Source: https://es.scribd.com/document/240343502/La-Constitucion-en-Los-Estados-Modernos
Timestamp: 2020-02-28 09:21:20
Document Index: 38528405

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 13', 'artículo 118', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 2', 'artículo 103', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 118', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 58', 'artículo 2']

La Constitución en Los Estados Modernos | Regulación | Caso de ley
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SEMINARIO FIN.docx
000187 Lp 3 2006 Gr Pasco Obras Bases Integradas
Ámbito profesional del abogado
El principio de la seguridad jurídica según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Juan Carlos Prado Herrera (*)
EXP. Nºs 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-AI/TC - SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Tipo de proceso Demandante :
Proceso de Inconstitucionalidad Colegio de Notarios de Lima
Colegio de Notarios del Callao Colegio de Notarios de Arequipa Congreso de la República
Demandado Materia
Principio de la seguridad jurídica y derecho a la propiedad
Fecha de publicación Pronunciamiento Base normativa
: 31/08/2003 (Diario Oficial El Peruano) : Demanda INFUNDADA : Constitución Política: Artículos 2° inciso 2), 2° inciso 16), 70° y 103°.
En el presente proceso los demandantes manifestaron que aceptar la alternativa de que la inscripción de los inmuebles que no tengan un costo mayor de 20 UIT sea efectuada mediante formulario registral legalizado por Notario supondría una afectación del principio de seguridad jurídica, pues el formulario registral no presta las mismas garantías de una escritura pública. Según el Tribunal Constitucional al estar comprometida la seguridad jurídica y con ella el correcto desarrollo que debe merecer el derecho constitucional a la propiedad, consideró que existía materia que justifica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Así, dicho órgano colegiado afirma que “la
–––––––––– (*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catedrático Adjunto del Dr. Jorge Campana Ríos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú para el Curso de Derecho Constitucional I. Asesor en Derecho Constitucional. Especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Defensor en Procesos de In- constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ex-Asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros. Miembro del Comité Editorial, Coordinador del Área de Derecho Constitucional y Miembro del Comité Permanente de la Revista RAE Jurisprudencia - Ediciones Caballero Bustamante. Autor de numerosos artículos y ensayos publicados en dicha revista jurídica nacional.
inscripción registral del derecho de propiedad dota de una incuestionable seguridad jurídica al ejercicio
la garantía que reviste el título inscrito será meramente aparente si no
se crean las condiciones razonables y suficientes para que el procedimiento previo a la inscripción esté provisto también de la suficiente seguridad jurídica, pues de lo que se trata es de que el registro sea fiel reflejo de la realidad jurídica extrarregistral.” Sobre la base de lo expuesto, concluye el referido órgano colegiado “y acudiendo al test de proporciona- lidad, el Tribunal ha concluido que la medida de permitir el acceso de los sectores de bajos recursos al registro de propiedad, mediante la reducción de los costos de transacción que supone la utilización del formulario registral legalizado por notario, en lugar de la escritura pública, es proporcional y razonable, pues, no obstante que ello genera un grado de sustracción en la garantía que la seguridad jurídica dis- pensa, el principio no se ve afectado en su contenido esencial”. Por lo tanto, declaró INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad y exhortó al Poder Ejecutivo para que, en resguardo del principio de seguridad jurídica, reglamente el uso del formulario registral legalizado por notario, conforme a determinados lineamientos establecidos en la parte resolutiva de la sentencia.
de ese derecho. Sin embargo (
eXPS. aCUMS. Nºs. 0001/0003-2003-aI/TC
CoLeGIoS de NoTarIoS de LoS dIS- TrIToS NoTarIaLeS de LIMa, CaLLao Y areQUIPa
En Lima, a los 4 días del mes de julio de 2003, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los se- ñores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Te- rry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonza- les Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
Acciones de inconstitucionalidad interpues- tas por el Colegio de Notarios del Distrito No- tarial de Lima contra el segundo y el cuarto pá- rrafo del artículo 7º y el artículo 13° de la Ley N.º 27755, y por los Colegios Notariales de los Distritos Notariales del Callao y de Arequipa contra el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N.° 27755.
Los recurrentes consideran que es inconstitu- cional el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N.° 27755, el cual dispone que la inscripción re- gistral de los inmuebles cuyo valor no sea mayor de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), puede ser efectuada mediante formulario registral
legalizado por notario público y no necesariamen-
El Colegio de Notarios de Lima entiende que
mencionada disposición afecta al principio de
seguridad jurídica, sacrificándolo por la rapidez
en las transacciones presuntamente menos cos- tosas y reduciendo la participación del notario a
un simple verificador de las firmas puestas en los formularios registrales. Consideran que en nada reemplaza a la función notarial en lo que respecta
a la realización de actos jurídicos, pues aquélla
constituye la mejor expresión de seguridad en la formalización de la voluntad de las personas, en tanto que el formulario registral no puede brin- dar certeza fiel de lo que acontece en la realidad
jurídica extrarregistral, pues adolece de una serie de deficiencias, entre las que destacan: carecer de matriz, ser fácilmente falsificable, puede pre
o postdatarse, y no garantiza la legalidad y la
autenticidad de la forma del acto jurídico. Ello –alegan– afectará a la inversión y el derecho de propiedad, generando inseguridad jurídica, lo que provocará conflictos judiciales y una restric- ción de la inversión, y terminará por acrecentar las contingencias económicas e incrementar los costos de transacción. Agregan que la disposición
afecta al principio de igualdad, dado que produci-
rá una situación de discriminación de títulos entre
confiables y no confiables, derivada del origen de
la documentación que posibilita las inscripciones
en el registro público mediante escrituras públicas
y formularios registrales.
