Source: http://www.accesoalajusticia.org/wp/tag/indemnizacion/
Timestamp: 2018-02-21 03:01:04
Document Index: 340195499

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 274', 'artículo 59', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 1', 'artículo 1']

INDEMNIZACIÓN | Acceso a la Justicia
Posted on diciembre 14, 2017 febrero 2, 2018
N° Sent. 852 Fecha: 14-12-2017
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica los criterios de la Sala sobre la corrección monetaria de la indemnización por daños materiales y que el daño moral no requiere de pruebas, más allá de la demostración del hecho ilícito que lo genera.
N° Sent. 834 Fecha: 14-12-2017
Caso: Demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por LUIS EDUARDO MONSALVE PÉREZ contra VIRGILIO TERÁN GODOY y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENEPAL C.A.
Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2017, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; se casa sin reenvío el fallo recurrido; se declara parcialmente con lugar la demanda contra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TENEPAL C.A. y sin lugar la demanda contra Virgilio Terán Godoy.
“Ahora bien, el artículo 1.196 del Código Civil, delatado por errónea interpretación, establece lo siguiente:
“…Artículo 1.196.– La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.
El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.
El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima…”.
La disposición procesal ut supra transcrita, está referida a las indemnizaciones derivadas con ocasión de un acto ilícito, en virtud de que la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral, señalando algunos casos específicos que procede el último de los mencionados, así como la facultad del juez de otorgar indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.
De la presente transcripción parcial del fallo recurrido, esta Sala de Casación Civil constata que el juez de la recurrida luego de un análisis bastante confuso en cuanto a las indemnizaciones que le correspondían al accionante en virtud del ilícito cometido por la parte demandada, condenó a la sociedad mercantil Materiales de Construcción Tenepal C.A., al pago a favor del actor, Bs. 180.000.000,oo, por concepto de indemnización a la víctima por lesiones físicas sufridas; la cantidad de DOS (2) SALARIOS MINIMOS, desde la fecha de la interposición de la demanda, el 2 de abril de 2011, hasta que se declare definitivamente firme la presente decisión, con las correspondientes variaciones en los períodos comprendidos por concepto de lucro cesante; y, la cantidad Bs. 150.000.000,00, por concepto de daño moral.
De modo que el artículo 1.196 del Código Civil, prevé la posibilidad de condenar por daños materiales y morales a la víctima de un hecho ilícito, estando dentro del primero de los mencionados, conforme con la desarrollada doctrina de esta Sala, el lucro cesante y daño emergente, asimismo, dentro del daño moral, establece los motivos de su procedencia, a saber, lesión corporal, atentado al honor, a la reputación, a la familia, libertad personal, como también en el caso de violación del domicilio de la víctima, o de un secreto concerniente a la parte lesionada.
Igualmente, dentro de la categoría de daños morales establece una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.
En consecuencia, la norma se refiere a dos categorías de daños, con ocasión de un hecho ilícito, daños materiales y morales, dentro de este último, establece una gama de los mismos, los cuales de acuerdo a la reiterada doctrina de esta Sala son a título enunciativo, por cuanto, es imposible agotarlos en una norma con vista de su amplitud en su procedencia, como quiera que se refieren al “precio del dolor”, no obstante, ello no implica que haya otro tipo de indemnización prevista en la norma, como erradamente la recurrida lo señaló, considerando que las lesiones corporales generan “una indemnización especial”, independiente de las antes mencionadas.
Observándose que la recurrida crea una tercera categoría, de daño y ordena su condena, a la cual denomina “indemnización especial” por lesiones físicas sufridas por este concepto por un monto de ciento ochenta millones de bolívares (Bs. 180.000.000,00), llamando la atención a esta Sala, que entre otras condena adicionalmente, por concepto de daño moral, concluyendo que se refieren a indemnizaciones diferentes, lo cual como fue establecido anteriormente, la indemnización por lesión corporal, mencionada en el segundo aparte del artículo 1.196, se corresponde con el daño moral, el cual se encuentra dentro de un índice que a título enunciativo el legislador concibió, por consiguiente, con esta condenatoria errónea, se ordenó el pago doble del daño moral.
Así pues, el análisis antes expuesto, obliga a esta Sala a considerar que el juez ad quem, incurrió en error de interpretación del artículo 1.196 del Código Civil, con base en las consideraciones expresadas se declara procedente la presente denuncia.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la indemnización por daños y perjuicios, en particular la diferencia entre la indemnización por daño material y moral.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/206590-RC.000834-141217-2017-17-612.HTML
Posted on diciembre 12, 2017 enero 29, 2018
Tipo de recurso: Demanda de indemnización por daños y perjuicios
N° de Sentencia: 1.369 Fecha: 12 de diciembre de 2017
Caso: Ganadería La Pradeña, C.A. (GANPRACA) interpone demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Decisión: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de indemnización por daños y perjuicios incoada por la sociedad mercantil GANADERÍA LA PRADEÑA, C.A. (GANPRACA) contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DE LA DEFENSA, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. En consecuencia, ORDENA:
1.- Que la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por intermedio del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, le pague a la sociedad mercantil GANADERÍA LA PRADEÑA, C.A. (GANPRACA), el equivalente al canon de arrendamiento mensual que hubiese obtenido la actora, de haber alquilado las bienhechurías del Fundo La Pradeña, valoradas en diecisiete millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs. 17.040.440,00) hoy diecisiete mil cuarenta bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 17.040,44), según avalúo de fecha 07 de agosto de 1989, por la ocupación no autorizada que de ellas hicieron efectivos de la Fuerzas Armadas Nacionales, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994 [por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días]. 2.- La realización de una experticia complementaria del fallo para determinar el monto del canon de arrendamiento mensual que hubiese obtenido la actora de haber alquilado las bienhechurías del referido fundo, en esa zona del país o en una similar, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994 [por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días], para lo cual cada parte designará un experto, y un tercer experto será designado por esta Sala. Los expertos deberán establecer cuánto hubiese costado mensualmente alquilar unas bienhechurías como las descritas en el avalúo previo, valoradas en la cantidad de diecisiete millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs. 17.040.440,00) hoy diecisiete mil cuarenta bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 17.040,44), en esa zona del país o en una similar, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994. 3.- PROCEDENTES los intereses moratorios del tres por ciento (3%) anual de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.746 del Código Civil. En consecuencia, determinada por la experticia la suma que se adeuda, se remitirá copia certificada de sus resultas, así como de esta sentencia al Banco Central de Venezuela a los fines de que -por vía de colaboración- calcule los intereses moratorios desde el 18 de octubre de 1994 (fecha estimada de culminación del arrendamiento), hasta la fecha de publicación del presente fallo. 4.- PROCEDENTE la corrección monetaria. En consecuencia, determinada que sea dicha suma por la experticia, también deberá remitirse copia certificada de sus resultas, así como de esta sentencia al Banco Central de Venezuela a los fines de que -por vía de colaboración- calcule la indexación que corresponde desde el 18 de octubre de 1994 (fecha estimada de culminación del arrendamiento) hasta la fecha de publicación del presente fallo. 5.- NOTIFÍQUESE a la Procuraduría General de la República.
“…De las normas transcritas se deriva que el Ejecutivo Nacional puede decretar de utilidad pública aquellos terrenos y construcciones que considere esenciales para la seguridad o defensa de la Nación. Aun en esos casos, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social aplicable ratione temporis disponía que ello debería efectuarse siguiendo el procedimiento de expropiación previsto en dicho texto legal.
Lo más relevante de la normativa transcrita es que cualquiera que sea el motivo para declarar de utilidad pública un inmueble o unas bienhechurías, cada vez que los propietarios o el ocupante, sean privados del goce de su propiedad, de alguna utilidad, queden gravados con una servidumbre o sufran un daño que derive en la pérdida o disminución de sus derechos, deberán ser indemnizados por los daños y perjuicios causados.
