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Timestamp: 2019-05-19 21:42:33
Document Index: 87648833

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 25', 'e contrario']

Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 48
NORMAS SOBRE ENDEUDAMIENTO EXCESIVO EN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OTRAS MATERIAS TRIBUTARIAS
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
RECIBIMIENTO A PRESIDENTE DE SENADO DE RUMANIA
Sesión 48ª, en jueves 8 de mayo de 2003
(De 11:20 a 13:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y CARLOS BOMBAL, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS ____________________
Proyecto de ley, en segundo trámite, que regula aplicación de normas relativas a endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y a otras materias tributarias (3181-05) (se aprueba en general)...............
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre Sistema de Inteligencia y creación de Agencia Nacional de Inteligencia (2811-02) (queda pendiente su discusión general)
Recibimiento a Presidente del Senado de Rumania ............................
Concurrieron, además, el señor Subsecretario del Interior , la señora Subsecretaria de Hacienda y el señor Director de Seguridad Pública e Información.
--Se abrió la sesión a las 11:20, en presencia de 16 señores Senadores.
Se da por aprobada el acta de la sesión 45ª, especial, en 6 de mayo del año en curso, que no ha sido observa
El acta de la sesión 46ª, ordinaria, en 6 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaria a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto referente a modificación de la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (Boletín Nº 3.115-14).
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre accesos a la localidad de Villa Esperanza, en la comuna de Collipulli.
1.- El relativo al "Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa" (Boletín Nº 3.120-10), y
2.- El referido al "Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Dominicana", suscrito en Santo Domingo de Guzmán , el 4 de marzo de 1998 (Boletín Nº 3.133-10)
Solicito el asentimiento de la Sala para colocar en tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria los dos proyectos de acuerdos que figuran en la Cuenta de la presente sesión.
La señora Presidenta de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, ha solicitado a la Mesa que recabe la autorización de los señores Senadores a fin de prorrogar el plazo, hasta el comienzo de la sesión a la cual fue convocada para hoy, para formular indicaciones al proyecto sobre gasto electoral que está analizando.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición.
Deseo hacer presente que las indicaciones al proyecto despachado en general en la sesión especial de ayer, relativo a la separación de escalafones en la Fuerza Aérea, deben ser presentadas directamente en la Secretaría de la Comisión, por tratarse de una materia de carácter secreto.
Por otra parte, cabe recordar que hoy, a las 13, recibiremos al Presidente del Parlamento de Rumania, quien viene de visita a Chile junto con una delegación de siete Senadores y un importante número de empresarios.
Por lo tanto, solicito la presencia de Sus Señorías, como también su participación en el almuerzo que se celebrará.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la aplicación de normas relativas al endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y a otras materias tributarias, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3181-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 15 de abril de 2003.
Hacienda, sesión 47ª, en 7 de mayo de 2003.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "suma".
La iniciativa se encuentra informada sólo en general.
Sus objetivos principales son introducir diversos perfeccionamientos a la Ley de Impuesto a la Renta y derogar el artículo 4º de la ley Nº 18.402, conforme a la cual los créditos hipotecarios para vivienda están afectos a un impuesto de timbres y estampillas de 1,2 por ciento del capital. Con la derogación se restablecería la aplicación general y uniforme de la tasa de 1,608 por ciento de la Ley de Timbres y Estampillas.
En cuanto a los perfeccionamientos de esta última legislación, cabe mencionar, entre otros, los siguientes:
1) Los créditos provenientes de los denominados paraísos tributarios se clasificarán como "relacionados".
2) Se aclara la normativa actual para que el financiamiento de proyectos, o "proyect financing", no se considere como operación relacionada.
3) Se precisa la manera en que debe efectuarse la medición de la deuda y la aplicación de la norma relativa a sobreendeudamiento, cuando se realizan modificaciones a la estructura de la empresa que impliquen traslado o novación de deudas.
4) Se incorporan los bonos emitidos en moneda nacional para la determinación de la relación deuda-patrimonio.
5) Se simplifica y corrige la norma que define la manera de calcular el patrimonio de la empresa para obtener la relación deuda-patrimonio cuando ella tenga filiales o coligadas.
6) Finalmente, se establece explícitamente que los compromisos contraídos con organismos internacionales multilaterales no constituyen deudas relacionadas.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami. Su texto final se consigna en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
Solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala la Subsecretaria de Hacienda, señora Maria Eugenia Wagner.
En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , este proyecto viene a perfeccionar una normativa legal que aprobamos hace aproximadamente un año.
Deseo señalar en esta oportunidad que no se trata de corregir errores, sino de abordar situaciones tributarias muy complicadas.
En la medida en que diversos contribuyentes hicieron consultas al Director del Servicio de Impuestos Internos , nos dimos cuenta de que efectivamente era necesario complementar la norma.
Concordamos con todas las disposiciones del proyecto, no obstante que en la Cámara de Diputados algunas materias fueron votadas en contra por Parlamentarios de nuestra bancada, particularmente en cuanto al aumento del impuesto de timbres y estampillas sobre los créditos hipotecarios. Ello obedeció al hecho de que, cuando se convino en el Parlamento bajar las tarifas a 6 por ciento, llegamos a un acuerdo con el Gobierno para subir diversos impuestos, a fin de compensar la baja que se produciría en la recaudación. Ello significó aumentar la tasa máxima del impuesto de timbres y estampillas. Sin embargo, en ese momento nadie reparó que dicho tributo figuraba en dos leyes distintas, y se procedió a incrementar sólo uno, con una tasa máxima de 1,2 para los créditos hipotecarios.
El Senador señor García y quien habla votamos a favor de esta norma en la Comisión de Hacienda, porque entendemos que en ese acuerdo político efectivamente se consideró el aumento de la tasa máxima del impuesto de timbres y estampillas respecto de todos los créditos, y que el no haberla subido legalmente para los hipotecarios, en el fondo, fue un error por no darnos cuenta de que la tasa máxima aparecía en dos leyes distintas.
Señor Presidente , se trata de una iniciativa importante, que requiere ser despachada con prontitud -ojalá pueda serlo la próxima semana en forma definitiva-; está bien hecha y fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Por eso, la hemos apoyado.
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto, por considerar altamente conveniente que las reglas tributarias sean lo más claras posible, de tal forma que los inversionistas sepan exactamente cuál es la norma que rige cuando realizan determinadas operaciones. De hecho, cuando se produce nebulosa en esta materia, ello constituye un desincentivo a la inversión. En este caso concreto, lo que se pretende es precisar algunas disposiciones que generaron dudas en su aplicación luego de que fuera promulgada la ley sobre combate a la evasión tributaria.
Por ejemplo, en esa normativa legal se estableció un impuesto del 35 por ciento a los intereses de las llamadas "deudas relacionadas". Los señores Senadores comprenderán que es un tributo bastante alto. Éste rige cuando se entiende que existe un sobreendeudamiento con empresas relacionadas. Y hay sobreendeudamiento cuando la obligación excede tres veces el patrimonio. Por lo tanto, definir claramente qué es y qué no es una deuda relacionada tiene directa vinculación con el hecho de si se paga o no se paga el impuesto del 35 por ciento. Por consiguiente, para quienes no tienen deudas relacionadas esta aclaración constituye un incentivo para continuar financiando proyectos, como se establece en la iniciativa en debate.
Una segunda materia, que, en mi opinión, es incluso más importante que la anterior, se refiere a la retención del 20 por ciento por retiro de utilidades afectas al impuesto adicional con que se grava el retiro de utilidades de sociedades de personas. En verdad, muchas veces tal retiro se hace para reinvertirlo en otra empresa dentro del mismo territorio nacional. Sin embargo, como eso no quedó expresamente dicho, el acto quedaba automáticamente sujeto a una retención del 20 por ciento, aun cuando el capital fuese reinvertido y estuviera generando mayor producción y más fuentes de trabajo. Por eso, también nos parece tremendamente importante que esto se corrija, a fin de que existan normas claras y definitivas.
El elemento más controvertido del proyecto es, sin duda, el alza del gravamen en el caso de los créditos hipotecarios. Efectivamente, ésta tiene su origen en un error. La idea siempre fue que, para compensar la disminución de ingresos que afectaría al Fisco por la rebaja de aranceles, se iban a subir, entre otros, los impuestos de timbres y estampillas, incluido el de los créditos hipotecarios. Por error, quedó fuera en su oportunidad.
En mi opinión, debemos honrar los acuerdos, más allá de que se haya cometido un error o de que hoy se pudiera decir: "Ése fue un acuerdo de casi dos años atrás; hoy día la situación es distinta; ya lo veremos cuando se vote en particular". No, lo conveniente en materia económica, sobre todo cuando se trata de reglas estables, claras, es respetar los acuerdos convenidos.
Por lo tanto, señor Presidente, nuestra voluntad es concurrir a la aprobación general del proyecto.
Señor Presidente , como han señalado los Senadores señora Matthei y señor García , el proyecto tiene un carácter extremadamente técnico y su contenido, como decía la Honorable colega, es el resultado de la experiencia acumulada desde la aplicación de las normas anteriores y frente a las distintas dificultades encontradas en el camino y que constituyen desincentivos respecto de la inversión que se quiere fomentar o de los resguardos para las deudas relacionadas.
Los miembros de la Comisión que representan a la Concertación apoyaron en su totalidad el proyecto del Ejecutivo. Yo, por mi parte, en aras de la brevedad -por creer que la aprobación en general es de fácil trámite-, sólo quiero enfatizar dos aspectos.
Uno de ellos es, probablemente, el más esencial: corregir la norma vigente para la clasificación de las deudas relacionadas en operaciones de financiamiento que no tienen ese carácter. Específicamente, ello ocurre en los financiamientos de proyectos, lo que en la jerga se denomina "project financing". Y tal problema se origina en el tipo de garantías empleadas para dicho financiamiento, lo que lleva a una presunción de que se trata de deudas de operaciones relacionadas. Para resolver dicho problema, la iniciativa restringe el concepto de valores a sólo aquellos representativos de obligaciones en dinero, e incorpora la exigencia de que la empresa deudora informe mediante declaración jurada respecto de estas deudas.
El segundo punto, como lo han destacado también la Senadora señora Matthei y el Honorable señor García , corrige una omisión. Y, aunque aparece como un alza de impuestos, en verdad responde al hecho de que en la legislación anterior, en conformidad al acuerdo político recordado, se equiparó en 1,6 por ciento el impuesto de timbres, quedando pendiente, simplemente por inadvertencia, el caso de los créditos hipotecarios, a los que otra normativa aplicaba una tasa de 1,2 por ciento. En consecuencia, parece evidente la necesidad de homologar y equiparar estas tasas. En el proyecto se establece el 1,6 por ciento parejo, reponiendo lo que se había omitido. En la Cámara de Diputados hubo una votación contraria por parte de algunas bancadas -dada la situación que ha estado viviendo el país, es explicable la resistencia a cuanto signifique modificar impuestos-, pero en la Comisión de Hacienda del Senado se entendió en forma unánime, como se ha recordado, que es de toda lógica generar una equiparación.
No me voy a referir al resto de las normas; son todas correcciones de la misma índole que, conforme a la lectura del señor Secretario y a las intervenciones de los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, aclaran la situación. Simplemente, quiero señalar que, dados el carácter eminentemente técnico del proyecto y la aprobación unánime de la Comisión, su despacho en general debería ser fácil. Ya habrá oportunidad de estudiar las disposiciones en particular.
Señor Presidente , no conozco en detalle el contenido del proyecto, porque fue tratado exclusivamente en la Comisión de Hacienda, en la cual no participé.
Tengo enormes aprensiones respecto de la materia de que trata. Su parte medular tiene mucho que ver con el hecho de que de las 47 empresas cupríferas, 44 declaran pérdidas para no pagar impuestos. Esas empresas han acudido a diversos subterfugios, entre ellos el de las deudas relacionadas.
