Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20002232
Timestamp: 2019-07-21 07:14:17
Document Index: 112087337

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 326', 'artículo 2', 'artículo 241', 'Artículo 107', 'Artículo 326']

C-45 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002232CC-SENTENCIAC45200328/01/2003CC-SENTENCIA_C_45__2003_28/01/2003200022322003SENTENCIA C-045/03 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Razones por las cuales textos acusados se estiman violados /JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD -Fundamento ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos deben cumplirse formal y materialmente INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ausencia de cargos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Pretensión Referencia: expediente D-4158
SANTIAGO FIGUEROA FERNANDEZCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal".D4158Identificadores20020002233true12248Versión original20002233Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal".
ACTOR: Santiago Figueroa Fernández
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Santiago Figueroa Fernández demandó el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"., por la vulneración de los artículos 1º y 29 de la Constitución Política.
Sobre lo admitido, el Magistrado Sustanciador dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada, así como comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
El Fiscal General de la Nación interviene en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda instaurada.
El Presidente del Instituto mencionado hizo llegar a la Corporación el concepto elaborado por el doctor José Leonidas Bustos, sobre la constitucionalidad de la norma acusada, poniendo a consideración los argumentos que se resumen a continuación.
Para el efecto, la Vista Fiscal manifiesta que en la demanda no se explicaron las razones de la violación del artículo 1º de la Constitución, incumpliendo así el requisito establecido en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Señala en este sentido que el actor no presentó argumentos directos y concretos en relación con la norma cuestionada, ni realizó la confrontación entre su contenido y el de la norma constitucional que se entiende vulnerada.
Tal asimilación, dice, desconoce otros elementos igualmente constitutivos del tipo penal impugnado, como el"de carácter subjetivo de especial relevancia en la configuración de la conducta punible, como lo es la culpabilidad, categoría por cierto definitoria de esa clase de conductas".
2. Decisión de inhibición
El actor demandó el segundo inciso del artículo 107 del Código Penal -Ley 599 de 2000- que prevé la causal de atenuación punitiva respecto del delito de inducción o ayuda al suicidio, consistente en una reducción de la pena"cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".
Para el efecto señaló como vulnerado por dicho inciso el artículo 1º de la Constitución y a manera de cargos de inconstitucionalidad en su contra, transcribió extensos apartes de la Sentencia C-239 de 1997 que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 326 del Decreto 100 de 1980[1], en el que se tipificaba el homicidio por piedad. Basado en dichos argumentos solicitó que se trasladara el condicionamiento efectuado en esa ocasión al precepto que se examina, declarándose la ausencia de responsabilidad de quien se ve avocado a ayudar o inducir a una persona que se encuentra sometida a intensos sufrimientos a cometer suicidio, siempre que haya manifestado expresamente su voluntad.
La mayoría de los intervinientes y la Vista Fiscal coinciden en señalar que la demanda no cumple con los requisitos señalados por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y solicitan a la Corte que se declarara inhibida para resolver sobre la misma, petición a la que se debe acceder por las siguientes razones.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que las razones que los accionantes han de invocar para acusar a una norma de infringir la Constitución, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[2], así como que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales"[3] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.
"Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[4]. En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte ,y señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.
3- La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, "el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable"[5]. Al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. En tales circunstancias, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería "sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional"[6]. Nótese que la jurisprudencia de esta Corporación exige la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad."[7]
Así las cosas, al efectuar el análisis de fondo que corresponde a esta oportunidad procesal[8], se ha de concluir en la ausencia de cargos que se refieran directamente al texto acusado, y en consecuencia, la demanda por este concepto debe considerarse inepta.
Adicionalmente la Corte debe hacer énfasis en que, sin perjuicio de los poderes inherentes a la función que le es propia y que permiten, como se ha reconocido no solo por esta Corporación sino por otros tribunales constitucionales donde ellos existen, la expedición de sentencias condicionadas, sean estas interpretativas, integradoras, o sustitutivas, así como la posibilidad de modular los efectos temporales de las mismas[9], todo ello dentro de la rigurosa razonabilidad que en tales supuestos ha señalado la jurisprudencia, es claro que la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública ciudadana debe contener una directa e inequívoca pretensión de inconstitucionalidad de una norma de rango legal, por contradecir precisamente ella las disposiciones superiores contenidas en la Constitución[10].
Por lo tanto, visto que las consideraciones planteadas por el accionante no permiten realizar un juicio de constitucionalidad acorde con los parámetros legales para el efecto[11], la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse sobre la demanda de la referencia, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 107 LEY_599_2000_24/07/2000
[1]"Artículo 326 Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años".
[2]Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena 244 de 2001 M.P.
[3]Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P. Jaime Cordoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz, C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Gálvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre varios pronunciamientos.
[4]Ver, entre otras, las sentencias C-024/94 Fundamento Jurídico No 9.1.c, C-509/96 y C-236/97.
[5]Sentencia C-131/93. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No. 1.3
[6]Sentencia C-236/97. MP Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte No 3.
[7]Sentencia C-447/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8]Ver Sentencias C-011 y C-362 de 2001. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[9]Al respecto ver Alejandro Martínez Caballero "Tipos de sentencias. El control constitucional de las leyes: la experiencia colombiana" en Jurisdicción Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional 1992-200 Realidades y Perspectivas , Imprenta Nacional, Febrero 2001, pags 383 ss.
[10]Ver Sentencia C-362/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11]Ver al respecto la síntesis efectuada por la Corporación en la Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa