Source: http://www.slideshare.net/CDESecuador/el-derecho-alaconsultaprevialibreeinformadadelospueblosindigenas
Timestamp: 2017-01-19 13:45:56
Document Index: 76735289

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El Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos Indi…
d u e p r o c e s s o f l a w f o u n d at i o n | O x fa m DPLF El derecho a la consulta previa — La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú1779 Massachusetts Ave. Av. Benavides 1130NW, Suite 510A Miraflores, Lima 18 - PerúWashington, D.C. 20036 www.oxfam.org/esT: 202-462-7701 | F: 202-462-7703 www.oxfamamerica.orginfo@dplf.org | www.dplf.org Oxfam 2.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú© Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés DueProcess of Law Foundation)1779 Massachusetts Ave.NW, Suite 510AWashington, D.C. 20036Teléfonos: (202) 462-7701 | F: (202) 462-7703info@dplf.orgwww.dplf.org© Oxfam© Oxfam AméricaAv. Benavides 1130 – Miraflores, Lima 18 – PerúTeléfono: (511) 700-9200nchavez@oxfamamerica.orgwww.oxfam.org/eswww.oxfamamerica.orgPrimera edición: marzo 2011Tiraje: 500 ejemplaresHecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-03438ISBN: 978-9972-9666-4-4Coordinación:Equipo de DPLF y OxfamCorrección gramatical: Ricardo VirhuezDiseño y foto de portada: Miki Fernández - www.mikifernandez.comImpresión y diagramación: Gama Gráfica SRL – Jr. Risso 560, Lince – Lima. 3.
ÍNDICESECCIÓN PÁGINAIntroducción 07PRIMERA PARTE:El derecho a la consulta previa y las regulaciones internacionales 11Introducción 11Regulaciones internacionales 14A. El concepto de pueblos indígenas y tribales es amplio e inclusivo 14B. El derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y de los territorios está reconocido por el derecho internacional e implica diversos deberes para los Estados 15C. Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en sus territorios 17D. Es posible establecer límites al derecho a la propiedad comunal, pero estos deben ser legítimos y consultados previamente con los pueblos indígenas 19 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación efectiva en las decisiones que los afectan y los Estados tienen el deber de consultarlos 20 2. El proceso de consulta debe estar dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado 22 3. La realización de proyectos de desarrollo, inversión, exploración o extracción de recursos naturales debe estar precedida de un estudio previo de impacto social y ambiental 26 4. Los beneficios de los proyectos de desarrollo, inversión, exploración o extracción de recursos naturales deben ser compartidos entre las empresas y los pueblos indígenas 26E. El desconocimiento del derecho a la consulta previa y de otros derechos de los pueblos indígenas genera el deber de reparar a las víctimas 27SEGUNDA PARTE:Análisis jurídico-fáctico de cuatro países de la Región Andina 29CAPÍTULO I: Bolivia 29Introducción 29A. Antecedentes históricos 30B. Participación política indígena 31C. Los cambios institucionales de 2005 y la transversalización de los asuntos indígenas 31 4.
D. Una reforma agraria inconclusa 32E. El ordenamiento jurídico boliviano sobre el derecho a la consulta previa 34 1. Incorporación del derecho internacional al derecho interno 34 2. El derecho a la consulta previa en la Constitución Política boliviana 35F. Participación y consulta previa en actividades hidrocarburíferas 36 1. Regulación normativa 36 2. El Tribunal Constitucional y la consulta previa en la ley de hidrocarburos 37 3. El derecho a la consulta previa en la práctica de las actividades hidrocarburíferas 38 4. La complejidad de la consulta previa en casos específicos de explotación de hidrocarburos 39G. El derecho a la consulta previa en las actividades mineras 40 1. Insuficiencia de la regulación normativa 40 2. Complejidad de las actividades mineras 41 3. El desconocimiento de la participación y la consulta previa en la minería 42 4. Algunos casos emblemáticos sobre la falta de consulta previa en la minería 43H. El derecho a la consulta previa y los recursos naturales renovables 44I. El derecho a la consulta previa y las áreas protegidas 44J. El derecho a la consulta previa y los problemas derivados de la explotación del agua y de las obras de infraestructura 46Conclusiones 47CAPÍTULO II: Colombia 49Introducción 49A. Antecedentes históricos 50B. Los derechos sobre la tierra 51C. El ordenamiento jurídico colombiano sobre el derecho a la consulta previa 52 1. Incorporación del derecho internacional al derecho interno 52 2. El derecho a la consulta previa en la Constitución Política de 1991 52 3. Un marco jurídico disperso y una reglamentación inconclusa 52D. Espacios de diálogo 54E. El derecho a la consulta previa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 54 1. La consulta previa de proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales 54 5.
2. La consulta previa en los procesos legislativos 56F. Obstáculos para la vigencia del derecho la consulta previa en Colombia 57G. Casos emblemáticos de afectación de tierras indígenas y falta de protección del derecho a la consulta previa 58 1. La explotación de hidrocarburos en territorio del pueblo U’wa 58 2. La construcción de una hidroeléctrica y su impacto en el pueblo Embera- Katío del Alto Sinú 59 3. La realización de un proyecto minero en territorio del pueblo indígena Embera 594. El impacto de la fumigación de cultivos ilícitos en territorios y pueblos indígenas 60Conclusiones 61CAPÍTULO III: Ecuador 62Introducción 62A. Antecedentes históricos 64B. Participación política indígena 64C. Derechos sobre las tierras y los territorios 64D. Reestructuración institucional 65E. El ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre el derecho a la consulta previa 66 1. Incorporación del derecho internacional al derecho interno 66 2. El derecho a la consulta previa en la Constitución Política ecuatoriana 66 3. La legislación sobre consulta previa 66F. El derecho a la consulta previa según la Corte Constitucional 68G. Conflictos emblemáticos entre empresas, Estado y pueblos indígenas 69 1. En el ámbito de la minería 69 a. Explotación de oro en territorio del pueblo Shuar 69 b. Explotación de cobre en territorio de las comunidades de Junín 70 2. En el ámbito de las actividades hidrocarburíferas 70 a. Explotación de petróleo en territorio del pueblo Shuar 70 b. Explotación de petróleo en territorio del pueblo Sarayaku 71 c. Explotación de petróleo en territorio de los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane 72Conclusiones 73 6.
