Source: https://es.scribd.com/document/187130632/EXPOSICION-DE-MOTIVOS-DE-LA-CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-BOLIVARIANA-DE-VENEZUELA
Timestamp: 2019-04-26 03:49:27
Document Index: 100463538

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 186', 'artículo 201', 'artículo 5', 'artículo 186', 'artículo 7', 'artículo 266', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 49']

Cargado por Nicanor Jose
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TÍTULO I Principios fundamentales El primer Título de la Constitución, referido a los principios
fundamentales, consagra la condición libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela; condición permanente e irrenunciable que fundamenta en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador, su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional. De esta manera se rescata el legado histórico de la generación emancipadora, que en la gesta heroica de la independencia de Venezuela luchó para forjarnos una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Al mencionar la figura paradigmática de esa revolución inicial, el Libertador Simón Bolívar, se recoge el sentimiento popular que lo distingue como símbolo de unidad nacional y de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la moral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de lo cual se establece que la Nación venezolana, organizada en Estado, se denomina República Bolivariana de Venezuela. Se define la organización juridicopolítica que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad. Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia. Se corresponde esta definición con una de las principales motivaciones expresadas en el Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática. Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos. Se establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar los fines del Estado. De esta manera, los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de esas condiciones mínimas y de esa igualdad de oportunidades, aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando las actividades estatales, concienciando(sic) a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad. Las personas y los grupos sociales han de empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de tales fines. Por todo ello se incorporan al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político. En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad. En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son característicos de un modelo
federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles politicoterritoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la Nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobierno de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad. Se modificó el artículo tradicional sobre el idioma oficial al declarar que el idioma oficial de Venezuela es el castellano, pero se reconocen los idiomas de los pueblos indígenas como oficiales en las comunidades donde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igual que el castellano. En las disposiciones fundamentales se consagran los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, según los cuales ella es la norma de mayor jerarquía y alcanza su vigencia a través de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida histórica de forma determinante o reguladora. Dichos principios constituyen el fundamento de todos los sistemas constitucionales del mundo y representan la piedra angular de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales y de la justicia constitucional. Con base en lo anterior, todos los órganos que ejercen el Poder Público, sin excepción, están sometidos a los principios y disposiciones consagrados en la Constitución, y por tanto, todos sus actos pueden ser objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad. TÍTULO II Del espacio geográfico y de la división política CAPÍTULO I Del territorio y demás espacios geográficos Se realizaron cambios importantes en la definición del espacio geográfico venezolano. En este sentido, se adoptó la expresión más amplia de espacio geográfico para sustituir la de territorio. En efecto, espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos, quedando el territorio como componente del primero de los citados. Sin embargo, no se altera la determinación del espacio geográfico nacional al reiterar la versión tradicional de la Constitución del año 1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela para el 19 de abril de 1810. No obstante, se agregó la frase con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Con ello se corrige la omisión del Congreso Constituyente de 1961 con relación a los laudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronteras actuales, como son los de los años 1865, 1891, 1899 y 1922; y se establece de una manera categórica que Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, como es el caso del Laudo de París de 1899 que despojó a Venezuela del espacio situado en la margen occidental del Río Esequibo. Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espacio insular como parte de la organización politicoterritorial de Venezuela y como espacio sujeto a la soberanía venezolana. Por tal razón se mencionan las islas por sus nombres y se extiende en ámbito de la soberanía hasta las demás islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Como una consecuencia de los valores fundamentales que inspiran a la República Bolivariana de Venezuela, se declara expresamente al espacio geográfico venezolano como zona de paz, en virtud de lo cual se prohíbe establecer en él bases militares extranjeras o cualquier instalación de potencia o coalición de potencias que tengan propósitos militares. CAPÍTULO II De la división política Con el fin de organizar políticamente la República se divide el territorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, mientras que el territorio se organiza en Municipios. En este sentido, la Constitución prevé que mediante una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización politicoadministrativa, se regule
la división politicoterritorial de la República. Por otra parte, se establece la ciudad de Caracas como la capital de la República y asiento de los órganos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República. Destaca en este Capítulo que mediante ley especial se establecerá la unidad politicoterritorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. En todo caso, dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad, garantizando el carácter democrático y participativo de su gobierno. TÍTULO III De los derechos humanos y garantías, y de los deberes CAPÍTULO I Disposiciones generales Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la igualdad. En relación con este último, se refuerza y amplía la protección constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino además, aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior obedece a que en la práctica la dinámica social suele presentar situaciones de discriminación que deben su origen a razones distintas de la raza, el sexo o la condición social. Por otra parte, la Constitución amplía conceptualmente la protección de los derechos humanos con una marcada influencia ius naturalista, al disponer que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Por tal motivo se establece que la falta de ley reglamentaria de esos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Además, a fin de incluir dentro de tal protección a los derechos inherentes a las personas jurídicas, se elimina la distinción que hacía la Constitución de 1961 y que abarcaba únicamente a los derechos inherentes a la persona humana. Se consagra la garantía de no retroactividad de las leyes y de las disposiciones normativas y se amplía su alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la norma que beneficie al reo. Se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos,
transparente. especialmente. La Constitución incluye dentro del supuesto de esta garantía. sin dilaciones indebidas. por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia. El hábeas data incluye el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de tales registros y su finalidad. la Constitución impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. con las excepciones que establezca la ley. a fin de excluir tribunales militares o de excepción de cualquier investigación al respecto. ni exigir pago alguno por sus servicios. los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial. equitativa y expedita. incluidos los colectivos o difusos. la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita. sin discriminación alguna. sin excepción. imparcial. entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley. breve. autónoma. Al respecto. en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses. gratuito y no sujeto a formalidad. idónea. así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la Constitución. al tiempo que establece. como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos.sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. en virtud del cual el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción. que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas. Por otra parte. Igualmente. aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. y con el objeto de ampliar y reforzar la protección de los derechos humanos. Como una de las implicaciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución. independiente. el hábeas data o el derecho de las personas de acceso a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados. en atención al sistema de fuentes que en esta materia consagra el texto constitucional. De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que encuentra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia. A tal efecto. accesible. si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. y con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la Nación venezolana. público. sin formalismos o reposiciones inútiles. todo ello con el objeto de garantizar su eficacia. la Constitución establece en su Título V Capítulo III. incluido el pago de daños y perjuicios. Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano. se impone al Estado la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables. El amparo se reconoce como una garantía derecho constitucional. se establece una acción popular y se prevé que el detenido sea puesto bajo custodia del tribunal correspondiente de manera inmediata. que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios. y de solicitar ante el tribunal competente su actualización. los derechos humanos garantizados por la Constitución. cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos. lentitud e ineficacia y. rectificación o destrucción. al tiempo que prevé el servicio de defensa pública. En lo que se refiere al hábeas corpus o amparo a la libertad o seguridad personal. Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. se dispone que el procedimiento que deberá establecer la ley correspondiente en materia de amparo constitucional. Como una de las consecuencias del referido derecho. o a sus derechohabientes. será oral. todo lo cual constituye una consecuencia del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la Constitución. así como los reconocidos por las leyes. aranceles. CAPÍTULO II De la nacionalidad y de la ciudadanía SECCIÓN PRIMERA . responsable.
Italia. o como Gobernadores o Alcaldes. expresa la condición jurídica o vínculo de una persona con el Estado. en virtud de lo cual podrán acceder a todos los cargos públicos. Italia. SECCIÓN SEGUNDA De la ciudadanía Esta Sección. En todo caso. por tanto. Además. trabajo. al referirse a la ciudadanía. Se consagra sin discriminación alguna el derecho del cónyuge extranjero casado con venezolano o venezolana por nacimiento. Así. energía y minas y educación. todo ello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de tratados internacionales en la materia. por lo menos. en las condiciones de edad que establezca la Constitución para el ejercicio de los derechos políticos. siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos. aunque no podrán ejercer la Presidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo. con su pueblo. se reconoce a los venezolanos por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir siete años de edad y hayan residido permanentemente en él. cumplieren los requisitos para obtenerla. Ello no impide.De la nacionalidad Se mantienen los criterios atributivos de la nacionalidad originaria propios de la tendencia constitucional venezolana. sus costumbres y su destino. En todo caso. debe interpretarse en el sentido de que la persona interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el ánimo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero. siempre que tengan carácter temporal. con España. posean domicilio con residencia ininterrumpida en el territorio de Venezuela de. excepción hecha de los Estados fronterizos. como Ministros. . Esta exigencia se rebaja a cinco años. se les permite el desempeño de cargos públicos hasta ahora reservados constitucionalmente a los venezolanos por nacimiento. debe interpretarse en el sentido de que la persona interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el ánimo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero. además. especialmente. Ello no impide. finanzas. marcada por la presencia del ius soli absoluto y del ius sanguinis. municipales y estadales. países latinoamericanos y del Caribe. los venezolanos por naturalización. por tanto. Por otra parte. la residencia permanente a que se refiere el texto constitucional en esta materia. transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio. países latinoamericanos y del Caribe. la ampliación de los derechos políticos de los venezolanos por naturalización con el objeto de integrarlos más estrechamente a la vida y destino del país. para votar en las elecciones parroquiales. conforme a la Constitución. que dicha persona se ausente temporalmente del territorio nacional por razones de turismo. En esta materia destaca que siendo la nacionalidad venezolana por nacimiento un derecho inherente a la persona humana. no podrá privarse de ella a quienes. con el objeto de completar y darle eficacia a la regulación constitucional se promueve la suscripción de tratados internacionales en materia de nacionalidad con los Estados o países fronterizos y. No obstante. se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de la nacionalidad venezolana. con más de diez años de residencia en el país y no estén sometidos a interdicción civil o inhabilitación política. se otorga potestad electoral activa a los extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad. estudios u otros de similar naturaleza. Finalmente. Dicha condición en principio pertenece a los venezolanos y venezolanas no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política. menos en los cargos relacionados con la seguridad de la Nación. trabajo. en el caso de aquellas personas que tuvieren la nacionalidad originaria de España. de obtener la nacionalidad venezolana por naturalización. si tienen domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menor de quince años. estudios u otros de similar naturaleza. En esta materia destaca. Portugal. podrán desempeñarse como diputados a la Asamblea Nacional. diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturalización. la expresión residencia ininterrumpida a que se refiere el texto constitucional. siempre que tengan carácter temporal. Portugal. en aras de garantizar el vínculo y compromiso efectivo de los venezolanos por naturalización con la Nación venezolana. la posibilidad de gozar los mismos derechos de los venezolanos por nacimiento. que dicha persona se ausente temporalmente del territorio nacional por razones de turismo. se exige que las personas que opten a la carta de naturaleza. que le permite el ejercicio de los derechos políticos. Por ello.
que se considere perjudicada por informaciones emitidas por los medios de comunicación y que tengan relación con ella. no sobre las opiniones o juicios de valor que los medios de comunicación o periodistas ofrezcan sobre tales hechos. oportuna. se prevén los principios que orientará la organización y funciones de los cuerpos de seguridad del Estado. así concebida. así como el debido proceso. permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. imparcial y sin censura. versa sobre hechos que constituyan información y que sean transmitidos por los medios de comunicación. o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma. Por ser consustancial con ese derecho. Se reafirma el derecho a la vida como derecho fundamental. con el objeto de permitir un sano y normal desarrollo del proceso educativo y de formación de las futuras generaciones. oportuna. comprometiendo al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. base para disfrutar y ejercer los demás derechos. a fin de que se revise la veracidad y oportunidad de la información. cualquiera fuere el motivo. se reconoce el derecho a una información veraz. El derecho a la información veraz. oportunidad y proporcionalidad. practicar. establezcan mecanismos de autoevaluación informativa a los que tenga acceso toda persona. ejecución y control de la gestión pública. como procesados o condenados. conveniencia. en virtud de lo cual los medios de comunicación deberán ajustar su actividad y programación a tales fines. pública o privada. Se garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna. quien lo ejerza asume la plena responsabilidad por todo lo expresado. el cual se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. se garantiza el derecho de los niños y adolescentes a recibir una información adecuada para su desarrollo integral. con base en una regulación progresiva que establece normas y principios contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos. natural o jurídica. ya que es entendido en un sentido amplio. Esta regulación responde a la necesidad de elevar a rango constitucional los parámetros éticos indispensables para el ejercicio del derecho a la información. imparcial y sin censura. Así mismo. en razón de lo cual el uso de armas y sustancias tóxicas estará sujeto a los principios de necesidad. ejercido de manera directa. con el objeto de que los medios de comunicación como parte de su actividad y de la responsabilidad que ella genera. así como la de aquellas personas que estén prestando servicio militar o civil. acogiendo una tendencia presente en derecho comparado. se pueda materializar. De igual manera. aun en estado de emergencia o de excepción o restricción de garantías. los cuales deberán adecuar su actuación al respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Como contrapartida el Estado y la sociedad deben facilitar la apertura de estos espacios para que la participación ciudadana. psíquica y moral. . abarcando la participación en el proceso de formación. Se establecen mayores garantías para proteger el derecho de las personas a su integridad física. CAPÍTULO IV De los derechos políticos y del referendo popular SECCIÓN PRIMERA De los derechos políticos En materia de Derechos Políticos se incluyen modificaciones sustanciales en relación con la Democracia Representativa y de Partidos establecida en la Constitución anterior. Se prohíbe en forma absoluta y sin excepciones. semidirecta o indirecta.CAPÍTULO III De los derechos civiles En el Capítulo III se recogen y amplían los derechos civiles de las personas. Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio. Se inicia el Capítulo con la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas. En el marco de la protección a las personas.
