Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Scolombia112-99.html
Timestamp: 2014-10-23 03:52:08
Document Index: 64577364

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

Lobo Pacheco and Otros (19 Comerciantes) v. Colombia,
Caso 11.603, Informe Nº 112/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 204 (1999). RESUMEN
1. El 6 de marzo de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió una petición presentada por la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante "los peticionarios"), contra la República de Colombia (en adelante "el Estado", "el Estado colombiano" o "Colombia") por la presunta desaparición forzada de Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Florez Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández (en adelante "las víctimas") por miembros del Ejército Nacional y civiles presuntamente integrantes de un grupo paramilitar, ocurrida el 6
y 18 de octubre de 1987 en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, departamento
de Boyacá, región del Magdalena Medio.
2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el respeto a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25) en conexión con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"). Adicionalmente, alegan la violación de estos mismos derechos conforme a los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración Americana"). En cuanto a la admisibilidad del presente caso, invocaron la aplicación de las excepciones
al requisito del previo agotamiento de los recursos internos.
3. El Estado aportó información sobre el estado de los procesos sustanciados en el ámbito doméstico para esclarecer las presuntas desapariciones
sin cuestionar expresamente el cumplimiento con el requisito del agotamiento
de los recursos internos.
4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en la Convención, la Comisión decidió declarar
el caso admisible.
5. El 29 de marzo de 1996 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el número 11.603 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado colombiano con un plazo de 90 días para presentar información. 6. El 21 de mayo y el 31 de julio de 1996, el Estado solicitó prórrogas del plazo para presentar su respuesta. El 6 de junio y el 8 de agosto de 1996 la Comisión concedió las prórrogas solicitadas. El Estado presentó su respuesta el 17 de septiembre de 1996, cuyas partes pertinentes fueron trasmitidas a los peticionarios. El 12 de diciembre de 1996, los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron debidamente transmitidas al Estado.
8. Los peticionarios alegan que el día 6 de octubre de 1987 Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio
Florez Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Huber
Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán
Jauregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza, de profesión comerciantes,
se desplazaban en caravana en varios vehículos de la ciudad de Cúcuta, Departamento
del Norte de Santander, a la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia.
A la altura de la finca "El Diamante", en jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá, fueron detenidos mediante disparos
con armas de fuego que habrían provenido de un retén militar. Las presuntas
víctimas habrían sido obligadas a desviarse y tomar otro camino donde fueron
interceptadas y retenidas por un grupo paramilitar que habría operado en
con miembros del Ejército Nacional1 y se habría apoderado de sus vehículos y mercancías. Desde esa fecha no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero.
9. Los peticionarios alegan que los familiares de las presuntas víctimas denunciaron lo ocurrido ante las autoridades de manera inmediata.
Sin embargo, ni el Batallón Bárbula del Ejército ni la Policía de Puerto
o de Puerto Araujo emprendieron acciones tendientes a dar con el paradero de
los 17 comerciantes presuntamente desaparecidos. Como consecuencia, en días
subsiguientes, los familiares de las víctimas organizaron diversos grupos
búsqueda. Los grupos que se dirigieron a Puerto Araujo habrían sido interceptados
en las proximidades de la finca "El Diamante" donde habrían sido amenazados de muerte por el mismo grupo paramilitar.2 El 18 de octubre de 1987, los señores Juan Montero, cuñado de uno de los comerciantes desaparecidos, y Ferney Fernández fueron retenidos por paramilitares en cercanías de esa finca sin que hasta la fecha se haya determinado su paradero.
10. En cuanto a las investigaciones emprendidas en la jurisdicción doméstica, los peticionarios señalan que el 27 de octubre de 1987 el Juzgado
Octavo de Instrucción Criminal de Cimitarra habría iniciado una investigación
por la desaparición de las víctimas. Alegan que a pesar de las declaraciones
de varios testigos y de otras pruebas sobre la autoría de los hechos y el
donde presuntamente fueron ejecutados los comerciantes y destruidos los vehículos,
las autoridades judiciales no practicaron las diligencias de inspección judicial
correspondientes para esclarecer los hechos y recobrar los cuerpos de las
Alegan que las pruebas señalan a miembros del Ejército Nacional e integrantes
del mencionado grupo paramilitar como responsables por las desapariciones
los 19 comerciantes. Hasta 1994 la investigación habría permanecido radicada
en la Fiscalía Regional de Cúcuta sin que se vinculara a persona alguna.
31 de marzo de 1995 la Fiscalía Regional de Cúcuta vinculó a un número de civiles a la investigación y dictó medida de aseguramiento.3 En septiembre de 1995, la investigación fue trasladada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.4 El 9 de abril de 1996 se vinculó al Mayor de Ejército Oscar de Jesús Echandía
Sánchez y al sargento Otoniel Hernández Arciniegas. El sargento fue capturado
y puesto a disposición de la Unidad de Derechos Humanos. El 29 de mayo de 1996
se profirió medida de aseguramiento en su contra. El 25 de junio de 1996 se
dispuso la vinculación del Coronel Hernando Navas Rubio y del General Farouk
Yanine Diaz. El Comandante del Ejército promovió colisión de competencia positiva
con la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
El 26 de noviembre de 1996 el Consejo Superior de la Judicatura decidió trasladar
la investigación y juzgamiento de los militares implicados a la justicia militar.
