Source: https://frenteafrente.co/judicial
Timestamp: 2020-08-11 01:01:57
Document Index: 90939405

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 369', 'artículo 43', 'artículo 265', 'artículo 43', 'artículo 39']

JUDICIAL | frenteafrente.co
los más buscados de risaralda
A la cárcel alias Fredo para cumplir condena por un homicidio perpetrado en Pereira hace casi tres a
Bajo la coordinación de una fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata de Pereira (Risaralda), funcionarios del CTI en asocio con la Sijín y el Ejército materializaron la captura de Jhon Fredy Jiménez Osorio, alias Fredo, durante diligencias de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en el barrio San Gregorio de la capital risaraldense, para cumplir una condena de 14 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
En el operativo para lograr su aprehensión le hallaron sustancias estupefacientes, por lo que la Fiscalía le imputó nuevos cargos.
El 28 de octubre de ese año el hoy condenado se fugó de las instalaciones de la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) de Pereira y desde entonces estaría dentro del cartel de los más buscados de Risaralda.
Este viernes, 17 de abril, al momento de la captura le incautaron 80 gramos de cocaína y un celular, por lo que en audiencias virtuales el ente acusador le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector conservar, y el indiciado aceptó su responsabilidad.
Por estos últimos hechos el juez de garantías decidió dejarlo en libertad, pero lo puso a disposición del juzgado que ejecución de penas con el fin de hacer efectiva la sentencia condenatoria.
A propósito de la crisis del Covid 19
La ley penal en casos de epidemia
Por: Juan Camilo Córdoba Escamilla
La respuesta penal ante las situaciones de epidemia no es un asunto nuevo en la legislación colombiana; al contrario, es un tema regulado en el actual Código Penal y que se preveía en normas penales anteriores. La problemática aparece como relevante en estas épocas de Covid 19, cuanto mucha gente se pregunta si existen en Colombia sanciones penales a comportamientos que contribuyen a propagar una pandemia que se muestra como un gravísimo problema a escala mundial.
Bajo un capítulo denominado afectaciones a la salud pública, algunas normas del Código Penal de 2000 actualmente vigente, se ocupan de castigar algunas conductas que pueden llegar a cometer los ciudadanos en estas épocas de contagio del Covid 19. Veamos: Bajo el nombre de “Violación de medidas sanitarias”, el artículo 368 del Código Penal castiga con prisión de cuatro (4) a ocho años (8) a aquel que: “viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Se trata de un tipo penal complejo, en la medida en que una simplista e inicial lectura podría llevar a concluir con gran facilismo que, por ejemplo, una persona que sale de su casa en época de confinamiento o cuando debe cumplir un periodo de cuarentena ya estaría incurriendo en la conducta punible. El asunto no parecer ser tan sencillo: Lo primero a tener en cuenta es que se trata de un delito de mera conducta, es decir, que la simple violación de una medida sanitaria establecida por una autoridad competente configura el delito, con independencia de que se introduzca o se propague la epidemia2 . En segundo lugar, quiero enfatizar en la intención prevista por el delito, que no es otra que violar de manera voluntaria y consciente las medidas previstas por las autoridades para evitar la introducción o propagación de una epidemia. Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que al Estado le compete probar que quien violó la medida sanitaria, lo hizo con la intención evidente de desconocer los parámetros señalados por las autoridades ejecutivas del país en estas épocas de emergencia. Aparte de las excepciones que se prevén en los casos de confinamiento, como la de las personas que por su especial profesión deben salir a trabajar o las de aquellos que deben abandonar temporalmente sus casas a proveerse de alimentos y medicinas para atender sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar; el asunto merece especial análisis al examinar la gran cantidad de casos de personas que por su especial situación de vulnerabilidad deben salir de sus casas a buscar el sustento diario. Evidentemente estos ciudadanos no desconocen la orden de confinamiento con el propósito consciente de violar una medida sanitaria impuesta por una autoridad administrativa, sino que lo hacen basados en una finalidad de mera supervivencia, de modo que mal harían las autoridades penales en criminalizar una problemática social que debe ser atendida con herramientas muy diferentes a las que contempla el Derecho Penal. En tercer lugar, conviene examinar lo referente a la antijuridicidad de la conducta, a fin de entender que para que se configure el delito es imprescindible establecer que en un caso concreto hubo un peligro de afectación a la salud pública, esto es, que la persona que violó la medida sanitaria impuesta por una autoridad pública verdaderamente puso en riesgo de contagio de epidemia a una comunidad determinada.
2 El diccionario de la lengua española define Epidemia como: 1. Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. 2. Mal o daño que se expande de forma intensa o indiscriminada. www.rae.es
De lo anterior se concluye que una persona que no constituye un real riesgo para la salud de otros al no estar en capacidad de propagar una epidemia como el Covid 19, difícilmente comete el delito que se ha venido analizando. Esta conclusión por supuesto admite una mayor discusión y análisis. El artículo 369 del Código Penal prevé de una manera escueta y poco técnica, sin mayores circunstancias de tiempo, modo o lugar, que puede incurrir en sanción de cuatro (4) a diez (10) años de prisión el que “propague epidemia”. Se trata más bien de un delito de resultado, que castiga penalmente al portador de un mal epidémico que, a sabiendas de su estado de salud, decide consciente y voluntariamente propagar éste a una o varias personas, con grave afectación a la salud pública.
Finalmente conviene señalar que por expresa disposición legal, estas conductas punibles junto con otras que hacen parte del mismo capítulo de afectaciones a la salud pública, - que no se van a analizar acá por no tener relación alguna con el Covid 19-, están previstas como un caso de agravación del delito de homicidio (Art. 104, numeral 3º del C.P.). Así, si una persona decide matar a otra a través de la propagación de una epidemia, incurriría además en la pena prevista para el delito de homicidio, aumentada por estarse ante una causal de agravación de la conducta. Se trata como resulta apenas natural de un tema con notoria incidencia probatoria, ya que no siempre resultará sencillo determinar para efectos de imponer la mayor pena que prevé el homicidio agravado, que una persona que propagó una epidemia tenía además la intención inequívoca de matar a otra. La conclusión una vez analizados someramente los dos tipos penales referentes a la propagación de una epidemia resulta bastante clara: en el actual Código Penal colombiano existen delitos que castigan a quien dolosamente pone en peligro o causa un daño a la salud de otro o una comunidad, mediante la introducción o expansión de una epidemia3 .
3 Por lo mismo resultaría innecesaria una nueva reforma al Código Penal para regular el tema, lo que como es bien sabido resulta bastante común en nuestro medio.
