Source: http://www.oas.org/juridico/spanish/agendas/peruestpreindex.htm
Timestamp: 2017-12-12 20:08:24
Document Index: 232471905

Matched Legal Cases: ['artículo 425', 'artículo 393', 'artículo 394', 'artículo 395', 'artículo 396', 'artículo 425', 'artículo 25', 'artículo 394', 'artículo 393', 'artículo 394', 'artículo 395', 'artículo 396', 'artículo 393', 'artículo 394', 'artículo 426', 'artículo 36', 'artículo 401', 'artículo 394', 'artículo 399', 'artículo 399', 'Artículo 398', 'artículo 25', 'artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 426', 'artículo 36', 'Artículo 398', 'Artículo 398', 'Artículo 36', 'artículo 398', 'artículo 36', 'artículo 398', 'artículo 398', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 401', 'Artículo 399', 'artículo 384', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 397', 'Artículo 384', 'artículo 296', 'artículo 194', 'artículo 195', 'artículo 405', 'artículo 27', 'artículo 33', 'Artículo 399', 'artículo 388', 'artículo 388', 'artículo 387', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 389', 'artículo 389', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 20', 'Artículo 479', 'artículo 481', 'artículo 429', 'artículo 2', 'artículo 2']

ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL PERUANA A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
3.10.2 Acción Típica
3.10.3 El Objeto de la Ación
PARTE GENERAL : El sujeto activo de los delitos de Corrupción. El concepto de funcionario Público.
25. En conclusión, el texto que tendría que presentar al artículo 425 del Código Penal, sería el siguiente:
1. Todo aquel que mantiene vínculo laboral,o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado o quienes desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, ya sea que la entidad pública esté sujeta al régimen laboral de la actividad pública o de la actividad privada, y que en virtud de ello ejerce funciones en interés del Estado. Se incluye a quienes han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, aún cuando no hubiesen asumido el cargo; así como a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.
Se han eliminado los inciso 1 ("Los que están comprendidos en la carrera administrativa") y 5 ("Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional").
El inciso 2 ("Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular") ha sido fusionado en el nuevo inciso 1 propuesto.
26. La figura del cohecho pasivo ha sido prevista por la CICC, en su artículo VI, 1, a, en los siguientes términos:
27. En la legislación penal peruana se han previsto distintas modalidades de cohecho pasivo. Así , en el Código Penal peruano de 1991 tenemos el cohecho pasivo propio (artículo 393), cohecho pasivo impropio (artículo 394), cohecho pasivo agravado (artículo 395) y el cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales (artículo 396).
28. Cabe analizar los alcances de la regulación de la CICC, con relación a las disposiciones peruanas a efectos de determinar si éstas se adecuan a los requerimientos de aquella.
29. La CICC precisa que el sujeto activo del delito de cohecho pasivo es el "funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas".
30. Teniendo en consideración lo expuesto en relación al artículo I no sólo puede ser sujeto activo del delito de soborno o cohecho pasivo quien ejerce un cargo público, sino también quien ha sido seleccionado, designado o electo para ocupar esa posición cuando todavía no hubiere asumido su cargo.
31. Llama la atención que la norma se refiera además del funcionario público a la "persona que ejerza funciones públicas". Precisa Manfroni que se trata sólo de un "refuerzo de los alcances del compromiso, que de todos modos están bien asegurados por la amplitud del concepto de funcionario público". Sin embargo, a nivel doctrinal se viene desarrollando una diferenciación entre ambos conceptos.
32. Con la modificación propuesta en relación al artículo 425 del Código Penal se lograría compatibilizar la regulación peruana con la contenida en la CICC.
33. La acción típica del delito de cohecho pasivo es precisada por el Artículo VI.1 de la Convención como el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente (...) de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
34. La acción presenta básicamente dos modalidades: el requerimiento y la aceptación. Ambas formas también son contempladas por el Código Penal peruano que, en sus artículos 393 y 394, precisa como modalidades de acción del funcionario o servidor público el que "solicita o acepta" donativo, promesa o cualquier otra ventaja.
35. El artículo VI precisa que el requerimiento o la aceptación se realicen "directa o indirectamente", por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas.
36. El requerimiento indirecto comprende dos situaciones. La primera, referida a los casos en que el funcionario público se vale de otra persona que a sabiendas participa en el pedido. La segunda se refiere a las insinuaciones o actitudes del funcionario destinadas a demostrar al particular que no conseguirá su propósito de otra manera que mediante un soborno.
