Source: https://www.scribd.com/doc/14844153/Abril-2007-Tierras-Ancestrales-indigenas-y-Recomendaciones-ONU
Timestamp: 2016-12-06 04:18:00
Document Index: 234300523

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 1', 'artículo 27', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 20', 'Artículo 1', 'Artículo 27', 'Artículo 27']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinDocumentos de Políticas Públicas y Derechos IndígenasLas tierras ancestrales de los pueblos indígenas y las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de ONU a Chile
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Informe de Recomendaciones a Chile emitido el 15 de marzo de 2007, ha establecido que los Artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos amparan los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, y ha incorporado la expresión “tierras antiguas” a la jurisprudencia internacional . El Comité recomendó al estado de Chile un conjunto sistemático de medidas, para que cumpla con su obligación de respetar y garantizar esos derechos, y fijó al Estado chileno un plazo de un año para que informe sobre el cumplimiento de esta recomendación. Durante 2007 el Estado de Chile debe cumplir la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referida a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, las “tierras antiguas”. Tal recomendación, emitida en marzo del presente año, se funda en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y su cumplimiento es de interés mapuche, huilliche, rapa nui, aymara y atacameño.(1) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es uno de los principales tratados de derechos humanos; establece derechos protegidos y fija responsabilidades estatales. Tal como establece la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, los Estados Partes tienen la obligación de dar efecto a las obligaciones prescritas en el Pacto, de buena fe, y de asegurar su aplicación a todos los individuos de su territorio y sometidos a su jurisdicción.(2) Al ratificar un tratado de Derechos Humanos los estados reconocen que existe un límite al ejercicio del poder público, y deben responder por actos u omisiones que violen, vulneren o desconozcan derechos protegidos por los tratados. El Comité de Derechos Humanos es el órgano a cargo de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus informes conforman jurisprudencia e interpretación autorizada del Pacto. El Comité emitió su informe de Recomendaciones a Chile el 15 de marzo de 2007. Allí, en el párrafo 19, el Comité ha respaldado y legitimado una de las más arraigadas reivindicaciones de todos los pueblos indígenas: el respeto y protección de sus derechos sobre sus tierras ancestrales. El plazo de un año fijado para informar de la implementación de esta recomendación da cuenta de la prioridad que el tema tiene para el Comité. EL DERECHO HUMANO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES En Chile, las comunidades indígenas, de muy diversos modos, han exigido se les restituyan sus tierras ancestrales, las “tierras antiguas”, las patrimoniales, según las denominan los distintos pueblos. Tierras que fueron arrebatadas por el estado chileno recién a fines del siglo XIX, tierras sobre las cuales aun se mantienen derechos, el vínculo de la memoria y los lazos colectivos primordiales. Casos paradigmáticos de denegación de justicia y de derechos sobre esas tierras ancestrales, a causa de políticas estatales, son los protagonizados por comunidades mapuche en La Araucanía, las comunidades huilliches en Chiloé, y las comunidades atacameñas. Hoy, gracias a las movilizaciones indígenas de toda una década, y a la apelación al derecho internacional que hizo el movimiento mapuche, se ha establecido que los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras ancestrales en Chile están amparados por el Pacto, en sus Artículos 1 y 27, y el Estado tiene la obligación de respetar ese derecho.
DERECHOS INDÍGENAS - INFORME Nº 28 - SANTIAGO– CHILE - 09-/04/2007
El reconocimiento de ese derecho humano, y la solidez de su fundamento – nada menos que el Artículo 1 del Pacto- es un logro trascendente para pueblos cuyos derechos han sido masivamente negados, y sus reclamaciones criminalizadas. Es la más profunda victoria de quienes han mantenido, generación tras generación, la memoria de las tierras antiguas, y han defendido con sus vidas y su libertad los derechos de sus comunidades sobre sus tierras ancestrales. EL DESAFIO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES. Sin embargo, no basta que se establezca la existencia de un derecho para que se cumpla la obligación. Ahora el desafío es hacer efectivas las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas en el país, y en las tierras ancestrales. Ese es el sentido de apelar al derecho internacional: para que se afirmen derechos, y exigir la implementación de los estándares en la esfera interna de los países. Tal como señala el Comité de Derechos Humanos en su Observación General Nº 31, los estados parte tienen “la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del Pacto en la esfera interna”. Y esa obligación no se cumplirá si no se exige. Las comunidades indígenas siempre han tenido claro qué hacer para defender y reivindicar sus tierras. Ahora desde el Estado ya no se les podrá decir que no tienen derechos. Lo que falta hoy, es una actitud proactiva de las autoridades en cumplir sus obligaciones respecto a esos derechos indígenas. Y es necesaria la vigilancia de las organizaciones indígenas, y de los organismos de derechos humanos, para el cabal cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Un primer paso para la implementación de las recomendaciones del Comité es difundirlas y analizarlas, e identificar las medidas administrativas, políticas y legales que deben ser impulsadas. A eso apunta el presente texto. Un segundo paso necesario, es que se constituya una instancia tripartita integrada por representantes de gobierno, organizaciones indígenas, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cautele la implementación de la recomendación. Sin la activa participación y movilización indígena y sin la vigilancia de Naciones Unidas no se cumplirá cabalmente la recomendación.