CAPÍTULO IV: Perú 74Introducción 74A. Antecedentes históricos 75B. El derecho a la tierra 76C. Participación indígena 78D. Reestructuración institucional 79E. La conflictividad social y la falta de consulta previa 79 1. El conflicto en Bagua 80F. El ordenamiento jurídico peruano sobre el derecho a la consulta previa 81 1. Incorporación del derecho internacional al derecho interno 81 2. La Constitución Política peruana 82 3. Un marco jurídico conflictivo y una reglamentación inconclusa 83G. El derecho a la consulta previa sobre actividades mineras 85 1. Un caso emblemático de explotación minera: la Cordillera del Cóndor, Reserva Nacional Ichigkat Muja 85H. Medidas cautelares de protección frente a la explotación de madera 87I. El derecho a la consulta previa en la regulación de las actividades de hidrocarburos 87J. Proceso legislativo para la regulación integral del derecho a la consulta previa 87K. El Tribunal Constitucional y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas 90Conclusiones 93TERCERA PARTE: Recomendaciones 95Recomendaciones para los Estados 95Recomendaciones para las empresas 98Recomendaciones para las organizaciones indígenas y sus representantes 99Recomendaciones para la sociedad civil 100Recomendaciones para los organismos internacionales y de cooperacióninternacional 100 7.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 7INTRODUCCIÓNDurante la última década, el número e intensidad de los conflictos sociales en América Latina haaumentado considerablemente y ha amenazado la gobernabilidad democrática y la estabilidadde varios países del continente americano. Si bien las causas de estos conflictos varían, unaparte significativa de ellos —probablemente los más notorios— está asociada con el manejo y laexplotación de los recursos naturales, así como con la realización de obras de infraestructura.Estos conflictos sacan a la luz las tensiones existentes entre los diversos actores involucradosen los mismos y enfrentan dos maneras de entender el desarrollo: la de los Estados, quealientan la inversión privada, como expresión de su deber de promover el desarrollo, tal como seencuentra consagrado en varias constituciones latinoamericanas1; y la de los pueblos indígenasy su derecho a usar y gozar de sus tierras, protegiéndolas y gestionándolas de acuerdo con sucosmovisión y bajo la protección constitucional2.Como ejemplo de la conflictividad social se puede resaltar que en junio de 2009 este tipo detensiones llevaron a serios disturbios en la ciudad de Bagua, Perú, donde pueblos indígenas yfuerzas de policía se enfrentaron violentamente dejando como resultado 33 muertos3. Elconflicto se inició cuando las comunidades indígenas protestaron por la regulación, por decretosdel Ejecutivo, de materias que a su juicio los afectaban y les negaban el derecho a serconsultadas antes de su aprobación. El caso de Bagua demostró que las disputas sobre losrecursos naturales pueden llevar a una crisis nacional y tener un impacto importante en laestabilidad democrática de un país.A través de sus actividades en la región, el Programa de Industrias Extractivas de laConfederación Internacional Oxfam en Sudamérica y la Fundación para el Debido ProcesoLegal (DPLF por sus siglas en inglés) han podido constatar que estas tensiones son unproblema cada vez mayor no solo en el Perú sino en todo el continente. Igualmente, sonconscientes de la necesidad de promover y difundir información sobre el marco jurídicointernacional y los desarrollos recientes producidos en los ordenamientos jurídicosinternacionales (Naciones Unidas, Sistema Interamericano de Protección de los DerechosHumanos, Organización Internacional del Trabajo, entre otros), los cuales deben ser tomadosen cuenta en cualquier discusión seria sobre estos temas. Asimismo, debido a la falta deconfianza en las instituciones, existe una sub utilización de los mecanismos institucionalesdisponibles a nivel nacional e internacional —incluidos los mecanismos judiciales— y un usoexcesivo de la protesta social y otros mecanismos de presión, a veces violentos.1 En las constituciones de los cuatro países andinos comprendidos en este informe se asigna al Estado el deber de adoptar políticasgenerales de desarrollo económico y social y políticas sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Los gobiernos de los cuatropaíses deben planificar el desarrollo y adoptar los correspondientes planes de desarrollo. Al respecto, ver: Constitución Política de Bolivia(2009), artículos 298, 300, 302, 306, 308, 406; Constitución Política de Colombia (1991), artículos 65, 80, 305, 311, 319, 334, 339;Constitución Política de Ecuador (2008), artículos 3, 275, 277, 279, 337, 395; Constitución Política del Perú (1993), artículos 44, 58, 66,67, 88, 192.2 Al respecto, ver: Constitución Política de Bolivia (2009): artículo 304: “Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer[…] competencias exclusivas”. Constitución Política de Colombia (1991): artículo 287: Los territorios indígenas, en tanto entidadesterritoriales, “gozan de autonomía para la gestión de sus intereses” y tendrán derecho a gobernarse por autoridades propias. ConstituciónPolítica de Ecuador (2008): artículo 57: A las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se les reconocen y garantizanvarios derechos colectivos, entre ellos, a desarrollar y fortalecer su identidad, sus tradiciones ancestrales y sus formas de organizaciónsocial; a la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias; a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio; a conservarsus propias formas de ejercicio de la autoridad; artículo 59: “Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios (…)”.Constitución Política de Perú (1993): artículo 89: Las comunidades campesina y nativas “[s]on autónomas en su organización, en eltrabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la leyestablece”.3 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. JamesAnaya, Doc. A/HRC/12/34/Add.8, 18 de agosto de 2009. Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y lossucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú, párr. 21. 8.
8 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y PerúUn tema central en las disputas por la tierra y los recursos naturales es el derecho a la consulta yal consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y tribales. El debate sobreel contenido y alcance de este derecho surge debido a que muchas de las actividadesextractivas o de desarrollo autorizadas o implementadas por los Estados se llevan a cabo enterritorios indígenas, en innumerables ocasiones, sin la realización de un proceso previo deconsulta o sin el logro de un acuerdo previo con las comunidades afectadas.La Región Andina, por su riqueza natural y por la gran cantidad de comunidades indígenas,campesinas o nacionalidades que habitan en ella, representa un ejemplo claro de la necesidadde buscar caminos alternativos que lleven a una efectiva protección de los derechos de dichospueblos y del medio ambiente en el que habitan. Los pueblos indígenas y las comunidades queviven en esta región se encuentran en una preocupante situación de pobreza, marginalidad yexclusión de la sociedad, que persiste a pesar de los grandes avances logrados en elreconocimiento constitucional y legal de sus derechos. La realidad económica, social y culturalde estos pueblos carece de progresos significativos.La extracción de recursos naturales en tierras habitadas por pueblos indígenas podríaconvertirse en un elemento clave para el desarrollo socio-económico de estos territorios. Sinembargo, esto no sucede en la mayoría de casos. Menos cuando los miembros de los pueblosindígenas de la Región Andina se encuentran ante la realidad de proyectos que ya están enejecución o próximos a ejecutarse en sus tierras o deben enfrentarse a numerosas dificultadespara acceder a información sobre el proyecto y sus consecuencias o sobre la empresa que loejecuta, lo que se suma a los obstáculos de idioma y falta de conocimiento de los mecanismosjurídicos de protección de sus derechos, así como a la imposibilidad fáctica de participar en latoma de decisiones sobre sus tierras. Esta problemática se ve agravada por el retraso históricoen el reconocimiento legal, titulación y demarcación de sus tierras, lo que los pone en unasituación de extrema vulnerabilidad y falta de poder frente al Estado mismo y frente a lasempresas que llegan a sus territorios con contratos de concesión avalados por los gobiernos.La falta de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas y particularmente lavulneración del derecho a la propiedad comunal han provocado un fuerte incremento de losconflictos sociales y una marcada polarización de los diferentes actores involucrados. Debemosreconocer que en la última década se han abierto algunos espacios de diálogo y canales departicipación en los países de la Región Andina, que han permitido reivindicaciones importantesde los derechos colectivos. Sin embargo, muchas veces estos canales han sido cerradossúbitamente por el poder político para “resolver” los conflictos de forma unilateral, lo que en lapráctica ha implicado negar los avances logrados mediante el respeto y la búsqueda deconsensos entre las partes.Desde septiembre de 2007, en el marco de la Comunidad Andina integrada por los cuatro paísesen estudio, se ha formado el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad,como un órgano de asesoría en los aspectos políticos, culturales, sociales y económicos de laintegración subregional, en tanto afecten a los pueblos indígenas. El Consejo está integrado porun delegado indígena de cada Estado, elegido entre aquellos de mayor rango de lasorganizaciones indígenas nacionales, de conformidad con los procedimientos que deben serestablecidos en el ámbito nacional. Instancias de participación e intercambio de experiencias—buenas y malas— en la implementación del derecho a la consulta en distintos países sonesenciales para lograr cambios sólidos. Recientemente, la presidenta del Consejo, la peruanaMarleni Canalis, presentó un informe titulado En defensa propia. Pueblos indígenas de Perú,que ha brindado importantes insumos para el enriquecimiento del debate.Oxfam solicitó a DPLF la elaboración de un informe que, partiendo del derecho internacional delos derechos humanos, analizara la situación actual del derecho a la consulta en cuatro paísesde la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El presente estudio es el resultado de 9.