Source: http://www.franciscosantana.net/2013/06/
Timestamp: 2017-10-17 18:41:56
Document Index: 89610344

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 105', 'artículo 94', 'artículo 105', 'artículo 185', 'artículo 21', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 266', 'artículo 24', 'artículo 80', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 84', 'artículo 236', 'e contrario', 'artículo 49', 'artículo 196', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 256', 'artículo 242', 'artículo 336', 'artículo 233', 'artículo 25', 'artículo 77', 'artículo 52', 'artículo 64', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 145', 'artículo 12']

1/06/13 - 1/07/13 ~ Jurídicas de Interés
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.197 (Jueves 27 de junio de 2013)
viernes, junio 28, 2013 Francisco Santana
Decreto N° 201, mediante el cual se declara Monumento Nacional la obra arquitectónica denominada «La Flor de Venezuela», ubicada en la esquina Avenida Bracamonte con la Avenida Venezuela de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, en virtud del valor que para la historia nacional tiene este preciado bien, y la necesidad de exaltar las cualidades por las cuales se le considera una extraordinaria obra, que enaltece la cultura venezolana, sus tradiciones, símbolos y costumbres.
Decreto N° 202, mediante el cual se confiere la «Orden Francisco de Miranda» en su Segunda Clase «Precursor» a los deportistas que en él se mencionan. (Jorge A Catanese; Gustavo León; Gustavo Punceles, entre otros).
Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 024, de fecha 24 de mayo de 2013. (G.O. N° 40.175, mediante la cual se nombra a Rosa V Colmenares, como Presidente de la Fundación Misión Milagro).
Resolución N° DM/098, mediante la cual se procede a la publicación de la Decisión N° 35/00 relativa a los «Mecanismos de Cooperación Consular entre los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile».- (Se reimprime por error de imprenta).
En el cobro de bolívares, la tutela judicial efectiva también comprende la posibilidad de exigir el pago de la indexación o corrección monetaria. Deberá acordarse sólo sobre el capital demandado y no sobre los intereses. Su procedencia en el cobro de bolívares tramitado por el procedimiento de ejecución de hipoteca (Sala Constitucional)
jueves, junio 27, 2013 Francisco Santana
En el caso sub iudice, el ciudadano Giuseppe Bazzanella pretende la revisión del acto jurisdiccional que emitió, el 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Nueva Esparta, con fundamento en que dicho órgano jurisdiccional negó la corrección monetaria del capital adeudado y los intereses moratorios que solicitó en el libelo de la demanda, con ocasión al juicio que por ejecución de hipoteca intentó contra los ciudadanos Gustavo Maeso Lando, María Teresa Pomoli Muñecas y la sociedad mercantil Restaurant San Doménico, C.A..
A tal efecto, el fallo objeto de revisión estableció que la petición planteada por la parte actora resulta improcedente, pues se estaría reconociendo una indemnización adicional sobre los intereses ya calculados, y se correría el riesgo de condenar a un doble pago.
Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 576 de 20 de marzo de 2006 (caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia), estableció lo siguiente:
Resulta injusto, que el acreedor reciba años después del vencimiento, el monto exigible de la acreencia en dinero devaluado, lo que lo empobrece y enriquece al deudor; a menos que exista por parte del acreedor una renuncia a tal ajuste indexado (…).
Providencia Administrativa que "Categoriza la Prestación de Servicios Médicos" y establece el procedimiento para inscribir a los Centros de Salud Privados en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios. Incluye los ANEXOS A y B con los precios provisionales fijados para algunos servicios médicos (Superintendencia Nacional de Costos y Precios)
(Gaceta Oficial número 40.196 del 26 de junio de 2013)
DESPACHO DE LA SUPERINTENDENTE NACIONAL DE PRECIOS Y COSTOS JUSTOS
203º, 154º y 14º
La Superintendente Nacional de Precios y Costos, designada mediante Decreto N° 8.449, de fecha 07-09-2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.756, de fecha 13-09-2011, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 4, 5, 6, 11, 12 y 13 del artículo 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715, de fecha 18-07-2011, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del referido Decreto-Ley y el artículo y 22 del Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.802 de fecha 17-11-2011.
