Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185339
Timestamp: 2019-07-22 19:29:25
Document Index: 48030244

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 223', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 223', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 139', 'artículo 38', 'artículo 106', 'artículo 38', 'artículo 115', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 223', 'artículo 38']

Afirma la Sala que una Administración pública -en este caso municipal- puede presentar válida y eficazmente, en su propio registro oficial, escritos de cualquier clase y, en especial, reclamaciones y recursos, siendo válida la fecha estampada en ellos como de efectiva presentación, como si lo hubiera sido en el registro de la administración receptora o destinataria de tal solicitud o recurso. Por otro lado declara que la presentación de escritos de término se ha de efectuar necesariamente dentro del horario establecido para el registro administrativo, pues la Administración interviene en una consideración semejante a la de un ciudadano, y no puede servirse de su posición dominante como titular o gestora del registro público para permitirse así misma lo que no autorizaría a un particular, y utilizar su registro fuera del horario de apertura establecido por ella misma para la entrega de un escrito de término.
Nº de Recurso: 2603/2017
Nº de Resolución: 1835/2018
Esta Sala ha visto, constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados que figuran indicados al margen, el recurso de casación n.º 2603/2017, interpuesto por el procurador don Alberto Collado Martín, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA (CÁCERES), contra la sentencia n.º 135, dictada el 9 de marzo de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso n.º 50/2017 (ES:TSJM:2017:2901). Ha comparecido como parte recurrida el Abogado del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
1. Este recurso de casación se dirige contra la sentencia de 9 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso jurisdiccional deducido por el Ayuntamiento de Peraleda de la Mata (Cáceres) contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional -TEAR- de Madrid, de 26 de noviembre de 2015, que desestimó la reclamación interpuesta contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 3 de noviembre de 2014, que inadmitió por extemporáneo el recurso de reposición deducido contra la liquidación de la tarifa de utilización del agua, abastecimiento Campo Arañuelo, y canon de regulación del agua, presa Navalmoral de la Mata, año 2014.
b) Tras ejercitar infructuosamente la vía económico-administrativa, el Ayuntamiento de Peraleda de la Mata promovió recurso ante la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -Sección 4.ª- que lo desestimó en sentencia de 9 de marzo de 2017. La sentencia razona lo siguiente, en síntesis (F.J. 2.º):
En la demanda, la expresada recurrente aporta documental del registro de entrada en la ventanilla única del propio Ayuntamiento (documento n.º 1) el 10/12/2014, a las 14,07 horas, fuera del horario establecido, de 9 a 14 horas. No consta la forma de remisión a la Confederación Hidrográfica del Tajo, ni en referido documento aparece sello de entrada en el registro de la CHT.
1. El procurador don Alberto Collado Martín en nombre y representación del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata (Cáceres) presentó el 3 de mayo de 2017 escrito de preparación del recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 9 de marzo de 2017.
1. El Ayuntamiento de Peraleda de la Mata interpuso recurso de casación en escrito de 18 de diciembre de 2017, que observa los requisitos legales, en que se mencionan como normas jurídicas infringidas, de un lado, el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas;
y, de otro, el artículo 223.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria -LGT-.
2. La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 31 de octubre de 2017, en que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
"... Primera. Determinar si la presentación de un recurso administrativo por una administración pública en su propio registro, al amparo del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción aplicable ratione temporis, produce el mismo efecto jurídico, en cuanto al cumplimiento del plazo máximo de interposición, que si lo hubiera presentado ante el registro de la administración pública a la que el recurso administrativo vaya dirigido.
El objeto de esta sentencia consiste en precisar, mediante la interpretación subjetiva y objetiva de los términos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo Común, aplicable ratione temporis, si los escritos de término presentados, como aquí ha sucedido, por una Administración Pública, en su propio registro público previsto en el indicado precepto, produce el mismo efecto jurídico, en cuanto al cumplimiento del plazo máximo de interposición de reclamaciones, recursos u otros trámites con vencimiento fatal, que si lo hubiera presentado ante el registro de la administración pública a la que el escrito o recurso administrativo fuera dirigido.