Y quiero precisar qué ocurre con la deuda relacionada en las empresas de la Gran Minería del Cobre, para que los señores Senadores entiendan plenamente lo que ocurre.
Una casa matriz tiene una filial en Chile y, en vez de aportarle el capital, le aporta el crédito de una empresa relacionada establecida en un paraíso tributario, como Bahamas. En lugar de iniciarse un trabajo productivo con la filial, la operación se convierte en un negocio financiero, porque las utilidades se comienzan a transformar en amortizaciones aceleradas y, por cierto, en el pago de los intereses de la deuda.
Ello es grave, por el cambio del negocio minero en uno financiero en el que, en definitiva, la casa matriz saca las utilidades que debería registrar en Chile, donde aparece con pérdidas, a través de los créditos de las empresas relacionadas en paraísos fiscales.
Ésa es la razón principal por la que, de 47 empresas que explotan el cobre en el país, 44 declaran pérdidas y no pagan impuestos. Sólo dos lo hacen, y por montos pequeñísimos, porque también aplican una combinación en los precios de transferencia, entre la filial y la casa matriz, y asimismo recurren a los créditos relacionados, producto de que la casa matriz ha fundado una filial.
El anterior es el caso de Disputada de Las Condes, de la Exxon, que durante 24 años no pagó un solo centavo en impuestos. Declaró pérdidas. Y, finalmente, ocurrió -lo que es más grave- que fue vendida a la Anglo American en mil 300 millones de dólares.
No me explico cómo el Senado, o algún economista, o alguna persona podría pensar que una empresa con pérdidas durante 24 años -las cosas se venden según la rentabilidad que generan- da pie para pedir tal suma.
Y, en ese momento, el Gobierno expresa: "Señores, no se preocupen, porque hay una diferencia en las ganancias de capital. Exxon compró en 93 millones de dólares y vende en mil 300 millones de dólares. En consecuencia, se debe pagar por tal concepto un impuesto que se fijó en 300 millones de dólares.".
Por una serie de negociaciones -hasta vino a Chile el Presidente de Exxon -, esos 300 millones de dólares se convirtieron en 29 millones de dólares. ¿Y ello cómo se logró? Con la complicidad, además, de tres organismos de Gobierno.
Cabe hacer constar que nunca se supo el capital invertido en Chile por esa empresa. ¿Por qué? Porque el Banco Central tenía una cifra, el Comité de Inversiones Extranjeras otra e Impuestos Internos una distinta. Y no pudieron cobrar los verdaderos tributos a la Exxon sólo porque jugaron al comprahuevos. En efecto, el Banco Central dijo: "Ésta no es mi función, pues ha sido asignada al Comité de Inversiones Extranjeras.". El Comité de Inversiones Extranjeras aseveró: "Ella me correspondió hasta tal fecha, pero ahora la cumple Impuestos Internos.". Impuestos Internos afirmó: "No me compete.". Es decir, fue el comprahuevos perfecto.
¡Y nos estafaron! ¡Y nos hemos quedado tranquilos!
Después, como si fuera poco, ese último organismo, al hacer la liquidación final del precio de venta, dedujo unas deudas. Constituye algo insólito. Imagino que cualquier privado chileno estaría encantado de que, para el cálculo relativo a las ganancias de capital, le restaran un monto por ese otro concepto.
Por tal razón, el tema, para mí, es realmente extraordinario, grave.
Y veo que se vuelve atrás en una de las disposiciones del proyecto, al ser establecido que los créditos relacionados deberán pagar 4 por ciento.
¿Qué implica lo que expongo, señor Presidente ? Que vamos a seguir convirtiendo el cobre chileno en un negocio financiero para las grandes multinacionales y, por cierto, sin que quede absolutamente nada en el país.
Sus Señorías me han escuchado decir que se envían al exterior 6 millones de toneladas de concentrado. ¿Qué significa eso? Que en ellas también se incluye titanio, molibdeno, oro, plata. Y no se trata de algo menor: resulta casi tan importante como el cobre. De las reservas del metal rojo en las minas de CODELCO, las de molibdeno importan 25 mil millones de dólares. Y sólo ellas. Esos minerales los reciben gratis las multinacionales privadas, porque es imposible fiscalizar los 6 millones de toneladas de concentrados.
Aparte la dificultad de llevar a cabo esta última tarea en el caso de una submateria prima como el concentrado, también perdemos, por cierto, cerca de 20 mil puestos de trabajo. Y cada año debemos pagar al extranjero mil 500 millones de dólares por no fundir y refinar el cobre en Chile.
El negocio se establece con condiciones muy excepcionales, a tal punto que todos los Estados aplican un "royalty". El último que lo ha hecho es Sudáfrica, país minero que se aburrió de que las multinacionales declararan pérdidas. Y todavía lo dispuso deducible de impuestos. Aquí las multinacionales dicen que pagan tributos. Perfecto. En la práctica, no es así, pero ellas afirman lo contrario. Entonces, se debe determinar el mismo sistema de Sudáfrica: si pagan impuestos, se deduce el "royalty"; si no, lo pagan.
Creo que es preciso abordar el punto con especial precaución. No constituye una cuestión menor. No es algo en el plano de los créditos hipotecarios, cuestión que en la normativa viene de relleno. El tema principal es la situación minera. Y me agradaría que el proyecto, señor Presidente , también fuera examinado en el aspecto que señalo por la Comisión de Minería.
Comprendo el hecho que se suscita. Y no tengo por qué culpar a mis Honorables colegas. El asunto a que hago referencia corresponde a una especialidad, que no todos ellos tienen por qué entender. El mismo Senador que habla no puede dar una opinión concreta sobre la iniciativa, por desconocer cómo fue tratado en la Comisión de Hacienda. Pero estimo que en la cuestión mencionada se hallan involucrados muchos miles de millones de dólares. Y, por tal motivo, pido que el texto, después de conocido por ese órgano técnico, pase a la Comisión de Minería, donde podremos examinarlo a la luz de los intereses mineros, de lo que está ocurriendo al respecto. Porque la normativa en análisis es fundamentalmente para retrotraer lo realizado en una normativa anterior y por lo cual reclamó la gente de ese sector de la gran minería.
En virtud de lo expresado he levantado mi voz, señor Presidente . Y solicito, con confianza y con respeto por los señores Senadores, que se permita estudiar la iniciativa en la Comisión de Minería, para considerar detenidamente el fondo y hasta dónde llegan sus disposiciones.
Primero es necesario pronunciarse sobre la idea de legislar.
Propongo fijar como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes, a las 12.
Señor Presidente , si me permite, quiero hacer brevemente una consulta relacionada con la intervención del Senador señor Lavandero .
Estimo tan grave la situación descrita por Su Señoría que tal vez sería posible obtener un acuerdo del Senado para pedir una información exhaustiva sobre esta materia al Ministerio de Hacienda, al Servicio de Impuestos Internos y a los organismos que corresponda. Porque, si es efectivo lo señalado por el señor Senador , no podemos quedarnos mirando el techo, como que si no revistiera gravedad. Creo que el Senado, como Corporación, tiene la obligación ética de solicitar información definitiva al respecto, y que no se continúe sólo tomando conocimiento de una situación tan complicada, sin que nadie responda.
Propongo que, en nombre de todo el Senado, se pida información acerca de lo planteado por el Honorable señor Lavandero en su intervención.
Señor Presidente , creo que todo el mundo conoce las opiniones que, con bastante reiteración y en forma muy legítima, ha expresado el Senador señor Lavandero sobre la minería. Considero bastante razonable que el Senado examine la situación. En ese sentido, la sugerencia del Senador señor Muñoz Barra me parece muy atinada.
Sin embargo, a mi juicio, este proyecto nada tiene que ver con el cobre ni con la minería, sino que está encaminado a corregir situaciones que dificultan las decisiones de inversión en general en el país, como es el caso específico del "proyect financing", la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. Por ello, y con razón, el Ejecutivo ha calificado su urgencia de "suma".
Creo que sería una digresión bastante perjudicial para el proceso de ahorro e inversión el que esta iniciativa fuera a dar a otra Comisión, con el consiguiente retardo, considerando además su urgencia.
Propongo que más bien se envíe un oficio, a fin de recabar la información solicitada, pero que el texto vuelva a la Comisión de Hacienda para su discusión particular.
Las cosas hay que despacharlas en orden. Primero se debe resolver acerca del plazo para formular indicaciones al proyecto. Después nos vamos a pronunciar sobre la materia a que se ha hecho referencia.
¿Habría acuerdo en fijar como plazo hasta el lunes próximo, a las 12?
Respecto del otro asunto, coincido con el Senador señor Boeninger . La iniciativa no tiene que ver con la minería, y trata un tema que corresponde específicamente a la Comisión de Hacienda. Su Señoría puede concurrir a ésta cuando se discuta el proyecto en particular y exponer allí, por cierto, sus inquietudes.
Distinto es lo que ha planteado el Honorable señor Muñoz Barra . Por lo tanto, primero discutiremos la proposición del Senador señor Lavandero .
Señor Presidente , la forma y el fondo del razonamiento del Honorable señor Lavandero se refieren a algo que en reiteradas oportunidades le hemos escuchado en esta Sala. Muchas personas nos manifiestan, en privado -también algunos señores Senadores-, que coinciden con sus planteamientos. A veces, su vehemencia y su pasión, así como la reiteración de sus opiniones, hacen pensar "Sí, yo comprendo"; pero, en verdad, no existe el espacio para discutirlo.
El Honorable señor Muñoz Barra formuló una proposición -que hago mía-, en el sentido de solicitar información acerca de esta materia, que surgió nuevamente a raíz del problema de franquicias tributarias que estamos discutiendo ahora, pues el Senado no puede seguir insensible a las denuncias que se están haciendo. Yo propongo que se elabore un informe; no que se envíe un oficio. En ese sentido, discrepo de lo sugerido por el Senador señor Boeninger , porque de los oficios todos sabemos cuáles son sus destinos y cuáles sus formas. ¡No! Aquí, lo que amerita es un informe de Comisión que pueda ser discutido por el Senado, si es necesario en una sesión especial, o en los organismos técnicos especializados.
Por lo tanto, señor Presidente , hago mía la proposición del Honorable señor Muñoz Barra , y solicito que, si la Sala está de acuerdo, tome la determinación de pedir que se prepare un informe, y que éste sea posteriormente...
¿Me permite, Su Señoría? Nuevamente pido que se ordenen las cosas...
Estoy ordenado, señor Presidente.
Primero hay que resolver acerca de la petición formulada por el Senador señor Lavandero en cuanto a enviar el proyecto a la Comisión de Minería. Después analizaremos el otro punto.
Pero, como una cosa no es tan independiente de la otra, sugiero que la Sala tome el acuerdo y, en virtud de éste, soy partidario de que la iniciativa no vaya a esa Comisión.
En estos momentos he puesto en discusión la proposición de enviar el proyecto a la Comisión de Minería, y para eso se requiere el acuerdo de la Sala. Después se verá lo otro.
Señor Presidente , me parece que el planteamiento del Senador señor Lavandero no justifica que se constituyan Comisiones unidas, por tratarse de una cuestión técnica que tiene que radicarse en Hacienda. Sin embargo, sí es atingente para levantar un tema relacionado, que permitiría, como ha señalado el Senador señor Moreno , la elaboración de un informe especial.
Sugiero crear una Comisión especial para estudiar el tema. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que el Honorable señor Lavandero lo ha expuesto y el Senado ha enviado anteriormente oficio en ese sentido, sin obtener respuesta. Por eso, si se constituyera una Comisión especial, existiría la posibilidad de oír a los Ministros de Minería y de Hacienda, al Director del Servicio de Impuestos Internos , a la SONAMI, a las empresas mineras afectadas, y de elaborar una proposición que el Senado podría o no hacer suya. Dicha Comisión se abocaría a estudiar la materia para dilucidar una inquietud que hemos oído reiteradamente, aunque nunca hemos tenido una explicación satisfactoria, o una proposición concreta de norma respecto de los planteamientos formulados aquí.