Incluso está prevista la indemnización por los perjuicios que le cause al propietario la ocupación temporal de su propiedad para hacer estudios, practicar operaciones facultativas de corta duración que tengan por objeto recoger datos para la formación del proyecto, para el replanteo de la obra, para el establecimiento de estaciones y caminos provisionales, y otras actividades que se requieran para la construcción de la obra. Ocupación que tendrá una duración máxima de seis (6) meses prorrogables por una sola vez, por causa justificada.
Con fundamento en todos los elementos probatorios analizados, la Sala concluye que en el presente caso sí se verifican los elementos que comprometen la responsabilidad patrimonial de la República (por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa) al haber ocupado el Fundo propiedad de la accionante por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días, dado que, conforme a la normativa citada, la sola ocupación realizada por efectivos del Ministerio de la Defensa causó daños materiales a la actora, al haberla privado de la posesión y disfrute de tales bienes y haber utilizado sus instalaciones sin pago de contraprestación alguna por su uso, daños que deben ser reparados. Así se decide.
Precisado como ha sido que se produjo un daño atribuible a la demandada…”.
Comentario de Acceso a la Justicia: Sorprende este tipo de fallos emitidos por la Sala Político-Administrativo en los que declara la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que por su actuación u omisión causen sus órganos a las personas, partiendo de la verificación de los siguientes requisitos concurrentes: 1.- Que se haya producido un daño o perjuicio en la esfera de los derechos o intereses de la actora. 2.- Que ese daño sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública. 3.- Que exista una relación de causalidad entre el daño o perjuicio causado y la actividad administrativa. (Vid. sentencias Nros. 00303, 0888 y 01452 del 13 de abril de 2004, 17 de junio de 2009 y 14 de octubre de 2009, respectivamente).
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/206352-01369-121217-2017-2000-0871.HTML
Posted on diciembre 8, 2017 febrero 5, 2018
Nº Sent: 1200 Fecha: 08-12-2017
Caso: María Carolina Pérez Pinto y otros contra CVA Azúcar, S.A.
Decisión: Con Lugar
“Establecido que la relación laboral terminó por un acto del Poder Público contenido en el Decreto Presidencial que ordena la supresión y liquidación de la empresa demandada, no resulta aplicable al caso concreto la disposición contenida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras denunciado y por ende improcedente el concepto reclamado de indemnización por despido. En consecuencia, se declara sin lugar el presente recurso de control de legalidad. Así se decide.”
Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la SCS/TSJ en la sentencia que por no ser imputable al patrono la causa de la terminación de la relación de trabajo no es procedente el pago la “Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador o trabajadora” coloquialmente denominada como “doblete” y establecida en el artículo 92 de la LOTTT. Dicho criterio establecido en la presente sentencia contraviene el establecido por esta misma Sala Social en sentencia Nro. 1016 de fecha 17/11/17, caso Soloaire, en la que se establece justamente lo contrario. Quizás la diferencia es que en el presente caso está involucrada una empresa de propiedad del estado.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/206258-1200-81217-2017-17-139.HTML
Posted on noviembre 30, 2017 febrero 5, 2018
Tipo de recurso: Demanda por daños y perjuicios
N° de Sentencia: 1.301 Fecha: 30 de noviembre de 2017
Caso: Ana Karina Moratinos Garantón interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
Decisión: SIN LUGAR la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por el abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA KARINA MORATINOS GARANTÓN contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV). Se CONDENA en costas a la demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
“…ciertamente en el mes de noviembre del año 2003 se desarrolló un “allanamiento” en la sede del inmueble identificado con el nombre XCELL ubicado en el Municipio Chacao, el cual tuvo como resultado la detención de la hoy actora. Asimismo se comprobó, que esa privación de libertad de la ciudadana ya mencionada fue producto de un irregular “procedimiento policial”.
