Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2005/acuerdos_y_sentencias/ays_053_05.php
Timestamp: 2019-09-23 09:03:18
Document Index: 373282507

Matched Legal Cases: ['artículo 468', 'artículo 403', 'artículo 17', 'in dubio', 'Artículo 558', 'artículo 559']

Acuerdo y Sentencia 053/2005 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 53/05
“DURÉ ESTIGARRIBIA, WILFRIDO CÁNDIDO Y OTROS S/ ESTAFA, LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días nueve del mes de setiembre del año dos mil cinco, estando presentes los Excmos. Señores Miembros Apelaciones en lo Criminal, tercera sala, Natividad Mercedes Meza, José Waldir Servin y José Agustín Lovera, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “DURÉ ESTIGARRIBIA, WILFRIDO CÁNDIDO Y OTROS S/ ESTAFA, LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS”.-
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción, tercera sala, resolvió plantear y votar la siguiente.
¿Son competente este Tribunal de Apelación para entender en los mecanismos de impugnación ejercidos?.
¿Son admisibles los recursos deducidos o se impone su rechazo? y caso;
¿Se halla ajustada a derecho la conclusión de la causa, según decisión del Tribunal de Sentencia? ¿En su caso, es justa la pena impuesta?.
A la primera cuestión planteada la excelentísima Miembro del Tribunal de Apelaciones Natividad Mercedes Meza, manifestó: Que, el estudio en alzada de los Recursos de Apelación Especial interpuestos, contra la S.D.N° 34 de fecha 04 de marzo de 2005, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el Juez Pena Dr. Dionisio Nicolás Frutos, e integrado por los Jueces Penales Dr. Héctor Capurro y Dra. Sandra Farias, sin duda alguna cae bajo la competencia de este Tribunal de Apelación, por disposición del Art. 40 inc. 1° del C.P.P. que faculta a este Órgano de Alzada la Substanciación y resolución del recuso de apelación, consecuentemente, la competencia de este Tribunal para entender en los recursos deducidos, es insoslayable.
En cuanto a la segunda cuestión planteada, la excelentísima Miembro del Tribunal de Apelaciones Natividad Mercedes Mesa, expreso: que procediendo al análisis del caso planteado a estudio, corresponde como cuestión previa, decidir acerca de la admisibilidad o rechazo de los Recursos de Apelación Especial interpuestos, en la presente causa. Al respecto el Art. 466 del C.P.P., prescribe el objeto del Recurso de Apelación Especial, y dispone que sólo podrá deducirse el recurso de apelación especial contra las sentencias definitivas dictadas por el Juez o Tribunal se sentencia en el Juicio Oral, como en el caso de autos, por ende, el recurso planteado es correcto.
Por otro lado, por expresa disposición del artículo 468 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación debe ser interpuesto: a) ante el Juez o tribunal que dictó la sentencia, b) en el termino de diez días luego de notificada, c) y por escrito fundado, en el que expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la resolución que se pretende. Con respecto a la primera de las condiciones de admisibilidad del recurso, estamos ante una S.D. dictada por el Tribunal de Sentencia, resultado de un juicio oral y público. Respondiendo al segundo punto, según el Acta de Juicio Oral, que obra a fs. 573/600, en la ultima parte de la mencionada acta, se dispuso que la lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el día 11 de Marzo de 2005, a las 13:30 horas, en la Secretaria del Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia N° 7, Primer Piso, haciéndoseles saber a las partes que de este modo quedan notificados para la lectura integra de la sentencia. La mencionada lectura según constancia a fs. 599/600, se llevó a cabo en el día indicado a las 15:00 horas.
A fs. 671/622 el Recurso de Apelación Especial contra la S.D.. N° 34 fecha 04 de marzo de 2005, fue planteado en fecha 28 de marzo de 2005, por el Abogado Carmelo Martínez, por la defensa técnica de Albino Villalba Escobar, Oscar Raúl Glizt Ayala y Alina Margarita Talía Lamas, según cargo obrante su fs. 622 y vlto. de autos, en forma y dentro del plazo legal.
Igualmente, a fs. 623/639, en fecha 28 de marzo de 2005, por la defensa técnica de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva, el Abogado Darío Espinola, interpuesto Recurso de Apelación Especial contra la Sentencia de Primera Instancia S.D.N° 34 de fecha 04 de marzo de 2005, dicho recurso también ha sido presentado en forma y dentro del plazo legal.
Igualmente, a fs. 623/639, en fecha 28 de Marzo de 2005, por la defensa técnica de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva, el Abogado Darío Espinola, interpuso Recurso de Apelación Especial contra la Sentencia de Primera Instancia S.D. N° 34 de fecha 04 de marzo de 2005, dicho recurso también ha sido presentado en forma y dentro del plazo legal.
