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Timestamp: 2020-02-28 09:33:17
Document Index: 129227168

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 89', 'artículo 88']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2006-17875
Documento consolidado BOE-A-2006-17875
«BOIB» núm. 133, de 21/09/2006, «BOE» núm. 245, de 13/10/2006.
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2006/09/14/11/con
Última actualización publicada el 20/08/2016
Modificación publicada el 29/03/2014
Modificación publicada el 30/05/2009
Texto inicial publicado el 21/09/2006
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 20/08/2016»
Norma derogada, salvo las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, por la disposición derogatoria única.2.a) de la Ley 12/2016, de 17 de agosto. Ref. BOE-A-2016-8518.
Asimismo, y para integrar el componente medioambiental en la preparación y adopción de planes y programas que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente, se reguló la evaluación ambiental estratégica o evaluación ambiental de planes y programas y en fecha 27 de junio de 2001 se aprobó la Direc­tiva 2001/42/CE del Parlamento y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
El Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de impacto ambiental, se adelantó veinte años al resto del Estado español, ya que incluía la evaluación de impacto ambiental del pla­neamiento urbanístico, lo que ha dotado a nuestra comunidad autónoma de una experiencia única con vistas a la evaluación ambiental estratégica.
k) Órgano sustantivo (en la evaluación de impacto ambiental): órgano que tiene la competencia para otorgar la autorización, la licencia, el permiso, la declaración de interés general o la concesión que habilita al promotor para llevar a cabo un proyecto, de acuerdo con la legislación aplicable, o que,en su caso, promueve la actividad o el proyecto cuando se trata de actividades o proyectos de las administraciones públicas.
En los casos de concurrencia de los títulos habilitantes a que se refiere el párrafo anterior, se entiende como órgano sustantivo, a los efectos de esta ley, el primero que la otorga, excepto la disciplina ambiental prevista en esta ley, en la que se considera órgano sustantivo la Administración pública que otorgue el título que, el último término, faculta o habilita a la realización efectiva de la actuación.
o) Medidas correctoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto la reducción, la eliminación o la modificación de los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, tanto por lo que se refiere al diseño y a la ubicación, como a los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.
p) Medidas protectoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto evitar los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, modificando algunos de los elementos o procesos del proyecto, plan o programa.
q) Medidas compensatorias: conjunto de actuaciones que, en relación con los efectos ambientales negativos inevitables de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, no admite corrección, consistente en compensar dichos efectos negativos por medio de otros de signo positivo, si es posible con acciones de restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción o empresa.
Se modifica la letra k) por el art. 2 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica la letra k) por el art. 2 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Se modifican las letras o), p) y q) por la disposición adicional 10.1 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
Última actualización, publicada el 24/11/2009, en vigor a partir del 25/11/2009.
Modificación publicada el 30/05/2009, en vigor a partir del 31/05/2009.
Modificación publicada el 29/12/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.
Texto original, publicado el 21/09/2006, en vigor a partir del 22/09/2006.
Son nulos de pleno derecho las resoluciones o los acuerdos de autorización o aprobación de cualquier proyecto, plan o programa sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica según la presente ley que se adopten sin evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica y las resoluciones o los acuerdos de autorización que se adopten prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica que regula esta ley. Estas resoluciones y estos acuerdos no producen ningún efecto y, respecto de las actuaciones que se puedan realizar a su amparo, se aplicarán las medidas de protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén en la presente ley.
Se modifica por el art. 3 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica por el art. 3 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Artículo 6 bis. Tramitación de urgencia.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de la administración pública y del procedimiento administrativo común, cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano ambiental puede acordar, de oficio o a petición de la persona interesada, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la que se reducen a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, incluyendo el período de información pública.
2. No se puede interponer ningún recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
Se añade por el art. 4 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que este artículo ya fue añadido por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se añade por el art. 4 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Texto añadido, publicado el 30/05/2009, en vigor a partir del 31/05/2009.
