Source: https://www.scribd.com/document/158368085/A-100anos-Creacionprimertribunal-Menores-y-10anos-Convencioninternacionalderechosdelnino-Julio-Cortes
Timestamp: 2018-12-17 10:10:37
Document Index: 107160749

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 17']

Uploaded by Edgar Ramon Guillen Vallejo
A 100anos Creacionprimertribunal Menores y 10anos ...
A 100 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL PRIMER TRIBUNAL DE MENORES Y 10 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: EL DESAFÍO
En el último año del siglo XX conmemoramos dos hechos clave en la historia social y jurídica de la infancia. En 1899 en Illinois se creó el que es considerado el primer tribunal especial para menores de la historia, dando cuenta en ese momento de una creciente preocupación por el tema de la delincuencia juvenil, y de una compleja trama de intereses entrecruzados con las intenciones más o menos conscientes de los reformadores de la época, que han sido objeto de análisis y crítica hasta el día de hoy. En un momento mucho más reciente, 1989, se aprobó por las Naciones Unidas el principal instrumento de derechos humanos específico para la infancia, la Convención Internacional de los Derechos del Niño (en adelante CIDN), en la cual se refleja una nueva consideración de la infancia en nuestras sociedades, enfoque que algunos han calificado de nuevo paradigma, en atención a la ruptura que representa con enfoques más tradicionales dentro de los cuales los niños no eran sujetos de derechos (no al menos en el sentido pleno e integral que plantea la CIDN). Entre medio de estos hitos fundamentales, el recorrido no ha sido lineal, muy por el contrario, se han presenciado avances disparejos, obstáculos y hasta retrocesos, los cuales es necesario tener en cuenta en este momento por todos los operadores e interesados en los temas de la infancia y los derechos humanos.
Consideraciones previas acerca de la infancia como construcción socio-histórica
Aunque claramente excede los límites de este artículo un abordaje profundo de los problemas implícitos en la consideración histórica de la infancia en nuestras sociedades, es necesario dejar en claro que en nuestra opinión, pese a la base biológica que está presente en la conceptualización de la infancia en las distintas épocas y culturas, la investigación histórica ha demostrado el importante y definitorio rol que en este campo ha jugado el elemento cultural. En la concepción moderna de la infancia encontramos componentes que provienen tanto del pensamiento humanista de Rousseau y Locke como del romanticismo del siglo pasado –elementos no necesariamente concordantes– y al mismo tiempo ha aparecido durante este siglo
Hay que tener en cuenta que las características del desarrollo del capitalismo en el siglo pasado en países como Estados Unidos tuvieron como consecuencia un empobrecimiento masivo de las clases populares. en este caso. pues –como siempre– pesa de manera a veces inadvertida la tendencia a universalizar temporal y físicamente la concepción aún en boga de una infancia en un sentido clásico o romántico. intereses de las corporaciones religiosas que administraban las instalaciones destinadas al cuidado de los jóvenes. como su atributo esencial.en el panorama la tendencia creciente a la autonomía de los niños y la consiguiente eliminación de barreras respecto al mundo adulto. editada originalmente en 1969. o criados por familias que no garantizaban su adecuado disciplinamiento. Esto que puede parecer evidente no lo es tanto en la realidad de los debates jurídicos y sociológicos respecto al tema de la infancia. para Platt. que identifica infancia con incapacidad. 144 . página 150). En un nivel más propiamente jurídico. La magnitud del problema y el riesgo que implicaba para la estabilidad social (o sea política y económica) de la sociedad norteamericana la existencia de una gran masa de niños de origen proletario fuera de los mecanismos normales de control y contención (casa y escuela). y los intereses corporativos ligados al poder médico y judicial. en general ligada al enfoque jurídico tradicional en la materia. este hecho no representó una “reforma radical” sino más bien “una reforma política transigente que consolidaba las prácticas existentes”. Así es como. al que nos referiremos sobre todo en sus aspectos penales (en el sentido objetivo de pena o punición). Para Platt los intereses reales tras todo el movimiento de reformas alentadas por los “salvadores del niño” consistían tanto en el temor de las clases dominantes a la creciente urbanización. y con ello. el surgimiento del fenómeno de los niños pobres como un problema público a ser enfrentado por los gobiernos e instituciones correspondientes. motivó un largo proceso de reformas dentro del cual se sitúa la creación del tribunal de menores en Illinois. cit. el surgimiento de un instrumental jurídico e institucional propio de la infancia. tendientes a castigar la independencia prematura infantil y restringir la autonomía juvenil (op. Este enfoque histórico resulta imprescindible como telón de fondo para tratar cualquier aspecto o problemática específica ligada a la infancia. El Tribunal de Menores de Illinois El contexto social e ideológico en el que se inserta la creación del tribunal de menores ha sido descrito críticamente por Anthonny Platt en su clásica obra “Los salvadores del niño”. parece claro que la necesidad de consagrar un tratamiento especializado para adolescentes acusados de cometer delitos se hizo necesaria para la sociedad de la época en consideración a varios factores. la necesidad de reafirmar los valores tradicionales de la clase media norteamericana (a la cual pertenecían la mayoría de las figuras públicas del movimiento)..