Discusión diferente, que escapa al objeto del presente análisis, es el relativo a la conveniencia de iniciar una agresiva persecución penal, en contra de todos aquellos que pueden estar violando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades ejecutivas para evitar la propagación del Covid 19. La existencia de medidas en el Código de Policía para castigar los infractores, la congestión adicional que se generaría en un sistema penal en el que apenas unos pocos jueces están trabajando en sus despachos y el aumento del ya habitual hacinamiento carcelario, que generaría a su vez nuevos contagios;son realidades que desaconsejan la siempre simplista y deshumanizadora solución de acudir al Derecho Penal para solucionar problemas que son en esencia sociales.
Juan Camilo Córdoba Escamilla, abogado consultor y litigante en temas de Derecho Penal. Especialista en Derecho Penal y candidato a Doctor en Derecho. Actualmente Conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. jcordoba@arcocl.com
El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional.
Repasando con detenimiento las noticias de hace unos días, relacionadas con las inconsistencias en la identidad y los números de cédulas registradas en la base de datos de la DNP de las personas destinatarias de los recursos económicos o auxilios del Gobierno para cubrir necesidades básicas originadas por el aislamiento, e inactividad que nos trajo el COVID-19, de aquellos que no tienen ingresos o cuya fuente es la informalidad, a través del programa denominado “Ingreso Solidario”, surgen muchos interrogantes, que además nos recuerdan diferentes tipologías de fraude, lavado de dinero y corrupción, que tienen como elemento principal la suplantación o usurpación de identidad. Pero también, que urge la aplicación inmediata por parte de las entidades del estado de priorizar una política de integración de información, registrada en las diferentes bases de datos que reposan en las entidades del estado, previa depuración de la existente en la Registraduría Nacional, todo esto, mediante el uso de las nuevas tecnologías, hoy aplicadas por muchos sectores, como la banca para validación de identidad, las agencias de publicidad para la investigación del consumo, los organismos de control para la administración de procesos judiciales, esto es, en definitiva el uso inmediato de la Inteligencia Artificial, procesos hoy imposibles de no ser utilizados en los tiempos de la Big Data.
Pues bien, son varios los ejemplos en que los criminales utilizan identidades reales para operaciones fraudulentas o identidades inexistentes con el mismo propósito criminal, el primero de estos lo hemos visto en temas de fraude electoral, cuando vemos noticias sobre muertos que votan y muertos cuyo nombre y número de cedula se encuentran vigentes en la base de datos del Censo Nacional Electoral.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1367216
Similar sucede con la mineria ilegal, delito fuente del lavado de activos, es bien sabido que, en lo que tiene que ver con el más popular y muy apreciado mineral, oro, cuya comercialización es regulada por la Agencia Nacional Minera, allí se deben inscribir desde los municipios con actividad minera, las identidades de los mineros de subsistencia o también llamados barequeros en el denominado RUCOM, Registro Unico de Comercializadores de Minerales, base de datos administrada por esta agencia. Pues bien, ya son varias las compañias nacionales exportadoras de este material vinculadas a investigaciones penales y procesos judiciales por lavado de activos, pues abundan los ejemplos de inconsistencias en esta base de datos, se registran allí, personas fallecidas, privadas de la libertad, números de cédulas que no coinciden con el nombre, que recolectaron, 20, 50 o 150 gramos semanales del material que llegó a los mercados internacionales, cuyos recursos una vez ingresan a nuestro país, terminan en manos de grupos armados al margen de la ley, como subversión, autodefensas y/o narcotraficantes que controlan las zonas de extracción.
https://noticias.caracoltv.com/colombia/usaban-personas-muertas-y-indigenas-para-lavar-dinero-de-exportacion-ilegal-de-oro
Los delitos contra la administración pública o corrupción no se escapan a esta realidad, la trazabilidad de los recursos cuyo origen son las instituciones del estado o el denominado erario público, son transferidos a contratistas, via anticipos, pagos por actas de avance de obra o según forma de pago descrita en los contratos celebrados. Pues bien, a partir de allí muchas veces a través de terceras personas naturales o jurídicas, empresas de papel o compañías ficticias, en las que se usurpa la identidad de personas naturales entre sus accionistas o miembros de juntas, son reenviados parte de estos recursos, en ocasiones como parte de una estrategia de evasión fiscal y así poder mimetizar lo que en realidad es una forma de repartir las utilidades de las empresa o incluso, para el pago de dádivas o coimas a funcionarios del estado.
https://www.dinero.com/pais/articulo/robo-identidad-para-fraudes-afecta-cuatro-millones-personas/145288
Así pues, cuando vemos las relevantes inconsistencias y registros fraudulentos en el desarrollo del programa Ingreso Solidario y el mar de procupaciones sobre la integridad de la base de datos para tal fin, por parte de los ciudadanos y para que esta buena intención no termine en otro caso de corrupción, logrando de una vez y gracias a esta inmensa señal de alerta, la consolidación de una sola base de datos por parte del estado, con todos los campos necesarios, que integre a través de herramientas tecnológicas, la información de todos sus ciudadanos, para su correspondiente depuración y posterior segmentación para cada una de sus entidades bien sea, el Sisben, Icetex, Uiaf, Centrales de Riesgo, Oficinas de Registro, entre otras, permitiendo los cruces de información y validación de identidad con los mecanismos ya existentes de Inteligencia Artificial y así lograr no solo eficiencia en los procesos, sino credibilidad y de esta manera contener los diferentes intereses criminales sobre información sensible, como lo es la información que permite identificar e individualizar a cada uno de los colombianos.
CARLOS FERNANDO SALAZAR S.
www.investigacionesestrategicas.com
cfsalazar@investigacionesestrategicas.com
Twitter: @investrategicas
sistema judicial en tiempos de pandemia
Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital
Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHA[1]
Pandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se atienden asuntos urgentes con detenidos, algunas de manera –peligrosamente- presencial en audiencia, otras por plataformas de reuniones digitales. El resto de la justicia espera al 27 de abril con incertidumbre. El gobierno ya ha anunciado que no será posible realizar concentraciones de ciudadanos, a riesgo de contraer –o diseminar- el mortal virus.
¿Qué hacer? La propuesta que aquí se ventila, es la de poder presentar una diversa clases de solicitudes ante las autoridades correspondientes de manera digital, y que estas puedan tomar decisiones de la misma forma.
Para el efecto, lo único necesario es contar con los correos electrónicos de partes e intervinientes, un computador, una conexión a internet, y proceder a elevar la correspondiente solicitud vía correo electrónico, adjuntando los elementos de convicción que se consideren pertinentes, naturalmente, con copia a las otras partes.
Hecho esto, tal vez con una suerte de luz verde de parte de la autoridad correspondiente, se puede contar con un término de traslado para que esas otras partes se pronuncien, descorran traslado, aporten sus elementos de convicción, apoyen, se opongan, guarden silencio.
Vencido este traslado, sería el momento de la toma de decisión por parte de la autoridad correspondiente. Comunicada digitalmente la decisión, se contaría con un término para interponer y sustentar recursos (si proceden), y de un término para los no recurrentes. En caso de apelación, todo este soporte digital se enviaría por el mismo conducto, al superior que habrá de resolver la alzada.
Una amplia gama de asuntos se puede solventar de este manera, aunque admito, es imposible realizarlo así, por ejemplo, cuando se requieren testimonios en vivo, o cuando se requiere de una intensa dinámica de intercambio de argumentos o de documentos en vivo, como por ejemplo un juicio oral, entre otros eventos.
A título de ejemplo, creo que se podrían hacer de esta manera lo relativo a órdenes de captura, prórrogas y revocatorias de medidas de aseguramiento, solicitudes de domiciliarias, libertades por vencimiento de términos, búsquedas selectivas en bases de datos (previa, prórroga, posterior), controles de legalidad de archivo, entregas provisionales y definitivas de automotores, entre otras. El juez o autoridad, dentro de su discrecionalidad, siempre podrá ordenar que se decida en audiencia, con las actuales limitaciones.
La Fiscalía podría ampliar su plataforma de presentación de denuncias (ahora restringida a cierta clase de delitos) y permitir que la misma reciba denuncias –y genere acuse de recibo- por toda clase de conductas.
Si somos más abiertos, incluso la simple imputación, la acusación, el descubrimiento probatorio (si no es muy complejo), parte o el todo de una audiencia preparatoria, se podrían hacer bajo este mecanismo.
En medio de esta crisis, se crearon canales digitales para acciones de tutela y para hábeas corpus, medida esta que podemos catalogar de precursora en la propuesta que estamos presentando. No podemos dejar de mencionar que la SIC y la Supersociedades adelantan procesos de manera digital, según se informa, con buenos resultados.
Se podría alegar que esto es una forma de volver a la Ley 600, a una suerte de expediente pero ahora digital. Sin negar que, efectivamente, se trata de un intercambio, discusión y decisión documental/digital, lo cierto es que no se encuentra cómo se pudieran afectar las garantías, la publicidad, la defensa, esto es, el acceso a la administración de justicia, acceso que no tenemos bajo la actual emergencia sanitaria y que no tendremos en el futuro próximo bajo el actual diseño de la Ley 906 si se prolonga la crisis.
En el sistema oral acusatorio por antonomasia, el de los Estados Unidos, muchos asuntos son presentados y debatidos por escrito, y decididos por el Juez en audiencia de ser el caso.
Esta propuesta es tan solo eso, una idea sin madurar, como se dijo, bajo el propósito de encontrar una salida a la crisis judicial derivada del COVID19, esquema que, en caso de ser implementado, sería susceptible de ser desmontado en caso de solución de la crisis sanitaria, o –espero equivocarme- de ser mejorado en caso de que la crisis sanitaria se prolongue por meses. Y si el experimento funciona, ¿por qué no dejarlo como legislación permanente?
Sea esta la oportunidad para reivindicar la palabra escrita, el documento, como medio tradicional de comunicación de la administración de justicia y de sus partes, palabra escrita que –a criterio del suscrito- ha sido infravalorada o, al menos, marginada, ante el avasallador arribo de la oralidad a la justicia colombiana en el año 2005. Pero esto es otra discusión.
[1] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con postgrados en la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con experiencia en la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jaime Granados Peña & Asociados Abogados Consultores, socio fundador de Bohórquez & Umaña Consultores S.A.S, actualmente abogado litigante y consultor.
Francisco Barbosa se posesionó como nuevo Fiscal General de la Nación.
Acompañado por Gabriel Ramón Jaimes Durán, Fiscal, coordinador de la Unidad Delegada de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia; Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana; Martha Janeth Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigaciones y Marcela María Yepes Gómez, directora Ejecutiva, Francisco Barbosa, tomó posesión de su cargo como Fiscal General de la Nación, lo que significa que, con equipo completo, comienza a trabajar para poner en orden la casa, después de una interinidad de más de 8 meses, con retos enormes en materia de generación de confianza en la entidad, golpeada por los escándalos protagonizados por Néstor Humberto Martínez Neira, quien renunció a su cargo, después de sortear un clima hostil por cuenta de las investigaciones del caso Odebretch.
Llega Barbosa con el propósito de combatir la corrupción, castigar los delitos contra los menores de edad y poner ante la justicia a los responsables de crímenes contra líderes sociales.
Barbosa es abogado de la universidad Sergio Arboleda, con especialización en Relaciones Internacionales de la universidad Jorge Tadeo Lozano, y en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia; además es master en Historia en la Universidad Javeriana de Colombia y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. En 2010 obtuvo su título de doctorado (Phd) en Derecho Público de la Université de Nantes de Francia.
IMPUTACIÓN CONTRA LOS EXGOBERNADORES DE CÓRDOBA
La Fiscalía General de la Nación presentó dos solicitudes por diferentes hechos ante la corte Suprema de Justicia contra los exgobernadores de Córdoba Martha Sáenz Correa (2008 – 2011), Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015) por hechos de presunta corrupción cometidos presuntamente en este departamento de la costa atlántica.
Los hechos investigados fueron detectados por el ente investigador y tienen que ver con la celebración de un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2011, que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Loray en el que se habría presentado un detrimento por $1.501’344.842. Los cargos que se formulan soncontrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricación por omisión.
Acusación en el campo de la salud
Por otra parte los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en coparticipación criminal, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015)) por supuestas irregularidades de contratación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Funtierra Rehabilitación ltada, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.
Las investigaciones probarían que el objeto de los contratos habría sido incumplido ya que no se realizaron todas lasneuro terapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población pobre no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intencionalidad de la administración de no hacer los respectivos recobros a las EPS.
Al ex gobernador Lyons se le acusa de detrimento por a $26.219’898.046, es decir un 86 %del total de pagos realizados a las IPS, cargo que fue rechazado recientemente por la defensa del ex gobernador Lyons.
En junio la Fiscal de conocimiento imputó al exgobernador Lyons por estos hechos cargos que fueron rechazados del ex gobernador.
¿y la cárcel para cuándo?
SIGUE “LA NOVELA” DEL EXGOBERNADOR DE CÓRDOBA ALEJANDRO LYONS MUSKUS
Desde redes sociales se ejercían presiones y se manipulaba información para favorecer intereses de funcionarios acusados de corrupción.
Pareciera que todos los “carteles” de la ilegalidad se hubieran ensañado con el Departamento de Córdoba, donde se habla del cartel de la hemofilia, de la educación, de la toga y de los manejos irregulares en la política, todos bajo el hilo conductor de un personaje que, cada que aparece ante el público, genera sorprendentes noticias judiciales. El exgobernador Alejandro Lyons Muskus.
