Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_1_2012/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:38:26
Document Index: 108936460

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 58', 'artículo 36', 'artículo 136', 'artículo 151', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 34']

Boletín 01/2012
Ernesto Sábato, literato argentino recientemente fallecido expresó: “Debemos hacer surgir, hasta con vehemencia, un modo de convivir y de pensar, que respete hasta las más hondas diferencias. Como bellamente define Zambrano, la democracia es la sociedad en la cual no sólo es posible sino exigido el ser persona. Frágil y falible, hoy en día ningún otro sistema ha probado otorgar al hombre más justicia social y libertad que la precaria democracia en que vivimos. La democracia no sólo permite la diversidad sino que debiera estimularla y requerirla”. La reflexión del Maestro Sábato enfatiza en el concepto de diferencia y en el de diversidad, elementos pilares de un sociedad democrática. El derecho en todas sus formas posibles debe apuntar a la salvaguarda de las manifestaciones culturales diferentes y diversas, como requisitos esenciales para lograr la convivencia.
En las sociedades existen diferentes formas de pensar, de sentir y aún, de percibir las cosas. Si ello no fuera así, la vida sería un homogéneo, largo y monótono círculo de inapetencia y desgano.
La anterior reflexión nos sirve como antesala para despedir con sumo agradecimiento al Magistrado Moisés Rodríguez Pérez, hidalga persona que significó para el Tribunal el abrir la puerta a una nueva expresión cultural, inédita para la Corporación hasta ese momento –la cultura costeña- y a una particular forma de ver la vida, con alegría, frenesí y emprendimiento, pero sobre todo, con respeto por nuestra cultura caucana y, en especial por la payanesa, tan disímil a la cultura costeña pero, igualmente rica en sus manifestaciones.
Agradecemos al Doctor Rodríguez el haber compartido su amistad, sonrisa amable, intachables valores y, valiosos aportes jurídicos con la Jurisdicción Contenciosa en el Cauca. Le deseamos las mayores bendiciones en esta nueva etapa que comienza en el Tribunal de Sucre que, de alguna manera, sabemos le representa la posibilidad de un retorno añorado a lo que le es propio. De todas maneras, sabe él que esta casa seguirá siendo su segundo hogar y, que todos nosotros, los miembros de la Jurisdicción, seguiremos siendo sus amigos.
Entregamos en esta oportunidad, el Boletín 001 de Enero de 2012 y para ello, qué mejor manera de comenzar el nuevo año: rindiendo un homenaje a la diversidad en todas sus formas, formas entrelazadas por un común denominador: el respeto por el otro.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
1. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/ Improcedencia/ No es la vía para solucionar los conflictos que se presenten entre los moradores o propietarios de un Conjunto Residencial/ Diferencia entre negar la acción y declararla improcedente. 20110027101. MP/ Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
2. ACCIÓN POPULAR/ Incentivo económico/Derogación del mismo a partir de la Ley 1425 de 2010. 19001233100320100048201. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
3. ACCIÓN POPULAR/ Adecuación de vías y espacio público/es responsabilidad del Municipio respectivo, referente a sus inmuebles/ Debió vincularse a entidades particulares para las adecuaciones de sus inmuebles conforme a la Ley 631 de 1997. 20100022201. MP/ Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Negativa de revalidación de salvoconducto/ Se debió acudir a vía ordinaria/ Vulneración de la inmediatez. 20110060500. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Para obtener reintegro de sumas de dinero/Debe acudirse a vías ordinarias. 1900123000032011005800. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/Vulneración de derechos por no inclusión en el RUPD. 19001230000320110057301. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Procedencia/ Reliquidación de pensión/ Persona de tercera edad que supera la expectativa de vida/ En riesgo el mínimo vital. 19001230000320110004801. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Sena/La CNSC tenía plena facultad para modificar la conformación de la lista pública de empleos. 1900123000022011 0059400/ MP. Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Derecho a la salud/ Responsabilidad del INPEC y de la EPS. 19001230000020110003601. MP/ Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
10. ACCIÓN DE TUTELA/Subsidiaridad de la tutela/ Procedimientos académicos universitarios/Inexistencia de perjuicio irremediable a estudiante. 19001230000420110004101. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Erróneo diligenciamiento de formato de solicitud de crédito ante el ICETEX/No existe vulneración de derechos fundamentales/ La negligencia pertenece al actor. 19001230000320110057600. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
12. ACCIÓN DE TUTELA/La acción de tutela es residual/ No procede para clarificación de derechos de propiedad/Resguardos. 20110036601. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ La notificación de actos administrativos constituye un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa/ Administrados pertenecientes a la tercera edad. 19001230000120110053501. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ El derecho a la salud es susceptible de protección de manera directa, no por conexidad/Derecho de petición/ Fuerzas militares/ Incumplimiento de términos para responder. 19001230000020110060200. MP/ Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
15. HABEAS CORPUS/ La vía examina exclusivamente el cumplimiento de las formalidades legales exigidas/ No está consagrado para adelantar un control jurisdiccional sobre las providencias judiciales. 190012300000201100624 00. M/ Moisés Rodríguez Pérez.
16. EXEQUIBILIDAD/ Acuerdo 017 de 2009 Municipio de Sotará/Autoriza la realización de un empréstito para la compra de dos volquetas. 20090032700 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
17. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Controversia contractual/ Contrato de mandato para obtener recaudo de cartera /faltan elementos probatorios que sustenten la demanda. 19001333100320060011401. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
18. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Contrato ente Municipio y ARS/ No está supeditados a renovación automática conforme a normas jurídicas aplicables en el momento. 19001233100120050047100. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
19. REPARACIÓN DIRECTA/ Intento de suicidio /El interno recibió atención médica adecuada/Exoneración del INPEC. 19001230000320060001701. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. REPARACIÓN DIRECTA/ Riñas Internos/ Culpa exclusiva de la víctima. 19001 23000220050166201. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
21. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/ Falta de legitimación en la causa por pasiva/ Debió demandarse a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. 19001230000120080029900. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
22. REPARACIÓN DIRECTA/ Adquisición de vivienda/Caducidad de la acción/ Se relaciona con la fecha de no entrega de las obras, no desde la fecha del acto administrativo que declara el siniestro de incumplimiento. 19001230000320030011201. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. REPARACIÓN DIRECTA/Sanción por mora en el pago de cesantías/Término de caducidad/ Se cuenta desde que el actor tuvo conocimiento de la omisión de la Entidad accionada. 20060016201. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/ No se configuró la irresistibilidad como elemento propio de causal de justificación de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima. 19001230000120070011000. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
25. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Caducidad de la acción/ ascenso en el escalafón docente. 1900123000220060002401. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
26. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Ascenso en el escalafón docente/El Departamento debió aplicar el Decreto 2277 de 1979 y no la Ley 715 de 2001. 19001230320060003801. MP/Moisés Rodríguez Pérez.
27. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Sanciones tributarias/Competencias funcionales de la Administración en materia tributaria/ Las funciones de tesorero no pueden ser desconocidas y reemplazadas por el Alcalde. 190012300000420050102400. MP/Moisés Rodríguez Pérez.
28. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensiones/ Régimen de Rama Judicial/ Indexación de la primera mesada pensional/ Las vacaciones no se computan para fines pensiónales/ La prescripción no opera bajo el CPC sino bajo los Decretos 3135/68 y 1848/69. 1900123000320080039901. MP/Moisés Rodríguez Pérez.
29. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Recurso de apelación/ Debe referirse al fondo de la sentencia de primera instancia. 1900123000220090046501. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reliquidación pensional/ Indexación de la primera mesada responde a principios de justicia y equidad. 19001333100820090040800. MP/Moisés Rodríguez Pérez.
31. ACLARACIÓN DE VOTO/ Improcedibilidad de la tutela en materia pensional/ La Corte Constitucional no ha variado su tesis, por el contrario la confirma en la Sentencia T- 234 de 2011. 20110035801. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado
32. ACLARACIÓN DE VOTO/ Pensión de invalidez/ la base para su reclamación es el acta de evaluación médica que determina el porcentaje de incapacidad/ se debió decretar de oficio la excepción de caducidad de la acción y denegar las pretensiones. 20050171300. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado
33. SALVAMENTO DE VOTO/ reliquidación de la asignación de retiro/ Diferencia entre hacer un análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste (oscilación y el sistema de reajuste por IPC) y el hecho de comparar porcentajes de ajuste anuales/ la favorabilidad o desfavorabilidad se debe predicar en relación al sistema y, no al porcentaje. 20060063301. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
Sentencia: 02 de diciembre de 2011
Expediente: 20110027101
Tema tratado: Improcedencia/ No es la vía para solucionar los conflictos que se presenten entre los moradores o propietarios de un Conjunto Residencial/ Diferencia entre negar la acción y declararla improcedente.
“En el caso materia de estudio, la acción de cumplimiento no es la vía para solucionar los conflictos que se presenten entre los moradores o propietarios de un Conjunto Residencial, puesto que la ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, determina otros mecanismos a los cuales se puede acudir, señalando expresamente en el artículo 58 que “se podrá acudir al Comité de Convivencia o a Mecanismos alternos de solución o a la Jurisdicción ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título XXII del Código de Procedimiento Civil”. De otra parte, no obra prueba en el plenario que permita vislumbrar que se esté ante un peligro grave e inminente por parte de quien ejercita la acción de cumplimiento, para que excepcionalmente pudiese acudir a esta vía. (…) Así las cosas, y de conformidad con lo probado y analizado, la Sala procederá a REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, puesto que no había lugar a negar la acción, sino declarar IMPROCEDENTE la acción impetrada”.
Sentencia: 13 de diciembre de 2011
Expediente: 19001233100320100048201
Tema tratado: Incentivo económico/Derogación del mismo a partir de la Ley 1425 de 2010.
“El recurrente apela solicitando que se revoque el numeral CUARTO de la Sentencia del 30 de agosto de 2011, en tanto le negó el reconocimiento del incentivo económico. Sobre este punto, la Sala acogiendo el precedente de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, considera que ante el cambio de legislación, no hay sustento legal que a la fecha avale el reconocimiento del incentivo económico ya que la norma que lo consagraba fue derogada y aquél no constituye un derecho adquirido para el actor popular y tan sólo es una simple expectativa”.
Sentencia: 15 de diciembre de 2011
Expediente: 20100022201
Tema tratado: Adecuación de vías y espacio público/Es responsabilidad del Municipio respectivo, referente a sus inmuebles/ Debió vincularse a entidades particulares para las adecuaciones de sus inmuebles conforme a la Ley 631 de 1997.
“En concordancia con las normas analizadas, la obligación de adecuar las instalaciones, vías y espacio público que permitan una movilidad efectiva para todas las personas le corresponde al Municipio de Patía en cuanto a las edificaciones abiertas al público en las que presten sus servicios. Conforme al material probatorio en el presente caso dicha obligación se debe cumplir en el edificio donde funciona la Alcaldía Municipal de Patía - Palacio Municipal ubicado en la cabecera municipal El Bordo, en la carrera 5 entre calles 4 y 5, donde según informe pericial no se cuenta con una rampa de acceso desde el andén hasta el primer piso, rampa que deberá construirse respetando la normatividad sobre la materia garantizando el ancho mínimo y la señalización correspondiente. Ahora bien, la solicitud elevada en la demanda se refiere a la adecuación de todos los andenes de la población por parte del Municipio de Patía, sin embargo, es necesario hacer claridad al respecto, pues si bien el Municipio es el encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad que obliga a la adecuación de las edificaciones para la movilidad de personas con limitaciones, no es posible imponerle la carga de adecuar todas las edificaciones, puesto que esta obligación recae sobre cada autoridad pública o entidad privada que preste sus servicios en cada edificación abierta al público. Dicha obligación que recae sobre cada entidad privada que brinde un servicio en instalaciones abiertas al público tiene sustento legal en el artículo 52 de la Ley 631 de 1997, así: “Articulo 52. Lo dispuesto en este título y en sus disposiciones reglamentarias, será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones correspondientes(..)” Es así, como al presente proceso debió vincularse, en su debido momento, a todas las entidades, tanto públicas como privadas, que incumplan con la disposiciones sobre la materia y que con ello estuviesen vulnerando los derechos colectivos enunciados en la demanda, para poder tomar una decisión respecto a ellos, garantizándoles el derecho a la defensa y el debido proceso. Razón por la cual el pronunciamiento en el presente asunto versará únicamente sobre la entidad debidamente llamada a juicio.
