Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16874
Timestamp: 2020-02-21 03:27:39
Document Index: 30604597

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 2']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1985-16874
Documento consolidado BOE-A-1985-16874
«BOE» núm. 191, de 10/08/1985.
BOE-A-1985-16874
https://www.boe.es/eli/es/rd/1985/08/01/1378/con
Texto inicial publicado el 10/08/1985
TEXTO CONSOLIDADO: «Texto inicial publicado el 10/08/1985»
La Ley 2/1985, de 21 de enero, configura a la Protección Civil como un servicio publico cuya competencia se atribuye a la Administración Civil del Estado y, en los terminos establecidos en la misma, a las demás administraciones públicas.
El desarrollo de las previsiones normativas contenidas en la mencionada Ley requiere, por la complejidad de la materia, la aprobación de un Reglamento General conteniendo las normas comunes del nuevo sistema y, asimismo, diversas disposiciones especiales para regular aspectos especificos del mismo.
Teniendo en cuenta, ademas, las características concurrentes en las situaciones de emergencia y la posibilidad de que se produzcan en diversas áreas del territorio nacional, la disposición transitoria de la mencionada Ley faculta al Gobierno para dictar las medidas necesarias hasta que se promulgue la norma básica para la elaboración de los planes territoriales y especiales de intervención en emergencias y se acuerde su homologación por los órganos competentes en cada caso.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1985,
El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las medidas provisionales necesarias para la actuación de los órganos y autoridades competentes en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad publica que puedan producirse hasta que se aprueben y homologuen los planes a que se refiere el artículo 8.º de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
Sin perjuicio de las funciones previstas en la Ley 2/1985, de 21 de enero, corresponde a la Protección Civil asegurar la realización de cuentas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia, mediante:
e) La asistencia sanitaria a las victimas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.º de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, la competencia en la materia corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los terminos establecidos en la misma, a las demás administraciones públicas.
a) El municipio, mediante los servicios municipales relacionados con la materia,con la posible colaboración de las otras administraciones o particulares, con sede en el termino municipal, de interés para la Protección Civil.
c) La provincia, con sus propios servicios y la posible cooperación de los servicios supramunicipales o insulares, municipales y los de otras administraciones públicas, o particulares, relacionados con la Protección Civil,comprendidos en el respectivo territorio provincial.
e) El Estado, con el Ministro del Interior, para el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 16 de la Ley 2/1985, asistido por la Comisión Nacional de Protección Civil, con las funciones encomendadas a la misma en el artículo 17 de la mencionada Ley; y la Dirección General de Protección Civil, como órgano directivo de programación y de ejecución en la materia, dependiente directamente del Ministro del Interior, con las competencias a que se refiere el artículo 4.º del Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de Protección Civil.
3. Los órganos competentes de las Entidades locales a que se refieren los apartados a), b) y c) del numero anterior, podrán desarrollar las acciones a que se aluden en los mismos, con la asistencia de la correspondiente Comisión de Protección Civil cuya organización y funcionamiento podrán establecer en el ejercicio de la potestad de autoorganización atribuida a las mismas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 4. Planes. Programación coordinada y armonización de actuaciones.
1. Hasta la promulgación de la norma básica a que hace referencia el artículo 8.º De la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, y la homologación de los planes a que se refieren los articulos 10 y 11 de la misma, las actuaciones de prevención y control de emergencias se llevaran a cabo de acuerdo con las previsiones contenidas en los planes territoriales y especiales de Protección Civil, confeccionados anteriormente por los Ayuntamientos y los Gobiernos Civiles; o de acuerdo con las disposiciones que en cada caso adopten los órganos o autoridades competentes.
3. Para asegurar la necesaria coherencia en la actuación de la Administración Civil del Estado y de las Comunidades Autónomas en relación con lo dispuesto en el presente Real Decreto y según lo establecido en el artículo 4.º de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, sobre el proceso autonómico, se promoverán reuniones de la Conferencia Sectorial de los Consejeros de Gobernación de las mismas bajo la presidencia del Ministro del Interior.
4. A su vez y de conformidad con lo previsto en el apartado b), del artículo 6.º de la Ley 17/1983, de 16 de noviembre, reguladora de la figura del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, se mantendrán por estos las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración Civil del Estado con la de la Comunidad Autónoma respectiva, para armonizar actuaciones relacionadas con lo dispuesto en este Real Decreto y promover la ordenación de las correspondientes a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales o Forales, en su caso, y Cabildos Insulares.
a) A los Alcaldes, siempre que la emergencia no rebase el respectivo termino municipal.
Para el empleo de bienes privados se tendrá en cuenta, en todo caso, no solo lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo sino también el principio de proporcionalidad entre la necesidad que se pretende atender y el medio que se considere adecuado para ello.
1. Los Servicios, Unidades, Entidades o particulares, que deban intervenir en cada emergencia, realizaran las misiones y actividades que se correspondan con la especialización funcional que tengan atribuidas, por sus normas constitutivas o por las reglamentarias y estatutarias que sean de aplicación.
a) Los Servicios contra Incendios y de Salvamento: el ataque del siniestro, así como el rescate y salvamento de las victimas.
d) Los Servicios de Seguridad: El cerramiento de la zona siniestrada; la ordenación de la misma en función de las misiones correspondientes a cada servicio; el control y ordenación de accesos y salidas; el mantenimiento del orden y de la seguridad interior; la vigilancia y ordenación del trafico en las vías de comunicación adyacentes para facilitar la accesibilidad de los medios de intervención y de socorro; la evacuación de personas, de bienes en peligro o de victimas.
3. Cuando antecede se entiende sin perjuicio de las tareas que las Autoridades competentes consideren necesario encomendar a los Servicios, Unidades, Entidades o particulares por exigirlo circunstancias extraordinarias.
1. Los órganos enumerados en el artículo 5.º de este Real Decreto, en comunicación directa con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos Insulares y Ayuntamientos, determinarán con carácter general o para cada caso concreto, cuando las circunstancias lo requieran, la autoridad que deba asumir el Mando único en la dirección de las actuaciones en la zona siniestrada.
En tanto no se provea a la designación del Mando único en la forma aludida, corresponderá la dirección de las operacional al Alcalde del municipio cuyo termino haya sido afectado, asesorado por el responsable del servicio cuya especialidad esté más directamente relacionada con el carácter de la emergencia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías autónomas y locales, así como los distintos servicios que deban actuar estarán dirigidos por sus Mandos naturales.
2. El mando único será atribuido a la autoridad o persona mas idónea en cada caso —por las competencias que tengan atribuidas, la proximidad territorial al siniestro, la especialidad de su preparación en relación con las características del mismo y sus posibilidades de disponer con mayor facilidad de medios para realizar la coordinación— sobre la que recaerá la responsabilidad de la dirección inmediata del conjunto de las operaciones emprendidas.
6. Se restringirá con rigor el acceso y permanencia en la zona siniestrada y, especialmente, en los puestos de Mando. Asimismo se dispondrá en estos, siempre que sea posible, de espacios especiales para la actuación de las trasmisiones en emergencias y de los medios de la comunicación social.
La intervención de unidades especiales de rescate y de salvamento dependientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será interesada por el Gobernador Civil y, en caso de notoria urgencia, por sus Mandos naturales, de la Dirección General de que dependen en cada caso.
2. Los Cuerpos de Policías autónomas y locales, excepto en situaciones imprevistas, intervendrán en las emergencias dentro del ámbito territorial en que estuviesen destinadas, a requerimiento de la autoridad competente o de la persona que asuma el Mando único de las operaciones y coordinaran sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el plan correspondiente o en las directrices que para la intervención se dicten por los órganos competentes.
3. En las emergencias imprevistas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las Policías autónomas y locales, intervendrán de inmediato por decisión de sus Mandos naturales o a requerimiento de la autoridad local correspondiente, sin perjuicio de la confirmación señalada en los apartados anteriores de este artículo.
2. Si la autoridad local no tuviera posibilidad de comunicar con el Gobierno Civil, si este no la tuviera para comunicar con el Ministro del Interior, o si las circunstancias de los hechos no admitieran demora, dichas autoridades podrán recabar directamente de las autoridades militares, prevista o no con anterioridad. Tan pronto como sea posible, las autoridades civiles y militares informarán a sus superiores jerárquicos de las decisiones adoptadas.
3. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 2.º de la Ley 2/1985, la colaboración de las Fuerzas Armadas será requerida cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija. Las Unidades de las Fuerzas Armadas, que actuaran, en todo caso, encuadradas y dirigidas por sus Mandos naturales, colaboraran, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1125/1976, de 8 de abril, sobre colaboración de las autoridades militares con las gubernativas en estados de normalidad y excepción.