Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43619494
Timestamp: 2019-04-23 16:49:09
Document Index: 161815287

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 241', 'artículo 44', 'artículo 154', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 226', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 65', 'artículo 81', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 65', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 226', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 113', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 80', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 226', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 80']

Sentencia de Constitucionalidad nº 071/03 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619494
Sentencia citada en: 17 sentencias, 6 artículos doctrinales, 31 disposiciones normativas
Revisión constitucional de la Ley 740 del 24 de mayo de 2002 ''Por medio de la cual se aprueba el ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA'', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)''
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 30 de mayo de 2002, fotocopia auténtica de la Ley 740 del 24 de mayo del año 2002 por medio de la cual se aprobó el ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)''.
''LEY No. 740
Por medio de la cual se aprueba ''EL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA'', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000).
Visto el texto del ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA'', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000), que a la letra dice:
Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo ''el Convenio'',
a) Por ''Conferencia de las Partes'' se entiende la Conferencia de las Partes en el Convenio;
b) Por ''uso confinado'', se entiende cualquier operación, llevada a cabo dentro de un local, instalación u otra estructura física, que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados por medidas específicas que limiten de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio;
c) Por ''exportación'' se entiende el movimiento transfronterizo intencional desde una Parte a otra Parte;
d) Por ''exportador'', se entiende cualquier persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de exportación que organice la exportación de un organismo vivo modificado;
e) Por ''importación'' se entiende el movimiento transfronterizo intencional a una Parte desde otra Parte;
f) Por ''importador'' se entiende cualquier persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de importación que organice la importación de un organismo vivo modificado;
g) Por ''organismo vivo modificado'' se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna;
h) Por ''organismo vivo'' se entiende cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides;
i) Por ''biotecnología moderna'' se entiende la aplicación de:
j) Por ''organización regional de integración económica'' se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la cual los Estados miembros han transferido la competencia en relación con los asuntos regidos por el presente Protocolo y que está debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él;
k) Por ''movimiento transfronterizo'' se entiende el movimiento de un organismo vivo modificado de una Parte a otra Parte, con la excepción de que a los fines de los artículos 17 y 24 el movimiento transfronterizo incluye también el movimiento entre Partes y los Estados que no son Partes.
2. La ''introducción deliberada en el medio ambiente'' a que se hace referencia en el párrafo 1 supra no se refiere a los organismos vivos modificados que esté previsto utilizar directamente como alimento humano o animal o para procesamiento.
A. de recibo de la notificación
c) Solicitar información adicional pertinente con arreglo a su marco reglamentario nacional o al anexo I.A. calcular el plazo en que la Parte de importación ha de responder, no se contará el número de días en que la Parte de importación haya estado a la espera de la información adicional pertinente, o
a) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifica claramente que ''pueden llegar a contener'' organismos vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional. La Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, adoptará una decisión acerca de los requisitos pormenorizados para este fin, con inclusión de la especificación de su identidad y cualquier identificación exclusiva, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;
a) L., reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación del Protocolo, así como la información requerida por las Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo;
a) F. y facilitarán la concienciación, edu cación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos internacionales;
b) P. asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados identificados de conformidad con el presente Protocolo que puedan ser importados.
c) R. y utilizar, cuando proceda, los servicios, la cooperación y la información que puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos no gubernamentales e intergubernamentales competentes;
El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del S. General de las Naciones Unidas.
c) V.. Características del vector, incluida su identidad, si la tuviera, su fuente de origen y el área de distribución de sus huéspedes;
h) Medio receptor. Información sobre la ubicación y las características geográficas, climáticas y ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad biológica y los centros de origen del probable medio receptor
ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase el ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA'', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000).
ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA'', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dada en Bogotá, D.C., a los 24 de mayo de 2002.
C.M.Z..''
Respecto de los antecedentes para la celebración del instrumento, señala que el mismo constituye una respuesta a los avances científicos en el campo de la biotecnología, que posibilitan la utilización y modificación genética de sistemas biológicos y organismos vivos, mediante aplicaciones tecnológicas, y a la necesidad puesta de presente en el Convenio de Diversidad Biológica de 1992 Aprobado mediante la Ley 165 de 1994. Sentencia C-519 de 1994. de adoptar un protocolo jurídicamente vinculante que regule procedimientos en el campo de la transferencia, manejo y uso de Organismos Vivos Modificados que puedan tener un efecto adverso en la biodiversidad y sus componentes -artículo 19.3.del Convenio-.
De otro lado, para justificar la constitucionalidad del instrumento bajo examen transcribe la exposición de motivos presentada ante el Congreso para la aprobación del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 740 de 2002, aprobatoria del Protocolo bajo examen - folios 206 a 218 del expediente -. Gaceta del Congreso No. 90 del 27 de marzo de 2001, páginas 12 a 24.
Igualmente, señala que el Protocolo de Cartagena encuentra su sustento constitucional en los artículos 8º, 79 y 81 de la Constitución. Afirma que el instrumento propende por la protección de los recursos naturales del Estado colombiano, pues constituye una herramienta efectiva que permite controlar la importación, exportación y manipulación genética de seres vivos, que en un momento dado pueda afectar los recursos naturales del país -artículo 8 C.P.-.
