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Timestamp: 2019-01-21 15:56:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 41', 'artículo 96', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 41', 'artículo 58', 'artículo 90', 'artículo 136', 'artículo 53', 'artículo 29', 'artículo 96', 'artículo 114', 'artículo 29']

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 170 de Serie A (VIII Legislatura)
Intervinienen: Laguarta Laguarta, Antonio - Rufas De Benito, Luis - Romero Rodríguez, Luis Ángel - Soro Domingo, José Luis - Blasco Nogués, Manuel Lorenzo - Fernández Abadía, Ana María - Garasa Moreno, Jorge
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE):Señorías, reanudamos la comisión para iniciar el punto 3 del orden del día.
Damos, en primer lugar, la bienvenida a los miembros de la Cámara de Cuentas, y empezamos la tramitación conjunta de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas relativos a la actividad contractual de la administración y del resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, correspondiente al ejercicio 2011, y sobre determinados aspectos económicos-financieros de la Diputación Provincial de Teruel, correspondiente al ejercicio económico 2011.
La comparecencia comienza con la intervención del presidente de la Cámara de Cuentas o del consejero, el señor Rufas, para la presentación de los citados informes por un tiempo de veinte minutos.
Saben que se pueden repartir el tiempo como deseen, lo que, como siempre, les pediré que se ajusten lo máximo posible a los tiempos.
Señoras y señores diputados, comparezco como en otras ocasiones atendiendo el requerimiento que me ha sido realizado para presentar ante esta Comisión Institucional dos informes emitidos por la Cámara de Cuentas, los anunciados por la presidenta. Y, por tanto, sucesivamente pero en el mismo trámite hablaremos de los dos. Uno se refiere al sector autonómico y otro se refiere al sector local.
El informe sobre la actividad contractual del Gobierno de Aragón en el año 2011 es una de las ramas de las que anuncié el lunes pasado desgajadas del informe general de la cuenta de la comunidad autónoma de ese año 2011, en el que quisimos profundizar en aquellos aspectos que ya anuncié y que no repito, entre ellos el de la actividad contractual.
Este informe fue iniciado junto con los demás de la cuenta general de la comunidad autónoma el día 3 de octubre del año 2012. Se designó el equipo técnico que iba a hacer todos los trabajos de campo, las comprobaciones y las investigaciones, formados por una directora, un técnico de auditoría y tres ayudantes de auditoría, que realizaron su trabajo, y fue aprobado el informe provisional el día 3 de junio del año 2013. El informe provisional fue coordinado por el consejero responsable, don Luis Rufas, que me acompaña. Y al informe, una vez puesto a alegaciones por un plazo de un mes preceptivo, prorrogado por otros quince días a solicitud del Gobierno de Aragón, le fueron presentadas doscientas cincuenta y ocho alegaciones.
Es un trámite más. El informe provisional son unas primeras conclusiones, una refundición de datos que pueden ser completados, tanto en información material como en valoración de los hechos, en trámite de alegaciones.
De esas doscientas cincuenta y ocho alegaciones fueron aceptadas setenta, casi la tercera parte, de las cuales veintitrés incorporaban nueva documentación que no había sido aportada en la fase inicial. Esto en nuestros informes es bastante frecuente; las administraciones, por la razón que sea, no aportan toda la documentación que se les solicita en la fase inicial de investigación y de trabajo de campo, y solo cuando se ven reflejados en un informe, aunque sea provisional, es cuando aportan la documentación.
Eso mismo pasó y lo pudieron ver ustedes en el informe que presenté la semana pasada de subvenciones del Gobierno de Aragón. En concreto me estoy refiriendo... Había unas alegaciones presentadas sobre los centros de educación concertada, en las que estaba en juego bastante dinero, una cantidad notable de millones. La documentación no la aportaron, por la razón que fuera, en la fase de instrucción normal, y solo cuando se vieron citados en el informe provisional fue cuando se presentaron alegaciones con cinco cajas de documentos que, naturalmente, nos exigía un trabajo de dos o tres meses más; con lo cual lo aplazamos para la vez siguiente.
Me permito hacer esta observación para que se sepa qué es un informe provisional, qué son alegaciones y que la Cámara de Cuentas no da su opinión hasta que da el informe de fiscalización definitivo.
Finalmente, fue aprobado el día 9 de octubre y publicado de la forma que es habitual, o sea, primero, a la entidad fiscalizada; segundo, o en primer lugar también, a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas y colocado en la página web de la institución.
El otro informe, el de la Diputación Provincial de Teruel, llevó un trámite paralelo. Se inició el 5 de diciembre del 2012, el equipo estuvo coordinado por el consejero Rufas, formaron parte de ella cuatro funcionarios dirigidos por la directora técnica, doña Ana Delgado, que está en la sala con nosotros, y tres ayudantes de auditoría. El informe provisional fue aprobado el 11 de septiembre, se recibieron cuarenta y ocho alegaciones, de las cuales siete dieron lugar a modificación del informe provisional.
Y, dada la escasez de tiempo, prefiero pasar la palabra al consejero responsable para que haga la exposición del contenido de ambos informes.
El señor consejero de la Cámara de Cuentas (RUFAS DE BENITO): Gracias.
Siguiendo, dada la premura de exposición temporal, voy a intentar hacer un resumen sinóptico de la totalidad de los dos informes de fiscalización.
En primer lugar, como ha reseñado el señor presidente, el informe de contratación administrativa tiene por objeto el análisis de la totalidad de la contratación del sector público autonómico. En el mismo se incluye una fiscalización específica en materia del Servicio Aragonés de la Salud, incidiendo sustancialmente en la actividad de conciertos. Igualmente contiene un apartado referido a la actividad de convenios, que regula la especialidad legal aragonesa del año 2011. Por tanto, el objeto de fiscalización también gravita en diferenciar actividades contractuales de actividad convencional y de actividad subvencional.
Por tanto, los objetivos de la fiscalización han sido comprobar el cumplimento de la obligación de remisión a la Cámara de Cuentas sobre la totalidad de los contratos celebrados durante el año 2011; analizar el perfil de contratante de los distintos órganos de contratación de la comunidad autónoma, la fiscalización especial del Servicio Aragonés de la Salud, y sustancialmente recae en la adecuación a la legalidad y acreditación de los fines de la contratación pública de los pliegos, con especial atención al cálculo del valor estimado de los contratos, y, por tanto, de los criterios seguidos también para fijar los distintos precios contractuales, así como los criterios de adjudicación de los mismos; el análisis de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante los distintos contratos adjudicados, así como la idoneidad de su objeto y contenido para la satisfacción pública; los aspectos más relevantes en materia de ejecución contractual, en especial en materia de incidencias y modificaciones, y, por último, sobre una muestra suficientemente representativa, realizar la fiscalización material que se ha determinado.
Precisado por el señor presidente el trámite de audiencia, no tenemos más que precisar que para entender el informe hay que atender a los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
Hay otros conceptos que se tienen que relacionar. En primer lugar, la remisión de la certificación anual que contemple la totalidad de la actividad contractual, ese principio de eficiencia y eficacia, al ente fiscalizador nos permite conocer la totalidad de los contratos que se han realizado y su importe; la transparencia en la remisión al Registro Central de Contratación, y, por último, la fiscalizaciones especiales, en cumplimiento del mandato de la Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón y las disposiciones reglamentarias, en aplicación del artículo 29 de la Ley de contratos del sector público. Es decir, la remisión de un extracto de expediente que contenga la formalización del mismo y en el que aparezcan, en función del contrato de obras, servicios y suministros según su importe, los elementos sustanciales que tengan que dar lugar a la fiscalización.
La comunidad autónoma, en el año 2011, tenemos contabilizados dos mil quinientos veintidós contratos, bajo un importe de cuatro mil setecientos ochenta y seis doscientos cincuenta y ocho millones. Por tanto, analizado el cronograma, es el mes de diciembre donde más actividad contractual se realiza, un 16% del año; sin embargo, en importes destaca el mes de marzo, en el cual se adjudicaron los ocho contratos del Plan Red estructurante por importe de cuatro mil trescientos sesenta quinientos cuarenta y ocho millones de euros. Comparativamente con el ejercicio 2010, supone si bien un incremento de la cuantía derivado de la red estructurante, no así por el número de contratos, que ha disminuido un 18% respecto del ejercicio del año 2010.
Igualmente, en lo que concierne a la remisión de los extractos, mientras formalmente hemos recibido ciento dos, materialmente del artículo 29 de la Ley de contratos son doscientos dieciocho, y por un importe superior, que es de cuatro mil seiscientos dieciséis novecientos cuarenta y nueve miles de euros. Constante la fiscalización y el año, se realizó un convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón para favorecer el acceso al Registro Central de Contratos y así tener la mayor información posible.
En materia de ejecución de contratos destacan las incidencias en materia de modificados, que afectaron a cincuenta y ocho contratos, y el perfil de contratante de los requisitos de publicidad se adecúa a los requisitos de un establecimiento de implantación muy elevado y con parámetros de seguridad.
En lo que concierne a la mesa contractual, se seleccionaron sesenta contratos, cuarenta que van a ir a la parte general y veinte de la fiscalización específica en materia de Servicio Aragonés de la Salud, de los cuales cinco se corresponden con los conciertos, que es la materia del mandato que aparecía en el encargo de la fiscalización. Tenemos que precisar que los criterios de selección fueron los de cuantitativos del artículo 29, que se fue ampliando de manera cualitativa para que todos los entes estuvieran representados, incluidos los poderes adjudicadores.
Entrando en lo que es el contenido de los resultados de la fiscalización, sí que tenemos que precisar que la figura de responsable del contrato aparece muy poco utilizada, la del artículo 41. La figura proporcionaría una mayor asignación. Los informes de justificación de la necesidad de contratar en catorce contratos de la muestra son genéricos e imprecisos. La tramitación de los contratos por la vía de urgencia del artículo 96 de la Ley de contratos del sector público ha acreditado que no aparece suficientemente conceptuada para su aplicación.
Igualmente, en cuatro de los contratos examinados se constata la omisión por el órgano de contratación del requerimiento de la totalidad de la documentación acreditativa de los medios comprometidos, que hay que ponerlo en relación con el responsable del contrato y el mayor control de la actividad contractual.
En lo que concierne al valor estimado del contrato, en los expedientes de fiscalización hemos encontrado una debilidad muy importante: que el mandato de la Junta Consultiva de Contratación, en su informe 49/10, exige la existencia de un documento en el que determine cómo se ha llegado…, un documento con valor económico para calcular el valor estimado del contrato. En doce contratos de la muestra no aparece dicho cálculo del valor de mercado. Igualmente, en cuatro contratos el valor estimado del contrato, la totalidad del importe de la adjudicación durante toda la vida contractual, no aparece suficientemente determinado.
Existen debilidades en los informe técnicos de valoración, que deben ajustarse estrictamente a lo contenido en los pliegos. Igualmente eso pasa con los informes de supervisión de proyectos. En tres contratos de gestión de servicio público (el 23, el 24 y el 25) no existe una verdadera equivalencia entre las ventajas concedidas al concesionario y las obligaciones impuestas, y la utilización del contrato de patrocinio tiene que ser objeto de un uso limitado por la institución para no proceder a su confusión con una subvención.
Por último, tenemos que precisar que, en el área específica de la actuación contractual del Servicio Aragonés de la Salud, se realizaron mil trescientos sesenta y un contratos —la muestra, como ya se ha dicho, recoge veinte—, y de la totalidad de los contratos tenemos que decir que el número total de contratos certificados fueron eso, mil ciento noventa, por un importe de ciento veintiocho mil setecientos ochenta y ocho miles de euros. La relación anual de contratos comunicada por el Salud correspondiente al ejercicio 2011 contiene tres contratos de servicios tramitados por contratación centralizada y contratos derivados de estos por procedimiento negociado, todos ellos celebrados en el año 2010.
El sector Zaragoza III tiene una relación de trece contratos publicados en el perfil y no comunicados. En cuatro contratos de la muestra no consta que se haya tramitado el certificado de exigencia de crédito. En los contratos de suministro de carácter sanitario se ha generalizado la utilización del contrato marco, y, bien, tenemos que decir que en diez contratos de la muestra no se acompaña certificación negativa que acredite que no se ha presentado recurso especial en materia de contratación.
Los informes técnicos de valoración en dos contratos, en el 3 y el 19, no existen, o son muy genéricos, como es el contrato 9 y en el contrato 12 de la muestra, que se aparta del pliego general.
