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Timestamp: 2018-02-24 02:42:24
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La nueva reforma al Fuero Penal Militar - Universidad del Rosario
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07/07/2015 3:27:34 p. m.
El presente informe aborda de manera general el tema de la reforma al fuero penal militar en Colombia desde los siguientes temas: en primer lugar, los antecedentes del proyecto; en segundo lugar, se expone el texto aprobado por el Congreso que da cabida a la reforma del fuero penal militar; y, en tercer lugar, se hacen algunas consideraciones acerca de la justicia penal militar y su reforma. Hay que hacer la salvedad que en el informe que se presenta a continuación solo se aborda el acto legislativo n° 022 de 2014 (en Senado de la República) y no con la ley que pretende modificar el código penal militar.
Casi desde el inicio de su mandato, uno de los objetivos legislativos del Gobierno de Juan Manuel Santos fue adelantar la reforma al fuero penal militar.[1] Esta necesidad fue el resultado de un reclamo sostenido por parte de las Fuerzas Militares a propósito de la existencia de una supuesta inseguridad jurídica derivada del juzgamiento de militares y policías por parte de jueces ordinarios, que debido al desconocimiento de la labor militar y policial, cometían “errores” en la apreciación y el juzgamiento de hechos sucedidos en medio de operaciones regulares de la Fuerza Pública.[2] En este sentido, el Acto Legislativo 2 de 2012 fue el primer intento del Gobierno Nacional por reformar el Fuero Penal Militar. Dicha reforma constitucional pretendía, en primer lugar, adicionar al artículo 116 de la Constitución cuatro incisos los cuales definían las funciones de un tribunal de garantías penales que sería creado con competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, con 3 fines específicos además de los determinados por la ley: a) de manera preferente[3], servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelantara contra miembros de la Fuerza Pública; b) de manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral; c) de manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. Estas funciones serían reglamentadas por una ley estatutaria posterior a la entrada en vigencia del acto legislativo.[4]
En segundo lugar, al artículo 2 del Acto legislativo 2 de 2012 adicionaba un literal “g” al artículo 152 de la Constitución el cual facultaba al Congreso para expedir leyes estatutarias que rigieran las materias de que trataran los artículos 116 y 221 de la Constitución. En tercer lugar el artículo 3 del Acto Legislativo modificaba el artículo 221 de la Constitución, el cual es el que contiene la mayor parte del esquema funcional del fuero penal militar y de la justicia penal militar en Colombia. [5] Este artículo especializaba el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Pública hasta el punto de crear un fondo para su defensa técnica.[6]
El acto legislativo fue aprobado tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Representantes, cursando los 8 debates reglamentarios. Sin embargo, contra el acto se presentaron demandas de inconstitucionalidad sobre todo por vicios de procedimiento, los cuales según la demanda eran insubsanables. En primer lugar, se alegó coincidencia entre sesiones de Comisión y Plenaria en el primer debate en segunda vuelta en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, debido a que la sesión de plenaria de la Cámara de Representantes tuvo apertura media hora antes de que se cerrara la sesión de la comisión, por lo tanto, se asume según la demanda que el proyecto no tuvo en su integridad el primer debate en segunda vuelta. En segundo lugar, se alegó “no agotamiento del orden del día de la sesión precedente.”, debido a que en la sesión de la plenaria de la Cámara, anterior a la sesión en la que se aprobó el acto legislativo, se levantó por falta de Quorum y no se continuó en la siguiente con el orden del día establecido, es decir, este fue alterado de forma contraria a lo dispuesto en la ley 5° de 1992.
La demanda dio como resultado que el Acto legislativo fuera declarado inexequible por la corte Constitucional y por ende el fuero penal militar no sufriera modificación en ese momento.
Un nuevo proyecto, por ahora de trámite exitoso: lo que se aprobó en le reforma.
En el año 2014, el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos y por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, presentó una nueva propuesta para modificar el fuero penal militar, que en esta ocasión solo contenía dos artículos. El primero pretendía modificar el artículo 221 de la Constitución Política del 91, delimitando el campo de acción de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar en torno al juzgamiento de infracciones y delitos eventualmente cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio.[7]
La modificación que propone el proyecto de ley consta de la enumeración de ciertos delitos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que no pueden ser juzgados por la Justicia Penal Militar. El inciso segundo del artículo menciona “En ningún caso la Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.”[8] Además de lo anterior, la modificación establece que la justicia penal militar deber ser totalmente independiente del mando de las Fuerzas Armadas, y que en todos los casos los jueces que lleven procesos en contra de miembros de la Fuerza Pública deberán conocer y tener en cuenta el DIH como marco de evaluación de las acciones ocurridas en medio del conflicto.