Que la salud es un derecho social fundamental, razón por la cual el Estado está en la obligación de garantizarlo como parte del Derecho a la vida, y por ello por mandato Constitucional está en la obligación de regular y monitorear las instituciones públicas y privadas de salud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que los servicios de salud son indispensables para garantizar el derecho a la vida de la población, razón por la cual pueden ser categorizados en beneficio y protección de las ciudadanas y los ciudadanos que acceden a ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos y en el artículo 22 del Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios.
Que de conformidad con las regulaciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, una vez categorizado un bien o servicio, es atribución de esta Superintendencia Nacional de Costos y Precios fijar precios máximos o rangos de precios, de acuerdo a su importancia económica y a su carácter estratégico en beneficio de la población.
Que la regulación que dicte la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, debe procurar la aplicación, control y seguimiento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos y que, en función a ello, este órgano tiene la atribución para dictar la normativa necesaria para tales efectos.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, puede establecer regímenes distintos o especiales para bienes y servicios regulados, controlados o no sujetos, en beneficio y protección de los ciudadanos y ciudadanas que acceden a ellos y que, en función a esto, este órgano puede disponer de distintos requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función a las características propias de los bienes y servicios, del sector que los produce, presta o comercializa, o las personas que acceden a ellos.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.196 (Miércoles 26 de junio de 2013)
Providencia Nº 294, mediante la cual se Categoriza la Prestación de Servicios Médicos, se establece los procedimientos para la Inscripción de los Centros de Salud Privados en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, y se determinan los Precios de los Servicios Médicos que en ella se señalan.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Raquel Fernández Pascoal, como Gerente, en la Gerencia de Diseño Estadístico y Control de Calidad, adscrita a la Gerencia General de Metodología y Normalización Estadística, de este Instituto.
Resolución mediante la cual se designa como Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Misión Identidad, a los ciudadanos que en ella se mencionan. (Juan Dugarte, Presidente, Rafael Torres, Julio Velasco, y Douglas Mireles Directores, entre otros).
Resolución mediante la cual se designa la Comisión Única de Contrataciones de este Ministerio, la cual estará integrada por los Miembros Principales y Suplentes que en ella se señalan. (Miembros principales y suplentes en las áreas jurídica, técnica, económico-financiera y secretaria).
Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se señalan, quienes ocupan los cargos que en ellas se indican, a los fines que conjunta o separadamente interpongan por ante los órganos judiciales competentes, las Acciones que en ellas se especifican. (Douglas Camero y Rosa García).
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.195 (Martes 25 de junio de 2013)
Decreto N° 196, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se indica, correspondiente a recursos ordinarios del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Bs.22.982.126,00).
Decreto N° 197, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios superior al veinte por ciento (20%) de una acción específica a otra acción específica de distintas categorías Presupuestarias, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente del Distrito Capital. (Bs. 3.225.173).
Decreto N° 198, mediante el cual se acuerda una Rectificación, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. (Bs. 8.019.234,00).
Decreto N° 199, mediante el cual se acuerda una Rectificación, por la cantidad que en él se especifica, al Presupuesto de Gastos 2013 del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. (Bs.82.317.525,84).
Decreto N° 200, mediante el cual se Transfiere a la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., el derecho a desarrollar actividades primarias de exploración en busca de yacimientos de petróleo crudo pesado y extrapesado, la extracción de los mismos en su estado natural y del gas natural asociado, recolección, transporte y almacenamiento iniciales.
