Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41089-de-julio-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb7a74ed00710126e0430a0101510126&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 14:33:56
Document Index: 267148962

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 12', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 6']

﻿ Sentencia 41089 de julio 10 de 2013
SENTENCIA 41089 DE 10 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS. LA INDEMNIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PARTICULARES, NO PROCEDE DE FORMA AUTOMÁTICA, EN RAZÓN A SU CARÁCTER SANCIONATORIO. PARA LA PROCEDENCIA DE ESTA CONDENA, EL JUZGADOR DEBE EXAMINAR SI EL INCUMPLIMIENTO DEL EMPLEADOR ESTUVO MOTIVADO POR SU CONVENCIMIENTO PLENO DE QUE NADA LE ADEUDABA AL TRABAJADOR POR CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, MORA EN EL PAGO DEL SALARIO
Sentencia 41089 de julio 10 de 2013
Rad.: 41089
SL 447-2013
La parte demandante inconforme con la decisión del tribunal, interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia.
Se solicita a esta Sala “casar la sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia en la cual se absolvió a la demandada en relación con todas y cada una de las pretensiones de la demanda consistentes en declarar la existencia, entre el demandante y la entidad demandada, de un contrato de trabajo, iniciado el 10 de octubre de 1988 y terminado el 21 de noviembre de 1997, el cual terminó la empleadora en forma unilateral, ilegal e injusta, el día 21 de noviembre de 1997, cuando el trabajador demandante contaba con 9 años, 1 mes y 12 días de servicios continuos a ella prestados; declarar que los salarios recibidos por el demandante, desde julio de 1995 y hasta la finalización de la relación laboral, no fueron los propios de su cargo y labores, ordenando su reajuste al correspondiente salario y el pago de la diferencia; ordenando, en consecuencia, la reliquidación de las indemnizaciones y prestaciones, como son las primas legales y extralegales, las bonificaciones, quinquenios, las vacaciones tanto el descanso remunerado como la prima respectiva, las primas técnicas y de navidad, el fomento al ahorro, las cesantías y sus intereses teniendo en cuenta, todos los factores legales y convencionales del salario, ordenando el pago del excedente en relación con las sumas ya pagadas por tales conceptos; condenando a la demandada, al pago de la indemnización moratoria, por el no pago oportuno y completo de prestaciones y salarios, sumas estas, con el ajuste por devaluación monetaria desde el día de su exigibilidad y hasta el día en que se verifique el pago. Y en sede de instancia se revoque la decisión del a quo y se condene por dichas pretensiones indexadas”.
Para tal efecto, presentó dos cargos, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiarán conjuntamente en razón a que persiguen la misma finalidad.
Acusa la sentencia “por vía directa por aplicación indebida de la ley, pues encontró acertada la apreciación del juzgado, en cuanto consideró que los cargos y salarios de la planta de los trabajadores oficiales de la empresa demandada se señalan con base en la apropiación presupuestal de acuerdo con el artículo 72 del Decreto Ley 1042 de 1978”.
“El ad quem aplicó, para el caso concreto, el citado artículo 72 del Decreto 1042 de 1978 (jun. 7), el cual, valga aclarar, fue modificado por el Decreto Nacional 1680 de 1991, siendo totalmente inaplicable por cuanto allí se establece es:
‘el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones’.
O sea, la aplicabilidad del citado decreto, en primer lugar, se circunscribe a los empleos o empleados, vinculados a la administración pública mediante una relación legal o reglamentaria; y no a los trabajadores oficiales unidos con la administración mediante una relación contractual; y, por otra parte es aplicable a las entidades allí determinadas, dentro de las cuales no se encuentran las sociedades de economía mixta, como lo es la demandada.
Lo anterior es aún más claro y categórico ante la determinación del alcance de la aplicación del mencionado decreto, estatuido en su artículo 12, donde se lee:
‘Del campo de aplicación. El sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos que se establece en el presente decreto regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, con las excepciones que se establecen más adelante’.
Luego, si se acepta, como se hace en la sentencia impugnada haber sido el demandante, trabajador oficial de la entidad demandada, mal se le puede aplicar la norma aplicable a los empleados públicos, máxime cuando se trata de su aplicación en entidades públicas diferentes a su empleadora,(sic).
Y mal se puede afirmar en torno a los cargos y salarios de la planta de los trabajadores oficiales de la empresa demandada ser señalados con base en la apropiación presupuestal de acuerdo con el artículo 72 del Decreto-Ley 1042 de 1978, cuando dicha norma para nada trata de dicha situación, veamos el texto respectivo:
‘ART. 72.—De los viáticos en organismos con régimen especial de remuneración. Las disposiciones sobre viáticos y gastos de transporte establecidos en el presente decreto se aplicarán a los empleados públicos de las entidades sujetas a regímenes especiales de clasificación y remuneración de cargos, salvo disposición legal en contrario’.
Al romper se puede apreciar, como los cargos y salarios de la planta de los trabajadores oficiales de la empresa demandada, nada tienen en común con viáticos y gastos de transporte.
Con la anterior indebida aplicación de la norma en cita, se incurrió por el tribunal en la aplicación indebida de la ley como error de subsunción del hecho en la norma, con lo cual la segunda instancia quiso justificar la expedición de normas internas proferidas por la demandada y de las cuales dedujo no prosperar la pretensión del demandante, en cuanto a la nivelación de su salario con el devengado por otros profesionales de igual código y grado, lo cual es el punto central de este conflicto”.
La acusación fue presentada en los siguientes términos:
“por vía indirecta por errónea apreciación de la prueba obrante en el expediente, lo cual lo llevó a considerar no existir en el mismo los elementos de juicio demostrativos del término de comparación que permita deducir la desigualdad o trato diferente en cuanto a los salarios, pagados al actor y los reconocidos a sus compañeros del mismo código y grado, lo cual lo llevó a desestimar las pretensiones de reajuste salarial del demandante a lo devengado por sus pares en la planta de personal y a la negativa en cuanto a la reliquidación de sus derechos laborales nacida del mismo reajuste salarial.
El ad quem, entonces, dio por no demostrado lo palmariamente existente en el proceso y mediante ese desconocimiento fáctico consideró no haber lugar al principio de igualdad salarial, el cual presenta rango constitucional y no simplemente legal, puesto que la igualdad de oportunidades para los trabajadores es un derecho fundamental sustentado en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política”.
“El debate central en este proceso, como se afirma en la sentencia impugnada, estriba en establecer si el demandante tiene derecho al reajuste y pago de salarios desde julio de 1995, pues dice el tribunal, alegar (sic) el actor haber sido su remuneración, como profesional especializado de la gerencia, inferior a los cargos de igual jerarquía; y afirmando, la segunda instancia, acoger criterios expuestos por la jurisprudencia, no le resulta claro cuáles son los términos de comparación alegados como fundamento de la supuesta discriminación, no siendo lo mismo comparar a dos personas en el mismo cargo, que realizan la misma cantidad y calidad de trabajo con diferente salario, que comparar dos cargos con diferente remuneración así ambos se encuentren en la misma jerarquía, pues entonces se trata de la comparación de dos cargos en abstracto que en nada puede hacer deducir un trato desigual o discriminatorio en contra del actor; ni encontró establecido a lo largo de todo el expediente, en concreto y no en abstracto, que efectivamente las funciones desempeñadas por el trabajador en comparación con otro y desempeñando con eficiencia y eficacia las mismas tareas, haya sido remunerado de manera inferior a otro trabajador; al observar las pruebas presentadas solo aparecen las referentes a los salarios, hoja de vida del actor, pero sin quedar claro un término o punto de cotejo que permita encontrar válido el hecho de que el demandante alegue el principio de a trabajo igual, salario igual.
Ahora bien, dice el ad quem ser el régimen regulatorio de la relación laboral en estudio, el propio de los trabajadores oficiales, pues la empresa demandada es una sociedad de economía mixta del nivel nacional, donde sus servidores por regla general, son trabajadores oficiales, salvo quienes ocupan cargos de dirección, confianza o manejo; estando la planta global de cargos de la mencionada sociedad en el marco establecido por la Resolución 157 del 4 de septiembre de 1995, y el Acuerdo 6 de mayo de 1995 (fls. 23, 29, 44, 47), estableciéndose además las funciones, requisitos y responsabilidades de cada cargo.
Y argumenta el tribunal sobre los principios de ‘primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales’ y de ‘a trabajo igual salario igual’, el deber de establecer si efectivamente en la realidad el demandante realizó trabajo igual al de otros trabajadores y devengó salario diferente a ellos.
Mis consideraciones sobre el particular
Como en la sentencia impugnada se afirma por el tribunal no haber encontrado establecido a lo largo de todo el expediente, en concreto y no en abstracto, que efectivamente las funciones desempeñadas por el trabajador en comparación con otro y desempeñando con eficiencia y eficacia las mismas tareas, haya sido remunerado de manera inferior a otro trabajador; pues al observar las pruebas presentadas solo aparecen las referentes a los salarios, hoja de vida del actor, pero sin quedar claro un término o punto de cotejo que permita encontrar válido el hecho de que el demandante alegue el principio de a trabajo igual, salario igual, de ello debemos concluir el haber examinado el juzgador de instancia, la totalidad de las pruebas obrantes en autos, pero haber incurrido en la apreciación de las mismas probanzas, en manifiesto error de hecho, al dar como no probados, estándolo, los supuestos fácticos del principio ‘a trabajo igual salario igual’, veamos:
1. La Resolución 157 del 4 de septiembre de 1995, aparece a folio 44 y 45 y por ella se establece el manual de funciones específicas y requisitos para los trabajadores oficiales de Artesanías de Colombia S.A. y en sus artículos 12 y 22 se dice:
‘Primero: establécese el manual de funciones específicas y requisitos para los trabajadores oficiales de Artesanías de Colombia S.A.
