Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00292-de-mayo-25-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_ab335102bec60202e0430a0101510202&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 05:06:47
Document Index: 217727291

Matched Legal Cases: ['artículo 219', 'artículo 29', 'artículo 90', 'artículo 86', 'artículo 18', 'artículo 241']

﻿ Sentencia 1999-00292 de mayo 25 de 2011
SENTENCIA 1999-00292 DE 25 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLES. LA PARTE ACTORA DEBE DEMOSTRAR QUE UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, FUE OCUPADO PERMANENTEMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN O POR PARTICULARES QUE ACTUARON AUTORIZADOS POR ELLA, AUNADO A ELLO DEBE HABER UNA LESIÓN AL DERECHO SUBJETIVO, REAL O PERSONAL, Y LA IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO AL ENTE DEMANDADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ENTIDAD TERRITORIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 1999-00292 de mayo 25 de 2011
Proceso: 20001-23-31-000-1999-00292-01 (20025)
Actor: Construcciones Morra Ltda.
Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida en proceso de dos instancias, que accedió parcialmente a las pretensiones, en proceso de doble instancia.
Efectivamente, para la fecha de presentación de la demanda(8) la cuantía que permitía recurrir las acciones de reparación directa ascendía a la suma de $ 18.850.000.oo (CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88) y la pretensión mayor de la demanda que se resuelve se estima en $ 42 757 380.oo, por concepto de perjuicios materiales.
El problema jurídico que la demanda formula tiene que ver con la imputación en contra de la entidad territorial demandada, por la ocupación permanente de un inmueble de propiedad de la actora para vía pública, concretamente la carrera 27 del municipio de Valledupar.
Para despachar los argumentos de la alzada, la Sala se pronunciará en primer lugar sobre la responsabilidad del Estado por ocupación permanente de inmuebles, para luego analizar si efectivamente la carrera 27 del municipio de Valledupar ocupa el inmueble determinado en la demanda, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada.
2.1. Responsabilidad del Estado por ocupación permanente de inmuebles.
En casos como el que ocupa la atención de la Sala, la corporación ha señalado que la parte actora debe demostrar que una parte o la totalidad de bien inmueble de su propiedad, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella(9). Por tanto, los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad son i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no solo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad(10), sino también los perjuicios por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales, al igual que el menoscabo de la posesión que el particular ejercía sobre el predio ocupado(11) y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de la ocupación, total o parcial, del bien inmueble, por la administración(12).
Respecto del título de imputación y los requisitos para que proceda declarar responsable a la entidad estatal demandada(13), en lo pertinente ha dicho la Sala:
1. Elementos de la responsabilidad patrimonial demandada
Corresponde a la especie de la responsabilidad objetiva y se configura probando que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella(14).
Son por tanto supuestos o elementos de la responsabilidad del Estado por ocupación permanente el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho real de propiedad de que es titular el demandante, quien no tiene el deber jurídico de soportarla y la imputación del daño al ente demandado, por la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante.
Probados los aludidos elementos, procede la valoración de los perjuicios que pueden consistir en el daño emergente y el lucro cesante; entendido el primero como el precio del inmueble ocupado(15) y el segundo, en los ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de su ocupación.
En Sentencia C-864 de 7 de septiembre de 2004, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, referido al pago de la indemnización en casos de ocupación de inmuebles. Allí consideró que las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieren inmuebles para cumplir los fines del Estado, deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso, lo que comporta el deber de adelantar los trámites en orden a la enajenación voluntaria o la expropiación de los bienes, si aquella no es posible, en los términos del artículo 29 constitucional.
Siendo así, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento sino que ocupa los bienes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta Política, el Estado tendrá que ser conminado a responder patrimonialmente por los daños.
En este caso, la actora asegura que la administración ocupó un inmueble de su propiedad y pretende la reparación del daño en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
De las piezas procesales debidamente allegadas al plenario, se destaca lo siguiente:
2.3.1. Mediante escritura pública 2207 de 10 de agosto de 1995, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, los señores Armando, Jesualdo y Luzmila Morelli Socarras constituyeron la sociedad Construcciones Morra Ltda., con el objeto de construir y vender inmuebles destinados a vivienda(16).
2.3.2. Para acreditar el derecho de propiedad sobre el inmueble que se dice en la demanda está siendo ocupado por la entidad demandada, la sociedad actora allegó a los autos copia auténtica i) de los certificados de tradición y libertad que corresponden a los inmuebles a los que les fueron abiertos los folios 190-73960 y 190-77066 y ii) de las escrituras 150 otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar el 1º de febrero de 1996 y 633 de 17 de abril del mismo año e igual oficina notarial.
