Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-1354_ES.html
Timestamp: 2020-01-27 06:51:13
Document Index: 244969847

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 7', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 96']

Ciclo relativo al documento : B8-1354/2015
Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică en nombre del Grupo S&D
– Vistas sus anteriores resoluciones,
– Visto el Acuerdo de Cotonú revisado,
– Vista la Resolución 2248 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de noviembre de 2015, sobre la situación en Burundi,
– Vista la declaración conjunta sobre Burundi del vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, del portavoz de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 12 de noviembre de 2015,
– Vistas las declaraciones de la Comunidad del África Oriental, de 31 de mayo y 6 de julio de 2015, sobre la situación en Burundi,
– Vista la declaración de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 17 de junio de 2015, sobre la situación en Burundi,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de marzo, 18 de mayo, 22 de junio y 16 de noviembre de 2015, sobre Burundi,
– Vista la carta aprobada por el Consejo el 26 de octubre de 2015 en la que se solicita el inicio de consultas con las autoridades burundesas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú,
A. Considerando que el artículo 96 de la Constitución de Burundi y el artículo 7, apartado 3, del Protocolo II del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación estipulan que el presidente no puede ejercer más de dos mandatos; que el presidente Pierre Nkurunziza ejerce el cargo desde 2005, al haber sido reelegido en 2010;
B. Considerando que el 29 de junio de 2015 se celebraron en Burundi elecciones legislativas y municipales y el 21 de julio de 2015 elecciones presidenciales; que la comunidad internacional ha considerado que ninguno de los dos procesos electorales fue transparente, integrador, libre ni creíble; que, por esta razón, la Unión Africana (UA) se negó a enviar observadores a las elecciones, la UE suspendió su misión electoral a Burundi y una gran parte de la oposición nacional decidió boicotear las elecciones;
C. Considerando que la candidatura del presidente Nkurunziza a un tercer mandato y su consiguiente reelección a raíz de las elecciones del 21 de julio de 2015 han hundido al país en su crisis política más profunda desde el final de la guerra civil;
D. Considerando que el Gobierno burundés ha ignorado las decisiones y recomendaciones aprobadas por la UA y la Comunidad del África Oriental (EAC) el 13 de junio de 2015 y el 6 de julio de 2015, respectivamente, cuya plena aplicación habría allanado el camino para la celebración de elecciones creíbles e integradoras;
E. Considerando que, según la OACDH y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto antes como después de las elecciones se perpetraron en el país violaciones de los derechos humanos con motivaciones políticas, abusos de los derechos humanos y actos de violencia tomando como objetivos particulares a activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas, entre ellos Pierre Claver Mbonimpa, Marguerite Barankitse, Antoine Kaburahe y Bob Rugurika; que existe una percepción generalizada de que la mayoría de esos actos, aunque no todos, están relacionadas con las instituciones estatales; que incumbe en primera instancia al Gobierno de Burundi garantizar la seguridad en el país y proteger a la población burundesa, respetando debidamente el Estado de Derecho, los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional;
F. Considerando que, como consecuencia del deterioro de la situación política en Burundi, más de 200 000 personas están desplazadas dentro del país o han buscado refugio en los países vecinos; que, en julio de 2015, la UE reforzó su ayuda humanitaria y concedió 4,5 millones de euros adicionales para la ayuda a las poblaciones desplazadas;
G. Considerando que, el 26 de octubre de 2015, la UE solicitó el inicio de consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú con objeto de investigar la inobservancia de elementos esenciales del Acuerdo, como los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho; que esas consultas comenzaron el 8 de diciembre de 2015;
H. Considerando que el bloqueo de la situación política en Burundi, caracterizado por la inexistencia de diálogo entre las partes burundesas y por el consiguiente deterioro de la situación en materia económica y de seguridad, tiene graves consecuencias para la población y acarrea un importante riesgo para la estabilidad de la región;
I. Considerando que la comunidad internacional desempeña un papel importante como garante del Acuerdo de Arusha; que ninguno de los esfuerzos realizados a escala regional y subregional para hacer frente a la crisis y restablecer el diálogo entre todas las fuerzas políticas ha dado fruto hasta la fecha;
J. Considerando que, el 1 de agosto de 2015, la oposición política y la sociedad civil se reunieron en Adís Abeba para crear el Consejo Nacional para el Restablecimiento del Acuerdo de Arusha y del Estado de Derecho;
K. Considerando que, el 23 de septiembre de 2015, el presidente firmó un decreto por el que se creaba una comisión nacional para el diálogo interburundés encargada de liderar las negociaciones durante seis meses; que la sociedad civil se ha mostrado muy escéptica en cuanto a los logros que pueda alcanzar esa comisión;
L. Considerando que la UA, la UE y los EE.UU. han impuesto una inmovilización de activos y la prohibición de viajar a los líderes del Gobierno y de la oposición cuyos actos y declaraciones contribuyen a perpetuar la violencia e impiden la búsqueda de una solución política para la crisis en Burundi;
M. Considerando que, el 17 de octubre de 2015, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA pidió que se ultimara un plan de emergencia para desplegar en Burundi, si la situación lo exigiera, una misión dirigida por África y encargada de prevenir la violencia en el país, y acordó iniciar una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los derechos humanos y otros abusos contra la población civil cometidos en Burundi;
N. Considerando que, el 30 de noviembre de 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó tres propuestas al Consejo de Seguridad en las que se recomendaba revisar el mandato de la presencia de las Naciones Unidas en Burundi a la vista de la evolución de la situación; que esas propuestas incluyen la posibilidad de enviar una misión de mantenimiento de la paz si la situación lo justifica;
O. Considerando que la UA y otros interlocutores internacionales han solicitado reiteradamente un diálogo genuino e integrador en el que participen todas las partes interesadas, sobre la base del respeto del Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi, para encontrar una solución consensuada al conflicto de Burundi; que la UE y las Naciones Unidas apoyan esta posición;
P. Considerando que la labor de mediación sigue adelante, con el pleno apoyo de la UA, la UE y las Naciones Unidas, con objeto de promover un diálogo interburundés destinado a hallar una solución consensuada y pacífica para la crisis en Burundi;
Q. Considerando que la UE aporta una importante contribución al presupuesto anual de Burundi, la mitad de la cual, aproximadamente, procede de la ayuda internacional, y ha asignado recientemente 432 millones de euros a Burundi con cargo al FED 2014-2020;
R. Considerando que, mediante el Decreto 530/1597, las autoridades burundesas suspendieron las actividades de diez organizaciones de defensa de los derechos humanos, a saber, ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP y SPPDF, y bloquearon sus cuentas bancarias;
1. Expresa su profunda preocupación ante la grave situación política y en materia de seguridad, el rápido deterioro de la situación humanitaria, y las consecuencias que ello pueda tener para la seguridad y la estabilidad de toda la subregión;
2. Condena los recientes ataques violentos y el creciente número de violaciones de los derechos humanos y abusos, incluidos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de la integridad física de las personas, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y arrestos ilegales, y violaciones de la libertad de prensa y de expresión, así como la impunidad generalizada;
3. Pide que se ponga término de inmediato a la violencia, a las violaciones de los derechos humanos y a la intimidación política de los opositores, y que se proceda de inmediato al desarme de todos los grupos armados aliados de los partidos políticos, de manera estrictamente conforme con el Derecho internacional y los derechos humanos;
4. Señala, en particular, que numerosos jóvenes forman parte de grupos armados que operan en Burundi, y pide a la comunidad internacional que preste especial atención a su reintegración y al fomento de su participación en un proceso político pacífico;
5. Pide que todas las partes en Burundi se abstengan de realizar acciones que pongan en peligro la paz y la seguridad en el país; condena enérgicamente todas las declaraciones públicas de incitación a la violencia o al odio contra diversos grupos de la sociedad burundesa, que pueden agravar las tensiones actuales, y pide a todas las partes que se abstengan de hacer ese tipo de declaraciones;
6. Recuerda a las autoridades burundesas su obligación de garantizar la seguridad dentro del territorio de Burundi y los derechos humanos, civiles y políticos y las libertades fundamentales, tal como se dispone en la Constitución burundesa, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos;
7. Recuerda, en este contexto, que la asociación de la UE con Burundi se rige por el Acuerdo de Cotonú y que todas las partes están obligadas a respetar y aplicar los términos del Acuerdo, en particular el respeto de los derechos humanos; recuerda, en particular, que el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú contempla la posibilidad de poner en marcha procedimientos de consulta en caso de inobservancia de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho, y celebra, a este respecto, la decisión de la UE de solicitar el inicio de consultas, tal como se dispone en dicho artículo;
8. Insta a todas las partes a que creen las condiciones necesarias para reconstruir la confianza y fomentar la unidad nacional, y pide que se reanude inmediatamente un diálogo nacional transparente e incluyente en el que participen el Gobierno, los partidos de la oposición y los representantes de la sociedad civil;