37. La primera forma de requerimiento indirecto está vinculada con el tema de la participación delictiva. El partícipe ya sea a título de cómplice primario, cómplice o secundario, también debe ser sancionado, conforme lo prescribe el Artículo VI. e) de la CICC. En la legislación penal peruana no existe dificultades para la sanción de los cómplices en aplicación del artículo 25 del Código Penal.
38. Respecto al requerimiento realizado indirectamente mediante insinuaciones o actitudes, no existe previsión expresa en la legislación penal peruana, por lo que la inclusión de la frase "directa o indirectamente" cumpliría esta función.
39. La CICC precisa que el objeto del delito es cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad. Es decir, el objeto del cohecho comprende no sólo los bienes pecuniarios sino también otros beneficios. No se precisa de un valor mínimo de estos bienes o beneficios.
40. Similar alcance tienen las fórmulas del Código Penal, de los delitos de cohecho pasivo propio e impropio, que se refieren al "donativo, promesa o cualquier otra ventaja". Esta fórmula tampoco requiere de cierta cuantía en el valor de los bienes, ni que sea inferior o superior al servicio otorgado. En este sentido, es posible operar con un concepto material de ventaja y la duda surge con las ventajas inmateriales (v.gr. actos sexuales) que son compatibles pues la referencia normativa contiene una considerable ampliación expresa ("cualquier otra ventaja").
41. Por otro lado, determinar si la dádiva es incorrecta o puede ser admisible depende de un juicio de valor que se mueve entre dos polos: en un extremo se ubica el monto de la dádiva y en el otro se ubica la cortesía y la adecuación social.
42. La fórmula de la CICC abarca los casos en que el valor pecuniario o beneficio sea destinado para sí mismo o para otra persona o entidad. Es decir también incluye las hipótesis en que el beneficio favorezca a una tercera persona o entidad. Esta hipótesis no está expresamente prevista en la norma nacional, por lo que sería conveniente su inclusión.
43. El objetivo del cohecho, precisa la CICC, es la realización u omisión de cualquier acto [por parte del funcionario o servidor público] en el ejercicio de sus funciones públicas. No se requiere que la acción o la omisión sean ilegítimas, en consecuencia, puede ser per se legítima o ilegítima.
44. Ambas hipótesis han sido previstas en el Código Penal peruano que distingue la figura del cohecho pasivo propio y del cohecho pasivo impropio.
45. En tanto que el cohecho pasivo impropio se verifica cuando el funcionario o servidor público solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación (artículo 394).
46. El Artículo XII de la Convención, precisa que no es necesario que los actos de corrupción descritos produzcan perjuicio patrimonial al Estado. De igual manera las distintas modalidades de cohecho pasivo previstas en el Código Penal peruano de 1991: el cohecho pasivo propio (artículo 393), cohecho pasivo impropio (artículo 394), cohecho pasivo agravado (artículo 395) y el cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales (artículo 396) no requieren de la producción de un perjuicio patrimonial.
47. El Cohecho pasivo propio está sancionado en nuestra legislación con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años (artículo 393 del Código Penal). En tanto que el cohecho pasivo impropio (artículo 394 del Código Penal) reviste mayor gravedad y tiene una amenaza de pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
48. Por disposición del artículo 426 del Código Penal peruano, estos delitos serán sancionados, además, con pena de inhabilitación de uno a tres años que priva al condenado de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular y lo incapacita para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público (artículo 36º incisos 1 y 2 del Código Penal).
49. Mediante el Decreto Ley Nro. 25489 se incorporó al Código Penal el artículo 401-A que prescribe que en todo caso, los donativos, dádivas o presentes serán decomisados. No se trata de una pena ni una medida de seguridad de carácter patrimonial.
50. La posibilidad de asistencia judicial entre países de la región para el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión delictiva deberá invocar el artículo XV de la CICC. En este sentido, el Estado que aplique sus propias sentencias de decomiso, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, un Estado podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado parte que haya asistido a la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.