Cabe precisar que no resulta posible determinar el inmueble al que corresponde el folio 190-73960 —abierto el 18 de enero de 1996, expedido el 31 de marzo de 1999 con base en el folio 6236, direccionado Ziruma VII— porque sus linderos constan en la escritura pública 2488 de 29 de diciembre de 1995, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar, no allegada a la actuación. Se sabe sí que tiene una cabida de “6 Has 7.196.00 M2”.
2.3.2.1. Folio de matrícula inmobiliaria 190-73960(17), abierto el 18 de enero de 1996 y expedido el 31 de marzo de 1999, con base en el folio 6236(18), correspondiente al inmueble alinderado en la escritura pública 2488 de 29 de diciembre de 1995, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar(19). Direccionado en Ziruma VII(20) (sic). Constan en el documento tres anotaciones, como sigue:
Anotación 1 de 15 de enero de 1996
Documento: escritura 2488 de 29 de diciembre de 1995 de la Notaría Segunda de Valledupar.
Especificación: 999 loteo.
Intervinientes en el acto: Armando de Jesús, Luzmila, Martín Alberto, Jesualdo, María Inés, Yael del Rosario, Sara Isabel, Francisco Javier Morelli Socarras; Carmelo José y Jairo José Morelli Cruz; Ena Susana Socarras Hernández.
Anotación 2 de 16 de febrero de 1996
Documento: escritura 150 de 16 de febrero de 1996 de la Notaría Segunda de Valledupar.
Especificación: 101 compraventa.
De: Armando de Jesús, Luzmila, Martín Alberto, Jesualdo, María Inés, Yael del Rosario, Sara Isabel, Francisco Javier Morelli Socarras; Carmelo José y Jairo José Morelli Cruz; Ena Susana Socarras Hernández.
A: Construcciones Morra Ltda.
Consta en el instrumento en mención que los antes nombrados transfirieron a título de compraventa a la sociedad adquirente el predio “Ziruma VII”, ubicado en la vereda “La Punta y Sabanas del Valle” del municipio de Valledupar (Cesar), con extensión de seis hectáreas, siete mil ciento noventa y seis metros cuadrados (6 Has. 7 196 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos:
“Por el norte, en 158 metros lineales con Antonio Solano, del delta número 39 al delta número 1.pp; 99 metros lineales con Yolanda Viuda de Quintero, del delta 10 al delta número 2, en 124 metros lineales con predio de Manuel Larrazábal, del delta 2 al delta 3, en 47 metros lineales con predios de Ramón Díaz del delta 3 al delta número 3A, sur, en 428 metros lineales con predio de Ziruma I, este, en 157 metros lineales con predio denominado Milán de Mauricio Cortéz (sic) Niño y por el oeste, en 157 metros lineales con predio de Nueva Ziruma de propiedad de Inversiones Hermoso Ltda., y Cierra”(21).
Anotación 3 de 19 de abril de 1996
Documento: escritura 633 de 17 del mismo mes y año de la Notaría Segunda de Valledupar.
Especificación: 999 loteo (de la 190-0076.800 a la 190-0077.067).
Personas que intervienen en el acto: Construcciones Morra Ltda.(22)
Consta en el instrumento que Construcciones Morra Ltda. dividió el predio “Ziruma II” (sic), urbanización “Don Carmelo”, integrada por ocho (8) manzanas así: manzana A con 22 lotes; manzana B, C, D y H con 44; manzana E con 17; manzana F con 34 y manzana G con 16, para un total de 265 lotes. En razón del loteo figura en el folio la apertura de las matrículas 76800 a la 77067.
Los comparecientes, en los términos de la escritura anotada, además del loteo referido en el punto anterior - predio “Ziruma II” (sic), Urbanización “Don Carmelo”, cedieron al municipio de Valledupar a título de cesión dos extensiones de terreno y se reservaron dos lotes diferenciados como lote uno y lote dos.
Una de las extensiones —6.898 metros cuadrados—, de las dos cedidas a la entidad territorial demandada, figura en el instrumento debidamente alinderada —cláusula cuarta—, empero la otra no puede determinarse por sus linderos, se conoce sí, porque aparece estipulado que tiene una cabida de 23 136,59 ms. 2, y que fue transferido para vías (calles y carreras), andenes y zonas verdes.
Cabe precisar que las anotaciones de la escritura 633, a la que se hace referencia, no permiten relacionar cada una de las porciones divididas con el folio asignado.
El inmueble de 6.898 M2 que la sociedad transfirió al municipio, figura en la escritura de loteo alinderado así:
“Norte, con lotes del 1 al 9 de la manzana F de la urbanización y lote que se reservará la sociedad; Sur, con predio Ziruma de la señora Ena Socarras; este, con lotes 1 y 16 de la manzana G y 1 y 44 de la manzana H de la urbanización; oeste, con predio de Inversiones Hermoso Ltda.”.
