Source: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/40545-sesion-ordinaria-de-la-h-camara-de-senadores-celebrada-el-miercoles-4-de-abril-de-2018.html
Timestamp: 2018-12-09 21:17:28
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Publicado: Miércoles, 04 Abril 2018 20:29
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11: 48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanos Senadores y Senadoras.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del miércoles 4 de abril correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite su Quinto Informe de Actividades Legislativas.
Una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, así como en la reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá.
Una, de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la 138ª Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria, celebradas del 24 al 28 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza.
Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron trece oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos aprobados por el Pleno del Senado de la República.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, 348 y 419; y adicionan los artículos 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo a asesoría en materia familiar.
En uso de la tribuna, la Senadora Hernández Lecona.
Para quién no de nosotros es importante el fortalecimiento del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, porque es un derecho constitucional que lo establece el artículo 4º, porque además es un derecho natural, pero además es un derecho humano.
Por eso, hoy presento ante esta tribuna una iniciativa, a nombre de varias compañeras del grupo parlamentario del PRI, para reformar el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como propósito que las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrezcan orientación, cursos, asesorías, así como servicios terapéuticos gratuitos en materia familiar, como una alternativa de solución de conflictos para que nuestras niñas, niños y adolescentes gocen del derecho a vivir en familia como lo establece la ley.
En la Encuesta Intercensal 2015, señala que en México hay poco más de 31 millones de hogares, de ellos, 88.9 % se conforman por individuos que guardan algún parentesco familiar entre sí, los hogares familiares.
Por otro lado, sólo el 10.8 % no son familiares, es decir, son personas que viven solas o con otras con quienes no guardan relación de parentesco.
La familia, como institución fundamental de la sociedad, se ve incluida y afectada en su dinámica interna, no permanece estática frente a los cambios, pues en su interior tiene recursos con los cuales se reorganiza y se restructuran las familias, así como estos nuevos escenarios culturales y las nuevas estructuras.
La familia está inmersa en un proceso que le plantea desafíos en todos los ámbitos: la globalización cultural y de las comunicaciones; las limitaciones económicas; la inseguridad; la desintegración familiar; la violencia, entre otras.
Dentro de las dificultades por las que atraviesan las familias en nuestro país, se encuentra precisamente esta lastimosa que es desintegración familiar, entendida como el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes.
Lamentablemente existe un gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren.
La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura existe, se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales, ésta representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad mexicana en los últimos años.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en el 2015 se registraron 123 mil 883 divorcios, entre los años 2000 y 2015, el monto de divorcios aumentó 136.4 %, imagínense ustedes.
Existen diversas causas por las cuales los divorcios han aumentado en nuestro país, pero una de las principales es la falta de comunicación entre sus integrantes, por lo que algunos investigadores en la materia han demostrado la efectividad de la terapia familiar para prevenir algunos casos de divorcio, terapias que tienen que ver con comunicación, con respeto, con ayuda mutua, con perdón, etcétera.
Esto quiere decir, volver a incidir en los valores éticos, morales e incluso espirituales dentro de una familia.
La terapia de familia es una forma de psicoterapia que ayuda a las familias en sus dificultades derivadas de las diferencias entre cada uno de los miembros.
La psicoterapia sistemática familiar, usualmente llamada terapia familiar, provee recursos a las personas en relaciones cercanas para ayudarse entre sí en forma mutua.
Permite a los miembros de la familia expresar y explorar pensamientos difíciles y emociones en un ambiente seguro, entender las experiencias y puntos de vista de cada uno, apreciar las necesidades del otro y construir cimientos más firmes y hacer cambios útiles en sus relaciones y en sus vidas.
A diferencia de la terapia individual no se trata de cambios de cada uno de los individuos, estos son secundarios, sino de cambios en el sistema familiar de interacción.
Cabe destacar que en el campo de la investigación en terapia familiar se ha ido consolidando con el paso de los años en nuestro país, desde 1978 se otorgó el primer premio por la contribución a la investigación en terapia familiar por la Asociación Americana de Terapia Marital y Familiar.
En 1982 se creó una versión anual del diálogo entre terapeutas e investigadores, una considerable cantidad de estudios se llevaron a cabo durante los setentas para evaluar empíricamente los resultados de la terapia familiar.
Los estudios llevados a cabo han dejado clara la eficacia general de esta terapia, se han demostrado fehacientemente que la terapia familiar es probablemente más efectiva que otros tratamientos, comúnmente como la terapia individual, para la resolución de conflictos familiares.
Por lo anterior es que esta propuesta pretende que el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluyen no sólo los servicios terapéuticos de pareja, de paternidad o maternidad como actualmente establece en el artículo en mención, sino que establezca textualmente el ámbito familiar, con el objetivo de contribuir a mejorar las relaciones familiares y las problemáticas que afectan su entorno, pero sobre todo, atendiendo al interés superior de la niñez y al derecho que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes de vivir en familia.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senadora Hernández Lecona.
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, muchas gracias.
Felicitar a la Senadora Lisbeth Hernández Licona por esta importante iniciativa, y si por favor le pregunta, si me permite sumarme a ella.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Hernández Lecona, tanto el Senador López Brito, como la Senadora Garza, la Senadora Rocha, la Senadora Herrera, solicitan en el mismo sentido adherirse, ¿es usted anuente a ello?
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Claro que sí.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por supuesto que sí.
Solicito a Servicios Parlamentarios, se sirvan tomar nota de las y los Senadores que así lo han solicitado.
Corresponde ahora el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.
En uso de la voz la Senadora G arza Galván.
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, Senador Presidente. Con su permiso.
Senadores y Senadores de la República, a pesar de que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costa, esta parte de nuestro territorio carece de una regulación eficaz e integral.
En efecto, nuestras costas no cuentan con una legislación que asegure una gestión coherente que brinde seguridad jurídica al ciudadano y permita aprovechar los recursos naturales de manera sustentable.
Creo firmemente que la única forma de crear leyes en México es a través de la más amplia consulta con todos los sectores interesados.
Con ello, no sólo se asegura un ejercicio de transparencia y un resultado incluyente, sino que se brinda legitimidad al orden jurídico que nos rige.
Por cierto, una crítica fuerte de las ONG en este momento y de la misma sociedad donde nos pidieron realizar foros de consulta a lo largo y ancho del país, con los interesados, con los académicos, con los expertos, con las comunidades, para la ley de biodiversidad, la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por supuesto que no fue así, no se realizaron estos foros.
La iniciativa que hoy presento es fruto de la colaboración entre distinguidos juristas y la sociedad civil, quienes de manera muy activa celebraron consultas a lo largo y ancho del territorio nacional, por mencionar algunas de las personas que estuvieron ahí, la doctora Carmen Carmona y a la señora Martha Moctezuma y por supuesto, le doy las gracias a todos los que estuvieron involucrados en este importante tema.
De esta manera, en octubre del año 2010, iniciaron las consultas, el acercamiento con la sociedad, con los expertos en el primer taller que se llevó a cabo en Baja California, Sur, en Los Cabos, luego en Xalapa, luego en Mazatlán, luego en Cancún y por supuesto en Ciudad de México, en diferentes lugares de aquí, y también en el Senado de la República.
Desde entonces a la fecha, diversas reuniones fueron nutriendo el proyecto de ley que hoy presentamos, cuya primera versión tuve el honor de presentar ante el Pleno del Senado en el año 2015.
Qué raro, verdad, año 2015 y algunas iniciativas, si las revisamos en fecha, son dictaminadas de una forma rapidísima y otras a la congeladora.
Esto no puede ser, compañeros, esto no es correcto, esto no está bien.
Agradezco, en particular a los Senadores y Senadoras, así como a sus equipos técnicos que nos acompañaron en las diversas presentaciones que se hicieron de este proyecto, en cuya oportunidad tuvimos el gusto de intercambiar opiniones sobre el tema y enriquecer el texto que hoy nos ocupa.
Amigos y amigas, la presente iniciativa de ley, reglamentaria de los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, la gestión integral, sustentable de las zonas costeras, así como definir los principios que regulen las modalidades a la propiedad que dicte el interés público, incluyendo la conservación de los ecosistemas costeros, de manglares y de dunas.
La iniciativa es de vital importancia por las siguientes razones, 17 estados de la República Mexicana, tienen apertura al mar y representan el 56 % del territorio nacional, de estos estados, 156 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21 % de la superficie continental del país, el litoral mexicano representa un valor estratégico, muy importante para México, ya que en este espacio se desarrollan las principales actividades productivas del país, no obstante, este potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo debido a la falta de regulación que asegure:
Uno.- La defensa de los recursos naturales.
Dos.- El aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas.
Tres.- La protección al ambiente.
Cuatro.- La prevención de desastres.
Quinto.- La coordinación de las diferentes instancias gubernamentales.
Sexto.- Aquí quisiera especial atención, todos son importantes, la protección de los derechos de habitantes, visitantes e inversionistas asociados a las zonas costeras.
En materia comercial, si bien México cuenta con 117 puertos y terminales, el movimiento de carga está concentrado en 16 puertos, entre los que destacan Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, en los cuales operan el 96 % de la carga del país.
Asimismo, se espera que para el año 2022 se manejen en los puertos mexicanos alrededor de 360 millones de toneladas de carga, que se muevan aproximadamente 29 millones de pasajeros asociados al arribo de 5 mil 300 cruceros y que se trasladen 8.3 millones de contenedores.
En cuanto a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que derivan de las costas, el 70 % de las especies viven durante o parte de sus ciclo de vida en humedales costeros, como lagunas, estuarios, deltas, manglares y marismas.
Por su elevada productividad los manglares sostienen una rica y abundante densidad de peces, crustáceos, moluscos, aves y otros organismos.
Derivado al cambio climático y de los cada vez más frecuentes huracanas, por cada hectárea de manglar destruido se pierden aproximadamente 800 kilos de pescado y camarón al año.
Los datos demuestran, por consiguiente, que no es sólo necesario, sino urgente, legislar en materia efectiva, en materia de uso y aprovechamiento sustentable de la costa de nuestro país.
Como Senadora de la República siempre he defendido el bienestar de las familias y la creación de fuentes de empleo, además de sumarme a las causas ambientales de relevancia no sólo nacional, sino mundial, buscando que la protección del ambiente sea compatible con el desarrollo social y económico; o sea, el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible que creo que sí se puede llevar a cabo y es necesario ese cambio en la visión económica de este país.
Por tal razón, estoy segura que la presente iniciativa de ley permitirá fortalecer una agenda sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
Sonido en el escaño de la Senadora Sonia Rocha.
La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Gracias, Senador.
Con el objeto de pedirle a mi compañera, la Senadora Silvia Garza, si me permite adherirme a su iniciativa.
Sé que la consulta que hizo sobre este tema ayudará a nuestras costas mexicanas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador Salvador López Brito, la Senadora Sandra, la Senadora Herrera, la Senadora Andrea, están solicitando, supongo, en el mismo sentido.
El Senador Hermosillo.
La Senadora Tagle.
Solicito a Servicios Parlamentarios se sirva tomar nota de las y los Senadores que han expresado su intención.
Y la Senadora Garza es anuente para que suscriban la iniciativa en comento.
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, Presidente.
Ya habíamos platicado con el Senador Ernesto Ruffo, y pedir que esta importante iniciativa también fuera turnada, para opinión, a la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado.
Me permito informar a la Asamblea que la Mesa Directiva ha determinado que esta iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Con toda la disposición, la Mesa Directiva es anuente a obsequiar su solicitud, para opinión, a la Comisión de Pesca. Senador Salvador López Brito.
En el mismo sentido me permito hacer una aclaración…
¿Sí, Senadora Garza Galván, con qué objeto?
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) También en el mismo sentido, si me permite usted, opinión, a la Comisión Especial de Cambio Climático.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es obsequiada su solicitud. Con mucho gusto, Senadora Garza Galván.
Me permito informar a la Asamblea que a solicitud de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, la iniciativa que fue presentada hace unos momentos por ella, relacionada para reformar a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quedará turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su solicitud expresa, a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y a la de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.
El Senado de la República se complace en recibir a un grupo de personas procedentes de varios estados de la República, invitados por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, quienes están presenciando el desarrollo de los trabajos legislativos.
Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de empleo a mexicanos repatriados.
En uso de la tribuna, el Senador Carlos Manuel Merino Campos.
El Senador Carlos Manuel Merino Campos: Con su permiso, señor Presidente.
Como todos sabemos existen millones de trabajadores mexicanos en el exterior, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, que se consideran los modernos olvidados. Es con el fin de protegerlos a ellos que sometemos esta iniciativa.
Agradecerles que son, con el esfuerzo de su trabajo, quienes sostienen principalmente la economía de este país, por encima de la explotación del petróleo, como todos sabemos, y debemos agradecerles y protegerlos.
Es por eso que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para mejorar y fortalecer las condiciones laborales y de justicia laboral de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos que prestan su servicio fuera de la República Mexicana.
La movilidad laboral en América del Norte tiene un referente importante en el Programa de Trabajadores Temporales México-Canadá. Se trata de un modelo internacional de éxito en los mercados laborales y de una migración circular basada en acuerdos entre gobiernos y los países involucrados.
Es el mejor mecanismo de cooperación que brinda seguridad a los trabajadores y a sus familias y da garantía a los empleadores de una mano de obra confiable.
Desde el año de 1974, los gobiernos de México y Canadá ofrecen una alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos y al mismo tiempo se satisface la necesidad de los granjeros canadienses de reclutar, seleccionar y promover un flujo legal y ordenado de trabajadores a Canadá.
