Source: https://recull.creinsa.com/sentencia/11730
Timestamp: 2019-03-18 20:24:11
Document Index: 88608842

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 34', 'artículo 6', 'artículo 54', 'artículo 69', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 954', 'artículo 45', 'artículo 74', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 954', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 1']

Tribunal: TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos)
Resumen: Derecho a un proceso justo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
dice, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo) del CEDH
Concluye, por seis votos contra uno, que con el reconocimiento de la existencia de una violación del derecho es suficiente para entender producida una justa satisfacción en este caso.
Los demandantes alegaron que los jueces que los condenaron por pertenecer la organización de ETA fueron parciales.
El Tribunal señala, en particular, que el primer demandante en este caso había
había ganado en el proceso en el que se apelaba frente a una condena de otras acusaciones relacionadas con ETA, ya que la magistrada presidenta había demostrado una falta de¡ imparcialidad, que había contaminado a todo el tribunal provocando con ello un nuevo juicio.
La misma terna, que incluía a la magistrada presidenta en el primer juicio, condenó a los cinco recurrentes un año más tarde, tras un nuevo juicio basado en diferentes cargos. Los temores de los demandantes de falta de parcialidad estuvieron, por lo tanto, objetivamente justificados.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sección 3ª, Sentencia de 6 Nov. 2018, 4184/2015
ASUNTO OTEGI MONDRAGON Y OTROS c. ESPAÑA
Esta Sentencia será definitiva de acuerdo con lo estipulado en el artículo 44. 2 del Convenio. Puede estar sujeta a revisión editorial.
1. El asunto tiene su origen en las demandas nº 4184/15, 4317/15, 4323/15, 5028/15 y 5053/15 interpuestas ante este Tribunal contra el Reino de España con arreglo al artículo 34 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ("el Convenio") por parte de cinco ciudadanos españoles, Sr. Arnaldo Otegi Mondragón, Sra. Jacinto García, Sr. Díez Usabiaga, Sra. Zabaleta Tellería y Sr. Rodríguez Torres
2. El primero, segundo, cuarto y quinto demandantes estuvieron representados por la letrada Sra. J. Goirizelaia Ordorika y el letrado Sr. O. Peter, abogados en ejercicio en Bilbao (España) y en Ginebra (Suiza), respectivamente. El tercer demandante estuvo representado por el letrado Iruin Sanz, abogado en ejercicio en Donostia. El Gobierno español ("el Gobierno") ha estado representado por su agente, R.-A. León Cavero, Abogado del Estado-Jefe del Área de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia (Abogacía del Estado).
3. El 3 de noviembre de 2015 se notificó al Gobierno la queja respecto al derecho a un proceso equitativo ante un Tribunal imparcial garantizado por el artículo 6 § 1 del Convenio y el resto de demandas 4184/15, 4317/15, 4323/15, 5028/15 y 5053/15 fueron inadmitidas en aplicación del artículo 54 § 1 del Reglamento del Tribunal. En esa misma fecha, este Tribunal decidió acumular las demandas.
6. El primer demandante recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, cuestionando inter alia la imparcialidad de la Presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional (en adelante, "la Presidenta del Tribunal"), dada la hostilidad mostrada hacia el primer demandante durante el proceso penal.
7. En concreto, el primer demandante sostuvo que durante el juicio, y una vez que finalizada su declaración, la Presidenta del Tribunal le preguntó si condenaba el terrorismo de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, antigua organización terrorista vasca nacionalista e independentista). El primer demandante rechazó responder y la Presidenta del Tribunal replicó que "ya sabía [yo] que no me iba a responder a esta pregunta".
"La trascendencia de la actuación de la Magistrada en orden a la queja aquí formalizada no puede examinarse reduciéndola, de forma aislada, a la pregunta formulada, sino que tiene que ponerse en directa relación con el comentario que realizó tras negarse el recurrente a contestarla, así como con la naturaleza de los hechos imputados y su calificación jurídica, y con el momento en el que, pregunta, respuesta y comentario, tienen lugar...
La pregunta formulada por la Presidenta del Tribunal y, muy especialmente, su reacción al negarse el recurrente a contestar, pueden interpretarse, desde perspectivas objetivas, como una expresión de una opinión ya formada, previamente o al inicio del juicio, acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el recurrente ...Y, por lo tanto, el acusado tenía razones objetivas para pensar que la Magistrada estaba exteriorizando precipitadamente un juicio sobre el carácter delictivo de las mismas".
9. El Tribunal Supremo, examinando el procedimiento en su conjunto, concluyó que existían "razones objetivas" para considerar que la Presidenta del Tribunal (y magistrada ponente del caso) expresaba un prejuicio contra el primer demandante respecto a la trascendencia que debía otorgarse a las expresiones formuladas por el demandante, que también suponía una idea preconcebida de su culpabilidad. Esto se produjo antes de que la vista oral hubiese finalizado, es decir, antes de que la Presidenta del Tribunal (así como el resto del Tribunal) hubiera tenido la ocasión de evaluar todas las pruebas aportadas y antes de cumplirse el derecho del demandante a tener la última palabra. De esta manera, las dudas del demandante respecto a la imparcialidad de dicha magistrada estuvieron "objetivamente justificadas". En consecuencia, el Tribunal Supremo declaró nula la sentencia de la Audiencia Nacional y ordenó un nuevo juicio con un nuevo Tribunal formado por tres jueces diferentes a los que habían formado el Tribunal anterior.
11. En 2009, se entablaron procesos penales contra todos los demandantes ante la Audiencia Nacional, en base a que el partido político que los demandantes intentaban formar estaba en realidad bajo el control de la organización terrorista ETA. A los demandantes se les acusó de pertenecer a dicha organización terrorista. Los hechos son conocidos como "Asunto Bateragune". Dicho procedimiento se asignó a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, formada por los mismos magistrados que formaron parte del primer procedimiento penal seguido contra el primer
demandante, que terminó con la sentencia de 2 de marzo de 2010, finalmente declarada nula por el Tribunal Supremo el 2 de febrero de 2011. En esta ocasión la Presidenta no fue magistrada ponente.
13. El 26 de abril de 2011, una Sala especial de la Audiencia Nacional (Sala formada ex professo para conocer de las recusaciones, conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) falló en contra del primer demandante. Según la Audiencia Nacional, el nuevo proceso tenía un objeto diferente, que era su pertenencia a una organización terrorista y la existencia de una vinculación fuerte y constante con ETA, que no tenía relación alguna con la condena anterior por enaltecimiento del terrorismo. Ni la pregunta interpuesta previamente por la Presidenta del Tribunal (véase párrafo 7 anterior) ni su posterior reacción mostraban signo alguno de prejuicio en contra del primer demandante.
"Presuponer que todo magistrado declarado contaminado en una causa forzosamente ha de estarlo en cualquier otra posterior, (...), supone emitir un juicio universal de parcialidad carente de mínima constancia objetiva «ad causam» (...) La cuestión de la parcialidad o imparcialidad subjetiva e incluso en muchos casos objetiva es una cuestión sumamente delicada porque incide directamente sobre la conformación de los Tribunales sujeta al imperio de la ley. Por ello, las apariencias solo podrán ser trascendentes si tienen relación con las causas legales de recusación establecidas por el legislador, debiendo remitirse a ellas, de forma que no es posible establecer causas distintas acudiendo al criterio analógico o configurando la apariencia como causa autónoma y con vida procesal propia (...) En consecuencia, el motivo debe ser desestimado".
17. Dos de los magistrados del Tribunal Supremo formularon votos particulares disidentes. Respecto al primer voto particular disidente (respaldado en cuanto al fondo por el segundo magistrado disidente), el derecho de los demandantes a un Tribunal imparcial se había vulnerado realmente, ya que las ideas preconcebidas mostradas por la Presidenta del Tribunal en procesos penales anteriores contra el primer demandante afectaron igualmente sus sentencias en procesos
posteriores. Dicha falta de imparcialidad también afectó a los otros dos magistrados del Tribunal. En consecuencia, debería haberse ordenado un nuevo juicio con un Tribunal diferente. Según el segundo voto disidente, sin embargo, no existían pruebas suficientes para respaldar la condena de los demandantes. En consecuencia, el hecho de que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional careciese de imparcialidad, aunque cierto, era irrelevante ya que los demandantes deberían haber sido absueltos por el Tribunal Supremo.
