Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/auto-audiencia-provincial-provincia-de-la-rioja-num-3782012-20-12-2012
Timestamp: 2017-06-25 03:29:36
Document Index: 191647816

Matched Legal Cases: ['artículo 1102', 'artículo 428', 'artículo 428', 'artículo 282', 'artículo\n131', 'artículo\n248']

Auto Audiencia Provincial Provincia de La Rioja num. 378/2012 20-12-2012
25 de junio de 2017 | 05:29
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Penal La Audiencia Provincial confirma el archivo definitivo de actuaciones contra la concesionaria del parking de Jorge Vigón. La empresa afirma que "tratará de fomentar la resolución del problema de la manera más satisfactoria para todas las partes".
Marginal: PROV\2013\57428
Tribunal: Audiencia Provincial, Provincia de La Rioja Sección 1
Recurso de Apelación núm. 378/2012
Ponente: María del Puy Aramendía Ojer
DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES: FABRICANTES O COMERCIANTES QUE, EN SUS OFERTAS O PUBLICIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS, HAGAN ALEGACIONES FALSAS O MANIFIESTEN CARACTERISTICAS INCIERTAS SOBRE LAS MISMAS: inexistencia: archivo de actuaciones: procedencia: oferta por parte de empresa concesionaria para adquirir la cesión de uso de plazas de garaje en lugar de la propiedad: ausencia de engaño. ESTAFA: CONTRATOS CIVILES CRIMINALIZADOS: inexistencia. TRAFICO DE INFLUENCIAS: inexistencia.
Modelo: 662000 N.I.G.: 26089 43 2 2011 0049547 ROLLO: APELACION AUTOS 0000378 /2012
Juzgado procedencia: JDO.INSTRUCCIÓN N.2 de LOGROÑO
Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0002418 /2011
RECURRENTE: ASOCIACION CESIONARIOS PROPIETARIOS DE PLAZAS APARCAMIENTO C/
DIRECCION000 Procurador/a: MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE
Letrado/a: MARIA GISELA BERNALDEZ BRETON
RECURRIDO/A: CONSTRUCCIONES Y GESTION DE APARCAMIENTOS IREGUA S.L.
Procurador/a: MARIA DEL PILAR ZUECO CIDRAQUE
Letrado/a: JUAN ANTONIO SORIANO JIMENEZ
AUTO Nº 321 DE 2012 ==========================================================
Dª Mª CARMEN ARAUJO GARCIA
Dª Mª DEL PUY ARAMENDIA OJER
En la ciudad de LOGROÑO, a veinte de Diciembre de dos mil doce
PRIMERO. - En fecha 31 de Mayo de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 2
de Logroño dictó Auto que contiene la siguiente Parte Dispositiva: "Se
decreta el sobreseimiento provisional de la presenta causa, procediéndose al
archivo de estas actuaciones".
