Source: http://www.luispetri.com.ar/proyectos/ley-de-conciliacion-penal/
Timestamp: 2017-06-25 19:04:27
Document Index: 361577254

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 34', 'Artículo 241', 'Artículo 1', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 537', 'Artículo 2', 'artículo 357', 'Artículo 357', 'artículo 351', 'artículo 29', 'Artículo 3', 'Artículo 353', 'artículo 29', 'Artículo 4', 'Artículo 537', 'artículo 29', 'Artículo 5']

Ley de Conciliación Penal | Luis Petri	Luis Petri - Diputado Nacional por Mendoza – UCR	home
Ley de Conciliación Penal
Reparación a la victima Arroja los fines del Derecho Penal
Y arroja luz sobre la solitaria e ineficaz, Pero a veces imprescindible, pena.
Los nuevos criterios de política criminal, junto a una visión diferente del conflicto penal y a la expansión de la misma criminalidad, han abierto nuevos espacios institucionales y alumbrado nuevas herramientas para la resolución como la Mediación, Conciliación, Avenimiento, Reparación del Daño.
Las modernas corrientes de política criminal, pretenden reducir la inseguridad, injusticia, marginalidad, que se traduce en desprotección del aparato judicial y desigualdad ante la ley, propiciando la participación de la víctima en el proceso y la resolución alternativa de los conflictos. La tendencia moderna es la de humanizar el derecho penal, esto es tener en cuenta a los verdaderos protagonistas, compuesta por la dupla víctima-ofensor.
Julio Maier compara la justicia penal con una central telefónica con capacidad limitada para recibir mensajes; por lo que de la totalidad de llamadas que recibe sólo comunica aquéllas que el aparato lo permite. La pregunta que surge es ¿qué sucede con aquellas que no tienen repuesta? Una primera conclusión nos lleva a decir que existen comportamientos delictivos que carecen de respuesta penal integral, y de acuerdo a las estadísticas publicadas, los que se encuentran en esta situación son los delitos penados con sanciones menores.
Ante el fracaso de los objetivos propuestos como fines de la pena, por cualquiera de las teorías tradicionales, debe pensarse en otras alternativas que puedan resultar válidas para resolver los conflictos sociales, reafirmando la fe y la confianza en el orden jurídico.
Los fines del derecho penal han sido tradicionalmente vinculados con distintas teorías de la pena: retribución por un lado y prevención general, negativa o positiva por otro, además de las consideraciones aportadas por la teoría de la prevención especial.-
Hoy en día la teoría de la prevención general positiva ofrece un desarrollo que permite vislumbrar soluciones extrasistemáticas, dentro de un sistema funcionalista que trasciende las soluciones estrictas con que el sistema penal tradicional ha pretendido cumplir sus objetivos.
En la actualidad, se discute la idea de sí el sistema de doble vía, compuesto por penas y medidas de seguridad, debe ser superado mediante la introducción de un sistema de triple vía, en el que se incluye la reparación precisamente como “tercera vía”. En el año 1992, juristas alemanes desarrollaron el “Proyecto Alternativo sobre Reparación Penal”, en el que la reparación está prevista en el ámbito de las consecuencias jurídicas, con posibilidad de excluir o atenuar la pena.
Desde el punto de vista de la prevención general positiva, el esfuerzo del autor, quien voluntariamente solicita o accede a reparar el daño causado a la víctima, además de solucionar el conflicto, manifiesta su voluntad de reafirmar la norma violada, comprometiéndose a observarla en el futuro.
Por otra parte, su actitud genera efectos sobre la comunidad al tranquilizar la conciencia jurídica general alterada por la violación de la ley. Al respecto señala Roxin que para el cumplimiento de los fines de la pena la reparación tiene gran importancia. En cuanto a la prevención especial, sostiene que “si sobre la base de un eficaz compromiso entre delincuente y víctima, se le exime de las consecuencias nocivas y socialmente discriminatorias de la privación de libertad y se le da la impresión de volver a ser aceptado por la sociedad, con ello se hace probablemente más por su resocialización que con una costosa ejecución del tratamiento”.
