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Timestamp: 2020-08-09 18:31:13
Document Index: 36159859

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'Artículo 21', 'artículo 65', 'artículo 348', 'Artículo 44', 'Artículo 146', 'artículo 45']

Tag: Tribunal de Garantías Constitucionales
Publicado el 21 de julio de 2014 11 de julio de 2014 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislación, opinionesEtiquetado AJC, Cuba, Estado, fiscalía, legalidad, ley de policía, Tribunal de Garantías Constitucionales. 2 comentarios
Entre las modificaciones necesarias a nuestro ordenamiento judicial está la inclusión de una vía más expedita para garantizar y proteger a los ciudadanos contra el abuso de autoridad y la prevaricación o el mal trabajo de los jueces. Aunque teóricamente la Fiscalía es la responsable de proteger la legalidad, no conocemos ningún caso en que ésta haya encausado a algún funcionario público (fiscal o juez), ni que abogado alguno haya iniciado a petición de cualquier ciudadano una acusación penal o demanda civil.
En varias sentencias revisadas en nuestra sede, tanto de los Tribunales Provinciales como del Supremo, hemos observado un pobre análisis de los puntos litigiosos expuestos, sobre todo las infortunadas soluciones alejadas de la verdad y de la legalidad. Los casos de vivienda continúan siendo los más dados a este tipo de corrupción y violación. Constituyendo un tipo de propiedad normal en cualquier legislación del mundo, en nuestro país se han distorsionado desde 1961, sus requisitos básicos como la posesión, el uso, el disfrute y la disposición.
Esta forma de propiedad posee varios sujetos actores que tienen que ver con su disposición, como son:
Administrativas- Direcciones Municipales y Provinciales de Vivienda. Gobiernos Municipales y el Instituto Nacional de la Vivienda.
Notariales- Notarios y voluntad de los propietarios.
Judiciales- Tribunales Municipales, Provinciales y Supremo.
No obstante las modificaciones positivas en el Decreto-Ley 288/2011, la Ley General de la Vivienda, contiene aún limitaciones a su disposición en su art. 75, (pues debe predominar la Ley Civil en todo lo regulado a la propiedad) y en el art. 80, cuando no contempla la transmisión a los herederos fuera del país. En la posesión también influyen y deciden actores como:
Organismos- en viviendas vinculadas y medios básicos.
Ministerio de la Agricultura- en las viviendas dentro de tierras arrendadas y cooperativas.
Fiscalía- cuando se confisca alguna vivienda según el delito tipificado, y por supuesto, el valor y la ubicación de ésta.
No podemos entender que cuando se acuda a la vía judicial con la esperanza de encontrar equidad, justicia y legalidad, el ciudadano reciba todo lo contrario y como casi siempre sucede se agoten las vías civiles y administrativas para obtener sus derechos y pretensiones.
Tenemos dos ejemplos, donde el absurdo y lo injusto, ilustran cuanto hay que rescatar en civilidad, valores y compromiso solo con la Ley.
1- Una madre de dos menores, sin abandonar su dirección original fue a vivir a casa de una tía, en la cual nacieron sus hijas (sobrinas-nietas de la propietaria original). Después de permutas y adjudicaciones dudosas de ambas viviendas, los nuevos “propietarios” le ejecutan a la madre y sus hijas una ocupación ilegal, pues no aparecían como convivientes en ninguna de las dos casas; transcurrido todo el proceso hasta el Supremo, en la Sentencia No. 325, de 30 de marzo 2012, éste tampoco le reconoce los derechos y no aplica la excepción del artículo 65 de la Ley General de la Vivienda, que expresa:
– madre con uno o más hijos menores que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
Además si se hubieran ajustado a derecho, no incumplían lo preceptuado en la Instrucción No. 81/79 del TSP, en su apartado XI expresa que …será obligación inexcusable del ponente en todo expediente judicial en que intervenga, dar conocimiento al respectivo tribunal de toda infracción de la ley que adviertan durante la tramitación y examen de los procesos cualquiera que sea su clase…, De haberse revisado el expediente de permuta se hubiera advertido dolo e ilegalidad por lo siguiente:
Res 12/06, del Instituto Nacional de la Vivienda, Reglamento para las permutas.
Artículo 21: No se autorizan las permutas cuando:
pueden estar basadas en ánimo de lucro o enriquecimiento;
que originen perjuicios a los convivientes a que se refiere el artículo 65 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley General de la Vivienda …
2- El otro caso es una esposa, conviviente, testada, viuda y heredera, que por obra y gracia de la Dirección de Vivienda del municipio Plaza, y los Tribunales Provinciales (sentencia 56, ago-2010) y Supremo (Casación con sentencias 304, oct-2010, y 1551 dic-2012) la convirtieron en desheredada, inconviviente e ilegal en la vivienda de su difunto esposo, en la cual entró casada, y sin más convivientes.
El medio de prueba fundamental valorado por el Tribunal Provincial fueron los testigos propuestos por la contraparte (el hijo del difunto), para declarar que la esposa no vivía en la casa, pero el sí lo hacía. Esta instancia no valoró las escrituras públicas exigidas para estos casos como el Registro de Identificación del Ministerio del Interior de ambos contendientes, así como el carné de identidad, además de los propios testigos de la viuda y heredera.
Debemos recordar de la Ley de Procedimiento (LPCALE), el artículo 348.-Los Tribunales apreciarán el valor probatorio de las declaraciones de los testigos conforme a los principios y reglas de la lógica, teniendo en consideración la razón de conocimiento que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran.
Para la valoración expresada cuidarán de evitar que por simples testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos asuntos en que de ordinario suelen intervenir escrituras públicas, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.
Asimismo se abstendrán de dar por acreditados por ese medio, hechos para cuya existencia legal se exija que consten por escrito, o el cumplimiento de determinada formalidad que no se hubiere observado.
Otra práctica desleal y antijurídica manida en estos tiempos, es no aclarar todos los puntos litigiosos, ni definir la situación legal de los sujetos, (también se da en lo penal), cuando los ciudadanos quedan en un limbo legal, como en este caso. No se pudo adjudicar la vivienda porque “faltaba” un requisito, pero cómo queda ella, al ser viuda y ocupante con dirección ininterrumpida de más de siete años, copropietaria o conviviente? Tampoco hubo pronunciamiento en los Considerandos mencionados de los Tribunales, sobre la acción de la contraparte de abonar el precio de la propiedad que le corresponde y plasma la Ley General de la Vivienda en sus artículos 77,79 y 82.
La supramencionada Ley de Procedimiento (LPCALE), expresa: Artículo 44.-El Tribunal decidirá sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Artículo 146.-Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso, y en su caso, con los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal, con arreglo a las condiciones y formalidades establecidas en el artículo 45, haciendo las declaraciones que éstas requieran, estimándolas o desestimándolas, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos…
Además de todo lo expresado, estos funcionarios irrespetan o se burlan del sentido común y el raciocinio de los ciudadanos, por lo que es absurdo en derecho, lógica y realidad cubana suponer, que una mujer saludable de 29 años va a abandonar un apartamento en el Vedado, siendo única conviviente, esposa y heredera. La calidad humana y el poder adqui$itivo del otro heredero, desataron esta estela corruptiva.
Casos como estos se evitarían, no solo con el rescate del Tribunal de Garantía Constitucionales y Sociales, sino con la independencia del Poder Judicial de los demás poderes del Estado, y por supuesto conuna Sociedad Civil (ciudadanos, abogados, prensa independiente), fiscalizadora y denunciante de entidades o sujetos violadores del Estado de Derecho al que todos aspiramos.
Publicado el 12 de febrero de 2014 5 de febrero de 2014 por ajudicubaPublicado en Garantías Constitucionales, Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, corrupción, Cuba, legalidad, Tribunal de Garantías Constitucionales. Deja un comentario