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Timestamp: 2018-04-21 06:52:20
Document Index: 203760826

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 469', 'artículo 19', 'artículo 8']

Tribunal Superior de Justicia, presidida por la doctora María Esther Cafure de - PDF
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Blanca Vera Revuelta
1 SENTENCIA NUMERO: CIENTO VEINTE En la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de junio de dos mil siete, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "Hábeas Corpus correctivo presentado por María Angélica O. De Moller -RECURSO DE CASACIÓN-" (Expte. "H", 6/06), con motivo del recurso de casación interpuesto por María Angélica O. De Moller, en su carácter de representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, en contra del Auto número trescientos once, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, dictado por la Cámara de Acusación de esta ciudad. Abierto el acto por la Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: I. Es nula la fundamentación de la decisión recurrida, en cuanto dispuso aplicar el artículo 19 de la ley 23098? II. En su caso, qué resolución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. 1
2 A LA PRIMERA CUESTION La señora vocal doctora Aída Tarditti, dijo: I.1. Por Auto n 127, 9 de setiembre de 2005, el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba resolvió rechazar la acción de habeas corpus colectivo presentada por ser la misma inadmisible (fs. 83 vta.). Contra dicha resolución, María Angélica O. De Moller impetra recurso de apelación, con fecha 19 de setiembre de Por Auto n 147, del 20 de abril de 2006, dictado por la Cámara de Acusación, se resolvió -en lo que aquí interesa-: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución de la Sra. Juez de Control n 1, debiendo imprimirse el trámite de ley a la acción intentada, en virtud de lo dispuesto por los artículos 47 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y artículos 18 y 43 de la Constitución Nacional, sin costas (fs. 242). 3. Contra la decisión aludida el Fiscal de Cámara interpuso incidente de nulidad, argumentando la falta de observancia los requisitos de admisibilidad de la apelación y la ausencia de traslado de la parte demandada (fs. 282/283). El incidente de nulidad se tramitó con la intervención de la Provincia (fs. 292) quien al evacuar la vista adhiere a la argumentación del Señor Fiscal de Cámara. 4. Por Auto n 311, del 31 de agosto de 2006, la Cámara de Acusación de esta ciudad resolvió declarar la nulidad absoluta del A. n 147, dictado con fecha 2
3 20 de abril de 2006, atento a que la instancia recursiva intentada había sido interpuesta en forma extemporánea, violándose derechos amparados constitucionalmente como el del derecho de defensa en juicio, debido proceso legal y el de igualdad de las partes en el proceso (arts. 18, 19 y correlativos y concordantes de la Constitución Nacional) (fs. 298). II. Contra dicha resolución María Angélica O. De Moller, en su carácter de representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, interpone recurso de casación, invocando el motivo formal previsto en el inc. 2º del art. 468 CPP (fs. 1/13 del cpo. del recurso de casación). La impugnante sostiene que la resolución cuestionada contiene una argumentación contradictoria, pues el iudex sostiene, por un lado, que la resolución declarada nula viola el derecho de igualdad de las partes y el debido proceso y, por el otro, que no se puede hablar en este proceso de parte demandada, por lo tanto, no existe vulneración del derecho defensa de la misma. De tal manera que, si no existe contra parte, tal cual el mismo Tribunal lo expresó, cuáles son las dos posiciones jurídicas que se deben preservar en pie de igualdad. Cita doctrina judicial en abono de su posición. La recurrente señala también que la falta de claridad en que incurrió el sentenciante al estructurar la fundamentación del decisorio impide desentrañar el sentido de la misma, dado que no se comprende cuál es el argumento que utiliza 3
4 la Cámara para declarar nula la resolución y, por tanto, no se sabe qué se está discutiendo y cuál es el argumento y las razones a impugnar en defensa de los intereses de los agraviados. Es que, al invocar de modo general y abstracto el debido proceso, sin especificar a cuál de las garantías que lo integran se refiere y reconociendo al mismo tiempo, que hay y no hay partes y que se vulnera y no se vulnera el derecho de defensa, la argumentación no sólo es contradictoria, sino vaga, confusa e ininteligible. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la impugnante infiere que el Tribunal al declarar la nulidad pareciera hacer referencia a la falta de competencia para entender en el recurso de apelación interpuesto. Sobre el particular y luego de reseñar el propósito que se tuvo en cuenta al momento de dictar la ley , la quejosa señala que la misma tiene un capítulo primero vigente en toda la República, cualquiera sea el Tribunal que la aplique y dos capítulos más el segundo y el tercero- que rigen en el ámbito nacional y que son de naturaleza fundamentalmente procesal. La temática de estos capítulos, pues, se regulará en cada provincia por lo que ellas dispongan. En virtud de ello, considera que no es factible la aplicación del artículo 19 de la ley que regula el plazo para interponer recursos, pues constituye competencia de las provincias el dictado de la normativa adjetiva o procesal. 4
5 Específicamente, en el ordenamiento provincial, la regulación del habeas corpus estuvo dada por la ley 3831, derogada por el decreto ley 5154 ratificado por ley De la interpretación del ordenamiento jurídico provincial surge que, no existe una regulación vigente en relación a la mentada garantía constitucional, por no haberse previsto expresamente así. Entiende que la normativa aplicable al caso es el Código Procesal Penal de esta provincia (texto según ley 8123), toda vez que a pesar que el referido instituto no se encuentra incluido en el referido ordenamiento penal procesal, se puede postular la ultractividad de las normas que habían sido dispuestas en el digesto derogado, reparando que la solución no puede dejar de computar principios constitucionales orientadores como, por ejemplo, el carácter más beneficioso de la regulación en cuestión. La quejosa destaca que la discusión se centra en la posibilidad de habilitar la vía de la acción de habeas corpus colectivo, como instrumento de defensa efectiva de derechos humanos, por lo que resulta inadmisible que el mismo sea considerado sólo un procedimiento en donde las formalidades sean prioritarias. En otro orden de ideas, se afirma que el iudex ha inobservado las reglas de la sana crítica racional al dictarse la nulidad del decisorio que decidió proseguir con la acción de habeas corpus. Es que, la nulidad ha sido prevista con 5
6 la finalidad de garantizar derechos fundamentales durante el proceso, no bastando la sola alegación de la vulneración de las formas para la declaración de nulidad. Reseña doctrina que, a su ver, abona su posición. En el sub júdice, la Cámara de Acusación ha declarado la nulidad de una resolución en un supuesto de beneficio de la ley, sin que exista en el caso un interés concreto afectado, que constituye el único justificante para la invalidación de un acto procesal. El denominado principio de interés en los que aquí nos interesa, no es aplicable sólo en relación a las nulidades relativas sino también a las nulidades absolutas. En el caso que nos ocupa la Cámara de Acusación ha declarado la nulidad de una resolución en un supuesto de beneficio de la ley, sin que exista en el caso un interés concreto afectado, que constituye el único justificante para la invalidación de un acto procesal. No ha existido de acuerdo a lo expresado por el propio Tribunal- una parte cuyo derecho sea vulnerado, y de ello se sigue que no existe interés al cual se haya causado un perjuicio efectivo. Es que, el propio Tribunal reconoció que el auto que se declaró nulo sólo habilitaba la apertura de la instancia judicial. Cita doctrina que, a su ver, abona su posición. Por lo demás, afirma que las circunstancias en que se encuentra la situación de las cárceles en nuestra provincia, amerita una tutela jurisdiccional 6
7 inmediata con los alcances requeridos. Pues la situación denunciada al momento de la interposición se ha agravado si se contabiliza las personas fallecidas en los establecimientos penitenciarios provinciales. Hace reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la vulneración de derechos constitucionales (Ley 48, artículo 14). III. Como cuestión liminar es menester recordar que a la luz del elenco de resoluciones recurribles en casación contenido en el artículo 469 del código ritual y conforme doctrina judicial del más Alto Tribunal de la Nación, los pronunciamientos que resuelven nulidades procesales, por regla general, no son resoluciones equiparables a "sentencia definitiva", salvo cuando se demuestra que el perjuicio que ellos pueden ocasionar resulta irreparable (Fallos, 291:125; 308: 1667 (1986); 311:252 (1988); 314:1745 (1991); 316:341 (1993) citados por Alberto Bianchi, "La Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Abaco, Buenos Aires, 1998, págs. 149 y 150; T.S.J., Sala Penal, A. n 4, 11/2/04, "Suárez"). La aludida excepción se verifica en el sub lite, en el que la declaración de nulidad tiene básicamente- el efecto de confirmar el rechazo de la acción de hábeas corpus colectivo presentada en los presentes actuados. Es que, reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el pronunciamiento que confirma el rechazo de la acción de hábeas corpus es 7
