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Timestamp: 2020-05-29 04:34:26
Document Index: 115804275

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 283', 'artículo 30', 'artículo 126', 'artículo 30', 'artículo 283', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 445', 'artículo 445', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 17']

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. | SEGURIDADPUBLICA.es
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El artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca. Este mandato constitucional ha venido a ser desarrollado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el Título III de su Libro V (artículos 443 a 446), y, más recientemente, por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, en el Capítulo V de su Título II, configura las que denomina unidades de Policía Judicial .
Cuestión inicial que ha debido abordarse en esta nueva regulación es, a no dudarlo, la propia delimitación y fijación del concepto de Policía Judicial que, lejos de tener un significado único o monovalente, se presta a interpretaciones dispares. Por ello, se ha tratado de deslindar la consideración funcional general que refleja el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de lo que debe ser una conceptuación moderna de la Policía Judicial como policía científica que requiere la aplicación de principios de unidad orgánica y, sobre todo, de especialización.
Consecuentemente con estos criterios de unidad y especialización se ha centrado la regulación alrededor de lo que el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, denomina unidades orgánicas de Policía Judicial, integradas bien por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, bien por miembros de la Guardia Civil, pero, en cualquier caso, presididos por principios de permanencia, estabilidad, especialización y estricta sujeción o dependencia funcional respecto de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.
Motivo de regulación, especialmente detallada en el Capítulo III, ha sido precisamente la concreción y desarrollo del principio de dependencia funcional que tan claramente recoge el artículo 126 de la Constitución española. Se ha tratado así de establecer una estrecha vinculación entre los específicos estamentos policiales que centran su actividad alrededor de la investigación criminal y las autoridades judiciales y fiscales, lo que se ha pretendido traducir, no solo en la sujeción exclusiva de aquellos a las directrices que éstas marcan en el cumplimiento de sus misiones, sino también en la participación de dichas autoridades en aspectos fundamentales del régimen orgánico de los funcionarios policiales, tales como el ejercicio de las potestades disciplinarias o de concesión de recompensas, los procesos selectivos para el acceso a la especialización o, incluso, la distribución territorial de efectivos especialmente asignados a concretos órganos judiciales. A esta última materia se consagra de modo especial el Capítulo IV del presente Real Decreto, que desarrolla la posibilidad contenida en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fijándose así las bases generales para la asignación de dichos efectivos y los criterios fundamentales de actuación de los mismos, cuya específica distribución territorial habrá de hacerse en una fase posterior por el Ministerio del Interior, con intervención del Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, en su caso. Se trata, en definitiva, de que los órganos judiciales puedan disponer de modo inmediato del apoyo técnico imprescindible para las diligencias de investigación criminal en los procesos penales que ante los mismos se tramitan.
De otra parte, la existencia de diversos escalones en la estructura orgánica de la Policía Judicial que se proyecta, la independencia de los Jueces y Tribunales y la necesidad de hacer efectivo el principio de dependencia funcional son razones que demandan un sistema de coordinación y de dirección unitaria para aquellos casos en que la investigación criminal desborde el ámbito territorial de un solo órgano judicial, refiriéndose a conductas delictivas que produzcan sus efectos en diferentes localidades, provincias o regiones, y sean objeto de procedimientos tramitados por Juzgados diversos.
Para tales supuestos, así como para los de puesta en marcha de campañas de lucha frente a la criminalidad en general, o frente a la delincuencia organizada e, incluso, para la armonización de directrices, la eficacia en la actuación parece requerir la adopción de criterios de unidad de dirección que evite la dispersión de esfuerzos y el desconcierto operativo. Se ha entendido que tales fines pueden obtenerse mediante la configuración a nivel provincial de órganos de coordinación en cuya composición habrían de figurar miembros del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y de la propia estructura policial. La conformación de estas instancias coordinadoras culmina en un órgano a nivel nacional cuya misión fundamental viene a ser la de fijar las grandes líneas de actuación de la Policía Judicial. Todo ello se regula en el Capítulo V del presente Real Decreto.
Finalmente, el Capítulo VI se consagra a la primordial materia de la selección, formación y perfeccionamiento de los miembros de las unidades orgánicas de Policía Judicial. Se introducen importantes novedades, tales como el establecimiento de cursos de especialización a realizar, con la necesaria distinción de diferentes niveles, tanto en los centros docentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como en el propio centro de estudios judiciales, y con intervención de Jueces, Magistrados, Fiscales y miembros de otras profesiones jurídicas. Sin perjuicio del establecimiento de un sistema de derecho transitorio, se prevé que la posesión de la titulación obtenida a través de dichos cursos será requisito necesario para la obtención de destino en las unidades orgánicas de Policía Judicial.
En su virtud, con informe del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de los Ministros de Justicia y del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de junio de 1987, dispongo:
DE LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL.
Las funciones generales de Policía Judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus funciones de Policía Judicial, desarrollarán los cometidos expresados en el artículo 1, a requerimiento de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal o de sus superiores policiales o por propia iniciativa a través de estos últimos, en los términos previstos en los artículos siguientes.
DE LAS UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL.
Dichas unidades actuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con sujeción a los principios y normas contenidos en el Capítulo siguiente de este Real Decreto.
Las unidades orgánicas de la Policía Judicial se estructurarán con arreglo a criterios de distribución territorial sobre una base provincial.
También podrán constituirse secciones de las mismas en aquellas poblaciones cuyo índice de criminalidad así lo aconseje.
DE LOS CRITERIOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA POLICÍA JUDICIAL.
