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Timestamp: 2020-01-18 23:42:40
Document Index: 259486329

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El Portavoz, Ramón Aleu I Jornet. Enmienda núM. 1 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (gpecp)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 9 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 28 de junio de 2011.-El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 1.
Se añade un nuevo artículo después del artículo 1
Nuevo Artículo. Modificación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Se modifica el artículo 14.1, que queda redactado en los siguientes términos:
Se modifica el artículo 14.3, que queda redactado en los siguientes términos:
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.
Se modifica el artículo 10
Artículo 10. Modificaciones legales en materia de acceso a la función pública de las personas con discapacidad.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual o sensorial, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
La enmienda plantea un doble objetivo: Suprimir el requisito de compatibilidad de la discapacidad con las tareas a desempeñar, y extender la reserva especial reconocida por el redactado original, a las personas con discapacidad sensorial.
Tomando como principio general que debe ser el proceso selectivo el único instrumento para medir la capacidad individual del aspirante para desempeñar el puesto de trabajo, sea o no discapacitado, y que lo contrario resulta discriminatorio y abre espacios de arbitrariedad e inseguridad jurídica, proponemos la eliminación del requisito de la acreditación de la compatibilidad entre la discapacidad y las tareas y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo a ocupar, pues entendemos que dicha acreditación, debe hacerla, como para el resto de aspirantes, el proceso selectivo.
La idoneidad individual del aspirante con discapacidad debe valorarse como para el resto de aspirantes, en el proceso selectivo y no a priori en función de la discapacidad.
La exigencia previa de acreditar la compatibilidad entre la discapacidad y el puesto de trabajo que impone el artículo 38.3 de la Ley de integración Social del Minusválido, debe ser superada, porque es claramente discriminatoria.
En segundo lugar, dado el escaso índice de acceso de las personas con discapacidad sensorial a la función pública, proponemos extender a este colectivo, la reserva especial que introduce el último párrafo del artículo, a favor de las personas con discapacidad intelectual. Ambos colectivos, sufren aún demasiados prejuicios sociales en cuanto a su capacidad laboral, y consideramos que la discriminación positiva, debe diferenciar entre los diversos grupos de discapacitados, e incidir más en aquellos cuyo índice de integración real, sea menor.
Se añade un nuevo párrafo en el artículo 10
Se modifica el número 2 del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que quedará redactado en los siguientes términos:
2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, priorizando aquellas adaptaciones preferidas por el aspirante con discapacidad en la solicitud de participación en dicho proceso, garantizando en todo caso, el diseño universal de las pruebas, y, una vez superado dicho proceso selectivo, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
La adaptación de pruebas selectivas a la discapacidad del aspirante, deberá, siempre que sea posible, ajustarse a los medios de adaptación solicitados por el aspirante con discapacidad, a fin de asegurar el correcto y cómodo desarrollo de las pruebas.
Es indispensable además, el diseño universal de las pruebas selectivas, a fin de que los ejercicios propuestos puedan ser realizados en igualdad para todos los aspirantes.
Se añade un nuevo párrafo en el artículo 10:
Se adiciona un número 3 al artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que tendrá la siguiente redacción:
3. Se garantizará la inserción laboral digna y no discriminatoria de los empleados públicos con discapacidad, así como su formación y promoción interna. A estos efectos, las Administraciones Públicas, garantizarán la adaptación más adecuada posible según el estado de la técnica, tanto de los puestos de trabajo que desempeñen, a fin de asegurar la máxima eficiencia en el ejercicio de sus funciones, como de los cursos de formación en que participen.
Creemos que aunque el desarrollo concreto de este derecho sea reglamentario, debe haber un reconocimiento expreso en la ley de la obligación de la Administración de facilitar al empleado público con discapacidad, la adaptación de su puesto de trabajo y garantizar su promoción interna. Su movilidad, y su formación, con las debidas adaptaciones.
Se añade un número 4, al artículo 59, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la siguiente redacción:
4. Los edificios e instalaciones de las Administraciones públicas deberán ser accesibles, y posibilitar a las personas con discapacidad, la seguridad en su utilización en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, las aplicaciones informáticas de uso interno de las Administraciones públicas deberán ser accesibles para las personas con discapacidad, y cumplir las normas y recomendaciones internacionales sobre accesibilidad dentro de lo que resulte razonable según el estado de la técnica. Reglamentariamente se determinará las condiciones y plazos para llevar a cabo estas disposiciones.
La adaptación concreta del puesto de trabajo no resulta a veces suficiente, si no hay una previa política de accesibilidad y diseño universal en el funcionamiento interno de la Administración. Si las aplicaciones informáticas internas no son accesibles para los lectores de pantalla por ejemplo, porque están diseñados sin tener en cuenta los criterios de accesibilidad, muchos puestos de trabajo serán poco menos que inadaptables para las personas con discapacidad visual.
