Source: http://antigua.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Dosis_minima_de_Uribe/Acto_Legislativo_215_reformar_art49CP_4nov2008.html
Timestamp: 2017-02-26 23:37:19
Document Index: 353479175

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'Artículo 2', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 38', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 95']

“Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Con fines resocializadores y rehabilitadores, la ley podrá establecer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Así mismo, el Estado dedicará especial atención al adicto y a la familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. En ningún caso la sanción aplicable constituirá antecedente penal.
EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO “POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA”
Estudios posteriores a la despenalización del consumo de drogas, indican que el consumo de sustancias sicoactivas ha aumentado y se ha convertido en el país en un problema prioritario de salud pública. Por esta razón, es imperioso a juicio del Gobierno Nacional, adicionar el texto del artículo 49 de la Constitución de 1991, con el fin de ampliar su contenido con un inciso final, en el sentido de facultar al legislador para establecer sanciones diferentes a la privación de la libertad, al porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, todo ello con fines resocializadores y rehabilitadores. Y adicionalmente, imponiendo al Estado, de un lado, la tarea de dedicar especial atención al adicto como a los miembros de su grupo familiar, con el fin de fortalecerlo en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y de contera, a la comunidad, y del otro, desarrollar permanentemente campañas de prevención contra el consumo de drogas y a favor de la recuperación de los adictos. Finalmente, la reforma propone que en caso de imponerse sanción contra estas personas, en ningún caso constituirá antecedente penal.
Este proyecto de acto legislativo tiene como fundamento, los preocupantes resultados arrojados por los estudios realizados en materia de consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y en especial, en razones de protección a la salud de la persona, como derecho constitucional fundamental de ésta, las cuales hacen procedente la presente iniciativa. Igualmente, es fundamental hacer efectiva la obligación a cargo del Estado de adoptar las acciones y medidas necesarias para garantizar la protección y la recuperación de la salud de las personas, mediante el desarrollo permanente de campañas de prevención contra el consumo de drogas y en favor de la recuperación de los adictos. Considerando, así mismo, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Lo que le impone asumir acciones para no atentar contra ella, en cuanto constituye un derecho y un deber para la persona como tal y como parte de su esencia y razón de existencia, así como para la comunidad como parte integrante de ella que lo es.
Cabe destacar que esta iniciativa que somete a consideración del H. Congreso de la República
el Gobierno Nacional, no pretende penalizar con medida privativa de la libertad al infractor de la conducta prevista en la norma, tanto así que su objetivo consignado en la reforma pretende establecer que en ningún caso la sanción aplicable constituya antecedente penal. Si bien durante la vigencia de la ley 30 de 1986, el porte y el consumo de cualquier estupefaciente era penalizado, lo cual significaba que a quien se le detuviera bajo los efectos de una droga psicoactiva, o se le descubriera la posesión de la misma, estaría destinado a ir a la cárcel; en esta ocasión, el Gobierno ha considerado pertinente proponer en consonancia con su política nacional e internacional en la lucha contra este flagelo y dirigida a la protección de los derechos individuales y colectivos de la población, particularmente de los jóvenes y niños, así como con el compromiso de gobierno asumido por el Presidente de la República frente a sus conciudadanos, para que sea el legislador el que reglamente cómo se harán efectivas sanciones no privativas de la libertad a quienes sean detenidos o capturados consumiendo o portando sustancias alucinógenas o adictivas para uso personal. I. Objetivos del proyecto de acto legislativo
El proyecto de acto legislativo pretende los siguientes objetivos: 1º Garantizar la protección del derecho a la salud pública de la población amenazada por el consumo y por el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, considerando el deber que toda persona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad; 2º Que el legislador establezca sanciones no privativas de la libertad al consumo y porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal;
3º Que el Estado desarrolle en forma permanente, campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, y en favor de la recuperación de los adictos, y
4º Que el Estado dedique especial atención al adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por ende de la comunidad.
II. Aspectos que aborda el proyecto
El proyecto de acto legislativo contiene una reforma sustancial a 2.1 Estadísticas y tendencias del consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas y alucinógenas en Colombia
Estudios posteriores a la despenalización del consumo de drogas en 1993, indican que el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado y se ha convertido en el país en un problema prioritario de salud pública.
Como se señaló al inicio de la exposición de motivos, los diferentes estudios realizados en el país para medir la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas desde 1992 hasta 2004[1], demuestran las siguientes tendencias:
Un incremento del 0,6% en el consumo alguna vez en la vida de sustancias ilegales, pasando de 5,9% en 1992 y 6,5% en 1996. Según los expertos, este aumento se debe a que hay más personas consumidoras de droga en el país, hay más consumo entre jóvenes, cada vez más mujeres usan droga y permanentemente salen al mercado nuevas drogas que captan nuevos usuarios.
Según el estudio de Salud Mental Colombia 2003[2], el 10,6% se ajustan a alguno de los diagnósticos por trastorno de sustancias (abuso de alcohol, dependencia de alcohol, abuso de drogas, dependencia de drogas, dependencia de nicotina). De acuerdo con este mismo estudio, las drogas de mayor consumo en la vida son la marihuana 11,1%, cocaína 3,7%, y los tranquilizantes 2,6%. Otro estudio, la Encuesta Nacional
sobre Consumo de SPA[3] en jóvenes Escolares, de 2004, calculó en 9,9% la prevalencia de vida para tranquilizantes, 7,6 % para marihuana, 5,6% para estimulantes, 3,8% para solventes/ inhalantes, para edades entre 12 y 17 años. La Encuesta de Jóvenes realizada en 2003, muestra un alarmante indicador de consumo de tranquilizantes en esta población, incluso por encima del consumo de marihuana tradicionalmente en primer lugar dentro de las drogas ilícitas. En efecto, este estudio calculó que el 9.9% de jóvenes escolarizados han consumido tranquilizantes alguna vez en su vida, frente al 7.6% que han consumido marihuana alguna vez. En materia de consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, a continuación se presentan los r
esultados de la Encuesta Mundial
de Salud Mental (ENSM) Minprotección-OMS- Universidad de Harvard:
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clic aquí. TENDENCIA DEL CONSUMO ANUAL DE COCAINA
PREVALENCIAS DE VIDA X 100
1987 -2003
* Cifras tomadas del Segundo Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas - Colombia 1997; Estudio Nacional De Salud Mental, Colombia 2003
De los anteriores datos, el Estudio arroja las siguientes conclusiones:
* Sin que se pueda afirmar de manera científica que hay una relación causa-efecto entre la expedición de la Sentencia # C-221 de 1994 y los incrementos de drogas ilícitas en el país, si podemos observar, desde el punto de vista epidemiológico una asociación en el tiempo entre el momento de la aparición de dicha sentencia y el incremento evidente en las curvas de prevalencia de consumo de marihuana y cocaína en la población colombiana entre los 12 y 60 años como lo corroboran las anteriores graficas del Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia 1997 y el Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003.
* Llama la atención que medicamentos no formulados se consumen más que la marihuana y la cocaína.
* El consumo de alcohol se mantiene similar a través de los grupos de edad, con tendencia al incremento.
* Es indiscutible la relación entre el consumo de drogas y el crimen. *
Algunas drogas, debido a su capacidad de provocar un consumo compulsivo y adictivo, llevan más que otras a provocar una conducta criminal. Y mientras mayor sea el consumo de drogas, mayor es el riesgo de estar involucrado en delitos más graves que la simple posesión y consumo de la droga. * Los consumidores de drogas se involucran con más frecuencia en crímenes, y la probabilidad de tener antecedentes penales es mayor que en el caso de los que no consumen drogas. * A medida que aumenta el consumo de drogas, aumenta igualmente el número de delitos que la persona comete. Los reclusos de cárceles y prisiones confiesan altas tasas de consumo de drogas, y más del 25% afirma que estaba drogado cuando cometió el delito que llevó a su encarcelamiento.
El consumo de drogas es especialmente elevado en personas encarceladas por haber cometido crímenes violentos. A menudo el consumo de drogas empieza antes del primer roce con el sistema penal. La violencia es común en la distribución de drogas ilícitas, y muchos homicidios están relacionados con el narcotráfico. * Un alto porcentaje de víctimas de homicidio están drogadas al momento de morir.
* Hay una tendencia al incremento de consumo de medicamentos no formulados.
* Se observa un ligero incremento del consumo de marihuana; igual sucede con el consumo de cocaína. Especialmente a partir de 1993.
* Se adolece de una política represiva para enfrentar el crecimiento del consumo. Lo cual no significa que las medidas a adoptar deban implicar penas privativas de la libertad.
* La gente empieza consumiendo alcohol; después tabaco; posteriormente medicamentos y marihuana y por último se inicia el consumo de cocaína.
* En alcohol, la probabilidad de consumo es mayor en los jóvenes; en tabaco, la probabilidad de consumo es mayor en los adultos; los medicamentos en jóvenes y adultos; la marihuana en adultos y la cocaína en adultos.
* En general las probabilidades de consumo de drogas es mayor en hombres.
* Hay mayor probabilidad de consumo de alcohol en personas sin estudio o con primaria.
* Hay mayor probabilidad de consumo de tabaco, medicamentos y marihuana en primaria y secundaria.
* Hay mayor probabilidad de consumo de cocaína en secundaria.
* Por otra parte, la probabilidad de consumo de tabaco, medicamentos y cocaína es mayor en personas trabajando o estudiando.
* Hay mayor consumo de todas las drogas tanto legales como ilegales en personas de mayores ingresos.
* Una de cada 10 personas ha sufrido de trastornos por drogas alguna vez en la vida.
* En el último año, 3 de cada 100.
* En el mes previo al estudio, 1 de cada 100.
* El principal problema por drogas en Colombia es el abuso de alcohol (1 de cada 10).
* Aproximadamente 2 de cada 100 abusan de drogas y 1 de cada 200 tienen dependencia de drogas.
* Cuando se analiza según genero, el principal problema es abuso y dependencia de alcohol en hombres.
* Las regiones geográficas con más trastornos por consumo de drogas en el país son la región Pacífica y la Central; le sigue de cerca el Distrito Capital.
* Los trastornos por consumo de drogas aparecen a menor edad. Siguen en su orden la dependencia de drogas y el abuso de drogas.
* Por edad de inicio aparece primero la dependencia y el abuso de drogas.
* Varios años más tarde el abuso y dependencia de alcohol y la última en aparecer es la dependencia al tabaco.
* En general una persona con cualquier trastorno por drogas se demora aproximadamente 11 años en buscar tratamiento especializado.
* Comparando con 13 países con diferentes niveles de desarrollo participantes en la Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS, Colombia ocupa un cuarto lugar en trastornos por drogas después de Ucrania, Estados Unidos y Holanda.
Trastornos por Sustancias (últimos 12 meses)
OBJETIVOS DEL ESTUDIO EN COLOMBIA
Pretende dar respuesta a:
¿Qué tan extendido está el consumo de drogas en el país?
¿Cuáles son los trastornos más importantes y quiénes los padecen?
¿Existen variaciones regionales?
¿Cómo se distribuye en los diferentes grupos de la población?
¿Cómo se hace uso de los servicios?
¿Qué tanta discapacidad está asociada con el consumo de drogas?
¿Cuál es la situación de Colombia comparada con otros países?
La prevalencia del consumo de drogas en Colombia
Prevalencia del consumo de drogas más frecuentes (Alguna vez en la vida)
Alcohol 94.3%
Tabaco 48.1%
Medicamentos no formulados 12.7%
Marihuana 10.8%
Cocaína 4.0%
Edad de inicio de consumo de drogas
Alcohol 16 Tabaco 18
Marihuana 19
Edad de inicio de trastornos por consumo de drogas
Mediana Abuso de alcohol 26 Dependencia al alcohol 26
Abuso de drogas 22
Dependencia a las drogas 19
Dependencia al tabaco 27
La discapacidad asociada con los trastornos por drogas
Política preventiva vs. Política represiva: las estadísticas demuestran la pertinencia de acciones represivas combinadas con medidas preventivas para evitar el consumo
En materia del tratamiento al fenómeno del porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, existen dos tendencias universalmente aceptadas: o bien una política represiva y sancionatoria para quienes portan o consumen estas sustancias, o una política preventiva que no imponga sanciones sino acciones educativas y rehabilitadoras para estas personas.
Sobre estas tendencias, según las últimas estadísticas de fines de abril de 2007 emanadas del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía y del Congreso de los Estados Unidos, se llega a las siguientes conclusiones:
Mientras que en los Estados Unidos, según un estudio elaborado sobre el consumo de drogas estupefacientes o psicotrópicas en los años 2001 y 2006, bajo en un 10% (esto incluye esencialmente drogas como la cocaína y la marihuana), el consumo de drogas de estas especies en general se redujo en un 23%, y ello, como consecuencia de la adopción de una política represiva y sancionadora. Por su parte, en Europa, con una política preventiva y permisiva, aumentó el consumo de cocaína entre uno y 10% en consumidores entre 15 y 34 años de edad.