SECCIÓN I. DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL.
En la ejecución de sus cometidos referentes a la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, así como de los previstos en los apartados b) a e), del artículo 445 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las unidades orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación.
SECCIÓN II. PRINCIPIOS QUE CARACTERIZAN SU ACTUACIÓN Y FORMAS EN QUE LA MISMA SE EXTERIORIZA.
Los Jueces, Tribunales o fiscales competentes no podrán encargar a las unidades de la Policía Judicial otras funciones que las previstas en el artículo 445.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las que con carácter excepcional puedan encomendárseles con arreglo al artículo 33 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De estas últimas, se dará cuenta a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial.
El Juez o Tribunal competente, una vez iniciado el procedimiento penal, y el fiscal encargado de las actuaciones, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se entenderán directamente, y sin necesidad de acudir a instancias administrativas superiores, con el jefe de la unidad correspondiente, sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, para encomendarle la práctica de cualquier investigación o la realización de otras misiones propias de la Policía Judicial. El responsable policial requerido habrá de disponer lo que sea preciso para el eficaz cumplimiento del servicio, participando a la autoridad judicial o fiscal los funcionarios que habrán de llevar a efecto la investigación ordenada.
DE LAS UNIDADES DE LA POLICÍA JUDICIAL ADSCRITAS A DETERMINADOS JUZGADOS, TRIBUNALES O FISCALÍAS.
SECCIÓN I. DE LA COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
SECCIÓN II. DE LAS ATRIBUCIONES Y COMETIDOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
Cuando de las actuaciones iniciales realizadas por la correspondiente unidad adscrita se desprenda la necesidad de practicar una más extensa investigación o que requiera la utilización de medios de los que aquella no disponga, se dará traslado de las diligencias a la unidad orgánica, que recibirá de la autoridad judicial las instrucciones y orientaciones precisas para la eficaz culminación del servicio, sin perjuicio de que en dichas actuaciones adicionales puedan contarse con la colaboración de los funcionarios que practicaron las primeras diligencias.
DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.
SECCIÓN I. DE SU COMPOSICIÓN.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá cuando asista personalmente.
Un vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y separado libremente por el Pleno de dicho órgano.
Un miembro de la carrera judicial nombrado y separado por el Consejo General del Poder Judicial, que tenga, al menos, la categoría de Magistrado.
El Presidente de la Audiencia Provincial, que la presidirá.
El Magistrado Juez Decano de los Juzgados de primera instancia e instrucción de la capital de la provincia.
El Jefe de la unidad orgánica de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.
El Jefe de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
El nombramiento de Secretario de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SECCIÓN II. DE SUS ATRIBUCIONES Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Efectuar estudios permanentemente actualizados acerca de la evolución y desarrollo de la delincuencia.
Emitir informes o realizar propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad.
Intervenir, con estricto respeto al principio de independencia judicial en las actuaciones jurisdiccionales, para unificar criterios o resolver eventuales incidencias que dificulten el adecuado funcionamiento de la Policía Judicial o cualesquiera otras que puedan surgir en las relaciones entre la autoridad judicial o fiscal y la Policía Judicial.
Emitir informe sobre la fijación o modificación de las plantillas de las unidades orgánicas de Policía Judicial, así como sobre los medios materiales a las mismas asignados, adoptando las iniciativas que estime pertinentes sobre la materia.
Conocer de las incidencias que puedan producirse en orden a la especial adscripción de funcionarios o medios a que se refieren los artículos 31.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 22 de este Real Decreto.
Unificar criterios e impartir instrucciones en relación con la actuación de las Comisiones Provinciales.
Armonizar las actuaciones de investigación de la criminalidad cuyo ámbito territorial desborde el de una unidad orgánica.
Conocer previamente de los nombramientos de los altos responsables de las unidades orgánicas de la Policía Judicial en sus distintos niveles.
Informar los anteproyectos de disposiciones generales reguladoras de la Policía Judicial.
Las reguladas en los apartados a), b), c) y d) del artículo anterior, dentro de su ámbito provincial.
Informar con carácter preceptivo las peticiones de adscripción de funcionarios o equipos de la unidad orgánica provincial a un determinado órgano judicial o Fiscalía para una investigación concreta y que le hayan sido sometidas por el Jefe de aquélla.
Informar con carácter preceptivo y vinculante las propuestas de remoción de funcionarios pertenecientes a las unidades adscritas a que se refiere el artículo 24 de este Real Decreto.
Aplicar las directrices emanadas de la Comisión Nacional y elevar a la misma los informes y propuestas correspondientes.
Informar las propuestas de recompensas y tener conocimiento de los expedientes disciplinarios incoados en los demás supuestos no contemplados en el artículo 17 de este Real Decreto.
El régimen jurídico de las Comisiones será el previsto para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DE LA SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA POLICÍA JUDICIAL.
SECCIÓN II. DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN LOS CENTROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
SECCIÓN III. DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES.
Primera. Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a la entrada en vigor de este Real Decreto, estén desempeñando funciones de Policía Judicial, continuarán desarrollándolas integrados en las correspondientes unidades orgánicas, hasta tanto se cubran dichos puestos con funcionarios especializados. Asimismo, podrán acceder a dicha especialización y a la obtención del oportuno diploma, mediante la realización de los cursos especiales y, en su caso, descentralizados, que se establezcan.
Segunda. Las atribuciones que este Real Decreto confiere a los Presidentes de los Tribunales de Justicia se entenderán hechas, en cuanto subsistan, a los de las Audiencias Territoriales.
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