y por otro. A propósito de todos estos factores hay que tener en cuenta por un lado las preocupaciones genuinamente humanitarias presentes a nivel del discurso. El proceso de reformas impulsado en el siglo XIX por los “salvadores del niño” tendía sucesivamente a la creación de un régimen especial de control social para niños. puesto que habría sido necesario intervenir mediante internaciones en reformatorios en forma predelictual.). excluyéndolos formalmente del derecho penal de adultos (pese a que se mantuvo hasta el día de hoy la posibilidad de derivar casos desde el tribunal de menores al tribunal criminal de adultos. mediante la figura del “waiving ”).. citada por Platt. etc.. declaraba en 1879: “El objeto de las instituciones de reformatorio está bien claro: no es el castigo por los delitos pasados. sino el adiestramiento para la utilidad futura. 124-125). pp. en lugar de la cárcel proponían la creación de reformatorios de variado tipo (escuelas industriales. Desde varias décadas antes de 1899 se dictaron normas especiales para el procesamiento y privación de libertad de personas menores de edad. 1999. En muchos casos. p. En el fondo de estas reformas se situaba la crítica a la retribución pura y a las cárceles por su incapacidad para rehabilitar a los jóvenes y porque las condiciones reales de la privación de libertad significaban una contaminación ambiental para los niños. los jurados preferían absolver a jóvenes aparentemente culpables antes que enviarlos a instituciones penitenciarias para adultos1. que en las cárceles de adultos aprendían a perfeccionarse en su carrera delictual. 6. los intereses preventivo-especiales de defensa social expresados en un contexto de prevalencia de criterios positivistas en la criminología etiológica de la época. Los reformadores de la época perseguían el ideal rehabilitativo y adherían a la llamada “nueva penología” de orientación socio-etiológica. a partir de mediados del siglo pasado. Convencido de la necesidad de actuar sobre las causas de la criminalidad. como en los demás Estados de la Unión. notable reformador y experto en criminología. regía lo que se conoce como “régimen penal mitigado” para los menores de edad. hubo un gran movimiento de crítica a la práctica de someter a niños a las mismas normas que a los adultos.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 En primer lugar. residencias de acogida en el campo. es decir. Frederick Wines. Nº 1. que llegaba a extremos como el quejarse por el hecho de que se actuaba sobre niños no tan pequeños. 1 Frank Orlando. que incluía su hacinamiento en cárceles comunes en que se mezclaban con adultos. los que permiten comprender adecuadamente esta obsesión por evitar el contagio por contacto con delincuentes adultos.” (intervención en el Board of Public Charities de Illinois . que en lo grueso se les aplicaban las mismas disposiciones penales que a los adultos. En Illinois. con algunas reglas o excepciones especiales consagradas en atención a su condición que tomaban en cuenta la inmadurez propia de su edad. en Juvenile Justice Worldwide. 145 . The Centennial of the first Juvenile Court– A wake or a celebration?. escuelas de formación.
o no asistir a la escuela). desprovistos de garantías para el joven. y se extendía además a las llamadas “status offenses ” o delitos en razón de su condición. Estas líneas centrales de este modelo de la “justicia juvenil” corresponden también al núcleo del modelo que en el contexto latinoamericano se conoce como doctrina de la situación irregular. 146 . Un fundamento central 2 J. Juvenile Justice and youth violence. Como es propio de los sistemas jurídicos basados en la situación irregular “la corte juvenil estableció una tradición de prestar mucho menos atención al acto criminal en sí mismo. se desplaza aquí a un reproche –con base en un diagnóstico seudocientífico– a lo que en el futuro pueda llegar a hacer el niño o adolescente. cual es la educación. las que se conseguirían a través de procedimientos sumarios e informales. el sistema del tribunal de menores de Illinois incluía en cuanto a su competencia conductas cometidas por adolescentes que eran constitutivas de delitos (“delinquency offenses ”). la idea base era que se estaba aplicando al menor un beneficio y no una sanción. las características principales de los sistemas tutelares aplicados en Europa y América Latina durante este siglo se encuentran ya esbozadas aquí. Una característica de estos sistemas diseñados desde fines del siglo pasado y a principios de este es que el reproche a una conducta cometida por el sujeto en el pasado. Básicamente. referidas a comportamientos no criminales que se consideraban dañinos para el correcto desarrollo y crecimiento del menor (tales como huir del hogar paterno. 1997. razón por la cual se declararon finalidades de rehabilitación al accionar del tribunal juvenil. A través de herramientas como los exámenes de discernimiento se intenta detectar el grado de “enfermedad” de que adolece el sujeto y en base a eso el juez –que más bien actuaría aquí como un médico– receta el remedio adecuado para cada situación. El objetivo era identificar la causa del mal comportamiento y luego administrar las medidas apropiadas de rehabilitación”2 . sujetas el evento futuro y siempre incierto de la “rehabilitación”). En lo procedimental. puede ser sancionado de la misma forma que si el niño hubiera cometido un robo o un asesinato. sin embargo. En relación al tratamiento de conductas delictivas cometidas por adolescentes se encuentra presente desde su diseño la confusión de vías (entre la vía sancionatoria y la proteccional).El modelo de la situación irregular Los rasgos centrales del sistema creado por la Juvenile Court Act deben entenderse en el ámbito propio del sistema jurídico y procesal anglosajón. citado en el informe de Amnesty International “Betraying the Young: Human Rights violations against children in the US Justice System”. 1998. el no ejercicio por el niño de algo que se entiende como un derecho. al final de los cuales se decretaba una medida de duración indeterminada (es decir. y así es como. atendiendo en cambio a las circunstancias generales existentes tras la conducta del infractor. Howell.C. base de la legitimidad de la aplicación de sanciones en el derecho penal clásico. por ejemplo.