Bajo patrocinio del Abog. Hugo Amarilla Antunez, Mary Esmerica Servin Paiva, a fs. 641/646 en fecha 29 de marzo de 2005, en tiempo y forma, interpone Recurso de Apelación Especial contra la S.D. N° 34 de fecha 04 de marzo de 2005.
De los recursos de apelación especial interpuestos por la defensa técnica de los acusados, en fecha 13 de abril de 2005, fueron corridos los traslados pertinentes al Abog. Hector Balmaceda-Querellante adhesivo, según notificación personal obrante a fs. 648 de autos; a la Agente Fiscal Teresa Sosa Laconich, según escritos presentado al Juzgado obrante a fs. 661, 664, 667 fue notificada en fecha 14 de abril de 2005, para contestación de los recursos dentro del plazo común de 10 días –Art. 12 C.P.P
A fs. 648/657 obra el escrito de contestación del Abogado Héctor Balmaceda, en representación del señor Federico Emilio Pfluger adhesiva.
La Agente Fiscal Penal de la Unidad N° 4, Abog. Teresa Sosa Laconich, contesta los traslados que le fueran corridos en fecha 14 de abril del cte. año, presentado su Contestación a los Traslado a fs. 661/663, 664/666, 667/669, todos en fecha 28 de abril de 2005.
Por lo expuesto precedentemente, corresponde declarar admisibles los recursos planteados: - por el Abogado Carmelo Martínez, por la defensa técnica de Albino Villalba Escobar, Oscar Raúl Glizt Ayala y Alina Margarita Talía Lamas, - por el Abogado Darío Espinola por la defensa técnica de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servín Paiva, bajo patrocinio del Abog. Hugo Amarilla Antunez.
En cuanto a la tercera cuestión planteada. La excelentísima Miembro del Tribunal de Apelación Natividad Mercedes Meza, dijo: Como primer punto corresponde analizar si la conclusión del A quo se ajusta a lo establecido en el Art. 467 del C.P.P., que dispone: Motivos. El Recurso de Apelación contra la Sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho la reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta, o cuando se trate de los vicios de la sentencia.
Estos presupuestos jurídicos, serán objeto de estudio por este Tribunal de Apelaciones y, dada la naturaleza de la resolución apelada, resulta el mecanismo adecuado, de tal suerte a buscar por la vía de la alzada el eventual reparo de los agravios invocados por las partes recurrentes. Asimismo corresponde observar si existen algún defecto o vicios previstos en el Art. 403 del C.P.P., y en el control de sometimiento del Juzgador A quo a los pasos de un correcto razonamiento de acuerdo a las reglas de la sana crítica- Art. 175 C.P.P. y a determinar si en la sentencia apelada se han vulnerado garantías procesales consagradas en la Constitución Nacional, en el derecho Internacional vigente y en las leyes, así como todos los actos que sean consecuencia de ellos. Art. 174 C.P.P – Inobservado o erróneamente aplicado algún precepto legal de forma o de fondo.
Con respecto a los agravios invocados por la defensa técnica de los Señores Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía Lamas, a fs. 617/622;: "El agravio procesal de esta defensa se funda en los vicios de la Sentencia recurrida, remitiéndose a sus efectos al artículo 403, inciso 3, 4 y 8 del Código Procesal Penal. Así mismo invoco la transgresión por parte del Tribunal de Sentencia, del artículo 17 de la C.N., en concordancia con los artículos 550, 552, 553, 556, 559 del Código Procesal Civil, el desconocimiento y la omisión internacional de la Excepción de Arraigo, planteada ante la Etapa Intermedia, y no juzgado, así como las Acciones de Inconstitucionalidad e Inaplicabilidad de Resoluciones Arbitrarias, aún pendiente de resolución por la Excelentísima Corte, que omitiere pronunciarse sobre la petición de suspensión de todo trámite del juicio principal, por los agravios anotados, y finalmente el hecho de omitir resolución del efecto suspensivo que otorga el art. 559 de Código Procesal Civil cuando se trate de S.D. o Interlocutoria como fuerza de tal. Es falta de congruencia del Tribunal acreditar a mis defendidos, la Tipología de los artículos 231/ 232 del Código Penal de 1914, en desuso y derogado por sobre todo inconstitucional.
A fs. 599/600 La S.D. queda notificada en 11 de marzo de 2005 y la Apelación fue presentada el 29 de marzo de 2005, fs. 646, dentro del plazo de 10 días hábiles, por ende fue, presentado en forma y dentro del plazo legal.