Expediente: 20110060500
Tema tratado: Improcedencia/Negativa de revalidación de salvoconducto/ Se debió acudir a vía ordinaria/ Vulneración de la inmediatez.
“Por lo anterior se razona que, si hubo un acto administrativo frente al que se agotaron los recursos en la vía gubernativa, el accionante contó con los medios eficaces e idóneos para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pudiendo acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, si el actor dejó pasar el tiempo, operando la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no puede acudir a la tutela como un medio para suplir su falta de diligencia, máxime, considerando que es un profesional del derecho, que se entiende conocedor de los medios judiciales idóneos para cuestionar la legalidad de una decisión de carácter administrativo. Adicionalmente, se debe precisar que las decisiones cuestionadas en las que está contenida la negativa a la revalidación del salvoconducto, se produjeron antes del 16 de diciembre de 2010 cuando el Juzgado Segundo Civil del Circuito consideró que se había resuelto de fondo la solicitud del actor cumpliendo con el fallo dictado por ese Despacho (fl. 307), lo que deja entrever que ha transcurrido más de un año entre la expedición del acto censurado y la interposición de la presente acción de tutela, lo cual lleva a concluir a la Sala que el actor no cumple con el requisito de inmediatez al momento de impetrar esta acción constitucional. Así, se observa que al actor ha dejado transcurrir el tiempo y no se encuentra una razón suficiente que justifique la tardanza en acudir al amparo constitucional, situación que además desvirtúa la afectación de un derecho fundamental o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional para proteger los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.
Sentencia: 05 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000320110058001
Tema tratado: Improcedencia/ Para obtener reintegro de sumas de dinero/Debe acudirse a vías ordinarias.
“La Corporación considera que teniendo en cuenta el tipo de reclamación del actor que se contrae al reintegro de unas sumas de dinero que le fueron descontadas con ocasión al trámite de un proceso adelantado por la entidad con ocasión a una sanción disciplinaria, se evidencia de bulto que la acción de Tutela no es el mecanismo jurídico correcto para acceder a las pretensiones del actor. Resulta entonces acertadas las manifestaciones del A quo, cuando cita que el actor cuenta con otras herramientas jurídicas, para hacer este tipo de reclamaciones como lo es la ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, para pedir la nulidad de los oficios que le negaron el reintegro del dinero solicitado al INPEC, y así pedir la protección de los derechos que considere afectados, siguiendo el administrativo trámite previsto”.
Expediente: 19001230000320110057301
Tema tratado: Desplazados/Vulneración de derechos por no inclusión en el RUPD.
“La respuesta al problema jurídico planteado es positiva por las razones anteriormente expuestas. Es así como en criterio de esta Corporación, No incluir a una persona que manifiesta ser desplazada por la violencia en el Registro Único de Población Desplazada- RUPD- llevado por la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL- vulnera derechos fundamentales. En este orden de ideas, la decisión impugnada se ajusta a derecho y por ende se impone su confirmación”.
Sentencia: 09 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000320110004801
Tema tratado: Procedencia/ Reliquidación de pensión/ Persona de tercera edad que supera la expectativa de vida/ En riesgo el mínimo vital.
“Así las cosas, el actor se encuentra dentro de las excepciones señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para solicitar la revisión de su pensión de vejez puesto que someterlo al trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le impone una carga desproporcionada en atención a su avanzada edad y le generaría eventualmente un perjuicio irremediable, resultando entonces proporcional y razonable que en este evento el medio ordinario de defensa judicial resulte desplazado por el medio subsidiario pero expedito de la acción de tutela. (…) Por lo tanto, se ordenará dejar sin efectos estas resoluciones 23777 del 10 de noviembre de 2004, Resolución 26681 del 22 de noviembre de 2010, Resolución 053052 del 17 de mayo de 2011, y se ordenará en consecuencia que la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL expida la resolución de reliquidación pensional aplicando la normatividad del caso, junto con los factores salarias correspondientes (…) Estima la Sala, que del acervo probatorio obrante en esta acción constitucional se tiene que el señor GHITIS MERA, en su condición de persona de la tercera edad, con cargas económicas propias de los cabezas de hogar, se encuentra afectado en su derecho fundamental al mínimo vital por cuanto la Entidad accionada se abstuvo de realizar la liquidación de su pensión de vejez en consideración a la normatividad aplicable a su caso, por cuanto se encuentra beneficiado en el régimen de transición señalado en el artículo primero (1) de la ley 33 de 1985, razón por la cual esta Sala revocará el fallo proferido en primera instancia”.
Sentencia: 07 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000220110059400
Tema tratado: Concurso de méritos/ Sena/La CNSC tenía plena facultad para modificar la conformación de la lista pública de empleos.
“Del lineamiento jurisprudencial arriba descrito y de la normatividad que regula el concurso de méritos, se establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil tenía plena facultad para modificar la Conformación de la Lista Pública de Empleos –OPEC-, hasta un día antes de la fecha de escogencia del empleo específico de conformidad con el artículo 3º del Acuerdo 06 de 2006, situación que fue debidamente informada y publicada. Por otra parte, tanto el accionante como los demás aspirantes, debían regirse por las reglas previstas en la Convocatoria No 001 de 2005 y sus normas complementarias, en la que se consignaron los parámetros para inscribirse, los cronogramas para presentar las pruebas, la escogencia de cargos, así como las modificaciones que se realizaron en el transcurso del mismo, a raíz de las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, situación esta que lleva a establecer que no hubo vulneración a los derechos fundamentales aducidos por el accionante”.
Sentencia: 14 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000020110003601
Tema tratado: Internos/ Derecho a la salud/ Responsabilidad del INPEC y de la EPS.
“En el caso bajo estudio, al señor ORLANDO ASTUDILLO no se le ha brindado atención médica, por lo cual aún no se conoce cuáles son los procedimientos requeridos para recuperar su salud, como consecuencia de ello, no se conoce siquiera si estos están o no incluidos en el POSS, por lo tanto, le corresponde a CAPRECOM EPSS, atender al accionante y brindarle el servicio médico requerido, sin perjuicio de acceder al recobro en el caso de presentarse eventos no incluidos en el POSS. Ahora, en cuanto a la obligación del INPEC en el presente caso, es claro que al Director del EPCMAS “San Isidro” Popayán, le corresponde realizar todos los trámites administrativos necesarios para la adecuada atención del señor ORLANDO ASTUDILLO, en los términos de la sentencia de primera instancia”.
Expediente: 19001230000420110004101
Tema tratado: Subsidiaridad de la tutela/ Procedimientos académicos universitarios/Inexistencia de perjuicio irremediable a estudiante.
“Por ende, no se vislumbra una arbitrariedad o vulneración de derechos fundamentales por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y la acción de tutela es improcedente para dirimir un conflicto que en primer lugar le corresponde resolver a la misma instancia universitaria, entendiendo que en principio el problema en la asignación del profesor para la materia Piano Principal se ha originado por la irregularidad que la misma estudiante ocasionó al matricularse en un programa al que no tenía derecho. Ahora, la estudiante debe hacer uso de los mecanismos ordinarios para poner en conocimiento de las autoridades universitarias que un docente no está cumpliendo con los horarios señalados según el plan de estudios, puesto que la tutela es residual y subsidiaria frente a los demás mecanismos de defensa que frente a este hecho no se han agotado por la estudiante que no ha presentado las respectivas reclamaciones y quejas ante la UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Por lo tanto es improcedente la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de un horario para dictar una materia, teniendo en cuenta que la actora cuenta con los medios ordinarios de defensa judicial, sin que se observe que aquellos sean ineficaces para decidir tal asunto o que se esté en presencia de un perjuicio irremediable que haga operante la presente acción constitucional”.
Expediente: 19001230000320110057600
Tema tratado: Erróneo diligenciamiento de formato de solicitud de crédito ante el ICETEX/No existe vulneración de derechos fundamentales/ La negligencia pertenece al actor.
“Revisado el expediente, en la hoja de Resultado del Estudio de Solicitud del Crédito, encuentra la Sala que en la casilla de “Promedio académico”, el actor la diligenció con el ítem de “No aplica”, lo que denota que dicho formato fue llenado erróneamente por el señor BAGUERO CASTILLO, sin que dicho error comporte una vulneración a sus derechos fundamentales, ni mucho menos pueda ser oponible a la parte accionada, habida cuenta de que es clara la advertencia respecto a que no se podrán realizar cambios posteriores a dicho diligenciamiento; luego, mal haría esta Corporación en darle plena validez a los justificantes presentados en el escrito de la demanda, pues a toda luz se puede determinar, que lo que intenta el actor es hacer valer su propia negligencia en beneficio propio”.
Sentencia: 18 de noviembre de 2011
Expediente: 20110036601
Tema Tratado: La acción de tutela es residual/ No procede para clarificación de derechos de propiedad/Resguardos.
“Ahora bien, frente a petición propuesta por la parte actora en la que reclama vía de amparo, ordenar al INCODER culminar los estudios de clarificación de la propiedad de los resguardos de SAN ANTONIO DE PEDREGAL, DE TURMINA, DE INZA, no es una pretensión válida dentro del trámite de la acción constitucional, por cuanto como ya se enunció en acápite anterior, la acción de tutela es de carácter residual, en garantía de los derechos fundamentales, cuando no existe otro mecanismo de su protección de amenaza o vulneraron de los derechos de tipo fundamental. Siendo que la petición de la presente acción de amparo es la clarificación del derecho de propiedad de una comunidad organizada en resguardo, por lo tanto, no existe la amenaza o vulneración de un derecho fundamental a proteger, razón por la cual el juez Constitucional, no puede desbordar sus atribuciones, por cuanto lo pretendido no es un derecho de los fundamentales”.
Sentencia: 12 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000120110053501
Tema tratado: Debido proceso/ La notificación de actos administrativos constituye un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa/ Administrados pertenecientes a la tercera edad.
“(….) no tiene sentido que se expidan actos administrativos que afectan intereses particulares y no se cumpla con la obligación de notificar o comunicar dicha decisión conforme la ley, pues dicha formalidad no puede ser suplida de cualquier manera, como lo ha fijado Cajanal EICE en Liquidación, notificando por medio de edicto a los interesados; cuando la notificación constituye un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa y una condición para la existencia del derecho de contradicción y más aún cuando se trata de derechos de personas de la tercera edad que se encuentran en debilidad manifiesta frente al Estado. Por ello, los actos de la administración solo le son oponibles a los afiliados de Asopemoptca, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo. Frente al caso la entidad deberá emplear entonces, un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final, para hacer efectivo el derecho invocado por la parte accionante. Lo anterior indica, que Cajanal E.I.C.E en liquidación y Patrimonio Autónomo Buen Futuro ha vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social de personas de la tercera edad y debido proceso de los miembros de la Asociación de Pensionados del Ministerio de Obras Públicas y Transporte – Cauca, por cuanto, como se explicó previamente, la entidad demandada ha omitido realizar las notificaciones de los actos administrativos conforme lo establece la ley”.
Expediente: 19001230000020110060200
Tema tratado: El derecho a la salud es susceptible de protección de manera directa, no por conexidad/Derecho de petición/ Fuerzas militares/ Incumplimiento de términos para responder.
“En este orden de ideas, se tenía que en aquellos eventos en que el derecho que se alegaba como vulnerado era la salud en conexidad con el derecho fundamental a la vida, el juez constitucional debía considerar no sólo las circunstancias que ponían en riesgo la existencia biológica de la persona, sino también aquéllas que le permitieran al individuo el desarrollo de su proyecto de vida en condiciones dignas. No obstante lo anterior, el recurso de la conexidad con un derecho fundamental para amparar el derecho a la salud fue revaluado por parte de la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, situación de antaño registrada en las providencias de este Tribunal para señalar la procedencia de la acción de tutela y la protección del derecho a la salud en forma directa, como ya se dijo, sin atender al concepto de conexidad con un derecho fundamental”. (…) “Como se puede observar, la respuesta no va dirigida al actor, quien fue el que interpuso el derecho de petición, evidenciando que el oficio corresponde a un trámite interno, lo que conlleva a determinar que se vulneró el derecho de petición del accionante por cuanto han transcurridos más de tres meses sin que la entidad haya proferida y notificado la respuesta al señor Tobar Vidal. Por otra parte, de conformidad a lo expuesto jurisprudencialmente y lo probado en el proceso, el simple hecho de haber adquirido el actor una serie de quebrantos en su salud estando dentro de las Fuerzas Militares prestando su servicio a la Patria, es responsabilidad expresa del Estado prestarle el tratamiento continuo e integral a su padecimiento”.
Expediente: 19001230000020110062400
Tema tratado: La vía examina exclusivamente el cumplimiento de las formalidades legales exigidas/ No está consagrado para adelantar un control jurisdiccional sobre las providencias judiciales.
“(…) este Despacho considera, que en el caso objeto de estudio, la petición elevada por el accionante no está llamada a prosperar, por cuanto la privación de la libertad del señor (…); ha sido en cumplimiento de requerimientos judiciales, como lo es la privación de libertad por el delito de Hurto agravado. Por lo tanto, verificando que la privación de la libertad del actor constitucional obedece a sentencia judicial por parte del Juez Natural, respecto de la situación jurídica del procesado, en Sede de Acción Constitucional de Hábeas Corpus no le es permitido al Juez Constitucional discutir y colocar en tela de juicio los motivos que a una autoridad competente haya estimado, suficiente para decretar la privación de la libertad, ello implicaría desbordar la verdadera filosofía de esta figura Constitucional, donde sólo se permite examinar exclusivamente el cumplimiento de las formalidades legales exigidas, para tal determinación, que no son más que esos requisitos mínimos que dan apariencia de legalidad independientemente de su contenido formal a los actos de Jurisdicción. Está claro que esta acción no está consagrada para adelantar un control jurisdiccional sobre las providencias judiciales, ni sobre trámites previos a la concesión de libertad, puesto que el sindicado o su defensor técnico, dentro del proceso en curso, tiene a su alcance la facultad o goza de todos los medios de defensa judicial tendientes a conservar su garantía del debido proceso y a la aplicación oportuna y correcta de las disposiciones vigentes. Significa lo anterior, que con los mecanismos ordinarios existentes tan solo podrán ser estudiados una vez el INPEC, allegue los documentos respectivos y que el camino para lograr el restablecimiento de la libertad no está dado por la acción de habeas corpus, puesto que existe una medida de aseguramiento vigente que la restringe cuyos fundamentes jurídicos no pueden rebatirse por vía de esta acción constitucional.
Expediente: 20090032700
Tema tratado: Acuerdo 017 de 2009 Municipio de Sotará/Autoriza la realización de un empréstito para la compra de dos volquetas.
“(…) la Sala considera que el acuerdo 017 de 2009, proferido por el Concejo Municipal de Sotará, y por el cual se autorizó la realización de un empréstito para la compra de dos volquetas, no es contrario a la Constitución ni a la ley. Esto es así, porque la compra de tales elementos constituye una inversión social, lo cual se entiende a partir de la parte motiva del acuerdo y desde las enunciaciones positivas y negativas del concepto de inversión, arriba esbozadas”.
Expediente: 19001333100320060011401
Tema tratado: Contrato de mandato para obtener recaudo de cartera /faltan elementos probatorios que sustenten la demanda.
“De otro lado, está acreditado con la copia de la Resolución No. 2181 del 12 de julio de 2005, allegada al expediente por la Dirección Departamental de Salud del Cauca que el Director de ésta dio por terminado el contrato de mandato No. 002 del 16 de mayo de 2002, celebrado entre la entidad y el abogado Carlos Bolívar Mosquera Balanta, ordenando su liquidación, al constatar la existencia de una inhabilidad sobreviviente respecto del contratista, ya que había sido nombrado como secretario General de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Sin embargo, no obra prueba de la liquidación del dicho contrato, razón por la cual no es posible establecer de manera cierta si el ente demandado debe alguna suma de dinero al demandante por la ejecución del contrato en mención. Razones suficientes para decir que las pretensiones debían ser negadas, tal como lo concluyó el juez de primera instancia, al no hallarse medios probatorios con los cuales se sustentaran los hechos y pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001233100120050047100
Tema tratado: Contrato ente Municipio y ARS/ No está supeditados a renovación automática conforme a normas jurídicas aplicables en el momento.
“De conformidad con el artículo 58 numeral 1º del Acuerdo 244 de 2003, los contratos que se suscribieran para el período contractual del 1º de abril de 2003, tendrían una vigencia de 6 meses, sin que en dicha norma se estableciera la obligación para el municipio de renovar los contratos suscritos con anterioridad; por su parte el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, estableció que en los eventos en que las Administradoras el Régimen Subsidiado hayan incurrido en mora superior a siete (7) días calendario respecto de las cuentas debidamente aceptadas, habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podía abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes con las correspondientes Administradoras del Régimen Subsidiado. En este orden observa la Sala, que no obra en expediente prueba alguna que demuestre que CAPRECOM ARS, se encontraba a paz y salvo en los pagos, o si bien presentaba mora, esta le era imputable al Municipio por la demora en la cancelación de los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, siendo preciso reiterar, que el ente territorial no estaba obligado a suscribir o renovar los contratos. En este orden, se concluye que los contratos suscritos entre el Municipio de Piendamó y CAPRECOM, no eran susceptibles de renovación automática, toda vez que fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén la posibilidad de prórroga automática y por tal el ente territorial demandado no estaba obligado a ello. En este orden, es preciso concluir que las decisiones adoptadas por el Municipio de Piendamó, se tomaron en consideración al contrato suscrito y las normas aplicables al momento de la ejecución del mismo, hecho que el demandante no logró desvirtuar”.
Expediente: 19001230000320060001701
Tema tratado: Intento de suicidio /El interno recibió atención médica adecuada/Exoneración del INPEC.
“La parte demandante sostuvo en la sustentación al recurso de alzada, que CANO MARÍN se provocó las heridas por falta de tratamiento médico especializado…, nota la Sala que la historia clínica del interno Cano Marín rebosa de anotaciones que lo desvirtúan. Como bien lo anotó el A quo, de la historia clínica del señor Cano Marín se desprende que desde su ingreso al penal fue tratado con antidepresivos, que en los años 2003 y 2004 no tiene consultas relacionadas con esa patología, en mayo de 2006 consultó por insomnio, en septiembre de 2006 empezó a auto - agredirse, por lo que recibió tratamiento farmacológico y fue diagnosticado por psiquiatría, en mayo de 2007, con depresión severa e intentos de suicidio, por lo que fue remitido a un anexo psiquiátrico. Fue atendido en los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2006, y abril de 2007, por lesiones cutáneas superficiales auto – infringidas”.
Expediente: 1900123000220050166201
Tema tratado: Riñas Internos/ Culpa exclusiva de la víctima.
“Bajo los anteriores elementos, la Sala comparte la apreciación del Juzgado Quinto Administrativo, en el sentido que el daño fue producto del proceder de la víctima, en forma adecuada, siendo absolutamente extraño para la entidad demandada. Vistas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, emerge, claramente, que el señor EZEQUIEL ORDÓÑEZ LÓPEZ, resultó lesionado en su párpado superior izquierdo, como consecuencia de su actuar, -y no del INPEC-, al provocarse en riña con su compañero de celda. El daño así sufrido fue imprevisible e inevitable para el INPEC, en tanto que desconocía el motivo de la riña, pues consistió en la nugatoria de uno de ellos a compartir unos comestibles, nugatoria asemejada a reproche por un robo de un elemento de su propiedad, situaciones totalmente ajenas para la entidad. En consecuencia, debe calificarse el daño demandado, como de causación única y exclusiva por la víctima y, consecuentemente, irresistible e inevitable para la entidad”.
Expediente: 19001230000120080029900
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación/ Debió demandarse a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
“En el caso bajo estudio, precisamente en la audiencia preliminar celebrada el 19 de julio de 2007, la legalización de la captura la realizó el Juez Primero Penal Municipal de Popayán con funciones de control de garantía, previa solicitud del Fiscal 06-004 Seccional Popayán, donde igualmente solicitó la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado, petición a la cual accedió el mencionado juez; es decir, que eran decisiones privativas del funcionario judicial, lo cual nos lleva a concluir que la responsabilidad sobre la restricción de la libertad finalmente estuvo en cabeza de la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y no de la Fiscalía, entidad que solo cumplió el papel de instructora del proceso sin que de las pruebas aportadas se pudiere deducir que haya inducido en error al juzgado para adoptar las decisiones referidas anteriormente y como la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, no fue demandada, se procederá a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, y en consecuencia negar las pretensiones en el presente asunto”.
Expediente: 19001230000320030011201
Tema tratado: Adquisición de vivienda/Caducidad de la acción/ Se relaciona con la fecha de no entrega de las obras, no desde la fecha del acto administrativo que declara el siniestro de incumplimiento.
“Debido a la forma como el proyecto se ejecutó, el plazo fijado para la culminación de las obras correspondió a la primera de las antedichas fechas. Ello se corrobora, porque fue la fecha tomada por el municipio de Popayán para declarar el siniestro de incumplimiento contra la Constructora, y porque la compraventa referida debe leerse, para el caso del programa “Villa Hermosa del Norte”, en armonía con dicho convenio; más aún, cuando la fecha allí estipulada –en la compraventa- es menos beneficiosa para los demandantes, a pesar que en la demanda se reconoce explícitamente que la fecha de entrega de las viviendas debió ser dentro de los ocho meses siguientes a la firma de la escritura. Quiere la Sala anotar que el inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa intentada se relaciona con la fecha del incumplimiento o no entrega de las obras del programa, pero no tiene relación con la fecha de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento por el Municipio contra la Constructora. Al respecto, debe recalcar la Sala que una es la fecha en que se venció el plazo para la entrega de las obras, otra la fecha del acto administrativo que declaró el siniestro de incumplimiento, y otra es la fecha desde la cual inicia el término de caducidad de la acción”.
Sentencia: 02 de agosto de 2011
Expediente: 20060016201
Tema tratado: Sanción por mora en el pago de cesantías/Término de caducidad/ Se cuenta desde que el actor tuvo conocimiento de la omisión de la Entidad accionada.
“Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente asunto se aspira al reconocimiento de la sanción por la mora en el pago de las cesantías, la fecha desde de la cual debe contarse la caducidad es el día en que el demandante tuvo conocimiento de la omisión de la Entidad accionada, omisión que se configura en la renuencia pagar las cesantías reconocidas mediante la Resolución sin Número de 18 de Noviembre de 2.003, dentro del término y como lo establece la Ley 244 de 1.995, es decir 45 días contados a partir del 18 de noviembre de 2.003, por tanto la caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 26 de enero de 2.004, fecha en que el Municipio de Guapi entra en mora por el no pago de las cesantías anteriormente reconocidas. Así la cosas, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el día 20 de febrero de 2.006, y según lo expuesto, el plazo máximo que tenía el actor para que no le operara el fenómeno de la caducidad era hasta el 27 de enero de 2.006, se tiene que la acción de reparación directa en el caso concreto, se encuentra caducada”.
Sentencia: 06 de diciembre de 2011
Expediente: 19001230000120070011000
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ No se configuró la irresistibilidad como elemento propio de causal de justificación de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima.
