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Timestamp: 2018-09-25 21:36:17
Document Index: 41388577

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 265', 'artículo 256', 'artículo 51', 'artículo 265', 'artículo 218', 'artículo 48', 'artículo 136', 'artículo 288', 'artículo 292', 'artículo 5', 'artículo 12']

Jhjkhkjhkjh - Apuntes de Derecho - Docsity
stevechen 14 de enero de 2018
jhjkhkjhkjh, Apuntes de Derecho. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Prof. anónimo 158
Asignatura: arte, Profesor: CARMEN VARGAS PEREZ, Carrera: Derecho, Universidad: UCM
Atribución (principio de)
El establecimiento de las competencias de la Unión se ejerce a través del principio de atribución, mientras que el ejercicio de dichas se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
El principio de atribución de competencias lo podemos encontrar reflejado en el art.2 del TFUE y en el art. 5 del TUE según el cual la UE únicamente tiene las competencias atribuidas por los Tratados. Esto implica que la UE solo puede actuar dentro de los límites de las competencias atribuidas por los países miembros en los Tratados para lograr los objetivos previstos en el mismo. Poderes implícitos: Comisión v. Consejo, 31 de marzo de 1971 (22/70)
Aquellas competencias no otorgadas expresamente a la UE son competencias de los Estados miembros.
Podemos dividir estas en tres categorías principales:
F 0 A 7 Competencias Exclusivas (art.3 TFUE): Estas competencias son prerrogativas de la UE en los ámbitos que solo le corresponde. Los países miembros solo pueden desarrollar estas materias sí la UE les habilita expresamente para ello.
F 0 A 7 Competencias Compartidas (art.4 TFUE): Tanto la UE como los países miembros pueden aportar legislación y actos vinculantes en estas materias, primando siempre la UE.
F 0 A 7 Competencias de Apoyo (art. 6 TFUE): La UE solo puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de los países miembros.
Competencias de apoyo: Alemania e.a. v. Comisión, 9 julio de 1987 (281, 283 a 285 y 287/85)
A estas tres categorías debemos añadir las competencias específicas, que son aquellas que por sus peculiaridades no pueden ser clasificadas en ninguna de las citadas anteriormente, incluyendo por tanto las competencias de política exterior y de seguridad común.
Cuando en los años 50 se fundan las comunidades europeas, los tres tratados fundacionales preveían que aunque este sistema se basaba en atribuciones de competencias concretas y expresas de los Estados, y para ciertos objetivos claramente especificados, un sistema así de rígido podría ser un problema cuando se den situaciones que exijan una respuesta en un tiempo razonable.
El principio de atribución de competencias encuentra cierta flexibilidad en las cláusulas generales de atribución competencial que vienen al final del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Estas cláusulas horizontales, tienen un alcance muy amplio, por tanto existe lo que llamamos clausula de flexibilidad.
La clausula de flexibilidad que actualmente se encuentra regulada en el art 308 del Tratado de la Comunidad Europea y en el art 352 en el TFUE, tiene como objetivo permitir la aprobación de normas a la Unión en situaciones imprevistas en las que carece de competencia según los tratados, pero el objetivo entra dentro de los asignados. Al ser una extensión de la competencia que va mas allá de las atribuciones iniciales se exige unanimidad del Consejo, pero en un principio no se exigía un control decisivo por parte del parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales.
La modificación en el tratado de Lisboa del antes citado art 352 TFUE aclara que no solo se exigirá la mera consulta al parlamento europeo, sino que se necesitara su aprobación. También abre el control a los parlamentos nacionales que deberán ser avisados por la comisión de dichas propuestas, estos comprobaran que no se viola el principio de subsidiariedad, es decir, que la UE no extenderá la competencia normativa mas allá de lo estrictamente necesario para resolver la cuestión.
