Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-971-2004-16-02-2006-54771
Timestamp: 2018-10-18 23:27:28
Document Index: 53049979

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 124', 'artículo 48', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 77', 'artículo 79', 'artículo 61', 'artículo 127', 'artículo 82', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 16']

Resolución de TEAC, 00/971/2004, 16-02-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/971/2004 de 16 de Febrero de 2006
Núm. Resolución: 00/971/2004
Aunque se trata de una empresa de construcción que realiza obras en diversos lugares los contratos que hace a los trabajadores son contratos por obra o servicio y dichos trabajadores cobran por desplazarse desde su residencia hasta el lugar donde radique la obra. El desplazamiento desde el domicilio hasta la obra es hasta el lugar de trabajo y no implica trasladarse a un lugar distinto de aquél en el que radica el centro de trabajo, de manera que no pueden acogerse a la no tributación prevista para los gastos de locomoción, ni cabe admitir que se trata de un centro de trabajo móvil o itinerante.
En la Villa de 16 de febrero de 2006, este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto el recurso de alzada que en segunda instancia ha sido interpuesto por D. ..., en nombre y representación de ..., S. L. con domicilio a efecto de notificaciones en la ... contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... en reclamaciones nº ... y ... en relación con liquidación por retenciones a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo personal desde el último trimestre de 1996 hasta el ejercicio 1999 incluido, cuantía 274.175,04 € y la sanción que deriva de la misma.
PRIMERO: El 14 de agosto de 2001 se incoa acta de disconformidad A0270451526 a la entidad ..., S. L. por retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de trabajo, ejercicios 1996 (sólo el último trimestre) a 1999. En el acta se hace constar que la Entidad realizaba en los ejercicios objeto de comprobación la actividad principal de construcción y de las actuaciones inspectoras realizadas se deriva que la Entidad efectuó pagos a sus trabajadores en concepto de dietas, no teniendo éstas, sin embargo la naturaleza de renta exenta, estando sujetas a retención. La propuesta contenida en el acta asciende a 274.175,04 € (45.618.888 pesetas). Junto con el acta se emitió el preceptivo informe ampliatorio en el que se recogen de forma detallada los hechos y fundamentos de derecho que motivan la regularización. El interesado formula alegaciones a la propuesta que se desestiman y se dicta acuerdo de la Inspectora-Jefe, el 28 de septiembre de 2001, confirmando íntegramente la propuesta contenida en el acta.
SEGUNDO: Los hechos expuestos motivaron la iniciación de expediente sancionador por infracción tributaria grave, del artículo 79.a) de la LGT, por dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria. la propuesta sancionadora ascendía a 245.200,89 € (40.797.995 pesetas). La sanción se calculó incrementando el porcentaje mínimo (75%) en un 10-15% por aplicación del criterio de ocultación y un 10% por resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, ambos criterios previstos en el artículo 82.1 de la LGT para graduar las sanciones tributarias. Tras la presentación de alegaciones por el interesado, se dicta acuerdo de imposición de sanción que desestima las alegaciones presentadas y confirma íntegramente la propuesta sancionadora.
TERCERO: Contra la liquidación y el acuerdo de imposición de sanción interpuso la entidad interesada recurso de reposición y ambos se desestiman. Interponiendo la Entidad dos reclamaciones contra dichos acuerdos desestimatorios, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reclamación ... frente a la liquidación por retenciones y ... frente al acuerdo sancionador. Las alegaciones presentadas en relación a la liquidación se referían a la improcedencia de la liquidación porque las cantidades sobre las que se practica la regularización son dietas al tratarse de una Empresa que tiene un centro de trabajo móvil, a la deficiente motivación de la liquidación y el enriquecimiento injusto que supone para la Administración la liquidación por retenciones que no han sido practicadas. Respecto de la sanción impugnada la Entidad se refiere a la improcedencia de la misma por estar amparada su conducta en una interpretación jurídica razonable, a la improcedencia del procedimiento de tramitación abreviada, a la prescripción del derecho a sancionar los ejercicios 1996 y 1997 y a la improcedencia de los criterios de graduación aplicados. Las reclamaciones se resuelven acumuladas en sala de 10 de noviembre de 2003. En la Resolución, el Tribunal en primera instancia acuerda, desestimar las alegaciones interpuestas en relación con la liquidación y confirmar íntegramente la misma, y estimar parcialmente la reclamación contra la sanción, ordenando anular la misma y dictar otra que se calcule sin aplicar el criterio de obstrucción a la acción inspectora por no concurrir las circunstancias previstas en la norma para su aplicación.
