Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-469.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-09 10:51:43
Document Index: 84674950

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 122', 'artículo 184', 'artículo 122', 'artículo 184', 'artículo 6', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 194', 'artículo 10', 'artículo 1']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 469, de 20/12/2018
cve: BOCG-12-D-469
154/000013 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo ... (Página3)
130/000046 Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
162/000595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores.
162/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica.
Aprobación con modificaciones ... (Página10)
172/000166 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas de integración de inmigrantes no regularizados residentes en el Estado español y sus familias ... (Página11)
172/000168 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español ... (Página11)
172/000171 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para que explique por qué se incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de Investigaciones Sociológicas ... (Página12)
173/000126 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas .... (Página13)
Aprobación con modificaciones ... (Página17)
173/000127 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas .... (Página17)
173/000128 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página23)
154/000012 Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Aprobación por el Pleno ... (Página26)
140/000031 Declaración institucional con motivo del 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ... (Página26)
154/000013
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 452, de 16 de noviembre de 2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
130/000046
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (núm. expte. 130/000046), se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000036), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
162/000595
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 304, de 23 de febrero de 2018.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores.
Se propone añadir tres nuevos puntos:
1. Aplicar las medidas aprobadas el 1 de marzo de 2018, por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativas a establecer la lucha contra los malos tratos a las personas mayores como objetivo prioritario.
2. Dotar de recursos el desarrollo de la "Línea de Actuación específica para evitar el mal trato y los abusos" que se contiene en la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato (2018-2021).
3. Dar continuidad a la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobados por la Asamblea Mundial de la ONU (Madrid, 2002), así como a los acuerdos de la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento (León, 2007)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, presentada por el Grupo Socialista.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a:
1. Elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia. Este Plan se evaluará y revisará periódicamente en función de sus resultados y de las conclusiones que se extraigan a raíz de la elaboración de una estadística actualizada, completa y fiable. En la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores.
2. Incorporar en la futura Estrategia Nacional de Personas Mayores los objetivos del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobados por la Asamblea Mundial de la ONU.
3. Desarrollar campañas especializadas para concienciar sobre el maltrato de las personas mayores en los diferentes ámbitos, especialmente en centros residenciales.
4. Traer a la Cámara, a la mayor brevedad posible, un Real Decreto-ley que recoja la obligatoriedad del control y registro así como un horizonte temporal para la eliminación progresiva de las sujeciones mecánicas en las residencias y centros de mayores según lo aprobado en la Comisión de Sanidad en su sesión del día 16 de mayo de 2017."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia. Este Plan se evaluará y revisará periódicamente en función de sus resultados y de las conclusiones que se extraigan a raíz de la elaboración de una estadística actualizada, completa y fiable. En la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia. Dicho Plan deberá tener en cuenta las siguientes medidas:
- La elaboración y mantenimiento de una estadística actualizada, completa y fiable, que ofrezca información sobre los casos de maltrato a personas mayores, su alcance y tipos, desglosada por los diferentes entornas en los que se producen, y teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de dependencia y discapacidad.
- El establecimiento de un programa, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de instauración progresiva de eliminación de las sujeciones mecánicas, mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones. Dichos incentivos incluirán la priorización de dichas residencias en los conciertos, así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-María del Carmen Quintanilla Barba, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 304, de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia.
- El establecimiento de un programa, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de instauración progresiva de eliminación de las sujeciones mecánicas, mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones. Dichos incentivos incluirán la priorización de dichas residencias en los conciertos, así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos.
En la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores y dará continuidad a la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobados por la Asamblea Mundial de la ONU (Madrid, 2002) así como a los acuerdos de la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento (León, 2007)."
162/000612
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 309, de 2 de marzo de 2018.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
1. Llevar a cabo acciones de apoyo a las personas mayores en sus hogares mediante el impulso de la tele-asistencia permanente y monitorización de los hogares para la detección de riesgos en las personas mayores más vulnerables.
2. Desarrollar programas de orientación y apoyo individualizado basados en el Modelo de Atención Integral y centrada en la persona a fin de facilitar la autonomía de estas personas todo lo posible y en el apoyo a gestiones cotidianas.
3. Desarrollar programas de apoyo comunitario que detecte el aislamiento y aborde la soledad de las personas mayores en colaboración con los servicios sociosanitarios.
4. Desarrollar nuevos modelos de alojamiento alternativo fomentando la convivencia intergeneracional o el "cohousing", por ejemplo."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a impulsar actuaciones dirigidas a concienciar a la sociedad sobre la soledad crónica, especialmente cuando esta afecta a las personas mayores, a fin de fomentar un mejor conocimiento de la misma y poder prevenir sus consecuencias."
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Popular en el Congreso relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica.
Se propone la incorporación de dos nuevos puntos con el siguiente contenido:
1. Acometer la "Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato (2018-2021)" que fue aprobada el 30 de noviembre de 2017 por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores.
2. Al cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 26 de septiembre de 2018, en la que, en colaboración con las Comunidades Autónomas se insta a continuar adoptando medidas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para ello, teniendo en cuenta la perspectiva de género, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
- Crear una plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad, con el compromiso de una visita semanal, para favorecer los núcleos de cohesión social y completar sus necesidades con ayudas en domicilio.
- Habilitar un teléfono 24 horas de atención a personas mayores, donde puedan comunicarse con profesionales que atiendan sus denuncias de soledad, que sirvan para la detección de posibles casos de malos tratos o de abandono, prestándoles servicios de psicología y servicios sociales.
