Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-04269-de-febrero-18-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_869c678492b0d09ee0430a010151d09e&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-20 15:53:19
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﻿ Sentencia 2004-04269 de febrero 18 de 2010
SENTENCIA 2004-04269 DE 18 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN DE EMPLEADOS PUBLICOS. DETERMINACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN
Sentencia 2004-04269 de febrero 18 de 2010
Rad.: 25000-23-25-000-2004-04269-01 (1020-08)
Actor: Álvaro Libardo Ramírez Sánchez
Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría de Hacienda
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 20 de septiembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se accedió a las súplicas de la demanda interpuesta por el señor Álvaro Libardo Ramírez Sánchez contra la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda, en procura de la reliquidación de su pensión de jubilación.
El actor, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones 1745 del 29 de agosto de 2003 y Nº 155 del 4 de febrero de 2004, por medio de las cuales la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital negó la reliquidación de su pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la demandada, la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida inicialmente mediante Resolución 763 del 16 de junio de 2002, en cuantía de $1.102.940.28 a partir del 19 de febrero de 2000, en aplicación del régimen de transición que le cobija contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; asimismo, pide que se ordene el pago de las diferencias que se causen entre el valor pagado y el que disponga la sentencia, con los reajustes de Ley. Por último, demanda el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
El demandante laboró al servicio del Distrito Capital interrumpidamente desde el 9 de julio de 1968 hasta el 20 de mayo de 1998, fecha en la que se retiró del servicio por haber reunido más de 20 años de labores, con la expectativa de cumplir la edad necesaria para consolidar su status pensional.
Al reunir la totalidad de requisitos para acceder a la pensión de jubilación de conformidad con el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, la Secretaría de Hacienda Distrital mediante Resolución 763 del 16 de junio de 2002, reconoció su derecho jubilatorio a partir del 19 de febrero de 2000, fecha en la que cumplió los 55 años de edad que exigía la normatividad que le cobijaba, esto es, la Ley 33 de 1985. Sin embargo, al liquidar el monto pensional la Entidad dio aplicación a lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al cálculo del ingreso base de liquidación, promediando los factores salariales devengados por el actor durante el tiempo que le hacía falta para acceder al derecho pensional a partir de la entrada en vigencia de dicha normatividad, pero de manera retroactiva por razón de su retiro anticipado del servicio.
Por lo anterior, el actor elevó solicitud ante la entidad demandada el 13 de junio de 2003, a fin de que se corrigiera la liquidación de su derecho pensional por cuanto no debió contabilizarse, y menos retroactivamente, el periodo posterior a su retiro del servicio hasta el cumplimiento de la edad requerida para hacer exigible su derecho pensional, pues dicho cómputo afectó el quantum pensional que en realidad le correspondía, razón por la que reclamó la correcta aplicación del régimen de transición que le cobijaba.
La solicitud de reliquidación fue resuelta negativamente mediante los actos ahora demandados —resoluciones 1745 del 29 de agosto de 2003 y Nº 155 del 4 de febrero de 2004—, a través de los cuales, la Secretaría de Hacienda confirmó en todas sus partes la legalidad de la decisión inicial de reconocimiento, en tanto la norma que regía el derecho del actor en cuanto al IBL pensional es la contenida en el inciso 3º del artículo 36 ibídem, que obliga a tomar como base para el cálculo respectivo, los salarios devengados durante el tiempo que restara para acceder a la pensión de jubilación, razón por la que fueron promediados los salarios devengados desde el 30 de septiembre de 1993 hasta el 19 de mayo de 1998, periodo que corresponde al número de días que le hacían falta al actor para cumplir los 55 años de edad que permitían hacer efectivo su derecho, computados retroactivamente a partir de su retiro del servicio.
Dentro del libelo demandatorio, el actor invocó como disposiciones violadas con la decisión anterior, los artículos 2º, 25, 46 y 53 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993 y 4º del Decreto Reglamentario 691 de 1994.
Con apoyo en diferentes decisiones judiciales de ésta corporación, consideró que la demandada debió calcular el IBL pensional aplicando en su totalidad el régimen anterior al que tenía derecho por virtud de la aludida transición, contenido en la Ley 33 de 1985, o en su defecto, promediando los factores salariales devengados en el tiempo que hacía falta para consolidar el derecho de conformidad con el inciso 3º de la Ley 100 de 1993 pero únicamente hasta la fecha de su retiro del servicio y no como efectivamente lo hizo, al contabilizar la totalidad de días hasta el momento en que se consolidó el derecho pensional, esto es, al cumplimiento de los 55 años de edad, lo que estima como una aplicación indebida de la norma en comento, con consecuencias lesivas sobre la cuantía de su pensión.
