Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0360-D-2019
Timestamp: 2019-12-09 04:24:09
Document Index: 407037548

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 80', 'artículo 102']

Expediente 0360-D-2019
Sumario: COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA EL ANALISIS, EVALUACION E INVESTIGACION DE HECHOS REFERENTES A IRREGULARIDADES Y POSIBLES ILICITOS COMETIDOS EN EL AMBITO DEL SECTOR PRIVADO O PUBLICO REFERIDO AL VACIAMIENTO DE REPSOL YPF S.A. CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA.
1°) Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público, y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo relativo al vaciamiento de Repsol YPF S.A.
En especial la comisión deberá avocarse a:
a) Analizar las posibles violaciones u omisiones de un actuar diligente en cuanto a los mecanismos de control de reservas de hidrocarburos, la especulación financiera de la compañía y la manipulación de los balances que han sido aprobados por funcionarios del Poder Ejecutivo y síndicos de la SIGEN.
b) Evaluar en términos económicos los alcances del convenio con Repsol, así como también su eficacia y eficiencia.
c) Evaluar la tasación impuesta por el Tribunal de Tasación de la Nación a los efectos de determinar los alcances de aquella, ejerciendo un control legal y financiero.
d) Proponer modificaciones a los mecanismos de control utilizados por los distintos entes que ejercen o deben ejercer funciones de control sobre las reservas de hidrocarburos.
e) Evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional en el proceso para determinar el valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol, en virtud de la expropiación realizada de acuerdo a la ley 26.741. Todo ello, teniendo en cuenta las maniobras denunciadas en estas actuaciones que produjeron la descapitalización de la empresa YPF S.A., así como también las conductas "depredatorias" en perjuicio de las reservas de gas y petróleo, y la "manipulación" del valor de sus acciones efectuada a los fines de provocar ad hoc "movidas financieras". Dichas acciones fueron observadas por las autoridades de las sociedades titulares de la citada empresa, a cuyas participaciones haremos referencia.
f) Evaluar la conducta de los Sres. Miguel Matías Galuccio, Axel Kicillof y Carlos Alberto Zannini por la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 249, 265 y siguientes del Código Penal y/o los que considere se puedan configurar en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que en adelante expondré.
g) Proponer modificaciones a la legislación que propenda a combatir eficazmente las conductas irregulares que llevaron a la situación actual de YPF.
La enumeración precedente no es taxativa, pudiendo la Comisión ampliar la investigación a otros casos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con la estructura de complicidad entre grupos del sector privado y órganos de control del Estado, en los que se habrían producido violaciones a normas legales vigentes.
2°) La Comisión estará conformada por 15 Diputados a instancia de los Bloques Legislativos, respetando la proporcionalidad política. En ningún caso, un mismo partido o bloque podrá proponer más de 5 diputados, propiciando así la pluralidad de voces y la representación de las minorías.
3°) La Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos y dictará su propio reglamento interno debiendo garantizarse la plena vigencia de todas las garantías y derechos constitucionales. El reglamento interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes los miembros de la Comisión.
4°) El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La Comisión tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, salvo aquellas para las que la presente ley establezca expresamente una mayoría calificada.
5°) La Comisión investigadora tendrá su sede en el Congreso de la Nación. Sin embargo, podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina o de otros países.
6°) A los efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la Comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación.
b) Requerir y recibir declaraciones testimoniales, y efectuar careos cuando se lo considere necesario.
c) Solicitar al juez que por turno corresponda el auxilio de la fuerza pública en los casos de citación a testigos renuentes a declarar.
d) Realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de sus resultados.
e) Solicitar informes escritos u orales, y el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o municipal, o de entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, así como también a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.
f) Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.
g) Ordenar la realización de pericias técnicas.
h) Conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados y requerir la remisión de expedientes judiciales y administrativos, o en su defecto copia certificada de aquellos. Si los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los recaudos necesarios para su garantía.
i) Requerir al juez competente el allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u otra clase de prueba vinculada a la investigación.
j) Requerir al juez competente la intervención de comunicaciones telefónicas o el secuestro o retención de documentación que pudiera tener relevancia para la investigación.
7°) Toda la documentación recibida por la Comisión será tratada acorde a la clasificación de seguridad con que viniera. Asimismo, se considerará "documentación" -además de los escritos producidos o recibidos por la Comisión- a todo impreso, fotografía, película cinematográfica o de video, discos o cintas de computación, material digital, grabaciones o discos fonográficos y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de grabación.
8°) Los requerimientos al juez de allanamientos, secuestros o intervenciones telefónicas deberán ser decididos mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión investigadora y fundados en pruebas que demuestre la existencia de un hecho vinculado directamente con el fin de la investigación.
9°) La Cámara de Diputados proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta comisión especial de investigación.
10°) La Comisión deberá elevar un informe a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados dentro de los 180 días contados a partir de su constitución, pudiendo emitirse informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo de duración de la Comisión investigadora podrá prorrogarse por resolución de esta Cámara.
El informe final precisará las responsabilidades que pudieran emerger de la investigación procediendo, en caso de advertirse la posible comisión de delitos, de acuerdo a lo establecido en el siguiente artículo. Asimismo, deberá sugerir las modificaciones normativas que estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a cabo.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Comisión procederá a informar a esta Cámara, en el transcurso de su desempeño, sobre todo aspecto que considere necesario.
11°) La comisión deberá formular la correspondiente denuncia ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados, si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delictivos.
El presente proyecto es una representación de los expedientes N° 293-D-2015, 0826-D-2017 y 0563-D-2018 de mi autoría.
1- Análisis de la Cuestión Planteada
En el año 2006, junto con la entonces diputada Nacional Fabiana Ríos, presentamos una denuncia penal -ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo- solicitando que se investigue el vaciamiento de la empresa Repsol YPF y que se indague si la compañía petrolera cometió los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros. En igual sentido, en dicha presentación solicitamos que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público - ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía- y de evasión fiscal.
En nuestra denuncia advertimos que, de acuerdo a información que ya había tomado estado público, las reservas petroleras de la República Argentina habían sufrido una importante disminución a través de los años, sin que esto responda a ningún parámetro objetivo de medición que lo justifique y sin que los representantes del Estado Argentino hayan tomado medidas al respecto.
Dijimos, entonces, que en nuestro país, anualmente, se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana, y que esta circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda la cadena hidrocarburífera, así como también de las exportaciones que se realizan de dichos productos.
En tal sentido señalamos, luego de hacer un recorrido cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo y gas natural -consignados sucesivamente-, que existía un claro indicio de manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.
En este sentido, es dable recordar que en mi intervención en el recinto al momento de aprobarse la expropiación de la compañía señalé que la compra de parte del paquete accionario de YPF por parte del grupo Petersen, que fue presentada desde el gobierno argentino como "un paso a la nacionalización" del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol YPF era el líder.
De acuerdo a lo expuesto, a través de las denuncias efectuadas ante la justicia federal, pusimos de manifiesto la realización de negocios financieros por parte de Repsol y la "preparación del terreno" para el retiro de la misma de la República Argentina una vez que el vaciamiento de YPF no dejara otra alternativa que el retiro de la empresa española y la "reacción argentina".
En la actualidad, a ya pasados muchos años de la expropiación nos encontramos ante un preacuerdo por el cual el Estado Argentino indemnizaría a Repsol sin ajustarse a las prescripciones legales que deben ser observadas a los fines de determinar si corresponde el pago. Tampoco se ha brindado información confiable a la población respecto al uso de los fondos destinados al pago del resarcimiento a una empresa cuya actuación se encontraba cuestionada.
Es importante que este Honorable Congreso de la Nación Argentina indague y se comprometa a determinar si Repsol realizó, en complicidad con la expresidente de aquel entonces, maniobras tendientes a vaciar y descapitalizar YPF, perjudicando de esta manera al Estado Argentino. Esta circunstancia se acentuaría con el posible pago de una indemnización millonaria a la empresa que generó los perjuicios que describí largamente en mis presentaciones ante la Justicia.
Ante la situación planteada, es posible conjeturar que si la Justicia argentina y nuestro Parlamento hubiesen investigado el vaciamiento denunciado desde 2006, hoy no nos encontraríamos ante el pago millonario con dinero de todos los argentinos a una empresa depredadora de nuestros bienes y recursos.
1. a- El valor de la expropiación. Los incumplimientos a las leyes 21.499 y 26.741
En este punto -y ya para analizar las falencias en el proceso llevado a cabo con el objeto de determinar el monto con el cual se indemnizará a Repsol- consideramos preciso hacer un análisis de las leyes que regulan la expropiación de YPF en particular, y el régimen de las expropiaciones en general.
La ley 26.741 fue sancionada y promulgada en el mes de mayo de 2012 con el ambicioso título "De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina". Esta ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de las acciones de la empresa YPF S.A. pertenecientes a Repsol YPF S.A. El mismo cuerpo normativo determina, en su artículo 12, que la tasación de los bienes sujetos a expropiación debe ser efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Sin embargo, a un año y medio de su sanción, encontramos que partes fundamentales de la ley son letra muerta, puesto que la determinación de la cuantía de la indemnización podría establecerse sin tomar en cuenta las disposiciones contempladas en este cuerpo legal. De esta manera, la empresa Repsol sería premiada con una indemnización cuyo valor se determinará sin la intervención del organismo facultado a tal efecto.
En mi opinión, el pago de una indemnización a Repsol constituiría un enriquecimiento sin causa en virtud de las estratagemas realizadas que posibilitaron la descapitalización y el vaciamiento que se describieron largamente en estas actuaciones y sobre las que volveré a explayarme a lo largo de la presente.
Volviendo a la letra de la ley, como ya expresamos, el valor de los precios de los bienes sujetos a expropiación debe ser determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuya misión es establecer valores objetivos para la adquisición, enajenación, locación o registro contable de bienes, ante el requerimiento del Poder Judicial de la Nación o de organismos municipales, provinciales, nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales el Estado Nacional forme parte, para sí o para aquellos entes a los cuales supervisan, controlan o auditan (1) .
Sin embargo, lejos de determinarse el precio en forma transparente y con la debida publicidad con la que debe tratarse el manejo de los fondos públicos, nos encontramos ante una negociación que se realiza en penumbras, sin que la población pueda conocer las condiciones en las que se le pagará a la empresa corresponsable junto a la administración kirchnerista del vaciamiento y la depredación de YPF.
En tal sentido, es indispensable tener en cuenta que, a pocos días de concretarse la indemnización, no se conoce el valor establecido por el Tribunal de Tasaciones y ni siquiera se sabe a ciencia cierta si este organismo ha intervenido en una valuación en la que debe participar por mandato legal.
Nos encontramos, entonces, ante un claro apartamiento de la normativa dictada para el caso particular que nos ocupa, coyuntura que, a nuestro entender, reviste una inusitada gravedad. Como es del conocimiento de la vasta ilustración de esta Cámara de Diputados, no es potestad del Poder Ejecutivo apartarse del imperativo establecido por la ley y, mucho menos, es su facultad determinar los parámetros de la cuantía de la indemnización con la que se "premiará" a Repsol.
Una clara muestra de la inobservancia por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo en el período de administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la normativa de aplicación, fue la declaración del propio ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, quien insólitamente se amparó en cuestiones de confidencialidad para no dar detalles del preacuerdo alcanzado por Repsol para indemnizar a la compañía española por la expropiación de las acciones que poseía. Estas declaraciones muestran a las claras los parámetros con los que se manejó la relación con Repsol durante toda la administración de la ex presidente, siendo aquellos la falta de publicidad en el manejo de los fondos de los argentinos, la impunidad de la empresa española para manejar recursos naturales, la inobservancia de la normativa y la falta de un control efectivo por parte del Estado Argentino.
En este mismo sentido, diversos medios de comunicación dieron cuenta que, según una propuesta del Ministro de Industria español, a los fines de facilitar el proceso de justipreciar la indemnización por la expropiación de Repsol, la empresa española nombraría un banco de inversión e YPF designaría otro para facilitar el proceso. Esta operatoria no sólo se aparta de lo preceptuado por la ley 26.741, sino también de toda la normativa aplicable al régimen de las expropiaciones.
De esta manera, la ley 21.499 establece que, en los casos de no haber acuerdo acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, deberá sustanciarse a través de peritos que deben ser sorteados en la instancia judicial. Entonces, de acuerdo a la legislación argentina, las entidades bancarias no pueden determinar el valor de la indemnización que se pagará. Asimismo, tampoco puede hacerlo el Poder Ejecutivo por más que proceda la instancia jurisdiccional internacional porque, de hacerlo, implicaría apartarse de la normativa que regula el procedimiento en nuestro país.
En cuanto a la expropiación -y a los efectos de sostener doctrinariamente nuestra denuncia- cabe recordar que se entiende por expropiación al "(...) medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública...". (2)
La expropiación es un procedimiento extraordinario y de excepción. Por lo tanto, no puede ser utilizado como un medio de especulación oficial ni de enriquecimiento injusto, de ahí que no se puede lucrar con el beneficio que se obtenga. El beneficio pecuniario o la especulación financiera, que resulta evidente este caso, no quedan incluidos en el concepto de utilidad pública. (3)
De lo expuesto precedentemente se desprende que nos encontramos ante incumplimientos de la formalidad establecida por la legislación que profundizan la matriz de vaciamiento descripta en la presente denuncia, lo cual debe ser investigado por la justicia.
1. b- El cambio de posición del Gobierno Nacional. Los roles de Galuccio, Kicillof y Zaninni. La intervención de Felipe González
Como es de dominio público, el entonces Gobierno Nacional celebró pomposamente la "nacionalización" de YPF. En efecto, los discursos oficiales reivindicaron la soberanía nacional además de fustigar largamente la gestión de Repsol al frente de la petrolera argentina.
Además, el ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, según una información publicada el lunes 23 de abril de 2012 en el diario La Nación -días antes de la sanción de la ley 26.741-, aseguró que una vez que intervenga el Tribunal de Tasaciones, el Estado Argentino nada debería pagarle a la empresa española.
Cabe preguntarse, entonces, cómo es posible que a sólo diecisiete meses de la afirmación del Ministro haya habido un cambio tan radical en la postura del Gobierno Nacional sobre este tema. Asimismo, también resulta difícil de comprender cómo el Gobierno Nacional cambió de posición, puesto que antes decía que no se le iba a pagar a Repsol -alegando que no correspondía hacerlo- y ahora pretende pagarle 5 mil millones de dólares sin observar los procedimientos establecidos por una ley sancionada hace poco más de un año.
Como señalaron diversos medios de comunicación y como informó un comunicado oficial -enviado desde la casilla de mail del Ministerio de Economía- los negociadores argentinos, a los fines de establecer el valor de la indemnización a Repsol, fueron el ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quienes en el edificio de la empresa -ubicado en Puerto Madero- cerraron el principio de acuerdo con la petrolera española.
Según ratificaron en YPF, el CEO de la petrolera, Miguel Galuccio, estuvo ajeno a la propuesta económica. Sin embargo, tuvo un rol muy activo en las negociaciones. En octubre de 2013 se reunió con el ex presidente español Felipe González, quien era lobbista de Gas Natural FENOSA (GNF) -empresa en la que tiene participación el magnate mexicano Carlos Slim-, en ocasión de la visita del ex socialista a nuestro país. Es dable señalar que GNF tiene intereses en común con YPF, puesto que Caixa tiene el 35,3% de sus acciones y, a su vez, el 13% de Repsol.
A fines de aquel mes Galuccio viajó a España donde se reunió con el entonces Ministro de Industria, José Manuel Soria, y prometió a la prensa una solución antes de fin de año. Más tarde Soria llegó a nuestro país a cerrar el acuerdo junto a directivos de Repsol, de La Caixa y de la mexicana Pemex, también inversora en la petrolera española.
Galuccio insistió en una compensación a Repsol para evitar litigios y favorecer la llegada de inversiones privadas en el reservorio Vaca Muerta. Kicillof, en cambio, pugnaba por no pagar más de lo que dictara el Tribunal de Tasación, que nunca se expidió.
Esta compleja trama de multimillonarios intereses empresariales podría ser uno de los motivos del abrupto cambio de postura del gobierno, incluso de los integrantes del núcleo más duro del gobierno como Axel Kicillof. Considero que un negociado millonario como el señalado explicaría, además, la premura por indemnizar a la empresa y el apartamiento de los procedimiento establecidos por la ley.
Por ello, es necesario que este Honorable Congreso de la Nación Argentina investigue la actuación de los funcionarios argentinos Miguel Galuccio, Carlos Zannini y Axel Kicillof en esta trama ya que considero que en ella se podría haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública.
1. c- El valor de las acciones de YPF
Otro aspecto a tener en cuenta es que el valor de las acciones de YPF alcanzó después de la expropiación un valor más alto, superando largamente el coste que tenían al momento de la expropiación y en los meses subsiguientes.
Considero que esta coyuntura también es perjudicial para el erario público, puesto que el cálculo del valor de la indemnización -en el cual el precio de las acciones es trascendental- debió haberse realizado al momento de la expropiación cuando aquellas estaban muy por debajo del valor actual.
Más allá de poseer elementos que me permiten arribar a la conclusión que Repsol no puede ser acreedora de alguna indemnización -en virtud de las maniobras de vaciamiento llevadas a cabo con el aval de la administración kirchnerista, por acción u omisión-, el pago de una compensación tomando las acciones con un valor muy superior al del momento de la expropiación, también constituye un perjuicio para el Estado Argentino y un enriquecimiento sin causa para Repsol, cuyos responsables deben ser investigados por la justicia.
Por lo tanto, podemos afirmar que nos encontramos ante el último acto de la tragedia cuyo argumento es el vaciamiento y descapitalización de la empresa YPF, con las funestas consecuencias que ello trae para la política energética en nuestro país.
Tal como se señaló en la denuncia oportunamente presentada y en las respectivas ampliaciones de aquella, la empresa Repsol llevó a cabo -en complicidad con el gobierno que asumió en el año 2003- una política que culminó con el agotamiento y la entrega de los recursos naturales petroleros. Considero que esta política forma parte de una estratagema pensada y diseñada cuyos responsables deben ser investigados por la justicia a los fines de deslindar responsabilidades.
Como conclusión de este proceso, nos encontramos ante el supuesto pago de una indemnización -a la cual se llega sin cumplir con los pasos establecidos por la ley vigente- con la posible intervención de actores del sistema financiero elegidos a dedo y, básicamente, sin poder establecer los fundamentos que llevan a determinar los motivos por los cuales el Estado Argentino le pagaría a Repsol la suma de 5 millones de dólares. Dicha circunstancia se transformaría en un enriquecimiento sin causa de Repsol, en virtud de los numerosos incumplimientos en los que ha incurrido la empresa española.
A mayor abundamiento, es importante hacer un análisis de los antecedentes que concluyeron en la expropiación y en la posterior negociación con Repsol YPF.
En el año 2006 -durante el tratamiento de la ley 26.154 que estableció regímenes promocionales por plazos de 15 años para la exploración y explotación de hidrocarburos a empresas que se asociasen con Energía Argentina S.A. (ENARSA)- advertimos en esta Cámara de Diputados sobre varias cuestiones relacionadas con el tema.
La crisis energética, el cambio climático, la crisis mundial que se avizoraba para el año 2010 y su implicancia en materia energética fueron objeto de mi intervención en el recinto.
En aquella oportunidad hicimos referencia especial al rol de Repsol YPF en nuestro país, explayándonos respecto de circunstancias graves y preocupantes que debían ser de conocimiento de todos, pero de lo que, sin embargo, no se hablaba. Advertimos sobre la desinversión que Repsol realizaba en su filial Argentina; que su actividad en nuestro país se trataba de un negocio financiero y no petrolero; sobre sus engaños al declarar reservas probadas cuando en realidad eran probables; y sobre la utilización de la renta extraordinaria obtenida en nuestro país para invertirla en sus exploraciones en el exterior. Todas estas cuestiones, como lo señalamos entonces, ya habían sido denunciadas ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
A continuación nos permitimos transcribir la citada intervención -correspondiente a la Sesión Ordinaria del 13 de septiembre de 2006- que resultó reveladora de lo que se anunciaba, más que como probable como inevitable, si no se tomaban medidas que permitieran desandar el camino que se había emprendido con la privatización de nuestra petrolera de bandera.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- "Señora presidenta: ojalá pudiéramos analizar y saber lo que va a suceder en el mundo en los próximos diez o quince años, sobre todo si tenemos en cuenta las tres crisis que se están desarrollando: la crisis por el cambio climático, que tendrá consecuencias ecológicas impensadas para el planeta; la crisis energética, que no es sólo un problema de la Argentina sino mundial y que va a vivir esta generación -porque está previsto que en 2010 la crisis estará en su plenitud-, crisis que además en este momento está desencadenando el mayor conflicto geopolítico mundial en Medio Oriente, porque es el lugar donde está la mayor cantidad de reservas; y la crisis de confianza en la moneda mundial, que es el dólar.
De modo tal que no estamos en una situación de franca estabilidad, de civilización; no estamos en un momento de petróleo barato. Por el contrario, estamos en un momento de crisis mundial enorme, y en este contexto la Argentina forma parte quizás del único continente que puede ser el emergente de un panorama estable en los próximos veinte años - depende de cómo actúe-, que es precisamente Sudamérica.
Pero Sudamérica va a poder estar alejada de ese conflicto estratégico mundial y va a poder resolver algunos temas energéticos centrales y de cambio climático si resuelve en conjunto y en el continente tres cuestiones centrales: la reserva de los recursos naturales, la reserva de los recursos energéticos y una política conservadora -diría yo- en esta materia. Cuando se tiene tan cerca una crisis de escasez, los países que no son exportadores -porque no tienen sobreabundancia- sino sólo productores, deben regular sus recursos, porque justamente conservar lo que se tiene es la política estratégica correcta de cara al futuro.
La Argentina -ya se sabía en la década del noventa, y de allí la diferencia entre nuestro país y Brasil- actúa exactamente al revés que los países más serios del mundo que tienen estrategias. Brasil, sin petróleo, tiene a Petrobras y se extiende por América del Sur. Los mismos actores que entregaron YPF ahora entregan la exploración de la plataforma. Entendemos para qué se creó ENARSA, y por eso nosotros votamos en contra. ENARSA es el instrumento jurídico al servicio de esta nueva entrega. Tomemos el gran problema del campo energético argentino. Nosotros hemos entregado la petrolera estatal mientras ningún otro país de la región lo hizo, y Chile tampoco entregó el cobre. Nuestro país hoy padece un problema aún mayor: en materia de energía el mercado es monopólico. El 60 por ciento del gas y el 45 por ciento de los hidrocarburos pertenecen a una sola empresa: Repsol. Entonces, nos preguntamos: si esa empresa obtuvo la mayor renta petrolera en los últimos años, ¿por qué no invirtió en exploración?
Recordarán los señores diputados que en enero tomamos conocimiento de que Repsol había notificado a la Bolsa de Nueva York la disminución, en un 25 por ciento, de sus reservas en la Argentina y en el resto de América Latina, y tal cuestión dio lugar a una demanda de parte de todos los que habían invertido en esas acciones. Al leer esa demanda queda en claro qué es lo que hizo Repsol. Es cierto que determinó como reservas comprobadas las que eran probables, pero el gran problema que se planteó -que hicimos constar en nuestra denuncia penal- se refiere a qué había hecho Repsol, para qué vino a la Argentina y cuál es su objetivo final. Queda claramente establecido que Repsol hizo de la petrolera argentina un negocio financiero que incluso le permitió subir las acciones de una manera extraordinaria en el corto plazo. Explotó lo que había explorado YPF, y como sigue siendo una empresa mediana en términos de la concentración mundial producto de la crisis energética, la renta petrolera debía desligarse de su posición dominante en la Argentina para mostrar que desarrollaba exploración en Europa.
La renta petrolera obtenida por Repsol en la Argentina está financiando la exploración en Rusia y en África, y de esta manera equilibra sus activos para la venta a otras grandes empresas. Como ella tiene que usar esa renta petrolera para salir de la posición dominante en un solo país, nosotros sancionamos este proyecto de ley para eximirla del pago de impuestos. Esto significa que el pueblo de nuestro país está financiando las actividades de exploración de una empresa que en nuestro país tuvo una rentabilidad escandalosa, para que luego pueda ser vendida mejor.
Esta información no es secreta; consta en el diario "El país", y además, en las denuncias de los inversores en Nueva York. La coherencia es absoluta y la entrega es formidable. Todos entendemos que estamos frente a una crisis energética local y mundial, pero prácticamente se desarrolla la misma política de saqueo, que está llevándose a cabo en minería. En este país hay impunidad pero no hay responsables; esto lo tengo en claro. Quienes votaron por la entrega de YPF gobiernan la Argentina con enorme popularidad; esto también es clarísimo.
Es cierto que hoy vamos a votar con mucho mayor silencio la entrega pública respecto de lo que fue la privatización de YPF. Algo así como si ya no nos importara cuánto se entregó, y entregamos el resto. Es más, comprendo a los diputados nuevos en la Cámara, en cuanto a su ira e indignación. Algunos hemos visto tantas cosas que ni siquiera nos queda la indignación. No sé si algún día habrá responsables, aunque no importa; lo que sí sé es que esta entrega es igual, por el resto, a la de YPF. (Aplausos)"
2. a- Presentación ante la Comisión Nacional de Valores
Durante el año 2006 la suscripta, junto con otros diputados de la CC ARI, solicitamos ante la Comisión Nacional de Valores que se iniciara una investigación respecto de la firma Repsol YPF en relación a que se había informado públicamente la baja en las reservas totales de la empresa en un 25% indicando haber declarado ante la Security Exchange Commission (SEC) reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en realidad debían haberlo hecho sólo de sus reservas probadas.
Ese 25% comprendió una baja de 52% en las reservas probadas de Bolivia y de 42% en las de Argentina, junto con menores cantidades en Venezuela y otras áreas. Dicha situación provocó un gran impacto en los mercados de capital.
El antecedente de todo ello fue claramente retratado en el artículo publicado en "Resource Investor", el 27 de enero de 2006, escrito por la Agencia Periodística del Mercosur que dice: "El mercado bursátil se maneja en base a informaciones concretas y a expectativas. Una información concreta es la presentación pública del balance de una empresa, una expectativa es el anuncio de la salida al mercado de un nuevo producto, por ejemplo. Repsol YPF obtuvo muy buenos resultados cuando anunció en forma pública el nivel de reservas de gas de su propiedad. Las acciones, por entonces, subieron. Es decir, trabajó sobre las expectativas.
Sin embargo, también anunció a los accionistas la posesión de un recurso del cual no era dueño. El directorio de esta compañía -según reflejó la prensa internacional- inscribió como propias las reservas de gas que explota en Bolivia, cuando en ningún momento ese Estado se las entregó.
Las autoridades de Repsol YPF estaban urgidas para que se firme el contrato con la empresa energética LNG Pacific, en sociedad con British Petroleum y British Gas, sin importar que se ejecute en 50 años, debido a que el objetivo era asegurarse la anotación de las reservas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero como el contrato finalmente no se suscribió, esa anotación en Estados Unidos constituiría un fraude fiscal y en Bolivia un posible delito de estelionato, es decir, vender una propiedad que no es suya" (la negrita nos pertenece). (4)
"Es por ello que el engaño del proyecto Pacific LNG consistía en lograr que las acciones en la bolsa de Madrid subiesen de 11 a 18 euros". Ello, en base a "...la complicidad de una mañosa conversión de reservas probadas en probables..." (5) .
En el artículo escrito por Víctor Ego Ducrot, el 30 de enero de 2006, y publicado en Cuyo Noticias -diario digital de Mendoza- titulado ¿Quién le puede creer a Repsol YPF? se mencionó que: "...Las afirmaciones avaladas por el titular de la compañía, Antonio Brufau, no pasan de ser estimaciones capciosas, cuando no directamente falsas. Porque su posesión del 20 al 25 por ciento de las reservas de gas de Bolivia siempre contradijo la legislación específica de ese país y porque en Argentina, como consecuencia del carácter cuasi delictual de la privatización de la petrolera estatal YPF, a principios de la pasada década del '90, Repsol YPF jamás informó fehacientemente acerca de las reservas petroleras y gasíferas de este país.
Esta falta de información le valió al Estado argentino el desconocimiento acerca de su actualidad y potencial energético y, además, el sometimiento a una realidad comercial y financiera inédita en el sector petrolero mundial, cual es aceptar que una operadora privada - en este caso Repsol YPF- deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones.
Este sistema hizo que Argentina -un país no petrolero- exportase petróleo a expensas de su capacidad de desarrollo y sólo para permitirle a Repsol YPF la obtención de una renta preferencial fuera de casi todo contralor fiscal..."
Desde entonces, se ha hecho evidente que Repsol tiene mucho más interés en el negocio financiero que en la exploración. Así consiguió, con la declaración incorrecta de reservas probadas (donde incluía las probables), que sus acciones en la Bolsa de Valores de NY subieran de U$S 10 a U$S 30 por acción, es decir, una ganancia financiera del 300%.
En tal sentido, como ya fue señalado, en el año 2006 también realizamos una denuncia penal en contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales -la que dio origen al inicio de la causa N° 3518/2006, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7- para que se investigara si la compañía petrolera cometió los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros, además de solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía.
En dicha presentación judicial - que continua instruyéndose- advertimos que, de acuerdo a información que ya había tomado estado público, se podía concluir que a través de los años las reservas de la República Argentina habían sufrido una importante disminución.
Sostuve, entonces, que en nuestro país anualmente se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana, y que esta circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda la cadena hidrocarburífera, como así también de las exportaciones que de dichos productos se realizan.
Luego de hacer un recorrido cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo y gas natural - consignados sucesivamente- señalamos que existía un claro indicio de la existencia de una manipulación de los datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.
Al respecto denunciamos el siguiente cuadro de situación:
El remanente de las reservas comprobadas de petróleo al 31 de diciembre de 2004 alcanzaba los 368,9 millones de metros cúbicos, y el correspondiente a las de gas natural, para igual fecha, alrededor de 534 mil millones de metros cúbicos.
Comparación de los Horizontes de Vida de Petróleo y Gas Natural según clasificación de reservas, al 31 de diciembre de 2004 (en millones de metros cúbicos y años):
Fuente: elaboración propia en base a datos de Boletín Anual de Hidrocarburos 2004, de la Secretaría de Energía de la Nación
En igual orden, para el quinquenio 2000 - 2004 el promedio de extracción alcanzado fue de 43 millones de m3, un 10% superior al registrado durante la década del ´90 y un 12% inferior al registrado en 1998. Incluso, si se compara el nivel de extracción de 2004 con el de 1998, la disminución corresponde al 18 %. No obstante, el horizonte de vida de reservas petroleras disminuyó de 14 años -en 1988- (año previo a las reformas estructurales) a 9 años -en 2004-.
La situación se reitera cuando se analiza la evolución de las reservas certificadas de petróleo. En este caso se observa que en 1989 tales reservas eran de 344,6 millones de m3 y al año siguiente habían disminuido casi un 28%, registrándose 249,6 millones de m3 al 31 de diciembre de1990. Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente a 28 millones de m3, no se encuentra acreditado cómo es posible que el remanente de reservas para ese año haya caído muy por debajo de los 316 millones de m3.
En el caso del gas natural durante el período 1980 - 1989 el nivel de extracción promedio correspondió a 18 mil millones de m3. Durante el período 1990 - 1999 el promedio anual de extracción gasífera alcanzó los 31 mil millones de m3, es decir, un 72% superior al registrado durante la década anterior. Asimismo, cabe señalar que entre 1980 y 1989 la extracción gasífera se había incrementado un 79% debido, principalmente, al ingreso del NEUBA II a la red de gasoductos troncales que abastecen al mercado interno. Este incremento registrado durante los años ´80 explica por qué había descendido el nivel de extracción petrolera durante igual período puesto que la política energética de entonces estaba orientada a otorgar mayor participación al gas natural en la matriz de consumo energético, en particular, en el suministro a las centrales térmicas y abastecimiento a las grandes industrias.
También puede observarse que, a diferencia del petróleo -que alcanzó su pico de extracción en 1998-, en el caso del gas natural la extracción todavía no ha alcanzado su "pico" y su posterior declinación durante el quinquenio 2000 - 2004. Más bien se trataron de niveles récord (más de 52 mil millones de m3 en 2004, un 3% superior al de 2003 y casi 17% más que el de 2000). Ello se explica por las exportaciones, las cuales se incrementaron significativamente.
Es por esto que cuando se analiza la evolución de las reservas certificadas de gas natural se observa que en 1989 tales reservas eran de 743.900 millones de m3 y al año siguiente habían disminuido más de un 22%, registrándose 579.100 millones de m3 al 31 de diciembre de 1990. Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente a 23 mil millones de m3, aquí, como en el caso de las reservas petroleras, tampoco se encuentra acreditado cómo es posible que el remanente de reservas para ese año haya caído muy por debajo de los 720 mil millones de m3. No obstante, al año siguiente aumentaron a 592 mil millones de m3 y volvieron a disminuir drásticamente en 1993 a 516 mil millones de m3. A partir de 1994 el nivel de reservas certificadas se fue incrementando hasta alcanzar un registro récord en el año 2000, con un remanente de 777 mil millones de m3, similar al registrado en 1988: 773 mil millones de m3. De 34 años de reservas certificadas en 1988 se pasó a apenas 10 años en 2004.
Por ello, entendimos que la presente información era un indicio claro de la existencia de manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.
En esta misma línea de pensamiento, otro indicador que nos permitió sustentar lo dicho es lo concerniente al consumo nacional de gas natural registrado en 2004. Según el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la demanda interna fue equivalente a 33.472 millones de m3, representando un incremento del 8,6% respecto al consumo nacional de 2003 (30.830 millones de m3), y casi un 7,2% de aumento en relación a 2000 (31.238 millones de m3), año en que se había registrado la mayor demanda interna. De esos 33.472 millones de m3 de gas natural consumidos en el mercado interno durante 2004:
- El 20,7% correspondió a usuarios Residenciales,
- El 3,3% a Comercios,
- El 1,1% a Entes Oficiales,
- El 33,5% a las Industrias (incluye RTP-Cerri), 30,9% a las Usinas Eléctricas (incluye consumo de gas en "boca de pozo"), apenas 9,1% al Transporte Automotor (GNC) y el 1,4% a Subdistribuidores.
Ante esto, cabe señalar que al analizar la extracción total de gas natural de 2004, equivalente a 52.318 millones de m3 -considerando un consumo nacional y exportaciones de este fluido equivalentes a 33.472 millones de m3 y 7.299 millones de m3, respectivamente, en base a datos del ENARGAS-, no queda muy claro cuál fue el destino de los 11.547 millones de m3 restantes. En igual forma, en 2003 quedaron sin resolver el destino de 13.082 millones de m3.
Sostuvimos que luego del análisis del total de gas entregado por tipo de usuario durante el año 2004, la evolución de la extracción total, demanda interna, exportación y volúmenes con destino desconocido entre 1996 y 2004, y el discriminado de destino desconocido emerge los siguientes interrogantes: Las exportaciones no fiscalizadas, el venteo excesivo y la manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa.
Asimismo, de dicho análisis surge que el Estado se había divorciado de sus funciones básicas en el sector energético. A saber, aquellas vinculadas a la gestión, planificación, control y regulación de la cadena energética. Todo ello, como resultado de las reformas estructurales neoliberales iniciadas en los años 90.
Total de gas natural entregado por tipo de usuario, año 2004 (en millones de
Metros cúbicos de 9.300 kcal y porcentajes de participación) (6) :
Fuente: ENARGAS, 2005, en base a datos de las Licenciatarias de Gas y Usuarios en boca de pozo (7) .
Respecto de la evolución de la extracción gasífera para el período 1996 - 2004 (en 1996 se realizó por primera vez la exportación de gas natural), que incluye la demanda interna, la exportación y el volumen de extracción con destino desconocido, se destacó que en 2004 la demanda interna representó casi el 64% de la extracción, las exportaciones casi un 14% y los volúmenes con destino desconocido más del 22%.
La Resolución 143/98 de la Secretaría de Energía estableció normas y límites para el control de gas aventado. Sin embargo, también estableció excepciones determinándose, por otro lado, la responsabilidad de parte de la Secretaría de Energía de inspeccionar, por sí o a través de las provincias productoras, la verificación de la correcta aplicación de la norma.
Asimismo, es de interés destacar que el Estado obtiene parte de las ganancias de la industria petrolera mediante regalías, impuestos a las ganancias y retenciones a la exportación.
La Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (artículo 124), confiere la propiedad original de los recursos naturales a las provincias productoras. En consecuencia, son las provincias las que reciben las regalías (que representan un 12% del valor del hidrocarburo en boca de pozo, en dólares, en función de lo estipulado por la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319).
Por otra parte, el Estado recauda impuestos sobre las ganancias (35%) y sobre las exportaciones (entre un 25% y un 45%, dependiendo del precio internacional).
Los ingresos totales del Estado se habían incrementado considerablemente -en términos absolutos- en esos últimos años debido a la expansión de la renta total y a la introducción de impuestos a las exportaciones; entre 2002 y 2004 se exportó, en promedio, 30,5% de la extracción.
Sin embargo, según un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), la participación del Estado decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004, mientras el resto fue acumulado por firmas privadas.
Por otra parte, se destacó que la Secretaría de Energía de la Nación, la AFIP y los organismos provinciales pertinentes no controlaron cuánto ni cómo se extrajo sino que, simplemente, se limitaron a "aceptar" las declaraciones juradas de los agentes productores, lo cual sugiere que la mayor porción de ese volumen de la producción con destino desconocido (11.547 millones de m3) se debe a exportaciones no fiscalizadas y consumo propio no fiscalizado de productores y transportistas.
Advertimos que el acumulado para el período 1996 - 2004 de estos volúmenes con destinos desconocidos (o "blanqueados" vía "gas aventado" o "consumido en yacimiento") asciende a 93.062 millones de m3, es decir, el equivalente a más de 2 años y medio de satisfacción de la demanda del aparato productivo nacional.
Asimismo, señalamos que con la privatización de YPF el Estado perdió su instrumento clave para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos y captar su renta para financiar el desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Repsol YPF era el principal titular de concesiones de explotación gasífera concentrando en forma directa el 39,4% de las reservas, y un 46,3% considerando las de su controlada Pluspetrol. En relación a las reservas petroleras se replica una situación similar de liderazgo ya que esta Petrolera concentraba en forma directa casi el 38% del crudo que se encuentra en el subsuelo argentino, o 39,4% incluyendo las reservas petroleras de su controlada Pluspetrol respecto a la extracción gasífera. Repsol YPF concentraba el 32,6% en forma directa, y el 41,3% incluyendo la participación de Pluspetrol, mientras que en la extracción petrolera concentraba en forma directa el 42,7%, incluyendo la participación de Pluspetrol el 44,8%.
Como resultado de tal concentración económica de reservas de hidrocarburos, del precio promedio internacional del barril de petróleo durante el ejercicio anual 2004 (superior a los U$S 36), del costo total de producción de un barril de petróleo situado en apenas U$S 6,1 y de los resultados operativos acumulados en igual fecha equivalentes a U$S 2.638 millones -de los cuales el 64% provino de Argentina (Repsol YPF, 2005)- se observa que las inversiones resultantes de tales ganancias extraordinarias realizadas en el país se orientaron más precisamente al desarrollo de pozos existentes, siendo que las inversiones de capital de riesgo fueron casi nulas: sólo 6 pozos de exploración (1 de gas natural y 5 de petróleo), mientras que los pozos de hidrocarburos en desarrollo totalizaron 308 (284 de petróleo y 24 de gas natural) y los de avanzada 65 (2 de gas natural y 63 de petróleo).
Con relación al contrabando denunciado por Bolivia advertimos que, si bien los hechos descriptos no constituían en sí prueba que acreditara el contrabando de Repsol en nuestro país, a nuestro entender constituía un indicio que evidenciaba el comportamiento comercial de la petrolera en los países donde opera.
Estos indicios -sumado al evidente déficit en los controles estructurales, observados y señalados entonces por la Auditoría General de la Nación (Informe A.G.N. Nro. 195/05)- constituían el escenario propicio para el accionar contrario a las normas.
Por ello, entendimos que ameritaba que el Estado Argentino, a través del Poder Judicial, dispusiera una investigación tendiente a esclarecer el accionar de la empresa en nuestro país.
Dicha petición encontraba sus antecedentes en Bolivia: Repsol concentraba en dicho país el 31.5% de los bloques de exportación de gas a través de Andina (50% de Repsol) y de Maxus Bolivia (100% de Repsol con sede en las Islas Caimán).
El gobierno de Bolivia estaba investigando a una subsidiaria de Repsol, Andina, por contrabando de petróleo a la Argentina.
Al respecto, la nota de AP del 8 de febrero de 2006, publicada en Madrid, dice: "El gobierno de Bolivia está investigando un supuesto contrabando de petróleo por parte de la compañía petrolera hispano argentina Repsol YPF", dijo el nuevo directivo de la empresa estatal del país sudamericano YPFB, en una entrevista publicada el miércoles. "El petróleo ha sido sacado sin autorización, y para ello se ha alterado documentación", citó a Jorge Alvarado el Diario El Mundo. "Existen signos, de acuerdo a la Aduana, que Repsol YPF ha alterado documentos para sacar petróleo de Bolivia sin autorización." Alvarado dijo que le había pedido a Repsol presentar pruebas de que la alegación es mentirosa.
El 20 de febrero de 2006, en relación a la denuncia sobre la filial de Repsol Andina, se publicaron distintos artículos - entre los que citamos el de finanzas.com- que decía: "Bolivia investigará a Repsol YPF por indicios de contrabando de petróleo. Es por ello, que la Aduana Nacional (AN) de Bolivia pedirá a la Fiscalía del distrito de Santa Cruz de la Sierra la apertura de un proceso de investigación a la petrolera española Repsol YPF, sospechosa de contrabandear crudo y de incurrir en el delito de falsedad ideológica".
"Nosotros vamos a denunciar a Andina (filial boliviana de Repsol YPF) por un contrabando de 230.400 barriles (de petróleo), por un monto de 9.215.000 dólares".
"La Aduana Nacional se constituirá en parte civil, es decir, ayudará al fiscal a tener una visión clara y, al final del período de investigación, el fiscal decidirá si es el caso de acusar formalmente a la empresa Andina". "Repsol YPF llegaría a una instancia ulterior que consiste en acusarla mediante un juez", anunció el presidente de la AN, Ricardo Alba.
El titular de la AN dijo haber encontrado "indicios de presunta comisión de delito de contrabando" en las operaciones de la Repsol YPF en Bolivia, entre junio de 2004 y julio de 2005.
Como corolario de lo expuesto, el 26 de febrero de 2006 se informó el pedido de captura al presidente de la filial boliviana de Repsol en la causa donde tramitan los hechos enunciados precedentemente.
Por otro lado, continuando con las circunstancias preocupantes respecto de nuestro país, también denunciamos la debilidad de los controles y la utilización irregular de las declaraciones juradas, en tanto la ausencia de control estatal sobre los datos de producción, exploración y exportación era tan evidente como la pérdida injustificada de reservas.
