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Timestamp: 2019-09-18 20:17:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 154', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 95', 'artículo 333', 'artículo 72', 'artículo 53', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 214', 'artículo 5']

﻿ SENTENCIA C-812 DE OCTUBRE 3 DE 2007
SENTENCIA C-812 DE 03 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:ESTRUCTURA Y FINALIDAD DEL SEGUNDO PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, HECHO EN LA HAYA EL 26 DE MARZO DE 1999 Y LA LEY 1130 DE 2007, POR LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN CONFLICTO ARMADO, BIEN CULTURAL, CONFLICTO ARMADO
Sentencia C-812 de octubre 3 de 2007
Sentencia C-812 de 2007
Ref.: Expediente LAT-306
EXTRACTOS: «La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil —quien la preside—, Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Catalina Botero Marino, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya del 26 de marzo de 1999”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 22 de febrero de 2007, el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”.
Por auto del 22 de marzo de 2007, el magistrado sustanciador asumió el conocimiento de la ley de la referencia y notificó a las secretarías generales de Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Colombiana de Juristas y a la Universidad del Rosario.
Diario Oficial 46.543 de 15 de febrero de 2007
Visto el texto del “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) que a la letra dice:
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, La Haya, 26 de marzo de 1999.
j) Por “Unesco” se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y
k) Por “primer protocolo” se entenderá el Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado adoptado en La Haya el 14 de 1954;
ART. 2º—Relación con la convención
ART. 3º—Ámbito de aplicación
2. Si una de las partes en un conflicto armado no está obligada por el presente protocolo, la partes en el presente protocolo seguirán obligadas por él en sus relaciones recíprocas.
b) La aplicación de las disposiciones del capítulo II de la convención entre las partes del presente protocolo o entre una parte y un Estado que acepta y aplica el presente protocolo con arreglo al párrafo 2º del artículo 3º en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección reforzada solo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección reforzada.
Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al artículo 3º de la convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia, de los bienes culturales.
c) La decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera, y
c) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; y
ii) Es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
a) Alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in situ, y
b) Toda excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales, y
c) Toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con las que se pretenda, ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o científica.
b) Que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado, y;
a) Cuando esa protección se anule o suspenda la virtud del artículo 14; o,
a) Cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la utilización de ese bien mencionado en el apartado b) del párrafo 1º;
ii) Se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) del párrafo 1º; y
iii) Se haya concebido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para regularizar la situación.
d) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la convención y el presente protocolo, y
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º cada parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos;
b) Cuando el presunto autor sea un nacional de este Estado, y
b) Excepto en el caso en que un Estado que no es parte en el presente protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2º del artículo 3º los miembros de las Fuerzas Armadas y los nacionales de un Estado que no es parte en el presente protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven en las Fuerzas Armadas de un Estado que es parte en el presente protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente protocolo, que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición.
1. La parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a un derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional.
1. La reunión de las partes se convocará al mismo tiempo que la Conferencia General de la Unesco y en coordinación con la reunión de la altas partes contratantes, si esta reunión ha sido convocada por el director general.
1. Las partes miembros del comité serán elegidas por un periodo de cuatro años solo podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez.
3. El comité cooperará con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales cuyos objetivos son similares a los de la convención, los de su primer protocolo y los del presente protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus atribuciones, el comité podrá invitar a que participen en sus reuniones, a título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como las que mantienen relaciones formales con la Unesco, comprendido el Comité Internacional del Estado Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se podrá invitar a que participen a título consultivo a representantes del Centro Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma) (ICCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
b) Conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan se adoptar con miras a la protección de bienes culturales en periodos de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del artículo 8º.
c) Todo interés que devengan los recursos del fondo;
1. Las partes procurarán servirse de todos los medios apropiados y en particular de programas de educación e información, para fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por parte del conjunto de sus poblaciones.
3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de conflicto armado esté encargada de aplicar el presente protocolo habrá de tener pleno conocimiento de su texto. Con este fin, la partes:
2. A este fin, cada potencia protectora podrá, a invitación de una parte o del director general, o por propia iniciativa proponer a las partes en conflicto que sus representantes y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que sea parte del conflicto. Las partes en conflicto tendrán la obligación de hacer efectivas las propuestas de reunión que se les hagan. Las potencias protectoras propondrán a la aprobación de las partes en conflicto el nombre de una personalidad perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o prestada por el director general. Esta personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de presidente.
2. A petición de una parte o del director general, el presidente del comité podrá proponer a las partes en conflicto que sus representaciones, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto.
1. Las partes se encargarán se traducir el presente protocolo a las lenguas oficiales de sus países y de comunicar estas traducciones oficiales al director general.
Ninguna disposición del presente protocolo respecto a la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación.
1. El presente protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de la altas partes contratantes a partir del 1º de enero del año 2000.
Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones, o adhesiones del presente protocolo depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el director general enviará por la vía más rápida, las notificaciones previstas en el artículo 46.
El director general informará a todas la altas partes contratantes y a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previstos en los artículos 41 y 42, así como de las denuncias previstas en el artículo 45.
En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de la Naciones Unidas, el presente protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del director general.
Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todas la altas partes contratantes.
Bogotá, D.C., a 7 de marzo de 2002.
ART. 1º—Apruébase el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1º de esta ley aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dada en Bogotá D.C., a los …
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999),que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
La presidenta del honorable Senado de la República.
2. Suscripción del convenio.
Mediante aprobación ejecutiva impartida el 7 de marzo de 2002, el entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Protocolo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta en la Gaceta del Congreso Nº 559 —página 18, folio 91 del cuaderno Nº 3— ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
“... el Presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios (C.P., art. 189 ord. 2º)” (Sent. C-251/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
3. El trámite de aprobación de la Ley 1130 de 2007.
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta” (Sent. C-334/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
a) Trámite ante el Senado de la República.
a.2. La exposición de motivos del gobierno, junto con el texto de las disposiciones puestas a consideración del Congreso, fue publicada en la Gaceta del Congreso 559 del 25 de agosto de 2005 (fls. pág. 12-10).
a.3. El proyecto de ley, que se radicó con el Nº 71 de 2005, Senado, fue repartido y asignado a los senadores Enrique Gómez Hurtado y Ricardo Varela Consuegra, quienes presentaron ponencia favorable para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la Gaceta 884 del 9 de diciembre de 2005 (fls. 78 y 79).
a.4. Tal como consta en el Acta 15 del 7 de diciembre de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso 124 del 17 de mayo de 2006, el presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República solicitó al secretario general leer los proyectos para anunciar, para la próxima sesión, que tendría lugar el 13 y 14 de diciembre de 2005.
a.5. Dado que el 13 de diciembre no fue posible someter a votación el proyecto de la ley de la referencia, en dicha sesión se repitió el anuncio, tal como consta en el Acta 16 de 2005, publicada en la Gaceta 124 de 2006. En efecto, en el punto VI de la sesión se informó acerca de los proyectos de ley que serían volados en la sesión del martes 28 o miércoles 29 de marzo de 2006.
a.6. De acuerdo con lo previsto, la aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión Segunda del Senado ocurrió en la sesión del 29 de marzo de 2006, tal como consta en el Acta 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 221 de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de 12 de los 13 miembros de la comisión, según certificación del secretario general de esa corporación, constante en el primer folio del cuaderno de pruebas 3.
a.7. La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado, y el informe correspondiente, fueron publicados en la Gaceta del Congreso 116 de 2006 (fls. 59 y ss., cdno. de pbas. 4).
a.8. En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 y tal como consta en el Acta 48 del 17 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta 151 de 2006, el proyecto fue anunciado para que se sometiera a votación en la sesión que se celebraría el 30 de mayo de 2006.
a.9. Con todo, el 30 de mayo no se dio la discusión ni se adelantó la votación. No obstante, en el Acta 49 del 30 de mayo de 2006 (Gaceta del Congreso 188/2006, fl. 108, cdno. pbas. 4), por instrucciones de la presidencia del Senado de la República, la secretaría anunció de nuevo los proyectos que, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, se discutirían y aprobarían en la siguiente sesión, programada para el 31 de mayo de 2006.
a.10. Según consta en el Acta 50 de la siguiente sesión plenaria, realizada el 31 de mayo de 2006 (Gaceta del Congreso 189/2006, fl. 115 cdno. pbas. 4), el Congreso de la República aprobó el proyecto por mayoría de sus miembros, según lo ratifica la certificación expedida el 9 de abril de 2007 por el secretario general del Senado de la República (certificación del secretario general del Senado, fl. 1, cdno. pbas. 4).
b) Trámite ante la Cámara de Representantes.
b.1. El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el Nº 289/06 en la Cámara de Representantes. La ponencia para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 319 de 2006 (fls. 5 y ss., cdno. pbas. 1) y el ponente designado fue el representante a la Cámara Gonzalo García Angarita.
b.2. De conformidad con el texto del Acta 05 del 29 de agosto de 2006 (publicada en la Gaceta del Congreso 474/2006), el proyecto de ley 71/05 Senado, 289/06 Cámara se incluyó como anunciado en el punto VII del orden del día. No obstante, en la misma sesión, el presidente de la comisión advirtió que este proyecto, junto con otros igualmente anunciados, sería discutido en la “sesión del martes próximo, previa citación”.
b.3. Tal como consta en la publicación del Acta 07 del 5 de septiembre de 2006, publicada en la Gaceta 474 de 2006, el proyecto fue nuevamente incluido para primer debate en el punto VI del orden del día. Al finalizar la sesión, el secretario hizo el anuncio de que el proyecto sería discutido y sometido a votación en la siguiente sesión.
