales (Ley 1090-06, Art. 11, ordinal d). d. No cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de los servicios en las áreas de la salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo (Ley 1090-06, Art. 10, ordinal 9). e. No hacerse valer ante las autoridades institucionales cuando la institución en donde trabaja pierde el respeto y la atención a las personas que puedan entrar en conflicto con la institución misma, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda (Ley 1090-06, Art. 20). f. No hacer uso apropiado del material psicotécnico en el caso que se necesite, con fines diagnósticos (Ley 1090-06, Art. 36, ordinal a). g. No utilizar los medios diagnósticos, preventivos, de intervención y los procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas (Ley 1090-06, Art. 36, ordinal e). h. No ser responsable de los procedimientos de intervención que decida utilizar, o no registrarlos en la historia clínica, ficha técnica o archivo profesional con su debido soporte y sustentación (Ley 1090-06, Art. 36, ordinal h). i. No cumplir con las normas propias para la construcción, estandarización, validez y confiabilidad de pruebas psicológicas (Ley 1090-06, Art. 46). j. Para los profesionales de Psicología que utilicen animales en sus trabajos investigativos, no conocer o no poner en práctica los principios básicos definidos por la Ley 1090 de 2006, art. 53 y 54 y en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud o en la legislación vigente al respecto. k. No cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de los servicios de la salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo (Ley 1090-06, Art. 10, ordinal 9). Ejemplo doctrinal:
No comparecer a los procesos disciplinarios cuando se haya dictado Resolución de Apertura de Investigación, o no cumplir los ejercicios pedagógicos que se les impongan.
7. SECRETO PROFESIONAL. Según el artículo 74 de la Constitución Nacional, “el secreto profesional es inviolable”. Esta norma hay que analizarla en función de los ordenamientos jurídicos en donde se consagre, para poder determinar su contenido y alcance. En el campo de la Psicología las normas que regulan este Derecho son la Ley 1090 de 2006 en su artículo 2, ordinal 5, y en los artículos 10, 11, y del 23 al 30 de esta misma ley, y la Ley 1164 de 2007, artículo 35. Por otro lado, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006 señala que: Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. Según estas normas, el psicólogo tiene la obligación de guardar confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo y debe guardar el secreto sobre cualquiera prescripción o acto que realizare. El fallecimiento del usuario, o su desaparición en el caso de instituciones públicas o privadas, no libera al psicólogo del secreto profesional. Están eximidos del Secreto Profesional: a. Cuando el usuario haya sido informado de los límites de la confidencialidad y así lo haya aceptado, consignado y firmado en el formato de consentimiento informado. b. Cuando el usuario haya autorizado que se revele, dentro de los límites de esa autorización, la información producto de la intervención o evaluación del psicólogo (Ley 1090, Art. 24). c. Cuando la evaluación haya sido solicitada por quien tenga competencia para el efecto (autoridades judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, etc.) siempre que no conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia, o la sociedad. En este caso la instancia solicitante quedará sujeta a la misma obligación de confidencialidad de la información, y sólo podrá difundirla dentro del estrecho marco para el cual fue recabada (Arts. 25 y 27). Los padres o tutores de quien dio la información tienen derecho a ser informados del hecho de la evaluación y del destinatario de la misma. El sujeto del informe psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, aunque su realización haya sido hecha por otras personas o entidades,
siempre que de dicha revelación no se derive un grave perjuicio para el mismo. (Art. 25, ordinal a). Ejemplos traídos por la Ley 1090 de 2006: a. Las enumeraciones o listas de sujetos en los que deban constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que se le requieran al psicólogo por otras instancias, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, cuando no sean estrictamente necesarios (Art. 27). b. La exposición con fines didácticos de divulgación científica de casos clínicos debe hacerse de modo que no sea posible identificar a los participantes (Art. 29). c. El psicólogo debe guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución en donde intervengan, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados en las disposiciones legales (Art. 10 literal a). d. Guardar secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como los datos y hechos que se le comunicare en razón de su actividad profesional. 8. SOLIDARIDAD En el artículo 1 de la Constitución Nacional se establece la solidaridad como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, y en el numeral 2 del artículo 95 de este mismo estatuto se define como un deber de las personas, el cual impone la ejecución de acciones humanitarias ante situaciones concretas de riesgo para la vida o la salud de las personas. Al respecto la Corte Constitucional, en la Sentencia T-277 de 1999, ha expresado lo siguiente: 5.2. Sin lugar a dudas, uno de los deberes que puede exigirse, sin que medie norma expresa, es el que consagra el numeral 2 del artículo 95 de la Constitución. El numeral 2 del artículo 95, establece que es deber de todas las personas ‘obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas’. Este numeral contempla, en términos de la jurisprudencia de esta Corporación i) una pauta de comportamiento conforme a la que deben obrar las personas en determinadas situaciones; ii) un criterio de interpretación útil en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; iii) un límite a los derechos propios (Sentencias T-125 de 1994 y 801 de 1998.) Respecto a las personas con limitaciones físicas o mentales, la Sentencia T-1034 de 2001 afirma una obligación de especial protección de parte del Estado, la familia y los
particulares en general, la cual se debe asumir en virtud del principio de solidaridad, por cuanto todas esas instituciones conforman una colectividad. Ejemplo legal de falta: Negarse a participar en actividades de ayuda a personas o grupos en situación de riesgo o peligro para su vida o su salud (Art. 34, ordinal b). Ejemplo de faltas doctrinarias: a. Ignorar condiciones de desventaja que ponen en riesgo o peligro la vida o la salud de personas o grupos cuando éstas son evidentes, y omitir las acciones de ayuda que están a su alcance, competencia y disponibilidad. b. Promover o reforzar prácticas o conductas insolidarias mediante el mantenimiento de estereotipos y prejuicios que impiden o dificultan la ayuda mutua entre personas, instituciones, o grupos, cuando de la vida o de la salud se trata. Según el Art. 27 de la Ley 1164-07, “Los psicólogos deben actuar en consistencia con las normas del Derecho Internacional Humanitario a las cuales se ha suscrito el país, en particular lo que respecta a la protección y asistencia de los heridos, enfermos y náufragos.”
Limberth Zambrano
dianavelandia