Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6919
Timestamp: 2020-02-25 10:16:20
Document Index: 35919617

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'Artículo 86', 'Artículo 9', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 1']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 137/2011
SENTENCIA 137/2011, de 14 de septiembre
ECLI:ES:TC:2011:137
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 21 de septiembre de 2000, don Roberto Granizo Palomeque, Procurador de los Tribunales y comisionado por 91 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
A) El apartado uno del art. 1 del Real Decreto-ley modifica la redacción del art. 9.2 de la Ley 6/1998, que queda así redactado: “Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: … 2. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales”.
B) El apartado dos del art. 1 del Real Decreto-ley modifica la redacción del art. 15 de la Ley 6/1998 -intitulado “Derechos de los propietarios de suelo urbanizable”- al añadir un nuevo apartado 2, quedando el hasta entonces párrafo único como apartado 1. Consecuentemente, el artículo quedó redactado como sigue:
“1. Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán derecho a promover su transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que establezca la legislación urbanística.
2. La transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las Administraciones Públicas sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.”
C) Finalmente, el apartado tres del art. 1 del Real Decreto-ley modifica, por adición, el apartado 1 y añade un nuevo apartado 3 al art. 16 de la Ley 6/1998, dedicado, según su propio título, a establecer las “reglas básicas para el ejercicio del derecho” -del derecho a transformar el suelo urbanizable, hay que entender en conexión con el art. 15.
2. El escrito de demanda comienza con el análisis de los fundamentos jurídicos procesales, donde se anticipa la solicitud, luego llevada al suplico, de que el presente recurso de inconstitucionalidad se acumule al núm. 3144-1998, interpuesto contra diversos preceptos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones. Sucesivamente, el escrito entra a examinar los fundamentos de carácter material sobre los que se sostiene el reproche de inconstitucionalidad dirigido contra el precepto impugnado.
A) En primer lugar se denuncia que se ha producido una infracción del artículo 86.1 CE, tanto porque no concurre el presupuesto habilitante para el ejercicio de la potestad legislativa excepcional y provisional del Gobierno, como porque se han infringido los límites materiales de dicha potestad.
a) Falta del presupuesto habilitante.
b) La infracción de los límites materiales establecidos en el art. 86.1 CE para los decretos- leyes.
B) Los Diputados recurrentes exponen, de forma sucesiva, las razones por las que, a su juicio, el contenido dispositivo del art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 carece de cobertura competencial suficiente.
C) Tal y como razonan a renglón seguido los Diputados recurrentes, la infracción del principio de Estado autonómico se habría producido igualmente a través de la infracción de la garantía institucional de la autonomía local.
D) El art. 1 del Real Decreto-ley, al imponer la determinación de los criterios de clasificación del suelo en términos reglados, supone, según argumentan los Diputados recurrentes, una infracción del bien y del principio constitucional de protección y mejora del medio ambiente adecuado. Argumentación que, según señalan, se sitúa en línea de continuidad con la expuesta en el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la LRSV, más concretamente, contra su art. 9.
E) Los actores sostienen, como último argumento, que se ha infringido flagrantemente el principio constitucional de seguridad jurídica, consagrado en el art. 9.3 CE.
3. Mediante providencia de 17 de octubre de 2000 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen pertinentes. Se acordó, asimismo, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que se llevó a efecto en el núm. 264, de 3 de noviembre de 2000.
4. El día 27 de octubre de 2000 se registró en este Tribunal escrito de la Presidenta del Congreso de los Diputados de fecha 24 de octubre por el que pone de manifiesto que la Mesa de la Cámara había acordado, en la reunión de la misma fecha, no personarse ni formular alegaciones en el presente proceso constitucional, sin perjuicio de poner a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar.
5. Mediante escrito que fue registrado en este Tribunal el 3 de noviembre de 2000, el Abogado del Estado formuló alegaciones que concluyen solicitando la total desestimación del recurso.
