Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A005-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 00:39:22
Document Index: 360123464

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 1', 'artículo 86']

Auto 005/01
Referencia: expediente I.C.C. -183
Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín, respecto de la acción de tutela incoada por Sor María Giraldo de Navarro contra la Caja Nacional de Previsión Social.
Consideró esa Corporación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, los competentes para tramitar la acción de tutela en referencia eran los jueces del Circuito de Medellín, puesto que se alegaba la violación de derechos fundamentales por parte de una entidad descentralizada por servicios del orden nacional.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 8 de noviembre de 2000, consideró que debía inaplicarse el citado Decreto por ser inconstitucional y, teniendo en cuenta que se había suscitado un conflicto negativo de jurisdicción, de conformidad con el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil y dando aplicación al artículo 256, numeral 6, de la Carta Política, dispuso la remisión del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera dicho conflicto.
Competencia de la Corte para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela. La excepción de inconstitucionalidad. Principio de la supremacía constitucional. Inaplicación de las reglas de competencia en materia de tutela por violar la Carta Política. Exceso en el uso de la facultad reglamentaria por parte del Presidente de la República
Esta Corporación es competente para dirimir el conflicto de competencia que se le plantea, en tanto se trata de una controversia entre autoridades judiciales pertenecientes a distintas jurisdicciones, y que, por tanto, carecen de superior común -en el presente evento, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín-.
Lo anterior, de conformidad con los criterios expuestos en forma reiterada por la jurisprudencia de esta Corporación. Entre otras providencias, se pueden consultar los autos de Sala Plena del 1 de septiembre de 1993 y 5 de abril de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), el Auto 44 del 19 de agosto de 1998 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Además, cabe anotar que en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), al revisar la constitucionalidad del artículo 112 del proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se acogieron esos mismos lineamientos.
Ahora bien, la controversia que se suscitó entre los despachos judiciales en referencia se originó a raíz de la interpretación y aplicación del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 del 12 de julio de 2000, "por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela".
Cabe agregar que en nuestro sistema se encuentran antecedentes jurisprudenciales en relación con la posibilidad de inaplicar un decreto por haber sido expedido sin competencia para ello o por haber extralimitado la potestad reglamentaria (Ver, por ejemplo, la Sentencia proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 1981 y la Sentencia de la Sala Laboral de esa misma Corporación, del 15 de agosto de 1984".
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 C.P. y el 37 del Decreto 2591 de 1991, se resolverá el conflicto de competencia planteado entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de remitir el expediente a la mencionada corporación, por haber sido ésta la escogida por el accionante para que tramitara el proceso de tutela.
En el presente caso, INAPLICASE, por inconstitucional, el Decreto 1382 de 2000. En consecuencia, REMITASE el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para que asuma el conocimiento de la acción de tutela instaurada por Sor María Giraldo de Navarro contra la Caja Nacional de Previsión Social.