Source: https://it.scribd.com/document/392796053/informe-del-estado-del-medioambiente-2011
Timestamp: 2020-06-02 03:19:06
Document Index: 219968046

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 70', 'artículo 31', 'artículo 70', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 69', 'artículo 70', 'Artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 294', 'artículo 11', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

informe del estado del medioambiente 2011 | Índice de Desarrollo Humano | Inflación
informe del estado del medioambiente 2011 chile
SalvaSalva informe del estado del medioambiente 2011 per dopo
pobreza corr.pdf
978-956-7204-40-3
“Los mapas publicados en
este informe que se refieran
relacionen con los límites
fronteras de Chile, no
comprometen en modo alguno
Estado de Chile, de acuerdo
Artículo 2°, letra g del DFL
83 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La información cartográfica está referenciada al Datum WGS84 y es de carácter referencial”
división de Estudios Cristóbal de la Maza, Jefe de División
Marcos Serrano, Jefe de Departamento Claudia Cortés Daniel Figueroa Harry Lizama Marcela Ponce Álvaro Shee
Exp E rto
Nicolo Gligo, Universidad de Chile
Francisco Brzovic, Universidad de Chile
c olaborador E s
Andrea Allamand Mariela Arévalo Silvia Benítez Rodrigo Benítez Lorenzo Caballero Edesio Carrasco Bruno Carriquiry María José Castañeda Teresita Chubretovic Carmen Gloria Contreras Marcelo Corral Fernando Farías Marcelo Fernández Alejandra Figueroa Marcelo Gamboa Mónica Halaby Ingrid Henríquez Maritza Jadrijevic Hernán Latuz
Pamela Miranda Rodrigo Oyarzún Vicente Paeile Claudia Paratori Adriana Pérez Marcela Pérez Andrés Quezada Roberto Quezada Julio Recordón Jaime Rovira Charif Tala Igor Valdebenito María Fernanda Valdivieso Priscila Ulloa
i nfo G r a f í a s principal E s
a G rad E c i M i E ntos
Centro de Información de Recursos Naturales Claudio Casiccia, Universidad de Magallanes Corporación Nacional Forestal Jorge Carrasco, Dirección Meteorológica de Chile Juan Quintana, Dirección Meteorológica de Chile Observatorio Urbano, Ministerio de Vivienda Pedro Sanhueza, Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile Sergio González, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias Servicio Nacional de Geología y Minería Servicio Nacional de Pesca Subsecretaría de Pesca
conc E p t o
Y dia G r a M ación
Laboratorio de Comunicación www.labcomunicacion.cl
G r Á fico
foto G rafía
Triple, Víctor Rojas y Jorge Marín
Marco legal de la protección del medio ambiente e instrumentos de gestión ambiental
riEsGo para la salud Y calidad dE vida dE la población
I Contaminación del Aire
I Contaminación de Suelos
I Residuos
I Acceso al Agua Potable y Alcantarillado
I Disponibilidad de Áreas Verdes
I Biodiversidad
I Recursos Hídricos
I Suelos para Uso Silvoagropecuario
I Cielos para la Observación
apítulo 12
I Agotamiento de la Capa de Ozono
Con mucho orgullo presentamos el Informe del Estado del Medio Ambiente, mediante el cual damos a conocer al país y a la comunidad internacional la calidad de nuestro medio ambiente. La información y los indicadores utiliza-
dos, buscan facilitar la comprensión de todas las personas, permitiéndoles así conocer el estado del medio ambiente de Chile e identificar sus principales problemas en este ámbito. Para ello, es necesario comenzar con un diagnóstico claro que nos permi- ta comprender cuál es el estado de nuestro medio ambiente, tanto de los elementos del entorno que condicionan la salud humana, entre ellos los re- siduos, el ruido, el agua potable y las áreas verdes, como también respecto
a los problemas que enfrentamos, tales como la contaminación del aire o el suelo. Asimismo, es fundamental conocer el estado de nuestro patrimonio
ambiental, como es la biodiversidad, el recurso hídrico, el suelo y los cielos para la observación astronómica. De la misma forma, en este documento, se identifican algunas de las principales causas que generan los problemas am- bientales diagnosticados, así como las acciones desarrolladas o en desarrollo para abordarlos. La elaboración de este informe, junto con dar cumplimiento al Artículo 70 letra ñ de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada
a través de la ley 20.417 del año 2010, constituye, a su vez, la materialización del derecho de toda persona a acceder a la información ambiental que se en- cuentre en poder de la Administración, establecido también en el artículo 31 bis de la citada ley. El reconocimiento del derecho de acceso a la información ambiental, así como la obligación de generar informes del estado del medio ambiente, tienen como antecedentes las recomendaciones definidas en la Evaluación de Desempeño Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual Chile se sometió voluntariamente el año 2005, como parte del proceso de acceso a dicho organismo. Precisamente, entre las 52 recomendaciones, la OCDE señala que el país debe “consolidar los esfuerzos para producir información ambiental, informes de la situación del medio ambiente e indicadores ambientales, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y la información pública, tomando en cuenta las metodologías internacionales”. De esta forma y con el presente informe, estamos dando cumplimiento al mandato legal antes señalado, así como a compromisos y estándares interna-
cionales en esta materia. La información generada, además, servirá de base para la elaboración de los reportes anuales consolidados. Sin duda, se trata de un importante avance en la gestión, por cuanto la información ambiental no solo es fundamental para promover la participación ciudadana, sino que también es un insumo clave para la toma de decisiones en materia de las distintas políticas públicas del Estado. Dichas políticas, que van mucho más allá de las que diseña o implementa el Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo las de otros ministerios sectoriales y productivos, han de enmarcarse dentro del concepto de desarrollo sustentable y de la conjugación de sus tres pilares, esto es, la compatibilización del desarrollo económico, con el cuidado del medio ambiente y la equidad social.
De acuerdo con nuestra ley ambiental, el desarrollo sustentable “es el pro- ceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las ge- neraciones futuras”. Esta definición, de clara base antropocéntrica, apunta
a resguardar la calidad de vida de las personas, incluyendo la preocupación
por las futuras generaciones. Precisamente, la reforma de la institucionalidad ambiental aborda esta preocupación, mediante la creación del Consejo de Mi- nistros por la Sustentabilidad. Este órgano debe velar por la adecuación de las políticas públicas del país al concepto de desarrollo sustentable, constituyen- do así un órgano transversal, de fundamental importancia para el desarrollo de la Nación. Al evaluar el desempeño del país en materia económica, observamos que Chile se ha destacado por contar con una economía sólida y estable. Durante los últimos años, la política económica chilena, se ha enfocado en instru- mentos que favorezcan el crecimiento económico y mantenga la inflación 1
controlada y estable. El reflejo de las acertadas políticas económicas se puede apreciar en el PIB, que ha aumentado considerablemente en los últimos vein- te años (Figura 2), sumado a niveles de inflación que se encuentran dentro del régimen de metas de inflación de comienzos de la década del 90 (Banco Central, La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas Inflación, 2007). Siguiendo esta senda es que el gobierno del Presidente Se- bastián Piñera, se ha fijado como meta lograr niveles de ingreso equivalentes
a países desarrollados de características similares a Chile y alcanzar un cre-
cimiento económico de 6%, sostenible en el tiempo. (Programa de Gobierno
Nuestra economía está liderada por las exportaciones, las cuales han re- gistrado una tendencia al alza, durante los últimos 20 años. La minería es el principal sector exportador; registrando un total de 44.279 millones de dólares FOB 2 el año 2010, cifra que representa el 65% de las exportaciones totales del país, considerando las del sector industrial, agropecuario, silvícola y pesquero. El crecimiento económico experimentado por el país ha permitido mejorar la calidad de vida a sus habitantes. La evolución del Índice de Desarrollo Humano 3 (IDH) es prueba fehaciente de estas transformaciones. Entre 1980 y 2011 el índice de desarrollo humano de Chile creció considerablemente, pa- sando desde el 0,630 hasta el 0,805 de la actualidad (Figura 2), lo que ubica actualmente al país en el lugar 44, de los 169 países para los que se disponen datos comparables, situándose en el primer lugar de América Latina (PNUD, Informe de Desarrollo Humano Mundial, 2011). Efectivamente, este crecimiento económico ha permitido aumentar la espe- ranza de vida al nacer, disminuir la mortalidad infantil y disminuir la pobreza
1] En Chile a partir del año 1999 la metas de inflación se han fijado con una meta de inflación del 3% anual (Banco Central, La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas de Inflación,
2] Sigla en inglés del término “Libre a Bordo”, que describe la forma de tasar un bien cuando el precio del mismo no se incluyen los costos de exportación asociado a su traslado, como por ejemplo seguros y fletes.
3] El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Los parámetros del Índice son esperanza de vida al nacer para Salud, tasa de alfabetización y la tasa bruta combinada en educación primaria, secundaria y superior y los años de educación obligatoria para educación y el PIB per cápita PPA para nivel de vida digno. Chile tuvo un IDH de 0.805 en el año 2011 ubicándose en el lugar 44 del mundo, el valor mayor lo obtuvo noruega con 0.943.
4] Se consideró pobreza extrema a
las personas en estado de indigencia, estas son las personas cuyo ingreso
es insuficiente para satisfacer sus
necesidades básicas y alimentarias (Mideplan).
5] El índice de Gini, es un indicador que mide la desigualdad de ingresos, para su cálculo se ocupan los ingresos promedios en los hogares. Chile se ubica en el último lugar de la OCDE, con un índice de GINI de 0.5,
y el primero fue Eslovenia con un índice de Gini de 0.24
Comparación de las variaciones del PIB, Pobreza Extrema, Índice de Gini e Índice de Desarrollo humano.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mideplan (2009), PNUD, 2011 Mideplan y Casen años respectivos.
extrema 4 (Figura 2). Actualmente, la expectativa de vida de los chilenos llega a los 79,1 años y su tasa de alfabetización porcentual alcanza a 98,6% (PNUD,
2011). Asimismo, la mortalidad infantil es de 7,9 por cada mil nacidos vivos (MINSAL, 2009). Por otra parte, a pesar de los grandes avances en crecimiento económico y calidad de vida, los niveles de desigualdad siguen siendo muy altos. Chile ocu- pa el último lugar en materia de desigualdad de ingresos, entre los países de la OCDE, con un índice de 0.5 5, , lo que plantea un gran desafío para el futuro, un crecimiento económio más justo. Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia a la disminución de la desigualdad, como podemos apreciar (Figura 2), lo que ofrece un panorama alentador para los próximos años.