SEGUNDO : Contra dicho Auto interpuso la representación procesal de
la Asociación de Cesionarios Propietarios de Plazas de Aparcamiento de la
DIRECCION000 , recurso de reforma y subsidiario de apelación, alegando en
síntesis indefensión por no haberse practicado las diligencias de investigación
indispensables para formular acusación; infracción del principio de igualdad
por dar preferencia el juez a quo a la documental de la empresa denunciada
sobre la documental aportada por la Asociación; infracción de los derechos de
los consumidores; indebida apreciación de la prescripción del delito de
publicidad engañosa; incumplimiento del deber de pronunciarse el juez a quo
sobre la nulidad de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de
adhesión; e incumplimiento del deber de investigar otros delitos como el
tráfico de influencias o la apropiación indebida. El recurso, que fue impugnado por Construcciones y Gestión de Aparcamientos
Iregua y por el Ministerio Fiscal, fue desestimado por Auto de fecha 21 de
Agosto de 2012 . TERCERO: Recibidos los autos en esta Audiencia Provincial se acordó
formar el correspondiente rollo de apelación para la sustanciación de este tipo
de recurso, y tras notificar el turno de registro y ponencia a las partes se
acordó señalar para la deliberación, votación y fallo el día 22 de Noviembre de
2012. Es ponente Dª Mª DEL PUY ARAMENDIA OJER FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Los hechos que son objeto de las diligencias de las que trae
causa el presente recurso de apelación, se concretan en los siguientes: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de 4
de Agosto de 2004 se aprobó la construcción y explotación de un estacionamiento
subterráneo para vehículos en DIRECCION000 en régimen de concesión
administrativa, así como convocar la licitación para la adjudicación de la
concesión mediante concurso abierto y tramitación ordinaria, conforme al pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, de las que cabe
destacar, en lo que al procedimiento interesa, la reserva del 25% de las plazas
de aparcamiento para su uso en régimen de cesión temporal entre los
adjudicatarios personas físicas seleccionados por la concesionaria. A solicitud
de la sociedad concesionaria o de oficio por la Administración podrán iniciarse
los trámites necesarios para que el concesionario ceda en propiedad las plazas
a los adjudicatarios del derecho de uso previo abono a la administración de la
suma de 600 euros como contraprestación por la enajenación del subsuelo
desafectado. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de 30
de Diciembre de 2004 se adjudicó la construcción y explotación del
estacionamiento a la mercantil Construcciones y Gestión de Aparcamientos
Iregua.
La mercantil Construcciones y Gestión de Aparcamientos Iregua ofertó en el
año 2005 y 2006 plazas de aparcamiento en propiedad a construir en DIRECCION000
de esta ciudad con motivo del concurso de estacionamiento convocado por el
Ayuntamiento de Logroño. Entre los años 2006 y 2007 las personas seleccionadas firmaron con
Construcciones y Gestión de Aparcamientos Iregua los contratos aportados a las
actuaciones, de los que cabe destacar, que dichos contratos se denominan, en
letras mayúsculas en el encabezamiento de todos ellos: contrato cesión temporal
de uso. Asimismo consta en los antecedentes de los contratos: "acordando
(los comparecientes) la formalización del presente documento de contrato de
cesión temporal de uso. Y en el Expositivo consta: III "la sociedad
concesionaria está facultada para ceder temporalmente el uso de las plazas de
aparcamiento por un plazo que no sobrepase el de vencimiento de la
concesión...", IV "la cláusula 32 del pliego de condiciones rector
del concurso establece que la sociedad concesionaria podrá ceder en propiedad
las plazas a los adjudicatarios del derecho de uso..."; V "que las
partes han convenido la cesión temporal de uso de la citada plaza de
aparcamiento...". Y en las Estipulaciones consta: " Primera:
"Construcciones y Gestión de Aparcamientos Iregua S.L. en adelante la
cedente o sociedad concesionaria cede el uso exclusivo y excluyente de la plaza
de aparcamiento nº... a don/ doña... en adelante el cesionario.... El
cesionario acepta la cesión temporal ..." SEGUNDA: "El precio de la
cesión será de..." CUARTA: "Plazo de la cesión, La cesión se realiza
por el plazo de duración de la concesión administrativa, esto es 75 años, ...No
obstante lo anterior, se hace constar que según los términos exactos de la
adjudicación de la concesión y conforme a la cláusula 32 del pliego de
condiciones Construcciones y Gestión de Aparcamientos Iregua S.L. a partir de
la notificación de la declaración de comprobación iniciará los trámites
necesarios para ceder en propiedad las plazas a los adjudicatarios del derecho
de uso, ... la escritura pública de compraventa será otorgada a favor del
cesionario en el plazo máximo de un año contado desde que el Ayuntamiento de
Logroño notifique la resolución acordando la cesión en propiedad favor del
cesionario, y una vez que se haya producido la desafección del estacionamiento
como bien de dominio público". Y así viene refiriéndose en todo momento
cada uno de los contratos, a lo largo de todo su clausulado, a la cesión de uso
de la plaza de aparcamiento.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de 6
de Marzo de 2008 inició el expediente de desafectación del uso y dominio
público del estacionamiento.