Señor Presidente , para tratar de resolver las cosas, creo que debemos distinguir entre las dos discusiones. Ya se ha hecho presente la urgencia respecto de este proyecto, que tiene que ser despachado muy prontamente. Por lo tanto, hay que decir con claridad que siga su curso a través de la Comisión de Hacienda, de modo que vuelva a la Sala la próxima semana para su despacho.
En la misma línea del planteamiento del Honorable señor Larraín , quizá más que crear una Comisión especial, propondría que se encargara, esta vez sí, a las Comisiones de Hacienda y de Minería que, sobre la base de los antecedentes que entregue el Ministerio de Hacienda en relación con la materia, informen a la Sala acerca de la tributación minera.
En consecuencia, se encomendaría a ambas Comisiones el estudio del tema en cuestión.
Apoyo lo planteado por el Honorable señor Ominami , señor Presidente .
Señor Presidente , según entiendo, este proyecto intenta salvar algunas omisiones. Éstas son bastante menores respecto de lo que ha planteado el Honorable señor Lavandero . Ignoro si es ésta la oportunidad más propicia para incorporar la inquietud que Su Señoría ha hecho explícita una vez más. Creo que lo que acaba de manifestar el Senador señor Larraín podría interpretarnos a todos los que de alguna u otra forma mostramos preocupación por esta materia.
Pero, fundamentalmente, lo que celebro esta mañana, señor Presidente , es que por fin la perseverancia del Honorable señor Lavandero alcanza algún fruto. Ha sido acusado hasta de reiterativo en muchas oportunidades. La verdad es que Su Señoría, de una u otra forma, se las ingenia para concluir siempre en la cuestión del cobre. Pero tiene razón en su planteamiento.
Celebro que actúe así, casi con un espíritu contumaz. Hoy el Senado se muestra sensible a atender esta inquietud tan legítima que expresa. Deseo apoyar con toda fuerza la proposición que se ha formulado, en el sentido de constituir una Comisión especial. Ésta, por supuesto, ha de recoger todos los antecedentes que están dispersos en diversos órganos del Estado, y con ello ojalá culmine su trabajo con una propuesta legislativa que ya veremos dónde se radica. Pero, de una vez por todas, que la ciudadanía perciba preocupación del Senado ante un planteamiento que desde ya hace bastante tiempo viene formulando uno de sus miembros. La verdad es que, a esta altura, nadie entiende por qué alguien no pone mano al asunto.
Por eso, apoyo la propuesta del Senador señor Larraín, que ojalá cuente con la unanimidad de la Sala.
Señor Presidente , después de insistir cerca de ocho años en que de 47 empresas que explotan el cobre sólo 2 declaran utilidades, finalmente el Ministro señor Dulanto , unos seis meses atrás, reconoció en forma pública esa realidad al manifestar que únicamente 2 empresas declaran utilidades y pagan impuestos. De tal manera que ya no se trata sólo de una presunción del Senador que habla: hay un reconocimiento hecho por ese Secretario de Estado .
Ahora bien, alabo lo manifestado aquí por el Senador señor Muñoz Barra , que refuerza mis expresiones. Pero lo cierto es que hace alrededor de un mes hice el mismo planteamiento mediante una intervención en la hora de Incidentes, copia de la cual fue enviada a diversos organismos gubernativos del sector minero. Y se respondió con un oficio -aquí lo tengo- al "comprahuevos". Porque, ¿quién contestó el oficio que el Senado dirigió al Ministro de Economía ? La secretaria del Subsecretario , quien, respondiendo a la Cámara Alta, expresó que a su vez lo había enviado a la Secretaria de la Comisión Nacional de Energía.
Excúsenme, Sus Señorías, pero considero que el Senado algo vale. No creo que debamos recibir contestación de secretarias de Subsecretarios. Y por eso el Presidente del Senado devolvió el oficio de respuesta.
¿Por qué señalo todo esto? Para que se conozca la larga lucha que he dado durante más de nueve años. Y a los señores Senadores les digo: ¡en el cobre corre más plata que en el narcotráfico! Ése es el punto. Y por eso el tema es interminable, no se aclara nunca: porque ¡hay comprometidos intereses colosales!
En consecuencia, llamo a tener cuidado y a examinar en la Comisión de Hacienda este proyecto, porque de lo contrario algún día vamos a tener que enfrentar la afirmación de que "fue utilizado para esconder las utilidades en Chile de las empresas relacionadas".
Por ello, felicito al Honorable señor Larraín , quien hace poco escuchó una exposición que efectué en la UDI, en presencia de su directiva y de todos sus Senadores y Diputados. Ese partido tuvo la gentileza -que agradezco- de invitarme para tal efecto, cosa que no ha hecho ninguna otra colectividad política. Y es por eso que el Honorable señor Larraín , quien entendió el problema que he planteado, tomó la decisión de apoyar la formación de una Comisión especial para que se aboque al estudio del asunto.
Señor Presidente , es difícil que las Comisiones de Hacienda y de Minería funcionen unidas para abordar esta materia, porque ambas están muy atareadas.
En todo caso, creo que, más que una Comisión especial, podríamos acordar para tal efecto el funcionamiento de la Comisión de Minería ampliada; es decir, sus cinco integrantes más otros tres Senadores que deseen participar.
O sea, una Comisión especial.
La de Minería ampliada a ocho Senadores. Para ser especial, debería tener mayor número de miembros. En realidad, desconozco el Reglamento en este aspecto.
Me preocupa, señor Presidente , sobre qué base hacer la discusión: ¿considerando sólo los planteamientos del Honorable señor Lavandero o sujetándonos al contenido de algún documento? El debate debe centrarse en algo bien concreto, porque de lo contrario se puede prolongar nueve años más.
Si me lo permiten, voy a poner un poco de orden.
No quiero que entremos en un debate más propio de una Comisión. El tema expuesto por el Honorable señor Lavandero no está incluido en el Orden del Día. Por tanto, voy a plantear la que me parece la manera más viable de zanjar el punto.
En primer lugar, quiero dejar establecido que el Senado no puede formar comisiones con funciones fiscalizadoras.
Ahora bien, el artículo 28 del Reglamento permite encargar el examen de un asunto a dos o más Comisiones unidas o a una Comisión especial.
Considerando las sugerencias formuladas y lo prescrito por dicho precepto, creo que lo más lógico sería que las Comisiones de Hacienda y de Minería trabajaran en conjunto y emitieran un informe sobre la tributación de las empresas mineras y los demás aspectos abordados durante este debate. Las Comisiones unidas, en consecuencia, invitarían para tal efecto a los Ministros -aunque el Senado no tiene imperio sobre ellos, normalmente asisten cuando son convocados-, a los Subsecretarios, al Director de Impuestos Internos , etcétera.
Sin embargo -reitero-, no se trataría de una comisión investigadora -en eso quiero ser bien claro-, porque si así fuera estaríamos vulnerando la Constitución.
Para cerrar el debate...
Señor Presidente , ¿no sería conveniente fijar a esas Comisiones unidas -cuya formación respaldo- plazo para evacuar su informe?
Ellas mismas lo fijarían, comunicándolo a la Sala.
Al menos un plazo tentativo.
La idea es que esos mismos organismos, a los cuales podrían incorporarse Senadores no pertenecientes a ellos, determinen una fecha tope para informar a la Sala. Incluso, se podría convocar a sesión especial cuando den a conocer la información, que serviría de base concreta al Senado para plantear al Gobierno una política con relación a la materia.
Tengo una duda, señor Presidente .
La escucho, señora Senadora .
Como Hacienda está sobre Minería, le correspondería presidir las Comisiones unidas. Entonces, no sé si se podría hacer un cambio para que ese derecho lo tuviera la de Minería.
No puedo modificar el Reglamento, señora Senadora . Ese asunto deben resolverlo las propias Comisiones.
Hacienda tiene tanto trabajo que a lo mejor no va a disponer del tiempo necesario para...
Perdón, señor Presidente , pero para los miembros de la Comisión de Hacienda éste es un tema importante -lo dijo su propio Presidente -, que deseamos estudiar.
Me alegro mucho. Pero, entonces, fijemos un plazo, tal como lo propuso el Senador señor Muñoz Barra .
Estamos de acuerdo. Sin embargo, que sean las mismas Comisiones unidas las que lo propongan. Yo no quiero imponerlo.
¿Puedo hacer una sugerencia, señor Presidente?
Opino que los Comités podrían regular esta materia y fijar el temario, el plazo y todo lo que sea menester para que las cosas funcionen.
No tengo ningún inconveniente. Y, en tal sentido, pido al Presidente de la Comisión de Minería , Senador señor Lavandero , que proponga el plazo y la metodología de trabajo.
Lo importante es que haya Comisiones unidas. Ya se resolverá en su seno, de acuerdo con sus propias facultades, el asunto de la presidencia.
Me parece que ésa es la forma correcta de proceder.
Señor Presidente , con todo respeto me permito recordarle que el artículo que Su Señoría invocó autoriza para nombrar una comisión especial, como lo sugirió el Honorable señor Larraín .
Lo dije, señor Senador. Pero, para evitar que se confunda con una Comisión especial fiscalizadora, prefiero las Comisiones unidas. No veo qué problema hay en ello.
El problema, señor Presidente, es que las Comisiones que se unirían, especialmente la de Hacienda, se hallan con una enorme cantidad de trabajo.
Pero sus integrantes tendrán que darse el tiempo necesario. Porque la misma situación se presentaría con una Comisión especial. Y lo lógico es que sean designados para tal labor los Senadores especializados en el tema, es decir, los miembros de las Comisiones de Minería y de Hacienda.
Señor Presidente , le encuentro la razón en cuanto a que las Comisiones unidas decidan su forma de proceder. Pero creo que, si se trata de proponer un plan de trabajo, fecha, plazo, etcétera, los Presidentes de ambos organismos deben tomar en conjunto los acuerdos pertinentes. Me parece que hay que mantener el equilibrio entre las dos Comisiones. No tiene sentido que resuelva una sola.
No hay ningún problema. Además, todo Senador tiene derecho a concurrir a las Comisiones a expresar sus planteamientos.
Ahora, si se fija un plazo y se acuerda un mecanismo de trabajo, hay que respetarlos. Creo que el objetivo se va a cumplir. Lo importante es que el Senado cuente con un informe lo más especializado posible y la Sala pueda pronunciarse sobre lo allí propuesto.
Solicito al Honorable señor Lavandero que me haga llegar los temas a fin de poder plantear a los Comités el programa de trabajo.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2811-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 5 de marzo de 2003.
Defensa, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
La Comisión de Defensa Nacional deja constancia en su informe de que discutió sólo en general el proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.
El objetivo principal de la iniciativa es optimizar, dentro de los niveles de decisión del Estado, la forma como se obtiene, procesa y distribuye información que sea completa, pertinente y oportuna para los propósitos de la inteligencia con el fin de mejorar la capacidad del Estado chileno en esta materia.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Honorables señores Canessa, Fernández, Flores, Páez y Prokurica.
Cabe destacar que los artículos 6º, 14, 16, 17, 19, 26, 29, 39 y 52 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales y, en consecuencia, requieren, para su aprobación, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , en vista de que estaré paralelamente en la Comisión de Gobierno, pido que se autorice el ingreso del Subsecretario del Interior , señor Jorge Correa Sutil, quien además ha llevado este proyecto.
Si le parece a la Sala, se concederá la autorización.
--Se concede.
Señor Presidente , el proyecto que hoy se somete a conocimiento de esta Corporación tiene por objeto constituir un Sistema de Inteligencia del Estado y crear una Agencia Nacional de Inteligencia, órgano que reemplazará a la actual Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
Para Chile, contar con un Sistema de Inteligencia del Estado es una necesidad enmarcada, entre otras razones, en la prevención frente a las amenazas del terrorismo, fenómeno que hoy tiene un alcance cada vez más global.
