Source: http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/INFORMES/2011-septiembre.htm
Timestamp: 2017-07-27 06:53:13
Document Index: 15625715

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 28', 'artículo 182', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 33', 'artículo 24', 'artículo 100', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 613', 'artículo 613', 'artículo 613', 'artículo 578', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 57', 'artículo 298', 'artículo 298', 'artículo 144', 'artículo 1320', 'artículo 91', 'artículo 1320', 'artículo 205', 'artículo 1061', 'artículo 1142', 'artículo\n281', 'artículo 281', 'artículo 36', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 254', 'artículo 145', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 145', 'artículo 71']

Informe de septiembre de 2011 para la Oficina Registral. www.notariosyregistradores.com PRÁCTICA REGISTRAL
BOE SEPTIEMBRE 2011
PAÍS VASCO. Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.
Entró en vigor el 4 de agosto de 2008. (GGB)
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*IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
La Ley 19/1991, de 6 de junio, estableció con carácter estable un Impuesto sobre el Patrimonio, que fue exigible hasta la entrada en vigor de la Ley de 23 de diciembre de 2009, por la que, sin derogarlo, se anuló la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio mediante una bonificación del 100%
En los difíciles momentos que atravesamos, la crisis económica hace que el Gobierno considere necesaria la recuperación de este Impuesto para favorecer el cumplimiento de los objetivos de estabilidad asumidos por España y por razones de equidad, restringiendo su aplicación a patrimonios elevados.
El Impuesto se restablece exclusivamente para 2011 y 2012, devengando los días 31 de diciembre de cada año. Se deberán presentar las declaraciones y realizar los ingresos correspondientes a dichos ejercicios, respectivamente, en 2012 y 2013.
No cambian los tipos impositivos que se van a aplicar y que forman una horquilla entre el 0,2% y el 2,5%.
Este Impuesto sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, por lo cual recuperan de manera efectiva su capacidad normativa y la recaudación corresponde a estas Comunidades Autónomas.
Desgranamos a continuación, las siete modificaciones concretas:
1ª.- Estará exenta la vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 68.1.3.º de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, hasta un importe máximo de 300.000 euros. Antes el límite estaba en 150.253,03 euros. Es el art. 4.9.
2ª.- Representantes de los sujetos pasivos no residentes en España. Se introduce contenido al art. 6 que había quedado sin él.
De no hacerlo, cometerán una infracción tributaria grave.
En todo caso, el depositario o gestor de los bienes o derechos de los no residentes responderá solidariamente del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a este Impuesto por los bienes o derechos depositados o cuya gestión tenga encomendada. 3ª.- Base liquidable. Se modifica el artículo 28.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado el mínimo exento a que se refiere el apartado anterior, la base imponible se reducirá en 700.000 euros. Antes eran 108.182,18 euros.
4ª.- Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla. Se recoge en el art. 33, previendo una bonificación del 75% en la parte de la cuota relacionada con bienes o derechos situados o que debieran ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla. Las Ciudades Autónomas podrás establecer deducciones adicionales.
5ª.- Autoliquidación. Según el nuevo art. 36, los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración, a practicar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determinen por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español.
6ª.- Personas obligadas a presentar declaración. Según el nuevo art. 37, están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros.
7ª.- Presentación de la declaración. Está en el nuevo art. 38.
Puede aprobarse la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración.
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones,
acompañar los documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el titular del Ministerio de Economía y Hacienda.
Entró en vigor el 18 de septiembre de 2011. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, vuelve la bonificación del 100% y se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38 ahora redactados.
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*PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TESTIGOS. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Forman parte del Derecho interno español al haber sido ratificados por España, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.
En definitiva, se trata de hacer efectivos dos mandatos constitucionales, el principio de igualdad material y la prohibición de discriminación, con el objetivo de que la discapacidad no pueda impedir u obstaculizar la plena titularidad y el ejercicio efectivo y real de los derechos fundamentales.
Sanidad: Se modifican diversos Reales Decretos con objeto de regular el derecho a la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como el apoyo a la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.
Transportes. Se amplía la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, al incluirse planes de accesibilidad en las grandes instalaciones de transporte. Internet. Se realiza la adaptación de los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las Administraciones públicas o con financiación pública, restringiendo las excepciones aplicables.
Testigos en escrituras. El RD modifica el artículo 182.1 del Reglamento Notarial:
Antes: 1.º Las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos.
Ahora: 1.º Las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato a que el instrumento público se refiere.
Se entronca esta reforma, según la Exposición de Motivos en los artículos 2 (dedicado a definiciones) y 12 de la Convención. En concreto, dice el art. 12.2 Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
Entrada en vigor: el 18 de septiembre de 2011. No obstante, los planes de accesibilidad en transporte entrarán en vigor en un plazo máximo de ocho años.
Ver artículo de Inmaculada Espiñeira.
Ver Acuerdo del Consejo de Ministros.
Ver resumen de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. PDF (BOE-A-2011-14812 - 8 págs. - 195 KB) Otros formatos
EMPLEO. Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
PDF (BOE-A-2011-14910 - 8 págs. - 195 KB) Otros formatos
PODER JUDICIAL. Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Esta pequeña reforma afecta a los casos en que procede la excedencia voluntaria y la situación de servicios especiales para jueces y magistrados.
Entrada en vigor: El 24 de septiembre de 2011. PDF (BOE-A-2011-15037 - 2 págs. - 149 KB) Otros formatos
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Entró en vigor el 23 de septiembre de 2011.
PDF (BOE-A-2011-15039 - 27 págs. - 401 KB) Otros formatos
***CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
La presente reforma, que afecta a un solo artículo, el 135, vincula a todas las Administraciones Públicas en su consecución, refuerza el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, busca garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Lástima que no haya sido refrendado por referéndum.
Ley Orgánica. Según la Disposición adicional única, la Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012. Dicha Ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Entrada en vigor: hoy, 27 de septiembre de 2011, es decir, la misma fecha de su sanción y publicación en el BOE. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 entrarán en vigor a partir de 2020.
Ver archivo con la Constitución ya actualizado pero conservando el texto anterior.
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES. Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
Las elecciones convocadas se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y su normativa de desarrollo.
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IDENTIFICACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES: NIPO. Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales.
El NIPO es el código numérico de identificación de las publicaciones oficiales.
La presente Orden tiene por objeto regular la solicitud, asignación y reflejo en las publicaciones de la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella del NIPO, que las ha de identificar a efectos de gestión, de control y de información.
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DEPÓSITOS PARA RECURRIR. Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, ha introducido un nuevo requisito procedimental en la legislación procesal: el
depósito previo a la interposición de recursos frente a las resoluciones judiciales. Persigue el que no se prolongue indebidamente el tiempo de resolución del proceso judicial en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el mismo.
