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Timestamp: 2016-10-23 22:52:17
Document Index: 374342805

Matched Legal Cases: ['Artículo 149', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 33', 'Artículo 63', 'Artículo 105', 'Artículo 92', 'Artículo 109', 'Artículo 58', 'Artículo 106', 'Artículo 23', 'Artículo 20', 'Artículo 1']

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas	Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas Mis Leyes
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas Estado	:
29/1985	Boletín Oficial	:
JEFATURA DEL ESTADO	PreámbuloTÍTULO PRELIMINAR Artículo uno1. Es objeto de esta ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el Artículo 149 de la constitución.2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación especifica.TÍTULO PRIMEROCapítulo PrimeroDe Los Bienes Que Lo IntegranArtículo dosConstituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta ley:a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.Artículo tresLa fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado, o por aquellos a quienes esta autorice.Capítulo IVDe Los Acuíferos SubterráneosArtículo doceEl dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del Artículo 52.TÍTULO IITÍTULO IIITÍTULO VCapítulo IIIDe La Reutilización De Aguas DepuradasArtículo ciento unoEl gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos de depuración, su calidad y los usos previstos.En el caso de que la reutilización se lleve a cabo por persona distinta del primer usuario de las aguas, se considerarán ambos aprovechamientos como independientes, y deberán ser objeto de concesiones distintas. Los Títulos concesionales podrán incorporar las condiciones para la protección de los derechos de ambos usuarios.Capítulo IVDe Los Auxilios Del EstadoArtículo ciento dosSe determinarán reglamentariamente las ayudas que podrán concederse a quienes procedan al desarrollo, implantación o modificación de tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, así como a cambios en la explotación, que signifiquen una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas. Asimismo, podrán concederse ayudas a quienes realicen plantaciones forestales, cuyo objetivo sea la protección de los recursos hidráulicos.Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la potabilización y desalinización de aguas y a la depuración de aguas residuales, mediante procesos o métodos mas adecuados, a la implantación de sistemas de reutilización de aguas residuales, o desarrollen actividades de investigación en estas materias.TÍTULO VITÍTULO VII
LEY DEROGADA POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.
TÍTULO PRELIMINAR Artículo uno
4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación especifica.TÍTULO PRIMERO
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando estas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del Artículo 52.TÍTULO II
a) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquellas.
d) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de este, en las Cuencas Hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola comunidad autónoma. La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las comunidades autónomas.
1. La comunidad autónoma que en virtud de su estatuto de autonomía ejerza competencia sobre el dominio público hidráulico en Cuencas Hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, ajustara el régimen jurídico de su administración hidráulica a las siguientes bases:
2. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica, podrán ser impugnados directamente por el delegado del gobierno en la administración hidráulica ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con petición expresa de suspensión por razones de interés general. El tribunal, si estima fundada esta petición, acordará la suspensión en el primer tramite siguiente a la presentación de la impugnación. A estos efectos se considerará, en todo caso, como contrario al interés general cualquier acto o acuerdo que no se ajuste a la planificación hidrológica.
Se crea, como órgano consultivo superior en la materia, el Consejo Nacional del agua en el que, junto con la Administración del Estado y las de las comunidades autónomas, estarán representados los organismos de Cuenca, así como las organizaciones profesionales y económicas mas representativas, de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del agua. Su composición y estructura orgánica se determinarán por decreto.
e) Las cuestiones comunes a dos o mas organismos de Cuenca en relación con el aprovechamiento de recurso hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.
Sección primera. Configuración y funciones
2. Dispondrán de autonomía para regir y administrar por si los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer ante los tribunales todo genero de acciones, sin mas limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones agotan la vía administrativa.
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a mas de una comunidad autónoma.
Los organismos de cuenta tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se contemplan expresamente en otros Artículos de esta ley, las siguientes atribuciones y cometidos:
c) La realización de aforos, estudios de hidrológica, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.
sección segunda. órganos de gobierno y administración
d) Las comunidades autónomas que hubiesen decidido incorporarse al organismo de Cuenca, de acuerdo con lo previsto en el Artículo veintitrés, estarán representadas en su junta de gobierno al menos por un vocal. El total de vocales representantes y su distribución se establecerán, en cada caso, en función del numero de comunidades autónomas integrantes de la Cuenca Hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas.
e) En general, el ejercicio de cualquier otra función que no este expresamente atribuida a otro órgano.
La asamblea de usuarios, integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las juntas de explotación, tiene por finalidad coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la Cuenca, sin menoscabo del régimen confesional y derechos de los usuarios.
2. Las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una Cuenca Hidrográfica, se incorporarán en los términos previsto en esta ley al consejo del agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.
a) Cada departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará representado por un numero de vocales no superior a tres.
d) La representación de las comunidades autónomas que participen en el consejo, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 33, se determinará y distribuirá en función del numero de comunidades autónomas de la Cuenca y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las comunidades autónomas participantes al menos por un vocal.
Sección tercera. Hacienda y patrimonio
Con independencia de tales bienes y para el mejor cumpliendo de sus fines, los organismos de Cuenca podrán poseer un patrimonio propio integrado por:
f) El producto de las posibles aportaciones acordadas por los usuarios, para obras o actuaciones especificas, así como cualquier otra percepción autorizada por disposición legal.TÍTULO III
3. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por si solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 63.
e) Las características básicas de calidad de aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales.
g) Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso en entorno afectados.
3. La aprobación del plan hidrológico nacional implicará la adaptación de los planes hidrológicos de Cuenca a las previsiones de aquel.
Las obras públicas de carácter hidráulico que sean de interés general o cuya realización afecte a mas de una comunidad autónoma habrán de ser aprobadas por ley e incorporadas al plan hidrológico nacional.
4. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de revisión que seguirá los mismos tramites reglamentarios que los previstos en el de constitución.
3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación especifica.
3. Cuando el destino dado a las aguas concedidas fuese el riego o el abastecimiento de población, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas, debiendo formular la solicitud en el tramite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquella.
En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el plan hidrológico nacional, el organismo de Cuenca tramitará el expediente excluyendo el tramite de proyectos en competencia.
4. Al extinguirse el derecho confesional, revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento confesional.
1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin mas limitaciones que las establecidas en la presente ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio, aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en el aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.
1. El organismo de Cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, poda fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes.
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de Cuenca, en defecto de acuerdo entre las parte, la determinación de su cuantía.
1. El organismo de Cuenca competente, oído el consejo del agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo, debiendo a la vez imponer una ordenación de todas las extracciones para lograr su explotación mas racional, y proceder a la correspondiente revisión del plan hidrológico.
La aprobación de dichas medidas, llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. Capítulo III
2. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el Título confesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.
6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, este podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un limite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al plan hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.
2. Toda concesión esta sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el plan hidrológico de Cuenca.
1. Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.
el orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los planes hidrológicos de Cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1. De la precedente enumeración.
2. El agua que se conceda queda adscrita a los usos indicados en el Título confesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos.
La administración responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo repercutir estos gastos sobre beneficiarios.
1. Podrán otorgarse concesiones de aguas para el riego, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, aunque no ostente la titularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismo requerirá autorización administrativa previa.
En los demás casos solo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se establezcan, la transferencia o la constitución del gravamen.
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) En casos de fuerza mayor a petición del concesionario.
c) Cuando lo exija su adecuación de los planes hidrológicos.
Solo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.
2. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el Título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquella sea imputable al titular.
aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo el tramite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse.
2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considera la posible incidencia ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la mas racional utilización del agua y una mejor protección de su entorno. El principio de competencia podrá eliminarse cuando se trate de abastecimientos de agua a poblaciones.
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el registro correspondiente podrán interesar la intervención del organismos de Cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión y de lo establecido en la legislación en materia de aguas.
5. Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el numero de participes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos, que deberán ser aprobados por el organismo de Cuenca.
1. Las comunidades podrán ejecutar por si mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
2. Las comunidades de usuario serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las comunidades vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones que la administración les ordene a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el organismo de Cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquellas se realicen.
Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento del organismo de Cuenca, a constituir una comunidad de usuarios, correspondiendo a dicho organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar sus limites y establecer el sistema de utilización conjunta de las aguas.
Las entidades públicas, corporaciones o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, podrán constituirse en comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explotaciones y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar mas idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección del entorno natural. El organismo de Cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de comunidades de usuarios.
Las disposiciones contenidas en los Artículos anteriores podrán ser aplicadas a otros tipos de comunidades no mencionadas expresamente, y, entre ellas, a las de avenamiento o a las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.TÍTULO V
c) Evitar cualquier otra actuación que pueda se causa de su degradación.
a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. b) acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
A los efectos de la presente ley se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de estos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o deposito.
En todo caso, quedarán reflejados en ellas las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los limites que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon de vertido definido en el Artículo 105.
