Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/90/STSJC19900607.htm
Timestamp: 2017-11-21 06:32:12
Document Index: 245805006

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 4', 'artículo 2']

Sentència de 7 de juny de 1990
de 7 de juny de 1990, núm. 5/1990 (Sala Civil i Penal)
Excmo. Sr. Presidente: D. José Antonio Somalo Giménez.
Ilms Srs. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Lluís Puig y Ferriol, D.ª M.ª Cristina Torres Fajarnés.
En la ciudad de Barcelona a siete de junio de mil novecientos noventa.
VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso de casación interpuesto, contra la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, como consecuencia de los autos juicio declarativo ordinario de menor cuantía, por acción personal, por lesión «ultra dimidium», seguidos antes el Juzgado de Primera Instancia número nueve de Barcelona, bajo el n.º 154/87, cuyo recurso fue interpuesto por la Entidad X., representada por el Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo y asistida por el Abogado D. José-María Caminals Sánchez y como recurridos y personados Y1. y Doña. Y2., representados por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis y defendidos por el Abogado D. Mauricio Maella Moiner, de los que se desprenden los siguientes:
Primero. - Que el Procurador D. Narciso Ranera Cabis, en nombre y representación de D. Y1. y Doña. Y2., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número nueve de los de Barcelona, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, ejercitando la oportuna acción personal por lesión «ultra dimidium», contra la entidad mercantil denominada X., y en cuya demanda, se alegaron en síntesis, los siguientes hechos: a) Que D. Y1., era nudo propietario de la finca conocida por «MCV», por ser usufructuaria de la misma Dña. Y2., situada en el término Municipal de San Andrés de Llavaneras -paraje denominado «--»-, en la cual se halla ubicada una casa de labranza, situada en el número - de la Calle T., de dicho Municipio, con una extensión aproximada de -- hectáreas, -- áreas y dieciocho centiáreas. Finca Registral inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, al tomo --, libro ---- de Llavaneras. Folio --, Finca ---, adquirida por legado y prelegado de D. Y1. b) Que por sus representados, dicha finca fue adjudicada a la expresada entidad X., ante el Notario D. Antonio Roldán Rodríguez, en virtud de escritura pública de fecha primero de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, tanto en la nuda propiedad, como del derecho de usufructo en pago de una deuda, originada, mediante la expedición de cuatro letras de cambio, cuyo importe total de las mismas, ascendían a la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts), de cuyas cambiales era poseedora la entidad de referencia. c) Que dicha cesión en pago, quedó supeditada, al hecho de que, hasta el día treinta de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, D. X2., en su condición de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, no hubiera vendido la finca por precio no inferior a QUINCE MILLONES DE PESETAS (15.000.000 pts), por haber sido autorizado, a realizar dicha venta, con anterioridad a la indicada cesión, con la condición de que verificara la misma, por la mencionada cantidad, la que debería ser depositada en poder del Notario autorizante Sr. Roldán Rodríguez, quien debía de entregar a la entidad X., en la persona de su representante legal, la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.902 pts), y el sobrante una vez deducida la comisión a favor de susodicho Agente, debía de entregarse a D. Y1., por si, en la representación que ostentaba, debiendo otorgar subsiguientemente la oportuna escritura pública y posteriormente su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, para constancia de todo ello. d) Que la finalidad de dicha condición, consistía en verificar la venta de la finca, a su valor real y comercial en aquel momento, o sea por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL PESETAS (48.872.000 pts), y con ello quedar liquidada la entidad X. y el resto hacerlo efectivo a los vendedores con relación a sus respectivos derechos. Sea por inoperancia o por cualquier otro motivo, el mandatario exclusivista, persona de confianza de X., no efectuó la operación. d) La representación de los adjudicatarios de la dación en pago, ha instado a uno de sus representados D. Y1., con el fin de eliminar la traba que significaba la cláusula suspensiva, para consolidar la adjudicación en pago; en cambio la usufructuaria Y2., no fue nunca requerida, para otorgar documento alguno a los fines interesados. e) Que la escritura de adjudicación en pago, con cláusula suspensiva, fue otorgada con fecha primero de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro y ratificada, en cuanto a la cesión del usufructo, con fecha treinta de Noviembre del mismo año, y que el levantamiento de la cláusula suspensiva, lo fue con fecha ocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis, previa carta de X. de fecha veinte y cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y seis, teniendo entrada en el Registro con fecha diez y ocho de Diciembre del mismo año, por lo que, la venta quedó firme a partir de esta última fecha, en méritos de un contrato de transmisión de la propiedad, asimilable a la compra-venta, por tratarse de un bien singular y ser la transmisión de carácter oneroso. f) Que la adjudicación en pago -compraventa de la finca «---», efectuada ante el Notario Sr. Roldán y levantada la cláusula de suspensión de la misma ante el Notario D. Luis Roca Sastre, con fecha ocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis, lo fue por la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts)- por tanto, si la venta de la finca se efectuó en el mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL PESETAS (48.872.000 pts), el precio de adjudicación fue inferior a la mitad de su valor en venta, por haberse adquirido por TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESETAS (34.449.099 pts), resultado de restar los CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts), de los CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL PESETAS (48.872.000 pts), y aunque se remitiera, dicho valor, al año mil novecientos ochenta y cuatro, resultaría sensiblemente igual; y tras alegar los fundamentos de derecho de aplicación al caso, terminó suplicando, se dictara sentencia condenando a la Sociedad demandada X., a su elección, o bien a abonar la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESETAS (34.449,099 pts), a los actores D. Y1. y Doña Y2. o en alternativa que se avenga a recibir la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts) y otorgar los documentos precisos a fin de que los referidos actores recuperen la propiedad y el usufructo que fue enajenado a favor de X. con expresa condena en costas si se opusiere.