Debidamente notificada (fl. 41), la parte accionada contestó oportunamente la demanda y propuso como excepciones la existencia de cosa juzgada frente a las pretensiones reclamadas, la falta de competencia, el pago de la obligación y la firmeza del acto administrativo acusado, sustentadas brevemente dentro del escrito de oposición (fl. 143, C-3).
Insistió en la legalidad de los actos demandados, señalando que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica únicamente en cuanto a la edad, tiempo de servicios y monto pensional, tal como se efectuó en el caso del demandante, a quien de conformidad con el régimen anterior que le amparaba —Ley 33 de 1985—, le fue reconocido el derecho jubilatorio con 55 años de edad y 20 de servicios, en un porcentaje del 75% del ingreso base de liquidación, base que debe calcularse en todo caso conforme lo establece el mismo artículo 36 (inc. 3º) para quienes les hiciere falta menos de 10 años para adquirir el derecho, esto es, con el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para acceder a la pensión, tomando para ello los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.
Agotado el trámite procesal pertinente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 20 de septiembre de 2007, analizó las excepciones propuestas y desestimó los argumentos en que se sustentaban (fl. 286). Se inhibió de pronunciamiento alguno respecto de la Resolución 1745 del 29 de agosto de 2003, por cuanto dicho acto fue revocado por la Resolución 155 del 4 de febrero de 2004, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo reorienta el examen de legalidad únicamente sobre el acto de revocatoria.
Al analizar el fondo del asunto, concluyó la procedencia de las súplicas de la demanda, por cuanto el actor se encuentra inmerso en el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, por lo que resultan aplicables para definir su derecho pensional las disposiciones contenidas en la Ley 33 y 62 de 1985, no sólo en cuanto a edad y tiempo de servicios sino en cuanto al monto y liquidación del derecho, razón por la que debió calcularse con base en el promedio de los salarios devengados por el demandante durante el último año de servicios y no con el promedio salarial ordenado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Asimismo, en aplicación del principio de favorabilidad, precisó que en el sub examine debían incluirse no sólo los factores salariales expresamente señalados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sino todas aquellas sumas percibidas por el empleado público como retribución por sus servicios, es decir que debía incluirse en la liquidación pensional respectiva además de la asignación básica computada, el subsidio de transporte, la prima de antigüedad, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de servicios, devengadas por el actor durante el último año de labores comprendido entre el 19 de mayo de 1997 y el 20 de mayo de 1998, de conformidad con las certificaciones aportadas a folios 17 y 18 del expediente, por lo que declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el restablecimiento deprecado, con la actualización de las sumas que resultaren de la reliquidación respectiva.
La parte demandada oportunamente apeló la providencia del a quo (fl. 308 y 325), reiterando los razonamientos de defensa expresados en la contestación de la demanda, que se concretan en la ineludible aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al cálculo del ingreso base de liquidación pensional, con observancia de los factores salariales indicados en el Decreto 1158 de 1994.
Mediante providencia del 30 de mayo de 2008, fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fl. 334). Posteriormente, por auto del 29 de agosto del mismo año, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión (fl. 336), etapa procesal de la que hicieron uso oportunamente las partes para reiterar los argumentos que sustentan su interés jurídico dentro del proceso. El Ministerio Público, guardó silencio.
Corresponde a la Sala en esta oportunidad revisar la legalidad de la Resolución 155 del 4 de febrero de 2004 que negó la reliquidación de la pensión del demandante, en orden a determinar la correcta liquidación del derecho jubilatorio reconocido concretamente frente a la normatividad aplicable para tal efecto y los factores que al respecto deben observarse, teniendo en cuenta que este se encuentra amparado por el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En síntesis, observa la Sala que el asunto en discusión se reduce a definir la forma de liquidación del derecho pensional de los empleados públicos inmersos dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tema que hasta el momento no ha encontrado una posición uniforme en cuanto a la interpretación de las reglas contenidas en el mencionado artículo, en principio por la ambigüedad y desafortunada redacción del mismo (que literalmente implica para los beneficiarios del régimen de transición la aplicación del régimen pensional anterior únicamente en cuanto a la edad, el tiempo y el monto de la pensión, y un cálculo del ingreso base liquidación de acuerdo a las reglas contenidas en el inciso 3º de dicho artículo), y además, por la incomprensión del alcance del derecho allí contenido.
