Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A158-08.htm
Timestamp: 2018-12-10 03:54:57
Document Index: 203838739

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 218', 'artículo 5', 'artículo 38', 'Artículo 121', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 41', 'artículo 86', 'Artículo 10', 'artículo 25']

A158-08
Auto 158/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
ACCION DE TUTELA CONTRA INSPECCION DE POLICIA Y COMANDANTE DE POLICIA-Sujetos de diferente naturaleza/POLICIA NACIONAL-Naturaleza jurídica
ENTIDADES ESTATALES-Naturaleza jurídica no surge de las particulares interpretaciones que haga cada juez individual o colegiado
ACCION DE TUTELA CONTRA INSPECCION DE POLICIA Y COMANDANTE DE POLICIA-Competencia del Tribunal Superior
Referencia: Expediente ICC-1245
Conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.
Acción de tutela promovida por Esteban Leonardo Castañeda Obando, Numael Trujillo Sánchez y José Edgar Medina González contra la Inspección Primera de Policía de Neiva y el Comandante de Policía del Departamento del Huila.
1. En escrito dirigido al Juzgado Penal Municipal de Neiva (reparto), los señores Esteban Leonardo Castañeda Obando, Numael Trujillo Sánchez y José Edgar Medina González interpusieron, el 12 de febrero de 2008, acción de tutela contra la Inspección Primera de Policía de Neiva y el Comandante de Policía del Departamento del Huila por considerar violados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la vida digna.
2. Sometido a reparto el expediente fue asignado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva que por auto del 18 de febrero de 2008 se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción al considerar que como ésta fue dirigida contra el Comandante de Policía del Departamento del Huila, en observancia del Decreto reglamentario 1382 de 2000, el despacho judicial que debía decidir la solicitud de protección constitucional eran los Juzgados Civiles del Circuito. En consecuencia dispuso la remisión de la actuación a la Oficina Judicial de Neiva para lo de su competencia.
3. En cumplimiento de la anterior providencia, la Oficina Judicial remitió el expediente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, el cual mediante providencia del 26 de febrero de 2008 consideró que si bien es cierto una de las autoridades accionadas es el Comandante de la Policía del Departamento del Huila también lo es que ésta es una entidad del orden nacional conforme lo dispone el artículo 218 de la Carta Política y por lo mismo no puede considerarse como una autoridad del orden departamental, como lo entendió el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva.
4. En aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000, ordenó que se efectuara un nuevo reparto del expediente entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Tribunal Administrativo del Huila o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
5. Repartida por tercera vez la solicitud de protección constitucional, correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que mediante auto del 27 de febrero de 2008, consideró errada la posición del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.
6. A su juicio, de dicha colegiatura y con fundamento en un auto de la Corte Suprema de Justicia del 13 de octubre de 2004 que decretó una nulidad dentro de una acción de tutela que tenía por tutelado al Comandante de Policía del Departamento, señaló que “tratándose de acciones de tutela dirigidas contra actuaciones administrativas adelantadas por la Policía, pese a ser ésta una institución del orden nacional, su estructura orgánica abarca un nivel territorial, ya departamental, ora municipal: de tal manera que no es procedente asimilar la naturaleza y funciones del Comandante del Departamento de Policía Huila a la del Director General de la Policía Nacional.”[1] Por lo anterior, en aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000 se devolvió el expediente al Juzgado Administrativo.
7. En cumplimiento de la anterior providencia, el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, que mediante auto del 28 de febrero de 2008 aceptó el conflicto de competencia planteado por la citada Sala Penal, precisando que ya la Corte Constitucional, entre otros, en el Auto 072 de 2007, ha precisado qué autoridades judiciales deben tramitar acciones de tutela en que actúe como tutelado la Policía Nacional, que no son otras que las que contempla el inciso primero del numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000.
8. Por lo anterior, dispuso la remisión de la actuación a la Corte Constitucional para que sea ésta la que determine la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la solicitud de protección impetrada.
La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la interpretación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", norma respecto de la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[2], declaró nulos el inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y el inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo y denegó las demás pretensiones de nulidad.
Como se advierte, eran las reglas allí fijadas las que, en principio, determinaban la autoridad judicial a la que debía ser repartida la actuación y asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada.
En este sentido, la Sala advierte que la acción de tutela fue interpuesta contra dos sujetos de diferente naturaleza conforme se lee en el escrito de tutela. En efecto, los accionantes la interpusieron, en primer lugar contra la Inspección Primera de Policía de Neiva, autoridad pública del orden municipal y, en segundo lugar contra el Comandante de la Policía del Departamento del Huila que tal y como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia[3] el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, es una autoridad del orden nacional al tenor de lo dispuesto en el artículo 218 Superior en armonía con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 62 de 1993 que define a la Policía Nacional como “un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación.” Razón ésta por la que “para los efectos de dirección y mando, la Policía Nacional depende del Ministro de Defensa”.[4] Lo anterior permite concluir que la Policía Nacional, independientemente del nivel territorial en que actué siempre integrará la Rama Ejecutiva en el orden nacional al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.
La Corte debe reiterar[5] que la naturaleza jurídica de las diferentes entidades estatales no surge de las particulares interpretaciones que haga cada juez individual o colegiado (Artículo 121 Superior) sino que se encuentra consagrada en un precepto normativo al cual debe acudirse en cada caso, dado que dichos entendimientos en lugar de optimizar los principios de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial, atentan contra ellos (Artículo 2º Decreto 2591 de 1991).
En este contexto la regla de reparto aplicable era la contenida en el inciso quinto del numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000 que prescribe que “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.” En este caso, a lo previsto en el inicio primero que dispone que: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.” (Resaltado fuera de texto).
Se insiste que este tipo de colisiones de competencia, aparentes, violan la Constitución y restan efectividad (art. 2 C.P.) a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que buscan las personas que deciden acudir a la jurisdicción constitucional y enerva la brevedad y rapidez con que el mismo debe ser resuelto, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano[6], características éstas que expresamente materializó el texto constitucional al prescribir que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”[7]
De esta manera, no queda duda que le asiste razón a la titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva por cuanto desde la primera providencia por ella dictada aplicó la regla constitucional y jurisprudencial vigente para el presente asunto. En consecuencia, se dispondrá el envío de la solicitud de protección constitucional de los señores Esteban Leonardo Castañeda Obando, Numael Trujillo Sánchez y José Edgar Medina González a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para que le imprima el trámite correspondiente de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, en observancia del principio que surge del artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada al Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, para prevenir la ocurrencia de futuros casos violatorios de la Carta Política.
Primero.- ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que de forma inmediata, tramite la solicitud de protección constitucional de la referencia, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- Por Secretaría General, comuníquese al Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, la decisión adoptada para los fines expuestos en esta providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 158 DE 2008
Referencia: ICC-1245
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.
[1] Folio 28 del cuaderno principal.
[3] Corte Constitucional. Autos 269 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 072 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, Auto 236 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 111 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Cfr. Artículo 10 de la Ley 62 de 1993.
[5] Corte Constitucional. Autos 041 de 2007 y 090 de 2004.
[6] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16/72): “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” (Resaltado fuera de texto)
[7] Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991.