Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/47875/sentencia-tsj-extremadura-209-2009-de-23-de-julio-urbanismo-proyecto-de-interes-regional-zona
Timestamp: 2017-10-21 21:18:33
Document Index: 162806792

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Sentencia T.S.J. Extremadura 209/2009, de 23 de julio. Urbanismo. Proyecto de Interés Regional. Zona de Especial Protección de Aves - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Extremadura 209/2009, de 23 de julio
Urbanismo: impugnación de resolución por la que se deniega la aprobación inicial de Proyecto de Interés Regional. Doctrina de los actos propios: no se ha vulnerado, puesto que la Declaración de Interés Regional del proyecto presentado es un trámite preceptivo pero no vinculante para aprobar el proyecto. Tramitación del procedimiento: no han existido deficiencias formales ni dilaciones en el procedimiento que hayan impedido al actor el ejercicio del derecho de defensa de sus intereses. Ordenación urbanística: en el proyecto presentado no se aprecia continuidad con el desarrollo urbanístico previsto para el próximo planeamiento y tampoco es compatible con el vigente. Estudio de Impacto Ambiental: correspondía al actor presentar dicho Estudio para que la Administración pudiera realizar la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto sobre la Zona de Especial Protección de Aves a la que afecta.
Primero.-Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cáceres se remitió a esta Sala recurso contencioso-administrativo n.º 249/07. Procedimiento que concluyó por Sentencia del Juzgado n.º 23 de fecha 8 de abril de 2008 .
Segundo.-Notificada la anterior resolución a las partes intervinientes se interpuso recurso de apelación por la parte actora, dando traslado a la representación de la parte demandada, aduciendo los motivos y fundamentos que tuvo por conveniente.
Primero.-La parte actora formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución del Vicepresidente de la Junta de Extremadura, de fecha 10 de Abril de 2006, que desestima el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, que no aprobó inicialmente el Proyecto de Interés Regional para la reclasificación y ordenación de terrenos situados en la finca "Mejostilla de Espadero", situada en el término municipal de Cáceres. La parte apelante reitera en el escrito de apelación los motivos expuestos en la primera instancia jurisdiccional.
Segundo.-El primer motivo de apelación expuesto por la parte actora versa sobre la aplicación del principio de seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios. La parte demandante considera que desde que se declaró de Interés Regional el Proyecto presentado por la ahora apelante, la Administración conocía algunos de los extremos que posteriormente han servido para no aprobar inicialmente el Proyecto de Interés Regional, en concreto, la parte se refiere a la situación donde se iba a desarrollar el P.I.R. y que el Proyecto presentado ocupa una Zona de Especial Protección de Aves. Lo alegado por la parte no se basa en el contenido del 62 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que bajo la rúbrica de "Elaboración y aprobación de los Proyectos de Interés Regional" establece el procedimiento para aprobar un Proyecto de Interés Regional. Un primer requisito para la aprobación de estos Proyectos es que sea declarado su Interés Regional por la Junta de Extremadura. En este caso, la Declaración de Interés Regional se produjo por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptado en la sesión de 9-11-2004 pero en modo alguno es posible afirmar que la Administración se encuentre vinculada por esta declaración para la posterior aprobación del Proyecto de Interés Regional. Se trata de un requisito previo y necesario para la tramitación de un procedimiento de Proyecto de Interés Regional donde se solicita la justificación de lo dispuesto en los apartados a), b), c) y d) del artículo 61,1, con la finalidad de acreditar uno de los objetivos del artículo 60,2 que debe cumplir todo Proyecto de Interés Regional. Es después de obtenida esa Declaración de Interés Regional cuando habrá que justificar el resto de elementos necesarios para la aprobación del P.I.R., los cuales se establecen en las letras a) a la m) del artículo 61,1 y tienen un contenido mucho más amplio que lo necesario para la Declaración de Interés Regional. Consideramos que para la Declaración de Interés Regional previa y preceptiva cuando la iniciativa corresponde a un sujeto privado es fundamental que se acredite que concurre uno de los cuatro supuestos previstos en el artículo 60,2, siendo en el procedimiento posterior previsto para la aprobación del P.I .R. cuando se examinan el resto de requisitos y forma en que se pretende desarrollar ese P.I.R. Así pues, es posible que la Administración declaré el Interés Regional, y sin embargo, después no apruebe el P.I.R. al concurrir circunstancias o falta de requisitos que así lo aconsejan.