Lo anterior demuestra que la persistencia en la represión al consumo de drogas es efectiva y produce resultados positivos. Mientras Estados Unidos con una política represiva redujo el consumo, en Europa que aplica una política permisiva, el consumo de cocaína está aumentando crecientemente. Anotando un cambio de perfil en drogas, pasando de las tradicionales como el bazuco, la marihuana y la heroína, a drogas de diseño como el éxtasis.
Pero aun más, el aumento del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los países europeos, como ha venido ocurriendo en Colombia, ha generado un incremento en la violencia, la delincuencia, el abandono escolar y académico, los embarazos precoces, la accidentalidad y el ausentismo laboral, entre otros.
Es preciso agregar a partir de las estadísticas obtenidas, como de las recomendaciones y estudios realizados por los expertos, que tal como lo propone el texto del proyecto de acto legislativo, es preciso en materia del tratamiento del consumo y el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, acoger una política mixta, que combine acciones represivas y preventivas, y no exclusivamente unas u otras.
Acciones represivas, facultando al legislador para establecer, estrictamente con fines resocializadores y rehabilitares, sanciones no privativas de la libertad a quienes consuman o porten sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Sanciones que en ningún caso constituirán antecedentes penales para el infractor.
Acciones preventivas, encaminadas a que el Estado dedique especial atención al adicto y a la familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y a que desarrolle permanentemente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. De esta manera, se propone en esta iniciativa constitucional, una solución que combina las dos modalidades de políticas públicas para el tratamiento del consumo de la dosis personal: acciones represivas cuyo desarrollo se deja en manos del legislador, para que este imponga sanciones no privativas de la libertad para enfrentar el consumo y el porte de la denominada dosis personal, y acciones preventivas, a cargo del Estado, para proteger la salud de la persona adicta como de su familia, y para promover campañas educativas y de prevención contra el consumo. De esa manera, el Gobierno acoge la solución de no llevar a estas personas a un centro de reclusión por el hecho de consumir o portar la conocida dosis personal; sino por el contrario, de decirles que esa conducta está mal en cuanto atenta contra su salud y la de la comunidad, y socializarla hacia una política de prevención.
b) Regulación normativa nacional e internacional de la lucha contra el consumo y el porte de sustancias alucinógenas y psicotrópicas
A continuación se presentan las principales disposiciones que se ocupan de la regulación del consumo y porte de sustancias alucinógenas y psicotrópicas:
(1) Estatuto Nacional de Estupefacientes (ley 30 de 1986)
La ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes tipifica los delitos relacionados con la producción y el tráfico drogas ilícitas en Colombia, así como con la importación y uso de sustancias químicas para el procesamiento de alcaloides y de sustancias que producen adicción. En lo que tiene que ver con consumo, reglamenta las campañas de prevención y programas educativos para evitar el uso de drogas y dispone la creación de la Dirección Nacional
Es importante mencionar que esta ley ha sufrido varias modificaciones, entre ellas se destacan las realizadas por la Corte Constitucional
a través de la Sentencia C-221 de 1994, la cual despenalizo el consumo y porte de la dosis personal, y las establecidas por el nuevo Código Penal del año 2000, que modifica de manera sustancial las sanciones penales y pecuniarias para los delitos relacionados con estupefacientes.
