Source: https://paraypormujeres.wordpress.com/asesoria-legal/trata-de-personas/
Timestamp: 2017-09-25 06:10:26
Document Index: 167822881

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 31', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 31', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 177', 'artículo 731', 'artículo 22', 'artículo 440', 'artículo 6', 'artículo 59', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 188', 'artículo 187']

trata de personas – paraypormujeres
Trata de seres humanos para la explotación sexual y laboral
Además del Código Penal, ¿qué otros instrumentos existen contra la trata de seres humanos?
¿Qué conductas relacionadas con la prostitución están sancionadas, además de la trata?
¿Es delito el tráfico de personas?
¿Qué finalidad se persigue con la sanción del tráfico de personas?
¿Es indiferente para la sanción del delito de tráfico de inmigrantes que éstos participen voluntariamente en la actividad o que por el contrario hayan sido forzados?
¿Qué se protege con el delito de trata de seres humanos para la explotación sexual?
¿Qué conductas pueden constituir trata de seres humanos para la explotación sexual?
¿Es suficiente una conducta o varias para que se castigue como delito de trata?
¿Qué pena tiene el delito de trata?
¿Qué circunstancias agravan la pena del delito de trata?
¿Qué indicios pueden hacer pensar que estamos ante un delito de trata?
¿Qué relación tiene la trata de seres humanos con la emigración ilegal?
¿Una mujer española puede ser víctima de trata?
¿Una mujer de un país de la Unión Europea puede ser víctima de trata?
¿Qué circunstancias pueden estar pasando las víctimas de trata?
¿Una mujer que ha venido a España con contrato de trabajo puede ser víctima de trata?
¿Tiene la mujer que decidir inmediatamente si denuncia a los responsables de la trama delictiva para no ser objeto de expulsión por ser inmigrante ilegal?
¿Si la víctima de tráfico ilegal de personas o trata es una mujer sin permiso de residencia y trabajo, al llegar su situación a conocimiento de la Policía ¿va a ser expulsada?
¿En qué casos las víctimas de trata pueden obtener una autorización de trabajo y residencia para las víctimas de la trata?
¿Cuál es la situación de la víctima en este periodo de 30 días?
¿Puede solicitar que se le sufrague el viaje de regreso a su país de origen?
Las víctimas de trata, para que tengan protección, ¿tienen que denunciar?
¿Cómo se protege a las víctimas de trata?
¿La víctima de trata ha de ver o declarar delante de las personas denunciadas?
¿La víctima de trata puede ser protegida para que determinadas personas no conozcan su identidad?
¿Puede la victima tener protección policial continua?
¿Las víctimas de trata pueden pedir protección para su familia que reside en un país distinto?
¿Es necesaria la presencia de la víctima de trata para realizar diligencias en el procedimiento penal o en el juicio que se celebre?
¿Si la victima de trata no comprende el idioma español tiene derecho a intérprete para su declaración ante la Policía o Guardia Civil?
¿Tiene derecho a intérprete en el Juzgado o Tribunal?
¿Tiene derecho la victima de trata a abogado o abogada defensora, y a procuradora o procurador mediante el beneficio de justicia gratuita?
¿Es aconsejable que la víctima de trata sea defendida en el proceso penal?
¿La víctima de trata ha de ser informada de las resoluciones relevantes del procedimiento penal?
¿La víctima de trata puede pedir indemnización en el procedimiento penal contra los denunciados o denunciado?
¿Cuánto tiempo, aproximadamente, puede transcurrir desde la denuncia hasta que finalice el proceso penal?
¿Las personas que han sido traficadas pueden quedarse en España?
¿Existen ayudas económicas para las víctimas de trata?
¿Qué actividad están realizando las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para ayudar a las víctimas de trata?
¿Qué recursos ofrecen las ONG a las víctimas de trata?
¿Una o un menor puede ser víctima de trata?
¿Es más grave el delito de trata si las víctimas son menores?
¿Si una persona conoce que se puede estar cometiendo el delito de trata, qué puede hacer?
¿Está castigado penalmente que una persona acceda a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero?
¿Es delito el proxenetismo?
¿Comete delito el cliente o usuario de la prostitución?
La reforma del año 2010 del Código Penal, supuso la introducción de un Titulo VII bis, dedicado al delito de la trata de seres humanos y del artículo 177 bis en el que se definen los comportamientos que serán castigados así como las penas correspondientes.
Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, lacaptare,transportare,trasladare,acogiere, recibiere o laalojare con cualquiera de las finalidades siguientes:
a víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación.
Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.
Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual (2009-2011), aprobado por el Gobierno de España el 12 de diciembre de 2008, fue el primer instrumento que, de forma integral, ha iniciado la lucha en la erradicación de la trata de seres humanos para la explotación sexual en España.
En el se definió la trata de seres humanos para la explotación sexual, en su acepción más amplia, comprendiendo tanto las múltiples formas de tráfico con fines de explotación sexual (prostitución, turismo sexual, compra de novias por correspondencia y matrimonios serviles), como la extracción y comercio de órganos y el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, tanto para realizar las labores más penosas que ofrecen nuestros mercados de trabajo – en condiciones de sometimiento – como, simplemente, para realizar trabajos domésticos desde una posición de servidumbre.
El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, de conformidad con La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo para la prevención, supresión y castigo del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños ratificados por España, asumió la definición de trata de seres humanos:“Reclutamiento, transporte, embarque o recepción de personas, por medio de amenaza, uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona para que ceda el control sobre otra con el propósito de su explotación. La explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos.
Así mismo, en 2009, España ratifica el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos, o Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005.
Actualmente, los artículos 187 y 188 del Código Penal castigan:
Cualquier conducta que suponga inducir, favorecer o facilitar que una persona menor de edad ejerza la prostitución.
Forzar a otra persona a ejercer la prostitución o mantenerse en ella, ya sea mediante el uso de la violencia física o la amenaza.
Inducir al ejercicio de la prostitución abusando de la situación de necesidad económica o vulnerabilidad por otros motivos que sufra la persona prostituida.
El proxenetismo, esto es, obtener un rendimiento económico a costa de la prostitución ajena, aunque la persona prostituida manifieste estar conforme con ello.
Se explota sexualmente a una persona cuando se oferta su cuerpo en el mercado del sexo, obteniendo beneficios económicos por ello, ya sea mediante su prostitución o mediante otras formas de comercio sexual en la que se exponen los cuerpos de terceras personas, como la pornografía.
Es la imposición de unas condiciones de trabajo especialmente lesivas, mediante engaño o abuso de una situación de necesidad.
También es un delito contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores la imposición de condiciones laborales o de seguridad social lesivas, el tráfico ilegal de mano de obra, las migraciones fraudulentas, la discriminación laboral, las limitaciones a la libertad sindical y la omisión de medidas de seguridad e higiene.
La imposición de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la obtención de beneficios de la mendicidad ajena.
No hay consentimiento de la trabajadora o del trabajador cuando existe una situación de vulnerabilidad o necesidad; la falta de alternativas económicas, el desconocimiento de los derechos, la situación administrativa irregular, la carencia de rentas sustitutivas del trabajo o de redes sociales y familiares de apoyo, la coacción, el engaño, las amenazas o el temor a perder la autorización de trabajo, pueden determinar la aceptación de unas condiciones de empleo que en realidad son impuestas y restringen, perjudican o suprimen derechos reconocidos legalmente.
Cualquier conducta que favorezca la inmigración ilegal desde, con destino o en tránsito en España o cualquier otro país de la Unión Europea, esto es, las conductas que faciliten la entrada de inmigrantes sin permiso administrativo de residencia cuando en el proceso de inmigración hay alguna conexión territorial con España u otro país de la UE.
Sí, está sancionado en el artículo 318 bis del Código Penal, que establece lo siguiente:
El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.
La defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios.
