Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96788
Timestamp: 2019-11-19 09:18:44
Document Index: 174353277

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'Artículo 110', 'artículo 108', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 116', 'artículo 122']

Gaceta: LXIV/1SPR-17/96788
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108, 110, 111, 116 y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PODERES JUDICIALES LOCALES.
Quien suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de poderes judiciales locales, al tenor de la siguiente:
Existen diversas posturas en el Foro Jurídico con relación a la permanencia o no de los Consejos de la Judicatura Locales, quienes en la actualidad se encuentran encargados de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Poderes Judiciales en aquellas entidades federativas. A continuación, realizaremos algunas consideraciones al respecto:
La lógica de funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas difiere, en su generalidad, de la óptica de organización del Poder Judicial de la Federación, toda vez que mientras la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Judicatura Federal para que absorbiera la competencia que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de asuntos administrativos, con el objeto de que ésta se dedicará exclusivamente a conocer los asuntos jurisdiccionales de su competencia, en el caso de los Poderes Judiciales Locales, la existencia de Consejos de la Judicatura provoca que se dupliquen funciones que los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados vienen realizando por conducto de su Pleno.
Con la instauración de los Consejos de la Judicatura Locales sin un adecuado proceso de nombramientos de los Consejeros que lo integren, en donde no se respete un adecuado sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes, se corre el riesgo como así ha sucedido, que el Poder Ejecutivo Local tenga una excesiva interferencia en dicho proceso, al grado tal de que las personas propuestas para integrar el Consejo, sean elegidas de facto por el Poder Ejecutivo Local, transformándose en un órgano con falta de independencia y al mismo tiempo supeditado a las decisiones de quien los propuso.
Si a esta situación aunamos que muchas de las veces los Poderes Legislativos se encuentran sometidos al Poder Ejecutivo, éste puede llegar a tener el control en los tres poderes del estado, al dominar prácticamente el ámbito de toma de decisiones administrativas de los Poderes Judiciales a través de los integrantes de los Consejos de la Judicatura.
Al lograr un empoderamiento innecesario de los Consejos de la Judicatura con relación a los Plenos de los Tribunales, se desdeña el conocimiento natural que tienen los magistrados integrantes del Pleno, con relación a la trayectoria y desempeño de los jueces y magistrados, así como de las necesidades jurisdiccionales que se requieren en la entidad, dejando dicha determinaciones a Consejeros de la Judicatura que probablemente no conozcan adecuadamente el funcionamiento jurisdiccional, su naturaleza y esencia, ni mucho menos la trayectoria, los méritos o defectos de los jueces y magistrados.
Los proyectos de presupuesto de los poderes judiciales locales son propuestos por los Consejos de la Judicatura Locales en los lugares donde existe, sin embargo, de persistir el hecho de que los integrantes de los Consejos de la Judicatura prácticamente son impulsados por el Ejecutivo Local en su proceso de nombramiento, a fin de cuentas dicho Poder Ejecutivo Local puede influir de facto en esta situación, atentando directamente a la autonomía de los Poderes Judiciales, ello aunado a que la mayoría de las veces los Congresos Locales (quienes deciden en definitiva sobre el presupuesto de egresos) constituyen un apéndice del Gobierno del Estado en turno.
Se estima que la fórmula para fortalecer a los Poderes Judiciales Locales debe pasar necesariamente por el fortalecimiento de los Plenos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, mejores mecanismos de nombramiento y permanencia de sus integrantes, autonomía presupuestal, bases sólidas de la carrera judicial y todas aquellas acciones que vengan a contribuir con el fortalecimiento de su independencia frente a los demás poderes de la entidad, particularmente del Poder Ejecutivo.
Debe considerarse que la instauración de Consejos de la Judicatura Locales conlleva un gasto de recursos presupuestales oneroso, además de fabricar una alta burocracia, la que en ocasiones, es la que políticamente tiene mayor influencia en los órganos jurisdiccionales sobre todo por los temas de su competencia como son la administración, vigilancia, disciplina, adscripciones, creación de nuevos órganos, etc. lo que debilita la institución del pleno del Tribunal Superior de Justicia y fomenta los cotos de poder en el único órgano que administra los recursos financieros.
Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Artículo 110. …
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La administración, disciplina, vigilancia y la carrera judicial se ejercerá por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, en los términos que al efecto establezca las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados.
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia en los términos que al efecto establezca la ley, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
ÚNICO. Se reforman el tercer párrafo del artículo 108; el segundo párrafo del artículo 110; el quinto párrafo del artículo 111; el primer párrafo de la fracción III del artículo 116; así como el primer párrafo de la fracción IV y el cuarto párrafo de la fracción VIII del apartado A del artículo 122¸ todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de junio de 2019.