2.3.2.2. Folio de matrícula inmobiliaria 190-77066(23), abierto el 21 de mayo de 1996 y expedido el 31 de marzo de 1999, con base en el folio 73960 —antes referido—, corresponde al lote 1, con un área de 2.375,41 metros cuadrados, cuyos linderos y especificaciones están descritos en la escritura pública 633 de 17 de abril de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar.
En el documento figura una única anotación así:
Anotación 1 de 19 de abril de 1996
Personas que intervienen en el acto: Construcciones Morra Ltda.(24)
Los comparecientes, en los términos de la escritura anotada, además del loteo referido en el punto anterior del predio “Ziruma II” (sic), Urbanización “Don Carmelo” y las cesiones a favor del municipio de Valledupar se reservaron dos extensiones de terreno diferenciados como lote uno y lote dos, sin que se pueda afirmar la manzana a la que pertenecen. El lote uno se alindera así —se destaca—:
Lote 1 con extensión de 2.375,41 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos: norte, con predio de Ramón Díaz; sur, con predio Ziruma de Ena Socarrás; este, con predios del señor Mauricio Cortés Niño; oeste, con predios de la sociedad Construcciones Morra Ltda. (Urbanización Don Carmelo), proyección de la carrera 27.
Cabe precisar que, si se compara el anterior alindamiento con el utilizado en los hechos de la demanda, para determinar el inmueble ocupado por el municipio de Valledupar, se trataría del mismo predio.
2.3.3. Mediante Acuerdo 015 de 28 de junio de 1990 y como parte del desarrollo urbano del municipio de Valledupar, el concejo municipal adoptó el plan vial de la ciudad, de conformidad con el trazado, la clasificación, las especificaciones y el uso de las vías señaladas en el plano elaborado por la oficina de planeación del municipio, del cual hace parte el subsistema arterial básico denominado V-2B, al que se refirieron los peritos, que integra la proyección de las siguientes obras:
— Av. Guatapurí o Cr. 4 desde su intersección con la Av. Simón Bolívar y el Boulevar periférico al norte, hasta su intersección con la Av. Simón Bolívar al sur, inicia en la intersección del Boulevard periférico con la Av. Simón Bolívar y pasando por el Norte del Cerro de Hurtado se dirige con sentido predominante sur hasta encontrar nuevamente la Av. Simón Bolívar a la altura de la futura Cl. 90 también llamada Av. Ariguaní.
— Av. Valencia de Jesús o Ctr. 5 desde la Cl. 12 (Av. Los Nísperos) hasta la Cr. 4 (Av. Guatapurí).
— Av. del Algarrobillo o C. 30ª desde la Av. Guatapurí hasta la Cr. 29 en donde toma hacia el sur por esta vía hasta la Av. Alfonso López Pumarejo o Cl. 60.
— Av. Ariguaní o Cl. 90 desde la Av. Simón Bolívar hasta el Boulevard periférico.
El artículo 18 de dicho acuerdo dispuso que el Fondo de Valorización Municipal debía adquirir las zonas de afectación de vías y glorietas y ordenar su construcción y autorizó al Alcalde para contratar, en un plazo de doce meses, los estudios de ingeniería respectivos(25).
2.3.4. El 1º de octubre de 1997, la Alcaldía de Valledupar expidió la Resolución 6, por medio de la cual restauró la ruta 4, adjudicada a la empresa Transcacique, con el siguiente recorrido:
Salida: despacho, carrera 13, calle 21, carrera 14, calle 22, carrera 16, calle 21, carrera 7A, calle 17, carrera 9, calle 16A, carrera 12, diagonal 16, carrera 18 A, carrera 19, diagonal 18D, transversal 23, carrea 23, calle 44, Villa Fuente, Don Carmelo, Mareigua.
Retorno: Villa Fuente, Don Carmelo, Mareigua, calle 44, carrera 23, transversal 23, diagonal 18D, carrera 13, rompoy de los Gallos, rompoy del ISS, calle 16, carrera 10, calle 16B, carrera 8A, carrera 7A, calle 21, carrera 14, calle 22, carrera 16, calle 21, despacho.
La anterior ruta fue asignada a ocho (8) vehículos, con recorridos entre las 5:30 de la mañana y las 7:30 de la noche y frecuencia de despacho con intervalos de diez minutos(26).
Y, mediante la Resolución 15 de 14 de octubre de 1998, la alcaldía de Valledupar adjudicó la ruta 6 a la empresa Transportes El Cacique, con el siguiente recorrido:
Salida: terminal de la empresa, calle 21, carrera 14, calle 22, carrera 16, calle 21, carrera 7, calle 17, carrera 12, calle 16, carrera 14, calle 16, glorieta ISS, carrera 19, carrera 18D, terminal de transporte intermunicipal, salida a La Paz, entrada 25 de diciembre.
