Source: https://es.scribd.com/document/332654400/Penal
Timestamp: 2019-04-22 19:11:53
Document Index: 209716177

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 491', 'artículo 66', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 491', 'artículo 491', 'artículo 149', 'artículo 566']

Cargado por Heidy Aracely
8. La Accion Civil en El Proceso Penal
Dialnet-DerechoALaReinsercionSocial-174751 (2).pdf
Examen de Precedentes Vinculantes
Ulloa Orozco (489-2015)
“CASACIÓN N° 189-2011-HUAURA”
Guiomara Vasquez Rodriguez
Heidy A. Julón Julón
Arnaldo Favio Valle Merino
enervaba por medio del Conceil . Este consejo era una de las dos secciones del Conseil étriot o privé. consideraba que una sentencia viciada por error de derecho poseía un vicio más grave que aquella viciada por error de hecho. acordándosele un recurso especial para impugnarla. que procuraba. Posteriormente se concede a las partes un remedio diverso de los otorgados para casos de simple injusticia. sino fundado en la evidencia del error. y querella nullitatis concedida contra errores in procedendo. La otra sección era el Consejo de Estado que se ocupó de los asuntos políticos. INTRODUCCIÓN El presente trabajo está hecho con el fin de ampliar nuestros conocimientos sobre la “CASACIÓN” dentro del proceso penal. Pero el verdadero origen de la casación está en el derecho francés. sino como una acción modificativa . aunque el criterio para determinar la nulidad no fue ya político. como en el derecho romano. A lo largo de la evolución del concepto se llegó a la equiparación entre sentencia nula por defectos de actividad y sentencia nula por defecto grave de juicio. a su vez desprendimiento del Conceil du roi. ya que en el derecho romano no hubo un medio especial para hacer valer la nulidad. concedida contra errores de juicio. para afianzar su autoridad. en el Conceil de Parties del Ansíen Régime que se ocupaba de los asuntos judiciales. Aparece la distinción entre querella iniquitatis . El gran aporte del derecho Romano fue la individualización de los errores en aquellos vicios que superaban el interés de los particulares para afectar las relaciones entre la ley y el juez. admitiéndose que todo error in iudicando de hecho o de derecho podía dar lugar a la querella de nulidad. El Conceil de Parties aparece como una expresión de la lucha entre el rey y los parlamentos.I. con tal de que fuera notorio y manifiesto. En la etapa del derecho intermedio la nulidad deja de ser equiparada a la inexistencia para convertirse en un vicio de la sentencia. la anulación una sentencia viciada pero intrínsecamente válida. por parte del juez superior. Una primera etapa en el derecho romano. La casación se fue perfilando históricamente en tres etapas hasta llegar finalmente a su versión actual. ésta operaba declarando la inexistencia de la sentencia. Este. Lo esencial de esta querella nullitatis fue el hecho de que el medio de impugnación de la sentencia no era ya concebido como una acción declarativa.
también cuando se hubiese violado su espíritu. ante el cual la causa llega con los hechos del proceso definitivamente fijados. Lentamente se fue configurando a través de éste instituto un recurso para los particulares análogo a la moderna casación. preservar la observancia de las garantías de la libertad individual y en particular del juicio previo en el cual se asegure la defensa.las decisiones de éstos. que el recurso de casación. para que solamente se juzgue de la corrección jurídica con que han sido calificados".. aunque. una especie de comisión extraordinaria del cuerpo legislativo encargada de reprimir la rebelión contra la voluntad general de la ley". la realidad lo llevo a cumplir una verdadera función jurisdiccional. El tribunal tomo el nombre de Cour de Cassation a partir del senado consulto de 28 Floreal año XII (18 de Mayo de 1803) adquiriendo así su naturaleza jurisdiccional definitivamente. es una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la constitución. y de la otra. Una vez derogado el Código de Napoleón se admitió ampliamente la casación por interpretación viciosa de la ley. El instituto se concibió como un órgano de contralor constitucional para vigilar la actividad de los jueces. Aunque su fin último era impedir la invasión del poder judicial en la esfera del legislativo ". lo que obligo al tribunal a indagar el espíritu de la norma. incorporándose al poder judicial del Estado.la casación no es una parte del poder judicial sino una emanación del poder legislativo. ya que se estableció doctrinariamente que la sentencia no solo era casable por expresa violación al texto de la ley.Con el advenimiento de la revolución francesa se suprimió el Conceil de Parties. sometiendo en definitiva su interpretación al más alto tribunal de la Justicia nacional o provincial. Entonces la función del tribunal de casación era puramente negativa limitada a la fiscalización. para asegurar el respeto a los derechos . el tribunal. El fundamento y finalidad de la casación es resguardar el principio de igualdad ante la ley asegurando la "interpretación unitaria de la ley de fondo. pero su esqueleto procesal continúa siendo el mismo. un recurso otorgado al particular como remedio procesal. Se regulo el reenvío adquiriendo así una función positiva. haciendo efectiva la verdadera y amplia interpretación de la regla: juicio no sólo previo sino también legal. pero adaptado a las nuevas ideas revolucionarias. La casación es ahora un verdadero medio de impugnación. Podemos afirmar. sino. El 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1790 se crea por decreto el Tribunal de Casación. pasando a ocupar el lugar del Conceil. eliminándose así la prohibición de motivar la sentencia.. de una parte.
individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio. II. Rodríguez Tineo y Morales Parraguez votaron porque se declare infundada la casación. y una nueva decisión. De acuerdo a lo anterior. una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica. que los señores Villa Stein. CASACIÓN SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN N° 189-2011-HUAURA El señor Fiscal Superior del Distrito Judicial de Huaura planteó casación por las causales previstas en los incisos uno y dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal y excepcionalmente para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. y los . por motivos de derecho específicamente previstos por la ley. En conclusión es considerado. en este trabajo veremos las instituciones que se desarrolla. o la anulación de la sentencia. con o sin reenvío a nuevo juicio. los elementos facticos y normativos y nuestra opinión en referencia a la sentencia de la casación desarrollada. por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva. medio de impugnación por el cual. así como también el mantenimiento del orden jurídico penal.
en agravio del menor Diego Oswaldo Gonzáles Aranda. así como por el supuesto excepcional de desarrollo de la doctrina jurisprudencial -regulada en el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal-. invocando las causales previstas en los inciso uno y dos del artículo cuatrocientos veintinueve del C. revocaron la resolución de primera instancia que declaró no ha lugar a la solicitud de libertad anticipada presentada por Gonzáles Mejía y.P. El recurso de casación interpuesto por el Fiscal Superior de Huaura. siendo que mediante resolución. que dispone la reserva del fallo condenatorio. La jueza Suprema señora Tello Gilardi cumplió con emitir el voto que le corresponde. numeral tres. por tanto. por delito contra la familia -omisión de asistencia familiar-. Que. solicitando libertad anticipada al haber cumplido con el pago de las pensiones devengadas y la reparación civil. por el término de dos años contra Oswaldo Gonzáles Mejía.señores Salas Arenas y Neyra Flores porque se declare fundada la casación. ANTECEDENTES La sentencia emitida por el juez del Juzgado Penal Unipersonal de Barranca. se declaró fundado el recurso de apelación. el escrito de Gonzáles Mejía. CONFIRMARON la resolución de primera instancia que declaró no ha lugar a la solicitud de libertad anticipada promovida por el condenado Oswaldo Gonzáles Mejía. la misma que . Neyra Flores y Príncipe Trujillo en el sentido que se declare fundada la casación excepcional por desarrollo de la doctrina jurisprudencial vinculada con las causales de inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal o material e inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. bajo determinadas reglas de conducta -dentro de las cuales se consignó el cumplimiento del pago de las pensiones devengadas-. en consecuencia.P. y fijó la reparación civil en la suma de ciento setenta y tres nuevos soles. En la audiencia de apelación. la cual se pagará en veinticuatro meses consecutivos. el a quo resolvió declarar no ha lugar la solicitud de libertad anticipada. en consecuencia nulo el auto de vista. y actuando en sede de instancia y pronunciándose sobre el fondo se confirme la resolución de primera instancia.y de una norma legal de carácter procesal -que es la que contempla el artículo cuatrocientos noventa y uno. declararon fundado dicho pedido y se ordenó su excarcelación. que. por inobservancia de una garantía constitucional -como lo es el principio de legalidad. reformándola. se declare FUNDADA la casación interpuesta por el representante del Ministerio Público por las causales anteriormente dichas. que llamado el señor Príncipe Trujillo para dirimir discordia se pronunció adhiriéndose al voto emitido por los señores Salas Arenas y Neyra Flores. al continuar la discordia se convocó a la jueza suprema señora Tello Gilardi para que se pronuncie al respecto. referido a la libertad anticipada-. que coincide con el emitido por los Jueces Supremos señores Salas Arenas.
este incumplió dicha regla. en la cual se advierte que el sentenciado Gonzáles Mejía inicialmente se le reservó el fallo condenatorio por el término de dos años bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. se incurriría. la revocatoria del régimen de prueba -o de suspensión de ejecución de la pena. Que. Tal supuesto no está previsto en el Código Penal. es decir. De adoptarse esta teoría. declarando el a quo no ha lugar a lo solicitado. que llevaría a que la pena privativa de libertad impuesta a consecuencia de la revocatoria del régimen de prueba. siendo que el Superior Colegiado revocó dicha resolución y ordenó la libertad anticipada del encausado.que da lugar a una sanción privativa de libertad efectiva. sin embargo. el régimen de pruebas debe ser revocado si durante su vigencia. conforme a lo regulado en los artículos 62 y siguientes del Código Penal. el juez procede a condenar al agente y a determinar la aplicación de la pena que corresponde al delito. la reserva del fallo condenatorio es una medida alternativa a la pena privativa de libertad de uso facultativo para el juez. no puede convertirse en otra pena no privativa de libertad. entre ellas la de cumplir con el pago de los devengados de su obligación alimenticia. por lo que se le revocó el régimen de prueba y se le Impuso la pena de dos años de pena privativa de la libertad efectiva. razón por la cual el sentenciado presentó su solicitud de libertad anticipada. En consecuencia. la misma que debe ejecutarse en sus propios términos. no se cumplen las reglas de conducta impuestas. pues no existe la revocatoria de la revocatoria. nuevamente se convierta en una medida para obtener la recuperación de la libertad ambulatoria. FUNDAMENTOS DE LOS JUECES SUPREMOS AL DECLARAR FUNDADA LA CASACIÓN 1. en flagrante violación del principio de legalidad penal y legalidad procesal penal. disponiéndose su internamiento en el establecimiento carcelario. De allí. la imposición de la condena y el señalamiento de la pena concreta para el sentenciado culpable. en atención a lo señalado en el artículo 66 del citado Código. fijándose en su lugar un régimen de prueba sujeto al cumplimiento de reglas de conducta. que conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal. que se caracteriza fundamentalmente por la abstención del juez de dictar la parte resolutiva de la sentencia. adjuntando el pago total de su deuda. En este contexto. porque es la ley la que establece las medidas sancionadoras por el incumplimiento de las reglas de conducta en un . TELLO GILARDI Análisis de la controversia materia de la discordia Bajo este marco jurídico se analiza la materia controvertida.mediante resolución el Colegiado Superior resolvió conceder el recurso de casación por todas las causales solicitadas.