La desafectación no ha tenido lugar por diferencias entre el Ayuntamiento de
Logroño y la concesionaria se adjudicó la construcción y explotación del
Pues bien, de los anteriores hechos no resulta en absoluto una actuación de
la mercantil Construcciones y Gestión de Aparcamientos Iregua S.L. ni siquiera
indiciariamente delictiva, no pudiendo estimarse que tales hechos vayan más
allá de un, en su caso, incumplimiento contractual, cuestión totalmente ajena a
la jurisdicción y ámbito en el que nos encontramos, y que deberá dilucidarse en
No puede estimarse concurra el delito de estafa. El planteamiento de la
Asociación se presenta como una modalidad de estafa que ha venido llamándose
negocio jurídico criminalizado, en el que un contratante simula el propósito de
concertar un determinado negocio, cuando en realidad sólo tiene intención de
beneficiarse de las prestaciones que ha de realizar la parte contraria sin
ánimo de cumplir las propias obligaciones. En estos supuestos, el dolo penal
consiste en el propósito de no cumplir o en el de iniciar muy parcialmente un
cumplimiento aparente para desembocar en un incumplimiento definitivo, porque o
bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o
se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.
Pero esta conducta fraudulenta debe haber sido diseñada o planificada con
anterioridad al acto de disposición habido, porque la distinción con los
negocios válidos, pero posteriormente incumplidos, estriba en la prueba del
aludido engaño previo , por cuanto la distinción o línea divisoria entre el
dolo civil y el dolo penal consiste precisamente en el criterio de la
tipicidad; esto es, si el comportamiento que se juzga es subsumible en un
precepto penal el dolo será de esta naturaleza, y en los demás casos se estará
en presencia del llamado dolo civil ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de
marzo y de 29 de septiembre de 1992 , 20 de abril , 25 de junio , 20 de
septiembre y 2 de noviembre de 1993 , 21 de mayo de 1997 y 26 de mayo de 1998 ,
11 y 13 de junio de 2002 y 27 de marzo de 2003 ). Conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial, de la que son ejemplo las
sentencias citadas, los elementos que configuran el delito de estafa son: una
acción engañosa, precedente o concurrente que viene a constituir la ratio
essendi de la estafa , realizada por el sujeto activo del delito, con afán de enriquecerse
él mismo o a un tercero (ánimo de lucro); que tal acción sea adecuada, eficaz y
suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo; que en virtud
de ese error, dicho sujeto pasivo realice un acto de disposición o
desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo; y que, por
consiguiente, exista relación de causalidad entre el engaño, de una parte y el
acto dispositivo y perjuicio de otra. Ocurre al respecto que la calidad del
engaño es lo que configura la diferencia entre la estafa y el ilícito civil. No
vale acudir a la existencia del perjuicio, lo fundamental es la actitud del
sujeto activo. Si conoce desde el primer momento del contrato que no puede
cumplir lo que por su parte ofrece o que, pudiendo hacerlo, es su inequívoca
voluntad no realizarlo, se estaría en el delito habida cuenta el
enriquecimiento injusto que pretende ( STS 1045/94, de 13 de mayo ( RJ 1994\3696 ) ). La criminalización de los
negocios civiles se produce cuando el propósito defraudatorio surge antes o en
el momento de celebrar el contrato y es capaz de mover por ello la voluntad de
la otra parte, mientras que el dolo en el cumplimiento de las obligaciones, o
dolo subsequens ( artículo 1102LEG 1889\27
del Código Civil ( LEG 1889\27 ) )
difícilmente podrá ser vehículo de criminalización. Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, no existe en todo lo
actuado dato alguno que permita concluir en primer lugar, que efectivamente por