Al respecto denunciamos que, aunque parecía increíble en la fase de desarrollo tecnológico de entonces -en la que se podían obtener a bajo costo una variada gama de instrumentos de medición efectiva, tanto de los volúmenes extraídos como de los posteriormente exportados- , la información con la que trabaja el Estado -a través de su Secretaría de Energía-, tanto para el cobro de regalías como para la evaluación del funcionamiento del sistema, provenía de las declaraciones juradas que presentan las mismas controladas.
Esta ausencia total de control, a nuestro entender, se exponía cruelmente al afirmarse que la información con que cuenta el sector público se basa en aceptar como fidedignos y en dar por ciertos los datos suministrados unilateralmente por aquellos a quienes debería controlar.
La "justificación" del esquema se basa en que las declaraciones juradas son, a su vez, auditadas por firmas de control externo las que son, a la vez, contratadas por las mismas Petroleras. Esta autorización legal se encuentra regulada por la Resolución N° 482/98, aprobada durante la gestión de Menem y no modificada durante la gestión de Néstor Kirchner.
Todo ello, sumado a que el Estado no objetó en ningún caso la información proporcionada por las empresas, ni siquiera en los casos en que los datos proporcionados por estas eran absolutamente inverosímiles e improbables desde el punto de vista técnico.
El Estado Argentino parece no sólo desconocía el volumen de reservas gasíferas sino que, además, tampoco tenía control alguno sobre el tránsito y la renta final del fluido que atraviesa su territorio. Por otra parte, tampoco se mostraba eficiente para establecer un control sobre las ganancias por exportaciones que perciben las petroleras ni para develar la verdadera ingeniería financiera y societaria que ostentan las compañías del sector.
Esta descripción de la privatización del control estatal encuentra su basamento jurídico en la Resolución N° 2057/05 del ex Secretario de Energía Daniel Cameron que delega en el empresariado misiones y funciones que por ley les son propias. En dicha norma se establece el siguiente procedimiento:
1. La información estadística y la documentación técnica es suministrada con carácter de declaración jurada.
2. La responsabilidad de la remisión en tiempo y forma de la misma estará en cabeza de las petroleras.
Asimismo, delega en las Compañías el deber de proporcionar el pronóstico de producción de petróleo y gas natural. En este sentido, lo define como "...un informe consustanciado con las hipótesis asumidas para la determinación de dichos pronósticos, haciendo expresa referencia a las inversiones y/o eventos relacionados, de cuya consecuencia se deducen los pronósticos respectivos...".
La ausencia del Estado en el control aduanero, y su consecuencia lógica de contrabando, fue descripto detalladamente en el Informe de la Auditoría General de la Nación que tuvo por objeto la "Gestión y procedimientos de control aduanero a través de canales de selectividad, aplicados sobre la importación y exportación de mercaderías...".
En el acápite 4.1.9.4 "Aduana de Neuquén" se observan irregularidades y debilidades en los controles, a saber:
En esta Aduana la problemática central en la materia surge de diferencias en la valoración de las exportaciones de petróleo. De los controles en campo realizados por dicho Organismo de Control Externo surge que se han "... verificado operaciones con cambio de canal originadas en la misma, nos encontramos con una situación repetida y de magnitud significativa, que se encuentra sometida a una investigación desde julio de 2001. En ella, se investiga una eventual subvaluación de precio en las exportaciones de petróleo crudo, originadas en contratos a largo plazo, llevadas a cabo por Repsol YPF".
El valor del barril fue exportado, como consecuencia de contratos FOS (Forward Oil Sales), a un promedio aproximado de U$S 13,50, cuando el precio del mercado, expresado en los WTI (West Texas Intermediate), lo duplica, lo cual da lugar a un reclamo por subfacturación.
El expediente administrativo de la Dirección General de Aduana Nº 416972/02 consiste en una investigación por cambio de canal de selectividad, que benefició a determinadas empresas y que, conforme lo informa la AGN, del análisis de aquel surge que "los contratos acompañados pertenecientes a las compañías petroleras se encuentran en copia simple, con firmas incompletas y sin identificación del firmante".
Todos los contratos se refieren a la venta de petróleo crudo de Repsol YPF a: OIL TRADING CORP -Islas Caimán- (contrato 1); OIL ENTERPRISES LTD -Islas Caimán- (contrato 2); y a Repsol YPF - España- (contrato 3).
La modalidad operativa es idéntica: contrato 1: compra prepagada con depósito del 95.14% en cuenta de Repsol YPF, sin sede ni banco; contrato 2: compra prepagada con depósito mediante transferencia electrónica de fondos (96.58%) desde la cuenta comprador; contrato 3: compra prepagada mediante la transferencia electrónica de fondos (95.67%) a la cuenta del vendedor (innominada en el contrato).
El monto de los tres contratos ascendió a la suma de U$S 1.109.491.409. El total de los barriles comprometidos en el contrato fueron más de 75 millones. Sin embargo, la Auditoría General destaca que, como no hay seguimiento de volúmenes exportados por parte de la Aduana, no hay evidencia de la cantidad de barriles efectivamente exportados bajo esta modalidad contractual, y tampoco del control de los contratos aludidos.
La Aduana ha incurrido en largos y recurrentes períodos de inactividad en la investigación enunciada. Asimismo, la AGN ha verificado anormalidades en el expediente, a saber:
a. Faltante de fojas;
b. Refoliaturas diversas;
c. Alteración de fechas acorde a desarrollo de foliatura;
d. Hojas agregadas sin foliatura ni sellos;
e. Faltante de sello aclaratorio de firma del funcionario actuante;
f. En general, del expediente surge una significativa dilación y falta de interés.
La AGN realizó una compulsa en el SIM ( Sistema Informático María) sobre exportaciones de petróleo crudo y sus valores la cual encontró casos similares a los expuestos, con una marcada dispersión de precios entre los valores de mercado y aquellos declarados por las empresas petroleras en las Aduanas de Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, y Rio Gallegos.
El informe de la AGN N° 195/05, actuación 39/04, resuelto el día 28 de diciembre de 2005, demuestra con claridad la ausencia del Estado en la verificación de pago de cánones de permisionarios de áreas de exploración y de concesionarios de áreas de explotación.
En dicho informe se auditó el período comprendido entre los años 2001 y 2003 en el cual, como resultado de la investigación, se describen, entre otros, los siguientes hechos:
La AGN indicó que el valor del canon de explotación no reflejaba las variaciones que había registrado el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno, a saber:
- El artículo 102 de la Ley N° 17.319 establece que "los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon de exploración y explotación, podrán ser actualizados con carácter general por el Poder Ejecutivo Nacional sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno".
- A través de este mecanismo los valores del canon fueron actualizados por los decretos N° 1037/90 y 2057/91 que fijaron el valor de A 4.195.000 (australes) por km2 o fracción.
- Durante el período auditado -así como también en la actualidad- el valor precedentemente detallado es el que se aplica y resulta de la conversión del monto de Australes a Pesos (1=10.000), toda vez que el decreto N° 820/98 no modificó el valor.
- En el marco de la facultad conferida, la Secretaría de Energía no propuso la modificación del valor actual, siendo que existen dos proyectos de ajuste del valor del canon, elevados por la Dirección Nacional de Economía de Hidrocarburos, tramitados por expedientes CUDAP 751- 001704/2001 y re caratulados por expedientes CUDAP S01:0048464/2003 y N° S01:0186904/03.
- Es importante aclarar que -a partir del decreto Nº 820/98 y su acta acuerdo aprobada por resolución SE Nº 588/98- las áreas de exploración se reconvirtieron en áreas de explotación y áreas de superficie remanente. En consecuencia, se calculó el valor anual que hubiera alcanzado el canon de explotación (CE) de haberse aplicado el mecanismo de actualización regulado.
- El día 29 de diciembre de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1770/05 a través del cual se modificó la fecha de pago del canon. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a la modificación de monto, teniendo conocimiento de las observaciones emitidas por la AGN.
- Ante la falta de actualización del valor del canon, el Estado -durante el período auditado (años 2001 a 2003), y respecto de las 61 áreas analizadas- dejó de percibir un 71% en concepto de canon.
- La facultad delegada en el Poder Ejecutivo por el artículo 102 de la Ley N° 17.319 -según lo entiende la doctrina administrativista- es de las denominadas "discrecionales". Ello, por cuanto la norma mencionada le da la facultad de adecuar el valor del canon a la evolución del precio del crudo en el mercado interno.
La metodología aplicada por la Secretaría de Energía para el cálculo de los intereses en caso de mora es incorrecta.
La Secretaría de Energía (SE) no actúa como un buen administrador al imputar los pagos parciales, primero al capital. Ello genera una menor recaudación.
La SE no realiza un control eficiente en materia de deslinde y mensura de las áreas adjudicadas, debilitando significativamente el poder de policía que le compete en la recaudación del canon.
La SE no ha reglamentado la forma para la presentación de las DDJJ, por lo que los datos expuestos por los permisionarios y/o concesionarios son incompletos.
La Secretaría de Energía no aplica la potestad sancionatoria conforme a los alcances del régimen regulado.
El artículo 80 determina que "las concesiones o permisos caducan a) Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres meses después de vencido el plazo para abonarla".
En su parte final el artículo especifica: "...Previamente a la declaración de caducidad por las causas previstas en los incisos a)....del presente artículo, la Autoridad de Aplicación intimará a los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije".
Constituyen casos extremos las Áreas de Río Cullen, Las Violetas y Angostura en las que si bien se verificaron pagos parciales, la cancelación definitiva de las deudas fue realizada luego de 11,12 y 10 anualidades, respectivamente.
Según surge de los registros proporcionados por la Secretaría de Energía los pagos que las adjudicatarias realizan son imputados al capital, en tanto que los intereses se tienen por abonados al momento de la cancelación total de la deuda.
Este criterio de imputación no condice con la práctica, generando una menor recaudación al disminuir la base de cálculo de los intereses.
A su vez, como debilidad en el buen orden administrativo, surge que 35 áreas no figuran en el soporte magnético remitido por la SE, aunque existen declaraciones juradas y pagos remitidos por esa Secretaría en fotocopia certificada.
Finalmente, la AGN brinda algunas recomendaciones:
La Secretaría de Energía deberá crear, administrar, mantener, operar y gestionar una base de datos integral que refleje el estado de cada una de las adjudicaciones respecto a los aspectos técnicos y contables. Ello a fin de observar mecanismos de transparencia que garanticen el control que le es atribuido por el marco regulatorio y ejercer las políticas definidas para el sector, máxime cuando se está frente a adjudicaciones de importante envergadura económica (Cde. Obs. 4.1.,4.2., 4.3., 4.4., 4.5. y 4.6.).
En el marco de la facultad establecida por el artículo 102 de la Ley Nº 17.319, corresponde que la Secretaría de Energía impulse las actuaciones iniciadas con relación a la actualización del valor del canon (Expte. CUDAP N° S01:0186904/03), teniendo en cuenta la evolución del precio del crudo en el mercado interno. (Cde. Obs. 4.1.).
Durante el período auditado, de las 61 áreas adjudicadas comprendidas en la muestra, se verificó que en el año 2001, 2002 y 2003 pagaron fuera de término 60, 54 y 51 áreas respectivamente, representando un 98,36% en el año 2001, un 88,52% en el año 2002 y un 86,61 % en el año 2003.
A su vez, surgió que 35 áreas no figuran en el soporte magnético remitido por la SE, aunque existen declaraciones juradas y pagos remitidos por esa Secretaría en fotocopia certificada.
En materia de deslinde y mensura, la Secretaría de Energía no realiza un control eficiente, debilitando significativamente el poder de policía que le compete en la recaudación del canon. Constituye este tema un claro indicio de la falta de ordenamiento sistemático en la emisión de los Actos Administrativos que el Marco Regulatorio exige.
Respecto a las declaraciones juradas, la Secretaría de Energía no ha emitido un formulario normalizado, y tratándose aquellas de una autoliquidación de los importes a ingresar en concepto de canon e intereses por mora, la SE no ejerce controles sobre las adjudicatarias, al no validar la información aportada por aquellas.
A su vez, la Secretaría de Energía no aplica su potestad sancionatoria conforme los alcances del régimen regulado. Resultan casos extremos las Áreas Río Cullen, Las
Violetas y Angostura, que declaran y pagan el canon e intereses desde el otorgamiento del área y luego de 11 anualidades en el primer caso, de 12 y 10 anualidades en los otros dos casos citados. Ante este importante incumplimiento, la SE demuestra una ausencia de control al no intimar y disponer la caducidad que dispone la Ley.
Finalmente, se concluye que la Secretaría de Energía no poseía una base de datos integral y actualizada para administrar y operar el estado de cada una de las adjudicaciones respecto de sus aspecto técnicos y contables, a fin de observar mecanismos de transparencia que garanticen el control que le es atribuido por el Marco regulatorio.
2. b- La venta de acciones de Repsol YPF al Grupo Petersen. Proyecto de resolución para la creación de una Comisión Especial Investigadora. Intimación por cartas documentos
Luego de dichos sucesos -ante el anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial local- los diputados de este partido presentaron un proyecto de resolución ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Expediente N° 5812-D-2007) para la "Creación de una Comisión Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del estado en lo relativo al tratamiento de la matriz energética, especialmente respecto a la venta de parte de "YPF SA", en el ámbito de la Honorable Cámara".
Mediante dicho proyecto se promovió la creación -en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación- de una Comisión Especial Investigadora que tendría como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo relativo al tratamiento de la matriz energética, especialmente respecto de la venta de parte de YPF S.A. recientemente ocurrida.
En especial, la Comisión debía avocarse a "...b) Analizar si hubo violaciones u omisiones de un actuar diligente en cuanto a los mecanismos de control de reservas de hidrocarburos y en cuanto al proceso de la venta de parte de la empresa YPF S.A., y cómo esto repercute en la economía del país. También se deberán estudiar, analizar y evaluar los distintos procedimientos y mecanismos que permitieron eludir tales controles". Así como "c) Proponer modificaciones a los mecanismos de control utilizados por los distintos entes que ejercen o deben ejercer funciones de control sobre las reservas de hidrocarburos, y sobre el proceso de venta de YPF S.A., si estos fueran considerados ineficientes o poco efectivos. d) Examinar el origen del dinero para la adquisición del porcentaje de la petrolera. e) Proponer modificaciones a la legislación que propendan a combatir más eficazmente cualquier tipo de posibles irregularidades en las materias en cuestión". Lamentablemente, el oficialismo no acompañó la propuesta y la comisión nunca fue constituida.