Esto es lo que ha ocurrido en el presente supuesto de hecho, el Consejo de Gobierno adoptó la Declaración de Interés Regional al cumplirse con uno de los objetivos previstos en el artículo 60,2 pero el órgano administrativo competente, dentro ya del procedimiento para la aprobación del Proyecto de Interés Regional establecido en el artículo 62,3 comprobó las numerosas deficiencias que el Proyecto presentaba y acordó no aprobarlo inicialmente. No existe, por tanto, vinculación entre la Declaración de Interés Regional y el posterior procedimiento de aprobación del P.I.R. Lo primero es requisito indispensable para iniciar el procedimiento de aprobación pero no determina en modo alguno una aprobación del P.I.R. Es más, visto el cauce procedimental establecido en la Ley 15/2001 podría haberse aprobado inicialmente el P.I .R. y no haberse aprobado definitivamente, ya que no existe tampoco vinculación o condicionamiento entre la aprobación inicial y definitiva del P.I.R.
Tercero.-Debemos también rechazar los argumentos ofrecidos por la parte actora sobre la existencia de defectos formales en la tramitación del procedimiento administrativo.
La Administración Autonómica tramitó correctamente el procedimiento para la aprobación del Proyecto de Interés Regional presentado, correspondiendo a la parte actora, por el objeto y especiales características de un P.I.R., presentar desde el primer momento todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Ley 15/2001. Estamos por su naturaleza y objetivos ante un importante instrumento de ordenación del territorio, y no cabe duda que los sujetos privados están legitimados para su promoción pero deberán cumplir con todas las exigencias y determinaciones legales. La conclusión es que los defectos pueden ser de tal envergadura que impidan apreciar el correcto cumplimiento de los objetivos previstos para el P.I.R. y motiven su denegación, como ha sucedido en el presente supuesto. Algunos de los defectos observados pueden ser de tal entidad que tengan un carácter insubsanable. En consecuencia, no siempre la Administración tendrá que conceder plazo de subsanación para todos los defectos observados pues, en algunos casos, el desarrollo territorial pretendido con el P.I.R. será claramente incompatible con los fines y principios de la ordenación territorial y urbanística establecida en la Ley 15/2001 . En este supuesto de hecho, la Administración concedió plazo de subsanación, ofreciendo mayores garantías y posibilidades de defensa a los promotores pero, como decimos, la Administración resuelve a la vista del Proyecto presentado y de los informes solicitados. En esta desestimación de la aprobación inicial, los promotores conocen la argumentación de la Administración y ejercitan frente a la misma plenamente su derecho de defensa mediante la presentación de un recurso de alzada. No existe, por tanto, indefensión alguna.
Y lo mismo cabe decir respecto a que la Administración para decidir tenga en cuenta algunas cuestiones que no fueron señaladas en el requerimiento de subsanación. No es posible afirmar que los defectos o argumentos desfavorables que la Administración no señaló en el requerimiento de subsanación no puedan ser atendidos por la Administración para no aprobar inicialmente el P.I.R. La Administración puso de manifiesto a la parte algunas de las cuestiones que apreciaba pero ello no impide que en el momento de dictar Resolución valore todas las circunstancias para desestimar la pretensión de los demandantes, así como todos los informes que se fueron incorporando al procedimiento. No olvidemos que a la Administración corresponde acordar y practicar cuantas actuaciones de investigación y determinación de hechos y datos considere que puedan aportar elementos de juicio relevantes para la resolución del procedimiento, según señala el artículo 62,3,a); actuaciones que pueden ser acordadas después de la aprobación inicial pero, lógicamente, o incluso con mayor motivo para no esperar al trámite procedimental posterior, podrán ser acordadas desde el principio o basarse en todos los elementos incorporados que impiden esa aprobación inicial.
