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Timestamp: 2019-03-24 19:41:15
Document Index: 40377804

Matched Legal Cases: ['artículo 1602', 'artículo 16', 'artículo 1602', 'artículo 2470', 'artículo 1602', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 117', 'artículo 89', 'e contrario', 'artículo 60', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 40']

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Es Paradójica La Autonomía de La Voluntad Frente A...
Tributos Ambientales en Ecuador
Malla Derecho Pasantía Profesional
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Consultas PGE1
Amazo Parrado, Diana C.
Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 181-203
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73390208
¿Es paradójica la autonomía de
la voluntad frente al principio
de legalidad en los contratos
Diana C. Amazo Parrado*
Recibido: 22 de agosto de 2007
Aprobado: 30 de agosto de 2007
La “autonomía de la voluntad”, esa hermosa matriz
del derecho privado liberal clásico (“quien dice contractual, dice justo”), es actualmente un instrumento
importante de regulación de las relaciones sociales. La
observación del funcionamiento real –efectivo– de esta
herramienta legal, revela la identidad del individuo social post-moderno, cuya libertad es a la vez inmensa e
irrisoria, fuente de poder ilimitado y de sujeción servil a
las directivas de organizaciones, públicas y privadas, que
establecen lo que se debe querer para querer eficazmente. Ejercer esta prerrogativa significa adherir a normas
que se imponen –de hecho– independientemente de su
fuente, mas en una medida que puede ser determinada.
Ello ha llevado a cuestionar la importancia del principio
de legalidad en los contratos estatales, pues en la actualidad la autonomía de la voluntad se plantea como
garantía eficaz contra la arbitrariedad del Estado.
Palabras clave: autonomía de la voluntad, autonomía
de la voluntad en los contratos estatales, influencia del
derecho privado en el derecho público.
* Estudiante de la Maestría Derecho Administrativo Universidad del Rosario, décima promoción. Abogada
de la Universidad Santo Tomás. Especialista Derecho Administrativo del Pontificia Universidad Javeriana.
Asesora Jurídica, Unidad de Contratación, Ecopetrol S.A. Correo electrónico: amazop@yahoo.com Bogotá,
Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 9(2): 181-203, julio-diciembre de 2007
2002.. The above is applied to question the principle of legality in state contracts in which the real principle of “free will” acts as an effective warranty against state abuse. en Revista Estudios Socio Jurídicos. state contracts. Key words: Freedom of the will. al mantener ellos. Bogotá (Colombia). The observation of the real – effective – functioning of this legal tool reveals in a paradigmatic way the identity of the individual in post-modern society whose freedom is both immense and insignificant. more than in a measure that can be determined. rule of law.  Manuel Restrepo. Socio-Juríd. 138.182	Diana C.  Estud. la vigencia de aquel principio tutelar. núm. julio-diciembre de 2007 . Amazo Parrado Do the Autonomy of Free Will and the Principle of Legality in State Contracts Create a Paradox? Abstract “Free will” – that beautiful matrix of classic liberal private law (they say “Whoever contracts accepts that it’s fair”) is in reality an important instrument for regulating social relationships. 4. vol. Estos últimos son los que en definitiva califican a un régimen político como democrático.independently of its source. Exercising that prerogative means adhering to norms that are imposed by oneself –in fact. p. Introducción En nuestra organización político-administrativa y en el plano estrictamente jurídico se ha ido constituyendo un delicado equilibrio entre el poder de la administración y los derechos de los administrados frente al Estado. cuyo desarrollo es reflejo de la influencia que el derecho privado ha venido teniendo sobre el derecho administrativo. and an unlimited source of power and servile subjection to directives of public and private organizations which effectively establish what should be desired. “La adecuación del derecho administrativo al Estado contemporáneo”. 2. Ese intento por mantener la balanza en equilibrio es el que ha permitido la existencia en el ejercicio de la función administrativa de una dicotomía entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad en las relaciones entre el Estado y los administrados. 9(2): 181-203.
porque sería demasiado ambicioso. vol. sino tomar conceptos  Julio Flórez. “La autonomía de la voluntad y la libertad contractual” en Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Socio-Juríd. El presente artículo pretende determinar si el principio de la autonomía de la voluntad debe ser un principio absoluto e inmutable. abuso que puede ser consecuencia de diversos factores. 9(2): 181-203. 1936. julio-diciembre de 2007 . p. 205  Estud. con la finalidad de evitar el abuso en la contratación estatal por parte de uno de los contratantes en perjuicio de la otra parte. mediante el principio de legalidad. 31. sin buscar hacer una recopilación completa de la noción. Bogotá (Colombia). pues con el primero se considera que el Estado lo ha recibido del constituyente y además porque tiene el poder político suficiente para imponer sus actos. serán tratadas de manera conjunta. núm.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 183 Pero esa dicotomía entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad ha generado diversos cuestionamientos frente a la contratación estatal. para llegar a una conclusión. Autonomía de la voluntad La sociedad es una entidad esencialmente evolutiva que busca en su regulación jurídica estar acorde con la realidad de la misma. por lo tanto. 1. el artículo se desarrollará con el estudio de individualidad de la autonomía de la voluntad. o si por el contrario su campo de acción debe estar limitado por el Estado. como la evidente desigualdad económica o la información asimétrica en que se encuentran las personas en el momento de contratar. así como los inconvenientes que se han presentado alrededor del tema. Entrar en el campo de la autonomía de la voluntad implica acercarnos a nuestra temática jurídica y retomar la evolución que el concepto ha tenido en el derecho. por último.. el principio de legalidad y. modalidades decisivas en la constitución psicológica de un pueblo. pero frente a la autonomía de la voluntad se le ha considerado como un principio esencial del derecho privado cuya aplicación no es tan clara en materia de contratación estatal. 303. Teniendo en cuenta lo anterior. específicamente. las instituciones jurídicas no son más que un reflejo que se va transformando a medida que las modalidades extrínsecas influyen con las intrínsecas.