Por su parte, el artículo 223.1 LGT, también identificado en el auto de admisión como requerido de esclarecimiento, indica, en relación con la iniciación y tramitación del recurso de reposición que:
Quiere ello decir que el esquema procesal del recurso de casación vigente, que pivota sobre las cuestiones de interés casacional incorporadas al auto de admisión, no es siempre el cauce idóneo para resolver el recurso de casación, por no ser las preguntas jurídicas que se formulan como de necesario esclarecimiento el único o principal modo de alcanzar una solución que pueda decidir la controversia trabada. Tal ocurre aquí ante la consideración, a que ya nos hemos referido, de que en el expediente administrativo no figura una copia fehaciente de la presentación en el registro oficial de Peraleda de la Mata del recurso tempestivamente sellado el 10 de diciembre de 2014, último día del plazo de caducidad de la interposición de la reposición, pues tal documento sólo se integra, entre otros más, por vez primera, como documento n.º 1 de los aportados con la demanda, siendo entonces valorado por el tribunal de instancia como inidóneo, pero no por negar dicha Sala a quo la posibilidad de registrar escritos de término en la sede de la propia entidad pública recurrente, esto es, no por interpretar de un modo que deba ser esclarecido, ratificado o enmendado por esta Sala los términos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, aplicable ratione temporis al caso, sino porque el Tribunal sentenciador llega a la convicción probatoria, insusceptible de examen casacional, de que el escrito es extemporáneo porque no hay constancia de la presentación en forma, y dentro del horario, en el registro de la propia entidad.
TERCERO.- Jurisprudencia de la Sala Tercera en relación con la interpretación subjetiva del término ciudadanos al que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
El auto de admisión de este recurso, datado el 31 de octubre de 2017, además de los inconvenientes anteriormente apreciados, que no son de menor calado, parte de un status jurisprudencial no del todo exacto, a nuestro juicio, al señalar lo siguiente, en el fundamento segundo:
" 6. Estas dos cuestiones presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque no hay más que una sentencia, la dictada el 11 de septiembre de 2015 por la Sección Cuarta de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación 3631/2013 ), que aborda específicamente la primera, lo que hace aconsejable -para formar jurisprudencia mediante la doctrina reiterada a la que se refiere el artículo 1.6 del Código Civil - que la Sala se pronuncie para reafirmar, reforzar o completar aquel criterio o, en su caso, para cambiarlo o corregirlo [vid. auto de 16 de mayo de 2017 (RCA 685/2017; ES:TS:2017:
4230A)], máxime cuando dicha sentencia no examina la segunda, por lo que cuando menos se debería matizar, precisar o concretar ese pronunciamiento para realidades distintas [vid., por todos, autos de 15 de marzo de 2017 (RCA 93/2017; ES:TS:2017:2189A) y 29 de marzo de 2017 (RCA/302/2016;2313A) [ artículo 88.3.a) LJCA ]. Resulta pues conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las resuelva".
Es cierto que hay una sola sentencia directamente resolutoria en casación de un problema sustancialmente idéntico al debatido ahora, esto es, referida a la utilización por una Administración local incluida en el elenco de administraciones cuyos registros propios son válidos a efectos de fijar el dies a quo de los escritos de término, siempre que se hubiese suscrito el oportuno convenio, pero resulta que tal sentencia se remite a otra anterior, la de 8 de marzo de 2006, como seguidamente veremos, existiendo una tercera que, inspirada en los mismos principios rectores, incorpora también ese criterio.
La primera duda interpretativa que debemos despejar en este asunto -y la mayor preocupación jurídica que parece latir en el problema planteado- es la de dilucidar si cuando el mencionado artículo 38.4 Ley 30/1992 hace referencia a los ciudadanos como usuarios de los registros administrativos está acotando el ámbito subjetivo de quienes pueden utilizar este servicio público, limitándolo sólo a los particulares o, dicho desde otra perspectiva, a los administrados, o por el contrario esa concreta mención no impide que las Administraciones públicas puedan utilizar tales registros propios, válida y eficazmente, para acreditar la observancia de los plazos en los escritos, reclamaciones o recursos que deban presentar o dirigir ante otras Administraciones.
