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Timestamp: 2018-04-24 09:00:05
Document Index: 296130298

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 14', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14']

Fernando Naranjo de la Fuente
1 1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Antecedentes El 5 de junio de 1990 se fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de un decreto presidencial, con la finalidad de promover y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos. A partir de entonces se empiezan a crear comisiones en las entidades federativas, entre ellas la de Sonora, fundada el 28 de Octubre de Con la reforma del apartado B del artículo 102 constitucional del 13 de septiembre de 1999 se crean las disposiciones principales mediante las cuales el orden jurídico mexicano ampara a los organismos de protección de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos implica la relación político-jurídica entre el Estado y la sociedad, debiendo ser esta relación legítima y fincada en el pleno respeto a los derechos fundamentales del ser humano. En el caso de las instituciones de educación superior, los organismos defensores tienen como propósito recibir quejas de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos y de servicios afectados por procedimientos o actos de autoridades que resultaren injustos, caprichosos o irrazonables, para, de ser lo conducente, emitir recomendaciones tendientes a resolver la afectación y a favorecer los cambios necesarios en lo académico y lo administrativo para evitar los abusos. Con el objetivo de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y de servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, muchas universidades han optado por establecer en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario, cuyas actuaciones no están subordinadas a mandato de ninguna instancia universitaria, por lo que su actuación está sustentada en los principios de independencia y autonomía. En la Universidad Autónoma de México (UNAM) esta figura fue instituida el 29 de mayo de 1985 por el Consejo Universitario a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Aunque funciona a través de recomendaciones a las autoridades universitarias, se reconoce que su existencia ha generado un mecanismo de equidad y buena fe universitaria que permite salvaguardar y hacer cumplir el orden jurídico universitario y desterrar la arbitrariedad, la sinrazón y los abusos de autoridad. Desde 2004 y a iniciativa de la UNAM, que ejerce el secretariado ejecutivo, se creó la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de la Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU). Fundamentos institucionales En la Universidad de Sonora, esta iniciativa se expresa de manera más evidente desde el año 2001, a través de los Planes de Desarrollo Institucional
2 2 (PDI). En los planes de desarrollo y , entre los Programas Estratégicos para mejorar la normatividad y el gobierno, se encuentra el de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y se plantean metas y acciones orientadas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias contenidas en el marco normativo de la Institución, con el fin de resolver conflictos emanados de actos de autoridad que no se apeguen a los criterios estipulados en la normatividad universitaria, así como crear cauces legales complementarios para la defensa de los derechos de los universitarios, para conocer y atender quejas, reclamaciones o denuncias de la comunidad universitaria, buscar la solución de problemas que afectan los derechos universitarios y promover un clima de entendimiento y armonía que favorezca la cohesión y coordinación para el cumplimiento de los fines institucionales. En cuanto a las líneas de acción, en dichos documentos de planeación se considera la creación de una instancia de defensoría de los derechos universitarios, independiente de cualquier autoridad universitaria; realizar modificaciones en el Estatuto General, con el fin de proporcionar sustento jurídico a la instancia de la defensoría de los derechos universitarios; y desarrollar y aprobar la normatividad específica de la defensoría de los derechos universitarios. Entre las metas principales, se planea dotar de infraestructura, recursos presupuestales y personal jurídico y administrativo a la instancia de defensoría de los derechos de los universitarios, para que emita semestralmente los extrañamientos a los órganos de autoridad que no atendieran las recomendaciones formuladas con anterioridad. A partir de enero de 2005 surgen diversas iniciativas en el sector del personal académico con el fin de impulsar el proyecto de creación de lo que entonces denominaron Comisión de Derechos Humanos en la Universidad de Sonora, iniciativas que fueron llevadas a asamblea general del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) y cuyo acuerdo fue ratificado por su Consejo General de Delegados. En el convenio de revisión contractual 2005 entre la