Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-01315-2060-2017-de-marzo-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_041923b9573d49de891a84e1e688aa90&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-21 17:46:10
Document Index: 297845880

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 5', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 4', 'artículo 146']

﻿ SENTENCIA 2010-01315/2060-2017 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2010-01315 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:EMPLEADOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR ACUERDOS COLECTIVOS, MAS NO CONVENCIONES. SE INDICÓ QUE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDEN PRESENTAR PLIEGO DE PETICIONES NI BENEFICIARSE DE LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN CONVENCIONES COLECTIVAS. ASÍ LAS COSAS, SE SEÑALÓ QUE PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN, Y DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS 151 Y 154 DE LA OIT, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE EMPLEADOS PÚBLICOS PODRÁN ACUDIR A OTROS MEDIOS QUE GARANTICEN LA CONCERTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO, A PARTIR DE LA SOLICITUD QUE AL RESPECTO FORMULEN LOS SINDICATOS, MIENTRAS EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL EFECTO. POR OTRO LADO, SE ESTIPULO QUE EL DECRETO 1848 DE 1969, EN EL ARTÍCULO 2 SE DEFINE QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SON LAS PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERINTENDENCIAS, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, MIENTRAS QUE EN EL ARTÍCULO 3 ESTABLECIÓ QUE LOS TRABAJADORES OFICIALES, SON QUIENES LABORAN EN LAS ENTIDADES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 1 DE ESE MISMO DECRETO, EN LA CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SALVO EL PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONFIANZA QUE LABORE EN DICHAS OBRAS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON CARÁCTER COMERCIAL O INDUSTRIAL, EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES O COMERCIALES DEL ESTADO Y EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS, EMPLEOS PÚBLICOS, CONVENCIÓN COLECTIVA, OIT, FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, ESTRUCTURA DEL ACUERDO CONJUNTO
Sentencia 2010-01315/2060-2017 de marzo 1 de 2018
Radicación: 760012331000201001315 02 (2060-2017)
Demandante: Empresas Municipales de Cali, Emcali EICE, ESP
Demandado: Edna Przychodny Montoya, María del Mar Arnedo Przychodny y Stephania Przychodny
¿La pensión reconocida por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, por medio de la Resolución 460 del 6 de marzo de 1996 al señor Oscar Arnedo Arango, con fundamento en la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad y en la convención colectiva de trabajo vigente suscrita por aquella y su sindicato de trabajadores, prestación que se sustituyó a la señora Edna Przychodny Montoya, y a las menores —en su momento— María del Mar Arnedo Przychodny y Stephania Przychodny, según oficio 800-GA-000946 del 29 de junio de 2007, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993?
El problema jurídico planteado se resolverá en el siguiente orden: (I) Naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de Emcali, II) Competencia para la fijación del régimen pensional de empleados públicos; (III) De la posibilidad de los empleados públicos de beneficiarse de convenciones colectivas; (IV) Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y, (V) Del caso concreto.
Con el fin de definir el contexto normativo que afectó la naturaleza jurídica de la vinculación del señor Oscar Arnedo Arango con las Empresas Municipales de Cali, se harán las siguientes precisiones:
Mediante Acuerdo 50 de 1961 expedido por el Concejo Municipal de Cali, se constituyó el establecimiento público denominado Empresas Municipales de Cali, Emcali, como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera “la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las empresas e instalaciones de propiedad del municipio de Cali que constituyen el acueducto municipal, el alcantarillado municipal, la Empresa de Energía Eléctrica Municipal, el empresa telefónica municipal, las plazas de mercado y de ferias, y el matadero municipal” (fls. 20-28, vto. cdno. 1).
En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo(7).
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos (...)(8).
En lo que respecta a la posibilidad de definir a través de los estatutos de los establecimientos públicos, quiénes tendrían la condición de trabajadores oficiales, es importante precisar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 1995, declaró inexequibles las expresiones “En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo” y “sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicosֲ, contenidas en el Decreto-Ley 3135 de 1968, por considerar, en síntesis, que la autonomía de las entidades descentralizadas no llega al punto de permitirles definir en sus estatutos las actividades que pueden ser desarrolladas por trabajadores oficiales, pues ésta es una atribución del legislador, a quien también le corresponde la clasificación de los empleos de la administración nacional.
En cumplimiento de lo anterior el Concejo Municipal de Cali, expidió el Acuerdo 14 del 31 de diciembre de 1996 (fls. 29-40, vto. cdno. 1), por medio del cual Emcali se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal (art. 4º), a partir del 1º de enero de 1997, es decir que desde este momento, como regla general, la naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de trabajadores oficiales y de manera excepcional los estatutos de estas empresas podrían definir los cargos con funciones de dirección o confianza que deban ser desempeñados por empleados públicos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, antes transcrito.
(...) ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público (...) (se subraya).
(...) Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (...) (se subraya).
ART. 1º—El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo.
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones (...) (resaltados fuera del texto).
Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga (...)(13) (se resalta).
ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes) los requisitos exigidos en dichas normas(17).
Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma (...).