Segundo. - Que por el Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo, en nombre y representación de la Entidad «X.», se personó en tiempo y forma, en los presentes autos juicio ordinario declarativo de menor cuantía, mediante escrito de fecha veinte y tres de Abril de mil novecientos ochenta y siete, interesando se le tuviera por comparecido y por parte, entendiéndose con aquél las sucesivas actuaciones que se practicaran, procediendo al propio tiempo a contestar la demanda formulada de contrario, en la cual se alegaron en síntesis los siguientes hechos: a) En cuanto al primero y segundo se halla conforme con el correlativo de la demanda, si bien interesa puntualizar, el carácter de comerciante que en la misma concurre, expresado en lo que constituye su objeto social en las facultades que tiene conferidas a la persona otorgante en su nombre de los poderes otorgados al causídico que la representa en el presente juicio, y que confieren el marcado carácter mercantil a todas las operaciones realizadas por el demandado, puntualizando que a continuación del texto transcrito por los actores, en el mismo pacto de la escritura otorgada por las partes se añade Acta notarial acreditativa de haber transcurrido el plazo fijado, sin haberse constituido en poder del fedatario autorizante, el depósito aludido, que bastará para acreditar el cumplimiento de la condición, b) Que la finalidad de la condición era precisamente la indicada en el texto transcrito, esto es, promover la venta de la finca por precio no inferior a QUINCE MILLONES DE PESETAS (15.000.000 pts), para liquidar la deuda de X, S.A. y hacer efectivo el resto a los actores, por cuanto la manifestación efectuada por la contraria de que se trataba de obtener un precio de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL PESETAS (48.872.000 pts), no se puede deducir del texto contractual, por lo que no es admitida por la parte demandada, en la forma efectuada, el contenido del último extremo del hecho correlativo de la demanda, en que los actores, de una forma tendenciosa, parece querer dar a entender que la conducta del Agente de la Propiedad Inmobiliaria, en connivencia con mi representada, fue de alguna manera determinante de la suerte de la condición, y lo cierto es que no se procedió a la venta de la finca por el precio mínimo indicado y ello dio lugar sin más, según los términos estrictos y objetivos de lo pactado, al cumplimiento de la condición. b) Que conforme con el correlativo quinto de la demanda, si bien frente a la manifestación que se efectúa al final de que «la usufructuaria Y2. no ha sido requerida, ni por lo tanto ha otorgado dichos documentos ni los que le correspondería otorgar en su caso», hay que replicar que en la escritura de Dación en Pago de primero de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, D. Y1. actuó, además en su propio nombre y derecho, en nombre y representación, como mandatario verbal de la referida codemandante, ya que en el pacto segundo se determina que el sobrante existente en su caso se entregará a dicho Sr. Y1. para si y en la representación que ostenta, al tiempo que otorgara escritura acreditativa del definitivo incumplimiento de la condición para hacerlo constar en el Registro de la Propiedad. c) Que Y2., en escrito de ratificación, de fecha treinta de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, asevera que «con pleno conocimiento de todo lo actuado por su hijo como mandatario verbal de la compareciente, ratifica íntegramente y en todas sus partes la referida escritura autorizada por el suscrito Notario el primero de Junio del corriente año, consintiendo expresamente en la inscripción registral de la misma. c) De estos textos claros y concluyentes, se deduce que la actuación del actor Sr. de Y1., fue plenamente válida, suficiente y eficaz en relación con la acta señora Y2. y que la renuncia efectuada por aquél en fecha ocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis, lo fue como efectuada por ésta, por lo que no puede quedar la menor duda en la validez y eficacia plena de los actos incorporados a los documentos aportados por los actores y que configuran claramente la relación jurídica existente entre las partes, que se debate en este proceso. d) Conforme con el correlativo séptimo, hay que puntualizar que la carta requerimiento dirigida mi representada al actor es de mil novecientos ochenta y cinco y no de mil novecientos ochenta y seis, como por error indudablemente se hizo constar por la contraria, y que el hecho de que, a pesar de que el vencimiento de la condición era el treinta de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el levantamiento de la cláusula suspensiva, al decir de la parte actora es de ocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis, lo que evidencia una vez más la buena disposición de la parte demandada en aras a la consecución de una solución satisfactoria de la cuestión para los actores. e) Que no es conforme el correlativo de la demanda, en cuanto proclama, que la adjudicación en pago objeto del presente litigio se hizo por la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts), ya que en todo caso debe entenderse que dicha adjudicación se hace por la cantidad que en el momento en que se acredite el cumplimiento de la condición suspensiva convenida entre parte, la actora llegase a adeudar por razón de las cambiales por ella aceptadas con más, naturalmente, los intereses devengados a partir del momento en que debió restituir la cantidad recibida, como así resulta de los documentos número dos a cuatro acompañados con la demanda de contestación. f) Que en lo referente a lo demás alegado por la parte contraria, considera esta parte que es totalmente irrelevante el valor que pudiera tener la finca, ya que no se dan en modo alguno, los presupuestos exigidos por la Ley para justificar la procedencia de la acción rescisoria ejercitada por la contraria, y tras alegar los fundamentos de derecho de aplicación al caso, terminó suplicando, que teniendo por presentado el presente escrito, con los documentos que con el mismo se acompañaban, se tuviera por contestada la demanda formulada, en el presente declarativo de menor cuantía y previos los trámites legales correspondientes, se dictara sentencia, absolviendo a su representada de todos los pedimentos, formulados por los actores, con imposición a los mismos de las costas que se causaren.