51. En atención al análisis precedente la fórmula del delito de cohecho pasivo propio del Código Penal peruano, podría modificarse en los siguientes términos:
52. Igualmente el texto del artículo 394 que prevé el cohecho pasivo impropio sería modificado en los siguientes términos:
53. El artículo VI, 1.b de la CICC se refiere al delito de soborno activo o cohecho activo, en los siguientes términos:
54. Este delito también ha sido tipificado por el Código Penal peruano, mediante el artículo 399, con el texto siguiente:
55. Tanto en la CICC como en el tipo base del artículo 399, se trata de un delito común, en consecuencia el sujeto activo del delito de cohecho activo puede ser cualquiera.
56. En la legislación nacional se introducen agravantes en el cohecho activo a magistrado o análogo y en el cohecho a Testigo, Perito, Traductor, Intérprete o cualquier otro auxiliar jurisdiccional; en razón de la calidad del sujeto activo, cuando éste es Abogado (Artículo 398º-A).
57. El núcleo de la acción típica está precisado en la CICC con los verbos ofrecer y otorgar.
58. El Código Penal peruano por su parte, precisa la acción como tratar de corromper. Esta fórmula comprende a los actos precisados por la CICC. El agente hace creer a los particulares que la administración se mueve por medio de intrigas, protecciones y dinero.
59. La CICC precisa que el ofrecimiento o el otorgamiento pueden realizarse "directa o indirectamente".
60. Al igual que el soborno pasivo, el requerimiento indirecto puede comprender dos situaciones. La primera, referida a los casos en que el particular se vale de otra persona que a sabiendas ofrece o entrega. La segunda se refiere a que el ofrecimiento se realice mediante insinuaciones o actitudes.
61. La primera forma está vinculada con el tema de la participación delictiva. El partícipe ya sea a título de cómplice primario, cómplice secundario, también debe ser sancionado, conforme lo prescribe el Artículo VI. e) de la CICC. En la legislación penal peruana no existen dificultades para la sanción de los cómplices en aplicación del artículo 25 del Código Penal.
62. Respecto al ofrecimiento realizado mediante insinuaciones o actitudes, no existe previsión expresa en la legislación penal peruana, por lo que la inclusión de la frase "directa o indirectamente" cumpliría esta función.
63. En esta punto valen las consideraciones sostenidas para el cohecho pasivo en los numerales 36 al 39 de este trabajo.
64. La frase utilizada por la CICC "a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas" tiene un alcance amplio y comprende tanto la figura de cohecho activo propio en que el acto de corrupción se da para que el funcionario público "haga u omita algo en violación de sus obligaciones" (artículo 399, primer párrafo del Código Penal) como el caso del cohecho activo impropio en el que la finalidad es que el funcionario o servidor público "haga u omita un acto propio de sus funciones, sin faltar a sus obligaciones" (artículo 399, segundo párrafo del Código Penal).
65. El Artículo XII de la Convención, precisa que no es necesario que los actos de corrupción descritos produzcan perjuicio patrimonial al Estado. De igual manera la figura del artículo 399 del Código Penal peruano no requiere en el cohecho activo la producción de un perjuicio patrimonial.
66. El cohecho activo propio es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años (artículo 399, primer párrafo del Código Penal), en tanto que la figura impropia reviste menor gravedad y es sancionada con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años (artículo 399, primer párrafo del Código Penal). Por disposición del artículo 426 estos delitos serán sancionados, además, con pena de inhabilitación de uno a tres años que priva al condenado de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular y lo incapacita para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público (artículo 36º incisos 1 y 2 del Código Penal).
67. Existe un caso especial de cohecho activo cuando está dirigido a magistrado o análogo. En este caso, la sanción es pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de ocho años (Artículo 398, primera parte del Código Penal).
68. Otro caso especial se presenta cuando el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja se hace a un testigo, perito, traductor o intérprete, siendo la pena no menor de dos ni mayor de cuatro años (Artículo 398, segunda parte del Código Penal).
69. Estos supuestos especiales resultan agravados cuando el sujeto activo del delito es Abogado. Si el delito de corrupción está dirigido a un Magistrado o análogo, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1) a 8) del Artículo 36º del Código Penal, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa (artículo 398º-A del Código Penal). Si el acto de corrupción está dirigido a un Testigo, Perito, Traductor, Intérprete o cualquier otro auxiliar jurisdiccional, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al inciso 4) del artículo 36º del Código Penal, y con noventa a ciento veinte días-multa (artículo 398º-A del Código Penal).
