Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43612956
Timestamp: 2020-08-09 21:16:00
Document Index: 401207925

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 218', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 374', 'artículo 150', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 226', 'artículo 51', 'artículo 51']

Sentencia de Constitucionalidad nº 596/00 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43612956
V. CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA CORTE
Sentencia citada en: 124 sentencias, 7 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Demandante: C.A.M.R..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano C.A.M.R., solicito a esta Corporación la declaración de inexequibilidad de algunos apartes normativos contenidos en los artículos 86, 87, 90, 91 y 92 del Código Procesal del Trabajo; 218, 220, 221 y 224 del Código de Procedimiento Penal, 366, y 374 del Código de Procedimiento Civil.
Ser la sentencia violatoria de ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.
Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta".
La indicación de la sentencia impugnada.
La relación sintética de los hechos en litigio.
La declaración del alcance de la impugnación.
El precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado, y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea, y
El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los tribunales superiores de distrito judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda, de seis (6) años aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial.
Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación,
Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.
Vencido el término para recurrir e interpuesto oportunamente el recurso por quien tenga derecho a ello, quien haya proferido la sentencia decidirá dentro de los tres siguientes si lo concede, mediante auto de sustanciación. Si fuese admitido, ordenará el traslado al recurrente o recurrentes por treinta días a cada uno, para que dentro de este término presenten la demanda de casación. Vencido el término anterior, se ordenará correr traslado por quince días comunes a los demás sujetos procesales para alegar.
El recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos así:
La designación de las partes y de la sentencia impugnada.
Una síntesis del proceso y de los hechos, materia del litigio.
La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas del derecho sustancial que el recurrente estime violadas.
Disposiciones acusadas en materia de casación laboral.
Disposiciones acusadas en materia de casación Penal.
Disposiciones acusadas en materia de Casación Civil.
El ciudadano R.E.S.O., intervino en el proceso para coadyuvar la demanda en lo relacionado con las normas acusadas del Código de Procedimiento del Trabajo. Expone en intervención los siguientes argumentos:
El ciudadano M. de J.C.C., intervino en este proceso de constitucionalidad, para coadyuvar las peticiones de la demanda, por considerar que le jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, S.L., ha venido ignorando abiertamente los derechos de asociación sindical y los que de él se desprenden, por cuanto al pronunciarse en ciertos procesos ha desconocido la prevalencia de la negociación colectiva frente a la ley, y ha dejado de aplicar el principio de la favorabilidad laboral.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal remitió a la Corte el concepto elaborado por el doctor E.B.V.; en dicho concepto se expresa lo siguiente:
Sin embargo, "Es un hecho que el exceso de rigor técnico que la jurisprudencia de la S.L. de la Corte Suprema de Justicia ha impuesto al recurso de casación, así como las limitaciones en cuanto a la cuantía para recurrir, han causado en muchas ocasiones que en formalismo prevalezca sobre la sustancia, es decir, sobre el núcleo esencial que los trabajadores demandan ante la jurisdicción".
La Academia Colombiana de la Jurisprudencia, remitió los conceptos emitidos por los doctores H.E.Q.C., J.E.A.V. y C.F.M., en relación con el contenido de la demanda de la referencia.
- En el concepto presentado por el Dr. J.E.A.V., en relación con las disposiciones acusadas en materia de casación laboral, se considera que al contrario de la opinión del demandante, dichas normas no quebrantan el Ordenamiento Superior. En efecto:
Los artículos 98 y 92 del Código de Procedimiento Laboral, no vulneran el principio de igualdad ni impiden el acceso a la administración de justicia a los trabajadores, porque no existe discriminación de ninguna naturaleza, pues da el mismo tratamiento a situaciones distintas, o sea, que las sentencias con monto inferior a cien salarios mínimos carecen de casación para las dos partes en litigio y del mismo modo las poseen ambas, cuando excede de esa suma
- En relación con las disposiciones acusadas del Código de Procedimiento Civil, en el concepto presentado por el Dr. H.Q.C., se aduce que el artículo 218 lejos de contravenir el Ordenamiento Superior, desarrolla el mandato constitucional consagrado en el artículo 13 constitucional.
- En el concepto emitido por el D.C.F., se sostiene la constitucionalidad de las normas atacadas. Considera, de una parte, que la limitación de los recursos no implica una transgresión de la Constitución. De otra parte, la forma en que debe ser presentada la demanda, corresponde en últimas a los profesionales del derecho, personas que se han preparado por lo menos seis años para ejercer dicha carrera. En este sentido, resulta obvio entender que la presentación de una demanda de estas características, debe ser hecha por una persona idónea. Y que al igual de lo que sucede con otras profesiones, el abogado debe hacer bien su oficio.