2. En la autorización podrán estipularse plazos para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los limites que en ella se fijen. Artículo noventa y cuatro
Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, solo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.
El gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, de no estimar mas procedente adoptar las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrir los causantes de los mismos.
Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la potabilización y desalinización de aguas y a la depuración de aguas residuales, mediante procesos o métodos mas adecuados, a la implantación de sistemas de reutilización de aguas residuales, o desarrollen actividades de investigación en estas materias.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación especifica.
6. Asimismo, los organismos de Cuenca, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de medio ambiente, podrán promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de interés público.TÍTULO VI
1. Los vertidos autorizados, conforme a lo dispuesto en los Artículo 92 y siguientes de esta ley, se gravarán con un canon destinado a la protección y mejora del medio receptor de cada Cuenca Hidrográfica.
Se entiende por unidad de contaminación un patrón convencional de medida, que se fijará reglamentariamente, referido a la carga contaminante producida por el vertido tipo de aguas domesticas, correspondiente a 1.000 habitantes y al periodo de un año. Asimismo, por vía reglamentaria se establecerán los baremos de equivalencia para los vertidos de aguas residuales de otra naturaleza. El valor de la unidad de contaminación, que podrá ser distinto para los distintos ríos y tramos de río, se determinará y revisará en su caso, de acuerdo con las previsiones de los planes hidrológicos respecto a la calidad de las aguas continentales, de modo que se cubra la financiación de las obras necesarias para el cumplimiento de dichas previsiones.
2. Los beneficios por otras obras hidráulicas especificas realizadas íntegramente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción destinada a compensar los costes de inversión y atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización tecnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. Los actos de aprobación y liquidación de estos cánones o exacciones tendrán carácter económico-administrativo. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del debito por la vía administrativa del apremio. El impago podrá motivar la suspensión o perdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.TÍTULO VII
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoramente las indemnizaciones que procedan.
Primera.-1. Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de aprovechamientos de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus Títulos administrativos y lo que la propia ley establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su Título otro menor.
2. Podrán legalizarse, mediante inscripción en el registro de aguas, aquellos aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior, si sus titulares acreditarán por acta de notoriedad, de conformidad con los requisitos de la legislación notarial e hipotecaria y en el plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el derecho a la utilización del recurso en los mismos términos en que se hubiera venido disfrutando el aprovechamiento durante veinte años. Las actas de notoriedad, que se tramiten durante el citado periodo de tres años gozarán de la exención total en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, así como los de cualquier tasa, canon y arbitrio que en otro caso hubieran de abonar. El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de que la administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales.
Segunda.-1. En el plazo se tres años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los titulares de algún derecho conforme a la legislación que se deroga, sobre aguas privadas procedentes de manantiales que vinieran utilizándose en todo o en parte, podrán acreditar el mismo, así como el régimen de utilización del recurso, ante el organismo de Cuenca, para su inclusión en el registro de aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas. Dicho régimen será respetado por un plazo máximo de cincuenta años. Quienes, al término de dicho plazo, se encontrarán utilizando los caudales, en virtud de Título legitimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
2. Transcurrido el plazo de tres años previsto en el apartado 1, sin que los interesados hubiesen acreditado sus derechos, aquellos mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el registro de aguas.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de la condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación según lo establecido en la presente ley.
Tercera.-1. Quienes, conforme a la legislación que se deroga, fueran titulares de algún derecho sobre aguas privadas procedentes de pozos o galerías en explotación, podrán acreditar en el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor de la ley y ante el organismo de Cuenca correspondiente, para su inscripción en el registro de aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas, tanto su derecho a la utilización del recurso como la no afección, en su caso, a otros aprovechamientos legales preexistentes. La administración respetará el régimen de explotación de los caudales realmente utilizados, por un plazo de cincuenta años. Quienes, al término de dicho plazo, se encuentren utilizando los caudales en virtud de Título legitimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
Cuarta.-1. Los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a esta ley se podrán inscribir en el registro de aguas a petición de sus titulares legítimos y a los efectos previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
El organismo de Cuenca, previo conocimiento de sus características y aforo, los incluirá en el catalogo de aprovechamientos de aguas privadas de la Cuenca.
3. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el registro de aguas o incluido en el catalogo de Cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el Artículo 109 de la presente ley.