Por su parte, los Colegios de Notarios del Ca- llao y de Arequipa consideran que el precepto es incompatible con el artículo 103º de la Constitu- ción, afirmando que se ha legislado contra la na- turaleza de las cosas, pues instituir el formulario
registral supone la importación desarticulada de una institución anglosajona, y que, a diferencia de la tradición anglosajona, en la tradición roma- no-germánica no sólo interesa lo que las partes estipularon en el contrato, sino también en qué condiciones negociaron y firmaron, razón por la cual son relevantes la existencia de un acuer- do de voluntades y el criterio de buena fe de los contratantes. Argumentan, por otro lado, que es la intervención del notario la que permite obte- ner la seguridad jurídica en un momento anterior a la celebración del acto o contrato, a diferencia de la tradición anglosajona en la que la seguridad jurídica se alcanza en un momento posterior y es otorgada por el seguro de título, el cual no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, ma- nifiestan que la escritura pública presenta una se- rie de ventajas frente al formulario registral, pues éste no otorga garantías sobre la legalidad de los actos realizados, ni examina en modo alguno la capacidad, condición de expresión de voluntad y comprensión del significado del acto mismo y sus consecuencias jurídicas; puede ser falsificado con mayor facilidad y no se conserva en una matriz, siendo más probable que el documento se extra- víe, por lo que –en su opinión– son la escritura pública y la posterior calificación registral las que dotan de seguridad jurídica al derecho de pro- piedad. Añaden que se ha legislado en razón de la diferencia de las personas, legislándose según los distintos tipos de propietarios y pretendiendo crear para los propietarios de escasos recursos, una vía más barata para inscribir mediante el pro- cedimiento del formulario registral.
El Colegio de Notarios de Lima estima que son inconstitucionales el cuarto párrafo del ar- tículo 7° y el artículo 13° de la Ley N.° 27755,
indicando que el primero de los preceptos esta- blece la facultad de la Superintendencia Nacio- nal de los Registros Públicos (SUNARP) para extender paulatinamente el uso de los formu- larios registrales a todos los registros públicos que conforman el Sistema Nacional de los Re- gistros Públicos, mientras que el segundo crea una Comisión Especial que debe proponer a la SUNARP todas las disposiciones reglamentarias en materia registral, técnica y administrativa que sean necesarias para la aplicación de la Ley N° 27755; todo lo cual supone una transgresión del inciso 8) del artículo 118° de la Constitución, que reserva para el Presidente de la República, de modo exclusivo y excluyente, la atribución de reglamentar las leyes.
El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda manifestando que me- diante la introducción en nuestro sistema del formulario registral legalizado por notario público, el legislador fomenta el ejercicio ple- no del derecho de propiedad y cumple con el deber de facilitar el acceso del mayor número posible de ciudadanos al registro de propiedad inmobiliaria, buscando promover la igualdad de condiciones en el acceso al registro. Sos- tiene que la medida respeta la tradición jurí- dica romano-germánica de derecho escrito y
codificado. Por otra parte, aduce que la seguri- dad jurídica que garantiza el tráfico de bienes
y servicios se sustenta también en el registro
mismo, siendo necesario que los derechos sean oponibles frente a terceros, lo cual sólo se lo- gra con la publicidad registral y la seguridad jurídica que ésta brinda.
Asimismo, alega que corresponde al reglamen-
to de la ley y demás normas infralegales estable-
cer todas las normas de seguridad pertinentes,
y que debido a que la Ley Nº 27755 no ha sido
aún reglamentada, los demandantes suponen una serie de situaciones ficticias y generadoras de in- seguridad jurídica que en la realidad no resultan probables, porque, de acuerdo con los anteceden- tes legislativos y sus reglamentos, el empleo del formulario registral brinda una mayor seguridad jurídica. Agrega que no es correcto afirmar que
el formulario registral carece de matriz, pues la
Ley del Notariado prevé la posibilidad de que el formulario legalizado se incorpore al protocolo notarial, indicando, además, que el archivo re-
gistral conserva los formularios registrales, posi- bilitando que se pueda obtener una copia del do- cumento original; que es incorrecto sostener que la legalización del formulario registral implica una simple legalización de firmas, ya que se tra-
ta de una función más compleja, respaldada por
las normas y principios de la función notarial, y que es erróneo afirmar que la escritura pública es un documento que tiene “superioridad” fren-
te a cualquier otro, dado que ésta también puede
devenir en nula por contravenir las formalidades establecidas en la ley.
1. Existen incuestionables similitudes e identi- dades entre la presente causa y la resuelta por este Colegiado mediante sentencia del 30 de abril del presente año (Exp. N° 016-2002-AI/ TC). No obstante ello, también es posible advertir diversos factores divergentes entre ambas, lo que justifica un pronunciamiento sobre las nuevas alegaciones planteadas, así como una complementación de determinados aspectos respecto de los cuales este Tribunal ya ha tomado postura.
Seguridad jurídica y el formulario regis- tral legalizado por notario como un nuevo instrumento público notarial
Los recurrentes afirman que el segundo pá- rrafo del artículo 7° de la Ley N° 27755 es inconstitucional, pues al permitir que los in- muebles cuyo valor de mercado no sea ma- yor de 20 UIT, puedan ser inscritos mediante formulario registral legalizado por notario, y no mediante escritura pública, sacrifica, des- proporcional e irrazonablemente, el principio de seguridad jurídica.
En el Expediente N° 016-2002-AI/TC, el Tri- bunal consideró que la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado consti- tucional de derecho, implícitamente recono- cido en la Constitución. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegu- rar al individuo una expectativa razonable- mente fundada respecto de cuál será la actua- ción de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad.