Revisión Con Lugar por infracción de la jurisprudencia vinculante establecida sobre la interpretación del artículo 105 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sala Constitucional)
martes, junio 25, 2013 Francisco Santana
Así pues, de lo precitado en el referido criterio jurisprudencial se aprecia con claridad, en primer lugar, la no interrelación entre el diferente catálogo de sanciones establecidas en la norma, y en segundo lugar, como consecuencia de la no interdependencia entre las mismas, la no vulneración del principio de proporcionalidad atendiendo a los límites impositivos de alguna de ellas sino en atención a la gravedad de la falta cometida, cuando expresamente señala que: “(…) la disposición normativa impugnada en modo alguno vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas por cuanto su prescripción apunta a la corrección de las conductas infractoras del funcionario desde distintas aristas haciendo hincapié en la relevancia del hecho cometido, el grado de responsabilidad y la afectación al patrimonio público (…)”.
Por su parte, se advierte del examen de la sentencia impugnada que la Sala Político Administrativa determinó la procedencia del recurso contencioso administrativo de anulación con fundamento en que la sanción de inhabilitación impuesta por el Contralor General de la República al ciudadano Jesús Manuel Rodríguez Azócar no es proporcional a la sanción pecuniaria aplicada como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, cuando señaló que: “(…) la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas aplicada al recurrente por el período máximo de quince (15) años, resulta desproporcionada con relación a la gravedad de la irregularidad cometida, toda vez que la multa aplicada al recurrente como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad administrativa (la cual se encuentra definitivamente firme), no fue fijada en el límite máximo de mil unidades tributarias (1000 U.T.), previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por el contrario, con fundamento en ‘la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados’, se estimó que ésta debía ser aplicada por la cantidad de nueve mil ochocientos cinco bolívares (Bs.9.805,00), ‘equivalente a seiscientos sesenta y dos con cincuenta unidades tributarias (662,50 U.T.)’. En consecuencia, se ordena al Contralor General de la República, a los fines de que proceda nuevamente al cálculo del tiempo de inhabilitación impuesta, dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación del presente fallo, debiendo informar a la Sala y al recurrente (…)”.
En tal sentido, esta Sala considera pertinente precisar que esta facultad sancionatoria que tiene el Contralor General de la República, prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no es más que la potestad para la gradación de la sanción atendiendo a la entidad de la infracción y de sus efectos, tal como se expuso en la sentencia n.° 1266/2008 del 6 de agosto, caso: “Nidia Gutiérrez de Atencio”; por lo que, la sanción de inhabilitación no resulta consustancial ni accesoria a la sanción pecuniaria, sino que forma parte de la gama de consecuencias principales que derivan del hecho de haberse declarado la responsabilidad administrativa del funcionario (Vid. En este sentido, sentencia de esta Sala n.° 329/2012).
Sin Lugar demanda de inconstitucionalidad ejercida por la Defensora del Pueblo contra el artículo 185-A del Código Civil (Sala Constitucional)
"...Al respecto, debe señalar esta Sala que, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en los siguientes términos:
2. La ley garantizará condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por algunas de las razones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
El citado artículo instituye que todas las personas son iguales ante la ley, lo que se traduce en que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
De conformidad con lo anterior, observa esta Sala que el derecho subjetivo a la igualdad y no discriminación, es entendido, como el deber de los entes de todas las ramas que conforman el Poder Público, de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas situaciones de hecho, es decir, que este derecho supone, en principio, que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria, y por tanto se prohíbe, la discriminación.
Sala Plena se declara incompetente para conocer sobre la acción de amparo presentada por el Diputado Richard Mardo contra la ciudadana Fiscal General de la República
Corresponde a esta Sala Plena pronunciarse sobre su competencia para conocer la acción de amparo interpuesta por el ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, debidamente asistido por el abogado Rosnell Vladimir Carrasco B., contra la actuación de la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República, denunciando al efecto, la presunta vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, en el marco del proceso de antejuicio de mérito, seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente.
Sobre este particular es pertinente revisar las competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y, al respecto, los numerales 2 y 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagran lo siguiente:
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva…”.
Prosigue el aludido artículo constitucional precisando que las atribuciones señaladas en los numerales 2 y 3, serán ejercidas por la Sala Plena.
En consonancia con esta regulación, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estatuye las atribuciones de la Sala Plena en los términos siguientes:
“Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros o ministras del Poder Popular, del Procurador o Procuradora General de la República, del o la Fiscal General de la República, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor Público o Defensora Pública General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, de los gobernadores o gobernadoras, oficiales generales y almirantes efectivos y en funciones de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al o la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y, si el delito fuere político, conocerá de la causa hasta la sentencia definitiva.
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.
4. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes…”.
Del examen de tales artículos se concluye que la Sala Plena cuenta con una competencia en lo jurisdiccional, delimitada para conocer de la declaratoria sobre si hay o no mérito para el enjuiciamiento de las máximas autoridades que en tales disposiciones se señalan; para dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre juzgados de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos; así como para ejercer las demás atribuciones que establezcan la Constitución de la República y las leyes.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.194 (Viernes 21 de junio de 2013)
Resolución Nº 073-13, mediante la cual se designa al ciudadano Marco Antonio Zerpa Herrera, como Coordinador Integral de Administración y Finanzas en la Unidad de Contrataciones de la Intendencia Operativa; así como Secretario de la Comisión de Contrataciones, ambas en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Sujey Venezuela Malaver Ordaz, como Directora General de la Consultoría Jurídica, de este Ministerio.
Resolución Nº 078, mediante la cual se designa a los nuevos Miembros para conformar el Área Técnica de la Comisión de Contrataciones Permanente de este Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican. (Miembros Principales y suplentes en las áreas, técnica, jurídica, económica financiera y secretaria).
Sala Electoral ordena la realización de comicios nacionales para renovar la Junta Directiva del Inpreabogado (Tribunal Supremo de Justicia)
lunes, junio 24, 2013 Francisco Santana
"...se constata que la acción de amparo constitucional tiene su origen en la alegada omisión en la que habría incurrido el Consejo Directivo del INPREABOGADO por abstenerse de convocar a elecciones a fin de renovar a sus integrantes, pese a haberse vencido su período de gestión hace varios años.
Como consecuencia de dicha omisión, la parte accionante actuando en nombre propio y en representación de los intereses de los abogados del país denuncia la transgresión de los artículos 21, 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicita la desaplicación del contenido de los artículos 80 de la Ley de Abogados, 84 y 93 del Reglamento de la Ley de Abogados, por cuanto, a su criterio, tales normas vulneran el derecho a la participación y al sufragio universal, directo y secreto así como el derecho a la igualdad, por prever un sistema electoral de segundo grado y por exigir que los integrantes del Consejo Directivo del INPREABOGADO se encuentren domiciliados en la ciudad de Caracas.
Expuesto lo anterior, se debe indicar que tanto de los autos que conforman el expediente judicial como de los alegatos expuestos por las partes con ocasión de la realización de la audiencia constitucional se desprende que no constituye un hecho controvertido la omisión en la que ha incurrido el Consejo Directivo del INPREABOGADO al no convocar el proceso electoral mediante el cual se debe renovar a sus integrantes, pese a no haberse señalado con precisión la fecha en la cual se efectuó la última elección de autoridades. Tampoco se discute el prolongado vencimiento de su período de gestión de dos (2) años, previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados.
En efecto, se observa que en escrito de fecha 30 de mayo de 2013, la representación judicial del INPREABOGADO ratifica lo expuesto con ocasión de la audiencia constitucional efectuada ese mismo día, al señalar que “…con la mejor y más absoluta buena fe (…) est[á] en la disposición de solicitar al Poder Electoral que [lo] asesore en las elecciones a realizar…”, sin que se evidencie que durante la tramitación de la causa haya cuestionado la denuncia esgrimida por los accionantes en relación con el vencimiento del período de gestión del Consejo Directivo ni en cuanto a la omisión de convocatoria a elecciones. De allí que sea evidente la transgresión del derecho al sufragio y a la participación ocasionada por tal omisión (corchetes de la Sala).