Es menester asumir que, así como el orden internacional ha cambiado en los últimos años, el terrorismo internacional también lo ha hecho. Y brutales atentados, como el de las Torres Gemelas en Nueva York, así lo confirman. Pero quizás tan grave como ello es constatar cómo, a pesar del enorme despliegue militar y de seguridad desarrollado en distintos lugares del mundo, el terrorismo sigue siendo capaz de causar severos daños también en otros países.
El traslado de elementos radicalizados desde las zonas de guerra hacia otras naciones puede alcanzar también a regiones no tradicionales, de las que no escapa América Latina. A ello se suma la presencia en esta región de grupos e individuos que mantienen relaciones con distintas organizaciones del terrorismo mundial. Todo lo anterior no puede dejar de preocupar a nuestro país y nos exige adoptar medidas de inteligencia y de seguridad proporcionales a las amenazas que nos afectan.
En otro orden, y al margen del terrorismo internacional, existen fenómenos de carácter sistémico, entre los que se cuentan el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero, que requieren una potente acción de inteligencia. Estos fenómenos, al igual que el terrorismo, demandan no sólo una adecuada coordinación de la comunidad de inteligencia local, sino también una creciente cooperación internacional. La interlocución con servicios de otros países también pasa por tener una contraparte nacional que pueda responder e interactuar en este campo. Es así como con esta iniciativa de ley se sientan las bases para construir una plataforma de alerta y prevención que pueda recibir información y, asimismo, advertir a naciones amigas de las amenazas que nos acompañan y que permanecerán en los años venideros.
Por último, si bien es cierto que por fortuna en los últimos años prácticamente han desaparecido las actividades terroristas de origen interno, se hace necesario mantener las acciones de prevención frente a un fenómeno que tanto daño provocó en el pasado a nuestra convivencia democrática. Para tal efecto, la labor de los órganos de inteligencia policiales y civiles sigue siendo absolutamente necesaria. En el caso del funcionamiento de la criminalidad organizada nacional, también la actividad de los servicios de inteligencia policiales es de la mayor relevancia.
Las amenazas a que me he referido obligan a nuestro país a dotarse de un instrumento jurídico y de una institucionalidad apropiada para enfrentarlas, puesto que en definitiva ellas afectan la seguridad del Estado, el orden constitucional y la estabilidad democrática.
Quiero recalcar aquí, señor Presidente, sólo dos elementos del proyecto de ley que consideramos de la mayor importancia.
En primer lugar, la iniciativa busca asegurar la necesaria coordinación de los distintos servicios de inteligencia que existen en el país, del orden militar, policial y civil, cada uno de ellos actuando en el marco de sus respectivas atribuciones y bajo las órdenes de sus respectivos mandos superiores, pero relacionados y coordinados entre sí en un Comité de Inteligencia que se crea para enfrentar más adecuadamente las amenazas a que me he referido.
En segundo lugar, el proyecto logra a nuestro juicio el necesario equilibrio entre la seguridad del Estado y la protección de los derechos de las personas.
En efecto, entrega a los órganos de inteligencia un conjunto de facultades para el desarrollo de sus funciones, incluyendo los llamados "métodos intrusivos". Pero, a su vez, establece rigurosos mecanismos de control tanto para el ejercicio de esas medidas especiales de investigación como para el conjunto de la actividad de inteligencia.
Además del control interno propio de cada organismo de inteligencia, los Servicios, y en especial la Agencia Nacional de Inteligencia, estarán sometidos al control del Poder Judicial , de la Contraloría General de la República y de una Comisión especial de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, se establecen rigurosas penas para los funcionarios de inteligencia que hagan mal uso de las especiales atribuciones que les otorga la ley en proyecto.
En consecuencia, este proyecto no se aparta de uno de los principios fundamentales que informan nuestro orden constitucional, cual es el respeto a los derechos básicos de las personas.
Finalmente, nos parece fundamental llamar la atención sobre el hecho de que esta iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que indica que Parlamentarios de todas las fuerzas políticas representadas en esa Corporación concordaron tanto en la necesidad de legislar sobre esta materia como en un texto satisfactorio para todos.
Señor Presidente , denantes pedí autorización para contar con la presencia del Subsecretario señor Correa .
Así es. Y ya está en la Sala.
Solicito también que se permita el ingreso del Director de Seguridad Pública e Informaciones, señor Gustavo Villalobos .
Si le parece a la Sala, se concederá la autorización pertinente.
Señor Presidente, se somete a aprobación general el proyecto de ley que establece y regula el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.
Su finalidad es optimizar, dentro de los niveles de decisión del Estado, la forma como se obtiene, procesa y distribuye información que sea completa, pertinente y oportuna para los objetivos de la inteligencia, con el fin de mejorar la capacidad del Estado chileno en esta materia para enfrentar y resolver de mejor modo los desafíos que pueden amenazar la seguridad del país, la estabilidad institucional y el régimen democrático.
Esta iniciativa tuvo su origen en el trabajo desarrollado hace algunos años por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, constituida como Comisión especial bajo la presidencia del entonces Diputado y hoy Ministro Secretario General de la Presidencia , don Francisco Huenchumilla Jaramillo .
Los graves hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, otros actos de terrorismo, el narcotráfico y demás flagelos que afectan a la comunidad internacional y, por supuesto, a nuestro país, que han conmovido al mundo por su trágica secuela de muertos y heridos y que han causado además enormes daños a la propiedad pública y privada, hacen absolutamente necesario, más que nunca, contar con un sistema nacional de inteligencia que permita prevenir no sólo la acción de estos grupos terroristas, sino también informar de la mejor forma a las más altas autoridades de Estado en su conjunto, para que tengan la capacidad de tomar decisiones informadas y oportunas, en un mundo globalizado como el de hoy.
Quizás muchos de los acontecimientos que han impactado durante los últimos seis meses a nuestra sociedad, que afectan a entidades e instituciones del aparato estatal, se pudieron evitar, o por lo menos haberse prevenido con anticipación, si se hubiera contado con un sistema de inteligencia con capacidad de adoptar las medidas necesarias para impedir la ocurrencia de la situación que nos remece.
En todo Estado moderno, la actividad de inteligencia es absolutamente necesaria y legítima. No debe, en caso alguno, asociarse a acciones represivas, persecutorias o de índole similar, y no las contiene el proyecto. Tales actividades del Estado descansan, en el texto que se nos propone, en los principios de respeto al régimen democrático, al ordenamiento jurídico y a las garantías constitucionales de la ciudadanía.
El proyecto en examen se compone de 53 artículos permanentes y dos transitorios. En esta normativa se encuentran claramente establecidas las definiciones necesarias para delimitar la actividad de inteligencia como sistema y los organismos que de él dependerán. Asimismo, se definen adecuadamente las funciones que corresponderán a la inteligencia militar y a la inteligencia policial. También se fijan los procedimientos especiales de obtención de información, denominados "técnicas inclusivas", los que deberán ser autorizados judicialmente por un Ministro de Corte en la forma descrita en la iniciativa, y estas técnicas sólo podrán ser ejecutadas por la Fuerza de Orden y Seguridad que se indique en la resolución respectiva, con pleno respeto a la ley.
De este modo, quedan plenamente resguardadas las garantías individuales de las personas que pudieran sentirse afectadas por estos procedimientos.
También se establece un doble control de los organismos de inteligencia: uno interno, de responsabilidad del director o jefe de cada organismo que integra el sistema, y otro externo, que corresponderá a la Contraloría General de la República, en la parte económica, y a los Tribunales de Justicia y a la Cámara de Diputados, a través de una Comisión Permanente de Control del Sistema de Inteligencia , con el objeto de verificar que el funcionamiento de los organismos respectivos se ajuste estrictamente a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
En cuanto a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia como servicio público centralizado, técnico y especializado, dependiente del Ministerio del Interior, que se establece en el artículo 7º, tengo algunas aprensiones, por lo que esperamos presentar indicaciones en la discusión particular del proyecto.
En efecto, si bien el Director será un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República y si dicha Agencia es un órgano del Estado al servicio de la nación, tanto en el presente como en el futuro y no del Gobierno de turno, considero que dicha autoridad debería ser designada con acuerdo del Senado. De lo contrario, cabe temer la creación de una policía política o de una institución que, como en otros países, también ha generado algunos cuadros difíciles.
La experiencia mundial demuestra que, cuando la máxima autoridad de inteligencia no depende directamente del Primer Mandatario, no se generan las confianzas necesarias para la labor de inteligencia.
Si se desea que la Agencia sea un organismo que preste un servicio indispensable a la nación a través del Estado, debe, a mi juicio, modificarse la dependencia propuesta, de manera que no quede sujeta a los vaivenes de la política contingente. Por dicha razón, en su oportunidad, presentaremos las indicaciones pertinentes, con el objeto de que se modifique el nombramiento del Director, a fin de que sea designado con acuerdo del Senado, sin perjuicio de otras proposiciones que entregaré durante la tramitación de la iniciativa.
Con el alcance indicado, y por tratarse de un proyecto que, en concepto de la Comisión, es largamente esperado y necesario para un Estado moderno, pido a los señores Senadores aprobarlo unánimemente en general.
Señor Presidente , a lo planteado por el Senador señor Prokurica , tocante al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, deseo agregar que algunos de nosotros le encontramos un sabor un tanto añejo, obsoleto, atrasado en muchos años, lo que nos recuerda que el 11 de septiembre de 2001 vino mucho después de su origen.
Por otra parte, se aproxima un cambio tecnológico enorme en el mundo en cuanto al sistema inalámbrico, que hará que los problemas de seguridad, de control y de privacidad se transformen en asuntos muy importantes en un tiempo muy breve. Lamentablemente, el proyecto no hace ninguna referencia a esa situación -tampoco debería-, pero quiero alertar a la Sala acerca de que estos aspectos jugarán un papel importante en el diseño.
Por último, curiosamente hoy en la mañana leí en Internet una información sobre Microsoft -a la que Sus Señorías pueden acceder- que señala que los nuevos computadores traerán dos nuevos chips destinados justamente a dar mayor seguridad y privacidad a los usuarios. Ello, porque en la actualidad los computadores, sobre todo los PC, son muy vulnerables y hay miles de maneras de conocer las actividades que realizamos y de obtener datos sin que uno se entere.
Asimismo, pienso que esto también es parte del sistema de seguridad de los Estados Unidos, y el uso de estos chips será una materia muy controversial entre Europa y dicho país.
Por lo tanto, deseo que en la discusión particular el Gobierno haga una muy buena presentación sobre cómo abordaremos estos temas, sin quedarnos sólo en los problemas jurídicos, normativos y de personal.
Ésa es mi advertencia, señor Presidente .
Hago presente a Su Señoría que se fijará un plazo para presentar indicaciones, período durante el cual podrá incorporar los elementos que ha planteado a la Sala.
Señor Presidente , me parece que si una agencia de este tipo hubiera estado en servicio desde siempre, como corresponde a una estructura de Estado, las inquietudes del Senador señor Lavandero habrían tenido respuesta hace mucho tiempo. Porque un organismo de esta naturaleza tiene que ver con problemas económicos, políticos, etcétera.
Hay que fortalecer una debilidad permanente en el fundamental apoyo de la adecuada información, concebida como una evaluación sistemática de situaciones internas y externas, que no sólo afectan o debilitan los objetivos nacionales, sino también a actividades y decisiones específicas de autoridades políticas, militares o públicas.
Como bien sabemos, la información de inteligencia o de contrainteligencia ya es clásica en el mundo desde siempre, y ninguna decisión importante, como la de Iraq, se toma sin la oportuna y acabada opinión de profesionales en esta particular área de la información estratégica.
El ataque terrorista a las torres de Estados Unidos, por ejemplo, generó decisiones muy apresuradas, que en su momento alteraron numerosos sistemas nacionales en Chile, los que, con una oportuna información, se habrían minimizado en costos, en tiempo y, por supuesto, en sensibilidades. Sus Señorías conocieron lo que aconteció en los aeropuertos y vieron las debilidades que se produjeron en el sistema aeronáutico nacional.