70. Adicionalmente, el artículo 398-B del Código Penal prescribe que en este último caso la inhabilitación que como accesoria de la pena privativa de libertad se imponga a los autores del delito de corrupción de magistrados será puesta en conocimiento de la Corte Superior de Justicia respectiva y del Fiscal Superior Decano para que en el caso del inciso 8 del artículo 36º se proceda a anular el asiento de inscripción en el Libro de Registro de Títulos; así como del Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente y de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (D.L. Nº 25892), en el plazo de cinco (05) días, para la suspensión o anulación de la colegiación. Igualmente, la inhabilitación impuesta de acuerdo al inciso 8 del artículo 36º será puesta en conocimiento de la Universidad que otorgó el Título Profesional de Abogado al sentenciado, para que el Rectorado respectivo, en el plazo de ocho (08) días, proceda a su cancelación.
71. Mediante el Decreto Ley Nro. 25489 se incorporó al Código Penal peruano el artículo 401-A que prescribe que en todo caso, los donativos, dádivas o presentes serán decomisados.
Artículo 399.- El que trata de corromper a un funcionario o servidor público, directa o indirectamente, con dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase, para sí mismo o para otra persona o entidad, a fin de que haga u omita algo en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
72. La CICC, prescribe en su artículo VI.1 que "La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: [...] c: La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero".
73. En esta disposición se aprecia, quizás con mayor nitidez que en otras, que un documento internacional que comprende legislación criminal no constituye por sí mismo una tipificación penal.
74. En el Código Penal peruano encontramos las figuras de la colusión (artículo 384) y del aprovechamiento indebido de cargo (artículo 397) que suponen la obtención ilícita de beneficios por parte del funcionario o servidor público.
3.3.1 El Sujeto Activo
75. En relación al sujeto activo, la CICC exige que el funcionario público o persona que ejerza funciones públicas se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Ambas figuras del Código Penal también exigen que el funcionario público intervenga por razón de su cargo.
76. En relación a la conducta típica, la CICC se refiere tanto a la modalidad activa como a la omisiva. En el tipo de colusión la conducta típica se da a través de la defraudación al Estado mediante la concertación con los interesados. La concertación supone la realización de una actividad por parte del sujeto activo, por lo que la forma omisiva quedaría descartada en esta figura.
77. En el caso del aprovechamiento indebido de cargo (artículo 397 del Código Penal) la conducta típica consiste en "interesarse" por cualquier contrato u operación. El interés del funcionario o servidor público puede materializarse a través de acciones u omisiones.
78. Finalmente, la Convención hace referencia a que la actuación del funcionario público se desarrolle con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. Esta formulación parecería exigir la inclusión de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. En las figuras nacionales de colusión y aprovechamiento indebido de cargo, el beneficio para el interesado o para terceros aparece como una consecuencia objetiva derivada de la acción típica, no requerida expresamente por el tipo.
79. En consecuencia, ambas figuras (colusión y aprovechamiento indebido de cargo) son compatibles con lo que la CICC prescribe en su artículo VI.1. Esta compatibilidad se extiende al artículo XII de la CICC que precisa que, para la aplicación de la Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado. En efecto, la figura del artículo 397 no requiere del perjuicio y está sancionada con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. En tanto que el delito de colusión (Artículo 384) requiere de perjuicio y está sancionado con una penalidad mayor (pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años).
80. Esta exigencia de la Convención queda vigente como obligación del Estado peruano de sancionar nuevas formas de delincuencia que se presenten en el futuro, que impliquen la realización por parte de un funcionario público de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con la obtención ilícita de beneficios para sí mismo o para un tercero.
81. Prescribe la CICC, en su artículo VI, 1.d que "El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo" debe ser considerado como un acto de corrupción.
3.4.1 El Sujeto Activo
82. El sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. No se requiere que sea funcionario público.
83. La acción típica reviste dos modalidades aprovechamiento y ocultación de bienes provenientes de delitos de corrupción.
84. En el Perú, el lavado de bienes está limitado a los casos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narco-terrorismo (artículo 296-b del Código Penal), por lo que las conductas de aprovechamiento u ocultación provenientes de actos de corrupción, en la actualidad, tendrán que ser reconducidas a los delitos de receptación o encubrimiento real.
85. El artículo 194 del Código Penal tipifica el delito de receptación en los siguientes términos: "el que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende, o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito".
86. En el texto original del artículo 195 del Código se preveía, como causal de agravación, la naturaleza pública del objeto del delito ("bienes de propiedad del Estado destinados al servicio público"). Sin embargo, esta norma fue derogada por el Decreto Ley N° 25428.