8 definitivo, pues pone fin a la acción colectiva pretendida por la recurrente en los términos pautados por el art. 43 de la Constitución Nacional. Agregándose que, en cualquier caso sería equiparable a sentencia definitiva, pues el gravamen que provoca el objeto de la acción y que perjudicaría a todos los detenidos en establecimientos policiales de la Provincia de Buenos Aires es de imposible e insuficiente reparación ulterior, denunciándose como vulneradas distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional, como así también en diversos instrumentos internacionales incorporados a ella en virtud de la recepción establecida en el art. 75, inc. 22, que demandan tutela judicial efectiva e inmediata (V XXXVIII Verbitsky, Horacio, LA LEY 2005-D, 530). IV. Si bien la recurrente plantea una serie de críticas contra la decisión atacada, todas ellas se vinculan con la errónea aplicación del artículo 19 de la ley (Ley nacional de Hábeas Corpus), al momento de computar el plazo durante el cual puede interponerse el recurso de apelación en contra de la resolución que decidió declarar inadmisible la acción de habeas corpus presentada por la recurrente. 1. Sobre el particular debe señalarse en primer lugar que el hábeas corpus configura una garantía esencial de un derecho primario, individual y básico, cual es la libertad ambulatoria. 8
9 La reforma de 1994 le otorgó expresa jerarquía constitucional a la referida garantía, considerándolo una especie dentro de la garantía genérica del amparo que puede ser interpuesto cuando el derecho lesionado, restringido, alterado, o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio (CN, 43). La legislación reglamentaria del habeas corpus fue dispuesta oportunamente- por la ley 23098, la cual se desarrolla a lo largo de tres capítulos. El primero, de Disposiciones Generales, cubre los artículos 1 a 7. El segundo, titulado Procedimiento alude especialmente al trámite de la acción, y se desenvuelve en los artículo 8 a 24. El tercer capítulo se denomina Reglas de aplicación y comprende los artículos 25 a 28. La doctrina científica es conteste en señalar que la ley tiene un capítulo primero con vigencia para toda la República, cualquiera sea el tribunal que la aplique; y dos capítulos más (segundo y tercero) que rigen en el ámbito federal y que son de naturaleza fundamentalmente procesal, la cual se regulará en cada provincia por lo que ellas dispongan (SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO, Hábeas 9
10 Corpus, Astrea, Bs. As., 1988, p. 120; LOIÁCONO, VIRGILIO J., La ley De la Rúa de Habeas Corpus, ED, T.111, p. 865). B. Ahora bien, la Constitución de nuestra provincia también le dio explicita cabida a la mentada garantía en la reforma de 1987 señalando que toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas. Puede ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso. La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución (Const. Prov., 47). En consonancia con lo anteriormente expuesto, los Convencionales Constituyentes provinciales señalaron que la ley es de contenido constitucional, crea un sistema independiente que no queda incorporado al Código Procesal Penal [Nacional] y consta de dos partes que nos interesa destacar: una, que es aplicable en todo el territorio nacional cualquiera sea el tribunal que la aplique (nacional o provincial), sin perjuicio de que se apliquen las constituciones provinciales o leyes locales en la materia, cuando se estime 10
11 que ellas confieren protección más eficiente: la otra parte, rige solamente en el ámbito federal porque tiene naturaleza fundamentalmente procesal, es decir, que dicha ley respeta la competencia de las provincias para dictar normas de procedimiento en sus respectivas jurisdicciones (Convencional Constituyente Ernesto Gavier) (Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente, 29na reunión, 16ª Sesión Ordinaria: 20/21 de abril de 1987, p. 1606). Con respecto a la legislación reglamentaria del hábeas corpus en el orden provincial debe repararse que, la misma sólo tuvo regulación expresa en los artículos 464 al 474 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba (texto según ley 3831). El ordenamiento de rito referido fue sustituido por el texto del Código Procesal Penal de Córdoba, según decreto ley ratificado por la ley n 5606-, no prescribiéndose manda legal alguna referida a la acción de hábeas corpus. La misma tesitura fue adoptada por el legislador de la regulación penal procesal actualmente vigente en esta provincia (CPP, ley 8123), habida cuenta que tampoco se dispuso reglas específicas relativas al trámite de la aludida garantía constitucional. C. En este marco de análisis podemos aseverar que sólo el capítulo I de la ley tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea el tribunal que la aplique. Por el contrario, la regulación del procedimiento de hábeas corpus resulta materia conservada por las Provincias, conforme a la 11