b.4. Tal como se previó en la sesión del 5 de septiembre de 2006, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en sesión del 12 de septiembre de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de 18 representantes, según certificación del secretario general de la comisión, expedida el 29 de marzo de 2007. La votación consta en el Acta 08 del 12 de septiembre de 2006 (fls. 30 y ss. del cdno. pbas. 2, Gaceta del Congreso 475 de oct. 22/2006).
b.5. La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta Nº 467 de 2006 (fls. 57 y ss., cdno. pbas. 2), con ponencia del mismo representante a la Cámara.
b.6. El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 25 de octubre de 2006, tal como consta en el Acta 21 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 609 de 2006 (pág. 16, fl. 74, cdno. pbas. 1).
b.7. De acuerdo con el Acta 22 de la sesión plenaria del 31 de octubre de 2006, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 158 representantes asistentes (Gaceta del Congreso 607 del 1º de diciembre de 2006, pág. 15, fl. 54, cdno. pbas. 1), según lo ratifica la certificación expedida el 13 de abril de 2007 por el secretario general de la Cámara de Representantes (fl. 3, cdno. pbas. 1).
c) Constitucionalidad del trámite dado a la Ley 1130 de 2006.
Para comenzar, esta Corte constata que el Proyecto de la Ley 1130 fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157-1), aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara (C.P., art. 157-2), aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (C.P., art. 157-3) y recibió la debida sanción presidencial (C.P., art. 157-4).
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (mayo 31/2006) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (sep. 12/2006) transcurrió un lapso no inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la Carta Política.
d) Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
El artículo de la norma citada dispone que “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
El fin de la norma, a la luz de la jurisprudencia constitucional, es evitar que los congresistas se vean sorprendidos por proyectos cuyo debate y aprobación ignoraban que iba a tener lugar (2) . Según la Corte, el objetivo del anuncio es “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas” (3) .
En cuanto a su trámite, la Corte ha dicho que la obligación de las células legislativas es presentar los anuncios en una sesión anterior a aquella en la cual se planea someter a votación el proyecto. La calidad del anuncio, ha insistido la Corte, impone que se establezca con certeza —determinada o determinable— la fecha en que la votación debe tener lugar. Según la corporación, “... del texto de la norma constitucional se desprende que el anuncio constitucional a que se hace referencia, debe cumplir los siguientes requisitos (4) : a) El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley; b) El anuncio debe darlo la presidencia de la Cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto, c) La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable. d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado al respecto que cuando no es posible realizar la votación en la fecha indicada por el anuncio, la célula legislativa debe renovar el anuncio, es decir, debe volver a hacerlo, con el fin de evitar el rompimiento de la cadena de anuncios y de desnaturalizar la finalidad del requisito (5) . A ese respecto dijo la corporación:
“4. Cuando la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva a cabo en la sesión para la cual fue anunciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, toda vez que “no existe otro instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva realización del fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual —según se ha visto— consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias”. Si ello no tiene ocurrencia, es decir, si no se cumple con la ‘secuencia temporal del aviso’ cuando por razones de práctica legislativa el debate y votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, se entiende que la votación se realizó en una sesión distinta a la que fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 160 de la Carta Política (6) .
“Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, “el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión” (7) . Si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de “anuncio” previo consagrado en el artículo 160 superior” (Sent. C-933/06, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
— Proyecto de Ley 71 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
No obstante, dado que la votación no se celebró en esas fechas, en la sesión del 13 de diciembre se renovó el anuncio para la sesión que sería realizada el martes 28 o el miércoles 29 de marzo (Acta 16/2005). El texto del anuncio es el siguiente:
Ahora bien, en relación con la fórmula utilizada para realizar el anuncio, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en la reciente Sentencia C-665 de 2007. En dicha providencia la Corte estudió la exequibilidad del anuncio hecho en el proceso de aprobación de la Ley 1109 de 2006, aprobatoria de otro tratado internacional. La corporación hizo alusión al anuncio contenido, precisamente, en la sesión del 13 de diciembre de 2005, constante en el acta 16, en donde se citó para la sesión del 28 ó 29 de marzo.
“Toma la palabra el señor Presidente, Senador Jesús Ángel Carrizosa Franco. Muy bien se levanta la sesión, por este año muchas gracias y ya en el mes de marzo una vez se instale el Parlamento, hemos llamado a sesiones a la semana siguiente. Así que una feliz navidad nuevamente y un próspero año para todos. Muchísimas gracias”.
