Source: http://ciudadanolibre.blogspot.com/2010/06/
Timestamp: 2017-08-22 22:30:24
Document Index: 377987390

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 38', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 55', 'Artículo 60', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 77', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 132', 'artículo 157', 'artículo 158', 'artículo 84', 'artículo 300', 'artículo 185', 'artículo 159', 'artículo 164', 'artículo 165', 'artículo 166', 'artículo 182', 'artículo 184']

CIUDADANOLIBRE: junio 2010
FORO: ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN VENEZUELA"
“Elecciones Parlamentarias y Comunidades Organizadas en Venezuela”
Salón: La Terraza, Hotel Ávila
8:00 a.m. Registro de participantes. Desayuno
8:30 a.m. Palabras de apertura a cargo de:
• William Requejo, Presidente de Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
• Heinrich Sassenfeld, Director del ILDIS, Representante en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert
9:00 a.m. Introducción al Foro: Objetivo, alcance y modalidad de desarrollo
Flavio Carucci T., Jefe de Proyectos del ILDIS
9:10 a.m. Ponencia: Los Ciudadanos, Las Comunidades Organizadas y el Parlamento Nacional: un Parlamentarismo Democrático y Participativo
José Gregorio Delgado, Director Escuela de Vecinos de Venezuela
Comentarista: Miguel González Marregot, Promotor Comunitario, Director de Gestión de Cambio A.C. y Vicepresidente del CLPP de Baruta
10:20 a.m. Mesas de Trabajo
• Construyendo la Agenda Comunitaria para el ejercicio de la contraloría social sobre el desempeño del órgano legislativo
12:20 a.m. Presentación del trabajo de las mesas en plenaria
1:00 p.m. Conclusiones y cierre del foro. Flavio Carucci y William Requejo. O.
Nota: Cupos limitados, Inscribirse: Nombre y Cédula Email:
Contraloriasocial.a.nacional@gmail.com Cel. 0416-2012897
0412-2873783
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SOCIALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN: TRES LEYES EN CONTRA (IV)
4. EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y DEL PODER POPULAR DEL AÑO 2010
El pasado 2009, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP) con el propósito de regular el ejercicio de los derechos a la asociación y participación del pueblo venezolano; así como también con el propósito de definir una conformación institucional y territorial para el ejercicio del gobierno. Y aunque es de suponer que, esta primera versión de la LOPCYPP muy probablemente pueda variar en atención a la promulgación de la Ley Orgánica y el Reglamento del Consejo Federal de Gobierno, resulta importante precisar algunos elementos temáticos de su contenido para comprender su impacto frente al modelo Estado que supone la Constitución Bolivariana. Y es que, en el caso venezolano, el marco constitucional reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
El proyecto de LOPCYPP, desde su exposición de motivos apunta hacia otros horizontes. En efecto, ubica la consolidación de la participación como parte de la construcción del “Estado Social Comunal”. Además, para el texto legal, la participación ciudadana y el poder popular confluirían en la construcción del “poder comunal” el cual estaría dirigido a “lograr la independencia alimentaria y la diversificación económica, a fin de alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo endógeno como base sostenible para el fortalecimiento de la economía social.
Por otra parte, el proyecto de Ley considera al poder popular como “la confluencia y el consenso para la acción de todos los movimientos sociales y políticos y junto a ellos la institucionalidad pública”; y lo relaciona con un supuesto pensamiento de Carlos Marx, que plantearía la necesidad de emprender no sólo una revolución política transformadora de las estructuras del Estado sino también de una revolución social. Cabe agregar, que ese poder popular, se identifica con el poder constituyente; y por lo tanto, con el pueblo por ser único depositario del poder y de la soberanía.
En síntesis, las nociones de participación y poder popular expresadas en la Exposición de Motivos de la LOPCYPP, tratan de concretarse en la construcción de un Estado Comunal (lo que supone una organización político-territorial distinta a la vigente), con un fuerte acento economicista (basada en el desarrollo endógeno y la economía social) y fundamentada en el poder constituyente que residiría en el pueblo (como sujeto de la soberanía). El proyecto de LOPCYPP se encuentra estructurado en diez capítulos.
Entre los elementos más relevantes dela LOPCYPP, se ubican:
4.1. La disposición de un concepto restringido de la participación ciudadana al limitar su ejercicio el ámbito de los social y comunitario y supeditado al modelo de sociedad socialista.
Artículo 1: la vigente Ley tiene por objeto establecer las normas destinadas a desarrollar, organizar, e impulsar los medios de participación ciudadana en el proceso de de formación ejecución, control y evaluación de los planes y proyectos ene la gestión social y comunitaria
Artículo 4: la participación tiene como fines … construir las base de la sociedad socialista..