12 distribución de competencias establecida en la Constitución de la Nación (arts. 121 y 126). Atento a que no existe una regulación específica del hábeas corpus vigente a nivel provincial, resulta menester integrar el referido vacío normativo y establecer cuales son las disposiciones que deben disciplinar el trámite de la referida garantía constitucional. Para el referido cometido, entendemos que debe analizarse cuál de las posibles legislaciones a aplicar otorgan más eficiente protección de los derechos a que se refiere la ley (arg. art. 1, segundo párrafo de la Ley 23098). D. En sub lite, resulta evidente que las normas que otorgan mayor tutela a la libertad ambulatoria son las establecidas en el Código Procesal Penal actualmente vigente en esta provincia, toda vez que el término que las mismas instituyen para ejercitar el poder de recurrir la decisión adversa al referido derecho tres días- (CPP, 461), resulta mayor al previsto en la ley nacional de hábeas corpus para idéntico fin veinticuatro horas- (art. 19, Ley n 23098). Tal interpretación se encuentra -mutatis mutandi- en consonancia con aquella doctrina que entiende que el ordenamiento penal procesal es la ley supletoria de la legislación reglamentaria del hábeas corpus, al entender que aquel contiene la normatividad más próxima a la temática objeto de 12
13 reglamentación (D ALBORA, FRANCISCO, el procedimiento de hábeas corpus en la ley , ED, T.113, p. 972). Asimismo, la integración del mentado vacío legal con disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal, respeta la técnica que se adoptó en los antecedentes legislativos provinciales sobre la materia, vale decir, la de reglamentar el hábeas corpus dentro del referido ordenamiento de rito (CPP, 464 al 474, texto según ley 3831). Por lo demás, la télesis que propugna la aplicación de las normas de procedimiento contenidas en la ley trae aneja una vulneración a las reglas de distribución de competencias establecida en la Constitución Nacional (CN, 121 y 126), toda vez que se decide por la aplicación de normas federales en un ámbito de competencia legislativa conservadas por las provincias. En consecuencia, no resulta ajustada a derecho la afirmación expuesta por el Tribunal a quo en orden a que el plazo para interponer el recurso de apelación es de veinticuatro horas (art. 19 de la ley 23098) y sobre la que se asienta la decisión de declarar nula la resolución que revocó el rechazo de la acción de hábeas corpus colectivo presentada en los presentes actuados. Voto, pues, afirmativamente a la cuestión planteada. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 13
14 Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arable, dijo: La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: Atento al resultado de la votación que precede, corresponde: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido y en consecuencia anular la decisión impugnada, reenviando los presentes actuaciones al Tribunal de origen, a fin de que se expida sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Provincia de Córdoba, en contra del Auto n 147, del 20 de abril de 2006, por el cual se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante. II. Sin costas, atento al éxito obtenido (arts. 550 y 551, C.P.P.). Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia de igual forma. 14
15 La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arable, dijo: La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido y en consecuencia anular la decisión impugnada, reenviando los presentes actuaciones al Tribunal de origen, a fin de que se expida sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Provincia de Córdoba, en contra del Auto n 147, del 20 de abril de 2006, por el cual se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante. II. Sin costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mi, el Secretario, de lo que doy fe. Dra. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 15
16 Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dra. María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI Secretario del Tribunal Superior de Justicia 16
LIBERTAD CONDICIONAL - VIOLENCIA FAMILIAR - INFORME PERICIAL - PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN.
LIBERTAD CONDICIONAL - VIOLENCIA FAMILIAR - INFORME PERICIAL - PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN. TSJ CBA, Sala Penal, "S.C.L. S/ EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD RECURSO
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
RECURSO DE CASACIÓN: Impugnabilidad objetiva: Incidente de Ejecución. Resolución relativa a la remuneración del trabajo penitenciario. EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. Ley de Ejecución Penitenciaria