. Particularmente en nuestro contexto latinoamericano el cruce de estas ideas con nuestros modelos penales inquisitivos tuvo como resultado un sistema profundamente antidemocrático y antigarantista. 1975. en virtud de la cual... que no serían necesarias pues en rigor no se estaría aplicando una sanción sino que averiguando qué es lo mejor para el “interés superior del niño” (un interés superior concebido en relación al niño objeto de protección y no sujeto de derechos es el fundamento de la arbitrariedad máxima. Se propone un plan con arreglo al cual el menor no será tratado como delincuente ni será acusado legalmente de cometer un delito sino que será considerado como pupilo del Estado sujeto a su atención.. y con sentencias que apliquen medidas por tiempo indeterminado. Esta idea de patronato estatal como base de las decisiones es la que permite a los defensores de estos modelos afirmar que la intervención estatal no es punitiva sino de protección o tutela. criterio que lamentablemente aún se observa con frecuencia en nuestros países). Como prueba de la influencia del modelo norteamericano en el contexto latinoamericano. Rafael Sajón y Ubaldino Calvento señalaban la necesidad de “recordar los principios filosóficos en que se fundan los tribunales de menores. y fundamenta la falta de garantías en los procedimientos.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 del modelo lo constituye la doctrina del parens patriae. Menores en Situación Irregular. respecto al cual ya se ha escrito bastante y no se insistirá más en este momento (en relación al modelo tutelar y de la “situación irregular” en América Latina ver en este mismo volumen el artículo de Mary Beloff). a pesar del tiempo transcurrido tienen plena vigencia.. y a continuación citaban directamente un fragmento de la Juvenile Court Act : “La Ley sobre Tribunales de Menores se ha inspirado en el concepto fundamental de que el Estado debe asumir la guarda de todo menor que se encuentre en condiciones sociales o individuales tan adversas que pueden conducirlo a la comisión de un delito. 147 . y tan sólo luego de varias décadas de funcionamiento del modelo surgieron sentencias 3 Sajón.. al igual que los menores abandonados o desvalidos. recibirá el mismo tratamiento que debían dispensarle sus padres”3 . sin garantías procesales mínimas para los jóvenes. Los criterios señalados en cuanto a la aplicación de medidas a los jóvenes. como queda constatado en la doctrina y jurisprudencia previas a la CIDN. tenemos que en 1975 José Pedro Achard.”. los cuales. frente a ciertas situaciones no necesariamente delictivas. incluso mediante el uso de la fuerza. con gran discrecionalidad en las atribuciones del juez. el Estado estaría facultado para reemplazar a los padres y adoptar a través del juez –que en América Latina es incluso descrito como “un buen padre de familia”– la decisión adecuada para el futuro del niño. aspectos sociolegales de su protección. En Estados Unidos. vigilancia y disciplina. y en cuanto sea posible.expuestos en ocasión de la creación del primer Tribunal de Menores de Chicago. Achard y Calvento. el tribunal juvenil se extendió de Illinois al resto de los Estados. hacen absolutamente necesario dotar a estos sistemas de procedimientos muy flexibles.
y que ya en 1879. antes de la creación del Tribunal de Illinois. 4 Referencias a estos fallos tomadas de Platt. El joven Kent fue sentenciado de 30 a 90 años de prisión. las sentencias que hicieron eco de estas críticas en Estados Unidos datan de los años sesenta.. sin fallo de culpabilidad. sin vista de la causa ni consideración de peticiones del defensor del joven en orden a suministro de atención psiquiátrica dentro del sistema juvenil. En honor a la precisión habría que señalar que el proceso no ha sido lineal. Es durante la segunda mitad del siglo XX que diversos fallos de la Corte Suprema comienzan a hacer tambalear el modelo. Dos hitos en la crisis del modelo de situación irregular y en la atribución de garantías procesales a los jóvenes: Gault (1967) y Sentencia del Tribunal Constitucional español (1991) Estados Unidos Pese a que existieron críticas a la falta de garantías en los procedimientos de menores desde muy temprano.... se dictó por la Suprema Corte de ese mismo Estado una sentencia (People vs... Con posterioridad. en este caso. Platt. y Gardner “Understanding Juvenil Law”. La Corte Suprema determinó que la orden de derivación era inválida en cuanto a requerimientos básicos del debido proceso. cit. En este caso un niño había sido enviado a la Reform School de Chicago.. op.Los mismos criminales no pueden ser condenados y aprisionados sin el debido proceso” (fragmentos de la sentencia citados por A. llegándose en el caso Gault al grado de cuestionamiento máximo. op.que dieron cuenta de la grave falta de garantías procesales para los adolescentes infractores. un tribunal juvenil había derivado a un adolescente de 16 años al sistema criminal adulto por sospecha de robo y violación. Respecto de la extensión del parens patriae en este caso la sentencia declara: “Esta restricción de la libertad natural es opresión y tiranía. Orlando. página 122). United States. Si sin delito. valdría más reducir esta a sus elementos originales y reconocer que el gobierno libre es un fracaso. La primera decisión que suele señalarse en este sentido fue la de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Kent vs. la tesis sustentada en este fallo (mal acogida en general por el público y los salvadores del niño) fue refutada en sucesivas decisiones.. cit. y señaló que el principio del parens patriae no podía constituir “una licencia para la arbitrariedad procesal. 148 .”4 .Hay que tomar en cuenta también el bienestar y los derechos del niño. sin vista de la causa. op. los hijos del Estado se ven así confinados por el ‘bien de la sociedad’. Turner) en la que se declaró que las normas en virtud de las cuales se sometía a prisión a jóvenes sin debido proceso eran inconstitucionales. cit .