El conflicto de Iraq es otro ejemplo, y con Chile en el Consejo de Seguridad. Me parece que también no hubo una oportuna y permanente información, en un área directamente vinculada con nuestros intereses políticos y económicos. Dicho conflicto no era puntual, sino realmente histórico, en el que estuvo involucrado el mundo entero. Por lo tanto, debió contarse con información al milímetro.
Hay numerosas situaciones internas, regionales, con países limítrofes y paralimítrofes, que han generado -como se sabe perfectamente- inconsecuecias, que se pudieron haber evitado o minimizado con el apoyo de una organización eficiente en estas especialidades.
Los ejemplos son muchos. Pero lo fundamental es que un Gobierno -particularmente su autoridad- necesita información en forma directa y permanente para contar con una mejor visibilidad de los dinámicos escenarios en los cuales se materializan sus planes, programas y objetivos.
Por esta razón, la agencia que se pretende crear no necesariamente será interactiva con las organizaciones operativas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se orientan preferentemente a sus particulares intereses tecnológicos y de seguridad. Sin embargo, inevitablemente se genera una superposición entre ellas, motivo por el cual, para no crear interferencias o limitar sus capacidades o autoridades, deben ser clara y eficientemente coordinadas. Se trata del principio del respeto al ordenamiento jurídico -que consigna la iniciativa- al acatar atribuciones y tareas de tan particulares organizaciones.
Esta coordinación se establece -como se puede apreciar- en la letra d) del artículo 5º, aunque en forma bastante genérica, por lo que, a mi juicio, habría que precisarla mejor. En todo caso, lo importante es la definición clara de su concepto general, con el que estoy plenamente de acuerdo, aun cuando hay aspectos acerca de los cuales se hace necesaria una breve opinión.
Las funciones definidas en el artículo 8º -por ejemplo, en las letras a), b) y c) -tienen que ver directamente con el Presidente de la República y los organismos de las instituciones de la Defensa Nacional bajo su responsabilidad. Si esos servicios de tanta importancia dependen del Ministro del Interior , se les va a quitar fuerza y su accionar se restringirá a una política más bien coyuntural y no de carácter estratégico, para la que están concebidos según los artículos 1º y 4º del proyecto, que definen su propósito y cometido, los cuales sobrepasan las responsabilidades constitucionales de esa Cartera. Además, su Director es de la exclusiva confianza del Presidente de la República ; con él está permanentemente en contacto todos los días, en función de las múltiples y necesarias informaciones para la conducción del Estado.
Ciertamente, aquí hay responsabilidad tanto del Presidente de la República como del Director. Por eso, este tipo de funcionarios tiene tan larga permanencia en estos servicios. Porque son estratégicos, están mirando muy adelante, ajenos a las coyunturas político partidistas.
Hay varios aspectos específicos del proyecto que se encuentran orientados a elementos más tácticos que estratégicos. No es del caso enumerarlos, pues estamos analizando en general la iniciativa. Cuando corresponda se harán las respectivas indicaciones.
Muy en particular me referiré al artículo 38, referente al control externo del sistema que corresponde a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, según sus respectivas atribuciones constitucionales, o a las funciones que se asignan al Departamento de Inteligencia dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es más bien un departamento operativo de apoyo a la planificación primaria de esta organización. Hay también varias materias que se deben limitar claramente, porque, de lo contrario, la agencia propuesta se convertirá en una organización burocrática, y ésa no es la idea. Tiene que ser muy operativa, ya que la actual dinámica de la globalización requiere poner "lentes infrarrojos" a la primera autoridad, y al Gobierno en particular, para mirar las tinieblas del presente y el futuro. La inteligencia alumbra hacia delante, neutraliza las eventuales amenazas. Y también se habla de contrainteligencia, porque el enemigo se halla presente en el propio escenario interno.
Por lo demás, estas agencias -como señalé- constituyen una realidad en todos los países desarrollados del mundo. Son implementadas con la máxima tecnología, por cuanto la información, la acción, la definición, circulan por toda la "malla electrónica" que hoy nos rodea y conecta.
Por tales razones, considero muy oportuna la creación de esta agencia. A mi entender, realmente modernizará al Estado.
Señor Presidente , esta iniciativa nos acompaña desde hace muchos años en el Parlamento. Al Honorable señor Prokurica y a quien habla nos correspondió enfrentar los primeros pasos de su estudio cuando éramos Diputados. Ha tardado demasiado tiempo en llegar al Senado, y -como señaló el Senador señor Flores- lo ha hecho en momentos en que el escenario internacional ha cambiado muy radicalmente.
Hace dos días leí un informe de la Unión Europea sobre el estado de los derechos humanos y la libertad en países de ese conglomerado, que constataba un retroceso en estos ámbitos en casi todos ellos, justamente por las políticas antiterroristas que han debido adoptarse después del 11 de septiembre de 2001.
Otro tanto han hecho presente organismos como Amnisty International o Human Right Watch respecto de Estados Unidos. Es decir, nos encontramos en una etapa en que la amenaza terrorista fuerza a los Estados a inclinarse más por la seguridad que por la libertad, más por la intromisión que por la intimidad.
Entonces, resulta particularmente importante que este proyecto sea debatido en profundidad por esta Corporación.
La necesidad de esta iniciativa -como se señaló- es evidente, porque el ordenamiento jurídico chileno no regula adecuadamente las funciones de inteligencia. No lo hace respecto de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile. Los dos últimos organismos desempeñan funciones de inteligencia política desde hace décadas fuera de un marco regulatorio adecuado. Y eso ha llevado siempre a la comisión de abusos o a actuar más allá de lo que razonablemente se entiende que deben ser sus funciones.
Esta situación se tornó particularmente grave después de recuperada la democracia, lo que impulsó a crear la Comisión Especial Investigadora sobre Servicios de Inteligencia, que presidiera en aquel momento el Diputado señor Huenchumilla , hoy Ministro .
Los abusos eran evidentes. Recuerdo dos casos: el denominado "Charly", donde hubo agentes encubiertos en algunos partidos de Gobierno para espiar lo que en ellos ocurría; y la famosa interceptación telefónica que se produjo con la actual Senadora señora Matthei y el ahora Presidente de Renovación Nacional Sebastián Piñera y la intervención que le cupo a la DINE en la revelación de esas conversaciones, cuestión que se hizo pública en todo el país.
También me sorprendieron mucho las expresiones vertidas con motivo de los ataques muy duros contra el Director de la Policía de Investigaciones por el comportamiento y posterior destitución del detective Barraza . Hubo una sesión secreta en la Cámara Baja -a lo mejor algunos Senadores, en aquel entonces Diputados, la pueden recordar-, donde el actual Director de este organismo policial dio cuenta de las actividades de seguimiento de algunos Parlamentarios y políticos que ordenaba este detective. El propio Director de la Policía de Investigaciones dio cuenta en esa sesión secreta -por cierto, no puedo repetir aquí lo que dijo- de qué hacía tal Diputado o determinado Senador, y mostró la vida privada, hasta lo más íntimo, de los Parlamentarios, todo lo cual se encontraba en manos de Investigaciones.
Esto no nos puede sorprender, porque cuando concurrió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados -de la cual éramos miembros con el Honorable señor Prokurica - el Director de Inteligencia de Investigaciones -o de Carabineros, no recuerdo bien-, dijo: "De cada uno de ustedes tenemos una carpeta". Le preguntamos: "¿Qué se pone en ella?" Respondió: "Ahí se anota todo lo que se publica sobre ustedes". Obviamente, se trata de una zona fronteriza entre lo legal, lo no legal, etcétera.
Todo esto me lleva a pensar, además de las rivalidades y sobreposiciones de estos organismos policiales, en la absoluta necesidad de legislar al respecto. Creo que es oportuno y necesario, y me parece lógico que así sea.
En el proyecto que se nos presenta hay algunas deficiencias o falencias que considero indispensable mejorar en el segundo informe, por la vía de las indicaciones. Primero, echo de menos una definición más precisa de qué se entiende por inteligencia militar o por contrainteligencia, y qué se hace con la inteligencia residual. Como Sus Señorías recordarán, en el caso de interceptación telefónica de hace algún tiempo, el capitán Diez dijo que había interceptado las llamadas del entonces Senador Sebastián Piñera , porque era información residual. O sea, él estaba siguiendo otra cosa, cayó en sus manos esa información residual y resultó que dio origen a un escándalo político de proporciones. Por ello, creo que es muy importante dejar en claro qué pasa con la información residual.
En segundo lugar, el proyecto consigna que la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, que sustituirá a la actual Dirección, podrá pedir a las Fuerzas Armadas el envío de información residual. ¿Cuántos años se va a conservar? ¿Quién la manejará y con qué criterio? Me gustaría que la ley en proyecto fuera más precisa en ese sentido.
Tampoco me queda clara la frontera entre inteligencia policial e inteligencia política. ¿Pueden Carabineros e Investigaciones hacer inteligencia política (hace décadas -¡décadas!- que la practican) o no pueden? Y si pueden, ¿por qué no precisamos en qué consiste, cuáles son sus límites, hasta dónde se puede llegar? A mi modo de ver, eso resulta indispensable.
Por otro lado, el artículo 25, letra d), consigna que el nuevo organismo de inteligencia podrá solicitar antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario, lo cual habrá que coordinar con lo incluido en otro proyecto en trámite en el Senado, relacionado con un departamento o dirección de inteligencia financiera respecto del narcotráfico. Porque resulta que hemos sido muy celosos para regular bien lo que podría ser esa dirección financiera a fin de evitar el lavado de dinero, pero aquí somos muy generosos en permitir a este organismo de inteligencia ir más allá del secreto bancario, de la reserva, de las empresas, no sólo en relación con el narcotráfico, sino de cualquier posible amenaza. Estoy cierto de que esto es algo que debemos perfeccionar. No creo que pueda quedar así tan amplio como está.
En cuanto al artículo 32, es tal vez uno que yo haría desaparecer del proyecto, porque obviamente daría pábulo para que se pudieran cercenar las libertades de las personas. En él se establece lo siguiente: "Las personas naturales o jurídicas que sean requeridas para permitir el cumplimiento de alguna de las medidas indicadas en el artículo 25" -son las llamadas "intrusivas", como la intervención de comunicaciones, sistemas de redes de información, escucha y grabación, y obtención de antecedentes de reserva- "deberán acceder a tal petición de manera inmediata.". O sea, cualquier ciudadano de la República al cual el organismo de inteligencia le pida cumplir cierta función porque la necesita para determinado fin, no tiene más que obedecer, callarse, y punto. Creo que la Comisión de Defensa Nacional deberá estudiar esta norma con un poco más de calma y profundidad, porque es excesivo el poder que se atribuye al organismo; o tal vez fue otra la intención. Pero tal como está la redacción, no me parece adecuada.
Por último, el tema sobre la regulación externa por la Cámara de Diputados es muy complejo. Fui su Presidente por tres años y tanto, varios de los presentes eran miembros de ella. Considero importante que este sistema tenga fiscalización externa. De hecho, ya la tiene, porque cuando se señala en un artículo -no recuerdo el número- que estará sometido a la fiscalización de la Contraloría, es obvio, no necesita decirlo. Lo mismo sucede respecto de los tribunales, cuando hay juicio (también es obvio, no necesita decirlo) y de la Cámara (también es obvio, por tener facultades fiscalizadoras, al punto de que se crean comisiones especiales cuando hay abuso). Pero crear una Comisión Especial Permanente de Diputados significaría que, no ocasionalmente, sino siempre, la Cámara Baja podrá tener acceso hasta a los más recónditos secretos del sistema de información militar y civil del Estado.
