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Timestamp: 2019-10-24 02:17:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 216', 'Artículo 8', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 7', 'artículo 185', 'artículo 6']

﻿ Sentencia 13212 de marzo 30 de 2000
SENTENCIA 13212 DE 30 DE MARZO DE 2000
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CUANDO SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE PROBADA LA CULPA PATRONAL EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE O LA ENFERMEDAD PROFESIONAL, EL DAÑO CAUSADO POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL TRABAJO Y EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CULPA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia 13212 de marzo 30 de 2000
Rad. 13212
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, treinta de marzo de dos mil.
Se resuelve el recurso de casación de Beatriz Elena Molina Sánchez e Isabel Cristina Escudero Molina contra la sentencia dictada el 12 de julio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que le siguen al Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte.
En lo que concierne al recurso basta decir que aduciendo su calidad de compañera permanente de Oscar Alberto Escudero, de quien dijo murió en un accidente de trabajo ocurrido por “culpa patronal”, la hoy recurrente, Beatriz Elena Molina, en su propio nombre y en representación de su hija Isabel Cristina Escudero Molina, llamó a juicio al que denominó “Consorcio Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte”, para que se le condenara a pagarle la indemnización total y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
De los hechos afirmados al promover el proceso interesa ahora anotar que la Molina Sánchez aseveró que Oscar Alberto Escudero, del que dijo contaba 26 años al momento de morir y gozaba de perfecta salud, trabajó del 15 de octubre de 1996 al 4 de mayo de 1997, día en el cual falleció a consecuencia de un accidente que se produjo por culpa del patrono, pues, según ella, una volqueta de propiedad de la empresa que se utilizó para cargar un tanque en lámina de hierro para el surtimiento del agua, sin las debidas seguridades y previsiones, y al mismo tiempo transportar a los trabajadores, se volcó en una curva a cuatro kilómetros de San José, a eso de las cinco de la tarde, cuando regresaba del frente de trabajo, accidente en el que perdió la vida su compañero y resultaron heridos otros trabajadores.
La demanda la contestó Carlos Alberto Solarte, quien, sin aceptar los hechos aseverados por la demandante, se opuso a sus pretensiones y alegó que los ingenieros directores de la obra tenían dispuesto de manera exclusiva un vehículo para el transporte del personal y que lo ocurrido se debió a que “los trabajadores se afanan en llegar a su casa y por ello abordan cualquier volqueta, pese a la prohibición e incluso contra la voluntad del mismo conductor” (folio 35), y en este caso “la situación fue todavía más imprudente por parte del finado Oscar Escudero, pues a pesar de que se percató que no había espacio en la volqueta, ocupado su lugar de carga completamente por un tanque de depósito de agua, se ubicó imprudentemente encima del tanque” (ibídem). Aunque propuso la excepción de “caso fortuito o fuerza mayor”, alegó también la de culpa exclusiva de Oscar Alberto Escudero.
Mediante fallo del 23 de abril de 1999 el Juzgado Civil del Circuito de Cisneros, además de otras condenas que fulminó en contra suya, le impuso al “Consorcio Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte” la obligación de pagarle a Beatriz Elena Molina Sánchez $14.431.915 por perjuicios materiales y $1.500.000 por perjuicios morales y a la menor Isabel Cristina Escudero Molina $11.329.455 por concepto de perjuicios materiales y $1.500.000 por perjuicios morales.
La alzada se surtió por apelación de ambas partes y concluyó con la sentencia acusada en casación, por medio de la cual el Tribunal revocó la condena cuyo reconocimiento ahora se pretende mediante el recurso extraordinario.
