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Timestamp: 2019-08-24 18:44:18
Document Index: 95396777

Matched Legal Cases: ['artículo 317', 'artículo 353', 'artículo 17', 'artículo 102', 'artículo 242', 'artículo 66', 'artículo 30', 'artículo 81', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 89', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 97', 'artículo 102', 'artículo 166', 'artículo 178', 'artículo 186', 'artículo 199', 'artículo 200', 'artículo 208', 'artículo 214', 'artículo 219', 'artículo 220', 'artículo 287', 'artículo 184']

﻿ DECRETO 522 DE MARZO 27 DE 1971
DECRETO 522 DE 27 DE MARZO DE 1971
CONTENIDO:CÓDIGO PENAL. SE RESTABLECE LA VIGENCIA DE ALGUNOS DE SUS ARTÍCULOS, SE DEFINEN COMO DELITOS DETERMINADOS HECHOS CONSIDERADOS HOY COMO CONTRAVENCIONES, SE INCORPORAN AL DECRETO-LEY 1355 DE 1970 DETERMINADAS CONTRAVENCIONES Y SE DETERMINA SU COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, ORGANISMOS COMERCIALES, CONTRAVENCIÓN, DELITO, PROCEDIMIENTO PENAL
DECRETO 522 DE 1971
“Por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho decreto, se deroga el Decreto-Ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968, atendido el concepto de la comisión asesora que la misma establece,
ART. 1º—Restablécese la vigencia de los siguientes artículos del Código Penal (L. 95/36), los cuales quedan así:
ART. 123.—Inciso final: por el solo hecho de entrar clandestinamente a esos lugares, se incurrirá en la pena de arresto por uno a seis meses.
ART. 257.—Al que arroje cualquier objeto capaz de producir daño, o dispare armas de fuego contra vehículos en movimiento destinados a transporte público, o cambie o altere las señales que regulen el tránsito, se le impondrá prisión, de seis meses a tres años.
ART. 260.—Al que, fuera de los casos permitidos por la ley, fabrique, adquiera o conserve dinamita u otra materia u objetos explosivos o inflamables, gases o bombas mortíferas, o sustancias que sirvan para la composición o fabricación de ellos, se le impondrá prisión, de uno a cinco años.
ART. 323.—Inciso final: en la misma sanción incurrirán los que consuman el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad.
ART. 326.—El que corrompa a una mujer mayor de catorce años y menor de diez y seis, mediante el acceso carnal con su consentimiento, estará sujeto a la pena de uno a seis años de prisión.
Esta pena se aumentará hasta en una cuarta parte en cualquiera de los casos previstos en los numerales del artículo 317.
ART. 329.—El que destine casa o establecimiento para cometer allí actos homosexuales o autorice a otros para hacerlo, estará sujeto a la pena de uno a tres años de prisión.
Esta sanción se aumentará hasta en una cuarta parte si el responsable se propusiere un fin lucrativo”.
ART. 2º—El que sin permiso de autoridad competente fabrique, distribuya, venda o suministre armas de fuego o municiones, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a tres años.
ART. 3º—Si las armas, municiones o explosivos a que se refieren los artículos 260 del Código Penal y segundo de este decreto fueren, según reglamento del gobierno, de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía, la sanción respectiva se aumentará hasta en otro tanto.
Igual agravación de la pena procederá en el caso de que el arma o armas fueren suministradas a persona que se halle privada de libertad, violando los reglamentos carcelarios.
En todos los casos procederá el decomiso de tales armas y elementos.
ART. 4º—Al que ocasionare un siniestro, como consecuencia de la omisión en colocar los aparatos, señales o avisos destinados a prevenir accidentes en el trabajo o en las vías de comunicación, o por haberlos alterado o dañado, se le impondrá prisión, de seis meses a cuatro años.
ART. 5º—El que sin permiso de autoridad competente almacene, elabore, distribuya, venda o de otro modo suministre marihuana, cocaína, morfina o cualquier otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a cuatro años.
La sanción se aumentará hasta en una cuarta parte si tales drogas o sustancias se suministran a menores de diez y ocho años. En este caso se aplicará, además multa de quinientos a diez mil pesos.
ART. 6º—El que sin permiso de autoridad competente cultive o conserve planta de la que pueda extraerse marihuana, opio, cocaína o cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a tres años, y en multa de quinientos a dos mil pesos.
ART. 7º—El que en su casa, local o establecimiento auspicie el uso de sustancia o droga estupefaciente o alucinógena, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a tres años.
ART. 8º—El que en lugar público o abierto al público porte sustancia o droga estupefaciente o alucinógena sin acreditar su tenencia legítima, incurrirá en arresto de uno a diez y ocho meses.
ART. 9º—El que por dos o más veces compre a empleados o a obreros sueldos, salarios o prestaciones sociales, con estipulación de intereses usuarios, cualquiera que sea la forma escogida para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en arresto de uno a tres años.
ART. 10.—Las anteriores disposiciones quedan incorporadas al Código Penal, así: las del artículo primero a los títulos y capítulos a que corresponden los artículos reproducidos.
Las de los artículos segundo, tercero, cuatro al título VIII, capítulo primero.
Las de los artículos quinto, sexto, séptimo y octavo al título VIII, capítulo segundo.
La del artículo noveno al título XVI, capítulo quinto.