El Servicio Nacional del Empleo, con corte al mes de enero de 2018, señala en su resumen de los servicios de vinculación laboral que las solicitudes de visas para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales con Canadá fue de un total de 25 mil 813, y que los eventos de colocación fueron de 25 mil 344 para la temporada del año 2017.
Por otro lado, el Informe del proyecto Jornaleros Seguros, los cuales son jornaleros mexicanos en Estados Unidos con visa, a quienes llamamos los “modernos olvidados”, señala que el elevado rendimiento laboral de los trabajadores reclutados a través del programa de Visas H-2A, permite que las actividades agrarias intensivas en mano de obra, principalmente los sectores hortícola y frutícola, puedan seguir desarrollándose en los Estados Unidos y que estos sectores no hayan perdido competitividad en el mercado internacional.
Ese programa ha venido funcionando desde el año 1943 otorgando visas H-2A a campesinos mexicanos.
De acuerdo a la agrupación Estudiantes en Acción con Campesinos, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos hay entre dos y tres millones de trabajadores agrícolas, siendo el 75 % de origen mexicano; de estos el 53 % son indocumentados, el 25 % son ciudadanos estadounidenses y el 21 % residentes con permanencia autorizada.
La verdad es que el número de visas H-2A no está limitado y ha habido propuestas en el sentido de que estas visas sean válidas hasta por cinco años para 1.4 millones de trabajadores del campo.
Es una realidad que los trabajadores agrícolas mexicanos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero sobre todo en el primero, requieren mecanismos de protección de sus derechos laborales, asumidos como derechos humanos, que tengan como referencia el derecho internacional.
El convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, son ejemplos de lo que se debe de armonizar con la legislación nacional.
En el mismo sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México ha dado paso a nuevos marcos institucionales, como el laboral, donde la protección de derechos se ha convertido en una tarea obligada para todos los actores involucrados en una determinada relación.
Por lo anteriormente expuesto, la Ley Federal del Trabajo no puede estar exenta de esta tendencia global de protección a los trabajadores migrantes y, al mismo tiempo, debemos de tener presente que ha señalado la Alianza Global de Justicia a Trabajadores, en su informe denominado “El reclutamiento de migrantes en la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá”, en el sentido de que la estructura de los sistemas de visas de trabajo temporal ha permitido el abuso del trabajador migrante durante el reclutamiento en sus países de origen y que la vulnerabilidad de la explotación se ve agravada por la absoluta falta de transparencia permitida por el diseño de estos programas.
La presente iniciativa pretende fortalecer el régimen de protección de los derechos laborales de los mexicanos en el exterior, garantizando en todo momento que en las embajadas y consulados mexicanos se disponga de funcionarios y/o abogados que acompañen la debida elaboración, presentación, procesamiento y seguimiento de las quejas de los trabajadores ante eventuales violaciones a sus derechos laborales.
Asimismo, que todo el proceso que se lleve a cabo por infracciones laborales sea expedito y de máxima publicidad a favor del trabajador, garantizando información pública sobre las mismas tanto en el país de origen como del destino de los trabajadores y plena claridad de su relación con el empleador que otorgue el contrato de trabajo.
Además, se establecen mecanismos de acceso a la justicia portátil en caso de violación a los derechos laborales, garantizar los gastos de transporte y alimentación del trabajador y su familia y, en su caso, hasta la comunidad de origen, brindar atención médica obligatoria en caso de que así se requiera.
En consecuencia, se plantea la presente iniciativa bajo el siguiente.
Artículo Único.- Se reforman las fracciones I, incisos a), b), c) y d); y II, III y IV del artículo 28; se reforma el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 28A; se reforma las fracciones I, II inciso a) y III párrafos primero y segundo del artículo 28B; se reforma el párrafo primero del artículo 31; se reforma el párrafo primero del artículo 32; y se reforma el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.
Solicito al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva que la presente iniciativa sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Merino Campos.
Se atenderá puntualmente su solicitud.
Enseguida tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de reinstalación de servidores públicos removidos.
Con su venia señoras Senadoras, señores Senadores.
En mayo de 2016 recibimos en el Senado de la República una comunicación de diversas corporaciones policiacas, donde estaban llamando la atención respecto de una contradicción en la Constitución que atenta contra los derechos laborales de quienes están en las corporaciones policiacas o quienes, como dice la Constitución, prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, es un, si me permiten decirlo, un pegoste, como lo fue el que también quedó en el artículo 16 de la Constitución, en la gran reforma estructural donde México camina hacia un sistema garantista, donde se reconoce el debido proceso legal, un sistema adversarial en la reforma del 18 de junio de 2008.
El 16 se reconoce el arraigo, todos sabemos la historia del arraigo que hemos estado insistiendo que esa reforma ya se determine, ya se dictamine para corregir nuestra Constitución; pero también hoy me ocupa la modificación a la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, que está también contenida en ese decreto del 18 de junio de 2008, en donde se determina que en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, después se corrigió para poner entidades federativas, los estados y los municipios, serían separados o removidos de su cargo sin que proceda bajo ningún supuesto la reinstalación o restitución en sus cargos.
Esta modificación suponía que aun cuando el servidor público interpusiese, como es su derecho, un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado podría no reinstalarlo.
En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización.
En aquellos momentos, si revisamos el Diario de Debates, se argumentaba que se buscaba remover de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia los elementos que habían sido sancionados y que como una muestra de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procuración de justicia, la reforma era contundente, 2008, contundente al señalar que elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales no podrían ser destituidos en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el Sistema de Seguridad Pública e Impartición de Justicia y que se traduce como un mecanismo de depuración de aquellos elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las instituciones y al servicio público.
La primera reflexión que me viene al leer esto y estos elementos esgrimidos entonces por quienes reformaron esa parte del 123 de la Constitución, no tendrían que ser elementos para aplicarles a cualquier funcionario o funcionaria pública, alguien tendría alguna duda que esos elementos también se tienen que aplicar a funcionarios de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, etcétera, de cualquier orden de gobierno, municipio, estado, cualquier dependencia de la Administración Pública Federal.
En 2011, el 11 de junio de 2011 aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación otra gran reforma, sin desperdicio, 11 artículos de la Constitución. Aunque todavía falta que entre en vigor el artículo 33, por cierto, son 11 artículos que se reformaron, pero falta que entre en vigor el que tiene que ver con el artículo 33, porque está supeditado a su Ley Reglamentaria y la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley Reglamentaria del artículo 33.
También tenía la del 29 constitucional, pero los 11 artículos de esa reforma de julio de 2011, que es una de la reformas, todo mundo lo dice y todo mundo lo reconoce, más trascendentales de nuestro país en los últimos tiempos, la materia de derechos humanos.
Aun cuando esta importante reforma ya, insisto, con un amplio reconocimiento, con mecanismos de protección de los derechos de las personas, el artículo 1 constitucional, francamente es un ejemplo de muchas Constituciones en el mundo. Sin embargo, siguió prevaleciendo este pegoste en el artículo 123.
De tal manera, que nuestro marco jurídico aun cuando se actualizó con un nuevo paradigma que colocó a nuestro país a la vanguardia de las tendencias jurídicas internacionales, al reconocer que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y, por supuesto, el principio pro persona.
Por tanto, la disposición contenida en esta fracción VIII del artículo 123, Apartado B, resulta incompatible en el marco de una interpretación conforme la nueva visión, la nueva visión de derechos humanos sustentada precisamente en el control de convencionalidad, ya que todas las autoridades deberán conocer y aplicar las normas del Derecho Internacional para cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, pues se elija siempre la que más beneficie a la persona.
Pero en la realidad eso no pasa, sigue prevaleciendo siempre la Constitución.
En este sentido, es que hoy proponemos reformar dicha fracción, también a efectos de dignificar la labor que desarrollan la policías, las y los agentes de Ministerio Público y las y los servidores de los servicios periciales como integrantes de las instituciones de seguridad pública, garantizando su estabilidad en el servicio que prestan al Estado mexicano.
Actualmente, desde la propia Constitución se priva a las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, del ejercicio de los derechos laborales que son inherentes a otros servidores públicos como son estabilidad en el empleo, medidas de protección al ingreso, salarios caídos. Lo que implica que los mismos no pueden reconocerse en una ley secundaria.
¿Cuáles son los efectos que derivan de este precepto en la Constitución?
1.- Un régimen de excepción, al establecer que se regirán por sus propias leyes los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos integrantes de las instituciones policiales, lo cual genera un vínculo de naturaleza administrativa entre el servidor público y el Estado.
2.- Separación del cargo cuando se cumplan requisitos que en las leyes vigentes en el momento del acto, señalen para permanecer respecto a agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y de los municipios.
3.- Remoción de encargo a integrantes de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno a agentes de Ministerio Público y peritos, al incurrir en responsabilidad al desempeñar sus funciones.
4.- Indemnización y prestaciones que en derecho correspondan cuando la autoridad judicial resolviere que fue injustificada la separación o la remoción o la baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio.
5.- Prohibición absoluta del incorporarse al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa promovido.
6.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social al personal de las corporaciones policiales, ministerios públicos y de servicios periciales, así como sus familias y dependientes.
Señoras y señores, como podemos observar, la regulación vigente produce afectaciones a derechos de personal de las instituciones de seguridad pública, al prohibir la reinstalación una vez agotado el procedimiento correspondiente y luego de demostrar que su baja o remoción o cualquier forma de terminación del servicio fue injustificada.
Por tanto, si estamos exigiendo que las corporaciones policiacas se profesionalicen, tengan todas las condiciones para asumir las responsabilidades que la Constitución establece en su artículo 21, pues lo que correspondería es también reconocerles los derechos como a cualquier otro servidor público.
De tal manera, que estamos reformando esta fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no la leo por obviedad de tiempo.
Solamente termino, señor Presidente, si me permite, que esta es una preocupación también compartida desde la Comisión Nacional de Seguridad.
Tenemos diferencias en sus propuestas de reformas, ellos tendrán siempre los cauces para presentar las suyas.
En el caso de nosotros, sin regateos, sin discriminaciones, por supuesto, que pueden estar veladas y, por supuesto, siempre desde un contenido garantista, por eso esgrimí también los contenidos de la materia de derechos humanos, estamos hoy presentándola para su consideración y su dictamen respectivo.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los Cetáceos”.
En uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila.
Los cetáceos son un grupo de mamíferos que incluyen 86 especies vivientes, desde las grandes ballenas como la azul, hasta los delfines, orcas, narvales, belugas y marsopas.
Las ballenas y delfines cumplen funciones ecológicas importantes en su hábitat natural, además de ser especies muy inteligentes que han sido injustamente explotadas por la humanidad.
México es uno de los países con mayor riqueza de cetáceos, ya que en sus aguas se han registrado 39 de las 86 especies conocidas a un nivel mundial, dentro de las que destacan la ballena jorobada, ballena azul, ballena gris; el delfín nariz de botella, y la vaquita marina que es endémica de nuestro país.
Para facilitar la conservación de los mamíferos marinos la Norma Oficial Mexicana 059 Semarnat 2010, enlista 37 especies de cetáceos en riesgo, casi todas en la categoría sujeta a protección especial, solamente en la ballena franca y la vaquita marina se clasifican en un peligro de extinción.
Además la vaquita es la especie de mamífero marino más amenazada en todo el mundo, por lo que se han realizado múltiples esfuerzos internacionales para su protección.
En 1993 México se adhirió a la Convención de Ginebra para la protección de ballenas, y desde entonces ha colaborado activamente en los esfuerzos internacionales de conservación de estas especies.
Dentro de los diversos esfuerzos de gobierno mexicano para proteger los cetáceos y su hábitat destaca la declaración de sus santuarios balleneros y áreas naturales protegidas marinas.
En 1972 México fue el primer país en crear un santuario de ballenas, al declarar la Laguna Ojo de Liebre, en Baja California Sur, santuario para la ballena gris.
Asimismo, el 30 de noviembre de 1988 fue declarada la reserva de la biósfera El Vizcaíno, que también ha sido reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO, y se encuentra involucrada en convenios internacionales de gran trascendencia.
En ese sentido El Vizcaíno es un lugar emblemático para la conservación de los cetáceos de México y del mundo.
Con motivo de la fecha de declaración de esta reserva de la biosfera, proponemos declarar, el 30 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de los Cetáceos”, reconociendo la importancia de El Vizcaíno para la conservación de los cetáceos de México y de todo el mundo.
Consideramos que establecer esta fecha dedica a estas especies, dedicada a estas especies, contribuirá a sensibilizar en la opinión pública respecto a la problemática que enfrentan, además de que se permitirá impulsar y fortalecer las acciones de conservación que llevan a cabo desde hace varias décadas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.
En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, en maestría de fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia.
En uso de la tribuna el Senador Héctor Flores Ávalos.
El Senador Héctor Flores Ávalos: Muchas gracias, Senador Presidente.
Vengo a presentar una iniciativa que, como refería el Presidente de la Mesa Directiva, propone derogar la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunque no precisamente con el propósito de fortalecer las facultades de la Suprema Corte, sino con la intención fundamental de dotar a nuestra Ley de Amparo de una hipótesis, hasta hoy no contemplada que no hacen sino aumentar, engrosar, fortalecer las posibilidades del gobernado de acudir a la protección de la justicia federal.
Como les decía, se propone, efectivamente derogar la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya hipótesis prevé como improcedente este juicio de garantías en contra de reformas o adiciones constitucionales, así también como regular el recurso de revisión constitucional.
En este sentido es importante mencionarles que se estudiaron todas las ejecutorias y razonamientos que la propia Corte ha esgrimido a lo largo de casi 60 años de actividad jurisprudencial.
En primera instancia debe decirse que los artículos 103, 107 y 135 de la Constitución no prevén expresamente esta improcedencia; no existe prohibición expresa para que el juicio de garantías sea procedente en contra de reformas constitucionales, por lo menos no a nivel constitucional. Entonces, todo lo que se deriva de la Ley de Amparo está sujeto a interpretación.
En el año de 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo; se creó el interés legítimo, se previó la existencia de particulares equiparados a autoridades responsables, entre otros cambios significativos.
En la de nominada nueva Ley de Amparo que se expidió hasta abril de 2013, se agregó efectivamente la fracción I del artículo 61, misma que hace expresamente improcedente el Juicio de Amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución.
Una iniciativa retomó las consideraciones de una sentencia anterior de la Corte para sustentarla, pero no existió un razonamiento, no existió un análisis pormenorizado de esta hipótesis legislativa para justificar la improcedencia que se estaba incluyendo del artículo 61, fracción I.
En contraste, en el año 2015 y 2017 la Corte ha resuelto casos promovidos por asociaciones quejosas en defensa de derechos colectivos, en los que se replanteó, por parte de la propia Suprema Corte de Justicia los efectos y alcances de la relatividad de las sentencias.
En el segundo de estos casos, de estos expedientes el amparo identificado con el número 1359/2015 promovido por esta asociación denominada artículo 19 que promueve derechos de periodistas, se dijo por la Corte que debía replantearse el principio de relatividad de las sentencias, pues con base en el interés legítimo que ahora se tutela constitucionalmente es necesario extender sus efectos para proveer una máxima protección a los derechos difusos y colectivos, por lo que es posible beneficiar de forma accidental a otras personas diversas de los quejosos.
Siempre lo subrayamos que existan violaciones patentes, manifiestas o evidentes a derechos humanos.
El artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades a emprender siempre una intelección de las normas extensible y favoreciendo a la persona.
Reitero, no existe el fundamento constitucional para sostener la improcedencia del Juicio de Amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución.
Como es sabido las interpretaciones y las leyes no pueden ser a lo largo de su desarrollo más restrictivas, sino que deben prever una mejor protección de los derechos fundamentales.
De manera, compañeras y compañeros, que vengo a proponer esta iniciativa, que como decía en un principio no pretende, sino ampliar las posibilidades de procedencia del Juicio de Amparo y con ello otorgarla la posibilidad a los gobernados de demandar la inconstitucionalidad de una reforma o adición a la propia Constitución cuando exista, reitero, una violación evidente, manifiesta o patente de derechos humanos.
Es importante recordar, y con esto concluyo, que uno de los efectos de condena en la sentencia del ya multicitado caso “Rosendo Radilla contra México” fue precisamente la interpretación conforme del artículo 13 constitucional para salvar su inconvencionalidad.
Así, la iniciativa no desconoce que la contradicción de tesis 293/2011 se precisó que: “Si existe alguna restricción constitucional, debe permanecer ésta sobre lo que establezcan los tratados internacionales”.
Es importante, pues, compañeras y compañeros, que analicemos esta iniciativa y le demos la posibilidad a los gobernados de tener un medio más eficaz de defensa de violaciones de sus derechos fundamentales.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Flores Ávalos.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de la neutralidad de redes.
En uso de la voz el Senador Berlanga Sánchez.
El Senador Marlo Berlanga Sánchez: Con su venia, señor Presidente.
Muy buenos días, compañeros Senadoras y Senadoras.
Muy buenos días a todos los compañeros y amigos de las televisiones y radios alternativas que hoy se encuentran acompañándonos en este recinto.
La comunicación tiene dos factores fundamentales: Una, la que tenemos quienes participamos en la vida de Estado y hacemos gala de nuestros discursos, de nuestras ideas con plena libertad en estas tribunas.
Y otra, la que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que tienen ideas y no tienen medios de difusión, ejercen día a día, en la calle, en los medios propios que ellos pueden generar, como pasquines, dibujos y ahora el internet, y que se encuentre en peligro nuevamente, no solamente el derecho a la información y a la expresión de ideas, sino fundamentalmente el derecho a la difusión de ellas. De esto trata este proyecto.
En énfasis que hacemos sobre ellos para la construcción de un contexto democrático se debe, no sólo a su valor intrínseco como libertades públicas, sino a su carácter instrumental para la realización de otras finalidades libertarias y de control sobre el poder público.
Son indispensables para el debate de los asuntos de interés común, por medio de ellas se realiza la crítica política que detona la rendición de cuentas; se generan ideas socialmente relevantes que se convierten en insumos para la construcción de acciones de gobierno y políticas públicas.
En la actualidad, el internet es uno de los vínculos principales para ejercer la libertad de expresión como para además recibir información.
Al ser un instrumento primordial para generar la dinámica democrática a la que ya nos referimos, el internet o la red, como también se conoce, se convierten en un bien socialmente relevante, y por eso también sujeto a una serie de salvaguardas normativas que le permitan mantener su utilidad como herramienta de expresión, difusión y recepción de información.
Uno de los atributos más valiosos de la red sobre los que se ha construido un especial estatuto jurídico de protección, es su neutralidad, la misma es objeto de conceptualización a partir de cuerpos normativos, de fuentes internacionales, pero también nacional.
Por lo que hace a la primera, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la concibe como la ausencia de discriminación, de restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de internet, a menos que sea estrictamente necesario y proporcional para preservar la integridad y seguridad de la red, para prevenir la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud, libre o no incentivada del usuario, y para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red.
En el ámbito normativo interno, la neutralidad de la red se encuentra regulada por los artículos 145 y 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo en el primero de los mencionados, ya que en el mismo es donde se establecen los elementos esenciales que la legislación nacional configuran esta cualidad del internet.
Sin embargo, a pesar de la encomiable regulación que se hace en el referido artículo 145, la neutralidad de la red enfrenta dos embates: Uno externo ocurrido en Estados Unidos, y otro derivado de las condiciones del mercado nacional de las telecomunicaciones.
En diciembre del 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, cuya información cambió con un nombramiento realizado por Donald Trump, revirtió la regulación de 2015, que protegía con cierto grado de eficacia la neutralidad de la red.
Al restringirse el estatuto de neutralidad, la información que fluya por internet de México a ese país, podría ser sujeta a nuevas reglas de priorización de datos en la red.
La otra variante ya mencionada es, que las condiciones del mercado interno de las telecomunicaciones han generado una serie de prácticas que resultan de la restricción de la libre elección que los usuarios pueden hacer de los contenidos que consultan en la red.
Hacer de los contenidos que se consultan en la red, libertad que define la neutralidad de la red, y que es cuartada por los concesionarios y proveedores del internet o contenidos por medios de ejercicios, muchas veces arbitrarios de la gestión del tráfico de la propia red.
Estas afectaciones se realizan por medio de prácticas como el llamado “Cero Rating”, que si no, el condicionamiento de acceso a ciertas aplicaciones, tales como el Twitter, el Facebook y WhatsApp, principalmente, sólo si se contrata con el proveedor del servicio de internet. Esta práctica genera un acceso desigual a tales redes, constituye una discriminación positiva, ya que genera condiciones de ventaja de una ampliación sobre el resto.
No es la única modalidad en la que el “Cero Rating” afecta la neutralidad de la red, también ocurre la práctica en donde el concesionario que provee de internet ralentice el acceso a ciertos proveedores de contenidos para alentar al usuario hacia otro proveedor, o más grave aún, se aplique una tarifa adicional para acceder a ciertos contenidos no prestablecidos por el proveedor.
La presente iniciativa tiene como premisa la eficacia de los tres derechos fundamentales ya mencionados: El de la libertad de expresión, la libre difusión de las ideas y el recibir información, a partir de las mismas propone que el tráfico de la red se vincule directamente a los principios que ya norma la propia neutralidad de la red en el artículo 145, libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia en la información.
Por otro lado, se prohíbe expresamente la práctica “cero rating”, para evitar accesos ilimitados o mediante tarifas adicionales o aplicación de contenidos.
Esta disposición permitiría la realización efectiva de la libre elección, la no discriminación y la pluralidad en el acceso al internet, la eficacia de la neutralidad de la red.
Compañeros Senadores, es verdad que actualmente en México, disponemos de una serie de instrumentos de comunicación que permiten cada día a los mexicanos estar mejor informados, sin embargo, debemos considerar, y de esto se trata esta ley, que es sumamente valioso para la democracia de nuestro país la participación de la comunicación continua de la situación en nuestro país de todos y todas las mexicanas, si la gente, la gente que no está en esta tribuna, sin ella no hay democracia, sin su voz en México no habrá democracia.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Berlanga Sánchez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente para, primero, felicitar al Senador por esta iniciativa, un tema fundamental del debate mundial, la neutralidad de la red, cabe señalar que están pendientes los lineamientos que por ley el IFT debe de representar.
Y solicitarle al promovente si me permite sumarme a la iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Berlanga, ¿es usted anuente a que el Senador Robledo suscriba con usted esta iniciativa?
El Senador Marlon Berlanga Sánchez: (Desde su escaño) Sí.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es anuente el Senador Berlanga.
Servicios Parlamentarios sírvase recabar la firma del Senador Zoé Robledo Aburto.
Esta Presidencia saluda la presencia de miembros de las radios y televisoras alternativas que participaron en el Primer Foro sobre Radio y Televisión Alternativos por la Neutralidad de la Red, invitados por el Senador Marlon Berlanga Sánchez.
Corresponde ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de reducción de obligaciones.
Sin duda, sin lugar a dudas que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que derivó de una reforma a la Constitución fue una de las leyes de gran trascendencia nacional que trabajamos y dictaminamos el Senado de la República como Cámara de origen.
Es un ordenamiento de avanzada en la materia, en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las normas internacionales, con normas también constitucionales, particularmente el pendiente que tenemos en nuestro país de lograr entender de qué trata la reinserción social, conocer lo concreto los méritos de este precepto de nuestra Constitución en el que todavía nos falta mucho trabajar.
Tenemos que realizar un trabajo exhaustivo para que garanticemos realmente que quienes están cumpliendo una sanción, una sanción a partir de haber cometido una comisión de delito, tanto quienes están privados de su libertad, por esa situación, como quienes estén gozando de medidas alternativas a la privación de la libertad puedan ciertamente, como lo dice la Constitución, sean reinsertados en la comunidad para que sigan el camino de la legalidad no reincidan, el Estado tiene que garantizar lo que le corresponde para lograr.
Esta ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación tuvo, recordemos, algunas acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente manifestó entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su preocupación de los artículos 36, 137 y 139, el 141 y el 144.
En consecuencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su sesión pública número 28 el 4 de abril de 2017, esta acción de inconstitucionalidad es la 61/20916, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde demandaba invalidez de algunas disposiciones de esta Ley Nacional de Ejecución Penal.
No me voy a referir a cada uno de estos artículos cuestionados conforme a sus atribuciones constitucionales por parte de la CNDH porque realmente lo que motiva a esta iniciativa es precisamente la resolución que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sólo reconoce la invalidez del artículo 139 y los otros artículos, reconoce que tienen validez constitucional.
El artículo 139 tiene que ver con los beneficios preliberaciones y sanciones no privativas de la libertad en su capítulo 1, denominado “libertad condicionada”, que refiere justamente a este numeral, dentro del género de beneficios proliferaciones y sanciones no privativas de la libertad, de la especie libertad condicional, la cual será otorgada cuando se reúnan requisitos en cumplimiento de determinadas obligaciones previstas en la ley.
Cuál es la parte que señala ciertamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este Congreso de la Unión, las dos Cámaras tenemos que atender es precisamente la que se señala en el segundo párrafo del artículo 139, cuando definimos que las personas sentenciadas que se encuentre en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión siempre y cuando se hubieran dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas.
Lo que resuelve la Suprema Corte, atendiendo a esta acción de inconstitucionalidad de la CNDH, es precisamente que corrijamos esta parte del 139 quitando la definición de forma exclusiva.
Es una reforma realmente pequeña, pero en su contenido nos parece que la reflexión que hace, el sustento jurídico que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es coincidente en general con el sentido importante de la discusión que dimos cuando estábamos dictaminando esta ley.
De tal manera que este proyecto de decreto simplemente a lo que se dedica es a atender lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, quitar de este segundo párrafo, del 139, el término “de forma exclusiva”.
No abundo más en la argumentación, se entiende que esto, insisto, está dedicado a facilitar que ninguna persona no tenga las condiciones, o para decirlo de manera propositiva, que toda persona que está en una situación de afectación a las leyes penales tenga todas las condiciones sin distinciones, sin cortapisas para lograr se facilite su reinserción social, por cierto como lo señala el artículo 18 de nuestra Constitución.
A partir de la licencia aprobada a la Senadora Cristina Díaz Salazar, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana María Esther Terán Velázquez, para que rinda la protesta correspondiente.
La ciudadana Terán Velázquez se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón, solicito a las Senadoras y a los Senadores Carmen Izaguirre Francos, Andrea García García, Marlon Berlanga Sánchez, Jorge Aréchiga Ávila y Verónica Martínez Espinoza, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.
La Senadora Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Solicito respetuosamente a los Senadores y Senadoras ponerse de pie.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Ciudadana María Esther Terán Velázquez, esta soberanía la ha convocado a que rinda su protesta constitucional y legal como Senadora de la República.
“¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”
La C. María Esther Terán Velázquez: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.
Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a los trabajos de la Cámara de los Senadores.