(Índice: 1990 = 1)
S.E. el presidente Sebastián Piñera se ha pronunciado claramente sobre este tema, al señalar que “…las desigualdades que vivimos en Chile son excesi- vas, están atentando contra lo que es la esencia de una sociedad, que es su cohesión y su armonía interna. Y se han hecho intolerables… yo diría que es imposible lograr un desarrollo con la armonía que se requiere en una sociedad como la chilena, ni es tampoco posible construir un proyecto del que todos se sientan parte y aprecien que se van a poder beneficiar de los beneficios, con estos brutales e inaceptables niveles de desigualdad que tenemos en nuestro
país”. Extracto discurso Diario La Segunda, Miércoles, 27 de julio de 2011
La desigualdad no solo tiene que ver con un tema de ingresos, también tiene una expresión ambiental, en lo que se denomina equidad o justicia ambiental y que está directamente relacionada con la mejora de la calidad de vida de las personas, desde la perspectiva ambiental. Los impactos ambienta- les afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables y es justamente ese progreso el fundamento y el horizonte último de las políticas públicas ambientales. De esta manera, a pesar de los aspectos positivos que derivan tanto del cre- cimiento económico y social, nuestro país y su población han sufrido – y sufren actualmente – contaminación en aire, agua y suelo, situación que no se condi- ce con el concepto de desarrollo que buscamos. Es por esto que requerimos, como país, llevar adelante un gran cambio cultural a fin de lograr que tanto el crecimiento económico como el social, consideren la dimensión ambiental en su desarrollo. Dicha tarea, requiere involucrar tanto al Estado como al sector privado y a la sociedad civil. En este sentido, el siguiente Informe del Estado del Medio Ambiente constituye un gran esfuerzo para generar y sistematizar información ambiental, que permita diagnosticar y tomar decisiones en política pública ambiental. Esperamos que este informe y las sucesivas actualizaciones del mismo ha- cia el futuro, constituyan una herramienta fundamental para la toma de deci- siones y para facilitar la comprensión de los fundamentos de las políticas pú- blicas medioambientales que el país emprenda. Asimismo, confiamos en que este informe sirva como una herramienta de difusión y educación ambiental, por parte de profesores y alumnos y que promueva una efectiva participación ciudadana.
María Ignacia Benitez Pereira Ministra del Medio Ambiente
La publicación del presente informe del estado del medio ambiente del país,
a dos años de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, representa un hito importante, a través del cual el país incorpora estándares internacionales de acceso a la información ambiental, considerada ésta como un ámbito distinto del acceso a la información pública y que resulta fundamental para promover
la participación ciudadana, mejorar las asimetrías de información y profundizar la democracia. De esta manera, este informe constituye un avance para facili- tar el acceso a la información ambiental de las personas, contribuyendo así a promover una sociedad más informada, que cuente con mayores herramientas para tomar decisiones y participar en los asuntos de interés común. Tal como lo establece el artículo 70, letra ñ) de la ley 19.300, es deber del Ministerio del Medo Ambiente, elaborar cada cuatro años informes del estado del medio ambiente, a nivel nacional, regional y local y un reporte consolidado sobre la situación del medio ambiente una vez al año. En este contexto, este informe tiene por objetivo entregar la mayor cantidad de información respecto
a los componentes del medio ambiente del país, buscando además dar cuenta
de la situación particular de las distintas regiones y/o comunas. Se trata, por tanto, de un informe de gran alcance, para el cual se requiere avanzar decidi-
Modelo Presión-Estado-
Fuente: Adaptación Modelo Presión-Estado-Respuesta, OECD Environmental Indicators, 2011.
Riesgos para la salud y calidad de vida de la población
damente en el levantamiento de información ambiental, especialmente a nivel regional y local. En este sentido, las secretarías regionales del Ministerio del Medio Ambien- te, tienen como gran desafío iniciar la elaboración de los informes del estado del medio ambiente, con el fin de dar cuenta de sus particulares problemas, su patrimonio ambiental y las acciones locales para proteger y conservar el medio ambiente y la salud de las personas. Precisamente, la SEREMI de la Región Me- tropolitana, ha iniciado la elaboración de su propio informe, el primero a nivel regional, el cual estará disponible durante el 2012. Por su parte, el reporte consolidado del medio ambiente, de frecuencia anual, tiene por objetivo analizar la evolución de los distintos componentes del medio ambiente, mediante indicadores que puedan ser actualizados y que permitan tener una visión más panorámica del estado del medio ambiente en el país. Los capítulos de este informe, están basados en el modelo Presión-Estado- Respuesta, el cual fue elaborado por la OCDE para el desarrollo de sus políticas ambientales e informes. Este modelo considera las relaciones entre las acti- vidades humanas y el medio ambiente, así como las acciones humanas que ejercen presión sobre el medio ambiente y cambian la calidad y disponibilidad de los recursos naturales (estado). Por su parte, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respues- ta) (OCDE, Environmental Indicators, 2011). En la figura 1 se puede observar de una forma más detallada el modelo Presión-Estado-Respuesta.
dio Ambiente y cursos Naturales ndiciones:
Aire/Atmósfera Agua Tierra/Suelo Vida Silvestre/Biodiversidad
Agente económicos,
La información utilizada proviene de distintos organismos públicos y priva- dos, que han cooperado con el Ministerio del Medio Ambiente, tanto para la construcción de indicadores ambientales, como para apoyar el análisis de este informe. Es importante señalar que, si bien el país cuenta con importantes avances en materia de registros e información ambiental, es necesario conti- nuar trabajando para generar estadísticas de mayor calidad, que permitan una adecuada toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas. Si bien los alcances de este informe pueden ser muy diversos, el objetivo fundamental es dar a conocer los principales problemas ambientales del país, estableciendo así un diagnóstico o estado del medio ambiente, para luego identificar los principales factores de presión o causas y, finalmente, dar cuen- ta de las estrategias o la respuesta para abordar dichos problemas. De esta forma, se busca motivar a la sociedad en su conjunto a tomar las medidas para proteger y conservar el medio ambiente. El informe comienza con la descripción del marco legal de la protección del medio ambiente, con el fin de dar cuenta de las reglas básicas que rigen y re- gulan el cuidado del medio ambiente, así como de los instrumentos de gestión ambiental que pueden ser utilizados en la estrategia de respuesta frente al diagnóstico señalado. El análisis propiamente tal está centrado en tres ejes ambientales principa- les: riesgos para la salud de la población y calidad de vida, patrimonio ambien- tal y cambios atmosféricos globales y en doce capítulos temáticos.
Riesgos para la salud de la población y calidad de vida
Acceso al Agua Potable y Alcantarillado
Suelos para Uso Silvoagropecuario
En primer lugar, se revisan los principales factores que pueden afectar la salud humana y la calidad de vida de la población, a través de un diagnóstico de cada uno de ellos, señalando sus causas y estableciendo luego las accio- nes para enfrentar cada problema. En concreto, se aborda la contaminación de aire, contaminación de suelos, residuos, ruido, acceso al agua potable y disponibilidad de áreas verdes. En segundo lugar, y siguiendo el mismo esquema, se estudia el patrimonio ambiental del país, esto es, la biodiversidad, el recurso hídrico, los suelos para uso silvoagropecuario y finalmente los cielos para la observación astronómica. Finalmente, se analizan los cambios atmosféricos globales como son el cam- bio climático y el agotamiento de la capa de ozono, para lo cual se entrega un diagnóstico sobre sus efectos en el país, así como sus causas y las acciones para enfrentar ambos temas. Para dar cuenta del estado de los distintos componentes ambientales, se han utilizado indicadores, acordes a la información disponible. Para mayor detalle, revisar en la sección final Indicadores.