B) El Abogado del Estado rechaza, de forma sucesiva, que el artículo impugnado haya infringido el art. 86.1 CE por vulneración de los límites materiales del real decreto-ley.
b) La innovación introducida en el art. 15.2 LRSV se ampara, a juicio del Abogado del Estado, tanto en el art. 149.1.18 CE como en el art. 149.1.13 CE, no siendo incardinable en el art. 149.1.1 CE habida cuenta de que las Administraciones no ostentan la condición de ciudadanos y, por otra parte, no es verosímil que sean contempladas en el precepto en su condición de propietarias.
D) Finalmente, rechaza el Abogado del Estado que se hayan infringido los principios constitucionales del Estado autonómico, la protección del medio ambiente y la seguridad jurídica.
a) Sobre la denuncia de violación del principio de Estado autonómico “a través de la garantía institucional de la autonomía local”, el Abogado del Estado apunta que “no queda muy claro qué quiere decir la demanda con esta fórmula”. Asimismo, advierte acerca del carácter notablemente confuso del concepto “bloque de la constitucionalidad”, lo que se presta a todo tipo de abusos argumentativos, e incluso puede resultar lesivo para la supremacía de la Constitución, lo que se revelaría de forma especialmente clara cuando se intenta argumentar que ciertas leyes ordinarias se ven adornadas de una especial fuerza o plusvalor frente a otras leyes ordinarias estatales u otras normas estatales con fuerza formal de ley. Así se intenta en la demanda con el tratamiento de la autonomía local, destacándose que la pretensión de incluir en el bloque a la Ley 7/1985 resulta especialmente desafortunada a la vista de la suerte que corriera su art. 5 y del razonamiento contenido en la STC 214/1989, FJ 5.
b) En relación con la supuesta infracción del 45.1 CE, alegación que se proyectaría exclusivamente frente a la nueva redacción del art. 9.2 LRSV, recuerda el Abogado del Estado que aquel precepto no exige que la ley deba hacer posible la ponderación caso por caso entre medio ambiente y otros bienes o intereses jurídicos, lo que supondría deferir esa ponderación a la Administración, como tampoco impide la reducción de la discrecionalidad del planificador en punto a la clasificación urbanística del suelo. La diversidad de factores que permiten clasificar un suelo como no urbanizable, más aún si se ponderan varios, impide predecir en abstracto qué parte de un término municipal se incluirá en esta clase de suelo. A mayor abundamiento, entre los valores incluidos en el art. 9.2 LRSV siguen figurando los ambientales, por lo que no puede sostenerse que el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 quebrante el art. 45.1 CE.
c) Por último, descarta el Abogado del Estado la vulneración de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
6. Por providencia de 13 de septiembre de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
1. En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 91 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra el artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. El citado artículo, que modifica determinados artículos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV), establece los criterios para la clasificación del suelo no urbanizable (art. 9.2) y fija las condiciones de ejercicio del derecho a promover la transformación del suelo urbanizable (arts. 15.2 y 16.1 y 3).
2. En nuestra respuesta a los citados vicios de inconstitucionalidad debemos comenzar con la denunciada vulneración del art. 86.1 CE pues, según es consolidada doctrina constitucional (SSTC 11/2002, de 17 de febrero, FJ 2; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 4; y 31/2011, de 17 de marzo, FJ 2), su examen ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuiciamiento toda vez que esa tacha incide directamente sobre la validez del precepto impugnado, en función de su propia forma de aprobación, de modo que, en el caso de ser estimada, resultaría innecesario el análisis de las restantes alegaciones.
3. Sentado lo anterior y según se ha dejado anotado, los Diputados recurrentes consideran que el art. 1 del real decreto-ley impugnado habría vulnerado el art. 86.1 CE tanto por no estar justificada su aprobación en función de una extraordinaria y urgente necesidad como por haber infringido los límites materiales impuestos por el precepto constitucional para el ejercicio por el Gobierno de la potestad legislativa extraordinaria.
