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Timestamp: 2019-10-16 12:31:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 927', 'artículo 71', 'artículo 26', 'artículo 71', 'artículo 124', 'artículo 126', 'artículo 14', 'artículo 140', 'artículo 224', 'artículo 226', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 26']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 31651849
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 2004
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, AHORA DENOMINADO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJORES DE CABLE & WIRELESS PANAMÁ, CONTRA LA SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2002, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO ... (ver resumen completo)
El Dr. R.M.T., apoderado especial del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ahora denominado SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA, presentó Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 12 de julio de 2002, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ahora denominado SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA -VS- CABLE & WIRELESS DE PANAMA, S.A.
Recibido el recurso, se emplazó a la parte demandada para que hiciera valer sus objeciones conforme lo prevé el artículo 927 del Código de Trabajo. Dentro del término de ley compareció la empresa CABLE AND WIRELESS PANAMA S.A., a través de sus apoderados legales, quienes se oponen al Recurso de Casación Laboral, por estimar que la Sala Tercera ha sentado el criterio jurisprudencial de que las reclamaciones del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA, por supuestas sumas dejadas de pagar luego de la terminación de su relación de trabajo con INTEL S.A., tenían que ser encaminadas contra el ESTADO, y no contra la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El origen de la controversia laboral se ubica en proceso común de trabajo, promovido por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ahora denominado SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA, contra la sociedad anónima CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., por considerar que ésta le adeuda a los trabajadores que optaron por dar por terminada la relación de trabajo, la diferencia de prima de antigüedad resultante de la exclusión de salarios percibidos durante los últimos cinco años, el 10% de interés anual, más costas y gastos que genere el proceso, fijando la cuantía en cuatro millones de balboas.
El Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, en Sentencia No.35 de 22 de junio de 2001, absolvió a la sociedad CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., del reclamo laboral interpuesto en su contra, por considerar que el reclamo del demandante debe ir dirigido contra el Estado Panameño, que sería responsable por cualquier diferencia que se derive de la liquidación laboral que recibieron los trabajadores del antiguo INTEL S.A., según lo previsto en el artículo primero del Decreto Ejecutivo No. 33 de 19 de mayo de 1997.
El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 12 de julio de 2002, confirmó la sentencia de primera instancia, al coincidir con el a-quo en que el Decreto 33 de 19 de mayo de 1997 señala, en su artículo primero, que el Estado se hace responsable y, en consecuencia, asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre, que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores de INTEL, S.A.
Por ello, el Tribunal de Trabajo concluyó que el Estado asumió la responsabilidad por las prestaciones de los trabajadores con motivo de la reestructuración del INTEL, S.A., así como el pago de cualquier diferencia que surgiera en el cálculo de las mismas.
No correspondía, entonces, a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. asumir el pago de las diferencias en concepto de prima y antigüedad y otras prestaciones reclamadas por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA en este proceso.
II.CARGOS DEL CASACIONISTA
Sostiene el casacionista, que la decisión del Tribunal Superior de Trabajo ha infringido los artículos 14, 140, 224, y 226 del Código de Trabajo, artículo 71, 124 y 126 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, artículo 26 de la Ley 5 de 9 de febrero de 1995, y los artículos primero y segundo del Decreto Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de 1997.
Al motivar las infracciones que invoca, el recurrente manifiesta los siguiente:
Que el artículo 71 de la ley 8 de 1975 fue conculcado, pues al calcular el pago de la prima de antigüedad debieron incluirse los pagos recibidos en concepto de evaluación, reclasificación, ascensos, bonos de Navidad, y ajustes de salarios por evaluaciones atrasadas.
Que el artículo 124 de la Ley 8 de 1975 fue infringido, pues la sentencia no reconoce el derecho de los trabajadores a recibir el equivalente de una semana de salario en concepto de prima de antigüedad, por cada año de servicio.
Que el artículo 126 de la Ley 8 de 1975 fue infringido, pues la sentencia no reconoce el derecho de los trabajadores a que en el cálculo de la prima de antigüedad se incluya el promedio del total de la remuneración percibida durante los últimos cinco años.
Que el artículo 14 del Código de Trabajo fue conculcado, en virtud de que la sentencia ignoró la figura de la sustitución del empleador.