LA RECOMENDACIÓN DEL COMITE En su Informe de Conclusiones y Recomendaciones, el Comité de Derechos Humanos señala: “19. Aunque observa la intención expresada por el Estado parte, de dar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, el Comité manifiesta su preocupación ante las varias y concordantes informaciones recibidas en el sentido de que algunas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales. El Comité lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27) El Estado parte debería: a) Realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales. b) Modificar la ley 19.253, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto. c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. 21. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado Parte debería proporcionar, en el plazo de un año, la información pertinente sobre la evaluación de la situación y el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contenidas en los párrafos 9 y 19.
PRIORIDAD Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Reglamento del Comité, Doc. CCPR/C/3/Rev.8 22/09/ 2005 Artículo 71. ( 5 ) El Comité podrá pedir al Estado Parte que dé prioridad a aquellos aspectos de sus observaciones finales que especifique. Observación General No. 30. CDH Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 223 (2002). 5. Después de que el Comité haya aprobado sus observaciones finales, se aplicará un procedimiento de seguimiento con el fin de entablar, continuar o reanudar el diálogo con el Estado Parte. Con este objeto, y a fin de poder adoptar nuevas medidas, el Comité designará un relator especial, quien le presentará un informe.
LA OBLIGACION ESTATAL DE RESPETAR LOS DERECHOS INDIGENAS El Informe del Comité establece que: a) el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales existe, y es un derecho humano amparado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; b) que en Chile la industria forestal, y megaproyectos de infraestructura y energía vulneran ese derecho humano, c) que el Estado tiene obligaciones de respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos, en virtud a ser parte del Pacto. El Comité basa el derecho a las tierras ancestrales, en el Artículo 1 número 2, relativo al derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, y en el artículo 27, relativo a los derechos de las minorías. Este doble fundamento de los derechos de los pueblos indígenas en los artículos 1 y 27 del Pacto es trascendental, y constituye desde 1999 una jurisprudencia sistemática del Comité de Derechos Humanos. (3) Lo notable del informe sobre Chile es que el Comité aplica esta jurisprudencia a un Estado que aun no ha reconocido en su legislación interna la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos. En otras palabras, jurídicamente, basta con que el Estado de Chile sea parte del Pacto, para que esté obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas que están bajo su jurisdicción. Estamos ante una aplicación concreta del nuevo estándar internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas. En efecto, tal como ha afirmado recientemente CEPAL, ha emergido en el derecho internacional de los derechos humanos un conjunto - aun mínimo - de normas específicas de derechos de los pueblos indígenas, fundadas en los Tratados de Derechos Humanos ya existentes y en la interpretación que de ellos hacen las instituciones dotadas de autoridad. “Este régimen constituye un estándar que genera obligaciones estatales de respeto, protección y cumplimiento, incluso aunque los derechos indígenas no estén reconocidos en el ordenamiento jurídico interno de los países, pues se trata de derechos humanos.” (4) La recomendación del Comité es concordante, además, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que se ha establecido que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, y el derecho a restitución y reparación, están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Son
las sentencias ejemplares de la Corte en los casos de la Comunidad Awas Tingni versus Nicaragua (2001); la Comunidad Moiwana Vs Suriname (2005); la Comunidad Yakye Axa Vs Paraguay (2005); y la Comunidad Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (2006). Tal jurisprudencia del sistema interamericano tiene fuerza vinculante para Chile. De este modo, el Estado de Chile está doblemente obligado a respetar, promover, garantizar y proteger el derecho humano a las tierras ancestrales de que son titulares los pueblos indígenas. Obligado como estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. La obligación de respetar y promover los derechos humanos, además, es un deber constitucional, de acuerdo al Artículo 5, inciso segundo de la Constitución chilena, que incorpora a los Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad ((5), y establece que “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Finalmente, los estándares de derechos humanos forman parte de otros acuerdos internacionales, (p.ej, con la Unión Europea) y su irrespeto, acreditado por el Informe del Comité, podría acarrear acusaciones de dumping, además del daño de la imagen externa del país, e incurrir en responsabilidad estatal internacional.