A fs. 661/663, 664/666/667/669, La Agente Fiscal Teresa Sosa Laconich contesta los traslados que le fueran notificados en fecha 14 de abril de 2005, manifestando lo siguiente: "Esta resolución es recurrida por el abogado Darío Espinola, por la defensa de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva. El agravio procesal de la defensa técnica se funda en que la sentencia recurrida posee vicios, específicamente los establecidos en los incs. 3 y 8 del Art. 403 del Código Procesal Penal. Asimismo invoca la transgresión de los Art. 17 y 131 de la Constitución Nacional y la violación a lo dispuesto en los arts. 550, 552, 553, 556 y 559 del Código Procesal Civil, en lo que respecta a la acción de Inconstitucionalidad. Por otra parte, el recurrente alega la inobservancia por parte del Tribunal de la aplicación del Principio in dubio pro reo. Esta Fiscalía estira que en todo el procedimiento y en especial en el trámite del Juicio Oral y Público se han respetado las disposiciones legales que hacen a la garantías constitucionales y el debido proceso. Esta resolución es recurrida por el abogado Hugo Amarilla Antunez, por la defensa de Mary Esmerica Servin Paiva. El abogado recurrente alega que el Tribunal de Sentencia ha valorado de manera errónea en cuanto hace a la calificación del tipo legal aplicable a la conducta de Mary Esmerica Servin Paiva. En este sentido, esta Fiscalia considera que en el trámite del Juicio Oral y Público el Tribunal de Sentencia ha valorado los elementos o medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica y aplicado de manera correcta el derecho. Esta resolución es recurrida por el abogado Carmelo Martínez, por la defensa de Oscar Raúl Glizt Ayala, Albino Villalba Escobar y Alina Margarita Talía Lamas, El agravio procesal de la defensa técnica se funda en que la sentencia recurrida posee vicios, específicamente los establecidos en los incs.3, 4, y 8 del art. 403 del Código Procesal Penal. Asimismo invoca la transgresión del art. 17 de la C.N. y la violación a lo dispuesto en el art. 559 del Código Procesal Civil, en lo que respecta a la acción de Inconstitucionalidad. Con respecto a la violación del art. 17 de la C.N., esta Fiscalía hace notar que el apelante no ha especificado cuáles son específicamente los derechos procesales amparados en el mencionado artículo constitucional que fueron violados durante la tramitación del juicio oral y público. Con respecto a la Acción de Inconstitucionalidad, que fuera interpuesta por el apelante con anterioridad a la realización del juicio oral y público, ésta Fiscalía manifiesta que la Corte Suprema de Justicia no dictó medida cautelar alguna que ordene la suspensión del juicio oral y público. La Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la defensa técnica de los imputados impugnó el Auto de Apertura a Juicio Oral y Público, resolución que por su naturaleza no reúne la calidad de sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al proceso. Con respecto a la Excepción de Arraigo planteada en la etapa preliminar y en la etapa intermedia, la misma fue objeto de resolución denegándose su precedencia. La resolución dictada por el Juzgado Penal de la Etapa Intermedia fue objeto de apelación y la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Con relación a la violación de los dispuesto en los incs. 3,4 y 8 del art. 403 del Código Procesal Penal, esta Fiscalía considera que todos los medios o elementos probatorios fueron legalmente incorporados al juicio, no especificando el apelante a cuales hace referencia.