El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación forma parte de las garantías constitucionales que la Constitución Política de Chile asegura a todas las personas, según da cuenta su artículo 19 N° 8, el cual establece asimismo el deber del Estado de “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, señalando finalmente que “la ley podrá estable- cer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Por su parte, en la garantía del derecho de propiedad en el numeral 24, la Constitución dispone que solo la ley podrá establecer las limitaciones y obliga- ciones que deriven de la función social de la propiedad, la cual incluye como una de sus causales, “la conservación del patrimonio ambiental”. Como forma de hacer efectivo el cumplimiento de la garantía citada, el artículo 20 de la Constitución consagra el recurso de protección en materia ambiental, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Pese al establecimiento formal de esta garantía constitucional, las presiones ejercidas al medio ambiente producto del crecimiento económico del país, han generado importantes problemas ambientales y un deterioro en la calidad am- biental. Estos problemas se incrementaron ante la inexistencia, hasta principios de los años noventa, de una política ambiental integral. Ello, en un contexto internacional en el cual la protección del medio ambiente y la necesidad de in- corporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo de los países fueron reconocidas como prioridades, tal como quedó establecido en la Declaración de Río, durante la Cumbre de La Tierra de 1992. En este marco y ante el reconocimiento de la imposibilidad de dar respuesta a la serie de problemas ambientales bajo la estructura regulatoria e institucio- nal existente, el año 1994 se promulgó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Ley N° 19.300, la cual creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), como órgano coordinador de las políticas ambientales del Estado. Este cuerpo normativo, inspirado en una política ambiental orientada al desa- rrollo sustentable, estableció directrices generales, reconociendo expresamente las competencias sectoriales en materia ambiental. Asimismo, estableció un
conjunto de disposiciones y definiciones legales, instrumentos de gestión am- biental, como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de regular la responsabilidad por daño ambiental y establecer el fondo de pro- tección ambiental. La política ambiental que originó la institucionalidad ambiental se basó en siete principios, expresamente reconocidos en el mensaje de la ley ambiental. Estos principios no solo dan coherencia y significado a los aspectos legales e institucionales, sino que también a los instrumentos de gestión ambiental, per- mitiendo entender su alcance y los objetivos perseguidos. En primer lugar y como principio inspirador de todo el derecho ambiental, el
principio preventivo, el cual apunta a evitar o reducir las situaciones de deterio- ro o de efectos negativos ambientales antes que ellas se produzcan. El principio el que contamina paga -derivado de la Tragedia de los Comunes-, de acuerdo al Mensaje de la Ley N° 19.300 “se funda en la idea de que el par- ticular que actualmente contamina, o que lo haga en el futuro, debe incorporar
a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar la con- taminación”, internalizando así las externalidades negativas ambientales que se puedan producir. El principio de la responsabilidad establece que el responsable por el daño ambiental debe reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a
una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. El principio de gradualidad reconoce la necesidad de observar moderación en la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, sin renunciar al cumpli- miento de los objetivos de largo plazo. El principio de realismo establece que los objetivos deben ser alcanzables, considerando la magnitud de los problemas ambientales existentes, la forma
y oportunidad en que se pretenda abordarlos y los recursos y medios con que
se cuente para ello. El principio de eficiencia contempla que las medidas que adopte la autoridad para enfrentar el deterioro ambiental han de ser las más efectivas al menor costo posible, privilegiando aquellos instrumentos que permitan una mejor asignación de los recursos. El principio de participación ciudadana, concebido en un amplio sentido, incluye la participación directa de los afectados y de las distintas partes inte- resadas en cada caso, tales como tomadores de decisión, organismos técni- cos, sectores público y privado, inversionistas públicos y privados, organismos científicos, organizaciones no-gubernamentales y ciudadanía en general. Así lo establece el Mensaje de la Ley 19.300, al señalar que “(este principio) es de vital importancia en el tema ambiental, puesto que para lograr una adecuada protección del medio ambiente, se requiere de la concurrencia de todos los afectados en la problemática”.
Modelo Coordinador
La dictación de la ley 19.300 constituyó un gran avance para el país, en tanto dio un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a los derechos
constitucionales relacionados con el ambiente. Esta ley, que entró en vigencia
el 9 de marzo de 1994, creó una institucionalidad a nivel nacional para abordar
los problemas ambientales existentes y evitar la generación de otros nuevos. Con este fin incorporó la regulación ambiental al desarrollo del país, estable- ciendo para ello instrumentos para una adecuada gestión. Tal como lo destacó el informe Evaluación del Desempeño Ambiental, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del año 2005, a diez años de gestión, además del avance en desarrollo institucional, Chile evidenció im- portantes logros como consecuencia de esta institucionalidad y del marco legal establecido. Así, destacan la reducción de la contaminación del aire, la imple- mentación de planes de descontaminación, el establecimiento y operación de un sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros temas relevantes. No obstante los avances, el modelo coordinador ambiental evidenció falta de peso político de la CONAMA dentro de la administración del Estado, así como problemas respecto a la implementación de instrumentos de gestión ambiental, principalmente porque las competencias ambientales seguían siendo sectoria- les y CONAMA carecía de facultades para resolver varios problemas ambientales. A su vez, otra de las desventajas del modelo coordinador es que muchas veces existió una contraposición entre los objetivos productivos y de fomento,
por parte de ministerios y servicios, versus los objetivos ambientales de la CO- NAMA y no una real política de desarrollo sustentable por parte del Estado. Lo anterior se debió no solo por una falta de peso político de la CONAMA al no ser un ministerio, sino que también a la falta de una adecuada separación de las funciones de regulación ambiental, fiscalización y fomento productico, sumado
a la falta de incentivos para alcanzar una efectiva coordinación intersectorial. Junto a los problemas de coordinación, en términos de gestión, CONAMA se enfocó principalmente a administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en desmedro de otros instrumentos regulatorios. En este contexto y ante la serie de exigencias internacionales respecto a es- tándares de desempeño ambiental y transparencia y acceso a la información, la reforma a la institucionalidad ambiental aparecía como una necesidad inob- jetable. De esta manera el Ejecutivo ingresó el 5 de junio de 2008 el proyecto de ley, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Rediseño de la Institucionalidad Ambiental
Luego de una ardua tramitación parlamentaria que permitió llegar a un consenso político en cuanto a la inclusión en la institucionalidad nueva de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y de Tribunales Ambientales, el 26 de enero de 2010 se publicó la ley 20.417. Entre los objetivos sustanciales incorporados en la reforma, se pueden mencionar el fortalecimiento de la generación de información ambiental y su publicidad, la incorporación de nuevas instancias de participación y mayor legitimación participativa, principalmente en el SEIA, la incorporación de com- petencias en materia de cambio climático, organismos genéticamente modifi- cados, fortalecimiento de la gestión ambiental local, entre otros. Entre los aspectos más relevantes de la modificación, destaca la diferen- ciación entre las funciones de regulación y diseño de políticas; de gestión y
administración de la evaluación y las de fiscalización ambiental integrada. Con este fin, tal como se mencionó anteriormente, se crearon tres órganos distin- tos: un Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia del Medio Ambiente. Cabe señalar que uno de los ejes centrales de este diseño institucional es el establecimiento de una fiscaliza- ción más eficiente y eficaz, incorporando mayores incentivos al cumplimiento de la normativa y las exigencias ambientales, de modo de prevenir de mejor forma el deterioro del medio ambiente. De acuerdo con el artículo 69 de la ley 19.300 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, como una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de
la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos. Por su
parte, el artículo 70 estableció las competencias de este Ministerio, las cuales si se comparan con las competencias que tenía la CONAMA, son más amplias
y de mayor alcance.
Funciones CONAMA
ambientales e informar sobre su avance y cumplimiento.
con autoridades com- petentes en programas de educación y difusión ambiental.
un Sistema Nacional de Información Ambiental, desglosada regionalmente.
Supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE) y las Áreas Marinas Costeras de Múltiples Usos (AMCP-MU).
Regularen materia de residuos, suelos contaminados, evaluación de riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y cambio climático.
Tomar acciones para favorecer recuperación y conser- vación de recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los paisajes ecosistemas y espacios naturales etc.
Con autoridades competentes a nivel nacional, regional y local, en programas de educación, promoción y difusión ambiental.
Con Ministerios sectoriales en formulación de criterios ambientales para ser incorporados en planes y políti- cas, EAE y procesos de planificación.
Con organismos competentes en formulación de políti- cas ambientales relativas a RRNN renovables e hídricos.
El Registro de Emisiones y Transferencias (RETC). Un sistema nacional de información ambiental
Información de programas de monitoreo de calidad del aire, agua y suelo.
Y ejecutar estudios de investigación, protección
y conservación de la biodiversidad, y administrar base de datos sobre biodiversidad.
Estudios y recopilar información para determinar la línea de base ambiental del país, elaborar cuentas ambientales y la capacidad de carga de cuencas.
Cada cuatro años informes sobre estado del medio ambiente, y reportar anualmente situación del medio ambiente.
Un sistema de información pública sobre cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental vigente.
Generar y recopilar información
técnica y científica para la prevención de la contami- nación y la calidad ambiental.
proceso de generación de normas de calidad Ambi- ental, normas de emisión
materias relacionadas con el medio ambiente.
como organo de consulta, analisis, comunicación y
en materias relacionadas con medio ambiente
proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la preservación de la natura- leza y la conservación del patrimonio ambiental.
y presidir comités y sub- comités operativos.
Interpretar administrativamente normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención o descontaminación.
Coordinar proceso de generación de normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención o descontaminación , determinando los programas para su cumplimiento.
Participar en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de políticas y planes que promuevan diversos organos de la administración.
Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y Municipalidades para adoptar medidas para la conservación del m.a, edu- cación ambiental y participación ciudadana.
Fomentar y facilitar la participación ciudadanas en la formulación de políticas, planes, normas de calidad ambiental, de emisión y en proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
Realizar y fomentar capacitación y actualización técnica del Ministerio.
Participar en elaboración de presupuestos ambientales sectoriales y en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
Velar por cumplimiento de convenciones internacionales en materia ambiental y ejercer como contraparte.
Velar que los organismos competentes del Estado elaboren y mantengan actualizado un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres.
Exigir, cuando corresponda, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de recursos naturales.
Proporcionar los medios materiales para el funcionamiento del Con- sejo de Ministros por la Sustentabilidad.
ción del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambien- tal y la participación ciudadana.
Financiar proyectos y actividades orientados a la protec-
Crear y presidir comités y subcomités operativos.
Asimismo, en la discusión parlamentaria surgió la idea de crear tribunales especializados que no solo fueran un contrapeso a las facultades de la Super- intendencia del Medio Ambiente, sino que también ejercieran una jurisdicción
especializada y con jueces expertos para conocer el contencioso administrativo ambiental y las causas de responsabilidad por daño ambiental. Tras una larga discusión, proyecto de ley fue aprobado por el Congreso el 19 de enero de
A diferencia del modelo anterior, esta nueva institucionalidad se basa en un modelo híbrido, que combina la función de coordinación, diseño y aplicación de políticas públicas ambientales a cargo de un Ministerio del Medio Ambiente, con la función transversal y de deliberación de la política pública sustentable del Estado, a cargo de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Este Consejo, no solo propone al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renova- bles, incorporando criterios de sustentabilidad, sino que también se pronuncia sobre los proyectos de ley y actos administrativos, cualquiera sea el ministerio de origen, que contengan normas de carácter ambiental. De esta forma, este órgano debe evaluar materias que dicen relación con la sustentabilidad del país, por lo que su existencia implica la incorporación de aspectos de susten- tabilidad en el diseño de la política pública chilena en general. Con todo, sigue pendiente la regulación de los temas de biodiversidad y rediseño del sistema de áreas protegidas. Para lo anterior, actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto que regula instrumentos de gestión en biodiver- sidad, tanto dentro de las áreas protegidas como fuera de ellas. La aprobación de este proyecto de ley significará poder completar el rediseño completo de nuestra institucionalidad ambiental.
