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Timestamp: 2016-10-22 02:26:14
Document Index: 201258223

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 263', 'Artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 105', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 54', 'Artículo 59', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64']

REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores	REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores Mis Leyes
REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores Estado	:
BOE 209/2004	Fecha Disposición	:
30/08/2004	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de eneroDisposición adicional única. Evaluación de resultados.Disposición final única. Entrada en vigor.CAPÍTULO III De las reglas para la ejecución de las medidasSECCIÓN 1.a REGLAS COMUNES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDASSECCIÓN 2.a REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTADArtículo 16. Tratamiento ambulatorio.SECCIÓN 3.a REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTADArtículo 23. Regímenes de internamiento.
REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el apartado 24 de su exposición de motivos, prevé una regulación más extensa de algunos de sus aspectos en el reglamento que en su día se dicte en su desarrollo. Asimismo, en diferentes artículos de la ley orgánica hay llamamientos concretos al desarrollo reglamentario para establecer: la periodicidad con que se remitirá al juez de menores y al Ministerio Fiscal los informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal de los menores sometidos a ellas; los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar el menor internado; los requisitos para trasladar al menor de centro fuera de la comunidad autónoma; el derecho del menor a comunicarse libremente con sus padres y familiares, y a disfrutar de salidas y permisos; el derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años; la forma y la periodicidad de las actuaciones de vigilancia y seguridad en los centros; los medios de contención para evitar actos de violencia, impedir actos de fuga y daños en las instalaciones, o ante la resistencia a las instrucciones del personal del centro, y el régimen disciplinario de los centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
A la vista de esta previsiones, se ha elaborado un reglamento que, conforme a su artículo 1, pretende abordar un desarrollo parcial de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en lo relativo a tres materias concretas: la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico, la ejecución de las medidas cautelares y definitivas y el régimen disciplinario de los centros.
El capítulo II, rubricado «De la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico», regula en términos generales la intervención de ambos colectivos. Los artículos 2 y 3 se dedican a la actuación de la Policía Judicial, dependiente funcionalmente del Ministerio Fiscal y del juez de menores, prestando especial atención al modo de llevar a cabo la detención del menor. El artículo 4 se refiere a la actuación del equipo técnico, integrado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, y responsables de prestar asistencia al menor desde el momento de su detención, de asistir técnicamente a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal y de intervenir activamente en la mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, función ampliamente desarrollada por el artículo 5 del reglamento.
El capítulo III («De las reglas para la ejecución de las medidas») se divide en tres secciones. La primera destinada a regular las reglas comunes; la segunda, a algunas medidas no privativas de libertad, y la tercera, a las medidas privativas de libertad.
Las denominadas reglas comunes comprenden el establecimiento de los principios que deben inspirar la ejecución de las medidas y los derechos de los menores, con expresa mención en el último a los tratados internacionales ratificados por España (artículos 6 y 7) y la delimitación de la competencia de las Administraciones públicas para la ejecución de las medidas (artículos 8 a 11). Pero también regula el expediente personal del menor, único en la comunidad autónoma que ejecute la medida, de carácter reservado y sometido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (artículo 12), así como los llamados «informes de seguimiento» que la entidad pública competente deberá remitir al juez de menores y al Ministerio Fiscal (artículo 13). Seguidamente, reglamenta la actuación de la entidad pública en los casos de incumplimiento de las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en el centro o en el domicilio y otras medidas no privativas de libertad. La sección concluye con un precepto que regula los casos en que el menor desee conciliarse con la víctima o reparar el daño causado. En estos casos, se encomiendan a la entidad pública las funciones de mediación.
La sección 2.a del capítulo III contempla reglas específicas para la ejecución de determinadas medidas no privativas de libertad, en desarrollo del artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, comprendiendo la regulación de las medidas de tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y realización de tareas socioeducativas. Es nota común a todas ellas la elaboración de un programa individualizado de ejecución.