Por ello, para impulsar una política real y eficaz de integración, se debe garantizar legalmente la accesibilidad de las aplicaciones informáticas internas de la Administración. Por la misma razón, debe garantizarse por ley la accesibilidad de los edificios e instalaciones de las Administraciones públicas, a fin de que el acceso a la función pública quede garantizado al máximo para todas las discapacidades.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 19.
Se añade un nuevo artículo después del artículo 19
Nuevo Artículo. Modificación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos, para favorecer el derecho a la vivienda.
Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 57 de Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos, cuyo texto quedaría en estos términos:
1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública se reservará un mínimo del 6 por 100 de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad.
Se entiende por vivienda accesible aquella que con arreglo a la normativa sectorial sobre accesibilidad que resulte de aplicación puede ser habitada por las personas con discapacidad en condiciones de normalidad, usabilidad, seguridad y comodidad.
Las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas o a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a usos sociales de promoción de la vida autónoma como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.
En el plazo máximo de tres meses, el Gobierno presentará, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 136 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido la Ley General de la Seguridad Social, medidas para mejorar el acceso a las prestaciones por incapacidad permanente para aquellas personas con discapacidad que, con posterioridad a su contratación en un centro especial de trabajo, vean sus funciones anatómicas o funcionales agravadas, provocando, por sí mismas, o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías, una disminución o anulación de su capacidad laboral. Mejorará a su vez el acceso a dichas prestaciones para aquellos discapacitados empleados en dichos centros que puedan verse afectados por planes de reestructuración o regulaciones de empleo.
En el plazo máximo de tres meses, el Gobierno presentará, de acuerdo con el apartado 2 y 3 del artículo 161 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido la Ley General de la Seguridad Social, medidas para garantizar el acceso a la jubilación con anticipación de la edad ordinaria, para las personas discapacitadas que puedan verse afectadas por planes de reestructuración o regulación de empleo en un centro especial de trabajo.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 30 de junio de 2011.-El Portavoz Adjunto, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.
Se propone la modificación del Artículo 19 con el siguiente tenor literal:
"Artículo 19. Modificación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
"1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública, se reservará un mínimo del 6 por 100 de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad.
Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la legislación aprobada en el ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.""
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 19.
Se propone la adición de un nuevo Artículo 20 con el siguiente tenor literal:
"Artículo 20. Modificación de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.
Se añade en el artículo 3 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, un nuevo apartado 4, con esta redacción:
"4. El procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia reservará un cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad de, al menos, el 10 por 100 de las convocadas o, en todo caso, una oficina, si fueran menos de veinte las oficinas convocadas, entendiendo como personas con discapacidad a estos efectos las definidas como tales en el apartado segundo del artículo primero de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.""
A lo largo de este artículo de nueva creación se establece y regulan diversas cuestiones de especial relevancia demandadas por las personas con discapacidad y sus familias a través de sus organizaciones representativas y que mejoran el grado de inclusión en la comunidad de la ciudadanía española con discapacidad, todo ello en el sentido del artículo 19 de la Convención que consagra el derecho a ser incluido en la comunidad.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 29 de junio de 2011.-El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos. Párrafo 2º
El párrafo 2º del apartado 2 del artículo 1 queda modificado del siguiente modo:
Las medidas de defensa de arbitraje y de carácter judicial contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas velarán por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las personas con discapacidad.
Mejorar la redacción para incluir también el arbitraje que junto con las de carácter judicial, constituyen todas las medidas de defensa existentes.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 19.
Se añade al artículo 956 del Código Civil, el siguiente párrafo:
Artículo 956 del Código Civil.
El Estado garantizará que parte de las cantidades distribuidas entre las instituciones municipales y provinciales se destinen a sufragar acciones y programas de promoción de la autonomía personal por parte de organizaciones sociales, sin afán de lucro, del sector de la discapacidad de acreditada trayectoria.
Se modifica el artículo 16.3 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que quedará redactado de la siguiente manera:
No están obligados al abono de peaje los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los de las autoridades judiciales, las ambulancias, los de los servicios contra incendios, los de la propia explotación, en el cumplimiento de sus respectivas funciones específicas. Tampoco están obligados al abono de peaje los vehículos de las personas con discapacidad o destinados a su servicio que resulten titulares de tarjeta de estacionamiento de vehículo para personas con movilidad reducida emitida por el organismo competente.