4. Así planteado el debate sobre la concurrencia en el presente caso de los requisitos establecidos por el art. 86.1 CE para legitimar la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes, debemos centrarnos, en primer lugar, en si concurre o no en el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, el presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad establecido por aquel precepto constitucional.
5. De conformidad con la doctrina constitucional expuesta hemos de examinar a continuación si en relación con el precepto impugnado del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, concurre el presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad exigido por el art. 86.1 CE. Y para controlar la concurrencia o no de este presupuesto habilitante dos son los extremos que han de ser tomados en consideración: de una parte, la concurrencia misma de tal extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación de la medida legislativa provisional y extraordinaria y, de forma sucesiva en el orden lógico, la existencia de una conexión de sentido, en términos de adecuación y congruencia, entre la situación urgente y extraordinaria y las concretas medidas adoptadas por el Real Decreto-ley para reaccionar frente a la misma.
6. En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, se ofrece una justificación general, referida a las razones de la aprobación de la norma, y otra específica, en relación con las distintas medidas adoptadas en los sectores concernidos. Por lo que atañe a aquella justificación general -incidir en el comportamiento de los agentes económicos para estimular la competencia, conseguir una mejor asignación de recursos e influir positivamente en el nivel de los precios, a fin de anticiparse a los condicionante negativos que podría perjudicar la evolución positiva de la economía española-, ya hemos tenido ocasión de señalar que aunque el decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lícito para el tratamiento de “coyunturas económicas problemáticas”, “la necesidad de consolidar el crecimiento de la actividad económica permite también al Gobierno el recurso al decreto-ley como instrumento normativo adecuado para adoptar medidas de política económica general fundamentadas en garantizar la permanencia en el tiempo de una preexistente fase de expansión económica, lo que habrá de valorarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto”. En suma, como entonces concluimos, “hablando en términos generales, también en estos casos puede concurrir el presupuesto habilitante” (STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4).
7. Según resulta de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, y de la intervención del Ministro de Fomento en el trámite de convalidación, en la que reprodujo aquella exposición de motivos, con las medidas incluidas en el artículo impugnado se pretende hacer frente a una situación de rigidez del mercado inmobiliario, determinada por el fuerte crecimiento de la demanda y la escasez de suelo urbanizable lo que condiciona el precio de los productos inmobiliarios, cuya reducción se pretende conseguir aumentando la oferta del suelo. En definitiva, se diagnostica una situación de rigidez en el mercado inmobiliario condicionante de los altos precios de los productos inmobiliarios, que vendría a su vez condicionada por el aumento de la demanda y la escasez de suelo urbanizable. Y dicha situación se trata de corregir, con el objetivo de reducir el precio de los productos inmobiliarios, mediante las medidas incluidas en el precepto recurrido que tienen por objeto aumentar la oferta de suelo eliminando aquellas previsiones normativas que puedan limitarla.
8. En suma, a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, hemos de concluir que en este caso el Gobierno no ha aportado una justificación suficiente que permita apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art. 86.1 CE para el uso de la legislación de urgencia en relación con el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, lo que ha de determinar la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de dicho artículo por vulneración del citado precepto constitucional.
1. Voto particular que formulan los Magistrados don Javier Delgado Barrio y don Manuel Aragón Reyes respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5023- 2000.
1. En la Sentencia de la que discrepamos se concluye que el Gobierno no ha aportado una justificación suficiente que permita apreciar en el caso del art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art. 86.1 CE para acudir a la figura del decreto-ley, lo que determina la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del citado precepto, por vulneración del citado precepto constitucional.