También esta reforma incluye una novedad, por el hecho de que se impida el uso de la clausula de flexibilidad para armonizar las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros cuando la Constitución excluya dicha armonización
Cláusula de flexibilidad: Dictamen 2/94 (CEDH), 28 de marzo de 1996
Selección de base jurídica:
-Comisión v. Consejo, 26 de marzo de 1987 (45/86):
-Comisión v. Consejo, 11 de junio de 1991 (C-300/89)
CUESTIÓN PREJUDICIAL (LEGITIMACIÓN) La Cuestión prejudicial se ve reflejada en el artículo 267 T.F.U.E en el que se recoge la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse con carácter prejudicial sobr interpretación de actos adoptados por instituciones, órganos y organismo de la Unión, y en el art. 19 del T.U.E, que recoge que el mencionado Tribunal se pronunciará con carácter prejudicial interpretación del Derecho de la Unión o validez de los actos de las instituciones de la Unión.
Definición órganos jurisdiccionales nacionales: El T.J.U.E se refiere a los órganos que no tienen por qué ser considerados como jurisdiccionales por el derecho interno del Estado; es decir, el co Sentencia 61/65 del 30 de junio de 1966, esclarece cuales son los órganos jurisdiccionales capacitados para interponer dicha cuestión prejudicial. En la misma sentencia el Tribunal extrajo lo competente a la hora de interponer una cuestión prejudicial: creado por la ley del Estado, tener carácter permanente, tener una competencia obligatoria y que aplique las norm
Estas sentencias definen los órganos jurisdiccionales nacionales legitimados para interponer la decisión perjudicial. PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE STRASBURGO/ LÉGER http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b0313635e34a4bd1a793e9d275417a42.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaKe0? text=&docid=155166&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509276
SENTENCIA MELLONI http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134203&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=715154
SENTENCIA GAUWEILER http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=715400
GRUPO SCRIVENER - DECISIÓN Es una de las categorías de los actos jurídicos obligatorios en el sistema normativo de la UE, puntualizando que, cuando
designen destinatarios, solo serán obligatorios para estos. Aparece reconocida en el TFUE, en el artículo 288. Normalmente son decisiones de la comisión, pero pueden ser gestionados por todas las instituciones. Es un medio
de intervenir a través de las mismas, directamente en la vida de los ciudadanos, empresas y estados miembros para la implementación del derecho europeo: Es un tipo de acto, la diferencia es que en el derecho interno no lo tenemos. En el ordenamiento jurídico nacional las administraciones nacionales pueden establecer arbitrariamente las condiciones de aplicación de una ley a un caso específico.
En el Ordenamiento Jurídico de la UE, esta función corresponde a las decisiones individuales. Por medio de ellas, las instituciones de la Unión pueden exigir a un estado miembro o a un ciudadano de la unión que realice o se abstenga de realizar una acción, otorgarle derechos o imponerle obligaciones.
Las decisiones individuales dirigidas a uno o varios Estados miembros pueden también tener alcance normativo y que las decisiones suelen ser junto con las recomendaciones y otros actos atípicos, instrumentos idóneos para intervenir en el ámbito de las competencias de apoyo, coordinación o complemento, donde la Unión no puede adoptar medidas armonizadores.
Una decisión puede ser un acto legislativo o no legislativo. Las decisiones son actos legislativos cuando son adoptados conjuntamente por:
- El Parlamento Europeo y el Consejo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. - El Parlamento Europeo con la participación del Consejo. - El Consejo con la participación del Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo especial.
Ejemplos de decisiones: Uno de ellos es cuando una decisión de la Comisión impuso una multa al gigante del software Microsoft por abuso de su
posición dominante en el mercado, la única empresa directamente afectada fue Microsoft. Otro de ellos es sobre las mejores prácticas de gestión ambiental: https://www.boe.es/doue/2017/223/L00001-00035.pdf
Decisiones: Las decisiones, conformando uno de los instrumentos del Derecho de la UE más importantes, estarían dentro de la (tercera) categoría de actos jurídicos.