CUARTO.- La resolución se notifica el 28 de noviembre de 2003 y el día 18 del mes siguiente interpone el interesado recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, y formula las siguientes alegaciones: 1) Improcedencia de la liquidación por retenciones calculada por la Inspección ya que la Empresa entra dentro del concepto de Centro de Trabajo móvil o itinerante y le resulta aplicable las peculiaridades previstas respecto de las dietas satisfechas por éstas, en el artículo 4 del Reglamento del Impuesto. 2) Deficiente motivación de la liquidación que impide conocer al obligado los motivos de la misma y en concreto los elementos que se han tenido en cuenta para fiar los porcentajes de retención calculados por al inspección. 3) Nulidad de la sanción que vulnera el artículo 24 de la Constitución, sin existir un auténtico procedimiento sancionador, negándose a la Entidad cualquier posibilidad de defensa. 4) Improcedencia de la sanción porque en todo caso la conducta de la interesada se ampara en una interpretación jurídica razonable, ya que la Entidad en todo momento consideró que las cantidades abonadas a empleados por desplazamientos a distintos lugares de trabajo estaban exentos de retención y 5) improcedencia y falta de motivación del criterio para graduar la sanción aplicado.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite, en el que se plantea como cuestión si resulta ajustada a Derecho la Liquidación de Retenciones de los ejercicios 1996-1999 y la procedencia de la sanción que deriva de la misma.
SEGUNDO: Respecto de la regularización efectuada por la Inspección de las retenciones por rendimientos del trabajo, se opone el reclamante a la consideración de las cantidades satisfechas a los trabajadores como renta sujeta a gravamen. La Empresa se dedica a la construcción y realiza obras en distintos lugares, tiene en realidad, según el reclamante, centros de trabajos móviles o itinerantes y los trabajadores se desplazan a municipios distintos del de su residencia habitual para realizar el trabajo, por tanto las cantidades satisfechas por la Empresa, no son sueldos, sino dietas. Al referirse la regularización impugnada a los ejercicios 1996-1999, resulta de aplicación la Ley 18/91 y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por RD 1841/19991 hasta el ejercicio 1998 y la Ley 40/98 y el RD 214/1999 para el ejercicio 1999, sin que el tratamiento fiscal de las dietas haya experimentado cambios importantes, de una normativa a otra. El artículo 25 de la Ley 18/91 establece que se incluirán entre los rendimientos de trabajo: " i) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan" por su parte el artículo 4 del Reglamento establece: "1. Se considerarán rendimiento del trabajo las dietas y asignaciones para gastos de viajes, excepto las que correspondan a gastos de locomoción y a gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería. 2. Gastos de locomoción. Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, etc., para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes: a) Si la empresa satisface específicamente el gasto realizado: (...) b) Si la empresa resarce al trabajador o empleado mediante una retribución global específica, siempre que se justifique la realidad de los desplazamientos y que la cuantía de la retribución coincida anualmente, de modo aproximado, con el total de los gastos de desplazamiento. Cuando no se justifique el importe del gasto, actuará como límite la cuantía señalada en el número 2 de la letra anterior. (....). 3. Gastos de manutención y estancia. 1. Se considerarán exceptuadas de gravamen las dietas y asignaciones para gastos de viaje que correspondan a gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor. Salvo en los casos previstos en los números 4 y 5 siguientes, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a 183 días a un municipio distinto del lugar del trabajo habitual, no se considerarán exceptuadas de gravamen las dietas y asignaciones para gastos de viaje correspondientes a gastos de manutención y estancia en el mismo. A estos efectos no se descontará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración del destino. 4. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que perciban los trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia habitual del trabajador. Y para el año 1999 resulta aplicable, el artículo 16 de la Ley 40/1998 y el artículo 8 del RD 214/1999 en términos similares.