En la referida sentencia, este Colegiado ha re- conocido que la inscripción registral del dere- cho de propiedad dota de una incuestionable seguridad jurídica al ejercicio de ese derecho. Sin embargo, ha sido cuidadoso en señalar que la garantía que reviste el título inscrito será meramente aparente si no se crean las condiciones razonables y suficientes para que el procedimiento previo a la inscripción esté provisto también de la suficiente seguridad jurídica, pues de lo que se trata es de que el
registro sea fiel reflejo de la realidad jurídica extrarregistral. Con esta premisa, y acudien- do al test de proporcionalidad, el Tribunal ha concluido que la medida de permitir el acceso de los sectores de bajos recursos al registro de propiedad, mediante la reducción de los costos de transacción que supone la utiliza- ción del formulario registral legalizado por notario, en lugar de la escritura pública, es proporcional y razonable, pues, no obstante que ello genera un grado de sustracción en la garantía que la seguridad jurídica dispensa, el principio no se ve afectado en su contenido esencial, siendo todavía plenamente reconoci- ble su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico.
Dicha conclusión se encuentra fundamentada en una serie de condiciones, cuya inobservan- cia, si bien no acarrearía una inconstituciona- lidad “de la ley”, en cambio, sí podría provo- car una inconstitucionalidad “en la aplicación de la ley” o, incluso, en su reglamentación. Tales condiciones son los siguientes:
A) Imprescindible intervención del notario:
Del tenor del segundo párrafo del artícu- lo 7° de la Ley N°27755, se desprende la imprescindible participación del notario antes de que el formulario pueda acceder al registro. Este Tribunal ya ha acentua- do la especial relevancia del rol del no- tario en la sociedad, manifestando que “nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial de tipo latino, en virtud del cual el notario es un profesio- nal del derecho que, en forma imparcial e independiente, ejerce una función pú- blica consistente en autenticar, redactar,
conservar y reproducir los documentos, así como asesorar de manera imparcial a quienes soliciten su intervención, in- cluyéndose la certificación de hechos”. (Exp. 04-1997-AI/TC). Así, el notario dota de fe pública y seguridad jurídica a los actos y negocios jurídicos que ante él se celebren. La especial valía que nues- tro ordenamiento jurídico concede a los medios documentales que gozan de la fe pública del notario, exige a su vez de éste una intachable conducta moral.
B) Especial naturaleza del formulario regis- tral legalizado por notario: La institución del formulario registral no es novedosa en nuestro sistema jurídico. El artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 495, que entró en vigencia el 15 de noviembre de 1988, ya contempla su utilización, y, no obstante la antigüedad de su vigencia, el formulario registral no ha sido generador de las diversas inestabilidades jurídicas que los recurrentes alegan, y ello debido, fundamentalmente, a que su incorpora- ción ha sido acompañada de las previ- siones suficientes orientadas a asegurar que el contenido esencial de la seguridad jurídica no se vea afectado. A tales fines han contribuido, por ejemplo, previsio- nes como las contenidas en el artículo 28° del Decreto Supremo N.° 001-90-VC, Reglamento del Registro Predial de Pue- blos Jóvenes y Urbanizaciones Popula- res. Asimismo, debe considerarse que, conforme dejó asentado este Colegiado en el fundamento 9 de la sentencia emi- tida en el Exp. N° 0016-2002-AI/TC,
el formulario registral legalizado por notario no puede ser considerado como una simple legalización de firmas, pero tampoco debe ser asimilado a la escritu-
ra pública, pues, si así fuera, el propósito de conseguir que los sectores de menor capacidad económica puedan acceder al
registro, se vería desvirtuado. Se trata de un nuevo instrumento público notarial,
y por ello, más allá de la denominación
que se le pueda dar, son de aplicación las
obligaciones generales que la Ley N.° 26002 impone al notario, cuando se trata de tales instrumentos.
Así pues, tomando en consideración los crite- rios expuestos, cuando se trate de un formu- lario registral legalizado por notario, es deber de éste:
Dar fe respecto de los actos jurídicos, he- chos o circunstancias que presencie, para lo cual debe exigir que el formulario sea llenado y suscrito ante él, corroborando la libre voluntad y capacidad de las perso- nas en la celebración del acto y su conoci- miento de los alcances del mismo;
Constatar la identidad de los contratan- tes, de ser el caso, cotejando los Docu- mentos Nacionales de Identidad con la información pública de red del Registro Nacional de Identificación y Estado Ci- vil (RENIEC);
Verificar la validez de las firmas;
Verificar que los datos relativos al in- mueble estén clara y correctamente ex- presados;
e) Conferir fecha cierta al formulario, y
f) Conservar copia del documento original, a efectos de descartar cualquier irregu- laridad que pudiera presentarse, mante- niendo la estabilidad jurídica.
5. Lo dicho permite desestimar, desde ya, el extremo de la demanda en el que los recu- rrentes afirman que el segundo párrafo del artículo 7° de la ley en cuestión vulnera el derecho a la igualdad, al generar una situa- ción de discriminación entre títulos inscritos confiables (los que se originan en una escri- tura pública) y no confiables (los que se ori- ginan en el formulario registral). Y es que, en la medida en que el uso del formulario registral legalizado por notario se ajuste al criterio que este Colegiado ha establecido, será un título dotado de confiabilidad, máxi- me si el documento original se mantiene conservado en el archivo registral de la cir- cunscripción correspondiente.
II. Leyes especiales, naturaleza de las cosas y diferencia de las personas
6. Por otra parte, los recurrentes sostienen que el mencionado párrafo es contrario al primer párrafo del artículo 103° de la Constitución, el cual sólo permite que se expidan leyes es- peciales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no en función de la diferencia de las personas, alegando que se ha legislado contra la naturaleza de las cosas, por ser el formulario registral una importación desar- ticulada de una institución anglosajona que desvirtúa la seguridad jurídica que la inscrip- ción registral pretende otorgar, y en función
de la diferencia de las personas, porque se ha tenido como referencia los distintos tipos de propietarios, esto es, los de escasos recursos
y los de mayor poder adquisitivo.
