Source: http://www.adelaprat.com/2013/12/responsabilidad-extracontractual-del-estado-reconocen-indemnizaciones-por-danos-y-perjuicios-a-doce-damnificados-por-la-explosion-en-la-fabrica-militar-de-rio-tercero-en-noviembre-de-1995/
Timestamp: 2017-11-21 02:37:14
Document Index: 140288442

Matched Legal Cases: ['Artículo 1113', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1113']

Responsabilidad Extracontractual del Estado. Reconocen Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Doce Damnificados por la Explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero en Noviembre de 1995
by Dra. Adela Prat on diciembre 22, 2013
DAÑOS y PERJUICIOS. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero los días 3 y 24 de noviembre/1.995.
Actividad de naturaleza “riesgosa”. Responsabilidad Objetiva. Artículo 1113 del Código Civil. Lucro Cesante y Daño Emergente. Daño Moral. Reparación integral de los daños sufridos por cada uno de los actores.
Desvalorización de las viviendas. Reducción de utilidades. Tratamiento del rubro Incapacidad sobreviniente. Intereses: cómputo de los intereses desde la primera explosión.
Estrategia DILATORIA por parte del ESTADO. Régimen de “Consolidación de la deuda” y excepciones decretadas en la Sentencia de Cámara.
“PASADOS 18 AÑOS, el próximo pasado domingo 3/11/2013, el pueblo de Río Tercero recordó con una Misa a los siete (7) fallecidos a consecuencia de la inesperada explosión ocurrida el 03/11/1995 http://www.diaadia.com.ar/cordoba/rio-tercero-18-años-tragicas-explosiones-fabrica-militar
Causa Nº 3.943/ 2010.- “P. V. R. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios” – CNCIV y COMFED – SALA II – 18/09/2013. Fallo publicado para suscriptores de elDial.com el 16/12/2013.-
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – integrada por los Jueces Dres. Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina – RESUELVE:
CONFIRMAR en lo sustancial la Sentencia que obra a fs. 1236/ 1246, dictada en Primera Instancia y Hacer Parcialmente Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por los actores, con costas de ambas Instancias a la demandada vencida. (Art. 68 del C.P.C.C.N.).
CONDENAR al Estado Nacional a abonar a los accionantes las indemnizaciones reconocidas, las cuales se fijan del siguiente modo:
a) V. R. P. : $ 549. 544 (Daño Material : $ 420.226; Daño Moral : $ 132.000); descuento $ 2.682);
b) S. C. B : $ 274.150 ( Daño Material: $ 125.000; Daño Moral : $ 150.000); descuento $ 850 );
c) R. A. F. : $ 275.000 ( Daño Material : $ 125.000; Daño Moral : $ 150.000);
d) L. A. R. : $ 143.155 (Daño Material : $ 25.000; Daño Moral : $ 122.000); (descuento $ 3.845);
e) M. G. A. : $ 187.000 (Daño Material : $ 65.000; Daño Moral : $ 122.000);
f) J. M. A. : $ 600.000 (Daño Material: $ 400.000; Daño Moral : $ 200.000);
g) H. C. R. : $ 1.151.885 (Daño Material : $ 899.900; Daño Moral : $ 275.000); (descuento $ 23.015);
h) J. D. F. : $ 517.360 (Daño Material : $ 320.000; Daño Moral : $ 200.000); (descuento $ 2.640);
i) H. A. B. : $ 164.723 (Daño Material : $ 50.000; Daño Moral : $ 122.000); (descuento $ 7.277);
j) E. B. d B. : $ 550.000 (Daño Material : $ 350.000; Daño Moral : $ 200.000);
k) M. V. B. : $ 530.000 (Daño Material : $ 330.000; Daño Moral : $ 200.000);
l) E. A. G. : $ 520.000 (Daño Material : $ 320.000; Daño Moral : $ 200.000);
Respecto de los mencionados en e); h) é i) se deja constancia que, habiendo fallecido con posterioridad a la iniciación de la causa, los acreedores a esta indemnización son sus herederos acreditados en las actuaciones.
La Sentencia además RESUELVE:
DISPONER que la porción de los créditos reconocidos a favor de los actores S. C. B. (b); R. A. F. (c); J. M. A. (f); H. C. R. (g); E. B. d B. (j); N. V. B. (k); L. A. R. (d); y E. A. G. (l); correspondiente a “incapacidad sobreviniente”, gastos de tratamiento médico; daños a la vivienda y daño moral quedan excluidos del Régimen de Consolidación consagrado en la Ley Nº 25.344, en los términos del Artículo 18 de la referida norma.
Síntesis Sentencia de Cámara.