Con carácter general se tiene que precisar que el certificado de existencia de crédito que se une a los expedientes de contratación no se basa en una efectiva retención del crédito en la contabilidad presupuestaria del organismo, por lo que no queda garantizada la existencia y afectación de crédito presupuestario adecuado y suficiente y necesario.
En lo que concierne a la actividad de concertación, uno de los mayores valores del informe se compone del conjunto mínimo básico de datos, por el cual se quiere determinar al órgano de contratación la existencia de dos requisitos. En primer lugar, mediante la creación del GRD, es conocer la totalidad de los procesos de diagnóstico que acceden a los centros sanitarios públicos y privados, con el periodo de estancia incluido en la ampliación que se ha realizado últimamente respecto de lo que es el hospital de día y el tratamiento ambulatorio, conocer qué patologías, qué asistencias sanitarias se están realizando, para conocer una real demanda potencial que pueda justificar la emisión, la realización del concierto.
Y, por último, se hace la referencia al contenido económico del cálculo del precio que procedería respecto de la orden ministerial de 27 de abril del año 2007.
Precisar que a los conciertos formalizados en el año 2007 y 2008 les es de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, regulador del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas; por tanto, incluida la aplicación de la duración de sus prórrogas, nos encontramos ante vigencias de normas, contratación que se rige por normas ya derogadas pero que tienen virtualidad durante la vida del contrato. Sería necesaria la adecuación tanto a la Ley 10 como al actual texto refundido de la Ley de contratos.
En lo que concierne a las conclusiones en materia de convenios, tenemos que precisar que la fiscalización analiza trece convenios sometidos a la especialidad aragonesa. De la totalidad del cronograma de actuación hay novecientos noventa y nueve convenios por un importe total de doscientos cincuenta y dos millones novecientos ochenta y dos mil euros.
Al Gobierno de Aragón le corresponden ochocientos ochenta y tres convenios con una aportación económica de ciento sesenta y siete millones; a los organismos autónomos, ciento cuarenta y tres convenios, y a las entidades de derecho público les corresponden veinte convenios.
Destaca el acceso del registro de convenios de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, que ha posibilitado materialmente la fiscalización.
Igualmente se constata la conveniencia de distinta regulación legal, la regulación de especialidad aragonesa conforme a la aplicación de la Ley 30/92, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.
Y tenemos cómo, de la muestra, en el convenio número cuatro la naturaleza del gasto justificado hace referencia a gestión y explotación de un albergue turístico, que en los convenios de la muestra dos y siete presentan deficiencias en la justificación y en los convenios con la muestra nueve y diez el carácter excepcional del artículo 22.c de la Ley General de Subvenciones no debería de invocarse, ya que ya se viene concediendo reiteradamente desde los últimos ejercicios.
Igualmente el informe comprende una comprobación material de la inversión en vía de ejecución que afecta a cinco contratos.
Entrando ya…, si voy en plazo, presidenta, dígame si es así o no, dejando ya a ustedes en periodo de preguntas que consideren convenientes, se contestará a lo que consideren, a aquello que hayamos dejado en el tintero. Entramos ya en el informe de fiscalización de la Diputación de Teruel.
El programa de fiscalización del año 2011 comprende la fiscalización de los aspectos económicos financieros de la Diputación Provincial de Teruel. Es la primera vez que se analiza de manera íntegra esta institución desde el punto de control externo, a su vez que es la primera vez que la Cámara de Cuentas fiscaliza una diputación provincial.
Por tanto, adverada esta especial novedad, tenemos que precisar cómo fue elevado a definitivo el 22 de noviembre del año 2013 y la cuenta fue objeto de fiscalización, fue rendida a lo largo del mes de agosto, fue concretamente en agosto del año 2013.
El ámbito subjetivo comprende la Diputación Provincial de Teruel, sus entidades, incluidos los organismos autónomos, entidad pública empresarial y las sociedades mercantiles dependientes de la diputación provincial, entendiendo por tales las sociedades mercantiles en cuyo capital social tiene participación total o mayoritaria la diputación provincial.
Por su parte, el ámbito material de fiscalización se ha realizado respecto a la comprobación de los estados financieros de la diputación que presenta la imagen fiel, la elaboración, que sería, dado que se realiza una auditoría de regularidad, el aspecto contable y aspectos de cumplimiento, que es la elaboración del estado de remanente de tesorería y cumplimiento de la normativa que le afecte; los análisis de los procedimientos de contratación en algunas de sus fases, con selección de expedientes concretos; análisis general de las distintas líneas de subvención, así como cumplimiento de la Ley 3/2004, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. El informe también incluye aportaciones en materia de control interno, diferenciación de competencias propias e impropias, incluso cuantificación.
En materia sustancial reseñar que de la fiscalización, superado el trámite de audiencia, hay una serie de limitaciones al alcance.
La Diputación Provincial de Teruel no dispone de un inventario general que recoja la totalidad de sus bienes y derechos de forma sistemática y debidamente actualizado conforme a la normativa vigente de aplicación. Esta limitación afecta fundamentalmente a las partidas integrantes del inmovilizado no financiero, cuyo importe reflejado en el balance de situación a 31 de diciembre del 2011 asciende a ciento treinta y ocho mil ochocientos ochenta y seis miles de euros. Tampoco dispone de un inventario específico de carácter contable actualizado, lo que ha impedido la verificación de los saldos mostrados en el balance de situación. La entidad pública empresarial no dispone de soporte documental justificativo que permita verificar el coste de adquisición del inmovilizado ni la razonabilidad de su amortización acumulada. Esta limitación al alcance está incluida en el informe de auditoría privado.
Igualmente, la Entidad Pública para la Información tiene especificaciones en la nota cinco del informe de auditoría privada, afectando al inmovilizado material intangible, inversiones inmobiliarias. También la limitación afecta a los pasivos financieros y a sus ingresos y gastos.
Sustancialmente es que en materia contractual la Cámara de Cuentas no ha podido comprobar la capacidad de obrar, habilitación empresarial o profesional exigida para la realización de la actividad o prestación objeto de contrato y la solvencia económica-financiera y técnica o profesional de los adjudicatarios de los contratos incluidos en la muestra, ya que dicha documentación fue objeto de devolución a los respectivos adjudicatarios.
Tampoco la Cámara de Cuentas ha podido comprobar el periodo medio de pago de las obligaciones comerciales de la Epesa, la entidad pública empresarial.
Entrando ya en la regulación y la declaración de fiabilidad, sí que los estados financieros de la Diputación Provincial de Teruel representan la imagen fiel; sin embargo, el informe precisa unas pequeñas salvedades; lo mismo sucede con el Instituto de Estudios Turolenses y el Patronato Provincial de Turismo.
Las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial para la Información de Teruel, excepto las limitaciones al alcance que acabamos de reseñar, respetan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de su estado.
En lo que concierne al cumplimiento de legalidad se reitera la limitación de la contratación, y en materia de subvenciones y en contratación se han de considerar por la institución las deficiencias y debilidades que aparecen documentadas en el cuerpo del informe y, por tanto, se elevan también en sus conclusiones para las mejoras de los procesos de gestión y utilización de los recursos propios.
En materia de morosidad, la Diputación Provincial de Teruel, el organismo autónomo Patronato Provincial de Turismo, excepto por la salvedad descrita en la conclusión número ciento veinticuatro, cumplen con la ley de morosidad.
Sin embargo, el periodo medio de pago de las obligaciones comerciales del ejercicio 2011 de la Entidad Pública Empresarial para Información de Teruel no ha podido cuantificarse, al no tener la sociedad la información individualizada.
La sociedad Servicios de Agua y Saneamientos de Teruel y Promoción Turolense cumplen la normativa relativa a morosidad.
La sociedad Baronía de Escriche, Sociedad Limitada, no cumple con dicha normativa.
A vuelapluma, precisando los datos presupuestarios más importantes, el presupuesto inicial consolidado ascendió a cincuenta y seis millones trescientos setenta y seis euros, la diputación provincial tenía cincuenta y cuatro millones cuatrocientos quince euros, el Instituto de Estudios Turolenses seiscientos cuarenta y nueve mil euros, el Patronato Provincial de Turismo cuatrocientos cincuenta y ocho mil euros y la Entidad Pública Empresarial dos millones trescientos veintidós mil euros.
Posteriormente fueron objeto de modificaciones presupuestarias, lo que supuso hasta veintinueve millones seiscientos veintiséis, y supone un incremento del 51,40% del presupuesto inicial, reflejándose sustancialmente en el capítulo VII, en transferencias de capital, dieciocho millones seiscientos noventa mil euros, y en el capítulo VI, inversiones, hasta seis millones trescientos cuarenta y dos, a lo largo de veintidós expedientes de modificación presupuestaria, que fueron créditos extraordinarios (siete), transferencias (ocho), remanentes (uno) y generación de crédito (seis).
Tenemos que precisar que la financiación de remanente de tesorería fueron diecinueve millones ochenta mil euros, de los cuales se incorporaron remanentes de tesorería general, siete millones ochocientos cincuenta y ocho; el exceso de financiación afecta a tres millones seiscientos ochenta y dos mil, y compromisos firmes de aportación, siete millones quinientos treinta y nueve mil.
En ejecución del presupuesto de gastos, después de las modificaciones, fue en equilibrio hasta los ochenta y dos millones trescientos ochenta y cuatro; sin embargo, el nivel de ejecución se quedó en un 74,99%, con unas obligaciones reconocidas netas de sesenta y un millones setecientos setenta y ocho mil euros.
Por tanto, los grados de ejecución más importantes son el capítulo IX, pasivos financieros, un 98,20%; activos financieros, un 96%, y el capítulo I, con un 95%.
A efectos de menor nivel de ejecución resaltan el capítulo VII y el capítulo VI, que son precisamente aquellos que se incrementaron más después de las modificaciones presupuestarias.
La ejecución del presupuesto de ingresos se quedó hasta un total de un 72,71%, resultando cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y ocho mil euros, de los cuales los capítulos con mayor número de derechos reconocidos corresponden al capítulo IV, con treinta y siete millones doscientos cuarenta y tres, que supone el 62,18%, y el capítulo VII, con doce millones de euros, que supone el 20,05%.
El capítulo IV se financia principalmente con aportaciones del fondo complementario de financiación y el capítulo VII mediante las aportaciones de convenios, así como el Fite y del programa de cooperación.
Los capítulos con un mayor nivel de ejecución son el capítulo III, de tasas, con un 111%; el capítulo V, inversiones patrimoniales e impuestos directos, con un 102,4%.
El resultado presupuestario fue negativo en un millón ochocientos setenta y nueve euros, determinado porque el nivel de ingresos fue de cincuenta nueve ochocientos noventa y ocho, y los derechos en las obligaciones reconocidas fueron sesenta setecientos setenta y ocho. El resultado presupuestario ajustado ascendió a nueve millones seiscientos once mil euros.
Lo mismo sucede en el Instituto de Estudios Turolenses, que acabó en superávit en lo que es el presupuesto ordinario y el presupuesto ajustado, que quedó en ciento treinta dos mil euros, y en el patronato de turismo, que, después de las modificaciones que realizó, su ejecución fue muy baja, con un 68,75%; el resultado presupuestario fue positivo, con noventa y un mil euros, y su resultado presupuestario ajustado fue de ciento ochenta mil euros.
En estados financieros, destaca la limitación en el alcance del balance porque no existe inventario, no nos podemos pronunciar sobre la entidad de las inversiones, la existencia de las mismas.
Dos deudores presupuestarios, la mayor parte, tres millones quinientos ochenta y seis mil euros y dos millones novecientos noventa y siete vienen del cobro del fondo complementario. Tenemos también que en materia de tesorería aparecen quince millones trescientos trece mil euros, de los cuales en dos cuentas aparece como cotitular la corporación, con discapacitados, y, por tanto, esta institución no puede ser tutor. Aparecen diecisiete cuentas no incluidas en la contabilidad y que tienen reflejo en el remanente de tesorería, que recogían importes de cuotas de recaudación, del sistema de recaudación de entidades que tienen conveniadas con la institución.
Destaco sustancialmente, como luego se ve en materia de subvenciones, en materia contractual, que en la impugnación que se realizó del PAEM y uno de los contratos de obras la institución no tenía dotación para hacer frente al cumplimiento de esas obligaciones judiciales, y destaca que la deuda viva de la institución, a treinta y uno de diciembre del año 2011, asciende a setenta y cinco millones ciento treinta y cuatro, lo cual supone a bancos, a deuda, cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y tres; la devolución de tributos del año 2008 con el Estado, tres millones doscientos cincuenta y cuatro, y la devolución de tributos del año 2009 del Estado, trece millones ciento dieciocho.
Esta situación, confrontada con el artículo cincuenta y tres del texto refundido de la Ley de haciendas locales, nos determina que tras la comparación con los derechos liquidados no se pueden tomar nuevas operaciones de préstamo.
Por último, la cuenta del resultado económico patrimonial es positiva en dos millones ochocientos veintiún mil euros. Lo mismo sucede en el instituto y patronato, pero si bien minorando sus distintas cuantías.
Entrando en el remanente de tesorería, precisar que el mismo expositivo, dieciséis millones setecientos setenta y tres, no obstante, es inferior en el ejercicio anterior en dos millones de euros. No se incluyen los fondos líquidos que hemos dicho, que luego determinó el ajuste anteriormente, así como los derechos pendientes de cobro, por importe de un millón doscientos veintinueve mil euros. Lo cual ha supuesto que el remanente de tesorería, después de los ajustes, asciende a quince millones quinientos cuarenta y cuatro mil euros, en vez de los dieciséis setecientos setenta y tres.
El informe contempla una aportación novedosa en función del cálculo de los ingresos de dudoso cobro, en función de verificar las bases de ejecución del presupuesto con lo que es la recaudación material del ente y aparece en anexos la proyección, un análisis, un estudio que hemos realizado, con lo cual nos decía que computar al cien por cien como de ingresos los cargados en el año no era posible sino que se tenía que minorar al menos en un 21%.
En materia de contratación, son las dos salvedades sustanciales que aparecen en el informe. En principio se celebraron cincuenta y ocho contratos formalizados, de los que luego aparecen cinco más en materia de fiscalización. Las entidades dependientes no han remitido relación o certificación negativa de contrato y, por tanto, nos consta que el patronato de turismo realizó al menos cinco contratos, la EPESA al menos uno, la Baronía al menos uno, y SASTESA al menos tres.
No hay copia certificada del documento de formalización de los contratos de la Diputación Provincial de Teruel y nadie notifica incidencias en la ejecución de los contratos, ni prórroga, ni modificaciones, ni sustitución de adjudicatarios.
Existen instrucciones de contratación para Baronía de Escriche y SASTESA, no para la EPESA y de Eólicas, y en el análisis general de contratos aparecen noventa y siete contratos supeditados a umbrales del artículo 29, que representan siete millones ochenta y tres euros, y la formación sustancial de la actividad contractual se realizó en los meses de marzo y de mayo, con veintiocho y dieciséis contratos, por un importe de mil quinientos noventa y ocho y mil doscientos ochenta y cinco contratos.
La muestra analiza diecisiete contratos, que suponen un 18,68%, y dos millones trescientos treinta y un mil euros. Aparecen seis contratos de obra, seis contratos de servicios, tres servicios de suministros y un contrato privado. Siete se analizan como contratos abiertos, siete son procedimientos negociados sin publicidad, dos son publicitados y uno es de contratación menor.
Fuera de la muestra se ha comprobado al menos que se perciben cuatro prestaciones contractuales sin sujetarse a la Ley de contratos. En el organismo autónomo del Instituto de Estudios Turolenses detectamos que fracciona su objeto, que es la licitación de la revista Turia, la materia de publicidad; la EPESA tiene nueve prestaciones sin contrato, y SASTESA tiene cuatro prestaciones sin contrato.
Es objetivo de análisis la totalidad de la muestra del contrato; si bien se dota presupuestariamente de manera correcta, no aparece valor estimado del contrato ni cómo se llega al cálculo de valor del mercado. Los trámites se van apresurando. Allí destaca sustancialmente la devolución de los requisitos de personalidad y acreditación del adjudicatario del contrato. No pudieron analizar esa capacidad ni comprobar su capacidad de obrar. En la resolución de adjudicación también en catorce contratos no se motiva suficientemente. El órgano de contratación sí suele designar un responsable de contratación, conforme al artículo 41 de la Ley de contratos. Y, en cuanto a los contratos, no se notifica a los licitadores el acuerdo motivado de adjudicación de contrato, de conformidad con el artículo 58 de la Ley de procedimiento administrativo.
En materia subvencional, y a vuelapluma, resaltamos que no hay un plan estratégico de subvenciones en la institución y una ordenanza general de subvenciones, y no consta la publicación en diario oficial de la totalidad de las subvenciones, y, en los casos publicados, el contenido oficial no aparece de manera íntegra. No hay remisión de datos a la base nacional de subvenciones; por tanto, ese mandato específico del artículo veinte de la Ley general de subvenciones para poder comprobar estadísticamente por parte el IGAE y órganos de control externo si puede haber varias percepciones por un titular, por un mismo beneficiario varias subvenciones, no se puede realizar.
Las subvenciones más importantes en materia de concurrencia son el PAEM, con siete millones seiscientos ochenta mil euros; el plan provincial de cooperación de obras, con cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil, y también aparece el FEDER; sin embargo, en la fiscalización se han extraído las aplicaciones del mundo rural de las asignaciones del FEDER derivado del especial control que tiene con ellas la Unión Europea.
En materia de subvenciones se conceden de forma directa al menos más de trescientas, de las que ciento cincuenta son nominativas y aparecen en el presupuesto.
De la muestra total se analizan veintidós líneas de subvención, que suponen cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil euros. En concurrencia se analizan nueve. De la subvención de los convenios del MINER se analizan siete vías de subvención y luego es objetivo de fiscalización la concesión directa de las subvenciones.
Dado que en vía de limitaciones al alcance y de declaración de fiabilidad hemos enumerado los requisitos del cumplimiento de la ley de morosidad, creo que doy por concluida la exposición en este momento inicial.
En primer lugar agradecer la comparecencia de los responsables de la Cámara de Cuentas de Aragón, en este caso para dar cuenta del informe de fiscalización de determinados aspectos económicos-financieros de la Diputación Provincial de Teruel del ejercicio 2011, y sobre el informe de fiscalización de la actividad contractual de la administración y del resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha presentado trece propuestas de resolución al informe de la Diputación Provincial de Teruel, y ocho al informe de fiscalización de la actividad contractual de la administración de la comunidad autónoma.
Pero me van a permitir, hilando que hoy están aquí presentes de nuevo el presidente y en este caso uno de los consejeros responsables de la Cámara de Cuentas, que haga una referencia a un hecho que nos preocupa, que ya lo hemos puesto de manifiesto a la Cámara de Cuentas, que es la filtración del informe de la fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2011. La verdad es que ha generado un conflicto institucional importante, que incluso me atrevo a decir que está poniendo en riesgo la propia lealtad institucional.
Nos preocupa el cariz que está tomando este conflicto y nos preocupa que el crédito y el prestigio que ha tomado la Cámara de Cuentas, en el tiempo que lleva funcionando, a raíz de este hecho, pueda perderse, máxime cuando ustedes saben que hay un informe de la Administración del Estado, el informe CORA, que ya habla de que ciertas instituciones dependientes de la administración de la comunidad autónoma puedan suprimirse, puesto que esos servicios pueden prestarlos otros entes dependientes de la administración del Estado.
Hemos registrado una iniciativa aquí en las Cortes esta mañana para que se requiera a la Cámara de Cuentas la apertura de una investigación interna que determine el origen y la responsabilidad de la filtración del informe. En la misma iniciativa va un punto en el que habla de que, en el caso de que la filtración haya tenido origen y responsabilidad en algún miembro de la Cámara de Cuentas, que se depuren las responsabilidades que correspondan por vulneración del debido sigilo profesional, y termina la iniciativa pidiendo que se adopten todas las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse un hecho de estas características.
Sería bueno que el presidente de la Cámara de Cuentas nos vaya informando de cómo va esta cuestión, puesto que ocho días después sigue en los medios de comunicación y el conflicto sigue creciendo.
Dicho eso, me centraré primero en el informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Teruel. Ha hecho una sucinta explicación por tiempo, evidentemente, el consejero responsable de este informe. Algunas cuestiones nos parecen graves y queremos ponerlas de manifiesto. Y, antes de trasladarlas, volver a recordar que, en el ejercicio de 2011, en la Diputación Provincial de Teruel, al igual que en el informe de contratación, la mitad del ejercicio, es decir, el primer semestre, fue gobierno PSOE-PAR, y el segundo semestre en ambos informes, en ambas administraciones, fue Partido Popular-Partido Aragonés. Para que volvamos a situarnos en cuanto a las responsabilidades.
Dice el informe de la Diputación Provincial de Teruel que la diputación provincial no dispone de un inventario general que recoja todos sus bienes y derechos; nos parece a estas alturas grave. Dice el informe que la Diputación Provincial de Teruel no ha aprobado un reglamento orgánico propio de la corporación; creemos que es importante para un mejor autogobierno, una mejor coordinación y funcionamiento.
Dice el informe que la diputación provincial no ha formado ni ha aprobado una relación de puestos de trabajo existentes en su organización, incumpliendo el artículo 90 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 136 de la Ley de Administración Local de Aragón. Nos parece que en 2011 no se haya hecho todavía esa relación de puestos de trabajo es un tema que deja mucho que desear, especialmente en la defensa de los intereses de los trabajadores.
Dice el informe que, de acuerdo con la documentación remitida —y es la parte más grave para Izquierda Unida—, el presidente y el pleno de la Diputación Provincial de Teruel —cuando hablo de presidente, también de presidenta— adoptaron respectivamente ciento seis y cuatro acuerdos en contra de los reparos formulados por la intervención. Esto es como decir que no hace caso el gobierno a los técnicos principales que deben velar por el buen funcionamiento de esa administración. Y lo más grave es que, además, en los acuerdos adoptados por la presidencia y el pleno con reparo de la intervención, no queda constancia de la resolución de las discrepancias en contra del criterio de la intervención. Es decir, ni tan siquiera hay constancia de la discrepancia de por qué toman la medida de aprobarlo sin atender el reparo. Y esa cuestión nos parece absolutamente grave.
Dice el informe que no se ha comunicado la celebración de al menos cinco contratos de los que se han requerido; por lo tanto nos parece también una cuestión importante a destacar.
Dice el informe también que en el perfil del contratante, que está alojado en la plataforma, falta la publicación de la adjudicación y formalización de al menos veinte contratos, el 23% del número total de contratos celebrados, algo que también nos preocupa. Y dice que el 21,65% de los contratos se han tramitado por urgencia; sin embargo, el objeto de los contratos así tramitados se encuentra dentro de la actividad ordinaria de la entidad, por tanto la utilización de esta tramitación de carácter excepcional ha respondido más a una falta de previsión de la entidad que a una verdadera urgencia. Una mala utilización del concepto del procedimiento de urgencia. Y en esa dirección habla de que la Diputación Provincial de Teruel no ha aprobado un plan estratégico de subvenciones.
Venimos denunciando desde hace muchísimos años el reparto inusual de los fondos de la Diputación Provincial de Teruel sin criterio alguno, pero sin criterio alguno. Ha tenido un diputado de una escisión de un partido político que llevarlo al juzgado para que al final se corrijan estos hechos; nos parece absolutamente grave y una falta de respeto hacia los partidos que han solicitado en todas las legislaturas reiteradamente que haya criterios objetivos de reparto en las ayudas, especialmente del plan de obras y servicios y los planes de equipamiento.
Además no se remiten a la base de datos nacional las subvenciones, de acuerdo a las exigencias legislativas y, con carácter general, no se elaboran informes económicos o documental equivalente que justifiquen que el presupuesto base de licitación es el adecuado para el cumplimento del contrato.
Por lo tanto, es evidente que nuestras propuestas de resolución han ido en la dirección de que se atiendan y se respeten los informes de reparo formulados por la intervención. Si no, es mejor no tener intervención —permítame esta licencia—, no tiene sentido que haya tantos reparos y que se haga caso omiso; esperemos que haya corregido esto en siguientes ejercicios.
También, en la línea de que se reglamente la actividad a subvencionar, si bien ha mejorado en los últimos años, sigue, desde nuestro punto de vista, la necesidad de que haya un plan estratégico de subvenciones y que haya una reglamentación con una ordenanza general de subvenciones u ordenanzas específicas para tal finalidad y, evidentemente, que se tenga en cuenta y que se confeccione la relación de puestos de trabajo.
Con respecto al informe contractual, decirle que nos preocupan afirmaciones como «las empresas públicas son especialmente incumplidoras, ya que solo remitieron el 18% del total de los extractos de obligada remisión por la Ley de contratos del sector público.»
Habla también de que en el perfil del contratante el Gobierno de Aragón carece de homogeneidad en la información que suministra; habla de la poca utilización de la figura del responsable del contrato, algo que puede proporcionar mejora en el control y en la finalidad de los contratos; habla también de la utilización de la tramitación de la vía de urgencia de una forma —permítame la expresión— fraudulenta, en el sentido de que se utiliza para cuestiones ordinarias sin la justificación del procedimiento de la urgencia, y habla también de que hay contratos en los que hay informes claros del interventor general de la Comunidad Autónoma de Aragón que se incumplen.
Por lo tanto, la sensación que nos da es una sensación de que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, de que todavía hay faltas graves en la gestión política y administrativa en la administración de la comunidad autónoma y en la Diputación Provincial de Teruel. Y en ese sentido hemos presentado esas ocho propuestas de resolución, que destaco tres.
Una, atender los informes negativos de la intervención general de la comunidad autónoma; si no, mal camino llevamos, este es un principio básico. Y una segunda en relación con la Ciudad del Motor, que hay una clara evidencia de que incumplen en los procedimientos contractuales, de hecho algún contrato que resaltan ni tan siquiera se aprobó por el consejo de administración, y solicitamos por lo menos que haya un apercibimiento a los gestores de esta sociedad porque es reiterado en varios informes, no solamente el contractual de ahora, sino en el informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2010 y también de 2011.
Mucho camino queda por recorrer todavía. Les agradezco la información, les animo a seguir trabajando, pero, sobre todo, a que den cuenta de ese apartado espinoso —y termino, presidenta— en relación a la filtración del informe, que tiene en vilo a muchísimas personas, que nos preocupa desde el punto de vista de la lealtad institucional, que se está haciendo un aprovechamiento político injusto e inmoral y que, evidentemente, esto pueda perjudicarle.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro.
En primer lugar, señor Laguarta, señor Rufas, bien venidos nuevamente a esta comisión. Usted, señor Laguarta, nuevamente, dos veces en dos semanas.
Yo ya lo hice hace una semana, y hoy voy a hacer lo mismo, porque hace una semana expresé la preocupación del grupo parlamentario y de Chunta Aragonesista en su conjunto por lo que había ocurrido, esa desgraciada filtración, e interesada filtración, de un informe provisional, y una semana después lo que expreso es una preocupación todavía mayor. Estamos muy preocupados con la deriva que están tomando los acontecimientos.
La Cámara de Cuentas es una institución fundamental, esencial para la estructura institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón; estamos convencidos de ello. Saben que desde Chunta Aragonesista lo planteamos desde el principio de su creación y lo hemos defendido siempre. Seguimos defendiendo la Cámara de Cuentas. Durante toda esta semana les aseguro que a este portavoz le ha tocado defender a la Cámara de Cuentas. Entiendan mis palabras. Y he seguido defendiendo a la Cámara de Cuentas, la independencia y el trabajo de la Cámara de Cuentas. Nunca me había resultado tan difícil hacer algo tan sencillo como es defender a esta Cámara de Cuentas.
No exagero cuando digo que la sensación que tenemos es que la Cámara de Cuentas está en riesgo. El futuro de la Cámara de Cuentas está en riesgo. Es una institución que se basa en la autoridad; vemos que su autoridad, su autoridad moral —entiéndanme la expresión— está muy tocada porque se está haciendo un uso político absolutamente irresponsable. Algo que nunca hemos hecho aquí, en las Cortes; yo creo que en las Cortes todos hemos entendido qué es la Cámara de Cuentas. A quienes han gobernado les habrán gustado más o menos sus informes —lógicamente, se han sentido molestos en ocasiones—, pero, como digo, siempre se ha hecho un uso razonable de su trabajo, y creo que con un absoluto respeto institucional desde todos los grupos parlamentarios.
Esto no ha sido así en el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, en absoluto; han actuado con una absoluta, como digo, irresponsabilidad. Lo que se ha hecho de filtrar un informe a la prensa, echando por tierra el sistema, adulterando absolutamente el proceso, es sencillamente indecente. Es una indecencia política total y absoluta.
A mí me preocupa mucho la situación en la que les dejan a ustedes, porque ahora hay una situación absolutamente paranoica y desquiciante en el Ayuntamiento de Zaragoza. Reciben un informe todos los grupos, que algunos ya tenían, comprometiéndose a no publicarlo. Es algo absolutamente preocupante por lo adulterado del proceso.
Yo no sé en qué situación se encuentran ahora ustedes cuando reciban las alegaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, cómo se mantiene…, no lo estoy dudando; estoy diciendo la dificultad de mantener la independencia con el foco mediático absolutamente en lo que ustedes resuelvan respecto de las alegaciones que se manden por el Ayuntamiento de Zaragoza. Es absolutamente indecente que se utilice un informe provisional como arma política contra la obsesión, la paranoia del tripartito del señor Eloy Suárez.
Yo le preguntaba hace más o menos una semana, señor Laguarta, qué iban a hacer. Usted, hace una semana, expresó también —creo que coincidimos en la preocupación—, y expresó que no se podía hacer nada. Yo, hoy, quería volver a preguntarle si de verdad no pueden hacer nada ustedes, porque antes de tomar ninguna iniciativa en mi grupo parlamentario lo hemos valorado mucho, lo hemos hablado en el seno del partido, y lo que tenemos claro es que esto no se puede cerrar en falso.
No entro en el contenido, como ven; no entro en el contenido porque ya entrarán en el Ayuntamiento de Zaragoza y entraremos aquí. Si es lo de menos ahora mismo el contenido, dentro de lo grave que puede llegar a ser, o no, como usted dice siempre. Ya veremos. No toca hablar ahora mismo del contenido. Como digo, no se puede cerrar en falso, y antes de tomar ninguna iniciativa quería volver a oírles a ustedes.
Si usted vuelve a decir, señor Laguarta, que no puede hacer nada como presidente de la Cámara, lo que haremos es pedir que sean las Cortes las que lo hagan. Ustedes son un órgano que depende de las Cortes. Que busquen las Cortes la forma de hacer esa investigación y depurar responsabilidades. Pero esto, repito, no se puede cerrar en falso.
Hoy lo de menos —y entiéndame, no es hacer de menos su trabajo, en absoluto; lo agradecemos muchísimo—, lo de menos es la Diputación Provincial de Teruel y la actividad contractual. Ahora mismo estamos hablando del futuro de la Cámara de Cuentas. Por eso, yo lo que espero es oír unas palabras de si se puede hacer algo o no en el seno de la Cámara; si no se puede hacer, estas Cortes tendrán que hacer algo, y con lo que usted responda haremos la correspondiente solicitud.
Yo le agradezco mucho, señor Laguarta, que nos hable entre líneas. Usted es muy institucional —siempre lo es—; supongo que es una situación ahora complicada, y usted ha sido muy claro cuando hoy ha reiterado una vez más que la Cámara de Cuentas no habla por informes provisionales, que eso es un instrumento de trabajo, y que habla sobre el informe de fiscalización definitivo. Eso es lo que ha venido a decir y ha mandado un mensaje clarísimo, aprovechando que tenemos el informe de actividad contractual. Ha destacado las doscientas cincuenta y ocho alegaciones, que se aceptaron setenta y que se mandaron cinco cajas, veintitrés alegaciones en las que se mandaba nueva documentación.
Creo que usted hoy ha dicho mucho más de lo que formalmente decía. O sea, lo que nos ha dicho es que el informe que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza es un informe provisional, un instrumento de trabajo, lo importante serán las alegaciones; y creo que ha sido muy claro cuando ha dicho que después las administraciones, curiosamente, no mandan la documentación —esto me recuerda a los deberes de mi hijo a veces, ¿no?—, no mandan la documentación en su momento, y luego, cuando le ven las orejas al lobo, es cuando la mandan. Ya veremos qué ocurre.
En todo caso, entiendo que tampoco es una cuestión cuantitativa de cuántas alegaciones, sino cualitativa, ¿no? Pero no sé qué habría ocurrido si hubiéramos debatido aquí el informe provisional de la actividad contractual antes de las alegaciones. Posiblemente es que era un informe muy diferente en muchísimos aspectos, y por eso, como digo, esto no puede ser. O en la DPT —también lo ha manifestado usted—, de cuarenta y ocho alegaciones, siete se han aceptado.
En definitiva, que lo que ahora mismo está en la mente de todos y desde luego flota hoy en el ambiente, que es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza del 2011, es un informe provisional, que —aplico sus palabras— habrá que hacer alegaciones, y, hasta que no haya un informe definitivo, la Cámara de Cuentas no se pronuncia. Eso queda muy claro.
El problema es si eso ha llegado a los ciudadanos. A mí lo que más me preocupa de esto es si tiene solución, si entre todos vamos a ser capaces no de si queda tocado o no el Ayuntamiento de Zaragoza, que me preocupa bastante el principal ayuntamiento de Aragón, por supuesto que me preocupa; pero, entiéndanme, me preocupa mucho más que haya quedado tocada la institución de la Cámara de Cuentas por este desgraciado incidente.
Por eso, como le digo, no voy a entrar en los dos informes de hoy. Los agradezco. Hemos hecho una sola propuesta de resolución. Tenemos muchas dudas a la hora de actuar aquí con el tema de la autonomía local, y, respecto a la Diputación Provincial de Teruel, nos hemos limitado a hacer solo una propuesta de resolución para que, con el máximo respeto a la autonomía local, la Diputación Provincial de Teruel cumpla las propuestas que ustedes hacen, las recomendaciones. Sí que hemos hecho bastantes propuestas de resolución respecto de la actividad contractual, recogiendo desde luego lo que ustedes plantean, pero, como digo, no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso porque la verdad es que no me sale del cuerpo hablar de eso. Hoy me preocupa mucho más, como digo, que el año que viene y al otro y al otro vengan ustedes, se sienten aquí a hablar de estas cosas y de otras con la máxima autoridad moral, que es lo que, desde luego, deben tener; y ahora mismo, como digo, está no digo en cuestión pero sí en riesgo.
Así que, como digo, señor Laguarta, esperaré a sus palabras, como siempre medidas e institucionales. Interpretaremos sus palabras y tomaremos una decisión. Como digo, desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista no estamos dispuestos a que se cierre esto en falso. No puede ser que el señor Suárez haga este uso político indecente de un informe provisional, y hay que tomar medidas. Si ustedes no tienen los medios jurídicos adecuados para hacerlo, pediremos que las Cortes sean las que lo hagan.
Efectivamente, tomando o siguiendo el tema que parece que es importante, y que lo es, desde el Partido Aragonés, sí que queremos romper una lanza por la Cámara de Cuentas, y queremos dejarlo claro. Es decir, en estos momentos no se puede hablar de hipótesis ni de qué pasaría. Sí que es cierto que es un tema que nos preocupa. No podemos dejar de decirlo, que es un tema que nos preocupa, pero, evidentemente, hasta este momento, por lo menos desde el Partido Aragonés, no podemos establecer de dónde proceden esas informaciones que se han facilitado y que, desde luego, nos parecen improcedentes. Pero, en cualquier caso, dos no filtran si dos no quieren, y, mientras no se llegue más lejos, desde luego, nosotros romperemos una lanza por la Cámara de Cuentas, que, desde luego, tendrá que tomar las medidas necesarias para que dentro de su propio organismo existan los medios necesarios y suficientes para que no se produzcan desde la Cámara de Cuentas las filtraciones.
Pero resulta curioso también ver cómo se están produciendo los acontecimientos y ver lo que dicen los unos y los otros, que a algunos se les olvida —tienen hasta memorias flacas— a quién le puede interesar todo lo que está pasando, dónde nos está llevando. Es decir, posiblemente en estos momentos a la Cámara de Cuentas le ha tocado vivir o meterse en un berenjenal político complicado como existe en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero, insisto, desde luego a nosotros, bien, nos parece oportuno que se pidan las responsabilidades allí donde se hayan producido. Pero, desde luego, eso no nos quita que desde el Partido Aragonés sigamos pensando que la Cámara de Cuentas realiza una labor esencial, una labor fundamental, como se está demostrando incluso en el propio debate que se ha establecido.
