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Timestamp: 2018-06-20 12:59:18
Document Index: 228612344

Matched Legal Cases: ['Artículo 89', 'Artículo 201', 'Artículo 190', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 36']

PROLEX: Abogados: Expertos en Compliance, Nuevas Tecnologías, Penal, Familia, Empresa, Extranjería y Menores | Despacho de Abogados: Costa Brava | Página 2
Publicado el 28/08/2014	por prolexabogados
“La expulsión judicial de extranjeros como medida de seguridad de sustitución de las penas privativas de libertad es una opción político criminal adoptada por el Reino de España a fin de evitar la permanencia del condenado extranjero en nuestro país, pero no como medio de prevención general de delitos, sino más bien, encauzada a desmasificar las cárceles españolas.
La sustitución de la pena privativa de libertad está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en el Artículo 89 1 del Código Penal y que fue introducida allá por el año 2000 (LO 8/2000), siendo modificado por las LO 11/2003 y 5/2010.”
Recientemente se ha presentado por parte del responsable de Prolex (José Enrique Pérez Palaci) el trabajo final bajo el título La Expulsión Judicial en el curso organizado por la Universidad de Zaragoza (Introducción al derecho de Extranjería y su práctica) de conocido prestigio a nivel académico y forense, ampliando y actualizando los conocimientos para ofrecer a los clientes un mejor servicio.
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Publicado el 27/08/2014	por prolexabogados
Dice el Artículo 201.1 de la Ley de Sociedades de Capital: “En la sociedad anónima los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.”, pero sin especificar si esta mayoría ordinaria es mayoría simple, en la que basta que los votos positivos sean más que los negativos, sin tener en cuenta abstenciones o votos en blanco; o mayoría absoluta, en que es necesario que los votos positivos sean al menos la mayoría de los asistentes a la Junta; y por tanto, más que los votos negativos sumados a las abstenciones y votos en blanco.
Por tanto – y si no estuviera regulado en los Estatutos – el número de votos para adoptar los acuerdos debe ser por mayoría ordinaria, no debiendo computarse las abstenciones y los votos en blanco, y ello en cuanto, si bien las abstenciones son votos válidos, los mismos no son ni a favor ni en contra, por lo que si se tienen en cuenta como a favor se le estaría dando un valor positivo, cuando la voluntad del socio ha sido no dárselo.
Ratificación de Presidente del Consejo de Administración:
100,00 Votos válidos
60,00 a favor
20,00 en contra
20,00 abstenciones
A.- Acuerdo adoptado por Mayoría simple al ser más los votos a favor (60) que los en contra (20).
B.- Acuerdo adoptado por Mayoría absoluta al ser los votos a favor (60) más que los votos en contra sumados a las abstenciones (40).
Ahora bien, cabe que los Estatutos ordenen otras mayorías, como el caso de que los acuerdos deberán adoptarse por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre y cuando representen al menos a dos tercios de los asistentes, y que a su vez, supongan más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales, así como que no se computaran los votos en blanco. En este caso la decisión no será adoptada, puesto que el número de votos a favor es inferior a 70, y ello, en cuanto que se adoptaría el acuerdo si hubiera mayoría de dos tercios de los asistentes, y dado que 2/3 de 100 es igual a 66,6, el redondeo será al alza, es decir, 70, como fue estimado en la Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Editorial Juventud, Sociedad Anónima», contra la negativa de don Francisco de A. Serrano de Haro Martínez, Registrador mercantil de Barcelona número X a inscribir el nombramiento de Consejero delegado de una sociedad anónima (léase Fundamento de derecho segundo).
Por otra parte, y a tenor de cuanto dispone el Artículo 190.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al conferirle un derecho al socio, a saber, el cargo de Presidente, el mismo debiera abstenerse en el voto por conflicto de intereses.
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La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el objetivo de atraer la inversión en España articula un nuevo sistema de concesión de autorizaciones de residencia por inversión, en el que se establecen unos requisitos objetivos, a saber:
c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general.
Centraremos el análisis en el apartado b) del artículo 63 de la Ley 14/2013, el cual previene la concesión de la residencia por una adquisición de un bien inmueble de valor igual o superior a 500.000,00 €, pudiendo con dicha adquisición beneficiarse no sólo el inversor extranjero, sino también los familiares menores de edad o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud.
La inversión realizada estará libre de cargas y gravámenes, si bien la que exceda de 500.000,00 € puede estar sometida a cargas como sería el caso de una compraventa con hipoteca por el valor que superara el importe mínimo de inversión.
Por otra parte, la inversión cabe realizarla no sólo sobre un único bien inmueble, sino sobre varios, así como ser varios los inversores, siempre y cuando el importe invertido por cada uno de ellos sea igual o superior a la cantidad mínima.
El elemento característico de la autorización de residencia por inversión es el hecho de que cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 63 de la Ley 14/13 se adquiere el derecho a la concesión, sin que quepa la denegación; ahora bien, deben cumplirse los requisitos generales para la concesión de la autorización de residencia y que se recogen en el artículo 36 de la LO 14/2003, de Extranjería, y así: carecer de antecedentes penales, no figurar como rechazable (es decir, que no haya sido expulsado del territorio Schengen), contar con un seguro de salud privado o público, contar con recursos suficientes para sí y su familia, así como acreditar haber adquirido la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación con información continuada de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles.
La concesión del visado de residencia para inversores constituirá título suficiente para residir en España durante, al menos, un año, mientras que la autorización de residencia para inversores tendrá una duración de dos años, cabiendo, cumplido dicho plazo, su renovación por el mismo plazo de dos años.