Se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que quedará redactada del siguiente modo:
Las Administraciones Públicas reservarán un 5 por 100 de la adjudicación de contratos a los Centros Especiales de Empleo, o empresas que superen la cuota de reserva para personas con discapacidad. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
Se adiciona una nueva disposición adicional a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que quedará redactada de la siguiente forma:
No perderá la bonificación a la que se refiere la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo cuando los contratos temporales sean convertidos en contratos indefinidos para personas con discapacidad.
“Artículo 57.1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales, se programará un mínimo de un seis por ciento con las características constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.
Las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas o a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a usos sociales de inclusión y promoción de la vida autónoma como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.
Junto a la elevación del 3 al 6% de la reserva de viviendas con destino a personas con discapacidad, medida enormemente positivo para favorecer el acceso a la vivienda por parte de este grupo de población, en riesgo permanente de exclusión, se ha incluir la posibilidad de que estas viviendas reservadas se adjudiquen tanto a personas individualmente consideradas, que es la situación actual, como a entidades colectivas sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, para que las destinen a programas de viviendas de inclusión. Con esta ampliación se ayudaría a las entidades de la discapacidad a extender sus programas de vivienda social.
Se añade una nueva disposición adicional por la que se suprimen los apartados b) y c) del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En coherencia con el artículo 10 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y vigente en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008, que expresa que “Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.
Del mismo modo, en coherencia con el artículo 5 de la citada Convención, que consagra el principio de “igualdad y no discriminación”.
Se propone añadir una nueva disposición adicional, la séptima, al texto del Proyecto de Ley, con el siguiente texto
Disposición adicional. Adaptación normativa para alcanzar la Igual capacidad jurídica ante la Ley.
El Gobierno de España, en el plazo de un año desde la promulgación de la presente Ley, procederá a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley suprimirá todas las instituciones jurídicas actualmente vigentes que supongan merma o restricción de la capacidad jurídica por razón de discapacidad y establecerá un proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.
Para asegurar el cumplimiento del artículo 12 de la Convención, en lo relativo a la obligación de reconocer “que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 30 de junio de 2011.-El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.
Se modifica la Exposición de motivos.
“La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos, son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos.
En este sentido, la Convención, situando de modo integral a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, establece que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos. Y tomando en consideración la perspectiva de las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de una importante parte de la población mundial, que se estima en 650 millones de personas, un diez por ciento de los seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la sociedad su talento y sus valores.
Para ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual –incluida la libertad para tomar las propias decisiones-, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
La discapacidad queda configurada como la circunstancia personal y el ecosistema social resultante de la interacción del hecho diferencial de algunas personas con un entorno inadecuado por excluyente en tanto en cuanto que establecido según el parámetro de persona “normal”. En ese sentido, una sociedad abierta e inclusiva ha de modificar tal entorno solidariamente para acoger a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores que ensanchan la humanidad y le agregan valor y debe hacerlo tomando en consideración la propia intervención de las personas con capacidades diferenciadas. Para ello, adicionalmente, la Convención se constituye en el primer tratado internacional que regula la importancia de la participación de la sociedad civil.
En tal sentido han de tomarse en todo caso en consideración el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 10 establece que “en la definición e implementación de sus políticas y actividades, la Unión debe tener como objetivo combatir la discriminación basada en motivos sexuales, raciales, de origen étnico, religión o credo, discapacidad, edad u orientación sexual”, y la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2010 por la que la Unión ratificó la Convención.
Para ello, se modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, destacando el ajuste de la definición legal de “persona con discapacidad” a la contenida en la Convención. También se incorpora un nuevo supuesto de sanción accesoria en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Esta norma ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que participan las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias.”
Resulta necesario modificar la Exposición de motivos con el objeto de exponer los nuevos principios y el cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad a los que responde esta ley y la Convención Internacional. Este nuevo paradigma supone la superación de la perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una perspectiva basada en los derechos humanos, en la que se pasa a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos de derechos, ciudadanos y no meros objetos de tratamiento y protección social.
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
Formula la siguiente corrección de errores al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.(Núm. Exp. 621/000106):
- Enmienda número 20 de modificación, a la Exposición de Motivos.
En el párrafo cuarto donde dice:
Y tomando en consideración la perspectiva de las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de una importante…………
Y tomando en consideración la perspectiva de las capacidades diferenciadas de una importante……………………….
Palacio del Senado, a 30 de junio de 2011
Se modifica la Disposición final tercera
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado.”