Universidad de Sonora y el STAUS, ambas partes se comprometen a elaborar un proyecto para la constitución de un órgano con carácter autónomo e independiente que impulse políticas y acciones para la defensa de los sectores universitarios, asimismo, definir su integración, el alcance y carácter de sus resoluciones. Para lograr el acuerdo de manera bilateral entre sindicato y autoridades universitarias, se formó la Comisión Mixta de Derechos Universitarios para la realización del Proyecto de Creación de la Comisión de Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora, mediante una propuesta de estatuto sometida a dictamen y aprobación, en su caso, por parte del Colegio Académico. Lineamientos generales En relación al nombre, se optó por Comisión de Derechos Universitarios para dar mayor precisión en cuanto al ámbito y el objeto del organismo, frente a
3 instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo ámbito y casos adjudicables resultan evidentemente más amplios. En cuanto al objeto, se procura centrar la actuación del organismo en los casos de afectación de los derechos que la normatividad universitaria otorga a los estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores administrativos y de servicios, por actos, resoluciones u omisiones de funcionarios, dependencias o cualquier entidad académica o administrativa, y que sean considerados por el demandante como irrazonables, injustos, inadecuados, erróneos o hayan dejado sin respuesta las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable, considerando las disposiciones establecidas para cada caso. Con el fin de salvaguardar el estado de derecho en la institución y evitar ambigüedades en el ejercicio de las respectivas facultades, se establece que los actos, resoluciones u omisiones que originen una reclamación por supuesta afectación de derechos de los universitarios, pero que la legislación universitaria fija ya las instancias, los mecanismos y los procedimientos para su resolución, no serán competencia de esta Comisión en tanto no se hayan agotado definitivamente los mecanismos y procedimientos establecidos y aún en ese caso la Comisión tendrá en cuanta el alcance de la facultad que la legislación confiere a otras instancias para resolver en la materia. En virtud de que muchos de los aspectos que regulan las relaciones entre la Universidad como entidad y sus trabajadores académicos, administrativos y de servicios, así como los recursos con que se cuenta para que estos sectores diriman aspectos donde se presume se hayan afectado sus derechos universitarios, se encuentran ya establecidos en la normatividad universitaria, se reconoce que existe una mayor preocupación por una defensoría de derechos de los estudiantes, pero se reconoce también que se dan casos que afectan al personal citado antes, por lo que se amplió el universo de los posibles beneficiarios. El carácter autónomo e independiente del organismo con respecto a los órganos de gobierno de la Universidad queda establecido desde el Artículo 1 del estatuto, en virtud de que se considera esencial para sus objetivos, ya que se encargará de atender reclamaciones o quejas que involucran la actuación de las diversas instancias de gobierno al interior de la Universidad. Este carácter se ve reforzado al emanar su creación y estatuto del Colegio Académico, así como por el hecho de que este mismo colegiado elegirá al titular de la Comisión y al Consejo Consultivo. Para la elección antes citada se establece un procedimiento que reúne características que promueven la participación democrática y evitan la arbitrariedad y el autoritarismo, sin llegar a procesos largos y excesivamente politizados. Al establecer los requisitos para ser titular de la Comisión en el Artículo 5 se consideró indispensable tener conocimientos suficientes de la normatividad universitaria y los derechos humanos, aunque se decidió no circunscribir las opciones a especialistas en el campo del derecho, con el fin de dejar la posibilidad de acceso al puesto para personas que sin ser juristas hayan mostrado una preocupación significativa por los derechos de los universitarios y 3
4 4 conocimiento de la normatividad universitaria. Estas mismas cualidades determinan el perfil para los miembros del Consejo Consultivo por cada Unidad Regional, pues la función de asesorar al Titular en casos difíciles o que revistan mayor gravedad o importancia ameritan acreditar cierta calificación en la materia. Los procedimientos de la Comisión deben ser ágiles, buscando la solución inmediata y, en su caso, se tomen medidas para que se termine con la afectación a la mayor brevedad. Por tal razón deben prevalecer las estrategias de mediación y conciliación, preferentemente mediante el contacto directo y la información personal. En caso necesario se procederá al acopio de elementos de prueba para llegar, en su caso, a una recomendación; de no cumplir la autoridad involucrada con dicha recomendación, la Comisión emitirá el extrañamiento correspondiente.
