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Timestamp: 2020-08-09 00:20:16
Document Index: 273264086

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 7']

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) | Derecho Internacional Público - www.dipublico.org
dipublico 22/11/2012 Instrumentos Administrativos 1,556 Vistas
Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres hu­manos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el de­sempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabaja­dor contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los acci­dentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas;
Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los traba­jadores en sus propios países:
Capítulo primero. — Organización
1. Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución y en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organiza­ción Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo a esta Constitución.
2. Serán Miembros de la Organización Internacional del Trabajo los Estados que eran Miembros de la Organización el de noviembre de 1945 y cualquier otro Estado que adquiera la calidad de Miembro de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo.
3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cual­quier Estado admitido como Miembro de las Naciones Unidas por de­cisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta, podrán adquirir la calidad de Miembro de la Organización Inter­nacional del Trabajo comunicando al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
4. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo podrá también admitir a un Estado en calidad de Miembro de la Organización por mayoría de dos tercios de los delegados presentes en la reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales pre­sentes y votantes. Esta admisión surtirá efecto cuando el gobierno del nuevo Miembro comunique al Director General de la Oficina Interna­cional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá retirarse de la Organización sin dar aviso previo de su intención al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto dos años después de la fecha de su recepción por el Direc­tor General, a reserva de que en esa última fecha el Miembro haya cum­plido todas las obligaciones financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando un Miembro haya ratificado un convenio interna­cional del trabajo, su retiro no menoscabará la validez de todas las obli­gaciones que se deriven del convenio o se refieran a él, respecto del período señalado en dicho convenio.
6. En caso de que un Estado hubiere dejado de ser Miembro de la Organización, su readmisión como Miembro se regirá por las disposi­ciones de los párrafos 3 o 4 de este artículo.
b) el Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artícu­lo 7; y
c) la Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la dirección del Consejo de Administración.
1. La Conferencia General de los representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año; se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabaja­dores de cada uno de los Miembros.
2. Cada delegado podrá estar acompañado de dos consejeros téc­nicos, como máximo, por cada uno de los puntos que figuren en el orden del día de la reunión. Cuando en la Conferencia deban discutirse cuestiones de especial interés para las mujeres, entre las personas de­signadas como consejeros técnicos una, por lo menos, deberá ser mujer.
3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones internacio­nales de territorios no metropolitanos podrá designar como consejeros técnicos adicionales para acompañar a cada uno de sus delegados:
a) a personas nombradas por dicho Miembro en calidad de represen­tantes de cualquiera de esos territorios para los asuntos que sean de la competencia de las autoridades de tales territorios;
b) a personas nombradas por dicho Miembro para asesorar a sus dele­gados en los asuntos relativos a territorios no autónomos.
5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profe­sionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate.
9. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos se­rán examinados por la Conferencia, la cual podrá, por mayoría de dos tercios de los votos de los delegados presentes, rechazar la admisión de cualquier delegado o consejero técnico que en opinión de la misma no haya sido designado de conformidad con el presente artículo.
2. En caso de que uno de los Miembros no hubiere designado a uno de los delegados no gubernamentales a que tiene derecho, el otro dele­gado no gubernamental tendrá derecho a participar en los debates de la Conferencia, pero no a votar.
Las reuniones de la Conferencia se celebrarán, a reserva de las deci­siones que pueda haber tomado la propia Conferencia en una reunión anterior, en el lugar que decida el Consejo de Administración.
Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo lo decidirá la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emi­tidos por los delegados presentes.
2. De los veintiocho representantes de los gobiernos, diez serán nombrados por los Miembros de mayor importancia industrial, y los dieciocho restantes, por los Miembros designados al efecto por los de­legados gubernamentales a la Conferencia, con exclusión de los dele­gados de los diez Miembros primeramente mencionados.