Las decisiones son responsables de la ejecución concreta del Derecho de la Unión Europea, concretamente decisiones individuales, las cuales constituyen el acto jurídico típico mediante el cual las instituciones de la UE regulan con carácter obligatorio casos particulares.
Por medio de las decisiones las instituciones de la UE pueden exigir a un Estado miembro o a un ciudadano que realice o se abstenga de realizar una acción, otorgarle derechos o imponer obligaciones. Las características de éstas son: -validez individual
-vinculante en su totalidad -obligación directa a sus destinatarios
Las decisiones están recogidas en el artículo 288 TFUE, concretamente en el cuarto párrafo, “La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.”
Una decisión en determinados casos podría prescribir a uno o varios Estados miembros un objetivo a alcanzar cuya consecución exigiera la adopción de medidas nacionales de alcance general, constituyendo en tales supuestos un instrumento de legislación indirecta.
Las decisiones de naturaleza abiertamente normativa, es decir, carentes de destinatarios y no sometidas a las reglas de notificación podían ser de la más variada índole desde la constitución y funcionamiento de órganos o la fijación de reglas de juego interinstitucionales o aquellas otras dotadas de una proyección externa con incidencia directa en la esfera del ciudadano. Estas obligaciones están destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios. Las decisiones suelen ser instrumentos idóneos para intervenir en el ámbito de las competencias de apoyo, coordinación o complemento, donde la Unión no puede adoptar medidas armonizadoras. Ejemplos: -Decisión 2017/1565, referente a la concesión financiera a Moldavia. -Decisión conjunta del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la banda de frecuencia en la UE. Fuentes bibliográficas:
-TFUE -Libro ABC. -Eurlex. -Manuales: *Sistema jurídico de la Unión Europea de Ricardo Alonso García.
*Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Magas Martín y Liñán Nogueras.
En el artículo 2 del Tratado de la Unión europea hace referencia a los valores de la democracia representativa que, además, funciona también como criterio de adhesión: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”
Este funcionamiento como criterio de adhesión es un valor vinculado a los mecanismos del artículo 7 del TUE, que hace referencia a estos valores, que no suponen un requisito de permanencia, sin embargo la Unión y sus Estados miembros se comprometen con el principio de la democracia representativa, el cual es requisito para el ingreso.
Este principio de democracia representativa ha sido un objetivo constante desde la fundación y muy perceptible a partir de los años setenta con la aprobación del Acta Electoral de 1976. El Tratado de Lisboa ha instaurado la obligación expresa de basar el funcionamiento de la Unión Europea en su integridad en dicho precepto. Este principio de democracia representativa se refleja en el artículo 10 TUE:
• Por una parte los ciudadanos de los Estados miembros estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo.
• A su vez, los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por sus Jefes de Estado o de Gobierno.
• Asimismo, esos Estados estarán representados por sus Gobiernos a través del consejo.
Además según el punto 3 del ya mencionado artículo 10 del TUE, “el ciudadano tiene el derecho a participar en la vida democrática de la Unión”. Esto se traduce en la existencia de múltiples vías de participación del individuo en el proceso de toma de decisiones de la Unión tanto a nivel legislativo como administrativo y judicial. Sin embargo, para poder hacer uso de esas vías de participación se requiere un conocimiento de las actividades de las instituciones, es decir, solo si se conocen los trabajos de la Unión podrá participarse en ellos (por ello los Tratados constitutivos y la legislación derivada garantizan el acceso a los documentos de las instituciones).
Un ejemplo de esas vías de participación de las que disponen los ciudadanos de los Estados miembros son las elecciones del Parlamento Europeo*, las cuales se realizan cada cinco años (el mandato es renovable) y mediante sufragio universal directo (*se rigen por el sistema electoral que establece el “Acta Electoral” modificada en 2002).