La reparación –afirma Roxin- puede constituir un sustituto de la pena, siempre que cumpla con los fines atribuidos a la misma. Mediante la reparación es posible cumplir con los fines de la pena por lo que aquella deberá funcionar como sustituto de ésta. Puede consiguientemente, no producir efectos sobre la pena o atenuarla, o cumplir la misión de ser un sustituto o una alternativa a la misma. La reparación no debe ser considerada como pena y tampoco constituye un fin penal autónomo, sino que se encuentra al servicio de la prevención especial y general, igual que sucede con las penas y las medidas especialmente orientadas a la prevención especial. Se la ha de colocar como sanción autónoma junto a la pena y a la medida, a las que puede moderar pero también, en su caso sustituir.
Para conseguir la reparación pueden seguirse dos sistemas: el activo o el voluntario. El primero opera como una pena y se impone después de haber seguido el proceso. En cambio, en el segundo la reparación se presenta como un medio de evitarla o atenuarla. En este caso es voluntaria y es el que se plasma como modelo posible en nuestro sistema.
La legitimación de la reparación radica en el principio de subsidiaridad de la pena de prisión, la consideración de la víctima y la no desocialización del delincuente.
La reparación, aún voluntaria, no se obtiene espontáneamente, sino que es preciso fomentarla y proporcionar los cauces para que pueda producirse. Requiere ser promovida mediante soluciones del derecho penal y establecer el canal adecuado para que exista un espacio en el que se pueda resolver el conflicto, lo que ha de llevarse a cabo en la legislación procesal penal, surgiendo así la mediación.
La conciliación penal pretende resolver los conflictos sociales del orden penal dentro del marco del acuerdo de voluntades, devolviéndole a la víctima un rol preponderante y proporcionándole al autor la posibilidad de comprender su acto equivocado, contrario al derecho, propiciando su arrepentimiento que se traducirá en una manifestación de confianza en las normas jurídicas, conllevando seguridad y restableciendo la paz social. Con estos objetivos se complementan tal vez de manera mas humanitaria los fines del derecho penal general.
La conciliación-reparación debe implementarse dentro del proceso, con control judicial.
La institución que comentamos no puede producir efectos en relación a todos los delitos, sino que quedaría circunscripta a aquellos que atentan contra la propiedad exclusivamente, excluyéndose de su ámbito de actuación aquellos cometidos con intimidación o violencia en las personas.
Sin embargo, esta aseveración no resulta pacífica ya que el Proyecto Alternativo de la Reparación, sostiene que la misma puede ser aplicada a todos los delitos y a todos los delincuentes, dándole por ello la denominación de “principio de aplicabilidad universal”. El Proyecto Alternativo de la Reparación señala que la reparación debe en primer lugar realizarse a favor del perjudicado; cuando esto no sea posible, no se obtiene ningún resultado o no es suficiente en sí misma, puede tenerse en cuenta la reparación a favor de la comunidad (reparación simbólica).
El derecho penal mínimo, la victimología, la victimodogmática y otras posturas menos extremas, parten del reconocimiento del fracaso de la pretensión punitiva del Estado mediante la justificación basada en las teorías tradicionales de la pena, y agregan lo positivo de otorgarle a la víctima un lugar preponderante en la escena penal, que conllevaría a la tranquilización del clamor comunitario mediante la paz social agitada por la imposibilidad del Estado de resolver los conflictos planteados. En sus cimientos está el reconocimiento y toma de conciencia de la ineficacia del sistema punitivo, casi puramente carcelario.
Tanto la reconciliación como la mediación deben considerarse como la consecuencia directa de tres movimientos contemporáneos; por un lado la creciente preocupación por las víctimas y el rol que juegan en el proceso penal; en segundo término está la falta de satisfacción devengada de las maneras de castigo establecidas al ofensor y por último, la conciencia de que existen nuevas alternativas de reparación, no necesariamente de índole económica.