- Difundir, a través del Gobierno de la Nación, las acciones que se están llevando a cabo en las Comunidades Autónomas para canalizar las necesidades de nuestros mayores, impulsando una batería de acciones comunes.
- Adquirir el compromiso político para el aumento del número de plazas en los centros de día, así como las horas que permanecen abiertos, proponiendo y dinamizando actividades que ayuden a paliar esta situación de soledad.
- Apostar por la formación continua de los profesionales que desempeñan su trabajo con mayores, renovando sus competencias y enfocando las nuevas aportaciones para aumentar la calidad de sus actuaciones.
- Desarrollar programas sobre nuevas tecnologías en áreas rurales y generación de puntos de acceso gratuitos a Internet, que acerquen el mundo a las personas que viven en soledad.
- Elaborar y publicar en los próximos tres meses un informe de evaluación de la efectividad de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
- Continuar impulsando la aplicación de la Ley de Dependencia, a fin de garantizar la atención que presta el sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Continuar promoviendo las políticas de envejecimiento activo.
- Seguir con el impulso del turismo y del termalismo social.
- Elaborar un informe que nos permita diagnosticar con precisión el impacto del fenómeno de la soledad en nuestro país, especialmente en las personas mayores.
- Fomentar la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones que agrupan a las personas mayores.
- Prestar una atención específica a las personas especialmente vulnerables: aquellas personas mayores que tienen algún tipo de discapacidad; mujeres mayores que residen en zonas rurales.
- Impulsar programas específicos para mujeres mayores de 65 años, víctimas de violencia de género.
- Tener en cuenta la edad de las mujeres entre los criterios de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en cumplimiento del Pacto de Estado para la Violencia de Género.
- Impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia para mejorar la atención que presta el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y combatir las listas de espera.
- Recuperar la financiación por parte de la AGE de los convenios especiales de las personas cuidadoras no profesionales en materia de Seguridad Social."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a impulsar actuaciones dirigidas a concienciar a la sociedad sobre la soledad crónica, especialmente cuando esta afecta a las personas mayores, a fin de fomentar un mejor conocimiento de la misma y poder prevenir sus consecuencias.
Las citadas actuaciones se concretarán en una Estrategia Nacional contra la Soledad, que será diseñada y puesta en práctica en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, y en consonancia con el trabajo realizado por el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-María Dolores Bolarín Sánchez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la elaboración de una Estrategia Estatal de Lucha contra la Soledad.
En dicha estrategia se contemplarán desde el enfoque de género, entre otras:
- Las medidas necesarias para sensibilizar, concienciar e implicar a toda la sociedad sobre la responsabilidad de participar en la construcción de una sociedad cohesionada, que evite situaciones de soledad no deseada, con especial atención a las personas mayores y en situación de dependencia, así como a las que viven en entornos rurales.
- Las acciones que fomenten el voluntariado y el apoyo vecinal, así como la creación de teléfonos de emergencia para atender a las personas solas, que supongan una mayor implicación, organizativa y presupuestaria, de las administraciones públicas para la implementación de amplios programas de seguimiento, control y apoyo a las personas mayores que quedan en situación de soledad a edades avanzadas.
- El desarrollo de las investigaciones y la elaboración de estadísticas, en orden a hacer visible el alcance y las características del problema de la soledad en las personas mayores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 309, de 2 de marzo de 2018, en los siguientes términos:
1. Impulsar actuaciones dirigidas a concienciar a la sociedad sobre la soledad crónica, especialmente cuando esta afecta a las personas mayores, a fm de fomentar un mejor conocimiento de la misma y poder prevenir sus consecuencias.
Las citadas actuaciones se concretarán en una Estrategia Nacional contra la Soledad, que será diseñada y puesta en práctica en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, y en consonancia con el trabajo realizado por el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico.
En dicha estrategia se contemplarán, desde el enfoque de género, entre otras:
- El desarrollo de las investigaciones y la elaboración de estadísticas, en orden a hacer visible el alcance y las características del problema de la soledad en las personas mayores.
2. Acometer la "Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato (2018-2021)" que fue aprobada el 30 de noviembre de 2017 por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores.
3. Cumplir la Proposición no de Ley relativa a la creación de una plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad, aprobada por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 26 de septiembre de 2018.
4. Desarrollar programas de orientación y apoyo individualizado basados en el Modelo de Atención Integral y centrada en la persona a fin de facilitar la autonomía de estas personas todo lo posible y en el apoyo a gestiones cotidianas.
5. Impulsar programas de apoyo comunitario que detecte el aislamiento y aborde la soledad de las personas mayores en colaboración con los servicios sociosanitarios.
6. Fomentar nuevos modelos de alojamiento alternativo fomentando la convivencia intergeneracional o el "cohousing", por ejemplo."
172/000166
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas de integración de inmigrantes no regularizados residentes en el Estado español y sus familias, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ana Surra Spadea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre las medidas de integración de inmigrantes no regularizados residentes en el Estado español y sus familias, para su debate en Pleno.
El Estado español, como otros Estados europeos, ha sido el destino de miles de personas de alrededor del mundo que han emigrado de su país de origen en busca de nuevas oportunidades. En muchas ocasiones, debido a las dificultades que presenta el proceso, su situación es irregular imposibilitando su completa inclusión social, laboral, educativa y política. Ante este hecho, el Estado español inició distintos Procesos Extraordinarios de Regularización de Inmigrantes con el fin de regularizar su situación administrativa, realizándose el último de ellos hace más de una década y donde cientos de miles de extranjeros pudieron regularizar su situación.