Así mismo, no puede argumentarse que imperan las formalidades sobre la declaración de derechos sustanciales cuando el tribunal de casación se abstiene de decidir de fondo ante el incumplimiento de los requisitos en la demanda. Pues esta decisión se adopta como sanción al recurrente por la inobservancia de las reglas procesales, cuyo respeto se impone a todo el conglomerado dentro del Estado de Derecho, como garantía de legalidad y seguridad jurídica, y medio para erradicar la arbitrariedad de los funcionarios judiciales..
En conclusión, no procede declarar la inconstitucionalidad de las normas acusadas pues el legislador no tiene el deber constitucional de fijar iguales mecanismos de impugnación para todas las sentencias ya que el artículo 29 del Estatuto Superior sólo dispone como un imperativo el derecho de impugnar el fallo penal condenatorio y de tutela, el cual se verifica mediante la concesión del recurso de apelación, y además, aquel goza de libertad para fijar las causales de procedencia del recurso y los requisitos formales de la presentación de la impugnación...
2.1. La Corte no se pronunciará en relación con la expresión acusada del numeral 3º del artículo 374 del C.P.C., por existir cosa juzgada constitucional, dado que dicho precepto normativo fue declarado exequible en la sentencia C-215/94 Corte Constitucional. M.P.F.M.D... Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará estarse a lo resuelto en el mencionado fallo.
4.1. La casación, a pesar de contar desde sus orígenes, con elementos propios surgidos en los derechos romano y germano La nulidad de la sentencia surge en el derecho romano como consecuencia de algunos vicios de la actividad procesal: originariamente, pues el contenido de la decisión, el razonamiento interno con el cual el juez, en las formas legales y como conclusión de un procedimiento regular, resolvía, la controversia sometida a su juicio, no tenía repercusión sobre la validez del fallo; la existencia jurídica de éste era totalmente independiente de su justicia. Tomo I, Vol, 1, p. 53. C., P.. La Casación Civil. , se desarrolló legislativamente en Francia, mediante la expedición de la ley del 27 de noviembre de 1790, la cual creó el Tribunal de Casación. La institución se concibió inicialmente, como un mecanismo de anulación de sentencias judiciales, cuando aquéllas se apartaban de la ley.
Con el transcurso de los años la institución evolucionó y se consolidó, hasta el punto de convertirse en un recurso extraordinario Los Códigos de Procedimiento Civil (art. 365 y ss), de Procedimiento laboral (art. 86 y ss.) y Procedimiento Penal (art. 222) se refieren a la casación como un recurso. , dirigido a evaluar y asegurar la legalidad de la sentencia, a preservar el derecho sustancial, mediante la unificación de la jurisprudencia y, además, a lograr la reparación de los daños inferidos a la parte recurrente, a través del restablecimiento de sus derechos.
En cuanto al recurso de casación la Constitución, como se advirtió antes, aunque sólo se limita a establecer de modo general la competencia funcional de la Corte Suprema como tribunal de casación, lo erige como un recurso de rango constitucional, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por lo tanto, no ofrece duda que su regulación en lo que concierne con: procedencia del recurso, en razón de la cuantía del interés para recurrir, de la naturaleza de las sentencias que pueden ser objeto de éste; las formas y los términos para su interposición, su sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados Se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: C-005/96. M.P.J.G.H.; C-058/96 M.P.J.A.M. y C-619/97. C-541/98 M.P.A.B.S.
4.5. En sentencia C-017/96 Corte Constitucional. M.P.D.A.M.C., la Corte reiteró su jurisprudencia Pueden ser consultadas entre otras, las siguientes sentencias: C-345/93 M.P.D.A.M.C.;.C-017/96. M.P.J.G.H.. , sobre la libertad de que goza el legislador para regular los recursos procesales, en los siguientes términos:
"Esta Corporación ha reconocido, en múltiples oportunidades, que una regulación diferenciada del trámite de los procesos judiciales y administrativos por la ley no vulnera en sí misma el principio de igualdad. En particular, esta Corte ha señalado que los recursos son de creación legal, y por ende es una materia en donde el Legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explícitas de la Carta -como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (CP arts 29 y 86)- corresponde al Legislador instituir los recursos contra las providencias judiciales y administrativas, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectosVer al respecto, entre otras, las sentencias C-345/93 y C-005/96.".
Incluso la Corte Constitucional Se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: C-017/96; C-058/96., ha dicho en diferentes oportunidades, que el legislador puede establecer excepciones al principio de la doble instancia, salvo en materia penal en el evento de sentencia condenatoria, en aquellos casos en que por razones de racionalidad de la actividad judicial, fuero especial, o en donde las pretensiones económicas no son de cierta entidad, se justifica la única instancia.