Lo que acaba de sostenerse implica la imposición de ciertos límites a la potestad punitiva del Estado, más la participación protagónica de la víctima y la aplicación de la solución negociada de conflictos, lo que reposa sobre ciertas premisas que deben tenerse en cuenta como por ejemplo la confrontación entre la víctima y el infractor, la estimulación de sentimientos de buena vecindad y la posibilidad de que autor y damnificado se involucren en la resolución de las diferencias que los afectan en lugar de delegarlas en otros organismos que realizarán una interpretación propia del conflicto.
El Principio de Legalidad y la Conciliación Penal.
La conciliación-reparación se inscribe en el marco de aquellas modalidades orientadas en función de criterios de oportunidad procesal, que presuponen la necesidad del sistema penal de seleccionar, racionalmente el ingreso de los casos, ya sea para evitar la incriminación de hechos punibles mediante otras formas alternativas de solución del conflicto o por ser innecesaria su aplicación.
Ello se opone aparentemente al principio de legalidad, que impone la obligatoriedad a los órganos estatales, en nuestro caso el Ministerio Público Fiscal de perseguir todos los hechos delictuales que ingresan al sistema de justicia, con excepción de los denominados de acción privada y de modo relativo los que dependen de una previa incitación de la víctima o de su representante. El art. 71 del Código Penal prescribe que la regla general del ejercicio de las acciones es la acción pública, con las excepciones que se establecen en el art. 72 y 73, que son las acciones dependientes de instancia privada o privadas.
No obstante ello, es posible observar manifestaciones del principio de oportunidad, dentro de nuestro sistema en los siguientes casos:
El art. 26 del Código Penal contempla dentro de la condena de ejecución condicional distintos supuestos que permiten al juzgador tener en cuenta un punto de valoración importante en el análisis de la conveniencia o no, de aplicar una pena de privación de libertad efectiva, entre los cuales deben considerarse los resultados de una mediación positiva entre autor y víctima, que encuadrarían en “ las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad”
El art. 27 bis del Código Penal prescribe la alternativa de contemplar un acuerdo exitoso entre víctima y victimario, como posibilidad para influir en el establecimiento de reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante el plazo que el juez fije.-
Los arts. 40 y 41 del mismo cuerpo legal prevén las circunstancias que se tomarán en cuenta a los efectos de individualizar la pena a aplicar, entre las cuales figuran las condiciones personales del imputado, los vínculos, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. Sin duda, que un acuerdo de mediación-reparación, colocarán al autor del ilícito en una condición más favorable, que merecerá ser considerada por el juzgador.
El art. 76 bis del Código Penal, se refiere a la suspensión del juicio a prueba, determinando en uno de sus párrafos que si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del Fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.
El nuevo art. 132 del Código de Penal en lo concerniente a delitos contra la integridad sexual dejo sin efecto la excusa absolutoria que suponía el matrimonio posterior con la víctima. La reforma – no obstante- mantuvo el derecho de la víctima al ejercicio de la acción penal pública, pero introdujo un elemento nuevo que es la conciliación de las partes, como extintivo de la acción cuando la víctima tuviere más de 16 años. Se establece a continuación que el juzgador podrá excepcionalmente aceptar la propuesta cuando ella implique un mejor resguardo del interés de la víctima, mediando circunstancia de preexistencia afectiva. En estos casos, también podrá disponerse la suspensión del juicio a prueba previamente a la extinción de la acción. Dicho artículo hace expresa mención al “avenimiento” entre las partes.
También merece una breve consideración el art. 64 del Código Penal, cuando prescribe que la acción por delito reprimido por multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito. En la etapa de juicio, el imputado deberá abonar el máximo de la pena, además de la reparación del perjuicio ocasionado.
El proceso penal debe componer el interés de la víctima, permitiendo que los recursos que dispone el Ministerio Fiscal se apliquen preferentemente a la persecución de los casos más relevantes y complejos. En la actualidad los tribunales se encuentran abarrotados de causas pendientes de resolución, por el creciente número de conflictos que enfrentan los miembros de la sociedad.
La Conciliación es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos y tiene como objetivo, en lo posible, volver los términos de la relación víctima-victimario al estado anterior de los hechos antijurídicos y restablecer la paz social. Es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una solución satisfactoria permitiendo, en forma concertada, la intervención de un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentado en todo el momento del proceso la comunicación entre las partes.