Sentencia Recurrida: Prosigue diciendo la excelentísima Miembro del Tribunal de Apelaciones Natividad Mercedes Meza: Creo oportuno, realizar un análisis exhaustivo, de la S.D.N° 34 del cuatro de marzo de 2005 impugnada (a fs. 601/616) que copiada en la parte pertinente dice: "Conforme a las pruebas introducidas en Juicio y a los relatos referidos, por Mayoría del Tribunal, El Abog. Dionisio Nicolás Frutos y el Abog. Héctor Capurro, quienes manifestaron: en primer lugar debemos mencionar que el hecho o las conductas sometidas a Juzgamiento ante este Tribunal ocurrieron durante la vigencia del Código Penal de 1914, por lo que necesariamente tenemos que determinar la existencia del hecho dentro del tipo penal de dicho Código, en relación a cada uno de los acusados, conforme al papel o posición como sujeto activo de la conducta que les supo realizar, para posteriormente establecer conforme al art. 5° del actual Código Penal, la calificación mas favorable.- Que, en ese sentido conforme a la valoración de cada una de las pruebas producidas durante al Juicio Oral y Público se pudo constatar: Que efectivamente en fecha 22 de mayo de1990, el Sr. Federico Emilio Pfluger adquirió un inmueble propiedad de su suegro Eulalio Servin Finca N° 30 de Capitán Miranda, formalizada ante la Escribana Pública Edith Campos de Haurón, la cual fue inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, Décima Sección como Finca N° 30/90, ya que en el protocolo de la Escribana Haurón el Tribunal pudo constatar el sello de constancia de inscripción en los registros públicos de dicha transferencia realizada en fecha 30 de mayo de 1990, así también conforme a los documentos admitidos como prueba traídos por la Directora de Registros Públicos, se pudo constatar que dicha transferencia se encontraba inscripta. En dicha transferencia el comprador Federico Pfluger otorgó derecho de usufructo a favor del Sr. Eudaldo Servin y su cónyuge Celestina Paiva de Servin. Que posteriormente en el año 2000 el Sr. Federico Pflufer, solicita a los Registros Públicos un Certificado, de Condiciones de Dominio de la finca, encontrándose con que la misma no se hallaba inscripta a su nombre y que no figuraba inscripta la venta que de la finca, le había hecho el Sr. Eudaldo Servin. En Registros Públicos constaba la transferencia realizada en fecha 31 de Julio de 1997, formalizada por Escritura Pública N° 25, pasa por ante la Escribana Wilma Haydee Cabrera de Orue, por la que el Sr. Eudaldo Servin vende y transfiere la Finca N° 30 de Capitán Miranda al Sr. Wilfrido Cándido Dure, inscripta en la Décima Sección, bajo el N° 3 al folio 9 y sgtes., en fecha 21 de agosto de 1997. Así como otra venta Wilfrido Candido Dure a Mary Esmerica Servin Paiva, formalizada también ante la Escribana Wilma Hayde Cabrera de Orue por Escritura Pública N° 22 de fecha 25 de junio de 1998 e inscripta en la Décima Sección, también el N° 3 al folio 15 y sgte. En fecha 1 de julio de 1998. y otra ultima venta, realizada por Mary Esmerica Servin de la misma finca a su hermano Leoncio Servin, realizada igualmente ante la Escribana Wilma Haydee Cabrera de Orue, por Escritura Pública N° 25 de fecha 7 de Julio de 1998, e inscripta en la Decima Seccion bajo el N° 4, al folio 20 y sgte., en fecha 10 de Julio de 1998. Que asimismo se pudo constatar que se ha realizado una doble venta de la Finca N° 30 de Capitan Miranda, puesto que es vendida en el año 1990 por Eudaldo Servin a Federico Pfluger, y nuevamente en el año 1997 es vendida nuevamente supuestamente por Eudaldo Servin a Wilfrido Candido Dure. Es decir, nos encontramos en presencia de falsos asentamientos en documentos públicos, pues evidentemente en el año 1997 Eudaldo Servin ya no podía vender la Finca N° 30 a Wilfrido Candido Dure, puesto que la misma ya no le pertenecía. Por otro lado conforme ha quedado probado en Juicio en el año 1997, Eudaldo Servin, no podía realizar dicha manifestación de voluntad de vender la finca porque en el año 1994 había sufrido un derrame y en el año 1997 sufre un segundo derrame que lo deja en silla de ruedas, sin la posibilidad de reconocer a la gente, como si fuera un bebe, conforme el testimonio de Mario Servin y Federico Pfluger, es mas es a raíz de dicha circunstancia que Mary Esmerica Servin, le quita la nueva cédula a su padre donde dice que no firma, estando esto ofrecido como instrumental, documentos presentados por la Escribana Wilma Cabrera, puesto que por ese estado de salud ya no lo podía hacer, razón por la que en la Escritura N° 25 del 31 de Julio de 1997, deja también su impresión digito pulgar. Refiere que son trece hermanos y todos estaban al tanto de esta situación y más una Mary y Leoncio, que eran los que vivían con sus padres y los que mas al tanto de todo estaban. Este testimonio da plena fe pues Mario Servin, hermano de los acusados y hermano de la esposa de Federico Pfluger, se encuentra en una situación intermedia en donde su testimonio fue coherente y plenamente creíble. Que en ese sentido al realizarse la supuesta venta de la Finca N°30 por parte de Eudaldo Servin Galeano a favor de Wilfrido Cándido Dure, y Mary Esmerica Servin, al firmar a ruego la Escritura Pública N° 25 de fecha 31 de Julio de 1997. Sabía que la misma que ya no le pertenecía a su padre y se encontraba a nombre de Federico Emilio Pfluge, sabía que lo que asentaba en dicha escritura era falso así como la inscripción en los Registros Públicos en fecha 21 de agosto de 1997 en la Décima Sección, bajo el N° 3, al folio 9 y siguiente.- Que es a raíz de esta venta realizada supuestamente por Eudaldo Servin Galeano a