Ahora, si bien la situación antes descrita sugeriría, en principio, la presencia del daño moral, lo cierto es que la decisión emitida en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral ante el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vinculó a funcionarios de la Policía Municipal de Chacao como posibles responsables de los hechos irregulares ocurridos en la sede del local comercial, no así los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
En efecto, según se lee del Acta levantada en la audiencia celebrada el 11 de noviembre de 2003, se dispuso que:
“TERCERO: Se acuerda que el Ministerio Público deberá abrir la correspondiente investigación a los funcionarios actuantes en la aprehensión y en consecuencia se proceda a establecer las responsabilidades en las cuales hayan incurrido los funcionarios actuantes. CUARTO: Se acuerda librar oficio al Instituto Autónomo de Policía de Chacao, a los fines de participarle de la presente decisión y en vista de la petición del Ministerio Público se acuerda oficiar al ciudadano Alcalde del Municipio Chacao a los fines de que esté en cuenta de la decisión dictada por el Tribunal en la cual se acuerda la apertura de la investigación de los funcionarios que practicaron la detención (…)”. (Resaltado de la Sala).
Así, se deriva de la anterior transcripción parcial que los posibles responsables del “allanamiento” calificado como irregular y la “aprehensión” de la ciudadana no son los trabajadores adscritos a la empresa demandada, lo cual es importante para la determinación de la responsabilidad aquí exigida.
De igual modo, se destaca de la exposición del Fiscal del Ministerio Público explanada en la citada Acta y reproducida en líneas anteriores, que la actitud ilegal asumida en el “allanamiento” devino de los funcionarios del citado cuerpo policial y, que por el contrario, requirió que el informe realizado por la empresa telefónica en el marco de presuntos hechos ilícitos, mantuviese su vigencia para su análisis.
Debe quedar claro que con ello la Sala no niega la presencia de los trabajadores de la empresa del Estado demandada en los hechos suscitados el día 10 de noviembre de 2003, pero el quid del asunto es que del procedimiento judicial llevado a cabo en el Tribunal antes identificado quedó claramente establecido quiénes efectuaron el allanamiento y posterior detención, hechos éstos que son los que justamente aduce la actora como motivo de su padecimiento físico y mental.
Aquí, cabe advertir que si bien las testimoniales promovidas por la parte actora (en particular las rendidas por los ciudadanos José Antonio Matute, Daniela Olivo Dubuc, Miriam Cristina Monasterios Rivero, Abdon Vivas Euigui) afirman que personas con vestimenta o uniformes con el logo de la empresa ingresaron al local el día 10 de noviembre de 2003, lo cierto es que ello no ofrece convicción que quiénes hayan realizado efectivamente el “allanamiento” durante el cual hubo decomiso de bienes y en el que practicaron la detención de la actora fueron trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
Y es que precisamente la falta de certeza surge pues ninguno de los testigos estuvo presente dentro del local durante el desarrollo de los hechos, por el contrario, sus apreciaciones fueron desde la parte externa del mismo y a metros de distancia.
Sumado a lo expuesto, debe destacarse que la parte actora también insistió en su escrito en que el daño moral habría sido ocasionado por “la violación a su domicilio”, cuestión ésta que, para su procedencia, se requiere inexorablemente que un órgano jurisdiccional competente en la materia (penal) establezca la comisión de ese ilícito penal, lo cual no ocurrió en el presente caso.
De manera que, conforme a lo narrado esta Sala considera que más allá del alegado daño moral que pudo sufrir la actora por los hechos ampliamente descritos en el presente fallo, lo cierto es que no está probado que hayan sido ocasionados por la empresa demandada. Por el contrario, las actuaciones procesales contenidas en las copias certificas del expediente Nro. C26 2613-03 tramitado por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas -aportado por la parte actora- denotan que los hechos irregulares no provinieron de la parte demandada, de allí que resulte obligatorio desestimar la pretensión invocada por la actora. Así se decide.
Lo expuesto además, está estrechamente vinculado con el segundo requisito que debe configurarse en la responsabilidad aquí requerida, el cual es el relativo a que el daño inferido sea imputable a la empresa demandada. Requisito éste que no se cumple en el caso bajo análisis.
Como corolario del análisis desarrollado, es que esta Sala debe declarar sin lugar la demanda de indemnización por daños y perjuicios planteada por la ciudadana Ana Karina Moratinos Garantón. Así se establece”.
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa (SPA) se limitó a reiterar en el fallo que para que proceda la responsabilidad es imprescindible que el daño -material o moral- sea imputable a la persona demandada. Cabe acotar, al respecto, que para que proceda la responsabilidad es necesario probar la existencia de un daño, el nexo causal del daño y el hecho, acto u omisión y su imputabilidad a la persona o agente del daño.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205802-01301-301117-2017-2014-1176.HTML
Posted on noviembre 22, 2017 febrero 5, 2018
N° Sent. 1043 Fecha: 22-11-2017
Caso: Demanda por cobro de prestaciones e indemnización derivadas de accidente de trabajo, interpuesta por KARLA DEHIYELINE PÉREZ SILVA, en representación de su hija, causahabiente del trabajador fallecido, contra JAIME FRANCISCO AGÜERO MENDOZA.
Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
“Así pues, el hecho ilícito del patrono está constituido por el incumplimiento de una conducta preexistente, el carácter culposo o ilícito del incumplimiento; la existencia del daño (enfermedad o accidente) y la relación de causalidad entre el daño experimentado por el trabajador y las labores desempeñadas por éste en el ejercicio de su cargo; supuestos cuya carga probatoria jurisprudencialmente está atribuida al demandante, como anteriormente se señaló al resolver la segunda denuncia y como quiera que no constan a los autos medios de prueba suficientes que permitan determinar los elementos característicos para establecer responsabilidad resulta impretermitible declarar la improcedencia de las referidas indemnizaciones reclamadas por la parte actora, tal y como lo señaló el juzgador ad quem motivo por el cual no incurrió en la infracción de ley que se le imputa.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos necesarios para considerar procedente la indemnización por responsabilidad subjetiva en un accidente o enfermedad laboral.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205486-1043-221117-2017-17-090.HTML
Posted on noviembre 17, 2017 diciembre 7, 2017
Nº Sent: 1.016 Fecha: 17-11-2017
Caso: Gregorio Jacobo Gutiérrez Navarro y otros contra Talleres Soloaire, C.A. y otros
Decisión: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 20 de abril del año 2017, emanada del Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas a las demandadas según lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
…artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
“De la norma precedentemente transcrita se extrae que cuando la terminación del nexo laboral se produzca por causas ajenas a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente a la cantidad que corresponde por prestaciones sociales al accionante. (Sentencia N° 189 del 17 de marzo de 2017, caso: Yolimar Claret Cuellar Salazar contra Sanitas Venezuela, S.A. Empresa de Medicina Prepagada y otra).
En el presente caso se advierte que está suficientemente probado en autos que la causa de terminación de la relación de trabajo, aun cuando no es imputable al patrono, tal como quedó demostrado, tampoco tiene su causa en el trabajador, por lo que a tenor de lo establecido en el citado artículo 92, corresponde la misma indemnización que procedería en caso de despido injustificado.
De lo anteriormente expuesto por quien recurre, no logra esta Sala desprender de qué manera se considera quebrantado el artículo denunciado, pues tal artículo solo establece las causales de terminación de la relación de trabajo y no las procedencia del pago a que fueron condenadas las accionadas y que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, antes citada.