7. Evidentemente, el término “cosa” previsto en
el primer párrafo del artículo 103° de la Cons-
titución, no puede ser entendido en su sentido coloquial. La cosa no puede ser vista como un objeto físico, sino como todo elemento vin-
culado a la juridicidad: inmanente pero real; objetivo pero intrínsecamente vinculado a las
relaciones interpersonales. “Cosa” es, pues, la materia del Derecho y, por tanto, puede aludir
a una relación jurídica, un instituto jurídico,
una institución jurídica o simplemente un de-
recho, un principio, un valor o un bien con relevancia jurídica.
De otro lado, la materia jurídica es poseedora de un dinamismo en orden a su trascendencia. Dicho dinamismo surge desde su contenido o sustancia y se proyecta hacia su finalidad. La “naturaleza” de la “cosa” está informada tanto de su contenido como de su finalidad.
8. La naturaleza de la “cosa” que hace a la ma- teria del Derecho, se encuentra inserta en una realidad social que puede tender hacia la disfuncionalidad de la cosa, esto es, a des- virtuar su finalidad. En estos casos, el orden constitucional debe permitir a la ley incidir en aquella realidad de hecho y componer la funcionalidad de la naturaleza de las cosas. Así pues, cuando el artículo 103° de la Carta Fundamental estipula que pueden expedirse leyes especiales “porque así lo exige la natu- raleza de las cosas”, no hace sino reclamar la
razonabilidad objetiva que debe fundamentar
toda ley, incluso, desde luego, las leyes espe- ciales. Respetando el criterio de razonabi- lidad legal, el Estado queda facultado para desvincular a la ley de su vocación por la ge- neralidad y hacerla ingresar en una necesaria
y razonable singularidad. Necesaria, porque
está llamada a recomponer un orden social que tiende a desvirtuarse, y razonable, por- que se fundamenta en un elemento objetivo, a saber, la naturaleza de las cosas.
La “cosa” regulada por el segundo párrafo del cuestionado artículo es la inscripción regis- tral, y su contenido y finalidad (su naturaleza) es dotar de seguridad jurídica a los titulares del derecho de propiedad, de forma tal que puedan oponerlo erga omnes y generar así el desarrollo económico tanto a nivel individual como social.
Pues bien, la realidad social objetiva infor- ma que dicha funcionalidad se cumple tan sólo de modo parcial, pues los altos costos de transacción impiden el acceso al registro de los sectores de menor poder adquisitivo, circunstancia que desvirtúa la naturaleza de la inscripción registral. Y, dado que el cita - do párrafo está orientado a que la inscripción registral recupere su funcionalidad, reducien- do los costos de transacción en el acceso al registro de los menos favorecidos, este Cole- giado no considera que se haya legislado en
contra de la naturaleza de las cosas, sino, por
contrario, porque así lo exigía aquella.
Por lo demás, este Colegiado tampoco com- parte el criterio de los recurrentes según el cual el formulario registral legalizado por
notario supone la importación desarticulada de una institución anglosajona, pues de lo ex- puesto en el fundamento 4.B de la presente sentencia se colige que el instrumento tiene un contenido original, propio y plenamente aplicable en un ordenamiento de tradición ju- rídica romano-germánica.
Leyes especiales y diferencia de las personas
10. El artículo 103° de la Constitución, de otro lado, proscribe la posibilidad de que se expi- dan leyes especiales “por razón de la diferen- cia de las personas”. El principio interpretati- vo constitucional de “concordancia práctica” exige analizar esta disposición a la luz del inciso 2) del artículo 2° de la propia Carta Fundamental, que establece el derecho a la igualdad ante la ley.
11. El principio de igualdad en el Estado cons- titucional exige del legislador una vincula- ción negativa o abstencionista y otra positiva
o interventora. La vinculación negativa está
referida a la ya consolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto de la exigencia de
“tratar igual a los que son iguales” y “distinto
a los que son distintos”, de forma tal que la
ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el
Estado, a través del legislador, pueda ser ge- nerador de factores discriminatorios de cual- quier índole. Sin embargo, enfocar la inter- pretación del derecho a la igualdad desde una faz estrictamente liberal, supondría reducir
la protección constitucional del principio de
igualdad a un contenido meramente formal, razón por la cual es deber de este Colegiado,
de los poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de sustancia al principio de igualdad reconocido en la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también una vinculación positiva del legislador a los de- rechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir las condiciones de des- igualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, en des- medro de las aspiraciones constitucionales.
12. Así las cosas, cuando el artículo 103° de la Constitución prevé la imposibilidad de dic- tar leyes especiales “en razón de las diferen- cias de las personas”, abunda en la necesaria igualdad formal prevista en el inciso 2) de su artículo 2°, según la cual el legislador no pue- de ser generador de diferencias sociales; pero en modo alguno puede ser interpretado de forma que se limite el derecho y el deber del Estado de, mediante “acciones positivas” o “de discriminación inversa”, ser promotor de la igualdad sustancial entre los individuos.
13. Atendiendo a lo expuesto, y como ya tuviera oportunidad de señalar este Tribunal res- pecto del segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27755: “Es evidente que aquellos individuos que cuentan con un título de pro- piedad registrado poseen una especial ven- taja frente a aquéllos que no cuentan con la
inscripción. Tal ventaja se traduce, especial- mente, en facultades de índole económica.