Fundado en los testimonios de Luis Antonio Caicedo, ayudante del conductor del vehículo accidentado, Jhon Jairo Martínez, Juan Manuel Colorado Henao y Luis Albeiro Rosero Paz, ingeniero que estuvo al frente de la obra civil pero quien al momento de declarar no trabajaba en la empresa, así como en el expediente correspondiente a “las diligencias de investigación y conclusión de un proceso penal” (folio 442), el Tribunal concluyó que el vehículo C-70 de placas XZB953 “estaba destinado a cargar agua, y para esta función había sido adaptado”; que dicho vehículo conducido el día 4 de mayo de 1997 por Segundo Ortega “estaba destinado a cumplir sus propias funciones, es decir transportar agua” y que no existía “la más mínima convicción de que hubiera sido destinado en ese momento, para transportar personal” (ibídem); que antes de terminar la jornada laboral un grupo de trabajadores, entre ellos Oscar Alberto Escudero, hizo parar dicho vehículo “con la finalidad de que los transportara de regreso a sus residencias, ante lo que el conductor se opuso advirtiéndoles la prohibición que había al respecto, y que la volqueta destinada para su transporte, venía atrás” (folio 443); que “el citado automotor sufrió un accidente, se volcó causando heridas a varios trabajadores y la muerte al citado Escudero” y “la investigación penal determinó la culpa de lo ocurrido en la persona de Segundo Ortega”; y que “la empresa prohibía a los trabajadores trasportarse en vehículos distintos a los expresamente señalados para tal fin” (ibídem).
Asimismo asentó el juez de apelación que “de acuerdo con una interpretación razonable y proporcional” del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “mal se puede atribuir al empleador responsabilidad plena por el obrar de un trabajador que causa daño a otro, cuando el culpable del mismo, no estaba cumpliendo labores específicas encomendadas por la empresa, que en el caso de autos no era el transporte de personal, sino el de llevar agua” (folio 444).
En la demanda con la que sustenta el recurso (folios 16 a 28), que no fue replicada, la parte recurrente le pide a la Corte que case la sentencia “en cuanto revocó lo referente a la indemnización plena de perjuicios” (folio 17) y, en instancia, confirme la del Juzgado, “adicionándola en cuanto al monto que debe ser en el 100%” (ibídem).
Para tal efecto le formula dos cargos que serán estudiados por la Corte en el orden propuesto en la demanda.
Las recurrentes acusan al fallo por la interpretación errónea de los artículos 63, 2341 y 2347 del Código Civil y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “en relación con los artículos 56, 57 Num. 2 y 19 C.S. del T. Artículo 8º Ley 153 de 1887. 61 y 145 C.P.L.” (folio 17).
A fin de demostrar el cargo afirman que la sentencia “contiene una argumentación de carácter jurídico que por sí sola puede llevar a su quiebra” (folio 17), al haber determinado que la culpa del accidente fue única y exclusivamente del conductor del vehículo, dejando de lado la responsabilidad que le cabe al empleador por los actos de sus dependientes, aunque no haya nexo causal, “ya que —así está dicho— la culpa del empleado es la misma del empleador en cuanto este asume anticipadamente los daños que ocasionen sus subordinados por estar bajo su poder subordinante, ya que se beneficia de la actividad de aquellos pero igualmente asume sus riesgos” (ibídem).
Por considerarla pertinente transcriben apartes de la sentencia de 21 de mayo de 1992 (Rad. 4660), para seguidamente aseverar que los artículos 2341 —que dicen “se entiende inmerso en la decisión del Tribunal por que(sic) el C.S. del T. regla lo referente a la responsabilidad por el hecho de un tercero subordinado” (folio 18)— y 2347 del Código Civil señalan la responsabilidad de los empresarios por el hecho de sus dependientes, norma de la que el Tribunal hizo una exégesis que no es la correcta, porque los preceptos civiles no establecen excepciones a la culpa del patrono, y, en cambio, dicho fallador sí lo hace pues no lo aplica al exigirle el requisito del nexo causal entre la función del trabajador y la misión que le haya encargado aquel; nexo que consideran no tiene importancia respecto de lo debatido en el proceso por cuanto el accidente se presentó por imprudencia del conductor del vehículo y no por transportarse en él el trabajador.