Tercero. - Que mediante propuesta de providencia de fecha veinte y cuatro de Abril de mil novecientos ochenta y siete, se tuvo por comparecido y por parte al Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo, en nombre y representación de X., en virtud de la escritura de poder que al efecto se acompañó y por contestada en tiempo y forma la demanda formulada, convocándose a las partes a comparecencia, en virtud de lo previsto en el Art.º 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su nueva redacción recogida en la Ley 34/1984 de 6 de Agosto, y a los fines prevenidos en los dos artículos siguientes, se señaló el día treinta de los corrientes, a las doce horas de su mañana, citando a los litigantes por medio de sus representantes legales, personados en autos con las prevenciones en aquellos artículos señalados, la que tuvo lugar el día y hora señalado, asistiendo las partes por medio de sus Abogados y Procuradores, a quienes se les invitó, a que sin alterar lo sustentado en los escritos con carácter sustancial, concretara los hechos y fijaran aquellos en los que no existiere conformidad, puntualizando, aclarando y rectificando cuanto sea preciso, para delimitar los términos del debate, lo que dio por resultado la ratificación por el actor, de los hechos formulados en su demanda y el demandado a la contestación, por lo que al no existir defectos que subsanar en los escritos expositivos, ni que salvar faltas de algún presupuesto o requisito del proceso, las partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba, lo que se acordó en resolución aparte, por lo que no habiendo nada más que tratar se dio por terminado el acto, firmando todos los concurrentes al mismo.
Cuarto. - Que una vez tuvieron lugar las pruebas solicitadas por las partes, se unieron las practicadas a los autos principales, convocándose a las mismas, a fin de poner de manifiesto su resultado, por el término y a los fines señalados en el art. 701 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y después de haberse evacuado el trámite previsto en dicho precepto, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de los de Barcelona, dictó la oportuna sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO. Que desestimando la demanda de D. Y1. y Y2., debo declarar y declaro, absuelta de dicha demanda, a la demandada «X.» con expresa imposición a los demandantes de las costas de este procedimiento».
Quinto. -Que interpuesto dentro del plazo legal, por la representación de D. Y1 y Y2, el oportuno recurso de apelación, ante la Sección quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, contra la anterior sentencia, y admitida en ambos efectos, se remitieron los autos principales de la expresada Audiencia, y personados en tiempo y forma la parte apelante y apelada, se dio traslado a las mismas, para que en el término de seis días manifestaran lo que estimaran por conveniente, en virtud de lo previsto en los artículos 705 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento civil y transcurrido dicho término, sin verificarlo, se trajeron los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, dictándose la misma por la expresada Sección quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya parte dispositiva fue el siguiente: «FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación que contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Barcelona, dictada en el proceso de donde dimana este rollo y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpusieron D. Y1 y Y2, de modo que la dejamos sin efecto, y sin pronunciar condena en costas de ninguna de las instancias, con estimación de la demanda interpuesta por los ahora recurrentes contra X, rescindimos el negocio jurídico que se identifica, en la demanda y condenamos a la demandada a restituir la nuda propiedad y el usufructo sobre la finca objeto de la misma a los demandantes, cuando éstos le hagan entrega de catorce millones cuatrocientas veintidós mil novecientas una pesetas, a no ser que opte por completar el precio justo de dicha finca, mediante la entrega a los demandantes y recurrentes de la diferencia entre aquella suma y la de cuarenta y siete millones cuatrocientas cinco mil ochocientas cuarenta pesetas. Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ilmo. Sr. Presidente: D. José Ramón Ferrandiz Gabriel. Srs. Magistrados: D. Rafael Gimeno Bayón Cobos y D. José Ginesta Amargos, Rubricados. PUBLICACION. La anterior sentencia, ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Ferrandiz Gabriel, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Certifico. Fdo. José Pirla Fraguas. Rubricado».
Sexto. - Que por el Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo, en nombre y representación de la compañía mercantil «X», se interpuso el oportuno recurso de casación, dentro del plazo legal correspondiente por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que funda en los siguientes motivos:
Primero. - Al amparo del apartado 5.º del Art.º 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art.º 344 del Código de Comercio, en relación con el art. 4.º, apartado 1.º del Código Civil y art.º 2.º del Código de Comercio y jurisprudencia de su aplicación, ya que la sentencia que se recurre infringe, en la interpretación que efectúa de la normativa aplicable al caso de autos, los mencionados preceptos. Por lo que se refiere al Art.º 344 del Código de Comercio, se estima que su interpretación es incorrecta, y por lo que respeta a los otros preceptos, los omite totalmente, siendo procedente su aplicación, razonando en síntesis. a) Que la Sentencia de la Audiencia Provincial niega el carácter de mercantil a la dación en pago, objeto del presente proceso, y por tanto la aplicación del art. 344 del Código de Comercio, por tres razones distintas, consistentes en que «La dación en pago no es equiparable totalmente a la compraventa» y que «aunque fuera así, el Código de Comercio no regula en su articulado, como mercantil, a la venta de bien inmueble y por último en todo caso «la ausencia del propósito de reventa, elimina del caso de autos la posibilidad, la aplicación de la legislación mercantil», por lo que aplicado, a la dación de pago del régimen legal de las compraventas, no es exactamente una compraventa, pero ello no quiere decir, que no sea aplicable a aquella figura la regulación legal de ésta, ya que el propio Código Civil equipara para algunos efectos, ambas figuras en sus Arts. 1.521, 1.536 y 1.636 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en virtud de las sentencias de 9 de Enero de 1915 y 9 de Diciembre de 1943 y recientemente la de 13 de Febrero de 1989, que declara expresamente que la «datio in solutum» tiene analogía, con la compraventa, debiendo regularse por sus normas. b) Que la propia sentencia recurrida en su fundamento jurídico cuarto, se refiere a la dificultad de la equiparación que, no obstante, quedan en buena medida reducidas en el caso de autos al ser el objeto de la deuda una suma de dinero determinable y el «aliud», una cosa inmueble; y no deja de ser sorprendente que dicha manifestación, éste seguida de la contenida, en el posterior fundamento jurídico quinto como argumento negativo a la equiparación, por cuanto la sentencia del alto Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 1981, aplica el art.