Ahora, dentro del examen de legalidad de los decretos 691 y 1158 de 1994 —reglamentarios de la Ley 100 de 1993—, en cuanto a la aptitud de los factores salariales allí enlistados para la liquidación pensional de los empleados inmersos en el régimen de transición, esta sección mediante providencia del 14 de noviembre de 2002(3), avaló la posición anterior al concluir que los factores salariales enlistados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 no resultaban aplicables a las pensiones cobijadas por el régimen de transición, salvo que los mismos constituyan una condición más beneficiosa para el pensionado, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el régimen de transición implica la observancia del régimen anterior aun en cuanto a los factores de liquidación pensional, por ser esta su naturaleza.
Posteriormente, tanto en sentencia del 4 de septiembre de 2003 como en la proferida el 15 de febrero de 2007 bajo los radicados 3636-02 y 3110-05 respectivamente, se estableció como regla aplicable para liquidar el derecho pensional de unos empleados cobijados por el régimen de transición, la contenida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por considerarla más favorable en función de los factores que integrarían el cálculo pensional, pues de la lectura literal de la norma se concluyó que el promedio allí ordenado bajo el término “lo devengado” involucraba no solo los factores salariales definidos por el legislador o el gobierno sino todas las demás sumas percibidas por el empleado desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hasta la consolidación de su status pensional, como las primas de navidad, de servicios, de vacaciones y el auxilio de transporte, entre otros.
Por último, recientes providencias proferidas en la sección bajo los radicados 525-08 y 2303-08(4), definieron la liquidación del derecho pensional consolidado a la luz del régimen de transición bajo el criterio inicialmente expuesto en la Sentencia CE-2729 de 1999, es decir, asumiendo de manera integral e ineludible el régimen anterior, pero adicionando que al liquidar el derecho pensional de los beneficiarios del régimen de transición debían observarse no solo los factores salariales contenidos en la ley respectiva —los que se estimaron meramente enunciativos— sino los demás conceptos percibidos periódicamente por el empleado como retribución por sus servicios.
De acuerdo con lo anterior, se encuentran cobijados por el régimen de transición en comento, los trabajadores que a la entrada en vigencia de la mencionada ley (1º de abril de 1994 para empleados del orden nacional y 30 de junio 1995 para empleados territoriales de conformidad con el artículo 151 ibídem) contaran con 35 años de edad o más si son mujeres o con 40 años de edad o más si son hombres, o con 15 o más años de servicios cotizados, para quienes las condiciones de acceso al derecho pensional como la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, se regirían por la normatividad establecida en el régimen anterior al que se encontraran afiliados.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE (...)(5).
Del análisis jurisprudencial se observa al respecto, que para efectuar la liquidación pensional de los beneficiarios del régimen de transición bajo las reglas anteriormente mencionadas, se han tenido en cuenta constantemente la totalidad de sumas percibidas por el empleado como retribución por sus servicios, incluyendo dentro de dicho concepto prestaciones como la prima de navidad, la prima de vacaciones y de servicios, tesis que en el sub examine acogió el a quo al ordenar la liquidación pensional sobre todas las sumas devengadas por el actor en el último años de servicios.
Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter”.
Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que “el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución.
Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional (resalta la Corte).
De acuerdo con lo expuesto por las dos altas cortes, considera la Sala que no existe ningún precepto constitucional que impida al legislador disponer que determinada prestación social se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, es decir, solo con algunos elementos salariales, o lo que es mejor, corresponde al legislador definir los elementos salariales que constituirán factor de liquidación de una prestación determinada, facultad que le compete legítimamente en desarrollo de la Constitución.
Si bien, la regla jurídica allí contenida no define expresamente los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación y efectuar el promedio señalado, tampoco es razonable afirmar que el término “lo devengado” remplace tal aspecto de la liquidación pensional, al punto de admitir que deba incluirse al respecto la totalidad de emolumentos devengados por el empleado en el período allí indicado. Una interpretación tan amplia al respecto, so pretexto de la imprecisión en que incurrió el legislador, implicaría un beneficio adicional injustificado, que excede en todo caso la finalidad misma del régimen de transición, pues como ya se explicó, este busca amparar en el marco de un cambio legislativo en materia pensional, las condiciones de jubilación de quienes se encuentran próximos a la consolidación de su derecho al abrigo de una norma preexistente, y no la creación de un tercer régimen o de privilegios intermedios entre una y otra norma pensional, como lo sería en este caso la inclusión indiscriminada de todo lo percibido por el pensionado en el ingreso base de liquidación pensional, sin importar su naturaleza, aspecto cuya definición corresponde en todo caso al legislador como se expreso en párrafos precedentes y por delegación del mismo al gobierno como sucede en cuanto a los factores salariales de los derechos pensionales derivados de la Ley 100 de 1993.