Segundo: la gerente general de Artesanías de Colombia S.A., adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual que se establece con la presente norma’.
Como se ve, de la anterior resolución no se deducen ni las funciones ni los requisitos de los trabajadores oficiales el servicio de la entidad.
Dicha resolución fue derogada por la Resolución 84 de 28 de abril de 1997, 7 meses antes de la desvinculación del actor.
2. El Acuerdo 6 de 5 de mayo de 1995 (fls. 47 a 49).
El Acuerdo 6 de 5 de mayo de 1995, de junta directiva, distingue entre los profesionales especializados código 3010, los grados 18, 16 y 14. Y entre los simplemente profesionales, código 3020, los grados 12, 10, 08, 06 y 04; con la siguiente tabla de asignaciones:
Niveles profesionales Código Grado Asignación
Profesional especializado 3010 18 $ 828.124
Profesional especializado 3010 16 $ 780.000
Profesional especializado 3010 14 $ 728.000
Profesional 3020 12 $ 640.000
Profesional 3020 10 $ 580.000
Profesional 3020 08 $ 510.000
Profesional 3020 06 $ 465.000
Profesional 3020 04 $ 420.000
Como se puede apreciar, son tres profesionales especializados y cinco profesionales sin especialización, con sus códigos, grados y remuneraciones.
3. El Acuerdo 9 de 31 de agosto de 1995 (fls. 333 y 334).
El Acuerdo 9 de 31 de agosto de 1995, de junta directiva, modificatorio del anterior 06, manteniendo las asignaciones, distingue entre los profesionales especializados código 3010, los grados 18 y 16. Y entre los simplemente profesionales, código 3020, los grados 12, 10, 08, 06 y 04; sin determinar sus asignaciones salariales:
Niveles profesionales Código Grado
Cinco profesionales especializados 3010 18
Cuatro profesionales especializados 3010 16
Quince profesionales 3020 12
Tres profesionales 3020 10
Siete profesionales 3020 08
Tres profesionales 3020 04
Ello confirmado a folio 29, donde aparece la planta global de trabajadores oficiales de Artesanías de Colombia y en correspondencia con los 9 cargos de profesionales de la gerencia general, conforme al Acuerdo 8 de 1992 de junta directiva (fl. 42).
4. En complemento de lo anterior, a folio 23 del expediente aparece certificación del subgerente administrativo y financiero de Artesanías de Colombia S.A., sobre los ‘sueldos’ de los profesionales de planeación, cooperación internacional, asistencia de gerencia y oficina jurídica desde 1995 y hasta 1997, año de desvinculación del demandante, así:
Asistencia de gerencia $ 780.000 $ 908.700 $ 1.115.000
Cooperación internacional $ 780.000 $ 908.700 $ 1.115.000
Oficina jurídica $ 640.000 $ 745.600 $ 915.000
Planeación $ 780.000 $ 908.700 $ 1.115.000
Diferencias $ 140.000 $ 163.100 $ 200.000
Como se puede apreciar, el profesional abogado de jurídica, es el único con salario inferior, en relación con los encargados de asistencia de gerencia, cooperación internacional y planeación.
5. Sin embargo, a folio 24, la profesional de relaciones industriales, certifica el cargo de profesional especializado, de jurídica, de la gerencia general, desempañado por Jairo Peña Robles, desde el 10 de octubre de 1988 (sic), hasta el 21 de noviembre de 1998, así como sus funciones, siendo la primera ‘asesorar al gerente general en la interpretación de normas de contratación y demás asuntos jurídicos que competan a la empresa’. Lo anterior corroborado en documento obrante a 195.
Entonces salta a la vista, sin necesidad de reflexión ni esfuerzo alguno al respecto, la existencia de plena y contundente prueba sobre los siguientes hechos:
A. De conformidad con el Acuerdo 6 de 5 de mayo de 1995 (fls. 47 a 49) a los profesionales especializados código 3010, se les otorgaron asignaciones así: para el grado 18, $ 828.124; para el grado 16, $ 780.000 y para el grado 14, $ 728.000 y al profesional no especializado, código 3020, grado 12, se le señaló una asignación de $ 640.000.
B. El Acuerdo 9 de 31 de agosto de 1995 (fls. 333 y 334), no se refirió a las asignaciones, pues solamente elevó a cinco los profesionales especializados código 3010, grado 18, a cuatro los profesionales especializados código 3010, grado 16, suprimiendo los profesionales especializados código 3010, grado 14 y cifrando en quince los profesionales no especializados, código 3020 grado 12.
C. La certificación obrante a folio 23 da cuenta sobre los salarios de los profesionales de planeación, cooperación internacional, asistencia de gerencia y oficina jurídica desde 1995 y hasta 1997, donde tres de ellos devengaron en los años 1995, 1996 y 1997; $ 780.000, $ 908.700 y $ 1’115.000, respectivamente, remuneraciones estas correspondientes a los profesionales especializados código 3010, grado 16; mientras al profesional ‘oficina jurídica’ le fue asignada una asignación inicial de $ 640.000, correspondiente a un profesional no especializado código 3020, grado 12.