Gracias a las Senadoras y a los Senadores.
Informo a la Asamblea que recibimos de las Comisiones de Justicia; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, tres dictámenes. Los tres proyectos fueron entregados oportunamente en la Mesa Directiva para su inscripción en el orden del día de hoy.
El registro no pudo cumplirse debido a que los dictámenes requerían de diversas adecuaciones de técnica legislativa que fueron solicitadas a las comisiones, y una vez cumplido lo anterior se entregan debidamente elaborados.
Solicito a la Secretaría dé cuenta de los tres dictámenes entregados a la Mesa Directiva.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Los dictámenes entregados son.
El de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, en materia de delitos en contra de periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
El de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que reforma el artículo 487 y adiciona un segundo párrafo al artículo 12; y un artículo 487 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de anulación de sentencias o modificación del tipo penal.
Y el de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, que reforma los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal, para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en materia de incremento de penas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se incorporen a la agenda de este día los tres dictámenes.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy.
Los tres dictámenes están disponibles en sus escaños. Por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los dictámenes.
Quedan de primera lectura.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente.
En la actualidad nuestro país se enfrenta a un entorno internacional de grandes retos, de grandes incertidumbres que nos obligan a reflexionar sobre las estrategias que el país debe seguir para relacionarse en un mundo tan complejo.
En este sentido, una de las estrategias que el Estado mexicano debe seguir haciendo es fortalecer la promoción de la cooperación comercial con el objetivo de identificar aquellas acciones que a nivel bilateral fomenten y mantengan un comercio seguro y mutuamente benéfico…
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, disculpe que lo interrumpa.
Solicito, respetuosamente, a la Asamblea guardemos el silencio y el respeto que merece el orador al hacer su alocución.
Continúe, señor Senador
Por esta razón y con base en la facultad constitucional, otorgada a la Honorable Cámara de Senadores para la aprobación de instrumentos internacionales, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, ponemos Senadoras y Senadores a su consideración el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros.
Ese instrumento, desde el punto de vista de las comisiones dictaminadoras, representa una herramienta necesaria para estrechar los lazos de cooperación con el Japón, que es uno de nuestros socios económicos y comerciales más importantes en la región Asia-Pacífico y un país que se ha posicionado como nuestro tercer socio a nivel global con un comercio que ya excede los 21 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
Lo anterior es, sin duda, consecuencia de la firma del Acuerdo de Asociación Económica entre ambas naciones, el cual ha generado en los últimos 25 años un incremento de las inversiones japonesas en territorio mexicano por un total, Senadoras y Senadores, de 13 mil 796 millones de dólares.
Asimismo, me permito destacar a Japón como una nación que contribuye decididamente al libre comercio.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Torres Corzo, le ruego me disculpe una vez más.
Respetuosamente solicito guardemos el silencio y el respeto que obliga el escuchar la presentación de este dictamen que tanta importancia amerita para el Senado de la República.
Suplico, atentamente, a los asistentes y a los propios Senadores y Senadoras guardemos el silencio que amerita la presentación del señor Senador Torres Corzo.
El Senador Teófilo Torres Corzo: Me permito destacar que Japón es una nación que contribuye decididamente al libre comercio, a la creación de acuerdos en materia internacional y a la expansión de nuestras economías.
En tal virtud, las comisiones dictaminadoras consideramos que el presente acuerdo brindaría mayor certeza a los procesos de importación y exportación entre México y Japón mediante el intercambio de información que prevenga y detecte prácticas comerciales lícitas e ilícitas, así como facilitar la determinación de los correspondientes impuestos aduaneros y fiscales.
Las comisiones dictaminadoras coincidimos que dicho acuerdo se suma a la red de tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en esta materia, a fin de fortalecer los esquemas de intercambio de información entre autoridades aduaneras para coadyuvar a la facilitación del comercio exterior y la protección de la cadena logística en el comercio internacional.
Otorgar su voto a favor de este instrumento internacional contribuirá a consolidar las bases jurídicas para un nuevo y mejor entendimiento entre México y Japón para combatir las infracciones, los contrabandos que se cometen en territorio de alguna de las partes, aprovechando al máximo los beneficios de la apertura comercial que nos ofrece.
Finalmente, quiero agradecer a las Senadoras y Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras por su participación en las reuniones de análisis para la aprobación de este acuerdo, y por enriquecer con sus comentarios y observaciones el dictamen que hoy presentamos.
Por su atención, por su silencio, por su comprensión y por su voto a favor, mi reconocimiento.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Torres Corzo.
Al no haber oradores registrados se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.
Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la tribuna el Senador Cárdenas Fonseca.
El tema que hoy tratamos supuestamente, es producto de una indebida legislación. Y digo supuestamente, porque yo sostengo que se legisló debidamente.
Pero sí de una extraña y absurda resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió obsequiando la promoción que sobre la misma recayó y que combatía el plazo.
Lo que habría que preguntarnos aquí es: ¿El legislador actuó correctamente?
Porque, de hecho, el Constituyente lo que aprobó en el artículo 6 constitucional es que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y entonces en la ley basándose en la Constitución, el legislador determinó el plazo.
¿Ah, y ese plazo es bueno o es malo en función de qué criterio?
Del criterio que tuvieron los legisladores independientemente de que yo no esté de acuerdo con que hayan tomado cinco días, pero eso fue el plazo que ellos consideraron pertinente y fue en ambas Cámaras.
Y entonces se reúnen los Ministros de la Corte y no razonan debidamente la inconstitucionalidad, simple y sencillamente resuelven regresarnos el trabajo realizado formal, legal y debidamente por el legislador diciendo: “Pongan un plazo pertinente”.
Yo le preguntaría a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿Cuál es el plazo pertinente, entonces?
Aquí hemos discutido y hemos hablado de dignificar el trabajo del Poder Legislativo y entonces este Poder Legislativo podría determinar como pertinente el plazo que allá había establecido en la reforma legal.
Pero pareciera ser, y lo digo con todo respeto, que el grupo parlamentario del PRI quiere ser muy obsequioso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que ellos tanto del ministro ponente, como de la posición de los otros, no se advierte inconstitucionalidad alguna en la determinación del plazo legalmente establecido por el legislador.
Si al legislador se le hicieron correctos cinco días y está legalmente establecido ese plazo, ¿qué negocio tienen los Ministros de la Corte sin ponderar la ilegalidad del acto, resolver que pongan un plazo pertinente?
¿Para Alemania, para el Reino Unido, a contentillo del candidato de qué partidos o por la hormona de qué persona?
Si ustedes leen el documento que emitió la Corte, no hay ninguna consideración de peso para considerar que fue ilegal la determinación del Poder Legislativo.
Y es por eso que he reservado en lo particular la modificación y en esa reserva en lo particular estableceré los criterios y propondré la modificación al dictamen que hoy nos plantean.
Pero yo quisiera que alguien de quienes trabajaron este dictamen subiera a tribuna a defender o a decir por qué no fue legal el plazo que establecieron de cinco días, más allá de si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo.
Que suba a esta tribuna quien trabajó ese dictamen y dé los argumentos de por qué sí acepta que esa determinación habiéndose actuado en los términos del 6 constitucional es ilegal.
Pues parece ser que no lo hay, parece ser que se subsumen en los criterios basados de acuerdo a como anda la andropausia o la menopausia o el interés cautivador de quién.
Compañeros legisladores, la reforma que ustedes hicieron fue absolutamente legal, fue absolutamente de acuerdo a la reforma constitucional que el Constituyente aprobó.
Y más allá de que si cinco, 15 o 30 días, dependiendo del capricho de quién, porque no está debidamente razonado, ni fundado en la línea del tiempo el por qué determinan unos días diferentes.
Concluyo, Senador Presidente. Sería muy bueno que independientemente de que pudieran modificarlo después con otra iniciativa, basándolo en el 6 constitucional, tuvieran la valentía de volver a resolver en los mismos días, porque no actuaron ilegalmente, respétense. Den a respetar al Poder Legislativo.
“Resolver, pongan un plazo pertinente”. Estamos viendo este tipo de resoluciones de la Corte, no perdamos la capacidad de asombro si no regresamos la dignidad al Poder Legislativo.
Hace uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.
El pasado 30 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es inconstitucional la obligación de presentar pruebas de que la información falsa haya causado perjuicios para tener acceso al derecho de réplica.
No es un tema menor, discutimos y hemos discutido mucho para garantizar derechos particularmente el que cualquier persona pueda replicar frente a un dicho o información que puede afectarle a sus derechos.
La Suprema Corte al concluir el análisis de diversas acciones de inconstitucionalidad incluida una que presentó mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, además, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de esta ley que es reglamentaria del artículo 6º de nuestra Constitución, insisto, en la materia de réplica; las y los ministros resolvieron que es inconstitucional y refieren de manera puntual el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 10 de la ley, en su parte relativa a que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que la publicación otra admisión de la información que se desea rectificar o responder.
Quiero enfatizar esta parte para no confundirnos, dice: “En su parte relativa, normativa en un plazo, nosotros decíamos no mayor de cinco días, que es lo que nos corrige la Suprema Corte contados a partir del siguiente, al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder”.
¿Por qué? Quiero insistir en esta parte. Si bien puedo simpatizar con la inquietud planteada por el Senador Cárdenas, que me antecedió en la palabra, me parece que es muy importante situarnos en la Litis, justamente de lo que nos está señalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a cinco días.
Que ciertamente nosotros planteábamos que fuera cuando menos de un mes, pero nos parece que el tiempo y, por supuesto, la reacción hacia solicitar, exigir una réplica es muy importante establecerla, porque en la información es relevante la reacción frente a un dicho, a una información que puede estar afectando nuestros derechos, puede estar violentando nuestra dignidad humana, puede estar afectando en nuestra personalidad con falsas noticias o incluso con infamias, con difamaciones.
Por lo que la Suprema Corte nos mandató 90 días para que a partir de la notificación de esta sentencia modifiquemos el término de cinco días.
Es verdad que en la Comisión de Gobernación se discutió, si se dejara libre, si eran muchos o pocos días, los que finalmente se establecieron en el dictamen, que son 15 días naturales, o si habría más.
¿Qué fue lo que prevaleció?
Insisto, más allá de que puedo estar de acuerdo en la argumentación general que el Senador Cárdenas acaba de referir; me parece que es importante situarnos exactamente en lo que nos está señalando la Suprema Corte respecto de que cinco días naturales son insuficientes.
Lo que dice el dictamen es que sea 15 días hábiles, es decir, estamos hablando en tiempos, en días naturales, tres semanas para que pueda estar integrada en este concepto de lo que la propia Constitución está señalando respecto de que haya una rectificación, haya condiciones de responder de manera inmediata a una información que puede estar afectando los derechos de una persona.
Alguien diría, pues dejémoslo abierto, no le pongamos fecha, no le pongamos días; nos parece que el sentido, el sentido de lo que trata esta parte que es señalada por la Suprema Corte, sí tiene que ver, y ese es el sentido del dictamen, sí tiene que ver con la oportunidad, con la manera de reaccionar ante una situación, sobre todo en la información que en ese momento puede estar circulando.
Todos sabemos que en comunicación, conforme pasa el tiempo, los días, las semanas, deja de ser relevante una información, si hay una infamia, si hay una difamación y lo dejamos a la libre, sí puede, ya no lograrse el cometido de poder responder de manera inmediata cuando está ahí la noticia haciendo mella contra la dignidad de una persona, y me parece que en este sentido es plausible la propuesta que hace la comisión.
Obviamente este es un tema que nos tiene que llevar a discutir más, sobre todo es materia ahorita de la resolución que nos mandata la Suprema Corte atender, pero me parece que sí es importante señalar que los medios de comunicación como sujetos obligados a garantizar este derecho de réplica estén también en posibilidad de repetir los gastos en que incurran como publicar o transmitir la declaración o respuesta de la información falsa, inexacta o agraviante o incluso infame que provenga de agencias de noticias, productores independientes o cualquier otro emisor de información.
Lo que deriva después de la réplica eso no está a discusión, me parece que es muy importante situar, insisto, la Litis, eso no está a discusión, siempre una persona que se vea afectado por lo que yo acabo de decir, tendrá, y eso está a resguardo por la ley, la posibilidad de replantear otro camino más allá de la réplica, y me parece que es en ese sentido no debemos confundir que qué trata este dictamen, y que está resolviendo a propósito de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha ordenado.
Ahora bien, derecho comparado.
A nivel internacional, señoras Senadoras, señores Senadores este tema es una permanente discusión desde los Parlamentos. Siempre encontraremos Parlamentos que no dejan amplio, hay que hacer un recuento del significado que lo deje en amplio, otros determinan un año, otros determinan un tiempo incluso más pequeño que de tres semanas, 15 días hábiles.
Yo creo que si lo equiparamos, por cierto, como ya lo señalan otras leyes que es parte de la argumentación del dictamen de la Comisión de Gobernación en el caso del amparo, pues entonces, suena conducente que lo que estamos determinando aquí, va en esa misma dinámica de nuestra propia legislación.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas, gracias Senadora.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.
El pasado 13 de octubre del año 2015 presenté ante este Pleno senatorial voto particular y reservas al dictamen que en su momento presentaron las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expedía la Ley Reglamentaria del artículo 6º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, y mediante el cual se adicionaba una fracción al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
En ese momento manifesté que dicho dictamen era anacrónico, reflejo del letargo y rezago legislativo que pone de manifiesto el incumplimiento y omisión al no cumplir con los plazos establecidos en la ley.
Dicho lo anterior, la expedición de la Ley Reglamentaria supondría la labor de enmendar cada una de las deficiencias que la Colegisladora envió en la minuta en aras de concebir un cuerpo normativo que garantizara el derecho de réplica como un derecho humano.
Sin embargo, el dictamen, la hoy Ley Reglamentaria del artículo 6º constitucional presentó un verdadero retroceso legal que carecía de definiciones, de mecanismos y procesos que permitían y permiten hacer válido dicho derecho al establecer un proceso retardado, restrictivo, aunado a la evidente postura laxa que beneficia a las televisoras y radiodifusoras, no a quienes podemos hacer exigible el derecho de réplica.
Recordemos que la discusión en torno a la reglamentación del derecho de réplica está circunscrita a todo sistema y debate democrático.
La importancia radica que al estar previsto en el artículo 6º constitucional, el derecho de réplica debe considerarse un derecho humano, parte del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
¿Qué protege? La dignidad de la persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación.
En ese sentido, el Congreso, antes y ahora, ha sido omiso. No ha cumplido con la tarea que nos corresponde, ha abandonado su facultad de ser contrapeso como una función básica en la división de poderes y, sobre todo, de representación de los intereses de la ciudadanía.
Derivado de lo anterior, el día 1 de febrero de este año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas determinando solamente la inconstitucionalidad del plazo de cinco días establecidos en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica, pues, consideró que era inconstitucional y por ende desproporcional en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica, difundida por cualquier sujeto obligado.
Sin embargo, y es importante decirlo aquí en este Pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no entró al fondo en uno de los temas fundamentales que fueron parte de ese debate que nos dimos en el Senado, y ese debate a fondo se encontraba en el artículo 19, se encuentra en el artículo 19 de esa Ley Reglamentaria, particularmente en la fracción VII y VIII.
¿A qué se refiere el artículo 19 de la Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica? Ahí se establece una serie de condiciones que le permiten a los medios de comunicación a negar el derecho de réplica.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera entró a fondo a discutir justamente estos temas que tienen que ver en la negativa de los medios de comunicación para otorgar el derecho de réplica, los desestimó, ni siquiera entró al estudio de fondo.
¿Por qué? Porque consideró que al no ser de materia electoral, los partidos políticos no estaban legitimados para impugnar esas fracciones, particularmente de la Ley Reglamentaria.
Lo que quiero decir aquí, es que no porque la Corte no haya declarado inconstitucional esa parte normativa de la Ley Reglamentaria, no significa que la ley esté bien, no significa que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, es decir, que el Congreso de la Unión haya hecho una Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica a modo, a modo de los medios de comunicación del tema de radio y televisión que siempre se ha protegido en estos espacios, y no previendo garantizar un derecho fundamental, como es el derecho de réplica.
Hoy nos topamos con la necesidad de enmendar la plana. No la ha enmendado nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una parte mínima de lo impugnado.
Y el día de hoy se nos presenta aquí un dictamen mínimo que solamente tiene que ver con modificar el plazo en el cual se puede impugnar las resoluciones.
Esto, compañeras y compañeros, no cambia el fondo, no cambia el fondo de lo que significa que no sabemos hacer nuestra tarea, de que no hacemos nuestra tarea de manera correcta, de que no importó que en 2007, y reformáramos la Constitución, el artículo 6º constitucional para establecer un derecho fundamental, como es el derecho de réplica, para que muchos años después, en completa omisión en los tiempos que también nos damos en el Legislativo y que siempre violentamos, hiciéramos una ley incompleta, a modo, protegiendo los intereses de otros y no el de derecho fundamental, que en este caso es el derecho de réplica.
Por eso es que ahora nuevamente me opongo a caer en la simulación, que en este Congreso hacemos una y otra vez cuando pretendemos legislar en favor de la ciudadanía. Yo no soy parte de ese juego.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, para hablar a favor del proyecto de dictamen.
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su permiso, señora Presidenta.
La libertad de expresión es un derecho esencial del ser humano que permite la generación del debate, promueve el efectivo ejercicio del derecho a la información y fomenta el libre desarrollo de la participación política.
De acuerdo con el artículo 6º constitucional, se trata del libre ejercicio de todo mexicano de manifestar sus ideas y opiniones sin ser objeto de persecución política, administrativa o judicial, pero este derecho se encuentra relacionado con la importante responsabilidad de presentar información veraz, que no menoscabe el derecho de otras personas.
Es por eso, que aunado a la libertad de expresión, existe el derecho de réplica como la facultad de una persona para rectificar datos cuando considera que los hechos y la verdad han sido deformados.
Así como toda persona tiene derecho a expresar su opinión o difundir información, también los mexicanos podemos solicitar rectificación de datos o hechos cuando consideramos que estos nos afectan por faltar a la verdad o la deformamos.
En este marco, el dictamen que hoy discutimos no es menor. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria; del artículo 6º, párrafo I de la Constitución con el objetivo de ampliar los plazos que una persona tiene para ejercer su derecho de réplica.
Lo anterior permite conformar una mayor garantía jurídica y establece un balance entre la posibilidad de ejercer libremente las ideas en correlación con la facultad de un ciudadano por rectificar información cuando considera que el libre ejercicio de la libertad de expresión vulnera o deforma su verdad.
Esta reforma tiende a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorga seguridad jurídica a los medios de comunicación quienes tienen la libertad de informar y la obligación de hacerlo responsablemente, pero también otorga herramientas a los mexicanos para que puedan actuar cuando la información falsa, irresponsable o deformada.
El grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen porque considera que en una sociedad democrática y de derechos debe de existir un equilibrio entre las diversas esferas de derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a proteger.
La libertad de expresión es necesaria, el libertinaje hay que combatirlo, pero también es importante rectificar y modificar procedimientos y mecanismos de defensa para que los ciudadanos puedan a su vez ejercer el derecho de rectificación.
Es importante destacar que cuando se derogaron los delitos, los que eran delitos de difamación, calumnias e injurias del Código Penal Federal y de algunos códigos de los estados de la República, dejó en mayor indefensión al ciudadano para defenderse de estos ataques irregulares y con esta ley, permite al ciudadano tener los mecanismos que les ayuden a aclarar las situaciones en las que se ven inmiscuidos.
El derecho de réplica significa un gran avance para nuestra democracia con ciudadanos y medios de comunicación comprometidos con la verdad, la justicia y el desarrollo.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, compañera Presidenta.
Bueno, yo creo que aquí el debate de fondo no está vinculado con el dictamen que se pone a consideración.
Qué bien que la Corte resolvió ampliar el plazo de cinco a 15 días para quien sea agraviado en el ejercicio de su derecho de réplica, pueda ejercerlo.
Sin embargo, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ver con dos aspectos. Primero, la extralimitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para legislar en la materia en el momento en que elimina de manera unilateral algunos de los textos de la ley que fueron controvertidos sin entrar a la discusión de fondo y sin mandatar al Congreso de la Unión para que corrija la Ley.
Esta es una práctica que vulnera no solamente la división de poderes, sino las facultades de competencia del Congreso.
Yo entiendo por ejemplo, que cuando se presentaron las acciones de inconstitucionalidad contra la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y la Corte resolvió anular algunos textos de la propia Constitución, pues fundó su argumento en el hecho de que las funciones legislativas de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México habían concluido, que no es el caso del Congreso de la Unión ni la Cámara de Diputados, ni el Senado de la República, porque no solamente son poderes plenamente instalados, sino que están en ejercicio de sus funciones.
Y este tema debería de revisarse con mayor detenimiento en el Senado, porque no puede permitir que la Corte suplante la función legislativa del Congreso que, por cierto, es una facultad exclusiva del Congreso y a la Corte le corresponde la interpretación en el cumplimiento de la ley, y creo que aquí debería de haber una reconsideración respecto al papel de la Corte.
Y en segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que, como lo planteó bien aquí la Senadora Martha Tagle, no entró la discusión de fondo, motivo por el cual se promovieron distintas controversias y acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que es el mantener la facultad discrecional de los concesionarios para interpretar cuando deben o no pueden ejercer su derecho de réplica o las audiencias o las personas que sean aludidas por los medios de comunicación.
Que es lo que se refiere justamente en el artículo 19, en las fracciones VII y VIII, donde de manera discrecional el concesionario puede, a su juicio desestimar el ejercicio de este derecho señalando que o no fue responsabilidad del concesionario al momento en que se emitió la ley al señalar que provenía de una agencia de noticias o cuando a su juicio considere que no se vulneró el derecho de los ciudadanos y que la información es verídica.
Y la verdad es que esto fue lo que motivó nuestro voto en contra aquí en el Senado de la República, al momento en que hubo esta regresión a la reforma constitucional en materia de derecho a las audiencias, en el artículo 6º porque es absolutamente regresiva, los concesionarios no pueden interpretar la ley y estimar cuándo puede o no ejercer su derecho el ciudadano, porque el interés superior queda a defensa del ejercicio del derecho es el que debe de prevalecer y más en un concesionario de un servicio público como es la comunicación, la televisión, la radio, etcétera.
Por eso mi voto será en contra de este dictamen.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Encinas.
Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor el Senador Esteban Albarrán Mendoza.
El dictamen que hoy ponemos a su consideración, tiene por objeto ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica de cinco a 15 días hábiles.
Hemos de recordar que el pasado día 1º de febrero del 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad, 122/2015 y sus acumuladas, 124/2015 y 125/2015, determinó la inconstitucionalidad del plazo de cinco días establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria, en materia del derecho de réplica.
La Corte estimó que el legislador debe considerar los argumentos vertidos por este alto tribunal, particularmente por lo que se refiere a mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho a la seguridad jurídica de los medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados y también a considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de réplica en plazos realistas y proporcionales.
Ahora bien, el alto tribunal consideró que el plazo de cinco días hábiles establecido en la ley en materia de del derecho de réplica era inconstitucional, en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una noticia ya sea falsa o inexacta que le perjudica difundida por cualquier sujeto obligado.
De tal manera, que la norma exige, conforme lo señaló la Corte, que las personas se mantengan atentas a la información transmitida a través de medios de comunicación masivos, pero que ignora a las personas que no están atentas a toda las publicaciones, así como los medios que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, resultando en un desbalance.
Por otro lado, la Corte también manifestó que en tanto que el derecho de réplica es una imposición para los medios de comunicación, se debe velar por otorgarles a los ciudadanos seguridad jurídica.
Tampoco puede establecerse un plazo definido en función al día en que el agraviado se haga sabedor, pues ello también resultaría desproporcional; es decir, que debe de haber cierto equilibrio entre el derecho de los particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y el derecho a la seguridad jurídica de los derechos obligados.
Cabe destacar que en el ámbito del derecho comparado el plazo para ejercer el derecho de réplica no es homogéneo y la mayoría de los países carecen de una regulación al respecto.
En virtud de lo anterior y de conformidad con los criterios establecidos por el pleno de la Suprema Corte, se propone ampliar el plazo a 15 días hábiles, a partir del siguiente día al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondiente.
El plazo que se propone pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten para tal información.
Con la ampliación a 15 días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de réplica tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica; es decir, contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente.
Adicionalmente el plazo que se propone de 15 días es coincidente con el que prevé la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que los gobernados ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades del Estado mexicano.
Es decir, se toma como referencia objetiva la legislación que en antonomasia es referente obligado en materia de medios de protección de los derechos humanos, pues si dicha norma prevé un plazo de 15 días para poder promover el juicio. Se estima que el mismo plazo deberá prevalecer en materia de réplica para que el interesado solicite al medio de comunicación la aclaración correspondiente.
En virtud de todo esto y de conformidad con los criterios establecidos por el pleno de la Suprema Corte, se propone ampliar el plazo a 15 días hábiles a partir del siguiente día al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente en su solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondiente.
Recibimos en la Mesa Directiva el texto de la participación del Senador Jesús Casillas Romero sobre este dictamen, el cual se insertará en el Diarios de los Debates.
Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada al concluir la discusión de los dictámenes.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidenta.
¡Vaya! Me parece que ahora mis compañeros legisladores están buscando ser muy consistentes.
Apenas la semana pasada votaban a favor una reforma a la Ley de Salud, para establecer por encima del derecho a la salud de las personas una idea que contraviene al Estado Laico que es la objeción de conciencia.
Y hoy, en perfecta coincidencia con esa idea, pues no vamos a aprobar una minuta que viene de la Cámara de Diputados que busca establecer un día para conmemorar el Estado Laico.
Partiendo de la idea, dicen quienes han hecho este dictamen, de que el reconocimiento del Estado Laico hoy en día es una realidad consagrada como máxima jurídica en nuestra Constitución.
Me parece que los compañeros legisladores no entienden lo que significa el Estado Laico. Y tan no lo entienden porque también revisando a qué se refieren con el Estado Laico en el dictamen, mencionan lo que dice sin duda la teoría, pero siguen sin entenderla.
Argumentan que después de un análisis de la minuta de proyecto de decreto por el que se declare el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”, los integrantes de esas comisiones dictaminadoras consideraron que el tema de referencia pondera las libertades de los ciudadanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la libertad de creencia religiosa, la libertad de conciencia, de convicciones éticas, la pluralidad, la diversidad de pensamientos, la libertad de expresión, la igualdad, y establecen que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte.
Mencionan que la laicidad como régimen social de avenencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos, conllevan un principio de conciencia donde se es consecuentemente libre para elegir por propia voluntad cualquier opción espiritual cuando así lo decida cada persona.
Se reconoce todo eso, pero se niegan a que tengamos un día, el 25 de septiembre de cada año para reconocer y recordarnos a todos lo que significa la laicidad del Estado mexicano, lo que ha significado para el Estado mexicano las Leyes de Reforma y la laicidad reconocida a partir de ese entonces.