Junto a lo anterior, el artículo segundo del proyecto adicionaba un parágrafo transitorio en el cual se menciona que los delitos que, antes de la entrada en vigencia de la modificación planteada, se encuentren en manos de la justicia ordinaria, permanecerán allí salvo que correspondan con lo mencionado en la modificación al artículo 221, en ese caso harán traslado a la justicia penal militar. La fiscalía entonces tendrá un periodo de tiempo de un año en coordinación con la Justicia Penal Militar para identificar los procesos que no cumplan con los criterios de selección del artículo 221 de la Constitución Política. Con estas modificaciones al fuero penal militar, el proyecto fue aprobado en último debate en la Cámara de Representantes y nuevamente queda ad portas de sanción presidencial.
Es de destacar el papel de Congresistas como Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero y Ángela María Robledo del Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde, que se opusieron a la aprobación de la reforma. En este caso, los legisladores presentaron informes y casos en donde se pueden presentar ambigüedades en la determinación de la jurisdicción a la que corresponde evaluar los procesos de militares o policías inmersos en conductas eventualmente delictivas.
Debido a la importancia de esta reforma, durante su debate en el Congreso de la República fueron varios los elementos que generaron controversia en torno al Acto Legislativo: el DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro de la Justicia Penal Militar; el principio de objetividad y de juez natural; y el juzgamiento de los denominados “falsos positivos”.
El DIH[9] está planteado como un mecanismo de “humanización” de la guerra. Es un conjunto de medidas que se adoptó en el Sistema Internacional tras los convenios de Ginebra y diferentes acuerdos entre los Estados para minimizar el impacto de los conflictos sobre la población civil y la población que ya no combate (heridos en combate por ejemplo), además de limitar los métodos y medios de hacer la guerra. Por su parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[10] es el conjunto de obligaciones y deberes que los Estados deben respetar en torno al cumplimiento y protección de los Derechos Humanos.
La definición de estos dos marcos legales internacionales se convirtió en uno de los puntos centrales del debate, puesto que Representantes como Alirio Uribe y Ángela María Robledo reclamaban la utilidad de incluir el DIH como marco de juzgamiento para los procesos en contra de miembros de la Fuerza Pública, en la medida en que este no aplica como mecanismo de investigación pues su fundamento está en la protección de la población no combatiente, situación por la que solicitaban la introducción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que si actuaría como referencia en los procesos tanto de la justicia penal militar como de la ordinaria, especialmente cuando se presentan eventuales violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, desde el punto de vista del Gobierno Nacional y los congresistas de la Unidad Nacional, al hacer una revisión del bloque de constitucionalidad es claro que en Colombia el Derecho Internacional de los Derechos humanos está en un lugar de privilegio en el ordenamiento jurídico para cualquier jurisdicción, por lo que hacer el señalamiento explícito que reclamaba la oposición era innecesario. Las anteriores posturas encontradas condujeron gran parte del debate, que se dio en el seno del Congreso de la República en torno a la aplicabilidad del DIH en el escenario de la jurisdicción penal militar, teniendo en cuenta que el DIH establece los parámetros generales que en medio de un conflicto se deben respetar por las partes en contienda, pero en ningún momento se plantea la posibilidad de actuar como método de investigación para infracciones al Derecho Internacional cometidas por la Fuerza Pública.
Por otro lado, en lo que se refiere al principio de objetividad y de juez natural, lo que se buscó con el Fuero Penal Militar fue, en primer lugar, facilitar la comprensión de las “acciones desarrolladas en el servicio” o como “resultado de actos relacionados con el servicio”, y en segundo lugar, minimizar el riesgo del desconocimiento por parte de los jueces de las dinámicas del conflicto y de la guerra, desconocimiento con el cual pueden juzgar erróneamente actos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares en servicio. Los ponentes a favor del proyecto basaban su defensa en el principio de objetividad de la justicia y que ésta debía ser impartida teniendo en cuenta los contextos y las situaciones juzgadas. Así, fortaleciendo el fuero penal militar, muchas de las acciones que son consideradas como delito por la justicia ordinaria, pasarían a ser juzgadas por el tribunal penal militar, lo que llenaría de confianza a los integrantes de la Fuerza Pública a la hora de realizar los actos que les exige el conflicto mismo. Al respecto de esto, los representantes del Polo Democrático y la Alianza Verde manifestaron su preocupación por lo que consideran es una ampliación del fuero penal militar, y en este sentido recordaba Ángela María Robledo que el debate actual en muchos lugares del mundo consiste en tratar no de aumentar las competencias de los estrados militares sino de minimizar o acotar los alcances de la Justicia Penal Militar, pues como bien lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas de sus sentencias, la justicia penal militar debe ser una instancia especial, limitada y excepcional. De igual forma, también manifestaron preocupaciones por la influencia que pueden tener los mandos militares en los procesos de la justicia penal militar, puesto que consideran que las medidas para garantizar su independencia son en todos los casos insuficientes.