se consagra el derecho de asociación con fines políticos con amplitud. así como a mantener una comunicación permanente con el pueblo que lo eligió. implica modificar la orientación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo. al eliminarse la sumisión de la participación democrática a la organización en estructuras partidistas. ampliándose este derecho a los extranjeros que hayan cumplido dicha edad. El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les otorga de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas. La consagración de la personalización del sufragio debe conciliarse con el principio de la representación proporcional. En el mismo contexto de la anterior disposición. el cual abarca la rendición de cuentas públicas. se incluyen prohibiciones que persiguen limitar la acción represiva de los . Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida. Se prevé igualmente el control del financiamiento de estas organizaciones. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el programa de gobierno presentado al electorado. que sepan leer y escribir. municipales y estadales. funcionamiento e igualdad ante la ley. En este capítulo se produce la ruptura con el sistema partidocrático que ocupó un largo espacio en nuestra historia política reciente. así como los límites de gastos en campañas electorales. a diferencia de la Constitución de 1961. Se establece el ejercicio del mismo mediante votaciones libres. garantizando la aplicación de principios democráticos en la constitución. exigiéndose en todo caso como condición el que tengan más de diez años de residencia en el país. De esta manera. se consagra el derecho al control por parte del pueblo de los representantes electos. pero limitado a las elecciones parroquiales. formulación y ejecución de las políticas públicas. en representación de las diferentes preferencias electorales del pueblo. Es precisamente este principio consagrado como derecho. tanto en la fase de la postulación de candidatos como en el ejercicio de la supervisión y vigilancia del proceso electoral se consagra constitucionalmente la participación por iniciativa propia. se incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas. se establece con rango constitucional limitaciones importantes a la conformación de cúpulas partidistas y a la estructuración vertical de organización política que lejos de fomentar y desarrollar la cultura y los valores propios de la democracia han obstaculizado su profundización. para devolverle a esta última su legítimo protagonismo. directas y secretas. dado el interés público de las actividades que cumplen las organizaciones con fines políticos. En cuanto a las diferentes etapas de los procesos electorales se otorga a los ciudadanos amplias posibilidades de participación superando las restricciones del sistema partidocrático que nos rigió. la participación no queda limitada a los procesos electorales.Esta regulación responde a una sentida aspiración de la sociedad civil organizada que pugna por cambiar la cultura política generada por tantas décadas de paternalismo estatal y del dominio de las cúpulas partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democráticos. universales. requerido para obtener órganos conformados de manera plural. como único vehículo a utilizar. mas no como un deber. de partidos políticos o de otras asociaciones con fines políticos. el que orienta este Capítulo referido a los derechos políticos. para determinados cargos. organización. ya que se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación. Se reconoce el sufragio como un derecho. el de la manifestación pacífica y sin armas. En este sentido. así como otros delitos que afecten el patrimonio público. y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar la licitud de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas. De esta manera. lo cual redundaría en la superación de los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el Estado y la sociedad. Por el contrario. con las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes. La Constitución consagra como un derecho político consustancial con la vida democrática. Dadas las trágicas y dramáticas experiencias vividas por los venezolanos en el ejercicio de este derecho a expresar su descontento con el ejercicio de las funciones de gobierno. En cuanto a la definición de los electores se da ese carácter a los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad. transparentes y periódicas.
asociada indisolublemente a la calidad de vida y al desarrollo humano. En este sentido. inspirado en los saberes populares que le dan una nueva significación al conocimiento sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo. el significado del trabajo productivo del ama de casa. la vivienda como hábitat que humaniza las relaciones familiares y comunitarias. CAPÍTULO V De los derechos sociales y de las familias Los derechos sociales contenidos en la Constitución consolidan las demandas sociales. se consagran las diversas formas de referendo popular a la que se dedica una sección en particular que regula el referendo consultivo. la garantía de la autonomía funcional de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales. Queda evidenciado a lo largo de todo el texto constitucional el uso del género femenino. el rescate de la tradición oral de los ancianos y de las ancianas. SECCIÓN SEGUNDA Del referendo popular En relación con los medios de participación en los cuales se concretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su soberanía. la cual debe responder a los conceptos de solidaridad. económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los venezolanos y venezolanas se redescubren como actores de la construcción de un nuevo país. consecuente con el principio de corresponsabilidad.cuerpos policiales y de seguridad. en lo político. lo que coloca al legislador y a los órganos que integran el sistema de justicia. todo lo cual se inscribe dentro del principio de igualdad y no discriminación reconocido por el texto constitucional. a fin de lograr un ambiente sano y saludable. familia y Estado. La pluralidad de las familias. jurídicas. como principios reconocidos universalmente. crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos sociales. Se garantiza para todos la seguridad social. autogestionaria y protagónica. políticas. participación y eficiencia. en un nuevo espacio de interpretación de la democracia social y del Estado de Derecho y de Justicia. caracteriza a la nueva sociedad. en el uso y disfrute de las oportunidades. La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas y los de su comunidad. definido como único. en lo socioeconómico y cultural. la información como mecanismo que coadyuva a la formación de la cultura ciudadana. universal. los adolescentes y jóvenes entendidos como sujetos estratégicos para el desarrollo sustentable. la ciudadanía progresiva de los niños y de las niñas definidos como prioridad absoluta del Estado. no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social. expresamente indicado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de diversas organizaciones no gubernamentales. descentralizado y participativo. aprobatorio y abrogatorio. el consumo protegido y la seguridad alimentaria. universalidad. La salud. en lo familiar. integralidad. la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos constituyen una herramienta doctrinaria que define una nueva relación de derechos y obligaciones entre sujetos que participan solidariamente en la construcción de una sociedad democrática. En el campo laboral se reconocen los derechos individuales al trabajo. el sentido de progresividad de los derechos. Igualmente se reconocen y garantizan los derechos de asilo y refugio. la Constitución promueve la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas y planes de salud. con el objeto de evitar dudas o equívocas interpretaciones de la Constitución. son nuevos elementos elevados a rango constitucional que requieren una interpretación acorde con su finalidad. Asimismo. revocatorio. La equidad de género que transversaliza todo el texto constitucional define la nueva relación que en lo jurídico. desarrolla la tríada solidaria entre sociedad. constituye un derecho social fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos. participativa. unicidad. a la estabilidad y a las . La corresponsabilidad entre sociedad y Estado. como patrimonio familiar para una educación cotidiana. se consagra la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones pacíficas.
actividades relacionadas con la cultura. Para lograr esos objetivos constitucionales. A tales fines. para luego constituir una entrecruzada sumatoria de creaciones que configuren el conjunto definitorio de la Nación. Se incluye en el proceso educativo formal el nivel maternal. En las primeras disposiciones de este capítulo se garantiza la absoluta libertad en la creación cultural. por reiterativo. permanente. Se otorga rango constitucional a la protección. la ética. la dignidad. y se la declara gratuita y obligatoria. tanto en el país como en el exterior. la igualdad. de la cual sea activamente solidario en su transformación hacia un país con una firme identidad geohistórica nacional y. que transcurra con una valoración ética del trabajo y con una conciencia de participación ciudadana. conservación y restauración del patrimonio cultural venezolano y. se enfatiza el principio de igualdad de las culturas y el de la interculturalidad. Debe estar orientada al desarrollo pleno de la personalidad para el disfrute de una existencia digna. con ello. la estabilidad política y la legitimidad jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática. a la memoria histórica de la Nación. El propósito es que cada venezolano se sienta parte de una sociedad democrática. y se prevé a través de una legislación perentoria la figura del mecenazgo. En las instituciones del Estado se consagra la gratuidad de la . desarrollen o financien. el compromiso. apoyen. la obligatoriedad de la información cultural. De acuerdo con la Constitución. lo cual obliga crear una legislación que consagre la autonomía de la administración cultural. la Educación es plural en su apertura a todas las corrientes del pensamiento universal. la libertad. contratación colectiva y derecho a la huelga por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. la legislación correspondiente deberá establecer incentivos y estímulos para quienes promuevan. o estén discapacitados. El articulado garantiza igualmente. tanto para la inversión en ella como para su producción y divulgación. y también debe establecer sanciones o penas a las personas naturales o jurídicas que le infieran daños o perjuicios. al mismo tiempo. o que se encuentren privados de su libertad. los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica. humanístico y tecnológico. igualdad que incluye a quienes califiquen en condiciones especiales. Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la vida. CAPÍTULO VI De los derechos culturales y educativos A través de artículos específicos transversalizados axiológicamente. Esa legislación debe estimular a quienes puedan y quieran enriquecer dicho patrimonio. en la Constitución quedan expresados los criterios y ejes fundamentales que reconocen y sintetizan los derechos culturales y educativos. Adicionalmente.vacaciones. Conforme a esta libertad el Estado reconoce el derecho a la propiedad intelectual de la obra creada. Las disposiciones siguientes están dedicadas a derechos y definiciones de carácter educativo. el gobierno y la sociedad. Es innecesario. Por ello se establece el deber de dichos medios de coadyuvar a la difusión de los valores y aportes de los creadores venezolanos. la solidaridad. y se destaca la promoción de las expresiones populares que conforman y modelan cada naturaleza autóctona regional. como instrumento del conocimiento científico. con vocación latinoamericana y universal. la Nación. Por consiguiente se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia. así como los derechos colectivos de sindicalización. Se garantiza a los trabajadores culturales su incorporación a un sistema de seguridad social. y se establece con carácter obligatorio hasta el nivel medio diversificado. con el objeto de corregir la desigualdad comunicacional que frente a nuestra propia cultura exhiben los medios de comunicación. en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a ella. son valores que concurren en la acción transformadora del Estado. en un propósito de realización compartida para producir la gobernabilidad corresponsable. preservación. exponer motivaciones para justificar el carácter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad. y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público. la educación debe ser integral de calidad. la moral. la justicia.
como principio y jerarquía que permite a los profesores. así como para la seguridad y soberanía nacional. tanto en las instituciones públicas como privadas. han aportado y aportan una invalorable contribución a la formación de venezolanos. también se dispone que las universidades autónomas se darán sus propias normas de gobierno. así la inviolabilidad del recinto universitario. con prescindencia de cualquier injerencia partidista. Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema educativo el manejo de las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de servicios públicos de radio. Esa exigencia constitucional responde al hecho de que si bien existen centros de educación privada que con probidad. estudiantes y egresados de su comunidad. igualmente establecida como obligatoria en el artículo 107 de la Constitución. organizar. En todo caso. gerencias académicas y gestiones electorales más adecuadas a la calidad profesional de sus integrantes y directivos. la libertad para planificar. La enseñanza de la lengua castellana es obligatoria hasta el ciclo diversificado. coordine y fomente el desarrollo de la investigación en el país. ante la imperiosa necesidad de afianzar la identidad nacional. En efecto. La ciencia. los docentes deberán someterse a una rigurosa evaluación que responda a criterios de méritos éticos y académicos. se mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de la Constitución. dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica. funcionamiento y administración. la formación ambiental debe estar presente en todos los niveles del sistema educativo. la tecnología. la historia de Venezuela y la geografía de Venezuela. tanto del que ejerce en las instituciones públicas como en las privadas. en especial. consagrando un régimen de remuneración. humanística y tecnológica. La Constitución delega en la ley la determinación de las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información. Como consecuencia de lo anterior. A los efectos. se reconoce la autonomía universitaria. bajo el control y vigilancia que establezca la ley. Se reconoce el derecho de las personas naturales y jurídicas de fundar y mantener instituciones educativas privadas. En todo caso. a través de comportamientos ajenos a los nobles propósitos del apostolado educativo y con actuaciones que han defraudado la más hermosa fe y confianza de gran cantidad de estudiantes. la autonomía universitaria debe garantizar una permanente adecuación de la institución al incesante desarrollo del conocimiento. Por otra parte. Esta misma obligatoriedad se establece para las materias patrias. al cual destinará recursos suficientes. de su ingreso. aun en la educación no formal. por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico. A tales fines. redes bibliotecarias e informáticas. Por su parte. ascenso y permanencia en el sistema educativo. la Disposición Transitoria Decimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe la legislación en esa materia. el Estado creará un sistema nacional de ciencia y tecnología que agrupe. social y político del país. rescatando así su categoría de materias autónomas. previa aceptación del Estado y bajo su estricta inspección y vigilancia. televisión. Además.educación en todos los niveles hasta el pregrado universitario. para el beneficio espiritual y material de la Nación. incluyendo la colegiación. las universidades nacionales experimentales para alcanzar su autonomía deberán cumplir con los requisitos que establezca la Ley. a lo lingüístico y a lo geohistórico. Esa autonomía universitaria implica. el cual ha generado la violación de la normativa legal y el irrespeto a la dignidad humana. el conocimiento en general. Para ser incluidas en los diseños curriculares. La legislación debe garantizar la dignificación del docente. se declaran de interés público. docencia y extensión. la ley deberá garantizar que en las asociaciones gremiales y colegios profesionales se establezcan estructuras organizativas que permitan afiliaciones. también es verdad que a lo largo del tiempo han proliferado. Al respecto. deplorables centros educativos cuyo único objetivo es el lucro desmedido. se les dio rango constitucional a las materias relativas al ambiente. de permitir el acceso universal a la información. elaborar y actualizar los programas de investigación. sin control alguno. prestaciones y seguridad sociales que le garanticen niveles de vida acordes con su elevada misión. por ser inherente a la naturaleza de la universidad. eficiencia académica y honestidad. la inversión presupuestaria que para estos fines realice el Estado tendrá carácter prioritario y estará en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO en esta área. lamentablemente. con el objeto además. Coadyuvará a lograr este objetivo la enseñanza del ideario bolivariano. La empresa privada .