poseer potestades normativas. respectivamente. 206-207. Barcelona. es decir. Bosch Editor. p.. para que posteriormente en el Código de Napoleón se establezca que el contrato es una ley para los contratantes siempre que no vaya en contra del orden público. pp. y Rousseau. el concepto tradicional de la autonomía de la voluntad encuentra sus raíces en la filosofía individualista que se desarrolló desde el siglo XVII con una influencia también del cristianismo. José Antonio Ballesteros.184	Diana C. Amazo Parrado que contribuyan a tener una visión integral de este principio que ha permanecido en nuestro sistema jurídico. julio-diciembre de 2007 . pues depende igualmente de los regímenes políticos imperantes en cada lugar. manifestada en  Op. J. que la lleva hasta la concepción del Estado en su contrato social. Por ello la palabra autonomía remite a la capacidad de un grupo para darse normas. Así es como la autonomía de la voluntad. Socio-Juríd. cuyo recorrido histórico la arroja como un principio esencial reconocido en las legislaciones contemporáneas y que representa en mayor grado el concepto de participación ciudadana.   Estud. aun cuando la esencia de esa autonomía es que los individuos puedan dictar normas que el Estado asumirá como propias al conceder un vigor semejante al de la ley. al hacer depender toda la actividad del hombre de las sensaciones externas. Bogotá (Colombia). Pero en el ordenamiento jurídico ese reconocimiento ha variado a lo largo de la historia. cit. Kant es sin duda quien le da mayor vigor a la autonomía de la voluntad. por lo que la fuente única-autónoma de la ley era ella misma. 20. M. 1776 y 1789. Las condiciones generales de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad. puesto que lo esencial era que existiera el libre consentimiento. se constituyó como uno de los principales cambios sociales que fueron incorporando las revoluciones inglesa. 9(2): 181-203. norteamericana y francesa en los años 1688. De esta manera. en donde se consideraba al hombre libre por esencia y sólo podía obligarse si era de su voluntad. 1999.. No es extraño que la autonomía de la voluntad haya sido la que hubiera regido por mucho tiempo las relaciones contractuales desde la Edad Media hasta fines del siglo XVIII porque sólo se exigían requisitos de forma para su validez. Y fueron incorporándose porque la voluntad individual que posee en el derecho un verdadero poder creador de obligaciones y derechos es lo que hace que la autonomía de la voluntad tenga eficacia jurídica y sea considerada como una ley entre las partes.
dijo: (…) Principio de la autonomía de la voluntad. aunque su reconocimiento es expreso. Por tal razón.P. es decir.. los particulares pueden realizar actos jurídicos. su componente jurídico no es más que el reconocimiento hecho por el ordenamiento jurídico de dicho principio y de la forma en que el legislador le ha permitido permear las esferas de la administración de justicia. conforme al cual. se hace necesario que el Estado limite su ejercicio. ha sido reiterativa en sostener que uno de los principios que gobiernan los contratos es el contenido en el artículo 1602 ya mencionado. Socio-Juríd. con unos requisitos que podríamos enunciar de la siguiente manera: 1. nuestra legislación consagra este principio (artículo 16 y 1602 del Código Civil. M. En sentencia de casación del 17 de mayo de 1995.	La capacidad legal para comprometerse: los individuos que deseen acceder o celebrar un contrato deben ser plenamente capaces de comprometerse o disponer sobre los objetos. así. Así mismo. etcétera. julio-diciembre de 2007 . fruto de dicha autonomía. con sujeción a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia. 9(2): 181-203. mediante la celebración de contratos en los cuales se pacten cláusulas que no vayan en contra de las limitaciones ya enunciadas. uno de los principios fundamentales que inspiran el Código Civil es el de la autonomía de la voluntad. principio este que en materia contractual alcanza expresión legislativa en el artículo 1602 del Código Civil que asigna a los contratos legalmente celebrados el carácter de ley para las partes. transigir. Bogotá (Colombia). entre otros) estableciendo que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y sólo puede ser invalidado por consentimiento mutuo o por causas legales. Pedro Lafont Pianetta. Sala Civil. bienes o servicios sobre los cuales recae la práctica del respectivo contrato ya sea para disponer. con las limitaciones impuestas por el orden público y por el derecho ajeno. Como es suficientemente conocido. con la precisión de que en su ejercicio debe primar el respeto del orden público y las buenas costumbres. La Corte Suprema de Justicia. 1. tal como se observa en el texto del artículo 2470 de nuestro Código Civil: “(…) no puede transigir Estud. la autonomía de la voluntad permite que toda persona legalmente capaz. Por una vía alternativa adecuada (en virtud de la capacidad de disposición que la ley le otorga).	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 185 la formación del acto jurídico y determinación de sus efectos. (Negrillas de la autora) Con lo anterior se indica que lo acordado en un contrato se debe hacer con el consentimiento de las partes. conciliar. al punto que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (…). pueda obligarse.
por tanto. 1994.	La materia objeto de contratación: son todas aquellas cosas (materiales o inmateriales) sobre las cuales la ley faculta para disponer y para cuya identificación existen dos sistemas. Así mismo.186	Diana C. las relaciones entre la administración y el particular deben fundarse en el acuerdo de voluntades. Medellín. Así. Amazo Parrado sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción”. Comentarios al estatuto general de contratación de la administración pública. la salubridad y la moralidad públicas. 1.a edición. y otro que hace referencia de manera taxativa y por exclusión a las materias sobre las que no es válido disponer. como esta se ha transformado a través del tiempo. sin formalidades. Socio-Juríd. el laudo arbitral o los reconocidos expresamente por el empleador.. 9(2): 181-203. Librería Jurídica Sánchez R. y de las buenas costumbres. Ricardo Hoyos et ál. entre otros. el cual. 2. Ltda. ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos. la Corte Constitucional analizó la figura de la autonomía de la voluntad privada de la cual hace una erudita reconstrucción histórica para identificar la forma. julio-diciembre de 2007 . en donde exista una confluencia de las manifestaciones de la voluntad de cada contratante respecto de los aspectos esenciales del contrato sin necesidad de un requisito adicional. del que emanen las principales obligaciones y efectos. pp. uno que identifica en forma genérica las cosas sobre las cuales se puede o no negociar. que no son partes  Humberto. las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas. en principio en virtud del solo consentimiento. 155-158. Este último se establece en nuestro sistema legal. pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad.. el pacto o convención colectiva de trabajo vigente. Bogotá (Colombia). entendido de manera general como la seguridad. De tal manera que la trascendencia del acuerdo de voluntades que constituye la esencia de un negocio jurídico implica que el acuerdo de las partes legalmente celebrado es una verdadera ley que se debe acatar y cumplir. y. y que por ello debe imprimir una obligatoriedad que regule las principales relaciones jurídicas. Gustavo García. de conformidad al Código Civil en el artículo 1602. La Corte precisa: (…) la autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos. el estado civil de las personas y los derechos laborales ciertos e indiscutibles establecidos en la ley. iii) crear relaciones obligatorias entre sí. excluye. con el límite del orden público. Cárdenas..  Estud.