El plazo máximo para resolver el procedimiento sustantivo y notificar su resolución podrá ser suspendido por el órgano competente en los casos previstos en el artícu­lo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce­dimiento administrativo común.
3. Se excluyen del procedimiento de evaluación de impacto ambiental los proyectos que, aunque se incluyan en los supuestos del artículo 10, tengan que aprobarse específicamente mediante una ley del Parlamento de las Illes Balears, ya que los objetivos perseguidos por esta ley, incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través del procedimiento legisla­tivo.
1. La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears es el órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears en relación a los proyectos, planes o programas sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica que la Administración de la comunidad autónoma, los consejos insulares, los municipios o las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de cualquiera de estas administraciones territoriales hayan de autorizar, elaborar, adoptar o ­aprobar.
1. Antes de la iniciación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, es obligatoria una fase previa de consultas, mediante la presentación por parte del promotor de una memoria resumen del proyecto, cursada al órgano ambiental a través del órgano sustantivo, que dispone del plazo máximo de quince días para la remisión de la documentación desde la recepción de la documentación completa.
Esta memoria resumen contendrá como mínimo:
b) Las principales alternativas que se consideren y el análisis de los impactos potenciales de cada una.
2. El órgano ambiental, en el plazo de quince días, elevará consultas previas a las personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, a las que remitirá una copia de la memoria resumen y les requerirá una respuesta en un plazo máximo de quince días.
No obstante, transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de este artículo sin que se haya remitido al órgano ambiental la referida memoria resumen, el mencionado órgano, una vez recibida la memoria, comunicará esta circunstancia al promotor.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 5 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 5 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 10.2 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
1. Sin perjuicio de la fase previa de consultas a que se refiere la sección anterior, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I se inicia mediante solicitud del promotor cursada a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, enviada en un plazo máximo de quince días desde la recepción por parte de aquél de la documentación completa.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación del resultado de las consultas previas al promotor sin que se haya presentado al órgano ambiental la referida solicitud, este órgano puede declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano sustantivo y al promotor por un plazo de diez días hábiles.
Se modifica el apartado 1 por el art. 6 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 1 por el art. 6 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
c) Certificado de la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental así como copia de las alegaciones formuladas y un informe valorativo de las mismas, que puedan ser relevantes a efectos ambien­tales.
a) Una descripción general del proyecto y una relación de todas las acciones derivadas de la actuación susceptibles de producir impactos en el medio ambiente, tanto en la fase de realización, como en la de funcio­namiento y, en su caso, en la de clausura.
k) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, a los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
Se añade la letra k) al apartado 1 por el art. 7 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que esta letra k) ya fue añadida por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se añade la letra k) al apartado 1 por el art. 7 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
A tal efecto, el órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental, en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la documentación completa, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o la realización del proyecto que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y al resto de informes que en él se establezcan.
Este trámite se evacuará en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto sujeto a autorización y sometido a evaluación de impacto, y tendrá una duración no inferior a treinta días.
Este trámite de información pública también debe ser evacuado por el órgano sustantivo en relación con los proyectos que requieran la autorización ambiental integrada según lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Si el órgano sustantivo no ha sometido el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública en el plazo fijado en el anterior apartado, se procederá a archivar el expediente.
En este caso, será necesario iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
a) Toda la información recogida en virtud de los artícu­los 23 y 27 de esta ley.
5. Si en el procedimiento sustantivo aplicable para autorizar o aprobar el proyecto no es exigible el trámite de información pública, el órgano ambiental someterá directamente el proyecto y el estudio de impacto ambiental a este trámite y solicitará los informes que, en su caso, considere necesarios.
Esta información pública se ha de anunciar en el ''Butlletí Oficial de les Illes Balears'', al menos en uno de los diarios de mayor circulación de la isla donde se hace la actuación y en la página web del órgano ambiental, por un plazo no inferior a treinta días.
