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Timestamp: 2018-09-22 01:51:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 169', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 142', 'artículo 143', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 143', 'artículo 153', 'artículo 144', 'artículo 154', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 186', 'artículo 217', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 188', 'artículo 158', 'artículo 159', 'artículo 15', 'artículo 196', 'artículo 41']

Apuntes - Apuntes de Medicina - Docsity
armonser 24 de enero de 2018
apuntes, Apuntes de Medicina. Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Prof. nuñez boluda
Asignatura: CLINICA PODOLOGICA INTEGRADA 1, Profesor: nuñez boluda, Carrera: Podología, Universidad: UAX
TEMA XII.- ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
I.- LAS ACTUACIONES Y EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
En una primera aproximación podemos afirmar que la actividad o función inspectora tiene por principal objeto la comprobación e investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios más allá de los controles que se llevan a cabo en los procedimientos de gestión.
En efecto, la gestión y la inspección se diferencian por distintos elementos, entre otros, los siguientes:
• Ambas funciones están encomendadas a órganos administrativos distintos: gestión versus inspección.
• Al margen de las actuaciones de comprobación limitada (que también puede llevar a cabo la Inspección) la función de comprobación que se atribuye a los órganos inspectores tiende a ser de carácter inquisitivo o más exhaustiva que la que se desarrolla en los procedimientos de gestión. Se trata no sólo de comprobar formalmente la corrección de lo declarado (como ocurre, por ejemplo en el procedimiento de verificación de datos), sino de descubrir o investigar no lo declarado.
• De ahí que el alcance e intensidad de las facultades que les son atribuidas sean también distintos.
B. Fuentes normativas.
Las fuentes normativas directas de las actuaciones y procedimiento de inspección se encuentran en los artículos 114 y siguientes de la LGT y artículos 166 y siguientes del RGGI.
II.- LAS FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
A.- Introducción. Órganos inspectores
“se entiende por órganos de inspección tributaria los de carácter administrativo que ejerzan las funciones previstas en el artículo 141 de la LGT, así como aquellos otros que tengan atribuida dicha condición en las normas de organización específica.”
Por su parte el artículo 169.1 del mencionado Reglamento especifica que “las funciones inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los órganos con funciones de inspección tributaria
B.- Relación
Indica el primer inciso del artículo 141 de la LGT que “la inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones dirigidas a”
1.- Funciones de comprobación e investigación
A las funciones de comprobación e investigación se refieren los apartados a) y b) del citado artículo 141. Las mismas constituyen el cometido esencial de la inspección: investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración (letra a) y comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios (letra b)
En todo caso, lo importante es que la función de comprobación e investigación se sustancia en un procedimiento al que llamamos de inspección, caracterizado por sus propias notas distintivas, para la satisfacción del interés general y en garantía de los derechos de los contribuyentes y ello sin perjuicio de que algunas funciones comprobadoras puedan desarrollarse a través de otros procedimientos encomendados a los órganos de gestión, como las actuaciones de comprobación limitada.
En efecto, estas actuaciones son de auténtica comprobación e investigación, solo que se limitan las facultades de la Administración para llevarlas a cabo: no pueden extenderse al examen de la contabilidad mercantil, ni requerir a terceros información sobre movimientos financieros. Además, se sustancian a través de su propio procedimiento, como ya vimos, el cual podrá desarrollarse tanto por los órganos de gestión como de inspección.
2.- Otras funciones
El resto de funciones enumeradas en el artículo 141 de la LGT o bien derivan de la propia comprobación e investigación siendo consecuencia de las mismas, como las de liquidación (letra g), o bien son auxiliares respecto de ellas, como las de obtención de información (letra c), comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 134 y 135 de la LGT (letra d), comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas (letra e) y la información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas (letra f).
III. LAS FACULTADES DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
A.- Consideración
Para el desarrollo de sus actuaciones de comprobación e investigación los funcionarios actuantes disponen de una serie de facultades o medios de comprobación.