Ha emergido en el derecho internacional un conjunto - aun mínimo - de normas específicas de derechos de los pueblos indígenas, fundadas en los Tratados de Derechos Humanos ya existentes. Este régimen constituye un estándar que genera obligaciones estatales de respeto, protección y cumplimiento, incluso aunque los derechos indígenas no estén reconocidos en el ordenamiento jurídico interno de los países.
(CEPAL. Informe de Panorama Social de América Latina 2006)
El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales es un derecho humano amparado por los Artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
LOS COMPONENTES DE LA RECOMENDACIÓN. La recomendación establece que los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales están protegidos por los artículo 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité recomendó a Chile un conjunto sistemático de medidas, para cumplir con sus obligaciones respecto a esos derechos:
• Realizar los cambios administrativos a fin de que sean atendi-
mapuche., o “tierras antiguas”, uno de los nudos del problema está localizado en los reglamentos de la Política del Fondo de Tierras y su escaso presupuesto. Desde 1999, CONADI ha aplicado una interpretación restrictiva y arbitraria del artículo 20 letra b de la Ley 19.253, que crea el Fondo de Tierras Indígenas y fija sus objetivos. Tal interpretación tuerce el sentido de la ley, e implica una negación de derechos. Los dos documentos claves a cambiar son: (a) La “Política de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI”, aprobada por el Consejo Nacional de la Corporación el 27 de agosto de 1999; (b) la Resolución Exenta de CONADI, Nº 878 del 1 de Septiembre de 2003, donde aprueba el denominado “Manual para la Aplicación del Procedimiento para la Compra de Tierras a través del Programa Subsidio Articulo 20 letra b) del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI”. (6) 2.- Modificación de la legislación sectorial para garantizar los derechos sobre las tierras, y demás derechos reconocidos en el Pacto. La responsabilidad de cumplimiento de esta medida recae en MIDEPLAN. SEGPRES Y CONADI. Esta medida es similar en su sentido a la recomendación que hizo a Chile del Relator Especial R. Stavenhagen, que señala en su Informe de Misión del 2003 (E/CN.4/2004/80/Add.3): “59. Deberá ser revisada la legislación sectorial (tierras, aguas, minas etc.) cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, y deberá primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares.” Al respecto, cabe recordar que la oficial “Política de Nuevo Trato”, aun vigente y a cuyo cumplimiento se comprometió la actual Presidenta, señala que: “Siguiendo las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas, (…) se elaborarán propuestas de modificación de aquellas normativas sectoriales que se encuentren en abierta colisión de principios y normas con la Ley Indígena.” De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, la modificación de la legislación sectorial, además, debe garantizar los derechos reconocidos en el Pacto.
das las reclamaciones de tierras antiguas y queden reconocidas las tierras ancestrales.
• Modificación de la legislación sectorial para garantizar los dere-
chos sobre las tierras, y demás derechos reconocidos en el Pacto.
• El establecimiento de mecanismos de consulta con las comuni-
dades indígenas, antes de conceder licencias de explotación que comprometan tierras indígenas.
• Garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate
atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.
IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION A continuación indicaremos algunas de vías de implementación de la recomendación, siguiendo el orden de las medidas planteadas por el Comité. 1.- Realizar los cambios administrativos a fin de que sean atendidas las reclamaciones de tierras antiguas y queden reconocidas las tierras ancestrales. Las reparticiones públicas que deben realizar cambios administrativos son CONADI y Ministerio de Bienes Nacionales. El caso de las tierras huilliche de Chiloé, CONADI y Ministerio de Bienes Nacionales son las instituciones que deben modificar la reglamentación y criterios para agilizar la restitución de tierras ancestrales que reclaman las comunidades huilliche. El caso atacameño y aymara, el Ministerio de Bienes Nacionales y CONADI deben dar cabal cumplimiento a la ley 19.253 respecto a las tierras patrimoniales. En el caso de las reclamaciones de tierras ancestrales
3. Establecimiento de mecanismos de consulta con las comunidades indígenas, antes de conceder licencias de explotación que comprometan tierras indígenas. Y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. La implementación de estas medidas es responsabilidad de MIDEPLAN, CONADI, MOPT y Ministerio del Medio Ambiente. Esta parte de la recomendación del Comité de Derechos humanos tiene implicancias directas para los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la concesión de permisos ambientales, las concesiones mineras, el diseño e implementación de obras públicas, etc. Ejemplo de las situaciones que requieren el establecimiento de esos mecanismos y garantía, son los casos de las comunidades lafkenches del LLeu Lleu, Tirua y Tolten, cuya tranquilidad se ha visto perturbada por solicitudes de concesiones mineras que comprometen sus tierras, y cuya autorización es facultad de los tribunales, es decir un poder del estado que está obligado constitucionalmente a cumplir con las obligaciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, las comunidades de Quepe afectadas por un proyecto de Aeropuerto, o carreteras, o las comunidades afectadas por Plantas de Tratamiento de Aguas servidas, se ven respaldadas en sus reclamaciones de derechos, y tendrán especial interés en exigir al Estado de Chile el cumplimiento de estas recomendaciones. Es pertinente crear una instancia tripartita integrada por representantes de gobierno, organizaciones indígenas y Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, que cautele la implementación de la recomendación.
IMPLEMENTACION TRIPARTITA DE LA RECOMENDACIÓN La recomendación del Comité y su plazo para informar, han puesto en la agenda de la política indígena para el 2007 nada más y nada menos una de las reclamaciones centrales del movimiento indígena: la restitución de las “tierras antiguas”, y la garantía de protección de los recursos y los derechos. El desafío es que esa recomendación se cumpla Para la implementación de las recomendaciones hay tres actores claves: el sistema de Naciones Unidas, el Estado, y las organizaciones indígenas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y su representación regional puede jugar un rol clave, y asesorar a las partes en la implementación práctica de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Las organizaciones indígenas, a su vez, tienen en la recomendación un respaldo, punto a punto, a las propuestas y exigencias de derechos formuladas al Estado durante quince años. Planteadas tanto por el Consejo de Todas las Tierras, el Concejo de Caciques de Chiloé, la Coordinadora Arauco Malleco, la Identidad Territorial Lafkenche, y más recientemente, la Coordinación de Organizaciones Territoriales Mapuche en su documento de Quepe, presentado a la Presidenta de la República en enero de 2007. Y para el actual gobierno, las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, y su plazo de un año para cumplir, constituyen una valiosa oportunidad y un desafío para implementar una nueva política y una nueva relación con los pueblos indígena basada en derechos humanos, partiendo por el respeto al derecho a las tierras antiguas. Para avanzar de modo constructivo y cautelar la implementación, es pertinente crear una instancia tripartita integrada por representantes de gobierno, organizaciones indígenas y Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Solo con la activa participación y movilización indígena y la vigilancia de Naciones Unidas se cumplirá cabalmente la recomendación del Comité de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, tiene entre sus objetivos “fomentar las relaciones entre instituciones y organizaciones nacionales, regionales e internacionales para asegurar la implementación práctica de las conclusiones y recomendaciones de los órganos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos”.
NOTAS (1)El Quinto Informe Periódico de Chile, sobre el cumplimiento del Pacto - presentado con 4 años de atraso- fue analizado en sesión pública del Comité de Derechos Humanos, en Nueva York, los días 14 y 15 de marzo de 2007. La delegación gubernamental de Chile fue integrada por Edgardo Riveros, Subsecretario SEGPRES, Heraldo Muñoz, Rodrigo Quintana, Alejandro Salinas, Andrea Soto, Juan C. González, Marco Rendón, Claudia Brunaud, Jorge Tagle, Ignacio Llanos. El Comité también analizó los informes alternativos presentados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), CODEPU; Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas; Organizaciones indígenas, CLADEM; Indiana University School of Law.