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 9dicha solicitud y tiene como objetivo principal ser un insumo que promueva el debate sobre elderecho a la consulta y al consentimiento, su contenido y alcance, su realidad y la necesidadurgente de contar con mecanismos para que los pueblos indígenas y tribales no solo seanpartícipes de las decisiones que afectan sus derechos sino artífices de su progreso comopropietarios reales y —en muchas ocasiones— ancestrales de las tierras donde habitan.La Primera Parte del informe contiene un resumen de las principales regulacionesinternacionales que surgen de los distintos organismos internacionales con competencia paraconocer y pronunciarse sobre esta temática, regulaciones que provienen de diferentes órganosen forma coincidente, lo que refuerza su validez nacional e internacional. La Segunda Partecontiene un análisis jurídico-fáctico de los cuatro países de la Región Andina que resalta tantolos avances que se han producido a nivel constitucional, legal o jurisdiccional, como losretrocesos que se ejemplifican con algunos de los casos emblemáticos que han tenidoresonancia nacional e internacional. Por último, la Tercera Parte contiene una serie derecomendaciones específicamente diseñadas para cada uno de los actores involucrados.El presente informe fue coordinado por Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF; lainvestigación y la elaboración del mismo estuvieron a cargo de Alejandra Gonza, abogadaespecialista en derecho internacional de los derechos humanos y consultora de DPLF. MaríaClara Galvis, especialista en derecho internacional de los derechos humanos y consultorasenior de DPLF, trabajó con la autora en aspectos de fondo del informe y se encargó de laedición final del texto. DPLF agradece los valiosos comentarios de Thomas Antkowiak, JavierAroca, Rocío Ávila, Javier La Rosa, Ramiro Orías, Ariel Pérez Castellón, Cesar RodríguezGaravito, Juan Carlos Ruiz Molleda, Keith Slack, Vinicio Villalba y Jaime Vintimilla Saldaña.Debido a que nos encontramos en un momento histórico de debate crítico en materia dederecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, esperamos que el presenteinforme pueda contribuir al diseño de los mecanismos apropiados para avanzar en el respeto ygarantía de los derechos de los pueblos indígenas de la Región Andina. 10.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 11PRIMERA PARTEEl derecho a la consulta previa y lasregulaciones internacionalesINTRODUCCIÓNLos Estados de la Región Andina cuentan con sólidos estándares internacionales en materia dederecho a la consulta como consecuencia de la ratificación de instrumentos internacionales deprotección de derechos humanos, específicamente de aquellos que abordan los derechos delos pueblos indígenas. Dichos estándares se transforman no solo en una guía que puedeiluminar el camino a seguir para lograr hacer realidad el derecho a la consulta en los territoriosindígenas, sino en obligaciones internacionales vinculantes que pueden hacer incurrir a losEstados —como ya ha ocurrido—4 en responsabilidad internacional por incumplimiento de susobligaciones de respeto y garantía de los derechos internacionalmente protegidos de losmiembros de los pueblos indígenas y tribales.Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú poseen similar vínculo con el derecho internacional de losderechos humanos. En el ámbito regional han ratificado la Carta de la Organización de EstadosAmericanos (en adelante OEA), bajo cuyo marco posteriormente se creó la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), que tiene competencia, entre otrosaspectos, para conocer de violaciones de derechos humanos cometidas en las jurisdiccionesestatales y para emitir recomendaciones en caso de encontrar que dichas violaciones hanocurrido y que el Estado es responsable. Asimismo, han aprobado el catálogo de derechosconsagrados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (en adelanteDeclaración Americana). Más aun, todos los Estados analizados en el presente informeratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptaron la jurisdiccióncontenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) paraconocer asuntos que surgen del incumplimiento de las obligaciones que emanan de laConvención Americana. Las decisiones y pronunciamientos de ambos órganos son departicular relevancia para la Región Andina, especialmente aquellos relacionados con losderechos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa.Por otra parte, los cuatro países de la Región Andina analizados en el presente informe hanratificado el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales5 (en adelanteConvenio Nº 169 de la OIT), que contempla, entre otros, el derecho a la consulta previa;asimismo, cuentan con sendos pronunciamientos de la Comisión de Expertos en Aplicación deConvenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR).Además, en el ámbito universal, todos los Estados de la Región Andina aprobaron laDeclaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelanteDeclaración de Naciones Unidas), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Suriname, entre otros hechos,por haber restringido indebidamente el derecho a la propiedad comunitaria del pueblo Saramaka al otorgar una concesión para laexplotación de madera en territorio saramaka sin previa consulta activa con el pueblo.5 Organización Internacional del Trabajo, Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (en adelante Convenio Nº 169 de la OIT),disponible en: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm 11.
12 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú13 de septiembre de 20076 y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación Racial (CERD) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (PIDESC). Por ello, son importantes los pronunciamientos emitidos por el Comité deDerechos Humanos de las Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos), el Comité para laEliminación de la Discriminación Racial (CEDR), el Comité de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (CDESC), el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los DerechosHumanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas y, por último, las recomendacionesdel Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ForoPermanente)7.Finalmente, los sistemas jurídicos de Bolivia, Colombia y Perú han elevado a rangoconstitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el de Ecuador, arango de ley. Los cuatros países cuentan con fallos de sus respectivos tribunalesconstitucionales que —más allá de la decisión en el caso concreto— reconocen la Declaraciónde Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como fuente para interpretarlas obligaciones del Estado. En Bolivia la Declaración tiene rango de ley.Cabe mencionar que la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha realizado un análisis einterpretación extensivos de la Convención Americana, tanto en sí misma como a la luz de todoslos instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados anteriormente8. Endiversos casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sustierras, la Corte Interamericana ha establecido un marco jurídico aplicable a los conflictos quesurgen entre los Estados y las comunidades indígenas o tribales debido a las concesionesotorgadas por los gobiernos para la extracción y explotación de recursos naturales en losterritorios indígenas9. Recientemente, la CIDH presentó una demanda ante la CorteInteramericana contra Ecuador, en la que cuestionó internacionalmente la falta de proteccióndel derecho a la consulta previa y solicitó en diversas oportunidades medidas provisionales10ante dicho tribunal, cuando las cautelares emitidas por ella no fueron efectivas.Además, la CIDH sigue elaborando informes de admisibilidad y de fondo en casos concretosrelacionados con los derechos de los pueblos indígenas11, adoptando medidas cautelares en las6 Aunque Colombia, como se explicará más adelante, inicialmente se abstuvo de aprobar esta Declaración, posteriormente rectificó laexpresión de su voluntad internacional y decidió aprobarla.7 Para un análisis detallado de los mecanismos, ver: Justicia Global, La consulta previa a pueblos indígenas: los estándares del derechointernacional, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009.8 DPLF/IDL/Seattle University School of Law, El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Perú, 2010.9 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de2010. Serie C No. 214; Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185; Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172; Caso Comunidad IndígenaSawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146; Caso de laComunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie CNo. 124; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie CNo. 125 y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79.10 Ver, por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana en las que este Tribunal ha adoptado o rechazado medidas de protección enlos siguientes casos: Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus Miembros respecto de Panamá (este caso ya fue admitido y seencuentra pendiente de decisión de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH); Asunto delpueblo Indígena Sarayaku respecto de Ecuador (recientemente la CIDH presentó la demanda en este caso ante la CorteInteramericana); Asunto del pueblo Indígena Kankuamo respecto de Colombia y Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradórespecto de Colombia.11 Ver, por ejemplo: CIDH, Informe 75/09. Petición 286-08. Admisibilidad. Comunidad Indígena Ngöbe y sus miembros en el Valle del RíoChanguinola. Panamá, 5 de agosto de 2009; Informe 40/04. Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo.Belice, 12 de octubre de 2004 y Caso 11.140. Mary y Carrie Dann. Estados Unidos, 27 de diciembre de 2002.12 Ver, por ejemplo: MC 260-07 a favor de las Comunidades del pueblo Maya (Sipakapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y SanMiguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala, mediante las cuales se ordenó al Estado de Guatemala suspenderlas actividades mineras, disponible en: http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm13 CIDH, Informe Anual 2009, Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV, acápite 2,“Acceso a la información y derecho a la consulta de los pueblos indígenas”. 12.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 13que ordena al Estado suspender proyectos en ejecución12, realizando informes temáticos13 osobre un país determinado14, así como llevando a cabo audiencias públicas y visitas in loco enlas que recaba información sustancial que le servirá de base para profundizar estos temas enfuturos informes. Asimismo, debemos mencionar que en el Sistema Interamericano deProtección de Derechos Humanos se está debatiendo actualmente un proyecto de DeclaraciónAmericana de Derechos de los Pueblos Indígenas15.Del análisis integral del marco normativo internacional reseñado surge una regulación clara quelos Estados deben seguir en materia de derecho a la consulta previa. Teniendo en cuenta lasituación actual de este derecho en los países de la Región Andina analizados en este informe,en este capítulo se reseñan los elementos más importantes para la efectiva protección delmismo.14 CIDH, Informe de Bolivia 2007, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia,Capítulo IV. C.15 Puede consultarse en: http://www.oas.org/OASpage/Events/default_ENG.asp?eve_code=11 (consultado el 6 de mayo de 2010). 13.