Los Procesos Extraordinarios de Regularización se han convertido en salvavidas temporales y lejos de ocasionar problemas han solucionado muchos de ellos. La inmigración es clave para el crecimiento demográfico y económico; según reflejan todos los procesos extraordinarios de regularización de extranjeros hechos hasta ahora. Debe garantizarse la regularización de las más de cuatrocientas mil personas que hoy se encuentran en el Estado español en situación irregular.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente sobre las medidas de integración de inmigrantes no regularizados residentes en el Estado español y sus familias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Ana Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000168
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español.
El próximo 10 de diciembre se celebrará el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 5 señala que "nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Cuatro días antes, el 6 de diciembre, la Constitución Española habrá cumplido 40 años. El texto constitucional incorpora, en su artículo 10.2 el documento declarativo firmado en París 30 años antes. Así, en el artículo mencionado se señala que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España". Del mismo modo, el artículo 15 de la CE establece que "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
El 13 de abril de 2005 España firmó en Nueva York el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. Dicho instrumento fue ratificado en marzo de 2006 y entró en vigor en junio de ese mismo año. Es de obligado cumplimiento para los Estados.
Sin embargo, las miles de denuncias de personas que aseguran haber sido víctimas de malos tratos y/o torturas, las sentencias firmes del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales en relación a la práctica de torturas y malos tratos a personas detenidas, y organismos competentes en la materia como el CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura), el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y su Relator Especial, así como las ONG Human Rights Watch o Amnistía Internacional acreditan que este fenómeno no está superado ni erradicado en España y que se extiende a lo largo de las últimas seis décadas. Sin ir más lejos, el Defensor del Pueblo, en su Informe Anual 2017, presentado en julio de 2018, y en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP), arrojó datos preocupantes en relación a las prácticas en los centros de detención.
Frente a esto, las autoridades del Estado han negado sistemáticamente las denuncias y han obviado las investigaciones.
La madurez de un Estado democrático se mide también por su capacidad de reconocer los errores y los excesos cometidos, incluso cuando los verdugos sean parte de ese mismo Estado. Es imprescindible afrontar esta cruda realidad, con respeto, rigor y responsabilidad. La llamada ley de Memoria Histórica inició un camino de reconocimiento general del derecho de todos los ciudadanos a fa reparación moral de cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil y durante la Dictadura. Pero ese reconocimiento y reparación de violaciones de derechos y abusos por parte de poderes públicos o con su connivencia se interrumpió en lo que afectaba al actual periodo constitucional. Es, por tanto, una asignatura pendiente de la democracia española. Las miles de personas que han padecido torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el periodo democrático y en un contexto de lucha contra el terrorismo lo merecen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV presenta la siguiente interpelación urgente sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
172/000171
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, para que explique por qué se incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la Vicepresidenta del Gobierno para que explique por qué se incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de investigaciones sociológicas.
El Centro de Investigaciones Sociológicas es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito al Ministerio de la Presidencia, cuya finalidad es el estudio científico desde la perspectiva sociológica de la sociedad española y en particular, el estudio por medio de encuestas de la realidad política del país.
Si bien este ha ido configurándose legalmente a lo largo de su existencia con mayor independencia, observando los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y respeto al secreto estadístico y a los derechos de los ciudadanos, en la época reciente, desde el nombramiento de su actual Presidente, José Félix Tezanos, el 30 de junio de 2018, ha caído en una absoluta pérdida de credibilidad y adolece de patente falta de rigor científico. Esta deriva y este desprestigio han alcanzado su punto álgido tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía.
La repercusión negativa que esta manipulación estadística provoca sobre las instituciones del Estado y, además, sobre el campo de las ciencias sociales, la sociología y la politología, es inaceptable en una democracia de calidad como la Española. No se pretende que el CIS pueda anticipar resultados electorales sin fallo, pues la ciencia política no es una ciencia exacta, pero los estudios que acomete han de distar de los designios del gobierno de turno y no deben estar inclinados a beneficiar a unas opciones políticas sobre otras, pues no puede ser un actor político o un mecanismo de propaganda electoral.
El Centro de Investigaciones Sociológicas debe desarrollar sus funciones de acuerdo con los citados principios de objetividad y neutralidad en su actuación, debe alcanzar la imparcialidad propia de un organismo de estas características y alejarse de ser "la cocina" del Gobierno, puesto que no se trata de un instrumento ideológico ni propagandístico del Ejecutivo, sino de una reputada institución pública en el campo de la sociología.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente interpelación urgente para que el Gobierno explique por qué se incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de investigaciones sociológicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES, CONSECUENCIAS DE INTERPELACIONES
173/000126
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial y de las enmiendas presentadas a la misma.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata (PDeCAT), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
"El Congreso de los Diputados se compromete a trabajar para la consecución de un amplio acuerdo parlamentario destinado a nombrar, en el menor plazo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuyo nombramiento corresponde al Congreso. Puesto que el 4 de diciembre de 2018 habrá caducado el periodo de cinco años por el que fue nombrado el actual Consejo, el acuerdo para el nombramiento de los vocales debería efectuarse en las próximas semanas y no más tarde de fin de año, a los efectos de completar la renovación con la elección del nuevo Presidente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 184 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
"El Congreso de los Diputados se compromete a trabajar en la despolitización del Poder Judicial y, en particular, en la consecución de un amplio acuerdo parlamentario destinado a reformar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial para evitar el control partidista del órgano de gobierno de los jueces, de conformidad con el sentido expresado en el artículo 122 de la Constitución Española."
Impulsar el consenso parlamentario necesario para implementar reformas que tengan por objeto reforzar la independencia judicial y, de esa manera, fortalecer su credibilidad como institución a ojos de la ciudadanía.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Carolina Telechea i Lozano al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
De adición de un nuevo punto con el siguiente redactado:
"X. Emprender una reforma legislativa para que cada una de las Cámaras de las Cortes elija por mayoría de tres quintos a dos hombres y a dos mujeres entre juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión para conformar los ocho vocales que mandata la Constitución. Respecto a los vocales correspondientes al turno judicial, se mantendría la fórmula mayoritaria de tres quintos en el Senado, pero limitando la capacidad de elección a tres vocales. Asimismo, el Congreso de los Diputados elegiría a los 9 restantes a través de un sistema de doble aval según el cual sea necesaria que para cada 110 diputados, como mínimo, avalen una terna de tres vocales de entre los seleccionados por el turno judicial, sin que ningún diputado pueda avalar a más de una terna, estableciendo un margen de veinte Diputados para que una minoría no pueda bloquear el proceso y, por otro lado, que deban ser ratificados por la mayoría de la Cámara, de manera que se otorga a la mayoría una capacidad de veto."
"X. Instar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial a comparecer ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales cuando así lo soliciten alguna de las mismas."
"X. Instar a proponer que los vocales asignados por turno judicial comparezcan para ser evaluados por las Cámaras que los deben elegir."
"X. Instar a proponer la exigencia del desarrollo de la actividad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en régimen de dedicación absoluta."
"X. Instar a reservar expresamente la titularidad y el ejercicio de las competencias del Pleno del Consejo General del Poder Judicial contempladas en el artículo 122 de la Constitución."
"X. Instar a establecer un cauce directo de relación entre el Pleno y las Comunidades Autónomas."
"X. Instar a modificar la composición de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que todos los Vocales tengan la oportunidad de ser miembros, al menos un año."
"X. Instar al reconocimiento del Consell de Justicia de Catalunya como órgano de gobierno del Poder Judicial en Catalunya, así como todas las atribuciones previstas en el Estatut d'Autonomia de Catalunya."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carolina Telechea i Lozano, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
"1. El Congreso de los Diputados insta a respetar y defender la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Consejo General del Poder Judicial, no solo respecto a otros poderes del estado, sino frente a los poderes económicos, mediáticos y cualquier grupo de presión.
2. El Congreso de los Diputados insta a continuar el procedimiento para la renovación del Consejo de manera urgente, en el plazo máximo de seis meses, de un modo respetuoso con la letra y el espíritu del texto constitucional y la jurisprudencia que lo interpreta, así como con el artículo 6 del CEDH y la jurisprudencia del TEDH. Asimismo entiende que para el periodo transitorio sería conveniente que hubiera una nueva Presidencia del CGPJ.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la Recomendación V de la Cuarta Ronda de Evaluación, llevando a cabo una evaluación del marco legislativo que regula al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este cuerpo de cualquier influencia indebida, con el fin de remediar las deficiencias identificadas, así como a elaborar un informe en el plazo de dos meses -y remitirlo a las cámaras y al GRECO- sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO.
4. El Congreso de los Diputados reprueba las maniobras del Partido Popular, y de su candidato a presidir el CGPJ, para controlar e! CGPJ, determinar a su favor los futuros nombramientos de dos tercios del Tribunal Supremo y controlar a su favor la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como la llamada Sala del 61.
5. El Congreso de los Diputados defiende la participación de la voluntad popular en la elección de las vocalías del CGPJ, dado que este órgano va a conformar la política judicial, del servicio público de administración de justicia, junto al poder legislativo y ejecutivo.
6. El Congreso de los Diputados insta al Ejecutivo a abstenerse de cualquier maniobra o negociación tendente a la predeterminar la conformación del Consejo General del Poder Judicial y a respetar así las competencias de las Cortes Generales atribuidas constitucional y legalmente a las mismas.
7. El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de proceder en breve a reformar el Reglamento de la Cámara para que la designación y elección de las 20 vocalías del CGPJ cuente con el máximo respaldo democrático del conjunto de la Cámara; que no se produzca vulneración de las funciones de la cámara; que el proceso sea transparente y público, con comparecencia en la cámara de todas las candidaturas a las 10 vocalías, siendo sus méritos, capacidades y proyectos públicos; y generar confianza en la ciudadanía en la autonomía del CGPJ respecto a los partidos políticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso de los Diputados se compromete a trabajar para la consecución de un amplio acuerdo parlamentario destinado a nombrar, en el menor plazo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuyo nombramiento corresponde al Congreso. Puesto que el 4 de diciembre de 2018 habrá caducado el periodo de cinco años por el que fue nombrado el actual Consejo, el acuerdo para el nombramiento de los vocales debería efectuarse en las próximas semanas y no más tarde de un máximo de seis meses, a los efectos de completar la renovación con la elección del nuevo Presidente."
173/000127
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.
El aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos ha tenido y tiene una gran importancia en el sistema eléctrico de España. Supone aproximadamente el 20% de la potencia instalada y de enero a junio de este año, especialmente favorable por las lluvias, ha supuesto el 16'9% de la producción peninsular.
Somos uno de los principales países de Europa en aprovechamientos hidroeléctricos, con una capacidad de embalse de 55.000 hm3 y 800 centrales de diferente tipo, fluyentes, que aprovechan parte del caudal de los ríos y las llamadas a pie de presa, que reciben el agua de los embalses.
El reciente Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre sobre medidas urgente para la transición energética y la protección de los consumidores, no ha introducido medidas que vengan a impulsar la gestión de saltos hidroeléctricos garantizando que los mismos sean gestionados con principios rectores claros, entre los que se deben incluir:
- En línea con la vertebración territorial.
- En aras a salvaguardar el interés general y la gestión pública.
- Como eje de transición energética en nuestro país.
- Como un elemento que promueva la justicia social y la seguridad jurídica.
La construcción de las centrales hidroeléctricas ha tenido un fuerte impacto territorial y fueron construidas durante la dictadura franquista, sin atender las peticiones de la ciudadanía, ni las demandas de los territorios. Resulta indudable que el hacer accesible las riquezas hidráulicas de un territorio enriquece notablemente la vida de sus habitantes, pero han sido los intereses de las grandes empresas los que se reservaron en su día el aprovechamiento de la energía liberada y los que han visto a los territorios rurales como presa codiciada. Por ello, se trata de una petición histórica ya que junto a otros modelos de extractivismo, la gestión y propiedad del agua también ha sido un factor clave en la despoblación del ámbito rural en España.
Las centrales hidroeléctricas han sido gestionadas por un modelo en el que a cambio de la inversión para explotar los saltos hidráulicos la administración ofrecía a las empresas constructoras un período de 75 años para explotarlos. Tras esos periodos las concesiones de este bien común de dominio público al ser beneficio neto y no amortización de las inversiones precedentes, debe pasar a gestión pública o ser sometida a una nueva concesión.
La administración tiene la responsabilidad de gestionar estos expedientes sin retrasos ni caducidades. En el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se explícita:
"Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento [...]"
Entre 2018 y 2030 caducarán el 8% de las concesiones, medidas en volumen de agua. Entre ellos grandes embalses como el de Tranco de Beas en el Guadalquivir (2019), Reinosa en el Ebro (2020) o el de Alarcón en el Tajos (2030).
Es necesario realizar una auditoría de las concesiones del dominio público hidráulico para clarificar y establecer los diferentes vencimientos y analizar si se han cumplido las condiciones de la concesión. Se trata de clarificar si se han producido abusos, si se han producido prórrogas indebidamente. Y en cualquier caso, que esa información sea pública y de fácil acceso para toda la ciudadanía.
En Catalunya, el 24% de la producción eléctrica de origen hidráulico ha finalizado su periodo concesional, sin que se haya producido un debate político de fondo sobre la cuestión.
En España existen sanciones por manipulación del mercado por parte de algunas eléctricas, especulando con el agua de los embalses. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió expediente a Iberdrola Generación, S.A.U., concluyendo que resultaba probado que Iberdrola Generación incrementó sensiblemente a partir del 30 de noviembre de 2013 el precio de las ofertas correspondientes a las unidades de gestión hidráulica de Duero, Sil y Tajo, hasta el punto que redujo considerablemente la programación de estas unidades. Esta reducción en la producción, se produjo pese a los elevados precios que se estaban marcando por el mercado de contado. Del mismo modo, consideró probado que el nivel de producción de las unidades hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013 fue inferior de media también al que tuvieron esas mismas unidades en el período equivalente de 2012, a pesar de que los ingresos medios que se obtenían en ese período de 2013 eran superiores a los de 2012, y a pesar de que el nivel de reservas de los embalses en diciembre de 2013 era prácticamente el doble del que había en diciembre de 2012. En base a estos y otros motivos, la CNMC concluyó que la empresa Iberdrola Generación, S.A.U. era responsable de una infracción muy grave, imponiendo una sanción de 25 millones de euros, como así resolvió en el Procedimiento Sancionador SNC/DE/0046/14.
El almacenamiento de la energía eléctrica no consumida y la adaptación técnica, es clave para configurar una transición energética que permita reducir las emisiones y combatir el cambio climático. La gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiría operar con ellas como baterías que almacenen energía para su posterior uso, en cantidades muy superiores de energía que se adapten a los grandes consumos energéticos.
El principio rector del nuevo modelo pase por la preservación del medioambiente y que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina.
Se debe actuar con transparencia, dando a conocer a CCAA, ayuntamientos y a la ciudadanía cuál es la situación administrativa de cada salto y cuál es la fecha de caducidad. Así como facilitar y promover la creación de sociedades públicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, que son competencia estatal, para explotar instalaciones hidroeléctricas con la participación de las confederaciones, las CCAA, los ayuntamientos de las zonas afectadas.
1. Desarrollar un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos cuyos principios rectores sean la vertebración territorial, de forma que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina, la , preservación del medio ambiente y la transición energética justa socialmente.
2. Garantizar, mediante este desarrollo, la transparencia e información a las Comunidades Autónomas, entidades locales y ciudadanía en general sobre la situación administrativa de cada salto y la fecha de caducidad de su concesión.