parte de la concesionaria existiera ese dolo antecedente que configuraría el
elemento esencial de la estafa, ni tampoco la concurrencia de un engaño
bastante que aquél desarrollara ante los solicitantes de la plaza de
aparcamiento, y que motivara a las mismas a contratar. No existen indicios de
que la sociedad concesionaria planeara previamente una operación ficticia
destinada a conseguir la cesión de uso de las plazas de aparcamiento y la
contraprestación económica llevada a cabo por los cesionarios, sin intención
alguna de iniciar los trámites para ceder en propiedad las plazas a los
adjudicatarios del derecho de uso, ni que conociera a priori las diferencias
con el Ayuntamiento de Logroño que harían muy dificultosa o inviable la
desafectación y definitiva cesión en propiedad, cuestión que por otro lado
tampoco puede ser objeto de este procedimiento ni de esta jurisdicción penal en
la que nos encontramos, sino propia de la jurisdicción contencioso
administrativa. No es suficiente a tal fin que en la publicidad del año 2005
constara la oferta de plazas de aparcamiento en propiedad, ni que en las cartas
remitidas a los seleccionados se les citara para adquirir la plaza de garaje,
pues en los contratos consta clara y reiteradamente que su objeto no era la
adquisición en propiedad sino la cesión de uso, sin que las ofertas y
comunicaciones anteriores tuvieran virtualidad bastante para mover a error o
engaño, al punto de suscribir los contratos en la creencia motivada por tal
engaño, de que se adquiría o se iba a adquirir en unos meses la propiedad de
las plazas; los solicitantes de las plazas, no se negaron a firmar los
contratos por incumplimiento de lo ofertado, sino que conociendo que el
contrato era de cesión de uso y que solo en un momento posterior se procedería
a la adjudicación en propiedad, decidieron seguir adelante con la celebración
Tampoco se aprecia un engaño concurrente bastante que motivara a los
usuarios a contratar, pues aunque se les indicara que el contrato era de
propiedad porque la empresa se comprometía a transferir la propiedad en menos
de un año, porque cualquier persona media pudo representarse que en tales
circunstancias, y a la vista del claro contenido del contrato, su objeto era la
cesión de uso, estando condicionada la adquisición de la propiedad a
actuaciones futuras de desafectación de los terrenos, actuación que tenía que
llevarse a cabo entre la mercantil concesionaria del aparcamiento y el
Todas las alegaciones de la parte apelante relativas a la nulidad de las
cláusulas abusivas, al error como vicio del consentimiento, a la Ley General de
Consumidores y usuarios, a la naturaleza de los contratos de adhesión, o a lo
abusivo y desproporcionado de las cuotas y gastos de mantenimiento, son
totalmente ajenas al ámbito penal en el que, se insiste, nos encontramos, y
deberán dilucidarse en la jurisdicción correspondiente.
SEGUNDO : En cuanto a las alegaciones de la parte apelante relativas
a indefensión por no haberse practicado las diligencias de investigación
indispensables para formular acusación y a la infracción del principio de
igualdad por dar preferencia el juez a quo a la documental de la empresa
denunciada sobre la documental aportada por la Asociación, sobre no haberse
practicado las mínimas diligencias esenciales para la tipificación de los
hechos y determinación de los responsables, o sobre la falta de motivación de
la resolución recurrida, deben ser igualmente rechazadas. Como se razona en la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 26
de Enero de 2007 : "En cuanto a la práctica de las diligencias que
solicita el denunciante, es de recordar la consolidada doctrina constitucional
sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes reconocido en el
art. 24CE ( RCL 1978\2836 ) ( SSTS
168/2002 , 133/2003 , 165/2004 , 129/2005 ), a cuyo tenor el mencionado art.