Wilfrido Cándido Dure en el año 1997, que para transferir la Finca N°30 de Capitán Miranda, y a los efectos de materializar dicha operación entra en escena únicamente la acusada Mary Servin que negocio la propiedad y contacta con la Escribanía Wilma, conforme a la declaración testifical de Wilfrido Cándido Dure y lo expresado por la misma acusada Wilma Cabrera de Orue, quien expresó que fue Mary Servin quien llevó a su padre y a su madre hasta su escribanía para hacer la transferencia, razón por la que la misma firma a ruego la Escritura Pública. Es así que la única persona interesada en ese momento en esa transferencia no voluntaria es la acusada quien lleva a la Escribana Wilma Cabrera de Orue, copia del protocolo de la Escritura Pública N° 336 de fecha 30 de octubre de 1972, por la cual Valerio Dietze vende y transfiere a Eudaldo Servin, de la finca N° 30 a los efectos de que esta realice la transferencia de Eudaldo Servin a favor de Wilfrido Cándido Duré. Es aquí que la Escribana Wilma Cabrera de Orue, comienza los trámites en Registros Públicos, solicitando el 28 de Julio e 1997, informe sobre las condiciones actuales de dominio del inmueble, propiedad de Eudaldo Servin con C.I. N°. 1.596.314, para transferir a favor de Wilfrido Cándido Dure Estigarribia. Es en este punto donde empieza la participación de los Funcionarios de Registros Públicos. Con este pedido de Condiciones de Dominio que recae en la Décima Sección, siendo la Jefa de esa época la acusada Alina Talía Lamas, se distribuye el trabajo conforme lo manifestara el acusado Sr. Albino Villalba, a quien conforme dicha distribución, fue el encargado de realizar el Certificado de Condiciones de Dominio, para lo cual fue necesario revisar el finquero de Capitán Miranda, y al encontrar la Finca N° 30 nota de faltaba la inscripción de la transferencia de Valerio Dietze a Eudaldo Servin, y se da cuenta de que dicha falta porque en la inscripción número dos que era la ultima que arriba figuraba la nota marginal vendido a favor de Eudaldo Servin, razón que le impedía realizar el trabajo. Evidentemente el pedido de Certificado de Condiciones de Dominio es lo que genera la reinscripción en los mismos días en que se hace la Certificada. La reinscripción se realiza sin que exista pedido anterior, es decir, tanto la Jefa de la Sección Alina Talía Lamas como Albino Villalba, lo hacen por iniciativa propia, pues Albino Villalba reinscribe la Escritura Pública No. 336 de fecha 30 de Octubre de 1972 sin que exista orden escrita de la Dirección de Registros Público, con una copia simple del Protocolo del Escribano de dicha escritura, conforme ha quedado acreditado con el finquero original traído por la Directora de Registros Públicos Lourdes González, que fue ingresado como prueba al juicio como medida de mejor proveer, donde se evidencia que la copia que sirvió de base para la reinscripción era una copia simple del protocolo. Puesto que lo que correspondía en este caso es una nota negativa y no la reinscripción por propia iniciativa. Que dicho procedimiento para reinscribir la Escritura Pública N° 336, fue hecho contrariamente a todos los procedimientos establecidos para realizarla, pues el vigente en ese entonces conforme disposiciones de la Dirección. Que ha quedado plenamente probado que el procedimiento era el referido pues todos los testigos entre ellos Carmen Núñez de Vargas, Lourdes Elizabeth González Pereira, Carmen Cibils, María Epifania Insaurralde Vera y Freddy Hirsuta, manifestaron que para realizar una reinscripción debe haber una autorización escrita de la Dirección, sumado a los documentos ingresados como prueba consistente en la Resolución N° 70 de fecha 22 de mayo de 1985 y la Resolución N° 178 de fecha 14 de noviembre de 1984 de la Dirección de Registros Públicos. Es así como Albino Villalba realiza la reinscripción de la Escritura Pública N° 336 y luego confecciona el Certificado de Dominio en donde falsamente dejan asentado que la finca N°30 se encontraba sin inhibición alguna contra la persona de Eudaldo Servin, ni se halla registrada interdicción y inhabilitación judicial. Así también cuando Mary Esmerica Servin compra la Finca N° 30 de Capitán Miranda de Wilfrido Cándido Duré, sabía que la compra de dicha propiedad por parte del mismo partía de una premisa falsa, puesto que cuando este compra la propiedad a Eudaldo Servin ya no era suya, por lo que bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como una compradora de buena fe. Es decir por segunda vez Mary Esmerica Servin realiza los trámites necesarios a los efectos de que se asienten datos falsos en la Escritura Pública N° 22 de fecha 25 de junio de 1998, e inscriban en la Décima Sección, bajo el N° 3 al folios 15 y sgte. En fecha 1 de julio de 1998. En cuanto a la participación de Oscar Raúl Glizt Ayala,. Este es quien realiza las notas marginales Nota: Expido 2do. Copia 7/8/97. Conste " "Nota Vendido a Wilfrido Cándido Duré Estigarribia año 1997. Conste" "L 23/26/98 Venta (Cabrera de Orue)" "Nota vendido a Mary Esmerica Servin Paiva año 1998. Conste" "As.