Se modifican los apartados 1 y 5 por los arts. 8, 9 y 10 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifican los apartados 1 y 5 por los arts. 8, 9 y 10 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 42: #s3]
1. Una vez presentada la solicitud y la totalidad de la documentación, en el plazo máximo de treinta días desde la finalización del trámite de información pública, o, en su caso, una vez subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se solicitaran, conjuntamente y una sola vez, los informes preceptivos al órgano de la misma o de distinta administración, así como los que se estimen convenientes para resolver, con suspensión del plazo para resolver y notificar, por el tiempo que transcurra entre la petición, que se debe comunicar a los promotores, y la recepción del informe, que igualmente les debe ser comunicada. El plazo de suspensión no puede exceder, en ningún caso, de los dos meses.
Transcurrido este plazo sin que se hayan remitido al órgano ambiental los informes, el órgano ambiental puede proseguir las actuaciones y no tener en cuenta el informe emitido fuera de plazo, salvo que se trate de informes preceptivos y determinantes para la declaración de impacto ambiental, en el que el órgano ambiental reiterará la referida solicitud y, si no se emite, puede declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano sustantivo y al promotor por un plazo de diez días hábiles, y sin perjuicio de la responsabilidad de la administración consultada.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 1, recuperándose la redacción dada por la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658., según establece la disposición derogatoria única.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo. Ref. BOE-A-2014-6438.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 por la disposición adicional 3.1 de la Ley 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 por la disposición adicional 3.1 del Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Se modifica el apartado 1 por el art. 11 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 1 por el art. 11 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Última actualización, publicada el 29/03/2014, en vigor a partir del 29/05/2014.
Modificación publicada el 18/02/2012, en vigor a partir del 19/02/2012.
Modificación publicada el 24/11/2009, en vigor a partir del 25/11/2009.
[Bloque 46: #s4]
Una vez adoptada la decisión sobre la ejecución del proyecto, el órgano sustantivo la hará pública y la remitirá al Butlletí Oficial de les Illes Balears para su publicación en un plazo máximo de quince días, poniendo a disposición del público, de acuerdo con el artículo 8 de esta ley y, en su caso, de los estados miembros consultados, la siguiente información:
b) Las principales razones y consideraciones en que se basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental.
c) Cuando sea necesario, una descripción de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos.
Se modifica por el art. 12 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica por el art. 12 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 55: #cii-2]
[Bloque 56: #s1-3]
[Bloque 58: #s2-3]
1. El promotor de un proyecto, público o privado, consistente en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de esta ley, o de un proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, debe comunicar su intención de realizar el proyecto al órgano ambiental, por medio del órgano sustantivo, el cual la enviará en un plazo máximo de quince días desde la recepción de la documentación completa.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya remitido al órgano ambiental la referida documentación, este órgano, una vez recibida ésta, comunicará esta circunstancia al promotor.
Se modifica el apartado 1 por el art. 13 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 1 por el art. 13 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
2. Una vez presentados el escrito de comunicación y la totalidad de documentación o, en su caso, subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto. A tal fin se otorgará un plazo de quince días, salvo que ya hayan manifestado su parecer a instancias del órgano sustantivo y la posibilidad de evacuar las consultas mediante la reunión prevista en el artículo 29.2 de esta ley.
Se modifica el apartado 2 por el art. 14 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 2 por el art. 14 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
c) La capacidad de carga del medio natural, con una atención especial a las zonas húmedas, las zonas costeras, las áreas de montaña y de bosque, los espacios naturales protegidos, las zonas de especial protección ­designadas en aplicación de las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, las áreas donde ya se hayan ultrapasado los objetivos de calidad ambiental que establece el derecho comunitario, las áreas de densidad demográfica alta y el patrimonio cultural.
Se modifica el apartado 3, recuperándose la redacción original, según establece la disposición derogatoria única.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo. Ref. BOE-A-2014-6438.
