Source: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-be-es.do?init=true
Timestamp: 2019-08-20 03:55:18
Document Index: 302060055

Matched Legal Cases: ['artículo 446', 'artículo 1018', 'artículo 1022', 'artículo 1734', 'artículo 1019', 'artículo 851', 'artículo 953']

Costas procesales - Bélgica
En esta página encontrará información sobre las costas judiciales en Bélgica.
Los honorarios de los oficiales de justicia en los procedimientos civiles y mercantiles se rigen por un Decreto Real de 30 de noviembre de 1976. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el«Moniteur Belge» de 31 de diciembre de 2008.
Los textos y tarifas se pueden consultar en la lista de la Cámara Nacional de Oficiales de Justicia de Bélgica (rúbrica «Tarifs et taux d’intérêt» y luego «Toutes affaires») o en el sitio del Portal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).
Los honorarios de los oficiales de justicia en los procedimientos penales se rigen por un Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y por una Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.
Los honorarios de los abogados no están reglamentados. El abogado los fija libremente y pueden ser negociados entre cliente y abogado, pero, con todo, este último debe fijarlos dentro de los límites de una moderación equitativa. El Colegio de Abogados puede supervisar que el abogado no supere dichos límites.
Existen varios modos de cálculo: una remuneración por hora, una remuneración por prestación, una remuneración según el valor del asunto (porcentaje del valor del litigio, etc.). El artículo 446 ter del Código Judicial belga prohíbe la celebración de pactos sobre honorarios basados exclusivamente en el resultado de la intervención. El abogado debe comunicar por anticipado a su cliente el método que utilizará para calcular sus honorarios. Los honorarios de los abogados no están sujetos al IVA en Bélgica.
Costas judiciales fijas
Costas fijas de los procedimientos civiles
Costas fijas para los justiciables en los procedimientos civiles
En Bélgica, las costas de los tribunales son fijas. Las costas varían en función de la jurisdicción ante la que se incoe el procedimiento y de la etapa del proceso (primera instancia o apelación).
Las costas de los procedimientos judiciales se denominan «dépens» (gastos) y son objeto de los artículos 1017 y siguientes del Código Judicial. En el artículo 1018 se detallan las costas que forman parte de los gastos. Entre los gastos se incluyen los siguientes:
los derechos varios, de secretaría y de registro. Los derechos de secretaría incluyen los derechos de asignación de turno, de redacción y de expedición, y se detallan en el Código de los impuestos sobre actos y declaraciones registrables, sobre inscripción de hipotecas y sobre actos de los secretarios judiciales, en sus artículos 268 y siguientes;
las costas, tasas y salarios de las actas judiciales;
las costas de la expedición de la sentencia;
las costas de todas las medidas de instrucción, en particular la tasa de testigos y peritos. En relación con los testigos, el Decreto Real de 27 de julio de 1972 determina el importe de la tasa y de los reembolsos;
los gastos de desplazamiento y de alojamiento de los magistrados, secretarios y partes, cuando el juez ordena su desplazamiento, y los gastos de actas cuando se han hecho exclusivamente para el proceso;
la indemnización procesal contemplada en el artículo 1022;
los honorarios, tasas y gastos del mediador designado de conformidad con el artículo 1734.
El artículo 1019 establece que los derechos de registro que entran en los gastos incluyen:
el derecho fijo general,
los derechos fijos específicos y
los derechos sobre las sentencias de condena, liquidación o colocación de sumas o valores mobiliarios.
En algunos casos, cuando el demandante o la persona que interviene en el procedimiento no es de nacionalidad belga y el demandado sí lo es, este último puede pedir que el demandante o la persona que interviene en el procedimiento deposite una fianza para garantizar el pago de daños y perjuicios resultantes del proceso, a menos que exista un convenio internacional que prevea una dispensa y en casos especiales. Esta fianza está contemplada en el artículo 851 del Código Judicial.
Asimismo deben tenerse en cuenta, en su caso, las costas del oficial de justicia, de los abogados (véase más arriba) y de los traductores e intérpretes (véase más abajo).
Momento del procedimiento civil en que una parte debe abonar las costas fijas
Algunas costas deben abonarse antes de interponer la acción, como, por ejemplo, el derecho de secretaría, que se percibe en el momento de la asignación de turno.
Las costas que se generan durante el procedimiento suelen percibirse mientras este se desarrolla.
Para algunas costas es necesario constituir una garantía. De este modo, a los expertos se les paga mediante la garantía constituida por la parte que solicitó la medida de instrucción. Asimismo, el artículo 953 prevé que la parte que solicita la audiencia de un testigo debe entregar al secretario, antes de dicha audiencia, una garantía que represente el importe de la tasa y el reembolso de los gastos (de desplazamiento, etc.).
En ocasiones, las costas de justicia son avanzadas por el abogado y se incluyen en su minuta de gastos y honorarios.
Costas fijas de los procedimientos penales
Costas fijas que deben abonar todas las partes de un procedimiento penal
La cuestión de las costas fijas en los procedimientos penales se rige por los artículos 91 y siguientes del Decreto Real de 28 de diciembre de 1950.