Sobre el particular, esta Corporación Corte Constitucional. M.P.A.B.C.. se expreso así:
"Este texto normativo se ha entendido dentro del criterio de que el recurso de apelación contra una sentencia es una medida facultativa del legislador que éste bien puede establecer cuando se den ciertos supuestos fácticos y jurídicos que razonablemente la aconsejen o propicien. Ello significa que la omisión del recurso no constituye necesariamente la violación del principio constitucional de la doble instancia. El único evento en que la apelación constituye un medio de defensa ineludible y garantista del derecho a la defensa es en relación con la sentencia condenatoria en materia penal porque, como lo ha señalado la Corte, "una norma que impida impugnar las sentencias condenatorias será inconstitucional por violación del debido proceso. En todos los demás casos, la doble instancia es un principio constitucional cuyas excepciones pueden estar contenidas en la ley". Sentencia C-345/93, M.P.A.M.C..
En cuanto a las decisiones susceptibles de ser impugnadas en sede de casación, la Corte Corte Constitucional, sentencia C-056/96. M.P.J.A.M.. se ha pronunciado en jurisprudencia que hoy reitera, así:
"Estas formas propias de cada juicio son las normas procesales. D. corresponde al legislador, de conformidad con la segunda de las funciones que al Congreso asigna el artículo 150 de la Constitución: "Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones".
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de los arts. 86 y 92 del C.P.T., y 221 del C.P.P. Igualmente declarará exequibles: la expresión "cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos El Decreto Ley 522/88 permite actualizar la cuantía para recurrir en casación en materia civil cada dos años en un 40%." del inciso 1º, y los parágrafos primero y segundo del art. 366 del C.P.C.
Cuestiona el actor lo relativo al establecimiento por el legislador de causales para recurrir en casación en materia laboral, en cuanto a que debe precisarse la clase de la violación es decir, si esto ocurrió por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, o si ella proviene de la apreciación errónea o de la falta de apreciación de determinada prueba. Asi mismo, en relación con esto mismo, censura la regulación contenida en el inciso segundo del numeral 1del art. 220 del C.P.P.
En sentencia C-541/98 Corte Constitucional. M.P.A.B.S., la Corte avaló la competencia del legislador para establecer las causales de casación. En efecto expresó, al declarar exequible el numeral 2 del artículo 220 del decreto 2700/91, estableció que el legislador "al hacer uso de su atribución constitucional para establecer las causales de casación, concretamente en asuntos penales, no viola la Carta al señalar como causal de casación el motivo del numeral segundo del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, demandado."
En la sentencia C-197/99 M.P.A.B.C. la Corte se pronunció en relación con la aplicación oficiosa por el juez administrativo de las normas que reconocen derechos fundamentales, lo cual es perfectamente aplicable a la casación, en los siguientes términos:
"A la misma conclusión llegó la Corporación en la sentencia SU-039/97 M.P.A.B.C. cuando consideró que en caso de violación de derechos fundamentales es posible, aplicando directamente la Constitución Política suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, asi no se invoquen expresamente como fundamento de la suspensión las respectivas normas. Dijo la Corte en dicha sentencia:
En la sentencia SU-542/99 M.P.A.M.C. la Corte reiteró el pronunciamiento anterior, en relación con la casación penal, cuando dijo:
Examinados por la Corte los requisitos que se exigen para las demandas de casación en materia laboral, penal y civil, encuentra la Corte que no solamente ellos pueden ser establecidos autónomamente por el legislador, sino que desde el punto de vista material contienen regulaciones que imponen cargas procesales que resultan razonables y proporcionadas a los fines perseguidos por el recurso.
Los requisitos que se exigen para la formulación de la demanda de casación devienen de su naturaleza excepcional y extraordinaria, por cuanto se trata de "impedir la permanencia de la cosa juzgada concebida en las decisiones de instancia" C.B., F.. Casación y Revisión en materia Penal, p. 4., y son necesarios para que el tribunal de casación pueda ejercer un verdadero control jurídico sobre la decisión impugnada.
- En la sentencia C- 446/97 Corte Constitucional. M.P.J.A.M., al declarar exequible el artículo 226 de la C.P., en el cual se regula la admisibilidad del recurso de casación, dijo:
- En la sentencia C-586/92 Corte Constitucional. I.. la Corte, a propósito de la declaración de exequibilidad del artículo 51 del decreto 2651/91, que hace referencia a la moderación del requisito relativo a la integración de la proposición jurídica completa, exigido en las demandas de casación, se expresó de la siguiente manera:
En relación con la censura que hace el demandante sobre la carga procesal que se impone al recurrente en casación de integrar la proposición jurídica completa, se observa que el legislador atemperó el rigorismo creado por vía jurisprudencial con respecto a la exigencia de la integración de dicha proposición, pues como bien lo apunta la Corte Suprema de justicia, "si bien el artículo 51 del decreto 2651 suprimió para el recurrente la necesidad de integrar una proposición jurídica completa, tampoco puede perderse de vista que, a cambio de aquélla, dicho precepto consagró una exigencia formal sustitutiva consistente en señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza, que constituyendo base esencial del fallo impugnado, o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada" Corte Suprema de Justicia, G.J. T. CCXXXIV, semestre 1de 1995, p, 628. .