El contexto del anuncio le permitió a la Corte llegar a la conclusión de que en la sesión del 13 de diciembre sí se había anunciado para votación el proyecto en fecha determinada, pues a pesar de la aparente ambigüedad de la expresión “28 ó 29 de marzo”, la convocatoria se realizó para la sesión subsiguiente del segundo periodo ordinario de la legislatura, que según la numeración consecutiva de las actas ocurrió el 29 de marzo.
“Puede observarse, entonces, que del contexto del Acta 16 del 13 diciembre de 2005, en cierre del primer periodo y en vísperas de diciembre, la fecha de inicio de sesiones en marzo quedó pendiente para el 28 ó 29 del mismo mes. Posteriormente, el consecutivo de actas nos muestra que la sesión fue llevada a cabo el 29 de marzo de 2006, y en ella fueron discutidos y votados los proyectos de ley anunciados el 13 de diciembre de 2005 (Acta 17 de mar. 29/2006):
En efecto, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, la apelación al contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se predica tanto del anuncio, en sí mismo considerado, como de la fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el proyecto específico (8) . En el caso en estudio, se concluye que lo querido por la Comisión era que el debate y votación tuvieran lugar la primera sesión del segundo periodo de la legislatura, tal y como lo muestra el consecutivo del acta.
Entonces, el anuncio fue hecho previamente y en fecha determinable por ser la primera sesión que tendría lugar el año siguiente, como en efecto sucedió” (Sent. C-665/2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 001 de 2003, la secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señora presidenta, honorables senadores, los proyectos para debatir y votar en la siguiente sesión son los siguientes:
• Proyecto de Ley 71 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Siendo las 2:20 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 30 de mayo de 2006, a las 3:00 p.m.”.
Pese a que el proyecto no fue sometido a votación el 30 de mayo, la mesa directiva renovó el anuncio, impidiendo con ello la ruptura de la cadena. En este sentido, el comportamiento de la plenaria se ajustó a las previsiones jurisprudenciales acerca de la necesidad de renovar el anuncio cuando es imposible cumplirlo en la sesión para la cual había sido programada la velación. El texto de este nuevo anuncio fue el siguiente:
Sí señora Presidenta, los proyectos para debatir y votar en la siguiente sesión plenaria son los siguientes:
“Proyecto de Ley 71 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado” hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
“Siendo las 8:45 p.m. la Presidencia levanta la sesión y convoca para el miércoles 31 de mayo de 2006, a las 3:00 p.m.”.
c) Anuncio para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Anuncio de proyectos de ley para primer debate: artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
1. Proyecto de Ley 289/2006 Cámara, 71/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El anuncio se renovó al final de la sesión, en los siguientes términos:
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Óscar Fernando Bravo Realpe, por el departamento de Nariño:
Dígnese leerlos por favor
1. Proyecto de Ley 289/06 Cámara, 071/05 Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado hecho en La Haya, el 26 de marzo de 1999.
Estos proyectos van a hacer (sic) discutidos en la sesión del martes próximo previa citación. Siguiente punto del orden del día señor secretario”.
“Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:
“Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Óscar Fernando Bravo Realpe:
“Proyecto de Ley 289/2006 Cámara, 071/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
“Hace uso de la palabra el Presidente, Óscar Fernando Bravo Realpe:
Luego de hecho el recuento de este anuncio, la Sala observa que el mismo cumplió con los requisitos señalados por la jurisprudencia.
A pesar de que la formulación del anuncio no incluye el término “votación”, la Corte entiende que la voluntad de la comisión era la de someter a votación en primer debate el proyecto de la ley de la referencia, a efectos de dar cumplimiento al requisito del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003. Ello se deduce del hecho de que en el primer anuncio, efectuado en la sesión del 29 de agosto, se dejó expresa constancia, de que el mismo se hacía con el fin de someter a primer debate el proyecto de la ley de la referencia y de dar cumplimiento al artículo 160 constitucional.
Además, porque, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, el único anuncio que en el proceso de aprobación de las leyes es obligatorio, según la normativa constitucional, es el anuncio a que hace referencia el Acto Legislativo 01 de 2003, por manera que si la mesa directiva de la comisión dejó constancia expresa de que hacía el anuncio de un proyecto de ley y esa constancia —era claro— se hacía con el fin de someterlo a primer debate, es de concluir que la finalidad del anuncio hecho el 5 de septiembre era el de someter a debate y votación el proyecto de la ley de la referencia.
En tercer lugar, porque, como lo ha dicho la jurisprudencia, la utilización de la expresión “anuncio” en el contexto del debate legislativo, cuando se refiere a proyectos de ley que van a ser sometidos a debate, debe entenderse encaminada a dar cumplimiento al requisito del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, precisamente porque, como atrás se dijo, este es el único anuncio exigido en los trámites de aprobación de las leyes. La Corte dijo sobre este particular:
“Con todo, de lo dicho por la jurisprudencia es necesario tener en cuenta que la expresión “anuncio”, consignada en la propia Constitución, cuando la misma se utiliza en los debates legislativos con la finalidad de mencionar los proyectos que serán debatidos en otra sesión, debe entenderse circunscrita principalmente al cumplimiento del requisito establecido en el artículo 160 constitucional, pues, como lo estableció la Sentencia C-1040 de 2005, el aviso previo es requerido por la Constitución Política únicamente para efectos del cumplimiento de dicha norma, en tanto que el ordenamiento superior no lo impone para ninguno otro trámite” (Auto 311/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Adicionalmente, de la lectura del acta del 5 de septiembre se tiene que el presidente de la comisión solicitó al secretario, a efectos de realizar el anuncio, agregar un tercer proyecto a los dos proyectos que previamente habían sido anunciados con la voluntad expresa de dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 91 de 2003. Los dos proyectos iniciales eran, según el acta del 29 de agosto, el Proyecto de Ley 289/2006 Cámara, 71/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), y el Proyecto de Ley 305/2006 Cámara, 198/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005”.
d) Anuncio para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Alfredo Cuello Baute:
Proyecto de Ley 289 de 2006 Cámara, 71 de 2005 Senado
Señor Presidente, han sido anunciados los temas que estarán en el orden del día del próximo martes a las tres de la tarde”.
4. El contenido material de la Ley 1130 de 2007 y la constitucionalidad del protocolo.
a) Estructura del Segundo Protocolo para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado.
El objetivo del capítulo VII es la difusión con fines educativos de las normas del protocolo. El capítulo VIII regula la figura de las potencias protectoras —institución tomada del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra— como entidades encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto.
b) Finalidad general del Segundo Protocolo para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado.
Es célebre ya el saqueo de cientos de obras de arte, perpetrado por Hitler y Hermann Goering en París durante la ocupación alemana, entre 1940 y 1944. Un cálculo aproximado da cuenta de que en ese cuatrienio fueron hurtados más de 100.000 cuadros, esculturas y dibujos de propiedad de particulares y museos. Recientemente, la guerra, de Irak entregó un oscuro saldo al registrar la pérdida de cientos de piezas arqueológicas de la cultura mesopotámica, una de las reputadas cunas de la civilización. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —Unesco— calificó la pérdida como “una catástrofe terrible en monumentos, museos, yacimientos, archivos y bibliotecas”.
En relación con los textos de la Convención de La Haya, la Corte Constitucional manifestó en su momento que el objetivo de este tipo de convenios era evitar el deterioro de la identidad cultural de la humanidad, dependiente en muchos casos del patrimonio material representado en los bienes culturales. Para la Corte, dichos instrumentos “pretenden evitar estragos innecesarios en los conflictos armados, mediante la aplicación de normas y de mecanismos de protección, que eviten daños en los bienes culturales, los cuales son definidos en el primer artículo de la convención. Así, según esa disposición, son bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario, los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, los cuales pueden ser de muy diversa índole, pues puede tratarse de monumentos arquitectónicos, obras de arte, vestigios históricos, etc. Igualmente, deben incluirse en tal categoría los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales antes mencionados, como podría ser un museo, una biblioteca o un archivo. También deben protegerse los llamados “centros monumentales”, que son lugares que comprenden un número considerable de bienes culturales” (9) .
Según dicha providencia, la finalidad de “proteger esos bienes culturales surge de una dolorosa constatación histórica, a saber, que estos objetos —que en el fondo materializan valores espirituales esenciales para el ser humano— han sufrido graves daños en los distintos conflictos armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de destrucción, se encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos, ya que, como lo señala el preámbulo, ‘los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial’” (10) .
c) Constitucionalidad general del protocolo sometido a revisión.
Para la Corte Constitucional, el protocolo sometido a estudio es exequible desde el punto de vista sustancial.
El objetivo general de este instrumento internacional se ajusta plenamente a los fines del Estado, consignados en el artículo 2º de la Carta Política. La protección de los bienes culturales de la Nación es una de las formas en que el Estado puede “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…); defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, y la vigencia de un orden justo” (11) .
Del mismo modo, el propósito del convenio refleja la obligación del Estado de proteger las “riquezas culturales y naturales de la Nación” (C.P., art. 8º) y exalta la obligación de protección del patrimonio cultural, consagrada en el artículo 72 de la Constitución al indicar que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado (...)”, reflejo a su vez del deber de toda persona de “proteger los recursos culturales y naturales del país” (C.P., art. 95-8).
Esta concordancia de las normas del protocolo con el ámbito de protección cultural de la Constitución Política refleja la intención del constituyente de resaltar los valores culturales como valores de identificación nacional. Así lo resaltó la Corte al precisar que la protección de la cultura constituye una prioridad por parte de las autoridades públicas. La Corte ha sostenido que la identidad cultural de una Nación es manifestación de la diversidad de sus comunidades, es expresión de la riqueza humana y social de los pueblos y es instrumento de construcción de sociedades organizadas, encaminadas al mejoramiento de sus relaciones. Por ello, dijo que la “cultura fue reconocida en la Constitución de 1991 como un pilar fundamental que requiere especial protección, fomento y divulgación del Estado. En efecto, es amplio el conjunto de normas constitucionales que protegen la diversidad cultural como valor esencial de nuestra Nación, de tal manera que dicho bloque normativo, que también se ha denominado por la doctrina como la Constitución cultural (12) , entiende la cultura como valor, principio y derecho que deben impulsar las autoridades”. Y sobre el mismo particular, añadió:
“Así, el artículo 2º superior, señaló como fin esencial del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación. Los artículos 7º y 8º de la Carta dispusieron la obligación del Estado de proteger la diversidad y riquezas culturales de la Nación. El artículo 44 define la cultura como un derecho fundamental de los niños. El artículo 67 señala que la educación es un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación. El artículo 70 de la Constitución preceptúa que el Estado tiene la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos, en tanto que la cultura y/o los valores culturales son el fundamento de la nacionalidad colombiana. En esta misma línea, el artículo 71 de la Constitución dispuso que el Estado creará incentivos para fomentar las manifestaciones culturales. Ahora, la protección de los recursos culturales no solo es una responsabilidad a cargo del Estado sino que también es un deber de los ciudadanos, en los términos previstos en el artículo 95, numeral 8º, superior. De todas maneras, los artículos 311 y 313, numeral 9º, de la Carta encomiendan, de manera especial, a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Por su parte, el artículo 333 superior autorizó al legislador a limitar válidamente la libertad económica cuando se trata de proteger el patrimonio cultural de la Nación. Y, finalmente, con especial relevancia para el análisis del asunto sometido a estudio de esta corporación, recuérdese que el artículo 72 de la Carta dispuso que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, pero que solo ‘el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles’”.
“La descripción anterior muestra que, efectivamente, la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Constitución, en tanto que este constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un momento histórico” (Sent. C-742/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) (negrillas fuera del original).
“... ninguna objeción constitucional se puede hacer al contenido general de los instrumentos internacionales bajo revisión, pues la protección de los bienes culturales es un mandato connatural a los principios de derecho humanitario, tal como esta Corte lo señaló al declarar la exequibilidad del artículo 53 del Protocolo I y del artículo 16 del Protocolo II, normas que precisamente establecen que, sin perjuicio de las disposiciones de la convención que la Corte revisa en la presente ocasión, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar, o tomar represalias contra tales bienes” (Sent. C-476/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
“Según los artículos 18 y 19 de la convención, sus normas no solo se aplican en los casos de guerras internacionales sino también en los eventos de conflictos armados internos, aspecto que no suscita ningún problema de constitucionalidad puesto que, como se mostró largamente en la Sentencia C-225 de 1995, relativa al Protocolo II de Ginebra, conforme a la Constitución, las partes enfrentadas en un conflicto interno se encuentran obligadas a respetar las normas humanitarias relativas a la conducción de las hostilidades y a la protección de los bienes que no tienen carácter militar. Además, esas normas no erosionan la soberanía del Estado colombiano puesto que, al igual que sucede con el Protocolo II, la aplicación de las disposiciones de la presente convención no modifican el estatuto jurídico de las partes en conflicto, lo cual significa que los alzados en armas no adquieren el status de beligerantes por la mera aplicación de las normas humanitarias, y siguen entonces sometidos al ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado” (Sent. C-476/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
La Corte tampoco encuentra objeción en las disposiciones del artículo 4º del protocolo bajo estudio, dado que el mismo se limita a señalar que la suscripción de este instrumento —específicamente del capítulo 3 que hace referencia a la protección reforzada— no perjudica la aplicación y reconocimiento de otras disposiciones relativas a la protección especial. Ello con el fin de que se entienda que una no excluye la otra, es decir, que la protección reforzada de bienes culturales no hace suponer la desaparición de la protección general que ofrece el protocolo a otros bienes.
En cuanto a las disposiciones del capítulo 2 —artículos 5º a 9º— la Corte tampoco tiene objeción. Aquellas se refieren a las medidas de protección de los bienes culturales, y a las medidas preventivas en tiempo de paz que los Estados deben adoptar para enfrentar posibles ataques militares. Señalan que los bienes culturales gozan de inmunidad y que no pueden ser atacados militarmente, excepto en las circunstancias espacialísimas descritas en el artículo 6º, referidas a que el ataque sea inevitable o absolutamente necesario para alcanzar un fin militar. Resaltan la obligación de los Estados en conflicto de minimizar los daños cuando de por medio haya bienes culturales y de adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar su destrucción. Por último, las disposiciones regulan las medidas que debe adoptar el Estado ocupante respecto de los bienes culturales del Estado ocupado, es decir, los deberes de conservación en caso de ocupación militar.