De manera singular, en relación con el desarrollo del procedimiento, la Inspección tendrá, entre otras, las siguientes facultades relacionadas en el artículo 142. 1 y 2 de la LGT:
a) Examen de documentos y elementos informáticos en sentido muy amplio con trascendencia tributaria,
b) La inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información.
c) Entrada y reconocimiento de fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos,
d) Adopción de medidas cautelares, e) Por lo demás, en el desarrollo del procedimiento al funcionario que
actúe en cada fase le corresponderá la función de impulso del mismo y tendrá la facultad de efectuar requerimientos a los sujetos inspeccionados, así como, de forma singular, a terceros para la obtención de información de datos con relevancia para el desarrollo del mismo,
IV. LA DOCUMENTACION DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS.
De acuerdo con el artículo 143.1 de la LGT Y 175 del RGGI las actuaciones de la Inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios.
Las comunicaciones, diligencias e informes son formas de documentación comunes a todas las actuaciones y procedimientos tributarios
Por el contrario, las actas constituyen una forma de documentación propia de las actuaciones inspectoras y a las mismas nos referiremos al tratar de la terminación del procedimiento.
V. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION.
A.- Objeto y fases
La comprobación e investigación del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, y
Si hay lugar, la regularización de la situación tributaria del obligado tributario mediante la práctica de una o varias liquidaciones.
De acuerdo con esto pueden distinguirse dos fases en el procedimiento de inspección:
1.- Una primera que podemos denominar de instrucción, que comprende las actuaciones de comprobación e investigación propiamente dichas, que concluirán con la firma del acta, exponiendo el resultado de las actuaciones y la propuesta de
regularización. Esta fase se desarrollará por el inspector actuario o en palabras de la Ley y el Reglamento por “el órgano que desarrolla las actuaciones”.
2.- La segunda fase será la de resolución, que concluirá con el acto de liquidación o con declaración de que no procede ninguna regularización. La competencia en esta fase está atribuida a un funcionario diferente del actuario u “órgano competente para liquidar” que será normalmente el Inspector Jefe del correspondiente ámbito geográfico de competencia. A éste es a quien corresponde también la dirección del procedimiento y la adopción de ciertas decisiones que puedan surgir en el desarrollo de la instrucción como ampliación del plazo de duración del procedimiento, de la extensión o alcance de las actuaciones etc…
B.- Iniciación.
De oficio. Esto no significa que este modo de iniciación no contenga elementos reglados. Las actuaciones inspectoras pueden iniciarse de oficio a raíz de una denuncia con indicios suficientes (art. 114.2 de la LGT), pueden proceder de una comprobación limitada [art. 139.1.c) de la misma Ley] o del cumplimiento de un Plan de control tributario (art. 116 de la misma Ley).
A petición del obligado tributario, aunque en rigor esta segunda posibilidad está limitada a aquellos supuestos en que, recibida una comunicación de inicio de actuaciones de carácter parcial o en el curso de las mismas, el sujeto solicite,
Extensión y alcance de las actuaciones inspectoras.
Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones (art. 147.2 de la LGT). A la información acerca del alcance de las actuaciones habría que añadir la obligación de informar también de la extensión del procedimiento.
El alcance de las actuaciones podrá ser total o parcial:
Será total cuando se compruebe la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período impositivo sometido a inspección.
Será parcial cuando las actuaciones no afecten a todos los elementos de la obligación tributaria y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamente,
La regla general es que las actuaciones tengan alcance general, salvo que se indique otra cosa, lo que será imprescindible hacer en el acto de inicio.
El objeto de esta fase es establecer los hechos sobre los cuales se va a llevar a cabo la regularización y concluye precisamente con la propuesta contenida en el acta que pone fin a esta fase, como hemos visto. Para ello deberán realizarse las actuaciones
de comprobación e investigación correspondientes haciendo uso de las facultades reconocidas a la Inspección.