5 5 ESTATUTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS UNIVERSITARIOS Artículo 1. La Comisión de Derechos Universitarios es un órgano de carácter autónomo e independiente que tiene como finalidades esenciales: I. Recibir reclamaciones de estudiantes, trabajadores académicos, trabajadores administrativos y de servicios de la Universidad de Sonora, por la afectación de los derechos que les otorga la normatividad universitaria, los derechos humanos y los que la institución reconozca como tales; II. Realizar las investigaciones necesarias sobre la presunta afectación de tales derechos, ya sea a petición de parte o de oficio, y proponer, en su caso, soluciones a las autoridades de la institución; III. Promover la cultura de los derechos universitarios y humanos. Artículo 2. La Comisión estará formada por un Titular, un Adjunto que lo apoyará en sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias, así como el personal técnico y administrativo que se estime necesario. Además contará con infraestructura material y una partida presupuestal aprobada ex profeso para su operación. La Comisión contará con un Consejo Consultivo con carácter honorario, presidido por el Titular, con las atribuciones que establece el artículo 14 de este Estatuto. El Consejo Consultivo estará formado por un representante académico por cada unidad regional, con conocimientos afines a las finalidades esenciales de la Comisión. Artículo 3. El Titular y el Consejo Consultivo serán elegidos por el Colegio Académico de la Universidad de Sonora. Para la elección del Titular y del Consejo Consultivo, el Colegio Académico nombrará una Comisión a la que además se incorporará un representante por cada uno de los tres sectores universitarios, quienes tendrán derecho a voz. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Emitir una convocatoria pública para el registro de aspirantes a Titular y al Consejo Consultivo, que deberá contener lo siguiente: a) Los requisitos para el registro de aspirantes. b) La documentación que acredite tanto los aspectos curriculares de los aspirantes, como el programa de trabajo. c) Lugar y fecha de las sesiones públicas de auscultación.
6 6 II. Organizar e implementar las auscultaciones a los estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores administrativos y de servicios, en un espacio público donde se presentarán los candidatos y darán a conocer su currículum vitae y sus propuestas de trabajo. III. Depurar la lista de personas registradas, una vez concluido el periodo de registro y auscultación, para dejar una terna por cada puesto. La depuración se realizará considerando el cumplimiento de los requisitos, la trayectoria de las personas registradas y las opiniones vertidas durante el proceso de auscultación. IV. Someter las ternas al pleno del Colegio para la elección del Titular y los integrantes del Consejo Consultivo. En cuanto al resto del personal adscrito a la Comisión de Derechos Universitarios, será determinado por el Colegio Académico mediante la aprobación de un organigrama y una plantilla de personal que defina los perfiles y manuales de los principales puestos. Dicho personal, incluyendo al Adjunto, será designado por el Titular de la Comisión. Artículo 4. El Titular de la Comisión, el Adjunto y los miembros del Consejo Consultivo durarán cuatro años en sus funciones y no podrán reelegirse en sus cargos. Sólo procederá remoción por causa grave, misma que será resuelta por el Colegio Académico. Artículo 5. El Titular de la Comisión deberá reunir los requisitos siguientes: I. Ser un académico de la Universidad de Sonora con conocimientos suficientes de la normatividad universitaria y los derechos humanos. II. Tener cuando menos cinco años de servicio en la actividad académica de la institución. III. No haber ocupado un puesto administrativo o político a nivel de dirección en la Universidad de Sonora o fuera de ella en los dos años anteriores a la elección. Artículo 6. La Comisión de Derechos Universitarios estará facultada para conocer y recibir reclamaciones, quejas o inconformidades de estudiantes, trabajadores académicos, administrativos y de servicios, que se consideren afectados en los derechos que les otorga la normatividad universitaria, los derechos humanos y los que la Universidad reconozca como tales, por actos, resoluciones u omisiones de los funcionarios, dependencias o cualquier otra entidad administrativa o académica.