Tal como fue expresado en los fundamentos del proyecto de resolución, "Detrás del anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial local, aparece una modalidad en donde el Estado abandona su rol tradicional de garante de igualdad de oportunidades, como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se benefician determinadas empresas cuyos titulares se encuentran relacionados con las máximas autoridades del gobierno".
Fue entonces que advertimos sobre la inacción y el silencio del Estado -con participación en el directorio de YPF- respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un "pacto de confidencialidad" que interfiere e impide el conocimiento de las empresas interesadas señalando que, de ese modo, desde el gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los interesados en la operación.
En particular, se indicó que la forma en que se realizó la operatoria de venta era sumamente llamativa y demostraba la flexibilidad de la vendedora en las condiciones de la operación, altamente beneficiosas para el comprador, Enrique Eskenazi.
También referimos a que la entrada de su grupo empresario "Petersen" se haría en dos tramos: En el primero, Repsol se desprendería del 14,9% -éste es el límite que fija el estatuto de la empresa para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA)- evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal estricto, con importantes controles por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por otro lado, se denunció también que el grupo Eskenazi pagaría U$S 2235 millones por ese porcentaje y que tendría opción para adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de cuatro años, y al mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos U$S 15000 millones. Los Eskenazi pagarán el 55% del primer tramo con financiación propia y de los bancos Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP-Paribas e Itaú. Para el restante 45% recibiría un préstamo de la propia Repsol que tendría como garantía las acciones de YPF.
En el mismo sentido señalamos que "el gobierno nacional, en consonancia con Repsol, no hace públicas las condiciones en que se negocia la venta de la compañía y su plan de negocios".
Finalmente, pusimos la atención en que el grupo accionista argentino de los Eskenazi controlaba el mayor conjunto de bancos regionales de Argentina, entre los que se destacaban el Banco San Juan, el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Nuevo Banco Santa Fe y el Banco de Santa Cruz.
Además, recordamos que la relación con el ex presidente Kirchner se remontaba al año 1996, cuando comenzaban las negociaciones para adquirir el Banco de Santa Cruz, en épocas en que Lázaro Báez participaba del proceso privatizador. En el Banco de Santa Cruz Enrique Eskenazi era socio de la provincia que gobernaba el ex presidente Néstor Kirchner. Y fue a través de esta entidad bancaria que se produjo las oscura operación a través de la cual se depositaron los U$S 594,13 millones que Santa Cruz colocó en el exterior antes de la crisis de 2001. Coincidentemente, fue el Crédit Suisse -donde se depositaron parte de dichos fondos- el que, entre otros, financió la compra de las acciones a Repsol.
Por ello, lo que desde el gobierno argentino se presentaba como "un paso hacia la nacionalización" del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina, junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol YPF era el líder.
Por aquella época, Cristina Kirchner elogiaba públicamente a Sebastián Eskenazi en los siguientes términos: "...Quiero agradecer al ingeniero y a su empresa, el creer y seguir aportando como siempre lo hizo en el país...".
Por supuesto, el bloque de legisladores del Frente para la Victoria se negó a acompañar y a tratar ese proyecto; por lo que insistimos mediante el presente dictamen, para que al fin se conforme dicha Comisión Especial Investigadora.
Es de destacar, por otro lado, que en mayo de 2007, tanto el entonces Director Titular de YPF S.A., Lic. Roberto Baratta, como el ex Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Omar Cámeron, fueron intimados mediante sendas cartas documentos por parte del entonces diputado nacional Fernando Sánchez para que ambos funcionarios informaran el nombre de las empresas que habían suscripto entonces el acuerdo para la compra del 25% de la filial local de Repsol YFP. En dicha intimación rechazó la oponibilidad del "pacto de confidencialidad" que pudiera ser invocado con el fin de denegar la información solicitada -en tanto aquel "protege el secreto del origen de los capitales y su procedencia, en desmedro de los intereses del Estado Argentino-, haciéndolos responsables civil y penalmente si capitales de dudoso origen integran finalmente la composición accionaria de la mencionada empresa.
Como era de esperar, dichas intimaciones no fueron contestadas más que con evasivas, negándole toda posibilidad de control republicano al Diputado Nacional. Debido a la gravedad del tema, en el año 2008 profundizamos la investigación del tema, elaborando conjuntamente con diputados de este bloque un informe en cuyo capítulo 1° advertimos "Qué se esconde tras la venta de Repsol".
Así, la venta del 25% de las acciones de YPF pone al descubierto que se está ante la ejecución de la nueva matriz de saqueo. El Estado abandona su rol tradicional de garante de igualdad de oportunidades como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se benefician algunas empresas "amigas" e íntimamente relacionadas con el gobierno.
Por eso, no resulta un dato menor que tanto Enrique Eskenazi como su hijo Sebastián pertenezcan al círculo privilegiado de personas con acceso al entonces despacho presidencial contando con el "...beneplácito del mandatario para presentar ofertas de compra en diversas operaciones que tenían pretendidamente como objetivo evitar que las empresas en liza terminaran en manos de capitales extranjeros. Es decir, el Grupo Petersen ganaba en influencia y al mismo tiempo servía a la política de argentinización impulsada por Kirchner (...). Pocos meses después era el nombre propuesto por Kirchner para la entrada de un socio argentino en YPF..." (8) .
En ese contexto, se inscriben cuestiones tales como:
1. La inacción y silencio del Estado, con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un "pacto de confidencialidad" que interfiere e impide el conocimiento de la/s empresa/s interesada/s. Así, desde el gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la Compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los interesados en la operación.
2. Se pone en juego irresponsablemente el desarrollo económico de nuestro país teniendo en cuenta que Repsol YPF es, en la actualidad, el propietario más importante de las reservas probadas de petróleo y gas natural de la Argentina, así como también su principal productor y exportador, constituyéndose en un factor importante en la economía de nuestro país, capaz de regular y establecer los precios y condiciones del mercado.
3. La forma en que se realizó la operatoria de venta es sumamente llamativa y demuestra la flexibilidad de la vendedora con respecto a las condiciones de la operación, altamente beneficiosas para Ezkenazi. A saber: la entrada del Grupo Petersen se hice en dos tramos. En el primero, Repsol se desprende del 14,9% (9) -este es el límite que fija el estatuto de la empresa para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA)-, evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal estricto, con importantes controles por parte la Comisión Nacional de Valores (CNV) . El grupo Ezkenazi paga € 1563 millones (U$S 2235 millones) por ese porcentaje, y se compromete a adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de cuatro años y al mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos € 10500 millones (U$S 15000 millones). Adicionalmente, Repsol coloca en Bolsa el 20% del capital de su filial argentina en el primer semestre de 2008. La compañía española mantiene la mayoría con el 55% del capital. Los Eskenazi pagan el 55% del primer tramo con financiación propia y de los bancos Crédit Suisse (banco donde se encontrarían depositados los fondos de la Provincia de Santa Cruz), Goldman Sachs (antes del 2002, cuando los fondos de la provincia eran administrados por Mercado Abierto, se hicieron inversiones en este banco), BNP- Paribas e Itaú. Para el restante 45%, recibirá un préstamo de la propia Repsol que tiene como garantía las acciones de YPF.
Las acciones de Eskenazi se encuentran en cabeza del empresario Slim, tal como lo enunciamos anteriormente, luego de una pelea con los Kirchner que tuvo como consecuencia el apartamiento del grupo Petersen de YPF.
2. c- Antecedentes sobre el rol del Estado Argentino en relación a Repsol
El rol del Estado Argentino en YPF lo encontramos en el ejercicio de la acción de oro. "...Se conoce como acción de oro a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptante en determinadas e importantes decisiones empresarias".
La Ley N° 24.145 y su modificatoria N°24.474 establecen que "Mientras el Estado Nacional conserve al menos una (1) acción de la Clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para:
1. Decidir su fusión con otra u otras sociedades;
2. Aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51 % del capital social;
3. Transferir a terceros la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319, de modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA.;
4. La disolución voluntaria de YPF S.A. "Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4 se requerirá además del voto afirmativo de las acciones Clase A, la previa aprobación por ley".
"Desde el inicio de la privatización el Estado designó un Director y Síndico con sus respectivos suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN.
En la gestión de copamiento hostil realizada por Repsol, gracias a la Ley N° 24.474, el gobierno de Menem le vendió el 20 % del capital accionario que poseía el Estado, conservando sólo 1.000 acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de designar a sus directores y síndicos. Pero tal situación fue subsanada de inmediato mediante la modificación del Estatuto Social que, no solamente le permite mantener los cargos directivos y de control, sino que agregó una potestad limitativa más a las cuatro ya mencionadas, referida al acuerdo de las acciones Clase A para mudar el domicilio fiscal o legal de la Sociedad.
No se conocen casos donde los representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del Directorio de YPF SA y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes de la Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las variaciones del precio internacional expresamente prohibida por las Leyes de Convertibilidad y la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce impugnación alguna sobre la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con 17 años de anticipación, cuando Bielsa era el Presidente de la SIGEN; ni de la vigencia de decretos menemistas que permiten la acumulación de más de 5 áreas por persona jurídica, transgrediendo explícitas limitaciones de la Ley de Hidrocarburos... No es cierto, en consecuencia, que al Estado le quede solamente la presión política para "apretar" a Repsol y que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores y síndicos, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que son la fuerza de todos. No es que el gobierno no pueda, la realidad es que no quiere" (10) .
En igual sentido, agrega Mariano Ramirez, Profesor Emérito de la Universidad en Mendoza, "...Considero que es legítimo que los organismos estatales correspondientes se informen sobre el particular y procedan como corresponda. Como el Estado nacional, al día de la fecha, todavía continúa siendo propietario de la acción de oro de YPF SA, ello le permite designar en esta petrolera a funcionarios que representan al PEN con cargos de director o síndicos, para defenderlo. Sin embargo, las facultades especiales que le otorga al Estado nacional la acción de oro, no han sido aplicadas por los directores nombrados en cada gobierno de turno entre 1999 y 2004, faltando así a su obligación pública y profesional, de la que deberán rendir cuenta, ya que está de por medio el patrimonio nacional...". (Adviértase que esta nota se publicó el 10 de agosto de 2005).
"...Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron, le permitían al Estado nacional nada menos que:
1) Pedir explicaciones a YPF SA de por qué se indexan los precios de los combustibles cuando se viola la Ley de Emergencia Nacional (Ley 25.561);
2) Analizar los balances y pedir rendición de cuenta de los impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de regalías, 21% de impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos, no se perciben ingresos brutos por exportación);
3) Controlar dónde y cuánto se invierte por cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se está evadiendo un porcentaje significativo de las regalías provinciales, porque tanto el Estado nacional como las provincias desconocen cuánto es lo que se extrae, se desperdicia y se contamina;
4) En relación a las exportaciones, exigir a las empresas que respeten las obligaciones impuestas por las leyes (17.319 y 24.076), ya que primero deben satisfacerse las necesidades energéticas del mercado interno y únicamente exportar el excedente de producción;
5) Revisar todos los contratos firmados en calidad de concesiones de explotación y permisos de exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya que la gran mayoría son violatorios de la Ley Nº 17.319...".
Así, en virtud de las competencias enunciadas precedentemente, el Estado Nacional ha nombrado a Roberto Baratta como miembro del directorio de YPF el 26 de abril de 2006, quien fue puesto otra vez en funciones en el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los antecedentes más destacados de Baratta se encuentra ser un hombre de extrema confianza del Ministro Julio De Vido quien ya con anterioridad lo había designado Subsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación Federal.
2.d- Antecedes del "vaciamiento" de YPF como consecuencia "anunciada". La ampliación de la denuncia penal
Hábilmente Repsol aprovechó los argumentos "nacionalizadores" del gobierno para separar los activos del holding español de los de la petrolera estrictamente argentina.
Así, Repsol se aseguró los yacimientos que YPF había comprado previamente en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia, cuando era una multinacional argentina controlada por el Estado nacional. Esos yacimientos hoy tienen valores millonarios, porque los compró a US$ 20 el barril de crudo, que hoy está a US$ 100.
Esta política de reparto de dividendos, conocida y consentida desde el Gobierno Nacional -Roberto Baratta era miembro del Directorio -fue agresiva y absolutamente contraria a la realización de una política de inversiones posible y sustentable. El Cash Flow de la empresa está condicionado por el esfuerzo en la política de dividendos.
Abona lo dicho el Informe de Estados Contables ejercicio 2010 de Repsol YPF S.A. que indicó que "Conforme lo dispone la LSC, la fijación de la política de dividendos es tema que corresponde a la Asamblea de Accionistas; el Directorio sólo propone su pago de acuerdo con las facultades que le confieren el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades Comerciales. Adicionalmente, se informa que los accionistas principales de la Sociedad han hecho público sus acuerdos sobre política de dividendos consistentes en potenciar una política que contribuya a la caracterización de las acciones de la Sociedad en los mercados como potencialmente atractivas por su pay out".
De acuerdo a lo reseñado la "argentinización" de Repsol YPF S.A. fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF distribuyeron casi US$ 5000 millones en ganancias, endeudaron a la empresa en US$ 2300 millones, mientras las reservas y la producción cayeron en un pozo sin fondo. En cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1000 millones y con eso repagaron gran parte de los US$ 2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera.
Como ya hemos dicho, Repsol consintió el acuerdo porque incrementaba sideralmente su patrimonio, a costa de la notoria descapitalización de YPF. De hecho, según consta en sus balances, en el período 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa al amparo de la inacción y complicidad del Gobierno argentino.
Tanto es así que, a pesar de la contención de precios impuesta por el Gobierno de Cristina Kirchner y a los altos niveles de importación, YPF ha tenido en estos años ganancias anuales cercanas al 20% de sus activos y superando el 40% sobre el patrimonio neto. En igual período contrajo deudas por aproximadamente U$S 4000 millones. Esta situación fue avalada por el mencionado representante del Gobierno en el Directorio. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos, configurándose el vaciamiento. No puede soslayarse, además, que Repsol YPF paga dividendos superiores a su utilidad neta.
Tampoco debe escaparse del análisis que fue el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner el que aprobó el acuerdo societario de vaciamiento y el que convalidó -mediante el representante del Estado Roberto Baratta y posteriormente Santiago Carnero- todas las actas de directorio donde se aprobaron los balances retirando utilidades, que implicaban la ejecución del ya descripto vaciamiento. En consecuencia, es inconcebible e impúdico que el gobierno pretenda asumir el rol de víctima en esta situación, ya que de acuerdo a todo lo expresado no caben dudas que se ha constituido en el victimario de YPF.
