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Timestamp: 2019-08-24 00:43:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 49', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 426', 'artículo 494', 'artículo 20', 'artículo 430', 'in dubio', 'artículo 420', 'artículo 8', 'artículo 131']

SUSTITUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LIBRO V DE CÓDIGO DEL TRABAJO
ENMIENDA DE LEY Nº 19.300 EN MATERIA DE LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS
Sesión 21ª, en miércoles 3 de agosto de 2005
(De 16:21 a 18)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo (3367-13) (se aprueba en general)..
Sesión secreta: se adopta resolución sobre designación de integrantes del Consejo Nacional de Pesca (S 810-05)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, en materia de liberación al medio ambiente de organismos transgénicos (2703-12) (vuelve a Comisiones de Agricultura, Especial para Sociedad de la Información y el Conocimiento, y de Medio Ambiente).
Concurrieron, además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, y el señor Asesor de esa Secretaría de Estado .
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, en 19 de julio; y 19ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 20 de julio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con los dos primeros informa que tomó conocimiento del rechazo, por parte del Senado, de las iniciativas que a continuación se señalan, a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán las respectivas Comisiones Mixtas que deberán constituirse de conformidad con el artículo 67 de la Carta Fundamental:
1) Proyecto de ley que establece la incompatibilidad de los cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital (boletín Nº 1.296-03).
2) Proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Horacio de la Peña (boletín Nº 3.771-17).
Con el tercero hace saber que tomó conocimiento del rechazo, por parte del Senado, de las modificaciones introducidas por ella al proyecto de ley que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (boletín N° 1.394-13), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con el artículo 68 de la Carta Fundamental.
Con el cuarto da a conocer que dio su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo por el cual se sustituyen los artículos 10 y 12 del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito el 14 de agosto de 1979, en la forma consignada en los apéndices 2 y 3 del memorándum de entendimiento adoptado por ambas Partes el 11 de mayo de 2001 en Los Ángeles, Estados Unidos de América (boletín N° 3.218-10).
Con el quinto hace saber que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (boletín Nº 3.048-07).
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la factibilidad de establecer una Posta de Salud en la localidad de Mañihuales, Región de Aisén.
Con el segundo contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, relativo a los planteamientos de las asociaciones gremiales del Hospital de Victoria.
Del señor Superintendente de Quiebras, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la continuidad de giro de la Empresa de Maderas de Aisén.
Del señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a las normas ambientales y medidas de fiscalización aplicadas a la empresa administradora del relleno sanitario Santa Marta.
Del señor Prefecto de Carabineros de la Provincia de Cautín, mediante el cual acusa recibo del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto del conflicto mapuche, en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas Regiones, remitido en nombre del Senador señor Espina.
Tres de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo aprobatorios de los siguientes instrumentos internacionales, en segundo trámite constitucional:
1) "Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales y sus Anexos I y II", adoptados el 7 de junio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el Vigésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala (boletín Nº 3.651-10).
2) "Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guatemala", suscrito en Santiago el 18 de mayo de 1995 (boletín Nº 3.748-10).
Dos de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal (boletín Nº 3.930-03).
2) Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como consejeros del Consejo Nacional de Pesca a la señora Beatriz Corbo Atria y los señores Eduardo Tarifeño Silva, Andrés Ignacio Couve Rioseco, Osvaldo Carvajal Rondanelli, Carlos Roberto Hernández Salas, Carlos Merino Pinochet y Roberto Cabezas Bello (con la urgencia establecida en el inciso segundo del Nº 5) del artículo 49 de la Carta Fundamental) (boletín Nº S 810-05).
--Teniéndose presente que la urgencia vence pasado mañana, viernes 5 de agosto, se agrega a la tabla para ser despachado durante la presente sesión.
Del Senador señor Larraín, mediante la cual inicia un proyecto de ley que establece la obligación de portar un dispositivo de posicionamiento satelital en las naves de pesca artesanal que indica (boletín N° 3.940-03).
Moción del Senador señor Ruiz con la que presenta un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo a fin de establecer una remuneración mínima para los trabajadores que prestan servicios en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 4.º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental, sin perjuicio de remitírsela para que, si lo tiene a bien, le dé su patrocinio.
Moción del Senador señor Chadwick con la que inicia un proyecto de ley que establece beneficios tributarios para la inversión de utilidades de empresas establecidas o que se instalen en Regiones distintas de la Metropolitana.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 1.º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental, sin perjuicio de remitírsela para que, si lo tiene a bien, le dé su patrocinio.
Del señor Daniel Isaac Muñoz Núñez, por medio de la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (boletín N° S 817-04).
En una sesión anterior se acordó enviar a la Comisión de Trabajo el proyecto que amplía la cobertura del seguro escolar, por estar relacionado con la Ley de Accidentes del Trabajo. Sin embargo, dicho órgano técnico se reunió en el día de hoy y resolvió unánimemente pedir a la Sala que, por abordar la iniciativa una materia más propia de la competencia de la Comisión de Educación, sea remitida a ésta para su más pronto despacho.
Señor Presidente, deseo formular una consulta con respecto al Orden del Día.
Ayer quedaron pendientes dos o tres intervenciones y la votación acerca de la iniciativa que modifica la Ley sobre Bases del Medio Ambiente, que hoy figura en segundo lugar. Pero el acuerdo fue que sería tratada en primer término. Por lo tanto, pido que ello se cumpla.
Debo informar que, por decisión unánime de los Comités, dicho proyecto será discutido inmediatamente después de que sea despachado el que aparece signado con el número 1.
Hago presente que en la Cuenta se dispuso que el Senado también debe pronunciarse hoy sobre las personas propuestas por el Presidente de la República como integrantes del Consejo Nacional de Pesca. Y en el Orden del Día se incluyen, asimismo, cinco solicitudes de rehabilitación de ciudadanía, informadas por la Comisión de Derechos Humanos. Esos asuntos se dejarán para el final, porque es preciso constituir la Sala en sesión secreta.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3367-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 7 de junio de 2005.
Trabajo, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
El objeto de la iniciativa es modernizar la justicia laboral y previsional y dotarla de un procedimiento sustentado en los principios de contradicción, celeridad, oralidad, inmediación, concentración, impulso procesal de oficio, publicidad, buena fe y gratuidad.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general, de conformidad con lo prescrito en el artículo 36 del Reglamento, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Bombal, Canessa, Parra, Ríos y Ruiz, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Los fundamentos de voto de esos señores Senadores y el texto de la iniciativa acogida en general por el órgano técnico se consignan en el respectivo informe.
Cabe tener presente que el número 15 del artículo 1º del proyecto, así como el número 16, en cuanto al inciso segundo del artículo 426 y al inciso primero del artículo 494 que se incorporan al Código del Trabajo, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quiero informar brevemente sobre el proyecto, y después, si es posible, en otra intervención, formular algunos comentarios de orden personal.
El asunto que nos ocupa completa las reformas a la justicia laboral, dado que, como se recordará, el Congreso ya despachó dos iniciativas que se convirtieron en la ley Nº 20.022, que crea nuevos juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional, y la Nº 20.023, relativa a la cobranza judicial de cotizaciones de seguridad social.
Ahora bien, el texto en examen contempla, al igual que la reforma procesal penal, un procedimiento oral concentrado, a fin de que los juicios se resuelvan en forma oportuna y eficaz.
La Comisión coincidió en la conveniencia de los objetivos del proyecto, por lo cual expresó un asentimiento unánime respecto de su aprobación en general. No obstante, sus miembros, por distintas razones, concordaron en que la normativa propuesta debe ser revisada acuciosamente con motivo de la discusión particular, a fin de introducir diversos perfeccionamientos.
Esa opinión condice con los planteamientos y observaciones formulados por las diversas organizaciones invitadas a exponer a la Comisión, los que constan en los documentos que se acompañan en el anexo único del original del primer informe, copia del cual está a disposición de los señores Senadores en la Secretaría del órgano técnico.
Así, por ejemplo, este último consideró que se debe tener especial cuidado en que la normativa garantice a las partes igualdad de derechos, de manera de respetar a cabalidad el principio del debido proceso, tema que fue ampliamente debatido y respecto del cual se hicieron múltiples observaciones por parte de distintas entidades.
En otro orden de ideas, preocupó a la Comisión lo relativo a si las corporaciones de asistencia judicial, con los medios de que disponen, podrán brindar asesoría a quienes gocen del denominado "privilegio de pobreza", teniendo presente que la iniciativa les encarga específicamente ese cometido.
Cabe señalar que el señor Ministro de Justicia expuso sobre la materia, manifestando que la actual estructura y los medios con que cuentan esos organismos les permiten enfrentar tal tarea, no obstante lo cual, de ser necesario, y atendido que la ley en proyecto regirá un año después de su publicación, podría suplementarse el presupuesto respectivo, lo que fue una de las inquietudes planteadas como algo muy relevante.
La intervención de cada entidad fue escuchada con mucho interés y debidamente consignada. Se formularon al respecto múltiples observaciones por diversos señores Senadores.
Reitero lo que en esta breve cuenta ya señalé en el sentido de que se ha estimado que en la discusión particular el articulado es susceptible de perfeccionamiento.
En una intervención posterior, señor Presidente , deseo dar mi opinión personal sobre algunas materias, pues ahora sólo pretendo ser fiel a lo concluido por la Comisión, la cual recomienda a esta Honorable Sala que apruebe en general el proyecto.
Y quisiéramos solicitar, desde ya, que se establezca un plazo para formular indicaciones, que podría ser la última semana del mes en curso o, si fuera del caso, la primera de septiembre, para después abocarnos a su discusión particular.
¿Por qué no lo resolvemos inmediatamente? Propongo a la Sala el día lunes 29 de agosto.
El miércoles 31 de agosto.
Sobre la base de que se apruebe en general el proyecto.
--Se fija el 31 de agosto.
Solicito la autorización de la Sala para que asista a la sesión el señor Francisco del Río, asesor del Ministro del Trabajo .
Señor Presidente , quiero enfatizar lo que ha expuesto con mucha propiedad el señor Presidente de la Comisión en el sentido de que ésta es una reforma integral de la justicia laboral y parte integrante del completo proceso de modernización de la administración de justicia que se viene llevando adelante en los últimos diez años.
Es un paso que, además, en cierto sentido está ya comprometido por el Senado. Éste es uno de tres proyectos de ley que tenían por objeto la reformulación orgánica de la justicia del trabajo y de los procedimientos de cobro ejecutivo, en particular de las imposiciones previsionales, y, desde luego, de los procedimientos contenciosos laborales. Los dos primeros no sólo fueron aprobados unánimemente por la Sala en su minuto, sino que también se convirtieron en las leyes Nos. 20.022 y 20.023.
El procedimiento que ahora se propone en reemplazo del vigente tiene notables ventajas, y se inscribe, además, en una línea que nuestra legislación ya viene recorriendo: la de establecerlo con carácter concentrado, ágil, basado en el principio de oralidad y en forma de que se asegure la relación directa del juez con la causa que debe tramitar y fallar. Por la misma razón, es sustancialmente distinto del actual, que, no obstante tener una estructura relativamente fácil y que debiera conducir a fallos en plazos breves, en la práctica se ha visto afectado por infinidad de incidencias de tipo procesal que determinan una extraordinaria dilación en los juicios laborales, con desmedro para ambas partes.
El proyecto plantea cuatro tipos de procedimientos distintos: uno ordinario, uno para la aplicación de multas y dos que son particularmente novedosos, a los cuales quiero referirme, porque fueron criticados por muchos de los invitados a la Comisión.
Uno es el llamado "procedimiento de tutela laboral"; el otro, el "procedimiento monitorio". El primero tiene mucho en común con el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución, al que se acude de manera permanente en el sistema judicial y el cual procede por infracción a las garantías a que se refiere el citado precepto.
Entre esas garantías no figura, desde luego, el derecho al trabajo, por no estar expresamente declarado como tal en nuestra Carta. El reconocimiento de éste proviene de los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos. Pero, por desgracia, no está formalmente incorporado a nuestra legislación.
Algunos estiman que el procedimiento abreviado del que conocerán los jueces del trabajo y que es sustitutivo del recurso de protección resulta inadecuado e impropio, y que sólo debiera regir este último. Yo no comparto tal punto de vista. Desde la entrada en vigencia del recurso de protección entre nosotros, en la década de los 80, y aun antes, con el Acta Constitucional Nº 3, la práctica demuestra que es sumamente difícil utilizar esa instancia para obtener tutela de las garantías constitucionales tanto para los trabajadores como, eventualmente, para los empresarios. Y eso, sin duda, ha llevado a los autores del proyecto a proponer este procedimiento alternativo.
Por ser algo tan particular y novedoso, ha de llamar la atención de los señores Senadores, quienes, por cierto, presentarán abundantes indicaciones.
El procedimiento monitorio es abreviado, parcialmente administrativo y, luego, judicial. Está reservado para las causas de menor cuantía, de hasta 4 ingresos mínimos. Tiene la enorme ventaja de permitir el conocimiento y rápida resolución de asuntos que, por su monto o por la condición social de las personas afectadas, requieren una pronta respuesta.
Sobre ese particular, el Senador señor Ríos manifestó en la Comisión su inquietud acerca de la conveniencia de otorgar competencia a los jueces de policía local en estas causas. En cambio, en su parte inicial, el procedimiento propuesto en los nuevos artículos 513 y siguientes del Código queda entregado a las inspecciones del trabajo.
En mi concepto, la inquietud del Honorable colega es válida. Debe ser tomada en cuenta, sobre todo si se busca facilitar al máximo el acceso de las personas a la justicia. En la actualidad, prácticamente ya no hay comuna del país que no tenga juzgado de policía local. Y, por cierto, este tipo de tribunales es mucho más abundante y cercano a la gente que la Dirección del Trabajo, con su despliegue de oficinas e inspecciones a lo largo del territorio nacional.
Señor Presidente , el proyecto necesita mucho perfeccionamiento, aun cuando constituya, sin lugar a dudas, un avance muy importante. Y reitero que su aprobación está prácticamente implícita con el despacho de iniciativas que ya se han convertido en ley. En consecuencia, sólo cabe que esta tarde el Senado lo apruebe en general por unanimidad.
Señor Presidente , el sábado pasado tuve una reunión con ex trabajadores de diversas pesqueras de la Cuarta Región, a la cual represento en el Senado. Y digo "ex" porque la mayoría de ellos fueron despedidos de las empresas en que laboraban, como consecuencia, por una parte, de la Ley de Pesca, y por otra, de la disminución del recurso pesquero.
¿Cuál es el problema? Cuando esos asalariados fueron a cobrar sus indemnizaciones, los empleadores les dijeron que negociaran el pago de sólo el 50 por ciento de la que les pagarían. Y, ante el reclamo de los despedidos, la respuesta fue que, si no querían hacerlo, entonces, recurrieran ante los tribunales. Y esto último significa que no recibirían nada hasta dentro de 3 ó 4 años, que es el tiempo que demora en ser resuelto un juicio laboral.
¡Esto es inaceptable, señor Presidente ! ¡Absolutamente inaceptable!
Como Sus Señorías saben, yo voté en contra de algunas reformas laborales porque creía que provocarían más cesantía. Y, de hecho, así ha sido.
Pero no se puede aceptar que exista la ley; que se burle, y que, por último, no se cumpla precisamente por la enorme demora en la tramitación de los juicios del trabajo. Porque si fuesen rápidos, los empleadores no llamarían a negociar y pagarían de inmediato las indemnizaciones. Lo que sucede es que, cuando la gente pierde su empleo, necesita dinero de manera urgente, y no para dentro de 3 años. Eso es lo que origina prácticas tan horrorosas como las descritas.
Señor Presidente , también me he reunido con trabajadores de la locomoción colectiva de Coquimbo y La Serena. Estuve con ellos durante una jornada, acompañándolos en sus recorridos. Me enteré de que los choferes se presentan a las 7 de la mañana y trabajan hasta las 11 de la noche -¡desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche!-, todos los días, incluso los domingos. De acuerdo a ciertos antecedentes, algunos conductores de buses interurbanos han trabajado hasta 180 días seguidos, sin descanso. Eso ocurre en el mundo laboral.
Los trabajadores se quejan, y con justa razón. Cuando acuden a los tribunales, las causas no se fallan y se alargan en el tiempo. Además, hay un notorio desbalance entre el tipo de abogados a que tienen acceso los grandes empresarios y el que contratan los asalariados, cuando pueden hacerlo.
En la oportunidad en que visité a los choferes de la locomoción colectiva, había llovido dos días antes. Me enteré de que, al completar una vuelta, ellos debían permanecer parados en el barro una o dos horas para salir nuevamente. Ésa es la verdad: ¡parados en el barro!, pues no cuentan con casinos para descansar, aun cuando una empresa instaló uno que es estupendo; pero no todos los terminales son semejantes.
Reitero: una de las empresas, que está bien organizada, dispone de un casino estupendo. Incluso, aumentó el salario mínimo. Pero ésa es la excepción.
Debido a que algunos conductores deben permanecer algún tiempo parados en el lodo, ya a los 50 años tienen tantos problemas de salud que no pueden seguir a cargo del vehículo. Uno pedía limosna a sus ex colegas, a los cuales conocía de hacía muchos años.
Esos abusos resultan incalificables. Y, en el fondo, son el producto de los juicios que se eternizan.
Por lo tanto, celebro que vayamos a tener un sistema procesal más rápido en materia laboral. Es urgente contar con él. Nada sacamos con seguir aprobando normas del trabajo cada vez más estrictas si después no se cumplen sencillamente porque los afectados no tienen acceso a la justicia, como ocurre hoy.
Soy de opinión de no seguir reformando el Código del Trabajo, pero sí de que la legislación existente se cumpla en forma rigurosa.
En mi concepto, el país avanzaría mucho si pudiéramos dar a los trabajadores la seguridad de que, cuando los despidan, se les paguen sus indemnizaciones.
Conozco el caso de otra pesquera: primero traspasó a otra, por supuesto coligada con ella, todo lo bueno que tenía -básicamente, los derechos de pesca- y con posterioridad se declaró en quiebra, sin pagar un peso a sus trabajadores ya despedidos. Todo el mundo sabe que la nueva firma sigue laborando en las mismas condiciones que su antecesora; pero, por tener otro nombre, no cumple con lo que adeuda.
Ese tipo de prácticas es aborrecible; se da con frecuencia horrorosa. Y la gente siente una impotencia feroz frente a tal tipo de abusos. Éstos deben detenerse. La mejor forma de hacerlo es mediante el acceso expedito a la justicia laboral.
Ojalá que se elija con cuidado a los respectivos jueces, porque muchas veces los encargados de los asuntos de menores y los que se ocupan de los laborales casi no escuchan a las partes. La mayoría de los primeros dan la razón a la mujer sólo por ser tal, sin oír al hombre, al igual que los segundos protegen al asalariado sin indagar lo que sucede con su contraparte. Todo ello es inaceptable, pues los tribunales deben atender a los implicados en el conflicto y fallar en consecuencia.
Es cierto que la parte más débil en un proceso laboral está constituida por los trabajadores. Por eso, tenemos que preocuparnos de que haya buenas prácticas judiciales.
Espero que se escoja con precaución a quienes están llamados a ejercer la justicia laboral. Tampoco se trata de que ésta sea expedita pero injusta. En estos momentos, muchas veces, aparte poco diligente, tampoco es ecuánime. ¡Es el peor de los mundos!
Tengo la esperanza de que con el proyecto en debate se dé un paso importante, el cual se requiere con urgencia, pues en la actualidad el eternizar los juicios da pábulo a un aprovechamiento inaceptable.
Señor Presidente , quiero expresar el beneplácito y la satisfacción que provoca en mí el ver cómo el Parlamento, concientizado por los problemas del mundo del trabajo, asume el estudio del proyecto en discusión, que tiene una alta sensibilidad social.
Es un hecho real y cierto que en materia de justicia laboral y previsional hay situaciones del todo aberrantes e injustas, que implican el atropello de los derechos de los asalariados, fundamentalmente por ser ellos la parte más desprovista y débil en todo el proceso.
En las diversas áreas de la economía en que la actividad es cruzada, los hechos resultan en extremo abusivos tanto en el ámbito de los derechos laborales como en el del entorno de la higiene, salubridad y garantías sociales.
Cuando los asalariados recurren a los juzgados, se encuentran con procesos que, aparte ser extremadamente largos, resultan injustos, porque, por tener problemas en su vinculación laboral, carecen de remuneración suficiente y, en consecuencia, no tienen cómo acceder a un buen abogado cuando se enfrentan a los equipos de profesionales altamente calificados que contratan las empresas. Por tanto, su lucha se asemeja a la de David y Goliat.
Por ello, considero muy importante brindar un mejor acceso a la justicia tanto a los trabajadores como a los empresarios; posibilitar la efectividad del derecho sustantivo, que cautele y proteja realmente a las partes; asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales, que les permita recibir el estipendio, la justa retribución al aporte productivo que hacen en cualquiera de los sectores; potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral, de manera de materializar en ese ámbito las particularidades propias del derecho del trabajo, altamente calificado y especializado.
Creo de toda conveniencia la iniciativa que nos ocupa, y Renovación Nacional la apoyará y aprobará con entusiasmo, toda vez que es una respuesta al clamor y demanda de miles de trabajadores que ven cómo sus derechos son atropellados, sin recibir en justicia lo que les corresponde. Además, tienen que soportar un sistema judicial que no responde oportunamente, a consecuencia de lo cual, y por carecer de recursos económicos, de las herramientas necesarias y de una asesoría que les permita cautelar en forma adecuada sus garantías, quedan atados de manos.
Por ello, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio, y luego, el Senador señor García. Ello, para que exista el necesario equilibrio en las intervenciones.
Señor Presidente , las observaciones anteriores casi han anticipado todo lo que iba a decir.
Lo importante, a mi juicio, es asumir que el proceso de reforma al sistema procesal laboral tiene que ver con un problema básico: no basta dictar leyes -como se ha dicho muy claramente-, sino que ellas deben cumplirse en forma oportuna.
Cuando se discutió el actual Código Laboral y se estableció el procedimiento para hacer valer los derechos de los trabajadores, se señaló que, teóricamente, el juicio iba a ser breve y expedito. Se suponía, incluso, que su duración tendría que ser menor que la propuesta en la iniciativa que ahora nos ocupa.
En la práctica, por el conjunto de gestiones que se fueron incorporando, el proceso se alargó más y más hasta convertirse en lo que es hoy. Y cuando la resolución del litigio demora en demasía, a veces la justicia pasa a no ser tal.
Lo más triste es que en el actual sistema, de todos los procesos que se inician en los tribunales del trabajo, sólo el 24 por ciento termina en sentencia. El 60 por ciento queda relegado. Esto significa que hoy en día la justicia laboral no es adecuada. ¡No sólo es lenta, sino que, simplemente, no opera! Como la mayor parte de las contiendas son archivadas, quiere decir que los trabajadores están desamparados.
Cabe preguntar por qué sucede aquello.
En verdad, aquí hay problemas de distinta índole. Uno de los más graves -quiero hacerlo notar- deriva de que el acceso a la justicia no es fácil para un trabajador, por estar sujeto a condiciones especiales. En efecto, si gana el salario mínimo o ha sido despedido sin pago de su correspondiente indemnización, ¿cómo puede contratar a un abogado para que lo represente? Mal redacta una presentación a los tribunales; entonces, por razones formales, el procedimiento queda interrumpido. O sea, no alcanza ni siquiera a realizarse debate ni comparendo, porque fue mal confeccionada la demanda.
Este problema -en mi opinión, uno de los más complicados en el procedimiento laboral vigente- va a ser enfrentado como corresponde con la nueva modalidad que discutimos ahora. Porque el juez del caso tendrá atribuciones para decretar que el trabajador corrija los aspectos del proceso que no han cumplido las debidas formalidades.
Esto fue muy discutido por las personas que fueron a informar y exponer sus puntos de vista a la Comisión. Declararon que, si bien estimaban justo que la norma consignada en el Código del Trabajo tuviera carácter tutelar, no creían que lo fuera que el juez, en lo relativo a la presentación, actuase a favor de los trabajadores para que el juicio llegara realmente a su fin. Planteaban que se viera el fondo del problema y que no se dejara de lado por razones de tipo formales.
Ello ayudará mucho y tenderá a disminuir los porcentajes de juicios archivados que se registran hoy día.
Asimismo, deseo agregar que no basta con el proyecto que vamos a aprobar esta tarde en el Senado ni con las leyes que hemos despachado en el último tiempo.
Aquí se ha dicho claramente que las normas laborales no se cumplen. Las estadísticas de la Dirección del Trabajo así lo indican. Pero, a mi juicio, hay problemas más graves y que se presentarán durante la discusión particular.
Importantes sectores de la vida nacional estiman que la iniciativa en debate, que permitirá agilizar la justicia laboral, va a poner entre la espada y la pared a las pequeñas empresas del país. Y eso es cierto. Porque hoy un número considerable de ellas sólo puede subsistir debido a que no enteran las imposiciones a sus trabajadores; no pagan todas las remuneraciones, ni cumplen con los beneficios que establecen las leyes laborales.
Obviamente, si el nuevo procedimiento laboral hace que se cumplan las normas del Código del Trabajo, muchas empresas no serán capaces de funcionar y quebrarán.
Por lo tanto, el problema no pasa sólo por dictar leyes laborales. Hay una cuestión pendiente que el país todavía no aborda: cómo resolver la situación de las pequeñas empresas familiares que operan únicamente explotando a los trabajadores. No resulta aceptable que su subsistencia se deba de manera exclusiva a que no enteran las imposiciones o a que pagan sueldos miserables. Las empresas tienen que existir en la medida en que gozan de viabilidad.
Lo anterior significa que debemos impulsar un proceso de modernización de las pequeñas empresas, que les permita contar con tecnología moderna, mejorar sus procedimientos de administración y perfeccionar sus mecanismos de comercialización. Hoy día hablamos de la globalización, del mundo exterior, de los mercados internacionales. Pero, ¿cómo acceden a ellos las referidas empresas?
Otro punto que debemos abordar en conjunto con el sector empresarial es el hecho de que, si las grandes compañías siguen tercerizando sus servicios o las actividades que les son propias, en circunstancias de que pueden tener trabajadores con remuneraciones adecuadas, con sindicatos capaces de negociar colectivamente, los pequeños contratistas y subcontratistas se quedarán con la parte más riesgosa y menos rentable del negocio y, por lo tanto, para subsistir terminarán apretando a los trabajadores.
Aquí el sistema económico está funcionando mal. Y eso no se resuelve sólo con un par de leyes laborales. Éste es un problema de fondo. Y quiero destacarlo, porque me parece importante que el Senado lo considere y realice un debate profundo sobre él.
Cabe hacer presente que se han aprobado algunas iniciativas legales respecto de las pymes. Pero no existe una política de Estado destinada a ellas. Y no es posible que ésta sea impulsada sólo desde el Gobierno; debe hacerse con la participación de los propios actores sociales. Aquí se necesita una suerte de acuerdo social entre las grandes empresas, el sistema financiero y los pequeños empresarios.
Porque uno se pregunta: ¿a qué crédito accede una pyme?
Las tasas de interés que se cobran a las pequeñas empresas son muchísimo más altas que las que pagan las grandes empresas. Porque, en definitiva, estas últimas son accionistas de los bancos y funcionan junto a ellos.
Sin embargo, la pequeña empresa no tiene acceso al crédito, está atrasada en tecnología y no cuenta con formas de comercialización eficientes.
Eso implica un cambio profundo al sistema económico, el cual debe hacerse -como digo- entre todos, pues hoy día no está funcionando adecuadamente.
En lo que respecta al planteamiento de la Senadora señora Matthei, daré un solo ejemplo.
El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron en su oportunidad una norma tendiente a que se imputara a la jornada laboral de los choferes del transporte el tiempo de espera.
¡Pero eso no se hace!
Y nuestra Corporación aprobó también la aplicación de ese precepto a los conductores de buses interurbanos. Pero en la Cámara Baja, por la presión de los empresarios de este rubro, algunos de los cuales son Diputados, se echó para atrás la parte que beneficiaba a aquellos choferes y la disposición quedó sólo para los de camiones.
¿Qué hicieron los camioneros? Antes del inicio de un evento internacional en Santiago -si no me equivoco, el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico-, realizaron un paro. Y entre los puntos planteados al Gobierno para levantar la movilización figuraba la derogación de esa norma aprobada por el Congreso. Y, desgraciadamente, ya se tramita en la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la imputación del tiempo de espera a la jornada laboral de los choferes del transporte.	Sus Señorías han visto los accidentes de tránsito en las carreteras. No se deben a la falta de carabineros -no puede andar uno al lado de cada camión- ni a la inexistencia de normas legales, sino a que las disposiciones vigentes no se cumplen. ¡Y no se cumplen porque los choferes de camiones y de buses "van en la parada" con el resultado del funcionamiento de sus máquinas! ¡Les pagan por kilómetro recorrido, por carga transportada o por pasajeros!
Por lo tanto, la única manera de ganar plata -porque los salarios base que perciben son miserables- es correr en las carreteras y no cumplir el descanso que corresponde.
Entonces, distinguidos colegas, éstos son temas que debemos discutir. Porque no basta con dictar leyes laborales.
Yo me alegro de que el proyecto que nos ocupa tenga buena acogida en el Senado, por cuanto va a ayudar a solucionar algunos problemas. Pero las cuestiones de fondo quedarán pendientes, dado que no ha habido todavía voluntad para discutir las dificultades que afectan fundamentalmente al sistema económico vigente, que termina funcionando sobre la base de la explotación de la gente.
Las grandes empresas no asumen su responsabilidad; a través de terceros, la traspasan a las pequeñas, que no tienen ninguna capacidad para responder, y finalmente "pagan el pato" los trabajadores. Y cuando éstos acuden a los tribunales, se favorece primero a los bancos; después, a otros acreedores, y al final, a ellos, si cuentan con un sindicato o con un abogado que los defienda.
Votaré a favor del proyecto -como es natural-, y espero que las palabras que he expresado en la Sala llamen a reflexionar cuando debamos discutir los temas de fondo para resolver los problemas que hoy día afectan en gran medida a los trabajadores.
Señor Presidente , me sumo a las expresiones de apoyo que recibe la iniciativa, porque todos queremos que los trabajadores tengan acceso a una justicia laboral más eficiente y, sobre todo, más oportuna.
Entre los fundamentos del proyecto se señala que en la actualidad un 60 por ciento de los juicios laborales ordinarios es archivado y sólo 24 por ciento de ellos se resuelve por la vía de una sentencia judicial ¡Sesenta por ciento de las causas laborales son archivadas!
Eso indica claramente que una enorme cantidad de trabajadores que recurre con esperanza a la justicia laboral no encuentra una respuesta: ni siquiera una respuesta insatisfactoria.
Asimismo, quiero plantear dos observaciones que me merece el proyecto y, aprovechando la presencia del señor Ministro del Trabajo , pedir que se tengan presentes durante la discusión particular, a fin de corregir algunos aspectos.
En primer lugar, la iniciativa propone modificar los artículos 292 y 389 del Código del Trabajo. Ambos establecen multas por distintos motivos a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
Me parece una mala práctica que los servicios públicos se financien por la vía de las multas. Dicho organismo, que se halla contemplado en el Presupuesto de la Nación, debe ser financiado con cargo a los recursos generales del Fisco, de forma que sus actividades se financien por su propio mérito y no dependan de si se pagan más o menos multas.
Yo creo que las multas deben tener siempre como destino la caja fiscal.
Y amarro lo anterior con el artículo 430 propuesto, referente a la gratuidad de los procesos, que dice: "Las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno y, asimismo, a que todas las actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de justicia se cumplan oportuna y gratuitamente.".
¿Qué ocurre? Que muchas veces la denegación de justicia obedece precisamente a que la corporación de asistencia judicial respectiva no puede atender las demandas de los trabajadores.
Todos sabemos que las corporaciones de esa índole son atendidas por estudiantes de Derecho en práctica que se desempeñan en ellas por seis meses. Sin embargo, conforme al actual sistema de justicia laboral, los procesos duran más de medio año. Los toma un alumno, después pasan a otro, finalmente se pierden los papeles y no hay quién responda al trabajador por la defensa de su caso.
Por eso, si bien las multas pueden tener algún fin útil al ingresar al erario, el Presupuesto de la Nación debería considerar mayores recursos para el financiamiento de las corporaciones de asistencia judicial. De esa manera es posible asegurar a cada trabajador que por su condición de pobreza deba recurrir a abogados pertenecientes a esas entidades que será atendido con oportunidad y eficiencia, que lo acogerán con cariño y que defenderán su causa como es debido.
Deseaba hacer esas observaciones para que el señor Ministro del Trabajo las tenga presentes durante la discusión particular de la iniciativa, pues, como se trata de recursos públicos, necesariamente se requiere la iniciativa del Ejecutivo a los efectos de modificar el destino de esos dineros.
Tiene la palabra al Honorable señor Bombal.
Señor Presidente , de todo el debate habido en la Sala, me llamaron mucho la atención dos realidades: por un lado, que la justicia actual no es buena, razón por la cual se ha generado todo este proceso renovador, revitalizador, agilizador; y por otro, que existe el riesgo de que entremos -esto debe ser analizado; y es susceptible de perfeccionamiento en la discusión particular- en un proceso excesivamente rápido donde a las partes no se les garanticen en forma debida sus derechos.
Aquí hemos hablado de la reforma procesal penal, pero ésta se halla sujeta a un sinnúmero de controles que hacen que el recurso de apelación no sea necesario, pues durante todo el proceso se aplican mecanismos de control a la actividad jurisdiccional. Sin embargo, en el caso que nos ocupa esos procedimientos no están establecidos; es más, hay una sola audiencia y no existe el recurso de apelación.
La preocupación que surge en ese sentido -de hecho, así lo han manifestado muchos señores Senadores- es que al no haber apelación podría estar comprometido de alguna forma el interés de las partes.
El principio in dubio pro operario es aplicable al Derecho Laboral sustantivo y no al Derecho Procesal Laboral, porque este último es un tipo más de proceso judicial.
Me parece bien que ese principio esté presente en el Derecho Laboral sustantivo. Cuando surge una controversia y es llevada a juicio, se debe asegurar de la manera más exhaustiva posible -para que esta reforma tenga plena eficacia- el debido proceso y que las partes cuenten con garantías absolutas respecto a sus derechos.
Dentro de los perfeccionamientos que se desea llevar a cabo en la discusión particular, ese punto debería ser analizado con mucho cuidado. No en vano representantes de distintas organizaciones plantearon su inquietud ante el exceso de agilidad que reviste el sistema -todos coincidieron en que es muy importante hacerlo más expedito-, pues se corre el riesgo de pasar a llevar principios fundamentales del debido proceso, los cuales, por lo demás, forman parte de las garantías que la Constitución otorga a todos los chilenos.
Asimismo, en lo que respecta a la audiencia, hay cierta preocupación por que quede adecuadamente garantizada su bilateralidad.
A mi juicio, es importante analizar de manera pormenorizada en la discusión particular del proyecto tanto estos temas como otros que surgen de los mecanismos procesales establecidos en él.
Señor Presidente, un segundo aspecto que deseo destacar dice relación a lo siguiente.
Todos los representantes de las pymes y de organizaciones de empresas menores han manifestado -como muy bien señaló el Senador señor Ruiz , quien me antecedió en el uso de la palabra- su inquietud por los efectos que puede llegar a tener este nuevo proceso en la realidad empresarial de ese tipo de entidades, dados los términos en que se encuentra planteado.
Considero sustancial destacarlo ahora para que en la discusión particular se puedan acoger también algunas observaciones relacionadas con aquel punto. No es del caso abordarlas en este momento, pero sí resulta indispensable dejar consignado ese aspecto, pues existen múltiples organizaciones que temen que empresas muy pequeñas no serán capaces, conforme al sistema procesal que se establece, de defenderse frente a un posible conflicto laboral.
En seguida, pasaré a referirme a otro asunto.
En el mensaje presidencial se proponía modificar el artículo 420 del Código del Trabajo con el objeto de ampliar la competencia de los tribunales laborales y de que éstos pudieran conocer de las cuestiones derivadas de los actos que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores. Dicha enmienda no alcanzó en la Cámara de Diputados el quórum de aprobación requerido. Y, por lo tanto, siguió vigente el nuevo procedimiento de tutela, que era consecuencia directa de aquella disposición.
La preocupación que surge desde el punto de vista constitucional es que, habiéndose rechazado la norma que daba sentido al procedimiento -y esto fue planteado también en el debate de la Comisión-, debió haber sucumbido también la que dependía de ella.
Considero que esta materia amerita un examen un poquito más detallado. Y sería conveniente que nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos ilustrara e informara acerca de la suerte que corrió dicho artículo en la Cámara Baja. Es decir, que se pronuncie acerca de si, habiendo caído una disposición conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a los preceptos fundamentales, caen asimismo las derivadas de aquélla.
Sería bueno analizar ese aspecto para que no exista ninguna duda acerca del punto; de lo contrario, habría que hacer la reserva de constitucionalidad sobre el particular. De hecho, la planteo hasta tener claro si el asunto puede resolverlo la Comisión de Constitución.
Se trata de una materia que no debería quedar en el aire -o sea, habría que despejarla de plano-, pues incluso la revisión que el propio Tribunal Constitucional haga de esta iniciativa podría depararnos alguna sorpresa.
Hago tal planteamiento porque fue otro de los temas que surgieron en el debate.
En síntesis, señor Presidente , éste es un muy buen proyecto, que admite perfeccionamientos. Por cierto, va a agilizar la justicia laboral. Pero hemos de tener el cuidado de no pensar que se trata de una derivación de la reforma procesal penal. No lo es. El procedimiento en materia laboral es un escindido -digámoslo así- del proceso civil, donde existen dos instancias, apelación, etcétera.
Entonces, no hagamos juego en el sentido de que esto es similar a la reforma procesal penal, porque no lo es. No caigamos en la deformación de decir que es en todo semejante al juicio penal. Aquí hay otras materias. La relación demandante-demandado...
...debe ser manejada con mayor prolijidad. En fin.
Estas observaciones en nada empecen al hecho de que la iniciativa tiene un alcance innovador, modernizador y de gran significado para los trabajadores. Pero no olvidemos que, cuando hablamos de justicia, lo importante es que los derechos de aquéllos estén bien protegidos y, también, que se encuentre adecuadamente resguardado el debido proceso, para que las partes enfrentadas a la coyuntura del conflicto laboral tengan garantía absoluta de que sus derechos serán respetados, porque de esa manera se respeta mucho mejor la integridad del Derecho Laboral sustantivo.
Anuncio a Sus Señorías que abriremos la votación, pues existe el riesgo de que no se reúna el quórum exigido.
El señor LJUBETIC ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , tal como comentó un señor Senador, ha habido aquí intervenciones muy elocuentes que nos ahorran ahondar sobre los alcances e importancia del proyecto en debate, que comienza a despejar un problema esencial de denegación de justicia con que nos hallamos en el país.
Para el Gobierno, esta iniciativa es muy relevante, no sólo porque tiene que ver -como decía el Honorable señor Parra - con una trilogía de proyectos, dos de los cuales ya han sido aprobados, sino además porque cierra un círculo, a nuestro juicio virtuoso, de reformas laborales, pero también de cumplimiento tanto de los nuevos derechos como de los tradicionalmente existentes para los trabajadores chilenos. Ello, sobre la base de una propuesta que -como aquí se ha dicho- se funda en un conjunto de principios, de los cuales los más relevantes, en nuestra opinión, son los de oralidad, concentración e inmediación. Eso va a marcar la diferencia central entre lo que vemos hoy y lo que vamos a ver el día de mañana con este proyecto en régimen y en funcionamiento.
Naturalmente, el Ejecutivo está disponible, como lo estuvo en la Cámara de Diputados, para los perfeccionamientos que sea necesario introducir a esta importante iniciativa, que es de alta complejidad. Pero también, al igual que en la Cámara Baja, nos gustaría enfatizar que esos perfeccionamientos no deben apartarnos de la orientación central y de las inspiraciones esenciales.
Lo decía el Senador señor Ruiz De Giorgio : el procedimiento vigente, en teoría, dura dos días menos que el que estamos proponiendo; pero en algún momento de la tramitación legislativa se perdió de vista el rumbo en la ingeniería de ese procedimiento, producto de lo cual tenemos hoy día asuntos que duran tres, cuatro o cinco años, de acuerdo a su complejidad y a si ocupan una, dos o más instancias del Poder Judicial .
En consecuencia, para el Ejecutivo, al mismo tiempo que estar llano a los perfeccionamientos, será muy relevante que éstos no distorsionen los principios esenciales sobre los cuales se ha construido esta propuesta ni nos aparten de ellos.
Por lo demás, quiero recordar a los señores Senadores que aquélla ha sido elaborada sobre la base de un diagnóstico y proposiciones generales que surgieron de un foro sobre reforma de la justicia laboral y previsional integrado por representantes de los diversos Poderes del Estado y de los operadores del sistema judicial, quienes concluyeron en la elaboración de un proyecto del más amplio consenso, el cual, a nuestro entender, se está reflejando asimismo en el Senado.
Por último, adelanto que, aprobada esta normativa, el próximo año estará orientado fundamentalmente a la capacitación de nuestros jueces y de los operadores del nuevo sistema, a los efectos de asegurar su calidad.
Entonces, me congratulo de la acogida que ha tenido en la Cámara Alta esta iniciativa, tan ampliamente consensual, y espero que ello se refleje también en el trabajo en particular, a fin de que la tramitación sea lo más fluida posible.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Ominami, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Como plazo para la presentación de indicaciones se propone el 1° de septiembre, a las 12.
Hago presente que en seguida vamos a votar la solicitud del Presidente de la República sobre designación de integrantes del Consejo Nacional de Pesca.
Como se requiere quórum especial de aprobación, les encarezco a Sus Señorías permanecer en la Sala.
Perdone por interrumpir en este minuto, señor Presidente , pero debo formular una moción de orden.
El Gobierno y diversos miembros de la Comisión de Salud desean extender hasta el 16 de agosto el plazo para formular indicaciones al proyecto que flexibiliza el uso del permiso maternal.
Si le parece a la Sala, se ampliará dicho plazo hasta el martes 16 del mes en curso, a las 12.
Señor Presidente , en la misma situación se encuentra la iniciativa que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. La Comisión solicita que se extienda el plazo hasta el 8 de agosto.
Si les parece a Sus Señorías, se fijará el 8 de agosto, a las 12.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17:29 y adoptó resolución sobre la solicitud del Presidente de la República para designar como integrantes del Consejo Nacional de Pesca a la señora Beatriz Corbo Atria y a los señores Eduardo Tarifeño Silva, Andrés Couve Rioseco, Osvaldo Carvajal Rondanelli, Carlos Hernández Salas, Carlos Merino Pinochet y Roberto Cabezas Bello.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:31.
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para hacer obligatoria la evaluación de impacto ambiental de actividades o proyectos en que se liberen al medio ambiente organismos genéticamente modificados o transgénicos y proteger áreas de producción limpia, orgánica y natural, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2703-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Horvath, Larraín, Martínez, Ríos y Stange).
En primer trámite, sesión 43ª, en 9 de mayo de 2001.
Medio Ambiente, sesión 19ª, en 20 de julio de 2005.
Sesión 20ª, en 2 de agosto de 2005 (queda pendiente su discusión general).
Tiene la palabra el señor Secretario, quien hará un apretado resumen.
Como Sus Señorías recordarán, en la sesión de ayer se inició la discusión general del proyecto, cuyo objetivo principal es, en el contexto de las obligaciones que emanan del Convenio Internacional sobre Biodiversidad, someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el desarrollo de la investigación biotecnológica con el fin de garantizar la protección del medio ambiente natural, las tradiciones productivas y el respeto de los principios éticos que deben inspirar al ejercicio de la ciencia.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes.
Diversos señores Senadores han solicitado que, una vez aprobada en general la iniciativa, se acuerde enviarla, para su análisis en particular, a las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, ya sea unidas o por separado.
Quedaron inscritos dos oradores.
Lo primero es la solicitud de que el proyecto vaya a la Comisión de Agricultura.
Sugiero que la Sala se pronuncie al respecto.
Señor Presidente , quiero formular una moción de orden.
El planteamiento de la discusión de ayer fue que, en vez de votar el proyecto en general ahora, éste se enviara a la Comisión de Agricultura y a la Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que preside el Senador señor Flores .
Lo anterior, porque -así lo dice el informe- el Subsecretario de Economía señaló en la Comisión de Medio Ambiente que, en el caso chileno, el desarrollo de la biotecnología debiera servir sobre todo en biominería, sector forestal, biomedicina, área genómica, etcétera.
Por lo tanto, no se trata sólo de la agricultura.
Sí, votemos.
Yo iba a plantear lo mismo, señor Presidente .
¡En el pedir no hay engaño...!
Entiendo que todos los Senadores desean formular sus propuestas.
Es que estoy viendo...
Y por eso Su Señoría, ante todo, tiene que escuchar los planteamientos respectivos.
Sí, señor Senador. Pero sucede que ya hicimos un debate acerca del punto.
Entonces, sugiero que primero nos pronunciemos sobre el envío del proyecto a la Comisión de Agricultura y a la Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Señor Presidente , pienso que sería más lógico escuchar primero a los dos oradores que faltan, porque es factible que varíe el criterio de votar la iniciativa en general o el de pasarla a Comisión sin que se emita pronunciamiento sobre la idea de legislar. No cuesta nada esperar ambas intervenciones.
A estas alturas, nadie será convencido.
La Mesa quiere interpretar el sentir mayoritario de la Sala. Y veo un deseo ferviente de votación.
Ayer escuchamos a Su Señoría en tres oportunidades.
Sobre el tema de fondo, señor Presidente, no acerca del procedimiento.
Sé que Su Señoría tiene particular interés en determinado camino para este proyecto.
¡No tengo ningún interés! ¡A mí se me hizo un planteamiento formal!
La Sala, de manera autónoma, acordó en su momento que la iniciativa fuera a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Después del debate de ayer se propuso que, para el análisis en particular, se viera en las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente. Y, por lo demás, presidiría Agricultura, lo cual deja más tranquilo a ese sector.
En todo caso, por un mínimo de deferencia, luego de un trabajo de años, no se debiera seguir postergando este asunto, menos cuando es consistente con otro proyecto que aprobamos y, además, parte de una iniciativa mayor que el Ejecutivo ha comprometido, respecto de lo cual no hay fecha.
En consecuencia, con el fin de avanzar, propongo aprobar la idea de legislar, establecer un plazo amplio para formular indicaciones y que éstas sean revisadas por las Comisiones unidas que la Sala estime pertinentes.
Por ello, pido que en este tema, que es de particular interés y que está planteado de manera ponderada, sobre la base de un principio precautorio tendiente a evaluar riesgos, avancemos y no nos quedemos detenidos permanentemente, porque de lo contrario seremos una vez más objeto de escarnio por parte de la opinión pública a nivel nacional.
No veo semblantes de aquiescencia, señor Senador.
Señor Presidente, entiendo que aquí hay dos temas distintos.
Primero, solicito a la Sala que escuchemos, aunque sea por cinco minutos, a los dos colegas inscritos. Ello, por razones de respeto y de fair play.
Los Senadores señores Boeninger y Sabag.
¿Por cinco minutos?
Eso es lo que sugiero. Y creo que Sus Señorías serán respetuosos, se encuadrarán al tiempo asignado y serán elocuentes e inteligentes.
Yo siempre he procurado que todos los señores Senadores sean respetados en sus derechos.
Por lo tanto, otorgaré la palabra el Honorable señor Boeninger por cinco minutos.
En segundo lugar, apoyo la idea de que la iniciativa vuelva a Comisión. Me parece irracional votarla en general, porque a lo mejor cambia profundamente. Y, en todo caso, espero que se fije un plazo razonable, para contener las iras del Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , en primer término, debo dejar constancia de que al Honorable señor Sabag y a mí nos corresponde el mismo tiempo que ocuparon quienes intervinieron ayer. Yo tengo pensado hablar por más de cinco minutos. De modo que quiero hacer uso del tiempo reglamentario.
Perdón, señor Senador. Si hice esa solicitud, fue sólo para que se les concediera la palabra.
Señor Presidente , al considerar este tema, estamos hablando de la aplicación de ingeniería genética para manipular genes de determinado organismo a los efectos de mejorar calidad o productividad, reducir costos o incorporar características deseadas.
¿Por qué lo digo? Porque creo que éste es un caso típico de una materia con un grado de complejidad y amplitud en que es necesario conciliar requerimientos ambientales en sentido lato y control de efectos sobre la salud con las oportunidades y desafíos de una economía integrada al mundo global.
En especial, hay en el mundo científico y tecnológico consenso sobre la importancia crucial de la biotecnología en los procesos de innovación. Esto tiene que ver con la posibilidad de adquirir nuevas ventajas comparativas o defender las existentes.
Los transgénicos producidos en otros países pueden ser una seria amenaza para nosotros en el mediano plazo.
Desde ese punto de vista, es útil recordar lo que señaló en la Comisión el señor Subsecretario de Economía, quien indicó que las políticas sobre biotecnología se elaboraron después de una ronda de consultas que se efectuaron tanto en el Senado como en la Cámara y que tienen por objeto promover el desarrollo de la biotecnología como una herramienta fundamental para la competitividad de la economía, en la que aproximadamente noventa por ciento de las exportaciones son productos naturales con algún procesamiento.
Dado lo anterior, me parece correcta la forma en que el Ejecutivo está enfrentando el problema de elaborar lo que ha denominado "proyecto marco". Para ello se ha constituido una comisión presidencial, donde, de acuerdo con la constancia que deja el informe de la Comisión de Medio Ambiente, participan los Ministerios de Salud, de Agricultura y de Economía, y la Subsecretaría de Pesca, la CONAMA y la CONICYT. Esta instancia ya está entrando a discutir los elementos más específicos de la iniciativa.
Esa integración justamente nos ilustra en cuanto a que esta materia sobrepasa la competencia de las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, que por cierto tienen interés en ella. Creo que el Senado, para abordarla con la amplitud que merece, y sin perjuicio de la participación de las Comisiones ya citadas, debiera enviarla también a la Comisión Especial sobre Sociedad de la Información, Ciencia y Tecnología, que preside el Honorable señor Flores , permitiendo que sesione unida a aquéllas.
Ésa es la propuesta concreta que deseo formular sobre este aspecto.
Ahora, ¿cuáles son los campos de mayor interés de la aplicación de la ingeniería genética y de la producción de transgénicos?
En primer lugar, las prioridades en el corto plazo, según la constancia que se deja en el informe de la Comisión, son las siguientes: en biominería (la lixiviación bacteriana); en el sector forestal; en la biomedicina para animales, y en la genómica de frutas y vides. Para ello se requiere un marco amplio, y no reglamentario, que se adapte a la evidente e inevitable evolución rápida de la biotecnología y de la ingeniería genética.
Desde un punto de vista más concreto, cabe mencionar un extenso abanico de cultivos transgénicos, como café, maíz, soya -que no nos atañe-, manzanas, frambuesas, plátanos, girasol, melón, papas, lechugas, tomates, arroz, zapallo, achicoria, arándanos, pepinos, berenjenas, cebollas y papayas, entre otros.
Hay por lo menos cinco variedades en las que se han estado desarrollando avances transgénicos con distintos niveles de éxito, entre los que se mencionan la producción de medicamentos, vacunas, alimentos, y la producción de plantas transgénicas para generar sustancias químicas.
Dicho esto, parece importante referirse a la realidad actual y a las tendencias del mundo de hoy en relación con la transgenia.
Estados Unidos, como se ha planteado aquí, destina 30 millones de hectáreas al cultivo agrícola. Es el país más proclive al desarrollo de los productos transgénicos.
Pero quisiera hacer una reflexión, considerando la alta aversión al riesgo de los consumidores norteamericanos y su elevadísima preocupación por la salud...
Perdón, señor Presidente . Al comienzo, insistí en mi derecho a usar los quince minutos que en el debate general corresponden a cada Senador.
Sí. Pero ocurre que su Comité -yo supongo que lo representa- solicitó cinco minutos para cada uno de los restantes Senadores inscritos. Entonces...
Pido al Comité que no insista en esa...
O sea, el Comité no lo representa a usted.
Quería sólo dejar constancia del hecho.
¡Bien, Honorable señor Boeninger!
¡Yo, simplemente, no acepto eso! ¡Me parece una afrenta!
¡Es una rebelión en contra de los Comités! Me parece que hay que dejar constancia de ello.
¡Es una afrenta que al final de un debate a un Senador se le prive de usar los 10 minutos adicionales!
Sólo hice presente lo que planteó su Comité. Nada más.
Bueno, ¿puedo continuar? ¿Sí o no?
Estaba diciendo que la alta aversión al riesgo que tienen los consumidores de los Estados Unidos, así como su elevadísima preocupación por la salud, además del riesgo de litigios a que se enfrentan los productores que causen daño, hacen bastante lógico suponer que los resguardos que se toman en relación con los transgénicos sean extremadamente eficaces.
Ahora, ¿qué pasa en la Unión Europea? Se ha dicho, con razón, que ha sido negativa y reticente a la importación de transgénicos. Varios Honorables colegas observaron ayer que, más que un problema de doctrina, hay un proteccionismo encubierto para la agricultura europea.
Pero también debo señalar que los Ministros del Medio Ambiente de la Unión Europea rechazaron un esfuerzo de la Comisión Europea para permitir la producción nacional de algunos cultivos y especies genéticamente modificados. Lo que quiero resaltar con ello es que la Comisión Europea, que tiene bastante influencia y poder en la Unión Europea, está en la línea de liberalizar.
Hay otros antecedentes -constan en el informe- que apuntan en la misma dirección. Pero, por economía de tiempo, no los voy a añadir.
En resumen, en esta materia la tendencia de la Unión Europea es hacia la liberalización.
Y debo presumir que, tanto por razones de estructura de la sociedad como culturales y de actitud, los mercados de los países gigantes -China, India y, más adelante, Indonesia - van a ser bastante receptivos a la adopción de las tecnologías transgénicas.
Además, quiero poner de relieve las opiniones emitidas por representantes de la Universidad Católica de Chile -también constan en el informe-, según las cuales los transgénicos son susceptibles de ser cultivados en forma limpia y orgánica. Y dicen interpretar el sentir de la mayoría de la comunidad científica al señalar que los cultivos transgénicos ofrecen enormes perspectivas para el desarrollo de agrícola.
A modo de ejemplo, se informa que Argentina genera hoy más divisas por la venta de soya transgénica -no es nuestro caso; se trata sólo de un ejemplo- que por la exportación de carne de vacuno, sin que se haya tenido conocimiento de algún desastre ecológico ni de daños a la salud de las personas.
Finalmente, dicho plantel universitario afirma que la tendencia mundial se orienta hacia la eliminación de las precauciones dispuestas para los cultivos transgénicos, tal como ocurrió en su momento con los microorganismos transgénicos.
A lo anterior, cabe añadir la duda planteada por el SAG respecto a la factibilidad real de efectuar estudios de impacto ambiental sobre la liberación de organismos genéticamente modificados.
En cuanto a la biodiversidad -uno de los temas que se plantearon con insistencia en la sesión de ayer, con toda razón-, la Convención para la Protección de la Biodiversidad, de 1995, insta en el artículo 8 a la creación de zonas de protección de la biodiversidad, a mi juicio en términos muy similares a lo que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) plantea en relación con los bosques. Creo que allí hay un elemento muy concreto de protección a la biodiversidad.
Está claro que existen ventajas, pero también riesgos. Por eso se requieren una legislación y un marco regulatorio cuidadoso.
Sin duda, los organismos de origen transgénico permiten:
-Simplificar e incrementar la producción agrícola, haciéndola inmune o más resistente a determinadas enfermedades (evitan la aplicación de pesticidas o herbicidas), lo cual redunda en un ahorro de recursos humanos y económicos;
-Mejorar el aprovechamiento de tierras de cultivo, lo que tiene sentido cuando dicho aprovechamiento está asociado a la capacidad de inclusión de genes que mejoran la producción o el valor nutritivo de las siembras, y
-Reducir la cantidad global de productos fitosanitarios utilizados.
