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Timestamp: 2017-08-16 13:32:26
Document Index: 15386599

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 132', 'artículo 11', 'artículo 132', 'artículo 241', 'artículo 1']

﻿ Auto 62012 de diciembre 10 de 2013
AUTO 62012 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CORTE SUPREMA NO ES COMPETENTE PARA EMITIR FALLOS DE REVISIÓN ORIGINADOS EN SENTENCIAS DE TUTELA. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO ES COMPETENTE PARA EMITIR FALLOS DE REVISIÓN DERIVADOS DE ACCIONES DE TUTELA, ASÍ VERSEN SOBRE TEMAS DE DERECHO LABORAL O DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DADO QUE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, DEL CUAL ES RESPONSABLE LA CORTE SUPREMA COMO MÁXIMO ÓRGANO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, ESTÁ CONCEBIDO SOLO PARA EXAMINAR LOS EVENTOS DE LAS CAUSALES TAXATIVAS MENCIONADAS POR EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 712 DE 2001. POR OTRO LADO, LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS NO PUEDEN DECLARAR SU INCOMPETENCIA PARA TRAMITAR UNA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ORIGINADA EN UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE DIO EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA, DADO QUE EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO 2591 DE 1991 DA CUENTA DE SU POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LAS ACCIONES DE TUTELA, Y CUYA EVENTUAL REVISIÓN, EN TODO CASO, CORRESPONDE A LA CORTE CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORTE CONSTITUCIONAL, REVISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JURISDICCIÓN ORDINARIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, RECURSO DE REVISIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, JURISDICCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DECLARATORIA DE FALTA DE COMPETENCIA
Auto 62012 de diciembre 10 de 2013
AL 1556-2013
Rad.: 62012
Sea lo primero señalar que la jurisdicción —entendida como la potestad del Estado de decidir el derecho sustancial, en ejercicio de la soberanía de que es titular, a través del conocimiento y resolución definitiva de las diferentes causas—, constituye uno de los requisitos de validez de los procesos y, su observancia, tiene relación directa con el debido proceso que implica, entre otros aspectos, el cumplimiento de la plenitud de las formas propias de cada juicio y que ellas se surtan ante el juez o tribunal competente.
De ahí, que la carencia de jurisdicción, impide el estudio de fondo de las pretensiones que se formulen, pues toda actividad procesal que se realice en su ausencia, está viciada de nulidad, no susceptible de saneamiento alguno, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil, artículos 140-1 y 144 inciso final.
Entonces, el Estado, para el cabal ejercicio de su facultad de administrar justicia, ha dividido en diferentes disciplinas esa potestad. Es así como se habla diferencialmente de la jurisdicción “ordinaria”, a la que pertenecen las especialidades civil, agraria, familia, penal y laboral y, de las “especiales”, entre las que se encuentra la de lo contencioso administrativo.
Es así, como la Ley 270 de 1993, artículo 11, estableció la forma como se encuentra constituida la rama judicial del poder público:
3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen coforme a la ley;
e) De la Jurisdicción de las Comunidades Indigenas: Autoridades de los Territorios Indígenas.
De lo anterior, se infiere que aunque la totalidad de los jueces tienen una función jurisdiccional, no todos son competentes para conocer de las diferentes acciones legalmente instituidas.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, mediante auto calendado 18 de marzo de 2013, declaró la falta de jurisdicción de ese despacho para conocer de la acción instaurada por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, En Liquidación, y ordenó la remisión del expediente a esta corporación.
Pues bien, tal como quedó descrito en el itinerario procesal, la Sala advierte que la entidad demandante pretende obtener, entre otras aspiraciones, la nulidad de la resolución UGM 018469, del 25 de noviembre de 2011, mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 30 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales. Para tal efecto, la actora hizo uso de la “Acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, que es propia de la justicia contencioso administrativa, por hacer parte de los medios de control o acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo.
Ahora bien, dicha función fue definida en el ámbito constitucional y atribuida expresamente por el artículo 132 ibídem, a los tribunales administrativos, motivo por el cual, el conocimiento de este asunto en primera instancia, es de su competencia exclusiva.
Además, cabe resaltar que el ordenamiento jurídico ha establecido para cada asunto sometido a examen judicial o administrativo, las etapas que lo componen, el interés para acudir a él, las autoridades competentes, los medios de impugnación contra las decisiones que a su interior se tomen, los términos en que se deben cumplir las actuaciones y, en general, todas aquellas reglas procesales consignadas en el respectivo estatuto a fin de obtener una resolución.
Así, el asunto lo debe conocer el funcionario o corporación judicial que, conforme al esquema constitucional y legal le compete adelantar y definir. Luego, el juez de lo contencioso administrativo no puede declinar su competencia en un asunto que, en virtud de tal diseño, le ha sido asignado y remitirla al juez ordinario. De igual manera, a éste último le es vedado asumir el conocimiento de un asunto respecto del cual no le ha sido conferida competencia alguna.
Al respecto, esta Sala, se pronunció en la sentencia del 19 de mayo de 2009, radicado 32783, en los siguientes términos:
“La función de administrar justicia, como todas las que competen al Estado, es esencialmente reglada, y no puede ser ejercida, sino en virtud de las normas de contenido general que imponen obligaciones y deberes de acción y de abstención, que deben ser acatadas estrictamente por los órganos que constitucional y legalmente han sido creados para ese fin. En tal virtud, toda actividad que les sea asignada debe ser rigurosamente ejecutada, pero, también, lo que rebase el ámbito de la competencia, previamente fijada, genera la afectación del debido proceso, y además (sic) pone en situación de riesgo la juridicidad, que es un atributo inherente y esencial al Estado de derecho”.
De otra parte, no es de recibo la posición del tribunal en lo referente a que los actos administrativos atacados, fueron expedidos en cumplimiento de una decisión de tutela y, por tanto, el demandante debió tramitar un recurso extraordinario de revisión ante esta corporación, pues dicho medio de impugnación, tiene que ser adelantado con observancia de unas estrictas circunstancias que ameriten su ejercicio, y que de suyo, avalen su prosperidad.
Es así como esta corporación, ha puntualizado que el mismo no procede contra sentencias proferidas en ejercicio de la referida acción constitucional, toda vez que el Decreto 2591 de 1991, artículos 33, 34 y 35, prevé que éstas podrán impugnarse, y en todo caso, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo normado por la Constutiución Nacional, artículo 241-9, de donde palmariamente se evidencia que por disposición constitucional y legal, tales decisiones, tienen su propia revisión, que se surte ante la jurisdicción constitucional, tal como lo reseñó en el proveído de fecha 18 de agosto de 2012, Rad. 43583:
Se advierte entonces, que las sentencias de tutela no son revisables por la jurisdicción ordinaria, así versen sobre temas del derecho al trabajo o de la seguridad social, puesto que el recurso extraordinario de revisión está concebido solamente para examinar, en los eventos de las causales mencionadas, las providencias judiciales proferidas en asuntos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, por la actuación generada en su condición de máximo órgano de la jurisdicción ordinaria,conforme con los artículos 234 de la Constitución Política y 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000, y no como juez constitucional”.
En consecuencia, no es posible avocar el conocimiento de la presente acción, por no tratarse de un asunto de competencia de la Sala Laboral del Corte Suprema de Justicia, ni de ninguna otra autoridad que compone la jurisdicción ordinaria, por lo que se dispone devolver la actuación al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, para lo de su cargo.
1. DEVUÉLVASE la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, En Liquidación contra Juana Mercedes Pineda de Olarte, al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, para lo de su competencia.
2. Por secretaría, DÉJENSE las anotaciones de rigor.