En relación al modelo de gestión de Repsol en YPF, se puede observar que se ha caracterizado en todos estos años, por extraer todo el volumen de hidrocarburos posible, es decir, hubo sobreexplotación de los yacimientos sin realizar inversiones de capital de riesgo para mantener un horizonte estratégico de reservas (alrededor de 7 pozos anuales de exploración entre 1999 y 2005), y sin preocuparse por el daño al medio ambiente que pudiera provocar (como ocurrió catastróficamente en Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Neuquén).
Es preciso recordar que la compra de YPF en el año 1999 convirtió a Repsol en una empresa petrolera mediana para los cánones del mercado internacional. Esta, como señalamos, más que interés en la exploración, ha mostrado gran habilidad en el negocio de la especulación financiera, a través del cual consiguió, por ejemplo, que sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York subieran de U$S 10 a U$S 30 por acción, una ganancia financiera del 300%. Todo ello en base a una la declaración incorrecta de sus reservas probadas, donde como expresamos precedentemente, incluía las probables.
En el mediano plazo era evidente que por el tamaño de Repsol le sería difícil sobrevivir y debería afrontar ser comprada, por lo que la declaración de la baja de reservas podría considerarse "una operación de limpieza"; o como menciona el periódico digital español Hispanidad en un artículo del 24 de abril de 2006: "... Puede ser la empresa que haga subir a los gigantes mundiales un puesto en el ranking. No es lo suficientemente grande para comer, pero sí para ser comida. Este es el problema."
Por ello, no se explica el supuesto "enojo" del Gobierno de los Kirchner que, invocando la pérdida del autoabastecimiento energético del país, decía pretender "correr" a los Eskenazi y a los españoles de Repsol de YPF. Es verdad que aquellos tiempos se desplomaron las reservas y la producción de gas y petróleo de YPF, pero es importante destacar que en las sucesivas presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner las reservas de gas cayeron 55%, y las de petróleo, 15%, cuando en el mundo y la región hubo una importante expansión. Una prueba acabada de ello es que las importaciones de petróleo, realizadas por la estatal ENARSA, crecieron 20 veces desde el 2003.
En síntesis, es el Directorio el que aprueba el plan estratégico o de negocios, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales, para lo cual analiza la política de inversiones y financiación al momento de considerar y aprobar el presupuesto anual, teniendo en cuenta el periodo que se trate. Salvo el correspondiente al balance y memoria 2011 el resto han contado con el aval de los representantes del Estado en el Directorio y en la Sindicatura.
- En diciembre de 2007 se firmó el acuerdo para la compra del 14,9% de las acciones con una opción a 4 años para totalizar el 25% a U$S 3750 millones. Por los 14,9% se pagaron U$S 2235 millones. El precio de toda la compañía fue fijado en U$S 15000 millones.
- En enero de 2008, como lo hicieron recientemente, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un 10% del paquete accionario a U$S 2000 millones. Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se acordó la posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el pagado por Eskenazi (aproximadamente U$S 2000 millones), pero sin financiación, situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder concedente de las reservas, se encontraban en una posición desfavorable en relación a las condiciones de contratación obtenidas por Eskenazi.
- En marzo de 2008 Cristian Folgar, Subsecretario de Combustibles de la Nación, comenzó a exigirle a Repsol y a otras petroleras mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles.
- El 16 de abril de 2008 distintos diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20,3% respecto a diciembre de 2005. A esta fecha las reservas probadas eran de 8,1%. (Reproducen un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de las acciones.
- El 8 de mayo de 2008 Eskenazi compró el 0,1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó el 15% de las acciones.
- En julio de 2008 cambia status en Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos, situación que no se produce en nuestro país.
- En agosto de 2008 se anunciaron perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap -Sipetrol en las costas del Golfo San Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años. Usaron la plataforma "Ocean Scepter" y se inauguró en octubre de 2008. En septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF, cambiando el color, logo, etc. para lucir "más argentina".
- En septiembre de 2008 la provincia de Neuquén le extendió a Repsol YPF los contratos de explotación hasta el año 2027.
- El 6 de noviembre de 2008 Brufau visitó a Cristina Fernández de Kirchner y ratificó el plan de inversiones, que contaba con el aval del gobierno argentino.
- El 13 de junio de 2009 Cristina Fernández de Kirchner viajó a Suiza en avión de Repsol.
- El 16 de Junio de 2009 se mencionó que, además del 10% de la opción de compra de Petersen, otro 30% podría comprarlo el Estado a través de ENARSA. "Repsol se quiere ir" titulaba el periódico on line TERRA en España. El 1 de julio del mismo año, el diario Crítica informó que Repsol criticó en Wall Streel al gobierno argentino. En esa nota voceros de la empresa afirmaron que recibieron distintas propuestas pero ninguna en firme luego de la pérdida en las elecciones legislativas celebradas en junio de 2009.
- Repsol encargó a Goldman Sachs buscar compradores para YPF. Mientras tanto diarios españoles dicen que "sería ventajoso que REPSOL saliera de Argentina (El País, 5 de julio del 2005, "El último tango de REPSOL").
- El 6 de julio de 2009 las petroleras chinas afirmaron que lo que quieren son acuerdos de participación no la compra del 75% del paquete accionario. El gobierno argentino informó que prefiere a Repsol como interlocutor y no a los chinos.
- En octubre de 2009 Enrique Eskenazi sigue interesado en su opción del 10% de la Compañía. El 8 de ese mes Repsol retomó su plan de colocar el 20% en la Bosa para ofrecerlo en marzo de 2010.
- El 12 de noviembre de 2009 los principales accionistas de Repsol quieren la venta de la filial argentina (SACYR 20%, La Caixa con Criteria y la Caixa de Catalunya 14%). Se produjo una caída del 30,6% de los beneficios en los tres primeros trimestres del 2009.
- A principios de 2010 CNOOC compró parte de Bridas Holding porque no pudo llegar a un acuerdo por YPF. Les interesa Bridas por su gasoducto en Turkmenistán. CNOOC vuelve a interesarse en REPSOL a través de C. Bulgheroni (que había vendido en U$S 3000 millones el 50% de Bridas). Este último dijo estar interesado en un 20% de YPF y convertirse en su presidente (Finazas.com.es).
- El 26 de noviembre de 2010 Repsol registró en la SEC (Security Exchange Commission, New York) un folleto para la venta del 15% de las acciones de YPF Argentina por U$S 2360 millones (€ 1792,8 millones). La SEC analizó la venta de YPF tras una denuncia que le presentaron los trabajadores con PPP, acusando a la compañía de información falsa en el prospecto. Finalmente, en diciembre de ese año, vendió el 3,3% de YPF a 2 fondos de inversión por U$S 50 millones. Son Eton Park y Capital Guardián. Aquí el Grupo Repsol tiene el 79,84%; Petersen, el 15,4% y 4,69% "free float".
- El 31 de enero de 2011 el Citi informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre del 2011.
- En febrero de 2011, durante la presentación de los resultados anuales de 2010, Repsol dijo haber "adelantado significativamente el cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico" hasta 2014, que incluyen la venta de una parte de YPF hasta reducir su posición al 50,1%.
- El 8 de abril de 2011 Mendoza prorrogó hasta el año 2027 (10 años) la concesión a REPSOL de 16 zonas. Adviértase que alguna de ellas fueron retiradas al año siguiente aduciendo incumplimientos que paradójicamente no fueron tenidos en cuenta por el ejecutivo provincial un año antes, cuando la relación entre el gobierno y la empresa era óptima y nada hacía presagiar la ruptura.
- El 5 de junio de 2011 Eskenazi (Grupo Petersen) ejerció su opción con 9 meses de anticipación y compró el 10% por U$S 1304 millones, por lo que su posición ascendió al 25,46%.
- El 10 de julio de 2011 el CEO de la empresa, Brufau, dijo que le venderá a 4 provincias el 10% de acciones por € 1022 millones (Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén).
- El 12 de julio de 2011 la compañía asumió el compromiso de mantener el 50,1% de YPF hasta febrero de 2013. (Publicado en diarios españoles).
- El 22 de enero de 2012 el gobierno argentino expresó su malestar por la gestión de Repsol YPF. Una de las razones sería el retiro y giro al exterior de utilidades en diciembre de 2011, cuando afrontaban una corrida cambiaria; también habría molestado verse forzados a mayor importación de combustibles por la falta de inversión.
- El 4 de febrero de 2012 el Gobierno argentino suprimió estímulos a las petroleras coincidentemente con la nueva visita de Brufau. Los estímulos eran Petróleo Plus y Refino Plus. Petróleo Plus beneficiaba a PAE, YPF, Occident-Sinopec Pluspetro Total Austral, Enap Sipetrol y Petrobras por $ 1752 millones. Refino Plus subsidió a YPF, ESSO y Petrobrás con $ 351 millones. La primera beneficiaria era PAE, que es controlada por British Petroleum con el 60%. El día 8 del mismo mes los ministros Lorenzino y De Vido se reunieron con Brufau y negociaron la reinversión de utilidades para exploración y producción.
- El 29 de febrero del 2012 Repsol informó una baja del 90% en ganancias del 4º trimestre atribuyéndolo a la suspensión del programa Petróleo Plus y a las huelgas en la argentina, así como al conflicto en Libia. El neto anual se redujo en un 53,3% en comparación a 2010. Las acciones de YPF cayeron 7,55% en la bolsa de Buenos Aires; y las de Repsol YPF en Wall Street, un 5,61%, acumulando una caída del 22%.
- En la apertura de las sesiones ordinarias se esperaban anuncios de medidas que afectarían el futuro de la empresa. Como no se produjo este supuesto, el 2 de marzo subieron las acciones en Nueva York a U$S 29, 71 (13,3%) y en Buenos Aires a $146 (16,8%).
- El 3 de marzo del 2012 la provincia de Chubut intimó por decreto, con un plazo de 7 días, a que presenten un plan de producción sustentable e inversión para los yacimientos de El Trébol Escalante y Campamento Central Bella Vista Este Cañadón. En esa región es fuerte Pan American Energy, de los Bulgheroni. (Chubut produce el 37% del petróleo del país). En el mismo sentido, Santa Cruz le otorgó 5 días a YPF para justificar la falta de inversión amenazando sacarle concesiones en 20 yacimientos. (Santa Cruz produce el 20% del petróleo del país).
- El 6 de marzo de 2012 Mendoza emplazó a YPF a invertir en un mes los fondos acordados para 2 áreas (Malargüe y Rivadavia) bajo apercibimiento de retirarle las concesiones. La Compañía tiene el 80% de la explotación de crudo de la provincia que produce el 15% del total del país. En este sentido, no se tiene constancia alguna de igual comportamiento por parte del estado provincial ante los incumplimientos históricos de la Compañía en esa Provincia.
- El 7 de marzo de 2012 Repsol YPF denunció una "persecución sistemática" en Argentina y advirtió que defenderá sus derechos en la Justicia, al rechazar en un comunicado las acusaciones de 3 gobiernos provinciales (Chubut, Sta. Cruz y Mendoza).
- El 8 de marzo de 2012 YPF apeló en la Justicia la Resolución de la CNV que había impugnado la reunión de Directorio del 23 de febrero del 2012. La CNV había declarado "irregulares e ineficaces" las decisiones que se adoptaron en dicha reunión y dijo que no "aparece justificada" la decisión de impedir la participación en la reunión de directorio de los representantes del Gobierno que no ocupan formalmente sillas. La CNV había abierto un expediente en contra de la petrolera por la denuncia de Baratta. Ante esto, la empresa retrocedió y celebró una nueva reunión de directorio, debido a la suspensión de la del 23 de febrero. Participaron -además de Baratta- Kiciloff y Cameron. Allí, el PE se opuso, a diferencia de otras veces que había avalado, a la memoria y el balance presentados por la empresa correspondientes al último ejercicio anual. Los representantes del Estado también habrían sugerido, por primera vez, que los dividendos aún no distribuidos sean utilizados para crear un fondo de reserva para importaciones, explotación e inversión, con el objetivo de revertir las pérdidas anunciadas.
- El 9 de marzo de 2012 la Provincia de Neuquén (mayor productora de gas natural del país) solicitó a Repsol un plan de acción para mayor producción en 3 áreas: Don Ruíz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo.
- El 10 de marzo de 2012 el representante de la Compañía por el Estado Nacional, Baratta, declaró al diario Página 12 que "Hasta que la producción o la performance de la empresa, tanto en petróleo como en gas o en combustible no mejore, hasta que no cambie la tendencia, sí o sí (las utilidades) tienen que ir a inversiones". Este comportamiento es contrario a toda su gestión al frente de la representación estatal en el directorio.
- El 14 de marzo de 2012 las provincias de Chubut y Santa Cruz le retiraron a YPF las licencias de explotación de 4 áreas debido al "incumplimiento de los compromisos de inversión y las metas de producción". En Chubut, en el Trébol Escalante y Campamento Central Cañadón Perdido, licencias que vencían en 2017. En Sta. Cruz, en Los Monos y Cerro Piedras (0,003%). YPF anunció que emprenderá "las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas". Aseguró que ha realizado "las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos" con "un crecimiento ininterrumpido" de ellas, hasta llegar a los U$S 350 millones en 2011 lo cual representa un incremento del 236% desde 2009 a la fecha.
El Ministro de Gobierno de Chubut, Javier Touriñan, afirmó que la compañía "no puede abandonar los yacimientos ni dañarlos, el retiro no será inmediato. El proceso de reversión puede llevar entre 60 y 90 días. En ese lapso se garantiza la continuidad del pago de salarios a los agentes". Según los analistas del sector, la caducidad no supone un golpe fuerte, pues sólo posee el 16% de la explotación petrolera en Chubut. Y, sobre todo, porque hasta entonces conservaba otro yacimiento, Manantial Behr, en donde lleva invertidos € 6 millones en la construcción de la primera etapa de una planta deshidratadora.
- Contrariamente a lo esperable, el 16 de marzo de 2012 las acciones de Repsol subieron un 1,08% en la bolsa de Madrid a pesar de la pérdida de concesiones, cerrando a € 19, 18.
- El 21 y 22 de marzo de 2012 Repsol YPF, a través de un comunicado, informó que invertirá sus beneficios en capitalizar la empresa, en lugar de lo que pretendía el Estado, crear una reserva de inversiones con las ganancias de 2010 y 2011. Esto fue rechazado por el Estado argentino mediante el ejercicio de su rol en el directorio de la Compañía. Adviértase que el acuerdo avalado por el Gobierno Argentino le permitía repartir utilidades por el 90%, como ya hemos expresado. Brufau se comprometió a invertir $ 15000 millones (€ 2600 millones) sólo en 2012, lo que representaría un record histórico para la petrolera.