Arguyen que el accidente ocurrió cuando el trabajador viajaba en un automotor de propiedad de los demandados y conducido por un dependiente de ellos, lo que equivale a decir que este ejecutaba una actividad peligrosa, como lo es la conducción de un vehículo, y que “al momento de producirse el insuceso el conductor ejecutaba labores encomendadas por su empleador como lo era el transporte de agua” (folio 18), por lo que es evidente que lo vincula a él cuando causa daños antijurídicos a sus compañeros, razón por la cual debe responder cuando asume el transporte de los trabajadores y asimismo los riesgos de ello, estuviera o no autorizado el conductor para transportarlos, pues independientemente de su conducta imprudente, queda obligado a reparar los perjuicios porque la culpa del trabajador se extiende al empleador a quien sirve.
Concluyen su alegato diciendo que el empleador violó su obligación general de seguridad para con el trabajador y el deber de vigilancia y cuidado respecto de sus subordinados se torna más exigente cuando se trata de actividades de alto riesgo como son las referidas al transporte en vehículos automotores; y por considerar que apoya su punto de vista citan la sentencia de 11 de octubre de 1995 (Rad. 7885).
El razonamiento jurídico del Tribunal se circunscribió al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual interpretó para concluir que de tal precepto no era dable “atribuir al empleador responsabilidad plena por el obrar de un trabajador que causa daño a otro, cuando el culpable del mismo no estaba cumpliendo labores específicas encomendadas por la empresa” (folio 444), sin que hubiese hecho la menor alusión a las normas del Código Civil que se indican como violadas, por lo que no existe razón plausible para considerar que a dichas disposiciones civiles les dio un sentido y alcance diferentes al genuino significado que les corresponde.
Adicionalmente, resulta pertinente anotar que no encuentra la Corte que haya sido equivocada la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el patrono “está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios” cuando haya sido suficientemente comprobada su culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo, entre otras en las sentencias memoradas por el Tribunal en su fallo, dicha obligación queda a su cargo cuando —como expresamente lo dice la norma— “exista culpa suficientemente comprobada del patrono”; exigencia legal que no permite que sea dable presumir dicha culpa incluso en aquellos casos en que realice “actividades peligrosas”. Ello por cuanto no puede pasarse por alto que fue el surgimiento del maquinismo y de la moderna industria lo que obligó a dictar leyes que regularan de manera especial los accidentes de trabajo.
En Colombia la primera regulación específica “sobre reparaciones por accidentes del trabajo” se hizo mediante la Ley 57 de 1915, en la que se definió como accidente de trabajo “un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero”, conforme lo dispuso el artículo 1º de dicha ley, en la que igualmente se estableció que se entendía “por patrono toda persona, natural o jurídica, dueña de las industrias, obras o empresas en que por sí o por interpuesta persona se esté verificando un trabajo, y por obrero, a toda persona cuyo salario no exceda de seis pesos oro semanales, que ejecute trabajo por cuenta del patrono”.
En el artículo 2º textualmente se dispuso que “el patrono era responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan, a menos que el accidente sea debido a culpa del obrero, o fuerza mayor extraña al trabajo en donde se produzca el accidente, o a imprudencia o descuido del operario, o ataque súbito de la enfermedad que lo prive del uso de las facultades mentales o de las fuerzas físicas o a violación de los reglamentos de la empresa” y en el artículo 3º se consideró como culpa, imprudencia o descuido “el arrojo innecesario, la embriaguez, la desobediencia a órdenes expresas de los superiores o a los reglamentos de la empresa o fábrica, y en general, todo acto u omisión que produzca consecuencias desgraciadas y en el que resulte culpable el trabajador”.
Aunque dicha ley constituyó un indiscutible avance en la legislación social y colocó a Colombia en una posición de vanguardia al presumir la culpa del patrono en el accidente de trabajo, tomaba en consideración su “culpa” y lo exoneraba de responsabilidad cuando del suceso era culpable el obrero o era debido a cualquiera otra de las hipótesis previstas en la norma como exculpatorias. Esta situación se mantuvo hasta cuando se consagró la “teoría del riesgo profesional”, acogida inicialmente en el Decreto Legislativo 2350 de 1944 y posteriormente en la Ley 6ª de 1945, estatutos en los que, sin referencia a la culpa, se dispuso que entre las prestaciones a cargo de los patronos se contaban las indemnizaciones por accidentes de trabajo en proporción al daño sufrido y de conformidad con la tabla de valuaciones correspondiente, mientras asumía el riesgo la seguridad social.