En todo caso, debe señalarse que en nuestro ordenamiento jurídico las formas no tienen una finalidad en sí mismas, sino en cuanto son garantía de acierto para la decisión de la Administración y de defensa de los intereses de los ciudadanos, el artículo 62,1,e) sólo contempla la omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para decretar la nulidad de pleno derecho del acto impugnado; en otro caso, las meras deficiencias formales comportan la mera anulabilidad y ello siempre y cuando se hubiese producido indefensión o impidan al acto alcanzar su fin, es decir, que la nulidad o anulabilidad por defectos formales está prevista únicamente para los supuestos más graves de infracción del procedimiento administrativo establecido, como se desprende de los términos "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" o "carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados" empleados por el Legislador en los artículos 62,1,e) y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, respectivamente. Este planteamiento es suficiente para desestimar el argumento que realiza la parte actora en relación a la existencia de defectos formales y dilaciones en el procedimiento administrativo. La parte conoció, a través del requerimiento de subsanación, los argumentos que la Administración exponía para no aprobar el P.I.R. y cuando le fue notificada la Resolución de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, pudo ejercitar plenamente sus derechos de defensa mediante la alegación de fundamentos y presentación de pruebas que desvirtuasen la decisión administrativa. Los defectos formales y la indefensión expuestos consisten en una alegación meramente formal que en ningún momento produjo indefensión a la recurrente. Debemos insistir en que en el ámbito del procedimiento administrativo, está presente el carácter instrumental de las formas con la consiguiente reducción de la entidad y consecuencias de los vicios puramente formales y la eficacia subsanadora que se concede a las sucesivas fases procedimentales; así con arreglo a los principios rectores del procedimiento administrativo de economía procesal, celeridad y eficacia, solamente se admitirán como situaciones de indefensión las materiales, es decir, aquellos supuestos en los que la indefensión haya sido real y suponga una disminución efectiva y trascendente de garantías, situación que no concurre en el presente supuesto de hecho. Buena prueba de la inexistencia de indefensión es que después de dictados el requerimiento de subsanación y la posterior Resolución que denegaba la aprobación inicial, la actora interpuso recurso de alzada en el que alegaba lo que tenía por conveniente en ejercicio de sus derechos de defensa contra los argumentos e informes en los que se apoyaba la Junta de Extremadura, entrando a discutir el fondo del asunto.
Cuarto.-En cuanto al defecto de motivación que la recurrente imputa al acto administrativo objeto del proceso contencioso-administrativo, debemos reiterar la acertada argumentación del Magistrado de instancia. El artículo 54 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exige que los actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. La motivación, como es sabido, no implica un razonamiento exhaustivo y detallado, sino que basta con que el acto ofrezca una respuesta suficiente al interesado. La falta de motivación en el acto administrativo ha sido interpretada de manera restrictiva por el Tribunal Supremo, que ha declarado que la brevedad de términos y la concisión expresiva no pueden confundirse con la falta de motivación. A esta doctrina del Tribunal Supremo, se ha referido también el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha de 16 de Junio de 1982 (EDJ 1982/36 ), donde recoge que la doctrina del Tribunal Supremo ha precisado que la motivación escueta o sucinta, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni acarrea nulidad. La S.T.S. de fecha 17 de Febrero de 1987 (EDJ 1987/1295 ) establece que no puede perderse de vista que el referido artículo (la sentencia se refiere al artículo 43 L.P.A . cuyo contendido es similar al vigente artículo 54 Ley 30/92 ) alude a una "sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", por lo que no se impone a la Administración una fundamentación detallada o minuciosa. El Tribunal Supremo también ha declarado que "La motivación no significa, sin embargo, un razonamiento exhaustivo y detallado, pero tampoco una fórmula convencional y meramente ritual, sino la especificación de la causa, esto es, la adecuación del acto al fin previsto; por ello, para cumplir este requisito formal, se precisa la fijación de los hechos determinantes, su subsunción en la norma y una especificación sucinta de las razones por las que de ésta se deduce y resulta adecuada la resolución adoptada" (S.T.S. de 10 de Marzo de 2003, EDJ 2003/4349 ). La motivación es necesaria para el debido conocimiento de las razones de la decisión administrativa por los interesados en términos que haga posible la defensa de sus derechos e intereses, y que debe darse la misma en cada caso con la amplitud necesaria para tal fin, pues sólo así puede el interesado alegar después cuanto convenga para su defensa.