20. Los cinco jueces disidentes señalaron que se había vulnerado el derecho de los demandantes a un Tribunal imparcial. En especial, los jueces disidentes consideraron que el comportamiento de la Presidenta del Tribunal en procesos anteriores era un indicio claro de ideas preconcebidas respecto a la culpabilidad del primer demandante, lo que cuestionaba su grado de imparcialidad en el proceso contra todos los demandantes.
« Los Jueces y Magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal".
"Son causas de abstención y, en su caso, de recusación:
"Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal".
23. Los demandantes alegan al amparo del artículo 6.1 del Convenio que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional carecía de imparcialidad, pues el Tribunal Supremo había declarado que la misma carecía de imparcialidad en lo que se refiere al primer demandante en el marco de un procedimiento penal previo, en el cual el primer demandante fue finalmente absuelto de todos los cargos que se formulaban contra él. El artículo 6.1, en su parte pertinente, tiene la siguiente redacción:
"Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (... )"
25. El Gobierno alegó que el segundo, tercero, cuarto y quinto demandantes no podían ser considerados como "víctimas" a los efectos del artículo 34 del Convenio, de los hechos en virtud de los cuales reclamaban. En apoyo de su objeción, el Estado oponía que dichos demandantes no
habían sido parte en el procedimiento penal previo que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo por razón de la falta de imparcialidad de la magistrada que presidía la sala
27. Este Tribunal pone de relieve que lo único que requiere el artículo 34 del Convenio es que el demandante alegue haber sido perjudicado por un acto, omisión o situación que considera vulneradora del Convenio. En consecuencia, el examen sobre si los demandantes han sido verdaderamente perjudicados y si verdaderamente son víctimas de un incumplimiento del Convenio es una cuestión que pertenece al fondo del asunto (véase Klass y otros v. Alemania, de 6 de septiembre de 1978, §§ 33 y 38, Serie A nº 28; Doğan y otros v. Turquía, nº 8803-8811/02, 8813/02 and 8815-8819/02, § 93, TEDH 2004-VI (extractos); Al-Skeini y otros v. Reino Unido [GC], nº 55721/07, § 106-07, TEDH 2011-IV; y Dimov y otros v. Bulgaria, nº 30086/05, § 61, de 6 de noviembre de 2012).
30. Este Tribunal reitera que al amparo del artículo 35.1 del Convenio sólo puede entrar al examen de una demanda una vez que todos los recursos internos efectivos han sido agotados. La finalidad del artículo 35 es permitir a los Estados parte del Convenio la posibilidad de prevenir o remediar las presuntas vulneraciones invocadas antes de que las mismas sean planteadas ante este Tribunal (véanse, por ejemplo, Mifsud v. Francia (dec.) [GC], nº 57220/00, § 15, TEDH 2002-VIII). La obligación de agotar los recursos internos exige al demandante utilizar aquellos que son efectivos, suficientes y accesibles para resolver las vulneraciones del Convenio que alega. Para ser efectivo un recurso debe ser apto para remediar la situación (véase Balogh v. Hungría, nº 47940/99, § 30, de 20 de julio de 2004). Este Tribunal pone de relieve que la aplicación de esta exigencia debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso particular incluyendo, entre otros aspectos, la situación personal del demandante. En consecuencia, este Tribunal ha establecido que el artículo 35.1 debe ser aplicado con un cierto grado de flexibilidad y sin excesivos formalismos (véase Akdivar y otros v. Turquía, 16 de septiembre de 1996, §§ 65-66 y 69, Informes de Sentencias y Decisiones 1996—IV).