ART. 11.—Agrégase al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970, sobre normas de policía, un título más dentro del libro III, que será el título cuarto, el cual versará sobre las contravenciones especiales, la competencia y procedimiento para su juzgamiento.
De las contravenciones especiales
ART. 12.—Además de las contravenciones de policía, definidas en los títulos anteriores de este libro III, existen contravenciones especiales de policía. Los hechos que las constituyen, su descripción legal, sanción, competencia y procedimiento para su investigación y juzgamiento se establecen en los siguientes capítulos.
De las contravenciones especiales que afectan la seguridad y la tranquilidad públicas
ART. 13.—El que use indebidamente la bandera o el escudo de Colombia o cualquiera otro emblema patrio, incurrirá en multa de cincuenta a cinco mil pesos.
ART. 14.—Los que reunidos tumultuariamente perturben el pacífico desarrollo de las actividades sociales, incurrirán en arresto de uno a treinta días.
ART. 15.—Los que organicen reunión pública efectuada sin el cumplimiento de los requisitos legales, incurrirán en multa de cincuenta a mil pesos.
ART. 16.—El que obstaculice el tránsito de persona o vehículo en vía pública, incurrirá en multa de cincuenta a quinientos pesos.
Si el obstáculo se causa con ocasión de huelga, reunión pública u otra circunstancia análoga, la sanción será de uno a treinta días de arresto.
ART. 17.—El que en lugar público o abierto al público escriba o coloque leyenda o dibujo ultrajante o incite a quebrantar la ley o desobedecer a la autoridad, incurrirá en arresto de uno a treinta días.
ART. 18.—El que desobedezca orden legítima de autoridad u omita sin justa causa prestarle el auxilio que aquella solicite, incurrirá en arresto de uno a treinta días.
Quien omita sin justa causa prestar ayuda a persona que pida auxilio, incurrirá en multa de cien a mil pesos.
ART. 19.—El que omita colocar los aparatos, señales o avisos destinados a prevenir accidentes en el trabajo o en las vías de comunicación, o los altere o dañe, se le impondrá arresto de uno a treinta días.
ART. 20.—El que prenda fuego a cosa propia, con riesgo para persona o propiedad ajena, incurrirá en multa de cien a cinco mil pesos.
ART. 21.—El que sin permiso de autoridad competente adquiera o porte un arma de fuego, incurrirá en multa de cincuenta a dos mil pesos, y en el decomiso del arma.
Si el arma fuere, según reglamento del gobierno, de uso privativo de las Fuerzas Militares o de policía, la sanción será de arresto de uno a treinta días y decomiso del arma.
ART. 22.—El que sin permiso de autoridad, fabrique, venda o suministre fuegos artificiales incurrirá en multa de quinientos a cinco mil pesos y en el decomiso del producto.
De las contravenciones especiales que afectan el orden social
ART. 23.—El que teniendo medios de subsistencia ejerza la mendicidad, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año.
ART. 24.—El que ejerza la mendicidad fingiendo enfermedad o defecto físico, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a dos años.
ART. 25.—El que ejerza la mendicidad explotando enfermedad cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo inhabiliten para trabajar, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año, sin perjuicio del tratamiento médico a que haya lugar.
ART. 26.—El que ejerza la mendicidad, valiéndose de menores de edad, o de enfermos o de lisiados, o los facilite a otro con tal fin, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a tres años.
ART. 27.—El que explote el negocio de juegos prohibidos, incurrirá en multa de un mil a cinco mil pesos, y en clausura definitiva del establecimiento, si lo tuviere.
ART. 28.—(Derogado).* Al empresario de establecimiento abierto al público en donde se suministren bebidas alcohólicas a menores de diez y ocho años, se le impondrá clausura del establecimiento hasta por dos meses. En caso de reincidencia, la clausura será definitiva.
*(Nota: Derogado por el Decreto 2737 de 1989 artículo 353 del Ministerio de Salud Pública).
ART. 29.—El médico, practicante o enfermero de hospital, casa de salud, clínica u otro establecimiento similar público o privado, que omita dar aviso a la autoridad competente de la entrada de persona presumiblemente víctima de lesión inferida por otra, incurrirá en multa de cincuenta a mil pesos.
En la misma sanción incurrirá el que omita informar sobre los decesos que ocurran en tales establecimientos cuando se deban a causa violenta.
ART. 30.—El que ejerza ilegalmente profesión u oficio, incurrirá en arresto de uno a doce meses.
De las contravenciones especiales que afectan la fe pública
ART. 31.—El que requerido por funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, declare falsamente o rehúse dar datos sobre la identidad, estado u otras generalidades de la ley acerca de su propia persona o de otra conocida, incurrirá en multa de cien a quinientos pesos.
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-422 del 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en el entendido que dicha norma se refiere a los requerimientos de información hechos por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones administrativas y que el requerido podrá abstenerse de suministrar información que lo autoincrimine).
ART. 32.—El que sin permiso de autoridad competente suprima o modifique los números de identificación de motor, carrocería, bastidor o “chasis” de vehículo automotor o los de la placa de su matrícula o use placa distinta de la autorizada, incurrirá en arresto de seis a veinticuatro meses.
ART. 33.—El que sin permiso de autoridad competente cambie la figura o forma exterior de vehículo automotor, incurrirá en multa de un mil a cinco mil pesos.
ART. 34.—El que en ejercicio de función pública autorice la matrícula de vehículo automotor nacionalizado o el registro del traspaso de su propiedad, cuando el peticionario no presente los documentos prescritos por ley o reglamento, incurrirá en arresto de seis meses a un año y en causal de mala conducta.