Existiendo, pues, marcadas distancias
entre un título registrado y uno que no lo está, y, por ende, entre los que ostentan un derecho de propiedad con las prerrogativas que la Constitución aspira y aquellos que no,
y considerando que parte importante de las
razones por las que se suscitan tales distan- cias, se debe a que no todos tienen el poder adquisitivo para acceder al registro, entonces es deber del Estado instaurar las condiciones para despejar los obstáculos que generan tal desigualdad de oportunidades. Tal ha sido el propósito de la disposición cuestionada” (Exp. 0016-2002-AI/TC, FJ. 12). Dicho lo cual, no cabe sino añadir que el precepto tampoco ha vulnerado la disposición cons- titucional que proscribe la posibilidad de dictar leyes especiales en razón de la dife- rencia de las personas, pues, lejos de crear o fomentar tales diferencias, busca revertirlas.
III. reglamentos secundum legem y reglamen- tos extra legem
14. Los recurrentes alegan la inconstitucionali-
dad del tercer párrafo del artículo 13° de la Ley N.° 27755, pues permite a la Comisión Especial del Registro de Predios “proponer”
al Directorio de la SUNARP “todas las dispo-
siciones reglamentarias en materia registral, técnica y administrativa que sean necesarias para la aplicación de la Ley”, afectándose
–según afirman– la atribución prevista en el inciso 8), artículo 118°, de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Presidente de
la República la reglamentación de las leyes.
15. La fuerza normativa de la que está inves- tida la Administración se manifiesta por antonomasia en el ejercicio de su potestad reglamentaria. El reglamento es la norma que, subordinada directamente a las leyes e indirectamente a la Constitución, puede, de un lado, desarrollar la ley, sin transgredirla
ni desnaturalizarla, y, de otro, hacer opera- tivo el servicio que la Administración brin- da a la comunidad. Los primeros son los llamados reglamentos secundum legem, de ejecución, o reglamentos ejecutivos de las
leyes, los cuales están llamados a comple- mentar y desarrollar la ley que los justifica
y a la que se deben. En efecto, es frecuente
que la ley se circunscriba a las reglas, prin- cipios y conceptos básicos de la materia que se quiere regular, dejando a la Administra-
ción la facultad de delimitar concretamente los alcances del marco general establecido en ella. Los segundos son los denominados reglamentos extra legem, independientes, organizativos o normativos, los que se en- cuentran destinados a reafirmar, mediante
la autodisposición, la autonomía e indepen-
dencia que la ley o la propia Constitución asignan a determinados entes de la Admi- nistración, o, incluso, a normar dentro los alcances que el ordenamiento legal les con- cede, pero sin que ello suponga desarrollar directamente una ley.
16. El inciso 8) del artículo 118° de la Constitu- ción alude expresamente a la facultad de “re- glamentar las leyes”; sin embargo, no reserva toda la potestad reglamentaria administrativa al primer mandatario, sino tan sólo aquella vinculada a los reglamentos secundum legem
o de ejecución. De otro lado, la garantía con-
tenida en aquella disposición constitucional reserva al Presidente de la República la apro- bación y consecuente expedición del regla- mento, mas no necesariamente la creación de su contenido, pues, según puede desprenderse de lo ya establecido, el reglamento es elabora-
do por grupos técnicos sobre la materia de la que se trate.
En tal sentido, una interpretación del inciso
8), artículo 118°, de la Constitución, es que cuando el tercer párrafo del artículo 13° de la Ley N.° 27755 alude a “disposiciones re-
glamentarias (
aplicación de la Ley”, se refiere a reglamentos de ejecución, razón por la cual dichas dispo- siciones no podrán ser aprobadas y expedi- das por la propia Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, sino que, según se desprende literalmente del precepto, serán simples “propuestas” de la Comisión Espe- cial del Registro de Predios, las que, a su vez, y en todo caso, deberán ser derivadas al Poder Ejecutivo, a efectos de que éste actúe confor- me a las atribuciones que la ley y la Consti- tución le confieren. De lo que resulta que el tercer párrafo del artículo 13° de la referida ley no es inconstitucional.
que sean necesarias para la
17. Los recurrentes consideran, asimismo, que el cuarto párrafo del artículo 7° de la Ley N.° 27755 también es contrario al inciso 8) del artículo 118° de la Constitución, pues inter- pretan que permitiría a la SUNARP extender, paulatinamente, la utilización del formulario registral legalizado por notario a todos los registros públicos que conforman el Sistema Nacional Registral.
18. El Tribunal no comparte tal criterio, pues del tenor del segundo párrafo del artículo 7° de la citada ley se desprende, con meridiana claridad, que la utilización del formulario re- gistral legalizado por notario está reservada únicamente al Registro de Predios, razón por
la cual su aplicación a otros registros sólo po- dría ser autorizada por otra ley.
El cuarto párrafo del artículo 7° de la ley en cuestión se encuentra únicamente relacionado con el primer párrafo del mismo artículo. Así, un análisis conjunto de dichos preceptos permi- te sostener que la ley impugnada autoriza a la SUNARP la implementación en el Registro de Predios, en forma progresiva, de todo mecanis- mo de simplificación, desregulación y reducción de actos administrativos, pudiendo extenderlos paulatinamente a todos los Registros Públicos que conforman el Sistema Registral Nacional. Ello tan sólo reafirma la facultad de la SUNARP para expedir reglamentos organizativos o nor- mativos, aunque, en ningún caso, de ejecución, lo que, según lo ya establecido, resulta plenamente constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucio- nal, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
Declarando INFUNDADA la presente deman- da de inconstitucionalidad. EXHORTA al Poder Ejecutivo para que, en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que debe informar el Sis- tema Registral Nacional, reglamente el uso del formulario registral legalizado por notario, pre- visto en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N.° 27755, conforme a los siguientes linea- mientos:
a) El notario debe dar fe respecto de los actos jurídicos, hechos o circunstancias que presen- cie, para lo cual debe exigir que el formulario
sea llenado y suscrito ante él, corroborando la libre voluntad y capacidad de las personas en la celebración del acto y su conocimiento de los alcances del mismo;
Debe constatar la identidad de los contra- tantes, de ser el caso, cotejando los Do- cumentos Nacionales de Identidad con la información pública de red del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC);
Verificar la validez de las firmas contenidas en el formulario;
Verificar que los datos relativos al inmueble estén clara y correctamente expresados;
Conferir fecha cierta al formulario, y
Conservar copia del documento original, a efectos de descartar cualquier irregularidad que pudiera presentarse, manteniendo la es- tabilidad jurídica.