2. Así las cosas, consideramos que tampoco concurren razones para dudar de la existencia de la necesaria conexión exigida por nuestra doctrina entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad definida y las medidas que el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 adopta para afrontarla, pues si el aumento del precio de los productos inmobiliarios se considera, en parte, condicionado por la escasez de suelo urbanizable, no cabe duda de que resulta congruente con el diagnóstico la medida contenida en el apartado uno del precepto impugnado, cuyo objeto es eliminar el último inciso del art. 9.2 LRSV para -en palabras del Ministro de Fomento durante el debate parlamentario de convalidación- “reducir los elementos de discrecionalidad de las Administraciones públicas” en cuanto a la clasificación como no urbanizables de los terrenos, limitando esta clasificación a aquéllos en los que verdaderamente concurra algún elemento que justifique su exclusión del proceso urbanizador. De forma añadida, en el entendimiento de que el aumento de la oferta de suelo urbanizable no bastará, por sí misma, para lograr la bajada de los precios de los productos inmobiliarios si no se facilita la efectiva urbanización de aquél, las novedades introducidas en los arts. 15 y 16 LRSV por los apartados dos y tres del precepto recurrido resultan igualmente congruentes, pues amplían -en el primer caso- la legitimación para instar la transformación del suelo urbanizable, reconociendo a las Administraciones públicas sectorialmente competentes junto con los propietarios la facultad de presentar una propuesta de planeamiento de desarrollo a tal fin, e introducen -en el segundo- novedades en el procedimiento para la aprobación de tales instrumentos de planificación, tanto por ampliación de los supuestos para su presentación, como por identificación de un plazo cumplido el cual se considerarán aprobados por silencio, como, finalmente, por el reconocimiento al propio promotor de la facultad de llevar a cabo el imprescindible trámite de información pública.
3. Del mismo modo entendemos que no es óbice para considerar cumplido en el presente caso el requisito del presupuesto habilitante el hecho de que la situación de rigidez del mercado inmobiliario ya hubiera sido apreciada y puesta de manifiesto con anterioridad en otros instrumentos normativos que precedieron al Real Decreto-ley 4/2000, como se razona en la Sentencia de la que discrepo (FJ 7) para sostener que esa situación no presenta “las notas de imprevisibilidad y excepcionalidad que definen la existencia de una necesidad extraordinaria y urgente” que justifica el uso del decreto-ley.
4. Por todo lo expuesto, consideramos que debió concluirse que el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 no ha excedido los límites impuestos por el art. 86.1 CE en lo que se refiere al requisito del previo presupuesto habilitante, rechazando este primer motivo de impugnación de los Diputados recurrentes, y entrando a analizar, en consecuencia, el segundo motivo de impugnación, en el que sostienen que el precepto impugnado infringe los límites materiales establecidos por el art. 86.1 CE para los decretos-leyes, por cuanto el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 habría venido a redefinir el contenido básico del derecho de propiedad (del suelo) y, al hacerlo, habría vulnerado el art. 86.1 CE, que prohíbe afectar, mediante decreto-ley, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución.
5. Una vez descartado que tampoco desde un punto de vista material el art. 1 del Real Decreto- ley 4/2000 haya vulnerado el art. 86.1 CE, era procedente entrar a examinar las alegaciones de los Diputados recurrentes acerca de la pretendida falta de cobertura competencial a favor del Estado para su aprobación, toda vez que la derogación del precepto impugnado no supone la desaparición de la controversia competencial, por lo que resulta obligado que este Tribunal se pronuncie sobre la titularidad de la competencia reivindicada.
6. Si se parte de este correcto entendimiento del modelo constitucional de reparto de competencias no puede sostenerse que lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, en los concretos términos en que ha modificado la redacción de los arts. 9.2, 15 y 16 LRSV, resulte inconstitucional por carecer el Estado de competencia para su aprobación o por invadir la competencia asumida estatutariamente por las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo ex art. 148.1.3 CE.
7. Además de lo que queda indicado, consideramos asimismo necesario dejar constancia de nuestro desacuerdo con la STC 61/1997, de 20 de marzo, en lo que atañe a la respuesta que en la misma se da a la cuestión general de las competencias del Estado en materia urbanística.