En cuanto al alcance de la expresión devengar o “lo devengado” incorporada en un ordenamiento de contenido pensional, esta corporación ha concluido que si el término se utiliza como unidad de medida de un derecho, debe ser la misma ley la que defina cuales de los ingresos percibidos o devengados por el empleado tienen que ser contabilizados en la liquidación del derecho, de manera que “(...) lo devengado para efectos del monto de la mesada pensional, será lo que las normas legales del régimen pensional aplicable definan en cada caso; en el entendido de que dichas normas pueden, como en efecto ocurre, excluir de la base de liquidación de la pensión de jubilación pagos que tienen naturaleza salarial y de igual forma pueden como en efecto ocurre, incluir en la base de dicha liquidación conceptos que no tienen naturaleza salarial (…)”(10).
ART. 1º—El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así: “Base de cotización”.
En el sub examine, se observa que el demandante nació el 19 de febrero de 1945 y laboró interrumpidamente en la secretaría de hacienda distrital desde el 9 de julio de 1968 hasta el 19 de mayo de 1998, momento a partir del cual se retiró del servicio, según se desprende de los documentos allegados a folios 175 y 179 del expediente.
Se encuentra probada entonces su incursión en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto para la fecha de entrada en vigencia de dicho sistema pensional en el nivel distrital —jun. 30/95—, este contaba con más de 40 años de edad y además, más de 15 años de servicios, lo que habilita para este el amparo del régimen anterior al que venía afiliado en todos los aspectos que rigen su derecho pensional, de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior de esta providencia, por lo que se descartan los fundamentos del recurso interpuesto por la entidad accionada y el contenido en este sentido del acto administrativo demandado, en cuanto liquidó el derecho pensional del actor de conformidad con la primera regla contenida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta al actor para consolidar su derecho, desconociendo el alcance y contenido real del régimen de transición consagrado en el inciso 2º del artículo citado.
La conclusión anterior no encuentra límite alguno en función de la regla de favorabilidad explicada en párrafos precedentes, pues si bien el demandante alegó su aplicación, no concretó dentro del petitum una pretensión en tal sentido definiendo con claridad la norma que le favorecía, y tampoco probó o aportó la totalidad de certificados salariales que permitieran establecer una hipótesis diferente a la anteriormente establecida en función del mencionado principio constitucional, tan solo se limitó con bastante vaguedad a reclamar la correcta liquidación de su derecho pensional, aludiendo en algunas ocasiones a la debida aplicación de la regla inmersa en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en otras, a la inherente al régimen contenido en la Ley 33 de 1985.
Así, habiéndose desempeñado el actor como empleado público del nivel distrital, el régimen pensional que regía su derecho jubilatorio con anterioridad a la expedición del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, era el contenido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sin que operara en su caso particular alguna de las excepciones a su aplicación contenidas en dicho ordenamiento (régimen especial o más de 15 años de servicios al momento de entrar en vigencia), por lo que su derecho pensional se concretaría bajo la regla general allí contenida, esto es, al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicios, como en efecto sucedió, pero en cuantía del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, es decir, el cursado entre el 19 de mayo de 1997 y el 19 de mayo de 1998.
En cuanto a la liquidación en concreto del derecho pensional, es decir, en cuanto a los factores que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la base de liquidación de dicha prestación, debe observarse el contenido expreso del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985. En consecuencia, serán los factores salariales enlistados en la Ley 62 de 1985 los que se utilizarán para promediar la base y aplicar el porcentaje establecido, es decir, la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y festivos, hora extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, que haya devengado el actor en el último año de servicios.
Como puede verse, allí no están incluidos el subsidio de transporte, la prima de servicio, la prima de vacaciones y de navidad, devengadas por la parte actora durante el último año de servicios y reconocidos en el fallo de primera instancia, por lo que no es viable computarlos en la cuantía de la pensión de jubilación del actor pues como ya se explicó, la definición de los mismos corresponde exclusivamente al legislador.
Para la Sala es claro que si los factores que deben ser considerados para efectos pensionales son los señalados por la ley, sobre los cuales es imperativo el descuento por aportes, como quedó establecido, ningún factor diferente puede entonces válidamente ser incluido en la liquidación de la pensión. Si bien la liquidación efectuada por la entidad en el acto de reconocimiento es incorrecta, por cuanto desconoce el derecho del actor al régimen de transición que implica la aplicación integral del régimen anterior salvo los casos en los que resulta aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 bajo el principio de favorabilidad, lo que impone en este caso la reliquidación pensional a la luz de las leyes 33 y 62 de 1985 tal como lo afirmó el a quo, la reliquidación ordenada solo debe adelantarse con base en los factores salariales allí especificados, sin que resulte válido incorporar a la liquidación respectiva factores prestacionales como los indicados por el a quo, razón por la que el fallo apelado deberá modificarse en tal sentido, pues la inclusión de tales factores es válida únicamente en los regímenes especiales o en los casos en los que el legislador lo habilite expresamente.
Por último, observa la Sala que la pensión del actor fue reconocida con posterioridad a su retiro del servicio sin que en la liquidación respectiva se efectuara la actualización de la primera mesada pensional, aun cuando medió entre los dos eventos más de un año y medio de diferencia, situación que afecta negativamente la cuantía pensional en detrimento del derecho del actor y de los postulados constitucionales contenidos en el artículo 53 y 48 de la Carta de 1991, que preconizan tanto la definición legal de los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como el deber del Estado de garantizar no solo el pago oportuno de la pensiones legales sino su reajuste periódico.
En efecto, la cuantía de la pensión de jubilación del actor, efectiva a partir del 19 de febrero de 2000, se reconoció y pagó con valores deteriorados, puesto que ellos datan de casi dos años atrás. Su reconocimiento en tales términos resulta inequitativo pues es indiscutible que no tiene el mismo poder adquisitivo el promedio de lo devengado en el período comprendido entre los meses de mayo de 1997 y 1998, que el promedio que debía corresponder a 19 de febrero del 2000, fecha a partir de la cual se reconoció la pensión habiendo cobrado efectos ya el impacto inflacionario sobre las sumas percibidas en dicho lapso, estableciéndose por tanto la liquidación de la pensión con valores empobrecidos.
Si bien, el régimen anterior aplicado por virtud de la transición no contempla la actualización de la base salarial para el reconocimiento y pago de pensiones en circunstancias como las del demandante, es innegable que en economías inestables como la nuestra, el mecanismo de la revalorización de las obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias.
Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación de la base salarial de liquidación pensional en casos como este, aun cuando dicho aspecto no hubiese sido objeto del recurso de apelación constituye un punto íntimamente relacionado con el mismo, además una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta, razón por lo que se adicionará el fallo del a quo en sentido de ordenar la actualización del promedio devengado en el último año de servicios hasta la fecha en que se hizo efectiva la pensión.
Por lo anterior, adicional a la modificación del fallo que contrae los factores salariales a los expresamente señalados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, se ordenará actualizar la base de liquidación de la pensión de jubilación del señor Álvaro Libardo Ramírez Sánchez con base a la fórmula que a continuación se indica:
Donde el valor presente (R) es decir, el IBL o valor actualizado se determina multiplicando el valor histórico, que es el promedio de lo devengado por el demandante en el último año de servicios (mayo 19/97 a mayo 19/98) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión de jubilación, esto es, a partir del 19 de febrero de 2000, por el índice inicial de precios al consumidor vigente en la fecha de retiro o desvinculación del actor, en este caso, el vigente a 19 de mayo de 1998.
Actualizada en esos términos la base de liquidación de la pensión de jubilación del señor Álvaro Libardo Ramírez Sánchez, la entidad demandada pagará la diferencia que resulte entre lo que pagó como consecuencia de la expedición de los actos cuya anulación declaró el a quo y lo que debió pagar.
Las sumas que resulten a favor del demandante por concepto de la diferencia entre lo pagado por la pensión reconocida y la que se reconozca una vez se valorice la base de liquidación, igualmente se ajustarán e indexarán en los términos señalados por el a quo en primera instancia.
MODIFÍCASE el numeral 4º de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de septiembre de 2007, dentro del proceso instaurado por Álvaro Libardo Ramírez Sánchez contra la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda Distrital, en cuanto a los factores salariales a observar para el cálculo del ingreso base de liquidación, los que se reducen a los expresamente señalados en la Ley 62 de 1985, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ADICIÓNASE el mismo numeral 4º en sentido de ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda Distrital la actualización de la base de liquidación de la pensión de jubilación del actor y la reliquidación respectiva, en la forma y términos señalados en la parte considerativa de esta providencia.
En lo demás, CONFÍRMASE la decisión del a quo.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.»
(1) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(2) Consejo de Estado. Sección segunda. Subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(3) Consejo de Estado. Rad. 3534-00, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(8) Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad. 5852-05. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(9) “(...) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE (...)” (se resalta).
(10) Expediente Rad. 4738-02. Actor: Alfonso Sánchez Barreto.