Entró en vigor el 30 de septiembre de 2011.
PDF (BOE-A-2011-15280 - 2 págs. - 149 KB) Otros formatos
PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la
PDF (BOE-A-2011-15363 - 210 págs. - 3118 KB) Otros formatos
EXTREMADURA. Recurso de inconstitucionalidad nº 4308-2011, en relación con los apartados cuatro, cinco, siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del artículo único de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Afecta a temas como la participación ciudadana, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable, nuevos desarrollos urbanísticos o planeamiento en pequeños municipios. PDF (BOE-A-2011-15161 - 1 pág. - 133 KB) Otros formatos
VALLE DE ARÁN. Recurso de inconstitucionalidad nº 4460-2011, en relación con los arts. 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán.
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DERECHO CIVIL DE GALICIA. Cuestión de inconstitucionalidad nº 1826-2011, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley gallega 10/2007, de 28 de junio, por posible vulneración del art. 149.1 8º de la Constitución.
Esta es la redacción cuestionada:
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CONCURSO ADSCRITOS. Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, para proveer plazas de Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Se resuelve la provisión de las cinco plazas vacantes de Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado, de las cuales tres corresponden al Cuerpo de notarios y dos al Cuerpo de registradores.
Las personas designadas son las siguientes:
Ignacio Paz-Ares Rodríguez,
Luis Rueda Esteban e
Higinio Pí Guirado.
Fernando De la Puente Alfaro y
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CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario nº 282 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2011, y se dispone su comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Se adjudican 28 plazas.
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CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por la Resolución de 27 de mayo de 2011.
Se adjudican 5 plazas.
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El notario de Almería, don Francisco Balcazar Linares.
Don Ángel Lacal Fluja, registrador de la propiedad de Sant Feliu de Guixols.
Don Enrique Solá Palerm, registrador de la propiedad de Moncada nº 1.
El notario de Vigo, don César Cunqueiro González-Seco.
La jubilación voluntaria del registrador de la propiedad, don Antonio Amat Larraz.
El notario de Albacete, don Antonio Perales Ramírez. La jubilación voluntaria del notario de Valladolid, don José Luis de Prada Pérez-Moneo.
No se han publicado en el Boe de este mes. 3.- RESOLUCIONES DE LA DGRN
177. SUSTITUCIÓN FIDEICOSARIA CONDICIONAL O PURA. EFECTOS DE LA RENUNCIA DE FIDEICOMISARIOS. Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Oviedo nº 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura de protocolización de operaciones particionales de bienes sujetos a sustitución fideicomisaria. Hechos: En un testamento se establece una sustitución fideicomisaria con prohibición de vender y gravar los bienes a la fiduciaria, de forma que a su fallecimiento pasarían los bienes a sus hijos, o, en defecto de ellos, a sus tres hermanos o descendientes de ellos.
renuncia preventiva a una expectativa de derecho, y que es condicional pues solo surte efecto si el renunciante llega a ser llamado efectivamente a ese derecho de fideicomiso. Por otro lado, si no llegara a adquirir ese derecho (por fallecer antes que la fiduciaria), esa renuncia no afecta a los descendientes del renunciante llamados al fideicomiso, pues éstos serán fideicomisarios por derecho propio, al adquirir ese derecho en el momento de fallecimiento de la fiduciaria.
178. RECTIFICACION DEL ESTADO CIVIL Y CARÁCTER DEL BIEN MEDIANTE CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL. Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Elche nº 1 a la rectificación de una inscripción. Una finca está inscrita a favor de la compradora,
sin prejuzgar su carácter privativo o ganancial, mediante escritura en la que declaró estar casada con una persona, que la asistió para el citado otorgamiento, con objeto de ratificar el carácter privativo del precio. Ahora se presenta como documento complementario de la herencia de la titular, escritura en la que sus herederos declaran que en el momento de la adquisición la compradora estaba casada con otra persona, distinta de quien asistió a la titular registral (el padre de las comparecientes, ya fallecido), de quien estaba separada de hecho. Acreditan tales afirmaciones con certificaciones literales del Registro Civil, de nacimiento y matrimonio de su madre, acompañando también certificado de defunción del que en el Registro consta como marido de su madre.
*179. EJECUCIÓN HIPOTECARIA: PRECISA DEMANDA AL HIPOTECANTE NO DEUDOR. Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sabadell nº 4, a la inscripción de un auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Se presenta un auto recaído en una ejecución hipotecaria en el que la hipotecante no deudora no ha sido demandada ni requerida de pago, si bien fue posteriormente notificada.
La Dirección confirma el criterio del Registrador en el sentido de que
no es suficiente la mera notificación al titular registral y, en consecuencia, como ni de los documentos presentados ni del informe del Juzgado se infiere que haya tenido parte alguna, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra él, como exigen los arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales, no se puede inscribir el auto calificado. Aplica al caso la STS 3/12/2004 que, aunque se refería a la regulación anterior a la actualmente aplicable, ha sostenido que
la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el art. 685 LEC exige que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor, y, en su caso, frente al hipotecante no deudor.
Asimismo, el art. 686 obliga a hacer el requerimiento de pago a las mismas personas, si no se hubiera hecho extrajudicialmente. Este criterio es aplicable con mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados tal y como se regula después de LEC de 2001, ya que, en la legislación anterior sólo se exigía el requerimiento de pago al tercer poseedor (art. 131.3. ª tercero LH antes de su reforma por Ley 1/2000), mientras que en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor (art. 685, 1. LH),
imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (art. 132 LH, en su redacción vigente). (MN)
180. AYUNTAMIENTO PUEDE EMBARGAR BIENES DE OTRO TÉRMINO MUNICIPAL. Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Torrent nº 2, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de embargo por encontrarse la finca registral embargada en término municipal distinto del propio del Ayuntamiento embargante. Se presenta mandamiento de los servicios de recaudación de un Ayuntamiento por el que se solicita anotación preventiva de embargo sobre finca radicante en otro término municipal.