- El 23 de marzo Fitch, la calificadora de riesgo, bajó la calificación de Repsol de BBB+ (nota alta de calidad aceptable) a BBB (nota media de calidad aceptable), siguiendo lo que había hecho Moody's la semana anterior. Fitch también decidió desconsolidar a YPF del flujo de capital y deuda de Repsol, es decir que separó las cuentas de ambas Compañías.
- En un análisis del periódico El País de España se informó que los inversores han rebajado el valor de mercado de Repsol en € 2700 millones, mientras que el valor del 57% de YPF sólo ha caído € 2000 millones. En la misma nota se informó, además, que el mayor causante de esta baja es que la exposición de Repsol en YPF es más cercana al 82% dado que financió directa o indirectamente la compra del 25% por parte del Grupo Petersen, y que si no podía pagar el préstamo, Repsol "cargará con el muerto".
- El 24 de marzo Mendoza le revirtió los contratos de concesión de los yacimientos de Ceferino, en Rivadavia, y de Cerro Molar 3, en Malagüe. En consecuencia, Repsol anunció que iniciará acciones legales contra la provincia.
- El 26 de marzo Salta revocó las concesiones a Repsol YPF del yacimiento Tartagal Oeste.
- El 27 de marzo el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, anunció que en 60 días crearía la Empresa Provincial de Energía que tomaría la posta de la exploración petrolera, incluyendo las explotaciones que se le quitaron a Repsol YPF.
- El 28 de marzo Río Negro revocó la licencia de explotación que vencía en el 2026, siendo la sexta provincia en tomar esta medida. El anuncio fue hecho luego de finalizar la reunión de la OFEPHI con Julio De Vido.
- 29 de marzo el diario ibérico ABC publicó que el Gobierno argentino estudiaba comprar un 33% de Repsol YPF para conseguir más peso en su consejo con 4 miembros, que declararía a la petrolera de interés público, y que un 25% se lo compraría a Petersen y un 8% a Repsol. El Estado argentino destinaría $18718 millones (€ 3222 millones) y Repsol mantendría un 50%. Existe una complicación para esta operación, dado que según los estatutos de YPF quien realiza una oferta por más del 14,9% debe lanzar de forma automática una oferta por el 100%, por lo que se estudió una vía alternativa. Las acciones subieron 1%, a $145 por acción, pero pareciera que se debe al interés de Exxon de explotar Vaca Muerta junto a Repsol. Desde la privatización en 1999, el Gobierno argentino se quedó con el 0,02% de activos de YPF, pero tiene el derecho a participar en las decisiones del consejo y poder de veto gracias a la "acción de oro" que mantiene.
- Repsol YPF anunció el hallazgo de petróleo convencional y de esquisto en Mendoza. El Secretario de Energía, Cameron, calificó al hallazgo de irrisorio y que sólo perseguía un fin mediático.
- El 31 de marzo Neuquén canceló otro contrato (la explotación del yacimiento de shale gas "Don Ruíz"), siendo ahora 3 los yacimientos que le fueron quitados. Por ello, ahora son 11 las áreas perdidas por la petrolera.
- El 2 de abril Chubut le revocó la concesión del principal yacimiento de YPF (Manantiales Behr) que corresponde al 10% de la producción nacional. Las acciones se derrumbaron en 15% en la Bolsa y tocaron su mínimo en 32 meses.
- El 3 de abril el diario La Nación informó que el Gobierno estudiaba las vías legales para entrar en YPF. Según la información referida, tenía 2 caminos: sentarse a negociar con los dueños o expropiarla. En ninguno de los dos casos estaría a salvo de obstáculos. Las acciones de Repsol YPF se derrumbaron 17,5% una hora y media antes del cierre en la Bolsa de Buenos Aires, en medio de versiones de una intervención gubernamental en la compañía. El valor de la petrolera bajó U$S 6980 millones y el precio de mercado quedó en torno a U$S 9070 millones, según la prensa.
- El 5 de abril Rio Negro revocó la concesión del yacimiento de Ñirihuau. Esta medida no tiene impacto en la producción, puesto que el área está en sociedad con Pluspetrol y es sólo de exploración.
- En los próximos tres meses la acción cayó € 5,14 en la Bolsa de Madrid. Pasó de € 23,4 a € 18,26.
De la cronología enunciada precedentemente se desprenden las siguientes conclusiones:
- Que era voluntad de Repsol salirse del negocio en la Argentina, situación que habría sido informada a los accionistas en ocasión de la presentación del Balance de Gestión 2010 (11). En igual sentido, esta tesis indica que el 12 de julio de 2011 la compañía asumió el compromiso de mantener el 50.1% de YPF hasta febrero de 2013.
- Que Repsol fue desprendiéndose de manera paulatina de sus acciones. Adviértase que el 31 de enero de 2011 el Citi informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre de 2011.
- Que el Estado Argentino y las provincias concedentes avalaron el plan de inversiones de la empresa, a saber:
- Tanto el representante del Estado Argentino en el directorio, Roberto Baratta y/o Santiago Carnero, como los síndicos por el Estado (SIGEN) avalaron los estados contables, memorias y plan de inversiones por unanimidad hasta el ejercicio 2011 (12) .
- Las provincias productoras ofrecieron en más de una oportunidad asociarse a Repsol, aun en condiciones menos ventajosas que las obtenidas por los Eskenazi. El 10 de julio de 2011 el CEO de la empresa, Brufau, anunció que le vendería a 4 provincias (Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén) el 10% de acciones por € 1022 millones.
- Durante 2010 y 2011 las provincias de Neuquén y Mendoza renovaron por 10 años las concesiones, sin alegar incumplimiento alguno por parte de la empresa.
- Tanto con el ingreso de capitales chinos como en relación a PEMEX, el gobierno argentino informó su voluntad de que Repsol siga teniendo la posesión dominante en la Compañía.
- Que el Estado Argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que dejó de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la Empresa. Asimismo, no sancionó la manipulación de las reservas lo que provocó una maniobra financiera denunciada y sancionada por distintos países y por la SEC.
- Que el gobierno argentino nunca uso la Acción de Oro avalando, de este modo, todas las maniobras denunciadas y enumeradas en la presente.
- Que la estatal ENARSA -en virtud de lo dispuesto por su Ley de creación- tiene la titularidad de los permisos de exploración y concesión de la explotación de todos los bloques ubicados en la plataforma continental que no estaban adjudicados al momento de la concesión. El 27 de agosto de 2008 ENARSA, YPF y ENAP SIPETROL, junto con funcionarios del Ministerio de Planificación (De Vido-Baratta), anuncian un proyecto de exploración en el mar Argentino por U$S150 millones asociándose, como en otras oportunidades, el Estado Argentino con REPSOL YPF. El 9 de agosto de 2011 ENARSA suspendió la licitación de 32 áreas de exploración petrolera por la crisis. La falta de exploración es una constante en el desarrollo de la matriz energética durante los 10 años de kirchnerismo. Desde el 2003 Argentina aumento en 20 veces las importaciones en petróleo.
A través de su director y su síndico el Estado puede plantear objeciones a decisiones de la empresa, como el reparto de dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones. No obstante, quienes ocuparon ese lugar desde la privatización a la fecha, en ningún momento objetaron la política general de la compañía hasta principios del 2012.
Según los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011 el capital suscripto es de $ 3933 millones y está representado por 393.312.793 acciones ordinarias, escriturales y divididas en cuatro clases de acciones (A, B, C y D) de valor nominal $ 10 con derecho a un voto por acción que se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la oferta pública.
Al 31 de diciembre de 2011 Repsol YPF S.A. ("Repsol YPF") controlaba la Sociedad mediante una participación directa e indirecta de, aproximadamente, 57,43%, mientras que Petersen Energía S.A. ("PESA") y sus sociedades afiliadas ejercían influencia significativa mediante una tenencia del 25,46% del capital de la Sociedad. Adicionalmente, Repsol YPF había otorgado una opción para adquirir hasta un 1,6% del capital accionario de YPF a otros accionistas minoritarios, la cual ha vencido sin haberla ejercido a la fecha de emisión de estos estados contables.
Según el Diario de España "La Vanguardia", el Gobierno argentino de Cristina Fernández indicó en septiembre de 2011 que en el caso de que ingresara la Petrolera Mejicana PEMEX usaría la acción de oro que tiene en la petrolera argentina YPF.
El diario relató que el 9 de septiembre de 2011 se celebró en Buenos Aires -en la sede de la petrolera YPF- una reunión extraordinaria del directorio (que viene a ser el homólogo del consejo de administración en las empresas españolas) ,que duró una hora, para solicitar explicaciones sobre los últimos cambios acontecidos en la petrolera. Tras aquella, YPF envió un comunicado en el que quedó plasmado que no se admitirían cambios en el actual plan estratégico, lo que supone un respaldo total al actual equipo de Repsol.
La nota concreta que "las autoridades de Repsol ratificaron los planes de inversión en el país comprendidos en el periodo 2010-2019 y descartan cualquier modificación en los proyectos que tienen para su filial en la Argentina". El consejo extraordinario fue solicitado por Roberto Baratta, actual subsecretario de coordinación y control de gestión del Ministerio de Planificación, y que representa al gobierno en la petrolera argentina.
En aquella oportunidad el Gobierno Argentino se mostró plenamente conforme con el accionar de la compañía, tal es así que solicitó "ser informado en tiempo y forma de cualquier circunstancia que pueda implicar una modificación en el actual funcionamiento de la empresa". Pidió también "garantizar formalmente el plan de inversión 2010-2019". Además de Baratta, representante de la Casa Rosada, acudió al encuentro Antonio Brufau, presidente de Repsol. Según fuentes cercanas al Gobierno argentino, ambos ejecutivos próximos al nuevo tándem Sacyr-Pemex (Font y Morales- Gil) han tratado, a lo largo de la última semana, lograr un encuentro con el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, o en su defecto con la propia ex presidenta Fernández, para explicar los planes de Sacyr y Pemex (29,51% del capital en Repsol), pero se les ha negado el encuentro. El gobierno argentino tiene claro que el interlocutor español en YPF de Repsol es el propio presidente, Antonio Brufau. Así, pues, Argentina dejó patente que no quería que Pemex gane peso en Repsol (13) .
Con motivo de lo reseñado he sostenido en la ampliación de la denuncia que resultan evidentes las conductas delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A., particularmente las del Presidente Antonio Brufau Niubó, del Vicepresidente Enrique Eskenazi, de los integrantes del Directorio, sus actuales Directores, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y de toda aquella persona que en virtud del cargo ocupado en YPF, hubiera participado y/o avalado los sucesos descriptos precedentemente.
A esta altura es posible presumir que han sido cometidos crímenes en contra del orden económico y financiero (Título XIII de Libro Segundo del Código Penal -arts. 307, 309 y concordantes-), así como eventuales delitos de evasión fiscal, lavado de activos (Ley 25.246), y administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 C.P.), entre otros, por parte de los directivos de la empresa petrolera, en virtud de las acciones desplegadas en las operatorias anteriormente relatadas. Todos ellos cometidos en pleno conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional quien, al menos, ha omitido fiscalizar y tomar las medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control. El vaciamiento de YPF, entonces, se prueba definitivamente con la ley de expropiación.
En efecto, en esa oportunidad, la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación del proyecto de ley que nos convoca, mediante el cual "se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas".
En los fundamentos del proyecto de ley se consignan hechos que hemos venido denunciando públicamente, y que dan cuenta del conocimiento cierto que tienen y han tenido la ex mandataria y los funcionarios competentes del más alto rango de la grave situación en la que se sumiera a YPF S.A., bajo el propio gobierno del matrimonio Kirchner.
Entre otros reconocimientos pueden leerse: "Como se verá a continuación, la estrategia de carácter predatorio ejercida por parte de Repsol como controlante de YPF tuvo serias consecuencias para la economía nacional y, seguramente, se profundizarán si el Estado no toma intervención en el funcionamiento de la empresa.
En primer lugar, la estrategia de reducción de la producción por parte de la compañía implicó la progresiva pérdida de soberanía energética de Argentina, puesto que las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas (...)".
Llama la atención que, si bien coincidimos en calificar como "predatoria" la conducta observada por las autoridades a cargo de YPF S.A., el Estado no haya tomado intervención mucho antes, cuando pudieron haberse evitado muchas de las consecuencias nefastas del accionar orquestado por Repsol, que terminaron con el vaciamiento de la petrolera.
La respuesta es evidente: los funcionarios mencionados, a pesar de conocer las distintas maniobras realizadas por dicha empresa, las avalaron, al menos, "dejando hacer"; no utilizaron la acción de oro que está en sus manos. El director, que debía representar los intereses del Estado, suscribió siempre los balances de la empresa.
Por eso, en su momento denunciamos que lo que desde el gobierno argentino se presentaba como "un paso hacia la nacionalización" del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol YPF era el líder.
Sigue diciendo el proyecto de ley en sus fundamentos:
"Así, la política de virtual vaciamiento, al aplicar una lógica operativa más cercana al mundo financiero que al productivo, ejecutada por REPSOL -YPF multiplicó las importaciones de combustibles por 11 veces entre los años 1995 y 2011. Para este último año, el nivel de importaciones de combustibles alcanzaba los US$ 9397 millones, prácticamente equivalente al saldo comercial total del país, que para ese mismo año ascendía a los US$ 10347 millones.
El análisis de la información de producción de petróleo y de gas, por su parte, muestra a las claras la responsabilidad que le cabe a Repsol YPF en este proceso. Entre los años 1998 y 2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de m3, de los cuales 8,6 millones de m3 fueron responsabilidad de Repsol YPF. En el mismo sentido, la producción total de gas se redujo entre 2004 y 2011 en 6,6 miles de millones de m3, de los cuales 6,4 miles de millones correspondieron a Repsol YPF. Vale decir que esta compañía fue responsable del 54% de la caída de la producción de petróleo y del 97% de la caída de la producción de gas. De hecho, si YPF hubiera logrado mantener los niveles de producción de petróleo del año 1999 y los niveles de producción de gas del año 2004, la caída en el primero de estos hidrocarburos se habría reducido a la mitad, mientras que en el caso del gas la producción no habría registrado reducción alguna. Es por eso que el país debió importar combustible para satisfacer las necesidades de su crecimiento.
El accionar de Repsol YPF demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han coincidido con las necesidades de la República Argentina, en tanto ha determinado una caída de la producción y una reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país. Como se verá a continuación, queda en evidencia que el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindera con la actividad especulativa, que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país.