Por el denominado cartel de la toga, Lyons se convirtió en testigo protegido de la DEA en Estados Unidos y se recuerda su azarosa relación con el exfiscal anticorrupción y también procesado, Luis Gustavo Moreno.
En torno a sonados casos de cobros por el favorecimiento en procesos contra quienes están acusados de graves actos de desfalco de las arcas públicas, que han costado millonarias pérdidas a administraciones como la de Córdoba. Sobre lo que se ha imputado al mismo Lyons, se han tejido historias truculentas que siguen revelando tramas sin límites o, por lo menos, en las que la recursividad de los involucrados es asombrosa.
Se ha dicho que Lyons acudía a mecanismos de propaganda en redes sociales mediante cuentas encubiertas de Twitter con las que emitía mensajes para atacar a sus contradictores políticos o hacer campañas a favor de sus copartidarios.
En Córdoba al Día, al parecer trinaba con regularidad promocionando a un candidato a la gobernación, Carlos Gómez, quien fuera su secretario de gobierno, y propagaba noticias falsas para lanzar acusaciones o señalamientos contra quienes le controvertían.
En este ejercicio el exgobernador y hoy “soplón” del cartel de la toga, relaciona nombres de políticos como Ruby Chagui o el Ñoño Elías.
Alejandro Lyons Muskus fue capturado el primero de agosto en Miami, Florida (Estados Unidos), en confusos hechos pues se ha mantenido allí colaborando con la justicia norteamericana. El exgobernador está vinculado a un desfalco cercano a los 100 mil millones de pesos y de los que ha ofrecido devolver 4 mil millones de pesos. Desde 2017 está como testigo protegido por su testimonio y actuación para delatar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
A Lyons se le han llegado a imputar unos 20 cargos, entre los que se incluyen los referidos a investigaciones por su cuestionada administración como gobernador de Córdoba y los de sobornos para redireccionar a su favor, por parte de fiscales, procesos jurídicos en marcha. Después de su captura en Miami, hoy las víctimas del desfalco más grande de Córdoba, esperan el este delincuente sea deportado a Colombia para que acá le de la cara a la justicia.
ALEJANDRO LYONS FUE CAPTURADO EN ESTADOS UNIDOS POR DEA
La visa que tenía el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, como testigo protegido de la DEA, por develar las graves redes de corrupción que existen en las altas cortes en Colombia, no ha sido renovada y aún no se sabe si continúa en firme su situación migratoria para seguir en ese país.
La noticia, conocida la semana anterior, cuando agentes de migración fueron a su apartamento, causó revuelo en Colombia, pues hace parte de una de las mayores vergüenzas en actos de corrupción de los últimos tiempos.
Si Estados Unidos considera que la labor de informante –Lyons- como testigo clave para develar los hechos que rodearon el famoso cartel de la toga ha terminado, podría enviarlo a Colombia en las próximas horas, donde deberá enfrentar sendos procesos judiciales en su contra que incluyen, además, Cartel de la Hemofilia y concierto para delinquir agravado. Sobre Lyons pesa también una condena de cinco años de cárcel que le impuso la Corte Suprema de Justicia en abril de 2018.
Del cartel de la toga hacen parte , entre otros, Francisco Ricaurte, Alejandro Lyons, Gustavo Moreno y Leónidas Bustos.
Como se recordará el exgobernador firmó un preacuerdo con las autoridades, aceptó el delito de concierto para delinquir agravado y prometió devolver 4 mil millones de pesos al Estado. En ese proceso, la Fiscalía aseguró que el robo a las arcas de ese departamento había sido cercano a los 100 mil millones de pesos. Es decir, una miserable devolución de recursos destinados a la salud de los ciudadanos del departamento de Córdoba.
La pregunta de los colombianos de bien es: ¿Cómo puede estar libre en Estados Unidos como testigo un exgobernante corrupto, culpable de uno de los mayores desfalcos que ha vivido el departamento de Córdoba? Tantos privilegios para un bandido por delinquir de todas las formas y robarse miles y miles de millones de pesos cuando en muchos casos alguien, por robarse una gallina, paga 30 o más años, se preguntan. Incluso, muchos ciudadanos aun no sabían que el flamante exgobernador Alejandro Lyons estuviera libre y campante en los Estados Unidos. Su caso refleja los enormes dilemas que se presentan en un sistema penal que se basa en la negociación con los delincuentes.
900 amenazas contra líderes y lideresas.
PROCURADURÍA ALERTA QUE PLAN ÁGORA PARA PROTEGER LAS ELECCIONES, INCLUYA A LÍDERES SOCIALES
“Una alerta fundamental que quiere dejar la Procuraduría a la ministra del Interior es que, en el ejercicio del Plan Ágora, puesto en funcionamiento por el gobierno nacional para asegurar las elecciones del 27 de octubre, se abra un capítulo especial a la protección de los líderes sociales. Estamos en una época de principal alerta. Los líderes y las lideresas en Colombia ejercen, por supuesto un liderazgo político, y el riesgo se acrecienta en esta época electoral”.
Señaló que casos como el crimen de la líder María del Pilar Hurtado, por inacción u omisión de las autoridades locales, que llevaron a la suspensión del alcalde de Tierralta, Córdoba, no se pueden repetir.
Reveló que por hechos similares el ente de control adelanta 35 expedientes disciplinarios.
Destacó la fortaleza e importancia del sistema de alertas tempranas, en el que, con la Defensoría del Pueblo a la cabeza, el Ministerio Público trabaja en la definición de indicadores que permitan actuar disciplinaria y administrativamente en forma ágil frente a más de las 900 amenazas contra líderes y lideresas.
Finalmente, invitó a acompañar el próximo 1 de agosto en Montería el lanzamiento de la campaña “Lidera La Vida”, de la que hacen parte la Procuraduría, la Defensoría, organizaciones sociales, no gubernamentales, cooperación internacional y medios de comunicación.
“Para que en Colombia entendamos y nos apropiemos el valor de las víctimas, de la vida de nuestros líderes. Ellos son la semilla, la cimiente de nuestra democracia y el valor de nuestra sociedad se refleja en aquellos que, sin ganar un peso, enfrentándose al odio, al riesgo, a la inseguridad, son capaces de quejarse por un contrato mal ejecutado, son capaces de ir a un juzgado a interponer una acción popular para defender en contra del despojo del pobre. Ellos hacen democracia, ellos hacen Colombia y por eso nuestra reacción, la de todo el Estado tiene que ser inequívoca y contundente”, puntualizó.
La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, participó en el foro ‘Legalidad en el Estado Social de Derecho’, evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el cual expuso ante más de 500 miembros de las tres ramas del poder público el trabajo que desarrolla la cartera en esta materia.
“La preocupación del Gobierno frente al principio de legalidad, como principal necesidad, reclama del Ministerio de Justicia y de todo el sistema judicial dar claridad a nuestro ordenamiento jurídico para que el ciudadano, el empresario, el comerciante y todos los ciudadanos tengan certeza y protección judicial a la hora de enfrentar un conflicto”, señaló.
Cabello Blanco destacó el papel del Min Justicia, cuyo objetivo principal es el de dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico. Al respecto dijo que se está trabajando en una reforma bajo el liderazgo de la rama judicial y de algunos miembros del Congreso. “Escuchamos a las altas cortes y ofrecemos apoyo para organizar y revisar las normas, para otorgar fundamentación argumentativa y extraer la mejor normativa posible con el fin de satisfacer las necesidades jurídicas de cada ciudadano”, recordó.
Bogotá, 7 de julio de 2019.El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que la nueva reforma a la justicia deber ser realista, descentralizada, que salga del consenso ciudadano y que contemple el uso de nuevas tecnologías para mejorar el acceso.
Puntualizó Carrillo Flórez que “seguiremos defendiendo en donde sea y como sea, a ‘rajatabla’ a la justicia, pero sí necesitamos hacer un gran esfuerzo por bajarla a los territorios. La atención básica es la tarea que sigue pendiente, y para lograr eso evidentemente hay que poner como columna vertebral de esta reforma, el acceso a la justicia”
Bogotá. 26 de junio de 2019.
La Procuraduría señaló que, dentro del proceso adelantado, se tuvo en cuenta el criterio de atenuación, ya que el disciplinado declaró su culpabilidad antes de la formulación de cargos y confesó los hechos investigados, admitiendo su responsabilidad y el impacto de las consecuencias generadas, por lo que disminuyó la inhabilidad general en tres años.
gobernando en campaña
CONSEJO DE ESTADO ACLARA INCOMPATIBILIDADES A CANDIDATOS PARA ELECCIONES TERRITORIALES
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, formuló una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para determinar el alcance de la inhabilidad que pudiere surgir por la aplicación de las incompatibilidades previstas en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, nuevo Código General Disciplinario, para las próximas elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019.
La Función Pública expresó que la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, el nuevo Código General Disciplinario, entra a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación, según su artículo 265, y deroga la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, y una serie de normas, pero establece que "Los regímenes especiales en materia disciplinaria conservarán su vigencia". Además, el nuevo código enumera determinadas normas que entrarán en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación.
En el concepto del Consejo de Estado se destaca que “el artículo 43, numeral 1, literales a y b no establece incompatibilidad alguna para que los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales puedan ser postulados y elegidos en cargos públicos en las próximas elecciones territoriales a celebrarse el 27 de octubre de 2019”.
El Alto Tribunal también indica que la norma citada no afecta otras inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. “El régimen general de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos se mantiene, salvo en cuanto dicha norma extendió en doce (12) meses después del vencimiento del período o retiro del servicio de los servidores públicos territoriales mencionados en la misma, las incompatibilidades similares que se encontraban establecidas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002, el actual Código Disciplinario Único” agrega el concepto del Consejo de Estado.
Un informe hecho por expertos ingenieros y geólogos, solicitado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres, UAEGRDCde la Gobernación de Cundinamarca en mayo de 2018, advirtió en ese entonces la situación de riesgo por movimiento en masa en el sector del kilómetro 58 de la vía que de Bogota conduce a los llanos orientales.
El geólogo, Álvaro Emigdio Mora Galvis, quien lidero las investigaciones, advirtió en ese entonces que “ en el sector delas abscisas K58+100 y K58+175, en el municipio de Guayabetal, se pudo evidenciar que la inestabilidad general inició con las excavaciones del túnel en este sector, y que, según él, antes de la realización de estas obras no se conocía registro de inestabilidad mayor en el terreno". Al ser preguntado por Frente a Frente, Mora Galvis, recordó que excavaciones del túnel fueron realizadas por la Concesionaria Vial de los Andes, SAS. Coviandes.
Sobre la posible culpabilidad de los granjeros, avicultores, que desarrollan su producción en esta zona, el geólogo, Mora opino que, “Lo que pudimos constatar es que el proceso de los galpones es totalmente seco, los desperdicios de los pollos son recogidos”. Así mismo, el informe señala que , “no se encuentran en dicha área elementos que comprometan a la empresa avícola con la inestabilidad en las partes media y baja de la ladera anexa a la vía al Llano en el K58+100 y K58+175”.
Dentro del texto también se afirmó que “se debe resaltar que litológicamente, la calidad de los materiales superficiales en la montaña, es bastante pobre y susceptible a la inestabilidad geotécnica en condiciones naturales; esta inestabilidad
Pero la gravedad del problema, dice Galvis, puede ir mucho más allá, “no conozco los diseños de los túneles, pero advierto que los problemas de inestabilidad pueden inducir a que no se hicieron preinyecciones de concreto”.
De igual manera, esta fue una de las principales conclusiones del informe, “debido al espesor de estos depósitos en la ladera, es evidente que no se trata de un fenómeno de inestabilidad por invierno o por manejo de aguas desde la avícola en la parte alta; si no, de un fenómeno naciente, probablemente, en las vibraciones producidas por las explosiones al interior de la montaña durante la excavación del túnel”.
La Federación de Transportadores de Carga, FEDECARGA, advirtió este que solo en lo transcurrido del cierre de la vía, el gremio transportador afiliado a esta entidad he perdido más de 30 mil millones de pesos por la carga que ha dejado de transportar en ambos sentidos. En el mismo sentido se pronuncióColfecaral agregar que los peajes por la vía alterna son 3 0 4 veces más costosos y que el estado de estas carreteras terciarias es deplorable.
En cuanto a los habitantes de la zona su situación es muy delicada, pues los habitantes del municipio de Guayabetal, que dependen económicamente de la carretera, están literalmente sitiados por la situación natural que se presenta.
más penitenciarias
Cartagena, 18 de junio de 2019.La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, la reubicación urgente e inmediata del personal de la cárcel de mujeres de San Diego, por los problemas de infraestructura que presenta el establecimiento penitenciario.
segundo intento en la era duque
Bogotá, 16 de junio de 2019.La Reforma a la Justicia que requiere el país debe girar en torno al ciudadano de a pie, aquel que no tiene cómo reclamar frente a los conflictos sociales. Así lo expresó este viernes la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, durante un acto académico organizado por la Universidad del Rosario y el periódico El Tiempo.
LYONS MINTIÓ EN SU PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
COLOMBIA: UN PAÍS DESBORDADO POR LA ACCIÓN DE LOS CORRUPTOS
Para 2019, el Congreso de la República aprobó un presupuesto de 258,9 billones de pesos, un monto que, como gasto del Gobierno, representa una cifra social importante para los colombianos, es decir, una inmensa cantidad de recursos.
