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Derecho a la libertad de tránsito Límites
Published in Defensa de Derechos
Tema Derecho a la libertad de tránsito EXP. N.° 1790-2005-PHC/TC
SubTema Límites
Resolución Nº 1790-2005-HC/TC LIMA
Fecha de publicación 10/5/2005
Caso Alan Michael Azizolahoff Gate ALAN MICHAEL
SumillaSe reitera que todo derecho fundamental, como lo es el de la libertad de tránsito, no constituye un derecho absoluto y ciertamente tiene sus límites, pues así lo establece el artículo 2.º, inciso 11), de la Constitución, que lo regula y también lo restringe o limita por razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. En tal sentido, ningún derecho fundamental puede considerarse ilimitado en su ejercicio, más aún cuando, en el presente caso, la medida cautelar impuesta al accionante, como límite extrínseco, tiene su fundamento en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales (FJ 5).
AZIZOLAHOFF GATE
En Lima, a los 4 días del mes de mayo 2005, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Jorge Alejandro Jiménez Llanos contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 152, su fecha 28 de enero de 2005, que declara infundado el proceso constitucional de hábeas corpus de autos.
Con fecha 22 de diciembre de 2004, el recurrente interpone proceso constitucional de hábeas corpus a favor de don Alan Michael Azizolahoff Gate, contra el titular del Vigésimo Primer Juzgado Penal Especializado de Lima, solicitando que se declare nula y sin efecto la orden de impedimento de salida del país dictada en su contra con fecha 8 de julio de 2004, debiendo oficiar de tal decisión a la División de Requisitorias de la Policía Judicial. Refiere que mediante auto apertorio del 17 de mayo de 2004 se le inició un proceso penal en el juzgado denunciado, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo, en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchiore y otros, habiéndose dictado mandato de comparecencia restringida. Agrega que en dicho proceso el juez denunciado, a solicitud de la parte civil, dictó medida cautelar de carácter personal de impedimento de salida del país contra el beneficiario, por considerar que existía el peligro de sustraerse a la acción de la justicia, debido a que, si bien había rendido su declaración instructiva, lo hizo en segunda ocasión, además de no haber asistido a las citaciones que se le hicieron en la investigación efectuada por el Congreso de la República a consecuencia de los trágicos sucesos acontecidos en la discoteca Utopía. De otro lado, sostiene que dicha resolución vulnera los derechos constitucionales del beneficiario al libre tránsito, al debido proceso y la tutela jurisdiccional, pues el mencionado juez ordenó el impedimento de salida del beneficiario a pesar de haber sido recusado previamente por su abogado el día 2 de julio de 2004, sin tener en cuenta que en dicha fecha se encontraba vigente el artículo 34.º del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley N.º 27652, que taxativamente señalaba las diligencias judiciales que el juez recusado estaba autorizado a realizar, entre las cuales no se encontraba la de emitir pronunciamiento sobre el petitorio de una medida cautelar de naturaleza procesal, como es el impedimento de salida.
El juzgado emplazado manifiesta que la medida de impedimento de salida del país del beneficiario ha sido dictada en uso de las atribuciones que tiene el magistrado como director del proceso, y que dicha medida se encuentra amparada por el inciso 11) del artículo 2.º de la Constitución Política. Asimismo, precisa que el referido impedimento de salida fue dictado de conformidad con el artículo 34.º del Código de Procedimientos Penales, vigente en dicha oportunidad, que faculta al juez recusado a dictar medidas de detención o comparecencia, según el caso; y que, por ello, si como magistrado se encontraba facultado para dictar la detención de un procesado, también lo estaba para emitir la resolución de impedimento de salida del país, bajo el criterio de que, siendo la medida de detención la máxima restricción a la libertad personal, podría también dictarse la medida de impedimento de salida, más aún cuando en la misma resolución se habilitaba la posibilidad de tránsito del beneficiario fuera del país, previa autorización del juzgado.
El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de diciembre de 2004, declara fundada la demanda, por considerar que la resolución cuestionada ha sido emitida en flagrante vulneración de las garantías del debido proceso, por cuanto, al haber sido recusado, el juez se encontraba impedido de emitirla, máxime cuando el artículo 34.º del Código de Procedimientos Penales lo prohibía.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que el juez cuestionado ha realizado el acto procesal de dictar contra el beneficiario la medida de impedimento de salida del país, de conformidad con las atribuciones que la ley le concede, pues desde un punto de vista lógico jurídico, si el juez recusado puede dictar detención de un inculpado, también puede dictar medidas limitativas a su libertad.
1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la resolución judicial de fecha 8 de julio de 2004, que dictó impedimento de salida del país contra el beneficiario del presente proceso constitucional.
§. Materia sujeta a análisis constitucional
2. En la presente resolución, este Colegiado debe llegar a determinar si la resolución judicial que dispuso la medida de impedimento de salida del país en contra del beneficiario ha vulnerado su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva y afectado su libertad individual.