a pesar de la cancelación de las pensiones devengadas. en definitiva. la Sala Penal Superior le concedió el pedido de libertad asistida. se le revocó el régimen de prueba y la reserva del fallo. con el criterio asumido por los representantes del Ministerio Público. Sin embargo. Además. Lamentablemente. procedía su pedido de libertad asistida. se le ha impuesto una sanción efectiva de condena. Dicho órgano judicial. por lo que habiéndose hecho efectivo el apercibimiento de revocatoria del régimen de prueba. se refiere básicamente a la figura de la libertad anticipada regulada en el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal. por lo que. siendo beneficiado con una reserva de fallo condenatorio que no ha respetado. sino porque el que lo comete afecta bienes jurídicos que constituyen derechos fundamentales del alimentista. salud y vida. Esta situación legal. como ha quedado detallado. no ha sido observada en el presente caso. a pesar que se encontraba privado de su libertad. menos aún cuando el condenado al verse privado de su libertad. por no cumplir. el juez ha de garantizar con todo rigor que lo dispuesto en aquel contexto. abonó el íntegro de las pensiones alimenticias impagas. pues continuó incumpliendo su obligación alimentaria. se cumpla en sus propios términos. a consecuencia de la situación jurídica descrita. toda vez que se advierte que existen situaciones que vienen generando algunas divergencias entre el proceder de los magistrados -al menos en este caso. imponiéndosele una pena privativa de libertad efectiva de dos años.que conforman las Salas de Apelaciones en aplicación del Código Procesal Penal. ya que no se puede amparar conversión alguna hacia una medida que de nuevo le otorgue libertad ambulatoria. se suele considerar que este tipo de delitos no reviste relevancia ni peligrosidad social. con lo cual la sanción firme de condena no ha sido ejecutada en su totalidad. al no estar prevista en la ley. y en atención a que el condenado había cancelado el íntegro de la liquidación de pensiones de alimentos adeudados. el condenado incumplió las reglas de conducta impuestas y. al ponerse en riesgo su propia subsistencia. . no cabe pedido de libertad anticipada. Pero es todo lo contrario. previamente estuvo sujeto a un juicio civil en el cual se le fijó el pago de pensiones alimenticias y. que debió ejecutarse hasta su culminación. 2. en el caso concreto. En efecto. consideró que tratándose de un delito de omisión a la asistencia familiar. por lo tanto. y por ende. SALAS ARENAS Y NEYRA FLORES ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO El tema central sobre el que este Supremo Tribunal debe efectuar algunas precisiones de carácter aplicativo. el agente infractor. se le procesó penalmente. no solo por la gran incidencia a nivel nacional.caso de reserva del fallo condenatorio.
así como también sucede en los casos en que se considera que la libertad anticipada procede como consecuencia jurídica de la conversión de la pena privativa de libertad -resolución expedida en el Expediente N° 5039-2008. en el caso de obligaciones alimentarias. salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios. ii) es el . Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. como son. el indulto concedido por el Poder Ejecutivo por razones humanitarias. de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia. dictado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. De lo expuesto. de fecha quince de octubre de dos mil diez-. en virtud a consideraciones de salud (enfermedad) del condenado o. de la jurisprudencia surgida en torno a este tema. Asimismo. el artículo cuatrocientos ochenta y nueve dispone que la ejecución de las sentencias firmes sea de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. La Sección I está destinada a la ejecución de la sentencia penal y se encuentra compuesta de nueve artículos. 3. por delito de omisión a la asistencia familiar-. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Expediente N° 5039-2008. centra su análisis aplicativo en colisión directa con otras instituciones como: los beneficios penitenciarios. se advierte que básicamente en los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad se han venido dictando decisiones judiciales acogiendo los pedidos de libertad anticipada -Expediente N° 05209-2007. y otros. cuando exista cumplimiento –aunque sea tardío. faculta al Juez de la Investigación Preparatoria conocer los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan y que formulen el condenado y las demás partes legitimadas respecto de la ejecución de la sanción penal. se puede afirmar que: i) durante la ejecución de la sentencia penal es posible plantear los denominados incidentes de ejecución. por delito de violación de la libertad de trabajo. tras la revocación de la suspensión de la pena por efectividad de esta– del pago de las pensiones devengadas y de la reparación civil. PRINCIPE TRUJILLO Para poder realizar un adecuado análisis de la figura citada es necesario realizar una interpretación sistemática del inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del mencionado Código adjetivo.La libertad anticipada Situación actual: Que. El Libro Sexto del Código Procesal Penal regula el proceso de ejecución de la sentencia y costas. El juzgador al conceder la libertad anticipada. inciso dos. como se advierte en el presente caso. donde existe el requisito del pago de la reparación civil. respecto a todas las normas procesales en su conjunto y los demás textos normativos de carácter penal. El artículo cuatrocientos ochenta y ocho. por ejemplo.
por un lado. que surgen con ocasión de la ejecución de una sentencia firme2. La misma norma en cometario. invoca la figura de libertad anticipada como una institución cuyo cauce procedimental se realizará vía incidental y. origina ilegitimidad en su aplicación y. es necesario diferenciar que el Código Procesal Penal –en su artículo cuatrocientos noventa y uno– regula toda la dinámica relativa a la ejecución de la sentencia condenatoria vía procedimiento incidental. de naturaleza contenciosa. su imposición discrecional. En tanto que el inciso tres de la citada norma. Inaplicabilidad de la libertad anticipada al caso concreto La operatividad de la libertad anticipada no encuentra fundamento debido a la ausencia de normatividad que desarrolle los presupuestos de acceso. Son incidentes de ejecución todas aquellas cuestiones. la distingue de los beneficios penitenciarios. y la extinción o vencimiento de la pena. establece la posibilidad de plantear la operatividad de la conversión y revocación de la conversión de la pena. con el establecimiento de determinadas reglas de conducta. que se encuentran dispuestos en el inciso uno del artículo cuatrocientos noventa y uno: se tramitan por vía incidental la conversión y revocación de la conversión de la pena. dentro de ellas la . en primer lugar. ocasionando con ello consecuencias negativas que se expresarían en la concesión de libertad a quien previamente se le revocó la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva de fallo – precisamente por incumplir reglas de conducta–. y los beneficios penitenciarios. Asimismo. promovida por las partes procesales o de oficio por el juez. 4. por otro lado. el artículo cuatrocientos noventa y uno. por parte de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional.Juez de la Investigación Preparatoria quien tiene la competencia general para conocer de los incidentes de ejecución. o la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva de fallo condenatorio.2. inciso uno. y la extinción o vencimiento de la pena. en su inciso tres. se rigen claramente por lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal y son de competencia del Juez Penal Unipersonal. de competencia del Juez de Investigación Preparatoria. En consecuencia. alcances y efectos. realiza un claro distingo entre libertad anticipada como una institución procesal. Frente a casos en los que al autor del delito de omisión a la asistencia familiar se le haya reservado el fallo o suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad e ingrese. por el solo hecho –en casos de omisión a la asistencia familiar– de pagar con la obligación pecuniaria derivada de una pensión de alimentos. a un régimen de prueba. semilibertad y liberación condicional. en ejecución de sentencia. lo que. mientras que los casos de ejecución de la sanción penal. mediante su tramitación como incidentes de ejecución de sentencia de competencia del Juez de Investigación Preparatoria. como los beneficios penitenciarios excarcelatorios de redención de la pena por el trabajo y la educación. en segundo lugar. o la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva de fallo condenatorio.
Inaplicabilidad de la libertad anticipada Por lo antes expuesto. todo lo cual resulta inadmisible. la libertad anticipada constituye una institución de naturaleza procesal solo citada en la norma y no desarrollada por el legislador. regla de conducta que incumple. La libertad anticipada aplicada a estos casos desnaturalizaría el sentido del procedimiento de ejecución de la sentencia y con ello el respeto a instituciones como la reserva de fallo. en tal hipótesis. del Código sustantivo regula todo lo concerniente a la extinción de la acción penal y de la pena. los beneficios penitenciarios y la conversión de las penas. primero. no existe una definición normativa sobre la naturaleza que corresponda asignar a esta institución. Expediente N° 05209-2007 y en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. en la fase en la que el juzgador le reserva el fallo o le suspende la ejecución de una pena privativa de libertad. su estructura. durante el desarrollo del proceso y luego. todas estas instituciones de naturaleza penal y de ejecución penal encuentran desarrollo normativo en sus respectivos . el Título V. Expediente N° 5039-2008. el autor del delito. y a posteriori lo hace cuando se ve privado de su libertad por la revocación de la medida que lo favorecía. el Capítulo IV hace lo mismo respecto a la suspensión de la ejecución de la pena. concesión causales como la existencia de enfermedad grave. inciso tres. del mismo modo. ya sea por delitos de omisión a la asistencia familiar o por violación de la libertad de trabajo. razón por la que se le revoca la medida impuesta inicialmente. dictándose. El Código Penal. en consecuencia.3. operatividad y efectos que permitan la aplicación de esta medida. por el delito de omisión a la asistencia familiar. por el delito de violación de la libertad de trabajo. presupuestos. Los tribunales de los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad vienen concediendo solicitudes de libertad anticipada bajo criterios disímiles. del Libro I. vale decir. solo es posible su excarcelación por cumplimiento de los respectivos beneficios penitenciarios y no por un pedido de libertad anticipada. en su Capítulo III. argumentando a favor de su Los incidentes de libertad anticipada se han registrado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad. el fallo de condena correspondiente a una pena privativa de libertad efectiva. toda vez que no es posible inferir del artículo cuatrocientos noventa y uno. y el Capítulo V destina sus preceptos al desarrollo de la reserva del fallo condenatorio.obligación de satisfacer la deuda derivada de las pensiones alimenticias. tuvo la oportunidad de cumplir con el pago de la obligación alimentaria y no lo hizo. 4. pago total de la obligación alimentaria y de la reparación civil y la poca gravedad del ilícito. regula los casos de conversión de la pena privativa de la libertad. lo propio hace el Código de Ejecución Penal con los beneficios penitenciarios excarcelatorios. más aún si tomamos en cuenta que en los delitos de omisión a la asistencia familiar.
por tanto. la libertad anticipada siendo una figura jurídica de carácter procesal no está regulada en el Código adjetivo. siendo así. no podría efectuarse sin vulnerar con ello el principio de legalidad procesal y afectar los parámetros de otras instituciones jurídicas debidamente delimitadas. en todo caso. o d) tomar otras fuentes del Derecho como los principios generales del Derecho y el Derecho consuetudinario. lo que constituye un supuesto de ausencia de norma y necesidad que ella exista.códigos. Por lo expuesto. La Constitución en su artículo ciento treinta y nueve. Trasladando estas consideraciones al caso concreto. La interpretación sistemática del ordenamiento jurídico es un procedimiento de explicación del significado de los textos legales. b) interpretar extensivamente. La existencia de lagunas en la normativa es la conclusión a la que se llega producto del examen hermenéutico sistemático y que se produce cuando debiera haber una norma reguladora y ella no existe. las denominadas “lagunas del Derecho” solo pueden superarse haciendo uso de: a) la aplicación supletoria otra norma jurídica. y que consiste en la búsqueda del significado de la norma dentro del sistema jurídico4. el vacío o deficiencia de la ley no exoneran al juzgador de administrar justicia. en ese entendido. considero que existen suficientes elementos de razonabilidad para afirmar que la libertad anticipada no debe ser admitida y aplicada por los jueces a nivel nacional. realizar una interpretación extensiva –la que solo puede efectuarse sobre la base de una figura jurídica regulada extendiendo sus alcances– o analógica de la libertad anticipada. asimilándola a un beneficio penitenciario o tratándola como un caso de conversión de la pena. que parte de los textos mismos y de las relación entre sus partes. c) apoyarse en la analogía. la libertad anticipada es una figura jurídica procesal incorporada por el legislador que no encuentra correlación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico interno y carece de referentes en la legislación comparada. lo que deberá hacer aplicando los principios generales del Derecho y el Derecho consuetudinario. inciso ocho. . en virtud del cual el juez tiene la obligación de aplicar la norma jurídica adecuada al caso sub júdice. consagra el principio de “no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley”. corresponde al Poder Legislativo elaborar reglas de determinación que permitan aplicar tal institución –que tal y como está prevista se encuentra vacía de contenido– y justifiquen la imposición de las decisiones jurisdiccionales de los tribunales nacionales.
RODRIGUEZ TINEO Y MORALES PARRAGUEZ FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del ámbito de la casación PRIMERO: Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas diez del cuaderno de casación. al haberse interpretado en mala praxis el artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal -incidentes de modificación de la sentencia-. señala que la recurrida no observó el principio de legalidad. Sobre el desarrollo jurisprudencial –con invocación de las causales uno y dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal– . Que. vulnerando lo dispuesto por el inciso uno del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal. por lo que –en su opinión– al habérsele otorgado libertad se ha afectado el debido proceso. asimismo. que se establezcan criterios y directrices respecto a la aplicación de la institución de la libertad anticipada. solo en los delitos de bagatela y cuáles son los requisitos esenciales que deben cumplirse para su concesión. del nueve de noviembre de dos mil once. toda vez que el condenado Gonzáles Mejía. SEGUNDO: El recurrente alega que los jueces de segunda instancia al momento de resolver. el auto superior dictado el nueve de noviembre de mil once de fojas diez y siguientes del cuadernillo de casación precisa lo siguiente respecto a lo que debería desarrollarse como doctrina jurisprudencial –tomando lo invocado por el recurrente en su recurso de casación–: A. Del pronunciamiento del Tribunal Supremo . el motivo del recurso de casación se centra en la invocación a un supuesto desarrollo jurisprudencial previsto en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal.auto de calificación TERCERO: Que. entre ellas. incumplió esta regla de conducta.en determinado periodo. la de cumplir con el pago de devengados -obligaciones alimentarias. II. la Corte Suprema uniformice los criterios y alcances respecto a los diversos pronunciamientos que existen al respectó y fije una línea jurisprudencial. la Corte Suprema delimite si debe concederse los supuestos de libertad anticipada. a quien inicialmente se le reservó el fallo condenatorio por el término de dos años bajo determinadas reglas de conducta. invocando la causal de excepcionalidad –inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal–. B. por lo que el beneficio otorgado –reserva de fallo– fue revocado y se dispuso el internamiento en el establecimiento carcelario respectivo. Que. III.FUNDAMENTOS DE LOS JUECES SUPREMOS AL DECLARAR INFUNDADA LA CASACIÓN VILLA STEIN . siendo necesario. dictaron la misma en clara inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y norma legal e carácter procesal.