La Conciliación Procesal es el acuerdo entre las partes para poner término al proceso en cualquier estado del mismo, siempre y cuando no se haya dictado sentencia.
Los acuerdos conciliatorios en materia penal, están dirigidos a resolver de forma expedita y sin necesidad de elevación a juicio, el alto número de situaciones en las cuales el delito es de tipo culposo, es decir, involuntario.
El instituto de la conciliación-reparación responde al objetivo de prevención general positiva, por medio del cual el conflicto penal puede solucionarse mediante la voluntad de las partes involucradas y generar gradualmente concientización como forma de constituir una adecuada vía de resolución de conflictos, con menor intervención estatal.
Lo expuesto implica un cambio radical de paradigma, pasando de una Justicia Retributiva a otra Restitutiva, del castigo a la reparación, en donde no haya un vencedor, sino que ambos queden satisfechos con el acuerdo logrado, donde sistema de procedimiento penal no es entendido como un sistema destinado a la aplicación de penas, sino como un sistema destinado a la resolución de conflictos.
La incorporación del principio de oportunidad a nuestro Código de Procesal Penal en los artículos 26, 27 y 28, consistente en la facultad del Ministerio Publico Fiscal de disponer de la acción penal en determinadas circunstancias, es la piedra basal que da sustento y justificación a la implementación del instituto de la conciliación penal.
La aplicación de criterios de oportunidad y la incorporación de medios alternativos de solución, tales la conciliación y la reparación, el juicio abreviado, la suspensión del proceso a prueba y aun el procedimiento directísimo para los supuestos de delito en flagrancia, posibilita la atención preferente en la persecución penal pública de los hechos que se proyectan más negativamente, dejando de lado un gran número de hechos que insumen considerable tiempo y cantidades de recursos humanos, materiales y económicos, en forma muy gravosa por la desproporción entre su empleo y los resultados en relación con los fines del proceso penal.
La remediación del conflicto a través de la figura de la conciliación -afirma José Raúl Heredia- contribuirá a descomprimir los juzgados, posibilitando respuestas ágiles y eficaces a las partes, responsabilizándolos por sus conductas y previniendo la realización de nuevos hechos delictivos. La conciliación no busca privatizar ni sustituir la justicia, sino complementarla; tampoco será la solución a todos los males que aquélla atraviesa, pero será una herramienta válida para la solución pacífica de los conflictos”.
Tanto la víctima y como el imputado en un proceso penal, deben conocer los efectos y alcance del acuerdo conciliatorio al cual están llegando. Si esto es conocido podemos decir que puede existir “libertad” de elección. La información dará la posibilidad de opción.
Esta información debe prestarse a la víctima en el sentido de que conozca efectos penales y civiles del acuerdo conciliatorio. Debe saber que aprobado el acuerdo conciliatorio se dictará sobreseimiento definitivo en la causa y que el incumplimiento del acuerdo conciliatorio no provoca nunca la reactivación del proceso penal y sólo da lugar al cumplimiento forzado conforme a las normas generales del Código de Procedimiento Civil. El acuerdo conciliatorio es causal de extinción de la responsabilidad penal. De todas formas esto debe ser transmitido en un lenguaje sencillo que permita la cabal comprensión a la víctima.
Otra cuestión por la que debe velar el juez de garantía es que no exista un interés público prevalente.
La conciliación sólo será propicia en los supuestos de la comisión de delitos que no afecten directamente el interés público y en los delitos culposos, en los cuales se exige para su procedencia un acuerdo entre imputado y víctima. Es destacable la participación de la víctima; Si ésta no consiente en la aplicación de la conciliación, continua la persecución penal porque la acción penal no se extingue. El sobreseimiento solo podrá dictarse si lo consiente en forma libre y voluntaria.
El acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución; es decir, los derechos, deberes o obligaciones ciertos y exigibles contenidos en él, pueden ser ejecutados por el órgano jurisdiccional competente a través del proceso de ejecución de sentencia, a solicitud de la victima.