Por cierto, yo estaba leyendo que también en estos informes que nos han mandado en relación con la actividad contractual, en relación con la cuenta general de la comunidad autónoma, en relación con la diputación provincial, en relación con otras instituciones, siempre se han mandado informes provisionales, siempre se han mandado informes provisionales; no sé si es que no tenían tanta importancia, no merecían esa atención o no tenían esa posibilidad de salir en la prensa la víspera o hacerse con anticipación de que salga el informe general, pero cuántos informes han hecho ustedes a lo largo de esta época que no se ha filtrado ninguno. Porque, claro, qué curioso que el primero que se filtra es el del Ayuntamiento de Zaragoza, y no digo a quién le puede interesar más o menos, digo que es curioso que el primero que se filtra es el del Ayuntamiento de Zaragoza, y conozco el Ayuntamiento de Zaragoza, y conozco el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo dejo ahí, lo dejo ahí porque creo que no es la labor del Partido Aragonés en estos momentos profundizar más. Y que el Ayuntamiento de Zaragoza haga lo que tenga que hacer y la Cámara de Cuentas haga lo que tiene que hacer, y de eso sacaremos conclusiones, pero es que parece que aquí todas las flechas van al mismo. Bueno, por lo menos habrá que estudiarlo. Insisto, y ahí lo dejo, porque a mí me parece absolutamente fundamental la labor de la Cámara de Cuentas, y ponerla en duda en el momento político el Ayuntamiento de Zaragoza me parece, desde luego, como mínimo, en principio, una temeridad, como me parecería una temeridad decir que ha sido fulanito o menganito desde el Ayuntamiento de Zaragoza, me parecen dos temeridades.
Creo que lo que hay que hacer es, primero, intentar saber qué es lo que ha sucedido; segundo, tomar las medidas necesarias y suficientes para que la Cámara de Cuentas esté siempre libre de cualquier tipo de estas sospechas, porque desde luego nuestra apuesta por la Cámara de Cuentas es absolutamente radical. Porque estamos viendo en un informe tras otro cómo el trabajo que está realizando la Cámara de Cuentas es absolutamente fundamental para que haya mejoras en ámbitos tan importantes como el de la transparencia, el de la eficacia, el de la eficiencia, el de la economía, que eso es para lo que sirve la Cámara de Cuentas, no para hacer de la Cámara de Cuentas por parte de nadie un instrumento político que pueda beneficiar o mejorar o perjudicar a determinados ambientes en determinadas circunstancias.
Dicho eso, y yendo un poco a lo que era el ámbito de la intervención de hoy en relación con dos temas que a nosotros sí que nos parece que son importantes también, empezando por el de la actividad contractual, evidentemente, es un elemento absolutamente fundamental.
Ustedes han dado algunas cifras que a nosotros nos parece que son muy importantes, dos mil quinientos veintiocho contratos y cuatro mil y pico millones de euros de actividad; quiere decir que eso refleja la importancia, aunque es verdad que, como ustedes han comentado para este año, la incorporación de los ocho contratos del Plan Red hacía algún tipo de modificación importante en relación con esos importes.
Yo no sé si las muestras que se toman, evidentemente, de acuerdo con una normativa existente, son suficientes o no, porque son sesenta contratos en relación con los dos mil y pico, pero lo que es importante es ver cuáles son los resultados de esos contratos. Y, hombre, analizándolos, viéndolos un poco, yo incluso me hice un poco un cuadro por contratos a ver cuántas veces salían en el informe y prácticamente no se salva ninguno, hay que decir que con mayor o menor cantidad o mayor o menor calidad prácticamente los sesenta tienen algún tipo de pero.
Insisto, los más importantes, otros menos, unos tienen muchos, otros tienen pocos, pero sí que lo que denota, por un lado, es la necesidad de tomar medidas que corrijan esas deficiencias, porque parece excesivo que haya contratos que incluso aparecen diez o doce veces, prácticamente, en todos los epígrafes salen en algunos momentos, y de tomar las medidas que haga falta para evitar que eso pueda suceder.
Hay algunos temas que, evidentemente, parecen importantes, ya lo han mencionado también por parte de algún anterior interviniente, en temas cuando se habla, por ejemplo, de que no haya un seguimiento de las mejoras. Por eso digo que hay temas más importantes y otros menos importantes, pero es que, hombre, cuando en un contrato alguien se compromete a algo pues parece que se tiene que tener la seguridad de que eso se va a realizar. O, cuando se dice que no existe una persona que sea responsable de hacer el seguimiento del contrato, cuando eso, según ustedes lo ponen específicamente, mejoraría sensiblemente la eficacia y la eficiencia del propio contrato.
Sobre todo hay muchos temas que tienen que ver con los pliegos de condiciones, parece que no se cumplen suficientemente.
En definitiva, claro, estamos hablando de que al final hay cincuenta y siete conclusiones y veinticuatro recomendaciones, que yo creo que son todas muy importantes, que son a las que tenemos que acudir para ver cómo podemos mejorar esos cuatro aspectos a los que ustedes hacían referencia de la eficacia, la eficiencia, la economía y la transparencia, algo que nos parece absolutamente importante.
Los contratos forman un volumen grande en relación con lo que es el aspecto económico de la cuenta general de la comunidad autónoma, por eso nos parece adecuado que se haga un desglose, un análisis especial de esas características. A nosotros nos parece que eso le da mucha más claridad y mucha más profundidad a lo que es el aspecto de la cuenta general de la comunidad autónoma y nos ayuda a entenderla y, yo insisto, a mejorarla.
En cuanto a la Diputación Provincial de Teruel, yo creo que el propio informe demuestra un poco las características que tienen las diputaciones provinciales. Yo creo que, como muy bien dicen en un primer párrafo, «la adecuada comprensión de este informe requiere que sea tenido en cuenta en su totalidad, ya que la mención o interpretación aislada de un párrafo, frase o expresión podría carecer de sentido».
Yo creo que, si eso se pudiese aplicar a todos los informes, en este caso es un poco más importante, precisamente por las características que tienen las diputaciones provinciales. Yo creo que en eso también tenemos que ser conscientes y tenemos que pensar en que en estos momentos las cosas están así y, mientras no se modifiquen algunas cosas, pues así estarán.
Hay algunas preguntas que a mí siempre se me quedan en el tintero porque, como las expresiones que se utilizan en las auditorías, cuando se habla de las limitaciones al alcance, ¿hasta qué punto las limitaciones al alcance son muy limitativas o menos limitativas? Porque, claro, al final a lo que vamos es que, cuando llegamos a la declaración sobre la fiabilidad y exactitud de la cuenta, lo que podemos decir es que, salvo por las limitaciones que se señalan en las distintas páginas de este informe, representan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial de acuerdo con los principios y criterios contables, representan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial de acuerdo con los procedimientos contables, en relación con el Instituto de Estudios Turolenses, en relación con la Diputación Provincial de Teruel, en relación con el patronato…, es decir, al final, salvo por esas conclusiones y por las limitaciones al alcance, que creo que no era más que un par de ellas que figuran, se puede decir que refleja la imagen fiel.
A partir de ahí podemos hacer un análisis punto por punto de lo que es la diputación, pero volvemos a la mismo: a nosotros nos parece que al final en las conclusiones y las recomendaciones se recogen con suficiente claridad los aspectos más importantes en los que se tiene que seguir trabajando, aspectos que, es cierto, y en algunas de las propuestas de resolución, aunque el Partido Aragonés no ha presentado ninguna, así se contempla, lo que hace falta es que las instituciones sean conscientes de que esto es algo más que un informe que se presenta por escrito, sino que contiene los suficientes elementos importantes como para que se tengan en cuenta y las instituciones los vayan aplicando de la forma más rápida posible para que realmente sea eficaz.
Una eficacia por la que a nosotros, desde luego, nos parece que la Cámara de Cuentas sigue apostando y, por mucho que lo diga la señora Cospedal y el señor Gimeno se pueda poner de su lado, a nosotros nos parece que es bueno que siga existiendo.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
Buenos días, señor Laguarta, señor Rufas, por estar hoy de nuevo un lunes más en esta comisión institucional hablando de dos de los informes que han fiscalizado en la Cámara de Cuentas.
Yo tengo que empezar también preguntándole, señor Laguarta, si en esta semana ha realizado usted alguna averiguación en relación con la filtración del informe del Ayuntamiento de Zaragoza, porque usted el lunes pasado dijo que iniciaría una investigación. Así lo he visto recogido en los medios de comunicación.
Yo creo que, si no lo ha hecho ya, si no la ha iniciado, tiene que ponerse a ello con urgencia porque este asunto es suficientemente grave para que se resuelva de forma rápida. ¡Cómo ha podido salir de la Cámara de Cuentas un informe provisional que, también en sus palabras, no tiene por qué ver en el contenido con el informe definitivo!
El prestigio que había adquirido la Cámara de Cuentas en estos cortos años de vida y que sabe que nosotros lo hemos venido apoyando con iniciativas y con nuestras intervenciones, se va al traste con esta filtración. Está clarísimo. La independencia de la que debe gozar la Cámara de Cuentas, según marca la ley, queda en entredicho porque decía el señor Blasco que qué casualidad que sea el Ayuntamiento de Zaragoza. A mí también me parece que es mucha casualidad. Una institución que en el año 2011 fue gobernada por el Partido Socialista tanto en la primera parte del año como en la segunda parte del año. A mí también me parece que es mucha casualidad.
Como digo, la situación es muy grave, los problemas que está trayendo de desconfianza en los informes que están ustedes haciendo, o al menos en lo que están estudiando, porque si no hay forma de ver realmente con el suficiente rigor cuáles son las cuentas de una administración pública porque se filtra a un medio de comunicación antes de que esté finalizado ese informe de fiscalización, la situación en la que queda la cámara es muy delicada.
También nos preocupa el futuro de la Cámara de Cuentas. El Grupo Socialista va a presentar un escrito. Espero que usted me conteste a lo que le estoy preguntando, pero aun así vamos a presentar un escrito en la Cámara de Cuentas pidiendo que se abra una investigación. Y veremos también si llevamos a cabo alguna iniciativa de otro tipo en el seno de las Cortes de Aragón.
Creo que esa falta de confianza en una institución con tan corta vida, con un trabajo muy valorado hasta ahora en los informes que ustedes han venido realizando y el trabajo que han venido realizando con los medios que tienen, pero, claro, falta ese control interno, desde mi punto de vista, de que realmente unos documentos tan frágiles, unos documentos que necesitan tener ese sigilo y ese secreto que el propio reglamento de la Cámara recoge, deben ustedes —y usted, señor Laguarta, que es el presidente— vigilar que el funcionamiento de la Cámara sea el que le estoy diciendo.
Yo no sé si el señor Rufas, que tenemos hoy la suerte de que nos acompañe en esta comisión, podría despejar alguna duda en este sentido, ya que él es el ponente del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, o querrá contestar también a la pregunta que le estaba refiriendo al presidente de la Cámara.
Dicho esto, y en la línea de otros portavoces que me han precedido, creo que esta preocupación y esta situación tan complicada que tenemos en este momento con esa filtración no nos permite precisamente profundizar y ahondar en los informes que hoy nos ha presentado desde la Cámara, porque es difícil realmente saber si son absolutamente fiables o realmente también tienen algún problema.
Lo digo en el siguiente sentido. Decía usted, señor Laguarta, antes el número de delegaciones que se han presentado (doscientas cincuenta y ocho alegaciones). En el informe de contratación, por ejemplo, yo he visto que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ha presentado ni una sola alegación, ni una. No sé muy bien a qué se debe, si es falta de colaboración o es cualquier otra cuestión.
En ese informe de contratación también he percibido, quizá, parcialidad y alguna debilidad en relación con determinados asuntos. ¿Por qué digo parcialidad? Porque la Cámara está fiscalizando el año 2011, y hay que tener en cuenta que el año 2011 es gestionado por dos gobiernos: la primera mitad del año, el gobierno PSOE-PAR, y en la segunda mitad del año, el gobierno Partido Popular-PAR. Cuando no se fiscaliza todo el año, sino solo una parte del año, evidentemente, puede haber dudas en relación con determinadas conclusiones que llegan ustedes a formar en algunos de los contratos, porque hay contratos que tienen que verse cómo se han gestionado, quién ha controlado el gasto de esos contratos. Y eso mayoritariamente se hace en la segunda parte del año.