4.2. Se incorpora al poder popular y a las comunas como su expresión concreta, como la nueva conformación administrativa y territorial del Estado venezolana, modificando la estructura vigente en la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 5: Las comunas son entidades locales conformadas por el conjunto de comunidades con un ámbito geográfico … como expresión del poder popular y en correspondencia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable establecido en el plan Nacional de Desarrollo
Artículo 5: Estado comunal conjunto de comunas que bajo su organización política y gobierno permite el ejercicio directo del poder por parte del pueblo. … La célula fundamental del Estado comunal son las comunas, constituidas en todos los espacios de la geografía nacional.
Artículo 5: Unión de comunas es la asociación de comunas que tiene como propósito estrategias conjuntas, en función de promover política de Estado en su espacio geográfico sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa.
Artículo 38: la comuna tiene como propósito el mayor compromiso de los ciudadanos y ciudadanas en la planificación, elaboración del presupuesto y gobernabilidad de las comunidades ..
Artículo 42: Las comunas tendrán como finalidad … contribuir a la consolidación del Estado comunal, de equidad y de justicia.
Artículo 43: las comunas deberán organizarse, a partir del ámbito geográfico determinado.. y deberán contar con un gobierno..
Artículo 44: la comuna es la unidad funcional, tanto política como administrativa para la conformación del Estado comunal. A los efectos, el gobierno nacional planificará articulará y coordinará la acción conjunta de las comunas y los sistemas de varias comunas..
Artículo 45: las comunas podrán constituirse en asociaciones, tomado en cuenta los ejes geográficos o territoriales que disponga la ley …
Artículo 46: la ciudad comunal es el sistema de unión de comunas, que dentro de un eje geográfico y territorial definido … persiguen un modelo de sociedad socialista de equidad y de justicia tomando en cuenta los lineamientos y política establecidos a nivel nacional.
4.3. El poder público constituido deberá favorecer la constitución de las organizaciones del poder popular y de las comunas como sujetos de descentralización.
Artículo 55: todas las instancias del poder público deberán favorecer la constitución y desarrollo de las organizaciones del poder popular, destinadas a la defensa de los derechos colectivos.
Artículo 60: la República, los estados y los municipios podrán transferir a las comunas la administración y control de los servicios atribuidos a estos por la Constitución
4.4. Se establece un concepto restringido al ejercicio de los derechos económicos mediante la imposición de la propiedad social de los medios o factores de producción.
Artículo 66: la propiedad social es el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinados a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para el desarrollo de una vida plena y la producción de obras, bienes o servicios que por derecho y naturaleza le corresponde.
Artículo 67: la propiedad social tiene como principios generales los siguientes:
1- Dotar a los consejos comunales, comunas, organizaciones socio-productivas comunitarias y demás organizaciones del poder popular, de medios y factores de producción que garanticen la satisfacción de las necesidades humanas esenciales y el ejercicio de la soberanía nacional.
2- Promover el trabajo social productivo y la transformación socialista, en forma consciente yen correspondencia con el compromiso del pueblo en la construcción del poder popular
4.5. El Poder Nacional, centralizará y ejercerá la tutela sobre el denominado poder popular a través de la gestión del Ministerio del Poder Popular.
Artículo 77: El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana tendrá las siguientes atribuciones (entre otras):
1- Diseñar y efectuar el seguimiento de las políticas, lineamientos, planes y estrategias que deberán observar los órganos y entes del poder público en todo lo relacionado con los consejos comunales, las comunas las organizaciones socio-productivas comunitarias y demás forma del poder popular….
2- Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los órganos y entes del Poder Público y los consejos comunales, las comunas, las organizaciones socio-productivas comunitarias y demás organizaciones del poder popular para el desarrollo de la economía comunal.
3- Promover la formación de los consejos comunales, las comunas, las organizaciones socio-productivas y demás formas de organización del poder popular como espacios de participación protagónica en los asuntos públicos nacionales, estadales, municipales y comunales.
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Nota aparecida en el diario "EL UNIVERSAL" (Caracas, Venzuela), en fecha 14 de junio de 2010
"Se violan derechos de participación"
Los consejos comunales surgieron como un modelo de participación ciudadana y en muchas comunidades llegaron a desplazar a las asociaciones de vecinos. Pero con el paso del tiempo esta forma de asociación se encuentra cada vez más sesgada.
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SOCIALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN: TRES LEYES EN CONTRA (I)
1. EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS LEYES: LA PUESTA EN MARCHA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN VENEZUELA.