87. El encubrimiento real está previsto en el artículo 405 del Código Penal con la siguiente fórmula: "El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo".
88. El delito de receptación está sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días- multa. En tanto que al encubrimiento real le corresponde pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
89. En conclusión, las dos modalidades de acción típica previstas en la CICC: aprovechamiento y ocultación de bienes provenientes de delitos de corrupción; están contenidas en los delitos de receptación y encubrimiento real del Código Penal Peruano, respectivamente, por lo que no es necesaria ninguna reforma al respecto.
90. La CICC, precisa en su artículo VIII la necesidad de tipificar el denominado soborno transnacional, en los siguientes términos:
91. Esta norma es novedosa en el Derecho Comparado y constituye uno de los aportes más originales de la CICC. Sólo se registra como antecedente la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior de los Estados Unidos de América.
92. La CICC, prevé la obligatoriedad de que cada Estado Parte prohiba y sancione los actos de soborno transnacional, dentro del marco de su ordenamiento constitucional y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. En tanto no se produzca la tipificación del soborno transnacional, los Estados Partes tienen la obligación de brindar la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, dentro del marco legal interno.
93. En los Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los efectos de la Convención.
94. La tipificación en el Perú del delito de soborno internacional tendría que observar las siguientes consideraciones:
95. De acuerdo a la CICC, pueden ser sujetos activos de este delito los nacionales del Estado tipificante, las personas que tengan residencia habitual en su territorio y las empresas domiciliadas en él.
96. La vigencia del principio societas delinquere non potest en nuestro sistema jurídico-penal, permite descartar a la empresa como sujeto activo de cualquier delito. En todo caso podrían cometer este delito los representantes de la empresa o las personas con poder de decisión al interior de ella. Si los órganos respectivos de la empresa han adoptado el acuerdo de realizar actos de soborno, es de aplicación la figura del "actuar en nombre de otro" (artículo 27 del Código Penal). En todo caso es innecesaria la referencia a la empresa como sujeto activo.
97. Nuestra legislación civil (artículo 33 del Código Civil de 1984) precisa que el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar, por lo que la frase "personas que tengan residencia habitual" significa personas domiciliadas.
98. En consecuencia, en el Perú el sujeto activo podría ser precisado de la siguiente manera "los nacionales y las personas naturales domiciliadas en el país".
99. Teniendo en consideración lo expuesto sobre el sujeto activo de este delito así como lo planteado en relación con el delito de cohecho activo propio e impropio y considerando que la gravedad de este delito sería equivalente a la correspondiente a la figura tradicional, el texto legal propuesto para la tipificación de este delito es el siguiente:
Artículo 399-A.- Los nacionales y las personas naturales domiciliadas en el país que traten de corromper a un funcionario o servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, con dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase para sí mismo o para otra persona o entidad, a fin de que haga u omita algo en violación de sus obligaciones, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
100. La CICC, en su artículo IX prevé la figura del enriquecimiento ilícito en los siguientes términos: "El incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él."
101. El Código Penal peruano también ha tipificado este delito, en los siguientes términos:
102. El delito de enriquecimiento ilícito, tanto en la CICC como en el Código Penal, está previsto como delito especial. En consecuencia sólo puede ser cometido por funcionario o servidor público.
103. La fórmula propuesta por la CICC resulta más precisa que la utilizada en la legislación nacional. En efecto, el Código Penal peruano no define el enriquecimiento ilícito, es decir, no ofrece parámetros objetivos para determinar cuándo existe enriquecimiento ilícito. En cambio, la CICC ha precisado los criterios para la verificación de este delito:
3.6.3 Modificación Propuesta
104. En consecuencia, podemos proponer la sustitución del texto nacional, por el siguiente:
105. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de la Convención, el artículo XI.1.a) postula que los Estados Partes consideren la tipificación del uso de información privilegiada. Este delito consiste en: "El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada."
106. En la legislación nacional no existe norma que tipifique estos actos. Sin embargo, por vía de la CICC el Estado peruano ha asumido el compromiso de considerar su tipificación. Desde este punto de vista hay que tener en consideración que en el Perú existen muchas entidades que manejan información reservada por razones de seguridad, relevancia económica, etc. que puede ser utilizada por funcionarios públicos de manera indebida, por lo que resulta conveniente elaborar una fórmula que sancione estas acciones.