Tal cuestión ha sido analizada, como hemos visto, en diversas ocasiones por este Tribunal Supremo, significativamente en tres casos, todas ellos en el sentido gramatical y teleológicamente amplio de considerar comprendidos, dentro del término ciudadanos, en este contexto propio, también a las Administraciones públicas. Cabe citar, al respecto, en primer lugar, la STS -Sección Tercera- de 8 de marzo de 2006 (recurso de casación n.º 1349/2001), sobre anulación por la Administración del Estado del crédito afecto a la obra que se pretendía financiar con la subvención interesada por la Diputación Provincial de Cádiz, en los términos del art.
62 de la Ley General Presupuestaria, que señala en su F.J. 5.º, en lo que aquí interesa, lo que sigue:
"[...] La Mancomunidad recurrente y la Diputación Provincial de Cádiz, esta última en cuanto entidad gestora del programa de acción especial, eran pues otras tantas "entidades" susceptibles de beneficiarse del mecanismo de presentación de escritos por medio de Correos, según el propio reglamento al que se remitía el artículo 38.4, letra c), de la Ley 30/1992.
La interpretación del término "ciudadano" en la Ley 30/1992 como sujeto de derechos de carácter adjetivo en el seno de los procedimientos administrativos no excluye necesariamente a las propias administraciones públicas cuando la lógica así lo imponga y se dé la analogía a la que antes nos referíamos. El artículo 35 de aquélla, bajo la rúbrica de "derechos de los ciudadanos" recoge, por ejemplo, el derecho de éstos a "formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución": no sería razonable interpretar dicha norma en el sentido de que no asiste ese mismo derecho a un Municipio o a una Mancomunidad de Municipios que intervengan en un determinado procedimiento por ellos suscitado ante otra Administración, como aquí ocurre con la General del Estado.
Por lo demás, esta misma doctrina se ha aplicado a otros artículos de la Ley 30/1992 que contienen el término "particulares" como sujetos de derechos. Por limitarnos tan sólo al precepto que actualmente regula el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (esto es, el artículo 139.1 de la citada Ley 30/1992 , a tenor del cual "los particulares" tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas), en la sentencia de 14 de diciembre de 2000 hemos reiterado que "[...] en un sentido amplio y omnicomprensivo acorde con una tradición normativa muy consolidada, [...] la expresión "los particulares" como sujeto pasivo y receptor de los daños - artículos 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, 133 de su Reglamento de ejecución de 26 de abril de 1957 y 106.2 de la Constitución- comprende e incluye en el mismo, según declaró esta Sala y Sección en sentencia de 24 de febrero de 1994, siguiendo el criterio de otra anterior, del lejano año de 1964, de 8 de febrero, no sólo a los sujetos privados, sino también a los sujetos públicos, cuando éstos se consideren lesionados por la actividad de otra Administración pública; pues, en realidad, no sólo "los particulares" tendrán este derecho, sino cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, es decir, cualquier sujeto de derecho que hubiese sufrido la lesión que reúna los requisitos que el citado precepto establece".
También en la sentencia de 24 de febrero de 2015, recaída en el recurso de casación n.º 703 /2013, seguido ante la Sección Quinta de esta Sala, se afirma, en consonancia con la expresada doctrina (se trataba en este caso de que la Administración del Estado no reconocía como realmente emitido un informe autonómico preceptivo por el hecho de no haber sido presentado en el registro central del Ministerio de Fomento, frente a cuyo criterio la Sala de este orden jurisdiccional con sede en Barcelona reacciona, y la citada sentencia de este Tribunal Supremo desestima el recurso de la Administración del Estado y confirma la sentencia impugnada:
"[...] 2) Sin perjuicio de lo anterior, no cabe confundir el órgano que conforme a la Ley debe ejercer una competencia propia -en este caso, emitir el preceptivo informe- con el órgano o dependencia que recibe la documentación, que puede ser distinto del anterior. A tal efecto, mencionó la Sala de instancia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que ahora se reputa infringido en casación, cuyo tenor es:
La referencia que el precepto realiza a "los ciudadanos" como destinatarios de la facultad de presentar solicitudes, escritos y comunicaciones no puede interpretarse sólo de modo literal -literalista, más bien-, en el sentido de identificar sólo a los administrados, a los particulares, y negar operatividad al precepto cuando se trate de regular efectos jurídicos en las relaciones entre Administraciones públicas. Por ejemplo, el artículo 106 de la Constitución reconoce que "los particulares... tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos...consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos" y ello no impide que tal referencia deba entenderse hecha también a las Administraciones públicas.
