Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/actos%20y%20procedimiento%20administrativo/71/PUB
Timestamp: 2020-08-04 05:58:41
Document Index: 10159977

Matched Legal Cases: ['artículo 1321', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 51', 'artículo 83', 'artículo 47', 'artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 1258', 'artículo 1964', 'artículo 1939', 'artículo 1964']

actos y procedimiento administrativo - 8 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: STS 1666/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1666
Nº Recurso: 5939/2017
Resumen: 1.- El ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321 del Código Civil, en relación con el artículo 4, Cuatro de la LIP, interpretados ambos en relación con sus preceptos concordantes, conforme a la realidad social, en un sentido actual. 2.- En concreto, no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como presunción legal, establece el mencionado artículo 15 LISD, comprenda la totalidad de los bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás. 3.- Las acciones y participaciones sociales, por no integrarse, ni aun analógicamente, en tal concepto de ajuar doméstico, por amplio que lo configuremos, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento. 4.- El contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular, según el criterio que hemos establecido.
ROJ: ATS 4117/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4117A
Nº Recurso: 400/2020
Resumen: En el caso de autos, se intentó notificar la resolución de expulsión por dos veces en el domicilio reseñado a tal fin, (que era el de la Letrada del recurrente), sin que ésta acudiera a recoger la notificación no obstante el aviso de llegada dejado por el servicio de correo. Se discute si tales intentos no enervan la caducidad, ya que, en la documentación acreditativa del intento de notificación no constan la fecha, identidad y contenido del acto notificado. La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, a los efectos de tener por debidamente acreditado el intento de notificación de las resoluciones administrativas, resulta exigible que, en la documentación acreditativa del mismo consten, además de la identificación del expediente, la fecha y contenido del acto a notificar.
ROJ: STS 1695/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1695
Nº Recurso: 3712/2019
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara la inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso interpuesto contra resolución que declara la pérdida total del derecho al cobro de la ayuda concedida, al tratarse de un litigio entre Administraciones públicas, por lo que no cabe tener en cuenta la fecha en que se interpuso el recurso de reposición. Estimación del recurso. El artículo 44 LJCA, que regula los presupuestos preprocesales de los litigios entre Administraciones Públicas, debe ser interpretado de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 LJCA resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración Pública, y no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición asimilable a la de un particular. En este caso, a pesar del carácter público de la relación entablada, la parte recurrente ha interpuesto el recurso contencioso administrativo dirigiéndolo contra la desestimación presunta del recurso de reposición, lo que hizo siguiendo la indicación de recurso de la resolución recurrida.
ROJ: STS 1662/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1662
Nº Recurso: 6622/2017
Resumen: Procedimiento sancionador. Interpretación del art. 189.3.a) de la LGT. Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización siempre que las mismas posean virtualidad para producir el efecto de la interrupción de la prescripción. La liquidación firme por haber sido impugnada extemporáneamente no empece a que se analice si el procedimiento seguido para liquidar se finalizó en plazo. Al haber finalizado fuera de plazo, las actuaciones carecen de virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción.
ROJ: STS 1561/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1561
Nº Recurso: 282/2018
Resumen: Tras examinar la trascendencia de la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, operada en el año 2003, que crea los municipios de gran población, cuando hay una remisión a la primera, realizada por otras normas legales o reglamentarias en 1986, concluye el Alto Tribunal que tales remisiones se referían a la mayoría absoluta cuando de lo que se trata es de incluir asuntos en el orden del día del Pleno por vía de urgencia. Máxime cuando la reforma de 2003 no recoge ninguna alusión expresa como sí hace con otras materias. No se ha producido una transformación de la mayoría absoluta a un sistema de mayoría simple. En definitiva, la mayoría necesaria para incluir por la vía de urgencia asuntos en el orden del día de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, en los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, es la mayoría absoluta, como revela la remisión que el artículo 51 del TR de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 83 del ROF, hacen al artículo 47.3 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, antes de la reforma que tuvo lugar por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
ROJ: STS 1827/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1827
Nº Recurso: 351/2018
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Inadmisión del recurso por falta de legitimación activa del recurrente. El denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de las quejas en las que se instaba una actuación disciplinaria está legitimado cuando lo pretendido no es la imposición de una sanción al Magistrado denunciado sino, únicamente y al margen del resultado a que se llegue, que el Consejo desarrolle una actividad de investigación y comprobación en el marco de las atribuciones que legalmente le corresponden. Y en el presente caso, el único interés de la pretensión ejercitada en la demanda es que se haga un pronunciamiento que imponga a los titulares del órgano judicial denunciado las sanciones correspondientes a las faltas disciplinarias cuya existencia o concurrencia es sostenida en dicha demanda.