Secretaría de Estado encargada de las políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable , la integridad de la política ambien- tal y su regulación normativa.
Ley 20.417 (2010)
Servicio público encargado de la administración del SEIA.
Servicio público encargado de la fiscalización ambiental y de sancionar en casos de incumpli- mientos ambientales.
Propone al Presidente de la República las po- líticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, incorporando criterios de sustentabilidad y pro- nunciándose acerca de los actos administrativos de carácter ambiental de la administración del Estado.
Órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medio ambientales de su competencia y ocuparse de los demás asun- tos que la ley somete a su conocimiento.
Proyecto aprobado por el Congreso (2012). En Tribunal Constitucional
Servicios de Biodiversidad y áreas protegidas
Servicio público especializado a cargo de la administración de las áreas protegidas del país y de la protección de su biodiversidad.
El siguiente organigrama presenta la estructura de la institucionalidad ambiental.
Cumplimiento y sanción
A la Superintendencia del Medio Ambiente le corresponde ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fisca-
lización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descon-
taminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de
Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.
De acuerdo con la ley, los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, deberán
adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca, en relación a la forma de ejecutar las
actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a ésta que se pronuncie al respecto.
Entre las funciones y facultades de la Superintendencia, se encuentra la de imponer sanciones. El proceso
sancionatorio puede iniciarse de oficio, a petición de un órgano sectorial o por denuncia.
Antes - CONAMA
Hoy - MMA
UTA 10.000
Revocación Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
Revocación RCA
Institucionalidad Ambiental Sectorial
La gestión ambiental del sector público se entiende como el conjunto de
acciones realizadas en las instituciones de la Administración del Estado, con
la finalidad de coordinar y dar coherencia a las decisiones que se adopten y
acciones que se realicen. En este sentido, la ley 19.300 le entrega expresas facultades al Ministerio del Medio Ambiente y al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para que las políticas productivas del Estado sean llevadas a cabo conforme al concepto del desarrollo sustentable. Así, al Ministerio del Medio Ambiente le correspon-
de colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas
y planes, evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación,
así como en la de sus servicios dependientes y relacionados. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente ha de colaborar con los organismos compe- tentes en la formulación de las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables e hídricos, así como en la determinación de los efectos y el establecimiento de medidas necesarias de adaptación y mitigación del cambio climático, a nivel nacional, regional y local. Otra función importantísima del Ministerio del Medio Ambiente en este sentido, radica en su participación en la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, promoviendo su coherencia con la política ambiental nacional. El tipo de acciones que se ejecutan en los diferentes servicios tienen rela- ción con:
π Planificación Ambiental (formulación de políticas ambientales, elaboración de planes y programas, evaluación de impacto ambiental, coordinación de asuntos ambientales).
π Regulaciones (establecimiento de normas ambientales, autorización (am- biental) de proyectos y actividades, determinación y administración de car- gas e incentivos económicos).
π Control Ambiental (fiscalización ambiental, monitoreo y vigilancia ambiental, control técnico y legal, tri- bunal ambiental).
π Formación Ambiental (investigación ambiental, información ambiental, educación ambiental, capacita- ción ambiental).
π Prestación de Servicios Ambientales (prestación de asistencia técnica ambiental, prestación de asistencia financiera ambiental, producción de servicios ambientales).
π Reparación de Daños Ambientales (reparación de daños al medio ambiente, reparación de daños pro- vocados por fenómenos naturales críticos o desastres).
π Servicios más relevantes en la gestión ambiental
Dependencia o sector
Instancia de normativa directa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Proponer la política pesquera y sus formas de aplicación. Dirige y coordina las actividades que corresponde realizar al Estado en relación con el sector pesquero.
Servicio Nacional de Pesca (SERNA- PESCA)
Es el órgano administrativo del Ministerio de Economía, Fomen- to y Reconstrucción
Ejecutar la política pesquera nacional, normar la actividad pesquera y fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, debe velar por la debida aplicación de las nor- mas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos.
Servicio Nacional de Turismo (SER- NATUR)
Servicio que tiene representa- ción en todas las regiones del país y depende del Ministe- rio de Economía, Fomento y Turismo.
Tiene responsabilidades en la preservación del patrimonio artístico e histórico.
Depende del Ministerio de Obras Públicas.
Planificar el desarrollo del recurso hídrico en las fuentes naturales, para formular recomendaciones sobre su aprove- chamiento; investigar y medir el recurso; y vigilar las aguas y supervisar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios.
Superintendencia de Servicios Sani- tarios (SISS)
Estudiar, proponer y controlar el cumplimiento de nor- mas técnicas sobre diseño, construcción y explotación de servicios sanitarios y residuos líquidos industriales en todo el país. Además, debe informar sobre el otorgamiento de concesiones, ampliación o modificación de las mismas y aplicar sanciones a los prestadores de servicios sanitarios que infrinjan la legislación existente.
Contribuir a la conservación, incremento, manejo y apro- vechamiento de los recursos forestales del país. También, debe procurar el adecuado manejo y aprovechamiento de los bosques que se establezcan por acción directa o indirecta de la Corporación, y elaborar y ejecutar planes nacionales y regionales de protección y conservación de los recursos forestales del país.
Depende del Ministerio de Agricultura
Contribuir tanto al desarrollo silvoagropecuario del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud de los animales y vegetales, así como el control del
estado sanitario de éstos y de los productos, subproductos
derivados que puedan ser causantes o portadores de enfermedades o plagas que afecten tales recursos.
Asegurar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. Le corresponde velar para que se eliminen
controlen todos los factores, elementos o agentes del
medio ambiente que afecten la salud, seguridad y bienestar
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNA- GEOMIN)
Entidad asesora al Ministro de Minería
Difundir información sobre la existencia, desarrollo y conservación de los recursos minerales del país, así como sobre factores geológicos que condicionan el almacena-
miento, escurrimiento y conservación de las aguas, vapores
gases subterráneos en el territorio nacional.
Consejo de Monu- mentos Nacio- nales
Autorizar en las zonas declaradas "santuarios de la natu- raleza" trabajos de construcción o excavación, o cualquier actividad que pudiera alterar su estado natural. No tiene representación regional.
Promover la adecuada explotación de las tierras indígenas; velar por su equilibrio, y por el desarrollo económico y social de sus habitantes a través del Fondo de Desarrollo Indígena; y, en casos especiales, solicitar la declaración de "área de desarrollo indígena". Además, debe velar por la preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias, y promover estudios e investigación al respecto.
Desarrollo Indí-
dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN)
Subsecretaría de Transportes, del Ministerio de Transportes y Te- lecomunicaciones
Encargada de determinar los requisitos que deberán cum- plir los establecimientos que realicen revisiones técnicas de vehículos, así como de los procedimientos técnicos a que deberán ceñirse tales revisiones y los niveles máximos de emisión de contaminantes que se permitirá.
Principales Instrumentos de Gestión Ambiental
La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su modificación por la Ley 20.417 contempla los siguientes instrumentos de gestión ambiental:
Como herramienta en la toma de conciencia de los problemas
ambientales y el desarrollo de hábitos y conductas tendientes
su prevención y solución.
Relacionado con el financiamiento de proyectos de investi- gación científica, desarrollo tecnológico y social relativos al medio ambiente.
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) e Informe del estado del medio ambiente.
Absolver consultas que le formule el Ministro del Medio
Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidas
su conocimiento. Asimismo podrá pronunciarse, de dicho
oficio, sobre temas ambientales de interés general y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministerio y la Ley.
Mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad organizada en procesos normativos y de califica- ción de los estudios de impacto ambiental
Procedimiento realizado por Ministerio sectorial para incor- porar consideraciones ambientales al proceso de formulación de políticas y planes. En el caso de los instrumentos de pla- nificación territorial, dicho procedimiento es obligatorio. Este objetivo se logra a través de informes ambientales remitidos al Ministerio del Medio Ambiente para su observación.
Referidas a la cantidad máxima permitida para un contami- nante medida en el efluente de la fuente emisora, indicando su ámbito de aplicación territorial.
Referidos al uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies clasificadas por el RCE.
Planes de prevención y descontaminación (PM, PPDA)
Referidos al uso y aprovechamiento sustentable de recursos naturales renovables, y las medidas de gestión requeridas en zonas latentes o saturadas para la reducción de las concen- traciones de contaminantes
aplicado a proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, los que podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de dicho impacto
Permisos de emisión transables, Impuestos o subsidios e Informa- ción al consumidor.
No utilizados aun de forma extensiva en el control de la con- taminación ambiental en Chile.