No quiero desmerecer a la otra rama del Congreso (obviamente que no, porque pasé ocho años en ella, y a mucho orgullo); pero no sé si la fórmula ideada sea la mejor. Este sistema existe en la Cámara de los Comunes, en Inglaterra; sin embargo, ignoro si son situaciones que se puedan homologar o trasladar de un país a otro con tanta facilidad.
Tampoco sé si habrá una relación fluida entre estos organismos de inteligencia y los Diputados encargados de fiscalizarlos, porque una cosa es la fiscalización genérica, y otra que se cree una Comisión Permanente de Fiscalización por parte de la Cámara Baja.
Termino señalando que celebro que el proyecto llegue a tramitación. Como se ha indicado, se recibe cuando las situaciones han ido cambiando, y parece muy importante apoyarlo. Por lo menos yo lo respaldaré. Sí merece ser perfeccionado y que algunos de sus artículos sean meditados con mayor profundidad, para lograr lo que el señor Ministro del Interior señaló en su exposición: el equilibrio entre seguridad externa e interna y las libertades y los derechos de los individuos.
No legislar sería lo peor, porque todo esto se hace hoy sin una regulación jurídica adecuada. Ése es el punto. O sea, no es que estemos discutiendo si vamos a establecer esto o no, porque ya existe. Incluso la llamada "ANI", con otro nombre. Tan así es que a esta sesión ha venido su Director, a quien aprovecho de dar la bienvenida y felicitarlo por sus funciones, porque ha sido muy discreto en el ejercicio de su cargo. No se trata, entonces, de ver si se crea o no este organismo, sino de cómo mejorarlo y hacerlo más eficiente, en lo externo y en lo interno, pero, al mismo tiempo, cómo regularlo para evitar abusos.
Hago presente a Su Señoría que durante su intervención observé que el representante del Ejecutivo tomaba debida nota de cada uno de los puntos que mencionó, los que seguramente se van a reflejar en el texto.
Señor Presidente , en esta materia se trata de aprobar o no la idea de legislar. Por lo tanto, no me referiré a aspectos de detalle, que se verán más adelante, en el curso de la discusión del proyecto.
Considero de gran importancia y de obvia necesidad, como política de Estado, la creación de un Sistema de Inteligencia Nacional y una Agencia que se encargue de dirigirlo. Consecuentemente con lo anterior, en la iniciativa en cuestión estimo relevante diferenciar el Sistema de Inteligencia Nacional, de la Agencia Nacional de Inteligencia, los cuales, a mi juicio, debieran idealmente plasmarse en cuerpos legislativos separados, aunque estrechamente relacionados. Es básico, de partida, definir que se trata de un Sistema y de una Agencia cuyo objetivo consistirá en analizar y estudiar determinados elementos para producir inteligencia, pero que no tendrán carácter operativo.
Ahora bien, respecto del Sistema de Inteligencia, ha de quedar en claro que debe ser capaz de perseguir metas de corto, mediano y largo plazo, todas en procura de un objetivo nacional, que es la meta final que el Estado de Chile debiera configurar para la nación. Si tal objetivo no está claramente especificado, será difícil perseguir la obtención de inteligencia adecuada y útil. Si no se insiste en la consideración a futuro de temas vitales que interesan a la nación, se tratará sólo de refundar lo que ahora existe, para ahondar en más de lo mismo, cayendo inevitablemente en el análisis sólo de lo contingente, con probables desviaciones no deseadas.
Relacionado con lo anterior, es necesario además cubrir los clásicos cuatro campos de acción del Estado, esto es, el interno, el externo, el económico y el militar -o de Defensa, llamémoslo mejor-, que comprendan todos los llamados componentes de inteligencia político-estratégica. Como se ve, la inteligencia financiera, propuesta en otro proyecto, debe quedar incorporada a este sistema o, por lo menos, estar en íntima relación con ella.
Por último, señor Presidente , el sistema ha de estar estructurado en forma de poder coordinar la acción en diversos niveles, a fin de servir adecuadamente en la toma de decisiones relevantes para la seguridad y el desarrollo de la nación. Allí deben concurrir, en su esfera y nivel de acción, cada uno de los servicios de inteligencia existentes, naturalmente en lo que dice relación con los grandes intereses y objetivos nacionales.
Sólo cuando se tenga estructurado el sistema de inteligencia antes aludido, para servir objetivos nacionales explícitamente definidos -insisto en "nacionales", porque están más allá de los Gobiernos que, aunque se van sucediendo unos a otros, siempre están inmersos en la nación-, se podría configurar en forma lógica una Agencia Nacional de Inteligencia capaz de cumplir las metas exigidas. Ambos proyectos pueden legislarse simultáneamente y en estrecha relación, conformando una legislación moderna en materia de inteligencia capaz de lograr los objetivos a que he hecho referencia.
Votaré favorablemente la idea de legislar, y presentaré indicaciones para mejorar el proyecto en el orden de ideas antes señalado.
Señor Presidente , voy a votar favorablemente la idea de legislar, tal como lo hice en la Comisión, sin perjuicio de considerar que éste es un proyecto que merece ser remozado, atendido el tiempo que se encuentra en tramitación, y de que numerosas normas deben estudiarse con suma cautela. Y al abordarlo, tenemos que hacerlo con bastante humildad, porque no creo que abarque muchas cosas distintas de las que ya están ocurriendo en el mundo y que existen en los países más desarrollados, y que democracias muy consolidadas ya han puesto en aplicación, muchas de ellas incluso con grandes dificultades. De modo que deberemos disponer de antecedentes suficientes respecto de lo que ocurre en otras partes en lo tocante a estos servicios, los que siempre han debido enfrentar, como aquí se ha dicho, el conflicto que se produce entre las garantías individuales y el ámbito de la seguridad, campo este último que es extraordinariamente peligroso. También lo es, obviamente, dejar esto entregado a la absoluta discrecionalidad de los entes que deben actuar en ese aspecto. De tal manera que, a mi juicio, el análisis norma por norma es de gran trascendencia.
Concuerdo con lo señalado en cuanto a que estamos creando un sistema de inteligencia que tendrá a su cargo coordinar la actividad de los actuales servicios de inteligencia y disponer de la información con que cuentan, cosa que es muy importante y que, por otra parte, fue aceptada por todos los que participaron en las labores de la Comisión. Todas las personas que tenían algo que ver con el tema de inteligencia concordaron en general con las normas del proyecto. Es decir, no estamos aquí en presencia de una futura ley que pueda entrabar el funcionamiento de los organismos actualmente existentes, que era uno de los aspectos que al comienzo de su estudio provocaba cierta inquietud. Aparentemente, por las informaciones que hemos recibido, no lo han considerado así e incluso han acogido la iniciativa con bastante satisfacción.
En cuanto a un aspecto que estimamos básico, como es la fiscalización de estos servicios, no me parece adecuada la fórmula a que se llegó, consistente en que la Cámara de Diputados establezca una Comisión permanente destinada a ese propósito. Creo que ella debiera atenerse a las facultades de que ordinariamente dispone para fiscalizar cualquier acción de Gobierno, pero pienso que para llevar a cabo esta otra tarea vamos a tener que idear otros sistemas de control externo, dada la gravedad que implica el hecho de que organismos que no tienen carácter técnico en este sentido dispongan de informaciones que puedan atentar contra la seguridad del Estado. Como se ha dicho aquí, la otra rama del Parlamento tiene un rol completamente distinto, de carácter político, que es muy valioso, pero no es probablemente el organismo más capacitado para ejercer un control de esta índole, atendida la naturaleza de los miembros que la integran, que son políticos elegidos por votación popular, que pueden tener cualidades muy meritorias, pero no las que se precisan en este ámbito. De tal manera que habrá que estudiar un sistema apropiado.
No quiero decir con esto que la Cámara de Diputados deje de ejercer un control al respecto. Creo que es muy importante que exista, pero debe ser el mismo que se aplica respecto de cualquiera otra institución de la República. En todo caso, no es fácil encontrar un sistema adecuado de fiscalización externa que permita el normal desarrollo de las actividades de un servicio de inteligencia y que tenga algún grado de eficiencia y garantice las reservas del caso. Porque, como en otras partes, cuando se extreman los controles externos, los organismos de seguridad, desgraciadamente, empiezan a actuar al margen de la ley para eludirlos, por no confiar, tal vez, en las personas que los integran, especialmente cuando se trata de informaciones que afectan la seguridad del Estado y estiman que pueda haber allí elementos que no participen del concepto de seguridad que estas instituciones tienen al respecto y, por lo tanto, terminan creando organismos paralelos, al margen de la fiscalización. Eso es extraordinariamente grave y peligroso, y conduce normalmente a mayores abusos que los que estas normas pretenden precaver. De tal suerte que el tema indicado será de mucha importancia.
Lo mismo podría decirse de los mecanismos o procedimientos especiales que se definen en el texto, como la intervención de las comunicaciones, los sistemas informáticos, grabaciones, antecedentes bancarios secretos. Habrá que ver también la manera de que esto pueda llevarse a cabo, porque la fórmula descrita en el proyecto podría no resultar eficaz, en un doble sentido. Aquí se establece que, para recurrir a tales procedimientos, tendrá que consultarse a un Ministro de la Corte de Apelaciones . Normalmente, esos organismos deben actuar con dinamismo y celeridad y el solicitar la autorización podría conspirar contra la oportunidad de llevar a cabo la diligencia.
Por otra parte, muchas veces, cuando se dictan normas de esta naturaleza, que otorgan facultades a ciertas autoridades judiciales, éstas o manifiestan un extraordinario celo para concederlas, obstaculizando toda labor de inteligencia, o bien son demasiado generosas y dan todas las facultades para investigar, con lo que solicitar la autorización a un Ministro de Corte redunda en un mero trámite. Repito: es un tema muy delicado y complejo, que no es fácil de resolver, porque dar plena libertad a los organismos para hacer lo que quieran, conduce también a situaciones muy graves.
En suma, son temas que requerirán un análisis muy serio y profundo y, para ponerlos en práctica en nuestro país, deberemos estar ampliamente informados del modo como se aplican en otras partes.
Creo también que en el proyecto debemos tener en cuenta que todas las definiciones a que lleguemos sobre los conceptos de inteligencia y contrainteligencia pueden constituir guías, pero cualquiera norma de este tipo puede ser fácilmente transgredida.
Por lo tanto, no podemos concluir que con la nueva ley se va a regular efectivamente la actividad de los servicios de inteligencia, porque la única manera de lograrlo se encuentra determinada por la integridad de las personas que formen parte de ellos y, especialmente, de quienes los dirijan	Mientras no podamos contar con funcionarios de la más alta calificación técnica y moral a cargo de tales organismos, nada se obtiene con establecer normas muy precisas que establezcan qué es inteligencia, qué es contrainteligencia, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Porque, en definitiva, igual podría torcerse el espíritu y el sentido de la ley.
Obviamente, esto puede ocurrir no sólo con esta Agencia, sino con cualquier otro servicio donde las personas no tengan la capacidad suficiente. Pero aquí resulta especialmente grave y preocupante la situación.
Por lo mismo, quienes integran los servicios de inteligencia deberían estar sujetas, en cuanto a su nombramiento y al cumplimiento de su carrera, a severos controles internos y externos.
Sería muy importante diseñar un mecanismo que asegure la rectitud de los que actúen en el sistema, porque muchas veces hemos visto que -además de la fiscalización habitual mediante los estatutos de los servicios- las exigencias requeridas hacen que los funcionarios, por cumplir un objetivo, transgreden las leyes, lo que conduce a los peores excesos y con muy graves consecuencias.
En atención al tiempo de que disponemos y a la pronta llegada del señor Presidente del Senado rumano, termino señalando que los anteriores son algunos de los temas que se deben analizar.
Por lo tanto voy a prestar mi aprobación al proyecto. Haré el mayor esfuerzo para perfeccionarlo, a fin de crear algo que realmente dé seguridad al país, en concordancia con las garantías de las personas.