24CE no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad
probatoria ilimitada en virtud de la cual los interesados estén facultados para
exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que se atribuye sólo
el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, siendo
necesario, por lo demás, que la falta de actividad probatoria se haya traducido
en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea
efectiva en términos de defensa, lo que exige que el recurrente haya alegado y
fundamentado dicha indefensión material. No se puede pretender que en la fase
de instrucción se practiquen diligencias de prueba indefinidas al objeto de
acreditar plenamente, aunque sea de manera provisional, los hechos denunciados,
sino que, tal como dispone el art.777LEG 1882\16LECrim
( LEG 1882\16 ) , solamente deben
practicarse aquellas diligencias "necesarias encaminadas a determinar la
naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él hayan
participado", diligencias de instrucción que deben ser las imprescindibles
para poder adoptar con un mínimo y suficiente sustento fáctico alguna de las
resoluciones previstas en el mencionado art.779.1LEG
1882\16LECrim , siendo al Juez de Instrucción a quien corresponde
dirigir la investigación y realizar una valoración provisional de las
diligencias probatorias que estime son procedentes, sin que tal consideración
sea revisable a través del recurso de apelación a menos que aparezca
manifiestamente infundada o carente de base alguna en las actuaciones
practicadas, o sea debida a la arbitraria denegación de la necesaria actividad
investigadora.... QUINTO.- Por último, con tal actuación no se habría
infringido el deber de instruir previsto en la LECrim, puesto que la
instrucción "tiene por objeto establecer si los hechos que se investigan
pueden ser o no constitutivos de delito y tal finalidad se cumple cuando el
material reunido en la investigación permite al Juez afirmar que el
"factum" no es subsumible en ninguno de los tipos penales" (
SSTC 191/1989 , 232/1998 ). Por ello, viene señalando la doctrina
constitucional que la parte acusadora no tiene derecho a que el Juez lleve a
cabo una actividad investigadora exhaustiva o ilimitada, sino que una vez constatado
que los hechos que se investigan no son subsumibles en ningún tipo penal, el
deber del Juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de investigación,
sino no alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar los derechos del
posible implicado ( SSTC 89/1986 , 199/1996 )". Se añade que la instrucción "tiene por objeto establecer si los hechos
que se investigan pueden ser o no constitutivos de delito, y tal finalidad se
cumple cuando el material reunido en la investigación permite al Juez afirmar
que el "factum" no es subsumible en ninguno de los tipos
penales" ( SSTC 191/1989 , 232/1998 ). Por ello, viene señalando la
doctrina constitucional que la parte acusadora no tiene derecho a que el Juez
lleve a cabo una actividad investigadora exhaustiva o ilimitada, sino que una
vez constatado que los hechos que se investigan no son subsumibles en ningún
tipo penal, el deber del Juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de
investigación, sino no alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar
los derechos del posible implicado ( SSTC 89/1986 , 199/1996 )". Y que tal
como dispone el art.777LEG 1882\16LECrim
, solamente deben practicarse aquellas diligencias "necesarias encaminadas
a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él
hayan participado", diligencias de instrucción que deben ser las
imprescindibles para poder adoptar con un mínimo y suficiente sustento fáctico
alguna de las resoluciones previstas en el mencionado art.779.1LEG 1882\16LECrim , siendo al Juez de Instrucción
a quien corresponde dirigir la investigación y realizar una valoración
provisional de las diligencias probatorias que estime son procedentes, sin que
tal consideración sea revisable a través del recurso de apelación a menos que aparezca
investigadora. Constituye doctrina constitucional y jurisprudencial constante y
reiterada la que preconiza que el derecho de las partes a la articulación de
las pruebas - diligencias de investigación en el caso de autos - no tiene
carácter absoluto sino que debe ponerse en relación con los hechos objeto de
investigación para determinar la pertinencia o impertinencia de las mismas. Y como dice el Auto de la Audiencia Provincial de Almería de 20 de Mayo de
2004 : "...como reiteradamente ha proclamado el Tribunal Constitucional,
el ejercicio de la acción penal no comporta en el marco del art. 24.1CE un
