Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395649169179&uri=CELEX:62015CJ0139
Timestamp: 2019-01-21 21:07:32
Document Index: 378653957

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 100', 'artículo 145', 'artículo 108', 'artículo 100', 'artículo 145', 'artículo 154', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 108']

EUR-Lex - 62015CJ0139 - EN - EUR-Lex
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Document 62015CJ0139
Asunto C-139/15 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:707
En el asunto C‑139/15 P,
Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 20 de enero de 2015, España/Comisión (T‑109/12, no publicada, EU:T:2015:29; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal anuló la Decisión C(2011) 9992 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos «Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2.a fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (CCI: 2000 ES 16 C PE 020), «Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento)» (CCI: 2002 ES 16 C PE 002), «Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife» (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) y «Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor» (CCI: 2002 ES 16 C PE 040) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Si, tras haber efectuado las verificaciones necesarias, la Comisión llega a la conclusión de que:
Al término del plazo establecido por la Comisión, en caso de no haberse llegado a un acuerdo en un plazo de tres meses, la Comisión decidirá, sin perjuicio de la observancia del debido procedimiento y tomando en consideración los comentarios que hubiera realizado el Estado miembro:
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación de los apartados 1 a 3 y las comunicará con carácter informativo a los Estados miembros y al Parlamento Europeo.»
Mediante Decisiones C(2001) 531, de 16 de marzo de 2001, C(2002) 4269, de 4 de diciembre de 2002, C(2003) 1545, de 6 de mayo de 2003, y C(2002) 4692, de 27 de diciembre de 2002, la Comisión concedió una ayuda financiera con cargo al Fondo de Cohesión a cuatro proyectos ejecutados por el Reino de España.
«Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2.a fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (CCI: 2000 ES 16 C PE 020) (en lo sucesivo, «primer proyecto»);
«Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento)» (CCI: 2002 ES 16 C PE 002) (en lo sucesivo, «segundo proyecto»);
«Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife» (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) (en lo sucesivo, «tercer proyecto»), y
«Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor» (CCI: 2002 ES 16 C PE 040) (en lo sucesivo, «cuarto proyecto»).
Tras haber recibido una declaración de las autoridades españolas acerca del cierre de cada uno de estos proyectos, la Comisión les dirigió, por cartas de 29 de mayo de 2007, 9 de junio de 2008, 4 de mayo de 2009 y 27 de noviembre de 2009, una propuesta de cierre que incluía en todos los casos una corrección financiera motivada por la existencia de irregularidades relacionadas con la normativa en materia de contratación pública.
Recibida comunicación de las autoridades españolas en la que mostraban su desacuerdo con las propuestas de cierre y remitían información adicional, la Comisión les dirigió observaciones complementarias por cartas de 21 de enero y de 21 de junio de 2010, antes de invitarlas a una audiencia, que se celebró el 14 de julio de 2010.
Dado que dicha audiencia no permitió que las partes llegaran a un acuerdo sobre la totalidad de las cuestiones planteadas, las autoridades españolas remitieron nueva información a la Comisión por cartas de 15 y de 17 de septiembre de 2010.
Con carácter introductorio, la Comisión indicó en dicha Decisión que el análisis de la documentación que se le había remitido acerca de los proyectos de que se trata había puesto de relieve la existencia de irregularidades en relación con la normativa de la Unión y con la normativa nacional en materia de contratación pública.
en la utilización, en los contratos incluidos en el primer proyecto, de criterios de adjudicación incompatibles, por un lado, con el artículo 30 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO 1993, L 199, p. 54), y, por otro lado, con una disposición de Derecho interno español;
en la utilización, en los contratos incluidos en el segundo proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, letra d), de la Directiva 93/37;
en la utilización, en los contratos incluidos en el tercer proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, letra d), de la Directiva 93/37, así como en su artículo 6, y
en la utilización, en los contratos incluidos en el cuarto proyecto, de un procedimiento negociado sin publicidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, letras d) y e), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO 1992, L 209, p. 1).
623135,74 euros para el primer proyecto;
1010179,66 euros para el segundo proyecto;
546192,66 euros para el tercer proyecto, y
30199,32 euros para el cuarto proyecto.
En apoyo de dicho recurso, formuló tres motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1386/2002, en la infracción del artículo H del anexo II del Reglamento n.o 1164/94 modificado y en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima.
A continuación, el Tribunal General afirmó, en los apartados 23 a 25 de la sentencia recurrida, que, de este modo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento n.o 1164/94 modificado, en relación con el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1386/2002, el plazo al término del cual la Comisión debe adoptar una decisión de corrección financiera era de tres meses desde la fecha de la audiencia (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 95, y de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartado 95). Consideró que, con arreglo al artículo 100, apartado 5, del Reglamento n.o 1083/2006, la Comisión adoptará una decisión sobre la corrección financiera en el plazo de seis meses desde la fecha de la audiencia y, si ésta no llega a producirse, el período de seis meses empezará a correr dos meses después de la fecha que conste en la carta de invitación a la audiencia enviada al Estado miembro por la Comisión (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 96, y de 4 de septiembre de 2014,España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartado 96). También recordó que, con arreglo al artículo 145, apartado 6, del Reglamento n.o 1303/2013, la Comisión adoptará una decisión en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la audiencia o de la fecha de recepción de información adicional, si el Estado miembro está de acuerdo con presentar tal información adicional tras la audiencia, con la precisión de que, si la audiencia no llega a producirse, el plazo de seis meses empezará a correr dos meses después de la fecha que conste en la carta de invitación a la audiencia enviada al Estado miembro por la Comisión (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 97, y de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartado 97).
En este contexto, el Tribunal General precisó, en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, que, aunque el Reglamento n.o 1265/1999, que modificó el Reglamento n.o 1164/94, entró en vigor el 1 de enero de 2000, se desprende sin embargo del artículo 108, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1083/2006 que el artículo 100 de éste es aplicable a partir del 1 de enero de 2007, incluso a los programas anteriores al período 2007-2013. Señaló que ello es por otra parte conforme con el principio según el cual las normas de procedimiento se aplican inmediatamente después de su entrada en vigor (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 98, y de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartado 98). El Tribunal General añadió que, en cuanto al artículo 145 del Reglamento n.o 1303/2013, éste se aplica, con arreglo al artículo 154, párrafo segundo, de éste, con efectos a 1 de enero de 2014 (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 99, y de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartado 99).
En el apartado 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, en el presente asunto, la audiencia se había celebrado el 14 de julio de 2010 y la Comisión había adoptado la Decisión controvertida el 22 de diciembre de 2011, de modo que dicha institución no había respetado el plazo de seis meses establecido por el artículo 100, apartado 5, del Reglamento n.o 1083/2006.
Este motivo se subdivide en dos partes, ya que la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que el artículo 100 del Reglamento n.o 1083/2006 era aplicable al presente asunto en lo que atañe al procedimiento que debe seguirse —y más concretamente al plazo que se ha de respetar— para pronunciarse sobre una corrección financiera, siendo así que, en primer lugar, la disposición aplicable en el caso de autos era el artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento n.o 1164 modificado y que, en segundo lugar, la normativa pertinente de la Unión no establece ningún plazo para la adopción de una decisión de corrección financiera por la Comisión.
En cambio, con arreglo al artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento n.o 1164/94 modificado, en su versión en lengua española, «al término del plazo establecido por la Comisión, en caso de no haberse llegado a un acuerdo en un plazo de tres meses, la Comisión decidirá».
En relación con el fundamento del primer motivo, considerado en su segunda parte, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones que, aunque la normativa de la Unión en vigor hasta finales de 1999 no establece un plazo para la adopción de una decisión de corrección financiera por parte de la Comisión, en cambio este plazo legal está previsto en la normativa de la Unión aplicable a partir del año 2000 (véanse las sentencias de 4 septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartados 75 a 82; de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, apartados 75 a 82; de 22 de octubre de 2014, España/Comisión, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, apartado 29; de 4 de diciembre de 2014, España/Comisión, C‑513/13 P, no publicada, EU:C:2014:2412, apartado 36; de 24 de junio de 2015, Alemania/Comisión, C‑549/12 P y C‑54/13 P, EU:C:2015:412, apartado 81, y de 24 de junio de 2015, España/Comisión, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, apartado 50).
Además, como indicó el Tribunal de Justicia en el apartado 83 de esas sentencias, una interpretación idéntica resulta del tenor utilizado por la propia Comisión en su Comunicación (2011) C 332/01 al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas — Cuentas anuales de la Unión Europea — Ejercicio financiero de 2010 (DO 2011, C 332, p. 1), que indica, en su página 63, sobre la aplicación de correcciones financieras en el ámbito de la política de cohesión, que, cuando el Estado miembro no está de acuerdo con la corrección requerida o propuesta por la Comisión, tras un procedimiento contradictorio formal con el Estado miembro que incluye la suspensión de pagos al programa, «la Comisión dispone de tres meses a partir de la fecha de una audiencia formal con el Estado miembro (seis meses para los programas 2007‑2013) para adoptar formalmente una decisión de corrección financiera y emite una orden de recuperación para obtener el reembolso del Estado miembro».
Debe precisarse en este contexto que el tenor del artículo 108, párrafo segundo, de dicho Reglamento no deja lugar a ninguna duda en cuanto a su sentido y alcance. De este modo, con arreglo a su primera frase, las disposiciones enumeradas son aplicables a partir del 1 de agosto de 2006«únicamente para los programas correspondientes al período 2007-2013». En cambio, a tenor de su segunda frase, «las demás disposiciones serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2007», sin realizar ninguna otra precisión, y, por tanto, con carácter general.
Para pronunciarse sobre el fundamento de este motivo, calificado de subsidiario por la Comisión, procede señalar que, por las mismas razones que figuran en los apartados 74 a 76 de la presente sentencia, la alegación que dicha institución pretende basar en las sentencias de 27 de enero de 1988, Dinamarca/Comisión (349/85, EU:C:1988:34), apartado 19, de 6 de octubre de 1993, Italia/Comisión (C‑55/91, EU:C:1993:832), apartado 69, de 4 de julio de 1996, Grecia/Comisión (C‑50/94, EU:C:1996:266), apartado 6, y de 22 de abril de 1999, Países Bajos/Comisión (C‑28/94, EU:C:1999:191), apartado 51, carece de pertinencia.
En relación más concretamente con la sanción del incumplimiento por parte de la Comisión del plazo que se le señala para adoptar una decisión de corrección financiera, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 102 de las sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), y de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), que, contrariamente a lo que la Comisión había alegado, la circunstancia de que la normativa pertinente de la Unión no establezca que, en caso de que se incumpla el plazo establecido para la adopción de una decisión de corrección financiera, la Comisión ya no puede adoptar tal decisión carece de pertinencia, toda vez que el establecimiento de un plazo en el que debe adoptarse una decisión de esta naturaleza basta por sí mismo.