31. Para evaluar la imparcialidad, este Tribunal ha distinguido entre su aspecto subjetivo (por ejemplo, intentando evaluar las convicciones personales con los intereses de un juez concreto en un caso particular) y su aspecto objetivo, por ejemplo, resolviendo sobre si él o ella ofrecían garantías suficientes para excluir cualquier duda legitima al respecto (Kyprianou v. Chipre [GC], § 118; Piersack v. Bélgica, § 30; y Grieves v. Reino Unido [GC], § 69). Este Tribunal recuerda que no existe una clara distinción entre ambos aspectos en la medida en que el comportamiento de un juez puede no sólo suscitar dudas objetivas sobre su imparcialidad para el observador externo (aspecto objetivo), sino que también puede entrañar un cuestionamiento sobre las convicciones personales del magistrado o magistrada (aspecto subjetivo) (Korzeniak v. Polonia, nº 56134/08, § 49, de 10 de enero de 2017; y Kyprianou v. Chipre [GC], nº 73797/01, § 119, TEDH 2005-XIII).
32. Este Tribunal hace notar que la queja referente a la imparcialidad de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, fundada en que había sido considerada parcial en procedimientos previos, había sido adecuadamente formulada en lo sustancial en el marco de los procedimientos internos
y de acuerdo con los requisitos formales y temporales establecidos por el derecho interno (véase Castells v. España, de 23 de abril de 1992, § 27, Serie A nº 236; y Guzzardi v. Italia, de 6 de noviembre de 1980, § 72, Serie A nº 39). En efecto, el demandante llamó adecuadamente la atención de los Tribunales internos sobre su temor de que la Presidenta del Tribunal careciera de imparcialidad (y, en consecuencia, la totalidad de los magistrados integrantes de la Sección), basado en el comportamiento previo mostrado por esta en el marco de los procedimientos penales previos en los cuales el Tribunal Supremo había dictaminado que existían dudas sobre la ausencia de prejuicios o parcialidad en su contra.
35 El tercer demandante puso de relieve que el primer demandante ya había elevado dichas cuestiones ante los tribunales internos, y en consecuencia estos habían tenido la oportunidad de remediar la vulneración a través del propio sistema jurídico interno.
40. Este Tribunal señala que, a pesar de que es cierto que estos demandantes no formularon ninguna queja referida a la falta de imparcialidad de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ante la propia Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, si llamaron la atención de los tribunales
internos en relación a sus temores de falta de imparcialidad de la Presidenta del Tribunal, en particular, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien examinó en profundidad este asunto. De ello se sigue que la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos formulada por el Gobierno con relación al segundo, cuarto y quinto demandantes debe ser rechazada.
47. El Gobierno añadió que lo que había sucedido en el primer procedimiento criminal no podía tener ningún efecto en el segundo. Argumentó que la presunta parcialidad de la Presidenta del Tribunal no le había impedido absolver al primer demandante de dos de los cargos por los que había sido imputado en el primer procedimiento. De hecho, la misma composición de [la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de] la Audiencia Nacional había absuelto a ese demandante del
delito de asociación ilícita, el cual presentaba algunas similitudes con la acusación de pertenencia a organización terrorista. También recalcó el hecho de que la Presidenta del Tribunal no había mostrado ningún signo de falta de objetividad que pudiera arrojar dudas sobre su imparcialidad en el transcurso del segundo proceso. Por lo tanto, no habría dudas sobre la imparcialidad subjetiva de los jueces que juzgaron a los demandantes.
55. Centrándose en el criterio objetivo se debe analizar si, con independencia del comportamiento del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón justificada para temer
que un juez en concreto o una Sala carecen de imparcialidad, el punto de vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo es determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente justificado
(véase Micallef, anteriormente citado, § 96).
57 En este sentido, incluso las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, en otras palabras, "la justicia no sólo tiene que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se administra" (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo Algar v. España, de 28 de octubre de 1998, § 45, Informes 1998-VIII; and Micallef, anteriormente citado, § 98).
61. Este Tribunal considera en primer lugar, de acuerdo con lo que concluyó el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de febrero de 2011, que la pregunta que hizo la Presidenta del Tribunal y, muy especialmente, su reacción a la negativa a contestar por parte del demandante, pudiera ser interpretada, desde una perspectiva objetiva, como la manifestación de una opinión preformada sobre la culpa del primer demandante (véase el párrafo 7 ut supra). Esto habría supuesto la contaminación del total de la formación de la Sección, razón por la cual el Tribunal Supremo ordenó la celebración de una nueva vista con una nueva y diferente composición de la Sección, en la que ninguno de los tres jueces podía participar. Además no se puede ignorar que el demandante, que había sido inicialmente declarado culpable por la Sección Cuarta de la [Sala de lo Penal de la] Audiencia Nacional en su formación inicial, fue finalmente absuelto por la nueva formación. Este Tribunal hace notar que este hecho, aunque no es definitivo, sí contribuye fuertemente a la existencia de un temor legítimo sobre la falta de imparcialidad de la formación inicial.
63. Este Tribunal considera que el contexto muy específico de este caso no puede ser pasado por alto. Tiene en cuenta que el delito que le fue imputado al primer demandante en el primer proceso (y del que fue posteriormente absuelto por la nueva y distinta formación de la sección) podía de alguna manera vincularse con los actos, valores y/u objetivos de la organización terrorista ETA. En efecto, el demandante fue inicialmente encausado por enaltecimiento del terrorismo lo cual en el contexto general de España en esa época, y en el contexto individual del primer demandante en particular, estaba inevitablemente asociado con la actividad terrorista de ETA. La Presidenta del Tribunal habría mostrado en esa época, tal y como confirmó el Tribunal Supremo, un prejuicio contra el demandante en referencia a lo que ella pensaba que era un tipo de afinidad con la organización terrorista ETA.
65. Este Tribunal considera que el hecho de que la Presidenta del Tribunal hubiera usado públicamente expresiones que implicaban que ya se había formado una opinión desfavorable en relación al primer demandante antes de que el caso se hubiera resuelto, aparece como claramente incompatible con su participación en el segundo procedimiento criminal. Las declaraciones hechas por la Presidenta del Tribunal, su comportamiento ulterior así como la posterior anulación de la sentencia eran de entidad suficiente como para justificar objetivamente los temores del primer demandante relativos a la imparcialidad de aquella (véase Morice v. Francia [GC], nº 29369/10, §§ 79-92, TEDH 2015, Olujić v. Croacia, nº 22330/05, § 59, de 5 de febrero de 2009, Buscemi v. Italia, nº 29569/95, § 68, TEDH 1999—VI; and, mutatis mutandis, Lavents v. Letonia, nº 58442/00, §§ 118 y 119, de 28 de noviembre de 2002).
74. Cuando, como en el presente asunto, se condena a una persona en procedimientos internos que conllevan una infracción de los requisitos del artículo 6 del Convenio, este Tribunal mantiene que la forma más apropiada de reparación sería, en principio, celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, a solicitud de la persona interesada (ver, entre otros precedentes, Gençel v. Turquía, nº 53431/99, § 27, de 23 de octubre de 2003; Sejdovic, anteriormente citado, § 126; y Cudak v. Lituania [GC], nº 15869/02, § 79, TEDH 2010). En relación con lo anterior, indica que el artículo 954 § 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre de 2015, parece otorgar la posibilidad de revisar una sentencia firme en la que este Tribunal haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos.
Según lo dispuesto en el artículo 45 § 2 del Convenio y el artículo 74 § 2 del Reglamento, se adjunta a esta sentencia el voto particular de la juez Keller.
4. La aplicación del artículo 41 del Convenio se deja al criterio de este Tribunal y a las circunstancias concretas del caso. La redacción del artículo 41, que prevé que el Tribunal concederá dicha satisfacción "sólo" en las circunstancias y únicamente "si así procede", lo deja claro. Además, en caso de que este Tribunal declarase necesario abonar una cantidad en concepto de daños morales, haría dicha declaración de manera equitativa. Por tanto, la naturaleza ex aequo et bono de la satisfacción equitativa, en mi opinión, excluye cualquier resultado automático. Conceder la satisfacción equitativa siempre ha de llevarse a cabo tras el análisis de las circunstancias concretas del asunto.