Pero la Ley 6ª de 1945 también estableció en su artículo 12 la responsabilidad ordinaria por perjuicios en los casos de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo “por culpa comprobada del patrono”, norma que fue recogida por los redactores del Código Sustantivo del Trabajo y se plasmó en el artículo 216.
Con este breve recuento de la evolución que ha tenido la reparación de los perjuicios por los riesgos de trabajo se facilita determinar el contenido y alcance de los preceptos legales que regulan la materia, conforme a los cuales la regla general es la de que el empleador responde objetivamente por los daños que el trabajador sufra a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, por lo que constituye una situación excepcional la indemnización total y ordinaria por perjuicios, y únicamente procederá si la enfermedad profesional o el accidente de trabajo ocurre por existir “culpa plenamente comprobada del patrono”.
Por tal razón, cuando en el accidente de un trabajador existe culpa de un compañero de trabajo, de esa sola circunstancia no puede deducirse de manera forzosa la responsabilidad laboral del empleador, puesto que ella existirá solo en la medida en que logre establecerse suficientemente su culpa, por incurrir en incumplimiento de sus obligaciones de seguridad y protección, violación de las normas de salud ocupacional, deficiencias en la escogencia, vigilancia o capacitación de sus dependientes o por cualquiera otra circunstancia de la que resulte comprobado suficientemente que el accidente de trabajo ocurrió por “culpa del patrono”.
Por lo tanto, la interpretación de las recurrentes, según la cual de la culpa de un trabajador en la ocurrencia de un accidente se deriva necesariamente la de su empleador, no se ajusta a la naturaleza de la culpa que de acuerdo con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo debe comprobársele para que surja la obligación de indemnizar que allí se establece, por cuanto que esa responsabilidad no es objetiva, de modo que debe ser suya propia y no puede ella presumirse estableciendo un nexo causal directo entre la culpa del empleado y la de su patrono.
Acusan al fallo por aplicar indebidamente los artículos 19, 52, 56, 57, 61 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “en relación con los artículos 2347 inc. 5, 2341 y 2346 C.C. art. 8º Ley 153 de 1887” (folio 19).
Violación indirecta de la ley que se produjo por razón de los errores evidentes de hecho que así puntualizaron en la demanda:
“No dar por demostrado estándolo que el empleador tiene culpa en el accidente de trabajo de su ex trabajador.
No dar por demostrado estándolo que la conducta del subordinado obliga al empleador a indemnizar.
Dar por demostrado sin estarlo que existía prohibición a los trabajadores de movilizarse en el vehículo accidentado.
No dar por demostrado estándolo [que] la prohibición de movilizarse en el vehículo accidentado operaba tanto para [el] conductor como para el trabajador.
Dar por demostrado que no existe nexo causal entre el accidente y las funciones del conductor.
Dar por demostrado sin estarlo que el trabajador al no abordar ese vehículo no hubiera padecido el accidente.
No dar por demostrado estándolo que la prohibición de abordar ciertos vehículos era desobedecida por los trabajadores y tolerada por el empleador” (folios 19 y 20).
Como pruebas no apreciadas señalan las “documentales de folios 9, 12, 13, 14” y el interrogatorio absuelto por el representante de los demandados; y como erróneamente apreciados los “folios 95 a 100” y “folios 78 a 94”.
Las recurrentes piden expresamente que en sede de instancia sean analizados “los testimonios aludidos por el Tribunal que confirman la culpa patronal y así mismo la documental proveniente de la justicia penal” (folio 20).
Y en el alegato con el que creen demostrar el cargo aseveran que en el informe de accidente de trabajo de folio 9 no aparece “que se hubiere dado instrucciones a los trabajadores de no abordar esa clase de vehículos o a los conductores de no recoger personal” (folio 21), por lo que dicen que contrariamente a lo concluido por el Tribunal, no puede colegirse razonablemente que existían instrucciones en tal sentido, “porque de ser así se debió colocar ese hecho en el informe de accidente de trabajo, pieza procesal que reviste sin igual importancia para el empleador por cuanto el manual de higiene y seguridad industrial así lo requiere” (ibídem).