En el presente caso no se discute que según señala el acto administrativo de reconocimiento el señor Oscar Arnedo Arango nació el 23 de septiembre de 1945(21). Tampoco se controvirtió que laboró en el Ministerio de Transporte por 7 años 4 meses y 16 días y se vinculó a Emcali desde el 8 de agosto de 1977 hasta el 2 de octubre de 1995(22)
Mediante Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 (fls. 18 y 19) la junta directiva de las Empresas Municipales de Emcali, concedió unos beneficios extralegales a los empleados públicos de la entidad, dentro de los cuales estableció en el artículo cuarto, el siguiente:
ART. 4º—Con retroactividad a 1º de enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los empleados públicos de las Empresas Municipales de Cali:
Así mismo, el entonces establecimiento público Empresas Municipales de Cali, suscribió convención colectiva con su sindicato de trabajadores “Sintraemcali” (fls. 48-54, vto. cdno. 1), en la cual se incluyeron previsiones relacionadas con pensiones de jubilación, entre ellas las siguientes:
ART. 103.—Condiciones para jubilación. Emcali jubilará a los trabajadores oficiales que hayan prestado servicios veinte (20) años continuos o discontinuos a entidades de derecho público y cuando cumplieren cincuenta (50) años de edad.
Luego, la entidad aceptó la renuncia presentada por el señor Oscar Arnedo Arango, a partir del 2 de octubre de 1995(23) y posteriormente, el gerente administrativo de Emcali expidió la Resolución 460 del 6 de marzo de 1996, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al interesado a partir del 2 de octubre de 1995, en cuantía del 90% del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios, con fundamento en la convención colectiva de trabajo celebrada en el año de 1983. En el artículo tercero de dicho acto, estipuló que una vez el Instituto de Seguros Sociales asumiera el riesgo de vejez, la empresa únicamente pagaría el mayor valor si se generara entre la pensión otorgada por el ISS y la reconocida por Emcali(24).
A raíz del deceso del señor Oscar Arnedo Arango(25), se dio lugar al reconocimiento de la sustitución de la pensión que venía devengando el causante a favor de sus beneficiarias, Edna Przychodny Montoya, en calidad de cónyuge supérstite y María del Mar Arnedo Przychodny y Stephania Przychodny como sus hijas (fls. 16 y 17, cdno. 1), según oficio 800-GA-000946 del 29 de junio de 2007, emanado de la gerencia del área administrativa de Emcali.
En este punto, observa la Subsección que la situación jurídica de carácter individual frente a la pensión de jubilación del señor Oscar Arnedo Arango y sustituida a Edna Przychodny Montoya, María del Mar Arnedo Przychodny y Stephania Przychodny quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en disposiciones del orden territorial, dado que fue concedida el 2 de octubre de 1995, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 así como los establecidos por la convención colectiva vigente para la época(26).
Ahora bien, el ordinal 3º del artículo 4º de la antes mencionada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, y la Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977, ambas proferidas por Emcali, fueron demandadas ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual declaró su nulidad mediante sentencia de 10 de febrero de 1995, decisión que confirmó el Consejo de Estado en providencia de 2 de octubre de 1996, expediente 11697, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, pronunciamiento que se citó en sentencia de esta sección, del 12 de mayo de 2005(27).
En cuanto a los efectos que dicho pronunciamiento tiene sobre los derechos reconocidos en virtud del acto anulado, debe precisarse que la Ley 100 de 1993 previó la protección de los derechos adquiridos de las personas que alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados al momento de su entrada en vigencia(28), protección que como se vio, se entiende extendida hasta el 30 de junio de 1997, motivo por el cual, los efectos de la nulidad del acto general no le son aplicables a los derechos pensionales consolidados con anterioridad.
La pensión reconocida por Emcali al señor Oscar Arnedo Arango, por medio de la Resolución 460 del 6 de marzo de 1996, con fundamento en la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad(29) y en la convención colectiva de trabajo vigente, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues su situación jurídica individual frente a la prestación al amparo de aquellas disposiciones quedó definida antes del 30 de junio de 1997.
Por lo expuesto la Sala considera que se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de julio de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda.
1. Confirmar la sentencia del 27 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, EICE ESP contra la Resolución 460 del 6 de marzo de 1996, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación al señor Oscar Arnedo Arango y del oficio 800-GA-000946 del 29 de junio de 2007, por el cual la gerencia del área administrativa concedió la sustitución pensional a Edna Przychodny Montoya, en calidad de cónyuge supérstite y María del Mar Arnedo Przychodny y Stephania Przychodny como hijas del causante.
(12) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011. Radicación: 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga —En Liquidación—; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(18) Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterado en las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011, Radicación: 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga —En Liquidación—; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación: 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga —En Liquidación—, C.P. Alfonso Vargas Rincón y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación: 68001-23-31-000-2005-02293-02(4597-13), actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga —En Liquidación—, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
(19) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(20) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, Radicación: 1484-09, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(21) En las consideraciones de la Resolución 460 del 6 de marzo de 1996 se indica “Que según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Tercera de Cali tomo 9/45 folio 220, consta que el señor OSCAR ARNEDO ARANGO nació en Cali el 23 de septiembre de 1945” (mayúsculas del texto).
(22) Según se indica en el acto de administrativo de reconocimiento obrante a folios 10 y 11 del expediente.
(23) Conforme se observa en la Resolución 5152 del 25 de septiembre de 1995 visible a folio 9 del cuaderno principal.
(24) Folios 10 a 15 del cuaderno principal.
(25) Según se advierte en el oficio 800-GA-000946 del 29 de junio de 2007 obrante a folios 16 y 17 del cuaderno principal.
(26) Según señaló el acto administrativo de reconocimiento pensional.
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2005, Radicación: 76001-23-31-000-2001-01732-01(1964-04), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(28) En este sentido puede consultarse la sentencia de 12 de febrero de 2009 Rad. 250002325000200403756 01 (0273-08), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(29) Por la cual se concedieron unos beneficios extralegales a los empleados públicos de Emcali.