De esta forma. en cambio. que llevó el caso a la corte juvenil señalando que se trataba de un joven delincuente necesitado de la protección de dicho tribunal. la Corte sostuvo que la garantía de conocimiento del asunto 149 . desconocido para nuestro derecho en cualquier contexto similar. los resultados no han sido enteramente satisfactorios”. los procedimientos relativos a jóvenes han sido descritos como “civiles” y no “criminales” y en consecuencia no estarían sujetos a los requerimientos que restringen al Estado cuando se trata de privar a una persona de su libertad. y la notificación oportuna del derecho contra la autoincriminación (el privilegio de permanecer callado). La base constitucional y teórica para este peculiar sistema es –por lo menos– debatible. determinó que se habían violado una serie de garantías: el derecho a ser notificado de los cargos oportunamente. no estaría privando al niño de ningún derecho. Y en la práctica. porque no tiene ninguno.De esta forma. etc.. revisando la constitucionalidad de dicha decisión. a asistir a la escuela. El joven Gerard Gault había sido acusado de hacer llamadas telefónicas obscenas a una vecina. sino a la custodia”. Meramente estaría proveyendo la “custodia” que el niño necesita. En el caso McKeiver. En la corte juvenil la medida fue impuesta sin evidencia fáctica suficiente.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 Un año después de la sentencia en el caso Kent. Tras la correspondiente denuncia Gerard Gault fue aprehendido por la policía. el derecho a la asistencia por un abogado. Al hacerlo. sin la comparecencia del vecino denunciante ni de los padres del joven y sin asistencia jurídica para el acusado. Si los padres fallaran en el cumplimiento efectivo de sus funciones de custodia –como sería en el caso de que el niño fuera un “delincuente”– el Estado podría intervenir. los más elevados motivos y los impulsos más iluminados han conducido a un peculiar sistema para jóvenes. el derecho a careo y contrainterrogación de denunciantes y testigos. La Corte Suprema criticó el uso de la doctrina del parens patriae como fundamento de la falta de estas garantías constitucionales: “El derecho del Estado.. al negar al niño las garantías procedimentales disponibles para los mayores fue elaborado en base a la afirmación de que un niño. Unos cuantos casos posteriores a Gault son relevantes en cuanto a la extensión de garantías constitucionales a los niños (casos Winship en 1970 y Breed en 1975. el mismo tipo de argumentos sería acogido en el famoso caso Gault. a diferencia de un adulto. El hecho que dio origen a este caso fue la condena en el Estado de Arizona a un niño de 15 años a la medida de internación en la escuela industrial del Estado por un período que se extendía hasta la fecha en que cumpliera 21 años. como parens patriae. El podría ser obligado a obedecer sus padres. La Corte Suprema. que habría reconocido los hechos en una primera audiencia al ser interrogado en el tribunal. aplicaron respectivamente el estándar de la duda razonable y la prohibición del doble juzgamiento por los mismos cargos –en tribunal juvenil y criminal de adultos–). tenía derecho “no a la libertad.
192). informal y protector”. A modo de ejemplo. y que el objeto de la investigación no era necesariamente la determinación de los hechos. 1998. por ejemplo. al punto que hoy en día se discute seriamente si se justifica o no mantener los tribunales juveniles. En el fallo Gault. y que en ese caso “el sistema de tribunal juvenil tendría poca necesidad de existir”. la Corte Suprema llegó a afirmar en esta sentencia que la introducción del sistema de jurados a los procesos juveniles acarrearía la misma formalidad y demora propias del juicio público.”. El año pasado. existía una lista de 70 jóvenes en espera de la ejecución de condenas de muerte dictadas por hechos cometidos mientras eran menores de edad 5 . incluso en los aspectos más duros. Basándose en la idea de que pese a los criterios sustentados en los casos Gault y Winship. citado por Gardner. pero nunca dejó en claro si todo el sistema de justicia juvenil podía ser asimilado al proceso penal de adultos (“un procedimiento donde el asunto es si el niño puede ser declarado “delincuente” y sujeto a la pérdida de su libertad es comparable en seriedad a la persecución criminal”.. podemos mencionar que entre 1977 y 1998 fueron ejecutadas 11 personas que tenían menos de 18 años de edad al momento de cometer los crímenes por los que fueron condenados. la Corte no habría reconocido el carácter de juicio criminal de los procedimientos relativos a jóvenes infractores. Por otra parte. 5 Datos tomados de Amnesty International. In Re Gault.. resultando probablemente de ello “el fin efectivo de la perspectiva ideal de un procedimiento íntimo. 150 . pese a que la sentencia hizo referencia a que si los hechos imputados a Gerard Gault hubieran sido cometidos por un adulto la sanción habría oscilado entre una multa de 5 a 50 dólares o prisión por dos meses como máximo. la Corte empleó básicamente el argumento del equivalente funcional entre el proceso penal de adultos y el proceso juvenil en que se imputan delitos a un joven. Para hacer un balance de las implicancias históricas del caso Gault debemos tener en cuenta que la evolución posterior del sistema norteamericano se ha caracterizado por un endurecimiento del trato judicial hacia los jóvenes infractores y por la extensión de la represión a niveles muy exagerados que incluyen la ejecución de jóvenes y las privaciones de libertad excesivas por motivos no necesariamente delictivos. En general lo ocurrido en las dos últimas décadas corresponde a tratar a los niños como si fueran adultos.por un jurado no se extendía a los procesos juveniles aunque los cargos se refieran a hechos que cometidos por adultos constituirían ofensas criminales. se podría afirmar que pese a las implicancias del caso Gault y los otros casos comentados. A modo de conclusión. pag. “Betraying the Young. la Corte no precisó si la sanción aplicada al joven Gault habría sido constitucionalmente válida si éste hubiera contado con las garantías procesales ya señaladas. la atribución de garantías a los jóvenes se realizó sin cuestionar sistemáticamente el soporte jurídico e ideológico de fondo del modelo tutelar.