El registrador la deniega por ser necesario que las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local sean practicadas por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma o del Estado, según los casos. La Dirección revoca la nota, ya que, si bien era la doctrina propia del centro la mantenida por el Registrador, la propia Dirección General la ha matizado (RR 25/5 y 2/6 de 2.011) en el sentido de que hay que distinguir entre actuaciones estrictamente ejecutivas, especialmente la realización forzosa del bien, donde seguirá en vigor la doctrina señalada y
las meramente declarativas, en las que se incluirá la providencia de apremio, diligencia de embargo y mandamiento de anotación preventiva, donde por razones de eficacia y economía debe reconocerse competencia al órgano de recaudación municipal, incluso respecto de bienes inmuebles sitos fuera de su término municipal. En definitiva las Entidades Locales
tienen plena competencia para dictar el acto administrativo mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible a su favor, cuando sea cierta su cuantía y la persona del obligado, y también para su recaudación en período voluntario o ejecutivo, dictando a tal efecto la correspondiente providencia de apremio, diligencia de embargo y medidas cautelares como es el mandamiento de anotación del embargo. En cambio, carece de tal competencia para realizar actuaciones de realización forzosa sobre bienes inmuebles situados fuera de su término municipal, que deberá llevarse a cabo por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la Corporación. (MN)
Hechos: Se presentan en el Registro testimonio de sentencia firme declarando la nulidad de ciertas inscripciones de donación y compraventa y mandamiento ordenando la cancelación correspondiente. La registradora practica las cancelaciones de algunas de ellas, denegando la cancelación de dos, por hallarse inscritas a nombre de persona distinta del demandado, ya que tal demandado había vendido las fincas a
tercera persona que no había tomado parte en el procedimiento.
El recurrente alegó que la transmisión fue posterior a la sentencia y que, de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley Hipotecaria, la nulidad no se puede convalidar jamás.
La DGRN desestima el recurso basándose en el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento (artículo 24 de la Constitución). El principio registral de tracto sucesivo -trasunto de la proscripción de la indefensión-, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. El principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el
titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico,
haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento por lo que el registrador ha de calificar el hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento. Si no es así, estaríamos ante una inadecuación entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, lo cual es calificable conforme al artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
El Centro Directivo responde seguidamente a la alegación hecha por el recurrente del
artículo 33 de la Ley Hipotecaria: la inscripción no convalida los actos nulos, pero debe tenerse en cuenta la diferencia de objeto a que se refieren los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria. Hay que dejar sentado en primer lugar que este último artículo no es una excepción del 33, como se recogía en la Ley Hipotecaria de 1909, y en la primera Ley Hipotecaria de 1861 y que fue modificado en la reforma de 1944-46, donde ambos artículos 33 y 34 quedaron deslindados. El artículo 33, al expresar que la inscripción no convalida los actos nulos refleja que
nuestro sistema registral no es de fuerza convalidante. Como se ha dicho, la inscripción no tiene la virtud taumatúrgica de hacer válido lo que es nulo.
Pero tal nulidad no puede afectar al adquirente de un derecho durante la vigencia del asiento ahora declarado nulo, pues se trata de un tercero protegido por el artículo 34 que, de conformidad con lo que establece dicho artículo, no puede ser afectado por la nulidad del título de su otorgante cuando la causa de tal nulidad no resulta del propio Registro. Y ello es así porque, como ha dicho la doctrina más autorizada, la inscripción no convalida lo nulo trocándolo en válido, pero mientras esté vigente tal asiento, surte sus propios efectos, y entre ellos, el de servir de base para la adquisición del derecho por el tercero.
El registrador deniega la cancelación de la anotación letra D por tratarse de la
ampliación de una anotación anterior a la ejecutada y de la letra E por ser prórroga de la misma anotación anterior.
Pero, para que sea propiamente ampliación, con la prioridad de la anotación inicial, es necesario que la misma se restrinja, además de a los intereses y a las costas, a un principal que pudiera hacerse valer en el mismo procedimiento (v.gr., a vencimientos posteriores de la misma obligación). Considera que esta doctrina, propia de embargos judiciales, es
En el supuesto de hecho objeto del recurso, la ampliación del embargo se hizo constar con anterioridad a la inscripción de la finca a favor del adjudicatario. De los asientos del Registro
no resulta que se trate de deudas fiscales diversas, sino de aumento de lo reclamado por principal, intereses, recargos y costas, derivados del mismo procedimiento. De ello deduce que estamos ante una ampliación de la ejecución que se está haciendo valer en el mismo procedimiento y no reclamación de nuevos importes derivados de obligaciones distintas de la que motivó el procedimiento de ejecución.
Notas: el artículo 613.4 LEC no indica de modo expreso qué asiento haya de practicarse ni que se pueda extender también a un aumento del principal. Dice: El ejecutante podrá pedir que se mande hacer constar en la anotación preventiva de embargo el aumento de la cantidad prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de costas de ésta, acreditando que unos y otras han superado la cantidad que, por tales conceptos, constara en la anotación anterior.. Se suele practicar una nueva anotación, aunque lo principal en estos casos, a efectos de prioridad, es la práctica de una nota marginal en la que se aluda a este artículo 613.4, para que deban de ser respetados los nuevos importes incluso por el adjudicatario de una ejecución intermedia. Si se practica anotación preventiva, estimo que, a efectos de
caducidad, cada una tiene su fecha, de tal modo que la anotación de ampliación no puede ser considerada como prórroga de la anotación inicial. En consecuencia, si se presenta la adjudicación estando vigente la anotación inicial, la prioridad será la de la misma. Pero, si ya sólo está vigente la anotación de ampliación, la prioridad será la de esta segunda fecha. Otro problema difícil es el de saber si el
principal ampliado también se puede hacer valer por su propia naturaleza en el mismo procedimiento, máxime cuando el artículo 613.4 no se refiere expresamente a él. Sí que lo permite el artículo 578.3 LEC, no citado en la Resolución, a solicitud del actor. Lo que no parece razonable que se pudiera incluir son créditos acumulados de distinta procedencia, aunque coincidan acreedor y deudor. Al respecto, previamente a la práctica de la anotación, el registrador deberá de calificar si realmente las nuevas cantidades han de tener esa prioridad y muchas veces no cuenta con mimbres suficientes para hacerlo.
puede hacerse constar la ampliación aunque la finca se halle inscrita a nombre de otra persona o se hayan anotado posteriormente otros derechos o gravámenes, es cuestionado por buena parte de la doctrina, aunque hay que reconocer que los argumentos dados por el Centro Directivo son sólidos. (JFME)
trabajo de Joaquín Delgado y otras resoluciones.
*186. PORTUGUÉS CASADO OTORGA ESCRITURA DE HIPOTECA TRAS COMPRA SIN CONSENTIMIENTO DE LA ESPOSA. Resolución de 15 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Sant Vicenç dels Horts nº 2 a inscribir una escritura de préstamo hipotecario. Se otorgan dos escrituras simultáneas de compra e hipoteca. El comprador (de una mitad) es un portugués, casado conforme al régimen legal de su país.
El notario recurrente alega que es innecesario acreditar dichos extremos por cuanto según la doctrina de la DGRN del negocio complejo no estamos ante un acto de disposición, sino que el bien ha entrado en el patrimonio del comprador gravado, ya que la compra y la hipoteca son simultáneas y el negocio es unitario. La DGRN desestima el recurso y exige, como la registradora, que se acredite el derecho portugués aplicable y su vigencia, ya que entiende que estamos ante un acto de disposición (la hipoteca) y por ello será necesario conocer las normas que regulan el régimen económico matrimonial legal portugués en orden a este tipo de actos, y saber si es necesario o no el consentimiento del cónyuge. Por otro lado, rechaza la aplicación de la teoría del negocio complejo al presente caso, pues considera que para aplicar dicha teoría habría que acudir a lo dispuesto en el derecho portugués, por ser el régimen aplicable a las relaciones matrimoniales del adquirente, que necesita ser probado.
Desde el punto de vista de la finalidad de las normas tampoco se justifica la exigencia de la DGRN, pues ningún perjuicio ha de recibir el otro cónyuge, cualquiera que sea el régimen aplicable, ya que en el peor de los casos el patrimonio matrimonial se incrementará, aunque con un gravamen, a diferencia de los casos en que se justificaría su consentimiento por el posible perjuicio que le causarían actos de disposición o gravamen. Incluso dejando de lado las anteriores razones, y acudiendo a la práctica, es bastante notorio también entre juristas, o al menos fácilmente averiguable con los medios de que hoy día disponemos, que el régimen económico matrimonial legal supletorio portugués en la generalidad de los casos es el de comunidad de adquisiciones, con un régimen legal similar al de gananciales español sin entrar en detalles- por lo que la posición de la DGRN parece por tanto excesivamente formalista, poco práctica y posiblemente cara para el comprador portugués, a menos que su esposa ratifique la hipoteca.
R. 22 de mayo de 2006 y
R. 7 de julio de 1998. (AFS)
registrador suspende la inscripción porque debe constar la conformidad al respecto de la comunidad de vecinos de la primera fase.
Dirección confirma el defecto de conformidad con la regla de acuerdo unánime para la modificación del título constitutivo:
una vez inscrita la constitución de una supracomunidad y sus estatutos, la modificación de éstos requerirá el consentimiento unánime de su Junta de Propietarios. Hay que diferenciar la supracomunidad compuesta por las fases I y II  creada por declaración expresa de los estatutos inscritos en la finca registral 19678- de la propiedad horizontal constituida sobre dicha finca e integrada por la fase II, de modo que nada impide a los propietarios de la fase II crear una comunidad de propietarios con los estatutos correspondientes que afecten exclusivamente a dicha fase, pero sin que ello implique la alteración de los estatutos de la supracomunidad sin consentimiento de los demás. (MN)
188. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO POR ERROR EN EL TITULO: UNA ACTA DE MANIFESTACIONES NO ES SUFIENTE.
Se pretende la inmatriculación de una finca colindante con monte demanial de titularidad municipal. La registradora solicita
informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, habiéndose emitido el mismo y siendo desfavorable a la inmatriculación solicitada. En dicho informe se hace constar que «...dicha parcela afecta al Monte Público «Atochares» propiedad de ese Ayuntamiento y actualmente sin deslindar. Según el artículo 12.1.a de dicha Ley, el citado monte tiene la consideración de dominio público forestal. Para acceder a la petición deberán solicitar el deslinde parcial de dicho monte en el área afectada por la parcela, según lo establecido en los artículos 60 al 64 del Decreto
208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía».
La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación registral, diciendo que El citado artículo 22 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes trata de impedir el acceso al Registro de la Propiedad y evitar que se le atribuyan los efectos derivados de la inscripción a inmatriculaciones o excesos de cabida que puedan invadir el demanio público, configurando el informe del titular del monte o de la Comunidad Autónoma, cuando el monte es catalogado, como un trámite esencial del procedimiento, siendo vinculante el resultado de dicho trámite
procedimental.
Y que debe confirmarse la calificación recurrida si se tienen en cuenta los siguientes aspectos: a) la finalidad de protección del patrimonio forestal público frente a posibles inmisiones en procesos de inmatriculación de fincas o inscripción de excesos de cabida de fincas colindantes con montes públicos; b) la función de control y colaboración atribuida al registrador en estos procesos; c) que en la Comunidad Autónoma andaluza todos los montes de titularidad pública deben ser incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía; d) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de montes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución (cfr. artículo 57 n.º 1. a de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y Resolución de
20 de abril de 2007); y e) que la competencia para la expedición de informes en montes catalogados corresponde a la Comunidad Autónoma.
Se pretende la inscripción de un exceso de cabida mediante la oportuna
certificación catastral descriptiva y gráfica de una finca urbana que según el Registro tiene 117,83 metros cuadrados y según el Catastro tiene 175 metros cuadrados. El registrador suspende la inscripción por cuanto la superficie catastral de una de las fincas colindantes con la finca sobre la que se pretende inscribir el exceso de cabida es inferior a la que, respecto de esa misma finca, figura en el Registro en una proporción similar al exceso de cabida declarado, por lo que entiende que existen dudas fundadas acerca de que el exceso de cabida cuya inscripción se suspende sea en realidad parte de la superficie de la citada finca colindante.
Y que para la registración de exceso de cabida es preciso que
no existan dudas sobre la identidad de la finca (cfr. artículo 298 inciso último del Reglamento Hipotecario).
Y confirma la calificación negativa, desestimando el recurso diciendo que Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, como son: la
amplia proporción del exceso cuya constatación registral se pretende en relación con la cabida inscrita (que excede del cuarenta y ocho por ciento de la misma) y la simultánea discordancia entre la superficie registral y catastral
de una de las fincas colindantes, según se confirma por el resultado de la consulta telemática de la Oficina Virtual de Catastro, de donde se deduce que la mayor superficie cuya inscripción se pretende inscribir puede pertenecer a la finca 9227, según se infiere igualmente del escrito del recurso al aludir al posible perjuicio de dicho colindante y de su no oposición a la inscripción del exceso de cabida; resultan totalmente justificadas las dudas que alberga el registrador (cfr. apartado 5 del artículo 298.3 del Reglamento Hipotecario), de donde se colige la necesaria suspensión del título calificado. (JDR)
Se presenta una escritura de liquidación de gananciales, otorgada con posterioridad a la sentencia de divorcio, con el consentimiento de ambos cónyuges. La registradora exige que se le presente el Convenio Regulador, por si hubiera algún pacto relativo al uso de la vivienda.
Resuelve la DGRN, estimando el recurso de la notaria recurrente, en el sentido de que no es necesario aportar el Convenio (que a veces no existe) ya que el hipotético derecho de uso atribuido a un cónyuge en el Convenio Regulador es un derecho familiar, no patrimonial, que se impone a lo pactado en la escritura, y que, además, el cónyuge titular puede renunciar a ese derecho de uso. Por otro lado recuerda también que ese derecho de uso podrá hacerse constar en cualquier momento en el Registro a instancias del cónyuge titular. (AFS)
2.- Calificación registral de documentos judiciales.- Recoge la doctrina de la Resolución de
10 de enero 2011, según la cual aunque los registradores de la propiedad deben cumplir las resoluciones judiciales no pueden, contra el principio de tracto sucesivo, trasunto de la proscripción de la indefensión, dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión procesal patente.
[En adelante, téngase presente que con la nueva
Ley Concursal de 2003, ha desaparecido el derecho de ejecución separada por créditos laborales (art. 52 LCo, 32.5 ET y 246.3 LPL)].
4.- Descripción deficiente-. Se confirma el defecto porque conforme a la Resolución
30 de setiembre 2005 todo documento inscribible debe describir la finca ya que la determinación del objeto de la inscripción no sólo afecta a sus titulares sino al estatuto jurídico de la propiedad inmueble.
6.- Firmeza a efectos registrales.- La resolución no se pronuncia sobre la misma por no haber sido puesta de manifiesto como defecto. Ahora cabe recordar las resoluciones DGRN 9
abril 2007 y 27
septiembre 2010. (CBG)
198. EMBARGO DE FINCA PRIVATIVA QUE CONSTITUYE VIVIENDA FAMILIAR CONTRA CIUDADANO MARROQUÍ CON NOTIFICACIÓN A LA ESPOSA. Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de San Martín de Valdeiglesias a la práctica de una anotación preventiva de embargo. Supuesto: Se presenta un mandamiento de embargo de una finca inscrita en favor de un marroquí casado en separación de bienes y que constituye la vivienda familiar, notificándose el embargo a la esposa.
La DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación. Reitera en parte la
R. 21 de enero de 2011, según la cual
si el derecho material extranjero establece un régimen de comunidad
(no un régimen de separación de bienes), se aplica la norma procesal española del art.144-1 RH que solo exige notificar al cónyuge. Pero insiste en la prueba del derecho extranjero (R. 7 de Julio de 2011) considerando que en caso de duda sobre el régimen matrimonial, el único modo de evitar la indefensión del cónyuge no deudor consiste en dirigir la demanda contra ambos cónyuges.
Ahora bien, dado que en el presente caso se trata de un bien privativo que constituye la vivienda familiar,
será de aplicación la regla especial del art. 144.5 RH, consistente en que si el régimen del matrimonio exige el consentimiento del cónyuge del embargado, basta con notificarle el embargo (JCC)
La DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación. 1) Para ello se remite en primer lugar a la Resolución de
9 de marzo de 2000, que aun estudiando un supuesto al que resultaba aplicable el artículo 144.5 RH, en su redacción anterior a la reforma operada por el RD 1867/1998 realizó una interpretación auténtica del mismo, en línea con la redacción actual. Dicha resolución consideró que solo cuando de los libros registrales resulte que el bien embargado es la vivienda habitual del deudor deberá el Registrador suspender el asiento en tanto se le acredite debidamente que de los autos resulta de modo indubitado lo contrario, o que se ha practicado la notificación del embargo, que no de la demanda, al cónyuge del deudor.
3) Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría en la Resolución de
13 de Julio de 1998, en donde se dudaba sobre si las restricciones a la enajenación de la vivienda familiar jugaban o no en las enajenaciones forzosas, en la presente resolución directamente se niega: En cualquier caso, si el registrador rechazase la anotación, el embargo está ya decretado y dará paso al apremio del bien trabado, y una vez consumado éste, no podría rechazarse la inscripción a favor del adjudicatario so pretexto de la omisión de la notificación al cónyuge del ejecutado si del Registro no resultare ese carácter de vivienda habitual. Esta conclusión se deriva de lo dispuesto en el artículo 1320 del Código Civil, que no exige manifestación específica al respecto como tampoco lo hace el artículo 91.1 del Reglamento Hipotecario que impone ese deber sólo al disponente, figura ésta que, por definición, no se da en el supuesto de ejecución forzosa de carácter judicial....
4) Además, en el caso que nos ocupa, al deudor le pertenece no toda la vivienda sino sólo una tercera parte indivisa que fue adquirida por herencia y es doctrina de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de
10 de noviembre de 1987 y
27 de junio de 1994) que debe excluirse la posibilidad de que la cuota de un partícipe atribuya el derecho al uso total y exclusivo de la vivienda porque impediría a los otros utilizarla conforme a su destino. Además el carácter de vivienda habitual y familiar -que es lo que la Ley y en concreto el artículo 1320 del Código Civil trata de proteger- no puede predicarse de la que ocupan simultáneamente las familias de los tres partícipes porque por su propia esencia ese uso no puede realizarse por cada una de ellas sobre la vivienda en su totalidad, con menor motivo podrá exigirse para un embargo la notificación al cónyuge del titular de una tercera parte indivisa que ni siquiera lo es en comunidad con su consorte. (JCC)
*201. EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DOMICILIO DISTINTO DEL QUE CONSTA EN EL REGISTRO. REQUERIMIENTO DE PAGO: NO ES NECESARIO AL TERCER POSEEDOR NO SUBROGADO EN LA OBLIGACIÓN PERSONAL. NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO POR EL REGISTRADOR. CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE NOTIFICACION.
Resolución de 23 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Benalmádena nº 2, por la que se suspende el despacho de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dictados en procedimiento de ejecución hipotecaria. Supuesto: Se presenta en el Registro testimonio de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
El registrador suspende la inscripción y cancelación pretendidas señalando dos defectos: a) que la denominación y domicilio social de la entidad demandada no coinciden plenamente con las de la deudora hipotecante según Registro, debiendo acreditarse el cambio; b) que no resulta que la actual titular de la finca hipotecada haya sido requerida de pago y notificada de la existencia del procedimiento.
El recurrente alega, en cuanto al primer defecto, que los cambios fueron acreditados en el Juzgado; y en cuanto al segundo, que no es necesario el requerimiento de pago porque su derecho fue inscrito con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, que la notificación debió verificarla el propio registrador y que, conforme al
art. 660 LEC, la ausencia de notificaciones no constituye defecto que impida el despacho de los documentos presentados.
La DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación: 1) En cuanto al primer defecto, reitera la doctrina sobre la competencia del registrador para calificar, al amparo del art. 100 RH, la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensión del mismo; pero, sentada esta premisa, del análisis del caso considera que no existe diferencia material relevante entre los datos del procedimiento y los resultantes del Registro, por lo que carece de virtualidad el defecto.
a) Del estudio sistemático de los artículos 118, 126, 127 y 132 LH, y 685, 686, 687 y 689 LEC resulta que el tercer poseedor con inscripción de su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas -cuya demanda y requerimiento debe calificar el Registrador es el tercer poseedor que se hubiese subrogado en las responsabilidades derivadas de la hipoteca y en la obligación personal con ella garantizada con consentimiento expreso o tácito del acreedor- o, cuando menos, el tercer poseedor que hubiese acreditado al acreedor la adquisición del bien. En el presente caso, no se da ninguna de las dos situaciones, por lo que no es necesario el requerimiento de pago, bastando la notificación para que pueda, si le conviniere, intervenir en la ejecución o satisfacer antes del remate el crédito.
D*203. LA DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD COMO TÍTULO INMATRICULADOR CON APORTACIÓN PREVIA A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES. Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Tías, por la que suspende la inmatriculación de fincas pretendida mediante una escritura de segregación y disolución de condominio. En el presente caso se plantea si cabe la inmatriculación de
una escritura de segregación y disolución de condominio con adjudicación de las fincas resultantes a los distintos partícipes de la comunidad existente sobre la finca matriz. Se considera como título previo, a los efectos de lo preceptuado en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, una
escritura de aportación de las cuotas que los miembros de la comunidad tenían sobre la totalidad de la finca matriz con carácter privativo a sus respectivas sociedades de gananciales.
Al respecto, señala: * Un sector doctrinal defiende el carácter meramente especificativo de derechos de la disolución de comunidad y afirma que la característica esencial del título público de adquisición es contener un acto de adquisición derivativa, por lo que, por no implicar un título de transferencia inmobiliaria, la división de la cosa común no es título público inmatriculable. * Otro sector doctrinal, defiende el carácter traslativo de la disolución. * Y un tercer sector, sin embargo, considera que el negocio jurídico causante de la inmatriculación puede ser un título atributivo o determinativo, excluyéndose solamente los títulos meramente declarativos o los que recojan una mera modificación física de la finca, como declaraciones de obra nueva, división horizontal sin disolución de comunidad, división material, agrupación o segregación. Continúa repasando la Doctrina de la Dirección General y señala que:
En su Resolución de 14 de diciembre de 2000 (realmente de
4 de diciembre de 2000) negó a la disolución de comunidad el carácter de título inmatriculable por no acreditar fehacientemente el título de adquisición invocado por los comuneros. Por su parte, la de 26 de abril de 2003 trató sólo indirectamente el problema planteado, pues el Registrador había considerado suficiente para inmatricular la doble titulación de disolución de comunidad y compraventa, por lo que el Centro Directivo no entró en el problema.
La Resolución de 18 de diciembre de 2003 abordó el supuesto de una disolución de comunidad complementada por acta de notoriedad que acredita que es tenido por dueño el que lo es por la disolución, concluyendo que lo que hay que declarar como notoria es la titularidad de los comuneros, admitiendo con ello que dichos comuneros son los transferentes.
Desde el punto de vista de la capacidad, cuando existen menores o incapacitados implicados en la disolución de comunidad, la Dirección General de los Registros y del Notariado exigió la autorización judicial, propia de los actos de disposición de bienes inmuebles, en aquellos casos en que habiendo varias cosas en comunidad, se rompe la regla del artículo 1061 del Código Civil. Pero no se consideran sujetos a autorización los actos de adjudicación de la única finca común, aunque se compense en efectivo al menor (cfr. Resolución de
2 de enero de 2004), ni tampoco cuando, siendo varias cosas, se forman lotes iguales (cfr. Resoluciones de 6 de abril de 1962 y
28 de junio de 2007).
Entre dichos medios se incluye el negocio de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características. En todo caso, han de quedar debidamente expresados en el título inscribible los elementos constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su causa, que no puede presumirse a efectos registrales (vid. arts. 1.261-3.º y 1.274 y siguientes del Código Civil).
Respecto de la virtualidad inmatriculadora de la aportación a la sociedad de gananciales, comporta un verdadero desplazamiento patrimonial de un bien privativo de uno de los cónyuges a la masa ganancial (constituida por un patrimonio separado colectivo, distinto de los patrimonios personales de los cónyuges, afecto a la satisfacción de necesidades distintas y con un régimen jurídico diverso). Dicho transvase patrimonial tiene indudables consecuencias jurídicas, tanto en su aspecto formal como en el material, en la medida en que implica una mutación sustancial de la situación jurídica preexistente, con modificación de los poderes de gestión y disposición que sobre el bien ostentaba previamente el aportante. Se trata de un negocio de tráfico jurídico que tiene innegable trascendencia respecto del régimen jurídico aplicable en relación con el bien aportado, especialmente en lo atinente a la capacidad para administrar y disponer del mismo. Recuerda que la inmatriculación no puede llevarse a cabo cuando los títulos aportados podían considerarse como ficticios. Se ha de negar la inmatriculación del negocio de aportación (cfr., por todas ellas, la de
21 de mayo de 2007) si se buscaba crear una documentación artificial con objeto de conseguir la inmatriculación.
Pero la Dirección General no entiende que esto haya acontecido en el caso planteado ya que para saber si se ha creado una documentación artificial debe reconstruirse el «iter» inmatriculador del caso y resulta una aportación realizada por los copropietarios con carácter privativo de la finca matriz que a su vez refieren que adquirieron por herencia de su madre a sus respectivas sociedades de gananciales y una posterior segregación de dicha finca matriz y disolución de comunidad respecto de todas las fincas resultantes, de modo que se adjudican cada una por completo a los distintos partícipes. De todo ello se concluye que no existe una sola transmisión, sino más bien un complejo «iter» adquisitivo. Además, entre el otorgamiento de las escrituras de aportación y disolución median más de siete meses, por lo que (como declaró la Resolución de
8 de junio de 2009 para un supuesto análogo), no existe indicio suficiente para pensar que hayan sido preparadas al único efecto de conseguir la inmatriculación.
Hechos: Se trata de una escritura de préstamo hipotecario en cuyo otorgamiento el banco prestamista está representado por dos apoderados. El notario expresa que se le exhibe copia de dicha escritura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con sus respectivos datos registrales, y que «de ella resulta que se está facultado, mancomunadamente con otro apoderado de esta entidad, para conceder y tomar préstamos y cuentas de crédito, recibiendo las garantías necesarias reales o hipotecarias» Seguidamente, aparece este juicio de suficiencia: Yo, el Notario, doy fe de que a mi juicio las facultades representativas acreditadas, son suficientes para el otorgamiento del negocio jurídico contenido en esta escritura. 
La DGRN realiza una extensa explicación de cómo ha ido evolucionando la normativa y su interpretación respecto al ámbito de actuación de notarios y registradores respecto a la
legitimación para obrar en nombre ajeno.
. En el presente caso, el notario autorizante del título calificado ha reseñado debidamente el documento del que nace dicha representación, es decir la escritura pública de apoderamiento. Y si bien es cierto que al emitir el juicio de suficiencia de las facultades representativas no especifica el negocio jurídico concreto formalizado en la escritura (la fórmula utilizada es «... para el otorgamiento del negocio jurídico contenido en esta escritura...»), ello no impide al registrador que pueda calificar la congruencia entre dicho juicio y el contenido del título, pues el juicio de suficiencia formulado hay que ponerlo en relación, por un lado, con el contenido de dicho negocio y, por otro, con la referencia que se hace al contenido del documento del que surge la representación, referencia en la que se contiene precisamente, en contra de lo que se afirma en la nota de calificación, una correcta identificación de las facultades ejercitadas por los apoderados mancomunados. Incluye a este respecto las de «conceder y tomar préstamos y cuentas de crédito, recibiendo las garantías necesarias reales o hipotecarias», sin que el registrador haya cuestionado la congruencia entre estas facultades atribuidas a los apoderados y el concreto negocio de préstamo hipotecario formulado.
Por tanto, la omisión de la referencia al concreto negocio jurídico documentado en la formulación del juicio de suficiencia queda con creces suplida con la identificación somera pero suficiente de las concretas facultades representativas ejercitadas cuando estas resultan ser congruentes con el contenido del título, como ya declaró este Centro Directivo en su resolución de 30 de septiembre de 2002. En definitiva, el juicio de suficiencia de la representación acreditada queda suficientemente concretado, permitiendo la calificación del registral de su congruencia.
205. CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE CIUDADANOS RUSOS Y HERENCIA. PRUEBA DE DERECHO EXTRANJERO. Resolución de 28 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Rosas nº 2 a inscribir una escritura de manifestación de herencia.
Hechos. En escritura pública se formaliza la liquidación de una sociedad conyugal integrada por dos cónyuges de nacionalidad rusa y domiciliados en Rusia, previamente disuelta por fallecimiento del esposo, así como la aceptación y adjudicación de los bienes hereditarios dejados por el causante a favor de la viuda. A la escritura se incorporaron, entre otros documentos, un denominado «certificado de derecho a la herencia por ley», expedido por un notario ruso, en el que se certifica que «según lo establecido en el artículo 1142 del Código Civil de la Federación Rusa, la heredera de los bienes de don S. A. T., fallecido el 10 de abril del año 2010, sean en lo que consistieren y donde quiera que se encuentren, es su esposa doña I. A. T.». No se acompaña certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, ni ruso ni español.
La registradora suspende la inscripción porque entiende que es preciso probar y acreditar el
contenido del Derecho extranjero respecto de los siguientes extremos: a) que el derecho aplicable a la sucesión de los bienes inmuebles del causante radicados en España es la legislación rusa; b) que el certificado aportado constituye título sucesorio conforme a la ley aplicable; y c) la naturaleza y régimen, conforme a la ley aplicable, de los derechos legitimarios que pudieran existir. El notario autorizante solicitó calificación sustitutoria, en la cual, el registrador, revocó el primer defecto (pero sometiendo la revocación a determinadas condiciones), confirmó los otros dos e introdujo nuevos defectos.
El notario recurrente opone a ello que del certificado notarial incorporado a la escritura resulta claro que el derecho aplicable a la sucesión de los bienes inmuebles del causante radicados en España (o en cualquier otro lugar) es la legislación rusa; que de lo anterior resulta que el certificado notarial incorporado a la escritura constituye, junto al certificado de defunción también incorporado,
título sucesorio; y que en cuanto a la naturaleza y régimen de eventuales derechos legitimarios, el repetido certificado no contiene reserva alguna al respecto.
La DGRN, como cuestión procedimental previa, trata de la calificación sustitutoria, la cual considera que debe de estar
ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido, por lo que no es posible añadir nuevos defectos. Al condicionar el registrador sustituto la revocación del primer defecto y no cumplirse la condición, el Centro Directivo resuelve que sigue vigente por lo que entra a examinarlo también. 4. En cuanto a la cuestión de fondo planteada, parte de la regla de que la aplicación a un supuesto concreto de una determinada legislación extranjera queda sometida necesariamente a su
acreditación ante el registrador ya que, como en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba, también lo ha de ser en el notarial y registral (R.1 de marzo de 2005 y
20 de enero de 2011, entre otras). En materia procesal, la prueba se regula en el artículo
281.2 LEC. Sin embargo, cuando la autoridad pública desarrolla funciones no jurisdiccionales como es el caso de notarios y registradores- existen reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada en dicho artículo 281, el cual sólo será de aplicación supletoria. Por ello, si al registrador no le quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.
La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en primer término, en el
artículo 36 del Reglamento Hipotecario, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en relación con la observancia de las formas y solemnidades y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto y que resulta también extensible a la
acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del Derecho extranjero, no exclusivos, son «la aseveración o informe de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable».
El alcance de la prueba se extiende a su vigencia y al sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. Aunque no haya prueba, los notarios y registradores pueden realizar bajo su responsabilidad un juicio de suficiencia respecto de la alegación de la ley extranjera, siempre que posean conocimiento suficiente de la misma, pero no están obligados en modo alguno a ello.
Revoca la letra a) pues la determinación de cual haya de ser la ley material aplicable a un supuesto internacional corresponde a la autoridad del foro, en este caso al registrador, ya que no debe ser objeto de confusión la falta de obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con la obligatoriedad de determinar cuál es la legislación extranjera aplicable,
conforme al artículo 12.6 del Código Civil, norma que
impone la aplicación de oficio de la norma de conflicto que resulte aplicable al supuesto, en este caso el artículo 9.8 del Código Civil.