π Educación Ambiental
No hay libertad ni responsabilidad sin educación. Como ciudadanos, es a través de la educación que aprendemos a hacer elecciones en nuestra vida diaria. (PNUMA, 2010 p.6) Desde hace más de cincuenta años, la educación es reconocida como un instrumento fundamental para contribuir a mejorar los graves impactos gene- rados por el ser humano al medio ambiente y así promover el desarrollo sus- tentable. A nivel mundial, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, se ha
llegado al acuerdo sobre la necesidad de potenciar el conocimiento, el cuidado
y protección del medio ambiente, con el fin de generar conductas que valoren su importancia y relación con la vida de las personas. Posteriormente en la Cumbre de Río de Janeiro (1992), en su agenda 21,
y en la Cumbre de Johannesburgo (2002) se definió que: “La educación es
fundamental para lograr el Desarrollo Sustentable”, para lo cual los gobiernos se comprometieron a mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal en la economía y en la sociedad (Naciones Unidas, 2002 p.112). De esta manera, una educación que incluya la variable ambiental, en primer término, posibilita el necesario reconocimiento de la vital relación entre ser humano y medio ambiente, y en segundo término, reconoce que el proceso de aprendizaje es fundamental para influir en la conducta, valores, modo de vida, ocupación, alimentación y costumbres, que permitan reducir el nivel de impacto de las actividades diarias en el entorno. Desde el punto de vista social, la educación ambiental se asienta en la cons- tatación de que los impactos humanos sobre la naturaleza vienen determina- dos por los modelos éticos y socioeconómicos. Consecuentemente, promueve cambios de valores y de criterios para orientar a la humanidad hacia una mejor calidad de vida y un desarrollo sostenible que alcance a todos los habitantes de la Tierra. (NOVO, S.F. p.3) De manera consecuente con el reconocimiento del valor de la educación ambiental a nivel internacional, en Chile, desde la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en 1994 y luego tras su modificación en 2010, se definió que constituye un instrumento de la gestión ambiental, definiéndola como un “proceso permanente de carácter interdisci- plinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante” (Artículo 2 letra h). De acuerdo con este marco legal, el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de con- ceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma
de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos" (Art. 6°). El mismo cuerpo jurídico en su título final, artículo 70, letra m, señala que el Ministerio deberá “colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, desarrollo susten- table, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambien- tal, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias”. En este contexto, para abordar la Educación Ambiental se han impulsado áreas de trabajo que permitan abrir espacios de interlocución con actores claves de la gestión ambiental local y de la educación formal, tales como organizaciones sociales territoriales y funcionales, del sector productivo (pú- blico y privado) y de comunidades aledañas a los establecimientos educativos. Estas líneas de trabajo son desarrolladas a través de las Mesas de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS), el Sistema Na- cional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE), el Proyecto de Educación Ambiental Territorial (PRODEEM) (CONAMA-JICA), el Club de Forjadores Ambientales, el Fondo de Protección Ambiental y la Participación Ciudadana en los Instrumentos de Gestión Ambiental.
En este contexto, el 09 de abril del año 2009 se aprobó la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable y, en el marco de ésta, se constituyó un equipo interministerial, compuesto por 11 ministerios, encargados de la elaboración del Plan de Acción Nacional de la Política, dando de esta manera una mayor coherencia en el accionar del sector público en esta materia. Más recientemente, en el año 2010, se realizó el levantamiento de infor- mación que permitió construir el Diagnóstico de Educación para el Desarrollo Sustentable desde la mirada del servicio público. Uno de los principales ha- llazgos de esta medición fue constatar el despliegue de programas públicos de carácter “ambiental” en todos los servicios participantes. El 60% de los progra- mas reflejó una transversalidad en contenidos ambientales. Asimismo, el 47% de los programas apuntaron al eje “sociocultural” lo que pone en evidencia la importancia que cobra el trabajo y el despliegue público que atiende a la ciudadanía en su conjunto. El Plan de Acción para la Educación Ambiental constituye la materialización de los objetivos de la Política Nacional de Educación. El plan está orientado a comprometer a los actores sociales en el desarrollo ambiental del país, a través de la construcción de redes y alianzas tanto públicas como privadas, que permitan ampliar la cobertura territorial, así como generar contenidos y herramientas que fortalezcan las prioridades y lineamientos ambientales del programa de gobierno, con el objetivo de mejorar la educación ambiental, la gestión ambiental y la participación ciudadana en Chile. Este plan contempla objetivos y acciones, según el ámbito de aprendizaje:
educación formal (desarrollada en ámbitos pre-escolar, escolar y educación superior), no formal (formación a través de otras instituciones u actores) e in- formal (medios de comunicación). A continuación se presentan las iniciativas desarrolladas, así como los actores involucrados.
Promover la educación ambiental a nivel escolar y técnico profesional.
Sistema Nacional de Certificación Am- biental de Estableci- mientos Educativos (SNCAE)
Comunidad escolar (directivos, profesores, estudiantes, centro de padres y apoderados, auxiliares) y entorno social (juntas de veci- nos, municipalidades, familias)
Crear competencias en el mundo público-privado en materias ambienta- les
Capacitación público-
Profesores, empresarios, trabajadores, profesionales, funcionarios y ciudadanía organizada.
Impulsar la participación y liderazgo ambientales en niños, jóvenes y adultos.
Club de Forjadores Ambientales
Ciudadanía en general que se encuentre agrupada de manera formal o informal.
Apoyar, promover e impul- sar iniciativas y acciones orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, la preserva- ción de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.
Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales; organizaciones sindicales; coope- rativas; comunidades agrícolas; asociaciones gremiales y organismos no gubernamentales. Universidades públicas y privadas, y centros de investigación. Comunidades y asociaciones Indígenas registradas en la CONADI.
Instalar capacidades en ma- teria de gestión ambiental en los municipios del país, por medio del Sistema de Certificación Ambiental Municipal.
Sistema de Certifi- cación Ambiental Municipal.
Año 2011, 33 municipios en 8 regiones.
Fortalecer la articulación entre los distintos actores en el proceso de desarrollo de gestión ambiental y la participación pública a nivel local, y generar cambio de hábitos en las poblacio- nes.
Capacitación y talle- res para el desarrollo de conciencia y hábi- tos ambientales en la ciudadanía
Sociedad civil; ONG; organizaciones sociales de base, juntas de vecinos; municipalidades.
Iniciar un proceso de inte- gración del factor ambiental en barrios, para fomentar conductas sustentables en los vecinos.
Municipalidades, juntas de vecinos, comuni- dad organizada.
Involucrar a la ciudadanía en los instrumentos de
gestión ambiental (Normas, Planes, Políticas, Estrate- gias) en el marco de la Ley
dadana, sistema
Sociedad civil; ONG; organizaciones sociales de base, juntas de vecinos, sector público y privado.
electrónico e-pac
Sensibilizar a las personas en la preservación y cuida- do del medio ambiente.
Celebración de las efemérides ambien- tales
Difundir y promover acciones y experiencias ambientales nacionales e internacionales.
Ciudadanía en general, profesionales que trabajan en educación ambiental.
Uno de los principales instrumentos de gestión establecidos por la ley 19.300, corresponde a la dictación de normas de calidad ambiental primarias y secun- darias, mediante las cuales es posible definir la calidad ambiental para los distintos componentes. Las normas primarias establecen valores de concentraciones y periodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, deri- vados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o com- binación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Estas normas tienen alcance nacional. En tanto, las normas secundarias de calidad ambiental son aquellas que establecen los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protec- ción o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza. Estas normas pueden ser sitio específicas. Los objetivos de calidad ambiental definidos tanto por normas de calidad am- biental primaria y secundaria, no responden solamente a parámetros técnicos, sino que también a otros aspectos tales como los económicos y sociales, que también deben ser ponderados. Los decretos supremos que promulgan las normas primarias de calidad am- biental llevarán la firma del Ministro del Medio Ambiente y del Ministro de
(1), (2), (3) y (4) etapas Art. 32,
Resolución de Inicio Proceso (Publicación)
Plazo recepción de antecedentes (< 70 días)
Crea expediente público
Estudios Científicos y Técnicos (1)
Formación Comité Operativo
(Ampliado Opcional)
Resolución Aprobació Anteproyecto (Publicación)
Consulta Pública (3) Consulta a Consejos
Consultivos (3)
Análisis General de Impacto Económico y Social (2) 50 días Dpto. Economía Ambiental
Análisis de Observaciones Formuladas (4)
Elaboración del Proyecto Definitivo
Presentación Proyecto Definitivo al Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad
Sometido a Consideración del Presidente de la
PROCESO DE REVISIÓN Cada 5 años (DS N°93/05, artículo 36)
Salud. En el caso de las normas secundarias de calidad ambiental y de las normas de emisión, además del Ministro del Medio Ambiente, se requiere para su promulgación la firma de los ministros sectoriales competentes (agricultura, economía, etc.). El procedimiento obligatorio para la aprobación de estos instrumentos con- sidera a lo menos las siguientes etapas: análisis técnico y económico, desa- rrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes, públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas y una adecuada publicidad. Si las concentraciones de contaminantes en el aire, agua o suelo, en las áreas reguladas, se sitúan entre el ochenta y el cien por ciento del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, esta zona se considera como latente por contaminación. Si definitivamente se supera el límite establecido la zona podría declarase como saturada por contaminación previo estudio. Los Planes de Prevención o Descontaminación, son instrumentos correcti- vos, destinados a enfrentar los problemas de contaminación, previa dictación de zona “latente” o “saturada”. La calificación "latente" o "saturada" tiene
Monitoreo de calidad del aire (1 a 3 años)
Decreto que declara una zona saturada (6 meses)
Proceso de elaboración de un Plan (2 años)
π Resolución de inicio de anteproyecto
π Elaboración del Anteproyecto
π Publicación del Anteproyecto en el diario oficial
π Consulta Pública (60 días)
π Elaboración del Proyecto Definitivo
π Presentación a Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
π Firma de S.E Presidente de la República
π Revisión del Decreto Supremo a Contraloría
π Publicación Diario Oficial del Plan
como fundamento las mediciones realizadas o certificadas por los organismos públicos competentes. El procedimiento está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y corresponde a esta institución la elaboración de los planes de pre- vención o descontaminación, siguiendo las mismas etapas que existen para aprobar normas de calidad ambiental. Los planes deben contener plazos para alcanzar las metas de reducción de emisiones, responsables de cumplimiento, autoridades responsables de la fiscalización, un estimado de los costos económicos y sociales, y la propuesta, cuando sea posible, de mecanismos de compensación de emisiones. Los planes de prevención y de descontaminación pueden utilizar los siguien- tes instrumentos regulatorios o económicos, según corresponda:
π Normas de emisión
π Permisos de emisión transables
π Impuestos sobre emisiones o tarifas a usuarios que consideren los costos ambientales implícitos en la producción o uso de ciertos productos o servicios
π Otros incentivos que promuevan acciones de manera de mejorar y restaurar el medio ambiente.