En ese sentido, también corresponde a la obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente y garantizar a todas las personas el goce de un ambiente sano -artículo 79 C.P.-. Señala que con base en tales obligaciones, el Estado ha celebrado otros instrumentos internacionales que tienen por objeto la protección del medio ambiente como: el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa ozono, con sus enmiendas de Londres en 1990 -Ley 29 de 1992-, el Convenio Internacional sobre protección biológica -Ley 162 de 1994-, y el Convenio 170 y la Recomendación 177 de la O.I.T. sobre seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados en la reunión de la Organización de 1990 -Ley 55 de 1993-.
Finalmente, manifiesta que con la aprobación del Protocolo se da cumplimiento a la obligación del Estado de regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional -artículo 81 C.P.-.
Ello, por cuanto los avances de la biotecnología moderna, a través del desarrollo de la ingeniería genética -utilización de nuevas técnicas de recombinación de ADN, anticuerpos monoclonales y nuevos métodos de cultivo de células y tejidos-, causan una serie de repercusiones que oscilan entre la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria y acabar con la hambruna del mundo y la posibilidad de que se afecten los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana.
Por otra parte, señala que el Protocolo es desarrollo de los artículos 80 y 226 de la Constitución, dado que a través del control transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados, busca la protección y la preservación de los recursos naturales y la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Así mismo, constituye una realización del deber de las personas de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, para cuyo cumplimiento deben tomarse medidas como las contenidas en el Protocolo objeto de revisión -artículo 95 C.P.-.
Finalmente, señala que el Protocolo es respetuoso de las normas constitucionales que orientan el ejercicio de las relaciones internacionales -artículos 9º y 227 C.P.-, pues su contenido observa la soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como quiera que constituye, además, un complemento necesario de los Convenios suscritos por el Estado sobre el tema, armonizando la Constitución con los diferentes instrumentos internacionales que se encuentran vigentes.
Igualmente señala que el numeral 3 del artículo 2º del Protocolo en estudio, al disponer que los Estados Partes cumplan las obligaciones que allí se imponen de conformidad con los principios de igualdad soberana e igualdad entre los Estados y de no intervención en los asuntos internos, desarrolla la previsión constitucional de que las relaciones exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos -artículo 9 inc. 1 C.P.-.
Finalmente, manifiesta que el artículo 25 del instrumento bajo examen, adoptado con el fin de perseguir judicialmente las actividades ilícitas allí descritas, al señalar que cada parte adoptará medidas nacionales encaminadas a prevenir y penalizar los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del protocolo, es compatible con las normas de la Constitución que velan por la aplicación de la justicia a todos quienes infrinjan las disposiciones constitucionales y legales -artículos 228 a 230 C.P.-.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política y del artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad del ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)'' y su ley aprobatoria, la Ley 740 del 24 de mayo de 2002.
Examen formal del ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil dos (2000)'' y de su ley aprobatoria
Así mismo, ha señalado que la verificación de los aspectos formales comprende la de la representación del Estado colombiano para la suscripción del respectivo instrumento, su aprobación ejecutiva y el trámite legislativo de la ley aprobatoria a cargo del Congreso de la República, sobre el cabe señalar que corresponde al trámite de una ley ordinaria, como quiera que la Constitución no previó para el efecto uno especial, salvo la necesidad de que el mismo sea iniciado en el Senado de la República -artículo 154 inc. final C.P.-.
El ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)'', fue suscrito por el Ministro del Medio Ambiente de ese entonces, doctor J.M.M., a quien para el efecto le fueron conferidos plenos poderes por el señor Presidente de la República A.P.A. el 15 de mayo de 2000, tal y como consta en la certificación remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que obra a folios 236 a 238 del expediente.
En tal virtud, la Corte concluye que el doctor M.M. tenía la capacidad para obligar al Estado colombiano mediante la suscripción del Protocolo objeto de revisión, en concordancia con el literal a) del numeral 1º del artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Aprobada mediante la ley 32 de 1985. ''Artículo 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. (...)''.
De conformidad con la copia auténtica del texto de la ley que se revisa, la Corte verifica que el P. de la República, doctor A.P.A., impartió la correspondiente aprobación ejecutiva al Protocolo objeto del presente proceso, el 29 de noviembre de 2000, y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República para su correspondiente trámite legislativo.
2.3.1. Los Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente radicaron ante la Secretaría General del Senado de la República, el 20 de marzo de 2001, el proyecto de ley aprobatoria y su correspondiente exposición de motivos, el cual fue radicado con el número 164 de 2001 y fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente. Fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 90 del 27 de marzo de 2001, páginas 12 a 24. -folios 206 a 218 del expediente-.
2.3.2. El informe de ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente, presentado por el Senador elegido para el efecto, R.O.M., fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 295 del 13 de junio de 2001, páginas 4 a 6. -folios 222 a 224 del expediente-.
2.3.4. El mismo S.O.M. fue designado para rendir el informe de ponencia del proyecto de ley en segundo debate ante la Plenaria del Senado de la República, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 432 del 31 de agosto de 2001, páginas 9 a 11. -folios 326 a 328 del expediente-.
2.3.5. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la plenaria del Senado el día 20 de noviembre de 2001, por la totalidad de los 89 senadores que asistieron a dicha sesión, de los 102 que componen dicha Cámara, según consta en el Acta 18 de la mencionada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 611 del 30 de noviembre de 2001, página 23. -folio 316 del expediente-.
2.3.6. El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Representantes y, radicado bajo el número 175 de 2002, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, en donde se designó como ponente a la R.M.E.J.H., quien rindió el informe de ponencia respectivo para primer debate en dicha célula legislativa, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 33 del 12 de febrero de 2002, páginas 1 a 5.-folios 64 a 68 del expediente-.
2.3.7. En la mencionada Comisión, la ponencia fue discutida y aprobada por la totalidad de los 18 miembros asistentes a la sesión del 3 de abril de 2002, según lo certificó el S. General de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en el oficio CSCP3.2 ·43/02, del 8 de julio de 2002. -folio 51 del expediente-.
2.3.8. La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por la R.J.H., fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 123 del 16 de abril de 2002, páginas 9 a12. -folios 60 a 63 del expediente-.
2.3.9. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la mayoría de los presentes, 144 Representantes, en la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes, del 23 de abril de 2002, según consta en el Acta No. 193, publicada en la Gaceta del Congreso No. 194 del miércoles 29 de mayo de 2002. -folios 404 del expediente-.
2.3.10. La ley así aprobada, fue sancionada por el Presidente de la República, doctor A.P.A., con el número 740, el 24 de mayo de 2002, y fue remitida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a esta Corporación, que la recibió en su Secretaría, dentro de los 6 días siguientes, el 30 de mayo de 2002, es decir, dentro del término previsto para el efecto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Análisis material del ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)'' y de su ley aprobatoria
Tal como lo manifiesta su preámbulo, el Protocolo constituye un desarrollo de algunas previsiones hechas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 y es fruto de la decisión tomada por las Partes de dicho Convenio, en Conferencia celebrada el 17 de noviembre de 1995, de elaborar un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezca en particular, para su examen, procedimientos adecuados para un ''acuerdo fundamentado previo'', concepto que se explica posteriormente.
El Preámbulo reafirma así mismo el ''enfoque de precaución'' que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Principio 15 Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente'' Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo junio de 1992. ; el apoyo mutuo que debe existir entre los acuerdos sobre el comercio y el medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible; la necesidad de que el Protocolo se interprete en el sentido de que no modifica los derechos y las obligaciones de una Parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en vigor, y el entendimiento de que la mención que se hace al respecto no significa la subordinación del Protocolo sub examine a otros acuerdos internacionales.
Bajo tales conceptos, el artículo 1º del Instrumento sujeto a examen señala que su objetivo es, de conformidad con el ''criterio de precaución'' aludido, contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, centrándose concretamente en los movimientos fronterizos.
El artículo 3º establece algunas definiciones para los fines del protocolo, de términos utilizados en él, tales como ''organismo vivo modificado'', ''organismo vivo'', ''biotecnología moderna'' y ''movimiento transfronterizo'', entre otros.
De otro lado, los artículos 7 a 12 del Protocolo regulan los aspectos relativos al ''Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo'', en el que deben basarse los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, del cual debe destacarse la posibilidad de las partes de hacer respetar sus normas internas respecto del tráfico de los mismos, la necesaria manifestación del consentimiento de las Partes para su realización con base en los correspondientes conocimientos científicos y la observancia del principio de precaución. Así mismo, el artículo 13 del Instrumento prevé la forma como puede simplificarse dicho procedimiento.
El artículo 27 del Instrumento que se revisa prevé la necesidad de que la Conferencia de las Partes establezca ''un proceso'' en relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, en un plazo máximo de 4 años, teniendo en cuenta las formas de los procesos que al respecto se siguen en el derecho internacional.
La Constitución de 1991 contiene numerosas disposiciones relativas a la preservación y conservación del ambiente y a la salvaguarda de los elementos naturales que pertenecen al Estado Colombiano y que resultan indispensables para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El ordenamiento superior establece en este sentido los derechos de las personas a disfrutar de un ambiente sano, así como los deberes que les incumben respecto del mismo; igualmente, diferentes deberes del Estado relativos a la necesidad de garantizar dichos derechos, que se manifiestan en diversos campos de la actuación del aparato estatal y de los particulares. Las disposiciones que se refieren al ambiente son, entre otros, el Preámbulo; los Arts. 8o., 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2, 310, 313-9, 317, 330-5, 331, 333, 334, 339, 340 y 366.
De otro lado, el tema ecológico ha sido objeto de variados pronunciamientos de la Corte, a través de fallos de constitucionalidad y de tutela, en los que ha delineado la protección constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano y los deberes que le corresponden al Estado para garantizar el mismo, de forma que opere como recurso necesario para lograr el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los coasociados -artículo 2º C.P.- T-411/92, T-415/92, T-428/92, T-528/92, T-536/92, T-028/93, T-067/93, T-163/93, T-251/93, T-254/93, T-380/93, T-471/93, T-469/93, T-014/94, T-028/94, entre otras..
Ahora bien, en relación con la diversidad biológica El Convenio sobre Diversidad Biológica, define a la diversidad biológica como ''la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especia, entre las especies y de los ecosistemas''. Otras acepciones del mismo término, fueron tenidas en cuenta en la Sentencia C-519 de 1994., la Constitución contiene diferentes disposiciones con el fin de asegurar su preservación. En efecto, el artículo 8º de la Constitución prevé la obligación de las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación, el artículo 79 establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el artículo 81 consagra la responsabilidad que le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional y los artículos 65 y 71 obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales.
Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo.'' Si bien la importancia de la discusión relacionada con la biodiversidad se centra en aquellas áreas de reconocida variedad -y la mayoría de las veces de gran fragilidad- ecológica, esta Corte es consciente de que las medidas administrativas, políticas y económicas que se tomen al respecto no deben cobijar exclusivamente estas situaciones. En otras palabras, al ser la humanidad -presente y futura- el sujeto jurídicamente interesado y, por ende, responsable por la conservación y preservación de un ambiente sano, entonces las decisiones que adopte deben estar encaminadas a la protección de esos intereses en todos los niveles del desarrollo. De ahí que, por ejemplo, sea necesario plantear la necesidad de buscar medidas de amparo para la biodiversidad agrícola, de forma tal que los recursos genéticos que se encuentren y se desarrollen en los países, puedan ser aprovechados en forma responsable para contribuir al problema del hambre y de la nutrición por el que pasan hoy en día la mayoría de las naciones del mundo.''
En ese sentido, el Estado cumple su función cuando desarrolla medidas que tiendan al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dentro de ellas se cuenta la celebración de tratados internacionales que permitan que el Estado cuente con los instrumentos necesarios para proteger su diversidad, dentro de reglas claras que supongan tanto el ejercicio de su soberanía, como la internacionalización de las relaciones ecológicas -artículos 9º y 226 C.P.-. así como las condiciones especiales que presenta Colombia, en cuanto a su nivel de biodiversidad, que le imponen al Estado la necesidad de adoptar instrumentos que permitan su debida explotación, dentro del marco de su autonomía y del mejor aprovechamiento con miras al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Al respecto, ver las Sentencias C-519/94 y C-137/96.
''Pero si bien Colombia cuenta con una diversidad biológica de indiscutida magnitud, quizás el aspecto que mayor preocupación debe suscitar por parte de las autoridades y de los asociados es el del potencial genético con que cuenta nuestro país. En nuestro territorio se encuentra una variedad de genes y un material germoplástico de dimensiones económicas y tecnológicas incalculables, pues su adecuada utilización constituye, sin lugar a dudas, fundamento de un futuro alentador en campos como la medicina, la agricultura y la industria. Sin embargo, el conocimiento y el acceso de estos recursos requiere de enormes apoyos científicos y financieros que países como Colombia no se encuentra en capacidad de sufragar. Por ello, es de la mayor conveniencia que el Estado sea consciente de la necesidad de, por una parte, determinar las áreas de especial importancia ecológica y velar por su protección y, por la otra, de ser cuidadoso al negociar con países industrializados la explotación económica de ese material genético, pues tales acuerdos deben acarrear para nuestro país no sólo beneficios económicos sino, lo que es de mayor interés, preparación e información científica y tecnológica que permita en un futuro, no sólo adelantar nuestras propias investigaciones en estos asuntos, sino también contar con información permanente respecto de los avances científicos que se hayan logrado con base en recursos genéticos extraídos del territorio colombiano.''
Al respecto, cabe afirmar que tales fines y justificaciones, previstos tanto en el Preámbulo y el artículo 1º del Protocolo, como en la generalidad de las demás normas del Instrumento, de las que se hará un examen específico en el acápite siguiente de esta Sentencia, se avienen a la Constitución en tanto permiten que el Estado colombiano participe en forma activa del bienestar que generan los avances biotecnológicos, pero de manera en que se proteja la diversa riqueza biológica de que goza el país, la cual fue reconocida por el constituyente a través de la adopción de diferentes normas que garantizan su protección. ''Esta Corporación es consciente de que si bien la protección jurídica del derecho a gozar un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general.'' Sentencia C-519 de 1994
Específicamente, la participación del Estado colombiano en instrumentos como el que corresponde examinar a la Corte, realiza los preceptos constitucionales en los cuales el Constituyente estableció una protección a la riqueza que supone la diversidad biológica con que cuenta el país, labor por la que todas las autoridades deben propender, más aún tratándose de las relaciones internacionales, dado el valor que comparativamente tienen nuestros ecosistemas con los de los demás Estados Al respecto, ver la Sentencia C-519 de 199, por medio de la cual se declaró la constitucionalidad del Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y de su ley aprobatoria..
En efecto, la Constitución establece claramente el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para estos fines -artículo 79 C.P.-; así mismo, la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados -artículo 80 C.P.-; y además, la carga de regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. De otro lado, la Carta dispone la cooperación del Estado colombiano con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas -artículo 80 inc. 3- y el deber de propender por la internacionalización de las relaciones ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional -artículo 226 C.P.-.
Así mismo, respecto de la materia a que se refiere el Protocolo bajo examen, esto es la seguridad que debe observarse en las aplicaciones de la biotecnología, la Corte ha reconocido que la adopción de medidas dirigidas a garantizarla resultan acordes con la Constitución, en consideración a los riesgos que dicha tecnología supone y a los variados beneficios que comporta, tal y como se reconoce en el siguiente aparte de la Sentencia C-137 de 1996 Por medio de la cual se revisó la constitucionalidad del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983 y su ley aprobatoria.:
''9. De igual modo, de la normatividad constitucional reseñada, relativa a la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, se desprende que la formulación de políticas y, en especial, la fijación de las reglas de seguridad atinentes a las condiciones de explotación y aprovechamiento de estos bienes en territorio colombiano y a su control y vigilancia, son competencia del Estado colombiano. El fundamento de esta competencia radica en el hecho de que la preservación del medio ambiente constituye una responsabilidad inherente a la soberanía del Estado. En efecto, el mandato constitucional en materia de protección ambiental, que recae sobre los poderes públicos les impide despojarse de sus atribuciones de control y vigilancia en materia de recursos naturales, dentro de los que se encuentran los recursos biológicos y genéticos.