Quinta.-Los planes hidrológicos de Cuenca, aprobados antes de la promulgación del plan hidrológico nacional, tendrán plena eficacia jurídica. Los titulares de concesiones administrativas otorgadas al amparo de dichos planes deberán ser indemnizados, de no haber dispuesto otra cosa en sus respectivos condicionados, por los perjuicios que, en su caso, les irrogue la aplicación del plan hidrológico nacional.
Sexta.-Hasta tanto sea probado el plan hidrológico de la Cuenca, las concesiones se otorgarán atendiendo a la existencia de caudales suficientes y de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del Artículo 58.
Séptima.-En el plazo y del modo que reglamentariamente se determine, los organismos de Cuenca revisarán las características de los aprovechamientos actualmente inscritos en el registro de aprovechamiento de aguas públicas, con tramite previo al traslado de sus asientos al registro de aguas del organismo de Cuenca correspondiente.
Octava.-Solo computará, para la actualización de los valores de las inversiones de obras ya realizadas a que se refiere el Artículo 106, el periodo que haya transcurrido desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Novena.-En aquellas Cuencas en que no se hubiesen promulgado los reales decretos constitutivos del organismo de Cuenca, las funciones previstas para dichos organismos en esta ley serán ejercidas por los organismos administrativos competentes con anterioridad a la promulgación de esta ley.
Primera.-Los lagos, lagunas y charcas, sobre los que existan inscripciones expresas en el registro de la propiedad, conservarán el carácter dominical que ostenten en el momento de entrar en vigor la presente ley.
Segunda.-Las comunidades autónomas que deseen incorporarse a la junta de gobierno de los organismos de Cuenca, según lo previsto en el Artículo 23 de esta ley, ejercerán su opción, dentro del plazo de tres meses, a partir de la publicación de la disposición reglamentaria que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 20.3 defina el correspondiente ámbito territorial.
Tercera.-Esta ley no producirá efectos derogatorios respecto de la legislación que actualmente se aplica en el territorio de la comunidad autónoma de canarias, que subsistirá en tanto esta no dicte su propia legislación.
Cuarta.-Las funciones que, de acuerdo con esta ley, ejercen los organismos de Cuenca en aquellas que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma, corresponderán a las administraciones hidráulicas de aquellas comunidades que en su propio territorio y en virtud de sus estatutos de autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate de Cuencas Hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial.
Quinta.-El ministerio de obras públicas y urbanismo mantendrá una estadística que permita la vigilancia de la evolución de la cantidad y la calidad de las aguas continentales en relación con las características definidas en los planes hidrológicos.
Sexta.-Sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecida por esta ley, el instituto geológico y minero de España formulará y desarrollará planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos subterráneos, y prestará asesoramiento técnico a las distintas administraciones públicas en materias relacionadas con las aguas subterráneas.
Séptima.-Las posibles limitaciones en el uso del suelo y reservas de terreno, previstas en los Artículos 6, 11, 18, 1.d), 41 y 88 de esta ley, se aplicarán sin menoscabo de las competencias que las comunidades autónomas puedan ejercer en materia de ordenación del territorio.
Primera.-En todo lo que no este expresamente regulado por esta ley, se estará a lo dispuesto por el código civil.
Segunda.-Se autoriza al gobierno para dictar, a propuesta del ministerio de obras públicas y urbanismo, las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el cumplimiento de esta ley.
Tercera.-la presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1986, con excepción de la disposición adicional segunda, que será de aplicación desde la fecha de su promulgación.
Cuarta.-Los estatutos u ordenanzas de las comunidades de usuarios ya constituidas seguirán vigentes, sin perjuicio de que, en su caso, hayan de ser revisados para adaptarlos a los principios constitucionales de representatividad y estructura democrática.
Real decreto-ley de 19 de julio de 1927, por el que se modifica el Artículo 1. de la ley anterior.
3. El gobierno, antes de la entrada en vigor de esta ley, mediante real-decreto, completará la tabla de vigencias de las disposiciones afectadas por la presente ley.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1985.-
Juan Carlos Rey de España- El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.
LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden socialLEY 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de AguasLEY 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter PúblicoLEY 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctricoLEY 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SocialLEY 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguasREAL DECRETO-LEY 11/1995, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANASLEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SocialLEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden socialLEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambientalLEY 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico NacionalLEY 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico NacionalREAL DECRETO-LEY 8/1985, de 27 de diciembre, para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada sequíaLEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminaciónLEY 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentalesLEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SocialREAL DECRETO-LEY 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de aguaLEY 10/1998, de 21 de abril, de ResiduosLey 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico	Derecho.com
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas	Trámites