Dispone la notificación a las partes, su publica- ción en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
a LVa or La N dINI
D iversos autores han discutido
acerca de la seguridad. Así por
ejemplo, el tratadista argentino
Aníbal Alterini afirma sobre la seguridad lo siguiente:
“Se dice que algo brinda seguridad cuando está dotado de las calidades de
ser seguro y no presentar peligro; cuando
es securus, porque está libre de cura, o sea de cuidado o riesgo”. (1)
La seguridad es susceptible de ser apre- ciada desde el punto de vista del Derecho, configurándose ésta en seguridad jurídica:
“La situación de hecho es jurídica cuan- do está regida por el Derecho, como dis- ciplina regulatoria de la convivencia humana. Por lo tanto, cuando la seguri- dad resulta del Derecho, hay seguridad
jurídica.(
La seguridad jurídica afirma la certeza
y la permanencia de las situaciones jurí-
dicas, vale decir de las que están regladas por el sistema del Derecho.
En términos generales, hay seguridad jurídica cuando el sistema ha sido re- gularmente establecido, mediante leyes susceptibles de ser conocidas, que sólo se aplican a conductas posteriores – y no
previas – a su vigencia, que son claras, que tienen cierta estabilidad, y que son dictadas adecuadamente por quién está investido de facultades para hacerlo. Todo ello permite calcular razonable- mente las consecuencias de Derecho que tendrá en el futuro lo que se hace hoy”. (2)
En este sentido, la seguridad jurídica es un principio elemental que es parte del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Es así como comprobamos las cualidades de la seguridad jurídica como sustrato de nues- tro ordenamiento jurídico. Es la certeza, la previsibilidad en la aplicación del Derecho. Entre los numerosos autores que la definen, se encuentra Pedro Garrido, el cual señala:
“La seguridad jurídica bien pudiera concebirse como la previsibilidad de los efectos de cualquier conducta humana, y concretamente, en el campo del derecho patrimonial, del establecimiento de una relación jurídica de verificación instan- tánea o de tracto duradero. El derecho será eficaz y útil, por tanto, en la medida en que sus normas se hayan dictado con la suficiente claridad y realismo para, por una parte, delimitar correctamente los supuestos de hecho a los que se refieren, y por tanto no permitir duda alguna so-
ALTERINI, Atilio Aníbal. La inseguridad jurídica. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993. Pág. 18.
ALTERINI, Atilio Aníbal. Op. Cit. Pág. 19.
bre las consecuencias jurídicas que para cada uno de esos hechos deban seguirse, y por otra establecer unas consecuencias razonables y justas que hagan suficien- temente aceptables sus resultados, con lo que se logrará el respeto generalizado de las mismas”. (3) (subrayado nuestro)
Alterini afirma que al tratarse el tema de seguridad jurídica, de esta pueden despren- derse tres planos básicos de consideración:
1) el de la seguridad por medio del Derecho, 2) el de la seguridad como certidumbre del Derecho, 3) y el de la seguridad como esta- bilidad del Derecho:
“Hay seguridad por medio del Derecho cuando el ordenamiento jurídico garan- tiza que los terceros no avasallarán dere- chos ajenos, y que el Estado sancionará a
omite aplicar la sanción que corresponde no sólo deja impune al responsable sino
que también debilita la credibilidad en
quienes lo hagan.(
La seguridad como certidumbre del Derecho supone la existencia de normas jurídicas ciertas de las que resultan los
derechos de los que es titular la persona,
y su consiguiente convicción fundada
acerca de que esos derechos serán res-
petados. Sin adecuada administración
de justicia no hay seguridad jurídica; cuando esa administración fracasa, la regularidad inviolable del Derecho es desplazada por la irregularidad capri- chosa de la arbitrariedad, y por lo tanto, se afirma la irracionalidad, se consagra la imprevisibilidad y se arruina la con- fianza.
La seguridad como estabilidad del Dere- cho resulta de la existencia de un sistema legislativo debidamente ordenado, y que prevé el cumplimiento de determinados recaudos para modificar las normas ju- rídicas: el órgano que dicta esas normas debe tener competencia suficiente, y suje-
tarse a procedimientos reglados. (
seguridad como estabilidad del Derecho, pues, no significa, ni puede significar, su inmovilidad. Sólo atañe a la racionali- dad y a la previsibilidad de las mutacio- nes”. (4) (subrayado nuestro)
Desde el punto de vista legal, frente a un orden jurídico que no se adapta a las nuevas circunstancias y no permite canalizar las nuevas instituciones que crea la realidad, se presenta la disyuntiva de mantener ese orden o renovarlo para cumplir con la jus- ticia (5) . Quienes se oponen a la concepción de mantener ese orden, afirman que no es sostenible mantener el status quo negando
GARRIDO CHAMORRO, Pedro. La función notarial, sus costes y sus beneficios. Madrid: Consejo General del Notariado, 2000. Pág. 37 ALTERINI, Atilio Aníbal. Op. Cit. Págs. 33 y ss. RADBRUCH, Gustav. Introducción a la Filosofía del Derecho. Pág. 82.
la justicia; porque la seguridad entendida como el mantenimiento de ese orden, que es lo que pretende el demandante, no es un fin del Derecho (como la justicia y el bien co- mún), sino una condición de posibilidad (6) .
