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Timestamp: 2017-09-24 00:44:34
Document Index: 289423448

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 89', 'Artículo 7', 'artículo 89', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 89', 'Artículo 7', 'artículo 89', 'artículo 132']

Ley 11/1998, de 5 de Noviembre, de helipuertos
Vigencia desde 19 de Diciembre de 1998. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2003
Artículo 4 Establecimiento de helipuertos permanentes
Artículo 5 Condiciones a la autorización
Artículo 6 Modificaciones y cierre
Artículo 7 Establecimiento de helipuertos eventuales
Artículo 8 Incumplimiento de condiciones
Artículo 9 Registro de Helipuertos
Artículo 10 Relaciones interadministrativas
Artículo 11 Inspección
DISPOSICION TRANSOTORIA
L 14/2009 de 22 Jul. CA Cataluña (aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias)
Número 2 del artículo 2 redactado por el número 1 del artículo 89 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre). Artículo 7 redactado por el número 2 del artículo 89 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
--> R PTO/586/2002 de 8 Mar. CA Cataluña (conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas)
Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.d) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).
Ley [CATALUÑA] 11/1998, 5 noviembre, derogada por la disposición derogatoria de Ley [CATALUÑA] 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias («D.O.G.C.» 28 julio) el 17 de agosto de 2009.
El Estatuto de autonomía de Cataluña, en el artículo 9.15 otorga a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de helipuertos.
La necesidad de disponer en Cataluña de una red de helipuertos, situados en puntos estratégicos, que permita en un tiempo mínimo de vuelo, atender cualquier requerimiento que pueda producirse exige que dichas infraestructuras estén dotadas de los servicios indispensables para su funcionamiento.
Por otra parte, la capacidad operativa de los helicópteros ha dado lugar a un incremento considerable en su utilización para las tareas más diversas, y debido a dicha circunstancia se hace necesario garantizar que las superficies utilizadas para el aterrizaje y despegue de los helicópteros de forma temporal dispongan de unas condiciones mínimas ajustadas a su finalidad.
Estos elementos son determinantes en la elaboración de una ley que, por un lado, regula el establecimiento de los helipuertos permanentes, tanto de titularidd pública como privada, de acuerdo con una doble clasificación en función de que su régimen de utilización sea público o privado, y, por otro lado, define los helipuertos eventuales como superficies caracterizadas por su utilización temporal.
La Ley establece también la configuración de la red de helipuertos en un programa director que debe valorar las prioridades de establecimiento en función de los intereses generales, así como la creación de un registro público que recoja la información técnica aeronáutica propia de dichas infraestructuras. Finalmente, establece el régimen de infracciones y sanciones de la normativa reguladora de los helipuertos, dando cumplimiento a los princpios de legalidad y tipicidad que deben presidir la actuación administrativa en este ámbito.
La presente Ley respeta los principios de sostenibilidad y protección del medio ambiente, teniendo en cuenta las determinaciones de la ordenación territorial y del planeamiento urbanístico.
1. El objeto de la presente Ley es la regulación de los helipuertos, entendidos como infraestructuras habilitadas, de forma permanente o eventual, para el aterrizaje, despegue y movimiento de helicópteros.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las superficies utilizadas ocasionalmente para las operaciones de salvamento, atención urgente en accidentes y otras actuaciones de emergencia análogas.
1. Se entiende por helipuerto permanente un aeródromo o área definida sobre una estructura artificial en superficie o elevada, destinada exclusivamente a la llegada, salida o movimiento en superficie de los helicópteros, que puede disponer de edificios, equipamientos e instalaciones de servicios de carácter fijo.
--> Número 2 del artículo 2 redactado por el número 1 del artículo 89 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003
1. Los helipuertos permanentes, tanto los de titularidad pública como privada, se clasifican según el régimen de utilización que tengan, en instalaciones de uso público y de uso privado.
2. Son de uso público las instalaciones abiertas a cualquier operador por cuya utilización puede percibirse un precio o una remuneración.
3. Son de uso privado aquellas instalaciones a las que sólo tienen acceso sus titulares o los operadores específicamente autorizados por éstos.
1. El establecimiento de helipuertos permanentes, tanto de titularidad pública como privada y tanto de uso público como privado, requiere la autorización previa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, previa presentación del correspondiente proyecto, que debe incluir, en todo caso, la acreditación de la compatibilidad del helipuerto en relación con el espacio aéreo emitida por la autoridad aeronáutica estatal, las condiciones técnicas, en especial las relativas a las áreas de protección sobre servidumbres aeronáuticas, instalaciones y dimensiones de las superficies delimitadoras de obstáculos exigibles por la normativa de aplicación en la materia, un estudio de impacto ambiental, las correspondientes licencias municipales y demás documentos que se determinen por vía reglamentaria.
2. La autorización para el establecimiento de helipuertos permanentes debe introducir, si procede, las medidas correctoras y preventivas necesarias relativas al impacto ambiental.
3. El plazo para emitir una resolución es de tres meses desde la presentación de la solicitud de las autorizaciones establecidas en el presente artículo, transcurrido el cual, si no se ha dictado resolución expresa, debe entenderse estimada.
1. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe fijar en la autorización las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del helipuerto.
2. La autorización del helipuerto no supone la de los servicios de suministro de combustibles y el correspondiente mantenimiento, que deben ajustarse a la normativa específica.
1. El cambio de titularidad de un helipuerto permanente y las modificaciones en sus instalaciones requieren la autorización previa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones.