De las contravenciones especiales que afectan la salubridad pública
ART. 35.—El médico, practicante de medicina o enfermero que no de aviso a la autoridad de la existencia de persona afectada de enfermedad respeto de la cual se exija tal aviso, incurrirá en multa de doscientos a dos mil pesos.
ART. 36.—El que venda medicamentos cuya fecha para uso terapéutico haya expirado o suprima o altere tal fecha, incurrirá en arresto de dos a seis meses.
ART. 37.—El que adultere bebidas o las suministre o expenda adulteradas, incurrirá en arresto de uno a tres años.
El que altere bebidas o las suministre o expenda alteradas, incurrirá en multa de doscientos a mil pesos.
ART. 38.—El que enajene o suministre cosa adulterada, dañada o alterada, incurrirá en arresto de uno a seis meses.
En la misma pena incurrirá el que adultere, dañe o altere costa destinada al comercio.
De las contravenciones especiales que afectan la economía nacional
ART. 39.—El que enajene o suministre cosa destinada al comercio en cantidad o calidad inferior a la declarada o convenida, incurrirá en multa de doscientos a diez mil pesos.
ART. 40.—El que señale mercancías con distintivo o marcas que induzcan a error sobre su procedencia o contenido, incurrirá en multa de un mil a veinte mil pesos.
ART. 41.—El comerciante o expendedor que tenga en su poder pesas o medidas adulteradas, incurrirá en multa de quinientos a cinco mil pesos.
ART. 42.—Si alguno de los hechos de que tratan los dos capítulos anteriores fuere ejecutado por médico, farmacéutico o comerciante, personalmente o por interpuesta persona, en establecimiento de su propiedad, se le impondrá, además de las penas previstas en cada artículo, la clausura del respectivo establecimiento hasta por seis meses.
ART. 43.—Las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de los hechos de que tratan estos capítulos serán decomisados.
De las contravenciones especiales que afectan la moral pública
ART. 44.—El que en sitio público o abierto al público ejecute hecho obsceno, incurrirá en arresto de uno a seis meses.
De las contravenciones especiales que afectan la integridad personal
ART. 45.—El que omita prestar ayuda a persona herida o en peligro de muerte o de grave daño a su integridad personal, incurrirá en arresto de uno a seis meses. Si de la falta de auxilio se siguiere la muerte, la sanción se aumentará hasta en la mitad.
Si el contraventor es médico, farmacéutico o practicante de medicina o agente de autoridad, la pena se aumentará hasta en otro tanto.
ART. 46.—El que sin facultad legal averigüe hechos de la vida íntima o privada de otra persona, incurrirá en multa de cincuenta a cinco mil pesos.
Si la conducta se realiza por medio de gravación, fotografía o cualquier otro mecanismo subrepticio, la multa se aumentará hasta en la mitad.
ART. 47.—El que divulgue los hechos a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en multa de cincuenta a cinco mil pesos.
Si de tal divulgación se obtiene provecho personal, la multa se aumentará hasta en la mitad.
En caso de reincidencia, la pena será de uno a seis meses de arresto.
ART. 48.—El que habiendo tenido conocimiento de un hecho de la vida privada ajena, lo divulgue sin justa causa incurrirá en multa de cincuenta a dos mil pesos.
Si divulga el hecho con obtención del provecho personal, la multa se aumentará hasta en la mitad.
ART. 49.—En los casos previstos por los tres artículos anteriores, la acción penal requiere querella de parte.
De las contravenciones especiales que afectan el patrimonio
ART. 50.—El sin permiso de autoridad competente, enajene, adquiera o constituya prenda sobre reliquias, cuadros o esculturas o utensilios históricos o artísticos, que se encuentren en zonas arqueológicas, edificios públicos, museos, monasterios, templos o casas consistoriales, incurrirá en multa de un mil a veinte mil pesos, y en el decomiso de la obra.
El que habiendo adquirido lícitamente una de las obras a que se refiere el inciso anterior, pretenda sacarla del país sin permiso legal, incurrirá en multa de quinientos a cinco mil pesos y en el decomiso de la obra.
Si la obra decomisada salió del patrimonio de la entidad a que pertenecía sin intervención de sus representantes, le será entregada a ella. En los demás casos, la entrega se hará al Museo Nacional.
ART. 51.—El administrador, dueño o empleado de prendería o establecimiento donde se adquieran objetos con pacto de retroventa, que negocie con persona que no se identifique debidamente ni declare la procedencia legítima de los bienes, u omita dejar testimonio escrito de estas circunstancias con la firma del contratante en libro foliado y registrado en cámara de comercio, incurrirá en multa de trescientos a diez mil pesos.
ART. 52.—El que habiendo recibido dinero u obtenido de alguna manera objeto procedente de un delito sin conocer su origen, omita, después de saberlo, dar aviso a la autoridad de tal hecho, incurrirá en multa de quinientos a diez mil pesos.
ART. 53.—El que tenga en su poder cosa mueble que haya sido objeto de una infracción penal y no de explicación satisfactoria de su tenencia legítima, incurrirá en arresto de tres meses a un año, si no se le encuentra responsable de delito.
ART. 54.—El que altere marca que acredite la propiedad de semoviente ajeno, o marque como propio el que no le pertenezca, incurrirá en arresto de seis a diez y ocho meses, siempre que no se demuestre la existencia de delito.