desarrollando formas de organización social.también deberá contribuir con sus recursos al desarrollo de esta actividad. programas y actividades deportivas en el país. Sus antepasados ocuparon durante miles de años estas tierras. En consecuencia. el Estado garantizará la atención integral de los deportistas sin discriminación alguna. los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos internacionalmente como derechos específicos y originarios. con el objeto de garantizar la eficacia de los postulados constitucionales. el Estado promoverá la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del sector privado. como los monopolios. es el que obliga al Estado a garantizar el cumplimiento de los principios éticos y legales. conforme a los mecanismos que prevea la ley. Ante la invasión. El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüedades. En el seno de los diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se han realizado notables . al reconocer su carácter multiétnico. con el objeto de formar una población sana y apta para el estudio y el trabajo. en las actividades relacionadas con la investigación científica. idiomas y tecnologías muy diferentes entre sí y respecto a las conocidas por los europeos de entonces. así como a la formación de los estados nacionales. humanística y tecnológica. CAPÍTULO VIII De los derechos de los pueblos indígenas Actualmente habitan en Venezuela. Siendo el deporte. así como el apoyo al deporte de alta competencia. Este mismo reconocimiento en la Constitución implica un profundo cambio de perspectiva política y cultural que reorienta la conducción del Estado venezolano. Finalmente. a que concibe la recreación no sólo como ocio. se reconocen tales actividades como un derecho humano. en tanto que la acción del Estado. lo cual hoy se materializa con la refundación de la República. así como para su incorporación al desarrollo del país. así como del derecho sobre sus tierras. Durante más de quinientos años han mantenido su resistencia y lucha por el reconocimiento pleno de su existencia como pueblos. cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva. en esta materia. De la misma manera. Además. o en el abuso de posición dominante. el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias para combatir toda práctica que afecte la libre formación de precios. Los recursos para su promoción y desarrollo estarán garantizados por el Estado como parte de una política de educación y salud pública. como consecuencia de esta lucha y de sus particulares condiciones de vulnerabilidad. sin obviar las consideraciones de utilidad pública e interés general. la educación física y la recreación actividades indispensables de toda persona para su integral desenvolvimiento corporal y espiritual. al igual que en el resto del continente americano. está sometida al imperio de la ley. Lo anterior responde. Uno de los mandatos más significativos de la Constitución en esta materia. culturas. considerada como esencial en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar. sino como una actividad individual y colectiva que permite el desarrollo espiritual y la gestación de elevadas formas de conciencia sociocultural. su enseñanza y práctica se inscriben dentro del proceso educativo y son materia obligatoria en instituciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado. todo lo cual será regulado por la ley. política y económica. pluricultural y multilingüe. sea ella originada en la morfología del mercado. En consecuencia. CAPÍTULO VII De los derechos económicos En este Capítulo referido a los derechos económicos se establece el derecho que tienen los consumidores a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminatorio. además. conquista y colonización europea. pueblos cuya existencia antecede a la llegada de los primeros europeos. los indígenas defendieron heroicamente sus tierras y vidas. razón por la cual se les denomina pueblos indígenas. la cual también establecerá incentivos y estímulos a las personas y comunidades que promuevan a los atletas y desarrollen o financien planes.
el Estado venezolano recoge una situación de hecho preexistente. Igualmente. cosmovisión. enriquecimiento y reproducción del mismo. Todo ello implica un profundo cambio en la perspectiva política y jurídica del país. tanto legal como jurisdiccionalmente. que regulan diferentes áreas vinculadas a su realidad en el contexto nacional. Se garantiza la integridad de los hábitats indígenas y se consagra el aprovechamiento racional de los recursos naturales allí existentes. el Estado reconoce las prácticas médicas tradicionales de los pueblos indígenas. mediante la modalidad de un régimen de educación intercultural bilingüe. que combina la educación formal con los sistemas educativos tradicionales indígenas e implica igualmente el uso de las lenguas maternas y el castellano. en tiempos recientes. en consecuencia. en el ordenamiento jurídico venezolano existen muchas referencias normativas distintas relativas a la realidad indígena. mediante una perspectiva intercultural que permita la combinación de los dos saberes. En oposición a las políticas indigenistas que hasta ahora imperaron en el país y que han significado la destrucción y desaparición de sus culturas. Se establece que las tierras indígenas son inalienables. Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y promover sus prácticas económicas. En este sentido. reconocimiento y profundización de los derechos de los pueblos indígenas. El Estado asegurará dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable. resoluciones ministeriales y reglamentos.esfuerzos en el avance. las cuales incluyen leyes aprobatorias de tratados internacionales en materia de derechos indígenas. Sobre esta base el Capítulo referido a los derechos indígenas reconoce ampliamente la existencia de los pueblos indígenas. las cuales hasta el presente han sido desconocidas y descalificadas. la salud integral adaptando los servicios de salud a las especificidades y necesidades culturales de cada uno de los pueblos indígenas. con identidad y en . tanto en el ámbito legislativo como en el constitucional. es importante destacar que la mayoría de las constituciones latinoamericanas actuales establecen principios claros sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte. Así. En este sentido. dentro de las instituciones del Estado existen dependencias específicas para atender los diversos aspectos de la realidad de los pueblos indígenas. culturas e idiomas propios. Como parte de la valoración del patrimonio cultural indígena. así como sus hábitats y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son indispensables para garantizar su continuidad biológica y sociocultural. Dado que toda sociedad posee su propio sistema y procesos de socialización y de endoculturación mediante los cuales educan a sus miembros según sus costumbres y tradiciones. por lo que no se les podrá imponer planes y proyectos de desarrollo ajenos a sus intereses y necesidades. la jurisprudencia venezolana ha desarrollado también el contenido de los derechos humanos de los indígenas. Se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a recibir información previa y a ser consultadas sobre actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado garantizará a los pueblos indígenas. al valorarse el aporte de la indianidad en la formación de la venezolanidad y de sus instituciones sociales básicas. Una ley especial desarrollará lo específico de tal demarcación a fin de asegurar la propiedad colectiva de las tierras a los pueblos y comunidades indígenas que las habitan. se consagra el derecho de cada pueblo indígena a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural. sus formas de organización. ordinarias y especiales así como decretos. el Estado velará por el mantenimiento. La valoración del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos indígenas concierne a todos los venezolanos. En Venezuela también se ha dado un progresivo reconocimiento jurídico de la realidad de la diversidad cultural nacional representada por los pueblos indígenas venezolanos. en diferentes sentencias para casos específicos. el Estado reconoce y respeta los sistemas educativos de los indígenas y garantiza la atención educativa. las cuales además son asiento de sus referentes sagrados e históricos. inembargables e intransferibles y que corresponde al Estado conjuntamente con los pueblos indígenas la demarcación de dichas tierras. Los beneficios que corresponden a los pueblos indígenas por concepto de este aprovechamiento por parte del Estado serán de carácter colectivo. dentro de su complejidad. como un reconocimiento a la diversidad cultural de América Latina. espiritualidad y preservar sus lugares sagrados y de culto. fortalece el sentido de pertenencia nacional. que al mantenerse históricamente. valores. imprescriptibles. así como diferentes leyes orgánicas. continuidad.
en el que el uso de los recursos por . sus autoridades tradicionales.articulación con la economía nacional. enfrentar los conflictos y seguir manteniendo la cohesión colectiva mediante la aplicación de un sistema normativo reparatorio. para la regulación. En efecto. significa el reconocimiento de su identidad específica. CAPÍTULO IX De los derechos ambientales En lo que se refiere a los derechos ambientales. la Constitución. con una visión sistemática o de totalidad. Por constituir un derecho de los pueblos indígenas y un patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. Pero aunado a este Capítulo dedicado a los derechos indígenas. Los pueblos indígenas forman parte de la sociedad nacional y del pueblo venezolano que se reconoce como único. los idiomas indígenas se emplearán en todos los procesos administrativos y judiciales en que sea necesario. los recursos financieros. el Estado garantiza y protege la propiedad colectiva de los mismos prohibiendo su patentabilidad. saberes. además de establecer por vez primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos. El uso del término pueblo. la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos. además de garantizarles su participación directa en las instancias de toma de decisiones de los poderes públicos que integran el Estado. Este derecho a la justicia es un mecanismo de protección a los indígenas venezolanos. supera. en este caso no se trata de códigos o leyes escritas. la Constitución establece que las lenguas indígenas tienen un valor primordial en sí mismas por ser el máximo instrumento intelectual de los pueblos que las usan. anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. el más completo inventario de su cultura y la mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual. Así. social y económicamente sustentable. Por otra parte. En tal virtud. se excluyen las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas de la calidad de ejidos. prácticas e innovaciones intelectuales y recursos genéticos de los pueblos indígenas. que históricamente han vivido en una sociedad que los excluyó y discriminó. Ello les permitirá estar presentes en la elaboración de las distintas leyes y reglamentos del país. la constitución se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas de seguir practicando sus sistemas normativos internos. Por último. tomando en cuenta la organización social y cultural específica de cada municipio indígena. tal como lo expresa claramente el texto constitucional. la Constitución consagra otras disposiciones en la materia. sanción y restauración de la paz social. de las características sociales. culturales y económicas que les son propias y que los diferencian del resto de la sociedad. soberano e indivisible. así como la participación en la economía del país. la capacitación y la asistencia técnica requerida. Al garantizarse la participación política de los pueblos indígenas con una representación en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena se consagra una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas. los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental. todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico. Ahora. los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República. tal como se expresa en las disposiciones transitorias. Asimismo. sino de formas de justicia que han permitido a estos pueblos regularse internamente. así como el tipo de economía que estas comunidades practiquen. por tanto el uso de dicho término no podrá interpretarse en el sentido que se le da en el derecho internacional. Con el fin de salvaguardar los conocimientos. impulsados por una necesidad y una tendencia mundial. además del castellano. se prevé que la legislación municipal establezca la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los municipios con población indígena. a fin de establecer una administración municipal que reconozca la capacidad de participación indígena en su hábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural. de la apropiación ilegal y el aprovechamiento comercial por parte de personas naturales y jurídicas.
social y económicamente sustentable de la Nación. independientemente de cualquier tipo de corriente ideológica. civil y comunitaria del país. como una obligación consustancial con la nacionalidad. integrada y comprometida en todos sus ámbitos. Este deber implica no sólo resguardar y proteger la soberanía. los procesos ecológicos. el texto constitucional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria. todo ello en los términos que determine la ley. retomando principios de nuestra historia constitucional se consagran los deberes de los venezolanos. Así. territorial. el Estado. rescatando nuestra historia republicana se extiende ese deber a la promoción y defensa de todo lo que identifica nuestra Nación. en la cual se desarrollaron los derechos y deberes del hombre en sociedad. publicada en la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismo año. la nacionalidad y nuestra integridad territorial. en su parte final se consagraron los deberes del hombre en sociedad conjuntamente con los deberes del cuerpo social. armónica. social y económicamente sustentable. protegerá el ambiente. la diversidad biológica. sano y ecológicamente equilibrado. Consecuente con ello. la protección del hábitat de los pueblos indígenas. que afecten recursos naturales. se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa. CAPÍTULO X De los deberes En este Capítulo.parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras. los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. la necesidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales. Destaca. La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad. las limitaciones a la libertad económica por razones de protección del ambiente. se consagra el deber de toda persona de cumplir y acatar el Texto Fundamental. de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado. se consagra el deber de toda persona de cumplir los requerimientos sociales y participar en la vida política. la obligación de conservar el equilibrio ecológico. como una garantía insoslayable para la protección del ambiente se dispone que en todos los contratos que la República celebre. Como consecuencia del principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. cultural y social de la Nación. De igual manera. o en los permisos que se otorguen. a través de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico. la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. las especies vivas. Así. Por otra parte. con fundamento en la figura romana del buen padre de familia. encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental. solidaria. Aunado a ello. con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico. gocen de especial protección. sino además. Se consagra el deber de honrar y defender la Patria. al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación. las costas. la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. el carácter de bienes de dominio público que se le atribuye a las aguas. los derechos y deberes ambientales de cada generación. defender y promover la autodeterminación política. abierta. en donde el aire. el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable. la cual deberá contar con la participación ciudadana. Luego. En la búsqueda de estos propósitos se resalta la obligación de promover y defender los derechos humanos siempre con fundamento en la convivencia . y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro. Además. los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización axiológica en el texto constitucional. El origen de los deberes es la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811. como los símbolos patrios y valores culturales. en este sentido. así como del principio de legalidad. entre otros. Promoviendo una sociedad plural. el clima. las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones legítimas dicten los órganos que ejercen el Poder Público. los recursos genéticos. la capa de ozono. el agua. en la Constitución Federal de Venezuela de 1811 publicada en la Gaceta de Caracas el 27 de diciembre de ese mismo año. los suelos.
Se establece el principio restrictivo de la competencia. Por ello. preservación y desarrollo de la Nación. al cumplimiento de los fines que impone el bienestar social general. normal o anormal. lugar y condiciones que determine la ley. en la medida de sus posibilidades. recuperando la moral pública y la eficiencia y eficacia de la función administrativa del Estado. la desviación de poder. Finalmente. En las Disposiciones Generales. En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se incorporan. En virtud del principio de solidaridad social. o bien para hacer frente a situaciones de calamidad pública. de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas. en las disposiciones generales. características complementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha instaurado en el país en los últimos tiempos. de los entes públicos o incluso de . así como la violación de la Constitución y la Ley. La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y político en el cual se deben dar signos claros del respeto a la independencia y autonomía funcional de la que deben gozar los órganos encargados de desarrollar las funciones respectivas. ciudadanas o electorales. se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado. Esta disposición es una de las que ha adolecido de ineficacia. se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos. responsabilidad social y asistencia humanitaria. sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa. se abarca tanto el abuso de poder. cuando sea necesario para la defensa. igualmente. las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Constitución y a la ley. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas. además de las funciones tradicionales. Se consagra. según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley. se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. Estadal y Nacional. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento. La usurpación de autoridad. se consagra el deber de toda persona de coadyuvar. militar y electoral. a los gastos públicos. administrativas. para facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos electorales. tanto en sentido vertical como horizontal. TÍTULO IV Del Poder Público CAPÍTULO I De las disposiciones fundamentales SECCIÓN PRIMERA Disposiciones generales El presente título referente al Poder Público adquiere especial significación dado que se propone rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones. No obstante. consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas que no gocen de la investidura pública.democrática y en la paz social. por lo cual su consagración en esta Constitución implica generar los mecanismos legales para su aplicación efectiva. en primer lugar se consagra la conocida distribución vertical del Poder Público: Poder Municipal. legislativas. En armonía con los principios de participación y solidaridad social se consagra el deber de toda persona de prestar servicio civil. así como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos. En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público. se consagra el deber de toda persona de coadyuvar según su capacidad y aptitud. una división de las funciones que corresponden a cada rama del Poder Público. quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión deberán prestar servicio a la comunidad durante el tiempo. judiciales. la innovación de los denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano. con base en los principios de solidaridad. colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano.