El capítulo 3 —artículos 11 a 14— hace referencia a una protección reforzada que puede conferirse respecto de bienes de especial interés cultural para la humanidad o para el Estado en cuyo territorio se encuentran. Esta protección reforzada se confiere mediante la inscripción de los bienes específicos en un listado que está a cargo del Comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. La inscripción en la lista a cargo del comité concede inmunidad al bien inscrito en ella, lo que impide que sea objeto de ataque. La protección reforzada puede retirarse, cuando el bien incumpla con los requisitos de inscripción, pero también puede suspenderse o anularse, cuando el Estado a cuyo cargo se encuentra incumpla con las obligaciones de protección o lo utilice con fines militares. Las normas previstas contienen obligaciones específicas sobre la forma en que debe solicitarse la inscripción de los bienes y las causales de remoción de la protección reforzada. La Corte no encuentra que ninguna de ellas contradiga los textos de la Constitución Política.
“(...) se trata, en esencia, de un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra ciertas actividades repudiadas por la sociedad de naciones que, en esta medida, coexiste con las competencias jurisdiccionales ordinarias de los Estados, sin imponerse sobre ellas; así se dice expresamente en los múltiples tratados en los cuales se consagra” (Sent. C-1189/2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Por su parte el artículo 18 establece la posibilidad de aplicar la extradición para la sanción de los autores de delitos contra bienes culturales en los términos del protocolo, previsión que no contraviene la Constitución, pues la extradición es una figura admitida por el ordenamiento superior —art. 35 C.P.—. Tampoco contradice la Constitución el hecho de que el protocolo aquí suscrito incluya las infracciones indicadas en los apartados a) y c) como infracciones merecedoras de extradición en los tratados que hayan sido suscritos por los Estados parte. La inclusión de dichas conductas, en tanto que hayan sido adecuadamente tipificadas por los correspondientes Estados, responde al diseño de la política criminal del Estado, que en este caso se manifiesta mediante la suscripción inicial del convenio y posterior de este segundo protocolo, por lo que en manera alguna puede reprocharse por razón de ellas el Estado decida extraditar al responsable del delito.
No sobra advertir, además, que normas de similar contenido ya fueron encontradas ajustadas a la Constitución por esta corporación, tal como ocurrió con las disposiciones sobre extradición contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003. En relación con dicha convención, la Corte consideró que disposiciones similares a las que ahora se analizan eran exequibles porque reflejaban el interés de cooperación internacional en la lucha contra el delito, reflejado en el artículo 35 de la Carta (13) .
De igual manera, en Sentencia C-673 de 2002, al revisar la constitucionalidad de la Convención sobre protección física de materiales nucleares, la Corte entendió que no contrariaba la Constitución una norma que ordenaba incluir ciertos delitos en el marco de los tratados de extradición suscritos por el Estado firmante. Al respecto, la corporación dijo:
“La Corte no encuentra ningún reparo de constitucionalidad respecto de las referidas disposiciones pues son desarrollo de la figura de la extradición, incorporada al texto constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 1997. Vale la pena recordar que el fundamento de esta figura en el ordenamiento colombiano es la cooperación internacional, lo cual coincide con la convención que se revisa, y su fin es el de “impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el que se cometió el delito. En efecto, una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad”. Por lo anterior, bien puede el Estado colombiano comprometerse a incorporar en su legislación los delitos consagrados en la convención para efectos de la extradición, con el propósito de hacer efectiva la cooperación internacional en la prevención y castigo de tales conductas que, como se sabe, tienen hondas repercusiones a nivel mundial” (Sent. C-673/2002, M.P. Jaime Araújo Rentería) (negrillas fuera del original).
Tampoco contraviene la Constitución la norma del artículo 19 que consagra la asistencia judicial recíproca entre países para la persecución de los infractores de las normas de protección a bienes culturales. Con ocasión de la revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Corte dijo en la citada Sentencia C-172 de 2006 que la colaboración judicial recíproca es un mecanismo acorde con el mandato constitucional de integración internacional. A juicio de la Corte, dichas vías de asistencia jurisdiccional, en la medida en que estén dispuestas de manera que se respeten el espectro de autonomía de los Estados, armonizan con “la obligación de los Estados parte de prestar cooperación ante actos de repercusión transnacional y la integridad de sus propias legislaciones, especialmente respecto de aquellas normas que garantizan el derecho al debido proceso” (14) . En esas condiciones, tal como lo ha sentado la Corte, mientras la cooperación judicial se haga en los términos de la juridicidad, es plenamente viable como manifestación del interés de integración del Estado colombiano en la lucha contra el delito internacional. Por ello la corporación recalcó que “la asistencia judicial en materia penal está acorde con la Constitución, más aún si en el tratado —como en el presente convenio— se establece que esta se debe dar de conformidad con la legislación nacional” (15) .