A pesar de que gracias a esta forma de participación el Parlamento Europeo obtuvo una legitimación democrática (los ciudadanos se implicaban directamente), no es suficiente para sostener el principio de democracia por sí sola. Es por esto que se suma a ella la transparencia del proceso de toma de decisiones, con la cual se pretende garantizar que las decisiones en el ámbito de la UE se tomen de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos (referencia clara del principio de subsidiariedad).
Esta forma más próxima posible se formaliza en el principio de proximidad, por el cual las administraciones nacionales son una herramienta que ha de facilitar la participación de los individuos en la toma de decisiones del ámbito de la UE.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es Democracia representativa.docx
DIRECTIVA CORREGIDA
La Directiva es uno de los instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones europeas para aplicar las políticas de la Unión
Europea (UE). Su alcance normativo es indirecto. Se trata de un instrumento flexible que se emplea principalmente como medio para armonizar las legislaciones nacionales. Establece una obligación de resultado para los países de la UE, pero les deja libertad con respecto a los medios para alcanzarlos. La Directiva forma parte del Derecho derivado de la UE. Por lo tanto, ha sido aprobada por las instituciones de la UE de conformidad con los tratados constitutivos. Una vez adoptada a escala de la UE, la Directiva debe transponerse al Derecho interno de los países de la UE para su aplicación. Además, decir que las disposiciones de una directiva no sustituyen automáticamente las del derecho nacional, sino que, los estados miembros están obligados a adecuar su legislación a la normativa de la UE. Este procedimiento normativo, está dividido en dos fases:
1. Primera fase: se establece con carácter preceptivo a escala de la unión europea el objetivo propuesto por la directiva para sus respectivos destinatarios
2. Segunda fase: es de carácter nacional y se procede a ejecutar el objetivo prescrito por la UE dentro del derecho de los estados miembros. En el 288 del TFUE se mencionan la directiva “…La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. “…
Para aclarar el concepto, podemos poner el ejemplo de la directiva del parlamento europeo y del consejo del 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la unión a través del derecho penal o directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo establece períodos de descanso obligatorios y un límite para el tiempo de trabajo semanal autorizado en la UE. Sin embargo, corresponde a cada país formular sus propias leyes para determinar la aplicación de estas normas.
Al hablar de la directiva, es requisito necesario hablar de la transposición obligatoria. Respecto a este proceso, decir que una directiva tiene efecto a escala nacional, única y exclusivamente, si los países de UE adoptan una ley en la que esta directiva está incorporada. Esta medida nacional debe ajustarse a los objetivos establecidos por la Directiva. Las autoridades nacionales deben comunicar estas medidas a la Comisión Europea. Los países de la UE tienen margen de maniobra en este proceso de transposición, lo cual les permite tener en cuenta las características nacionales específicas. La transposición debe producirse en el plazo establecido cuando se adopta la Directiva (generalmente en dos años).
Cuando un país no transpone una Directiva, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción(arts 258,259 y 260 del TFUE) e instruir un procedimiento contra el país ante el Tribunal de Justicia de la UE (el incumplimiento de la sentencia dictada con este motivo puede derivar en una nueva condena que puede concluir en la imposición de multas). Comentarios (0)
GRUPO SCRIVENER EQUILIBRIO INSTITUCIONAL El principio de equilibrio institucional comunitario significa que las tres principales instituciones de la Unión Europea que son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea necesitan actuar en el marco de las atribuciones que le son conferidas por los Tratados.
El principio no figura como tal, explícitamente, en los Tratados pero se deriva de la sentencia de Chernobyl, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró: “El respeto del equilibrio institucional implica que cada una de las Instituciones ha de ejercer sus competencias sin invadir las de los demás”. Exige también que cualquier incumplimiento de esta regla pueda ser sancionado y es el Tribunal el que debe velar por el respeto de este principio. Este equilibrio es el resultado del diálogo y la colaboración entre las instituciones que participan en el proceso de decisión. Con carácter general, no se concibe un acto comunitario sin la colaboración entre la Comisión, el Consejo y el PE (diálogo triangular o “triálogo”).