3. Facilitar y promover, igualmente, la creación de sociedades públicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, de competencia estatal, para explotar instalaciones hidroeléctricas, con la participación de las Confederaciones, Comunidades Autónomas y entidades locales de las zonas afectadas.
4. Que en dicho desarrollo, se adapte el modelo de inversión-concesión a la actual realidad de un sector ya maduro. Así, cuando venza la concesión otorgada por el organismo competente, además de pasar la titularidad al ente público con las garantías debidas, se priorice la adjudicación a las sociedades públicas para su gestión directa. Igualmente, previa justificación, podrán otorgarse nuevas concesiones mediante concurso público, en particular cuando exista la posibilidad e idoneidad de la mejora del aprovechamiento. En este sentido se tendrá en cuenta que:
- Dichas concesiones tendrán un plazo de 4 años y cuando se realicen inversiones hasta 30 años, pero nunca superior al periodo de amortización de las mismas.
- En las nuevas concesiones se establecerá la obligación de las centrales de seguir las consignas del operador del sistema para facilitar la integración de energías renovables y de control del precio de mercado.
- Los beneficios públicos de las concesiones, descontado el beneficio industrial razonable para su explotador, deberán ser utilizados con criterios de vertebración territorial, la restitución económica y social de los territorios afectados y otros fines de utilidad pública e interés social de carácter general con la participación de entidades locales, Comunidades Autónomas y comunidades de usuarios del agua.
5. Que en concreto, en dicho desarrollo normativo se incluyan:
- En el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en materia de los rendimientos procedentes de la explotación de los aprovechamientos con objeto de la restitución económica y social, invirtiendo no menos de un 20% de dichos ingresos para promover su desarrollo y evitar su despoblación.
- En la citada Ley de Aguas, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, con objeto de fijar las bases del proceso de reversión: iniciativa y competencia, anticipación de tres años antes de la finalización del plazo de la concesión y resolución antes de un año, e información del procedimiento, retirada de instalaciones a costa del concesionario si el órgano competente así lo considerase en cumplimiento de los nuevos caudales ecológicos establecidos en los planes hidrológicos de cada cuenca, entre otras.
- En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la ya citada Ley de Aguas en materia de dominio público forestal e hidráulico con objeto de permitir, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesión al, la reversión de terrenos una vez extinguida la concesión y la posibilidad de aprovechamiento por no ser preceptiva según los planes de cuenca.
- En el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con objeto de exceptuar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a las entidades de derecho público exclusivamente para la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.
1. Desarrollar un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos cuyos principios rectores sean la vertebración territorial, deforma que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina, la preservación del medio ambiente y la transición energética justa socialmente.
3. Que en dicho desarrollo, se adapte el modelo de inversión-concesión a la actual realidad de un sector ya maduro. Así, cuando venza la concesión otorgada por el organismo competente, además de pasar la titularidad al ente público con las garantías debidas, se otorguen las nuevas concesiones mediante concurso público. En este sentido, se tendrá en cuenta que:
- Estas concesiones tendrán un plazo de cinco años y cuando se realicen inversiones hasta 30 años, pero nunca superior al periodo de amortización de las mismas.
- En las nuevas concesiones se establecerá la obligación de las centrales de seguir las consignas del operador del sistema para facilitar la integración de energías renovables.
- Los beneficios públicos de las concesiones, descontado el beneficio industrial razonable para su explotador, y siempre de acuerdo a la Ley de Contratos Públicos, serán repartidos entre el Estado (titular del Dominio Público), las Confederaciones Hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados, con el fin de favorecer la vertebración territorial y la restitución económica y social de los mismos.
4. Modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con objeto de exceptuar la exención del Impuesto de Actividades, para no perjudicar a los municipios en el periodo que transcurra entre el fin de una concesión y la adjudicación de la nueva concesión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-José Alberto Herrero Bono, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario del Grupo Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.
"El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta los futuros impactos del cambio climático en la planificación hidrológica y de acuerdo con las conclusiones de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático constituida en esta misma Cámara, insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos cuyos principios rectores sean que el agua es un bien de dominio público que ha de gestionarse desde la perspectiva del interés general apoyándose en el principio de unidad de cuenca. Todo ello considerando la importancia de la preservación del medio ambiente y la vertebración territorial. La transición energética necesita ser justa y que la riqueza generada no signifique que los territorios se vean impactados negativamente en sus oportunidades.
3. Facilitar y promover, igualmente, de acuerdo con la normativa vigente, el papel de diferentes organizaciones de carácter público, que puedan, en su caso, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, de competencia estatal controlar y en su caso explotar instalaciones hidroeléctricas, contando con la participación de entidades y organizaciones públicas.
4. Que en dicho desarrollo, se adapte el modelo de inversión-concesión a la actual realidad de un sector ya maduro. Así cuando venza la concesión otorgada por el organismo competente, además de pasar la titularidad al ente público con las garantías debidas, se priorice la adjudicación a las sociedades que se consideren adecuadas de acuerdo con la legislación vigente. Igualmente, de acuerdo con la normativa, podrán otorgarse nuevas concesiones mediante concurso público, en particular cuando exista la posibilidad e idoneidad de la mejora del aprovechamiento. En este sentido se tendrá en cuenta que:
- Dichas concesiones tendrán un plazo de cuatro años y cuando se realicen inversiones hasta 30 años, pero nunca superior al periodo de amortización de las mismas.