Confirma las letras b) y c) por falta de previa acreditación del contenido y vigencia del Derecho ruso, pues
ni consta que el certificado notarial extranjero aportado sea el título sucesorio, en el sentido de título inscribible por ser aquel en el que funda inmediatamente su derecho la persona a favor de la cual se pide la inscripción, ni los posibles derechos a la herencia de los eventuales legitimarios o herederos forzosos del causante, en caso de haberlos. Esta ausencia no ha sido suplida ni por declaración de su conocimiento por el propio notario autorizante del documento, ni por ningún otro medio previsto por el ordenamiento jurídico español ni ha sido dispensada por la registradora por tener conocimiento suficiente y directo del contenido y vigencia de tal legislación extranjera. (JFME)
*206. NO ES PRECISO QUE CONSTE EL NIF DEL CÓNYUGE DEL COMPRADOR. Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Vélez Málaga nº 2 a inscribir una escritura de compraventa. El registrador de la propiedad suspende la inscripción de una escritura de compraventa de un inmueble, otorgada como comprador por una persona que manifiesta que está casado en régimen de gananciales con la señora cuyos nombres y apellidos indica y que lo adquiere para su sociedad conyugal. A juicio del registrador, aunque no comparezca la esposa del comprador es necesario que conste su Número de Identificación Fiscal.
Interpuesto un recurso por el notario autorizante contra dicha calificación la Dirección General lo estima concluyendo que teniendo en cuenta el concreto negocio jurídico documentado y las peculiaridades de la adquisición del inmueble en atención al régimen económico matrimonial de gananciales y a la vista del tenor literal del artículo 254 de la Ley Hipotecaria interpretado atendiendo a los criterios antes expuestos, procede revocar la calificación recurrida,
pues carece de amparo legal la exigencia de constancia del Número de Identificación Fiscal del cónyuge del adquirente del inmueble, toda vez que aquél no ha comparecido ni ha sido representado en la escritura calificada y la norma ciñe tal exigencia a comparecientes y representados, circunstancias en las que no se encuentra el cónyuge del comprador. (JZM)
Interpuesto por la notaria el correspondiente recurso, la Dirección General parte de la afirmación contenida en la Resolución de
19 de abril de 2007, de que el régimen de la propiedad horizontal constituye un único derecho de naturaleza especial y compleja, no una yuxtaposición, atribuyendo la Ley a la junta de propietarios, como órgano colectivo, amplias competencias para decidir los asuntos de interés de la comunidad, si bien tratándose de determinados acuerdos, sólo serán válidos cuando se adopten por unanimidad.
Finalmente la Dirección General configura el supuesto examinado como un
acto colectivo, por lo que la calificación solo deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos que en la Ley de Propiedad Horizontal se establece para la adopción de acuerdos por la Junta de Propietarios, sin que pueda extenderse a las exigencias que se derivarían del principio de tracto sucesivo. Para el Centro Directivo es fundamental distinguir entre la exigencia de unanimidad para las modificaciones del título de propiedad horizontal y la articulación del voto de los titulares de cada finca en caso de que ésta pertenezca a varias personas en cuyo supuesto deberán nombrar a un representante que pueda asistir y votar a la junta, regla que se aplica también cuando la entidad tenga carácter ganancial.
Se trata de la herencia de un ciudadano holandés otorgada ante notario español, cuyo título sucesorio es una Acta de Declaración de Herederos holandesa. La notario autorizante asevera que conoce el derecho holandés y hace una traducción parcial al idioma español de dicha Acta, con transcripción, aseverando que lo omitido no modifica ni condiciona lo inserto.
transcripción total de dicho título sucesorio.
también a su vigencia, y por tanto al
sentido, alcance e interpretación de la jurisprudencia de dicho país sobre dichos textos.
la exigencia de la registradora de transcripción total solo estaría justificada si hubiera alegado que conoce el derecho holandés y que esa transcripción total es necesaria para comprobar determinados requisitos exigidos por la legislación holandesa. En consecuencia, ante la falta de justificación por la registradora de su exigencia, ha de prevalecer la aseveración notarial y por ello revoca la calificación. (AFS)
209. ACTO DISPOSITIVO PREVIO A PROHIBICIÓN JUDICIAL DE DISPONER, PERO PRESENTADO DESPUÉS DE LA ANOTACIÓN. Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid nº 1 a inscribir la transmisión del dominio de un inmueble por escisión total de una sociedad. El registrador suspende la inscripción de la transmisión dominical sobre un inmueble motivada por la escisión total de una sociedad de responsabilidad limitada, mediante escritura otorgada en el año 1999, porque al presentarse ésta en el Registro de la Propiedad en el año 2011 consta previamente practicada en el año 2007 una anotación preventiva de prohibición de disponer decretada por la Autoridad Judicial, en procedimiento de carácter penal, como medida cautelar.
La DGRN resuelve el recurso reiterando el criterio de la Resolución de
8 de julio de 2010. Reconoce que ya desde antiguo, tanto por la doctrina de los comentaristas como por la jurisprudencia, se planteó la cuestión de la determinación concreta de sus efectos, particularmente en relación con aquellos actos dispositivos que fueron otorgados antes de que se ordenara la prohibición de disponer pero que se presentaron a Registro después de practicada la anotación. Y es que, si bien se trata de actos que desde el punto de vista sustantivo o civil pueden considerarse válidos o eficaces, su acceso al Registro podría cuestionarse por las dificultades de su adaptación a los principios registrales de nuestro sistema, básicamente con el principio de prioridad, dada la falta de claridad de las normas aplicables a esta materia.
Pero que la cuestión quedó aclarada con la reforma del Reglamento Hipotecario de 1947 por medio de la cual se produjo la incorporación de un nuevo
artículo 145, al disponer que «Las anotaciones preventivas de prohibición de enajenar, comprendidas en el número 2 del artículo 26 y número 4 del artículo 42 de la Ley, impedirán la inscripción o anotación de los actos dispositivos que respecto de la finca o del derecho sobre los que haya recaído la anotación hubiere realizado posteriormente a ésta su titular, pero no serán obstáculo para que se practiquen inscripciones o anotaciones basadas en asientos vigentes anteriores al de dominio o derecho real objeto de la anotación».
Tras valorar los distintos argumentos, y examinar sus propios pronunciamientos, no siempre uniformes, se decanta diciendo que Este Centro Directivo entienda que, en la medida en que el artículo 145 del Reglamento Hipotecario impide el acceso registral de los actos dispositivos realizados posteriormente (salvo los que traen causa de asientos vigentes anteriores al de dominio o derecho real objeto de la anotación), ello presupone, «a sensu contrario», que no impide los realizados con anterioridad conclusión que resulta también, como se ha indicado, de la aplicación de la regla general que para las anotaciones dicta el artículo 71 de la propia Ley Hipotecaria, sin embargo, por otro lado, se estima que tal inscripción
no ha de comportar la cancelación de la propia anotación preventiva de prohibición, sino que ésta se arrastrará.
DISPOSICIONES 2002-2011
desde el 2 de noviembre de 2011.