eficacia. la incorporación de los mismos a la seguridad social. salvo las excepciones legales. Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas. Asimismo están sometidos conjuntamente con los intereses públicos en entidades. permanencia y ascenso en la carrera administrativa. SECCIÓN SEGUNDA De la administración pública Por definición. que tanto daño ha causado al pueblo venezolano. al control estatal según sea desarrollado en la ley. el principio de la legalidad de la actividad administrativa. En este contexto la aplicación de este contenido implica el cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales que han enturbiado y obstaculizado el ejercicio de esta función del Estado. de privilegios o discriminaciones. sólo puede alcanzarse en la medida que se adopten políticas orientadas en este sentido. y acceso a los archivos y registros administrativos. Se deberá regular el ingreso. como el clientelismo. traslado. en buena parte. Como complemento se establece que el nombramiento y remoción no podrán vincularse a la afiliación política. Tal aspecto se convierte en punto fundamental de este proceso de refundación del Estado. el derecho a la información oportuna y veraz por parte de la Administración Pública. entendida como la satisfacción plena de las demandas sociales. así como al conocimiento de las resoluciones definitivas que se dictaren. la eficiencia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridades indiscutibles dentro de las exigencias que la sociedad venezolana ha manifestado con mensajes precisos y contundentes. y no a parcialidad alguna. Este derecho adquiere suficiente amplitud y precisión. Los vicios más enraizados en el sistema político. están relacionados íntimamente con la falta de líneas claras en torno a lo que debe ser la función pública y a la creación de una política de recursos humanos cónsona con los ideales de la gerencia pública moderna. y por ende al ciudadano. ya que el mismo depende de una voluntad política firme que convierta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasía irrealizable.personas privadas en ejercicio de tales funciones. SECCIÓN TERCERA De la función pública Como introducción a la regulación establecida en esta Sección conviene resaltar la importancia y significación que la nueva Constitución le otorga a la función pública. la función ejercida por la Administración Pública está sujeta al servicio público o interés general. con lo cual se ha facilitado la corrupción y la ineficacia e ineficiencia. transparencia. los cuales no requieren de mayor explicación: honestidad. Además de estos principios rectores se reitera el sometimiento a la ley y al derecho. el espacio en el cual se debe garantizar los niveles de idoneidad tanto profesional como ético de las personas que ingresen en la Administración Pública. ascenso. Evidentemente por vía legal y . en la medida en que la honestidad. se establece el deber de los funcionarios o funcionarias públicas de servir al Estado. Igualmente se consagrará por vía legal las funciones y requisitos para el ejercicio de los cargos respectivos. por ende debe estar al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones. El principal freno a las conductas contrarias a la legalidad y a la moral pública depende. rendición de cuentas y responsabilidad. desviándola hacia la satisfacción de intereses subalternos. Contrario a los hábitos organizacionales generados por el clientelismo político. Se consagra la creación del Estatuto de la función pública mediante ley. participación. La gobernabilidad. Principios que expresan con claridad el nuevo camino de deben seguir los funcionarios que ejerzan el Poder Público. en la cual se regulará lo relativo a la política de recursos humanos aplicable a los funcionarios de la Administración Pública. suspensión y retiro y. celeridad. es decir. de las políticas de ingreso. Los institutos autónomos son materia de reserva legal. Es por ello que se precisan los principios que deben fundamentar a la Administración Pública. eficiencia. Es precisamente en el marco de estas normativas donde deberán ser desarrolladas por la ley. ya que abarca lo relativo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada. así mismo. Como complemento a esta disposición se establece la prohibición absoluta de la censura a los funcionarios públicos en relación con su deber correlativo al derecho a la información consagrado en esta disposición.
por sí mismos o por interpósita persona. idoneidad y eficiencia. Se establece como principio general que los cargos de la Administración Pública son de carrera. Igualmente se consagra la prohibición del disfrute de más de una jubilación o pensión. Por ello dicho concurso se sujeta a los principios de honestidad. estados. Este aspecto del establecimiento de la carrera administrativa. tanto en el aspecto ético como en el de la preparación técnica y profesional. Tales principios deben ser desarrollados por vía legal de manera de restringir la discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con estos aspectos. SECCIÓN CUARTA De los contratos de interés público . se establecerán las escalas de salarios. ascenderá y obtendrá mayores beneficios laborales. no se podrá acceder a la carrera administrativa por designaciones o contrataciones que obvien este mecanismo de selección objetivo. salvo las excepciones legales. estadal o nacional. disciplina y desarrollo de los conocimientos. los contratados y los obreros. Por el contrario.reglamentaria se deben afinar los mecanismos para garantizar el fiel cumplimiento de esta norma. destrezas y habilidades del funcionario. salvo las excepciones de cargos académicos. si el resultado de la evaluación del desempeño del funcionario es negativa. Esta evaluación debe ser objetiva y periódica. La ocupación de cargos públicos remunerados requiere como exigencia indispensable la previsión presupuestaria respectiva. Igualmente. para el ascenso se someterá a un sistema de evaluación que reporte una calificación de méritos de los funcionarios públicos en forma periódica. República o demás personas jurídicas estatales de derecho público o privado la celebración de contratos con estas entidades. pudiendo establecerse los límites razonables a las remuneraciones en las diferentes ramas del Poder Público municipal. El objetivo de esta norma es mantener dentro de los parámetros razonables y en el contexto de la situación económica del país los niveles de las remuneraciones de los funcionarios públicos. En adelante. Como exigencia indispensable para la aceptación de cargos. la permanencia del funcionario en la carrera administrativa tiene que estar relacionada con un resultado positivo de la evaluación de su desempeño. La depuración de la función pública. accidentales. Por vía reglamentaria y según la ley. Ello implica una evaluación objetiva de la gestión personal de los funcionarios y un programa de formación y capacitación al cual se deberán someter. De esta forma el ascenso debe encontrarse vinculado a la eficiencia. dinámica y eficiente. y en ese sentido gozará de estabilidad. los de libre nombramiento y remoción. honores o recompensas de gobiernos extranjeros se requiere la autorización de la Asamblea Nacional. ni se podrá adquirir estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo de carrera. Para darle eficacia a este dispositivo se requiere la existencia de archivos confiables y actualizados que impidan la recurrencia en este vicio que constituye un verdadero fraude al interés colectivo. el funcionario será removido de la función pública. salvo las excepciones legales. se prohíbe expresamente desempeñar más de un destino público remunerado. De esta forma se potencia el esfuerzo del funcionario por mejorar su gestión. Igualmente. De otra parte. salvo los cargos de elección popular. estableciendo las exigencias para poder optar a dichos concursos y así poder ascender en la carrera administrativa. Igualmente se prohíbe a quienes estén al servicio de los municipios. Sólo el concurso público dará acceso a la carrera administrativa y a la consecuente estabilidad del funcionario. En este mismo contexto el ingreso a la carrera administrativa será exclusivamente por concurso público que garantice la selección de los mejores. asistenciales o docentes según la ley. requiere de un compromiso ineludible con la satisfacción de esta exigencia que la sociedad ha expresado reiteradamente. Correlativo a ello deberá avanzarse hacia la conformación de instancias estatales que contribuyan a la formación y actualización permanente del funcionario público. por ley nacional se establecerá el régimen de jubilaciones y prestaciones a todos los niveles. Para evitar las irregularidades que se han cometido continuamente en desmedro de la eficiencia y de la eficacia de la Administración Pública. así como otros tipos que indique la Ley. el rescate de la imagen del Estado. constituye un pilar necesario para poder sustentar el edificio de una Administración Pública moderna.
se conserva como regla general el sometimiento de dichos contratos a las leyes y a la jurisdicción venezolana. se establece con carácter preceptivo esta aprobación en los supuestos de contratos de interés público nacional. la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales. respeto de los derechos humanos. darle un marco constitucional sólido a los procesos de integración de los cuales Venezuela es parte. el manejo de la política de fronteras. la regulación constitucional existente. no sólo a los fines de la democratización de lo público sino también como elemento decisivo para promover la efectividad y eficiencia de los cometidos estatales. solución pacífica de los conflictos internacionales. se permite la suscripción y ratificación de tratados internacionales. . aunque se mejora su redacción. en los casos en que la naturaleza del negocio así lo permita. la cual adquiere carácter constitucional en la búsqueda de la creación de una Comunidad de Naciones. solidaridad entre los pueblos. así. A tales fines. el reconocimiento y fortalecimiento que la Constitución ofrece a los procesos de integración con carácter supranacional. A continuación se incluye una declaración general sobre la valoración del concepto de descentralización. así como transacciones inmobiliarias. la administración del espectro electromagnético. como lineamiento estratégico de la política de desarrollo. y de todas las decisiones o directivas dictadas hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución. por los órganos supranacionales de la Comunidad Andina. Se prevé. incorporando materias nuevas tales como la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales o municipales. bilaterales o multilaterales. en general. en el marco de procesos de integración que tengan carácter supranacional. por vía de excepción. así como la organización y funcionamiento de los órganos del poder Público Nacional y demás órganos e instituciones del Estado. Por otra parte. SECCIÓN QUINTA De las relaciones internacionales En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Además de la defensa de estos principios. cuya recaudación y control corresponderá a los municipios. la Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones internacionales. CAPÍTULO III Del Poder Público Estadal Comienza con la caracterización de los estados como entidades autónomas e iguales en lo político. el régimen general de los servicios públicos domiciliarios. No obstante. la legislación en materia de pueblos indígenas y territorios por ellos ocupados. así como reconocer la validez de todos los tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en dicho proceso. Se promueve la integración latinoamericana y caribeña. Como consecuencia de ello. En todo caso. estadal o municipal si los mismos pretenden celebrarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. En esta sección se establecen los principios de independencia. haciendo mención expresa del compromiso de mantener la integridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. ha tenido entre otros objetivos.En materia de contratos de interés público se mantiene. las decisiones que adopten los órganos supranacionales que surjan de los procesos de integración. cooperación. igualdad entre los estados. como regla general que los contratos de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. son de aplicación directa e inmediata en Venezuela. con el atributo de personalidad jurídica plena. Sin embargo. libre determinación y no intervención. determinadas controversias del contrato podrán someterse a otra jurisdicción. CAPÍTULO II De la competencia del Poder Público Nacional En esta Constitución se actualizan las competencias del Poder Nacional.
se consagran y caracterizan en la Constitución los ramos de ingresos. Asimismo. prohibiciones y causales de inhibición para la postulación y ejercicio de las funciones de alcaldes y concejales. sus atribuciones y los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo. Se prevé la creación en cada estado de un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. En el caso de la rama legislativa y deliberante de los estados. su conformación. Respecto a los ingresos. se establecen que las inmunidades frente a la . para el desarrollo de estados y municipios. Se propone una habilitación general al legislador para crear condiciones de elegibilidad. así como la creación de modalidades asociativas intergubernamentales. además de la obligación de rendición de cuenta ante el Contralor del Estado y la presentación de un informe del mismo ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. con las funciones de gobierno y administración el primero. así como la garantía jurisdiccional de la misma. dejando abierta la posibilidad de que por vía del desarrollo legislativo puedan ser creados otros impuestos. en la cual se incluye el reconocimiento expreso de la autonomía municipal con la definición del contenido mínimo que corresponde a esa cualidad esencial. Además del enunciado del sistema de ingresos se consagra que la potestad tributaria de los municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal. imponiéndose a tal efecto. Todo ello en un esfuerzo de armonización de las distintas potestades fiscales. abarcando no sólo la organización municipal propiamente tal. Se prevé la organización de los municipios en distritos metropolitanos mediante ley.que es la esencia del pacto federal. Se estableció la remisión a la legislación. el gobernador y el Consejo Legislativo. Se ha previsto la posibilidad de que los municipios se asocien en mancomunidades. lo que permite el diseño de un régimen más auténtico para la organización distrital que no debe quedar constreñido a una forzada reproducción a escala de la organización municipal. Se definen los órganos superiores de las entidades estadales. básicos y orientadores. a saber. tasas y contribuciones especiales. Se establece la existencia en cada Estado de una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. sino también en lo que respecta a sus competencias y recursos. la necesidad de partir de la diversidad municipal de modo imperativo y no como una simple orientación al legislador. en la que se establecen conceptos generales. En la distribución de competencias que corresponden a la Constitución se definen en este capítulo la competencia exclusiva de los estados. de la materia correspondiente al desarrollo de los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales. Se señalan los requisitos del cargo y el período de duración del mandato del gobernador. lo que permitirá mejores condiciones para la delimitación de competencia. Se definen los ingresos de los estados dentro de una visión integral de la materia hacendística pública. con especial atención al problema del financiamiento de las autonomías territoriales. incluyendo aquellos de naturaleza tributaria que corresponden al municipio de manera irrestricta. y de legislación y de deliberación política el segundo. Se incorpora una declaración general sobre la participación como elemento consustancial con la naturaleza del gobierno y la administración municipal. se define su órgano que es el Consejo Legislativo. En cuanto a las competencias concurrentes se adopta la experiencia del Derecho Comparado en materia de descentralización y se asume que las leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases. Se enfatiza la necesidad de que dicha legislación establecerá opciones para la organización de gobierno y administración de los municipios indígenas. dejando su organización y funcionamiento a lo que determine la Ley. CAPÍTULO IV Del Poder Público Municipal Se inicia con una norma de caracterización del Municipio. manteniéndose y ampliándose las previstas en la Ley Orgánica de Descentralización. y las leyes estadales son leyes de desarrollo de esos principios básicos.