Teniendo en cuenta la doctrina que acabamos de exponer, resulta que la Administración no se limitó a la utilización de una fórmula abstracta válida para cualquier denegación sino que detalló los argumentos para denegar la aprobación del Proyecto de Interés Regional. El requisito de motivación se ha cumplido perfectamente en el supuesto de hecho que estamos examinando; y ello debe entenderse suficiente a los efectos de la exigencia formal, como, por lo demás, se ha constatado por la misma actuación de la parte actora que no ha tenido dificultad alguna en articular su defensa contra el actuar administrativo con pleno conocimiento de los motivos en que se centraba la actuación administrativa que se impugna. Y ello es relevante a los efectos del debate porque la motivación, como exigencia formal de los actos administrativos, afecta como regla general a la eficacia de los actos por la anulabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, sabido es, sólo afecta a esa eficacia cuando el defecto de forma cause indefensión al interesado o impida al acto alcanzar su fin; indefensión que manifiestamente no se aprecia en el caso de autos en que el recurrente ha podido, desde el primer momento, articular su defensa con pleno conocimiento de las razones en que se basaba la Administración para denegar la aprobación inicial del P.I.R.
Quinto.-En cuanto a los motivos que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura a desestimar la aprobación inicial del Proyecto de Interés Regional, podemos tratar alguno de ellos de forma conjunta al estar íntimamente relacionados. Nos vamos a ocupar de algunos de los defectos y argumentos desfavorables que condujeron a la no aprobación inicial del P.I.R. Alguno de estos defectos son de tal entidad que impiden la aprobación del P.I.R. y hacen innecesario estudiar los demás motivos valorados por la Administración.
Así ocurre, con los tres primeros motivos que estimamos tienen identidad de fundamento en el tipo de urbanización prevista para el Proyecto de Interés Regional propuesto por la parte actora, y es su falta de conexión y continuidad con la trama urbana de Cáceres. Nos encontramos con una urbanización aislada, claramente separada de la ciudad de Cáceres, lo que imposibilita su integración. En efecto, se crea un núcleo urbano totalmente aislado y alejado con dificultades de conexión con el resto de la ciudad. Se prevé una población de 12.000 habitantes en un núcleo separado de la ciudad, lo que hará necesario la existencia de una serie de servicios propios de una nueva ciudad con una funcionalidad autónoma y no dependiente de los servicios existentes en Cáceres ante la lejanía y dificultades de conexión. La ordenación planteada presenta problemas de continuidad con cualquier otra trama urbana de la ciudad. Sólo se prevé inicialmente una única conexión viaria a través de la carretera del Casar de Cáceres, y aunque luego se propone otra conexión, sigue tratándose de una actuación territorial destinada a la construcción de viviendas que permanecerá aislada, mal comunicada y sin continuidad con el casco urbano de Cáceres. Las conexiones propuestas no tienen la capacidad circulatoria suficientes para el tráfico que se generaría con entrada y salida a la nueva ciudad. A pesar de lo que alega la parte actora no puede admitirse como solución a estos problemas los desarrollos futuros en las vías públicas -como ese desdoblamiento de la carretera del Casar- pues se trata de una hipótesis no suficientemente acreditada. Resulta acertada la fundamentación de la Resolución del Vicepresidente de la Junta de Extremadura cuando señala que "el promotor habla de acuerdos y reuniones con la Diputación de Cáceres, con las Compañías eléctricas y gasista, pero no aporta documento alguno que acredite un mínimo de acuerdo alcanzado". En consecuencia, la parte actora no puede justificar su Proyecto en intenciones o hipótesis no acreditadas, pues lo cierto es que de momento las conexiones viarias, diseño de la urbanización y situación son las aportadas, y ponen de manifiesto la argumentación expuesta por la Junta de Extremadura para denegar la aprobación inicial.