8. Con independencia de lo expuesto, ha de señalarse que incluso sin necesidad de overruling respecto de la STC 61/1997, es decir, aceptando su doctrina, cabía en el presente caso llegar a la conclusión de que el precepto impugnado no infringe el orden constitucional de competencias, con la salvedad -en esta hipótesis de aplicación de la doctrina de la citada Sentencia- que después indicaremos.
a) El apartado uno del art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 modifica la redacción inicial del art. 9.2 LRSV suprimiendo su último inciso, que establecía que podrían clasificarse como suelo no urbanizable los terrenos que se reputaran “inadecuados para el desarrollo urbano”. Con ello se reduce la extensa discrecionalidad del planificador urbanístico en la delimitación del suelo urbanizable y no urbanizable común, persiguiendo favorecer el incremento de la oferta de terrenos susceptibles de transformación urbanística y, en último término, abaratar el suelo y la vivienda. En definitiva, se trata de una norma que establece un criterio general con el que se incide de forma significativa en la política del suelo para alcanzar los objetivos de política económica sectorial fijados por la propia Constitución en su art. 47, y que responde a una finalidad de dirección de la actividad económica general que encuentra amparo en el art. 149.1.13 CE (invocado en la propia exposición de motivos del Real Decreto- ley 4/2000 como título competencial), tal y como éste ha sido interpretado por este Tribunal (entre otras, SSTC 152/1988, FJ 2; 186/1988, FJ 2; 76/1991, FJ 4; y 213/1994, FJ 4).
b) La modificación que introduce el Real Decreto-ley 4/2000 en el art. 15 LRSV encuentra también amparo en las competencias estatales. La novedad radica en el apartado 2 que se añade a este precepto y que dispone que la transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las Administraciones públicas sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo. Es indudable que esta regulación no está haciendo referencia a las Administraciones que tengan la condición de titulares dominicales del suelo urbanizable que se pretende transformar, pues tal supuesto queda englobado en el primer apartado del precepto que regula el derecho de los propietarios de este tipo de suelo a promover su transformación urbanística. La interpretación más razonable, y que posteriormente consagró el propio legislador estatal mediante la reforma de la LRSV operada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, es entender que se está haciendo referencia a Administraciones que, no siendo titulares dominicales del suelo en cuestión, tienen, en función de las competencias sectoriales que les corresponden, un interés en promover la transformación del mismo.
c) El número tres del artículo 1 del Real Decreto-ley añade “un nuevo apartado 1 y un nuevo apartado 3 al artículo 16” que plantean problemas de constitucionalidad distintos.
9. En conclusión, de haberse entrado en la Sentencia de la que discrepamos a examinar las alegaciones de los Diputados recurrentes sobre la pretendida falta de competencia estatal para aprobar las medidas contenidas en el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, y dado que nuestra posición principal es el apartamiento de la doctrina de la STC 61/1997, habría sido procedente desestimar este motivo de impugnación, declarando que el Estado es competente para establecer las modificaciones de los arts. 9.2, 15.2 y 16.1 y 3 LRSV en el sentido que lo hace el art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000, por lo que no existe infracción del orden constitucional de competencias.