2. Las modificaciones en las instalaciones autorizadas deben ser valoradas por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, teniendo en cuenta la incidencia en la seguridad y fiabilidad de las operaciones, así como en el medio ambiente pudiendo exigir la adopción de las medidas necesarias.
3. El plazo para emitir una resolución es de tres meses desde la presentación de la solicitud transcurrido el cual, si no se ha dictado resolución expresa, debe entenderse estimada.
4. La modificación del régimen de utilización y cierre de un helipuerto permanente requieren la comunicación previa y expresa al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. En el supuesto de cierre de la instalación, esta comunicación debe producirse con la antelación mínima que se determine por reglamento.
5. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas puede adoptar las medidas oportunas para la continuidad de la instalación.
--> Artículo 7 redactado por el número 2 del artículo 89 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003
El incumplimiento de las condiciones establecidas, si procede, en la autorización correspondiente puede dar lugar a la clausura temporal de la instalación hasta que se cumplan los requisitos exigidos o, si procede, a la revocación de la autorización.
1. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe disponer de un registro de helipuertos permanentes de Cataluña, en el que debe figurar la información técnica aeronáutica correspondiente a cada una de las instalaciones existentes.
2. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe disponer de una relación de los helipuertos eventuales que en cada momento tengan vigente su autorización.
1. Las inscripciones que figuren en el Registro de Helipuertos deben comunicarse a la autoridad aeronáutica estatal.
2. Las autorizaciones, sus modificaciones y otras incidencias que puedan surgir en relación con los helipuertos autorizados deben ser comunicadas a los ayuntamientos afectados, a los correspondientes efectos legales.
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ejerce la actuación, inspectora para garantizar las disposiciones establecidas en la presente Ley, mediante el órgano que la tenga atribuida por vía reglamentaria.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravienen a las obligaciones establecidas en la presente Ley.
2. Las infracciones de la normativa reguladora de los helipuertos se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) El establecimiento de helipuertos permanentes o eventuales sin la preceptiva autorización.
b) El incumplimiento de las condiciones que se establezcan en la autorización destinadas a garantizar la seguridad de la instalación.
c) El incumplimiento de las condiciones que se establecen en la autorización destinadas a garantizar la preservación del medio ambiente, siempre que no estén ya tipificadas como infracción administrativa en otras normas.
d) La negativa u obstrucción a la actuación de la inspección que impida el ejercicio de las funciones que tenga atribuidas por ley o reglamento.
a) La realización de modificaciones en las instalaciones permanentes sin la preceptiva autorización.
b) El cierre de las instalaciones sin previa comunicación.
c) El incumplimiento de otras condiciones, diferentes de las señaladas en las letras b y c del apartado 3.
d) El cambio de titularidad de la instalación sin la preceptiva autorización.
e) El estado de conservación inadecuado de las instalaciones autorizadas si afecta su correcto funcionamiento.
f) La negativa u obstrucción a la actuación de la inspección cuando no se den las circunstancias definidas en el apartado 3.d.
a) La modificación del régimen de utilización de los helipuertos permanentes sin previa comunicación.
b) La falta de conservación de las instalaciones autorizadas, si no afecta su correcto funcionamiento.
1. Las infracciones muy graves son sancionadas con multas de 6.010,13 euros hasta 18.030,36 euros. Las infracciones graves son sancionadas con multas de 1.502,54 euros hasta 6.010,12 euros. Las infracciones leves son sancionadas con multas de hasta 1.502,53 euros.
--> Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.d) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).Vigencia: 1 enero 2002
3. Las sanciones se gradúan atendiendo a la incidencia en la seguridad, el daño causado, la intencionalidad y la reincidencia.
4. El procedimiento para imponer las sanciones fijadas en el presente capítulo debe ajustarse a lo establecido en las normas de procedimiento administrativo aplicables a la Generalidad.
6. Las infracciones y sanciones de la legislación reguladora de los helipuertos prescriben de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ha de elaborar un programa director que debe fijar las prioridades en lo que se refiere a la configuración de la red de helipuertos permanentes de acuerdo con los intereses generales, previo trámite de consulta a los departamentos de la Generalidad afectados, los organismos interesados y las entidades más representativas del municipalismo. En el establecimiento de estas prioridades es preciso tener en cuenta los parámetros de población y las condiciones de accesibilidad, el reequilibrio territorial y la incidencia en el medio ambiente, con la finalidad de dar el apoyo adecuado para atender adecuadamente todas las necesidades del territorio.
Véase la Res. [CATALUÑA] PTO/2653/2003, 6 agosto, por la que se aprueba el Plan director de los helipuertos de Cataluña («D.O.G.C.» 12 septiembre).-->
Los titulares de helipuertos permanentes existentes en el momento de la entrada en vigoor de la presente Ley disponen de un plazo de un año para regularizar su situación.
Se faculta al Gobierno y al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas para la adopción de las disposiciones necesarias para desplegar y aplicar la presente Ley.
Véase el D [CATALUÑA] 248/2000, 24 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de helipuertos («D.O.G.C.» 2 agosto).-->
La presente Ley entra en vigor al cabo de un mes de su publicación en el DOGC.
1. El Gobierno y el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas han de adoptar las disposiciones necesarias para desplegar y aplicar la presente Ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
2. El desarrollo reglamentario de la presente Ley debe tener en cuenta, especialmente, las condiciones técnicas de las instalaciones destinadas a proteger el medio ambiente, en el marco de las competencias de la Administración de la Generalidad.