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Timestamp: 2018-07-23 15:23:07
Document Index: 48654330

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 58', 'Artículo 21', 'Artículo 13', 'Artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 58', 'Artículo 13', 'Artículo 45', 'in fine', 'Artículo 58', 'Artículo 45', 'Artículo 58', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 68']

Edesur S.A. c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Bienes del Estado
Buenos Aires , 25/11/2008
Régimen de Consolidación "Fecha de corte". Vigencia temporal. Cálculo de los intereses. Aplicación de Artículo 13 Ley 25.344. Precedente "Basso de Mele".
E. 221. XLI. "Edesur S.A. c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Bienes del Estado s/ escrituración".
A fs. 635, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala III) confirmó la sentencia de la instancia anterior y dispuso que el cálculo de los intereses correspondientes a la tasa judicial pendiente de pago por parte de la condenada debía realizarse de conformidad con el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725, que modificó la 25.344 y estableció como nueva "fecha de corte" el 31 de diciembre de 2001. Al respecto, consideró que "resulta irrazonable que se prorroguen los efectos de la ley de consolidación y no se prorrogue la fecha de corte, conclusión que no se ve alterada por la Resolución del Ministerio de Economía Nº 459/03, puesto que, según lo establecido por su "Artículo 21, su anexo I y el Artículo 13 del Decreto Nº 1.116/00, los créditos a liquidarse se expresarán al 31 de diciembre de 2001.
Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 639/655, con fundamento en que la sentencia es arbitraria en cuanto declara que el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725 constituye una prórroga y no un nuevo período de consolidación que queda comprendido entre el 11 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, según lo establecido por la resolución del Ministerio de Economía 459/03. En este sentido, añade que por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación de poderes no faculta a los jueces para prescindir de lo dispuesto por la ley aplicable a cada caso, so color de su posible injusticia o desacierto.
Por otra parte, sostiene que la Cámara, sin justificación alguna, omitió tener en cuenta las críticas formuladas al decisorio de primera instancia, efectuó una "lectura aislada y parcial de los argumentos defensivos" y arribó a una conclusión que no pondera las peculiaridades de la relación ni los elementos de juicio obrantes en la causa. Se agravia porque el tribunal resolvió en forma contraria a las normas de orden público aplicables al caso -Leyes Nº 25.344 y 25.725- sin declarar su inconstitucionalidad y sin considerar que la deuda de autos se halla comprendida en la primera de las leyes mencionadas y no en la prórroga dispuesta por la segunda, en virtud del monto del capital de condena y de la causa de la obligación.
Concluye que la liquidación del capital debe estar expresada a la fecha de corte que fija la Ley Nº 25.344, es decir, al 11 de enero de 2000, y que a partir de allí se deben aplicar los intereses de los bonos, motivo por el cual deviene improcedente -a su entender- adicionar intereses hasta la fecha de prórroga establecida por el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725, al quedar la acreencia de la actora comprendida en el régimen de la ley citada en primer término y sus disposiciones reglamentarias.
A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el Artículo 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando, como ocurre en autos, lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas).
Por otra parte, también debe tenerse presente que en el sub lite se discute la interpretación de normas federales (Leyes Nº 25.344 y 25.725) y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que la apelante funda en ellas (Artículo 14, inc. 3°, de la Ley Nº 48).
En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725 dispuso prorrogar al 31 de diciembre de 2001 la fecha de consolidación de obligaciones de carácter no previsional, vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991, a que se refiere el Artículo 13 de la Ley Nº 25.344. Si bien de un primer análisis de los términos empleados por el legislador surgiría, a mi modo de ver, que se trató de una extensión temporal o continuación del régimen ya establecido mediante esta última norma mencionada, lo cierto es que la sanción de la Ley Nº 26.078 de Presupuesto para el ejercicio 2006 (v. B.O. del 12 de enero ppdo.), vino a disipar las dudas en torno a este punto y ha hecho perder virtualidad a las cuestiones que se debaten en el sub lite respecto de la fecha hasta la cual deben calcularse los intereses.
En efecto, su Artículo 45 in fine establece, en lo que aquí interesa, que la prórroga dispuesta en el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725 resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999 y anterior al 11 de enero de 2002 y que "En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 11 de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la Ley Nº 23.982, en el 11 de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la Ley Nº 25.344, y en el 11 de enero de 2002 o el 11 de septiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la Ley Nº 25.565 y la Ley Nº 25.725".
El modo en que esta disposición determina el cómputo de los accesorios legales es fundamental para sellar la suerte de los agravios planteados en el remedio excepcional, toda vez que V.E. tiene dicho que, si durante el transcurso del proceso se han dictado nuevas normas sobre la materia discutida, deben ser consideradas para su solución, pues las sentencias de la Corte deben reparar en las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario de las cuales no es posible prescindir (v. Fallos: 304:1716; 320:1653 y sentencia del 5 de abril de 2005, in re G. 2181, L. XXXIX, "Galli, Hugo Gabriel y otro c/ PEN ¿ Ley Nº 25.561 ¿ Decretos Nº 1.570/01 y 214/02 s/ amparo sobre Ley Nº 25.561").
En tales condiciones, el citado Artículo 45 viene a confirmar la postura de la apelante en cuanto sostiene que, al quedar comprendido el crédito de autos en la Ley Nº 25.344, no es la "fecha de corte" fijada en el Artículo 58 de la Ley Nº 25.725 la que corresponde aplicar para el cálculo de los intereses, sino la del Artículo 13 de la Ley Nº 25.344 y, por lo tanto, el 31 de diciembre de 1999 debe tomarse como punto de referencia de conformidad con el Artículo 13, anexo IV, del decreto 1116/00, que dispone que los créditos a liquidarse judicialmente se deben expresar a la fecha de corte y, a partir de allí, se devengan los intereses que prevé el Artículo 12, inc. a), del mismo decreto (v. sentencia del 2 de diciembre de 2004, in re B. 2906, L. XXXVIII, "Basso de Mele, Rosana Mirta c/ AFIP - Dirección General de Aduanas s/ sumarísimo", que remite al dictamen de esta Procuración General).
No obsta a lo expuesto, el criterio diferente adoptado por este Ministerio Público en el dictamen del 2 de septiembre de 2005, in re P. 2394, L. XL, "Petryszyn, Ana María c/ Aguerre, Juan Carlos y otros", puesto que, a diferencia de lo que ocurre en el sub examine, al momento de examinar la cuestión que se suscitó en esa causa, aún no se había sancionado la Ley Nº 26.078.
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar el pronunciamiento de fs. 635.
Vistos los autos: "Edesur S.A. c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Bienes del Estado s/ escrituración".
Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones expresados en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado a fs. 667/668 vta., se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto al sentencia en cuanto fue materia de agravios. Con costas por su orden, en atención a la complejidad de la materia en debate y a que los sucesivos cambios normativos sobre el régimen de cancelación de deudas estatales pudieron suscitar dudas sobre la misma (Artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Notifíquese, y vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.
Parte Demandada: Estado Nacional - Dirección Nacional de Bienes del Estado