que aparta de su regulación jurídica la autonomía de la voluntad por considerarla como un principio que rige los vínculos entre particulares y que no se encuentra contemplado para las relaciones jurídicas con entidades públicas o en el peor de los casos que se trata de un postulado en plena decadencia junto con la crisis del contrato. desencadena una crisis en todas sus manifestaciones. Sentencia C-341. tema muy controvertido y polemizado por iusprivatistas de la mitad del siglo XX hasta nuestros días. p. Editorial Universidad. que de una forma u otra ha sido asimilado o relacionado con el resquebrajamiento del principio de la autonomía. Jaime Araujo Rentería. P. 3 de mayo de 2006. en consecuencia.. otros. eliminándose así toda posibilidad de autonomía privada en la realización del contrato. que. según nuestro parecer. lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel (…).  En este sentido se han pronunciado autores como Carlos Gustavo. op. entre ellas las relaciones de sociedad que trascienden al mundo jurídico. julio-diciembre de 2007 . Para los más fervientes defensores de la autonomía de la voluntad no cabe la posibilidad de hablar siquiera de tal crisis si por el contrario estamos ante un auge del contrato. otros podrían identificarse con la escuela en contra de la existencia de crisis alguna diciendo que no existe tal. 30..  Colombia. por no haber prestado su consentimiento. más acertadamente. El contrato por adhesión a contratos generales. 26. pero al igual que en todos los temas del derecho en general. Corte Constitucional. Buenos Aires.ª ed. Socio-Juríd. más radicales al pensar afirmativamente en la existencia de tal crisis. donde cada día existen más de ellos y más especies de los mismos. 1984. debemos tener en cuenta que el principio de la autonomía de la voluntad se consideró fundamental en la formación de los contratos privados y ha merecido importancia en la aparición de la llamada crisis del contrato. Esta última ha sido una aproximación característica de la contratación estatal. Bogotá (Colombia).	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 187 del contrato. p. del hombre contemporáneo. 9(2): 181-203. cit. Frente a la libertad para contratar ya enunciada. por consiguiente. D-6020.  Estud. 1.  Vallespinos. detractores que rechazan su existencia por completo y defensores que le dan plena vigencia.. hablan de una despersonalización total del individuo. sino que se está buscando su punto de equilibrio. Vallespinos. pero general del mundo contemporáneo y. exp. M. en donde el aceptante en la relación contractual pasa a ser un simple adherente que se someterá a unas condiciones generales predispuestas. hablan de una crisis. el de la crisis del contrato es polémico: tiene. otros.
el principio de legalidad. en las que aún existen evidencias de la aplicación de la autonomía de la voluntad. pues aún se considera que dicho principio rige sólo en el derecho privado y que para imponerlo como obligatorio requiere un reconocimiento legal. como se verá más adelante. Frente a dicho principio se han dado distintas concepciones clásicas. principios y valores que inspiran un sistema jurídico. Principio de legalidad El Estado se encuentra sometido a la normatividad jurídica. Socio-Juríd. de gran vigencia en los dos siglos pasados. la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad no ha hecho parte de las interpretaciones que se le han dado por parte de la administración en la contratación pública. esto es. entendido como la sujeción al orden jurídico que irremediablemente recoge la totalidad de las normas. en la contratación estatal la autonomía de la voluntad con la que cuenta cada una de las partes no ha sido un tema tan libre o respetable. por la influencia de los pensamientos empapados de un voluntarismo excesivo derivados de la Revolución francesa.. explicaba la ley como voluntad general que determinaba previamente la totalidad de la actuación de los poderes públicos (la nación se manifestaba a través del Parlamento). Amazo Parrado Podría decirse que el principio de la autonomía de la voluntad ha discurrido entre dos corrientes diferenciadas: la primera tiene su fundamento en la libertad de los hombres. Bogotá (Colombia). En la actualidad. de mitad del siglo XX. la segunda también cuenta con importantes fundamentos. al considerar que su aplicación estricta como en el derecho privado le hace perder su esencia. pues la relación entre la administración pública y los administrados debe ser clara. como la intervención del Estado en las relaciones de los particulares. julio-diciembre de 2007 . pero con un poco más de límites. expuestas por el sistema francés y germánico. por tratarse de normas reguladoras de la vida social. 9(2): 181-203. pues la ley apareció como un instrumento necesario. 2. para evitar revivir el estilo autocrático de Luis XIV y afianzar cada día el postulado de la Revolución francesa de la despersonalización del poder. el primero. básico y prevalente que habilitaba el comportamiento de la Estud. más recientes. que se concreta en uno de los principios motores del Estado de derecho.188	Diana C. Como se observa. pues los contratos estatales siempre obedecen a la satisfacción del interés general.
en el sistema germánico el príncipe como ente soberano actuaba de manera comprometida con la satisfacción de los intereses generales. caracterizado como Estado social de derecho sujeto al régimen de la supremacía de la ley. en reemplazo de la voluntad individual de un gobernante. Tratado de Derecho Administrativo. y con la segunda se busca la satisfacción de los intereses generales y el bien común. que atenta contra lo estipulado en el preámbulo de la Carta y en el Artículo 2º de la misma.. que en nuestra Constitución Política se encuentra regulado en el artículo 6. Y es natural que así suceda. mientras que los funcionarios del Estado tan sólo pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por ellas. pues es una forma de evitar el abuso del poder por parte de aquellos servidores. En nuestro ordenamiento jurídico.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 189 administración pública. porque extendería al servidor público una facultad connatural a los particulares. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. con lo cual introduce un evidente desorden.. frente a los gobernantes y a los gobernados. La legitimación del acto se obtiene por medio de la autorización legal. t. 3. también desde el punto  Jaime Orlando Santofimio.a ed. y esto opera por medio de la autorización legal. 9(2): 181-203. Universidad Externado de Colombia. Bogotá (Colombia). así: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. pues quien está detentando el poder necesita estar legitimado en sus actos. a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les esté prohibido expresamente por la Constitución y la ley. los primeros porque su actuación está circunscrita a un régimen legal con una vertiente formal (respecto a la norma en estricto sentido) y una teleológica (entendida como el cumplimiento de la norma en el ejercicio de la función administrativa para la consolidación de los propósitos y finalidades del Estado). es claro que la actividad de la administración debe estar permanente subordinada a las normas legales –principio de legalidad–. Con la primera vertiente. todo ello como garantía para la sociedad civil. logrando un bienestar general con limitaciones en las normas generales. I. julio-diciembre de 2007 . quien ejerce funciones administrativas se mueve en los extremos de la norma jurídica. 2004.  Estud. (…) La inversión del principio es contraproducente desde todos los puntos de vista: constitucional. Socio-Juríd. El principio de legalidad tiene dos proyecciones. por su parte. sea de carácter reglado o discrecional. Bogotá.
Sentencia C-337. la Constitución. legales y reglamentarios. vinculan a los poderes públicos. 10 Estud. resulta contraproducente permitir la indeterminación de la actividad estatal. 19 de agosto de 1993. junto con los artículos 2. que obligan a quienes ejercen funciones administrativas a desarrollar sus actuaciones basados en los preceptos constitucionales. Por ejemplo. 123 inc. así: garantizar la efectividad de  Colombia. es decir. P. M. Amazo Parrado de vista de la filosofía del derecho. constituido por valores. solo que debe hacerlo dentro de los límites de la ley. En sentido teleológico.190	Diana C. Vladimiro Naranjo Mesa. Bogotá (Colombia). En general. para la satisfacción de necesidades de transporte de una comunidad. la administración tiene como función realizar los fines públicos materiales. el acto administrativo e incluso ciertas reservas de ley. pues el constituyente se ha reservado ciertas materias que la administración puede desarrollar directamente. principios generales. en donde el otorgamiento de competencias al legislador para desarrollar determinadas materias administrativas no son de su exclusividad. julio-diciembre de 2007 .. Pero en nuestro ordenamiento jurídico no debemos entender el principio de legalidad como la supremacía de una norma. por excepción de los derechos y del ámbito de la actuación de las personas en procura del interés general y la convivencia. 9(2): 181-203. la ley. y desde el punto de vista de la conveniencia. sino en virtud de razones materiales. a la satisfacción del interés general. y en particular a la administración. traducida como el predominio de la autonomía de la voluntad edificadora de normas generales. cuando la administración construye una carretera. 2 y 209. lo hace no para ejecutar la ley de carreteras. De tal manera que el objeto de la administración no es ejecutar la ley. como sucede con las asambleas departamentales y los concejos municipales. Corte Constitucional Sala Plena. porque atenta contra el principio de la seguridad jurídica que es debido a la sociedad civil (…). La segunda proyección del principio de legalidad es la de los gobernados. sino como la imposición de todo un bloque de legalidad. por cuanto no es proporcionado otorgar al servidor público lo que está adecuado para los particulares. sino servir a los fines generales dentro de la legalidad. que se encuentran contemplados en nuestra Constitución Política en su artículo 2 como fines del Estado. Socio-Juríd.10 En nuestra Constitución Política la legalidad en sentido formal se encuentra desarrollada en los artículos 121 y 122. el preámbulo constitucional. con determinadas limitaciones.
Bogotá (Colombia). concretas y determinadas. al igual que por parte de la administración una omisión en el ejercicio de la potestad. M.11 De tal manera que la legalidad es la que le atribuye potestades a la administración. definiendo cuidadosamente sus límites. pues si causó daños a los particulares. sometidos o vinculados de manera conjunta a los ciudadanos. Corte Constitucional. sino en situación abstracta de sujeción que vincula a soportar los efectos jurídicos que dimanan del ejercicio de las potestades y su incidencia. es decir. requieren de un ordenamiento positivo sin el cual la administración no puede actuar. derechos y deberes consagrados en la Constitución. Sentencia C-1024. lo que significa que a ello deben concurrir todas las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. esto es. P. 6 de noviembre de 2002. las cuales deben ser ejercitadas en interés público. sino el de la comunidad como tal. donde la administración sirve con objetividad a los intereses generales. Frente a dichas potestades nadie está en situación de deber u obligación. de donde eventualmente pueden surgir relaciones jurídicas con los particulares.  Colombia. Socio-Juríd. se configuraría una responsabilidad patrimonial del Estado. Sala Plena. ser específicas.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 191 los principios. que no es el de la administración. ya que toda organización necesita una distribución de funciones y de competencias. incluidos los órganos autónomos que no forman parte de las ramas del poder público y las autoridades de control a las cuales se refiere el artículo 117 de la misma norma. teniendo que admitir que algún reglamento los afecte. sino que tiene un carácter genérico de producir efectos jurídicos. otorgándole facultades de actuación. que una expropiación recaiga eventualmente sobre sus bienes o que la policía salvaguarde sus propios intereses.. entendiendo por potestad la facultad de querer y obrar de la administración conferida por el ordenamiento jurídico que no recae sobre ningún objeto especifico y determinado. Pero tales potestades administrativas deben ser expresas. Alfredo Beltrán Sierra. porque no caben poderes indeterminados. Es necesario hacer claridad en que las potestades administrativas pertenecen a la especie llamada potestad-función. ya que si no se da esta situación quedaría incurso en una desviación de poder. 11 Estud. confiriéndole poderes jurídicos y potestades. 9(2): 181-203. julio-diciembre de 2007 .
ejercicio que creará. empezaron a tomar fuerza principios como la libertad en donde el ciudadano era parte fundamental. mientras que un funcionario de menor jerarquía tendrá muy limitado su campo de apreciación para decidirse. limitación que no solo proviene de la Constitución y la ley.13 Un funcionario de muy alta jerarquía sólo estará limitado entonces por la Constitución y la ley. Corte Constitucional. en beneficio de los intereses de la comunidad para el logro del bien común. Sentencia C-513. Antonio Barrera Carbonell. P. 6). se requería un cambio de un Estado formal a uno material. 9(2): 181-203. es decir. los reglamentos internos y. pero con el paso del tiempo. extinguirá o protegerá relaciones jurídicas concretas. valores jurídicos que conlleven a un sistema jurídico equilibrado. Amazo Parrado Entonces. Socio-Juríd.192	Diana C. pero más que eso deberá basarse en principios. su seguridad y certeza. en consecuencia. por lo cual el Estado buscó un mayor equilibrio entre las diferentes esferas de la sociedad. de un acto administrativo normativo. basado en la discrecionalidad.12 El reconocimiento de la supremacía de la Constitución implica que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley. y era la base para construir un ordenamiento jurídico que lograra la satisfacción de sus necesidades. Fue así como se conformó un sistema jurídico en el que debía existir una compatibilidad entre todas las normas y nuestra Constitución Política. como es el caso de la facultad otorgada al Presidente de la República para la declaratoria del estado de emergencia económica y social. se apliquen las disposiciones constitucionales. entonces. 13 Colombia. cuyo soporte fueran las libertades públicas. julio-diciembre de 2007 . Por lo tanto. Es así como si bien se buscaba un orden justo a través del respeto hacia la ley y la verificación de las actuaciones legislativas y ejecutivas por parte del juez. 16 de noviembre de 1994. adecuado a la realidad social. sin olvidar ni desconocer el principio de legalidad y el consiguiente control judicial de todas las actividades públicas. la competencia de dichos funcionarios será más específica y estará  En la antigüedad la fuente de toda relación jurídica era lo que se contemplaba en el ordenamiento jurídico sin interesar la realidad social. e igualmente ha deferido a la ley la creación de las acciones para que las personas puedan proteger la “integridad del orden jurídico” (artículo 89). la Constitución ha dispuesto de mecanismos –la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad– para asegurar dicha supremacía (artículos 4 y 40 n. M. Bogotá (Colombia). sino de los decretos reglamentarios. la realidad social. u otra norma jurídica. que un ordenamiento jurídico tendrá un soporte legal.. 12 Estud. la legalidad es la que le atribuye con normalidad potestades a la administración y su actuación es el ejercicio de tales potestades. Es claro. modificará. justo. la integridad patrimonial y la responsabilidad de los funcionarios públicos. teniendo como objetivo la coherencia del ordenamiento jurídico.
el principio de legalidad es un elemento central en el ordenamiento jurídico. en el siguiente escalón se encuentra la ley. se debe hablar del principio de jerarquía. por su recepción en una norma fundamental superior. la cual no tiene discriminación.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 193 por lo demás también sometida al ejercicio que de dichas competencias hubiesen hecho las autoridades jerárquicamente superiores. a su lado se ubican los decretos-leyes. Indudablemente el primer escalón es la Constitución Política. teniendo como objetivo la coherencia del ordenamiento jurídico y por lo tanto su seguridad y certeza. por lo tanto. reglamentos. La legalidad es entonces la que ratifica la supremacía de una determinada categoría de normas frente a otras. y a las cuales se encuentra sujeto tal funcionario. decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley. que establece un marco de actuación de los órganos en donde la ley entra a limitar y obligar a la administración a aplicar la norma de acuerdo con las circunstancias de cada caso sin que medie un exceso por parte del Estado. etcétera.. julio-diciembre de 2007 . los actos tienen imperio o surten sus efectos mientras la autoridad judicial no los declare contrarios a derecho o nulos. como los actos administrativos y las resoluciones. junto a esta es preciso señalar los principios generales del derecho. aceptando que una norma de superior jerarquía abrogue una inferior y así sucesivamente. y concretamente el administrativo. por último están las manifestaciones de voluntad administrativa en casos concretos. ya que se toman tanto las ordinarias como las de urgencia. es decir. Todas las normas que conforman el sistema jurídico deben ser compatibles con nuestra Constitución Política. aparece la presunción de legalidad. 9(2): 181-203. el cual establece que todo ordenamiento jurídico. mientras que la ejecutividad es el atributo de su obligatorio cumplimiento. En virtud de ello. Bogotá (Colombia). los actos administrativos deben tenerse como legítimos hasta que eventualmente surja una prueba que desvirtúe en forma abierta la legitimidad del Estud. Todo esto parece estructurado conforme al principio de legalidad. los cuales contienen un sentido ontológico que inspiran al orden jurídico. Como efecto jurídico de los actos administrativos al lado de la ejecutividad. presenta una estructura jerárquica a la que deben ceñirse todos los órganos del Estado. mediante el cual el derecho se va desarrollando. considerada como fuente escrita y directa del derecho administrativo. ni actuar en aquellas situaciones en las que no está expresamente facultado. De tal manera que para comprender un poco más el principio de legalidad en nuestro sistema jurídico. Socio-Juríd.
ya que algunos afirmaban que la facultad de sancionar al contratista existía por fuera del mismo contrato. M. pero con su desaparición en la Ley 80 de 1993. ya que con el Decreto 222 de 1983 se regulaban de manera expresa en su artículo 60. exped. Con este ejemplo se evidencia la importancia del principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. al no contemplarlas como cláusulas exorbitantes. del 17 de septiembre de 1992 en Sala Plena. por lo que se trata de una presunción que admite prueba en contrario. Por ello. julio-diciembre de 2007 .. el 20 de octubre de 2005. Bogotá (Colombia). M. entre otras decisiones. Socio-Juríd. 6491. Amazo Parrado acto. la norma es reiterativa al sostener que los actos emanados de la administración que reconocen una situación jurídica están amparados por una presunción legal que les da plena eficacia y obligatoriedad mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente. Pero esa discusión fue solucionada por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. P. exped. 9(2): 181-203. debido a que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto 222 de 1983 y la ley no consagra esa facultad. Es entonces al Juez Contencioso Administrativo al que le corresponde imponerla. 9288. ya que se puede desvirtuar la legalidad del acto a través de los diferentes medios jurídicos establecidos. tal como se pronunció el Consejo de Estado el 21 de octubre de 1994. pues se presume que todo acto emanado de la administración ha sido emitido conforme a Derecho. Imponer dichas sanciones para lograr la satisfacción del interés general de manera oportuna y no desnaturalizar la razón de ser de las multas. como en precedencia lo había reconocido el propio Consejo de Estado en sentencias del 9 de abril de 1992 en Sala Plena. Juan de Dios Montes Hernández. se desarrollaron tesis jurisprudenciales y doctrinarias en las que no se encontraba claridad al respecto. ya que en su artículo 17 le da la facultad a las entidades estatales de imponerlas. Carlos Jaramillo. Por el contrario hubo quienes pensaron que de conformidad al texto del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. se autorizaba a la entidad estatal. ya que una vez se regulan aspectos esenciales para la Estud. por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. el principio de legalidad ha ejercido un papel determinante en temas tan polémicos como las multas contractuales. exped. todo ello porque no se regulaba en el ordenamiento jurídico. 5465. exped. En materia de contratación estatal. entre otras jurisprudencias. 14579. P.194	Diana C.
ya que si de parte débil quiere hablarse.14 Otro sector afirma que el contrato no debe ser revisado judicialmente porque alguno de los contratantes dice que se encuentra lesionado por el contrato o porque circunstancias imprevisibles y extraordinarias han generado una alteración en las prestaciones de las partes contratantes. vol. 3. I. Véanse Mazeaud. se genera un estado de tranquilidad y certeza que le permite a los ciudadanos y órganos estatales actuar sin ningún temor. por lo tanto. Ediciones Jurídicas Europa-América. Estudios del contrato privado. y que el Estado no debe intervenir en las relaciones contractuales. mora automática. un sector afirma que la autonomía privada de los contratantes no debe estar limitada. León y Jean. intereses. julio-diciembre de 2007 . parte segunda. Socio-Juríd. 1978. 1983. Un sector de la doctrina identifica en la contratación a la parte débil con el deudor de una relación contractual. multas. en forma libre. para lo cual pueden incorporar al contrato instituciones que refuercen su cumplimiento. Obligaciones: el contrato.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 195 sociedad. p. I. 14 15 Estud. Además. 9(2): 181-203. etcétera. como también. Bogotá (Colombia). p. determinan el contenido de los contratos. En este ambiente de respeto a los acuerdos contractuales y de revisión de los contractos. lo que parece incorrecto. Lecciones de derecho civil. esta puede ser tanto el deudor como el acreedor. cada una de ellas en la situación de poder prever las posibles contingencias de un posible incumplimiento por la otra. Lima. como en el tema de multas. es decir. Henri. es claro que está permitida. encontrándose. Autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en la contratación estatal –tendencia actual– En la contratación estatal se ha venido cuestionando la importancia de la autonomía de la voluntad.. la promesa unilateral. ni siquiera por el principio de legalidad. Cultural Cuzco Editores. La revisión de los contratos con la finalidad de salvaguardar los derechos de los contratantes perjudicados por los actos de contratantes deshonestos e inescrupulosos (lesión) o por razones de fuerza mayor o caso fortuito (excesiva onerosidad de la prestación). Buenos Aires. en el que ni siquiera el Consejo de Estado ha logrado un criterio unificado. 50. t.15  Manuel de la Puente. como podría ser una cláusula penal. tanto el Estado como el particular. pues cuando las personas deciden contratar lo hacen libremente. 130.
varios doctrinantes han expresado que se tiende a confundir el hecho de que la voluntad del contratante haya creado la situación con el hecho de que la voluntad haya creado el vínculo. entre los cuales se encuentran: a. julio-diciembre de 2007 . Así.	Carga de legalidad: es un deber de las partes identificar el tipo negocial que se celebrará y la construcción de un contrato atípico cuando los existentes no logren la finalidad buscada.196	Diana C. siendo la voluntad de ellas fuente generadora de obligaciones por delegación expresa de la ley. las personas –naturales o jurídicas– buscan obtener una finalidad que el derecho les permite alcanzar. Socio-Juríd. la llamada libertad contractual. sino que se está obligado a observarlo por haberlo querido. orden público y cargas. que no conlleve aspectos oscuros sujetos a diversas interpretaciones especialmente en los términos de referencia o pliegos de condiciones.. llamados por la doctrina deberes secundarios o accesorios de comportamiento que las partes deben observar para obtener los efectos buscados con la celebración del contrato.	Carga de sagacidad y diligencia: la contratación debe estar integrada por una actuación prudente y diligente que evite una responsabilidad sin necesidad. el contrato es el acto jurídico bilateral que mediante el consentimiento (declaración conjunta de las voluntades) de los contratantes crea. 16 Estud. En consecuencia.. En segundo lugar. Bogotá (Colombia).16 Así mismo. c.	Carga de claridad: la voluntad de las partes debe ser clara. Por lo tanto. 2. Bogotá. 2003. mediante los contratos. modifica o extingue una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial.a ed. 352-353. en la celebración de todo contrato estatal existe un límite de buenas costumbres. Régimen jurídico de la contratación estatal. 9(2): 181-203. porque no se trata de crearlo. regula. pp. pues la ley no  Guillermo Luis Dávila. b. tiene limitaciones que afectan al contratista y no al poder del contratante para crear un contrato. como fruto del libre consentimiento de las partes contratantes. referida al poder para obligarse. Amazo Parrado Técnicamente. transparente. el tráfico patrimonial de bienes y derechos tiene como vehículo más idóneo al contrato. pues de lo contrario se obtendrán fines distintos o se afectará la celebración o ejecución del contrato. Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. Legis.
17 Estud. y entonces “en la actividad administrativa discrecional. Prerrogativas y garantías administrativas. de unas voluntades fundidas (confusas) en una voluntad que es ley para las partes (creada). en donde la norma correspondiente no determine la conducta a seguir. En tercer lugar se habla de una ambigua concepción de fusión de voluntades en el contrato. y si lo hace. Barcelona. por lo cual es incontrolable y el contrato es algo establecido o expresado en un medio social y controlable. sino lo que limita es el poder para concluir el contrato sin forma o fijación de cláusulas. sino también del reconocimiento que les hace el ordenamiento jurídico. 1959. porque al hablar de voluntad se entiende que es algo interno. porque ya no se trata de un poder estatal ilimitado. pero en el marco de un estricto régimen de responsabilidad correlativo. De esta forma se pretende promover la capacidad de gestión y administración de los servidores públicos para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad estatal a su cargo.18  José Ferrandis. sino que también los contratistas tienen derecho a que en el contrato exista un equilibrio. podrá decidir si debe o no actuar. escoger en qué sentido y qué medidas utilizará. De tal manera que lo que ha declinado en si no es la concepción que se tenga del contrato. la ley. inseparable de la persona. p. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán. confiriéndoles así una mayor autonomía. condiciones y estipulaciones que las partes consideren convenientes. 18 José Roberto Dromi. Casa Editorial.. Socio-Juríd. t. Comentarios a la obra El contrato de Gino Gorla. sea de las circunstancias ante las cuales se dictará el acto. Pero no podemos perder de vista que aquellos ordenamientos jurídicos cuya estructura se basa en el principio de legalidad deben contar con una discrecionalidad administrativa.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 197 impide al contratante que respete y cumpla la promesa junto con sus cláusulas. 30. 1979. Bogotá (Colombia). p. julio-diciembre de 2007 . el orden público y a los principios y finalidades del estatuto.17 Se establece que los contratos pueden incluir las modalidades. siempre que no sean contrarias a la Constitución. el órgano tiene elección en tal caso. 9(2): 181-203. sino el postulado de la autonomía de la voluntad por querer equiparar la voluntad privada con la ley. sin reconocer que la fuerza obligatoria de las estipulaciones no proviene tan sólo de la voluntad de los contratantes. 98. sea del acto que se dictará ante una circunstancia”. I. pretendiendo su cumplimiento.
en cuyo ejercicio utiliza criterios de apreciación que no están en las leyes y que es libre de valorar (remoción o nombramiento en un cargo). entendida esta en su acepción etimológica como el poder de darse a sí mismo normas e igualmente definida como una fuente de normas jurídicas destinadas a formar parte del mismo orden jurídico que las reconoce. mediante los cuales regulan sus intereses privados. Socio-Juríd. pero eso era antijurídico porque si bien podría afirmarse que al no existir reglas normativas se trataría de una actividad discrecional. 19 Estud.19 En principio. pp. julio-diciembre de 2007 . 1.a ed. es decir. entendiéndose como que la administración puede usar en su discrecionalidad todo aquello que la ley no ha regulado. Bogotá. se entiende que la administración obra en el ejercicio de sus facultades regladas en la medida en que deba acomodar sus actos a disposiciones de una ley. Agustín Gordillo.198	Diana C. 1998. en la actualidad. una liquidación tributaria. es decir.. Bogotá (Colombia). Biblioteca Jurídica Diké. específicamente con poderes reglados o de mera aplicación automática (por ejemplo. la administración cuenta con potestades discrecionales. los particulares gozan de plena libertad en la celebración de los actos contractuales. una atribución discrecional que tornaba irrevisibles los actos que dictara en ejercicio de esas atribuciones. ya que es la expresión de la libertad de determinación de la administración. esta terminología ya no se usa y se considera que se trata de una actividad reglada. Por ello. La autonomía de la voluntad en la administración puede entenderse como discrecionalidad. no obstante. todos los actos administrativos dictados en ejercicio de una potestad discrecional. justamente por saber que el criterio de estos actos no se encuentra en la ley.. jubilar a un funcionario por edad) y con poderes discrecionales. en la antigüedad se decía que la administración tenía una discrecionalidad técnica. la eficacia de los actos particulares de disposición se encuentra sujeta a que los mismos respeten las cargas que son inherentes al ejercicio de la autonomía privada. Antes se excluían rotundamente del control judicial. de autonomía de la voluntad. Tratado de Derecho Administrativo Parte General. A contrario sensu. 9(2): 181-203. podría hacer no meramente aquello que la ley expresamente le autoriza. reglamento o de otro precepto administrativo (llamada doctrina de la vinculación negativa a la ley). sino que hace parte de la libertad absoluta de la administración. Amazo Parrado Es decir. X-23. sino todo aquello que la ley no le prohíbe. entendidas como aquellos deberes en los cuales  Otros aspectos pueden verse en.
una de ellas elabora.	Limitaciones actuales. pp.. no se obtienen sino a condición de que el negocio haya sido válidamente celebrado. Estudios de Derecho privado. las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. carga de claridad. y de que el acogimiento de las pautas normativas. Y buenas costumbres se entienden como sinónimo de la moral. Socio-Juríd. quizá porque trascienden la esfera singular. por el contrario. 43-44. Bogotá. 9(2): 181-203. comenzando por el efecto negocial. limitándose la otra a aceptarlo o rechazarlo. entendidas como aquellas que han sido impuestas por el Estado mediante normas legales de carácter imperativo. que salvaguardan principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento.	Limitaciones legales.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 199 la persona. hablando de la autonomía privada y de su ejercicio es preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: carga de legalidad. Bogotá (Colombia). parcial o íntegramente el contenido del contrato. Entre tales cargas sobresalen. en esta perspectiva. habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado. ya que las partes no negocian el contenido del mismo. Universidad Externado de Colombia. es decir. el orden público y las buenas costumbres. julio-diciembre de 2007 . carga de sagacidad y advertencia. entendidas como las limitaciones sociales que le son impuestas tanto al Estado como a los particulares en la celebración de un contrato masivo. Entendiendo por orden público el conjunto de normas jurídicas que el Estado ha considerado como de obligatorio cumplimiento. Función. 1986. 20 Estud. En la primera va una refrendación de la advertencia continua de que los efectos del acto de autonomía particular. carga de lealtad y corrección. límites y cargas de la autonomía privada. En la segunda hay un reenvío a una cláusula general: la buena fe. es requisito y prenda de la eficacia y validez de la disposición. pues en la contratación masiva se reducen los costos  Fernando Hinestrosa.20 De tal manera puede decirse que las limitaciones pueden ser: a. del cual no escapan las actuaciones de los órganos del Estado ni de los particulares. que es el punto de partida. convicciones de ética social imperante en un momento determinado de la sociedad. b. reduciendo la autonomía de la voluntad en aras de la fluidez del intercambio de bienes y servicios a un menor costo. han de hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo. a partir de las leyes imperativas.
Socio-Juríd. por lo que surge la necesidad de ponderar principios y derechos en orden a establecer en un contexto determinado a cuáles se otorga primacía en cuanto valores fundantes del Estado social de derecho (Preámbulo y artículos 1 y 2 de la Constitución Política). en el ámbito de la contratación. su carácter relativo nace de la necesidad de otorgar un tratamiento jurídico a otros derechos amparados en principios que también gozan de amparo constitucional. debe estar orientado a otorgar validez y eficacia a los contratos. Bogotá (Colombia). pp. brindar seguridad jurídica a las partes contratantes. facultando expresamente a las entidades para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales. 1993. pero más que eso deberá basarse en principios.. Por último. Amazo Parrado que genera la contratación individual de cada contrato. Bogotá. 21 Estud. Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. 30-31. Es así como el rol del Estado.200	Diana C. debe entenderse que un ordenamiento jurídico tendrá un soporte legal. justo. Imprenta Nacional. garantizar el cumplimiento de los  Colombia. pero que ha sido superada por la concepción moderna del Estado social de derecho que inspira la Carta de 1991 (Sentencia C-641 de 2000).21 Es en este sentido en el que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con el derecho común y con las normas del estatuto correspondan a su esencia y naturaleza. En efecto. La doctrina moderna tampoco admite un poder ilimitado de voluntad para crear efectos jurídicos. y como justificación de ello está el agilizar el tráfico patrimonial y reducir los costos de contratar o de transacción. sino que la causa o razón del negocio se identifica con la función económico-social. Conclusiones La jurisprudencia constitucional ha reconocido que no se conciben la libertad y la autonomía de la voluntad como derechos de carácter absoluto. en donde la voluntad aun como esencia del ser humano se materializa en la existencia de relaciones jurídicas. Ministerio de Gobierno. 9(2): 181-203. julio-diciembre de 2007 . valores jurídicos que conlleven a un sistema jurídico equilibrado. en beneficio de los intereses de la comunidad para el logro del bien común. pues ello es el producto de una filosofía individualista que imperó en los siglos XVIII y XIX.
justifican su existenEstud. respetar los acuerdos contractuales y reducir los costos de contratar. sino que además debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales –pacta sunt servanda. no se limite a un tipo de norma específica sino al ordenamiento entero. específicamente. en donde se respeten los límites que hemos enunciado. en donde el principio de legalidad. Debe entenderse que ninguna actuación administrativa es posible sin la previa atribución normativa de la potestad correspondiente para producirla. Por último. en donde la fuerza moral de la ley incentive al ciudadano a influir en la construcción del sistema jurídico que lo rige. mediante el principio de legalidad. ni tampoco dejando de lado los principios y valores que constituyen el fundamento de un ordenamiento jurídico. La autonomía de la voluntad entonces. Pero además debe existir una relación cercana entre la administración y el ordenamiento jurídico. los acuerdos contractuales. como la evidente desigualdad económica o la información asimétrica en que se encuentran las personas en el momento de contratar. el Estado debe respetar los contratos. Pero el Estado no sólo debe respetar los contratos. una base para el logro de los fines del Estado. o mejor dicho. Bogotá (Colombia). y abstenerse de intervenir –arbitrariamente– para modificar legislativa o judicialmente las relaciones contractuales celebradas válidamente entre personas naturales o jurídicas. pero que no por ello sean instrumentos para borrar o desaparecer lo que las partes han acordado con plena voluntad y conciencia. La preocupación enunciada en este artículo consiste en determinar si el principio de la autonomía de la voluntad debe ser un principio absoluto e inmutable. se puede concluir que los principios de autonomía de la voluntad y legalidad no se oponen. Socio-Juríd. 9(2): 181-203. debe seguir rigiendo las relaciones contractuales. En este sentido.. entre los cuales se encuentran el interés general y el bien común.	¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? 201 contratos –otorgando acción a las partes contratantes para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales–. con la finalidad de evitar el abuso en la contratación estatal por parte de uno de los contratantes en perjuicio de la otra parte. abuso que puede ser consecuencia de diversos factores. que debe buscar también un acercamiento con la misma sociedad. o si por el contrario su campo de acción debe estar limitado por el Estado. por el contrario. por lo que una ley debe entenderse como el reflejo de la voluntad de la sociedad. porque todo ello es un complemento. julio-diciembre de 2007 . que varios doctrinantes terminan llamando “bloque de legalidad”.
Flórez Julio. De la Puente. 303. Amazo Parrado cia e importancia en materia contractual. 1. José. Las condiciones generales de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad. 1998. M. Bogotá. Biblioteca Jurídica Diké. Ferrandis. 1. Barcelona. Estudios del Contrato Privado. 9(2): 181-203. Luis. Corte Constitucional. 1994. pero que además tienen la autonomía de regular aspectos en blanco que la ley ha dejado y que por el hecho de ser la manifestación de acuerdo entre ellos es respetada e igualmente se convierte en obligatoria. núm. Estud. Alfredo Beltrán Sierra. Corte Constitucional. Medellín. Gustavo. exp. Barcelona. Dromi. M. Ministerio de Gobierno. Sentencia C-337. durante y después de la celebración de un contrato. Hoyos. Bogotá. 2003.a ed. Colombia.202	Diana C. García. Agustín. J. Imprenta Nacional.. Colombia.a ed. Corte Constitucional. Cárdenas. Casa Editorial. M. Régimen jurídica de la contratación estatal-aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. P. Parte General.. Bogotá. Comentarios a la obra El contrato de Gino Gorla. Socio-Juríd. I. Corte Constitucional. Manuel. Jaime Araujo Rentería. 1979. M. D-6020.. 2.. P. Librería Jurídica Sánchez R. Ricardo et ál. Colombia. Bogotá (Colombia). 3 de mayo de 2006. “La autonomía de la voluntad y la libertad contractual” en Revista del Colegio Mayor de nuestra señora del Rosario. Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Sentencia C-341. Sentencia C-513. Lima 1983. t. Prerrogativas y garantías administrativas. 6 de noviembre de 2002. ya que las partes desdibujan la arbitrariedad que se crea alrededor de este tema. I.. Bosch Editor. M. Sentencia C-1024. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán. José Antonio. Comentarios al estatuto general de contratación de la administración pública. Humberto. Ltda. 31. Legis. 1993. 1959. 19 de agosto de 1993. Tratado de derecho administrativo. 16 de noviembre de 1994. Dávila Guillermo. Antonio Barrera Carbonell. Cultural Cuzco Editores. julio-diciembre de 2007 . Sala Plena.a ed. Gordillo. t.. Colombia. Colombia. 1999. Bibliografía Ballesteros. 1936. P. vol. José Roberto. porque encuentran una regulación expresa de los distintas situaciones que puedan surgir antes. P. Sala Plena. Vladimiro Naranjo Mesa.
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