La dinámica entre estos organismos ha evolucionado entre el tratado de Roma de 1957 y el de Lisboa de 2007: a partir de 1979, tras la elección del PE por sufragio universal, aparece este tercer actor exigiendo ver reflejado en el proceso de decisión su legitimidad democrática mediante un triálogo que cristalizaría jurídicamente en 1992 al instaurarse el procedimiento de codecisión (Tratado de Maastricht). El Tribunal de Justicia ha venido exigiendo a las Instituciones que cooperen lealmente entre sí en todas sus actividades y para exigirles tal deber se ha fundado en el art. 10 TCE, estimando que el principio de cooperación leal de los EEMM para con la Comunidad que se formula en dicho precepto es extensible también a las relaciones interinstitucionales. La Comisión y el Consejo, así como la Comisión y el Parlamento, se consultarán mutuamente y determinarán de común acuerdo
las modalidades de esa colaboración (art. 218 TCE).
Dicho principio, incorporado desde un primer momento al acervo comunitario gracias a la jurisprudencia del TJUE, se puede definir en primer término como un principio de acción que rige el ejercicio de las competencias de la Unión, al igual que el de subsidiariedad.
Así pues, la acción de la Unión Europea “no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados” (art. 5.4 Tratado de la Unión Europea). Es decir, el principio de proporcionalidad mide la intensidadcon la que la Unión Europea tiene que actuar; como expone Ricardo Alonso, el principio de proporcionalidad responde a la pregunta “¿cuál debe ser la naturaleza o la intensidad de la acción de la Unión?”, mientras que el principio de subsidiariedad responde a la pregunta “¿debe actuar la Unión”?
Por lo tanto, el principio de proporcionalidad supone un límite al poder de las instituciones de la UE, que implica ponderar las medidas a aplicar para la consecución de los fines para los que se dictaron (art. 296 TFUE).
Por último, es importante señalar que el principio de proporcionalidad, frente al de subsidiariedad, se aplica a competencias tanto exclusivas como no exclusivas de la Unión Europea, mientras que el segundo solo a estas últimas. Además, se lleva a cabo un control jurisdiccional del principio de proporcionalidad y no se activa el mecanismo de alerta temprana como ocurre con el de subsidiariedad.
Adjuntamos el Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se recogen estas indicaciones, entre otras. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F02
El recurso por omisión se configura como un mecanismo que permite recurrir judicialmente contra una omisión ilegal de un acto jurídico de la Unión. Encuentra su base jurídica en el artículo 265 TFUE.
Como expone Daniel Sarmiento, el control de legalidad de la conducta de las Instituciones, órganos y organismos de la Unión, abarca también los actos de no hacer, lo que calificaríamos en Derecho español como inactividad de los poderes públicos europeos. Al igual que el recurso de anulación, el recurso por omisión es un ejercicio de jurisdicción retenida, permitiendo al tribunal que conoce de él pronunciarse exclusivamente sobre la legalidad de la conducta de la Institución, órgano u organismo de la Unión. 1.- Legitimación activa: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión y Banco Central Europeo . En detrimento de estos, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión (265.I). 2.- Condición previa (265.II): requerimiento a la institución correspondiente para su actuación. Se trata de una conditiosine qua non. Si no se da, no se admite el recurso. El inciso del artículo referido también hace referencia al posicionamiento de la institución en cuestión en un plazo de dos meses y si esto no ocurre,el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses. 3.- Competencia para conocer de este recurso: El artículo 256.1 TFUE, enuncia que la competencia para conocer del recurso por omisión en primera instancia corresponde al Tribunal General. Sin embargo, esta regla admite varias excepciones, enumeradas todas ellas en el artículo 51 del Estatuto del TJUE.
Concluye el artículo 265 TFUE estableciendo que toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal por no haberle dirigido una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf? text=&docid=92356&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603449
Ejemplo de sentencia de recurso de revisión: caso 13/83, Parlamento Europeo v. Consejo, 22 de mayo de 1985 con el fin de que se declare la omisión del Consejo en materia de política común de transportes.
Retirada (de la UE)
La retirada de un Estado miembro de la Unión queda regulada en el art. 50 del Tratado de la Unión Europea.
Una vez que el Estado haya decidido, según su Derecho interno, que quiere salir de la Unión, lo tiene que notificar al Consejo Europeo.
La Unión y el Estado negociarán un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión.
F 0 B 7 El Consejo Europeo establece las orientaciones generales para la negociación
F 0 B 7 El acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe al jefe del equipo de negociación de la Unión).
El Consejo celebrará el acuerdo en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
El apartado tercero del art. 50 TUE dispone que el acuerdo entrará en vigor en la fecha que conste en el mismo o, en su defecto, a los dos años de la notificación de la retirada.
El triunfo del "Brexit" en el referéndum celebrado en Reino Unido en 2016 plantea una serie de cuestiones sobre la aplicación práctica de la cláusula de retirada. El proceso de retirada se inició una vez que el Reino Unido comunicó su decisión al Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. Actualmente estamos en la fase de negociación del acuerdo.
Para analizar este tema, os adjunto a continuación un artículo de Teresa Freixes en el que se analiza el brexit y sus implicaciones:
- El brexit y sus implicaciones. Teresa Freixes.
Revisión simplificada (de los Tratados)
Previsto en el artículo 48.6 TUE para:
F 0 B 7 la revisión de las políticas y acciones internas de la UE (disposiciones de la tercera parte del TFUE)
F 0 B 7 siempre que no suponga un aumento de las competencias atribuidas a la Unión.
La decisión la adopta directamente el Consejo Europeo, por unanimidad. Se evita la necesidad de convocar una Convención Europea y de una Conferencia Intergubernamental.
En el procedimiento cabe destacar:
iniciativa: que el proyecto puede ser presentado por el Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión.
consulta previa: el Consejo Europeo se pronuncia, previa consulta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo (si las modificaciones afectan a asuntos monetarios).
Las nuevas disposiciones del tratado únicamente entran en vigor tras su ratificación por parte de todos los países de la UE de acuerdo con sus propios procedimientos constitucionales.
Tras la crisis bancaria de 2008, el procedimiento simplificado se utilizó para modificar mediante Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 el artículo 136 del TFUE, con el objetivo de permitir la creación el Mecanismo de Estabilidad Europeo.
SOFT LAW Al hablar de soft law se hace referencia, en el ámbito del Derecho de la UE, a las recomendaciones y dictámenes, instrumentos jurídicos no obligatorios, pero que influyen en el apartado legislativo. Buen ejemplo serían los acuerdos interinstitucionales los actos no vinculantes de las instituciones que el Tribunal de Justicia debe considerar para interpretar los actos imperativos. El último inciso del artículo 288 TFUE, al referirse a las recomendaciones y dictámenes, tan solo declara su naturaleza no vinculante. Se ha sostenido por la doctrina que las recomendaciones implicarían una invitación a otros a actuar en un determinado sentido (manifestación de voluntad); https://www.boe.es/doue/2016/208/L00046 -00057.pdf mientras que, en palabras de Ricardo Alonso, los dictámenes se limitarían a enunciar el punto de vista de su autor respecto de la legitimidad u oportunidad de decisiones ajenas (manifestaciones de juicio). https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/juridica_aue_JUN13_34156.pdf La importancia fundamental del soft law reside sobre todo en el ámbito político y moral. Pueden emitirlos las principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento), el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. El artículo 292 TFUE hace referencia específica a las recomendaciones que pueden adoptar el Consejo y la Comisión. Además, no es obligatoria su publicación o notificación pero por regla general, al igual que los actos vinculantes, son publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
• Breve referencia a las funciones del soft law su relación con el hard law (derecho imperativo) 1.- Exploración, antes de una intervención imperativa, de las posibles reacciones de las autoridades públicas nacionales y de los operadores privados. 2.- Alternativa al hard law cuando no se den las circunstancias para intervenciones de naturaleza imperativa, o complemento cuando existan condicionamientos que impidan una intervención completa por esta.