TERCERO.- De lo expuesto se desprende que las cantidades satisfechas por las Empresas para compensar gastos de viajes tienen la consideración de rendimiento de trabajo, y están sujetos a gravamen, salvo que se trate de gastos de locomoción y de manutención o estancia, de acuerdo con lo previsto en el mismo. Como regla general para que los gastos de locomoción no tengan la consideración de rendimiento del trabajo, se deben destinar a compensar el desplazamiento del trabajador fuera de la fábrica, taller u oficina, para realizar su trabajo en lugar distinto del habitual y se tiene que justificar la realidad del desplazamiento. Si bien el apartado 4 se refiere a las empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, y el requisito para que las cantidades satisfechas por la Entidad tengan la consideración de dieta en concepto de gasto de locomoción, manutención o estancia es que se destinen a compensar los gastos por el desplazamiento para realizar el trabajo a un municipio distinto de aquel en el que radica la residencia habitual del trabajador. Es decir el régimen general exige que, para realizar el trabajo, el trabajador se tenga que desplazar a un lugar fuera de su centro de trabajo, y en el presente caso que estuviese contratado para una obra y tuviera que salir de ésta para desempeñar su labor en otro centro. Pero si se trata de centros de trabajo móviles, que se desplazan geográficamente, el trabajador se desplaza con ellos, y la norma exige que en ese caso el desplazamiento sea fuera del municipio de la residencia habitual del trabajador. De la documentación obrante en el expediente resulta que en la comprobación realizada a la Entidad quedó probado que los contratos que hace la Empresa a los trabajadores, son contratos por obra o servicio y que los trabajadores cobran por desplazarse desde su residencia hasta el lugar donde radique la obra. En los contratos de obra el lugar de trabajo, es la obra para la que se ha contratado al trabajador. Por tanto el desplazamiento desde el domicilio hasta la obra, es el desplazamiento hasta el lugar de trabajo y no implica trasladarse a un lugar distinto de aquél en el que radica el centro de trabajo, no pudiendo acogerse a la no tributación prevista en el artículo 4 para los gastos de locomoción. No cabe tampoco admitir la pretensión de la entidad reclamante relativa a ser considerada como un centro de trabajo móvil o itinerante a los efectos de aplicar el apartado 4º del artículo 4 del Reglamento, (RD 1841/91 para los ejercicios 1996-1998, y el 8.4º del RD 214/1999 para el ejercicio 1999) anteriormente citado, pues tal y como ha recogido la Inspección en la liquidación recurrida, es preciso diferenciar entre la movilidad de la actividad laboral y la de los centros de trabajo en que se desarrolla dicha actividad. En el caso expuesto la reclamante es una entidad dedicada a la construcción, sector en el que el carácter móvil o itinerante se deriva del hecho de que los trabajadores deben trasladarse a distintos lugares donde radique la obra, pero ello no implica la movilidad del centro de trabajo y del trabajador, que realizando su trabajo en el mismo centro de trabajo, se desplaza con él.
CUARTO.- Plantea también el reclamante la falta de motivación de la liquidación notificada vulnerándose lo dispuesto en el artículo 124 de la LGT. El mencionado artículo dispone: "1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión: a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan. b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos, y c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria". Visto el expediente remitido a este Tribunal, consta que la misma alegación ya se efectuó respecto del acta en el trámite de alegaciones previo a la liquidación. En ambos casos plantea el reclamante que el acto (ya sea el acta con la propuesta de regularización primero o la liquidación después) carece de los elementos esenciales que permita conocer al obligado los motivos o causas de la regularización propuesta por al Inspección, y en concreto se refiere a los distintos datos a tener en cuenta para calcular las retenciones de los trabajadores. En el acta incoada se deja constancia del motivo esencial de la regularización: la Entidad satisfizo a sus trabajadores rentas en concepto de dietas que no tienen tal consideración y por lo tanto están sujetas a retención. Y es dicha modificación en los importes satisfechos por la Entidad la que motivo la regularización y añade que se adjuntan Anexos, en los que consta los perceptores, los salarios y dietas percibidas, las retribuciones totales, la retención practicada y la retención propuesta por la Inspección, el porcentaje de retención calculado por la Inspección y el calculado por la Entidad etc. Respecto del cálculo del porcentaje de retención indica el acta que "en cuanto a los datos relativos a la situación familiar, rentas obtenidas y otros necesarios para la práctica de las retenciones, se han considerado los declarados por la propia Entidad. La propuesta de regularización deriva por tanto únicamente de las cantidades satisfechas por la entidad en concepto de dietas y sobre las que no practicó retención". La información que facilita el acta sobre la regularización es objeto de amplio desarrollo en el informe ampliatorio emitido por la Inspección a los efectos del artículo 48.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Y esta referencia está recogida y ampliada en la liquidación impugnada por el reclamante, en la que la Inspección hace una valoración de las alegaciones formuladas y desarrolla los motivos que han llevado a la Inspección a la consideración de las rentas satisfechas por la Entidad en concepto de dietas como rentas sujetas a gravamen y por tanto a la obligación de retener. Es el mayor importe de las rentas sometidas a retención el que determina el incremento de las retenciones propuesto por la Inspección, ya que para el resto de datos que tienen trascendencia para fijar los porcentajes de retención (situación familiar, retribuciones satisfechas...) aclara expresamente el acta que se han tomado los aportados por la Entidad. Se indican por tanto en el acuerdo impugnado los elementos esenciales de la liquidación a fin de que el contribuyente pueda tener conocimiento de los mismos y en su caso impugnarlos en los plazos y forma indicados, no pudiendo por tanto admitirse que el acto se encuentre deficientemente motivado.