14 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y PerúRegulaciones internacionalesA. El concepto de pueblos indígenas y tribales es amplio e inclusivoLos pueblos indígenas y tribales de la Región Andina, como los de todo el mundo, poseen unadiversidad difícil de catalogar en un concepto. A pesar de no ser deseable ni existir una definiciónuniversal o un acuerdo internacional en cuanto al término “pueblos”, los instrumentosinternacionales de derechos humanos y las interpretaciones realizadas por los órganos desupervisión y control han adoptado una descripción amplia de los sujetos que pretendenproteger16, que alcanza, en la práctica, además de los pueblos indígenas y tribales, a lascomunidades afrodescendientes y a las minorías campesinas o rurales.Existen diferencias terminológicas en los diferentes países para nombrar a los pueblosindígenas y tribales o a las comunidades campesinas o rurales que necesitan protección de susderechos. No es común que los Estados cuenten con censos inclusivos o diferenciados sobrelos pueblos indígenas o las comunidades campesinas o rurales. Aunque en la Región Andinaesta tendencia va cambiando y existe un mayor reconocimiento legal de los pueblos y enalgunos censos más recientes se ha sistematizado la información sobre las comunidades, susmiembros y la situación en la que se encuentran, la información todavía está muy dispersa.Muchas veces se producen contradicciones en términos de cifras y condiciones. En ocasionesdicha información se obtiene y se sistematiza sin un efectivo aporte de las propias comunidadesque se pretenden identificar, o para su obtención se utilizan criterios conflictivos, como porejemplo el idioma hablado, o se deja por fuera el criterio de autoidentificación17. Además,muchas veces los Estados mantienen en el ámbito internacional discursos diferentes a losexpuestos a nivel nacional, cuando se trata de reconocer a las comunidades que deben serprotegidas y determinar quiénes son titulares del derecho a la consulta, lo que agudiza lastensiones entre comunidades y Estados.Por lo anterior, a pesar de los avances logrados en algunas constituciones y leyes, ladeterminación de quiénes quedan protegidos por los instrumentos internacionales y nacionalessigue siendo un tema complejo y está lejos de quedar plenamente resuelto en la práctica.De conformidad con los instrumentos internacionales y las decisiones más relevantes de losórganos de control que se utilizarán como base de las regulaciones internacionales resumidasen este capítulo, se cuenta con elementos subjetivos y objetivos que se complementan entre sí yque permiten establecer de forma inclusiva aquellos pueblos protegidos.El criterio subjetivo de autoidentificación adquiere particular relevancia para la determinacióndel alcance de la protección18 y se complementa con los criterios objetivos que se mencionan acontinuación, que deben ser tenidos en cuenta para establecer la existencia de pueblosindígenas y tribales:Para establecer la existencia de pueblos indígenas, según el artículo 1 del Convenio Nº 169 y lainterpretación de la OIT, bastan los siguientes criterios o elementos:16 OIT, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Programa para promover el Convenio núm. 169 de la OIT (Pro 169), Losderechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica – una guía sobre el Convenio num. 169 de la OIT, 2007, pág. 13 (en adelanteGuía de Aplicación del Convenio 169).17 Ver el caso de Bolivia, Guía de Aplicación del Convenio 169.18 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 1.1 y 1.2; La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (enadelante Declaración de Naciones Unidas) no define explícitamente el término pueblos indígenas. Menciona en su preámbulo elementosenumerados en el Convenio. En su artículo 33.1 contempla el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propia identidad opertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. 14.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 15• Continuidad histórica, es decir que se trate de sociedades anteriores a la conquista o la colonización;• Conexión territorial (los ancestros habitaban el país o la región);• Instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas (retienen algunas o todas sus instituciones propias)19.• Conciencia de su identidad indígena (artículo 1.2 del Convenio Nº 169 de la OIT).Para establecer la existencia de pueblos tribales, según el artículo 1 del Convenio Nº 169 y lainterpretación de la OIT, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios o elementos:• Condiciones económicas y culturales, organización social y forma de vida que los distingan de los otros segmentos de la población nacional, por ejemplo la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.;• Tener tradiciones y costumbres, y un reconocimiento legal especial20.• Conciencia de su identidad tribal (artículo 1.2 del Convenio Nº 169 de la OIT).Respecto de los pueblos tribales, la Corte Interamericana ha señalado que estos deben tenercaracterísticas similares a las de los pueblos indígenas, como:• Tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional,• Identificarse con sus territorios ancestrales y• Estar regulados, al menos parcialmente, por sus propias normas, costumbres o tradiciones21.B. El derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y de los territorios está reconocido por el derecho internacional e implica diversos deberes para los EstadosEl derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado un concepto de propiedaddiferente para los pueblos indígenas y tribales, fundado en el reconocimiento del caráctercolectivo de la misma y de la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierrastradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como loselementos incorporales que se desprendan de ellos. Los Estados deben salvaguardar estederecho con todos sus especiales elementos22 y garantizar la supervivencia social, cultural yeconómica de los pueblos indígenas y tribales23. De esta manera, los Estados tienen la19 Guía de Aplicación del Convenio 169, pág. 9.20 Ídem.21 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 89.22 Ver: Convención Americana, artículo 21; Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 14.1, que establece que “[d]eberá reconocerse a lospueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”; Declaración de NacionesUnidas, artículo 26.1, en el cual se afirma que: “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos quetradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”; la Declaración de Naciones Unidas, en su artículo 26.3,señala que los “Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos [y que d]ichoreconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas deque se trate”. Jurisprudencia de la Corte IDH: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 87; Caso del puebloSaramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 88; Caso Comunidad IndígenaSawhoyamaxa vs. Paraguay. Cit., párr. 118 y Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Cit., párr. 137.23 Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 91; Caso de laComunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Cit., párrs. 148-149 y 151; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cit.,párrs. 118-121 y Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Cit., párrs. 124, 131, 135 y 154. Cfr. también CIDH, Informe 75/02, Caso11.140, Mary y Carrie Dann, Estados Unidos, 27 de diciembre de 2002, párr. 128: “la continua utilización de sistemas colectivostradicionales de control y uso del territorio son esenciales en muchas circunstancias para el bienestar individual y colectivo y en efectopara la supervivencia de los pueblos indígenas” y CIDH, Informe 40/04, Fondo, Caso 12.052, Comunidades Indígenas Mayas del Distritode Toledo, Belice, 12 de octubre de 2004, párr. 114: “el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de lasupervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos másgenerales”. 15.