ROJ: STS 1792/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1792
Resumen: Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo de concesión de incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, exclusivamente en lo que se refiere a la inversión subvencionable y a la valoración del proyecto. Desestimación. Determinación de la cuantía de la inversión: no resulta irrazonable el criterio de la Administración para determinar la inversión subvencionable, en función del aprovechamiento económico que resulta de la producción de los distintos productos obtenidos, distinguiendo, a estos efectos, si son subvencionables o no, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, porque se trata de un criterio objetivo que parte de la premisa de que las instalaciones proyectadas tienen un carácter integrado, desde la perspectiva industrial, lo que no permite desglosar la maquinaria utilizada según su finalidad productiva. Motivación respecto de la valoración del proyecto: no se aprecia que la Administración se haya apartado arbitrariamente de los criterios de valoración previstos en el artículo 11.b) del Real Decreto 161/2008, de 8 de febrero; por el contrario, se estima que se ha realizado una aplicación objetiva de dichos criterios.
ROJ: STS 1700/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1700
Nº Recurso: 7224/2018
Resumen: La Sala estima el recurso y se devuelven las actuaciones a la Sala de instancia al objeto de que por la misma se resuelva el fondo del asunto en el Recurso de apelación 72/2017, seguido contra la anterior sentencia de 9 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas. Entendida la naturaleza de los convenios urbanísticos en los términos expuestos en la sentencia, parece claro que el plazo de prescripción establecido en el artículo 25.1.a) LGP no colma, no llena, no integra el vacío normativo dejado por la legislación contractual pública reseñada en la sentencia de casación, que se refiere a la exigencia de las obligaciones o prestaciones derivadas del contrato o convenio suscrito con la Administración, es decir, al cumplimiento del contrato en los términos que son propios de su naturaleza y alcance (artículo 1258 CC). Por ello, y ante la inexistencia de norma de derecho administrativo que fije el plazo de prescripción que nos ocupa y la necesidad de proceder a la aplicación de la norma de derecho privado, hemos de acudir al artículo 1964.2 CC, así como al artículo 1939 CC, y por ello el plazo que debemos tomar en consideración, en el supuesto de autos es el del Código Civil. Por tanto, y en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo planteada, se expresa que la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos es el artículo 1964.2 del Código Civil.
ROJ: STS 1746/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1746
Nº Recurso: 6852/2018
Resumen: Se estima el recurso de casación por unidad de doctrina (STS de 29 de enero de 2020) en el que la cuestión a resolver consistía en determinar cuál sea la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, identificando como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los arts. 1964.2 del Código Civil y, 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP). La Sala destaca las líneas jurisprudenciales de los covenios en relación, parte de que la naturaleza jurídica que corresponde a los convenios urbanísticos es la de un contrato administrativo; Las normas jurídicas que se aplican en el momento de la extinción de los contratos administrativos, y de los convenios, son: a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo.b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. De este modo concluye que es de aplicación el art. 1964.2 CC, en tanto que el art. 25 LGP se refiere a concretas deudas asumidas derivadas de una relación de servicio o prestacional con las AA.PP., lo que no sucede con los convenios urbanísticos, que son algo más y de naturaleza contractual, a los que aplica el art. 1258 CC; por tanto, ante la inexistencia de norma administrativa alguna acude supletoriamente a lo dispuesto en el Código Civil, que fija el plazo en cinco años (según su última redacción), quince años en el presente supuesto.