- 28-VII-97 (Wilma H. Cabrera de Orue) p/ venta a Wilfrido Candido Dure Estigarribia. Todas ellas puestas en lugares indebidos, el mismo manifiesta que esto se debió a un error y que son todas cuestiones subsanables. Sin embargo, el mismo se equivoca supuestamente en cinco oportunidades, durante dos años consecutivos. El acusado Oscar Raúl Glizt contrariamente a las disposiciones vigentes realiza las notas marginales en la carátula de la ya incorrecta reinscripción, no denunciando dicha irregularidad y realizando una notas marginales que dejan la inscripción de la propiedad a favor de Wilfrido Cándido Dure sin nota marginal que evidencie la venta que este realiza a Mary Esmerica Servin Paiva, dejando abierta la posibilidad que la misma fuera vendida nuevamente por Wilfrido Cándido Dure. Notas Marginales que han sido como base para realizar todo este trabajo de una reinscripción que no debió existir, cuando el antes de hacer lo que hizo debió de hacer notar esas irregularidades al superior. Que conforme el relato de los hechos el Tribunal por unanimidad, consideró la autoría de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva en la comisión del hecho previsto en el art. 232 de Código Penal anterior, en el cual perpetúan directamente el hecho por una participación inmediata en su ejecución e investigación para su realización. Que asimismo por mayoría del Dr. Dionisio Frutos y el Dr. Héctor Capurro, consideraron probada la autoría del Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía, en la comisión del hecho previsto en el Art. 231 del Código Penal anterior, en el cual perpetraron directamente el hecho por su participación inmediata en su ejecución. Que en lo que respecta a la acusada Wilma Cabrera De Orue, el Tribunal por unanimidad consideró no probada su participación en los hechos probados, pues la misma, al realizar las Escrituras Públicas, realizó correctamente todos los trámites necesarios, contó con copia autenticada de la Escritura Pública N° 336 de venta de la Finca N° 30 de Valerio Dietze a Eduardo Servin, y asimismo tuvo el Certificado de Dominio en fecha 28 de julio de 1997. así mismo no se ha podido probar su participación o connivencia con los funcionarios, del Registro, ni con los hermanos Servin. En ese sentido, el Tribunal por unanimidad resuelve absolverla de culpa y reproche.- Voto de la Dra. Sandra Farias con relación a su disidencia de considerar probada la autoría de los acusados Albino Villalba, Oscar Glizt, y Alina Margarita Talía Lamas, Ingresó como prueba la declaración testimonial de Maria Epifanía Insaurralde ex directora de la Dirección General de los Registros Públicos, esta declaración carece de total validez a los efectos de crear convencimiento, para la valoración de la existencia del hecho y la autoría de los señores Albino Villalba Escoba, Oscar Raúl Glizt Ayala y Alina Margarita Talía Lamas. Habida cuenta de que la misma fue imputada en esta misma causa y por los mismos hechos, y a la fecha cuenta con un sobreseimiento provisional, situación procesal que no la desvincula, del proceso, situación jurídica de la mencionada testigo que la inhabilita para valorar la declaración testimonial de la misma con lo que la Fiscalía intentó demostrar que siempre a los efectos de proceder a la reinscripción se necesitaba de algún tipo de autorización (providencia o A.I.) emanada de la Dirección, en este sentido esos elementos no pueden ser determinantes para la demostración fehaciente por parte de la Fiscalía. Finalmente conforme a lo dicho, la disidente manifiesta que no se ha acreditado plenamente probada la participación de los acusados Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía Lamas, por lo que manifiesta que los mismos deben ser absuelto de culpa y reproche. Es este sentido, el Tribunal de Sentencia, resolvió que en lo que respecta a la calificación aplicable debe estarse a lo dispuesto en el Art. 5 de Código Penal, es decir, debe establecerse cual es la mas favorable a los acusados. Siendo así el Art. 232 del Código Penal anterior, aplicable a la conducta de Mary Esmerica Servin, prevé una pena privativa de libertad que va de 2 años a 4 años, sin embargo el Art. 251. 1° y 3° del Código Penal actual, aplicable prevé una pena privativa de libertad de hasta cinco años, por lo que debe calificarse con el Código Penal Anterior, que prevé una pena mas benigna. Por otra parte el Art. 232 del Código Penal Anterior, aplicable a la conducta de Leoncio Servin Paiva, prevé una pena privativa de su libertad que va de 2 años a 4 años, sin embargo el Art. 251 inc. 1° del Código Penal actual, aplicable prevé una pena privativa de Libertad de hasta tres años o con multa, por lo que debe calificarse con el Código Penal Actual, que prevé una pena mas benigna. En tanto que con relación a Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía, debe calificarse sus conductas conforme lo dispuesto en el Art. 231 del Código Penal Anterior, que prevé una pena privativa de libertad que va de 4 años a 8 años, sin embargo el Art. 250 inc. 1° del Código Penal Actual, aplicable prevé una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, por lo que debe calificarse con el Código Penal Actual, que prevé una pena mas benigna" sic.
La Excelentísima Miembro del Tribunal de Apelación Natividad Mercedes Meza continua diciendo: Verificado el desarrollo del juicio oral constato que el Tribunal de Sentencia ha actuado conforme a las disposiciones legales pertinentes (Art. 382, 400 y concordantes del C.P.P.), de modo que no merece objeción. También, puedo con certeza, decir que la conclusión del A quo, ha sido resultado de una valoración integral y armónica de las pruebas producidas en juicio oral, evaluada según las reglas de la Sana Crítica -Art. 397 C.P.P.- y, al imponer las penas establecidas a cada procesado, lo ha hecho con equidad, a pesar de haber incurrido en error al aplicar el código anterior y la actual al calificar las conductas de cada uno de los procesados, resultando en consecuencia un "conflicto de leyes" inadmisible por principio del debido proceso. Si bien es cierto conforme a lo establecido en el Art. 5° del C.P.P. debe ser aplicada la ley más benigna al encausado, cuando así corresponde en derecho, como en el casos de autos, en razón de que los ilícitos en estudio fueron cometidos durante la vigencia del código penal anterior (1914), creo sin embargo, que de acuerdo a la relación de hechos, que sirvieron de fundamento a la sentencia definitiva, basadas en las pruebas ofrecidas y producidas en juicio, en legal forma, y habiendo el A quo calificado la conducta de los funcionarios públicos Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía Lamas conforme a los Art. 250 inc., 29 del C.P. vigente, respecto al encausado Servin Paiva el 251 inc. 1° su aplicación creo que es lo correcto, pero, la conducta Mary Esmerica Servin debe ser calificada también dentro de lo previsto en el Art. 251 inc. 1° del C.P. vigente, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 167 del C.P.P., así debe resolver este Tribunal.
El Tribunal por unanimidad, consideró la autoría de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva en la comisión del hecho previsto en el art. 232 de Código Penal anterior, en el cual perpetúan
Agrega la Excelentísima Miembro del Tribunal de Apelación Natividad Mercedes Meza, conforme surge de las constancia de autos, el Agente Fiscal interviniente, ha solicitado la confirmación de las penas establecidas en la sentencia recurrida y de acuerdo al nuevo sistema procesal "acusatorio" a este Tribunal de Apelación no le cabe otra que la de ajustarse a la penas establecidas por el A quo, y, por otro lado, con respecto a la ley más benigna para los imputados, sostengo que es la actual, por cuanto que prevé en beneficio de los encausados, la figura de "suspensión a prueba de la ejecución de la condena" Art. 44 C.P., no prevista en la anterior.
Respondiendo a uno de los fundamentos esgrimidos por los recurrentes en cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad planteada ante la Suprema Corte de Justicia y de acuerdo al informe remitido por la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de fecha 11 de agosto del año 2005, que copiado textualmente dice: "Informo a V.V.E.E., que en la Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Wilfrido Candido Duré y otros s/ Estafa y otros", se ha presentado Accion de Incostitucionalidad en fecha 15 de noviembre de 2004, contra los autos Interlocutorios N° 198 y N° 268 de fechas 4 de abril de 2004 y el Auto Interlocutorio N° 495 de fecha 30 de marzo de 2004. dictado por la Sala de Etapa Intermedia, e identificado en esta Sentencia Judicial y con N° 3636/2004, habiéndose dictado en fecha 25 de febrero de 2005, la providencia que ordena se corra traslado a la otra parte por todo el término de ley; no siendo aun diligenciado por el accionante".
Por otro lado el Artículo 558 del C.P.C. dispone: Trámite: Presentada la demanda, la Corte dispondrá que se traiga a la vista el principal y ordenará que se saquen compulsas del mismo, disponiendo la devolución de aquel para su prosecución, salvo que se trate de sentencia definitiva o de resoluciones con fuerza de tal o recaída en un incidente de los que suspenden el juicio. Del escrito de demanda correrá traslado a la otra parte por el plazo de nueve días, y de los presentados por las partes se dará traslado por igual plazo al Fiscal General del Estado. Se observara además, en lo pertinente, lo dispuesto por este Código para la demanda y su contestación. Y el artículo 559 del C.P.C. expresa: Efectos de la demanda: La interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva, o de interlocutoria con fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto, salvo que, a petición de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables. Estos extremos no se dan en el caso de autos, por tanto el A quo se ha expedido conforme a derecho, como también por la misma razón este Tribunal ha decido estudiar y resolver en este proceso.
Con respecto a la prescripción que también ha sido fundamento de los recurrentes, es absolutamente extemporáneo, por cuanto que los hechos investigados ocurrieron en el año 1997 y 1998 y recién en el año 2000, ha llegado a conocimiento de la víctima, fecha desde la cual correría la prescripción de la acción en su caso, además se debe considerar que con la promoción de la denuncia ha sido interrumpida la prescripción de la acción referida – Art. 101 – 104 del C.P.
Surge de las constancias de autos, a fs. 675, Certificado de Defunción, que la encausada Alina Margarita Talía Lamas falleció en fecha 7 de mayo del año 2005, por tanto conforme a lo establecido en el Art. inc. 1° del C.P.P. corresponde declarar la extinción de la acción en el presente proceso.
Se observa que el A quo ha analizado las circunstancia personales de los Autores Albino Villalba, Oscar Raúl Glizt y Alina Margarita Talía y conforme a lo dispuesto por el Art. 44 del Código Penal, ha ordenado suspender a prueba la ejecución de la condena de Oscar Raúl Glizt Ayala, Albino Villalba Escobar y Alina Margarita Talía Lamas, fijando el periodo de prueba en dos años, que creo es lo correcto. Asimismo la pena establecida a los demás encausado se ajuste a lo peticionado al acusador el Agente Fiscal, que de acuerdo al nuevo sistema "acusatorio", debe ser confirmada.
Fundado en las consideraciones expuestas y las disposiciones legales referidas, corresponde en derecho confirmar S.D. N° 34 de fecha 4 de Marzo de 2005, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por el Juez Penal Dr. Dionisio Nicolás Frutos, e integrado por los Jueces Penales Dr. Héctor Capurro y Dr. Sandra Farias con la corrección de la calificación impuesta a la conducta de la encausada Mary Esmerica Servin. Es mi voto.
A su turno los Excelentísimos Miembros del Tribunal de Apelaciones Doctores Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servin, manifestaron estar de acuerdo con el voto de la Excelentísima Miembro del Tribunal de Apelaciones Natividad Mercedes Meza, por los mismos fundamentos.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 53
Asunción, setiembre 09 de 2005.
VISTO: Por los méritos expuestos resulta de la votación
EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
DECLARAR LA COMPETENCIA de este Tribunal, para resolver los recursos de Apelación Especial interpuestos.
DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso de Apelación especial interpuesto por los Abogados Carmelo Martínez, por la defensa técnica de Albino Villalba Escobar, Oscar Raúl Glizt Ayala y Alina Margarita Talía Lamas, - El abogado Dario Espinola, por la defensa técnica de Mary Esmerica Servin Paiva y Leoncio Servin Paiva, - Mary Esmerica Servin Paiva por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Hugo Amarilla Antunez, contra la S.D. N° 34 de fecha 4 de marzo de 2005, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidio por el Juez Penal Dr. Dionisio Nicolás Frutos, e integrado por lo Jueces Penales Dr. Héctor Capurro y Dr. Sandra Farías, por corresponder a así derecho. Modificar la calificación impuesta a la encausada Mary Esmerica Servin Paiva, conforme a lo establecido en el Art. 251 inc. 1° del C. Penal. Declarar la Extinción de la Acción Penal, en este proceso, respecto a la encausada Alina Margarita Talía Lamas quien falleciera en fecha 7 de mayo de año 2005, conforme a lo establecido en el Art. 25 inc. 1° del C.P.P.
CONFIRMAR EN TODOS LOS DEMÁS PUNTOS, la S.D. N° 34 de fecha 4 de marzo de 2005, dictada por el Tribunal de Sentencia, precedido por el Juez Penal Dr. Dionisio Nicolás Frutos, e integrado por los Jueces Penales Dr. Héctor Capurro y Dr. Sandra Farías, por corresponder a asó en derecho.
ANÓTESE, regístrese y remítase copia a la Excelentísima. Corte Suprema de Justicia.
Natividad Mercedes Meza
José Waldir Servin
José Agustín Lovera.