16 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú“obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de lospueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que hanusado y ocupado tradicionalmente”24 y “[d]eberán instituirse procedimientos adecuados en elmarco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladaspor los pueblos interesados” con su plena participación25.Sin embargo, el mero reconocimiento por parte de los Estados del derecho a la propiedadespecial y colectiva de sus pueblos indígenas no es suficiente. Tomando en cuenta la realidadde la Región Andina, caracterizada por reformas agrarias inconclusas y procesos de titulación ydemarcación lentos, engorrosos e inefectivos, se deben resaltar varios aspectos sustancialesde los deberes de los Estados en este tema:1. Deber de reconocer, con efectos jurídicos, que la posesión tradicional sobre las tierras de los pueblos indígenas y tribales equivale al título de pleno dominio que otorga el Estado26 y abarca el concepto de territorios27.2. Deber de reconocer, con efectos jurídicos, que la posesión tradicional les otorga el derecho a exigir el reconocimiento oficial de la propiedad y su registro28 y el derecho a no ser trasladados de la misma29.3. Deber de otorgar títulos oficiales de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicho territorio30 y salvaguardar su certeza jurídica31.4. Deber de proceder a la demarcación o delimitación física de la propiedad32.5. Deber de restituir, cuando correspondiere, las tierras tradicionales a las comunidades33, cuando por causas ajenas a su voluntad hayan salido de sus tierras tradicionales o perdido la posesión de las mismas y estas se encuentren en manos de terceros. A pesar de tal pérdida de posesión, y aun a falta de título legal, se mantiene el derecho de propiedad sobre las mismas y la restitución es la forma óptima de respetar el derecho a la propiedad, con prevalencia sobre derechos de terceros y mediante la adopción de medidas necesarias para que dichos terceros de buena fe sean debidamente indemnizados.6. Deber de otorgar tierras alternativas de la misma extensión y calidad que las perdidas, cuando la restitución no fuera posible en casos excepcionales y acordados con las comunidades y sus representantes libremente elegidos34. En ningún caso la decisión de las24 Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 91. El artículo 14.1 delConvenio Nº 169 de la OIT señala que: “[d]eberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre lastierras que tradicionalmente ocupan”.25 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 14.2; Declaración de Naciones Unidas, artículo 27.26 Ver: Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 14.2; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 109; Caso de laComunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Cit., párr. 151 y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Cit.,párr. 128.27 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 13.2; Declaración de Naciones Unidas, artículo 25; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.Paraguay. Cit., párr. 109; Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cit., párr. 128; Caso de la Comunidad Moiwana. Cit., párrs. 131y 209 y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Cit., párr. 151.28 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 109; Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cit., párr. 128;Caso de la Comunidad Moiwana. Cit., párrs. 131 y 209 y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Cit., párr. 151.29 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 16.1.30 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 109; Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 115; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Cit., párr. 153; Casode la Comunidad Indígena Yakye Axa. Cit., párr. 215 y Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 209.31 Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.Cit., párr. 115.32 Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Cit., párr. 143. Asimismo, el artículo 14.2 del Convenio Nº 169 de la OIT señala que “[l]osgobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupantradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.33 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 16.3.34 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 16.4; Declaración de Naciones Unidas, artículo 28.2; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.Paraguay. Cit., párr. 109; Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Cit., párrs. 128 a 130. 16.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 17 autoridades internas deberá basarse exclusivamente en que dichas tierras estén en manos privadas o que están racionalmente explotadas35.7. Deber de indemnizar plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento36.Los Estados deben tener en cuenta que la especial naturaleza de la propiedad de las tierrasindígenas supone una distinción y aceptación de las tradiciones y costumbres con las que lospueblos indígenas usan y gozan su propiedad y lo que entienden por ella, sus relaciones concomunidades vecinas37 y su propio concepto de desarrollo. Desconocer las versionesespecíficas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres ycreencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponerde los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del derecho a la propiedadpara millones de personas38.La falta de realización efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de las comunidadesindígenas no solo viola las obligaciones internacionales del Estado relativas al derecho a lapropiedad, sino que también compromete la responsabilidad del Estado en relación con lagarantía de un recurso efectivo y constituye un trato discriminatorio que produce exclusiónsocial39.Las especiales características de esta propiedad requieren del Estado reales esfuerzos parasuperar la exclusión histórica de los pueblos indígenas y las comunidades rurales; lasuperposición histórica de derechos de terceros sobre los derechos de propiedad comunal; laprevalencia dada por el Estado a los derechos de terceros sobre los derechos comunales y laimposición de la visión estatal de progreso y desarrollo, entre otros.C. Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en sus territoriosLos conflictos más complejos en torno al ejercicio de los derechos a la propiedad comunal de lospueblos indígenas y tribales surgen por la extracción de los recursos naturales y el desarrollocomercial de sus tierras por parte del Estado y de las empresas, sin que las comunidadesafectadas sean previamente consultadas, se obtenga su consentimiento o se beneficienrazonablemente de los resultados de dichos desarrollo y extracción.La tensión entre el derecho a la propiedad sobre los territorios indígenas y la exploración yexplotación por terceros de los recursos que se encuentran en estos territorios se veexacerbada por los intereses económicos en juego y porque el Estado primero protege susderechos sobre los recursos del subsuelo y posteriormente los derechos de pueblos indígenassobre los recursos naturales que están en el mismo territorio. Con frecuencia, los Estadosdesconocen el derecho al desarrollo como un derecho humano que supone “la plena realizacióndel derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye […] el ejercicio de su derechoinalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”40.35 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 284.36 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 16.5; Declaración de Naciones Unidas, artículo 28.1.37 Ver, por ejemplo, Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 17.2 y 19 y Declaración de Naciones Unidas, artículo 27.38 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Cit., párr. 120.39 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Cit., párr. 149.40 Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo. 17.
18 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y PerúEs importante que los Estados tengan en cuenta que el derecho colectivo de los pueblosindígenas y comunidades protegidas a la propiedad sobre sus territorios supone que no debenser trasladados de los mismos41 y que el Estado no puede disponer de la tierra como si se tratasede su propiedad privada. Este derecho comprende varios derechos sobre todos los recursosnaturales (renovables y no renovables) existentes en sus tierras. El Estado tiene el deber deadoptar medidas especiales para que esos derechos sean protegidos. En este sentido, se deberesaltar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la utilización, administración yconservación de dichos recursos42.En el ámbito internacional, los tribunales han decidido casos en que se produjeron gravesviolaciones del derecho a la propiedad comunal al explotar recursos naturales renovables quelas comunidades protegidas habían venido usando tradicionalmente y que son necesarios parasu propia supervivencia, desarrollo y continuidad de su estilo de vida, como los recursosforestales43. Evidentemente, los pueblos indígenas tienen derechos sobre estos recursos y elEstado tiene el deber de consultar previamente y buscar el consentimiento y acuerdo de lascomunidades afectadas cuando pretende explotar los recursos naturales que se encuentran ensus tierras44.Por otro lado, tomando en cuenta el propio carácter dinámico de la evolución humana y elderecho al desarrollo de los pueblos indígenas y tribales, los derechos sobre los recursosnaturales, incluido el de ser consultados, recaen no únicamente sobre aquellos recursos quehayan utilizado tradicionalmente sino también sobre aquellos que sin haber sido utilizadostradicionalmente por el pueblo, su extracción afectaría otros recursos que son vitales para sumodo de vida45. La misma regla se aplicaría entonces respecto de los recursos que sedescubran con posterioridad. En estos casos, los auténticos propietarios de las tierras en dondese encuentran tales recursos son quienes tienen derecho sobre ellos y la exploración yexplotación por terceros de forma inconsulta y sin consentimiento tampoco está permitida.Admitir tal posibilidad negaría la propia esencia del derecho a la propiedad y pondría a lascomunidades en una situación mayor de vulnerabilidad y exclusión que la que ya enfrentan. Ennombre del desarrollo se provocarían cambios profundos al ecosistema y al medio ambiente, ycon ello al propio tejido social y cultural de las comunidades, lo cual contribuiría a mantenerlasen la pobreza histórica, con el pretexto inaceptable de que los recursos explotados no tienenligamen cultural ancestral.Cuando se descubre que en territorios indígenas o tribales se encuentran recursos sobre loscuales el Estado tiene la intención de otorgar derechos a terceros para su exploración yexplotación, o para realizar inversiones económicas y obtener beneficios46, siempre debeconsultar con sus propietarios, buscar el consentimiento, otorgar los beneficios a los que comopropietarios de sus tierras tienen derecho durante todo el tiempo que dure la explotación yreparar los daños que se causen. Descubrir que las tierras indígenas o tribales son más ricas delo que se conocía se transforma en una invaluable oportunidad para que los Estados paguen sudeuda histórica con los pueblos indígenas y tribales permitiéndoles desarrollarse y progresarsegún su propia visión del mundo y del desarrollo y el progreso.41 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 16.1.42 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 15.1; Declaración de Naciones Unidas, artículo 32; Guía de Aplicación del Convenio 169, pág. 107.43 Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 122.44 Ídem.45 Ibídem, párr. 155.46 Ver: Declaración de Naciones Unidas, artículo 26.2, que garantiza a los pueblos indígenas el derecho “a poseer, utilizar, desarrollar ycontrolar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación outilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” y Declaración de Naciones Unidas, artículo 32. 