Ahora bien, observa la Sala que el artículo 80 de la Ley de Abogados prevé lo siguiente:
Artículo 80: Los órganos del Instituto son:
a) La Asamblea General que estará integrada hasta por cinco (5) representantes de cada Colegio de Abogados.
Parágrafo Segundo: Los miembros del Consejo Directivo del Instituto, serán designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el área metropolitana de Caracas y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Abogados reitera lo expuesto en los siguientes términos:
Acerca del efecto suspensivo de la apelación ejercida en contra de la decisión que otorgue la libertad o una medida sustitutiva de la privativa de libertad (Sala Constitucional)
viernes, junio 21, 2013 Francisco Santana
En el caso de autos, el abogado Germán Macero, en representación del ciudadano Kerwin Rafael Acosta Rodríguez, adujo que la decisión de la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 25 de abril de 2013, lesionó sus derechos constitucionales a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a ser oído por un tribunal competente que acogieron los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando declaró con lugar la apelación con efecto suspensivo que incoó la representación del Ministerio Público contra el auto que dictó el Juez Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de abril de 2013, que acogió parcialmente la precalificación fiscal dada a los hechos –sólo respecto de los delitos de ultraje violento a funcionario público y lesiones genéricas- y decretó medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad de presentación periódica ante la Oficina de presentaciones de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, la Corte de Apelaciones decretó la privación judicial preventiva de libertad del imputado, por la presunta comisión de los delitos de daños violentos a la propiedad, resistencia agravada, lesiones genéricas y violencia contra funcionario público.
Observa esta Sala, que la decisión que se impugnó estuvo ajustada a derecho y fue pronunciada por una Corte de Apelaciones con competencia penal la cual, en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales y en actuación dentro de los límites de su competencia, declaró con lugar la apelación que incoó la representación del Ministerio Público, contra el fallo que dictó el Juez Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó medida sustitutiva de la privativa de libertad al imputado Kerwin Rafael Acosta R., por cuanto determinó que, “…están acreditados todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, constatando en efecto la existencia de: *Hechos punibles que merecen pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, en virtud de haber ocurrido los hechos el 20 de abril de 2013. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible, los cuales se desprenden del contenido de las actuaciones que corren insertas en la presente causa, que permiten presumir la participación del ciudadano ACOSTA RODRÍGUEZ KERWIN RAFAEL en la comisión de los delitos atribuidos por la Representación Fiscal, específicamente en las actas de entrevistas víctimas y testigos presenciales…”; pronunciamiento que, si bien fue contrario a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías constitucionales hoy denunciadas, al tiempo que de los argumentos contenidos en el escrito de amparo se desprende la disconformidad del accionante con la decisión impugnada y la pretensión de que se revisen, a través del amparo, los criterios que llevaron a la Sala n.°1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a estimar que sí existían elementos de convicción suficientes para decretar la medida preventiva privativa de libertad al imputado con fundamento en la pre-calificación que el Ministerio Público dio a los hechos durante la celebración de la audiencia de presentación; de allí que, lo pretendido por la parte actora escape del objeto de la acción de amparo constitucional.
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación constitucionalizante respecto a los artículos 175, 228 y 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
Así pues, considera esta Sala Constitucional necesario establecer con carácter constitucionalizante, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido de los artículos 175, 228 y 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que deberá entenderse como de obligatorio cumplimiento la fundamentación de la apelación, como medio de gravamen de las sentencias interlocutorias y definitivas dictadas en el marco del procedimiento contencioso administrativo agrario y de las demandas patrimoniales contra los entes agrarios, así como contra aquellas proferidas en el marco del procedimiento ordinario agrario, incluyendo las relativas a las medidas cautelares agrarias establecidas en el artículo 196 eiusdem, debiendo el juez de la primera instancia,proceder a inadmitirla o negarla, en caso que ésta se formule de forma genérica, es decir, sin las formalidades técnico-procesales como lo son la debida exposición de las razones de hecho y derecho en que se funde.
Otro de los aspectos que resulta importante analizar, es el relativo a la no comparecencia de la parte apelante a la audiencia oral de informes, por cuanto la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en principio no establece sanción alguna para las partes que no asistan a la misma, en especial el apelante que ha fundamentado debidamente su apelación, por lo que en principio pudiese existir un vacío legal ante esta situación jurídica.
En este caso, es necesario traer a colación los principios rectores del Derecho Procesal Agrario venezolano, entendidos éstos como los principios generales que rigen los procedimientos en esta materia especial, específicamente los referidos a la oralidad, inmediación y el carácter social del proceso agrario, los cuales son de una importancia cardinal para la consecución y materialización de una verdadera justicia social.
En ese sentido, los procedimientos jurisdiccionales agrarios, no obstante estar basados en un sistema mixto o semi-oral, necesariamente están llamados a propiciar el contacto directo con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso, en especial entre el juez y las partes, lo cual se verifica con la inmediatez en la obtención de las pruebas, y en especial la celebración de la audiencia oral de informes, como máxima expresión del proceso oral.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.193 (Jueves 20 de junio de 2013)
Resolución Nº 031, mediante la cual se establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de los órganos Desconcentrados de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI).
Resolución Nº 032, mediante la cual se delega en la ciudadana María Carolina Rodríguez Briceño, en su carácter de Directora General de la Dirección General de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la República, las atribuciones y la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. (Emitir constancias de trabajo, suscribir contratos de trabajo, certificar copias de documentos, entre otros).
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Argenis Ramón Martínez Hidalgo, en su carácter de Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que en ella se mencionan. (Que afectan a los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y modificaciones).
Revisión constitucional de sentencia de la Sala de Casación Civil por dejar de aplicar un criterio vigente sobre la perención de la instancia (Sala Constitucional)
Si bien es cierto que la Sala de Casación Civil, en la sentencia que emitió el 29 de noviembre de 2010 y que es objeto de la presente revisión, relató la existencia de la diligencia que consignó la representación judicial de la tercera interesada el 27 de julio de 2010, “…mediante la cual el ya señalado apoderado judicial de la tercera opositora, manifiesta su voluntad de cumplir ‘…con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil’…”. No obstante ello, declaró la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal tercero, bajo la consideración de que, “…en el sub iudice, a partir del 10 de marzo de 2010 (fecha en la cual fue consignada en el expediente por el apoderado judicial de la tercera opositora la copia certificada del acta de defunción del demandante Nicola Losito Silvestre) no consta ningún acto de procedimiento, lo que suspende de pleno derecho el proceso…”.
De esta manera se observa, que aún cuando se hizo mención a la actuación de la representación judicial de la tercera opositora del 27 de julio de 2010, la misma no fue tomada en consideración por la Sala de Casación Civil como una actuación suficiente a los fines de la demostración del interés de la tercera opositora en la continuación del proceso, con lo cual se comportó de una manera extremadamente formalista, ni hay tampoco una motivación que conduzca a la consideración de que esa actuación no estaba dirigida a provocar un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional destinado a poner en conocimiento de la existencia de la causa a los sucesores de Nicola Losito Silvestri, con el agravante de que, de esta manera se estaba evadiendo el pronunciamiento sobre la existencia del fraude procesal, el cual tenía su basamento en la actuación del apoderado judicial de una de las partes en juicio, con posterioridad a la muerte de su causante.