Comparado con estos números mayores, se calcula que la corrupción mueve en el país más de 50 billones de pesos al año, o sea que los corruptos se embolsillan también cantidades macro, pero ya no en un acto de aprobación presupuestal, sino en viles acciones de beneficio propio, que perjudican la calidad de vida y la existencia de millones de ciudadanos.
La historia negra de las frecuentes corruptelas que han escandalizado a la hasta ahora indefensa sociedad colombiana, tiene entre sus casos sonados al Guavio, un robo en obra pública que han tenido que pagar injustamente los usuarios de servicios públicos. También, están en la ignominiosa lista Foncolpuertos con sus millonarias triquiñuelas pensionales; Interbolsa, de la línea de los llamados “picas” que han estafado a miles de inversionistas; por supuesto, el Carrusel de la Contratación que puso a los bogotanos bajo el imperio de los más corruptos contratistas quienes se llevaron unos 2,2 billones de pesos, dejando parte de la ciudad en obra negra y, más recientemente, el destape de Odebretch, ejemplo nefasto de coimas valoradas en 32,5 millones de dólares, que han involucrado a la élite de la política nacional, incluidos dos expresidentes y al actual mandatario. Se suman los fantásticos sobrecostos de Reficar, los manejos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Agro Ingreso Seguro, que sacaba plata de los pobres (subsidios) para repartirla entre unos pocos ricos, o el ensañamiento de los corruptos con la salud en asuntos como los de los 1,2 billones de pesos de Saludcoop, y las malas mañas de administraciones pasadas en el Departamento de Córdoba, donde se esfumaron 87 mil millones de pesos que conectan con otro asombroso y perverso proceso: el Cartel de la Hemofilia.
Dentro de esa larga lista de escándalos de corruptela, como el robo a la salud en el departamento de Córdoba, ya nada parece sorprender a los colombianos, a no ser por la forma como se han cometido estos actos delictivos tan aberrantes. Aunque la historia del robo de recursos en ese departamento y el resto del país, no es nueva, si lo es el descaro con que se practica.
Guillermo Pérez, protagonista en uno de los casos de corrupción en Córdoba, le dijo a la Fiscalía, que él hizo parte de la entidad, “Unidos por su Bienestar”, creada para que desde allí funcionara el peligroso Cartel de la hemofilia. Dijo que fue en ese momento que conoció al ex gobernador, José Alejandro Lyons Muskus, a quien en adelante lo llamarían “el señor”, y a quien la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, investiga por, supuestamente, crear, conformar y liderar este delincuencial grupo que, a través de esta diabólica empresa, durante el periodo 2013 al 2015, se robó el presupuesto de la salud en ese departamento.
https://soundcloud.com/user-427944899/declaracion-jurada-guillermo-perez-2
Según el testigo, la empresa, “Unidos por su Bienestar”, estaba integrada por Sami Spat Storani, enlace entre los contratistas, y el ex gobernador para la entrega de coimas; Cristóbal Cabrales, Adalberto Carrascal, Alejandro Lyons y él, quien captaba a través de sus cuentas los recursos destinados para la salud, y se lo distribuían entre sus socios de acuerdo a unas condiciones pactadas como consta en documentos, facturaciones y extractos que le llevó al ente acusador. Explica Guillermo Pérez que una vez reunido el monto de los recursos que efectivamente entraban a las cuentas, se hacía la retención en la fuente, se sacaba el 4 por mil y luego el 30%, y de manera prioritaria se le entregaba al entonces gobernador Alejandro Lyons, un 3% para los secretarios de turno, haciendo claridad, dice, que Edwin Preciado fue el único que no recibió nada.
Siguiendo el proceso de corruptela, dice el testigo, se sacaba el valor del medicamento que sí debía comprarse para la atención de los usuarios que lo necesitaran, y luego sí el saldo de los recursos se dividía entre el grupo.
COMO FUNCIONABA EL CARTEL?
Afirma el testigo Guillermo Pérez, que se compraba el medicamento inicial y su facturación se pasaba para la atención de un mes. Luego, el doctor Ceballos certificaba el medicamento por tres meses, es decir, compraban uno y les certificaban tres. Cada uno de los socios tenía su copia, documentos que se pueden corroborar con los extractos bancarios de las cuentas, de los montos de las entregas entre las cuales aparece el 30% para Alejandro Lyons, recursos que como ya se mencionó, eran entregados por Sami Spath Storani.
Dentro de las pruebas, el testigo mostró a la Fiscalía fotos del edificio Safan, ubicado en la 63, del barrio el Recreo, apartamento 501, de propiedad de Sami Spat Storani, lugar donde se hacían la mayoría de reuniones, o en la casa de Cristóbal Cabrales, a donde el testigo, Guillermo Pérez, también llevaba recursos para entregárselos al ex gobernador Alejandro Lyons.
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Agrega el testigo que, en una oportunidad, de una cuenta que contaba alrededor de 1.200 o 1.500 millones de pesos, el gobernador le pidió que le facilitara 900 millones como un favor que, según él, serían para la campaña de su prima Sara Piedrahita a la Cámara. Ese día, recuerda el testigo Guillermo Pérez, fue en compañía de Jorge Saker y Cristóbal Cabrales a llevarle ese monto al ex gobernador Lyons. Agrega que el ex gobernador le agradeció y conversaron por espacio de media hora.
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A la pregunta de la fiscalía si conocía más personas que pertenecieran al grupo del Cartel de la Hemofilia dijo que si, y menciono a Jorge Saker y a Rubén Guerra, representante legal de “Unidos por su Bienestar”. Agrega que esos recursos se entregaron a las campañas de Sara Piedrahita y de Rubén Guerra a la Asamblea. Afirmó que no sabía si parte de esos recursos fueron destinados para la campaña de Edwin Besaile a la Gobernación, y seguidamente, dijo enfáticamente no saber nada sobre si había algún nexo o apoyo de parte de Alejandro Lyons para la campaña de Edwin Besaile para que fuera su sucesor. Recordó que el objetivo de Lyons era sacar a Rubén Guerra para así mantener su grupo político, y para que Sara Piedrahita saliera como Representante (2014-2018)
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En cuanto a la IPS San José de la Sabana, de la cual el testigo era socio mayoritario, dice que en el 2015, por orden del entonces gobernador Lyons, se pararon los pagos de servicios no pos que se radicaban en la gobernación, por falta de recursos. lo que motivo una dificultad para cobrar la última cuenta por servicios prestados. Ya en 2016, en la nueva administración, buscó al ex secretario de salud de la admiración Lyons, Alfredo Aguachan, para que este, con el apoyo del nuevo secretario de salud, José Jaime Pareja Alemán, les firmara las autorizaciones y las certificaciones como cuentas pendientes por pagar, un favor, recuerda, por el que le pagaron 150 millones de pesos. Finalmente, la cuenta fue cobrada en mayo de 2016 por un valor de 1.525 millones de pesos y, cómo era lo acordado, Lyons recibió su 30%. Recuerda que otros contratistas no contaron con la misma suerte y que tuvieron que presentar tutelas para que les pagaran.