salvo en los casos previstos por la ley”. no se justificaría razonablemente –test de razonabilidad. necesidad y utilidad– que se mantenga en cárcel o hacer efectivo un apercibimiento de ordenar la captura para internar en un penal a un procesado. aunado a ello. es aquella que trae como consecuencia que el condenado. y al fin constitucionalista y principista de la pena. la pena solamente se justificaría en la medida que sirva al Estado en su política sancionadora. acusado o condenado a quien se le otorgó libertad –para este caso– anticipada. es del caso precisar que el delito de omisión de asistencia familiar previsto y sancionado por el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal. lo que se da en . para el caso de autos. en ese sentido. haciendo una exclusión de los beneficios penitenciarios y de la medida de seguridad privativa de la libertad. SÉTIMO: Que. QUINTO: Que. si se incumple el pago de esta deuda. por lo que. disponiendo su excarcelación como lo señala el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal. se justifica que el Estado le dé una connotación penal. puede ser objeto de tratamiento. dentro de una línea de tutela al cumplimiento del pago para el alimentista de las deudas del obligado -bien jurídico protegido: los alimentos-. del condenado o su abogado defensor. y a la revocación de la suspensión de la pena y de la reserva del fallo condenatorio. respecto al inciso uno del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal. pueda salir en libertad por mandato de autoridad competente. respecto a los incidentes relativos a la conversión y revocación de la conversión de las penas. por lo que procedería aplicar la libertad anticipada del mismo. a resolver los incidentes referidos a la liberta anticipada. excepcionalmente.CUARTO: Que. se materializa con el simple incumplimiento del pago requerido previamente con las formalidades de la ley. desde un punto de vista de política criminal. Así. Siendo ello así. se tiene que el literal c) del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado establece que “no hay prisión por deudas. nuestra Carta Magna define el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una deuda. SEXTO: Que. y por tanto. Coherente con esta construcción argumentativa. lo defina como un delito y establezca una pena en caso de incumplimiento. precisándose en su inciso b) del mismo articulado que “no se permite forma alguna de restricción de la libertad. respecto a la libertad anticipada mencionada en el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno. que cumple con pagar la totalidad de las pensiones devengadas. deviene en perseguible penalmente con sanción penal de privación de libertad. a través del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal se faculta al Juez de la Investigación Preparatoria. a manera de introducción. a solicitud del Fiscal. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”. está fuera de discusión que los alcances de esta normativa se refiere a que después de emitida una condena y que ella adquirió la calidad de firme. siendo esto así. antes de cumplir la totalidad de una pena impuesta de privativa de libertad efectiva. OCTAVO: Que.
declararon fundado dicho pedido y se ordenó su excarcelación. En la audiencia de apelación que declara fundado el recurso de apelación. las cuales se imponen de oficio conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del citado Código Procesal. ELEMENTOS FACTICOS     Gonzáles Mejía es condenado a dos años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito contra la familia -omisión de asistencia familiar-. de lo antes expuesto. situación que se presenta porque quien interpuso el recurso de casación fue el señor Fiscal Superior del Distrito Judicial de Huaura. El recurso de casación interpuesto por el Fiscal Superior de Huaura. esto es. el artículo cuatrocientos noventa y nueve de la citada norma procesal establece que se encuentra exento del pago de costas. el a quo resolvió declarar no ha lugar la solicitud de libertad anticipada. fuera de los beneficios . solicita la libertad anticipada al haber cumplido con el pago de las pensiones devengadas y la reparación civil. no se advierte interés casacional del desarrollo jurisprudencial porque las disposiciones procesales penales glosadas en el fundamento jurídico anterior son claras en su redacción. NOVENO: Que. del nuevo Código Procesal Penal. en consecuencia.concordancia con lo dispuesto por el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno. donde el Colegiado Superior resolvió conceder el recurso de casación por todas las causales solicitadas. por inobservancia de una garantía constitucional y de una norma legal de carácter procesal así como por el supuesto excepcional de desarrollo de la doctrina jurisprudencial. reformándola. establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. DÉCIMO: Que si bien el artículo quinientos cuatro. NORMATIVOS   La casación por las causales previstas en los incisos uno y dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal. los representantes del Ministerio Público. Gonzáles Mejía. el mismo que es resuelto por el Juez de la Investigación Preparatoria. apartado dos. revocaron la resolución de primera instancia que declaró no ha lugar a la solicitud de libertad anticipada presentada por Gonzáles Mejía y. invocando las causales previstas en el Código Procesal Penal. en agravio del menor Diego Oswaldo Gonzáles Aranda. En el inciso 3 del artículo 491 del Código Procesal Penal: “Los incidentes relativos a la libertad anticipada. entre otros. sin embargo.
este es un primer indicador que apunta a afirmar que la interpretación de que se trata de una institución nueva. El artículo cuatrocientos ochenta y nueve dispone que la ejecución de las sentencias firmes sea de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. el Tribunal Constitucional expresamente refiere que la libertad anticipada no es otra cosa que una consecuencia de la aplicación de un determinado beneficio penitenciario.” Como se puede ver. en atención a lo señalado en el artículo 66 del citado Código. la misma que debe ejecutarse en sus propios términos. es cuando se presenta la solicitud de aplicación del beneficio que genera libertad anticipada. inciso dos. En este contexto. salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios. por los órganos de prueba que debe informar durante el debate”. serán resueltos en audiencia oral. faculta al Juez de la Investigación Preparatoria conocer los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan y que formulen el condenado y las demás partes legitimadas respecto de la ejecución de la sanción penal. el juez procede a condenar al agente y a determinar la aplicación de la pena que corresponde al delito. artículo 3 apartado 7: “Las Partes velarán por que sus tribunales o demás autoridades competentes tengan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1 del presente artículo y al considerar la posibilidad de conceder la libertad . por su importancia. causando esta preocupante confusión. A nivel de normas supra nacionales. de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia. El artículo cuatrocientos ochenta y ocho.   penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad. y aquellos en los cuales. la expresión “Libertad Anticipada” se puede encontrar en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. y que al parecer carece de mayor asidero doctrinario o jurídico. el régimen de pruebas debe ser revocado si durante su vigencia. INSTITUCIONES LIBERTAD ANTICIPADA “El único momento en que es posible verificar el grado de resocialización del penado. autónoma y distinta a los beneficios penitenciarios ya existentes se muestra como una conjetura poco sólida. no se cumplen las reglas de conducta impuestas. el juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario. De ahí que la ley penitenciaria aplicable es la que se encuentra vigente en la fecha en que se solicita el beneficio. En el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal. Al parecer el término “Libertad Anticipada” ha sido incorporado de otras legislaciones.
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de alguno de esos delitos. en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita. argumenta el accionante que la aplicación de los criterios de oportunidad queda sujeto al arbitrio del Ministerio Público y a la impotencia del . Todos estos elemento apuntados: i) La correcta interpretación del artículo 491. la interpretación del Tribunal Constitucional y iii) la inexistencia de regulación en el resto del ordenamiento de la llamada “Libertad Anticipada”. si no que más bien tiene identidad con instituciones ya reguladas por nuestro ordenamiento como son la semilibertad y la libertad condicional y que en todo caso su interpretación debe ser en la relación de género a especie. en virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y material. en su caso. (…) b) el principio de reserva de ley.” Nuevamente la norma parece referirse a los ya conocidos – y regulados – beneficio de semilibertad y libertad condicional entre otros. es posible regular y. la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes. y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables—. se entiende que el referido reglamente equipara a la libertad anticipada con el beneficio de semilibertad. sección N sobre “Reintegración en la comunidad” punto 79 señala: “Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad. ii) las referencias a los tratados supranacionales. §3 del Código Procesal Penal desde el punto de vista lógico formal y gramatical. A tal fin se deberán establecer procedimientos. nos permiten afirmar que su naturaleza jurídica no es la de una institución nueva o independiente. §3 del Código Procesal Penal. De la misma manera las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior. en su apartado IV sobre “La administración de los centros de menores”. del cual resulta que solamente mediante ley formal. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY En primer lugar. restringir los derechos y libertades fundamentales —todo. el principio mismo de “reserva de ley”. inclusive la libertad anticipada. por supuesto. no es otra cosa que la consecuencia de la aplicación de los instituciones como la semilibertad y la libertad condicional.” Si se lee atentamente y a la luz del texto del artículo 491. entre otras. o mejor planteado: La Libertad Anticipada como género. Por último. donde la libertad anticipada sería el género y la semilibertad y la libertad condicional las especies. y cursos especiales.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. pero que. la criminalización del incumplimiento alimentario. presuponga asumir necesariamente. la tutela . principalmente por la conquista del principio de prohibición de la prisión por deudas. utilizando la prisión como medio de coacción – reparativo. en estos casos. así como por el desarrollo del pensamiento positivista del Derecho que propugnaba la adecuada sistematización y diferenciación de sus ramas en cuanto a sus objetos de regulación y tipos de consecuencias. definiendo las condiciones y requisitos en que se puede aplicar los diversos criterios de oportunidad.. Las normas impugnadas establecen los presupuestos que deben darse para que sean admisibles los criterios de oportunidad. esto es. los supuestos que configuran la excepción al principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. la consecuencia sistémica de que la forma de tutela que ofrece para el derecho alimentario –bien jurídico protegido. sistemático y teleológico. De acuerdo al principio de legalidad. lo cual es objeto de control por parte del juez. no alcanza con que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación popular ni que. que recopila las normas esenciales del Estado.La decisión de establecer criterios de oportunidad reglados más bien pretende limitar la actuación del Ministerio Público. encuentra su límite en la Constitución y no avasalla los derechos de ningún ciudadano. y nunca por la voluntad de los individuos. no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución.sea protectora.juez. bajo la forma reparativa de tutela del derecho alimentario. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad. dadas las ideas de la época. a través de los fines de la pena. El accionar estatal. debe analizarse a través de la aplicación conjunta de los métodos de interpretación histórico. de este modo. haya sido investido como mandatario: todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas a la ley. puede ser calificado como un Estado de Derecho. mediante fórmulas generales que habrán de aplicarse a casos concretos. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley. n gobernante. para obtener una mejor aproximación al fenómeno jurídico detrás del mencionado delito. La ley prevé expresamente. 2011). OPINIÓN SOBRE LA SENTENCIA Prescindiendo de la generalización de que por el hecho de que el artículo 149 del Código Penal (CP) tipifique el delito de IOA. previsión que vulnera el principio de reserva de ley. al ganar una elección. surgió como opción legislativa en la legislación comparada dentro del Derecho civil (Reyna. De ahí que no se observe ninguna infracción al principio de reserva de ley.