18.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 19D. Es posible establecer límites al derecho a la propiedad comunal, pero estos deben ser legítimos y consultados previamente con los pueblos indígenasEn los cuatro países de la Región Andina analizados en este informe, con matices diferentes, losEstados tienen la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tienen derechosde administración sobre ellos y sobre otros recursos existentes en las tierras indígenas otribales47.Se reconoce internacionalmente que el derecho a la propiedad comunal no es absoluto, portanto, se han establecido posibles límites a su uso y goce si la restricción responde “a losintereses de la sociedad”48. Para que las restricciones sean válidas y puedan considerarse “deinterés de la sociedad” se requiere que: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) seannecesarias; c) sean proporcionales; d) tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en unasociedad democrática49 y e) que no “impli[que]n una denegación de las tradiciones y costumbresde un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes”50.El requisito de establecer la limitación en forma previa y mediante ley supone que esta no puedeentenderse en un sentido diferente al de ley formal, es decir, una norma jurídica adoptada por elórgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por elderecho interno de cada Estado; esta ley debe ser aprobada por razones de interés general ycon el propósito para el cual ha sido establecida la limitación del derecho51.Exigir que las restricciones de los derechos de las comunidades sobre sus tierras se encuentrenestablecidas previamente en una ley tiene el propósito de abolir la discrecionalidad y laarbitrariedad en la disposición de estos derechos si se realiza de forma unilateral y noconsensuada por el Poder Ejecutivo o por otros funcionarios de poderes no creados paralegislar. Asimismo, pretende evitar la disposición de derechos sobre las tierras mediantereglamentos, decretos, ordenanzas u otro tipo de decisiones estatales que no sean leyesproducto del diálogo y el consenso entre las fuerzas representadas en el Parlamento.Igualmente, pretende evitar que los pueblos indígenas sean tomados por sorpresa con laexploración y explotación directa de sus territorios cuando las concesiones ya están otorgadas ylos contratos negociados. La existencia de una ley contribuye a la erradicación de la inseguridadjurídica respecto del ejercicio de dicho derecho y de las facultades del Estado para restringirlo.Los Estados que no cuenten con un sistema legal de restricciones del derecho a la propiedadcomunal que cumpla con los requisitos internacionales no podrán demostrar que el desarrollode proyectos en tierras indígenas ha sido realizado con respeto de los derechos de lascomunidades afectadas. Es por ello que adquiere particular relevancia que los Estados cuententambién con una ley sobre el derecho a la consulta previa.De acuerdo con la regulación internacional52, si un Estado quiere explotar o disponer de losrecursos naturales que se encuentran en territorios habitados por pueblos indígenas o tribales47 Esta situación se tiene en cuenta en el artículo 15.2 del Convenio Nº 169 de la OIT.48 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 127.49 Ídem; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Cit., párrs. 144-145 y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cit., párr. 137.50 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 128.51 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No.151, párr. 89; CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2003, Vol. III, Capítulo IV, párr. 42; Principio 1.1“Libertad de opinión, expresión e información”. Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y elAcceso a la Información.52 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 129. 19.
20 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—lo que implica una restricción de los derechos de estos pueblos como propietarios— debecumplir antes los siguientes requisitos:1. Lograr la participación efectiva de los pueblos indígenas en todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios, mediante sus representantes libremente elegidos. Para ello, debe establecer o mantener procedimientos de consulta con los pueblos afectados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida53.2. Realizar la consulta antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras y con el propósito de obtener el consentimiento previo, libre e informado54.3. Realizar un estudio previo de impacto social y ambiental55.4. Otorgar participación a los pueblos afectados, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades56.5. Otorgar una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades57.Por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras o de hidrocarburos, de explotación derecursos que alteren el medio ambiente o de realización de obras de infraestructura, el Estadotiene el deber de consultar a las comunidades en cuyos territorios se pretende llevar a cabo elproyecto, en razón del inevitable impacto que estas actividades tienen sobre otros recursosnaturales protegidos y de la interferencia con el derecho del pueblo a usar y gozar sus tierrastradicionalmente poseídas y sus recursos naturales58. Además, esta obligación se complementacon la protección constitucional del medio ambiente en los países de la Región Andina, con lanecesidad de que los proyectos implementados se realicen de forma sustentable y con laarmonización necesaria que debe existir entre los proyectos de desarrollo y los derechoshumanos de los pueblos indígenas.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación efectiva en las decisiones que los afectan y los Estados tienen el deber de consultarlosPara lograr la participación efectiva de los pueblos, el deber de los Estados de consultar setransforma en la piedra angular de su relación con las comunidades indígenas y tribales, consustento en todos los instrumentos internacionales mencionados anteriormente y las decisionesde los órganos internacionales de control59.Para asegurar una “efectiva participación” de los grupos indígenas o tribales, el Estado tiene eldeber de consultar activamente con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, y deaceptar y brindar información de manera permanente, lo que implica una comunicaciónconstante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, medianteprocedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo u obtener53 Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.2; Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 6 y 7.54 Ídem.55 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de Sentencia. Cit., párr. 41; Akwé: Kon Guidelines for the Conduct ofCultural, Environmental and Social Impact Assessments Regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely toImpact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities e Informe delRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, Doc.A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 53.56 Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.2; Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 6, 7 y 15.57 Ídem.58 Ídem.59 Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 6 y 7; Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos;Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Convención Americana sobre DerechosHumanos, artículo 21, que tal como ha sido interpretado por la Corte Interamericana protege el derecho a la propiedad comunitaria. 20.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 21 60el consentimiento . Asimismo, el Estado debe consultar con el pueblo afectado en las primerasetapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtenerla aprobación de la comunidad, si este fuera el caso.Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de losposibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que si aceptan elplan de desarrollo o inversión propuesto, lo hagan con conocimiento y de forma voluntaria. Porúltimo, la consulta deberá tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma dedecisiones61.Es importante destacar que aunque el derecho a la consulta tiene profunda relación con elderecho de acceder a la información sobre los proyectos y planes que afectan los territoriosindígenas y el consiguiente deber del Estado de suministrar esa información, el mero suministrode datos o información sobre un proyecto determinado no garantiza el derecho a la consulta nipuede ser identificado como consulta.El deber del Estado de consultar debe adoptar la forma de un proceso de diálogo permanente;de negociaciones que conduzcan a acuerdos mutuamente aceptados, que sean llevadas acabo de forma previa a la toma de cualquier decisión, en vez de ser mecanismos encaminados aentregar información sobre decisiones ya tomadas y sin permitir que los pueblos afectadostengan influencia real en el proceso de toma de decisiones y en la decisión final62.No se puede desconocer que con frecuencia este tipo de negociaciones se llevan a cabo en uncontexto de claro desequilibrio de poderes, inherente a la relación asimétrica entre el Estado ylos pueblos indígenas. En este punto, los Estados tienen la responsabilidad de dotar a estospueblos de la asistencia financiera, técnica y de cualquier otra índole que requieran para lograruna participación significativa en el proceso.El deber del Estado de consultar recae sobre numerosas materias y sobre medidasadministrativas, legislativas o de otra índole. En este sentido, se debe tener un concepto ampliode los temas y decisiones que se deben consultar cuando afectan los derechos de los indígenasy sus territorios. No existe ni es deseable una lista exhaustiva de casos en los que la consultadebe proceder. Sin embargo, se han identificado algunas materias centrales para hacer realidadel derecho a la consulta, en el marco de los conflictos resueltos por el derecho internacionalreferidos a contextos de extracción de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenaso tribales63. Esta identificación demuestra la amplitud de las materias sobre las que recae eldeber de consultar. Entre ellas cabe mencionar que el deber de consultar recae sobre:• El proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento del título colectivo del territorio de los miembros del pueblo;60 Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 6.2.61 Declaración de Naciones Unidas, artículo 32.2; en el caso Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo vs. Belice, la ComisiónInteramericana observó que los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas con comunidades indígenascon relación a hechos o decisiones que pudieran afectar sus territorios tradicionales. En este caso, la Comisión determinó que unprocedimiento de “consentimiento pleno e informado” requiere “como mínimo, que todos los integrantes de la comunidad esténplenamente enterados de la naturaleza y consecuencias del proceso que estén provistos de una oportunidad efectiva para participar demanera individual o colectiva”. Cfr. CIDH, Informe 40/04, Fondo, Caso 12.052, Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo,párr. 142. Cfr. también los Principios del Ecuador, Principio 5 y el artículo 27 de la Declaración de Naciones Unidas.62 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, JamesAnaya, Cit., párr. 47; Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 6.63 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de Sentencia. Cit., párr. 16. Los artículos 6.1.a y 6.2 señalan que losEstados deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institucionesrepresentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y que talesconsultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo olograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 21.
22 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú• El proceso mediante el cual se otorga a los miembros del pueblo el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran;• El proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo a ser titulares de derechos en forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado;• El proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo indígena a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres;• Los resultados de los estudios previos de impacto social y ambiental;• Cualquier restricción de los derechos de propiedad del pueblo, particularmente respecto de planes de desarrollo o inversión dentro del territorio o que lo afecten64, incluidas las concesiones para exploración y explotación de recursos.Además, con el propósito de asegurar una participación significativa de los pueblos indígenas,los Estados tienen la obligación de “aceptar y brindar información al respecto en un formatoentendible y públicamente accesible”65. Finalmente, es el pueblo indígena o tribal y no el Estadoel que debe decidir quién o quiénes lo representarán en cada proceso de consulta66 y el Estadodebe respetar el principio de representatividad.2. El proceso de consulta debe estar dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informadoSin duda, uno de los puntos más controvertidos para la efectiva protección del derecho a laconsulta se relaciona con la necesidad de obtener el consentimiento de la comunidad afectadapor la aprobación de leyes, medidas administrativas, proyectos de uso, prospección oexplotación de recursos naturales y construcción de obras de infraestructura. En los paísesanalizados se han presentado acaloradas discusiones con ocasión de la redacción de lasnormas que regulan la consulta previa y han surgido tensiones entre el Estado y lascomunidades al abordar este aspecto.Por un lado, los pueblos indígenas consideran que el consentimiento libre, previo e informado esun requisito indispensable de la consulta y una manifestación del ejercicio de su derecho a lalibre determinación, definido en la normativa internacional de derechos humanos, que abarcatodos los proyectos que los afectan67. Asimismo, consideran que el derecho a la consulta lesconcede un “derecho de veto”. Por otro lado, los Estados quieren que las normas que regulen elderecho a la consulta señalen expresamente la inexistencia de un “derecho de veto” de lascomunidades sobre las decisiones adoptadas por las autoridades, que pueda detenerproyectos aprobados por ellas68.Si bien se trata de un punto complejo, los parámetros internacionales arrojan luz al señalar queel consentimiento previo, libre e informado, otorgado de conformidad con las costumbres ytradiciones del pueblo o pueblos afectados es la finalidad de todo proceso de consulta. Estosignifica que la consulta debe estar claramente encaminada hacia la obtención delconsentimiento, y para ello debe cumplir ciertos requisitos mínimos que han sido establecidos64 Ídem.65 Ibídem, párr. 17.66 Ibídem, párr. 18.67 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Doc. A/HRC/EMRIP/2010/2, párr. 34.68 Ver: Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la OrganizaciónInternacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010. 22.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 23en las normas, informes y sentencias internacionales. Así, en el marco de los procesos deconsulta se debe buscar un entendimiento mutuo y se deben tomar decisiones consensuadas69cada vez que se quieran realizar proyectos en territorios indígenas o aprobar leyes o medidasadministrativas que podrían afectarlos. De lo que se trata es de aplicar el principio de buena feen todo proceso de consulta, lo que implica un diálogo permanente en el que todas las partesinvolucradas estén dispuestas a escuchar y a ceder en sus posiciones mientras defienden suslegítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a las partes70.De esta manera, el consentimiento de las comunidades afectadas es un elemento esencial delproceso de consulta, en la medida en que es el objetivo último que debe perseguir toda consultarespetuosa de los pueblos indígenas y de la normatividad internacional que los protege. Si labúsqueda del consentimiento no es el objetivo real de los procesos de consulta estos no tendránvalidez, por carecer de un elemento esencial.Tal como lo ha afirmado el Relator Especial sobre los derechos y las libertades fundamentalesde los indígenas, “los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto de losprocesos de consulta”, entendido en el sentido que el derecho a la consulta previa no les otorgael poder unilateral de vetar las decisiones estatales sin una justificación seria71. Lo anterior noquiere decir que ante la ausencia de un derecho de veto de los pueblos indígenas, el Estadotenga la libertad o la facultad de tomar decisiones que afecten sus derechos. Los Estados quehan ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT tienen la obligación internacional de respetar yproteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales a la identidad e integridad cultural, a latierra, al territorio y a los recursos naturales así como a garantizar la supervivencia de dichospueblos.En este orden de ideas, los Estados no pueden, ni en el marco de procesos de consulta ni fuerade ellos, tomar decisiones que impliquen afectar el contenido internacionalmente protegido delos derechos mencionados. Está en la base del Estado de derecho que el ejercicio del poderpolítico encuentra un límite en el respeto de los derechos humanos de las personas, y en estoscasos, el poder del Estado tiene un límite en los derechos de los pueblos indígenas y tribalesprotegidos por normas internacionales que los propios Estados han adoptado. En este sentido,si por fuera de un proceso de consulta un Estado adopta una decisión, como la de conceder unalicencia para un proyecto de explotación de recursos naturales que va a traer comoconsecuencia el desalojo de la mayoría del pueblo o la afectación de sus costumbrestradicionales, esta decisión —más allá de la existencia o no de un derecho de veto— carece delegitimidad en la medida en que implica afectar derechos esenciales de los pueblos. Al respecto,cabe recordar las palabras del Relator Especial, James Anaya, cuando señala que “la cuestióndel poder estatal en relación con la consulta con los pueblos indígenas no se agota, ni a juicio delRelator Especial, se puede tratar apropiadamente, enfocándose en la cuestión de que si existe ono un poder de veto por la parte indígena”72. El centro de la cuestión está entonces en los límitesdel poder estatal al tomar decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas.69 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 49; Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 6.1 y 6.2 y Declaración de NacionesUnidas, artículo 32.70 Ibídem, párr. 49.71 Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la OrganizaciónInternacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010, pág. 2: “Cuando el Relator Especialafirma que los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto de los procesos de consulta, se refiere a aquelplanteamiento, a su juicio insostenible, de un poder de decisión absoluto de vedar o impedir unilateralmente, con base en cualquierajustificación o sin ninguna, toda propuesta o decisión hecha por el Estado que les pueda afectar. Hablar de un derecho de veto en talsentido, cuando se trata de asuntos que puedan ser de interés legítimos no solo por la parte indígena sino también para la sociedadnacional en general, no es coherente con la norma de consulta participativa que se incorpora en la normativa internacional”.72 Ibídem, pág. 2. 23.