EL CARTEL ESTA CALIENTE.
Para la fecha, el escandalo sigue creciendo y se requiere, según el testigo, cuadrar a la contraloría, entonces se reúne el cartel en la casa de Mane Otero, Jorge Saker, Rubén Guerra, Guillermo Pérez, Alejandro Lyons y su padre, Alejandro Lyons de la Espriella. Por recomendación de Alejandro Lyons le refiere una persona que vive en Cartagena (No recuerda el nombre) quien había trabajado en un alto cargo en la contraloría en 2015, quien a su vez, supuestamente, tendría acceso a la Contraloría en Bogotá para cuadrar y frenar el escándalo en esa entidad. Menciona el testigo Pérez, que se acordó un pago de 300 millones, recursos que le fueron entregados a Mane Otero y Jorge Saker para entregárselos a ese enlace.
Al pasar el tiempo, el escandalo seguía creciendo, no había resultados, entonces el testigo se va a Bogotá a preguntarle a Alejandro Lyons qué estaba pasando, y su respuesta, comenta, fue que no sabía que había ocurrido. Recuerda el testigo que en medio del desespero, y por casualidad, se encontró en Cartagena a un muchacho al que estaban investigando por temas similares a quien Guillermo Pérez le pregunta si conocía a esa persona que supuestamente era el enlace con la contraloría recomendado por Lyons, y ese muchacho le informa que incluso es su amigo. Lo contactan (era oferente de un banco de datos) y el testigo Pérez le pregunta si recibió los 300 millones para solucionar un problema ante la contraloría, a lo que el supuesto enlace respondió que no. Les refirió que si le habían propuesto este tema, pero que él les había explicado que con el cartel de la hemofilia ya no se podía hacer nada. Según Guillermo Pérez, esa persona (no recuerda su nombre) les comentó que a cambio había hecho un compromiso de arreglar un tema de salud. Dice el testigo que se va, busca a Lyons, y le reclama para que le devuelva 100 millones de los 300 que le corresponden a él, los recibe, y acuerdan que Lyons les devolverá los 200 restantes a los otros socios Rubén y Jorge.
Finalmente, concluye que en total el grupo le entregó más de 15.000 millones de pesos al ex gobernador Alejandro Lyons.
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Hasta aquí el relato de Guillermo Pérez, el iceberg en la corrupción en Córdoba y el cartel de la hemofilia, pero no lo único porque en medio de tantas mentiras se ocultan miles de millones de pesos en el robo de Córdoba.
PROPIEDADES OCULTAS.
La siguiente documentación demostraría que el ex gobernador Alejandro Lyons nunca le ha dicho a la Fiscalía la verdad, ya que se habría comprometido a entregar 4.000 millones de pesos, como parte de su colaboración con las autoridades.
https://img1.wsimg.com/blobby/go/bb2f5866-650b-4690-be43-2d58d6c0eaac/downloads/IMG_20190605_073802.jpg?ver=1560166455714
Sin embargo, el ente acusador incautó un botín oculto conformado por 12 inmuebles y una sociedad comercial avaluados en 18.500 millones de pesos, propiedades que, según la Fiscalía, estaban a nombre de terceras personas.
https://img1.wsimg.com/blobby/go/bb2f5866-650b-4690-be43-2d58d6c0eaac/downloads/IMG_20190605_073821.jpg?ver=1560166469148
No menos interesante en esta trama de corrupción del cartel de la hemofilia en Córdoba, constituye lo relatado por la Fiscalía esta semana en audiencia de control de garantías, adelantada por el Tribunal de Cundinamarca, contra los ex gobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile Fayad.
https://www.youtube.com/watch?v=i2K7kebwqmk
En efecto, el ente acusador dio a conocer como, a través de un alto número de órdenes de prestación de servicios de salud en el departamento de Córdoba, cuya suma supera los 30. 500 millones de pesos, Alejandro Lyons se pudo haber quedado con más de 26.000 millones de pesos, un monto que no ha podido demostrar el otrora poderoso gobernador.
https://www.youtube.com/watch?v=v8eOlrhP8Ks&t=1sHoy
Alejandro Lyons vive campante en el exterior, desde donde le manifestó a la justicia, al cierre de la audiencia, no allanarse a los cargos que se endilgan.
https://youtu.be/rdyonDrUvCw
EL PODEROSO Y PELIGROSO CLAN LYONS
MIENTRAS EL HIJO ROBABA, EL PAPÁ LEGALIZABA
Por décadas, lo clanes familiares de las regiones colombianas fueron tomados como un elemento más del paisaje político, en lugares donde el apellido estaba respaldado por un gran poder económico y una influencia notoria en otros campos como las artes, la cultura o la misma marca moral o ética de ciertos territorios.
El explosivo fenómeno de la corrupción hizo que muchos de estos clanes, por demás beneficiarios de grandes fortunas y de niveles educativos envidiables, sucumbieran ante las tentaciones del dinero fácil para aliarse con agentes de violencia o a mafias locales. Y esto se llevó por delante esa institución que parecía incuestionable: la familia.
La denominada “hampa criolla” de los años cuarenta o cincuenta del siglo XX, mantuvo, aún en sus condiciones de ignorancia y precariedad social, un cuidado por la familia a la que trataba de mantener lejos del bajo mundo. También, las mafias internacionales, en alguna medida, compartían códigos que procuraban algo de cuidado por la conservación de prácticas de buen comportamiento y legalidad en el núcleo familiar.
En Colombia, los círculos más íntimos y cercanos de los corruptos, hoy están arrastrados por el crimen y la delincuencia. Madres cobijadas por el testaferrato, hijos ligados a la complicidad de los desfalcos y las corruptelas en el manejo de lo público, tíos, primos y hermanos, partícipes de colosales asaltos al erario o de tramas que, en las arcas departamentales y nacionales han significado pérdidas monumentales.
Una herencia maldita que hoy se puede observar en casi todos los casos de escándalos de corrupción que parecen no tener límites.
Uno de estos casos más sonados de carteles de corrupción que involucra a la familia en los últimos tiempos en Colombia lo constituyen Alejandro Lyons Muskus, hijo, ex gobernador de Córdoba entre los años 2012 – 2015 y Eugenio Lyons de la Espriella, padre y a quien la Fiscalía General de Nación acaba de llamar a juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El ente acusador dice que Lyons padre adquirió 14 propiedades a partir de 2.011 con dineros que el ex gobernador presuntamente obtuvo como producto de la corrupción durante su administración. Un incremento patrimonial no demostrado y cuyo valor se calcula en 8.000 mil millones de pesos producto de desfalcos. Se recuerda que igualmente la Fiscalía acusa a Alejandro Lyons Muskus de apropiarse de más de cien mil millones de pesos.