En particular, resulta fundamental, en este punto, resaltar los efectos de la investigación genética y biotecnológica sobre la biodiversidad y la producción de alimentos. El material biológico o genético puede sufrir mutaciones durante el proceso de investigación hasta el punto de crear nuevas especies, altamente destructivas o perjudiciales, que pongan en peligro la integridad de otros recursos biológicos y genéticos, así como la conservación de las culturas tradicionales, la salud e incluso la vida de los habitantes. Por estos motivos, las condiciones de seguridad en la manipulación de este tipo de material son uno de los aspectos claves que la Corte debe tener en cuenta al momento de revisar la constitucionalidad del Tratado sub-examine. Los parámetros que la Constitución impone para la fijación de normas mínimas de bioseguridad por parte de las autoridades competentes - y que no pueden ser desconocidos por ninguna norma de derecho internacional -, se encuentran en las disposiciones que hacen recaer, en cabeza del Estado, la promoción de la salud de todos los colombianos (C.P., artículo 49), la obligación de proteger los recursos naturales y el medio ambiente (C.P., artículo 8°), la especial protección a la producción alimentaria (C.P., artículo 65) y el monopolio regulatorio en materia de recursos genéticos (C.P., artículo 81).''
Otro tanto cabe decir respecto de la importancia que se da en el Protocolo en estudio a la preservación de la vida del ser humano, pues uno de los fines de los mecanismos de seguridad que el instrumento prevé, es el de contrarrestar los eventuales riesgos que se derivan de la movilización de los organismos vivos modificados, en su salud. En efecto, el Estado no solamente está obligado a garantizar el derecho a la vida de las personas -artículo 11 C.P.-, sino que las autoridades deben garantizar su acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud -artículo 49 C.P.-, garantía que se aumenta si el Estado colombiano tiene una debida participación en los avances que cada día se producen en la biotecnología de una forma lo más segura posible.
De otro lado, la posibilidad de que el Estado colombiano participe de los avances científicos de la biotecnología de una forma segura, resulta acorde con el deber constitucional que tiene, de proteger especialmente a la producción de alimentos y de promover la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad -artículo 65 C.P.-. Así mismo, el Protocolo en estudio otorga la oportunidad de participar de los avances a que se llegue en otras materias a las que puede aplicarse la biotecnología, tales como la salud, la actividad agropecuaria y, en general, en la calidad de vida de los asociados, promoviendo así el goce de los derechos de las personas -artículo 2º C.P.-.
Así mismo porque los mecanismos previstos en el Protocolo para el logro de sus objetivos, como el ''Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo'', al que se hará referencia posteriormente, se desarrollan bajo la consideración de la situación de dichos países, aumentando su posibilidad de relacionarse en forma más justa e igualitaria, lo que resulta acorde con los principios de soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, sobre los cuales deben construirse las relaciones internacionales del Estado -artículos 9º y 226 C.P.-.
El artículo 2º trae algunas disposiciones generales sobre la forma como debe aplicarse e interpretarse el Protocolo objeto de estudio. En efecto, se prevé la obligación de las Partes de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para cumplir los compromisos establecidos en el instrumento; la no afectación de la soberanía de las Partes sobre su mar territorial, zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y el respeto de la libertad de navegación de acuerdo con los tratados internacionales; así como la posibilidad que tienen los Estados de establecer medidas más estrictas para proteger su biodiversidad, siempre que sean compatibles con el Protocolo. Al respecto debe decirse que todas son medidas que resultan coherentes con el objetivo del tratado y necesarias para su correcta aplicación, además de respetar los principios constitucionales que gobiernan las relaciones internacionales del Estado -artículos 9º y 226 C.P.-, por lo que no se encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre las mismas.
Dicha obligación desarrolla, no sobra reiterar, el principio internacional del Derecho Ambiental conocido como ''criterio de precaución'', según el cual, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, lo cual es completamente compatible con el deber constitucional de prevenir y controlar los factores del deterioro del ambiente, los ecosistemas y la diversidad biológica (art. 80 C.P.).
Así mismo, los artículos 4º, 5º y 6º definen el ámbito material de aplicación del Protocolo que por corresponder estrictamente al objeto del mismo, deben ser declaradas constitucionales. Cabe destacar que cuando dichos artículos excluyen de la aplicación del tratado ciertos eventos como los correspondientes a organismos vivos modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos o los que únicamente se encuentran en tránsito o para uso confinado, dejan a salvo la soberanía de los Estados para que dispongan la regulación que se debe aplicar dentro de su territorio en estos casos de acuerdo con sus normas nacionales y con los tratados internacionales que hayan suscrito, lo cual resulta concordante con los principios constitucionales y de derecho internacional reconocidos por Colombia de reciprocidad y soberanía que deben orientar las relaciones internacionales del Estado colombiano -artículo 9º y 226 C.P.-.
Los artículos 7º a 12 del Protocolo objeto de examen, reglamentan el mecanismo ideado por el Protocolo tendiente a materializar los objetivos que se proponen con su suscripción, esto es, el ''Acuerdo Fundamentado Previo''.
En efecto, dicho ''Acuerdo Fundamentado Previo'' es el procedimiento (art 7 del Protocolo) que se establece para los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, y que deben aplicar ''la Parte de exportación'' y ''la Parte de importación'' del material a movilizar; procedimiento que prevé los requisitos de información, notificación y decisión que una y otra Parte debe aplicar para efectuar los movimientos a que se refiere el Protocolo.
Es decir que la expresión ''acuerdo fundamentado previo'' , no se está refiriendo a la celebración de acuerdos entre el Estado de importación y el Estado de exportación para desarrollar el Protocolo Ver las Sentencia C-363/00 M.P.A.T.G., C-1439/00 M.P.M.S.M. C-303/01 M.P.M.G.M.C., C-862/01 M.P.M.J.C.E.. En las que esta Corporación se ha pronunciado sobre la validez de los acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos. , sino que se refiere es al procedimiento que el Protocolo subexamine establece para que se manifieste la aceptación por un país Parte en el Protocolo de la posibilidad de que ingrese a su territorio un organismo vivo modificado, así como la del país exportador de efectuar la exportación de dicho organismo.
Para el efecto ''la Parte de exportación'' que pretenda efectuar un movimiento transfronterizo de un organismo vivo modificado, deberá notificar (arts 8 y 9 del Protocolo) tal intención a la ''Parte de importación'', la que, luego de evaluar el riesgo para su ecosistema de dicho movimiento (art. 15 del Protocolo) decidirá y comunicará (art. 10 del Protocolo) a la Parte de exportación, si acepta o no el ingreso a su territorio de dicho organismo.
Cabe resaltar que en dicho procedimiento se establece (at. 12 del Protocolo) la posibilidad para ''la Parte de Importación'', es decir el país que ha aceptado el ingreso a su territorio de determinado organismo vivo modificado, de revisar y modificar su decisión en cualquier momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los riesgos para la salud humana.
Sobre la misma base de la decisión soberana del Estado respectivo el artículo 13, prevé la posibilidad de simplificar los procedimientos aludidos cuando así lo manifieste ''La Parte de importación'' ante el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. En ese caso el movimiento transfronterizo de un organismo vivo modificado podrá efectuarse al mismo tiempo que se notifica a ''la Parte de importación'', de la misma manera que dichos movimientos podrán quedar exentos del procedimiento de acuerdo fundamentado previo, si así lo decide el Estado referido.
De modo que dichas disposiciones son armónicas con los principios que por mandato constitucional deben orientar las relaciones del Estado colombiano, como los de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional reconocidos por Colombia, que garantizan que el desarrollo de las relaciones internacionales se lleve a cabo sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional -artículo 226 C.P.-.
La Corte llama la atención sobre el hecho de que en el caso de que dicha decisión resulte adoptada sin el voto favorable de Colombia, (bajo el supuesto de que el reglamento de la Conferencia de las Partes adoptado por consenso según el artículo 29 del Protocolo Artículo que remite a su vez en este aspecto al reglamento de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. Convenio que no sobre precisar es el que desarrolla, en uno de sus aspectos, el Protocolo sub examine. , permitiera la posibilidad de que las decisiones de dicha Conferencia se adopten con una mayoría determinada y no por unanimidad) nada impide que el Estado Colombiano establezca para los organismos vivos modificados incluidos en la decisión a que alude dicho numeral 4 del artículo 7 del Protocolo las medidas previas a su importación que estime pertinentes para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en su territorio y en particular a que efectúe una evaluación de riesgo de los mismos antes de adoptar una decisión sobre dicha importación.
Una interpretación sistemática del protocolo y en particular de los artículos 2-numeral cuarto Numeral que señala dentro de las normas generales del tratado el principio de que ''Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el Protocolo, siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones del presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa Parte dimanantes del derecho internacional., 4, 5 y 6 Artículos que fijan el ámbito de aplicación del tratado y de los que se desprende que sus normas se establecen ''sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la importación que del mismo se haga'' a su territorio. del Protocolo, llevan a la Corte en efecto a esa conclusión, que se desprende claramente del texto del tratado, sin que sea necesario por tanto que el Estado colombiano efectué al respecto una declaración interpretativa, como si ha sido el caso en relación con otros instrumentos internacionales Las declaraciones que, dentro de la órbita de sus competencias como director de las relaciones internacionales, el Presidente de la República puede realizar respecto de la forma correcta de interpretar las normas de un instrumento internacional para que armonicen con los postulados constitucionales no constituyen reservas a los mismos, ni mucho menos su inconstitucionalidad. Dichas declaraciones únicamente tienen como finalidad que las obligaciones que se derivan de la celebración de dichos instrumentos, sobre las cuales pueden caber interpretaciones que contraríen la Constitución, sean compatibles con sus mandatos, de modo que si existe una precepto en un tratado o una convención cuya interpretación pueda desconocer la soberanía del Estado Colombiano, corresponde realizar las declaraciones pertinentes con el objeto preservar el ordenamiento jurídico constitucional.
''la Corte señala las materias respecto de las cuales procede, sin que ello contraríe el Estatuto, que el P. de la República, en el ámbito de sus atribuciones, declare cuáles son las interpretaciones de algunos apartes del mismo que armonizan plenamente la Constitución con el Estatuto de Roma. Dicho señalamiento por la Corte en ningún caso supone que existe una inconstitucionalidad parcial del Estatuto. Esta determinación obedece al cumplimiento del principio fundamental según el cual todas las autoridades tienen como finalidad asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2 C.N.), así como al propósito de concretar el mandato de colaboración armónica entre los órganos que integran las ramas del poder público, dentro del respeto a las órbitas de competencia de cada uno, en este caso, de la Corte Constitucional a la cual se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y del Presidente de la República al cual se le ha atribuido la dirección de las relaciones internacionales de Colombia (artículo 113 C.N). .
Finalmente, la Corte llama la atención, acerca de la posibilidad que tiene el Estado Colombiano de efectuar, en ausencia de marco reglamentario nacional para el efecto, la declaración a que alude el numeral 6 del artículo 11 del protocolo Artículo 11 Procedimiento para organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la importación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo a su marco reglamentario nacional que sea compatible con el objetivo del presente Protocolo.
Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte que sea país con economía en transición podrá declarar, en ausencia del marco reglamentario nacional a que se hace referencia en el párrafo 4 supra y en el ejercicio de su jurisdicción interna, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, que su decisión anterior a la primera importación de un organismo vivo modificado destinada para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, sobre la cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 supra, se adoptará de conformidad con lo siguiente:
Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el Anexo III, y
Una decisión adoptada en plazos predecibles que no excedan los doscientos setenta días.
El hecho de que una Parte no haya comunicado su decisión conforme al párrafo 6 supra no se entenderá como su consentimiento o negativa a la importación de un organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento a menos que esa Parte especifique otra cosa.
sub examine, declaración que no plantea ninguna dificultad de orden constitucional y que podrá hacerse de acuerdo con la evaluación que haga el Gobierno de su conveniencia para la mejor defensa de la biodiversidad biológica y de los intereses del Estado Colombiano.
Al respecto cabe precisar que en la medida en que dichos acuerdos no pueden considerarse como acuerdos complementarios o de desarrollo del Protocolo sub examine y que pueden dar origen a obligaciones nuevas para el Estado colombiano, de conformidad con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso, al control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados Ver al respecto las sentencias C-363/00 M.P.A.T.G., C-1439/00 M.P.M.S.M. C-303/01 M.P.M.G.M.C., C-862/01 M.P.M.J.C.E...
Sobre este último aspecto cabe destacar que el artículo 18 establece para la Conferencia de las Partes la obligación de adoptar en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, una decisión acerca de los requisitos pormenorizados que debe cumplir la documentación que acompaña a los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, en la que se identifique claramente que ''pueden llegar a contener'' organismos vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional.
La Corte llama la atención sobre el hecho de que la creación del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de Biotecnología facilita al Estado colombiano el acceso a la información necesaria para la efectiva aplicación del Protocolo y el control de su ejecución, lo que debe redundar en la protección de la biodiversidad colombiana y la preservación de la salud de sus asociados, y debe permitir que el Estado colombiano ejerza sus derechos de una forma autónoma y soberana y sobre bases de conveniencia nacional -artículos 9º y 226 C.P.-.
Cabe resaltar que la creación del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de Biotecnología se ve complementada con el deber de cooperación entre las Partes, que se establece en el artículo 22 del Protocolo, para el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad institucional en materia de biotecnología y seguridad de la biotecnología a favor de aquellos Estados que, como el colombiano, son centros de origen y de diversidad genética, pero que carecen de los recursos suficientes para su explotación y preservación, respondiéndose así al deber del Estado de proteger sus recursos y al desarrollo de la calidad de vida de sus coasociados -artículo 2º C.P.-.
Por otra parte, la Corte resalta el contenido del artículo 26 del Protocolo que considera la posibilidad de las Partes de consultar las consideraciones socioeconómicas sobre los efectos de los organismos vivos modificados, al momento de tomar alguna decisión respecto de la importación de los mismos y, en especial, respecto del valor que las comunidades indígenas y locales otorgan a la conservación de la biodiversidad. Tal previsión se dirige al cumplimiento de los fines del Estado de propender por un orden económico y social justo y resulta especialmente compatible con el deber de consultar con las comunidades indígenas las decisiones que tengan que ver con la explotación de los recursos naturales en sus territorios -artículo 2º y 330 C.P.-.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que el manejo de información derivada de la aplicación de instrumentos internacionales está sujeta a los límites que imponen la materia de los mismos, la salvaguarda de la seguridad nacional y el respeto de los derechos de los residentes en el territorio que puedan verse afectados por el uso indebido de esa información confidencial, tal y como lo pone de manifiesto el siguiente aparte de la Sentencia C-328 de 2000 en la que se declaró la exequibilidad de la ley 525 de 1999 ''Por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción", hecho en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)''.
''La Corte considera que, si bien la definición de los secretos de Estado es asunto de resorte del legislador y que, por lo mismo, puede autorizar su divulgación parcial -como lo es permitir que otro Estado posea dicha información-, esta posibilidad únicamente puede permitirse si con ello no se afecta la seguridad nacional. De otra parte, y en relación con la información secreta de propiedad particular, el Estado colombiano no puede soslayar su deber de proteger dicha información, exigible en virtud del artículo 15 de la Carta y de acuerdos internacionales que obligan al país. Por lo tanto, la Corte estima que la posibilidad de que otros Estados mantengan información confidencial de origen privado únicamente puede admitirse bajo el entendido de que su utilización se limite a los estrictos términos de la presente Convención. Así mismo, entiende que cualquier uso incompatible con la Convención de la información confidencial, sea de origen estatal o privado, deberá ser resarcido en términos compatibles con el Derecho Internacional. Por lo expuesto, el estado colombiano tiene la obligación de proteger ante las instancias internacionales los intereses de los residentes en el territorio, afectados por la tenencia y uso indebidos de información confidencial, por fuera de los términos del presente tratado, incluyendo las acciones judiciales pertinentes Sentencia C-328/00 M.P.E.C.M. .
