Source: http://indigenas.bioetica.org/guia/5-patrimonio.htm
Timestamp: 2017-03-25 13:37:57
Document Index: 321973600

Matched Legal Cases: ['Artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 16', 'Artículo 75', 'Artículo 16']

por Dra. Teodora ZAMUDIO Patrimonio
El patrimonio consiste fundamentalmente en el conjunto de derechos sobre bienes determinados que tiene un sujeto para utilizar y/o percibir los frutos de ellos (los bienes), así como para enajenarlos cuando así convenga a sus intereses. El patrimonio de los Pueblos Indígenas –de acuerdo con la norma constitucional- incluye:
þ diseños, alegorías, signos gráficos, música o cualquier otro tipo de producciones comunes, que fueran creados o usados ancestralmente por el Pueblo; (cultura e identidad
à Constitución de la Nación. Artículo 75 inciso 17 “[...] Garantizar el respeto a su identidad […]”)
þ recursos naturales tradicionalmente domesticados por el Pueblo; incluyendo los recursos genéticos. A estos efectos se entendería por recursos domesticados a aquéllos cuyo uso y explotación vienen realizando en sus territorios, sobre la base del conocimiento de sus propiedades o efectos (patrimonio e intereses
à Constitución de la Nación. Artículo 75 inciso 17 “[…] Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan […]”);
þ conocimientos y prácticas culturales; (cultura e intereses à Constitución de la Nación. Artículo 75 inciso 17 “[…] Asegurar su participación en la gestión referida… a los demás intereses que los afectan […]”);
þ contribuciones de sus miembros;
þ ganancias que en cualquier concepto se devenguen de la explotación de los bienes de su patrimonio;
þ suma que el Congreso de la Nación les debería fijar en el Presupuesto Anual de la Nación, en razón de constituir personas de carácter público
La disposición de esos derechos comunes (comunitarios) plantea no sólo la necesidad de identificar al legitimado para ejercerla; sino otras cuestiones relativas a ese “ejercicio” (la disposición jurídica vinculante), como la afectación económica y la distribución de los beneficios acordados o a acordarse. El pueblo indígena reconocido -dentro del pueblo indígena reconocido- ha de tomar decisiones -que la ley y las instituciones republicanas deben proteger- organizando su disfrute y su carga, la ausencia de regulación motiva que no hayan sido deslindados cuáles de esos bienes están en comercio y cuáles no; que puedan ser burlados por quienes han recibido o explotan esos bienes en razón de la identidad señalada pero sin la participación equitativa de todos los miembros conforme los sistemas de control de sus propias instituciones tradicionales, incluso pueden llegar al desmembramiento (político y geográfico, en el caso de tierras), si no se explicita reglamentariamente el modo en que esos bienes han de ser explotados y asignados frente al crecimiento demográfico del mismo pueblo. He aquí la inoperatividad de la norma constitucional al estar aún huérfana de regulación reglamentaria.
Por ello debe establecerse qué derechos ejerce y qué tipo de decisiones toma (a) el/los miembro/s de un Pueblo, (b) la/s comunidad/es de un Pueblo y (c) el Pueblo. La ley deberá:
ü Permitir la participación de los miembros de un Pueblo, según sus propias costumbres, haciendo de dicha participación un ejercicio vinculante de su identidad
ü Responsabilizar a las autoridades de cada Pueblo por el bienestar de sus miembros y la distribución de los beneficios, según sus propios códigos de mérito
ü Restar así presión sobre las autoridades del Estado, que en estas situaciones se ven obligadas a desarrollar posturas y acciones paternalistas, impropias para con quienes la Constitución de la Nación reconoce jerarquía -jurídica y política- propia La diferenciación hecha en la ley deberá:
ü Permitir establecer la legitimidad de los ámbitos propios de negociación y decisión
ü Regularizar los deberes y los derechos públicos (como los impositivos) y privados (como los contractuales)
ü Sentar las bases de un sistema económico sano sobre la administración y gestión de los recursos de cada Pueblo, de sus núcleos internos (las comunidades) y los diferenciará de los de sus miembros, que -en tanto tales- son económicamente ciudadanos “iguales” al resto de los habitantes de este país, a tenor del artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina[1] Las reglas internas de propiedad que regulan las relaciones intra y extra Pueblo identificarán las instituciones de decisión y representación de cada Pueblo Indígena, permitiendo:
ü Incorporar –definitivamente- a los Pueblos al sistema jurídico-económico global
ü Establecer relaciones económicas que posibiliten y faciliten su desarrollo y su control sobre el mismo, dentro de los esquemas legales del Estado.
ü Vigorizar las estructuras jurídico-políticas y las relaciones económicas interculturales.
Estos objetivos han de concretarse no en un afán reglamentarista paralizante sino con el objetivo claro de hacer concretamente operativo el contenido programado por la norma constitucional, en toda su gloriosa extensión.
Dentro de un concepto amplio y figurado de la noción de patrimonio se puede incluir otros bienes no disponibles económicamente, o de disposición restringida:
þ restos arqueológicos: humanos, documentales, arquitectónicos y artísticos del Pueblo; (cultura e identidad
þ tierras efectivamente poseídas, sus frutos y productos (cultura y desarrollo humano à Constitución de la Nación. Artículo 75 inciso 17 “[…] reconocer…la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos […]”);
Ambas categorías merecen un tratamiento independiente y pormenorizado
Ley 24.071. Ratificatoria del Convenio
[ver Convenio]
Ley 25.743. Dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Sancionada: Junio 4 de 2003 Promulgada: Junio 25 de 2003 Publicación en el B.O.: 26/06/2003 Ley 26.160 Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Sancionada: Noviembre 1 de 2006 Promulgada: Noviembre 23 de 2006 Decreto 1122/2007 Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país. Reglamentación. Autoridad de Aplicación. Bs. As., 23/8/2007
El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Latina: un estudio de casos 1° Parte - 2° Parte
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Siffredi, A. & Spadafora, A.M Notas
cosmovisión económico-jurídica.
pueblos indígenas y los recursos naturales.
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actual en la cuestión de tierras indígenas. Maria Julia
Beveraggi, Carola Inés Cosentino y María Carolina Jalda
y Recursos naturales indígenas. María Cecilia Pauttazzo
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[1] Constitución de la Nación Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.