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Timestamp: 2018-03-20 17:02:38
Document Index: 299426265

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 27', 'in fine', 'artículo 17', 'artículo 520', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 41', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 41']

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I. CONCEPTO, REGULACIÓN Y PRINCIPIOS INFORMADORES
1. Finalidad rehabilitadora del menor
• En el aspecto procesal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo establecido para el procedimiento abreviado.
• En el aspecto sustantivo: el Código Penal y las leyes penales especiales. DF 1 de la LO 5/2000.
La Ley reconoce la plena vigencia del principio acusatorio en el procedimiento de menores en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2000, que establece que el Juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Cuando imponga alguna medida de privación de libertad tampoco podrá exceder su duración del tiempo previsto según lo establecido para los mayores de edad en el Código Penal.
La Ley prevé la asistencia en el procedimiento de un equipo técnico que estará adscrito al Juzgado de Menores y dependerá funcionalmente del Fiscal, con independencia de su dependencia orgánica. Pero también podrán elaborar el informe del menor, o complementarlo, las entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de los menores y que conozcan la situación del menor (artículo 27 LO 5/2000 in fine).
• La situación psicológica, educativa y familiar del menor.
• El entorno social del menor.
• Cualquier circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas que pueden imponérsele al menor.
Plazo de entrega: 10 días, prorrogable hasta un mes en casos complejos.
• Una intervención socio-educativa sobre el menor.
• La posibilidad de que el menor realice una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, indicando el contenido y la finalidad de tal actividad.
•La conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor por:
- Haber sido expresado suficientemente el reproche mediante los trámites ya practicados.
- Considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.
1. La detención. Medida cautelar limitativa del derecho fundamental a la libertad, que se llevará a cabo, por lo general, por agentes de la fuerzas de seguridad. Mientras dure la detención el menor deberá permanecer en dependencias distintas a las que utilicen los mayores de edad, y recibirá la atención social, psicológica y médica que requieran según su edad, sexo y circunstancias personales (artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2000). En la detención se deberá informar al menor de los hechos que se le atribuyen, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, según lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 17.1 LO 5/2000).
a) La puesta en libertad del menor;
b) El desistimiento de la incoación del expediente;
c) La incoación del expediente poniendo el menor a disposición del Juez de menores competente, e instando la adopción de las medidas cautelares para la defensa y custodia del menor expedientado.
2. Las medidas recogidas en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 5/2000: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, alejamiento o convivencia con otra persona. Estas medidas cautelares se adoptarán por el Juez de Menores a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal.
- Si se trata de las medidas cautelares de libertad vigilada, alejamiento y convivencia con otra persona, el Juez resuelve:
• Oído el letrado del menor, un representante del equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores.
• Teniendo en cuenta el interés del menor.
- Si se trata de la medida de internamiento, el Juez resuelve, a instancia del Fiscal o de la acusación particular:
• En una comparecencia a la que asisten también el letrado del menor, las demás partes personadas, un representante del equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores.
La Ley nada dice del plazo en el que se debe celebrar la citada comparecencia, pero dado que la situación del detenido se debe legalizar, por aplicación supletoria del art. 497 LECr., en un plazo máximo de setenta y dos horas a partir de la puesta a disposición judicial, la comparecencia deberá celebrarse en ese término.
• En atención a la gravedad de los hechos, valorando las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza.
- Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
- Instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta ley.
- Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.
- Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor.
- Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.
- Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.
- Ser oído en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor.
- Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
- Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.
La Ley no establece reglas específicas de postulación procesal. Sí menciona expresamente al Letrado en el art. 4 LO 5/2000 por lo que se entiende que deberá necesariamente actuar asistido por él, pero omite cualquier referencia al Procurador, lo que, consecuentemente, hace pensar que no es imprescindible actuar bajo su representación.
• Que la participación del menor en los hechos punibles denunciados aparezca suficientemente justificada en base al número y calidad de las diligencias de investigación reunidas.
• Que las circunstancias personales y sociales del menor aconsejen la imposición de alguna de las medidas educativas previstas en la Ley.
• La descripción de los hechos.
• La valoración jurídica de los hechos.
• Grado de participación del menor.
• Breve reseña de las circunstancias personales y sociales del menor.
• Proposición de alguna medida con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen.
• Exigencia de responsabilidad civil, en su caso.
• Proposición de la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensión.
• Si lo considera necesario, propondrá la participación en la audiencia de personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas propuestas. En todo caso serán llamadas al acto de la audiencia las personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables civiles.
- Instar en su escrito el sobreseimiento del proceso.
- Solicitar, en su caso, la práctica anticipada de diligencias de instrucción que hubieran sido denegadas por el Fiscal. Si el Juez de Menores estima esta petición, abre un trámite complementario de instrucción judicial .
- Formular escrito de alegaciones en términos semejantes a los previstos para el escrito del Fiscal y proponer prueba para celebrar en el acto de la audiencia.
a) La celebración de la audiencia;
b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones;
c) El archivo de las actuaciones por sobreseimiento cuando así lo hubiere solicitado el Fiscal;
d) La remisión de las actuaciones al Juez competente cuando el Juez de menores se declare incompetente;
e) Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes y denegadas por el Fiscal durante la instrucción, que no puedan celebrarse en la audiencia, siempre que considere que son relevantes para el proceso. Tras practicar las diligencias solicitadas, daría nuevo traslado a las partes para que mantuviesen o modificasen sus escritos de alegaciones, tras de lo cual resolvería sobre el sobreseimiento de la causa o la celebración de audiencia.
f) Dictar sentencia de conformidad: en los supuestos y con los requisitos establecidos en el art. 32 LO 5/2000.
•El Juez de Menores acuerda lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas:
- Dentro del plazo de 5 días desde la presentación del escrito de alegaciones del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles, o una vez transcurrido el plazo para su presentación (también de 5 días) sin que ésta se hubiese efectuado.
- Mediante auto de apertura de la audiencia.
• El Letrado de la Administración de justicia señala día y hora en que debe comenzar la audiencia dentro de los diez días siguientes.
• La práctica de nuevas pruebas.
• La vulneración del algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento.
• La aplicación de distinta calificación o distinta medida de las que hubieran solicitado.
• La subsanación del derecho vulnerado, o
• La continuación de la audiencia: resolviendo en la sentencia los extremos planteados.
• Propuestas y admitidas.
• Que ofrezcan las partes para su práctica en el acto, previa declaración de su pertinencia.
La Circular 1/07 de la FGEº considera de aplicación supletoria los arts. 707 y 731 bis de la LECrim. en cuanto al modo de practicar la declaración de testigos menores de edad en el acto del juicio oral.
• La valoración de la prueba.
• La calificación jurídica.
• La procedencia de las medidas propuestas. Sobre esto se oirá también al equipo técnico y, en su caso, a la entidad pública de protección o reforma de menores.
-Las medidas propuestas, procurando expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.
•Valorando:
- Las pruebas practicadas.
- Las razones expuestas por el fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor y lo manifestado por el menor.
- Las circunstancias y gravedad de los hechos.
- Los datos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del menor y su edad en el momento de dictarse la sentencia y de la circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza.
• Indicando expresamente su contenido, su duración y el objetivo a alcanzar.
- La responsabilidad civil derivada del delito: establecerá razonadamente, las bases en que fundamente la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución. (Art. 115 CP)
a) Contra las providencias y los autos de los Jueces de Menores cabe interponer recurso de reforma y, contra esta resolución, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial - (artículo 41.2 LO 5/2000).
b) Contra los autos que pongan fin al procedimiento, [tales como los autos de sobreseimiento (artículo 33 c LO 5/2000), inhibición al Juzgado de Instrucción (art 33 d) LO 5/2000)] y contralos resolutorios de modificación de medidas (artículo 14 LO 5/2000) o de adopción de medidas cautelares (artículos 28 y 29 LO 5/2000), suspensión de ejecución del fallo (artículo 40 LO 5/2000). Contra los demás autos no cabe el planteamiento del recurso de apelación.
c) Contra las sentencias de los Juzgados de Menores puede interponerse, en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial respectiva. Se trata de una apelación que se interpone por escrito ante el Juzgado de Menores y luego se torna oral ante la Audiencia Provincial mediante la celebración de una vista, siendo restringida, por cuanto tan sólo cabe proponer aquellas pruebas que, habiendo sido admitidas en la instancia, no hayan podido ser practicadas (artículo 41.1 LO 5/2000).
d) Contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Audiencia Nacional, imponiendo una de las medidas a las que se refiere el art. 10 LO 5/2000 cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 2ª del TS.
• Interposición: Arts. 873 a 879 LECr.
• Sustanciación: Arts. 880 a 883 LECr.
• Resolución: sentencia: Arts. 900 a 906 LECr.