QUINTO.- En lo referente a la sanción el reclamante formula varias alegaciones. Centrándonos en primer lugar en las referidas al procedimiento sancionador el reclamante considera que el acuerdo sancionador es nulo de pleno derecho, que el procedimiento sancionador que debió instruirse era el ordinario, que otorga al contribuyente una serie de garantías para la defensa de sus intereses, pero se siguió el abreviado y únicamente se notifico al interesado el inicio del expediente sancionador, ya con una propuesta pecuniaria y después la resolución sancionadora, negándosele cualquier posibilidad de defensa. Por lo que concierne a la utilización del procedimiento sancionador abreviado, según el artículo 34 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, procede cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción. el propio artículo 34 prevé que en esos casos la propuesta sancionadora se incorporará al acuerdo de inicio y se indicará al interesado "la puesta de manifiesto del expediente, concediéndoles un plazo de quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, justificantes y pruebas que estimen oportunos". Consta en el expediente que se cumplió dicho trámite y el interesado formuló alegaciones a la propuesta sancionadora, las cuales fueron contestadas en el acuerdo sancionador que entró a analizar cada una de ellas. En cuanto a la práctica de prueba propuesta por el reclamante, consta en el escrito de alegaciones referido que el interesado solicitó que se admitiese como prueba, la Circular -5016- emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el tratamiento que debe darse a las dietas a efectos de cotización a la Seguridad Social, circular que ya quedó referida en la resolución del TEAR que ahora se recurre y que recoge el mismo criterio que ya se ha expuesto en los Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero para determinar la exoneración de las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de dietas.
SEXTO.- Respecto de la conducta sancionada, el reclamante alega la improcedencia de sancionarla pues en todo caso se encuentra amparada en una interpretación jurídica razonable. El artículo 77 de la LGT, dispone que las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia y en este sentido el Tribunal Central ha aplicado en numerosas ocasiones la doctrina vertida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 26 de abril de 1990, acordando la improcedencia de aplicar sanciones tributarias en los supuestos en que la falta de ingreso de la deuda tributaria obedezca a una incorrecta interpretación de las normas aplicables, ocasionada por la oscuridad de éstas, y por una razonable discrepancia en dicha interpretación, premisa que no puede apreciarse que concurre en el presente expediente; ya que la conducta del obligado que la Inspección apreció constitutiva de infracción tributaria grave en virtud del artículo 79.a) de la LGT "a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Ley", es la de no haber ingresado retenciones respecto de determinadas cantidades satisfechas a empleados que estaban sujetas al Impuesto y a la obligación de retener sobre las mismas, sin que pueda admitirse la existencia de duda razonable en la interpretación de una normativa clara. Así, los distintos artículos de la Ley del Impuesto y de su Reglamento que se han expuesto, recogen la sujeción de dichas cuantías al Impuesto y a la obligación de retener son claros en su redacción y no admiten más interpretación que la que se desprende de su tenor literal. Quedando por tanto probada la concurrencia de la conducta de culpabilidad necesaria y exigida en nuestro derecho tributario para sancionar, es preciso confirmar por este Tribunal la procedencia de la sanción impuesta.