3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que sea necesario, cuáles son los Miembros de la Organización de mayor impor­tancia industrial y fijará las normas para que todas las cuestiones relacio­nadas con la designación de dichos Miembros sean examinadas por una comisión imparcial antes de que el Consejo de Administración adopte una decisión al respecto. Toda apelación interpuesta por un Miem­bro contra la decisión del Consejo de Administración por la que deter­mine cuáles son los Miembros de mayor importancia industrial será resuelta por la Conferencia; pero dicha apelación no suspenderá la apli­cación de la decisión mientras la Conferencia no se haya pronunciado.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá instruc­ciones y ante el cual será responsable de la buena marcha de la Oficina y de la ejecución de cualesquiera otras funciones que pudieren serle confiadas.
1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será nombra­do por el Director General, de acuerdo con las reglas aprobadas por el Consejo de Administración.
4. Las funciones del Director General y del personal serán exclusi­vamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funcio­nes, el Director General y el personal no solicitarán ni aceptarán ins­trucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Orga­nización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la Orga­nización.
5. Todo Miembro de la Organización se obliga a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director General y del personal y no tratará de ejercer influencia sobre ellos en el cumpli­miento de sus funciones.
1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo comprende­rán la compilación y distribución de todas las informaciones concernien­tes a la reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con miras a la adopción de convenios internacionales, así como la realización de encuestas especia­les ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de Administración.
a) preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las reuniones de la Conferencia;
b) prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la ayuda posible para elaborar una legislación basada en las decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas administrativas y los siste­mas de inspección;
c) cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitu­ción, los deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los convenios;
d) redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administra­ción considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones relati­vas a la industria y al trabajo que tengan interés internacional.
3. De un modo general, la Oficina tendrá cualesquiera otras faculta­des y obligaciones que la Conferencia o el Consejo de Administración considere conveniente encomendarle.
1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución, con cualquier organización internacional de carácter general encargada de coordinar las activida­des de las organizaciones de derecho internacional público que tengan funciones especializadas, y con las organizaciones de derecho interna­cional público que tengan funciones especializadas en esferas afines.
2. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar medi­das apropiadas para que los representantes de las organizaciones de de­recho internacional público participen, sin voto, en sus debates.
3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para efectuar consultas, cuando lo consi­dere conveniente, con las organizaciones internacionales no guberna­mentales reconocidas, comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y de cooperativistas.
2. Mientras no se hayan concluido tales acuerdos, o si en un mo­mento dado no estuvieren en vigor:
a) cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y estancia de sus delegados y consejeros técnicos, así como los de sus represen­tantes que participen en las reuniones de la Conferencia o del Con­sejo de Administración, según sea el caso;
b) todos los demás gastos de la Oficina Internacional del Trabajo y de las reuniones de la Conferencia o del Consejo de Administración serán sufragados por el Director General de la Oficina Internacio­nal del Trabajo, con cargo al presupuesto general de la Organiza­ción Internacional del Trabajo;
c) las disposiciones relativas a la aprobación del presupuesto de la Organización Internacional del Trabajo, así como las concernientes al prorrateo y recaudación de las contribuciones, las fijará la Confe­rencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, y en dichas disposiciones se establecerá que el presupuesto y las reglas concernientes al prorrateo de los gastos entre los Miembros de la Organización serán aprobados por una comisión de representantes gubernamentales.
3. Los gastos de la Organización Internacional del Trabajo correrán a cargo de los Miembros, conforme a las disposiciones vigentes en vir­tud del párrafo 1 o del apartado c) del párrafo 2 de este artículo.
4. El Miembro de la Organización que esté atrasado en el pago de su contribución financiera a la Organización no podrá votar en la Con­ferencia, en el Consejo de Administración, en ninguna comisión, ni en las elecciones de miembros del Consejo de Administración, si la suma adeudada fuere igual o superior al total de la contribución que deba pagar por los dos años anteriores completos. Sin embargo, la Conferen­cia podrá, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los dele­gados presentes, permitir que dicho Miembro vote, si llegare a la con­clusión de que el retraso se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro.
5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será responsable, ante el Consejo de Administración, del empleo de los fon­dos de la Organización Internacional del Trabajo.
Capítulo II. — Funcionamiento
1. El Consejo de Administración fijará el orden del día de las reuniones de la Conferencia, después de examinar todas las proposicio­nes presentadas al respecto por los gobiernos de los Miembros, por cualquiera de las organizaciones representativas a que se hace referen­cia en el artículo 3, o por cualquier organización de derecho internacio­nal público.