3.- Parámetro de interpretación del hard law.
• Efectos jurídicos del soft law El TJUE, reconoce tanto en el asunto Grimaldi como en el asunto Alassini la existencia de efectos jurídicos de recomendaciones y dictámenes a pesar de la carencia de efectos per se de efectos vinculantes frente a terceros. Así, esto se derivaría de los puntos anteriores. El soft law pueden adquirir indirectamente efectos jurídicos cuando crean las condiciones para actos jurídicos vinculantes posteriores o si la propia institución de la UE que las adopta asume algún compromiso. Entrarían entonces en juego principios como el de non venire contra factum proprium o el de confianza legítima.
El principio de subsidiariedad tiene como función general garantizar un cierto grado de independencia a una autoridad inferior respecto de una instancia superior, en particular un poder local respecto de un poder central. Es el reparto de las competencias entre los diferentes niveles de poder, principio que constituye la base institucional de los Estados federales.
Antecedentes históricos: El Consejo, el Parlamento y la Comisión firmaron, el 25 de octubre de 1993, un acuerdo interinstitucional sobre la voluntad de las tres instituciones. Con ello se comprometían a respetar el principio de subsidiariedad. La Comisión tendrá en cuenta el principio de subsidiariedad y justificará y motivara su respeto Objetivos:
El principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad regulan el ejercicio de las competencias de la Unión. Cuando no sea competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad protege la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y la intervención de la Unión cuando los Estados miembros no puedan alcanzar los objetivos de una acción. Este principio presenta dos vertientes, una positiva y una negativa: la positiva, promueve las competencias de la UE; la negativa, la lectura restrictiva del principio de subsidiariedad, significa que la UE debe abstenerse de intervenir si la actuación de los
Estados miembros es suficiente para conseguir el objetivo. Fundamentos jurídicos Encontramos como fundamento jurídico el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) que nos menciona que en virtud del principio de subsidiariedad en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá solo en casos y en la medida en que los objetivos de la acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros ni a nivel central ni a nivel regional o local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la unión .
Por lo tanto cabemos destacar tres ideas principales de este fundamento jurídico
a) No debe tratarse de un ámbito que sea de competencia exclusiva de la Unión. Por lo tanto debe ser un ámbito de competencia compartida , de apoyo coordinación o complemento, así como en todas las actuaciones en el marco de la política económica y política exterior y seguridad común b) Los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros ni a nivel central, ni a nivel regional o local c) La acción puede realizarse mejor a escala de la unión
El Tratado de Ámsterdam anexó el Protocolo (nº 2) Trata los criterios de aplicación no consagrados en los Tratados, pero acordados en el marco del enfoque global de la aplicación del principio de subsidiariedad, pasaron así a ser jurídicamente vinculantes y controlables. Papel del parlamento europeo
En el artículo 12 del Tratado de la Unión Europea en relación con el principio de subsidiariedad encontramos el compromiso de los Parlamentos nacionales para el buen funcionamiento de la unión siendo estos informados de los proyectos de actos legislativos y velando que se respete este principio. Mecanismos de control del principio de subsidiariedad En el Tratado de Lisboa incluye como novedad de mecanismo de control en cuanto a este principio la posibilidad de oposición por parte de los parlamentos nacionales de proyectos legislativos además de enviar una respuesta a la comisión si consideran que no respetan el principio o impugnar un acto legislativo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Vemos como el comité de las regiones también puede impugnar ese acto
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