π El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es el principal ins- trumento de carácter preventivo considerado en la ley, el cual fue reforzado a través del Decreto Supremo Número 95 (2001) que estableció su Reglamento. Mediante este sistema se busca el mejoramiento ambiental de los proyectos o actividades, a través de la formulación de observaciones de los servicios con competencia ambiental. El procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes y en el caso de los estudios, si además se hacen cargo de los impactos ambientales a través de medidas de mitigación, com- pensación y reparación adecuadas. El artículo 10 de la ley 19.300 establece cuáles son los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación, lo que no podrán ejecutarse o modificarse sin la previa evaluación de su impacto ambiental a través de este sistema. Algunos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, corresponden a:
π Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la auto- rización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenaje,
desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cur- sos naturales de aguas;
π Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones;
π Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW;
π Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas;
π Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas com- prendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y dis- posición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda
π Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engor- da de animales, de dimensiones industriales;
π Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimen- siones industriales;
La forma de ingreso de un proyecto al SEIA puede ser a través de una De- claración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De acuerdo con el artículo 11 de la ley, los proyectos que deben presentar un EIA son aquellos que puedan generar impacto a la salud de las personas o al medio ambiente, así como la cantidad o calidad de los recursos naturales renovables o alteraciones significativas al paisaje, a los sistemas de vida de comunidades humanas, a monumentos o sitios pertenecientes al patrimonio natural o que por su ubicación puedan afectar poblaciones, áreas o zonas protegidas o destinadas a la conservación. Someter un proyecto o actividad al SEIA permite acreditar el cumplimiento de la normativa y obtener las autorizaciones ambientales respectivas. La Ley dispone que los proyectos o actividades en ella señalados, sólo podrán ejecu- tarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, y que todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo a la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, serán otorgados a través del SEIA. Esta evaluación y su aprobación incluyen las condiciones bajo las cuales se otorgarán permisos específicos durante la im- plementación del proyecto, como también eventuales trabajos de mitigación, reparación y compensación. Luego del análisis, los proyectos regionales son calificados por una Comisión de Evaluación Ambiental presidida por el Intendente e integrada por los Se- cretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Desarro-
llo Social, y el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien actuará como secretario. En el caso de proyectos que puedan causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, ellos serán calificados por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. De acuerdo con la ley, si la evaluación es favorable, ningún organismo del Estado puede negar las autorizaciones ambientales pertinentes; por el contra- rio, si el pronunciamiento es negativo, esos mismos organismos deben dene- garlas. Debe notarse que la respectiva resolución ambiental de la Comisión de Evaluación o del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, está basada en la opinión que los correspondientes organismos del Estado tengan, producto de la revisión que ellos hagan de los correspondientes documentos, Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental. El proceso de evaluación considera un plazo de 120 días para el pronun- ciamiento respecto de los estudios de impacto ambiental, período en el cual se pueden solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones del estudio y, producto de ello la suspensión del plazo establecido para finalizar el proceso.
PROCESO O ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
sectorial, gobierno
ICSARA 1
1] Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y /o Ampliaciones
2] Resolución de Calificación Ambiental
En tanto, la ley establece un plazo de sesenta días para el pronunciamiento respecto a las Declaraciones de Impacto Ambiental. De la misma forma, este período incluye aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, que también sig- nificará una suspensión del plazo que resta para finalizar el proceso de eva- luación.
π Participación ciudadana
La Ley señala que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana en materias vinculadas a la protección del medio ambiente. De esta forma, asegu- ra mecanismos mínimos de participación ciudadana en tres áreas: en el proce- so de generación de normas, planes y regulaciones de carácter ambiental; en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; y en el uso del derecho para efectuar denuncias por eventuales infracciones a la normativa ambiental. En cuanto a la Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Im- pacto Ambiental, la ley establece algunos mecanismos mínimos que aseguren la participación, sin perjuicio de otros que además se puedan utilizar para estos fines. Los mecanismos mínimos disponen que el proponente debe publi- car un extracto del estudio en el Diario Oficial y en un periódico de circulación regional o nacional, según sea el caso. Adicionalmente, cualquier persona, natural o jurídica, pueden conocer el contenido de los proyectos, con excepción de los antecedentes necesarios para proteger invenciones o procedimientos patentables y presentar observaciones que el Servicio de Evaluación Ambiental considerará como parte del proceso de calificación, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Si las observaciones no son debidamente consideradas, quienes las hayan presentado pueden reclamar ante la autoridad. Asimismo, las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, en su caso, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se pre- senten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. El derecho de los ciudadanos a efectuar denuncias por infracciones Ambien- tales está destinado a detener conductas contrarias a las normas vigentes. Los directamente afectados pueden ejercer la acción indemnizatoria ordinaria y, a su vez, la acción reparatoria, para obtener la reparación del medio ambiente dañado. Lo anterior, ante los Tribunales Ambientales. Por otra parte, la Ley establece los Consejos Consultivos, los cuales deben absolver las consultas que le formule el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, así como emitir opiniones sobre
los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, planes de prevención y descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión. Asimismo, la Ley establece los Consejos Consultivos Regionales, los cuales deben absolver las consultas que le formu- len el Intendente, el Gobierno Regional, y el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. Junto con lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un sitio electrónico que permite recoger las observaciones, opiniones y sugerencias que presenta la ciudadanía sobre la generación o modificación de planes de prevención o descontaminación y/o sobre normas ambientales, ya sean de calidad o emisión.
Gestión Ambiental de los Municipios
La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente otorga ciertas facultades a los municipios y les entrega autoridad principalmente en lo que dice relación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En relación con la fiscalización, las municipalidades recibirán las denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y las pondrán en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para que ésta le dé curso. De manera complementaria, la Ley Orgánica Constitucional de Municipali- dades, establece varias funciones relacionadas con el ambiente. Entre ellas destacan:
π La aplicación de disposiciones sobre transporte y tránsito público y sobre construcción y urbanización dentro de la comuna, de acuerdo con las leyes y las normas del ministerio respectivo.
π La planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal y del Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales.
π El aseo y ornato de la comuna.
π Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente.
π Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia.
π Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe al Ministerio del Medio Ambiente.
Por otra parte, cabe señalar que Chile también ha participado activamente en la agenda internacional para el desarrollo sustentable y, en este contexto, forma parte de la mayoría de los acuerdos ambientales multilaterales estable- cidos desde 1990.
Convención entró en vigor en 1982 como parte del Sistema del
Tratado Antártico, de conformidad con las disposiciones del artículo
del Tratado. En su establecimiento primó la necesidad de conside-
rar las graves consecuencias del aumento de las capturas de kril en
Océano Austral, en las poblaciones mismas de kril y en la fauna
marina, especialmente en aves, focas y peces que dependen en gran parte del kril para su subsistencia.
(COPs) tiene como objetivo proteger la salud humana, facultando a la partes firmantes para adoptar las medidas jurídicas, administrativas y/o instrumentos de regulación que estimen convenientes para redu- cir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización
intencionales de los denominados Contaminantes Orgánicos Peristen- tes (COPs), sustancias químicas que se utilizan como plaguicidas o en la industria, o se producen de manera no intencional a partir de ciertas actividades humanas (procesos de combustión o incineración, entre otros).
Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula
estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambiental-
mente racional de los mismos, particularmente su disposición.
Convención tiene por objetivo conservar especies migratorias
terrestres, marinas y aves a través de su rango de distribución. Dicha convención es un tratado internacional que se enmarca en el Progra- ma Ambiental de Naciones Unidas.
de Ozono (SAOs) es un tratado internacional que tiene como objetivo proteger la capa de ozono mediante el control de producción de las sustancias degradadoras de la misma.
El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimien- to Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional, tiene como objetivo promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos con- juntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños.
Esta Convención se aplica al mar al sur de los 60º de Latitud Sur, y abarca las siguientes especies: Elefante marino (Mirounga leonina), Leopardo marino (Hydrurga leptonyx), Foca de Weddell (Leptonycho- tes weddelli), Foca cangrejera (Lobodon carcinophagus), Foca de Ross (Ommatophoca rossi), Lobo de dos pelos (Arctocephalus sp).
Convención sobre el Comer- cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
La CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de espe- címenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.
El Tratado Antártico fue suscrito en Washington el 1º de diciembre de 1959, entrando en vigencia el 23 de junio de 1961. Los países firmantes (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América) firman este conve- nio bajo el convencimiento de que un Tratado que asegure el uso de la Antártica exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártica promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.
El Convenio busca establecer un sistema de reglamentación interna- cional para la pesquería ballenera a fin de asegurar la debida y efecti- va preservación y aumento de las existencias balleneras a base de los principios formulados en las disposiciones del Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, firmado en Londres el 8 de junio de 1937, y los protocolos de ese Convenio, firmados en Londres el 24 de junio de 1938 y el 26 de noviembre de 1945.
El Convenio sobre Diversidad Biológica tiene como objetivo la con- servación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transfe- rencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conserva- ción y uso racional de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 158 Partes Contratantes en la Convención y 1755 humedales, con una superficie total de 161 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar.
El objetivo de la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertifi- cación, en Particular en África, es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados, en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación interna- cionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Progra- ma 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas.