No podemos dejar de mencionar que muchos de estos problemas fueron observados por el Ayuntamiento de Cáceres durante el trámite de audiencia para conceder la Declaración de Interés Regional. La Corporación Local señalaba que se iba a crear un núcleo urbano totalmente aislado del resto de la ciudad, carente de cualquier conexión con ella y con notables problemas a la hora de llevar los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, transporte urbano, etc. a dos kilómetros del limite del actual casco urbano. La creación de este P.I.R. condicionaría de forma sustancial el futuro desarrollo de la zona norte de la ciudad de Cáceres. Obstáculos que si bien no impidieron la Declaración de Interés Regional al cumplirse con el objetivo del artículo 60,2,b) de la Ley 15/2001, no cabe duda que imposibilitan la aprobación del P.I.R. al haberse concretado a la vista de la documentación presentada y defectos observados.
El Proyecto de Interés Regional presentado por la parte actora incumple lo dispuesto en el artículo 60,3 de la Ley 15/2001, que dispone que "Los Proyectos de Interés Regional deberán asegurar en todos los casos el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, mediante la realización de cuantas otras sean precisas tanto para la eficaz conexión de aquéllas a las redes generales correspondientes, como para la conservación, como mínimo, de la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes". En este caso, el Proyecto presentado cumpliría con el objetivo de construir Viviendas de Protección Oficial pero lo haría a costa de crear un núcleo aislado sin ninguna continuidad con el casco urbano de Cáceres y generando importantes problemas en relación a dotar de servicios a dicha área tanto en lo que se refiere a las conexiones con las redes viarias, de abastecimiento y saneamiento de agua, eléctricas como por la ausencia absoluta de todo tipo de instalaciones comerciales, educativas, sanitarias, sociales, culturales y deportivas. En definitiva, se crea una isla que hace inviable el Proyecto presentado.
Por último, la parte actora critica la referencia existente en la Resolución administrativa sobre el desarrollo urbanístico que contempla el Avance del Plan General Municipal de Cáceres. Se trata de un argumento que puede ser atendido en cuanto a que la Administración Autonómica debe valorar el planeamiento vigente. Ahora bien, se trata de un motivo que precisamente no favorece las pretensiones de la parte actora. En efecto, se dice que no hay continuidad con el desarrollo urbanístico de la zona norte que contempla el Avance del Plan General Municipal de Cáceres pero es que todavía hay menos continuidad con la trama urbana si el P.I.R. se analiza a la vista del planeamiento actual. El P.I.R. propuesto es claramente contrario al Plan vigente pues se pretende la construcción de viviendas sobre suelo no urbanizable, en un lugar alejado y desconectado del casco urbano de Cáceres, sin que -como dice la Administración- exista continuidad con la trama o casco urbano. No desconocemos que un P.I.R. puede desarrollarse en cualquier clase de suelo y que permite modificar la clasificación y calificación urbanísticas de los terrenos a que afecta (artículos 60 y 61,1,j) Ley 15/2001) pero tampoco puede desconocerse que si un P.I .R. es contrario al planeamiento vigente el examen de los requisitos del Proyecto y el cumplimiento de las finalidades previstas con el mismo deben examinarse de manera mucho más rigurosa pues están en juego no sólo la compatibilidad con la ordenación urbanística en vigor sino también -lo que puede ser decisivo en muchos supuestos- las competencias municipales de elaboración y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