2. El Consejo de Administración fijará reglas para lograr que se efectúe una preparación técnica y cabal y se consulte adecuadamente a los Miembros principalmente interesados, por medio de una conferen­cia preparatoria o de cualquier otro modo, antes de la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia.
1. El Director General actuará como Secretario General de la Con­ferencia y, cuatro meses antes de la sesión de apertura, pondrá el orden del día de cada reunión en conocimiento de los Miembros y, por con­ducto de éstos, en conocimiento de los delegados no gubernamentales, una vez que hayan sido designados.
1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá derecho a oponerse a la inscripción de una o varias cuestiones propuestas en el orden del día de la reunión. Los motivos que justifiquen dicha oposi­ción deberán ser expuestos en una nota dirigida al Director General, quien deberá comunicarla a los Miembros de la Organización.
2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de oposición continuarán inscritas en el orden del día si la Conferencia así lo deci­diere por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes.
3. Cuando la Conferencia decida, por la misma mayoría de dos ter­cios, que una cuestión deba ser examinada (y no se trate del caso previs­to en el párrafo precedente), dicha cuestión será inscrita en el orden del día de la reunión siguiente.
1. La Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresidentes. De los tres vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delega­do de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La Confe­rencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse.
2. Las decisiones de la Conferencia se adoptarán por simple mayo­ría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la Conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13.
La Conferencia podrá agregar expertos técnicos, sin derecho a voto, a las comisiones que constituya.
1. Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma: a) de un convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión tra­tada, o uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio.
3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras cir­cunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condicio­nes de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países.
4. El Presidente de la Conferencia y el Director General auten­ticarán, con sus firmas, dos copias del convenio o de la recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos de la Oficina Interna­cional del Trabajo y la otra se enviará al Secretario General de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los Miembros.
a) el convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratifica­ción;
b) cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Confe­rencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Confe­rencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas;
c) los Miembros informarán al Director General de la Oficina Interna­cional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades com­petentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;
d) si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autori­dades a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación for­mal del convenio al Director General y adoptará las medidas nece­sarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio;
e) si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la fre­cuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colecti­vos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio.
a) la recomendación se comunicará a todos los Miembros para su exa­men, a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo;
b) cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medi­das;
c) los Miembros informarán al Director General de la Oficina Interna­cional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medi­das por ellas adoptadas;
d) salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomenda­ción, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modifica­ciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.
7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes dispo­siciones:
a) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno fede­ral considere apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales;
b) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno fede­ral considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, el gobierno federal:
i) adoptará, de acuerdo con su constitución o las constituciones de los Estados, provincias o cantones interesados, medidas efectivas para someter tales convenios y recomendaciones, a más tardar dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia, a las autoridades federales, estatales, pro­vinciales o cantonales apropiadas, al efecto de que les den for­ma de ley o adopten otras medidas;
ii) adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los gobiernos de los Estados, provincias o cantones interesados, para cele­brar consultas periódicas entre las autoridades federales y las de los Estados, provincias o cantones interesados, a fin de pro­mover, dentro del Estado federal, medidas coordinadas para poner en ejecución las disposiciones de tales convenios y recomendaciones;
iii) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter tales convenios y recomendaciones a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales apropiadas, comunicándole al mismo tiempo los datos relati­vos a las autoridades consideradas apropiadas y a las medidas por ellas adoptadas;
iv) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo de Administra­ción, sobre el estado de la legislación y la práctica de la fede­ración y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo;
v) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas dis­posiciones para adoptarlas o aplicarlas.
8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un conve­nio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, senten­cia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomenda­ción.
Todo convenio así ratificado será comunicado por el Director Gene­ral de la Oficina Internacional del Trabajo al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, pero sólo obligará a los Miembros que lo hayan ratificado.
1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la Conferencia que en la votación final no obtuviere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los Miembros presentes podrá ser objeto de un conve­nio particular entre los Miembros de la Organización que así lo deseen.