Momento del procedimiento penal en que una parte debe abonar las costas fijas
Costas en materia constitucional
Costas fijas para los justiciables en un procedimiento constitucional
La única costa a cargo de las partes en un procedimiento constitucional son los gastos de envío por correo certificado.
Información previa que deben portar los representante procesales (su abogado)
Información sobre los derechos y obligaciones de las partes
Las normas deontológicas imponen a los abogados la obligación de informar y asesorar a sus clientes. Esta obligación implica que el abogado debe facilitar a su cliente información sobre sus derechos y obligaciones.
El abogado debe, entre otras cosas, informar a sus clientes sobre el método de cálculo de sus honorarios.
¿Dónde puedo encontrar información sobre las costas en Bélgica?
Se puede encontrar información sobre este tema en el sitio del SPF de Justicia, en el sitio de la Comisión de Modernización del Orden Judicial (rúbrica «Info juridique») o en los sitios Web de las diversas profesiones jurídicas.
Dicha información se puede encontrar asimismo en los textos reglamentarios o mediante petición a la secretaría o a un abogado.
¿En qué lenguas se puede encontrar información sobre las costas en Bélgica?
Esta información está disponible en neerlandés y en francés.
¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación/conciliación?
Se puede encontrar información sobre la mediación en el sitio del SPF de Justicia (rúbrica «Publications»), así como en el sitio de la Comisión Federal de Mediación.
Véase supra.
¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procedimientos?
Un abogado podrá proporcionarle información sobre la duración estimada de su procedimiento. Dicha duración varía en función del tipo de procedimiento que desee abrir y del Tribunal ante el que desee llevar a cabo la acción.
Un abogado podrá darle información sobre el coste estimado de su procedimiento. Los gastos varían en función del tipo de procedimiento que desee abrir y del Tribunal ante el que desee llevar a cabo la acción.
¿Dónde puedo encontrar información sobre este tema? ¿Qué tipos se aplican?
En los lugares donde se publica información sobre las costas, estas no incluyen el IVA. El tipo imponible del IVA es del 21 %.
¿Cuáles son los ingresos máximos para obtener asistencia jurídica en materia civil?
Esta cuestión se encuentra regulada por los artículos 508/1 y siguientes del Código Judicial belga.
La asistencia jurídica de primera línea es gratuita para todos. Se trata de un primer asesoramiento jurídico, es decir de:
información jurídica,
un primer asesoramiento o la remisión a una organización especializada.
Este primer asesoramiento corre a cargo de profesionales del Derecho y es totalmente gratuita, independientemente de los ingresos de que disponga.
La asistencia jurídica de segunda línea permite a aquellas personas cuyos ingresos no les permiten sufragar la intervención de un abogado obtener la asistencia gratuita o parcialmente gratuita de un abogado. Un abogado le asistirá para asesorarle y defenderle. El Decreto Real de 18 de diciembre de 2003 determina las condiciones de gratuidad total o parcial de la asistencia jurídica de segunda línea y de la asistencia judicial.
Los beneficiarios de la asistencia jurídica totalmente gratuita debido a su situación social son:
Todas las personas solas, cuya renta mensual neta sea inferior a 944 EUR.
Todas las personas solas con personas a cargo, cuya renta mensual neta sea inferior a 1213 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
Todas las personas que forman pareja (en régimen de matrimonio o cohabitación) cuya renta familiar mensual neta sea inferior a 1213 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
Todas las personas que perciben una renta de integración social o un subsidio de ayuda social.
Todas las personas que perciben una garantía de renta para las personas mayores (GRAPA).
Todas las personas que reciben subsidios de sustitución de ingresos a las personas con discapacidad a las que no se haya concedido el subsidio de integración.
Todas las personas que tengan a su cargo un menor beneficiario de las prestaciones familiares garantizadas.
Todos los inquilinos de viviendas sociales que, en las regiones flamenca y de Bruselas-Capital, paguen un alquiler igual a la mitad del alquiler de base, o que, en la región valona, paguen un alquiler mínimo.
Todos los menores de edad.
Todos los extranjeros para la presentación de una solicitud de permiso de residencia o de un recurso administrativo o judicial contra una resolución dictada en aplicación de la legislación en materia de acceso al territorio, la residencia, el establecimiento y el alejamiento de extranjeros.
Todos los solicitantes de asilo, todas las personas que presenten una declaración o una solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado o que introduzcan una solicitud del estatuto de persona desplazada.
Las personas que hayan iniciado un procedimiento de liquidación colectiva de deudas o que deseen presentar una solicitud de liquidación colectiva de deudas.
Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita debido a una presunción de insuficiencia de ingresos (esta presunción puede ser anulada) son:
Todas las personas detenidas o acusadas contempladas en la Ley sobre la comparecencia inmediata de las que se suponga, salvo prueba en contrario, que no cuentan con recursos suficientes.
Todas los enfermos mentales que hayan sido objeto de una medida contemplada en la Ley de 26 de junio de 1990 sobre la protección de los enfermos mentales, de los que se suponga, salvo prueba en contrario, que no cuentan con recursos suficientes.