Sexto.-Los defectos hasta ahora señalados tienen continuidad al comprobar la red de abastecimiento y saneamiento de aguas y electricidad. Servicios que son indispensables para los ciudadanos y deben resolverse adecuadamente desde el inicio del Proyecto. Está en juego la sostenibilidad de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Respecto a ello, se comprueba que se pretende conectar el abastecimiento de aguas a la conducción que abastece a las viviendas de la Mejostilla y Polígono Ganadero, sin concretar la capacidad de dicha red para el abastecimiento de la futura demanda. Lo mismo sucede con la red de saneamiento, se conectaría al emisario que conduce las aguas residuales a la E.D.A.R. de la carretera de Torrejón el Rubio pero no existe estudio o referencia a la capacidad de dicho emisario para el saneamiento demandado ni de la depuradora actual. Los terrenos son atravesados por varias líneas aéreas de media y alta tensión. Ello hace necesario modificar su trazado, haciéndolas subterráneas. De nuevo, nada se concreta sobre la suficiente de las líneas existentes para abastecer la potencia demandada. En conjunto, debemos reiterar lo antes señalado, no basta con la existencia de reuniones o propósitos de las compañías de abastecimiento y saneamiento de aguas y electricidad sino que es necesario un compromiso efectivo, conocer con exactitud la capacidad de la red actual, la viabilidad de la conexión a la red existente, la forma concreta en que se van a desarrollar y prestar estos servicios y las necesidades futuras del importante núcleo de población que se pretende realizar; omisiones imputables a la demandante y que impiden comprobar que es viable dotar de todos estos servicios a la urbanización. El P.I.R. propuesto no contiene las suficientes determinaciones que permitan afirmar que se podrán prestar todos estos servicios, y desde luego, dista mucho de mejorar la capacidad o funcionalidad de las soluciones en materia de infraestructuras, servicios y dotaciones ya existentes.
Séptimo.-La actuación incluye 1.566 Viviendas de Protección Oficial en Régimen General lo cual supondría agotar la práctica totalidad del cupo de actuaciones del Ministerio de Vivienda para este fin. La Dirección General de Vivienda ha informado desfavorablemente a este respecto exigiendo una reducción del número total de viviendas de este tipo. La promotora hace caso omiso a esta reducción pues propone finalmente el número de 1.536. Este cupo resulta excesivo pues supone un porcentaje del 36% del total de viviendas previstas para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. La propuesta de la actora es, por tanto, insostenible en relación al número total de 4.225 Viviendas de Protección Oficial previstas para la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al Anexo I del Convenio firmado entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Vivienda, Plan de Vivienda 2005-2008 . Este Plan estaba suscrito en el momento en que la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio dicta la Resolución de 19-1-2006, y lógicamente, la Administración conocía las previsiones del Convenio que iba a ser firmado con el Ministerio de Vivienda, por lo que ningún reproche puede hacerse a que la Administración en el requerimiento de subsanación o en el informe de la Dirección General de Vivienda ya valorase estas circunstancias. Realmente, resulta excesivo que si para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura está previsto construir 4.225 Viviendas de Protección Oficial en Régimen General, se pretenda en esta actuación territorial ubicada en el término municipal de Cáceres la construcción de 1.536 que representa un 36% del total, lo que, con arreglo al principio de normalidad y las reglas de la sana crítica, agota en gran parte el cupo de este tipo de viviendas para el resto de municipios de la Comunidad Autónoma y resulta excesivo para la ciudad de Cáceres.
Octavo.-El P.I.R. que se iba a ejecutar se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección de Aves "Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes", formando parte del área clasificada como protegida por la Red Natura 2000. El artículo 61,1,i) de la Ley 15/2001, dispone que "Los Proyectos de Interés Regional contendrán las siguientes determinaciones: i) Informes geotécnicos y estudios de impacto ambiental en su caso". Es, por tanto, a la parte demandante a quien correspondía la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental sobre la ubicación de los terrenos en la Z.E.P.A. a fin de que el órgano administrativo competente de la Administración emitiese la Evaluación de Impacto Ambiental. Sobre esto existe una omisión en el Proyecto de Interés Regional puesto que nada aportó la apelante sobre este importante y decisivo aspecto que debió ser objeto de estudio detallado y específico. A diferencia de lo expuesto por la parte demandante, es a ella a quien correspondía la realización del Estudio de Impacto Ambiental a fin de proteger el hábitat incluido en la "Red Natura 2000". El Estudio debía recoger la descripción general del proyecto, los tipos y cantidad de residuos y movimientos que la obra iba a generar, la evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos y el paisaje, y las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. Nada de ello fue aportado por la parte demandante. Es más, como se señala nada se decía inicialmente sobre la inclusión de los terrenos dentro de la Zona de Especial Protección de Aves. Es cierto que a la Administración le corresponde detectar los obstáculos medioambientales que una obra de estas características puede conllevar pero no cabe duda que se trata de una importante cuestión que debió ser alegada y estudiada desde la presentación del Proyecto de Interés Regional por la parte actora pues a ella le correspondía la aportación de los estudios que fueran necesarios para comprobar la adecuación del Proyecto a la Red Natura 2000. Ante esta omisión, la Dirección General de Medio Ambiente no podía emitir la Evaluación de Impacto Ambiental, no pudiendo dar cumplimiento al artículo 6,3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
El artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, establece en el inciso primero que "Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE". El inciso tercero establece que "Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar la coherencia ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el art. 10 ". Se trata de importantes obligaciones de conservación y restablecimiento adoptadas por España dentro de sus obligaciones comunitarias por formar parte de la Unión Europea. Obligaciones que deben cumplirse de forma exacta y rigurosa por los particulares y las Administraciones Públicas, sin que sea válido después de decir que los terrenos están incluidos en una Zona de Especial Protección de Aves afirmar que sus potencialidades de biodiversidad son reducidas, puesto que no es esto lo que pretende la Directiva 92/43/CEE del Consejo, que no se limita a establecer reglas para su mantenimiento sino que obliga en todo lo que sea posible a su recuperación. Y desde luego, a la realización de un completo estudio que determine como resulta afectada la zona protegida. De lo contrario, se incumple la normativa comunitaria y no se ofrece la protección eficaz que estos ecosistemas merecen. El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo recoge lo siguiente: "1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares. 2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública".
En consecuencia, nada se aportó sobre las medidas apropiadas para evitar el deterioro del hábitat natural y las medidas compensatorias para paliar los perjuicios a esta zona que forma parte de la "Red Natura 2000". Incumplimiento imputable a la parte actora al tratarse de un aspecto que desde el momento inicial debió ser valorado por los promotores, aportando un detallado Estudio de Impacto Ambiental, algo que podrían haber subsanado cuando se dictó el requerimiento de subsanación que hacia referencia a este aspecto. No era suficiente con la remisión del Proyecto a la Dirección General de Medio Ambiente o con las manifestaciones de los titulares de los órganos administrativos. A la parte le correspondía aportar todos los antecedentes necesarios para evaluar los efectos que sobre el medio ambiente iba a producir una actuación territorial de estas características, actuación que consistía en la creación de una ciudad nueva de 12.000 habitantes en una Z.E.P.A., y por supuesto, a la Administración le correspondía de forma rigurosa velar por el cumplimiento de las obligaciones de conservación y reparación exigidas sobre esta área que constituye una de las mayores Z.E.P.A. de Europa.
Todo lo anterior prueba la inviabilidad del P.I.R. presentado por la parte actora, existiendo suficientes y terminantes argumentos contrarios a su aprobación inicial, como así fue acordado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que nos conduce a la desestimación íntegra del recurso de alzada.
Noveno.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139,2 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de apelación a la parte apelante.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Bustillo Busalacchi, en nombre y representación de las entidades "Promociones Mejostilla de Espadero, S.L." y "Plan Especial de Viviendas de Extremadura, S.L.", contra la sentencia de fecha 8 de Abril de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, confirmamos la misma. Condenamos a la parte apelante al pago de las costas procesales causadas en el presente recurso de apelación.