El artículo 20 del protocolo precisa que los comportamientos que dan origen a la extradición y que suscitan la asistencia judicial recíproca no pueden definirse por ningún país firmante como delitos políticos, por lo que tampoco puede negarse la extradición con esa sola razón. No obstante, en reconocimiento del principio de soberanía del Estado firmante, pero también de igualdad y no discriminación, el citado artículo establece que el Estado requerido puede negarse a extraditar o a prestar asistencia judicial si considera que estas medidas persiguen el juzgamiento de un sospechoso por razones distintas a las legítimamente consideradas como perseguibles en virtud del protocolo. En estas condiciones, el protocolo sigue la tendencia internacional (16) de considerar que el compromiso de extraditar debe cumplirse sobre la base de que la extradición no afecte la dignidad del extraditado. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un Estado puede válidamente formular su negativa a extraditar cuando sospeche que tal medida abandona al extraditado a un trato cruel, inhumano o degradante en el país solicitante (17) . La Corte considera, en consecuencia, que el artículo 20 es exequible.
El capítulo 5 está integrado únicamente por el artículo 22 del protocolo y se refiere a la aplicabilidad del instrumento en el conflicto interno. Dado que las normas del protocolo hacen parte del derecho internacional humanitario, es lógico —como ya se adelantó— que comprometan a todos los actores del conflicto, independientemente de que hubieran suscrito o ratificado el acuerdo. Así, cabe reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-225 de 1995, cuando señaló:
“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no solo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo “al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens” (18) . Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la fuerza pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no solo estas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas “consideraciones elementales de humanidad”, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfo” (Sent. C-225/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Tampoco se oponen los artículos 30 a 33 del protocolo —capítulo 7— que hacen referencia a la divulgación de sus normas, a la cooperación y asistencia internacional y de la Unesco. Estas medidas, que buscan extender el conocimiento de la protección de los bienes culturales a nivel mundial constituyen importantes herramientas para el logro del objetivo del protocolo, porque buscan diseminar su conocimiento en todos los rincones del mundo. En ese sentido, las disposiciones no podrían ser menos concordantes con el texto de la Carta Política.
Tal como lo ha dicho la Corte, el concepto de potencias protectoras es “una categoría clásica del derecho humanitario pues se encuentra asociada a las convenciones de Ginebra de 1949 y al Protocolo I, sobre todo en relación con el cuidado de los prisioneros de guerra, puesto que en principio se trata de Estados neutrales encargados de velar por el respeto de los derechos de los cautivos. De manera más genérica, se entiende entonces por potencia protectora un Estado que no es parte en un conflicto armado y que, habiendo sido designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, desempeña funciones mediadoras y de supervisión a fin de que se logre el mayor cumplimiento de las normas humanitarias (19) . Debido a la dificultad para que a veces se logre la intervención de una potencia protectora aceptada por las partes enfrentadas, las normas humanitarias también prevén que determinados organismos internacionales puedan asumir el papel asignado en principio a estas potencias protectoras. Así, el artículo 5º del Protocolo I de Ginebra señala que esa función puede ser cumplida por el comité Internacional de la Cruz Roja o por cualquier otra organización que presente las mismas garantías de imparcialidad y eficacia” (20) .
Ahora bien, en caso de que la intervención de las potencias protectoras no sea efectiva para lograr la conciliación en un conflicto armado o cuando no se hayan acordado los buenos oficios de dichas potencias, el protocolo prevé la intervención del director general de la Unesco para los fines conciliatorios previstos y, en última instancia, la del director del comité.
A juicio de la Corte, la figura de las “potencias protectoras” no vulnera la Constitución Política en tanto que la admisión del procedimiento conciliatorio depende de la voluntad del Estado, sin contar con que su único propósito es intervenir en la solución de un posible conflicto derivado de la aplicación o interpretación del protocolo.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1130 de 2007, por la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
(2) Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(3) Cfr. Auto 038 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) Cfr. Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SV Jaime Araújo Rentería.
(5) Sentencia C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) Cfr. Las sentencias C-930 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-… (sic) de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(7) Sentencia C-… (sic) de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(8) C-276 de 2006.
(9) Sentencia C-467 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(12) Este concepto se encuentra desarrollado por Pizzorusso, AIessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1984. Tomo l, págs. 193 y siguientes.
(13) Sentencia C-172 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(16) Mikael Poutiers, “L’extradition des auteurs d’infractions internationales”, Droit International Pénal, París, 2000, pág. 940.
(17) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 7 de julio de 1989, asunto Soering, Serie A, Nº 161.
(18) Sentencia C-574 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(19) Sobre la regulación de las funciones de las potencias protectoras, ver los artículos 2º y 5º del Protocolo I.
(20) Sentencia C-476 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.