º 344 del Código de Comercio referente a las compraventas, a una figura que no es compraventa, sino, a la aportación social de un inmueble, aplicando dicho precepto por razón analógica, a un acto de aportación social, que en puridad ofrece más divergencias con la compraventa, que la dación en pago, por lo que no existe razón para la no aplicación a la figura jurídica objeto de este proceso, ya que la circunstancia, sea una dación en pago, no debe excluir a priori la aplicación dicho precepto. c) Que si el art.º 321 de la Compilación, se refiere a los inmuebles como objeto de la rescisión, y el art.º 325 del código de Comercio a los muebles como objeto de la compraventa mercantil, nunca se podrá aplicar el art.º 344 de dicho Código, puesto que lo que se vende, es un inmueble, y el art.º 325 vedará la aplicación del art.º 344, y si lo que se enajena es un bien mueble, la falta de rescindibilidad estará provocada por el art.º 321 de la Compilación y la única forma de dar sentido y aplicabilidad al Art.º 344, es estimar que la compraventa mercantil puede recaer sobre bienes inmuebles y a esta conclusión hay que llegar por lógica, por opinión unánime de la Doctrina Científica y por la declaración jurisprudencial, ya que el Código de comercio actual, no regula la compraventa, ni tampoco la excluye, dejando una puerta abierta a su admisión por parte de los comerciantes y de los tribunales; no obstante ello recientemente el Tribunal Supremo, se ha pronunciado terminantemente y en sentido positivo sobre esta cuestión, aplicando el Art.º 344 del Código de Comercio, en una operación mercantil, consistente en la aportación de un inmueble, por razón de analogía. (Sentencia ya mencionada de 3 de Diciembre de 1981.) d) Que siendo evidente que existen compraventas mercantiles sobre bienes inmuebles, a las que se puede aplicar el art.º 344 del Código de Comercio y que a dicho régimen pueden acogerse otras figuras análogas a la compraventa, tales como la dación en pago, aunque la sentencia recurrida, da a esta cuestión una respuesta negativa, al excluir el elemento intencional de reventa que caracteriza a las compraventas mercantiles, ya que no se puede excluir de modo alguno la intención de lucro, a obtener en la venta posterior, por motivos de tardanza más o menos larga a realizarla, la demora y otras circunstancias, no pueden empañar la verdadera naturaleza del negocio jurídico, que obviamente tuvo que ser considerado como acto de comercio de naturaleza mercantil, habida cuenta, además que la recurrente, revendió la finca a otra Sociedad, consumando y concretando de una manera clara la voluntad de reventa, por lo que no queda más remedio que concluir carácter mercantil a operaciones, en las que el elemento de reventa queda en segundo plano. e) Que tal evidencia surge de que «se habrá de considerar mercantil, incluso la compra de un comerciante habitual o por una sociedad mercantil de una finca, aún sin el propósito de revenderla, sino para incorporarla permanentemente a su patrimonio, y ello por razón del sujeto pues así ha de considerarse todo acto que afecta al patrimonio de un comerciante habitual o a una Sociedad Mercantil». Y también es la tesis, aun a riesgo de parecer insistentes, de la sentencia de 3 de Diciembre de 1981, que concede carácter mercantil al acto de aportación social del inmueble, considerándolo per se «una operación de tanta sustancia mercantil», pero, para nada se refiere el Tribunal Supremo al ánimo de reventa, y, no obstante, considera de aplicación el tan repetido artículo 344 del Código de Comercio, referente a las compraventas mercantiles caracterizadas en principio, y según la literalidad del Código, por el elemento de reventa. f) Es decir, que la operación que nos ocupa es incluible en el régimen de irrescindibilidad de las compraventas mercantiles, por darse en ella el elemento de reventa, y aunque se estimara erróneamente, que este elemento no concurre, seria irrelevante, por ser un acto provisto de «sustancia mercantil», al decir del Tribunal Supremo, que le vendría dada por la intervención de una Sociedad mercantil que tiene por objeto la realización de actos de esta clase, en su normal y habitual tráfico mercantil. Y tampoco debe ser obstáculo, para la tesis que se mantiene, la circunstancia de la intervención en el contrato de una parte que no es comerciante, puesto que dicho contrato es objetivamente mercantil, y aún estimando que se trata de un acto de comercio unilateral o mixto, debe de ser regulado por el Derecho Mercantil, según sostiene la doctrina unánime, pues de otro modo este derecho quedaría reducido a un derecho de clase, regulador de las relaciones entre los comerciantes, y quedaría como un derecho residual, en contradicción con la realidad diaria, que demuestra, por el contrario, la creciente expansión de la fuerza del Derecho Mercantil. g) Como colofón a lo expuesto, en la defensa de este motivo de casación, el recurrente lo apoya, en lo transcrito en el particular del penúltimo considerando, de la tan citada sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 1981, que desbarata la triple justificación, dada por la sentencia de la Audiencia Provincial, para negar, al caso de autos, la aplicación del artículo 344 del Código de Comercio, al determinar «que a los anteriores razonamientos ha de añadirse la improcedencia de aplicar los efectos rescindentes de la «laesio enormis», a una operación de tanta sustancia mercantil como es el contrato de constitución de una Sociedad Anónima y el juego de las aportaciones «in natura» (artículo tercero y los demás citados en la Ley de 16 de Julio de 1951, y artículo segundo párrafo segundo, del Código de Comercio), según se obtiene de la aplicación analógica del artículo 344 de este Cuerpo legal, autorizada por el cuatro, párrafo primero del Código Civil, ya que la semejanza sustancial entre ambos supuestos (en los dos se trata de actos de enajenación), por lo que a este efecto interesa y es innegable la tesis que podría vigorizarse con el argumento «a maiori ad minus» de que si se prescribe la rescisión en un negocio mercantil bilateral y con onerosidad acusada, con mayor fundamento habrá que marginarla en un contrato, como el constitutivo de Sociedad y aportación social, no conmutativo, plurilateral y que persigue un fin distinto que el intercambio de prestaciones, y parece correcto entender que inserto el art.º 323 en una Compilación de Derecho Civil Especial, no se impide la aplicación de los preceptos del Código de Comercio, dada la índole de la relación a regular, como sostiene un apreciable sector entre los autores, siquiera no se trata de opinión sin discrepantes».