Que el artículo 140 del Código de Trabajo fue infringido, pues al calcular la prima de antigüedad debieron incluirse los pagos recibidos en concepto de evaluación, reclasificación, ascensos, bonos Navidad, y otros, cosa que no se hizo.
Que el artículo 224 del Código de Trabajo fue conculcado, pues la sentencia no reconoce el derecho de los trabajadores a recibir el equivalente de una semana de salario en concepto de prima de antigüedad, por cada año de servicio.
Que el artículo 226 del Código de Trabajo fue infringido, pues la sentencia no reconoce el derecho de los trabajadores a que en el cálculo de la prima de antigüedad se incluya el promedio del total de la remuneración percibida durante los últimos cinco años trabajados.
Que el artículo 26 de
la ley 5 de 1995 fue violado, pues la sentencia no reconoce el derecho de los
trabajadores de reclamar ante su empleador CABLE & WIRELESS PANAMA
S.A., la diferencia del pago de la prima
Que el artículo 1º del Decreto Ejecutivo No. 33 de 1997 fue conculcado, pues dicha norma implica una responsabilidad entre el Estado y Cable & Wireless, que no puede relevar a esta última, de la aplicación del Código de Trabajo, en cuanto al reconocimiento de los derechos que le asisten a sus trabajadores.
segundo del Decreto Ejecutivo No. 33 de 1997 fue infringido, pues la sentencia
recurrida no reconoce a los trabajadores el derecho a reclamar al empleador
sustituto la diferencia en el pago de la prima de antigüedad.
Por todo ello, solicita que se case la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, y se reconozcan las prestaciones del sindicato demandante.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Una vez examinados los cargos de ilegalidad, la Corte observa que éstos se encuentran estrechamente ligados a dos razonamientos medulares:
Que en este caso operó la figura de la sustitución patronal, y que ello no fue reconocido por el Tribunal Superior de Trabajo; y
Que dicho Tribunal tampoco reconoció al sindicato demandante, las prestaciones a que tenían derecho los trabajadores, alegando incorrectamente, que dicha reclamación debería instaurarse en todo caso, ante el Estado, y no contra CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.
En lo que atañe al primer argumento, sobre la posibilidad de que en este caso haya operado la sustitución patronal, el Tribunal de Casación comparte el criterio expresado por el Tribunal Superior de Trabajo de que no ha operado tal figura, toda vez que, en reiterada jurisprudencia, la Sala ha sostenido lo siguiente:
"Tanto el decreto reglamentario del artículo 26 de la Ley No.5 de 1995, como el contrato de compraventa celebrado entre el Estado y Cable and Wireless PLC (cuyos derechos y obligaciones fueron cedidos en la misma fecha del contrato a Cable and Wireless (Panama Holdings Limited), establecen que es el Estado quien se hará responsable por el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores del INTEL, S.A. incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley No.5 como un gasto de la privatización del INTEL, S.A.
La cláusula 5.29.7 del
referido contrato de compraventa celebrado entre el Estado (vendedor) y Cable
and Wireless PLC (compradora) y que trata sobre declaraciones adicionales,
expresa textualmente lo siguiente:
"5.29.7. El vendedor se hace responsable, y en consecuencia asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la Fecha de Cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores de INTEL, S.A., incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley No.5 como un gasto en la privatización de INTEL, S.A. El pago de dichas prestaciones se efectuará mediante el mecanismo del fideicomiso que se contempla en el Anexo 28. Cualquier diferencia que surja en el cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Vendedor.
El vendedor pagará a los trabajadores que hayan ejercido la opción de solicitar la liquidación de sus prestaciones laborales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5, el monto correspondiente a las mismas, siempre que tal opción haya sido ejercida dentro del período de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. Para efectos de esta cláusula el Vendedor pagará a los trabajadores que hayan ejercido la opción contemplada en este literal, dentro del término de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre.
correspondientes el Vendedor se obliga a realizar todos los actos necesarios
para cumplir con las obligaciones descritas en esta cláusula.
El Vendedor renuncia absoluta e incondicionalmente a cualquier derecho a repetir contra el Comprador o INTEL, S.A. como consecuencia de los pagos que se obliga a efectuar de acuerdo a esta Cláusula."