Sería muy prudente y es muy necesario que lo recordemos no nada más cada 25 de septiembre, como lo propone la Cámara de Diputados, sino diariamente en nuestra función cotidiana. Sin embargo, aquí se considera que no hay necesidad de un día, pero sí tenemos una necesidad de conmemorar el Día del Tequila, el Día de los Donadores de Sangre, todos estos días hemos estado aprobando alguna nueva conmemoración, pero consistentes con lo que hicieron la semana pasada, hoy vamos o pretenden rechazar una minuta de la Cámara de Diputados.
Es importante decir aquí que la concepción del Estado Laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana.
La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidas con claridad en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y en la Constitución Política vigente.
Se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la implantación de la igualdad ante la ley, ya que mediante esta ley se suprimieron los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico.
Aunque la Ley Juárez fue el arranque, inmediatamente después de que esta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista.
La etapa de Reforma significó la consolidación del concepto de nación cuando se define la forma del Estado, se experimenta la forma de gobierno y se conquista en las libertades que persisten en nuestro derecho público.
Los liberales defendieron, así, la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de igualdad de las personas ante la ley, así como la soberanía del pueblo y el federalismo.
Se destaca que aunque históricamente la laicidad se ha ligado a la separación entre el Estado y las iglesias, más que legislar en materia religiosa la laicidad surge de la necesidad de los estados para garantizar que a pesar de la pluralidad de ideas hay igualdad en el ejercicio de los derechos y las libertades, independientemente de la religión, la convicción filosófica, la identidad de género u orientación sexual y cualquier otra condición de la persona.
Así, pues, sería prudente que recapaciten con respecto a rechazar esta minuta. Veámonos en lo sucedido recientemente en Costa Rica, quienes a lo mejor no se han dado cuenta de lo que sucedió en Costa Rica deberían de verse en esa ventana de cara a los próximo comicios electorales que tenemos en nuestro país.
En Costa Rica, en la primera vuelta electoral, estuvo a punto de ganar un conservador religioso, y si no se han dado cuenta ese riesgo lo tenemos siempre presente en nuestro país.
Afortunadamente allá hay una segunda vuelta y la ciudadanía empujó un proyecto progresista, quienes son los que van a gobernar ahora en ese país.
No está de más, y es necesario que en nuestro país recordemos una vez al año, pero también todos los días lo que ha significado la laicidad. El Estado mexicano existe gracias a que hubo justamente quienes lucharon y quienes luchan cotidianamente porque exista un Estado Laico, porque exista una República Laica que nos garantice a todas las personas, independientemente de la forma de pensar, de sentir, de creer, que tenemos los mismos derechos, ni uno más, ni uno menos.
La Presidente Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
Tiene ahora la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
Así como hemos felicitado y reconocido ampliamente a las comisiones cuando han propuesto temas de altísima relevancia para el bien del país, hoy tenemos que plantear nuestro disenso con la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, porque los argumentos que esgrimen para rechazar una propuesta de la Colegisladora sinceramente son argumentos sin ningún sostén jurídico o ideológico, más bien pareciera que ambas comisiones intentan que nuestro país siga por la ruta de perder su memoria histórica.
¿Cuándo un día del año se hace una remembranza, se hace un acto oficial para recordar una gesta histórica, para recordar un momento importante en la vida del país?
Se fortalece la memoria histórica con la intención de que las mexicanas y los mexicanos no olvidemos lo que hicieron los héroes que nos dieron patria, para que hoy en pleno siglo XXI tengamos una convivencia entre todos los mexicanos y las mexicanas al margen de nuestra forma de pensar, al margen de nuestra condición económica, al margen de nuestra elección religiosa.
¿Por qué conmemoramos el 15 de septiembre a pesar de que en la Constitución está establecido que somos un Estado independiente?
Pues es sencillo, porque no se pueden borrar de un plumazo 300 años de esclavitud que tuvo este país, por eso el 15 de septiembre de todos los años es una fiesta nacional a pesar de que la Constitución diga que somos un Estado independiente.
¿Por qué insistimos el 7 de junio? Que hay que recordar la libertad de expresión a pesar de que en el artículo 6º de la Constitución se ratifica de manera clara y contundente que en este país tenemos garantizado ese derecho fundamental, por una razón.
¿Por qué es necesario recordarle a los mexicanos y a las mexicanas que la libertad de expresión es un derecho sagrado de todos los que habitamos este país?
¿Cómo pretende este, los integrantes de esta comisión que la memoria histórica de este país empiece a borrarse si nosotros instituimos, como aquí se propone, el día 25 de septiembre como el día del Estado Laico para recordar a México y a sus instituciones, por mandato constitucional desde la segunda mitad del siglo XIX, que somos un país de leyes y no de dogmas?
Claro, los conservadores, los pochos, que han arribado al poder, quisieran que fuéramos un país sin memoria histórica, quisieran que el Vaticano viniera a establecer sus reales en nuestro país y que nuevamente la iglesia sancionara los matrimonios, sancionara los nacimientos, sancionara las defunciones, sancionara lo que sólo corresponde al Estado mexicano.
Juárez, con todo su valor y que hemos reconocido como uno de los mejores Presidentes de la República que ha tenido este país, tuvo a bien, tuvo a bien, en 1859, impulsar la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, en la cual se expropiaron todas las propiedades de la iglesia porque lo que está en México es de los mexicanos y es propiedad de la nación.
También se tuvo a bien, en ese mismo año, el 28 de julio, promulgar la Ley Orgánica del Registro Civil porque todos los acontecimiento que aquí se han señalado, como nacimientos, adopciones, matrimonios, muerte, son regulación exclusiva del Estado mexicano.
Con las Leyes de Reforma dejamos atrás más de 300 años en donde la iglesia sancionaba todo, y hoy, y hoy gracias a esa determinación de Juárez y los patriotas que lo acompañaron tenemos un Estado en el cual, al margen de nuestra religión, los mexicanos y las mexicanas podemos convivir, por eso no tenemos una religión oficial, por eso, compañeras, compañeros, y sería verdaderamente importante para fortalecer el civismo, el amor patrio en las instituciones educativas, del país que el 25 de septiembre se recordara en la ceremonia oficial, que este país es un Estado Laico, en donde absolutamente todos tenemos cabida.
Con mucho respeto de mis compañeros de estas dos comisiones, decir que este dictamen va como en sentido negativo, porque ya viene establecido en la Constitución, pues muchos de los días que tenemos como días oficiales viene establecido en la Constitución, que el derecho está perfectamente fundado y motivado.
Por eso estamos en contra de este dictamen e invitamos a todos, Senadoras, Senadores, hasta los que no están poniendo atención, de que este dictamen lo votemos en contra y que instituyamos por el bien de la memoria histórica de este país que el 25 de septiembre sea el Día del Estado Laico en México.
Ojalá y reflexionen su voto por el bien del país.
La Senadora Presidenta Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen, la Senadora Angélica de la Peña.
Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña.
Le pido autorización de hacerlo desde aquí.
La Senadora Presidenta Graciela Ortiz González: Por supuesto. Adelante.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.
Miren, yo creo que el Senado de la República ha cometido un error al desechar esta minuta que viene de la Cámara de Diputados.
Aquí hemos determinado días “El Tequila”, “La familia”, etcétera.
Nos parece que uno de los temas patrios de nuestra Constitución, fundamentales de la República Mexicana, es la definición de que este Estado mexicano es un Estado Laico.
Y, en ese sentido, nos parece importante que el grupo parlamentario del PRD señale su inconformidad con ese dictamen donde está desechando la propuesta que viene de la Cámara de Diputados.
Yo creo que principalmente, sin demérito de los temas que legisla la Cámara de Diputados, particularmente los temas que tiene exclusividad, casi podría anticipar que la definición fundamental en la República es uno de los temas fundamentales del Senado de la República, porque es la definición de nuestro país, es la definición del Estado mexicano que ante todos los otros países del mundo definen con toda puntualidad incluso cuál es el marco fundamental desde el derecho que nos rige en nuestro país.
Y por esas simples razones, puedo dar más razones, pero por obviedad del tiempo, señora Presidenta, señoras y señores Senadoras y Senadores, mi propuesta sería que de veras se regrese esta minuta, se haga una valoración más pertinente y, por supuesto, más simple respecto de que si hemos determinado que hay días para otros temas, no voy a calificar si son o no son importantes, sí creo que en el caso concreto del que tiene que ver con el Estado Laico, pues es uno de los temas estructurales de nuestra Constitución Política, estructurales de la definición de lo que es la República Mexicana, los Estados Unidos Mexicanos.
De tal manera, que sí deberíamos revalorar el sentido que hoy está estableciendo desecharlo.
Es cuanto, Presidenta, Senadoras, Senadores.
La Senadora Presidenta Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.
Entiendo entonces que está usted presentando una moción suspensiva.
¿Alguien más apoya esta solicitud?
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se admite a discusión la moción suspensiva presentada por la Senadora de la Peña.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si se admite a discusión la moción suspensiva.
Quienes estén a contra, favor de levantar la mano.
En contra de la moción, señora Presidenta.
La Senadora Presidenta Graciela Ortiz González: No se admite a discusión.
Por lo tanto, se desecha.
Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.
Pasamos enseguida a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.
Al no haber oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada al concluir la discusión de los dictámenes.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, por el que se aprueba el acuerdo entre México y Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Burgos, a favor.
Senador Tapia, gracias.
Senador Vega Casillas, a favor.
Senadora Lilia, a favor.
Se recibieron 72 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones, señor Presidente.
En consecuencia queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México el 10 de agosto de 2017.
Pasamos a la votación del dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como Día del Estado Laico.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen que propone fechar el proyecto de decreto.
Senadora Merodio, a favor.
Senador Mario Delgado, en contra; Senador Fernández Fuentes, en contra.
Se emitieron 59 votos a favor; 17 votos en contra; y dos abstenciones, señor Presidente.
En consecuencia queda desechado el proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como el Día del Estado Laico.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.
Senador Larios, a favor.
Senadora Rosa María, a favor. Gracias.
Senadora Romero Deschamps.
Senadora Sylvia, a favor. Gracias.
Senador Graciano. Gracias.
Se emitieron 60 votos a favor; 16 votos en contra y dos abstenciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentario del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.
Pasamos a la votación del dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.
Senadora Ana Lilia.
Rosa Adriana, ya la anotamos.
Senadora Lilia Merodio, ya está anotada.
Senadora Vianey, a favor. Gracias.
Senador Fernández, a favor. Gracias.
Se emitieron 77 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda desechado el proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.
Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes que contienen puntos de acuerdo sobre los que no hay reserva para su discusión, todos están publicados en la Gaceta de hoy.
Tenemos uno de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con punto de acuerdo que exhorta a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre el uso irresponsable del Sistema de Emergencias 911, en todo el país.
Y tenemos también un dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo campañas informativas sobre el procedimiento a seguir para poder obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea a fin de garantizar el derecho a la identidad en todo el territorio nacional.
Tenemos enseguida la discusión de otro dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con punto de acuerdo por el que se solicita intensificar los trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros, Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral.
Primero.- El Senado de la República solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intensificar los trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral.
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en la ejecución de la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral, y en caso de encontrar responsabilidades, aplicar el marco jurídico vigente de manera especial, porque no se han hecho efectivas las fianzas a constructoras que han efectuado obras de conservación con tan mala calidad que han requerido en forma reiterativa programas frecuentes de conservación sobre lo ya conservado.
Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
Senadoras, Senadores, además de atender a la intervención con motivo de este punto de acuerdo presentado por un servidor hace unos meses, no puedo omitir hacer un comentario de una nota que aparece en estos momentos referente a que el Presidente de los Estados Unidos de América firmará una proclamación por la que ordenará a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que trabajen con los estudios para desplegar militares en la frontera con México.
Esto me parece que es una materia importante, dada la tarea especial que le tiene asignada la Constitución a este Senado de la República en materia de Relaciones Exteriores.
Lamento mucho que estas actitudes de la Casa Blanca y del señor Presidente Donald Trump, traigan a nuestra memoria las actitudes que en el mismo sentido tuvo en el siglo XIX el Presidente James K. Polk, con pérdidas que hasta la fecha siguen con medidas sangrantes en el espíritu de la nación mexicana.
Dicho esto, y dejando este comentario para que quede en la conciencia de todos los integrantes y de todas las integrantes de este Senado.
Entro en materia referente a lo que es este acuerdo sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública.
Hace tiempo, en una plenaria pregunté al señor Secretario de Hacienda, entonces Luis Videgaray que, ¿cuál era la razón, por la cual la obra pública es cara en México? Me dijo: “Tiene usted razón, pero esa pregunta puede hacerla al señor Secretario de Comunicaciones y Transportes”.
Esa tarde estuvo en esa plenaria el Secretario, le hice la pregunta y la respuesta que me dio es que le extrañaba el señalamiento porque toda la obra se concursa, toda la obra es transparente y toda la obra está con un contrato apegado a la ley, lo cual muestra que no siempre lo que está apegado a la ley es lo más conveniente, ni para el país, ni para la población.
Tenemos el caso de dos tramos carreteros en el estado de Chihuahua, uno, el de Chihuahua a ciudad de Delicias, 91 kilómetros. En 1997 estaban ya cuadrillas haciendo arreglos de grandes tramos de esa carretera, estamos en 2018, 21 años después y anualmente se siguen haciendo reparaciones de grandes tramos de esa carretera.