La sección 3.a es la más extensa y heterogénea del reglamento y bajo la rúbrica «Reglas específicas para la ejecución de las medidas privativas de libertad», regula tanto las medidas como los trámites para el ingreso, la asistencia del menor, su régimen de comunicación, etc. Atendiendo a su contenido, los 36 artículos que integran esta sección pueden estructurarse en los siguientes apartados: disposiciones relativas a los regímenes de internamiento (artículos 23 a 29, 34 y 53), disposiciones relativas al funcionamiento de los centros (artículos 30, 33, 35 y 53 a 58), disposiciones relativas al ingreso y a la libertad del menor (artículos 31, 32, 34 y 36), disposiciones relativas a la asistencia del menor (artículos 37, 38 y 39), disposiciones relativas a las comunicaciones (artículos 40 a 44) y disposiciones relativas a las salidas y permisos (artículos 45 a 52).
El capítulo IV («Del régimen disciplinario de los centros») da cumplimiento al tercer objetivo que apunta el artículo 1 del reglamento, inspirándose en el título X del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Aunque no se divide en secciones, su contenido permite apreciar un bloque de temática homogénea: los artículos 59 y 60 regulan, respectivamente, el fundamento y ámbito de aplicación y los principios de la potestad disciplinaria; los artículos 61 a 64 regulan las faltas disciplinarias clasificándolas en muy graves, graves y leves, «atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el número de personas ofendidas»; los artículos 65 a 69 regulan las sanciones con carácter general y taxativo; los artículos 70 a 80 regulan los procedimientos para la imposición de sanciones; finalmente, los artículos 81 a 85 contienen reglas especiales sobre las sanciones (ejecución y cumplimiento, reducción, suspensión y anulación, extinción y prescripción) y sobre incentivos o recompensas de un modo similar al artículo 263 del Reglamento Penitenciario.
Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004. JUAN CARLOS R.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12
DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LOS MENORES
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores, en lo referente a la actuación del equipo técnico y de la Policía Judicial, a la ejecución de las medidas cautelares y definitivas adoptadas de conformidad con aquella y al régimen disciplinario de los centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad, sin perjuicio de las normas que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 y la disposición final séptima de la citada ley orgánica establezcan las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias.
CAPÍTULO II De la actuación de la Policía Judicial y del equipo
8. Los registros de menores a que se refiere este
artículo no podrán ser utilizados en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicada la misma persona.
2. Los profesionales integrantes de los equipos técnicos dependerán orgánicamente del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias asumidas y estarán adscritos a los juzgados de menores. Durante la instrucción del expediente, desempeñarán las funciones establecidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, bajo la dependencia funcional del Ministerio Fiscal y del juez de menores cuando lo ordene.
CAPÍTULO III De las reglas para la ejecución de las medidas
SECCIÓN 1.a REGLAS COMUNES PARA LA EJECUCIÓN
3. Corresponde a las instituciones públicas que en el respectivo territorio tengan encomendada la ejecución de las medidas penales a las que alude el artículo 105.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la ejecución de la medida de libertad vigilada impuesta de conformidad con la regla 5.a del artículo 9 y, en su caso, con el apartado 2.c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
1.a Recibidos en la entidad pública la ejecutoria y el testimonio de particulares del juzgado de menores, así como los informes técnicos que obren en la causa y la identificación del letrado del menor, la entidad pública competente, cuando la medida impuesta sea alguna de las previstas en los párrafos a) a d) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, o la de permanencia de fin de semana en un centro, designará de forma inmediata el centro que considere más adecuado para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio del menor en los que existan plazas disponibles correspondientes al régimen o al tipo de internamiento impuesto. La designación se comunicará al juzgado de menores competente para que ordene el ingreso del menor si no estuviera ingresado cautelarmente.
2.a Se requerirá la previa aprobación judicial del centro propuesto por la entidad pública en los casos siguientes:
3.a La entidad pública designará de forma inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de cinco días un profesional que se responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, siempre que esta sea alguna de las previstas en los párrafos e), f), g), cuando en este caso la permanencia se ordene en el domicilio, h), i), j) y k) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dicha designación se comunicará al juzgado correspondiente.
4.a En la medida de libertad vigilada y en las medidas de internamiento, el profesional o el centro designado elaborarán el programa individualizado de ejecución en el plazo de 20 días desde el inicio de aquellas, prorrogable previa autorización judicial.
5.a El programa individualizado de ejecución de la medida se comunicará al juez competente para su aprobación. Si el juez rechazase, en todo o en parte, el programa propuesto, se someterá a su consideración uno nuevo o la modificación correspondiente del anterior, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
6.a Una vez aprobado el programa individualizado de ejecución de la medida, la entidad pública la iniciará, salvo que ya estuviese iniciada por tratarse de una medida de internamiento o de libertad vigilada, y comunicará la fecha al juzgado de menores para que el secretario judicial practique la liquidación de la medida y la comunique al menor. A efectos de la liquidación, que practicará el secretario judicial, se considerarán como fechas de inicio las siguientes:
b) En las medidas de libertad vigilada, el día de la primera entrevista del profesional aludido en la regla 3.a con el menor, que deberá llevarse a cabo en la fecha señalada por el juez de menores de entre las propuestas por la entidad pública y comunicada al menor una vez firme la sentencia. Si la medida ya estuviera iniciada cautelarmente, la fecha de inicio será la de la firmeza de la sentencia.
f) En la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, el primer día de convivencia. Si ya estuviera en medida de convivencia cautelar, el día de la firmeza de la sentencia, sin perjuicio del abono que corresponda.
7.a En la liquidación de la medida practicada por el secretario del juzgado, se abonará en su caso el tiempo cumplido de las medidas cautelares en los términos del artículo 28.5 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Una vez aprobada la liquidación por el juez, previo informe del Ministerio Fiscal y del letrado del menor, se comunicará a la entidad pública competente.
2. El inicio de la ejecución de las medidas acordadas en sentencia firme por el Juzgado Central de Menores se ajustará a las reglas anteriores, excepto en lo referente a la competencia administrativa, que siempre será del Gobierno, y a los centros o profesionales designados, que serán los que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de los convenios que, en su caso, pueda establecer con las comunidades autónomas.
3. Para dar inicio a la ejecución de las medidas cautelares que se acuerden de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, una vez adoptado y comunicado a la entidad pública el auto correspondiente, se aplicarán en lo que proceda las reglas 1.a, 2.a y 3.a del apartado 1 de este artículo.
b) La medida de permanencia de fin de semana cuan
do concurra con otra medida no privativa de libertad.
c) La amonestación, la privación del permiso de con
ducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho
a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza
o para uso de cualquier tipo de armas y la inhabilitación
absoluta, cuando concurran con otra medida diferente.
3. De igual forma, la medida de libertad vigilada prevista en la regla 5.a del artículo 9 y en el apartado 2.c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, habrá de ejecutarse una vez finalizada la medida de internamiento en régimen cerrado, salvo que concurra con otras medidas o penas privativas de libertad; en tal caso, será de aplicación lo dispuesto en el inciso último del apartado anterior.
7. En los casos en que al menor se le hayan impuesto varias medidas de internamiento y se haya acordado por el juez de menores su acumulación en un único expediente de ejecución, el centro donde el menor sea
ingresado elaborará un programa individualizado de ejecución que comprenda la totalidad de las medidas, así como un único informe final, sin perjuicio de los correspondientes informes de seguimiento que establece el artículo 13 de este reglamento.
Además, la entidad pública comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el incumplimiento de las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en un centro a que se refiere el párrafo a), así como
de las medidas de permanencia de fin de semana en el domicilio prevista en el párrafo b). Asimismo, se pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ingreso del menor en el centro en los términos previstos en el artículo 31.2 cuando se hubiese solicitado su búsqueda.
SECCIÓN 2.a REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD
1. Para elaborar el programa individualizado de eje
cución de la medida, la entidad pública designará el cen
tro de día más adecuado, entre los más cercanos al
domicilio del menor en los que exista plaza disponible.
2. El profesional designado por la entidad pública,
en coordinación con dicho centro, se entrevistará con
el menor para evaluar sus necesidades y elaborar el pro
grama de ejecución, en el que constarán las actividades
de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio que el menor realizará, la periodicidad de la asistencia al centro de día y el horario de asistencia, que deberá ser compatible con su actividad escolar si está en el período de la enseñanza básica obligatoria y, en la medida de lo posible, con su actividad laboral.
4. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación para la ejecución del período de libertad vigilada previsto en los artículos 7.2, 9.5.a, 40.2.c) y apartado 2.c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
4. La inexistencia de persona, familia o grupo educativo idóneo que acepte la convivencia se pondrá en conocimiento inmediato del juez de menores. Igualmente, se comunicará el desistimiento de la persona, familia
o grupo educativo de la aceptación de la convivencia, una vez iniciada la ejecución de la medida.
SECCIÓN 3.a REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN
2. La actividad o actividades que se realicen en el exterior se ajustarán a los horarios y condiciones establecidos en el programa individualizado de ejecución de la medida, sin perjuicio de que, en función de la evolución personal del menor, la entidad pública pueda aumentar
 disminuir las actividades en el exterior o los horarios, siempre dentro del margen establecido en el propio programa.
2. Las actividades en el exterior se llevarán a cabo
conforme a los horarios y condiciones de realización establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.
1. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro designado para recibir la atención educativa especializada o el tratamiento específico de la anomalía
 alteración psíquica, dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad, que padezcan, de acuerdo con el programa de ejecución de la medida elaborado por la entidad pública.
4. Cuando la entidad pública, en atención al diagnóstico realizado por los facultativos correspondientes
 a la evolución en la medida considere que lo más adecuado es el internamiento en un centro sociosanitario, lo solicitará al juez de menores.
b) El menor internado tiene derecho a vestir su propia ropa, siempre que sea adecuada a la disciplina y orden interno del centro, u optar por la que le facilite el centro que deberá ser correcta, adaptada a las condiciones climatológicas y desprovista de cualquier elemento que pueda afectar a su dignidad o que denote, en sus salidas al exterior, su condición de internado. Por razones médicas o higiénicas se podrá ordenar la inutilización de las ropas y efectos contaminantes propiedad de los menores internados.
1.o Las bebidas alcohólicas.
2.o Las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
3.o Cualquier otro producto o sustancia tóxica.
4.o Dinero de curso legal en cuantía que supere lo establecido en la norma de régimen interior del centro.
5.o Cualquier material o utensilio que pueda resultar peligroso para la vida o la integridad física o la seguridad del centro.
6.o Aquellos previstos por la normativa de funcionamiento interno de los centros.
e) En todos los centros habrá un horario por el que se regulen las diferentes actividades y el tiempo libre. Dicho horario ha de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de descanso nocturno y, siempre que sea posible, dos horas al aire libre.
g) Los incumplimientos de deberes podrán ser objeto de corrección educativa siempre que no tengan como fundamento la seguridad y el buen orden del centro. En este caso, si la conducta también fuese constitutiva de una infracción disciplinaria por atentar a la seguridad y al buen orden del centro, podrá ser objeto de la correspondiente sanción, que en ningún caso podrá extenderse al fundamento o motivo de la corrección educativa.
a) En el momento del ingreso o una vez ingresada,
la madre lo solicite expresamente a la entidad pública
o a la dirección del centro.
3. La ejecución del mandamiento de libertad se pondrá en conocimiento del juez de menores competente. Cuando el mandamiento de libertad se refiera a un menor de edad, el centro lo comunicará inmediatamente a sus representantes legales para que se hagan cargo de él, y de no ser localizados, se pondrá a disposición de la entidad pública de protección de menores a los efectos oportunos.
2. La entidad pública adoptará las medidas oportunas para que se dispense a los menores internados la asistencia sanitaria en los términos y con las garantías
previstos en la legislación aplicable, incluida la realización de pruebas analíticas para la detección de enfermedades infecto-contagiosas que pudieran suponer un peligro para la salud o la vida del propio menor o de terceras personas.
5. Los visitantes y comunicantes no podrán ser portadores, durante la visita o la comunicación, de bolsos
 paquetes ni de objetos o sustancias prohibidas por las normas del centro. Los visitantes deberán pasar los controles de identidad y seguridad establecidos por el centro, incluido el registro superficial de su persona, que se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 54.5.c). En caso de negativa del visitante a someterse a dichos controles, el director del centro podrá denegar la comunicación o la visita, poniéndolo en conocimiento del juez de menores competente.
6. El director del centro ordenará la suspensión temporal o terminación de cualquier visita cuando en su desarrollo se produzcan amenazas, coacciones, agresiones verbales o físicas, se advierta un comportamiento incorrecto, existan razones fundadas para creer que el interno o los visitantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia
 la seguridad del centro, o entienda que los visitantes pueden perjudicar al menor porque afecten negativamente al desarrollo integral de su personalidad.
8. Los menores que durante un plazo superior a un mes no disfruten de ninguna salida de fin de semana
 de permisos ordinarios de salida tendrán derecho, previa solicitud al centro, a comunicaciones íntimas con su cónyuge o con persona ligada por análoga relación de afectividad, siempre que dicha relación quede acreditada. Como mínimo se autorizará una comunicación al mes, de una duración mínima de una hora. Estas comunicaciones se llevarán a cabo en dependencias adecuadas del centro y respetando al máximo la intimidad de los comunicantes.
5. El lugar, el día y la hora para la comunicación telefónica o personal del menor con el juez de menores o con el Ministerio Fiscal serán los que estos determinen. La comunicación telefónica o personal con el abogado o con las personas responsables de la inspección de centros se llevará a cabo en el centro en la fecha que estos requieran.
6. En el momento de la visita, el abogado o el procurador presentarán al director del centro o al órgano que la entidad pública haya establecido en su normativa el carné profesional que los acredite como tales, además de la designación o documento en el que consten como defensor o representante del menor en las causas que se sigan contra él o por las cuales estuviera internado. Las comunicaciones del menor con su abogado o procurador no podrán ser suspendidas, en ningún caso, por decisión administrativa. Solamente podrán ser suspendidas previa orden expresa de la autoridad judicial.
Los menores podrán enviar y recibir paquetes sin ningún tipo de limitación, salvo prohibición expresa del juez. El contenido de los que se pretendan enviar o el de los recibidos será revisado en su presencia para comprobar que lo enviado pertenece legítimamente al menor y para evitar, en los recibidos, la entrada de objetos o sustancias prohibidos o en deficientes condiciones higiénicas.
3. Los menores internados en régimen abierto podrán disfrutar de salidas todos los fines de semana, salvo que la evolución en el tratamiento aconseje otra frecuencia de salidas y ello se haya comunicado motivadamente al fiscal y al juez de menores competente. Como regla general, los internados en régimen semiabierto podrán disfrutar de una salida al mes hasta cumplir el primer tercio del período de internamiento y de dos salidas al mes durante el resto, salvo que la evolución del menor aconseje otra cosa.
7. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el primer tercio del
periodo de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, podrán disfrutar de una salida de fin de semana al mes, siempre que cumplan los requisitos de este artículo y el juez de menores competente lo autorice.
3. Las salidas programadas se llevarán a cabo preferentemente durante los fines de semana y festivos. También podrán programarse en días laborales siempre que sean compatibles con los horarios de actividades del menor.
1.a No podrán realizar trabajos nocturnos, ni aquellas actividades o puestos de trabajo prohibidos a los menores.
2.a No podrán realizar horas extraordinarias.
3.a No podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas para cada uno de ellos.
4.a Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media, deberá establecerse un período de descanso durante dicha jornada no inferior a 30 minutos.
5.a La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días ininterrumpidos.
6.a En su caso, se podrán establecer reglamentariamente otras especialidades que se consideren necesarias en relación con la normativa existente para los penados.
a) Su utilización se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo
con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.
a) Para evitar actos de violencia o lesiones de los
menores a sí mismos o a otras personas.
a) La contención física personal. b) Las defensas de goma. c) La sujeción mecánica. d) Aislamiento provisional.
6. La utilización de los medios de contención será previamente autorizada por el director del centro o por quien la entidad pública haya establecido en su normativa, salvo que razones de urgencia no lo permitan; en tal caso, se pondrá en su conocimiento inmediatamente. Asimismo, comunicará inmediatamente al juez de menores la adopción y cese de tales medios de contención, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a su utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.
CAPÍTULO IV Del régimen disciplinario de los centros Artículo 59. Fundamento y ámbito de aplicación.
Artículo 62. Faltas muy graves. Son faltas muy graves:
Artículo 63. Faltas graves. Son faltas graves:
Artículo 64. Faltas leves. Son faltas leves:
b) La relación detallada de los hechos imputados. c) La calificación de la falta o faltas en las que ha podido incurrir.
g) Las medidas cautelares que se hayan acordado. h) Los posibles daños y perjuicios ocasionados.
c) Al menor extranjero que desconozca el castellano
	la lengua cooficial de la comunidad autónoma, la posibilidad de asistirse de una persona que hable su idioma.
3. Por el instructor se admitirán verbalmente las pruebas propuestas por el menor o se rechazarán motivadamente por escrito las que fueran improcedentes, por no poder alterar la resolución final del procedimiento
	por ser de imposible realización.
El órgano competente, en el mismo día o como máximo en el plazo de 24 horas, habrá de resolver motivadamente sobre el sobreseimiento del expediente, la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente
 la práctica de nuevas actuaciones por parte del instructor. En este último caso, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.
a) El lugar y la fecha del acuerdo. b) El órgano que lo adopta
g) Indicación del recurso que puede interponer. h) La firma del titular del órgano competente.
c) Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente resolverá lo que proceda. Si acuerda imponer una
sanción, se le notificará al menor y a su letrado por escrito.
1. Las faltas disciplinarias muy graves prescriben al año; las graves, a los seis meses, y las leves, a los dos meses, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
En caso de ausencia o insuficiencia de las anteriores,
o cuando sean varias las comunidades autónomas afectadas, se realizarán por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
LEY 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractorRESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Departamento de Justicia, Empleo y de Seguridad Social del Gobierno Vasco para la ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia NacionalAprobación de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de ResiduosAprobación del Plan Municipal de Infancia, Juventud y FamiliaEdicto del Ayuntamiento de Miramar sobre información pública de la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadanaOrdenanza Seguridad y Convivencia CiudadanaConvenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social y Sanidad) y la "Fundación Diagrama Intervención Psicosocial" para el desarrollo del programa de ejecución de medidas judiciales impuestas por los jueces de menores en Centro de Internamiento de MenoresAprobación definitiva de la imposición de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia CiudadanaAprobación de la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana del ayuntamiento de Valverde de la VirgenOrdenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de MijasEdicto del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer sobre exposición al público del acuerdo sobre modificación y creación de ordenanzas fiscales y reglamentos definitivamente aprobado: expedición o copia de documentos administrativos, utilización del escudo del municipio, Contribuciones especiales, Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, licencias urbanísticas, establecimiento/legalización de actividad y cambio de titularidad, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cementerios locales y prestación de servicios funerarios, alcantarillado, basura, Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre actividades económicas, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, remoción del pavimento o aceras en la vía pública, voz pública, distribución de agua incluida el derecho de enganche, utilización de columnas, carteles y otras instalaciones para exhibición de anuncios, Gestión, recaudación e inspección de los tributos locales del municipio de Canet, tráfico, Prevención de la contaminación acústica (prohibición contra ruidos y vibraciones), Tenencia de animales, seguridad y convivencia ciudadana, Servicios locales de consumo, de vallado, adecentamiento y limpieza de solares, fachadas y otros espacios abiertos del suelo del municipio, Otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto taxis y demás vehículos de alquiler, utilización de los servicios e instalaciones deportivas y piscinas, otorgamiento de licencias municipales de ocupación, instalación, modificación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico, Reglamento regulador del servicio de auto-taxis y auto-turismos, entrada a espectáculos y participación en actividades de carácter cultural, talleres y actividades de tiempo libre y utilización de dependencias municipales por particulares, uso, disfrute y aprovechamiento del litoral municipal, venta no sedentaria (venta ambulante), concesión de licencias para la celebración de espectáculos o actividades recreativas en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, estacionamiento de vehículos por tiempo limitado en determinadas vías públicas municipales, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por estacionamiento de vehículos de tracción mecáncia en las vías públicas municipales de permanencia limitada, derechos de examen, registro electrónico del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, limpieza pública y recogida de residuos y Ordenanza municipal del medio rural del término municipal de Canet d´En BerengurBases de la convocatoria para la provisión mediante funcionario de carrera de una plaza de. Subinspector de Policía (nº expediente 1204/2010), incluida en la Oferta de Empleo Público del. año 2008Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social y Sanidad), y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para el desarrollo del programa de ejecución de medidas judiciales impuestas por los jueces de menores en centro de internamiento de menoresConvenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la "Asociación por la integración social del adolescente" para el desarrollo de talleres socio-educativos para menores, adolescentes y jóvenesAprobación de la Ordenanza adaptación
ámbito ciudad de Madrid previsiones normativa estatal
relativa servicios mercado interiorRESOLUCIÓN de 8 de abril de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la ejecución de las medidas cautelares de internamiento y de las de régimen cerrado impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores o por la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los MenoresAprobación definitiva de ordenanza municipal de
seguridad y convivencia ciudadana comúnDECRETO 63/2011, de 27 de octubre, por el que se regula la
intervención administrativa y la organización y
funcionamiento de los servicios y centros específicos
destinados a menores infractoresAprobación definitiva de la ordenanza de convivencia
REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores	Trámites