El acuerdo entre imputado y agraviado en la mayoría de los casos versará sobre dinero, en otros la víctima podrá prestar su conformidad con la devolución de la especie renunciando a todo reclamo por reparación civil.
La conciliación puede fracasar y en tal caso debe reconocerse que el imputado del hecho delictivo continúa amparado por el principio de inocencia que lo acompañará hasta que se demuestre en juicio su culpabilidad.-
En base a lo establecido en este artículo, los acuerdos conciliatorios solo proceden cuando se cumplen alguno de los siguientes requisitos:
a) si el bien jurídico tutelado por la norma es disponible y de carácter patrimonial y el delito es cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, o
b) si el delito cometido es culposo y no haya ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de la persona.
En el primer aspecto, es claro que se refiere a los delitos o faltas contra la propiedad o de tipo económico que se encuentran tipificados en nuestra legislación, por lo tanto, no podría celebrarse un acuerdo conciliatorio cuando el bien jurídico tutelado sea la vida, o cuando se trate de bienes patrimoniales pertenecientes al Estado, como lo serían, por ejemplo, los bienes públicos.
En el segundo caso, se refiere a aquellos hechos delictivos perpetrados sin dolo, en los cuales figuran la imprudencia o negligencia, es decir, que son involuntarios, pero sin embargo, producen un resultado ilícito que lesiona a una persona o sus bienes. En este último caso, sin embargo, debe demostrarse el carácter culposo de la acción.
Por otra parte, para que se pueda configurar esta forma alternativa a la prosecución del proceso penal, es necesario que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
Los Jueces de Garantía serán los encargados de velar porque las diligencias realizadas por el Fiscal no vulneren derechos fundamentales del imputado ni se atente contra los derechos de la víctima y, de esta forma, garantiza tanto los derechos del imputado como de la víctima. Es a él a quien corresponde aprobar los acuerdos conciliatorios y para ello debe verificar que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
El primer antecedente se encuentra en los años 70 en Canadá, donde se realiza el primer encuentro Victima-Imputado, a fin de lograr la reconciliación de las partes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución N° 40/34, adoptó la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Victimas de Delitos y Abuso de Poder, en la que se expresa que las víctimas deben ser tratadas con compasión y dignidad, con participación activa en el proceso y se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluida la mediación a fin de facilitar la conciliación y reparación a favor de las victimas.
En la legislación comparada encontramos múltiples ejemplos de mediación o conciliación en los procesos penales, a saber:
En España se desarrollan programas de mediación penal para jóvenes infractores.
México determina que la mediación es interdisciplinaria y la realiza en dos Estados con grandes logros.
En Panamá se creó el Centro de Mediación bajo la órbita del Poder Judicial.
En Paraguay la mediación comenzó siendo extrajudicial y se judicializó a partir de un convenio con la Corte. Son derivados por los juzgados de Instrucción, Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, Juzgados de Paz Letrado y Laboral. Si no hay acuerdo se deriva al Juzgado para continuar el proceso.
En Perú se otorga la facultad al Fiscal para que (en la Disposición de Abstención) imponga una sanción adicional al imputado, independientemente de la reparación civil a la que éste se hubiere comprometido, solicitando su aprobación al Juez competente. Medida que encuentra su justificación en el grado de responsabilidad del agente y en la tutela del interés público.
De tal manera que, señala el código, si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, [sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad], imponer adicionalmente: (1) el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y (2) la aplicación de las reglas de conducta [como: la prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez, comparencia mensual, entre otras previstas en el artículo 64º del Código Penal] solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados.
En Venezuela se regula el acuerdo conciliatorio en el artículo 34 de la ley de procedimiento penal.
Por su parte Chile establece disposiciones en relación a los acuerdos conciliatorios con la finalidad de realzar los intereses concretos de la víctima por sobre los intereses abstractos del Estado”. El Código Procesal Penal Chileno señala en su Artículo 241 que: “El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos”. Desde el 16 de marzo del 2000 hasta el 15 de marzo del 2003, el Ministerio Público del país trasandino ha recibido un total de 293.831 causas, de las cuales ha terminado 257.727, lo que representa un 87,71% de los ingresos al sistema. El porcentaje de acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del procedimiento (no se tienen las estadísticas separadas de cada uno de estas salidas alternativas) ha aumentado a un 4% frente al 3,1% del período anterior.