9. Hace hincapié en que ese diálogo, destinado a lograr la paz, la seguridad y la estabilidad duraderas y a restablecer la democracia y el Estado de Derecho, en interés de los ciudadanos de Burundi, debe basarse en el Acuerdo de Arusha y en la Constitución de Burundi, que exige el respeto del Derecho y los tratados internacionales;
10. Condena firmemente la violación del Acuerdo de Arusha por parte del presidente Nkurunziza al haber jurado el cargo para un tercer mandato presidencial;
11. Insta a las autoridades burundesas a que fomenten el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes masivos cometidos entre 1962 y 2008 mediante medidas judiciales y extrajudiciales, como una comisión de la verdad y la reconcialiación y tribunales especiales que promuevan la reconciliación nacional;
12. Acoge con satisfacción la labor de mediación liderada por la EAC con el apoyo de la UA y las Naciones Unidas con el fin de facilitar el diálogo entre las partes burundesas; pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que apoye también esa labor de mediación; insta al Gobierno de Burundi y a otras partes implicadas a que cooperen plenamente con el mediador;
13. Manifiesta su extrema inquietud ante el número de víctimas y de casos de graves violaciones de los derechos humanos que se han denunciado desde que se inició la crisis; insta a las autoridades competentes a que emprendan una investigación, inmediata y rigurosa, de las circunstancias y los motivos de tales crímenes y a que garanticen que los responsables sean enjuiciados; reitera que no puede haber impunidad para los responsables de violaciones o de abusos graves de los derechos humanos;
14. Pide que se derogue el Decreto 530/1597 por el que se suspenden provisionalmente las actividades de diez organizaciones de defensa de los derechos humanos, y que se levante inmediatamente el bloqueo de sus cuentas bancarias, de modo que dichas organizaciones puedan ejercer libremente sus actividades;
15. Solicita el regreso seguro de los periodistas y defensores de los derechos humanos exiliados, la reapertura de los medios de comunicación clausurados tras el fallido intento de golpe de Estado del 14 de mayo de 2015, y la retirada de los cargos que pesan contra esos periodistas, acusados de haber participado directa o indirectamente en el golpe de Estado frustrado;
16. Acoge positivamente el despliegue de expertos y observadores de los derechos humanos de la UA encargados de supervisar la situación de los derechos humanos, y destaca la importancia que reviste cooperar con ellos para facilitar la ejecución de su mandato; pide además a la Corte Penal Internacional que investigue las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el ámbito de su competencia durante la reciente crisis;
17. Acoge favorablemente las sanciones específicas aprobadas por la UE, que son coherentes con la decisión de la UA de imponer sanciones específicas, incluidas la prohibición de viajar y la inmobilización de activos de ciudadanos burundeses cuyos actos y declaraciones contribuyan a perpetuar la violencia y obstaculicen los esfuerzos realizados para lograr una resolución política de la crisis;
18. Pide a la UE que haga extensivas esas sanciones a todas las personas cuyos actos constituyan una amenaza para la paz y la estabilidad en la región al incitar al odio y violar el Acuerdo de Arusha;
19. Alienta a la UE y a sus Estados miembros, habida cuenta de la manera en que ha evolucionado la consulta pública realizada en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, a que reorienten la ayuda con el fin de reforzar la sociedad civil y, en su caso, suspendan todas las ayudas al Gobierno de Burundi;
20. Manifiesta su extrema inquietud ante la continuación del éxodo de refugiados burundeses a los países vecinos; reitera su apoyo a todas las organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno y a todos los países vecinos que acogen a los refugiados; insta a la comunidad internacional y a las agencias humanitarias a que sigan proporcionando ayuda a todos los refugiados y desplazados como consecuencia del conflicto; celebra que la UE se haya comprometido a incrementar el apoyo financiero y la ayuda humanitaria para abordar las necesidades urgentes de estas poblaciones;
21. Pide a la UA, a las Naciones Unidas y a la UE que tengan debidamente en cuenta la dimensión regional y prevengan una mayor desestabilización de la región, concretamente manteniendo un diálogo político permanente entre los países de la región; insta a la UA, en este contexto, a que examine la posibilidad de desplegar una misión de mantenimiento de la paz dirigida por África en caso de que la situación en materia de seguridad y derechos humanos en Burundi se siga deteriorando;
22. Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Burundi, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión, al Consejo, a la Comunidad del África Oriental y a los Gobiernos de sus Estados miembros, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones de la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.