Tales medidas resultan efectivas para proteger la biodiversidad de que goza el Estado colombiano y salvaguardan los intereses nacionales, tal y como lo ordenan los preceptos constitucionales relativos a la preservación del medio ambiente, en especial, la obligación del Estado de exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente -artículo 80 C.P.-, y la forma como deben conducirse las relaciones internacionales.
"Para la Corte es claro que la Convención de Viena como tal no consagra ningún delito sino que establece la obligación de los Estados de definirlos, conforme a su derecho interno. Por eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la obligación internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles ciertas conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el Estado colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular cuando se establezcan las sanciones previstas por los literales b y c del numeral 4 de este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la declaratoria de constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos que la Corte efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente señalados del artículo 3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado colombiano efectivamente defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la conformidad de los mismos frente a la Constitución, si tales normas son eventualmente acusadas ante esta Corporación. " Sentencia C-176/94 M.P.A.M.C..
En la presente oportunidad, evidentemente el protocolo no establece los tipos penales que debe adoptar Colombia, sino que le deja al legislador un razonable margen para señalar las conductas específicas que deben ser penalizadas. Ello implica un reconocimiento expreso a la fuerza vinculante de la Constitución en el orden interno, aspecto que la Corte no pueda más que destacar Ver Sentencia C-328/00 M.P.E.C.M. ..
El artículo 27 señala que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes del Protocolo adoptará, en su primera reunión, ''un proceso'' en relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, para lo que se analizarán y se tendrán debidamente en cuenta los procesos en curso en el ámbito del derecho internacional sobre esas esferas, y tratará de completar ese proceso en un plazo de cuatro años.
Cabe precisar sin embargo que la determinación de normas y procedimientos internacionales en relación con la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, deberá ser objeto de un instrumento internacional específico que no puede considerarse como un simple acuerdo complementario o de desarrollo del Protocolo sub exámine Ver al respecto las sentencias C-363/00 M.P.A.T.G., C-1439/00 M.P.M.S.M. C-303/01 M.P.M.G.M.C., C-862/01 M.P.M.J.C.E... ya que evidentemente puede dar origen a obligaciones nuevas para el Estado colombiano, no previstas en el Protocolo aludido ni en el Convenio sobre la diversidad biológica, por lo que deberá ser sometido a la aprobación del Congreso, al control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados.
Respecto de los artículos 28 a 31 y 33 a 35 del Protocolo, relativos a los organismos que se crean para su funcionamiento y las funciones que se les encargan, la forma de financiar su puesta en práctica y la forma de verificar el cumplimiento de las obligaciones que allí se imponen, las cuales remiten en numerosos aspectos a las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-519/94, debe decirse que corresponden a medidas dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento del Protocolo por lo que no se encuentran reparos en su constitucionalidad, debiéndose señalar que garantizan que el Estado colombiano tenga la posibilidad de participar en la puesta en práctica de los mecanismos de protección que se establecen -artículo 226 C.P.-.
Sobre la remisión que se hace en el artículo 32 a las disposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992 que regulan lo relativo a sus Protocolos, como el que actualmente se estudia, debe decirse que el mismo, al ser integrado al ordenamiento mediante la Ley 162 de 1994 se encuentra vigente y fue declarado acorde con la Constitución por la Corte, por lo que no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno. Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992: (...)
Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de protocolos del presente Convenio.
Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes.
Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate.
La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parte, el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29;
Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte, lo notificará por escrito al Depositario dentro del año siguiente a la fecha de la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente artículo;
Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser Parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo. Parte C. en el presente Convenio.
El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del D..
Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este artículo que pase a ser P.C. en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados Miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales casos, la organización y los Estados Miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.
El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del D..
Respecto de cada parte C. que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el nonagésimo día después de la fecha en que dicha parte C. deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa parte C., si esta segunda fecha fuere posterior.
''De conformidad con el artículo 2o., literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Así mismo, esa Convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus límites, los siguientes eventos: "a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado" (art. 19).
''Lo expuesto lleva a concluir que, como lo dijo ya esta Corte Sentencia C-154 de 1999 M.P.A.B.C., la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores.'' Sentencia C-991 de 2000 M.P.A.T.G.. En el mismo sentido ver la Sentencia C-916/01 M.P.M.J.C.E.S.V.M.J.A.R., A.B.S., R.E.G., Clara Inés Vargas Hernández
Por su parte, en relación con el anexo III, que establece el objetivo, el uso, los principios generales, la metodología y los aspectos a tener en cuenta para la evaluación del riesgo, contiene disposiciones que son compatibles con el deber del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados -artículo 80, inciso 2, C.P.-. En efecto, la aplicación de los principios y metodología establecidos en el referido Anexo no solamente asegura que el Estado colombiano pueda determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica y en la salud humana, sino que también le permite discutir dichos efectos en condiciones de igualdad y reciprocidad, pudiendo dar cumplimiento al Protocolo de una manera fundamentada y debidamente informada, todo lo cual concuerda con los preceptos constitucionales respecto de la diversidad biológica y las relaciones internacionales.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el ''PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)''.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 42535 de 24 de Abril de 2012