Por los breves motivos expuestos, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley a esta H. Cámara.
FUENTES: Roxin, C. “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones” ; traducción de Manzanares, Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en Alemania, C. G. P., Madrid, 1991, p. 19 y s s .-.
Roxin, C. “La reparación en el sistema de los fines de la pena” en De los delitos y de las víctimas. Ed. Ad-hoc. Buenos Aires, 1992.
“Proyecto alternativo sobre reparación penal”. Editado por Verlag C. H. Beck. Munich.
Manual de Conciliación Extrajudicial – Capítulo III: La Conciliación
Oscar Peña Gonzales. Lima – Perú.
Hirsch, H. “La reparación del daño en el derecho penal material” en De los delitos y las víctimas. Ed. Ad hoc. Buenos Aires, 1992. –
López Barja de Quiroga, J . “La tercera vía. ” En La mediación penal. Barcelona, 1999.-
El Principio de Oportunidad: Un Criterio de Justicia y Simplificación Procesal
Carlos Torres Caro. Editorial Gráfica Horizonte. 1994.
Proyecto alternativo sobre la reparación penal. El mismo ha sido el producto de un grupo de trabajo de Profesores de Derecho Penal alemanes, austriacos y suizos del Max-Plank Institut fûrauslandisches und internationales Strafrecht Freiburg. 1992
El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano
Darío Palacios Dextre y Ruth Monge Guillergua. Editora FEAT. Lima – Perú. 2003.
Comentarios al Código Procesal Penal
Pablo Sánchez Velarde. Editora IDEMSA. Lima – Perú. 1994.
Principio de Oportunidad en el Perú
Scarlette Lagos Fuentes.
MODIFICACIÓN LEY 6730
Artículo 1°.- Incorpórese al Código de Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, Ley 6730, el artículo 29 Bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29° bis.- Conciliación. Procedencia. Cuando se trate de delitos que recaigan sobre bienes jurídicos disponibles con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas o cuando se trate de delitos culposos que no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas, la víctima y el imputado podrán, durante la sustanciación de la causa y hasta la citación a juicio, arribar a conciliación, verificando que quienes concurran al acuerdo, hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
El cumplimiento del acuerdo conciliatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo.
El juez de garantías homologará el acuerdo, si correspondiere, y dictará el sobreseimiento. La resolución de homologación constituirá suficiente título para perseguir su cumplimiento conforme con las reglas sustantivas del derecho privado y según las previsiones del Artículo 537de este Código.
Si el imputado ha cometido un hecho punible de la misma índole de otro que haya cometido con anterioridad y que haya sido objeto de un acuerdo conciliatorio, efectivamente cumplido, la acción penal derivada del nuevo hecho punible no se extinguirá con el cumplimiento de un acuerdo conciliatorio, pero el juez, en este caso, podrá rebajar hasta las dos terceras partes, la pena aplicable al hecho.
La conciliación no procederá en los casos en que se afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 357 del Código de Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 357.- Procedencia. El Fiscal de Instrucción requerirá la citación a juicio cuando, estimare cumplida la investigación y siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho intimado, caso contrario, procederá con arreglo al artículo 351. La etapa preparatoria concluirá también en los supuestos comprendidos por el artículo 29 bis.”
Artículo 3º.- Agrégase el inc. 6 al Articulo 353 del Código de Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 353°.- … “inc 6) En el supuesto del artículo 29 bis.
Artículo 4°.- Modifíquese el Articulo 537 del Código de Procesal Penal, Ley 6730, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 537.- Competencia. La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños, o al pago de costas, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del tribunal que la dictó, como así todo acuerdo homologado de conformidad a lo establecido por el artículo 29 Bis, se ejecutará por el interesado ante el juez civil que corresponda con arreglo al Código Procesal Civil.”
Artículo 5°.- De forma.-
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