Los demandados contemplados en la Ley sobre la comparecencia inmediata.
La intervención es parcialmente gratuita (en este caso, el abogado puede solicitar una intervención moderada para sufragar sus prestaciones) para:
Todas las personas solas cuya renta mensual neta se sitúe entre 944 y 1213 EUR.
Todas las personas solas con personas a cargo, cuya renta mensual neta se sitúe entre 1213 y 1480 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
Todas las personas que cohabiten con su cónyuge o con cualquier otra persona con la que formen una unidad familiar y cuy renta familiar mensual neta se sitúe entre 1213 y 1480 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
Las cantidades indicadas se adaptan anualmente a la evolución del índice de precios al consumo.
La asistencia judicial se refiere a las costas judiciales. Si el cliente no cuenta con medios suficientes para sufragarlas, puede dirigirse, personalmente o a través de su abogado, a la Oficina de Asistencia Judicial. En función de su grado de insolvencia podrá ser exento, total o parcialmente, del pago de las costas de oficial de justicia, de perito, etc. Esta materia se rige por los artículos 664 y siguientes del Código Judicial.
¿Cuáles son las condiciones para obtener la asistencia jurídica cuando una persona es acusada en un proceso penal, ya sea en calidad de víctima de la delincuencia o en calidad de acusado?
Las condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en tanto que persona acusada en un proceso penal, ya sea en calidad de víctima o en calidad de acusado, son las mismas que las que figuran más arriba.
¿Existen procedimientos exentos de costas?
Sí, por ejemplo, el procedimiento destinado a obtener una liquidación colectiva de deudas o la posibilidad de litigar sin costas.
¿Cuando tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?
De conformidad con los artículos 107 y siguientes, las costas que constituyen los gastos (costas de oficial de justicia, de peritos, de tribunales, etc.) en principio corren a cargo de la parte perdedora, una vez dictada la sentencia.
Una intervención a tanto alzado en las costas y honorarios de abogado de la parte vencedora forma parte de los gastos que corren a cargo de la parte vencida. Esta intervención se denomina «indemnización procesal» y se trata de una intervención a tanto alzado que se calcula mediante un baremo establecido en función del valor del litigio. No incluye necesariamente la totalidad de los gastos de honorarios. El Decreto Real de 26 de octubre de 2007 determina los importes de la «indemnización procesal». Estas cantidades consisten en importes mínimos y máximos, y corresponde al juez establecer el importe de la indemnización entre ambos valores.
En algunos casos, el Tribunal puede no condenar a la parte vencida a pagar los gastos, sino que resuelve de otra forma esta cuestión (por ejemplo, mediante el reparto de costas).
Cuando el acusado y las personas civilmente responsables son condenados, las costas del procedimiento corren en principio a su cargo, al igual que una indemnización procesal (intervención a tanto alzado en las costas y honorarios de abogado de la parte vencedora; véase supra la sección «En materia civil y mercantil»). En cambio, si los acusados y las personas civilmente responsables no son condenados y la parte civil sale vencida, esta puede o debe ser condenada a pagar total o parcialmente las costas de procedimiento del Estado y del acusado, así como una indemnización procesal. En algunos casos, las costas de procedimiento corren a cargo del Estado. Estas normas se recogen en el Código de Enjuiciamiento Criminal.
Los derechos de los peritos no están regulados, y estos pueden fijar libremente su importe. El juez controla los derechos de forma marginal (pues puede intervenir en caso de desacuerdo entre las partes y el perito), pero no existe un texto legal que fije las cantidades a las que deben corresponder los derechos de los peritos. Esta materia se rige por los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, así como por el Decreto Real de 24 de mayo de 1933.
El Decreto Real de 14 de noviembre de 2003 fija, no obstante, la tarifa de los derechos y gastos de los peritos designados para las jurisdicciones de trabajo en el marco de los peritajes médicos sobre:
los litigios relativos a los subsidios para las personas con discapacidad,
las prestaciones familiares de los trabajadores asalariados y los trabajadores por cuenta propia,
el seguro de desempleo y
el régimen de seguro obligatorio de enfermedad y sus indemnizaciones.
Los derechos de los peritos en los procedimientos penales se rigen por el Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y la Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.
Los textos pueden consultarse en el sitio de la Comisión de Modernización del Orden Judicial (rúbrica «Info juridique» - «Professionnels» - «Tarifs» - «Frais de justice») o en el sitio del Portal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).
En ocasiones es necesario recurrir a los servicios de un traductor o un intérprete durante el procedimiento. Por ejemplo, cuando se presentan documentos en una lengua distinta a la utilizada en el procedimiento o cuando un testigo se expresa en otra lengua. También cuando una parte habla una lengua distinta a la utilizada en el procedimiento y no comprende esta última o bien cuando el juez no comprende la lengua que utiliza esta parte. Las normas aplicables se recogen en la Ley de 15 de junio de 1935 sobre el empleo de lenguas en materia judicial.
Los honorarios de los traductores e intérpretes en los procedimientos penales se rigen por el Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y la Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.
Comisión de Modernización del Orden Judicial
Informe de Bélgica relativo al Estudio sobre la transparencia de las costas (829 Kb)