- Los beneficios públicos de las concesiones, descontado el beneficio industrial razonable para su explotador, deberán ser utilizados por los organismos de cuenca y con otros fines de utilidad pública e interés social relacionados con la gestión del agua, bajo criterios de vertebración territorial, restitución económica y social de los territorios afectados y contando con las entidades locales, Comunidades Autónomas y en su caso de comunidades de usuarios del agua.
- En el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en materia de los rendimientos procedentes de la explotación de los aprovechamientos con objeto de la restitución territorial y ambiental invirtiendo no menos del 20% de los ingresos anteriormente mencionados en promover el desarrollo de las zonas afectadas por este tipo de instalaciones a fin de promover su desarrollo y evitar la despoblación.
- En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la ya citada Ley de Aguas en materia de dominio público forestal e hidráulico con objeto de permitir, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesión a la reversión de terrenos, fuera del dominio público hidráulico, a las entidades locales una vez extinguida la concesión y la posibilidad de aprovechamiento por no ser preceptiva según los planes de cuenca.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica, ha acordado lo siguiente:
1. Desarrollar un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos cuyos principios rectores se basen en reconocer el agua como un bien de dominio público que ha de gestionarse desde la perspectiva del interés general apoyándose en el principio de unidad de cuenca. Todo ello considerando la importancia de la preservación del medio ambiente y la vertebración territorial. La transición energética necesita ser justa y que la riqueza que genera signifique una oportunidad para los territorios.
2. Garantizar, en ese marco jurídico, la transparencia e información a las Comunidades Autónomas, entidades locales y ciudadanía en general sobre la situación administrativa de cada salto y la fecha de caducidad de su concesión.
3. Concretar, mediante el mismo, los procedimientos, plazos y responsabilidades para el desmantelamiento de sus infraestructuras en caso de que así lo determinen las normas de planificación hidrológica en materia de caudales ecológicos y zonas declaradas sensibles, según la normativa vigente.
4. Facilitar y promover en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, el papel de las diferentes organizaciones de carácter público que puedan, igualmente, controlar y en su caso explotar instalaciones hidroeléctricas.
5. Que en dicho desarrollo normativo, se adapte el modelo de inversión-concesión a la actual realidad de un sector ya maduro. Así, cuando venza la concesión otorgada por el organismo competente, pase la titularidad al ente público.
Igualmente, de acuerdo con la normativa y en casos debidamente justificados, podrán otorgarse nuevas concesiones mediante concurso público, en particular cuando exista la posibilidad e idoneidad de la mejora del aprovechamiento. En este sentido se tendrá en cuenta que:
- Dichas concesiones tendrán un plazo de cinco años y cuando se realicen inversiones hasta 30 años, pero nunca superior al periodo de amortización de las mismas.
- Los beneficios públicos de las concesiones, descontando el beneficio industrial razonable para su explotador, y siempre de acuerdo a la Ley de Contratos Públicos, serán repartidos entre el Estado (titular del Dominio Público), las Confederaciones Hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados con el fin de favorecer la vertebración territorial y la restitución económica y social de los mismos.
6. Que en concreto, en dicho desarrollo normativo se incluyan:
- En el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en materia de los rendimientos procedentes de la explotación de los aprovechamientos
con objeto de la restitución territorial y ambiental invirtiendo no menos del 20% de los ingresos anteriormente mencionados en promover el desarrollo de las zonas afectadas por este tipo de instalaciones a fin de promover su desarrollo y evitar la despoblación.
- En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la ya citada Ley de Aguas en materia de dominio público forestal e hidráulico con objeto de permitir, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesión, la reversión de terrenos, fuera del dominio público hidráulico, a las entidades locales una vez extinguida la concesión y la posibilidad de aprovechamiento por no ser preceptiva según los planes de cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados,Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000128
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación.
La última vez que gobernó el Partido Socialista en España nos dejó un panorama desolador en materia de empleo:
- Se cerraron 222.000 pequeñas y medianas empresas,
- 250.000 autónomos tuvieron que echar el cierre a sus negocios,
- 3.514.100 españoles perdieron su empleo, muchas de ellas mujeres,
- El número de jóvenes parados se incrementó un 54 %. Se pasó de 574.000 jóvenes en el segundo trimestre de 2008 hasta los 884.100 al final de 2011.
Frente a esto, el Partido Popular consiguió quebrar la inercia de destrucción de empleo en 2013, gracias a las profundas reformas realizadas en todos los ámbitos (laboral, fiscal, energía...) y desde entonces hasta mayo de este año:
- 2.764.921 españoles han encontrado empleo,
- 222.810 menores de 25 años han encontrado empleo, hemos superado el umbral de un millón de jóvenes menores de 25 años trabajando;
- Y hemos recuperado todo el empleo femenino destruido en la crisis; situando la brecha salarial en mínimos, por debajo de la media europea.
Las reformas acometidas por el Gobierno del Partido Popular, han tenido entre sus objetivos afrontar los cambios que necesitaba nuestro país y situar a España en la senda de la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo estable y de calidad.
Para que podamos crecer como país, es necesario potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales.
Los recientes avances tecnológicos han supuesto la llamada revolución 4.0, con dos efectos contrapuestos en la economía: por un lado, la mejora de la productividad y la competitividad empresarial; y por otro y de forma simultánea, la alteración sustancial del mundo laboral.