7 7 Artículo 7. La Comisión conocerá de oficio o a petición de parte las reclamaciones, quejas, inconformidades o denuncias que formulen los estudiantes, trabajadores académicos, administrativos y de servicios, cuando en las mismas se alegue la afectación de sus derechos por actos, resoluciones u omisiones contrarios a la normatividad universitaria, a los derechos humanos y los que la Universidad reconozca como tales; y que sean irrazonables, injustos, inadecuados, erróneos, o se hayan dejado sin respuesta las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable, considerando las disposiciones establecidas para cada caso. La Comisión será competente para conocer de violaciones que puedan combatirse por los medios expresamente consignados en la legislación universitaria, cuando éstos se hayan agotado definitivamente y persista la inconformidad. Artículo 8. Podrán acudir a la Comisión quienes tengan el carácter de estudiantes, trabajadores académicos, administrativos y de servicios que se consideren afectados en los derechos que les otorga la normatividad universitaria, los derechos humanos o los que la Universidad reconozca como tales, por actos, resoluciones u omisiones de los funcionarios, dependencias o cualquier otra entidad administrativa o académica. Artículo 9. El procedimiento deberá ajustarse a las siguientes bases: I. Tendrá las siguientes fases: a) Recepción y conocimiento de quejas que pueden ser a petición de parte u oficio; b) Petición de informe a la autoridad señalada como responsable; c) Acercamiento personal de los involucrados y en su caso, propuesta de mediación por la Comisión; d) Posible periodo de pruebas; e) Dictamen. II. Se evitarán los formalismos innecesarios y se aplicarán los principios de inmediatez, concentración y rapidez; III. Las inconformidades deberán versar sobre resoluciones, actos u omisiones definitivas e inimpugnables que no tengan más de 90 días. Se rechazarán de plano las inconformidades y quejas anónimas o notoriamente improcedentes; IV. Este órgano de derechos llevará un registro de las inconformidades de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida;
8 8 V. Antes de la presentación de la inconformidad se concederá una entrevista personal al afectado para otorgarle la orientación que requiera; VI. Las inconformidades podrán presentarse por escrito o por comparecencia en formatos elaborados por la Comisión. Se iniciará con el estudio de la petición con el fin de decidir si es admisible, y en el supuesto de que deba rechazarse, informará por escrito al interesado las razones y fundamentos para no admitirla y se le orientará para que pueda acudir a la vía procedente; VII. Una vez admitida la inconformidad se correrá traslado al funcionario o dependencia al que o a la que se atribuya la conducta lesiva, con el fin de que informe en un plazo no mayor de cinco días hábiles sobre la situación planteada; la Comisión utilizará preferentemente el contacto directo y la información personal, para evitar las dilaciones de las comunicaciones escritas; VIII. La Comisión promoverá que se llegue a una solución inmediata y, en su caso, se tomen las medidas para que se termine con la afectación a la mayor brevedad; IX. Cuando lo anterior no sea factible se procederá al estudio de los informes rendidos, de los elementos aportados por el interesado y de los datos que se hubiesen podido obtener del examen de la documentación respectiva; X. Los funcionarios universitarios deberán proporcionar al personal de la Comisión la documentación o información que con la debida anticipación y justificación les solicite por escrito el Titular, y que fuera necesaria para la solución del conflicto planteado, en un término no mayor de cinco días hábiles a partir de que le fue solicitada oficialmente. En caso de que el o los involucrados se nieguen a proporcionar la información o documentación solicitada, dará lugar al fincamiento de responsabilidad universitaria; XI. Después de analizar en su conjunto y con todos los elementos de prueba que se hubiere allegado, la Comisión procederá a elaborar un dictamen en un término no mayor de diez días hábiles a partir de que se recibe la documetnación solicitada, y dentro de los cinco días hábiles siguientes emitirá la resolución correspondiente, que formulará por escrito a manera de recomendación y la dirigirá de inmediato al funcionario o la dependencia contra quien se planteó la queja; XII. Si el funcionario, dependencia o persona involucrada no estuviera de acuerdo con dicha recomendación, lo hará saber a la Comisión en un término no mayor de cinco días hábiles a partir de la notificación, mediante escrito fundado y motivado. Este escrito deberá tener una respuesta por