derecho incondicionado a la apertura y plena substanciación del proceso penal,
sino sólo a obtener un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora
sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando las
razones por las que inadmite su tramitación, o acuerda el sobreseimiento y
archivo de las actuaciones. De modo que las exigencias derivadas del derecho a
la tutela judicial efectiva se verán satisfechas por la resolución de
inadmisión si se fundamenta de forma razonable en la exclusión "ab
initio" del carácter delictivo de los hechos imputados, y, si se admite la
querella o denuncia, por la resolución que acuerda la terminación anticipada
del proceso penal, sin apertura de la fase de plenario, en caso de que se
sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos legalmente previstos
de sobreseimiento libre o provisional de conformidad con los arts. 637 , 641 y
789.5.1LEG 1882\16LECrim en la
actualidad, art. 779.1.1ª - (entre otras muchas, SSTC 148/1987, de 28 de
septiembre ( RTC 1987\148 ) ; 175/1989,
de 30 de octubre ( RTC 1989\175 ) ;
297/1994, de 14 de noviembre ( RTC 1994\297
) ; 111/1995, de 4 de julio ( RTC 1995\111
) ; 31/1996, de 27 de febrero ( RTC 1996\31
) ; 177/1996, de 11 de noviembre ( RTC 1996\177
) ; 138/1997, de 4 de junio ; 115/2001, de 10 de mayo ( RTC 2001\115 ) ; 129/2001, de 4 de junio ( RTC 2001\129 ) ; 178/2001, de 17 de septiembre ( RTC 2001\178 ) y 63/2002, de 11 de marzo ( RTC 2002\63 ) ). Así pues, la licitud de esta
desestimación conlleva la inexistencia de la vulneración del derecho a utilizar
los medios de prueba pertinentes para la defensa. En efecto, como dice la STC
191/1989 , el sumario y, en general, la instrucción tiene por objeto establecer
si los hechos que se investigan pueden o no ser constitutivos de delito, y tal
finalidad se cumple cuando el material reunido en la investigación permite al
Juez afirmar que el "factum" no es subsumible en ninguno de los tipos
penales. En tal supuesto, resulta inútil, e incluso improcedente cualquier
medida investigadora que, ya sin poder alterar la convicción del Juez,
prolongase indebidamente la causa, contrariando los propios derechos
constitucionales que obligan a no alargar innecesariamente la fase sumarial en
perjuicio de los querellados ( STC 89/1996 )". En definitiva, una vez que el Juez Instructor llega de manera inequívoca a
la conclusión de que no existen indicios suficientemente fundados respecto a la
comisión de los hechos delictivos denunciados, en los términos anteriormente
expresados, no puede afirmarse que hubiera un deber adicional de practicar
nuevas pruebas, sino de adoptar precisamente la decisión de sobreseer las
En cuanto a la exigencia de motivación, ésta no excluye una economía de
razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de
forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (SSTC núm.
174/1.9987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1.990, de 1 de octubre ). Lo
verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las SSTC
núm. 184/1.988, de 13 de octubre ( RTC 1988\184
) y núm. 25/1.990, de 19 de febrero ( RTC 1990\25
) ), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados
y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos,
puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible
impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer la función
revisora que les corresponde; lo que concurre en el presente caso, en el que la
motivación del auto recurrido es suficiente al permitir conocer los motivos de
la decisión adoptada. TERCERO : igualmente deben ser rechazadas las alegaciones de la parte
apelante sobre la falta de investigación de otros delitos como el tráfico de
influencias, no solo porque dicho delito no ha sido objeto de la instrucción,
sino porque no existe en las actuaciones un solo dato que permita apreciar
siquiera indiciariamente su comisión. Como señala la sentencia de esta
Audiencia Provincial de la Rioja de 27 de Diciembre de 2007 : En cuanto a
primero de ellos, delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 428RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , procede indicar
que su injusto representa un delito actividad y de resultado cortado, en la
medida en que acción y resultado se presentan simultáneamente, de modo que
conforme al precepto se adelanta la línea de acción al momento anterior al
resultado que se pretende evitar, de ahí que el bien jurídico protegido este
constituido en la quiebra de la confianza, peligro de la imparcialidad del
ejercicio de la función pública, ya que en dicho precepto se castiga a aquel
funcionario público o autoridad que prevaleciéndose del ejercicio de las