La pregunta es, ¿cuándo van a terminar los arreglos de ese tramo carretero?
Es permanente el arreglar un tramo y a los dos, tres o cuatro años, volverlo a arreglar.
¿Qué calidad de mantenimiento, de conservación se le está dando a nuestras carreteras?
La razón de este punto de acuerdo que he presentado y que celebro que comisiones lo esté dictaminando de manera favorable y celebraré más todavía que este Pleno lo apruebe en el mismo sentido.
La razón de presentar este punto de acuerdo es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervenga de manera contundente para que dé por concluidos los trabajos de este tramo carretero en el menor tiempo posible, porque la lentitud con la que se hacen la mala señalización y las desviaciones frecuentes, ocasionan no sólo una perturbación en las comunicaciones, en el transporte, sino también con mucha frecuencia, accidentes graves y accidentes mortales que a lo largo de esos 21 años tienen muchas cruces esos tramos carreteros por el mal manejo que se hace de su conservación por las compañías contratistas.
Pero dejo en claro, los cientos de millones de pesos, que en el presupuesto anual se presentan como dedicados para la presentación de este tramo carretero, algo así como 150 millones para el año 2017, no se ven, no se ven en los hechos, porque es evidente la mala calidad de los trabajos de conservación.
Yo pregunto y aprovecho para que se acentúe la importancia que tiene este punto de acuerdo, que se dé vista la Secretaría de la Función Pública, porque con frecuencia los trabajos presentan muy mala calidad, los contratistas entregaron una fianza y la fianza nunca se les hace efectiva.
Y lanzo la pregunta, lanzo la pregunta para que alguien nos la responda desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cuántas fianzas se les han hecho efectivas a los contratistas por las obras que desarrollan y que hay evidencias de que muchas de éstas no cumplen con la calidad ofrecida, ni con los tiempos, ni con lo que es el espíritu de la aplicación del presupuesto federal para la conservación de carreteras.
Igualmente, este punto de acuerdo presenta la urgencia que hay de que los trabajos de construcción del segundo cuerpo de la carretera de Chihuahua a Parral, se concluyan y que lo que se va trabajando en la construcción de este segundo cuerpo, se haga con limpieza, con calidad y con la adecuada señalización.
Hay graves problemas en la conducción de esta carretera por lo sucio con lo que se está haciendo el trabajo, manejo de escombros, trabajos tirados durante meses por la falta de un secuencia lógica y aplicación de los recursos que deben hacerse de la manera no solamente más transparente y eficiente, sino también más adecuada para afectar lo menos no solamente al tránsito y al transporte, sino también a la protección de los bienes de los vehículos y sobre todo de las vías de las gentes que circulan por esas carreteras.
La carretera Chihuahua-Parral podrá ser concluida en relativamente poco tiempo, lo que sí es que habrá que dar las gracias por los presupuestos federales que ahí se aplicaron, pero los chihuahuenses siempre estaremos señalando la tragedia que se ha vivido durante años en esa carretera por la lentitud en la ampliación del segundo cuerpo y por la forma tan inadecuada en la que se están realizando esos trabajos.
Finalmente señalo.
Con frecuencia se ha dicho que el norte ha gozado de grandes apoyos federales para su desarrollo, ha sido una frecuente controversia que hemos tenido en forma franca, clara y muy amistosa, pero muy directa con mis colegas Senadores, especialmente del sur-sureste.
Nada más equivocado, hoy señalo que ningún estado de la República tiene más malas comunicaciones carreteras que el estado de Chihuahua, porque el estado de Chihuahua tiene el menor índice de kilómetros de carretera asfaltada por cada determinado número de miles de kilómetros cuadrados de superficie.
Podrá tener muchos kilómetros el estado de Chihuahua, pero por lo que es en la proporción de superficie es el que menos carreteras pavimentadas tiene.
Esto lo señalo porque además el estado de Chihuahua ha hecho muchos y muy grandes esfuerzos durante años para costear con sus propios recursos la construcción de carreteras y es un estado que desde hace años ha construido carreteras y las ha pagado mediante el sistema de peaje, un sistema hoy terriblemente dañado por el manejo financiero equivocado con el que se ha llevado la financiación y la emisión de bonos carreteros que no se han aplicado sobre las carreteras y se han desviado para otros fines.
Se estuvo haciendo esto durante años.
Desde hace catorce años no se le ha ampliado un metro a las carreteras de Chihuahua, y hoy nuevamente vemos que se sigue endeudando mediante emisiones de bonos a este sistema carretero. No obstante, los chihuahuenses estamos orgullosos de que a pesar del abandono federal para desarrollar obras de nueva infraestructura carretera en Chihuahua y de la conservación de la que ya existe, estamos haciendo esfuerzos por costearnos nuestra propia infraestructura.
Celebro que estas comisiones hayan dado el voto favorable para este punto de acuerdo y espero que la Secretaría de Comunicaciones mande el informe correspondiente, haga los cambios a que haya lugar para que los trabajos se aceleren y se hagan con calidad.
Y, por otra parte, que la Secretaría de la Función Pública revise lo que ha ocurrido con la aplicación de los presupuestos de conservación de estos tramos y que en su caso fije la responsabilidad que corresponda a quienes hayan hecho la desviación que al parecer, y por lo que ha ocurrido ahí, ha habido de recursos respecto de cómo se debieron de haber aplicado con eficiencia y con calidad los presupuestos de conservación durante los últimos 21 años.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz, del grupo parlamentario del PRI.
La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente.
Solamente para respaldar de manera inequívoca el planteamiento que se está haciendo en este punto de acuerdo que habremos de someter a la votación de todos ustedes una vez que fue aprobada en comisiones, respecto a las condiciones que guardan en el estado de Chihuahua algunas carreteras que resultan muy preocupantes para quienes allá vivimos, pero sobre todo para los sectores productivos, para los sectores sociales, agrícola, ganadero, minero, empresarial, en términos generales, y para la población en general.
Me parece que el planteamiento que ha hecho aquí el Senador Patricio Martínez recoge la voz de los chihuahuenses que una y otra vez han expresado su inconformidad por la lentitud en que se han llevado a cabo los trabajos de rehabilitación de las carreteras en los tramos que él ya señaló, los tramos de Chihuahua-Delicias y de Chihuahua-Parral, son tramos que son muy transitados y que, insisto, son la puerta de salida a una multiplicidad de bienes y servicios que se dan en esas carreteras y que tienen que sufrir la inconveniencia de las condiciones en que están esas carreteras. Tienen no meses, años en tareas de mantenimiento que más que mantenimiento parecen de destrucción por lo que han hecho en esas carreteras.
Y si el Senador me lo permite, yo quisiera añadir dos tramos más que han sufrido esta misma condición.
La del inicio de su rehabilitación por empresas que dejan abandonados los trabajos y cuyas fianzas, como bien lo dijo el Senador Martínez, no son reclamadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dejando en condiciones de total vulnerabilidad a quienes transitan por ellas o a quienes transitamos por ellas.
Es el caso de la carretera Parral-Guadalupe y Calvo, que es el tramo que abre el camino a la sierra tarahumara para la extracción de bienes y servicios, fundamentalmente de los relacionados con la minería que tiene en esa región una gran relevancia, así como la explotación forestal, y no se diga la actividad agrícola y la actividad ganadera que son las principales actividades de la región.
Lo mismo sucede con la carretera Parral-Durango que adolece exactamente de los mismos defectos que tienen estos tramos ya señalados por el Senador Patricio Martínez.
Cuando sucede en una carretera, en algún tramo carretero el problema en su rehabilitación, podríamos pensar que hubo una mala empresa y que simplemente esta empresa incumplió, pero que es un hecho aislado, pero lo que es verdaderamente preocupante es que en todos los frentes en los que se han abierto la rehabilitación del tramo carretero esté sucediendo lo mismo.
Y, entonces, la solicitud puntual que le hacemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es poner atención en los trabajos que se están llevando a cabo en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Chihuahua, porque es evidente que no se está respondiendo con la atingencia, con la eficiencia y con la transparencia que se deben de llevar a cabo estas tareas por quienes ahí están encargados del tema.
No es posible que teniendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el interés de generar una infraestructura para el país que le permita al país poder desarrollarse a partir de esa infraestructura, en Chihuahua esté sucediendo esto en virtud de un mal desempeño de quienes debieran estar atentos a ello.
Una felicitación al Senador Martínez por su preocupación por lo que sucede con los chihuahuenses y, desde luego, apoyando este dictamen que se está presentando a votación, el cual por supuesto habré de votar con mucho compromiso a favor de como fue presentado por el Senador Patricio Martínez.
Para hablar sobre el mismo tema, ha solicitado la palabra el Senador Fernando Mayans.
El Senador Fernando Mayans Canabal: Gracias, Presidente.
Felicidades, Senador Patricio, por estar pendiente de su estado, que sé que lo ama profundamente, pero así como usted ama a Chihuahua, creo también todos aquí amamos a nuestra querida patria, México.
Y qué decir de las carreteras de Chihuahua, pues imagínense ustedes cómo están las carreteras del sur de este país, totalmente en desgracia.
Aquí en este Senado de la República, en una comparecencia que logramos traer al Secretario estrella, al favorito de Peña Nieto, traerlo al Senado, nos costó, ya saben, mucha saliva, mucho tiempo, pero vino a comparecer en dos ocasiones.
Una por el socavón de Morelos y la otra porque lo obligamos a venir, porque había muchas deficiencias y se comprometió a ir por carretera, desde la Ciudad de México hasta el sur-sureste, que es mi estado querido de Tabasco.
Él sacó el compromiso, todos los medios de comunicación estaban muy atentos durante un año, de cuándo va a ser la gira, y el señor Secretario nunca cumplió su palabra.
Cuando regresó le dijimos que un hombre, una mujer, un hombre que no tiene palabra no vale nada. Y así se lo hicimos saber a Gerardo Ruiz Esparza.
Las carreteras de Chihuahua si están complicadas, créanme que son unas supercarreteras a lo que tenemos en el sureste del país, donde sale el petróleo, donde sale el gas, donde le hemos dado a México miles, cientos de miles de millones de dólares, y allá nadie voltea a ver.
Ahora que tengamos a un Presidente del sur va a ser parejo para todo el país, pero estamos seguros y conscientes que el sur-sureste se va a ver beneficiado con estas obras.
Yo le invito, Senador Patricio, estos exhortos no sirven de nada, vuelva a traer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a Gerardo Ruiz Esparza. Aquí no va a cumplir los compromisos, ya no le queda tiempo, pero ese señor no cumple, es muy mentiroso, no sirve para nada, nada más para hacer negocio.
Ahí están todos los compromisos dichos aquí en el Senado, y se lo digo de frente, además, a mí no me tiemblan los pantalones.
Entonces no haga exhortos, son campanazos que nadie los escucha, Senador Martínez. Tráigalo aquí y vamos a ver que cumpla la ley, qué es lo que necesita México, que se acabe la impunidad y que cumpla la ley porque ha manejado miles de recursos y piensa que México, que no lo conoce, es nada más el Estado de México y ya, donde hay teleférico, tren ligero, súper autopista, y los demás estados con carreteras que sirven para carretas con burro.
Muchas gracias, Senador Martínez, pero lo exhorto yo a usted, que lo haga así para que funcione, si no esto no sirve.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.
Supongo que para alusiones personales, ¿correcto?
El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Así es, señor Presidente.
El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Hacer nada más el comentario a mi amigo y compañero, el señor Senador Mayans.
Que el exhorto por sí mismo debe ser respetado por cualquier área del Ejecutivo, puesto que la está mandando el Senado de la República, pero en este caso no solamente va el exhorto, va también la solicitud a la Secretaría de la Función Pública para que se haga una revisión de los trabajos ahí realizados y que se finquen las responsabilidades a que haya lugar en caso de que haya habido desviaciones, con lo cual queda como algo innecesario cualquier comparecencia, puesto que estamos haciendo funcionar a los órganos del Estado mexicano, en lo que les corresponde respecto de las responsabilidades que se deben fincar en el ejercicio del presupuesto.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para dar lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva respecto de la relación de México con los Estados Unidos de América.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Voy a someter a consideración de la Asamblea el pronunciamiento leído por la Senadora Laura Rojas.
En votación económica los que estén a favor del pronunciamiento, favor de manifestarlo.
Los que estén en contra del pronunciamiento.
Comuníquese el pronunciamiento leído por la Senadora Rojas e infórmese que fue aprobada de manera unánime por el Senado mexicano.
El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias.
Estoy de acuerdo con el contenido del comunicado que nos ha leído nuestra colega, Senadora Rojas.
Pero yo sí quisiera que se agregara una posdata: “De que tenemos pendiente la devolución de Texas, California, Nuevo México y Arizona”.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se tomará nota, Senador Martínez.
Por acuerdo de los grupos parlamentarios, se presentará una proposición con punto de acuerdo, sobre la desaparición de tres jóvenes estudiantes del estado de Jalisco.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar la proposición con punto de acuerdo.
Quiero en principio, hacer un reconocimiento a los grupos parlamentarios por su solidaridad para la discusión de este punto de acuerdo, que me parece de la mayor trascendencia y que el Senado de la República no puede ser omiso, no puede quedar ausente y que de alguna manera éste, que es un punto de acuerdo va más allá, porque también va implícito en él la preocupación, la indignación de todos los que tenemos una participación en este Senado de la República.
El pasado 18 de marzo los jóvenes Javier Salomón Gastélum, de 25 años de edad; Daniel Díaz, de 20 años; Marcos Ávalos, de 20, todos ellos de la Universidad de Medios Audiovisuales, originarios de Mexicali, de Tepic y de Los Cabos, fueron a realizar una actividad extramuros, fueron a realizar una tarea que les encargó su propia universidad, para realizar un cortometraje.