España ha sido uno de los primeros Estados del mundo en firmar y ratificar la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el día 3 de mayo de 2008. Asimismo, ha sido el primer país en presentar el informe ante las instituciones de la ONU sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la Convención en mayo de 2010. Este informe realiza un análisis exhaustivo sobre las medidas que se han adoptado para cumplir las obligaciones establecidas en la misma y sobre los progresos realizados al respecto desde su entrada en vigor. Además, España será el primer país europeo en someterse a examen por dicho informe ante las instituciones de la ONU los días 20 y 21 de septiembre de 2011.
Respecto del contenido de la Convención, aunque la legislación española vigente ya acoge la mayoría de los principios y actuaciones regulados en la misma, ha sido necesaria la tramitación de este proyecto de ley para incorporar una serie de modificaciones legislativas que garanticen plenamente todos los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad así como la aplicación efectiva de la Convención, que ya está en vigor, por lo que la entrada en vigor de la ley no se debe diferir 20 días, sino que debe producirse el día siguiente al de su publicación en el B.O.E.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 28 de junio de 2011.-El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.
Artículo 1. Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
La Ley 51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, queda modificada del siguiente modo:
«Son personas (…/…) con los demás.
Las medidas de arbitraje y de carácter judicial contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas velarán por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las personas con discapacidad.
Se propone reforzar más eficientemente el cumplimiento efectivo de las obligaciones del artículo 4 de la Convención, en relación concordante con el artículo 13, especialmente por la finalidad de ampliar la protección jurídico-legal de las personas con discapacidad también al arbitraje.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. Dos.
Artículo 14. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
«Artículo 11. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.»
Mejora técnica y en concordancia con el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
“Disposición adicional nueva. La Administración General del Estado establecerá, en el marco de las políticas oficiales de promoción de la vivienda, líneas de ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios para la realización de actuaciones y obras de accesibilidad que se orienten a la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad y de las personas mayores.”
Se propone establecer un mandato a la Administración General del Estado para que disponga de forma permanente ayudas públicas a las comunidades de propietarios que faciliten el cumplimiento por éstas de las obligaciones de accesibilidad de sus inmuebles derivados de la nueva regulación legal.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Palacio del Senado, 30 de junio de 2011.-La Portavoz, María del Carmen Silva Rego.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Trece.
Se propone suprimir el apartado Trece del artículo 1.
El apartado Trece del artículo 1 del Proyecto de Ley, en su redacción aprobada por el Congreso, propone reducir los plazos de adaptación a las condiciones de accesibilidad fijados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
No es una modificación derivada de ninguna previsión de la Convención de las Naciones Unidas y se trata de una reducción de plazos que no se considera conveniente teniendo en cuenta que reduce significativamente el plazo actualmente previsto para que los sectores público y privado asuman los costes asociados a dicha adaptación.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. Dos.
Se modifica el apartado Dos del artículo 14, quedando redactado como sigue:
“Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, que queda redactado del siguiente modo:
En coherencia técnica con la redacción del apartado Uno.
Se propone suprimir el artículo 17, relativo a la modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para añadirle un nuevo artículo 70 bis.
El contenido del artículo 17 es contrario a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios al establecer un mecanismo de promoción de inserción social que traspasa los límites relativos a los principios y libertades básicas establecidas en el Tratado al introducir de manera indirecta una prohibición para contratar.
Además, hay que tener en cuenta el contenido de la disposición final primera b) del Proyecto de Ley, que ya prevé la promoción de la adopción de medidas encaminadas a “establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de las personas con discapacidad en la ejecución de los mismos”.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.
Se propone suprimir el artículo 18, relativo a la modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para añadirle una nueva Disposición adicional primera.
El plazo previsto es extremadamente corto para imponer una nueva obligación no prevista en la normativa vigente sobre accesibilidad, que en general ha previsto plazos mucho más prolongados.
Se propone suprimir el artículo 19.
No se acepta la modificación del artículo 57.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, relativa al incremento de la reserva de viviendas accesibles del 3% original al 6%, ya que considera correcto el porcentaje establecido en la Ley.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en su artículo 1.2.j establece que se consideran beneficiarios con derecho a protección preferente las personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, así como las familias que las tengan a su cargo.
Además, este Plan Estatal regula en sus artículos 35 a 37 el Programa de promoción de alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos.
En concreto, el punto 1 del artículo 35 señala que los alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables, se destinarán a albergar a las personas con derecho a protección preferente entre las que se encuentran las referidas en el artículo 1.2.j.
Se sustituye la Disposición adicional sexta, quedando redactada como sigue:
“Disposición adicional sexta. Medidas en favor de las personas con capacidad intelectual límite.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, estudiará la adopción de medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan recogida oficialmente esta situación”
El texto que se propone garantiza el compromiso de adopción de medidas específicas para promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, pero sin optar por una generalización indiscriminada e ineficiente de dichas medidas.