además de contemplar garantías procesales y penales para todas las personas. se refería también a la juventud y la infancia como colectivos especialmente protegidos (artículos 20. En 1985 se modificó parcialmente el sistema al dictarse la Ley Orgánica del Poder Judicial. señal de la crisis definitiva del modelo tutelar de menores.4). Dicho proyecto no llegó a ser presentado. puesto que está establecido en beneficio del menor. 20 y siguientes contemplaban un sistema en que no existe publicidad del proceso. no interviene abogado defensor (salvo en las situaciones de enjuiciamiento de mayores de 16 años). 27 y 39. España promulgó una nueva Constitución. y –al igual que en todos los sistemas basados en la “situación irregular”– el tipo de medida impuesta y su duración no guardaban relación de proporcionalidad con la mayor o menor gravedad de los hechos imputados. y. en relación a menores de 16 años. y a partir de ese momento se sostuvieron duras críticas al sistema tutelar vigente. en virtud del cual se declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores. en ciertos casos. sino educativo y tutelar”. Además. el primero de los cuales comenzó a funcionar en Bilbao en 1920. Esta ley contempla básicamente una competencia triple de los tribunales de menores: protectora. los miembros del tribunal no eran jueces sino ciudadanos de intachable conducta y vida familiar ejemplar (nuevamente la idea del “buen padre de familia”). En cuanto a las sanciones aplicables (artículo 17). Nos referimos a la sentencia del Tribunal Constitucional español 36/1991 (del 14 de Febrero de 1991). que por lo demás no necesitaban ser acreditados. 1995. “Situación Actual y perspectivas de futuro del tratamiento de los infractores juveniles en España”. 6 Antecedentes extraídos del texto de José de la Cuesta y Esther Giménez-Salinas. también respecto de menores de 16 años. en plena transición democrática luego de la muerte de Franco. En lo procedimental. estas van desde de la “amonestación o breve internamiento” hasta el ingreso a un “establecimiento especial para menores anormales”. y su disposición adicional primera otorgó al Gobierno plazo de 1 año para la presentación de un proyecto que reformara toda la legislación tutelar de menores. de enjuiciamiento de mayores de 16 años. sus facultades eran discrecionales. los artículos 15. pudiendo decidir la aplicación de cualquier medida si se juzgaba necesario aplicar la “facultad reformadora”. y se considera que el procedimiento es no contradictorio.4. 151 . que era tildado de inconstitucional. De acuerdo a su artículo 9. la Constitución.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 España En un contexto bastante diferente y un época más reciente se produjo otro hito jurisprudencial. En 1978. finalmente. reformadora. En España el modelo tutelar data de principios de siglo. creándose los Juzgados de Menores. con la Ley de Bases de 1918 mediante la cual se crearon los tribunales de menores. En efecto. De 1948 data el texto refundido de la Ley y Reglamento de Tribunales Tutelares de Menores6 . “la jurisdicción del tribunal no tendrá carácter represivo.