En el municipio de Tonalá se presentaron, hicieron las tomas necesarias y una vez que concluyeron con las grabaciones decidieron irse a casa y a las dos cuadras se descompone un vehículo.
En eso estaban los muchachos cuando aparecen dos camionetas y sin ningún tipo de mediación, de una orden, sin que mediara ningún tipo de documento que acreditara que los muchachos tenían algún pendiente con la justicia, se identifican como policías y los levantan.
Es fecha que no se sabe nada de estos tres jóvenes, tres jóvenes que ya mereció el pronunciamiento del cineasta Guillermo del Toro a través de Twitter, manifestando la indignación y manifestando la preocupación porque no se ha localizado a estos jóvenes, no se ha intensificado su búsqueda.
Y hoy estoy aquí de pie en esta tribuna, y seguramente lo hago con la preocupación, la mortificación y la angustia de los padres de familia de estos tres jóvenes.
También lo hago a manera de solidaridad, que los propios estudiantes de manera espontánea salieron a las calles a exigirles a las autoridades que intensifiquen la búsqueda.
No podemos ser omisos. Hoy tres familias mexicanas están sufriendo, pero también la comunidad estudiantil está preocupada y está alertada por lo que está sucediendo.
Esto no lo podemos tolerar, no podemos, insisto, dejar que eventos como éste pasen y que de alguna manera nosotros no tomemos cartas en el asunto.
Sé que lo que estamos proponiendo puede ser sólo un exhorto, pero en este exhorto va de por medio la preocupación, va de por medio la exigencia, va de por medio una gran preocupación porque estos jóvenes aparezcan.
Estamos solicitando a los tres órdenes de gobierno que coordinen acciones, estamos solicitando a la Secretaría de Gobernación que activen los protocolos de búsqueda.
Estamos solicitándole a la Fiscalía del estado de Jalisco, intensifique la búsqueda y también le estamos pidiendo al gobierno del estado de Jalisco, que dé atención a los familiares de los desaparecidos.
No puede así porque sí desaparecer a tres jóvenes, tres jóvenes que tenían un futuro prometedor, tres jóvenes que lo único que estaban haciendo es hacer su tarea, cumplir con sus compromisos de estudios y que de la noche a la mañana simple y sencillamente se hayan esfumado.
Esto no se puede tolerar, esto no puede seguir así.
Y por eso, desde aquí, a nombre de muchos jaliscienses que estamos preocupados por lo que pasó, hago mía esta preocupación.
Y les pido, compañeras y compañeros, que aprobemos este punto de acuerdo, este punto de acuerdo que no es otra cosa más que manifestar nuestro apoyo, más que manifestar nuestra solidaridad, manifestar nuestra preocupación y que estamos muy al pendiente de lo que está pasando.
Estos tres jóvenes apenas de 25 y de 20 años de edad no hacían otra cosa más que hacer su tarea y hoy se pretende porque sí olvidare.
Yo les quiero pedir, compañeras y compañeros, que apoyemos este punto de acuerdo y que lo votemos a favor.
Está solicitando el uso de la palabra el Senador José María Martínez y Martínez y la Senadora Angélica de la Peña.
Senador Martínez Martínez, para hablar a favor.
Senador Martínez, ¿Me permite continuar con un formalismo aquí?
Le solicito a la Asamblea en votación económica, si admitimos a discusión el punto de acuerdo presentado por el Senador Casillas.
Los que estén en contra, favor de manifestarlo.
Si se admite.
Senador Martínez, por favor.
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente.
Voy a compartir con ustedes textual, un mensaje de un padre de familia: “Levantado, desaparecido, encobijado, ejecutado, encajuelado, descuartizado, decapitado y embolsado, entre otras palabras, que cómo chingados le voy a explicar a mi hija lo que significan, y que tendrá que acostumbrarse a escucharlas a diario”.
¡Qué tristeza y miedo vivir así!
Es sólo una expresión de un padre de familia ante la realidad que vivimos en este país.
Hoy nos toca a los Senadores de Jalisco alzar la voz por Salomón, por Daniel y por Marcos, jóvenes de los estados de Baja California Sur, de Quintana Roo y de Nayarit que estudian en Guadalajara, cine, y que fueron levantados ya a más de dos semanas por personas que se identificaron como integrantes de la fiscalía estatal de Jalisco.
Hoy, esta circunstancia pretende ser normal, cada día que pasa estamos perdiendo la capacidad de asombro, estamos perdiendo la capacidad y el valor por la vida.
Hoy todos los días prácticamente recibimos noticias de violencia, de muerte, de asesinatos, de violación, y pareciera que ya es algo normal.
No, no podemos jamás acostumbrarnos, y mucho menos tomarlo como algo normal; no debe ser el ordinario de la sociedad en México, y muchos menos de Jalisco; debe ser la excepción, debe ser siempre el asombro por nuestros semejantes y algo que les ocurra.
Eso, es lo que hoy México está demandando, y los mexicanos, las autoridades ya están rebasadas, están siendo incluso en algunos casos cómplices de estos delitos que están impactando a la sociedad y a las familias mexicanas.
Hace unas semanas, yo tengo un hijo adolescente de 13 años, en su círculo se discutía la posibilidad o no de ir a una plaza comercial en transporte público, en camión; escuchaba alguno de sus amigos y comentaban con razón, que no debían salir a la calle, y mucho menos en transporte público por el medio a lo que pueda pasarles, ante tanta información sobre la violencia y los delitos en nuestro país.
Les pedí que dejaran a un lado ese miedo, que no podemos cederle el espacio al delincuente o al ladrón, que ése, la calle, la esquina, ese es nuestro espacio como sociedad, y que nos hace que nos podamos desarrollar como personas; que deben ser los delincuentes los que se escondan, y no los ciudadanos en sus casas tras las rejas; que les pedía de favor que asumieron con valor el poder tomar el camión para ir a la plaza comercial, porque así debe ser la sociedad, no podemos escondernos ante el delincuente con permiso de la autoridad haciendo de sus fechorías.
Y esa es precisamente hoy la demanda que tienen las familias de Salomón, de Daniel y de Marcos para que ningún delincuente le arrebate el futuro a esta sociedad, a los jóvenes que son el futuro de México, esa es la exigencia de hoy: Que las autoridades se aboquen con toda atingencia a investigar los hechos que llevaron a la desaparición de estos tres jóvenes, y de miles más en todo el país.
Y eso nos lleva a compadecernos, compadecer, esa palabra tan hermosa que refiere a padecer junto con; no de tener lástima, sino compadecer lo que está sucediendo con los jóvenes en este país a que el Senador Casillas, la Senadora Verónica Martínez y un servidor vengamos a la más alta tribuna de este país a exigir la intervención de la autoridad para que podamos encontrar vivos a estos tres jóvenes, que si bien es cierto, hoy son tres, somos todos.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. Senadora, ¿quiere usted incorporarse para hablar a favor, Senadora Martínez?
Bien, y si le parece que después de la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Presidente, con su venia Presidente.
Jalisco desde el 2006, datos de la propia fiscalía local nos informa que hay 3 mil 762 personas desaparecidas, de ese tamaño es, Senador Casillas. Lo quiero felicitar por la pertinencia de presentar este punto de acuerdo, que si me permite acompañarlo.
Pero, además en la información nacional sobre la desaparición de personas en datos oficiales, los estados que tienen mayor crisis de personas desaparecidas, una de ellas es el estado de Jalisco, el 46 % sucede en el estado de Jalisco, por eso el comentario que el Senador Martínez mencionaba aquí de lo que dice un padre, es totalmente correcto, la situación en el estado donde yo nací es verdaderamente terrible, terrible; los datos de personas que aparecen en condiciones terribles es igual a otros 10 estados del país.
De tal manera que es importante recordar que ningún estado puede estar siendo omiso en la aplicación de la Ley Contra Desaparición Forzada o Desaparición Cometida por Particulares que desde el16 de enero entró en vigor en todo el país.
Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, y las entidades federativas tienen hasta el 16 de abril, a más tardar, la obligación de constituir sus comisiones estatales de búsqueda.
¿Cuál es la diferencia de la búsqueda y la investigación?
Están planteadas de manera puntual en la ley, son los dos pilares de la Ley Contra la Desaparición de Personas, la búsqueda tiene que ser de manera inmediata, cuando hay indicios de que ha desaparecido involuntariamente, también de manera inmediata se abre la investigación.
Si son personas menores de edad, también inmediatamente se abre la carpeta de investigación, además de buscarlas, también se abre la carpeta de investigación, son los dos pilares de la ley.
Hoy este caso de los tres estudiantes de cinematografía, efectivamente le han dado vuelta al mundo, porque ha sido apoyada esta exigencia al gobierno de Jalisco, pero también a las autoridades de todo el país de que se tome en consideración su importancia, porque es muy preocupante la forma como fueron desaparecidos, sin un contexto, además con otras desapariciones que se dieron prácticamente en la misma semana con situaciones y resultados distintos.
Pero, tratarse de tres estudiantes en donde nadie cuestiona que pudieran estar vinculados, de además de una de las artes más importantes desde las instituciones superiores, en este caso, de Jalisco, la preocupación también de solidaridad, de otros egresados en esta materia como es el caso de Guillermo del Toro, pues claro, que han repercutido en todo el mundo, sin lugar a dudas.
Yo creo que es pertinente el punto de acuerdo, para aprobarlo de obvia y urgente resolución.
Hoy, ahorita, y me parece que hay que acompañar la propuesta del punto de acuerdo del Senador Casillas, porque no podemos quedarnos callados y exigir que se aplique la ley, si me permite opinar, con mucho respeto a su punto de acuerdo, Senador Casillas, para que se integre un punto en donde se le pida a las autoridades de Jalisco, apliquen esta ley, que es una ley general para todo el país, sin demérito, sin cortapisas, insisto, sin regateos para que ya empiecen a funcionar la Comisión Estatal de Búsqueda, por cierto, eso no impide que la fiscalía ya también de buenas cuentas sobre esto.
Aprovecho para mostrar una preocupación de los colectivos de personas desaparecidas.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que como saben, con ellas y con ellos trabajamos esta ley. Estuvieron sentados con el lápiz en la mano redactando, junto con nosotros, nosotras y también con representantes del gobierno Federal, la ley que yo he estado mencionando, la Ley General sobre la Desaparición Forzada, y sobre la desaparición cometida por particulares.
Y en esta ley se establece: “Que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene un carácter de organismo descentralizado”. No pudimos darle mayor autonomía, pero sí enfatizamos la importancia de que tenga independencia de otros entes del propio gobierno.
Si bien está adscrita a la Secretaría de Gobernación, nos preocupa a los colectivos de familiares y organizaciones de defensores de derechos humanos que acompañan a familiares de personas desaparecidas, nos preocupa que decreto del Presidente Peña haya integrado a la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Búsqueda.
Me parece que ese es un error, es un error, porque además está en contra de lo que nosotros establecimos en la ley.
Si quisieran hacer eso, primero deberían de haber reformado, debería haberse previsto una reforma a la ley.
Lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación con ese decreto no ayuda a lograr esa independencia que deben tener las Comisiones de Búsqueda, en este caso, la Comisión Nacional de Búsqueda.
¿Viene al caso el tema?
¡Sí, viene al caso el tema!
Tiene que ver con este tema, porque necesitamos que las autoridades, como nos lo han exigido miles de familiares de personas desaparecidas, pues, necesitan certidumbre, necesitan confiar en las autoridades, esas autoridades que durante años no las han atendido.
Y literalmente ha sido un viacrucis, todos estos años, en la persecución de todo tipo de autoridades para que les hiciesen caso en la búsqueda de sus seres queridos, como los familiares de estos tres estudiantes de cinematografía de Guadalajara. ¡Igual! Pues, eso reproducido en miles, en miles, en miles de casos.
La mayoría de quienes han desaparecido en este país son menores de 25 años. Entonces, creo que no es un tema menor, y qué bueno que fue el Senador Casillas quien lo trajo a tribuna y, reitero, deberíamos aprobar este punto de acuerdo por obvia y urgente resolución.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna, o desde su escaño, como lo considere la Senadora Verónica Martínez.
Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez.
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Yo no me puedo quedar atrás como jalisciense, como universitaria, amo mi escuela.
Entiendo y me queda claro que el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y el futuro sí, y exigimos a las autoridades jaliscienses que apliquen los protocolos de investigación en forma correcta, para que en el momento que se logre la locación de estas personas y la localización de quienes llevaron a cabo este ilícito, sean puestos a disposición de la autoridad y que no haya nada que evite o que permita la salida de ellos.
Exijo, como mis compañeros, que la investigación sea correcta, adecuada, profesional y cumpliendo con todos los protocolos que la ley nos exige, para que en un futuro se la pienses mejor los delincuentes y que dejen vivir en paz a las personas que así queremos hacerlo.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición presentada.
Quienes porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Aprobada la proposición, señor Presidente.
Informo a la Asamblea que a partir de la licencia autorizada a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para separarse de sus funciones, la Mesa Directiva recibió la comunicación de la ciudadana Alejandra Roldán Benítez, por la que informa su reincorporación a sus funciones como Senadora de la República y su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
La Senadora Roldán Benítez, rindió su protesta el 1º de marzo del 2016, por lo que se tiene por reincorporada.
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN, nos ha hecho llegar una iniciativa que contiene proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 5 de abril, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 15:45 horas