Señala León Duguit:
“Soy de aquellos que piensan que el De- recho es mucho menos la obra del legis- lador que el producto constante y espon- táneo de los hechos. Las leyes positivas, los códigos, pueden permanecer intactos en sus textos rígidos: poco importa; por la fuerza de las cosas, bajo la presión de los hechos, de las necesidades prácticas, se forman constantemente instituciones ju- rídicas nuevas. El texto está siempre allí; pero ha quedado sin fuerza y sin vida; o bien por una exégesis sabia y sutil, se le da un sentido y un alcance en los cuales no había soñado el legislador cuando lo redactaba.” (subrayado nuestro)
En este orden de ideas, el Tribunal Cons- titucional afirma correctamente, en el funda- mento jurídico 3 de la sentencia in comento, que “[l]a seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Car- ta Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente
fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad.”
A mayor abundamiento, el referido ór- gano colegiado en anterior jurisprudencia, relacionada precisamente con la sentencia bajo comentario, concretamente en el Ex- pediente N° 0016-2002-AI/TC estableció enfáticamente lo siguiente acerca de la segu- ridad jurídica:
“La seguridad jurídica como principio constitucional
2. En primer término, y dado que a
diferencia de otras constituciones com- paradas, nuestra Norma Fundamental no reconoce de modo expreso a la segu- ridad jurídica como un principio consti- tucional, es menester que este Tribunal determine si el principio aludido es uno de rango constitucional, y, por ende, si es susceptible de alegarse como afectado a efectos de determinarse la constituciona- lidad o inconstitucionalidad de una ley o parte de ésta.
3. El principio de la seguridad jurídica
forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La prede- cibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que in-
Sustentan, entre otros, el carácter complementario de la justicia y la seguridad jurídica: Delos, Le Fur, Renard, Racasens Siches, García Maynes.
forma a todo el ordenamiento jurídi- co y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la se- guridad jurídica supone “la expectativa razonablemente fundada del ciuda- dano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho” (STCE 36/1991, FJ 5). El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se pre- senten los supuestos legales que les per- mitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídi- cas, mediante la “predecible” reacción, sea para garantizar la permanencia del statu quo, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal.
4. Así pues, como se ha dicho, la seguri- dad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se con- cretiza con meridiana claridad a través de distintas disposiciones constituciona- les, algunas de orden general, como la contenida en el artículo 2º, inciso 24, parágrafo a) (“Nadie está obligado a
hacer lo que la ley no manda, ni impe- dido se hacer lo que ella no prohíbe”), y otras de alcances más específicos, como las contenidas en los artículos 2º, inciso 24, parágrafo d) (“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”) y 139º, inciso 3, (“Ninguna persona puede ser desviada de la juris- dicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denomina- ción”).” (7)
Ahora bien, habiendo analizado los al- cances del principio de la seguridad jurídica pasaremos a examinar el problema en el pro- ceso de inconstitucionalidad de la sentencia in examine.
Análisis del caso del proceso de incons- titucionalidad
Particularmente consideramos, al igual que así lo consideró en su oportunidad el Tribunal Constitucional que la implemen- tación y el empleo del formulario registral no atenta contra el principio de seguridad jurídica, en la medida que el ejercicio del de-
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0016-2002-AI/TC y publicada el 15 de mayo de 2003.
recho de acceso al registro resulte integral, claro, real y útil para su plena eficacia.
La seguridad jurídica es producto de las normas. Estas normas deben facilitar el ac- ceso al registro, no deben ser oscuras o am- biguas, ni generar vacíos legales, debiendo permitir el ejercicio pleno del derecho de propiedad de los particulares. Con esto no pretendemos afirmar que el Sistema Regis- tral Peruano sea de carácter constitutivo, sino que el registro permite, contribuye en la práctica, al ejercicio pleno de todos los atributos de la propiedad, en especial, de los atributos de disposición y reivindicación.
El registro otorga seguridad jurídica a los derechos de propiedad formal, les brinda se- guridad en el tráfico y garantiza su carácter perpetuo:
• Seguridad jurídica en cuanto reconoce el carácter exclusivo del derecho de pro- piedad, esto es, privilegia como único propietario al que ostenta un derecho inscrito. En el caso de la propiedad in- formal, la falta de registro impide a su titular gozar de ese carácter exclusivo.
• Seguridad en el tráfico porque el re- gistro garantiza la validez de las tran- sacciones realizadas a su amparo y de acuerdo a los derechos que en ella constan. La propiedad informal por su falta de acceso al registro se ve privada de dicha garantía.
Por ello, el hecho de que una propiedad no se encuentre debidamente titulada y re-
gistrada ocasiona que la misma sólo tenga valor de uso o disfrute, pero que no se pueda transferir en propiedad, dar en arrendamien- to, hipotecar, etc.
El título registrado a través del formula- rio registral confiere certeza sobre los límites del predio y la titularidad de los propietarios, otorgando seguridad jurídica a las transac- ciones, lo que facilita a su vez el intercambio masivo y a bajo costo, característico de una economía social de mercado, tal como lo es- tablece la Constitución Política de 1993:
“Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado
orienta el desarrollo del país yado nuestro)
(subra-
La identificación del predio y del propie- tario facilita a los gobiernos la imposición y cobro de impuestos directos a la renta o al patrimonio, en vez de recurrir al aumento continuo de impuestos indirectos, que dis- torsionan la economía.
El título registrado permite hacer su de- recho oponible frente a cualquier tercero que considere tenga un mejor derecho para poseer ese predio. Esta oponibilidad se ad- quiere con la inscripción del título en un registro.