§. Análisis del acto lesivo materia de controversia constitucional
3. En cuanto al fondo del asunto controvertido, se aprecia de lo actuado que al beneficiario se le inició un proceso penal ante el Vigésimo Primer Juzgado Penal Especializado de Lima, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo, en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchiore y otros, víctimas de los lamentables sucesos acontecidos en la discoteca Utopía el 20 de julio de 2002, habiéndose dictado en su contra mandato de comparecencia restringida, mediante auto de apertura de instrucción del 17 de mayo de 2004. Posteriormente, con fecha 2 de julio de 2004, el beneficiario, a través de su abogado, formula recusación contra el juez denunciado, la misma que es rechazada con auto de fecha 5 de julio del mismo año. En la misma fecha, la parte civil solicita el impedimento de salida del país del favorecido con el presente proceso constitucional, pedido que es resuelto el 8 del mismo mes con la resolución cuestionada.
4. De los hechos señalados en el fundamento precedente se desprende que el juez denunciado efectivamente dictó la orden de impedimento del país cuestionada cuando ya había sido recusado. Sin embargo, este Colegiado, para poder determinar si dicha actuación se encuadra dentro del marco constitucional y legal o si, a consecuencia de ella, se vulneraron los derechos a la tutela procesal efectiva y la libertad de tránsito del procesado, considera necesario previamente repasar los criterios vertidos sobre este derecho fundamental, integrante de la libertad individual del beneficiario.
5. Conforme a lo establecido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia (STC 1091-02-HC/TC y 2046-2003-HC/TC), todo derecho fundamental, como lo es el de la libertad de tránsito, no constituye un derecho absoluto y ciertamente tiene sus límites, pues así lo establece el artículo 2.°, inciso 11), de la Constitución, que lo regula y también lo restringe o limita por razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. En tal sentido, ningún derecho fundamental puede considerarse ilimitado en su ejercicio, más aún cuando, en el presente caso, la medida cautelar impuesta al accionante, como límite extrínseco, tiene su fundamento en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.
6. Asimismo, en la sentencia recaída en el Exp. N.º 2663-2003-HC/TC, este Tribunal Constitucional señaló que el denominado hábeas corpus restringido se emplea cuando la libertad física o de locomoción –como en el caso de autos– es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se lo limita en menor grado”.
7. En ese sentido, el artículo 25.º, inciso 8), del Código Procesal Constitucional señala que el hábeas corpus procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial.
8. Al respecto, de conformidad con los artículos 33.° y 34.° del Código de Procedimientos Penales, modificados por la Ley N.º 27652, vigente al momento de ocurridos los hechos, mientras esté pendiente el incidente de recusación, el juez emplazado puede actuar las siguientes diligencias:
q La inspección, por sí mismo, y con asistencia obligatoria de la persona que desempeña el Ministerio Público y de peritos, si fuera necesario, del lugar en que se cometió el delito; el reconocimiento e identificación de los efectos de este.
q La incautación y el recojo de armas, instrumentos u objetos de cualquier clase que tengan relación con el hecho que se investiga; la declaración instructiva, con asistencia necesaria del defensor.
q La declaración de los testigos que deberá actuarse obligatoriamente en presencia de la persona que desempeña el Ministerio Público.
q Las confrontaciones, los reconocimientos y la presentación de los informes periciales, reservándose su ratificación y examen hasta que se resuelva el incidente de recusación.
q Dictar la orden de detención o comparecencia, según el caso, y decretar la medida de embargo sobre los bienes propios del inculpado que basten para asegurar prudencialmente el pago de la reparación civil a que hubiere lugar, mientras esté pendiente el incidente de recusación.
Asimismo, se dispone que el juez no podrá conceder libertad al inculpado recusante sino después de estar resuelto dicho incidente.
9. Este Supremo Tribunal, en el contexto de una interpretación integradora de los dispositivos constitucionales y legales antes señalados, no considera que las disposiciones de los citados artículos del Código de Procedimientos Penales contengan una prohibición para que un juez recusado, en tanto esté pendiente de resolverse en forma definitiva dicho incidente, no pueda dictar una medida cautelar de carácter personal, como lo es el impedimento de salida del país en contra de un inculpado. Dicho impedimento de salida deberá ser dictado atendiendo a la naturaleza de dicha medida y a las necesidades que existan al interior de un proceso, las cuales pueden ir graduándose de acuerdo con su desarrollo y/o al latente peligro procesal que evidencie que el procesado pueda sustraerse a la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. En ese sentido, el juez, dentro de dicha graduación, puede llegar incluso a dictar la orden de detención del acusado, máxima restricción a la libertad individual.
10. Por tanto, este Colegiado considera que la medida de impedimento de salida del país impuesta al beneficiario es compatible con las formas de restricción a la libertad individual previstas por la Constitución, y que en su otorgamiento no se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva.