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Timestamp: 2019-08-17 13:44:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 1277', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 1051']

Derecho Societario de Julio Rougès: LA TRANSFORMACIÓN 2015
LA TRANSFORMACIÓN 2015
Los distintos tipos sociales son moldes predeterminados por el legislador para que los agentes económicos vuelquen allí el contenido de su inventiva y sus necesidades. Podrá cuestionarse -como lo hace, por ejemplo, LE PERA- desde el punto de vista de la política legislativa la desmesurada trascendencia que se ha asignado a la tipicidad, o los graves efectos que adosa el ordenamiento jurídico a la ausencia de ese requisito (art. 17, L.S.C.), desproporcionados con la gravedad de la supuesta falta, e incluso con las previsiones de la propia ley para hipótesis que subjetivamente revisten mayor gravedad([1]), pero en sí misma la variedad de tipos legales y la previsión detallada de los efectos de cada uno de ellos no parece censurable.
El transcurso del tiempo, la evolución económica de la firma, el cambio del elenco de socios y de sus exigencias, y el impulso de los asesores legales de la sociedad, pueden llevarla a decidir una modificación de su estructura típica. Por lo general, la mutación va dirigida a elegir un tipo que acentúe más marcadamente la limitación de la responsabilidad, otorgue mayores prerrogativas al órgano de administración y limite las posibilidades de bloqueo de los socios minoritarios; en otras palabras, se transforma la sociedad pasando de un molde personalista -cuyo arquetipo es la sociedad colectiva- a la estructura de una sociedad mixta (S.R.L.) o de capital (S.A.). Si bien el supuesto inverso es teóricamente posible y está previsto en la ley (artículo 76), no es por cierto lo más frecuente. Dada la facilidad y el escaso capital mínimo para constituir una sociedad anónima([2]), lo frecuente es que la transformación siga el camino de atenuar la responsabilidad de los socios.
En algunos casos, la transformación será una etapa previa para una ulterior concentración, por ejemplo, cuando una sociedad por acciones desee adquirir participaciones en una sociedad de otro tipo: la sociedad que va a ser participada tendrá que transformarse en sociedad por acciones, a fin de que la participante no incurra en la prohibición del art. 30([3]). En otros supuestos, estará impuesta por el ordenamiento legal como carga para evitar la nulidad (art. 27) o la disolución (arts. 90, 140, 145).
De todos modos, el carácter de sujeto de derecho y su identidad están reglados por el derecho positivo. Así como la identidad no es un dato prenormativo, la inexistencia de ella tampoco puede predicarse con carácter general, prescindiendo del concreto sistema de derecho positivo a la cual se refiere. En el caso de la ley argentina, el legislador ha tomado partido por la subsistencia del ente transformado, supliendo así el silencio del Código de Comercio en la materia, y consagrando el criterio de VIVANTE, aceptado por la doctrina en gene­ral. Dicho autor destaca que las formas sólo tienen un fin instrumental, de proteger y actuar la voluntad de los socios, y éstos quieren continuar el ente.
El art. 74 de la LSC. define así a la transformación: “cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos”, y adosa a la definición una nota caracterizante de sus efectos: “no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones”.
Es notoria la similitud terminológica y conceptual con la regularización: ésta se produce “por la adopción de uno de los tipos previstos en esta ley”, “no se disuelve la sociedad irregular o de hecho” y continúa en los derechos y obligaciones que tenía antes de la regularización (art. 22). De igual forma que la transformación (art. 78), la regularización otorga el derecho de receso a los socios disconformes.
2. Transformación de sociedades comerciales en cooperativas o civiles
No lo creemos. La sociedad comercial no podría convertirse en una sociedad cooperativa, sin afectar visceralmente la causa fin genérica del contrato de sociedad, que es la obtención de utilidades y su distribución entre los socios (art. 1, L.S.C.). Ni siquiera la decisión unánime exigida por la ley (art. 77) posibilitaría tal transformación, pues el acuerdo no estaría dirigido a continuar la misma sociedad, sino a disolverla y formar otra, cuyo móvil es opuesto al de una sociedad comercial. Que los socios puedan libre y unánimemente constituir una cooperativa está fuera de duda; que puedan liquidar la sociedad y aportar sus cuotas de liquidación a la cooperativa que deciden constituir ex novo, tampoco es dudoso; pero esto no será una transformación, sino la formación de una nueva sociedad, precedida por la extinción de la primera.
En cuanto a las sociedades civiles, si bien en ellas no está ausente el ánimo de lucro (arts. 1648 y siguientes del Código Civil), la transformación de una sociedad comercial en una sociedad civil determinaría la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio y la consecuente extinción de la sociedad comercial (art. 112, L.S.C.)[4]
En su redacción anterior, la ley 19.550 disponía que, si en razón de la trans­for­mación existían socios que asumían responsabili­dad ilimitada, se exten­día a las obligaciones sociales ante­riores a la trans­formación.
Acertadamente dijo la comisión redactora del anteproyecto convertido en ley 22.903, "ha parecido a la Comisión excesivamente gravosa esta garan­tía adicional gratuitamente otorgada a los terceros que no contaron con ella al tiempo de generarse la obligaci­ón".
5. El asentimiento conyugal a la transformación
El artículo 1277 del Código Civil exige el asentimiento conyugal para la transformación y fusión “tratándose de sociedades de personas”. La ratio legis es tutelar al cónyuge no administrador -al menos en 1968, época en que se sancionó la ley 17.711 que impuso dicho precepto, el beneficiario de la norma era casi siempre la cónyuge- contra el dolo o negligencia del cónyuge administrador (habitualmente, el esposo).
RICHARD y MUIÑO[7] -a quienes seguimos en este punto- analizan una serie de supuestos de posible configuración:
a) En la sociedad colectiva o en comandita simple en que ambos esposos son socios sobrevinientes (descartada la constitución de una sociedad de esos tipos entre ambos cónyuges), cuando en la reunión social que ha de decidir la transformación para evitar la sanción de nulidad y consecuente disolución (artículos 27 y 29 de la LSC), uno de ellos vota en contra, pero se adopta la decisión por mayoría, ¿será necesaria su conformidad conyugal?
Compartimos la postura de los citados autores: el voto negativo a la transformación la dio como socio, en tanto que la conformidad la debe prestar como cónyuge.
b) Se preguntan si debe requerirse el asentimiento del cónyuge del socio que no asistió a la reunión donde se aprobó la transformación o se abstuvo de votar,[8] a lo que responden que no es exigible, pues el socio nada dispuso, ni contribuyó a apoyar dicho acto: el art. 1277 del Código Civil sólo exige el asentimiento del cónyuge para los actos de disposición que voluntariamente pretenda realizar el cónyuge titular del bien.
En principio, la abstención o la ausencia -además de la oposición, según lo expresado en la nota anterior- sólo pueden darse en sociedades de responsabilidad limitada o por acciones, y raramente (sólo si el contrato social lo autoriza) en las sociedades colectivas, de capital e industria y en comandita simple (artículos 131, 139 y 145, LSC). Respecto de la SRL, creemos que a los fines previstos por el Código Civil y en orden a los intereses que tutela, debe considerársela una sociedad personalista. Las restricciones a la transmisión de cuotas, su inscripción en el Registro Público, los derechos de preferencia a favor de la sociedad y de los socios para la adquisición de cuotas, la responsabilidad solidaria por la valuación o integración de las cuotas, todo ello contribuye a dotar a la S.R.L. de un perfil personalista, que puede acentuarse según las cláusulas que se inserten en el contrato social.
Si la mayoría -con voto negativo, ausencia o abstención del cónyuge administrador- decide la transformación de la sociedad en anónima, los derechos de los socios sufrirán una limitación derivada del distinto tipo social: las decisiones podrán adoptarse con mayorías menos rigurosas; las probabilidades de los minoritarios de ver menoscabados sus derechos por decisiones mayoritarias se verán incrementadas.
Para esos casos, ¿será aplicable el art. 1277 del Código Civil?
Entendemos que una interpretación finalista de la norma debe conducirnos a la respuesta afirmativa. Si en supuestos en que la transformación no entraña riesgos mayores -o es la única salida para evitar la sanción de nulidad que contempla el artículo 27 de la L.S.C.- se acepta la necesidad del asentimiento conyugal, ¿qué decir de hipótesis en que la parte ganancial del cónyuge no administrador puede verse seriamente afectada?
Creemos que la S.R.L. es, desde el punto de vista de los intereses que el art. 1277 del C.C. pretende proteger, una sociedad “de personas”, en el sentido de que el elemento “intuitu personae” sigue teniendo relevancia. Por ende, entendemos que la transformación deberá contar con la conformidad del otro cónyuge, aun si el cónyuge administrador no hubiese asistido a la reunión social que la decidió, o votase en contra. Si el fin de la norma es proteger generalmente a la esposa del dolo o negligencia de su consorte, no parece adecuado a la ratio del precepto que esa protección pueda ceder por el solo transcurso del plazo para ejercitar el derecho de receso (art. 78), e incluso podría dar lugar a maniobras del cónyuge que quiera privar de toda injerencia a su esposa, quien de común acuerdo con otros socios no asistiría a la reunión social, y luego omitiría deliberadamente receder.
4. Transformación de sociedades civiles en so­ciedades comerciales
No existe ningún obstáculo para esa posibilidad: en primer lugar, porque la sociedad civil también es una socie­dad típica; en segundo término, no se afectan los dere­chos de terceros (arts. 75 y 76); finalmente, la misma ley autoriza a asociaciones y sociedades a consti­tuirse bajo alguno de los tipos previstos en ella (artículo 3).
5. Transformación de entes estatales en sociedades comerciales
La ley 23.696 fa­culta a "transformar la tipi­cidad jurídica de todos los entes, empresas y socie­dades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado..." (arts. 2º y 6º) o para disponer la creación de nuevas empresas "sobre la base de es­cisión, fusión, extinción o trans­formación de las exis­tentes" (art. 7º); pudiendo el Poder Ejecutivo, "cons­tituir sociedades, transformar, escindir o fu­sionar los entes..." (artículo 15). La Provin­cia de Tucumán adhirió a esta ley nacional con el dictado del decreto ley 6071­/91 (art. 1º) –durante una intervención federal- cuyos artículos 2º, 7º 8º y 15 cons­tituyen una reproduc­ción casi literal de las normas naciona­les.
6. Requisitos de la transformación
5.1. El acuerdo de los socios
La ley sienta un principio cuya aparente generalidad únicamente encuentra campo de aplicación en las sociedades de personas: es necesario el “acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario o lo dispuesto para algunos tipos societarios” (art. 77, inc. 1).
El “pacto en contrario” sólo puede referirse al contrato social originario o alguna de sus modificaciones. Como regla, en las sociedades personalistas toda modificación del contrato social debe adoptarse por unanimidad (artículos 131, 139 y 145); pero ello no es así en las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas, que estadísticamente representan, por lejos, los tipos más empleados para la organización societaria.
En las sociedades de responsabilidad limitada la transformación deberá ser resuelta -salvo previsión distinta del contrato social- por mayoría de socios que sean titulares de cuotas sociales representativas de al menos los tres cuartos del capital, o tres cuartos más un socio, si uno de ellos detentare esa participación por sí solo (art. 160). En las sociedades anónimas, se trata de una materia que debe ser decidida por la asamblea extraordinaria, con mayoría absoluta del capital, sin computar el voto plural, y otorgando voto a las acciones preferidas (artículos 217 y 244).
Dicho balance especial está sometido a reglas de valuación distintas que las del balance de ejercicio. Los criterios del art. 63 se aplican al balance de ejercicio -que debe estar presidido por la virtud de la razonabilidad y la prudencia, evitando la valuación de activos que conduzca a distribuir ganancias que no sean realizadas ni líquidas- no son trasladables al balance especial de transformación, cuyo fin es determinar el valor real del patrimonio social al efecto del receso. Este estado de situación patrimonial deberá valuar los bienes inmateriales y de uso por su valor productivo (valor presente del flujo de ingresos netos que producirá en el futuro, descontando la tasa de interés), y no siguiendo el criterio de “costo menos amortizaciones acumuladas” propio del balance de ejercicio (art. 63, 1, e y f). Esta pauta de valuación, si bien resulta prudente al efecto de evitar la distribución de ganancias que no sean realizadas y líquidas (artículos 68 y 224, L.S.C.), no se adecua al fin del balance de transformación, que no sirve de sustento a ninguna distribución de beneficios y en el que no se pretende tampoco mantener la integridad del capital, sino valuar la parte de los socios.
Igualmente, y con el objeto de no omitir ningún valor relevante, deberá incluirse el valor llave (art. 1788 bis del Código Civil, de aplicación supletoria a la materia mercantil -Título I del Código de Comercio, al cual se incorpora la ley de sociedades comerciales). De lo contrario, la sociedad -o en términos más realistas, los restantes socios- se apropiarían sin compensación de un valor patrimonial al que el socio recedente contribuyó a formar, o por el que pagó al ingresar en la sociedad.
La nulidad del balance de transformación provoca la invalidez de la transformación, pero es una nulidad relativa y parcial (art. 1039 del Código Civil), que no puede afectar los derechos de terceros (doctrina artículo 1051 del Código Civil). Según el caso, la invalidez dará lugar a una pretensión resarcitoria o generará derecho a una nueva valuación del patrimonio, para que el impugnante pueda percibir íntegramente el valor de su parte.
6.3.2. El derecho de receso y su ejercicio obli­ga a contemplar dos centros de interés:
6.3.3. El derecho debe ejercerse dentro de los quince días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos socie­tarios.
6.3.4. El reembolso de las partes de los soc­ios rece­dentes se hará sobre la base del balance de trans­forma­ción, y la valuación se deberá efectuar sobre valo­res reales, no de balance de ejercicio, incluyendo el valor llave (art. 1788 bis del Código Civil).
* Si la transformación fue decidida por unanimidad –siguiendo la regla general del artículo, 77, inciso 1° de la LSC- y no se afectan derechos de terceros con esta mutación del tipo, ¿para qué imponer una caducidad que no tutela ningún interés jurídico apreciable, y se aparta de la voluntad de todos los socios?
[1] La ausencia de un requisito esencial no tipificante es sancionada con la anulabilidad, y puede subsanarse hasta la impugnación judicial del contrato de sociedad (art. 17). Ese requisito puede ser tan esencial como el mismo consentimiento -el que puede hallarse viciado por error, dolo o violencia- no obstante lo cual para el legislador, tiene menor gravedad y trascendencia que la falta de adecuación a un tipo previsto en la ley.
[2] Los $ 12.000 (doce mil pesos) previstos como piso para formar una sociedad anónima son un valor irrisorio, inferior a las necesidades mínimas de cualquier microemprendimiento. Si bien reconocemos que no es una decisión sencilla de política normativa -puesto que en el mundo está generalizada la tendencia a utilizar la anónima para pequeñísimas empresas (las “one dollar corporation)- no nos parece que, de exigirse un capital mínimo, se lo fije en un valor que desvirtúe y torne inoperante la exigencia legal. Por otra parte, tampoco está consolidada a nivel jurisprudencial la responsabilidad de los socios por infracapitalización de la sociedad, cuestión que abordaremos en otra parte de estos ensayos.
Publicado por Julio Rougès en 11:14