Por último, a propósito de los denominados “falsos positivos”, se escucharon voces como las de Human Rights Watch (HRW) quien le pidió al Congreso de Colombia abstenerse de aprobar la reforma constitucional, considerando que iba en contravía de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Para la ONG, la reforma abriría la puerta para que los llamados ‘falsos positivos’ terminen siendo juzgados por la justicia militar y no la ordinaria.[11] Sin embargo, el ministro saliente de defensa, Juan Carlos Pinzón[12], apuntó en el debate que la reforma no busca la impunidad de los militares, sino una justicia más especializada e independiente para las Fuerzas Militares y de Policía. Aún falta la última palabra de la Corte Constitucional.
“Acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo de 27 dic 12 de reforma de la Constitución”. Documento Electrónico. Disponible en Derechos,ONG
El derecho internacional de los derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Documento electrónico. Disponible en Professional Interest.
Justicia penal militar: los límites y los peligros de la actividad militar. Observatorio de la Opinión y de la información de interés público. Documento Electrónico. Disponible en Ediciones OPIP.
Justicia Penal Militar también juzgará casos de narcotráfico, bacrim y delincuencia organizada. Diario El Colombiano. Documento Electrónico. Disponible en El Colombiano.
Ley No. 1698 del 26 de Diciembre de 2013 “Por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones”. Documento electrónico. Disponible en Presidencia.
Los reparos de la ONU y Human Rights Watch al fuero militar. Portal web del diario el Tiempo. 24 de Octubre de 2013. Documento electrónico. Disponible en El Tiempo.
Mantilla Villegas, Amelia. El Fuero Militar a la Luz de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Documento Electrónico. Disponible en enColombia.
“Proyecto de Acto Legislativo n° 022 de 2014: Por medio del cual se reforma el artículo 221 de la constitución Política de Colombia”. Documento electrónico. Disponible en la página web: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/Proyectos+de+Acto/2014+-+2015/PAL+022 14+POR+EL+CUAL+SE+REFORMA+EL+ARTICULO+221.pdf
¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario de la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Documento Disponible en CICR.
[1] Siendo tradicionalmente reiterativa en su posición, la Corte ha venido sosteniendo que el fuero militar constituye “una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria”, y se la otorga a la Justicia Penal Militar. Para ver más, consultar Mantilla Villegas, Amelia. El Fuero Militar a la Luz de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Documento electrónico. Disponible en enColombia.
[2] Para Mayor Información ver Justicia penal militar: los límites y los peligros de la actividad militar. Observatorio de la Opinión y de la información de interés público. Documento Electrónico. Disponible en la página web:
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/boletines/EdicionesOPIP/Boletin1-2015/Justicia-penal/
[3] Hay ciertos casos judiciales los cuales, según sus características, tienen prioridad para ser juzgados de primera mano por ciertos jueces a pesar que la ley determine otra instancia en el proceso; en ello radica el poder de preferencia de algunos jueces o tribunales judiciales.
[4] Ver “Acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo de 27 dic 12 de reforma de la Constitución”. Documento Electrónico. Disponible en Derechos Human Rights.
[6] A pesar que el acto legislativo 2 de 2012 fuera declarado inexequible por la corte constitucional, posteriormente en el año 2013 se creó el Fondo para la defensa técnica y especializada de la fuerza pública con la ley 1698 del 26 de diciembre de 2013. Consultar más en Ley No. 1698 del 26 de Diciembre de 2013 “Por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones”. Documento electrónico. Disponible en Presidencia.
[7] Ver Proyecto de ley 022 de 2014 (Senado) “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”. Documento electrónico. Disponible en Proyecto Legislativo.
[8] Ver Op. Cit.
[9] El DIH o Derecho Internacional Humanitario “es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados””. Para consultar más ver ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario de la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Documento Electrónico. Disponible en CICR.
[10] El Derecho Internacional de los derechos humanos “establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.” Para consultar más ver El derecho internacional de los derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Documento electrónico. Disponible en Naciones Unidas Derechos Humanos.
[11] Ver Los reparos de la ONU y Human Rights Watch al fuero militar. Portal web del diario el Tiempo. 24 de Octubre de 2013. Documento electrónico. Disponible en El Tiempo.
[12] “La aprobación definitiva de la reforma al Fuero Penal Militar es un gran logro, ya que les permite a nuestras Fuerzas Militares y de Policía que tengan herramientas y la posibilidad institucional de tener una mayor independencia a la Justicia Penal Militar y Policial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, como bases fundamentales para que se haga justicia de manera especializada”. Consultar más en Justicia Penal Militar también juzgará casos de narcotráfico, bacrim y delincuencia organizada. Diario El Colombiano. Documento Electrónico. Disponible en El Colombiano.