Los avances tecnológicos, a la vez que están generando la desaparición de muchos de los empleos actuales, especialmente los más rutinarios, están propiciando la aparición de empleo altamente cualificado en sectores de alto valor añadido. Por ello la relación entre la tecnología y el empleo ha de verse como una oportunidad.
Es necesaria una adaptación entre la oferta y la demanda de cualificaciones, lo que requiere anticiparse a las necesidades de las empresas y ofrecer a los jóvenes y a la población trabajadora en general una formación ajustada a esas necesidades.
Ante el nuevo escenario que plantea la Industria 4.0 se hace evidente la necesidad de replantear los programas de la formación profesional. La formación Profesional para el Empleo debe tener un papel protagonista en el desarrollo de esos cambios. Debemos destacar la importancia que tiene la formación como base fundamental para la creación de empleo.
1. Apostar, de forma decidida, por la Ley de Formación Profesional para el Empleo que se aprobó con amplio consenso parlamentario y con el apoyo de los agentes sociales.
2. Dotar de todos los medios necesarios a la Formación Profesional Dual, a fin de garantizar la necesaria adaptación entre la oferta y la demanda de cualificaciones, ofreciendo a los jóvenes y a la población trabajadora en general una formación ajustada a las necesidades reales de las empresas.
3. Ejecutar el Plan Nacional de Formación de Trabajadores en Competencias Digitales aprobado con el consenso las CCAA y los Interlocutores sociales y dotado con 60 millones.
4. Velar por la buena utilización de los fondos para orientación y formación para el empleo, tanto de trabajadores ocupados como desempleados, por parte de las CCAA.
5. Impulsar el bono de garantía juvenil del contrato de formación y aprendizaje aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que los jóvenes menores de 30 años inscritos en la garantía juvenil puedan formarse y trabajar a la vez con una remuneración total superior a 1.000 euros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento cle la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación.
1. Acordar con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de formación para el empleo con el objetivo de garantizar las competencias autonómicas en la materia y la efectiva vinculación de los recursos de la formación con las necesidades reales de las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas y Autónomos.
2. Reforzar el derecho de los trabajadores y autónomos a la formación durante toda la vida.
3. Apoyar el desarrollo de la Formación Profesional dual que están promoviendo las Comunidades Autónomas.
4. Garantizar la plena ejecución de los recursos de la seguridad social correspondientes a la cuota de formación, durante el correspondiste ejercicio presupuestario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación.
"- Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de trabajo, en particular a través de mejores mecanismos e instrumentos de cooperación con los empresarios.
- Adoptar nuevas medidas para favorecer la transición hacia la contratación indefinida con el objetivo de combatir la temporalidad laboral y la consiguiente precariedad asociada.
- Fomentar la competitividad de las empresas mediante el reciclaje de sus trabajadores para la adquisición de habilidades tecnológicas digitales."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
1. Llevar a cabo, a la mayor brevedad, el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral,
apostando de forma decidida por una Ley que se aprobó con amplio consenso parlamentario y con el apoyo de los agentes sociales.
4. Velar por la buena utilización de los fondos para orientación y formación para el empleo, tanto de trabajadores ocupados como desempleados, por parte de las CCAA, garantizando que son ejecutados en su totalidad. Asimismo, realizar una auditorio integral de todos los fondos para el empleo que se inviertan en las Comunidades Autónomas, con el fin de evitar el derroche de fondos públicos y, en última instancia, la potencial existencia de irregularidades o fraudes, así como evaluar su eficacia en términos de inserción formativa y laboral.
154/000012
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 13 de diciembre de 2018, ha aprobado sin modificaciones el texto del Acuerdo de la Comisión de Transición Ecológica, relativo al Informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, creada en el seno de dicha Comisión, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 448, de 8 de noviembre de 2018.
140/000031
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con motivo del 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas estableció los estándares mínimos necesarios de lo que supone una vida digna. La Declaración Universal manifestaba que valores como la igualdad, la dignidad inherente a cualquier persona humana, la justicia y los principios de no discriminación debían aplicarse a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supuso un hito en la historia de los derechos humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración Universal establece por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Desde
entonces, son innumerables los textos jurídicos que recogen o concretan los principios de la Declaración, entre ellos nuestra Constitución a través del artículo 10.2 que reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que nuestro texto constitucional reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. En estos 70 años son innegables los avances realizados en los derechos humanos y la no discriminación, sin embargo, la situación en relación a los derechos humanos que viven millones de personas dista mucho de ser la prometida en la Declaración Universal.
En el 70 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal, y en el 40 aniversario de nuestra Constitución, el Congreso de los Diputados quiere reafirmar su compromiso con los derechos humanos, reafirmando la vigencia de la Declaración Universal y reconocerla como un hito fundamental resultado del diálogo y el compromiso.
El artículo 1 de la Declaración Universal afirma que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Esta idea fundamental, junto a los valores esenciales de la Declaración como la inherente dignidad humana, la no discriminación, la igualdad y la justicia, son el eje central de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y su compromiso de no dejar a nadie atrás.
El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con la Declaración Universal al mismo tiempo que lamenta los retrocesos y escasos avances en el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, de manera especial en aquellos derechos humanos de las mujeres y de las minorías.
El Congreso de los Diputados quiere reconocer públicamente el compromiso y el trabajo de todas las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y manifiesta su condena y repulsa a los ataques que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, y de manera muy especial los asesinatos. Reitera su compromiso de trabajo con los valores, espíritu y con cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 70.º aniversario de su promulgación."