Convención Marco de las Nacio- nes Unidas sobre Cambio Climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti- co tiene por objetivo reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático. En 1997 dio origen al Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más jurídi- camente vinculantes respecto de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Comisión Nacional Del Medio Ambiente (CONAMA), 2009. Política Nacional de Desarrollo Sustentable. Santiago de Chile: CONAMA. Comisión Nacional Del Medio Ambiente (CONAMA). Sistema Nacio-
nal de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Disponible en: www.mma.gob.cl/educacionambiental/
Ministerio de Salud, 2009
gión y comuna de residencia de la madre en chile. Disponible en www.deis.cl Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2001. Decreto Supremo N° 95. En: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago de Chile: Diario Oficial. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2010. Ley 19.300, modificada por Ley 20.417 de 2010. En: Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Santiago de Chile: Diario Oficial. Naciones Unidas, 2002. Informe de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesbugo. Nueva York: Naciones Unidas. Novo, M. (S.F). Los vínculos escuela/medio ambiente: la educación am- biental. Disponible en: www.unioviedo.es/site09/Addendas/Novo3.pdf (Acce- sado en octubre de 2011). Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010. Aquí y ahora. Educación para el consumo sostenible. Recomendaciones y Orientacio- nes. París: PNUMA. Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, 2011. Indicadores Internacionales sobre el desarrollo humano. Disponible en http://hdrstats.
undp.org.es/indicadores/101406.html
infantil y sus componentes por re-
C apítulo 6 I Disponibilidad de Áreas Verdes
Riesgo para la salud y calidad
“Vuestra Majestad haga saber a los mercaderes y gentes que se quisieren avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal, que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo”
Pedro de Valdivia, Carta al Emperador Carlos V (siglo XVI)
El crecimiento urbano, sin una adecuada planificación, trae consigo una serie de problemas que pueden impactar negativamente la calidad de vida de la po- blación y al medio ambiente en las ciudades y otros centros poblados del país. El crecimiento de la población y el crecimiento económico han implicado el au- mento en el consumo de recursos energéticos, del espacio construido de agua potable, del parque vehicular y requerimientos sanitarios; entre otros aspectos. Esto ha provocado problemas que deben ser gestionados adecuadamente, tales como: la contaminación del aire, aumento en la generación y disposición final de residuos, baja disponibilidad de áreas verdes, escasez de agua potable, mayores requerimientos de conexión a alcantarillado, generación de ruido, en- tre otros. Para enfrentar estos desafíos la autoridad ha puesto en marcha un conjunto de medidas que permiten mitigar estos efectos y recuperar la calidad ambien- tal en el tiempo. Dentro del plan de acción establecido, la educación ambiental juega un rol importante como instrumento de gestión para la promoción de conductas ambientalmente sustentables. La presente sección describe la situación del medio ambiente urbano en Chile en seis capítulos relacionados con esta temática: “Contaminación del aire”, “Contaminación de suelos”, “Residuos”, “Ruido”,”Acceso al agua potable y alcantarillado” y “Disponibilidad de áreas verdes”.
2] Diagnóstico: Calidad del aire
4] Acciones: Control de la contaminación atmosférica
48 capítulo 1 contaminación del aire
Máximo permisible de MP2,5:
20 µg/m 3 anual promedio
} Planes de Descontaminación y Prevención Normas de emisión Información al cosumidor Acuerdos voluntarios
Ataques al corazón Disritmia Enfermedad isquémica al corazón Bronquitis crónica Neumonía Ataques de asma
están expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a 20 microgramos por metro cúbico.
aire capítulo 1
Resumen / Abstract La calidad del aire constituye uno de los temas ambien- tales que más directamente afectan a la población. Pese a los esfuerzos y a los distintos instrumentos utiliza- dos, el país aún no cumple con los estándares estable- cidos en las normas de calidad primaria y secundaria vigentes. En este contexto y dada la complejidad del pro- blema, en 2010, el Ministerio del Medio Ambiente inició la elaboración e implementación del Programa Aire Lim- pio, mediante el cual se busca mejorar la calidad del aire en las principales zonas urbanas del país, incorporando así un enfoque nacional a la gestión en esta materia.
Múltiples estudios nacionales e internacionales han mostrado que existe una asociación entre el nivel de concentración de contaminantes como mate- rial particulado (MP), ozono (O 3 ), dióxido de azufre (SO 2 ) y dióxido de nitrógeno (NO 2 ) y la incidencia de muertes prematuras y varias enfermedades cardiorres- piratorias, tanto en niños como en adultos. Además, existe evidencia de efec- tos ambientales, tales como disminución de visibilidad, daños a los materiales e impactos en la flora y fauna (cuadro 1). El material particulado (MP) es el contaminante que más significativamente ha sido asociado a eventos de mortalidad y morbilidad en la población (Pope y Dockery, 2006). Este contaminante se clasifica según su diámetro, característica de la cual depende la intensidad de sus impactos. Existen dos métricas común- mente utilizadas para clasificar el material particulado, partículas menores a 10 micrones conocidas como MP 10 y partículas menores a 2,5 micrones, conocidas como MP 2,5 . De esta forma, en el MP 10 se pueden distinguir dos fracciones, la fracción gruesa, es decir, entre 2,5 y 10 micrones y la fracción fina, menor a 2,5 micrones.
capítulo 1 contaminación del aire
Impactos generados por MP, O 3 , SO 2 y NO 2
Las partículas y compuestos emitidos al aire en cier- tas concentraciones pueden producir efectos nocivos en la salud de las personas como, por ejemplo, reducción de la función pulmonar, aumento de la susceptibilidad de contraer infecciones respiratorias, muertes prematuras y cáncer, entre otros.
Disminución en visibilidad
La presencia de partículas en el aire reduce la visibi- lidad causando una disminución en el bienestar y la calidad de vida.
Daño a materiales
El exceso de contaminación atmosférica puede causar daños en los materiales de construcción, alterando las propiedades físicas y químicas de los mismos.
Daño a ecosistemas acuáticos
Altas concentraciones de NO 2 y SO 2 pueden producir deposición ácida en el agua, modificando su com- posición y dificultando la supervivencia de especies acuáticas.
Daño en plantas y bosques
La deposición ácida en suelos puede alterar el creci- miento de plantas y árboles. Además el ozono y otras partículas pueden ingresar a través de los estomas de las plantas y dañar su estructura.
Cabe señalar que la fracción fina, MP 2.5 , está compuesta por partículas sufi- cientemente pequeñas que penetran en las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones y los alvéolos, lo que aumenta el riesgo de mortalidad prematura por efectos cardiopulmonares, en exposiciones de corto y largo plazo (CONA- MA, 2010). En cuanto a la fracción gruesa, MP 10 , de acuerdo con la Agencia de Protec- ción Ambiental de EE.UU. (EPA), si bien existe una aparente relación entre la exposición de corto plazo y los efectos respiratorios y cardiovasculares, no existe evidencia suficiente para constatar potenciales efectos por exposición de largo plazo (EPA, 2009).
En el MP 10 se pueden distinguir dos fracciones, la fracción gruesa, es decir, entre 2,5 y 10 micrones y la fracción fina, menor a 2,5 mi- crones. El material particulado fino (MP 2,5 ) es el contaminante más agresivo para la salud de las personas.
orgánicos, metales, etc.
<2.5 µm de diámetro
<10 µm de diámetro
50-70 µm de diámetro
90 µm de diámetro
Diferencias entre MP 2,5 y MP 10
Fuente: Elaboración en base a imagen de sitio web de la EPA.
1 ] Decreto 144 del Ministerio de Salud de 1961 y Resolución 1215 del Ministerio de Salud de 1978.
2 ] “Aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población”. Artículo 2°, letra n, ley 19.300.
52 capítulo 1 contaminación del aire
En Chile, si bien la preocupación por la contaminación del aire tiene an- tecedentes que se remontan a inicios del siglo XX, las primeras normas de emisión y calidad se dictan en 1961 y 1978, respectivamente 1 . Posterior a eso, se han realizado nuevos estudios y procesos de revisión normativa que han dado como resultado que hoy Chile cuente con normas primarias de calidad ambiental 2 de alcance nacional, que regulan la concentración en el aire de seis tipos de contaminantes, identificados como los principales y más nocivos para la salud. Dichas normas, regulan concentraciones máximas respecto a material particulado, tanto MP 10 , como MP 2,5 , así como respecto a dióxido de azufre (SO 2 ), dióxido de nitrógeno (NO 2 ), ozono troposférico (O 3 ), monóxido de carbo- no (CO) y Plomo (Pb). La siguiente tabla presenta una descripción de algunas normas primarias de calidad del aire vigentes en µg/m 3 .
Media aritmética trianual
Media aritmética horaria
Para evaluar el estado de la calidad del aire, en relación con los estándares establecidos en las normas primarias de calidad ambiental, se analizan los registros de las estaciones de monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) 3 . En el país, además, existen estaciones de monitoreo privadas, la mayor parte de las cuales han sido instaladas en el marco de las exigencias establecidas en resoluciones de calificación ambiental, como mecanismo de seguimiento de los impactos de los proyectos o de planes de descontamina- ción, como es el caso de las redes de seguimiento de las fundiciones de cobre. La mayor parte del monitoreo de calidad del aire que se realiza a lo largo de Chile se ha orientado preferentemente al material particulado MP 10, sin embargo, con la entrada en vigencia de la norma de MP 2,5 se espera aumentar la cobertura de monitoreo de este contaminante en los próximos años, lo cual permitirá contar con un mejor indicador del estado de la calidad del aire. Pese a que aún no existen mediciones para material particulado fino en todo el país, las mediciones de MP 10 permiten hacer estimaciones respecto a la concentración de su fracción más fina. De esta manera, a fin de tener una visión panorámica de la situación nacional, se ha estimado la concentración anual de MP 2,5 para comunas sin información 4 . De acuerdo con estas estimaciones, es posible apreciar que las ciudades que se localizan en la zona centro y sur de nuestro país, registran altos niveles de concentración de este contaminante, superando los 20 micrógramos por metro cúbico establecidos como límite máximo en la normativa vigente anual. Por su parte, las ciudades de la zona norte no registrarían niveles tan elevados de MP 2,5 a nivel anual, debido a que las principales fuentes de emisión de material particulado, en dicha zona, corresponden a procesos de la industria minera, la cual registra un mayor aporte de material particulado grueso (Ka- vouras, Koutrakis et al., 2001). No obstante lo anterior, algunas ciudades con más presencia de actividades como generación termoeléctrica o fundiciones de cobre, presentan niveles más elevados en comparación a otras ciudades del norte que no cuentan con este tipo de iniciativas. De acuerdo con estos antecedentes, es posible estimar que en Chile al menos 10 millones de personas 5 están expuestas a una concentración pro- medio anual de MP 2,5 superior a 20 microgramos por metro cúbico. Asimis- mo, y siguiendo la metodología propuesta por MMA (2011a), se estima que más de 4.000 personas mueren prematuramente al año por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a MP 2,5 . Esta cifra repre- senta más del doble del número de fatalidades por accidentes de tránsito (CONASET, 2010).
están establecidas en Dto 59/1998, Dto 112/2002, Dto 113/2002. Dto 114/2002 y Dto 115/2002, todos de MINSEGPRES.