Retorno: barrio 25 de diciembre, calle 44, carrera 27, entrada a Don Carmelo, Mareigua, contorno barrio Mareigua, calle 44, terminal de transporte intermunicipal, carrera 18D, carrera 19, glorieta ISS, calle 16, carrera 10, calle 16B, carrera 8, carrera 7, calle 21, despacho Transcacique.
El tiempo de servicio de esta ruta es de catorce horas, comprendidas entre las 5:30 a.m. a las 19:30 p.m., con una frecuencia de despacho de cada diez minutos, para ocho vehículos(27).
La empresa Transportes El Cacique confirmó la adjudicación de la ruta, mediante oficio T-24 de 22 de febrero de 1999(28).
2.3.5. La prueba testimonial da cuenta de la ocupación de una extensión de terreno de propiedad de la actora, que hace parte del inmueble Ziruma II, a causa de trabajos y para vía públicos.
El ingeniero civil Giovanny Antonio Agudelo Moncada manifestó que el trazado de la avenida o carrera 27, a que se hace referencia en la demanda, fue realizada “(...) por personal de topografía de la alcaldía, tanto para la vía como para las redes de acueducto y alcantarillado, redes eléctricas y la limpieza de la vía por parte de una motoniveladora del municipio en repetidas ocasiones”.
Interrogado sobre “(...) si la avenida o carrera 27 ocupa terrenos de Ziruma II(29) de propiedad de la sociedad Morra Ltda.”, respondió que sí, aunque sostuvo “(...) no sé en qué parte y por qué extensión, tendría que mirar las escrituras para saber”.
En relación con el tránsito de vehículos de servicio público por el predio Ziruma II, el testigo afirmó que “(...) con la apertura de la vía por parte de la motoniveladora del municipio, permitió el tráfico de todo tipo de vehículos, incluyendo de servicio urbano, hacía la urbanización Mareigua”.
Preguntado por otras obras o construcciones realizadas en el mencionado predio, el declarante aseguró que desde mediados del año de 1997 “(...) se han ejecutado obras de acueducto, alcantarillado y redes eléctricas, aéreas de media tensión” y que la denominación actual de la vía es la carrera 27(30), “vía vehicular para transporte particular y público”.
Interrogado “sobre la apertura, ocupación, utilización del trazado de la avenida o carrera 27 desde el extremo sur occidental del barrio Oasis hasta el sur de la urbanización Mareigua, permitiendo el tránsito de vehículos hacia la mencionada urbanización”, el señor José Vicente Torres Pérez aseguró que transita frecuentemente por el lugar, observando máquinas de la alcaldía de Valledupar “(...) trabajando ahí, que pasan muchos taxis y busetas. Sé que las motoniveladoras que están ahí trabajando son de la alcaldía porque tienen atrás un letrero que dice alcaldía”.
Preguntado sobre “(...) si la avenida o carrera 27 ocupa terrenos de Ziruma II de propiedad de la sociedad Morra Ltda.”, el testigo contestó que “(...) si ocupa, donde tiraron el alcantarillado y los postes de la luz, hacía el sitio de la carrera 27 con el barrio Oasis de esta ciudad. No sé la extensión”.
El declarante manifestó que, a mediados del año de 1997, en el predio Ziruma II se adelantaron obras de acueducto y que la denominación actual de la vía es la carrera 27. En cuanto al uso de esta vía, el señor José Vicente Torres aseguró que “(...) por ahí trafican taxis, busetas y toda clase de vehículos (...) su uso actual es de servicios públicos que metieron y los vehículos que están traficando por ahí”(31).
2.3.6. El día 17 de noviembre de 1999, el tribunal a quo se trasladó a la carrera 27 con calle 49 del municipio de Valledupar, para adelantar la inspección judicial previamente ordenada, por solicitud de ambas partes. En el acta de la diligencia se dejaron las siguientes constancias:
Al punto a) que se trata de si la avenida o carrera 27 pasa por la urbanización Don Carmelo, se pudo constatar que dicha avenida pasa por el costado occidental de la referida urbanización y sigue hacia la parte sur a encontrar los barrios Mareigua y Ziruma. El área ocupada por la avenida en este sitio y el predio al que pertenece la misma serán determinados por los señores peritos. Al punto b) referente a si está en servicio esa avenida en el citado sitio, se pudo observar el tránsito permanente de vehículos de servicio público, tales como busetas, buses y taxis, lo mismo que automotores particulares, como también de peatones. Al punto c) sobre si en ese sitio se ejecuta o se ejecutó alguna obra pública, se encontró que existen dos carriles, uno en cemento o concreto que está más cercano a la urbanización Don Carmelo, el cual se encuentra en buen estado y al parecer de construcción reciente; y el otro, descapotado, o sea, quitada la capa vegetal, reafirmado en tierra y en algunos sectores de las orillas hacia el oriente se pudo observar los cortes de terreno por el paso reciente de una máquina motoniveladora. Por el costado oriental pasan redes aéreas de conducción de energía eléctrica hacia los barrios Mareigua y Ziruma y por el centro del carril reafirmado en tierra, están construidos tres manjoles o cajas de inspección del alcantarillado en el área objeto de inspección.