La Inspección de los tributos tiene la facultad de “adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyen o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición” (artículo 146.1 de la LGT)
“Las medidas podrán consistir -dispone el párrafo segundo del artículo 146.1 de la LGT-, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate”.
“Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación”.
En el plazo improrrogable de cinco días desde el siguiente a la notificación de la medida, que deberá documentarse mediante diligencia motivada,
Ratificación y levantamiento.
Por último, el órgano competente deberá ratificar, modificar o levantar la medida adoptada, si desaparecen las circunstancias que las motivaron, mediante acuerdo debidamente motivado en el plazo de 15 días desde su adopción, que deberá comunicarse al obligado
Dos son las reglas básicas sobre el desarrollo temporal del procedimiento de inspección:
La duración máxima del procedimiento, entre el momento de la notificación al obligado tributario del inicio de aquél y el de la notificación de la resolución que pone fin al mismo, es de dieciocho meses.
Este plazo puede ampliarse por un período que no exceda de 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
• Que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas.
• Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.
La ampliación del plazo, sin embargo, debe constituir la excepción y debe ser motivada con arreglo a la naturaleza reglada de tal potestad y de conformidad con la jurisprudencia,
La regla sobre duración máxima del procedimiento se completa con otra que
establece que la interrupción injustificada de aquél, sin realización de actuaciones por causas no imputables al obligado tributario, no podrá superar los seis meses.
a.el incumplimiento del plazo de doce meses para la sustanciación de las actuaciones inspectoras no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, derivándose, además otros importantes efectos:
b. Estas mismas consecuencias, excepción hecha de la relativa al cómputo de intereses, se producirán en el caso de que el procedimiento se mantenga interrumpido injustificadamente durante más de seis meses.
“Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la Inspección de los tributos:
A su vez, y como ya vimos, “la Inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales” (art. 151.2, párrafo segundo de la LGT).
Los libros y demás documentación a los que se extienden las facultades de examen de la Inspección de los tributos “deberán ser examinados en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas.
Tratándose de los registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por ésta como son las facturas, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la Administración Tributaria para su examen
Las actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público de las mismas y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo vigente
D. TERMINACION.
Las actuaciones inspectoras que se albergan dentro del procedimiento de inspección no terminan, propiamente, con la formalización de las correspondientes actas, si bien les corresponde a éstas recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación y proponer, en su caso, la regulación de la situación tributaria del obligado.
En efecto, la terminación de las actuaciones inspectoras se produce mediante “la práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación”
El artículo 143.2 de la LGT define las actas como los documentos públicos que extiende la Inspección de los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.
2.. Contenido
De acuerdo con la definición legal cabe distinguir, en el cuerpo del Acta, los siguientes elementos:
a) Hechos, con exposición de las actuaciones que han conducido a su fijación y de los elementos de prueba resultantes de dichas actuaciones.
b) Fundamentos de derecho o exposición de las normas jurídicas aplicables
c) Propuesta de regularización, es decir, del resultado de la aplicación de las indicadas normas a los hechos.
Aparte de este contenido esencial el Acta debe contener otros elementos que el artículo 153 de la LGT detalla
2.3. Naturaleza y valor probatorio.
“hacen prueba de los hechos que motiven su formulación, salvo que se acredite lo contrario.
Por último, al amparo del artículo 144.2 de la LGT: “Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho”.
4.. Clases
1’. Introducción.
Las actas se clasifican por el artículo 154.1 de la LGT exclusivamente en función de la tramitación que hayan de proseguir.
“A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad”.
2’. Actas con acuerdo.
b’. Naturaleza.
Ello hace que las mismas tengan una naturaleza diversa de las Actas clásicas, que son actos unilaterales, actos de autoridad.