Señor Presidente, aprecio muy positivamente el enorme esfuerzo que se hace por tratar de dar sistematicidad a lo que hoy existe en materia de inteligencia en Chile.
Valoro igualmente el trabajo realizado tendiente a mejorar el balance entre las necesidades del Estado, en particular del Gobierno, y las libertades y derechos ciudadanos.
Pero no puedo ocultar que la iniciativa me genera un conjunto de aprensiones, que espero ver despejadas en el transcurso del debate. En la forma actual del proyecto, no me siento inclinado a votar favorablemente la idea de legislar.
Dichas aprensiones tienen, desde luego, raíces históricas. Por desgracia, los sistemas de inteligencia han servido en muchos países para vulnerar, de manera extraordinariamente profunda, las garantías constitucionales de las personas. Desde el todopoderoso y oscuro Ministro del Interior de Napoleón -el Fouché desnudado magistralmente por Stefan Zweig - hasta experiencias mucho más cercanas, ciertamente en la labor de inteligencia ha habido siempre una amenaza profunda a las libertades y a los derechos de la gente.
No basta con las restricciones que se puedan establecer en la ley para que esas amenazas desaparezcan. Debo recordar que los Estados contemporáneos cuentan con diversas herramientas que les permiten conjurar situaciones de riesgo para ellos: desde los estados de excepción constitucional hasta la labor específica de los otros organismos con que ellos cuentan.
En su intervención, el señor Ministro del Interior explicó el campo de acción a que estaría referido el trabajo del sistema. Habló de los delitos y actividades terroristas y también, de manera importante, se refirió al narcotráfico y al lavado de dinero. Pero, quizás por casualidad, en la tabla de hoy aparece un proyecto que crea otra unidad de inteligencia en el país, con el propósito de ocuparse de la segunda de estas materias, lo que nos habla de una cierta inconsistencia e incongruencia. ¡No se puede añadir inteligencia a la inteligencia, vigilancia a la vigilancia y sospecha a la sospecha, porque con eso se limita cada vez más el sistema de vida de las personas y sus derechos y libertades!
Señor Presidente , el estudio realizado por la Honorable Cámara de Diputados -que constituye la raíz de la iniciativa en debate- dio lugar a la entrega de dos antecedentes, que estimo importantísimo que el Senado conozca antes de tomar una decisión. Asimismo, pido a los señores miembros de la Comisión de Defensa Nacional que se impusieron de ellos que se sirvan darlos a conocer en detalle a la Sala.
En primer lugar, la Cámara de Diputados pidió su opinión a la Excelentísima Corte Suprema. Consta en el informe de la Comisión, de manera muy resumida, que el Máximo Tribunal fue categóricamente contrario al proyecto respecto del cual se le consultó y sobre el que se estaba trabajando. Después, en diciembre de 1997, ingresó a trámite el proyecto de reforma a la Carta Fundamental sobre creación del Ministerio Público, cuyas normas fueron agregadas como Capítulo VI-A. En la normativa correspondiente se entregó a dicho organismo la competencia exclusiva para investigar delitos bajo control jurisdiccional y para ejercer, cuando fuere del caso, las acciones penales a que las investigaciones den lugar.
¿Dónde está el límite, señor Presidente ? ¿Hasta dónde la actividad de esta Agencia es desarrollar funciones de inteligencia y desde dónde investigar actos delictuales, si los términos usados por los informantes y por el señor Ministro del Interior dejan claro que esa frontera es bastante difusa y vaga?
Creo, pues, que hay muchas cosas que deben ser aclaradas.
Por otra parte, formulo el siguiente ruego al Gobierno: que no insista en utilizar las urgencias en esta materia. Hemos postergado el conocimiento de las reformas constitucionales, porque el proyecto en debate fue calificado con urgencia "simple". Las libertades y derechos ciudadanos serán siempre más importantes que cualquier premura de política. Además, es difícil encontrar un tema más delicado que éste. Su examen tiene que hacerse, por lo mismo, en un ambiente de extrema tranquilidad y serenidad, sin presiones de ninguna especie.
Reitero la petición de que se informe, de manera especial, lo manifestado por la Corte Suprema y por el señor Fiscal Nacional, que fue uno de los invitados a la Comisión, porque constituyen antecedentes muy relevantes para formarnos un juicio y emitir, en conciencia, nuestro voto a la hora de pronunciarnos sobre la iniciativa.
Le corresponde intervenir al Honorable señor Ávila, a quien advierto que en cualquier momento ingresará a la Sala el señor Presidente del Senado de Rumania .
Señor Presidente , el proyecto en debate me suscita serias aprensiones. Ignoro hasta qué punto los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército, se han depurado de las dudas, las suspicacias, los prejuicios y, sobre todo, de su falta de compromiso con las instituciones democráticas.
Digo esto porque en 1990, con motivo de la creación del Consejo de Seguridad Pública, popularmente conocido como "La Oficina", la Dirección de Inteligencia del Ejército no sólo ordenó investigar la creación de esa unidad, sino que además la infiltró.
En virtud de ello, señor Presidente, solicito que se haga llegar al Senado la nómina de los 104 funcionarios que pasarán a formar parte de la institucionalidad que se crea.
Por otro lado, pido que se oficie a quien corresponda con el objeto de que la Dirección de Inteligencia del Ejército señale formalmente si las actividades emprendidas en 1990 continúan hasta hoy, o hasta cuándo se mantuvieron en vigor, y con qué propósitos y objetivos.
¿Me permite, señor Senador ? Tengo que interrumpirlo, porque nos comunican que dentro de pocos momentos ingresará a la Sala el señor Presidente del Senado rumano.
Su Señoría queda con la palabra, para continuar una vez que se reanude la discusión del proyecto.
--Ingresan a la Sala el Presidente del Senado de Rumania y su delegación.
Me es muy grato dar una cordial bienvenida, en nombre del Senado de la República, que me honra presidir, al señor Presidente del Senado de Rumania , señor Nicole Vácaroiu ; a los señores Senadores, Diputados y demás miembros de la delegación que lo acompaña y al señor Embajador de Rumania en Chile.
Señor Presidente , las relaciones diplomáticas entre nuestros países son de larga data. Se remontan a noviembre de 1880. Ya en febrero de 1925 se establecieron a nivel de legación. Se interrumpieron en 1943, a raíz de los problemas internacionales derivados de la Segunda Guerra Mundial, y se reanudaron sólo en 1965, a nivel de Embajadas. Uno de nuestros Senadores presentes -que en ese tiempo era Ministro de Relaciones Exteriores de Chile - fue quien tomó dicha iniciativa. Desde esa fecha, los contactos bilaterales han sido crecientes y muy cordiales.
Sin embargo, con la recuperación de la democracia en ambos países casi en el mismo tiempo, en 1990, nuestros vínculos políticos, parlamentarios y diplomáticos se han fortalecido en forma muy importante.
Es así como, dentro de este contexto, las visitas oficiales se han intensificado notablemente en la última década.
En marzo de 1991 vino a Chile quien en ese tiempo era Primer Ministro de Rumania , el señor Petre Roman ; en agosto de 1993 tuvimos el agrado de recibir en visita de Estado al actual Presidente rumano, el señor Ion Iliescu ; en 1995 recibimos al Presidente de la Cámara de Diputados, Adrian Nastase , que hoy día es Primer Ministro ; en 1998 nos visitó el señor Ministro del Trabajo , como también el señor Ministro de Relaciones Exteriores .
Por nuestra parte, han viajado también a Bucarest, Rumania, diversas personalidades y autoridades del Gobierno de Chile y Parlamentarios, entre ellas los Subsecretarios de Guerra y de Relaciones Exteriores (este último acompañado de una misión de representantes del mundo empresarial); en 1995 visitó dicho país el entonces señor Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza .
Como resultado de todo este acercamiento político y diplomático entre ambas naciones, se han suscrito diversos convenios de cooperación económica y de orden comercial, como también acuerdos de prevención y protección recíproca de inversiones, entre otros.
Señor Presidente , en junio de 2002 tuve el alto honor de visitar oficialmente vuestro país, oportunidad en que fui recibido en forma muy amistosa por usted y por las más altas autoridades de su patria. Sostuve interesantes conversaciones con el Presidente de la República , el Primer Ministro señor Adrian Nastase , el Canciller señor Mircea Geona y, por supuesto, con usted y un amplio número de Parlamentarios.
En esas conversaciones tuve la ocasión de conocer los esfuerzos que está haciendo Rumania en favor del desarrollo social y contra la pobreza, y de ese modo mejorar las condiciones de vida de su población. Hoy, al escuchar sus palabras, me alegro mucho de los éxitos que han logrado en materia política, económica y social.
En ese marco dentro del cual ustedes han trabajado, las acciones de la política exterior rumana orientadas a buscar una integración económica mediante las instancias en el nivel regional nos interesan tanto por la incorporación de Rumania a la OTAN como por su proyecto de ingreso a la Unión Europea, de la cual pasaremos también a ser socios. Esto nos permitirá estrechar aún más nuestras relaciones políticas, económicas y culturales.
Asimismo, deseo destacar en esta ocasión el trabajo que hemos realizado en esta década y la importancia que ha tenido la diplomacia parlamentaria, tanto del Congreso Rumano como del nuestro. Creo que eso demuestra, una vez más, que el establecimiento de este tipo de vínculos ayuda de manera muy eficiente a las relaciones diplomáticas entre los Estados.
Señor Presidente , en ese contexto, quiero aprovechar su visita a nuestro país para expresar -como lo hice en otra oportunidad- mi especial reconocimiento a usted, a su delegación y a todo su Parlamento por el apoyo decidido, leal y eficiente que dieron a la candidatura de uno de nuestros Senadores -el Honorable señor Sergio Páez - para que, en representación de América Latina, pudiera ser elegido Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial .
Asimismo, permítame expresarle también mi agradecimiento por la participación que tuvo la delegación de Parlamentarios de su país en la reciente Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrada en Santiago de Chile hace pocos días.
Por otra parte, deseo manifestarle que mi visita a Bucarest nos permitió enfatizar la necesidad de incrementar nuestro intercambio político, que es el más importante. Pero también creemos que podemos hacer mucho más en el campo comercial.
Por eso, me felicito de que, con motivo de la invitación que hicimos a usted para visitar nuestro país, haya sido acompañado por una importante delegación de empresarios rumanos, los cuales podrán tomar contacto con nuestros empresarios para convertir en realidad la posibilidad de un intercambio comercial mucho mayor que el que tenemos hoy día.
Asimismo, le expreso nuestro interés por participar conjuntamente en los organismos multilaterales, pues creo que la unión entre países de nivel de desarrollo similar permite enfrentar en esas instancias problemas que nos son comunes.
Deseo decirle también -y esto puede ocurrir a cualquier persona que visite su país- que uno queda impresionado por lo acogedora que es su gente, por la cultura que se puede apreciar en ella, como también por el sentido innato de su pueblo por la armonía y su aspiración permanente a vivir de acuerdo con los principios de la belleza.
Quienes concurren a su patria pueden observar la gran calidad y capacidad de sus creadores, su cultura, sus sabios, y también la participación de ellos en la creación científico-tecnológica de nuestra civilización.
Señor Presidente , estoy seguro de que su visita permitirá aún más la consolidación de nuestros vínculos bilaterales y explorar nuevos caminos para incrementar -como dije- el intercambio comercial.
Finalmente, es un honor y un agrado entregarle hoy día, en nombre del Senado, nuestra máxima condecoración, para que la asuma como una expresión de afecto hacia usted, pero también hacia su Parlamento y hacia todo el pueblo rumano. Es un reconocimiento a lo que usted y todos los dirigentes de su país han hecho por consolidar la democracia, incrementar el respecto a los derechos humanos y soñar con construir, al igual que nosotros, una sociedad más justa, fundada en los principios que son compartidos por su patria y por la nuestra para lograr ese país con el cual todos soñamos.