Madrid y Oviedo presentaron cuestiones de constitucionalidad en relación a algunas disposiciones de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores. los Jueces de Menores creados por la Ley Orgánica de 1985 se vieron enfrentados a tener que aplicar cotidianamente una normativa que muchos consideraban abiertamente inconstitucional. Esta ley introdujo modificaciones no sólo procedimentales sino también sustantivas (el procedimiento se estructuró en tres etapas. básicamente. la intervención de abogados y del Ministerio Fiscal. y se desestimaron las demás cuestiones planteadas). la vetusta y preconstitucional Ley de Tribunales Tutelares de Menores”7. Por sentencia de 14 de Febrero de 1991 el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió las 5 cuestiones de constitucionalidad acumuladas presentadas por los Juzgados mencionados. pero no si se le atribuye una naturaleza distinta”. tal como señala Rocío Cantarero “al momento actual la legislación en la materia es.En este escenario jurídico. Estas medidas posteriores aún se encuentran en fase de proyecto y discusión. “Los Menores y el Derecho Penal”. De esta forma. Frente al vacío en la regulación legal del procedimiento generado por la decisión del Tribunal Constitucional. En la propia exposición de motivos de esta ley se señaló explícitamente su carácter de “reforma urgente que adelanta una renovada legislación sobre reforma de menores. que será objeto de medidas legislativas posteriores”. declarando inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores (además se declaró constitucional el artículo 16 en tanto se interpretara en el sentido indicado en el fundamento jurídico 7º. tendiente a comparar las consecuencias jurídicas de las medidas de esta Ley con las penas del Código Penal. se procedió al año siguiente (1992) a dictar una Ley Orgánica que reforma de manera urgente la Ley de Tribunales Tutelares de Menores (que pasa a denominarse Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores). 1995. a pesar de innegables avances contenidos en la Ley Orgánica de 1992. En el fondo se siguió un criterio de tipo material. p. en el Fundamento Jurídico 7º. hay que tener en cuenta que dicha sentencia afirmó que “El procedimiento previsto en el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores sólo podrá ser considerado constitucionalmente ilegítimo por colisión con el artículo 24 de la Constitución Española si se entiende que se trata de un proceso (o eventualmente de un procedimiento disciplinario o sancionador). 15. y lo cierto es que en el intertanto. Así. Las características y limitaciones de la situación actual en España se comprenden mejor si se tiene en cuenta que el fallo del Tribunal Constitucional no fue tan radical como uno pudiera imaginarse. se creó la figura del Equipo Técnico que asesora al Juez y se fijó un plazo máximo de dos años a la medida de internamiento que puede decretar el Juez). 152 . Así es como los Jueces de Menores de Tarragona. se contempla el principio de oportunidad. en relación al artículo 17 de la Ley (que es el que contempla las medidas aplicables) el Tribunal afirmó: “Es cierto que las conductas que 7 Rocío Cantarero. pero en todo momento se afirmó que no eran totalmente equiparables.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño y los desafíos planteados en materia de justicia juvenil: las lecciones de Estados Unidos y España Volviendo al momento presente. nos referimos a la aprobación en 1989 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. y teniendo en cuenta este breve repaso por 100 años de justicia juvenil. op. pp.. con modificaciones a través de las que se han incorporado elementos propios de los modelos educativo y de responsabilidad. condensando variadas críticas a la situación actual. de las garantías de las que gozaría si no lo fuese”. peso que –a pesar de eliminar parafernalias. cit. Este instrumento marca el punto más alto de reconocimiento de derechos a los niños. trastornar con aquel pretexto las funciones naturales de no pocos órganos y remitir a las víctimas al orden civil– demora y retrasa demasiado la intervención educativa. mezcla de aspectos penales y educativos. El modelo actualmente aplicable en España resulta ser una combinación de aspectos propios de la doctrina tutelar. “se opta por un sistema contradictorio.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 de modo muy laxo describe el artículo cuestionado no son supuestos de hecho para el ejercicio del ius puniendi en su sentido más riguroso. 153 . en su contra. sui generis . de flexibilidad y proporcionalidad.. lleno de incoherencias ideológicas. pero se adoptan precisamente como consecuencia de conductas penalmente tipificadas y resultaría paradójico que la atribución de estas conductas a un menor trajese como consecuencia una disminución.. De acuerdo a Esther Giménez Salinas y José de la Cuesta.. y se enmarca dentro del proceso de positivización de los derechos humanos que hemos presenciado a lo largo del siglo. pero tampoco puede ignorarse que las medidas que el Juez puede adoptar. podemos reflexionar acerca de las implicancias de los dos casos emblemáticos comentados. debemos tener en cuenta que entre el fallo Gault y el del Tribunal Constitucional español se inserta otro hecho histórico de importancia fundamental para todo el tema infancia y dentro de él para los temas relacionados con la responsabilidad penal de los jóvenes. No son penas en sentido estricto. Previo a ello.comportan importantes restricciones a la libertad del menor. sin que logre ocultar su verdadero carácter de juicio y la filosofía punitiva subyacente”8 .(un sistema) que se esfuerza en construir un proceso penal respetuoso de las garantías procesales. 10-11. En conjunto con otros instrumentos internacionales relativos (o aplicables) a la infancia. que en nuestro medio ha sido denominado de la Protección Integral (para más detalles sobre las características de este modelo. constituye la base de un nuevo paradigma o modelo en la consideración jurídica de la infancia. en oposición a las del modelo 8 De la Cuesta y Giménez Salinas..
A muchos les asusta el reconocimiento del carácter 9 Jaime Couso. que en virtud de su particular condición de personas en crecimiento. Estos derechos corresponden por un lado a derechos propios de toda persona frente a la actividad punitiva del Estado.”9 . el reconocimiento del carácter sancionador de la respuesta estatal permite de entrada evitar confusiones respecto a la finalidad de esta intervención. sus derechos fundamentales por sí mismo. Por eso mismo. pueden conducir legítimamente a sanciones necesarias para prevenir ese tipo de atentados. 1998. p. Creemos que el modelo que mejor obedece a los dictados de la CIDN y a la realidad de nuestros países es el de responsabilidad juvenil.. ver el artículo de Mary Beloff en esta misma publicación). merecen una protección adicional en relación a las personas adultas. y en ese sentido la responsabilización tiene un innegable valor educativo. confusión de origen positivista y de consecuencias clasistas y criminalizantes que se encuentra en la base de todos los sistemas tutelares. En palabras de Jaime Couso: “El niño es visto como ciudadano que progresivamente ejerce. que cuando se traducen en la violación de los derechos más básicos de otras personas. por varias razones. se encuentra con un ciudadano enfrente dotado de derechos y al que el ordenamiento jurídico debe ofrecer los medios necesarios para garantizar dichos derechos. y por otro. podemos señalar que el reconocer a los niños la calidad de sujetos de derechos trae aparejado que no se puede. entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial de derechos”. 154 . Pero el Estado. entre las cuales tienen un peso primordial las siguientes: la responsabilidad es inherente a todas las personas. “Problemas Teóricos y Prácticos del Principio de Separación de Medidas. la lógica de la protección de derechos no puede ser la misma que la de infracción de normas penales por el joven. un sistema de responsabilidad juvenil permite terminar con la nefasta confusión entre situaciones de vulneración por niños de bienes jurídicos y/o derechos de otras personas y situaciones de desprotección de derechos de los niños. Sin entrar a analizar todas las implicancias de este nuevo modelo. cada vez en mayor medida. los artículos 37 y 40 de la CIDN reconocen una serie de derechos a los niños. aunque se encuentre presente en diversos grados atendiendo a la fase de desarrollo de éstas. la responsabilidad juvenil permite el vínculo entre un acto infractor de la ley penal con una consecuencia jurídica que es la imposición de una sanción a su autor. 76. vulnerar o restringir derechos. la responsabilidad permite ligar al sujeto con las consecuencias de su acto. a derechos específicos de los niños. Al mismo tiempo se reconoce un cierto grado de responsabilidad del joven por sus actos.. y exige contemplar mecanismos jurídicos que permitan dar efectividad a los derechos de los niños en estas instancias. y las vías de acción por parte del Estado deben ser adecuadamente separadas. Para los casos de infracción de normas penales. bajo el pretexto de la protección de estas personas. en su actitud sancionatoria-preventiva. La discusión en torno a la adecuación de las legislaciones nacionales a la CIDN en esta materia ha sido considerable.de la “situación irregular”.
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 penal de las infracciones y de la respuesta estatal. cit. lo cual es en cierto modo una reminiscencia de la doctrina de la situación irregular y del paradigma etiológico de la criminología de inspiración positivista. en los casos en que sea imposible obviarla. p... operando siempre como último recurso y por el mínimo tiempo posible. Pero en relación a esto hay que ser claros en afirmar que un sistema de responsabilidad juvenil acorde a los planteamientos de la CIDN y la protección integral debe necesariamente ser un derecho penal de mínima intervención. ésta se aplique al final de un procedimiento respetuoso de los derechos del joven. una separación coherente de vías exige renunciar efectivamente a toda intervención coactiva en los casos de conductas delictivas cometidas por niños bajo la franja de responsabilidad especial (por el contrario. más bien la novedad en esta área está dada por la aplicación de garantías. resulta imperativo que. pues se asume que tras toda infracción existe un déficit social o educativo). materialmente es claro que a los niños y adolescentes se les ha estado aplicando durante este siglo un sistema penal. desarrollémosla en las mejores condiciones”10 . Es más. Un imperativo claro de la CIDN es reducir la privación de libertad al mínimo. mientras no se renuncie a la sanción. una fundamentación clave para la aplicación actual de un sistema penal a los adolescentes surge de la constatación práctica de que nuestras sociedades no están dispuestas a tolerar que cometan ciertas conductas graves y que de una forma u otra –abierta o velada. reduzcamos la pena privativa de libertad al mínimo y. Por otra parte. La propuesta de este modelo ha sido definida por Rocío Cantarero en la siguiente forma: “. Ante la realidad de este “fraude de etiquetas” no es enteramente correcto que los sistemas de responsabilidad juvenil innoven en cuanto a la aplicación de penas a la infancia. y desprovisto de garantías. op. 24. Por eso. y consagrar para los adolescentes sujetos a este sistema un catálogo de infracciones menor que el equivalente adulto de conductas tipificadas en los códigos penales. 155 . contemplando en lo medular aquellas conductas que representen atentados graves contra derechos de otras personas. tanto o más punitivo que el otro. Además.conservemos y ampliemos los avances en favor de la dignidad de la persona del moderno derecho penal y penitenciario. Esto es comprensible si tenemos en cuenta el grado de deslegitimación y desprestigio que el derecho penal ha alcanzado en estos tiempos por su incapacidad para reducir el nivel de violencia en nuestras sociedades y por cumplir reales funciones de reproducción de la pobreza y ejercicio de control sobre los sectores más desfavorecidos de la población. donde efectivamente se compruebe la comisión 10 Rocío Cantarero. a pretexto de protección o de cualquier otro– en la actualidad se les sanciona .. lo que implica despenalizar absolutamente las conductas de los niños por bajo cierto límite de edad (que en las propuestas y leyes implementadas suele variar entre los 12 y los 14 años). la tendencia ha sido en los países latinoamericanos a mantener una derivación automática a los sistemas de protección.