En el peor de los casos, si la Sala de Casación Civil consideraba que el diligenciante se había equivocado en la invocación de la norma procesal correspondiente, como consecuencia del principio IURA NOVIT CURIA, ha debido entender que cuando éste manifestó su voluntad de cumplir con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal tercero, no estaba solicitando el decreto de la perención de la instancia, con la cual quedaba firme la sentencia contra la cual había anunciado recurso de casación y de nulidad sino, por el contrario, estaba manifestando su interés en la causa, precisamente, para que no perimiera la instancia.
Sala Constitucional se avoca de oficio al expediente resuelto en fecha 18 de junio de 2013 por la Sala de Casación Penal y suspende los efectos de dicha sentencia
Visto que, por notoriedad judicial se constata de la página web del Tribunal Supremo de Justicia que la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, en decisión N° 218 del 18 de junio de 2013, dictó los siguientes pronunciamientos:
1- CON LUGAR la solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado REINALDO ENRIQUE CARVALLO MACHADO, defensor privado del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI.
2- ANULA el fallo dictado en fechas (sic) veintinueve (29) de junio de 2012, proferido por el Juzgado Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y todos los actos procesales posteriores a este (sic).
3- MANTIENE vigente la decisión dictada el catorce (14) de diciembre de 2011 por el Tribunal Trigésimo Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que se impuso al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, las medidas cautelares contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 (actual artículo 242) del Código Orgánico Procesal Penal, con todos los efectos legales consiguientes.
4- ORDENA la remisión de la presente causa a la Presidencia del del (sic) Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución en un tribunal de control distinto al que conoció, para que cumpla con lo aquí ordenado y le de continuidad al caso de autos, procediendo a fijar a la brevedad del caso una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, evitándose dilaciones en el proceso penal.
Visto que, conforme lo establece el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “…revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva…”.
Sala Constitucional se avoca de oficio al conocimiento de los recursos de nulidad ejercidos contra la elección presidencial del 14 de abril
jueves, junio 20, 2013 Francisco Santana
Por notoriedad judicial, esta Sala Constitucional tiene conocimiento de que ante la Sala Electoral de este Máximo Juzgado, fueron intentadas diversas demandas con el propósito de impugnar los resultados del proceso comicial celebrado el 14 de abril de 2013, llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dichas demandas, en actual sustanciación ante la Sala Electoral, cursan en los expedientes distinguidos con los alfanuméricos AA70-E-2013-000025, AA70-E-2013-000026, AA70-E-2013-000027, AA70-E-2013-000028, AA70-E-2013-000029, AA70-E-2013-000031 y AA70-E-2013-000033.
En atención al objeto de las anteriores impugnaciones, esta Sala Constitucional observa:
De manera preliminar a cualquier otra consideración, debe observarse que tal como lo dispone el artículo 25.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es competencia privativa de esta Sala Constitucional:
“16.- Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.
En relación con esta extraordinaria potestad, consecuente con las altas funciones que como máximo garante de la constitucionalidad y último intérprete del Texto Fundamental han sido asignadas a esta Sala Constitucional, la doctrina de esta juzgadora ha dispuesto que el avocamiento es una figura de superlativo carácter extraordinario, toda vez que afecta las garantías del juez natural y, por ello, debe ser ejercida con suma prudencia y sólo en aquellos casos en los que pueda verse comprometido el orden público constitucional (vid. sentencias números 845/2005 y 1350/2006).
Pero esta Sala no sólo hará uso de esta facultad en los casos de posible transgresión del orden público constitucional, ante la ocurrencia de acciones de diversa índole en las cuales se podría estar haciendo uso indebido de los medios jurisdiccionales para la resolución de conflictos o con el fin de evitar el posible desorden procesal que se podría generar en los correspondientes juicios, sino también cuando el asunto que subyace al caso particular tenga especial trascendencia nacional, esté vinculado con los valores superiores del ordenamiento jurídico, guarde relación con los intereses públicos y el funcionamiento de las instituciones o que las pretensiones que han generado dichos procesos incidan sobre la institucionalidad democrática o el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente sus derechos políticos. El esfuerzo de esta Sala debe, en fin, dirigirse a aclarar las dudas y agenciar los procesos previstos para darle respuesta a los planteamientos de los ciudadanos y garantizar el ejercicio de sus derechos.