--El señor Andrés Zaldívar ( Presidente ) impone al Presidente del Senado de Rumania , señor Nicole Vácaroiu , la condecoración Orden al Mérito del Senado de la República de Chile.
Tiene la palabra el señor Presidente del Senado rumano.
El señor VÁCAROIU ( Presidente del Senado de Rumania ).-
Estimado señor Presidente Andrés Zaldívar , señoras y señores Senadores, distinguida asistencia:
Permítaseme, en primer lugar, agradecer al Presidente del Senado de la República de Chile la oportunidad que nos brindó de estar presentes hoy en su bello país. Nos alegramos por haber sido recibidos tan calurosamente, lo cual esperábamos debido a las tradicionales relaciones entre Rumania y Chile, que datan de hace más de cien años. Pero fue una sorpresa para mí, así como para los Senadores y Diputados que me acompañan en esta visita, la invitación a participar en esta sesión de la Cámara Alta. Y lo agradezco de todo corazón.
Considero que el hecho de que se me otorgara esta alta distinción representa el resultado de una actividad desarrollada a lo largo de un decenio entre los Parlamentos de Rumania y de Chile. En verdad, nuestras relaciones son duraderas y se concretan en la continuidad del diálogo político.
Esperamos, señor Presidente , que en la segunda mitad de este año tengamos el honor de recibir como huésped de nuestro país al Presidente de la República de Chile , señor Ricardo Lagos . Y así como lo hablamos en Bucarest, deseamos que estas relaciones tan buenas en el campo parlamentario se materialicen también en los otros ámbitos.
Destaco aquí las relaciones económicas, comerciales, etcétera, porque existe el potencial para ello, tenemos un buen marco jurídico bilateral. Pero se requiere desarrollar un mejor sistema de informaciones entre nosotros, que llegue a la base, al hombre de negocios, e incrementar las misiones económicas. Estamos convencidos de que los resultados serán inmediatos.
En efecto, deseo informar a nuestros colegas del Senado de la República de Chile que en esta visita me acompañan, además de la delegación oficial, integrada por importantes miembros de todas las colectivades políticas representadas en el Parlamento de Rumania -no sólo del partido en el poder, sino también de la oposición-, un importante grupo de hombres de negocios, quienes durante estos dos o tres días, coordinados por nosotros, celebrarán entrevistas que esperamos den resultados.
Señor Presidente , señoras y señores Senadores, en el mundo de hoy se comprueba el hecho de que la dimensión parlamentaria adquiere un papel cada vez más esencial y una implicancia cada vez mayor de los Senadores y Diputados no sólo en el quehacer puramente legislativo, es decir, en cuanto a elaborar las leyes y controlar la actividad del Ejecutivo , sino también directamente en todo lo que significan las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales. En el fondo, se trata de nuestra experiencia derivada de la actividad diaria como legisladores. Por eso resulta fundamental conocer la vida concreta y lo que ocurre en el campo económico.
Distinguidos colegas, consideramos que la República de Chile es como un emblema, una muestra significativa de toda la América Latina. Sus éxitos nos alegran y deseamos alcanzar cuanto antes el umbral, el nivel en que ustedes se sitúan. Queremos aprender de su experiencia, y les aseguro que lo hacemos rápidamente.
Hace unos instantes conversé con el Presidente Andrés Zaldívar acerca del actual trabajo que desarrolla su Parlamento en comparación con lo que se realiza en el de Rumania.
Voy a proporcionarles algunos elementos.
Finalizamos el proceso de revisión de la Constitución. Después de la respuesta positiva de la Corte Constitucional pasaremos al debate en pleno de las modificaciones de la Carta Fundamental. Esperamos concluir este proceso en la presente legislatura, esto es, antes de fines del mes de junio.
Un segundo objetivo fue terminar el análisis de leyes referidas a los partidos políticos y a su financiamiento, en la idea de asegurar transparencia en lo concerniente al uso de fondos por parte de éstos, para permitir cierto control en la materia.
Una tercera finalidad se concretó en una ley compleja, mediante la cual el Gobierno asumió la responsabilidad e iniciativa. Se refiere a la transparencia respecto del desarrollo de las subastas, a la introducción de la subasta electrónica, a la informatización de todo lo que significa la Administración Pública central y local, en la idea de que el ciudadano que paga las tasas no entre, en cuanto sea posible, en contacto directo con el funcionario público.
También introdujimos nuevas reglamentaciones relativas a la eliminación de la evasión fiscal y de la economía subterránea.
Hablamos, asimismo, de un nuevo estatuto para los funcionarios públicos.
Y no en último lugar se encuentra el establecimiento de las incompatibilidades entre los cargos de dignatarios en el Estado, empezando por el Presidente de Rumania , Senadores, Diputados, Ministros, funcionarios que se desempeñan en ciertos empleos públicos, y los puestos en las asambleas generales, en las asambleas de gestión de las sociedades comerciales o como hombres de negocios. La ley ya entró en vigor.
Estamos convencidos, sí, de que todavía hay lugar para mejorar las cosas en el futuro. Y puedo informar que aun en el presente nuestros colegas Senadores y Diputados deben observar ciertos términos previstos por la ley; esto es, primeramente entregan una declaración en cuanto a la situación de incompatibilidad, una de intereses y, no en último lugar, una respecto de sus posesiones.
Perdón por el largo discurso, pero sólo deseo mostrar cuáles son los problemas que enfrentamos en el presente en nuestro Parlamento y, en general, en Rumania.
Respecto de las preocupaciones en este campo, vemos que tenemos experiencias ustedes y nosotros, y que el intercambio de ellas nos ayudará a solucionar mejor algunos aspectos.
Distinguidos colegas, quisiera informarles también que hoy en día Rumania es un país estable. Desde hace cuatro años venimos registrando un crecimiento económico. Nosotros decimos que es importante, aunque no es lo que quisiéramos. El ritmo anual se sitúa entre 4,5 y 5,2 por ciento. Pero, para ser sincero con ustedes, se trata de un buen índice si tenemos en cuenta que la economía mundial todavía se encuentra en recesión y que incluso países fuertes desde el punto de vista económico registraron el año pasado ritmos de crecimiento por debajo de uno por ciento.
Sin embargo, estamos conscientes de que el proceso de globalización puede tener efectos serios sobre los países en vías de desarrollo, sobre los países emergentes. Y una solución la constituye la colaboración, especialmente en el plano bilateral.
Consideramos a la República de Chile un socio prioritario en esta zona de América Latina, y creo que podemos desempeñar para ustedes un papel sumamente importante como puerta de entrada hacia Europa del Oeste y del Este.
A principios del próximo año finalizaremos las negociaciones con la Unión Europea, y nuestro propósito es que el 1º de enero de 2007 seamos miembros de plenos derechos de ese conglomerado. No nos apresuramos, porque nuestra economía todavía no está preparada para hacer frente a la competencia en el ámbito de dicha Unión.
Permítanme, estimados colegas, Presidente señor Zaldívar , agradecerles una vez más la oportunidad que nos han ofrecido a mí y a quienes me acompañan de estar presentes en el pleno del Senado de la República de Chile.
Esta alta distinción nos estimulará a seguir adelante en la línea de la colaboración permanente.
Distinguidos colegas, permítanme desearles mucha salud. Y les agradezco la posibilidad de trabajar juntos, porque sabemos que, en última instancia, la idea es encontrar soluciones para que el país sea próspero y sus ciudadanos vivan mejor.
Así que, en mi nombre y en el de mis colegas del Parlamento de Rumania, les deseo éxito de todo corazón.
Por nuestra parte, agradecemos la presencia del señor Presidente del Senado de Rumania y su comitiva.
Continúa la discusión del proyecto sobre el sistema de inteligencia del Estado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Al suspenderse el debate estaba interviniendo el Senador señor Ávila.
Puede seguir, Su Señoría.
...¡Fray Luis de León demoró más que el Senador que habla en retomar el hilo de su intervención!
Sin embargo, no es caprichosa la referencia que hago: siento que, con la frase que se hizo célebre y con la cual reanudó sus clases en la Universidad de Salamanca, Fray Luis de León quiso indicar que las tragedias, sean individuales o colectivas, hay que enterrarlas rápidamente.
Precisamente, es lo que nosotros no hemos sabido hacer; aún arrastramos las culpas de una tragedia colectiva que nos demanda en todos los órdenes una preocupación intensa, que muchas veces nos desvía de los objetivos esenciales que tenemos como país.
A propósito de esta iniciativa, y dada la circunstancia de que en sus finalidades expresa claramente que se trata de enfrentar y resolver de mejor modo los desafíos que pueden amenazar la seguridad del país, la estabilidad institucional y el régimen democrático, hay un tema que necesariamente tendrá que ser abordado. Me refiero a los miles de personas que en su momento formaron parte de los aparatos de seguridad de las Fuerzas Armadas y, también, a aquellas que, en el lado opuesto, decidieron empuñar las armas para combatir al Régimen de ese instante.
Ese conjunto de chilenos hoy son parias de la sociedad. Y, en una gran proporción, no sabemos qué están haciendo. Lo que sí podemos percibir es que no tienen inserción alguna en la sociedad. Ello los convierte en un peligro inminente para la seguridad interna del país, para la tranquilidad de todos los chilenos.
No tengo dudas de que varios de los asaltos más espectaculares habidos en los últimos tiempos son protagonizados por esas personas, que tienen adiestramiento, que poseen el arrojo y la audacia que les generó el haber participado en acciones muchas veces sangrientas, luctuosas.
¿Por qué de una vez por todas, y atendiendo al espíritu de esta iniciativa, no hacemos el catastro sincero de esas personas y adoptamos la resolución de buscar la manera de que no se conviertan en los más peligrosos delincuentes que es posible concebir? Si se les arroja a un ámbito donde no tienen reconocimiento de ninguna especie sino sólo el estigma de su pasado, constituirán un verdadero ejército que estará siempre poniendo en riesgo, no sólo la seguridad de la gente, sino también la estabilidad del régimen democrático.
Esta reflexión, señor Presidente, me sirve para señalar que el proyecto hoy en debate ofrece un conjunto de insuficiencias muy grandes que es preciso superar.
Particularmente, mantendré mi disposición de votar en contra mientras no se atienda con exactitud y oportunidad el requerimiento que he formulado.
Y espero que la irrupción del Presidente del Senado rumano no haya impedido tomar debida nota de lo que expresé.
Esa información me parece absolutamente fundamental, no sólo para la aprobación de esta iniciativa, sino además para saber de una vez por todas si nuestras Instituciones Armadas supieron dejar atrás el pasado y hoy se insertan de manera decidida en la comunidad de intereses que el actual sistema institucional demanda.
Por tanto, queda pendiente la petición formulada, que está debidamente registrada en Secretaría.
La verdad es que no me satisface el hecho de que mi demanda quede para la historia de la ley.
No, Su Señoría. Es sólo un problema reglamentario. Queda pendiente para la próxima sesión el recabar el acuerdo de la Sala. Y si éste no se obtuviese, Su Señoría podría solicitar en la hora de Incidentes el envío del oficio en su nombre
¿Eso quiere decir que debo plantear lo mismo en la hora de Incidentes?
Sí, efectivamente. O en la próxima sesión pedir el acuerdo de la Sala. Y si ésta estima del caso enviar el oficio en nombre del Senado, así se despachará. De lo contrario, Su Señoría tendría que solicitar en hora de Incidentes remitirlo en su nombre.
En este momento no puedo recabar el acuerdo respectivo, porque no hay quórum para enviar en nombre de la Corporación el oficio que el señor Senador pidió en la primera parte de su intervención. En nombre de Su Señoría no puede hacerse en este instante, pues no estamos en hora de Incidentes.
Es la norma reglamentaria, señor Senador , y debo cumplirla.
Pero yo no voy a privar a la Sala, señor Presidente , de tener un acto de generosidad y, al mismo tiempo, de acuciosidad en el estudio de una iniciativa como ésta.
--Se levantó a las 13:58.