Source: http://www.slideshare.net/IndiraOrtega/wcms-095897
Timestamp: 2016-10-27 23:05:00
Document Index: 223182765

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 102', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 35', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 13']

Convenios Ratificados por Colombia ...
by lersy
Final laboral colectivo
by Sebastian Yie
Indira Ortega, Enfermera
at Servicio Privado De Enfermeras sepenfra
ISBN 92-2-312761-0
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Programa InFocus
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Los convenios fundamentales
Programa InFocus sobre
la Promoción de la Declaración
Segunda impresión 2003
y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican
juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de
ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT
Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna
o productos comerciales no implica desaprobación alguna.
Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales
de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del
Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, que también puede enviar a quienes lo soliciten un
catálogo o una lista de nuevas publicaciones.
Fotocompuesto en Suiza
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
La Libertad de Asociación y la Libertad Sindical y el Reconocimiento
Efectivo del Derecho de Negociación Colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1949 (núm. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
La Eliminación de Todas las Formas de Trabajo Forzoso
u Obligatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) . . . . . . . . 40
La Abolición Efectiva del Trabajo Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) . . . . 57
La Eliminación de la Discriminación en Materia de Empleo
y Ocupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) . . . . . . . . . . . . . 65
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) . . . 70
Declaración de la OIT Relativa a Los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y Su Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha identificado ocho convenios calificándolos de fundamentales para garantizar los
derechos de los seres humanos en el trabajo, con independencia del nivel
de desarrollo de los Estados Miembros. Estos derechos son condición previa
para el desarrollo de los demás, por cuanto proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en junio 1998 resalta este conjunto de principios fundamentales en el trabajo con el apoyo de la comunidad
internacional. La Declaración cubre cuatro áreas principales para establecer
un piso mínimo necesario en el mundo del trabajo.
la abolición efectiva del trabajo infantil; y
Fundamentados en la Constitución de la OIT, estos principios y derechos
han sido expresados y desarrollados bajo la forma de específicos derechos
y obligaciones en los convenios reconocidos como fundamentales tanto
dentro como fuera de la Organización.
Estos convenios de la OIT han sido calificados como fundamentales y
son conocidos bajo el termino «normas fundamentales» en el trabajo:
Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho
de Sindicación, 1948 (núm. 87)
Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98)
Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (núm. 29)
Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105)
Convenio sobre la Edad Minimá de Admisión al Empleo, 1973
(núm. 138)
Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil
y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 182)
Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de
Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual
Valor, 1951 (núm. 100)
Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 111).
Por cuanto es cada vez mayor el número de países que han ratificado estos
instrumentos, la OIT ha preparado la presente publicación como una herramienta de consulta útil que incorpora el texto de los convenios fundamentales reflejados en la Declaración.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplica a todos los Estados que pertenecen a la
OIT, hayan o no ratificado los convenios fundamentales. Para conocer mejor
sus orígenes, características e iniciativas prácticas, puede contactar :
Programa InFocus sobre la Promoción de la Declaración
CH-1211 Ginebra
Tel.: +41 22 799 6329
Fax: +41 22 799 6561
www.ilo.org/declaration
Y RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL
Todos los trabajadores y todos los empleadores tienen derecho a constituir
libremente asociaciones que promuevan y defiendan sus intereses profesionales y a afiliarse a ellas. Este derecho humano básico está íntimamente ligado
a la libertad de expresión y es la base de la representación democrática y la
gobernabilidad. Todas las personas deben estar en condiciones de ejercer su
derecho de influir en las cuestiones laborales que las afectan directamente.
Dicho de otro modo, se les debe oír y tomar en consideración.
La libertad de asociación y la libertad sindical significan que los trabajadores y los empleadores pueden crear sus propias organizaciones, afiliarse
a ellas y dirigirlas sin injerencia del Estado ni de las propias organizaciones.
Este derecho conlleva la responsabilidad por parte de sus miembros de respetar la legislación nacional. Sin embargo, la legislación nacional, a su vez,
debe respetar el principio de libertad sindical o de asociación, que no debe
ser ignorado ni prohibido para ningún sector de actividad o agrupación de
El derecho a llevar a cabo libremente sus propias actividades significa
que las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden elegir de
manera independiente el mejor modo de promover y defender sus intereses profesionales, en lo que se refiere tanto a una estrategia a largo plazo
como a la actuación en circunstancias concretas, incluido el recurso a la
huelga y al cierre patronal. Pueden también afiliarse libremente a organizaciones internacionales y cooperar en el marco de ellas para la promoción
de sus intereses mutuos.
Cuando el sistema de negociación colectiva no da resultados aceptables y se declara una huelga, cabe la posibilidad de que ciertas categorías
limitadas de trabajadores queden excluidas de estas acciones, con objeto
de garantizar la seguridad básica de la población y el funcionamiento esencial del Estado. La negociación colectiva voluntaria es un proceso por medio
del cual los empleadores (o sus organizaciones) y los sindicatos (o, en su
defecto, los representantes libremente elegidos por los trabajadores) discuten y negocian sus relaciones, en particular en lo que atañe a las condiciones de trabajo. Esta negociación, celebrada de buena fe, apunta al
establecimiento de convenios colectivos aceptables para ambas partes.