El consentimiento del inmigrante, o incluso que la conducta de favorecimiento de la inmigración clandestina se pueda realizar con fines altruistas, no excluye en ningún caso la sanción penal.
Los derechos fundamentales de las personas, entre otros la dignidad, la libertad, y la igualdad, ya que las víctimas de trata son habitualmente objeto de una doble discriminación, la de género y la que se deriva de una desigual distribución de la riqueza.
Inducir a una persona a trasladarse de su lugar de origen al lugar de destino donde va a ser explotada sexualmente en la prostitución o la pornografía, mediante:
Falsas promesas de relaciones sentimentales o persuadiéndola de que va a mejorar su nivel de vida y ocultando el fin de explotación sexual.
La violencia física, la amenaza o la coacción a la persona traficada o a sus personas allegadas.
El pago o intercambio de cualquier beneficio económico a quien tenga autoridad sobre la víctima de la trata.
Aprovechando su situación de pobreza severa o su particular vulnerabilidad por edad, minusvalía psíquica, desarraigo o cualquier otra circunstancia análoga.
Facilitar a esta persona todo lo necesario para que pueda realizar ese traslado desde el lugar de origen al lugar de destino, como documentos de identidad o visados, medios de transporte, billetes de tren, o dinero para aparentar un destino turístico.
Recibir a la víctima de trata en el país de destino, por ejemplo en el aeropuerto o la estación de tren, y trasladarla al lugar concertado con las personas que regentan el prostíbulo.
Obtener rendimiento económico de la víctima mediante su prostitución o exhibición pornográfica.
Es suficiente con una sola conducta, ya que habitualmente las organizaciones criminales que han hecho un negocio con la trata tienen distribuidas las distintas funciones entre sus miembros, aunque quien realice tal conducta, para ser sancionado, tiene que conocer que está colaborando en la trata.
La pena prevista en el artículo 177 bis, es de cinco a ocho años de prisión.
En estos casos la pena por los delitos de trata se eleva desde los 8 a los 12 años de prisión.
Son múltiples los datos y circunstancias que nos pueden llevar a identificar a una posible víctima de trata, entre los que se destacan:
Carencia de documentos de identidad, como pasaporte o permisos de residencia.
Aislamiento y confinamiento en el lugar donde se encuentra explotada laboral o sexualmente, a través de carencia de llaves de acceso, teléfonos móviles, encierro a través de muros y vallas, vigilancia en salidas, falta de acceso a recursos económicos o desconocimiento del idioma del país en que se encuentra tras estancias prolongadas.
Reticencia y desgana a la hora de hablar de su situación, habitualmente por el temor infundido por los explotadores a ser deportada o que se hagan reales las amenazas a ellas o a sus familias.
Señales de violencia física, como heridas, moratones, magulladotes o psíquica (nerviosismo, ansiedad, llanto).
Lo que no puede confundirse con el consentimiento a la explotación es el deseo de mejorar sus condiciones de vida a través de la emigración.
Habitualmente, las víctimas de trata son mujeres extranjeras que carecen de permiso de residencia o de trabajo, lo que se utiliza por los responsables de las redes de trata para garantizar el asilamiento e indefensión de las víctimas, que son los presupuestos para su explotación sexual o laboral.
Sí, tanto para su explotación sexual o laboral en España como en otro país. En la práctica es muy poco frecuente que una mujer española, por su conocimiento del idioma y del funcionamiento de las instituciones y por su integración en redes sociales y familiares de las que dispone, se den las condiciones de vulnerabilidad, aislamiento e indefensión que buscan en las víctimas los responsables de la trata.
Sí, siendo relativamente frecuentes los casos de trata de mujeres nacionales de países de reciente integración en la Unión Europea y con un deficiente desarrollo económico y social como Rumania o Bulgaria.
Aunque habitulmente para lograr introducir a la víctima en el país de destino se utiliza el “cebo” de la mejora del nivel de vida, para conseguir mantenerla en la situación de explotación los responsables de la trata recurren con frecuencia a las agresiones y amenazas, dirigidas tanto a las víctimas como a sus familiares o personas allegadas.