ART. 55.—El que tenga llave falsa o deformada, ganzúa o cualquiera otro instrumento apto para descerrajar o abrir puerta o ventana o para quebrantar otro medio de protección de la propiedad, y no dé explicación satisfactoria sobre su tenencia o destino legítimos, incurrirá en arresto de seis a doce meses.
La sanción se aumentará hasta en otro tanto, si el agente hubiere sido condenado dentro de los cinco años anteriores por delito contra la propiedad.
ART. 56.—El que sea sorprendido dentro de habitación ajena, depósito, granero, caballeriza o cualquier otro lugar destinado a la guarda o custodia de animales u otros bienes, o dentro de tienda o almacén que no estén abiertos al público, y no justifique su presencia en tales lugares, incurrirá en arresto de seis a doce meses, si el hecho no constituye delito de violación de domicilio.
ART. 57.—El que con fines de lucro abuse de la ignorancia, la superstición o la credulidad ajenas, incurrirá en arresto de uno a doce meses.
ART. 58.—Incurrirán en arresto de uno a ocho meses:
a) El que se apropie de cosas ajenas extraviadas, sin cumplir los requisitos que prescribe la ley;
b) El que se apropie en todo o en parte un tesoro descubierto, sin entregar la porción que corresponda a un tercero conforme a la ley;
c) El que se apropie cosas que pertenecen a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error o caso fortuito.
En los casos de que trata el presente artículo, no se podrá proceder sino a petición de parte.
ART. 59.—El que se niegue a pagar sin justa causa el valor de lo consumido en establecimiento comercial, incurrirá en multa, que se impondrá a favor del dueño o administrador del establecimiento, igual al doble de la cantidad no pagada.
El funcionario podrá abstenerse de imponer la multa, si el contraventor asegura satisfactoriamente el pago para dentro del término prudencialmente señalado por el mismo funcionario.
Disposiciones generales copartícipes
ART. 60.—El que tome parte en la ejecución del hecho contravencional o preste al autor cooperación o auxilio, quedará sometido a la pena prevista para la contravención, disminuida hasta en la mitad.
El que instigue o determine a otro a cometer una contravención, incurrirá en la misma pena prevista para el autor material.
ART. 61.—Al responsable de varias contravenciones cometidas conjunta o separadamente, cuando se le juzgue en una misma audiencia, se le aplicará la sanción establecida para la más grave, aumentada hasta en una cuarta parte.
ART. 62.—Al que con un mismo hecho cometa varias contravenciones, se le aplicará la sanción establecida para la más grave, aumentada hasta en una tercera parte.
ART. 63.—El que después de una sentencia condenatoria cometiere una nueva contravención, incurrirá en la sanción que a ésta corresponda, aumentada en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las demás, siempre que la nueva contravención se haya cometido antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena.
La regla anterior dejará de aplicarse cuando en disposición especial se prescriba tratamiento diferente.
ART. 64.—La reincidencia se acreditará con copia de la sentencia anterior. En su defecto, con certificación que expida autoridad competente.
ART. 65.—La multa deberá consignarse a favor del tesoro municipal del lugar donde se cometió la contravención, en término que señale el funcionario, que no excederá de treinta días contados desde el de la ejecutoria de la sentencia.
Para facilitar su cumplimiento, cuando el funcionario lo considere razonable, podrá aceptar el pago de la multa por cuotas periódicas con término de treinta a ciento ochenta días.
ART. 66.—Si la multa no se paga dentro del término señalado, se convertirá en arresto, en trabajo de interés público, o en cierre temporal del establecimiento.
La conversión se hará a razón de un día de arresto, de trabajo o de cierre por cada treinta pesos o fracción.
ART. 67.—Para los efectos de las contravenciones especiales de que trata este título cuarto, la multa consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero no menor de cincuenta pesos ni mayor de veinte mil pesos.
ART. 68.—Cuando la ley señale pena de multa superior a mil pesos y ésta no se consigne oportunamente, su pago podrá perseguirse por la vía de la jurisdicción coactiva.
ART. 69.—En la sentencia se determinará como ha de cumplirse la pena de multa.
ART. 70.—Corresponde a los alcaldes y a los inspectores de policía que hagan sus veces, conocer en primera instancia de las contravenciones especiales de policía de que trata este título cuarto.
De la segunda instancia conocerán los gobernadores de departamento.
(Nota: Derogado por la Ley 23 de 1991 artículo 17).
ART. 71.—El siguiente es el procedimiento para la investigación y fallo de estas contravenciones especiales de policía.
Denuncia. El que de cualquiera manera tenga conocimiento de que se ha cometido una contravención, denunciará el hecho a la policía judicial o al funcionario competente.
ART. 72.—Aviso al funcionario del conocimiento. Dentro de las doce horas siguientes a la del recibo de la denuncia, o a la del conocimiento del hecho, la policía judicial dará tuación (sic) al funcionario en el estado en que se encuentre.
ART. 73.—Características del proceso. El proceso es verbal y la audiencia pública. La primera instancia se desenvuelve en una tramitación continua en la que se refunden el sumario y la causa, sin perjuicio de las diligencias de indagación preliminar.
ART. 74.—Indagación preliminar. Recibida la denuncia o conocido de otro modo el hecho contravencional, la policía judicial dispone de un término de cinco días para adelantar diligencias de indagación, vencido el cual, remitirá la actuación al funcionario en el estado en que se encuentren.