SÉPTIMO.- Por último y en cuanto a los criterios para graduar la sanción, queda pronunciarse respecto del criterio de ocultación aplicado por la Inspección y confirmado por el Tribunal en primera instancia, ya que en la resolución del TEAR recurrida se estimaba parcialmente la reclamación presentada contra la sanción y se eliminaba el criterio de graduación por resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, entendiendo el Tribunal que no concurrían los requisitos para la aplicación del mismo. En cuanto al criterio de ocultación el artículo 82 de la LGT (Ley 25/1995) dispone: "Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: (...) d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos" y respecto de este criterio el artículo 20 del RD 1930/1998 que desarrolla el régimen sancionador en materia tributaria establece: "Artículo 20. Ocultación a la Administración de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria. 1. Se apreciará que concurre la circunstancia prevista en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 16 del presente Real Decreto, cuando, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, se oculten a la Administración tributaria los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. No obsta a lo anterior el que la Administración tributaria pudiera conocer dichos datos por declaraciones de terceros o por declaraciones del sujeto infractor relativas a conceptos tributarios distintos de aquél al que se refiere la sanción, ni tampoco el que los datos omitidos figuren o no contabilizados. No se apreciará la existencia de esta circunstancia cuando el sujeto infractor haya hecho constar en su declaración todos los datos necesarios para determinar la deuda tributaria derivándose la disminución de la misma de una incorrecta aplicación, por el sujeto infractor, de la normativa tributaria".
El Tribunal Supremo ha venido construyendo en los últimos años una sólida doctrina en el ámbito sancionador específicamente tributario, en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria. Ha de rechazarse por tanto, la imposición de las sanciones con carácter automático, y este principio debe también aplicarse sobre las circunstancias que permiten graduar la sanción, especialmente en el sentido de elevar su importe. Así y en cuanto a la graduación de las sanciones por ocultación, la aplicación de este criterio no puede efectuarse automáticamente por la falta de presentación de la declaración correspondiente o la presentación de la misma de forma incompleta o inexacta, ya que esta circunstancia siempre se da cuando lo que se está haciendo es regularizar la situación tributaria de un sujeto pasivo, sino que debe también proyectarse el principio de culpabilidad a fin de eliminar cualquier atisbo de responsabilidad objetiva. En el caso expuesto la conducta sancionada deriva de la falta de ingreso de retenciones por haber considerado la Empresa como dietas exentas de tributación las cantidades satisfechas a los trabajadores por el desplazamiento desde su residencia hasta el lugar de trabajo, considerando las peculiaridades previstas en esta materia respecto de los centros de trabajo móviles o itinerantes, entre los que la Empresa manifiesta creía encuadrarse.
Estas cantidades figuraban consignadas en la declaración del Impuesto de Sociedades en concepto de "otros gastos sociales" dentro de los gastos del personal. Expuesto lo que antecede y los efectos de impedir que la imposición de las sanciones se realice con criterios automáticos, el principio de culpabilidad ha de aplicarse también sobre los criterios de graduación previstos en el art. 20 del Real Decreto 1930/1998, y en el art. 82.1.d) de la Ley General Tributaria. Procede concluir estimando las pretensiones del reclamante en el sentido de eliminar el criterio de graduación por ocultación para el cálculo de la sanción impuesta en este caso concreto y dadas las circunstancias del mismo. Debiendo por tanto calcularse nueva sanción por la Oficina Gestora que deberá dictarse prescindiendo de los criterios de graduación de sanciones que en su día fueron tenidos en cuenta por la Inspección para la graduación de la sanción (resistencia y ocultación) y atendiendo a las modificaciones introducidas por la Ley 58/2004 en materia de infracciones y sanciones tributarias.
EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ha visto el recurso de alzada que en segunda instancia ha sido interpuesto por D. ..., en nombre y representación de ..., S. L. contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... en reclamaciones nº ... y ... en relación con liquidación por retenciones a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo personal desde el último trimestre de 1996 hasta el ejercicio 1999 incluido, cuantía 274.175,04 € y la sanción que deriva de la misma . ACUERDA: 1) Estimar parcialmente el recurso de alzada presentado. 2) Confirmar la resolución impugnada en lo referente a la liquidación de retenciones IRPF 1996-1999 que la confirmaba íntegramente. Y 3) anular la sanción impuesta que se sustituirá por otra conforme a lo previsto en el último Fundamento Jurídico.
Sentencia Administrativo Nº 761/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1775/2003, 05-07-2007
Orden: Administrativo Fecha: 05/07/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gomis Masque, Ramon Num. Sentencia: 761/2007 Num. Recurso: 1775/2003
Resolución Vinculante de DGT, V2024-06, 13-10-2006
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 13/10/2006 Núm. Resolución: V2024-06