También me ha llamado la atención que, antes de empezar a leer el informe, donde ustedes hacen una relación de leyes, normativa, leyes estatales y leyes autonómicas, en relación con todo lo que es prestación de servicios sociales, ustedes no tienen en cuenta las leyes sectoriales. Por ejemplo, en la legislación estatal no aparece la Ley de atención a la dependencia. En la legislación autonómica no aparece la Ley de servicios sociales. La única ley que aparece es la de creación del IASS, del año 1996. ¡Anda que no han cambiado las cosas en acción social desde el año 1996! Eso lo considero una debilidad. Es difícil cuando se está hablando de salud y si se tienen en cuenta las leyes que tienen que ver con la sanidad y cuando se habla de servicios sociales no tienen en cuenta las leyes más importantes que en ese año (año 2011, año de fiscalización) se han estado teniendo en cuenta para ofrecer servicios a los ciudadanos. Evidentemente hay una ley de dependencia que especifica que en el año 2011 hay un grupo importante de dependientes que tienen que entrar en el sistema. Como digo, he visto que no aparecen las leyes ahí. Es posible que luego las hayan tenido en cuenta en el informe.
En relación con el resto de las cuestiones que tienen que ver con la Diputación de Teruel, también hemos encontrado alguna contradicción de la propia Cámara. Hay que tener en cuenta que este es el primer informe que se hace desde la Cámara de una diputación provincial, en este caso de la Diputación de Teruel, que, por lo que sabemos, hay muchas de las cuestiones que ahí se marcan como recomendaciones que ya se han estado poniendo en marcha. Pero, por ejemplo, cuando se habla de competencias impropias, no existe una delimitación clara de competencias entre la DGA, las diputaciones provinciales y las comarcas. De hecho, en uno de los párrafos dentro de este informe de la Diputación de Teruel yo creo que la Cámara se contradice en cierta forma, porque hay un apartado donde se reconoce este hecho, que no están delimitadas de forma clara estas competencias.
También hablaban de los puestos de secretario, interventor y tesorero en una de las recomendaciones. Lo que sabemos es que son puestos que siempre estuvieron cubiertos, aunque por razones de resolución de concursos de traslados durante determinados periodos no fueron cubiertos de forma definitiva. Pero, evidentemente, han sido puestos que han estado cubiertos por estos funcionarios y que han estado trabajando en ellos.
Solo me refiero a este par de cuestiones porque no es hoy el momento más indicado para ahondar en estos dos informes.
Por eso, en la pregunta que yo le hacía antes al ponente, al señor Rufas, al ponente del informe provisional, sí que me gustaría que me dijera si realmente está en condiciones de asegurarnos hoy en esta comisión que —bien de forma directa o de forma indirecta— no ha tenido nada que ver en la filtración de ese informe provisional del ayuntamiento, y, por lo tanto, incumplido el artículo 53 del reglamento de la Cámara de Cuentas.
Para finalizar, quiero retomar, señor Laguarta, como lo hice el otro día, lo que nos viene de aquí al futuro, al futuro próximo. Quedamos en que nos interesaría tener la cuenta general del gobierno de la comunidad autónoma de los años 2012 y 2013. Viendo los plazos y porque estamos en el tiempo en el que estamos (evidentemente queda un año de legislatura), el día 30 de junio es la fecha para la presentación por parte de la comunidad autónoma de la cuenta general, el 30 de junio próximo, de este año, y, por lo tanto, luego la cámara tiene seis meses para presentar el informe definitivo de la cuenta general. Por lo tanto, estaríamos hablando de finales de diciembre, del 30 de diciembre de este año 2014.
Nosotros apostamos y nos gustaría que la Cámara cumpliera estos plazos para poder tener conocimiento tanto de la cuenta general del año 2012 como de la cuenta general del año 2013.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Tiene la palabra el señor Garasa.
Bien venido nuevamente, señor presidente de la Cámara de Cuentas, a esta Comisión Institucional, lo mismo que al consejero, don Luis Rufas de Benito, y a las personas de su equipo.
Señor Laguarta, oídos a los otros grupos, el Grupo Parlamentario del Partido Popular apoya totalmente la gestión, independencia y profesionalidad de la Cámara de Cuentas, y así lo han demostrado ustedes desde su constitución. Es decir, que no vamos a hacer ningún tipo de comentario más porque creo que sobran.
El 9 de octubre de 2013, el consejo de la Cámara de Cuentas aprobó el informe de fiscalización de la actividad contractual de la administración y del resto de entidades del sector público del año 2012, remitiéndolo al Gobierno de Aragón y al Tribunal de Cuentas de España.
Señorías, igual que el resto de grupos parlamentarios, hemos leído, hemos analizado la fiscalización realizada, que ha tenido por objeto, entre otros —y ya lo han adelantado al principio el señor Laguarta y el señor Rufas— comprobar el cumplimiento de la remisión de contratos celebrados en 2011.
Se ha verificado el cumplimiento de legalidad de los procedimientos de contratación pública; han verificado la adaptación a la legalidad y a los fines también de los pliegos, lo mismo que han analizado y examinado los aspectos relevantes, con sus incidencias y modificaciones, y han comprobado mediante selección el cumplimiento de la realidad y destino de las inversiones y además lo han comprobado físicamente.
Dentro de la audiencia de discrepancias, la Cámara de Cuentas, como ya han abundado y lo han dicho antes, recibió doscientas cincuenta y ocho alegaciones y se aprobaron setenta. Para verificar la eficacia y eficiencia del control interno y externo de la gestión pública, los implicados deben remitir obligatoriamente los contratos. Si esto se hace, la transparencia de la gestión de los servicios públicos constituye el soporte para el análisis e investigación de la contratación pública, y ello porque lo dice así también el artículo 29 del texto refundido de contratos de la ley del sector público.
Se han observado diferencias significativas entre los contratos presentados y los comunicados por los órganos de contratación. Así, los contratos comunicados fueron dos mil quinientos veintiocho.
Se debieron de haber remitido doscientos dieciocho contratos que pidieron por un importe de cuatro mil seiscientos diecisiete millones. Esta cifra nos parece alta, pero lo es por los contratos iniciales del Plan Red, que ascendían ocho de ellos a cuatro mil seiscientos treinta millones, o sea, el 98% del importe total general, y equivalían a un 89% del total de la comunidad autónoma, luego la muestra es válida.
Se remitieron solo ciento dos contratos, por cuatro mil millones, y no se remitieron ciento dieciséis contratos por seiscientos dos millones. Es decir, solo se remitieron el 47% de los contratos: menos de la mitad de los que debieron enviarse a fiscalizar. Y además había descuadres entre contratación y registros de contrato. Ya han dicho que las incumplidoras mayores son las empresas públicas, ya que solo presentaron un 18% de lo que realmente les correspondía remitir.
Han reflejado en el informe cincuenta y siete conclusiones contractuales. En cuanto a conclusiones generales, se han redactado por la Cámara de Cuentas veintisiete. En cuanto a conclusiones de contratos, diecisiete relativos al Salud y en cuanto a las conclusiones de conciertos las han fijado en seis y siete en cuanto a los convenios.
Señorías, como sabemos, las conclusiones no dejan de ser nada más y nada menos que proposiciones finales de los argumentos de trabajo bajo unas premisas muy sólidas de todo lo que han apreciado en todo el trabajo hecho.
Indica la Cámara de Cuentas que los contratos sujetos a la Ley de contratos del sector público lo fueron con importes superiores a los establecidos para los denominados contratos menores. Conclusiones preocupantes y de interés de 2011, entre otras, por deficiencias, lo fueron en cuanto al perfil del contratante, que se ha mencionado ya, que carece de homogeneidad en varios aspectos; lo mismo que el responsable del contrato, que no se utiliza en la necesidad de contratar y en la necesidad de contratar de algunos, que tampoco queda claro. Tampoco en la urgencia del artículo 96 de la Ley de contratos del sector público, cuyos requisitos tampoco parece que se cumplen o se han cumplido debido tal vez a una falta de planificación.
Importante es en algunos aspectos no hacer caso del informe negativo del interventor y su posterior convalidación. Este hecho pudiera dar lugar a alguna invalidez de contrato.
Se observa también, lo hemos visto, una baja temeraria en alguno de ellos que no se atiene a la legalidad. La mesa de contratación no actuaba de forma debida, y en otros el mismo órgano redactaba y aprobaba el proyecto.
Había que procurar la retención de crédito oportuna en la contratación para que quedase garantizada la asistencia y la afectación presupuestaria, y esto tampoco lo hicieron.
Fruto de lo expuesto, la Cámara de Cuentas plasmó un informe fiscalizador de veinticuatro recomendaciones. Fijó debilidades en el presupuesto base de licitación porque no se ajustaban a la realidad del mercado y de garantías. Había que homogeneizar el perfil del contratante y así lo decían. La urgencia en la contratación estaba en entredicho también en algunos contratos. La mesa de contratación tendría independencia del órgano de contratación, que no fue así como lo hicieron. Hay que dar oportunidad al mayor número de licitadores y poder escoger la mejor oferta en condiciones de igualdad.
Los contratos de patrocinio por la administración pública debían ponderarse, y todo aquello para ver la equivalencia entre patrocinio y una posible subvención encubierta. Igual habría que hacer en los contratos de gestión de servicio, sobre todo, como son los contratos de concesión, en contra de los contratos de servicios normales.
En los conciertos se estará como si fuera un contrato más, sabiendo que el importe total del precio debía de saberse, al menos, durante toda la vigencia del proyecto.
Y, para finalizar, revisar igualmente el tema de convenios y sus prórrogas anteriores a la Ley 1/2011, para posibilitar que sea aplicado el régimen jurídico de la norma aragonesa.
Gracias por su impecable informe jurídico, tanto señor Rufas como señor Laguarta, porque realmente lleva un trabajo enorme.
Antes de terminar, sí les quería hacer una pregunta, después de haber revisado propuestas de otros grupos parlamentarios, de si realmente las recomendaciones de la Cámara de Cuentas son de carácter de suma obligatoriedad y exigibilidad o son potestativas.
Sabemos de su gran importancia, de lo imprescindible que es tener sus informes, de los cuales ya no podríamos pasar sin ellos viendo su rigor y lo que adelantan ustedes en el tiempo sus trabajos y la necesidad de tenerlos. Pero se lo pregunto, como digo, habiendo visto algunas propuestas de resolución no aceptadas por las exigencias contenidas en las mismas, y también por la petición de normas coercitivas en caso de incumplimiento, tampoco aceptadas, y que han manifestado algunos grupos parlamentarios. Por eso de ahí viene un poco la pregunta y les daré las gracias por su opinión.
En cuanto al informe de fiscalización de los datos económicos financieros de la Diputación Provincial de Teruel, que este ese aprobó con fecha de 22 de noviembre de 2013, con la misma fecha, igual que pasa en todos los anteriores, se remitieron al Gobierno de Aragón y al Tribunal de Cuentas de España.
Este informe recoge todo lo relativo a la Diputación Provincial de Teruel, así como las entidades en las que participa de forma mayoritaria. En el informe, entre otros puntos, se recoge la comprobación de los estados financieros y sobre morosidad, el estado de remanente de tesorería y su cumplimiento, el análisis de las subvenciones, análisis de las competencias, gestión y presupuestos.
Señorías, este es un informe de carencias que denotan la realidad de lo que nunca se debió hacer, señora Fernández, en el año 2011. Así, las limitaciones muy, muy resumidas, por el lado y por lo que nos ha dicho el señor Rufas, podrían ser que la Cámara de Cuentas ha encontrado limitaciones a su fiscalización y por motivos que se detallan referidos a 2011 y tal vez anteriores, porque lo que se hace no se suele hacer en dos meses solamente.
La DPT no disponía de un inventario general de bienes y derechos actualizado, y hoy, señor Romero, ya está el mismo, porque así ya se ha hecho con el nuevo gobierno.
La DPT no disponía de un inventario específico de carácter contable actualizado, y, señor Romero, ya está hecho con el nuevo gobierno.
La Entidad Pública Empresarial para la Información de Teruel no disponía de soporte documental que reflejase los costes de adquisición de sus bienes ni de sus amortizaciones y omitió todo tipo de información significativa. Tampoco hay documentación de adjudicatarios de contratos fiscalizados; por eso se dio trámite de audiencia a la DPT y se notificaron a la diputación provincial las actuaciones practicadas para alegaciones el 17 de septiembre de 2013.