En este estado de la diligencia, el a quo precisó el cuestionario que debían resolver los peritos ingeniero civil y topógrafo, así:
1) [P]revio el estudio de la escrituras públicas que obra en el expediente, diseño de la avenida o carrera 27, artículos 4º y 5º del Acuerdo 015 de 1990, observación del sitio, etc., establezcan qué área de terreno del predio Ziruma II de propiedad de Construcciones Morra Ltda., se encuentra ocupada por la mencionada avenida; 2) valor del área ocupada y 3) levantar un plano de esa área indicando predios colindantes(32).
2.3.7. La prueba pericial da cuenta de la construcción de la avenida o carrera 27, según el plan vial adoptado por el concejo municipal de Valledupar, así como de obras de acueducto y alcantarillado e instalación de redes eléctricas —se destaca—:
Según las escrituras públicas números 150 del 1 de febrero de 1996 y la 633 del 17 de abril de 1996 de la notaría segunda del circuito de Valledupar, sus linderos generales sí cubren el sector donde el municipio de Valledupar prospectó, diseñó y construyó sin pavimentar, la prolongación de la carrera 27, obedeciendo al plan vial de la ciudad de Valledupar, según el acuerdo municipal 015 del 28 de julio de 1990. También el municipio construyó sobre la misma prolongación de la carrera 27, la red de tubería y pozos sanitarios para prestar, más adelante, el servicio al Barrio Mareigua. También estableció sobre la demarcación de la zona verde de la misma carrera 27, la red eléctrica para el mismo barrio.
Las dimensiones del diseño de la carrera 27 (avenida) corresponden a la categoría V-2B cuyas medidas son:
a. Dos calzadas de 7.5 metros cada una.
b. Un separador o bullevard (sic) de 5 metros y,
c. Una zona verde y andenes, entrambos de 5 metros a lado y lado, lo que constituye un ancho de ocupación oficial total de 30 metros.
Como el largo que ocupa la carrera 27 en terrenos de Construcciones Morra Ltda., tiene una longitud de 154,7 metros y un ancho de 30 metros, resulta un área de 4641,3 m2, cuyos linderos son:
Norte: 15 metros con Jesús Giraldo y 15 metros con prolongación de la misma carrera 27.
Este: con una franja de terreno de Construcciones Morra Ltda., en 154,7 metros.
Sur: con la prolongación o proyección de la carrera 27 en 30 metros y,
Oeste: con la urbanización Don Carmelo en 154,7 metros.
Estimamos que el valor de la superficie ocupada por la carrera 27 es de $ 85.864.050 o sea la resultante de la multiplicación del área por el valor del metro cuadrado (4641,3 x 18.500)(33).
Corrido el traslado de la experticia, el apoderado de la entidad pública demandada solicitó aclaración, con el objeto de que los peritos sustentaran por qué afirmaron que el municipio de Valledupar construyó los pozos o manjoles de alcantarillado y las redes eléctricas, que se encuentran en el trazado de la avenida 27. Además, con el fin de que determinaran el material utilizado en la construcción de la mencionada vía.
La solicitud de aclaración fue respondida por los peritos, en los siguientes términos:
Tenemos conocimientos plenos que la red de alcantarillado con sus manjoles en el sector de la carrera 27 con la Urbanización Don Carmelo y Urbanización Rincón de Ziruma hasta la Urbanización Mareigua, fue construido por la Unidad de Manejo de Proyectos Especiales del municipio de Valledupar por administración directa o por contrato.
También los peritos afirmaron conocer que las redes eléctricas utilizadas para llevar el fluido a la Urbanización Mareigua y a las urbanizaciones adyacentes, fueron construidas por el municipio de Valledupar.
El dictamen da cuenta, además, del material utilizado para conformar la banca de la carrera 27 y de su ejecución con maquinaria del municipio nombrado. Sostienen al respecto:
[L]a vía fue cunetiada (sic) para sacar la rasante para el libre tránsito vehicular, esta actividad ha sido ejecutada varias veces por una máquina motoniveladora del municipio, según información de moradores del sector”.
Por último, los peritos señalan que, para responder los interrogantes formulados por el municipio de Valledupar, consultaron con el personal técnico e ingenieros de la empresa Empodupar y de la Electrificadora del Caribe y obtuvieron información del ex alcalde Elías Ochoa Daza, según la cual “(...) él había ordenado la construcción del alcantarillado, la construcción de la red eléctrica y la apertura de la vía (carrera 27), con suma urgencia para darle comunicación al Barrio Mareigua e instalar en dicho barrio los desplazados de los barrios nueve de marzo, zapato en mano, etc., barrios estos que están en zona de desastre”(34).