En relación con el documento de folio 12, que dicen no fue apreciado, sostienen que en su anverso se observa que según la versión recibida de Orlando Antonio Vásquez y Roberto Carlos Martínez, el culpable del accidente fue el conductor y que su causa fue el exceso de velocidad; y del de folios 13 y 14, que el fallador tampoco valoró, arguyen que ilustra sobre el sitio en que sucedió el accidente y coincide con el anterior “en cuanto a lo peligroso de la curva en que ocurrió el óbito y al exceso de velocidad del profesional del volante que lo conducía” (folio 21).
Para las recurrentes el Tribunal apreció con error los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial porque al examinarlos solo alude a la forma como debe hacerse el transporte, dejando de lado el estudio de los demás elementos; y del reglamento de trabajo se extrae que el conductor conocía la directriz sobre las medidas de higiene para el manejo de máquinas con el fin de evitar accidentes y al establecerse en ese documento que el empleador no responde por los accidentes causados deliberadamente o por culpa grave de la víctima, se infiere que los demandados deben responder por los perjuicios del accidente por cuando no ocurrió por culpa del fallecido sino por la conducta de otro compañero; responsabilidad que también deducen de la circunstancia de que en ese reglamento se consagre la prohibición de utilizar los vehículos para objetivos distintos de la labor contratada por la empresa y de que el camión estuviera utilizándose en una actividad ordenada por el empleador.
Manifiestan que en el documento del folio 100 se enuncia que la empresa implantó un proceso de capacitación para la prevención de accidentes, lo que indica que el conductor de la volqueta recibió instrucciones sobre la forma de ejecutar sus labores, pero hizo caso omiso de ellas, lo que hace que su responsabilidad se extienda al empleador, con mayor razón si el accidente se produjo por exceso de velocidad.
Refiriéndose al interrogatorio de parte del representante legal de los demandados sostienen que da cuenta de que los vehículos de la empresa no estaban adecuados para transportar personal y que en los reglamentos de ella no existían restricciones sobre los modos de transporte a los frentes de trabajo, de donde concluyen la responsabilidad del empleador por ser obligación suya adecuar los vehículos para transportar trabajadores.
Rematan su alegato diciendo textualmente que aun cuando “la prueba testimonial no sirva para fundar un cargo en casación, en sede de instancia procede su análisis para demostrar los errores de hechos cometidos por el Tribunal” (folio 23).
La prueba por testigos no es una de las tres calificadas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 para fundar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo; y dado que el Tribunal formó su convencimiento sobre cómo se produjo el accidente de trabajo y que en el mismo no existió culpa del patrono basándose exclusivamente en el “análisis de la prueba testimonial” (folio 442) y en “las diligencias de investigación y conclusión de un proceso penal” —diligencias respecto de las cuales asentó que los testimonios que allí se recibieron no podían ser apreciados en el proceso por no reunirse los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil—, se cae de su peso que el cargo resulta totalmente inane, pues las recurrentes le piden a la Corte que analice como tribunal de instancia “los testimonios aludidos por el Tribunal que confirman la culpa patronal” y “la documental proveniente de la justicia penal”, vale decir, no se refieren en el recurso para nada a los elementos de juicio en los cuales el fallador fundó su convicción.
En efecto, y como ya está dicho, aun cuando hizo alusión a otras pruebas, el Tribunal fundó su convencimiento sobre el accidente en el que perdió la vida Oscar Alberto Escudero en las declaraciones de Luis Antonio Caicedo, Jhon Jairo Martínez, Leonel Ángel Salazar y Luis Albeiro Rosero Paz.