“En el caso concreto, considera la Sala que no se configura el primer elemento denominado irresistibilidad, en la medida que la Fiscalía debía adelantar todas las diligencias pertinentes con el propósito de esclarecer los hechos materia de investigación desde el inicio de la investigación y más aún cuando se debían adoptar las decisiones relacionadas con la restricción de la libertad al señor Félix Eduardo Molina Cardenas, pues en su diligencia de indagatoria, no podían obligarlo a asumir una determinada posición, por tratarse de una declaración voluntaria y libre de todo apremio sin juramento y en la que no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes. En consecuencia no se encuentra probado el primer presupuesto y como deben acreditarse los tres elementos, por sustracción de materia no se hará referencia a los demás. Por tanto, la Sala concluye que no se encuentra demostrada la causal eximente de responsabilidad alegada”.
Expediente: 1900123000220060002401
Tema tratado: Caducidad de la acción/ ascenso en el escalafón docente.
“En el sub examine, es patente que la parte demandante, previa la interposición de la acción de la referencia, utilizó la acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos; en este sentido, nota la Sala que el oficio de 6 de julio de 2006, guarda las mismas características que en acción de tutela la parte actora reprochó del oficio de 30 de diciembre de 2005, y empero esto, procedió a demandarlo directamente. Según lo así considerado, la acción de la referencia está caducada, pues este término, iniciado desde enero de 2006, fecha de recibido del oficio de 30 de diciembre de 2005, venció en mayo de 2006, mientras que la demanda se interpuso en el mes de julio de ese año, es decir, superados los cuatro meses que fija el artículo 136.2 del CCA”.
Expediente: 19001230320060003801
Tema tratado: Ascenso en el escalafón docente/El Departamento debió aplicar el Decreto 2277 de 1979 y no la Ley 715 de 2001.
“La solución a los problemas jurídicos se concretan en que para responder a la solicitud presentada el 8 de julio de 2.003, por la actora, el Departamento del Cauca debió tener en cuenta el Decreto 2277 de 1979 y no la Ley 715 de 2001 para decidir si la peticionaria tenía o no derecho al ascenso al escalafón, normatividad que al ser reglamentada por el Acuerdo Núm. 014 de 13 de diciembre de 1999, modificado por el Acuerdo núm. 005 de 12 de mayo de 2000, prohibió de manera expresa que el título por el cual se obtuviera el mejoramiento académico posteriormente se utilizara para obtener nuevas promociones en el escalafón docente, tal y como acontece en el sub examine, por tanto, es claro que la actora no podía ser promovida de escalafón docente”.
Expediente: 190012300000420050102400
Tema tratado: Sanciones tributarias/Competencias funcionales de la Administración en materia tributaria/ Las funciones de tesorero no pueden ser desconocidas y reemplazadas por el Alcalde.
“(…) la competencia funcional que en materia tributaria le fue asignada al tesorero municipal en una norma estatutaria, no puede ser desconocida y reemplazada por el alcalde, anteponiendo como justificación su condición de superior jerárquico y su calidad de administrador del municipio, tampoco es argumento válido el hecho de que el asunto decidido sea de contenido económico de importancia para el Municipio, como lo argumenta la parte demandada. En este caso, tanto la resolución que impone la sanción a la Empresa de Energía del Pacífico por no presentar la declaración del ICA y complementarios correspondiente al año gravable 2001, como la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y confirma la sanción, es expedida por el Alcalde Municipal de Morales, es decir, un funcionario distinto, al que la norma estatutaria de carácter local, le asignó el conocimiento”.
Expediente: 1900123000320080039901
Tema tratado 1: Pensiones/ Régimen de Rama Judicial/ Indexación de la primera mesada pensional.
“En conclusión, aun cuando no exista una disposición legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el juez debe acudir a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del trabajador en cuanto a que su ingreso laboral, después de más de veinte años de servicios, se convierta en una pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el paso del tiempo, debido a que al servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito legal de la edad para adquirir el estatus de pensionado”.
Tema tratado 2: Pensiones/ Régimen de Rama Judicial/ Las vacaciones no se computan para fines pensiónales.
“En consecuencia dado que existe una indebida aplicación de la norma al momento de realizar la liquidación pensional de la actora los actos administrativos están viciados de nulidad, pese a lo anterior, la Sala modificará la sentencia objeto de apelación, toda vez que en ella se tomó a las vacaciones como un factor salarial, puesto que como ya se explicó estás no se pueden computar para fines pensiónales”.
Tema tratado 3: Pensiones/ Régimen de Rama Judicial/La prescripción no opera bajo el CPC sino bajo los Decretos 3135/68 y 1848/69.
“De otra parte, al margen de la discusión esta sala evidencia el error cometido por el A quo en el sentido de declarar la prescripción con base en el artículo 151 del CPC, puesto que para casos como el presente, la prescripción se aplica con base en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, el cual fue reglamentado por el decreto 1848 de 1.969, artículo 102, norma que al tenor literal dice: “Art. 102.- Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”(Destaca la sala ). De esta manera, aun cuando el error se evidencia fácilmente, para no vulnerar el principio de reformatio in pejus no se realizará consideración adicional al respecto, toda vez que este punto no fue objeto de apelación”.
Expediente: 1900123000220090046501
Tema tratado: Recurso de apelación/ Debe referirse al fondo de la sentencia de primera instancia.
“En el sub judice, fácilmente se comprueba que la decisión del Juzgado Quinto Administrativo se fundó, sólidamente, en que no se demandaron los actos administrativos en los que Cajanal le negó al señor Bonilla Montua la re – liquidación de su pensión por vejez en un monto equivalente al 85%, de conformidad con el artículo 34 de la ley 100 de 1993, pues simplemente se enjuiciaron unos autos “202958 del 20 de mayo de 2.009” y “del radicado 44955 de 2.007”, cuando correspondía cuestionar las resoluciones “47826 de 2006 y 60254 de 22 de noviembre de 2006, ni el que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 47826 de 2006, ni del acto administrativo y presunto por falta de respuesta a la petición de 29 de agosto de 2008 que fue objeto de acción de tutela”. La decisión tomada por la Jueza fue la declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda. (…) De allí se desprende palmariamente que las manifestaciones esgrimidas por el recurrente como sustentación del recurso, no están dirigidas contra el fondo de la sentencia apelada, por lo cual, resulta imposible examinarla, ya que los cargos de la apelación son completamente ajenos a la conclusión que emana de ella”.