Se modifica el apartado 3 por la disposición adicional 3.2 de la Ley 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el apartado 3 por la disposición adicional 3.2 del Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
1. Los proyectos incluidos en el anexo II que por decisión motivada del órgano ambiental se sujeten a evaluación de impacto ambiental se ajustarán al procedimiento establecido en los artículos 22 a 39 de esta ley.
2. No obstante lo que determina el apartado anterior, si asisten al comité técnico los representantes de las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto y manifiestan expresamente conocer el contenido del proyecto así como su conformidad, se puede dar por realizada la fase previa de consultas establecida en el artículo 22.
La referida manifestación debe constar expresamente en el acta de la sesión del comité técnico.
3. Asimismo, cuando a consecuencia de la fase previa de consultas el proyecto se someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se puede tener por realizada la consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas prevista en el artículo 28 y se comunicarán al promotor la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 a 39.
Se modifica por el art. 15 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica por el art. 15 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 65: #ciii-2]
[Bloque 68: #civ]
[Bloque 69: #s1-4]
1. En relación a la declaración de impacto ambiental o, en su caso, el acuerdo de resolución de discrepancias, la disciplina ambiental comprende las siguientes activi­dades:
[Bloque 72: #s2-4]
El promotor del proyecto ha de hacerse cargo de los gastos de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicables, y el órgano sustantivo podrá exigir, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la prestación de una fianza que garantice la ejecución de las medidas indicadas en los términos que establece el artícu­lo 51 de esta ley.
[Bloque 79: #s4-2]
[Bloque 81: #s5]
1. La potestad sancionadora en materia de evaluación de impacto ambiental se aplica a los proyectos ­privados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 bis del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, introducido por la Ley 6/2001.
c) Cometer más de dos infracciones graves en el plazo de dos años. En tal caso, la tercera y las siguientes serán consideradas muy graves.
Se modifica la letra c) por la disposición adicional 10.3 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
Última actualización, publicada el 29/12/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.
[Bloque 87: #a62]
j) Cometer más de dos infracciones leves en el plazo de dos años. En tal caso, la tercera y las siguientes serán consideradas graves.
Se modifica la letra j) por la disposición adicional 10.4 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
[Bloque 89: #a64]
[Bloque 90: #a65]
[Bloque 91: #a66]
[Bloque 92: #a67]
[Bloque 93: #a68]
[Bloque 94: #a69]
[Bloque 95: #a70]
[Bloque 97: #s6]
[Bloque 98: #a72]
3. El órgano competente deberá confirmar, modificar o levantar en el acuerdo de iniciación del proce­dimiento sancionador, las medidas cautelares adoptadas, lo cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
[Bloque 99: #a73]
[Bloque 100: #a74]
[Bloque 101: #s7]
[Bloque 103: #s8]
[Bloque 104: #a76]
[Bloque 105: #a77]
[Bloque 107: #a79]
[Bloque 108: #s9]
[Bloque 109: #a80]
[Bloque 110: #tiii]
[Bloque 111: #ci-3]
[Bloque 113: #a82]
[Bloque 114: #a83]
[Bloque 115: #a84]
[Bloque 116: #cii-3]
k) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el plan en cuestión, prevea los efectos que el desarrollo del plan producirá y defina las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos.
l) Un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación, sólo para los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización.
m) Un estudio acústico en su ámbito de ordenación que permita evaluar el impacto acústico y adoptar las medidas adecuadas para reducirlo, sólo para los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial, excepto en el caso de la existencia de planes acústicos municipales.
n) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los apartados anteriores.
