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Timestamp: 2018-11-18 06:00:11
Document Index: 230809799

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 32', 'Artículo 145', 'artículo 145', 'Artículo 201', 'artículo 192', 'artículo 42', 'Artículo 145', 'artículo 42']

ASPECTOS LABORALES. DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA 9/2017 - Asociados de Afelin
Publicado a las 10:23h en CONTRATACIÓN PUBLICA	por	Javier Martinez 0 Comentarios
INFORME ELABORADO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID.
PUBLICACIÓN: BOE del 9 de noviembre de 2017.
ENTRADA EN VIGOR: La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, lo harán al día siguiente de la referida publicación.
2.- PRINCIPALES NOVEDADES DE CARÁCTER LABORAL.
2.1.- Respecto de la obligación de cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores, se da prioridad a las condiciones establecidas en los convenios sectoriales sobre las establecidas en los convenios de empresa.
2.2.- Protección de los trabajadores en caso de subrogación.
2.3.- Ofertas anormalmente bajas. Protección del salario de los trabajadores.
2.4.- Criterios de adjudicación del contrato.
Artículo 145. Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos sociales vinculados al objeto del contrato entre los cuales se encuentran los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
2.5.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social o laboral.
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud
en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.
2.5.- Suspensión y extinción de los contratos. Se incluye como causa de resolución el impago de los salarios de los trabajadores.
2.6.- Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. Imposición de penalidades por retrasos o impago del salario o aplicación de condiciones salariales inferiores.
Artículo 201. Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192.
2.7.- Personas con discapacidad.
Art. 71. Prohibiciones de contratar.
Se prohibe contratar, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, a aquellas que no cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen;
Las compañías deberán realizar una declaración responsable de que cumplen este requisito.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos sociales vinculados al objeto del contrato entre los cuales se encuentran el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social y la subcontratación con Centros Especiales de
Empleo o Empresas de Inserción.
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción.
La determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Disposición adicional cuarta. Se fija un porcentaje mínimo de reserva de contratos con centros especiales de empleo por parte de la Administración General del Estado de entre el 7% y el 10%.
Protección de los trabajadores discapacitados en caso de subrogación.
Cuando una empresa ordinaria empiece a prestar un servicio que antes correspondía a un centro especial de empleo, tendrá que mantener el empleo de todas las personas con discapacidad que había en plantilla.
Ver apartado 2.2. de la presente ficha.
2.8.- Modificaciones legales.
«4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante
regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro
especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.»
UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA BIBLIOTECA
Aspectos laborales, ley de contratación pública