(2) CDH, Observación General No. 31, “La índole de la obligación jurí-
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 1 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Artículo 27 En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
dica general impuesta”. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004). (3) EL doble fundamento de los derechos de los pueblos indígenas en los artículos 1 y 27 del Pacto es trascendental, y constituye desde 1999 una jurisprudencia sistemática del Comité de Derechos Humanos. Con anterioridad los asuntos de los pueblos indígenas solo se examinaban bajo el Artículo 27, como derechos de minorías. La nueva jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos relativa a los derechos de los indígenas en tanto pueblos se ha asentado en los siguientes informes, comentarios y recomendaciones:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm Informe de Conclusiones Finales y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos Chile, CCPR/C/CHL/CO/5/CRP.1, (15/03/ 2007 Informe Oficial de Chile e Informes Alternativos http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs89.htm FIDH “ Chile. La otra transición chilena: derechos del Pueblo Mapuche, política penal y protesta social en un Estado Democrático”, 2006 http://www.politicaspublicas.cl/FIDHMAPUCHE2006.pdf Relator ONU Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas Informe de Misión a Chile, 2003. E/CN.4/2004/80/Add.3 http://www.politicaspublicas.cl/biblioteca/Informe_Relator_Chile2003.pdf J. Anaya, Los derechos de los Pueblos Indígenas” http://www.politicaspublicas.cl/biblioteca/Anaya_deusto_2003.pdf ACNUDH “Los órganos de los tratados de derechos humanos y los pueblos indígenas” http://www.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/indileaflet4_sp.doc FPP Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Comité de Derechos Humanos de ONU. www.politicaspublicas.cl/biblioteca/unhrc_fpp_brief_dec01_sp.pdf SITIOS WEB Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos http://www.ohchr.org/spanish/ Biblioteca de DDHH Universidad de Minessota http://www1.umn.edu/humanrts/Sindex.html
Canadá. CCPR/C/79/Add.105, (7/04/1999); México CCPR/C/79/Add.109, (27/07/1999); Noruega. CCPR/C/79/Add.112, (1/11/1999); Australia. 24/07/2000. A/55/40,par.498-528., (24/07/2000); Suecia. CPR/CO/74/SWE, (24/04/2002); Colombia. CCPR/CO/80/COL. (26/05/2004); Finlandia, CCPR/ CO/82/FIN, (2/12/2004); Brasil, CCPR/C/BRA/CO/2, (1/12/2005); Estados Unidos, CCPR/C/USA/CO/3/, (25/09/2006); Noruega, CCPR/C/NOR/CO/5, (25/04/2006); Canadá, CCPR/C/CAN/CO/5, (20/04/2006); Honduras, CCPR/C/ HND/CO/1, (13/12/ 2006); Chile, CCPR/C/CHL/CO/5/CRP.1, (15/03/ 2007)
(4)Véase James, Anaya Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Ed. Trotta, Madrid, 2005; y CEPAL, Informe de Panorama Social de América Latina 2006, Capitulo III. (5) Humberto Nogueira “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional" Ius et Praxis, 2003, vol.9, no.1. (6) Resolución Exenta de CONADI, Nº 878 del 1 de Septiembre de 2003, en www.conadi.cl/gobiernotransparente/transparencia/marconormativo.htm
SIGLAS Y LEYES CITADAS:
CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Cooperación Social SEGPRES: Ministerio Secretaria General de la Presidencia MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte LEY 19.253 “Sobre fomento, protección y desarrollo de los indígenas” http://www.politicaspublicas.cl/leyes/Ley_19253.htm
DOCUMENTOS DE POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS INDIGENAS INFORME Nº 28 - 9 de abril, 2007 - Santiago de Chile
Título: Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de ONU a Chile Autor: Víctor Toledo Llancaqueo Tópicos: Derechos sobre Tierras ancestrales, Recomendaciones órganos DDHH-ONU
www.politicaspublicas.cl - Email: centro@politicaspublicas.cl
Abril 2007. Tierras Ancestrales indígenas y Recomendaciones ONU by ceppdi139 viewsEmbedDownloadDescriptionInforme CEPPDI- 028. Abril 2007. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de ONU a Chile. Análisis del informe del Comité.Informe CEPPDI- 028. Abril 2007. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y las recomendacionesdel Comité de Derechos Humanos de ONU a Chile. Análisis del informe del Comité. Interests: Types, Government & PoliticsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less