El dictamen no fue objetado por las partes.
2.4. Responsabilidad de la entidad pública demandada.
2.4.1. La actora no probó el derecho que dice ostentar sobre el inmueble descrito en la demanda.
La sociedad actora allegó a los autos los certificados de tradición y libertad 190-73960 y 190-77066 y las escrituras 150 y 633 otorgadas en la Notaría Segunda de Valledupar el 1º de febrero y el 17 de abril de 1996 respectivamente, con el objeto de probar su derecho de dominio sobre el inmueble descrito en la demanda así: “Norte, con predio de Ramón Díaz; sur, con predio Ziruma de Ena Socarras; este, con predio de Mauricio Cortés Niño y, oeste, con predio de Construcciones Morra Ltda. (Urbanización Don Carmelo) con matrícula inmobiliaria 190-77066 y 190-73960.
Descripción esta que, salvo en la referencia a la prolongación de la carrera 27, correspondería —como quedó explicado— al Lote Uno, alindado en la referida escritura 633 por el norte, con predio de Ramón Díaz; por el sur con predio Ziruma de Ena Socarrás; por el este, con predios del señor Mauricio Cortés Niño y por el oeste, con predios de la sociedad Construcciones Morra Ltda. (Urbanización Don Carmelo), proyección de la carrera 27.
No obstante, aunque el folio 73960 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar dio lugar a la apertura del 77066 y en este figura anotada la escritura 633 que loteó el inmueble Ziruma II, se desprende del certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar sobre el primer folio que mediante escritura 2488 de 29 de diciembre de 1995 de la Notaría Segunda de Valledupar, los señores Armando de Jesús, Luzmila, Martín Alberto, Jesualdo, María Inés, Yael del Rosario, Sara Isabel, Francisco Javier Morelli Socarras; Carmelo José y Jairo José Morelli Cruz y Ena Susana Socarras Hernández dividieron el inmueble Ziruma VII —anotación uno—, el mismo que adquirió la sociedad Construcciones Morra Ltda. a título de compraventa, en los términos de la escritura pública 150 otorgada el 1º de febrero de 1996 —anotación dos—.
Además, según el folio 77066, correspondiente al lote 1 ubicado en la Urbanización Don Carmelo, este inmueble surgió del desenglobe del predio Ziruma II, realizado por la sociedad Construcciones Morra Ltda., mediante la escritura 633 de 17 de abril de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar —anotaciones uno y tres de los folios 73960 y 77066 en su orden—. Instrumento este i) que da lugar a ocho (8) manzanas —265 lotes—, ii) sirve de titulo a la cesión que realizara la sociedad al municipio de dos extensiones de terreno —una de ellas alindada— y ii) demuestra que la propietaria reservó para sí los lotes 1 y 2 —no se conoce la manzana—, debidamente alinderados.
Lo anterior sin que pueda afirmarse que las denominaciones Ziruma II y Ziruma VII corresponden al mismo inmueble porque, la escritura 2488 a la que remite el folio 73960 para efectos de identificar el predio Ziruma VII no fue aportada al proceso.
En armonía con lo expuesto la sentencia de primera instancia, en cuanto encontró probada la propiedad que la actora invoca sobre el inmueble descrito en la demanda, habrá de revocarse, porque la sociedad pretende que se le repare el daño patrimonial que le fuera causado como propietaria de un inmueble cuya pertenencia no aparece demostrada.
2.4.2. Los elementos probatorios no demuestran que el municipio de Valledupar ocupa la porción de terreno descrito en la demanda.
2.4.2.1 La prueba testimonial.
Los testigos coinciden en afirmar i) que el municipio de Valledupar, con personal y maquinaria de la alcaldía, trazó la avenida o carrera 27 y que, desde mediados del año de 1997 se dio a la tarea de realizar obras de infraestructura de servicios públicos y a condicionar la vía, de dos carriles sin pavimentar y ii) que la extensión ocupada por el municipio hace parte del inmueble Ziruma II, de propiedad de la demandante.
No obstante la prueba testimonial no será considerada, porque los testigos no exponen la ciencia de sus afirmaciones, estas no permiten individualizar el terreno ocupado y lo dicho controvierte la evidencia que se desprende de la titulación allegada a los autos, acorde con la cual la demandante es propietaria, por haberlo adquirido a título de compraventa, del inmueble Ziruma VII.