Los familiares de las víctimas no habrían podido recurrir esta decisión. El
18 de junio de 1997, el juez militar de primera instancia cesó el procedimiento
en favor de los oficiales vinculados. El 17 de marzo de 1998 el Tribunal Superior
Militar confirmó dicha resolución.
11. Los peticionarios han cuestionado la legalidad de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de remitir a la justicia militar el juzgamiento
de los miembros del Ejército vinculados a la investigación por la Fiscalía.
Señalan que la Constitución colombiana establece la jurisdicción en la Corte
Suprema de Justicia para el juzgamiento de los Generales y Almirantes de
Fuerza Pública, previa acusación del fiscal General de la Nación. Consideran
que el señor ex-general del Ejército Farouk Yanine Diaz, vinculado al proceso
como presunto autor intelectual de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial,
debió ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia ya que los delitos que
le imputan habrían sido cometidos cuando se desempeñaba como general del Ejército.
Alegan también que los demás miembros del Ejército vinculados al proceso
la Fiscalía se encuentran en situación de retiro de la institución militar
por lo cual, conforme a la Constitución, sólo pueden ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Alegan que los inculpados debieron ser juzgados
por la justicia ordinaria, con el Fiscal General como ente acusador y la
Suprema de Justicia como ente juzgador. Consideran, por lo tanto, que la decisión
del Consejo de la Judicatura de remitir la causa a la justicia militar contraviene
las disposiciones del derecho interno.
15. En cuanto al juzgamiento de los oficiales con rango de general por la jurisdicción militar, alega que se ha fundamentado con base
en la necesidad de no dilatar "innecesariamente" el proceso contra los sindicados.5 En cuanto a la responsabilidad de miembros del Ejército en los hechos, señaló que conforme a las sentencias proferidas por la justicia penal militar, si bien el General Yanine Díaz habría participado en la conformación de grupos de autodefensa, éste no tendría conocimiento de sus actos delincuenciales. Adicionalmente, se alegó que al momento de los hechos se encontraba al frente de la Dirección de la Escuela Superior del Ejército y no prestaba servicios en la región.
4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos protegidos en la
Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad,
1 Los peticionarios alegan que los comerciantes habrían sido ejecutados en la finca "El Diamante", entonces propiedad del señor Henry Pérez, según surge de un informe elaborado
por la Central de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) de fecha 10 de mayo de 1988.
2 Los peticionarios alegan que el informe del DAS señala que el grupo paramilitar al mando de Henry
de Jesús Pérez, propietario de "El Diamante" controlaba totalmente, para la época de los hechos, el sector comprendido entre los municipios de
Puerto Boyacá (Departamento de Puerto Boyacá) y Puerto Berrío (Antioquia),
con el apoyo de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio
(ACDEGAM), de reconocidos narcotraficantes de la región y de los mandos militares
del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Bárbula, así como de los
de la Policía nacional de Puerto Boyacá y Puerto Berrío, entre otros municipios.
4 El 29 de enero de 1996 se cerró parcialmente la investigación respecto de Nelson Lesmes Leguiazón,
Carlos Alberto Yepes Londoño, Wilson de Jesus Pérez Durán y Marcelino Panesso
Ocampo. Se ordenó vincular a Jairo Ivan Galvis Brochero. El 7 de febrero
1996 se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra Luis
Alberto Arrieta Morales por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio
e infracción al artículo 2 del Decreto 1194 de 1989 (delitos de paramilitarismo
y sicariato); quien se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad
de Itaguí. El 7 de marzo de 1996 se calificó la investigación con resolución
de acusación contra Carlos Alberto Yepes Londoño y Marcelino Panesso Ocampo
por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado e infracción al
2 del Decreto 1194 de 1989 (delitos de paramilitarismo y sicariato), contra
Nelson Lesmes Leguiazón por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio
agravado;
y contra Wilson de Jesús Pérez por infracción al artículo 2 del Decreto 1194 de 1989 (delitos de paramilitarismo y sicariato). El 29 de marzo de 1996 se
dispuso la vinculación de Waldo Patiño García y Robinson Gutiérrez de la Cruz.
El 14 de mayo de 1996, se ordenó el emplazamiento de Oscar de Jesús Echandía
Sánchez, Jairo Ivan Galvis Brochero, Waldo Patiño García y Robinson Gutiérrez
de la Cruz y el 25 de mayo fueron declarados personas ausentes. El 9 de agosto
de 1996 se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.
8 La Comisión ha establecido que tiene competencia para examinar violaciones a la Declaración y a la Convención toda vez que se verifique una situación de violación continua a los derechos protegidos en estos instrumentos, tal como la generada, por ejemplo, por una situación de denegación de justicia que tenga su origen antes de que el Estado en cuestión haya ratificado la Convención y se prolongue tras la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor del Tratado para ese Estado. Ver por ejemplo, Res. 26/88, Caso 10.190, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1987-1988. 9 Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodíguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 91.