facultades de su cargo o de cualquier otra situación jerárquica con otro
funcionario o autoridad influye en los mismos para conseguir una resolución que
pueda generar, directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para
un tercero. En cuanto a la acción típica de este delito, que, en definitiva, se
traduce en influencia y prevalimiento, procede indicar que el tipo objetivo de
este delito consiste en influir, esto es en la sugestión, inclinación,
invitación, instigación que una persona, autoridad o funcionario público, lleva
a cabo sobre otra, también autoridad o funcionario público, para alterar el
proceso motivador de la última. Para tipificar la conducta no basta con la mera
influencia sino que debe también concurrir el elemento típico esencial de
prevalimiento a través de cualquiera de las tres formas legalmente definidas:
bien del ejercicio de las facultades propias del cargo, bien de una relación
personal (de parentesco, afectividad, amistad o incluso compañerismo político)
o bien de una relación jerárquica. La influencia en el sentido técnico legal
utilizado por el artículo 428 , tiene que estar constituida por una actuación
clara y contundente, con la que el sujeto activo prevaliéndose de su cargo,
trata de condicionar la voluntad del sujeto pasivo para obtener una resolución
favorable a sus intereses económicos propios o de un tercero, de modo que con
esa influencia o acto de influir llevado a cabo con prevalimiento se origina
una alteración del proceso de resolución de 8, es decir de la voluntad sobre
quien se influye. En este sentido se señalan SSTS 24 junio 1994 , 5 mayo 2002 y
7abril 2004 . En definitiva, son requisitos que se precisan para apreciar este
tipo de conducta delictiva: Que el autor sea autoridad o funcionario público.
Que el sujeto actúe con el propósito de conseguir directa o indirectamente un
beneficio económico para sí o para un tercero. Que para lograrlo influya en
otra autoridad o funcionario público, prevaliéndose del ejercicio de las
facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de relación
personal jerárquica con este con otro funcionario público o autoridad". Pues bien, los hechos objeto de la instrucción son totalmente ajenos a este
delito, ni se formuló en su día denuncia por el mismo, siendo que por primera
vez, de forma absolutamente temeraria y velada la parte apelante refiere
genéricamente en el recurso unas inconcretas relaciones colaboraciones o
complicidades de funcionarios públicos municipales, alegaciones que carentes de
todo sustento, deben ser rechazadas de plano sin más consideraciones.
CUARTO En cuanto al delito de publicidad engañosa, como señala la
sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 3 de Enero de 2012 : "Según
la escasa jurisprudencia en este tipo delictivo de la publicidad engañosa son
elementos constitutivos de esta infracción los siguientes: 1) Sujeto activo ha
de ser un fabricante o comerciante. Se trata, por tanto, de un delito especial
propio. 2) El sujeto pasivo tiene carácter colectivo, los consumidores, según
el propio texto del precepto. La conducta delictiva ha de dirigirse a una
pluralidad de personas en esa perspectiva propia del delito de peligro que no
exige para la consumación del delito perjuicio concreto. 3) La conducta
delictiva exige la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que con
relación a productos o servicios haya una publicidad o una oferta. b) Que esta
publicidad u oferta se haga con falsedad: alegaciones falsas o manifestación de
características inciertas sobre tales productos o servicios. Este es el
elemento central del delito, el que determina la antijuricidad del hecho. El
medio de comisión de la infracción delictiva es doble: la publicidad y la
oferta. Aunque en un sentido propio la primera englobaría a la segunda. El
elemento antijurídico se centra en la idea de falsedad a través de alegaciones
inveraces o de manifestaciones de características inciertas. Se trata de unos
conceptos que habrán de ser valorados objetivamente teniendo un componente de
capacidad para inducir a error. Una falsedad burda, fácilmente perceptible por
los consumidores en general o que implique una exageración de las bondades del
producto, enteramente asimilable por esa misma generalidad de consumidores,
carecería de entidad para entender una posible causación de un perjuicio grave
y manifiesto, de aquí que no podría configurar la infracción delictiva. 4)
Perjuicio grave o manifiesto para los consumidores, es decir, aptitud para
producir graves daños o perjuicios. Una limitación cuantitativa difícil de
precisar, pero que en todo caso excluye las infracciones de poca importancia.