El actual déficit energético de Argentina se encuentra estrechamente asociado con las políticas llevadas adelante por parte del accionista mayoritario, Repsol, a lo largo de los últimos quince años. Dicho comportamiento implicó un nivel de inversiones que resultó insuficiente para garantizar la expansión de la producción que requiere una demanda doméstica en continuo crecimiento, en el marco del proceso de expansión económica más significativo en la historia de nuestro país".
Insistimos que no debe olvidarse que esa política de reparto de dividendos, agresiva y absolutamente contraria a la realización de una política de inversiones posible y sustentable, fue conocida y consentida desde el Gobierno Nacional.
Abona lo dicho los argumentos esgrimidos por la Jefa de Estado al hacer público el dictado del DNU 530/2012, publicado en el Boletín Oficial en el Suplemento correspondiente a la edición N° 32.378 del 16/04/2012, mediante el cual dispone la intervención transitoria de YPF S.A. por un plazo de TREINTA (30) días, designando para el cargo de interventor nada menos que al ex Ministro Julio de Vido y, luego también, al ex Viceministro de Economía, Axel Kicillof, para el mismo cargo.
En la misma línea que el proyecto de ley, señalaba en los considerandos:
"Que si bien YPF S.A. es la mayor empresa del sector petrolero de nuestro país, su accionar a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos a los de la República Argentina, en tanto ha determinado la disminución de las inversiones, la caída de la producción y la reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país, quedando en evidencia que el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindero con la especulación y que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país, la cual repercutió negativamente en la producción y en el nivel de reservas (...)se ha asistido a una profundización de la estrategia de virtual vaciamiento de la empresa, proceso que se ha plasmado en un sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior.
Que, la política depredatoria llevada adelante por el principal accionista desde el año 1999 condujo a una sistemática pérdida de la relevancia de YPF S.A. en el mercado hidrocarburífero local. Mientras numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus inversiones, y con ello su producción, se verificó una disminución progresiva de la relevancia de YPF S.A. en la producción de hidrocarburos. Así en el año 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la gasífera en nuestro país, participación que se redujo en el año 2011 al 34% y 23%, respectivamente (...).
Que al igual que lo que ocurrió con la producción de petróleo, la política de inversiones en materia de gas determinó la caída de la producción y de la participación en el mercado por parte de la compañía: Repsol YPF redujo su cuota de mercado entre 1997 y 2011 en más de 11 puntos porcentuales (...).
Que, la sistemática falta de inversiones por parte de la compañía condujo a una significativa caída en las reservas de petróleo en las áreas de concesión de Repsol YPF. Así, las reservas de petróleo de Repsol YPF se redujeron entre 2001 y 2011 un 50% (...).
En el caso de las reservas de gas, la reducción del horizonte de reservas ha obligado a la importación de este combustible, con la consecuente necesidad de financiar esas compras con divisas. De hecho, desde 1999 las reservas de gas de Repsol YPF se redujeron en más de un 55%.
Que esta reducción ha sido tan drástica que determina una caída del horizonte de reservas de gas de los casi 17 años que se registraban en 1997 a solo 7 años en 2011 (...) el comportamiento de Repsol YPF implicó para Argentina un fuerte deterioro en términos de la capacidad de autoabastecimiento en materia de combustibles. El resultado de este movimiento produjo una creciente necesidad de importaciones de combustibles que implica una mayor vulnerabilidad externa.
Que la estrategia predatoria por parte de Repsol YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional, puesto que como consecuencia, las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas (...).
Que en conclusión, la política predatoria ejecutada por Repsol YPF implicó que por primera vez en 17 años Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó en 2011 los US$ 3029 millones (...).
Que en consecuencia resulta imperioso asegurar el abastecimiento de combustibles, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades del país, siendo para ello necesario disponer medidas concretas en tal sentido".
Es de interés resaltar que, en virtud de lo anteriormente descripto, el Poder Ejecutivo Nacional estaba confirmando, con sus propios actos, el alto nivel de conocimiento que ostentaba de la grave situación que existía que, por otro lado, ha convalidado.
Por ello, lo mínimo que uno podría preguntarse es si no ha habido, por parte del Poder Ejecutivo Nacional en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, una conducta de encubrimiento de los crímenes que aquí se investigan por no haberlos denunciados y por no haber actuado a tiempo para impedirlos o para que cese la comisión de aquellos.
El mismo 17 de abril de 2012 se celebró una reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y de Minería, energía y combustibles del Honorable Senado de la Nación, con motivo del tratamiento del proyecto de ley de expropiación de YPF.
En aquella expusieron los interventores designados de YPF, el ex Viceministro de Economía y Finanzas, Axel Kicillof, y el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quienes fueran invitados para informar sobre el proyecto a tratarse.
Lo destacable ha sido la actitud adoptada por el ex Viceministro de Economía y Finanzas quien, en consonancia con el tenor de los fundamentos del proyecto y de los considerandos del DNU que dispuso la intervención, ha reafirmado, en reiteradas oportunidades, la existencia y el conocimiento que tenía el entonces PEN del vaciamiento de YPF, de la conducta predatoria de Repsol respecto de las reservas de la petrolera, de las conductas de especulación y manipulación de las acciones llevadas a cabo por Repsol y de la "beneficiosa" operación de compraventa celebrada con el grupo Petersen, de los Eskenazi.
En tal sentido, es posible leer en la versión taquigráfica de dicha reunión plenaria cómo Axel Kicillof se jactó de conocer "el paño" de empresarios como el Presidente de la compañía, al decir: "... Estos empresarios como Brufau, ¿qué van a entender lo que estamos haciendo? Ellos están pensando en la expansión trasnacional de un grupo, cosa que han hecho en buena medida a expensas de los dividendos girados por nuestra compañía petrolera".
Y tal como sosteníamos, aseguró: "... pero lo decían los propios diarios españoles y lo leyó la propia presidenta: Repsol, antes de apropiarse de YPF, era una empresa muy pequeña que prácticamente no tenía producción de hidrocarburos, y ahora se ha convertido en lo que es".
Siguió diciendo el ex Viceministro de Economía: "Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años. Porque estaban en la consumación de una política. Entonces, baja la producción, y si YPF hoy es poco en el mercado doméstico es porque YPF quiso ser poco en este segmento porque no era el segmento donde tenía mejores precios desde su punto de vista".
Por ello, sus palabras resultan contradictorias con un eventual desconocimiento respecto de quién fue siempre Repsol. Resulta una burda mentira que el estado de situación que hoy utilizan como fundamento para la expropiación les fuera desconocido.
Asimismo, señaló: "Este gráfico es el que mostró Cristina, la presidenta, con respecto a la evolución del nivel de reservas de petróleo. Una caída del 50 por ciento de la reserva. Hemos hablado estos días con muchos petroleros que nos decían: una empresa petrolera que pierde reservas de un año al otro, toda la industria petrolera la mira con desconfianza, porque el día que baja 1 por ciento el nivel de reservas, la empresa sabe que está poniendo en cuestión su supervivencia. Pero esto es un grupo, que habrá puesto sus recursos para producir en otro lado, o porque los costos eran menores o porque los precios eran mayores, y le daba más rentabilidad de corto plazo. Otro tanto con la reserva de gas: 55 por ciento se redujeron".
El Grupo Repsol se estaba desprendiendo de la propiedad accionaria de YPF voluntariamente y, además, no había voluntad de comprometerse tanto con el país.
Aquí nos encontramos en presencia de un grupo -Repsol- que retiró dividendos cerca de U$S16000 millones. Así, en términos estrictos, podría decirse que ya recuperó lo que puso en dividendos, no en títulos, en dólares contantes y sonantes, que se llevó al extranjero. Sin embargo, además, vendió al Grupo Petersen el 25 % de la compañía por U$S 3539 millones, pero este no disponía del efectivo. Por lo tanto, se endeudó y decidió pagar a través de los dividendos. Esto es un acuerdo privado de accionistas. Por lo tanto, reconoce expresamente el exitoso "negocio" con el cual el gobierno, a través de su aval y cobertura, benefició a los Eskenazi.
Incluso, Kicillof, a pesar de las valoraciones que realiza, reconoce la existencia de la denominada "acción de oro". El entonces Viceministro de Economía manifestó:
"Ese director que tenemos es porque la acción de oro desapareció, porque ahora tenemos una acción de oro boba. ¿Cuánto tenemos? 0,9 por ciento. A lo cual el Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios contestó: "No, una acción". Luego, el Viceministro de Economía continuó diciendo: "Una acción. Y por eso tenemos un director de diecisiete. Ese director ha acompañado todas las políticas de este gobierno, en términos de que hubo momentos en que parecía que esos señores, y nunca si no me equivoco... Bueno, el año pasado Barata votó en contra... ¿de?..."
Nuevamente, el ex Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios expresó: "La remisión..." Por último, el Viceministro de Economía finalizó diciendo: "La remisión de utilidades. Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años. Porque estaban en la consumación de una política".
Por otro lado, el propio ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -quien, quizás por su activa participación en todo el proceso, prefirió no hacer mucha "alharaca"- terminó por reconocer el estado de emergencia del sector: "...tuvimos que importar hidrocarburos por las falencias, muy graves, que tuvo Repsol en toda esta historia, desde 1999 en adelante; y no desde 2003; aunque desde 2003 en adelante también, porque fue una constante".
En el mismo sentido, el día 25 de abril de 2012 se ha publicado -en la página web de la petrolera- un comunicado suscripto por "Intervención YPF" como respuesta a Repsol por la solicitada que había publicado el día anterior en los diarios de mayor circulación del país.
Al respecto, afirmó dicho comunicado: "Entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4%. Se trata de una conducta depredatoria (sic). Una compañía petrolera que cada vez produce menos al tiempo que sus reservas decrecen, está siendo vaciada".
Asimismo señalaron: "las inversiones no se dirigieron hacia las actividades de exploración que conducen a nuevos descubrimientos". "El grupo Repsol se dedicó a buscar petróleo en otros países como Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia, Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal. Así lo reconoce en su página de internet donde afirma que "los pilares de su estrategia son el aumento de la producción y las reservas, la diversificación geográfica de la actividad con el incremento de su presencia en países de la OCDE".
Concluyeron el comunicado sosteniendo: "La inversión de Repsol fue INSUFICIENTE porque provocó una reducción en la producción y las reservas de YPF ocasionando un enorme perjuicio para la empresa y para el país".
Por otro lado, el ex Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, también reconoció públicamente lo evidente del vaciamiento de la empresa al señalar: "si uno considera que una compañía, en cualquier rubro, tenía el 43 por ciento de un mercado y al cabo de unos años tiene el 34 por ciento, eso quiere decir que algo pasó, que algo no hizo".
Al respecto, el entonces jefe de la cartera económica destacó que el comportamiento de YPF en manos de Repsol "explica el 54 por ciento de la caída de la producción de petróleo y el 97 por ciento de la caída de producción de gas".
Tras recordar que "gran parte de nuestra energía eléctrica se abastece de gas", el Ministro sostuvo que la política de Repsol de remitir utilidades, endeudar a la compañía y no producir implicó un perjuicio para la economía, que se tradujo en un perjuicio para la gente".
"El concesionario tiene la obligación de no bastardear el recurso que le están otorgando", enfatizó el funcionario, quien cargó contra Repsol por haber distribuido entre 1999 y 2011 "U$S 15728 millones" de utilidades de YPF mientras que todo el grupo, a nivel global, "distribuyó U$S 13.370 millones" ("YPF acusó a Repsol de aplicar una política "depredatoria" de los recursos naturales", lanación.com, 25/04/2012).
Es de interés resaltar que dichas declaraciones demuestran una indiscutible auto incriminación por parte del entonces Gobierno Nacional.
Sumado a ello, el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, -luego de que una publicación del diario "Tiempo Argentino", del 22 de abril de 2012, lo apuntara como "lobbista" de la empresa Repsol- salió a aclarar que había sido contratado por la compañía española como "consultor en temas coyunturales", por gestiones que había realizado el propio ex Presidente Néstor Kirchner.
El ex funcionario aseguró que su puesto era de "consultor externo" y que lo consiguió en 2008 gracias a una "gauchada" del propio ex presidente Néstor Kirchner.
Asimismo, el ex Jefe de Gabinete Kirchnerista brindó más detalles sobre su contratación por parte de Repsol. En efecto, sostuvo: "Cuando dejé la Jefatura de Gabinete tuve un problema de salud que me dejó fuera de circuito durante veinte días. Cuando volví, me reuní con Kirchner, que se preocupó por mi situación laboral y, para ayudarme, le propuso a la gente de YPF que me contrate" (ver nota "Alberto Fernández confesó que Néstor Kirchner le consiguió trabajo en YPF", diario Perfil.com del 23/04/2012).
Dicha situación refleja la "estrecha" relación que mantenía el ex mandatario con las autoridades del REPSOL.
En suma, la expropiación garantizó impunidad a Repsol mientras que la intervención "premió" a quienes avalaron el "vaciamiento" y tiende a garantizar impunidad a los funcionarios partícipes de aquel.
(1) http://www.ttn.gov.ar
(2) Marienhoff, Miguel Ángel : "Expropiación, justa indemnización: concepto y fundamento jurídico", Jurisprudencia Argentina 1959-VI pagina 255 y siguientes.
(3) Bielsa "el método jurídico en la expropiación". LL 8/09/1966
(4) http://www.finanzas.com/id.8984587/noticias/noticias.htm
(5) www.biodiversidadla.org/content/view/full
(6) Total gas entregado a usuarios finales (incluye usuarios de distribución, by pass comercial, by pass físicos, RTP Cerri y usuarios en boca de pozo).
(7) http://www.enargas.gov.ar
(8) Diario El País de España, Sección Economía, 20 de diciembre de 2007
(9) Los Estatutos de la petrolera obligan a presentar una OPA si el inversor compra más del 14.9% de la compañía.
(10) InfoMoreno, por Gustavo Callejas
(11) En febrero de 2011, durante la presentación de los resultados anuales de 2010, Repsol dijo haber "adelantado significativamente el cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico" hasta 2014, que incluyen la venta de una parte de YPF hasta reducir su posición al 50.1%.
(12) Según obra en la presentación ante la Comisión Nacional de Valores, Ejercicio 2010 "puesto a consideración del Directorio" (...) la memoria, Balance General, Estado de Resultado, Evolución del patrimonio Neto y Flujo de efectivo, con sus notas, cuadros y documentación conexa e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico 34 iniciado el 1/1/2010 y finalizado el 31/12/10". Referencia Asamblea General Ordinaria N° 35 - CNV 28/4/11
(13) La vanguardia, Economía, 10 de septiembre 2011