(2) Código Penal
El narcotráfico y el lavado de activos se encuentran reglamentados en el nuevo Código Penal, bajo el título XIII “de los delitos contra la Salud” y el título X “Delitos contra el orden económico social”. En el Capítulo 2, “del tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, art. 375 del código, se tipifica como delito la siembra y la financiación de cultivos de los que puedan producirse drogas adictivas; en el art. 376 se penaliza el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; en el art. 377 se contempla la destinación ilícita de muebles e inmuebles en los que se elabore, almacene o transporte, venda o use drogas ilícitas; en el art. 378 se penaliza el estímulo al uso ilícito de dichas sustancias; en el art. 381 penaliza el suministro de drogas ilícitas a menores de edad; en el art. 382 se penaliza el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
En estos Títulos se establecen las penas privativas de la libertad y las sanciones pecuniarias para estas actividades, las cuales oscilan entre cuatro (4) y veinte (20) años de prisión, y multas en cuantía entre dos (2) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
(3) Otras disposiciones
Existen otras disposiciones legales que complementan al Estatuto Nacional de Estupefacientes y al Código Penal. Entre éstas se encuentran las siguientes:
· Decreto 1108 de 1994 “por el cual se presentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Este decreto establece la prohibición del uso de la dosis personal en lugares públicos, en establecimientos educativos, en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas, la DNE
sirve de enlace entre dicho organismo y las demás entidades tanto oficiales como privadas, encargadas de la prevención, control, represión y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia. · Decreto No 1943 de 1999 por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional
de Estupefacientes (DNE) y del Programa Presidencial para el Afrontamiento del Consumo de Sustancias Psicoactivas (RUMBOS). A partir de la vigencia de este Decreto el Programa Presidencial RUMBOS asume las funciones en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas; así mismo, dispone que la DNE continúe con las demás funciones relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema.
· Ley 745 de 2002 “por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia”. Sobre esta normatividad, a continuación se explican su contenido y alcances.
* Estado actual de las sanciones al consumo y porte de dosis personal de droga en Colombia
Los artículos 2 y 51 de la Ley 30 de 1986 disponen en materia del consumo de la dosis personal, lo siguiente:
"Artículo 2º- Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones: (...)
En relación con estas disposiciones, el artículo 51 trascrito fue declarado inexequible por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994, por considerarse violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Según la Corte, “Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”.
En este punto es pertinente señalar lo que la Corte Constitucional, en esta misma sentencia declaro exequible el literal j del articulo 2° de la Ley 30 de 1986, pues consideró que es facultad legislativa, dentro de la orbita de competencia del legislador, determinar una dosis para consumo personal, que determina los limites de una actividad licita con respecto a otra ilicita (narcotrafico). Y en ese contexto, agrego la corte:
“En ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es ésa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir. Alude la Corte a los reglamentos laborales, disciplinarios, educativos, deportivos, etc.”
Después de que la H. Corte Constitucional considerara que la dosis personal de algunas drogas no podría considerarse como una conducta punible (Sentencia C-221 de 1994), el legislador expidió la Ley 745 de 2002 que tipificó como contravenciones penales, algunas conductas que no fueron objeto de análisis de constitucionalidad por parte de la Corte
en la sentencia mencionada.
En esta ley 745, se tipificaron una serie de conductas contravencionales penales y policivas, la mayor parte de ellas referida al consumo de estupefacientes o sustancias adictivas en presencia de menores, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a éstos[4]. Estas disposiciones establecen:
“ARTÍCULO 1o.
El que en presencia de menores de edad consuma estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, incurrirá en las siguientes sanciones:
ARTÍCULO 3o. Cuando el consumo de sustancias estupefacientes o alucinógenas en presencia de menores de edad se realice en lugar público o abierto al público o en establecimiento comercial de esparcimiento, la Policía
procederá inmediatamente a retirar del lugar de los hechos al infractor y a decomisar la sustancia objeto, de la contravención. Así mismo, pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades competentes.
…. ARTÍCULO 7o. El establecimiento de comercio de esparcimiento público, en cuyo interior su propietario o administrador faciliten, autoricen o toleren el consumo de dosis personal de sustancias, estupefacientes o que produzcan dependencia por parte de menores de edad o en presencia de éstos, será sancionado con cierre entre quince (15) y treinta (30) días. En caso de reincidencia la sanción será el cierre definitivo del establecimiento.”
ARTÍCULO 9o. Cuando el autor de cualquiera de las conductas contravencionales descritas en la presente ley sea un menor de edad podrá ser sometido a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación a cargo del Estado, a solicitud de los padres o custodios y previa evaluación del Defensor de Familia, conforme al procedimiento previsto en la Ley 124 de 1994”.
Cabe anotar que para las contravenciones penales, se establecía que la competencia para su investigación y juzgamiento competía a los Jueces penales Municipales; mientras que para la contravención policiva (que hace referencia al propietario o administrador de un establecimiento de comercio que tolera el consumo), se establecía una sanción aplicable por los inspectores de Policía.
