Source: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45764
Timestamp: 2020-08-10 16:00:48
Document Index: 76045951

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 108', 'artículo 111', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 118', 'artículo 126']

El Estado - Formación Cívica - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN
Guía de Formación Cívica. El Estado
Guía de Formación Cívica - El Estado
Es un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, ejercer la acción penal pública, es decir, llevar a los imputados ante los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional, y 18 fiscalías regionales, cada una de las cuales son dirigidas por un Fiscal Regional y un equipo directivo. En cada región hay fiscalías locales, que son las unidades operativas de las fiscalías regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos, ayudantes de fiscal, y otros profesionales, como sicólogos, asistentes sociales, técnicos y administrativos.
La Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile , y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública.
Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía constitucional, fundamento del Estado de Derecho. Entre sus atribuciones, señaladas en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, están: ejercer el control y resolver cuestiones de constitucionalidad de proyectos de ley, de reforma constitucional o de proyectos aprobatorios de tratados internacionales. Asimismo, conoce sobre la constitucionalidad de autos acordados de los Tribunales de Justicia, decretos con fuerza de ley, decretos y reglamentos del Ejecutivo y declara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de un precepto legal.
Este Tribunal está integrado por diez miembros: Tres designados por el Presidente de la República; cuatro elegidos por el Congreso Nacional, de los cuales dos nombrados directamente por el Senado y dos son propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado; y, tres elegidos por la Corte Suprema.
Los miembros duran en sus cargos nueve años y se renuevan por parcialidades cada 3 años y son inamovibles. El tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso el quórum para sesionar será de ocho miembros y en el segundo caso de a los menos cuatro.
Este organismo tiene como misión llevar a cabo el proceso electoral nacional, vale decir, el escrutinio general y la calificación de las elecciones para Presidente de la República, Senadores y Diputados. También se encarga de los plebiscitos y de las posibles reclamaciones que se sucedan por estos procesos y proclama a los candidatos que resultan elegidos por la ciudadanía (Capítulo IX de la Constitución Política).
Está constituido por cinco miembros designados; tres ministros (o ex ministros) de la Corte Suprema, un abogado elegido por la Corte Suprema y un ex Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados.
En las regiones existen los Tribunales Electorales Regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones, como también resolver las reclamaciones y proclamar los candidatos electos. Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Este organismo regional esta constituido por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Es un organismo autónomo que tiene como función controlar de acuerdo a la ley los actos administrativos, fiscalizar los gastos del Fisco, las municipalidades y los organismos y servicios estatales, como también llevar la contabilidad general de la nación (Capítulo X de la Constitución Política).
El Contralor General es nombrado por el Presidente de la República con acuerdo de los tres quintos del Senado.
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad
Las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las Fuerzas de Orden y Seguridad están integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Estas constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.
Las Fuerzas Armadas son dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (de acuerdo al Capítulo XI de la Constitución)
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios de Defensa Nacional y de Interior y Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.
Los comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros son elegidos por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad.
Este Consejo es un organismo asesor del Presidente de la República, cuya función esencial es cooperar en el mantenimiento de la seguridad nacional. (Capítulo XII de la Constitución).
La “seguridad nacional” está referida a medidas encaminadas a garantizar la estabilidad institucional, la paz interior del Estado y la seguridad exterior del país. Este organismo es presidido por el Presidente de la República e integrado por los presidentes del Senado, Cámara de Diputados y Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República. A sus sesiones también pueden asistir, si el Presidente de la República los convoca, los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda y de Economía.
La Constitución dispone en el artículo 108 que el Banco Central es “un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico”. Su objeto, de acuerdo a su Ley Orgánica Constitucional, es “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.
El Consejo del Banco Central está formado por cinco miembros, nombrados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado. La duración como integrantes del Consejo es de diez años, en tanto el cargo de presidente del Consejo, quien es el presidente del banco, es de cinco años.
Dispone la Constitución Política chilena en su Capítulo XIV que para los efectos del gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones (existiendo 15 en la actualidad), y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.
La creación, supresión y denominación de las regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.
La Constitución de 1980 generó una nueva división político-administrativa estableciendo 13 regiones, división que, con algunas modificaciones subsiste a la fecha, habiéndose creados dos nuevas regiones en el año 2007, la decimocuarta y la decimoquinta. Las regiones del país y su denominación son:
I Región: Región de Tarapacá
II Región: Región de Antofagasta
III Región: Región de Atacama
IV Región: Región de Coquimbo
V Región: Región de Valparaíso
VI Región: Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
VII Región: Región del Maule
VIII Región: Región del Bío-Bío
IX Región: Región de la Araucanía
X Región: Región de Los Lagos
XI Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
XII Región: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Región Metropolitana: Región Metropolitana de Santiago
XIV Región: Región de Los Ríos
XV Región: Región de Arica y Parinacota
El gobierno de cada región reside en un Intendente que será de exclusiva confianza del Presidente de la República. El Intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y “a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción” (artículo 111 de la Constitución Política de la República). A él le corresponderá además la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.
Además, se establece que la administración superior de cada región radicará en un Gobierno Regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. Este gobierno estará constituido por el intendente y el consejo regional. El consejo regional, por su parte, será un “órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende” (artículo 113, inciso primero).
Sus integrantes reciben el nombre de “consejeros” y son elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración General. Duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. Es interesante destacar que los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región pueden asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto (artículo 113, inciso final de la Constitución Política de la República). Esta norma se encuentra establecida para reafirmar el vínculo con sus regiones de las autoridades que conforman las cámaras del Congreso Nacional.
Cada región a su vez se divide en provincias y, en cada una de ellas, existe una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. A los gobernadores le corresponde ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. Sus atribuciones propias y aquellas que se le pueden delegar son determinadas por la ley. Su nombramiento y remoción corresponde al Presidente de la República.
La administración de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo municipal.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan de autonomía para la administración de sus finanzas, cuya finalidad “es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna” (artículo 118, inciso cuarto de la Constitución Política de la República).
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es la encargada de establecer las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.
El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. Es elegido por sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de la de concejales, Dura cuatro años en el cargo y puede ser reelegido.
El Concejo municipal está encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. Los concejales son elegidos por sufragio universal, duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. El número de concejales de cada comuna son determinados por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Finalmente, el artículo 126 bis de la Constitución Política, le entrega la categoría de territorios especiales a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. Ellos, de acuerdo al texto constitucional, estarán sujetos a un estatuto especial para su Gobierno y Administración el que debe contenerse en una ley orgánica constitucional.
Por el carácter de territorios especiales, la constitución dispone que los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, serán ejercidos en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.