5. Este Tribunal se ajusta a un enfoque individual para conceder la satisfacción equitativa en el caso de constatar la vulneración del artículo 6 § 1. Por ejemplo, en varios casos, este Tribunal ha concluido que el demandante sufrió daños morales para los cuales la constatación de la vulneración del Convenio no se consideraba compensación suficiente (véase mutatis mutandis: Alony Kate v. España, nº 5612/08, § 83, de 17 de enero de 2012; Almenara Alvarez v. España, nº
16096/08, § 54, de 25 de octubre de 2011; Porcel Terribas Sentencia Otegi Mondragón y otros c. España 20
y otros v. España, nº 47530/13, § 33, de 8 de marzo de 2016; Gómez Olmeda v. España, nº 61112/12, § 44, de 29 de marzo de 2016; y Visan v. Rumanía, nº 15741/03, § 41, de 24 de abril de 2008). En otras sentencias, este Tribunal decidió conceder una indemnización por daños morales, a pesar de subrayar el hecho de que cuando un individuo, como en el caso que nos ocupa, había sido condenado en un procedimiento con infracción de los requisitos del artículo 6 del Convenio, la celebración de un nuevo juicio o la reapertura del procedimiento a solicitud de la persona interesada era, en principio, una forma adecuada de reparar la vulneración (véase Atutxa Mendiola y otros v. España, nº 41427/14, §§ 51 y 52, de 13 de junio de 2017; Spînu v. Rumanía, nº 32030/02, § 82, de 29 de abril de 2008; Paykar Yev Haghtanak Ltd v. Armenia, nº 21638/03, §§ 56 y 58, de 20 de diciembre de 2007; y Satik v. Turquía (Nº 2), nº 60999/00, § 74, de 8 de julio de 2008).
10. De hecho, dicha constatación significa inevitablemente que el tercer demandante, que actualmente está excarcelado, se enfrentaría a un dilema Sentencia Otegi Mondragón y otros c. España 21
Corneliano: soportar de nuevo un largo procedimiento judicial, con la ansiedad que inevitablemente conlleva, o no solicitar dicha revisión, y en consecuencia perder cualquier posibilidad de ser compensado. Además, este Tribunal debería tener en cuenta igualmente las delicadas dimensiones sociales y políticas de este asunto, que puede plantear interrogantes sobre si alcanzar un resultado diferente debería conducir a juzgar de nuevo el asunto del demandante.
15. El artículo 954 § 3 además otorga la solicitud de revisión a condición de que "la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión". Asumiendo que el demandante solicitase una revisión de la sentencia del Tribunal nacional, la redacción de dicha disposición me lleva a preguntarme si dicha solicitud sería concedida. Según lo declarado anteriormente, el demandante ya ha sido liberado y ha recuperado completamente sus derechos políticos. En cualquier caso, es complicado determinar el alcance de esta disposición teniendo en cuenta que, según lo anteriormente mencionado, no hay jurisprudencia consolidada en la que basarse. Sentencia Otegi Mondragón y otros c. España 22
19. Finalmente, cualquier constatación de una vulneración en asuntos que tienen que ver con personas encarceladas, criminales o terroristas es sumamente sensible y raramente bien recibida
por el público en general (véase Scoppola v. Italia (Nº 2), nº 10249/03, 17 de septiembre de 2009; y Öcalan v. Tirquía, nº 46221/99, 12 de mayo de 2005).
20. Sin embargo, este Tribunal no debería olvidar que el hecho de que, cuando se establece la necesidad de una satisfacción equitativa, el artículo 41 no diferencia entre víctimas "buenas" o "malas". Este Tribunal debería ser coherente en su interpretación del artículo 41 del Convenio y evitar indemnizar por daños morales a aquellos al recurrir a una mera constatación de la vulneración en relación con estos últimos.
21. Este argumento se basa en el principio de universalización de los derechos humanos. Con arreglo a dicho principio, todas las personas tienen el derecho inherente a gozar de libertades y derechos inalienables. Los seres humanos son por tanto universales y pertenecen a todo el mundo, independientemente de cualquier rasgo personal. El Convenio requiere de forma Sentencia Otegi Mondragón y otros c. España 23
parecida que los Estados Miembros protejan los derechos y libertados de cada individuo que se encuentre dentro de su jurisdicción (artículo 1 del Convenio), sin discriminación.
Demanda nº
4317/15
5053/15