10. Llegados a este punto, habría sido necesario entrar a analizar los restantes reproches de inconstitucionalidad que los Diputados recurrentes dirigen al Real Decreto-ley 4/2000, esto es, las pretendidas infracciones de la garantía institucional de la autonomía local (art. 137 CE), del principio constitucional de protección y mejora del medio ambiente adecuado (art. 45 CE) y del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que habrían debido correr igual suerte desestimatoria que los anteriores motivos de impugnación, atendiendo a los acertados argumentos expuestos por la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones para rebatirlos, procediendo concluir nuestra Sentencia, en consecuencia, con un fallo desestimatorio del presente recurso de inconstitucionalidad, y declarándose que la competencia controvertida pertenece al Estado.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 5023-2000
Interpuesto por noventa y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados frente al artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
El primer artículo del Decreto-ley 4/2000 contiene una serie de medidas de liberalización del mercado inmobiliario, con las que se perseguía el incremento de la oferta de suelo: conversión del suelo no urbanizado en categoría residual, agilización del procedimiento de calificación del suelo, aumento de la iniciativa de las administraciones públicas para instar la transformación urbanística del suelo, y atribución de efectos positivos al silencio de la Administración frente a la propuesta de planeamiento o proyecto de delimitación.
Se declara inconstitucional y nulo el precepto recurrido por falta de justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno no justificó la necesidad de hacer frente a la alegada situación de rigidez del mercado inmobiliario precisamente mediante las medidas incluidas en el artículo impugnado, ni la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley. Además, la regulación recurrida se inserta en el esfuerzo continuado, e iniciado en 1996 en el ámbito de la legislación urbanística, de incrementar el suelo disponible y abaratar el uso de la vivienda, objetivo al que también responde la Ley 10/2003. La situación coyuntural a la que se trata de dar respuesta mediante el Real Decreto-ley impugnado, en defecto de la existencia de una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no satisface los límites constitucionalmente establecidos para la aprobación de este tipo de normas.
Aplica la doctrina de la STC 31/2011.
El Gobierno no ha aportado una justificación suficiente que permita apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad lo que ha de determinar la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 1 del Real Decreto-ley 4/2000 [FJ 8].
A la vista de los precedentes normativos, y en defecto de una expresa justificación por parte del Gobierno, no parece que la situación de rigidez del mercado inmobiliario pudiera presentar las notas de imprevisibilidad y excepcionalidad que definen la existencia de una necesidad extraordinaria y urgente que exija una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante, para la adopción de Decretos-leyes, de la extraordinaria y urgente necesidad (STC 31/2011) [FFJJ 4, 6, 7].
Que el precepto impugnado haya sido derogado no priva de objeto al proceso constitucional pues, según es criterio de este Tribunal, ello no impide controlar si el ejercicio de la potestad reconocida al Gobierno por el art. 86.1 CE se realizó siguiendo los requisitos establecidos en dicho precepto constitucional (SSTC 189/2005, 31/2001) [FJ 2].
Título I, ff. 1, 3
Artículo 86, ff. 4, 5, 7
Artículo 9.2, ff. 1, 7
Artículo 15.2, f. 1
Artículo 16 apartados 1, 3, f. 1
Exposición de motivos, ff. 5 a 7
Artículo 1, ff. 1 a 8
Cláusula de supletoriedadCláusula de supletoriedad, VP
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, VP
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, VP
Competencias del Tribunal ConstitucionalCompetencias del Tribunal Constitucional, ff. 4 a 8, VP
Competencias en materia de urbanismoCompetencias en materia de urbanismo, VP
Medidas de liberalización económicaMedidas de liberalización económica, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mercado inmobiliarioMercado inmobiliario, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Política económicaPolítica económica, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Carácter excepcional de los decretos-leyesCarácter excepcional de los decretos-leyes, ff. 4 a 8, VP
Conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadasConexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas, ff. 4 a 8, VP
Decretos-leyesDecretos-leyes, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Derecho de propiedadDerecho de propiedad, VP
Derecho supletorioDerecho supletorio, Doctrina constitucional, VP
Derecho supletorioDerecho supletorio, VP
Motivación de la extraordinaria y urgente necesidadMotivación de la extraordinaria y urgente necesidad, ff. 4 a 8, VP
Situación de extraordinaria y urgente necesidadSituación de extraordinaria y urgente necesidad, ff. 4 a 8, VP
Suelo urbanizableSuelo urbanizable, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
UrbanismoUrbanismo, VP