La negociación colectiva abarca también toda una serie de fases previas (intercambio de información, consulta y evaluación conjunta), así como
la aplicación de los convenios colectivos. Si no se llega a un acuerdo, podrá
recurrirse a diversos procedimientos de solución de conflictos, que van
desde la conciliación a través de una mediación hasta el arbitraje.
Para traducir en la práctica el principio de la libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva se necesitan, entre otras cosas:
la existencia de un marco institucional apropiado, que puede ser de
carácter tripartito o entre las organizaciones de trabajadores y de
empleadores;
la inexistencia de discriminación contra toda persona deseosa de
ejercer su derecho a ser oída;
una base jurídica que garantice el cumplimiento de esos derechos;
la aceptación mutua de las organizaciones de empleadores y de trabajadores como interlocutores para resolver problemas comunes y
afrontar los retos que se les plantean.
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación (núm. 87)
Fecha de adopción: 9 de julio de 1948
Fecha de entrada en vigor: 4 de julio de 1950
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 17 de junio de 1948 en su trigésima primera reunión;
Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas
proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicación, cuestión que constituye el séptimo
punto del orden del día de la reunión;
Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar
la paz, «la afirmación del principio de la libertad de asociación
sindical»;
Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que «la libertad de expresión y de asociación es esencial
para el progreso constante»;
Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su
trigésima reunión, adoptó por unanimidad los principios que
deben servir de base a la reglamentación internacional, y
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su segundo período de sesiones, hizo suyos estos principios
y solicitó de la Organización Internacional del Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o varios convenios internacionales,
adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948:
Parte I. Libertad Sindical
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para
el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de
elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración
y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están
sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el
derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de
afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación
tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se
aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87)
La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones
no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación
de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio.
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las
colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte
que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.
1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se
aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por
2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8
del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no deberá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las fuerzas
armadas y de la policía garantías prescritas por el presente Convenio.
En el presente Convenio, el término «organización» significa toda
organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto
fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores.
el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las
medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a
los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.
1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los
territorios a que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como
quedó enmendado, todo Miembro de la Organización que ratifique el
presente Convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible después
de su ratificación, una declaración en la que manifieste:
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones
del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones
del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y
los motivos por los que es inaplicable;
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo
1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y
producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio
de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de conformidad con las disposiciones del artículo 16, todo
Miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la
que modifique, en cualquier otro aspecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.
1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de
la competencia de las autoridades de un territorio no metropolitano,
el Miembro responsable de las relaciones internacionales de ese terri-
torio, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte, en nombre del territorio, las obligaciones del
a) dos o más Miembros de la Organización, respecto de cualquier
territorio que esté bajo su autoridad común; o
b) toda autoridad internacional responsable de la administración de
cualquier territorio, en virtud de las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en vigor, respecto
3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos precedentes de este artículo, deberán indicar si las disposiciones del
Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones
del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar
en qué consisten dichas modificaciones.
4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en
cualquier otra declaración anterior.
5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 16, el
Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que
modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se refiere
a la aplicación del Convenio.
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha
en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período
de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia
General una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
y de negociación colectiva (núm. 98)
Fecha de adopción: 1.º de julio de 1949
Fecha de entrada en vigor: 18 de julio de 1951
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el
8 de junio de 1949 en su trigésima segunda reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de
negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto
del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve,
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949:
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra
todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical
en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo
acto que tenga por objeto:
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie
a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a
causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán
gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus
agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98)
2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador
o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o
en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar
estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.
Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho
de sindicación definido en los artículos precedentes.
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y
las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso
de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de
1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.
2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá
considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias,
costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros
de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este
El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios
públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en
modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se
obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
los motivos por los cuales es inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera
de un examen más detenido de su situación.
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, todo
Miembro podrá comunicar al Director General una declaración por
la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5
del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando
la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas
2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en
3. Durante los períodos en que este Convenio puede ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
El trabajo forzoso es un trabajo o un servicio que imponen coercitivamente
el Estado o individuos que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los
trabajadores con graves vejaciones, por ejemplo, privándolos de comida, de
tierra o de salario, ejerciendo violencia física o explotación sexual, limitando
sus movimientos o impidiéndoles salir.
Un trabajador doméstico está en una situación de trabajo forzoso
cuando el empleador le confisca sus documentos de identidad, le prohíbe
salir o lo amenaza con malos tratos o el impago de su salario si desobedece. Puede ocurrir también que el salario sea increíblemente bajo, aunque
en este caso no hay trabajo forzoso sino explotación.
Otro ejemplo de trabajo forzoso es cuando, lo quieran o no, los miembros de la comunidad tienen que prestar ayuda para la construcción de
caminos, la excavación de acequias de riego, etc., o cuando los responsables públicos, los funcionarios de policía o los jefes tradicionales amenazan
a los hombres, mujeres y niños que no se presentan cuando han sido convocados a realizar esas tareas.
La servidumbre por deudas es un tipo de trabajo forzoso muy corriente
en ciertos países en desarrollo. Surge a veces cuando un campesino pobre
y analfabeto se compromete a trabajar para un intermediario o un terrateniente con objeto de pagar una deuda en un plazo dado. En ciertas ocasiones, se transmite esa obligación a un familiar, o incluso a los hijos y de
una generación a la siguiente. Su duración rara vez está definida y suelen
utilizarse artimañas de manera tal que la deuda no acabe de cancelarse
nunca. El trabajador pasa a depender del intermediario o del terrateniente
y trabaja en condiciones que se asemejan a la esclavitud. Las amenazas, por
no hablar de los actos de violencia o de otros castigos cuando no se hace
el trabajo, convierten una relación económica – ya de por sí unilateral – en
una situación de trabajo forzoso.
El tráfico de mano de obra puede desembocar en el trabajo forzoso.
Una de las prácticas a que recurren los traficantes para tener una situación
de poder consiste en confiscar los documentos de identidad de las personas
que trasladan de un sitio a otro con fines de empleo. Otra práctica consiste
en atrapar a la gente por medio de deudas con adelantos o préstamos. Los
traficantes pueden recurrir también al secuestro, en particular de niños. En
todo caso, los traficantes, las personas relacionadas con ellos o los empleadores en el lugar de destino no dan a sus víctimas posibilidad alguna de
escoger el tipo de trabajo ni las condiciones de empleo. La intimidación
puede ir desde la amenaza de denunciar a la policía la situación ilegal de la
víctima hasta malos tratos físicos o sexuales.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo impone a los Estados Miembros la obligación de eliminar el trabajo forzoso y de garantizar unas relaciones de trabajo libremente
elegidas y exentas de amenazas.
Puede haber en los diferentes países definiciones del trabajo forzoso
que sean más rigurosas que la de la OIT, que fija normas mínimas para los
países, los cuales pueden, por supuesto, estipular un grado mayor de protección de los trabajadores.
Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29)
Fecha de adopción: 28 de junio de 1930
Fecha de entrada en vigor: 1.º de mayo de 1932
10 de junio de 1930 en su decimocuarta reunión;
al trabajo forzoso u obligatorio, cuestión que está comprendida
en el primer punto del orden del día de la reunión, y
adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930, y que será sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que
ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto
posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas.
2. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio podrá emplearse, durante el período transitorio, únicamente para
fines públicos y a título excepcional, en las condiciones y con las garantías estipuladas en los artículos siguientes.
3. A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la entrada
en vigor del presente Convenio y cuando el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo prepare el informe a que
se refiere el artículo 31, dicho Consejo examinará la posibilidad de
suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio en
todas sus formas y decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión
en el orden del día de la Conferencia.
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «trabajo forzoso u obligatorio» designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo
bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo
no se ofrece voluntariamente.
2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión
«trabajo forzoso u obligatorio» no comprende:
a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el
servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar;
b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones
cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo;
c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de
una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que
este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto
a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado;
d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor,
es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos
vegetales dañinos, y en general, en todas las circunstancias que
pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población;
e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por
los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones
cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, a
condición de que la misma población o sus representantes directos
tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos.
A los efectos del presente Convenio, la expresión «autoridades
competentes» designa a las autoridades metropolitanas, o a las autoridades centrales superiores del territorio interesado.
1. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que
se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado.
2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter
privado, en la fecha en que el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo haya registrado la ratificación de este Convenio por
un Miembro, este Miembro deberá suprimir completamente dicho trabajo forzoso u obligatorio desde la fecha en que para él entre en vigor
1. Ninguna concesión a particulares, compañías o personas jurídicas privadas deberá implicar la imposición de cualquier forma de
trabajo forzoso u obligatorio cuyo objeto sea la producción o recolección de productos que utilicen dichos particulares, compañías o personas jurídicas privadas, o con los cuales comercien.
2. Si las concesiones existentes contienen disposiciones que impliquen la imposición de semejante trabajo forzoso u obligatorio,
esas disposiciones deberán quedar sin efecto tan pronto sea posible,
a fin de satisfacer las prescripciones del artículo 1 del presente Convenio.
Los funcionarios de la administración, incluso cuando deban estimular a las poblaciones a su cargo a que se dediquen a una forma
cualquiera de trabajo, no deberán ejercer sobre esas poblaciones una
presión colectiva o individual con el fin de hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas privadas.
1. Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no podrán
recurrir al trabajo forzoso u obligatorio.
2. Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir
al trabajo forzoso u obligatorio, con la autorización expresa de las autoridades competentes, en las condiciones previstas por el artículo 10
3. Los jefes legalmente reconocidos que no reciban una remuneración adecuada en otra forma podrán disfrutar de servicios personales debidamente reglamentados, siempre que se tomen todas las
medidas necesarias para evitar cualquier abuso.
1. La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del
territorio interesado.