El presidente anterior no presentó alegación alguna y la DPT posteriormente presentó en noviembre todo lo que se le pidió.
Se presentaron cuarenta y ocho alegaciones, de las que solamente se aceptaron siete. Y la Cámara de Cuentas hizo constar ciento veinticuatro conclusiones y cuarenta y una recomendaciones.
Excepto por las limitaciones mencionadas y por la salvedad de las conclusiones, los estados financieros de la DPT representan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, lo mismo que el Patronato Provincial de Turismo, la Entidad Pública Empresarial y las cuentas de las sociedades participadas.
Dentro de las salvedades, que son muchas, cabe reseñar, relativo al 2011, día anterior, la contabilización del inmovilizado, que carece del mismo rigor contable en todos sus aspectos. Igualmente ocurre con provisiones por tener activos sobrevalorados en casi cinco millones de euros. Llevaban una mala contabilización de su realizable a corto plazo, lo mismo que de su exigible y de sus fondos propios; igualmente de su contabilidad y la de sus participadas. No obstante, el remanente de tesorería sí que cumplía con la normativa.
En cuanto a subvenciones de la DPT y de sus participadas, tenían problemas de gestión en estos aspectos y debían mejorar en subsanar todas las deficiencias de operativa y su utilización; pero también, señor Romero, se ha aprobado un reglamento de subvenciones hace dos meses, de tal manera que Izquierda Unida ha aprobado las concesiones de subvenciones en los últimos años.
En cuanto a morosidad y periodo medio de pago, es muy desigual según se tome un ente u otro, y no hay datos fiables para hacerlo, y el tesorero-interventor, según el caso, no elaboró trimestralmente otros informes.
En cuanto a fiscalización citada, observamos que la DPT no tiene aprobado un reglamento orgánico propio de la corporación, y esto es importante. Así, la junta de gobierno adoptaba acuerdos en materias que son competencia del presupuesto, sobre todo en subvenciones, y ni el presidente ni el pleno habían delegado esas competencias en la junta.
La DPT presta servicios en materias exclusivas de competencia de la comunidad autónoma, sin tener atribuidas esas competencias las diputaciones provinciales. La DPT participa de forma minoritaria en seis sociedades públicas, dos sociedades privadas, también en cuatro fundaciones y en tres consorcios.
La Diputación Provincial de Teruel no había formado ni había aprobado una RPT en su organización. Estaba incumpliendo la Ley de Bases de Régimen Local, pero ahora ya está aprobada en casi todos la RPT del personal.
Y en cuanto al control interno de la DPT, la intervención no fiscalizó contratos a posteriori y no realizó control financiero de aquello que se llevaba y de aquello que dependía porque no tenía procedimientos de auditoría.
Ya no hay tiempo para abundar en las múltiples carencias, pero sí hay que dejar constancia de que, desde que cambió la corporación en junio del 2011, la cuenta general se aprobó en los plazos legales y la rendición de cuentas se hizo el 24 de agosto del 2012, dentro de plazo hábil.
Y, en cuanto al tema de subvenciones, ya hemos dicho que está puesto al día porque se ha aprobado un reglamento, y, de las cuarenta y una recomendaciones que nos constan, pues la nueva corporación, desde junio de 2011 y hasta la fecha, se ha puesto al día de cada uno de sus extremos, y así además lo hemos leído en prensa a primeros de este año.
Les damos las gracias, señor Rufas de Benito, a usted personalmente por el trabajo jurídico y técnico que ha realizado en este informe. Ha sido laborioso, pormenorizado, y creo que ha traído usted aquí un buen trabajo a esta Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, tanto en contratos como en la fiscalización de la DPT. Y esto es lo que nos hace falta para mejorar día a día la gestión pública de la comunidad autónoma.
Es el turno ahora de réplica de los miembros de la Cámara de Cuentas. Para ello tienen un tiempo de diez minutos. Cuando quieran.
La materia que hoy tocaba tocar era la actividad contractual de la comunidad autónoma y la diputación provincial del 2011. Pero, claro, no puedo olvidar, o sea, no eludo los temas de que todos los grupos, algunos exclusivamente, y otro aunque sea tangencialmente, han tocado otra materia, que era el informe en curso, en curso, sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, que está haciendo la Cámara de Cuentas. No voy a repetir lo que el perspicaz señor Soro ya ha dicho. Era justo lo que quería decir al principio.
Primero quiero dejar constancia, como ya dije el otro día, de que estoy profundamente contrariado y disgustado porque esta materia sea objeto de debate en este momento cuando la Cámara de Cuentas no ha sacado el informe de fiscalización. Por supuesto, los grupos políticos, los partidos, ustedes mismos son muy libres de hablar de lo que estimen conveniente. Lo que me duele es que se utilice a la Cámara de Cuentas indebidamente y se cite a la Cámara de Cuentas cuando la Cámara de Cuentas no ha dicho ni ha emitido su informe definitivo. Con lo cual, no estoy desdiciéndome del informe provisional; simplemente es provisional, y es una fase en la elaboración del informe final.
En el informe provisional se dicen valoraciones y se ponen de relieve hechos que en un principio quizás no estaban tenidos en cuenta, pero todo proceso de investigación y de comprobación exige manejar muchas hipótesis, de las cuales unas hipótesis, conforme se va trabajando, se van desechando, otras se van confirmando, y lo que puedo asegurarles es que a los informes definitivos de la Cámara de Cuentas solo sube lo que estamos seguros al cien por cien. Si de algún hecho o de alguna valoración no estamos seguros, se cae del informe.
El informe provisional, como he dicho, es provisional. Lo que hemos dicho lo ratificamos y fue acordado por unanimidad de los tres miembros de la Cámara de Cuentas. Lo que ocurre es que no estamos seguros de que tengamos todos los hechos, toda la valoración y toda la documentación. Y he citado el caso del Gobierno de Aragón, en el que, en materia de educación concertada, no nos echó encima de la mesa la documentación hasta que se vieron reflejados en el informe. Con lo cual, espero que admitan que los informes provisionales tengan algo de provocación para que se aporte lo que no se ha aportado en fase inicial. Y no digo más que lo que he dicho literalmente. Aquí sí que pido que no se me hagan interpretaciones.
En lo que no estoy de acuerdo en absoluto es con la apreciación de algún grupo, que apunta a la Cámara de Cuentas. Me sorprende que esgriman el informe CORA y hasta la posible puesta en cuestión de la Cámara de Cuentas justo los que no han participado en el informe CORA y que hasta creía que estaban en contra. Pero me ha sorprendido la intervención de la portavoz del PSOE, que da por seguro que este informe ha salido de la Cámara de Cuentas. Yo soy el primer interesado, señora Fernández, en saber de dónde ha salido. Lo que pido es que quien tenga una prueba, que me la aporte, porque actuaré, pero con toda contundencia, en lo que está en mis manos. [Rumores.]
Sí que puedo adelantar…
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Les ruego, señorías —perdón, señor Laguarta—, que guarden silencio y dejen hablar al presidente de la Cámara de Cuentas.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Y sí que pido que quien tenga alguna prueba de alguna cosa me lo diga. O sea, me han preguntado, y lo digo ya, la investigación que anuncié el lunes pasado la he realizado; y en la Cámara de Cuentas, del rastreo de los sistemas informáticos, no aparece nada. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que, si alguien de la Cámara de Cuentas ha querido pasar una información a quien sea, pues supongo que tendrá la suficiente inteligencia para no hacerlo a través de un correo electrónico, y hay medios de hacerlo. Pero con esto no estoy aceptando de ninguna manera, sino que de entrada no me parece una apreciación acertada, que se apunte a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene obligación de sigilo y secreto profesional, y, los funcionarios me han oído, es seguramente en lo que más he insistido. Lo que ocurre es que no solo la Cámara de Cuentas tiene este informe. Lo tiene la entidad fiscalizada, que es muy libre de hacer lo que quiera, de ponerlo en conocimiento de quien quiera y pedir las ayudas que quiera. Lo que pido es que quien tenga una prueba que me lo diga. Pero me parece gratuito y malintencionado apuntar solo a la Cámara de Cuentas sin prueba. Por favor, quien tenga una prueba, que me la dé.
Pido el amparo de las Cortes, formalmente. No sé si es aquí donde lo puedo pedir, o lo tengo que pedir al presidente y a la Mesa. La Cámara de Cuentas es una institución débil, débil por el corto tiempo que tiene, porque está expuesta a un pimpampum y porque tiene unos medios muy limitados. No estamos en igualdad de condiciones con los partidos políticos, ni siquiera con instituciones mucho más potentes. No tenemos ni un gabinete de prensa; fue una opción que nos planteamos al principio. Cuando quisimos elegir entre tener un gabinete de prensa, como lo tienen otras instituciones, o tener un auditor más, preferimos tener un auditor más.
En cuanto a los medios de control interno de la Cámara de Cuentas, pues qué quieren que les diga, los medios son los que son. Yo provengo de una institución, como es la Agencia Tributaria, en la que había unos medios de control férreos. Si me dan esos medios y me dan los millones que hacen falta para poner unos sistemas de control interno como los que tiene la Agencia Tributaria, encantado de ponerlos. Y, aun en todo caso, preguntaría a cualquiera de ustedes que sea presidente de una comisión, al presidente de las Cortes o a la presidenta de esta comisión si es capaz de garantizar que ninguno de los sesenta y siete diputados o de los ciento veinte funcionarios que trabajan en esta institución los tiene tan controlados que no pueden pasar ni una letra de lo que pasa en esta casa.
Creo que me he alargado demasiado en hacer una defensa de la Cámara de Cuentas, porque me parece gratuito, y, por favor, lo pido, que se diga, si alguien tiene pruebas que me las dé, soy el primer interesado en saberlo porque creo que tanto la Cámara de Cuentas como el Ayuntamiento de Zaragoza han tenido esta información. La Cámara de Cuentas con obligación de sigilo, lo repito, sigilo y secreto profesional. El Ayuntamiento de Zaragoza no lo sé.
Si no ha quedado claro, la investigación que anuncié la he hecho y, hasta donde la Cámara de Cuentas puede llegar, yo no he detectado que haya ningún correo electrónico ni ninguna otra forma de que de la Cámara de Cuentas haya salido.
Repito, creo que es la cuarta vez, si alguien tiene una prueba que me la dé. Yo no juego aquí a ir en contra de nadie, simplemente quiero saber la verdad objetiva tal como es.
Antes de pasar a los temas concretos del informe, que al fin y al cabo era la materia de esta comparecencia, sí que quiero agradecer el apoyo de los grupos que han manifestado su confianza en la Cámara de Cuentas y quiero contestar a dos puntos concretos que no son propiamente de los dos informes, uno se refería a la intervención de la portavoz del Partido Socialista, que echaba en falta en la enumeración de la legislación algunas disposiciones.
Primero querría decirle que los informes de la Cámara de Cuentas no son tratados académicos en los que se ponga todo, se ha puesto normalmente una página en la que caben doce o quince disposiciones, que son las que han sido más usuales, y en concreto me ha citado que echaba en falta algo de ayudas de la dependencia.
Señora Fernández, este informe es de contratos; las ayudas a la dependencia, que yo sepa, no son contratos, las ayudas a la dependencia son ayudas, quizá subvenciones, y de esas se trató en el informe que presenté la semana pasada, en el que había un apartado dedicado a la dependencia.
En cuanto a la cautela que ha expuesto, que ya se la recogí la semana pasada, de la fiscalización de las cuentas del 2012 y 2013, tendremos mucho interés, como le dije, en mirar los años 2012 y 2013, con el mismo interés con el que hemos mirado los años anteriores. En el año 2012 ya estamos trabajando y tenemos ya avanzados los trabajos de campo, y con el año 2013 hemos empezado con alguna materia, si bien la cuenta no está presentada, pero le garantizo que la Cámara de Cuentas se va a volcar en el informe de estas fiscalizaciones de la cuenta general hasta tal punto que el único informe que en estos momentos está en curso distinto de esos es el que pidieron las Cortes, el que nos pusieron sus señorías en las prioridades que dan, la fiscalización de los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes y las comarcas. Está en curso y preveo que podremos presentar el informe provisional en poco tiempo a alegaciones.