Naturalmente, existen riesgos. Por ejemplo, los asociados a la salud, a los cuales ya aludí. Pero también hay otros -no se ha hecho referencia a ellos aquí-, como la aparición de las llamadas "supermalezas", debido a que la resistencia adicional puede contaminar a especies que no son para cultivo humano. O sea, se crean efectos perjudiciales.
Por último -y no abordaré un par de temas que deseaba plantear-, la necesidad de contar con una legislación que concilie los distintos elementos envueltos requiere un análisis muy cuidadoso. Me parece que, en los términos en que se propone el proyecto en análisis es relevante, pero no da cuenta de la complejidad de la temática. Algunas de sus disposiciones -los números 3 y 4 del artículo único- me parecen francamente inaceptables. El hecho de que grupos de vecinos o de productores locales puedan autodeclarar zonas de prohibición de producción transgénica es absolutamente incompatible con todo intento de establecer una política nacional y, además, implica la posibilidad de distorsiones por intereses en conflicto.
También es inadmisible someter a estudio de impacto ambiental casos en que se produzcan resultados adversos significativos. La verdad es que del resultado de un estudio de impacto ambiental debería deducirse si se producen o no situaciones de riesgo importantes; pero no pueden plantearse anticipadamente, porque sería predecir las conclusiones.
En consecuencia, la redacción propuesta indica un sesgo que no considero apropiado en un tema de tanta complejidad.
En suma, señor Presidente , termino señalando que la mejor solución sería que, sin perjuicio de aprobar la idea de legislar, el proyecto pasara a otras Comisiones, como la que preside el Senador señor Flores . Y mi voto favorable está de alguna manera vinculado a la participación de ese organismo técnico.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag por cinco minutos.
Señor Presidente , Chile necesita de la biotecnología, ya que representa un factor decisivo en la ampliación de la competitividad de nuestra economía.
El 90 por ciento de nuestras exportaciones lo conforman productos naturales con algún procesamiento. En consecuencia, impulsar la biotecnología es una tarea de la mayor importancia, según el informe emanado de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Biotecnología, en la que participaron la comunidad científica y el sector empresarial, además de organismos como los Ministerios de Agricultura y de Salud; la CONAMA y la CONICYT. Y, basado en dicho informe, el Gobierno elabora un proyecto de ley sobre bioseguridad y biotecnología.
El tema de la seguridad del medio ambiente fluye de las obligaciones contraídas al suscribir el Convenio Internacional sobre Biodiversidad que nos somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En síntesis, debemos garantizar la protección del medio ambiente natural, las tradiciones productivas y el respeto a los principios éticos que inspiran el ejercicio de la ciencia.
El presente proyecto enfoca, por tanto, varios aspectos: la evaluación sanitaria, el rotulado de productos, el impacto ambiental, los estándares de calidad, los procedimientos de fiscalización y -uno de los más importantes- la formación de recursos humanos para la aplicación de estas técnicas.
Chile no cuenta con un marco regulatorio completo, ya que únicamente posee un "Manual de Buenas Prácticas" en materia de investigación y desarrollo, el cual, además, sólo tiene carácter voluntario.
En nuestro país está prohibido producir alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, se generan semillas que se exportan con mucho éxito y a las que nuestros agricultores dedican cerca de 5 mil hectáreas. En la actualidad, a nivel mundial se destinan más de 40 millones de hectáreas a productos transgénicos, como café, maíz, soya, manzanas, girasoles, etcétera.
El marco regulatorio que se propone establece ciertos criterios, por ejemplo, el de desarrollar la biotecnología en un contexto de responsabilidad y sustentabilidad. En el corto plazo, las prioridades son la biominería, el sector forestal, la biomedicina para animales y la genómica de frutas y vides.
Es indudable que una de las primeras medidas es etiquetar los productos e impedir la circulación de alimentos peligrosos para la salud y capaces de originar reacciones alérgicas. El principio de información debe cumplirse una vez efectuada la evaluación sanitaria por el Ministerio de Salud. El rótulo debe contener los posibles riesgos, los efectos secundarios, los cambios en la composición nutricional. El consumidor, en ejercicio de sus derechos, podrá escoger sobre la base de una buena información.
En el etiquetado, nos encontramos con dos posiciones antagónicas. La Unión Europea, desde 1998, lo exige para todos los alimentos genéticamente modificados, lo cual permitió que siete países miembros de ella aplicaran una moratoria contra todas las importaciones de productos transgénicos provenientes de Estados Unidos. A la obligación de etiquetar se han adherido países como Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.
Estados Unidos, por su parte, considera esta clase de productos como una más en el mercado; por lo tanto, deben someterse a los procedimientos de análisis de inocuidad obligatorios para todos los alimentos. Se considera que hasta hoy no se ha demostrado de manera contundente que los alimentos derivados de la ingeniería genética presenten riesgos para la salud.
La revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más prestigiosos del mundo, destaca a Chile por algunos de sus proyectos tecnológicos:
Vacunas para salmones basadas en ADN recombinante.
La llamada "nariz electrónica" para viticultores, que se estudia en la Universidad de Chile.
Un proyecto, llevado adelante por CODELCO y una empresa japonesa, orientado a impulsar la investigación y desarrollo de microorganismos utilizables en la producción minera basada en la biolixiviación. Los microorganismos logran fijar el arsénico a la roca, reduciendo las emisiones de éste en los procesos industriales, con lo cual se protege el medioambiente.
Es bueno establecer que los proyectos biotecnológicos tienen costos más altos y requieren más tiempo de desarrollo. Pero, en definitiva, generan importantes ganancias.
Las iniciativas que se llevan adelante hoy en nuestro país no cuentan, desafortunadamente, con la difusión que se merecen. Hay inversionistas nacionales, con capital, que desconocen estas oportunidades o que carecen de interlocutores apropiados para concretar negocios en este ámbito.
Chile estará presente en la Feria Mundial de Biotecnología, a la que, según se estima, asistirán cerca de 17 mil personas que podrán visitar 400 stands Será un lugar de encuentro para científicos e inversores, en el que se impulsarán proyectos, se darán a conocer los avances tecnológicos y se captarán capitales. Nos hallamos, por tanto, ante un tema de la mayor importancia,...
...sobre el cual, creo, debe legislarse escuchando a todos los sectores interesados y con la prudencia que demanda esta materia.
Antes de terminar, deseo recordar las expresiones del ex Primer Ministro de la India Jawaharlal Nehru : "El futuro pertenece a la ciencia y a quienes se hagan amigos de la ciencia".
Señor Presidente , conforme al Nº 7 del artículo 131 del Reglamento, pido formalmente que se someta a votación la solicitud para que la iniciativa vaya a las Comisiones de Agricultura y Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Creo que las intervenciones han sido suficientemente explícitas respecto de la necesidad de ello, a fin de despachar un buen proyecto.
En votación electrónica la solicitud para que la iniciativa vaya a las Comisiones de Agricultura, Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento...
Votar "sí" significa que el proyecto va a las Comisiones de Agricultura; Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Votar "no" implica que la iniciativa se tendría que votar de inmediato en general.
Quienes estamos con la proposición del Honorable señor Coloma votamos "sí".
--Se aprueba (19 votos contra 5) la solicitud para que el proyecto vaya a las Comisiones de Agricultura; Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Naranjo, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Cantero, Horvath, Prokurica y Ruiz (don José).
Señor Presidente , ¿no se van a votar las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía?
No. Quedarán para la próxima sesión ordinaria.
En dicha sesión se incluirán, dentro de la tabla de Fácil Despacho, las siguientes materias: "Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales", "Convenio de Cooperación Turística entre Chile y Guatemala" y "Acuerdo de Cooperación Turística entre Chile y Túnez". A ellas se agregan cinco solicitudes de rehabilitación de ciudadanía.
Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.
--Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , requiriéndole información sobre BECA "MINISTERIO DE DEFENSA" PARA DON MIGUEL NIEVAS LÓPEZ.
Al señor Intendente de la Región del Maule , solicitándole información acerca de APERTURA DE CAMINO EL TRAPICHE.(Séptima Región).
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Institucionales 1, ningún señor Senador hace uso de ella.
--Se levantó a las 18.