Se modifica la letra k) y se añaden las letras l), m) y n) al apartado 1 por el art. 16 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que las letras l), m) y n) ya fueron añadidas por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se modifica la letra k) y se añaden las letras l), m) y n) al apartado 1 por el art. 16 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 120: #a88]
[Bloque 121: #a89]
3. Cuando se trate de instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, y salvo que se hayan incorporado en el procedimiento sustantivo, se han de solicitar, al menos, los informes preceptivos y determinantes siguientes:
a) El de la administración hidrológica sobre disponibilidad de agua potable, en cantidad y calidad, y suficiencia de la capacidad de la red de saneamiento y depuración, en relación con la población prevista en las actuaciones de urbanización que se propongan; así como sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la administración de costas sobre la delimitación y la protección del dominio público marítimo-terrestre, si procede.
c) Los de las administraciones competentes en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía y otras infraestructuras afectadas, en cuanto a esta afección y el impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de estas infraestructuras.
Estos informes se deben emitir en los plazos previstos en su normativa reguladora o, en su caso, en el plazo máximo de dos meses a contar desde su solicitud.
Transcurrido este plazo el órgano ambiental reiterará la referida solicitud y, si no se emite, puede declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano promotor por un plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad de la administración consultada.
Se modifica la letra a) del apartado 3 por la disposición adicional 3.3 de la Ley 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica la letra a) del apartado 3 por la disposición adicional 3.3 del Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Se añade el apartado 3 por el art. 17 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que este apartado ya fue añadido por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se añade el apartado 3 por el art. 17 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 122: #a90]
1. Cuando el órgano promotor considere que la ejecución de un plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro estado miembro de la Unión Europea, o cuando un estado miembro de ésta que pueda resultar afectado significativamente lo solicite, corresponde al Gobierno de las Illes Balears suspender el procedimiento de aprobación del plan o programa y comunicarlo al órgano de la Administración General del Estado competente para su notificación a las instituciones europeas, a fin de determinar el proce­dimiento de las consultas transfronterizas que corres­pondan.
[Bloque 123: #a91]
2. El órgano promotor debe remitir, en un plazo máximo de dos meses desde la finalización de la fase de consulta, la memoria ambiental al órgano ambiental para que en el plazo de dos meses manifieste su conformidad o disconformidad con la misma, previa propuesta de un comité técnico en los mismos términos que establece el artículo 31 de esta ley.
Transcurrido el primer plazo sin que se haya presentado al órgano ambiental la referida memoria ambiental, el órgano ambiental puede declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, previa audiencia por un plazo de diez días hábiles.
Los informes sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización a que se refiere el apartado 3 del artículo 89 son determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que sólo puede disentir de forma expresamente motivada.
Se modifica el apartado 2 por el art. 18 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 2 por el art. 18 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 124: #a92]
1. En la elaboración de la propuesta del plan o programa, antes de su aprobación o remisión a la administración pública competente para la aprobación definitiva o al Parlamento de las Illes Balears para su tramitación por el procedimiento correspondiente, en su caso, el órgano promotor del plan o programa tendrá en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en la fase de consulta y, si procede, las consultas transfronterizas, así como la memoria ambiental y el acuerdo del órgano ambiental sobre dicha memoria.
La administración pública competente para la aprobación definitiva, antes de adoptar su decisión, puede solicitar al órgano ambiental si el documento remitido por el órgano promotor se adecua al acuerdo adoptado en relación a la memoria ambiental, concretando, en su caso, los aspectos de la consulta, que se debe emitir en el plazo de un mes.
Se modifica el apartado 1 por el art. 19 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifica el apartado 1 por el art. 19 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 10.5 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
[Bloque 125: #a93]
1. El órgano promotor del plan o programa deberá realizar, con la participación del órgano ambiental, un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación o ejecución de planes y programas, con el objeto de identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir la adopción de medidas correc­toras.
[Bloque 126: #a94]
[Bloque 127: #ciii-3]
[Bloque 128: #a95]
[Bloque 129: #a96]
2. Las observaciones de las administraciones públicas afectadas deben formularse en el plazo máximo de quince días, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su formulación. A falta de formulación y notificación de observaciones en el plazo indicado, se entiende que el plan o programa no afecta al factor o elemento tutelado por la concreta administración pública y se puede continuar la tramitación.