El funcionario que ha de conocer de los hechos, podrá en cualquier momento, intervenir directamente o por medio de instrucciones escritas en las diligencias de indagación preliminar o realizarlas él mismo.
ART. 75.—Conocimiento de la denuncia. Llegada la actuación de la policía el funcionario, o practicada por él mismo la indagación preliminar, dictará auto cabeza de proceso o se abstendrá de hacerlo, de acuerdo con las normas y presupuestos que, al efecto, consagran las normas ordinarias de procedimiento penal en tratándose de delitos.
ART. 76.—Citación para audiencia o archivo del proceso. Notificado el auto anterior, el funcionario citará, dentro de los diez días siguientes para audiencia, si encuentra plenamente demostrado el hecho que constituye la contravención y existe por lo menos una declaración de testigo que merezca credibilidad o indicio grave que permitan hacer la acriminación.
En caso contrario, continuará instruyendo el proceso hasta por diez días más, al vencimiento de los cuales, o antes si fuere pertinente, citará para audiencia.
Si no hubiere mérito para ello archivará las diligencias, sin perjuicio de reiniciar la instrucción, de oficio o a solicitud motivada de parte mientras no haya prescrito la acción penal.
ART. 77.—Cuando se celebra la audiencia pública. La audiencia pública no podrá llevarse a cabo antes de que transcurran cinco días ni después de quince, a partir de la notificación del respectivo auto.
ART. 78.—Contraventor sorprendido en flagrancia. El contraventor sorprendido en flagrancia será conducido inmediatamente ante el funcionario quien, reconocida la flagrancia, abrirá el proceso y citará audiencia para dentro de los cinco días siguientes.
Del mismo modo se convocará a audiencia cuando el acusado confiese ser el autor del hecho.
Estas disposiciones no excluyen la aplicación de las medidas de cautela de que trata el artículo 102 de este decreto.
ART. 79.—Auto de citación. El auto de citación a audiencia será motivado. Se hará en él una relación sucinta de los hechos y de las pruebas allegadas. Al final se concretará el cargo y se citarán las disposiciones contravenidas.
ART. 80.—Notificaciones. La providencia que señale día para la audiencia se notificará personalmente al agente del Ministerio Público y al acusado, a quien se entregará una copia de ella.
ART. 81.—Emplazamiento, reducción de términos. Cuando no haya sido posible la notificación personal al acusado del auto de citación para audiencia, se aplicarán las reglas sobre notificación del auto de proceder previstas en el procedimiento ordinario del Código de Procedimiento Penal, pero los términos serán reducidos a la mitad.
ART. 82.—Solicitud y práctica de pruebas. Las pruebas deberán pedirse a más tardar dos días antes de la celebración de la audiencia.
Durante ella, el funcionario decretará las que estime conducentes y las que hayan solicitado las partes si las considera pertinente y ordenará practicarlas. Si de la realización de alguna de ellas surgen hechos nuevos podrá pedirse por cualquiera de los que intervienen en la audiencia las pruebas que se dirijan a impugnar este hecho. Tales pruebas deben practicarse dentro de los tres días siguientes.
La prueba testimonial se decretará respecto de los testigos que estén en condiciones de comparecer de inmediato a la audiencia.
ART. 83.—Aplazamiento de la audiencia. Sólo por motivo plenamente justificado podrá cambiarse, a petición de parte, la fecha inicialmente señalada para celebrar la audiencia. El motivo del aplazamiento debe expresarse en el correspondiente auto.
ART. 84.—Personas que pueden intervenir en el proceso. Podrá intervenir en el proceso por contravenciones el presunto contraventor y su apoderado, el querellante si lo hubiere y el agente del Ministerio Público.
El sujeto pasivo de la contravención sólo podrá participar para ofrecer pruebas y para auxiliar al funcionario cuando éste lo estime conveniente.
(Nota: Derogado por la Ley 1801 de 2016 artículo 242)
ART. 85.—Ausencia del acusado. La ausencia del acusado no suspende la celebración de la audiencia, pero deberá estar presente su defensor o uno designado de oficio.
ART. 86.—Audiencia. Llegados el día y la hora, el funcionario iniciará la audiencia con la lectura del auto de citación; si alguién lo pide se leerán otras piezas.
Luego se oirá a testigos y peritos previamente citados.
En seguida se resolverán sobre las solicitudes de prueba.
El funcionario no accederá a las que considere inconducentes. Los testigos y peritos podrán ser interrogados por el funcionario y por las partes. Después el funcionario dictará al secretario lo esencial de cada testimonio y de cada peritación; tanto testigos como peritos podrán dictar sus aclaraciones a la reseña hecha por el funcionario.
Cumplidas las diligencias anteriores se concederá la palabra al agente del Ministerio Público, al acusado y a su defensor.
El funcionario podrá solicitar a los oradores aclaraciones sobre sus opiniones y argumentos. De las exposiciones verbales las partes podrán entregar resumen escrito sin perjuicio de que la sentencia se pronuncie inmediatamente después del debate.
El funcionario deberá estar presente durante toda la actuación.
ART. 87.—Dirección del debate. El funcionario conducirá el debate de modo que éste no se prolongue innecesariamente y buscará que la audiencia concluya en el día señalado para llevarla a cabo, pero si faltare tiempo, ésta se continuará a la primera hora hábil del día siguiente o en la fecha disponible más inmediata.
ART. 88.—Terminado el debate se extenderá por el secretario un acta en la cual se registrará sucintamente el desarrollo del mismo. El acta se firmará por todos los concurrentes, siéndoles permitido dejar breves aclaraciones o salvedades antes de firmar.
El funcionario no permitirá que quienes han intervenido en la audiencia se ausenten sin haber estampado sus firmas en el acta.
ART. 89.—Incidentes. Los incidentes de impedimento, recusación y nulidad pueden proponerse en cualquier tiempo, antes de las sentencias de primera o segunda instancia. Serán tramitados como en el procedimiento ordinario.
ART. 90.—Acumulaciones y conexidad. Son acumulables los procesos por contravenciones cuando aún no se haya dictado en ellos auto de citación o audiencia.
Cuando una contravención se cometa en conexidad con un delito, conocerá de ella el juez competente para conocer del delito.
ART. 91.—Suspensión de la audiencia. Iniciada la audiencia sólo podrá suspenderse, fuera de los casos o circunstancias de fuerza mayor, por recusación del funcionario o porque haya necesidad de esperar dictamen de peritos.
ART. 92.—Inspección judicial. Si se propusiere inspección judicial, el funcionario la decretará y practicará si fuere conducente. El funcionario, dentro de la audiencia, se trasladará al lugar que deba ser inspeccionado y luego volverá a sesionar en su despacho.
ART. 93.—Sentencia. De no ser posible dictar sentencia inmediatamente después del debate, el funcionario lo hará a más tardar dentro de los tres días siguientes.
ART. 94.—Contenido de la sentencia. En la sentencia se hará una síntesis de los hechos comprobados. Se examinarán las pruebas sobre la responsabilidad, así como los descargos del acusado y se precisarán las disposiciones legales que hayan sido infringidas en caso de condenación.
ART. 95.—Transcripciones permitidas. Cuando sea necesario destacar la importancia o valor jurídico de un testimonio, dictamen, documento o doctrina, podrá transcribirse en la sentencia lo que se considere más pertinente y necesario, sin que sea permitida la inclusión íntegra de parte o partes de la actuación.
ART. 96.—Notificación de la sentencia. La sentencia se notificará personalmente dentro de los cinco días siguientes al de su pronunciamiento, o por edicto, que deberá fijarse por ocho días cuando no hubiere sido posible llevar a cabo la notificación personal.
ART. 97.—Segunda instancia. Recibido el proceso por el funcionario en la segunda instancia, se ordenará poner los autos en la secretaría a disposición de las parte por el término de cinco días.
Dentro de ese término podrán las partes presentar su alegato de fondo o pedir que se practiquen las pruebas decretadas y no practicadas en la primera instancia. En este último caso el funcionario citará para audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación.
Durante la audiencia, que deberá desarrollarse en un solo día, se oirá a las partes sin perjuicio de que puedan presentar al final resumen escrito de sus alegaciones.
ART. 98.—Ejecución de la sentencia. Salvo disposiciones en contrario, las normas ordinarias sobre ejecución de las sentencias, son aplicables a los contraventores.
ART. 99.—Prescripción. Proferida la sentencia en primera instancia, se interrumpe la prescripción.
ART. 100.—Recursos. El auto de citación a audiencia tiene recurso de reposición.
Contra las decisiones que se pronuncien en la audiencia distintas a la sentencia, procede también recurso de reposición, el cual será resuelto inmediatamente.
ART. 101.—Consulta. La sentencia que no fuere apelada se consultará, si impusiere pena privativa de la libertad.
ART. 102.—Medidas de cautela. Cuando el funcionario asuma el conocimiento de la investigación, podrá librar en cualquier tiempo orden de comparendo, sí existe temor de que el sindicado pueda ausentarse.
Si dicha orden fuere desobedecida, podrá ordenarse su captura.
Cumplida la orden de comparendo o verificada la captura según el caso, el funcionario asentará una diligencia, en la cual el presunto contraventor se obligue a presentarse al despacho, por lo menos una vez por semana, o cuantas veces fuere necesario, lo que debe cumplirse hasta la terminación del juicio.
Al mismo tiempo el funcionario podrá exigirle que preste fianza para asegurar el cumplimiento del compromiso de que trata el inciso anterior.
De acuerdo con la capacidad económica del acusado, la fianza se fijará en cuantía de cincuenta a dos mil pesos.
Cuando la contravención porque se procede tuviere señalada pena de arresto, el contraventor será detenido si resultare contra él por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, o un indicio grave de que es responsable penalmente como autor o partícipe del hecho que se investiga.
ART. 103.—Revisión del proceso. Cuando, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, se obtenga prueba plena o completa sobre la falsedad de dictamen, certificado, informe, diligencia, documento, o testimonio que hayan servido para sustentar la condena, o cuando el fallador haya sido condenado por cohecho o prevaricato como consecuencia de su actuación dentro del proceso, podrá solicitarse la revisión ante el tribunal superior del respectivo distrito judicial.
En la solicitud de revisión se anotará la causal del recurso, el despacho donde fue tramitada la causa y cualquier otro dato que se considere pertinente. Si el tribunal encuentra aceptable la solicitud, pedirá a quien corresponda el envío del expediente que contenga la actuación y recibido éste abrirá a prueba por el término de diez días.
El tribunal deberá decidir el recurso dentro de los quince días siguientes al vencimiento del término para alegar.