4 ] En base a la metodología propuesta por DICTUC (2009), que considera la
compensación del material particulado
distintas zonas del país, se asume que en promedio el 14% del MP 10 corresponde a MP 2,5 en la zona norte,
50% del MP 10 corresponde a MP 2,5 en la zona centro y 70% del MP 10 corresponde
a MP 2,5 en la zona sur del país. En
grandes áreas urbanas como la ciudad de Concepción se asume que un 50% del MP 10 corresponde a MP 2,5 .
5] La concentración de MP 2,5 medida en algunas comunas de la provincia de Santiago representa, en promedio, la concentración a la que está expuesta la población de la provincia en su totalidad.
54 capítulo 1 contaminación del aire
Concentración anual MP 2,5
[µg/m 3 ] a nivel nacional
* Quilpué
“Los mapas publicados en este informe que se
refieran o relacionen con los límites y fronteras de
de Chile, de acuerdo al Artículo 2°, letra g del DFL 83
información cartográfica está referenciada al Datum
WGS84 y es de carácter referencial”
NorteCentroSur
55 aire capítulo 1
N 0 de habitantes, 2011 (Población estimada INE)
- 380.000
Se estima que más de 4.000 personas mue- ren prematuramente al año por enfermeda- des cardiopulmonares asociadas a la expo- sición crónica a MP 2,5
Años considerados en Anexo Cuadro 4.
56 capítulo 1 contaminación del aire
Mortalidad y morbilidad asociada a la exposición a MP 2,5 *
Enfermedad isquémica al corazón
* 10.000.000 personas a 25 ug/m 3 anual de MP 2,5 Fuente: Elaboración propia en base a MMA (2011a).
Para un análisis más detallado de las concentraciones de los contaminantes normados, se han utilizado diagramas de caja que permiten mostrar, en forma simultánea, distintas medidas descriptivas, facilitando así la comparación. En este caso, estas medidas también permiten asociar los valores al cumplimiento normativo respectivo. Las figuras 3 y 4 muestran gráficos de la información dis- ponible a nivel nacional para MP 2,5 y MP 10 , respectivamente. Además, en Anexo se presentan gráficos para O 3 , SO 2 y NO 2 .
Percentil 98 ó 99 dependiendo de la norma
dependiendo de la norma
15 comunas de las monitoreadas sobrepasan el promedio
[µg/m 3 ]
anual y diario permitido por la norma.
En la zona norte del país, aún no existen estaciones de
monitoreo con representatividad poblacional que permitan
realizar un diagnóstico adecuado.
Años considerados en Anexo
Concentración anual MP 10 [µg/m 3 ] a nivel nacional
25 comunas sobrepasan el promedio anual permitido. En la zona sur, si bien los promedios anuales
son menores al límite exigido, existen varios casos en que se sobrepasa el límite diario (percentil 98) que establece la norma.
Región Libertador Gral. Bernardo O’Higgins
3 contaminantes
Las concentraciones de MP 2,5 y MP 10 , SO 2 y NO 2 se producen principalmente por emisiones directas de estos contaminantes a la atmósfera, ya sea de origen antropogénico o natural. En tanto, el O 3 se forma por acción de la radiación so- lar, mediante reacciones químicas entre compuestos orgánicos volátiles (COV), NO x y otros compuestos químicos presentes en la atmósfera (Jorquera, 2007). El MP 2,5 también puede formarse por reacciones químicas entre contaminan- tes gaseosos precursores de material particulado, tales como SO x y NO x y otros compuestos atmosféricos. A este tipo de MP 2,5 se le conoce como material particulado secundario. El material particulado secundario se forma tanto por la condensación de ga- ses enfriados después de su emisión, que se añaden a partículas ya existentes y se van combinando entre sí para formar conglomerados de mayor tamaño, como también mediante la formación de gotas de nubes o neblina, a las cuales los gases condensados sirven de núcleos.
Formación de MP 2,5 secundario
resuspensión
Las principales fuentes emisoras de contaminantes, pueden ser clasificadas, según sus características en fuentes fijas, móviles y fugitivas. Las fuentes fijas consideran las emisiones generadas por la quema de combustibles producto de actividades industriales y residenciales, ya sea para la generación de ener- gía, calor o vapor y otros procesos industriales, como por ejemplo la fundición del cobre. También incluyen las emisiones generadas por la quema de otros combustibles como la biomasa, asociada a la calefacción de viviendas. Las fuentes móviles corresponden a las emisiones provenientes de los gases de escape, desgaste de frenos y neumáticos, de distintos tipos de transporte:
automóviles, camiones, buses y motocicletas. Las fuentes fugitivas, consisten en emisiones que no son canalizadas por ductos, chimeneas u otros sistemas hacia el exterior, tales como emisiones provenientes de calles pavimentadas y sin pavimentar, así como de la cons- trucción, demolición, entre otras. El material particulado asociado a este tipo de fuentes corresponde principalmente a partículas gruesas, siendo práctica- mente el 90% mayores a 2,5 micrometros (µm) (Chow y Watson, 1998). Las emisiones fugitivas también tienen un origen natural, debido a la suspensión de tierra o erosión de rocas por acción del viento. Sus tasas de emisión depen- den fuertemente de parámetros meteorológicos como la velocidad del viento, humedad ambiental y precipitaciones. El Cuadro 4 presenta una clasificación de fuentes, que corresponde a la que, generalmente, se utiliza en la elaboración de los inventarios de emisio- nes en Chile.
61 aire capítulo 1
Clasificación de fuentes emisoras
Calefacción residencial, quemas agrícolas e incendios forestales.
MP 10 , MP 2,5 , SO x y NO x
Generación eléctrica, procesos industriales como combustión en calderas generadoras de vapor y hornos industriales, y otros procesos industriales como la fundición de cobre.
Construcción de edificios Calles sin pavimentar Erosión eólica
MP 10 , MP 2,5
MP 10 , MP 2,5 , NO x , Cov, SO x
Buses, camiones, vehículos particulares, vehículos comerciales, taxis y motocicletas
Maquinaria de construcción o agrícola, opera- ción de puertos o aeropuertos.
Fuente: Elaboración propia en base a Jorquera (2007).
62 capítulo 1 contaminación del aire
Para analizar las emisiones de contaminantes a nivel regional, es necesario contar con información precisa sobre localización y contaminantes emitidos por las distintas fuentes emisoras. Son pocas las ciudades de nuestro país que cuentan con un inventario de emisiones con un nivel de detalle adecuado y, por lo general, corresponden a ciudades con un número significativo de habi- tantes o zonas con presencia de mega fuentes industriales. Sin embargo, es
posible realizar un diagnóstico general en base a la información recopilada por
Para caracterizar y analizar las emisiones de MP 10 , MP 2,5 , NO x y SO x , se con- sideró el Reporte 2011 del RETC, que incluye información declarada al 2009. Asimismo, se incluyen otros sectores no contemplados aún en el RETC, como las emisiones por quema de leña para calefacción residencial y emisiones di- fusas del proceso de fundición de cobre, proporcionadas por MMA (2011b). En base a esta información, se contabilizan aproximadamente 213.559 toneladas por año de MP 2,5 , 708.782 toneladas por año de SO x y 247.099 toneladas por año de NO x . Las principales fuentes emisoras a nivel nacional corresponden
a calefacción residencial a leña para MP 2,5 , fundiciones de cobre para SO x y
centrales termoeléctricas para NO x . Cabe destacar el significativo aporte de fuentes areales, tales como las quemas agrícolas, a las emisiones directas de
MP 2,5 , a nivel nacional.
Distribución por tipo de fuente, año 2009
Fuente: Elaboración propia en base a MMA (2011b) y MMA (2011c).
Mapa de Emisiones del Sox por provincia Gráfico de Emisiones del Sox por región y rubro
Fuente: Elaboración propia en base a RETC (2011) y MMA(2011b).
63 aire capítulo 1
Aysén del Gral.
y de la Antártica
- 167.500
refieran o relacionen con los límites y fronteras
Estado de Chile, de acuerdo al Artículo 2°, letra g
Exteriores. La información cartográfica está
referenciada al Datum WGS84 y es de carácter
referencial”
64 capítulo 1 contaminación del aire
Mapa de Emisiones de Nox por provincia Gráfico de Emisiones de Nox por región y rubro
Fuente: Elaboración propia en base a RETC (2011)
Emisiones de MP 2,5 por región y rubro
65 aire capítulo 1
Acciones: Control de la contaminación atmosférica
En Chile, la gestión de la calidad del aire se inició hace cincuenta años, principalmente con medidas de comando y control, como fue la dictación del Decreto 144 del Ministerio de Salud, en 1961. Dicho decreto estableció “normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturale- za”, sin embargo, no estableció límites de concentraciones, dejando esta po- testad al Ministerio de Salud. Posteriormente, en 1978, mediante la Resolución 1.215 del Ministerio de Salud, se definieron concentraciones máximas para algunos contaminantes, como dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono troposférico y partículas en suspensión, originándose así la primera norma de calidad del aire en el país. En este contexto, se evidenció que la Región Metropolitana, lugar de mayor concentración de la población chilena, registraba uno de los mayores proble- mas de contaminación del aire. Ello motivó que en el año 1990 se creara la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana (CEDRM), organismo responsable de las primeras medidas de control implementadas en la ciudad de Santiago. Más tarde, tras la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, la gestión para enfrentar la contaminación y la cali- dad del aire se intensifica, estableciéndose para ello distintos instrumentos de gestión, que además de normas de emisión, incluyeron, entre otros, los planes de prevención y descontaminación. Como resultado de esta gestión, actualmente el país cuenta con normas de emisión 7 para fuentes fijas y móviles, detalladas en el Cuadro 5.
7] De acuerdo con la Ley 19.300, las normas de emisión son aquellas que “establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora”.
68 capítulo 1 contaminación del aire
Normas de emisión vigentes, según fuentes
Fuentes fijas que emiten arsénico