Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1699
Timestamp: 2019-10-20 00:42:59
Document Index: 222010158

Matched Legal Cases: ['Artículo 30', 'Artículo 117', 'Artículo 3', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 217', 'Artículo 12']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 60/1991
SENTENCIA 60/1991, de 14 de marzo
ECLI:ES:TC:1991:60
Aunque el Servicio Militar no agota el contenido del derecho y deber constitucional de defender a España, es concreción capital y prioritario sobre cualquier otro servicio que se establezca. Ninguna duda hay de la base constitucional para proteger penalmente la obligación de cumplir el Servicio Militar y con toda razón el art. 127 C.P.M. figura dentro de los «delitos contra los deberes del servicio», pues el bien jurídico que protege es el deber de prestar el Servicio Militar obligatorio impuesto por el art. 30.2 C.E. Esta protección penal puede atribuirse a la jurisdicción castrense tanto en tiempo de paz como de guerra, y la Constitución incluye el Servicio Militar obligatorio dentro de la esfera de las obligaciones militares de los españoles.
Lo estrictamente castrense o militar será lo que el constituyente ha calificado expresamente como militar, y, por tanto, el Servicio Militar, incluso en tiempo de paz, ya que, al respecto, entre la paz y la guerra sólo hay una diferencia cuantitativa y no cualitativa en relación a la protección del bien jurídico.
El Juez cuestionante estima que esta conducta punible no es incluible en el ámbito estrictamente castrense, y ello por un doble orden de razones. En primer lugar, porque la regulación del Servicio Militar pertenece al Derecho administrativo, de modo que la protección jurídica de ese servicio, al igual que lo es en el orden contencioso- administrativo, también en el orden penal cabría que fuera atribuida a la jurisdicción ordinaria, puesto que debe corresponder a la misma jurisdicción, la ordinaria, toda la normativa que prepara al ciudadano para cumplir su deber constitucional o ampara su derecho para la exención del mismo, tanto en lo que se refiere a las decisiones administrativas en asuntos de Servicio Militar y de prestación social sustitutoria, como a la imposición de sanciones penales, como ocurre en lo relativo a la prestación social sustitutoria. Se afirma así que el atribuir a la jurisdicción militar la negativa a prestar el Servicio Militar rompe la unidad hasta del art 30 C.E., en que se regulan las cuestiones de la obligación de entrar en filas.
El bien jurídico tutelado en el delito previsto en el art. 127 C.P.M. es el cumplimiento del Servicio Militar obligatorio (y no, como se afirma en el Auto, las actividades administrativas previas a la entrada en el Servicio Militar), obligación que impone la Ley en función del deber de todas las personas de ciudadanía española de defender a España (art. 30.1 C.E.), deber primario que es el que permite al legislador establecer obligaciones militares y dentro de ellas un Servicio Militar obligatorio (art.30.2 C.E.), por una duración limitada, a cargo de ciudadanos declarados físicamente idóneos. La previsión legal de este tipo delictivo, aparte de asegurar la igualdad de todos los españoles en el efectivo cumplimiento de una obligación constitucionalmente impuesta, protege el interés del Estado de la defensa militar de España, y es congruente con la obligatoriedad del propio Servicio Militar, obligatoriedad que significa también coerción y forzosidad, pues no debe olvidarse que la realización de ese servicio es una importante restricción de la libertad personal, que supone además cargas y sacrificios para el afectado, que se justifican por el deber de defensa de España que establece el art. 30.1 C.E. El texto constitucional, a la vez que impone una revisión profunda de la regulación del Servicio Militar obligatorio -para ponerla en consonancia con los principios y valores constitucionales (art. 8.2 C.E.), y para asegurar, de acuerdo al principio de concordancia práctica, el mínimo de sacrificio y limitación de la libertad del ciudadano que sea compatible con la dotación efectiva de medios humanos indispensables para «las exigencias defensivas de la Comunidad como bien constitucional» (STC 160/1897)-, también legítima al legislador para establecer las medidas de coerción que estime adecuadas para asegurar que la obligación de prestar el Servicio Militar se cumpla. Y dada la incoercibilidad específica de este tipo de obligaciones personales, la posibilidad de imponer sanciones penales, tipificando como delito, como hace el art. 127 C.P.M. la negativa expresa y sin causa legal de cumplir el Servicio Militar.
1. Voto particular discrepante que formula el Magistrado don CarIos de la Vega Benayas respecto de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 545/90, promovida por el Juzgado Togado Territorial de Pamplona
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 545-1990
En relación con el art. 127 del Código Penal Militar.
En virtud del art. 1.1. LOTC, este Tribunal es el intérprete supremo de la Constitución y, por tanto, en uso de tal potestad, puede declarar la disconformidad con ella de cualquier norma. [F.J. 1]
Este Tribunal ha afirmado, en diversas ocasiones, que «el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, resultaría vulnerado si se atribuye indebidamente un asunto determinado a una jurisdicción especial y no a la ordinaria» (SSTC 75/1982, 111/1984, 66/1986 y 4/1990), y que «el conocimiento por parte de la jurisdicción militar de una cuestión que cae fuera del ámbito de su competencia supone no sólo la transgresión de las reglas definidoras de dicho ámbito, sino también la vulneración del mencionado derecho constitucional» (STC 105/1985). [F.J. 2]
El art. 117.5 C.E. impide al legislador que pueda arbitrariamente atribuir a los órganos de la jurisdicción militar el conocimiento de delitos ajenos al ámbito de la estrictamente castrense; lo estrictamente castrense sólo puede ser aplicado a los delitos exclusiva y estrictamente militares, tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, como por la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión, habiendo de quedar fuera del ámbito de la justicia militar todas las restantes conductas delictuales. [F.J. 3]
La relevancia constitucional del deber de defensa de España y del cumplimiento de la obligación militar impuesta por la Ley de realizar el servicio militar obligatorio, no sólo ha permitido al legislador calificar como delito la conducta de quien se niegue injustamente a cumplir ese servicio, sino también, dados los bienes, valores e intereses constitucionales, en relación con el bien jurídico de defensa nacional, puestos en juego por la omisión del cumplimiento de tal deber, calificarlo como delito militar en sentido propio, tanto en su aspecto objetivo como también por la condición subjetiva del justiciable. [F.J. 5]
Artículo 30, ff. 3, 4, VP
Artículo 117.5, ff. 1 a 4, 6, VP
Artículo 3.2, ff. 1, 4, VP
Artículo 125, VP
Artículo 126, VP
Artículo 127, ff. 1, 4 a 6, VP
Artículo 217, f. 6
Artículo 12.1, ff. 1, 4, VP
Competencia en materia de interpretación de las normas jurídicasCompetencia en materia de interpretación de las normas jurídicas, f. 1
Deber cívicoDeber cívico, f. 5, VP
Objeción de concienciaObjeción de conciencia, ff. 4, 5, VP
Servicio militarServicio militar, ff. 3, 4, 5, VP
Ámbito estrictamente castrenseÁmbito estrictamente castrense, ff. 3, 6
Jurisdicción competenteJurisdicción competente, ff. 4, 5, VP
Jurisdicción militarJurisdicción militar, ff. 3, 4, VP