2. Todo convenio concertado en esta forma deberá ser comunicado por los gobiernos interesados al Director General de la Oficina Interna­cional del Trabajo y al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Interna­cional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indi­que el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite.
Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un con­venio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la ma­teria la declaración que considere conveniente.
1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficina Internacio­nal del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un conve­nio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes.
2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerare conve­niente y antes de referir el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente la queja, en la forma prevista en el artículo 24.
3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario comu­nicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo prudencial una res­puesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al respecto.
5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión sus­citada por la aplicación de los artículos 25 o 26, el gobierno interesado, si no estuviere ya representado en el Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en las deliberaciones del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno inte­resado.
La comisión de encuesta, después de examinar detenidamente la queja, redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus ave­riguaciones sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomendaciones que considere apro­piado formular con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de Admi­nistración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a su publicación.
2. Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea some­ter la queja a la Corte Internacional de Justicia.
En caso de que uno de los Miembros no adoptare, para la aplicación de un convenio o de una recomendación, las medidas prescritas por los párrafos 5 b); 6 b), o 7 b), i), del artículo 19, cualquier otro Miembro podrá someter la cuestión al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración reconociere que el Miembro no ha adoptado dichas medidas, informará a la Conferencia sobre el particular.
La Corte Internacional de Justicia podrá confirmar, modificar o anu­lar las conclusiones o recomendaciones que pudiere haber formulado la comisión de encuesta.
En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Con­ferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumpli­miento de dichas recomendaciones.
El gobierno acusado de incumplimiento podrá informar en cualquier momento al Consejo de Administración que ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta o las contenidas en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y podrá pedir que se constituya una comisión de encuesta encargada de comprobar sus aseveraciones. En este caso, serán aplicables las disposi­ciones de los artículos 27, 28, 29, 31 y 32, y si el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia fueren favorables al gobierno acusado de incumplimiento, el Consejo de Administración deberá recomendar que cese inmediatamente cualquier medida adoptada de conformidad con el artículo anterior.
Capítulo III. — Prescripciones generales
1. Los Miembros se obligan a aplicar los convenios que hayan rati­ficado, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, a los territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales sean responsables, incluidos los territorios en fideicomiso de los cuales sean la autoridad administrativa, excepto cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan dentro de la competencia de las autoridades del territorio, o cuando el convenio sea inaplicable debido a las condi­ciones locales, o a reserva de las modificaciones que se requieran para adaptarlo a las condiciones locales.
2. Todo Miembro que ratifique un convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, tan pronto sea posible después de la ratificación, una declaración en la que indique, respecto a los territorios que no estén comprendidos en los párrafos 4 y 5 de este artículo, en qué medida se obliga a que se apliquen las dispo­siciones del convenio y en la que proporcione las informaciones pres­critas en tal convenio.
3. Todo Miembro que haya comunicado una declaración en virtud del párrafo precedente podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración que modifi­que los términos de cualquiera otra anterior y dé a conocer la situación en lo que concierne a tales territorios.
5. Cualquier declaración en virtud de la cual se acepten las obliga­ciones de un convenio podrá ser comunicada al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo:
a) por dos o más Miembros de la Organización, respecto a cualquier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o
b) por cualquier autoridad internacional responsable de la administra­ción de un territorio en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición vigente para dicho Territorio.
6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en virtud de los párrafos 4 o 5 implicará la aceptación, en nombre del territorio inte­resado, de las obligaciones establecidas en el convenio y de las obliga­ciones que según la Constitución de la Organización se apliquen a los convenios ratificados. En la declaración de aceptación se podrán espe­cificar las modificaciones a las disposiciones del convenio que sean necesarias para adaptarlo a las condiciones locales.
7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunicado una declaración en virtud de los párrafos 4 o 5 de este artículo podrá comu­nicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración por la que modifique los términos de cualquier declaración anterior o por la que deje sin efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en nombre del territorio interesado.