6. Cuando se determine que el plan debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, si asisten al comité técnico los representantes de las administraciones, personas e instituciones afectadas por el plan y manifiestan expresamente conocer el contenido del plan así como su conformidad, se trasladará al órgano promotor el documento de referencia con el contenido que señala el artículo 88, junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 89 a 91. La referida manifestación debe constar expresamente en el acta de la sesión del comité técnico.
Se modifica el apartado 4, recuperándose la redacción original, según establece la disposición derogatoria única.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo. Ref. BOE-A-2014-6438.
Se modifica el apartado 4 por la disposición adicional 3.4 de la Ley 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el apartado 4 por la disposición adicional 3.4 del Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Se modifica el apartado 2 y se añade el apartado 6 por el art. 20 y 21 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que el apartado 6 ya fue añadido por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se modifica el apartado 2 y se añade el apartado 6 por los arts. 20 y 21 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 130: #a97]
El grado en que el plan o programa influye en otros planes y programas, incluidos los que estén jerarqui­zados.
[Bloque 131: #civ-2]
[Bloque 132: #a98]
[Bloque 133: #a99]
[Bloque 134: #a100]
[Bloque 135: #a101]
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, constituye infracción en materia de evaluación ambiental estratégica el inicio o la ejecución de obras, proyectos o actividades incluidos en el plan o programa y no sujetos a evaluación de impacto ambiental, incumpliendo las medidas adoptadas para el seguimiento del plan o, en su caso, las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, que se sancionará en los términos establecidos en el artícu­lo 66.1 de esta ley.
[Bloque 136: #daprimera]
[Bloque 137: #dasegunda]
[Bloque 138: #datercera]
d) Decisión del órgano ambiental del artícu­lo 44 de la Ley de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears: 200 euros.
[Bloque 139: #dacuaa]
«5. La intervención del órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica a que se deberán sujetar las figuras del planeamien­to urbanístico, de conformidad con la normativa vigente en el ámbito de la comunidad autónoma.»
[Bloque 140: #daquinta]
[Bloque 141: #dasexta]
[Bloque 142: #daseptima]
Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de normas de carácter transitorio o provisional.
2. En la tramitación de normas de planeamiento dictadas como consecuencia de la suspensión, en todo su ámbito o en una parte de este, de un plan de ordenación urbanística municipal, que lo suplan hasta que no se apruebe su modificación o revisión, es preceptivo que, tras los plazos de información pública posterior a su aprobación inicial y antes de su aprobación definitiva, se someta el documento a dictamen del órgano ambiental.
Se añade por la disposición adicional 10.6 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
Texto añadido, publicado el 29/12/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.
[Bloque 143: #dtprimera]
[Bloque 144: #dtsegunda]
[Bloque 145: #dttercera]
4. En el caso que el órgano ambiental decida la inviabilidad de la sujeción a la evaluación ambiental estratégica, el plan o programa será sometido a evaluación ambiental de acuerdo con el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de evaluación de impacto ambiental.
Se añade el apartado 4 por la disposición adicional 10.7 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
[Bloque 146: #dtcuaa]
[Bloque 147: #dtquinta]
[Bloque 148: #dtsexta]
[Bloque 149: #ddunica]
Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo establecido en esta ley y, expresamente, el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de lo que establecen las disposiciones transitorias segunda y tercera de la presente ley.
Se modifica por la disposición adicional 10.8 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
[Bloque 150: #dfprimera]
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las dis­posiciones necesarias en desarrollo y ejecución de esta ley.
[Bloque 151: #dfsegunda]
[Bloque 152: #ani]
d) Tuberías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de 10 km de longitud con un diámetro nominal de tubería de más de 160 mm.
l) Instalaciones fotovoltaicas, incluidos los tendidos de conexión a la red siguientes:
– Instalaciones de más de 100 kW situadas en suelos rústico, excepto que estén situadas en cualquier tipo de cubierta.