El marco constitucional venezolano vigente consagra un modelo de Estado fundamentado en la democracia, el federalismo y la descentralización; y así lo podemos constatar en cada uno de los niveles político-territoriales que conforman nuestra República. Y en efecto, al recorrer el contenido de la Constitución Bolivariana encontramos que su artículo 4, define al Estado venezolano como federal y descentralizado; el artículo 5, indica que la soberanía reside el pueblo; el artículo 6, señala que el gobierno será democrático, alternativo, participativo y descentralizado; el artículo 62 determina el derecho del pueblo a participar en la formación, gestión y control de la gestión pública; mientras que el artículo 132, prescribe el deber de participar en la vida comunitaria; y el artículo 157, determina que la Asamblea Nacional podrá atribuir a estados y municipios determinadas competencias del nivel nacional, a fin de promover la descentralización y, también el artículo 158 establece a la descentralización como política nacional. Por si fuera poco, hay mandatos constitucionales precisos como el contenido en el artículo 84, que establece la creación de un servicio descentralizado de salud. De la misma manera, el artículo 300 prescribe la creación de entidades descentralizadas funcionalmente de carácter social o empresarial. Por último, y como un rasgo de importancia en la estructuración constitucional del Estado venezolano, el artículo 185 comprende la creación del Consejo Federal de Gobierno como instancia de planificación y coordinación de política y acciones para el desarrollo de la descentralización y transferencia de competencias del poder nacional hacia los estados y municipios.
Por otra parte y, en cuanto a las entidades federales menores, la Constitución Bolivariana consagra en su artículo 159 que los estados son autónomos; el artículo 164 define sus competencias exclusivas y el artículo 165 establece la descentralización hacia los municipios; mientras el artículo 166, crea el consejo estadal de coordinación y planificación de políticas públicas como una instancia que reúne la representación de los tres niveles de gobierno de la República, con el propósito de impulsar el desarrollo de cada región.
En cuanto a los municipios, la Carta Magna indica en sus artículos 158 y 178; tanto su autonomía como el carácter participativo de la gestión de sus competencias. El artículo 182 crea los consejos locales de planificación pública para integrar a los vecinos y vecinas en la planificación local y, el artículo 184 consagra la creación de mecanismos flexibles de descentralización de programas y servicios hacia las comunidades organizadas, las asociaciones vecinales, las entidades no gubernamentales que demuestren sus capacidades para prestarlos. De la misma forma, la Constitución Bolivariana promueve la creación de nuevos sujetos de descentralización; tanto en las parroquias como en las comunidades organizadas.
Pese al conjunto de preceptos constitucionales mencionados, el bloque oficial ha emprendido una serie de acciones políticas concretas dirigidas a consolidar un proyecto de país contrapuesto a la Constitución vigente. Ese modelo de país, se conoce ahora como “socialismo bolivariano” o “socialismo del siglo XXI”; cuyas características relevantes serían la concentración y centralización de la toma de decisiones y de distribución de recursos, la eliminación de las entidades federales autónomas y su progresiva sustitución por una nueva organización político-territorial, la imposición de un “modelo productivo” donde la presencia del Estado predomine sobre la iniciativa privada y popular y, por último, el impulso de una red de “participación cooptada” que prescinda de los mecanismos democráticos de elección directa universal y secreta.
En este contexto que supone la construcción del “socialismo bolivariano”, del “socialismo del siglo XXI”, el gobierno ha venido implementando un conjunto de medidas dirigidas el fortalecimiento relativo y situacional de su capacidad de gestión frente a los niveles de gobierno estadales y municipales y, ante las propias comunidades. Para ello y mediante el proceso de Ley Habilitante (2007-08), se promulgaron leyes dirigidas hacia ese “propósito” como la Ley Orgánica que creó la Comisión Central de Planificación y la nueva Ley de la Administración Pública Nacional; ambas dirigidas al reforzamiento de un gestión centralizada de la gestión de gobierno y la creación de las autoridades únicas regionales; la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana que persigue la militarización de la actividad comunitaria con la incorporación de las milicias a los consejos comunales o misma la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que plantea la planificación y racionamiento del consumo de alimentos.
También se realizó la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias, la recentralización de los servicios de salud en el estado Miranda y, de igual manera, de los servicios de salud y de seguridad pública en el Distrito Metropolitano de Caracas; así como la recentralización de los servicios de aeropuertos y puertos y la administración de autopistas en las entidades federales: Aragua, Carabobo y Zulia. La reforma y eliminación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y los retrasos en el pago de los desembolsos correspondientes al situado constitucional, apuntan hacia el estrangulamiento financiero de estados y municipios; y por lo tanto, al apuntalamiento de un modelo de gestión centralista que privilegia la concentración de poder sobre las necesidades regionales, estadales y municipales.
Quizás como acciones definitorias de la propuesta socialista del actual régimen se han promulgado: i) una nueva ley para los consejos comunales de carácter orgánico (2009); con la cual se pretendería lograr la cooptación de los movimientos sociales y comunitarios; ii) la ley y el reglamento del Consejo Federal de Gobierno (2010) que formaliza entre otras cosas una nueva visión centralizadora y autoritaria del desarrollo del país y, iii) se prepara en el seno de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, que traería consigo un nueva estructura de gobierno político-territorial y que además intenta regular de manera restrictiva el derecho a la participación ciudadana. Con los antecedentes anteriores y el contenido sustantivo de estos instrumentos legislativos, el futuro del modelo democrático, federal y descentralizado contemplado en la Constitución Bolivariana pareciera estar cada vez más limitado; salvo que ocurriera un cambio sustancial en la conformación de los espacios legislativos del sistema político venezolano actual.
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