24 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y PerúSe debe entonces partir del principio general que el deber del Estado de consultar a fin deobtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto queafecte sus tierras, territorios o recursos abarca todos los casos en que el Estado planee extraerrecursos naturales o realizar de otra manera cualquier plan de desarrollo en territoriosindígenas73. Asimismo, se debe buscar el consentimiento en los procesos de consulta de leyes omedidas administrativas que pudieran afectarlos74.Si se entiende el derecho al consentimiento como contenido esencial del derecho a la consulta,¿cuáles deben ser las consecuencias cuando una comunidad no otorga su consentimientoluego de un proceso de consulta llevado a cabo en debida forma y con el cumplimiento de todoslos requisitos internacionalmente establecidos, incluidos estudios de impacto ambiental?Es necesario reconocer que sin una consecuencia real por no obtener el consentimiento o nollegar a un acuerdo con las comunidades afectadas sobre los proyectos que se pretenden llevara cabo en sus territorios, el derecho a la consulta se vacía de contenido, y el poder real departicipación en el desarrollo de las tierras de los propietarios de las mismas se esfuma,mientras que el poder del Estado de afectar los derechos humanos y el medio ambiente conproyectos nocivos para lograr inversiones se torna absoluto y reduce la consulta a una meraformalidad.Es por ello que ya se han identificado internacionalmente diferentes situaciones en que elconsentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de laconsulta sino un derecho en sí mismo que se convierte en una precondición exigible para laejecución de la medida propuesta. Por lo tanto, a falta de consentimiento y de acuerdo, el Estadodebe respetar la decisión de la comunidad y suspender el proyecto75. Proceder con losproyectos en estos casos configura una restricción ilegítima del derecho a la propiedadcomunitaria de los pueblos indígenas y tribales. Los casos hasta ahora identificados en elámbito internacional son los siguientes76:1. Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales77;2. Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus territorios78;3. Cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas79;4. Cuando se trata de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos80.Los casos en que el Estado debe suspender sus proyectos a falta de consentimiento no son unnumerus clausus y se siguen ampliando con base en nuevas situaciones que se presentan en la73 Ibídem, nota de pie de página número 124. La Declaración de Naciones Unidas, en el artículo 32 establece, en términos más generales,que los Estados deberán celebrar consultas con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antesde aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios o recursos.74 En el mismo sentido y tal como lo establecen el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaracion de Naciones Unidas.75 Ver, por ejemplo: MC 260-07 a favor de las Comunidades del pueblo Maya (Sipakapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y SanMiguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala, disponible en: http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm76 Declaración de Naciones Unidas, artículos 10, 19, 29.2 y 32.77 Declaración de Naciones Unidas, artículo 10.78 Declaración de Naciones Unidas, artículo 29.2.79 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 133.80 Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la OrganizaciónInternacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010, pág. 3: “El Relator Especial agregaríaademás, como ejemplo en el que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades deextracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales yambientales significativos”. 24.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas 25realidad. Por ejemplo, recientemente se ha resaltado la importancia de obtener elconsentimiento libre, previo e informado para la adopción de decisiones que afectan a lospueblos indígenas en el contexto de la protección de los conocimientos tradicionales y lapropiedad intelectual81, de su reasentamiento cuando se establecen zonas protegidas82, o antela creación de parques naturales, reservas forestales o reservas de caza en las tierras yterritorios de los pueblos indígenas83.En los demás casos, es decir, “cuando la consulta se refiera a proyectos o a medidas legislativaso administrativas que no generen los impactos indicados, si mediante un proceso de consultarealmente previa, adelantado de buena fe, con los representantes legítimos de los pueblos, conlos métodos apropiados según las características del pueblo, con información exhaustiva ytiempo suficiente para el diálogo, con estudios de impacto ambiental adecuados, no se llega aun acuerdo o al consentimiento, bajo las normas internacionales actualmente vigentes”84,obtener el consentimiento de las comunidades indígenas o afrodescendientes no es unrequisito que el Estado deba necesariamente agotar; en estos casos, para poder avanzar con elproyecto o la medida legislativa o administrativa, el Estado tiene la carga de demostrar que larestricción del derecho a la propiedad es legítima. En este sentido, debe acreditar que lalimitación responde “a los intereses de la sociedad” y, por lo tanto: a) ha sido previamenteestablecida por ley; b) es necesaria; c) es proporcional; d) tiene el fin de lograr un objetivolegítimo en una sociedad democrática85 y e) no “implica] una denegación de las tradiciones ycostumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de susintegrantes”86.Estas salvaguardas exigen al Estado haber cumplido con todos los requisitos procedimentales ysustanciales de la consulta previa, para asegurar que el proyecto no tendrá un impacto social,cultural o ambiental significativo sobre el pueblo indígena afectado y que se tomarán medidaspara salvaguardar todos sus derechos, inclusive su derecho a sentar sus propias prioridadespara el desarrollo87.También es importante señalar que cuando los tribunales internos, al resolver sobre un conflictode derechos entre comunidades, Estado y empresas, deciden que se debe suspender laejecución del proyecto cuestionado, los demás órganos del Estado tienen la obligacióninternacional de acatar dicha decisión.Por todo lo expuesto, es necesario que los Estados tengan una comprensión amplia del derechoa la consulta previa y de la necesidad de obtener el consentimiento previo, libre e informado delas comunidades afectadas cuando intenta realizar proyectos en sus territorios. Una guía de81 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 49; Akwe: Kon Voluntary guidelines for the conduct of cultural, environmentaland social impact assessments regarding developments proposed to take place on, or which are likely to impact on, sacred sites and onlands and waters traditionally occupied or used by indigenous and local communities (2004). Puede consultarse en inglés en:www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf (consultado el 7 de mayo de 2010).82 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 49; Convenio sobre la Diversidad Biológica, programa de trabajo relativo alas zonas protegidas, art. 8 a) a e), aprobado en la séptima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de2004, decisión VII/28.83 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 34.84 María Clara Galvis, “Consulta, consentimiento y veto”, en AportesDPLF, Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal,Número 14, año 3, septiembre de 2010, págs. 11-12.85 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 34; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Cit., párrs. 144-145 y CasoComunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cit., párr. 137.86 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Cit., párr. 128.87 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio del estudio sobre los pueblos indígenas y elderecho a participar en la adopción de decisiones, Cit., párr. 34. 25.
26 La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perúconducta óptima por parte del Estado sería realizar el proceso de consulta y la búsqueda de unacuerdo como regla general para cada proyecto que se realizará en tierras indígenas, lo quedemostrará no solo el respeto por las comunidades como propietarias de sus tierras, sinoademás el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.3. La realización de proyectos de desarrollo, inversión, exploración o extracción de recursos naturales debe estar precedida de un estudio previo de impacto social y ambientalUno de los puntos que se deja de lado en muchas legislaciones relacionadas con el derecho a laconsulta previa sobre las actividades realizadas en tierras indígenas es la necesidad de que elEstado asegure la realización de un estudio de impacto social y ambiental por parte de unaentidad independiente, imparcial y técnicamente capacitada, bajo la supervisión del Estado, demanera previa al comienzo de cualquier plan de desarrollo a realizarse en su territorio y alotorgamiento de una concesión. Estos estudios deben “realizarse conforme a los estándaresinternacionales y buenas prácticas al respecto”88. De ninguna manera debe delegarse surealización a las empresas, que son parte interesada.La realización de un estudio de impacto ambiental serio no solo permite garantizar el derecho delos pueblos indígenas a ser informados sobre todos los proyectos que se proponen para serrealizados en su territorio sino también estudiar los efectos que su implementación puedecausar en el ambiente, así como la viabilidad y sustentabilidad de dichos proyectos en el tiempo.El deber de realizar éstos estudios coincide con el deber de garantizar la efectiva participaciónde las comunidades indígenas en el proceso de otorgamiento de concesiones, de manera quepuedan tomar decisiones informadas89.Finalmente, uno de los elementos que los estudios deben contener es el impacto acumuladoque han generado los proyectos existentes en una determinada región y los que vayan agenerar los proyectos propuestos. Este análisis permitiría concluir de una manera más certera silos efectos individuales y acumulados de actividades existentes y futuras pueden poner enpeligro la supervivencia de los pueblos indígenas o tribales90.4. Los beneficios de los proyectos de desarrollo, inversión, exploración o extracción de recursos naturales deben ser compartidos entre las empresas y los pueblos indígenasEs indiscutible que las comunidades indígenas o tribales soportan los costos más pesadoscuando un Estado emprende actividades de extracción y otras actividades de desarrollo en sustierras. Asimismo, las ganancias empresariales por las actividades extractivas con frecuenciaalcanzan cifras exorbitantes que deberían permitir a los Estados garantizar que la comunidadreciba un beneficio razonable de cualquiera de los planes que se lleven a cabo en territoriosindígenas91, y que estos beneficios sean tenidos en cuenta desde un principio por las empresasy el Estado que negocia con ellas.También se debe considerar que generalmente se trata de actividades que no son de cortaduración y que tienen diversos efectos en la zona donde se realizan, por lo que la necesidad de88 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de Sentencia. Cit., párr. 41 y Akwé: Kon Guidelines for the Conduct ofCultural, Environmental and Social Impact Assessments Regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely toImpact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities.89 Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de Sentencia. Cit., párr. 41.90 Ídem.91 Esta obligación emana del artículo 21.2 de la Convención Americana, el cual señala que: “Ninguna persona puede ser privada de susbienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según lasformas establecidas por la ley”. Ver también: artículo 15 del Convenio Nº 169 de la OIT. Recommended