2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales superiores la facultad de imponer trabajo forzoso u obligatorio, cuando este trabajo no implique el alejamiento de los
trabajadores de su residencia habitual. Dichas autoridades podrán
igualmente delegar en las autoridades locales superiores, en los períodos y en las condiciones que se estipulen en la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente Convenio, la facultad de imponer
un trabajo forzoso u obligatorio para cuya ejecución los trabajadores
deban alejarse de su residencia habitual, cuando se trate de facilitar el
traslado de funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y el transporte de material de la administración.
Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del
presente Convenio, toda autoridad facultada para imponer un trabajo
forzoso u obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma
de trabajo sin cerciorarse previamente de que:
a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo
para la comunidad llamada a realizarlo;
b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario;
c) ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la
ejecución de este servicio o trabajo, a pesar de la oferta de salarios
y de condiciones de trabajo iguales, por lo menos, a las que prevalecen en el territorio interesado para trabajos o servicios análogos;
d) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada
a la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible
y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión.
1. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto, y
el trabajo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes que ejerzan
funciones administrativas para la realización de trabajos de utilidad
pública, deberán ser suprimidos progresivamente.
2. En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso u obligatorio se exija a título de impuesto, y cuando el trabajo forzoso u obligatorio se imponga por jefes que ejerzan funciones administrativas para
la ejecución de trabajos de utilidad pública, las autoridades interesadas
deberán cerciorarse previamente de que:
c) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada
y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión;
d) la ejecución de este trabajo o servicio no obligará a los trabajadores
a alejarse del lugar de su residencia habitual;
e) la ejecución de este trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo
con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricultura.
1. Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los
adultos aptos del sexo masculino cuya edad no sea inferior a dieciocho
años ni superior a cuarenta y cinco. Salvo para las categorías de trabajo
previstas en el artículo 10 del presente Convenio, deberán observarse
las limitaciones y condiciones siguientes:
a) reconocimiento previo, siempre que sea posible, por un médico
designado por la administración, para comprobar la ausencia de
toda enfermedad contagiosa y la aptitud física de los interesados
para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que habrá
de realizarse;
b) exención del personal escolar, alumnos y profesores, así como del
personal administrativo en general;
c) mantenimiento, en cada comunidad, del número de hombres
adultos y aptos indispensables para la vida familiar y social;
2. A los efectos del apartado c) del párrafo 1 de este artículo, la
reglamentación prevista en el artículo 23 del presente Convenio fijará
la proporción de individuos de la población permanente masculina y
apta que podrá ser objeto de un reclutamiento determinado, sin que
esta proporción pueda, en ningún caso, exceder del 25 por ciento de
esta población. Al fijar esa proporción, las autoridades competentes
deberán tener en cuenta la densidad de población, el desarrollo social
y físico de la misma; la época del año y el estado de los trabajos que
van a efectuar los interesados en su localidad por su propia cuenta; de
una manera general, las autoridades deberán respetar las necesidades
económicas y sociales de la vida normal de la comunidad interesada.
1. El período máximo durante el cual un individuo cualquiera
podrá estar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio, en sus diversas
formas, no deberá exceder de sesenta días por cada período de doce
meses, debiendo incluirse en estos sesenta días los días de viaje necesarios para ir al lugar donde se realice el trabajo y regresar.
2. Todo trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberá
poseer un certificado que indique los períodos de trabajo forzoso u
obligatorio que haya efectuado.
1. Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo
forzoso u obligatorio deberán ser las mismas que las que prevalezcan
en el trabajo libre, y las horas de trabajo que excedan de la jornada
normal deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tasas aplicadas a las horas extraordinarias de los trabajadores libres.
2. Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las personas sujetas a cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio,
debiendo coincidir este día, siempre que sea posible, con el día consagrado por la tradición, o los usos del país o la región.
1. Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del presente Convenio, el trabajo forzoso u obligatorio, en todas sus formas,
deberá ser remunerado en metálico y con arreglo a tasas que, para el
mismo género de trabajo, no deberán ser inferiores a las vigentes en
la región donde los trabajadores estén empleados, ni a las vigentes en la
región donde fueron reclutados.
2. Cuando se trate de un trabajo impuesto por jefes en ejercicio de
sus funciones administrativas, deberá introducirse, cuanto antes, el
pago de los salarios de acuerdo con las tasas indicadas en el párrafo
3. Los salarios deberán pagarse a los propios trabajadores y no a
su jefe de tribu o a otra autoridad.
4. Los días de viaje para ir al lugar del trabajo y regresar deberán
contarse como días de trabajo para el pago de los salarios.
5. El presente artículo no impedirá que se proporcionen a los trabajadores, como parte del salario, las raciones de alimentos acostumbradas, y estas raciones deberán ser, por lo menos, de un valor
equivalente a la suma de dinero que pueden representar; pero no se
hará ningún descuento del salario para el pago de impuestos, ni por
los alimentos, vestidos y alojamiento especiales proporcionados a los
trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo,
habida cuenta de las condiciones especiales del empleo, o por el suministro de herramientas.
1. Cualquier legislación referente a la indemnización de los accidentes del trabajo y cualquier legislación que prevea una indemnización para las personas a cargo de los trabajadores fallecidos o inválidos,
que estén o vayan a entrar en vigor en el territorio interesado, deberán
aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las
mismas condiciones que a los trabajadores libres.
2. En todo caso, cualquier autoridad competente que recurra al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar obligada a asegurar la subsistencia de dichos trabajadores cuando, a consecuencia de un accidente
o de una enfermedad que resulte de su trabajo, se encuentren total o
parcialmente incapacitados para subvenir a sus necesidades. Esta autoridad también deberá estar obligada a tomar las medidas necesarias
para asegurar la subsistencia de cualquier persona a cargo del trabajador, en caso de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo.
1. Las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio no deberán
ser transferidas, salvo en caso de necesidad excepcional, a regiones donde
las condiciones climáticas y alimentarias sean tan diferentes de aquellas
a que se hallen acostumbradas que constituyan un peligro para su salud.
2. En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores sin
que se hayan aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento
necesarias para su instalación y para proteger su salud.
3. Cuando no se pueda evitar dicho traslado, se tomarán medidas
para garantizar la aclimatación progresiva de los trabajadores a las
nuevas condiciones climáticas y alimentarias, previo informe del servicio médico competente.
4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al
que no se hallen acostumbrados, se deberán tomar las medidas necesarias para lograr su adaptación a este género de trabajo, especialmente
en lo que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de trabajo,
a los intervalos de descanso y al mejoramiento o aumento de las
raciones alimenticias que puedan ser necesarias.
Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u obligatorio en
trabajos de construcción o de conservación que obliguen a los trabajadores a vivir en los lugares de trabajo durante un período prolongado, las autoridades competentes deberán cerciorarse de que:
1) se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la
higiene de los trabajadores y garantizarles la asistencia médica indispensable, y, en particular: a) que dichos trabajadores serán sometidos
a un examen médico antes de comenzar los trabajos, y a nuevos exámenes, a intervalos determinados, mientras dure su empleo; b) que se
dispone de un personal médico suficiente y de los dispensarios, enfermerías ambulancias y hospitales requeridos para hacer frente a todas
las necesidades, y c) que las condiciones de sanidad de los lugares de
trabajo, el suministro de agua potable, víveres, combustible y utensilios de cocina y, cuando sea necesario, las condiciones de vivienda y
vestido son satisfactorias;
2) se han tomado las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de la familia del trabajador, especialmente facilitando el envío a
la misma de una parte del salario por medio de un procedimiento
seguro y con el consentimiento o a solicitud del trabajador;
3) los viajes de ida de los trabajadores al lugar de trabajo y los de
regreso estarán garantizados por la administración, bajo su responsabilidad y a sus expensas, y la administración facilitará estos viajes utilizando al máximo todos los medios de transporte disponibles;
4) en caso de enfermedad o de accidente que cause una incapacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación de los trabajadores
estará a cargo de la administración;
5) todo trabajador que desee permanecer como trabajador libre a
la expiración de su período de trabajo forzoso u obligatorio tendrá la
facultad de hacerlo, sin perder sus derechos a la repatriación gratuita,
durante un período de dos años.
1. El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de personas
o de mercancías, por ejemplo, el de los cargadores y el de los barqueros,
deberá ser suprimido lo antes posible, y hasta que se suprima, las autoridades competentes deberán dictar reglamentos que determinen especialmente: a) la obligación de no utilizar este trabajo sino para facilitar
el transporte de funcionarios de la administración en el ejercicio de sus
funciones, el transporte del material de la administración o, en caso de
absoluta necesidad, para el transporte de otras personas que no sean
funcionarios; b) la obligación de no emplear en dichos transportes sino
a hombres que hayan sido reconocidos físicamente aptos para este trabajo, después de pasar un examen médico, siempre que dicho examen
sea posible, y en caso de que no lo fuere, la persona que contrate esta
mano de obra deberá garantizar, bajo su propia responsabilidad, que
los obreros empleados tienen la aptitud física requerida y que no
padecen ninguna enfermedad contagiosa; c) la carga máxima que
podrán llevar los trabajadores; d) la distancia máxima desde el lugar
donde trabajen al lugar de su residencia; e) el número máximo de días
al mes, o en cualquier otro período, en que podrá exigirse a los trabajadores este trabajo, comprendiendo en este número los días del viaje
de regreso; f) las personas que estarán autorizadas a exigir esta forma
de trabajo forzoso u obligatorio, y hasta qué punto estarán facultadas
para exigirlo.
2. Al fijar los máximos a que se refieren los incisos c), d) y e) del
párrafo precedente, las autoridades competentes deberán tener en
cuenta todos los elementos pertinentes, especialmente el de la aptitud
física de la población que va a ser reclutada, la naturaleza del itinerario
que tiene que recorrer y las condiciones climatológicas.
3. Las autoridades competentes también deberán tomar disposiciones para que el trayecto diario normal de los portadores no exceda
de una distancia que corresponda a la duración media de una jornada
de trabajo de ocho horas, entendiéndose que para determinarla se
deberá tener en cuenta no sólo la carga que hay que llevar y la distancia
por recorrer, sino también el estado del camino, la época del año y
todos los demás factores de importancia; si fuera necesario imponer
a los portadores algunas horas de marcha extraordinarias, deberán ser
remuneradas con arreglo a tasas más elevadas que las normales.
1. Las autoridades competentes deberán solamente autorizar el
recurso a cultivos obligatorios como un método para prevenir el hambre
o una carencia de productos alimenticios, y siempre a reserva de que
los alimentos o los productos así obtenidos se conviertan en propiedad
de los individuos o de la colectividad que los haya producido.
2. El presente artículo no deberá tener por efecto la supresión de
la obligación de los miembros de la comunidad de ejecutar el trabajo
impuesto por la ley o la costumbre, cuando la producción se encuentre
organizada, según la ley y la costumbre, sobre una base comunal, y
cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de estos
productos sean propiedad de la colectividad.
Las legislaciones que prevean una represión colectiva aplicable a
toda una comunidad por delitos cometidos por cualquiera de sus
miembros no deberán establecer, como método represivo, el trabajo
forzoso u obligatorio por una comunidad.
No se recurrirá al trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos
subterráneos que se realicen en las minas.
Las memorias anuales que los Miembros que ratifiquen el presente
Convenio habrán de presentar a la Oficina Internacional del Trabajo,
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las medidas que hayan tomado para dar
efecto a las disposiciones del presente Convenio, contendrán una información lo más completa posible, sobre cada territorio interesado, referente a la amplitud con que se haya utilizado el trabajo forzoso u
obligatorio en ese territorio, y a los puntos siguientes: fines para los que
se ha efectuado este trabajo; porcentaje de enfermedades y mortalidad;
horas de trabajo; métodos para el pago de los salarios, tasas de los salarios, y cualquier otro dato de interés.
1. Las autoridades competentes deberán dictar una reglamentación
completa y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso u obligatorio,
para hacer efectivas las disposiciones del presente Convenio.
2. Esta reglamentación deberá contener, especialmente, reglas que
permitan a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio presentar a las autoridades todas las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo y que garanticen que estas reclamaciones serán
examinadas y tomadas en consideración.
Deberán tomarse medidas adecuadas, en todos los casos, para
garantizar la estricta aplicación de los reglamentos relativos al empleo
del trabajo forzoso u obligatorio, ya sea mediante la extensión al trabajo forzoso u obligatorio de las funciones de cualquier organismo de
inspección creado para la vigilancia del trabajo libre, ya sea mediante
cualquier otro sistema conveniente. También deberán tomarse medidas
para que las personas sujetas al trabajo forzoso conozcan el contenido
de estos reglamentos.
El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será
objeto de sanciones penales, y todo Miembro que ratifique el presente
Convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones
impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente.
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en los territorios sujetos a su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o autoridad,
siempre que tenga derecho a aceptar obligaciones que se refieran a
cuestiones de jurisdicción interior. Sin embargo, si este Miembro quiere
acogerse a las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, deberá acompañar su ratificación de una declaración en la que indique:
a) los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposiciones del presente Convenio sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposiciones del presente Convenio con modificaciones, junto con los
detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión.
2. La declaración antes mencionada se considerará como parte
integrante de la ratificación y producirá sus mismos efectos. Todo
Miembro que formule una declaración similar podrá renunciar, total
o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a las reservas
formuladas en virtud de los apartados 2) y 3) del párrafo 1 de este
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con
las condiciones establecidas por la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros cuyas
ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Internacional del
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el Director General.
Tan pronto como se hayan registrado en la Oficina Internacional
del Trabajo las ratificaciones de dos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo, el Director General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones
que le comuniquen posteriormente los demás Miembros de la Organización.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años mencionado
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de cinco
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de cinco años, en las condiciones previstas en este artículo.
implique una revisión total o parcial del presente, la ratificación por
un Miembro del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
de este Convenio sin ninguna demora, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 30, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor.
2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
Convenio sobre la abolición
del trabajo forzoso (núm. 105)
Fecha de adopción: 25 de junio de 1957
Fecha de entrada en vigor: 17 de enero de 1959
5 de junio de 1957 en su cuadragésima reunión;
Después de haber tomado nota de las disposiciones del Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930;
Después de haber tomado nota de que la Convención sobre la esclavitud, 1926, establece que deberán tomarse todas las medidas
necesarias para evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda
dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud y de que la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata
de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud,
1956, prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas
y la servidumbre de la gleba;
Después de haber tomado nota de que el Convenio sobre la protección del salario, 1949, prevé que el salario se deberá pagar a
intervalos regulares y prohíbe los sistemas de retribución que
priven al trabajador de la posibilidad real de poner término a su
a la abolición de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio
en violación de los derechos humanos a que alude la Carta de
las Naciones Unidas y enunciados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y
siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957:
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105)
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que
ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de
ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:
a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo
por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico
establecido;
b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con
fines de fomento económico;
ratifique el presente Convenio se obliga a tomar medidas eficaces para
la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio,
según se describe en el artículo 1 de este Convenio.
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio
a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de
la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre
la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia
una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
las disposiciones contenidas en el artículo 5, siempre que el nuevo
ABOLICIÓN EFECTIVA
Los niños gozan de los mismos derechos humanos que cualesquiera otras
personas. Pero, al carecer de los conocimientos, la experiencia o el grado
de desarrollo físico propios de los adultos y al no estar en condiciones de
defender sus intereses en un mundo adulto, tienen también derecho a una
protección especial en virtud de su edad, en particular contra la explotación económica y contra todo trabajo que sea peligroso para su salud y
moral o que coarte su desarrollo.
El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica que todos
los niños, de uno u otro sexo, han de tener la oportunidad de desarrollar
plenamente sus facultades físicas y mentales. Se pretende con ello acabar
con todas las formas de trabajo infantil que pongan en peligro su educación
y su desarrollo, si bien esto no significa que vayan a prohibirse todos los trabajos efectuados por niños. Las normas internacionales del trabajo permiten
que se distinga entre las formas de trabajo aceptables y las inaceptables para
los niños de diferentes edades y fases de desarrollo.
El principio debe regir tanto en la economía formal como en la informal,
que es donde más abundan las formas intolerables de trabajo infantil. Esto
abarca las empresas familiares y las actividades agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no remunerado justificado de diversas maneras, por ejemplo
cuando los niños trabajan a cambio de su sustento.
Para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil, los gobiernos deberían fijar e imponer una edad o edades mínimas para la admisión de los
menores de edad en diferentes tipos de trabajo. Dentro de ciertos límites,
esas edades pueden variar en función de las circunstancias económicas y
sociales del país. Sin embargo, la edad mínima de admisión en el empleo no
debería ser inferior a la de la terminación de la escolarización obligatoria, y
en ningún caso debería estar por debajo de los 15 años. En algunos casos
los países en desarrollo pueden hacer ciertas excepciones y se puede fijar
una edad mínima de 14 años si los medios educativos y económicos no
están lo suficientemente desarrollados.
Ciertas formas de trabajo a los que se califica de «peores formas de
trabajo infantil» son totalmente inaceptables en el caso de los niños y adolescentes menores de 18 años, y hay que eliminarlas de manera inmediata
y urgente. Estas formas de trabajo incluyen prácticas inhumanas como la
esclavitud, el tráfico de personas, la servidumbre por deudas y otras formas
de trabajo forzoso, la prostitución y la pornografía, el reclutamiento forzoso
de niños con fines militares y su utilización en actividades ilícitas como el
tráfico de drogas. Los trabajos peligrosos que pueden perjudicar la salud, la
seguridad o la moralidad de los niños deben ser objeto de una evaluación
por parte del gobierno en consulta con las organizaciones de trabajadores
y de empleadores.
En toda estrategia eficaz para erradicar el trabajo infantil, es fundamental impartir una educación básica útil y accesible. Pero la educación debe
estar integrada en toda una serie de otras medidas destinadas a combatir
los múltiples factores – por ejemplo, la pobreza, el desconocimiento de los
derechos de los niños y sistemas inadecuados de protección social – que
provocan el trabajo infantil y contribuyen a que perdure.
Convenio sobre la edad mínima (núm. 138)
Fecha de adopción: 26 de junio de 1973
Fecha de entrada en vigor: 19 de junio de 1976
6 de junio de 1973 en su quincuagésima octava reunión;
a la edad mínima de admisión al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión;
Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios:
Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio
sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; Convenio
sobre la edad mínima (agricultura), 1921; Convenio sobre la
edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio sobre
la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936;
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937;
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad mínima (pescadores),
1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo),
Considerando que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los
actuales instrumentos, aplicables a sectores económicos limitados, con miras a lograr la total abolición del trabajo de los
niños, y
Después de haber decidido que dicho instrumento revista la forma
de un convenio internacional,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres,
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
la edad mínima, 1973:
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se
compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición
efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible
el más completo desarrollo físico y mental de los menores.
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de
transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en
los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de
esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.
notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad
mínima más elevada que la que fijó inicialmente.
3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que
cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.
4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el
Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones
existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años.
5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de
catorce años con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente
deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de
este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:
b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior
a partir de una fecha determinada.
1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo
que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no
deberá ser inferior a dieciocho años.
2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de
este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la
legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas,
cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el
trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación
profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.
1. Si fuere necesario, la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores,
cuando tales organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del
presente Convenio a categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los cuales se presente problemas especiales e importantes de
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que
presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que haya excluido de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, explicando
los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias posteriores el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías
excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente
Convenio a tales categorías.
3. El presente artículo no autoriza a excluir de la aplicación del
Convenio los tipos de empleo o trabajo a que se refiere el artículo 3.
1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos
estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando
tales organizaciones existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del presente Convenio.
2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo
deberá determinar, en una declaración anexa a su ratificación, las ramas
de actividad económica o los tipos de empresa a los cuales aplicará las
disposiciones del presente Convenio.
3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicables, como mínimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras;
construcción; servicios de electricidad, gas y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras
explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al
comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas
dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen
regularmente trabajadores asalariados.
4. Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicación del
presente Convenio al amparo de este artículo:
a) deberá indicar en las memorias que presente en virtud del artículo 22
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo la
situación general del empleo o del trabajo de los menores y de los
niños en las ramas de actividad que estén excluidas del campo de aplicación del presente Convenio y los progresos que haya logrado hacia
una aplicación más extensa de las disposiciones del presente Convenio;
b) podrá en todo momento extender el campo de aplicación mediante
una declaración enviada al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los
niños o los menores en las escuelas de enseñanza general, profesional
o técnica o en otras instituciones de formación ni al trabajo efectuado
por personas de por lo menos catorce años de edad en las empresas,
siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales
organizaciones existan, y sea parte integrante de:
a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente
responsable una escuela o institución de formación;
c) un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una
ocupación o de un tipo de formación.
1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de
personas de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos:
b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la
escuela, su participación en programas de orientación o formación
profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.
2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el
trabajo de personas de quince años de edad por lo menos, sujetas aún
a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los requisitos previstos
en los apartados a) y b) del párrafo anterior.
3. La autoridad competente determinará las actividades en que
podrá autorizarse el empleo o el trabajo de conformidad con los
párrafos 1 y 2 del presente artículo y prescribirá el número de horas y
las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo.
4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente
artículo, el Miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante el tiempo en que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, substituir las edades de trece y quince años,
en el párrafo 1 del presente artículo, por las edades de doce y catorce
años, y la edad de quince años, en el párrafo 2 del presente artículo,
por la edad de catorce años.
1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con
cuando tales organizaciones existan, por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o de
trabajar que prevé el artículo 2 del presente Convenio, con finalidades
tales como participar en representaciones artísticas.
2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del
empleo o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo.
2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán
determinar las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente Convenio.
3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los
registros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a
disposición de la autoridad competente. Estos registros deberán
indicar el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, de todas las personas
menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.
1. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas
en este artículo, el Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919;
el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921; el Convenio sobre la
edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; el Convenio sobre la edad
mínima (trabajos no industriales), 1932; el Convenio (revisado) sobre
la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre
la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad
mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad
mínima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965.
2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (revisado)
sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado)
sobre la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre
la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la
edad mínima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima
(trabajo subterráneo), 1965, no cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones.
3. El Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio
sobre la edad mínima (agricultura), 1921, y el Convenio sobre la edad
mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, cesarán de estar abiertos a
nuevas ratificaciones cuando todos los Estados partes en los mismos
hayan dado su consentimiento a ello mediante la ratificación del presente Convenio o mediante declaración comunicada al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido
a) por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) sobre la
edad mínima (industria), 1937, y que haya fijado una edad mínima
de admisión al empleo no inferior a quince años en virtud del artículo 2 del presente Convenio, ello implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio,
b) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932, por un
Miembro que sea parte en ese Convenio, ello implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de ese Convenio,
c) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales),
1937, por un Miembro que sea parte en ese Convenio, y siempre
que la edad mínima fijada en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio no sea inferior a quince años, ello implicará, ipso
jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,
d) con respecto al trabajo marítimo, por un Miembro que sea parte
en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo),
1936, y siempre que se haya fijado una edad mínima no inferior a
quince años en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio
o que el Miembro especifique que el artículo 3 de este Convenio
se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, ipso jure, la denuncia
e) con respecto al empleo en la pesca marítima, por un Miembro que
sea parte en el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959,
y siempre que se haya fijado una edad mínima no inferior a quince
años en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que
el Miembro especifique que el artículo 3 de este Convenio se aplica
al empleo en la pesca marítima, ello implicará, ipso jure, la denuncia
f) por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima
(trabajo subterráneo), 1965, y que haya fijado una edad mínima no
inferior a la determinada en virtud de ese Convenio en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que especifique que
tal edad se aplica al trabajo subterráneo en las minas en virtud del
artículo 3 de este Convenio, ello implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio, al entrar en vigor el presente Convenio.
b) con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del Convenio
sobre la edad mínima (agricultura), 1921, de conformidad con su
artículo 9,
c) con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920, de conformidad con su artículo 10, y del Convenio sobre la edad mínima
(pañoleros y fogoneros), 1921, de conformidad con su artículo 12,
en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años,
y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de
su revisión total o parcial.
las disposiciones contenidas en el artículo 13, siempre que el nuevo
Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil (núm. 182)
Fecha de adopción: 17 de junio de 1999
Fecha de entrada en vigor: 19 de noviembre de 2000
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el
1.º de junio de 1999 en su octogésima séptima reunión;
Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para
la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional,
incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, como
complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad
mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil;
Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de
trabajo infantil requiere una acción inmediata y general que tenga
en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo
tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;
Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil,
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
83.ª reunión, celebrada en 1996;
Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la
pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento
económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal;
Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989;
Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;
Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil
son objeto de otros instrumentos internacionales, en particular
el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención
Convenios Ratificados por Colombia en la OIT
Convenios ratificados por Colombia con la OIT
Sebastian Yie
Mapa 41)
FredyMartinez88