De acuerdo con lo expuesto. además. en cada entidad federal. TÍTULO V De la organización del Poder Público Nacional CAPÍTULO I Del Poder Legislativo Nacional SECCIÓN PRIMERA Disposiciones generales El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes. en una o varias entidades federales. en virtud de la eliminación del Senado. dejándoles la excepción para las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. pero no a concesionarios ni a otros contratistas. el número de diputados de la Asamblea Nacional sólo aumentará o disminuirá en la misma medida en que aumente o disminuya la población. además. intangible a la acción del Poder Federal. el federalismo cooperativo. pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos como máximo. se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos. de los mecanismos necesarios para que los estados y municipios formalicen el compromiso de descentralización hacia las comunidades y grupos vecinales. válidamente constituidos. Se ha incluido una norma que establece la presunción del carácter de ejidos de los terrenos ubicados en el área urbana de los Municipios. Se incluye una norma que consagra la creación mediante ley. reflejo en el plano de la organización del Estado de los principios de integridad territorial. . único mecanismo cooperativo previsto en la Constitución precedente de 1961. es clara la superación que representa esta figura organizativa con respecto a la Convención de Gobernadores. Es. en principio.potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes politicoterritoriales. sancionados en el Título I de la Constitución relativo a los Principios Fundamentales. erradicar la duplicación de órganos de administración y control y la duplicación de comisiones permanentes. Con esta forma de integración y con la estructura unicameral del órgano legislativo nacional desaparecen los llamados diputados adicionales. un órgano producto de la fase más avanzada del federalismo. concurrencia y responsabilidad. coordinación y cooperación en la definición y ejecución de las políticas públicas. corresponderán tres diputados por cada entidad federal y habrá tres diputados en representación de los pueblos indígenas. El período de duración del mandato es de cinco años. organizando los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad. entre otras cosas. cooperación. Las funciones de este Consejo Federal de Gobierno serán básicamente las de planificar y coordinar horizontalmente las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y la administración del Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover el desarrollo equilibrado de las regiones de menor desarrollo relativo. En fin. sin menoscabo de legítimos y mejores títulos de terceras personas. CAPÍTULO V Del Consejo Federal de Gobierno Como órgano constitucional de carácter interterritorial se crea el Consejo Federal de Gobierno. Los diputados que integran la Asamblea Nacional son elegidos. según una base poblacional de uno coma uno por ciento de la población total del país. pues. solidaridad. Se ha incorporado la creación del Consejo Local de Planificación Pública que tiene por objeto la planificación. reducir los costos de funcionamiento del parlamento. Igualmente. superación histórica de lo que ha sido denominado federalismo dual que entendía al Estado como producto de un pacto entre los distintos entes politicoterritoriales los cuales tendrían una esfera de soberanía no delegada a la Unión y.
al mismo tiempo. los mecanismos de control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al Vicepresidente y a los Ministros.desaparece la figura del senador vitalicio. de acuerdo con el artículo 186 del texto constitucional. dos Vicepresidentes. representante de la entidad federal y representante popular. La Asamblea promoverá la organización y la participación ciudadana en los asuntos de su competencia y tendrá iniciativa en materia de leyes. dado por las tres quintas partes de los diputados. atendiendo sus opiniones y sugerencias. durante los cuatro años anteriores a la fecha de la elección. reviste un doble carácter. Otros mecanismos de control son las interpelaciones. Respecto a las condiciones de inelegibilidad de los diputados. lo cual reafirma el artículo 201 al expresar que los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto. por lo menos. Destacan la función legislativa. informándolos . la función de control político sobre la Administración Pública Nacional y sobre el Gobierno. En cuanto al control sobre los diputados. según sea el caso. El diputado es. Ese doble carácter de la representación parlamentaria exige de los candidatos haber residido en la entidad federal en la cual aspiran ser elegidos. un Secretario y un Subsecretario de la Asamblea Nacional. De allí que el ejercicio de la función parlamentaria sea a dedicación exclusiva. las investigaciones. Por otra parte. Esta obligación incumbe también a los particulares. como el nuestro. La Comisión Delegada se integra con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los Presidentes de las Comisiones Permanentes atendiéndose al criterio del conocimiento en una determinada materia que corresponde a sus integrantes. La representación parlamentaria. Los diputados están obligados a mantener vinculación permanente con sus electores. En lo relativo a la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional. aun cuando mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados se pueda disminuir o aumentar su número. da lugar a la remoción del Vicepresidente o de los Ministros. El voto de censura. sin perjuicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra. sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse. cuyo procedimiento es especial y requiere de votación calificada. En el caso de la remoción del Vicepresidente. son complementos tanto del carácter federal de la representación parlamentaria como del contenido federal del Estado venezolano. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta función será establecido de conformidad con la ley. reforma y Asamblea Constituyente. las preguntas. las autorizaciones y. la Constitución faculta al Presidente de la República. enmienda. La Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla efectiva. remitiéndose al reglamento las formas de resolver las faltas temporales y absolutas de estos cargos. las autorizaciones y las aprobaciones. el número de comisiones queda limitado a quince. el texto constitucional consagra los principios de la personalización de las elecciones y el de la representación proporcional. Igualmente se definen las figuras del Presidente. en particular. al tiempo que obliga a la vinculación con las entidades federales y el pueblo. en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional. No podrá disolverse la Asamblea Nacional en el último año de su período constitucional. en los casos expresamente señalados. dejando a la ley la tarea de garantizar la presencia de estos principios que constituyen parte sustancial del sistema democrático. se obliga a la separación absoluta de sus cargos a los aspirantes. Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que éstas requieran para el cumplimiento de sus funciones. como un mecanismo de equilibrio democrático. para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta días siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura. todo lo cual se hará mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. por lo menos tres meses antes de las elecciones. se busca el ejercicio efectivo y eficiente de la función parlamentaria. El Estado requiere un desarrollo legislativo acorde con los cambios del país y un eficiente control sobre la Administración Pública y el Gobierno. Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario. salvo las excepciones establecidas. al derecho de palabra a los Estados en el proceso de formación de las leyes relativas a ellos y la iniciativa legislativa por parte de los Consejos Legislativos de los Estados. Este requisito de elegibilidad unido a la obligación de la Asamblea Nacional de consultar a los Estados cuando ella trate de materias relativas a los mismos.
Esta nueva regulación constitucional evita la irresponsabilidad política de los Presidentes que caracterizó el período republicano que culmina con la aprobación de la nueva Constitución. Se consagra la inmunidad parlamentaria como una garantía del ejercicio autónomo de las funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el mejor y efectivo cumplimiento de la función parlamentaria. de no poder ejercer cargos de elección popular dentro del período siguiente. La ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. en cuyo caso éstas habrán de ser remitidas a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. cumplida más de la mitad del período presidencial de seis años. CAPÍTULO II Del Poder Ejecutivo Nacional La Constitución eleva el período presidencial a seis años debido a la modificación del sistema de controles politicosociales sobre el Ejecutivo Nacional. podrá ordenar la detención o continuar el enjuiciamiento. Su desconocimiento por parte de los funcionarios públicos ocasiona sanciones de naturaleza penal que el legislador deberá establecer en la ley correspondiente. cuando se trate de leyes relativas a los Estados. De esta manera. mientras que la segunda se realizará artículo por artículo. la Constitución establece cinco tipos de leyes orgánicas: las que ella misma denomina como tales. para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. en días diferentes. leyéndose el articulado en conjunto. Un elemento imprescindible para el logro de lo señalado es asegurarle al diputado una retribución económica que asegure su independencia. El texto constitucional incorpora un conjunto de cambios en cuanto a la definición de la ley y en cuanto a las leyes orgánicas. En la etapa de discusión y aprobación de los proyectos de ley. Se destaca la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de discutir los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana y el sometimiento de dichos proyectos a referendo aprobatorio. en caso de producirse. cuando no fuere discutido por la Asamblea.acerca de su gestión y la de la Asamblea. Cada proyecto de ley recibirá dos discusiones en el seno de la Asamblea. conocerá el Tribunal Supremo de Justicia en forma privativa. el Poder Ciudadano. se permite su reelección inmediata por una sola vez para un nuevo período. la inmunidad sólo está referida al ejercicio de las funciones parlamentarias desde el momento de la proclamación por parte del órgano electoral competente hasta la conclusión del mandato. y la segunda. las que sirvan de marco normativo a otras leyes y las que hayan sido calificadas como tales por la Asamblea Nacional. como una innovación estructuralmente importante. el pueblo determina la suerte del Presidente. sin que su condición de parlamentario implique privilegios personales ni abuso de las prerrogativas garantizadas por la Constitución ni la percepción de beneficios económicos indebidos. que rindan cuenta anualmente de la gestión y que estén sometidos al referendo revocatorio del mandato. se introduce la obligación de abrir procesos de consulta a los otros órganos del Estado. con la consecuencia inmediata. La primera discusión versará sobre la exposición de motivos y la pertinencia del proyecto de ley. por la postulación del Presidente a la reelección popular para un segundo mandato. Y. Por otra parte. el Poder Electoral y el Consejo Legislativo Estadal. a los ciudadanos y a la sociedad organizada. por la solicitud del veinte por ciento o más de los electores para efectuar un referendo revocatorio del mandato. desde el punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional. quien sea titular de la Presidencia puede ser evaluado políticamente por su gestión en dos oportunidades: la primera. esto con el propósito de evitar el uso indiscriminado de tal denominación. confirmando su confianza . la autoridad competente pondrá a éste bajo custodia en su residencia y comunicará de manera inmediata el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la iniciativa legislativa se incorporan al texto constitucional tres nuevos elementos de iniciativa. En ambos casos. según sea el caso. Sin embargo. siendo la única autoridad que. entendiéndose que para ello deberá seguirse el procedimiento que el propio texto constitucional establece. las que se dicten para organizar los poderes públicos. las que se dicten para desarrollar derechos constitucionales. previa autorización de la Asamblea Nacional. En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los diputados. no consecutivos. En caso de delito flagrante cometido por algún diputado.
con la competencia de proponer el nombramiento y remoción de los Ministros. el Vicepresidente es una institución que comparte con el Presidente el ejercicio de su jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento. La ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible se sustenta en la creación de la figura del Vicepresidente Ejecutivo. En propiedad. el Vicepresidente es un doble instrumento o instancia para la coordinación. .para que se mantenga en el cargo. convirtiéndolo en una instancia de confluencia de Poderes para el acuerdo de políticas de Estado. El calificar el sistema presidencial como flexible se debe a que las atribuciones del Vicepresidente serán aún mayores en tanto el Presidente de la República le delegue sus propias atribuciones. Este nuevo arreglo institucional se sustenta en dos importantes orientaciones: la primera. más las atribuciones que el Presidente le puede delegar. estadales y municipales. Una de las innovaciones más importantes del texto constitucional consiste en la sustancial modificación del sistema de gobierno. a pesar de su denominación de Vicepresidente. se produzcan éstas por cuentas ministeriales o en Consejo de Ministros. La segunda función del Vicepresidente corresponde a sus facultades para dirigir y coordinar el proceso descentralizador. o retirándole su apoyo. una jerarquía directa sobre estos y sobre las demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. es un medio de profundización de la democracia mediante dos mecanismos de control social sobre la gestión del Estado que se particularizan en la sujeción del Presidente a la voluntad popular. para armonizar los intereses nacionales. La creación de este Fondo conlleva a la transformación del actual Fondo Intergubernamental para la Descentralización. evaluación y control de las políticas públicas sectoriales. La cuarta función del Vicepresidente es la que lo encarga de las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. Este Consejo se encuentra. y de los sistemas de seguimiento. Son estas funciones. la distinción y separación orgánica flexible entre las funciones de jefatura de Estado y de jefatura de gobierno. Más que ello. una coordinación horizontal del Gobierno Nacional y otra vertical entre los gobiernos territoriales. el Vicepresidente que contempla la Constitución no es el típico cargo que tiene la función de resolver la sucesión presidencial por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la República. las que convierten al Vicepresidente en un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado. Esta función consagra a la Vicepresidencia en el medio fundamental de apoyo del Presidente y la convierte en una instancia de dirección y coordinación sobre la Administración Pública Nacional que supone. al cual se adscribe el Fondo de Compensación Interterritorial. para garantizar el debido equilibrio en el desarrollo económico social de las regiones. Estas facultades las ejerce el Vicepresidente de la República a través de la Presidencia del Consejo Federal de Gobierno. la Vicepresidencia es el órgano natural de rectoría del sistema de registro. como competencia que le es propia. la coordinación de la Administración Pública Nacional con las instrucciones que le imparta el Presidente. del Tribunal Supremo de Justicia y de los gobernadores de los estados. con poder suficiente para la coordinación interna del Poder Ejecutivo Nacional y la coordinación con los otros Poderes del Estado venezolano. La tercera función consiste en la asesoría que requiere el Presidente de la República como Jefe de Estado. seguimiento y control de las decisiones presidenciales. Las funciones otorgadas por la Constitución al Vicepresidente de la República son esenciales para el normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional y de las relaciones entre éste y la Asamblea Nacional. además. y. Esta nueva institución. al incorporar un diseño de sistema semipresidencial que se puede calificar como flexible. De esta manera. y la segunda. integrado por representantes de la Asamblea Nacional. Función que convierte al Vicepresidente en el natural vocero del Gobierno ante la Asamblea Nacional. es mucho más que la tradicional figura vicepresidencial que acostumbran los sistemas de gobierno americanos. En realidad. En tal sentido. Esta función la ejerce el Vicepresidente al presidir el Consejo de Estado que crea la Constitución. La primera de ellas se refiere a la colaboración con el Presidente en la dirección de la acción del Gobierno y. con la consecuencia de su retiro forzado. para la formación de las políticas de Estado de largo alcance en el tiempo. el establecimiento de una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a manera de sistema de controles y equilibrios de poder.
En cuanto se refiere a la protección de los derechos de la persona humana. Queda así estructurado un Poder Ejecutivo Nacional moderno. En este sentido hay aspectos a resaltar que significan una mayor flexibilidad en el manejo de los asuntos públicos y una conducción más operativa de la Administración Pública por parte del Presidente de la República. En este sentido. dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. en algún momento. en el derecho comparado. división de los poderes del Estado. al establecer que la declaración de los estados de excepción no eximen de responsabilidad al Presidente de la República. Finaliza el Capítulo del Poder Ejecutivo Nacional creando la institución del Consejo de Estado que. y siguiendo la tendencia del derecho comparado. convirtiéndose el Presidente en el verdadero rector de la Administración Pública Nacional. como nos lo demuestran las experiencias francesa y colombiana. competencia y organización de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional. las salidas institucionales a las crisis políticas o crisis de gobierno. así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros. al ser el suplente formal del Presidente de la República en las diferentes hipótesis de faltas tanto absolutas como temporales que contempla el texto constitucional.Por esta particular suma de funciones el Vicepresidente. al implicar fundamentalmente. con estructura y funciones análogas. La sección primera de este Capítulo II es nítida en lo referente a las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República. como ejecutor de atribuciones de la jefatura de gobierno. incrementando el nivel de gobernabilidad de la democracia. Se trata de un capítulo que abre a Venezuela las puertas de una modificación profunda de sus instituciones políticas. y garantía procesal efectiva de los derechos humanos y de las libertades . ha marcado. Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legislativo conllevaría. como equilibrio de este poder de control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción constante de Vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruccionista. a la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente con el cual quedaría automáticamente removido de su cargo. profesional. es sujetado por el control político de la Asamblea Nacional. Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de equilibrio del poder que permite. dinámico. al Vicepresidente Ejecutivo o a los Ministros. adquiere un rol de particular importancia el Vicepresidente Ejecutivo de la República. Pero. sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. CAPÍTULO III Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución. sujeto a controles políticos y al mismo tiempo generador de dinámicas políticas novedosas. imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberanía popular. pauta en la profesionalización del ejercicio del Poder Público. se le permite al Presidente fijar el número. la Constitución regula adecuadamente el principio de responsabilidad en el ejercicio del Poder Público. Con esto se permite agilizar los trámites para hacer efectivas las exigencias de adaptabilidad de las estructuras administrativas. En Venezuela será un órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional que recomendará políticas de interés nacional en aquellos asuntos que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran su opinión. la Constitución sabiamente consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta remueva por tercera vez un Vicepresidente dentro de un período presidencial de seis años. Así se posibilita un rango de estabilidad politicoinstitucional para la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales. La Sección Segunda detalla las competencias del Presidente de la República. Esta facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente. como corresponde a un sistema de gobierno semipresidencial. Así. denominación. además. que posibilite el acuerdo consensuado de políticas públicas y la colaboración general de los Poderes en el cumplimiento de los fines y propósitos del Estado. Esta relación entre la Asamblea Nacional y el Vicepresidente se ha consagrado para permitir un clima de mayor comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
los órganos de investigación penal. las cuales deberán organizar estudios universitarios al nivel de postgrado en el área de derecho. el sistema penitenciario y los abogados autorizados para el ejercicio. Además. la Constitución. tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular. se establece que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas. cámaras de comercio y la sociedad civil en general. objetiva. someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes. dirigidas a la especialización en la rama judicial. controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. la ejecución forzosa de las sentencias. El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo III del Título V de la Constitución. a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Por otra parte. En el referido Capítulo. el Texto Constitucional constituye el sistema de justicia integrado por el Tribunal Supremo de Justicia. todos los cargos de jueces o magistrados de tribunales o cortes. los auxiliares y funcionarios de justicia. el Gobierno y Administración del Poder Judicial. no pudiendo ser reelectos. ni para exigir pago alguno por sus servicios. la Constitución rompe . con fundamento en el principio de soberanía. la mediación y la conciliación. En tal virtud. el cual estará integrado por las Salas Constitucional. Electoral. se incorporan al sistema de justicia. unipersonales o colegiados. el Ministerio Público. Sobre esta base. tales como el arbitraje. sin excepción alguna. transparente e imparcial de los candidatos. siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos. Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia.públicas. La competencia de los tribunales militares se limita a la materia estrictamente militar. La jurisdicción penal militar será integrante del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso. universidades. los demás tribunales que determine la ley. Será en definitiva la Asamblea Nacional la encargada de elegir a los Magistrados. así como todo lo relacionado con la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y la elaboración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. de Casación Civil. Los Magistrados del Tribunal Supremo durarán en ejercicio de sus funciones doce años. violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Políticoadministrativa. CAPÍTULO IV Del Poder Ciudadano Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar. institucionalmente caracterizados por su independencia. capacidad y probidad de los jueces designados. aranceles. Se prevé que la ley regule lo referente a la capacitación y especialización de los jueces con la participación de las universidades. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces será por concursos de oposición públicos. los delitos comunes. configurándolo como uno de los poderes del Estado. Se constituye el Tribunal Supremo de Justicia como el máximo tribunal de la República y rector del Poder Judicial. de Casación Penal y de Casación Social. como consecuencia del principio y derecho a la justicia gratuita consagrado en el Texto Constitucional. En todo caso. la Defensoría Pública. que aseguren la idoneidad. Asimismo. serán procesados y juzgados por los tribunales ordinarios. requiere la existencia de unos órganos que. es decir. deberán ser designados mediante concurso público de oposición. todo ello con el objeto de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias. A los efectos de su elección se prevé la postulación correspondiente ante el Comité de Postulaciones Judiciales y un procedimiento especial que tiene por objeto una selección y elección pública. distintos al Tribunal Supremo de Justicia. la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier otro mecanismo que la ley prevea. declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. los medios alternativos para la resolución de controversias.
La Contraloría General de la República.con la clásica división de los poderes públicos y crea los Poderes Ciudadano y Electoral. que acuse la ingratitud. así como de las operaciones relativas a los mismos. además de los intereses legítimos. deben promover en el ámbito de sus competencias. convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República. sino una forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta. la responsabilidad social y el trabajo. tales como garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales. Con ello. en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la Constitución y a las instituciones republicanas. El Poder Ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y sus órganos gozan de autonomía funcional. Simón Bolívar quería fundar una República con base en un pueblo que amara a la patria. donde los derechos e intereses de los ciudadanos sean respetados. el juicio previo y el debido proceso. investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia. la frialdad del amor a la patria. porque esas "son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano". vigilancia y fiscalización de los ingresos. la Constitución crea el Poder Ciudadano. defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. se crea la Defensoría del Pueblo como órgano del Consejo Moral Republicano que tiene a su cargo la promoción. el egoísmo. por su parte. para lo cual se les asignará una partida anual variable dentro del presupuesto general del Estado. Al Ministerio Público se le atribuyen todas aquellas funciones necesarias para el cumplimiento de los fines que debe gestionar ante la Administración de Justicia. encuentra su inspiración en el Proyecto de Constitución que el Libertador redactó para Bolivia en 1826. el cual será desarrollado por la ley. deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. así como la solidaridad. cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder y garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional. El Poder Moral del Libertador tenía entre sus misiones velar por la educación de los ciudadanos. para lo cual le otorga las más amplias competencias. La Defensoría del Pueblo representa la institución del Poder Público más vinculada y cercana a los ciudadanos. en el Poder Moral propuesto por el Libertador en su Proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo. Se atribuyen al Defensor del Pueblo las más amplias funciones y competencias en las materias antes señaladas. un abismo". los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo la prevención. tales como velar por el efectivo respeto y garantías de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados. a los magistrados. El primero de ellos se inspira. De igual forma. El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia nacional. a las leyes. CAPÍTULO V Del Poder Electoral Como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una . el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. la libertad. sobre la base de que "si no hay un respeto sagrado por la patria. será el órgano de control. Recogiendo una institución que nace en los países escandinavos y que ha tenido auge en Europa y en gran parte en América Latina. por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. financiera y administrativa. colectivos o difusos de los ciudadanos. por las leyes y por las autoridades. Se prevé un sistema nacional de control fiscal. la sociedad es una confusión. El Poder Electoral por su parte. velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse "lo que se haya corrompido en la República. Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro tiempo. la democracia. En general. la educación como proceso creador de la ciudadanía. todo ello conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes. el ocio. Además. la negligencia de los ciudadanos". gastos y bienes públicos. en parte.
merece por su novedad la integración del Registro Civil y Electoral. se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la constitución. despartidización de los organismos electorales. provienen tres de la sociedad civil. a los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que regulen la vida de estas instituciones. Asimismo. entre otros. en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional. Se adopta de esta manera un criterio de integración cerrado. el cual se sujeta al estricto respeto de los mecanismos de consulta democrática y participativa consagrados en la Constitución. renovación y cancelación de asociaciones con fines políticos. Especial mención. autonomía funcional y presupuestaria. desde la concepción del sufragio como derecho. imparcialidad. que en un número de cinco. hasta la consagración de nuevas formas de participación que trascienden con creces a la simple formulación de propuestas comiciales. pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos. transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio. Estos principios constituyen atributos o cualidades que deben conformar los nuevos sistemas electorales que se adopten y. descentralización de la administración electoral. Así. ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral que tiene por objeto el regular el establecimiento de las bases. en tal sentido deben ser asumidos como elementos diferenciadores de los que constituyen las bases de integración de los distintos cargos de elección popular. en nuestro caso los pueblos indígenas. busca esta fórmula la posibilidad de explotar el desarrollo de mecanismos armónicos que permitan la conformación y depuración automática de un registro nacional como base fundamental para garantizar la transparencia de dicha institución. la revocatoria del mandato. convertido en virtud de tal disposición en un claustro legislativo. propia de la concepción unicameral que para el Poder Legislativo Nacional preceptúa el texto constitucional. Como principios que debe desarrollar y garantizar la legislación en materia electoral se encuentran la igualdad. el Poder Electoral. para lo cual se crea un Comité de Postulaciones Electorales integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. lo que viene relacionado con el origen o nacimiento de dichas organizaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento y desarrollo. cuyas decisiones revisten el carácter de vinculante. el referendo. ejecución y control de la gestión pública. conformado por un número fijo de representantes cuya modificación sólo vendría dada por el incremento de la base poblacional. imparcialidad y participación ciudadana. confiabilidad. Son estos. dirección y supervisión se atribuye al Poder Electoral. entonces. uno de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y uno del Poder Ciudadano.democracia participativa y protagónica. sino que puede hacerse en forma directa. en la consagración de este nuevo poder. mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la formación. el Poder Electoral asume no sólo las funciones que eran ejercidas por el anterior Consejo Nacional Electoral. así como la aplicación de la personalización y la representación proporcional en las elecciones. extendidas o ampliadas a la organización y realización de los actos electorales . Se expresa esta nueva concepción a través de la implementación de instituciones políticas como la elección de cargos públicos. la que referida fundamentalmente a la Asamblea Nacional está integrada por tres condicionantes a saber: la base poblacional. constitucional y constituyente. la representación federativa de cada entidad y la representación de las minorías. Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposiciones en este Capítulo V del Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los Derechos Políticos y del Referendo Popular perteneciente al Título III del nuevo texto constitucional. el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas. la consulta popular. como rama del Poder Público. la iniciativa legislativa. tal es la interpretación que se deriva de la disposición contenida en el artículo 186. En tal sentido. cuya organización. se crea una nueva rama del Poder Público. transparencia y eficiencia de los procesos electorales. El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual se edificó el anterior modelo. el Poder Electoral se rige por los principios de independencia orgánica. organismo que tendrá a su cargo hacer viables las elecciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral. En general. los novedosos medios que le garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su soberanía.
la pequeña y mediana industria. el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza. En suma. consagrándose el principio de la seguridad alimentaria en función del acceso oportuno y permanente de alimentos por parte de los consumidores. sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo. sino también las atinentes al régimen refrendario. el sector de cooperativas y demás formas de la economía popular. el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral. Por conveniencia nacional el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades económicas. y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos. se plantea un equilibrio entre Estado y mercado. elecciones de sindicatos. junto con la iniciativa privada. libre competencia e iniciativa. sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas. tiene un papel fundamental como regulador de la economía para asegurar el desarrollo humano integral. no obstante se consagran principios de justicia social. propósito y razón de la nacionalización petrolera. productividad y solidaridad. fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado. eficiencia. De forma transparente se reconoce que el dominio sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo con el sector privado. a propósito de los procesos comiciales referidos y a su funcionamiento. ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad. garantizando la seguridad jurídica para fomentar. postulando una economía abierta a las inversiones extranjeras y garantizando que éstas estarán sujetas a las mismas condiciones de la inversión nacional. democracia. El Estado no está ausente. El Estado debe orientar las políticas macroeconómicas y sectoriales para promover el crecimiento y el bienestar. Igualmente se establece la posibilidad de que el Poder Electoral participe en la organización de procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil. vías de hecho emanados del Poder Electoral. evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico. pero al mismo tiempo establece la posibilidad de continuar en convenios de asociación con el sector privado siempre y cuando sean de interés para el país.destinados a la elección de cargos públicos. defensa del ambiente. de manera particular en el sector minero y petrolero. gremios profesionales y asociaciones con fines políticos. El régimen socioeconómico no se define de forma rígida. y no desnaturalice el espíritu. entre eficiencia económica y justicia social. defender el ambiente. TÍTULO VI Del sistema socioeconómico CAPÍTULO I Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía El Título VI de la Constitución se refiere al sistema socioeconómico. omisiones. Se le otorga rango constitucional a la nacionalización petrolera. pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual. La actividad de producción de alimentos queda establecida como esencial para el país. CAPÍTULO II . previa solicitud de éstas con miras al desarrollo de vías o mecanismos de autofinanciamiento. cuya regulación se remite a la Ley. ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido. promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo. Se reconoce como esencial la acción reguladora del Estado para establecer un marco normativo estable que brinde seguridad jurídica a la actividad económica. dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés del colectivo. en razón de que el problema no es más Estado o menos Estado. dejando claramente establecido que el Estado puede entrar en convenios de asociación con el sector privado para el desarrollo y la explotación de esas actividades. tales como la actividad agropecuaria. sustentabilidad y equidad al desarrollo económico. El Estado se compromete a ejercer acciones prioritarias en algunos sectores económicos para darle dinamismo. el turismo.
Esta noción de equilibrio en el marco plurianual implica que es posible tener déficit en uno o dos años y luego corregir el desequilibrio. Se establece un límite al endeudamiento de acuerdo con la ley. SECCIÓN PRIMERA Del régimen presupuestario El principio de equilibrio fiscal obliga que las finanzas públicas estén en orden. atendiendo al principio de progresividad. El Estado debe mantener un nivel prudente de deuda pública acorde con el tamaño de la economía.Del régimen fiscal y monetario Otra importante innovación del texto fundamental es la introducción de principios constitucionales dirigidos a establecer como una obligación del Estado velar por la estabilidad macroeconómica. con un claro mecanismo de rendición de cuentas y coordinación transparente de las políticas macroeconómicas. podrá ser castigada penalmente. SECCIÓN SEGUNDA Del sistema tributario Se mantiene que en la Constitución sólo deben estar los principios básicos que definan y regulen el sistema tributario. la cual es una de las innovaciones más importantes de la Constitución. promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento y la generación de bienestar para los ciudadanos. ese plazo razonable de tiempo estará definido de acuerdo con la ley. que se fijará por ley. en el plazo del marco plurianual del presupuesto. Se establece que la evasión fiscal. a saber: equilibrio fiscal y un nivel prudente de deuda pública. aspectos sobre los cuales deberá hacerse legislación específica. control y penalización del fraude fiscal. El equilibrio fiscal además debe ser consistente con un nivel prudente de deuda. sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley. Se definen los plazos. SECCIÓN TERCERA Del sistema monetario nacional Se le da rango constitucional a la autonomía del Banco Central de Venezuela en el ejercicio de sus funciones para alcanzar un objetivo único y exclusivo. los ingresos ordinarios tienen que ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. sin introducir perturbaciones en la disciplina fiscal. de forma de compensar déficits o superávits fiscales en el tiempo. La estabilidad macroeconómica se establece con base en tres principios fundamentales. En cuanto a los créditos adicionales. la inversión productiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda. En el marco plurianual del presupuesto. Al establecer una regla de equilibrio presupuestario sostenible se dota a la política económica de un efectivo antídoto contra el endeudamiento público descontrolado. así como a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población. y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. gracias a la presencia de una regla efectiva de equilibrio presupuestario. así se logra una disposición sana en el manejo presupuestario para enfrentar situaciones imprevistas. ampliando las facultades de regulación. es decir el Estado no puede endeudarse para cubrir el servicio de intereses de la deuda. Como disposición transitoria se prevé que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. Este criterio de brevedad y sencillez coincide con recientes Constituciones de América Latina. la Asamblea Nacional dicte una reforma del Código Orgánico Tributario que contribuya a modernizar la administración tributaria. reglas y facultades del Parlamento en la aprobación del presupuesto. y en un plazo razonable de tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios. se restringe la opción de tal mecanismo a la existencia efectiva de recursos en tesorería. autonomía del Banco Central en el cumplimiento de sus funciones. Este se precisa como el de estabilizar el nivel .