– Instalaciones de más de 10 kW que estén situadas en suelo rústico protegido.
m) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, así como las instalaciones vinculadas a la producción, el tratamiento o el almacenamiento de materiales radioac­tivos.
a) Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para producir metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolí­ticos.
c) Instalaciones de desalación de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 1.000 m3/día de capa­cidad.
g) Instalaciones de conducción de agua en suelo rústico cuando la longitud sea superior a 2 kilómetros y, en todo caso, las situadas dentro de ANEI de alto nivel de protección.
c) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m.2
d) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 1.600 m.2
Se modifican las letras d) y l) del grupo 3 por la disposición final 5 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2013-355.
Se modifican las letras d) y l) del grupo 3 por la disposición final 5 del Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio. Ref. BOIB-i-2012-90030.
Se modifican las letras c) y d) del grupo 11 por el art. 22 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Se modifican las letras c) y d) del grupo 11 por el art. 22 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Se modifica la letra g) del grupo 8 por la disposición adicional 10.9 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
Última actualización, publicada el 29/11/2012, en vigor a partir del 30/11/2012.
Modificación publicada el 21/06/2012, en vigor a partir del 22/06/2012.
[Bloque 153: #anii]
b) (Derogada)
b) Proyectos de urbanización, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos de vehículos.
h) Urbanizaciones de vacaciones y establecimientos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones aso­ciadas.
j) (Derogada)
p) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m.2
q) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 1.600 m.2
Se derogan la letra b) del grupo 1, la letra b) del grupo 2, y las letras d) y j) del grupo 7 por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2013-355.
Téngase en cuenta que esta derogación ya fue establecida por el Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio.
Se derogan la letra b) del grupo 1, la letra b) del grupo 2, y las letras d) y j) del grupo 7 por la disposición derogatoria única.1 del Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio. Ref. BOIB-i-2012-90030.
Se añaden las letras p) y q) al grupo 7 por el art. 23 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que las letras p) y q) ya fueron añadidas por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se añaden las letras p) y q) al grupo 7 por el art. 23 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
Se modifica la letra b) del grupo 4 por la disposición adicional 10.10 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-5651.
[Bloque 154: #aniii]
4. En todo caso, se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente y, por tanto, no se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica las modificaciones menores de planes de este grupo que tengan como objeto exclusivo alguna de las finalidades expresadas a continuación:
a) Disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación de las edificaciones.
b) Disminución de la altura máxima de las edificaciones.
c) Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares.
d) Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamiento, espacios libres públicos o infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o clasificación no afecte a terrenos clasificados como suelo rústico.
e) Aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar un uso urbanístico.
f) Cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización con el fin de reconvertirlos en suelo rústico.
g) Implementación o extensión de medidas de protección del medio ambiente, del suelo rústico o de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluyendo las modificaciones de los catálogos de protección del patrimonio histórico, de los planes de ordenación de los recursos naturales y de los planes rectores de uso y gestión.
h) Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial siempre que supongan disminución de la capacidad de población.
i) Modificación de delimitación del ámbito de polígonos o unidades de actuación y cambio de sistema de actuación.
5. Los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, en la medida que supongan un mayor grado de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico, no se sujetan a evaluación ambiental estratégica. El Plan especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, previsto en la disposición adicional única del Decreto 19/2007, de 16 de marzo, se someterá a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental lo decida siguiendo el procedimiento que establecen los artículos 95 a 97 de esta ley.
Se añaden los apartados 4 y 5 al grupo 1 por el art. 24 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-20658.
Téngase en cuenta que estos apartados ya fueron añadidos por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo.
Se añaden los apartados 4 y 5 al grupo 1 por el art. 24 del Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo. Ref. BOIB-i-2009-90007.
[Bloque 155: #firma]
Palma, 14 de septiembre de 2006.
Jaime Font Barceló