2.4.2.2. Inspección judicial.
La inspección judicial practicada por el tribunal a quo da cuenta de que la avenida o carrera 27 pasa por el costado occidental de la urbanización Don Carmelo. Observó el despacho tránsito permanente de vehículos de toda clase, tales como busetas, buses, taxis, automóviles particulares, así como peatones, en una vía de dos carriles, en cemento o concreto y pudo establecer el descapote del inmueble y huellas de cortes en el terreno por el paso de las máquinas motoniveladoras, al igual que de la presencia de redes aéreas de conducción de energía eléctrica y de alcantarillo para servicios de los barrios vecinos.
Cabe precisar que el despacho no confrontó el lugar donde practicaba la diligencia con los folios de matricula inmobiliaria y que tampoco hizo uso de las escrituras y de los linderos que figuran en la demanda, sino que delegó en los peritos —ingeniero y topógrafo— la labor de precisar e identificar plenamente el predio que la actora describe en el libelo.
Es de anotar además que —como se dijo— según la escritura 633 de 17 de abril de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar —anotación 1 del folio 77066 y 3 del 73960—, el inmueble alinderado en la demanda podría ser uno de los dos Lotes no incluidos en la urbanización Don Carmelo, porque el instrumento así lo estipula, pero, de ser así, la porción ocupada nada tendría que ver con la extensión de terreno que dio lugar a la afirmación del a quo, por cuya virtud, la carrera 27 pasa por el costado occidental de dicha Urbanización.
2.4.2.3. Dictamen pericial.
Luego de hacer referencia a las escrituras públicas que reposan en el proceso, 150 de 1º de febrero de 1996 y 633 de 17 de abril de 1996, los peritos concluyeron que los linderos generales del predio —sin determinar cuál—, cuyo titular es la sociedad Construcciones Morra Ltda., cubren el sector donde el municipio de Valledupar proyectó, diseñó y construyó, sin pavimentar, la prolongación de la mencionada vía en 4.641,3 M2.
No obstante la experticia no será considerada i) porque no identifica la franja, el lote o la manzana que dice pertenece a la actora; ii) debido a que no considera que la sociedad demandante cedió al municipio dos extensiones de terreno, una de estas sin alinderar de 6.898 y 23 136,59 m2, esta última para la construcción de vías (calles y carreras), andenes y zonas verdes y iii) en razón de que pasa por alto que en los términos de la escritura 150 de febrero de 1996 la sociedad adquirió un inmueble —Ziruma VII—, que no corresponde al que dio lugar a la urbanización El Carmelo, tampoco al lote uno que dijo reservarse y así mismo al descrito en la demanda.
Además, mientras el lote uno, alinderado en la escritura 633 varias veces nombrada y que podría coincidir con el descrito en la demanda, tiene una extensión de 2.375,41 M2, mientras que la cabida ocupada, según los expertos asciende a 4.641,3 M2.
Cabe precisar que la valoración del dictamen pericial comporta considerar la firmeza, precisión, razonabilidad y calidad de sus fundamentos, aunado a la competencia de los peritos, en consonancia con los demás elementos probatorios, tal y como lo ordena el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido, la jurisprudencia de la Sala(35) destaca su autonomía para apreciar lo afirmado por los expertos y para verificar la lógica de sus fundamentos y confrontar sus resultados”(36).
En el presente caso, la Sala habrá de descartar el dictamen pericial, porque sin sustento válido los expertos concluyeron que la entidad territorial demandada ocupa un terreno —sin especificarlo por sus linderos ni ubicación— de propiedad de la sociedad Construcciones Morra Ltda., acorde con la titulación allegada a los autos, que no da lugar a tal afirmación. Además la medida de los expertos excede en 2.265,91 m, es decir en más del doble el área ocupada, según la demanda, sin explicación alguna.
Razones que llevan a la Sala a apartarse de las consideraciones del tribunal a quo que se basó en el dictamen para acceder a las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, no habiéndose acreditado que la sociedad actora es propietaria del inmueble descrito en la demanda, como tampoco que la avenida o carrera 27 proyectada, diseñada y construida por el municipio de Valledupar, que permite el acceso a los barrios Mareigua y Don Carmelo, ocupa terrenos de propiedad de la actora, la sentencia de primera instancia será revocada, pues nada indica que la entidad territorial demandada privó a su propietario del derecho de dominio y, por ende, que está obligado a reparar el daño patrimonial causado.
REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2000, proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar. En su lugar, se dispone:
(8) Abril 5 de 1999.
(9) En este sentido, la Sección Tercera, en sentencia de 28 de junio de 1994, expediente 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien”.
(10) V.gr. sentencias proferidas el 28 de junio de 1994, Exp. 6806 y de 25 de junio de 1992, Exp. 6947.
(11) Al respecto cabe tener en cuenta la sentencia del 13 de febrero de 1992, Exp. 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el proceso 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.
(12) Al respecto cabe consultar la Sentencia 11783 del 10 de mayo de 2001.
(13) Sentencias de 28 de abril de 2005, Exp. 13.643 y de 7 de junio de 2007, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 16474.