Con todo, de un análisis de los restantes medios de convicción que las impugnantes citan, resulta objetivamente lo siguiente:
1. Del reglamento interno de trabajo (folios 78 a 94) concluyó el Tribunal que no existe allí norma alguna sobre la forma como debe hacerse el transporte de los trabajadores, inferencia que se ajusta al texto de dicho documento, de modo que en ella no se aprecia un desacierto valorativo. Y si bien en ese reglamento se establecen medidas sobre al manejo de las máquinas para evitar accidentes y que el empleador no responderá por accidentes de trabajo que se causen deliberadamente o por culpa grave del trabajador, además de la prohibición de utilizar los vehículos en objetivos distintos a la actividad contratada por la empresa, de esas disposiciones no es posible deducir razonablemente la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió Oscar Alberto Escudero, puesto que no ofrecen ningún elemento de juicio sobre las circunstancias en que se presentó; y aun si de ellas pudiera inferirse que no hubo culpa grave de él en dicho accidente, de esa sola circunstancia no podría derivarse una culpa del patrono en lo sucedido.
2. Efectivamente en el artículo 6º del reglamento de higiene y seguridad industrial de Carlos Alberto Solarte (folio 97 a 100), se indica que la empresa ha capacitado al trabajador respecto de medidas de prevención y seguridad. Pero si de allí fuese dable concluir, como lo hacen las recurrentes, que el conductor del vehículo que ocasionó el accidente laboral recibió capacitación, serviría ello para inferir que el demandado tomó medidas para prevenir infortunios, lo que no puede ser demostrativo de culpa. Y si se pudiera deducir que dicho conductor desatendió esas instrucciones, esa conducta no sería forzosamente imputable al empleador, y aun cuando sería indicativo de culpa de ese trabajador, no puede perderse de vista que el Tribunal partió del supuesto de que ella fue debidamente demostrada en el proceso, puesto que textualmente asentó que “es indudable que la real culpa del accidente la tuvo el conductor de la volqueta Segundo Efraín Ortega Caipe, tal como fue definido por la justicia penal, y como lo evidencia el abandono del cargo y su condición de prófugo de la justicia” (folio 433).
3. En el “informe patronal de presunto accidente de trabajo” (folio 9) no se consignó que los trabajadores hubieren recibido instrucciones para no abordar determinado tipo de vehículos, como lo afirman las recurrentes. Pero de ello no puede concluirse inexorablemente que esas instrucciones no se hayan dado, tanto más cuanto que el Tribunal estableció que ellas existieron, basándose en los testimonios, conclusión que, desde luego, no logra ser desvirtuada por el contenido de dicho documento.
4. El documento de folio 12 da cuenta de las diligencias del levantamiento del cadáver de Oscar Escudero y al reverso aparece que, según versiones de Orlando Vásquez y Roberto Martínez, “el culpable del accidente fue el conductor”; versiones sobre cuya ratificación en el proceso no existe constancia y que, a lo sumo, podrían ser consideradas como un testimonio, que como ya se dijo no es medio hábil en casación laboral. Sin embargo, quedó ya dicho que el Tribunal concluyó que en el accidente hubo culpa del conductor del vehículo, por lo que no es dable atribuirle un desacierto por no apreciar ese documento.
Lo mismo cabe decir de la “diligencia de levantamiento de un cadáver” (folios 13 y 14), en la que se recogen versiones de testigos que no se identifican, y que informan que el accidente ocurrió por exceso de velocidad del conductor.
5. De las respuestas a las preguntas sexta, octava y vigésima del interrogatorio que se absolvió a nombre de la parte demandada (folios 129 a 133) lo único que resultaría establecido serían las condiciones de los vehículos de transporte de trabajadores, la existencia de reglamentos de trabajo de higiene y seguridad industrial, las características del vehículo en el que ocurrió el accidente y que los trabajadores están obligados a cumplir las regulaciones sobre prevención de riesgos profesionales; pero no ofrecen datos sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de trabajo.
De cualquier modo, se repite que, el Tribunal tuvo por probada la culpa de quien conducía el vehículo en el accidente de trabajo, razón por la que no se le puede atribuir un desacierto al no apreciar dicho interrogatorio, si basado en otros medios de convicción llegó a la conclusión que la acusación no comparte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de julio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que Beatriz Elena Molina Sánchez e Isabel Cristina Escudero Molina le siguen al “Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte”.
Magistrados: Rafael Méndez Arango—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Luis Gonzalo Toro Correa—German G. Valdés Sanchez—Fernando Vásquez Botero.