3.7.1 El Sujeto Activo
107. Se trata de un delito especial. El sujeto activo de este delito sólo puede ser un funcionario o servidor público.
108. La acción prohibida consiste de acuerdo a la CICC en el aprovechamiento de la información. Sin embargo, en la tipificación de esta conducta sería conveniente emplear los verbos "utilizar" y "entregar" para comprender no sólo los casos en que el funcionario público "se aprovecha" utilizando la información, sino también aquellos en quien se limita a entregarla a terceros, quienes aprovechan de la misma.
3.7.3 Texto Legal Propuesto
109. El artículo XI, 1.b prevé como acto de corrupción la utilización de bienes del Estado: "El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada"
110. Sólo puede ser sujeto activo de este delito el funcionario o servidor público.
3.8.2 Acción Prohibida
111. La acción, en la fórmula de la CICC, consiste en el uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte del sujeto activo de bienes del Estado, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.
112. El uso (que es la primera modalidad de acción típica en la CICC) en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público de bienes del Estado a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada, se encuentra en el artículo 388 del Código Penal peruano en los siguientes términos:
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo.
113. El término "aprovechamiento" utilizado en la CICC tiene un alcance amplio que incluye el uso y la apropiación. Según mencionamos el uso está sancionado por el artículo 388 del Código Penal, en tanto que la apropiación de bienes públicos está sancionada por el artículo 387 del Código Penal. Esta disposición es de mayor cobertura que la de la CICC pues incluye también el caso en que, por negligencia, el funcionario o servidor público da ocasión a que terceros se apropien de estos bienes.
114. En consecuencia, no sería necesario adoptar ninguna acción de reforma penal a efectos de armonizar nuestra legislación penal con lo establecido por el artículo XI, 1.b de la CICC.
115. El artículo XI, 1.c., de la CICC se refiere al delito de tráfico de influencias, en los siguientes términos:
116. Este delito también ha sido tipificado por el Código Penal peruano, mediante el artículo 400°, con el texto siguiente:
117. Tanto en la CICC como en el tipo base del artículo 400°, se trata de un delito común, en consecuencia el sujeto activo del delito de tráfico de influencias puede ser cualquier persona.
118. Precisa la Convención que el sujeto puede actuar por sí mismo o a través de persona interpuesta. Si bien la fórmula nacional no se refiere a la persona interpuesta, ello no impide su sanción, pues resultan de aplicación las disposiciones referidas a la participación, especialmente en relación a la complicidad y a la autoría mediata (artículos 23 y 25 del Código Penal).
119. La CICC se refiere al tema de la ilicitud del beneficio o provecho que pudiere obtener el sujeto activo o un tercero. Al respecto, nuestra legislación penal no establece expresamente un supuesto similar en el mencionado artículo 400°, precisando que el sólo hecho de invocar influencias ya sean reales o simuladas, para obtener ventaja alguna para sí o para tercero, constituye supuesto suficiente para tipificar este delito.
120. En consecuencia, no se requiere de una reforma de la legislación penal nacional a efectos de acoger lo previsto en el Artículo XI, 1.c., de la CICC.
121. El artículo XI, 1.d., de la CICC se refiere al delito de malversación de fondos, en los siguientes términos:
122. Este delito también ha sido tipificado por el Código Penal peruano, mediante el artículo 389, con el texto siguiente:
123. La CICC precisa que el sujeto activo del delito de malversación de fondos es el "funcionario público". A su vez, el Código Penal peruano establece que el sujeto activo de este delito es el "funcionario público o servidor público".
124. La acción requerida por el XI, 1.d., de la CICC, en referencia a los bienes pertenecientes al Estado o a un particular, que se hubieran percibido por el sujeto activo es precisada como "la desviación ajena a su objeto". Por su parte el artículo 389 del Código Penal peruano establece que la acción típica consiste en dar al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada.
125. El artículo de la CICC, incluye como objeto de la acción, no sólo los bienes del Estado y organismos descentralizados, sino también los de particulares que hubieren sido confiados a un funcionario, en razón de su cargo, ya sea para administración, depósito u otra causa.
126. En consecuencia, dada la claridad de nuestra legislación penal en este aspecto, no resulta necesaria su adaptación a lo establecido por la CICC.
127. El artículo XIII de la CICC, se ocupa del tema de la extradición. Mediante esta norma, la Convención incluye dentro del catálogo de delitos susceptibles de extradición a todos los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convención.