(14) En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de junio de 1994, Exp. 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien” (la Sala resalta) (sic).
(15) Puede consultarse al efecto, Sentencia 9718 del 3 de abril de 1997.
(16) Documentos aportados en original y en copia auténtica por la parte actora a folios 2-3, 13-20 cuaderno 1.
(17) Descripción: “Predio urbano con un área de 6 Has 1.196.00 M2, sus linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la escritura 2488 de 29 de diciembre de 1995”.
Complementación: “1) Ena Socarras Hernández, Armando, Luzmila, Jesualdo de Jesús, Martín, María Inés, María José, Francisco Javier, Yael del Rosario, Sara Isabel Morelli Socarras, Carmelo José y Jairo José Morelli Cruz y Armando Morelli Palmera adquirieron por adjudicación sucesión de Carmelo José Morelli Corzo, según escritura 2233 de 30 de noviembre de 1995. 2) Ena Susana Socarras Hernández adquirió por adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, según Resolución 808 de 30 de mayo de 1986, registrada el 12 de junio de 1986. 3) Ena Susana Socarras Hernández adquirió por compra a Carmelo Morelli Corzo, según escritura 27 de 30 de enero de 1979. 4) Carmelo Morelli Corzo adquirió por prescripción según sentencia de 13 de enero de 1966 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Valledupar, registrada el 18 de marzo de 1966, protocolizada por escritura 196 de 19 de abril de 1967”.
(18) No aportado al expediente.
(19) No fue aportada.
(20) Dirección del inmueble que aparece registrada en el folio: predio rural sin dirección, “Ziruma VII”.
(21) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 4-11 cuaderno 1.
(22) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 56-60 cuaderno 1.
(23) Descripción que registra el folio: lote 1 con un área de 2.375,41 metros cuadrados, sus linderos y demás especificaciones se encuentran consignados en la escritura 633 del 14 de abril de 1996.
Complementación: “1) Construcciones Morra Ltda., adquirió en mayor extensión por compra a Ena Susana Socarras Hernández, Martín Alberto, Armando de Jesús, Luzmila, María Inés, Yael del Rosario, Sara Isabel, Francisco Javier, Jesualdo Morelly Socarras, Carmelo José y Jairo José Morelly Cruz, según escritura 150 de 1º de febrero de 1996. 2) Los señores arriba citados lotearon por escritura 2488 de 19 de diciembre de 1995. 3) Ena Socarras Hernández, Armando, Luzmila, Jesualdo de Jesús, Martín, María Inés, María José, Francisco Javier, Yael del Rosario, Sara Isabel Morelly Socarras, Carmelo José y Jairo José Morelly Cruz, Armando Morelly Palmera, adquirieron por adjudicación en la sucesión de Carmelo Morelly Corzo, según escritura 2233 del 11 de noviembre de 1995. 4) Ena Susana Socarras Hernández adquirió por adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, según Resolución 808 de 30 de mayo de 1986. 5) Ena Susana Socarras Hernández adquirió por compra a Carmelo Morelly Corzo, según escritura 27 de 30 de enero de 1979. 6) Carmelo Morelly Corzo adquirió por prescripción según sentencia de 13 de enero de 1966 del Juzgado Promiscuo del circuito de Valledupar, registrada el 18 de marzo de 1966 y protocolizada por escritura 196 de 19 de abril de 1967”.
Dirección del inmueble: predio urbano sin dirección, urbanización “Don Carmelo”.
(24) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 53-55 cuaderno 1.
(25) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 62-78 cuaderno 1.
(26) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 79-81 cuaderno 1.
(27) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 82-85 cuaderno 1.
(28) Documento aportado en copia auténtica por la parte actora a folios 86-87 cuaderno 1.
(29) Mediante escritura pública 633 de 17 de abril de 1996, de la Notaría Segunda del Círculo de Valledupar, la sociedad Construcciones Morra Ltda. lotea el predio Ziruma II, ubicado en la vereda “La Punta y Sabanas del Valle”, que llevará el nombre de Urbanización Don Carmelo.
(30) Prueba pedida por la parte actora, visible a folios 125-126 cuaderno 1.
(31) Prueba pedida por la parte actora, visible a folios 129-130 cuaderno 1.
(32) Prueba pedida por las partes actora y demandada en la demanda y contestación respectivamente, visible a folios 131-134 cuaderno 1.
(33) Prueba pedida por las partes actora y demandada en la demanda y contestación respectivamente, visible a folios 135-136 cuaderno 1.
(34) Folios 146-147, cuaderno 1.
(35) Al respecto, consultar la sentencia de sentencia de 14 de abril de 2011, Exp. 19640, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el dictamen pericial, la providencia destaca:
“(...) para que el dictamen pericial pueda tener eficacia probatoria se requiere que (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte de perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.
(36) Parra Quijano, Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.