D. Pero como de la certificación de folio 24, se desprende haberse desempeñado Jairo Peña Robles, en el cargo de profesional especializado, de jurídica, de la gerencia general, su asignación inicial en 1995, debía ser la de profesional especializado código 3010, grado 16 y no la reconocida por la demandada, correspondiente a un profesional no especializado código 3020, grado 12.
Lo anterior basta para demostrar el craso error del tribunal, al considerar no existir parámetros objetivos, para determinar la discriminación salarial a la cual estuvo sometido el actor y la diferencia de su salario en relación con los otros profesionales especializados, error craso y contundente pues se omitió toda la prueba arriba considerada, proveniente de la misma demandada, la cual fijó los cargos y sus asignaciones, certifica la calidad de profesional especializado del demandante, pero sin razón alguna, lo discrimina mediante una asignación de profesional no especializado.
Sin embargo, el error en estudio, se torna aún menos excusable ante otras pruebas del proceso, como son:
a. A folios 31 a 41, obran documentos contentivos de las funciones de los cargos cuyo jefe inmediato lo era el gerente general y los requisitos consistentes en grado universitario y postgrado y dos años de experiencia, en cuanto a las habilidades requeridas hacemos el siguiente cuadro de las mismas:
Habilidades Gerenciales En relaciones humanas
Asistencia de gerencia Heterogénea Crítica
Cooperación internacional Heterogénea Crítica
Oficina jurídica Heterogénea Crítica
Planeación Heterogénea Importante
Es decir la habilidad gerencial para todos debía ser heterogénea y la habilidad en relaciones humanas, crítica, a excepción del profesional especializado de planeación para cuyo cargo solamente era importante y sin embargo, se le asignó igual salario del asistente de gerencia y de cooperación internacional, como ya se vio, mayor al salario del encargado de la oficina jurídica.
Sobre este mismo aspecto a folios 335 a 342, encontramos la modificación realizada a lo anterior y donde los requisitos se reducen a grado, postgrado y dos años de experiencia, suprimiéndose las habilidades.
b. En cuanto a la calidad de profesional especializado del demandante, a folio 217, se encuentra el diploma de especialista en derecho comercial, otorgado por la Universidad de Los Andes y en su hoja de vida visible a folios 186 y siguientes, así como la realización de varios cursos no formales. Y experiencia como litigante, profesor universitario y gerente de la cooperativa multiactiva de los trabajadores de la misma entidad.
Con lo anterior queda fehacientemente demostrado el garrafal error de hecho del tribunal, al tener por no probado el trato discriminatorio salarial dado al demandante, cuando en realidad se encuentra plenamente comprobado haber recibido desde 1995 y hasta 1997, el salario correspondiente a un profesional sin especialización código 3020, grado 12 y no el correspondiente a un profesional especializado código 3010, grado 16; protuberante e inexcusable error en la apreciación de la prueba, el cual devino en la inaplicabilidad de los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política, los cuales sustentan el derecho fundamental de igualdad de oportunidades para los trabajadores”.
La parte antagonista del recurso se opone a su prosperidad por presentar la demanda errores de técnica. Dice que el censor presenta argumentos nuevos no expuestos en las instancias y que el Acuerdo 6 de 1995 es un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad.
Sea lo primero advertir por la Sala que si bien, el ad quem, para sustentar legalmente sus consideraciones sobre la necesidad de la planta de personal de los trabajadores oficiales, como es el caso del demandante, se refirió el artículo 72 del Decreto-Ley 1042 de 1978, lo que, en principio, podría configurar una aplicación indebida de la norma, comoquiera que esta disposición versa sobre el tema de los viáticos, como lo alega el recurrente, no hay duda para la Sala que, en verdad, en esta parte de su argumento, el juez de alzada quiso aludir al artículo 76 del mismo conjunto de normas y por error nombró el 72, por cuanto, en efecto, aquel artículo en su último inciso dispone:
“En ningún caso el número de trabajadores oficiales vinculados al servicio de una entidad podrá exceder el total de cargos fijados para este tipo de servidores en la respectiva planta de personal”(1).
El texto de la norma pretranscrita, concuerda con la premisa asentada por el ad quem sobre que, en desarrollo de lo anterior, la planta de cargos de trabajadores oficiales de la demandada estaba dentro del marco establecido en la Resolución 157 del 4 de septiembre de 1995 y el Acuerdo 6 de mayo de 1995, de folios 23, 29, 44 y 47, premisa esta que no es motivo de desavenencia por parte del recurrente; por el contrario, se apoya en ella con el propósito de sustentar los yerros fácticos que, a su juicio, incurrió el ad quem.
En lo que toca con las consideraciones fácticas del ad quem, el censor parte del supuesto de que el juez colegiado examinó todas las pruebas, pero que se equivocó en su lectura, pues, contrario a lo señalado por tales medios, el tribunal de apelaciones arribó a la conclusión de que, de las pruebas presentadas, solo aparecía lo referente a salarios y hoja de vida del actor, pero que no le quedaba claro un término o punto de cotejo que permitiera encontrar válido el hecho de que el demandante alegara el principio de igualdad.
Señala el recurrente que el Acuerdo 6 del 5 de mayo de 1995 de la junta directiva de la demandada, folios 47 a 49, relaciona los cargos de profesional y sus niveles, junto con el código y los salarios correspondientes, existentes en la empresa. De cuyo examen, efectivamente, encuentra la Sala que, en la sociedad demandada, en el nivel de “profesional especializado”, con código 3010, existían los grados 14, 16 y 18, con salarios de $ 728.000, $ 780.000 y $ 828.124, respectivamente; y en el nivel de “profesional”, con código 3020, están los grados 04, 06, 08, 10 y 12, con salarios equivalentes a $ 420.000, 465.000, 510.000, 580.000, y 640.000, respectivamente.
Igualmente, aludió al acuerdo 09 del 31 de agosto de 1995 de la junta directiva, de folios 333 y 334; su lectura le indica a esta Sala que, en verdad como lo dice el recurrente, es modificatorio del anterior, pues eliminó el grado 14 del nivel profesional especializado, y el 06 del nivel profesional; además, especificó el número de cargos en cada nivel y grado; no dijo nada en relación con los salarios asignados a cada cargo; y determinó que se eximían de los requisitos contemplados en el manual de funciones y requisitos para el respectivo código y grado, a aquellos funcionarios que venían desempeñando el cargo en propiedad.
Para complementar lo anterior, el censor se remite a la certificación de salarios visible a folios 23, donde constan los sueldos de los profesionales de planeación, cooperación internacional, asistencia de gerencia y oficina jurídica, desde 1995 y hasta 1997, año en fue desvinculado el demandante. Ciertamente, la mencionada prueba certifica los siguientes salarios para los referidos cargos:
También, el impugnante menciona como mal apreciada la certificación de folio 24, de fecha 13 de agosto de 1998, proveniente de la demandada; efectivamente, esta prueba acredita que el actor se desempeñó en la entidad demandada, desde el 10 de octubre de 1988 hasta el 21 de noviembre de 1998, en el cargo de “profesional especializado”, de jurídica, de la gerencia general con las funciones que allí se indican.
De las pruebas hasta aquí analizadas, claramente se desprende que el actor se desempeñó como “profesional especializado”, sin embargo, de acuerdo con el punto de partida de la controversia, el demandante recibió la remuneración correspondiente al cargo de “profesional”, grado 12.
Así, contrario a los razonamientos del ad quem, las pruebas obrantes en el proceso eran suficientes para indicar, claramente, los puntos de comparación requeridos para acceder a la solicitud de nivelación, en aplicación del principio de “a trabajo igual salario igual”, pues, de acuerdo con la propia consideración del juez de alzada sobre la carga de la prueba, demostrado, por el extrabajador, el trato diferente respecto de la escala salarial que venía aplicando la empresa a sus trabajadores, le correspondía a la demandada justificar por qué le aplicó al actor el salario de profesional grado 12, en tanto que, conforme a su propia certificación, el actor sí desempeñó el cargo de “profesional especializado”; como no lo hizo, no se requería de más consideraciones para acceder a la nivelación salarial deprecada.
En consecuencia, el cargo presentado por la vía indirecta prospera y se casará parcialmente la sentencia en cuanto negó la nivelación salarial con relación al sueldo de profesional especializado desempeñado por el actor y las correspondientes reliquidaciones solicitadas.
Se advierte por la Sala que los razonamientos relacionados con la errada valoración de las pruebas por parte del tribunal, presentados acertadamente por el censor, los cuales dan al traste con la sentencia impugnada, corresponden a las afirmaciones que fueron planteadas desde la demanda, por lo que no acierta el replicante cuando le formula reparos de técnica a la demanda de casación, puesto que es obvio que no se tratan de argumentos nuevos.
El reajuste salarial pretendido por el actor tiene como fundamento la aplicación del Acuerdo 6 del 5 de mayo de 1995, y es solicitado en razón a que la entidad no le reconoció el salario asignado para el cargo de “profesional especializado grado 16”, cargo este que, según el demandante, lo desempeñó hasta la terminación del contrato de trabajo.
Por su parte, la demandada negó que al actor se le hubiese establecido como nuevo cargo el de “profesional especializado”, con la comunicación de fecha 14 de mayo de 1996, mediante la cual la entidad le notificó a aquel las funciones inherentes a este cargo de profesional especializado (fls. 26 y ss.). La explicación que dio en la contestación fue que estas funciones no eran sustancialmente diferentes de las que venía desempeñando el actor y que no se hizo la clasificación conforme a las previsiones de la Resolución 157 del 4 de septiembre de 1995, porque esta había sido modificada con la Resolución 48 de 1997. Así mismo, sostuvo que le fijó al actor un nivel de remuneración diferente al que le correspondía a cargos sustancialmente diferentes, como eran los cargos asignados a la gerencia general.
Delimitada las posiciones enfrentadas de las partes en instancia, de acuerdo con lo asentado en sede de casación, la discusión del cargo ocupado por el actor quedó superada con la prueba proveniente de la propia demandada consistente en la certificación laboral de fecha 13 de agosto de 1998 (fls. 24 y 25), de donde se desprende claramente que el actor desempeñó el cargo de “profesional especializado” de la gerencia general, durante todo el tiempo de servicio. Certificación que concuerda en un todo con la documental visible a folios 26 y siguientes, de fecha 14 de marzo de 1996, en la que la misma entidad le remite al trabajador copia de las funciones asignadas al cargo de profesional especializado de jurídica de la gerencia, con la aclaración de que tales funciones fueron adoptadas por medio de la Resolución 154 del 4 de septiembre de 1995.
Lo acabado de anotar, deja en evidencia que la empresa sí clasificó al actor en el cargo de profesional especializado, contrario a lo sostenido por la demandada en su defensa. Sin embargo, le reconoció el salario de profesional grado 12.
La empresa intentó justificar el no reconocimiento del salario del nivel profesional especializado al demandante, con el argumento de que le había fijado al actor un nivel de remuneración diferente al que le correspondía a cargos sustancialmente diferentes, como eran los cargos asignados a la gerencia general. Esta explicación no es de recibo para la Sala, porque sí la entidad tenía adoptada una escala salarial mediante la cual había equiparado distintos cargos en un mismo nivel y grado salarial, ya no le podían servir de excusa las diferencias existentes entre cargos equivalentes para dejar de reconocer el salario fijado para dicho puesto de trabajo según el nivel y grado de la citada escala.
El artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 que desarrolla el principio de igualdad salarial para los trabajadores oficiales establece:
“La diferencia de salarios para trabajadores dependientes de una misma empresa en una misma región económica y por trabajos equivalentes, solo podrá fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, de antigüedad, de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento en la obra, y en ningún caso en diferencias de nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales”. Negrillas de esta Sala.
Así mismo, el principio de “a trabajo de igual valor, salario(2) igual” consagrado en el Convenio 100 de la OIT (debidamente ratificado por Colombia), también se predica de trabajos equivalentes.
De lo anterior se sigue que el principio a la igualdad salarial no solo se predica entre cargos iguales, entendiendo por estos como aquellos puestos de trabajo con iguales funciones o tareas con el mismo nivel de eficiencia; sino también entre cargos de igual valor, es decir con equivalencia, la cual justamente se puede extraer de una escala salarial. Por tanto, para efectos de establecer la mencionada igualdad, los extremos de la comparación también pueden ser la prueba del cargo desempeñado y el salario asignado a dicha posición en la respectiva escala salarial.
Precisado lo anterior, en aplicación del Acuerdo de junta directiva 6 del 5 de mayo de 1995, con vigencia a partir del 1º de junio de 1995, mediante el cual se fijaron los salarios a los cargos según el nivel, código y grado, al actor le correspondía recibir la asignación salarial perteneciente a la de profesional especializado, el cual sin duda fue el cargo desempeñado por él.
La certificación no especifica el grado del cargo ocupado por el actor; pero esto no es óbice para ordenar la nivelación, puesto que, en arreglo al Acuerdo de junta directiva 9 del 31 de agosto de 1995, el cargo de profesional especializado solo pasó a tener dos grados: el 16 y el 18. El actor reclama el grado 16, en razón a que los demás cargos de profesional especializado asignados a la gerencia tenían este grado; lo cual se constata con la certificación visible a folios 23 del expediente examinada en conjunto con el Acuerdo 6 precitado, donde aparecen los respectivos salarios.
La ubicación del cargo del actor en el grado 16 es a todas luces razonable, no solo porque es el grado que tenían los demás cargos de profesional especializado adscritos a la gerencia, sino también porque, conforme a la planta de personal de la empresa acreditada, solo hay dos grados para dicha ocupación, siendo de mayor salario el 18.
En consecuencia, se ordenará a la empresa reconocer el salario del profesional grado 16, desde el 1º de julio de 1995, como lo determinó el recurrente en el alcance de la impugnación, dado que el mencionado Acuerdo 6 entró en vigencia el 1º de junio de 1995 y fue mediante este acuerdo que la junta directiva de la entidad demandada fijó los nuevos salarios en ese entonces y no sufrieron modificación con el Acuerdo 9 del mismo año.
Para la liquidación de las diferencias salariales aquí ordenadas, sirve traer a cuento el cuadro presentado por la parte actora en el recurso de casación, el cual tiene sustento en la certificación proveniente de la empresa visible a folio 23, así:
Cargos/años 1995 1996 1997
Conforme a la citada información, el actor debió tener como salario, para el año 1995, la suma de $ 780.000; para 1996, $ 908.700; y para 1997, $ 1.115.000; por tanto las diferencias salariales desde 1º de julio de 1995 hasta el 21 de noviembre de 1997, resultan así:
Fechas Diferencia
Desde Hasta salarial
01/07/1995 31/07/1995 $ 140.000,00
01/08/1995 31/08/1995 $ 140.000,00
01/09/1995 30/09/1995 $ 140.000,00
01/10/1995 31/10/1995 $ 140.000,00
01/11/1995 30/11/1995 $ 140.000,00
01/12/1995 31/12/1995 $ 140.000,00
01/01/1996 31/01/1995 $ 163.100,00
01/02/1996 29/02/1996 $ 163.100,00
01/03/1996 31/03/1996 $ 163.100,00
01/04/1996 30/04/1996 $ 163.100,00
01/05/1996 31/05/1996 $ 163.100,00
01/06/1996 30/06/1996 $ 163.100,00
01/07/1996 31/07/1996 $ 163.100,00
01/08/1996 31/08/1996 $ 163.100,00
01/09/1996 30/09/1996 $ 163.100,00
01/10/1996 31/10/1996 $ 163.100,00
01/11/1996 30/11/1996 $ 163.100,00
01/12/1996 31/12/1996 $ 163.100,00
01/01/1997 31/01/1997 $ 200.000,00
01/02/1997 28/02/1997 $ 200.000,00
01/03/1997 31/03/1997 $ 200.000,00
01/04/1997 30/04/1997 $ 200.000,00
01/05/1997 31/05/1997 $ 200.000,00
01/06/1997 30/06/1997 $ 200.000,00
01/07/1997 31/07/1997 $ 200.000,00
01/08/1997 31/08/1997 $ 200.000,00
01/09/1997 30/09/1997 $ 200.000,00
01/10/1997 31/10/1997 $ 200.000,00
01/11/1997 21/11/1997 $ 140.000,00
Total $ 4.937.200,00
En consecuencia, se proferirá condena por $ 4.937.200 por concepto de diferencias salariales adeudadas por la empresa.
El actor solicita que, a consecuencia de la anterior condena, se ordene la reliquidación de las prestaciones, indemnizaciones y demás derechos nacidos del contrato de trabajo, teniendo en cuenta todos los factores legales y convencionales del salario, y reitera que se haga sobre las primas legales y extralegales, las bonificaciones, quinquenios, las vacaciones tanto el descanso remunerado como la prima respectiva, las primas técnica y de navidad, el fomento del ahorro, las cesantías y sus intereses, así como cualquier otro derecho que legal o convencionalmente le correspondiere al trabajador.
Sin embargo, el actor no especificó los pagos que la empresa le haya realizado por estos conceptos, ni los requisitos de cada concepto y las fechas de su causación, desde julio de 1995 a la terminación del contrato de trabajo, para efectos de hacer la reliquidación correspondiente, sin que le sea dable al juzgador de segunda instancia hacer suposiciones en desmedro del debido proceso y el derecho de contradicción de las partes. Tan solo de la liquidación de prestaciones visible a folios 128 del expediente, se desprenden claramente los términos de la liquidación por concepto de cesantías y la indemnización por despido. En consecuencia, solo se ordenará la reliquidación por estos conceptos.
Por reliquidación de cesantías a la terminación del contrato ocurrida el 21 de noviembre de 1997, por 321 días del año 1997 que le tuvo en cuenta la empresa, le corresponde la suma de $ 178.334.
La empresa, igualmente, le liquidó 390 días por indemnización a la terminación del contrato, en consecuencia por la diferencia salarial de $ 200.000, le corresponde la suma de $ 2.600.000.
El actor reclama la indemnización moratoria por el no pago completo de la indemnización y de las prestaciones como las cesantías, con base en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto 797 de 1945.
Al igual que frente al caso de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores particulares, la jurisprudencia laboral tiene asentado que esta indemnización no procede de forma automática, en razón a su carácter sancionatorio. Para la procedencia de esta condena, el juzgador debe examinar si el incumplimiento del empleador estuvo motivado por su convencimiento pleno de que nada le adeudaba al trabajador por concepto de salarios, prestaciones e indemnización(3). Lo cual no se presenta en el caso del sub lite, comoquiera que las razones que expuso la empresa para justificar el no pago del salario correspondiente al de profesional especializado, no estuvieron acordes con su proceder respecto de los demás trabajadores, a quienes sí les venía aplicando los salarios del Acuerdo 6 de 1995, la prueba está en el certificado de salarios allegado al folio 23. Y mal podía alegar que no le eran aplicables al actor los salarios de cargos diferentes al desempeñado por él, si, por tratarse de una planta de cargos con salario definido, bastaba con que el actor desempeñara un cargo determinado, para que le correspondiera el salario asignado para tal ocupación, según el escalafón. Sin embargo, la empresa desconoció su propia escala salarial, por lo que su proceder, evidentemente, fue caprichoso y arbitrario. En consecuencia, se condenará a la demandada a pagar al actor la suma diaria equivalente a $ 50.932, por cada día de mora, desde el 6 de abril de 1998(4) y hasta el día en que se verifique el pago total de las condenas que aquí se imponen por concepto de cesantías e indemnización por despido.
Como prosperó la condena por indemnización moratoria a causa de los saldos a deber por la demandada por concepto de salarios, cesantía e indemnización por despido, no se ordena la indexación de estas sumas.
Advierte la Sala que no operó la prescripción de las condenas aquí impuestas, en vista de que el actor presentó reclamación por la nivelación salarial el 31 de diciembre de 1996, folios 16 y17, y por la respectiva reliquidación de cesantías e indemnización por despido, el 10 de julio de 1998, folios 2 al 7; y la demanda fue presentada el 18 de marzo de 1999, es decir cuando no se habían cumplido los tres años.
Sin costas en el trámite de casación, dado que prosperó parcialmente el recurso. En las instancias, costas a cargo de la parte demandada que resultó vencida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su­prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 27 de febrero de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que inició JAIRO PEÑA ROBLES en contra de ARTESANÍAS DE COLOMBIA, en cuanto negó la nivelación salarial al cargo de profesional especializado grado 16 y la consecuente reliquidación de cesantías a la terminación del contrato y de la indemnización por terminación unilateral del contrato; como también la indemnización moratoria.
En sede de instancia, se REVOCA parcialmente el ordinal primero de la sentencia del a quo en cuanto negó la nivelación salarial y las consecuentes reliquidaciones antes mencionadas, para en su lugar CONDENAR a la demandada a reconocer al actor:
a) La suma de $ 4.937.200 por concepto de diferencias salariales adeudadas por la empresa al reconocerse el salario de profesional especializado grado 16.
b) Por cesantías a la terminación del contrato ocurrida el 21 de noviembre de 1997, por 321 días del año 1997, le corresponde la suma de $ 178.334.
c) La suma diaria equivalente a $ 50.932, por cada día de mora, desde el 6 de abril de 1998 y hasta el día en que se verifique el pago total de las condenas que aquí se imponen por concepto de cesantías e indemnización por despido.
Igualmente, se revoca el ordinal tercero que condenó en costas a la parte demandante, y se confirma en todo lo demás.
(1) Último inciso del artículo 76 del Decreto-Ley 1042 de 1987
(2) El objetivo del Convenio 100 de la OIT es garantizar la igualdad salarial entre personas de distinto sexo, sin embargo el principio de salario igual a trabajo de igual valor bien puede servir como criterio para garantizar la igualdad salarial en general, como un aspecto de la igualdad en el empleo y la ocupación regulada en el Convenio 111 de la OIT, también ratificado por Colombia.
(3) “Tal como lo señala el recurrente, esta Sala de la Corte tiene definido que frente a la falta de pago, a la terminación del contrato de trabajo, de los derechos laborales que la generan, esto es, en el sector particular la remuneración salarial y las prestaciones sociales, y en el oficial, además de tales acreencias, las indemnizaciones debidas al trabajador, en principio se excluye la buena fe del empleador por no cancelarlas. En consecuencia, para exonerarse de esa sanción moratoria debe este demostrar que su actitud estuvo revestida de buena fe.
Pues bien, según lo anotado si el empleador quería exonerarse de la condena por indemnización moratoria debía aportar los medios que llevaran a la convicción referente a que la omisión en la que pudo incurrir en el pago de los mencionados derechos, tuvo origen en razones atendibles y correspondería al sentenciador evaluar los motivos derivados de tales pruebas para así determinar si lo exonera de la indemnización. Como así lo definió el ad quem, no dio un entendimiento equivocado a los preceptos legales que denuncia la acusación, pues estimó que la carga de la prueba en esta materia recaía en la entidad demandada y por ello analizó las pruebas que lo condujeron a la decisión referenciada. Es más, de no haber procedido en la forma señalada, el sentenciador hubiera incurrido en una inaceptable aplicación automática de la norma que prevé la sanción por mora”. Sentencia 14068 de 2000.
(4) “De otra parte, tiene razón el ataque en tanto cuestiona el cómputo del término de 90 días a que alude el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, plazo con el que cuenta la administración para cancelar las acreencias laborales de sus trabajadores, puesto que comienza a contabilizarse desde la fecha de la finalización del contrato, cuando deben sufragarse los valores debidos por salarios, prestaciones e indemnizaciones y no desde la fecha de la reclamación con la cual se surte el agotamiento de la vía gubernativa. Así lo señala expresamente la aludida disposición legal y no hay lugar a armonizarla con la preceptiva del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, toda vez que se trata de eventos diferentes: aquel término tiene por finalidad ofrecer al ente oficial la oportunidad de hacer las apropiaciones y adoptar todas las medidas tendientes al pago respectivo, mientras que la última norma citada, le otorga la posibilidad de revisar las reclamaciones de sus servidores, previamente a la iniciación de un proceso judicial, para evitar incurrir en errores que le proporcionen cargas superiores, pero no tiene incidencia en el cómputo del citado término, porque se reitera que constituye un requisito de procedibilidad de la acción judicial”. Ibídem.