que daba a luz al Código Procesal Civil (CPC) vigente desde el 1 de enero de 1993. por cuyo espíritu agilizador tanto del proceso de alimentos como de su ejecución. ello fue por el marcado pensamiento positivista de la época de los creadores de dicho Código. fue descartada en la práctica. vigente desde el 28 de diciembre del 2004. dado que la idea en sí. desligando así. y si bien dicha regulación fue derogada –manteniéndose la del CP de 1991. s/f). Ejecuciones de las sentencias de alimentos lo que se advierte hasta en los modernos proyectos de ley que se han venido presentando. se vino incluyendo su criminalización (Reyna. que reguló por primera vez la criminalización del incumplimiento alimentario en 1962. se incluyeron beneficios tendientes a aminorar la pena u otorgar la libertad al condenado una vez que cumpliera el pago de las pensiones ali-menticias que originaron su declaratoria de responsabilidad por ello. y claro. tuvo que reconocerse la excepcionalidad de dichas deudas del principio de prohibición de prisión por deudas. aunque se discutiera que tal forma constituyera en la realidad. desde la denominada “Ley Punitiva del Abandono Familiar” . de mantener una sistemática diferenciada de cada disciplina del derecho y de sus consecuencias jurídicas (Berenguer. dada la trascendencia social del derecho alimentario y la insuficiencia del Derecho civil para lograr su tutela efectiva. quedó relegada sólo a los medios que el Derecho civil acogió como propios de su sistemática. la excepción de las deudas alimentarias del principio constitucional de prohibición de prisión por deudas. bajo la misma línea de ejercer el poder coercitivo mediante el proceso penal para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. que la voluntad política del legislador ha sido y es . bajo su particular forma de tutela. no sólo se estableció dentro de dicha vía un sustito a la denuncia penal por el delito de IOA.Ley N° 13906. 2011). diferenciándolos. tuvo que regularse por primera vez en la Constitución de 1979. por lo que. mediante el cual. era prácticamente coaccionar al obligado con el Derecho penal para que cumpliera con su obligación alimentaria. De ello resulta. que bajo el mismo contexto. sin embargo.reparativa . incorporó el artículo 566 – A al CPC. de los utilizados por el Derecho penal. con el cual se delimitó que todo procedimiento tendiente a la exigencia de prestaciones obligacionales se tramitasen únicamente en el proceso civil. por lo que incluso. sino que además. tuvo la finalidad de dar mayor eficacia a la ejecución de las sentencias de alimentos utilizando la prisión como un verdadero medio coactivo para el cumplimiento de las deudas alimentarias. no había imposibilidad jurídica para establecer una regulación legal de la prisión por deudas alimentarias ligada a la forma de tutela reparativa – coactiva.coactiva de dichos comportamientos. la función reparativa ante el incumplimiento alimentario de su represión penal. como se hizo en muchas constituciones y tratados de derechos humanos. que se adjudicara el monopolio de la prisión. Por ello es que dicha idea. pese a que como lo ratificara nuestra actual Constitución de 1993.por el Decreto Legislativo N° 768 de 1992. éste fue regulado como un medio de coacción alternativo a los previstos en la vía civil para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria. El mismo proceso se dio en nuestra legislación nacional. un supuesto de prisión por deudas. con la promulgación de la “Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos” – Ley N° 28439.
Entonces consiguiente a la explicación anterior al momento de emitir sentencia los jueces supremos siguieron con los principios.el haber dotado al delito de IOA de una finalidad primordialmente reparativa coactiva del derecho alimentario. además de la inobservancia de las normas legales de carácter procesal las cuales son sancionadas con nulidad. como es el debido proceso. es por ello que la casación interpuesta por el fiscal fue declarada fundada. . debido a las causales de inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material. y dieron a entender que la libertad anticipada no aplica en este caso. quedando así nula la resolución emitida al principio que concede la apelación.
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