Esta cláusula forma parte de un contrato que surte efectos entre el Estado y Cable and Wireless PLC, y al igual que el Decreto Ejecutivo No.33 de 1997, es una declaratoria expresa del Estado asumiendo la responsabilidad única del pago total de las prestaciones e indemnizaciones surgidas de la segunda opción ofrecida a los trabajadores del INTEL, y que posteriormente se convirtió en INTEL, S.A., cuando se produjera la venta de cualquier porcentaje de acciones al sector privado...." (Cfr. Sentencia de 9 de octubre de 2000).
El Dr. Mario De la Cueva, define el concepto de sustitución de patrono, y expresa que es "la transmisión de la propiedad de una empresa o de uno de sus establecimientos, en virtud de la cual, el adquirente asume la categoría de patrono nuevo, sustituto le llama la Ley, con todos los derechos y obligaciones pasados, presentes y futuros derivados y que deriven de las relaciones de trabajo." (El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, México, 1998, pág. 229).
Como esta S. ha tenido oportunidad de señalar en negocios similares al que nos ocupa, la figura de la sustitución patronal no se ha dado, toda vez que estamos en presencia de distintos sujetos del contrato, en cuanto al empleador se refiere. Así, el Estado y no una empresa, era el propietario del INTEL, que luego pasó a ser una sociedad anónima bajo el nombre de INTEL, S.A., en que el Estado mantenía el 100% de las acciones.
En ese sentido, las relaciones de trabajo entre el INTEL y luego INTEL S.A., y sus empleados, no estaban reguladas por el Código de Trabajo, sino por una legislación especial, la Ley 8 de 1975. Además, por disposición del artículo 26 de la Ley 5 de 1995 (Por la cual se reestructura el Instituto Nacional de Telecomunicaciones) dichas relaciones se regirían por la Ley 8 de 1975 hasta el 18 de marzo de 1997, cuando fuera celebrada la primera Convención Colectiva de Trabajo.
Posteriormente, mediante Contrato suscrito el 20 de mayo de 1997, EL ESTADO vendió a la empresa inglesa CABLE & WIRELESS Plc el 49% de las acciones del capital social de la sociedad INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. o INTEL, S.A. (cuya razón social fue cambiada a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., luego de dicha venta).
De acuerdo a lo expuesto, la Sala debe reiterar que la figura de la sustitución patronal no operó en el presente caso, en virtud de que el Estado no mantiene relaciones entre capital y trabajo, y, por lo tanto, no están reguladas por el Código de Trabajo. De forma clara, el Código de Trabajo, en su artículo 2, excluye a los funcionarios públicos, de estar bajo su regulación.
Se desestima en consecuencia, la violación del artículo 14 del Código de Trabajo.
En lo que atañe al resto de las infracciones alegadas, y que básicamente dicen relación con la supuesta obligación de CABLE & WIRELESS S.A., de reconocer prestaciones laborales supuestamente adeudadas a los trabajadores del sindicato demandante, la Corte ha de señalar lo siguiente:
No le asiste razón al casacionista, pues de acuerdo a lo expresado en párrafos precedentes, a través de la cláusula 5.29.7 contenida en el Contrato de 20 de mayo de 1997, (a través del cual El Estado vendió a CABLE & WIRELESS, Plc el 49% de las acciones del capital social de la sociedad INTEL, S.A.), el Estado se hizo responsable, y en consecuencia, asumió el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha de cierre, es decir el 29 de mayo de 1997, que resultasen en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los trabajadores del INTEL, S.A.
Por ende, el criterio mantenido por la Sala es que las reclamaciones debían en todo caso, encaminarse contra el Estado, tal como señaló esta Superioridad en sentencia de 23 de noviembre de 2000:
"La Sala se identifica con la decisión adoptada por el ad-quem, la cual se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de 1997, Por el cual se Reglamenta el artículo 26 de la Ley No.5 de 9 de febrero de 1995 ... 'del proceso in examine, no pueden ser dilucidadas en esta esfera, toda vez que al asumir el Estado responsabilidad sobre las mismas, la parte actora debe recurrir a la vía contencioso administrativa, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico interno." (Cfr. Sentencia de 23 de noviembre de 2000).
Así las cosas, el Tribunal de Casación concluye en que el resto de los cargos endilgados deben ser desestimados, y que no existe vicio de ilegalidad en la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista.
En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de julio de 2002, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ahora denominado SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CABLE & WIRELESS PANAMA.
ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ARTURO HOYOS
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 25 de Noviembre de 2015 (caso Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 25 de noviembre de 2015)