sin causa justificada. al menos. tanto corrientes como de capital. Este presupuesto está sólo referido a los gastos operativos. en los términos que fije la ley. TÍTULO VII De la seguridad de la Nación . en particular ante la Asamblea Nacional como representación de la voluntad popular. así como a los gastos por acuñación y emisión de especies monetarias. Esto no es otra cosa que la introducción de reglas claras para el desarrollo de la actividad económica. El presupuesto de gastos de operación del Banco Central requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. así como algo muy importante: un régimen de incompatibilidades para sus altos funcionarios. evaluando la legalidad. estableciendo que los objetivos y acciones deben ser anunciadas. Se deja también a la ley. Se plantea un conjunto de reglas básicas de transparencia y coordinación en el cual se desarrollen de manera armónica las políticas fiscal. el compromiso de coordinación entre el Banco Central de Venezuela y el Fisco Nacional y que los responsables de esas políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones. La labor de la Contraloría se ceñirá al control posterior y tan sólo de la gestión administrativa. el cual deberá contemplar un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales de los postulados a dichos cargos. para evitar los conflictos de intereses y el manejo de información privilegiada. referida ésta a la correcta ejecución temporal del mismo en cada ejercicio. como la Contraloría General de la República y el organismo público de supervisión bancaria. El principio de coordinación requiere que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio encargado de las Finanzas coordinen sus políticas y a través de un programa o acuerdo que defina un curso anunciado con anticipación. se le otorga rango constitucional al Fondo de Estabilización Macroeconómica para garantizar la estabilidad del presupuesto y conservar. organización. consistente con el logro de determinados objetivos. Se establece un mecanismo para la resolución de conflictos entre un Banco Central de Venezuela autónomo y el Fisco. No se considera sujeto al Parlamento lo relativo al presupuesto de política monetaria y a las inversiones financieras del Banco Central. Se establece que el incumplimiento del objetivo. dará lugar a la remoción del directorio de acuerdo con la ley.de precios para preservar el valor de la moneda. La autonomía del Banco Central implica que la autoridad monetaria debe ser independiente del Gobierno y se prohíbe constitucionalmente toda práctica que obligue al Banco Central a financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias. se plantea la necesidad de establecer adecuadas reglas que garanticen la coordinación de política macroeconómica. un dispositivo que permita amortiguar las fluctuaciones de los ingresos fiscales. todo lo relativo a las causas específicas y mecanismo preciso de remoción. que fijen el marco institucional en que se deben desarrollar políticas específicas. de la mitad de sus directores. SECCIÓN CUARTA De la coordinación macroeconómica Dada la relevancia que tienen en Venezuela los efectos monetarios de la gestión fiscal. los detalles de las funciones. La ley que regule el Banco Central de Venezuela deberá atribuir al Poder Ejecutivo la designación del presidente del Banco Central de Venezuela y. La autonomía también implica asumir responsabilidades ante la sociedad y exige establecer un mecanismo de rendición de cuentas ante el Poder Nacional. En cuanto a la designación de las autoridades la Constitución remite el mecanismo a la ley. más allá de las contingencias por cambios de gobierno y de las leyes. como premisa básica para generar y mantener la confianza. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no podrá emitir dinero sin respaldo. en función de evitar las tradicionales contradicciones entre la política monetaria y la fiscal. se deja a la legislación correspondiente. proyectos de inversión y otros gastos administrativos especiales. y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo en la ratificación de estas autoridades. eficiencia y oportunidad del gasto. Es decir. Finalmente. mediante disposición transitoria expresa. cambiaria y monetaria. Esto se complementa con la vigilancia y supervisión que deben establecer los organismos e instancias competentes sobre la gestión del Banco Central de Venezuela.
sus características y especificidad como Fuerza. En el cumplimiento de sus funciones. para promover el desarrollo de sus actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. dichas áreas se declaran de atención prioritaria. Se faculta al Ejecutivo Nacional para clasificar y divulgar aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación. sino de todos los venezolanos. quien actuará en su carácter de Comandante en Jefe. democracia. subordinada a la autoridad civil. la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Consejo Moral Republicano. en todo caso. que permitirá establecer su amplitud. la obediencia y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Sus pilares fundamentales son la disciplina. así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas. la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y de la Constitución. regímenes especiales económicos y sociales. en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. La Fuerza Armada Nacional. de acuerdo con esta Constitución y la ley. la cual es responsabilidad no sólo del Estado. Con el objeto de promover el desarrollo de las zonas fronterizas venezolanas. en los términos que la ley establezca. y los ministros de los sectores de defensa. paz. Dicho Consejo estará integrado por el Presidente de la República. sin militancia política alguna. libertad. A tal efecto. por órgano del Presidente de la República. Se reserva al Estado la posesión y uso de armas de guerra. de acuerdo con la ley. para prevenir o minimizar cualquier amenaza. para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación.CAPÍTULO I Disposiciones generales En el Título VII de la Constitución se definen los principios que rigen la seguridad de la Nación. Se crea un Consejo de Defensa de la Nación con el objeto de que sea el máximo órgano administrativo de consulta. siendo esta institución esencialmente profesional. siempre que ello no signifique una violación del libre ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. mediante la defensa militar. el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. relaciones exteriores y de planificación. CAPÍTULO III De la Fuerza Armada Nacional Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución. reglamentará y controlará. sin perjuicio de las atribuciones que tengan los diferentes órganos del Estado conforme a esta Constitución y las leyes. el Presidente de la Asamblea Nacional. igualdad. sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. así como de las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional. En tal sentido le corresponde establecer la dirección estratégica de la Nación. todo lo referente a otras armas. el Vicepresidente de la República. su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes integrantes de la institución. CAPÍTULO II De los principios de seguridad de la Nación En el Capítulo II de este Título se establecen los principios de seguridad de la Nación. protegiendo de manera expresa los parques nacionales. municiones y explosivos. organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. la seguridad interior. solidaridad. debe estar sometida a la revisión judicial y no podrá ser un obstáculo de la función que ejercen los tribunales de la República. se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar uniforme denominado la Fuerza Armada Nacional. justicia. la cual se fundamentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia. . se establece una franja de seguridad de fronteras que será regulada por la ley. Esta facultad.
o participar en actos de propaganda. considerado éste como el estado en el cual se administra la justicia. Portugal. penales y administrativas. siguiendo una tendencia en derecho comparado con el objeto de no establecer discriminaciones entre los ciudadanos. El ascenso será un derecho. En materia de ascensos militares. TÍTULO VIII De la protección de esta Constitución CAPÍTULO I De la garantía de esta Constitución Siguiendo una tendencia presente en España. que consagra los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. solidaridad. hogares y familias. No obstante. que contiene las disposiciones fundamentales sobre la justicia constitucional y consagra las principales competencias que corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. si se han cumplido los requisitos necesarios. con un régimen de seguridad social integral propio. Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y se practican los principios constitucionales y preceptos bolivarianos. integridad territorial. En el mencionado Capítulo se describe el sistema venezolano de justicia constitucional y al efecto se indica que todos los jueces de la República están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en su texto y en las leyes. la Armada. según lo establezca su respectiva ley orgánica. un cuerpo de investigaciones científicas. de conformidad con la ley. que la justicia constitucional en Venezuela la ejercen todos los . proteger a los ciudadanos. se establecen criterios para lograr la transparencia y objetividad. apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución. reafirmándose de esta manera. la Constitución incluye en el Título VIII un Capítulo denominado De la Garantía de esta Constitución. la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. la planificación. CAPÍTULO IV De los órganos de seguridad ciudadana Con el objeto de mantener y restablecer el orden público. en un clima de absoluta participación democrática. las cuales se limitarán a respetar los resultados de las calificaciones de mérito. se les mantiene la prohibición de optar a cargo de elección popular. Italia. se le impone al Ejecutivo Nacional la obligación de organizar. Este nuevo proceso permite ascender cualquier día del año y que el personal conozca su ubicación en el escalafón de méritos. eliminándose el factor de corrección por ser muy subjetivo. un cuerpo de bomberos y de administración de emergencias de carácter civil y una organización de protección civil y administración de desastres. a través de la publicación del escalafón de méritos periódicamente y la determinación de las plazas vacantes. En todo caso. Francia. la Aviación y la Guardia Nacional. Se establece como responsabilidad de los órganos que integran la Fuerza Armada Nacional. Finalmente. acabando con la discrecionalidad de las juntas de evaluación. paz. bien común. independencia. convivencia e imperio de la Constitución y la ley. se permite que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad ejerzan el derecho al sufragio de conformidad con la ley. que funcionarán de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión. Dicho Capítulo da eficacia a los postulados contenidos en el artículo 7 del Título I. base sobre la cual descansa la justicia constitucional en el mundo. Rumania y en algunos países latinoamericanos. un cuerpo uniformado de policía nacional. democracia. cuyas constituciones regulan la justicia constitucional en un título o capítulo distinto del que se refiere al Poder Judicial. ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación.La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército. se consolidan los valores de libertad. militancia o proselitismo político.
difuso y extraordinario de la constitucionalidad. La exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. aun de oficio. Al mismo tiempo. recurso de interpretación de leyes u otro caso concreto de carácter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala Constitucional. sólo pueden ser ejercidas por órgano de la Sala Constitucional. pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdicción constitucional. prevaleció por consenso esta última tesis. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. No obstante. implica que sólo a dicho órgano le corresponde ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. De esta forma. le atribuyan otras competencias en materia constitucional. la ley orgánica respectiva establecerá los correctivos y las sanciones necesarias para . reafirmándose la coexistencia de los métodos de control concentrado. decidir lo conducente. y la acción de amparo. En esta materia. para que sólo ejerza las competencias que le son asignadas en el artículo 266. pero no impide que la propia Constitución o las leyes. En efecto. por otros medios. competencia ni atribución alguna en materia constitucional. se trasladaron a la Sala Constitucional las competencias que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno. En consecuencia. el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además. acciones o recursos previstos en la Constitución y en las leyes. cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad. se esboza el sistema venezolano de justicia constitucional. en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. sino además. serán aplicables en todo caso las disposiciones constitucionales. numerales 2 y 3 del texto constitucional. será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. En otras palabras. tales facultades no pueden ejercerse de oficio o mediante acuerdos. acción de amparo. no sólo mediante el control difuso de la constitucionalidad. Como consecuencia de ello. se consagra el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normativas.tribunales de la República. se indica que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica. la aplicación preferente de la Constitución respecto a leyes o normas inconstitucionales en un caso concreto. destinada a ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la Constitución. los cuales se ejercen a través de la acción popular de inconstitucionalidad. En todo caso. se consagra una herramienta indispensable para que la Sala Constitucional pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales. como la acción de amparo constitucional. dota a la Sala Constitucional del carácter y de las competencias que tienen en derecho comparado cualquier Corte o Tribunal Constitucional. correspondiendo a los tribunales en cualquier causa. Así. con fundamento en el principio de división de poderes. en consonancia con las características básicas de la justicia constitucional en derecho comparado. todo ello con el objeto de garantizar la uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios. se eleva a rango constitucional una norma presente en nuestra legislación desde 1887. con el objeto de especializar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y descongestionar de atribuciones a la nueva Sala Plena. Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional. Sin embargo. sino con motivo de una acción popular de inconstitucionalidad. se consagra el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. las facultades interpretativas que en tal sentido se otorgan al Tribunal Supremo de Justicia. característica de nuestro sistema de justicia constitucional y según la cual. la Constitución en el Capítulo referido a la Garantía de esta Constitución. no teniendo en consecuencia.