Se le reconoce a la propiedad un carácter perpetuo, lo que implica que dicho derecho no se pierde por el simple ejercicio de los atributos de la propiedad. Este carácter per- petuo es garantizado si el registro tutela su
existencia y vigencia. En el caso de la propie- dad informal, al carecer ésta de registro sólo perdurará mientras el titular pueda exterio- rizar su derecho con la posesión continua del predio. La falta de registro obliga por tanto al propietario informal a perpetuar su derecho mediante actos posesorios, sin con- tar con la protección jurídica de la cual goza un derecho de propiedad inscrito.
La información que ingresa al registro
a través de los formularios registrales es es-
tandarizada. Así por ejemplo para el caso de descripciones de áreas, linderos y medidas perimétricas en el caso de los formularios registrales, al contar con la participación de técnicos verificadores que trabajan de acuer- do a los lineamientos establecidos por el propio registro, se evitan errores que se pre- sentan en el sistema de escrituras públicas cuyas descripciones suelen ser imprecisas.
Uno de los más importantes elementos que otorgan seguridad es el catastro. La in- formación brindada en el formulario por los profesionales es cotejada con los planos
catastrales que tienen los Registros Públi- cos. El catastro se origina en la información gráfica, a manera de mosaico, basándose en
la información brindada por el PETT (Pro-
yecto Especial de Titulación de Tierras) (8) , COFOPRI (9) , y otros organismos formali- zadores de la propiedad, tomándose como base para la unificación del sistema catastral. Utilizan el sistema de coordenadas UTM, que es un moderno sistema de ubicación mundialmente empleado, basado en datos precisos de longitud y latitud.
Los problemas de superposición se dan por falta de catastro, o por tener uno inci- piente. Los predios se encuentran registrados
en la base geográfica del Registro Predial, se le asigna un código de identificación, evitando las superposiciones y eventuales duplicida- des de derechos registrados sobre un mismo predio, que es una de las mayores causales de inseguridad jurídica del sistema tradicional del registro con escrituras públicas.
Por otro lado, los formularios registrales se archivan de manera centralizada y au- tomatizada en el Registro Predial, lo que impide su pérdida y deterioro, alteración o sustracción, además de poder expedir a bajo
costo las copias que requiera el interesado,
a diferencia de la escritura pública, cuyo
archivo es manual, se encuentra en oficinas dispersas, y la expedición de cada copia es aproximadamente mucho más cara.
El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural al que también podrá aludirse por las siglas PETT, fue creado por la Octava Disposición Complementaria de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, establecida por Decreto Ley N° 25902. Cuenta con personería jurídica de derecho público interno, autonomía administrativa, técnica y económica. El PETT busca desarrollar un mercado de tierras rurales en el Perú, mediante la regularización definitiva de la propiedad, la modernización, y consolidación del catastro rural y el fortalecimiento del sistema de registro. La primera etapa del proyecto contó con la financiación del BID. Su desarrollo ha sido exitoso habiéndose linderado 2’006,000 millones de predios e inscrito en registro alrededor de 1’030,031 predios, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) se crea por Decreto Legislativo N° 803 - Ley de Pro- moción del Acceso a la Propiedad Formal. COFOPRI es una institución pública descentralizada del Ministerio de Justicia, encargada de efectuar el saneamiento físico legal de posesiones informales, en aquellas localidades donde ha asumido competencia y en las que hubiese suscrito convenio con las Municipalidades Provinciales respectivas.
Es ilógico afirmar que el valor del in- mueble determinará la calidad del título. El Formulario Registral no tiene por que ser considerado como un título de segunda ca- tegoría y mucho menos afirmar que se trata de títulos poco confiables.
Así tenemos por ejemplo como anteceden- te, el caso del formulario registral que se esta- bleció para el Registro Predial Urbano, en el cual el solicitante y el notario que suscribían los formularios, asumían responsabilidad (las que eran de tipo civil, penal y administrativa) por todos los problemas que pudieran pre- sentarse de comprobarse posteriormente la falsedad de alguna información.
La seguridad jurídica que garantiza el trá- fico o movimiento de bienes y servicios; se sustenta no sólo en el formulario o escritura pública, sino también en el registro mismo.
No se puede soslayar la importancia que tiene para la seguridad jurídica la inscripción de los actos y derechos en el registro porque
la seguridad jurídica en materia registral se convierte, de este modo, en un valor con trascendencia metajurídica.
Es por ello, que modernamente no es
suficiente gozar de la seguridad de la cosa juzgada, ni basta la intervención jurisdiccio- nal o la simple promulgación de una ley, o finalmente, la formalización de un contrato por escritura pública. Es necesario garanti- zar que esos derechos que el Juez, la Ley o el contrato reconocen, sean oponibles a terceros, y ello, como sabemos, sólo se logra con la publicidad registral y la seguridad ju- rídica que ésta brinda, en el sentido de que los actos que figuran inscritos en el registro
y que son publicitados por éste no son sus-
ceptibles de poderse cambiar. De esta forma, los agentes económicos están garantizados
y protegidos en sus transacciones, evitando
así conflictos que, a la larga, puedan generar mayores costos que beneficios, no sólo para los directamente interesados, sino para la so- ciedad en general.
CoNCordaNCIaS JUrISPrUdeNCIaLeS
Sentencia del TC peruano recaída en el Expediente N° 0016-2002-AI/TC (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de mayo de 2003)
la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyen-
do, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a través de distintas disposiciones constitucionales, algunas de orden general, como la contenida en el artículo 2º, inciso 24, parágrafo a) (“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido se hacer lo que ella no prohíbe”), y otras de alcances más específicos, como las contenidas en
“4. (
los artículos 2º, inciso 24, parágrafo d) (“Nadie será procesado ni condenado por acto u omi- sión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”) y 139º, inciso 3, (“Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órga- nos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación”).”
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