Si la revisión prospera y la pena hubiere sido de pérdida de la libertad, se ordenará pagar al injustamente condenado, a título de compensación por falla del servicio de justicia, la suma de cincuenta pesos por cada día de privación de la libertad.
Esta compensación la deberá el tesoro nacional y serán competentes los jueces del trabajo para conocer de la acción de cobro, si a ello hubiere lugar.
ART. 104.—Aplicabilidad de otras disposiciones. Son aplicables al procedimiento contravencional las disposiciones generales del Código Penal, las del Código de Procedimiento Penal, las comunes a todos los juicios contenidas en el de Procedimiento Civil, y las normas sobre Policía Judicial, en cuanto no resulten contrarias o incompatibles con las regulaciones de este procedimiento especial.
ART. 105.—Procedimiento de los delitos atribuidos al conocimiento de las autoridades de policía. Los procesos por los delitos de lesiones personales y contra la propiedad, en los casos atribuidos a la competencia de la policía, se tramitarán por el procedimiento previsto en este capítulo.
ART. 106.—Discusión de competencia entre autoridad jurisdiccional y de policía. En caso de discusión de competencia en materia penal entre una autoridad de policía y una autoridad jurisdiccional, la insistencia de esta última prevalecerá.
ART. 107.—Criterio para la conversión de pena. Cuando para efectos de la conversión a que se refiere el artículo 66, fuere del caso optar entre una de las varias formas o bases de conversión allí establecidas, el funcionario preferirá la que se tenga por más conveniente habida consideración de las circunstancias del hecho y de las condiciones personales del contraventor.
ART. 108.—Contravenciones comunes. Las contravenciones definidas en los títulos anteriores a este título IV del libro III, se seguirán tramitando por el procedimiento para ellas establecido en dichos títulos las autoridades competentes y las sanciones son las señaladas en los mismos.
Modificaciones y adiciones al Decreto-Ley 1355 de 1970.
ART. 109.—El artículo 30 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 30.—Para preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.
Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga”.
ART. 110.—La denominación del capítulo sexto (VI) del libro I será: “De la vigilancia privada” en lugar de la actual “Del servicio civil”.
ART. 111.—El artículo 81 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 81.—Cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderla.
Si se acoge a domicilio ajeno la policía podrá penetrar en él, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito previo requerimiento al morador. Si éste se opone, podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente para que se inicie la investigación penal a que haya lugar”.
ART. 112.—El artículo 86 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 86.—Cuando la policía no fuere suficiente para contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a las Fuerzas Militares”.
ART. 113.—El artículo 87 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 87.—Los gobernadores, el Alcalde de Bogotá, los intendentes y los comisarios especiales podrán requerir el auxilio de las Fuerzas Militares cuando las circunstancias de orden público lo exijan.
No obstante, ante peligro súbito y grave, los alcaldes podrán solicitar el auxilio de la Fuerza Militar, pero avisarán inmediatamente al respectivo gobernador, quien informará al comandante si ratifica o hace cesar tal auxilio.
Cuando lo considere necesario, el Presidente de la República ordenará a las Fuerzas Militares colaboren con la policía para el cumplimiento de una tarea de orden público interno”.
ART. 114.—El artículo 89 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 89.—La petición de asistencia militar debe hacerse por escrito, dirigida al comandante de la brigada o unidad operativa más cercana, o al comandante de batallón, grupo o base, o de unidad militar destacada que tenga jurisdicción en el área.
En caso de extrema urgencia la solicitud de auxilio podrá hacerse verbalmente, con la obligación de ratificarla por escrito tan pronto como los acontecimientos lo permitan”.
ART. 115.—El artículo 91 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 91.—Cuando las Fuerzas Militares presten la asistencia de que trata este capítulo, la ejecución de la tarea, según el plan acordado, será dirigida por quien desempeñe el comando de la unidad operativa encargada de prestar dicha asistencia, bajo cuyo control operacional queda, para esos efectos, todo el personal de los organismos armados que sean requeridos para reprimir el desorden”.
ART. 116.—El artículo 92 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 92.—Cuando los militares intervengan en la disolución de motines, ajustarán sus procedimientos a los reglamentos respectivos. En lo posible se abstendrán de hacer uso de las armas, a menos que se trate de defenderse o defender a otros de una violencia actual e injusta contra su persona o sus bienes, o cuando no haya modo diferente de restablecer la seguridad pública”.
ART. 117.—El artículo 97 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 97.—Los colombianos y los extranjeros podrán salir del país y regresar a él sin más requisito que el documento de identidad internacional o pasaporte, salvo lo estatuido en leyes especiales como las fiscales y las penales”.
ART. 118.—El inciso 4º del artículo 102 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización”.
ART. 119.—El artículo 166 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 166.—En cada municipio en donde exista plaza permanente de toros, habrá una comisión taurina integrada por dos veterinarios y tres aficionados de reconocida competencia designados por el alcalde y por sendos representantes de los criadores de reses de lidia y de las agremiaciones de toreros”.
ART. 120.—El artículo 178 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 178.—Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente con su cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro.
El Estado utilizará los medios de protección social a su alcance para prevenir la prostitución y para facilitar la rehabilitación de la persona prostituída”.
ART. 121.—Adiciónase el artículo 186 del Decreto-Ley 1355 de 1970 con el siguiente numeral:
“17. El arresto supletorio”.