Está comprobado que en nuestros países los sistemas de justicia de menores han operado como sucedáneo de políticas que remuevan en los sectores más vulnerables de la infancia los obstáculos para acceder a todos los derechos que implica su ciudadanía plena (civil. que en ningún caso hacían excepción en su vigencia a las personas por debajo de cierta edad (al igual que las constituciones de los países latinoamericanos). 1998. El ejemplo español es más reciente. y en ese sentido la propuesta original de los “salvadores de la infancia” de sustraer a los niños del derecho penal es éticamente compartida. respetando formalmente las garantías del debido proceso.del hecho y su participación. 156 . una reflexión importante a la luz de la evolución sufrida en este siglo por los sistemas de justicia juvenil es que luego de la CIDN no es posible realizar maquillajes a los sistemas basados en la situación irregular. el autor comparte la idea de que el horizonte que debe guiar nuestros esfuerzos es el de la despenalización progresiva. La lección que podemos extraer del caso Gault –contextualizando en todo caso que se dio en un escenario pre-CIDN– es que para los Estados no es tan costoso otorgar garantías procesales. y de Jaime Couso y otros. cuyas principales materias son las de si en un sistema que se reconoce como punitivo se pueden atribuir o no finalidades socioeducativas a las medidas o sanciones y la del rol de la consideración de circunstancias personales y familiares del joven en la determinación de sanciones11. y que si el complejo de fundamentos del modelo no cambia sustancialmente. La protección 11 En torno a estos temas se recomienda consultar los excelentes trabajos de Mary Beloff. y mientras esto no sea posible. en rigor habría bastado para obtener este resultado la aplicación coherente de las normas constitucionales. pero con todas sus consecuencias: debe tratarse de una despenalización efectiva. Estamos obligados a ir más allá. Ayuda o Sanción?”. política y social). no de nuevos fraudes de etiqueta. y por eso debe ser muy tenido en cuenta por los países que estamos en pleno proceso de adecuación legislativa de las normas relativas a la infancia: para que operen garantías procesales básicas en los procedimientos relativos a jóvenes infractores no era necesario esperar a la aprobación de la CIDN. en aras de un sistema garantista y de intervención mínima en lo punitivo (y máxima en cuanto a políticas sociales universales que prioricen a toda la infancia). “Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina”. lo que se aplique debe ser un sistema penal. 1999. La protección integral de los derechos de los niños exige desmantelar el aparataje jurídico e ideológico de los modelos tutelares. “Derecho Penal de Adolescentes: ¿Educación. Para finalizar este artículo. por más que impliquen dotar a los procedimientos de las mismas garantías que tienen los adultos acusados de cometer delitos. con vista a la abolición del derecho penal. No es posible entrar aquí a tratar las discusiones acerca de las diversas formas de implementación de este modelo. post-CIDN. el resultado puede llegar a ser contraproducente: a los niños se les sanciona con la misma dureza que a los adultos. Sin perjuicio de esta consideración necesaria y realista.
. varios autores.JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO Nº9 integral de los derechos del niño exige ir mucho más allá del simple reconocimiento de las garantías de que gozan los adultos. José Luis y Giménez-Salinas. en Infancia Ley y Democracia en América Latina . compiladores. Inc. Y la exigencia no se agota aquí. “Los Menores y el Derecho Penal”. Gardner. Como ha señalado Mary Beloff (op. Derecho Penal de Adolescentes: ¿Educación. Una reforma que se circunscriba a los aspectos de administración de justicia y no aborde todos los demás desafíos que plantea la protección integral de los derechos del niño. conlleva el grave peligro de colapso y deslegitimación de los sistemas de responsabilidad juvenil. Mary (1998). 1998. Beloff. Nº 7. agosto. Esther (1995). puesto que la situación irregular continua actuando de forma criminalizadora reclutando entre las capas pobres de la población infantojuvenil la futura clientela de los sistemas de responsabilidad juvenil y de justicia penal de adultos. Bibliografía Amnesty International (1998). Ayuda o Sanción? UNICEF/Universidad de Chile. entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial de derechos”. Legal Series . UNICEF/Corporación OPCION. En Derecho Privado y Constitución. 157 . Matthew Bender & Co. Situación Actual y perspectivas de futuro del tratamiento de los infractores juveniles en España . Cantarero. Rocío (1995). Betraying the Young: Human Rights violations against children in the US Justice.”. cit. sobre todo en materia de políticas sociales. Santiago de Chile. Jaime y otros (1999). Jaime (1998). y en numerosas intervenciones orales). Emilio García-Méndez y Mary Beloff. USA. Couso. la adecuación a los artículos 37 y 40 no es una adecuación a la CIDN como un cuerpo integral. Martin R. Editorial Temis-Ediciones Depalma. “Understanding Juvenile Law. Couso. Sólo con una reforma integral y sustantiva nuestras sociedades se estarán tomando en serio el imperativo ético y político de la CIDN y de los derechos humanos. NY. Santa Fe de Bogotá-Buenos Aires. hacia el diseño de un modelo de responsabilidad juvenil garantista que tome en cuenta las especificidades de los jóvenes y se oriente por principios de oportunidad e intervención mínima. Los sistemas de resposabilidad juvenil en América Latina. De la Cuesta. En De la Tutela a la Justicia . Facultad de Ciencias Sociales. (1997). “Problemas Teóricos y Prácticos del Principio de Separación de Medidas y Programas. y la protección integral de los derechos del niño podría pasar a ser efectivamente un paradigma que plantea un nuevo proyecto de sociedad.
tomado de Derecho a tener Derecho. Sajón. (1988).Orlando. En Juvenile Justice Worlwide. Defence for Children International. Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia . Nº 1. UNICEF/INN. “Menores en Situación Irregular. 2ª Edición. Platt. Tomo 1. Siglo XXI Editores. “The Centennial of the First Juvenile Court– A wake or a celebration?”. aspectos sociolegales de su protección”. Frank (1999). originalmente publicado en Boletín del INN Nº 230. Tomo 63. 158 . Anthonny M. Rafael y otros.
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