En mérito de las consideraciones expuestas, no encuentra esta Sala que la decisión impugnada incurra en violaciones que impregnen de nulidad el fallo recurrido, por lo que se declara sin lugar el recurso de casación intentado. Así se declara.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La SCS/TS interpretando el art. 92 LOTTT, establece que procede el pago de la indemnización por despido (conocido como Doblete) aún en el caso que la causa que originó la terminación de la relación de trabajo, no fuese imputable al patrono, salvo que exista un hecho imputable al trabajador, es decir, un hecho imputable al trabajador, a saber: (i) despido justificado; (ii) retiro voluntario (renuncia). Dicha interpretación del art. 92 LOTTT, cambia radicalmente la aplicación o aplicación del pago por indemnización por despido con relación a la Ley del Trabajo derogada (LOT) al establecer que también procede dicho pago en los casos de terminación por causa no imputables a las partes, ejemplo: Caso Fortuito y Fuerza Mayor (muerte del trabajador, catástrofe, expropiación, etc.). Así, en el supuesto de la terminación de la relación de trabajo por una expropiación, no resulta apegado a la justicia que se imponga al patrono una indemnización por un hecho del Estado, y más si a ello agregamos que en muchas expropiaciones la indeminzación no se hace o se efectúa tardíamente.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205388-1016-171117-2017-17-444.HTML
Posted on noviembre 16, 2017 diciembre 6, 2017
Materia: Resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios (reconvención)
N° Sent. 744 Fecha: 16-11-2017
Caso: MAQUIVIAL C.A. contra FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 22 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
“Establecido lo anterior, se debe señalar que esta Sala de Casación Civil, de manera reiterada ha venido estableciendo, que para que proceda la responsabilidad civil contractual deben, sin lugar a dudas, concurrir ciertos elementos o circunstancias de hecho, los cuales son: el daño, la culpa, el incumplimiento y el vínculo de causalidad. Estos elementos, además de ser necesarios, deben ser analizados por el juzgador para poder determinar la existencia de la misma y por ende, para poder declarar la procedencia de su reclamo.
Dicho lo anterior, se debe destacar que si bien es cierto que en el fallo impugnado el juez superior, de una forma particular, justificó su condenatoria en la procedencia del reclamo de la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la demandada en su reconvención, realizando un esbozo respecto al régimen de responsabilidad extracontractual o por hecho ilícito, aun y cuando la naturaleza de la relación que existe entre las partes de este juicio, se deriva de un contrato de obra, no puede pasar por alto esta Sala que el ad quem en el presente asunto cumplió de una forma efectiva con su tarea de operador de justicia para la búsqueda de la verdad, pues, pese a su inapropiada exposición, logró comprobar de un estudio de las actas, y así lo expuso en su fallo, que en el presente asunto se encuentran dados todos y cada uno de los presupuestos de hecho necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual, pues en la sentencia estableció la existencia del incumplimiento culposo en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A., respecto al contrato de obra suscrito con la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, el daño ocasionado a la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas por el incumplimiento contractual en el que incurrió la accionante, y también, la relación de causalidad que existe entre el daño y el incumplimiento contractual en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A.
Por lo tanto, el hecho de que el juez superior haya realizado toda una inapropiada argumentación para complementar su condenatoria con base en el régimen de responsabilidad extracontractual, cuando el deber ser, hubiese sido que realizara su condenatoria conforme con el régimen contractual de responsabilidad civil, en nada podría influir en el fondo de lo decidido en el fallo recurrido, pues al estar presente en el juicio todos y cada uno de los presupuestos o elementos necesarios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para el resarcimiento de un daño y para la procedencia de la responsabilidad civil, la conclusión ante este supuesto de hecho, siempre va a ir dirigido hacia la procedencia del reclamo de los daños y perjuicios por no haber la empresa Maquivial, C.A., ejecutado a cabalidad sus obligaciones contraídas en el contrato de obra N° FCVAAA-2011-CT-001.