Así lo ha entendido este Tribunal Supremo, Sección 3.ª de esta Sala, en su sentencia de 8 de marzo de 2006, recurso de casación n.º 1349/2001, que por su interés reproducimos, la cual no versa sobre una cuestión exactamente igual a la aquí suscitada, aunque sí aborda la exégesis del artículo 38.4 de la Ley 30/1992...".
"...CUARTO.- El plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto administrativo, si fuera expreso, como es el caso con la denominada "comunicación", es de un mes ex artículo 115.1 de la Ley 30/1992. Este plazo se computa a partir del día siguiente, según dispone el artículo 48 de la misma Ley, en este caso el día 10 de febrero de 2012, pero expira el mismo día en que se produjo la notificación del mes siguiente, es decir, el día 9 de marzo de 2012.
De modo que la cuestión radica en determinar el alcance y los efectos que sobre el cómputo del plazo de un mes, tiene que en el escrito de interposición de la alzada aparezca estampado un sello del Registro General del Ayuntamiento de Granada indicando "n.º salida 477", y con fecha de 9 de marzo de 2012.
Recordemos que el artículo 38 de la Ley 30/1992, tras la reforma por Ley 4/1999, al regular los "registros", en el apartado 4 establece que las "solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse", por lo que hace al caso, además de realizarse en los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan, también se permite la presentación en los "registros de cualquier órgano administrativo" ya sea de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local.
QUINTO.- La posibilidad de presentación de escritos no sólo ante los órganos administrativos a los que se dirijan, como sería en este caso ante la Comunidad Autónoma recurrente, sino también en los "registros de cualquier órgano administrativo" ( artículo 38.4.b/ de la Ley 30/1992 ), viene precedida de una referencia general cuando se indica que "las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de la Administración podrán presentarse". Precisamente por ello, la Administración recurrente opone que dicha posibilidad de presentación se refiere únicamente a los "ciudadanos", pero no a otra Administración Pública, que presenta su escrito con sello de salida, fijando el "dies ad quem", ante uno de sus órganos.
En sentido similar nos hemos pronunciado, en Sentencia de 8 de marzo de 2006 (recurso de casación n.º 1349/2001 ), aunque en este caso había una diferencia no menor, y es que la presentación se había producido ante la oficina de correos ( artículo 38.4.c/ de la Ley 30/1992 ), y entonces dijimos que ““El hecho de que este último precepto se refiera nominalmente, en su encabezamiento, a los "ciudadanos" como sujetos activos de la presentación de escritos no debe impedir su extensión también a una determinada Administración Pública cuando su posición jurídica, respecto de otra Administración a la que dirija sus escritos, sea similar a la situación del ciudadano, lo que ocurre en este caso”“".
b) La jurisprudencia reiterada de este Tribunal Supremo abona esta interpretación, y en ninguna de las tres sentencias que hemos comentado se hace referencia al contenido normativo de los convenios de ventanilla única como fuente de legitimidad de la utilización del registro administrativo por parte de la administración titular. En particular, en la reiteradamente citada de 11 de septiembre de 2015, se hace total omisión de la circunstancia, que se presume, de la suscripción del convenio de ventanilla única, que se da - implícitamentepor celebrado o suscrito.
c) Además, tal finalidad propia y específica de los convenios interadministrativos no excluye per se, según entendemos, que las propias entidades locales, cuando actúen en el seno de procedimientos administrativos manteniendo una posición jurídica semejante a la de los ciudadanos o administrados, sometidas a la potestad reconocida por la ley a la otra Administración distinta actuante -como en este caso lo es la Confederación Hidrográfica del Tajo-, pues el Ayuntamiento recurrente interviene como sujeto pasivo de la tarifa y canon como podrían actuar sujetos privados de derecho, no excluye, decimos, que en tal caso puedan hacer uso del propio servicio público que ponen a disposición de los ciudadanos, pues como tales actúan en estas singulares relaciones administrativas.
La interpretación del término "ciudadano" en la Ley 30/1992 como sujeto de derechos de carácter adjetivo en el seno de los procedimientos administrativos no excluye necesariamente a las propias administraciones públicas cuando la lógica así lo imponga y se dé la analogía a la que antes nos referíamos. El artículo 35 de aquélla, bajo la rúbrica de "derechos de los ciudadanos" recoge, por ejemplo, el derecho de éstos a "formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución": no sería razonable interpretar dicha norma en el sentido de que no asiste ese mismo derecho a un Municipio o a una Mancomunidad de Municipios que intervengan en un determinado procedimiento por ellos suscitado ante otra Administración, como aquí ocurre con la General del Estado...".
e) La mención explícita que en esta última sentencia se efectúa al artículo 35 de la propia Ley 30/1992 nos permite interpretar que el elenco de los derechos de los ciudadanos que recoge numerus apertus el precepto no está reservado excluyentemente a aquellos ciudadanos que sean particulares, personas naturales o jurídicas, sino que debe razonablemente comprender a las propias Administraciones cuando son protagonistas de una relación jurídica administrativa con otras, interviniendo en ellas en una situación jurídica similar a la que ostenten tales particulares.
Baste con apreciar, en una primera aproximación, las diferencias con la regulación precedente, que harían inútil en tal caso la controversia ahora planteada: se habla ahora de interesados, que es término más amplio que el de ciudadanos; desaparece la diferenciación entre las distintas administraciones públicas, sustituyéndola por el concepto más comprensivo y general de administraciones y organismos; y suprime también la referencia a los convenios.
Con ello no se crea discriminación alguna entra las distintas Administraciones públicas en función de los diferentes horarios que establezcan, más amplios o restrictivos, a los efectos que nos ocupan, puesto que el apartado 6 del propio artículo 38 de la Ley 30/1992 dispone que: "6. Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el artículo 35", lo que significa que la fijación de días y horas de apertura del registro forma parte de la potestad autoorganizativa de las Administraciones públicas que aquí encuentra un explícito reconocimiento legal, siendo así que lo único que estamos sustentando es que el acogimiento de las Administraciones -en este caso las locales- a esta particular ventaja de utilización de un servicio público propio no puede constituir un privilegio para sí misma respecto del trato que dispensaría a los particulares en una situación semejante, pues estos quedarían sin duda excluidos de la posibilidad de presentación de escritos, solicitudes o recursos, de término o no, fuera de los días y horas habilitados para ello.
Tal limitación o condicionamiento no cercena temporalmente, como se alega por el Ayuntamiento recurrente -y se sostuvo en el acto de las vista-, las horas restantes del último día del plazo de interposición del recurso potestativo de reposición establecido en el artículo 223, en relación con el 222 y concordantes de la LGT, toda vez que la imposibilidad de valerse del registro municipal, fuera del horario de apertura establecido por el propio Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, para la entrega del escrito de recurso con vencimiento ese día, no le impedía utilizar los demás medios previstos en el propio artículo 38.4 de la Ley 30/1992, hasta el agotamiento del plazo establecido.
2°) Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador don Alberto Collado Martín, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA (CÁCERES), contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de marzo de 2018, pronunciada en el recurso n.º 50/2017.
3°) No formular pronunciamiento expreso sobre las costas del recurso de casación.
Nicolas Maurandi Guillen Angel Aguallo Aviles Francisco Jose Navarro Sanchis Jesus Cudero Blas Rafael Toledano Cantero Dimitry Berberoff Ayuda Isaac Merino Jara PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don.