El resto del personal de la Cámara de Cuentas, los tres consejeros y los dieciocho auditores nos volcamos en la cuenta general de la comunidad autónoma del 2012 y el 2013, dieciocho auditores. La intervención de la comunidad autónoma creo que anda por ciento veinte personas, el Ayuntamiento de Zaragoza no lo sé exactamente, pero creo que es un número que nos duplica o triplica.
Y, sin más, siento haber derivado la materia, pero, dado el interés que tenían los grupos, me parecía obligado contestar.
Paso la palabra al consejero responsable de los dos informes para que pueda responder a las preguntas, pocas, que se han presentado.
El señor consejero de la Cámara de Cuentas de Aragón (RUFAS DE BENITO): Gracias, señor presidente.
En referencia al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, su representante, tanto en materia de la Diputación Provincial de Teruel como de contratos, en realidad me ha parecido entender que asumía el contenido del informe y que de los contenidos, las consideraciones, tomaba nota de ellas para su estimación.
Creo que era así porque entiendo que acogía en materia de contratos el concepto responsable, las verificaciones que se hacen en el cuerpo del informe, en la tramitación por la vía de urgencia, así como que las empresas contratantes, su obligación de remitir, eran esencialmente incumplidoras.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista creo que sobre los dos informes no ha mencionado contenido. Sí que ha relacionado sus dudas del informe de la Diputación Provincial de Teruel por el contenido del artículo 114, y usted creo que ha mencionado que había una propuesta de resolución al uso.
Esta institución estará a lo que acuerden ustedes en función del alcance y el contenido del mismo, no me parece correcto entrar a valorar algo que ni se conoce y que escapa dentro del contenido.
Respecto del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tanto en actividad contractual, me ha parecido entender, sustancialmente, que efectivamente el responsable del contrato lo consideraba como un elemento capital, no solo para la ejecución sino también para el seguimiento de las mejoras, y que prácticamente, claro, estas medidas a decidir son importantes, y que la actividad contractual la ha calificado como un elemento importante de la cuenta general en la actividad económica desde el punto de vista administrativo y económico. Totalmente de acuerdo.
En el volumen de actividad contractual en el seno de la actividad económica, capítulos II y VI del presupuesto de la comunidad autónoma, ya ha visto las cifras de los contratos comunicados; quizás un nicho de fiscalización sería adentrarnos en la contratación menor. De momento, ello nos daría una visión más amplia de lo que realmente mueve la actividad contractual.
En lo que concierne al Grupo Parlamentario del Partido Socialista, en lo que concierne a materia de contratación, hay parcialidad y debilidad y las conclusiones son parciales y la normativa no recoge de manera total el contenido de lo que es la Ley de la dependencia.
A ver, las muestras de contratos son las que aparecen en los anexos del informe. Allí aparece la totalidad de los contratos y se ha hecho conforme a las especificaciones que cita el marco conceptual legal de actuación, las instrucciones o actuaciones de contabilidad de control externo y realizado con el Tribunal de Cuentas y, supletoriamente, la normativa de fiscalización de auditoría de la IGAE. Se ha optado por criterios cuantitativos en lo que eran los umbrales del artículo 29 y luego se ha discriminado para que todas las instituciones se vieran reflejadas.
Lo mismo, creo que es en materia de la normativa, me reitero en lo que ha comunicado el señor presidente respecto de sus consideraciones.
Respecto de la Diputación Provincial de Teruel, el uso de competencias propias, competencias impropias, que no entendían, hemos puesto en el anexo aquellas competencias que son expresas, asignadas por la Ley de Bases de Régimen Local y la LALA a la entidad local, y ya hemos visto esos efectos concéntricos de actividad en lo prestacional, si vemos como es el capítulo IV, que sustancialmente vía subvenciones ha incidido en la Diputación Provincial de Teruel, se adentran en materia de acción social, en cultura, deporte… Creo que la institución intenta atender a todo el tejido social de la provincia, pero yo no puedo hacer más valoraciones.
En lo que ha mencionado, que los puestos de intervención y secretario han estado cubiertos, sí han estado cubiertos, pero una de las recomendaciones que hacemos es que la diputación haga el intento de cubrir esas plazas de manera fija. La provisionalidad de los puestos determina la ausencia de ejecución en las tareas, en el tiempo de las tareas, y, por tanto, ello no lo hay.
Y respecto de la pregunta directa realizada por la señora portavoz, me sumo a lo manifestado por el señor presidente y solo le puedo decir que yo no.
Solventado el trámite de los informes, suspendemos la comisión durante dos minutos para despedir a los consejeros de la Cámara de Cuentas.
Señorías, reanudamos la sesión con el debate de las propuestas de resolución presentadas a los informes citados por orden de presentación durante un tiempo de cinco minutos.
Tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Socialista para la defensa conjunta de las ocho propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la actividad contractual de la administración y del resto de entidades del sector público de la comunidad autónoma y la fijación de posiciones respecto al resto de propuestas de resolución.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Disculpe, mi idea era que el otro día en ponencia habíamos decidido que la intervención sería en Pleno…
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora Fernández, creo que hay una confusión. No estamos ya en el debate de las propuestas de resolución de la cuenta general, sino en el debate de las propuestas de resolución de los dos informes que acabamos de debatir.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: De acuerdo. Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista ha presentado al primero de los informes —al de la fiscalización de la actividad contractual de la administración y resto de entidades del sector público— ocho propuestas de resolución, que tienen que ver con lo que hemos considerado las recomendaciones más importantes de la Cámara de Cuentas.
En relación con el resto de propuestas presentadas tanto por Izquierda Unida como por Chunta Aragonesista, vamos a votar a favor de todas ellas, excepto que nos abstendremos en una de Izquierda Unida, en relación con la Ciudad del Motor, porque entendemos que, si hubiéramos tenido un tiempo para poder modificar alguna de las palabras que marca la propuesta de resolución, quizá la hubiéramos podido votar a favor, pero creemos que no está redactada en la forma en que desde el Grupo Socialista podríamos apoyarla.
En relación con la Diputación de Teruel, el Grupo Socialista no ha presentado ninguna propuesta de resolución, y votaremos a favor de las propuestas de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida.
Por orden de presentación, es el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para defender las ocho propuestas presentadas al informe de la actividad contractual y las trece propuestas presentadas al informe de la Diputación Provincial de Teruel, así como para la fijación de posiciones respecto al resto de propuestas.
El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado ocho propuestas de resolución al informe de fiscalización contractual y trece propuestas de resolución al informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Teruel.
Van en la línea de reforzar las recomendaciones que hace el propio órgano fiscalizador y de resaltar algunas de las conclusiones que manifiestan en el informe. Especialmente en relación al de la Diputación Provincial de Teruel, en base al cumplimiento de la normativa de subvenciones y en base de un grupo de cuestiones, todas relacionadas con elementos contractuales.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida apoyará las iniciativas, las propuestas presentadas por Chunta Aragonesista, tanto a un informe como a otro informe, y apoyará todas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista, a excepción de dos abstenciones (la seis y la siete) en relación al informe de la actividad contractual en base a los conciertos sanitarios.
Señor Soro, su turno para defender las quince propuestas presentadas a la actividad contractual de la administración y la propuesta para la DPT, así como para la fijación de posiciones.
Muy brevemente. Respecto de la fiscalización de la actividad contractual, como acaba de decir la señora presidenta, son quince propuestas. En primer lugar, una general en la que se insta al Gobierno de Aragón a corregir todas las incidencias y cumplir todas las recomendaciones. Y después hay otras catorce en las que se concretan algunas de las recomendaciones que estimamos que son más relevantes sobre diferentes ámbitos de la actividad contractual.
En cuanto a las propuestas de resolución de los otros dos grupos apoyaremos todas salvo la seis y la siete del Grupo Socialista, en las que nos abstendremos por una cuestión ideológica. Se refiere a conciertos sanitarios, y es una cuestión sin valorar lo que está planteando la Cámara de Cuentas, y de hecho tampoco hicimos propuestas de resolución al respecto, por entender que, como digo, es una cuestión ideológica de rechazo a la generalización del sistema de conciertos.
El resto de propuestas de resolución de Izquierda Unida como del Grupo Socialista serán apoyadas por el grupo de Chunta Aragonesista.
Y, en cuanto al informe de la Diputación Provincial de Teruel, solo hemos hecho una propuesta de resolución general, en la que se insta a la Diputación Provincial de Teruel a cumplir todas las recomendaciones. Lo decía antes en mi intervención, no dudamos de la competencia de la Cámara de Cuentas para hacer su informe. Por supuesto. Pero entendemos que, dado el principio esencial de autonomía local, estas Cortes deben instar de una forma global a la Diputación Provincial de Teruel y al resto de entidades a cumplir las recomendaciones, por eso se ha hecho solo una global, pero se apoyarán las que se han hecho por Izquierda Unida concretando lo que plantea la Cámara de Cuentas en su informe.
Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés para fijar posiciones.
Señor Blasco.
El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, presidenta.
Muy brevemente. En relación con las propuestas de resolución de la actividad contractual, el Partido Aragonés no ha presentado propuestas de resolución. Hemos dicho en la intervención que las conclusiones y recomendaciones son suficientemente claras, pero, en cualquier caso, votaremos a favor una buena parte de las que se han presentado, tanto por parte de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista, como de Izquierda Unida. No sé si habrá ocasión de poder modificar algún matiz que en ocasiones pueden venir del verbo o del caso, pero de cualquier forma la mayoría serán votadas a favor y, en las que van a votarse en contra, que pueden ser una media docena, será, ya digo, por motivos más bien de matices en la redacción de las mismas.
Y lo mismo pasa también en las propuestas de resolución del informe de la Diputación Provincial de Teruel, al que tampoco el Partido Aragonés ha presentado propuestas y, en cualquier caso, pasará lo mismo: si se puede modificar en algún caso algún tipo de redacción votaríamos a favor y, si no, tal y como están presentadas, las votaríamos en contra.
Para finalizar, es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Señor Garasa, su turno para fijar posiciones.
Solamente decir que el Grupo Parlamentario del Partido Popular no ha presentado propuestas de resolución debido a que las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas nos parecían coherentes con todo el trabajo y fiscalización que se ha realizado. Repetir lo mismo, sabiendo que ya se está haciendo y que se está cumpliendo, sería redundancia.
Hemos visto también que los grupos en casi todas las propuestas muchas se repiten, y ahora se votarán, pero también quería decirles que a nosotros, en ánimo de tener el máximo consenso, sí que nos gustaría tener unos minutos para transaccionar algunas propuestas, ya que, por ejemplo, a la Diputación Provincial de Teruel no se le puede instar, como se hace en las propuestas, sino solo recomendar, por ser, digamos, una entidad que tiene autonomía política, económica y financiera, y la Constitución le da la prerrogativa, con lo cual no podríamos instarle.
Si eso se permite cambiar, se aprobarían unas cuantas más de las que realmente hay aquí y algún texto de matiz.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Entiendo, porque tres portavoces así lo han manifestado, que se podría hacer un receso de cinco minutos, ni uno más, para poder transaccionar alguna cosa.
Les ruego, por favor, que se ciñan a los cinco minutos, puesto que al finalizar esta comisión hay otros portavoces que tienen otras comisiones.
Señorías, para agilizar el procedimiento, ruego que trasladen a la Mesa las propuestas de resolución que se hayan transaccionado, y continuamos la votación con el orden del día que está establecido.
Bueno, en primer lugar votaremos las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la actividad contractual de la administración y del resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón incluidos en el ámbito subjetivo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, ejercicio 2011.
Votamos la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Perdón. Repito la votación. Votación de la propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? Dieciséis votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Dieciséis votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 7. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 8. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a las propuestas de resolución de Chunta Aragonesista.
Propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 3. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 7. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 9. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 10. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 12. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 13. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 14. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
A continuación se votan las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de determinados aspectos económicos-financieros de la Diputación Provincial de Teruel correspondientes al ejercicio económico 2011.
Votación de la propuesta de resolución número 1 de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 3. Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4. Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5. Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución número 6. Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 12. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. Queda rechazada.
Y propuesta de resolución número 13. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Solventado el punto 3 del orden del día, retomamos el punto 1 del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción al acta? Entiendo que se aprueba por asentimiento.
Punto 4 del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Pues finalizado el orden del día se levanta la sesión [a las trece horas y siete minutos].
DSCA_A-170_Insti_2014-05-05.pdf