La Sentencia dictada a fs 1236/1246 en la anterior instancia, fue confirmada – en lo sustancial – por la Excma. Cámara que al hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por los actores, (i) CAMBIÓ la fecha a partir de la cual comenzará a correr el cómputo de los intereses; (ii) ELEVÓ parcialmente las indemnizaciones, cuyos sumas son las leídas precedentemente; y (iii) DISPUSO que la porción de los créditos reconocidos a favor de 8 actores, correspondiente a “incapacidad sobreviniente”, gastos de tratamiento médico, daños a la vivienda y daño moral, quedan excluidos del Régimen de Consolidación consagrado en la Ley Nº 25.344, en los términos del Artículo 18 de la referida norma.
Sentencia dictada en Primera Instancia confirmada por la Excma. Cámara.
La Sentencia dictada en la anterior instancia CONDENÓ al Estado Nacional a abonarle a los actores (9) y a los herederos de H. A. B; J. D. F y M. G. A., al resarcimiento que consideró adecuado, como consecuencia del incendio y las explosiones acaecidos en la Fábrica Militar de Río Tercero, con costas.
Las explosiones sucedieron los días 3 y 24 de noviembre de 1.995. La primera explosión (día 3/11) ocurrió en la “Planta de Carga“ y la segunda y última (24/11) en el sector del “Polígono de Tiro“.
Para resolver de tal modo, el `a quo ´ consideró :
a) La responsabilidad extracontractual del Estado en el trágico suceso, se hallaba configurada de conformidad con lo normado por el Artículo 1.113 del Código Civil por su sola condición de “dueño” de la cosa riesgosa, y en tanto el material intrínsecamente riesgoso, se encontraba bajo su “riesgo” y “cuidado”;
b) Le incumbía al demandado demostrar que no existió negligencia de su parte en la “guarda“ y “custodia“ de los explosivos, cuyo carácter resultaría naturalmente peligroso;
c) No es necesario aguardar la resolución de la causa penal, pues la “espera indefinida“ del dictado de una Sentencia, no hallaba su justificación en la aplicación del artículo 1.101 del Código Civil, máxime cuando de las actuaciones criminales no se vislumbra una inminente conclusión;
d) La responsabilidad del Estado Nacional aparece reconocida de un modo claro e inequívoco con los sucesivos Decretos que indemnizaron daños a las víctimas de las explosiones;
e) En cuanto a la extensión de la reparación, fijó un monto indemnizatorio de acuerdo con los daños padecidos en particular por cada actor.
Asimismo “descontó” a los accionantes que formularon el Reclamo Administrativo, las sumas percibidas en virtud de los Decretos 691 y 992/95.
En suma, la Sentencia de Primera Instancia condenó al Estado Nacional – Dirección General de Fabricaciones Militares – Fabricaciones Militares de Río Tercero – al pago de la suma total de $ 4.119.691. Esta suma fue elevada por la Sala II de la Cámara. El crédito reconocido llevará los intereses desde la fecha del hecho (24/11/1995) – fecha cambiada por la Sala : desde el 03/11/1995 – hasta el 01/01/2000, de acuerdo con la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días y a partir de allí y la fecha de pago, los establecidos en la Ley 25.344 y el Decreto Nº 1116/00.
Contra la Sentencia dictada en la anterior instancia apelaron actora y demandada.
Los damnificados se agraviaron de la fecha indicada en la Sentencia – 24/11/1995 – desde la cual se computarían los intereses y peticionaron que los accesorios se computen desde la fecha de la primera explosión producida en “Fabricaciones Militares de Río Tercero”, es decir, desde el 03/11/1995.
Asimismo apelaron los montos determinados en concepto de Daño Material por tratarse de montos exiguos; y los montos determinados en concepto de Daño Moral, expresando que las sumas debían ser elevadas por la Cámara.
Finalmente se agraviaron de la Sentencia que sometió los créditos indemnizatorios al Régimen de Consolidación de la Deuda previsto en la Ley 25.344; al igual que los intereses generados a partir del 02/01/2000 que se sometieron a la mencionada Ley y al Decreto 1116/00.
Los damnificados reiteraron que la condena debe ser pagada en EFECTIVO con más sus intereses preexistentes, atento que razones de salud y de vivienda tornan improcedente la aplicación del Régimen de la Ley y el Decreto antes mencionado, pues las indemnizaciones revisten carácter “alimentario”
El Estado Nacional contestó tardíamente la demanda y al apelar la sentencia dictado en Primera Instancia se agravió de la condena de responsabilidad que le ha sido impuesto, alegando que existió “culpa de un tercero por quién no debe responder”
Se agravió porque todavía no existía Sentencia en la causa penal y en consecuencia, no había llegado el momento para dictar la condena indemnizatoria civil.
Fundamentos de la Sentencia de la Cámara.
Los Jueces de Cámara señalaron que el Estado Nacional, al haber contestado tardíamente la demanda, bastaría aducir los artículos 271 y 277 del CPCCN para desechar el agravio.
En cuanto a la responsabilidad que le incumbe al demandado en estos autos, los Magistrados destacaron que “fue resuelto por esta Sala en las “causas acumuladas”: “Atanor S.A. c/ Estado Nacional s/ Daños y Perjuicios“; “Petroquímica Río Tercero S.A. c/ Estado Nacional y Otro s/ Daños y Perjuicios“; “Tradición Seguros S.A. c/ Estado Nacional s/ cobro“ y ” Tradición Seguros S.A. c/ Estado Nacional s/ responsabilidad extracontractual del Estado“ (del 18/03/2010) donde se decidió que el hecho que motivó la presente litis no podía ser calificado como un hecho derivado del actuar de un tercero por el cual el Estado no debe responder.“
Proceso Penal que no había merecido Sentencia Judicial.
La Sala II recordó que al resolver el citado precedente de fecha 18/03/2010, ha dicho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en causas análogas promovidas como consecuencia del mismo infortunio, que se dicte Sentencia en aquellos obrados sin aguardar la resolución de la causa penal.”
El Tribunal cimero sostuvo que “ la restricción del derecho de defensa en juicio consistente en la “espera indefinida” de la condena penal; de acuerdo con lo decidido por la Corte en el precedente “Ataka” (Fallos : 287 : 248) no halla justificación de la aplicación del Artículo 1.101 del Código Civil, máxime cuando en las actuaciones criminales no se vislumbra una inminente conclusión.”
Volviendo sobre la cuestión de la responsabilidad juzgada en la Sentencia de Primera Instancia, la Sala afirmó su conformidad con la aplicación del Artículo 1.113 del Código Civil – responsabilidad objetiva – y al respecto señaló que la `Dirección de Fabricaciones Militares´ “no extremó los recaudos de protección y prevención“ dado que según el Dictamen del perito, la Fábrica Militar de Río Tercero se encontraba en “alarmantes condiciones de inseguridad y prevención” (criterio coincidente con el sostenido por el `Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 ´ de la Provincia de Córdoba, Causa 5 – S- 96, sentencia de fecha 10/12/2003).
Por otra parte, la Sala puso de manifiesto la “estrategia dilatoria” del Estado para postergar el reconocimiento de un crédito indemnizatorio, incluso de claro contenido `alimentario ´.
Dijeron los Jueces de Cámara : “Insistir en febrero de 2013 – fecha de expresión de agravios de la demandada – con conjeturas tales como la del ataque terrorista, resulta más propio de una novela de ficción que de la seriedad y probidad con que las partes deben comportarse en el proceso judicial“. “Tal proceder no puede serle indiferente al Tribunal .”
“Por tal motivo corresponde apercibir severamente a la representante del Estado Nacional, Dra. N.M. y conminarla a que en el futuro se abstenga de incurrir en prácticas como las observadas en este Expediente“.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones, siguiendo el Dictamen del Perito Sr Carbonetti, analizó uno por uno los daños reclamados por los doce actores, en cada rubro peticionado.
Las sumas fijadas en concepto de daño material en algunos casos fueron aumentadas. En igual sentido procedió la Sala con el monto juzgado en concepto de Daño Moral.
“Por otra parte, con relación al hito inicial a partir del cual comenzará a correr el cómputo de los intereses, debe prosperar la queja de los accionantes, en tanto éstos deberán calcularse desde la fecha en que se produjo la primera explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero (03/11/1995). Esto es así, pues allí debe situarse el evento dañoso que comenzó a generar los perjuicios cuyas indemnizaciones se reconocen mediante el dictado de este pronunciamiento” Accedió al agravio de la parte actora y fijó como fecha de partida para el cómputo de los intereses el día en que que ocurrió la primera explosión – 03/11/1995 –
En cuanto al reclamo de los damnificados de ser pagados en efectivo, solamente hizo lugar al reclamo de ocho (8) damnificados y dispuso que la porción de los créditos reconocidos a favor de los actores S. B.; R.F.; J. M. A.; H. C. R, E. B. d B.; M. N. B.; L. R. ; y E. A. G. correspondiente a incapacidad sobreviniente, gastos de tratamiento médico, daños a la vivienda y daño moral, queden excluidos del régimen de consolidación, consagrado en la Ley Nº 25.344, en los términos del Art. 18 de la referida norma .
Respecto al rubro de la “Incapacidad Sobreviniente”, los Jueces de Cámara manifestaron : “es preciso señalar que en este punto debe adoptarse un criterio fluido, que contemple la incidencia que las lesiones y secuelas padecidas han proyectado sobre la actividad concreta de las víctimas, debiéndose ahora tener en cuenta a tal fin su edad, condición social, económica, familiar, actividad y expectación laboral, estado civil, etc, como así también el efecto producido sobre el damnificado en sus distintos aspectos vitales“(conf. esta Sala, Causa Nº 2850/98 del 20/09/96; Nº 21830/94 del 26/12/06 entre otras)
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