Adicionalmente, el Artículo 5° de la precitada ley 745 señala el procedimiento penal aplicable a tales contravenciones, en los siguientes términos: serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal. Dicho precepto dispone:
“ARTÍCULO 5o. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22,
24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal.
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-101-04 de 10 de febrero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
En ningún caso procederá la privación de la libertad del imputado, salvo en el supuesto de renuencia a pagar la multa dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que la impusiere. Para la conversión de multa en arresto se escuchará previamente al sancionado y, al Ministerio Público y la resolución que la decrete será apelable en el efecto suspensivo.”
La expresión que señalaba el procedimiento aplicable, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-101 de 2004, al considerarse que la remisión a algunos artículos de una ley derogada (ley 228) violaba el principio de legalidad en materia procesal. Al respecto dijo la Corte:
“en el caso presente se está ante una ostensible violación del principio de legalidad del proceso pues la Ley 745 no desarrolló materias básicas del sistema procesal contravencional ya que, en lugar de ello, hizo una remisión parcial a la Ley
228. No obstante, con esta técnica configuró un procedimiento confuso que se construye con normas de dos sistemas procesales contrapuestos y que no suministra elementos de juicio para llenar los vacíos consecuentes, como lo hacía antes el artículo 38 de la Ley 228 respecto del sistema procesal contravencional en él consagrado. Tampoco los jueces están legitimados para colmar esos vacíos normativos. Luego, la vulneración del principio de reserva de ley para la determinación de los procesos judiciales torna inexequible el aparte demandado del artículo 5º de la Ley
745 de 2002 y así lo declarará la Corte”.
En conclusión, a partir de la providencia citada de la H. Corte Constitucional, hoy en día no existe un procedimiento aplicable a las contravenciones previstas en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 745 de 2002, por lo que si bien no obstante existen tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico una serie de conductas relacionadas con la sanción al consumo de sustancias estupefacientes y que generan adicción cuando la misma se realiza en presencia de menores, en establecimientos educativos o en lugares aledaños, los funcionarios judiciales carecen en la práctica de herramientas eficaces e idóneas para hacer efectivas dichas sanciones por la carencia del procedimiento para judicializar estas conductas, como en la práctica ha venido ocurriendo a partir de la expedición de la mencionada providencia.
Lo anterior, es decir la existencia de normas que sancionan el consumo de sustancias estupefacientes equivalentes a la dosis personal en establecimiento educativo o en presencia de menores pero que carecen -por virtud de decisión judicial de la Corte Constitucional-
de un procedimiento que permita judicializar a los responsables por la comisión de estas conductas, llevó al Gobierno Nacional a incorporar en la Ley 1153 de 2007 algunas contravenciones incluidas en la Ley
745 de 2002, pero con el procedimiento que permite sancionar a quienes incurren en ellas. Así lo estableció el Capitulo V de la mencionada ley:
“DE LAS CONTRAVENCIONES CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
ARTÍCULO 32. CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O DOMICILIO. El que consuma, porte o almacene estupefacientes o sustancias que generen dependencia, en cantidad considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores, incurrirá en pena de trabajo social no remunerado de cuatro (4) a doce (12) semanas y multa de uno (1) a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Sin embargo, como se ha venido señalando a lo largo de esta exposición de motivos, la existencia de algunas disposiciones legales como las incorporadas en la Ley
745 de 2002 y en la ley de pequeñas causas (Ley 1153 de 2007) que tipifican como contravenciones el consumo de la denominada dosis personal en presencia de menores o en establecimientos educativos, es insuficiente para enfrentar un fenómeno tan grave que ha generado un gran incremento en los índices de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de adicción, particularmente en los menores de edad, y un debilitamiento en la salud de la población. Fenómeno que requiere ser abordado de una manera más compleja e integral, como una política estatal de protección a la salud pública, que permita al legislador establecer, con fines resocializadores y rehabilitadores, sanciones no privativas a la libertad para quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Sanciones que en ningún caso constituirán antecedente penal para el infractor de la norma. Esta reforma,
como parte de una política criminal integrada, se hace a nuestro juicio y desde la óptica constitucional, con el objeto de servir de fundamento a las disposiciones legales existentes. De esta manera, por una parte, se blinda aun más la exequibilidad de las normas sobre porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas incluidas en la ley de pequeñas causas y en la Ley
745 de 2002,
y por la otra, se coloca en consonancia con lo prescrito por el artículo 95 de