“concretar dicha aplicación (la norma correcta al caso concreto), la apreciación de aquellos hechos o la estimación, valoración o medición mediante un acuerdo con el obligado tributario en los términos previstos en este artículo” (último inciso del artículo 155.1 de la LGT). Nos encontramos con las actas con acuerdo ante un negocio jurídico de fijación de los supuestos jurídicos y fácticos imprescindibles y previos a la aplicación de la norma jurídica pertinente.
c’. Supuestos.
cuanto resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al supuesto concreto.
cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.
d’. Iniciativa y desarrollo.
“Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación e investigación el órgano inspector entienda que puede proceder la conclusión de un acuerdo por concurrir alguno de los supuestos señalados en el artículo 155 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo”.
“Para la suscripción del acta con acuerdo será necesaria la concurrencia de los subsiguientes requisitos:
Autorización expresa del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo.
La constitución de un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta”.
e’. Terminación y efectos.
1’’. “El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción del acta por el obligado tributario o su representante y la Inspección de los tributos”.
Por su lado, añade el artículo 155.5 de la LGT que: “Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos 10 días contados desde el siguiente a la fecha del acta no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.
2’’. El artículo 186.8 del RGGI admite la posibilidad de que se plantee un acta con acuerdo parcial, es decir, que no afecte a todos los elementos regularizados de la obligación tributaria, y regula los subsiguientes efectos y tratamientos procedimentales.
f’. Impugnación.
“El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria. La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de esta Ley, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso- administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento”.
3’. Actas de conformidad.
a’. La frontera entre las actas con acuerdo y las de conformidad es formalmente clara. “cuando no existe la situación de incertidumbre que motiva la utilización de las primeras” (las con acuerdo)
b’ La formalización de actas de conformidad sigue este camino, que detalla el artículo 156 de la LGT:
trámite de audiencia: “Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho”.
conformidad: “Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta”.
liquidación tributaria: “Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, con alguno de los siguientes contenidos:
c’. En cuanto a los efectos singulares de las actas de conformidad, los apartados 4 y 5 del artículo 156 de la LGT formulan los siguientes:
reducción de un 30 por 100 de las sanciones que se impongan de conformidad con el artículo 188.1 de la propia LGT.
presunción de certeza de los hechos y elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los cuales el obligado tributario prestó su conformidad, que sólo podrán ser rectificados mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.
d’. “El obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifestada en el acta, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de esta y a presentar alegaciones”,
4’. Actas de disconformidad.
“Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho”.
“a presentar las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los quince días contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se haya producido la negativa a suscribir, se haya suscrito o, si no se ha comparecido, se haya notificado el acta”.
“Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta, a la que se acompañará un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de Derecho en que se base la propuesta de regularización”.
formulación de alegaciones: “En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar”.
posible práctica de actuaciones complementarias: “Antes de dictar el acto de liquidación, el órgano competente podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias en los términos que fijen reglamentariamente”.
liquidación: “Recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará la liquidación que proceda, que será notificada al interesado”.
VI. OTRAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
A. Aplicación del método de estimación indirecta
El artículo 158 de la LGT dispone la obligación de la Inspección de acompañar a las Actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios un informe razonado sobre la aplicación del método de estimación indirecta.
En dicho informe se harán constar las causas determinantes de la aplicación del método, la situación de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tributario, la justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases, rendimientos o cuotas y los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos.
B. Informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.1 de la LGT para que la Inspección pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria y aplicar los efectos
previstos en el artículo 15.3 de la LGT deberá emitirse previamente un informe favorable de la Comisión consultiva que se constituya por dos representantes del órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas, actuando uno de ellos como Presidente y por dos representantes de la Administración Tributaria actuante.
C. Declaración de responsabilidad en el procedimiento inspector.
El artículo 196.1 del RGGI dispone que, cuando en el curso de un procedimiento inspector el órgano actuante tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsabilidad tributaria solidaria o subsidiaria a la que se refiere el artículo 41 de la LGT, se podrá acordar el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad, lo que deberá ser notificado al responsable con indicación de las obligaciones tributarias y períodos a los que alcance la responsabilidad y el precepto legal en que se fundamenta.