Segundo. -El segundo y último motivo de casación se formula al amparo del apartado 5.º del Art.º 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art., 321.2 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, fundándolo en que el mencionado precepto excluye de la rescindibilidad por lesión a aquellos contratos en los que el precio o contraprestación haya sido decisivamente determinado por el carácter aleatorio de lo adquirido, debiéndose de tener en cuenta que el precepto no habla de contratos aleatorios, sino que emplea una fórmula que permite incluir, dentro de su previsión a aquellos contratos en principio conmutativos en los casos que se dé el matiz de la aleatoriedad, conclusión a la que se debe de llegar, en el caso de autos, puesto que en las circunstancias del caso, concurre plenamente, el indicado matiz, por la razón de que a) El precio de la dación en pago, en el presente caso, está constituido por diversas letras de cambio asumidas y abonadas por mi representada, y si bien dos de ellas tienen un vencimiento coincidente con la fecha de efectividad de dicha dación en pago, por cumplimiento de la condición -30 de Noviembre de 1984- una tenia vencimiento de 30 de Agosto y la otra, la de mayor cuantía (ocho millones de pesetas) estaba ya vencida y protestada antes del primero de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que habiéndose concretado el precio de la dación en el importe nominal de dichas letras, si los actores hubieren rescatado la finca lo habría sido por la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts), que con dicha suma hubieran obtenido un beneficio considerable, en la operación. Es por tanto, lógico y razonable pensar que este beneficio comportaba la posibilidad correlativa de soportar el resto de la pérdida de la finca, en caso de cumplimiento de la condición negativa impuesta. b) Vista la cuestión desde la perspectiva de X, como empresa mercantil y por tanto con finalidad y ánimo de lucro, concurría a un contrato en el que la previsión de ganancia se concretaba en el cobro del importe nominal de las letras de cambio, sin ganancia adicional alguna, es evidente que la compensación a este resultado era la de obtener definitivamente la propiedad de la finca a un precio ventajoso suficiente para cubrir el importe de las cambiales aceptadas por la parte actora, con más naturalmente, los intereses devengados a partir de la fecha en que debió restituir la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pesetas), pactados por las partes según se desprende, de documentos obrantes en autos, acompañados con el escrito de contestación a la demanda. c) Que en la dación en pago condicional suscrito entre las partes, se da aquello caracteres típicos del contrato aleatorio «aquél en que cada una de las partes tiene en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación plenamente apreciable, pero no bien determinado en el momento del contrato, y si dependiente de un acontecimiento incierto, corriendo los contratantes un riesgo de ganancia o pérdida». A tal respecto en términos doctrinales, debemos resaltar la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Diciembre de 1968, entre otras, recaída en un caso de rescisión por lesión ultradimidium, en la que dicho Tribunal proclamó que « ... que no existe en la misma aspecto aleatorio, pues como señala la sentencia recurrida, nada se dejó al azar, no eran litigiosos los bienes cedidos, ni se pactó condición que pudiera impedir la efectividad de la operación»; de donde se deduce a «sensu contrario» que si se pactó condición impeditiva de la efectividad de la dación en pago, como es el presente caso, concurre en la operación la nota de aleatoriedad. -El segundo y último motivo de casación se formula al amparo del apartado 5.º del Art.º 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 321.2 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, fundándolo en que el mencionado precepto excluye de la rescindibilidad por lesión a aquellos contratos en los que el precio o contraprestación haya sido decisivamente determinado por el carácter aleatorio de lo adquirido, debiéndose de tener en cuenta que el precepto no habla de contratos aleatorios, sino que emplea una fórmula que permite incluir, dentro de su previsión a aquellos contratos en principio conmutativos en los casos que se dé el matiz de la aleatoriedad, conclusión a la que se debe de llegar, en el caso de autos, puesto que en las circunstancias del caso, concurre plenamente, el indicado matiz, por la razón de que a) El precio de la dación en pago, en el presente caso, está constituido por diversas letras de cambio asumidas y abonadas por mi representada, y si bien dos de ellas tienen un vencimiento coincidente con la fecha de efectividad de dicha dación en pago, por cumplimiento de la condición -30 de Noviembre de 1984- una tenia vencimiento de 30 de Agosto y la otra, la de mayor cuantía (ocho millones de pesetas) estaba ya vencida y protestada antes del primero de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que habiéndose concretado el precio de la dación en el importe nominal de dichas letras, si los actores hubieren rescatado la finca lo habría sido por la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pts), que con dicha suma hubieran obtenido un beneficio considerable, en la operación. Es por tanto, lógico y razonable pensar que este beneficio comportaba la posibilidad correlativa de soportar el resto de la pérdida de la finca, en caso de cumplimiento de la condición negativa impuesta. b) Vista la cuestión desde la perspectiva de X, como empresa mercantil y por tanto con finalidad y ánimo de lucro, concurría a un contrato en el que la previsión de ganancia se concretaba en el cobro del importe nominal de las letras de cambio, sin ganancia adicional alguna, es evidente que la compensación a este resultado era la de obtener definitivamente la propiedad de la finca a un precio ventajoso suficiente para cubrir el importe de las cambiales aceptadas por la parte actora, con más naturalmente, los intereses devengados a partir de la fecha en que debió restituir la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 pesetas), pactados por las partes según se desprende, de documentos obrantes en autos, acompañados con el escrito de contestación a la demanda. c) Que en la dación en pago condicional suscrito entre las partes, se da aquello caracteres típicos del contrato aleatorio «aquél en que cada una de las partes tiene en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación plenamente apreciable, pero no bien determinado en el momento del contrato, y si dependiente de un acontecimiento incierto, corriendo los contratantes un riesgo de ganancia o pérdida». A tal respecto en términos doctrinales, debemos resaltar la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Diciembre de 1968, entre otras, recaída en un caso de rescisión por lesión ultradimidium, en la que dicho Tribunal proclamó que « ... que no existe en la misma aspecto aleatorio, pues como señala la sentencia recurrida, nada se dejó al azar, no eran litigiosos los bienes cedidos, ni se pactó condición que pudiera impedir la efectividad de la operación»; de donde se deduce a «sensu contrario» que si se pactó condición impeditiva de la efectividad de la dación en pago, como es el presente caso, concurre en la operación la nota de aleatoriedad.
Séptimo. - Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló día para la vista, la que tuvo lugar el veinte y cuatro de Mayo de mil novecientos noventa. HA SIDO PONENTE el Magistrado. Ilmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.
Primero. - En escritura pública otorgada el 1.º de Junio de 1984 D. Y1, en nombre propio y concepto de nudo propietario, y además como mandatario verbal de su madre Dña. Y2, a la sazón usufructuaria, celebró con el representante de la entidad mercantil «X» un negocio jurídico de dación en pago en relación con la heredad denominada «---», sito en el término municipal de SALL, paraje «--», condicionado suspensivamente al hecho de que por todo el día 30 de Noviembre de 1984 Don X2 en su condición de Agente de la Propiedad Inmobiliaria no haya vendido la finca por precio no inferior a quince millones de pesetas y depositado dicha suma en poder del Notario autorizante, quién hará entrega de la misma hasta el importe de catorce millones cuatrocientas veinte y dos mil novecientas una pesetas a X y el sobrante una vez deducida la comisión del Agente a Y1 para sí y en la representación que ostentaba, al tiempo que otorgará escritura acreditativa del definitivo incumplimiento de la condición para hacerlo constar en el Registro de la Propiedad correspondiente. Se expresa también que un Acta Notarial de haber transcurrido el plazo fijado sin haberse constituido en poder del fedatario autorizante el depósito aludido bastará para acreditar el cumplimiento de la condición; y que el otorgamiento era «para asegurar el pago de las cambiales» reseñadas, de las que tres por importes respectivos de un millón quinientas mil, dos millones y dos millones novecientas veintidós mil novecientas una peseta fueron cedidas a X por la entidad mercantil «A. S.A.» y una cuarta de ocho millones de pesetas fue cedida a la Compañía primeramente citada por D. Y1 La escritura fue ratificada por Y2 por otra de 30 de Noviembre de 1984. En sendos instrumentos públicos de 8 de Abril de 1986 Y1 deja sin efecto la condición suspensiva y X presta su consentimiento adhiriéndose. El 13 de Febrero de 1987 D. Y1 y Y2 entablan demanda contra X, ejercitando acción de rescisión por lesión «ultradimidium» con fundamento en que el valor en venta de la finca ascendía a cuarenta y ocho millones ochocientas setenta y dos mil pesetas, la cual es desestimada por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de 3 de Mayo de 1988, y estimada por la Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de Noviembre de 1989. Contra esta última resolución interpone la entidad mercantil X recurso de casación basado en los dos motivos que serán objeto de análisis a continuación.
Segundo. - El primer motivo del recurso se formula al amparo del apartado quinto del Art.º 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del Art.º 344 del Código de Comercio, en relación con el artículo 4.º, apartado uno del Código Civil y el artículo 2.º del Código de Comercio, y jurisprudencia de su aplicación, concretándose además que la sentencia recurrida interpreta incorrectamente el Art.º 344 y omite totalmente los restantes preceptos. A través del motivo expuesto se pretende obtener la exclusión de la normativa jurídica de los artículos 321 y siguientes de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña relativa a la rescisión por lesión «ultradimidium», -engany a mitges- mediante la aplicación, ora directa, ora indirecta (vía analógica), de la disposición recogida en el inciso primero del Art.º 344 del Código de Comercio, en el que se declara «no se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión». La tesis resulta insostenible al fallar la premisa fundamental, puesto que la operación jurídica objeto del litigio no tiene carácter mercantil. Para la operatividad del art.º 344 habría sido preciso hallarnos, bien ante una compraventa mercantil, o bien ante un contrato oneroso al que cupiese aplicar por analogía (Artículos 2.º, párrafo primero del Código de Comercio y 4.º, apartado uno del Código Civil) igual solución excluyente, lo que supondría no solo la necesidad de una afinidad de este contrato con el de compraventa manifestado en el aspecto dinámico de la idea transmisiva, -desplazamiento de propiedad- sino además que tenga carácter mercantil.
Tercero. - El negocio jurídico básico del pleito constituye una dación o adjudicación en pago, -«datio in solutum»-, figura jurídica con una variada problemática y naturaleza jurídica polémica, barajándose en la doctrina científica diversas posturas entre las que cabe citar las de la identidad y la semejanza con la compraventa, novación, contrato oneroso de enajenación; acto complejo; modalidad o subrogado del pago; y contrato extintivo de obligaciones que se asemeja a los contratos reales, de algunos de los cuales se ha hecho eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo (S.S. 13 de Marzo de 1953, 14 de Diciembre de 1965, 9 de Diciembre de 1943, 9 de Noviembre de 1966, 20 de Febrero de 1967, 26 de Octubre de 1970), siquiera en la más modernas resoluciones (S.S. 13 de Mayo de 1983 y 5 de Octubre de 1987) parece prevalecer el criterio que le atribuye, sin desconocer las analogías con la compraventa y la novación, una configuración propia, singularmente por el aspecto teleológico de «extinción» de las obligaciones. La alegación del recurso relativa a que la sentencia recurrida rechaza la equiparación de la dación a la compraventa, en la perspectiva de la rescisión, carece de consistencia, pues el órgano jurisdiccional «a quo» se limita a poner de relieve las dificultades técnicas, de dicha equiparación, pero sin excluir por ello entrar en el fondo de la cuestión, como se pone de relieve no solo en el fundamento de derecho cuarto en el que se dice «en este concreto supuesto... las dificultades de equiparación... quedan en buena medida reducidas al ser objeto de la deuda una suma determinable y el aliud una cosa inmueble», sino también por el hecho concluyente de que en el fundamento jurídico quinto se razona sobre la posibilidad de calificar como mercantil una compraventa de inmueble, la cual se rechaza a diferencia del juzgador de primera instancia que la había admitido. Y no podía ser menos, -siempre claro está en la perspectiva de la rescisión por lesión «ultradimidium»-, porque al hallarnos ante una dación de «res per pecunia», resulta incuestionable la simpatía o semejanza con la compraventa, lo que nos lleva a parar mientes ya en la eventualidad en nuestro Derecho de la mercantil de inmuebles. La posibilidad práctica de la figura es muy problemática; y es que si bien la fórmula que utiliza el art.º 325 del Código de Comercio («será mercantil la compraventa de cosas muebles ... ») ha sido interpretada con conclusiones opuestas, y en favor de la hipótesis se ha argumentado que la Exposición de Motivos del Código vigente la admite y el art.º 326 ya no recoge la prohibición contenida en el art.º 360 del Código de 1829, en contra, con no menos serias razones, se alega la absoluta falta de regulación, la operatividad de las leyes sobre adquisición de la propiedad territorial, y la dificultad o práctica imposibilidad de aplicación de numerosas disposiciones de la sección primera del título sexto del libro segundo del Código Mercantil, de ahí que la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 13 de diciembre de 1985 declare que «la mercantilidad de las compraventas inmobiliarias sería puramente teórica». De cualquier forma, aunque en la doctrina parece predominar la tesis favorable, de admitirse la posibilidad práctica en ningún caso cabría con la amplitud de la de muebles, y todavía es muy dominante el criterio de que la compraventa inmobiliaria de «inversión pura» tiene carácter civil, por muy brillantes que sean opiniones aisladas en otro sentido. Por otro lado hay que decir que la compraventa mercantil que regula nuestro Código de Comercio hace abstracción del elemento profesional y se centra, como con cabal acierto indica la Sentencia recurrida, en el aspecto especulativo. Se trata de una compraventa de mediación para la reventa con ánimo de lucro que se caracteriza fundamentalmente por dos notas: el propósito de revender y la intención o ánimo de lucro. Esta doctrina, en donde destaca el carácter de acto de negociación o de intermediación en el cambio y el propósito inicial especulativo, ha venido prevaleciendo en el ámbito científico y mantenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (S.S. 2-Febrero-1918, 15-Junio-1926, 31-Octubre1946, 1-Junio-1947, 27-Mayo-1949, 19-Octubre-1957, 15-Octubre-1980, 8-Julio-1988, 17 Febrero y 6-Abril-1989, entre otras), si bienes de señalar que muy modernamente, con base en las expresiones «o bien en otra forma diferente» del art.º 325, y «consumo de comprador», a contrario sensu del Art.º 326, se han ampliado notablemente las posibilidades operativas de la compraventa mercantil al integrarse en su ámbito, no sin altibajos jurisprudenciales las modalidades de compraventa de transformación, y de uso de consumo industrial, mercantil y agrícola, donde entra en juego el fin empresarial o negocial de producción, transformación o inversión productiva, (ciclo producto-dinero-producto), -S.S. 16-Junio1972, 31 -Marzo-1975, 15-Octubre- 1980, 12 y 23-Marzo- 1982, 9 de Marzo y 19 de Diciembre- 1984, 3-Mayo- 1985-). Aplicando la doctrina expuesta al caso de autos resulta evidente la conclusión de que la operación jurídica cuestionada no tiene carácter mercantil, pues la misma respondió al único propósito de liquidar una deuda existente, y no a una estricta operación de lucro, de tal modo que el deudor, por responsabilidad propia o por haber asumido el pago, no tenía otra posibilidad de hacer efectivo el crédito contra él existente que transmitiendo un bien de su patrimonio (y de su madre, con consentimiento de ésta en cuanto al usufructo), y por su parte el acreedor no gozaba de otra manera más rápida y práctica de resarcirse en su derecho pecuniario que aceptando la dación (causa «solvendi»). Y no hubo otra finalidad, sin que importe en absoluto el carácter mercantil de la Sociedad acreedora (aquí recurrente), ni que en la descripción de su objeto se diga «para el desarrollo del objeto social podrá realizar toda suerte de operaciones financieras o INMOBILIARIAS sujetándose a las normas prescritas en los presentes Estatutos; y en especial la adquisición de terrenos y su parcelación, construcción, adquisición y enajenación de edificios o su explotación en forma de arriendo»; y aunque cupiese discurrir que la aceptación de la modalidad extintiva tuvo lugar por el lucro que suponía, entendido éste como la diferencia de valor de la finca respecto del importe del crédito, es obvia la falta del elemento intencional de revender cuya concurrencia es esencial, como pone de relieve la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29-Abril-1988 -dice: «aunque al comprender (el contrato) la transmisión de acciones de una Sociedad Anónima (los actores vendieron a los demandados la totalidad de las acciones de una Sociedad Anónima... si bien la finalidad del negocio era la compra de la finca que constituía la única propiedad de dicha Sociedad) y finca en la que se explota un negocio, parece lógica la calificación de la venta como mercantil, en realidad no consta la intención de los contratantes fuera del pacto octavo en que los compradores claramente manifiestan que compran las acciones «porque les interesa la compra de la finca» lo que indica el carácter predominante civil del contrato». La parte recurrente en casación es consciente del problema, de ahí que en los antecedentes del escrito de formalización (noveno, segunda) manifieste que «la finca objeto de autos fue enajenada a la entidad K. S.A. en fecha 24 de Febrero de 1984, obrando en las actuaciones del Rollo del Recurso de Apelación un escrito de la parte contraria en que expresamente reconoce dicha transmisión». La alegación resulta carente de eficacia procesal y de consistencia sustantiva. Lo primero porque vulnera los principios «iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium» y «lite pendente nihil innovetur», toda vez que el dato fáctico (jurídico pero con operatividad fáctica) se había producido y era conocido al tiempo de la contestación a la demanda (23 de Abril de 1987), además integra una «cuestión nueva», como tal de imposible análisis, y por último a través de ella se pretende contradecir la afirmación de la instancia de que no existió «propósito de reventa», por lo que como tema de hecho solo podía ser impugnado por la vía casacional del error de este orden y cumpliendo las previsiones que se exigen en la aplicación del ordinal 4.º del Art.º 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y carece de consistencia sustantiva porque aparte de no constar el título transmisivo (en el folio veinte y siete del rollo de apelación sólo se hace referencia a la actual titularidad registral), y de que la versión se contradice con la de la contestación (al folio 53 se dice «la compensación a este resultado era evidentemente la posibilidad de obtener definitivamente la propiedad de la finca ... »), de cualquier manera lo que vale para poder calificar a una compraventa de mercantil es la INTENCIÓN INICIAL de revender, siendo totalmente inane el propósito sobrevenido. Desde otra óptica, -hipótesis de contrato oneroso de índole mercantil- la conclusión no puede ser diferente. La cualidad de comerciante o de sociedad mercantil, no impregna de mercantilidad a todas las actividades jurídicas que realiza; el giro o tráfico de la Sociedad de autos es el textil y no la especulación inmobiliaria; el apartado segundo del art.º 2.º del Código de Comercio («serán reputados actos de comercio los comprendidos en éste Código y cualquiera otros de naturaleza análoga»), ha de ser generalmente contemplado en la perspectiva de la finalidad del acto, y es claro que no pueda ser calificado de mercantil por analogía el de autos, habida cuenta la razón teleológica de su génesis jurídica, debiendo advertirse que ni siquiera cabe discutir en un hipotético plano de la accesoriedad jurídica al no existir ningún planteamiento o invocación en torno a la naturaleza de la deuda extinguida, aparte de no darse base fáctica alguna para poder sentar una conclusión; y finalmente con independencia de que una sola Sentencia no supone jurisprudencia a efectos de casación, es de señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 1981 se refiere a un supuesto notablemente distinto del de autos (la mercantilidad de una aportación a una Sociedad Anónima no ofrece duda), siquiera y por último, convenga resaltar que la cuestión en torno a la incidencia de los artículos 344 del Código de Comercio y 321 de la Compilación y su excluyente aplicación no es el tema pacífico y que en modo alguno debe entenderse decidido por ésta resolución, en uno u otro sentido, no entrándose en el examen del mismo porque todo lo que se pudiera decir no dejaría de ser «obiter dicta», dado que la «ratio decidendi», en caso, coincidiendo totalmente con la resolución recurrida, es la consideración de civil, y no mercantil de la operación jurídica objeto de la litis. Por todo ello el motivo debe ser rechazado.
Cuarto. - El segundo motivo del recurso se formula al amparo del apartado quinto del Art.º 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del Art.º 321, dos, de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña. El motivo no fue defendido, aunque si se expresó su mantenimiento en el acto de la vista del recurso, hace hincapié en la existencia de un matiz de aleatoriedad en el contrato de insolutación que por aplicación del precepto sustantivo mencionado excluye la operatividad de la rescisión por lesión. Se aduce en síntesis, que, en la perspectiva del deudor, al haberse concretado el preciso de la dación en el importe nominal de las letras de cambio CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTAS UNA PESETAS (14.422.901 Pts), de haber rescatado la finca los actores hubieran obtenido un beneficio considerable, y este beneficio comportaba la posibilidad correlativa de soportar el riesgo de la pérdida de la finca en caso de cumplimiento de la condición; y, en la perspectiva de X, que la compensación a la celebración del contrato, -en el que la previsión de ganancia se concretaba en el cobro del importe nominal de las letras de cambio, sin ganancia adicional alguna-, se encontraba en la posibilidad de obtener definitivamente la propiedad de la finca a un precio ventajoso suficiente para cubrir el importe de las cambiales más los intereses devengados. Cualquiera que sea la consideración que merezcan las alegaciones del recurrente, lo cierto es que como razona la resolución recurrida, «no puede decirse que la contraprestación haya sido decisivamente determinada por el carácter aleatorio de lo adquirido, pues fue una vez cumplida la condición que la datio efectiva tuvo lugar, en unos términos totalmente ajenos al factor suerte». Además resulta oportuno añadir la necesidad que el factor suerte o azar, -aleas-, actue sinalagmáticamente de modo que el perjuicio derivado del mismo para uno de los contratantes ha de significar un beneficio correlativo para el otro, y en el caso parece ser que el único aspecto en que según la alegante podía producirse se circunscriba al particular de los intereses, cuya entidad no consta, ni cabe hacer consideraciones valorativas en casación, por lo que la cuestión resulta irrelevante, máxime si se tiene en cuenta que la aleatoriedad debe referirse a la operación en su conjunto, y no solamente a un aspecto de escasa incidencia respecto del total; a lo que debe añadirse que la circunstancia de exclusión no tiene la extensión que se pretende, según ha declarado la doctrina jurisprudencial (Sentencias de 14 de Noviembre de 1908 y 19 de Octubre de 1959). Por último la cita de la Sentencia de 18 de Diciembre de 1968, que se trae a colación «a sensu contrario» para apoyar la conclusión de que el hecho de pactarse una condición que pudiera impedir la efectividad de la operación acarrea la nota de la aleatoriedad, carece de consistencia, no sólo ya porque una sentencia no supone Jurisprudencia, sino sobre todo porque la afirmación se hace con referencia a otro contexto notablemente diferente, y en el caso la «condición» objeto de consideración podía afectar a que el pago pudiera tener lugar mediante el dinero obtenido con su venta, o caso de que ésta no tuviera lugar mediante la adjudicación de la finca, y como la suma que debía entregarse en el primer caso era plenamente determinada, es obvio que no concurría la aleatoriedad con templada en el precepto legal. Por todo ello debe también rechazarse el segundo motivo.
Quinto. - La desestimación de los motivos del recurso de casación lleva consigo la declaración de no haber lugar al mismo y la imposición de las costas al recurrente (Art.º 1.715, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que proceda hacer pronunciamiento especial acerca del depósito al no resultar conformes las Sentencias de primera y segunda instancia. (Art.º 1.703 de la Ley Procesal).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil «X», contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, el 8 de Noviembre de 1989, condenando a la recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Líbrese certificación de esta resolución, que se remitirá a la Audiencia juntamente con el Rollo y Autos enviados en su día.