En todo caso. en principio. conforme a los cuales todos los órganos que ejercen el poder público. Particularmente en las constituciones europeas. a la Sala Constitucional se le atribuye competencia para controlar la constitucionalidad de todos los actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. a fin de dar eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7. y el derecho interno de cada Estado. se atribuye a la Sala Constitucional competencias en ejercicio del control represivo de la constitucionalidad. darle eficacia al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. debe estar sometido al control constitucional. Otra competencia de la Sala Constitucional en materia de control preventivo será la de verificar la . ser opuesta como una justificación para incumplir dicho tratado sin que se comprometa la responsabilidad internacional de la República. En materia de control preventivo. En lo que atañe a las competencias de la Sala Constitucional. En definitiva. En todo caso. se evalúe la necesidad y conveniencia de ratificarlo luego de una enmienda o reforma de la Constitución en los aspectos que sean necesarios. no sólo es que se verifique la constitucionalidad de un acuerdo o tratado internacional sin que se comprometa la responsabilidad internacional de la República. Se consideró necesario el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales dado que luego del proceso de conclusión de un tratado internacional. siempre que se desee su ratificación. la eventual y posterior declaración de inconstitucionalidad del mismo o de alguna de sus disposiciones por parte de la Sala Constitucional no podría. sin excepción. La potestad de activar el control preventivo de los tratados internacionales corresponderá al Presidente de la República o a la Asamblea Nacional. el fundamento de aquellas que le atribuye la Constitución y de las que se le asignarán mediante ley. está representado por los principios de supremacía y fuerza normativa de la constitución consagrados en el artículo 7 y en virtud de los cuales. por la otra. se ratifique con la debida reserva. en el caso de que alguna de sus disposiciones resulte inconstitucional. estableciendo entre otros aspectos. Constituciones y leyes estadales. dado que podría traducirse en un obstáculo para la fluidez y la buena marcha de las relaciones internacionales de la República. Se descartó así la posibilidad de un control preventivo con carácter obligatorio. o si el mismo no admite reservas. una de las principales funciones de la justicia constitucional es el control de la constitucionalidad de los acuerdos y tratados internacionales. la competencia de la Sala Constitucional para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. se presenten con la mayor armonía y uniformidad posible. por una parte. En derecho comparado. así como en varias constituciones de países de América Latina. el objetivo de ese mecanismo de control preventivo. mediante el mecanismo extraordinario que considere más adecuado. sino además que. se prevé ese mecanismo con el objeto de que las relaciones entre el derecho internacional público o el derecho comunitario. es decir. ordenanzas municipales y demás actos dictados por cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público. el carácter vinculante de las interpretaciones de las normas y principios constitucionales será el principal instrumento de la Sala Constitucional para fortalecer la justicia constitucional. todo acto del Poder Público. Del mismo modo. la ley orgánica respectiva garantizará que ningún órgano del Poder Público quede fuera del control constitucional. están sujetos a la Constitución. sin excepción. a través de un control preventivo que se ejerce antes de su ratificación y entrada en vigencia. Con base en lo anterior. de su ratificación y entrada en vigencia por las vías previstas en el derecho constitucional y en el derecho internacional público. para declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales. para lograr así la mayor armonía posible en las relaciones entre el derecho internacional o comunitario y el derecho interno venezolano. en ejecución directa e inmediata de la Constitución. siendo facultativo su ejercicio. la ley orgánica deberá consagrar un mecanismo de carácter extraordinario mediante el cual la Sala Constitucional pueda revisar los actos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios haya previamente fijado la Sala Constitucional.aquellas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de la República que violen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la Sala Constitucional. Por tal razón. se atribuye a la Sala Constitucional la potestad de verificar la constitucionalidad de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
de la entrada en vigencia de la Constitución y de la naturaleza esencialmente constitucional de los derechos humanos y de la acción de amparo. Hungría y. Por su parte. la Asamblea Nacional Constituyente consideró inconveniente extender la legitimación para activar el mecanismo de control preventivo a otras personas con determinado interés u órganos del Poder Público distintos al Presidente de la República. Costa Rica. pero no como un requisito . Además. Brasil. en los casos de amparo autónomo contra altas autoridades de rango constitucional. La inconstitucionalidad por omisión se produce por la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo. En primer lugar. en todos los casos y aun de oficio. En esta materia. Al respecto. De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la justicia. la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado. la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a instancia de parte. lo cual debe quedar como una opción a elección del interesado. o a través de órdenes de hacer o no hacer. dado que la Sala Constitucional pasa a ser la Sala del Tribunal Supremo de Justicia con la competencia a fin para conocer y decidir tales asuntos. incluyendo el pago de sumas de dinero. en esta materia. conforme al procedimiento establecido en el Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución. con motivo de su creación. razón por la cual se ha previsto expresamente en el texto constitucional. se acoge un mecanismo consagrado en alguna Constitución de América Latina. la ley orgánica respectiva deberá eliminar la acción cautelar de amparo que se ejerce conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad y que permite a las Salas Politicoadministrativa y Electoral. mecanismo que ha tenido un auge creciente en países como Argentina. suspender los efectos de los actos administrativos cuya nulidad les corresponde conocer y decidir. la Constitución atribuye a la Sala Constitucional la potestad para decidir sobre la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas. controlar la constitucionalidad de los decretos que declaren estado de excepción. la ley orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo de nulidad. En lo que se refiere a la protección de los derechos humanos. la Sala Constitucional tendrá importantes funciones. durante un tiempo excesivamente largo. Para ello. amparo contra decisiones judiciales y apelaciones o consultas en amparo. cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso de que se trate. Finalmente. se tuvo en cuenta que con posterioridad a la promulgación de una ley. Aunado a ello e inspirada nuevamente en una tendencia presente en derecho comparado. con el objeto de reforzar la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la Constitución. bien sea a través de la suspensión de los efectos del acto administrativo correspondiente. conforme al Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución. durante casi treinta años. Con este mecanismo se persigue evitar situaciones como las que se originaron en el caso del artículo 49 de la Constitución de 1961 y la falta de una legislación sobre amparo constitucional. en virtud del cual la Sala Constitucional debe. de forma tal que impida su eficaz aplicación. que se impongan a la administración dependiendo del caso concreto. Esta será la única competencia que podrá ejercer de oficio la Sala Constitucional y ello por tratarse de la protección de los derechos humanos. especialmente. como consecuencia de lo anterior y dado que sólo la Sala Constitucional será competente para resolver las acciones de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia. la Sala Constitucional ejercerá el control preventivo de la constitucionalidad del carácter orgánico de una ley que haya sido calificada como tal por la Asamblea Nacional. en virtud del cual puede dictar cualquier medida que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución. todas las personas tienen a su alcance la acción popular clásica del sistema de justicia constitucional venezolano y. de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo. Portugal. la Sala Constitucional podrá asumir las competencias que en materia de amparo constitucional tenían las diferentes Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia.constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. para el caso del reparo presidencial fundamentado en razones de inconstitucionalidad. además.
se atribuye a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad. esta atribución tiene por objeto que la Sala Constitucional como garante y máximo defensor de los principios consagrados en el Texto Fundamental ajuste la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público. entre el poder central y el descentralizado territorialmente. en primer lugar. como el utilizado por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. la legislación deberá establecer expresamente que en caso de que un acto administrativo estuviere viciado de inconstitucionalidad o de algún vicio que acarree su nulidad absoluta. especialmente. partes o terceros que intervinieren en el proceso y mientras dure el juicio de nulidad correspondiente. respondiendo con ello a la principal crítica formulada a nuestro sistema de justicia constitucional. la Asamblea Nacional Constituyente decidió dejar a la ley orgánica respectiva su desarrollo concreto. una vez eliminada la acción de amparo cautelar contra actos administrativos. incluyendo la suspensión de los efectos de la norma cuya nulidad se solicite. Aunado a ello. Finalmente y al margen de su competencia para conocer de acciones de amparo. Lo anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una protección de sus derechos humanos acorde con el principio de progresividad consagrado en la Constitución. consecuente con lo antes expuesto. pero destacaba que entre uno y otro no existía realmente una coordinación. Ahora bien. que deben tratarse de controversias constitucionales. es decir. la ley orgánica podrá establecer. vinculará por vez primera y dejando a salvo la temprana regulación de la Constitución de 1901. que se trata de controversias entre cualesquiera de los órganos que la Constitución prevé en la distribución horizontal o vertical del Poder Público y. Siendo así. es decir. al cauce constitucional. todas aquellas controversias constitucionales entre la República y alguno de los estados o municipios. Por ello. Por otra parte. En todo caso. los métodos de control difuso y concentrado de la constitucionalidad que han coexistido en nuestro ordenamiento jurídico por más de cien años. sino. el plazo de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad. de aquellas cuya decisión depende del examen. sólo con el objeto de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales. vínculo o conexión que procurara armonizarlos o articularlos para lograr una interpretación uniforme de la . la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa. En todo caso. un mecanismo extraordinario de revisión de ejercicio discrecional por la Sala Constitucional. según lo expuesto. interpretación y aplicación de normas constitucionales. las que distribuyen el poder en los niveles nacional. en virtud del cual puede decretar cualquier medida cautelar que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución. a través de un mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional. que reconocía la coexistencia de los mencionados métodos de control. por ejemplo. la ley orgánica respectiva eliminará la acción de amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas. no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legislador puede ensayar y errar en forma evolutiva en la búsqueda del mecanismo extraordinario más adecuado. únicamente para la situación concreta de los accionantes. no operará en modo alguno. o bien. como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales. un mecanismo cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia estén preestablecidos en la ley. tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución. tal como el writ of certiorari que utiliza la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. De esta forma. La Constitución establece como competencia de la Sala Constitucional resolver las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público. destacan dos elementos esenciales. tales como las que se refieren al reparto competencial entre los diferentes órganos del Estado. el mecanismo extraordinario de revisión que se deberá establecer por ley orgánica. Al respecto. en segundo lugar. serán resueltas por la Sala Constitucional dentro del procedimiento que se establecerá en la ley orgánica respectiva. un mecanismo cuyos rasgos de discrecionalidad no sean absolutos.de cumplimiento obligatorio. estadal y municipal. teniendo en cuenta que en este sentido la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado. como el que se puede evidenciar en algunos ejemplos de derecho comparado. la eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica.
al cesar las causas que lo motivaron. se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el decreto que haya declarado un estado de excepción. la cual. dado que existían modalidades de control paralelas. la cual ejercerá las facultades respectivas. de conformidad con el principio de gradualidad. Por tal razón. para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario. la Constitución consagra un sistema mixto e integrado de control de la constitucionalidad. Se circunscriben tales situaciones jurídicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de las personas.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27. Por otro lado. establecidas una al lado de la otra. para dictar el Decreto respectivo. o la Comisión Delegada. razón por la cual no podía ser calificado como integral. en primer lugar. éste debe ser remitido a la Comisión Delegada. Importa subrayar que entre los derechos intangibles se encuentran las garantías judiciales necesarias para la defensa de los derechos. sin conexión entre sí. en Consejo de Ministros. El último de los preceptos de este Capítulo establece. la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró. pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional. dada la trascendencia de la decisión correspondiente. Se destaca. TÍTULO IX De la reforma constitucional La Constitución ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la Reforma Constitucional. Por otra parte. Se trata de un listado meramente enunciativo. se faculta al Presidente de la República. En segundo término. se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza. puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se establece una serie de mecanismos a través de los cuales las posibilidades de modificación del texto constitucional sean factibles y accesibles. atribuyéndole a la Sala Constitucional la función de coordinar los métodos de control mediante la armonización de la jurisprudencia constitucional y la interpretación uniforme del Texto Fundamental. la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. de la Nación o de las instituciones. incorporando. como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular. el precepto menciona los principales derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos durante los estados de excepción. para preservar la seguridad jurídica. que el decreto declaratorio del estado de excepción deberá señalar. CAPÍTULO II De los estados de excepción El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos principios básicos rectores de los estados de excepción: el de estricta necesidad y el de temporalidad. para evitar el divorcio entre la norma fundamental del . pues tampoco son susceptibles de suspensión o restricción los derechos señalados en los artículos 4. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto guarda concordancia con lo establecido en la misma Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo quien puede ejercerla de manera directa o indirecta. Se remite a una ley orgánica la regulación de los detalles del régimen de los estados de excepción. y que no puedan ser afrontadas mediante las facultades ordinarias de los órganos del Poder Público. a su vez. estableciendo. las circunstancias fácticas que pueden justificarlos y su limitación temporal. a menos que la Asamblea Nacional. igualmente. las medidas que podrán tomarse con fundamento en el mismo. El segundo de los preceptos que componen este Capítulo contempla los distintos estados de excepción. haya revocado previamente ese decreto. la temporalidad de esas situaciones.Constitución.
Un pueblo deseoso de ejercer la soberanía no debe tener que pasar por toda clase de vicisitudes y superar un cúmulo de obstáculos para lograr los cambios que las estructuras jurídicas requieren. En lo que respecta al procedimiento de enmienda. De allí que nuestra Constitución a pesar de tener la rigidez de las constituciones escritas ha de incluir elementos que permitan esa adaptación a la realidad. en este Título se consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente.sistema jurídico y la realidad social. En el presente texto constitucional pasa a ser norma vigente. Es principio consustancial con este texto constitucional la facilitación de los procesos en los cuales el pueblo se manifiesta para solicitar la modificación de normas constitucionales. La iniciativa de la reforma se le atribuye a la Asamblea Nacional. Para esta aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros. Prueba de ello la encontramos en nuestra experiencia en el marco de una democracia formal y representativa. política. evitando el divorcio profundo entre la norma y la realidad. fundamentada en la comprensión del momento histórico. debe incluir elementos de flexibilidad en el aspecto más rígido de las constituciones escritas que lo conforma las previsiones relativas a la forma y mecanismos para la modificación de la propia Constitución. tal como se prevé en esta Constitución con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La contraposición entre una Constitución formal y una Constitución real genera distorsiones que agravan considerablemente las crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema político. al Presidente de la República en Consejo de Ministros o a los electores o electoras inscritas en el registro electoral en número no menor del quince por ciento. El proyecto aprobado será sometido a referendo dentro de los treinta días siguientes y bastará para su aprobación con un número mayor de votos positivos. El protagonismo del pueblo en la conducción de su destino debe quedar explícitamente consagrado con especial énfasis en este punto de la reforma constitucional. siempre y cuando no se altere la estructura fundamental. lo cual explica el entrabamiento y obstaculización de los intentos de reformar la Constitución anterior. entendida como la adición o modificación de artículos del texto. debe dejar abiertas muchas ventanas para que los procesos participativos se desarrollen a plenitud. instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Finalmente. Una vez cumplidos estos requisitos se inicia la tramitación ante la Asamblea Nacional la cual realizará tres discusiones antes de la aprobación del proyecto para lo cual tiene un plazo no mayor de dos años. además. desterrando el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad. En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. las posibilidades de modificación de la base jurídica del país deben ser amplias y estar efectivamente en manos de una pluralidad de actores políticos y sociales. En este sentido. permita la mejor aplicación posible del máximo cuerpo normativo a la realidad que le corresponde regir. expresiva de la más acertada definición democrática en . Uno de esos elementos lo constituye la existencia de un Alto Tribunal que mediante una interpretación de carácter histórico progresivo. creando un nuevo texto constitucional. se superan las limitaciones establecidas en la Constitución de 1961. para hacer posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta Constitución. al no existir opciones para superarlas. que hacían complicada la consecución de resultados efectivos. Pero. Una democracia participativa y protagónica no puede construir una rígida y petrificada normativa constitucional. La democracia moderna insertada en un mundo globalizado y condicionada por la dinámica de la vida actual. cultural y económica. por la mayoría de sus miembros. en la cual las que debían impulsar los cambios constitucionales eran las cúpulas más renuentes a producirlos. Esta posibilidad inexistente formalmente en la Constitución del 1961 hubo de ser incorporada por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia. En el nuevo texto constitucional se ha previsto una manera más ágil y flexible y se procede a formular una definición de enmienda. Al contrario. lejos de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización democrática se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular. a su vez determinada por los cambios tecnológicos requiere de una institucionalidad lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios que se van generando.
firmada y sellada en Ciudad Bolívar. . Estado Bolívar.torno a la soberanía popular. Dada. Años 189º de la Independencia y 140º de la Federación. a los treinta días del mes de enero del año 2000.
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