5) Por último, es necesario que concurra el dolo, que consiste en una actuación
realizada con conocimiento de la concurrencia de los anteriores elementos.
Quien actúa con ese conocimiento actúa con dolo, siendo suficiente el dolo
eventual".
En el caso que nos ocupa, ni se ha acreditado el perjuicio grave y
manifiesto causado por adquirir la cesión de uso de las plazas de garaje en
lugar de la propiedad ofertada, ni dolo por parte de la concesionaria, desde el
punto en que los denunciantes firman directamente los contratos de cesión de
uso de las plazas de garaje en los que claramente consta que su objeto es la
cesión y no la propiedad, aun cuando la misma fuera a materializarse en un
futuro; y por cuanto la oferta de la concesionaria se ajustaba a la previsión
última del contrato de cesión de ceder en propiedad las plazas a los
adjudicatarios del derecho de uso, en el plazo máximo de un año contado desde
que el Ayuntamiento de Logroño notifique la resolución acordando la cesión en
propiedad favor del cesionario, y una vez que se haya producido la desafección
del estacionamiento como bien de dominio público, como se expresa en el
contrato; si bien por los posteriores discrepancias surgidas entre el
Ayuntamiento y la empresa concesionaria tal adjudicación de las plazas en
propiedad no haya tenido lugar.
Pero además comparte la Sala los razonamientos del juez a quo en cuanto a
que en todo caso el delito de publicidad engañosa estaría prescrito, pues el
artículo 282RCL 1995\3170 del Código
señala al mismo una pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24
meses, dicho delito es de mera actividad, y se consuma cuando se realiza la
conducta descrita en el tipo, en este caso, cuando se "buzonea" la
publicidad en los años 2005 y hasta Marzo de 2006, según sostiene la Asociación
en las actuaciones; y la denuncia no se interpone hasta el 14 de Diciembre de
2011, por lo que los hechos estarían prescritos, de conformidad con el artículo
131RCL 1995\3170 del Código Penal
vigente, por el transcurso de cinco años entre la ocurrencia de los hechos y la
interposición de la denuncia. Por todo ello, la decisión del juez a quo de sobreseimiento provisional debe
ser confirmada pues de lo actuado no resulta debidamente justificada la
perpetración de delito alguno, sin perjuicio de las acciones que en el ámbito
civil puedan seguir los interesados.
QUINTO : Se imponen a la parte apelante las costas procesales
causadas en esta alzada. VISTOS los preceptos legales citados, los invocados por las partes y demás
de pertinente aplicación al supuesto de autos.
LA SALA ACUERDA: Se desestima el recurso de apelación formulado por la
representación procesal de la ASOCIACIÓN DE CESIONARIOS PROPIETARIOS DE PLAZAS
DE APARCAMIENTO DE LA DIRECCION000 , contra el auto del Juzgado de Instrucción
nº 2 de Logroño, de fecha 21 de Agosto de 2012 , desestimatorio del recurso de
reforma interpuesto contra el Auto de fecha 31 de Mayo de 2012 , en las
diligencias previas nº 2418/2011 en él seguidas y de las que trae causa el
presente rollo de apelación nº 378/2012, confirmando dichas resoluciones, con
imposición a la apelante las costas procesales de esta alzada. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es
firme y que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Cúmplase al notificar la presente resolución, lo dispuesto en el artículo
248.4 de la L.O.P.J . Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de Procedencia,
Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación literal al Rollo
de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.