9 9 parte de la Comisión, confirmando, modificando o revocando la referida recomendación, en un término de cinco días hábiles a partir de la recepción de la inconformidad, que también debe notificar a las partes involucradas, a la brevedad posible; XIII. En caso de que la autoridad no cumpla con la recomendación, la Comisión enviará el extrañamiento correspondiente. Artículo 10. La Comisión deberá rendir un informe general de actividades, anual y de carácter público, al Colegio Académico. Sin precisar datos personales de los involucrados en todos y cada uno de los asuntos que hubiere conocido o que le hubieren planteado, mencionará los que admitió, las investigaciones que le sucedieron y las conclusiones y resultados logrados. A este informe de actividades deberá acompañar datos estadísticos que permitan ampliar la explicación sobre el beneficio de las actividades desarrolladas. La Comisión podrá incluir en su informe de actividades las sugerencias que considere apropiadas para un replanteamiento o modificación de la normatividad universitaria, en aspectos que sean de su competencia, tomando como referencia los problemas más significativos que debió analizar durante el período que esté informando, la frecuencia con que se presentaron, la reparación de los daños o agravios inflingidos a los afectados y los posibles riesgos en el rompimiento de la armonía universitaria. El Titular de la Comisión informará periódicamente al Consejo Consultivo sobre las actividades realizadas por su oficina, conforme quede establecido en el reglamento, y realizará informes parciales cuando el mismo Titular lo considere necesario por la gravedad o importancia del asunto o de las situaciones planteadas. Artículo 11. La Comisión deberá utilizar los medios de información que estén a su alcance, para difundir los procedimientos legales a los que tiene derecho la comunidad universitaria, para dar cauce a inconformidades, denuncias y quejas, derivadas de decisiones de los diversos órganos de autoridad, publicar las observaciones y recomendaciones a los órganos de autoridad, así como los extrañamientos a los órganos de autoridad que no hayan dado atención a las recomendaciones formuladas con anterioridad. Artículo 12. El Titular, con apoyo del Consejo Consultivo y atendiendo a la opinión del Abogado General, deberá elaborar el proyecto de Reglamento Interno de la Comisión y presentarlo por conducto del Rector al Colegio Académico para su aprobación.
10 10 Artículo 13. Las dudas sobre la interpretación de este Estatuto y del Reglamento Interno serán resueltas por el Abogado General de la Universidad de Sonora, atendiendo la opinión del Titular de la Comisión. Artículo 14. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: I. Asesorar la propuesta de programa anual de trabajo que presente el Titular de la Comisión; II. Opinar sobre el proyecto de informe de actividades que presenta anualmente el Titular de la Comisión ante el Colegio Académico; III. Asesorar y orientar al Titular de la Comisión, en los asuntos que someta a su consideración o cuando se considere necesario por la gravedad o importancia del asunto o de las situaciones planteados; IV. Apoyar al Titular de la Comisión en la elaboración del Proyecto de Reglamento Interno para presentarlo al Colegio Académico, para su aprobación; V. Promover en la Comunidad Universitaria la formación y producción académicas vinculadas con los derechos humanos, los derechos de los universitarios y con los procedimientos tradicionales y alternativos en la materia. TRANSITORIOS PRIMERO. Este Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Universidad de Sonora y la Comisión de Derechos Universitarios deberá comenzar a funcionar 90 días hábiles después de su publicación. SEGUNDO. El Reglamento Interno deberá presentarse para su aprobación al Colegio Académico dentro de los noventa días siguientes a la instalación de la Comisión. TERCERO. Lo no previsto por el presente ordenamiento quedará a criterio del Titular de la Comisión en acuerdo con el Abogado General de la Universidad de Sonora.