También se recuerda que el ex gobernador Alejandro Lyons, durante una reciente audiencia en un tribunal de Cundinamarca, fue acusado de presuntamente haberse apropiado de recursos de la salud en Córdoba por más 26.000 millones de pesos.
La información obtenida por el ente acusador en el caso del cartel de la hemofilia es contundente ya que según el testigo, Guillermo Pérez, protegido bajo el principio de oportunidad, Alejandro Lyons Muskus era el cerebro de la entidad, “Unidos por el Bienestar”, bajo la cual el ex gobernador recibió más de quince mil millones de pesos, como producto de un pan maquiavélico para desfalcar la gobernación.
VPMV.
¿QUIÉN PROTEGE A PAVIMENTOS COLOMBIA?
Las selectivas investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación en los casos incluidos en el Carrusel de la Contratación han dejado un manto de duda sobre el porqué, a pesar de diferentes testimonios, principios de oportunidad, y confesiones de corrupción, algunos Fiscales omiten avanzar en investigaciones a personas, empresas o acusados de pagar sobornos o coimas a funcionarios públicos.
Este es el caso de la empresa Pavimentos Colombia, compañía constructora que en el pasado celebró contratos con la Unidad de Mantenimiento Vial de la Alcaldía de Bogotá -del tristemente célebre Samuel Moreno- y, al parecer, también en las anteriores de Lucho Garzón y Enrique Peñalosa.
Esta no es la historia de la canción interpretada por don Antonio Aguilar, Rosita Alvires, quien murió en 1.900 en medio de un baile a manos de Hipólito por desairarlo y quien, según el relato, está en la cárcel dando su declaración. No, es solo una coincidencia.
En nuestros tiempos, en Bogotá Colombia, se trata nada más y nada menos que de lo manifestado hace unos ya varios años por parte del ex concejal Hipólito Moreno–ahora Alejandro Moreno- quien ha confesado, dentro del principio de oportunidad con la justicia, en su matriz de colaboración con la Fiscalía, información que ratificó bajo la gravedad de juramento respecto de haber recibido a través del hoy condenado Iván Alberto Hernández, ex director de la UMV, dinero de la compañía PAVIMENTOS COLOMBIA, compañía que hoy participa en diferentes proyectos y licitaciones de infraestructura en Bogotá, y a nivel nacional, y que, en su momento, adelantó la construcción de las obras de Transmilenio Fase lll, sin que 10 años después sus representantes hayan sido vinculados a las investigaciones por el Carrusel de la contratación, que desangró a Bogotá. Algunas empresas que al igual que Pavimentos Colombia hacen parte del mismo grupo son: Concay, Icein, Mario Huertas
(Léase apartes de la audiencia sobre el cartel de la contratación)
JUEZ: Mire que la pregunta fue clara, qué personas le colaboraron en las campañas que había participado en licitaciones de la malla vial, qué personas, no en qué número de licitación, qué número de proceso licitatorio, de qué fecha, qué valor, no, qué persona, es decir lo que yo necesito saber es qué persona, esa es la información que está pidiendo el señor defensor, aquí estamos hablando entonces es de Pavimentos Colombia, esa es la persona.
ALEJANDRO MORENO (HIPOLITO MORENO): Bien yo ya había mencionado a Pavimentos Colombia anteriormente y hago referencia a Pavimentos Colombia.
JUEZ: Hay dos circunstancias frente a las tres facturas y el dinero que él recibió punto, eso es lo que yo he dicho, ahora la pregunta es… Si puede establecer el monto que usted recibió como producto o con ocasión de ese proceso licitatorio, no da lugar la objeción.
ALEJANDRO MORENO (HIPOLITO MORENO): Sí Señoría, yo firmé un principio de oportunidad total en el cual esas empresas que usted me pidió que leyera están incluidas en mi matriz de colaboración, todas. La segunda parte, yo nunca pacté con el señor Iván Hernández ni porcentajes, ni valores, ni ninguna clase de cosas, si otros lo hicieron lo desconozco porque yo jamás me reuní con ningún concejal para definir valores o comisiones, si otros lo hicieron yo no, yo simplemente recibía lo que ellos consideraban o perdón lo que el Doctor Iván Hernández consideraba que debería recibir, nunca me preocupé por qué recibía el uno o qué recibía el otro lo desconozco, que sé que recibieron sí porque el Doctor Iván Hernández me lo dijo y era obvio que lo recibieran porque si lo no lo hubieran recibido pues obviamente a los políticos les da patatús por eso. Respecto a la pregunta de cuántos montos recibí yo, no se lo puedo concretar porque no venía preparado para esa respuesta y ya lo he dicho en todas las declaraciones en y yo lo que hago cuando vengo es leer un poco mi interrogatorio del hecho que voy a tratar y me centró a preparar digamos ese tema en el cual me citan, me han citado a muchos, ayer estaba en otro y cada vez me toca leer específicamente sobre un tema, de manera que yo no le puedo dar un valor exacto a usted de cuánto recibí de las empresas que tuvieron contratos con la unidad de mantenimiento vial diferentes a las que ya señalé específicas del contrato de Patria.
En este triste episodio de corrupción en la contratación Distrital, al parecer, participaron 23 cabildantes, ex gobernadores, diplomáticos y empresarios, según lo dijo un testigo a la fiscalía en 2013. En ese momento, este testigo dijo a la fiscalía que “en todas y cada una de las obras de la ciudad se pagaron comisiones, incluyendo las incumplidas, es decir, las de los hermanos Nule, quienes falseaban los documentos, se robaban los anticipos, y no pagaban las comisiones”. Por su parte, Hipólito Moreno, en sus inicios panadero, y quien ocupara grandes cargos en el Distrito para luego alcanzar un enorme poder que lo llevó a ocupar dos veces la presidencia del concejo con las mayores votaciones, dijo a la fiscalía que “se pactaron alianzas para escoger contralor y personero, y así bloquear la gestión del ex alcalde Gustavo Petro”.
La pregunta que hoy se hacen los indignados ciudadanos es: ¿Qué ha pasado con estos representantes de empresas como Pavimentos Colombia? ¿Por qué la Fiscalía y los entes de control NO han entregado los resultados? Respuestas que desconciertan a quienes terminaron pagando de su bolsillo, con sus impuestos, la billonaria corrupción, pues 10 años después, al parecer, todas estas empresas siguen licitando o al frente de mega obras y muchos de estos nefastos personajes que participaron se están dando vida de reyes.
(Véase video audiencia dentro del principio de oportunidad al ex concejal Hipólito Moreno)
https://www.youtube.com/watch?v=CckgPqh_9pQ&feature=youtu.be