Sí, pues puede darse el caso de que la entrada de España esté amparada por un contrato de trabajo, por ejemplo para realizar labores agrícolas, que trate de encubrir el objetivo real de explotación sexual o laboral. Lógicamente en este último caso, si se tratara de someter a la víctima a unas condiciones de esclavitud o semiesclavitud, ésta podría acudir no sólo a la jurisdicción penal, sino también a la laboral por incumplimiento de contrato.
No. Cuando la autoridad policial competente detecte que está ante una posible víctima de trata, tiene que informarla de que tiene un periodo de reflexión de, al menos, de 30 días al objeto de decidir sobre su colaboración con la administración de justicia y proceda a denunciar.
En el momento en que la policía detecte indicios razonables de que se encuentra ante una posible víctima de trata, tiene la obligación de suspender la tramitación de cualquier decreto de expulsión e informar a la víctima de la posibilidad de obtener un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Puede otorgarse esta autorización en atención a su colaboración con una investigación policial o judicial, o también en atención a sus circunstancias personales.
Se autoriza a la víctima su estancia temporal, y la autoridad competente ha de informarle sobre los recursos para su subsistencia, su protección y seguridad.
La víctima también puede optar, en lugar de la autorización de residencia y trabajo, por retornar a su país de origen con la asistencia del estado español, quedando sin efecto el decreto de expulsión.
En la Ley Orgánica 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales, lo relevante para que una víctima obtenga la condición de testigo protegido es que se muestre dispuesta a colaborar con la justicia prestando su testimonio, habitualmente previa denuncia, tendente a incriminar a los culpables, lo que puede hacer que la víctima tema ser objeto de represalias.
Está previsto el desarrollo reglamentario de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Hasta entonces, o hasta la puesta en marcha de un programa de protección de testigos similar al que existe en países de nuestro entorno, las medidas previstas en la Ley de Protección de Testigos y Peritos son:
Que no conste en el procedimiento ningún dato identificativo de la víctima ni de las o los testigos, denominando a la víctima con un número o unas siglas.
Que al practicar cualquier diligencia en el Juzgado o fuera del mismo, se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación, mediante distorsión de la imagen o de la voz.
Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, el mismo Juzgado que esté interviniendo, el cual las hará llegar reservadamente a su destinataria/o o incluso pueden ser recogidas en la misma sede judicial
Protección policial para las víctimas.
En los casos más extremos, habitualmente supuestos de delincuencia organizada, se puede facilitar una nueva identidad a las víctimas y testigos, así como medios económicos para cambio de residencia y trabajo.
Además se puede proteger mediante las medias cautelares ordinarias previstas en la ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 13, 504, 544 bis y 731 bis) como son la prisión provisional de los presuntos culpables a la espera de juicio, las prohibiciones de acercamiento, comunicación y de residencia en determinados lugares, o que en las declaraciones que la víctima tenga que realizar en juzgados o tribunales se realicen a través de videoconferencia o evitando cualquier confrontación visual con las y los imputados que puedan intimidarla y afectar a su testimonio, así como cualesquiera otras necesarias para la protección de las víctimas.
Mediante las medidas de protección previstas con carácter general en la Ley de Protección de Testigos y Peritos y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habrán de ser acordadas por resolución judicial.
No. El artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilita que la víctima, especialmente si es menor, pueda declarar a través de videoconferencia o utilizando cualquier otro medio que evite la confrontación visual con los imputados que pueda intimidarla y afectar a su testimonio.
Sí. Así está previsto en la Ley de Protección a Testigos y Peritos, haciendo desaparecer del procedimiento al que tienen acceso las defensas cualquier dato que pueda llevar a su identidad, tanto nombre y apellidos como lugar o fecha de nacimiento, domicilio, número de documento de identidad, o filiación, denominando a la víctima con un número o unas siglas.
Sí. Así está previsto en la Ley de Protección a Testigos y Peritos, mientras persistan elementos objetivos de riesgo para la víctima como consecuencia de su testimonio incriminador en el procedimiento.
Dependerá de la existencia de convenios y protocolos de colaboración entre países. No existe por el momento un instrumento u orden general de protección que tenga eficacia internacional.
Ante las dificultades de localización de la víctima, habitualmente con escaso arraigo en España, está prevista la posibilidad de que, una vez que el atestado policial llega el juez de instrucción, se practique la declaración de la víctima como “prueba anticipada”, esto es, con intervención de las defensas para que puedan interrogar a la víctima, extendiendo el correspondiente acta o incluso grabando la declaración, por lo que este testimonio puede reproducirse en el juicio aunque no se la pueda localizar a la víctima para el acto del juicio.
No con carácter general, aunque lógicamente la Policía o Guardia Civil suele recurrir a un intérprete si es necesario para completar eficazmente una investigación policial sobre una red de trata previamente a su remisión a la autoridad judicial. El artículo 22.2 de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España sí prevé con carácter general el derecho a intérprete en sede policial en los procedimientos administrativos relativos a la expulsión o denegación de entrada de personas extranjeras no comunitarias sin permiso de residencia, situación que es frecuente en el caso de víctimas de trata.
Sí, de acuerdo con lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Quedará al arbitrio judicial. La víctima tiene derecho a que la defiendan y representen en el procedimiento tales profesionales, tal y como prevén los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero al no ser su intervención obligatoria en el caso de la víctima, al contrario de lo que sucede para las personas detenidas o procesadas, el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que sólo se nombrarán profesionales para la defensa y representación de la víctima de delitos distintos de los previstos en la ley integral para protección de víctimas de violencia de género, y al amparo del derecho a asistencia jurídica gratuita, en el caso de que una resolución judicial reconozca que este nombramiento es necesario para garantizar la igualdad de partes en el proceso. Además, la víctima deberá tener los requisitos establecidos en la citada Ley.
Es posible que determinadas Comunidades Autónomas o ciudades tengan arbitrado un convenio o acuerdo con el Colegio de Abogados o con Organizaciones de Mujeres para la atención de profesionales y su asistencia a juicio, sin coste para las víctimas.
Algunos Colegios de Abogados, como el de Sevilla, cuentan con un turno de oficio especializado en trata, al que se puede acceder en caso tener insuficiencia de recursos para litigar, cumpliendo con los requisitos para acceder a asistencia jurídica gratuita.
Sí, porque de esta forma la víctima contará con profesionales del derecho que van a defender sus intereses específicos, interesando medidas de protección eficaces y adecuadas a sus circunstancias, proponiendo pruebas tras hablar con ella, informándola de la marcha del procedimiento y recurriendo aquellas decisiones que le sean desfavorables.
Aunque no está previsto específicamente, así se deduce de la condición de testigo protegido que puede concurrir en la víctima, en cuanto a aquellas resoluciones que puedan afectar a su seguridad, como salida de prisión provisional, o permisos de salida penitenciarios que puedan afectar a su seguridad.
Sí, al igual que cualquier otra persona perjudicada por una infracción penal. La indemnización será a cargo de la persona o personas responsables criminalmente y se graduará en función de la entidad de los daños físicos y psíquicos. Estos últimos suelen ser bastante graves en los casos de prostitución forzada.
En el caso de que la condena se extienda a delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como son los de prostitución forzada o los de agresiones y abusos sexuales, que concurren frecuentemente con los delitos de trata, y las personas condenadas resulten insolventes, con arreglo a lo previsto en la ley orgánica 30/95 de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos, el Estado podrá facilitar ayudas económicas para gastos terapéuticos y para indemnizar las incapacidades temporales y permanentes que se deriven de los daños físicos y psíquicos sufridos a consecuencia del delito.
La duración de un proceso penal es imprevisible, ya que se extiende más o menos en función de múltiples variables como son la acumulación de asuntos tanto en el juzgado instructor como en el tribunal enjuiciador, la complejidad de la investigación judicial, la actividad impugnatoria que lleven a cabo las defensas, el número de personas acusadas y perjudicadas o las dificultades para su localización y emplazamiento. Un periodo de tiempo razonable entre la primera denuncia y la sentencia puede ser un año y medio, a lo que hay que añadir más tiempo en función de los eventuales recursos de apelación y/o casación que se pueden interponer.
El artículo 59 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, prevé la posibilidad de que una persona extranjera sin permiso de residencia se pueda quedar en España si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, proporcionando datos esenciales para la investigación o testificando, en su caso, en el proceso judicial contra los autores.
No está prevista ninguna ayuda económica específica a nivel estatal, por lo que habrá que estar a las que establezcan las Comunidades Autónomas u otras instituciones.
Dichas actuaciones son ofertadas por distintas Organizaciones No Gubernamentales que, mediante subvenciones concedidas por el Ministerio de Igualdad, llevan a cabo proyectos de atención a las víctimas de trata de seres humanos para la explotación sexual.
Las organizaciones de carácter estatal con más experiencia en este campo se encuentran en la página del Ministerio de Igualdad, http://www.migualdad.es y http://www.redcontralatrata.org/
PROYECTO ESPERANZA. Tel. 91.386.04.63. 607.542.515 http://www.proyectoesperanza.org.
Acogida integral a víctimas de trata o tráfico de mujeres con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios serviles, trabajos forzados, u otras condiciones de esclavitud.
APRAMP. Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida. Tel. 91.420.17.08 y 91.530.32.87. http://www.apramp.org. Acogida y apoyo integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
RED ACOGE. Federación de Asociación pro inmigrantes. http://www.redacoge.org; 91.563.37.79. Fax: 91.563.03.62. Acogida, recuperación e integración de mujeres víctimas de trata.
MÉDICOS DEL MUNDO. 91 543 60 33 y Fax 91 543 79 23. Asistencia sanitaria a mujeres en situación de prostitución.
ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS. 91.409.41.84. Asistencia jurídica gratuita en procesos judiciales por trata.
Gestión del retorno voluntario
Formación y apoyo para la búsqueda de empleo
Sí. Además en el caso de menores estaremos ante un delito de trata con independencia que el o la menor haya consentido su explotación sexual o laboral, y por tanto no se haya recurrido a los medios expresados en el nuevo artículo 177 bis: amenaza o uso de la fuerza, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad, necesidad o vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona para que ceda el control sobre otra.
Sí, está castigado con más severidad, en concreto el artículo 177 bis 4 del Código Penal establece una pena de prisión mínima de 8 años y máxima de 12 cuando las víctimas son menores.
Contactar con los servicios policiales especializados, como la UCRIF o el SAM del Cuerpo Nacional de Policía, o el EMUME de la Guardia Civil para denunciar esta situación, ayudar a la víctima a escapar y proporcionarle un alojamiento seguro ante posibles represalias y contactar con una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la asistencia a estas víctimas.
No, ya que España ha suscrito convenios internacionales que prohíben la sanción penal de las prostitutas, en concreto suscribió en 1962 la Convención Internacional de Naciones Unidas para la represión de trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949.
Obtener un rendimiento económico a costa de la prostitución ajena, aunque la persona prostituida manifieste estar conforme con ello.
Sí, según lo previsto en el artículo 188,1 del Código Penal. En la práctica judicial, se exige para la condena que el proxeneta se lucre directamente de prostituir a otra persona, excluyéndose del delito aquellas conductas que explotan indirectamente la prostitución ajena, como el alquiler de habitaciones, el arrendamiento de burdeles o el cobro de bebidas o consumiciones.
Sólo está prevista la condena penal del usuario de prostitución sobre menores de edad y ello a raíz de la reforma del artículo 187.1 del Código Penal que entrará en vigor el 24 de diciembre de 2010. Entre los países de nuestro entorno, Suecia, y más recientemente Noruega, han introducido la sanción penal para todo cliente de prostitución como un instrumento de lucha contra la trata de seres humanos con fines de prostitución.