En consecuencia, a pesar de que en el presente asunto el juez superior incurrió en una falsa aplicación del artículo 1.185 del Código Civil, y a su vez, en una falta de aplicación del artículo 1.271 eiusdem, dichas infracciones considera esta Sala de Casación Civil que carece de relevancia o de fuerza para modificar el dispositivo del fallo impugnado y decretar consecuencialmente, la nulidad de la sentencia impugnada, pues al estar dados en el presente juicio todos y cada uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios, señalados anteriormente, se encuentra, de una forma suficiente, justificada la procedencia de la condenatoria por daños y perjuicios que se deriva del impugnado.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que de ordenar esta Sala de Casación Civil, la anulación del fallo impugnado por haber incurrido el mismo en los vicios de fondo detectados, con el fin de que el juez de reenvío dicte una decisión fundamentando la condenatoria del pago de la indemnización bajo el régimen de responsabilidad contractual, considera esta Sala que se infringen los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues incurriríamos en una reposición inútil, ya que el resultado de la nueva decisión, al estar presente los elementos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil, como es el caso de autos, siempre va a estar inclinada hacia el resarcimiento del daño originado por el incumplimiento contractual en el que incurrió la recurrente.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala de Casación Civil sobre la improcedencia de la denuncia de fondo del recurso de casación, no obstante la gravedad del error cometido, cuando el juez estableció la responsabilidad por hecho ilícito, a pesar de que el caso se trata de una relación contractual y la responsabilidad derivada del mismo tiene la misma naturaleza.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017-166.HTML
Posted on octubre 25, 2017 diciembre 7, 2017
Nº Sent: 926 Fecha: 25-10-2017
Caso: Derguí Dahian Jáuregui Aranguren y otros contra el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES).
Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación formalizado por la parte demandada el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), contra la decisión del 4 de agosto de 2016, emanada del Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA el fallo recurrido. TERCERO: CON LUGAR LA DEFENSA DE COSA JUZGADA opuesta por la parte demandada, respecto a los conceptos señalados en esta decisión. CUARTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.
“Analizadas y valoradas como fueron los medios probatorios aportados por cada una de las partes, así como la declaratoria precedente de cosa juzgada, esta Sala pasa a pronunciarse sobre los conceptos indemnización por despido injustificado y prestación de antigüedad de acuerdo a la controversia planteada:
Indemnización por despido injustificado.
En lo que respecta a este concepto era carga de los actores demostrar el retiro justificado alegado en el libelo de la demanda, situación fáctica que no cumplieron, por lo que se debe declarar la improcedencia del presente concepto.”
Comentario de Acceso a la Justicia: Los actores aducen que desde que fue emitida la providencia administrativa que ordena el reenganche contra el “INCES” el instituto se ha negado a dar cumplimiento a la misma, por lo tanto, en vista de que los demandantes ya no están interesados en el reenganche, pasan a reclamar entre otros conceptos el de indemnización por despido, sin embargo la Sala Social indica que: “era carga de los actores demostrar el retiro justificado alegado en el libelo de la demanda, situación fáctica que no cumplieron, por lo que se debe declarar la improcedencia del presente concepto”, con lo cual se establece que no procede reclamo por indemnización de despido en caso de reenganches en los cuales el trabajador demanda tal concepto luego que ha sido infructuoso el reenganche por inamovilidad especial. Es decir, en este caso los trabajadores perdieron en todos los sentidos, pues por un lado un ente público se niega a reengancharlos y por el otro el poder judicial no les reconoce la indemnización por despido a pesar de que el INCES no cumple con el reenganche ordenado. Esta es una evidencia más del doble discurso oficial que por un lado dice que está de lado de los derechos de los trabajadores y por el otro, cuando le toca cumplirlos, no hay nadie, ni siquera el poder judicial, que lo obligue a respetarlos.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204410-0926-251017-2017-16-1018.HTML
Posted on agosto 14, 2017 noviembre 1, 2017
TSJ/SCS Nº Sent: 823 Fecha: 14-08-2017
Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por Arias Mejias Elaiza Marlene y otros contra Inversiones Velicomen, C.A.
Decisión: CON LUGAR el recurso de casación.
“En este mismo orden de ideas, señala la resolución ministerial que los salarios caídos deberán ser pagados de acuerdo con el salario devengado por los trabajadores para el momento del despido; en tal sentido, la parte demandada señala que el mismo debe ser pagado con el salario básico, esto es el salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional, sin embargo lo procedente de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Sala es que los salarios caídos deben ser cancelados a razón del salario normal devengado por los trabajadores antes del despido. Así se decide.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que la correcta interpretación que debe darse a la Resolución Ministerial de la materia, es que los salarios caídos deberán ser pagados con base al salario normal devengado por los trabajadores antes del despido y no el salario básico como pretende la demandada.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202885-0823-14817-2017-17-042.HTML