Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-organica-6945-de-enero-16-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_d3eb2f28d6880030e0430a0101510030&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-21 15:16:31
Document Index: 91197221

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 119', 'artículo 268', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 97', 'artículo 128', 'artículo 51', 'artículo 268']

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6945 DE 16 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:SE OTORGAN COMPETENCIAS EN EL NIVEL CENTRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL CONOCIMIENTO, TRÁMITE Y DECISIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL TANTO ORDINARIO COMO VERBAL EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1474 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUJETOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, TRÁMITE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, FUNCIONES EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, CLASES DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO ORAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 101 DE 2014 ARTÍCULO 2° DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6945 DE 2013
“Por la cual se otorgan competencias en el nivel central de la Contraloría General de la República para el conocimiento, trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal tanto ordinario como verbal en atención a lo establecido por la Ley 1474 de 2011”.
(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 2° de la Contraloría General de la República)
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 2º dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; así como establece que las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que el artículo 4º de la Constitución Política de 1991 establece la supremacía de la Carta Política al ordenar que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Que el artículo 119 de la Constitución Política ordena que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.
Que por medio del artículo 268 de la Constitución Política se atribuye al Contralor General de la República la facultad para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
Que la Constitución Política y la ley le dan a la Contraloría General de la República una función de control de carácter administrativo y en tal virtud, el principio de eficacia busca que las autoridades a través de sus procedimientos remuevan de oficio los obstáculos puramente formales en procura de la efectividad del derecho material.
Que de acuerdo al artículo 14 del Decreto-Ley 267 de 2000 las contralorías delegadas tienen como objetivos garantizar el cumplimiento de las responsabilidades misionales definidas a la Contraloría General de la República por la Constitución y la ley en sus distintos ámbitos de competencia, y apoyar en forma directa e inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la República.
Que el artículo 27 del Decreto-Ley 267 de 2000 faculta al Contralor General de la República para delegar funciones del ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como las atribuidas a la Contraloría General de la República por las que deba responder, teniendo en cuenta que el control fiscal incluye tanto el ejercicio de la vigilancia fiscal como la determinación de la responsabilidad fiscal.
Que el artículo 1º de la Ley 610 de 2000 determina que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.
Que el artículo 64 de la Ley 610 de 2000 faculta al Contralor General de la República para delegar la atribución constitucional de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal en las dependencias que de acuerdo con la constitución y la ley se creen o se modifiquen para tal efecto.
Que la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en lo referente con el control fiscal tuvo como propósito aumentar los índices de eficacia de la responsabilidad fiscal.
Que el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 señala que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal cuando se den las precisas circunstancias que señala dicha norma. En todos los demás casos se continuará aplicando el trámite previsto en la Ley 610 de 2000.
Que la Ley 1474 de 2011 al señalar las disposiciones comunes para el proceso de responsabilidad fiscal ordinario y verbal faculta a los organismos de control fiscal para efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.
Que el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 al referirse al fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, además de resaltar el carácter global de la planta de personal, crea una organización administrativa más flexible que la plasmada en el Decreto-Ley 267 de 2000, modificando este, para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones constitucionales y legales.
Que de la normatividad anterior se colige que las contralorías delegadas sectoriales tienen dos tipos de funciones: las legales, que son las que de forma taxativa señala el Decreto-Ley 267 de 2000 a partir del artículo 51; y las constitucionales, que son las que de manera directa puede atribuir el Contralor General de la República mediante acto administrativo en desarrollo de las potestades otorgadas por el artículo 268 de la Constitución Política, teniendo en cuenta la eficacia normativa directa de la Carta Constitucional.
Que para el efectivo cumplimiento de las funciones constitucionales atribuidas al Contralor General de la República, se hace necesario desconcentrar y delegar el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal, cuya competencia interna se había determinado por medio de la Resolución Orgánica 5500 de 2003.
ART. 1º—Otorgar a las contralorías delegadas sectoriales la competencia para adelantar, o adecuar cuando sea procedente, el proceso de responsabilidad fiscal establecido en la Ley 610 de 2000 y en la Ley 1474 de 2011 previa asignación del Contralor General de la República.
ART. 2º—De estos procesos conocerá en segunda instancia el despacho del Contralor General de la República, cuando a ello hubiere lugar.
ART. 3º—La presente resolución orgánica rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y modifica las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de enero de 2013.