"Los inmuebles para vivienda de los urbanismos intervenidos o expropiados, sólo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional, S.A., en los primeros cinco (5) años, contados a partir de la fecha de protocolización del documento definitivo de venta". (Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat)
(Gaceta Oficial Nº 40.186 del 11 de junio de 2013)
RESOLUCIÓN Nº 061
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 141 y 156 numeral 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 52 de la Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, este Despacho Ministerial,
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, la regulación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política integral del Estado en materia de vivienda y hábitat.
Que es principio rector del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, prestar un servicio público no lucrativo de acuerdo a los principios constitucionales de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, progresividad, transparencia, progresividad y participación, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, la consolidación de la familia, la comunidad y el logro de asentamientos humanos equitativos y sostenibles,
Sala de Casación Penal ordena la radicación de la investigación penal seguida por el homicidio del Cacique Yukpa Sabino Romero
"...Esta Sala para decidir, observa que, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente:
“(…) Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos:
1.- Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.
El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud (…)”.
De la transcripción del artículo anterior se desprende que, la radicación de un juicio consiste en sustraer el conocimiento del mismo, al tribunal que le corresponde de acuerdo con el principio del “forum delicti comisi”, estipulado en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, y atribuírselo a otro de igual categoría pero de distinto Circuito Judicial Penal.
De igual manera, establece que la radicación procede específicamente en dos casos, el primero cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, y el segundo cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Fiscal del Ministerio Público.
Resolución mediante la cual se crea la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer, la cual estará adscrita jerárquicamente a la Vicefiscalía y tendrá rango de Dirección General (Ministerio Público)
(Gaceta Oficial Nº 40.192 del 19 de junio de 2013)
Caracas, 04 de Junio de 2013
RESOLUCIÓN N° 738
Que se hace necesario seguir impulsando la consolidación de mecanismos internos para permitir la atención expedita de niños, niñas, adolescentes, y mujeres que han sufrido violencia en razón de su género; creando, en consecuencia, las unidades orgánico-funcionales adecuadas para la prosecución de los casos que en estas materias han ingresado a la Institución.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.192 (Miércoles 19 de junio de 2013)
Acuerdo en Respaldo al Reconocimiento Otorgado a la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Resolución Nº 067-13, mediante la cual se revoca la autorización de funcionamiento de la Representación del Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Popular Español, S.A.).
Resolución Nº 071-13, mediante la cual se designa al ciudadano Marco Antonio Zerpa Herrera, como Coordinador Integral de Administración y Finanzas en la Unidad de Contrataciones de la Intendencia Operativa, en condición de encargado, de este Organismo.
Providencia Nº FSAA-2-3001563, mediante la cual se sanciona a la Empresa Proseguros, S.A., con multa por la cantidad que en ella se indica, por haber incurrido en el ilícito administrativo de elusión, en la reclamación efectuada por la Empresa Alfarería El Ladrillo, C.A. (Bs. 65.000,00).
Requisitos concurrentes para la procedencia de la medida privativa en el proceso penal (Sala de Casación Penal)
Providencia mediante la cual se establece el deber de presentación electrónica de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (SENIAT)
(Gaceta Oficial Nº 40.190 del 17 de junio de 2013)
Nº SNAT/2013/0034
Caracas, 17 de junio de 2013
AÑOS 203º y 154º
El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en uso de las facultades previstas en los numerales 1, 9 y 33 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.125 y literal e del numeral 1 y el numeral 8 del artículo 145 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001 y en el artículo 12 de la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 904 del 14/03/2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.409 del 21 de marzo de 2002,
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE EL DEBER DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Las personas naturales, las personas Jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, deberán presentar electrónicamente sus declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, así como las declaraciones que las sustituyan, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal.