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Timestamp: 2020-01-22 19:37:00
Document Index: 304976631

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 125', 'artículo 13', 'artículo 235', 'artículo 235', 'artículo 275', 'artículo 241', 'artículo 235', 'artículo 5', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 235', 'artículo 41', 'artículo 235', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3']

Sentencia de Constitucionalidad nº 579/96 de Corte Constitucional, 30 de Octubre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 43560185
Sentencia citada en: 156 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-579/96
Aprobado por A. No. 52 de 1996.
El ciudadano N.C.P. en ejercicio de la acción pública, promovió demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, a fin de que se declare inexequible el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993. El proceso recibió el trámite legal correspondiente y surtido éste, se procede a resolverlo por esta Corporación, previas las siguientes consideraciones.
Señala que según el Decreto 2148 de 1992, con excepción del Presidente del ISS, el S. General (...) y demás funcionarios que desempeñen cargos de dirección o confianza, quienes ostentan la calidad de funcionarios públicos, todos los demás servidores del Instituto de Seguros Sociales quedaron a partir del 1o. de enero de 1993 en la condición de trabajadores oficiales, dada la nueva naturaleza jurídica de la entidad. Es decir, que estos dejaron de ser funcionarios de seguridad social, como así los denominaba el derogado artículo 3o. del Decreto 1651 de 1977, para convertirse en trabajadores oficiales, condición derivada del hecho de haberse transformado el ISS de establecimiento público en empresa industrial y comercial del Estado.
Agrega que bajo el criterio de igualdad, no se puede eliminar la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales; la misma Constitución en materia de servidores estatales ha creado distinciones que no se pueden desconocer: miembros de corporaciones de elección popular, empleados y trabajadores en el artículo 123 superior; de carrera, de libre nombramiento y remoción y trabajadores oficiales y "los demás que señale la ley", según el artículo 125 de la Carta F.l. Es decir, que el principio de igualdad de que trata el artículo 13 superior no es absoluto, pues irremediablemente debe estar sometido al régimen constitucional y legal, a la misma naturaleza humana, a las desigualdades reales, sociales y culturales de las personas, al cumplimiento de determinados requisitos y condiciones, a acreditar determinada idoneidad sobre conocimiento, títulos y experiencias o tiempo de existencia, de servicio o de estudios, en donde el objetivo, interés, responsabilidad y funciones de las personas no son iguales, por lo que no se puede predicar la igualdad de las mismas.
Aceptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional el impedimento expresado por el señor P. General de la Nación, el señor V. General de la Nación, mediante oficio No. 992 del 12 de junio de 1996, remitió el concepto de rigor, solicitando a esta Corporación declarar la exequibilidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993. F. éste en las consideraciones que se exponen a continuación.
Anota el señor V. que por medio del Decreto 413 de 1980, el Gobierno reglamentó esta categoría especial de funcionarios de la seguridad social, diferenciando los cargos discrecionales de los de carrera, regulando el ingreso al servicio y el proceso de selección de personal, el período de prueba y lo relacionado con el escalafonamiento y novedades del personal.
Con fundamento en lo anterior, estima el concepto del V. que la conservación del régimen de personal previsto en el Decreto 1651 de 1977, en el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, así como en el artículo 275 ibídem, encuentra su razón de ser en las características propias del Instituto de Seguros Sociales que se ven reafirmadas con las distintas actividades que hoy ejerce como empresa industrial y comercial del Estado, como quiera que en el sector público es la única administradora de riesgos profesionales, del régimen de prima media con prestación definida, y es a su vez entidad promotora de servicios de salud y ente prestatario directo de los mismos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4o. de la Carta F.l, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993.
La determinación contenida en el inciso 2o. del artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, según la cual las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tienen la categoría de trabajadores oficiales, fue declarada exequible por esta Corporación, al no encontrarse vulneración alguna de los mandatos superiores. Al respecto expresó la Corte Constitucional en sentencia No. C-484 de 1995, con ponencia del Magistrado Dr. F.M.D., lo siguiente:
No hay duda pues, de que al asumir el organismo oficial la forma de empresa industrial y comercial del Estado, los actos y funciones inherentes a la atención de los servicios públicos del mismo, deben ser realizados, por regla general, por trabajadores vinculados por contrato de trabajo, con las prerrogativas laborales elevadas a canon constitucional en la Carta F.l de 1991, que garantizan el derecho de negociación colectiva, con las excepciones que señale la ley.
Lo anterior se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se examinó lo concerniente a la fijación del régimen de trabajadores oficiales de las empresas de servicios públicos domiciliarios que adoptaron la forma de empresa industrial y comercial del Estado, con todas las implicaciones que de ello se sigan. Dijo en aquél entonces la Corte Constitucional en sentencia No. C-253 de 1996, MP. Dr. H.H.V., lo siguiente, en algunos de sus apartes pertinentes:
"Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los servidores de las empresas de servicios públicos que adopten la forma de empresas industriales y comerciales del Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 19 de julio de 1995, con ponencia del D.R.S.F., al resolver acerca de la consulta formulada por el Ministro de Desarrollo Económico sobre este mismo aspecto, manifestó lo siguiente:
Cabe observar que en estas circunstancias, los trabajadores de las sociedades por acciones, privadas y mixtas que corresponden a la misma categoría de empresas de servicios públicos de acuerdo con la Ley 142 de 1994, se encuentran con respecto a los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado que prestan servicios públicos domiciliarios, en una situación de desequilibrio, ya que los primeros, a diferencia de éstos últimos, gozan plenamente del derecho de asociación consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, así como del derecho de negociación colectiva, de que trata el artículo 55 de la Carta F.l.
Es evidente para la Corte, que conforme a lo dispuesto en la Carta F.l -artículos 123 inciso segundo, 125 y 150-23-, corresponde al legislador la atribución de expedir las leyes que regulen el ejercicio de las funciones públicas, y determinar cómo se ejercen los empleos en los órganos y entidades del Estado.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, es evidente que al haberse transformado el Instituto de Seguros Sociales en una empresa industrial y comercial del Estado, sus trabajadores tienen por regla general la calidad de trabajadores oficiales, y excepcionalmente para quienes desempeñen cargos de dirección y confianza, se les otorga la condición de empleados públicos, de conformidad con sus estatutos, por lo que no es admisible una tercera modalidad de empleados, como la establecida en el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, pues al hacerlo quebranta el ordenamiento superior, salvo que la misma ley precise en forma taxativa los empleos que son susceptibles de ser desempeñados por funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se hizo en el Decreto 2148 de 1992, según el cual el Presidente, S. General y demás funcionarios que desempeñen cargos de dirección o confianza, ostentan la calidad de funcionarios públicos.
En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, cuando mediante sentencia No. C-253 del 6 de junio de 1996, MP. Dr. H.H.V., señaló:
No obstante que la demanda se dirige exclusivamente contra el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6o. del Decreto 2067 de 1991, según el cual, "la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales", declarará la inexequibilidad del aparte del inciso 2o del artículo 3o del Decreto-Ley 1651 de 1977, que dice: "las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social (...)", por constituír unidad normativa con la parte del precepto acusado.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del ViceP. General de la Nación y cumplidos como están los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2o del artículo 3o del Decreto-Ley 1651 de 1977, en el aparte que dice: "las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social".