Los delitos de corrupción, por su naturaleza, no se encuentran dentro de las causales de inadmisibilidad para la extradición, que operan sólo en relación a los delitos puramente militares, contra la religión, políticos, de prensa, de opinión, monetarios, fiscales y perseguibles por instancia de parte (incisos 6, 7 y 8 del Artículo 6).
128. La CICC precisa, además, que cada uno de los delitos de corrupción se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes (artículo XIII, 2, CICC).
129. De otro lado, en los casos que, como el peruano, se supedita la extradición a la existencia de un tratado (salvo el supuesto de la reciprocidad) si este Estado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar a la CICC como la base jurídica de la extradición.
130. También prescribe la CICC que si la extradición solicitada se deniega en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento (artículo XIII, inciso 6). Esta norma es compatible con lo prescrito por el artículo 8 de la Ley de extradición peruana, que precisa que "si el Perú deniega la extradición puede someter al incriminado a proceso, para lo que pedirá al Estado solicitante los elementos de prueba".
131. La detención cautelar del sujeto requerido a que hace referencia el inciso 7 del artículo bajo comentario de la CICC también encuentra norma compatible en el artículo 20 de la ley Nº 24710.
132. Si bien el texto de la CICC es suficiente para determinar que si el Perú como Estado Parte recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la Convención como la base jurídica de la extradición, sin embargo, sería conveniente, a efectos de unificar la normatividad peruana vigente en esta materia, introducir en el texto de la Ley Nº 24710 expresamente esta posibilidad. El texto sería el siguiente:
Si se recibe una solicitud de extradición de un Estado Parte de la CICC, con el que no existe tratado de extradición, se considerará el texto de esta Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos que son materia de la misma.
133. El artículo XV de la CICC precisa los términos de cooperación entre los Estados Partes en lo referente a las medidas de aseguramiento de prueba, medidas cautelares reales o actos de ejecución sobre bienes (identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes). Precisa la necesidad de la mas amplia colaboración entre los Estados Partes en esta materia, dentro del marco de la legislación nacional.
134. Si bien el texto de la CICC no hace referencia a la "asistencia judicial", es necesario que estas medidas estén sujetas a las garantías de un debido proceso en el marco de la actuación jurisdiccional, por lo que es conveniente realizar esta precisión en la legislación procesal peruana.
135. Esta preocupación garantista debe, sin embargo, compatibilizarse con la disposición del artículo XIV de la CICC que exige una "amplia asistencia recíproca", que no se limita a los pedidos y respuestas judiciales, sino que hace posible la comunicación de órganos administrativos de los Estados Partes.
136. El punto de equilibrio entre la eficacia de la asistencia y las garantías personales se encuentra en la exigencia que el Estado, que debe brindar la información, la obtenga por el órgano jurisdiccional, en tanto que el Estado Parte puede solicitarla a través de sus órganos jurisdiccionales o administrativos que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la Convención.
137. En la legislación interna actualmente vigente no existe regulación al respecto; sin embargo, el Proyecto de Código Procesal Penal de Abril de 1995, dedica su Libro Sexto al tema de la Cooperación Judicial Internacional (artículos 479 al 507  Véase ANEXO I) la puesta en vigencia de esta normatividad en el marco de la reforma procesal peruana cubriría las expectativas de la CICC.
Este Proyecto dispone que el Fiscal de la Nación es la autoridad central encargada de coordinar la cooperación judicial por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala las materias en las que procede la asistencia mutua en asuntos penales, entre las que cabe destacar los actos de comunicación de las decisiones, actos de investigación, actos de prueba medidas cautelares, traslado temporal de detenidos, traslado de condenados, diligencias en el exterior y entrega vigilada del objeto o de los efectos del delito.
Se introducen limitaciones a la asistencia judicial en razón de la cuantía de la conminación penal del delito investigado o juzgado (no procede si es menor de un año de pena privativa de libertad), también se excluyen a los delitos sujetos exclusivamente a la legislación militar. Podrá denegarse la asistencia cuando se afecte al principio ne bis in ídem, o al principio de igualdad ante la ley y otras garantías. Igualmente se declara la improcedencia para los delitos tributarios.
Corresponde al Juez Penal de Turno decidir acerca de la procedencia de la referida solicitud de cooperación. Contra esta resolución procede recurso de apelación. Si se acepta la solicitud de asistencia el Juez dispondrá que el Fiscal Provincial realice las diligencias pertinentes.