ART. 122.—El artículo 199 del Decreto-Ley 1355 de 1970, queda así:
“ART. 199.—Cuando deba otorgarse caución, ésta consistirá en depósito en la tesorería municipal, en dinero efectivo, en cédulas hipotecarias o en títulos de deuda pública por su valor nominal, o en fianza bancaria o de compañía de seguros, o de dos personas de solvencia abonada.
Cuando la caución exceda de quinientos pesos y no se otorgue dentro del plazo señalado se impondrá arresto supletorio de un día por cada cien pesos. Si la caución es de quinientos pesos o menos se impondrá trabajo en obras de interés público en la misma proporción”.
ART. 123.—El artículo 200 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 200.—El trabajo en obras de interés público consiste en la ejecución de tareas que beneficien al municipio o a la comunidad; su duración no excederá en conjunto de cuarenta y ocho horas y se impondrá teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del infractor.
La tarea se ejecutará sucesivamente por horas al día y de modo que no interfiera la ocupación habitual del infractor.
Cuando el infractor no cumpla con el trabajo en el tiempo fijado y del modo prescrito se le impondrá arresto supletorio hasta por cinco días”.
ART. 124.—Adiciónase el artículo 208 del Decreto-Ley 1355 de 1970 con el siguiente numeral:
“5. Cuando el dueño o administrador del establecimiento auspicie o tolere el uso o consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar”.
ART. 125.—Adiciónase el artículo 214 del Decreto-Ley 1355 de 1970 con el siguiente numeral:
“3. Al que suministre, auspicie o tolere en su establecimiento el uso o consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar”.
ART. 126.—De las contravenciones de que tratan los capítulos IV y V del título II del libro III, artículos 204 y 205, no conocerán los comandantes de estación y de subestación sino los alcaldes o los inspectores de policía que hagan sus veces.
ART. 127.—Las disposiciones contenidas en los reglamentos de policía local se aplicarán en cuanto no se opongan a lo establecido por la ley, por los decretos-leyes o por los decretos que sobre policía dicte el Gobierno Nacional.
ART. 128.—El artículo 219 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 219.—Compete a los comandantes de estación o de subestación de policía conocer de las faltas para las que sean aplicables las medidas correccionales de amonestación en privado, reprensión en audiencia pública, promesa de buena conducta, presentación periódica, retención y cierre de establecimientos”.
ART. 129.—El artículo 220 del Decreto-Ley 1355 de 1970 queda así:
“ART. 220.—De las faltas por las que sean aplicables medidas correctivas de promesa de residir en otra zona o barrio, prohibición de concurrir a determinados sitios públicos, multa, decomiso, suspensión de permiso o licencia, suspensión de obra, demolición de obra, construcción de obra y trabajos en obras de interés público, conocerán los alcaldes o quienes hagan sus veces”.
ART. 130.—Comisarías nacionales de policía. Con el nombre de comisarías nacionales de policía, dependientes del Gobierno Nacional y adscritas al Ministerio de Justicia, continuarán funcionando las actuales comisarías de policía judicial.
ART. 131.—Además de los casos en que ocasionalmente ejercerán funciones de policía judicial, de acuerdo con dispuesto por el nuevo Código de Procedimiento Penal en su artículo 287, la Procuraduría General de la Nación podrá, oído el concepto del Consejo Superior de Policía Judicial atribuir a los comisarios nacionales de policía funciones de policía judicial reglamentando la forma de su ejercicio.
ART. 132.—Los comisarios nacionales de policía también conocerán de las contravenciones de policía definidas en el título segundo del libro III del Decreto-Ley 1355 de 1970.
Aplicarán las correspondientes sanciones, ciñéndose al procedimiento establecido en el título III del libro III de dicho decreto.
ART. 133.—El Ministerio de Justicia organizará y vigilará el funcionamiento de las comisarías nacionales de Policía y reglamentará las funciones de los empleados de tales oficinas y sus sistemas de trabajo.
ART. 134.—Tránsito de legislación. A partir del día primero de mayo de este año, al entrar en plena vigencia las normas contenidas en este decreto, los negocios que estén en trámite serán enviados, en el estado en que se encontraren, al funcionario competente de acuerdo con lo establecido en él.
ART. 135.—En las ediciones oficiales que se hagan del Decreto-Ley 1355 de 1970, se sustituirán los artículos de ese estatuto que han sido modificados por los correspondientes del presente decreto, y se agregarán las respectivas disposiciones nuevas que en él se establecen.
ART. 136.—Disposición especial. Hasta el día 30 de abril de este año continuarán conociendo de las contravenciones definidas en el Decreto-Ley 1118 de 1970 los jueces penales y promiscuos municipales en primera instancia, y los jueces penales y promiscuos de circuito en segunda instancia.
Aplicarán el procedimiento establecido en los artículos 71 a 106, ambos inclusive, del presente decreto.
ART. 137.—Derogatoria. Derógase el artículo 184 del Decreto-Ley 1355 de 1970 y el Decreto-Ley 1118 de 15 de julio del mismo año sobre estatuto de contravenciones, así como todas las normas que sean contrarias a lo dispuesto en el presente decreto.
ART. 138.—Vigencia. Este decreto regirá a partir del día primero de mayo de mil novecientos setenta y uno, excepto los artículos 71 a 106, ambos inclusive, y 109 a 136, también ambos inclusive, los cuales rigen desde la fecha de su expedición.
Dado en Bogotá, D.E., a 27 de marzo de 1971.