Expediente: 19001333100820090040800
Tema tratado: Reliquidación pensional/ Indexación de la primera mesada responde a principios de justicia y equidad.
“De otra parte, observa la Sala que mediante la Resolución 004790 de 3 de febrero de 2.006, la entidad demandada en cumplimiento de un fallo de tutela pretendió reliquidar la pensión del accionante con todos los factores salariales devengados por él, más sin embargo, en el artículo segundo de dicho acto administrativo resolvió no aplicar la resolución en la nómina de pensionados, por cuanto “al efectuar la reliquidación la suma da inferior a la inicialmente reconocida”. La situación anteriormente descrita se presentó, toda vez que la entidad demandada omitió la indexación de la primera mesada pensional, tal y como lo afirmó el A quo, pues si bien es cierto no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia con base en los principios constitucionales, especialmente los consagrados en los artículos 48, 53 y 230 constitucionales, ha desarrollado la posición según la cual en aplicación de los criterios de justicia y equidad, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la inflación son hechos notorios, en consecuencia, el trabajador no debe soporta la carga de la desvalorización de su mesada pensional, el cual difiere sustancialmente del valor que devengaba cundo prestaba sus servicios. (…)En conclusión, aun cuando no exista una disposición legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el juez debe acudir a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del trabajador en cuanto a que su ingreso laboral, después de más de veinte años de servicios, se convierta en una pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el paso del tiempo, debido a que al servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito legal de la edad para adquirir el estatus de pensionado”.
Actuación: Aclaración de voto
Magistrada Ponente: CARMEN AMPARO PONCE DELGADO
Tema tratado: Improcedibilidad de la tutela en materia pensional/ La Corte Constitucional no ha variado su tesis, por el contrario la confirma en la Sentencia T- 234 de 2011.
“La aclaración de mi voto, se relaciona con la afirmación que se hace en la sentencia, acerca de la variación de posición respecto a la procedencia de la acción de tutela para resolver asuntos relacionados con la reliquidación de pensión. Como nueva integrante de la Sala, debo precisar que mi posición siempre ha sido la de considerar la tutela como un mecanismo judicial subsidiario, para resolver temas como el que aquí se trata, por contar con una acción contenciosa principal, por tanto, en mi caso, no hay variación de tesis”.
Expediente: 20050171300
Tema tratado: Pensión de invalidez/ La base para su reclamación es el acta de evaluación médica que determina el porcentaje de incapacidad/ Se debió decretar de oficio la excepción de caducidad de la acción y denegar las pretensiones.
“Según se observa la petición de 2005, no plantea una nueva evaluación médica por variación en la salud del demandante, sino un cuestionamiento a la primera evaluación que quedó en firme, cuyo propósito no es otro que revivir términos para discutir una situación consolidada. El hecho de que en esta oportunidad se solicite el reconocimiento de la pensión de invalidez, prestación que por ser periódica puede reclamarse en cualquier tiempo, no revive los términos para la discusión en sede judicial, puesto que la base para la reclamación es el acta de evaluación médica que determina el porcentaje de incapacidad. Bajo estas consideraciones, concluyó que en este caso se debió decretar de oficio la excepción de caducidad de la acción y como consecuencia de ello, denegar las pretensiones”.
Expediente: 20060063301
Tema tratado: Reliquidación de la asignación de retiro/ Diferencia entre hacer un análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste (oscilación y el sistema de reajuste por IPC) y el hecho de comparar porcentajes de ajuste anuales/ la favorabilidad o desfavorabilidad se debe predicar en relación al sistema y, no al porcentaje.
“(…) el fallo si bien acoge la jurisprudencia vigente sobre la materia, en especial la sentencia del Consejo de Estado, de mayo 17 de 2007, con ponencia del magistrado Jaime Moreno García, en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad en aquellos casos en que se verifique, que el reajuste por el sistema de oscilación resulte menos beneficioso que el sistema de reajuste por IPC, desnaturaliza su contenido al aplicarlo en forma inadecuada. Tal hecho es fácilmente comprobable, puesto que el juez se limitó a comparar los porcentajes de cada sistema por cada uno de los años y deducir que por el hecho de que en algunos años, el porcentaje de IPC era mayor al porcentaje aplicado por la Caja, se vulneró el principio de favorabilidad al demandante”.
Corporación: Consejo de Estado
Conjuez ponente: CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA
Expediente: 11001032500020050024401
Tema tratado: Nulidad del Decreto 4040 del 03 de diciembre de 2004.
“Es claro para esta Sala que el decreto en comento pretende imponer su contenido sobre los mismos principios constitucionales laborales, conocidos hoy en la doctrina internacional como “derechos fundamentales del trabajo”; del mismo modo, que afecta esencialmente el derecho de igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango, sin justificación alguna; que deja de lado la protección que el Estado debe brindarle a las relaciones laborales y específicamente, a los trabajadores; que disminuye inequitativamente la remuneración mensual de funcionarios que tienen el mismo derecho que sus pares judiciales; que le abre camino al quebrantamiento de un postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; que lesiona el propósito del legislador, que le ordena al operador jurídico, en lo que tiene que ver con la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, darle cabida al principio de favorabilidad en pro del titular del derecho correspondiente; y que condiciona al Estado Colombiano, en definitiva, para que sus actos administrativos respeten el Derecho Internacional del Trabajo, representado en los convenios internacionales sobre la materia. En síntesis, para la Sala es incuestionable que el acto acusado viola los principios tutelares consagrados en la Carta Política como derechos fundamentales del trabajo, razón por la cual se impone decretar su anulación”.