8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en nombre de un territorio al que se refieren los párrafos 4 o 5 de este artículo, el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional, según sea el caso, deberán informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la legislación y la práctica que rigen en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el convenio, y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo. También deberán exponer en el informe las dificultades que impiden o retrasan la aceptación de tal convenio.
Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas o aceptadas por dos tercios de los Miembros de la Organización, incluidos cinco de los diez Miembros representados en el Consejo de Administración como Miem­bros de mayor importancia industrial, de conformidad con las disposi­ciones del párrafo 3 del artículo 7 de esta Constitución.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el Consejo de Administración podrá formular y someter a la aprobación de la Conferencia reglas para establecer un tribunal encargado de solu­cionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que le fuere referida por el Consejo de Administración o en virtud de los términos de dicho convenio. Cual­quier fallo u opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia obligará a cualquier tribunal establecido en virtud del presente párrafo. Toda sentencia dictada por tal tribunal deberá ser comunicada a los Miembros de la Organización, y cualquier observación que éstos for­mulen al respecto deberá someterse a la Conferencia.
2. Las facultades, funciones y procedimiento de las conferencias regionales se regirán por reglas establecidas por el Consejo de Admi­nistración y sometidas a la Conferencia para su confirmación.
Capítulo IV. — Disposiciones diversas
La Organización Internacional del Trabajo gozará de completa per­sonalidad jurídica y especialmente de capacidad para:
1. La Organización Internacional del Trabajo gozará, en el territo­rio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para la consecución de sus fines.
2. Los delegados a la Conferencia, los miembros del Consejo de Administración, así como el Director General y los funcionarios de la Oficina, gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con toda independencia las funciones relacio­nadas con la Organización.
3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en un acuer­do separado que preparará la Organización para su aceptación por los Estados Miembros.
c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prospe­ridad de todos;
d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, conti­nuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienes­tar común.
La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la Constitu­ción de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social, afirma que:
a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades;
b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e interna­cional;
c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorez­can, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo funda­mental;
d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y finan­ciero; y
e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Interna­cional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisio­nes y recomendaciones, cualquier disposición que considere apro­piada.
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satis­facción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común;
c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecua­das para todos los interesados, oportunidades de formación pro­fesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos;
d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condi­ciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protec­ción;
e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colabo­ración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplica­ción de medidas sociales y económicas;
i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura ade­cuados;
La Conferencia, convencida de que la utilización más comple­ta y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta Declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para aumentar la producción y el consu­mo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el progreso econó­mico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar mayor esta­bilidad de los precios mundiales de materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de conside­rable y constante volumen, ofrece la entera colaboración de la Organi­zación Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pudiere confiarse parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así como en el mejoramiento de la salud, de la educación y del bienestar de todos los pueblos.
La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta Decla­ración son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las modalidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que todavía son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse por sí mismos interesa a todo el mundo civili­zado.
Nota del editor: El texto original de la Constitución, aprobado en 1919, ha sido modificado por la enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 de junio de 1934; por el Instrumento de Enmienda de 1945, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1946; por el Instrumento de Enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948; por el Instrumento de Enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de mayo de 1954; por el Instrumento de Enmienda de 1962, que entró en vigor el 22 de mayo de 1963, y por el Instrumento de Enmienda de 1972, que entró en vigor el 1.° de noviembre de 1974.
Nota del editor: La igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo es un valor fundamental de la Organización Internacional del Trabajo. En la resolución relativa a la igualdad de género y el uso del lenguaje en los textos jurídicos de la OIT, adoptada por la Conferencia General en su 100.a reunión de 2011, se afirma que la igualdad de género debería quedar reflejada mediante el uso de un lenguaje apropiado en los textos jurídicos oficiales de la Organización, y que el empleo en la Constitución de la OIT y en otros textos jurídicos de la Organización de uno de los dos géneros incluye en su significado una referencia al otro género a menos que el contexto requiera proceder de otra manera.
Tagsacuerdo ANEXO Central Intelligence Agency Consejo de Administración convenio derecho Director General El Consejo El Director General internacional La Conferencia La Organizaci Miembros Naciones Unidas Oficina Internacional Oficina Internacional del Trabajo Organización Internacional del Trabajo organizaciones
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