138. Cabe destacar que el Proyecto precisa que las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras, en materia de asistencia mutua en asuntos penales y traslado de condenados se rigen por los Tratados o Convenios Internacionales, por el principio de reciprocidad y los usos internacionalmente consagrados y, subsidiariamente por las disposiciones del Código Procesal Penal (Artículo 479). Esta norma es compatible con el artículo XV que precisa que la asistencia entre los Estados Partes se prestará "De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos".
139. De otro lado, el ámbito de la cooperación internacional está precisado por el artículo 481 del proyecto. En lo referente a medidas sobre bienes pueden resultar de aplicación los incisos 1, 5, 6, 7, 8 y 12 del proyecto:
140. Finalmente, cabe resaltar que de acuerdo al artículo 429 del Proyecto, la competencia para las medidas sobre bienes le corresponde al Juez Penal de turno.
141. En consecuencia, la puesta en vigencia del libro Sexto (artículos 479-507) del Proyecto de Código Procesal Penal permitiría compatibilizar nuestra normatividad con los requerimientos de la CICC.
142. El Artículo XVI ab initio de la CICC establece que el Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario.
143. No existe normatividad interna en este sentido por lo que, desde la perspectiva de una eficaz cooperación para la lucha contra la corrupción, sería conveniente adoptarla.
144. Podría incluirse dentro del libro referido a la Cooperación Judicial Internacional, teniéndose en consideración que de acuerdo al artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política del Perú deben observarse los requisitos de judicialidad y pertinencia.
145. Al igual que en el caso de las medidas sobre bienes, la judicialidad se refiere al Estado requerido y no necesariamente al requiriente. Sin embargo, debe anotarse que existe una línea interpretativa de la CICC que afirma que "no es necesario que sea un juez quien pide informes sobre una cuenta bancaria". Se arguye en apoyo de esta posición la "asistencia amplia" requerida por el artículo XIV.
146. En el caso peruano la existencia de una norma de rango constitucional exige la judicialidad del levantamiento del secreto bancario, lo que debe mantenerse, en cautela de las garantías procesales de administración de justicia penal y de la necesidad de una adecuada calificación de la pertinencia de la información en relación al caso investigado.
147. El texto sería el siguiente:
148. Debe tenerse en consideración que además de la judicialidad y la pertinencia, se plantean otros límites para la asistencia internacional en los casos previstos en los artículos 483 y 484 del Proyecto de Código Procesal Penal de Abril de 1995, que presentan el siguiente texto:
Esta limitaciones a la cooperación internacional responden a diversos fundamentos: razones de política criminal, el principio ne bis in ídem, igualdad ante la ley, juez imparcial, etc. por lo que es conveniente mantenerlas. Sin embargo, en el caso de los delitos tributarios (que por afectar bienes jurídicos colectivos, pueden acarrear una significativa dañosidad social), debería posibilitarse la cooperación internacional.
149. Los delitos previstos en la CICC que cuentan con figuras compatibles en la legislación penal peruana son los siguientes:
150. Los conceptos penales y figuras típicas en la legislación penal peruana que requieren ser modificadas para su adecuación a la CICC son las siguientes:
151. Se requiere la tipificación en la legislación penal peruana de la figura del soborno transnacional y el uso de la información reservada o privilegiada contenidas en la CICC y que constituyen aportes singulares de la misma.
152. En el caso peruano, en el que la extradición se supedita a la existencia de un tratado (salvo el supuesto de la reciprocidad) puede considerarse a la CICC como la base jurídica de la extradición de personas imputadas, siendo recomendable incluir esta posibilidad en el texto de la Ley 24710.
153. Tanto la asistencia recíproca como las medidas sobre bienes señaladas en la CICC hacen recomendable la pronta puesta en vigencia del Libro Sexto del Proyecto de Código Procesal Penal de abril 1995 que se refiere a la Cooperación Judicial Internacional (artículos 479-507).
154. En materia de secreto bancario sería conveniente adoptar el texto del artículo XVI ab initio de la CICC que señala que el Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requiriente amparándose en el secreto bancario, incluyéndose dentro del libro sexto del Proyecto de Código Procesal Penal, teniéndose en cuenta que de acuerdo con el artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política deben observarse los requisitos de judicialidad y pertinencia.